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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 153, de 18/11/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 153
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 37
celebrada el jueves, 18 de noviembre de 1999, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia conjunta de la señora ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón) y del señor ministro de Interior (Mayor Oreja), para
explicar la posición del Gobierno ante la Cumbre extraordinaria
europea de Tampere para dotar a la Unión Europea de un espacio de
libertad, justicia y seguridad. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente del Congreso número 213/001260 y
número de expediente del Senado 711/000310.) ...
Se abre la sesión a las cinco y diez de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Celebramos hoy la reunión de la Comisión Mixta
para la Unión Europea con las comparecencias
del ministro de Interior y de la ministra de Justicia,
para explicar la posición del Gobierno ante la cumbre extraordinaria
europea de Tampere, que dota a la Unión Europea de un espacio de
libertad, justicia y seguridadcomún. Para ese objetivo, contamos con
la presencia de
dos ministros, cuyas competencias inciden en esta materia. Tienen la
palabra en el orden en que ellos mismos deseen ejercerla.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señorías,
comparezco como muy bien ha puesto de manifiesto el señor presidente
de la Comisión, para explicar la posición del Gobierno acerca de las
conclusiones que, en materia de justicia, se acordaron en el Consejo
Europeo extraordinario que se celebró en Tampere el pasado mes de
octubre.
Como SS.SS. sin duda ya conocen, en la cumbre se trato
monográficamente sobre la creación de un espacio común de libertad,
seguridad y justicia. Esto significa dar un nuevo y mucho más
ambicioso enfoque a la cooperación entre los Estados miembros en
materia relativa a justicia e interior, superando definitivamente los
planteamientos que concebían esta cooperación en términos meramente
instrumentales respecto de las exigencias del mercado interior. En
este nuevo enfoque la cooperación judicial, así como la referente a
materias de asilo, inmigración y lucha contra el crimen organizado,
se enmarcan en la construcción de la Europa de los ciudadanos y
enlaza, por tanto, con los objetivos expresados en el Acta Única,
desarrollados en el Tratado de Maastricht y muy especialmente en el
Tratado de Amsterdam.
Este compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en
Tampere, con la construcción de la Europa de los ciudadanos, queda,
en mi opinión, perfectamente simbolizado en el acuerdo adoptado en la
cumbre de impulsar la elaboración de la carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea, mediante la creación de un órgano
específico al que se confía la redacción de un proyecto. También me
parece importante subrayar el fuerte compromiso de España con la
creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia; compromiso
que se puso de manifiesto de manera muy especial en la intervención
que el presidente del Gobierno tuvo en la reunión informal previa en
la que se acordó impulsar el objetivo, mediante la celebración de la
cumbre de Tampere.
Como ya puso de manifiesto el presidente del Gobierno, existe una
íntima ligazón entre los tres componentes del espacio común que se
pretende crear, pues sólo se alcanzará verdadera libertad y seguridad
si éstas se garantizan con un sistema judicial y normativo,
armonizado y eficaz y, a su vez, éste sólo funcionará adecuadamente
si se inserta en un marco donde existan normas y actuaciones
similares, relativas a la libertad y a la seguridad de las personas.
Sin olvidar esta íntima relación de los tres temas, voy a centrarme,
como es lógico, en los avances que han tenido lugar en el ámbito de
la justicia.
En lo que respecta a la exposición de las conclusiones a que se llegó
en la conferencia de Tampere me gustaría destacar especialmente
algunas de ellas, sin perjuicio de que pueda ampliar mi valoración al
hilo del debate que se entable con posterioridad. En primer lugar, se
debe señalar que el objetivo último del trabajo desarrollado en
Tampere es sentar las bases para la creación de lo que se ha venido
en denominar un espacio europeo de justicia; idea que el propio
documento aprobado en la cumbre concreta en la aspiración a que todas
las personas puedan recurrir a los tribunales
y a las autoridades de cualquier Estado miembro con la misma
facilidad que a los del suyo propio. En este sentido se preconiza
como primera medida, encaminada a mejorar el acceso a la justicia en
Europa, la de aumentar la información que debe ofrecerse a los
ciudadanos sobre los distintos sistemas jurídicos y sobre los
mecanismos de cooperación judicial en la Unión. En esta línea he de
indicar a SS.SS. que el Ministerio de Justicia ha formulado
propuestas y redactado informes en orden a la creación de un sistema
de información permanente, a través de una red judicial civil
europea, similar al que ya existe en materia penal, que ya está
funcionando con buenos resultados y que, por lo que se refiere a
España, coordina el Ministerio de Justicia, con la participación del
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
Precisamente una de las funciones que tendría esa red judicial civil
sería la de facilitar la información sobre el derecho extranjero, del
que cada vez están más necesitados los órganos judiciales ante los
frecuentes litigios transfronterizos. Con ello se trataría de
superar, por ejemplo, las disfunciones que está presentando la
aplicación del convenio del Consejo de Europa de 1968, relativo a la
información sobre el derecho extranjero.
Pero no es suficiente con conseguir una mayor facilidad
y transparencia informativa. Comenzando con el ámbito civil y
mercantil, en Tampere también se ha instado a la Comisión y al
Consejo a que instrumenten las medidas que permitan garantizar una
adecuada asistencia jurídica en los litigios transfronterizos y, muy
especialmente, a que se establezcan normas comunes de procedimiento
en relación con determinadas materias que se consideran especialmente
relevantes para los objetivos de la Unión. Así se menciona
específicamente la necesidad de que existan normas similares en el
ámbito de la protección de consumidores, de reclamaciones mercantiles
de pequeña cuantía, de peticiones relativas a alimentos y de
solicitudes que se refieren a deudas que no resulten contradichas.
Desde Amsterdam todas estas materias que se refieren a la cooperación
judicial en materia civil han pasado, como SS.SS. conocen, al primer
pilar, lo que significa que las medidas que se adopten en este punto
se articularán a través de instrumentos normativos propiamente
comunitarios. Por eso, y con independencia de la participación de
España en cuanto a Estado miembro en los procesos de elaboración
y decisión de esos instrumentos, debemos estar preparados para
facilitar la recepción de los reglamentos y directivas que puedan
dictarse.
Así, me parece conveniente subrayar que en la labor de iniciativa
legislativa que se viene desarrollando desde el departamento de
Justicia se tienen muy presentes los objetivos que en materia de
cooperación judicial civil se están planteando en el ámbito de la
Unión Europea. Un ejemplo de ello es el controvertido proyecto de ley
de enjuiciamiento civil, ya aprobado por el Congreso y actualmente en
tramitación en el Senado, cuyas disposiciones en materia de
protección de consumidores, reclamación de pequeña cuantía o proceso
monitorio para reclamar deudas no contradichas, entre otras, se
encuentran en perfecta armonía con los objetivos marcados en Tampere
y sobre los que ya se venía trabajando en distintos ámbitos de la
Unión.
Muy vinculado con lo anterior se encuentra la exigenciade que todos
los países pongan a disposición de sus ciudadanos
formularios en diversas lenguas que, al ser iguales en todos ellos,
serían válidos para cualquier proceso, con independencia del lugar
donde se celebrase. También en este punto el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil introduce una referencia expresa a la
posibilidad de presentar formularios en aquellos procedimientos
sencillos en que los ciudadanos puedan acudir sin necesidad de
letrado y procurador, referencia que facilitará, sin duda, la
aplicación de las medidas que en su día se adopten en el ámbito de la
Unión Europea.
Por otra parte también se pide a las instituciones comunitarias que
realicen un esfuerzo para avanzar en el reconocimiento y ejecución de
sentencias dictadas en un país comunitario, así como en la
cooperación judicial en materia civil. Completando las normas comunes
ya existentes, contenidas en el convenio de Bruselas 1, se insta a
que en los procesos a que antes me he referido, relativos a
consumidores, reclamaciones económicas menores o cuestiones de
derecho de familia, se supriman los procedimientos intermedios que
aún existen para el reconocimiento de ejecución de la sentencias
provenientes de otros países y se establezca su reconocimiento
automático e inmediato. Con ello se conseguirá una mayor celeridad y
eficacia en la tutela judicial obtenida y los ciudadanos verán
claramente la existencia de un espacio único en materia judicial. El
reconocimiento mutuo no debe limitarse a las resoluciones firmes
dictadas en los procesos distintos, sino también a otras actuaciones
procesales como los actos y diligencias de prueba, las medidas
cautelares o las de ejecución.
En definitiva, señoría, en lo que se refiere al ámbito civil y
mercantil las líneas básicas diseñadas en Tampere pasan por conseguir
una armonización de normas procesales y sustantivas relativas a
determinadas materias, especialmente cercanas a la vida de los
ciudadanos y por desarrollar plenamente el principio de
reconocimiento mutuo, no sólo de las decisiones judiciales, sino
también de otros actos realizados por los tribunales de los países de
la Unión. A este respecto conviene señalar que la conclusión 37 fija
el mes de diciembre del año 2000 como límite para la adopción de
estas medidas dirigidas a dar cumplimiento al principio de
reconocimiento mutuo.
En este campo de la cooperación judicial civil, el desarrollo de las
directrices políticas de Tampere en relación con los objetivos del
Plan de acción de Viena está siendo abordado por la Comisión, que ya
está trabajando con expertos de los Estados miembros y de las
organizaciones profesionales europeas en la elaboración de una
estrategia detallada, para hacer realidad esas directrices y
objetivos.
Pasando ya a la construcción del espacio judicial europeo en materia
penal, me parece especialmente destacable la propuesta de
establecimiento de un minimum normativo en materia de protección de
las víctimas de delitos. Estas normas deberían englobar tanto el
derecho de dichas víctimas a acceder a la justicia penal, como el
derecho que tienen a percibir una indemnización por los daños
sufridos como consecuencia del hecho delictivo, incluyendo en estos
los derivados de su actuación en el proceso penal. Igualmente,
deberán crearse programas dirigidos a ofrecer a las víctimas la
asistencia y protección que necesiten, que puedan dispensarse bien
por entes y organismos públicos, bien por organizaciones privadas. En
mi opinión, esta preocupación
por las víctimas de los delitos es particularmente
importante, porque durante mucho tiempo los sistemas judiciales
penales se han preocupado, como es lógico, de prever y adoptar las
medidas necesarias para descubrir y castigar a los culpables, pero
han dejado en gran medida de lado la necesidad igualmente importante
de asistir a la víctima y de reparar el daño físico y moral que se le
ha producido como consecuencia del delito. Este es un campo al que ya
se venía prestando especial atención en el ámbito de la Unión
Europea, y que ha dado lugar a una reciente comunicación de la
Comisión del 14 de julio pasado, en la que se propone un conjunto de
medidas que pueden ser un interesante punto de partida para avanzar
en este tema. Con relación a España, y aun teniendo en cuenta que el
sistema procesal penal español ya contempla importantes previsiones
protectoras de las víctimas, tanto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que prevé la acusación particular y el ejercicio de la
acción civil en el propio proceso penal, como en la Ley de protección
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, será
preciso seguir avanzando al hilo de las medidas que se adopten en el
ámbito de la Unión Europea.
También dentro del ámbito de los procesos penales, en la conferencia
de Tampere se preconiza que el principio de reconocimiento mutuo de
resoluciones y actos judiciales se extienda, así mismo a dicho ámbito
procesal penal. En este sentido, el Consejo Europeo hace suya la
petición de los presidentes de los gobiernos español y británico, y
solicita la supresión del mecanismo de la extradición respecto de los
condenados por sentencia firme cuando se trate de reclamaciones entre
Estados miembros de la Unión. En estos casos lo que debe existir es
un simple traslado de la persona afectada, tal como sucede en el
ámbito interno de cada país. He de recordar a este respecto que esta
medida no es, ni mucho menos, una improvisación, ni surge al hilo de
determinados acontecimientos muy concretos, sino que viene siendo
recomendada por España desde la conferencia intergubernamental de
1996, y es, pues, muy positivo que ahora se recoja en la conclusiones
de Tampere. Con independencia de esta importante propuesta, también
se pide que todos los Estados miembros ratifiquen con celeridad los
convenios de 1995, sobre extradición simplificada, y de 1996, de
extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Otro acuerdo de Tampere que merece especial atención, en cuanto va
encaminado a facilitar y reforzar la cooperación judicial, en
relación con la respuesta a la criminalidad organizada, es la
creación de Eurojust, que se concibe como una unidad integrada por
fiscales o magistrados cedidos temporalmente por los estados
miembros. Las funciones que se prevé encomendar a Eurojust consisten
en facilitar la coordinación entre las fiscalías nacionales, apoyar
las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada y
acelerar la ejecución de las comisiones rogatorias, cooperando en
esto último con la red judicial europea, a la que antes me he
referido.
En definitiva, señorías, se puede decir que Tampere ha dado el
impulso político imprescindible para un gran diseño de creación de un
espacio jurídico y judicial común. Desde el Ministerio de Justicia,
desde el Gobierno, puedoasegurarles que trabajaremos todo lo
necesario para que
este impulso político se vea convertido en una realidad eficaz, en el
más breve tiempo posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señorías, me van a permitir que, después de la intervención de la
ministra de Justicia, trate de acotar, en la medida de lo posible, lo
que nunca son fáciles por razones obvias, las cuestiones que afectan
más estrictamente al Ministerio de Interior. Me van a permitir que,
de la misma manera que terminaré mi intervención con una reflexión
general a modo de conclusión, trate de introducir al inicio de mi
intervención una reflexión sobre la valoración que me merece Tampere.
En esta reflexión de carácter general, la primera valoración que me
merece Tampere es que se haya celebrado un Consejo Europeo
extraordinario, dedicado con carácter monográfico a cuestiones
relacionadas con el impulso del espacio policial y judicial europeo.
La celebración de Tampere en sí mismo significa un impulso
inequívoco. Con todas las limitaciones y matices que se quieran, ya
significa un éxito, singularmente para la construcción de este
espacio policial y judicial europeo. El hecho de que se hayan reunido
los jefes de Estado y de Gobierno en Tampere, significa que la Unión
Europea es plenamente consciente del reto que tiene en estos momentos
en la construcción de ese espacio policial y judicial europeo. Lo
importante es saber que la Unión Europea tiene en los próximos meses,
en los próximos años, en esta construcción el reto más importante que
dé credibilidad al conjunto de los europeos y con una consideración
de fondo también global y general. La Unión Europea tiene que ser un
valor añadido a la seguridad cotidiana de los europeos. La Unión
Europea tiene que demostrar y confirmar desde la realidad, desde los
hechos, desde sus acciones, desde sus actuaciones, que la Unión
Europea mejora y acrecienta la seguridad de los europeos. Ese es, en
mi opinión, el gran objetivo de Tampere y el gran objetivo que todos
debemos tener a la hora de configurar este espacio policial y
judicial común europeo. Por eso mi intervención se va a dividir, en
primer lugar, en unas consideraciones de carácter general, acotando,
como he dicho, el terreno del Ministerio de Interior. En segundo
lugar, explicando un poco la situación actual que tenemos antes de
Tampere. En tercer lugar, trataría de explicar lo que es Tampere en
sí mismo y, sobre todo, lo que son las previsiones de avance después
de Tampare, ya que el post-Tampere, es más importante que la cumbre
de Tampere. Y, por último, me van permitir algunas reflexiones sobre
lo que puede aportar España, singularmente por su propia experiencia,
por la que ha vivido y por la que ha sufrido, a la hora de combatir
lo que pueden significar elementos de inseguridad jurídica y de
inseguridad en el conjunto de los ciudadanos europeos.
En esas consideraciones de carácter general, quiero reiterar que hay
tres grandes cuestiones en las que el Ministerio de Interior tiene un
especial interés. La primera, el crimen organizado que, en mi
opinión, es el que preocupa singularmente al Ministerio de Interior.
Este tipo de criminalidad organizada, transnacional, no es un factor
decreciente,
no es un elemento que decrece. El crimen cada día se
organizará más. De la misma manera que la economía cada día se
globaliza más, el crimen cada día se organizará más. Cada día se
separa más la línea divisoria entre la delincuencia común y el crimen
organizado. De ahí la transcendencia de acotar, también cada día, en
la respuesta a ambos fenómenos lo que significa la respuesta de
España y de la Unión Europea. La criminalidad transnacional no puede
ser combatida por una sola nación europea. Un valor añadido de la
Unión Europea tiene que ser combatir mejor ese crimen organizado,
porque es el único elemento de organización diferente del que hemos
tenido a lo largo de estas últimas décadas en España y en todos los
países de la Unión Europea. La segunda gran cuestión es el fenómeno
de la inmigración, tratando siempre de superar los tres grandes
niveles: lo que significa la lucha contra lo organizado
criminalmente, las mafias que trafican con seres humanos, al mismo
tiempo con el nivel riguroso que siempre tenemos que ejercitar
respecto del control fronterizo y con lo que puede significar ya un
esfuerzo de integración de la inmigración. Son tres pilares que han
inspirado nuestra política de inmigración y que, en mi opinión, han
sido recogidos y desarrollados plenamente por las conclusiones de la
cumbre de Tampere. La tercera gran cuestión es la institución del
asilo, que también ha estado presente en Tampere. En esta
consideración de carácter general lo que tenemos que hacer todos los
europeos es evitar que una institución que ha servido porque siempre
ha sido bien definida y bien determinada, no pueda ser empleada con
fines distintos para los que fue concebida y evitar con ello que el
tráfico de seres humanos o las redes de inmigración clandestina
puedan emplear y abusar de una solicitud de asilo como una forma
encubierta de inmigración.
Quiero decir que en algún país de la Unión Europea hay hoy un
auténtico atasco de solicitudes de asilo -100.000-, que aumentan al
ritmo de 7.000 mensuales. Esa es la cuestión en la que, en mi
opinión, tenemos que hacer un esfuerzo especial. El convenio de
Dublín establece ya una regulación global de la institución del asilo
y los Estados miembros han acordado la implantación del sistema
Eurodac para perfeccionarla y evitar el fraude en su concesión.
Europa ha intentado dar respuesta a estos retos, en primer lugar, con
el gran marco que es el Tratado de Amsterdam. Para ello hace una
distribución claramente transpilar de las cuestiones de justicia y de
interior: el asilo y la inmigración están ya en el primer pilar, son
materias a comunitarizar o comunitarizadas. La comunitarización
policial estará en el tercer pilar y el análisis político y la acción
exterior en los temas de terrorismo y narcotráfico, en el segundo
pilar.
En ese sentido, quiero reiterar que el presidente del Gobierno,
consciente de la importancia de dar un impulso definitivo a esta
construcción del espacio de libertad, justicia y seguridad en Europa,
ya avanzó en el Consejo Europeo de Florencia de junio de 1996 la
iniciativa de dicha construcción, que se vio materializada en una
propuesta española, hecha en una reunión informal de Pörtschach, bajo
la Presidencia austríaca, de que se celebrase durante la Presidencia
finlandesa un Consejo Europeo de carácter extraordinario dedicado en
exclusiva a la construcción deeste espacio común europeo.
Esas son las consideraciones generales, acotando básicamente los
terrenos que me parece que son más propios de Ministerio del
Interior. ¿Cuál es la situación actual? La situación de la
preparación de Tampere significó un trabajo exhaustivo y riguroso por
parte de todos los Estados miembros. Su agenda fue discutida y
ampliada en sucesivas ocasiones para incluir todos los temas que
esencialmente provocaban y producen preocupación entre los europeos.
No se puede seguir construyendo Europa sin avanzar en la seguridad de
todos y cada uno de los europeos.
