DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 154



PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE



Sesión núm. 28



celebrada el martes, 23 de noviembre de 1999, en el Palacio del
Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Debate y votación de las propuestas de resolución:



- Informe de fiscalización especial sobre la contabilidad de la sede
regional de Baleares y central, en lo referido a la Comunidad
Autónoma, de la Federación de Partidos de Alianza Popular-Partido
Popular, con referencia a los ejercicios 1989, 1991 Y 1992. (Número
de expediente Congreso 251/000045 y número de expediente Senado 771/
000042) ... (Página 3240)



- Informe de fiscalización sobre la contabilidad de las sedes
regionales de Baleares de los partidos políticos y coaliciones, con
referencia a los ejercicios 1989, 1991 Y 1992. (Número de expediente
Congreso 251/000066 y número de expediente Senado 771/
000063) ... (Página 3240)



- Informe de fiscalización de las principales fuentes de
financiación del Grupo Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (Enausa).

(Número de expediente Congreso 251/000063 y número de expediente
Senado 771/000062) ... (Página 3240)

Página 3240



- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos
políticos, ejercicio 1994. (Número de expediente Congreso, 251/000074
y número de expediente Senado 771/000072) ... (Página 3242)



Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre:



- Informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del
Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), ejercicio 1995. (Número
de expediente del Congreso 251/000065 y número de expediente del
Senado 771/000064) ... (Página 3244)



- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Morata de Tajuña
(Madrid), ejercicios 1994 Y1995. (Número de expediente Congreso 251/
000068 y número de expediente Senado 771/000066). ... (Página 3251)



- Informe de fiscalización de la gestión financiera del Sistema de
Seguros Agrarios Combinados (SAC), ejercicio 1995. (Número de
expediente Congreso 251/000070) (Número de expediente Senado 771/
000068) ... (Página 33256)



- Informe de fiscalización de los resultados de la sociedad Agencia
Efe S. A., ejercicio 1995, aprobado por dicho Tribunal en su sesión
plenaria del día 28 de octubre de 1998. (Número de expediente 251/
000071.) (Número de expediente Senado 771/000069.) ... (Página 3259)



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:



- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LA CONTABILIDAD DE LA SEDE
REGIONALDE BALEARES YCENTRAL, EN LO REFERIDO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA,
DE LAFEDERACIÓN DE PARTIDOS DE ALIANZAPOPULAR- PARTIDO POPULAR, CON
REFERENCIAA LOS EJERCICIOS 1989, 1991 Y 1992. (Número de expediente
Congreso 251/000045 y número de expediente Senado 771/000042)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores senadores y
diputados. Vamos a iniciamos el debate de las propuestas de
resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. En
primer lugar, debate sobre la fiscalización especial sobre la
contabilidad de la sede regional de Baleares y central, en lo
referido a la Comunidad Autónoma, de la Federación de Partidos de
Alianza PopularPartido Popular, con referencia a los ejercicios 1989,
1991 y 1992. Se han presentado propuestas de resolución por parte del
Grupo Socialista.




El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, respecto a Baleares, una
cosa es el informe de partidos políticos y otra cosa...




El señor PRESIDENTE: Es verdad, señor Gimeno, tiene usted razón. No
solamente no ha presentado propuestas de resolución el Grupo
Socialista, sino que ningún grupo parlamentario las ha presentado
respecto a este punto número 1 del orden del día.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTABILIDAD DE LAS SEDES
REGIONALES DE BALEARES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, CON
REFERENCIA A LOS EJERCICIOS 1989, 1991 Y 1992. (Número de expediente
Congreso 251/000066 y número de expediente Senado 771/000063)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto número 2 del orden
del día, referente al informe de fiscalización sobre la contabilidad
de las sedes regionales de lospartidos políticos y coaliciones, con
las referencias a los ejercicios 1989, 1991 y 1992.

Adicho punto del orden del día tampoco se han presentado propuestas
de resolución.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
DEL GRUPO EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS, S. A. (Enausa). (Número de
expediente Congreso 251/000063 y número de expediente Senado 771/
000062)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3 del orden del día,
referente al informe de fiscalización de las principales fuentes de
financiación del grupo Empresa Nacional de Autopistas SA, (Enausa). A
este punto se han presentado diferentes propuestas de resolución.

El Grupo Socialista ha presentado tres propuestas de resolución, para
cuya defensa tiene la palabra la diputada doña Carmen Silva.




La señora SILVA REGO: Del informe del Tribunal de Cuentas se deducen
tres grandes cuestiones: en primer lugar, los niveles de
endeudamiento exterior; en segundo lugar, la extensión del seguro de
cambio más allá del período máximo de financiación establecido en las
concesiones y, en tercer lugar, la necesidad de establecer en los
presupuestos



Página 3241



créditos suficientes para, de forma efectiva, cancelar las
obligaciones del Estado. En relación con estas tres cuestiones, el
Grupo Socialista ha planteado sus propuestas de resolución, pero,
antes de entrar en ellas y muy brevemente, quiero volver a incidir en
la buena gestión que la empresa efectuó en el ámbito financiero y de
gestión de las autopistas, una buena gestión de unas empresas que,
durante muchos años y debido a su reducido mercado, tuvieron que
soportar importantes pérdidas. Ahora el momento es otro, con mercados
más amplios, y es el momento de situar definitivamente esas empresas
en el ámbito económico exigible.




En la propuesta número uno, se insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para adecuar los porcentajes de recursos mínimos a
la situación actual. La ley debe cumplirse y, por tanto, deben
cumplirse los porcentajes mínimos en moneda extranjera, pero
convendrán, y así lo manifiesta el propio Tribunal de Cuentas, que, a
estas alturas de internacionalización de la economía española, la
obligatoriedad de un porcentaje de financiación exterior es un
anacronismo. Era razonable en los años setenta; es superfluo en este
momento. Por ello, se deberán estudiar las medidas para cambiar estas
normas y, desde luego, mientras esto no suceda, deben cumplirse los
porcentajes establecidos.

Con relación a la segunda propuesta, creemos, y así lo han planteado
todos los grupos que han presentado propuestas de resolución, que
está fuera de toda duda que no procede mantener el seguro de cambio
más allá de la fecha para la que fue diseñado. Es juicio del Tribunal
de Cuentas, avalado por la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado, que el período máximo a considerar no se prorroga como
consecuencia de haber prorrogado el período concesional, sino que
permanece en la fecha fijada en las concesiones iniciales. Este
período de financiación máximo habría concluido en el año 1998 y por
tanto el Estado no deberá hacer frente a ninguna responsabilidad
emanada del cumplimiento del seguro de cambio a partir de esa fecha,
compartiendo así enteramente las recomendaciones del Tribunal.




En nuestra tercera propuesta de resolución se insta al Gobierno al
cumplimiento de la recomendación segunda del Tribunal de Cuentas,
referente a los créditos presupuestarios para diferencias de cambio.

El volumen de deuda es de tal calado que necesariamente tiene que
empezar a aflorarse en los Presupuestos Generales del Estado, afloran
estas deudas y se establecen mecanismos financieros para hacerles
frente.

Sobre las propuestas de resolución de otros grupos, votaremos
favorablemente las presentadas por CiU, que son coincidentes con las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Respecto a las de Izquierda
Unida, votaremos favorablemente las propuestas números 4, 5 y 7 y no
aceptaremos la número 6, ya que, si bien es cierto que las empresas
se endeudaban en muchos casos en monedas que se preveía que se iban a
revaluar, monedas fuertes, teniendo que pagar así menores tipos de
interés en estos préstamos, que suponía incremento del principal
efecto de la revaluación que cubría el Estado, no es menos cierto que
este mecanismo era pura y simplemente una fórmula indirecta de
subvención a estas empresas concesionarias, que
así podían cargar peajes más bajos e incluso, en algunos casos,
evitar la quiebra.

Esto es todo, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DELVALLE: Voy a presentar brevemente nuestras
propuestas de resolución sobre la financiación del grupo 'Empresa
Nacional de Autopistas, S.A., Enausa.

Nuestras propuestas van en la misma línea que el informe del Tribunal
de Cuentas, es decir, asumir plenamente estas recomendaciones y, por
lo tanto, urgir para que prevalezcan estos criterios. Asimismo,
exigimos el cumplimiento de los porcentajes legales para la
financiación ajena procedente del exterior y los recursos obtenidos
en el interior. La propuesta número 3 trata de rechazar los
principios bajo los que se ha desarrollado la gestión financiera del
grupo, que ha dado lugar a la obtención de importantes rentabilidades
financieras transitorias de los excedentes de tesorería al precio de
trasladar al sector público el coste de la excesiva financiación,
ajena posteriormente, materializada en beneficio de empresas del
grupo. Y, por último, tenemos una propuesta de resolución en la cual
compartimos el criterio del Tribunal y de la Dirección General del
Servicio Jurídico del Estado en el informe del 8 de febrero de 1994
respecto a la cláusula 46 del pliego de cláusulas generales,
exigiendo el cumplimiento de las consecuencias que se derivan de la
finalización del período máximo de financiación a partir de cuyo
momento no podrán disfrutar las sociedades del grupo del actual
beneficio financiero a cargo del Estado.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de
Covergència i Unió. Al no estar presente el senador don Salvador
Carrera, las vamos a dar por defendidas.




El señor SANTISO DEL VALLE: Si es necesario formalmente, yo las doy
por defendidas en su nombre.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad al
señor Santiso de que pueda colaborar con la coalición de Convergencia
i Unió.

Tiene la palabra el senador don Jaime Rodríguez, para la posición del
Grupo Parlamentario Popular respecto a las proposiciones presentadas
por los demás grupos.




El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Quiero recordar brevemente que estamos
hablando de una fiscalización del año 1995 y que muchas de estas
propuestas de resolución y sobre todo las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas tienen objeto en asuntos que van incluso mucho
más allá. Eso es fundamental. Estando nosotros de acuerdo, en
principio, con lo que nos dice el Tribunal de Cuentas, nos parece que
en las propuestas de resolución se están utilizando unos términos
excesivamente exigentes, y dado que creemos que se están mezclando
obligaciones de las sociedades



Página 3242



con las obligaciones del Gobierno, sería interesante que llegásemos a
un acuerdo en este punto. De todas maneras, no vamos a votar
positivamente ni la propuesta número 6, de Izquierda Unida, ni por
ahora la número 2, de Convergència i Unió, en tanto no nos pongamos
de acuerdo.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, EJERCICIO 1994. (Número de expediente Congreso, 251/000074
y número de expediente Senado 771/000072.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de las propuestas de
resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios
correspondientes al punto número 4 del orden del día, informe de
fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos durante el
ejercicio 1994.

Para las propuestas del Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz.




El señor MORENO MONROVE: Sólo deseo manifestar que nuestras
propuestas de resolución no hacen más que abundar en los criterios
del Tribunal de Cuentas. La redacción que el Grupo de Convergència i
Unió hace en su propuesta de resolución número 2, en el caso de que
finalmente todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo, podría
ser la que se pudiera, aprobar, por unanimidad, si fuese posible; en
ese caso, nosotros retiraríamos la propuesta de resolución número 2.

Aun teniendo el mismo contenido, creemos nosotros que la propuesta de
resolución de Convergència i Unió expresa de manera más positiva la
necesidad de dotar al sistema de una forma rápida y definitiva de la
nueva ley de financiación de los partidos políticos. Como es lógico,
lamentamos que en este momento esta ley esté bloqueada o paralizada
en el Congreso de los Diputados y por eso nos unimos a la redacción
de Convergència i Unió respecto de esta necesidad de agilidad en su
trámite.




El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el diputado don Mariano Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestra propuesta de resolución incide en
propuestas de resolución anteriormente aprobadas en esta Comisión.

Hemos hablado bastantes veces de la necesidad de cambiar la Ley de
financiación de partidos políticos, de la urgencia de este tema y de
ampliar la cobertura legal para supuestos como pueden ser delitos de
financiación ilegal, hoy no contemplados, como conocemos todos, e
incluso extender el control del Tribunal de Cuentas a aquellos
partidos políticos que aun no requiriendo del Estado la financiación
correspondiente por los resultados electorales, sin embargo vulneran
sistemáticamente la ley, puesto que no presentan cuentas y quedan
prácticamente en la impunidad. He puesto alguna vez el ejemplo del
partido del GIL, en Marbella, que se presenta a las elecciones
municipales, tiene un gasto electoral que es evidente que es
disparatado y que vulnera todos los límites electorales fijados en la
ley, pero, por no pedir al Estado la compensación por los votos
recibidos, automáticamente queda excluido de la fiscalización.

Además, no hay fórmula legal de investigar y de concluir
que esta actuación pueda ser delictiva. Extrapolando esto a otros
ámbitos, nos podemos encontrar en el ámbito estatal con un grupo
financiero con suficiente potencia que esté dispuesto a financiar a
un candidato a unas elecciones generales, gastándose miles de
millones que pudiera y tuviera, sin que legalmente nadie pudiera
después incidir en el incumplimiento de algo tan sencillo como el
límite de gasto electoral, que está puesto claramente para evitar una
competencia desleal o desmesurada entre partidos políticos y para
garantizar que las elecciones de cualquier ámbito no se convierten en
un instrumento para acceder, por ejemplo en el ámbito local, a tener
competencias sobre aspectos muy delicados, como puede ser el
urbanismo. Esto -y el caso más llamativo es el del señor Gil- se
puede reproducir y se está reproduciendo en el ámbito municipal, con
distintas candidaturas llamadas independientes, que tienen una cierta
ambición por controlar aspectos significativos de la gestión
municipal que pueden ser muy rentables económicamente. Como la
penalización es cero, hay una puerta abierta para este tipo de
prácticas.

No entendemos cómo en esta legistura, que se empezó con muchas ganas
de cambiar la ley -yo mismo fui ponente por parte de mi grupo, hemos
hecho un trabajo de ponencia, con discrepancias en dos temas
fundamentales, pero con acuerdo en principio en garantizar la
transparencia de la financiación, la necesidad de que los ingresos de
los partidos políticos por donaciones, sean de empresas, sean de
particulares, fueran transparentes y conocidos por el Tribunal de
Cuentas-, nadie ha dicho todavía públicamente por qué, esa ley ha
quedado aparcada, sin que se haya movido un solo papel desde hace
prácticamente dos años. Por tanto, hay una responsabilidad de los
grupos mayoritarios que apoyan al Gobierno al no haber sido capaces
de buscar el consenso necesario, supongo que entre ellos, para dar
los pasos siguientes, y vamos a terminar la legislatura sin que se
haya producido una modificación de algo tan importante para la
transparencia como es la financiación de los partidos políticos.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene
la palabra, como anteriormente, el diputado don Mariano Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Simplemente quiero, por cortesía también,
mantenerlas en sus términos, puesto que al no ser mías no puedo
intervenir.




El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición sobre las diferentes
propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios
que han hecho uso de la palabra, por parte del Grupo Popular, tiene
la palabra el diputado señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: He de manifestar que estamos de acuerdo con
el portavoz del Grupo Socialista en que la idea contenida en el punto
número 2 queda mejor expresada en la propuesta número 2 del Grupo de
Convergència i Unió, por lo que votaríamos favorablementeesa
propuesta.




Página 3243



Sobre el resto de propuestas, hay un apartado técnico, llamémosle
así, en la propuesta número 3 del Grupo Socialista, que dice que los
partidos políticos sí tienen conocimiento del informe puesto que,
como afectados directos en la tramitación del informe, del Tribunal
de Cuentas, se les ha dado traslado tanto del borrador inicial como
del acuerdo definitivo del Pleno. Por ello parece un poco innecesario
que este Parlamento asuma esos gastos de envío de un informe
voluminoso a los partidos políticos, que ya lo tienen. No obstante,
no tenemos inconveneinte en admitirla.

Saludamos positivamente la propuesta del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Quizás, los legisladores que intervinieron en la
primera Ley de financiación de partidos políticos no tuvieron en
cuenta el desequilibrio que en la realidad se produce, tanto por
determinados partidos políticos registrados como tales que no
presentan sus cuentas, como por aquellas formaciones electorales que
no piden la subvención y tampoco presentan las cuentas. Creo que una
ley futura de financiación debe buscar el criterio de participar y
competir en igualdad en los distintos procesos electorales y no tiene
sentido que los partidos establecidos a nivel de todo el Estado, los
grandes partidos, tengan un control exhaustivo del Tribunal de
Cuentas y que haya un margen para posibles actuaciones, que en muchos
casos tienen connotaciones irregulares, de formaciones más pequeñas o
más localistas, que eluden el control total de sus cuentas con la
sola particularidad de asumir que no cobran las subvenciones, que en
el caso de elecciones municipales son bastante reducidas.

Por tanto, coincidimos plenamente con la idea de que la inscripción y
su mantenimiento en el registro del Ministerio del Interior por parte
de un partido político vaya ligada al depósito de sus cuentas en el
Tribunal de Cuentas, pida o no pida subvenciones, y que, caso de no
hacer ese depósito de cuentas, no pueda concurrir a un proceso
electoral como tal partido político. Creemos que una futura ley de
financiación debe contener específicamente esta previsión, puesto que
los autores de la primera, quizá pensando que todo el mundo iba a
acogerse a la financiación, no la tuvieron en cuenta. Por ello, la
vamos a votar favorablemente.




