DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 135



PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA



Sesión núm. 22



celebrada el jueves, 18 de marzo de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan integral
de prevención y lucha contra la drogodependencia en las zonas de la
Comunidad de Madrid más afectadas por este problema. Presentada por
el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente del Congreso
161/001206 y número de expediente del Senado 663/000049) ... (Página 28143
)
Celebración de las siguientes comparecencias: - Del señor Director
General del Tesoro y Política Financiera (Caruana Lacorte) para
informar de las actuaciones del Comité de la Comisión de blanqueo de
capitales. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente del Congreso 212/001377 y número de expediente del Senado
713/000557) ... (Página 2814)
- Del señor Director del Órgano Técnico de Drogodependencias de la
Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de
Cataluña (Colom Farrán) para informar en relación a la política de su
Gobierno en el ámbito de las drogodependencias y la llevada a cabo en
base a la mesa de acuerdos para una política consensuada en materia
de drogodependencias en Cataluña, la cual fue acordada el 29 de
diciembre de 1994 por todas las fuerzas políticas en el Parlamento de
Cataluña. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i
Unió. Número de expediente del Congreso 212/001402 y número de
expediente del Senado 713/000587) ... (Página 2825)

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Se abre la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.




- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA DROGODEPENDENCIA EN LAS ZONAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID MÁS AFECTADAS POR ESTE PROBLEMA. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/
001206 y número de expediente Senado 663/000049)



El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.

En primer lugar, en cuanto se refiere al primer punto del orden del
día, proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan
integral de prevención y lucha contra la drogodependencia en las
zonas de la Comunidad de Madrid más afectadas por este problema, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, habida cuenta de que
dicho grupo ha procedido a retirarla, queda retirada.

Antes de pasar al punto siguiente, ratificamos la prórroga de la
ponencia, cuyo plazo vencía el día 30 de marzo, y la Mesa acuerda
proponer a la Comisión que se prorrogue ese plazo hasta el final del
período de sesiones, es decir, hasta el día 30 de junio. ¿Estamos
todos de acuerdo? (Asentimiento.)



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (CARUANA
LACORTE) PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE LA COMISIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES, A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.

(Número de expediente Congreso 212/001377 y número de expediente
Senado 713/000557)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que
es la comparecencia del señor Director general de Economía
Internacional y Transacciones Exteriores, presidente del Comité de la
Comisión de blanqueo de capitales, ante la Comisión Mixta para el
estudio del problema de la droga, para informar de las actuaciones de
dicho Comité, a instancias del Grupo Socialista del Congreso.




Habida cuenta de que este cargo ha sido suprimido y las funciones que
competían al mismo han sido asumidas por el Director general del
Tesoro y Política Financiera, don Jaime Caruana Lacorte, le damos la
bienvenida a don Jaime Caruana y tiene la palabra para hacer su
exposición.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Caruana
Lacorte): Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores
diputados y senadores. Comparezco ante esta Comisión para dar cuenta
a SS.SS de las actividades del Comité permanente de la Comisión de
prevención del blanqueo de capitales e infracciones
monetarias, como presidente del mismo, en virtud de las
competencias atribuidas a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera que anteriormente correspondían a la Dirección de Economía
Internacional y Transacciones Exteriores, hoy desaparecida. Como
consecuencia de la reorganización del Ministerio de Economía y
Hacienda, las competencias atribuidas por el Real Decreto 925/1995,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
respecto a la presidencia del Comité permanente, pasan a ser
ejercidas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Asimismo, en materia de control de cambios y movimientos de capital
se le confieren las competencias a esta Dirección sobre la
investigación e inspección que resulten necesarias para prevenir y
corregir las actuaciones relativas a las normas de control de cambio
y su resolución dentro de las atribuciones que establece la ley.

Por tanto, las competencias de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, objeto de esta comparecencia, se ciñen al
desarrollo de las actividades relativas a la presidencia del Comité
permanente de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e
infracciones monetarias y, en la medida en que estén relacionadas con
la anterior, a las de inspección y sanción para la prevención dentro
de la normativa de control de cambios.

Me referiré a lo largo de mi exposición, en primer lugar, a las
actividades del Comité permanente y también a la última Comisión de
prevención del blanqueo de capitales, a los cambios legislativos
introducidos y en fase de elaboración y a las actividades en materia
de colaboración internacional, concretamente las actividades en el
seno del GAFI y del Comité de contacto de la directiva antiblanqueo
de la Unión Europea.

Entrando en el primero de esos apartados, en lo que se refiere a la
actividades del Comité permanente, me gustaría empezar por la primera
de las reuniones, que se celebró el 6 de febrero de 1997, y muy
brevemente simplemente destacar algunos de los acuerdos principales.

El primero se refirió a los ficheros automatizados de datos de
carácter personal del Servicio ejecutivo de la Comisión, pieza de
información clave en la lucha antiblanqueo, que se encontraban
incluidos dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Regulación del
tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 1992. Se
propuso la aprobación del contenido de los ficheros automatizados,
con datos de carácter personal del Servicio ejecutivo relativos al
control de actuaciones previas y también a los datos correspondientes
a las declaraciones de operaciones sobre blanqueo de capitales,
incluyendo como cesionarios de tal información a las policías
autonómicas que tengan atribuidas expresamente competencias
investigadoras en la materia y encomendado al Banco de España tanto
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dichos ficheros,
como la inscripción de los mismos en el Registro de la Agencia de
Protección de Datos. Esta propuesta fue presentada y aprobada
finalmente en la reunión de la Comisión de prevención del blanqueo de
capitales del día 3 de junio de 1997.

En segundo lugar, se aprobó la creación de un grupo de trabajo,
dirigido por el departamento de Aduanas y coordinadopor la secretaría
del Comité permanente, para analizar



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la problemática de la entrada y salida de dinero en efectivo por
frontera.

La segunda de las reuniones del Comité permanente, la realizada el
día 8 de mayo de 1997, tenía tres objetivos claros: en primer lugar,
informar de los progresos del grupo de trabajo en materia de entrada
y salida de fondos en efectivo a través de fronteras, al que
seguidamente me referiré; impulsar la aprobación de la conexión del
SEBLAC (Servicio ejecutivo) con la denominada Egmont Security Web, y,
en tercer lugar, departir y proponer medidas para incrementar la
coordinación entre expedientes sancionadores administrativos incoados
al amparo de la normativa sobre el control de cambios y las
actuaciones de investigación criminal sobre presuntos delitos de
blanqueo desarrolladas por la Fiscalía antidrogas.

Se propuso en esta reunión el acceso del Servicio ejecutivo al
sistema de información de la Egmont Security Web. En este sentido, el
Servicio ejecutivo ya venía colaborando en aquel momento de forma muy
activa con el grupo Egmont, formado por los representantes de los
servicios ejecutivos de las denominadas FIU (Financial Inteligence
Units) de más de 15 países (hoy son más de 35), uno de cuyos
principales objetivos es facilitar la cooperación, la comunicación y
la asistencia internacional a las distintas FIU en materia de
prevención y represión del blanqueo de capitales.

Se estimó conveniente que el Servicio ejecutivo español pudiera
acceder a dicho sistema informático, en el que se incluyen, entre
otras cuestiones, documentos legislativos, jurisprudenciales y
doctrinales que aportan un valor sustancial para el cometido y
funciones de nuestra unidad operativa en la lucha contra el blanqueo.

Estos asuntos se desarrollaron y se desarrollan dentro del grupo
mencionado anteriormente, el grupo Egmont.

Se analizó también la problemática generada por la normativa de
control administrativo anclada en el ámbito del control de cambios y
alterada por el contexto comunitario, especialmente después de la
aprobación del Tratado de la Unión Europea, y la conexión con los
supuestos de actividades de blanqueo de capitales. En ese sentido, se
acordó la modificación de las normas sobre control de cambios, en
particular, la Ley 40/1979, que había quedado obsoleta, en un nuevo y
más amplio de regulación comunitaria al que más adelante me referiré.

Voy a hacer mención, porque creo que es interesante debido a que es
la primera ocasión en la que se ha propuesto una sanción a una
entidad de crédito, la última de las reuniones de la Comisión de
prevención del blanqueo de capitales, realizada en octubre del año
pasado, en la que se trataron diversos temas. El primero de ellos fue
la aprobación de una propuesta de sanción a una entidad de crédito
por incumplimiento de la normativa sobre prevención de blanqueo de
capitales. Ha sido la primera vez que se somete a la aprobación de la
Comisión una propuesta de sanción a una entidad financiera, y tal
aprobación es requisito necesario para la resolución definitiva del
expediente sancionador, según lo dispuesto en la Ley 19/1993, de 28
de diciembre, sobre determinadas Medidas de prevención del blanqueo
de capitales; se instruyó el correspondiente expediente sancionador
con propuesta de dos multas por faltas graves.

Otra de las cuestiones instadas en dicha Comisión fue la orientación
a la delegación española en el GAFI en relación a los objetivos que
debía perseguir esta organización y a los que debía atender nuestra
delegación: su institucionalización, el fortalecimiento de la
cooperación internacional con otros organismos como Naciones Unidas,
y la necesidad de incorporar nuevos miembros, objetivo en el que se
apoyó la integración de tres Estados iberoamericanos, Méjico,
Argentina y Brasil.

Finalmente, y en este rápido resumen de las reuniones mantenidas, me
gustaría hacer referencia a la última de ellas, a la celebrada por el
Comité permanente el pasado 9 de marzo, en la que se trataron los
siguientes asuntos: Por una parte, se hizo un repaso de la situación
en las últimas reuniones y los puntos tratados en ellas, en la del
GAFI y e el Comité de contacto de la Unión Europea, y se constituyó
un grupo de trabajo especializado en analizar las repercusiones que
pudieran tener las nuevas tecnologías de pagos, lo que son los
monederos electrónicos y lo que es el denominado «online banking», es
decir, el uso de las redes de Internet en temas bancarios y sus
implicaciones en nuestro país. Este grupo de trabajo será coordinado
por el Servicio ejecutivo.

Asimismo, en esta misma reunión se analizaron los datos referentes al
blanqueo de dinero, que me gustaría resumir rápidamente en lo
siguiente: desde el punto de vista de actuaciones previas iniciadas
por el SEBLAC (Servicio ejecutivo en materia de blanqueo de
capitales), éstas han ascendido desde una cifra que en 1996 era de
745 a 1.095 en 1998, es decir, un incremento de un 43 por 100. Dentro
de estas actuaciones previas iniciadas es preciso señalar el
incremento de las comunicaciones efectuadas por los sujetos
obligados, que van creciendo de forma permanente desde 1996 (670
actuaciones previas) a 1998 (869 actuaciones previas). También merece
destacar el crecimiento que está experimentado en los casos
procedentes de cooperación internacional, en el que se ha pasado de
26 actuaciones abiertas en 1996 a 96 en 1998. Otro dato importante
que puede extraerse son las actuaciones previas terminadas por el
Servicio ejecutivo, que han pasado de 412 en 1996 a 880 en 1998,
destacándose las actuaciones que el Servicio ejecutivo remite a otras
unidades operativas en el marco de la cooperación internacional,
pieza clave en la operatividad del sistema, que han pasado de 14 en
1996 a 47 en 1998.

Respecto a operaciones sospechosas de blanqueo que comunican los
sujetos obligados y voluntarios al Servicio ejecutivo, han sido 1.095
en 1998, frente a 670 del año 1996. De estas 1.095, 577 han procedido
de bancos y 195 de cajas de ahorro. El «reporting» sistemático de los
sujetos obligados ha sido de 39.887 operaciones durante 1998, lo que
da un nivel elevado en relación al resto de los países de nuestro
entorno. Este nivel de comunicaciones, unido a lo que el GAFI ha
denominado en su evaluación el sistema mixto, que combina el
«reporting» sistemático con operaciones sospechosas, hacen que el
sistema preventivo de nuestro país alcance un grado sustancial de
efectividad y a la altura del resto de los países del GAFI.

Me gustaría hacer una breve referencia a la actividad sancionadora de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en primer
lugar en relación a las infracciones



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en materia de blanqueo de capitales. Como SS.SS saben, en este
sentido, se centran en los incumplimientos de comunicaciones o de los
deberes de colaboración de los sujetos obligados con las autoridades
competentes, en particular, con el Servicio ejecutivo.

Como SS.SS saben, la mayor parte de la colaboración en la detección
de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales proviene en su
mayoría de las entidades integrantes del sistema financiero
(entidades de crédito, agencias de valores, gestoras de cartera,
instituciones de inversión colectiva, etc). En el período de estos
dos últimos años se ha profundizado en el perfeccionamiento del
personal especializado en técnicas de investigación y de
aprovechamiento y depuración de la información obtenida en la lucha
contra el blanqueo, en la que las actividades operativas exigen un
cuidadoso estudio y análisis previo. Asimismo, se ha asentado la
operatividad del sistema, y la estrategia mantenida con los sujetos
obligados ha sido la de propiciar la sensibilización y la
colaboración de los mismos de cara a obtener un grado adecuado de
colaboración en la comunicación de operaciones sospechosas, alguno
que ha resultado positivo y ha permitido que cada entidad financiera
haya articulado su unidad interna de vigilancia y que el número de
operaciones sospechosas comunicada al Servicio ejecutivo se haya
incrementado sustancialmente. En algún supuesto, no obstante, ha sido
preciso iniciar actuaciones formales previas para investigar
situaciones puntuales en las que dicha colaboración no se apreciaba,
lo que ha desencadenado en algún caso la imposición de la sanción,
a la que antes he hecho referencia, a una entidad de crédito.

Fuera de la normativa sancionadora en materia de blanqueo, en algunos
de los expedientes sancionadores en materia de control de cambios, en
concreto en lo que se refiere a exportación de efectivos, se han
detectado conexiones con investigaciones judiciales sobre presuntos
delitos de blanqueo, tipificados en los artículos 301 y siguientes
del Código Penal, y en estos casos la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera ha prestado toda la colaboración posible a los
órganos operativos de investigación (ministerio fiscal, policía,
guardia civil y SEBLAC), comunicando al Servicio ejecutivo la marcha
del expediente administrativo, la incautación de efectivo y su puesta
a disposición de dichas autoridades. Por su parte, se viene
manteniendo un estrecho contacto igualmente con la Agencia Tributaria
en los supuestos de préstamos no declarados que pudieran ser
constitutivos o exista indicio de evasión fiscal.

La actividad de la Dirección General, aun con el problema de
desenvolverse en una normativa de control de cambios a la que antes
me he referido, ha jugado un papel activo y constante en la
colaboración con los demás órganos intervinientes en el sistema de
prevención y represión del blanqueo de capitales.

Me gustaría entrar ahora en el siguiente de los apartados, que se
refiere a los cambios normativos que se han realizado.

La actividad normativa desarrollada por la Dirección General del
tesoro y Política Financiera ha centrado el impulso de normas tales
como, en primer lugar, la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, en cuyo artículo 178 se sientan las
bases para el desarrollo reglamentario del control de los
establecimientos
financieros de cambio de moneda; el Real Decreto 2660/1998, de 14
de diciembre, que desarrolla la Ley señalada; determinadas medidas
incluidas en las últimas reformas de la Ley del Mercado de Valores,
realizada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre; y el anteproyecto
de ley sobre el régimen jurídico de los movimientos de capital. En
todos los textos normativos se han incluido las medias de prevención,
o que ayuden a la prevención del blanqueo, necesarias en las materias
objeto de regulación de cada una de dichas normas.

Empezando por el primero de los casos, el tema de las casas de
cambio, la Ley de acompañamiento, en su artículo 178, dispone la
sujeción de la actividad del cambio de moneda desarrollada por
personas físicas o jurídicas distintas de entidades de crédito a la
supervisión y control del Banco de España. Esto obliga a solicitar la
autorización, a cumplir un requisito de honorabilidad y también a
cumplir el requisito de inscripción en el registro especial creado
dentro de esta entidad, el Banco de España, a quienes deseen realizar
dicha actividad. Se extiende a las casas de cambio el régimen
sancionador vigente para las entidades de crédito, con las
adaptaciones reglamentarias necesarias.

El Real Decreto 2660/1998 ha sido el encargado de hacer el desarrollo
normativo de este artículo de la Ley de acompañamiento. El Real
Decreto ha diseñado un auténtico marco regulador para los
establecimientos abiertos al público para el cambio de moneda, ya que
hasta el momento los cambistas profesionales sólo estaban sujetos a
un sistema de registro en el Banco de España. Con este Real Decreto
se modifica el estatuto, garantizando tanto la libre competencia como
la debida protección a la clientela.

La actividad profesional consistente en la realización de cambio de
moneda extranjera, cualquiera que sea su denominación, en
establecimientos abiertos al público, se circunscribe a la compra o
venta de billetes extranjeros y cheques de viajero, así como a la
gestión de transferencias recibidas del exterior o enviadas al
exterior a través de entidades de crédito.

El sector regulado por esta norma se caracteriza por una gran
heterogeniedad, desde simples establecimientos turísticos de
temporada, para poder efectuar cambios de moneda extranjera, hasta
sociedades dedicadas de modo profesional y exclusivo a esta
actividad, con un importante volumen de recursos propios y cifra de
actividad. Por ese motivo, en el real decreto se ha establecido un
escalonamiento en las exigencias de recursos materiales y de capital
en función de las operaciones a desarrollar por cada tipo de
establecimiento.

Se establece también en este decreto la aplicación de la Ley de
Blanqueo de capitales a los establecimientos de cambio de moneda, se
completa el marco de intervención administrativa, estableciéndose los
procedimientos de autorización y supervisión, así como sus
obligaciones, encomendándose al Banco de España el ejercicio de ambas
competencias.