El resultado han sido sesenta y dos conclusiones que, en mi opinión,
significan una reflexión profunda en torno a estas materias y, sobre
todo, significan un punto cero y una base sólida sobre la que
trabajar en el futuro inmediato en lo que podríamos denominar la
etapa post-Tampere, que es más importante incluso que la celebración
de la propia cumbre o del Consejo extraordinario de Tampere. En estos
momentos no caben ni posiciones pesimistas ni posiciones en las que
nos dejemos llevar por la euforia; está casi todo por hacer. Hay que
superar las dificultades y los problemas actuales y los que se puedan
presentar en el futuro siempre desde una perspectiva global y
entendiendo para qué hacemos el espacio policial y judicial europeos;
sabiendo acercar y aproximar con realidades concretas, con
resultados, esa mejora de la seguridad que ya no es una demanda
política, es una demanda social como un elemento más de bienestar de
los ciudadanos europeos.
Me van a permitir que, para no romper la sistemática, haga alguna
reflexión también sobre la situación actual del crimen organizado y
lo que pueden significar los fenómenos de la inmigración y del asilo.
¿Qué sucede hoy en la Unión Europea en el ámbito del crimen
organizado? Sucede que, cada día más, los delitos se cometen en un
país y, sin embargo, el delincuente vive en otro distinto. Las
organizaciones que perpetran este tipo de actividades delictivas
residen en otro lugar y, en ese sentido la existencia de la Unión
Europea tiene que ser un elemento disuasorio que impida que sigan
manteniendo esa situación de parcial impunidad en la que sin duda se
mueven todavía los grupos vinculados a la criminalidad organizada. No
hace falta que les reitere que sólo se puede luchar contra este
fenómeno con un esfuerzo compartido por todos los Estados miembros.
Aún más: me atreveré a decir que los delitos de criminalidad
organizada sólo se podrán combatir el día que la Unión Europea
funcione como un Estado. Esa reflexión nos lleva a la conclusión, en
la que probablemente incidiré luego, de que no se puede construir a
la misma velocidad el espacio policial y judicial europeo, sino en
función de los delitos de que se trate. Tendrá que haber una
velocidad asimétrica y la separación vendrá dada fundamentalmente por
el carácter organizado o no del crimen.
En este terreno, vuelvo a insistir, no sólo se trata de afianzar
Europol, sino que habrá que afianzar también todos los instrumentos
de colaboración bilateral o multilateral entre las distintas policías
de la Unión Europea. Delitos como el terrorismo, la trata de seres
humanos, la explotación sexual de mujeres y menores, el delito
ecológico o el blanqueo de dinero, que se encuentran en el centro
mismo del crimen organizado, requieren soluciones diferentes,
imaginativas y multidimensionales que nos permitan luchar con
eficacia contra esas mafias, que sin duda proporcionan
inseguridad y merman la calidad de vida de nuestras
sociedades.
En el segundo ámbito, en el de la inmigración, quiero subrayar que
tanto ésta como las políticas de asilo han sido comunitarizadas no en
Tampere sino en el tratado de Amsterdam. Ello implica que los Estados
miembros serán cada día menos soberanos a la hora de diseñar sus
políticas o tomar decisiones. El incumplimiento de las obligaciones
comunitarias puede llevar también aparejada la denuncia del Estado
incumplidor ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La inmigración y el asilo son las cuestiones esenciales en un
continente como el nuestro, que ha sido desde hace muchísimo tiempo,
desde tiempo inmemorial, tierra de acogida, vocación a la que ni
podemos ni queremos renunciar. Por ello, quiero insistir en que la
inmigración y el asilo no deben ser nunca objeto de debate político
partidario, en mi opinión, y en que, desde luego, nunca deben dividir
una sociedad. Aprendamos las lecciones, y por ello mismo los errores,
que en este terreno han asimilado y han cometido países profundamente
democráticos de nuestro entorno próximo e inmediato. En ningún país
ni en ningún lugar se puede aplicar la teoría del péndulo. No se
puede cambiar de dirección en función de la política del momento,
olvidando que se trata esencialmente de una política de Estado, que
afecta ya a toda la Unión Europea y que debe estar siempre presidida
por los principios de unidad y de consenso.
Es evidente que, mientras en las próximas décadas sigan persistiendo
diferencias económicas entre continentes y sigan modificándose
sustancialmente las relaciones de crecimiento demográfico -y no hay
razón para pensar lo contrario-, seguirán acentuándose los fenómenos
de presión migratoria hasta que, en un momento determinado, los
factores que la provocan encuentren un punto de equilibrio. Estamos
ante uno de los fenómenos que mayores tensiones pueden generar en
nuestra convivencia democrática, especialmente en aquellos países que
tienen poca experiencia democrática o que tienen poca experiencia de
fenómenos de estas características.
En España todavía no se han producido brotes significativos de esos
repulsivos comportamientos de racismo y xenofobia, que nunca suelen
ser preocupantes en la medida que los ejercite una minoría, eso es
una cuestión estrictamente policial; el problema en este ámbito se
presenta cuando responden a una indignación, a una preocupación o
a una angustia social. Por eso creo que estamos ante una oportunidad
única de adelantarnos a la aparición de estos preocupantes fenómenos;
pero, sea cual sea la política que deseemos diseñar, deberemos tener
en cuenta también las normativas y las estructuras europeas y las
obligaciones que tenemos asumidas como Estado miembro de la Unión
Europea.
El tercer bloque en mi intervención trata de hablar del futuro de la
realidad y de cómo, en mi opinión -por qué no vamos a hacerlo-, vamos
a tratar de adentrarnos un poco más en el post-Tampere. Las sesenta y
dos conclusiones de la Presidencia finlandesa recogen muchas
propuestas, es verdad; recogen muchas recomendaciones para intentar
encauzar la acción de los quince en estos ámbitos de la lucha contra
la delincuencia organizada y del avanceen las políticas de asilo y de
inmigración.
En el ámbito del crimen organizado, señorías, yo me atrevo a decir
que Tampere nos abre la oportunidad de identificar en los próximos
meses y años los cuatro o cinco delitos más graves que a los ojos de
las diferentes opiniones públicas europeas -no hay una única opinión
pública europea en esta materia- deben tener un tratamiento más
singular por la preocupación y alarma que generan. En estos delitos
la Unión Europea debe intentar superar sus barreras y desconfianzas,
como antes he dicho, para llegar a actuar como un solo Estado, pero
para ello es necesario el establecimiento de un sistema que permita
la puesta a disposición inmediata ante la justicia del país en el que
se cometió el delito más grave -y estoy hablando del horizonte post-
Tampere- del delincuente que haya cometido alguno de esos cuatro o
cinco delitos que he enumerado, con independencia de que haya
cometido crímenes de menor envergadura en otro Estado miembro. Se
trata, en definitiva, de que esas órdenes de busca y captura en estos
delitos sean ejecutadas para que podamos luchar contra la impunidad
de los terroristas y el crimen organizado y solo así podremos si no
eliminar sí disminuir el carácter transnacional del crimen organizado
por lo menos en el ámbito de la Unión Europea. Quiero referirme a una
declaración que hacía hace pocos meses mi colega británico Jack
Straw, que decía que es una institución concebida para que Estados
con relaciones hostiles o en guerra se relacionen en materia penal,
no para que se relacionen Estados democráticos pertenecientes a las
mismas instituciones europeas e internacionales. Se refería a la
extradición.
La coordinación policial es básica en la lucha contra el crimen
organizado y por ello el Consejo Europeo de Tampere ha pretendido
fortalecer a Europol en sus competencias y ha instado de forma muy
concreta y muy particular a los Estados miembros a que lo consoliden
en los medios humanos y materiales que precisen. Además, ha creado
otro foro, ha creado un foro operativo de jefes de policía que sirva
para ayudar a planificar operaciones conjuntas y a hacer más fluido y
eficaz el intercambio de información. Permítanme una reflexión al
hilo de este foro operativo de jefes de policía. Se puede pensar que
en el fondo es un instrumento para oscurecer Europol. Europol no sólo
es una institución que tiene un conjunto de competencias; Europol es
la expresión de una cultura de la cooperación en Europa en materia
policial y por eso Europol debe producir, al mismo tiempo que el
desarrollo de sus competencias, simultáneamente, un esfuerzo de
colaboración bilateral y multilateral. La existencia de Europol no
sólo puede quedarse en Europol; la existencia de Europol, como fruto
de una nueva cultura de seguridad, de cooperación entre europeos,
debe potenciar instrumentos más tradicionales de cooperación
marcadamente bilateral o multilateral y eso no significa en modo
alguno que se esté oscureciendo la figura y la institución europea de
Europol. Europol necesita, al mismo tiempo que la propia institución
policial, que haya foros de creciente diálogo y comunicación entre
los responsables policiales de los distintos países de la Unión
Europea. Aquí no hay fórmulas perfectas, aquí nos conformamos con
fórmulas que son -valga la redundancia- de aproximaciones sucesivas.
Lo que hace falta es implantar una nueva cultura de diálogo y de
colaboración entre los
diferentes países y responsables policiales de la Unión Europea.
La nueva criminalidad va a estar cada día más sofisticada; recurren a
la ingeniería financiera de última generación, a la informática, a
los expertos y al carácter transnacional de la misma. Por eso
permítanme también una reflexión final en esta cuestión: la formación
no puede ser completa si solamente tenemos la dimensión de la misma
en el ámbito nacional. Por eso Tampere ha decidido la creación de una
academia europea de policía, porque es indispensable que se complete,
que se especialice más, se perfeccione más la formación de manera
similar de los rangos superiores de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Qué duda cabe de que uno de los instrumentos
esenciales en esa lucha contra el crimen organizado, sea terrorista o
no terrorista, es el diseño de una política adecuada contra el
blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales ha significado
también un punto central de Tampere y las conclusiones de Tampere
dedican ocho artículos y nueve puntos a la acción especial contra el
blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es un instrumento que
utilizan todas las organizaciones de criminalidad organizada y sólo
se puede hacer desde una acción conjunta de la Unión Europea, y será
insuficiente pero necesaria. Sólo desde ese esfuerzo se podrá empezar
a trabajar seriamente en el blanqueo de capitales. El blanqueo de
capitales no se puede combatir sólo desde la perspectiva nacional,
porque evidentemente siempre hay un lugar para blanquear distinto de
la geografía propia. Lo importante es que al menos en la Unión
Europea, en la delimitación de puntos negros de blanqueo de dinero y
en la delimitación de otras medidas que luego tendré ocasión de
repasar, si ustedes lo creen conveniente, en ese terreno tenemos una
prioridad esencial que sin duda marca Tampere.
Tampere también dedica una parte importante de sus conclusiones a la
creación de una política de asilo e inmigración común de la Unión
Europea y esta política común tiene su fundamento esencial en una
aproximación global, multidisciplinar, de los problemas que va desde
la colaboración con los países de origen a la política de integración
y el trato justo de los nacionales de terceros países, la gestión de
flujos migratorios; una política armonizada de readmisión, un
concepto de readmisión en el que en estos momentos tiene que tener un
papel protagonista ya la Unión Europea. Ya no bastan los convenios
bilaterales de readmisión. Serán indispensables los convenios de la
Unión Europea con determinados países que refuercen, si es el caso,
la existencia de esos convenios de carácter bilateral o esa creación
de un sistema europeo común de asilo, básicamente en las ideas
esenciales y que en mi opinión también ha marcado Tampere. Creo que
en ese terreno eso constituye básicamente el tenor literal de la
conclusión 11 de la cumbre de Tampere, en la que se establecen
claramente los ejes esenciales de la política de cooperación al
desarrollo, al codesarrollo y de apoyo a la democracia y a los
derechos humanos, además del respeto a los países de origen que debe
presidir la acción exterior de la Unión Europea.
Hay ya una comunitarización de las políticas de asilo e inmigración y
eso, como antes he dicho, implica también una armonización previa de
las condiciones de admisión y residencia de los nacionales de
terceros países fundamentada
en lo que marca una conclusión, la número 20, que dice: Una
evaluación conjunta de la evolución económica y demográfica de la
Unión así como de la situación en los países resulta indispensable.
Como podemos observar nuestras decisiones políticas y administrativas
así como nuestro ordenamiento jurídico deberán adaptarse cada vez más
a estas exigencias expresas que conforman el marco normativo y
decisorio de carácter europeo. El estatuto jurídico de que goza cada
nacional de un Estado tercero debe ser cada vez más homogéneo en el
seno de la Unión, como una forma más de armonizar nuestras políticas
de inmigración. El control de los flujos migratorios es una de las
bases esenciales de la política migratoria y de su eficaz gestión
depende el bienestar de los inmigrantes que residan en nuestro país
así como el equilibrio demográfico y sociológico de nuestro
continente. Todos los Estados miembros de la Unión Europea se han
comprometido firme y decididamente en la lucha contra las mafias que
se dedican al tráfico de seres humanos y a su explotación. Por ello,
tanto la Comisión como los distintos Estados miembros debemos adoptar
la legislación que permita una lucha más eficaz en este terreno. Es
indispensable, por ello, que seamos capaces, en el plazo más breve
posible, de acometer las modificaciones legislativas necesarias para
tipificar de manera clara y con penas suficientemente severas el
delito de tráfico de seres humanos y su explotación. Mientras no
tengamos una legislación adecuada, los mafiosos seguirán dedicándose
al lucrativo negocio de la trata de personas.
La Unión Europea va también a una plena armonización de las políticas
de readmisión. Como antes he dicho, a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam es la Comisión quien negociará y concluirá
los acuerdos de readmisión con terceros Estados, los tratados
bilaterales seguirán vigentes en todo aquello que no ha sido previsto
por los países comunitarios. La cumbre de Tampere también consagró la
necesidad de introducir cláusulas o protocolos de readmisión en todos
los acuerdos y tratados de cooperación o de naturaleza comercial que
de ahora en adelante firme la Unión Europea. Todos esos instrumentos
son eficaces para la gestión de flujos migratorios y evidentemente
siempre que se haga con criterios de respeto a los derechos humanos,
a los derechos de las minorías, sin que se discrimine a nadie por
razón de raza, sexo, religión o procedencia.
En materia de asilo, la Unión Europea tiene una clara vocación de
establecer un sistema común a los Quince, que no sea idéntico en
todas y cada una de las prestaciones, que no sea idéntico en la
cantidad, pero que en los derechos sea absolutamente respetuoso con
la convención de Ginebra de 1951 y que, como antes he dicho, evite el
fraude y el abuso de esta institución. Todos los Estados miembros
debemos hacer un esfuerzo para establecer unas normas comunes, que
regulen un procedimiento de asilo eficaz y justo y que fije con
claridad condiciones mínimas para la acogida de solicitantes,
homologando paulatinamente nuestras normativas según el contenido y
reconocimiento del Estatuto de refugiados. La aprobación del Convenio
de Dublín fue un hito importante en la construcción europea y por
ello también debemos velar que las redes de tráfico de personas no se
aprovechen de los resquicios que nuestro ordenamiento jurídico nos
ofrece en materia de asilo. Se
trata de establecer en un plazo que esperemos no sea demasiado largo
un estatuto uniforme y un procedimiento común de asilo válidos en
toda la Unión Europea.
No quiero dejar de hacer una referencia a la protección temporal de
los desplazados. Saben que la posición del Gobierno ha sido la de
rechazar cualquier criterio matemático de reparto de cargas que
suponga una distribución de desplazados sobre criterios supuestamente
objetivos como el de la superficie de un país o del producto interior
bruto, violentando además la voluntad del desplazado del Estado
miembro a acogerle. España siempre ha defendido un principio de doble
voluntariedad, tanto de esa persona que es desplazada como del país
que tiene que tener la solidaridad suficiente para acogerle. Por eso,
ese principio de la doble voluntariedad es el principio básico que ha
marcado la posición española. Creemos que la solidaridad se puede
ejercer por medios distintos al reparto de cargas. En ese sentido y
de acuerdo con la iniciativa del presidente del Gobierno, el Consejo
Europeo ha invitado a la Comisión a analizar la posibilidad de crear
un tipo de reserva financiera para prestar protección temporal en
situaciones de flujo masivo de refugiados.
Señorías, la última parte, ya muy breve, de mi intervención será
poner el acento simplemente en lo que yo creo que España puede
aportar singularmente en los próximos meses en ese desarrollo del
pos-Tampere. En primer lugar, España ha sido, yo pienso que sin duda,
el principal país que ha sufrido un delito de crimen organizado en
estas últimas décadas y por eso nosotros apoyamos con entusiasmo la
puesta en marcha de Europol, no sólo por la institución Europol, sino
por lo que puede significar de sinergia a la hora de una colaboración
de carácter bilateral y multilateral contra los crímenes de carácter
organizado. Nosotros pensamos que en ese terreno la cooperación de
carácter internacional, sin duda, ha sido algo que en los últimos
años, no en este Gobierno, en años anteriores, poco a poco ha ido
demostrando su efectividad y su eficacia en la sociedad española.
Antes era una cuestión de políticos y ahora resulta que la
cooperación, al menos bilateral con un país como Francia, se
convierte probablemente en uno de los instrumentos más eficaces para
combatir un determinado modelo de delito organizado. Por eso España
estará en este terreno a la cabeza de la potenciación de Europol; por
eso España, en la medida de sus posibilidades, ha acrecentado su
aportación a Europol; por eso España en ese terreno, sin duda alguna,
aplaude que un español vaya a presidir la sección en la lucha contra
el terrorismo a partir del 1 de enero del año 2000.
Como frontera sur de Europa, yo creo que España también tiene que
hacer una importante aportación a la Unión Europea. Tiene que
recordar a la Unión Europea la realidad de los países del norte de
África. Tiene que recordar a la Unión Europea que hay unos países que
no van a estar nunca en la Unión Europea, que no tienen la ilusión de
formar parte de la Unión Europea en 10, 20, 30, 40 años, o en
principio nunca, pero que tienen la obligación de recordar su
problemática, sus dificultades y sus problemas en el seno de la Unión
Europea. Nosotros tenemos no sólo que aportar una frontera, nosotros
tenemos que saber aportar esencialmente una experiencia y una buena
relación con los vecinos del norte de África y por eso España
insistió
tanto, y lo consiguió, en que, en esos grupos de trabajo para abordar
las razones de fondo de los países donde había asilo e inmigración,
Marruecos estuviese presente. Y Marruecos fue uno de esos cinco
países y ese grupo de trabajo ha emitido ya un informe que ha tenido
el visto bueno de Tampere. Por eso, durante la última reunión, además
del grupo de alto nivel de asilo e inmigración, se han decidido
a crear cinco subgrupos para estudiar la aplicación de las medidas
adoptadas en cada uno de los planes de acción que han sido ya
aprobados. Yese grupo relativo a Marruecos se reunirá en Bruselas el
próximo 6 de diciembre, con la idea de seguir favoreciendo esa
sensibilidad de la Unión Europea de los Quince hacia lo que sucede en
los países del norte de África.
