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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 128, de 09/02/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 128
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SÁNCHEZ Y LLIBRE
Sesión núm. 24
celebrada el martes, 9 de febrero de 1999, en el Palacio de Congresos
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Belmonte del Tajo
(Madrid), ejercicios 1994 y 1995. (Número de expediente Congreso 251/
000060 y número de expediente Senado 771/000058) ... (Página 2686)
- Informe de fiscalización de contabilidad de los partidos políticos,
ejercicio 1993. (Número de expediente Congreso 251/000061 y numero de
expediente Senado 771/000059) ... (Página 2687)
Debate sobre:
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas de una fiscalización integral sobre la gestión económica,
presupuestaria, contable, así como sobre la contratación del
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y de las sociedades participadas por
dicho Ayuntamiento. Formulada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente del Congreso 253/000014 y número de expediente
del Senado 772/000012) ... (Página 2689)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas de una fiscalización específica de acuerdo con lo previsto en
la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con el fin de aclarar
la gestión realizada en el Ayuntamiento de Marbella desde el ejercicio
1990 hasta la fecha, en especial las actuaciones administrativas en
materia de contratación, sometimiento a la legalidad y a los
principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público, así como la posible desviación de fondos públicos a personas
o entidades y la depuración de las eventuales responsabilidades que
pudiera derivarse de los hechos examinados. Formulada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente del
Congreso 253/000016 y número expediente del Senado 772/000013) ...
(Página 2689)
- Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre el Informe anual del ejercicio 1994,
relativo al sector público autonómico y local. (Número de expediente
Congreso 250/000007 y número de expediente Senado 770/000003) ...
(Página 2694)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DEL TAJO
(MADRID), EJERCICIOS 1994 Y1995 (número de expediente Congreso 251/
000060 y número de expediente Senado 771/000058).
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señoras y señores senadores y
diputados. Vamos a iniciar la vigesimocuarta sesión de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con el punto del
orden del día referido al debate y votación de las propuestas de
resolución en relación con el informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Belmonte del Tajo (Madrid), durante los ejercicios
1994 y 1995. Por orden de entrada en el registro de la Cámara, tiene
la palabra el diputado socialista don José Acosta Cubero para exponer
y defender las propuestas de resolución números 1 y 2, presentadas
por su grupo parlamentario.
El señor ACOSTA CUBERO: Señor presidente, hemos presentado una
propuesta de resolución que contiene dos puntos en torno a la
fiscalización hecha por el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de
Belmonte del Tajo. El primero es para evitar a los pequeños
municipios los perjuicios derivados del retraso de unas ayudas
financieras por parte de las entidades públicas gestoras y el segundo
trata del tema del personal de los ayuntamientos a nivel de
secretario- interventor, ya que muchas veces los retrasos a la hora
de cubrir estos puestos o en falta hace que la gestión de los
municipios sea deficiente. Sobre estos dos puntos, que son las dos
conclusiones últimas del Tribunal de Cuentas, hemos fijado nuestras
propuestas de resolución.
Si me lo permite, también voy a fijar la posición en torno a la
propuesta de Izquierda Unida. Vamos a votar a favor de la propuesta
de Izquierda Unida, que dice: Proclamar la necesidad de que en todos
los niveles de la Administración y en todos sus organismos se
observen los principios
de transparencia en la gestión y respeto a la legalidad, ya que
es una tautología. ¿Quién va a decir que no a esto?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender sus propuestas de
resolución el diputado por Izquierda Unida don José Luis Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Como dice un proverbio oriental, tiempos
difíciles son aquellos en los que hay que defender la evidencia.
Nuestra propuesta de resolución es algo que por obvio debía estar ya
asumido, pero la realidad nos demuestra -pronto tendremos oportunidad
de ver casos en que esto será todavía mucho más relevante- que lo que
aquí planteamos no está ni mucho menos asumido. Por eso, nuestra
propuesta de resolución hace un llamamiento a la necesidad de que en
todos los niveles de la Administración y en todos sus órganos se
observen los principios de transparencia en la gestión y respeto a la
legalidad, con el fin de que se posibiliten los controles
democráticos en las actuaciones de los diferentes gestores, cesando
en consecuencia las prácticas contrarias a estos principios que se
han llevado a cabo en el municipio fiscalizado. Repito que esto
debería ser algo obvio, pero la realidad nos demuestra que en muchos
ayuntamientos está muy lejos de ser la práctica habitual.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora a los diferentes grupos
parlamentarios fijar posición, si lo creen oportuno, respecto a las
propuestas de resolución presentadas por estos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Vamos a votar favorablemente las propuestas
de resolución números 1 y 2, del Grupo Socialista, ya que todo lo que
sea establecer fórmulas de colaboración con los municipios de
limitada capacidad operativa y fomentar las agrupaciones de puestos
de secretario-interventor entran de lleno en las necesidades que el
informe detecta y, por tanto, estamos de acuerdo. En la propuesta
número 3, del Grupo Federal de Izquierda Unida, nos vamos a abstener.
Cuando se presentó el informe ya dejé constancia -y sepuede comprobar
cuando SS.SS. lo consideren oportuno-
de que estábamos ante la problemática de un ayuntamiento pequeño más
que ante irregularidades hechas a conciencia. Estamos mucho más en la
línea de buscar ayudas y colaboraciones que no de dejar constancia de
falta de control democrático o, sobre todo, de rechazo de prácticas
que a nuestro entender -y así dejé constancia- no existieron en este
caso. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en la filosofía de la
propuesta de resolución de Grupo Federal de Izquierda Unida, pero el
final de la misma nos obliga, entre comillas, a la abstención, por
entender -repito- que la problemática que se detecta en este informe
de fiscalización no lo es tanto a prácticas que no existieron en su
momento, sino a problemas de los ayuntamientos pequeños en cuanto
a todo lo que hace referencia a la ayuda técnica.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el diputado don Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: El Grupo Popular va a votar a favor de las
propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, ya que
coincidimos plenamente en que el Congreso de los Diputados tiene que
ser consciente de los problemas que se presentan en la gestión de los
ayuntamientos muy pequeños por carencia de medios y que son otras
administraciones -las diputaciones provinciales en aquellas
provincias en que las hay, las comunidades autónomas uniprovinciales-
las que tienen que prestar una ayuda complementaria a estos
ayuntamientos para suplir sus carencias y que no se resienta el
servicio a los ciudadanos.
En cuanto a la propuesta presentada por el grupo de Izquierda Unida,
si alguien que no fuera español viera esta propuesta en el Congreso
de los Diputados en el mes de febrero de 1999 se llevaría las manos a
la cabeza preguntándose qué pasa en este país que hay que recordar a
la Administración y a todos sus organismos que observen los
principios de transparencia en la gestión con el fin de posibilitar
el control democrático. Automáticamente esa persona preguntaría: ¿Es
que en este país no hay Constitución? Evidentemente, de un lado es
una propuesta-trampa y de otro una propuesta exagerada. No creemos
que la situación de un pequeño ayuntamiento de la Comunidad de Madrid
sirva como base para llegar a esta alcance. Por tanto, sin podernos
oponer a una propuesta en este sentido, puesto que como bien señalaba
el señor Acosta es una tautología y por tanto la tenemos que aceptar,
lo cierto es que nos cuesta trabajo reforzar con nuestro voto una
propuesta tan catastrófica y tan alejada de lo que es la realidad
democrática de España. Por eso, en esta propuesta número 3 vamos a
abstenernos.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
EJERCICIO 1993 (número de expediente Congreso 251/000061 y número de
expediente Senado 771/000059).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al debate de las propuestas de
resolución presentadas al punto número
2 del orden del día referido al informe de fiscalización de la
contabilidad de los partidos políticos durante el ejercicio 1993. Las
votaciones de dichas propuestas de resolución y de las solicitudes de
fiscalización no se producirán antes de las once y cuarto.
Lo digo para que puedan planificar sus horarios.
Por el Grupo de Izquierda Unida, para defender sus propuestas de
resolución referentes a este punto del orden del día, tiene la
palabra el diputado don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DELVALLE: Intervengo con brevedad para decir
simplemente que se constata en las contabilidades presentadas por los
partidos políticos en el año 1993 un avance sobre años anteriores.
Aun así, todavía nos quedan a todos muchas cuestiones en las que ir
afinando y, sobre todo, aunar criterios con respecto a lo que
sostiene el Tribunal de Cuentas en algunos casos.
Las dos propuestas de resolución intentan reforzar este interés que
creo que tenemos todos y que ojalá en algún momento se vea culminado
con la hoy aparcada reforma de la Ley de Financiación de Partidos
Políticos, reforma que no sabemos muy bien por qué hoy continúa
paraliza después de más seis meses de terminados los trabajos de
ponencia. Además, es indispensable para mejorar también la
presentación de las cuentas y ponerlas en relación con los nuevos
criterios que en algunos casos son necesarios para una mayor
transparencia de las cuentas de los partidos políticos.
La propuesta número 2 insista en que la normalidad democrática debe
ser igual para todos y que no sigan existiendo partidos que no
presentan cuentas, como Herri Batasuna y algunos partidos del ámbito
de Coalición Canaria, sobre los que en ese informe de 1993 queda
claro que no han presentado ningún tipo de contabilidad. También
quiero insistir, porque de momento no hemos tenido ningún resultado,
en que otras fuerzas políticas de ámbito local, como es el caso de
Marbella, tampoco suelen presentar cuentas como partidos políticos.
Se presentan a las elecciones pero no presentan ningún balance sobre
el gasto electoral, lo cual hace pensar que impunemente se están
saltando los límites del gasto electoral en detrimento de la
competencia leal con otra fuerzas políticas y luego nos asombramos de
los fenómenos que se producen en estos ámbitos. Así pues, estamos
atados de pies y manos mientras no busquemos una fórmula que permita
sancionar no con la retirada de subvenciones sino con la penalización
de algo tan grave como es estar destinando fondos muy importantes
para controlar corporaciones locales en una zona de la Costa del Sol,
en este caso. Dentro de poco vamos a tener elecciones municipales y
vamos a ver cómo se amplía este intento de controlar a determinadas
corporaciones, básicamente con negocios particulares y poniendo en
valor mecanismos sobre la gestión del suelo. Por tanto, no es de
extrañar que no les importe gastarse miles de millones en una campaña
con tal de poder controlar el patrimonio de todos, que es el suelo
municipal. Insisto en la necesidad de que el Congreso tiene que tomar
medidas legislativas que permitan terminar con la impunidad de
aquellos partidos políticosque no dan cuenta de su gestión económica.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Socialista tiene la palabra el diputado don
Fernando Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: En cuanto a la financiación de los partidos
políticos, mi grupo ya dijo en el anterior debate que se mantiene una
posición un poco hipócrita al respecto porque en todas las sesiones
de esta Comisión en que se aprueban resoluciones relativas a la
financiación de los partidos políticos manifestamos la buena voluntad
de aceptar siempre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, pero
como bien insinúa un portavoz de grupo en las propuestas de
resolución que plantea, sin modificar la Ley de partidos políticos en
su financiación, difícilmente podemos plasmar esa buena disposición
que se manifiesta siempre en esta Comisión. El problema de fondo es
si queremos o no modificar la Ley de financiación de los partidos
políticos. La experiencia de esta legislatura no dice que no. La
impresión que nosotros tenemos es que el Gobierno o el grupo que lo
apoya no quiere que avance la tramitación de la Ley de financiación
de los partidos políticos. En consecuencia, no es verdad todo lo que
decimos a favor de las propuestas de resolución y las recomendaciones
que nos hace el Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es el problema de fondo?
El problema de fondo es que tenemos en el Congresos una proposición
de ley cuya tramitación está paralizada porque la Mesa de la Comisión
en estos momentos no toma ninguna decisión para que continúe este
proceso. ¿Por qué ocurre eso? Salvo que alguien diga lo contrario,
nosotros pensamos que hay problemas de fondo en los que no parece que
se puedan compartir las posiciones de los distintos grupos
parlamentarios. Concretamente me referiré al problema de la
transparencia en la financiación de las cuentas de los partidos
políticos. En estos momentos, con la legislación actual es posible la
financiación opaca, la financiación oculta, sin saber quién hará
determinadas donaciones a los partidos políticos en un orden del 5
por ciento de la totalidad de las subvenciones. Estamos hablando de
cifras nada desdeñables para cada partido político, de 500 millones
de pesetas que se pueden estar perfectamente ocultos. Este problema y
otros más que todo el mundo conoce en esta Comisión perfectamente nos
llevan a pensar que cuando no se quiere que continúe la tramitación
de la proposición de ley de financiación de los partidos políticos
cada uno tendrá que asumir la responsabilidad de las razones de por
qué ocurre eso. Como queremos que ese debate sea transparente y claro
y que la financiación sea transparente y clara, modifiquemos la ley
en lo que hay que modificarla, de acuerdo con las recomendaciones que
hace el Tribunal de Cuentas, y con las consideraciones políticas que
los distintos grupos de esta Cámara estemos dispuestos a proponer en
esa ley.
