Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 131, de 23/02/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 131
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 32
celebrada el miércoles, 23 de febrero de 1999 en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Interior (Mayor Oreja) para
informar sobre el balance de las cuestiones de Interior durante el
último semestre de presidencia austriaca de la Unión Europea. A
petición propia. (Número de expediente Congreso 214/000108 y núm. de
expediente Senado 711/000260.) ... (Página 2732)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos hoy la sesión número 32 de la Comisión
Mixta para la Unión Europea con la comparecencia del ministro de
Interior, a petición propia, para informarnos sobre las cuestiones de
Interior durante la Presidencia austríaca de la Unión Europea.
Quiero agradecer especialmente al ministro que esté hoy con nosotros,
en un momento especialmente complejo para él y para todo el proceso
de integración, pero también creo que puede ser enormemente útil
precisamente por este hecho.
Sin más preámbulos, cedo la palabra al señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, como
S.S. muy bien ha señalado comparezco hoy ante ustedes según un
compromiso que ofrecí a SS.SS. de proporcionarles, dentro de lo
posible, la información más precisa y actualizada sobre el desarrollo
de cada una de las presidencias de la Unión Europea. Quiero recordar
que se han celebrado dos comparecencias: una, sobre libre circulación
de personas, a petición del a propia Comisión, el 24 de febrero de
1998, y al otra, esta vez ya por ese compromiso, a petición propia,
para informar sobre la Presidencia británica, el 29 de junio de 1998.
De lo que se trataría hoy es de dar información respecto de la
Presidencia autríaca, y por ello quiero decir que me parece un
momento adecuado para hacer una reflexión sobre su desarrollo.
Siguiendo también con un ofrecimiento parlamentario hemos remitidos a
los portavoces de los grupos el calendario de sesiones del ámbito JAI
para la Presidencia alemana correspondiente esta vez al primer
semestre de 1999.
En ese sentido, los principales avances durante la Presidencia
austríaca en el ámbito del Consejo JAI en mi opinión han sido los
siguientes. El gran objetivo de esa Presidencia austríaca ha sido la
preparación de lo que es la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam; lo hemos dicho en algún debate de estas características.
La no entrada todavía en vigor de ese tratado produce una situación
de provisionalidad y, por eso, es importante que esta Presidencia
austríaca, lo mismo que la alemanda, tenga como principal y gran
objetivo la preparación de la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam. Fruto de ese esfuerzo o de ese objetivo quiero poner de
manifiesto la aprobación de un plan de acción por el que se establece
un espacio de libertad, seguridad y justicia. Anuncio que lo pondré a
disposición del presidente de la Comisión en el momento en el cual ya
tengamos el documento redactado en español y pueda ser facilitado a
sus señorías.
Si la aprobación del plan de acción viene a significar el logro
principal de esta Presidencia austríaca, también he de poner de
manifiesto la importancia de un acuerdo para la celebración el
próximo mes de octubre, durante la Presidencia finlandesa, de un
Consejo Europeo extraordinario para profundizar en el establecimiento
de este espacio consagrado en el Tratado de Amsterdam.
Entre las prioridades que quiero destacar en el plan de acción cabe
señalar, en primer término, lo que significa la
integración de Schengen en el acervo de la Unión; en segundo lugar,
el reforzamiento de la libre circulación de personas; en tercero, la
lucha contra el tráfico de seres humanos; en cuanto el desarrollo de
Europol y, en quinto, el reforzamiento de la cooperación judicial y
la lucha contra la criminalidad organizada. Creo que este plan de
acción, que es el primer logro de esta Presidencia austríaca, supone
además una importante contribución a la preparación del Consejo
extraordinario de Tampere.
Quiero resaltar en este punto que España ha tenido un papel relevante
en la convocatoria de este consejo extraordinario. Fue el presidente
del Gobierno quien en el consejo informal Poertschach, en octubre de
1998, propuso la celebración del mismo que fue rápidamente aceptada
por el resto de los Estados miembros. A mí me parece -y el Gobierno
así también lo considera- que la convocatoria de esta cumbre
constituye una oportunidad única que puede dar un impulso definitivo
a las políticas europeas en el ámbito de justicia e interior que
consagra el Tratado de Amsterdam.
El Tratado de Amsterdam, ciertamente, reta a la Unión Europea a
conseguir un nuevo objetivo: la realización de un espacio europeo de
libertad, de seguridad y de justicia, dejando atrás los meros
mecanismos existentes hasta ahora de cooperación intergubernamental
en los asuntos de justicia e interior. Nos encontramos, señorías,
ante un gran desafío, puesto que tendremos que comprobar que los
mecanismos comunitarios son válidos y eficaces para crear,
desarrollar y gestionar este nuevo espacio de libertad, seguridad
y justicia que cada día demandan más y con más razón los ciudadanos y
las opiniones públicas europeas.
En opinión del Gobierno hay que destacar que en el territorio europeo
se han realizado en los últimos tiempos avances considerables en
materia de libre circulación de personas. Creo que es un hecho
comprobable que el ciudadano de la Unión se mueve ya dentro del
espacio europeo con una sensación de pertenencia a un espacio común
que hace algunos años no existía. En este sentido, el Gobierno valora
particularmente los resultados conseguidos por lo que respecta al
espacio Schengen que ahora se integra en régimen de cooperación
reforzada.
Si en el ámbito de la libertad hemos conseguido este avance, creo que
en el de la seguridad y en el de la justicia debemos recorrer aún un
trecho en los próximos meses para alcanzar el mismo nivel de
desarrollo que la libre circulación de personas; por ello, España va
a insistir en que los asuntos de cooperación judicial tengan un gran
impulso en el seno de la Unión Europea en los próximos meses. Según
estas consideraciones, creemos que la cumbre extraordinaria de
Tampere va a ser una magnífica ocasión.
En el ámbito de la cooperación policial no cabe duda de que la
inminente puesta en marcha del convenio Europol, al que más adelante
tendrá ocasión de referirme, va a ser un instrumento de gran
importancia.
En lo que se refiere al ámbito de la cooperación judicial creo que
puedo decir que el Gobierno se mostrará abierto y dispuesto a unirse
a todo tipo de propuestas que persigan la creación de un espacio
judicial común que acompañe a la libre circulación de personas.
En definitiva, seguimos insistiendo en que hay un reto trascendental
en esta nueva etapa en estos ámbitos de libertad,
justicia y seguridad, que supone ya la puesta en marcha del Tratado
de Amsterdam y que va dar un paso de gigante a la hora de constituir
este espacio común y compartido por los ciudadanos europeos.
Señorías, me he referido anteriormente a la necesidad de avanzar en
paralelo en estos tres ámbitos y quiero mencionar ahora en concreto
el de la seguridad, en el que el Gobierno está esforzándose para
consolidar y desarrollar una mayor cooperación policial en el seno de
la Unión. En este ámbito el elemento clave es la puesta en marcha de
Europol. Recordarán que en mi comparecencia de 29 de junio del año
pasado, para informar acerca del desarrollo de la Presidencia
británica de la Unión Europea en materia del tercer pilar puede
anticipar dos cuestiones: la entrada en vigor del convenio Europol
para el 1 de octubre de 1998 y la unánime acogida que tuvo una
iniciativa española en el Consejo JAI para que esta nueva institución
policial pueda ocuparse de las cuestiones relacionadas con el
terrorismo en el plazo de tiempo más breve posible. Pues bien,
señorías, hoy quiero informarles de que esos dos objetivos fueron
conseguidos y el Gobierno ha seguido profundizando y trabajando en
todo aquello que se refiere al desarrollo de las estructuras,
metodología y ámbito de actividades de Europol.
Es verdad -y lo recordaba el señor Costa en la anterior
comparecencia- que Europol no ha podido entrar en funcionamiento el 1
de enero de 1999, porque aún faltan varios Estados en la ratificación
del privilegio de protocolos e inmunidades, condición previa para su
puesta en marcha. Tampoco hay un acuerdo acerca del reglamento
interno de la autoridad común de control de Europol, siguen
existiendo posturas enfrentadas respecto a la naturaleza del comité
de apelación. Hay una mayoría de los Estados que piensan que ésta ha
de tener un carácter administrativo, pero hay algunos que prefieren
que sea judicial. Quiero poner de manifiesto que, sin embargo, ha
habido avances importantes, a los que me referiré posteriormente, en
la estructuración de la dirección de Europol y que España ha cumplido
con todos los requisitos legales internos relativos a la aplicación
del convenio Europol dentro de los plazos estblecidos.
Insisto, el consejo de administración de Europol ha venido trabajando
en reuniones regulares al máximo nivel en su sede de La Haya, en el
que el Ministerio del Interior español y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado están representados.
En cuanto a la dirección y estructuras de Europol, hay que destacar
que España ha conseguido que desde el primer momento de su puesta en
funcionamiento el jefe de proyecto en la lucha antiterrorista, dentro
de la estructura de Europol, vaya a ser un funcionario español, cuya
designación y nombramiento se producirá en fechas próximas. En cuanto
a la dirección de Europol, vaya a ser funcionario español, cuya
designación y nombramiento se producirá en fechas próximas. En cuanto
a la dirección de Europol, y partiendo de la base de que esta
organización policial hereda en una primera fase transitoria la
estructura directiva de la Unidad de Drogas Europol (UDE) que es su
predecesora, se ha alcanzado el compromiso de que tras un período
transitorio de menos de tres años, momento en que van a ser
sustituidos dos directores adjuntos de los cinco que va a
tener Europol, una de estas plazas será ocupada por un alto
funcionario español.
Con todo ello, señoría, quiero señalar, en conclusión, que España ha
sido uno de los países que desde el primer momento ha impulsado la
creación de Europol. No sólo ha trabajado en la consolidación y
desarrollo genérico de sus estructuras, sino que ha querido
asegurarse desde el primer momento la máxima responsabilidad en el
área del terrorismo y un puesto de director adjunto, tras un período
de transición, de la UDE a Europol.
Las cuestiones relacionadas con el ámbito de la inmigración, el asilo
y la protección temporal de personas desplazadas, han sido sin duda
una de las grandes cuestiones no sólo de este semestre al que me
estoy refiriendo sino del actual. Protección temporal, solidaridad,
reparto de cargas, están constituyendo en la práctica cotidiana de la
celebración de esos consejos, una de las cuestiones básicas y
esenciales a la hora de determinar y definir criterios y
comportamientos por parte de los ministros de la Unión Europea.
Durante ese período de seis meses se han discutido dos borradores de
acción común relativos a la protección temporal de personas
desplazadas y a la solidaridad en el tema de la admisión de los
beneficiarios de dicha protección temporal.
Las discusiones demostraron que hoy por hoy existen aún divergencias
de opinión dentro de la Unión Europea, concretamente si ambas deben
ser discutidas conjunta o separadamente, si el llamado reparto de la
carga debe significar solamente esfuerzo financiero equitativo o si
implica también distribución por cuotas entre los Estados miembros de
los beneficiarios de estas medidas de protección temporal. Si es
cierto que había opiniones divergentes también lo es que al menos
hubo y hay en la Unión una coincidencia general de que es necesario
un esfuerzo conjunto a la hora de responder ante el problema de los
flujos masivos de personas. Y a medida que transcurren los debates y
las distintas intervenciones, qué duda cabe de que se acrecienta una
tendencia general de flexibilización de posiciones por parte de todos
aquellos países que hemos protagonizado posturas relativamente
diferenciadas a la hora de abordar estas cuestiones.