El señor PRESIDENTE: No habiendo más asuntos que tratar en la primera
fase del orden del día, vamos a suspender la sesión hasta las doce
menos cuarto, en que procederemos a las votaciones de las diferentes
propuestas de resolución.

Se suspende la sesión.




Eran las diez y cuarenta minutos de la mañana.




Se reanuda la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores y diputados, vamos a
reanudar la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas y vamos a proceder a las votaciones
correspondientes al punto número 3 del orden del día referentes a las
propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al
informe de fiscalización de las principales fuentes de financiación
del grupo Empresa Nacional de Autopistas, S.A., Enausa. (El señor
Carrera i Comes pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Carrera?



El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, anuncio que retiramos
nuestra propuesta de resolución 2, que viene a ser la 9, por entender
que está incluida, por lo menos en el sentido en que nosotros la
planteábamos, en parte en la número 2 del Grupo Socialista. Por
tanto, retiramos, repito, nuestra propuesta de resolución número 9.

(El señor Rodríguez Gómez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Rodríguez?



El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: El Grupo de Izquierda Unida no tiene ningún
inconveniente en cambiar la propuesta número 5 en el sentido
siguiente: Instar al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para adecuar la situación actual de los porcentajes ... Lo demás,
igual.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué propuesta de resolución es?



El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: La propuesta número 5 de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: ¿La 5 de Izquierda Unida?



El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: La 5 de Izquierda Unida. Lo puede pedir el
señor Santiso, pero ha dicho que lo hiciera yo, y no hay ningún
inconveniente.




El señor PRESIDENTE: ¿La 5 total?



El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Sí, la 5 total.




El señor PRESIDENTE: Es que hay dos numeraciones. Tendría que
decirnos con claridad a qué numeración se refiere, si a la del
Congreso o a la que ha figurado de Izquierda Unida.




El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Yo tengo aquí las propuestas 1, 2 y 3, la
número 4 de Izquierda Unida, la 5, la 6, la 7, y luego la 8, la 9 y
la 10.




El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere a Enausa?



El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Sí, exacto.




El señor PRESIDENTE: Será la propuesta número 2 de Izquierda Unida,
que corresponde a la 5 de la numeración del Congreso. ¿Y exactamente
cómo quedaría?



El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Instar al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para adecuar la situación actual de los porcentajes
legales... El resto, igual.




El señor PRESIDENTE: Pues yo agradecería a los dos grupos
parlamentarios que hicieran llegar a la Mesa el texto



Página 3244



de esa transaccional, y votaríamos esta propuesta sobre la base de la
transaccional del Grupo Parlamentario Popular que ha aceptado
Izquierda Unida.

Procedemos, señorías, a la votación de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Socialista y, si no hay inconveniente por
parte de los grupos parlamentarios, podríamos votar conjuntamente las
números 1, 2 y 3, correspondientes al Grupo Socialista. ¿Algún grupo
parlamentario tiene inconveniente en hacerlo conjuntamente? (Pausa.)
No hay inconveniente. Por lo tanto, pasamos a la votación de las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista, números
1, 2 y 3.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.




Procedemos a la votación de las propuestas de resolución presentadas
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y pregunto a los
grupos parlamentarios si las votamos conjuntamente. El Grupo
Socialista nos ha comunicado que quiere voto separado de la número 6.

(Pausa.)
Pues procedemos a la votación de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida. (El señor
Jordano Salinas pide la palabra.) ¿Sí, señor Jordano?



El señor JORDANO SALINAS: Se entiende que votamos la propuesta número
2, de Izquierda Unida, que es la número 5 general, con la corrección
que se ha planteado al inicio. ¿No es así?



El señor PRESIDENTE: Sí, exactamente. Aunque todavía no ha llegado a
la Mesa el texto de la transaccional, la damos por presentada, por
decirlo de alguna manera.

Así, votamos conjuntamente las propuestas de resolución presentadas
por el Grupo Federal de Izquierda Unida, correspondientes a los
números 4, 5 y 7 del Congreso.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.




Votaremos a continuación la propuesta de resolución número 6, del
Grupo Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votaremos a continuación las dos propuestas de resolución, que
creemos que se pueden votar conjuntamente, presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), correspondientes a los
números 8 y 10, ya que la 9 ha sido retirada por el Senador don
Salvador Carrera.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Han quedado aprobadas por unanimidad.

Pasaremos a continuación a la votación de las propuestas de
resolución correspondientes al punto número 4 del orden del día,
referentes a la fiscalización de la contabilidad de los partidos
políticos durante el ejercicio 1994. Votaremos inicialmente las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista,
partiendo de la base de que la propuesta número 2 ha sido retirada
por dicho grupo.




El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, ha sido retirada ante la
seguridad de que el contenido está perfectamente recogido también en
la propuesta de resolución número 2 de Convergència i Unió y que el
texto, sin embargo, de esta última propuesta de resolución es
gramaticalmente más correcto, por lo que vamos a aceptar esta
retirando la nuestra.




El señor PRESIDENTE: Votaremos así las propuestas de resolución
números 1 y 3, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.




Pasaremos a la votación de la propuesta de resolución número 4,
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votaremos a continuación las dos propuestas de resolución, si los
grupos parlamentarios no tienen inconveniente, presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), correspondientes a
los números 5 y 6.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.




Señoras y señores diputados y senadores, vamos a suspender la sesión
hasta que empecemos la comparecencia del presidente del Tribunal de
Cuentas.




COMPARECENCIADELSEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE
ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:



- INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE), EJERCICIO 1995. (Número
de expediente del Congreso 251/000065 y número de expediente del
Senado 771/000064.)



Página 3245



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados y senadores, vamos a
reanudar la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas con el punto 5 del orden del día, correspondiente
al informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del
Ente Público Radiotelevisión Española durante el ejercicio 1995.

Para su presentación tiene la palabra el presidente del Tribunal de
Cuentas, don Ubaldo Nieto.




El señor PRESIDENTE DELTRIBUNALDE CUENTAS (Nieto de Alba): Este
informe, que ya ha sido enviado aquí, a las Cortes, el 30 de
septiembre de 1998, corresponde a la fiscalización de la gestión
financiera del Ente Público Radiotelevisión Española en el ejercicio
1995. Se ha realizado a iniciativa del propio Tribunal y comienza con
la descripción del esquema organizativo seguido por el grupo
Radiotelevisión Española, al constituir elemento esencial para la
comprensión de los estados financieros del ente público.

El ente acumula entre sus competencias un conjunto de funciones que
superan las propias de una mera dirección corporativa, siendo la más
peculiar la gestión comercial de Televisión Española, incluyendo la
venta de espacios publicitarios y la gestión de derechos. En este
sistema, el ente es el único que factura al mercado los productos del
grupo, contabilizando entre sus adquisiciones la realización de
programas de radio y televisión que le facturan Radio Nacional y
Televisión Española.

Como reiteradamente se ha señalado en anteriores informes de este
Tribunal, la fijación del precio de cesión entre las sociedades y el
ente se realiza no con criterios de precios de mercado, sino en
función del coste incurrido por las sociedades estatales para la
producción de tales programas, medido en términos del conjunto de sus
gastos. Através de este procedimiento, dichas sociedades presentan
unos resultados equilibrados, traspasando al ente la diferencia entre
la cifra de negocios y los costes globales del grupo. Este sistema
comporta que las pérdidas se produzcan y acumulen en el ente, que no
se ve sometido a las previsiones de la legislación mercantil vigente
respecto a reducciones obligatorias de capital o exigencia de
disolución, como ocurriría en el caso de que las pérdidas fueran
contabilizadas en las sociedades anónimas, como Radio Nacional y
Televisión Española. Ello ha permitido diferir en el tiempo la
solución económica a través de mecanismos financieros de soporte de
las pérdidas acumuladas, posibilitados por la naturaleza pública del
Ente.

El informe contiene dos grandes apartados: el estudio de la situación
financiera del ente a 31 de diciembre de 1995 y la gestión financiera
llevada a cabo durante el ejercicio. En relación con la primera de
las cuestiones señaladas, el Tribunal advierte que el Ente Público
Radiotelevisión Española acumula unos fondos propios negativos por un
importe cercano al doble de sus activos, compensados por una
financiación ajena próxima al triple del valor de sus activos y un
fondo de maniobra igualmente negativo. El informe contiene una
valoración de la evolución histórica del ente, explicativa de la
actual situación, y efectúa un análisis de las expectativas de futuro
del mismo.

La situación financiera del Ente Radiotelevisión Española, como
consecuencia de todo el proceso descrito en el informe, ha producido
la acumulación de pérdidas por
413.294 millones de pesetas en el período 1990-1995, que dio lugar a
un endeudamiento de financiación de 249.663 millones de pesetas, pese
a que en el citado período el grupo Radiotelevisión Española ha
recibido apoyos estatales por importe global de 205.897 millones de
pesetas, de ellos, 84.704 en subvenciones de explotación y 121.193 en
asunción de deuda. Pese a la concesión de subvenciones de explotación
en 1996 y 1997, por un importe total de 33.130 millones de pesetas, y
a la asunción de deudas en 1996, por 110.693 millones de pesetas, la
cifra de endeudamiento para finales de 1997 se estima en 444.124
millones de pesetas.

El informe valora que la utilización del mecanismo financiero de
autorizaciones para endeudarse al Ente Público Radiotelevisión
Española y la asunción posterior de deudas por el Estado, al aplazar
sin resolver la situación creada, ha originado, en virtud de la
acumulación de intereses, un incremento paulatino de los recursos
necesarios para la solución definitiva.

Por otra parte, la fórmula utilizada de financiación del grupo a
través del ente público ha implicado un incremento de coste para el
conjunto del sector público, por cuanto las condiciones de emisión
han resultado más gravosas que las que se hubieran podido obtener
mediante emisiones del Tesoro. La situación económica y financiera
del Ente provoca la diferencia de precio de la financiación por el
riesgo asumido, que será nulo si el Estado, como único propietario
del grupo, termina arbitrando los mecanismos necesarios para la
atención de la deuda incurrida. El informe señala que dicho coste
tiene su origen en el procedimiento utilizado para retrasar el
reconocimiento en las cuentas estatales de las pérdidas devengadas.

Este retraso, indica el Tribunal, difícilmente podrá evitar el efecto
final sobre los resultados futuros de la actividad financiera del
Estado.

En relación con la gestión financiera propiamente dicha, efectuada
por el ente público en el ejercicio 1995 - segundo objetivo
perseguido por la fiscalización-, el informe destaca la ausencia de
normativa interna aplicable en el ámbito de la captación financiera
ajena, carencia que dificulta las posibilidades de un control
posterior al no existir información suficiente para poder juzgar la
actuación realizada.

Apesar de que los servicios del ente elaboran una detallada previsión
anual de tesorería, se puede afirmar que no existe un auténtico plan
financiero. El documento elaborado por el ente con este nombre es
sólo una declaración general de intenciones de las operaciones a
realizar, sin excesiva cuantificación de sus características, costes
y efectos globales sobre la cuenta de resultados.

En los procesos de negociación establecidos para elegir las entidades
que han financiado al ente público, el informe señala que no existen
registros indubitados que permitan conocer las ofertas efectivamente
presentadas ni los razonamientos utilizados para optar por las
diferentes alternativas. Es de destacar que no ha sido posible
obtener actas formales de las mesas de tesorería elaboradas durante
el ejercicio.

El sistema de control contable ha sido considerado en el informe como
destacable por su baja calidad, ya que carece, en el ámbito de la
presente fiscalización, de un sistema integrado de información que
incorpore la contabilización como un elemento adicional al control
administrativo. Por



Página 3246



otra parte, en el sistema contable se han constatado una serie de
prácticas, como la acumulación de operaciones en un solo asiento o la
carencia de dimensión en los bloques de información, que impiden
definir totalmente las operaciones contabilizadas.

Del análisis del tratamiento contable de las operaciones financieras
concretas se deduce su adecuación a la normativa general aplicable,
salvo por lo que se refiere a la compensación de gastos de
formalización de deudas con ingresos, por importe de 675 millones de
pesetas, y a la que se efectúa entre los ingresos y gastos derivados
de las operaciones de swaps de tipos de interés, integrando su saldo
neto en la cuenta de gastos financieros, en contra del principio de
no compensación del Plan general de contabilidad. No parece adecuada
su aplicación cuando la posterior asunción por el Estado de la
operación subyacente haga desaparecer la característica de cobertura
de la operación de derivados.




Por otra parte, el informe destaca la trascendencia financiera que
tiene el tratamiento del IVA, derivado del esquema organizativo del
grupo, expuesto con anterioridad. En la medida en que Televisión
Española y Radio Nacional facturan al ente a lo largo del ejercicio a
precio de coste y no al de mercado, siendo el primero muy superior al
segundo, las sociedades se ven obligadas al pago del IVA que han
repercutido, mientras que el ente público obtiene un derecho a la
devolución que no se percibe hasta el ejercicio siguiente. Se estima
que el efecto financiero por este retraso se concretó en una
necesidad de financiación media por un año de 13.898 millones de
pesetas, generadora de la parte correspondiente de gastos
financieros.

El informe concluye efectuando una serie de recomendaciones de las
que, al margen de la genérica de que urge la necesidad de abordar el
desequilibrio entre ingresos y gastos, destaca la relativa a exigir
el inmediato cierre de las operaciones de derivados asociadas a
deudas asumidas por el Estado sin que se hubieran asumido aquéllas,
con desaparición de cualquier posición de riesgo; actitud seguida por
el ente, si bien, en algunos casos, con cierto retraso en la
ejecución, que debería evitarse en el futuro.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.




Corresponde ahora a los diferentes grupos parlamentarios fijar
posiciones, formular preguntas o solicitar aclaraciones respecto al
informe presentado por el presidente del Tribunal de Cuentas.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la diputada Carmen Silva.




La señora SILVAREGO: Antes de comenzar mi intervención, quisiera
saludar al presidente del Tribunal de Cuentas y agradecerle su
presencia en esta Comisión.

El 31 de diciembre de 1995, como recoge el informe del Tribunal de
Cuentas, la situación financiera de RTVE era de quiebra técnica. Unos
activos de 102.200 millones y unos fondos propios de menos 194.142
millones de pesetas son suficientemente expresivos para sintetizar la
situación; sin embargo, y así lo recoge también el informe, la
estructura financiera fue bien distinta hasta los primeros años de
la década de los noventa. En efecto, en 1989 la cuenta de ganancias
arrojó un saldo positivo de 35.147 millones de pesetas; por el
contrario, en 1995, las pérdidas se elevaron a 90.940 millones.

El informe recoge -y yo creo que hay que resaltarlo- que en 1988 se
produjo un hecho sustancial que cambió todo el curso de la televisión
en España, y fue la aparición de la televisión privada. La aparición
de otras televisiones compitiendo en el mercado publicitario
significó un cambio sustancial en los ingresos publicitarios. De unos
ingresos totales de 137.000 millones -el 75,2 por ciento del
mercado-, pasó a 72.312 millones -el 33 por ciento del mercado-,
quedándose las televisiones privadas en este último año con 112.496
millones de ingresos, que eran el 51,3 por ciento del mercado. Se
perdieron 65.000 millones en cinco años.

Aunque es cierto que tal cambio fue anunciado, que era previsible y
que daría tiempo a adaptarse, no es menos cierto la enorme
complejidad que tal adaptación implicaba tras décadas de
funcionamiento en riguroso monopolio. Compartirán ustedes conmigo que
el proceso de transición de monopolio a competencia era
extraordinariamente difícil y constituyó una apuesta política en
favor de la pluralidad y de la libertad, y el ente asumió la parte
que le correspondía. Pero todavía hay más y es que el Gobierno,
empeñado en proporcionar las mismas condiciones a todas las
televisiones públicas y privadas, segregó la red propiedad de RTVE,
pasándola a Retevisión, lo que causó un grave perjuicio económico.

Así, la garantía de la libertad y de la igualdad tuvo un coste
imprescindible para el ente. Se siguió la estrategia de intentar la
competencia a través de la mejora sustancial del producto, lo que
implicó un importante crecimiento de los gastos, fundamentalmente en
el año 1990, tratando así de triunfar en la competencia. A pesar de
esto, los ingresos sufrieron la evolución anteriormente detallada,
llamando poderosamente la atención la caída de los mismos en el año
1991, que fue de 51.000 millones.

La situación era especialmente grave en 1992, cuando las pérdidas se
elevaban a 76.600 millones de pesetas y la deuda acumulada era de
95.324 millones, lo que hizo necesario que en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado se aplicaran las partidas acordadas en el
contrato-programa entre el Estado y el Ente Público RTVE, aplicando
28.516 millones a financiar las pérdidas de Radio Nacional de España,
Orquesta y Coros de RTVE y el Instituto de Radiotelevisión Española,
y 3.285 millones a reestructurar la plantilla en Radio Nacional. Las
subvenciones en el año 1993, como consta en el informe, fueron de
31.804 millones y, además, se dedicaron 31.114 millones a asunción de
deuda. Esta práctica de subvenciones y asunción de deuda anual
continuó de forma habitual. Asu vez, la aparición de deuda fue
generando cargas financieras, que se elevaron a 69.000 millones en el
quinquenio 1991-95. En este mismo quinquenio, y a pesar de
proponérselo, RTVE no fue capaz de reducir los gastos no financieros,
que incluso en los años 1992 y 1993 llegaron a aumentar.