En nuestra propuesta de resolución número 3 planteamos que se inste a
la Mesa del Congreso a que adopte las medidas necesarias para que en
la Comisión se desatasque la situación en la que está en estos
momentos la proposición de ley de financiación de los partidos
políticos. Ese es el sentido de nuestras propuestas de resolución,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la
palabra el senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Hemos presentado una propuesta de
resolución, la número 6 ya que nos parece inaceptable y sin
justificación que estemos analizando el informe de fiscalización
correspondiente al ejercicio de 1993. De seguir a este ritmo sería
mejor dejar de fiscalizar ya que seis años de por medio no solo
restan eficacia sino que incluso cuestionan la necesidad de hacer
estos informes de fiscalización. Además, nos asusta pensar en la
acumulación de más retraso con ocasión de este año electoral. Nuestra
propuesta de resolución va en la línea de urgir la tramitación de los
informes de fiscalización de las contabilidades de los partidos
políticos correspondiente a los ejercicios posteriores, es decir,
1994, 1995, 1996 y 1997.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado don Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una propuesta en la que se insta a los partidos políticos
a asumir las recomendaciones formuladas por el Tribunal. Al mismo
tiempo constata que uno de los problemas a los que el Tribunal dedica
más tiempo en su informe no es la dificultad de integrar los recursos
obtenidos por los grupos institucionales en ayuntamientos,
diputaciones y cabildos insulares con los de los partidos políticos.
La integración de la contabilidad en un solo instrumento presenta
dificultades por la pura colisión de leyes, la de financiación de
partidos políticos y la reguladora de haciendas locales. Queremos
dejar constancia de esta colisión al objeto de que pueda resolverse
en el futuro cuando se reforme la Ley de financiación de partidos
políticos.
Respecto a las propuestas de los distintos grupos, coincidimos
totalmente con la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); también con las formuladas por Izquierda Unida, si bien
entendemos que su propuesta número 2 se refiere a aquellas
formaciones políticas como Herri Batasuna que han trabajado sin
estados contables, sin dar cuenta de su contabilidad, y que por tanto
han trabajado al margen de la legalidad que sí ha cumplido en mayor o
menor medida el resto de la formaciones políticas. Las propuestas 1 y
2 del Grupo Parlamentario Socialista no nos plantean ningún problema.
No nos plantea ningún problema de fondo la tercera de las propuestas
puesto que el Gobierno, entre comillas, no quiere tramitar según
expresa el señor Gimeno en su intervención y lo cierto es que esa
posición no se corresponde con la realidad. (El señor vicepresidente,
García Millán, ocupa la Presidencia.) Parece que se quiere plantear
que el Grupo Parlamentario Popular quiere, entre comillas, privatizar
los partidos políticos y que toda su obsesión es buscar fondos
privados no controlados por el Tribunal de Cuentas. Esa afirmación no
se corresponde con la realidad. Trasladar a esta Comisión un debate
que es del ámbito de otra nos parecería un error por parte de quien
lo hiciera. En cualquier caso, la observación a esta tercera
propuesta -y la hacemos como una sugerencia al grupo proponente- es
que nos caben dudas de que se pueda formular en esta Comisión una
propuesta de resolución
instando a la Mesa del Congreso. Ese planteamiento de instar a la
Mesa del Congreso es lo que creemos que no guarda relación con la
finalidad pretendida por el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello,
antes de votar las propuestas sugiriríamos a dicho parlamentario que
modificara la redacción en el sentido de eliminar la expresión
«instar a la Mesa del Congreso» y quedara una formulación para que se
prosiga la tramitación de la proposición de ley sobre financiación de
los partidos políticos. Trataría de cuadrar adecuadamente el papel de
la Comisión dentro del esquema global del Congreso de los Diputados.
Parece que la Mesa como órgano máximo de representación de todos los
grupos parlamentarios, como órgano de representación externa e
interna del propio Congreso de los Diputados, no debe recibir una
instancia de una de las comisiones. Este es el sentido de la
modificación que sugerimos al Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, el Grupo Popular me ha hecho
una propuesta y quiero decir que la acepto.
El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, cuando defendí la
propuesta de resolución de nuestro grupo parlamentario no fijé
posición respecto a las otras propuestas presentadas. Si le parece
bien aprovechó este turno para hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Quisiera dejar constancia de que vamos a
votar favorablemente todas las propuestas de resolución presentadas.
Los números 1 y 2, de Izquierda Unida, porque todo lo que haga
referencia a transparencia en la información y a total colaboración
con el Tribunal de Cuentas es una línea en la que estamos totalmente
de acuerdo. También los número 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario
Socialista, en las que se deja constancia de aceptar las
recomendaciones, su traslado y la necesidad de proseguir la
tramitación de la ley de financiación de los partidos políticos con
las salvedades y aclaraciones hechas últimamente por el Grupo
Parlamentario Popular y aceptadas por el grupo proponente. Igualmente
la número 7, del Grupo Parlamentario Popular, ya que se trata de
asumir las recomendaciones y constatar las contradicciones actuales.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN INTEGRAL SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA,
PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ASÍ COMO SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA(MÁLAGA) Y DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS POR
DICHO AYUNTAMIENTO. FORMULADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(número de expediente del Congreso 253/000014 y número expediente del
Senado 772/000012).
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN LA LEY ORGÁNICA2/1982, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CON EL FIN DE
ACLARAR LA GESTIÓN REALIZADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DESDE EL
EJERCICIO 1990 HASTA LA FECHA, EN ESPECIAL LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, SOMETIMIENTO A LA
LEGALIDAD YA LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA
GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ CON LA POSIBLE DESVIACIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS APERSONAS O ENTIDADES Y LA DEPURACIÓN DE LAS EVENTUALES
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS EXAMINADOS.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(número de expediente del Congreso 253/000016 y número de expediente
del Senado 772/000013).
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Pasamos a debatir los puntos
3 y 4, referidos a solicitar a la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas la fiscalización integral sobre la gestión
económica, presupuestaria y contable, así como sobre la contratación
del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), formulados por los grupos
Socialista e Izquierda Unida. Tiene la palabra en primera instancia
el señor Zamorano Vázquez.
El señor ZAMORANO VÁZQUEZ: Señor presidente, los fundamentos de la
solicitud que presenta el Grupo Parlamentario Socialista son claros y
están basados en el incumplimiento sistemático que de la legislación
vigente hace el Ayuntamiento de Marbella con la ocultación
premeditada de la realidad económica, presupuestaria y contable de
ese ayuntamiento, con la permanente obstrucción a los intentos de
fiscalización que se han realizado por las distintas instituciones y,
en definitiva, con el permanente intento de burla al Estado de
derecho al que Gil está sometiendo la gestión de este ayuntamiento.
Es bien conocido que la Ley de haciendas locales exige a los
ayuntamientos su rendición de cuentas e incluso su presentación ante
el tribunal correspondiente antes del 15 de octubre de cada año
vencido pero ésta no es la realidad que se da en el Ayuntamiento de
Marbella. Solamente se han rendido al pleno las cuentas de los años
1992 y 1993, y esto porque el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía se lo ha ordenado. En cuanto a la última cuenta de la que
se tiene algo de conocimiento, que es la del año 1995, se produjo su
aprobación provisional debido a la presentación por parte del Grupo
Parlamentario Socialista en el ayuntamiento de un conjunto de
alegaciones; y estas alegaciones no sólo no han sido contestadas sino
que la cuenta no ha sido devuelta al pleno para su aprobación
definitiva. Hay una constante vulneración de los derechos de todos
los concejales. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ya ha condenado en 28 ocasiones a este ayuntamiento
por vulneración de derechos fundamentales, en especial el derecho de
participación política, ante la sistemática negativa a facilitar
cualquier tipo de información. Además, repito, hay un intento
premeditado de ocultar la realidad de este ayuntamiento; premeditado
porque desde el principio de su gestión, en el año 1991, el señor
Gil, alcalde de Marbella, crea un entramado de empresas municipales,
desconociéndose en muchos casos cuál es el procedimiento de su
creación. Actualmente tenemos conocimiento de la existencia de 22
empresas y hay que resaltar que 10 de ellas ni siquiera han sido
aprobadas por el pleno de la corporación sino directamente por la
comisión de gobierno, teniendo en cuenta, además, que el cien por
cien de capital de estas empresas es municipal. Y no estamos hablando
de empresas con poca actuación. De las pocas cuentas que se conocen
sabemos que en el año 1992 les fueron transferidos 6.000 millones de
pesetas por el propio ayuntamiento e igual cantidad en el año 1993,
etcétera. Son empresas que no presentan ningún tipo de cuenta. Alo
más que llegan es a presentar un balance o lo que se pueda exigir -en
estos dos años de los que se conoce algo- de documentación para una
empresa privada. Son empresas que cuando se tiene conocimiento de que
han celebrado una junta general de accionistas es por los medios de
comunicación, sin participación alguna de los grupos de la oposición
y sin que se conozca la convocatoria o cualquier otra cosa sobre
ellas. Además, si esta situación se da con las empresas municipales,
también es una situación muy atípica al que se da con la cuenta
general del ayuntamiento. Cuando ésta se presenta se hace sin ningún
tipo de soporte documental; cuando se pide para su conocimiento algún
mandamiento de pago a veces tardan un año en aportarlo y no es rara
al contestación de que ese mandamiento se ha perdido o los documentos
que lo amparan. Igualmente, tenemos constancia de que obligaciones
contraídas desaparecen de una liquidación para otra y de que incluso
obligaciones reconocidas en sentencias definitivas, como el caso
Segema, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no figuran
en las liquidaciones firmadas por el alcalde, pero se da el argumento
de que como no se va a pagar con dinero sino con terreno no deben
figurar en esa liquidación. De la última que se tiene conocimiento,
firmada por el propio alcalde en el año 1995, se hablaba de una deuda
del ayuntamiento de 42.000 millones de pesetas, pero no se
contemplaban las deudas de las sociedades. En las recientes
contestaciones de Gobierno sobre la deuda de la Seguridad Social se
señala que ascendía a 8.000 millones de pesetas, pero no se contempla
esta deuda de Segema. No se contempla, en definitiva, ningún tipo de
deuda que no consideren ellos que va a ser pagada en metálico. Si va
a haber compensaciones en terreno, etcétera, no figuran. Este es el
sentido que tiene el último informe presentado por la Intervención
municipal. Además, como he dicho, hay una permanente obstrucción a
los intentos de fiscalización que se han hecho tanto por parte de los
concejales de la oposición, con esa sentencia a la que ya me he
referido del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como por la
propia Cámara de Cuentas de Andalucía. La Cámara de Cuentas ha
intentando fiscalizar a la empresa Contratas 2000 y le ha sido
imposible. El alcalde de Marbella ha negado competencias a la Cámara
de Cuentas andaluza para la realización de esa fiscalización,
ha interpuesto un contencioso-administrativo y la Cámara de
Cuentas ha pasado esta información a la Fiscalía al objeto de
presentar una denuncia por obstrucción, la cual parece ser que ha
sido remitida a los juzgados correspondientes.