Me van a permitir que les recuerde, simplemente, la posición que
España ha mantenido en este terreno y que se asienta en los
siguientes criterios. Protección temporal y reparto de la carga son
cuestiones diferentes y deben examinarse separadamente. Todos los
temas, todos, absolutamente todos están relacionados entre sí, pero
es importante que para su mejor tratamiento se sepa poner el acento
en si deben examinarse separadamente o no. Nosotros creemos que estas
dos cuestiones deben examinarse por separado. Si se intenta combinar
ambos asuntos podemos encontrar que, aunque intelectualmente es
posible, los dos se complican innecesariamente. Nosotros partimos de
la base de un artículo 63 del Tratado de Amsterdam que prevé el
establecimiento de unas normas mínimas de protección temporal y en
otro apartado distinto que se establezcan medidas relativas al
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros. En este
razonamiento, el Gobierno estima que las normas mínimas de protección
temporal son perfectamente posibles por sí solas, correspondiendo a
cada Estado la responsabilidad de la aplicación. De la misma forma
que,
como ya he indicado, parece perfectamente factible aprobar normas
mínimas sobre protección temporal, también puede pensarse en aprobar
mecanismos de solidaridad -solidaridad, evidentemente, es la palabra
clave en este ejercicio-; estos mecanismos de solidaridad no pueden
consistir, sin embargo, en que se oblique a un Estado a aceptar en su
territorio a grupos de personas ni tampoco puede consistir en que se
obligue a determinados grupos de personas a desplazarse por ciertos
territorios. Creemos que la solidaridad y la voluntariedad tienen que
ser conceptos absolutamente unidos y compatibles y no es posible
solidaridad sin voluntariedad, tanto de los Estados como de las
personas que quieran escoger un determinado país para vivir en un
momento de su vida.
En cuanto a la vertiente financiera de la expresión de esta
solidaridad, España ha defendido la necesidad de buscar fórmulas que
puedan responder con realismo a estas necesidades. Probablemente una
de ellas pueda ser la de contar con recursos financieros con cargo al
presupuesto comunitario en favor de los Estados miembros, según el
número de personas que hayan acogido. También creemos que hay otras
fórmulas de contribución que han de tenerse presentes.
Me parece interesante trasladar a SS.SS. la postura española durante
los distintos consejos JAI celebrados bajo la Presidencia austríaca,
para insistir en que mezclar las normas mínimas de protección
temporal y el esfuerzo equitativo de los Estados miembros es
complicar innecesariamente la cuestión. Es verdad que hay llegadas
repentinas de nacionales de terceros países a uno o varios Estados
miembros y la situación de emergencia que esta situación crearía es
un asunto que está, sin embargo, específicamente contemplado en el
artículo 64 del Tratado de Amsterdam y que, por consiguiente, no debe
ser utilizado como una justificación para vincular protección
temporal y solidaridad en el reparto de cargas.
Vuelvo a insistir en que el planteamiento español es el que sepamos
separar las cuestiones: crisis, lo que puede significar una situación
de protección temporal y lo que significa un esfuerzo equitativo de
Estados miembros, la solidaridad. Todo está relacionado, pero si lo
mezclamos todo al final estaremos abordando cosas tan genéricas como
las causas y raíces profundas de la eliminación. si hay una crisis
hay que prever situaciones de crisis y más que complicar
innecesariamente la mezcla de esos debates lo que hay que conseguir
es abordar en esa situación exactamente cuál es la respuesta de la
Unión Europea, sin entrar en la mezcla de otras cuestiones que sin
duda dificultará la solución de esa crisis concreta que pueda
producirse.
De acuerdo con ese artículo 64 del Tratado de Amsterdam, la situación
de emergencia indicada puede ser atendida a través de una decisión
adoptada por mayoría cualificada en beneficio de los Estados miembros
que resulten afectados. Dado que estas situaciones de emergencia
tienen un tratamiento específico, el régimen armonizado de protección
temporal, el esfuerzo equitativo entre los Estados miembros deben ser
tratados aparte e independientes entre sí. Como consecuencia lógica
de todo lo anterior, a la vista de las divergencias existentes entre
las distintas posturas y teniendo en cuenta la próxima entrada en
vigor del Tratado de Amsterdam, España defendió, durante la
Presidencia
austríaca, la idea de la conveniencia de esperar a la entrada en
vigor efectiva de este tratado antes de adoptar los instrumentos
comunitarios relativos a la protección temporal y el reparto de
cargas.
Creo que ésta ha sido una posición relativamente compartida por una
serie de delegaciones, al menos en la práctica, más que en el
enunciado de sus respectivas posiciones, puesto que hasta el momento
los trabajos del Consejo JAI se han centrado en discutir principios e
ideas que entre tanto vayan permitiendo clarificar nuestras
posiciones y establecer cuál sería el contenido aceptable para todos.
Señorías, también quiero informarles que en el Consejo JAI al final
de la Presidencia austríaca, en los pasados días 3 y 4 de diciembre,
hubo un intercambio de ideas sobre una propuesta holandesa para
establecer un grupo de alto nivel que estudie y prepare planes de
acción para un número limitado de países que son origen de flujos
importantes de inmigrantes ilegales o demandantes de asilo. El objeto
de este ejercicio sería proponer planes de acción concretos que
pudieran favorecer un cambio o disminución de dichos flujos. España,
como la práctica totalidad de delegaciones, mostró su acuerdo total
con esta idea. Es más, los ministros de Justicia e Interior decidimos
que este grupo de alto nivel, los task force, se pusiera en marcha lo
más rápidamente posible de manera que pudiese presentar sus trabajos
y conclusiones antes de la cumbre extraordinaria de Tampere.
España trabajó activamente para que en este grupo de trabajo no se
incluyeran solamente países especialmente sensibles para algunos
Estados miembros sino que se tuviera en cuenta la especial incidencia
de la frontera sur de Europa, en el Mediterráneo, de los países
próximos inmediatamente a nuestra cuenca, para que fuesen referente
en los trabajos de este grupo de alto nivel. Con este planteamiento
respondemos a nuestro deseo de combatir la inmigración ilegal y las
redes organizadas de delincuencia provenientes del continente
africano.
El Gobierno español es consciente de la necesidad de sensibilización
y de explicación a nuestros socios de lo que es el concepto de la
frontera sur de Europa y de que la Unión Europea se implique de una
manera más activa y más profunda en el tratamiento de este fenómeno
desde una óptica global, que incluya no sólo el aspecto de la lucha
contra los elementos de delincuencia a los que acabo de referirme,
sino el diseño de estrategias de cooperación y codesarrollo con los
países del sur. Se trata de aportar soluciones globales para paliar
un fenómeno complejo y que preocupa a nuestras sociedades.
Fruto de este planteamiento y de los esfuerzos realizados hemos
conseguido que Marruecos figure, junto con Albania, Pakistán,
Afganistán, Somalia y Sri Lanka, en la lista de los cinco países
elegidos para el grupo de alto nivel. Más aún, España ha resultado
elegida coordinadora del subgrupo Marruecos, que será el encargado de
presentar antes de Tampere un plan de acción para el tratamiento del
fenómeno de la inmigración procedente de este país. Una vez más diré
que los problemas que tenemos de inmigración en España relacionados
con los países subsaharianos que recalan en Marruecos tienen que ser
objeto de análisis y de cooperación en la Unión Europea. No basta
simplemente con una buena voluntad de una nación ni de una
cooperación bilateral de un país como España con Marruecos,
sino que hay que dar la trascendencia que merece este esfuerzo de
llevar a la Unión Europea la preocupación y la sensibilidad de un
conflicto de estas características.
Nos parece que es un instrumento nuevo, que puedo facilitar, en la
medida de lo posible, el desarrollo de nuevas estrategias respecto a
este problema en el ámbito de nuestra frontera sur. Los grupos de
alto nivel apenas acaban de comenzar sus trabajos, pero es de esperar
que dentro de unos pocos meses, y en todo caso antes de Tampere,
octubre de este año, podamos contar ya con algunas propuestas sobre
la mesa.
Por último, y por lo que respecta a los temas de inmigración y asilo,
cabe señalar que la Presidencia austríaca consagró los esfuerzos en
la elaboración y discusión de un documento estratégico. Se trata de
un documento extenso que fue presentado en sucesivos consejos JAI a
la consideración de los ministros. Si bien es cierto que con los
primeros borradores primaba el juicio no sólo de España sino de otros
muchos países de un concierto demasiado rígido de lo que se suele
llamar la Europa fortaleza, cabe decir que la Presidencia austríaca
fue matizando y corrigiendo el contenido y los tonos de este
documento. El Consejo JAI de fin de la Presidencia austríaca, tomó
nota del informe sobre dicho documento de estrategia y encargó a los
órganos competentes continuar con su estudio y examen a fin de que
pueda servir como contribución a los trabajos de la task force de
asilo e inmigración y a la preparación del Consejo extraordinario de
Tampere.
Por último, señorías, permítanme alguna consideración sobre Eurodac,
porque también fue objeto de debate en esta Comisión en el mes de
junio pasado. En el Consejo final de la Presidencia austríaca se
alcanzó un acuerdo global sobre el contenido del borrador de la
convención Eurodac, decidiéndose que se congele hasta la entrada en
vigor, la Comisión presentará una propuesta adecuada para la creación
de un instrumento legal comunitario que incorpore el contenido del
proyecto del Convenio Eurodac. El objeto de este modo de proceder es
el de favorecer una más rápida puesta en vigor de las disposiciones
de Eurodac, es decir, contar con un sistema centralizado para la
comparación de huellas dactilares de demandantes de asilo para poder
determinar el Estado responsable para examinar cada una de las
solicitudes de asilo. Con esto, se aplican los criterios establecidos
en la Convención de Dublín de 1990, que entró en vigor el 1 de
septiembre de 1997.
En relación con el borrador de protocolo -recordarán ustedes que un
hecho era el Convenio y otro el protocolo- , en él se analizaba la
conexión de la inmigración ilegal con lo que pueden significar las
huellas dactilares de los demandantes de asilo. Es verdad que el
Consejo en aquella fecha se limitó a encargar a las instancias
competentes la finalización del texto de este borrador para ser
discutido más adelante, en el presente año 1999, ya que era una
cuestión controvertida sobre la que no existía acuerdo.
Quiero decirles -y no se trata tanto del objeto de la intervención de
hoy porque estamos debatiendo y analizando la Presidencia austríaca
del segundo semestre de 1998- que en el tema de protocolo ya hay un
acuerdo prácticamente cerrado, ultimado -como consejos son los únicos
que pueden tomar acuerdos, tomarán el de Eurodac-
y entrará en vigor en el momento en que lo haga el Tratado de
Amsterdam.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Comunico a los grupos que el representante del Grupo Vasco me ha
señalado que seguramente se incorporaría a la sesión más tarde, por
tanto, le daremos la palabra en el momento en que se incorpore,
siempre y cuando haya pasado su turno. Por tanto, empezamos por el
orden normal.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Quisiera, en primer lugar, dejar constancia de
un hecho colateral, y es que esta Comisión estaba prevista para que
compareciera el ministro de Trabajo, que nada tiene que ver con el
ministro de Interior, para hablar de los temas que están sobre la
mesa en materia de empleo durante la Presidencia alemana. Esto no ha
sido posible; a última hora se sustituyó por esta comparecencia, que
merece nuestro respeto e interés, pero quiero dejar constancia de que
hasta hoy no ha sido posible que el ministro de trabajo compareciera
en esta Comisión, mostrando mi protesta por este hecho y pidiendo a
la Mesa y a quien corresponda en el Gobierno que la instrumente
cuando antes. Nos parece de sentido común y de lógica política; por
tanto, solicito que sea tenido en cuenta este ruego.
El señor PRESIDENTE: Ese tema se debatió en la última Mesa. Sabe
usted que el problema era de fechas y, por tanto, nada tiene que ver
una comparecencia con la otra. La del ministro de Trabajo queda
pendiente, se ha solicitado la fecha y suponemos que en algún momento
próximo se realizará.
El señor COSTA COSTA: Eso espero, señor presidente.
Ateniéndome ya a la comparecencia en la que estamos, pido disculpas
al señor ministro por esta incidencia que nada tiene que ver con su
presencia hoy aquí.
Sin duda, siempre es interesante hablar de los temas de Interior en
el momento actual de la construcción europea. El construir un espacio
de libertad, justicia y seguridad, tal como establece el Tratado de
Amsterdam, es algo que atañe, sin duda, a los parlamentos nacionales,
a la opinión pública de los Estados miembros y, por tanto, de una
manera muy relevante a la propia construcción de la Unión Europea.
