DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 130



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DÑA. ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO



Sesión núm. 23



celebrada el martes, 23 de febrero de 1999, en el Palacio del
Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de ley:



- Por la que se insta al Gobierno a aprobar en el plazo de tres meses
un decreto que desarrolle el artículo 20 de la Ley de Patentes, que
regula el régimen jurídico aplicable a las inversiones realizadas por
los funcionarios y trabajadores del Estado en lo referente a los
investigadores de los organismos públicos de investigación. Presenta
por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente Congreso
161/001298 y número de expediente Senado 663/000053) ... (Página 27243
)



- Por la que se insta al gobierno a favorecer y fomentar la
investigación en colaboración entre empresas y universidades u
organismos públicos. Presentada por el Grupo anterior. (Número
de expediente Congreso 161/001327 y número de expediente Senado
663/000054) ... (Página 2727)

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Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR EN EL PLAZO DE TRES MESES
UN DECRETO QUE DESARROLLE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PATENTES, QUE
REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS INVENCIONES REALIZADAS POR
LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL ESTADO EN LO REFERENTE A LOS
INVESTIGADORES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
Congreso 161/001298 y número de expediente Senado 663/000053).




La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, se abre la sesión.




El orden del día es para debate y votación de proposiciones no de
ley. El primer punto del orden del día es la proposición no de ley
por la que se insta al Gobierno a aprobar en el plazo de tres meses
un decreto que desarrolle el artículo 20 de la Ley de Patentes, que
regula el régimen jurídico aplicable a las invenciones realizadas por
los funcionarios y trabajadores del Estado en lo referente a los
investigadores de los organismos públicos de investigación.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Socialista que la ha presentado, el señor Bayona.




El señor BAYONAAZNAR: Como dice la proposición no de ley, los
organismos públicos de investigación -a partir de aquí y para
abreviar los OPI, que es como se les conoce- tienen entre sus
objetivos, obviamente, incrementar el conocimiento mediante la
publicación de sus resultados en los medios habituales pero, además
de la divulgación de los resultados -y ahí se produce una tensión-,
que los mismos sirvan, mediante su aplicación, para el desarrollo de
nuevos productos, de nuevos procesos y, en definitiva, para mejorar
la calidad de vida de la sociedad moderna. Por tanto, la actividad
que se desarrolla en los OPI debe protegerse por muchos motivos,
entre los cuales está -y quizá sea el fundamental- la posible
transferencia de esos resultados hacia los sectores socioeconómicos
interesados en la explotación. En España esta cuestión tiene un
retraso importante, que es cómo conseguir esa transferencia de
tecnología que en otros institutos de investigación se produce y que,
sin embargo, en los OPI a veces resulta más difícil. Esa protección
debe realizarse sin perjuicio del tipo de investigación que se
realiza y -muy importante, como verán SS. SS. al final de mi
intervención- sin perjuicio del tipo de relación que puede existir
con las personas que trabajan en los OPI, ya sea laboral, jurídica,
etcétera. Hay que hacer compatibles esos dosobjetivos, el de divulgar
el conocimiento y el de obtener resultados de la explotación de ese
trabajo de investigación. También hay que conseguir que esa
compatibilidad
entre la divulgación y la protección del resultado sea factible,
y quizás la mejor manera sea mediante una patente previa a la
divulgación de los resultados. A la hora de buscar esa fórmula de
protección, la patente es el instrumento que mejor se adecua tanto a
la actividad investigadora de las universidades como a la actividad
investigadora de los OPI; permite una protección y su divulgación
posterior por los medios tradicionales en el mundo de la
investigación.

Hecha esta exposición inicial, el objetivo de esta proposición no de
ley es hacer efectiva esa política de transferencia de resultados,
facilitar la posterior explotación y proteger adecuadamente los
derechos que deben corresponder a los investigadores que han hecho
posible esos resultados. Se trata, traducido en el plano jurídico y
legal, de que el artículo 20 de la Ley de Patentes en su punto 8 se
desarrolle, porque el resto del artículo, puntos 1 a 7, básicamente,
en líneas generales, viene a desarrollar la Ley de Patentes en el
campo de las universidades. Posteriormente, las universidades han ido
adaptando este artículo 20 a sus estatutos. Pero, ¿qué sucede? Ocurre
que el artículo 20, punto 8, dice que este régimen que se aplica a
las universidades también podrá aplicarse al personal de entes
públicos de investigación, los OPI, pero no se ha hecho. Al final de
la legislatura pasada el Gobierno socialista tuvo un proyecto de
decreto para llevarlo a cabo. Hemos esperado tiempo más que
prudencial para ver las intenciones de este Gobierno en cuanto al
desarrollo de ese punto 8 del artículo 20 y sigue sin hacerse. Por
tanto, lo que pretendemos con la proposición no de ley es que el
Gobierno, mediante decreto, desarrollo el punto 8 del artículo 20 de
la Ley de Patentes, de tal manera que los investigadores que están en
los OPI tengan los mismos derechos que tienen los investigadores que
están en las universidades respecto a la protección de su actividad
investigadores mediante la fórmula de patentes, y que tengan los
mismos derechos que aquellos investigadores internacionales con los
que a veces colaboran, firman convenios y proyectos conjuntos de
investigación, porque se da la paradoja y la injusticia de que
colaborando y trabajando en un proyecto de investigación
profesionales extranjeros y españoles, los extranjeros están
protegidos por la fórmula de patentes y los españoles, no. Por tanto,
ése es el objetivo de la proposición no de ley. Creo que es
suficientemente claro y no debo extenderme mucho más.