En definitiva, nos encontramos ante una actuación de permanente
incumplimiento de la legislación, de ocultación premeditada de las
cuentas y de obstrucción a la fiscalización. Creo que es una
obligación de todos los partidos democráticos posicionarnos
firmemente ante comportamientos antisistema como el que manifiesta el
señor Gil, hacer cumplir la ley y hacerle ver que comportamientos en
los que se confude el lucro personal con los beneficios del
ayuntamientos son caciquiles y en algunos casos auténticamente
facistas y ponen de manifiesto el comportamiento mafioso con el cual
el señor Gil está llevando la gestión en el Ayuntamiento de Marbella
y por extensión, en donde este partido político está gobernando, como
es en la mancomunidad o en el Ayuntamiento de Estepona. Creo que la
posición deber ser firme y clara para hacer cumplir las normas de
nuestro Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para su intervención, tiene
la palabra el diputado don José Luis Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Nuestro grupo presenta hoy una iniciativa
para que el Tribunal de Cuentas fiscalidad la actuación del
Ayuntamiento de Marbella y de sus empresas públicas durante los años
de gobierno del Grupo Independiente Liberal. Lo hacemos porque
entendemos que estamos ante una situación especial, una situación que
requiere un trato específico. Posiblemente, a quienes no vivan
directamente la situación que se sufre en el Consistorio marbellí les
costará trabajo entender el clima de ausencia de garantías
democráticas que se vive en una institución que se encuentra en
permanente estado de excepción y donde -como ya se ha dicho
anteriormente- existen multitud de condenas por violación de los
derechos fundamentales, así como una situación en la que la oposición
no tiene prácticamente derechos. Además, existe una forma de
gobernar, un estilo de funcionar en el que se mezcla lo privado con
lo público, en el que se sustituye el respeto de la legalidad por el
insulto y la agresión verbal, de manera que el mismo se desprecia a
un miembro de la oposición política que se insulta a un juez.
Quisiera señalar algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender
la situación, aunque siempre se siente el temor de caer en la
caricatura y para nosotros el problema es demasiado serio como para
que puede ser tomado a broma, aunque en este tema, por desgracia,
estamos demasiado acostumbrados al esperpento. Por ejemplo, una de
las primeras medias que toma don Gregorio Jesús Gil cuando le nombran
alcalde de Marbella es la de deshacerse del secretario del
Ayuntamiento porque se negaba a llevarle la firma a su domicilio
particular -domicilio que se llama, por cierto, Club Financiero-desde
donde se dirigen realmente los asuntos públicos de todos los
municipios donde gobierna el citado Grupo Independiente Liberal.
Señorías, el Ayuntamiento de Marbella compra un hotel, compra que
después es declarada irregular por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. Se regala una estatua por un escultor ruso que
el final resulta que general unos gastos millonarios, se dice que
debidos a su traslado, asunto que hoy está en los juzgados. Estamos
ante una situación excepcional en la que la Cámara de Cuentas
andaluza todavía no ha podido entrar en el Ayuntamiento de Marbella a
pesar de que tiene desde el año 1995 un mandato parlamentario para
ello. Es una situación excepcional, señorías, porque en esos momentos
el alcalde de Marbella se encuentra en libertad bajo fianza -una
fianza millonaria-, amparándose en su estado de salud, y porque sus
más directos colaboradores llevan más de un mes en prisión
incondicional, acusados todos ellos de diversos delitos relacionados
con el uso indebido de los fondos municipales.
El Tribunal de Cuentas es en estos momentos la única garantía que
tienen los ciudadanos de Marbella de saber cómo ha sido administrada
su ciudad, cómo se han realizado las contrataciones, cómo se han
gestionado los impuestos y cuál es la situación actual de las deudas
del ayuntamiento, porque en este caso, señorías, no hay forma de
separar lo público de lo privado. Lo que sí denunciamos con todas las
consecuencias es que la ciudad de Marbella se gobierna en función de
los intereses de una minoría y que, en el Estado de derecho, la
normativa pública ha sido, una y mil veces, despreciada por quienes
estaban obligados a cumplirla. En Marbella nos encontramos con que
concejales que parten prácticamente de la nada acaban con capitales
de miles de millones, y todo esto necesita una explicación.
Reconocemos que los consejeros de la oposición llevan trabajando duro
durante años y que, igual que la Cámara de Cuentas andaluza, no han
podido acceder a las cuentas municipales, ni siquiera para cumplir
con su obligación -para que lo fueron elegidos concejales- de
explicar al pueblo como se administran sus bienes, porque parece que
los gobernante de Marbella no son los administradores que deben de
ser, sino los dueños de esta ciudad.
Todo eso debe acabar, esa impunidad debe terminarse y hoy el Tribunal
de Cuentas debe empezar un trabajo que ponga las cosas en su sitio.
Después de tantos años, nosotros denunciamos que detrás de las
declaraciones groseras, de los comportamientos fascistas del alcalde
Gregorio Jesús Gil se esconde un entramado financiero que sólo trata
de utilizar los fondos públicos según los intereses de quienes
gobiernan Marbella.
No vamos a entrar aquí en el fondo del Trabajo que está realizando la
Fiscalía anticorrupción, aunque esta situación sería para nosotros
causa suficiente para justificar la propuesta de fiscalización del
Ayuntamiento de Marbella por el Tribunal de Cuentas. Como decía, el
Tribunal de Cuentas debe hacer algo más que entrar en los posibles
casos delictivos que se han podido cometer en la gestión de este
ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas debe determinar cómo se ha
gobernado ese ayuntamiento. Antes hacíamos alusión a otro
ayuntamiento y señalábamos una propuesta de resolución que por algún
grupo ha sido tildada de exagerada, pero es evidente que en el caso
de Marbella esa resolución viene como anillo al dedo y evidencia que
lo que le pedimos al Tribunal de Cuentas es que nos aclare cómo se
han utilizado en Marbella los criterios de transparecencia y de
eficiencia en la administración del dinero público, porque hay
circunstancias que pueden ser legales
o, como viene defendiendo los abogados defensores del señor Gregorio
Jesús Gil, pueden estar prescritas en estos momentos, pero lo que es
una realidad es que deben ser analizadas y expuestas como ejemplos de
corrupción y de favoritismo político, que es como han gobernado los
asuntos de Marbella durante mucho tiempo.
Nosotros tenemos la esperanza de que, aunque con retraso, el Tribunal
de Cuentas puede desentrañar una situación financiera que, como las
cuestiones que denunciamos, va camino de convertirse en misteriosos
expediente X que nunca se aclara. Señorías, para nosotros, la
impunidad no puede ser la norma. La impunidad no puede ser lo
cotidiano frente a quienes exigimos la claridad y el cumplimiento de
la legalidad. Como botón de muestra -ya se ha hecho antes alusión-,
quiero señalar que, entre 1992 y 1994, la empresa Contratas 2000
-empresa que fue comprada con dinero público a un miembro del partido
de Jesús Gil- recibió del Ayuntamiento de Marbella, entre
transferencias corrientes y gastos de personal, hasta 11.500 millones
de pesetas. Todo ello por la vía de la adjudicación directa, sin
concurso público y, evidentemente, cortando de cuajo la posibilidad
de que cualquier otra empresa pudiese competir. Contratas 2000 es
solamente un ejemplo, como se ha dicho antes, remitiéndonos a los
años en los que hemos podido averiguar algo de las cuentas, porque
después del año 1995 muy poco o nada podemos decir. Es otro ejemplo
más entre otras muchas empresas que fueron creadas en un entramado
financiero nada más llegar Gregorio Jesús Gil a alcalde de Marbella.
La Comisión especial de cuentas del Ayuntamiento de Marbella es una
entelequia que no tiene ninguna virtualidad. También es de todos
conocido, por la relevancia que ha tenido en los medios de
comunicación, el papel que la empresa municipal Eventos 2000, que,
desde que la crease el señor Gregorio Jesús Gil, realiza las mas
diversas operaciones con clubes de fútbol, incluso con aquellos que
pertenecen al propio alcalde de Marbella, utilizando como
intermediaria una empresa, Promociones Futbolísticas, que también en
propiedad del alcalde de Marbella. Podríamos seguir hablando de
empresas municipales en las que, repito, se sigue confundiendo lo
público con lo privado. Nadie puede creer -y aquí es donde está la
importancia de esta actuación- que, por mucha mayoría absoluta que se
tenga, por muchas elecciones que se puedan ganar, se tenga patente de
corso para saltarse las obligaciones que impone el Estado de derecho
a cualquier gobernante.
Es evidente que estamos ante uno de los casos más claros que exige
una intervención del Tribunal de Cuentas, porque Marbella se ha
gobernado no solamente de una forma autoritaria, no solamente de una
forma fascista, sino sobre todo, en función de unos intereses
personales, de una minoría, en contra de los intereses de la mayoría
de la población, que, al final, serían los que tendrán que acabar
pagando este desbarajuste financiero que actualmente existe. Si hoy
aprobamos la fiscalización -como yo creo va a ser- habremos dado un
paso muy importante hacia lo que debe ser una obligación de todos
nosotros, que es ganar la confianza de los ciudadanos hacia las
instituciones democráticas. En Marbella, la tardanza de la justicia
en actuar ha hecho que muchos de los ciudadanos empiecen a dudar de
la propia eficacia de la justicia; confianza que afortunadamente
hoy se empieza a recuperar por la acción valiente y decidida de
algunos miembros de la judicatura. tenemos que seguir denunciando
que, detrás de los desprecios, de los insultos, se sigue escondiendo
ese oscuro entramado de intereses que el Tribunal de Cuentas tiene
que desentrañar, como decía antes, para evitar que las cuentas del
Ayuntamiento de Marbella acaben siendo un expediente X.
Dicho esto -a pesar de que sabemos las dificultades reglamentarias
que pueden tener y por si hubiera alguna posibilidad-, queremos
solicitar que a la petición de fiscalización del Ayuntamiento de
Marbella se añada la del Ayuntamiento de Estepona. Porque, señorías,
estamos hablando de una forma de gobernar similar. Estamos hablando
de que en el Ayuntamiento de Estepona también se ha montado un
entramado de empresas municipales, se ha creado una administración
paralela que no tiene otro fin -igual que en Marbella- que el escapar
del control de la corporación y, por ende, de los ciudadanos para,
así, desviar fondos públicos para fines particulares de quienes
gobiernan. Tal como se ha demostrado en Marbella, de esta manera se
puede aumentar de forma indefinida el endeudamiento municipal, sin
ninguna garantía para los acreedores, al tiempo que se está acabando
con el patrimonio municipal del suelo mediante transferencias a estas
empresas pública que, al final, vienen dilapidando el suelo público y
dejando sin recursos a estos municipios. En Estepona hay también una
serie de empresas, que se han constituido en Málaga, que están
inscritas en el registro mercantil, con la misma finalidad que las de
Marbella, que no es otra -repito- que la de montar un entramado
financiero para los intereses del grupo gobernante. Si fuese posible
reglamentariamente y si así fuese asumido por el resto de los grupos,
nosotros solicitaríamos esta ampliación; si no fuese posible, a lo
que sí nos comprometemos es a presentar, en breve, una nueva
iniciativa para que el Ayuntamiento de Estepona tampoco escape a la
fiscalización, porque de lo que aquí estamos hablando es de una forma
de gobernar impropia de cualquier Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para fijar la posición en
esta doble propuesta de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella,
tienen la palabra los portavoces de grupos políticos.
Por el Grupo Catalán (Corvergència y Unió), tiene la palabra el
senador Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Intervengo para fijar nuestra posición y
voy a empezar por el final, sin saber todavía cuál va a ser la
posición de esta Comisión en relación con la mención que ha hecho el
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al municipio de
Estepona. Hoy estamos hablando del Ayuntamiento de Marbella, por lo
que la iniciativa relativa a Estepona debería quedar, si acaso, para
la que se presente en su momento. Esta sería la posición de nuestro
grupo, a expensas de lo que decida la Comisión en este caso.
En relación con el Ayuntamiento de Marbella, nuestro grupo, como
saben SS.SS., no suele entusiasmarse -entre comillas- demasiado con
las fiscalizaciones de corporaciones locales y en este caso, tampoco;
en cambio, lo consideramos no sólo imprescindible, sino urgente.
Tengo un
catálogo de consideraciones que justifican la posición de nuestro
grupo. Punto uno, por las denuncias constantes que se vienen
produciendo; dos, por el contenido y la envergadura de las mismas;
tres, por las supuestas irregularidades que se mencionan; cuatro, por
el desgaste que ello ocasiona a la propia credibilidad municipal en
general; cinco, por el impacto mediático que tiene este asunto; seis,
por la necesidad de que se clarifique de una vez la situación; siete,
para no correr riesgos innecesarios; ocho, para no prejuzgar sin
conocimiento adecuado; y nueve, debería hacerse en plena colaboración
con el órgano fiscalizador de la propia comunidad autónoma y sin
interferencias. Por todo lo expuesto, y si quieren SS.SS. mucho más,
es imprescindible y urgente la fiscalización que se propone, teniendo
en cuenta el grado de consenso que existe por parte de todos los
grupos de esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Al hilo de la propuesta
hecha por Izquierda Unida y del comentario manifestado por el senador
Salvador Carrera, quiero manifestar que no es preceptivo presentar
otra iniciativa con el fin de incorporar el Ayuntamiento de Estepona
a esta misma iniciativa de fiscalización. Si todos los grupos
políticos están de acuerdo puede incorporarse directamente en este
mismo acto. Lo digo para que si todos los grupos políticos llegan a
un acuerdo lo manifiesten así para poderlo reflejar.