Si alguna crítica hay que hacer en ese sentido, es la exasperante
lentitud con que se producen los avances en la materia, seguramente
derivada de la delicadeza de los temas que se tratan, de la
incidencia que tienen en la vida de los ciudadanos, que tiene mucho
que ver con la necesidad de prudencia y de compaginar intereses,
culturas jurídicas diferentes dentro de la Unión Europea.
Para no apartarme demasiado voy a referirme a su última
comparecencia, aunque usted ya lo ha señalado. Nos manifestaba que
Europol sería plenamente operativa desde enero de 1999. Nos ha
explicado lo que está ocurriendo, pero le voy a recordar que
únicamente es operativa en laactualidad la unidad de droga. No se ha
ratificado todavía
el protocolo en materia de privilegios e inmunidad de agentes de la
Europol, al menor por parte de tres países, y no parece que eso vaya
a ocurrir de forma inmediata por parte de alguno de ellos. Existen
problemas sobre el modelo de autoridad de control común, como ya nos
ha explicado. Falta por definir si ésta es una instancia
jurisdiccional, tal como pretende algún país, o administrativa, como
apoya, por ejemplo, Francia. En cualquier caso, señor ministro, lo
que resulta evidente es la inoperatividad de Europol, un instrumento
esencial en Europa para la lucha contra el crimen organizado y el
terrorismo internacional, lo que usted mismo ha definido como la
máxima prioridad dentro de las políticas de su Ministerio y de la
Unión Europea. A continuación nos añade, y es cierto, que España ha
cumplido con todos los compromisos en esa materia, pero eso no
soluciona el problema. El problema sigue estando ahí, y lo que
deseamos es que Europol entre en funcionamiento y que podamos contar
con este instrumento esencial para luchar contra el crimen organizado
y el terrorismo internacional.
Decíamos también sobre esta materia que nos preocupaba la expulsión
territorial de Gibraltar por las consecuencias que se podían derivar
en aspectos como el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la
corrupción o la delincuencia organizada. Le pedíamos explicaciones
sobre cómo se estaban abordando esos temas de gran interés e
importancia para España, con los que siempre hemos sido cuidadosos.
Sin embargo, vemos cómo el máximo responsable de la política exterior
española, el ministro señor Matutes, a través de sus declaraciones
públicas no sólo alimenta nuestros temores -que manifestábamos
entonces en junio de 1998-, sino que los convierte en problema de
Estado, dándoles carta de naturaleza, y seguimos sin recibir una
explicación sobre cómo se va a operar en esos problemas que atañen a
nuestro país, que atañen a la construcción europea y que son
especialmente sensibles incluso para nuestra soberanía nacional.
Nos ha explicado que hay un acuerdo sobre la dirección y los
responsables de Europol, que conlleva que, dentro de tres años, uno
de los directores adjuntos sea sustituido por un español. Hay un
director y cinco directores adjuntos, y no sé si alguno de los otros
países considerados como grandes de la Unión Europea se va a quedar
desde el primer momento sin un director adjunto. Pero eso no sería lo
más relevante.
Nos ha explicado cuál es la situación, nos ha dicho además que el
jefe del servicio de la unidad de terrorismo será un español, lo cual
es una buena noticia. Esperemos que sea una persona competente, que
pueda realizar su trabajo con eficacia y así contribuir al prestigio
de España dentro de las instituciones de la Unión Europea.
El segundo aspecto que ha planteado es el desarrollo del Tratado de
Amsterdam. Sobre esta materia hay un acuerdo básico de coordinación
horizontal del Coreper con dos instancias de coordinación; una, el
comité que se deriva del artículo 36 del tratado para materias que
siguen dependiendo del tercer pilar -es decir, para materias no
comunitarizadas, para materias de cooperación intergubernamental-,
y una segunda que atañe a la parte comunitarizada de los asuntos de
Interior.
En los informes del Consejo Europeo se plantean serias dudas sobre
cuestiones de fondo de gran interés, sobre la función que desempeñan
los convenios, los reglamentos o las directivas , y apuntan a la
posibilidad de que se esté creando un vacío jurídico, una inseguridad
jurídica, especialmente en aquellas materias en las que los convenios
están en proceso de ratificación. Queremos preguntarle si existe esa
duda, si es verdad que hay un informe jurídico del Consejo que dé
carta de naturaleza a esa duda, y en cualquier caso, cómo va a
funcionar el comité que yo he denominado B -es decir, de asuntos
comunitarizados- con la cláusula de «opt out» que tiene Dinamarca en
el Tratado de Maastricht y particularmente en el de Amsterdam en esa
materia. Sabe usted que Dinamarca, por su concepción europea, está
dispuesta a firmar convenios como país soberano, pero es muy
reticente y se opone en bastantes ocasiones a comunitarizar acciones
que, según su filosofía política, considera que deben estar dentro de
su control, dentro de su autonomía política y, por lo tanto, dentro
de su soberanía nacional. Esto es así especialmente en materia de
derechos civil y sobre esta cuestión están en proceso de ratificación
algunos de los convenios que antes he citado.
El tercer aspecto que me gustaría abordar es, sin duda, la política
de asilo y de inmigración. Nos ha explicado los trabajos tal como
están y le agradezco la información que nos ha dado sobre los mismos.
Ha explicado ya cuál es la posición española -me parece que, en
general, es una posición que puede compartir el Grupo Parlamentario
Socialista- y en su primera intervención ha disipado alguna de las
dudas que teníamos sobre la materia. Es verdad que existe un
documento de la Presidencia austríaca como propuesta del Consejo, que
ha sido remitido al Parlamento Europeo para consulta hace quince
días, que pretende ser la base de la «task force», como nos ha
explicado, y de los trabajos que se deben abordar en la Conferencia
sobre justicia e interior a celebrar bajo Presidencia de Finlandia en
Tampere, pero también es cierto que teníamos algunas dudas que
todavía no se nos han disipado, a pesar de que usted ha hecho
referencia a ellas.
Estamos hablando de asilo y de inmigración. España ha protagonizado
en el pasado una acción fuerte, con el apoyo de todas las fuerzas
políticas en materia de asilo, que nosotros compartimos en gran parte
y, por lo tanto, esperamos que encuentre su acomodo en las nuevas
acciones a desarrollar en esa materia. En inmigración estamos sobre
todo ante un problema social y me gustaría dar unas pinceladas sobre
el mismo para señalar nuestras preocupaciones y nuestro punto de
vista.
Usted ha centrado el problema en la relación reparto de la carga/
protección temporal y ha unido a estos problemas la vertiente
financiera, incluso la vertiente de política territorial. Desde
nuestra perspectiva, respecto a la solución del problema de
inmigración, el papel principal lo están protagonizando los países
que tienen frontera en el centro y este de Europa, y España ha
perdido gran parte de su ímpetu en esa materia. Entendemos que
España, que en el pasado fue protagonista principal de la Conferencia
de Barcelona como un instrumento fundamental para reequilibrar la
Unión Europea en términos geopolíticos y para atender no sólo a la
frontera del centro y este de Europa, sino también a lo que nosotros
entendemos que es un problema a medio
plazo mayor que el del centro y este de Europa como es la frontera
sur, la frontera del Mediterráneo, ha perdido en los últimos años
protagonismo en esta materia. Usted nos ha dicho que España sigue
preocupada, que va a presidir un comité específico de «task force»
para la emigración de Marruecos. El problema no es sólo Marruecos,
aunque para nosotros es el país más próximo, el problema son las
políticas económicas y sociales, el desarrollo que se produzca de los
acuerdos de la Conferencia de Barcelona, la financiación suficiente
de esos acuerdos en cada una de las políticas que éstos permiten para
los países de la ribera norte de África o para la frontera sur de
Europea, según se mire. Nos tememos -y no quisiera que en la próxima
comparecencia tuviera que volver a darme la razón- que la hipótesis
que usted nos plantea de separar el reparto de la carga de la
protección temporal en función de los derechos de los inmigrantes,
que nos parece correcta, pueda tener desviaciones hacia la vertiente
financiera que no contemplen el equilibrio suficiente ante el
escenario en el que estamos situados. La inmigración de los países
del centro y este de Europa es una inmigración que surge como efecto
de la caída, del desmoronamiento de los regímenes políticos y
económicos del este, de lo que nosotros estamos satisfechos, pero que
casaron problemas profundos en la sociedad y provocaron esas
inmigraciones. Esos problemas están en vías de solución en su mayor
parte y también existen mecanismos políticos, como es la integración
a corto plazo de algunos de los países de los que se derivaba esa
inmigración, dentro de la Unión Europea. Sin embargo, no podemos
decir lo mismo de la frontera sur, la frontera sur sigue siendo un
potencial de conflicto para el futuro. Los acuerdos de Barcelona
tienen una fácil aplicación, apenas se han instrumentado
suficientemente y existen conflictos reales, algunos potenciales y
otros que están vivos y no parecen tener solución a corto o medio
plazo. Por tanto, en la vertiente financiera también deberíamos
contemplar esa realidad y no sólo la realidad de aquellos países
fronterizos con el centro y este de Europa.
Después, hay una serie de elementos que nos plantean dudas,
seguramente por la falta de información y porque no podemos
visualizar el efecto que pueden tener sobre la realidad. Por ejemplo,
el protocolo de Eurodac. El protocolo de Eurodac, si no estoy
equivocado -y si es así, le ruego que me corrija-, pretende
introducir las huellas de los inmigrantes ilegales en la base de
datos Eurodac. Si eso es correcto, ¿qué ocurre con un inmigrante que
a los dieciséis o dieciocho años se sube a una patera, arriesga su
vida para poder tener un lugar bajo el sol de los países ricos, de
los países que viven en la abundancia y esta huella queda fichada en
la base de datos de Eurodac? ¿No va a poder acceder ya a un cupo de
inmigración legal y establecido en toda su vida? ¿Qué sentido tiene
esa base de datos? En cualquier caso, le agradecería que nos diera
alguna pincelada sobre la parte social que ello comporta, ya que, sin
querer justificar para nada actitudes que están fuera de la
legalidad, hay que entender las razones de fondo de las mismas.
Sobre la Cumbre JAI de Tampere, la Presidencia austríaca lo que hace
es fijarla en el calendario. Mientras tanto, parece que se ha
empezado a hablar sobre las propuestas de temario y organización de
la reunión, aunque todavía no hay un acuerdo claro y conciso sobre
cuáles son los asuntos
a tratar y la manera de abordarlos. Quisiéramos que nos diera una
breve reseña sobre la posición española, tanto sobre las propuestas
como sobre el temario y organización de la reunión, si es que
existen. Nos gustaría que nos diera unas pinceladas sobre lo que
podemos esperar de Tampere.
Ya nos ha hablado de los progresos realizados en el ámbito de
cooperación, en el plano penal y civil, que a nuestro entender siguen
siendo escasos. No se puede seguir avanzando en un espacio de
seguridad, libertad y justicia sin que se vayan instrumentando los
múltiples acuerdos que están pendientes de ratificación dentro de los
países de la Unión Europea. Ya sé que el ministro no tiene la llave
para todos ellos, que muchos de ellos ni siquiera dependen de nuestro
país, pero en esa materia es importante establecer, con un discurso
político sólido y fuerte, cuáles son nuestras opiniones, nuestros
principios, en qué Europa queremos estar y en qué Europa queremos
colaborar.
Por todo ello, espero que acierte en su gestión y que, al final de la
Presidencia alemana, podamos tener una reunión informativa en la que
se señale que se han producido esos avances y podamos compartir
nuestra satisfacción por ello.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia y por el contenido de sus explicaciones.