De todo esto se deduce la necesidad de elaborar un plan estratégico
de Radiotelevisión Española para reconducir esta situación, y a día
de hoy podemos afirmar que la situación sigue siendo difícil. La
planificación del grupo RTVE preveía, según los presupuestos para los
años 1998 y 1999,



Página 3247



unas pérdidas por actividades ordinarias de 147.574 millones
y 167.878 millones, respectivamente.

Teniendo en cuenta que las pérdidas correspondientes al año 1995,
último de la gestión del anterior gobierno, fueron en torno a 90.000
millones, se comprende la afirmación de que la situación sigue siendo
difícil. No ha habido ninguna contención de gastos, que en el año
1999 se prevén en torno a los 252.000 millones. Así, se ve cómo no
sólo no se han contenido los gastos en los últimos tres años, sino
que han seguido la dinámica de crecimiento.

Por si a alguien se le ocurre citar los resultados anunciados para
este año, 1999, le recomendaría que distinguiese entre las pérdidas
de actividades ordinarias y los ingresos por enajenación de activos y
actividades similares.

En 1999, se enajenó Vía Digital, activos de Retevisión y se percibió
el IVA de ejercicios anteriores por un valor global aproximado de
100.000 millones. Las pérdidas ordinarias por lo tanto deberán tener
en cuenta que estos ingresos son atípicos.

Por otra parte, las ventas en publicidad en el año 1999 previstas en
65.000 millones acabarán siendo al parecer de 90.000 millones.

Como consecuencia del ciclo expansivo de la economía que produce una
mayor demanda publicitaria, que ha sido contestada por televisión,
incrementándose extraordinariamente el tiempo de publicidad, con la
consiguiente caída de la calidad de la misma.

Cumple ahora pasar revisión a los procedimientos internos de
Radiotelevisión Española. El Tribunal de Cuentas en su informe afirma
que en el año 1995 se produce un debate sobre en qué medida y de qué
forma era aplicable la Ley 13/1995. La interpretación del Tribunal
fue cuestionada por el ente, que finalmente acaba aceptando ante el
informe de la dirección general de servicio jurídico del Estado. Por
esta razón, durante 1995 no se aplicaron mecanismos previstos en la
citada ley.

Pone de manifiesto también el Tribunal la ausencia de normativa
detallada en el año 1995 para regular la actuación de captación de
financiación ajena, incluso señala que ha pasado mucho tiempo sin que
tal normativa se haya producido, pero en el análisis de lo concreto
se concluye que la actuación fiinanciera del ente fue impecable
respetando los límites de endeudamiento y produciendo actuaciones
swap, que el mismo Tribunal califica como posición positiva,
generando resultados positivos para el ente. De tal modo -continúa-
esas operaciones deben ser consideradas de forma positiva -señalando
incluso-, especialmente, porque la adaptación a los cambios que se
produce en los mercados no es típica de actuaciones del sector
público. Considero que es una clara felicitación a la actuación de
RTVE en este terreno tan importante por el ahorro de costes.

Una efecto de estas características se produce en la liquidación del
IVA que con un derecho a devolución de 184 millones, al no poder
hacerse compensación automática entre el IVA cobrado y el IVA pagado,
siendo los pagos instantáneos y las devoluciones retardadas, implicó
costes financieros de 130.000 millones.

Así, cabe concluir que la libertad de la televisión en España, a
pesar de la buena gestión en algunos campos, ocasiona esta
desfavorable situación de RTVE. En esa
dirección, el Grupo Parlamentario Socialista aceptamos las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas enfatizando la necesidad de
abordar de forma inmediata el punto primero de las resoluciones, así
como la obligatoriedad del Estado de dotar presupuestariamente cada
año las cantidades para saneamiento de RTVE.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el Senador, don Salvador
Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Antes que nada, por mi parte, deseo
agradecer la presencia del Tribunal de Cuentas en esta Comisión
Mixta.

En cuanto al informe de fiscalización selectiva de la gestión
financiera del Ente Público Radiotelevisión Española, ejercicio 1995,
he de decir con brevedad lo siguiente.

Entiendo y entendemos que estamos ante un problema más que nada de
gestión, con todas las implicaciones y la importancia que ello tiene
al hacer el análisis global o general del ente público; repito, por
tanto, estamos ante un problema de gestión más que de irregularidades
o situaciones contables conflictivas.

Por tanto, en este sentido de la gestión, he de hacer sólo dos
consideraciones. Respecto a la financiación, deduzco que por encima
de todo ha habido una falta de previsión, yo diría incluso
inadmisible y que la adopción de una fórmula de financiación a través
del ente público lo único que ha implicado ha sido un incremento de
coste para el conjunto del sector público, esta sería la primera
consideración. Por tanto, en esta línea de gestión es realmente
incomprensible que haya habido una falta de previsión elemental.

Con respecto a la gestión financiera, se pone de manifiesto una falta
de normativa detallada en el ámbito de la captación de financiación
ajena. Es decir, según conclusiones del propio Tribunal de Cuentas,
la situación en RTVE a 31 de diciembre de 1995 era de quiebra técnica
(yo creo que ésta es la expresión concreta que contempla el propio
informe); ya se ha dicho antes: fondos propios negativos por un
importe cercano al doble del valor de sus activos. Esta situación se
genera por la incapacidad de adaptar la estructura de su cuenta de
resultados a los cambios producidos en el mercado, teniendo en cuenta
además que el cambio fundamental, que era la concesión de licencias a
las televisiones privadas, no fue precisamente un hecho externo e
inesperado; por lo tanto, ya estaba más que anunciado y hubiera
requerido una adaptación mucho más al día y mucho más estudiada de lo
que le ha sido. Más todavía, una vez planteada la situación de
desequilibrio (estamos hablando de 1990) no se han adoptado medidas
de auténtica solución del problema económico, habiéndose optado por
medidas parciales sólo de carácter financiero.

Por tanto, dentro de la brevedad que he anunciado y haciendo
referencia a estas dos consideraciones que nuestro grupo tenía
interés en dejar constancia, sin duda termino diciendo que
compartimos plenamente las recomendaciones del propio Tribunal, que
venía a ser la necesidad de abordar la solución, que hay que
abordarla de una manera definitiva mejorando los mecanismos de
control, estableciendo un sistema único de control.




Página 3248



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Vasco tiene la
palabra el diputado señor Jon Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Doy la bienvenida también al presidente del
Tribunal de Cuentas a esta Comisión, y agradezco las explicaciones y
el envío del informe sobre el que sí quisiera hacer alguna
matización.

En principio, este informe nos dice algo precisando cuestiones que
más o menos conocíamos, es decir, la situación del Ente Público de
Radiotelevisión Española. Estamos analizando el año 1995, estamos en
el año 1999. Todos tenemos que hacer un examen de conciencia sobre
por qué estamos en este momento, cuatro años después, viendo este
informe. Desde luego este informe lleva un año en el Parlamento,
y somos los primeros que tenemos solucionar estas cuestiones, porque no
podemos exigir agilidad y rapidez en los informes cuando luego
nosotros mismos somos incapaces de poder agilizar la labor
parlamentaria.

Amí me gustaría saber cómo está Radiotelevisión Española en el año
1999, porque como estaba en el año 1995, sabiendo que ha existido ya
una Comisión sobre Radiotelevisión en la que se han dado vueltas y
vueltas a qué modelo de Radiotelevisión Española deberíamos tener y
parece que no se ha llegado a ninguna conclusión, no tiene sentido.

Desde luego el problema es grave, pero me gustaría saber cuál es la
gravedad actual de este problema y para eso tendremos que ser los
primeros en agilizar los trabajos, pidiendo agilidad al Tribunal y
desde luego también siendo nosotros los que pongamos de nuestra parte
el trabajo necesario.




Al final, a uno se le ocurre pensar que seguimos sin dar valor al
dinero público, seguimos justificando que el interés general no puede
regularse por normas propias del sector privado y hay que admitir el
resultado deficitario de los servicios públicos.

Desde luego no es el momento de debatir estos principios, pero en
cualquier caso hasta el déficit hay que controlarlo, hasta el déficit
público hay que gestionarlo y minimizarlo, y no hay que escudarse en
una mala gestión diciendo que de entrada se da una existencia ya
reconocida y asumible en los servicios públicos como deficitarios. Al
contrario, precisamente en estos casos es donde hay que exigir más a
los sectores públicos de estos servicios deficitarios; hay que
exigirles mayor rigor, mayor justificación de los resultados, de sus
entes, mayor cumplimiento de las normas administrativas y de la
legalidad vigente.

A la vista de este informe de este año 1995, la primera pregunta que
nos hacemos es cómo estará la verdadera situación financiera del ente
público Radiotelevisión Española que estamos a punto de terminar,
cuál es su verdadero valor patrimonial y cuál es el nivel de
endeudamiento que tiene hoy este ente.

El informe apunta el hecho grave e inexplicable de pasar de una
situación histórica de beneficios en el año 1989 a otra de pérdidas
en el año 1990 de forma permanente todos los años, y además
incrementándose anualmente, sabiendo que la apertura de los mercados
de las telecomunicaciones y las consecuencias de pérdida del
monopolio público iban a traer esta situación; yo creo que esto es
algo que todos sabíamos. Sin embargo, se admite esta situación, pasa
sin más, y lo damos por bien asumido porque, en definitiva, al
final no estamos más que hablando de dinero público, que tiene una
referencia en un déficit presupuestario, con la particularidad de que
al estar controlándose el déficit público, al ir reduciéndose, al
llegar incluso a previsiones de absoluto equilibrio, todavía tiene
menos importancia en estos entes el que pueda ser deficitario porque
en conjunto al final se compensan de una forma o de otra.

Mi grupo parlamentario se pregunta por qué no se tomaron medidas en
su momento. Al final uno piensa que porque estamos hablando de dinero
público, y además de un ente que está al servicio del partido que
gobierna, con lo cual tampoco interesa excesivamente por parte de los
Gobiernos de turno el poder meterse demasiado con estos temas. Se
elimina una parte importante de la financiación proveniente de la
actividad publicitaria y no se adoptan medidas alternativas, o un
cambio de modelo de financiación al estilo de los entes públicos
europeos, como señala el Tribunal de Cuentas; tenemos un modelo
distinto, tampoco sabemos por qué.

Manteniendo este esquema está claro que Radiotelevisión Española no
puede hacer frente a los gastos, ya no sólo a los gastos totales de
estructura y financiación, sino a los propios gastos de estructura;
es deficitario estructuralmente, con lo cual la deuda sigue
incrementándose año tras año, sin límites previsibles, más que los
que legalmente están establecidos de endeudamiento, pero que tampoco
son unos límites que se estén cumpliendo. Los propios planes
presentados por el ente en su día dan unas estimaciones de
endeudamiento de un billón en el año 2000, y de 2,3 billones en el
año 2005, y nos quedamos tan tranquilos. Aquí indudablemente los
únicos que están obteniendo negocio son las entidades financieras que
están financiando el endeudamiento, y nos quedamos así.

Las conclusiones del informe son claras y rotundas: quiebra técnica,
falta de previsión, falta de medidas de solución, imposibilidad de
equilibrio financiero del actual sistema, al margen de las
deficiencias en la propia gestión financiera, que ésas sí que desde
luego son absolutamente inadmisibles. A partir de aquí el Parlamento
tiene que tomar una decisión sobre el futuro de Radiotelevisión
Española; estudiar un modelo apropiado con referente en los sistemas
europeos; establecer un plan financiero a medio y largo plazo que
evite el incremento del endeudamiento; y desde luego estudiar las
fuentes de financiación de ese modelo que previsiblemente habría que
establecer. En caso contrario, difícilmente el Gobierno podrá
mantener en el futuro un control de déficit público en los niveles
previstos pero, como decía al principio, parece que esto, como ya
viene siendo habitual, queda simplemente en unas críticas en diversas
comparecencias parlamentarias, pero sin mayor interés. Incluso me
temo que las propuestas de resolución que vayamos a establecer en
este informe de fiscalización quedarán en el olvido. Será
responsabilidad de todos el que al final no se tomen las medidas
necesarias para dar solución a este grave problema que es la
radiotelevisión pública. En este caso, como es un ente que además se
utiliza de forma clara en beneficio del Gobierno, creo, que todavía
el Parlamento debería acometer con más interés la modificación del
modelo de Radiotelevisión Española, y obligarla.




Página 3249



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el diputado don Teófilo de Luis.




El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Yo me uno al agradecimiento del resto de
los portavoces de los grupos que han intervenido, agradeciendo a don
Ubaldo Nieto su presencia en la Comisión y la presentación del
informe que nos ocupa.

Mi grupo parlamentario, que, como se puede suponer, conocía la
existencia de este informe desde el momento en que entró en Registro
en septiembre de 1998, considera que éste es un momento muy oportuno
para su debate. Sabemos que el informe de fiscalización respondió a
la propia decisión del Tribunal de Cuentas que en pleno decide
incluirlo dentro de su programa anual de fiscalización. Creo que
resulta muy interesante su contenido, no solamente en lo que a
gestión financiera se refiere, sino también en las conclusiones que
saca, que ya algunos portavoces han comentado, que pueden significar
la identificación del problema del grupo Radiotelevisión Española, de
su origen, y de las responsabilidades que tienen los gestores antes
de 1996.

Nosotros estamos plenamente de acuerdo con las conclusiones y con las
reflexiones que el informe de fiscalización recoge. Siempre
sostuvimos que, en efecto, los problemas del modelo de televisión
surgen no en el año 1990, cuando empiezan a aparecer las pérdidas,
sino más bien ante una falta de previsión por parte de los gestores
de finales de la primera legislatura con mayoría socialista, es
decir, en torno al año 1986/1987, cuando en esta Cámara se tiene
conocimiento de que el grupo mayoritario entonces está dispuesto a
facilitar la existencia de televisiones privadas. En el año 1983 se
habían promulgado las leyes que concedían capacidad de emitir a
operadores con origen en distintas comunidades autónomas. Por tanto,
el monopolio de televisión ya había sido convertido en un oligopolio
en el año 1983, y a finales de la legislatura de 1982-1986 en esta
Cámara, a raíz de una interpelación de mi grupo parlamentario, el
representante del grupo mayoritario entonces, el Grupo Socialista,
había señalado que habría televisiones privadas en nuestro país.

En aquel momento, en 1986, ya se tenía que haber empezado a adoptar
medidas para adaptar el modelo de la televisión y la radio pública a
una situación en competencia. Sin embargo, esa situación no se
produjo y, al igual que el informe de fiscalización, nosotros también
hemos señalado que existen dos parámetros que caracterizan el período
que va desde 1986 hasta 1995: uno de ellos es la generación de un
volumen muy importante de pérdidas del grupo, que supera los 400.000
millones, como ya recoge el propio informe del Tribunal; el otro es
la quita que de pasivo hace cada año a partir de 1993 la Ley de
Presupuestos Generales del Estado al balance del grupo, una quita que
si consideramos la deuda que asumía la ley de presupuestos de 1996
hubiera estado en torno a 231.000 millones de pesetas.

El informe de fiscalización también coincide con criterios expresados
por mi grupo. La falta de previsión se caracteriza, sin darse cuenta
de que los ingresos provenientes de espacios publicitarios en
Televisión Española (principal fuente de financiación de todo el
grupo) iban a reducirse
al tener que compartir la tarta publicitaria, como se llama en
el argot, por no ser capaz ni de introducir otras vías de ingreso,
mediante comercialización de derechos, por ejemplo, ni tampoco de
adaptar estructura de gasto. Si observamos la evolución de ingresos y
gastos, el informe del Tribunal recoge que en el período 1990-1995 la
reducción de ingresos por publicidad en Televisión Española se sitúa
en torno al 42 por ciento, mientras que en un período similar, de
1987 a 1991, los gastos de personal, por ejemplo, evolucionan de
47.953 millones en 1987 a más de 66.500 millones en 1991; el total de
gastos de explotación en 1987 estaba por encima de los 91.000
millones de pesetas, y en 1991 superaban los 205.000 millones. Es
evidente que una notable falta de previsión para estimular nuevas
fuentes de ingreso, la falta de control y la ausencia de comprensión
de que el problema no era que un servicio público como Televisión
Española compitiera con las televisiones privadas produjeron el
desequilibrio entre ingresos y gastos, que ha dado lugar a la
situación que antes he descrito.

Creo que políticamente no se ha hecho referencia en las
intervenciones anteriores, pero yo sí me veo obligado a hacerlo por
cuanto que mi grupo parlamentario, aun estando en la oposición en
aquellos años, advirtió de que la evolución de la situación iba a ser
la que el informe de fiscalización consagra o, por lo menos, recoge.