Tiene la palabra el diputado don Federico Souvirón para manifestar la
posición de su grupo parlamentario en este punto.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El Grupo Parlamentario Popular muestra su
posición favorable a que esta Comisión, dentro de la delegación
atribuida, tome la iniciativa que la ley concede a las Cortes
Generales para solicitar el Tribunal de Cuentas que inicie
procedimiento fiscalizador sobre la gestión económica del
Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades participadas para conocer,
a la vista de sus resultados, si esa gestión se ajusta a los
principios de legalidad, eficacia y economía que deben regir la
administración de bienes y caudales públicos.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué hay exactamente tras la
permanente polémica que rodea a la gestión municipal en Marbella.
Deben conocerlo por el órgano independiente y habilitado al efecto,
que es al Tribunal de Cuentas, y no por otro tipo de informaciones
que pueden asumir como rumores y no como realidades tangibles y
tangentes como las que pueden aparecer en el informe del Tribunal de
Cuentas. Nosotros, sus representantes, tenemos la responsabilidad de
que las garantías que el ordenamiento jurídico ofrece en un Estado de
derecho estén presentes en todos y cada uno de los rincones de la
Administración pública española.
La Cámara de Cuentas andaluza ha encontrado dificultades para cumplir
el acuerdo de fiscalización tomado por el Parlamento de Andalucía en
diciembre de 1994. Los obstáculos colocados por el Ayuntamiento
marbellí, las constantes condenas que la Sala de lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha impuesto al alcalde de Marbella por impedir el control
de la gestión del propio pleno municipal son, junto a otros
datos que aquí han dado anteriores intervinientes, suficientemente
expresivos y nos llevan a la formación del criterio que sirve de base
a la posición que manifestamos relativa a que el Tribunal de Cuentas,
creado por la Constitución y habilitado por una ley orgánica para el
control de las cuentas públicas, inicie cuanto antes el procedimiento
fiscalizador de acuerdo con nuestra organización territorial y en
coordinación con la Cámara de Cuentas de Andalucía.
En casos como éste sobran los adjetivos y los adverbios porque la
realidad es bastante expresiva. El gesto verdaderamente importante es
apoyar la solicitud y dar la palabra al Tribunal de Cuentas para que,
a la vista de su informe, podamos conocer la realidad del
Ayuntamiento de Marbella. (ELSeñor Zamoramo Vázquez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): ¿Qué desea, señor Zamorano?
El señor ZAMORANO VÁZQUEZ: Señor presidente, pido la palabra para
fijar la posición del Grupo Socialista en cuanto a extender la
solicitud al Ayuntamiento de Estepona que crea quedó implícita en mi
intervención anterior al hablar de que estas prácticas no son sólo de
la persona, sino de todo el comportamiento del grupo GIL y mostrarnos
a favor de la solicitud que se ha realizado. En todo caso, y si no
fuese aceptada por todos los grupos, quiero anunciar que el Grupo
Socialista presentará una solicitud para su debate en la próxima
reunión de la Comisión en el sentido de hacer también la
fiscalización integral de la gestión económica, presupuestaria y
contable del Ayuntamiento de Estepona, así como de las sociedades
participadas por el mismo. (El señor Souvirón García tiene la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Tiene la palabra, señor
Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, no me he pronunciado
sobre la petición del Grupo de Izquierda uNida acerca del
Ayuntamiento de Estepona, pero quiero manifestar que la situación es
lo suficientemente serie como para que merezca una iniciativa
concreta y particular. No debe incluirse dentro de otra, relativa al
Ayuntamiento de Marbella, porque las dos tiene entidad suficiente
-estamos dispuestos a estudiar la de Estepona en el momento en que se
presente- para darles tratamiento separado.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Llegados a esta primera
parte del orden del día se suspende la sesión hasta las once y quince
minutos en que se procederá a la votación, según lo ha manifestado
inicialmente el presidente de esta Comisión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Vamos a proceder a la
votación de las propuestas de resolución presentadas al informe de
fiscalización del Ayuntamiento
de Belmonte de Tajo. En primer lugar, votaremos las números 1 y 2,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Quedan aprobadas por
unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 3, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
abstenciones, 24.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Queda aprobada.
Votamos las propuestas de resolución presentadas al informe de
fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos en el
ejercicio 1993.
En primer lugar, votamos las propuestas de resolución números 1 y 2,
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Quedan aprobadas por
unanimidad.
A continuación, votamos las propuestas números 3, 4, y 5, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, la propuesta número 5 del
Grupo Parlamentario Socialista se entiende con la corrección que
aceptó el portavoz del grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Si, así se entiende. Las
podemos votar conjuntamente.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Queda aprobada por
unanimidad.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 6, del Grupo
Parlamentario CAtalán (Convergència i UniÚ).
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Queda aprobada por
unanimidad.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 7, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Queda aprobada por
unanimidad.
Acontinuación, pasamos a votar conjuntamente las dos propuestas de
fiscalización del Ayuntamiento de Marbella.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Quedan aprobadas por
unanimidad.
Suspendemos la sesión hasta las once y media, hora en la que tendrá
lugar la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.
Se suspende la sesión.
Se reauna la sesión.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO
DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 1994,
RELATIVO AL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO Y LOCAL (número de expediente
Congreso 250/000007 y número de expediente Senado 770/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Señorías, se reanuda la
sesión, no sin antes dar la bienvenida al presidente del Tribunal de
Cuentas, don Ubaldo Nieto de Alba, que nos va a presentar el informe
anual del ejercicio 1994 relativo al sector público autonómico y
local, para cuyo fin tiene la palabra en estos momentos.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Buenos
días a todos ustedes. Voy a proceder, como ya habitual, a presentar
el informe haciendo una síntesis del mismo.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 136.2 de la
Constitución; 13.1 de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas
y 28 de la Ley de Funcionamiento, el pleno del Tribunal de Cuentas en
la sesión celebrada el día 29 de abril de 1998 aprobó el presente
informe anual relativo al análisis de las cuentas y a la
fiscalización de la gestión económica del ejercicio 1994 de las
comunidades autónomas y corporaciones locales, así como de las
entidades que integran el respectivo sector público. El presente
informe se agrega al referido sector público estatal aprobado con
anterioridad por el pleno del Tribunal, conformando entre ambos el
informe anual del ejercicio 1994.
Por lo que se refiere al sector público autonómico se recogen de
forma resumida y globalizada los resultados derivados de los informes
individuales elaborados para cada una de las comunidades autónomas
por el Tribunal o por el órgano de control externo en aquellas
comunidades que disponen del mismo. En este sentido, el Tribunal de
Cuentas ha analizado el informe del correspondiente órgano de control
de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia. Por tercer año
consecutivo no se ha recibido aún en el momento de redactar el
presente informe al correspondiente al Consejo de Cuentas de Galicia,
aunque sí la cuenta general de esta comunidad, cuyos datos se
incluyen en el análisis del sector. En cuanto al resto de las
comunidades, el Tribunal ha elaborado los respectivos informes de
fiscalización, que fueron remitidos de forma inmediata a las
asambleas legislativas en cumplimiento de lo previsto en el artículo
13.2 de la Ley orgánica.
Se considera oportuno señalar que, con independencia de la pretensión
de alcanzar un adecuado grado de homogeneización en la presentación
de los resultados fiscalizados de cada comunidad autónoma, existen
diferencias entre las mismas que afectan necesariamente al fondo y a
la forma del análisis en conjunto. Así, determinados aspectos de la
gestión económico-financiera deben ser ponderados en función de las
competencias transferidas -por ejemplo, sanidad o educación-, del
ámbito territorial -pluriprovincial o uniprovincial-, y del régimen
común o foral, que afectan tanto a la estructura de los gastos como
al marco financiero correspondiente. Estas circunstancias, junto a
las diferencias detectadas en los distintos informes que han servido
de base, han condicionado la extensión, el tratamiento y el contenido
del análisis efectuado.
Una vez realizadas las anteriores precisiones, paso a continuación a
exponer los resultados más significativos del sector autonómico.
En primer lugar, en lo referente a la rendición de cuentas, las de
las administraciones generales se han rendido dentro de los plazos
legalmente establecidos, salvo en Aragón y Cantabria. Los principales
retrasos o incumplimientos se presentan en relación con las cuentas
de las administraciones institucionales y de las empresas públicas.
De las 17 comunidades autónomas dependen, según la información
disponible, 144 entes administrativos y 93 organismos autónomos -51
son entes estatutarios y universidades-, y 404 empresas públicas, si
bien en los informes de las comunidades Foral de Navarra y del País
Vasco no consta el cumplimiento de esta obligación, que afecta además
a las dos administraciones generales, a 20 organismos autónomos, seis
entes estatutarios y 148 empresas. Por ello, del resto de la
Administración institucional y empresas públicas se concluye que de
los 73 organismos autónomos, 68 han rendido en plazo, cuatro fuera de
él y uno no ha rendido; de los 45 entes estatutarios, 16 han rendido
en plazo, 19 extemporáneamente y 10 no han rendido, y de las 256
empresas públicas, 169 han rendido en plazo, 51 fuera de él y 36 no
han rendido. Entre las carencias documentales de las administraciones
generales destaca la ausencia de las memorias justificativas de
costes y rendimientos de los servicios públicos y las demostrativas
del cumplimiento de objetivos programados, y en las empresas
públicas, la falta de aportación de la ejecución de los programas de
actuación, inversión y financiación y de los presupuestos de
explotación y capital.
Por otra parte, de las 161 entidades que deben implantar el Plan
general de contabilidad pública sólo lo habían hecho en este
ejercicio 38, de las que cinco son administraciones generales, en
concreto las de Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la
Comunidad Valenciana, si bien existen limitaciones y carencias
significativas que no permiten considerar hasta este momento que el
plan se haya implantado correctamente. El resto de los sistemas
contables aplicados siguen respondiendo al modelo de contabilidad por
partida simple.
En apartado diferente del informe se presentan los resultados
derivados del análisis de las administraciones generales desde la
triple perspectiva de contabilidad presupuestaria, situación
patrimonial y gestión económica. En lo que se refiere al subapartado
de contabilidad presupuestaria,
en los presupuestos persisten con carácter general defectos sobre la
indeterminación de los objetivos e indicadores, lo que, unido a la
inexistencia de un sistema de contabilidad analítica, imposibilidad
la valoración objetiva del coste y rendimientos de los servicios
públicos prestados. En conjunto, los créditos iniciales ascienden a
7,39 billones de pesetas y las modificaciones presupuestarias a 0,9
billones, lo que representa un 12 por ciento de aumento sobre los
créditos iniciales, evidenciando, al igual que en ejercicios
anteriores, la necesidad de una mejora en la presupuestación y de un
mayor rigor en la gestión.
Tanto las obligaciones como los derechos reconocidos ascienden a 7,5
billones, resultando un grado de ejecución medio del 91 por ciento
respecto del presupuesto de gastos y del 94 por ciento respecto al de
ingresos, si bien estos porcentajes de ejecución variarían al tener
en cuenta los ajustes propuestos por el Tribunal como consecuencia
del diferente tratamiento presupuestario de determinadas obligaciones
y derechos. Del lado de las obligaciones se ajustan aquellas
derivadas tanto del Fondo Nacional de Cooperación Municipal como de
las transferencias a ayuntamientos y administración institucional.
Del lado de los derechos, destaca la divergencia de criterio contable
en el registro de los derechos derivados de la participación de los
ingresos del Estado, de los del Fondo de compensación
Interterritorial y de los provenientes de operaciones de crédito. En
el informe se detalla igualmente la ejecución del gasto y del ingreso
por operaciones corrientes de capital y financieras y se destacan los
grados de ejecución más significativos por comunidades autónomas.
Los resultados presupuestarios por operaciones no financieras suponen
un déficit contable de 526.694 millones de pesetas, un 12 por ciento
menos que el pasado ejercicio. Excepto Canarias, Cantabria, islas
Baleares y La Rioja, todas las comunidades presentan déficit. Los
resultados del ejercicio, incluyendo los capítulos 1 al 8, fueron de
déficit por 537.834 millones de pesetas.