Evidentemente, yo comparto la conveniencia, la necesidad de que
también comparezca aquí algún otro ministro, cuyo predecesor, en este
caso más que el propio titular, ha tenido dificultades o retrasado
más de lo que debería su comparecencia en esta Comisión. Dicho esto,
queda claro que quien está aquí hoy es el ministro de Interior, cosa
que nos satisface. Nos satisface que, a pesar de la celeridad con que
ha sido convocada esta Comisión, tengamos ocasión de debatir estos
asuntos, que sé que son de su interés y en los que, efectivamente,
España está teniendo un peso importante en el seno de la Unión, peso
que creo que debería centrarse en algún tema más, como luego diré,
pero en todo caso es un peso real importante, materializado también
en la propia iniciativa de la celebración de esa cumbre
extraordinaria de octubre en Finlandia. Hay que reconocer el mérito
de España en su planteamiento, aunque fuera rápidamente suscrito por
todos los demás.
Entrando en alguno de los temas que ha comentado el ministro, querría
hablar, en primer lugar, de Europol. Ha intentado transmitirnos una
información positiva, pero creo que no puede serlo tanto. No hay
tantos motivos para el optimismo en relación con Europol, según la
información de que disponemos, como parece derivarse de la
intervención del señor ministro, aunque no le sea imputable a él.
Efectivamente, Europol está alguno más atrás de lo que debería estar;
no está todavía en su fase operativa y, en general, no funciona como
debería ni las perspectivas son de que empiece a funcionar como
debería a corto plazo. Este mismo portavoz tuvo el privilegio de
tener unos contactos directos, de primera mano, con altos
responsablesdel FBI hace muy poco tiempo. Les preguntó por su propia
percepción de Europol y al escuchar su respuesta tenía la sensación
de estar escuchando la impresión que se tiene en Estados Unidos de la
política exterior y de seguridad común europea. Era exactamente el
mismo discurso. Oír hablar de Europol era prácticamente lo mismo que
oír hablar de mister PESC, que oír hablar de la política europea en
Oriente Medio, sobre todo antes del nombramiento del representante, o
que oír hablar de la política europea en tantas partes del mundo: no
hay interlocutor. Europol no existe fuera de Europa, no es
interlocutor real, no es receptor de información, entre otras cosas,
porque se prefiere seguir con los cauces bilaterales de relación con
cada uno de los Estados con los que hay largos años de confianza
trabada y de vías de comunicación. Por tanto, Europol existe en esa
perspectiva. Si Europol no existe en Washington es que no existe, y
punto. Luego, los documentos y los convenios dirán lo que sea, pero
si Europol no existe en Washington es que no existe.
En ese tema queda mucho por avanzar porque algunos teníamos la
sensación de que cuanto menos como cauce de transmisión de
información, si existía. Nos parecía que se quedaba corto, creíamos
que debería tener funciones operativas y perseguir ese modelo. Así lo
comentamos en la última reunión de la Comisión en la que hablamos de
este tema, pero la impresión que da es que ni siquiera como cauce
real de transmisión de información está desempeñando su papel ni
tiene perspectivas de desempeñarlo a corto plazo. Por tanto, como
digo, queda mucho que avanzar y todo lo que se pueda hacer desde
España en ese sentido tiene nuestro apoyo y es bienvenido, pero
pasemos un poco de la retórica, del entusiasmo y del voluntarismo, si
se puede decir así, a la realidad y a saber sobre la situación en la
que estamos. Puede que ahí se mezcle, insisto, un cierto recelo por
parte de interlocutores extracomunitarios acerca de las distintas
policías que actúan en Europa y la mayor o menor fiabilidad -dicho
con la máxima diplomacia- que suscitan determinadas políticas
europeas fuera de las fronteras de la Unión; podría ser una de las
causas pero, en todo caso, ésa parece ser la realidad. Por tanto, yo
diría: menos entusiasmo y veamos cómo se puede avanzar en esa línea.
Sobre el tema de Europol, quiero plantearle al ministro algo muy
concreto, como es la necesidad de que, aunque se esté quedando corto
o no esté al máximo nivel en este proceso creciente, la policía de la
Generalitat, los Mossos dEsquadra, tengan una intervención real a
efectos de comunicación de información, como policía territorial
desplegada que son, y no como este modelo casi de Naciones Unidas, a
través de delegados, de contactos y de intermediarios. Que puedan
contar con los instrumentos jurídicos que permitan, en términos
operativos, y en la medida en la que son y serán al cien por cien y a
corto plazo una policía territorial desplegada con información sobre
criminalidad a todos los efectos, transmitir esa información sin
necesidad de intermediarios. Esa es nuestra aspiración y como tal se
la transmito. Lo contrario, mantener la idea de que hay que pasar
siempre por el centro, que hay que pasar por unos intermediarios, es
mantener un esquema de cooperación intergubernamental a nivel de
Estados que no se corresponde para nada con el modelo que pretende
convertir los asuntos de justicia e interior en un auténtico frente a
nivel de toda la Unión.
Enlazando este último punto con el tema de Schengen, como he dicho
otras veces en esta misma Comisión, no percibimos ningún movimiento
por parte del Gobierno español para modificar el convenio de
aplicación de Schengen en el reconocimiento que hace, al final, de la
lista cerrada, con numerus clausus, de las policías que tienen
derecho a actuar en caliente, a hacer persecuciones en caliente en el
marco del Convenio Schengen. Afortunadamente, desde el punto de vista
de la policía de la Generalitat, de los Mossos dEsquadra, no ha
habido hasta ahora el más mínimo incidente en ese sentido, entre
otras cosas, porque las relaciones humanas y personales entre la
policía francesa, al otro lado de la frontera, y la policía de la
Generalitat son impecables y esperamos que así lo sean en el futuro.
Pero el principio hay que salvarlo, porque, exactamente igual que la
policía vasta está teniendo dificultades reales para poder llevar a
la práctica persecución en caliente, existe el riesgo de que las
tenga también en su momento la policía de la Generalitat. Eso exige
darle una cobertura jurídica que hoy por hoy no tiene. Es cierto que
hay que modificar un convenio internacional; se inicia un proceso y
lo que hay que hacer es comunicar que hoy existen unas policías con
despliegue territorial que no existían en el momento de la creación
de esa lista cerrada que sólo reconoce a la Policía y a la Guardia
Civil.
Hay un tema en el marco de Schengen que mencionaba el portavoz
socialista y que me ha sorprendido porque yo pensaba mencionarlo
exactamente en los mismos términos, por lo cual, señor ministro, le
aseguro que no es que me haya inspirado en él, sino que también lo
traía como un tema importante a plantear en su comparecencia. Me
refiero al tema de Gibraltar. Gibraltar ya apareció en su
comparecencia anterior como algo que obstaculizaba la aprobación de
determinadas directivas en el marco de la cooperación en el tercer
pilar. Hoy debe volver a aparecer aquí, no sólo al hilo de ese mismo
punto, donde algún avance ha habido, sino porque en el momento
presente del conflicto histórico entre España y el Reino Unido, en el
frente de Gibraltar, está quedando cada vez más claro ante la opinión
pública, y así lo está presentando el Ministerio de Asuntos
Exteriores, que no estamos sólo ante un problema de soberanía, ante
el cual mi grupo parlamentario no digo que tuviera opiniones
radicalmente distintas, pero quizás sí más matizadas, donde, además,
intervendría el principio democrático y el respeto al principio de
autodeterminación. En fin, nos meteríamos en un berenjenal, si me
permite la expresión, señor ministro, que no viene al caso. En
cambio, donde mi grupo sí da pleno apoyo al Ministerio de Asuntos
Exteriores en su discurso actual es en que no es tolerable un
parásito de la economía española al sur de las fronteras del Estado.
No es tolerable un centro de blanqueo de dinero, no es tolerable un
paraíso fiscal que excede con mucho los marcos mínimos de tolerancia
de paraísos fiscales que existen en la Unión Europea, y
particularmente no es tolerable un centro de blanqueo y de
financiación para el crimen organizado de toda Europa que esté
repercutiendo e incrementando de forma muy importante las arcas de
determinados sectores muy influyentes en el Peñón. Ese punto, que no
es nuevo, del que todos sabíamos y que ha aparecido periódicamente en
esta Comisión, en la de Asuntos Exteriores y en la de Justicia e
Interior, ha cobrado máxima
actualidad porque el propio Ministerio de Asuntos Exteriores lo está
poniendo sobre la mesa como uno de los ejes del enfrentamiento con el
Reino Unido.
Como digo, he echado de menos su explicación sobre ese tema y me
gustaría que se detuviera un poco en el mismo desde la perspectiva
del Ministerio del Interior. Porque sería incoherente que desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores se ponga sobre la mesa como un tema
importante y de primer nivel, como uno de los motivos que justifican
la actual dificultad entre España y el Reino Unido respecto de
Gibraltar y que, en cambio, desde la perspectiva de Interior no sólo
como Ministerio propiamente dicho, sino como interlocutor ante el
resto de los Estados de la Unión Europea, al hablar de Schengen, al
hablar de los asuntos de Justicia e Interior, exactamente el mismo
tema, Gibraltar como centro de blanqueo de capitales, no se ponga
sobre la mesa y no forme parte de una de sus primeras prioridades.
Hay que unificar el discurso y da la sensación de que en este punto
no está del todo unificado. Por tanto, le pediría una primera opinión
sobre este asunto y, además, quisiera transmitirle el pleno apoyo de
mi grupo, porque somos plenamente entusiastas de todo lo que sea
cooperación en materia de justicia e interior, y creemos que
Gibraltar, que no forma parte del sistema Schengen, no puede ser una
especie de burbuja de aire que permita desmontar el espíritu de
cooperación en materia de justicia e interior, que va mucho más allá
de Schengen. El Reino Unido, responsable último, mediato e inmediato
de lo que es la actuación de Gibraltar en Europa, no puede quedar
impune.
Respecto al tema del asilo y la inmigración, que ha comentado el
señor ministro, aunque le he escuchado con atención, me ha quedado
alguna duda, pero entraríamos en un interrogatorio acerca de la
conveniencia de dividir la protección temporal y el reparto de la
carga. Confieso que su argumentación no me ha quedado del todo clara.
En su momento fue defendida por el ministro en el Consejo de
Ministros de Justicia y Asuntos de Interior. Entonces no la comprendí
del todo y hoy reconozco que tampoco me ha quedado del todo clara.
Quizá me falta información, que puede transmitirme por escrito para
no alargar la sesión excesivamente.
Sí comparto plenamente -y aquí de nuevo hay una sintonía con otros
grupos que creo que debe ser vista positivamente, puesto que es bueno
que en esta cuestión todos tengamos las mismas inquietudes- que
Europa no puede quedar al margen de lo que es la inmigración ilegal
del suelo español. No tiene sentido que cuando se habla de
inmigración en Europa, en general, de los problemas migratorios y, en
su caso, de instrumentos financieros en esa misma línea, se esté
pensando en los refugiados bosnios, se esté pensando en Albania y no
se esté pensando en Calamocarro, y perdón por el ejemplo, pero es una
forma de que las cosas entren por los ojos. Calamocarro tiene que ser
un problema europeo exactamente igual que cualquiera de los centros
de refugiados bosnios que pueda haber en Berlín en este momento.
Mientras eso no sea así -y eso es responsabilidad española,
evidentemente-, hay un desequilibrio entre el norte y el sur de
Europa. Y eso no sólo en términos políticos, de instrumentos
jurídicos o de inquietud política global, sino en términos reales de
instrumentos
financieros que se puedan establecer en esa línea. Nos alegramos, por
tanto, de la inclusión de Marruecos en esa task force, en ese grupo
de reflexión, junto con otros países que plantean mayores problemas a
otros Estados distintos del español. Esperamos que esa TASK FORCE,
ese grupo de trabajo propuesto por Holanda, llegue a conclusiones
prácticas, llegue a resultados prácticos y en ese sentido tendrá todo
nuestro apoyo.
