DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 145



DE LOS DERECHOS DE LA MUJER



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D. a MARÍA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA



Sesión núm. 21



celebrada el lunes, 14 de junio de 1999, en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Excmo. Sr.

D. Manuel Pimentel Siles, para informar:



- Sobre las medidas contenidas en el Plan de Acción para el Empleo en
relación con las mujeres, a petición propia (S. 711/000181; C.D. 221/
000002) ... (Página 3066)



- Sobre las líneas generales de su Departamento para 1999, en
políticas de mujer, a petición propia (S. 711/000269; C.D. 214/
000113) ... (Página 3066)

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Se abre la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.




La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

En primer lugar está pendiente de aprobación el acta de la sesión
anterior, que se encuentra en poder de las señoras portavoces. ¿Hay
alguna objeción a la misma? (Pausa.) ¿Puede aprobarse por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada. Muchas gracias.

En segundo lugar, me gustaría felicitar, especialmente desde esta
Comisión, a cuantas mujeres hayan sido elegidas en los comicios que
se celebraron durante el día de ayer y animarlas a que en los
trabajos que vayan a desempeñar en cualquier ayuntamiento, diputación
o Parlamento autonómico no se olviden nunca del objetivo por el que
trabajamos todos los parlamentarios que formamos parte de esta
Comisión, que no es otro que la igualdad de derechos entre mujeres y
hombres.

Señor Ministro, le damos la bienvenida y le agradecemos su
comparecencia ante esta Comisión, comparecencia que todos los
miembros que la integramos estábamos esperando con muchas ganas para
oír de su señoría todo aquello que tenga que decirnos al respecto,
porque aunque el «mainstreaming» llega a todos los Ministerios, es
especialmente importante en el Departamento del que usted es titular.

Por tanto, reinterándole nuestra bienvenida, tiene su señoría la
palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías es para mí una satisfacción comparecer hoy para hablar del
conjunto de políticas y acciones concretas que hemos llevado a cabo
desde el Gobierno durante este último período, así como de los
proyectos que tenemos para conseguir la igualdad plena de
oportunidades entre el hombre y la mujer. En mi opinión, más que de
un requerimiento político de uno u otro partido, se trata de una
petición de la sociedad en su conjunto. Así, no va a existir partido,
momento ni circunstancia política que no pasen por ahondar en la
igualdad de oportunidades, que todavía no está plenamente conseguida
en nuestra sociedad. A pesar de que esa igualdad deseada se incorpora
en principio a cualquier norma laboral, legal o social, la realidad
demuestra que siguen existiendo mayores dificultades por parte de la
mujer para acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo o de
responsabilidad.

Por tanto, partiendo de ese frontispicio, es decir, de la igualdad
legal pero todavía desigualdad real, me gustaría trasladarles lo que
estoy seguro que ya conocen: Las acciones concretas que hemos venido
desarrollando. En particular, durante los dos últimos años en nuestro
Departamento se han aprobado el III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, el conjunto de medidas
contempladas en el Plan de Empleo del Reino de España, tanto de 1998
como de 1999 y el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica. En
estos planes existe un compromiso de forma expresa para impulsar y
desarrollar una serie de actividades con las cuales podríamos resumir
las políticas
que vamos a desarrollar hasta el año 2000 en materia de igualdad de
oportunidades para el avance social de las mujeres.

A estos compromisos hay que añadir siempre las conclusiones de la IV
Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, celebrada en septiembre
de 1995 -en la que sé que participaron algunas de sus señorías-, y
las orientaciones enmarcadas en el IV Programa de Acción Comunitario.

como saben, ambos documentos internacionales establecen dos objetivos
básicos: La introducción de la óptica de género e igualdad en todas
las políticas a desarrollar por los Gobiernos y la participación de
las mujeres en todas las esferas de la vida social.

Comenzaré hablando del III Plan para la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres. Permítanme que no me extienda demasiado en
la exposición de sus contenidos, que ya conocen y han sido detallados
en varias ocasiones en esta Comisión por mi predecesor. Por tanto,
más que referirme a sus contenidos concretos me gustaría evaluar lo
que se ha hecho respecto de sus enunciados.

Como recordarán, en dicho plan, aprobado el 7 de marzo de 1997, se
puso de manifiesto que teníamos como pilares básicos los compromisos
adquiridos en el ámbito internacional para poner en marcha una serie
de actuaciones durante el período 1997-2000, agrupadas en diez
grandes áreas: Educación, salud, economía y empleo, poder y toma de
decisiones, imagen y medios de comunicación, medio ambiente,
violencia, exclusión social, mujeres rurales y comunicación.

Según el estudio de implementación del III Plan para la Igualdad de
Oportunidades, durante el primer año de vigencia del plan se han
puesto en marcha 145 actuaciones de las 192 en él incluidas, lo que
significa que se ha iniciado el cumplimiento de un 75 por ciento de
la iniciativa contemplada en el mismo. En las áreas de poder y toma
de decisiones y salud se han iniciado todas las actuaciones
previstas; en el área de cooperación, aproximadamente el 87 por
ciento de las actuaciones; en la de economía y empleo, el 86 por
ciento de las mismas, y el 78 por ciento en la correspondiente a
mujeres rurales. Las áreas con un menor grado de cumplimiento han
sido las que prevén el menor número de actuaciones, pero no por ello
las menos importantes, como son medios de comunicación y medio
ambiente.

Como muy significativo, por ejemplo, debe valorarse, dentro de las
realizaciones previstas en el plan, el desarrollo del proyecto Red
GEA sobre iniciativas empresariales de mujeres en el medio rural, que
ha sido concebido e impulsado desde el Instituto de la Mujer y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Antes de entrar a hablarles a sus señorías de cómo se ha diseñado y
puesto en marcha el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica,
aprobado por el Gobierno el 30 de abril de 1998, permítanme que les
haga una breve referencia histórica de cómo las organizaciones
internacionales han hecho una llamada de atención para tratar de dar
una respuesta positiva al fenómeno de la violencia doméstica, que no
es nuevo, que no es de nuestras fronteras, sino que es un fenómeno
que se extiende fuera de ellas y que tiene una extraordinaria
importancia e intensidad en nuestra sociedad actual, pero que,
afortunadamente, comienza a



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conocerse mejor en estos momentos al funcionar los mecanismos de
denuncia que alejan a las mujeres maltratadas de la actitud, muchas
veces conformista y resignada, de silencio.

En 1975, Naciones Unidas es el primer organismo que repara en la
gravedad de la violencia contra las mujeres en el entorno familiar,
considerándolo el crimen encubierto más frecuente en el mundo. Sin
embargo, no es hasta el año 1990 cuando se comienza a considerar la
violencia de género como una vulneración de derechos humanos superada
la visión reduccionista de atentados en el ámbito de lo privado o
particular.

En 1993, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos reconoció los derechos de las mujeres como derechos humanos
y, en consecuencia, definió el uso de la violencia en tales derechos.

En este mismo año tiene lugar la aprobación de la Declaración sobre
la eliminación de la violencia contra las mujeres por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en
1995, se reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo
para la igualdad, el desarrollo y la paz entre los pueblos, que
impide que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y de sus
libertades fundamentales. Las causas desencadenantes son varias y
cada cultura y civilización tiene sus propias peculiaridades, pero no
cabe duda de que hay unas que son comunes y básicas, cuales son la
situación real, no legal, de desigualdad y, sobre todo, la
dependencia económica respecto al varón, así como el mantenimiento de
determinados roles sexuales, independientemente de circunstancias
personales y familiares como puede ser el uso del alcohol, las
drogas, el paro y, en general, todas las situaciones de marginalidad.

Respecto al Plan de Acción contra la Violencia Doméstica querría
manifestar a sus señorías que el mismo fue aprobado por el Gobierno
para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Conferencia
Sectorial extraordinaria sobre la violencia, celebrada en noviembre
de 1997, pues aunque en el III Plan de Igualdad de Oportunidades se
incluye un área dedicada a la violencia, se estimó que no era
suficiente para atajar un fenómeno cuyas cifras estaban
experimentando un aumento progresivo.

En cuanto a las denuncias, conocen sus señorías que se han ido
incrementando en estos años. En 1996, 17.097 mujeres denunciaron
haber sufrido malos tratos; 18.553 en 1997 y 20.043 en 1998.

Afortunadamente, la trágica cifra de mujeres fallecidas ha ido
disminuyendo en estos años, siendo todavía muy cuantiosa. En 1996
murieron 97 mujeres, 91 en 1997, 35 en 1998 y 12 en lo que va de
1999. Además, y siendo una cuantía decreciente en cuanto a los
fallecimientos, siguen siendo todavía cuantías inaceptables para una
sociedad occidental, una sociedad que preconiza la igualdad de
oportunidades. Además tenemos que ser conscientes de que todavía se
denuncia un pequeño porcentaje de las agresiones que realmente se
producen en el ámbito familiar.

En el desarrollo del plan, que estará vigente en el período 1998-
2000, participan, bajo la coordinación del Instituto de la Mujer, los
Departamentos de Educación y Cultura, Interior, Justicia y Sanidad y,
sobre todo, las Comunidades Autónomas a través de sus organismos de
igualdad, el Consejo
Rector del Instituto de la Mujer y organizaciones no
gubernamentales especializadas en este ámbito que están mostrándose
muy activas planteando alternativas y postulados. Con el referido
plan, que supone un esfuerzo conjunto de las administraciones
públicas descritas y de las fuerzas sociales, esperamos conseguir
frutos de avances reales, que no legales, en nuestra sociedad.

La cuantificación económica del plan durante los tres años de su
vigencia ha supuesto lo que podemos considerar un gran esfuerzo
-nunca suficiente, pero sí un gran esfuerzo-, un incremento
presupuestario importante, puesto que asciende a 8.941 millones de
pesetas. De esta cantidad mi Departamento asume el 52,4 por ciento
del coste total, es dedir, 4.680 millones de pesetas, y el resto, en
un porcentaje del 30,3 y del 16,1, respectivamente, es asumido por
los Ministerios de Interior e Industria.

Para conseguir estos objetivos, agrupados en las diez áreas que
decía, el plan contiene 57 medidas que se articulan en las siguientes
seis grandes áreas: Sensibilización y prevención, educación y
formación, recursos sociales, sanidad, legislación y práctica
jurídica e investigación.

Con las medidas propuestas, en el área de sensibilización
y prevención se pretende que la sociedad tome conciencia de la gravedad
del problema y que en los centros escolares, así como mediante los
medios de comunicación, se transmita el valor de la no violencia como
método para prevenirla. Hay un rol educacional y cultural muy
importante, como conocemos, en el factor de violencia doméstica. En
esta área, que cuenta con un presupuesto total individualizado de 438
millones de pesetas, es de destacar, como medidas más significativas,
la realización de una campaña contra la violencia que durante el mes
de mayo de 1998 se llevó a cabo en medios de comunicación de ámbito
nacional y autonómicos de Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana, con
la colaboración del Instituto de la Mujer y los organismos de
igualdad de estas Comunidades.

Las medidas propuestas en el área de educación y formación se
refieren, por una parte, a los centros escolares. Se pretende influir
en los contenidos curriculares con el fin de impartir una enseñanza
en la que primen los valores de la tolerancia, el respeto, la paz y
la igualdad. Por otra parte se incluyen actuaciones para mejorar la
formación de diversos grupos de profesionales en el tratamiento de
los problemas de malos tratos. En esta área, que cuenta con un
presupuesto total de 232 millones de pesetas, se han realizado,
organizados por la Administración General, un total de 268 cursos, a
los que han asistido más de 10.165 profesionales entre personal
sanitario y de servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
policía local, operadores jurídicos y personal del ámbito educativo.

