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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 155, de 23/11/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 155
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 23 de noviembre de 1999, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la
ponencia para el estudio y discusión del proceso de ampliación de la
Unión Europea y Agenda 2000. (Número de expediente del Congreso 154/
000020 y número de expediente del Senado 573/000005) ... (Página 32665
)
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan)
parca informar sobre:
- Las propuestas españolas para el Consejo europeo extraordinario de
Tampere. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente del Congreso 213/001247 y número de
expediente del Senado 711/000307) ... (Página 3272)
- El programa de la Unión Europea durante la presidencia del Consejo
de Finlandia. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente del Congreso 213/001261 y número de expediente del
Senado 711/000311) ... (Página 3272)
- Grado de cumplimiento de las recomendaciones del Consejo relativas
a la protección de los menores y de la dignidad humana en los
servicios audiovisuales y de la información, hechas en Bruselas
el 18 de noviembre de 1997. A solicitud del Grupo anterior. (Número
de expediente del Congreso 221/000003 y número de expediente del
Senado 711/000225) ... (Página 3289)
Preguntas:
- Del señor Guardans y Cambó (Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència y Unió), sobre oposición del Gobierno a la conversión en
reglamento comunitario de los diversos convenios europeos de
cooperación judicial en materia civil. (Número de expediente del
Congreso 181/002734 y número de expediente del Senado 683/000132)
... (Página 3291)
Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la
ponencia para el estudio y discusión del proceso de ampliación de la
Unión Europea y Agenda 2000 (continuación) ... (Página 3293)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
DEBATE Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA
PARA EL ESTUDIO Y DISCUSIÓN DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA Y AGENDA 2000. (Número de expediente Congreso 154/000020 y
número de expediente Senado 573/000005)
El señor PRESIDENTE: Abrimos la sesión con el primer punto del orden
del día, que es el debate del informe elaborado por la ponencia
respecto a la ampliación de la Unión Europea. Las señoras diputadas y
los señores diputados y las señoras senadoras y los señores senadores
saben que ha habido una ponencia que ha trabajado larga e
intensamente y que ha llegado a la elaboración de un texto sobre el
que hay un acuerdo que me gustaría acabar diciendo que es completo si
en el curso de esta última semana los portavoces de los distintos
grupos han conseguido aproximar posiciones sobre el último aspecto
que quedaba por dilucidar, que era la profundidad de la reforma
institucional. Pero son ellos los que tienen que informarnos y, por
lo tanto, tienen la palabra los portavoces que quieran expresar su
opinión sobre la ponencia y los aspectos que todavía queden por
resolver al respecto.
Quizá sería bueno señalarles, a efectos de que puedan organizar su
mañana, que la votación tendrá lugar después de la comparecencia del
señor ministro de Asuntos Exteriores y en ningún caso antes de la una
y media, si les parece. (Pausa.)
Pues en este caso tienen la palabra los portavoces que deseen tomarla
sobre el informe de la ponencia que hoy nos proponemos aprobar.
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Mi grupo desea hacer una valoración general y
global sobre el trabajo de la subcomisión y sobre el resultado final.
En primer lugar, mi grupo quisiera agradecer y felicitar públicamente
a la Secretaría y a los letrados de nuestra Comisión mixta por el
excelente
informe que ha servido de base para nuestro trabajo. En nombre de mi
grupo parlamentario, me complace manifestar nuestro apoyo al informe
de la ponencia y al proyecto de resolución correspondiente que hemos
elaborado entre todos y agradecer a mis compañeros de las demás
fuerzas políticas la sensibilidad de la que han hecho gala aceptando
la mayor parte de nuestras enmiendas. Considero fundamental que en
todo lo concerniente a la ampliación procuremos alcanzar el mayor
consenso posible, por ser este un problema de Estado en el que España
tiene comprometidos grandes intereses internos e internacionales.
Cuando tanto se ha especulado sobre el fin de la historia, la próxima
ampliación de la Unión Europea representa sin duda una enmienda a la
propia historia, como lo fueron las anteriores con la incorporación
primero de las nuevas democracias meridionales y luego de los países
neutrales. La ampliación merece todo nuestro apoyo. Como muy bien
señala nuestra resolución, este objetivo se justifica no sólo por
razones de índole ética y moral, sino que también constituye por sí
mismo una oportunidad histórica. La adhesión de nuevos Estados no
debe agravar los problemas que padecen, sino ser un medio para
resolverlos reconociendo a esos pueblos los mismos derechos que hemos
reivindicado para nosotros. La magnitud del proceso de ampliación que
ahora contemplamos eclipsa por completo los anteriores y pondrá a
prueba la solidez de la construcción europea. Se están llevando a
cabo negociaciones con seis países candidatos y es probable que el
Consejo Europeo de Helsinki abra las negociaciones con otros seis. El
resultado final será en la próxima década una unión de 27 Estados,
con una población de 500 millones de personas, lo que supondrá un
incremento del 30 por ciento de población, del 34 por ciento del
territorio y del 9 por ciento de su producto. Se trata, sin duda, de
un objetivo ambicioso, pero la ampliación representa un desafío
histórico que reviste importancia fundamental y presenta serias
dificultades tanto para la Unión como para los países candidatos. En
este momento crucial de su desarrollo, la Unión Europea no debe
rebajar sus aspiraciones, sino afrontar el reto y formular ambiciones
acordes con el mismo. Será necesario reforzar la coherencia política
e institucional de la Unión para prevenir el riesgo de diluirse y de
derivar hacia una simple zona de
libre comercio, porque si hay algo intrínseco al proyecto humanista
de Europa, es que el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio
para alcanzar fines sociales e individuales de bienestar.
La ampliación no afectará exclusivamente al destino de los europeos y
a las relaciones con sus nuevos vecinos; por sus repercusiones
internacionales, aumentará el peso de Europa en el mundo y su
influencia en foros mundiales de singular importancia, como es la
Organización Mundial de Comercio. Los efectos económicos se harán
sentir de forma desigual entre los distintos Estados. A juzgar por el
desarrollo espectacular de las relaciones comerciales entre la Unión
Europea y los países de Europa central y oriental, cabe imaginar que,
por su posición geopolítica, los grandes beneficiarios puedan ser
Alemania o Austria, pero tal mejora no es evidente para otros, como
es el caso de España. Tendremos que aprovechar la oportunidad que
estos países representan por el potencial que encierran sus mercados
y la necesidad de modernizar sus infraestructuras, servicios y
comunicaciones. Por sectores, la agricultura será probablemente el
menos beneficiado, y cabe esperar un impacto negativo en el empleo de
los sectores intensivos de mano de obra en los actuales países
comunitarios, con especial repercusión en la siderurgia y en el
sector naval, debido esencialmente a las diferencias de costos
laborales. Por ello, consideramos que habrá que hacer especial
hincapié en el apoyo a estos sectores de la economía española en todo
el proceso de negociación.
Varios de estos países atraviesan grandes dificultades. Nos preocupa
especialmente el elevado desempleo y la exclusión social, el
incremento de la criminalidad organizada y su exportación a los
actuales Estados miembros, así como el deterioro del medio ambiente y
de las centrales nucleares que incumplen los criterios
internacionales de seguridad. Por ello, consideramos que la
ampliación no debe realizarse en detrimento de las normas de
protección social y ambiental actualmente en vigor en la Unión
Europea y que, por el contrario, debe contribuir a la elevación
progresiva de estos indicadores en los países candidatos a la
adhesión. El creciente apoyo financiero que necesitan estos países no
puede ser causa ni excusa para disminuir la cohesión interna de los
países y regiones actuales de la Unión Europea. Por ello, me veo
obligado a reiterar la preocupación de la fuerza política que
represento por la insuficiencia de los recursos propios de la Unión,
fijados en la cumbre de Berlín en tan sólo el 1,27 por ciento del
producto nacional bruto. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno
debe velar en todo momento por el respeto del principio de la
suficiencia de medios cuando llegue el momento de la revisión de las
perspectivas financieras.
La fecha de la ampliación ya no es una hipótesis lejana: la Comisión
Europea es partidaria de abreviar los períodos transitorios y estima
que las primeras ampliaciones podrían producirse a partir del año
2003. Ello dependerá del esfuerzo de cada uno de los candidatos y del
establecimiento de períodos transitorios adecuados. Una adhesión
prematura precipitada por razones políticas, tendría consecuencias
muy negativas para todos. Pero antes queda mucho por hacer. El
aumento del número de Estados miembros plantea a las instituciones
problemas de tamaño, de organización y de eficacia que podrían
ralentizar o bloquear los
actuales procedimientos de decisión. El Consejo Europeo, reunido en
Helsinki el 10 y el 11 de diciembre próximos, procederá a la
convocatoria de la Conferencia Intergubernamental que ha de proceder
a la reforma institucional de los tratados. Esperamos que no sea una
conferencia meramente administrativa y, aunque tenga que centrarse en
las tres medidas que quedaron pendientes en Amsterdam, habrá que
intentar ir más lejos en otras cuestiones como la definición de la
responsabilidad individual de los comisarios, pero sin lanzarse a un
debate estéril, con el riesgo de retrasar la ampliación.
El problema fundamental se sitúa dentro de la propia Unión Europea,
que ha de saber lo que quiere y hacia dónde se dirige. En esta
reflexión, el Congreso de los Diputados debe abrir un diálogo fluido
con el Parlamento Europeo.
El informe del Comité de sabios, presidido por el ex presidente belga
Jean-Luc Deahene, ha desbrozado el terreno en lo que se refiere al
triángulo básico que forma el Parlamento, el Consejo y la Comisión.
Es un informe acertado en muchos aspectos, pero contiene algo que a
mí me preocupa muy notablemente. Pretende dividir los tratados en dos
partes: una parte constitucional, que requiere unanimidad
y sometimiento a la ratificación de los parlamentos nacionales y, otra
parte, que agruparía las políticas de la Unión a decidir por mayoría
sin ratificación de los parlamentos nacionales. Considero que es una
propuesta tan descabellada que provocaría el fracaso de la propia
conferencia, porque en aras de la simplificación y de la
transparencia podemos aceptar la consolidación de los tratados en un
texto único, separado en dos partes, pero habrá que mantener un
procedimiento único de ratificación. Este Congreso de los Diputados
no puede aceptar que se le hurte un debate y un pronunciamiento al
que tiene pleno derecho, máxime cuando la fuerza política que yo
represento ha sido favorable a que toda la revisión del tratado sea
además sometida a referéndum.
Por lo que se refiere al futuro de la Comisión, los pequeños países
no renunciarán al derecho de designar a un comisario europeo. En una
Comisión ampliada, España, como país intermedio, tendrá dificultades
para mantener su derecho a designar dos comisarios. Sin embargo,
esperamos que nuestro país mantenga su actual influencia y consiga
una mejor organización interna de la Comisión para que sea operativa,
eficaz y respetada. Para conseguir una mayor legitimidad del Consejo
será necesario introducir una nueva ponderación de votos,
estableciendo una doble mayoría de Estados y de población. España
deberá estar particularmente atenta a la definición de los umbrales
que le permitan alcanzar la mayoría cualificada y la minoría de
bloqueo. El voto por mayoría cualificada debe ampliarse, de otra
manera, poner de acuerdo a 27 Estados resultaría una meta inviable.
Pero el voto por mayoría no podrá abarcar todos los sectores y
resolver todos los problemas. La cláusula de cooperación reforzada
permite que unos países pongan en marcha políticas comunitarias sin
obligar a que se sumen a ellas quienes no las desean. Aquí vemos el
peligro de que se llegue a una Europa a la carta, una Europa donde
cada Estado escoja aquello que quiere ser. Esa no es la Unión Europea
por la que hemos luchado y en la que muchos creemos.
Termino, señor presidente, señorías, abogando por un rápido ingreso
de la República de Chipre, país que cumple criterios de adhesión, por
lo que su acceso debe estar dentro del grupo de los que ingresen en
primer lugar. Turquía es un país fundamental para la Unión Europea,
pero como todos los países candidatos, debe satisfacer los criterios
políticos de Copenhague antes de que puedan iniciarse las
negociaciones de adhesión. En este salto del milenio, la Unión asume
un reto histórico, que le supondrá tiempo, imaginación y esfuerzo. El
reto de la ampliación es de tal calibre que requiere un debate
público y transparente, abierto a los parlamentos autonómicos y al
conjunto de la sociedad española. Como es lógico y es necesario, el
Congreso de los Diputados debe ser informado por el Gobierno y ser
plenamente asociado en todas las etapas del proceso de ampliación.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Socialista.
El señor COSTACOSTA: Intervengo por una cuestión de procedimiento. Sé
que no está regulado específicamente el procedimiento que estamos
siguiendo, pero, por analogía con otras comisiones de tipo
legislativo, al permanecer viva una enmienda, considero razonable que
el grupo que la mantiene pueda defenderla, a lo mejor junto con el
dictamen, pero, en cualquier caso, considero que el grupo que
mantiene una enmienda viva debe ser el primero, aunque ya no se puede
producir, que intervenga para que pueda ser contestada por los otros
grupos y abrir el debate sobre lo que todavía está pendiente de
decidir.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy acertado su planteamiento y no
creo que nadie tenga ningún inconveniente en que se aplique.
El señor COSTA COSTA: En este caso, procederé a defender la enmienda
y el informe de la ponencia a la vez, si no hay inconveniente.
Señor presidente, señores senadores, senadoras, diputados
y diputadas, quiero, en primer lugar, agradecer a los servicios de la
Comisión, a los señores letrados, el trabajo realizado para poder
discutir hoy el texto que contiene, un informe completo sobre los
países candidatos a integrarse en la Unión y las conclusiones a las
que la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea ha
llegado después de un intenso trabajo de muchas horas. Un trabajo que
ha tenido lugar en comparecencias en esta Cámara y en un viaje que a
dos países del Este realizó la ponencia para entrevistarse con la
administración, con el propio poder legislativo y los sectores
sociales de estos países y que ha sido de gran utilidad para
constatar la ansiedad que se vive en estos países con el tema de la
ampliación y la alegría que cada paso que se va avanzando genera en
esas instituciones.
En ese marco sería injusto no reconocer el trabajo realizado por el
ex presidente de la Comisión Mixta CongresoSenado para la Unión
Europea y actual comisario europeo, señor Solbes. El señor Solbes ha
sido catalizador de muchas de las opiniones que se han vertido en
esta ponencia y ha aportado documentación importante sobre la que
sustentar las conclusiones que hoy debatimos para su aprobación.
Realizado este pequeño, pero necesario, reconocimiento, entro
directamente en el debate de las conclusiones. El primer aspecto que
quiero señalar es la exigencia de que los candidatos cumplan con los
criterios de Copenhague. El Consejo de Copenhague, de junio de 1993,
acordó en el día de su celebración que los países asociados de Europa
central y oriental que lo deseen se conviertan en miembros de la
Unión Europea. El ingreso tendrá lugar en cuanto un país asociado
pueda asumir las obligaciones de adhesión, cuando cumpla las
condiciones económicas y políticas requeridas. La adhesión -dice en
la página del informe correspondiente- requiere que el país candidato
haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la
democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y
protección de las minorías, la existencia de una economía de mercado
en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión
competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La adhesión
presupone la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de
adhesión incluida la observancia de los fines de la unión política
económica y monetaria. Hay otro párrafo que me interesa resaltar
especialmente y es la capacidad de la Unión de absorber nuevos
miembros sin dejar de mantener el impulso de la integración europea.
Es también una consideración importante en el interés general, tanto
de la Unión como de los países candidatos. Y después continúa, pero
me detengo aquí porque el resto es menos trascendente para el debate
que hoy tenemos.
He de decir que han sido muchos los avances realizados por los países
candidatos, pero también queda mucho por avanzar todavía. En los
trabajos de la ponencia hemos visto cómo todavía no se respetan
derechos de minorías, cómo queda mucho por avanzar en la
profesionalización de las administraciones públicas de los países
candidatos, cómo el sistema judicial no ofrece las garantías
suficientes en alguno de los países, cómo resta por implementar el
derecho privado en muchos de esos países que han sufrido durante
muchos años la ausencia de este derecho, cómo se generan problemas
medioambientales, algunos de especial gravedad, incluso problemas con
las centrales nucleares y cómo todavía queda mucho para la
liberalización de sectores económicos claves, como son los sectores
financieros y energéticos -en los financieros todavía resta por dotar
al sistema de estabilidad y seguridad-, y una larga lista que sólo
podría contribuir a la desesperanza, por lo que mi grupo no quiere
ahondar más en ella. Me interesa resaltar lo que he dicho, en primer
lugar, y es que a pesar de lo que resta ha sido mucho lo que se ha
avanzado en la dirección de cumplir con los criterios de Copenhague
de forma constante, sostenida y persistente. Todo ello permite fijar
el horizonte de la ampliación en los primeros años del nuevo siglo y
queda reflejado, a mi forma de ver, de forma extensa y correcta a lo
largo de la ponencia.
Ya he hecho antes una referencia a la oportunidad que tuvo la
ponencia para la ampliación de visitar algunos de los países
candidatos a la misma y de mantener contactos directos con las
administraciones públicas, con gobiernos, parlamentos y sectores
sociales de esos países. Hay una responsabilidad compartida en la
necesidad de que haya
una mayor transparencia en la Unión, incluso con estos países que
aspiran a integrarse en algo que funcione, y existe la preocupación
de que el marco actual no sea suficiente para absorber la ampliación
y las consecuencias que lleva consigo.
El texto de las conclusiones ha sido posible por la incorporación
importante de algunas aportaciones relevantes de los grupos
parlamentarios que componen la ponencia. El texto resultante cuenta
con un amplio consenso en general y, por ello, sólo haré referencia a
aquellos aspectos que más preocupan al Grupo Parlamentario
Socialista. Algunos han sido incorporados parcialmente al dictamen de
la ponencia, particularmente la financiación de la ampliación, se
incluye alguna alusión a la reforma de la PAC en el preámbulo, y hay
otros que mantenemos para su incorporación, en particular el de las
reformas institucionales, sobre el que deseamos producir un debate
objetivo, claro y transparente para que quede clara cuál es la
postura de las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta para la
Unión Europea ante la próxima ampliación.
Hemos considerado las condiciones que los países candidatos deben
cumplir para su integración (eso es cierto y ya he hecho una
referencia antes), sin embargo, es también necesaria una mirada hacia
el interior de la Unión y analizar las condiciones que ésta debe
generar para que la ampliación sea un éxito. Tal como señala en la
parte expositiva, el Consejo de Berlín aplazó algunos de los
problemas financieros que la ampliación comporta; por ejemplo, aplazó
la reforma de la PAC y estableció una posible revisión de los fondos
estructurales, cuya decisión sería adoptada por mayoría del Consejo
en el caso de que los recursos destinados a la ampliación sean
insuficientes. La incorporación de países con un peso de la
agricultura en su producto interior bruto muy por encima de la media
comunitaria y la negociación de la Organización Mundial del Comercio
sobre productos agrícolas afectarán, sin duda, al marco actual de la
política agrícola común y a su financiación. Si ello ocurriese,
también se someterán a discusión, por lo tanto, los fondos
estructurales, con las consecuencias que ello comporta en el
equilibrio y la cohesión económica y social de la actual Unión
Europea. Ese aspecto, que mi grupo planteó en el seno de la ponencia,
fue incorporado parcialmente y, por lo tanto, en aras al consenso y
al acuerdo, hay una satisfacción parcial sobre la incorporación de
este punto que para nosotros es relevante por las consecuencias que
para nuestro país tiene esa consideración. No en vano España es el
país que obtiene una mayor cifra en fondos estructurales y uno de los
países de la cohesión, y ambas políticas pueden verse afectadas muy
directamente en caso de la reforma que prevé el propio Consejo de
Berlín para el año 2002. España también puede verse afectada en el
caso de una reforma -yo diría que ésa es prácticamente anunciada y
fija en el calendario- de la política agrícola común. En función de
cómo se desarrolle esa reforma, sin duda, para España, la ampliación
puede suponer un gran coste económico, que sería sufragado de una
manera muy especial por los países menos ricos de la Unión, y en
particular por los países de la cohesión.
El segundo aspecto al que me refería, y que no está incorporado en la
ponencia, es la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
reforma institucional. Una
reforma institucional necesaria para la ampliación, que resuelva las
consecuencias de la ampliación y que permita un funcionamiento eficaz
de la Unión, muy en línea con lo establecido en el Consejo de
Copenhague, de la propia capacidad de la Unión de absorber a esos
países candidatos.
Las tres cuestiones definidas en el Consejo de Colonia tienen
repercusiones y consecuencias que trascienden la aparente simplicidad
de su formulación. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista
coincide con quienes preconizan un planteamiento más amplio de la
reforma, que incluya una reorganización de los textos del Tratado,
para evitar constantes revisiones del mismo. El hecho de que muchos
ciudadanos europeos sean hoy incapaces de comprender el
funcionamiento y la adopción de decisiones de las instituciones
europeas nos debe hacer reflexionar. La transparencia es imposible
sin claridad y comprensión de los ciudadanos de los fines y objetivos
que la Unión persigue. Mi grupo comparte algunas de las afirmaciones
que se contienen en el informe solicitado por el presidente de la
Comisión, señor Prodi, a tres europeos ilustres que conocen muy bien
el funcionamiento de la Unión Europea, el señor Weizsaecker, el señor
Deahene y el señor Simon.
Un aumento considerable de los países miembros participantes en las
instituciones incrementa automáticamente los problemas de la toma de
decisiones y de gestión, porque los intereses son más diversos, las
discusiones más lentas, las decisiones más difíciles y la gestión más
compleja. En la actualidad ya se vislumbran problemas de actuación de
las instituciones europeas; problemas que afectan al triángulo
institucional básico de la Unión, que no es otro que la Comisión, el
Consejo y el Parlamento. Los tres aspectos identificados en el
consejo de Colonia son: dimensión y composición de la Comisión,
ponderación de votos en el Consejo (que incluye una nueva
ponderación, la doble mayoría y el umbral de la mayoría cualificada)
y la ampliación del voto por mayoría. Esos aspectos no son tan
simples como parece y ponen en evidencia aspectos que son válidos
para otras instituciones. La ampliación del voto por mayoría se debe
acompañar del procedimiento de codecisión por el Parlamento, y la
Comisión Europea no es la única institución que presentará problemas
de dimensión; otras, como el Tribunal de Justicia, por ejemplo,
tendrán el mismo problema. Por otro lado, una Unión ampliada, más
diversa y con políticas desarrolladas en seguridad y defensa,
requerirá reabrir de nuevo el debate sobre flexibilidad. Es deseable
una solución en esta vía para evitar cooperaciones al margen de la
Unión, como se ha producido en el caso de Schengen, o del marco
institucional de la Unión, como se está produciendo en estos momentos
en Euro Once. Ello resta a los Estados miembros y a sus ciudadanos
garantías jurídicas que un marco institucional único confiere.