Sí quiero añadir tres cuestiones que deben de quedar claras: la
primera, es que proponemos la regulación de un porcentaje sobre el
total de los beneficios que se obtengan por los OPI en ese decreto,
que debería coincidir con lo que sucede en las universidades. La
segunda cuestión, es que es importante que haya un proceso más o
menos homogéneo u homologable, es decir, que no haya discriminaciones
en función de cuál sea el centro de trabajo, por estar en un OPI o en
otro, sin perjuicio de que pueda haber especificidades; es decir,
debe de haber un elemento homogeneizador y, por tanto, unos
porcentajes máximos y mínimos en los que entren todos. La tercera
cuestión, y lo he dicho anteriormente, que sea aplicable a la
protección de todos los investigadores, independientemente de cuál
sea su relación jurídico- laboral; traducido: que no importa que sean
becarios, que los becarios no deben quedar excluidos de este tipo de
protección.




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Con esos objetivos, la proposición no de ley está articulada en
varios apartados que son suficientemente genéricos, que siguen en
línea generales los siete primeros puntos de la Ley de Patentes, es
decir, no hay ningún elemento que contradiga, sino al contrario, es
realmente congruente y casi idéntico al contenido de la Ley de
Patentes, y pedimos que lo haga el Gobierno por decreto. De esta
manera creo que conseguiremos un efecto incentivador del que carecen
los OPI de investigación, que muchas veces se contentan con publicar,
porque, a efectos de carrera investigadora y de promoción, basta con
la publicación y no existe este elemento incentivador de la
transferencia de tecnología, de la obtención de beneficios también
personales por el producto de la investigación. Eso es algo que se
echa en falta claramente en el sistema público de investigación en
España.

Dicho todo esto y para ahorrar también turnos posteriores, si la
presidenta me lo permite, diré respecto a la enmienda presentada por
el Grupo Popular, que acabamos de ver, que no solamente no podemos
aceptarla, aunque podría dar paso a un proceso de negociación, sino
que si no hay un cambio importante de posición por parte del Grupo
Popular ni siquiera sería un terreno sobre el que podamos avanzar
mucho en la negociación por dos razones, y con eso termino. Si es
capaz la portavoz del Grupo Popular de replicar a estas dos razones o
de modificar su posición, quizás pudiéramos abrir un proceso de
negociación, pero si no es así, difícilmente. podremos hacerlo. La
primera es que se pospone cualquier regulación de la fórmula de
patentes para la protección de los resultados de investigación de los
investigadores que están en los OPI al plazo previsto para la
aprobación de los nuevos estatutos de los organismos públicos de
investigación en el contexto del proceso de adecuación de la Lofage.

Traducido, para que se entienda: ese plazo, según la última Ley de
acompañamiento aprobada por estas Cortes, es después de la Ley
General Presupuestaria, y por tanto estamos posponiendo sine die la
regulación de esta cuestión. Resulta que posponemos el desarrollo de
la regulación de la protección, que ya estaba, como digo, en la Ley
de Patentes, a unos plazos que son, en principio, como mínimo, de dos
o tres años.

La segunda cuestión es que la fórmula que plantea la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular excluye a muchos investigadores, puesto
que solamente incluye al personal investigador y excluye, por
ejemplo, como decía anteriormente, a los becarios. Yo creo que
cualquier fórmula debería contemplar una expresión similar a la que
figura en la proposición no de ley, independientemente de la relación
laboral o jurídica de los investigadores con el organismo de
investigación.

Y sin más, señora presidenta, espero que el Grupo Parlamentario
Popular recapacite y rectifique su enmienda, de lo contrario, nos
veremos obligados a rechazar la misma.




La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien sin duda agradecerá
al portavoz socialista la gentileza de darle argumentaciones previas
para la defensa de su enmienda, con lo cual el debate podrá ser
todavía más interesante.

Tiene la palabra, señora Fernández de Capel.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Como no podía ser menos, yo
siempre agradezco las gentilezas que mis compañeros tienen con esta
portavoz.

Indudablemente la proposición no de ley toca múltiples aspectos que
es preciso abordar y regular dentro del sistema de ciencia y
tecnología español, que viene arrastrando un abandono de tantos años,
como son sus relaciones, por ejemplo, con la posibilidad de reparto
de ingresos por contratos con empresas, entre el personal y el
derecho a la propiedad intelectual. También es deseo de los que nos
reunimos hoy aquí el hacer avanzar nuestro sistema de ciencia y
tecnología no sólo dentro de las comunidades autónomas sino también
dentro de la estructura general administrativa y dentro de la Unión
Europea, con la necesaria efectividad y eficiencia, que debe ser
aprovechada no solamente para la mejora de la calidad de vida de los
españoles y para la innovación empresarial, sino también para
impulsar la competitividad empresarial, tan necesaria en nuestro
sistema de desarrollo como creación de riqueza, de empleo y de tantas
cuestiones de las que siempre hablamos.