En 1986, anticipándonos a la existencia de la televisiones privadas,
ya señalábamos -y así consta en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Congreso de los Diputados, de fecha 25 de diciembre- que
era imprescindible buscar nuevas formas de financiación para el
modelo público de televisión y radio; ahí está el Boletín Oficial de
la Cámara para quien quiera comprobarlo. Naturalmente, nuestra
sugerencia cayó en el más completo olvido, nadie se hizo eco de esa
reflexión que intentaba aportar alguna luz para no meternos en un
túnel como aquel en que se metió posteriormente el grupo. En 1987 -y
también viene recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Congreso de los Diputados, de 25 de noviembre-, se señalaba que no
solamente los cambios que se iban a producir en el mercado obligarían
a la modificación de los productos que la televisión y la radio de
titularidad pública y cobertura estatal debían dispensar a la
audiencia, sino que también era necesario buscar nuevos modelos de
financiación -una vez más-. Por último, en 1990, nuestro actual
secretario general del partido, Javier Arenas, que entonces era
portavoz de nuestro grupo en la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española -y así consta en el «Diario de Sesiones» de
23 de mayo-, señalaba que no era correcto bajo ningún concepto algo
que se ha señalado también en esta sesión: el modelo que se contempló
por los gestores de entonces era poner a Televisión Española en
situación de competir con las empresas privadas, y que era necesario,
naturalmente, un posicionamiento nuevo ante los cambios que se iban a
introducir en el mercado. Concretamente, respecto a las deficiencias
advertidas en la gestión financiera, que también señala el Tribunal
porque era el motivo fundamental de su estudio, si no he comprendido
mal las explicaciones del presidente y el contenido del informe,
parece que denotan falta de sistemática, falta de registros que hagan
posible el seguimiento y control posteriores de los resultados, así
como deficiencias



Página 3250



importantes en el sistema contable del grupo en lo que se refiere al
área financiera.

Con las conclusiones que recoge el informe del Tribunal respecto a la
ausencia de previsión y los apuntes negativos sobre la gestión
financiera a los que he hecho referencia, creo que el balance del
período analizado resulta más que negativo en cuanto a los aspectos
que se han considerado. Ello eleva el grado de preocupación de mi
grupo porque no debemos olvidar que, al inicio de esta legislatura,
en el otoño de 1996, tuvimos ocasión de debatir un informe de otro
concepto muy importante, el concepto de gasto del presupuesto de
explotación, el área de producción. En aquel momento -yo fui el
ponente de mi grupo-, se llegaba a afirmar por el Tribunal de
Cuentas, de cuyo rigor nadie duda, que no se habían defendido con
suficiente rigor los intereses del grupo.

El área de producción de Televisión Española viene a consumir un
volumen anual de créditos en torno a 40.000 millones de pesetas,
aunque ha habido repuntes al alza; no es para echarlo en el olvido.

En esta ocasión, el Tribunal de Cuentas da una nota negativa otra vez
a la gestión de un capítulo muy importante del grupo Radiotelevisión
Española que, si lo unimos al criterio negativo del área de
producción, hace que la gestión salga muy poco beneficiada con el
criterio del Tribunal.

La situación en estos momentos es la que el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) señalaba. Mi grupo parlamentario ha
participado y participa activamente, fue el promotor de la
subcomisión, creada en esta Cámara en el seno de la Comisión
Constitucional, que estudia el nuevo modelo de radiotelevisión
pública y posible modificación del estatuto, si así se considera
necesario. La subcomisión está vigente hasta finales del presente
período de sesiones y, por tanto, estamos siguiendo la actividad que
la va marcando. No contentos con esto, en la Comisión de Control, en
la que los grupos tienen oportunidad de hacer el seguimiento no
solamente de los aspectos políticos sino también de los económicos,
financieros y de gestión, mi grupo parlamentario ha formulado
distintas preguntas a los directores generales que ha habido desde el
año 1996 hasta la fecha y muchas veces éstas han ido dirigidas a
constatar y señalar la necesidad de ir corrigiendo de forma prudente
y sensata, con un cierto sentido de la estrategia, algunas de las
deficiencias que se advertían.

Hemos podido comprobar cómo se adoptaban medidas para mejorar la
productividad del concepto gasto de personal, que es la partida más
importante del presupuesto de explotación. De idéntica forma, se han
mejorado notablemente los resultados en el área de producción, no
solamente por el control de los gastos sino también por la
comercialización de los productos, que es un detalle muy importante.

Ni qué decir tiene que, en lo que respecta al área financiera, con
los tipos de interés a la baja, favorecidos por la política coherente
y sensata del Gobierno del Estado a partir de 1996, se ha hecho toda
una renegociación del pasivo que ha permitido minorar muy
notablemente los gastos financieros, como después veremos. Por
último, se está estimulando acuerdos con comunidades autónomas a
efectos de mejorar el notable desbarajuste de gestión que existía en
los centros territoriales del grupo. Todas estas medidas se han ido
tomando con la conveniente
prudencia y sin ir a soluciones traumáticas, esperando que se
definiera el modelo actual.

No voy a hablar del presupuesto de 1999, pero sí voy a hacer unas
reflexiones sobre el presupuesto del 2000, que creo que es el que
indica la senda por la que la rentabilidad de estas medidas ha dado
lugar a una mejor previsión de futuro. Durante toda la legislatura,
alguno de los grupos parlamentarios nos ha venido achacando que en el
planteamiento del Grupo Parlamentario Popular y en el del Gobierno
que sostenía no existía mayor interés en mantener a Televisión
Española como un conjunto de empresas con vigor y posición en el
mercado de la comunicación. Naturalmente, eso queda absolutamente
despejado por cuanto que, si se observa el presupuesto del año 2000
que se dictaminó en el Pleno la semana pasada, se puede comprobar que
dos conceptos importantes y definitivos de la potencialidad del grupo
de empresas, como aprovisionamientos y servicios exteriores, tienen
un incremento superior al 15 por ciento en su dotación
presupuestaria. Gastos de personal tiene una reducción muy
importante, un 6,92 por ciento, debido, entre otras razones, al
expediente de regulación de empleo voluntario. Esa disminución del
gasto del 6,92 por ciento unido al mantenimiento de la actividad
implica algo que creo que todos debemos aplaudir: un incremento
notable de la productividad del gasto de personal del grupo. Eso
significa gestionar correctamente los fondos públicos. Respecto a los
gastos financieros, las reducciones están en torno al 45 por ciento.

Los incrementos por ventas son notables, no solamente por venta de
espacios publicitarios, sino porque existen mejores posibilidades de
cara al año 2000 para la venta de derechos por la calidad de los
productos y porque la agresividad comercial es mayor y con mayor
orden de lo que era en ejercicios anteriores. En resumen, los
presupuestos para el año 2000 suponen una reducción de los resultados
de explotación negativos de un 38 por ciento. Yo creo que nos ponemos
en una senda bastante más positiva.

Respecto a las consideraciones que hace el Tribunal de Cuentas en el
área financiera, hoy se puede afirmar que el orden en el grupo de
Radiotelevisión Española es mayor de lo que era en 1995. Existe una
sistemática, existen unos comités que analizan las operaciones,
existen registros y actas de esos comités, la información contable ha
sido perfeccionada y los controles que se pueden realizar sobre las
decisiones que se adoptan son mucho más fieles y fáciles de seguir.

Naturalmente, mi grupo parlamentario se reserva la posibilidad de
presentar propuestas de resolución en tiempo y forma, tal y como
establece el Reglamento y la norma de la Comisión, pero quería
formularle algunas preguntas al presidente Tribunal para conocer su
opinión. Primero: pienso que si se hubieran adoptado medidas en el
momento en que se vieron las nubes en el horizonte, no se hubieran
producido los problemas, pero me gustaría saber cuál es la opinión
del presidente del Tribunal respecto a si la adopción de medidas en
tiempo y forma hubiera evitado entrar en la crisis en que se
encuentra sumido el grupo Radiotelevisión Española. Segundo, si el
presidente del Tribunal de Cuentas tiene conocimiento o da por buena
la información que yo he facilitado respecto al presupuesto del 2000;
si considera que, aun cuando estemos supeditados al modeloque
definitivamente elabore la subcomisión, la solidez del



Página 3251



grupo en el 2000 será bastante mayor de lo que era la de los años
anteriores, precisamente por las medidas correctoras que ha
introducido una gestión sensata. Por último, sería interesante
conocer la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas, cuáles
son, según su criterio, las razones por las que la gestión en el área
financiera del grupo RTVE en 1995 careció de sistemática, careció de
rigor, careció de estrategia, careció de documentación que facilitara
el control.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las aclaraciones que le han
solicitado los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el
presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto.




El señor PRESIDENTE DELTRIBUNALDE CUENTAS (Nieto de Alba): En
realidad, se han hecho consideraciones que vienen a coincidir, salvo
estas últimas preguntas. Naturalmente, este presidente no se puede
pronunciar sobre el año 2000; el pronunciamiento es sobre lo que se
desprende de los informes que el Tribunal de Cuentas presenta.

Tampoco puede responder de una forma concreta sobre determinada
adopción de medidas en tiempo y forma. Sin embargo, se da la
circunstancia de que antes de ser presidente yo fui el consejero que
llevó Radiotelevisión Española y no sé si me podré sustraer a mis
funciones exclusivamente de presidente, pero, después de todo lo que
he oído aquí, tengo la obligación moral de hacer algunas
consideraciones.

De 1981 a 1989 los ingresos de Televisión Española crecieron un 23,3
por ciento en tasa anual; naturalmente, estaban traduciendo su
situación de monopolio. De 1989 a 1992, los ingresos disminuyen un
18,8 por ciento en su tasa anual, sin embargo, los gastos se
incrementan un 3,5 por ciento. ¿A qué se debe esto? Aque ha adquirido
una estructura de gastos en su organización que no consigue adaptarla
a la nueva situación. Pero es que el control -y he oído aquí: hay que
gestionar bien, incluso el déficit público, para que sea menor-,
independientemente del modelo de Radiotelevisión pública, exige un
planteamiento político. ¿Qué es lo que dice el control acerca de la
organización y la estructura de Radiotelevisión Española? ¿Qué es lo
que dice acerca de este mal endémico? Precisamente ha habido informes
sobre el control del gasto de producción que se alargan hasta el año
1996 y dicen que hay aquí un aspecto económico. Es un aspecto
organizativo y estructural, porque al facturar las sociedades al ente
a precio de coste y este precio de coste ser superior al precio de
venta, se están residenciando en el ente pérdidas que se están
generando en las sociedades, y cuando en una organización las
pérdidas no se residencian en el ámbito de esa organización, surge un
estímulo a la ineficacia o a la negligencia, porque no se dice: oiga,
aquí estamos gastando más de lo que ingresamos. Este es un elemento
de tipo estructural y, sin necesidad de esperar a si la gestión es
buena o mala, a priori ya se puede calificar como una organización
que no está respondiendo a lo más elemental, y es que hay que
contabilizar y soportar los gastos en el ámbito en que se producen
los ingresos. Si a esto le añadimos una estructura de financiación en
donde la fórmula consiste en que el que se endeuda es el ente,
resulta que las entidades financieras - y algo aquí se ha apuntado-
dicen: ¿cómo financio yo a un ente que tiene patrimonio negativo, aun
cuando esté por
detrás el Estado? Pues aumentándole su prima de riesgo y sus
intereses, con lo cual, aunque haya dinero público, esta forma de
organización al contribuyente le cuesta más porque tiene que estar
pagando unos intereses que no pagaría si directamente el Estado
hiciera emisiones del Tesoro.

Se ha mencionado aquí también la gestión de los productos derivados.

Respecto a estos productos derivados el informe dice que se ha hecho
una gestión que no se puede calificar de mala, pero es que esta no es
la función del ente, porque además están asumiendo riesgos y se están
realizando operaciones muy especializadas que no son el objeto del
ente.

Por último, está el tema del IVA. Al facturar a precios de coste, al
pagar el IVAlas sociedades y después el ente tener que recuperarse de
él, también se está produciendo un desfase financiero que se traduce
en unos mayores costes. Por eso, este informe viene muy bien después
de otros que se han hecho durante estos últimos años, concretamente
el informe de 1983 a 1985, en que ya se puso de manifiesto la falta
de objetivos, seguimiento y control en la gestión de la producción;
el informe del área de producción de Televisión Española de 1992 a
1993, en el que se puso de manifiesto la carencia de una política de
contención del gasto y las adquisiciones excesivas de producciones
ajenas y de programas deportivos; y el informe del área de producción
de 1994 a 1996, donde se manifestaba la necesidad de que se
establecieran elementos de referencia al planteamiento institucional
al ejercer el control y valorar la gestión en términos cercanos a la
mayor objetividad. Todo esto viene a decir que hay aquí un problema
de tipo organizativo y estructural. Por tanto aunque es un informe
financiero, revela estos fallos de tipo estructural. Si se hubieran
adoptado medidas en tiempo y forma, si se hubiera cambiado la
estructura organizativa, algo hubiera mejorado, pero todas estas son
valoraciones, hipótesis que este presidente no puede entrar a
valorarlar. Lo único que se trae aquí son las evidencias, ya que si
no se puede incurrir en exageraciones o en falta de ponderación.

Además, no es misión de esta Presidencia extenderse más allá de lo
que dice el informe en relación al contexto de otros informes que se
han venido presentando.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MORATADE TAJUÑA(
MADRID), EJERCICIOS 1994 Y 1995. (Número de expediente Congreso 251/
000068 y número de expediente Senado 771/000066.)



El señor PRESIDENTE: Pasaremos a continuación a debatir el punto
número 6 del orden del día, correspondiente al informe de
fiscalización del ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid) durante
los ejercicios 1994 y 1995.

Para su presentación, tiene la palabra el presidente del Tribunal de
Cuentas, don Ubaldo Nieto.




El señor PRESIDENTE DELTRIBUNALDE CUENTAS (Nieto de Alba): La
presente fiscalización, que también se ha enviado aquí el 1 de
octubre de 1998, se ha realizado a iniciativa de la Asamblea
legislativa de la Comunidad Autónoma de Madrid y ha tenido como
objetivos el análisis del control interno de la corporación, la
verificación de sus registros y estados contables y de su gestión
económico-financiera,



Página 3252



así como el análisis del grado de implantación de la instrucción de
contabilidad para las Administraciones Locales, de 17 de julio de
1990. Hay que señalar que, si bien la entidad ha registrado las
operaciones económico-financieras y ha elaborado las cuentas anuales
siguiendo las disposiciones de la instrucción citada, no ha llevado
determinados libros obligatorios señalados en la misma, lo que ha
constituido una limitación en el desarrollo de las actuaciones
previstas por el Tribunal. En concreto, el ayuntamiento no ha
confeccionado los libros obligatorios de inventarios y balances ni
los registros auxiliares de contabilidad del presupuesto de gastos,
del presupuesto de ingresos, de administración de recursos de otros
entes públicos y de operaciones no presupuestarias de tesorería.

Además, no ha elaborado el cuadro de financiación anual, el estado de
la deuda, el estado de situación y movimiento de valores en depósito
ni las relaciones nominales de deudores y acreedores de ejercicios
corrientes y cerrados.

En el análisis del control interno se ha puesto de manifiesto que la
organización administrativa y contable de la corporación presentó
diversas debilidades, como la ausencia de firma de actas o de un
inventario de bienes completo y actualizado, al igual que la falta de
inscripción en el Registro de la Propiedad de una gran parte de los
bienes de la corporación. Se han incumplido principios contables,
como el de la especialidad cualitativa, al considerar diversas
compras de elementos del inmovilizado material como gastos
corrientes; de devengo, en particular de los recargos de apremio,
pues se contabilizan en la fecha de su cobro efectivo, en lugar de en
el momento del reconocimiento en favor del ayuntamiento, y también el
principio de anualidad presupuestaria, al imputar a un ejercicio
operaciones de ingresos y gastos correspondientes al anterior o
posterior, circunstancia que cuestiona la fiabilidad de las
liquidaciones de los presupuestos y de su resultado. Asimismo, se ha
constatado el incorrecto registro de las devoluciones de ingresos por
anulación de liquidaciones indebidamente practicadas, dado que éstas
han sido consideradas como un gasto en lugar de minorar los ingresos
correspondientes. Por otra parte, ni en 1994 ni en 1995 se ha dotado
amortización de los elementos del inmovilizado ni se ha provisionado
la contingencia derivada de los saldos deudores de dudoso cobro.

En 1994 el ayuntamiento de Morata de Tajuña dispuso de un presupuesto
de ingresos de 713,5 millones de pesetas, habiendo reconocido
derechos por 349,3 millones y recaudado 263,3 millones; reconoció
obligaciones por 494,3 millones y realizó pagos por 318,6 millones.

El resultado presupuestario ajustado, según la corporación, fue
negativo en 98,7 millones. En el ejercicio de 1995 los ingresos
previstos fueron de 712,2 millones, reconociéndose unos derechos de
307,6 millones y liquidándose finalmente 268,8 millones. Las
obligaciones reconocidas ascendieron a 419,5 millones y los pagos
líquidos a 321,9 millones de pesetas. El resultado presupuestario,
según la corporación, mostró un déficit de 96,4 millones.

El Tribunal estima que estos resultados no reflejan correctamente la
liquidación de los presupuestos de ninguno de los dos ejercicios
fiscalizados y que, de acuerdo con una serie de ajustes que aparecen
recogidos en el informe, el resultado presupuestario negativo de 1994
se vería reducido
hasta situarse en un déficit de 44,7 millones, mientras que el
correspondiente a 1995 se incrementaría hasta situarse en 163,9
millones. El remanente de tesorería, por su parte, fue también
negativo en los dos ejercicios fiscalizados -117,8 millones en 1994 y
222,6 millones en 1995-, sin que el ayuntamiento haya adoptado en el
ejercicio inmediatamente siguiente ninguna de las medidas previstas
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como son la reducción
de gastos por igual cuantía, la aprobación del presupuesto del
ejercicio siguiente con superávit inicial igual al remanente
negativo, la concertación de operaciones de crédito o la aprobación
de un plan financiero, como prevé la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

En el análisis de los gastos de personal se han observado numerosas
irregularidades. Cabe destacar que algunos concejales y el personal
del ayuntamiento suscribieron un convenio en enero de 1991, aplicado
durante los dos ejercicios fiscalizados, que eximía a los
trabajadores municipales del pago de impuestos sobre vehículos de
tracción mecánica y de la tasa de recogida de basuras, acuerdo
contrario a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que no prevé
estas exenciones. No obstante, dicho convenio sólo se ha hecho
efectivo en lo referente a la tasa de recogida de basuras, no exigida
a los trabajadores del ayuntamiento.