Por todo lo expuesto, no compartimos la posición del Grupo
Parlamentario Popular y del Gobierno de hacer una reforma
institucional limitada estrictamente al número de comisarios y a la
ponderación del voto en el Consejo. Entendemos que es una visión
limitativa de las necesidades de la Unión Europea que no se compadece
con lo acordado en el consejo europeo de Copenhague y, por ello,
pedimos una reflexión en el seno de esta Comisión y en el dictamen
de la ponencia sobre la necesidad de hacer una reforma más amplia,
más globalizada, atendiendo a todos aquellos aspectos que la
ampliación va a comportar para el conjunto de las instituciones
europeas. Eso es lo que mi grupo desea y pide al conjunto de
portavoces que lo consideremos en este momento, que es el momento
procesal oportuno para definirnos sobre ello. Por tanto, quedamos a
la espera de ver cuáles son sus aportaciones o sus respuestas para
poder definir, después, nuestra posición en esa materia.
El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, son las once menos veinte y
a las once viene el ministro de Asuntos Exteriores. Deberíamos
organizar nuestro trabajo de forma que no le hiciésemos esperar ¿Qué
les parece si en esos veinte minutos tiene lugar un turno a favor y
en contra, si los hay, de la propuesta de enmienda que hace el
portavoz del Grupo Socialista, de forma que dejásemos ese tema
zanjado para que después de la comparecencia del señor ministro,
tuviesen lugar los turnos de portavoces?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, señor presidente.
Este portavoz, y quizá otros, entiende que no. En cualquier caso,
este portavoz acumularía la intervención sobre el informe con el
posicionamiento sobre la enmienda, porque me parece que separarlo no
tiene sentido.
El señor PRESIDENTE: Es otra forma, pero en ese caso sepan que no
todos los portavoces podrán intervenir antes de la comparecencia del
señor ministro.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Acepto eso, señor presidente, porque mi
intervención iba a ser muy breve pensando en estos minutos de margen
que tenemos para la llegada del señor ministro y me iba a pronunciar
sobre el dictamen y sobre la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Lo hacemos así entonces, si les parece. Las
intervenciones llevan a la vez la posición que desean mantener los
grupos acerca de la discrepancia no salvada, a pesar de las
reiteradas demandas de la Presidencia en este sentido, de manera que
el voto particular que entiendo se deduce de los planteamientos del
señor Costa sea aceptado, rechazado o incorporado a la enmienda en
función de que tenga o no la aprobación del resto de los portavoces.
En cuanto llegue el ministro, dejamos que acabe el que está en el uso
de la palabra y continuamos después para proceder a la votación al
final. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, voy a ser muy
telegráfico para no entorpecer y no quitar tiempo a los compañeros.
La valoración de mi grupo, de Coalición Canaria, con respecto al
informe que ha aprobado la ponencia, es positiva. Quiero hacer una
felicitación extensiva a los señores letrados por la magnífica labor
de sistemática
del informe, muy completa en todos los aspectos, que permite en
primer lugar, la entrada de datos de conocimiento sobre los cuales
pronunciarse y, segundo, tomar criterios del resumen que aquí se ha
traído sobre las conclusiones, tanto de la Agenda 2000, como de los
acuerdos del Consejo de Colonia, como del de Amsterdam en todos estos
sentidos.
Otra valoración sería sobre el contenido de las propuestas del
Parlamento Europeo y con esto voy entrando en la antesala de
definirme sobre la proposición que ha presentado el Grupo Socialista
sobre el meollo de la cuestión que son las instituciones
comunitarias. Mi grupo parlamentario, dada la peculiaridad del acervo
comunitario para la región de Canarias, que bien conoce el señor
presidente por sus pasadas visitas, su régimen económico y fiscal y
su vinculación con la Unión Europea, ha señalado una serie de
peculiaridades, desde estar exentos de IVA a estar en un régimen de
Poseican por la distancia, la insularidad, etcétera, que ha
constituido un capítulo aparte dentro de la adhesión de España. Vemos
con mucho interés y preocupación todo proceso de decisión
institucional que pudiera señalar una vulnerabilidad al régimen
especial que disfruta Canarias.
Entrando en la toma de decisiones en la Unión Europea, quiero
remitirme a lo que está ocurriendo en este momento con la pretendida
reforma de la OCM del plátano, porque si no hay un apoyo europeo
unánime que resuelva la vulnerabilidad de este principio, en cuanto
se empiecen a desmarcar determinados países de la Unión Europea, como
Alemania, países nórdicos, Holanda, Luxemburgo, Bélgica o el Reino
Unido en la defensa de estos legítimos intereses, la situación de
dicha OCM podría verse menospreciada.
Dicho esto, vamos a votar favorablemente este contenido didáctico
sistemático que trae el informe y por esto que acabo de decir nuestra
postura va a ser contraria, y lo quiero explicar, a la propuesta que
hace el Grupo Socialista. En un futuro, que no sé que fecha podrá
tener, pero más bien lejano, habrá que ir a las teorías de que la
decisión por mayoría cualificada pueda convertirse en norma general,
y me pregunto si esto va a ser posible con una ampliación tan fuerte
como la de los PECO que se encuentran en la denominada lista de
espera. Queremos tener presente la prudencia de los acuerdos de
Colonia, en sus conclusiones 47 a 54, respecto a las cuestiones
institucionales, porque puede llegar a ser una Unión Europea
ingobernable, en caso de que se produzca dicha ampliación y la toma
de decisiones sea por mayoría. No es lo mismo hablar de la equidad en
el planteamiento de representación institucional en países que tengan
factores comunes de renta per cápita, de producto interior bruto, de
población activa, de producción agraria, que cuando vemos las cifras
que trae nuestro dictamen para la política agrícola, a la que tan
sensible es la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que se dice que la
agricultura es el 9 por ciento del producto interior bruto de los
países candidatos frente al 2,4 de los de la Unión y que en mano de
obra, cuestión importante en la toma de decisiones de la Unión
Europea, es el 5 por ciento de la Unión frente al 22 por ciento de
los países PECO. Esto hace que tengamos que ser extremadamente
prudentes a la hora de establecer la toma de decisiones, el sistema
de ponderación de votos
y, por tanto, tiene que seguir ahí para los países que tienen
cooperación reforzada, las minorías de bloqueo, las mayorías
cualificadas y la unanimidad.
Nosotros pensamos que hay que ir, conservando el espíritu de Colonia,
con una gran prudencia en esta reforma institucional. Creemos que
podemos hablar y avanzar en el número de comisarios, y en la
ponderación del voto en el Consejo. Pero mi grupo no está de acuerdo
en ir de hoz y coz a la toma de decisiones por mayoría y se opondrá a
esta propuesta por las razones que he dicho muy telegráficamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones, por su concisión y
brevedad.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Intentaré merecer la misma felicitación al
final de mi intervención, aunque no estoy seguro de conseguirlo.
Ante todo, quiero felicitarnos por el hecho de haber llegado hasta
aquí y de que podamos aprobar hoy un documento como el que se
presenta en este momento ante la Comisión Mixta. Creo que la
subcomisión que se constituyó en su momento ha trabajado muy
dignamente durante todo este tiempo. De hecho -y es un tema que nos
daría para una reflexión más profunda-, y ha demostrado que en este
tipo de temas una subcomisión puede funcionar con bastante más
agilidad que la Comisión como tal, dadas las graves limitaciones que
tiene la misma por su constitución y por el hecho de su naturaleza
mixta que la hacen bastante inoperante.
Estamos hablando todos de reformas institucionales en la Unión
Europea y sería hora ya de que empezáramos a plantearnos, con un poco
más de valentía por parte de los grupos mayoritarios, una auténtica
reforma institucional en el seno de esta Cámara a la hora de tratar
los temas de la Unión Europea. El informe que hoy aprobamos y la
forma en que hemos llegado hasta él, prueba una vez más que no es la
Comisión Mixta como tal la que es operativa para trabajar con
realidad, sino que son subcomisiones, una subcomisión concreta
permanente u otro tipo de estructuras.
En todo caso, el documento que hoy aprobamos tiene el pleno respaldo
de mi grupo y no querría dejar de felicitar, como ya han hecho otros
portavoces, el trabajo realizado por los servicios de la Cámara y muy
particularmente por los letrados, señor Bretal y señora Revuelta, que
han contribuido de forma muy directa a su redacción y al seguimiento
de toda la documentación a la que hemos tenido acceso durante todo
este tiempo.
La referencia hecha por el portavoz Socialista al trabajo de Pedro
Solbes en las tareas de la subcomisión durante todo este tiempo no es
gratuita y también debe ser puesta de relieve. Don Pedro Solbes ha
participado de una manera muy activa en todas y cada una de las
reuniones de la subcomisión con los embajadores, de lo que da cuenta
el informe en su parte expositiva inicial y en ese viaje, breve, pero
intenso, a dos de los países candidatos.
Por tanto, creo que hoy presentamos aquí un informe absolutamente
equilibrado, políticamente muy válido y que refleja, al margen de que
exista un voto particular en un punto muy concreto, lo que es una
posición global de consenso
de ambas Cámaras en un tema de primerísimo orden como es no ya
la Agenda 2000 globalmente considerada, sino muy particularmente la
ampliación.
Querría destacar alguno de los puntos que contiene el informe. En
primer lugar, y por encima de todo, el apoyo claro que presta el
informe, y que, por tanto, presta mi grupo, al proceso de ampliación.
No es un proceso tolerado, no es un proceso que nos venga impuesto y
sea consentido porque las circunstancias así lo demandan, sino que el
proceso de ampliación es voluntariamente querido y deseado por esta
Cámara y por mi grupo en particular. Es importante que lo digamos con
voz alta, clara y firme y que lo transmitamos a todos los países
candidatos, y muy particularmente a sus representantes, que ya
tendrán ocasión de hacerlo llegar a sus gobiernos respectivos. El
Parlamento español está directamente implicado con el proceso de
ampliación y lo percibe como un proceso político absolutamente
necesario para que Europa sea lo que, en su momento, los llamados
padres fundadores quisieron que fuera. Por tanto, no es un simple
proceso económico, un proceso comercial. El proceso de ampliación es
un auténtico proceso político y hasta que se culmine, con la adhesión
de todos y cada unos de los candidatos que están en este momento
esperando para entrar, Europa no podrá considerarse completa.
Es evidente que, aunque se trate de un proceso político, tiene
también unos efectos económicos de primerísimo orden, que aparecen
comentados en el informe que hoy aprobamos y que han sido
detenidamente examinados por la subcomisión a lo largo de sus
trabajos. Es cierto que la Comisión hoy, al aprobar el informe,
plantea algunos interrogantes que no han sido resueltos por la cumbre
de Berlín y por las perspectivas financieras que en ese momento
fueron aprobadas. Es cierto que la ampliación plantea una serie de
interrogantes económicos acerca de su financiación que no pueden
darse por cerrados, ni por resueltos. En su momento habrá que
replantear esa situación en el marco global financiero de la Unión
Europea, que deberá ser revisado, y el Gobierno deberá, no sólo
informar a esta Cámara a posteriori, sino consensuar o comparecer
ante esta Cámara para aclarar exactamente cuál es la posición en ese
momento. Por eso, la llamada al principio de suficiencia de medios,
que reconoce el informe, nos parece tremendamente importante, así
como la afirmación, subrayada en el propio informe también, de que la
ampliación no puede ir en perjuicio de las actuales políticas
estructurales en el seno de la Unión. Son dos cuestiones distintas y
sería grave que una fuera en perjuicio de la otra, y todo eso queda
claramente subrayado.
En cuanto a la perspectiva institucional, mi grupo comparte la
inquietud del Grupo Parlamentario Socialista al presentar una
enmienda de adición o de sustitución a un punto concreto del informe,
que se convierte en un posible voto particular en caso de que no sea
aprobada. Comparte el sentido de fondo de esa enmienda, pero no
comparte ni la oportunidad de introducirla en el informe ni la
literalidad de alguna de las afirmaciones que en la misma se
contienen. No cabe duda de que las reformas que quedaron pendientes
al aprobarse el Tratado de Amsterdam, los llamados flecos de
Amsterdam, dejan sin resolver algunascuestiones de primerísimo orden
que deberán resolverse, y
esas cuestiones son las que deberá resolver la próxima Conferencia
Intergubernamental. Es cierto que hay otras cuestiones, como las que
plantea en su sucinta enmienda el Grupo Socialista, que, como bien
dice el Grupo Socialista, tienen ya un cierto consenso desde una
perspectiva académica, incluso de algunas instituciones de reflexión
desde determinados think tank, pero no la tienen en el ámbito
político, que es donde toda propuesta de modificación de los tratados
ha de ser acogida. Por tanto, en la actual situación europea nosotros
no vemos clara la absoluta urgencia de alguna de las grandes reformas
que se intentan poner sobre la mesa; en cualquier caso, aunque
viéramos claras, en términos teóricos, algunas de las grandes
propuestas de reforma, no vemos que en la situación política europea,
en la situación de cada uno de los gobiernos que integran la Unión
Europea, esté suficientemente madura como para intentar exigir al
Gobierno, que es lo que estaríamos haciendo aquí, que ponga sobre la
mesa una propuesta de reforma institucional de amplísimo calado.
Por tanto, sin negar la posibilidad de que esos sean problemas reales
y sin, ni siquiera, discrepar sobre el hecho de que antes o después
haya algunas grandes reformas de fondo en la Unión Europea que
deberán afrontarse, en este momento nosotros creemos que lo más
oportuno es cerrar los llamados flecos de Amsterdam, la reponderación
de mayorías en el consejo, el número de comisarios, porque esos no
son temas menores, no son temas de segunda categoría, son temas que,
si quedan bien resueltos antes de la ampliación, podrán permitir que
la Comisión, que el Consejo, que la Unión Europea en su conjunto,
funcione correctamente.
El resto de las propuestas que se contienen en el informe no las voy
a comentar una por una, se explican por sí solas, pero me parecen
todas ellas un reflejo, insisto, de un estado de opinión que mi grupo
comparte punto por punto. Querría destacar sólo dos, que son las de
calado más directo y netamente político, referentes, por un lado, al
pleno apoyo a la adhesión de Chipre y a la llamada que se hace a que
se siga intentando que esa adhesión sea posible, que Turquía, por
tanto, acepte en sus propios términos la adhesión de Chipre y que
influya, en la medida en que tiene posibilidades reales de influir,
en que la parte turco-chipriota de la isla no se oponga sino que
incluso pueda participar en las negociaciones de adhesión.
Por otro lado, sobre la propia candidatura de Turquía, mi grupo apoya
que en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de
Helsinki, Turquía pase a ser considerada como un candidato a la Unión
Europea. Creemos que Europa no es un club cristiano, Europa no es
club cultural, Europa es un club político que tiene que tener una
plena diversidad, y puede tener en su seno una plena diversidad
cultural, religiosa y de todo tipo. Eso no es óbice para que, como se
dice en el informe y reiteramos aquí, se le exijan a Turquía
exactamente los mismos baremos y requisitos para entrar a formar
parte de este club político, muy concretamente en todo lo relativo al
reconocimiento de minorías, y muy especialmente, al respeto al Estado
de derecho y a los derechos humanos. Con una apreciación, con un
respeto y con un esfuerzo por parte de Turquía en esos dos frentes,
entendemos que Turquía debería, algún día, poderse integrar
perfectamente, y en igualdad de condiciones con los demás
miembros de la Unión Europea, en su seno.
Finalmente -y termino, ahora sí, señor presidente, pienso que
respetando los límites horarios-, creo que con la aprobación de este
informe, y es una asignatura pendientes que tenemos no sólo este
Parlamento sino todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea,
seguimos teniendo pendiente la gran asignatura de la opinión pública.
Esto que estamos debatiendo hoy aquí es uno de los temas de más
trascendencia política a medio plazo, evidentemente no este informe,
sino el contenido del mismo, el hecho de que la Unión Europea se
amplíe hacia el centro y el este de Europa, y, sin embargo, es muy
difícil que consigamos hacer llegar a la opinión pública la
trascendencia de las decisiones que aquí se están tomando. Es un
brindis al sol, pero creo que, una vez más, todos los que estamos
aquí no podemos dejar de poner nuestro grano de arena y nuestro
compromiso por intentar corregir esta situación que, insisto, no es
sólo propio del Parlamento español, donde los temas de la Unión
Europea parecen debates entre expertos en energía nuclear, entre los
cuales se encuentra en este momento nuestro presidente con más
conocimientos que otros de los que estamos por aquí, al menos desde
su faceta de ingeniero y, por tanto, nos podrá ilustrar en lo que
supone intentar hacer llegar a la opinión pública lo que aparecen
como conocimientos absolutamente esotéricos, cerrados, de laboratorio
y que, sin embargo afectan ya hoy, y afectarán cada día más a corto y
medido plazo, a la situación personal, real, de bienestar y a las
condiciones de vida de todos y cada uno de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted mucha razón, señor portavoz. La
opinión pública está, a veces, alejada de los temas trascendentales,
que suelen ser complejos y, precisamente, por eso difíciles de ser
transmitidos. La difusión que demos a los trabajos de esta ponencia,
y al documento que de la misma resulte puede ayudar a romper esta
barrera de la comunicación. Le agradezco que se haya mantenido en los
limites previstos y que de esta forma no tengamos que hacer esperar
al señor ministro, que ha tenido la cortesía de la puntualidad y está
ya esperando para que la Comisión le reciba.
Suspendemos la Comisión por cinco minutos, damos la bienvenida al
ministro y continuamos después. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES
JUAN), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS PROPUESTAS ESPAÑOLAS PARA EL CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO DE
TAMPERE. ASOLICITUD DELGRUPO PARLAMENTARIO FEDERALDE IZQUIERDAUNIDA.
(Número de expediente Congreso 213/001247 y numero de expediente
Senado 711/000307.)
- EL PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA DURANTE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE FINLANDIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO.(Número de expediente Congreso
213/001261 y número de expediente Senado 711/000311.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al señor ministro de Asuntos
Exteriores, agradeciéndole su presencia.
Son tres los temas objeto de su comparecencia, dos solicitadas por el
Grupo Socialista , y otra por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor ministro sugiere, y su sugerencia me parece acertada pero
quiero someterla a la consideración de los portavoces, que los dos
primeros temas, uno solicitado por Izquierda Unida para explicar las
propuestas españolas para el Consejo Europeo extraordinario de
Tampere y otro por el Grupo Socialista para explicarnos el programa
de la presidencia Finlandesa de la Unión, de alguna forma
relacionados, podrían ser objeto de una única intervención del señor
ministro y, en cambio, el tercer tema, que tiene una clara
especificidad, el relativo a las recomendaciones del Consejo sobre la
protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios
audiovisuales, etcétera, fuese tratado de forma separada.
Si no hay ningún inconveniente, y espero que no lo haya, porque
parece bien argumentado el planteamiento del señor ministro, le
daríamos la palabra para que compareciese explicando la posición del
Gobierno con respecto a los dos primeros temas de las comparecencias
programas para hoy.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas
gracias, señor presidente. Muchas gracias también por atender esa
sugerencia, que me parece que contribuye a racionalizar el debate, y
con mi felicitación por el nombramiento de que ha sido objeto como
presidente de esta importante Comisión Mixta voy a iniciar mi
intervención, señorías, hablando sobre las propuestas españolas para
el Consejo Europeo de Tampere, y después ya abordaré la visión global
que representa el programa de la Unión Europea durante la presidencia
finlandesa.
La reciente celebración del Consejo de Tampere ha permitido a los
jefes de Estado y de Gobierno reafirmar, por un lado, la importancia
que han ido cobrando las cuestiones de justicia e interior en la
Unión y, por otro, establecer las orientaciones políticas necesarias
para seguir avanzando en ese campo especialmente también en la
construcción europea. Aunque la propia celebración de la cumbre ya
era un éxito en sí mismo se ha llegado a un resultado muy
satisfactorio que, a mi juicio, ha cumplido con las expectativas
y objetivos que nos habíamos marcado.
Como SS.SS. saben, el Tratado de Amsterdam estableció, como uno de
sus objetivos más importantes, el mantenimiento y desarrollo de la
Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que
esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con
las medidas adecuadas respecto al control de las fronteras
exteriores, el asilo, la inmigración, y la prevención y la lucha
contra la delincuencia.
Posteriormente, los consejos europeos de Cardiff y de Viena
reafirmaron ese mismo objetivo, habiéndose aprobado un detallado plan
de acción sobre la mejor manera de ir
aplicando en este campo las disposiciones de Amsterdam. La cumbre de
Tampere se enmarca en esa misma línea de construcción europea en los
asuntos de justicia e interior, con la particularidad de que por
primera vez en la historia han sido abordados de modo monográfico por
un Consejo Europeo. Por ese motivo el Gobierno español puso un
especial énfasis en la organización y desarrollo de esa cumbre, cuya
celebración fue propuesta por el presidente del Gobierno hace un año,
en la reunión Pörtschach, y no debemos olvidar que nos encontramos en
un ámbito muy sensible para la opinión pública, ya que las cuestiones
de justicia e interior afectan muy directamente a todos los
ciudadanos europeos.
El Consejo ha acordado importantes orientaciones y prioridades
políticas, que van a permitir convertir en una realidad ese espacio
de libertad, seguridad y justicia que el Tratado de Amsterdam definió
como uno de los objetivos más importantes de la Unión. Todo ello ha
quedado reflejado en un documento equilibrado de conclusiones, que se
divide en cuatro grandes capítulos: en primer lugar, una política de
asilo y migración común de la Unión Europea, acción fundamental y no
acordada hasta entonces; la lucha contra la delincuencia, a escala de
la Unión; en segundo lugar; la consecución de un auténtico espacio
europeo de justicia; y, finalmente, una acción exterior más firme en
los asuntos también de justicia e interior.
El Consejo también ha acordado la composición, el método de trabajo y
las disposiciones prácticas del órgano competente para la elaboración
de un proyecto de carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea, con arreglo a lo dispuesto en las conclusiones de Colonia.
Comentaré a continuación los aspectos más significativos de esos
cuatro grandes capítulos.
Asilo y migración. El Consejo ha realizado una reflexión a fondo
sobre la futura política de la Unión en los asuntos de inmigración y
asilo. El fundamento de esa política común se basa en un enfoque
global y multidisciplinar que incluye, entre otros asuntos
fundamentales, la colaboración con los países de origen; la
inmigración; una política de integración y trato justo de los
nacionales de terceros países; la gestión de los flujos migratorios;
una política armonizada de admisión; y la creación de un sistema
europeo común de asilo.
La colaboración con los países de origen es imprescindible, porque no
es posible enfocar adecuadamente ninguna política en materia de
inmigración de modo unilateral. Por el contrario, es preciso analizar
las causas que provocan esos fenómenos para adoptar, en consecuencia,
las medidas que sean necesarias de cooperación al desarrollo, de
codesarrollo con los países emisores de los flujos, de apoyo a la
democracia y derechos humanos, además del respeto a los países de
origen como tales, que debe presidir siempre la acción exterior del
Gobierno. El Consejo ha ratificado el informe y los cinco planes de
acción elaborados por el grupo de alto nivel sobre asilo y migración.
Como saben SS.SS., uno de los planes aborda la problemática de
Marruecos como país de origen y de tránsito de emigración hacia
Europa, habiéndose acordado la adopción de numerosas medidas. Ese
plan de acción fue elaborado bajo presidencia española, que destacó
en todo momento la importancia que tiene en materia de inmigración la
frontera sur.