También es importante lo que supone la incentivación para el
investigador. Pero nosotros nos movemos en un marco normativo, y el
artículo 20 de la Ley de 1986, que podría haberse regulado durante
muchísimo tiempo, y cuyo desarrollo se insta en esta proposición no
de ley, regula el régimen de las invenciones por funcionarios,
empleados y trabajadores del Estado, de las comunidades autónomas, de
las provincias, municipios y demás entes públicos, y su punto 1
contenía una remisión genérica al régimen establecido en los
artículos anteriores de dicha ley para el caso de las invenciones
realizadas por trabajadores en el seno de una empresa. Se establece
también un régimen facultativo en otros puntos -del 2 al 7, si no
recuerdo mal-, sobre todo en relación con las invenciones en las
universidades, cuya situación queda bastante más clara que la de
otros organismos públicos de la Administración.

El régimen de las invenciones realizadas por el personal al servicio
de cualquier Administración pública o de un organismo dependiente de
ella es, en principio, el establecido para que puedan llevarlas a
cabo los trabajadores de una empresa. En consecuencia, tal como
establecen los artículos 15 a 17 de la Ley de Patentes, la
titularidad de una invención corresponde a la entidad pública
correspondiente cuando esa titularidad es fruto del trabajo ordinario
que se presta en la misma, porque aquí hay opiniones al respecto.

Algunos partidos, y no precisamente el nuestro, insisten en que si la
investigación se hace con dinero público suceda de esta forma; de no
ser así, que lo asuma voluntariamente por haber tenido en su
obtención una influencia predominante los conocimientos adquiridos en
su seno o el uso de medios proporcionados por ella, sin perjuicio de
que el derecho del inventor a obtener una compensación económica se
adecue a la importancia del invento y al valor de las aportaciones
propias que haya hecho en cada caso en la investigación que se esté
llevando a cabo.

El Gobierno, naturalmente, intenta regular las modalidades y la
cuantía de la participación del personal investigador de los entes
públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la
explotación o la cesión de sus derechos sobre las invenciones, pero
estamos hablando de



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los OPI, que es un mundo complejo, donde cada organismo tiene unas
características concretas.

La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, a nuestro
juicio tiene una objeción, y es que resulta muy difícil una
regulación uniforme de tales extremos cuando el artículo 20.8 de la
Ley expresamente señala que habrá de atenderse a las características
concretas de cada organismo público dedicado a la investigación. Esa
diferenciación tiene una base lógica si tenemos en cuenta los
distintos campos en que unos y otros organismos públicos centran su
labor, los medios materiales que se ponen al servicio de esa
investigación, que no son siempre los mismos, el régimen diferente
que tienen algunos investigadores (laboral, de ayuda o apoyo a la
investigación) y el diferente sistema retributivo. Tal vez podría dar
una regulación uniforme de la modalidad de participación en algunas
invenciones cuantificando las mismas, pero todo eso tendría que verse
con un carácter supletorio, dejando a salvo cada caso concreto y
estableciendo el orden estatutario correspondiente de cada organismo
en atención a sus peculiaridades normativas y administrativas. Sin
embargo, pese a esta generalidad, algunos organismos no sólo dependen
de la Administración central, con lo cual quizá no podríamos en este
momento abordar su legislación, sino que dependen de administraciones
locales o de las propias comunidades autónomas; por tanto también
tendríamos que tener en cuenta las facultades de autoorganización de
estas entidades, con lo cual, aunque podríamos decir que en esencia
todos estamos de acuerdo en que hay que regular este tema, no nos
parece correcto remitirlo sine die cuando es un problema que se viene
arrastrando desde la propia creación de los organismos públicos de
investigación y desde la propia Ley de la ciencia.

En general, pensamos que la idea, que viene a ser un reflejo de lo
establecido para las invenciones en cuanto a las universidades sin
que suponga una gran innovación al respecto, sí supone una reflexión
sobre lo que está pasando en los organismos públicos, pero no puede
ser un calco porque la situación no es la misma. Por lo tanto, no es
intención del Grupo Popular remitirlo sine die, sino afrontarlo muy
seriamente, como lo está haciendo desde la política del Gobierno,
pero con lógica, sin prisa pero sin pausa, y haciendo las cosas sin
dejarlas para 13 años después, fijando un plazo desde el propio
Gobierno, un plazo de adecuación para poder adaptar con nuestra
enmienda cada una de las modalidades, cuantías y circunstancias no
solamente de los organismos públicos de investigación, sino de las
personas que en este momento se integran en esa investigación.