Con las medidas previstas en el área de recursos sociales se pretende
crear una infraestructura suficiente para dar cobertura a las
necesidades que puedan tener las víctimas. En esta área, que cuenta
con el mayor presupuesto de todo el Plan, en concreto con la calidad
de 7.546 millones de pesetas, se han venido realizando diversas
actuaciones desde la Administración General, entre las que destacan
un servicio telefónico de emergencia 24 horas, muy solicitado por el
colectivo de mujeres maltratadas, que sirve como medio de información
y canalización para dar servicio alas mujeres víctimas de violencia,
que ha atendido en el



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año 1998 un total de 4.864 consultas de malos tratos; ocho centros de
información, que han atendido en el año 1998 a un total de 2.344
consultas de malos tratos; nueve oficinas de asistencia a las
víctimas, situadas en Zaragoza, Oviedo, León, Valladolid, Albacete,
Logroño, Burgos, Murcia y Palma de Mallorca; la elaboración de una
guía sobre criterios y requisitos que deben cumplir los centros de
atención y acogida a las mujeres víctimas de violencia doméstica; el
equipamiento de 26 casas de acogida a través de convenios con
corporaciones locales y Comunidades Autónomas; y la puesta en
funcionamiento, a través del Ministerio del Interior, de 25 unidades
específicas de atención a las mujeres víctimas de la violencia en las
comisarías y servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 54
equipos de mujeres y menores en todas las comandancias de la Guardia
Civil.

Las medidas propuestas en el área de sanidad tienen como objetivo
adoptar y difundir un protocolo sanitario como respuesta integral a
los problemas de esta índole, así como llevar a cabo diversas
actuaciones de sensibilización a los profesionales de la salud. Esta
área cuenta con un presupuesto estimado de 27.500.000 pesetas y las
medidas preventivas previstas prácticamente ya se han alcanzado
porque el protocolo sanitario ya ha sido elaborado y, además, desde
la Administración General se han impartido 15 cursos que han formado
y sensibilizado a 682 profesionales de los servicios de atención
primaria de salud.

En el área de legislación y práctica jurídica se contemplan, por una
parte, propuestas de modificación legislativa y, por otra, medidas
judiciales dirigidas a proteger a las víctimas para evitar la
impunidad de los agresores y agilizar los procedimientos judiciales.

En esta área se invertirán 335 millones de pesetas. En respuesta a
las predicciones de esta área, el jueves de la semana pasada ha
entrado en vigor una Ley Orgánica que precede la modificación del
Código Penal de 1995, en materia de protección a la víctima de malos
tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con las referidas
modificaciones se ha pretendido, por una parte, incluir como pena
accesoria de determinados delitos la prohibición de aproximación a la
víctima y tipificar como delito específico la violencia síquica
ejercida con carácter habitual sobre las personas próximas y
posibilitar el ejercicio de oficio de la acción penal en el supuesto
de faltas, a la vez que se adecua la imposición de la sanción penal a
las penas posibles, consecuencia de próximas víctimas y, por otra, la
introducción de medidas cautelares que permitan el distanciamiento
físico entre el agresor y la víctima.

También es de sumo interés la primera circular de 1998, dictada por
la Fiscalía General del Estado, sobre la intervención del Ministerio
Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico,
para conseguir unidad en sus actuaciones. La segunda instrucción,
dictada por el Ministerio del Interior, es sobre adopción de medidas
relativas a la prevención, investigación y tratamiento de la
violencia contra mujeres y asistencia a las mismas.

Las medidas previstas en el área de investigación están destinadas a
mejorar el nivel de conocimiento de la población española acerca de
los actos de violencia perpetrados en nuestro país. El presupuesto
fijado para esta área asciende a 62 millones de pesetas, siendo de
destacar el que hayan sido ya iniciadas todas las medidas previstas
en el Plan; la realización de un estudio sobre la violencia contra
las mujeres, sus causas, sus formas y sus consecuencias, y el diseño
de una macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres a nivel de
todo el Estado.

Querría reseñar que todas las actuaciones referidas se han
desarrollado desde la Administración General, y a ellas tendríamos
que sumar las actuaciones que en una línea muy similar ha
desarrollado el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Sin ánimo de extenderme más en mi intervención sobre esta materia,
que podían valorar sus señorías como prolija y concreta -lo he
querido hacer así, significando las cuantías económicas para cada
línea-, querría referirme a los esfuerzos que estamos realizando para
erradicar la lacra social de la violencia doméstica, que ha sido
definida -y es muy importante que insistamos en ello- como el crimen
encubierto más frecuente en el mundo y, por ello, más difícil de
atajar, y facilitarles los resultados obtenidos, al poseer ya un
estudio de implementación del Plan de Acción contra la Violencia
Doméstica durante el año 1998. Durante el mismo se han puesto en
marcha 45 medidas de las 57 incluidas en el Plan, lo que significa
que prácticamente el 79 por 100 de las mismas ya se han iniciado,
aunque con distintos grados de cumplimiento.

Quisiera finalizar esta parte de mi intervención, manifestándoles mi
opinión. Creo que el plan está bien articulado y es perfectamente
realizable y sus resultados, si no inmediatamente, se irán sintiendo
porque aborda como objetivo muy importante el llevar a cabo un cambio
en la concienciación de la sociedad respecto a hábitos existentes y,
desgraciadamente, todavía muy implantados en nuestros días.

También querría reseñarles otro aspecto de extraordinaria importancia
en la igualdad efectiva de hombre y mujer que se refiere a todas las
medidas contempladas en el Plan de Acción para el Empleo en relación
con las mujeres. Lo hemos repetido hasta la saciedad: Tenemos normas
legales igualitarias, no hay ninguna discriminación en norma legal,
pero, sin embargo, en nuestra realidad hoy en día una mujer española
tiene unas dificultades muy superiores a las de un hombre para
encontrar un empleo, si lo encuentra suele se de peor calidad y,
además, en muchos casos, peor pagado. Es una realidad de la que
tenemos que ser conscientes; si no lo somos nos estaremos equivocando
y, por tanto, aparte de los aspectos puramente legales, tenemos que
entrar en ejecución de normas y abordar aspectos que toquen la
realidad de nuestras empresas, de nuestra sociedad.

En concreto esta desigualdad que todavía sigue existiendo,
afortunadamente, y es un consuelo parcial, se está atenuando. En este
sentido querría facilitarles -espero no abrumarles con cifras- cuál
ha sido la evolución de los datos de la Encuesta de Población Activa.

El número de mujeres ocupadas en el segundo trimestre de 1996 era de
4.300.000, que ha pasado a ser de 4.894.000 el primer trimestre de
1999. Es decir, que las mujeres ocupadas se han incrementado en un
porcentaje de 13,44 por 100. La tasa de actividad de las mujeres
durante el mismo período ha aumentado en un punto. En cuanto al paro
se ha producido un descenso de 260.000 mujeres, que supone el 14,41
por 100, descendiendo la tasa de paro del 29,51 al 24 por 100, es
decir, una caída de 5,51 por 100. Por otra parte, el paro registrado
femenino en el período



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antes citado ha descendido de un 21,44 por 100 a un 15,08 por 100. El
Gobierno entiende que queda muchísimo por hacer, que tenemos una tasa
de desempleo femenino muy alta comparada con el masculino y que, por
tanto, todavía no está satisfecho con los resultados obtenidos, pero
sí quiero reseñar -y creo que es importante- que, por lo menos, va
caminando en una senda donde se incrementa la actividad de las
mujeres, se incrementa su ocupación, y desciende su desempleo. Lejos
de la satisfacción, sí querría por lo menos aportar los datos
cuantitativos exactos.

Aunque la calidad de los contratos de las mujeres sigue siendo
inferior a la de los hombres -quiero que quede claro el conocimiento
que como Ministro tengo de esa desigualdad real-, al menos, hay una
luz en el sentido de que en 1996 el porcentaje de contratos
indefinidos suscritos en relación con el total de los celebrados fue
del 4,45 por 100 y en enero-mayo de 1999 la cifra alcanza el 10 por
100. Prácticamente se ha triplicado el porcentaje de empleo
indefinido frente al que existía en 1996.

Según los datos de paro registrado correspondientes al mes de mayo,
el desempleo femenino se sitúa en 971.000 mujeres al reducirse en
28.000 respecto al mes anterior. Es la primera vez desde enero de
1985 que el desempleo de las mujeres desciende del millón. No
obstante, a pesar de esta tendencia a la baja en el desempleo y al
alza en la ocupación femenina, seguimos teniendo una tasa que dista
mucho de ser satisfactoria para nadie y que es muy diferente
y distante de las medias que se obtienen en este momento en la Unión
Europea. Según los datos de Eurostat del año 1997 -últimos
disponibles por el momento-, la tasa media de actividad femenina en
la Unión Europea era del 45,6 por ciento, es decir, 20 puntos
inferior a la de los hombres, cuya tasa Eurostat era del 65,9 por
ciento. Lo mismo ocurre con la tasa de ocupación, que en esa fecha
era para las mujeres del 39,9 por ciento, mientras que la de los
hombres estaba situada en el 59,5 por ciento.

Los datos sobre tasa de paro -referidos en este caso a la primavera
del año 1999, ya que sobre ella hay datos más recientes- muestran un
porcentaje del paro femenino del 11,3 por ciento en paro registrado,
mientras que el de los varones es del 8,2 por ciento.

Esta todavía escasa integración o, al menos, insuficiente integración
de las mujeres en el mercado de trabajo deriva de múltiples factores,
algunos de tradición histórica, ya que las mujeres han comenzado a
acceder a la actividad productiva en épocas relativamente recientes,
y otros debidos a un desigual reparto de roles vigentes todavía en la
sociedad y a las reticencias de las empresas al contratarlas debido,
precisamente, a este reparto de papeles por el que las tareas
familiares les siguen siendo adjudicadas mayoritariamente.




El hecho, por tanto, de que la mitad de la población en edad de
trabajar encuentre, en razón de su pertenencia a uno de los dos
sexos, mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo no
sólo representa un déficit democrático y una injusticia social, sino
que también significa un despilfarro desde el punto de vista
económico y de aprovechamiento de los recursos de un país. Por ello,
las políticas actuales de empleo y relaciones laborales de cualquier
grupo o gobierno tienen que presentar necesariamente como uno de sus
objetivos básicos el favorecer la igualdad
real -aunque hay que tener en cuenta los dos niveles, legal y real,
siempre me referiré al real, puesto que respecto del legal se supone
que cualquier ley que aprueban las Cámaras ya consagra este principio
de igualdad- entre hombres y mujeres tanto en el acceso al mercado de
trabajo como en los diferentes componentes y condiciones en que se
desarrolla la actividad laboral.

En este sentido, las instituciones europeas han considerado que
tienen que incluir este objetivo en las orientaciones generales de
las políticas conjuntas de la Unión y, especialmente, en aquellas
relacionadas con el empleo. No olvidemos que la dependencia económica
media, sobre todo en sociedades mediterráneas, de la mujer respecto
del hombre es, precisamente, uno de los pilares que consagra o
permite esa desigualdad real.

Así, las directrices aprobadas por el Consejo Europeo en 1998, a las
que deben ajustarse los planes de acción para el empleo de los
Estados miembros, recogían un gran bloque de actuaciones en los
cuatro pilares aprobados y, específicamente, en el IV Pilar como
respuesta a este problema. En este sentido, durante el pasado año se
han venido desarrollando acciones específicas de incentivación a la
contratación de mujeres, entre ellas, la Orden por la cual
actualizamos el nuevo catálogo de profesiones y oficios permitiendo
ampliar muchísimo el universo de mujeres y colectivos susceptibles de
ser bonificadas en su contratación estable y otras líneas de apoyo.

También quiero destacar que en 1998 se aprobó una medida que ha
tenido mucho éxito en su aplicación y que hemos llamado «coste cero».

Como saben, hasta ahora cuando una empresa hacía un contrato de
interinidad para sustituir a una mujer que se daba de baja por
maternidad durante cuatro meses tenía que pagar un salario y dos
cotizaciones a la Seguridad Social, la de la madre que estaba de baja
por maternidad y la del contrato de interinidad. La Seguridad Social,
a raíz de la aceptación de esta medida de «coste cero», financia y
bonifica el cien por cien de la persona que entra, con lo cual el
saldo que paga la empresa es un sueldo más una cotización social, es
decir, un saldo cero neto y de ahí el nombre que le pusimos a la
medida: «Coste cero». Este impacto del «coste cero» ha sido
importantísimo. Cuando se orienta adecuadamente una política tiene un
resultado inmediato. He de decirles que el incremento de contratos de
interinidad ha sido del cien por cien. Araíz de la promulgación de
esta medida se han duplicado los contratos de interinidad y desde
septiembre de 1998 hasta abril de 1999 se han suscrito ya más de
10.000 contratos de interinidad con esta bonificación de coste cero
que ya se ha implantado, afortunadamente, en la cultura de nuestro
ámbito laboral.