El Consejo Europeo ha reforzado la idea de que todos los Estados
miembros deben llevar a cabo una política de integración más
decidida, encaminada a conceder a los inmigrantes que residen
legalmente derechos y obligaciones comparables a los de los
ciudadanos de la Unión. Asimismo, los Estados miembros deben
desarrollar medidas contra el racismo, la xenofobia y la
discriminación en la vida económica, social o cultural. En la lucha
contra la inmigración ilegal es preciso distinguir entre el
inmigrante ilegal, muchas veces víctima de la situación, y las redes
de delincuencia que promueven el tráfico de inmigración ilegal contra
las que debemos combatir poniendo todos los medios a nuestro alcance.
Se trata de una cuestión vinculada al control de las fronteras
exteriores y, por tanto, también aquí se deberá incrementar el
diálogo y la cooperación con los países terceros concernidos para
conseguir un mayor control de sus fronteras hacia la Unión Europea.
En materia de asilo, en el Consejo se han establecido las bases para
la elaboración de un sistema común, que sea plenamente respetuoso con
la Convención de Ginebra y con el principio de no devolución de
ninguna persona a un país en que sufra persecución. Pero al mismo
tiempo es preciso evitar el abuso de esa institución, que no debe ser
empleado con fines distintos de aquellos para los que fue concebida,
impidiendo en particular que una solicitud de asilo sea utilizada
como forma encubierta de inmigración. Se trata, en definitiva, de
llegar a un procedimiento de asilo común y a un estatuto uniforme,
válido en toda la Unión, y para ello todos los Estados miembros
debemos hacer un esfuerzo para establecer normas comunes que regulan
un procedimiento de asilo eficaz y justo y que fije las condiciones
mínimas para los solicitantes de asilo. Por lo que se refiere a la
protección temporal de personas desplazadas, el Consejo ha indicado
que debe estudiarse la constitución de algún tipo de reserva
financiera, y ha invitado a la Comisión a que analice las
posibilidades al respecto. La posición del Gobierno ha sido la de
rechazar cualquier reparto de cargas que violente la voluntad de los
desplazados y del Estado de acogida, manteniendo que la solidaridad
puede y debe ejercerse mediante la creación de un fondo destinado al
efecto, y en ese sentido la decisión adoptada por el Consejo Europeo
coincide con la iniciativa que ya propuso el presidente del Gobierno.
El segundo gran grupo de decisiones se refiere al espacio europeo de
justicia. La creación de un espacio judicial europeo ha sido una
constante petición de España y uno de los mayores retos del Consejo
Europeo de Tampere. La Unión Europea ha avanzado progresivamente en
el tiempo en el ámbito de la armonización de las políticas de asilo y
migración, así como en la lucha contra el crimen organizado. Pero en
este ámbito del espacio judicial todavía queda mucho camino por
recorrer debido a los distintos sistemas jurídicos existentes en los
Estados miembros. El Consejo ha sentado las bases para la creación de
este espacio de justicia, que se concreta en la aspiración a que
todas las personas puedan recurrir a los tribunales de cualquier
Estado miembro con la misma facilidad que a los de su propio Estado.
Para ello se establece, como primera medida, la necesidad de aumentar
la información que debe ofrecerse a los ciudadanos sobre cooperación
judicial en la Unión y sobre los distintos sistemas jurídicos en los
Estados miembros.
Además, se deben instrumentar normas mínimas que garanticen un
nivel adecuado de asistencia jurídica en litigios transfronterizos,
así como normas especiales de procedimiento en materias relevantes,
tales como la protección de consumidores, reclamaciones mercantiles
de menor cuantía, demandas de pensión alimenticia y reclamaciones sin
oposición. Muy relacionado con lo anterior se encuentra la necesidad
de que todos los Estados publiquen formularios en diversas lenguas
que deberían ser válidos para cualquier proceso, con independencia
del lugar donde se celebre, lo que contribuye a armonizar la
formalización y ejecución de los procesos. La segunda medida, a mi
juicio la más relevante que se ha tomado nunca en este ámbito en el
seno de la Unión Europea, y por tanto la más relevante de Tampere, es
el reconocimiento mutuo entre todos los Estados no sólo de las
sentencias judiciales, sino de las resoluciones, que es la piedra
angular de la cooperación judicial en materia civil y penal en la
Unión Europea para el futuro. En el ámbito civil y mercantil el
Consejo Europeo pretende conseguir una paulatina armonización de
normas procesales, y sustantivas también, relativas a materias que
afectan a la vida de los ciudadanos, desarrollar plenamente el
principio del reconocimiento mutuo, tanto de las decisiones
judiciales, como decía, como de otros actos realizados por los
tribunales de los Estados miembros. En el ámbito penal el Consejo ha
sentado la doctrina de que en materia de extradición debe suprimirse
el procedimiento formal entre los Estados miembros en el caso de
personas condenadas por sentencia firma, y ha establecido que deben
considerarse procedimientos acelerados de extradición en coherencia
con el otro principio del reconocimiento mutuo de sentencias. Ambos
criterios deben ser tenidos muy en cuenta, así como la necesidad de
que los Estados miembros ratifiquen con celeridad los convenios de
extradición de la Unión Europea de 1995 y 1996. Por último, en este
mismo ámbito penal debe destacarse la propuesta de establecimiento de
un mínimo normativo en materia de protección de las víctimas de
delitos, lo que constituye una preocupación particularmente
importante al recoger la necesidad de asistir a la víctima y reparar
el daño físico y moral que se le ha producido como consecuencia del
delito.
Tercer capítulo, lucha contra la delincuencia transfronteriza. La
libre circulación de personas en una Europa sin controles fronterizos
sólo es posible si va a acompañada al propio tiempo de medidas
eficaces de seguridad, lo que implica luchar contra todas las formas
de delincuencia organizada. Es preciso tener en cuenta que la
criminalidad transnacional no puede ser combatida por los Estados
miembros de modo unilateral, y por eso uno de los valores añadidos
más importantes que puede aportar la Unión Europea a los ciudadanos
es la lucha eficaz contra ese delito transnacional. El Consejo ha
considerado en particular la adopción de medidas en los ámbitos de la
prevención de la delincuencia, el incremento de la cooperación y una
acción especial contra el blanqueo de capitales. Es evidente que la
mejor forma de luchar contra el delito consiste en prevenirlo, y por
ello ha hecho un llamamiento para que se desarrollen aún más los
programas nacionales y se determinen prioridades comunes tanto en el
marco de la política exterior, como de la política interior de la
Unión. Las principalesprioridades en cooperación juvenil deberán ser
en particular
la delincuencia juvenil, la delincuencia urbana y la relacionada con
las drogas.
Finalmente, como cuarto y último capítulo el Consejo ha puesto
particular énfasis en la necesidad de utilizar de modo integrado
todos los instrumentos de que dispone la Unión, con el fin de
construir ese espacio de libertad, seguridad y justicia, y para ello
antes del Consejo Europeo de junio del próximo año deberán haberse
definido las prioridades medias y objetivos en el ámbito de la acción
exterior de la Unión Europea en cuanto a justicia e interior se
refiere.
Señorías, estamos satisfechos por los resultados obtenidos en esta
cumbre, en la que el Consejo Europeo ha dado pasos decisivos en los
ámbitos de justicia e interior. La Comisión ya ha establecido un
panel de seguimiento en el que se detalla el órgano responsable del
seguimiento de cada medida, su calendario de ejecución y el órgano en
que además esas medidas deben ser discutidas. A partir de ahora
debemos poner en práctica las orientaciones y medidas que acaban de
ser adoptadas, como les decía, reguladas por ese calendario, por esa
designación de ámbitos de ejecución y de discusión de medidas, lo que
hace que tengan credibilidad, por tanto, los acuerdos adoptados; y
por lo que respecta a España, asumiremos la responsabilidad que nos
corresponde para llevar a cabo esa importante tarea.
Relacionada con este tema está la pregunta oral del diputado señor
Guardans, que no sé, señor presidente, si quiere que se conteste en
el ámbito de esta comparecencia o prefiere que sea objeto de una
pregunta posterior. Yo creo que, como no es el mismo tipo de
instrumento, quizá lo dejamos para después. (Asentimiento.)
Perfectamente.
En ese contexto preciso que les acabo de explicar creo que conviene
situar el programa de la presidencia finlandesa. Lo cierto es que la
aprobación de la Agenda 2000 en el Consejo de Berlín parecía despejar
el camino a una primera presidencia de Finlandia llamada a realizar
una tarea de transición, de simple preparación de los retos
fundamentales de la Unión ante el nuevo milenio y, sin embargo, la
dimisión de la Comisión y el conflicto de Kosovo es evidente que
modificaron las circunstancias en que ha tenido que desarrollarse la
presidencia finlandesa. Ese nuevo escenario revela, como destacó el
primer ministro Lipponen, rasgos contradictorios: por un lado, la
puesta en marcha de la unión monetaria, la entrada en vigor del
Tratado de Amsterdam demuestra la capacidad permanente, de progreso
hacia una Europa cada vez más integrada y todos esperamos que al
propio tiempo más estable y más eficaz. Por otro lado, la dimisión de
la Comisión creó incertidumbres que, afortunadamente, tras la
constitución de la nueva Comisión Prodi y las reformas anunciadas en
esa institución se han ido despejando. La escasa participación en las
elecciones al Parlamento Europeo es otro elemento negativo que
sugiere la necesidad de abordar las relaciones entre las
instituciones de la Unión y los ciudadanos y la próxima reforma
institucional de un modo serio y realista. La crisis de Kosovo, por
último, ha puesto en el primer plano la necesidad de desarrollar las
posibilidades ofrecidas por el Tratado de Amsterdam para incrementar
la eficacia y coherencia de la política exterior y de seguridad común
y ha acentuado la necesidad de adaptar la estrategia de la Unión
sobre la ampliación. Por otra parte, la creación de un mercado sin
fronteras interiores hace más necesaria que nunca
la creación de un área de libertad, seguridad y justicia a través de
la puesta en práctica de las disposiciones previstas en el Tratado de
Amsterdam. Ya me he referido al Consejo de Tampere, que ha
constituido en este aspecto un paso fundamental. Lo cierto es que el
mercado interior y la unión monetaria han creado los prerrequisitos
necesarios para que la Unión pueda ser un área de progreso en un
entorno económico cada vez más abierto y global. La interdependencia
entre los Estados miembros de la unión monetaria exige una
coordinación económica cada vez más estrecha y una atención
preferente al desarrollo de las políticas de empleo.
Estas son, en síntesis, las grandes cuestiones a las que ésta y las
futuras presidencias deben otorgar una atención prioritaria. Me
detendré, por tanto, en las mismas con algo más de detalle.
La ampliación y su impacto en la relación entre la Unión y sus
vecinos. El próximo Consejo de Helsinki dará un nuevo impulso a la
ampliación y replanteará la estrategia aprobada dos años antes por el
Consejo de Luxemburgo en el que se lanzó este proceso. En la reunión
de jefes de Estado, en la reunión de Tampere, se constató un amplio
consenso en favor de la recomendación de la Comisión de abrir las
negociaciones de adhesión con los seis candidatos que aún no han sido
admitidos como tales. Se da así la razón a aquellos que, como España,
abogábamos ya en Luxemburgo por el inicio simultáneo de las
negociaciones con todos los candidatos, el denominado modelo Regata.
Esta nueva estrategia implica poner en primer plano el principio de
diferenciación, según el cual todos los candidatos tendrán las mismas
oportunidades, dependiendo la adhesión exclusivamente de sus
progresos en el cumplimiento de los criterios de Copenhague. Se
intenta así poner punto final al concepto de grupos hasta ahora
imperante, lo que una vez más coincide con el planteamiento de
nuestro Gobierno.
Otro elemento positivo del planteamiento diferenciado que propone
ahora la Comisión es el de introducir un paralelismo entre el avance
de las negociaciones propiamente dichas y el progreso en la
aplicación concreta del acervo por cada candidato en cuestión. Se
trata de poner fin a la estrategia mantenida hasta ahora de cerrar
provisionalmente capítulos sin que constara fehacientemente la
capacidad de los candidatos de aplicar dichos capítulos, de aplicar
el acervo comunitario.
La polémica sobre la fijación en Helsinki de fechas objetivo para las
primeras adhesiones, para las que estamos negociando, se ha enfocado
ahora de un modo ya mucho más adecuado por la Comisión ya que ha
abandonado esa idea de fijar fechas objetivo y se limita a recomendar
finalmente al Consejo Europeo que éste se comprometa a que la Unión
esté en condiciones de decidir a partir del 2002 sobre la adhesión de
los candidatos que cumplan los criterios necesarios.
Resuelto el tema financiero con el Consejo de Berlín -la aprobación
de las perspectivas financieras-, el alcance de ese compromiso, por
tanto, se limita a asegurar que la reforma institucional estará en
vigor en el 2002. Es decir, si ya tenemos resuelto el problema
financiero con la aprobación de las perspectivas financieras, si ya
se resuelve el tema de la capacidad de cada cual de aplicar el acervo
comunitario, ya todo queda pendiente, de que tengamos terminada la
reforma institucional para esta fecha.
Segundo punto, el desarrollo de la PESC. La presidencia finlandesa ha
continuado su labor predecesora en los aspectos que se refieren a la
PESC: nuevos medios, instrumentos previstos en Amsterdam y el
desarrollo de la dimensión de seguridad y defensa europeas. Después
del Tratado de Amsterdam el pasado mes de mayo -que es cuando ha
entrado en vigor, como saben- se han puesto en marcha los
instrumentos en él previstos que deben reforzar la coherencia, la
visibilidad, la continuidad de la PESC. Las estrategias comunes son
ya parte de nuestro quehacer diario. El alto representante para la
PESC y secretario general del Consejo, Javier Solana, tomó posesión
de su cargo el pasado 18 de octubre y, asimismo, ya se ha constituido
la célula de planificación y alerta temprana, órgano de apoyo al
representante de la PESC.
Quizá sea más significativo aún realzar la labor de la presidencia
finlandesa en el cumplimiento del mandato de Colonia de desarrollar
una política europea de defensa. Ello supone, en primer lugar,
incrementar la capacidad de la Unión para hacer frente a la gestión
de crisis en el ámbito de las tareas Petersberg. Asimismo, durante
estos meses se han acelerado los trabajos para presentar en Helsinki
un informe de progreso que hará posible la adopción de las primeras
decisiones relativas a los aspectos institucionales de defensa, de
capacidades militares, operativos, aspectos de participación. Tras
Helsinki se desarrollarán y profundizarán los detalles de esa
política europea de defensa, con la participación del alto
representante, que ya al mismo tiempo es secretario general de la
UEO, como SS.SS. saben.
Tercer tema, reforma institucional. Conforme a las conclusiones de
Colonia, la presidencia finlandesa está elaborando, en este caso bajo
su propia y exclusiva responsabilidad, un informe completo que
esclarezca y describa las opciones que se presentan para resolver las
cuestiones que deben abordarse en la próxima conferencia
intergubernamental.
De acuerdo con esas mismas conclusiones las cuestiones son: tamaño y
composición de la Comisión; ponderación de votos en el Consejo;
posible extensión del sistema de votación por mayoría cualificada; en
su caso, otras modificaciones en los tratados en tanto en cuanto
resulten pertinentes por su conexión con los temas anteriores.
La Comisión aprobó el pasado 10 de noviembre un documento de posición
que asume en gran medida las propuestas contenidas en el llamado
informe Dehaene. En él se pronuncia a favor de la extensión
generalizada de la mayoría cualificada y de la simplificación del
procedimiento de las cooperaciones reforzadas aprobado en Amsterdam,
retoma la propuesta más polémica del grupo Dehaene la división de los
tratados en una parte que recogería la legislación básica y que
seguiría sometida al actual sistema de modificación y en otra para
las disposiciones de aplicación cuya modificación se haría por
métodos más simplificados. Por contra, el Colegio de Comisarios ha
rechazado la propuesta de los sabios de reforzar los poderes de su
presidente.
La Comisión considera que también deberían abordarse algunos temas
sin relación directa con la ampliación, como la defensa europea. Este
ambicioso programa no impide
que la Comisión exprese su convencimiento de que la CIC debe concluir
en la fecha prevista, es decir, en diciembre del 2000, dentro de
trece meses.
La posición del Gobierno español sobre la próxima CIC se resume
claramente: es la que ha venido siendo siempre y que ustedes conocen.
¿Cuál es su objetivo? El que defiende el propio Tratado de Amsterdam:
llenar las lagunas de dicho tratado, en ningún caso reabrir dicho
tratado y abrir nuevas lagunas. Por tanto, no podemos compartir la
opinión de los que estiman que es necesario desbordar el mandato
aprobado después en Colonia, que para eso se aprobó y es un mandato
de los jefes de Estado y de Gobierno. Hay una evidente contradicción
entre el objetivo de concluir la CIG en trece meses, doce meses de
hecho, y la filosofía que inspira tanto al informe Dehaene, como al
documento de la Comisión que apunta a un mandato amplio en el que se
incluye alguna propuesta muy compleja, como la de la división de los
tratados. Por ello, el mandato de Colonia no debe ser alterado en
Helsinki. Hay que impulsar una reforma rápida, realista, limitada a
las tres cuestiones institucionales acordadas entonces para poder
conservar el horizonte del 2000 y dar luz verde a la ampliación que
constituye hoy nuestra principal prioridad.
Pensamos que esa gran reforma global de los tratados, que todos
deseamos, debe hacerse precisamente dentro de unos años, cuando se
conozcan las necesidades que se derivan de una correcta aplicación y
gestión de la Unión Monetaria, el Tratado de Amsterdam haya
experimentado un suficiente período de rodaje y podamos tener ya una
primera experiencia de las primeras ampliaciones. El asunto resulta
tan evidente que no considero necesario seguir profundizando en él y
dando argumentos en favor de esta posición.
En relación con la reforma económica y el empleo, la cumbre de
Helsinki evaluará el funcionamiento de la coordinación de la tercera
fase de la Unión Monetaria sobre la base del informe que el Consejo
le presentará y a la mejora de las grandes orientaciones de política
económica. En Helsinki también se discutirá la estrategia de empleo
mejorada, en línea con el pacto de empleo aprobado en Colonia, que
supone una integración del diálogo macroeconómico en las directrices
de empleo, considerando a su vez las reformas estructurales. Este
pacto sirve de complemento y marco de referencia a los planes
nacionales de empleo. El presentado por España, como SS.SS. saben,
recibió una valoración muy positiva por la Comisión Europea el pasado
día 7 de septiembre, destacando que los logros conseguidos en los
dieciocho últimos meses han sido muy importantes. Aunque nuestro país
sigue teniendo la mayor tasa de parados de la Unión Europea, es al
mismo tiempo el Estado que ha logrado una reducción porcentual más
alta del paro, y las perspectivas al respecto, de acuerdo con la
propia Comisión Europea, siguen siendo muy favorables.
Consiguientemente, se espera cumplir la mayoría de los objetivos de
creación de empleo, que se han fijado antes del plazo del 2002, al
estar en condiciones de ofrecer una formación o un trabajo a los
parados jóvenes o a los más adultos en un período que oscila entre
seis meses y un año desde el momento en que quedaron en paro.
En el ámbito económico, quiero destacar, finalmente, la culminación
de los trabajos del grupo del código de conducta
fiscal, que presentará su informe al Consejo Europeo de Helsinki, y
que tiene como objetivo la aprobación de medidas para combatir la
llamada competencia fiscal desleal.
Quedo a su disposición para completarles la información que deseen.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora a los portavoces y tenemos un
pequeño problema, porque debería intervenir primero el portavoz que
ha solicitado la comparecencia del ministro. Hemos agrupado a los
portavoces de Izquierda Unida y del Partido Socialista y deben
ponerse de acuerdo. Primero, el Partido Socialista, después Izquierda
Unida y después el resto de los grupos, ¿les parece? (Asentimiento.)
Adelante. Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTACOSTA: Permítame, en primer lugar, un apartado crítico
a cómo y cuándo se produce esa comparecencia. Enlace esto con la
reflexión que hacía antes el portavoz de Convergència i Unió sobre el
funcionamiento, difícil siempre y angustioso de esta Comisión, al
tener que hacer coincidir tantas agendas, no sólo las de las
instituciones de Congreso y Senado sino también la de los
comparecientes que, por su naturaleza, siempre una agenda es densa
y difícil. Desde la visión parlamentaria, nos parece un mal ejemplo que
la primera comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores sobre la
Presidencia de Finlandia ocurra cuando ésta está ya a un mes de
finalizar. Ese no debería ser el método habitual de funcionamiento de
esta Comisión y, por tanto, vaya esta crítica a quien corresponda,
que no sé exactamente a quién es, pero, en cualquier caso, a aquellos
que deben hacer un esfuerzo para situar sus agendas en relación con
las obligaciones que se derivan de un sistema constitucional que
tiene en el Parlamento su eje central y es donde reside la soberanía
de los ciudadanos.
Paso directamente al objeto de la comparecencia solicitada por mi
grupo, que es la Presidencia de Finlandia de la Unión Europea. Lo
haré básicamente en el orden que ha llevado el señor ministro para
permitir un seguimiento de su exposición.
Respecto al tema de espacio de libertad, hoy es la segunda vez que el
Gobierno sitúa el origen de este debate en los últimos tres años y me
parece injusto. Se lo dije a los ministros de Justicia e Interior y
reconocieron que lo era, pero hoy el ministro ha reincidido en el
debate, como si ustedes inventaran el mundo. La celebración de esta
conferencia, señor ministro, tiene su origen en el año 1989, en un
Consejo informal de justicia en San Sebastián, bajo Presidencia
española y ha sido impulsado específicamente por los responsables del
Gobierno español que han asistido a los consejos europeos en los
últimos diez años. No voy a recortar estos años en los que ha estado
gobernando el Partido Popular, en los que simplemente se ha
encontrado un magnífico trabajo realizado, como ha venido
reconociendo hoy mismo el ministro cuando ha hecho referencia a la
incorporación de Marruecos como país sujeto a los planes de
emigración por el tránsito que se deriva de su situación a través de
España.
Para entrar ya en el fondo, el primer tema del que hablado ha sido el
de asilo e inmigración. Le voy a hacer dos
comentarios breves y básicos porque ya hemos tenido un comparecencia
específica sobre la materia. Respecto al asilo, es probable que
lleguemos a un acuerdo satisfactorio para países no miembros de la
Unión, para países terceros, pero que no encontremos un sistema
satisfactorio de supresión del mismo dentro de la Unión. El Protocolo
de Amsterdam no es plenamente satisfactorio para nosotros, usted lo
sabe. Tampoco lo fue para el Gobierno, que intentó otros sistemas, ya
que, de hecho, no impide que mañana un terrorista de cualquier país
europeo pueda solicitar y serle concedido el asilo en un país miembro
de la Unión Europea; por tanto, no nos podemos sentir satisfechos de
cómo se está abordando esa situación en el seno de la Unión Europea.