En cuanto a los resultados derivados del análisis de la situación
patrimonial, la rúbrica de deudores contabilizados es de 1,5 billones
de pesetas, de los que el 90 por ciento tienen origen presupuestario.
Los de Andalucía alcanzaron 366.000 millones de pesetas,
independientemente de los 199.216 millones de pesetas de los deudores
por gastos a justificar, y de los que el 60 por ciento se libraron en
ejercicios anteriores. Los acreedores no financieros ascienden al
finalizar el ejercicio de 1 billón de pesetas. Por su parte, el
endeudamiento de las administraciones generales por operaciones de
crédito es de 3,4 billones, incluyendo 590.000 millones concertados a
corto plazo. El análisis de las cifras absolutas señala que entre las
dos comunidades más endeudadas, Andalucía y Cataluña, absorben el 41
por ciento de la deuda. Por su parte, se consolida la tendencia
apreciada en años anteriores de concertación de las operaciones de
crédito y préstamos con instituciones financieras privadas; en
concreto, representan el 62 por ciento del endeudamiento total.
El remanente de tesorería, según los datos contables, es negativo en
41.794 millones de pesetas, déficit que se incrementa hasta 510.362
millones tras los ajustes efectuados por el Tribunal. Estos
remanentes negativos pueden incidir en la capacidad financiera para
realizar las incorporaciones
de crédito y otras modificaciones en ejercicios futuros si
no se adoptan las medidas oportunas para la regularización. Este
hecho se ha puesto de manifiesto en informes precedentes.
Respecto a la contratación, la fiscalización se ha efectuado sobre
509 contratos, por un importe total de 100.284 millones de pesetas.
Del examen realizado se evidencia la existencia de dilaciones,
omisiones y deficiencias en la tramitación de los expedientes, que
afectan especialmente al control de los gastos, la elaboración de los
pliegos de cláusulas particulares y la ordenación de criterios
objetivos de adjudicación. Se constata que son el concurso y la
contratación directa los sistemas preferentes de adjudicación, y en
la ejecución de los contratos se comprueban frecuentes retrasos y
modificaciones que no responden a causas justificadas.
En cuanto al ámbito de las empresas públicas, existen en este
subsector 404 entidades con forma societaria. De las 329 empresas de
las que se dispone de información los datos más significativos son el
importe total al que ascienden los fondos propios, 707.027 millones
de pesetas, y los resultados contables conjuntos, que son negativos
en 45.682 millones de pesetas, a pesar de los 196.288 millones de
subvenciones aplicables a sus resultados. De este análisis se podían
derivar grandes participaciones con dinero público -cerca de 200.000
millones de pesetas- y grandes pérdidas -acerca de 46.000 millones de
pesetas.
Tras esta breve presentación sobre los resultados obtenidos en el
sector autonómico, paso a exponer a continuación los correspondientes
al sector local, que comprenden igualmente los resultados de las
verificaciones efectuadas por el Tribunal sobre las cuentas de las
entidades locales situadas en las comunidades autónomas que no
disponen de órgano de control externo o este carece de competencia
fiscalizadora sobre aquellas, y un resumen de los resultados
alcanzados por el respectivo órgano de control externo de las
comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia,
Navarra, País Vasco y Valencia, que tienen atribuidas competencias
fiscalizadoras sobre la actividad económico-financiera de las
entidades locales de su territorio. Debe señalarse que la Audiencia
de Cuentas de Canarias y el Consejo de Cuentas de Galicia, si bien
han facilitado la información solicitada, no han remitido el
correspondiente informe aprobado por su respectivo pleno.
El sector público local en su conjunto comprende las diputaciones
provinciales, cabildos y consejos insulares, ayuntamientos, entidades
locales menores, comarcas, áreas metropolitanas, agrupaciones de
municipios y mancomunidades de municipios, que en un conjunto suponen
un total de 12.701 entidades. Como cuestiones más significativas se
destaca en relación con la rendición de cuentas y la revisión de
contratos el hecho de que no hubieran rendido cuentas al cierre de
los trabajos para la elaboración del presente informe anual una
diputación provincial, tres ayuntamientos de municipios con población
superior a 50.000 habitantes, 154 ayuntamientos de municipios con
población entre 5.000 y 50.000 habitantes y 1.754 ayuntamientos con
población inferior a 5.000 habitantes. No obstante, con posterioridad
al cierre de dichos trabajos, presentan sus cuentas 149
ayuntamientos, con lo que el nivel de rendiciónglobal se sitúa ya en
torno al 78 por ciento.
Los mayores incumplimientos se producen por parte de diversos
ayuntamientos de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha y Madrid; por el contrario, los niveles más
elevados de rendición de cuentas corresponden a las entidades locales
de las comunidades del País Vasco, Canarias, Galicia y Navarra.
En cuanto a la remisión de contratos, las entidades locales
notificaron la formalización, durante el ejercicio 1994, de 3.836
contratos por un importe total de 504.787 millones de pesetas. No
obstante, no han remitido al Tribunal todos los expedientes
contractuales, a pesar de las reiteradas reclamaciones efectuadas.
Los ayuntamientos que no los han remitido son los de León,
Valladolid, Guadalajara, Palma de Mallorca, Alcalá de Henares,
Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz, mientras que el de San Sebastián de
los Reyes ni siquiera envió la relación de contratos.
Se realiza a continuación un análisis de los resultados de los
ámbitos presupuestario y patrimonial de las entidades locales. De las
verificaciones realizadas por el Tribunal sobre las diputaciones
provinciales, consejos insulares, ayuntamientos de capitales de
provincia y municipios con población superior a 50.000 habitantes,
situados en comunidades autónomas que no tienen órganos de control
externo, se han obtenido las siguientes conclusiones. En el ámbito
presupuestario se obtiene un resultado positivo como cuantía neta del
conjunto de las entidades analizadas, que asciende a 7.436 millones
de pesetas, si bien, tras los ajustes efectuados por el Tribunal, el
superávit se sitúa ya en 54.301 millones. En el ámbito patrimonial
los resultados conjuntos son positivos, según cuentas rendidas, por
un importe de 37.062 millones de pesetas, pero teniendo en cuenta los
ajustes propuestos por el Tribunal en su informe, fundamentalmente
los derivados de transferencias de capital recibidas y no incluidos
en la cuenta, el resultado ajustado asciende a 94.630 millones de
pesetas. Por su parte, el endeudamiento conjunto, a 31 de diciembre
de 1994, asciende a 699.383 millones de pesetas, de los que el 85 por
ciento corresponde a endeudamiento a medio y largo plazo y un 15 por
ciento a corto plazo. Del endeudamiento a medio y largo plazo, el 42
por ciento procede de Argentina, entonces pública, el 40 por ciento
de las cajas de ahorro y el 12 por ciento de instituciones
financieras privadas; el 7 por ciento son empréstitos con diversas
entidades y el 9 por ciento restante son créditos de exterior.
En el siguiente apartado del informe se analiza la liquidación de los
presupuestos, cuyos datos más significativos son, en primer lugar,
unos créditos iniciales de presupuesto de gastos de las entidades
locales analizadas de 4,12 billones de pesetas y unas modificaciones
presupuestarias de 1,2 billones, lo que viene a representar el 25 por
ciento del presupuesto, porcentaje similar al ejercicio anterior. Las
previsiones iniciales de ingreso se elevaron a 4,14 billones de
pesetas y se han modificado al alza en 0,98 billones, lo que supone
un 24 por ciento, porcentaje igualmente idéntico al ejercicio de
1993. En segundo lugar, las obligaciones reconocidas ascendieron a
4,25 billones de pesetas y los derechos a 4,52 billones, siendo los
niveles de ejecución de ambos presupuestos del 83 y del 88 por
ciento, respectivamente.
En relación con los presupuestos de gastos, destaca el bajo índice de
ejecución del capítulo 6, inversiones reales,
como consecuencia de que se consignan créditos para proyectos de
inversión que no se inician en el ejercicio corriente y cuya
ejecución se extiende a lo largo de varios años, sin acomodar la
presupuestación de las inversiones al previsible ritmo de ejecución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 79 a 88 del Real
Decreto 500/1990. Este hecho, reiteradamente aprecidado, se viene
poniendo ya de manifiesto en informes anuales de ejercicios
precedentes.
En relación con el presupuesto de ingresos, destaca el bajo índice de
recaudación del capítulo 7, transferencias de capital, circunstancia
que ya se produjo en 1993, y en particular el capítulo I, impuestos
directos, en el que se contrasta el elevado grado de ejecución, un 97
por ciento, frente al 25 por ciento de recaudación. En el informe se
exponen las diversas razones que explican el bajo nivel de
recaudación.
Seguidamente se reflejan en el informe los resultados del examen y
comprobación de las cuentas rendidas, evaluando el grado de
implantación de la instrucción de contabilidad exigible, y el
cumplimiento de los trámites previstos para su aprobación, así como
su coherencia interna y los aspectos más relevantes de su gestión.
Destaca de esta forma el hecho de que 107 ayuntamientos han rendido
sus cuentas siguiendo la instrucción de contabilidad de 1952,
derogada por la del 17 de julio de 1990, si bien el 93 por ciento de
estos ayuntamientos corresponde a municipios con población inferior a
5.000 habitantes. Se resalta asimismo el hecho de que los presidentes
de varias entidades locales hayan rendido las cuentas ante sus plenos
respectivos con posterioridad a la fecha legalmente prevista,
condicionando así el cumplimiento en tiempo de los trámites legales
posteriores. Igualmente, se constatan algunas incoherencias entre los
diversos estados que conforman la cuenta general de las entidades
locales, fundamentalmente la falta de concordancia entre las
modificaciones de crédito que aparecen en las liquidaciones de los
presupuestos y las que aparecen recogidas en los anexos y
justificantes correlativos, así como la no coincidencia entre los
derechos y obligaciones recogidos en la liquidación del presupuesto y
los que se reflejan en el resultado presupuestario de la propia
liquidación. Finalmente, cabe señalar que se incumple el principio de
nivelación presupuestaria en los aspectos que se citan en el informe,
que diversas entidades presentan saldos deudores o acreedores de
presupuestos cerrados con una antig¸edad igual o superior a cinco
años y que el 72 por ciento de las entidades analizadas no han dotado
la correspondiente amortización del inmovilizado, lo que afecta
directamente a los resultados positivos presentados.
Por último, se recogen en el informe los resultados de la
fiscalización de la contratación suscrita por las entidades locales,
habiéndose seleccionado para su análisis los contratos celebrados por
las diputaciones provinciales, consejos insulares y ayuntamientos de
capitales de provincia y de municipios con población de derecho
superior a 50.000 habitantes y extendiéndose el examen a todas las
fases constitutivas del procedimiento contractual. La contratación
directa ha sido el procedimiento más utilizado, habiéndose adjudicado
bajo esta forma el 64 por ciento de los contratos notificados al
Tribunal.
Las irregularidades observadas en los expedientes examinados se
exponen en el informe, recogiéndose en cuatro grupos. En el primero
se detectan aquellas que pueden originar un incremento injustificado
de gasto público como consecuencia, por ejemplo, de imprecisiones en
la redacción de los proyectos, de la incorrecta evaluación de las
ofertas presentadas y de los incumplimientos de los plazos de
ejecución; en el segundo, aquella que suponen una vulneración de los
principios de publicidad y concurrencia; en el tercero, aquellas que
son consecuencia de un deficiente control interno, como los posibles
incumplimientos de las respectivas funciones atribuidas a los
secretarios de las corporaciones, interventores y servicios técnicos,
y en el cuarto, aquellas que constituyen infracciones que pueden
generar la invalidez absoluta o relativa de los contratos celebrados,
como la omisión de informes preceptivos o la aprobación de diversos
aspectos por órganos que no tienen la competencia.
En el ejercicio 1994, las corporaciones locales han estudiado en
mayor o menor medida las diferentes ofertas que presentan los
mercados de capitales con el fin de obtener las condiciones más
ventajosas para la concertación de operaciones de crédito, a
diferencia de lo que sucedió en ejercicios anteriores, en que estas
operaciones se realizaban sin promover la oportuna concurrencia.