Las directrices de la Unión Europea para 1999 contemplaron un avance
más. No hay tan sólo un pilar específico, el cuarto, para la igualdad
de oportunidades, sino que es la corriente principal en los restantes
tres pilares. Este es un problemas europeo, aunque hay que reconocer
que afecta con más intensidad todavía a la sociedad española. Las
medidas del Plan de empleo del Reino de España no tan sólo articulan
-espero que nos hayamos quedado cerca de lo que perseguíamos- las
medidas contempladas en el IV Pilar sino también, de forma
horizontal, el conjunto de medidas contempladas en los otros tres
pilares.




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Ello será recogido de forma clara y manifiesta en el Plan de empleo
de 1999 que hemos presentado recientemente -exactamente el día 25 de
mayo- ante la Comisión Europea. Traducido en términos de realización,
esto significa que las mujeres van a tener, primero, acceso
prioritario a la mayoría de los programas que tratan de favorecer la
empleabilidad de trabajadoras, ya en los que proporcionan
cualificación ya en los que facilitan o incentivan el empleo, de
forma que se camine hacia una participación paritaria y, en muchos
casos, hacia una discriminación positiva del colectivo femenino. Es
decir, vamos a aplicar la discriminación positiva hacia la mujer en
el conjunto de políticas activas.

En algunos instrumentos de empleo muy consolidados, que vienen ya de
años, que han funcionado francamente bien, como, por ejemplo, las
casas de oficio o escuelastaller, nos encontrábamos que, por la
propia naturaleza de los módulos formativos que se ofertaban, había
una mayoría de varones que accedían a los cursos. Hemos intentado -y
se está consiguiendo- invertir esta tendencia y que sea un porcentaje
mayor de mujeres que de varones el que accede a estos cursos de
formación. Para ello ha hecho falta no sólo una tarea de divulgación
y de intermediación, sino también de reorientación de determinadas
escuelas-taller y casas de oficio incorporando oficios y módulos más
cercanos a las necesidades que actualmente tiene la sociedad.

En esta línea querría decirles que aproximadamente el 60 por ciento
de los cursos que se ofertan en Formación Profesional Ocupacional es
en estos momentos disfrutado por mujeres. Asimismo y
sorprendentemente -digo sorprendentemente porque en la media europea,
como conocen, tenemos la tasa de ocupación femenina más baja de toda
Europa-, hay un apartado -y no entraré a analizar las causas- donde
los porcentajes españoles son superiores a los europeos: Las tasas de
autoempleo, de autónomos. Hay una vocación empresarial femenina más
alta en la sociedad española que la que presenta la media de la
sociedad europea. También en cuestiones de orientación casi se
duplica la participación femenina en relación con la masculina.




En el ámbito de la contratación estable, el colectivo femenino es uno
de los más beneficiados por las bonificaciones a tiempo completo a
partir de la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios y
convalidada por la práctica totalidad de fuerzas políticas de
nuestras Cámaras legislativas, que contemplaba bonificaciones
importantes a un colectivo de oficio muy ampliado, como dije en un
apartado anterior. En el fomento de la ocupación estable, el Gobierno
ha instado a los interlocutores sociales a contemplar en los acuerdos
de negociación colectiva la eliminación de las discriminaciones por
razón de sexo y la promoción de la igualdad efectiva de
oportunidades, especialmente la eliminación de discriminaciones
salariales directas o indirectas que perjudican a la mujer.

Por lo que se refiere al desarrollo del espíritu empresarial de las
mujeres -la capacidad empresarial de nuestros hombres y sobre todo de
nuestras mujeres tiene extraordinaria importancia- se puede afirmar
que cada día va tomando más auge y representa una respuesta para
personas con capacidad de innovación que están dispuestas a
asumir riesgos desarrollando sus propios proyectos. Se van
desarrollando acciones específicas para mujeres proporcionándoles
asesoramiento y formación empresarial, además de apoyo financiero
para iniciar la actividad.

Por último, centrándonos ya en las medidas que pretenden reforzar de
forma especial la política de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, en las directrices 19 a 22 se ha recogido una serie de
actuaciones que redundan en las ya descritas y a las que se añaden
otras ya más específicas. Todas estas medidas han sido seleccionadas
para contrarrestar los diversos obstáculos a los que se enfrentan las
mujeres en el acceso y mantenimiento de una carrera profesional.

Una de las más destacadas es el proyecto de ley de conciliación de la
vida familiar y laboral, que se está tramitando actualmente en el
Parlamento. Esta medida será tratada en las próximas semanas en el
Congreso de los Diputados y ya está abierto el plazo de presentación
de enmiendas. La nueva ley introduce cambios legislativos en el
ámbito laboral para que los trabajadores puedan participar en la vida
familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Esta ley trata, además, de
guardar un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad y
paternidad, sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de
acceso al empleo, a las condiciones de trabajo o al acceso de puestos
de especial responsabilidad por parte de las mujeres.

Al mismo tiempo se facilita que los hombres puedan ser copartícipes
del cuidado de sus hijos desde el mismo momento de su nacimiento. En
concreto, las medidas previstas en la ley pretenden flexibilizar el
permiso de maternidad ampliando el tiempo en que el padre puede
utilizarlo. Hasta ahora eran cuatro semanas, pero vamos a ampliarlo
hasta las diez semanas. Se van a dar a la adopción y al acogimiento
los mismos derechos que tienen la maternidad biológica: Prestaciones,
reducción de jornada y excedencia. Se van a reconocer dos semanas
adicionales de permiso en caso de parto múltiple. Se extenderán los
permisos al cuidado de otras personas dependientes en la familia, y
se extenderán, asimismo, las prestaciones económicas por baja a los
casos de ausencia al trabajo por riesgo durante el embarazo, para los
que, por cierto, hemos creado una nueva prestación de la Seguridad
Social. Por último se declarará nulo el despido que tenga su causa en
el embarazo o en las situaciones relacionadas con el mismo. Este
proyecto pretende, además, ampliar la medida del coste cero
extendiéndola a los contratos que se celebren para sustituir a
trabajadoras con riesgo durante el embarazo y a los contratos de
interinidad que se concierten para sustituir a trabajadores
autónomos.

Junto a ello se va a desarrollar un plan integral de apoyo a la
familia con medidas en diferentes ámbitos: Educativo, fiscal,
protección y prestaciones sociales, servicio de atención a niños y a
personas dependientes. Esto tendremos que hacerlo en colaboración con
las Organizaciones no Gubernamentales, que contribuirían a facilitar
la salida de la mujer del hogar familiar. Además se desarrollarán
programas específicos de formación ocupacional para mujeres con
responsabilidades familiares no compartidas, mediante la colaboración
entre el Instituto de la Mujer, las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales, y se elaborará



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un módulo formativo, también específico, que tenga como objetivo la
mejora de la empleabilidad de las mujeres. Aello se une, en el ámbito
de la formación continua, la voluntad de dotar a las mujeres que se
encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijos menores de
una mayor facilidad de acceso a las acciones formativas mediante la
modificación de las convocatorias que las regulan. Hasta ahora, una
mujer que se dedicaba unos años o un tiempo a la atención del
domicilio o de sus hijos tenía una extraordinaria dificultad para
acceder a la formación continua, con lo cual, corría el riesgo de
perder esa línea de continuidad, de conocimiento y práctica que es
necesaria en nuestro actual mercado laboral. Precisamente, el que las
mujeres puedan acceder durante este tiempo a las medidas de acción de
formación continua facilita extraordinariamente su reinserción
laboral.

Por último, como medidas de apoyo para un mejor conocimiento de la
evolución de la problemática femenina y también del resultado de las
diferentes medidas, la Administración va a poner en marcha una serie
de instrumentos como por ejemplo, un centro de información para
aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la
información en beneficio del empleo femenino, la elaboración por
parte del Instituto de la Mujer de una guía para la evaluación del
impacto de las distintas normas en función del género, la creación de
un observatorio de la igualdad, la elaboración de un estudio sobre el
impacto de la fiscalidad en las mujeres y la mejora de las
estadísticas existentes sobre el trabajo de la mujer.

Señorías, termino mi intervención -y les pido disculpas si ha sido
demasiado extensa- concretando que, en definitiva, estamos trabajando
en una mayor concienciación de la sociedad -esto es básico porque, si
no concienciamos a la sociedad, con normas y leyes no conseguiremos
modificar actitudes sociales- para suscribir un nuevo contrato social
que equipare la presencia de ambos sexos en la esfera de lo público y
de lo privado.

En definitiva cabe constatar en términos generales que la mujer está
perdiendo el miedo a denunciar los malos tratos, y que se están
desarrollando las medidas adecuadas para que la incorporación de las
mujeres al empleo aumente no sólo en cantidad sino también en la
calidad de los diferentes trabajos. A pesar de las diferencias que
aún existen, a pesar de que no podamos entonar ningún canto de
triunfalismo ni de satisfacción, a pesar de reconocer -y lo hago como
Ministro- que aún nos queda muchísimo que avanzar en estas materias,
afortunadamente puedo decirles que tenemos la impresión y el
convencimiento de que cada paso que estamos dando entre todos -muchas
resoluciones han tenido su origen en las Cámaras legislativas- está
sirviendo para que cada día sea más real este objetivo de igualdad de
oportunidades que sus señorías y el conjunto de la sociedad española
perseguimos cada día.

Muchísimas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Entramos en turno de portavoces. Dos de las representantes del Grupo
de Convergència i Unió que hoy nos acompañan me piden compartir este
turno.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Solsona.




La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señora Presidenta.

Gracias, señor Ministro, por su comparecencia ante esta Comisión
Mixta. Su señoría nos ha explicado las políticas de su Departamento
sobre la igualdad de las mujeres y se ha centrado en el III Plan de
Igualdad, en la Conferencia de Pekín y en el IV Plan europeo.

En su intervención se ha referido a varios puntos: Al Plan contra los
malos tratos domésticos, al Plan de empleo y al proyecto de ley de
conciliación vida laboral vida familiar, y también nos ha hablado del
programa de mujeres rurales GEA. Aeste respecto considero que sería
mejor que nos ocupáramos de ello otro día puesto que dentro de esa
cuestión hay aún muchos asuntos pendientes. Todos estos planes van
encaminados a conseguir una incorporación real, como el señor
Ministro ha dicho, en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Los malos tratos representan una problemática social grave y muy
compleja que, año tras año, ha ido ganando protagonismo. En ella
intervienen numerosos factores, y en su resolución se están
implicando los agentes sociales, económicos, laborales, sindicales,
etc. Las actuaciones efectivas ante los malos tratos contra las
mujeres implican un trabajo paralelo sobre aspectos asistenciales y
de prevención, como también ha dicho el señor Ministro. Hay que
aumentar las actuaciones que se vienen desarrollando reforzando los
ámbitos básicos de la prevención, la formación y la asistencia.

Para poner fin a los malos tratos se requiere, en primer lugar dar
respuestas directas a la mujeres que están atravesando una situación
de violencia en el ámbito del hogar. En segundo lugar, se requieren
una serie de cambios sustanciales en las mentalidades, lo cual sólo
se conseguirá a través de la educación y de la sensibilización. Es
necesario reforzar las acciones de carácter sensibilizador y
educativo a fin de crear un rechazo social generalizado hacia la
violencia contra las mujeres. Las campañas de sensibilización
a través de los medios de comunicación o de soporte a la tarea
educativa, como la revisión de los materiales o del uso del lenguaje,
así como la elaboración y difusión de nuevos materiales pedagógicos o
nuevos créditos en la ESO, son fundamentales.