Vuelvo a reiterar que, en los diferentes contactos que he podido
tener, de carácter bilateral, con otros ministros de Interior, he
podido constatar la creciente preocupación por una mayor y mejor
coordinación en materia de asilo y de inmigración y para que todos
seamos más solidarios con las problemáticas que más específicamente
tiene que padecer, tiene que sufrir un país de la Unión Europea. En
todas estas ocasiones siempre ha surgido la idea de armonizar y
homologar algo tan elemental como son las estructuras político-
administrativas de la inmigración, algo tan elemental. Debe haber una
misma estructura política y administrativa en todos los países de la
Unión Europea dedicada a la inmigración, debe haber homólogos
europeos en materia de inmigración. Hoy no hay en ese terreno una
homogeneidad, no hay homólogos de la inmigración. Cada país tiene una
estructura distinta y si realmente queremos armonizar, como antes he
dicho recordando las conclusiones de Tampere, creo que hay que
empezar básicamente también, al margen de lo que diga Tampere, con
algo tan elemental y tan sencillo como crear homólogos, que desde la
relación permanente, frecuente, intensa, puedan abordar políticas más
armonizadas y más comunes. La posición de España en este terreno
siempre ha sido la de suavizar debates, flexibilizar posturas en el
seno de las distintas instancias derivadas de la Unión Europea,
buscando no sólo el consenso político esencial en cada país, sino el
consenso entre distintos Estados en una cuestión de tanta
trascendencia.
Por último, señorías, termino con una reflexión general, diciendo que
lo más importante de Tampere, sin duda, era la existencia de Tampere.
Pero yo también quiero decir, como reflexión final, que esto no es
simplemente una vaguedad. El Consejo extraordinario de Tampere ha
cumplido -y dentro de las limitaciones que puede tener un Consejo
extraordinario-, en mi opinión sobradamente, los objetivos marcados,
y lo que lo pone de manifiesto son las 62 conclusiones que ustedes
conocen, señorías, y lo podrán comprobar con sus lecturas,
recomendaciones y obligaciones en todos los terrenos. La Comisión ha
elaborado además un panel de seguimiento, un score-board, en el que
se destaca y detalla el órgano responsable del seguimiento de cada
conclusión, de cada una de las 62 conclusiones, y se prevé el
calendario de ejecución y el órgano e institución en el que debe ser
discutido. Se trata, señorías, de cuestiones concretas, tangibles,
perfectamente identificables, con fechas límites de ejecución y que
sin duda tienen que saber combatir la existencia de múltiples estados
de opinión en materia de seguridad en cada uno de los países
de la Unión Europea. Por eso, lo importante, como antes he dicho,
no sólo es Tampere, es la etapa pos-Tampere y lo importante es que
sepamos cumplir con las obligaciones, con la cultura en materia de
seguridad, asilo e inmigración que están detrás de Tampere, que están
detrás del Tratado de Amsterdam, que están detrás de las conclusiones
de esta cumbre, de modo y manera que podamos, al final, como gran
objetivo, cumplir con nuestra obligación de mejorar y acrecentar la
seguridad de los europeos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, por su exposición y
también muchas gracias a la señora ministra.
Tienen ahora los portavoces un turno de intervenciones, que, de
acuerdo con el Reglamento, estaría limitado a diez minutos, como ya
supongo que saben los señores portavoces. Aún así, habida cuenta que
son siete grupos, estamos hablando de una intervención de portavoces
que se prolongaría durante una hora y media o una hora y cuarto y la
señora ministra nos ha anunciado que tenía que dejarnos a las seis y
media o un poco más tarde. Le agradecemos que prolongue al máximo su
presencia para escuchar a los señores portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del grupo que ha
solicitado la comparecencia, el Grupo Socialista, señor Costa, y
después, Izquierda Unida. ¿No?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, señor presidente. Le ilustro que en
esta Comisión, entendido que es mixta, el segundo grupo de la Cámara
es Convergència i Unió. Es un tema que ya fue resuelto en su momento
por los servicios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tomo buena nota. Muchas gracias, por su
advertencia. En ese caso, tiene la palabra el señor Costa y después
intervendrá el señor Guardans.
El señor COSTA COSTA: En primer lugar, quiero manifestar que voy a
compartir el tiempo con otro portavoz específico en este tema y que
sólo voy a tomar la palabra para hacer tres reflexiones que me
parecen de un carácter distinto de la materia sectorial, pero que
tienen una incidencia especial en esta Comisión Mixta para la Unión
Europea.
La primera es el origen del debate que hoy tenemos. Situarlo en
Florencia es injusto y diría que poco delicado con el trabajo que
muchos ministros han hecho en esta materia. Tiene su origen, como el
ministro y la ministra conocen perfectamente, en una reunión informal
celebrada el año 1989 en San Sebastián, donde se inició ese proceso,
que dio lugar después al Tratado de Maastricht y, a continuación, fue
impulsado, seguramente en una segunda etapa, por la Presidencia
española de 1995. Cuando llegó a Florencia ya tenía un impulso y una
documentación muy importantes. España siempre ha estado entre los
países que, particularmente junto a Alemania, han impulsado ese
espacio de ciudadanía europea, que es lo relevante en esa cuestión.
Eso se vio culminado en el Tratado de Amsterdam, que mejoró las
políticas y los instrumentos para generarese espacio de libertad,
justicia e interior que Maastricht
había diseñado como políticas intergubernamentales y en el que se
avanza sustancialmente.
La segunda reflexión que me gustaría hacer es: ¿Qué significa la
cumbre de Tampere? ¿Qué es lo que aborda? Lo que aborda, intentando
sintetizarlo, es el núcleo principal de los derechos de ciudadanía
europea. Ypor ello, y ésa es la reflexión que me interesa hacer
específicamente en esta Comisión, abre nuevas vías de avance en la
Unión Europea y en la legitimación democrática de la propia Unión, al
tiempo que ofrece una oportunidad de tratar de un modo más eficaz los
problemas que realmente afectan a los ciudadanos. La unión económica,
la unión monetaria, las fronteras exteriores de la Unión demandan una
serie de políticas que en estos momentos no están implementadas y que
los ciudadanos de la Unión, los que tienen los problemas de las
fronteras transnacionales, demandan a gritos. Ésta es la respuesta
que la Unión da en su proceso de integración a esas demandas de
ciudadanos. Además de dar esa respuesta, seguramente estamos ante el
elemento más visualizable de la política europea para los ciudadanos.
Que un ciudadano que tiene un problema de derecho civil, como puede
ser el caso de un divorcio o algunos a los que ha hecho referencia la
ministra, se vea frustrado; que un ciudadano que goza ya de muchos
derechos, iguales en cualquier país de la Unión, no pueda eludir su
responsabilidad simplemente refugiándose en un sistema judicial
diferente del país en el que reside o en el que tiene su origen el
conflicto. Por tanto, estamos ante una etapa de la construcción
europea de un gran calado sobre la ciudadanía europea.
Me tienen que permitir hacer una reflexión más y una pregunta:
¿Consideran ustedes que los socios que han elegido para este viaje
concreto a Tampere son los que han estado, los que están en la
primera fila del proceso de integración europeo? ¿Les parece adecuado
que se quiera andar este camino, que tiene un instrumento de una gran
eficacia en el Tratado de Schengen, con un país que ni siquiera es
firmante de ese tratado y que es el que da origen a las fronteras
exteriores de la Unión? ¿Les parece razonable? Si no les parece
razonable, díganme cuál es la razón de firmar esos documentos con
países que tienen otras tradiciones y que mantienen legítimamente
otras políticas.
Querría concluir diciéndoles algo que ya el presidente del Grupo
Socialista dijo en el debate en el Pleno. El señor Joaquín Almunia,
en su intervención sobre la valoración del resultado político del
Consejo, dijo que el Grupo Socialista juzgaría los resultados de esta
cumbre en función de dos cuestiones claras. Ver si contribuyen de
manera clara y rotunda al desarrollo del estatuto del ciudadano
mediante la mejora del funcionamiento del sistema de garantías en el
ámbito de los derechos a la libertad de circulación y a la seguridad
de los ciudadanos y si favorecen la adhesión del ciudadano respecto
del cumplimiento de los deberes comunitarios y aumentan, al propio
tiempo, la confianza en un funcionamiento de las instituciones
comunitarias más transparente y proximo al ciudadano. Ésa es la
cuestión que englobaríamos dentro del post-Tampere.
Aquí finalizo yo mi intervención, para que mi compañero Pere Jover
pueda hacer un análisis más pormenorizado de algunas de las
cuestiones sobre las que también tenemos dudas razonables.
El señor PRESIDENTE: Señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Me temo que no voy a poder hacer un análisis
pormenorizado por el tiempo que me resta, pero intentaré al menos
cumplimentar la intervención del señor Costa con algunas cuestiones,
como él ha dicho, más concretas.
Insisto en algo muy importante, mi grupo no comparte el optimismo que
parecen traernos el señor ministro de Interior y la señora ministra
de Justicia sobre los resultados del Consejo Europeo de Tampere.
Porque, sin negar los avances que se han realizado, que son
importantes, no voy a decir que no, lo cierto es que se está
imponiendo cada vez más la idea de que una lectura sosegada de las
conclusiones de dicho Consejo demuestran que allí los jefes de Estado
y de Gobierno parece que han primado mucho más el enfoque de
cooperación intergubernamental que el enfoque supranacional,
olvidando, como ha dicho el señor ministro, que Amsterdam lo que hizo
fue comunitarizar, en el título IV del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, buena parte de lo que antes era el tercer pilar:
inmigración, asilo, fronteras interiores, sistemas de entrada,
incorporación del acuerdo Schengen. Todas esas cosas. También parece
evidente que el Gobierno español no ha tenido una intervención muy
clara para conseguir esa visión supranacional. Porque, como se ha
dicho aquí, ir de la mano de gobiernos de países que siempre se han
opuesto a este tema y, es más, de un Gobierno que exigió en Amsterdam
el opting out sobre la aplicación del título IV del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, no parece que sea la compañía
más adecuada. No quiero insistir en este tema y voy a referirme, si
el tiempo me lo permite, a tres aspectos muy puntuales: el asilo, la
cooperación policial y judicial en materia penal y, finalmente, la
inmigración.
Respecto al asilo, poco tengo que decir. Comparto con el ministro la
idea de que no sería bueno que esta institución fuera utilizada para
fines que no han sido previstos para ello. Y yo comparto el temor
ante esos centenares de miles o decenas de millares de demandas de
asilo que no están infundadas. Por tanto, en este aspecto, el avance
hacia un sistema común europeo de asilo y más aún hacia un
procedimiento común de asilo, es bueno. La única crítica que habría
que hacer no es a lo que hay en las conclusiones de Tampere, sino a
lo que falta. Y falta una cosa que a mí me produce graves problemas:
el Gobierno sigue sin conseguir resolver el problema del asilo de
nacionales de los Estados miembros. Sigue siendo posible hoy, a pesar
del Protocolo de Amsterdam, que un nacional de un Estado miembro, que
una persona perseguida por terrorismo en España pida asilo en Bélgica
y el Gobierno belga pueda decir que acepta a trámite esa petición y
teóricamente incluso la concede. Eso sigue siendo posible. Lamento
que no se haya avanzado un poco más en esta vía en el Consejo de
Tampere, a pesar de que el Parlamento Europeo ya dio al Gobierno
español una vía de solución. Si no recuerdo mal, en el informe
realizado por el Parlamento Europeo en relación con el convenio
europeo de extradición se dice textualmente: Punto 8. Insta al
Consejo a que adopte los acuerdos y medidas necesarias para que un
nacional de un Estado miembro imputado de un delito de terrorismo o
de cooperación con banda armada no pueda acogerse al asilo político o
al estatuto de refugiado
en otro Estado miembro. No hay nada al respecto en las conclusiones
de Tampere. Sigue siendo posible una auténtica aberración como es que
el nacional de un Estado democrático, que reconoce los derechos
humanos, que ha firmado el Convenio europeo de derechos humanos,
pueda pedir asilo en otro Estado miembro.
Segunda cuestión. Cooperación policial y judicial en materia penal.
Adelantándose a la crítica que yo le podía hacer, el señor ministro
de Interior nos ha dicho que Tampere no va contra Europol y el hecho
de que se creen mecanismos de intervención de cooperación entre las
policías de los Estados miembros no significa de ninguna manera que
la capacidad de Europol se vaya a rebajar. Yo no lo sé, señor
ministro, es posible que tenga usted razón. Lo que es seguro es que,
en este momento en que Europol empieza a funcionar, a mí me habría
parecido mucho más importante que se potenciase Europol y no la
cooperación entre las policías de los Estados miembros. Esto no se ha
hecho así y concretamente no se han incorporado algunos aspectos
importantes que estaban ya en el plan de acción y que precisamente
habrían permitido potenciar Europol. Por ejemplo, no se ha
incorporado una medida que estaba en el plan de acción del Consejo y
de la Comisión sobre la necesidad de crear una base de datos en
Europol en la que apareciesen todas las investigaciones que están
realizando las policías nacionales para así evitar duplicidades. De
esto no hay nada. Tampoco hay nada sobre la recomendación que había
en el plan de acción de establecer un sistema codificado de
relaciones entre Europol y las policías nacionales y los sistemas
judiciales de los Estados miembros. En fin, parece que una vez más
prima el aspecto intergubernamental. Y yo comprendo que hay Estados
miembros -no voy a decir cuáles son, puesto que todos los conocemos-
que no ven claro esta cuña supranacional que es Europol, dentro del
título VI del Tratado de la Unión Europea, básicamente
intergubernamental.
Por lo que se refiere a la cooperación judicial en materia penal,
solamente quiero comentar una cuestión, que yo creo que es
importante. La señora ministra nos ha hablado de ese gran avance que
aparece, si no me equivoco, en la conclusión número 35, cual es la
supresión de la extradición, pura y simplemente. La supresión del
procedimiento formal de extradición entre Estados miembros cuando
haya una sentencia firme. Yo quiero que usted me explique esto,
señora ministra, porque no lo acabo de comprender. No sé cómo va a
funcionar en nuestro país. ¿Significa que vamos a introducir un
sistema puramente gubernativo de entrega de personas al margen por
completo del Poder Judicial? Quizás sea esto, aclárenoslo, porque yo
no consigo ver el alcance que esto va a tener. Lo que es seguro es
que, si esto se hace así, en España no se podrá aplicar. España no
podrá pedir la entrega de ninguna persona por esta vía, porque como
usted sabe muy bien, señora ministra, nuestras leyes procesales
impiden juzgar y por supuesto condenar a una persona que no está
presente, que está en rebeldía. ¿Cómo vamos a juzgar y condenar en
sentencia firme a una persona que no está aquí y que tendremos
después que pedir su entrega? Eso no se puede hacer. Usted sabe que
la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que exige para estos casos es
que el juez instructor archive los autos cuando el imputado no está
presente, porque está huido de la justicia, porque
está en rebeldía. Solamente cuando sea habido -dice el artículo
trescientos cuarenta y tantos- es cuando se puede hacer un juicio
oral y cuando se le puede por tanto condenar. De manera que esto es
absolutamente inaplicable. España no podrá pedir la entrega de nadie
por esta vía. Pero es más, tampoco podrá entregar a nadie, ya que,
como usted sabe muy bien, una regla básica de nuestro sistema es que
esta misma regla se ha de aplicar para otros. Y la Audiencia Nacional
sistemáticamente está denegando las extradiciones cuando la persona
haya sido juzgada en rebeldía, salvo que se garantice que se la
volverá a juzgar allí. Hay sentencias, confirmadas por el Tribunal
Constitucional, en este sentido. Por supuesto que las leyes se pueden
cambiar, por supuesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley
de Extradición se pueden cambiar, se puede cambiar todo lo que usted
quiera, pero yo diría que una reforma de este tipo sería de dudosa
constitucionalidad. Permitir juzgar en nuestro país a una persona por
delitos graves y condenarla si no está presente no sé cómo lo verá
usted, pero francamente yo lo veo, como mínimo, complicado.
Por último, y ya acabo, señor presidente, el tema de la inmigración.
Este sí que es un tema complicado. Nos encontramos ciertamente con
una situación que a lo largo de los últimos meses parece que está
empezando a resultar un sainete político. Usted sabe, señor ministro,
que desde hace meses se está discutiendo en esta Cámara una reforma
de la Ley de derechos y libertades de los extranjeros. Usted sabe
que, después de un período de tiempo en el cual esto estaba parado,
pareció que durante los meses de junio y julio el proceso avanzaba, a
finales de julio había ya un borrador de ponencia aprobado
entusiásticamente por todos los grupos, empezando por el Grupo
Popular. Esa ponencia ya no es tal ponencia, sino que es un dictamen
de la Comisión y, si no me equivoco, la próxima semana vendrá al
Pleno; incluso el Gobierno ha aceptado el trámite de urgencia para
que pueda ser aprobado dentro de esta legislatura. Si esa norma es
aprobada finalmente, y yo espero que sí y mi grupo espera que sí,
puedo afirmar que se convertirá en la ley de extranjeros más avanzada
y más progresista de toda Europa, seguro, en lo que se refiere a la
integración de los extranjeros, en lo que se refiere al
reconocimiento de los extranjeros. La más avanzada de toda Europa.
Seguro. Ahora bien, ¿cómo encaja esto con las conclusiones de
Tampere? Pues muy mal. No encaja. Basta leer las conclusiones de
Tampere para ver que allí la idea básica es plena integración de los
inmigrantes legales y toda la dureza posible contra la inmigración
ilegal. Y, si no me equivoco, señor ministro, usted reconocía esta
contradicción, por decirlo así, si he interpretado bien sus
declaraciones. La solución no es decir que no se apruebe la ley de
extranjeros. La solución habría sido que, cuando se fue a Tampere, el
Gobierno español hubiera intentado por todos los medios que lo que
aquí ya es acuerdo se introdujera de alguna manera en las
conclusiones de aquel Consejo. Y no hay nada de eso. Aquí realmente
vamos a tener un problema, porque si aprobamos la ley de
extranjeros...
El señor PRESIDENTE: Señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Acabo, señor presidente.
Si posteriormente la Unión Europea aprueba un estatuto de extranjeros
que no vaya por esta vía, a ver qué vamos a hacer.
El señor PRESIDENTE: Los señores ministros le darán cumplida
respuesta a sus preguntas.
El señor JOVER PRESA: Seguro.
El señor PRESIDENTE: Ahora, y gracias por haberme ilustrado al
respecto, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Quiero dar las gracias a la señora
ministra de Justicia y al señor ministro de Interior por su presencia
en esta Comisión, que yo agradezco sinceramente y por la cual me
felicito. La presencia de la señora ministra de Justicia en esta
Comisión es particularmente positiva, no por la persona concreta que
desempeña el cargo, sino por lo que supone que, en una Comisión mixta
que trata de los asuntos de la Unión Europea, esté informando de algo
la ministra de Justicia. Eso por sí solo es un símbolo. Aquí no
comparece sólo el ministro de Economía o el ministro de Trabajo, sino
que a partir de ahora y progresivamente comparecerá la ministra de
Justicia y eso significa que la construcción de la Unión Europea va
muy en serio. Además, entiendo que probablemente deberá comparecer
más, igual que el ministro de Interior, que otros ministros, puesto
que, con la configuración que se está dando a este tercer pilar y a
todo lo que es la cooperación en los asuntos de Justicia e Interior,
realmente su única fuente de legitimidad, que no es poca, la única
fuente de democracia y de legitimidad que van a tener las decisiones
que se tomen somos nosotros, los que estamos aquí y en lo que aquí
representamos. Cuando sus colegas toman decisiones en Bruselas,
muchas veces esas decisiones pasarán por las manos del Parlamento
Europeo y por tanto tendrán un refrendo de dicho Parlamento, que les
dará ese algo más que barniz, esa aprobación democrática que
legitimará el contenido de esas decisiones. Eso afecta a muchas
materias. En cambio, en las materias que tanto la señora ministra de
Justicia como el señor ministro de Interior administran, la única
justificación democrática, la única legitimación democrática de
cualquier decisión que ustedes adopten en Bruselas en la sede del
Consejo de Ministros será la que les venga de este Parlamento. Yo les
pediría que esto sea algo que nunca pierdan de vista. No es una cosa
que este portavoz se invente en este momento para empezar su
intervención, sino que es algo que forma parte de las preocupaciones
más graves que tenemos sobre la mesa todos los portavoces que nos
dedicamos a estos temas en cualquiera de los Parlamentos de la Unión
Europea, que esa construcción del tercer pilar no escape al control
democrático y no desaparezca de la transparencia y la democracia que
debe caracterizar a cualquier poder público y muy especialmente a las
materias de las que ustedes dos son responsables, que son las que
hacen referencia, más directamente incluso que otras, a los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Por tanto, y ya lo comentaba el portavoz socialista, como el modelo
al que estamos yendo no es, y entiendo que va a tardar un poco en
ser, el de una auténtica comunitarización
de los temas de Justicia e Interior y estamos construyendo
un espacio intermedio entre la comunitarización y la
intergubernamentalización, si me permiten la palabreja, eso significa
que su presencia en esta Comisión y en este Parlamento hoy es muy
importante.