Por otra parte, quiero hacer una advertencia al señor Bayona y es que
me parece gratuita la observación que ha hecho con respecto a los
becarios y los no becarios al introducir nuestra intencionalidad en
la enmienda a su proposicíón no de ley. Nada más lejos de nuestra
intención con esta enmienda, en la que fijamos un plazo. Ya le digo
que podría haberse hecho 13 años antes, que perjudicar a nadie, y lo
que lo que queremos es personalizar, actualizar y concretar cada
situación. Como S. S. sabe, señor Bayona, es muy difícil generalizar
o trasponer una norma de las universidades a los organismos públicos
de investigación como si fuese un calco de la misma situación
laboral, de la
misma titularidad, de la misma relación, de la misma dependencia
administrativa, etcétera.

Por lo tanto, ya le digo que nosotros fijamos un plazo y que nuestra
intención, nuestro compromiso firme es seguir apoyándolo tal y como
sabemos que se está haciendo en un estudio muy serio desde el
Gobierno. Y, desde luego, quiero dejar bien claro que esa suposición
o ese juicio de intenciones que usted nos atribuye en cuanto a dejar
fuera a los becarios está fuera de toda duda. Así pues, vuelvo a
repetir, nuestra enmienda fija un plazo, algo que es mucho más serio
que lo que se estableció con la Ley de 1986.




la señora PRESIDENTA: Señor Bayona, supongo que quiere usted
complementar las argumentaciones hechas anteriormente.

Tiene usted la palabra, señor Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Sí, señora presidenta, sobre todo cuando al
final de su intervención la portavoz del Grupo Popular ha hablado de
juicio de intenciones. Nada más lejos de ello y, si lo ha entendido
así, evidentemente no era mi intención. Me he limitado a constatar lo
que dice el texto de la enmienda, en el que se excluye a los
becarios; habla del personal investigador y los becarios son
diferentes del personal investigador. Por tanto, directamente se les
excluye.

En segundo lugar, ha manifestado que el artículo 20, punto 8, habla
de las características concretas de cada organismo y yo le digo que
en el artículo 20, punto 8, no aparece la palabra «cada», ni la
expresión cada organismo, sino que habla de entes públicos de
investigación en general. Esto se lo digo para clarificar. No se
trata de copiar lo de las universidades, sino de desarrollar el punto
8 del artículo 20. El caso de las universidades lo ha desarrollado
cada estatuto a partir de los puntos 1 a 7 y lo que dice el punto 8
es que se podrá también para el caso de los OPI, por lo que nosotros
decimos que se haga, pero que se haga por decreto. No se puede dejar
que cada organismo lo regule a su manera, aunque, obviamente, debería
hacerse por estatutos de organismos en su momento, como las
universidades, pero no sobre una base discriminatoria, sino
homogénea.

No puede ser que hablemos de las dificultades por las diferencias del
sistema retributivo. Es que no estamos hablando del sistema
retributivo ni de complementos salariales, ni siquiera estamos
hablando de desarrollar el artículo 18.2 de la Ley de Fomento, donde
sí se habla de complemento de productividad. Eso ya está, ya
funciona, pero no es suficiente protección la actividad investigadora
bajo la fórmula de patentes. En conclusión, el Grupo Popular no
quiere que se haga un decreto donde los investigadores que trabajan
en los OPI puedan ser acogidos bajo la fórmula protectora de la
patente, no quiere y, por tanto, presenta una enmienda en la que eso
se hace imposible; es decir, yo estoy dispuesto a negociar un texto
en el que eso sea posible y no un texto que lo imposibilite. Yo creo
que esa cuestión es la fundamental y, por tanto, me veo
imposibilitado para aceptar la enmienda.




La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Capel tiene la palabra para
replicar. Procure ser breve, si es tan amable.




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La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Quisiera hacer una precisión
lingüística. Cuando se hace la relación de grupos de investigación
muchísimos becarios aparecen como doctor o investigador y estamos
hablando del personal investigador de forma genérica, no detallando
que el becario no sea investigador en su caso. Usted está
estableciendo el investigador profesional con un status reconocido.

Estamos hablando de las miles de características que encontramos
dentro de los grupos de investigación de los diferentes OPI, con lo
cual, señor Bayona, su interpretación me sigue pareciendo gratuita.

Mantenemos nuestra enmienda en los términos en los que la hemos
planteado.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto, la señora Boneta, tiene la
palabra.




La señora DE BONETAY PIEDRA: Intervengo para precisar mi posición en
relación con la proposición no de ley presentada, así como de la
enmienda defendida por la portavoz del Grupo Popular.

En primer lugar, en representación de ambos grupos mixtos Congreso-
Senado, debo decir que me parece oportuna la presentación de esta
proposición no de ley puesto que el hecho de que no se haya
-digámoslo en lenguaje coloquial- hincado el diente al tema durante
muchos años o que un determinado gobierno no lo haya hecho en su
momento, en este caso el Gobierno socialista, no es excusa para
seguir dejando aplazada una obligación que, por otra parte, está
produciendo disfunciones y descontento y que daría muy buenos
resultados en cuanto a la incentivación de todos los investigadores,
con carácter general, que están trabajando en los distintos OPI, por
mucho que tengan distintas características no solamente con relación
a su - valga la redundancia- relación laboral, sino también en
relación a las características concretas de los propios OPI.