Por otro lado, la formación de los cuerpos policiales y Fuerzas de
Seguridad del Estado que se está llevando a cabo es, sin duda, una
tarea positiva. Las propuestas de modificación legislativa, de las
que nuestro Grupo fue promotor, concretamente a través de las cuatro
enmiendas que presentamos en la Comisión de Justicia e Interior, o
los cursos y seminarios destinados a jueces y demás profesionales de
la Justicia, nos parecen, asimismo, fundamentales a fin de incidir en
la sensibilización de quienes deben interpretar y aplicar la
justicia.

La creación de «másters» específicos en los estudios universitarios o
trabajos de investigación son nuevos sistemas que se empiezan a
aplicar en determinados lugares, así como el establecimiento de
sistemas de custodia automatizada



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en los domicilios para mujeres que se encuentran en alto riesgo. Esto
se está empezando a utilizar, por ejemplo, en Cataluña. El Institut
Catalá de la Dona lo ha solicitado de la Fiscalía General y del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También se han creado
pisos-puente antes de llegar a las casas de acogida. Pensamos que
todos estos son programas que podrían aplicarse. Asimismo, nos
parecen dignos de tener en cuenta los programas de acceso a la
vivienda para mujeres en situación de riesgo. Otro logro positivo es
el soporte dado a los profesionales, por ejemplo, a través del
protocolo interdepartamental o el protocolo de actuación sanitaria
que ha citado el señor Ministro, aprobado en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 12 de abril del
presente año, que también está poniendo en práctica el Departamento
de Sanidad de Cataluña.




Todas estas iniciativas nos parecen positivas, pero desearíamos saber
si se están estudiando otras destinadas a tratar no sólo a las
víctimas sino también a los agresores, con el objeto de realizar todo
un proceso de resocialización que les permita no reincidir en sus
conductas violentas.

Por último, dejando el tema del empleo para mi compañera Mercè
Amorós, quiero hacerle unas preguntas al señor Ministro.

En primer lugar, me gustaría saber en qué estado se encuentra el
fondo de garantía de impago de alimentos que nos prometió el
Gobierno.

En segundo lugar, y para finalizar, le dirijo otra pregunta al señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Supongo que su Ministerio
acepta que España es un Estado plurinacional y plurilingüe. En ese
caso, ¿por qué, en una reciente convocatoria de su Ministerio sobre
concesión de ayudas públicas destinadas a la edición de publicaciones
relacionadas con la mujer, se habla sólo de publicaciones sobre la
mujer española en lengua española? Ya que el Estado español es un
Estado plurinacional y plurilingüe y en la Constitución Española se
habla de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España como un patrimonio cultural que se debe respetar y ser objeto
de especial protección, desearía que modificaran estos términos en
sus convocatorias.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Solsona. Tiene la palabra la
señora Amorós.




La señora AMORÓS I SANS: Señora Presidenta, muchas gracias por su
benevolencia al permitirnos compartir el tiempo entre mi compañera y
yo.

Señor Ministro, la mujer trabajadora se mueve hoy día en una
concentración sectorial muy específica. Esta concentración se
manifiesta, por término medio, en una inferioridad en los salarios de
entre un 25 y un 30 por ciento con respecto a los percibidos por los
hombres. Legalmente, como usted ha dicho, el artículo 14 nos protege
contra la discriminación por razón de sexo, pero, a la hora de la
verdad, como usted también ha reconocido y reconocemos todos, lo que
verdaderamente nos diferencia son las categorías laborales que
tenemos unas y otros. Estas categorías laborales son las que hacen
que para un trabajo de igual valor haya una retribución diferente.

Esto viene reflejado
en un estudio reciente de la Comisión Europea titulado «El empleo en
Europa en 1998», en el que, entre otras, se refleja la preocupación
existente por las condiciones de trabajo femenino que, a pesar de
haber mejorado sustancialmente, no acaban de llegar a la deseable
igualdad de oportunidades. Querríamos saber las medidas que puede
aplicar el Gobierno para poder hacer más racionales las categorías
laborales típicamente ostentadas por mujeres. Aquí cabe recordar el
ejemplo que nos habla de la operaria limpiadora, que limpia los
cristales por dentro, y del técnico limpiador de cristales, que los
limpia por fuera, que son dos categorías totalmente diferenciadas
para el mismo trabajo.

En los últimos veinte años, la tasa de actividad de las mujeres no ha
dejado de aumentar, pasando del 46,4 por ciento al 57 por ciento en
el promedio de los Quince. En el caso español, el aumento ha sido
superior, al pasar del 32,5 por ciento al 47,3 por ciento, aunque
continuamos, como usted ha dicho, diez puntos por debajo de la media
europea.

La mujeres nos preparamos más cada día para seguir una carrera
profesional, pero, aunque nos cuesta mucho demostrar que somos
capaces, también reclamamos el derecho a poder hacerlo compatible con
el derecho a la familiar la formación y el compromiso tanto
asociativo como sindical o político. Queremos participar de la vida
social. Sobre todo hay que tener en cuenta que el salario de la
mujer, hoy por hoy, no es complementario, sino que es necesario. En
el tramo de edad comprendido entre los 30 y 39 años, las mujeres
casadas y madres de un menor de cinco años presentan una tasa de
empleo inferior en veinte puntos a las mujeres sin hijos situadas en
la misma franja de edad. Me gustaría saber qué medidas específicas se
han llevado a cabo para propiciar el empleo de este colectivo,
teniendo en cuenta que en el Plan de empleo de 1998 ya se
explicitaban medidas específicas para procurar dar una solución y un
soporte a estas mujeres con cargas familiares. Ya sabemos que está en
marcha el proyecto de ley para conciliación laboral y familiar, pero
quisiéramos saber si se ha tomado alguna medida.

También quisiéramos preguntar al señor Ministro qué medidas se han
llevado a cabo para aflorar el trabajo no declarado, pues, como es
conocido por todos, este es un empleo al que recurren muchas mujeres.

Es innegable que el trabajo no declarado constituye una carga para la
financiación de los servicios públicos y de la protección social y
que debilita el funcionamiento de otros sistemas sociales paritarios,
como el derecho a la formación, el derecho a la utilización de
pensión o el de vacaciones retribuidas, y que, globalmente, falsea la
competencia, ya que supone una competencia desleal para todas
aquellas empresas que tienen un colectivo de trabajadoras dadas de
alta.

En este ámbito de empleo, el no declarado, quisiéramos saber también
en que estado se encuentra el estudio encargado por el Congreso de
los Diputados, el 10 de marzo de 1998, para incluir en una cuenta
satélite del PIB nacional las horas trabajadas en el cuidado del
propio hogar, para poder constar como población activa y poder
beneficiarse de los programas de formación en unos horarios
compatibles con su ocupación. Debemos tener en cuenta que existe toda
una vía abierta en el tercer sector, una formación de la que podrían
beneficiarse muchas mujeres u hombres que



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están a cargo del hogar, y que luego podrían aplicar dentro de su
propio hogar, como puede ser la formación para el cuidado de las
personas mayores.

Señor Ministro, hay dos colectivos que nos preocupan especialmente,
porque están particularmente desprotegidos. Estamos hablando, en
primer lugar, de las mujeres con discapacidad, que se enfrentan a dos
discriminaciones importantes, una por ser mujeres y otra por ser
discapacitadas. A nuestro Grupo Parlamentario le gustaría saber qué
porcentaje de mujeres con estas características se han podido
beneficiar de este aumento de contratos estables que usted ha
mencionado y qué medidas específicas se están desarrollando para este
colectivo. En segundo lugar, nos referimos a aquellas mujeres que han
entrado en nuestro Estado mediante engaño, pues les habían prometido
un puesto de trabajo y han acabado ejerciendo la prostitución. Señor
Ministro, en todos los periódicos, en las últimas páginas, se
publican cantidad de anuncios ofreciendo, por una parte, trabajo y,
por otra, servicios. Nos gustaría saber qué tipo de control se está
llevando a cabo para dar una cobertura social y una cobertura legal a
estas mujeres que tienen que dedicarse -entre comillas-, por
obligación, a este trabajo.

Señor Presidente, señorías, somos conocedores y estamos orgullosos y
orgullosas del proyecto de ley sobre la conciliación laboral y
familiar. Creemos que será positivo, pues procurar que la familia no
sea un obstáculo para poder desarrollar plenamente todas las
posibilidades profesionales de las personas es bueno, más ahora,
señor Ministro, cuando hemos conseguido que un problema que tenían
nuestros jóvenes para tener un trabajo estable, que era el requisito
«libre del servicio militar», haya desaparecido. Esperemos que con
este proyecto de ley también se nos libere a las mujeres de que la
maternidad sea un inconveniente para conseguir un trabajo estable,
pues en esta franja de edad es donde tenemos menos estabilidad en el
trabajo.

También nos preocupa otra cuestión: que estas medidas puedan ser
asumibles por la empresa, sobre todo por la pequeña empresa. Usted ha
dicho que el Estado español es el que más porcentaje de autoocupación
tiene. Es verdad que la mujer española es muy emprendedora, pero
muchas veces es la única salida que le queda. Una mujer de una cierta
edad con cargas familiares, a veces sólo tiene como única salida la
autoocupación. Por eso, nos gustaría saber qué medidas está llevando
a cabo el Gobierno a este respecto.




También quiero hacerle una pregunta sobre el coste cero. Es muy
positivo, pero el problema que encontramos en la pequeña empresa es
que empieza a funcionar cuando se da de baja a la persona a
sustituir. Lo que sucede, normalmente, en la pequeña empresa es que
se necesitan ocho o diez días para que la persona que va a sustituir
a otra pueda ponerse al tanto del trabajo a realizar, y una de las
condiciones es que en ese momento esté en paro. Nos gustaría que
tuviese esto en cuenta, porque realmente afecta a las pequeñas
empresas.

Señor Ministro, no quisiera acabar mi intervención sin antes hacer
una reivindicación, aunque sé que no tiene nada que ver con el tema
de ocupación que estamos tratando hoy. Soy consciente de ello, pero
ya que está aquí quiero planteárselo.

Se trata de un asunto que afecta a un colectivo de personas que han
dedicado la mayor parte de su vida a realizar trabajo no remunerado
que nos ha permitido a muchas de nosotras, y a muchos, estar
trabajando; son todas aquellas personas que están cobrando el SOVI y
que enviudan, momento en el que tienen que elegir entre percibir una
u otra pensión. Desde una Comisión del Congreso de los Diputados se
pidió el estudio de esta problemática, para intentar hacer compatible
las dos pensiones, pues son las únicas pensiones no contributivas. La
del SOVI no es compatible con una de derecho, y no creo que una
pensión de viudedad, en el caso de un ama de casa, sea beneficiario,
sino que es de Derecho.

No gustaría saber cómo están estos estudios y qué posibilidad hay de
solucionar su situación. Tan sólo tenemos contabilizadas 400.000
personas implicadas, pero desgraciadamente, o afortunadamente, esta
cifra no va a aumentar; se trata de un colectivo en extinción, ya que
no habrá más personas que percibirán el SOVI.

Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, señora Presidenta por su
benevolencia.

Presidenta por su benevolencia.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Amorós i Sans.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Navarro Garzón.




La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora Presidenta.

Gracias, señor Ministro, por estar aquí esta tarde con nosotras. Nos
ha hablado de varios temas, que yo también voy a abordar brevemente.

En primer lugar, ha mencionado el III Plan de igualdad. Hace,
aproximadamente, un año la Directora del Instituto compareció aquí y
nos habló de esas medidas y actuaciones que se estaban poniendo en
marcha; según ella, eran la mayoría y en algunos campos en concreto
se habían acometido el 100 por cien de las actuaciones. En realidad,
el III Plan de igualdad tiene unas medidas muy poco concretas, son
bastante ambiguas, y cuesta trabajo evaluarlas de manera objetiva. Se
lo digo sinceramente. Estoy de acuerdo con usted en que una cosa es
la igualdad legal y otra la igualdad real, y ahí es donde tenemos que
hacer hincapié todos.