Cabe destacar, por ejemplo, la obligación de las casas de cambio, de
que estas casas canalicen, a través de cuentas abiertas en entidades
de crédito, los movimientos necesarios para el desarrollo de su
actividad, o bien la obligación de registrar operaciones e
identificar las personas deforma individualizada. Las operaciones de
transferencia de



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cuantía superiores a 500.000 pesetas requieren la obtención de una
declaración firmada del cliente con datos identificativos, y esa
declaración, con un número de identificación que permita localizarla,
deben presentarla ante el Banco de España. Asimismo, existe la
obligación también de aportar al Banco de España cuantas
informaciones sea necesaria para el eficaz ejercicio de sus
funciones, o el sometimiento de las casas de cambio a un régimen
sancionador similar al de las entidades de crédito, que puede
conllevar fuertes sanciones tanto a la entidad como a sus
administradores, pudiéndose llegar a la revocación de la autorización
para operar.

Esta batería de medidas pone de manifiesto el compromiso del Gobierno
en lograr un grado adecuado de transparencia y control de las casas
de cambio, lo que facilita, entre otras cosas, el conocimiento y la
prevención de operaciones potencialmente sospechosas de blaqueo.

Me gustaría ahora referirme a aquellos aspectos de la Ley del Mercado
de Valores que también colaboran en la prevención del blanqueo.

La Ley 37/1998 ha completado la trasposición al ordenamiento jurídico
español de la Directiva de servicios de inversión en el ámbito de los
valores negociables, liberalizando así la actuación de las empresas
de servicio de inversión europeas, pero, pese a este carácter
liberalizador que proviene de la directiva, la ley no olvida la
necesaria protección al inversor, incrementando las medidas que
existían hasta ahora.

En efecto, y a fin de poder controlar las entidades que hasta ahora
quedaban al margen de la Ley del Mercado de Valores, se ha ampliado
el marco de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por una parte, se ha ampliado el concepto de instrumento financiero
en el que se prestan los servicios financieros o actividades
complementarias comprendido en el artículo 2 de la Ley del Mercado de
Valores, incluyendo así entre los sometidos a disciplina legal los
instrumentos financieros derivados en sus distintas modalidades y los
denominados over the counter u OTC. Recuerdo que en algunas de las
conclusiones del GAFI se hacía referencia a la utilización de
productos derivados en este tipo de operaciones.

Por otro lado, se otorga a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores amplias facultades para expulsar de los mercados a aquellas
entidades que vulneren la reserva de actividades que se predican en
exclusiva en este campo a las empresas de servicio de inversión y de
entidades de crédito. La norma se completa con una serie de medidas
de lo que se ha venido a denominar de intervención antichiringuitos,
es decir, para evitar las pequeñas casas que vulneran la reserva de
actividades.

Finalmente, y con brevedad, me gustaría referirme al anteproyecto del
régimen jurídico sobre los movimientos de capital y de control de
cambios, que sustituirá a la antigua Ley 40/1979, pensada para otro
contexto histórico y de difícil aplicación en un marco completamente
distinto al momento en el que esta ley se promulgó. Esta norma
incorpora una disposición en el sentido de incluir conclusiones del
grupo de trabajo sobre movimientos físicos de efectivo, de manera que
posibilite un grado adecuado de control, inspección y régimen
sancionador sobre los movimientos de capital, al tiempo que se
actualiza dicha norma con las
medidas preventivas recomendadas en los grupos internacionales de
esta materia.

Me gustaría ya entrar en el último apartado de los que mencioné, que
es el de las actividades internacionales, y concretamente el de las
actividades con el GAFI.

En el plano de la cooperación en la actividad internacional
antiblanqueo han sido diversos los distintos foros y organizaciones
en los que España ha tomado parte activa en este período de tiempo.

Como SS. SS. conocen, la patología y los medios de lucha contra el
blanqueo han de ser universales, todos los países en una u otra forma
se encuentran afectados por este mal, que resulta enormemente
perniciosos, y de ahí que la lucha antiblanqueo sea una tarea de
dimensión internacional y constituya cada vez más una preocupación y
un objetivo fundamental tanto para los Estados como para las
organizaciones supranacionales.

En este sentido, con la ratificación por parte de las Cortes del
Convenio de Estrasburgo de 1990 que, promovido por el Consejo de
Europa, impone obligaciones sobre identificación, embargo y decomiso
de productos procedentes de actividades delictivas, ha completado la
incorporación a nuestra legislación de los principios y reglas
internacionales referentes al blanqueo de capitales. Pero, además,
ciñéndome a la cooperación internacional tanto multilateral como
bilateral realizada por el Servicio ejecutivo en el marco de los
límites fijados por la Ley 19/1993 y su reglamento, se han firmado
compromisos de intercambio de información con Francia, Alemania,
Argentina, Estados Unidos, y está próximo a concretarse algún otro
país, como puede ser Méjico. Aparte de estos acuerdos formalizados,
existe una intensa cooperación para diversas cuestiones propias de
los cometidos del Servicio ejecutivo con unidades operativas
similares en países como Portugal, Marruecos, Reino Unido, Suecia,
Turquía, Italia, Federación Rusa, Chile, Israel, Bolivia y El
Salvador.

Podemos, por tanto, afirmar que se viene cumpliendo
satisfactoriamente con la posibilidad de colaboración y ayuda mutua
internacional que nuestra Ley de Prevención del Blanqueo tiene
prevista y autorizada bajo el principio de la reciprocidad y de
acuerdo con los tratados y convenios internacionales.

Una de las colaboraciones más importantes es la referente al Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), constituido específicamente
para la prevención del blanqueo hace un decenio. Esta organización,
que funciona en el seno de la OCDE y a la que pertenece España, ha
visto recientemente, en la primavera de 1998, prorrogado su mandato
hasta el 2004 y ha sido animada a proseguir sus trabajos para obtener
la máxima implantación posible de sus 40 recomendaciones que enuncian
los principios y reglas, tanto de carácter preventivo como represivo,
que deben recoger la legislación y aplicarse en los países que forman
parte del mismo. La implicación de España en la colaboración con el
GAFI se ha extendido a grupos paralelos de carácter regional, tal
como el que integran los Estados de Centroamérica y Caribe.

Tampoco debe pasarse por alto que España forma parte desde el año
pasado del Comité director del GAFI, hecho éste que demuestra el
máximo grado de implicación de nuestro país en la organización. Otro
de los esfuerzos que han ocupado y ocupan la atención del GAFI en la
actualidad



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es la determinación de lo que se denominan países o territorios no
cooperantes con los postulados del GAFI, es decir, puntos o zonas
geográficas con deficiente o nula aplicación de las 40
recomendaciones de cara a la prevención de blanqueo de capitales.

En esta línea, el primer paso consiste en establecer una serie de
criterios que permitan definir a un país o territorio como no
cooperante. Para ello es preciso determinar la regla y prácticas que
obstruyen la lucha contra el blanqueo, en particular normas
financieras que impidan obtener a las autoridades u organismos
supervisores información sobre operaciones potenciales usadas como
blanqueo de dinero, la regulación del secreto bancario, que todavía
se da en ciertas zonas, o la falta de asistencia a comisiones
rogatorias en el ámbito de la asistencia internacional entre órganos
judiciales.

Segundo paso. Se centrará en la enumeración de cuáles son dichos
países o territorios en la aplicación de los criterios que se hayan
establecido, y finalmente se realizarán los acuerdos internacionales
que sean precisos para forzar a dichos países o zonas a cumplir las
recomendaciones, y en particular se podrán barajar algunas
contramedidas por parte de países que sí las cumplan y que tengan
relaciones comerciales con dichas áreas, tales como las de obligar a
que las instituciones bancarias de los países que cumplan las
recomendaciones identifiquen a los titulares de las cuentas de
procedencia, o, en el caso de sociedades, las personas por cuya
cuenta actúan en aplicación de diversas recomendaciones.

En definitiva, los trabajos del GAFI, y dentro de él en nuestro país,
se centran en este punto en asegurar que tales centros no sean
utilizados por organizaciones criminales internacionales para
blanquear sus beneficios en el sistema financiero, huyendo de la
investigación de otras jurisdicciones o países que cumplen
estrictamente las 40 recomendaciones. En definitiva, todo ello
muestra el nivel de iniciativa, impulso e implicación de nuestro país
en las organizaciones internacionales respecto a cómo ya se ha venido
haciendo a lo largo de estos últimos años.

Otro aspecto del GAFI ha sido el examen de las nuevas tipologías. Una
de las actividades más apreciadas de esta organización consiste y ha
consistido en el estudio de nuevas tipologías de blanqueo a la vista
de la frecuencia con las que narcotraficantes y delincuentes cambian
sus procedimientos y normas de actuación. Nuestro país ha intervenido
decididamente tanto en la elaboración como en la puesta en marcha de
estos estudios. Así, el Servicio ejecutivo ha tomado parte en las
reuniones, la última celebrada en Londres en noviembre del año
pasado, a partir de la cual se ha elaborado este último informe de
tipologías. En él se han analizado las tendencias de blanqueo
seguidas en diversos países miembros, centrándose este último informe
en los problemas generados para los paraísos fiscales situados en
territorios en los que no se aplican las recomendaciones del GAFI.

Adicionalmente, en las recomendaciones del GAFI se han estudiado los
nuevos medios de pago y que alguno de estos medios de pago pueda ser
utilizado en el blanqueo del dinero, y dos son las tipologías que
preocupan a los distintos Estados: por una parte, lo que se denomina
el dinero electrónico, los monederos electrónicos; y por otra parte,
el
online banking, las transacciones bancarias a través de Internet.

En lo que se refiere a los monederos electrónicos, pueden ser
cargados con sumas de dinero distintas, según los países,
transportados por todo el mundo de la misma forma que cualquier
tarjeta de crédito. Otra de las innovaciones importantes en medios de
pago lo constituye el online banking, que en el 85 por 100 de las
instituciones financieras de los Estados ya ofrece un grado elevado
de servicio en esta dirección.

Entre las soluciones que se apuntan se encuentra el establecimiento
de límites a las cantidades a cargar o a recuperar en los monederos
electrónicos, vincular los monederos a cuentas bancarias y generar
sistemas de análisis de inspección entre los chips en los monederos.

En el caso del online banking, una de las líneas de avance consiste
en el establecimiento de una regulación uniforme que permita seguir
parámetros operativos análogos en todos los Estados, al tiempo que
asegure que una potencial apertura de cuentas a través de medios
informáticos no obste el deber de identificar documentalmente a los
titulares de dichas cuentas con carácter previo a su utilización.

Otro de los problemas en este campo de las nuevas tecnologías lo
presenta la posibilidad de venta automática de estas tarjetas, algo
que en los países en los que no se da favorece el desconocimiento de
los adquirientes y dificulta el control de las operaciones y
transacciones que se realicen. En nuestro país se está trabajando
también en esta dirección, y ya hemos dicho anteriormente que se ha
formado un grupo de trabajo cuyas conclusiones nos permitirán avanzar
próximamente.

Otro tema tratado en relación a nuevas tipologías ha sido el uso
potencial del mercado de oro en operaciones de blanqueo. Esta
práctica es especialmente frecuente en países asiáticos y en
latinoamericanos, aprovechando el establecimiento de joyerías, las
diferencias de imposición indirecta en el metal en los diversos
países, o beneficiándose de evitar el sistema financiero. En nuestro
país el Servicio ejecutivo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han
intervenido en algún caso relacionado con esta clase de tipología.

Quizá también otro elemento adicional ha sido la problemática que
presentan algunos países, específicamente los países del este, desde
el punto de vista del blanqueo de dinero, y que se enmarca en los
incipientes esquemas de funcionamiento del sistema financiero y la
existencia de frecuentes víctimas de fraudes desarrollados por las
crecientes mafias de narcotráfico en esos territorios y sus posibles
conexiones internacionales.

Los países están realizando avances sustanciales en esta materia.

Así, los países más próximos a la Unión Europea han aprobado
recientemente legislación antiblanqueo, en tanto que Rusia acaba de
promulgar un nuevo código penal que tipifica directamente el delito
del blanqueo de una manera bastante aproximada a las recomendaciones
del GAFI. Por su parte, otros países en este ámbito, como Ucrania,
han suprimido las cuentas anónimas y el secreto bancario en los
supuestos de blanqueo de capitales.

Me gustaría ya referirme a un aspecto importante, que ha sido el
examen del GAFI de nuestro país, la segunda evaluación mutua de
España.




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Como SS.SS. saben, el GAFI analiza periódicamente estas obligaciones
de los países miembros mediante autoevaluaciones realizadas por ellos
y a través de un panel de examinadores de otros países. Pues bien, en
la última ocasión en que nuestro país ha pasado estos exámenes, cuya
segunda evaluación mutua han realizado representantes de Austria,
Bélgica y Francia, ha quedado reconocido el buen nivel de
cumplimiento que España ha merecido en lo que atañe tanto al arsenal
jurídico como a la organización de los mecanismos antiblanqueo, de
modo que puede afirmarse que nos encontramos entre los países
miembros del GAFI que mejor responden a sus recomendaciones, y así se
ha reconocido en el informe resultante de la evaluación mutua que ha
sido aprobada satisfactoriamente en la reunión plenaria de París el
pasado 9 de febrero.

Me gustaría referirme ahora al Comité de contacto de la directiva
antiblanqueo de la Unión Europea, que es otro de los foros en el que
nuestro país toma parte.

Como SS. SS. conocen, la Ley 19/1993, de Prevención de blanqueo de
capitales constituye una trasposición de la Directiva 91/308 de la
Comisión, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales.

El Comité de contacto para la aplicación de la directiva está
integrado, además de por todos los Estados, por los países EFTAy por
Suiza. Se reúne una vez al año al menos y prepara un informe anual al
Parlamento Europeo sobre el estado de la aplicación de la normativa
antiblanqueo con la Unión Europea. La participación en el Comité de
contacto de la Unión Europea, que se ocupa del siguimiento y
problemática derivada de dicha directiva, permite constatar que
nuestro país está asimismo en el grupo de cabeza en cuanto a la
aplicación de aquella norma en relación con el resto de los países de
la Unión Europea. Aunque resulta todavía prematuro, puesto que son
trabajos que se han iniciado, se están barajando determinadas medidas
de ampliación del ámbito de aplicación de la directiva antiblanqueo.

Finalmente, me gustaría referirme a otras organización y a la
participación en dichas organizaciones.

Las Naciones Unidas, por su parte, han adoptado, en la reunión
extraordinaria de su Asamblea General del 10 de junio de 1998, una
declaración política y un plan de acción contra el blanqueo del
dinero en el marco del reforzamiento de la lucha para la erradicación
de los problemas causados por la droga en todo el mundo.

El Consejo de Europa también viene realizando actuaciones con
diversos países o territorios en relación con la prevención del
blanqueo de capitales. En esta actividad comenzará próximamente la
evaluación de Andorra, a la que España ha sido invitada, formando
parte del panel evaluador miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.




Termino aquí mi intervención, en la que he intentado ofrecer de una
manera esquemática la situación y los trabajos realizados en el
ámbito preventivo de la lucha contra el blanqueo de capitales, y
estoy a su disposición para cuantas aclaraciones o preguntas quieran
hacerme.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la diputada doña Carmen Romero López.




La señora ROMERO LÓPEZ: Muchas gracias, señor Caruana, por su
comparecencia. Déjeme que inicie mi intervención con una referencia
al territorio del que soy diputada, Cádiz, pues ahora la cuestión
está entre dos «Caruanas», el director general del Tesoro y el
gobernador de la Roca. No es ese el único motivo de la petición de su
comparecencia, pero su apellido no ha dejado de sugerirme ese
contencioso que ahora vivimos.

Hace mucho que pedimos su comparecencia, y tengo satisfacción de
saber que usted existe, existe el Comité permanente de la Comisión de
la prevención del blanqueo de capitales, existía un director general
de Transacciones, que ha sido sustituido por el director general del
Tesoro, y que ha sido posible esta comparecencia, porque el hecho de
la petición de su comparecencia suscitó alguna duda sobre su posible
inexistencia.

Tengo que decirle que la exposición que nos ha hecho me suena ya a la
que nos hizo el director del Servicio ejecutivo y a algunas
informaciones que habíamos tenido por parte de algún otro
compareciente. Esperaba, señor Caruana, en estos momentos alguna
implicación un poco más apasionada en el tema. Apasionada en el buen
sentido de la palabra, no en el sentido puramente emotivo, sino en el
sentido eficaz del término. Me ha parecido su exposición sobre las
actividades del Comité permanente de la Comisión de prevención de
blanqueo de capitales, déjeme que le diga, para salir del paso, en
unos momentos en los que el blanqueo de capitales es un fenómeno con
dimensión internacional. En unos momentos en los que usted representa
a un Gobierno cuyo presidente tiene grandes facilidades para hacer
declaraciones sobre este tema, yo esperaba alguna intervención un
poco más comprometida.

Quisiera hacerle algunas preguntas, y voy a ir directamente al grano
porque el presidente de esta Comisión suele ser riguroso con los
comparecientes, sobre todo cuando los temas son de esta naturaleza,
aunque tengo que decir que no siempre. Quiero ir directamente al
grano.

Como presidente del comité permanente ya nos ha explicado cuántas han
sido las reuniones, cuántos han sido los acuerdos, e incluso cuántas
han sido las sanciones que se han tomado desde que este comité
permanente está en funcionamiento, después de aprobarse la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales. Pusimos en marcha una ley para
prevenir el blanqueo de capitales, que es una ley que exige la
colaboración a unos sujetos obligados, y se supone que, o todo el
mundo colabora extraordinariamente, lo cual pone en duda esta
diputada por las razones que a continuación le daré, o la eficacia de
este comité permanente y la eficacia del servicio ejecutivo dejará
mucho que desear. Si la prevención del blanqueo de capitales, cuyo
primer objetivo es la sanción a aquellos que no colaboran, nos deja
mucho fruto de tres años de funcionamiento un expediente sancionador
con éxito, una entidad de crédito, tengo que decirle que
probablemente eso explica la intervención del director del servicio
ejecutivo aquí, cuando nos explicó que estaba prácticamente hundido
en los reporting sistemáticos y en la información que le llega, que
es incapaz de traducir, incapaz de saber exactamente cuáles son los
objetivos que hay que perseguir. Es bastante escandaloso que sólo hay
un expediente sancionador cuando todos los países que sufren



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ahora mismo esta lacra están plenamente comprometidos en la tarea.