En el último apartado del informe, se indican las denuncias y otras
solicitudes recibidas y tramitadas. Finalmente, se adjuntan los
anexos correspondientes a los resultados de ambos sectores,
autonómico y local, así como los informes relativos al Fondo de
Compensación Interterritorial y un volumen adicional con las cuentas
del sector público territorial.
Muchas gracias a todos por la atención prestada.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Acontinuación, para ordenar
un poco las intervenciones, quiero manifestar que se ha llegado a un
acuerdo por parte de todos los grupos políticos para intervenir de la
forma más breve posible, limitando el turno de todos los que han
solicitado la palabra a un máximo de 5 minutos, tiempo al que les
rogaría se ciñeran.
Vamos a proceder, como de costumbre, de mayor a menor, cerrando el
Grupo Popular, y yo daré la palabra por orden de petición según las
listas que se han facilitado a esta Presidencia. Como es mucho el
tiempo acumulado para todas las intervenciones previstas, un total de
22, rogaría que fueran lo más breves posible y que me facilitaran la
labor a la hora de regular las mismas. Empezaremos con el Grupo
Socialista. Han solicitado intervenir en relación con las comunidades
autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León,
Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja.
Para la primera intervención, por Aragón, tiene la palabra don José
Luis Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Señor presidente, procuraré hacer caso de su
ruego y con la mayor brevedad haré algún comentario sobre el informe
de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyas cuentas,
como muy bien ha dicho el señor presidente del Tribunal de Cuentas,
fueron presentadas fuera de plazo. El Tribunal
destaca que las cuentas a las que nos referimos presentan la
estructura y el contenido establecidos en las disposiciones que le
son de aplicación y que concuerdan perfectamente con la documentación
complementaria que le sirve de soporte.
Una de las críticas que se hace en este informe de fiscalización hace
referencia a que esta comunidad no lleva el Plan general de
contabilidad pública. Este nuevo plan se implanta a partir del año
siguiente, en 1995, y se hace por los responsables de las cuentas de
1994, lo que hay que decir a favor de este ejercicio y de los
responsables del mismo. En cuanto a la no rendición de cuentas de
algunas sociedades con participación mayoritaria de la comunidad
autónoma, aparecen algunas como Puente de Santiago y Pabellón de
Aragón-92, pero es clara, y se refleja también en las alegaciones, la
voluntad del Gobierno de Aragón de superar ese incumplimiento, y así
lo hace remitiendo en el acto de las alegaciones la casi totalidad de
ellas. De algunas de las que se reflejan en el informe de
fiscalización no les corresponde hacerlo; por ejemplo, el Consejo
aragonés de la tercera edad, que es una entidad de base asociativa,
con total independencia de la Administración regional, y el Consejo
de la Juventud, entidad también de derecho público con personalidad
jurídica propia. No están adscritas a ningún departamento de la
Diputación General de Aragón.
Una crítica fundamental en el Informe de fiscalización es que se
presupuestan ingresos que luego no se reciben y faltan al hacer la
liquidación. Aquí hay una diferencia de criterio entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y el Tribunal de Cuentas y luego pediré alguna
aclaración al señor presidente, si tiene a bien dármela. Otras de las
críticas que se hacen son puramente formales y se repiten a lo largo
de casi todos los años y en todas las comunidades autónomas. Una de
ellas es la de no existir inventario de bienes y no haber puesto en
marcha el Plan de contabilidad general, lo que sí se hace en 1995. En
lo que respecta al inventario de bienes, sigue sin estar hecho, por
lo que cuando vengan a la Comisión los ejercicios de 1995, 1996, 1997
y 1998 volverá a salir este tema. Apesar de los defectos encontrados
- aunque son bastantes-, si pusiéramos en una balanza las mejoras que
se han producido y los defectos que se encuentran, creemos
sinceramente que ganaría las mejoras. Y esto teniendo en cuenta que
una buena parte de los defectos que se denuncian son arrastres de
situaciones anteriores, herederas del pasado, como es la rendición de
cuentas de empresas públicas a las que he hecho referencia, Pabellón
de Aragón de la Expo-92 y Jaca Olímpica. Respecto a este último
organismo, una de las cosas que figuran en el informe es que la
comunidad autónoma asume las deudas de la asociación Jaca Olímpica,
sin haber ningún documento que las justifique, Es lo que dice el
informe en su página 72. Asume unas deudas de 190 millones de
pesetas. Después de oír lo que en estos días venimos oyendo sobre
Saet Lake City Nagano y el Comité Olímpico Internacional, lo único
que se me ocurre decir -sin ser partidario de ello, ni muchísimo
menos- es que quizá esos 190 millones de pesetas tenían que haber
sido para que Jaca tuviese unas olimpiadas. repito que no estoy de
acuerdo con el sistema -¡faltaría más!-, pero es el único comentario
que se me ocurre hacer.
Por supuesto, hacemos nuestras las recomendaciones del Tribunal
respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón y sí solicito del señor
presidente dos aclaraciones sobre dos puntos en los cuales hay
discrepancia entre el Tribunal y la Comunidad Autónoma de Aragón,
entendiendo que es lo que se debe decir, al margen de las
interpretaciones. Por ejemplo, en la diferencia de criterios sobre
contabilización del endeudamiento, la Comunidad Autónoma de Aragón
considera que debe hacerse en el ejercicio de autorización, mientras
que el Tribunal de Cuentas considera que debe ser a la entrega de
capitales por el prestamista. Otra cuestión es que la Administración
de la comunidad autónoma rechaza el criterio del Tribunal de que en
todos los contratos examinados, porque es una de las cuestiones que
aparece en el informe de fiscalización, falta el certificado de
existencia de crédito. Parece ser que la comunidad considera que se
puede entender subsumido dicho certificado por el documento contable.
Si el señor presidente tiene a bien aclararme estos dos extremos se
lo agradecería. Y con ello termino mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Muchas gracias, señor
Alegre, por su brevedad, ya que se ha ajustado perfectamente a los
tiempos que había solicitado esta Presidencia.
Por la Comunidad de Baleares y por parte del Grupo Socialista, tiene
la palabra don Antonio Garcías Coll.
El señor GARCÍAS COLL: Señor presidente, creo que voy a ser aún más
breve.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor presidente del
Tribunal de Cuentas.
Habiendo participado otros años, y habiendo escuchado los resúmenes
del señor presidente -el año pasado no pude asistir-, me ha
sorprendido ver el método que utiliza, que es diferente al que se
venía utilizando, que era no hacer una valoración comunidad por
comunidad. Ya que nos encontramos con comunidades autónomas que no
tienen sus propio Tribunal de Cuentas, no sería negativo para el
propio trabajo de los parlamentarios que se pudiese hacer una
valoración comunidad por comunidad, porque luego es difícil para
nosotros, aunque lo tengamos por escrito, conocer sus opiniones o sus
valoraciones.
Nuestra comunidad autónoma sigue estando en el grupo de las
comunidades autónomas que no tienen Plan general de contabilidad
pública, lo que creo que es un elemento negativo, como lo es para
todas las comunidades que no lo tengan. Por tanto, cada conclusión o
recomendación del Tribunal de Cuentas dice que se lleve a cabo el
Plan general de contabilidad.
Debo decir que, con un análisis de todo lo que ha sido la
fiscalización del Tribunal de Cuentas de las cuentas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, una consideración general sería que
se han ido mejorando las cuentas de la comunidad, aunque sigue
existiendo un conjunto de déficit que venía de otros años, como es
todo el tema de contratación. Se observa que hay una proliferación de
obras adicionales, de obras en ejecución y que en más de un 50 por
100 de los proyectos se incluyen algunas obras que no tenían tal
naturaleza, sino que constituían modificaciones.
Es decir, no eran adicionales sino que modificaban los proyectos.
Esto viene siendo común en nuestra comunidad autónoma, como también
viene siéndolo que haya mucha contratación directa, cosa de la que no
se hace valoración alguna en este informe. Otros años se hacía una
valoración sobre la contratación directa, que solía ser de unos
porcentajes muy elevados, lo que hacía difícil la transparencia de
esta contratación. Por otra parte, sigue existiendo en nuestra
comunidad unos excesivos avales no garantizados por diferentes
empresas públicas, práctica habitual que desde grupo grupo creemos
que debía cesar. Estos avales debían estar totalmente -valga la
redundancia- avalados y no tener ningún problema, como pasa en
algunos.
Me gustaría que el señor presidente pudiera hacer una valoración de
cómo cree que se está mejorando, desde las recomendaciones que está
haciendo el Tribunal de Cuentas, sus recomendaciones, en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Si se va mejorando y se van
recogiendo sus recomendaciones o si se sigue manteniendo el criterio
de sus técnicos, ya que muchas de ellas están siendo contestadas
antes de las conclusiones pero luego se siguen manteniendo como
recomendaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (García Milán): Por Cantabria, tiene la
palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Sólo quiero dar por defendida la posición
del Grupo Socialista con respecto a los argumentos del informe de
fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por Castilla y León, tiene
la palabra el senador don José Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADÁN: Señor presidente, con la brevedad que nos ha
solicitado, voy a tratar de exponer las notas más destacadas que en
el informe anual de 1994 del Tribunal de Cuentas se realizan sobre la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En la página 12 se dice que se produce una falta de cobertura de los
créditos iniciales, así como de los ampliados e incorporados, de
60.267 millones de pesetas, que no es posible compensar con el
endeudamiento no dispuesto y autorizado en la ley de presupuestos de
ejercicios anteriores, tanto de 1991 como de 1992. El agujero
detectado se genera también por la falta de cobertura de créditos y
el Tribunal así lo especifica. Por otra parte, el porcentaje de
ejecución de las operaciones de capital, inversiones y subvenciones a
la inversión, fue del 64 por ciento; las inversiones reales bajaron
de 66.000 a 63.000 millones en el año 1994, mientras que se
incrementaron los gastos de personal, los gastos corrientes y los
pasivos financieros.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tenía pendientes de cobro al
finalizar el ejercicio 47.261 millones de pesetas; se han dejado
prescribir y se anularon deudas por importe global de 683 millones.
Se constata en el informe la insuficiencia de un adecuado control y
registro sobre las autorizaciones de apertura y cancelación de las
cuentas de gestión; hay 97 cuentas de pagos a justificar, 19 cuentas
para montes insuficientemente controladas. El endeudamiento
a final de ejercicio asciende a 87.241 millones de pesetas, lo que
supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 77 por
ciento. Se concertaron operaciones irregulares de crédito por valor
de 1.051 millones de pesetas, de las que se dispusieron 954 millones,
realizados fundamentalmente por las Gestur y el Parque Tecnológico de
Boecillo. La Junta de Castilla y León encadena operaciones de crédito
a corto plazo por un valor de 31.000 a 51.000 millones de pesetas,
utilizándolas en la práctica con financiación a largo plazo. La Junta
asumió el aval a los socios privados de Cristainvet, que es la
empresa que generó Crystaloid una vez declarado fallido el aval por
importe de 294 millones. En conclusión, no sólo se pagan las pérdidas
sino hasta el crédito concedido a los accionistas particulares para
formar parte de la empresa.
La Junta no ha justificado en el plazo de 104 millones de pesetas de
los gastos a justificar, incumpliendo la obligatoriedad de reintegrar
a Tesorería General las cantidades no invertidas a 30 de diciembre de
1994. El 62 por ciento de los contratos examinados se adjudicaron no
por subasta, sino mediante concurso, y no se fundamentaron
adecuadamente las adjudicaciones de 37 contratos, por lo que las
arcas de la comunidad sufren un quebranto al no realizar subastas y
encarecer los proyectos, lo cual viene ocurriendo año tras año. Las
empresas públicas de Castilla y León en el año 1994 tuvieron pérdidas
tras recibir 2.500 millones de subvenciones y cerraron con un
endeudamiento financiero de 6.252 millones.
Termino, señorías. Estas irregularidades -por calificar benignamente
lo que desde nuestro punto de vista es dejadez, desidia, desinterés
por lo público y aprovechamiento más bien de lo privado y privativo-
ocurren año tras año y no se hace caso de las recomendaciones de
Tribunal de Cuentas. El panorama que dibuja el informe del Tribunal
de Cuentas descubre que la Hacienda regional de Castilla y León es
caótica y contumaz en sus cuentas del año 1994, como viene ocurriendo
en otros ejercicios.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por Extremadura, tiene la
palabra doña Elía María Blanco Barbero.
La señora BLANCA BARBERO: Voy a dar lectura rápida a lo que
entendemos que es la defensa del informe del Tribunal de Cuentas de
Extremadura sobre el año 1994.