Igualmente, se ha constatado que las pagas extraordinarias se han
satisfecho por importes iguales a la totalidad de las retribuciones
mensuales básicas y complementarias, vulnerando lo dispuesto en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado por ambos ejercicios. El
importe total retribuido indebidamente por este concepto ascendió,
durante el período fiscalizado, a nueve millones de pesetas. Además,
se ha abonado a todos los funcionarios un complemento lineal de
15.000 pesetas mensuales, así como horas extraordinarias al personal
funcionario por 4,6 millones, en contra de los preceptos de la Ley de
medidas urgentes para la reforma de la función pública y de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. Por otra parte, el
ayuntamiento ha aportado indebidamente cuotas para un plan de ahorro
individual a favor de los trabajadores municipales por 3,6 millones
de pesetas entre los dos ejercicios.

Finalmente, cabe destacar, en relación con los gastos de personal,
que todos los concejales percibieron indebidamente asignaciones de
carácter periódico y cuantía fija mensual por importes conjuntos de
5,9 millones en 1994 y 6,2 millones en 1995, aun cuando a ninguno de
éstos se les reconoció dedicación exclusiva en el desempeño de sus
cargos, vulnerando, por tanto, la normativa reguladora de la Ley de
bases de régimen local y el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.

En el análisis de la gestión recaudatoria, encomendada a una persona
física, el Tribunal ha constatado que no existe la necesaria
segregación de funciones, debido a que el propio recaudador realiza
simultáneamente dos actividades que, por su naturaleza, deberían ser
prestadas por personas o entidades diferentes. Así el recaudador, por
una parte, elabora los padrones fiscales y listas cobratorias y emite
los recibos y, por otra, recauda el importe de los mismos. Además, no
se ha efectuado ningún recuento de los valores pendientes de cobro,
lo que no permite verificar la fiabilidadde las cifras que figuran en
la contabilidad municipal y



Página 3253



en las liquidaciones del recaudador. Tampoco existen listas
cobratorias que relacionen los contribuyentes que han satisfecho las
correspondientes deudas tributarias, necesarias para elaborar las
certificaciones de descubierto, certificaciones sobre las que,
igualmente, se ejerce un deficiente control.

Por otra parte, hay que señalar que en el período fiscalizado el
recaudador aplicó sobre el premio de cobranza el correspondiente IVA,
sin tener en cuenta que el importe del impuesto se entiende
comprendido en el precio final del contrato. Por ello el recaudador
ha recibido indebidamente 3,2 millones en los años 1994 y 1995, si
bien en el primer semestre de 1994 no se le retuvo el 8 por ciento
del impuesto.

La contratación en el período fiscalizado se ha realizado de forma
anómala, incumpliéndose en la tramitación de los expedientes la
legalidad vigente, destacándose en particular las siguientes
deficiencias e irregularidades. En la construcción de la casa de la
cultura, la redacción y adjudicación del proyecto inicial -que si
bien no fue ejecutado se certificó parcialmente- tuvo como objeto
solicitar y percibir subvenciones públicas, y se realizó un
fraccionamiento injustificado de un nuevo proyecto. Los pliegos de
condiciones, las adjudicaciones de las distintas fases y sus
modificaciones, tanto de la Casa de la Cultura como de la
rehabilitación de la Casa Consistorial, se han aprobado por órgano
incompetente, alcalde o comisión de gobierno, en vez de por el pleno,
lo que podría estar incurso en causas de invalidez. Se aplicaron a
los concursos criterios inadecuados de selección de adjudicatario por
ser contrarios al principio de economía o sólo para determinar la
capacidad de los contratistas. Se adjudicaron obras a contratistas
que carecían de la capacidad legal exigida o vulnerando el principio
de concurrencia. Se realizó una deficiente actuación de la dirección
técnica de las obras y se produjo la falta de consignación
presupuestaria para su financiación.

El informe finaliza con numerosas recomendaciones encaminadas a
subsanar aquellas debilidades del control interno detectadas en el
transcurso de la fiscalización, así como a promover que la gestión
económico-financiera de la corporación local se ajuste a los
principios de legalidad, eficiencia y economía que inspira toda
actuación pública.




El señor PRESIDENTE: Corresponde a los diferentes grupos
parlamentarios formular preguntas, hacer objeciones o pedir
aclaraciones respecto al informe presentado por el presidente del
Tribunal de Cuentas.

Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado don José
Acosta.




El señor ACOSTACUBERO: Quisiera agradecer también la presencia del
señor presidente del Tribunal de Cuentas y su explicación sobre la
fiscalización de la gestión del Ayuntamiento de Morata de Tajuña. (El
señor vicepresidente, García Millán, ocupa la Presidencia.) Hemos
escuchado al señor presidente una exposición amplia y prolija en
torno a un ayuntamiento relativamente pequeño, de 5.000 habitantes,
en un desgranar de irregularidades, lo que explica claramente la
situación de la gestión de este Ayuntamiento, tanto en los dos
ejercicios descritos hasta el 20 de diciembre de 1995, como en los
anteriores.

Destaquemos que la solicitud de fiscalización fue hecha a través de
una petición, en pleno municipal, en julio de 1995 por parte del
Grupo Socialista ante la consideración de que la gestión de don
Víctor Algora, alcalde perteneciente al Partido Popular, era
irregular, arbitraria y -con interrogantes- ilegal. Esta petición,
aprobada en pleno por mayoría, que no por unanimidad, fue enviada a
la Asamblea de Madrid, órgano competente, el cual la hizo llegar al
Tribunal de Cuentas para que este Ayuntamiento se fiscalizara y el
Tribunal de Cuentas concretó la fiscalización en los dos ejercicios
descritos, aunque la petición era más amplia. Los objetivos y el
alcance que se había fijado el Tribunal de Cuentas en los apartados
que nos ha explicado el señor presidente, control interno, sistema
contable, ejecución del presupuesto y rentabilidad de las cuentas
están repletos de absolutas y totales anomalías, irregularidades,
arbitrariedades e ilegalidades a las que luego volveré.

El informe rebosa de conceptos y actas sin firma de pleno, sin
control de recursos económicos, un sistema crediticio llamado
depósito municipal sin junta administrativa y adjudicando créditos a
los empleados, cuando este sistema crediticio está hecho
exclusivamente para agricultores. No se ha llevado un libro de
inventario y balances y no hay confección de estados contables. El se
incumple aparece a lo largo y a lo ancho del informe. Convenios con
algunos concejales y el personal; que los trabajadores municipales no
pagan el impuesto sobre vehículos, siendo contrario a la ley; las
tasas de recogida de basuras… Reitero las irregularidades en la
gestión recaudatoria, mencionado ya por el señor presidente. El
recaudador elabora los patrones fiscales y la lista recaudatoria y
recauda. No existe esa delegación de funciones, más irregularidades.

En cuanto a los gastos de personal, ya he hablado de las pagas
extraordinarias satisfechas de manera irregular. En cuanto a la
representatividad de las cuentas, no se corresponde la ejecución de
los presupuestos con la propia realidad. Las actas de arqueo no
reflejan la totalidad. Me voy a detener en la contratación, que es un
aspecto tan importante o más que los demás porque afecta a los fondos
públicos.

El Tribunal analiza los contratos de dos grandes obras en Morata: la
Casa de la Cultura y la Casa Consistorial. Se ha hablado ya de las
irregularidades administrativas: las obras se adjudican a contratas
que carecían de la capacidad legalmente exigida o vulnerando el
principio de concurrencia; hay una deficiente dirección técnica y
falta la consignación presupuestaria, siendo obras que ascienden a
cientos de millones de pesetas. Las dos obras, más otras que no han
sido fiscalizadas, han sido adjudicadas a una empresa llamada
Pronaves con las irregularidades relatadas, cuyos propietarios son
don Ángel y don Andrés Rodríguez Villafranca. El señor Algora
Cabello, alcalde desde 1994 hasta julio de 1995 y con anterioridad a
estas fechas, ha sido el adjudicatario de las obras a esta empresa.

Pues bien, el señor Víctor Algora es socio de don Andrés Rodríguez
Villafranca, copropietario de Pronaves en una empresa llamada
Burbajar y es socio de don Ángel Rodríguez Villafranca en otra
empresa llamada Viagil. A la luz de estos datos nuevos, que el
Tribunal de Cuentas no constata porque no lo sabía, pediremos en
nuestra propuesta de resolución una revisión de la fiscalización de
este asunto, porque, como dicen en mi pueblo, donde hay mata es que
hay patata.




Página 3254



La mata ya la vemos y ahora vamos a ver qué patata encontramos.

En cuanto a las recomendaciones, la alcaldesa elegida el 20 de
diciembre de 1995, Concepción Loriente, en sus alegaciones del 28 de
junio de 1998, pone en conocimiento del Tribunal de Cuentas que las
irregularidades y las arbitrariedades se están corrigiendo y que las
ilegalidades, si es que las hay, acabarán en los tribunales.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el senador Carrera.




El señor CARRERAI COMES: Señorías, saben ustedes que nuestro grupo no
suele participar ampliamente en informes que hacen referencia a
corporaciones locales, salvo excepciones, como fue el caso concreto
de Marbella. Estamos tratando ahora un informe de fiscalización que
abarca los años 1994 y 1995 y, a nuestro entender, estamos fuera de
tiempo para hacer un análisis posterior con más conocimiento.

Voy a fijar sólo nuestra posición y voy a empezar por el final: que
se hagan seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas al propio
Ayuntamiento de Morata. Este sería un buen camino para, partir de
aquí, ver cómo se vienen complementando en años posteriores. Sin
duda, el informe refleja toda una serie de situaciones que no son
correctas, unas situaciones conflictivas y preocupantes y la posición
de nuestro grupo parlamentario es que se siguieran las propias
conclusiones y recomendaciones del Tribunal -que creo que son siete
en total- por ser suficientemente amplias y significativas para el
Ayuntamiento de Morata.

Señor presidente del Tribunal de Cuentas, estamos analizando el
ejercicio 1994-1995 y quisiera saber si ha habido retraso en el
informe de fiscalización o si es que en su momento se ciñó a estos
dos ejercicios y, por lo tanto, el informe ha sido correcto en cuanto
al calendario previsto.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para la intervención por
parte del Partido Popular, tiene la palabra don Fernando Bastarreche.




El señor BASTARRECHE GRAVALOS:Me sumo al agradecimiento al presidente
del Tribunal de Cuentas por estar presente hoy en esta Comisión.

Nos encontramos, por un lado, con el informe de las cuentas de un
pequeño ayuntamiento, de escasamente 5.000 habitantes, y, por otro,
con los problemas característicos de este tipo de ayuntamientos, que
tienen una pequeña infraestructura para atender difícilmente todos
los servicios, no sólo los que tienen que prestar, sino los que por
costumbre se les exige por parte de los ciudadanos, que son más de
los que les competen por ley. Ayuntamientos de esas dimensiones que
se encuentran con problemas difíciles de resolver, como los
detectados por el Tribunal, y en la disyuntiva de atender a los
ciudadanos que a veces desbordan con sus peticiones no sólo las
competencias, sino la capacidad del propio ayuntamiento para poderlas
atender. La falta de medios, incluso de preparación de los propios
funcionarios, es a veces el mayor de los problemas, superándose con
la buena predisposición y también con la buena voluntad
de éstos. Quizás haya sido éste el principal motivo del acuerdo
con ellos y con los sindicatos que los representan sobre las
retribuciones en el pleno. También hay que contar en este tipo de
ayuntamientos con la buena voluntad de los gobiernos locales, que en
este tipo de municipios suelen ser personas tan vinculadas con la
raíz y con la vida local que hacen indiferenciable una cosa y otra.

De hecho, la mayor parte de las competencias, incluso de las
obligaciones legales, que deben cumplir los ayuntamientos se ven con
el impedimento de la falta de la correspondiente transferencia
económica y con un tiempo insuficiente para adaptar las instituciones
a estos imperativos legales. Este es el caso, insisto, del
Ayuntamiento de Morata de Tajuña, de 5.000 habitantes, que durante
estos años, escasamente tres de la entrada en vigor de la nueva
instrucción de contabilidad de la Administración local, todavía no
tenía ni los medios técnicos ni de formación del personal necesarios
para llevarla a cabo.

La instrucción de contabilidad para la Administración local fue
aprobada por orden ministerial de Economía y Hacienda en julio de
1990. Si bien fue diseñada con el objetivo de dotar a los municipios
de menos de 5.000 habitantes de un procedimiento simplificado a la
hora de elaborar su contabilidad, verdad es que dicho objetivo aún
queda muy lejano. Entre los aspectos negativos de su implantación
podríamos destacar el tiempo excesivamente largo transcurrido hasta
que los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes han podido
disfrutar de las aplicaciones informáticas adaptadas a la ICAL; en la
actualidad todavía existen herramientas informáticas de este tipo que
se encuentran sólo en avanzada fase de producción; falta formación
suficiente del personal al servicio de esta tipología de municipios,
con el fin de proceder a la implantación de la ICAL; existencia de
dificultades por parte de los miembros de los plenarios y de los
órganos de Gobierno para comprender, siquiera, las prescripciones
técnicas que la ICAL contiene; insuficiencia en el número de
trabajadores públicos que tienen como responsabilidad los
ayuntamientos de esta tipología para implantar la ICAL, a la vez que
dichos trabajadores deben realizar -no lo olvidemos- actividades
polivalentes en otros servicios del ayuntamiento, provocando esta
situación una insuficiencia en los mecanismos de control respecto a
las actividades y operaciones con relevancia económica; e
imposibilidad de proceder a la inscripción registral de algunos
bienes raíces, en principio, propiedad del ayuntamiento, dado que o
bien no estuvieron nunca registrados o bien se ha perdido el tracto y
no hay certeza del título de propiedad a favor del municipio. Es
notorio que ayuntamientos de mucha mayor envergadura e instituciones
como la propia Comunidad de Madrid, en los períodos de los que
estamos hablando, de fiscalización de este ayuntamiento, tampoco
cumplían gran parte de las exigencias que prevé la propia ley.

La propia Comunidad de Madrid -como he hecho referencia-, gobernada
en aquel momento por el Partido Socialista, no tenía en los
ejercicios fiscalizados implantado el Plan de contabilidad pública,
y, entre otras cosas, era imposible conocer la situación patrimonial
de la misma. También había irregularidades en la conciliación de sus
cuentas y estaban incompletos los listados de deudores yacreedores,
como le pasa a este ayuntamiento.




Página 3255



Quiero llamar la atención sobre el característico hecho de la figura
existente de funcionarios honoríficos o de arquitectos recaudadores,
que, si bien es cierto que existían con contratos que pudieron
formalizarse en su día, estaban basados fundamentalmente en el
contexto de la confianza. Ha sido esto, la falta de formación de un
personal a disposición de una administración local tan pequeña, que
confiaba en una mayor cualificación de éste, lo que ha hecho que se
descarguen y acomoden a la Administración en esa confianza y en esa
tarea.

Otra de las cuestiones característica en este tipo de ayuntamientos
-y en otros de mayor envergadura, porque hay cosas que terminan por
llamar muchísimo la atención, por ejemplo, ayuntamientos de la
envergadura de 200.000 habitantes que tengan sin aprobar los
presupuestos durante ejercicios completos- es precisamente el proceso
de aprobación presupuestaria y de su cumplimiento, tema sobre el que
tanto la ley de bases -como es de todos conocido-, como la propia Ley
de Haciendas Locales proponen unos plazos para su cumplimiento. De
todos es sabido que la mayor parte de los ayuntamientos los aprueban
más bien entrado el ejercicio, siendo -no me cabe la menor duda- su
voluntad el cumplimiento estricto, pero la realidad de los ingresos
demuestra la diferencia que hay entre elaborar un cúmulo de
voluntades y lo que son las realidades con posterioridad.

Con respecto a las cuentas -y no es precisamente éste el problema del
Ayuntamiento de Morata de Tajuña-, también es cierto que se
extralimitan en muchos ayuntamientos los plazos previstos por la ley.

Algunos, por encima de nueve ejercicios completos, como es el caso
del Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el Partido Socialista,
sin que ello suponga una paralización de la gestión municipal. Con
ello este diputado no quiere decir que carece de importancia este
proceso exigido por la propia ley. Sin embargo, lo que sí me parece
importante es que a la vez que hay que dotar a los ayuntamientos de
una capacidad ejecutiva, de una transferencia de competencias, de la
aplicación de una normativa jurídica, se debe dotar a los mismos de
medios económicos y técnicos para que puedan llevar a efecto no sólo
la gestión obligatoria sino también la capacidad de desarrollar todas
las demandas de los ciudadanos.