Paso al segundo tema al que usted se ha referido, que es el tema de
la violencia doméstica. Estoy también de acuerdo con usted en que es
necesario que haya un cambio educacional y cultural para erradicar
esa violencia doméstica. Por supuesto, también es conveniente que no
haya una dependencia económica, aunque es cierto que hay mujeres que
tienen independencia económica y, por desgracia, también sufren esos
malos tratos. Son muchos los factores que intervienen en ese asunto.

Señor Ministro, usted ha hablado de dinero y de partidas
presupuestarias; ha utilizado un tono sincero y sin triunfalismos, y
yo se lo agradezco. Pero me gustaría que me aclarase algo; en los
Presupuestos de 1998 se dotaba el Plan de acción contra los malos
tratos con 2.545 millones de pesetas, y no vimos las partidas
presupuestarias. Yo le agradecería que me dijera qué partidas
presupuestarias hay realmente. Igualmente, me gustaría que aclarase
en qué



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partida presupuestaria están contenidos los 2.937 millones, 855.000
pesetas que se destinan en el año 1999.

El problema no es sólo que las mujeres maltratadas denuncien. Usted
ha puesto de manifiesto que cada vez son más las mujeres que se
atreven a denunciar -y creo que eso es bueno-, pero es necesario que
se les dé, además, cierta seguridad una vez que han interpuesto la
denuncia. Lo que hay que hacer es eso, ofrecer protección y recursos
sociales. Para ello, hay que dar también más dinero a las
asociaciones que, desde hace muchos años, trabajan de manera
específica con mujeres maltratadas y conocen perfectamente este
problema. Pretendemos que esas mujeres conozcan a fondo la situación,
a fin de que sean capaces de hacer crecer los servicios que ellas
mismas prestan. Le agradecería que su Ministerio tuviera esto en
cuenta.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los servicios de atención a
las víctimas, porque creo que no se pueden desprofesionalizar. Usted
ha dicho que se presta apoyo en la oficina de atención telefónica
durante las veinticuatro horas del día, pero hay que decir que esos
servicios se están prestando sin profesionales que sepan abordar
realmente el problema de la violencia doméstica se trata de un
problema muy concreto y específico, y por eso se precisan
profesionales formados en esa materia. No podemos dejar un tema tan
importante como la violencia doméstica al albur de que aumente el
número de denuncias, aunque es cierto que cuantas más denuncias se
presenten irá aflorando un problema que, desde luego, no es nuevo -y
en eso coincidimos todos- y que sufren muchas mujeres.

También ha dicho -y lo compartimos- que lo único que se ha logrado ha
sido modificar la ley, pero creo que todos estamos de acuerdo en que
el problema fundamental no está en la ley, sino en la interpretación
que se hace de ésta. Nos hemos dotado de la figura del alejamiento
-aprobada por unanimidad-, pero todos y todas los que estamos aquí
sabemos que el problema no es este, que con el Código Penal vigente
ha habido jueces que han aplicado ese alejamiento. Es decir, el
problema no está en la ley, sino en la interpretación de la misma.

Además, en muchas ocasiones se aplica la ley cuando ya se ha cometido
el delito, y de lo que se trata es de hacer campaña de
sensibilización, no sólo hacia las mujeres, que son las víctimas
principalmente, sino hacia la población en general.

Es cierto que es un problema difícil, porque siempre ha estado
oculto; es un problema que todos conocemos de manera más o menos
directa, pero en el que nadie quiere implicarse. Cuando hay un robo
en una vivienda cercana casi siempre hay algún testigo; sin embargo,
cuando hay un delito por malos tratos nadie quiere implicarse, porque
todo el mundo entiende -como en alguna ocasión dijo el Ministro
Álvarez-Cascos- que es un tema privado. Yo creo que no es un tema
privado, es un tema que se produce en el seno de la estructura
familiar, pero que afecta a la sociedad en su conjunto. Se trata de
algo a lo que tenemos que prestar atención y también más recursos,
porque ya es hora de que terminemos con esa lacra.

Paso a hablar de un tema que me parece fundamental para terminar con
éste y con otros muchos problemas que seguimos teniendo las mujeres,
y no es otro que el empleo. Creo que ha sido bastante realista -como
decimos en nuestra tierra, se ha puesto la venta antes de que lo
aporreen-,
pero no basta con reconocer que las cosas no están como quisiéramos,
eso es evidente.

Me va a permitir que le mencione algunos datos que evidencian que la
realidad es verdaderamente preocupante. El Grupo Socialista considera
que el Gobierno no está actuando como debiera, no está actuando con
voluntad política para solucionar el problema, a pesar de las miles
de actuaciones que dice poner en marcha en temas de empleo. Es cierto
que el paro se ha reducido más que antes, pero no es más -y usted lo
sabe- que la consecuencia lógica de que en los últimos tres años se
haya detenido de forma brusca el crecimiento de la población activa.

Lo que es más preocupante es que se debe, fundamentalmente, al
frenazo del proceso de incorporación de la mujer al trabajo, lo cual
quiere decir que la apariencia de mejoría del paro se ha producido en
un contexto de menos empleo gracias a una menor igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. La tasa de actividad de los
varones ha aumentado, en fase de crecimiento, tres veces menos de lo
que lo hizo en la fase anterior. La tasa de actividad femenina, como
se ha puesto de manifiesto, está estancada desde el año 1996 en el 37
por ciento. Usted ponía de manifiesto la bajada de desempleo en las
mujeres, pero yo quiero saber si la bajada del desempleo es con
respecto a la población activa que hay en este momento.

A pesar de los cambios que se han producido en la sociedad española y
del acceso masivo de la mujer a todos los ámbitos educativos, las
mujeres siguen lejos de acercarse a la media comunitaria en cuanto a
incorporación al mercado de trabajo. Las mujeres no se incorporan al
mercado del trabajo porque no vislumbran ninguna oportunidad. Ésa es
la realidad más grave, cuestión que ha tocado muy ligeramente en los
datos que nos ha suministrado. Existe un volumen importante de
mujeres que no aparecen en la actualidad como demandantes de empleo,
pero, dadas sus características y aspiraciones, evolucionarán como
han hecho el resto de los países europeos, tendiendo a incorporarse
al mercado de trabajo en los próximos años.

La realidad también nos muestra -usted ha hecho referencia a ello-
que según la encuesta sobre salarios que ha realizado el Instituto
Nacional de Estadística, las mujeres que tienen la fortuna de
encontrar un empleo siguen cobrando el 76 por ciento del salario que
ganan los varones por un trabajo de igual valor. La Portavoz del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió lo ha puesto también de
manifiesto y es algo conocido; es decir, hay diferentes categorías
profesionales aunque se realicen los mismos trabajos. Debería
contemplarse esta cuestión en la ley.

Asimismo, está claro que, a pesar de cobrar menos salario, el 74,1
por ciento de las mujeres tiene un nivel formativo medio, técnico o
superior, mientras que sólo el 65,8 por ciento de los varones muestra
este nivel formativo; es decir, las mujeres cobran menos,
independientemente de que su nivel formativo sea mayor. Según estos
datos, comparativamente son menos las mujeres que tienen oportunidad
de trabajar y su tasa de paro llega a duplicar a la de los varones.




Usted es consciente -y el Gobierno conoce el dato- de que por cada
mujer en paro que encuentra trabajo lo consiguen tres varones.

Además, normalmente las mujeres encuentran un trabajo más precario.

La economía sumergida,



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a la que también hacía referencia la Portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, está absolutamente copada por mujeres. Tenemos
la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea y, además, no ha
parado de aumentar en estos últimos tres años.

Cuando hablamos de crecimiento de la ocupación hay que recordar
también que el mayor crecimiento relativo ha correspondido a los más
jóvenes. Ahora bien, gracias a los resultados del sexo masculino, en
el grupo entre dieciséis y diecinueve años el número de varones
ocupado creció un 12,5 por ciento, mientras que el de mujeres
ocupadas aumentó sólo en un 3,6 por ciento. Esta diferencia de tasa
de empleo es preocupante, en particular la que atañe al grupo de edad
comprendido entre veinte y veinticuatro años. En este grupo el paro
femenino es mayor en número y en proporción al masculino. Si se
atiende a los niveles formativos, que ha de ser el principal factor
de empleo a estas edades, no hay gran divergencia por sexo, de modo
que cabrían pocas explicaciones para justificar los peores resultados
femeninos.

Señor Ministro, esto significa que nuestras jóvenes, las mejor
formadas de toda nuestra historia, en este momento lo tienen
francamente muy mal para encontrar un empleo. No lo dice el Grupo
Parlamentario Socialista, es la realidad que describe en su Memoria
el propio Consejo Económico y Social.

Frente a esta realidad usted recordará que el Grupo Socialista en el
Senado presentó una moción, el 23 de junio del año pasado, pidiendo
al Gobierno la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar la
situación de las mujeres en el ámbito laboral. También quiero
recordarle que esa moción específica se presentó después de que el
Grupo Parlamentario Popular pidiera que el Gobierno hiciera un plan
de empleo específico para la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Partido Socialista, al mes siguiente, solicitó que se hiciera en
colaboración con todas las Comunidades Autónomas, a lo que el Grupo
que apoya el Gobierno en este caso, que había presentado el plan
específico para la Comunidad de Aragón, votó en contra.

Por lo tanto, si no recuerdo mal, en este momento tenemos -o debería
ser así- un plan de empleo específico en la Comunidad Autónoma de
Aragón, pero no en colaboración con el resto de las Comunidades
Autónomas, al votar su Grupo en contra, incluida la persona, repito,
que había presentado la iniciativa. Al parecer, hace un año no era
ésa la prioridad.

Señor Ministro, nos ha hablado también de algo que es importante,
como es la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Ésta sólo
será posible si se dan los instrumentos para que las mujeres puedan
descargarse de las funciones tradicionalmente asignadas, que realizan
de manera gratuita en el seno familiar, y que en los países europeos
desarrolla el Estado de bienestar. En definitiva, proporcionar los
servicios que permitan a hombres y mujeres compatibilizar la vida
laboral y la familiar.

Usted nos ha hablado del proyecto de ley del Gobierno de conciliación
de vida laboral y familiar, pero yo diría que ese proyecto se queda
bastante corto y no aporta nada al reparto de responsabilidades y al
cambio de patrones culturales.

Usted conoce -lo deduzco por lo que ha manifestado- que la
conciliación entre la vida laboral y familiar sigue siendo una
asignatura pendiente en el proceso de equiparación en derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. La falta de un reparto de
responsabilidades familiares en las tareas domésticas, junto a las
dificultades de conciliación, son todavía un lastre para muchas
mujeres que pretenden acceder al mercado de trabajo. Por ello es
fundamental una nueva regulación que propicie e incentive una mayor
posibilidad de conciliación. El Grupo Socialista presentó una
enmienda al proyecto de ley de conciliación que llevó el Gobierno en
la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales -por cierto,
estas medidas se van a ver mañana, día 15, en el Congreso-, que fue
votada en contra, para individualizar derechos; es decir, no sólo
flexibilizar los permisos por maternidad, sino crear un permiso por
paternidad, porque eso sí permite realmente que el padre tenga su
propio derecho. De eso es también de lo que habla la normativa
europea, que se recoge en este proyecto de ley que el Gobierno ha
presentado en este momento, pero sin individualizar derechos, cuando
la normativa europea lo que señala es que se individualicen, que no
sólo se flexibilice el derecho por maternidad, que como derecho
derivado puede disfrutarlo el padre, sino que, como plantea el Grupo
Socialista en su proposición de ley, que se verá mañana, que se cree
un permiso nuevo por paternidad exclusivo del padre, además de
flexibilizar las semanas que puede compartir con la madre.

Señor Ministro, nos ha hablado del número de bajas por maternidad que
se han cubierto desde la puesta en marcha de las medidas del coste
cero. Le recuerdo que también fue una moción que presentó el Grupo
Socialista en el Senado y, si obran en su poder los datos, me
gustaría saber cuántas de esas bajas se han cubierto por mujeres.

Asimismo, ha hablado de declarar nulo el despido por embarazo.