No es posible que podamos llegar a acuerdos en el mismo Consejo con
los mismos responsables para países exteriores de la Unión y seamos
incapaces de llegar a acuerdos razonables y necesarios para las
políticas que deben presidir cualquier orientación en una unión de
países democráticos donde todos ellos cumplen con los derechos
humanos. Es una contradicción que se reitera en alguna de las
políticas que se han tratado en Tampere y que yo voy a poner en
evidencia, esperando que ello no lleve al euroescepticismo sino que
sirva para reformar y hacer ver la necesidad de profundizar más en
las políticas que se refieren a la Unión Europea; quizá con ello
podamos llegar mejor a los ciudadanos.
El segundo elemento es la inmigración. El Gobierno comparece en
Tampere en un momento determinado y la inmigración es uno de los
elementos que genera mayor debate en Tampere. Así las cosas, el
Gobierno se presenta en el Consejo Extraordinario de Tampere cuando
en el seno del Congreso de los Diputados hay un acuerdo unánime, de
todos los grupos, respecto a un tratamiento determinado de la
inmigración en España. ¿Qué posición defiende el Gobierno en Tampere?
Desde luego no la misma que el conjunto de fuerzas políticas
representadas en el Congreso de los Diputados ha mantenido en el seno
de una ponencia sobre el proyecto de ley de extranjería que ahora se
va a someter a debate y que el Gobierno pretende reformar para
situarla en otro contexto, que yo no voy a juzgar porque este no es
el marco para hacer el debate sobre la ley. Sin embargo, sí existe
una contradicción clara entre las posiciones que el Gobierno mantiene
en Tampere y las posiciones que los grupos políticos, en este caso,
que sustentan al Gobierno mantienen en cuanto a la ley de extranjería
en el seno del Congreso de los Diputados. Por tanto, diría que son
descoordinaciones que generan después conflictos políticos y sociales
indeseables al modo de ver del Grupo Socialista.
El tercer tema de este apartado es el de desplazados temporales. Ha
dicho que el Consejo asumió las tesis españolas sobre la necesidad de
un fondo financiero destinado a desplazamientos temporales dentro de
la Unión. No es exactamente que el Consejo asumiera, el Consejo más
bien pospuso ese debate pidiendo un informe sobre ese fondo
financiero que no fue adoptado y a cuya creación se oponían los
propios beneficiarios de este fondo. (El señor ministro de Asuntos
Exteriores (Matutes Juan): No es así.) Si no es así, me gustaría que
me rectificara y le agradeceré al ministro la información más
correcta.
El segundo elemento es el espacio judicial europeo. Hay en esta
Comisión portavoces más expertos que yo en la materia y no voy a
insistir en ello, pero desde el punto de vista del Grupo Socialista
se dan pasos muy tímidos en la dirección correcta. Hay una
problemática, que el propio ministro ha reconocido -por tanto, yo no
voy a insistir en ella-, de aplicación de ese concepto en el que el
objetivo final es que cualquier ciudadano tenga el mismo derecho a la
justicia en cualquier Estado miembro de la Unión. No perdiendo de
vista este objetivo final y si comparamos los elementos en los que se
ha intentado avanzar, algunos de ellos son inaplicables, otros
contradictorios y, en cualquier caso, muy tímidos respecto al
objetivo final de este punto.
Trataré dos temas en el espacio de libertad, justicia y seguridad. En
primer lugar, el de extradición. Se llega a un acuerdo sobre
extradición por el Consejo, es decir, por los primeros ministros de
los Estados miembros de la Unión, cuando todavía esos mismos
responsables políticos no han conseguido que se ratifiquen los
convenios de extradición de 1995 y 1996. ¿Qué credibilidad puede
merecer a la opinión pública que unos responsables políticos que van
comprometiendo a su país en acuerdos con otros Estados miembros de la
Unión aún no hayan ratificado instrumentos de extradición que datan
de los años 1995 y 1996? Sólo quiero ponerlo en evidencia.
Finalmente, en el apartado de seguridad, un punto específico, y no me
detendré en los demás, y es el blanqueo de capitales, sobre el que el
Consejo de Tampere discutió profusamente, hay todo un apartado sobre
él y casi centró ese aspecto de lucha contra la delincuencia. La
letra lo aguanta todo, pero tenemos otro tipo de letra, de ésas que
vencen, que nos dará la pauta real de la voluntad política de los
Estados miembros de avanzar en esa dirección, y es la directiva sobre
blanqueo de capitales y su adopción por el Consejo Ecofin. Cuando esa
directiva se adopte y veamos que todos los Estados miembros la
trasponen a su ordenamiento jurídico, entonces merecerá credibilidad
esta política de lucha contra el blanqueo de capitales. Mientras haya
Estados miembros dentro de la Unión que mantengan la opacidad de sus
sistemas financieros, tal como está ocurriendo en la actualidad,
difícilmente serán creíbles esas políticas diseñadas por el Consejo.
Paso al segundo bloque, en el que básicamente hay tres apartados de
los que a mí me gustaría hablar: ampliación, reformas institucionales
y política exterior y de seguridad común. Sobre ampliación yo quiero
mostrar mi satisfacción, junto con el ministro, por el cambio de
modelo que se ha producido en el seno de la Unión y la apertura de
negociaciones con seis nuevos países candidatos. Nos ha dado la razón
el tiempo, ha dado la razón al Gobierno y a todos los que defendíamos
que el modelo más adecuado era la apertura de negociaciones con todos
y que la exigencia de los criterios de Coopenhague debería ser el
único elemento de análisis y por tanto de acceso a ser miembro de la
Unión Europea para todos los países candidatos. En este sentido vaya
mi felicitación.
Segundo elemento, reformas institucionales. Aquí capto, señor
ministro -y me gustaría que fuera erróneo- una confusión deliberada
respecto a su exposición, y mucho más respecto a la posición del
Grupo Parlamentario Popular. Estamos celebrando un debate sobre
ampliación y
este es uno de los elementos fundamentales en el que los grupos
mantenemos posiciones diferentes en estos momentos Creo captar, señor
ministro, que usted asimila el Protocolo del Tratado de Ámsterdam con
el Consejo de Colonia, sin advertir a los miembros de esta Comisión y
a la Cámara, que en Colonia se decidió que se tratara también la
ampliación del voto por mayoría. Usted lo ha citado, pero no nos
advierte que eso no está en Ámsterdam y que además se establece que,
en cualquier caso, todos los elementos que tengan que ver con las
reformas que se tienen que producir tienen que poder ser tratados en
la reforma institucional. En esa línea están el informe de los tres
sabios para la Comisión Europea y el propio debate de la Comisión
Europea sobre esa materia. No estamos hablando de una reforma
revolucionaria de las instituciones de la Unión, si sirve esa palabra
todavía para expresar lo que sería un cambio radical de
planteamientos en la Unión, no, señor ministro. Mi grupo mantiene que
lo que es necesario es no ser cicatero en la reforma institucional
para que resolvamos de verdad los problemas que la Unión tiene ya y
que se van a agravar y van a impedir el funcionamiento de la propia
Unión Europea en el caso de una ampliación sin abordar esas reformas
necesarias, que las situamos básicamente en tres campos que ha citado
usted y que acordó el Consejo de Colonia, y las consecuencias de esas
tres reformas: composición de la Comisión, número de votos del
Consejo -que lleva aparejadas varias reformas internas, como el
sistema de doble mayoría o la minoría de bloqueo- y ampliación del
voto por mayoría, que también debe llevar aparejada la codecisión del
Parlamento Europeo, y que esas sean las reformas que se aborden a
partir de la próxima conferencia intergubernamental.
Usted mantiene que las reformas tienen que ser las del Tratado de
Ámsterdam, a la vez cita el Consejo de Colonia y después hace una
disquisición, que nos lleva no sabemos muy bien a dónde, sobre lo
peligroso de una reforma abierta que abriera nuevas lagunas en el
seno de las instituciones de la Unión. Nosotros no estamos de acuerdo
en eso último, que no sabemos quién lo propone, aunque hay gente que
lo propone. Pero sí estamos más de acuerdo con el dictamen de la
Comisión, con aspectos del informe de los tres sabios, incluso con
las noticias que nos llegan del informe elaborado por la Presidencia
finlandesa, que con la posición que ha venido manteniendo hasta ahora
el Gobierno español de hacer una reforma absolutamente limitativa,
que ni siquiera tiene en cuenta lo que el propio Consejo de
Copenhague mandata a la Unión Europea para su ampliación, que es la
capacidad de absorber, manteniendo su eficacia, a los nuevos Estados
miembros del Este. Para ello le pide que haga una reforma
institucional, una reforma institucional que, por cierto, no es
nueva, porque ese problema era el que tenía que resolver la reforma
que se cerró en falso en Amsterdam y que los gobiernos de la Unión no
fueron capaces de abordar en su magnitud necesaria, habiendo ahora
gobiernos que tampoco quieren abordar dicha reforma en la magnitud
necesaria. Ello me lleva a un argumento muy importante, que es la
oportunidad de abrir esa reforma ahora. ¿Qué calendario objetivo que
no sea interesado nos fija a finales del año 2000 para acabar esa
reforma? ¿Cuál es la exigencia de esa reforma para el año 2000? Es
una decisión política en el vacío. Usted mismo nos acaba de
decir, y todos lo sabemos, que no habrá una próxima ampliación hasta
el año 2002, por lo que el calendario real para llevar a cabo esa
reforma es antes del 2002 y no a finales del 2000; si puede ser
realizada a finales del 2000 nosotros estaremos encantados, y creemos
que podría ser así si existencia la voluntad política de hacerlo,
pero en cualquier caso ése no puede ser el argumento limitativo o
negativo para impedir una reforma absolutamente necesaria, de las
instituciones de la Unión Europea antes de la ampliación.
Finalmente, quisiera dar dos pinceladas en materia de política
exterior y de seguridad común. En primer lugar, en esa Presidencia se
ha nombrado al responsable de esa política, el señor Solana, para
darle visibilidad y no hemos tenido oportunidad de que quedara
constancia aquí de nuestra felicitación por ese nombramiento, que
además va acompañado del de secretario general de la Unión Europea
Occidental y que dota de coherencia esas dos políticas tan
relacionadas entre sí. Coincido con el ministro en que este
nombramiento y esa implementación de políticas van a permitir el
desarrollo de una capacidad de gestión común de las crisis, que es el
objetivo por el que se implementan y de una capacidad de instrumentos
para actuar de forma independiente en la prevención de conflictos y
crisis, en colaboración con la OTAN o con otras instituciones cuando
haga falta, pero en cualquier caso dotando a la Unión Europea de un
instrumento importante en materia de defensa. Ello se está abordando
además de una forma rigurosa y seria a partir del Consejo informal de
Pörtschach al someter a debate todos los subsectores implicados en
seguridad, desde la investigación y desarrollo hasta todas las
capacidades para generar una propia tecnología de defensa en la Unión
Europea, en donde a mi modo de ver se encuentra el núcleo fundamental
de una futura política de defensa que contenga esta capacidad de
independencia.
Nada más, señor ministro. Tan solo quiero agradecerle su
comparecencia, tardía pero útil a pesar de todo. Espero que en el
futuro seamos capaces de mejorar esa relación entre el Gobierno y la
Comisión Mixta para la Unión Europea y que podamos compartir más
opiniones en esa materia.
El señor PRESIDENTE: Salvo que el señor ministro desee hacer lo
contrario, la Presidencia sugeriría que contestase a todos los
portavoces al final por obvias razones de economía de tiempo.
(Pausa.)
En ese caso, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor ministro, por su comparecencia,
a pesar de que, como decía el portavoz socialista, se encuentra un
tanto desfasada por cuanto por parte de mi grupo se le había
solicitado con anterioridad a Tampere para poder discutir en la
Comisión y en la medida de nuestras posibilidades, hacer algún tipo
de recomendación al ministro para su traslado a la cumbre. Aún así,
es una comparecencia muy actual políticamente, no debiéndose olvidar
el debate que ha surgido alrededor del desarrollo y la aprobación de
la ley de extranjería.
Respecto a lo que es el desarrollo propio de la cumbre, ha sido
calificada por sus protagonistas como un paso sustancial en la
construcción europea. En efecto, la declaración final es muy
ambiciosa. Lo es tanto que los propios
firmantes han tenido que reconocer que llevará bastante tiempo verla
cumplida.
En Tampere se han trazado nuevas líneas de convergencia y estrategias
voluntaristas en materia de justicia y asuntos de interior, siendo
éste un esfuerzo meritorio y difícil por cuanto afecta al núcleo
mismo de las soberanías nacionales, no ocultándosenos a nadie la
coexistencia en la Unión Europea de sistemas jurídicos muy
diferentes. Haciendo un somero balance de la cumbre, destacaríamos
para asuntos de interior el énfasis que se ha puesto en la lucha
contra la delincuencia organizada en un momento en que, en paralelo
con la mundialización de la economía, la criminalidad también se
globaliza. La respuesta frente a ella no puede limitarse lógicamente
al marco nacional y la cooperación policial es una obligación; sin
embargo, no podremos aceptar el aumento de las competencias de
Europol y el refuerzo de los poderes policiales sin un adecuado
contrapeso parlamentario y judicial. Valoramos positivamente la
puesta en marcha de una acción común contra el blanqueo de capitales,
pero con respecto a este loable objetivo que se ha trazado en Tampere
seguimos subrayando que carece de instrumentos operativos eficaces.
También es significativo que el Consejo Europeo no se haya atrevido
a suprimir el secreto bancario y que se haya limitado a reclamar una
mayor transparencia en las transacciones internacionales cuando todos
sabemos que es un instrumento tremendamente eficaz en la lucha contra
el blanqueo de capitales.
La carta de derechos fundamentales, en cuya redacción participarán
representantes tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos
nacionales, es importante, pero no se ha fijado ninguna fecha para su
aprobación, no existe un calendario. El Consejo Europeo ha pasado de
puntillas sobre el estatuto jurídico de este documento que para
nosotros, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, es
relevante. La carta no puede ser una simple declaración política sin
efectos jurídicos directos y en la próxima conferencia
intergubernamental España debe proponer que sea un documento con
efectos jurídicos vinculantes.
En el ámbito de la justicia destacaríamos el principio de
reconocimiento mutuo en relación con sentencias y resoluciones
judiciales civiles y penales, así como la supresión a medio plazo del
procedimiento formal de extradición para personas condenadas por
sentencia firme y su sustitución por un mero traslado de personas por
decisión judicial si se dan todas las garantías procesales. Y en lo
que se refiere a política de asilo es importante hacer referencia al
respeto estricto de la Convención de Ginebra y al principio de que
ninguna persona será repatriada a un país en el que sufre
persecución. Ahora bien, lamentamos que no se haya llegado a un
acuerdo sobre la definición de un sistema único de asilo, sino
solamente sobre normas de procedimiento común.
En cuanto a inmigración, nos parece acertada la estrategia que
combina un control coherente en las fronteras exteriores con una
mayor integración de los residentes en los países de la Unión,
aproximando el estatuto jurídico de los residentes de larga duración
al de los nacionales de los Estados miembros. Finalmente, saludamos
el buen propósito de los Quince de enmarcar la política de
inmigración en una estrategia global de codesarrollo de los países de
origen, con el fin de atajar las causas que se encuentran en la raíz
del fenómeno migratorio, en particular la pobreza y la vulneración de
los derechos humanos. En este punto me voy a detener para analizar
las circunstancias que se están produciendo alrededor de nuestro
desarrollo legislativo nacional, la ley de inmigración, que está
rodeado de una ceremonia de confusión.
Mi grupo parlamentario rechaza firmemente las maniobras que está
haciendo el Gobierno para evitar la aprobación de esta ley antes de
que finalice la legislatura. Denunciamos este intento de introducir
en el último momento, cuando se ha alcanzado el consenso y la
unanimidad en un documento realmente complejo y que ha tardado tanto
tiempo en elaborarse, enmiendas regresivas al texto aprobado en la
Comisión, sobre todo cuando se trata de una Comisión que ha contado
con la participación activa del grupo parlamentario que sostiene al
Gobierno. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a seguir
manteniendo para el próximo jueves los contenidos de su discurso, la
exigencia del derecho de voto en las elecciones municipales, la
eliminación del círculo vicioso entre el permiso de residencia y el
permiso de trabajo, que hace caer permanentemente en la
irregularidad, y materias tales como reagrupamiento familiar, entrada
y expulsiones, fundamentales todas para la seguridad jurídica de los
trabajadores y las trabajadoras inmigrantes, así como la apertura con
carácter inmeditato de un proceso de regularización amplio. Por
tanto, condenamos los intentos del Gobierno de aplicar un convenio
con Marruecos -que parece que pretende ser lo que defina la política
de inmigración del Gobierno-para importar mano de obra temporera, al
margen de los derechos, que supone una sustitución de lo que debería
ser una normativa reguladora de los procesos de inmigración, como es
la que se pretende llevar a la aprobación del Pleno el próximo
jueves.
En sus primeras declaraciones, señor ministro, usted manifestó su
apoyo a la aprobación del proyecto de ley de extranjería en el curso
de la presente legislatura, pero poco después el presidente del
Gobierno respaldó la sorprendente posición del ministro de Interior
en el sentido de aplazar la aprobación de la ley y someterla
previamente a una profunda reforma. No entendemos cómo se puede decir
por parte del presidente que este proyecto de ley requiere una
reflexión a fondo sobre sus consecuencias, y que se opone a la
actitud de quienes tienen la obsesión de aprobar esta ley contra
viento y marea. Son apreciaciones que caen por su propio peso. A una
comisión que ha estado trabajando durante 18 meses, que se ha
definido en su trabajo por una aceptación permanente del consenso
como un principio de elaboración colectiva, no se le pueden aplicar
los adjetivos a que el presidente ha hecho mención.
Nos sorprende que se haya esperado tanto tiempo para expresar sus
reticencias, cuando el proyecto de ley ha sido elaborado, repito, con
un altísimo grado de consenso. El giro del Gobierno ha sido tan
espectacular que ha sorprendido al mismísimo portavoz del Grupo
Popular en la ponencia, que se ha sentido desautorizado. El propio
grupo parlamentario de Convergència i Unió, que apoya al Gobierno,
parece ser que tiene serias reticencias para poder seguir las nuevas
tesis del Gobierno sobre el desarrollo parlamentario de esta ley.
Aduce el señor ministro del Interior, secundado por el mismo
presidente del Gobierno, que el proyecto de ley es contrario a los
acuerdos de Tampere. Nos preguntamos en qué, porque después de haber
leído las conclusiones de Tampere sólo encontramos unas orientaciones
acertadas y concordantes con ese proyecto.
Aduce el señor ministro del Interior que España no puede tener la ley
de extranjería más avanzada de la Unión Europea. No podemos estar en
la cabeza ni en la cola, tenemos que ser del montón. Son estas
palabras literales. Pues bien, sólo por dar un ejemplo, hay que
recordar que Suecia, Dinamarca y Holanda han otorgado desde hace
muchos años el derecho de voto a los inmigrados, sin distinción de
origen, y recordemos que Suecia y recientemente Alemania han dado
facilidades significativas para la adquisición de la nacionalidad.
Para asustar a la opinión pública se emplean expresiones muy
peligrosas, como manga ancha, coladero, la frontera sur de Europa, lo
que puede abonar el terreno a la intolerancia y al racismo latente.
Es una estrategia terriblemente peligrosa que el Gobierno debería de
ponderar. Se olvida que España, con una incidencia migratoria de
menos del 2 por ciento, es uno de los países de la Unión Europea que
menos extranjeros, legales o ilegales, tiene.
Se dice que los recursos financieros movilizados por la ley serían
insoportables para el erario público, lo que también sorprende cuando
el Gobierno permanentemente está vanagloriándose del extraordinario
crecimiento económico de nuestro país, y algunos miembros del
Gobierno abogan por la necesidad de incorporar mano de obra de esos
países que demandan su ingreso en nuestro país.
Una cosa es debatir los puntos mejorables de la ley -y a eso estamos
todos dispuestos- y otra muy distinta es aplazarla a las calendas
griegas.
Le voy a hacer una pregunta muy concreta, señor ministro, ¿en qué
cuestiones contraviene a los acuerdos de Tampere el proyecto de ley
de extranjería, tal y como ha sido aprobado por la ponencia?
Respecto a la cumbre de Helsinki, señalaré que si Colonia fue un
punto de partida importante, el Consejo Europeo de Helsinki lo será
aún más en todo lo concerniente a la ampliación de la Unión Europea,
a la convocatoria de la conferencia intergubernamental, al futuro de
la política de defensa y a la apertura de negociaciones en la
Organización Mundial de Comercio.
La magnitud de la ampliación va a provocar una onda expansiva que va
a poner a prueba la solidez de la construcción europea. Será pues
necesario reforzar la cohesión política e institucional de la Unión,
para prevenir todo riesgo de dilución y de deriva hacia una simple
zona de libre comercio. Habría que valorar si el enfoque de la
reforma institucional en dos fases, como se había previsto en el
protocolo de Amsterdam, no se ha visto superado por la aceleración
del proceso de adhesión; con el paso de seis a doce países candidatos
estaríamos ante una gran ampliación y por ello haría falta una gran
reforma en profundidad.
Además, de las tres cuestiones pendientes del Tratado de Amsterdam,
consideramos que la conferencia debería abordar otros elementos de
singular importancia, como la posible inclusión de la Carta de los
Derechos Fundamentales, el reparto de los 700 escaños del Parlamento
Europeo
entre los distintos Estados miembros, y la posibilidad de que la
Comisión Europea pueda someterse a un voto de confianza del
Parlamento. En cualquier caso, no conviene lanzarse a un debate
estéril ni abrir una caja de Pandora que pudiera retrasar el
calendario convenido más allá del año 2000.
La pasada semana, desde Estambul, el presidente de los Estados Unidos
pedía a la Unión Europea la aceptación de la candidatura de Turquía a
la adhesión, y, pocas horas después, el mismo presidente afirmaba en
Florencia que el respeto a las minorías es la más elevada
demostración de que una democracia funciona, aunque seguro que en ese
momento no estaba pensando en la importante minoría kurda que vive en
Turquía.
El presidente del Gobierno español parece dispuesto a apoyar en
Helsinki la candidatura de Turquía, pero nuestra opinión -y ésa ha
sido la posición expresada el 6 de octubre por el Parlamento Europeo-
es que la Unión Europea debe aplicar a Turquía las mismas condiciones
que a los demás países para su reconocimiento como país candidato.
Esas condiciones son los criterios de cooperar, y Turquía aún dista
mucho de poderlos cumplir. Estamos convencidos de que el futuro de
Turquía está en la Unión Europea y que las relaciones con Turquía son
y serán fundamentales para ambas partes, tanto por razones económicas
como geopolíticas, pero debe ser prioridad para la Unión Europea
fomentar de manera inteligente la democracia en Turquía, antes de dar
luz verde a su candidatura.
El esfuerzo emprendido por las autoridades turcas es todavía
insuficiente. Turquía tiene muchos deberes pendientes: Chipre, los
derechos de las minorías, la libertad de prensa, la abolición de la
tortura y de la pena de muerte. Por ello solicitamos que no se
reconozca a Turquía como país candidato y menos aún que se dé luz
verde a la apertura de negociaciones de adhesión.