Querría terminar reiterando algo que voy diciendo de comparecencia en
comparecencia del ministro del Interior en esta Comisión, y es que
agradeceríamos más información. La primera información es la que da
el ministro compareciendo y en ese sentido no hay queja ninguna; pero
la información documental, prácticamente en los mismos términos que
su comparecencia anterior, no es la misma la que recibimos respecto
de los asuntos de Justicia e Interior que la que recibimos respecto
de otros temas. Esto creo que debe de tener que ver con la
organización interna de las relaciones con la Unión Europea y con el
hecho de que estamos ante el tercer pilar. Por tanto, es posible -y
es una simple hipótesis que lanzo- que la Secretaría de Estado de
Política Exterior de la Unión Europea tenga aquí menos peso, tenga
una relación más directa de estos ministerios y, por tanto, pueda
centralizar menos esa información. No lo sé. Es una simple hipótesis
de trabajo. En todo caso, constato que los portavoces recibimos menos
información de los temas que afectan a su competencia, señor
ministro, que de otros temas relativos al ámbito de la Unión Europea;
documentación escrita, periódica, al hilo de lo que va ocurriendo. No
hace falta que nos la mande sólo cuando esté traducido al castellano,
porque estamos dispuestos, aunque sea de forma temporal o
transitoria, a trabajarla en otros idiomas. Los que nos dedicamos a
estos temas solemos estar preparados para ello. Me refiero, por
ejemplo, al plan de acción, que nos comentaba que nos lo hará llegar
cuando tenga la versión en castellano. Si dispone de la versión de
trabajo, estaríamos encantados de recibirla en otro idioma. y cuando
esté la versión traducida al castellano, ya la recibiremos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora, en representación del
grupo Izquierda Unida, el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias por su comparecencia, señor ministro.
Evidentemente, cuando hablamos del tercer pilar surgen los asuntos
que más directamente afectan a España, y no puedo dejar pasar por
alto las observaciones que ha hecho el resto de mis compañeros que
han intervenido con anterioridad sobre el asunto de Gibraltar, sobre
todo cuando está tan de actualidad y cuando no percibimos que a lo
largo del tiempo haya habido transformaciones o cambios sustanciales
en la situación que se está viviendo en cuanto a la peculiaridad de
las fuentes de riqueza de ese territorio. Estamos hablando del
blanqueo de dinero, de mafias, de un submundo en el seno de la Unión
Europea, al margen de lo que es la filosofía de actuación de la Unión
Europea. Por lo tanto, entendemos que eso afecta a España
específicamente y que España debe de marcar una estrategia para la
solución de ese problema de la mano del conjunto de la Unión. España
no debe estrellarse contra el Peñón, y la Comisión
y el Parlamento Europeo tienen instrumentos más que suficientes para
hacer cumplir la normativa europea en todo su territorio. Por lo
tanto, sería inteligente que desde el Gobierno español no hubiese el
menor enrocamiento en ser adalides y cabecera de una serie de
iniciativas o estrategias, cuando hay instrumentos competentes en la
Unión Europea con la responsabilidad necesaria y suficiente para
variar la situación que se está viviendo durante tanto tiempo en el
seno del Peñón.
Otra cuestión que afecta directamente a España y sobre la que me
gustaría que nos informase -lo digo porque la afecta directamente,
porque creo que ha sido el único país que ha tenido serios problemas
con este tema-, es la de las extradiciones. Quisiera saber si ya
hemos normalizado un marco de entendimiento, si no en el seno de la
Unión Europea sí al menos bilateralmente con países miembros de la
Unión Europea, con los cuales hemos tenido una discrepancia profunda
a la hora de interpretar el marco de la protección de los refugiados
en esos países demandados por la justicia española o por el Gobierno
español. Por tanto, quisiera conocer si se ha arbitrado algún
instrumento para la solución de este tipo de conflictos o si,
mediante diálogo, se ha conseguido esclarecer cuáles eran las
discrepancias o las diferencias que teníamos con esos países a la
hora de exigirles o solicitarles extradiciones sobre ciudadanos
españoles reclamados por la justicia española.
Quisiera también tocar un tema que nace de la Cumbre de Viena y con
el que actualmente he tenido una gran relación. Es el asunto de las
drogas y de los países que las producen, un elemento que ya se
incorpora dentro de las conclusiones, no sólo para marcar una
estrategia integrada, equilibrada, entre los países de la Unión
Europea, sino para ser también corresponsables con el problema en los
lugares en los que se produce la droga. En concreto, acabo de llegar
de Colombia -he hablado con el Gobierno y con instituciones muy
preocupadas por este problema- y he comprobado que ven a la comunidad
internacional como un instrumento fundamental para colaborar, para
trabajar con ellos en la erradicación de este problema. Ya se
incorporaba dentro de las conclusiones de la Presidencia de Viena el
instar a la cooperación y colaboración con Latinoamérica y Asia
Central y que esta cooperación y colaboración se debería de llevar a
cabo sin ningún tipo de demora. Quisiera conocer qué progresos ha
habido o cómo se está planificando este tipo de cooperación.
Y ya entraríamos de lleno en el plan de acción, en el que también
seguimos siendo escépticos. Usted ha sido suficientemente claro para
que entendamos que queda mucho por hacer, que hay serias
dificultades, por lo que quisiera que profundizase sobre los deberes
que puso la Presidencia de la Cumbre de Viena. Quedan todavía
trabajos por realizar, en particular para los Estados miembros, que
deben ratificar los convenios correspondientes; se nos instaba a
reforzar la actuación de la Unión Europea contra la delincuencia
organizada ante las nuevas oportunidades que ofrece el Tratado de
Amsterdam, y se exhortaba a que se adopten medidas concretas,
consecutivas a dicha estrategia, que era la estrategia global de
prevención de la delincuencia organizada. Son deberes muy
importantes, deberes que debo entender, si no hay una aclaración
mayor, que están pendientes de realización. Curiosamente hay elementos
del proceso de construcción de la Unión Europea que van quedando
apartados, aparcados, relegados, se va manteniendo ese tipo de
retraso en el tiempo y no provocan grandes shocks en el proceso de
construcción. Se sigue avanzando a una velocidad endiablada en otros
elementos de la construcción europea mucho más materiales y,
curiosamente, estos elementos fundamentales para una cohesión mayor
en la Unión Europea no provocan el mismo grado de crispación por
parte de los gobiernos de la Unión Europea. Sobre el Acuerdo de
Schengen, integrado como protocolo de cooperación reforzada en el
Tratado de Amsterdam, quisiera recordarle ahora que el Consejo debe
definir por unanimidad de los 13 Estados firmantes, todos menos
Irlanda y el Reino Unido, los textos de cooperación Schengen que
deben aplicarse en el Tratado de Amsterdam y las bases jurídicas de
cada uno clasificadas en el primer o el tercer pilar. Para mi grupo
esta clasificación no es una cuestión técnica, supone un problema de
transparencia y de calidad democrática, porque entendemos que los
temas del tercer pilar tienen un tratamiento comunitario, con
participación del Parlamento Europeo y con control del Tribunal de
Justicia. Los temas del tercer pilar son, básicamente,
intergubernamentales, se deciden por unanimidad y sólo pueden ser
tratados por las Cortes. Yo quisiera escuchar del ministro si se
compromete a que este Parlamento sea asociado en el establecimiento
de la clasificación de los textos Schengen, entre el primer y el
tercer pilar, en el marco del Tratado de Amsterdam.
El Consejo de la Unión Europea está elaborando un reglamento en el
que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar
provistos de visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados
miembros. Es el documento Com.93/694. Teniendo en cuenta que en 1995
y en todo un marco de cooperación multilateral se estableció una
lista negra de este tipo, en la que figuraban tres países
latinoamericanos, Perú, República Dominicana y Cuba, ¿sería posible
que, dados los vínculos históricos que nos unen a esos tres países,
el Gobierno español solicite que estos países no figuren en la lista
negra definitiva que se contempla en el mencionado reglamento?
Quisiéramos conocer más profundamente, si es posible, del Estado en
el que se encuentra la negociación del Convenio Eurodac, sobre algo
que nos viene preocupando a todos los grupos que hemos intervenido,
la creación de las bases de huellas digitales de personas cuya
solicitud de asilo ha sido rechazada y de inmigrantes rechazados por
encontrarse en situación irregular. ¿Qué control judicial va
a existir sobre ese fichero? ¿Quién va a gestionarlo, la Comisión
Europea, los gobiernos? ¿En qué país se va a establecer su sede?
¿Cree el señor ministro conveniente que figuren en ese fichero las
personas rechazadas en las mismas fronteras?
En relación con el control de los flujos migratorios se está
elaborando también un proyecto de convenio sobre las normas de
admisión de nacionales de terceros países, documento Com.97/387. En
su sesión plenaria de febrero el Parlamento Europeo, a través del
informe Lehne, considera que este convenio es más político que
jurídico, pues deja en manos de los Estados miembros la
interpretación de las normas de entrada en casos de empleo por cuenta
ajena,trabajo de temporada y transfronterizo, actividad económica
independiente, estudios o reagrupación familiar. En este proyecto de
convenio se plantea, entre otras cosas, que se prohíbe la
reagrupación de la familia de un trabajador durante el primer año de
residencia. ¿Cree el señor ministro que esta disposición es acorde
con el respeto a los derechos fundamentales de la persona e incluso
con algún principio que intenta la Unión Europea consagrar en un
proceso europeo de solidaridad, de la mano de Schengen? Además, se
plantea en este convenio que las solicitudes de admisión sólo se
pueden tramitar desde el país de origen, cuestión ésta que a nosotros
también nos parece un tanto excesiva.
Además, hay un tercer elemento que afecta especialmente a España, y
del que usted ha hecho mención, el de la frontera sur de la Unión
Europea. ¿Qué medidas se han adoptado o se piensan adoptar para
prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes clandestinos en el
Estrecho y para garantizar la seguridad de los inmigrantes ante el
peligro del naufragio de las pateras? ¿Se van a establecer acuerdos
o se va a negociar con el Reino de Marruecos para alcanzar estos
objetivos, eso que usted nos ha comentado que se está desarrollando
como estrategia del grupo de alto nivel? ¿Se van a poder poner en
marcha programas de desarrollo social en las zonas de origen de
inmigrantes, especialmente de cara a los jóvenes, en particular
recurriendo al programa MEDA de la Unión Europea en la cuenca
mediterránea?
Me gustaría conocer su valoración del informe del grupo de alto nivel
sobre la libre circulación de las personas, que presidió la señora
Veil. Para mi grupo es un informe con propuestas muy avanzadas para
que haga plenamente realidad el principio de libre circulación de las
personas de la Unión Europea, hoy conculcado con innumerables medidas
burocráticas y obstáculos jurídicos.
Para finalizar le pediría un dato estadístico -si le conoce y, si no,
nos lo puede hacer llegar-, el de cuántos residentes en España
nacionales de otros países de la Unión figuran inscritos en el censo
electoral para las elecciones europeas y municipales del próximo día
13 de junio.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero agradecer la comparecencia del
señor ministro del Interior y la información que nos ha facilitado, a
partir de su última comparecencia, relativa a todas estas materias de
los consejos de JAI. Específicamente, mis preguntas van a ir al área
de interior y no tanto a la de justicia, por no ser la competencia
directa del señor Mayor Oreja.
Como usted sabe, señor ministro, nuestro grupo apoya la política del
Gobierno, la que usted viene realizando en si departamento, en el
concepto político de este espacio europeo de libertad, seguridad y
justicia, porque lo consideramos un valor fundamental dentro de lo
que es el Tratado de la Unión, por el cual democráticamente luchamos
y aportamos nuestra cooperación.
Dicho esto, paso a hacer una serie de reflexiones o preguntas -por si
pueden tener contestación, y, si no, para que sean tomadas en
consideración- al hilo de lo que usted ha dicho en su información y
de lo que me preocupa para este próximo semestre de la Presidencia
alemana, dado que la valoración de la Presidencia austríaca en esta
materia -como se vio en el informe que debatimos aquí en diciembre
pasado los portavoces de los grupos con el señor presidente del
Gobierno, señor Aznar- fue verdaderamente pobre; fue muy magro el
resultado de la Presidencia austríaca por la falta de compromisos en
materia de interior y de justicia, al no haberlo impulsado, por
diversas razones pero ese es nuestro diagnóstico.