Realmente nadie despide por embarazo, es ahí donde se dan las
discriminaciones subliminales sobre las que tenemos que tener mucho
más cuidado y ser más sensibles, ya que la ley prohíbe el despido por
embarazo. Ahora bien, en un despido nadie dice que ha sido por ese
motivo.

Tendremos que sensibilizarnos todos de esta cuestión porque, si no,
llegará un momento en que las mujeres tendremos que elegir entre
nuestro trabajo profesional y nuestra maternidad, cosa que no es
justo ni para las mujeres ni para las familias, y yo diría que ni
para el Estado en general, pues llegaría un momento en que habría un
desequilibrio importante.

Para conseguir ese objetivo, debemos seguir invirtiendo -como he
señalado al principio- en servicios sociales, como creación de
guarderías, ayuda a domicilio para personas mayores, etc., que
permitan que las mujeres nos podamos descargar de esas
responsabilidades familiares.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Navarro Garzón.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Sainz García.




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La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, en primer lugar, con el saludo de bienvenida quiero
también felicitarle por su nombramiento como Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, aunque ya lo hayamos hecho fuera de este foro
parlamentario y de esta Comisión Mixta de los derechos de la mujer.

En nombre de mi Grupo, igualmente deseo que conste en el «Diario de
Sesiones» el agradecimiento al trabajo y al esfuerzo que realizó su
antecesor, don Javier Arenas.

El Grupo Parlamentario Popular valora de forma claramente positiva la
eficaz gestión que el Gobierno viene realizando a lo largo de estos
tres años en el área de la mujer. Valoración que, por otra parte, a
usted le atañe no sólo en esta última etapa, en los meses que lleva
como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sino también en su
importante y eficaz quehacer como Secretario de Estado de Empleo, en
un área de gran interés y de una enorme incidencia, como ha quedado
de manifiesto en las palabras de su intervención y en las de los
distintos portavoces.

Creo sinceramente que aquí se han escuchado algunas críticas, a mi
modo de ver, inconsistentes porque no se apoyaban en argumentos y en
realidades, y de alguna manera incoherentes porque se calificaban y
criticaban unos resultados, en concreto en el área de empleo de la
mujer, cuando a todas luces las cifras son mucho mejores que las
obtenidas por el anterior Gobierno, en unos años en los que no
podíamos hablar de que se habían creado cifras importantes de empleo
o se había incrementado la actividad, sino que sólo hablábamos de una
destrucción de empleo que había situado precisamente a la mujer en un
récord de paro grave.

Me parece digno de destacar que el Gobierno entre 1997 y 1998 haya
aprobado esos tres importantísimos planes en el área de la mujer.

Creo que es la primera vez que un Gobierno se compromete con esa
rotundidad y con esa decisión en unos planes tan ambiciosos y tan
importantes. Planes a los que, además, hay que añadir la tramitación
de ese proyecto de ley, que usted y los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra han mencionado, de la conciliación
de la vida familiar y laboral. Y todo ello en la búsqueda de
introducir la igualdad en todas las políticas del Gobierno y en la
realización de unas importantes políticas de acción positiva, que
claramente ha señalado, precisamente, en el área de empleo. Dos
objetivos que nuestro Grupo comparte, como usted ha recordado,
trabajando a nivel parlamentario, como no podía ser menos, en
sintonía con el actual Gobierno.

Siguiendo el orden de su intervención, es de destacar que el marco de
trabajo y compromiso que supone para el Gobierno el III Plan de
igualdad de oportunidades 1997-2000, esté siendo un referente de unos
claros grados de cumplimiento por el hecho de que sólo en dos años de
vigencia se hable ya de un 86 por ciento de cumplimiento. Son cifras
que así lo corroboran y que, lejos de hacernos caer en el
triunfalismo -en el que no han caído ni el Gobierno ni nuestro grupo
parlamentario- las vemos, muy al contrario, como un estímulo
claramente para seguir trabajando en el solidario e importante
objetivo de la igualdad de oportunidades, que sabemos que para usted
y para el Gobierno es irrenunciable. Lo importante es que detrás de
esas medidas hay un
elevado número de mujeres que, de una u otra manera, se han
beneficiado de ellas. Medidas que usted genéricamente ha enumerado y
que, por supuesto, no vamos a detallar. Desde luego, nuestro deseo es
que esto redunde en la mejora de la calidad de vida de las mujeres.

El segundo aspecto tratado ha sido el relativo al Plan de lucha
contra la violencia doméstica, aprobado en 1998. Por supuesto, hemos
escuchado con atención sus consideraciones iniciales, coincidiendo en
que la violencia de género es la vulneración más grave de los
derechos humanos y también en los diagnósticos de las causas que
usted ha expuesto. Comparto también las opiniones reiteradas por las
portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido.

Afortunadamente, las estadísticas hablan de un descenso del número de
mujeres víctimas de los malos tratos, pero la verdad es que la sola
existencia de una mujer sería causa más que suficiente para esa firme
reacción y para el trabajo en el que el Gobierno está claramente
empeñado. Ylo está en esta causa, además en acertada colaboración -es
justo decirlo- con las Comunidades Autónomas y también con las
fuerzas sociales, conscientes de que sólo entre todos y de una forma
claramente multidisciplinar podemos conseguir esos dos objetivos que
destacamos todos: erradicar los actos de violencia contra la mujer y
ayudarle a paliar las consecuencias tan graves que sufren como
víctimas de estos gravísimos actos de malos tratos. Por supuesto, en
este sentido le reitero todo el apoyo de nuestro Grupo al Plan.

Ha hablado también de una serie de acciones acompañadas de unos
porcentajes de presupuesto económico, que sabemos que están
repartidos entre los Ministerios, en colaboración con el Instituto de
la Mujer, el Ministerio de Trabajo y, a su vez, las Comunidades
Autónomas. El montante es importante porque serias e importantes son
las medidas.

Por otra parte, debe quedar constancia de la importancia que nuestro
Grupo da a las modificaciones del Código Penal, que ya están en
vigor, y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Está reflejado en el
«Diario de Sesiones» la importancia que nuestro Grupo dio a este tema
desde el primer momento. Nos alegramos sinceramente, señor Ministro,
del consenso de todos los grupos parlamentarios respecto a estas
medidas aprobadas y, desde luego, compartimos con usted y con todos
ellos los buenos deseos de que los resultados sean favorables.

Usted se ha referido a continuación al Plan de Empleo. El objetivo
básico de creación de empleo del Gobierno tiene en las mujeres, como
se ha puesto de manifiesto, una mención o referencia sumamente
importante. Nuestro Grupo valora de forma positiva la eficaz gestión
que se ha venido realizando a lo largo de estos tres años en el área
de la mujer, por supuesto, y desde luego en el área de empleo de una
manera general. Uno de los aciertos del Gobierno está en la política
de empleo. Creo que, como usted ha puesto de manifiesto, de ella se
han beneficiado las mujeres españolas que, como todos sabemos, sufren
un elevado paro. El señor Ministro nos ha recordado unos datos
estadísticos que son incuestionables. Por lo tanto, no nos satisfacen
las cifras; reconocemos que hay que seguir avanzando, pero creo que
hay que reconocer al César lo que es del César. Las mujeres se han
beneficiado claramente de la



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política de empleo porque hoy hay más mujeres que tienen un puesto de
trabajo, se ha reducido, por tanto, el paro, se han incrementado las
tasas de actividad y los empleos son menos precarios. Usted recordaba
la cifra según la cual se han triplicado los contratos indefinidos en
estos últimos tiempos. En consecuencia, nuestro Grupo lo único que
puede hacer es compartir con usted la preocupación, seguimos
necesitando acciones importantes para avanzar en este camino, pero le
animamos a seguir en esa línea. Nos parece un gran acierto que el
Gobierno siga teniendo como primer objetivo de la política económica
y social la creación de empleo, porque ello está beneficiando clara y
abiertamente a las mujeres de nuestro país. El hecho de que el Plan
de empleo del año pasado y el de éste tenga un pilar fundamental, el
de la política de igualdad, es importante.

Por otro lado, usted ha señalado y ha sido objeto de referencia de
los otros grupos parlamentarios que no quiero dejar de mencionar, la
importancia del fomento del empresariado femenino, que ahí está, el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ligado también al ámbito
rural, aunque ahora no podamos entrar en el detalle, todas esas
medidas incentivadoras a la contratación de mujeres, la adecuación al
catálogo de profesiones y oficios, donde la mujer está
subrepresentada -lamentablemente está subrepresentada en muchas
profesiones y son muchas las mujeres que, por lo tanto, se están
beneficiando de ello-, y la acertada medida del coste cero, que está
teniendo también resultados muy positivos y ha hecho que la mujer sea
la más beneficiada de la contratación a tiempo completo desde la
reforma laboral de 1997.

Por tanto, creo que hay importantes medidas que están teniendo un
efecto claramente positivo, en las que hay que seguir ahondando, como
ha hecho ya el Plan de Empleo recientemente aprobado.

Se ha insistido también, y nuestro Grupo quiere unirse a ello, en la
necesidad y la importancia de las políticas activas en todo lo que
tiene que ver con el área de formación y de educación, que son
básicas y fundamentales. Aquí se ha mencionado un problema que, sin
duda, nos preocupa muchísimo en esta Comisión, y es el que tiene que
ver de alguna manera con estas mujeres que vienen de otros países
y se ven envueltas en el llamado tráfico de mujeres, que lleva consigo
engaños, problemas ligados a la prostitución y un sinfín de
calamidades, sin duda, importantes.

Desde esta Comisión se ha visto con especialísima preocupación este
tema, y eso es lo que nos ha llevado a la creación de esa
subcomisión, dentro de la propia Comisión, y que creo que está
trabajando con todo interés; confiamos igualmente en poder ver pronto
unos resultados y unas propuestas claramente positivas, que estamos
seguros que el Gobierno va a tener muy en cuenta.

Se ha señalado -y lo decía al principio, pero quiero resaltarlo- la
importancia del proyecto de ley de conciliación de la vida familiar y
laboral, que efectivamente está en tramitación parlamentaria; desde
luego a nosotros nos parece de suma importancia para evitar que la
vida familiar, el trabajo familiar afecte negativamente a la mujer y
en exclusividad, como está sucediendo generalmente, y al tiempo que
se pueda facilitar, por lo tanto, la corresponsabilidad entre el
hombre y la mujer en las tareas del hogar. Yo creo sinceramente que
hay una apuesta por soluciones claramente
positivas y mañana, en efecto, se va a ver en el Pleno una
proposición de ley del Grupo Socialista que lleva también ese título,
pero a mí me gustaría recordarle a la señora Senadora que quizás por
no estar en el Congreso tal vez no haya comparado tanto los textos,
ya que el presentado por el Grupo Socialista es una parte del que
presenta el Gobierno en el proyecto de ley. Por tanto, lejos de ser
corto, se amplía; otra cosa es que haya matices en un momento
determinado en que se produzca una diferencia de pareceres o de
planteamientos, pero seguro que coincidimos todos en el mismo
objetivo.

También quisiera hacer referencia a lo acertado que a nuestro Grupo
le parece esa colaboración que se está dando entre el Instituto de la
Mujer y las Comunidades Autónomas, y potenciándola a través de la
Conferencia Sectorial; buen ejemplo de ello es ese Plan de lucha
contra la violencia aquí mencionado, así como los muchos convenios de
colaboración realizados entre el Instituto y no sólo las Comunidades
Autónomas, sino también las Administraciones Locales -lo que creo que
es muy importante en el área de empleo- y los distintos
ayuntamientos.

Me gustaría comentar, al hilo de esa cierta preocupación que ha
mostrado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en relación a
una convocatoria de ámbito nacional donde existía la referencia a una
lengua, que debemos de saber todos que la colaboración del Instituto
con las Comunidades Autónomas es importante, y que tal vez la
convocatoria en esa otra lengua propia de cada Comunidad se reserva
para las convocatorias que ellas realizan.

Tampoco quiere nuestro Grupo olvidarse de formularle una petición, y
se refiere a que usted siga trabajando en el borrador del proyecto de
ley para garantizar el cobro de pensiones alimenticias.