En todo caso no es excusa suficiente para plantear una enmienda -que
puede interpretarse y comparto en cierto modo la interpretación que
de ella ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, señor Bayona-,
porque es tan genérica la redacción que obliga a pensar que los
términos excluyen o pueden excluir a los becarios o a parte de ellos,
es decir, que no abarca a todos. Cuando no se quiere decir o se puede
interpretar algo de forma ambigua, lo que procede, si hay voluntad de
incluir a todo tipo de personal, es llegar a una transacción en la
que se diga exactamente lo que decía en este caso el diputado Bayona
-y no voy a repetirlo-, pero creo que hay fórmulas para llegar a un
acuerdo en este sentido. En segundo lugar, al dejarlo pendiente de
todos los desarrollos a los que se refiere la Lofage, están
aplazándose, no sé si sine die, pero mucho más de lo conveniente. Ya
decía que el que el gobierno de un signo no lo haya hecho no es
excusa para que lo haga otro y que es un tema que hay que solucionar.

En tercer lugar, hay un aspecto que ha señalado la portavoz del Grupo
Popular que me preocupa y es el relacionado con aquellos OPI que
dependen de otras administraciones o de las comunidades autónomas en
concreto. Esto también tiene solución y no creo que el Grupo
Socialista se opusiera a dejar claro que sería sin perjuicio de las
competencias que corresponden en su caso a las distintas
administraciones.




Debo concluir con que no parece que haya verdadera voluntad de
solucionar definitivamente el tema con esta enmienda, porque
podríamos llegar a acuerdos -respetando el espíritu de la
proposición, que yo comparto- que pudieran hacer que esta proposición
se aprobase. Por tanto, dejando clara mi posición sobre el punto
concreto que hace referencia a competencias que hubiera que salvar y
teniendo en cuenta la oportunidad de la proposición no de ley que ha
sido presentada, voy a apoyarla, dejando clara, insisto, mi posición
respecto a las comunidades autónomas. No tengo más que decir en
relación con la enmienda puesto que el grupo proponente no la acepta.

En todo caso, no estoy conforme con las explicaciones y las
interpretaciones tan ambiguas de la portavoz del Grupo Popular
respecto a esta enmienda de modificación.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado del Grupo de
Coalición Canaria señor Gómez Rodríguez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda brevedad, consideramos esta
iniciativa muy importante porque viene a resolver un problema de
justicia, un problema de retribuciones, de participación de los
funcionarios en el mundo de la invención. Se refiere al desarrollo de
la Ley 20, de marzo de 1986. Con la trascendencia que tiene esta
iniciativa y teniendo en cuenta las posiciones del Grupo Socialista y
del Grupo Popular, que aparentemente son antagónicas, y recogiendo lo
que ha dicho mi predecesora en el uso de la palabra, se podría
suspender la sesión durante cinco minutos para llegar a un acuerdo, a
un texto armonizado, siguiendo así una tradición de esta Comisión,
que siempre se ha caracterizado por un saber estar y por conseguir
cosas positivas para el mundo de la investigación.




La señora PRESIDENTA: Como las votaciones van a producirse después
del debate de la siguiente proposición no de ley y no antes de la
una, los grupos parlamentarios tendrán la posibilidad de llegar a
acuerdos que esta Presidencia y esta Mesa siempre facilitan.




- POR LAQUE SE INSTAALGOBIERNO AFAVORECER Y FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN
EN COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y UNIVERSIDADES U ORGANISMOS PÚBLICOS.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
Congreso 161/001327 y número de expediente Senado 663/000054).




La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del siguiente punto del orden
del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
favorecer y fomentar la investigación en colaboración entre empresas
y universidades u organismos públicos. Para defensa de la misma tiene
la palabra el señor Heredia.




El señor HEREDIA DÍAZ: Señoras y señores diputados, señoras y señores
senadores, con el anterior Gobierno socialista, el sistema español de
investigación y desarrollo experimentó una transformación
espectacular. Casi todos



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los indicadores referidos a la investigación se duplicaron, desde el
número de investigadores hasta la producción científica recogida en
bases de datos internacionales. No obstante, es fundamental seguir
avanzando y potenciando todo lo que a investigación y desarrollo se
refiere Aunque en este momento existen valiosos instrumentos
dirigidos al fomento de la relación con el sector industrial, entre
los que cabe destacar los proyectos concertados, el interfax de
transferencias OTRI-OT y la contratación de investigación realizada
por las propias universidades y centros públicos, aún subsisten
dificultades que impiden que se conecte de forma adecuada la
investigación pública con su entorno.