Dentro de siete días, en Seattle, se iniciará la conferencia
ministerial de la Organización Mundial de Comercio. No ignoramos las
dificultades que se presentan, tanto en la definición de los temas
sujetos a la negociación como en lo mucho que está en juego en cada
uno de los capítulos. Nosotros apoyamos la estrategia avanzada por la
Unión Europea, favorable a una negociación global que, además de la
agricultura y los servicios, amplíe la discusión a las normas
sociales de trabajo, al medio ambiente, a la transparencia de las
normas y a la regulación de los litigios, al apoyo a los países en
desarrollo, a la promoción de la diversidad cultural y a la
protección del medio ambiente, incluso a introducir en el comercio
internacional otros parámetros, como es el principio de precaución
como garantía de la seguridad alimentaria. Sin embargo, nos
preguntamos si para afrontar estas negociaciones existe un grado
suficiente de coherencia entre los quince Estados miembros. Por ello
nos gustaría que en su reunión de Helsinki el Consejo Europeo
verificara y reafirmara los mecanismos necesarios para mantener la
mayor unidad posible a lo largo de los tres años de negociación.
Sobre política de seguridad y de defensa, el Consejo tiene previsto
desarrollar en Helsinki la reflexión iniciada en Colonia, sobre el
diseño de una política de defensa y de un objetivo de integración de
la Unión Europea Occidental en el seno de la Unión Europea. Todos
estamos de acuerdo en la construcción de una política de defensa
basada en la
política exterior y de seguridad común, así como en la formulación de
una identidad europea de defensa, que facilitara, con un estricto
control parlamentario, la coordinación de las Fuerzas Armadas de los
países miembros para llevar a cabo, a petición de la ONU o de la
OSCE, las misiones de Petesberg, es decir labores de prevención de
conflictos, mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. También
consideramos esencial que la Unión disponga de medios adecuados para
evaluar las crisis y procedimientos claros para la toma de
decisiones.
Para nosotros el problema es que el Tratado de Amsterdam empezó su
andadura con mal pie, al encuadrar la defensa europea como el pilar
europeo de la OTAN. Hubiéramos preferido impulsar una defensa
autónoma, sin entrar en conflictos innecesarios con Estados Unidos en
el marco de la cooperación bilateral.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, permítame recordarle que el
tiempo ha sido ampliamente rebasado.
El señor NAVAS AMORES: Pero esto no ha sido posible. El subsecretario
de Estado norteamericano lanzó recientemente una advertencia diciendo
que Estados Unidos no quiere ver una defensa europea que, nacida en
el seno de la OTAN, se desarrolle fuera de ella y pueda un día entrar
en conflicto con ella. Por ello, creemos que la Unión Europea tendrá
que optar entre ser un satélite de Estados Unidos o brillar con luz
propia.
Simplemente me queda realizar una pregunta sobre la Presidencia
finlandesa: ¿Cómo valora usted el balance del semestre de la
Presidencia finlandesa en lo que se refiere a las relaciones con
América Latina y con la región mediterránea, que son zonas que
revisten especial interés para España?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Convergència i
Unió.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor ministro por sus
explicaciones y su información sobre las dos cumbres.
Sobre las propias cumbres prácticamente no voy a decir nada,
sencillamente porque sobre la cumbre de Tampere ya hemos tenido una
comparecencia muy extensa de la ministra de Justicia y del ministro
de Interior, en la cual nos pronunciamos, y porque ya nos hemos
posicionado -valga la expresión- sobre buena parte de los objetivos
de la Presidencia finlandesa en el informe que vamos a votar una vez
terminada su intervención. Por tanto, sólo voy a hacer dos
comentarios muy breves, porque querría centrar mi intervención en
otro punto.
En cuanto a Tampere, me gustaría destacar lo que más directamente
afecta a su Ministerio y la importancia que le damos y pedirle que
sea estudiado muy positivamente por parte de su Ministerio. Me
refiero a la insistencia en que, en el ámbito de las relaciones
exteriores, se utilicen todos los mecanismos de manera integrada y
coherente para conseguir el espacio de libertad, seguridad y
justicia. Es decir, que todo lo que sea libertad, seguridad y
justicia no sea algo que flote por separado de la política exterior
de la
Unión Europea y de cada uno de sus miembros. Yo le daría a ese tema
toda la importancia que tiene.
En cuanto a la cumbre de Helsinki, comparto la afirmación que usted
ha hecho en nombre del Gobierno, en la línea de que lo que hay que
hacer es cerrar los flecos de Amsterdam. Nosotros compartimos esa
tesis, más por razones de oportunidad que de convencimiento profundo,
también hay que decirlo. No es un tema de convencimiento filosófico.
Hay otros flecos, hay otras muchas cuestiones sobre la mesa que
habría que resolver, pero en este momento, a nosotros también nos
parece que lo más oportuno es cerrar los flecos de Amsterdam, salvo
que un improbable consenso llevara a que se pudiera plantear alguna
cuestión más.
Querría centrar mi intervención, señor presidente, si me lo permite,
en algo un poco distinto, convirtiéndola en atípica respecto a otras
intervenciones anteriores de este portavoz, por la sencilla razón de
que estamos muy presumiblemente ante la última intervención de este
ministro ante esta Comisión mixta, en esta legislatura -no me atrevo
a pronunciarme sobre legislaturas futuras-, y, en todo caso, esta es
la última reunión de esta Comisión mixta en esta legislatura. Por
tanto, creo que es el momento de hacer un cierto balance de este
tema, en presencia del ministro, para hacerle participe de algunas
reflexiones y hacerle una cierta llamada en ese sentido desde mi
grupo.
El balance que mi grupo realiza del trabajo de esta Comisión mixta,
en lo que se refiere específicamente al control del Gobierno y al
seguimiento de las presidencias y, por tanto, de la propia actividad
de la Unión Europea, es globalmente negativo, sin que eso sea
imputable ni al Gobierno ni a ninguno de los grupos políticos en
particular, sino que es un tema de conjunto. Como decía yo mismo en
una intervención anterior -aunque esté mal autocitarse-, todos
estamos dedicando grandes energías a hablar de reformas
institucionales en el seno de la Unión Europea, porque las
circunstancias han cambiado, y empieza a ser hora de que todos, muy
especialmente los grupos mayoritarios, nos planteemos la necesidad y
la urgencia de realizar reformas institucionales aquí, en el
funcionamiento de esta Comisión mixta.
Si uno lee la Ley 8/1994, que dio lugar a esta Comisión mixta, y
repasa sus competencias, ve que en el punto e) dice que el Gobierno
remitirá a las Cámaras, con anterioridad a cada Consejo Europeo
ordinario, un informe escrito sobre la evaluación de los
acontecimientos de la Unión Europea durante la Presidencia que
concluye en dicho Consejo; informe que esta Comisión no ha recibido
jamás. Es cierto que ese informe ha sido sustituido por la
comparecencia del propio señor ministro, y hay que entender -al menos
así lo interpreta mi grupo, y por tanto no hay crítica- que la
presencia física del ministro en Comisión puede sustituir el informe,
puesto que es más amplia que aquél, y en la medida en que eso queda
por escrito en el «Diario de Sesiones», es cierto que estamos en una
situación distinta. Ese es un ejemplo concreto que le pongo, señor
ministro, de que tenemos una ley que no se cumple, que no tiene
absolutamente nada que ver con la realidad y de que tenemos una
Comisión mixta que se dedica a controlar al Gobierno, más o menos,
como Dios le da a entender en cada momento concreto, según se
inspiran los portavoces,
según deciden los portavoces juntos, creando una serie de usos
parlamentarios que a veces se respetan y a veces no. Su propia
comparecencia hoy, aquí, es en parte a petición propia y en parte a
petición de algunos portavoces que así lo han decidido; otras veces
era a petición de la Comisión mixta como tal. Esto es un caos, señor
ministro. Aquí también hay una responsabilidad del Ejecutivo.
Evidentemente, este tema, que estoy poniendo sobre la mesa y que
daría para hablar con mucha más calma, aunque no creo que sea
oportuno hacerlo hoy aquí, es algo que en cierto sentido debe
arreglar el propio Parlamento. No se le escapa al señor ministro,
como decía otro portavoz en otro contexto, hace unos días, en esta
misma Comisión, que no estamos en un modelo norteamericano, en el que
el Ejecutivo está por un lado y el Legislativo por otro, y este
último hace y deshace como le viene en gana. Eso no es así. Al fin y
al cabo, la ley que regula esta Comisión es una ley; no estoy seguro
si fue proyecto de ley o proposición de ley, pero, aunque fuera
proposición de ley, es evidente que en su redacción intervino muy
directamente el Ejecutivo que gobernaba en 1994. Por tanto, creo que
no escapa a las obligaciones del Gobierno actual, y sobre todo del
que inicie su tarea la próxima legislatura, llevar a cabo una
reflexión profunda -y así se lo pido formalmente en nombre de mi
grupo parlamentario- sobre el balance de las relaciones entre el
Ejecutivo y esta Comisión desde que esta ley se aprobó, y formular
propuestas concretas que después deberán ser canalizadas a través del
grupo parlamentario que en ese momento tenga la mayoría en la Cámara.
Difícilmente dos, tres o seis portavoces muy motivados por cuestiones
europeas, que puedan conocer con detalle lo que ocurre en Finlandia,
lo que ocurre en Suecia, lo que ocurre en Dinamarca, o lo que ocurre
en la Delegación para asuntos europeos de la Asamblea Nacional
francesa, podrán hacer avanzar ni una sola propuesta para
racionalizar un sistema kafkiano de control al Gobierno en asuntos
comunitarios, si no hay un pleno apoyo por parte del Ejecutivo que
esté en ese momento y ese apoyo se transmite al grupo parlamentario
de la mayoría.
Entiendo que estas son reflexiones que le pueden parecer ajenas al
ámbito de la comparecencia, pero no deja de ser, insisto, su última
comparecencia aquí. Hay que avanzar hacia a una Comisión que quizás
deje de ser mixta, quizás deje de ser del Congreso y del Senado -ese
es un problema estrictamente interno, pero absolutamente real-, que
pueda actuar realmente como Comisión inter pares, que se pueda
superponer a las dos y que pueda llegar a cumplir en realidad con la
función que aquí se está cumpliendo.
La comparecencia que está usted celebrando hoy - insisto, no es
crítica, puesto que no es responsabilidad directa de usted- es
conjunta; es una comparecencia en la que usted nos ha venido a
explicar, el mismo día, el programa de la Presidencia finlandesa y la
cumbre en la que se va a cerrar esa Presidencia. Eso no es culpa de
usted, pero tampoco es culpa nuestra. Ese es un ejemplo claro de que
mis reflexiones no son extemporáneas, y pone de relieve que estamos
ante un sistema absolutamente fuera de lugar. Al propio Gobierno, a
éste o al que venga, le conviene que esta Comisión mixta funcione, le
conviene tener la complicidaddel Parlamento, le conviene que las
comisiones sectoriales,
todas las demás comisiones del Parlamento, no queden fuera de los
temas de la Unión Europea; le conviene que no haya aquí una especie
de compartimentos estancos entre la Comisión de Economía, la Comisión
de Infraestructuras y la Comisión de Industria, y que todas ellas
estén impregnadas también de temas europeos. Para eso se precisa una
articulación muy distinta de esta Comisión con las demás comisiones,
tal como ocurre en otros parlamentos. Insisto, eso, si el Ejecutivo
no tiene interés, si el Ejecutivo, con sus relaciones privilegiadas
con el grupo parlamentario que en su momento le dé apoyo, no lo pone
sobre la mesa, difícilmente llegará a ser así, y eso irá en perjuicio
de todos. Irá en perjuicio del control legislativo, que hoy por hoy
es nulo; el control parlamentario de los actos del Consejo de
Ministros no funciona, y no funciona por mucho que la ley establezca
en teoría algunos mecanismos. Hay una propuesta ya sobre la mesa,
hecha a iniciativa del anterior presidente de esta Comisión, don
Pedro Solbes, sobre cómo articular todos estos mecanismos y el
control de los documentos. Es una propuesta de cuyo futuro en este
momento nada sabemos y que es posible que acabe durmiendo el sueño de
los justos, entre otras cosas, porque puede quedar mezclada con las
discusiones entre los dos grupos mayoritarios sobre la modificación
del reglamento de la Cámara y, por tanto, mezclando, una vez más,
churras con merinas.
Hay que sacar este debate de lo que son otras reformas reglamentarias
y con todo eso, y termino, señor presidente, creo que conseguiremos
no sólo un mejor, que no mayor, que tampoco estaría mal, control del
Gobierno y de la acción del Gobierno en este caso, sino también un
mejor control de la legislación comunitaria desde este Parlamento,
tal como en teoría nos pide el Tratado de Amsterdam, que no podemos
hacer con los instrumentos actuales. Con este sistema, con algún
sistema mejor que el que tenemos, conseguiremos acercar, un poco más,
todo lo que es la construcción europea, y cada uno de los asuntos
concretos que la componen, a la opinión pública, de una forma que,
hoy por hoy, no es así, relacionando los temas auténticamente con los
diputados que las llevan y sacando lo que es la Unión Europea de un
debate, como decía anteriormente, esotérico sólo entre especialistas,
ya que son tres o cuatro los que entienden lo que aquí está pasando,
sin darse cuenta de que en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea se está hablando de turismo, se está hablando de Internet, se
está hablando de firma electrónica y, a partir de ahora, se va a
empezar a hablar de derechos y deberes fundamentales. Todo eso tiene
que pasar por el Parlamento y con la ley que en su momento se aprobó,
señor ministro, eso no va a ser posible.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor ministro contestar sobre la
marcha las observaciones que le han hecho o prefiere escuchar antes
al Grupo Popular?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Habida cuenta
de que precisamente no ha centrado la responsabilidad ni en el
Gobierno, ni en nadie en particular, prefiero contestar como a los
demás portavoces, porque creo que la intervención del señor Guardans
ha sido muy correcta y da bastante en la diana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero comenzar agradeciendo al ministro de
Asuntos Exteriores su presencia en esta Comisión Mixta Unión Europea.
Estoy convencido que si no ha comparecido antes no ha sido por falta
de interés, ni de dedicación a la misma (dedicación que ha demostrado
a lo largo de todos estos años en que ocupa tan alta responsabilidad
en el Gobierno de nuestro país), sino por circunstancias distintas
que, algunas de ellas, se pueden circunscribir a la naturaleza misma
de nuestra Comisión Mixta que, como todos sabemos, encuentra serias
dificultades en disponer de tiempo hábil para reunirse. Esta es una
comisión joven, ambiciosa y que está, quizá, todavía en rodaje y en
proceso de consolidación y de ampliación de sus responsabilidades
que, al mismo tiempo, tiene que afrontar los cambios importantes que
se van produciendo de forma paralela en el seno de la Unión Europea,
lo que puede suponer que en un momento en que todavía no somos
capaces de asumir nuestras propias responsabilidades y competencias,
cada vez se nos pida más por el proceso mismo de evolución de la
Unión Europea. Otro tipo de circunstancia que a nadie se nos escapa
también, y eso lo quiero decir no solamente en defensa del ministro,
sino también en defensa de la verdad y la realidad, ha sido el cambio
de Presidencia de esta Comisión, debido al hecho de que nuestro
anterior presidente, don Pedro Solbes, a quien todos recordamos como
un gran impulsor y un excelente árbitro de nuestras discusiones, pasó
a ocupar otras responsabilidades importantes en el seno de la Unión
Europea. Estoy completamente convencido, como así se ha demostrado,
que la presencia de don José Borrell, no solamente alcanzará las
mismas cotas que alcanzó la presidencia de Pedro Solbes, sino que
será también capaz de conducirnos en esta tarea ambiciosa de ir
controlando, poco a poco mucho más al Gobierno, como es nuestra
obligación, en todos los temas que nos incumben. Estoy seguro que la
Presidencia del señor Borrell servirá para que esta Comisión se
consolide y podamos ir trabajando todos juntos con eficacia y con la
influencia que todos deseamos.
Señor ministro, usted comparece en el día de hoy ante todos nosotros,
pero yo quiero recordar que tanto de Tampere, como de la Presidencia
finlandesa, este Parlamento ha recibido cumplida cuenta, en primer
lugar, por parte del presidente del Gobierno que, como es preceptivo,
tuvo con nosotros un debate en el Pleno de esta Cámara, y también en
esta misma Comisión con la comparecencia la semana pasada de los
ministros de Justicia e Interior que nos informaron no solamente de
los avances, sino también de los grandes debates en curso en estos
temas.
Respecto a uno de los temas concretos de esta comparecencia, la
creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, nuestro
grupo parlamentario es de los que piensa que precisamente lo que
distingue a un gobierno eficaz es el hecho, tanto en los temas
europeos, como internacionales, de tener una continuidad en la
defensa de los intereses de España. Eso es lo que hizo nuestro
Gobierno desde el principio, enlazar con esa continuidad de la
defensa de los intereses de España, dando un gran impulso a temas
importantes como son los de justicia e interior. Creo que nadie se
debe rasgar las vestiduras por el hecho de que el Gobierno del señor
Aznar, en la primera andadura europea que tuvo en el consejo de
Florencia y después en el de Turín, impulsase los temas de justicia e
interior, así como el del empleo, sin desatender otros asuntos
importantes. Es cierto que se hizo eco de algo que reclamaba la
ciudadanía y la sociedad española, al mismo tiempo que la europea,
como era poner el acento y dar un impulso a estos temas, no desde una
situación nueva, sino desde una situación de continuidad,
estableciendo prioridades, que es lo que se hizo.
Centrándome en el tema del asilo y de la inmigración, nuestro grupo
parlamentario piensa que el hecho de la celebración en Tampere de un
consejo extraordinario sobre estos temas, libertad, seguridad y
justicia fue un éxito en sí mismo. Somos de los que pensamos que el
hecho de que se haya conseguido una distribución y que el asilo e
inmigración pasen al primer pilar, supone que la estrategia global de
Dublín, perfeccionada por Eurodac, empieza a dar frutos. Nos parece
sumamente adecuada la fórmula de aproximaciones sucesivas y el
efecto, de suma, que supone para Europol, entre otros, el foro
operativo de jefes de policía, la Academia europea de policía y los
avances relativos a la superación de la extradición y puesta a
disposición inmediata del delincuente.
Es necesario, señor presidente y queridos compañeros, que vayamos
madurando la idea de que en este tema, tal y como todos deseamos,
estamos ya en un espacio de soberanía compartida y que, por tanto,
las soluciones a los problemas deberán tener en cuenta fórmulas y
estándares de ejecución común. En este sentido, para demostrar que no
hay ningún tipo de descoordinación entre nuestro grupo parlamentario
y el Gobierno, quiero felicitar al Gobierno, respecto a la ley de
extranjería, por su excelente contribución y compromiso con una ley
prudente, razonable y consensuada que se pueda aprobar por esta
Parlamento lo antes posible. Creemos que la obligación del Gobierno
es la de armonizar nuestra ley de extranjería y nuestra política de
inmigración con la que tienen y van a tener nuestros socios de la
Unión Europea, y nadie como nuestro Gobierno para saber qué es lo que
van a tener nuestros socios en la Unión Europea. Por ello valoramos y
apoyamos el interés del Gobierno, y no solamente del Gobierno en su
conjunto, sino de cada uno de sus miembros para, de forma coordinada,
mejorarla y adaptarla a Tampere. No nos sentimos víctimas de ningún
tipo de descoordinación con el Gobierno, sino todo lo contrario.
Estamos convencidos de que el Gobierno ha respetado los trámites
parlamentarios y que en este momento, en el que su obligación es
decir algo y mejorar la ley, es lo que está haciendo.
Creemos que el contenido de la conclusión número 11 de Tampere (el
respeto del principio de la doble voluntariedad y el estudio
encargado para la creación de una reserva financiera para protección
temporal en situación de flujos masivos de refugiados), a petición
española, supone un gran avance para las tesis que defiende nuestro
Gobierno. Respecto a la reforma institucional, suscribimos
completamente lo expuesto por el ministro de Asuntos Exteriores.
Pensamos que la prioridad es cerrar las lagunas y los flecos del
Tratado de Amsterdam. Si se va a celebrar en este momento una
conferencia, no es porque lo hayan decidido a posteriori los jefes de
Estado y de gobierno, es porque
precisamente el mismo Tratado de Amsterdam así lo preveía: que se
celebraría un conferencia intergubernamental posterior para cerrar
esos flecos necesarios como paso previo a la ampliación de la Unión
Europea. Creemos que la postura de nuestro Gobierno en la reunión de
Colonia fue la adecuada, así como la decisión de Colonia de
circunscribir, a pesar de lo que han dicho otros portavoces, esta
primera reforma institucional a los flecos contenidos en Amsterdam.
De lo que se trata es de que, lo antes posible, nos pongamos en
situación de poder comenzar con el proceso de ampliación. Tal como ha
dicho el señor ministro, muchas veces lo mejor es enemigo de lo
bueno. Tenemos que ser realistas, huir de utopías innecesarias y no
reabrir temas que nos llevarían a una situación de estancamiento, que
nos impedirían comenzar el proceso de ampliación, tal como estaba
previsto, a partir de la ratificación de la reforma institucional.
Quiero hacer un pequeño comentario a los éxitos que ha conseguido
nuestro país respecto a los temas de reformas económicas y empleo y a
la valoración positiva que recibió el Gobierno de España por la
Comisión Europea el pasado día 7 de diciembre, respecto a nuestro
plan nacional de empleo, otra de las grandes prioridades de la
presidencia del Gobierno de España. El hecho de que el Estado español
haya logrado una reducción porcentual, la más alta, y las
perspectivas de mayor crecimiento entre todos los países miembros de
la Unión Europea, supone que nuestras políticas van en la buena
dirección y que la contribución que el Reino de España viene
realizando desde hace tiempo al proceso de construcción europea va a
continuar siendo así.
No quiero extenderme más, señor presidente. Simplemente, quiero
agradecer, de nuevo, al señor ministro su comparecencia en esta
Comisión de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Los portavoces de Coalición Canaria y PNV no
están presentes. Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas
gracias, señorías, por sus aportaciones, positivas en el fondo y
constructivas en la forma. No es a este ministro a quien le
corresponde efectuar ningún tipo de juicios sobre el funcionamiento
de esta Comisión, que nos merece el mayor respeto, pero sí creo que
es mucho más útil y eficaz, como muy bien decía el señor Guardans, la
comparecencia de los responsables del Gobierno que la remisión de un
simple informe, sobre el que luego no caben profundizaciones ni
aclaraciones , y que muchas veces pasa desapercibido. Me permito
sugerir que quizá un poco más de flexibilidad a la hora de admitir
las comparecencias podría resultar útil, por cuanto muchas veces, el
ministro, contra su voluntad, se ve imposibilitado. Recuerdo que
tuvimos que aplazar una comparecencia en tiempos del anterior y
excelente presidente, señor Solbes,y nada más ser nombrado nuevo
presidente el señor Borrell, por la visita, me parece que al rey y en
una tarde de mucho trabajo, del ministro ruso Ivanov, también se tuvo
que suspender. Efectivamente, muchas veces se producen esas
comparecencias después de un tiempo. Aunque no han afectado en
absoluto al tema de la cumbre de Tampere, como muy bien se ha dicho,
porque ha sido una cumbre
sobradamente explicada, que en este caso de la presidencia
finlandesa, por no tener ningún tema urgente que tuviera que ser
resuelto, tampoco ha producido ningún perjuicio. Lo que ha hecho esta
presidencia ha sido ir madurando y preparando los grandes temas que
ya vienen arrastrando de anteriores presidencias, y a las que nos
hemos referido.