La Comunidad Autónoma de Extremadura es diligente en reconocer la
importante labor del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de
las cuentas y de la gestión económica de las administraciones. Esta
labor tiene a nuestro juicio dos finalidades bien definidas: primero,
examinar la regularidad de las cuentas, y, segundo, servir como guía
e indicador para mejorar la gestión de los recursos públicos. En
cuanto a la primera, y dependiendo del informe que se debate, hay que
señalar que las cuentas de la Junta de Extremadura se han presentado
correctamente y dentro del plazo concedido al efecto y que del
informe no se desprenden irregularidades de ningún tipo susceptibles
de ser tomadas en cuenta. En la segunda, tengo que hacer algunas
aclaraciones que se encuentran más ampliamente recogidas en las
alegaciones formuladas por la Administración autonómica. En el área
de contabilidad, la Dirección General
de Patrimonio de la comunidad está trabajando concienzudamente en la
depuración física y jurídica de los bienes inmuebles como paso previo
e imprescindible para su valoración. Han pasado cuatro años desde el
ejercicio a que se refiere el informe y la situación es bien
diferente. La Junta de Extremadura ha adoptado el sistema de
información contable de la Administración del Estado y desde enero
cuenta con uno de los sistemas de información contable más complejos
y eficientes de la Administración pública.
En lo que se refiere a la carencia de contabilidad analítica, la
Junta de Extremadura ha reiterado cuantas veces le ha sido permitido
que asume como positivo todos los avances que tiendan a su
implantación. Entendemos que con el Plan de contabilidad pública de
1983 y de la propia Constitución española, la Intervención General de
la Administración del Estado, como centro directivo de la
contabilidad pública, fijará los principios y procedimientos básicos
de la contabilidad analítica y elaborará las directrices necesarias.
Estamos a la espera de ello.
Finalmente, quiero reiterar que la Junta de Extremadura se encuentra,
como no puede ser de otra manera, a disposición de cuantas
sugerencias puedan venir por parte del Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por la comunidad de Madrid,
tiene la palabra don Jaime Lissavetzky.
El señor ALEGRE ESCUDER: Señor presidente, no están presentes en este
momento, aunque sí están en la casa, los representantes de la
Comunidad Autónoma de Madrid y de Murcia. Si por favor altera el
orden de las intervenciones, hablaría en primer lugar el
representante de La Rioja y el señor Lissavetzky y el señor Gallego
lo harían en el momento en el que se incorporaran a la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): De acuerdo. En este caso,
tiene la palabra el representante de la Comunidad de La Rioja,
Ignacio Díez.
El señor DÍEZ GONZÁLEZ: Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al
señor presidente del Tribunal de Cuentas. Acontinuación expondré la
valoración que hacemos de la línea analítica seguida por el señor
presidente del Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma de La Rioja correspondiente a 1994.
Las conclusiones del informe destacan al adecuado reflejo de la
liquidación presupuestaria de la gestión y situación económico-
financiera llevada a cabo en el ejercicio, excepto algunas salvedades
de entidad menor que quedan anuladas por el contenido del propio
informe. Las cuentas se han rendido dentro del plazo legal
establecido en el artículo 35 de la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, presentando la estructura y contenido
establecidos en las disposiciones que le son de aplicación y que
concuerdan con la documentación complementaria que le sirve de
fundamento.
En las recomendaciones se hace énfasis en la subasta como
procedimiento general ordinario de adjudicación de los contratos de
obras, habida cuenta que permite obtener mayores bajas. Sin embargo,
se reconoce que de la gestión
del procedimiento de adjudicación mediante concurso, de los que se
han finalizado 10 contratos de obras por un importe total de 1.583
millones de pesetas, se ha obtenido una baja del 28 por ciento, esto
es un menor gasto de 625 millones de pesetas. Se reconoce que los
anexos I.2.1 y I.2.3 recogen las liquidaciones de gastos y de
ingresos de la Administración general y del ente público Consejo de
la Juventud de La Rioja. Se destaca la implantación en la
Administración de la comunidad del Plan general de contabilidad
pública, de carácter provisional. En consecuencia, la comunidad
presenta, junto a los estados de liquidación presupuestaria, el
balance y la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1994. Se
destaca también que la contabilidad se lleva a cabo a través de
sistemas informáticos.
Finalmente, el resultado económico patrimonial recoge los resultados
corrientes del ejercicio, que ascienden a 1.904 millones de pesetas,
lo que supone un aumento significativo respecto al saldo acreedor de
1993, es decir, 240 millones de pesetas.
Esta diferencia se debe, entre otras, a la disminución de los gastos
financieros y al aumento de los ingresos por tributos ligados a la
producción. El resultado del ejercicio también es positivo y asciende
a 1.581 millones de pesetas. Se reconoce que la estructura del
análisis de la gestión económica es análoga a la adoptada por la
Dirección General de Coordinación con las haciendas territoriales del
Ministerio de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Como el señor Lissavetzky se
acaba de incorporar a la sala, quiero recordarle que el tiempo que se
está empleando y que se está respetando escrupulosamente es de cinco
minutos. Por tanto, para hacer cuantas aclaraciones y preguntas desee
al presidente del Tribunal de Cuentas, en defensa de la Comunidad de
Madrid, tiene la palabra por ese mismo tiempo.
El señor LISSAVETZKYDÍEZ: Voy a ceñirme escrupulosamente al tiempo
para hacer sólo unas consideraciones. Con respecto a este ejercicio
de 1994, en la Comunidad de Madrid creo que había, como señala el
informe, dos objetivos en su fiscalización: determinar el grado de
cumplimiento y aplicación de la legalidad vigente en la gestión de
los fondos públicos, así como la racionalidad en la ejecución del
gasto público basado en criterios de eficiencia y economía.
A nosotros nos corresponde emitir un juicio político en términos
inteligibles para la opinión pública sobre lo que sucedió en la
gestión de los fondos públicos de ese año 1994. Leyendo el informe
del Tribunal de Cuentas, se puede afirmar que hubo una gestión
adecuada y honrada de los caudales públicos. No se detectan
irregularidades y, por tanto, no hay ninguna actuación por parte del
Tribunal de Cuentas. Lo que hay son una serie de resoluciones que
tienen bastante sentido. En este sentido cabe decir que, dentro de
las dificultades que tuvo, desde el punto de vista económico, el año
1994, deduzco de la lectura de este informe que el grado de ejecución
se consideró aceptable en torno al 98 por ciento; que hubo, por
tanto, una satisfactoria presupuestación; que el déficit se situó en
un orden razonable del 2 por ciento del presupuesto y que la carga
financiera se situó por debajo del límite señalado por la LOFCA,
teniendo
un endeudamiento neto que permitió cumplir los compromisos de la
senda de convergencia. A mi modo de ver, estos cuatro aspectos que
marca el informe del Tribunal de Cuentas son los fundamentos, en lo
que a grandes cifras se refiere: presupuestación razonable, grado de
ejecución aceptable, un déficit moderado y el cumplimiento dispuesto
en la LOFCA y en la senda de convergencia. Quiero sólo manifestar que
hay una serie de resoluciones del propio Tribunal que deben ser
atendidas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por mi parte no quiero hacer ninguna otra valoración más que la de
estar básicamente de acuerdo con este informe.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Acontinuación, no habiéndose
incorporado a la sala el señor Gallego del Grupo Socialista, que
había pedido la palabra por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia,
vamos a seguir con las diferentes intervenciones de los grupos
políticos.
Esta Presidencia quiere comunicarles que como Izquierda Unida y
Convergència i Unió van a intervenir de forma globalizada por todas
las comunidades autónomas, el tiempo de su intervención se amplía y
no tendrán que ceñirse a los cinco minutos.
Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra don Mariano Santiso
del Valle.
El señor SANTISO DEL VALLE: Los informes que se han presentado hoy
por el presidente del Tribunal de Cuentas son representativos de algo
que esta mañana el Partido Popular expresaba con cierta sorpresa. En
nuestra propuesta de resolución referente al ayuntamiento de Belmonte
del Tajo decíamos que era necesario primar, en todos los niveles de
la Administración pública, de sus organismos, los principios de
transparencia en la gestión y respeto a la legalidad, con el fin de
posibilitar el control democrático. El propio relato explica cómo
todavía existen importantes déficit de transparencia en las cuentas
que estamos analizando del año 1994 en cuestiones tan elementales
como la implantación del Plan general de contabilidad pública, que
permitiría mejorar este criterio y conocer cuál es la verdadera
situación económica y financiera de los organismos auditados en este
caso, sean comunidades autónomas, entidades públicas dependientes de
las mismas o municipios.
Es significativo en términos políticos y me llama la atención que la
Comunidad Autónoma de Cataluña, que en este momento es socio del
Partido Popular y antes los fue del Partido Socialista, sea
precisamente la Comunidad que se pone a la cabeza del endeudamiento
público. Es sorprendente que, cuando se aplican criterios de ajuste
en las cuentas generales del Estado para todos los españoles, cuando
analizamos las cuentas de una comunidad autónoma como Cataluña, vemos
que está a la cabeza del endeudamiento público, en un criterio
aparentemente contradictorio con el defendido en el ámbito estatal.
Casi todas las comunidades comparten déficit parecidos. Hay un abuso,
en mi opinión, excesivo de la adjudicación directa; hay una
infrautilización del concurso público y casi todo el mundo opta por
criterios como la adjudicacióndirecta o bien por lo que yo llamo el
pseudoconcurso,
que es, en muchos casos, la invitación a distintas empresas, sin
conocer bien los criterios o incluso, como expresan los distintos
informes, sin publicación preceptiva en algunos casos en los
boletines oficiales del Estado o de la propia comunidad. Es
sorprendente la tentación que persiste en todo tipo de ayuntamientos,
independientemente de quien gobierne y de otros organismos públicos,
con la excusa de la agilidad en la gestión, de buscar mecanismos que
lo que hacen es evitar una mayor transparencia y una mayor
concurrencia del ámbito empresarial privado para poder participar
libremente y en igualdad de condiciones en los distintos concursos.
En definitiva, una gestión de los dineros acomodada a aquellos que
tienen el poder en los distintos municipios o comunidades autónomas.
Creo que éste es un mal generalizable y no excluyo que pueda suceder
en algún municipio nuestro. La tentación para el gestor de utilizar
este tipo de atajos, a la larga, suele tener consecuencias bastantes
negativas. También es otra tentación recurrir a las ampliaciones de
crédito, a veces no soportadas por los presupuestos de las
comunidades autónomas. En mi comunidad, en Asturias, por ejemplo, y
no porque sea distinta a las demás, pues en 1994 está igual que otras
muchas, no se había implantado el Plan general de contabilidad
pública; el 23 por ciento de la contratación, que afecta a 3.000
millones de pesetas, se hace por adjudicación directa y por subasta
solamente se hace un 2 por ciento. No hay más que ver la correlación
que tiene este tipo de adjudicaciones con las bajas; en este 23 por
ciento de adjudicación directa hay unas bajas del 8 por ciento de
promedio y, sin embargo, en las de subasta, que es un 2 por ciento,
hay un 34 por ciento de bajas sobre los presupuestos iniciales o las
cantidades de salida y por concurso se producen un 16 por ciento de
bajas. Por tanto, cae en los males generales. Es también
significativo cómo existen unos gastos comprometidos de 14.000
millones aproximadamente sin financiación en el presupuesto.
Esta es una reflexión que hay que hacer en todos los ámbitos de la
Administración. Me gustaría conocer, y también lo han dicho otros
intervinientes, cómo ha evolucionado la situación, en la medida que
lo conozca el Tribunal de Cuentas, en los años posteriores, puesto
que estamos hablando del año 1994. También querría saber cuál ha sido
la Diputación Provincial que no ha presentado cuentas y los tres
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que tampoco las habían
presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por Convergència i Unió,
para fijar su posición, tiene la palabra don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: En primer lugar, quiero dar la bienvenida
al Presidente del Tribunal de Cuentas.