A mi grupo la cumbre de Tampere le pareció una cumbre de enorme
importancia, ya se felicitó en su momento por ella y hoy lo querría
reiterar. Aunque es cierto que algunos de los compromisos a los que
en ella se llegó ya habían sido aprobados como líneas de actuación en
el plan de acción de Viena, también es cierto que no es lo mismo un
plan de acción a nivel de Consejo de Ministros que una cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno. Además, yo diría que en discrepancia
frontal con la intervención en este punto, no en otros, de los dos
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, me parece
muy oportuno que estén ustedes actuando en este caso de la mano del
Reino Unido y creo que lo tienen que hacer con la cabeza muy alta,
porque esa especie de teórica imagen de que hay determinados países
que han sido más partidarios de la integración europea que el Reino
Unido y que por tanto es con ellos con los que habría que ir cuando
se está hablando de Justicia e Interior demuestra, dicho con el
debido respecto hacia quienes defienden esa tesis como dialéctica
política, una cierta ignorancia de lo que ha sido, por ejemplo, la
actuación de Francia en materia de cooperación en Justicia e
Interior. Si ha habido un país contrario, con una radicalidad
espantosa, a cualquier tipo de cooperación internacional en materia
de justicia -no en materias de Interior en términos bilaterales, con
España- en términos europeos, y también en materia de Interior, ha
sido Francia, y les recuerdo al infausto ministro Toubon, socialista
él, que es quien más ha hecho en contra de la integración de la
política de justicia en la Unión Europea. Por tanto, en cuanto a esa
especie de división entre países buenos y países malos en materia de
cooperación en el tercer pilar y ese reproche al preguntarles qué
hacen ustedes alineándose con el Gobierno laborista de Tony Blair en
lugar de aliarse con otros -por supuesto, ustedes tendrán su momento
para responderle-, sepa que a este portavoz le parece muy oportuno
que se pongan con quien en este momento sale de una tradición
distinta, como pueda ser el Gobierno de Tony Blair, y tiene, por las
razones que sea, un interés y una legitimidad muy importante.
Tengo unas preguntas que formular por separado en el ámbito de la
justicia y en el ámbito de interior e intentaré ser más o menos
telegráfico, aunque reconozco que son muchos temas los que están
sobre la mesa. Por empezar con los temas de justicia, diré que es
evidente que en este caso el salto que se está empezando a dar -si es
que realmente se da, porque por ahora son sólo palabras- es mucho más
importante que en el ámbito de Interior. Ya había una cierta
internalización policial, aunque sólo fuera desde la existencia de
Interpol, después Europol, que creaba una cierta posibilidad de
cooperación internacional. En el ámbito de la justicia todo se ha
movido con una lentitud muy superior. Aquí pesan las tradiciones,
pesan las inercias y pesa la formación de los jueces concretos,
señora ministra, como usted sabe perfectamente. Es obvio, y no me
resisto a comentarlo de pasada, que esta evolución en elámbito de la
Justicia prueba el poco acierto que se tuvo en
su momento, y que ya fue corregido también por parte del equipo que
usted dirige, de intentar presentar un texto que de alguna forma
aglutinara todo lo que era cooperación judicial internacional, en
concreto en ese caso en materia penal, mezclando churras con merinas
e intentando congelar lo que era algo que estaba en plena evolución
en Europa, como ahora se ha demostrado, intentando además generalizar
para el mundo entero, para el mundo mundial, soluciones que se
estaban articulando estrictamente en el seno de la Unión Europea.
Afortunadamente, ese texto legal que se trajo a esta Cámara no siguió
su curso, pero es un índice de que Tampere iba por la buena línea y
eso no lo iba del todo.
Si nos ceñimos a lo que es la justicia civil, es evidente que el tema
no es sencillo. En cuanto a lo que es la conversión en instrumentos
comunitarios de los actuales convenios, le querría hacer un par de
preguntas y un par de comentarios. Primero, haré un comentario, que
le voy a formular como pregunta al ministro de Asuntos Exteriores,
por tanto, no es usted formalmente quien lo debe contestar, pero sí
le compete. Según la información oficial de la que disponemos estos
portavoces que estamos aquí sentados, acerca de la posición de España
ante cada uno de los puntos concretos que están sometidos a la
aprobación en la Presidencia finlandesa, aparece que España se opone
a la conversión en instrumento comunitario, a la conversión en
reglamento, del Convenio de Bruselas en materia de ejecución, del
convenio de quiebras, del convenio matrimonial, etcétera. Eso está
ahí expresamente dicho y eso se lo plantearé al ministro de Asuntos
Exteriores, que es quien responde ese documento. La razón que se nos
da en esos papeles es Gibraltar, vuelve a ser de nuevo el fantasma de
Gibraltar. El ministro de Interior ya conoce mi obsesión por que
Gibraltar no bloquee estos temas, pero está a punto de bloquearlos,
si otros no lo impiden. No hace falta que me conteste, pero le ruego
que tome nota para informarse sobre este extremo porque los actuales
convenios en materia de cooperación civil no se aplican a Gibraltar,
y en cambio, el reglamento comunitario sí se aplicaría. Gibraltar
vuelve a ser un bastón entre las ruedas, aunque a usted a lo mejor se
le escape porque no está en el área directa de sus competencias.
Le querría señalar un tema muy concreto, si bien habrá mucho tiempo
para volver a hablar sobre ello, y es algo tan tosco como hablar de
la calidad de los textos legislativos en este caso. Los reglamentos
comunitarios no se caracterizan por su calidad. En el ámbito del
derecho civil la falta de calidad normativa que tienen esos
documentos puede hacer muchísimo más daño que un reglamento sobre el
tamaño del alambre de cobre o sobre la capacidad pesquera de un
determinado país, que puede ser el contenido de otros reglamentos.
Este es un tema que en cierto sentido sí la implica, puesto que
dependerá del Ministerio de Justicia el seguimiento expreso de estos
temas, el hecho de que esto no quede en manos de otros funcionarios
muy cualificados en la política internacional o en la política
europea, pero no suficientemente cualificados en temas muy técnicos
como son estos de los que estamos aquí hablando, donde una coma
cambiada de sitio -como usted sabe- puede hacer perder un pleito y en
este caso concreto tendría unas consecuencias tremendamente
importantes. Por tanto, hay que
pasar un poco de las musas al teatro y lo que es cooperación civil al
llevarlo a textos concretos, deberá seguirse con detalle.
En esta línea, le querría preguntar qué medidas de formación judicial
a medio plazo, porque esto parece que va para medio o largo plazo, se
están pensando desde su Ministerio. Ya sé que la formación es
competencia del Consejo, pero también desde el Ministerio se puede
colaborar con ello, puesto que en este momento ya existen
instrumentos de cooperación judicial civil en Europa que teóricamente
están en vigor y que, sin embargo, muchas veces en la práctica no se
aplican o se aplican muy mal sencillamente porque los jueces no los
conocen o no saben ni siquiera cómo aplicarlos. Este portavoz, en sus
tiempos de abogado ha llegado a entregar fotocopias del «BOE» a un
juez, subrayando el Convenio de Bruselas con rotulador amarillo,
porque un determinado juez no sabía ni que existía el Convenio de
Bruselas, porque tienen la cabeza en otros temas. Si no saben ni que
existen convenios internacionales, difícilmente, salvo que se haga un
esfuerzo muy importante por parte de quien tiene la responsabilidad
de hacerlo, conocerá del contenido de un reglamento publicado en un
boletín, que probablemente no tendrá en la Secretaría judicial,
puesto que el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» -que yo
sepa- no está en este momento en las secretarías judiciales de España
y los reglamentos no se podrán publicar en el «BOE».
Todos estos temas son llamadas de atención que se lanzan desde aquí,
porque de la gran decisión política a la implementación puede haber
un paso y son cosas en las que ya se puede empezar a trabajar y en
las que no hará falta esperar a que se aprueben los textos. En este
mismo sentido también se habla, y es el último ejemplo concreto que
pongo, de convertir también en reglamento comunitario el convenio
fallido, y valga la redundancia, sobre la quiebra -quiebra en catalán
es fallida, por tanto, convenio fallido sobre la fallida diríamos en
catalán-. No hay legislación de quiebra en España y, sin embargo,
parece que vamos a un reglamento comunitario sobre la quiebra. Mi
grupo le ha reclamado a su Ministerio durante toda esta legislatura,
también lo reclamó quienes le precedieron, una nueva legislación en
materia concursal. A estas alturas de legislatura ya parece que no la
vamos a tener, pero querría poner sobre la mesa la paradoja de que
vayamos hacia la homologación en Europa del derecho concursal,
mientras en España seguimos con una ley de 1922, completada con el
código del siglo pasado.
En la Ley de Enjuiciamiento Civil -y voy terminando, señor
presidente, porque son muchos temas- no me voy a detener, pero sí
querría señalar el problema que plantea, independientemente del curso
que siga esa ley, la supresión del tema del exequatur que
indirectamente sí se relaciona con esto, pero sobre eso no me voy a
detener mucho más.
Cooperación judicial en materia penal. Yo no comparto la
simplificación con la que se está planteando, y lo hizo el presidente
del Gobierno en el Pleno y lo han vuelto a hacer hoy por duplicado
los dos ministros comparecientes, el entusiasmo y la agilidad con la
que se habla de la supresión de la extradición en el seno de la Unión
Europea. Mi grupo no comparte ese planteamiento. Eso es empezar a
construir la casa por el tejado. Llegar como meta final a que se
suprima
la extradición en el seno de la Unión Europea puede ser un principio
o un objetivo a compartir, pretender que se arreglan los problemas
simplemente convirtiendo la supresión de la extradición en una simple
entrega de condenados me parece que no se corresponde con la
realidad. En primer lugar, por las razones estrictamente procesales,
que no repetiré, que le ha comentado el portavoz socialista, que son
muy reales en su eficacia práctica. Y, en segundo lugar, por un tema
mucho más de fondo, no se puede ir a la supresión de la noción de
extradición y ni siquiera a la supresión de la noción de doble
incriminación sin una homologación de códigos penales en Europa, al
menos en aquellos ámbitos en los cuales se pretenda la supresión de
la extradición.
Querría recordar -y no desearía ser tosco con los ejemplos- que la
prostitución es delito en Suecia, que en Suecia se va a la cárcel
cuando se es cliente de prostitución y en España eso se anuncia en
todos los periódicos, que en Francia se puede ir a la cárcel por
dopaje, por consumir determinados productos deportivos, que hay
países donde se puede ir a la cárcel por conducir sin carné, mientras
que aquí sólo sucede en determinados casos -eso es así y no voy a
entrar en la tipificación del delito-, y que la diferencia entre
situaciones administrativas y penales en materia medioambiental es
radicalmente distinta en toda Europa. Por tanto, pretender la simple
extradición o esa frase que ha comentado la ministra de Justicia
-creo recordar- que lo que se pretende es un simple traslado de
personas, tal y como sucede dentro de cada país, es que dentro de
cada país hay un sólo código penal y no hay un mismo código penal
entre Berlín y Barcelona.
Por tanto, cuidado con la simple supresión de la extradición. En su
momento, cuando parezca que eso se va a materializar, ya plantearemos
los riesgos graves que tiene para los ciudadanos españoles si se hace
pensando sólo -porque es la impresión que da a veces- en droga y
terrorismo, porque es verdad que estamos todos de acuerdo en lo que
se refiere a droga y terrorismo, pero los códigos penales tienen
tipos delictivos que van mucho más allá de droga, terrorismo y
blanqueo de capitales.
Todo lo que se haga en el ámbito de cooperación procesal entre
órganos judiciales en materia penal también debe ser bienvenido. Ha
habido algún incidente reciente, en el caso concreto de Pinochet, por
el que hemos visto a un ministro portavoz protestando en rueda de
prensa...
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino. Un minuto, señor presidente.
PRESIDENTE:
El señor Pero termine de verdad.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Era tradición de esta Comisión mucha
generosidad con estos temas. Nos vamos a acostumbrar.
El señor PRESIDENTE: La generosidad, de momento, es del 50 por
ciento.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Nos vamos a acostumbrar. Hace falta un
rodaje porque es la primera vez que no tenemos al presidente
anterior.
El señor PRESIDENTE: Odio hacer lo que tengo que hacer, pero le
aseguro que su tiempo se ha acabado.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino brevemente.
Sólo quiero comentar que no fue oportuno que un ministro portavoz del
Gobierno en su momento se quejara y casi se escandalizara de que un
juez de la Audiencia Nacional se dirigiera por fax a un juez inglés,
cuando evidentemente, después, ese mismo fax se había comunicado
también por vía diplomática. Decía -y todos sabemos de quién estamos
hablando- que ese juez se estaba saltando todo el derecho
internacional. No, ese juez está haciendo lo que debe hacer y lo que
todos los jueces deberían hacer, ir al máximo de agilidad en el
ámbito de la cooperación judicial penal.
En el ámbito de Interior -y ahora sí que termino-, no voy a plantear
problemas concretos. Me uno a ese punto de alarma sobre lo que puede
ocurrir con Europol. La ha descartado a priori, pero será bienvenido
todo lo que se pueda hacer por tranquilizarnos, por darnos la
sensación de que Europol va a menos.
Una reflexión política, señor ministro, que viene perfectamente al
caso, en relación con la ley de extranjería que se está debatiendo
aquí. La ley de extranjería que se está debatiendo sí enlaza con
Tampere, muy concretamente con los principios de Tampere; según
informaciones periodísticas, probablemente no ciertas y no fundadas,
tiene graves inconvenientes por parte de su Ministerio. Sé que tiene
algunos, puede que fundados, pero le pediría muy sinceramente que,
desde su Ministerio y desde la responsabilidad que se deriva de esa
determinada visión del problema, que es distinta de la que se tiene
en Asuntos Sociales, no se rompa lo que ha sido un consenso muy
difícil de construir durante toda esta legislatura, que ha permitido
a todos los grupos políticos sin excepción llegar a fijar una
solución a un problema que nos afecta a todos.
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señora ministra de Justicia, señor ministro de
Interior, en Tampere se han trazado nuevas líneas de convergencia
europea, a la vez que se han marcado estrategias voluntaristas en
materia de justicia y de asuntos de interior. Este es un esfuerzo
tanto más meritorio y difícil por cuanto afecta al núcleo mismo de
las soberanías nacionales, y a nadie se le oculta la coexistencia en
la Unión Europea de sistemas jurídicos muy diferentes entre sí.
El Consejo Europeo de Tampere ha dado pasos hacia la construcción del
espacio de libertad, seguridad y justicia en la Europa de los quince
y quisiéramos que fuesen pasos irreversibles, objetivo que esta
Comisión mixta ya había apoyado en el dictamen de la conferencia
intergubernamental que fue concretado en el Tratado de Amsterdam. No
olvidemos que este objetivo responde a la necesidad de
dotar a la Unión Europea de contenido político, ciudadano,
democrático y debe suponer un importante desarrollo del proceso
abierto por el mercado interior y la moneda única, que ha de
completarse ahora con la política exterior y de seguridad común,
además de con la necesaria reforma institucional previa a la próxima
ampliación europea.
La cumbre de Tampere ha emitido una serie de mensajes a los
ciudadanos, a quienes se les promete mayor seguridad y mayores
derechos; a las administraciones nacionales que no podrán dar marcha
atrás en relación con los compromisos que se han adquirido; al mundo
del crimen, para que sepa que la libre circulación de personas, de
capitales y de mercancías no es sinónimo de impunidad; y al mundo
exterior, al que se le intenta tranquilizar con el argumento de que
la unión segura no es una Europa fortaleza. Por ello, esperamos que
el mensaje de Tampere sea algo más que una mera declaración de
intenciones y se concrete en instrumentos operativos y eficaces.
Haciendo un balance somero y breve, del ámbito de la justicia, en lo
que se refiere a la política de asilo, es importante la referencia al
respeto estricto de la Convención de Ginebra y al principio de que
ninguna persona será repatriada a un país en el que sufre
persecución, pero lamentamos que no se haya llegado a un acuerdo para
la definición de un sistema único de asilo sino solamente sobre
normas de procedimiento comunes. También consideramos un fracaso la
reticencia de algunos Estados miembros a apoyar la creación de un
fondo europeo para los refugiados temporales, aunque, por otra parte,
nos alegramos de que no haya prosperado la pretensión alemana de que
se procediera a un reparto de cuotas de refugiados entre distintos
países. Por el contrario, creemos que ha de respetarse la libertad de
los refugiados a la hora de escoger el país de acogida.
En lo referente a la emigración, parece acertada la estrategia que
combina un control coherente de las fronteras exteriores con una
mayor integración de los residentes en los países de la Unión,
aproximando el estatuto jurídico de los residentes de larga duración
al de los nacionales de los Estados miembros, pero el objetivo de
avanzar hacia un estatuto del residente permanente se ha diluido en
un compromiso genérico, sin plazos de cumplimiento. Esperamos que la
nueva ley española de extranjería conceda a los inmigrados de países
terceros los mismos derechos que a los españoles, incluidos derechos
políticos.
Quisiera hacer aquí un paréntesis sobre lo que está ocurriendo en
este país acerca de esta ley. Usted mostró recientemtne su oposición
a la tramitación urgente de la ley de extranjería que, entre otras
cosas, daría solución a estos dos problemas que consideramos muy
urgentes, la regulación de los inmigrados afincados en España desde
hace ya más de dos años y el acceso de los extranjeros a la sanidad
pública. A la fuerza política que represento le sorprende que usted
haya esperado tanto tiempo para exponer sus reticiencias, cuando el
proyecto de ley ha sido elaborado con un alto grado de consenso por
la ponencia del Congreso, que ha trabajado durante dieciocho meses en
este texto y cuando el foro de la inmigración, donde está
representado también su Ministerio, aprobó por unanimidad, el 26 de
octubre que la norma debía tramitarse por urgencia. Quisiéramos
saber, desde la visión de su departamento, qué artículos de esta ley
consideran que podrían entrar en colisión
con lo acordado en la cumbre de Tampere, por qué usted ha
tardado tanto tiempo en mostrar sus reticencias y sus críticas a este
proyecto de ley, qué puntos de la ley serían los que considera que se
deberían de cambiar y si, de alguna forma, manteniendo esa actitud,
está desautorizando a su grupo parlamentario, a su portavoz en la
ponencia y al señor vicepresidente primero del Gobierno, que
garantizó ayer que el Gobierno no se opondrá a la tramitación urgente
de la ley de extranjería.