Usted ha citado el GAFI y las últimas decisiones del GAFI acerca de
las nuevas tipologías de blanqueo de dinero. Yo le diré que el
anterior informe, el informe de 1997, se centraba sobre todo en las
profesiones liberales, pero es porque normalmente los países
componentes del GAFI han superado ya la etapa que nosotros todavía
nos hemos superado. Por eso, como hemos hablado aquí, en esta
Comisión, incluso de ampliar el número de sujetos obligados, le
quiero preguntar: ¿usted está convencido de que los sujetos obligados
que están contemplados en la ley conocen esta normativa? Porque el
señor presidente del Consejo General del Notariado nos dijo que
apenas sí había podido reunir a los notarios y apenas había podido
mandar una circular. Tengo la certeza de que cualquiera que pueda
tener una pequeña conversación con algunos joyeros, con algún
anticuario, tendrá la convicción de que no tienen ni idea de esta
normativa. Y si hablamos de los sujetos obligados tradicionales,
estamos todavía a años luz de lo que el GAFI está ahora mismo
detectando y denunciando, porque ni siquiera hemos abordado lo que
son los sujetos tradicionales. Ni siquiera aquellos sujetos obligados
tradicionales han merecido el empeño del Gobierno para que apliquen
esta normativa y para que los expedientes sancionadores reflejen de
verdad la situación que estamos viviendo. No es posible que venga
diciendo que solamente existe un expediente sancionador cuando
estamos atiborrados de respuestas con operaciones policiales, que
estamos viendo día a día en los periódicos. No quiero referirle
cuáles son sus nombres, porque algunos son muy insólitos, pero son
operaciones de miles y miles de millones y no existe más que un
expediente sancionador; esa es la cosecha del Gobierno. Si por hechos
los conoceréis, por sus hechos no le conocemos ninguna voluntad de
perseguir el blanqueo de capitales.

Esto ocurre no solamente respecto de los sujetos obligados
tradicionales; me ha hablado de que el GAFI nos felicita por nuestro
arsenal jurídico. Salvo la reglamentación de las oficinas de cambio,
que quedó pendiente del Gobierno anterior, este Gobierno no ha hecho
todavía modificaciones legislativas ni la incorporación de todas las
directivas y toda la legislación que está surgiendo.

Luego si este Gobierno tiene pendiente, como usted bien ha señalado,
algunas modificaciones legislativas, no basta, señor Caruaca, con que
venga usted aquí diciendo que está en estudio o que se va a hacer. Yo
sé que usted venía con esas respuestas y que estaba esperando que yo
se lo dijera, porque ustedes han puesto en marcha un grupo de trabajo
exclusivamente para estudiar la reglamentación de las oficinas de
cambio, y la modificación de la Ley de Control de Cambio, y no lo han
hecho. En tres años que llevan, no lo han hecho.

Y yo, no ya como presidente del comité, sino como director general
del Tesoro, le querría hacer alguna pregunta: ¿Cuántas actas ha hecho
el Servicio de Aduanas por transporte físico de billetes o su
contravalor por la frontera, sin que haya existido la declaración
previa, que es el requisito que hoy se exige, según la última
sentencia del Tribunal de la Comunidad Europea, incluso con
infracción administrativa, que no voy ni siquiera a calificarla
porque no
quiero hacer lo que otros diputados o diputadas de su grupo en su
momento hicieron? Incluso con esta infracción administrativa:
¿cuántas actas hay de los Servicios de Aduanas y cuántas sanciones ha
habido por esa ausencia de declaración? Porque el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea estuvo en contra de la autorización
administrativa, como bien sabe, por estar obligado por el Tratado de
Maastricht, pero la ausencia de declaración supone infracción
administrativa. Y además, el Real Decreto de 1991, que ustedes
modificaron en el 1996, se modifica en el sentido de que no se puede
pedir la autorización previa cuando la cantidad que se exporta es
mayor a 5 millones, pero sí se puede exigir la declaración previa
cuando la cantidad es superior a 1 millón de pesetas y, si no, existe
una infracción. Pues, ¿cuántas actas ha habido por esa ausencia de
declaración?
Y si, como decía el Real Decreto de 1991, se pueden intervenir los
medios de pago, ¿cuántos medios de pago se han intervenido? Sobre
todo, ¿qué investigaciones se han derivado de esos medios de pago?
Porque es vox populi lo del transporte físico. Además, la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia dice que un Estado no puede estar
impune ante el tráfico de maletines. ¿Cuántos medios de pago se han
intervenido?
Como usted sabe que hay dificultades y que es absolutamente urgente
la modificación de la Ley de Control de Cambio, quisiera sugerírselo
a su superior para que se lo sugiera también al oído al presidente
del Gobierno de todos los españoles para que él lo sepa, porque
probablemente él no sabe que eso es tan urgente.

Termino, señor presidente. Tenemos la consulta de la Audiencia
Nacional al fiscal general del Estado acerca de si era posible o no
la criminalización de estas conductas, sobre todo por ese vacío
legislativo que se ha creado. El grupo de trabajo recomendó una
actuación rápida y eficaz para evitar ese transporte físico de
maletines que se está produciendo sin ningún tipo de norma adecuada,
porque existe la que existe, pero usted conoce sus carencias, y yo no
se las quiero repetir aquí.

La operación Bengala detecta, según me contesta a mí el Gobierno en
una respuesta, que el transporte físico se produce desde Madrid o
Barcelona, vía aérea, hasta Turquía, eso sí, en pequeños billetitos,
en pequeñas cantidades, pero se supone que sumaría más del coste del
billete, porque si no, evidentemente, no les compensa. Pues bien, es
de suponer que tendrían que haber tenido obligación de declarar, y
otros tantos como ellos, que hay muchas operaciones de esa
naturaleza.

En esa misma operación Bengala, en la respuesta que me da a mí el
Gobierno se dice: Se está estudiando la revisión de las disposiciones
legales y reglamentarias existentes en la materia para mejorar la
eficacia en un tema de tanta gravedad como el de la prevención de
blanqueo de procedencia ilícita. Probablemente con esta respuesta,
que sin duda el presidente Aznar no conoce, no estamos legitimados
para hacer ningún tipo de declaración a un pequeño territorio como es
el de Gibraltar, con 30.000 habitantes, la mitad de ellos extranjeros
y la otra mitad cuyo origen español ni recuerdan.

No tenemos medios. El servicio ejecutivo lo ha detectado aquí, no hay
más que leer la memoria para ver cuántos



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inspectores hay. No aplicamos las leyes, los sujetos obligados no
conocen las leyes. Los notarios lo han dicho aquí. Oficinas de
cambio, ¿cuántas hay registradas?, ¿cuántas no han permitido ustedes
sus registros? Tengo aquí la última carta de un ciudadano que
denuncia el funcionamiento de las oficinas de cambio. No hay más que
ir allí para saber que se puede hacer perfectamente cualquier
operación sin que te demanden ningún tipo de identificación, y el
cambio de divisas se produce en la moneda que a la oficina de cambio
le parece.

Luego no aplicamos las leyes, no hemos modificado los vacíos
legislativos que se han producido en estos años, no han hecho ustedes
las modificaciones legislativas que tenían que hacer, se crean grupos
de trabajo para nada, no sancionamos, ¿y acaso estamos legitimados
para hacer declaraciones como las que este Gobierno está haciendo?
¿Qué ha hecho este Gobierno además de cambiar nombre y de crear
problemas? Difamar a un pequeño territorio de 30.000 personas no es
propio de un gobierno serio y responsable, más bien parece una tarea
fácil, propia de un gobierno zafio y débil, no de un gobierno
responsable.

Las arbitrariedades del señor Caruana -del otro, evidentemente-
tienen su contundencia en otro terreno, no las tiene en este terreno.

En este terreno, cooperar en la lucha contra el blanqueo es lo más
difícil. Mezclarlo todo, sin duda, para sacar tajada política, es
fácil, lo saben hacer, este Gobierno lo ha demostrado cuando era
partido en la oposición y ahora también, pero eso no tiene nada que
ver con la lucha contra el blanqueo de capitales.




El señor PRESIDENTE: Don Jaime Caruana, ¿quiere contestar ahora?



El señor DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Caruana
Lacorte): En primer lugar, me gustaría aclarar, aunque creo que
estaba claro, que no existe ningún tipo de vinculación entre mi
apellido y el apellido de Peter Caruana.

En cuanto al tema de la tardanza, trataré de responder lo más rápido
posible a cualquier convocatoria que me haga la Comisión.

En relación con la eficacia, yo creo que es complicado discutir cuál
es la eficacia del sistema. Es un sistema relativamente nuevo que se
ha implementado desde hace un par de años y yo creo que para poder
analizar su eficacia deberíamos ver algunos elementos objetivos. He
tratado de resumirlo en unas pocas cifras, porque estoy seguro de que
el servicio ejecutivo en sus exposiciones ha sido más detallado,
puesto que realmente la comisión permanente como tal no es fuente de
información, es simplemente receptora de información en las
comisiones en las que se reúne con los diversos centros operativos.

Por lo tanto, mucha de esta información, para que sea más detallada,
la pueden proporcionar los diversos centros directamente. Como digo,
he tratado en mi exposición de resumir cuáles eran las cifras de la
evolución de las actividades del servicio ejecutivo, que muestran por
los menos una senda ascendente en todas aquellas operaciones que ha
venido realizado.

Éste podría ser un primer indicador, aunque yo creo que no es
excelente, porque no hay buenos indicadores para ver cuál es la
eficacia de un sistema que tiene como objetivo hacer que el sistema
financiero no sirva para el blanqueo de capitales. Yo ahí diferiría
un poco, en el sentido de que el objetivo no es tanto establecer,
penalizar, buscar sanciones del sistema financiero. El objetivo es
que el sistema financiero no tenga incentivos o tenga una serie de
mecanismos que eviten que sea utilizado para el blanqueo del dinero.

Yo creo que ése es el objetivo final, y en la medida en que los
mecanismos fuesen tremendamente eficaces, lo que conseguiríamos es
que el sistema financiero no pudiese ser utilizado. Por lo tanto, en
una situación óptima, lo normal es que en el sistema financiero no
hubiese sanciones porque no estuviese siendo utilizado para el tema
del blanqueo. También es verdad que todos los grupos ponen de
manifiesto que, cuantas más reglas se ponen, más se utilizan otros
canales para el propio blanqueo.

De manera que yo creo que en el tema de la eficacia nunca se debe ser
muy complaciente; yo creo que hay que ser siempre exigente. En ese
sentido, nosotros también queremos serlo y queremos aumentar la
eficacia del sistema. Pero me gustaría decir que, por una parte, hay
algunos datos que indican que existe una mayor actividad del servicio
ejecutivo en su relación con los bancos, lo cual parece indicar que
hay un mayor grado de colaboración. Ycuando digo bancos, me refiero
en realidad a todos los sujetos. Parece que hay un mayor grado de
aceptación, no es una operación sencilla y entiendo que pueda haber
problemas de educación. El servicio ejecutivo creo que en alguna de
las intervenciones ha explicado las reuniones que ha mantenido con
notarios y con algunos de los sujetos obligados tratando de que la
norma sea cada vez más aceptada y conocida.

Además, a mí me gustaría decir que, aparte de estos datos o de estas
reflexiones, otro elemento objetivo para analizar si el sistema es
eficiencia o no son las evaluaciones que ha hecho el GAFI. En ese
sentido, el GAFI de alguna manera compara nuestro sistema con el
resto de los sistemas. Puede ser un elemento relativo de comparación,
que creo que también hay que tener en cuenta. El GAFI ha hecho
algunas manifestaciones en su evaluación que a mí me gustaría
resumir.

Una es -punto 137 del GAFI- que, a pesar de haber puesto el sistema
más tarde que otros países, España ha sido capaz de crear un
mecanismo para combatir el blanqueo que supera el contenido y el
alcance de las 40 recomendaciones del GAFI. O el punto 143: Cumple
sobradamente tanto el espíritu como la letra de las recomendaciones
del GAFI. O si se quiere: El avance que supone la reciente
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que admite la prueba indiciaria
y que se muestra como mecanismo que facilita la actividad probatoria
en las causas penales por delitos de blanqueo, como dice el punto
111. Otro punto dice: El sistema de confiscación de bienes
relacionados con el tráfico de drogas, aun cuando éstos hayan sido
modificados o transformados; o también: El elevado grado de
informatización de las entidades de crédito facilita y hace operativo
el reporting sistemático al servicio ejecutivo, entidades que han
establecido sistemas automáticos



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de alertas y unidades especializadas en la detección de operaciones
sospechosas.

Yo creo que el informe del GAFI muestra que, para haber iniciado esta
labor y este trabajo hace un par de años, el esfuerzo realizado es
importante. Insisto en que no me gustaría decir que es totalmente
satisfactorio; yo creo que en eso tenemos que ser muy autoexigentes
y, por lo tanto, tenemos que continuar buscando que la eficacia sea
lo mayor posible.

Voy siguiendo algunas notas que he tomado. Respecto de la ampliación
del ámbito de aplicación de los sujetos obligados, yo creo que
nosotros estamos en igualdad de condiciones que el resto de los
países y, de hecho, esta ampliación a otras figuras, como profesiones
liberales, todavía está en estudio y todavía está en una fase de
análisis previo no sólo en el GAFI, sino en el Consejo de Europa, en
el comité de contacto de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que en
ese tema todavía se tiene que avanzar a nivel internacional y, como
se sabe, tiene sus complicaciones.

He anotado también aquí el tema de conocimiento de la norma. Antes ya
he hecho alguna mención a que no es una competencia directa del
comité permanente, sino que es una actuación del servicio ejecutivo.

De hecho, ha venido realizando una serie de actuaciones para dar a
conocer este tipo de norma y sobre todo para que el grado de
colaboración, que es en el fondo lo que se pretende conseguir, sea lo
más efectivo.

Respecto a las modificaciones normativas a las que se ha hecho
referencia, he venido a resumir las modificaciones normativas ya
realizadas. No sé si ha quedado claro, pero el tema de las casas de
cambio primero empezó con la Ley de acompañamiento y luego con un
real decreto de diciembre de 1998. Es un decreto muy reciente que
todavía no permite analizar cuál es su resultado en el tema de casas
de cambio, pero son normas que ya están en vigor. Lo mismo sucede con
el tema de la Ley de Mercado de Valores, que es una norma que ya está
también en vigor. Estamos hablando de normas en vigor.

Respecto a la exportación de billetes y a ese problema que ha sido
analizado, ah habido grupos de trabajo analizando cuáles son las
dificultades que tenía el movimiento físico de dinero por frontera,
lo que ha permitido que algunas de las pequeñas necesidades
operativas hayan sido cubiertas y se haya mejorado el sistema por el
propio debate entre las entidades que participan en este sistema.

Luego se ha puesto de manifiesto que era necesaria una reforma más en
profundidad, no únicamente en lo referente al blanqueo de capitales,
sino que ni más ni menos hay que reformar el régimen jurídico de los
movimientos de capitales, es decir, la Ley de Control de Cambios, que
es un ámbito muchísimo más amplio que el tema de los movimientos de
capital. En ese sentido, el anteproyecto está ultimado y espero que
próximamente pueda ser cursado y aprobado.

Cuántas actas se han hecho y cuántos expedientes. La información que
le puede facilitar es que el número de expediente sancionadores
realizados por la subdirección que lleva el tema de la exportación
ilegal, si consideramos todos los expedientes sancionadores, tanto
los de exportación ilegal, como los de apertura de cuentas,
préstamos, cobros y pagos, inversiones, etcétera, es el siguiente: en
el año 1998 ha habido 482 expediente sancionadores, frente a
320 expedientes sancionadores en 1996. La cuantía de las sanciones,
que también ha sido preguntada, ha sido de 134,9 millones de pesetas.

Yo no sé si me dejo algún tema sin contestar. Ha habido algunas
referencias que desde luego no son del ámbito de aplicación del
comité permanente y, por lo tanto, no soy nadie para contestarlas.

No sé si hay alguna pregunta que me haya olvidado pero, en cualquier
caso, estaré encantado en contestarla. (La señora Romero López pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Un minuto.




La señora ROMERO LÓPEZ: Sí, un minuto.

Señor Caruana, siento que no me haya dado exactamente la respuesta.

Sé que le habrá sido absolutamente imposible desglosarlas, pero los
españoles se quedan sin saber cuántas actas de intervención ha hecho
el Servicio de Aduanas en contra de ese transporte físico sin
declaración previa. Es muy significativo porque estamos hablando de
maletines. No ha traído esa información.

Tenemos una respuesta parlamentaria que habla de como se han
multiplicado las inversiones inmobiliarias por el registro de
inversiones inmobiliarias procedentes de sociedades extranjeras en la
provincia de Cádiz y Málaga, de cómo se han duplicado de 1996 a 1997
y de 1997 al 1998. Anótelo y repáselo, porque no dejan de ser cifras
significativas.




El propio Banco de España en su informe afirma que en estos años se
está produciendo un incremento considerable del blanqueo de
capitales. Ustedes no traen los datos de cuántas actas ha hechos el
Servicio de Aduanas en contra de ese transporte físico sin
declaración previa, y es lamentable que este Gobierno no pueda
proporcionar esa información, no traiga esa información.

Todo el mundo puede pensar muchas cosas, pero ustedes hacen
declaraciones amenazadoras contra las sociedades instrumentales.

Fíjense, en una revista de VISA, una sociedad de tarjetas de crédito,
no está la de Gibraltar, podría estarlo porque en The Economist está,
y ustedes amenazan con que van a hacer actuaciones. Los diputados de
su grupo, del Grupo Popular, dicen incluso que van a confiscar
capitales. No se sabe exactamente a qué se están refiriendo. El
subdelegado Osuna habla de que va a impedir negar eficacia jurídica a
las sociedades, pero hasta este momento no son más que declaraciones
amenazadoras y no se sabe en qué quedan.

Los medios de la Fiscalía. Estuvo aquí el fiscal especial contra la
Droga y digo que pedía fiscales expertos financieros, cuestión que la
ministra de Justicia me despachó en una respuesta diciendo que no
eran necesarios.