Con respecto a esa Presidencia austríaca mi primera reflexión, señor
ministro, es que se acordó la creación de un grupo de alto nivel
sobre asilo y migración. De esto no hemos vuelto a saber nada, y
después vendrán otras preguntas que también han hecho muchos de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, dado que en
una de las conclusiones de la Presidencia en materia de justicia
e interior se dice textualmente, en el documento de Viena: El Consejo
Europeo ha acogido con agrado la decisión del Consejo de crear un
grupo de alto nivel denominado asilo y migración.
Deseamos coincidir con el señor ministro en que el Consejo integre,
de una vez el sistema de información de Schengen en la Unión Europea.
Estamos verdaderamente en una situación de precaria y, a pesar de lo
que se viene avanzando por los técnicos y autoridades responsables
del Grupo Schengen, vemos que no acaban de integrarse plenamente en
el marco de la Unión Europea, tanto el sistema de información de
Schengen, fundamental como instrumento técnico para el cumplimiento
de los objetivos señalados, como la Secretaría de Schengen, que
también debe incorporarse al marco de la Unión Europea, porque
mientras esa Secretaría no esté integrada en él, será difícil, señor
ministro, y compartimos su preocupación y sus deseos, que se
resuelvan ya los acuerdos de protocolos privilegios e inmunidades de
las personas ejecutantes afectadas. No sé si por parte del Gobierno
español se están dando algunas indicaciones a sus colegas de otros
países que tienen demora en la aceptación de estos protocolos de
privilegios e inmunidades, porque, si no, el sistema no funciona con
la permeabilidad que deben tener todos los países de la Unión Europea
signatarios de Schengen para que sus funcionarios y sus policías o
jueces actúen en todo ese espacio europeo de libertad, de seguridad y
de justicia.
Esperamos también -lo ha señalado el señor ministro- que en la
reunión de ese consejo extraordinario, previsto para los días 15 y 16
de octubre de 1999, en Tampere, se pueda hacer una evaluación, pero
sobre todo darle un impulso a aquellas cuestiones más preocupantes
que no fuero abordadas en el Consejo de Viena. Ahora, con la
Presidencia alemana, a mí me preocupa mucho, señor ministro, el
desencuentro o la disparidad de criterios entre países como España y
Francia con respecto a Alemania y algún que otro país de su órbita
-Dinamarca o Austria y Bélgica en algunos casos-, que provoca
verdaderos distanciamientos en lo que yo llamaría el enfoque alemán.
Por ejemplo, que no se haya podido llegar a la unificación de
criterios y de actuaciones ante la entrada en vigor de la privación
del permiso de conducir; tema verdaderamente prioritario para
nosotros con la gran cantidad de turistas que utilizan el automóvil
para venir a España. Resulta que, con el problema de si hay
protección de datos o no en la información que se deriva de las
actuaciones de la policía de tráfico en las denuncias que traen
consigo la privación
del permiso de conducir, estamos en una situación en la que, si
Alemania no afloja, no vemos la posibilidad de solucionar esta
cuestión.
Nos preocupa también el desencuentro con lo que está pensando
Alemania respecto del convenio y protocolo de Eurodac, y no sólo por
las cuestiones internas de tipo de político sobre los ficheros o
bases informáticas de datos de los solicitantes de asilo para
introducirlos en el programa Eurodac. Hasta ahora, yo mantengo la
tranquilidad porque precisamente -usted lo ha recordado- el consejo
JAI, que se celebró en diciembre del pasado año 1998, acordó congelar
a nivel político el texto del convenio y seguir debatiendo el
proyecto de protocolo. Nos parece bien que se siga discutiendo el
proyecto de protocolo y se vean todas esas cuestiones, pero en la
valoración que hace el Gobierno español a través de su representación
en Bruselas, según el documento facilitado a este diputado, se dice:
España acepta el texto de convenio, así como el del protocolo,
siempre y cuando este último no se modifique en interés de Alemania,
Suecia y Luxemburgo, que desean desequilibrar el texto imponiendo
limitaciones a la utilización del sistema en aquellos casos en los
que dicho uso beneficie a España. Si esto es así, señor ministro,
tiene usted todo el apoyo de nuestro grupo para que en esos textos
del convenio y del protocolo prevalezcan los intereses españoles en
lo relativo a la identificación de los solicitantes de asilo por el
medio técnico, en razón de que el propio Consejo JAI acordó congelar
a nivel político e texto del convenio y que se siguiera trabajando en
el protocolo, con el fin de recoger todas las garantías.
Señor ministro, estamos entrando en una materia que cada día va
tomando, digamos, más cuerpo en todo lo que es el área de tercer
pilar, que es lo que yo llamaría la prevención del delito en términos
generales, aunque haya capítulos específicos dedicados a la
prevención del delito de narcotráfico, del terrorismo o de blanqueo
de dinero, porque esta prevención de delito tiene que cogernos,
digamos, en una situación de preparados inmediatamente. La primera
cuestión que surge es si por parte de la policía española y del
Ministerio del Interior se está impartiendo ya los cursos de
formación y tomando las medidas de protección penal del euro, porque
se nos viene encima el problema de la posible falsificación del euro.
AViena no le dio tiempo de incluir en su agenda este tema, pero la
Presidencia alemana sí tiene el compromiso de desarrollar, dentro del
marco de la JAI y del tercer pilar, la protección penal en cuanto a
la falsificación de billetes y monedas de la futura nueva divisa
europea.
En el ámbito de esta prevención de delito y todo lo que está
contemplado en el documento denominado en su día Enfopol 1979-98, hay
cuestiones que deben ser impulsadas con una toma de conciencia de
nuestros socios en Schengen, porque parece que muchos de estos países
se olvidan del principio de solidaridad con respecto a España cuando
llegan determinados tipos de delitos. Por ejemplo, la cooperación
antidroga entre la Unión Europea e Iberoamérica y Caribe. Usted
recordará, señor ministro, que en el Consejo Europeo de Madrid, de
diciembre de 1995, se acordó la creación del denominado mecanismo de
cooperación Unión Europea-Iberoamérica. Al parecer, está prevista una
reunión en Panamá, en abril de este año, y nos gustaría
conocer su juicio de valor con respecto a la conducta de nuestros
socios europeos en relación con esta reunión de Panamá y la necesidad
de que entre en funcionamiento de una vez lo que se acordó en Madrid
en 1995, es decir, este mecanismo de cooperación, puesto que España
es puerta de entrada de toda esta droga que nos viene de los países
iberoamericanos productores de coca, fundamentalmente.
Otro tema que le traigo aquí -y voy terminando, señor presidente-,
relacionado con la prevención del delito, es el problema de la
interceptación de las telecomunicaciones -tema que tampoco se tocó en
Viena, pero que sí está en la agenda alemana- como instrumento de
lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Desde luego,
yo participo -y apoyo la postura del Gobierno español- de que la
interceptación de las telecomunicaciones para luchar contra la
delincuencia organizada tiene que aplicarse a Gibraltar pero sobre la
base de que quienes negocien sea el Gobierno español y el Gobierno
británico y este último no trate, como al parecer es su intención, de
que, en lo relativo a la interceptación de las telecomunicaciones en
la lucha contra e contrabando, blanqueo de dinero y actividades
ilícitas organizadas, con base en Gibraltar, el Gobierno español
tuviera que negociar con las autoridades gribraltareñas la
interceptación de las comunicaciones realizadas a través de los
teléfonos que están en Gibraltar. En este sentido, señor ministro,
tiene todo nuestro apoyo para que esa negociación sobre la
interceptación de las telecomunicaciones se haga sobre esta base.
Estoy pensando en la interceptación de telecomunicaciones vía
policial con autorización judicial y me refiero concretamente a la
vía policial del Ministerio del Interior, puesto que no sé qué estará
haciendo el Cesid en este terreno. Cada vez que uno oye cómo se hacen
capturas de personajes internacionales, como la última del líder
kurdo, que se le coge por la interceptación de las
telecomunicaciones, de teléfonos celulares móviles, nos damos cuenta
de que hay por ahí organismos que, con acuerdo ni sin él, están
interceptando las telecomunicaciones en este área.
Señor ministro, creemos que es importante la evaluación del documento
denominado Amenaza, de prevención del terrorismo, dado que se acordó
que antes del 10 de marzo de este año los Estados miembros aportaran
su posición para la redacción de este documento. Para España, creo
que es muy importante que la Presidencia alemana se comprometa a
redactar ese documento Amenaza, en el que se recojan todos estos
aspectos de prevención del terrorismo y, sobre todo, se incluya la
financiación terrorista. Usted recordará que en la reunión del Grupo
G-8 celebrada durante el Consejo de Viena se tocó este tema, aunque
sólo fuera a un nivel más técnico, de acuerdo con el grupo de trabajo
para estudiar la financiación terrorista, pero creemos que eso no
puede quedar para una especie de seminario de hombres cultos y
académicos, sino que debe ser asumido por todos los países miembros.
No podemos ser ingenuos y pensar que, si en este momento hay una
tregua, los activistas terroristas están quietos y no están
manteniendo perfectamente engrasada su estructura de financiación
terrorista.
La última reflexión, señor ministro, se refiere al sistema
informático de Europol. Se habían cubierto las dos primeras fases,
quedaba la tercera, que es la de ejecución, y no sé
en qué momento de realización se encuentra. Quisiéramos saber si está
ya en ejecución e sistema informático de Europol, porque creemos que
ese instrumento es fundamental, sobre todo en un país como España,
dada su recepción de turistas. Usted sabe que en sitios de afluencia
masiva, como puede ser Canarias o Baleares, el funcionamiento
correcto del sistema informático Europol sería una gran ayuda para
que la policía española colabore activamente -como es su voluntad y
la nuestra- a mantener las garantías de este espacio europeo de
libertad, seguridad y justicia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar, quiero dejar claro que con
el acuerdo del señor Costa, la semana pasada, reunidos Mesa y
portavoces, esta Comisión, decidió en el último momento, encontrar
algo con que aprovechar la disponibilidad de sala para el día de hoy.
Como era previsible y lógico a menos de una semana de la reunión, la
agenda de los ministros de Trabajo e Interior se encontraba cerrada y
hemos tenido la gran suerte de que el ministro de Interior haya
podido alterar la suya para llevar a cabo una comparecencia que, por
otro lado, había pedido hace casi ya un mes.
Dicho esto, quiero agradecer al señor ministro esta comparecencia
fruto de un compromiso formal y personal suyo de informar a esta
Comisión, como ya he hecho en dos ocasiones, el 24 de febrero de 1998
y el 29 de junio de 1998, de los avances que durante las presidencias
correspondientes se han realizado en materia de justicia e interior,
asuntos de su competencia. Creo que la continuación de esta
colaboración estrecha entre el ministro y la Comisión Mixta es de
especial relevancia en un momento en el que alguno de los portavoces
parlamentarios se queda amargamente de la falta de transparecencia
del Gobierno y del cumplimiento con su deber de informar a esta
Comisión parlamentaria debidamente.
Señor ministro, tuvimos conocimiento ya por boca del presidente del
Gobierno, en su comparecencia en Pleno tras la cumbre de Viena, de la
aprobación del plan de acción por el que se establece un espacio de
libertad, seguridad y justicia y el acuerdo para la celebración del
próximo Consejo extraordinario en Tampere, en octubre, para
profundizar en el establecimiento de este espacio consagrado en el
Tratado de Amsterdam.
Merece la pena recordar que la conservación de esta propuesta de S.
S., del presidente del Gobierno y del Gobierno español, en resumidas
cuentas, no es sino jalón más de una estrategia que ya comenzó y se
manifestó en Turín y en Florencia, entonces en solitario y sin
grandes alegrías por parte de los demás socios europeos. Ya en
aquellos momentos el Gobierno supo interpretar lo que era un fuerte
clamor popular de los ciudadanos de Europa.
Deduzco, señor ministro, de su interpretación que la gran
contribución de la Presidencia austríaca y, por tanto, la gran
contribución española a ésta, ha sido precisamente la preparación de
entrada en vigor de Amsterdam y de sus disposiciones sobre protección
temporal, etcétera, la preparación a efectos prácticos de la
comunitarización de Schengen
y a nivel de cooperación intergubernamental la entrada en vigor y
preparación de la funcionaridad de Europol, lo cual justifica per se
dicha Presidencia y los esfuerzos realizados.