El hecho de dar un poco más de flexibilidad a la hora de admitir
representantes del Gobierno, podría colaborar a una mayor puntualidad
en la discusión de los temas. En todo caso, sí quisiera felicitar a
esta Comisión, porque en mi larga experiencia comunitaria tengo que
decir que, con excepción del Parlamento Europeo y de algún otro
parlamento nacional que sigue muy específicamente los temas europeos,
por razones no siempre de europeismo, no creo que haya muchos
parlamentos nacionales que tengan el nivel de información y de
conocimiento de los temas europeos como el que tiene esta Comisión,
que además representa a las dos Cámaras, y por la que yo me siento
muy respaldado, ya que en cada cumbre europea el Gobierno ha podido
acudir con el apoyo básicamente en todos los puntos de esa Comisión
y, por lo tanto, de ambas Cámaras.
Entrando en los distintos temas de fondo que se han sugerido, sin
discutir la importancia que los relativos al espacio libertad,
seguridad y justicia tienen en el pasado, cuando han dado el gran
salto ha sido en esos tres últimos años, o casi cuatro, desde que en
la cumbre de junio de 1996, en Florencia, se aprueba el tratado de
extradición. Lo que se pretende con el asilo europeo es hacer
innecesaria a largo plazo la extradición. Por ello se ha previsto esa
extradición ultrarrápida, mientras ese objetivo, que requerirá años,
no esté logrado. El tema de la inmigración me parece tan importante
que, si me permiten, lo discutiremos como un punto aparte al final de
mi intervención, como así ha sido tratado por algunos portavoces.
En relación al fondo de refugiados temporales, es otro logro a
iniciativa del Gobierno español. Aquellos países que se oponían no lo
hacían porque estuvieran en contra del fondo. Son aquellos países,
muy pocos, dos o tres según los temas, que lo que querrían sería un
reparto de refugiados por contingentes entre todos los países, lo
cual choca con la imposibilidad material de lograrlo y con el derecho
de los refugiados de guerra a los que nadie les puede imponer una
residencia en un país en concreto. Entiendo el deseo de estos países,
fundamentalmente de Alemania, porque es el receptor de la mayoría de
estos refugiados procedentes de la ex Yugoslavia, en su tres guerras
ya, que desearía un reparto de contingentes. Pero, repito, no es que
estén en contra de la constitución de este fondo; están a favor. Lo
que desearían es que se fuera más allá y se produjeran esos repartos
de contingentes.
Repecto a la ampliación, todos compartimos la satisfacción por el
hecho de que el cambio de modelo que en su día presentó el Gobierno,
y que tuvo el apoyo de esa Comisión, se vaya imponiendo. En relación
con Turquía, nadie ha dicho que no se le vayan a exigir las mismas
condiciones que a los otros países. Para definir la situación y las
expectativas de Turquía, siempre digo: La Unión Europea no es un club
cristiano, pero sí es un club. Con lo cual lo que quiero decir es que
ningún país, en este caso Turquía, por el hecho de tener una mayoría
musulmana en su población, debe ser discriminado, pero al propio
tiempo ese es
un club en el que se exigen unas determinadas reglas y esas reglas de
aplicación del acervo, de determinados estándares políticos y otras
exigencias se les exigen a los demás.
En cuanto a las reformas institucionales, creo que básicamente
también todos estamos de acuerdo, no hay ninguna confusión en mi
exposición. Efectivamente, en Amsterdam se dejan pendientes dos
puntos, en Colonia se le añade el tercero y lo que yo digo, y
desearía que explícitamente en ese aspecto siguiéramos contando con
el apoyo, es que eso es lo que procede en esos momentos. A todos nos
gustaría ser más ambiciosos, lo ha definido muy bien el señor
Guardans diciendo: No vamos a excluir otras metas más ambiciosas si
es que se produjera un consenso en torno a las mismas. Lo cierto es
que hemos de ser conscientes de que en esos momentos esos temas
pendientes, primero, son esenciales para que pueda producirse la
ampliación; segundo, son los que en esos momentos más interesan a
España, son los que interesan a Europa en la misma medida en que los
propios consejos europeos -dos- las han ratificado. Ir en esos
momentos de un modo imperativo a metas más ambiciosas pone en peligro
los intereses de España, pone en peligro los propios intereses de
Europa.
Podíamos estar ahora mismo comentando varios casos que se están dando
actualmente, otros que se acaban de dar en donde un determinado país
que siente sus intereses nacionales amenazados está frontalmente
incumpliendo normativa comunitaria básica, y la está incumpliendo
porque cree que en aquel momento su interés nacional lo justifica
así. Si siguiéramos defendiendo posiciones puramente voluntaristas,
ciertamente no contribuiríamos al avance de la construcción europea
que es, en definitiva, lo que todos pretendemos.
Por descontado me asocio a la felicitación propuesta al señor Solana,
al que tuve oportunidad de felicitarle el mismo día en que fue
nombrado. Sugiero también que se felicite a la señorita De Palacio y
al señor Solbes, brillante expresidente de esta Comisión, que han
sido nombrados comisarios con responsabilidades muy importantes a su
cargo.
La valoración de la presidencia finlandesa, en relación con América
Latina y el Mediterráneo, creo que ha sido abierta, que ha
contribuido a ir madurando y preparando el Consejo para futuras
decisiones. Mañana mismo, por poner un ejemplo, tenemos un Consejo
para iniciar la negociación del acuerdo de libre cambio Mercosur con
la Unión Europea. Ese es un Consejo que espero que recibirá un gran
impulso bajo presidencia portuguesa, y así lo estamos preparando en
contacto con los portugueses. Lo mismo ocurre con los temas
mediterráneos, que serán objeto de otro gran impulso. No había ningún
vencimiento preciso. Espero que todavía seamos capaces de cerrar para
Helsinki el acuerdo de libre cambio con México, cuya negociación está
en sus últimos flecos. Por tanto, es una presidencia que en todo
momento ha sabido mostrarse abierta y solidaria a los temas que, no
siendo su principal prioridad, en todo caso eran importantes para
otros países como es el nuestro y en ningún momento ha habido
obstruccionismo alguno por su lado.
En relación con los temas referidos a la inmigración, la posición del
Gobierno coincide con la de los demás países, sobre la necesidad de
regular la inmigración y armonizar
las legislaciones, y no se puede caer en la contradicción de ser
europeísta en todo, de exigir incluso la desaparición del veto, de
hablar sólo de las mayorías cualificadas, y cuando los Quince imponen
una determinada línea, porque no coincida con la de los grupos
parlamentarios nuestros plenamente, que al final no nos obligan hasta
tanto la ley no esté aprobada, que nadie se escandalice. No me parece
que sea coherente cuando una posición europea que nos obliga a todos
no coincide al cien por cien con nuestros deseos, imputarlo incluso
al Gobierno. ¿Qué es lo que se ha aprobado en Tampere en relación con
ese tema? Además de regular la inmigración y armonizar las
legislaciones, se ha aprobado conceder a los inmigrantes legales los
mismos derechos de que disponen los residentes europeos (los mismos
derechos de protección social, de asistencia médica, de atención
educativa) y eso me parece ciertamente un gran avance. Al propio
tiempo se propone armonizar las legislaciones y combatir duramente
las mafias. ¿Que todo ello no es plenamente coincidente con la
proposición de ley que en estos momentos se está discutiendo? Es
cierto, no lo es, y yo quiero recordar, precisamente, que este no es
un proyecto de ley del Gobierno y que, por tanto, no hay ninguna
incoherencia por su parte. Es una proposición de ley presentada,
elaborada y debatida únicamente en el Parlamento, teniendo la
Administración conocimiento de dicha proposición, de dicho texto,
sólo de forma indirecta y sin posibilidad de intervenir directamente
en su elaboración. Al ser una proposición de ley no ha pasado los
filtros habituales de todo proyecto de ley, los departamentos
ministeriales implicados no han sido convocados para estudiarla con
detenimiento, para dar su visto bueno y, por otra parte, quiero
recordar que organismos esenciales como el Consejo de Estado no han
podido dictaminarla.
De forma sintética, los aspectos principales que en estos momentos
(de acuerdo con la Dirección General de Asuntos Consulares, por tanto
lo que dicen los técnicos del Ministerio que yo coordino) el Consejo
de Tampere ha destacado para el futuro de la Unión Europea, y que no
coinciden con esta ley, son que a los extranjeros residentes legales
hay que irlos equiparando dentro de cada Estado a los propios
nacionales. El defecto principal de la proposición de ley es que esa
equiparación en derechos pretende extenderse en muchos casos a todo
extranjero, esté en situación legal o ilegal, con lo que ello implica
de efecto llamada. Aquí hay ciertamente un efecto llamada, porque si
instituimos un cierto mecanismo que prevea en el futuro una
permanencia en la legalización de ilegales, corremos el riesgo de
estar convirtiendo, dicho sea con todas las precauciones del caso, la
península Ibérica, España en este caso, en una plataforma, objetivo
de las mafias que se dedican a la inmigración ilegal, que es lo que
hemos de combatir.
Desde el punto de vista también de la Dirección de Asuntos Jurídicos
y Consulares, cabe hacer la reflexión de que esa concesión unilateral
de derechos a determinados extranjeros en nuestro país no está
supeditada al mismo tratamiento respecto a los españoles en los
diversos países extranjeros. Quiero recordarles, por ejemplo, las
dificultades que todavía están teniendo algunos españoles que llevan
años, decenios, en algunos casos, residiendo, por ejemplo, en
Marruecos, que todavía no tienen la carta de
residente. Esto puede colocar a los españoles en el extranjero en una
situación de inferioridad, difícil de corregir después en una
eventual negociación, pues los beneficios que podemos ofrecer se
habrían concedido ya unilateralmente. Ese es un aspecto que siempre
conviene tener en cuenta.
La segunda gran conclusión de Tampere podría resumirse en la
necesidad de que cada Estado miembro gestione con seriedad,
uniformidad y cierto rigor los flujos migratorios de entrada, ya que
pueden directamente influir en los demás Estados miembros. Frente a
ellos, la proposición prevé una serie de mecanismos de regularización
que a buen seguro, como es este del artículo 30.3 de la proposición
sobre el empadronamiento municipal, están en contradicción con esa
conclusión de Tampere.
El artículo que regula la expedición de visados no es tampoco
satisfactorio, pues no deja del todo claro su carácter de acto
discrecional, como es en todos los demás países, sometido a un
procedimiento específico, mientras que se insiste en la motivación de
sus denegaciones y en la apertura de recursos judiciales. ¿Se
imaginan el hecho de que ante cualquier visado que expida cualquier
consulado nuestro, en cualquier parte del mundo, haya que proceder,
como en todo acto administrativo, a un razonamiento de aquellos
fundamentos que justifican la denegación, habiendo después un recurso
judicial contra ese acto? Si nuestra justicia no estuviera ya lo
bastante atascada, ¿se imaginan los cientos de miles, los millones,
incluso en un caso hipotético, de recursos que eso podría suponer
para nuestros tribunales de justicia, habida cuenta de la fortísima
presión migratoria que hay hacia Europa, no sólo desde África, desde
Asia, desde la propia América Latina? Las evaluaciones que se han
hecho son de decenas de millones cada año al respecto. Por lo tanto,
lo importante, volviendo al tema en cuestión, es no incurrir en
descalificaciones en un tema de esa importancia, meditar bien los
pasos que se han de dar, ser conscientes de que desde hace pocas
semanas hemos asumido el compromiso formal con nuestros socios
europeos de armonizar esas legislaciones y si esas mejoras se pueden
introducir todavía y hay tiempo de aprobar esa ley, bienvenida sea,
pero que nadie se escandalice si finalmente, por razones de querer
obtener una buena ley y, sobre todo, sacarla del contexto y de las
urgencias de una precampaña electoral, tuviera que ser aprobada como
primera ley del próximo gobierno que salga de las próximas
elecciones. Como miembro del Gobierno nada tengo en contra de que se
pueda mejorar y aprobar en esa legislatura, pero nadie debería
escandalizarse de que una ley tan importante, con unas repercusiones
tan importantes, la saquemos de las urgencias de una campaña
electoral, de los deslices, a veces, de cierta demagogia que conlleva
y, sobre todo, procuremos que sea consensuada y que corresponda
verdaderamente a los intereses de España. Yo creo que los intereses
de España están en hacer una ley abierta, pero al propio tiempo
rigurosa en el tratamiento de estas cuestiones y que pueda ser
consensuada por todos los grupos políticos, sin que conlleve a
descalificaciones de ningún tipo. Ese es sinceramente lo que yo creo
que debe ser nuestro gran objetivo y no dudo que en el fondo todos
compartimos.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay peticiones de intervención por parte de los
grupos parlamentarios? Saben las condiciones
en las que éstas se conceden y se desarrollan, por lo tanto, les
ruego que las apliquen con rigor.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor COSTACOSTA: Señor presidente, no es una intervención
gratuita, yo creo que es necesaria para aclarar algunas cuestiones.
Intentaré ser lo más breve posible.
Sólo me referiré a los elementos que me merecen una explicación más
amplia por parte del ministro para poder avanzar en algunos de ellos.
No voy a repetir la intervención de otros portavoces, que parecían un
futbolista por el que se ha pagado una ficha multimillonaria y dice
que los que meten goles juegan muy mal, pero cuando juega él nunca
mete ninguno, pareciendo que la responsabilidad de meter goles cuando
está en el campo es suya. Yo no haré eso. Está sumido en la
melancolía y deseo que ese futbolista triunfe en su equipo y, por lo
tanto, también que los portavoces puedan meter goles y puedan ejercer
aquello en que creen y no realizar intervenciones que nada tienen que
ver con el objeto de esa comparecencia, de tal forma que todos
podamos coincidir.
Quisiera aclarar dos cuestiones. Desplazados temporales. El ministro
en su réplica, muy inteligentemente, se ha referido a algo que yo he
dicho muy de pasada: que había Estados miembros que no estaban de
acuerdo. Pero el fundamento de mi intervención era que no había un
acuerdo como tal. Y efectivamente voy a leer lo que se acuerda en
Tampere, si le parece bien. El Consejo Europeo insta al Consejo a que
incremente sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre la cuestión de
la protección temporal de las personas desplazadas basado entre la
solidaridad entre los Estados miembros. El Consejo Europeo considera
que debe estudiarse la constitución de algún tipo de reserva
financiera para prestar protección temporal en situaciones de flujo
masivo de refugiados. Se invita a la Comisión a que analice las
posibilidades al respecto. Simplemente quiero aclarar que ése ha sido
exactamente el texto de mi intervención y que si no hubiera sido así
la modifico, pero estoy seguro que el 'Diario de Sesiones'
contemplará exactamente el texto que yo he leido ahora y que antes,
sin esa contundencia literal, expresé en mi preocupación.
Segunda cuestión. Las reformas institucionales. Señor ministro, es
necesario que nos podamos entender y que seamos claros. Porque
estamos aprobando un documento que tiene incidencia política sobre la
materia. Lo vamos a aprobar después de su comparecencia y me gustaría
que fuera claro. Amsterdam y Colonia -usted mismo lo ha dicho- no es
lo mismo. Nosotros estamos en la posición de Colonia, con las
consecuencias que se derivan de las reformas de Colonia; no estamos
en lo que el portavoz popular, rebajando el nivel -algo para mí
incomprensible- ha calificado de utopía. No es eso lo que
pretendemos. Pretendemos hacer reformas que son ya necesidades
urgentes, que se ven cada día en el funcionamiento de la Unión, que
no se puede seguir funcionando en una Unión a 26 ó a 30 miembros con
unas instituciones pensadas para seis Estados miembros, que ya vamos
renqueando en la adopción de decisiones. Lo he dicho en una
intervención anterior a su comparecencia y lo voy a reiterar ahora.
Por lo tanto, le pido al señor ministro que nos aclare si está de
acuerdo con Colonia y las consecuencias que se
derivan de las reformas porque el Gobierno español no ha estado hasta
ahora de acuerdo con Colonia. Y nosotros naturalmente que deseamos
que nuestro Gobierno se sume al consenso, lo que no deseamos, en lo
que no estamos de acuerdo, lo que no vamos a apoyar, para que quede
bien claro en esta Comisión Mixta, es que el Gobierno obstaculice un
consenso en aras a lograr las reformas institucionales necesarias
para poder acoger a los nuevos países de la ampliación. A eso no
vamos a prestar nuestro apoyo y, por lo tanto, le pido al ministro,
que tiene la capacidad política de hacerlo ahora en esta Comisión,
que diga si podemos estar de acuerdo sobre la base de los acuerdos
adoptados en Colonia y las implicaciones que ello tiene.
Porque seamos rigurosos, ¿cómo se puede ampliar la Unión
incorporando, por ejemplo, a nuevos parlamentarios europeos cuando el
límite de miembros del Parlamento Europeo está en 700? ¿Cómo se van a
distribuir? ¿Cómo podemos decir que la Comisión no puede funcionar
con 20 miembros? ¿Y el tribunal de justicia, puede funcionar con más
miembros? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? ¿O cómo damos
respuesta a todas las decisiones de una política que está avanzando
muy satisfactoriamente desde nuestro punto de vista, como es la de
seguridad y defensa común, con las complejidades que de ella se
derivan? Esos elementos que están siendo discutidos por esta
Comisión, que van a fijar la posición del Parlamento español,
requieren que contemos con la opinión del ministro, sobre todo con la
información necesaria para adoptar acuerdos que convengan al proceso
de construcción europea y, por lo tanto, a nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, acabo muy rápidamente.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, tan rápidamente como un minuto.
El señor COSTA COSTA: Cuando hablamos de inmigración y del Gobierno,
¿de qué gobierno hablamos? ¿Del gobierno del señor Pimentel que apoya
la ley de extranjería? ¿Del gobierno del señor Álvarez-Cascos que
apoya la ley de extranjería? ¿Del gobierno del señor Mayor que dice
que no va a apoyar la ley de extranjería? ¿Del señor Aznar que dice
que va a ser reformada la Ley de extranjería? Con ello se están
invadiendo competencias de este Parlamento. ¿Quiere decir que el
Grupo Popular ha actuado por libre y no ha informado a su Gobierno
cuando estos ministros que he citado, miembros todos del Consejo de
Ministros, han hecho declaraciones, con pleno conocimiento de esta
ley, algunos de ellos defendiendo precisamente los preceptos que esta
ley establece en materia de inmigración y otros en contra? El
Gobierno tiene un buen lío en relación con esta ley y sería
conveniente que lo aclarara cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: Saben las reglas del juego, aunque hoy no estén
especialmente cumplidores de las mismas. Excepcionalmente habrá un
turno para formular escuetamente preguntas o pedir aclaraciones sobre
la información
facilitada. Cualquier otra consideración debiera haber sido expuesta
en la fase previa.
Tiene la palabra el señor Navas. Le recuerdo que puede formular
escuetamente preguntas o pedir aclaraciones, pero no reabrir el
debate.
El señor NAVAS AMORES: Simplemente, siguiendo el hilo de su
apreciación, haré dos reflexiones inspiradas por la intervención del
ministro.
He hecho una pregunta concreta sobre la Ley de Extranjería que el
ministro me ha respondido también de forma muy concreta y que me
lleva a la conclusión de que prácticamente todas las apreciaciones
que él ha justificado como contrarias a los principios de Tampere son
básicamente cuestiones internas de nuestro país, cuestiones que
afectarán a nuestra Administración, a nuestro presupuesto, a la
cobertura de nuestros servicios sociales, etcétera, pero no encuentro
una razón de peso, una razón contundente para que este procedimiento
legislativo pueda ser frenado porque pueda vulnerar nuestros
compromisos adquiridos en la cumbre de Tampere.
Cuando le he hablado de la ceremonia de la confusión, señor ministro,
no he pretendido utilizar un lenguaje ofensivo, sino hablar de la
interpretación de la confusión que generan en nuestros grupos
parlamentarios las distintas voces del Gobierno que se han escuchado
alrededor de esto, ya que han hablado de ello altísimas
personalidades, como el vicepresidente del Gobierno, que ya se ha
mencionado, el ministro de Trabajo, secretarios de Estado, etcétera.
Que usted abogue por que el Gobierno no ha podido participar en este
proceso, también me parece contradictorio. Araíz de que en ese
proceso surgen una serie de preguntas, de dudas, yo le pregunto, en
el foro de la inmigración, ¿qué papel ha jugado el Gobierno, que ha
dictaminado por unanimidad que esta norma se tramite por
procedimiento de urgencia, lógicamente aceptando el consenso en su
contenido? Por tanto, sí es una ceremonia de la confusión, sí que no
hay elementos que puedan comprometer el desarrollo legislativo que se
iniciará el próximo jueves y, por tanto, al final, estamos
contraponiendo un proyecto de ley que pretende ser progresista, que
pretende ser moderno en cuanto a la actualización de una realidad y
de una solidaridad que España quiere tener con los ciudadanos de
otros países, a un proyecto de ley -quizá el que hubiese deseado el
Gobierno- mucho más retrógrado y acorde con una visión mucho más
conservadora de las relaciones internacionales.
Sobre el proceso de ampliación, diré que es el elemento que está
suscitando este debate. Al final, no parece que todos estemos leyendo
el mismo texto en relación con la conclusión de Colonia y la agenda
para la próxima cumbre, que usted mismo ha pronunciado literalmente:
En su cometido se amplían las cuestiones institucionales no reguladas
en Amsterdam, de conformidad con el protocolo sobre las instituciones
y las declaraciones emitidas al respecto, así como otras
modificaciones del tratado. Tampoco queremos algunos de los
intervinientes, como el Partido Socialista o Izquierda Unida, abogar
por una obstrucción de la ampliación en base a reformas que sean
imposibles de alcanzar en esta conferencia, pero sí estamos
intentando poner los pies en el suelo y que España no se quede sola.
Usted ha mencionado el informe que va a presentar la Presidencia
finlandesa.
¿Qué vamos a decir si en ese informe también se recoge la
necesidad de que se aborden otras modificaciones del tratado en este
contexto? ¿Cómo vamos a quedarnos después de los pronunciamientos que
ha habido del Consejo, de la Comisión, del propio Parlamento Europeo
en este mismo sentido? Ser realistas significa abordar esto con
flexibilidad, con cintura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En relación
con los temas de Tampere y la Presidencia finlandesa, el señor Costa,
que ha utilizado un símil futbolístico, me va a permitir que le
replique que se dribla a sí mismo. Yo no le he contradicho; el señor
Costa se regatea a sí mismo. Me pregunta: ¿cómo podemos estar en
contra de Colonia? Naturalmente que no estamos en contra de las
conclusiones de Colonia, señor Costa, por una razón de todo punto
evidente: si España no estuviera de acuerdo con las conclusiones de
Colonia, esas conclusiones no se habrían aprobado. Por tanto, me hace
unas preguntas y hace unas digresiones que cualquiera entiende que se
contestan a sí mismas.