Llegados a este punto, a este grupo le parecen claras y concisas las
nueve recomendaciones que vienen en el informe. Sobre ello podemos
decir, primero, que han sido o están siendo atendidas por el propio
ayuntamiento, tal y como figuran en los recursos o alegaciones
formuladas por sendos alcaldes de la localidad, que expresan, además,
el inicio de la tramitación de expedientes que subsanen las
deficiencias; segundo, la puesta en funcionamiento de medidas para la
gestión de los recursos económicos en su totalidad; tercero, que se
ha procedido a la anulación de los acuerdos, tanto de los contratos
del recaudador municipal como de aquellos acuerdos que supusieron
créditos o mejoras en el salario de algunos trabajadores municipales;
y cuarto, que se ha procedido a la concertación de una operación de
crédito necesaria para eliminar el remanente negativo de tesorería, y
con ello poder atender a las nuevas inversiones. Si no fuera por
estos planes que se hacen desde otras instancias, desde la Comunidad
de Madrid, como es
el Plan regional de inversiones, que se ha realizado en estos cuatro
últimos años, difícilmente se podrían atender, con la escasez de
medios económicos que existe, las infraestructuras necesarias para
mejorar los medios técnicos de la Administración local. Porque cada
vez se obliga más a los ayuntamientos a destinar medios económicos al
funcionamiento de la propia institución y al mantenimiento de los
servicios, con la consiguiente merma de la capacidad inversora de los
mismos.

Es aquí donde quiero concentrar las conclusiones que podemos extraer
de este informe. La primera es la soledad en la que se han visto
durante muchos años los ayuntamientos de estas características,
pequeños, ante la falta de medios técnicos y personales, que en gran
medida tienen que ser ocupados en la mecánica de funcionamiento de la
propia Administración. En segundo lugar, porque los presupuestos se
utilizan como herramienta para poder gastar, pero cada vez con menos
capacidad para disponer de inversiones, con lo que se ven obligados a
recurrir a instancias supramunicipales, como es la Comunidad Autónoma
de Madrid, para resolver los problemas dotacionales y de
infraestructuras, que son verdaderamente necesarias para la mejora de
la propia ciudad.

Nada más, señor presidente, este es el informe del Grupo Popular. (El
señor Acosta Cubero: Una medalla le vamos a dar.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para contestar a las
cuestiones que se han planteado y a cuantas dudas han formulado los
diferentes grupos políticos, tiene la palabra el presidente del
Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En
realidad, hay muy pocas cosas que contestar. Se han fiscalizado los
años 1994 y 1995 y el señor Carrera pregunta por qué no se
fiscalizaron los años 1996 ó 1997. Porque la Asamblea de Madrid pidió
este informe de 1991 a 1995. Precisamente por considerar que 1991 y
1992 quedaban bastante lejanos y que se trata de un municipio con un
presupuesto de 713 millones y una población de 5.300 habitantes
aproximadamente, se circunscribió la petición a los años 1994 y 1995,
por considerarlos más próximos. Si se hubiera hecho a iniciativa del
Tribunal quizá se hubieran fiscalizado también 1996 y 1997.

En cuanto a las demás consideraciones que laten siempre en estos
informes de las corporaciones locales, si los viéramos a todos, este
presidente repetiría lo que ha dicho aquí muchas veces: que en los
informes del Tribunal se reiteran defectos de realización, de
gestión, de control interno, registros contables inadecuados,
controles defectuosos de expedientes y documentos, falta de un
seguimiento jurídico, técnico y económico financiero en
procedimientos de contratación, irregularidades en la actuación de
los agentes recaudadores y un incumplimiento generalizado -yo no
recuerdo ningún informe en que no se haya hecho esto- de
retribuciones no acordes con las disposiciones públicas, incluso en
materia de fondos de pensiones. Apuntemos que últimamente, por una
ley de este año, va a haber financiación de los partidos políticos
pero no está claro si está de acuerdo o no con la Ley orgánica de
financiación de los partidos políticos. Vistos horizontalmente, son
males



Página 3256



comunes, por así decirlo. Sería interesante hacer una especie de
fiscalización horizontal o quizá, como se están acumulando bastantes
informes en esta Comisión, dedicarle sólo una sesión a todos los que
se refieren a las corporaciones locales; entonces haríamos una
horizontalidad de facto y se detectarían más estas situaciones. Pero
este presidente no puede añadir nada más, porque nada más se
desprende de los informes que presenta aquí.

En cuanto a analizar las estructuras organizativas en su relación con
las estructuras políticas de estas corporaciones locales, sería una
tentación entrar en este debate, en la que este presidente no va a
caer, porque éste no es el foro adecuado para ello. Por tanto, no
tengo nada más que añadir.

Quiero darles las gracias por la buena acogida que están haciendo
tanto de este informe como de otros y por reconocer la conveniencia
de seguir las recomendaciones del Tribunal.




Nada más, señor presidente.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERADELSISTEMADE
SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS (SAC), EJERCICIO 1995. (Número de
expediente Congreso 251/000070 y número de expediente Senado 771/
000068.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Pasamos al punto VII del
orden del día: Informe de fiscalización de la gestión financiera del
sistema de seguros agrarios combinados (SAC), del ejercicio 1995.

Para su exposición, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal
de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DELTRIBUNALDE CUENTAS (Nieto de Alba): Este
informe también fue enviado a esta Cámara, con fecha 30 de octubre.

La fiscalización de la gestión financiera del sistema de seguros
agrarios combinados presenta como nota singular que el objeto del
trabajo se ha centrado en la actividad desarrollada por diversos
gestores, debido a que en el sistema participan distintas entidades y
órganos, unos de naturaleza pública, cuentadantes del Tribunal, y
otros de naturaleza privada. Intervienen fundamentalmente: la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Economía y Hacienda, el Consorcio de Compensación
de Seguros y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), de carácter privado.

El sistema tiene como soporte el plan anual de seguros agrarios que
Enesa elabora y propone al Gobierno cada año, y que fija los riesgos
a cubrir, el ámbito territorial, la evaluación económica del mismo y
la estimación de la aportación global del Estado para subvencionar
las primas. Estos riesgos se aseguran por entidades aseguradoras que
deben pertenecer a Agroseguro. Agroseguro no tiene condición de
entidad aseguradora, realiza la contratación de los mismos en nombre
y por cuenta de todas las entidades coaseguradoras agrupadas en
Agroseguro, distribuye los riesgos entre las entidades, administra el
seguro, perita los siniestros y paga las indemnizaciones. Aunque la
titularidad de la subvención de las primas corresponde a los asegurados,
para agilizar su tramitación administrativa, la agrupación
la deduce de las primas a cobrar. Enesa canaliza las aportaciones del
Estado, pagando Agroseguro la parte de las primas subvencionadas, una
vez recibida la comunicación de que se ha producido la suscripción
del seguro.

El Consorcio de Compensación de Seguros participa como coasegurador,
asumiendo la parte de riesgo que el mercado no absorbe, porcentaje
que en 1995 fue del 12,5 por ciento, lo que supuso ser el principal
accionista de la agrupación. Además, actúa como reasegurador
obligatorio de estos riesgos, es asegurador directo en el ramo de
incendios forestales y controla las peritaciones de los siniestros
realizadas por la agrupación.

Los objetivos de la fiscalización han sido: la evaluación del
cumplimiento de la legalidad, el análisis de los procedimientos
y sistemas de control interno, la verificación de los estados
financieros de Enesa y del consorcio en lo que se refiere a los
seguros agrarios, la cuantificación de las obligaciones pendientes de
reconocer por Enesa y de los derechos pendientes de cobro por el
consorcio y, finalmente, la comprobación de si la gestión financiera
global se realiza de acuerdo con los principios de eficacia y
economía.

Las comprobaciones han estado limitadas por la naturaleza privada de
la agrupación, que determina su no sometimiento a la fiscalización
del Tribunal de Cuentas, por lo que no ha sido posible verificar la
representatividad de sus estados financieros ni de la información
suministrada a los demás integrantes del sistema, hecho especialmente
relevante dado que la Dirección General de Seguros, órgano
específicamente competente de la supervisión del reaseguro de los
mismos, no ha realizado actuaciones inspectoras para verificar la
corrección de los documentos y cifras suministradas por la agrupación
respecto al ejercicio 1995.

Como principales resultados de la fiscalización, quisiera destacar
que el procedimiento establecido para la gestión de las subvenciones
de estos seguros permite que no se respete la disciplina
presupuestaria y que, pese a que la Ley de seguros agrarios
combinados supedita la aportación a los mismos a las disponibilidades
presupuestarias, en la práctica se terminan abonando cantidades
superiores a las inicialmente consignadas en los presupuestos,
mediante el traslado a ejercicios posteriores de las subvenciones no
pagadas por falta de disponibilidad presupuestaria, generándose un
saldo acumulado de reclamaciones no atendidas. A 31 de diciembre de
1995, la deuda que Enesa reconocía como existente, pero que no tenía
registrada por este concepto, ascendía a 3.564 millones de pesetas,
mientras que la agrupación cifraba, en sus estados, en 5.219 millones
de pesetas las subvenciones pendientes de cobro. La diferencia se
debe a que esta última incluye subvenciones a primas emitidas, pero
que todavía no han sido reclamadas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el período se suscripción
de los seguros, al ir asociado al ciclo de cosechas, no coincide con
el ejercicio presupuestario, por lo que las reclamaciones de
Agroseguro por subvenciones correspondientes al plan determinado se
continúan presentando con posterioridad al cierre del ejercicio
presupuestario en el que se consignaron las subvenciones
correspondientes, lo que ha originado que el desequilibrio acumulado
del sistema correspondiente al plan 1995 y anteriores se



Página 3257



cifre, al menos, en 6.385 millones de pesetas, y ello a pesar de que
la dotación de 1995 fue superior a la estimación del plan. Se
concedió un crédito extraordinario por 1.300 millones para reparar
los efectos de la sequía y en ese crédito extraordinario, para cubrir
deficiencias presupuestarias de ejercicios anteriores a 1996, se
incluyeron 3.565 millones.

El retraso en el pago de las subvenciones produce efectos negativos a
los participantes del sistema. Las aseguradoras cubren riesgos sin
haber percibido la totalidad de las primas, con el consiguiente
efecto negativo para las mismas, al tiempo que les permite mantener
una postura de fuerza en la no modificación del sistema de
reaseguros, que carga sobre el consorcio y, en definitiva, sobre el
Tesoro público el desajuste técnico de este sistema.

Si se analiza la evolución de las magnitudes técnicas más
significativas, se observa que el sistema de reaseguro no genera
reservas suficientes para hacer frente a la siniestralidad elevada de
un ejercicio y, en la práctica, la función del consorcio se centra en
hacer frente a la siniestralidad sistemática del sistema y no en
financiar, como debería ser su misión, las desviaciones coyunturales
de siniestralidad. De esta forma se trasladan resultados negativos al
consorcio, que es donde se presentan los desequilibrios. En 1995, el
resultado técnico-financiero negativo del Consorcio de Compensación
de Seguros por reaseguro de seguros agrarios ascendió a 9.262
millones de pesetas.

Quisiera también hacer una mención a la prolija normativa que regula
cada año la instrumentación de estos seguros: 93 órdenes
ministeriales en 1995. Con carácter general, todas estas normas han
sido publicadas con posterioridad a las fechas establecidas y, en
muchos casos, una vez que ya se habían iniciado los períodos de
contratación de determinadas líneas de seguro. La actividad de
fomento del seguro agrario se desarrolla también al margen de este
ámbito de actuación por las administraciones autonómicas mediante
firmas de convenios con Agroseguro.

La Ley de seguros agrarios combinados del 28 de diciembre de 1978
establece que, en todo caso, el importe de la aportación del Estado
no podrá ser superior al 50 por ciento ni inferior al 20 por ciento
del total anual de las primas a satisfacer por los agricultores. Este
límite no aparece precisado en un desarrollo normativo posterior y
existe una falta de definición sobre la relación con las ayudas de la
Administración territorial. Las subvenciones otorgadas para el
conjunto de las administraciones ha superado el 50 por ciento, y
concretamente en 1995 de 34.598 millones de pesetas de primas se
subvencionaron globalmente 19.613 millones, es decir, que representa
el 56, 7 por ciento Como último aspecto de esta presentación quiero
señalar los resultados de fiscalización del sistema de peritación de
los siniestros, sistema que descansa sobre tres pilares. Una red
unificada de tasadores, constituida por los peritos de Agroseguro,
que actúan de una forma homogénea mediante la aplicación de unos
criterios reglados por la Administración a través de las normas de
peritación, sometidos a un órgano de control, el consorcio, que
supervisa su trabajo. El informe destaca la insuficiencia de las
normas de peritación dictadas por la Administración, en unos casos,
por carencia de las mismas y, en otros, por la necesidad de su
modificación y adaptación a la realidad del mercado,
lo que produce una incertidumbre en la determinación de los
daños.

Pese a haberse constituido una comisión formada por Enesa, la
Dirección General de Seguros, Agroseguro, el consorcio, las
organizaciones profesionales y las cooperativas para la elaboración
de las normas de peritación pendiente de elaborar o revisar, a fin de
obtener una mejor estimación de los daños producidos en los
siniestros y, por tanto, un mayor equilibrio interno del sistema,
esta comisión, una vez cumplido su plazo, no había finalizado los
trabajos encomendados ni elaborado las normas correspondientes. Por
otra parte, el informe concluye que el control de las peritaciones de
los siniestros por el consorcio en 1995 resultó insuficiente. No se
encaminó al control de los peritos ni se tradujo en propuestas para
la mejora de las normas de peritación.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para plantear cuantas
cuestiones, problemas, dudas estime conveniente, tiene la palabra,
por el Grupo Socialista, doña Carmen Silva.




La señora SILVA REGO: Antes de comenzar a fijar la posición del Grupo
Socialista sobre este informe de fiscalización, se puede afirmar, sin
lugar a dudas, que el conocimiento por el Parlamento y los informes
que emite el Tribunal de Cuentas resultan de inestimable importancia
para todos los grupos parlamentarios, para poder así enmendar las
situaciones no deseables que se puedan crear y por el rigor y la
información que aportan. Digo esto porque, si bien es cierto que este
informe de fiscalización es favorable, con la excepción de
incumplimiento de plazos que no han tenido incidencia en el resultado
final, consideramos que las aportaciones que hacen deben servir para
que se puedan evitar las situaciones no deseables creadas en la
actividad de los diferentes sectores que aquí analizamos. Los seguros
agrarios combinados con 20 años de existencia han demostrado ser un
instrumento altamente eficaz. Su objetivo, asegurar los ingresos
procedentes de la producción en un sector, el agrario, liberándolo de
los accidentes climatológicos y de otros, fue y sigue siendo
enormemente importante para un sector de la población y de la
producción.

Se deben hacer algunos comentarios procedentes a este informe. En
relación con los incumplimientos de plazos que, a veces, son
escasamente de unas pocas semanas, pueden entenderse por la actividad
concentrada temporalmente de este instrumento. Esto es, cuando se
inicia el proceso la Administración tiene que realizar una gran
cantidad de actividad en muy pocos días, lo que produce retrasos casi
inevitables en una administración que difícilmente puede tener un
tamaño acorde con las necesidades de trabajo concentradas en muy
pocas semanas.

La demanda de estos seguros ha mostrado su gran aceptación. En 1988
era de 14.623, como recoge el informe, y en 1996 alcanzaba los 44.000
millones, siendo el incremento prácticamente continuado. Eso
significa, como es natural, que las subvenciones reclamadas se
incrementan en la misma proporción; efectivamente, los 13.561
millones del año 1991 pasaron a los 16.656 del año 1994. De labondad
de ese instrumento y de su conveniencia habla el



Página 3258



hecho de que todas las comunidades autónomas, sin excepción, hayan
suscrito también planes de seguros. En esta línea es preciso mantener
el principio de coincidencia coordinada en la subvención, lo que
haría necesario una información muy fluida entre las diferentes
administraciones para evitar primas excesivas.

En relación con esto debe citarse el planteamiento de la Comunidad
Europea de considerar un tope máximo de ayuda que no debe ser
superado, así como la necesidad de extinguir este instrumento en 10
años. Esto debería conducir a los responsables a establecer un
procedimiento compatible con la comunidad, que asegurara el bienestar
de estos agricultores.

Las subvenciones a las firmas pasaron de 6.366 millones en el año
1998 a 21.164 en el año 1994, y seguramente resultará superior en el
año actual. La subvención se produce desde los Presupuestos Generales
del Estado a Enesa, y de ésta a Agroseguro. Durante todo el período
de vigencia de los SAC ha venido observándose, como recoge el
informe, que la previsión de las subvenciones realizada por Enesa ha
sido inferior a la realmente existente, lo que implicaba que las
cifras que aparecían en los Presupuestos Generales del Estado eran
inferiores a las necesarias. Eso significó que se fue produciendo una
deuda de Enesa que generaba los consabidos costes financieros. Para
hacer frente a esta situación -está recogido en el informe y expuesto
por el presidente- en el año 1995 los Presupuestos Generales del
Estado ya incluyeron una cifra superior de 16.068 millones, para
cubrir las subvenciones de este año y atrasos anteriores. Al no ser
ampliable el crédito resultó insuficiente y, así pues, el problema no
quedó resuelto. Un hecho adicional en este tipo de actividad es que
la reclamación de las subvenciones por parte de Agroseguro se produce
en muchas ocasiones con mucho retraso, lo que provoca desconocimiento
por parte de los pagadores, el Estado, de las cifras adeudadas cuando
se elaboran los Presupuestos Generales del Estado, con el consabido
retraso en los pagos. Esta situación debe ser afrontada de dos
formas: realizar estimaciones de los seguros esperables más ajustadas
a la realidad, lo que dadas las series temporales disponibles no
debería ser excesivamente difícil, y consignar las cifras adecuadas
en los presupuestos. Así pues, en esta dirección avalamos enteramente
la recomendación primera del Tribunal de Cuentas, incluida la
petición de que la rúbrica correspondiente a la subvención de las
primas de los SAC sean créditos ampliables. Esto último se justifica
porque, aun cuando los cálculos técnicos se ajusten más a la
realidad, es indudable que siempre puede haber demandas inesperadas
en este sector.