La palabra transferencia, concepto que refleja gran parte de la
filosofía de actuación de los poderes públicos en este campo, implica
la existencia de una frontera entre la investigación que se hace
dentro de las organizaciones de la ciencia pública y su utilización
posterior. En sintonía con esta situación, el III Plan nacional de I
+ D propone unos criterios de financiación que otorgan más peso a la
investigación aplicada y a aquellas iniciativas que se encuentran más
cerca de las demandas sociales. Reconociendo la importancia de la
investigación de base y la utilidad de los actuales instrumentos de
articulación del sistema de I + D, sería necesario impulsar el
acercamiento entre la investigación académica y la industrial. (El
señor vicepresidente, Sedó i Marsal, ocupa la Presidencia.) Una
fórmula con la que llevar a cabo este acercamiento podría ser la
puesta en práctica de un plan de centros de investigación en
colaboración, destinado a la creación de institutos y laboratorios,
establecidos a propósito por actores interesados de la comunidad
académica y del sector privado, que estaría encaminado a la creación
de productos del conocimiento vinculados al mercado. Esto se
resumiría en un marco administrativo y presupuestario para la
constitución de consorcios formados por iniciativas de al menos una
empresa y una universidad o centro público, que en principio podría
tener una duración limitada y una continuidad sujeta a la viabilidad
de su producto. Los organismos participantes en cada caso aportarían
personal e infraestructura, con una ayuda por parte del Gobierno
concretada en asumir parte del coste y ofrecer incentivos fiscales a
las inversiones de las empresas. Las ventajas de este tipo de
iniciativas son considerables. La primera sería la posibilidad de
crear un entorno favorable a la investigación aplicada con modos de
evaluación y recompensa diferentes a los que se utilizan en la
ciencia académica. La segunda ventaja es que los casos exitosos
podrían aportar retornos económicos tanto a las empresas como a los
centros públicos. Una tercera ventaja sería el hecho de que un buen
número de investigadores científicos formados en España, en paro
actualmente, conectarán con el sector productivo y podrían
incorporarse a éste. Las experiencias de este tipo no son nuevas;
existen numerosos ejemplos de iniciativas gubernamentales en otros
países avanzados en investigación y desarrollo y también existen
casos interesantes de centros mixtos en nuestro país. Lo que sí sería
novedoso es una política de Estado que impulsara definitivamente
mecanismos de este tipo para fomentar la investigación en
colaboración. Por todo lo cual, se presenta esta proposición no de
ley en la que se insta al Gobierno a favorecer y fomentar
decididamente la investigación en colaboración entre empresas y
universidades u organismos públicos.

Al Grupo Socialista le gustaría que quedase muy claro lo que esta
iniciativa pretende, que no es otra cosa sino que el Gobierno asuma
parte del coste para la puesta en marcha de este tipo de consorcio,
formado por iniciativa de al menos una empresa y una universidad o
centro público, y que ofrezca incentivos fiscales a la inversión de
esta empresa. Lo que se plantea con esta proposición no de ley, en
definitiva, es que el Gobierno destine una partida presupuestaria
considerable durante el presente año para fomentar esta iniciativa.

Por esta razón, el Grupo Socialista no puede aceptar las dos
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. La primera
trata de encorsetar esta propuesta. Esta es una iniciativa nueva que
el Gobierno debería impulsar y, sin embargo, como parece que el
Partido Popular no lo tiene muy claro, pretende reducirla y que no
nazca con la suficiente firmeza para poder potenciarla
posteriormente, ya que plantea que este tipo de concierto se lleve a
cabo de la forma más eficiente y coordinada posible con instrumentos
ya existentes. Si la idea es nueva, no comprendemos lo que pretende
el Grupo Popular cuando anuncia coordinar todo lo posible con
instrumentos ya existentes. La segunda enmienda que presenta el Grupo
Popular nos parece un elemento claramente propagandís-tico de la
OCYT, porque parece que esta idea la ha tenido en cuenta desde
siempre el Grupo Popular y que ya la ha contemplado hace mucho tiempo
en el Plan nacional de I + D. Pero como nosotros partimos de
realidades, no comprendemos el planteamiento de esta enmienda, que
podría ser aceptada si se propusiera que debería ser tenida muy en
cuenta para la elaboración del próximo plan, pero no que ya la tienen
ustedes muy en cuenta, cosa que nosotros al día de hoy desconocemos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sedo i Marsal): Para defender las enmiendas
del Grupo Popular tiene la palabra la señora Fernández de Capel.

Tenga en cuenta que la enmienda relativa a la exposición de motivos
es en defensa de la parte dispositiva. Por tanto, para defender la
que se refiere a la parte dispositiva, tiene la palabra.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Señorías, en la proposición no de
ley se establece una medida concreta de creación de un plan de
centros de investigación en colaboración, mediante consorcios
formados por una empresa o un centro público de investigación. Yo
felicito a las personas que piensan que sus ideas son únicas, pero
SS. SS. verán que algunas de estas ideas ya están presentadas en el
registro de la Cámara para el Pleno, hace ya tiempo, por el Grupo
Popular con otras acciones relacionadas con las empresas. Por otra
parte, para recordar a cualquier persona que conozca las situaciones
en que las empresas acogen las políticas de I + D y las sugerencias
estatales, remito a S. S. a publicaciones de cómo las grandes
empresas de ciencia y tecnología, dependiendo de la naturaleza de sus
trabajadores o de su capital, prefieren sus sectores la colaboración
del Estado, de las universidades de los entes públicos de
investigación o de otro tipo de consorcios u organismos que pudieran
sugerirse en un momento. Estas orientaciones varían según se trate de
pymes, de empresas



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de transportes, de empresas bioquímicas o simplemente de empresas
multinacionales que tienen delegaciones en España. Por eso, en teoría
sería una microempresa de base tecnológica que, aun siendo muy
interesante, los gobiernos tropiezan con dificultades -si no fuera
difícil no estaríamos aquí hablando de esto, estaría hecho-, ya que
es un proceso muy delicado que debe emanar de la propia necesidad de
la empresa, que es la que mejor conoce sus dificultades y las ofertas
que desde la Administración se le puedan hacer una vez creada esa
microempresa y hecho un estudio sobre en qué forma y en qué medida le
puede apoyar la Administración.