Son muchas preguntas para un Gobierno sin iniciativa, sin compromiso
ante la lucha contra el blanqueo, sin duda más preocupado por el
éxito de las operaciones policiales, pero las operaciones policiales
cuando valen son con sentencias judiciales, si no, podemos hablar de
cosas diferentes que no es el funcionamiento normal del Estado de
derecho.




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Así que, con una fiscalía sin medios, con vacíos legales, con una ley
que no utilizan y con un servicio ejecutivo ineficaz, de verdad,
señor Caruana, ¿cree usted que este Gobierno está legitimado para
hacer declaraciones fáciles?



El señor PRESIDENTE: Señor Caruana.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Caruana
Lacorte): a mí me gustaría decir que el compromiso del Gobierno en
este tema es un compromiso total, y que no sólo lo decimos nosotros,
sino que las medidas que se han tomado a lo largo de los dos años han
sido reconocidas a nivel internacional por el GAFI. No lo digo yo, lo
dice un organismo internacional especializado en estos temas. Por lo
tanto, yo creo que de las manifestaciones que antes he leído -y se
pueden leer todo el informe del GAFI- se deduce que es un informe muy
positivo respecto a las actuaciones que está tomando este Gobierno y
que, por lo tanto, el compromiso de este Gobierno en el tema del
blanqueo de dinero es un compromiso claro.

Respecto a los datos de exportación ilegal, antes le he dado el dato
total de 482 expedientes sancionadores. Le puedo dar los datos de la
exportación ilegal de dinero. Los datos de la exportación ilegal de
dinero son 132 expedientes, que corresponden a un total de sanciones
impuestas de 62,6 millones, es decir, un poco menos del 50 por ciento
del total de las sanciones impuestas, si consideramos todas las
fuentes de sanciones, como son las exportación ilegal -antes lo he
repetido-, cuenta exterior, préstamos, cobros, etcétera, que se
realizan en la subdirección.

Yo creo que ésto contesta a las preguntas, al menos a las preguntas
en mi ámbito de actuación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la diputada doña María Luisa Cava de Llano y Carrió.




La señora CAVADE LLANO YCARRIÓ: Quiero, en primer lugar y en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, agradecer la presencia en esta
Comisión de don Jaime Caruana, director general del Tesoro y Política
Financiera, y decirle que yo también me alegro de que no tenga usted
relación con el señor Caruana. De todas formas, el hecho de tener un
apellido común no quita para diferenciar muy bien dos conductas: una,
la de don Jaime Caruana, que lucha contra el blanqueo de capitales; y
otra, la de don Peter Caruana, que hace oídos sordos cuando se habla
de blanqueo de capitales.

De su intervención, de la que he ido tomando notas, se deduce, por un
lado, que ha habido una consolidación de la comisión en el ejercicio
de las funciones de prevención de blanqueo de capitales, y por otro
lado, se ve que ha habido también una mejora importante en el
cumplimiento de los sujetos obligados. De las cifras que usted ha
dado, he anotado las 676 intervenciones en el año 1996, que pasaron a
869 en el año 1998; creo que la diferencia es importante.

Ha hablado también de las nuevas tipologías que vienen en el informe
del GAFI. Ha hablado del uso del mercado de oro, de los monederos
electrónicos y del sistema on
line banking, que son las transacciones bancarias a través de
Internet.

En cuanto a esta cuestión, quisiera decirle que me preocupa
enormemente el tema de los monederos electrónicos, por la sencilla
razón de que algunas entidades de crédito han comercializado ya este
sistema y, aunque de momento su utilización es escasa, cuenta con
límites en cuanto a la cuantía y se circunscribe a pagos de clientes
comerciantes, puede tener un importante incremento y puede dificultar
las operaciones de prevención de blanqueo.

Me preocupa el sistema on line banking, es decir, las transacciones
bancarias a través de Internet, por la sencilla razón de que existen
entidades de crédito que ya están conectadas a Internet, se puede
operar a través de ellas, incluso con la posibilidad de consultar
saldos y realizar transacciones. En estos casos, tanto su apertura
como su mantenimiento están controlados, pero el problema surge con
la titularidad de cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales,
por la sencilla razón de que, una vez que se ha logrado situar el
capital en un paraíso fiscal, las transacciones se podrán hacer
incluso de forma absolutamente anónima e inmediata desde cualquier
lugar. Todavía me preocupa más este tipo de operaciones que la de los
monederos electrónicos.

Tengo también interés en saber su opinión sobre lo que comentaba mi
compañera, la señora Romero, sobre si deben o no incluirse dentro de
los sujetos obligados a determinadas profesiones liberales que actúan
como intermediarios o como gestores de negocios ajenos. Me estoy
refiriendo a asesorías fiscales, a asesorías jurídicas, etcétera,
porque me preocupa el tema, ya que, según el informe del GAFI, se han
efectuado numerosas operaciones de blanqueo de capitales por estos
profesionales.

Ahí podrían surgir intereses corporativistas, o simplemente el
ejercicio del derecho al secreto entre abogado y cliente, pero hay
que empezar a pensar en esta posibilidad, si el incremento de este
tipo de operaciones va, como parece ser, en aumento. Tuvimos la
oportunidad de tener aquí al presidente del Colegio Notarial y nos
comunicó que el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo de
Capitales no hace mención específica, cuando se refiere a los sujetos
obligados, a los notarios, pero si bien esto es cierto, no es menos
cierto que el artículo 16 habla de los notarios o se refiere a los
notarios como colaboradores.

Quisiera puntualizar algo que ha dicho la señora Romero, que nos ha
manifestado que cuando estuvo el presidente del Colegio Notarial
habló de que únicamente había podido enviar una circular. Bueno, yo
creo que se hablaba de tres circulares: la 1/1997, la 4/1997 y la 2/
1996.

Ha hablado usted también de la cooperación internacional, que se
centra fundamentalmente en dos organismos o dos organizaciones
internacionales, como son el Grupo de Acción Financiera, el GAFI (me
alegra el haberle oído a usted que se ha prorrogado su mandato hasta
el año 2004 porque creo que finalizaba en el año 1999), y el grupo
Edmon, que tienen dos objetivos distintos: el GAFI tiene como
objetivo la promoción de políticas dirigidas a la prevención y a
combatir el blanqueo de capitales, y el grupo Edmon tiene como
objetivo el desarrollo de la cooperación en la lucha contra el
blanqueo sobre todo mediante el intercambio de información.




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Me ha parecido oírle que en una de las reuniones de la comisión
permanente se impulsó la aprobación de la conexión del Seblac con el
Edmon Security Web. Me parece interesantísimo, porque todo lo que sea
cooperación en la lucha de blanqueo de capitales, que es algo que
incumbe a toda la comunidad internacional, son logros importantes.

Nos ha hablado también de las modificaciones normativas que ha
habido. Lamento discrepar de las manifestaciones que ha efectuado la
portavoz del Grupo Socialista. Yo creo que es importante lo que se
establece en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado del año 1997, en la que se sentaron las bases para el
desarrollo reglamentario del control de los establecimientos
financieros del cambio de moneda. Me parece muy oportuna también la
modificación del mercado de valores y la ley sobre régimen jurídico
de movimientos de capital. Creo que está en fase de anteproyecto y
que supondrá también una modificación en lo que es la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales.

Se ha hablado de que ha habido una sanción. Ala señora Romero, con el
ardor guerrero que utiliza cuando a temas de blanqueo de capitales se
refiere, le parece que esto es poquísimo, que esto es un desastre,
que esto es suficiente como para desautorizar toda la labor que en
materia de prevención de capitales se está haciendo por parte del
Gobierno de la nación. Y yo veo en la señora Romero un interés
tardío, y cuando digo interés tardío me estoy refiriendo a que, como
todos ustedes saben, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, lo que hizo
fue trasponer al ordenamiento jurídico español una directiva de 10 de
junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales, que obligaba a todos los
Estados a legislar sobre esta materia. La directiva era del año 1991
y la ley no se aprobó hasta el 28 de diciembre de 1993. Es decir, el
anterior Gobierno socialista estuvo dos años sin tomar las medidas
oportunas para atajar ese blanqueo; por eso ese ardor guerrero me
resulta muy interesante en estos momentos, se lo agradezco mucho,
pero me parece, como digo, un interés tardío.

Se ha hablado también en esta Comisión, yo creo que casi el 50 por
ciento de la intervención de la portavoz socialista ha estado
dirigida a esta cuestión, del transporte físico de maletines. Yo le
exhorto a usted, como responsable de la Comisión, a que potencie e
incremente las labores para determinar y para averiguar ese
transporte físico de maletines, pero sé que le estoy pidiendo una
misión difícil. Ysi le digo que le estoy pidiendo una misión difícil
es porque si el anterior Gobierno no fue capaz de parar el tráfico de
maletines en casos como el del señor Ollero, es decir, de tráfico
doméstico, más difícil lógicamente debe resultar el parar ese tráfico
físico de maletines cuando se trata de operaciones de blanqueo de
capitales.

Las últimas palabras que ha dicho la señora Romero en su segunda
intervención es que el Gobierno del Partido Popular o del grupo
parlamentario que le da soporte, no estamos legitimados para hacer
declaraciones fáciles en esta materia. Después de no haber sido
capaces de detectar en materia de tráfico físico de maletines el
tráfico doméstico, es decir, el tráfico nacional, protagonizado por
el señor
Ollero, pregunto: ¿tienen valor, fuerza moral y autoridad moral para
decir lo que han dicho?
Por último, quiero felicitarle por el buen nivel de cumplimiento que
España ha merecido en el examen del GAFI, tal y como se ha reconocido
en la reunión del pasado 9 de febrero en París. España está entre los
países que mejor responden a las recomendaciones, a pesar de ese
inciso al que usted ha hecho mención, ya que dice el propio GAFI de a
pesar de haber comenzado tardíamente, por no culpa del Gobierno
Popular, sino por culpa de la desidia, de la negligencia del Gobierno
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señora Romero, por favor, yo le pediría que
escuchara con templanza.

Señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Carmen
Lacorte): Hay varios comentarios a hacer a la intervención.

En primer lugar, el tema de las nuevas tecnologías y el uso o
potencial uso de nuevas tecnologías en el blanqueo de dinero, como ya
he indicado, ha sido una preocupación que se ha manifestado en el
seno del GAFI, y en la última reunión del comité permanente se
decidió que para estudiarlo era necesario un grupo de trabajo
especializado que incluyese no solamente al servicio ejecutivo, sino
también a la banca privada, que incluyese a los verdaderamente
expertos en cómo funcionan estos medios. Se ha creado este grupo de
trabajo, y yo espero que próximamente tengamos los resultados, tanto
del grupo de trabajo a nivel nacional como a nivel internacional,
puesto que obviamente estas nuevas tecnologías (tanto el uso de
Internet como el uso de monederos electrónicos) pueden plantear
problemas que no se pueden resolver a nivel nacional, sino que sólo
se pueden resolver dentro del ámbito de la cooperación internacional,
y en ese sentido es muy importante la continuación del GAFI y los
trabajos que se están realizando en ese ámbito.

El tema de ampliarlo a profesiones liberales es muy complicado. Creo
que también tiene que ser estudiarlo dentro de un marco de
cooperación internacional, pero parece necesario que se produzca
algún tipo de avance, con los debidos respetos a todo lo que es el
secreto profesional, etcétera. Pero, insisto, creo que es todavía muy
prematuro avanzar algo en la dirección en la que estos grupos de
trabajo a nivel internacional van a avanzar, y España estará presente
dentro de estos grupos, de forma que también participará y colaborará
en las decisiones que se tengan que tomar en el momento necesario.




El señor PRESIDENTE: Concluida la intervención del director general
del Tesoro y Política Financiera de la Secretaría de Estado de
Economía, don Jaime Caruana, le damos las gracias por la
comparecencia en esta Cámara y damos por finalizado este punto del
orden del día.

Suspendemos la sesión cinco minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




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- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA
(COLOM FARRÁN) PARA INFORMAR EN RELACIÓN A LA POLÍTICA DE SU GOBIERNO
EN EL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y LA LLEVADA A CABO EN BASE A
LA MESA DE ACUERDOS PARA UNA POLÍTICA CONSENSUADA EN MATERIA DE
DROGODEPENDENCIAS EN CATALUÑA, LA CUAL FUE ACORDADA EL 29 DE
DICIEMBRE DE 1994 POR TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS EN EL PARLAMENTO DE
CATALUÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I
UNIÓ). (Número de expediente Congreso 212/001402 y número de
expediente Senado 713/00587).




El señor PRESIDENTE: El punto tercero y último del orden del día es
la comparecencia de don Joan Colom Farrán, director del Órgano
Técnico de Drogodependencias de las Consellerías de Sanidad y
Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya ante esta Comisión,
para informar en relación a la política de su Gobierno en el ámbito
de las drogodependencias y la llevada a cabo en base a la mesa de
acuerdos para una política consensuada en materia de
drogodependencias en Catalunya, la cual fue acordada el 29 de
diciembre de 1994 por todas las fuerzas políticas en el Parlamento de
dicha comunidad autónoma a instancias o propuesta del Grupo
Parlamentario Catalán. Por tanto, como es nuestra costumbre, damos la
bienvenida una vez más a don Joan Colom Farrán y le pedimos disculpas
por haberle hecho esperar y por haberle estropeado la víspera de San
José.

Señor Colom, tiene usted la palabra.




El señor DIRECTOR DE ÓRGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA (Colom Farrán): Es una vez más un honor para mí poder
comparecer ante SS.SS. y como estoy convencido de que habrán recibido
información por anteriores comparecientes y también porque yo mismo,
participó hace muy poco tiempo en la ponencia de estudio sobre el
nuevo Plan Nacional sobre Drogas y ahí vertí de alguna forma cuáles
eran las peculiaridades y características que había que plantearse en
las nuevas estrategias y en los nuevos objetivos de aquí a más allá
del 2000 en lo que se refiere a las políticas de drogas, me van
ustedes a permitir que hoy, más que hablarles de políticas concretas,
les habla de una metodología que creo que tuvo un gran resultado, que
funcionó muy bien y que me parece que es un motivo suficiente como
para planteársela a ustedes. A partir de ahí, evidentemente,
tendremos posibilidad quizás en el coloquio de ahondar más en lo que
son los temas pendientes que tenemos hoy en todo el aspecto
relacionado con la prevención, la asistencia, la reinserción, la
investigación y la atención a drogodependencias.




Esto se inició justamente con una metodología muy particular. Éramos
un grupo de seis miembros de una comisión, que se creó sin ninguna
institucionalización. Me van a permitir que, en honor a ellos
también, como partícipes de esta comisión, lea sus nombres. Aparte de
yo mismo, estaban: Judith Ibánez, que representaba concretamente al
Ayuntamiento de Cornellá; Jordi Royo, que era un psicólogo y que
representaba a la Diputación de Barcelona; Francesc Ruiz, que era un
psicólogo y también trabajaba en el ámbito de prevención en algún
municipio; Joan Sans, que era médico, director de una comunidad
terapéutica; y Maite Utgés, que fue diputada del Parlamento de
Cataluña por el Partido Socialista de Cataluña.

Este grupo de seis personas, insisto, no institucionalizados, ideamos
a partir de unas reuniones que manteníamos la posibilidad de por qué
no planteábamos a los secretarios generales de los partidos políticos
que se posicionaran en relación con las drogodependencias. Ya
sabíamos que, por un lado, el Parlamento, y por otro, los partidos
políticos y todas las instituciones (la Generalitat, las
administraciones locales) trabajaban yo creo que en un esfuerzo
ímprobo en la prevención y atención a drogodependencias, pero nos
planteábamos la posibilidad de hasta qué punto podíamos incorporar de
una forma mucho más activa a los propios partidos políticos. Por ello
decidimos y no sabemos si tendríamos mucho éxito, invitar a una cena
a los primeros secretarios generales de los partidos políticos.

Vinieron todos, esta fue nuestra sorpresa. Hubo una cena, yo diría
distendida y amplia, de casi cuatro horas. Tanto es así que ellos
mismos nos dijeron al finalizar que querían una segunda posibilidad.

Pudimos trabajar sin ningún prejuicio previo, como alguien dijo,
incluso parafraseando sus propias palabras, «a calzón bajado», sin
ningún tipo de prejuicio y hablando de cualquier tema, y creo que fue
una experiencia realmente muy interesante. A partir de la segunda
cena se quedó en que se constituían grupos de trabajos mixtos,
integrados por representantes de los partidos políticos de todo el
arco del Parlamento de Cataluña y también por técnicos. Este grupo de
representantes de partidos políticos y técnicos se dividió en tres
bloques que trabajaron en tres grandes áreas, por un lado, el modelo
de lo que se llama prevención política y ciudadana, movimientos
asociativos y legislación publicitaria; por otro, todo lo que se
refiere a los programas de reducción del daño dirigido a usuarios de
drogas, que es un tema que convendrán conmigo que tiene una vital
importancia en la actualidad y ya desde hace años estamos trabajando
en ello; y el tercer apartado era drogas, Código Penal y modelo
penitenciario.

Después de un trabajo arduo de casi año y medio -y les leo ya las
conclusiones finales a que llegaron los grupos-, el objetivo
principal fundamental era conseguir estos mínimos. Es decir, había
quizás algunos partidos que querían ir más lejos, otros querían ir
menos lejos, pero lo fundamental, lo positivo y lo realmente
valorable es que se llegó a acordar una serie de mínimos, que no son
tan mínimos, como verán ustedes cuando se los lea, que creo que han
permitido y permiten tener un marco, aparte de las leyes que tenemos
concretamente en el Parlamento de Cataluña, que posibilita ir un poco
más allá en lo que es la propia implicación de los partidos
políticos.




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En lo que se refiere al modelo de prevención política y ciudadanía,
se considera que el eje o la unidad básica de actuaciones es la
familia, la escuela y el barrio, con las personas que conviven en él.

En este sentido, consideramos que el objetivo principal de la
prevención comunitaria es formar personas capacitadas para que puedan
tomar decisiones responsables.