Finalmente, saludamos el buen propósito de los quince de enmarcar la
política de inmigración en una estrategia global de codesarrollo en
los países de origen, con el fin de atajar las causas que se
encuentran en la raíz del fenómeno migratorio, en particular la
pobreza y la vulneración de los derechos humanos. A este propósito,
consideramos que no es de recibo que ningún Estado miembro de la
Unión se haya dignado hasta ahora a ratificar el Convenio
internacional para la protección de los derechos de los trabajadores
migrantes y de sus familias, adoptado en 1990 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
En el ámbito de los asuntos de Interior, saludamos el énfasis que se
ha puesto en la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo,
no podríamos aceptar el aumento de competencias de Europol y el
refuerzo de los poderes policiales sin un adecuado contrapeso
judicial, especialmente en lo que afecta a la protección de datos.
Por ello, nos gustaría que la cooperación policial y judicial pasara
progresivamente del tercer pilar al pilar comunitari, con objeto de
lograr una mayor coherenica legislativa y controles democráticos más
estrictos. Ya hemos oído en su primera declaración que considera
acertado que esté en el tercer pilar.
Valoramos positivamente la puesta en marcha de una acción común
contra el blanqueo de capitales, que está en el centro mismo de la
delincuencia organizada, pero este objetivo trazado en Tampere carece
de instrumentos operativos eficaces. La prueba es que la mayoría de
los Estados miembros no ha aplicado aún la directiva contra el
blanqueo de capitales, en vigor desde 1990, y el Consejo está
retrasando la aprobación de la nueva directiva propuesta por la
Comisión. Como no podemos pasar por alto nuestra peculiaridad que es
Gibraltar; todos conocemos lo que está ocurriendo con las peticiones
de auxilio judicial que se están realizando desde España para
perseguir el blanqueo de capitales. Los jueces gibraltareños hacen
oídos sordos a las peticiones de nuestros jueces que intentan
investigar estos delitos que parece ser que mayoritariamente se están
produciendo en la Costa del Sol. También es significativo que el
Consejo Europeo no se haya atrevido a suprimir el secreto bancario y
se haya limitado a reclamar una mayor transparencia en las
transacciones internacionales.
Finalmente, echamos en falta una definición del delito ecológico, en
aplicación del artículo 34.2 del Tratado, con el fin de actuar
eficazmente en su dimensión transnacional.
La carta de derechos fundamentales, en cuya redacción participarán
representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos
nacionales, es especialmente importante, pero no se ha fijado fecha
para su aprobación. El Consejo Europeo ha pasado de puntillas sobre
el estatuto jurídico de este documento. La carta no puede ser una
simple declaraciónpolítica sin efectos jurídicos directos. En la
próxima
conferencia intergubernamental, España debe proponer que sea un
documento con efectos jurídicos vinculantes. La cumbre de Tampere ha
sido definida por sus protagonistas como un paso sustancial en la
construcción europea. La declaración final es ambiciosa, tanto que
sus propios firmantes reconocen que llevará bastante tiempo verla
cumplida. El problema ahora es conseguir que se cumpla, y que se
cumpla con todas las garantías democráticas y con la transparencia
que requiere la puesta en común de políticas tan sensibles, como son
la de Justicia y de Interior. La experiencia en todo este proceso de
construcción europea nos enseña que la diligencia que los quince
aplican a la hora de alcanzar determinados objetivos se convierte en
pereza cuando se trata de alcanzar otros. Baste recordar, por
ejemplo, que muy pocos Estados miembros han ratificado los convenios
de extradición de 1995 y 1996 y el convenio de Bruselas sobre derecho
familiar. Por ello, confiamos que el Gobierno mantendrá puntualmente
informado al Congreso de los Diputados, en este caso a esta Comisión
Mixta Congreso- Senado, sobre la puesta en práctica de todas y cada
una de las conclusiones adoptadas en Tampere.
Me permito ahora sintetizar las preguntas que dirijo, tanto a la
ministra de Justicia, como al ministro de Interior.
Señora ministra, el reconocimiento mutuo de las sentencias judiciales
ha sido valorado como un paso muy positivo en el ámbito de la
cooperación judicial. Teniendo en cuenta la perspectiva de la
ampliación de la Unión Europea a doce nuevos países en los próximos
años, ¿piensa la señora ministra que para el reconocimiento de las
sentencias será suficiente la confianza mutua con los sistemas
judiciales de los Estados miembros, o bien habría que precisar unos
principios comunes para que este reconocimiento esté respaldado por
la existencia de garantías procesales suficientes?
Ningún Estado miembro ha ratificado el convenio de Bruselas 2,
relativo al reconocimiento de las sentencias judiciales en
contenciosos matrimoniales ¿Está dispuesto el Gobierno a apoyar en el
Consejo, el reglamento elaborado por la Comisión que integra en el
derecho comunitario el mencionado convenio de Bruselas 2, y el
convenio de La Haya, de 1972, sobre las sentencias en materia de
custodia de los hijos que sólo ha sido ratificado por ocho de los
quince estados miembros? ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre el
estatuto jurídico de la futura carta de los derechos fundamentales de
la Unión Europea ? ¿Estaría dispuesto el Gobierno a proponer en la
conferencia intergubernamental que la carta sea plenamente
incorporada en el tratado para que sea jurídicamente vinculante?
El Consejo está estudiando la incorporación del acuerdo de Schengen
en los distintos pilares del Tratado de la Unión. Teniendo en cuenta
la importancia de que unas u otras disposiciones de Schengen estén
encuadradas en el pilar comunitario o en el pilar intergubernamental,
¿podría el Gobierno compartir esta reflexión con el Congreso de los
Diputados antes de presentar su posición en el Consejo?
Al ministro de Interior le quiero concretar que la cumbre de Tampere
marca la política de inmigración en una estrategia global de
codesarrollo con los países de origen. De otra parte, la Unión ha
reconocido, como he dicho, a Marruecos como zona potencial de
emigración hacia la
Unión Europea. ¿Qué iniciativas piensa emprender el Gobierno para
obtener de las autoridades marroquíes una mayor eficacia en el
control de la emigración irregular que llega a España atravesando su
territorio?
Usted ha reconocido en declaraciones recientes su preOcupación por la
evolución de la criminalidad organizada en nuestro país. Las fuerzas
de policía han puesto en evidencia la actividad de bandas
internacionales en Madrid y en el litoral Mediterráneo, desde las
mafias rusa, italiana, turca y búlgara, a los grupos chinos,
colombianos, pasando por las redes albanokosovares. ¿Qué puede
aportar la estrategia de cooperación policial y judicial adoptada en
Tampere para conseguir la mayor eficacia en la lucha contra la
criminalidad internacional organizada en nuestro país?
El sistema Eurodac establece el registro obligatorio de huellas
dactilares de demandantes de asilo y de emigrantes en situación
irregular. La Comisión propone que estas huellas se tomen a los
afectados a partir de los 14 años de edad.¿Está dispuesto el Gobierno
a apoyar las enmiendas del Parlamento Europeo para que esta edad
mínima se eleve a 18 años y para que las huellas dactilares se tachen
del registro cuando se regule la situación de asilo o de residencia
y no, como propone la Comisión, cuando el interesado adquiere la
nacionalidad del Estado donde reside?
La cumbre de Tampere ha lanzado una acción contra el blanqueo de
capitales. ¿Cómo explica, señor ministro, que desde 1990 España no
haya trasladado a derecho interno la directiva comunitaria relativa a
la lucha contra el blanqueo de capitales? ¿Por qué el Consejo está
retrasando la aprobación de la nueva directiva propuesta por la
Comisión? ¿Por qué no se ha avanzado en Tampere hacia la supresión
del secreto bancario?
Termino con lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia
transfronteriza, en la que reviste especial importancia el derecho de
la policía de un Estado miembro a perseguir en caliente a un presunto
delincuente en el territorio de otro Estado miembro fronterizo en una
profundidad determinada del otro lado de la frontera. ¿Cómo se va a
instrumentar este derecho de persecución? ¿El ministro de Interior
está dispuesto a compartir esa competencia con las comunidades
autónomas, por ejemplo, la catalana y la vasca, para que tanto los
Mossos dEsquadra, como la Ertzainza, puedan perseguir en caliente, a
presuntos delincuentes al otro lado de la frontera, en este caso
sería la francesa, y España estaría dispuesta lógicamente a poder
regular y legitimar que esto se pueda producir?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gangoiti, del PNV.
El señor GANGOITI LLAGUNO: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia, tanto de la ministra de Justicia, como del ministro de
Interior, para darnos las explicaciones sobre la cumbre de Tampere.
Voy a ser breve porque prácticamente ya se han hecho todas la
preguntas que interesaban al respecto por los portavoces que ya han
intervenido.
En primer lugar, quiero decir que nosotros consideramos esta cumbre,
no como un paso extraordinario, sino como un pasito. El que haya un
Consejo extraordinario sobre un tema que no es económico, ni
monetario, como
era la tradición de la Unión Europea, es muy importante, porque si
Europa es un proyecto político, no puede quedarse sólo en lo que
hemos conseguido hasta ahora, en una unión económica y monetaria,
sino que hay que hacer también la Europa de un espacio judicial y de
seguridad interior; hay que caminar también en la política de la
PECS, en la Europa social, en la Europa cultural, en definitiva, hay
que hacer un proyecto de sociedad y una Europa de rostro humano. En
este sentido, el que se haya celebrado esta cumbre y se hayan dado
unos pasitos es importante de cara a ese proyecto político. (El señor
presidente, abandona la Presidencia.)
En segundo lugar, en relación a un tema del que se ha hablado aquí
mucho, la ley de extranjería, quisiera decir que nuestro grupo es
partidario, teniendo en cuenta que esta ley se ha aprobado en
Comisión con un amplio consenso, de que sea aprobada por el Pleno en
este período de sesiones. Creemos que esto es urgente e importante.
En tercer lugar, el ministro del Interior ha hablado de que se ha
acordado la creación de una academia europea de policía. A este
respecto me gustaría que nos explicara en qué ideas se va a basar esa
academia europea de policía y las funciones que va a tener al
respecto.
El señor MARDONES SEVILLA: Me autoconcedo la palabra con el permiso
de los demás grupos parlamentarios.
Agradezco las informaciones que nos han dado la señora ministra de
Justicia y el señor ministro de Interior.
Rápidamente paso a expresar, a modo de reflexión, las preocupaciones
de mi grupo, desde la óptica y la perspectiva de la problemática que
en este momento, tanto en el aspecto judicial, como en el aspecto de
seguridad, de interior, se plantea en el ámbito del archipiélago
canario; temas que, por otra parte, me consta que son en este momento
bien conocidos por los dos representantes del Consejo de Ministros
español aquí presentes.
Creo, señora ministra de Justicia, que España tiene en este momento
-se ha hecho una labor importantísima en estos últimos años- las dos
piezas que son fundamentales en el aspecto del espacio judicial:
nuestro Código Penal, el que hay, y nuestra Ley de Enjuiciamiento
Civil recientemente aprobada aquí, para que, puestas sobre la mesa de
los demás países de la Unión Europea, hagamos las armonizaciones
precisas. Qué duda cabe, y esto sirve tanto para Justicia como para
Interior, que en Europea se viene produciendo un fenómeno de
homologación y de ordenación de las distintas actividades en el campo
económico o en el campo agrario. Si tenemos OCM de productos, tenemos
que ir también a OCM de sistemas judiciales que le hagan sentirse
seguro al ciudadano de esa Unión Europea en cuanto a sus derechos,
libertades y exigencias en cualquier país donde esté. En materia
civil, las relaciones que vienen ocurriendo, sobre todo en los casos
que se señalan en Tampere, pueden avanzar mucho. La presencia de la
Unión Europea en nuestro país en la adquisición de viviendas, en el
régimen de alquileres, en el mantenimiento de familias, pensiones,
etcétera, aconsejan una adecuación inmediata.
Sobre la materia penal, el Gobierno español debe arreglar, en primer
lugar, nuestros compromisos con la ratificación de los convenios de
extradición de la Unión Europea
de 1995 y 1996. Es el punto 35 de los acuerdos de Tampere. Podemos ir
solucionando los aspectos que señalaba muy acertadamente el portavoz
del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), el señor Guardans. Cada país
tiene su Código Penal y, por tanto, lo que es delito en un sitio no
lo es en otro, y viceversa. Empecemos por los convenios de
extradición, para que esos delitos que se puedan poner en índice
común, sean extraibles. Esto solucionará problemas en el ámbito de la
Justicia y solucionará problemas, por ser de ámbito penal, en las
competencias del Ministerio del Interior.
En los puntos 38 y siguientes de Tampere, se ha pedido una mayor
convergencia en derecho civil. Tendrán que trabajar mucho todos los
gobiernos, a través de sus ministerios de Justicia, para la obtención
de pruebas, órdenes de pago y plazos, que es donde se encuentran la
mayoría de estas cuestiones. Lo que sí le diría a la señora ministra,
porque mi grupo mantuvo hasta el final la enmienda contra el
monitorio, en cuanto a la suspensión de la asistencia de abogado y
procurador en las causas menores de cinco millones de pesetas, que
eso no lo debemos hacer cuestión en Europa, sino ir a ordenar, dentro
del sistema judicial europeo, una serie de causas -la experiencia
nuestra en la Comunidad Autónoma Canaria lo dice- que tienen que ir
a los juzgados de lo civil porque afectan igual a un ciudadano español,
alemán, británico, italiano u holandés, en el área de nuestro
territorio, porque si adquiere propiedades, si convive allí con su
familia, se ve obligado a este principio. Ya tuve ocasión de decirlo
en el debate con el señor presidente del Gobierno. Mi grupo apoya
plenamente toda la labor de coordinación que se haga en el tema del
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Y a eso se
llegará. Tardaremos, porque es un tema muy complicado engarzar en
este momento legislaciones, tal vez contradictorias, pero es
necesario ir haciendo piezas judiciales de aplicación unitaria en el
marco europeo, como tenemos en el área de la economía, desde la
moneda hasta las OCM, y organizarnos en este aspecto.
Entro a comentar la exposición del señor ministro del Interior, no en
la dilación de la que tienen que ser objeto los temas de justicia,
sino en la inmediatez de los problemas que nos están ocurriendo. No
nos engañemos con falsos cinismos. Existe un problema cada vez más
fuerte en Europa que ha llamado la atención en cuanto al tema de la
emigración, y no en la faceta del asilo, que yo creo que está más o
menos regulada. Hay que evitar, como bien ha señalado el señor
ministro de Interior, el uso de fraude de ley de la demanda del
asilo, para concentrarnos en los flujos masivos de inmigración. Vaya
por delante lo que dice el punto tercero y los apartados 18 y
siguientes de los acuerdos de Tampere, sobre el trato justo de los
derechos y obligaciones, y todo amparado en el marco común
democrático de los derechos humanos. Pero eso no equivale a sacar
disposiciones que, con toda su buena intención, no estén armonizadas
con la legislación europea.
Ante las proposiciones de ley que se han presentado en la Cámara
sobre los derechos y libertades e integración social de los
extranjeros en España, mi grupo ha presentado unas observaciones
dentro del espíritu de los derechos humanos, con las cautelas
necesarias para no producir una legislación asimétrica con lo que
sale de Tampere que puedan
producir una dislocación. Lo que no puede ocurrir es que un
extranjero que viene a la Unión Europea, porque esté en un país o en
otro, tenga distinto tratamiento. Es como lo del Código Penal que
antes citaba. Habrá que conseguir la uniformidad de un Código Penal
para que lo que tenga que ser delito en la Unión Europea lo sea en
los quince países y lo que no tenga que serlo, no lo sea en ninguno.
Por tanto, que las facultades y los derechos de entrada de los
inmigrantes en el territorio de la Unión Europea tenga el mismo
tratamiento legal, policial y judicial en cualquiera de los quince
países de la Unión Europea. Quería dejar esto muy claro por las
posiciones que ha mantenido mi grupo respecto a esta legislación, y
porque después de estas iniciativas se producen dos fenómenos. Uno,
la propia reunión de Tampere. Los jefes de gobierno entienden que hay
que armonizar la legislación de entrada de los flujos migratorios; ya
en el lenguaje de Tampere se ve que, a veces, se recurre al eufemismo
de lo que estamos hablando y que se entiende perfectamente. Estos
flujos migratorios tienen su fotografía en España en las costas de
Andalucía y en las de Fuerteventura y Lanzarote. Tenemos que hacer
frente a ello con un concepto de derechos humanos, pero también con
un concepto solidario con el resto de Europa. Coincido con el señor
ministro del Interior en que se haya tomado conciencia, por primera
vez en la Unión Europea, de un problema que nos está llegando, que
democráticamente debemos evitar para que no genere en Europa ni
movimientos ultras, neonazis, xenófobos o de cualquier otro tipo al
amparo de una permisividad mal entendida. Los partidos demócratas
tenemos la obligación de evitar la proliferación institucional en
partidos o formaciones ciudadanas que lleven adelante estos
principios que son rechazados, fundamentalmente , por los derechos
humanos.
Me alegra mucho, señor ministro, escucharle esa expresión: el día que
la Unión Europea funcione como un estado. A eso tenemos que tender.
Dentro de breves fechas vamos a funcionar como un estado con una
moneda única. Estamos funcionando como un estado en la normalización
de productos alimenticios, de producciones industriales, agrarias,
sanitarias, etc. Estamos funcionando ya como un estado incluso con
embriones de principios de seguridad y de política exterior con el
eurocuerpo, con estructuras combinadas y conjuntas, no ya en el
aspecto militar, como está actualmente establecido, porque Tampere lo
plantea en mandos policiales. Eso es tratar de entrar en la senda de
que la Unión Europea funcione como un estado único, respetando todas
las peculiaridades, porque, por ejemplo, esa presión migratoria está
generando tensiones en la convivencia. Debemos adelantarnos a los
preocupantes fenómenos de tensiones sociales que se pueden derivar.
(El señor presidente ocupa la presidencia.)
Creo que es el momento, señor ministro del Interior, de que se
incluya en las competencias de Europol el blanqueo de capitales.
España y algunas regiones donde hay fenómenos de especulación
urbanística, turismo, inmobiliarias, etcétera, hacen tremendamente
atractiva la llegada del blanqueo de capitales, porque el blanqueo de
capitales necesita actividades económicas, encubiertas o en
superficie, que permitan el blanqueo. Si va a haber información a
través de Europol, no sólo en las competencias actuales, sino en las
que los acuerdos de Tampere señalan con respecto
al blanqueo de capitales, que es la norma número 45, tengamos
resuelto en España los temas de información confidencial en la
persecución de los delitos organizados, sea de blanqueo de capitales,
sea de narcotráfico. Pongo el ejemplo del narcotráfico, porque hemos
evidenciado en la subcomisión que estudia el modelo policial, que a
veces fallan mecanismos de información. Le pongo un ejemplo claro
entre el Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda y
los servicios de lucha contra el narcotráfico de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional. Y quiero decir aquí, en honor del señor
ministro, que no es por culpa del Ministerio del Interior sino por el
otro lado. Es decir, si vamos a pedir que para la lucha contra el
crimen organizado a nivel europeo funcionen los servicios
informativos, nadie tendría que apuntarse el tanto él sólo y hacerse
la fotografía con el logotipo de la unidad que hace la captura de los
narcotraficantes. Por esa descoordinación, posiblemente serán más los
narcotraficantes y blanqueadores de dinero que se nos escapen que los
que consigamos detener.