Con todo respeto, señoría, no se trata de hacer ningún plan de
propaganda. Simplemente se está trabajando seriamente en un plan
nacional de I + D, como su señoría conoce, que está en fase de
elaboración en Presidencia de Gobierno. Estas actividades, que
parecen tan fáciles pero que si lo fueran ya estarían en marcha, se
están teniendo muy en consideración para evitar la paradoja europea
de esa importantísima dificultad de transferir ciencia y tecnología
al sector innovador empresarial. Por eso nos parece importante esta
empresa, porque a partir de consorcios y nuevos organismos creados
desde la OCYT, como la llamada acción de incorporación de doctores a
empresas, ha dado un resultado fabuloso. Ya tenemos más de
trescientos doctores españoles que se han incorporado a sectores
empresariales, con lo cual la riqueza de ese capital intangible de
incorporar al sector empresarial a nuestros magníficos doctores e
investigadores es una puerta más que ha abierto la Oficina de Ciencia
y Tecnología a la dinamización del mundo empresarial. Es muy difícil
crear desde la Administración organismos consorciales con empresas,
pero ni la grande ni la mediana ni la pequeña empresa van a dejar
manejar nunca sus intereses a la Administración. Por eso les remito a
publicaciones que SS. SS conocen perfectamente, como son las últimas
sobre la importancia de la I + D y cómo la ha recibido la pequeña y
mediana empresa en España, que le orientarán sobre este plan que,
según usted, puede ser propagandístico. Les remito a la acción de
incorporación de doctores a empresas, que este último año ha
incorporado a más de trescientos doctores que funcionan, y sigue
funcionando para el próximo proyecto del 2000 al 2003
(afortunadamente o desgraciadamente los meses van corriendo que será
una realidad dentro de muy pocos meses. (La señora presidenta ... la
Presidencia.)
Por tanto, mantenemos nuestra enmienda en los términos en que la
hemos presentado, porque en la empresa no solamente cuenta la
eficacia sino también la eficiencia; no solamente se debe ser eficaz
sino, como S. S. sabe, en todo programa de trabajo hay que ser
eficiente de forma coordinada. Aunque S. S. pretenda desconocerlos o
los haya olvidado por el exceso de trabajo que padecemos todos
últimamente, son unos instrumentos que están funcionando. Por
consiguiente, defendemos nuestra enmienda en los términos expresados,
con la esperanza de que S.S. la admita porque no cambia
sustancialmente su texto.




La señora PRESIDENTA: Para un turno de réplica tiene la palabra el
señor Heredia.

El señor HEREDIADÍAZ: Voy a ser muy breve, señora Presidenta. No sé
si ha habido un defecto en la explicación o en el entendimiento, pero
quiero puntualizar algunas cosas. Nosotros no hemos planteado en
ningún momento que el Gobierno oriente, sugiera o cree los
consorcios. Lo que decimos es que el Gobierno facilite el marco para
que eso sea posible, que destine una partida presupuestaria para que
esos consorcios entre empresas, universidad y los OPI sean posibles.

El Grupo Popular dice que ya se han realizado magníficos consorcios.

No dudamos de que existan, de hecho lo hemos manifestado en la
intervención. Lo que sugerimos, y lo reitero nuevamente, es que el
Gobierno destine una partida presupuestaria para que se lleve a cabo
la creación de estos consorcios. Por otro lado, cuando se habla de lo
maravilloso que va a ser el nuevo plan nacional, lo que muchos
decimos es que no vamos a bendecirlo hasta que no lo conozcamos. Nos
parece bien que desde el Grupo Popular se quiera bendecir el plan
antes de que los senadores y diputados lo conozcan, pero nosotros
creemos que no sería razonable. Cuando sepamos en qué consiste ya
veremos lo que nos parece, pero mientras no lo vamos a bendecir. La
primera enmienda del Grupo Popular la aceptaríamos si se eliminase la
expresión «con instrumentos ya existentes». Nosotros no queremos que
se encorsete y por eso creemos que no tiene por qué hacerse esa
pequeña puntualización.




La segunda enmienda, como hemos dicho que no queremos bendecir el
nuevo plan de I + D hasta que no lo conozcamos, quedaría redactada de
la siguiente manera: fomentar y potenciar esta empresa de base
tecnológica como actuación prioritaria entre las actividades
financiables en el nuevo plan nacional de I + D. Esta es la propuesta
del Grupo Socialista.