No hace falta decirles que detrás de cada línea, de cada frase, de
cada coma, hoy toda una discusión, todo un posicionamiento ideológico
y conceptual que permite entender, como hay que hacerlo muchas veces,
lo que es la prevención, que es un concepto complejo, pero a su vez
tremendamente útil para trabajar en el ámbito de las
drogodependencias.




Se acuerda, por tanto, a partir de esta consideración, que es
necesario favorecer la práctica del ejercicio de la
responsabilización desde la participación social, sobre todo la de
las personas adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, poníamos aquí el
acento claramente en el concepto de adolescencia y de jóvenes. Como
saben ustedes perfectamente, este es un público objetivo fundamental.

Hemos visto cómo ha evolucionado el patrón de consumo de drogas en
los últimos años. Veíamos cómo en los años setenta la droga principal
que motivó la alarma social y por la cual se crearon en general la
mayoría de planes autonómicos fue la heroína. Posteriormente, en los
años ochenta, apareció una nueva droga muy importante también pero
con unas características pecualiares radicalmente distintas: los
estimulantes, es decir, drogas cuya máxima representante es la
cocaína, y fíjense que coincide también con un movimiento social muy
característico, el movimiento yuppie, un movimiento competitivo
americano. En los años noventa aparece un fenómeno algo distinto,
como son las drogas de síntesis: las pastillas, las pastis, que dicen
los jóvenes. Hemos pasado de la vía intravenosa, en los años setenta,
como la vía más alejada de nuestra práctica habitual y convencional,
a la vía más natural, más incorporada, más culturalmente aceptada,
que es la vía de tomar pastillas, la de ingerir fármacos, que es la
que practican muchos jóvenes actualmente en los fines de semana, y
todo ello acompañando de un consumo cambiante distinto de lo que es
el alcohol. De un consumo más o menos frecuente y diario de alcohol
de baja graduación, hemos pasado a un consumo de menos frecuencia, si
quieren, mucho más concentrado en los fines de semana, pero con mucha
mayor graduación de alcohol.

Por lo tanto, estamos claramente ante lo que llaman las drogas de
ocio. De cara al futuro más allá del 2000, el estudio, el
planteamiento y la investigación tienen que ir por allí, hacia los
hábitos relacionados con las conductas del ocio, ya no con los
consumos de ocio sino con las conductas relacionadas con el ocio. De
ahí la importancia de plantearse este problema desde un punto de
vista de la adolescencia y de los jóvenes. Aquí decíamos que es
necesario renunciar a las campañas publicitarias universales e
inespecíficas. ¿Por qué? Porque precisamente creo que nos damos
cuenta de que es necesario atomizar mucho mejor el mensaje. Es decir,
es necesario llegar a un determinado público joven con un mensaje
creíble, correcto y coherente. No podemos decir que las drogas matan
si no es verdad. Matan algunas veces, en algunas circunstancias,
aunque parezca
duro decirlo. Tenemos que decir qué es lo que causa problemas, en qué
condiciones, con qué características, con qué interacción drogas-
personas hay realmente un problema grave, porque, si no, perdemos
credibilidad, y al perder credibilidad perdemos capacidad de
penetración en esta población.

Como segundo punto se acordó potenciar la coordinación intersectorial
e interadministraciones a fin de facilitar un plan de prevención de
drogodependencias que se pueda desarrollar en diferentes ámbitos de
intervención -sanidad, educación, juventud, entre otros-, dentro de
un marco de una política integral de infancia y adolescencia. Creo
que este párrafo cae por sí sólo. Sólo la interacción y la
integración de tipo interdepartamental y también de tipo
interadministraciones ha permitido avanzar en estos últimos años. Yo
creo que si algún mérito ha apoyado el mundo de las
drogodependencias, tanto en el ámbito político, como en el técnico y
en el interadministrativo, ha sido el consenso. Agrandes rasgos creo
que hemos sido capaces de mantener un consenso en líneas generales
que ha permitido avanzar de forma amplia en estos temas, aunque
efectivamente nos queda un camino por recorrer.

El tercer punto es también tremendamente importante y especialmente
en el ámbito político. Dice que ninguna fuerza política ha de dar
apoyo a movimientos sociales de carácter reactivo en torno a las
drogodependencias. No se nos escapa a nadie, tanto en Cataluña como
en otras comunidades del Estado español, que ha habido en algunos
momentos movimientos de carácter reactivo que en algunas ocasiones
también han sido apoyados por fuerzas políticas de todo tipo y de
todo signo. Por tanto aquí los partidos políticos catalanes
concretamente se comprometieron a no dar soporte en ningún caso a
ningún movimiento de carácter reactivo que pusiera pegas o problemas
o handicaps a la instalación o al desarrollo de algún programa de
carácter asistencial o de reducción del daño.

En otro punto se acordó que las organizaciones de drogodependientes
rehabilitados sólo pueden realizar trabajos de intervención en el
marco de los programas terapéuticos dirigidos por profesionales y
después de haber consolidado satisfactoriamente un proceso de
formación que los capacite. No es baladí tampoco este punto.

Acuérdense que hace muy pocos años, muchas organizaciones no
gubernamentales -no sé si llamarlas así también; más bien en algunos
casos podríamos incluso hablar de sectas, no de organizaciones no
gubernamentales, que efectivamente es un tejido estructurado,
organizado y absolutamente imprescindible- trabajaban en este ámbito
sin ningún criterio, sin ninguna homologación, sin ninguna
acreditación. Creo que es necesaria esta profesionalización que hemos
exigido en los programas, lo que no significa en absoluto que no se
haya de contar con las ONG, todo lo contrario, pero bajo un criterio
de carácter profesional.

El punto quinto establece que se tiende a no aceptar ninguna
publicidad destinada a estimular el uso e indirectamente al abuso de
ningún tipo de droga. En este sentido es necesario tender a una mayor
restricción de la publicidad referida al alcohol y al tabaco,
incluida la publicidad de productos asimilados a marcas ya conocidas.

Vivimos en un país con una cultura vitivinícola importante, con una
cultura a veces paradójicamente contrapuesta, en donde



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tenemos aquí dudas muy peculiares en lo que se refiere a las drogas
ilegales y, sin embargo, somos muy tolerantes en lo que se refiere a
las drogas legales. Es curiosa esta situación, y de ahí las
normativas, las leyes y las ordenanzas municipales también que
tiendan un poco a establecer en este sentido un criterio de
coherencia y un sentido crítico también por lo que se refiere a las
drogas legales.

El punto sexto dice que es necesario que los planes de estudios
profesionales en los ámbitos social, educativo y sanitario incorporen
conocimientos de drogodependencias y de su prevención. Es decir, nos
encontramos que aunque hayamos evolucionado mucho en las drogas -es
de los fenómenos más cambiantes, dinámicos y evolucionados que
tenemos en nuestro país-, es curioso cómo estructuras tan
fundamentales como por ejemplo es la estructura universitaria, sea
tan difícil cambiar los currículos transversales de las propias
carreras universitarias. Cuando estamos haciendo el esfuerzo muy
importante en formación de posgrado, nos queda aún pendiente un
esfuerzo mayor aún en lo que es el pregrado. Como ejemplo, yo como
médico puedo decirles que recuerdo que en mis planes de estudio se
dedicaban unas horas a trabajar sobre los problemas relacionados con
el consumo excesivo de alcohol o con el síndrome de dependencia
alcohólica; concretamente en medicina interna había unas horas
destinadas a este efecto. Sin embargo, había como más de un mes y
medio dedicado a los trastornos por enfermedades infecciosas
parasitarias del centro de África, las amebiasis y otras de este
tipo. Es curiosa esta absoluta contraposición de intereses entre lo
que es la necesidad y la realidad en un mundo, el universitario,
teóricamente científico, con capacidad de poder adaptarse a la
realidad. No es así. Yo creo que este es uno de los temas pendientes
que tenemos en las carreras de psicología, de medicina, de asistentes
sociales, de trabajadores sociales, de educadores... Tiene que
reflejarse un problema que tiene una prevalencia en nuestro país
importante y si no es así, no podremos avanzar con características
profesionales en el pregrado tampoco.

El punto séptimo de este bloque, que ahí termina, decía que los
programas de intervención en drogodependencias han de incluir en su
diseño y de forma específica criterios metodológicos de evaluación.

Hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, ímprobo también, en
desarrollar programas y redes asistenciales. Creemos que hemos
cubierto una etapa fundamentalmente importante, pero viene siendo
hora ya de que seamos capaces también de explicar tanto en el ámbito
preventivo como en el ámbito asistencial a qué resultados estamos
llegando, cuántas personas inician el tratamiento, cuál es el tiempo
de retención, qué impacto sobre la salud de la población tiene tal o
cual intervención preventiva, qué cambios de actitud y conducta hay
en la población, etcétera. Es decir, la evaluación no es más que el
paso siguiente al de la puesta en marcha de distintos programas y yo
diría incluso el precedente en todos los nuevos que haya que iniciar.

El segundo bloque se concentra en lo que es la reducción del daño
dirigido a los usuarios de drogas. No hace falta decirles el cambio
estratégico que ha representado el nuevo planteamiento de este tipo
de trabajo. Mientras que en los años ochenta el único objetivo y la
única oferta asistencial eran las dirigidas a generar abstinencia
entre los
consumidores, afortunadamente hace muchos años nos hemos dado cuenta
que no existe un único drogodependiente, que no existe una población
homogénea y que por tanto es necesario desarrollar muchos programas,
muchos abordajes, muchas tipologías de intervenciones asistenciales
para cubrir todas y cada una de las necesidades que tienen unos
colectivos de por sí tremendamente distintos y no homogéneos. De ahí
la necesidad de trabajar en el ámbito de lo que los ingleses llaman
harm reduction (reducción del daño o reducción del riesgo), para
tratar de paliar, de disminuir y de mermar todos aquellos elementos
que son accesorios al propio consumo de drogas. Reconocemos que
muchas de estas sustancias aparte de generar dependencia, desarrollan
a medio y largo plazo graves problemas de salud y de bienestar. Por
tanto, se acordó por todos los partidos políticos una serie de puntos
que les leo.

La continuación de la oferta de programas libres de drogas, con el
objetivo de que el usuario que lo desee y pueda llegue a la
abstinencia en el consumo y en su consolidación. Pero dado que
existen determinados pacientes que no alcanzan la abstinencia en el
consumo por medio de los programas libres de drogas y dada también la
existencia de determinados pacientes que asocian su adicción a
complicaciones de carácter psicosocial y legal, es necesario
potenciar los programas de tratamiento con sustancias agonistas, la
más importante en estos momentos son los programas, como conocen, con
la metadona, y los antagonistas de los opiáceos, la sustancia más
importante actualmente la naltrexona. Se acuerda también que es
necesario regular las órdenes correspondientes a fin de facilitar la
prescripción, dispensación y mantenimiento de estos tratamientos,
incluyendo para determinados pacientes los programas de dispensación,
mantenimiento y tratamiento con heroína. Ahí todos los partidos
políticos se pusieron de acuerdo en la necesidad de estudiar todas y
cada una de las posibles alternativas de trabajo en la línea de la
sustitución para aquellos pacientes que fracasaran sistemáticamente
en los programas incluso de reducción del daño existentes en la
actualidad.

Un cuarto punto decía que es necesario potenciar el contacto, la
comunicación y la estimulación de la demanda asistencial de toda la
población de personas drogodependientes. Con este fin es
imprescindible que estos tratamientos se realicen con una
infraestructura estable e itinerante; estable en el sentido de que
los contratos de las personas que trabajen en este campo tengan una
cierta continuidad; itinerante en el sentido de trabajar, como dicen
los ingleses, en el out reach, en la capacidad de salir a la calle,
de conectar con los usuarios, de conectar con su cultura y de
utilizar sus propios medios de trabajo. Stemson, que estuvo con
nosotros el viernes pasado y que es uno de los personajes que se
inició en los programas de reducción de riesgos, un inglés decía, por
ejemplo, una frase que yo creo que es muy significativa, que la misma
cadena de transmisión por la cual se ha generado la transmisión del
VIH, la podemos utilizar también para generar prevención dentro de
estos mismos sujetos. Esta línea sería una vía clara de reducción del
daño y de reducción del riesgo, esta capacidad itinerante de conexión
o de contacto, que al mismo tiempo potencie programas distintos, como
son los programas de intercambio de jeringuillas y



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de dispensación de preservativos, así como la forma de hacer llegar
estos programas a las prisiones.

En estos momentos, saben ustedes, Cataluña, por ejemplo, en los
últimos años ha dispensado un total de 2,5 millones de kits de
jeringuillas. El kit está constituido por la jeringuilla estéril, el
estuche correspondiente para evitar que pueda caer en el suelo y
pueda dañar accidentalmente a otra persona, las toallitas de alcohol
isopropílico, agua destilada y los preservativos, y con un mensaje
muy concreto de que «Es mejor que no te pinches, pero si te pinchas,
pínchate bien, y si no, por favor conecta con alguno de estos centros
de tratamiento». Esto ha permitido por ejemplo que aflorase gran
cantidad de personas con las que no teníamos capacidad de contacto y
hemos tenido además una devolución del 60 por ciento. Fíjense
ustedes, de 2,5 millones de jeringuillas dispensadas, hemos recogido
un 60 por ciento; verdaderamente es un porcentaje realmente muy
elevado. En este año en principio también estamos en disposición de
poder iniciar los programas de intercambio de jeringuillas en las
cárceles; concretamente, en cinco cárceles de Cataluña se llevarán a
término estos programas, que en estos momentos funcionan, como saben,
en Basauri, en España, en Suiza y en Alemania. Hay poca experiencia,
pero creemos que a la persona que está en la cárcel se le recluye
para privarle de la libertad, pero no del acceso a la salud, con lo
cual queremos igualar en este sentido a los que están fuera y a los
que están dentro.

El quinto punto dice que es necesario desarrollar programas
informativos, formativos y preventivos que tengan como objetivo
mitigar, y en el mejor de los casos eliminar, actitudes y
comportamientos sociales que vayan en contra de la implementación de
centros de atención a las personas drogodependientes y, en
consecuencia, de los programas de tratamiento de que éstos se
derivan.

Por último, se acuerda que es necesario que tanto los cargos electos
públicos como los partidos políticos en general adopten criterios
comunes en el abordaje de las drogodependencias, a fin de no sólo
eliminar situaciones de rechazo e inseguridad social, sino además
potenciar la colaboración ciudadana. Se dio el caso concreto en
Cataluña de una formación política que incluso expulsó a un regidor
de un ayuntamiento porque en un caso concreto en un lugar muy
especial dio soporte a una reacción social de carácter incorrecto por
lo que se refería a la instalación del centro de atención de
drogodependencias. Ya sé que es muy difícil cuando se baja al
territorio de lo local, pero hubo un compromiso en este sentido de
los partidos políticos de apoyar claramente esta tesitura.

El cuarto grupo, y no voy a extenderme nada aquí porque precisamente
se trabajó cuando se estaba elaborando el Código Penal, se refería
también a la relación entre drogas, Código Penal y modelo
penitenciario. Voy a hablarles exclusivamente de aquellos aspectos
que siguen pendientes en este campo: Concretamente, la pena
alternativa a la prisión, el trabajo directamente impuesto a favor de
la comunidad, y no sólo con carácter sustitutivo de otras penas, como
aparece en el código, sino como en otras posibilidades. También se
acordó estudiar la posibilidad de introducir la probation en nuestro
ordenamiento jurídico, sobre todo por los casos de delitos cometidos
por personas drogodependientes, porque se ve que es una figura
jurídica que
podría tener su rol en nuestro campo. Se acordó también que no esté
tan sujeta al límite de años la remisión condicional de la pena para
los drogodependientes y en general se apuntó la idea de reducir en el
ámbito judicial las conductas tipificadas como delito de tráfico de
drogas. Se habló también de la necesidad de potenciar al máximo los
sistemas de detección y sanción de las conductas relacionadas con el
blanqueo del dinero y procedente de narcotraficantes, y creo que
precisamente la comparecencia anterior iba en este sentido. Por otro
lado, todos los partidos acordaron estudiar la posibilidad de
suprimir la sanción administrativa prevista en el artículo 25 de la
Ley de Seguridad Ciudadana, que es aquella que saben ustedes que en
principio genera algunas distorsiones en el ámbito asistencial,
porque por una persona que se pueda detectar que está consumiendo
cannabis se le obliga a hacer un tratamiento, con lo cual no hablamos
de que sea un drogodependiente, sino estamos hablando de un
consumidor, y esto genera unas peculiaridades, unas características y
una casuística que no es coherente. O, por otro lado, se da una
cierta contradicción, y es que nosotros estamos haciendo programas de
intercambio de jeringuillas y muchas veces la policía requisa estas
jeringuillas, cuando en realidad lo estamos enfocando como un
instrumento sanitario, no como un útil para que se inyecten drogas;
lo hacemos para que lo hagan correctamente, en forma coherente y
eviten la transmisión a otras personas.

Esta serie de características y condiciones se llevó, mediante una
exposición de motivos, al Parlamento de Cataluña, quedando aprobada
una proposición no de ley con los doce puntos que voy a leerles
rápidamente: Favorecer la práctica del ejercicio de la
responsabilidad desde la participación social -sobre todo las
personas adolescentes y jóvenes- renunciando a las campañas
publicitarias universales e inespecíficas. Potenciar la coordinación
intersectorial e interadministraciones, a fin de facilitar un plan de
prevención de drogodependencias. Ninguna fuerza política ha de dar
apoyo a movimientos sociales de carácter reactivo en torno a
drogodependencias. Las organizaciones de drogodependientes
rehabilitados sólo pueden realizar trabajos de intervención en el
marco de programas terapéuticos dirigidos por profesionales. No
aceptar ninguna publicidad destinada a estimular el uso -e
indirectamente el abuso- de ningún tipo de droga. Incorporar
conocimientos de drogodependencias y de su prevención en los planes
de estudio profesionales. Incluir específicamente criterios
metodológicos de evaluación. Continuar la oferta de programas libres
de droga. Potenciar los programas de tratamiento con sustancias
agonistas y antagonistas. Adaptar la normativa que regula los
programas de mantenimiento con agonistas a fin de facilitar su
utilización, incluyendo para determinados pacientes los programas de
dispensación, mantenimiento y tratamiento con heroína. Potenciar los
programas de disminución de riesgo, que tienen como objetivo reducir,
paliar o disminuir los efectos negativos del consumo de drogas, y
racionalizar y proporcionalizar las penas de los delitos de tráfico
de drogas.