Una parte muy importante de estos seguros está constituida por el
peritaje técnico,a cargo del consorcio de compensación de seguros,
que el Tribunal califica de insuficiente. Parece conveniente reforzar
la peritación de esta institución, de tal modo que garantice el
control de los peritos y la red de la agrupación española de
entidades aseguradoras de los seguros agrarios combinados,
entendiendo, por supuesto, que no se trata de poner en duda la
actividad, ni del peritaje inicial, ni del control del mismo, pero
parece coherente tener garantías del valor real de los efectos
estudiados. Creemos necesario que el consorcio de compensación
de seguros establezca una red de control de peritaciones
adecuada.

Apoyamos también la recomendación segunda del Tribunal de Cuentas, en
la seguridad de que ya hasta la fecha de 1996 se han venido
realizando imputaciones correctas de ingresos y gastos, no técnicos,
entre la corporación general y la corporación agraria. De hecho el
criterio de imputación es adecuado, ya que parece razonable que se
asignen los costes generales comunes, en función de las primas y
recargos ingresados por la corporación general y la corporación del
seguro agrario combinado. Sin ninguna duda, una actividad tan
compleja como la de los seguros agrarios puede ser mejorada, pero,
tras leer este informe, el Grupo Socialista se queda con la
conclusión de que estamos delante de una actividad que produce
bienestar, mejora de la economía y que ha sido bien llevada durante
todo este tiempo.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el Grupo Catalán en el
Senado, tiene la palabra el senador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Con suma brevedad al final de esta Comisión
Mixta voy a hacer referencia a los seguros agrarios combinados SAC
1995.

No voy a plantear ninguna aclaración o pregunta, señor presidente del
Tribunal. Solamente voy a hacer una referencia a una parte que
ustedes mismos reflejan en el informe, y es que la fiscalización ha
estado limitada por la naturaleza privada de la agrupación y que, por
tanto, ésta determina su no sometimiento a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas. Hecha esta aclaración, que el propio informe
constata, voy a hacer un par de consideraciones más. Entendemos que
es inaceptable que las disposiciones del Ministerio de Agricultura
fueran publicadas incumpliendo el plazo fijado, como también la
propia orden del Ministerio de la Presidencia. Por tanto, la primera
constatación de nuestro grupo parlamentario es que se produzca un
incumplimiento en los plazos de publicación por parte de dos
ministerios. La segunda consideración hace referencia a la gestión de
la subvención a las primas, ya que según se indica ha originado que
no se respete la disciplina presupuestaria exigida por la Ley de
seguros agrarios combinados al abonar cantidades superiores a las
establecidas en los planes anuales, trasladando a ejercicios
posteriores las subvenciones no pagadas por falta de disponibilidad
presupuestaria. Por tanto, todo ello concuerda con la primera
recomendación que asumimos plenamente, que es que la cuantía
consignada sea objeto de una adecuada estimación, a fin de que se
aproxime a las necesidades reales de financiación. Por nuestra parte,
esto sería todo en lo que hace referencia al informe de
fiscalización.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Muchas gracias por su
brevedad anunciada, senador Carrera, que a estas horas de la mañana
se agradece.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José
Alarcón Molina.




El señor ALARCÓN MOLINA: En relación con elinforme de fiscalización
sobre seguros agrarios combinados



Página 3259



nos alegramos de que detecte una situación que se venía comentando en
los momentos en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación estaba en manos de los gobiernos socialistas y decían
que era un tema al que daban prioridad. Suele suceder que una cosa es
decir y otra hacer, ya que la importancia y prioridad no coincidió
con el dinero destinado por el Ministerio de Economía y Hacienda para
alcanzar tales objetivos. Es muy importante que no existan esos
desfases, ya que hay un ente privado que no tiene que presentar sus
cuentas ante el Tribunal de Cuentas, pero sí había una parte
presupuestaria correspondiente al Ministerio de Economía y Hacienda.

Refleja perfectamente la situación cuando dice que había desfase en
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las primas y
subvenciones a dar, con relación al período de solicitud por parte de
los demandantes que, en definitiva, son los agricultores. Si se busca
el bien de los agricultores lo lógico es que se adapten en tiempo y
forma. Para ello tenía que haber las suficientes reuniones y
previsiones por parte del Ministerio de Agricultura y la entidad
aseguradora.

En el informe del Tribunal se reflejan desfases de más de 9.000
millones que acumulaban la parte correspondiente a un año para
liquidar lo que no tenía cobertura. Había que tomar la valiente
decisión de aumentar los presupuestos de la entidad estatal hasta una
cantidad capaz de equilibrar al el máximo el desfase que se
arrastraba de años anteriores. Desde 1996 el Gobierno, a través del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, abordó este asunto
con la máxima atención, y el presupuesto subió año tras año hasta
doblar los presupuestos existentes para las primas en 1994 y 1995. El
Grupo Parlamentario Popular, al igual que el Gobierno, hizo suyas las
conclusiones del Tribunal de Cuentas. Como tema denunciado por el
informe en su momento, se ha tratado de sacar la oportuna legislación
y de doblar los presupuestos, que en 1996 y 1997 han llegado
a superar los 26.000 millones de pesetas, con lo que se podía atender
las necesidades. El Grupo Parlamentario Popular hace suyas no sólo
las conclusiones del Tribunal de Cuentas en relación con el informe
de fiscalización, sino que ha doblado el presupuesto y, en
contraposición a las anomalías existentes, ha intentado influir sobre
la peritación a través de las normas correspondientes. El Grupo
Parlamentario Popular no sólo aplaude el informe enviado por el
Tribunal de Cuentas, sino que intentamos llegar al respeto de la
disciplina presupuestaria que ha puesto de manifiesto el presidente
del Tribunal.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para contestar a cuantas
cuestiones que han planteado SS.SS., tiene la palabra el presidente
del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muy
brevemente, señor presidente. En cuanto a una referencia del señor
Carreras relativa a la limitación que tiene por ser Agroseguro de
naturaleza privada, le diré que tiene que ser así por el
funcionamiento del sistema. Me dice que se trata de un hecho
relevante y que será de naturaleza privada. Pero la Dirección General
de Seguros y los controles administrativos pueden hacerlo. Yo, que he
llevado durante bastante tiempo el sector financiero, he considerado
que no deben
recaer muchos controles, pero que deben funcionar con eficacia. Por
tanto, los controles de las supervisiones tienen que ser excitados y
el Tribunal de Cuentas tiene que ser exigente porque tiene
posibilidad de hacer estas cosas.

Si le sirve de valoración cara al futuro estos sistemas que están
montados sobre aspectos técnicos conviene que no vayan degenerando
hacia otros en los que predomine el aspecto puramente subvencional.

Es preferible montarlo como un sistema subvencional que no como un
sistema técnico asegurador, que está encubriendo implícitamente un
sistema subvencional. De ahí que los informes acusen esa propensión a
déficits sistemáticos con cargo a los fondos públicos, que acusen
esas propensiones que se pueden dar de producir más para cobrar la
subvención, o incluso propensiones relativas a la valoración y a los
criterios de peritación. Esto exige una estricta vigilancia, porque
si no, si funciona con arreglo a otros criterios, por ejemplo, al
criterio puramente suvbencional, falla el control de un sistema
montado sobre unos principios. Éstas son las lecciones que se deben
ir sacando de los informes que va haciendo el Tribunal de Cuentas, y
es todo cuanto tengo que decir, señor presidente.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AGENCIA
EFE S.A., EJERCICIO 1995, APROBADO POR DICHO TRIBUNAL EN SU SESIÓN
PLENARIA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 1998. (Número de expediente 251/
000071 y número de expediente Senado 771/000069.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Finalizado este punto
pasamos al número 8 y último, informe de fiscalización de los
resultados de la sociedad Agencia EFE S.A., ejercicio 1995, aprobado
por dicho Tribunal en su sesión plenaria del día 28 de octubre de
1998.

Para hacer la exposición del informe tiene la palabra el presidente
del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La
fiscalización de la Agencia EFE, S. A., efectuada a iniciativa del
Tribunal, ha tenido por objeto analizar los resultados económicos de
las actividades de la sociedad durante el ejercicio de 1995.

Asimismo, se ha analizado el coste de los servicios informativos
básicos que la sociedad presta al Estado y la contraprestación
económica comprometida para 1995 por la Administración central en el
contrato de servicios que a estos fines ambas partes formalizan
anualmente.

La actividad de la Agencia EFE en 1995 se encontraba organizada en
tres grandes áreas operativas: una para servicios básicos, otra para
servicios audiovisuales y una tercera para servicios del valor
añadido. En conjunto la cifra de negocios de la sociedad alcanzó en
1995 un importe de 11.402 millones de pesetas. Las pérdidas del
ejercicio ascendieron a 1.147 millones de pesetas, un 4 por ciento
menos de las del ejercicio anterior.

El informe aborda, en primer término, un conjunto de consideraciones
sobre los resultados del ejercicio derivados de la contabilidad
financiera. La sociedad obtuvo un resultado de explotación negativo
de 580 millones de pesetas,



Página 3260



al que deben agregarse 479 y 88 millones de pesetas de resultados
negativos de carácter financiero y extraordinario, respectivamente.

La pequeña disminución experimentada en las pérdidas con relación al
ejercicio anterior fue de carácter coyuntural y debida a la
importante reducción de las pérdidas extraordinarias de 1995, que
neutralizó los incrementos significativos de pérdidas procedentes de
la explotación y de las cargas derivadas de una mayor financiación
ajena de la empresa.

Los resultados económicos que se deducen de la contabilidad analítica
de la sociedad incorporan (sobre el resultado de la explotación
negativo) ajustes globales por 37 millones de pesetas, como mayor
cifra de ingresos, y 186 millones como menor importe de gastos, por
lo que el resultado económico negativo derivado de la contabilidad
analítica queda registrado en 357 millones de pesetas en el ejercicio
fiscalizado.

Por áreas de negocio la de actividad básica resulta deficitaria por
161 millones de pesetas; la de audiovisuales por 262 millones y la de
valor añadido, única que tiene superávit, registró un importe de 66
millones de pesetas.

El sistema de costes de la Agencia EFE cifró en 8.200 millones de
pesetas la cifra de negocios de su producción básica en 1995,
asignando 8.361 millones de pesetas como costes del área. Dentro del
importe indicado para dicha cifra de negocios se incluyeron 4.839
millones que el Estado español se comprometió a abonar a la sociedad
como contraprestación a los servicios informativos de interés público
prestados por EFE.

Con relación al área de producción básica el informe destaca que la
cobertura de noticias de ámbito internacional es la que representa un
mayor coste para la Agencia, no sólo por ser la que soporta los
mayores costes directos, sino principalmente por ser la que cubre con
su comercialización una menor proporción de los costes que le son
directamente imputables (28 por ciento frente al 66 por ciento del
servicio informativo nacional).

El informe advierte que la actividad económico-financiera de la
organización de la Agencia en el exterior se encuentra afectada de un
incumplimiento generalizado en la obligación de visado por parte de
los delegados exteriores de la sociedad de los documentos de gasto
que integran las liquidaciones mensuales.

La prestación de servicios por EFE al Estado español se encontraba
instrumentada mediante un contrato administrativo, del que no se han
concretado los objetivos perseguidos y en el que resulta imprecisa la
delimitación que la Agencia EFE puede hacer de los denominados
servicios básicos. Como resultado, el citado contrato ha resultado
insuficiente para establecer el alcance real de la prestación del
servicio público comprometido. No se puede, por tanto, determinar el
coste real que para EFE representó en 1995 la ejecución de la
prestación de servicios objeto de la contratación del Estado; coste
al que, por otro lado, no figura vinculada expresamente la
contraprestación económica a cargo de la Administración.

La indefinición de los aspectos más relevantes de la contratación de
servicios con el Estado, al no ser tomada en consideración por EFE
para adecuar su estructura productiva al volumen de ingresos a
recibir del Estado y al de la
comercialización de sus servicios básicos, ha dado lugar a una
permanente situación de inestabilidad financiera para la Agencia.

Ello no ha impedido, sin embargo, que la Agencia, tomando como
referencia los objetivos generales de la contratación de servicios,
haya ido desarrollando paulatinamente otra serie de servicios
informativos que, al no ser viables económicamente en las condiciones
en que se prestan, han pasado a tener una importancia relevante en la
configuración de sus resultados económicos. Es el caso, entre otros,
de buena parte de la producción de radio de la Agencia EFE, cuyo
mantenimiento por ésta, dadas las pérdidas económicas que presentó en
el período analizado, sólo puede entenderse justificado en caso de
que estuviera incluida su prestación en el objeto de la contratación
de servicios con el Estado.

Al igual que en el ejercicio precedente, únicamente la producción
televisiva generó márgenes positivos dentro del área de producción
audiovisual de la Agencia EFE, 149 millones de pesetas en 1995, y los
ingresos por este concepto ascendieron a 2.590 millones de pesetas.

El núcleo de negocio de televisión de la Agencia lo constituyeron los
servicios asistenciales prestados a Telemadrid, con el fin de
garantizar la producción y emisión de esta cadena, por lo que la
Agencia percibió 1.597 millones de pesetas. La Agencia tenía, a su
vez, acuerdos comerciales con la totalidad de cadenas nacionales de
televisión.

Aunque hasta 1995 los servicios de televisión hayan presentado un
balance positivo para la Agencia al cubrir ésta con su
comercialización los costes que le son imputables, en ejercicios
sucesivos los resultados de la actividad de televisión se verán
condicionados por el nivel de subactividad que para EFE represente
efectivamente la pérdida de ingresos procedentes de la contratación
con Telemadrid, concluida en 1997. Hay que tener en cuenta que 31 de
diciembre de 1995 en el departamento de televisión de la Agencia
prestaban servicio un total de 301 personas, de las cuales 121 eran
empleados con prestación de servicios de carácter indefinido.

En relación con el déficit de actividades radiofónicas llevadas a
cabo por la Agencia EFE debe advertirse que los 224 millones de
pesetas registrados deberían incrementarse por no haberse cubierto el
riesgo de incobrabilidad que presentaba el proyecto concertado con
una empresa destinada a la programación de radio en Latinoamérica.

Las pérdidas reconocidas en 1995 en este proyecto, cuyas emisiones
comenzaron en 1994, ascendieron a 45 millones pesetas.

La producción de teletextos desarrollada por la Agencia EFE en 1995
presentó un margen económico negativo de 186 millones de pesetas,
ligeramente inferior al obtenido en el ejercicio precedente, que se
situó en 192 millones de pesetas. Las expectativas barajadas
inicialmente para estos servicios no han sido confirmadas por la
evolución posterior, teniendo prevista la Agencia la supresión del
servicio.

El área de valor añadido presentó un margen positivo de 66 millones
de pesetas, si bien este resultado es atribuible enteramente a la
cesión temporal a terceros de los circuitos de telecomunicaciones de
la Agencia, que la sociedad comercializa separadamente de sus
servicios informativos de noticias y fotografía.

El informe desarrolla en su parte final una serie de consideraciones
sobre la importancia de los resultados financieros



Página 3261



que explican el 42 por ciento de las pérdidas que registró la Agencia
en 1995, concluyéndose que de no revisarse el marco financiero
aplicado seguirán aumentando progresivamente los gastos financieros
condicionando la viabilidad del proyecto de la Agencia.

Por último el informe incorpora una serie de recomendaciones entre
las cuales destacan que se revise la infraestructura informativa
desplegada en España y en el extranjero con el objeto de que el
alcance que la sociedad pueda dar en el futuro a la prestación por la
contratación de servicios con el Estado se adecue al volumen de
ingresos que razonablemente puede percibir de éste y de la
comercialización de sus servicios básicos.

Se recomienda, asimismo, que la sociedad se cuestione la continuidad
futura del negocio audiovisual que desarrolla, que resulta inviable
en las condiciones de prestación actuales, y que se replantee un
sistema de control interno para verificar la actividad económico-
financiera de sus delegados en el exterior.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para presentar cuantas
cuestiones estimen convenientes, tienen la palabra los diferentes
grupos políticos. Por el Partido Socialista, tiene la palabra don
Julio Álvarez.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: En primer lugar queremos agradecer desde el
Partido Socialista el rigor del informe que emite el Tribunal de
Cuentas en relación con la agencia Efe y el ejercicio 1995 que acaba
de presentar públicamente ante esta Cámara.