La última pregunta es si el Ministerio de Interior ha dispuesto ya la
puesta a disposición del Consejo europeo de la unidad operativa de
jefes de policía en coordinación con Europol, y si hay alguna
particularidad con Eurojust -esto para los dos ministros-, dado que
ahí tienen que entrar fiscales, magistrados y agentes de policía
competentes para que se vaya formando el núcleo. Espero que en la
conferencia final de diciembre en Helsinki, Finlandia, puedan
concretarse los distintos aspectos.
Por todo lo demás, y ratificando lo que le expresé al señor
presidente del Gobierno en el debate, deseo apoyar las líneas que
vienen siguiendo en este aspecto -al menos en cuanto a voluntad- los
ministerios de Justicia y de Interior. Sobre todo le pediría al señor
ministro de Interior que siga en la actitud que viene manteniendo en
los aspectos derivados de los problemas que afectan al Ministerio de
Interior español relacionados con los acuerdos de Tampere.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora ministra de Justicia, gracias
señor ministro de Interior, por su comparecencia en esta Comisión y
por explicar con más detalle, después de la intervención que tuvo en
el Pleno de la Cámara el presidente del Gobierno, los acuerdos
adoptados en la cumbre de Tampere y por permitirnos, por tanto, una
aproximación mayor a las competencias de sus departamentos.
En relación con la intervención de la ministra de Justicia, no puedo
concretar mucho qué temas me gustaría que aclarase ya que ha habido
una exposición sobre lo que Tampere ha significado básicamente y a mí
me hubiera gustado que avanzase algo más sobre los proyectos o
programas que tiene en estos momentos el Gobierno o el Ministerio de
Justicia de desarrollo de todos esos puntos que han aparecido en
Tampere por vez primera con mayor precisión y con mayor interés
político. Las cosas europeas son siempre algo insatisfactorias,
siempre nos dejan un regusto agridulce pero, mirando la botella medio
llena, hay que reconocer que no se había producido antes una cumbre
que tratase estos temas; por tanto, es para felicitarse. De
todos modos, la valoración que hagamos sobre esta cumbre en el futuro
dependerá de su aplicación. Lo que hace la cumbre en sí misma es
lanzar un impulso para determinadas cosas, pero ya veremos si en la
práctica se cumplen o no.
Por eso, en cuanto a la intervención de la ministra de Justicia y
buscando una mayor concreción, me permitiría hacerle tres preguntas.
La primera sobre una expresión que se adopta en Tampere en el punto
19, hablando de la lucha contra la discriminación, contra el racismo
y contra la xenofobia. Dice: para luchar contra la discriminación de
forma más general, se anima a los Estados miembros a elaborar
programas nacionales. Me gustaría saber si el Gobierno está
preparando o enfocando ya un programa nacional concreto de lucha
contra la discriminación, que es un mandato muy claro de la cumbre de
Tampere y que no es un mandato dirigido al Parlamento Europeo o a la
Comisión, sino a los Estados miembros. Es un mandato muy claro en
cuanto a la necesidad de su ejecución por los gobiernos respectivos.
En segundo lugar, y coincidiendo con la pregunta que hacía el señor
Navas sobre la carta de derechos fundamentales, una parte importante
y significativa de la cumbre de Tampere que ha pasado un tanto
desapercibida es la que trata de la carta de derechos fundamentales
que se está preparando en la Unión Europea, de la que nos tememos que
haya una utilización más evanescente que concreta. Me gustaría
preguntarle si el Gobierno considera que esta carta de derechos
fundamentales debe tener un carácter vinculante jurídicamente o
limitarse simplemente a una expresión de buenos deseos sin ningún
tipo de compromiso en cuanto a su aplicación práctica por parte de
los tribunales en los Estados respectivos. Si resultara esto último
-sin compromiso-, sería una decepción; si se tratara de lo primero,
estaríamos ante el comienzo de una cuasiconstitución europea haciendo
más inteligible de lo que ahora es la Unión Europea para los
ciudadanos europeos, que se sienten realmente confundidos y muy
alejados de una Unión Europea compleja, llena de tecnicismos, pero
con muy poco calor y muy poca capacidad para hacerse entender. Esa
carta de derechos fundamentales permitiría hacerlo.
En tercer lugar, señora ministra, quiero mencionar, cuyo interés
corresponde al Ministerio de Justicia, el Tribunal Penal
Internacional. Se creó hace dos años en Roma y nos tememos que en
este momento está algo estancado en cuanto a las ratificaciones;
hacen falta 60 ratificaciones para que entre en vigor y creo que
estamos en cuatro solamente. Desde luego España no es uno de los
países que lo ha ratificado y el Gobierno no ha enviado el
instrumento de ratificación a la Cámara. Me gustaría saber cuál es la
previsión del Gobierno a ese respecto.
El ministro de Interior ha hecho una distinción en su intervención:
por una parte, el crimen organizado, el aspecto delictivo y la lucha
contra la delincuencia. Ha descendido sobre todo a su preocupación
por el crimen organizado. Coincidimos absolutamente con su
diagnóstico sobre las características del crimen organizado y con la
necesidad de que el combate contra el mismo vaya más allá de las
fronteras nacionales. Me gustaría preguntarle cuáles son los cambios
que considera que deben producirse en los cuerpos nacionales de
seguridad para combatir el crimen internacional. El crimen organizado
es casi equivalente a crimen
internacional, pero en nuestro país no se ha avanzado mucho
durante la democracia en cuanto al modelo policial o a la forma en
que la Policía se enfrenta a esta cuestión. El modelo policial en
España se ha conformado a golpe de estatuto de autonomía; las
policías locales van por su lado, las autonómicas por otro y, el otro
día, en este debate un tanto apresurado y nada entusiasmante que
hemos tenido sobre el presupuesto y que hemos acabado hoy, usted me
escuchaba decirle que echaba de menos una mínima coordinación de los
cuerpos de Policía. Desde luego, si es necesaria una unidad, una
coordinación de esfuerzos, unas sinergias entre las acciones de los
cuerpos de seguridad, es sin duda en cuanto al crimen organizado, al
crimen internacional. Me gustaría saber qué opina sobre esto porque,
en cuanto a modelo policial, que es una asignatura siempre pendiente
de cualquier ministro de Interior, no parece que se haya avanzado
mucho en esta legislatura.
En cuanto al blanqueo de capitales -que es el aspecto más concreto de
la lucha contra la delincuencia en la cumbre de Tampere, lo que más
apariencia de eficacia tiene- me gustaría saber si cree que la lucha
es compatible con la existencia de paraísos fiscales en Europa
dependiente de la voluntad de gobiernos europeos. Por ejemplo,
Gibraltar depende del Gobierno británico; el socio preferente de
España en esta cumbre de Tampere, al parecer, tiene un paraíso fiscal
en Gibraltar, y hay otros paraísos fiscales que dependen de gobiernos
europeos y que están ahí campando por sus respetos. No me parece que
en Tampere se haya avanzado mucho en cuanto a esto. Hay una alusión
un tanto abstracta sobre este asunto. Me gustaría saber qué se piensa
hacer de forma contundente y precisa en relación con los paraísos
fiscales.
Por último, asilo e inmigración. En cuanto al asilo, no hay grandes
cosas en Tampere; existe la idea de ir a un procedimiento de asilo
más o menos armonizado. Creo que el problema del asilo reside
fundamentalmente en la forma de aplicarlo. Evidentemente, el asilo
político no es para inmigrantes económicos, aunque muchos de éstos
tienen a veces muchas más razones que los asilados políticos para
pedir un estatuto especial. Unos huyen de la persecución política y
otros huyen del hambre. Es verdad que el asilo político es por
razones de temor fundado de persecución, lo que ocurre es que en la
práctica en nuestro país, después de la modificación, a nuestro
juicio a peor, de la Ley de asilo que se hizo en 1994, lo que está
pasando con el procedimiento rápido, urgente, de aceptación a trámite
o no de las solicitudes de asilo es que se está convirtiendo en regla
la inadmisión a trámite cuando ésta debería ser la excepción.
Solamente cuando hay manifiestas razones, evidentes razones para
pensar que quien está pidiendo asilo no tiene nada que ver con el
asilo y que está haciendo una petición disparatada, solamente en ese
caso se puede decir que no se admite a trámite; sin embargo en la
práctica no está sucediendo eso sino que parece como que hay que dar
unas pruebas iniciales muy serias para que se admita simplemente
a trámite una solicitud de asilo. Yo creo que este es un problema que
hay en España, que seguramente hay en otros países europeos, y que
quiero sacar aquí a colación porque forma parte de la aplicación
práctica de estas declaraciones que son siempre muy genéricas y que
se hacen enlas cumbres europeas.
Por último, en cuanto al tema de la inmigración, creo que sus
declaraciones respecto de la Ley de Extranjería nos llevan
necesariamente a preguntarle aquí por la razón de esas declaraciones.
Es una Ley de extranjería que está consensuada por su propio grupo
parlamentario, porque ha participado el Grupo Popular en ese consenso
unánime que ha habido en esta Cámara, y sin embargo nos encontramos
con que destacadamente el ministro de Interior dice que tiene que
revisarse -el proyecto de ley o una proposición de ley más
exactamente- , porque es el producto de diversas proposiciones de
ley; no vino del Gobierno, ha sido algo que surgió en el Parlamento.
He leído muchas veces las declaraciones de la cumbre de Tampere y de
verdad no sé cuál es el problema de la actual redacción de la
proposición de ley de extranjería con la cumbre de Tampere. En España
no hay una cuestión problemática sobre la inmigración, y además tiene
mucho sentido que esta proposición de ley se haga ahora, porque desde
luego mejorará sustancialmente lo que a nuestro juicio es una mala
ley de 1985 sobre extranjería, que se llama de derechos y libertades,
pero que no tiene nada que ver con derechos y libertades; nuestro
país necesita, desde muchos puntos de vista, la entrada de
inmigrantes, aparte de lo que significa en cuanto a derechos humanos.
En España tenemos una tasa de inmigración del 1,7 por ciento de la
población, en Francia es del 6,5, en Bélgica del 9, en Alemania del
8, en Luxemburgo del 32. España no es un país que tenga problemas a
ese respecto. Por tanto, ¿cuál es la cuestión sobre la proposición de
ley? No sé si usted lo ha dicho o lo he hablado con algún portavoz
del Grupo Popular: la conexión entre esta proposición de ley y la
cumbre de Tampere. Lo que veo es que la cumbre de Tampere en el
apartado 18, por ejemplo, dice que una política de integración
debería encaminarse a conceder derechos y obligaciones, comparables a
los de los ciudadanos, a los inmigrantes; es decir, se trata de
equiparar a los que residen legalmente en un país siendo inmigrantes
con los ciudadanos de la Unión. Más abajo, en el punto 21, dice que
el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería
aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros. La de
Tampere es una redacción muy buena, dice que a esos ciudadanos se les
debe conceder un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más
cercano posible al de los ciudadanos de la Unión que contenga, por
ejemplo -dice-, derecho a residir, recibir educación, trabajar por
cuenta ajena o propia, sin olvidar el principio de no discriminación
respecto de los ciudadanos del Estado de residencia. Es una redacción
magnífica la de Tampere y desde luego es la que se acomoda -a nuestro
juicio todavía le falta- a esa tendencia, por ejemplo, de esta
proposición de ley de extranjería.
Por eso, nos gustaría saber cuáles son los problemas que a ese
respecto ha encontrado el ministro de Interior. Tengo que recordar
que en el foro de la inmigración, donde hay cuatro o cinco
ministerios representados, entre ellos el Ministerio de Interior y el
Ministerio de Justicia, esos ministerios votaron a favor de ese texto
de la proposición de ley de extranjería. Aquí se puede escoger una
opción restrictiva o una opción integradora. La propuesta de Tampere
es integradora y deberíamos sentirnos orgullosos y satisfechos de una
proposición de ley como la que puede salir, debe salir de este
Parlamento, porque es precisamente
lo que nuestro país está necesitando y lo que parece que se ha
conseguido, aunque nos han dado un susto de última hora después de 18
meses de intentos de consenso en este Parlamento.
Por eso preguntaría al ministro de Interior qué es lo que encuentra
que separa esa proposición de ley de Tampere; si acaso le falta,
porque Tampere -y con esto termino, señor presidente- lo que no
aborda, al igual que esta proposición de ley, es el problema de la
irregularidad, de la gente que entra en España en situación irregular
porque no tiene otra forma de entrar, esa es la situación. En estos
momentos en España desgraciadamente -y seguirá siendo así después de
esta proposición de ley, que sin duda mejora las cosas- seguirá
siendo una realidad que para poder trabajar viniendo de 3.000 ó 4.000
kilómetros de distancia hay que entrar mediante pateras, ilegalmente
o de cualquier manera, porque no hay forma de que haya cupos para
búsqueda de empleo. Ese es el problema, la situación de ilegalidad,
los problemas de lucha contra la ilegalidad; no es un problema de las
mafias, las mafias no surgen por casualidad, las mafias surgen cuando
hay una situación de represión, de problemas que están ahí y de forma
natural se producen las mafias. Para poder evitar las mafias no vale
simplemente con endurecer el Código Penal, con poner vallas o
alambradas, sino que hay que hacer cambios legislativos, como usted
también ha dicho, entre los cuales está hacer posible de forma
natural, y no a través de la clandestinidad, el que se pueda trabajar
en España y no que necesitemos cada dos o tres años unas leyes de
amnistía o amnistías de regularización, pero siempre pasando antes
por la clandestinidad y por tanto como carne de cañón de la mayor
explotación laboral que se da en estos casos.
Esta es la pregunta con la que termino mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra el representante
del Partido Popular, señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero comenzar agradeciendo a la ministra
de Justicia y al ministro de Interior su presencia esta tarde ante
esta Comisión. Creo que es bueno que comentemos el consejo
extraordinario de Tampere porque efectivamente pienso, y así lo
piensa mi grupo parlamentario, que el Gobierno del señor Aznar se
recordará, entre otras cosas, como aquel que ya desde el primer
consejo europeo al que asistió en nombre de España marcó como
prioridades aquellas referentes al espacio de justicia e interior y
al empleo.
Es cierto que nuestro Gobierno, honrando su espíritu y su programa,
mantuvo una continuidad en la defensa de los intereses de España,
como no podía ser de otra manera. Pero también es cierto que ya en
Florencia se dio el gran impulso político al tema de justicia e
interior. Quiero recordar que en aquel momento lo que estaba de moda
era hablar precisamente del segundo pilar, de los grandes retos en
política exterior y de seguridad común; sin embargo, nuestro Gobierno
y su presidente señalaron como temas que interesaban y que
repercutían más en el día a día de nuestra sociedad y de nuestros
ciudadanos aquellos que hacían referencia a su seguridad, a su
justicia y a su libertad. Por todo ello, efectivamente Florencia
constituye un hito importante; a secuencia de Florencia, de
Pörtschach, de
Viena, de Tampere supone un hito sobre todo cuando tenemos en cuenta,
tal como ha dicho el ministro de Interior que las decisiones son
tangibles, decisiones que suponen un panel de seguimiento, un
calendario de ejecución, una designación de los órganos e
instituciones que deben ser competentes o en los que debe ser
discutida cada cuestión. Estamos haciendo referencia a cuestiones
tangibles y perfectamente identificables con fechas límite de
ejecución y de caducidad.
Además creo que es bueno establecer consensos y el hecho de que se
haya sabido incorporar a una socialdemocracia moderada, joven y
progresista, no anclada en el pasado sino mirando al futuro, es una
habilidad de nuestro Gobierno con su presidente a la cabeza. Creo que
el señor Aznar tuvo una maravillosa idea y que el hecho de que dos
líderes como el señor Aznar y el señor Blair, lejos de cualquier
demagogia partidista, hayan hecho desde el principio un objeto común
de lucha no solamente en los temas de justicia e interior sino en el
empleo como medio para que los ciudadanos recobren su dignidad y las
políticas sociales su auge y su consolidación, constituye un impulso
importante al proceso de construcción europea.
Es cierto, señora ministra, señor ministro, que a pesar de Amsterdam
y de Tampere queda mucho por hacer en el tema de asilo y de
inmigración. Mi grupo parlamentario piensa que el hecho de que se
haya conseguido una distribución transpilar para el asilo y la
inmigración supone que pronto, y pese a las dificultades inherentes,
la estrategia global de Dublín, perfeccionada por Eurodac, comenzará
a dar sus frutos y que la idea de armonizar y homologar nuestras
estructuras político-administrativas encargadas de la gestión de
estas materias se abrirá paso poco o poco en el futuro próximo.
A mí me parece sumamente adecuada esa fórmula de aproximaciones
sucesivas y el efecto de suma que para Europol supone el foro
operativo de jefes de policía, la academia europea de policía y los
avances relativos a la superación de la extradición y puesta a
disposición inmediata del delincuente. Creo que es bueno que vayamos
madurando la idea de que en este tema vamos hacia un espacio de
soberanía compartida, y soberanía compartida significa que todavía y
de momento son los Estados los que continúan disponiendo y siendo
titulares de parcelas importantes y que debemos ser terriblemente
escrupulosos con los procedimientos establecidos, frente a lo que ha
opinado algún portavoz parlamentario. En este sentido, pienso que hay
que ser cuidadosos y que debemos ir paso a paso. Este espacio sobre
la soberanía compartida significa que la solución se debe tomar y
tener necesariamente en cuenta fórmulas y estándares de ejecución
común. Por ello, permítame, señor ministro de Interior, al referirme
a la Ley de extranjería, que le felicite por su valiosa y excelente
aportación al debate en curso, para que este proyecto de ley y esta
ley que deberá seguirle sea lo más consensuada posible. Creo que el
Gobierno tiene muchas cosas que decir en este tema de la inmigración
y sabemos el compromiso que el ministro y el Grupo Parlamentario
Popular han adquirido para que, lejos de posturas utópicas, se
apruebe en el menor tiempo posible.
En cuanto a los siguientes puntos de la intervención del señor
ministro, quiero, en nombre de mi grupo parlamentario,
hacer una apología de la solidaridad en lo que se refiere al
asilo y a la inmigración y señalar que Europa, que ha sido siempre
una tierra de acogida, debe continuar siéndolo. Por ello, doy la
bienvenida a las conclusiones del número 12 de la cumbre
extraordinaria de Tampere. Efectivamente, constituyen un gran avance
en lo que supone de aproximación global y en las fórmulas contenidas,
así como en el respeto al principio de la doble voluntariedad y al
impulso que se ha dado al estudio para la creación de una reserva
financiera para la protección temporal en situaciones de flujos
masivos de refugiados, que se decidió en Tampere siguiendo la
iniciativa española, y permítanme recordar que no fue fácil, puesto
que en Viena no gozó de muchas simpatías. Creo que la constancia del
Gobierno en la defensa de una idea que no hace sino valorar y aportar
soluciones a la dignidad de la persona humana y a la dignidad del
inmigrante no puede sino ser aplaudida y su postura digna de
congratulación.