Todos estos puntos se aprobaron en el Parlamento en su integridad,
con dos apartados muy concretos: uno, la suscripción en su integridad
de la mesa de acuerdos para una política consensuada que les acabo de
leer, y en segundo



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lugar, la constatación de la necesidad de que las organizaciones
sociales, las administraciones públicas, locales, autonómicas y
estatales, y las fuerzas políticas, tanto de Cataluña como del resto
del Estado, en el ámbito de sus competencias, orienten sus
actuaciones en materia de drogodependencias, respetando también los
objetivos contenidos en esta citada mesa de acuerdos. Por otro lado,
los partidos políticos se comprometieron, primero, a dar a conocer el
documento a todos los cargos electos del partido y militantes
general; segundo, el compromiso de realizar una presentación conjunta
de este documento a los medios de comunicación (cosa que realizamos
conjuntamente los partidos políticos y esta comisión que antes les
comenté) y el compromiso de crear una comisión de seguimiento
conjunta, alguna de cuyas cuestiones hemos celebrado ya.

Si me permiten, para ser un poco más breve que en mi intervención en
la otra ponencia, me gustaría terminar diciendo que me parece que el
futuro pasa también un poco por esta línea. En este país hemos
conseguido un consenso importante en el aspecto de las drogas. No
deberíamos bajo ningún concepto perder este consenso, pero además
tiene que ser a nivel, yo diría, técnico, profesional, político y más
a más, diría a nivel internacional. Si no, es difícil avanzar en
políticas cada vez yo diría más atrevidas en los campos de atención a
las drogodependencias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la diputada doña Zoila Riera i Ben.




La señora RIERA I BEN: Ante todo, doctor Colom, le agradezco
sinceramente su comparecencia hoy en esta Comisión y valoro lo que
sin duda es para usted un esfuerzo, que también lo es -hay que
decirlo- para la mayoría de los miembros que aún siguen en esta
Comisión, pues muchos de ellos tienen que hacer muchos kilómetros y
mañana es fiesta en varias comunidades.

Doctor Colom, usted ha comparecido ya en la subcomisión que se ha
creado para intentar consensuar un nuevo modelo o una nueva política
en el tema del tratamiento de drogas. Por tanto, no voy a reiterar
aspectos que usted seguro haya explicado en otras ocasiones. Tendría
interés en que usted, por favor, ampliase un poco unos aspectos que
para mi grupo parlamentario, pueden ser los más complejos o en los
que constatamos mayor dificultad los diferentes grupos políticos por
encontrar políticas de consenso o acuerdos, porque, si bien hay que
reconocer que, al igual que en el Parlamento de Cataluña, normalmente
se respeta este acuerdo o este pacto de no politizar los temas sobre
la problemática de la droga y se prima siempre por todos los grupos
políticos llegar a acuerdos, esta situación también se da aquí en el
Congreso. Sabe, doctor Colom, que a iniciativa de nuestro grupo
parlamentario, consensuada por todos los demás miembros de los
partidos políticos de esta Comisión, nosotros también propusimos una
proposición no de ley en el mismo sentido en el que se había aprobado
en el Parlamento de Cataluña y fue aprobada por mayoría. Por tanto,
la voluntad política de llegar a acuerdos en estos temas es siempre
patente, pero cuando hablamos de cuestiones puntuales, es cuando
salen las discrepancias, que por otra parte son lógicas. Mientras
algunos partidos o grupos
políticos se muestran predispuestos a ser un poco más atrevidos -yo
me atrevería a decir- en determinadas políticas, sobre todo en lo que
sería la contención de daño, otros estiman que hay que ser
conservadores. En estas discusiones que cada uno tiene sus razones,
muchas veces tenemos dificultad en consensuar temas, como podría ser
la forma de actuar con los enfermos drogadictos que están en régimen
penitenciario, cómo tener medidas que realmente sean efectivas en el
intercambio de jeringuillas. Incluso sabe, doctor Colom, que algún
grupo considera que tendría que darse un paso más allá, y que, si
siempre la desintoxicación es un acto voluntario del propio enfermo,
quizá se podría aprovechar que tenemos una población enferma que está
reclusa y por tanto controlada, como también en aquellos casos donde
no exista la voluntad de desintoxicarse, y por qué no controlar el
suministro de la droga que de una u otra manera consiguen y se
suministran. Hay grupos que opinan estas cosas.

En nombre de mi grupo parlamentario, querría decirle que nuestra
posición es muy abierta, no pontificamos sobre nada, pero sí pensamos
que tendríamos que ser todos suficientemente laxos para estar
abiertos a discutir sobre todo, sin intentar decir que nadie tenga la
razón, pero abiertos a discutir sobre todo. Por tanto, normalmente
nos mostramos contrarios a las criminalizaciones o a las posturas muy
taxativas, porque pensamos que ya no en el Estado español, sino en el
conjunto de los países de nuestro entorno hay experiencias
interesantes que la OMS está valorando, y que por tanto nadie está en
disposición de hacer doctrina y de que esta doctrina sea ya una cosa
incuestionable.

Incidiendo en estas cosas, le quiero preguntar o inquirir sobre unas
cuestiones que personalmente me preocupan.

Una, usted ha explicado que había habido evolución en los últimos
años del tipo de drogodependencias, y yo he anotado que ha dicho que
en los años setenta el caballo de batalla eran las drogodependencias
por vía intravenosa, básicamente la heroína; luego pasamos en los
años ochenta a los estimulantes; para estar en los noventa en las
drogas de diseño, las pastillas.

Hay un tema que ya no tan sólo como responsable político sino a veces
incluso como madre de familia, me parece que todos los responsables
de la sociedad, los políticos, los padres de familia, los profesores,
todos estos elementos que usted muy bien ha citado tienen que
trabajar en una misma dirección, no acabamos de encontrar la manera
de enfocarlo correctamente. Me pregunto cómo se compagina esta
cultura y esta moda del ocio, sobre todo de fin de semana, que pasa
porque la gente joven pueda estar 7/8 horas de diversión, por decirle
un calificativo light, cómo se compagina esto con un control en la
bebida y con una abstinencia de estimulantes. A simple vista no
parece muy compatible. Si la gente tiene que estar en marcha 7/8
horas cuando normalmente los biorritmos de las personas indican que
tendrían que dormir, parece casi una regla de tres irreversible que
para mantener esta cultura haya forzosamente que estimularse. Algo no
funciona aquí. ¿O es que queremos hacer compatible el régimen de
libre horario de fin de semana con el que sólo la gente beba agua o
Fanta? No me acaba de cuadrar.

Otra cuestión que quería preguntarle: ¿no será también que de alguna
manera desde todos los entornos políticos y



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sociales, quizá tenemos una doble moral o hacemos la vista gorda,
siendo incapaces de afrontar la problemática que tiene la juventud de
que realmente puedan incorporarse, que tengan perspectivas, que
tengan ilusiones de futuro, que terminen sus estudios profesionales o
de nivel superior, y que encuentren una inserción rápida en el mundo
laboral? ¿No será que, como somos incapaces de una manera rotunda de
acabar con esta lacra que hoy día vive la juventud, somos mucho más
tolerantes con la necesidad de una evasión? ¿No estará creando el
propio sistema un doble discurso y una doble moral? Son preguntas, no
afirmo nada.

Otra cuestión aparte, yendo más directamente a lo que decía usted de
las políticas de evitar la propagación del daño. ¿Cree usted que lo
que se está haciendo últimamente es suficiente? Hago referencia, por
ejemplo, a notas que han salido en la prensa hace pocos días. En
Diario 16, fechado el 17 de marzo, había una nota que me llamó la
atención, cuando al hablar de la estadística en el conjunto del
Estado decía: la mitad de las reclusas son drogadictas y el 8 por
ciento padece sida. Estamos hablando de un colectivo muy importante,
y además de mujeres. Si esto es así, y no sé hasta qué punto son
fiables los datos, pero supongo que deben estar más o menos
contrastados, ¿cree usted que las políticas de contención del daño
que se están llevando actualmente a las cárceles españolas y en
especial las de Cataluña es suficiente ante una situación alarmante,
porque estamos hablando de la mitad de las reclusas de toda la
población española? ¿Opina usted que hay que descartar la posibilidad
de que en determinados reclusos toxicómanos estudiemos la posibilidad
de que en vez de drogarse a cualquier precio y de cualquier manera,
se estudie la conveniencia de suministrar droga controlada?
Sé que le hago preguntas un poco comprometidas, pero es que
sinceramente me parece que si estamos en una Comisión de estudio para
la droga tendríamos que valorar propuestas, estar abiertos a
cualquier sugerencia y entre todos encontrar los caminos que ayuden
de alguna manera a solucionar en un futuro este problema tan grave.




El señor PRESIDENTE: Doctor Colom.




El señor DIRECTOR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA (Colom Farrán): No sé si sabré contestarle a todas sus
preguntas. Algunas tienen ámbito de carácter incluso
socioantropológico que van más allá incluso de los que es la propia
intervención de drogas, pero en fin, de alguna forma intentaré
reflexionar también con ustedes.

La primera cuestión me la plantea cuando dice que efectivamente es un
tema que hay que hablar y que no hay que pontificar. Estoy tan
absolutamente de acuerdo que en mi humilde opinión siempre ha sido mi
forma de ver siempre el tema de las drogas. Creo que en este campo no
valen en absoluto los criterios maximalistas; lo que hoy es válido
puede no ser válido mañana. Viví, por ejemplo, la época cuando se
elaboraron los primeros planes de drogas, cuando nosotros empezamos a
iniciar los programas de mantenimiento con metadona, muchos
profesionales eran reacios
a los programas sustitutivos, y hoy apoyan este tipo de programas al
cien por cien. Es decir, hablar es absolutamente imprescindible, y no
hay ningún elemento que no pueda ser considerado, ninguna.

En lo que se refiere a lo que ha planteado usted de los jóvenes, yo
diría que la cultura del ocio hoy día es una cultura que ha cambiado
respecto a los últimos años, ha cambiado en muchos argumentos, ha
cambiado en la noche, ha cambiado en la conducción, ha cambiado en el
sistema, los coches, el itinerante, en el horario; antes se salía a
una hora, hoy se sale a otra. Efectivamente, para este tipo de
planteamiento parece complejo separar el alcohol y los estimulantes,
pero también es verdad que pueden existir intervenciones que tengan
tendencia a la reducción del daño en este tipo de colectivo. Por
ejemplo, yo le diría a usted, ¿cómo es posible que últimamente muchos
padres de familiar se preocupen de si sus hijos consumen o no
consumen pastillas y en cambio, si me permiten, abandonen su política
de guardián, por decirlo de alguna forma, en lo que se refiere a las
políticas de consumo de alcohol? ¿Es tranquilizador que el hijo venga
colocado a casa por alcohol, y en cambio es intranquilizador que
consuma pastillas? Este doble juego -por eso decía esta doble moral o
doble juego-, estoy totalmente de acuerdo que es un trabajo a hacer
con las familias y con los jóvenes, porque en otro caso no vamos a
ningún lado.

Hay un campo muy importante a realizar también es la formación de
iguales. Nosotros tenemos una experiencia muy concreta de un trabajo
que hicimos en el ámbito educativo, en el ámbito de los jóvenes,
donde como ustedes saben los jóvenes muchas veces son más receptivos
a mensajes de iguales que no de profesores, de padres, o de gente
mayor. Les es mucho más difícil creerse un mensaje del Director del
programa de drogas que creerse un mensaje de un compañero que ha
pasado una experiencia familiar.

Entonces pensamos qué elementos teníamos para idear un sistema que
pudiera penetrar en este colectivo; entre otras muchas cosas que
ahora no podré citar, porque fueron muchas, ideamos un videojuego en
ordenador, un sistema fácil que se lo pudieran cargar y descargar
tranquilamente en casa, que se llamaba Límite cero, que me parece
comenté en mi anterior comparecencia. El chaval veía qué sucedía con
el consumo del alcohol a partir de un determinado número de copas y
en la conducción. Entonces él, conduciendo con el propio teclado,
veía qué efectos tenía el alcohol, hasta dónde afectaba su reacción
en lo que se refiere al efecto túnel, a la iluminación excesiva, a la
disminución de los reflejos. Ahí él veía que cuando consumía poco
conducía bien el coche, y cuando consumía más el coche no reflejaba
sus señales en lo que se refiere a la conducción.

Esta idea de trabajar con iguales es muy importante en el campo de
las drogas. En algunos países -nosotros lo hemos intentado aquí y es
más difícil-, están enseñando a los jóvenes a beber bien; es decir, a
beber mejor más que beber bien. Por ejemplo, hay algunas discotecas
que también están intentando trabajar, y hemos intentado colaborar
con ellas, a fin de que se les acompañe a casa con algún sistema de
transporte para que no conduzcan. Esto es política de reducción del
daños en alcohol, por ejemplo. También hay que cumplir la normativa;
es decir, en las discotecas no es posible consumir alcohol a partir
de una determinada



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edad, una edad inferior a los dieciocho años y a partir de un
determinado grado, y eso hay que cumplirlo. Ahí tenemos un compromiso
importante.

Pero creo que lo fundamental no es la política represiva, sino la
política de la reducción de la demanda, y para eso sólo tenemos un
elementos, que es la educación para la salud, la educación en
atención primaria, la detección del consumo excesivo de alcohol, el
trabajo por ejemplo, con colectivos específicos, como son el
colectivo militar, como el trabajo con farmacias, el trabajo con
médicos, todos aquellos que tienen una capacidad ejemplarizante en su
relación con la comunidad.

La educación para la salud continúo pensando que es el gran lema, el
gran elemento, el trabajo a desarrollar, pues aunque hemos hecho
mucho en los últimos años, sigue estando pendiente. Trabajar con
educación permite trabajar a lo largo de diecisiete años, permite
trabajar de forma longitudinal, permite determinar los primeros
efectos nocivos de determinados consumos, permite identificar
conductas de riesgo, permite trabajar en grupo, permite trabajar con
individuos, y además incorpora la comunidad escolar y la comunidad de
padres. Es decir, la salud en la escuela lo tiene todo para ser
trabajado como un elemento transversal. Sólo manejando estos
conceptos vamos a concienciar ciertos cambios de actitud y de
población, con la dificultad que tiene, porque estoy de acuerdo en su
planteamiento.

En lo que se refiere al tema de la reducción de daños en las
cárceles, decirle que en los últimos años se ha hecho un gran cambio.

Nosotros desde el año 1998 disponemos e programas de mantenimiento en
las cárceles. En estos momentos, por ejemplo, 12.000 personas están
con tratamiento con metadona en las cárceles de Cataluña; es decir se
les sustituye la droga que estaban consumiendo en la calle, por otra
droga controlada bajo prescripción médica, con características
farmacológicas determinadas, etc. Pero no se hace sólo eso, se
trabaja con un programa intramodular libre de drogas, se trabaja por
ejemplo con un programa individualizado de tratamiento, se trabaja
con programas de educación para la salud en el sentido de evitar las
enfermedades infectocontagiosas más prevalentes; se trabaja incluso
en dos departamentos de atención especializada, que son dos
comunidades terapéuticas, una en hombres (en Cuatro Caminos) y otra
en mujeres (en Brians). En los dos centros existe una comunidad
dentro de la propia cárcel que trabaja estos aspectos de forma
concreta, precisa y coherente; es decir, de alguna forma se ha
trabajado muchísimo en el tema de cárceles.

Estoy de acuerdo que en las drogas hay que ser atrevido, pero creo
también en la necesidad de consensuar y mantener cierta coherencia en
las intervenciones. Es decir, si en la calle no tenemos programas con
heroína, por el hecho de estar en la cárcel no es más fácil tener
programas con heroína. Creo que primero hay que hacer los programas
con heroína en la calle, experimentar que son positivos, que
funcionan, que son coherentes, y entonces ya nos podemos plantear
hacerlo en un colectivo más concreto en el ámbito penitenciario. Por
ejemplo, el problema del intercambio de jeringuillas estoy totalmente
de acuerdo en que es un elemento que hay que introducir; de hecho
nosotros este año, como hemos dicho ya, vamos a introducirlo en cinco
centros penitenciarios en Cataluña, para a finales de
1999, o en el año 2000, poderlo tener también en todos los centros de
Cataluña.

Para ampliar el tema de la reducción del daño, sí decirle que no sólo
los programas de reducción del riesgo, los programas de metadona han
permitido disminuir la criminalidad, aumentar la calidad de vida,
disminuir el efecto contagiosidad en la población, disminuir la
mortalidad relacionada con el consumo excesivo de una determinada
droga; ha permitido un cambio fundamental en la población. Pero es
que hemos ido más lejos, hemos hecho talleres de sexo seguro,
talleres de venopunción higiénica. Estamos trabajando con usuarios
activos, un trabajo muy interesante; estamos formando como usuarios
activos a algunos drogodependientes, que en un sistema metodológico
en forma de bola de nieve cada uno de ellos a su vez conecta con diez
usuarios más, de tal forma que en un proyecto que hemos hecho este
año en Cataluña conectamos con 400 heroinómanos que no teníamos en la
red asistencial, en su trayectoria, en su cultura, en su población,
en su barrio, y hemos introducido cambios en aspectos tan importantes
como la evitación de ciertas enfermedades, el cambio de actitudes, el
cambio de comportamientos de riesgo y en las redes asistenciales.

Por tanto, yo creo que sí; estoy totalmente de acuerdo en que hay que
ir mucho más lejos en este sentido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el senador Joan Oliart Pons.




El señor OLIART PONS: En primer lugar y en nombre del Grupo
Socialista, agradecer la presencia del señor Joan Colom y las
explicaciones que nos ha dado.