Por último, quiero señalar que a juicio de nuestro Grupo usted ha
diseñado, también de forma clara, unos objetivos del Gobierno y
coincidimos en la importancia que quiere darle a la aplicación de la
igualdad en todos los programas y acciones para que de verdad sea un
instrumento eficaz, actuaciones como la que ha mencionado usted de la
guía para la evaluación del impacto de las distintas normas, en
función del género, que creo que es importante, y como lo será
también el observatorio de la igualdad.

Termino señalando que cuenta por supuesto con todo el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular en este objetivo de alcanzar la mejor
aplicación del principio de igualdad de oportunidades para conseguir
un país más moderno, más justo y más solidario con las mujeres y, por
tanto, con toda la sociedad.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz García.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
para contestar a los distintos grupos parlamentarios.




El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señora Presidenta.

Señorías, quiero agradecer a los tres grupos intervinientes la
calidad de sus intervenciones, las propuestas formuladas y, en su
caso, también las críticas, que siempre heentendido de forma
enriquecedora. Mis primeras palabras



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son para trasladarles algo que compartimos todos los que estamos
aquí, y yo con el más profundo e íntimo convencimiento: no estamos
hablando de un tema más; estamos hablando de un aspecto nuclear en
una sociedad moderna, que afortunadamente se plantea nuevas metas y
nuevos retos.

En materia de empleo -y antes he sido Secretario de Empleo y ahora
Ministro-, si ahora me preguntan cuáles son las dos principales
preocupaciones de nuestro mercado, siempre una será la falta de
igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer; hablar del
desempleo de la mujer es hablar del desempleo de nuestro país; por
tanto, la desigualdad social afecta a una base elemental, ya en sí
injustificada, pero, además, ahora mismo es el tema nuclear en el que
está la diferencia y las altas tasas de desempleo; por ello coincido
con todas las intervenciones, y con aquellas que han dicho que
estamos lejos de llegar al equilibrio ideal, por lo que no tendría
nada más que añadir.

Me parece de extraordinaria importancia todo cuanto se ha dicho; no
pertenece al Derecho privado, porque es de interés público, ya que
hay una desigualdad efectiva. Es terrible -como se ha planteado aquí-
que alguna mujer -y pasa en la práctica- tenga que decidir elegir
entre un hijo o una familia y el trabajo; nunca debe existir una
duda, y debemos crear una sociedad donde sea posible tener hijos,
tener una familia y tener un trabajo, porque ambas elecciones son
positivas, no tan sólo para la persona, sino para el conjunto de la
sociedad: se debe crear riqueza e igualdad de oportunidades para
todos, pero también debe haber, por puro crecimiento demográfico, una
natalidad a unos niveles razonables. Por tanto, estamos hablando de
intereses sociales, de intereses de todos y con una financiación
pública, independientemente de las actitudes privadas, que también
son de extraordinaria importancia, puesto que muchas de estas
relaciones transcurren en ese ámbito. Pero insisto en que hablamos de
interés social en ámbito privados muchas veces, pero siempre debe
prevalecer el interés social.

También quiero reconocer mi admiración -y lo hago en este foro- por
las mujeres, porque durante años -y no con el consentimiento social
que hoy en día presenta nuestra sociedad- han ido incorporando estos
valores, y no siempre con esta unanimidad social que hay ahora, por
tanto, repito, son ellas las que han llevado esta bandera de igualdad
de oportunidades. Ha sido un trabajo no siempre bien comprendido,
intenso y que afortunadamente hoy, aunque no con la intensidad que
desearíamos, va siendo incorporado ya al acervo cultural de nuestra
sociedad.

Efectivamente, un Plan siempre puede ser más o menos amplio, puede
tener unas medidas, puede tener un cumplimiento; un plan tiene una
línea de intenciones, y yo creo que en esas intenciones sí
coincidimos los grupos presentes en esta Cámara, aunque puede haber
matices, puede haber críticas, puede haber grados de cumplimiento,
pero en las líneas generales sí hay un acuerdo básico. Además tenemos
la duda -al menos yo la tengo y creo que es compartida- de qué más
podemos hacer, y eso es algo importante, porque todavía se puede
hacer mucho, pero nos equivocaríamos, porque también se ha dicho, que
todo se resolvería haciendo más leyes. Probablemente habrá que hacer
algunas leyes, como, por ejemplo, la Ley de Garantía de Pensiones;
quedan leyes por hacer, en efecto, pero también
quedan por hacer temas de extraordinaria importancia,
complementarios a las leyes. En resumen, no tan sólo con leyes vamos
a conseguir superar esta dificultad: también con leyes, pero no sólo
con ellas, de ahí que coincida con la señora Solsona en la primera
parte de su intervención, cuando se refería a cambio social, a cambio
de mentalidad y a sensibilización.

Plantea dos temas novedosos, uno muy concreto es el de los pisos-
puente, previos a la casa de acogida. En algunos planes ya se
contempla, y la tendencia es a ir avanzando en este tema, porque ahí
sí hay una parte muy importante de responsabilidad con las
Comunidades Autónomas. Sabe perfectamente que estamos integrados en
esta área. El otro tema, del que tomo nota, no lo hemos abordado, yo
personalmente lo reconozco, es el del tratamiento a la mujer
agredida. Se plantea un tratamiento, no como el que estamos dando
ahora en asistencia social por asociaciones especializadas, en cuanto
a ofrecer cobijo, alimento, ayuda psicológica, afectiva y de otros
órdenes, sino que plantea el tratamiento de los agresores para que no
reincidan. Hasta ahora en la separación del Derecho clásico esta área
pertenecía, como sabe, al tratamiento penitenciario de agresores o de
delincuentes -no soy jurista y no sé el término adecuado- o de
cualquier persona que había cometido un delito como es la agresión.

Usted plantea que debe ser un tratamiento específico y más vinculado
a esta materia en concreto. No sé si está siendo tratado así este
tema; me informaré porque lo desconozco, aunque en todo caso sí
constituye una novedad y una innovación.

El fondo de garantía de pago de alimentos es algo que tenemos que
hacer. A lo largo de la última legislatura ha habido diversas
iniciativas: unas van, otras vienen; han tenido distinta aceptación,
etcétera. No tenemos que entrar en quién ha rechazado o quién ha
propuesto, sino que debemos plantear una solución porque realmente se
producen unas situaciones complejas cuando se incumple un pago de
pensiones. También debemos tener todos claro -y quizás aquí resida la
dificultad- que crear un pago de pensiones no significa que haya de
renunciar al derecho al cobro de las mismas; es decir, tendríamos que
tener todas las garantías de que el Fondo va a actuar contra el que
ha incumplido el pago de pensiones correspondiente. Y digo esto
porque jurídicamente habrá que construirlo, ya que, caso contrario,
estaríamos haciendo un flaco favor a las garantías jurídicas del pago
de cada uno de los que quedan vinculados.




No conozco el tema de la lengua o el de la mujer española. Es
evidente que el Estado español es plurilingüístico. Supongo que el
Instituto de la Mujer se habrá referido a ello. No sé si ha
especificado mujer española, pero obviamente es así. En esto estamos
de acuerdo. Hasta el presente, cualquier mujer andaluza, murciana,
catalana, vasca o gallega es también española y no creo que exista
ningún tipo de conflicto. En cuanto a la lengua, me enteraré, pero no
debemos tener mayor problema en este tema.

Las señoras Amorós y Navarro han planteado el tema de categorías
laborales, de extraordinaria importancia, así como el de la
concepción del salario. Ya existen propuestas del área de Asuntos
Sociales para modificar en el Estatuto de los Trabajadores el
concepto de salario por retribucióntotal. Estamos trabajando en esta
materia. Aquí puede



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haber un tema de Ley, de definir exactamente como salario la
retribución global, complementos, etcétera. En la categoría propia ya
interviene más la vida interna de la empresa. Nosotros, desde la Ley,
podemos mejorar algo nombrando la retribución salarial; es decir,
todo, no sólo el salario sino los complementos, pluses, la masa total
salarial. En esta línea sí vamos a avanzar.

En cuanto a la adscripción de una persona a una categoría o a otra,
el Estado tiene dos formas: una, o existen garantías dentro del
Comité de Empresa de que se cumpla; o dos, la única forma de hacerlo
es a través de la Inspección de Trabajo ya que no existe otra
institución. Podemos llegar hasta donde sea posible a través de la
Ley. En este sentido, trabajaremos con los agentes sociales, y la
Inspección de Trabajo tendrá que ir teniendo en cuenta un tema que
cada día va teniendo mayor trascendencia.

Quiero contestar a un asunto de extraordinaria importancia, que es en
conjunto la tasa de actividad, las edades, porque también la señora
Amorós conjuntamente con las señoras Navarro y Sainz han planteado el
tema de la línea de población activa y evolución. ¿Qué es lo que está
ocurriendo con esta tasa de actividad femenina?
Hablaré en grandes números porque no quisiera aburrirles. Nuestra
tasa de actividad femenina efectivamente es baja, sensiblemente
inferior a la media europea. Es rigurosamente cierta esta afirmación.

En principio, lógicamente nuestra tendencia debe ser equipararnos en
cuanto a las tasas de actividad y de empleo, pero, evidentemente,
primero en cuanto a la tasa de actividad con respecto a la media
europea. ¿Qué está sucediendo? La tasa de actividad masculina en
España está aproximadamente en torno al 65 por ciento de la media
europea. Podemos tener todavía un incremento de la tasa de actividad
masculina, pero no es de esperar un gran aumento porque estamos,
repito, en torno a la media europea. Sí hay que esperar un aumento en
cuanto a la actividad femenina. Pero para ser realistas
-personalmente he estado trabajando en esta materia- la tasa de
actividad femenina en nuestro país se estratifica según edades; es
decir, una mujer de menos de treinta y cinco años tiene una tasa de
actividad ahora prácticamente idéntica al varón, alta, e incluso no
tan sólo a nivel europeo sino en algunos casos superior. Una mujer
joven en España tiene en la actualidad un deseo de trabajar idéntico
al varón. No hay un diferencial en la mujer de esa edad, sí lo hay en
la edad que su señoría apuntaba, entre los dieciséis y los
veinticuatro años. Existe una tasa de actividad masculina mayor
porque el nivel de estudios en la mujer se está alargando frente al
del hombre. Pero creo no equivocarme cuando digo que esto no se
produce por la desigualdad de oportunidades, sino porque la mujer -y
usted lo indicaba en otra parte de su intervención- está accediendo
ahora al mundo laboral y prolongado sus estudios con mayor intensidad
que el hombre. Con esta salvedad, nos encontramos ahora con que
tenemos unas tasas de actividades masculina y femenina casi idénticas
en cuanto a los tramos bajos; en tramos intermedios, ya empieza a
existir una diferencia, es superior la del hombre a la de la mujer,
y, por fin, es sensiblemente superior la masculina a partir de los
cuarenta y cinco o cincuenta años. Yo haría una división entre los
treinta y cinco y cuarenta y cinco años y los cuarenta y cinco años
para arriba. El ideal de una sociedad -además una sociedad en la que
confiamos que se puede conseguir empleo- sería que la tasa de
actividad fuera pareja con los tramos de edades. ¿Se va a conseguir
esa equiparación porque simultáneamente se incorporen al mercado de
trabajo mujeres de estos tramos de edades, o porque vaya por
sustitución ascendiendo la actividad femenina? La sociedad tendría la
palabra. Nosotros lógicamente tenemos que facilitar -es tarea de la
sociedad- las oportunidades a cualquier mujer de cualquier edad que
se incorpore al mercado de trabajo. Pero creo que acertamos para
estudiar las medidas que podemos tomar con la estratificación de las
edades: las mujeres jóvenes tienen la misma tasa de actividad que el
hombre; en las mujeres de edad intermedia ya existe una diferencia
entre hombre y mujer, y a partir de los cuarenta y cinco años la
diferencia entre la tasa de actividad masculina y femenina es enorme.