En relación con la proposición de ley a la que tanto el señor Navas
como el señor Costa se han referido, diré que me he limitado a
describir el proceso que conduce a la tramitación de una proposición
de ley y a decir que el Gobierno es una cosa y el grupo parlamentario
que le da respaldo otra. Desde luego, no debería ser a miembros del
Parlamento a quienes haya que recordar una materia tan evidente, que
afecta a su propia dignidad e independencia como parlamentarios. Por
tanto, el Grupo Parlamentario Popular tiene todo nuestro respeto,
pero el Gobierno no tiene que compartir necesariamente todos y cada
uno de los puntos que en un momento dado puede reflejar una
proposición no de ley, que, además, tiene que ser tramitada en el
Senado, que supongo que como Cámara también puede decir algo, y que
después tiene que venir al Congreso. Ésas son cosas absolutamente
evidentes. Por lo demás, y en lo que hace referencia al Gobierno,
ninguna discrepancia sobre el fondo. A lo mejor el señor Costa se
sienta en el Consejo de Ministros y yo estoy en otro lado, pero todas
las veces que esta proposición de ley ha salido a discusión en el
Consejo de Ministros le puedo asegurar que desde el primero al
último, todos los ministros, hemos estado absolutamente de acuerdo en
todos los puntos que reflejan la posición del Gobierno; no ha habido
ni una sola discrepancia en ninguno y le desafío a que me demuestre
lo contrario. Quien estaba allí, señor Costa, era yo y no su señoría.
Creo que es mucha temeridad por su parte, volver a regatearse a sí
mismo, introducir ese debate. Que en un momento dado un secretario de
Estado haya podido discrepar en algo es otra cuestión, pero yo le
hablo del Gobierno sentado en el Consejo de Ministros, de ministros
y vicepresidentes del Gobierno, y lo que vale, lo que responde a la
realidad es cuanto le acabo de decir. Cuestión distinta es que todos
estemos abiertos a la posibilidad de que esto se pueda aprobar ahora
introduciendo las correspondientes mejoras y que todos estemos de
acuerdo en que, si no fuera posible, sería mejor aprobarla después;
es decir,que hasta en ese aspecto todos estamos de acuerdo, inde
pendientemente
de que en un momento dado enfaticemos más un aspecto u otro. La
posición del Gobierno es una, única e indivisible.
El señor PRESIDENTE: No ha lugar a más intervenciones. Cerramos este
punto del orden del día.
- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LOS
SERVICIOS AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN, HECHAS EN BRUSELAS EL 18 DE
NOVIEMBRE DE 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de
expediente Congreso 221/000003 y Número de expediente Senado 711/
000225)
El señor PRESIDENTE: Ahora el señor ministro deberá informar sobre el
tema que ha sido objeto de petición de comparecencia. Les recuerdo
que después hay una pregunta del señor Guardans y que es casi la una
y cuarto. ¿Hasta qué hora tiene tiempo el señor ministro?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Mientras la
Comisión me reclame, aquí estoy, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Entonces tenemos tiempo hasta las cuatro de la
tarde, que empieza el Pleno. De manera que ruego a los señores
portavoces que mantengan la disciplina necesaria para acabar antes de
esta hora. Todo lo demás será bien agradecido, pero ese es el tiempo
límite del que disponemos.
De manera que tiene la palabra el señor ministro para responder a la
petición de comparecencia, cuyo tema ya conoce. (El señor
vicepresidente, Pascual Monzó, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Se me ha
pedido que informe sobre el grado de cumplimiento de las
recomendaciones del Consejo relativas a la protección de los menores
y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información,
hechas en Bruselas el 18 de noviembre de 1997, así como las
previsiones del Gobierno sobre su efectiva aplicación en España.
La recomendación por cuyo cumplimiento pregunta el señor senador no
existe en los términos en que plantea la cuestión. El documento que
cita el senador señor Mòdol era una propuesta de la Comisión,
posteriormente modificada por el Consejo, que cambió incluso el
propio título de la misma y que finalmente fue aprobada el 24 de
septiembre de 1998 con el título siguiente: Recomendación del Consejo
relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea
de servicios audiovisuales y de información, mediante la promoción de
marcos nacionales, destinados a lograr un nivel de protección
comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana. El
texto oficial aprobado se encuentra publicado en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de fecha 7 de octubre de 1998.
Estamos ante una mera recomendación, carente de eficacia jurídica
vinculante, que debe ser valorada como lo que es: expresión de
intenciones de los Estados y manifestación de acometer determinadas
líneas de actuación en la línea de la recomendación.
Hechas estas dos matizaciones, puedo asegurar al señor senador que el
Estado español está poniendo en práctica estas líneas de actuación en
un doble marco. En el ámbito exterior, el Estado español ha tenido
una participación activa en todas las iniciativas realizadas en el
seno de la Unión Europea para cumplir esta recomendación. Éstas han
culminado con la aprobación por el Consejo de una decisión por la que
se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar
una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha
contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales.
Dentro, igualmente, de la Unión Europea, España ha participado
activamente en diversos encuentros y seminarios destinados a estudiar
las formas de aplicación de la autorregulación y que han concluido
con la aprobación por el Consejo de Cultura y Audiovisual de una
declaración formal sobre este tema. No obstante, debe hacerse la
salvedad de que si bien España respalda los procesos de
autorregulación, entiende que ésta no constituye por sí misma la
panacea. Ha defendido en los diversos foros la necesidad de una
presencia reguladora del Estado, complementaria de la
autorregulación, en la medida en que esta presencia ofrece mayores
garantías y vías de recurso para la seguridad jurídica de los
ciudadanos.
En el ámbito interno -hasta ahora estábamos hablando del ámbito de la
Unión Europea-, que corresponde a las actuaciones del Estado español
para cumplir la recomendación, se ha avanzado mucho. En primer lugar,
para los servicios audiovisuales, la Ley 22/1999, de 7 de junio, que
modificaba la Ley 25/1994, de Televisión sin fronteras, ha
introducido expresamente un reconocimiento de la autorregulación y en
materia de protección al menor ha atribuido a los operadores de
televisión un sistema de autorregulación en materia de calificación
de programas.
El desarrollo de esta ley se ha impulsado y se ha conseguido la firma
de un convenio de los operadores de televisión, por el que se ha
establecido el código de señales informativas sobre la mayor o menor
idoneidad de los programas de televisión para los menores de edad.
Ese convenio, firmado el pasado 21 de octubre, abre la puerta a una
fructífera colaboración en materia de autorregulación en otros
campos, como la propia clasificación de los programas.
Dentro del mismo ámbito audiovisual, la Administración ha respaldado
el sistema de autocontrol de la publicidad, puesto en marcha por la
Asociación de Autocontrol de la Publicidad, que engloba las más
importantes agencias anunciantes y medios de publicidad. Se ha
firmado un convenio entre el Instituto Nacional de Consumo y esa
asociación y se está preparando otro de esa misma organización con la
Secretaría General de Comunicaciones.
En cuanto a los nuevos servicios de la sociedad de la información,
Internet, dentro del grupo regulación, creado en el seno del Consejo
Asesor de Telecomunicaciones, se está estudiando un borrador de
convenio. Ha sido propuesto por asociaciones de usuarios para
permitir un proceso de autorregulación que incorpore, en línea con lo
señalado en la recomendación a la que el señor senador se refería, la
creación de las líneas calientes para atender con rapidez las quejas
de los usuarios en materia de contenidos ilícitos o perjudiciales.
Como puede ver el señor senador, de acuerdo con la filosofía de la
propia recomendación, nos encontramos inmersos en un proceso que
indudablemente no puede darse por concluido, pero que debe contribuir
a crear un entorno audiovisual y de información más seguro y por ende
más competitivo, en beneficio no sólo de la industria, sino también
de los menores y de la propia dignidad humana.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): En primer lugar, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, como
peticionario de esta comparecencia, el senador señor Mòdol.
El señor MÓDOLI PIFARRÉ: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia, pedida hace ya un cierto tiempo. En cualquier caso,
agradezco que haya venido.
Le voy a hacer una primera petición: que informe a los titulares de
Fomento y de Educación de la normativa europea y de cómo funciona. Yo
lo he intentado hacer durante tres años y medio, casi cuatro, y debo
decirle que no lo he conseguido. Yo sé que ya es tarde, y comprenderá
que legítimamente aspire a que los dos titulares, cambien en el mes
de marzo. En cualquier caso, créame que no es como usted dice.
Efectivamente, la protección de los menores y la dignidad humana en
los servicios audiovisuales y de información es una preocupación
europea que arranca del año 1996. En este caso concreto, España era
un país avanzado respecto a sus homólogos europeos. Le voy a poner
dos fechas y le voy a recordar dos datos fundamentales: en 1994 el
Ministerio de Educación firma un convenio de autorregulación con la
Confederación española de padres y madres de alumnos, con las
televisiones y con los sectores implicados en la educación. Este
convenio decía que habría un organismo, el CIDE, el Centro de
Investigación y Desarrollo para la Educación, que se encargaría de
elevar informes sobre el grado de cumplimiento de este convenio de
autorregulación. El último informe del CIDE es de la primavera de
1996. Hace un año me contestó el señor ministro de Fomento, por
escrito, que no tenían ningún informe más. Yeste mismo mes, el
Ministerio de Educación me ha dicho que no ha salido ningún informe
más.
En el último, en el del año 1996, el CIDE denunciaba cientos de
incumplimientos en absolutamente todas las cadenas que emiten en
España, y muy especialmente en Televisión Española. Pero le digo más.
Recordará S.S. que en la anterior legislatura hubo una Comisión en el
Senado que se llamaba Comisión especial sobre contenidos televisivos.
Esa Comisión, que aprobó sus conclusiones prácticamente por
unanimidad, hacía una serie de recomendaciones, entre otras, la
creación de un consejo independiente de lo audiovisual que se
encargara de hacer cumplir la ley en aquello que la autorregulación
no llegara. Este consejo sigue sin estar creado. Es más, usted ha
dicho, con toda razón, que acaban de aprobar, sin nuestro voto, la
Ley de televisión sin fronteras. ¿Qué decía la Comisión de contenidos
televisivos? Nos daba un dato tremendo. Se lo voy a resumir muy
brevemente.
En primer lugar, los niños hoy no aprenden como aprendíamos
nosotros. Nosotros, primero, aprendíamos a leer, a escribir y después
entrábamos en el mundo de la imagen. Hoy la cosa es exactamente al
contrario. Primero se entra en lo inmediato y después se aprende lo
abstracto. Un niño hoy -decía una de las conclusiones de la Comisión-
ve al año entre 1.200 y 1.400 horas de televisión, mientras que pasa
en la escuela entre 800 y 900 horas. Con una diferencia: la
televisión no tiene vacaciones y además funciona las 24 horas del
día. Hay que sumar entonces una gran cantidad de horas que nuestros
pequeños pasan delante de los televisores. ¿Qué es lo que ocurre? Que
tenemos una legislación que dice que de 10 a 6 de la mañana, por
ponerles unos cuantos ejemplos, no puede haber actos de sexo o de
violencia gratuita; que en los programas infantiles, no puede haber
esa publicidad en los cortes; que la publicidad no puede ser engañosa
-veremos lo que ocurre ahora en Navidad, señor ministro-; que para
determinados programas tendrá que haber avisos acústicos y visuales.
No existen. Nos dice la ley que los telefilms no podrán ser
interrumplidos antes de los 45 minutos de emisión. Nadie cumple esto.
En fin, la ley da una cantidad de recomendaciones que no se cumplen.
¿Qué dice la ley? Dice algo que a nosotros no nos gustaba y por eso
no la apoyamos, que será el Ministerio de Fomento el encargado de
sancionar los incumplimientos de esta ley; los cientos de
incumplimientos de esta ley se han sancionado en los últimos cuatro
años, en el mayor de los casos, con 20 millones de pesetas. Un
anuncio de 20 segundos en el intermedio de un partido cuesta en este
momento 24 millones de pesetas. Por tanto, la norma no es eficaz.
Le digo más, para mi sorpresa, el ministro de Fomento me contesta,
también por escrito, y me dice que los encargados en la Secretaría
General Técnica de velar por el cumplimiento de esta ley en todas las
cadenas que emiten en España son dos funcionarios a dedicación
cumpleta y uno a media dedicación, es decir, no deben tener tiempo ni
de ver la televisión. Yo hice un recomendación al señor ministro, que
llegara a un convenio con la SGAE, que tiene grabados absolutamente
todos los programas, no los que se emiten sino los que se ven en
España, para controlar esto de alguna manera. Tampoco se hizo.
Dicen las leyes europeas, y usted lo sabe, que hay que promover y
apoyar la formación a los educadores. ¿Qué ha hecho el Ministerio de
Educación? Acaba de hacer una cosa tremenda, se lo voy a explicar, ha
enviado un CD para explicarles cómo funciona Internet, pero los
educadores a quienes se ha enviado el CD no están conectados a
Internet. Es una situación francamente tremenda.
Dicen las recomendaciones europeas que tiene que haber comunicación
entre las policías europeas para evitar los contenidos ilícitos en la
red. Le voy a decir, señor ministro, cuántos policías -con gran
dedicación y profesionalidad, debo reconocerlo- se dedican en el
Estado español a controlar Internet: seis guardias civiles y seis
policías nacionales, en total, doce. Dicen las recomendaciones que
tiene que haber una metodología y una valoración de lo que ocurre.
Esto no ha existido. Sinceramente, señor ministro, las instancias
nacionales no están funcionando tal como la normativa europea nos
pide a la hora de establecer códigos deconducta o de evitar esos
contenidos en la red.
Estas recomendaciones, que eran de 1996 y 1997, incidían poco en
Internet. Tenemos un problema más, a las 1.200 ó 1.400 horas de
televisión, habrá que añadir seguramente unas cuantas horas más de
pantalla a través de este novísimo medio. Por tanto, la reflexión que
hago y pedirle que usted comparezca hoy aquí, no es gratuito ni es
una frivolidad, es más bien una preocupación que tiene quien le
habla, una preocupación que viene de tiempo atrás, una preocupación
sobre la que deberíamos estar de acuerdo, que las televisiones
cumplan simplemente con aquello que se les pide. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
Estoy de acuerdo con una afirmación que usted ha hecho, es muy
importante que la asociación de autorregulación de la publicidad
llegue a acuerdos y, de alguna manera, se autocontenga respecto a
algunos disparates que estamos viendo cada día en los anuncios
televisivos que, repito, muy especialmente los veremos de aquí al día
de Reyes.
En cualquier caso, -y termino-, mi preocupación viene, señor
ministro, créame -y lo he dicho en alguna otra ocasión, aunque no en
esta Cámara-, por lo siguiente. Yo entré en política gracias a un
consejo de un abuelo sabio, que me dijo que a él le procupaban mucho
más, muchísimo más, los nietos y los hijos que dejaría a su país que
el país que dejaría a sus hijos y a sus nietos. Comparto la
preocupación de mi abuelo, porque eso es realmente lo importante. Hay
un problema, desde 1996 hasta ahora, muchos niños y niñas educados en
esta nefasta televisión ya han dejado de ser niños, ya no lo son, por
lo que no podemos perder más tiempo, y andar en busca del tiempo
perdido, como decía Marcel Proust, es muy complicado muchas veces,
especialmente en el caso de los niños, porque es una evidencia que lo
único que desaparece con los años es la infancia, y eso no se
recupera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Tenga la
seguridad el señor Mòdol de que los ministros de Fomento y de
Educación conocen esta recomendación. Estoy seguro de que las
conocerían más si esas peticiones de comparecencia se las formulara a
ellos. (El señor Mòdol i Pifarré: Ya lo he hecho.)
Apesar de que se trata de una recomendación, por tanto no vinculante
jurídicamente, ya le he dado cuenta de las decisiones a que ha dado
lugar, tanto en el ámbito externo como en el interno. En todo caso,
coincido con el señor senador en la importancia de que los anuncios
publicitarios reflejen la verdad. Es casi como tan importante como
que también reflejen la verdad las promesas electorales, que tampoco
suelen reflejarla algunas veces.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR GUARDANS I CAMBÓ (GRUPO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ)
SOBRE OPOSICIÓN DEL GOBIERNO A LA CONVERSIÓN EN REGLAMENTO
COMUNITARIO DE LOS DIVERSOS CONVENIOS EUROPEOS DE COOPERACIÓN
JUDICIAL EN
MATERIA CIVIL. (Número de expediente Congreso 181/002734 Y Número de
expediente Senado 683/000132.)
El señor PRESIDENTE: Queda únicamente la pregunta formulada por el
diputado señor Guardans. Tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Una de las conclusiones que aparecían en
la cumbre de Tampere, pero con anterioridad también en el Plan de
acción de Viena, era sobre la cooperación judicial en materia civil.
Se hablaba de la oportunidad de convertir en reglamento comunitario
-es decir en auténtico instrumento comunitario, con todo lo que eso
supone de eficacia directa- algunos convenios internacionales que
existen ahora y que actúan como tales convenios internacionales en un
plano distinto, y también de convertir en reglamento comunitario
otros convenios que en su momento no habían logrado un consenso
suficiente, ya sea por falta de ratificación en algunos parlamentos o
en algunos casos porque ni siquiera habían llegado a ser firmados.
En la documentación que nos hace llegar periódicamente el Ministerio
de Asuntos Exteriores o la Secretaría de Estado desde la
representación permanente sobre la Presidencia finlandesa, examinando
punto por punto las cuestiones que tiene sobre la mesa una
determinada presidencia y fijando la posición del Gobierno, este
portavoz descubrió con sorpresa -de ahí el motivo de la pregunta que
formularé en un momento- que en el epígrafe de cooperación judicial
en materia civil, cuando se habla del reglamento sobre los
procedimientos de insolvencia, del reglamento sobre competencia
judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en
materia civil y comercial, el reglamento sobre reconocimiento y
ejecución de sentencias en materia matrimonial y de custodia de hijos
y la directiva relativa a la notificación o traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil
o mercantil, todos ellos instrumentos de primerísimo orden en el
ámbito de la cooperación civil en Europa -que por otro lado, todos
predicamos-, en el epígrafe valoración se dice algo que me voy a
permitir leer porque luego se repite exactamente en los mismos
términos en la valoración que hace el Gobierno, a juicio de esta
documentación oficial que recibimos, de cada uno de estos textos.
España ha formulado una reserva general -dice este documento- de
estudio respecto al proyecto a causa de su ámbito de aplicación
territorial, concretamente por incluirse en el mismo a Gibraltar. Al
cambiar la forma del acto de convenio a reglamento por derivación del
Tratado de Amsterdam y como consecuencia de la comunitarización de la
cooperación civil, se plantea frontalmente la referida cuestión, algo
por lo demás común a todos aquellos casos en que se transforma un
convenio no firmado o no ratificado en acto comunitario. Es el caso
de los reglamentos o directivas de esta revisión, del convenio de
Bruselas, Bruselas 2 o de transmisión de actos.
La pregunta que formulo al ministro es si puede aclarar la posición
del Gobierno respecto de la conversión en instrumento comunitario de
estos convenios y si efectivmaente se está oponiendo a esa conversión
sólo por razón de su eventual aplicación en Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Con mucho
gusto voy a responder a la pregunta del señor Guardans por la
importancia que tiene el solo hecho de su aplicación a Gibraltar,
como SS. SS. verán.
La entrada en vigor, el pasado primero de mayo, del Tratado de
Amsterdam ha supuesto el paso al primer pilar, es decir, al método
comunitario de la cooperación judicial civil. La Comisión Europea, en
el marco de las nuevas atribuciones que le concede el Tratado, ha
decidido que algunos convenios que se han venido negociando en el
marco del tercer pilar, por tanto convenios igualmente vinculantes,
deben ser transformados en reglamentos o directivas, para lo cual ha
presentado los correspondientes proyectos al Consejo. Los argumentos
que utiliza la Comisión es que los convenios no son instrumentos
comunitarios y tardan más tiempo en entrar en vigor ya que exigen la
ratificación parlamentaria de todos los Estados miembros. Los
instrumentos comunitarios del primer pilar pueden entrar en vigor más
rápidamente, esto es un hecho. Los convenios negociados en el marco
del tercer pilar han venido reconociendo siempre la peculiaridad de
Gibraltar y España ha buscado siempre una fórmula que salvaguardara
sus intereses y que al mismo tiempo fuera aceptable, como lo han sido
todos los convenios.
Debo recordar a SS.SS que los reglamentos y las directivas
comunitarias del primer pilar son de aplicación directa a Gibraltar
en virtud del artículo 219.4 del Tratado, en el que se cataloga a
Gibraltar como un territorio dependiente. Por tanto, así como en
todos los convenios siempre se ha buscado la fórmula de satisfacción,
hay que tener en cuenta que la simple traslación -para que no
perdamos de vista el núcleo de la cuestión- de un convenio al primer
pilar, al ámbito comunitario, automáticamente eliminaría la
especificidad que tiene en los convenios la situación de Gibraltar.
Al sustituirse los convenios por reglamentos y directivas, España
tiene que velar por que la aplicación directa de los mismos no incida
de un modo perjudicial en la defensa de los intereses españoles en el
contencioso gibraltareño. El problema que se plantea en la mayor
parte de los casos es la posiblidad de que las autoridades o los
órganos judiciales de los Estados miembros puedan comunicarse
directamente entre sí o tomar algunas decisiones que tengan
consecuencias directas en otro Estado miembro. España no reconoce
(porque si lo hiciera no tendría nada que reclamar nunca más) a las
autoridades de Gibraltar capacidad internacional ya que dicha
capacidad corresponde, de acuerdo con los tratados vigentes, al Reino
Unido, que no sólo en las relaciones internacionales sino como Estado
miembro asume todas las relaciones exteriores de Gibraltar con la
Unión Europea en virtud del artículo 299.4. Por tanto, las
autoridades gibraltareñas no podrán mantener relaciones directas con
las autoridades de otro Estado miembro ni tomar decisiones
directamente ejecutables en otro Estado miembro sin pasar por las
autoridades del Reino Unido.
España, por tanto, desea que toda la legislación comunitaria sea
aplicable a Gibraltar para evitar que pueda convertirse en un
territorio sin ley, pero exige que esa legislación se aplique con
pleno respeto de la legalidad vigente y de lo que dicen los tratados.
Frente a esa postura española, el
Reino Unido -no es un secreto- viene intentando por distintas vías
-lo ha hecho en numerosas ocasiones- que Gibraltar esté presente
directamente en los instrumentos comunitarios, que sean las
autoridades gibraltareñas quienes se relacionen directamente con los
otros Estados miembros, ya que si se le permitiera hacer eso
Gibraltar asumiría una personalidad, una naturaleza jurídica cuasi
estatal, sin que tuvieran que intervenir para nada las autoridades
británicas que pretenden no responsabilizarse directamente de la
actuación de las autoridades gibraltareñas. España ha venido
negociando con el Reino Unido la búsqueda de fórmulas aceptables para
ambas partes. Cuando ello no se ha conseguido a España no le ha
quedado otra solución que exigir que el instrumento en cuestión no
sea aplicable a Gibraltar, para evitar conceder por esa vía indirecta
una capacidad internacional a sus autoridades.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La respuesta confirma lo que yo me temía.