Señor Colom, usted ha hecho hincapié o énfasis sobre todo en la
génesis de la mesa de acuerdos y de las personas que han intervenido
en ella, en esa morfología y en ese proceso. Yo le agradezco que en
esta ocasión usted haya hecho mención de todos los miembros de esa
mesa inicial, que luego se tradujo en los acuerdos parlamentarios y
políticosociales que usted mismo ha mencionado, sobre todo el nombre
de dos personas de mi grupo, del Partido Socialista, la señora Maite
Ugets, exparlamentaria en el Parlamento de Cataluña, y la señora
Judit Ibañez, que es Concejal de Servicios Sociales en el
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat.




En la política de consenso estoy plenamente de acuerdo con usted, e
indudablemente el Grupo Socialista en Cataluña fue uno de los grandes
impulsores de esa política de consenso, no solamente en el Parlamento
de Cataluña, sino también en el Ayuntamiento de Barcelona. He de
recordar que el Ayuntamiento de Barcelona creó un plan de drogas en
el año 1987 y fue precisamente consensuado con todas las fuerzas
políticas, un plan que ha tenido tres o cuatro actualizaciones, en
función de la realidad cambiante que usted mismo ha descrito antes, y
que por tanto es un plan dinámico que está llevado por personas que
tienen gran sensibilidad sobre esa cuestión.

La política de consenso es necesaria y es deseable, no solamente en
el tema de la droga, que sí, también en el tema de la política
penitenciaria, también el tema de la lucha contra el terrorismo y
contra la violencia. Creo que estos temas indudablemente necesitan el
consenso y -repito-



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son deseables; pero una política de consenso, y se lo quiero
remarcar, tiene a mi parecer dos efectos muy dispares: el primer
efecto, que sería un efecto muy positivo, posibilita actuaciones de
mayor efectividad y valentía al disponer las Administraciones
actuantes de un amplio consenso político y social. Pero puede haber
otro efecto no deseado que puede consistir en restar precisamente
impulso a ciertas políticas, es decir no asumir compromisos
importantes, no poner medios suficientes aprovechando precisamente
esa mismo política de consenso que apaga las críticas y diluye el
debate público.

Mi impresión, y la de otros compañeros con los que yo he consultado
preparando la intervención hoy aquí -y quisiera equivocarme-, es que
el Gobierno de la Generalidad está derivando, imperceptible pero
gradualmente por el segundo camino, está aplicando a nuestro modo de
entender aquella tradicional directriz de la derecha de todas las
latitudes consistente en decir o en pensar: no se ve el problema,
luego el problema no existe. Ayuda a esa política o a esa percepción
el hecho de que se ha estabilizado sin duda el consumo de heroína que
es el más importante mediáticamente hablando, y el hecho de que todo
el tema relacionado con la heroína haya decaído en los medios de
comunicación es indudable que puede dar esa percepción. No lo sé, en
todo caso, en su respuesta me aclarará esto y quisiera -repito-
equivocarme. Avalan esa tesis que yo estoy aquí enunciando la
inexistencia de un debate público sobre la problemática de las
drogas. Debate público que es mucho más fácil cuando hay un consenso,
porque permite que el debate sea sosegado, mucho más sosegado que si
no hubiese ese consenso. Avala también esa tesis la escasez de medios
presupuestarios para los centros específicos y los programas de
reinserción (tengo muchas demandas en ese sentido, señor Colom) y
también no llevar adelante algunas de las propuestas de la propia
mesa de acuerdos. Usted ha tratado alguno de ellos aquí y yo me
refiero ahora a dos en concreto, que son: el tratamiento con heroína
en aquellos casos que no hay otra solución, y lógicamente con un
control médico adecuado; y también el tema de las jeringuillas en las
cárceles, que es una promesa y una propuesta que se adoptó en la mesa
de acuerdos pero que su realización todavía no ha tenido lugar, y por
tanto, en ese sentido hay una demanda, yo diría incluso una queja por
la lentitud en esos procedimientos. Y después una débil política
informativa.

Tal vez quizá relacionado con lo que he dicho antes de que los temas
más impactantes comunicacionalmente son los relacionados con la
heroína, pero el hecho es que los medios de comunicación públicos
controlados por la Generalidad de Cataluña apenas hablan del tema de
la droga; es aquello que he dicho antes: problema que no se conoce,
problema que no existe.

Voy a entrar ahora en algunos de esos temas haciéndole a usted
algunas preguntas concretas, entre otras cosas también porque usted
ha hablado mucho de la evolución y la génesis de la mesa de acuerdos
y de todos los acuerdos a que llegaron, pero yo esperaba hoy que
usted nos explicase el segundo punto de su comparecencia, y es lo que
ha hecho la Generalidad, lo que se está haciendo en Cataluña por
parte del Gobierno de la Generalidad.

Sobre el tema de la metadona y usted lo ha dicho no lo digo yo, se ha
disparado el tratamiento con metadona tanto en la calle como en las
cárceles. Parece la panacea universal, indudablemente no lo es y
usted lo sabe perfectamente, mucho mejor que yo, pero mi pregunta va
en otro sentido. Después de un número tan importante de tratamientos
con metadona, creemos estar en disposición de hacer una valoración de
ese tipo de terapias, que precisamente esto también se recoge, por lo
menos la filosofía de estas evaluaciones constantes se recogen en la
mesa de acuerdos, y la pregunta es muy concreta: ¿qué evaluación
hace, señor Colom, del tratamiento con metadona?, ¿qué resultados
arroja? Ésta sería la primera pregunta.

La segunda pregunta es sobre lo que antes ya se ha mencionado, la
representante de Convergència i Unió también se ha referido a ello
pero de una manera mucho más teórica, y yo se lo pregunto de la
manera mucho directa: es la distribución de heroína a los toxicómanos
que no son sensibles a otros tratamientos. Hay una experiencia en
Suiza, precisamente ayer o anteayer en un recorte de periódico se ve
la distribución de heroína a toxicómanos, que redujo el 60 por 100
sus delitos en Suiza. Es un acuerdo de la mesa, usted lo ha
mencionado también, no sé si es el acuerdo número 7 u 8, y la
pregunta, aunque tampoco le quiero poner en un compromiso es: ¿qué
piensa usted sobre ese tipo de iniciativas?
Otra pregunta sobre intercambio de jeringuillas en las prisiones; ya
me he referido antes y ahora me refiero de manera más concreta. Esto
se acordó en la mesa, parece que usted adoptó este compromiso pero se
está retardando mucho su realización. Existe la experiencia en
Basauri, es decir el Gobierno del Estado sin tanto consenso lo ha
llevado a cabo, y por tanto me gustaría que nosotros en Cataluña
fuésemos también pioneros en este tema. Ahora mismo va a hacerse
extensiva a la cárcel de Pamplona a nivel del Estado. La pregunta es
si se piensa aplicar y programa de ese tipo en Cataluña, en qué
centro y cuándo. Fíjese si es concreto y fácil de responder.

Sobre el alcohol, en el plan de salud de la Generalidad se considera
uno de los grandes problemas actuales en cuanto al consumo de drogas,
tanto permitidas como no permitidas. Se dice -lo he leído- que el
consumo excesivo de alcohol es causa de un incremento importante de
la morbilidad, la mortalidad, así como de la dependencia. Acaba
diciendo que hay que hacer promoción de hábitos saludables y
potenciar la educación para la salud en el ámbito escolar. Sobre este
tema yo le hago tres preguntas: primera pregunta, valoración del
programa de educación para la salud en la escuela que está en ese
plan de salud; qué se está haciendo para limitar la publicidad de las
bebidas alcohólicas en los medios de comunicación de Cataluña; y qué
campaña de información existe sobre los riesgos del alcohol.

Luego hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, y es el tema de la
coordinación institucional y un apoyo presupuestario a este tipo de
políticas, porque si no hay presupuesto, indudablemente no puede
haber efectividad de ningún tipo, pero sobre todo el tema de
coordinación institucional. Estoy desde el año 1980 en el Parlamento
de Cataluña, se me conoce allí y creo que se me respeta por todos los
grupos porque siempre estoy pidiendo consenso y



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siempre estoy pidiendo coordinación institucional y lealtad
institucional.

En la base de acuerdos se dice que el peso del tratamiento
ambulatorio (bueno eso no se dice en la base de los acuerdos pero sí
es verdad) recae en los municipios, Eso me parece evidente. Fíjese,
no sé si el número es exacto y usted me puede rectificar, pero de 57
centros sólo 2 ó 3 son de titularidad de la Generalitat. Está muy
bien que haya una red diversa, pero lógicamente esa red diversa tiene
que estar soportada por unos medios financieros, por unos medios
presupuestarios que la hagan eficiente, y esa dotación presupuestaria
se considera completamente insuficiente.




Lo mismo se dice respecto a los programas de reinserción que suelen
aplicarse por las ONG, como por ejemplo el tema de la comunidad
terapéutica, muchas de ellas han de vivir prácticamente de la caridad
pública, no tienen suficiente con las subvenciones de las
administraciones y la Generalitat en ese sentido es cicatera.

Dentro de uno de estos puntos de la mesa de acuerdos y usted se ha
referido a ello, está la coordinación institucional. Cuando se
presenta aquí no habla usted de los planes del Ayuntamiento de
Barcelona, que como he referido antes que son muy importantes y muy
antiguos, ni tampoco de la Diputación de Barcelona, que está
asesorando muchísimo a todos los pequeños municipios que tienen
grandes dificultades para tirar adelante planes de cierta
envergadura. Se me ha pedido que también le diga existe déficit de
camas hospitalarias para desintoxicación. Existe ese déficit, usted
en todo caso me puede responder si es o no verdad. La pregunta es
cómo valora usted todos estos aspectos.

Y la última pregunta, y con eso termino, señor presidente,
seguramente no es de su competencia y tampoco de la competencia de la
Generalitat de Catalunya en su globalidad o en su totalidad, sin
embargo y también desde el punto de vista éste de la coordinación
institucional, a mí me parece que es muy importante que hablemos un
poco de ello, sobre todo si usted nos puede aportar aquí algún dato,
y es sobre la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de
dinero.

Hay un desplegamiento de la policía autonómica, que dentro de cuatro
o cinco años será total en todo el territorio, y por tanto tiene que
existir coordinación policial en esa lucha contra los traficantes de
drogas y blanqueo de dinero, pero además la Generalitat es competente
en las declaraciones de patrimonio, y una de las pistas para poder
localizar a los que quieren blanquear dinero que seguramente puede
provenir del tráfico de drogas, es precisamente estudiando las
declaraciones de patrimonio.

Por tanto, ¿qué nos puede usted decir de la coordinación existente
actualmente entre la Administración de la Generalitat y la
Administración del Estado en la búsqueda de una mejor lucha contra el
tráfico de drogas?



El señor PRESIDENTE: Doctor Colom.




El señor DIRECTOR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA (Colom Farrán):
En primer lugar, lamento profundamente la interpretación que se haya
podido hacer de mis palabras y lo lamento porque no he venido a hacer
aquí ningún discurso institucional, no he venido a explicar en
absoluto las ganancias, los beneficios o el importante impacto que
nuestro trabajo ha tenido en estos años, que algo habremos hecho; al
contrario, como había presentado ya todo este trabajo en mi
presentación en la Comisión, hace exactamente dos meses, y allí ya
expuse detalladamente nuestras intervenciones, me parecía que era
repetir el debate y quería quitar protagonismo al Gobierno de la
Generalitat, al que en este caso represento, para explicar
precisamente que esta metodología no era nada institucional. En todo
caso, sí he citado a los comparecientes, sí he dicho su pertenencia y
además les he dado todo el mérito, cosa que quizás a lo mejor otro
compareciente no hubiera hecho, pero yo creo que es de justicia y de
coherencia decirlo. No entiendo entonces su matización en este
sentido, francamente no la puedo comprender, porque estas personas
que usted ha citado, aparte de ser compañeros de trabajo, son amigos
con los cuales he compartido esta aventura que ha tenido un final
feliz. Por lo tanto, insisto, no ha habido por mi parte ninguna
intención en este sentido; todo lo contrario.

En segundo lugar, usted me ha hecho muchas preguntas. Me gustaría,
por favor, si me dejo alguna, que me corrigiera. Vamos a ver si puedo
contestarle a todas.

Tengo que decirle que yo soy técnico, soy director del Programa de
drogodependencias y de sida del departamento de Sanidad de la
Generalitat de Catalunya, no tengo un perfil político, ni para bien
ni para mal, por lo tanto, voy a intentar responderle bajo una
perspectiva técnica, no una perspectiva política. Decir que no hay
debate de drogas en Cataluña me parece una auténtica barbaridad.

Compare las preguntas en el Parlamento de Cataluña en las distintas
áreas y verá usted la cantidad de preguntas y respuestas y el juego
parlamentario sólo en el ámbito político del tema de drogas.

Segundo lamento. No sé cuáles son los medios propios de la
Generalitat, la verdad, lo desconozco; en todo caso, en los medios de
comunicación pública que conozco de Cataluña, desde EL PAÍS hasta
DIARIO 16, el tercero cuarto tema más importante de debate son las
drogas. O sea, que tampoco comparto esta opinión de que haya
disminuido, y en ningún caso comparto que el consenso nos permita
disminuir el trabajo.

Ahora sí que me permitirá el señor diputado decirle que en algunas
cosas hemos sido pioneros y continuamos siéndolo. Y fui una de las
personas que planteó que hubiera programas de intercambio de
jeringuillas. En España no hay un solo lugar, excepto Basauri. Por
tanto, no se le escapa a usted, señor senador, que una cosa es la
intencionalidad y la conceptualización de un problema y la otra es la
puesta en marcha. Si fuera tan fácil, en toda España habría habido
programas de intercambio de jeringuillas. De todas formas (aprovecho
para contestarle a su pregunta), este año vamos a tener en 5 centros
penitenciarios programas de intercambio de jeringuillas. Muchas
veces, aunque uno crea que hay que hacerlo, su implementación no es
del todo fácil. En este caso han existido y existen problemas; por
ejemplo, a nivel de funcionarios. Hemos de evitar todas las
resistencias que pueda generar este tema y



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contamos además con el apoyo de todos los grupos políticos de
Cataluña, incluido el Partido Socialista, con el que mantengo una
estrecha relación a través de su representante, Marina Geli, que está
al corriente de todos y cada uno de estos elementos. Concretamente
hace dos días estuvimos hablando precisamente del programa de
intercambio de jeringuillas en cárceles y lo apoya completamente. No
he hablado del ayuntamiento, como no he hablado de la Generalitat, ni
de la Diputación. En ningún momento he dicho que los programas de
drogas eran exclusivamente un elemento que había conseguido la
Generalitat de Cataluña; evidentemente que lo ha liderado, pero lo ha
hecho junto con los municipios, junto con las mancomunidades de
municipios y junto con ayuntamientos tan importantes como el
Ayuntamiento de Barcelona, con el cual también tenemos una relación
directa y continuada. Y de la misma forma que ellos tienen tres
planes, igual en Cataluña hay tres leyes (1985, 1991 y 1998) y los
mismos planes correspondientes de drogas, pero nos une una exquisita
corrección y coordinación.

En lo que se refiere a la heroína, como me ha preguntado mi opinión,
le digo sinceramente que me parece correcto el planteamiento, pero lo
que sí le tengo que decir es que intentar una batalla campal en este
tema nos parece poco productivo. En Cataluña, desde hace cuatro años,
un grupo de expertos estamos trabajando en la línea de poder
establecer nuevos programas terapéuticos, entre ellos, la heroína (es
un planteamiento que tenemos nosotros) y sobre todo la morfina. No
hay, que yo sepa, ningún programa en España de estas características
más allá del proyecto de Andalucía, que, como conoce usted, tiene sus
dificultades de implementación. En el documento de acuerdo pone:
«estudiar la posibilidad de», no significa que lo podamos hacer, y en
todo caso se necesita mucho más consenso en el ámbito estatal y en el
ámbito internacional. Estamos precisamente a la espera del estudio de
la Organización Mundial de la Salud, en lo que se refiere a la
experiencia suiza, para poder solicitar al Ministerio de Sanidad y al
Plan Nacional sobre Drogas la posibilidad de hacer algún ensayo
clínico de estas características.

En cuanto al alcohol, nuestras normativas, que son competencia de
todos, no sólo de la Generalitat, sin duda, también fueron pioneras
en el año 1985, 1991 y 1998. Por ejemplo, en 1985 estaba prohibida la
publicidad del alcohol en las calles y, sin embargo, estaba permitida
en cualquier otro territorio del Estado español. Incluso se presentó
una demanda en el Tribunal de Estrasburgo, que afortunadamente se
ganó, en la cual nos acusaban de faltar a la libre competencia porque
imponíamos unas sanciones en Cataluña que no existían en otros
territorios del Estado español.

En lo que se refiere al trabajo con alcohol, la Organización Mundial
de la Salud acaba de nombrarnos responsables de la implementación del
programa BEBER MENOS en el ámbito de atención primaria. En estos
momentos estamos desarrollando un programa absolutamente prioritario
y sin precedentes, que se llama Drink less (beber menos), que tiene
precisamente como objetivos el detectar al consumidor excesivo de
alcohol, implementar consejo breve y disminuir las consecuencias
asociadas al consumo excesivo. Este año hemos desarrollado todo el
proyecto en 77 centros y en dos años todos los centros de atención
primaria
incorporarán de forma coordinada y estructurada este tipo de
planteamiento. La Organización Mundial de la Salud nos ha nombrado
advisers (consejeros) en este tema en todo el Estado español.

En lo que se refiere a los límites de la publicidad, en el año 1998
precisamente, a propuesta de algunos municipios, se aprobó una nueva
ley en el Parlamento de Cataluña en la cual se daba juego a la
posibilidad de que las ordenanzas municipales establecieran,
concretamente en aquellas poblaciones que así lo consideraran
oportuno, limitaciones más allá de las propias normativas,
limitaciones al consumo público, al consumo compulsivo en las calles
y control de la publicidad local.