Nuestro grupo quiere resaltar, que, en la formulación de las cuentas
anuales del ejercicio 1995, la agencia Efe ha aplicado en general los
principios contables y las normas de valoración contenidas y
establecidas en el Plan general de contabilidad y en las resoluciones
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, guardando
uniformidad con los criterios fijados en el ejercicio de 1994. Eso es
lo que se desprende casi textualmente del propio informe del Tribunal
de Cuentas. Consideramos, sin embargo, que hay una limitación,
derivada del propio alcance del informe, respecto a que se fiscaliza
exclusivamente el ejercicio de 19995, aunque el Tribunal ha tratado
de poner de manifiesto la correlación entre las cifras, los datos,
los resultados de 1995 en relación con los del ejercicio 1994.

Decimos esto porque desde una perspectiva más amplia de lo que ha
sido la evolución de los resultados financieros y económicos de la
situación patrimonial de la agencia, de las dificultades, en
definitiva, del rumbo que la agencia Efe ha tenido en los últimos
años, pudiéramos hacer un juicio más cabal y más riguroso de lo que
supuso la gestión y los resultados en el ejercicio fiscalizado.

En efecto, yo creo que todos los grupos parlamentarios, incluso el
propio Gobierno y en las comparecencias del presidente y director de
la agencia Efe ante esta Cámara, han puesto de manifiesto la
conveniencia de que dicha agencia, que tiene abiertas más de cien
sucursales en todo el mundo, que es una agencia portadora de la
cultura y de la presencia de España, de su lengua, de los intereses,
en definitiva, de la visión que tiene España del mundo, necesita la
aportación del Estado en torno a un 50 por ciento.

El propio Gobierno o dicho de otro modo, el presidente y director de
la agencia Efe, han manifestado también ante esta Cámara que una
aportación inferior al 50 por ciento hace difícilmente viable que se
mantenga en el cuarto puesto del ranking de las agencias informativas
de todo el mundo. Por lo tanto, y puesto que de alguna manera esta
aportación del Estado está condicionando los resultados económicos y
también los resultados financieros de la agencia, creo que es
importante subrayar este dato.

Nosotros queremos constatar que la agencia ha tenido una trayectoria
de estabilidad económica, financiera, patrimonial a lo largo de los
ejercicios 1994,1995 y anteriores, y que el informe hace especial
énfasis en un punto débil de la gestión que se refiere a sus
resultados financieros en 1995. Hasta tal punto que el propio
Tribunal de Cuentas considera que es preciso corregir los resultados
financieros, que es preciso minorar de alguna manera el déficit para
que la deuda no siga creciendo al ritmo que lo hizo de 1994 a 1995.

Pero lo cierto es que los resultados financieros negativos del año
1995 de 512,1 millones de pesetas, con una deuda acumulada de 4.020
millones de pesetas, si lo consideramos como un balance histórico no
deja de ser un pequeño nubarrón que, lejos de ser corregido,
desgraciadamente para la estabilidad de la agencia, para acometer
nuevos proyectos, en definitiva, para garantizar la presencia de la
agencia y de España informativamente en todo el mundo, ha
evolucionado en sentido negativo.

El prestigio de la propia agencia se ha ido deteriorando precisamente
por estos resultados económicos. Nuestro grupo considera que en el
ejercicio de 1995 ha habido una serie de factores que han incidido en
los resultados financieros negativos reseñados, así como en las
pérdidas de 1.146 millones de pesetas que cifra el propio informe del
Tribunal de Cuentas y en un incremento, como también pone de
manifiesto dicho informe, de la cifra de negocios respecto a 1994,
que pasa de 10.651 millones a 11.402 millones, con un importante
incremento de los servicios propios de la agencia, de 7.199 millones
en 1994 a 7.573 millones en 1995.

En relación con estos datos y con la aportación del Estado, que se ha
mantenido congelada a lo largo de los sucesivos años y que, en
consecuencia, ha supuesto en la práctica una reducción de la
aportación en porcentaje respecto del volumen de negocio que mantiene
la agencia Efe, queremos manifestar que en los últimos años, en 1994
y en 1995, la aportación del Estado venía a suponer en torno al 43
por ciento de la cifra de negocios, y en los años sucesivos, 1996
y 1997, las cifras son muy inferiores y se llega al 37,5 por ciento; es
decir, hay una gran contradicción respecto a la realidad entre
aquello que manifiestan los grupos parlamentarios y el presidente y
director de la agencia Efe nombrado por este Gobierno. La realidad es
que 1995, en términos comparativos, fue un año de estabilidad, fue un
año de buenos resultados, fue un año en el que la agencia podía
afrontar sin ningún temor el futuro y garantizar su presencia y su
credibilidad.

Como decía hace un momento, hay algunos aspectos que han contribuido
a ese resultado financiero, que nosotros consideramos que es la
pequeña nube negra en el ejercicio de 1995. Se expresa también en el
informe que la depreciación del dólar ha influido en estos resultados
financieros.




Página 3262



También hay que poner de manifiesto la debilidad del mercado
interior, de la información, es decir, que, en definitiva, la agencia
Efe debe ser un proyecto de Estado; proyecto de Estado que, además,
el Grupo Popular avalaba cuando estaba en la oposición; proyecto de
Estado que, sin embargo, cuando ejerce el Gobierno pone seriamente en
peligro a través de las distintas decisiones sobre reducción de
capital, ampliación de capital, hacer frente a pérdidas cuantiosas
que se elevan hasta 4.785 millones de pesetas en el año 1998 y
multiplica por tres los resultados negativos, las pérdidas del
ejercicio de 1995.

En definitiva, queremos poner de manifiesto que el único punto débil
que observamos en este informe es el relativo los resultados
financieros, con esas matizaciones que acaba de expresar y que tienen
su justificación en parte por el déficit que se venía generando como
consecuencia de que la aportación del Estado -en torno a los 4.840
millones en 1995 y en 1994-, al congelarse en esos términos y al
aumentar, aunque no fuese muy notable, el volumen de negocio, en la
práctica representaba un porcentaje cada vez menor de los ingresos de
la agencia. Lógicamente si hay déficit, si la aportación del Estado
en términos relativos se reduce, aparece la deuda, y la deuda hay que
financiarla; por tanto, aparecen los resultados financieros negativos
en una cuantía, repito, tolerable, por lo que era necesario hacer
frente a ese problema en el futuro.

Lo cierto es que el Gobierno, en el año 1996, lejos de corregir esa
situación, lo único que ha hecho ha sido agrandarla hasta límites
insospechados. Pasar de unos resultados de 1.146 millones de pérdidas
a 4.785 millones, multiplicar por tres el resultado negativo, parece
que pone de manifiesto cuál ha sido la actuación del Gobierno en
relación con la agencia Efe. Derivado de esos déficit ha habido una
acumulación de deuda tremenda, año tras año, que ha ocasionado
movimientos acordeón en el capital social de la agencia, así como una
gran inestabilidad y una gran preocupación por el futuro de la misma.

Creemos, por tanto, que el ejercicio de 1995, visto desde una
perspectiva histórica -en el propio informe del Tribunal de Cuentas
así se pone de manifiesto-, salvo algunos problemas de rango menor
que ha expresado el presidente del Tribunal de Cuentas en su informe,
podía pensarse que era una situación fácilmente corregible, que no
amenazaba para nada la presencia española en mercados cada vez más
expansivos y más abiertos en el mundo, donde las empresas españolas
tratan de abrir nuevos negocios. Sin embargo, a partir de 1996,
lamentablemente, vemos que la situación es muy diferente.

Nosotros consideramos que las recomendaciones del Tribunal, que en su
día veremos en esta Comisión del Tribunal de Cuentas, algunas de
ellas van por el camino acertado, y de acuerdo con ese consenso de
prácticamente todos los grupos parlamentarios -consenso de palabra
que luego no se ha traducido en la actuación fáctica del Gobierno a
partir del año 1996- queremos considerar a la agencia Efe como un
elemento estratégico básico en la recogida de información en todo el
mundo. También queremos señalar que, en una economía cada vez más
globalizada, se debe acompañar más a las empresas, a los sectores que
se abren al exterior y no entendemos cómo es posible que en una etapa
de bonanza económica, con crecimientos del 3,5 ó del
3,7 por ciento, se ha producido ese recorte efectivo en términos
absolutos de la aportación del Estado en el año 1997. Se ha tratado
de corregir en el año 1999, pero creo que esa perspectiva nos debe
permitir hacer un análisis más objetivo y más gradual de lo que ha
sido el ejercicio de 1995.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra don Salvador Carrera i Comes.




El señor CARRERA I COMES: Haciendo referencia al final de la
intervención del portavoz del Grupo Socialista, hay que considerar a
la agencia Efe desde una situación estratégica. Yo creo que ese es el
reconocimiento que deberíamos hacer. Nosotros decimos que estamos
ante una sociedad estatal que sólo tiene viabilidad si se confirma y
concreta el plan de empresa, en el que, sin duda, se requiere del
Estado un compromiso de financiación mediante ampliaciones de
capital, así como una revisión de la cifra anual de la contratación
de servicios con el propio Estado. Todo lo demás sólo hace confirmar
la necesidad de esta solución, y nosotros entendemos que 1995 fue un
año realmente demostrativo en esta línea: ralentización de su
actividad económica, insolvencia de la empresa editora del Diario 16
con repercusión en la cuenta de resultados, incremento de la deuda
con entidades de crédito, supeditación total a los contratos de
servicios con el Estado e indefinición de los aspectos relevantes de
la contratación de estos servicios que ha dado lugar a una permanente
situación de inestabilidad financiera en la agencia.

De las tres áreas de producción audiovisual, televisión, radio y
teletextos, únicamente la de televisión generó beneficios en 1995,
aunque en el futuro los resultados de esta actividad de televisión se
verán condicionados por la pérdida de ingresos procedentes de
Telemadrid, que creo que concluyeron en 1997. Repito que o bien la
agencia Efe aplica un plan de empresa con los ajustes,
consideraciones, objetivos y plazos que sean necesarios, o bien no
tiene -casi me atrevería a decir- razón de seguir, incluso aceptando
el tema de situación estratégica, que sí hay que considerarlo.

Las tres recomendaciones, a nuestro entender, encajan perfectamente.

Ante la permanente situación de desequilibrio financiero patrimonial,
en gran parte motivada por el déficit de financiación de la
contratación de servicios con el Estado, la sociedad debería
plantearse sus actividades, tanto aquí como en el resto del mundo,
para adecuar el volumen de ingresos que pueda recibir del Estado y de
la comercialización de sus servicios básicos. Aunque se debería estar
atentos a que no afecte de forma determinante a la cobertura
informativa, habría que cuestionarse la continuidad futura tanto del
negocio audiovisual como del resto de servicios informativos, por ser
inviables en las condiciones en que se prestan.

A nuestro entender, volvemos a estar -y este es el segundo comentario
que he hecho como portavoz en esta Comisión- ante un problema de
gestión. Ya sé que quizá sólo deberíamos centrarnos en cuestiones
contables y presupuestarias para analizar adecuadamente las
infracciones o irregularidades que hayan sido detectadas por el
propio informe de fiscalización, pero en este caso concreto,



Página 3263



a nuestro entender, una vez más, estamos en un tema de gestión,
aceptando además como valoración global que la gestión es fundamental
al analizar una sociedad o empresa pública por las repercusiones que
ella tiene, sin duda, en los propios resultados o en la gestión
económica financiera.

Este último comentario me lleva a una pregunta al propio presidente
del Tribunal de Cuentas. Sin duda nos dirá que casi en la mayoría de
los informes que presenta a la consideración de esta Comisión hacemos
valoraciones políticas en las cuales no deberíamos entrar, pero
¿considera pertinentes y ajustadas las valoraciones sobre la gestión
-no digo las políticas, pero sí sobre la gestión-, dada la
implicación que en el propio informe tienen las mismas?



El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, don Diego Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Agradecemos al presidente del Tribunal la
presentación de este informe, así como el trabajo realizado, y no
desde una expresión formularia o de cortesía, sino desde la
constatación de que el informe contiene un análisis de gestión de las
distintas áreas de la agencia Efe que permite, creo, enfocar su
futuro y que todas las actuaciones posteriores de los responsables de
la misma puedan tener una guía en ese análisis externo que ha
efectuado el Tribunal sobre el conjunto del esquema organizativo.

Hay que decir que 1995 no es un año magnífico para la agencia Efe y
que gestiones y realizaciones de ese año condicionan la gestión
posterior. En las páginas 154 y 155 se recogen actuaciones
posteriores, realizadas en los años 1996 y 1997, y es verdad que se
está afrontando una reestructuración, que lleva implícita una
reducción de plantilla, para intentar mantener a la agencia Efe.

¿Cuál es nuestro criterio global sobre determinadas observaciones que
se hacían por parte del Grupo Socialista?
La agencia Efe realiza una función esencial, y en base a ella recibe
una aportación del Estado. La finalidad concreta es mantener la
presencia informativa de España en el exterior y servir de cauce a la
difusión de noticias que interesan a España, e incluso cubrir
determinadas actividades de autoridades españolas en el exterior.

¿Qué es lo que pone de manifiesto el informe? Que no se producen
desviaciones en relación a esa finalidad básica de la agencia, que es
el sentido de ser del contrato suscrito con la Administración del
Estado, sino que las grandes desviaciones y las grandes pérdidas
provienen de las novedades que introducen determinados gestores
alegremente. Provienen de inversiones en un desarrollo de personal en
un servicio de televisión sin tener garantizado el futuro de ese
servicio, lo cual es difícil de entender, máxime cuando en este
servicio de televisión, en el año 1995, se desplaza a ejercicios
posteriores la amortización por la compra de un local por valor de
743 millones de pesetas. Si no se tenían contratos suficientes con
una perspectiva de medio o largo plazo, no parece tener mucho sentido
este tipo de inversiones. Yprovienen también del invento o la novedad
de suscribir un contrato con Magic Radio, en Miami, para una emisión
por
satélite, cediendo un canal de Hispasat. Todo muy novedoso pero, al
final, produce pérdidas, produce una situación de partidas
incobrables por un valor superior a los 72 millones de pesetas.

Efectivamente, la agencia Efe, en el año 1995, mejora la venta de
servicios. Del año 1994 al año 1995 incrementa la venta de sus
servicios en 421 millones de pesetas, pero también es verdad que, en
ese mismo año, los gastos de personal aumentan en 601 millones de
pesetas, el nivel de endeudamiento se sitúa en 6.703 millones y la
plantilla aumenta también durante el año 1995, cuando ya hay una
serie de perspectivas de negocio que se ve que van reduciendo su
importancia. Por tanto, no es una gestión modélica, que tiene que
ver, primero, la realidad de la empresa y, segundo, las perspectivas,
y no tiene sentido aumentar la plantilla ni meterse en nuevas
inversiones si las previsiones de negocio no están en
correspondencia. Por ello, creemos que el informe es revelador de un
modelo de gestión que no tiene ninguna visión de cuál es el futuro
inmediato del negocio, de la empresa que se ha encomendado a los
gestores; que en el futuro debe mantenerse el concepto básico de la
agencia y, por tanto, tendrá sentido que reciba aportación del Estado
en base a un contrato-programa que se regule adecuadamente y en el
que se establezcan particularizadamente dónde tienen que ir las
inversiones y qué finalidades tienen que cubrir, y que habrá que
hacer una serie de ajustes -ya se están haciendo- para que se
garantice, por lo menos, la estabilidad de la empresa y hacer una
gestión un poco más sensata que la que refleja este informe del año
1995.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para contestar a cuantas
cuestiones se han planteado, tiene la palabra el presidente del
Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS ( Nieto de Alba): Una vez
más tengo que decir que la intervención que me da pie para hacer
aclaraciones es la del señor Carrera. En efecto, el Tribunal termina
haciendo unas recomendaciones: que se revise la estructura
informativa en España y en el extranjero; que se cuestione el negocio
audiovisual, pero no cabe la menor duda de que aquí hace falta una
definición de objetivos. El señor Álvarez Gómez decía: tiene una
importancia cultural. ¿Va a tener objetivos culturales? Porque si
sólo va a tener objetivos informativos -obtener y distribuir
información- habría que precisar qué zonas y qué eventos debían ser
cubiertos exclusivamente por el sector público y ahí se produciría
una adaptación del contrato del Estado que permitiera una conexión de
estos objetivos con esa aportación del Estado y permitiera ya valorar
si esta aportación es importante o no en relación a una cifra de
negocios circunscrita a estos objetivos y no, como demuestra el
informe, emprender a veces una expansión de la agencia, que, como ha
quedado constancia, sólo ha ocasionado pérdidas. Aunque de una forma
muy light podría decirse que estas son conclusiones no demasiado
incisivas del Tribunal de Cuentas, quizá podíamos decir que se
adecuen más los gastos a los ingresos y se gaste lo menos posible
mientras no se produzca esta definición de objetivos, zonas y
eventos, y que queda perfectamente



Página 3264



claro que debe cubrir el sector público y que el contrato del Estado
conecta con ellos.

No me queda más que agradecer sus intervenciones, y perdonen esta
aclaración, pero tampoco quiero que esto suponga que entro en
valoraciones políticas porque le tengo que decir al señor Carrera que
es el presidente el que no debe entrar en valoraciones políticas,
pero ustedes están en su derecho de entrar en ellas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Muchas gracias, señor
presidente.

Llegado a este punto, que es el último, agradeciendo reiteradamente
la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas en esta Comisión
Mixta y también la presencia de SS.SS., muy mermadas en este momento,
se levanta la sesión.