La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, tiene la palabra.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Vuelvo a recordar al señor Heredia
que en el mundo empresarial estas cuestiones no sólo dependen de la
eficacia sino también de la eficiencia. Se puede ser muy eficaz pero
a muy alto precio. La eficiencia se da cuando la competencia se
demuestra con unos costes adecuados a los instrumentos con los que
hay que moverse. Esta es una de las cosas que no se puede olvidar
cuando hablamos del I + D. Por otro lado, vuelvo a remitir esas
publicaciones que no son precisamente del Gobierno y en las que desde
las empresas nos están diciendo qué actitudes quieren que tomen los
gobiernos y qué les molesta de las injerencias que les puedan
encorsetar desde arriba. No le pido bendiciones ni salutaciones o una
cara de agrado, ni siquiera que lo entienda. (Risas.) Es algo que
está fuera de mi control, que depende exclusivamente de usted. Si no
conoce los instrumentos que ya existen no es el momento adecuado para
decírselos, aunque vuelvo a remitirle a ese clarísimo y último
programa que ha hecho la OCYT de incorporación de doctores a las
empresas.

Pensamos que se está profundizando en ello teniendo en cuenta las
necesidades de la empresa, las características del quinto programa
marco y sus tendencias, no solamente de los tamaños empresariales
sino también de su capital, la



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cualificación de sus trabajadores y las características del área a
que estén destinadas, incluso, como he dicho, de las grandes
multinacionales radicadas en España que, a la hora de establecer este
tipo de consorcios ponen a la Administración unos frenos que S.S. no
quiere entender. Por tanto, si intentaramos desde la Administración
crear unas directrices que encorsetarían lo que la propia empresa nos
está pidiendo, estaríamos haciendo un mal servicio a nuestro I + D y
a nuestra paradoja española que, en este caso, es mucho más que la
europea.

Por consiguiente, señora presidente, mantenemos nuestra enmienda en
los términos en la que hemos expuesto.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto tiene la palabra la senadora
Boneta.




La señora BONETA PIEDRA: Brevemente, señora presidenta, una de las
razones por las cuales esta senadora del Grupo Mixto, en este caso en
nombre de Eusko Alkartasuna, ha repetido y reclamado hasta la
saciedad en distintos foros, y en éste también, la transferencia de
la investigación científica y técnica que se contiene en el Estatuto
de Gernika, es, en primer lugar, porque está contenida en dicho
estatuto y, en segundo lugar, porque es necesaria la optimización de
esos recursos de que dispondríamos en materia de investigación
científica y técnica; recursos que en este momento, vía cupo, se
están abonando a la Hacienda del Estado.

Hago esta especie de prólogo al contenido concreto de la proposición
que se presenta porque algo parecido a lo que se ha planteado por el
Grupo Socialista se está haciendo ya, desde la legislatura anterior
en que se aprobó el Plan 2000, por el Gobierno vasco en pleno,
impulsado desde distintos departamentos como los de Industria y
Energía, Educación, Universidades e Investigación. Me estoy
refiriendo al anterior Gobierno tripartito PNV, Partido Socialista de
Euskadi y Eusko Alkartasuna. En este momento ya se está dando este
impulso con la dedicación de un importante presupuesto para hacer lo
que aquí se plantea. No se trata de crear ninguna microempresa sino
de impulsarla y dotarla presupuestariamente. En este sentido tengo
que estar de acuerdo con lo que expresa el Grupo Socialista y en su
momento les hice llegar este plan a los señores senadores y diputados
de esta Comisión. Si la media de dedicación del presupuesto del
Estado español en relación al PIB, es un 0,9 por ciento, en el País
Vasco alcanza la cifra de 1,3 por ciento, precisamente porque se
están impulsando estas de iniciativas, por cierto, con recursos
propios y sin haber recibido la transferencia que, desde va a hacer
pronto 20 años, venimos reclamando desde la aprobación del Estatuto
de Gernika.

Por consiguiente, me voy a abstener en esta proposición por razones
de fondo y de competencia. Estoy de acuerdo con el planteamiento que
se hace, bien entendido que es un planteamiento de impulso y de
dotación presupuestaria para ese impulso, y no de creación y
dirigismo desde la Administración de nada nuevo.




La señora PRESIDENTA: Interrumpimos la sesión unos minutos para que
los portavoces tengan la posibilidad de un diálogo al margen de la
Comisión, pero reanudaremos enseguida para proceder a las votaciones.

(Pausa.)
Señora De las Heras, como portavoz del Grupo Socialista ¿admite
alguna de las enmiendas?



La señora HERAS PABLO: No, señora presidenta; no admitimos ninguna de
las enmiendas.




La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de la primera
proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a aprobar en
el plazo de tres meses un decreto que desarrolle el artículo 20 de la
Ley de Patentes, que regula el régimen jurídico aplicable a las
invenciones realizadas por los funcionarios y trabajadores del
Estado, en lo referente a los investigadores de los organismos
públicos de investigación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.




Votamos el segundo punto del orden del día, la proposición no de ley
por la que se insta al Gobierno a favorecer y fomentar la
investigación en colaboración entre empresas y universidades u
organismos públicos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.




Concluido el orden del día, agradeciendo su trabajo a los servicios
de la Cámara, se levanta la sesión.




Era la una y diez minutos de la tarde.