En cuanto a lo que ha dicho sobre los 57 centros, no es del todo
cierto. Anteriormente, en el primer plan, sí lo eran; actualmente no,
porque muchos incluso están incorporados a servicios asistenciales a
nivel hospitalario concretados por el Servicio Catalán de la Salud,
pagados con carácter mensual, profesionalizados y homologados, a
diferencia de lo que sucede en muchas otras comunidades. Dice que hay
una escasez de recursos, sin duda también lo compartiría con usted,
siempre la hay en estos temas, pero no es justo decir que se ha sido
cicatero cuando hemos crecido en presupuesto propio de una forma
extraordinaria, no sólo la Generalitat, insisto, también las otras
administraciones, menos quizás la local, pero también la Diputación
de Barcelona.




Dice usted que existen pocas camas en unidades hospitalarias de
desintoxicación. Todo lo contrario, creo que existen demasiadas. Me
parece extraño que haya planteado esta situación cuando hay un debate
a nivel nacional y a nivel local sobre cómo reutilizar las unidades
hospitalarias de desintoxicación, porque nacieron para ser unidades
de desintoxicación para heroinómanos y nosotros las hemos convertido
progresivamente en unidades de desintoxicación y de apoyo para otro
tipo de problemas, como el consumo compulsivo de alcohol, como
patología dual y otro tipo de trastornos.

En cuanto a la valoración de la educación para la salud en la
escuela, probablemente nunca es suficiente, pero el esfuerzo ímprobo
a nivel transversal en los últimos años va a dar un resultado a corto
plazo. Yo quería huir, insisto, de utilizar esta intervención mía
para explicar exactamente lo bien que hacemos de dejamos de hacer
cosas, pero, como usted me lo pregunta, se lo voy a decir.

Sabe usted que existe una comisión entre el programa de educación de
la salud en la escuela y el órgano técnico de drogodependencias,
concretamente el programa de educación en la salud es un programa
mixto entre Sanidad y Educación, y dentro de este programa lo que se
ha hecho en estos últimos años ha sido, por un lado, elaborar
materiales transversales para que sea el profesor el que cambie los
criterios consensuados a nivel de la escuela, por ejemplo, LOS
CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA; por ejemplo, MIS
AMIGOS, MI JARDÍN, que es un programa dedicado a atención primaria.

Las intervenciones preventivas se han dirigido principalmente a la
enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria obligatoria. ¿Por qué?
Porque la normativa obliga a que toda la población esté escolarizada
hasta los 16 años, actualmente hasta los 18;porque durante este
período de enseñanza obligatoria es



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posible llevar a término el trabajo continuado que favorezca la
consolidación de hábitos; porque las conductas de abusos de drogas no
suelen presentarse antes de los 16 años, en general; porque es
posible seguir la evolución del proceso; porque el profesor conoce a
fondo a los alumnos y porque es posible trabajar con toda la
comunidad.

Hemos trabajado también en cursos destinados a los profesores, como
la prevención de las drogodependencias en atención primaria (le hablo
sólo del año 1998), con el cuento: UNA BUENA ESTRATEGIA; EN UN CURSOS
QUE SE LLAMABA PROPUESTA PARA PREVER CONDUCTAS DE RIESGO EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA; se han hecho 10 ediciones que
incluyen la asistencia de más de 500 profesores. Se ha realizado un
curso de prevención de las drogodependencias en la enseñanza
secundaria para 25 profesores formadores de formadores; se ha
trabajado en proyectos de innovación pedagógica en material de
educación para la salud en la escuela; se ha dado asesoramiento a
proyectos de prevención en 103 centros de enseñanza que incluyen un
total de 1.537 profesores; se han traducido, adaptado y distribuido
las publicaciones ¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?, GUÍA DE



SALUD, DESARROLLO PERSONAL, y el vídeo EL RETO DE LA LIBERTAD. El
órgano técnico de drogodependencias forma parte de la red europea de
prevención y lleva a término diferentes proyectos financiados por la
Unión Europea, como el Programa Europairs, que es de la formación de
iguales; y finalmente, también en colaboración con la fundación
catalana de l’Esplai, se está desarrollando el programa LA AVENTURA
DE LA VIDA, dirigidos a niños y niñas de 3.o, 4.o, 5.o y 6.o de
primaria y a sus familias.

Es decir, mantengo con usted que probablemente siempre será
insuficiente el trabajo en la educación porque es un tema
prioritario, pero es de los programas que mayor estímulo tienen y van
a tener en lo sucesivo.




El señor PRESIDENTE: Está satisfecho el señor senador, ¿a que sí?



El señor OLIART PONS: Si me lo pide de esa manera, señor presidente,
aunque me gustaría intervenir un minuto.




El señor PRESIDENTE: Un minuto, por favor.




El señor OLIART PONS: En cuanto a la génesis de la mesa de acuerdos y
el papel que han tenido diversos miembros, yo creo que, o me he
expresado mal, o usted me ha entendido mal. Yo le he agradecido el
que mencionase los nombres de Maite Ugets y de Judit Ibáñez. Quede
eso ya perfectamente aclarado.

Respecto al tema de la coordinación, de que usted habla también de lo
que hacen o tras administraciones y que no habla de la Generalitat,
hombre, si usted viene aquí en representación de la Generalitat,
cuando usted dice «hacemos» todo el mundo entiende que está hablando
del Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, si tiene usted que
decir que otras instituciones le están ayudando, pues lógicamente
explícitamente las ha de mencionar.

Sobre el tema del debate, yo no quiero ser punzante, no se lo quería
recordar, pero ya que usted me ha respondido diciendo que sí que hay
mucho debate, e incluso parece
que esto le ha molestado un poco, le he de decir que en el tiempo en
que usted ha venido tres veces a las Cortes, cosa que está muy bien,
no ha ido ninguna vez al Parlamento de Cataluña. Esto demuestra que
no existe tanto debate como usted piensa que existe en Cataluña.

Sobre el tema de las jeringuillas, el problema no es estar de
acuerdo, estamos de acuerdo, el problema de las jeringuillas en la
cárcel es aplicarlo, empezar con un programa piloto. No es necesario
que se haga en 5 cárceles si usted cree que esto es muy difícil, pero
hacer un programa piloto y, a partir de ese programa piloto,
extenderlo.

Completamente de acuerdo con usted sobre la escasez de presupuesto,
en todas las materias siempre nos quejaremos de lo mismo. Sin
embargo, parece ser que hay una queja generalizada en ese sentido. Y
no quiero extenderme más en beneficio de todos.




El señor PRESIDENTE: Señor Colom.




El señor DIRECTOR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA (Colom Farrán): Una vez más quiero poner de manifiesto que
soy de los defensores a ultranza de que la implicación de los
ayuntamientos y de las otras administraciones ha sido clave en el
desarrollo de los programas de drogas en Cataluña. Lo mantengo y lo
mantendrá siempre porque soy un defensor en este sentido.

En segundo lugar, insisto una vez más, he dicho que el programa de
intercambio de jeringuillas está hecho, el protocolo está realizado,
la propuesta se ha hecho, y en estos momentos se está desarrollando
su aplicabilidad, y durante 1999 se hará supongo que en 5 centros,
pero evidentemente se hará en más de uno, es decir, se llevará a
término.

Yo estoy dispuesto a comparecer en la Comisión de Política Social
cada vez que me lo solicitan, y la última vez que lo solicitaron fue
justamente después de estas tres veces que he estado aquí, pero es
que además mantengo una relación estrecha con todos sus miembros,
como le he comentado antes, incluso, cuando me nombraron responsable
del Programa del sida, en junio pasado, mantuvimos varias reuniones
a la vez con la Comisión de Política Social del Parlamento de
Cataluña,
y les remito sistemática información. No sé si se tiene que medir por
el número de mis presencias, en todo caso, estoy siempre encantado de
ir allí, igual que cuando me lo piden aquí. No decido yo en este
caso.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la diputada doña Reyes Montseny Masip.




La señora MONTSENY MASIP: Yo quiero agradecer la enorme proliferación
de datos que nos ha dado el señor Colom, y quiero también agradecerle
el esfuerzo que hace para consensuar políticas que intenten por lo
menos frenar los problemas de drogodependencia.

Usted nos ha hablado de las metodologías que se han usado y los
grupos de trabajo que se han creado para llevar a cabo políticas de
prevención, de reinserción, de lucha y reducción del daño en materia
de drogodependencia. Y



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quiero felicitarle también por el posicionamiento que se logró en el
Parlament de Catalunya, con el consenso de todas las fuerzas
parlamentarias, incluido el Grupo Parlamentario Popular del Parlament
de Catalunya, cuyo portavoz, el señor Daniel Sirera, intervino para
aportar su grano de arena en ese documento que usted nos ha expuesto,
donde de manera yo diría que extensa, trabajada y prolija se llevó a
cabo ese consenso.

Yo, señor Colom, soy una de las grandes entusiastas, y lo he
manifestado tanto en el Pleno de este Parlamento nacional como en las
comisiones en las que he intervenido; yo creo que no hay otro
diputado más contento que yo que cuando en el Pleno se enciende el
panel verde con el voto favorable de todos los grupos políticos, y es
evidente que hay materias donde el consenso surte un mayor efecto. En
todo lo que sea ayudar a la sociedad, en materia de sanidad, en
materia de prevención de drogas, en materia de plan de igualdad de
oportunidades para el hombre y para la mujer, casi todos los grupos
políticos podemos estar de acuerdo en que nunca son suficientes los
recursos, nunca suficientes los medios, nunca suficiente el estudio,
nunca suficiente el trabajo. Hay que seguir estudiando, trabajando,
fomentando esos grupos de trabajo por parte de todos los grupos
parlamentarios y desde todas las instituciones. Todas las
instituciones, en un problema como el que estamos tratando, deben de
hacer el mayor esfuerzo para colaborar, desde el Estado central,
desde el Gobierno de la nación, desde las comunidades autónomas,
todas, aunque yo me felicite personalmente por ese grado de consenso
que se alcanzó en el Parlament de Catalunya, y también desde el
ámbito de los municipios, porque es evidente que por ser la
Administración más próxima al ciudadano tienen un mayor grado de
conocimiento de la incidencia de la problemática que nos ocupamos.

Usted nos ha dicho que algunas de las organizaciones no
gubernamentales podían en un momento dado tener una cierta semejanza
a las sectas. De todas formas yo creo que el grado de voluntariado en
la sociedad, tanto catalana como española, en todos los ámbitos (en
materia de asistencia en sanidad, ayuda a los más mayores,
reinserción de drogadictos), es loable y lo que hay que hacer es
reeducar, seguir educando, seguir trabajando en ese ámbito, porque el
otro día, en una tertulia de radio a la que acudí para hacer una
entrevista, me preguntaban lo que había que hacer para conseguir la
igualdad entre hombre y mujer; me preguntaban qué podía hacer una
mujer, después de que los hijos se han independizado, si quería
retornar o acceder al mercado laboral. Y yo di dos soluciones en las
que creo realmente: una, la formación profesional, seguirse
reciclando para poder optar a un puesto de trabajo, y ahí tengo que
defender los acuerdos sociales a los que ha llegado el Gobierno
español; o bien, dedicarse a labores de voluntariado. Nadie debe
quedarse en su casa. Todos somos útiles para poder hacer cosas. Y en
materia de prevención de drogas, creo que el voluntariado puede
aportar algo muy importante, puede aportar muchas ideas, además del
esfuerzo humano.

Una vez aclarado que el consenso debe imperar en todas esas materias
y que esta diputada, cuando defiende un tema en esta Cámara, lucha
con todas sus fuerzas para lograrlo, le quiero decir que, tanto en el
ámbito del Palament de Catalunya
como en el ámbito nacional, usted encontrará siempre todos los
apoyos del grupo parlamentario al que yo represento en este momento;
que todas las ideas que usted, desde su experiencia personal, pueda
aportar a la Administración central o a los ayuntamientos (donde, por
cierto, señor Colom, yo le anuncio que a partir de las próximas
elecciones municipales nuestros grupos municipales serán importantes
y también colaborarán en ese ámbito) en todo lo que sea la prevención
en materia de drogodependencia, creo que serán utilizadas. Hay que
seguir trabajando en la educación de la sociedad, en la educación de
todos esos grupos que a nivel tanto técnico, como político, como
profesional, están trabajando en esta materia.

Y le quiero decir otra cosa: su iniciativa no resultó baldía. Yo
tengo aquí el acuerdo del año 1994 donde se plasmaron los 12 puntos
de los que usted ha hablado, porque todas las fuerzas políticas que
suscribieron esos acuerdos dieron a conocer a todos sus militantes,
incluso a esta diputada que en este momento está en el uso de la
palabra, los acuerdos, y esto no ha sido baldío.

Para terminar, como yo no quiero convertir esta sesión en una sesión
de control (no es el foro oportuno, el foro oportuno de la sesión de
control es el Parlament de Catalunya, en su caso, yo creo que aquí
hay que agradecer la deferencia que usted ha tenido para venirnos a
explicar los esfuerzos que ustedes realizan en la materia que nos
ocupa), me gustaría que usted, aparte de las muchas preguntas que ya
ha contestado, nos diera su visión, desde la responsabilidad que
usted ostenta, sobre el futuro en materia de drogodependencia, sobre
la mayor colaboración por parte de los municipios de Cataluña en
lograr una mayor educación, una mayor prevención y una mayor
reinserción de personas que han estado afectadas por problemas de
drogodependencia. Usted nos ha hablado ya largamente de la evolución,
y todos hemos conocido, desgraciadamente, casos próximos en los que
hemos visto los efectos de los que supuso hace veinte años, cuando
personas jóvenes y con poca experiencia se iniciaron en el uso de la
heroína (hoy están pagando las consecuencias). Me gustaría, ya que yo
soy una entusiasta defensora de la juventud, creer que los programas
de educación son buenos para la juventud y que cada día hay mayor
información en todos esos aspectos yo en esos ámbitos, que nos dijera
si usted cree que ese tremendo problema de la droga va a remitir.

Las dos comparecencias que se han producido hoy en esta Comisión han
sido sumamente importantes y esclarecedoras para lograr esa
prevención, y yo tengo que decir que el Gobierno español ha hecho un
gran esfuerzo tanto en materia de blanqueo de capitales como en
prevención y en programas de reinserción de drogadictos y de lucha
contra la droga.




El señor PRESIDENTE: Doctor Colom.




El señor DIRECTOR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA (Colom Farrán): Quisiera aclarar una cosa, porque ya me ha
parecido cuandolo he comentado que podía cometer un error. Cuando he



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hablado de las ONG en ningún momento me refería a las ONG que todos
conocemos. Antes del año 1985, por ponerles un ejemplo, lo más
identificable sería Narconón, no eran ONG, eran más bien parasectas
que cambiaban la adición a la droga por la adición de otras
características. De ahí que pusiera el acento en la importancia de
este acuerdo de la profesionalización, que creo que se ha completado
perfectamente. No hay ningún centro en ninguna parte del Estado
español donde exista una mala profesionalización de los equipos
asistenciales. Quiero insistir una vez más, porque las ONG son, no
tan sólo necesarias, sino absolutamente imprescindibles, no sólo en
este campo, sino en muchos otros campos.

En segundo lugar, me ha hablado usted del futuro. El futuro es
difícil, sobre todo porque, conociendo el pasado, también es difícil
predecir el futuro, porque en el tema de drogas hablamos de un
fenómeno dinámico, cambiante, y porque lo que es hoy cierto no tiene
por qué serlo mañana. Yo diría que, a grandes rasgos, el futuro tiene
relación con el ocio, con las drogas del ocio, con las políticas de
las drogas del ocio. No sé qué drogas serán las perceptibles. Es
decir, la heroína fue en los setenta, pero curiosamente fíjense
ustedes que en algunas zonas de Estados Unidos está rebrotando la
heroína, por ejemplo, y en algunas zonas de Cataluña y en algunas
zonas sobre todo de Canarias está incrementándose mucho el consumo de
crack, cuando aquí no había consumo de estas características. Hacer
un esquema es complicado. Yo diría que las drogas de síntesis van a
ser las más perceptibles en un futuro muy cambiente. Hoy hablamos de
éxtasis, hablamos de Adán, de Eva, de la metildioxianfetamina, por
utilizar un término farmacológicamente correcto, pero mañana puede
ser el nexus, pasado mañana puede ser otra completamente distinta,
con efectos distintos, cambiantes, para una población diferente. Por
tanto, lo único que tenemos en común es intentar retrasar la edad de
consumo, evitar que se inicien en el consumo y dar
instrumentos a nuestra población para que sean críticos con el
consumo de drogas.

Yo no sé si eliminaremos las drogas, yo siempre he pensado que
tenemos que aprender a vivir mejor con ellas, lo que no significa que
no hay nada que hacer; al contrario, se puede luchar desde muchas
perspectivas, pero conociendo la realidad. Es decir, es mucho más
fácil con la información acercarnos a una realidad objetiva. Sin
embargo, también soy de los que piensa que la información no es
suficiente para cambiar los hábitos en nuestra población. Un ejemplo
lo tenemos en el tabaco, lo tenemos en el sida, donde muchos de
nuestros jóvenes conocen los mecanismos de transmisión de esta
enfermedad y, sin embargo, a la hora de utilizar determinados
elementos preventivos, los utilizan o no los utilizan. Con lo cual,
la información, aun siendo absolutamente imprescindible, no es
suficiente.

Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para
desarrollar programas en todos los ámbitos que mantengan este estado
de alerta, porque tengo otro miedo, les voy a confesar: el hecho de
que disminuya la alarma social en lo que a las drogas se refiere
podría hacer pensar que esto es un tema superado, cuando en realidad
no lo es, porque las conductas adictivas son un fenómeno mucho más
amplio. Por lo tanto, yo creo que el futuro va a ser dinámico,
cambiante, pero hay que estar preparados, tener equipos profesionales
y trabajar especialmente en el ámbito de la prevención.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doctor Colom, y muchas
gracias por su comparecencia y por su brillante disertación.




Se levanta la sesión.




Eran las ocho y quince minutos de la noche.