Ahora, mientras Amsterdam se ratifica, con las consecuencias que
supondrá para Schengen y algunas materias todavía en el tercer pilar,
mi grupo parlamentario opina que la mejor contribución que España
puede hacer a los ciudadanos de Europa en su participación y
liderazgo en este círculo de cooperación reforzada y su esfuerzo para
que no se devalúe lo ya conseguido. De lo que se trata ahora, como ha
dicho el señor ministro, es de dejar atrás los meros mecanismos
existentes de cooperación intergubernamental en favor de fórmulas más
sofisticadas para la realización de se espacio único -y cuando digo
único, digo europeo-de libertad, seguridad y justicia que deberá ser
fruto, como se ha dicho en otras ocasiones, de un espacio común de
opinión o de un espacio de opinión común.
En cuanto a Europol, señor ministro, en su última comparecencia ya
tuve la satisfacción de felicitar al Gobierno en su persona por el
importante paso que supuso la ratificación, con una antelación de dos
años frente a lo previsto, impulsada por España y de los avances
realizados para que esa institución pudiera ocuparse de cuestiones
relacionadas con el terrorismo.
Creo personalmente, y mi grupo parlamentario también, que pese a
todo, Europol sí ha entrada formalmente en vigor, aunque quizá no sea
plenamente funcional y que su balance es positivo. La noticia de un
español para jefe del proyecto de terrorismo dentro de la estructura
de Europol y de otro español como director adjunto de la unidad de
drogas, cuando antes no era posible, constituyen logros de primera
magnitud.
Algún portavoz ha expresado su preocupación por el hecho de que el
nombramiento de esas dos personas recaiga en gente competente. Le
expreso también mi deseo de que esto sea así y de recuerdo que en su
comparecencia del 24 de febrero de 1998 le felicité por la
designación, como representante permanente de España en el grupo
parlamentario en el grupo Schengen, de un ex comisario general de
Extranjería que vino a ocupar esta responsabilidad desde sus
anteriores competencias de medio ambiente, luego en la Oficina del
Portavoz del Gobierno y, actualmente, como técnico de cuestiones
culturales. La especialización que persigue el Gobierno en el
nombramiento de estas personas es de la máxima importancia para que
todo funciones bien y estoy seguro de que así será.
Me da la impresión, señor ministro, de que la transición de la UDE
Europol se está realizando de manera suave y sincronizada. Me
gustaría saber su opinión al respecto. También quisiera conocer si ha
habido un incremento del presupuesto de Europol de 1999 respecto al
de la UDE en 1998 y qué previsiones existen en cuanto al número de
funcionarios.
Respecto al apartado de asilo, inmigración y protección temporal, me
gustaría hacer los siguientes comentarios. Es necesario realizar un
esfuerzo conjunto a la hora de responder ante el problema de los
flujos masivos de personas, como también es cierto que debemos pensar
en la creación de mecanismos de solidaridad. Lo venimos diciendo
desdesiempre, hemos dicho que somos frontera sur de la Unión
Europea y como tal hemos pedido el esfuerzo y la colaboración de la
comunidad de la Unión Europea. Esfuerzo común en el mantenimiento de
los controles y fronteras, esfuerzo común en la acogida de
inmigrantes, asistencia común en situaciones especiales. Debe haber
una respuesta global para un problema global y para ello debemos
comenzar por ratificar e implementar Amsterdam en algo que ya se ha
definido como una política de pasos. Son temas difíciles, son temas
de una extraordinaria importancia y es preferible ir lento pero
seguro en lugar de tener que rectificar.
Señor ministro, en este punto quiero expresar la satisfacción de mi
grupo parlamentario por la consecución de una vieja reivindicación de
España referente a la frontera sur de Europa en el Mediterráneo: el
haber conseguido no sólo que Marruecos sea una de los cinco países
elegidos para el grupo de alto nivel, sino más aún que España haya
sido elegida coordinadora del subgrupo Marruecos que será encargado
de presentar antes de Tampere un plan de acción para el tratamiento
del fenómeno de la inmigración procedente de esta país, contribuirá a
encontrar una situación en la lucha contra la inmigración ilegal y
las redes organizadas de delincuencia provenientes del continente
africano.
Somos conscientes del freno que supone para el desarrollo del proceso
de Barcelona el conflicto de Oriente Medio, que lo vicia todo e
impide avances. Ello hace todavía más necesario el desarrollo de
estrategias completas como la antes mencionada en la consecución de
nuestros objetivos.
Antes de finalizar mi intervención, me gustaría pedir al ministro, si
es posible, información adicional en el ámbito de esta comparecencia
y si no con posterioridad, sobre dos temas que revisten un interés
especial: En primer lugar, la cooperación con los PECO. Supongo que
durante la Presidencia austríaca el Consejo JAI habrá seguido
trabajando estrechamente con los países candidatos para llevarlos
política y técnicamente a alcanzar los niveles comunitarios y, por
tanto, ayudarnos al mismo tiempo a nosotros mismos. ¿Podría el señor
ministro ampliar información sobre este punto?
En segundo lugar, me hago eco de algo que ha mencionado ya el
portavoz de Coalición Canaria, don Luis Mardones, sobre si se ha
realizado algún avance en la cooperación en materia de drogas con los
países de Latinoamérica y el Caribe. Sabemos, señor ministro, que
bilateralmente España va cooperando paulatinamente con los
respectivos países, pero pensamos que para que una acción pueda ser
eficaz, debe tener un ámbito regional y de cooperación interregional
¿Existe en ese sentido algún avance en el ámbito de la Unión Europa y
de su cooperación con Latinoamericana en esta materia?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias a todos
los grupos por las intervenciones, por las aportaciones y los
múltiples temas que han suscitado a lo largo de la mañana de hoy. Me
resultará difícil contestar a todas y cada una de ellas, pero me van
a permitir
que trate, en primer término, de ir contestando portavoz a portavoz a
las cuestiones que creo pueden ser de más sencilla respuesta.
En primer lugar, por lo que se refiere a la intervención del portavoz
socialista, es evidente que la lentitud no es una casualidad en la
Unión Europea. Él lo ha calificado con el término de exasperante. Yo
podría llamarlo una prudente lentitud o paso a paso. Está claro que
en los temas que afectan a la seguridad, a la soberanía, al bienestar
ciudadano es evidente que los procesos sean necesariamente lentos.
Una cosa es que sean lentos y otra cosa, en la que no puedo
coincidir, es que Europol sea un órgano inoperativo. Aprovechando la
pregunta que me hacía el portavoz del Grupo Popular, tanto en
presupuestos como en funcionarios, como en resolución de lo que era
una estructura difícil de arbitrar, como era el organigrama de
Europol, creo que ha habido avances muy significativos en los últimos
meses. El Consejo JAI ha aprobado un presupuesto de 15 mecus para las
actividades de Europol durante el presente año 1999. Esto significa
que prácticamente triplica lo que el presupuesto anterior de la UDE.
España va a contribuir con casi un 7 por ciento al total de ese
presupuesto, que es lo que le corresponde de acuerdo con las cuotas
regulares de reparto de las instituciones comunitarias. No se puede
hablar tampoco de inoperatividad en cuanto al tema de los
funcionarios de Europol. Con fecha 31 de diciembre del año 1998
Europol contaba con un total de 160 funcionarios. El Consejo JAI
aprobó un crecimiento sostenido del número de funcionarios de Europol
para los próximos cuatro años. Este incremento se sitúa en la media,
como tuve ocasión de decírselo en la anterior Comisión, de unos 50
funcionarios por año. De manera que dentro de cuatro años el número
total de funcionarios encuadrados en Europol se va a situar alrededor
de 350, cifra que puede ser considerada modesta, pero que a mí me
parece adecuada para que empiece a acometer con garantías las
misiones que le corresponden a una policía de estas características.
El hecho de que el FBI o Estados Unidos no digan nada a Europol está
en la lógica de lo que ha sido siempre un especial escepticismo
respecto a las instituciones europeas por parte de algunos servicios
norteamericanos. En ese sentido, pienso que es una organización
incipiente, pero lo más importante es que las cosas se vayan haciendo
con la firmeza y la seguridad necesaria paso a paso.
Es verdad que el Europol ha resuelto su organigrama, lo que dentro
del encaje de la multiplicidad de países nunca es fácil. Hoy el
presidente de la UER, señor Storbeck, se hace cargo de la dirección
de Europol. No se trata de lanzar cohetes porque hay cinco directores
adjuntos, y usted me lo preguntaba antes, que pertenecen al Reino
Unido, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Francia. El problema es que
todos esos países, salvo Francia, pertenecían a la estructura
anterior de la UER, con lo cual la dificultad de España era la
incorporación de un director adjunto en una primera instancia, en lo
que puede significar el organigrama director de Europol. Es evidente,
y también se lo he dicho, que en la primera fase, y de una forma
expresa, que fue aprobada por todos los países miembros, de acuerdo
con una propuesta alemana, se quiso dejar constancia de que España
ocupará una plaza de adjunto en los próximos dos años y medio y otra
será amortizada; es decir, que habrá cuatro plazas de
director adjunto de Europol y a España dentro de dos años y medio le
corresponderá una de ellas. Es evidente que a mí me gustaría no
solamente tener un adjunto, sino al director de Europol y que España
tuviera la fuerza necesaria en Europa para serlo. A mí me parece que,
en cualquier caso, se avanza en la presencia de una institución tan
importante como Europol por parte de España. No estaba en la UDE y
hoy se puede decir que en un cierto tiempo va a estar en la dirección
de Europol.
En lo que se refiere al estado de ratificación del protocolo de
privilegios, tiene usted razón, ha habido tres países a los que les
falta su ratificación, que son Francia, Portugal e Italia. Está muy
avanzada la ratificación de Francia y de Italia. En el caso de
Portugal hay algunos trámites que todavía no parecen fáciles de
solventar, pero mi impresión es que las ratificaciones se van a poder
completar en el mes de julio, en plena Presidencia alemana. En este
terreno le quiero decir que, en general, en el tema Europol, se está
avanzando a un ritmo más que razonable -y en este sentido puedo
hablar con cierta satisfacción, dentro de unas claras dificultades- y
que el avance está siendo suficiente por parte -me parece a mí- del
conjunto de los países que forman parte de la Unión Europea.
La segunda cuestión se refiere a la preocupación que me trasladaba
sobre los vacíos jurídicos que se podían estar produciendo en estos
momentos en esta fase de provisionalidad de la ratificación del
Tratado de Amsterdam. Esta pregunta se la quiero agradecer porque
ciertamente hay una dificultad y en estos momentos se está
produciendo un debate sobre esta cuestión. El comité que está
previsto en el artículo 36 del Tratado de Amsterdam sustituirá al
actual Comité K-4 para asuntos de justicia e interior que queden en
el tercer pilar después de Amsterdam. Para todos los asuntos de
justicia e interior que pasen al primer pilar, es decir, asilo,
inmigración, reparto de cargas, desaparece ese Comité K-4, pero
comenzará a trabajar probablemente un comité coordinador de altos
funcionarios que estén supervisados directamente por el Coreper. Eso
es lo que ahora se está discutiendo. El Coreper parece que estima que
ese comité coordinador de altos funcionarios puede ayudar
razonablemente a hacer sus trabajos. Si ello fuese adelante, varios
países, entre ellos España, piensan que la misma persona podría
presidir la delegación española, en este caso, tanto en este nuevo
comité del artículo 36, como en el del nuevo comité coordinador de
los temas que vayan al primer pilar. Ambos comités continuarían
preparando los consejos JAIs y entre los dos asumirían las funciones
que en estos momentos corresponden al Comité K-4.