En relación a la intervención de la señora ministra de Justicia, me
uno al consenso expresado por el resto de los portavoces
parlamentarios en cuanto a los avances que ha señalado. Pienso que el
compromiso en lo relativo a realizar avances para la creación de un
servicio de información permanente a nivel judicial, semejante al que
ya existe a nivel policial, la adecuada asistencia jurídica en
espacios transfronterizos, las normas de procedimiento similar en
algunos asuntos en el primer pilar, el reconocimiento automático
y ejecución de las sentencias y también la armonización de normas
procesales y sustantivas, así como en materia penal al mínimo
normativo en relación con los derechos de las víctimas de delito,
suponen avances importantes de la cumbre de Tampere.
Yo no me voy a alargar, señor presidente, porque de todo se ha dicho
ya y casi todo se ha dicho ya. Sí quiero decir, en conclusión, que
Tampere, en opinión de mi grupo parlamentario, ha supuesto un éxito
importante. Creemos que es un impulso político que supone un gran
paso para la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y
justicia y pienso que España va a jugar un papel importante en esta
estrategia de aproximaciones sucesivas que para que sea exitosa
deberá estar en continua y perfecta sintonía con la sociedad, con el
sentir de la sociedad y de los ciudadanos. Por todo ello, señora
ministra de Justicia y señor ministro de Interior, saben ustedes que
cuentan con el apoyo de nuestro grupo parlamentario y de los
ciudadanos que nos han mandatado.
El señor PRESIDENTE: Ahora tienen la palabra la señora y el señor
ministro por todo el tiempo que deseen, que sin duda será siempre
insuficiente para contestar la avalancha de preguntas y cuestiones
que les han formulado los distintos grupos parlamentarios. De forma
que en tanto ellos sean capaces de aguantar, todo el tiempo es suyo.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Lo
primero que quiero poner de manifiesto ante SS.SS. es el
agradecimiento, porque todos los portavoces que han intervenido han
reconocido primero, la complejidad del asunto que tenemos entre
manos, la necesidad de que por fin se diera un impulso político. Yo
he terminadomi intervención hablando de impulso político; no
he venido a hacer grandes cantos ni con un sentimiento de victoria,
de optimismo, como ha dicho algún portavoz, un optimismo que no
compartían. He venido a plantear que por primera vez es cierto que se
plantea en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno un tema tan
importante como la armonización de los sistemas jurídicos y
judiciales, la necesidad de una cooperación judicial más estrecha, la
necesidad de una formación más estrecha y coformación de nuestros
operadores jurídicos y creo que todos los portavoces han sabido
captar perfectamente la complejidad del asunto, pero también la
necesidad de que trabajemos todos juntos para que un tema tan
complejo no se quede en agua de borrajas por no saberlo impulsar en
la dirección correcta.
Voy a sintetizar, porque realmente las intervenciones han sido
fundamentalmente sobre tres ejes. En primer lugar, se ha planteado la
importancia de la carta de los derechos de los ciudadanos, denominado
de una manera o de otra. Evidentemente, lo que existe en Tampere es
la formación de un grupo de trabajo que va a someter con
posterioridad a los países integrados entonces en la Unión Europea
cuáles son esos derechos y el carácter de los mismos. Sería
aventurado por parte de la ministra de Justicia que hablásemos de
vinculación o no, pero me da la impresión de que los parlamentarios
españoles, junto con los parlamentarios del resto de los países
europeos, además de los parlamentarios europeos en sí mismos y los
representantes de los diferentes jefes de Gobierno -quiero recordar
que el representante español es alguien tan caracterizado y tan
comprometido con los derechos fundamentales, como es el anterior
presidente del Tribunal Constitucional, don Álvaro Rodríguez Bereijo-
deben darnos a todos los que estamos en este momento la suficiente
tranquilidad como para pensar que va a ser un trabajo arduo, difícil,
pero de verdad productivo para que los ciudadanos europeos no
solamente se sientan objeto de obligaciones, sino sujetos de derechos
y se sientan integrados en una Europa de derechos y de libertades.
Han criticado algunos de ustedes la entrega sin necesidad de la
extradición. Independientemente de que ese es un objetivo a largo
plazo -no es decir que el próximo día 2, que es el próximo Consejo de
Ministros de Justicia e Interior, vamos a decidir que ya no va a
existir el instituto de la extradición, sino que se van a empezar a
dar los pasos para ello-, yo quisiera poner de manifiesto ante SS.
SS., primero, que ese instituto ya existe en las leyes orgánicas para
los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda, que es la entrega inmediata
del condenado sin necesidad de los trámites de la extradición, pero
es la entrega inmediata del condenado, entrega judicial, puesto que
en nuestro caso la acuerda la Audiencia Nacional. También me gustaría
poner de manifiesto que no estamos hablando de las sentencias en
rebeldía, caso al que se refería el portavoz socialista al hacer
alusión a que la Audiencia Nacional está rechazando las extradiciones
de las sentencias en rebeldía dictadas por los tribunales italianos.
No está rechazando, se ha cambiado la doctrina, pero ese es uno de
los problemas que mantenemos. Amí en muchas ocasiones los distintos
colegas italianos, que hasta ahora he tenido tres, me han trasladado
el problema que representa para ellos en relación con las mafias. La
mayoría de los condenados en rebeldía son condenados por su conexión
directa y por su relación directa con grupos mafiosos. Es un problema
que tendremos que
solventar dentro de la Unión Europea y debemos darnos cuenta de que
lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que nuestros
sistemas judiciales han de ser compatibles entre sí y que debemos
demostrar confianza ante la respuesta judicial, porque si no partimos
de esa base difícilmente podremos llegar a ese objetivo último de
crear ese espacio judicial común. Es cierto que el Tribunal
Constitucional ha suspendido las resoluciones de la Audiencia
Nacional, pero ésta ha resuelto que era acorde la entrega en
extradición de las sentencias dictadas en rebeldía.
Se me ha requerido también para que especifique cuál es la postura
del Ministerio de Justicia respecto a la reconversión de los
instrumentos ratificados por convenio para reconvertirlos en
reglamentos. Como el señor Guardans me dice que va a hacerle una
pregunta al ministro de Exteriores, a esa respuesta debo remitirme,
pero independientemente de que mantenemos las reservas sobre el
asunto de Gibraltar y procuramos que esa parte de territorio no se
vea afectada, ya que no es territorio extranjero, sino español, los
ministros de Justicia y de Interior hemos trabajado para sacar
adelante muchos convenios, muchos reglamentos en los que hemos podido
solventar ese escollo. Con esto también contesto respecto a Bruselas
2 y, en principio, seguiremos trabajando para que pueda convertirse
en reglamento y que sea efectivo de una vez.
Uno de los problemas que nos hemos encontrado a lo largo de tantos
Consejos de Ministros de Justicia e Interior es que después de
numerosos trabajos se adoptan convenios que al final tardan en
ratificarse y otros a veces no se ratifican. Todos los ministros
instamos reiteradamente a que esos convenios sean ratificados y
también lo vamos a hacer respecto a los convenios de 1995 y 1996 a
los que hacía referencia el portavoz de Coalición Canaria. Es cierto
que por lo menos existe ya la cultura de que hay que ratificarlos
y los ministros cada vez que volvemos a nuestros respectivos países
incidimos en ello. No es fácil, se hace cesión de soberanía, pero
pediría a SS.SS. que nos ayuden a conseguirlo. No es un trabajo en el
que todo el mundo esté de acuerdo, lo que sí es cierto es que
llegados a firmar convenios es un paso muy importante el ratificarlos
y reconvertirlos en reglamentos también, pero todo ello necesita
esfuerzo, necesita un empuje que es el que se ha dado, en mi opinión,
en la cumbre de Tampere.
Respecto a la calidad de los textos legislativos, no solamente en el
ámbito europeo, también en el nacional a veces deja que desear. Se
trabaja para que sea una calidad en la que los términos sean claros,
precisos y no dejen lugar a dudas. De todas maneras, tomo buena nota
de su indicación y trataremos de que sean lo menos malos o los
mejores posibles.
En cuanto a la formación judicial, estoy de acuerdo en que hay que
incidir, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de Eurojust. Se
están haciendo ya cursos, jornadas. Concretamente, a finales de
octubre participé en la última celebrada de fiscales y magistrados en
Rouen, sobre Eurojust; acordamos que el año que viene será aquí en
España. Estamos en colaboración estrecha con el Consejo General del
Poder Judicial para que los jueces españoles conozcan todo el sistema
judicial del resto de países comunitarios e, igualmente, miembros del
Poder Judicial del resto de países
comunitarios acuden a España a conocer nuestro sistema judicial.
Quisiera enlazar esto con la cuestión planteada por el señor Navas
sobre el reconocimiento mutuo ¿Qué va a pasar cuando exista la
ampliación? El reconocimiento mutuo de resoluciones parte de la
confianza en el sistema judicial y jurídico. Dentro de los programas
de la Unión Europea existen unos concretos para que los países que
aspiran a la ampliación trabajen ya sobre un adecuado marco jurídico
y judicial. En España hemos tenido fiscales y magistrados jueces de
Bulgaria, de Rumania que vienen de forma periódica a realizar no
solamente prácticas, sino también para poderse llevar legislación y
establecer lo que más les importa, un derecho privado, ya que es del
que carecen fundamentalmente: derecho privado, registros de la
propiedad, todo lo que son las garantías jurídicas que hacen o
debieran hacer que cuando llegue esa integración tengan un sistema
jurídico y judicial del que podamos fiarnos de manera que ese
reconocimiento sea mutuo.
He repasado todo, a excepción de la intervención del señor López
Garrido que me ha hablado de si tenemos en este momento algún
programa concreto para luchar contra el racismo. No estamos
realizando ningún programa concreto en el Ministerio de Justicia,
pero será una de las cuestiones que se planteará en el Consejo de
Ministros del día 2, dentro de 15 días, porque el comisario Vitorino
ya ha anunciado que va a someter a todos los ministros de Justicia un
calendario concreto sobre las medidas acordadas en Tampere. Con mucho
gusto, si SS.SS. lo desean, comparecería nuevamente después de ese
Consejo para informarles puntualmente de cuál ha sido el calendario.
Comparto con S.S. la importancia del Tribunal Penal Internacional,
hasta el extremo de que en julio del año pasado España fue uno de los
gobiernos que más apostó por dicha figura. En este momento no es que
esté estancado, está a la espera del dictamen del Consejo de Estado y
cuando haya sido emitido entrará en la Cámara para su ratificación.
Si he dejado de contestar a algo, ruego a SS.SS., incidan sobre ello.
Les agradezco nuevamente sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Desean los portavoces intervenir antes de que
lo haga el ministro de Interior? (Pausa.)
Entonces, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Son muchas las
cuestiones que han planteado -y lo agradezco por su tono y por su
planteamiento constructivo- los diferentes grupos parlamentarios. Voy
a tratar de ordenarlas lo mejor posible. Buscaré primero una
ordenación en el tiempo, más que de Tampere, no en el post Tampere,
sino en el pre Tampere, porque ha habido dos reflexiones que ha hecho
el portavoz socialista que quisiera considerar. Primero, quiero darle
toda la razón. La construcción del espacio policial y judicial
europeos, el esfuerzo de este Gobierno no empieza en 1996. Es decir,
España ha participado muy activamente en ese esfuerzo, en esa
mentalización, en ese trabajo tenaz, y en ese terreno quiero decir
que gobiernos anteriores han actuado en este ámbito con el mismo
énfasis que ha podido hacer España hoy. En ese sentido, comparto esa
reflexión y si se ha atribuido a mis palabras
la impresión de que sólo hemos trabajado nosotros en esta
cuestión, para eso está la primera rectificación en mi intervención.
Si nos remontamos a tiempos pasados, el protocolo sobre el asilo de
nacionales de Estados miembros ha entrado en vigor, junto con
Amsterdam, el primero de mayo de 1999. Quiero decirle que desde
entonces no ha habido ningún caso y, si los hubiera, el Estado
miembro que pensara en dar ese asilo tendría ahora que someter el
caso al Consejo de Ministros de Justicia y de Interior. Es algo que
está zanjado.
Quiero decir también sobre este mismo terreno, que ese debate de Gran
Bretaña como socio nuestro en Tampere me parece un tema menor. Gran
Bretaña, como ha dicho muy bien el señor Guardans, ha hecho un
esfuerzo considerable en los últimos años, desde su cambio de
Gobierno, para estar en la misma línea y en las mismas posiciones que
los demás países miembros de la Unión Europea, desde luego en el
crimen organizado probablemente como el que más. En este terreno a mí
me parece bien que, si antes franceses y alemanes habían hecho un
texto común, España y Gran Bretaña vayan también con un texto a la
cumbre de Tampere, de la misma forma que para aplicar alguna de las
consecuencias de Tampere españoles y alemanes, probablemente en la
cumbre hispanoalemana de primeros días del mes de diciembre, vamos a
abordar también un texto conjunto de interpretación de lo que pueden
significar algunos pasos en la aplicación en Tampere de la
construcción del espacio policial y judicial europeo. Yme parece muy
bien que en un momento determinado vayamos de la mano de Gran Bretaña
y que en otra ocasión vayamos de la mano de Alemania. En ese terreno
yo insisto en que se trata de circunstancias y en mi opinión no hay
que darle más importancia.
Quiero decir que los jefes de Gobierno y los jefes de Estado no han
puesto el acento ni en la cooperación intergubernamental ni en lo que
se va a comunitarizar en materia de interior. No lo tienen que decir
ni desdecir los jefes de Gobierno o los jefes de Estado, sino que eso
está estipulado en Amsterdam. El Tratado de Amsterdam es el marco que
determina lo que es primer pilar o tercer pilar y sólo faltaba que
los jefes de Gobierno en cada cumbre, en función de lo que ellos
quisieran, pudiesen modificar lo que marca estricta y únicamente el
Tratado de Amsterdam en esta cuestión.
Hay otra cuestión sobre la que me voy a centrar un poco más, puesto
que ha sido objeto de comentarios por parte de algunos portavoces y
me parece que viene a ser ya el primer tema del presente, que es
Europol. Pudiera dar la impresión de que, porque Tampere ha
constituido un foro de jefes de policía de la Unión Europea, Europol
no ha hecho nada desde, por ejemplo, la fecha última en que yo
comparecí en esta misma Comisión, que fue en febrero de 1999. Voy a
hacer simplemente un recordatorio. Europol entró en vigor, desde un
punto de vista jurídico, el 1 de octubre de 1998. Después de la fecha
en que yo comparecí en esta Comisión, en mayo de 1999 empezó a regir
el protocolo de privilegios e inmunidades, y se acordará el señor
diputado que Francia e Italia eran los únicos a ratificar. Repito, en
mayo de 1999 entra en vigor el protocolo de privilegios e inmunidades
y el 1 de julio de 1999, una vez quedicho protocolo ha entrado en
vigor, Europol inicia sus
actividades más allá de lo que tradicionalmente era el embrión, es
decir, la lucha contra la droga, siendo competente también en ese
momento en materia antiterrorista sin esperar el plazo de dos años
previsto en el propio convenio de Europol.
Siguiendo con esta relación de fechas, quiero decir que exactamente
el 29 de abril de 1999 empieza a funcionar la autoridad común de
control de Europol, el reglamento interno. El reglamento interno,
como usted bien sabe, era el instrumento que le faltaba a esa
autoridad común de control de Europol, discutiéndose si su naturaleza
debía ser administrativa o judicial, determinándose al final que
tenía que ser de carácter administrativo. Como he dicho, el
reglamento interno se aprobó el 29 de abril de 1999 y todo esto ha
tenido lugar en este año. En ese sentido aprovecho la ocasión para
decir que España estará representada en esa autoridad común de
control de Europol por el director y el subdirector de Inspección de
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, como delegados
titulares, y por el jefe de gabinete jurídico y otro funcionario de
la misma Agencia. Así pues, fíjense lo que ha avanzado Europol desde
febrero de 1999 en ese terreno, en esas cuestiones de cuya dificultad
para sacarlas adelante nadie es consciente. Hay ya una autoridad de
control determinada y definida reglamentariamente y lo que es
evidente es que, además de haber entrado en vigor el convenio de
Europol, también lo ha hecho el protocolo de privilegios e
inmunidades. Pero es que desde esa fecha Europol ha ampliado sus
competencias. La lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y
que se dedican a su explotación sexual o económica es la conclusión
número 23 de Tampere. El terrorismo había sido incorporado ya durante
la Presidencia austriaca en el segundo trimestre de 1998. La lucha
contra el blanqueo de capitales, con independencia del tipo de delito
del que procedan los beneficios del blanqueo, es la conclusión número
46 de Tampere. Yen el año 1999 también se encomienda a Europol la
persecución y prevención de la falsificación del euro.
Les voy a comentar una noticia de última hora. Ya saben ustedes que
hay un conjunto de países en donde Europol tenía que marcar unas
preferencias a la hora de determinar una lista de países terceros
para colaborar activamente con ellos a través de sus enlaces
correspondientes. Quiero decir que España hizo un especial esfuerzo
para incorporar una serie de países que no estaban en la lista
inicial. El Coreper que se celebró ayer, 17 de noviembre de 1999, ha
incorporado a Perú, a Colombia, a Bolivia y a Marruecos, lo que en mi
opinión confirma que no sólo se constituye Europol en una dirección
geográfica determinada, sino que también tiene una especial
sensibilidad por cuestiones que ha sido capaz de aportar España y que
sin duda tendrá una enorme importancia de futuro a los efectos de la
orientación en la investigación que pueda realizar esta institución
con Europol. Con ello quiero decirles que en ese sentido estén
ustedes tranquilos, porque Europol no está siendo objeto en ningún
momento, en ningún caso y por ningún país de una extraña
yuxtaposición con una mala voluntad de oscurecer o difuminar sus
competencias.
En este mismo terreno, como se han incorporado algunas reflexiones
sobre el blanqueo de capitales, permítanme recordarles que Tampere
-lo ha dicho el señor López Garrido también- ha dedicado exactamente
ocho puntos
o conclusiones con nueve medidas al blanqueo de capitales y yo voy a
leérselas brevemente, porque vale la pena que en ese sentido sepamos
sistematizarlas exactamente. Primera, el Consejo Europeo está
dispuesto a garantizar la adopción de pasos concretos para proceder
al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los
beneficios del delito. Segunda, se insta a los Estados miembros a
aplicar plenamente la directiva relativa al blanqueo de capitales, el
convenio de Estrasburgo de 1990 y la recomendación del grupo de
acción financiera. Esto se aplicará también a todos los territorios
que dependen de ellos, por ejemplo Gibraltar. Tercera, se revisará la
directiva sobre el blanqueo de capitales. En ese sentido quiero
recordar que la directiva está en el marco de las competencias de
Economía y Hacienda de la Unión Europea y quiero también decir que
simplemente se prevé un posible consejo conjunto de ministros de
Economía y de Justicia e Interior precisamente para revisar la
directiva sobre el blanqueo de capitales. Cuarta, se debe mejorar la
transparencia de las transacciones financieras y la propiedad de las
sociedades anónimas acelerándose un intercambio de información entre
las unidades de información financiera ya existentes con respecto a
las transacciones de sospechosos. Quinta, las autoridades judiciales
y las unidades de información financiera deben tener derecho bajo
control judicial a recibir información cuando resulte necesario para
investigar el blanqueo de capitales. Sexta, se debe realizar una
aproximación del derecho penal y procesal en materia de blanqueo de
capitales. Séptima, se amplían las competencias de Europol al ámbito
general del blanqueo de capitales, con independencia del tipo de
delito del que procedan los beneficios del blanqueo. Octava, se deben
elaborar normas comunes con el objeto de evitar la utilización de
empresas registradas fuera de la Unión Europea para ocultar los
beneficios procedentes del delito y blanqueo de capitales. Para ello
se deben concretar arreglos con los centros financieros
extraterritoriales de terceros países. Y novena, la Comisión deberá
elaborar un informe en el que se especifiquen las disposiciones
nacionales de la legislación bancaria y financiera de sociedades que
obstaculicen la cooperación internacional y el Consejo deberá actuar
en consecuencia.