Si queremos incrementar la tasa de actividad femenina tendremos que
conseguir sobre todo que mujeres de edades medias, incluso mujeres
que no han trabajado nunca a partir de los cuarenta y cinco años, o -
lo cual cada día es más frecuente y debería ser objeto de análisis-
mujeres que trabajaron, que por voluntad propia se dedicaron al
cuidado de hijos durante unos años y que ahora desean incorporarse,
puedan acceder al mercado de trabajo.

Quería hacer una diferencia porque a veces tendemos a mezclar los
conceptos y es bueno que sepamos cuál es la realidad porque el
planteamiento ha de ser absolutamente distinto. Es cierto que hay
diferencia salarial. Aello se refiere claramente la Ley: a igualdad
de trabajo igualdad de salarios. La vía que tenemos en este momento
para su control es la Inspección de Trabajo, además en muchos casos
estos comportamientos son conocidos en el ámbito de la empresa. Por
tanto, agradeceremos cualquier tipo de denuncia porque la Inspección
deberá actuar con todas contundencia.

En cuanto al trabajo no declarado y a la economía sumergida, existe
ahora una Ponencia en esta Cámara donde nos tendrán que decir si el
trabajo sumergido afecta por igual a hombres o mujeres, o afecta más
a las mujeres. No puedo hablar hasta conocer los datos. En todo caso,
tenemos que contemplar, que por lo menos, un número representativo de
este tipo de empleo esté ocupado por mujeres. Debo decirle -es una
buena noticia- que está aflorando un empleo sumergido importante en
estos años, y prueba de ello es que el incremento a la afiliación de
la Seguridad Social está muy por encima del crecimiento de empleo que
nos da la estadística. Estamos creciendo por encima del 6 por ciento
en cuanto afiliación a la Seguridad Social, y la EPA está dando unos
datos de, aproximadamente, el 3,4 por ciento, la última encuesta fue
del 3,8 por ciento. Dado que el empleo de Seguridad Social es real,
puesto que son personas que se afilian y pagan una cuota -nadie lo
hace de forma gratuita o desinsteresada- hay que pensar que en gran
parte el diferencial con la creación de empleo se encuentra
precisamente en la afloración del empleo sumergido, que en encuestas
anteriores a la EPAya figuraba como empleo mientras que no tenían
recogido los datos de los afiliados a la Seguridad Social. Vamos bien
en este tema y tendremos que trabajar en ese informe de seguridad
jurídica.

También ha habido varias intervenciones, tanto de la señora Amorós
como de la señora Navarro y de la señora



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Sainz, en torno a la Ley de conciliación de vida familiar y laboral.

Es una ley absolutamente clave, que incorporará o no todas las
propuestas de los diferentes grupos. También tenemos la vía de las
enmiendas, y siempre quedarán cuestiones en el tintero, pero
considero que si logramos aprobar en esta legislatura, además, una
base de ley habremos dado un salto importante. A lo mejor unos
hubieran llegado más lejos, otros más cerca, etcétera. Pero, al
menos, iremos en el buen sentido.

Hay temas puntuales, temas muy cuantitativos, y hay uno que hemos
discutido en Europea -yo personalmente he representado a España en
varios debates-, relativo a si es un derecho individualizado al
estilo clásico o si es un derecho individualizado, pero dentro de una
responsabilidad compartida. Es un tema que no está cerrado
doctrinalmente, qué se entiende por hecho o derecho individualizado.

Como conocen ustedes el texto, aunque se da la capacidad individual
de ese derecho de maternidad-paternidad al hombre o a la mujer, se
comparte de forma voluntaria. Es decir, ambos tienen derecho a este
derecho individual pero en función de una alternativa. Hay otras
alternativas, y países europeos minoritarios han adoptado este
derecho individual en el término que apuntaba la señora Navarro, y
mayoritariamente se ha apuntado por la fórmula de derecho individual
pero dentro de una decisión voluntaria. Nosotros hemos optado por el
derecho individual dentro de un decisión.

En cuanto a la señora Amorós, quiero agradecer a su Grupo la
actividad que ha mantenido en todo lo relativo al coste cero, sobre
el cual las propuestas, también del Grupo Popular, se han ampliado a
cooperativas, autónomos, etcétera. En este caso se plantea un tema
que no se refiere a la frialdad jurídica, porque ésta indica que el
coste cero se bonificará a la Seguridad Social en el momento en que
se haga, y jurídicamente eso es impecable. Pero debemos saber si es
conveniente o no el anticiparlo para que haya un período de
solapamiento entre lo uno y lo otro.

Conozco el interés de su Grupo sobre esta cuestión, y en este caso
existe un problema de definición jurídica. Y aunque comprendo este
tema, les pido que también comprendan lo importante de definir el
momento en que empiece el coste cero, que es una medida de una
cuantía económica muy considerable, porque estamos hablando de
destinar 10.000 millones de pesetas en un solo año. Por tanto, es
importante determinar cuándo vamos a dar el pistoletazo de salida, el
criterio a seguir, etcétera. En todo caso, es cierto que se trata de
una petición que se está reiterando y que no fue contemplada al
principio, y yo intervine personalmente cuando diseñamos esta medida,
que se me está planteando con mucha intensidad.

Por otra parte, no puedo darle a la señora Navarro los datos que me
pide, es decir, la partida concreta a la que se destinan, tanto los
2.500, como los 2.937 millones de pesetas. En cualquier caso, eso me
lleva a pensar a que en los presupuestos para el año 2000
estableceremos la cuantía, especificaremos los conceptos y nos
evitaremos esta cuestión.




Por otro lado, hay una coincidencia total respecto de que la
protección y la atención sociales son materia de interés público,
deben ser financiados con dinero público, sin ningún género de dudas,
pero dando cada día una mayor
cabida, aparte de un marco público de garantía pública, itinerario
público y financiación pública, a las asociaciones de la entidad que
sean. En este sentido, hay asociaciones que han desarrollado una
actividad profesional impecable. Personalmente he podido ver el
funcionamiento de algunas de ellas, y como Ministro y defensor de mis
propios servicios administrativos creo, que al menos, complementan, y
en algunos casos incluso superan, la atención que podemos dar desde
un punto de vista puramente administrativo.

En cuanto a los problemas de interpretación de la ley, señora
Navarro, se trata de un tema mucho más complejo. Usted lo ha apuntado
y yo he tomado nota de ello, pero no podría hablar ahora sobre esa
cuestión.

Por lo que se refiere a que la tasa de actividad ha aumentado un
punto, he hablado con portavoces de su Grupo en numerosas ocasiones
sobre cuál va a ser la evolución de la población activa durante los
próximos años y todos coincidimos en que tendremos que variar las
estratigrafías y que ambos grupos se comportarán de manera distinta,
aunque es interés de todos que se equiparen esas tasas de actividad,
o al menos nos debemos conformar con que se acerquen a las medias
europeas, lo que sería un criterio que sería razonable ya que hay
unos diferenciales mucho más cortos que en el caso español, por lo
que ésta debe ser en primera instancia nuestra meta.

Por lo que respecta al coste cero, tampoco podría darle el dato de
cuántas mujeres sustituyeron a mujeres. También mantuvimos un debate
al respecto y hubo presupuestos de algunos grupos-aunque no recuerdo
cuáles-, e incluso en el propio Ministerio, para tan sólo bonificar
cuando una mujer fuera sustituida por otra mujer. En este caso,
equivocado o no, soy uno de los responsables de que al final
decidiéramos que fuera una persona la que sustituyera a una mujer o a
un hombre que se acogiera el permiso por maternidad. Es decir,
optamos por el principio de persona, y no por el de mujer-mujer.

Por otro lado, por supuesto, en la legislación, no de forma
explícita, pero sí implícita, ya estaba prohibido el despido por
embarazo. Pero existe una ventaja al establecer explícitamente todas
las causas que concurren en ello, es decir, no sólo el despido por
estar embarazada, sino por hacer uso de cualquier beneficio vinculado
a la maternidad, por ejemplo, el caso de los cuatro meses. Si se
especifica así, el hecho causante no sería tan sólo el embarazo, sino
que habría una mayor ampliación de supuestos, y creemos que es
positivo establecer ese carácter.

Asimismo, agradezco de forma muy especial a la señora Sainz su apoyo
y capacidad de propuestas. Ella personalmente y algunas de sus
compañeras han tenido un papel muy activo durante esta legislatura,
de lo que tengo un conocimiento muy directo, en todos y cada uno de
los temas de los que estamos hablando, por lo que ha tenido una
génesis compartida en muchas de estas cuestiones.

De su intervención me quedo con la necesidad de avanzar en materia de
Comunidades Autónomas, así como de entidades locales -está incluido
en el Plan de Empleo y es un tema complejo-. En este sentido, los
servicios sociales van a tener un marco estatal, un marco autonómico
y una ejecución cada día más vinculada al ayuntamiento. Aunque se
trate de financiación autonómica o estatal, al final es el ámbito
local el que debe tener acción en esta materia -por



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lo menos así lo veo yo-, aunque existan iniciativas por parte de la
Comunidad Autónoma, porque no se trata de excluir a una u otra
Administración. Por tanto, creo que la ejecución debe llevarse a cabo
en el ámbito local, lo que tiene unas enormes posibilidades, con la
participación de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, conozco su interés por el fondo de pensiones alimenticias,
y debemos intentar sacarlo adelante durante esta legislatura, si nos
diera tiempo para ello hasta marzo del año próximo.

En cuanto al tráfico de mujeres, un tema al que se han referido las
tres portavoces intervinientes, debemos empezar a hacer algo al
respecto. Hasta ahora hemos actuado en el puro ámbito de la
inspección de trabajo en algunos centros que ya conocen, pero es un
fenómeno que se está incrementando, que no era conocido hasta hace
pocos años, y que ha ido a más en los últimos tiempos, por lo que
deberá incorporarse, como algunos otros, para su estudio.

Por otra parte, me comprometo a enviarles los datos que me han
solicitado; en concreto, las partidas en las que se incluyen la
distribución de los fondos y, respecto del coste cero, cuántas
personas son sustituidas por mujeres.

Sólo me queda agradecerles sus aportaciones y, sobre todo, las tareas
que han realizado durante estos años. No les quepa ninguna duda de
que, con nuestras luces y sombras, los pasos que estamos dando -en
algunos casos compartidos en un porcentaje alto, y otros, no tanto-
se dan en el camino correcto e indicado.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

En esta Comisión nos pasa exactamente lo mismo: todos los grupos
parlamentarios intentamos avanzar en las cosas que nos unen y no en
las que nos desunen. Ésta es
una Comisión en la cual hemos instado al Gobierno a hacer todo
aquello que hemos considerado conveniente con respecto a la mujer y
en la que estamos trabajando en el mismo camino, intentando hacer las
cosas lo mejor que podemos y sabemos, pero todos a la vez.

Me corresponde dar las gracias al señor Ministro en nombre de todos
los grupos parlamentarios por su comparecencia. Pero si me lo permite
su señoría, antes de levantar la sesión me gustaría referirme a tres
cuestiones.

En primer lugar, que la Diputada Cánovas Montalbán, nuestra compañera
y Secretaria de la Mesa, la cual, como saben, ha estado enferma de
consideración, me ha expresado su agradecimiento por las flores que
le hemos enviado desde la Comisión y su recuerdo más cariñoso para
todos nosotros.

En segundo lugar, como ya he dicho en la reunión de Mesa y
Portavoces, si todo es correcto el Ministro del Interior comparecerá
el día 22, a las nueve y media de la mañana. Vamos a intentar que la
sesión se celebre en el Congreso de los Diputados para que las
señoras Diputadas se puedan incorporar al debate del estado de la
nación.

Por último, si alguien del grupo de trabajo de nuestra Presidencia de
la red de Comisiones encargadas de velar por la igualdad de los
quince países miembros de la Unión Europea se puede quedar unos
momentos le enseñaríamos el primer boletín que hemos diseñado en
nuestro trabajo de la Presidencia europea durante 1999.

Muchas gracias, señor Ministro, y muchas gracias señorías.




Se levanta la sesión.




Eran las diecinueve horas.