Ahora bien, también quiero decirle que hay otro debate sobre estos
vacíos que se están produciendo en esta fase provisional de no
ratificación del Tratado de Amsterdam. Hay opiniones del servicio
jurídico del Consejo que indican que hay convenios en curso de
ratificación y que al ser ésta muy lenta, deberán dejarse a un lado
tras la entrada en vigor de Amsterdam y ser sustituidos por
instrumentos, que pueden ser directivas o decisiones-marco que entran
inmediatamente en vigor, previstos en Amsterdam por vez primera para
estas materias. En ese principio puede haber un acuerdo casi unánime.
Pero la postura de nuestro servicios jurídicos es que no se puede
llegar al extremo de que los convenios en proceso de ratificación se
hayan dejado de
ratificar, pues, hasta que no se apruebe un nuevo instrumento no hay
certeza y, por el contrario, conviene seguir adelante con la
ratificación de los convenios que están siendo o han sido negociados
y están en vías de ratificación. El servicio jurídico del Consejo
pretende que, aunque esos convenios no hayan terminado sus procesos
de ratificación, puedan ser abandonados por los parlamentos
nacionales a la espera de que la Comisión presente nuevas propuestas.
Esto -vuelvo a decir- lo rechazamos por la inseguridad jurídica que
crea.
Respecto de la tercera gran cuestión que usted me preguntaba, es
decir, sobre las dificultades del tema de la frontera sur, de la
falta de sensibilidad de la Unión Europea hacia lo que pueden
significar los problemas de la inmigración de los países
subsaharianos, es evidente, tiene usted mucha razón, y cuando uno
asiste a las reuniones de los Consejos de Ministros de Interior y
Justicia se da cuenta que está claro que cada país traslada unas
cuestiones que preocupan con mayor gravedad a sus respectivas
sociedades. Es verdad que en estos momentos puede hablarse de la
fortaleza de Alemania, lo que es siempre una tendencia confirmada,
además, por el número de personas que han accedido a Alemania en un
momento determinado desde países de su entorno, y el volumen, el
número, la cuantía, la cantidad de problemas que afectan a la
convivencia cotidiana en esos países, que además vienen de padecer
tragedias tremendas, hace que hoy por hoy haya cuestiones - como las
que le he planteado- sobre el reparto de cargas, protección temporal,
situaciones de crisis, etcétera que hieren su sensibilidad en un
momento determinado, ante la mayor aparente gravedad del problema y
hace que en ocasiones marquen unas agendas.
Es evidente, y le he puesto una serie de ejemplos, que a pesar de la
dificultad de nuestros problemas en materia de inmigración, estos no
están abandonados en el seno de la Unión Europea. He citado ha task
force, un grupo de alto nivel, que espero y confío que demuestre que
en ese terreno la Unión Europea no es insensible. Curiosamente ha
sido España la que ha protagonizado en los países sur de Europa esta
singular preocupación por los problemas por ejemplo de Marruecos y
por la necesidad de incorporarlo a esta reflexión. En el seno de la
Unión Europea hemos insistido mucho en que los países frontera,
además de ser países control, hagan de la proximidad su
característica principal, es decir, que sea la proximidad a otro país
lo que caracterice la relación con ese otro país. La nueva cultura de
la proximidad debe ser la característica de los países frontera. No
es simplemente el control, es la proximidad la que exige un
compromiso en ese terreno. En cuanto a la inmigración subsahariana,
no consiste tanto en pedir a la Unión Europea sensibilidad para que
se aborden estas cuestiones, como que los países que tenemos el mismo
tipo de inmigración seamos capaces de saber sumar y homogeneizar
nuestras estructuras administrativas y nuestras posiciones en esta
materia para que abordemos un mismo tipo de inmigración. Lo que
tienen que hacer Francia, Italia, Portugal y España es homogeneizar
sus estructuras administrativas para abordar la inmigración; lo que
tienen que hacer ellos, en este caso nosotros, dentro de la Unión es
un esfuerzo de homogeneidad y de definir los mismos instrumentos de
cooperación con esos países, pero con cierta autonomía, de
manera que desde la fortaleza de la suma de los países mediterráneos
podamos sensibilizar al resto de los países de la Unión Europea; lo
que no es posible es hacerlo sólo desde el esfuerzo de un país
determinado. Antes tendremos que demostrar que somos capaces de
sumar, armonizar, homogeneizar, coordinar y tener una misma
estructura administrativa para que luego podamos exigir en la Unión
Europea de una manera muy concreta cierta preocupación de los demás
países hacia los problemas que tenemos.
Respecto de otras cuestiones que se han ido suscitando, quisiera
hacer brevísimas referencias. La cumbre de Tampere, alguien lo ha
dicho antes, no es un JAI extraordinario, es un Consejo Europeo
extraordinario El ministro de Interior no va a estar presente, si no
que lo van a estar los jefes de Estado y los ministros de Asuntos
Exteriores. Tampere es una ocasión extraordinaria para hacer lo que
normalmente no hacemos los políticos, que es reflexionar con tiempo y
sin prisas sobre lo que pueden ser prioridades de actuación y
reflexiones profundas de las sociedades en las que vivimos a la hora
de afrontar los problemas de seguridad, de justicia y de libertad. Es
evidente que los asuntos de justicia y de interior, usted lo sabe muy
bien, señor Costa, ya no van a ser el tercer pilar, sino que hay
cuestiones muy importantes que van a pasar al primer pilar. La agenda
de Tampere no debe centrarse en cuestiones relativas a la inmigración
y al asilo, sino que tenemos que ocuparnos de los problemas del
crimen organizado, del tráfico de drogas, del blanqueo de dinero, es
decir, cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos, y siempre
con la idea de que sea no un destino de llegada sino un punto de
partida para afrontar, de la mejor manera posible, los problemas que
nos van a afectar en los próximos años.
Respecto a algunas consideraciones que me hacía el señor Guardans, en
el terreno de Schengen y lo que significa la participación de las
policías autonómicas, hay un convenio bilateral. Son convenios en los
que, dentro del marco del artículo 41 de Schengen, los países
fronterizos definen sus modalidades de cooperación transfronteriza, y
una de ellas es la persecución en caliente. En ese terreno deben ser
los dos países los que se pongan de acuerdo en lo que pueden
significar las modalidades, pero ni hay listas cerradas, ni cabe
modificar Schengen, sino que tendrán que ser los dos países que
tienen la frontera los que determinen los instrumentos de persecución
en caliente y las policías que pueden participar en este tema.
En cuanto a Gibraltar, que también ha sido aludido en algunas
cuestiones, sigo diciendo que el portavoz del Gobierno en materia de
Gibraltar es el ministro de Asuntos Exteriores. Mal estaría que el
ministro de Interior empezase a hablar del tema de Gibraltar, porque
estaríamos anticipando una situación que podrá producirse no sé
dentro de cuántos años. Está claro que en este tema no hay una falta
de sintonía cuando un ministro habla y el otro no. Sólo debe hablar
un ministro y debe ser el ministro hoy por hoy el ministro de Asuntos
Exteriores. El ministro de Interior debe hablar poco en este terreno
y sólo en lo que afecta al bienestar de los españoles, porque en un
momento determinado podría producirse cerca de nuestro territorio una
situación donde pueda hablarse de que el crimen organizado o el
blanqueo de dinero es una realidad que afecta sustancialmente
a nuestras vidas cotidianas. Vuelvo a insistir, es una
cuestión que sigue afectando más al Ministerio de Asuntos Exteriores.
En ese terreno, no estamos ante problemas abstractos; son problemas
de soberanía, problemas muy reales. No podemos aceptar que el control
de la entrada en España la hagan las autoridades locales
gibraltareñas con el pretexto de la libre circulación. Vuelvo a
reiterar al señor Guardans -no está en este momento- que sigo
agradeciéndole la posición de solidaridad que tiene con el Gobierno
de España en este tema.
En cuanto a Europol, a lo que también se ha referido el señor
Guardans, no insistirá. Se refería con enorme escepticismo a lo que
está sucediendo. Cualquier mecanismo europeo exige un tiempo
suficiente para que poco a poco vaya madurando una policía que es de
nuevo cuño y que viene a significar una enorme dificultad de
competencia con policías muy asentadas durante muchos años en los
países europeos. Le traslado al señor Guardans mi seguridad de que
las cosas van en la buena dirección.
El señor Mardones me preguntaba por la cooperación en materia de
drogas con los países de Latinoamérica y el Caribe. El pasado mes de
octubre en Cartagena de Indias el delegado del Gobierno para el Plan
nacional impulsó una conferencia de funcionarios de enlace entre los
Estados miembros de la Unión Europea y de Iberoamérica y el Caribe En
esta conferencia participaron todos los responsables de la lucha
contra la droga de todos los Estados miembros de la Unión Europea,
más la Comisión, más Europol. Al mismo tiempo, se aprobó un mecanismo
de coordinación y cooperación bilateral entre la Unión Europea,
América Latina y el Caribe, que surgió en buena medida gracias a un
impulso de España. Este mecanismo ha estado funcionando durante la
Presidencia austriaca y para dentro de muy pocas fechas, los días 8 y
9 de abril, está previsto que se celebre en Panamá una primera
reunión de evaluación sobre el funcionamiento de este mecanismo de
coordinación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Esta
reunión, que va a ser muy urgente, establecerá una serie de
conclusiones sobre cooperación y el trabajo conjunto que la Unión
Europea servirá para seguir favoreciendo e impulsando esta materia.
Estas conclusiones han de servir, me lo preguntaba también el señor
Navas, para que la cumbre de Europa y América de jefes de Estado y de
Gobierno, que se celebrará en Río de Janeiro el próximo mes de junio,
tenga en cuenta estos mecanismos de cooperación internacional a los
que SS.SS se referían con anterioridad.
Quisiera finalizar mi intervención reiterando que en estos momentos
España tiene dos prioridades muy claras en las materias a las que me
he referido. En primer lugar, tenemos una urgencia en la búsqueda de
esfuerzos a la hora de abordar la inmigración. En estos momentos en
los debates de los repartos de cargas -que es una problemática que
sitúa con especial virulencia y preocupación a Alemania y los países
que están en la frontera del este de Europa- España tiene que ser
consciente y tiene que actuar con una enorme responsabilidad, en
España y en la Unión Europea. Tiene que saber que enfrente tiene uno
de los problemas que van a afectar a la convivencia de los españoles
en los próximos decenios en primer término y es indispensable que
todos actuemos con el esfuerzo de no dividir la sociedad española y
no solamente esta, sino que al mismo tiempo
llevemos nuestra preocupación al seno de la Unión Europea. Reitero
que eso es lo que en estos momentos está tratando de hacer el
Gobierno de España, no dividir a la sociedad española en materia de
inmigración y tratar de llevar la problemática del norte de África al
seno de la Unión Europea, con un acuerdo previo de los países del
sur, de los países mediterráneos, de armonización de lo que
significan los tratamientos en esta materia. Esa es una prioridad que
tiene España y quiero ponerla de manifiesto.
La segunda prioridad simplemente es que podamos coincidir más las
sociedades europeas, los estados de opinión de las sociedades
europeas en lo que son las prioridades de Amsterdam, lo que significa
la solución de los problemas más graves del Tratado y que podamos en
ese sentido ir avanzando armónicamente en estados de opinión y en
instrumentos jurídicos de cooperación policial y judicial. Esas son
las cuestiones en las que a mí me gustaría que se centrara
principalmente hoy la preocupación de esta Comisión.
No he citado al señor Navas, pero ha tocado dos temas de los que yo
ya me he hecho eco drogas y frontera sur. Agradezco a todos sus
intervenciones en la mañana de hoy.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su
intervención, y si no hay ninguna petición de palabra, le agradezco
en nombre de todos los miembros de la Comisión su presencia aquí esta
mañana, la información que nos ha facilitado y la respuesta precisa a
las preguntas suscitadas por los parlamentarios. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 127,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión Mixta para la
Unión Europea el lunes, 21 de diciembre de 1998, en el último punto
del orden del día, relativo a la reunión del Ecofín, figura como
número de expediente del Congreso el 203/000820, cuando el correcto
es el 213/000820, y el número de expediente del Senado es el 711/
000232, en lugar del 111/111111 que erróneamente figura en aquel
orden del día.