Quiero manifestar la profunda alarma que sus palabras provocan en
este portavoz porque de su explicación, que no me sorprende -una cosa
es lo que uno podía imaginar y otra lo que se escucha de boca del
señor ministro-, entiendo -y así interpreto sus palabras- que España
condiciona la cooperación civil en Europa; dicho de otra manera,
vetará la comunitarización de la cooperación civil en Europa en
contradicción con todo el discurso que se está haciendo de Tampere,
el que se ha hecho en el Pleno del Congreso de los Diputados y el que
se ha hecho hace media hora en esta Comisión. El Gobierno español
condiciona y vetará, en su caso, cualquier conversión en instrumentos
comunitarios de la cooperación civil en Europa entre tribunales, en
temas tan importantes como el reconocimiento de sentencias
matrimoniales, decisiones en materia civil y mercantil, en el ámbito
concursal, en la custodia de hijos; el Gobierno español condiciona
todo eso y lo vetará en tanto en cuanto no haya encontrado una
solución satisfactoria con el Gobierno británico para solucionar el
contencioso de Gibraltar. Eso es lo que entiendo de sus palabras.
Mientras no haya un acuerdo con el Gobierno británico respecto de
Gibraltar no se podrá dar la aprobación a ninguno de estos
instrumentos. Me parece una barbaridad Entiendo que esto no es una
comparecencia, es un juego de pregunta y respuesta. Ésa es la
respuesta que entiendo me ha dado y lo único que puedo hacer en estos
momentos es manifestar la alarma de mi grupo respecto de este punto y
poner de relieve la profunda contradicción que supone el llenarse la
boca hablando de la necesidad de ir a la cooperación civil, porque
esa cooperación civil será imposible mientras no haya un acuerdo
entre el Reino de España y el Reino Unido en materia de Gibraltar.
Las dos cosas no casan, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Me va a
permitir que quien exprese su profundísima alarma por la profunda
alarma del señor Guardans,
sea el ministro que les habla, porque lo que está proponiendo el
señor Guardans es, ni más ni menos, que España acceda a reconocer la
personalidad jurídica internacional de Gibraltar, con lo cual ya
hemos descolonizado Gibraltar, ya hemos resuelto el Tratado de
Utrecht; pero no se ha resuelto la descolonización de Gibraltar a
través de su integración en el territorio español, como exigen las
resoluciones de Naciones Unidas, sino que se ha resuelto directamente
porque España ha decido que no se apliquen los tratados
internacionales que regulan nuestras relaciones con el Reino Unido en
relación con Gibraltar. España ha decido que no se aplique a partir
de ahora el derecho comunitario, simplemente por las buenas. Por eso
me causa una profunda alarma y un profundo disgusto cuanto acabo de
oír de S.S. y, desde luego, dudo muchísimo que un partido, un grupo
parlamentario como el que les da soporte, pueda asumir las tesis que
en esos momentos S.S. está defendiendo en la Comisión. Su señoría
parece desconocer que lo único que España quiere es que se conserven
las actuales especificidades que afectan a Gibraltar y que todos los
convenios que están en vigor, cuando se trasplanten al derecho
comunitario, se trasplanten tal como están formulados, sin cambiar su
naturaleza ni su contenido, respetando el Tratado de La Unión. Lo que
el Reino Unido pretende al pasar del tercer al primer pilar es que se
cambie la naturaleza de esos convenios. No es España quien lo
pretende. Me causa profunda alarma y disgusto, repito por última vez,
que S.S. haga responsable de esa no aprobación del primer pilar al
país que lo único que quiere es que se trasplante exactamente en los
mismos términos en que está y se ponga del lado de quien quiere hacer
trampas en ese trasplante. Es lo último que me faltaba por oír de su
señoría. Creo, con toda franqueza, que S.S. sufre una gran y
lamentable confusión y espero que tendrá ocasión de rectificarla en
el futuro.
El señor PRESIDENTE: Lamento mucho que el Reglamento no permita que
salgan ustedes más tranquilos. Tanto el uno como el otro deberán
seguir alarmados puesto que el señor Guardans no podrá contribuir a
aclarar su posición. El Reglamento es así, señor Guardans, usted lo
sabe y lo comprende. Estoy seguro de que conversaciones posteriores
podrán permitir que unos y otros salgan más tranquilos de este
trámite de preguntas.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Estoy muy
tranquilo, señor presidente, pero al mismo tiempo disgustado y
alarmado por lo que acabo de oír. No puedo evitarlo. No pensaba yo
que saldría de la Comisión Mixta para la Unión Europea oyendo tal
despropósito.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, invite usted una copa al señor
ministro antes de que se vaya porque creo que conviene.
Muchas gracias, señor ministro.
- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ELABORADO POR LA
PONENCIA PARAELESTUDIO Y DISCUSIÓN DELPROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA YAGENDA 2000. (continuación) (Número de expediente
Congreso 154/000020 y Número de expediente Senado 573/000005)
(continuación.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate anterior. Salvo que el
portavoz del Grupo Popular nos dé la buena noticia de que ha llegado
a un acuerdo con el portavoz socialista, tiene la palabra el señor
Martínez.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero comenzar, como el resto de mis
compañeros, felicitándome por el hecho de que esta ponencia, que se
creó el 4 de marzo de 1998, haya podido desarrollar con eficacia el
trabajo que se le encomendó. Como todos recordamos, en aquel momento
se decidió aunar dos propuestas: una del Grupo Popular, anunciada por
el presidente del Gobierno, de someter a la Comisión Mixta para la
Unión Europea el estudio y la colaboración con el Gobierno para todo
el proceso de ampliación, y otra del Grupo Catalán de Convergència i
Unió de estudiar los problemas relativos a la Agenda 2000. Esto se
hizo con el deseo de conseguir una mayor transparencia y una mayor
colaboración, al estilo de otras ponencias anteriores, entre el
Gobierno y este Parlamento, entre otras cosas porque se trata de
conseguir el mayor respaldo a este proceso por parte de la sociedad
española en su conjunto y, en concreto, de los representantes de la
sociedad que componemos este Parlamento.
El camino de la integración europea ha sido largo. La integración
europea, que comenzó con una dimensión meramente económica, ha sido y
empieza a ser sobre todo en este momento un gran proyecto político y
especialmente, como se señala en la resolución de la ponencia, una
estrategia de paz. Del mismo modo, la adhesión de los países
candidatos es también una gran tarea política cuyo objetivo no es
sólo económico sino fundamental político: asegurar la paz, la
democracia y la defensa de los derechos humanos y las minorías. En
este momento estamos asistiendo a una ampliación que podríamos
calificar de histórica y distinta de las ampliaciones anteriores;
histórica porque las características del actual proceso de ampliación
lo hacen totalmente diferente. Hay un elevado número de países
candidatos, en contraposición a ocasiones anteriores, con un menor
nivel desarrollo económico, con unos procesos de transición hacia una
economía de mercado en los que aún están inmersos, lo que unido al
hecho de que la Unión Europea es hoy muchísimo más compleja y
desarrollada tras la culminación del mercado único, la transición a
la moneda única y la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, hace
que que esta ampliación sea especialmente complicada y difícil. A
pesar de todo ello, la ampliación se justifica no sólo por razones de
índole ética y moral, sino porque constituye por sí misma una
oportunidad histórica que sólo puede aportar a Europa grandes
beneficios políticos y económicos. Es cierto que todos pensamos que
van a suponer grandes ventajas, por ejemplo, la expansión del mercado
único y el fortalecimiento de la posición de la Unión en el mercado
mundial, y todo ello hace que el estudio de este impacto sea de
especial interés.
Hemos recordado en distintas intervenciones que Berlín abrió el
proceso con el acuerdo sobre el marco financiero para el próximo
quinquenio y ahora se trata de ver en quémedida los países candidatos
cumplen con las condiciones
previstas en el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. En aquel
momento se decidió que los países asociados de la Europa Central y
Oriental que lo deseasen se convertirían en miembros de la Unión
Europea y que el ingreso tendría lugar en cuanto un país asociado
pudiera asumir las obligaciones de adhesión, cuando cumpla las
condiciones económicas y políticas requeridas. La adhesión, por
tanto, requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad
de instituciones que garantice la democracia, el Estado de derecho,
los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías, la
existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la
capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas
del mercado dentro de la Unión. La adhesión presupone, pues, la
capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión,
includa la observancia de los fines de la unión política, económica y
monetaria. Hay dificultades inherentes y lógicas en todo este proceso
y todos somos conscientes de ello. Quiero señalar algunas de ellas.
En primer lugar, el hecho de que algunos países candidatos están en
una difícil fase de transición de sus economías centralizadas del
pasado a la economía de mercado. En segundo lugar, el hecho de que
una política importante en el seno de la Unión Europea en este
momento, como es la política de medio ambiente, que constituye un
gran desafío para todos nosotros, tenga bastantes carencias en
algunos países candidatos a la ampliación. En tercer lugar, el largo
camino que deben recorrer todavía algunos países candidatos en el
fortalecimiento de los controles de sus fronteras exteriores, que
hace que parezca improbable que estos países en el momento de su
adhesión estén en condiciones de aplicar plenamente el acervo de
Schengen y que la introducción de controles adecuados a las fronteras
exteriores exija medidas avanzadas compensatorias antes de hacer
posible la abolición de las fronteras interiores. También hay
dificultades lógicas a nivel de la Unión Europea como, por ejemplo,
el hecho de que la incorporación progresiva a las políticas de la
Unión de estos países miembros no suponga disminuir la financiación
necesaria para el mantenimiento de tales políticas en beneficio de
los Estados actuales. Por todo ello, el Gobierno de España, como en
épocas anteriores, deberá velar en todo momento por el respeto del
principio de la suficiencia de medios y, a otro nivel, la reforma
institucional necesaria ya prevista en Amsterdam para proceder a la
primera ampliación, que será objeto de un comentario posterior,
dentro de unos momentos, cuando fije la posición de mi grupo
parlamentario respecto al punto suscitado por el Grupo Socialista.
Es cierto que a partir de aquí habremos de contemplar la ampliación
con un carácter global, inclusivo y evolutivo del proceso de
ampliación, en el que cada Estado candidato será juzgado con los
mismos criterios y avanzará a su propio ritmo en función de su nivel
de preparación. Por todo ello, felicitamos el método regata, que
todos esperamos que sea acordado en Helsinki, que supondrá que el
ritmo de las negociaciones se incremente o reduzca en función de los
procesos realizados por los diversos Estados candidatos. Creemos que
la Comisión debería valorar si los calendarios de adopción del acervo
comunitario por parte de dichos países son realistas y, asimismo,
poner el acento de una forma especial en la valoración de su
capacidad de aplicar correctamente el día de la fecha de la adhesión.
Asimismo, creemos que las primeras ampliaciones deberán tener lugar
tan pronto como
sea posible, aunque quizás en algunos temas pueda ser conveniente
establecer períodos transitorios y adecuados que respondan a las
coyunturas económicas y sociales de la Unión Europea y de cada país
candidato. En todo caso, será necesario mantener un equilibrio entre
la velocidad y la calidad del proceso. Por último, en el momento de
la adhesión será menester que todos estos países hayan adoptado todo
el acervo comunitario relativo al mercado interior y ser capaces de
aplicarlo de una forma más efectiva. Quedan algunos temas pendientes
como el caso de Turquía, al cual se le dará alguna solución puesto
que es un país clave en el proceso de integración europea y en esa
gran aspiración de conseguir de forma permanente un gran espacio de
paz, estabilidad y progreso en esta parte del Mediterráneo.
Con respecto a la reforma institucional, la postura de mi grupo
parlamentario es que en Amsterdam se da un mandato preciso en el que
se prevé la celebración de una conferencia intergubernamental para
despejar las lagunas y los flecos pendientes del tratado. En todo
caso, en Colonia también se prevé que haya una doble conferencia
intergubernamental, primero una conferencia intergubernamental
suscrita a los cambios urgentes necesarios y otra con posterioridad.
La primera deberá acabar en diciembre del año 2000 con vistas a dar a
todos los Estados miembros la oportunidad de ratificarla, de manera
que en el plazo más breve de tiempo, a ser posible en el año 2002,
pueda iniciarse -si algún Estado candidato está en situación- el
proceso de ampliación. Como ha dicho el ministro en su comparecencia,
existe una aparente contradicción entre el objetivo de concluir la
CIG a finales del año próximo y la filosofía que inspira a los
partidarios de una reforma amplia. En opinión de mi grupo
parlamentario, la reforma a impulsar debe ser realista, rápida y
limitada a las tres cuestiones institucionales acordadas en Colonia
para observar el horizonte temporal razonable del 2000 y dar luz
verde a la ampliación que constituye hoy nuestra prioridad inmediata.
Pensamos que esa gran reforma de los tratados a que hace referencia
el portavoz del Grupo Socialista deberá hacerse, tal y como está
previsto, dentro de un cierto tiempo, cuando se conozcan las
necesidades que se derivan de una correcta aplicación de los últimos
avances de integración contenidos en los tratados que acabamos de
ratificar.
Por todo ello, señor presidente, mi grupo parlamentario no puede
suscribir las observaciones del portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Podemos hacer un último intento de aproximar
posiciones? Digo último porque el tiempo se nos echa encima.
Disponemos para ello de la colaboración que nos puede ofrecer el
portavoz de Izquierda Unida.
El señor NAVAS AMORES: En ese intento por conseguir una unanimidad en
el texto y siguiendo el camino que la ponencia se ha trazado de
máxima voluntad de consenso, intentando también unir tanto las
preocupaciones del Partido Popular como del Partido Socialista en sus
discursos respecto al punto seis de la declaración, nosotros
aportamos un texto que pretende ser una aproximación de esos dobles
intereses para dar una formulación más flexible y más abierta al
documento, siempre subrayando que partimos, como
no podía ser de otra forma, de la letra y el espíritu de Amsterdam
a la vez incorporamos la otra sensibilidad, y es que desde Amsterdam se
ha ido añadiendo una serie de acuerdos, de cumbres, de propuestas que
hacen pensar que en esta conferencia intergubernamental con tendría
que tener la suficiente previsión como para poder abordar nuevas
propuestas que no sobrepasen los tres flecos que quedaban en
Amsterdam. Queda bien claro en el texto que no abogamos por una
conferencia intergubernamental de un amplio orden del día que la
conduzca al fracaso. Tanto el Partido Socialista con esa propuesta
como nosotros con la nuestra en ningún momento estamos aliados al
bando de los que no quieren una ampliación a corto plazo, ni tampoco
estamos con aquellos que piensan que podemos seguir dejando los
problemas internos de los quince miembros actuales para un futuro en
el cual las soluciones a esos problemas sean mucho más complejas
porque en vez de quince seamos muchos más.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos al señor Navas su colaboración.
Corresponde a los portavoces de los grupos explicar a la Comisión si
creen que ese es un camino que merece la pena ser explorado para
encontrar el consenso o no.
El señor COSTACOSTA: Cómo lo diría más claro, no estamos ante una
taza de chocolate que añadiéndole agua se diluya, estamos ante agua y
aceite y, por tanto, no son mezclables. O estamos a favor de un tipo
de reforma o no estamos a favor de ese tipo de reforma. El Partido
Popular, en el texto que estamos votando, ni siquiera se ciñe a las
posturas que en sus intervenciones ha ido descifrando incorporando el
consejo de Colonia a sus discursos; en el texto que estamos tratando
no se hace ni una sola referencia al texto acordado en el consejo de
Colonia -con el voto de España naturalmente, como decía el ministro-,
sino que se establecen reticencias importantes por parte del Gobierno
español respecto al tercer aspecto de las reformas que se deben
abordar y a las consecuencias que conllevan y que, por tanto, se
tienen que extender a otros aspectos de la reforma. Ésa es la
posición que mi grupo defiende con nitidez y claridad. Por otro lado,
quiero agradecer el esfuerzo de Izquierda Unida en la búsqueda de un
camino pero su texto no aporta nada nuevo al debate. Hay una parte
previa en la que se citan los elementos para ir hacia una reforma más
amplia, como la que defiende el Grupo Parlamentario Socialista, pero
después hace referencia al elemento contradictorio que es el
protocolo del Tratado de Amsterdam, que es limitativo respecto de la
reforma que creemos necesaria para esta fase de la Unión. Por tanto,
si el Grupo Popular no está dispuesto a hacer un esfuerzo en esa
dirección pediría que, pasemos directamente a la votación,
solicitando ya votación separada del apartado sexto de las propuestas
de resolución, es decir, de las conclusiones del informe de la
Comisión Mixta para la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Ha dejado poco lugar a la esperanza la
intervención del portavoz socialista. ¿El portavoz del Grupo Popular
está en condiciones de mostrar más flexibilidad?
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, quiero agradecerle a usted
personalmente el excelente impulso que ha dado a lo largo de todos
estos días de negociación con vistas a conseguir un consenso. Tanto
usted como SS.SS. son conscientes del esfuerzo que ha realizado mi
grupo a la hora de lograr ese consenso haciendo suyas muchas de las
enmiendas que habían propuesto los otros grupos parlamentario, y lo
hacíamos porque estábamos convencidos de que tal como ha sido
tradición en esta Comisión Mixta para la Unión Europea, no solamente
en esta legislatura sino en legislaturas anteriores donde el Grupo
Popular participaba como oposición, éramos conscientes de que
solamente desde una postura de consenso amplio podíamos respaldar la
acción negociadora de nuestro Gobierno en defensa de los intereses de
España y del proceso de construcción europea. Quiero agradecer
también al señor José Navas su excelente trabajo realizado en pro de
este consenso. Él también es consciente de la buena receptividad que
ha tenido mi grupo parlamentario ante para la mayoría de las
enmiendas que ha propuesto en nombre de su grupo. Todos somos
conscientes de cuál es la postura del Gobierno y mi grupo
parlamentario no puede sino sustentar la postura del Gobierno. Estoy
de acuerdo con el señor Costa, portavoz del Grupo Socialista, en que
esta primera reforma institucional no va a cerrar todos los problemas
ni va a hallar soluciones a todos y cada uno de ellos, y lo único que
puedo proponer es que el texto del párrafo 6 refleje que estamos
hablando de esta primera reforma institucional, que no estamos
prejuzgando ni hablando de la segunda reforma institucional que está
prevista para cuando acabe esta primera. En ese sentido, podría
decir: La futura convocatoria de una conferencia intergubernamental
para resolver las cuestiones institucionales pendientes de Amsterdam,
y cuyo mandato se recibió en Colonia, debe permitir completar el
proceso de reformas internas de la Unión necesarias para una primera
ampliación. La Comisión Mixta para la Unión Europea considera que la
cuestión esencial..., etcétera. Si él quisiera yo podría añadir un
segundo párrafo expresando la necesidad de que nuestra Comisión y
este Parlamento estén asociados de igual manera al estudio y al
proceso de elaboración de consensos de cara a la próxima conferencia
intergubernamental prevista para cuando se cierre esta primera. Es lo
único que puedo ofrecer. Si no, me pongo a disposición del presidente
para votar sobre este punto.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor COSTACOSTA: Intervengo brevemente para agradecer el espíritu
constructivo, pero no vemos que haya contenidos detrás de ese
espíritu constructivo, que es como de verdad se ejerce. Por tanto,
quien determine la asociación del Parlamento a una futurible segunda
conferencia intergubernamental probablemente ni siquiera sean estos
portavoces que hoy hablan. Me parece que es demasiado poco para que
de verdad sea creíble la idea de llegar a un acuerdo sobre uno de los
dos elementos que realmente son importantes en el documento que hoy
estamos estableciendo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a votar la propuesta del Grupo
Socialista. ¿Es así como debemos proceder? Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, sólo a efectos de cómo quede
el dictamen con posterioridad a esta votación diré que entiendo que
mi grupo expresa un voto particular a ese apartado 6 que se publica
junto con el dictamen de la Comisión. ¿Es esto correcto? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Que no cunda el desconcierto en los momentos
finales.
La propuesta de sustitución está ya publicada en el documento verde
que ha sido distribuido, está ya allí, donde el Grupo Socialista
propone sustituir un punto por otro. Vamos a ver si su propuesta
tiene o no el apoyo de los miembros de la Comisión. Si lo tiene,
pasará a sustituir al texto, si no lo tiene, el informe de la
Ponencia será aprobado tal como está planteado y quedará constancia
en las fases procedimentales que hemos seguido de que hubo un intento
de sustituir un texto por otro.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, estábamos hablando el
señor Guardans y yo de los sistemas que se siguen en el Tribunal
Supremo cuando hay una ponencia: se vota la ponencia, los votos
particulares no se votan, quedan anejos al dictamen. Nosotros somos
partidarios de votar el informe de la Ponencia, separando incluso,
como pedía el señor Costa, el punto 6. Pero se vota el informe de la
Ponencia.
El señor PRESIDENTE: El informe de la Ponencia es lo que sometemos,
obviamente, a la aprobación de la Comisión, pero nos hemos encontrado
con un escollo insalvable y es que en un punto determinado del
informe de la Ponencia existe el deseo de un grupo de que se diga una
cosa distinta de lo que se dice. No sabemos todavía si hay una
opinión mayoritaria que sustenta este cambio. Si la hubiera haríamos
el cambio y luego pasaríamos a votar el informe de la Ponencia. Por
tanto, primero hemos de saber si hay apoyo o no, porque ustedes
presuponen ya que porque el portavoz del Grupo Popular no la acepta
los otros tampoco y yo no sé si el señor Guardans o usted mismo están
a favor o en contra de la posición del Partido Socialista.
Vamos a votar la propuesta de sustitución que nos hace el Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta del Grupo
Socialista y el informe de la Ponencia queda, por tanto, en el estado
en el que ha sido sometido a la consideración de la Comisión.
Vamos a pregunta ahora a la Comisión si aprueba el informe de la
Ponencia en el estado en el que queda. (El señor Navas Amores pide la
palabra.) Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, antes de seguir adelante mi
grupo quisiera que se incorporase al acta de la Comisión la propuesta
que le he pasado por escrito como enmienda transaccional para que
estuviera recogida en el acta, al no haberla leído yo literalmente.
El señor PRESIDENTE: Nada obsta para que así se haga. (El señor Navas
Amores pide la palabra.) Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Solicito que se vote separadamente el apartado
6 del informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Me parece, señor Costa, que estamos rizando el
rizo.
El señor COSTA COSTA: Perdón, señor presidente, estoy ejerciendo un
derecho reglamentario de votar una parte diferenciada y después votar
el conjunto.
El señor PRESIDENTE: ¿No es redundante? (Pausa.) Si está usted
ejerciendo un derecho reglamentario no será la Presidencia quien se
lo impida.
Vamos a votar todo el informe de la Ponencia, salvo el párrafo que ha
sido objeto de un intento fallido de sustitución. Todo el informe de
la Ponencia salvo el párrafo 6 y después el párrafo 6. ¿De acuerdo?
(Pausa.)
Votamos, pues, todo el informe de la Ponencia salvo el párrafo seis.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Ahora vamos a votar el párrafo 6 según el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 11; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Todos debemos agradecer a los letrados y a los taquígrafos el trabajo
que han efectuado y a nosotros mismos el espíritu con el que hemos
desarrollado esta ponencia.
Se levanta la sesión.