Todo ello quiere decir que se tiene muy en cuenta la consideración de
que no puede haber paraísos fiscales, que era una de las
apreciaciones que hacía el señor López Garrido. La Unión Europea debe
ser consciente de que, primero, debe acotar los puntos negros donde
el blanqueo de capitales se hace con especial profusión, aparte de
que no se puede elaborar un listado conciso, porque hay otras formas
de blanquear dinero diferentes a la de los paraísos fiscales, pero en
cualquier caso se debe comenzar anotando esos puntos especialmente
negros y, evidentemente, no cabe en la Unión Europea y no deben caber
procedimientos que faciliten y que favorezcan esta fórmula, que es la
base de las organizaciones organizadas criminalmente.
Voy a hacer alguna consideración adicional sobre Eurodac. Como
ustedes saben, Eurodac es un sistema informatizado de transmisión,
comparación y archivo de impresiones dactilares de solicitantes de
asilo de los Estados miembros que se pretende crear en la Unión
Europea. Quiero decirles, señorías, que España ha conseguido influir
en un texto y que la propuesta de reglamento se elaborará
en el Consejo JAI que se celebrará los próximos días 2 y 3 de
diciembre. No hay fecha concreta de adopción ni de entrada en vigor,
pero quiero decir que España ha conseguido -me lo preguntaba el señor
Navas- incluir algunas de las exigencias que ha mantenido a nivel
político y técnico. Por ejemplo, la necesidad de que la toma de
huellas se realice conforme a las prácticas nacionales y respetando
escrupulosamente los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
O bien que la inclusión de huellas de inmigrantes ilegales en el
banco de datos de la Comisión esté limitado firmemente en el convenio
de Dublín en su finalidad, es decir, para identificar si los
extranjeros ilegales han solicitado asilo en otro Estado o pueden
solicitar asilo en un futuro. En ese sentido España desea, y tomo
nota de la consideración que me hace el señor Navas, que este sistema
se implante para evitar dobles demandas de asilos en Estados miembros
distintos. Por eso lo único que cabe decir -y tengo que decirlo
también- es que lamentablemente todavía tenemos un problema con el
tema de Gibraltar y vuelvo a hacer una mínima consideración ante la
pregunta del señor Guardans. En la conversión de convenios
a reglamentos, es verdad que algunas veces nos plantea una dificultad
el tema de Gibraltar y España lo único que exige es que el Reino
Unido asuma sus responsabilidades como Estado que lleva las
relaciones exteriores. Lo que no es posible es que Gibraltar sea una
autoridad Eurodac, y en ese terreno el único planteamiento de España,
que está en el ámbito de la política exterior, es simplemente eso.
Anosotros nos gustaría que este tema no pudiese perturbar la posición
de España a la hora del bloqueo de determinadas cuestiones, pero le
respondo que no depende esencialmente de España, sin duda alguna.
Quisiera hacer alguna consideración adicional en relación con las
preguntas que me hacía el señor Guardans antes de plantear alguna
reflexión sobre el tema de la inmigración. Lo ha contestado ya la
ministra de Justicia. Nosotros no pretendemos la homologación de los
códigos penales de toda la Unión Europea, porque eso sería la mejor
fórmula para no construir nunca la Unión Europea. Si al final
nosotros tuviésemos que homologar todos los códigos penales de la
Unión Europea es la mejor manera para decir que uno no cree en la
Unión Europea. Lo que yo he dicho es que tendríamos que saber acotar
muy pocos delitos. Tendríamos que introducir velocidades distintas,
simetría en la construcción del espacio policial y judicial europeo,
singularmente en los delitos de criminalidad organizada que preocupan
sustancialmente a determinadas opiniones públicas europeas, de forma
diferente en cada uno de esos países. Tendríamos que tratar de buscar
la singularidad, la excepción, la simetría, las velocidades
diferenciadas y construir sobre un conjunto de delitos unos
procedimientos que, evidentemente, superasen la actual extradición,
pero no significaría que la extradición sería un instrumento ya
absolutamente obsoleto. Lo único que trataríamos sería especializar,
singularizar unos cuantos delitos, que favoreciesen el bienestar
cotidiano de los ciudadanos, muy preocupados en ocasiones en su
convivencia por delitos de criminalidad organizada.
Por lo que se refiere a la policía autonómica y Schengen, por la que
se interesaba el señor Navas, diré que en Schengen lo importante es
tener los datos del SIS, que es el
sistema de información. Gran Bretaña, que quiere estar de una manera
muy peculiar y muy particular en Schengen, lo que más le importa es
poder utilizar los sistemas de información SIS. Las modalidades que
luego permite Schengen, como puede ser la persecución en caliente o
las comisarías conjuntas, que está dentro de las posibilidades del
convenio de Schengen, no dejan de ser instrumentos más
circunstanciales que profundos. La policía autónoma vasca tiene
acceso a los datos Schengen, hay una terminal en Bilbao y, asimismo,
los mossos desquadra están en una fase de reorganización, pero no
hay ningún problema para que tengan a su disposición todos los datos
del sistema SIS de Schengen. Eso no significa que no podamos y
debamos avanzar en comisarías conjuntas y ojalá podamos resolver un
día mejor, sin perturbar las relaciones entre policías, lo que puede
significar la persecución en caliente más allá de la frontera
estricta española.
El señor Gangoiti preguntaba por la academia europea de policía. Sólo
sé que el objetivo es especializar los mandos superiores. No se ha
tomado todavía una decisión sobre su ubicación o sobre su estructura
o sobre su organización, pero el hecho de que hayamos aprobado la
idea de una academia policial europea en el ámbito de la formación es
importante porque eso, además, nos va a exigir también un esfuerzo
superior en la formación de nuestras propias policías y eso es una
buena noticia.
Por lo que se refiere a cómo reorganizamos nuestras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para combatir mejor el crimen organizado, que
es la preocupación del señor Mardones cuando hablaba del Seva y de la
Guardia Civil en relación con la lucha contra el narcotráfico, o
cuando el señor López Garrido se refería al crimen organizado
internacional, creo que nosotros hemos aprendido en estos años que lo
fundamental es que exista una Secretaría de Estado de Seguridad que
tenga la posibilidad de coordinar permanentemente la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra un delito
determinado. Esa estructura ha dado un resultado razonable alrededor
de la Secretaría de Estado, es decir, un mando único -llamémosle como
queramos- que coordine permanentemente las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para combatir contra un determinado delito. Ya
hemos anunciado que vamos a configurar la misma estructura alrededor
de la Secretaría de Estado para combatir el crimen organizado, no
estrictamente el terrorista, singularmente el que se asienta en
grupos mafiosos que en estos momentos pudiesen encontrarse en España.
Le vuelvo a reiterar al señor López Garrido que es evidente que el
crimen organizado va a exigir una potenciación de la Secretaría de
Estado de Seguridad en el ámbito nacional, la cual debe ser el órgano
que tenga la capacidad de proyectar las posiciones de España. La
presencia en las instancias europeas debe ser siempre a través de la
Secretaría de Estado de Seguridad, no deben estar las policías
representadas en Europa, tiene que haber una Secretaría de Estado que
represente a las policías, así como la posición de España en materia
de seguridad.
Respecto de algunas apreciaciones que se han hecho sobre el asilo,
quiero decir que tratamos de aplicarlo de la mejor forma posible y
que tenemos una legislación donde el Acnur tiene probablemente el
papel más relevante de todas las legislaciones europeas. No existe un
papel tan
activo del Acnur en ninguna legislación europea. Hoy por ley el Acnur
tiene una presencia muy activa y trabajamos con la mejor de las
voluntades en este terreno.
Por último, quería hacer alguna reflexión sobre un tema que también
ha sido tratado por diferentes portavoces, y -me perdonarán si en
alguna cuestión no les he dado respuesta-, que es la inmigración. Lo
que he trasladado estos días no es una posición personal ni del
Ministerio de Interior, es una reflexión del Gobierno, es una
reflexión fundamentalmente dirigida a la sociedad española y a los
grupos parlamentarios, con la idea de decir que estamos ante el
fenómeno más importante que tiene la convivencia española en la
próxima década. He creído que los problemas de convivencia entre
españoles siempre han tenido un marcado carácter interno. Ha sido
nuestra propia incapacidad de convivencia la que al final provoca
grupos organizados en este terreno. En los próximos años los
problemas de la seguridad interior de España tendrán un marcado
carácter de proyección exterior, vendrán de las desigualdades entre
continentes, las desigualdades entre países, lo que puede significar
un claro problema de injusticia. Nunca he hecho una mínima crítica de
ningún procedimiento, porque eso corresponde a los grupos
parlamentarios. Yo no tengo nada que decir respecto del
procedimiento, sea A, B o C, pero, de la misma manera que los grupos
parlamentarios tienen la obligación de participar activamente, el
Gobierno, sobre todo,cuando hay un procedimiento de proposición de
ley, tiene no el derecho, sino la obligación de emitir su opinión. Lo
más cómodo para el Gobierno en un final de legislatura es no decir
nada y no opinar nada. Y en una ley tan importante, cuyo primer
informe está establecido en septiembre de este año, el Gobierno tiene
la obligación de tomar parte en esa reflexión y, simplemente, está
cumpliendo con su obligación. Yo no sé a quién he desautorizado. Creo
que no he desautorizado a nadie. Lo único que pido es que a mí me
autoricen en nombre del Gobierno a dar la opinión sobre la ley. Y si
lo he hecho privadamente durante meses, ahora lo que debo -en mi
opinión-, como otros compañeros del Gobierno, es opinar también sobre
la misma en los meses que faltan para la aprobación de la ley, que yo
considero que es la más importante que vamos a tener y que afecta a
la convivencia en España. Dentro del respeto que me ha merecido
alguna reflexión que han hecho los portavoces de los grupos
parlamentarios- han coincidido los grupos Socialista e Izquierda
Unida cuando han dicho que es la ley más avanzada de la Unión
Europea,-la pregunta que yo me hago es si en materia de inmigración
España debe tener la ley más avanzada de la Unión Europea. Es verdad
que el porcentaje que dice el señor López Garrido, ese 1,7 ó ese 2
por ciento, es un factor siempre a tener en cuenta, pero también hay
muchos otros factores importantes en España para saber si esa ley, la
más avanzada de la Unión Europea, es la que corresponde a un país
como el nuestro, que sólo tiene veinte años de democracia y que tiene
una historia difícil, complicada, llena de conquistas, de
reconquistas, un país de tránsito y geográficamente instalado en la
máxima proximidad de un continente como el africano. Creo que España
debe ser un país normal, ordinario, debe ser un país del montón de la
Unión Europea. Creo que no tenemos que estar ni en la cola ni en la
cabeza, debe ser un país con una conciencia de que es capaz de
equilibrar su política -no creo que debamos
destacarnos en una dirección ni en otra-, un país donde, después de
Tampere, la primera reacción no sea la aprobación de esta forma, con
este contenido concreto, de esa ley de inmigración. Lo que planteo es
simplemente que hagamos una reflexión en ese terreno y nadie pretende
otra cosa. No creo que hoy sea el momento en el que abramos el debate
sobre la ley de extranjería en particular. Es evidente que Tampere
dice que hay que ir equiparando a residentes legales con nacionales
de cada Estado, pero no tanto a lo que son residentes irregulares, y
también hay que tener en cuenta siempre un efecto llamada de esta
cuestión. Tampere nos recuerda también que se haga una gestión seria,
rigurosa y solidaria de los flujos migratorios. Sobre algunas
cuestiones que se refieren a la ley, insisto, me parece que este foro
no es precisamente el lugar donde se debata este tema, pero la
pregunta que nos tenemos que hacer todos es si eso responde al
planteamiento de Tampere.
Es verdad que Tampere y esta proposición coinciden en la modificación
del Código Penal para tipificar delitos por tráflco ilegal de seres
humanos. En ese terreno, creo que estamos absolutamente de acuerdo y
no hay nada que decir. Reitero, el Gobierno, en este trámite
importante en el que nos encontramos, lo que hace es decir que es la
ley más importante, que va a afectar a la convivencia de los
españoles en las próximas décadas, que España tiene que ser un país
que desempeñe un papel permanentemente equilibrado en el seno de la
Unión Europea, que no tenemos que hacer ninguna carrera en niguna
dirección, ni en la cola ni en la parte de atrás, ni tenemos que ser
el país más duro de Europa ni el más flexible de Europa. En ese
sentido, hacemos simplemente una apelación a la reflexión y al
sentido común por la trascendencia de esta ley. Lo único que dice el
Gobierno es que tiene el derecho y la obligación de participar -sólo
faltaba-, una vez que en septiembre hay una proposición, un informe
de los grupos parlamentarios, en un texto de una importancia
trascendental.
El señor PRESIDENTE: Está previsto que pueda haber un segundo turno,
pero saben los señores diputados que tiene que ser por su propia
naturaleza breve y concreto. ¿Alguien desea intervenir?
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Seré muy breve.
En relación con esta última manifestación del señor ministro de
Interior sobre la inmigración y la ley de extranjería, creo que es
procedente que aquí debatamos sobre la relación entre la cumbre de
Tampere y una primera aplicación, que a lo mejor se ha producido por
casualidad en esta Cámara, que es la proposición de ley de
extranjería, porque Tampere se dirige de una forma muy clara a esta
cuestión; cuando habla de la necesidad de adecuar el estatuto
jurídico de los extranjeros a los nacionales, está entrando en el
núcleo de lo que es una ley de extranjería, llamada ley orgánica
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
Creo que esta proposición sí se adecua a Tampere. Por tanto, sería
incomprensible que, cuando hay una primera oportunidad de aplicar
Tampere, el Gobierno ponga la proa a esta proposición de ley y la
haga embarrancar en el Parlamento. Desde luego, lo que no se adecua
para nada a Tampere
es la ley que tenemos ahora mismo. Si esta ley no saliera, habría lo
que tenemos ahora mismo, que está alejadísimo de Tampere, y todo el
mundo sabe que es una ley que nada tiene que ver con las necesidades
de la sociedad española, europea, mundial, y con las expresiones de
solidaridad que se suelen hacer siempre en relación con estas
cuestiones. Por tanto, que el Gobierno ponga dificultades (y en este
caso el ministro de Interior, lo ha dicho con toda claridad,
representa al Gobierno, no solamente al Ministerio de Interior, se
entiende que a todo el Gobierno, lo cual también es otra novedad)
llena de nubarrones el horizonte de esta proposición de ley, ya que
lo que viene a decir el Gobierno es que no le parece bien esta
proposición de ley y no será fácil que esto vaya adelante porque no
ha hecho más indicaciones al respecto.
Me va a permitir que le diga que es sorprendente que el Gobierno tome
esta enorme distancia con lo que el Parlamento ha hecho, como si el
Parlamento fuera una cosa que nada tiene que ver con el Gobierno, es
decir como si tuviéramos el sistema presidencial de los Estados
Unidos, donde hay una cosa que es el Congreso de los Estados Unidos y
luego el presidente que va por su lado. Se supone que el Gobierno
tiene un apoyo parlamentario en este Parlamento y que algo tiene que
ver el Partido Popular con el Gobierno. El Partido Popular lleva
meses elaborando esta proposición de ley, contribuyendo
constructivamente a esta proposición de ley y consensuándola porque
es una ley consensuada. Cuando el Partido Popular intervenía, todos
creíamos que algo tenía que ver con el Gobierno; ahora, resulta que
nada tiene que ver con el Gobierno, el Gobierno aparece de pronto y
dice que es una cosa de la que se acaba de enterar y que no le gusta.
En su intervención anterior, decía que esta ley de extranjería no
debe dividir a la sociedad. Creo que, si esta ley no saliera, sí que
se dividiría la sociedad porque tenemos ahora mismo una situación
insostenible con la Ley de 1985, la dividiría por muchas razones.
Creo que hay una preocupación en el Gobierno, en el ministro de
Interior especialmente, a eso que usted ha mencionado, el famoso
efecto llamada, es decir que España no sea el lugar donde se trate
mejor al inmigrante porque, como le tratemos mejor que otros, nos van
a venir demasiados o va a haber demasiados problemas. Yo no creo en
eso del efecto llamada. España, con esta proposición de ley, se
situará al nivel de otros países europeos, recientemente el caso de
Italia, y de los que han ido reformando últimamente sus
legislaciones. Existe ya la conciencia general en Europa de que no se
puede seguir con legislaciones sobre extranjería que tienen una
concepción de orden público, más bien delictiva que de integración.
Creo que eso es lo que está en el fondo. El efecto llamada lo
producen el hambre y la necesidad de trabajar de la gente, no
legislaciones especialmente adecuadas.
Por eso, reitero mi desacuerdo con estas observaciones y, a pesar de
todo, mi esperanza de que la presión social, la necesidad de que haya
en esta sociedad una legislación efectivamente democrática a este
respecto termine por permitir que esta proposición de ley,
unánimemente consensuada en este Parlamento, salga adelante en esta
legislatura.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que la comparecencia no es para
tratar de la ley de extranjería. Podemos
hablar del tema otro día, si lo desean, pero quizá no en esta
Comisión.
Tiene la palabra el señor Martínez, del Partido Popular.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Sé que el ministro de Interior va a
reaccionar inmediatamente después de que yo acabe.
Simplemente quiero aclarar que en todo momento ha habido una perfecta
sintonía entre el grupo parlamentario y el Gobierno. También tengo
que decir que el Gobierno ha sido siempre estrictamente escrupuloso
con la independencia de esta Cámara y, por tanto, en el debate previo
al consenso se ha mantenido en el nivel que le correspondía.
Precisamente a partir del primer informe, el Gobierno está llevando a
cabo una excelente labor de aportación a este debate en una de las
leyes más importantes, no solamente de esta legislatura sino
probablemente de toda la historia de la democracia española.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir, señor Costa? Espero que no
sea sobre este tema.
El señor COSTA COSTA: Simplemente, señor presidente, para agradecer
las respuestas que han dado los ministros a las preguntas que hemos
realizado en el contexto de la cumbre de Tampere y poner en
evidencia, una vez más, la disociación que hay en el tema de la ley
de extranjería, pero respecto de lo que se ha acordado Tampere. El
Gobierno defiende algo en Tampere que no parece que sea el camino por
el que se está avanzando en estos momentos en el Parlamento. Esa
disociación existe; existe con un acuerdo de todos los grupos y lo
hemos puesto en evidencia en la primera intervención y parecía que
ahora quedaba subsumida en otras, por lo que quería retomar el punto
exacto en que nosotros lo hemos planteado, que no es más que como lo
hemos expuesto en la primera intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea añadir algo, señor Ministro?
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Voy a ser muy
disciplinado con el presidente y no voy a reabrir el debate.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco.
Muchísimas gracias a todos y, en particular, a los que han
comparecido esta tarde.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.
Corrección de errores.-En el «Diario de Sesiones» número 149,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión Mixta el día
29 de junio de 1999, en el Palacio del Senado, figura en la portada,
como número de sesión, la 34, cuando realmente se trataba de la
sesión número 36.
Asimismo se hace constar que los números de expediente
correspondientes a la comparecencia del señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales en dicha sesión son el 213/000172 del Congreso y el