No lo recuerdo con exactitud, pero me parece que normalmente no se
solía intervenir tan detalladamente y con respecto a cada comunidad
autónoma. Parece que hoy sí se va a hacer y no lo cuestiono. El señor
presidente del Tribunal de Cuentas ha expuesto a modo de resumen su
propia visión del informe. No vamos a plantear preguntas concretas,
pero aunque quizá, por ser una intervención corta, no debería añadir
nada más, no quiero dejar de hacer un resumen
por mi parte, aunque sea mucho más escueto, y una serie de
comentarios sobre el propio informe, e incluso, de una manera mucho
más reducida, sobre cada uno de los informes de las comunidades
autónomas. No lo voy a hacer -dado que, repito, el informe lo
encuento adecuado y, por tanto, cada uno puede sacar sus
conclusiones- ni siquiera desde el punto de vista analítico, y mucho
menos político, de cada una de las comunidades autónomas. Simplemente
voy a dejar constancia de los puntos que a nuestro grupo y a este
Senador le parecen interesantes.
A modo de resumen del sector público autonómico y por lo que se
refiere a la rendición de cuentas, se han rendido dentro del plazo;
por lo menos esto es lo que deduzco. Se desconoce lo referente a
Navarra, País Vasco y Canarias, dado que su órgano fiscalizador no
dice nada. Los retrasos si acaso se producen con las cuentas de
administraciones instituciones y empresas públicas. En
administraciones generales, yo he anotado cinco defectos que
persisten: Indeterminación de objetivos e indicadores -lo ha
remarcado el señor Presidente-, inexistencia de contabilidad
analítica, inexactitudes en el registro de los derechos reconocidos,
reconocimiento como recursos presupuestarios del ejercicio de
importes no dispuestos y, en cambio - quiero destacarlo- un alto
grado de ejecución de los presupuestos. Se ha comentado que ha sido
el 91 por 100 de gastos y el 94 por 100 de ingresos. En cuanto al
sector público local, a nuestro modo de ver se constata un mayor
número de incumplimientos. La mayoría de empresas locales han
remitido las cuentas de fuera de plazo. El 8 por 100 del total
nacional de Ayuntamientos no han rendido cuentas durante el último
quinquenio 1990-1994. El 72 por 100 de las entidades analizadas no
han dotado la correspondiente amortización de inmovilizado y el 64
por 100 ha sido de contratación directa. Éste es el miniresumen
referente a este punto.
Ysi me lo permiten, señorías, en esta línea de brevedad, voy a hacer
una serie de comentarios sobre las distintas comunidades autónomas.
En Andalucía, las cuentas han sido rendidas dentro de plazo; quizá
deberíamos decir que menos las ocho universidades andaluzas y algunas
empresas públicas. Ha habido una indebida inclusión del Fondo
Nacional de Cooperación Municipal, que también se produce en alguna
otra Comunidad Autónoma, ya que son recursos locales. También ha
habido errores y deficiencias en la gestión y en la recaudación
ejecutiva. En lo referente a organismos autónomos, hay numerosas
irregularidades, en este caso en el capítulo I. En Aragón, las
cuentas se han presentado fuera de plazo y hay empresas públicas que
no las han remitido. No se aplica el Plan general de contabilidad
pública y es cierto, tal como se ha manifestado anteriormente, que
ésta es una cuestión que se repite en muchas comunidades autónomas y
que, por tanto, requeriría una atención especial. Ha habido
concesiones de subvenciones a Ayuntamientos para fines distintos de
los previstos.
No existe un inventario general de bienes y derechos. Por otra parte,
en la liquidación de gastos hay que incrementar un montante
importante de 23.000 millones de pesetas.
Empiezo a tener que decir que algunas de las comunidades autónomas
tienen su propia audiencia de cuentas, yen Canarias la tienen. Por
tanto, sólo citaré tres puntos:
Excesiva modificación de créditos -estamos hablando del 52 por 100 de
la dotación inicial-, incumplimiento de las normas que regula y la
expedición de órdenes de pago a justificar y falta complementar el
inventario general. Remarcaría otra: No se dan de baja obligaciones
prescritas, incluso deudores desde el año 1980.
En Cantabria, hay muy pocas observaciones por mi parte; más que de
hacer observaciones se trata de dejar constancia de puntos que,
repito, merecen nuestra atención. Serían los siguientes: Más de
cuatro meses de retraso en la rendición de cuentas; también está si
aprobar el Plan general de contabilidad pública -ya llevamos dos-
y hoy sin depurar deudores viejos -nos estamos refiriendo a 1988.
Castilla-La Mancha también tiene sindicatura de cuentas; el 23 por
100 de los contratos se imputan a aplicación presupuestaria
incorrecta; el 18 por 100 de los adjudicatarios no acreditan estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y
tengo unas dudas sobre la certeza del saldo del inmovilizado
material. Tres puntualizaciones en Castilla y León: La financiación
con remanente de tesorería negativo; un mayor control sobre la
situación y evolución de las cuentas bancarias, cuantificar y
requisitos necesarios para las operaciones de tesorería.
En Cataluña también se viene haciendo una adecuada contabilización de
los fondos de cooperación nacional; también se hace en otras
comunidades autónomas. Cataluña tiene sindicatura de cuentas. No voy
a entrar ahora a defender o no el grado de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma de Cataluña y sobre todo sus causas, porque quizá
sería motivo de una intervención más extensa por mi parte. Sin duda,
el grado de endeudamiento es alto, pero debería tomarse nota de que
actualmente -estamos hablando de 1994- se está totalmente en la línea
de ajuste de este endeudamiento a lo establecido. Respecto al
ejercicio de 1994 -tampoco me voy a extender demasidado, pero alguna
observación haré, aunque sea mínima, precisamente por tratarse de
Cataluña- hay que considerar que las cuentas ya han sido aprobadas
por el propio Parlamento catalán a raíz del informe de la sindicatura
de cuentas. Respecto al contenido del informe del Tribunal de
Cuentas, sólo quiero decir que resalta fundamentalmente cosas de las
que la propia sindicatura de cuentas ya ha dejado constancia. En
algún punto concreto remarca cuestiones negativas, que el propio
informe de la sindicatura también remarca, lo cual no quiere decir
que el informe, en su conjunto, sea negativo, ni mucho menos.
Sobre Extremadura me cuesta más no hacer comentarios, pero voy a
seguir en mi línea de respetar el criterio inicial de dejar puramente
constancia de algunos hechos concretos. Tampoco aquí tienen el Plan
general de contabilidad. Hay un mayor déficit presupuestario, pasando
de 1.600 a 11.000 millones; operaciones financieras con
autorizaciones legislativas caducadas; de 42 avales, 21 vencidos y no
pagados; 94 por 100 de contratos por concurso y falta una depuración
de las cuentas de carácter extrapresupuestario. La Diputación Foral
de Navarra tiene control propio. Sólo citaré tres cuestiones:
Incumplimiento del marco jurídico regulador de la integración de los
cuerpos de funcionarios de las Administraciones Públicas; falta del
inventario completo de inmovilizado y
un mayor control de la gestión de los créditos y sobre todo de su
recuperación. Otro punto a remarcar -sin añadir ningúna valoración-
es que el Consejo de Cuentas de Galicia no ha remitido, por tercer
año consecutivo, el informe correspondiente a la cuenta general del
sector público gallego. Quiero mencionar dos o tres cuestiones
referentes a las Islas Baleares, señalando que no se aplica el Plan
general de contabilidad pública (creo que llevamos ya más de media
docena), carecen de cobertura financiera las ampliaciones de crédito
efectuadas y el remanente de tesorería después de los ajustes pasa a
negativo. En La Rioja falta regularización de saldos antiguos, falta
base legal para la emisión de pagarés a corto plazo y hay una
concesión inadecuada de avales solidarios. En Madrid falta el Plan
general de contabilidad pública y el Instituto de la Vivienda
concierta operaciones -es lo que he deducido- sin la debida
autorización. En el País Vasco hay 23.000 millones de avales
ejecutados y no cobrados y me pareció deducir del propio informe que
hay un 95 por 100 de fallidos en la línea de créditos concedidos. Son
dos puntos de los cuales solamente quiero dejar constancia. En el
Principado de Asturias no se aplica el Plan general - a partir de
ahora, si quedara algún otro, no lo mencionaría por reiterativo- hay
un registro inadecuado de IVA y de operaciones extrapresupuestarias y
avales que no financian los proyectos previstos. En Murcia falta
depurar distintas deudas y fijar objetivos. Sobre Valencia -punto
final de mi intervención- que tiene órgano propio, quiero decir sólo
dos cosas: Inclusión indebida en los presupuestos de ingresos del
fondo de cooperación municipal y falta de inventario del
inmovilizado.
Señor presidente, voy a hacer una última valoración, aunque sea muy
pequeña, a pesar de haber dicho que no lo iba a hacer puntualmente en
cada una de las comunidades autónomas y es que por nuestra parte
respetamos todo lo que sea operatividad de las mismas. En general, a
pesar de que se han detectado algunas importantes irregularidades,
tengo el pleno convencimiento de que la línea actual va a mejorar
todo lo que toca no sólo la transparencia sino la operatividad de las
Comunidades Autónomas. Por tanto, señor presidente, se está en la
línea de mejora de la gestión, y es lo que remarco como punto final
de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para hacer cuantas preguntas y
aclaraciones estime convenientes, por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra -y voy a relacionar la petición que me ha hecho en
este listado: Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Aragón,
Navarra, Andalucía, Extremadura, Murcia, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid- por el Principado de Asturias,
don Ángel Fernández Menéndez.
El señor FERNÁNDEZ MENÉNDEZ: Quiero agradecer al presidente del
Tribunal de Cuentas su informe del ejercicio del año 1994 respecto al
sector público, autonómico y municipal y comunicar a esta Comisión
que del análisis del informe del Tribunal de Cuentas relativo a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el ejercicio de
1994 se desprenden un conjunto de irregularidades que conviene poner
en conocimiento de la Comisión. En primer
lugar, según el propio informe, el presupuesto por programas carece
de indicadores suficientemente específicos que permitan el
seguimiento del grado de consecución de los objetivos. Esto es
consecuencia de la nueva aplicación del Plan general de contabilidad
pública. En las modificaciones presupuestarias, las autorizaciones de
ampliaciones de crédito se realizaron por órgano incompetente, así
como las transferencias de crédito infringen los límites legales y
las generaciones de créditos se realizan sin autorización del
consejero de Economía.
Para los expedientes examinados por el Tribunal de Cuentas -y así
figuran- no consta la existencia de crédito previa a la autorización
del gasto; no existe relación de deudores de presupuestos cerrados al
final del ejercicio que permita comprobar la realidad de los saldos
correspondientes; no se integran en la liquidación las subvenciones
del Estado destinadas a terceros y gestionadas por la Comunidad;
asimismo no se recoge el riesgo asumido por tres avales que ascienden
a 1.150 millones de pesetas y no consta la existencia de documentos
acreditativos de la liberalización de la responsabilidad de los
avales cancelados durante el ejercicio; además, se avalan operaciones
que no financian los proyectos previstos en la normativa vigente.
Consta la utilización de tarjetas Visa con cargo a una cuenta de
titularidad autonómica, sin que se cuente con una norma que la
autoriza; sin embargo, solamente se justifican los pagos con los
resguardos electrónicos de las operaciones efectuadas, sin que se
acompañen las facturas que acrediten el gasto que se realiza. Se
conceden obligaciones por subvenciones y ayudas con cargo a artículos
inadecuados en la naturaleza de las operaciones, sin que se
justifique el importe total de la inversión. Llama la atención, más
que en el resto de las comunidades autónomas -como también han puesto
de manifiesto distintos portavoces-, la relativa escasa utilización
de la subasta como método de contratación. Se estaba utilizando
masivamente hasta el año 1994 el método ordinario de concurso, a
pesar de tener también carácter de ordinario el de subasta. Sólo se
adjudicaron tres contratos por importes superiores a 100.000.000 de
pesetas, lo que representa un 3 por 100 del total de la contratación.
El 75 por 100 se hizo mediante concurso y a este respecto -y ello se
debe tener en cuenta- hay que advertir la imprecisión y el poco orden
de los criterios de selección de los mismos en el 55 por 100 de los
pliegos correspondientes y la poca fundamentación de las
adjudicaciones del 60 por 100 de los contratos.
Señor presidente, señorías, nosotros comprobamos, una vez más, que
era una práctica constante en esta comunidad asturiana repetir año
tras año los mismos efectos obviando las sucesivas recomendaciones
del Tribunal de Cuentas, así como los controles parlamentarios de la
Junta General del Principado. También observamos que mientras que
otras comunidades autónomas han mejorado su sistema de presentación
de cuentas generales correspondientes al año 1994, en el Principado
de Asturias en ese momento nada habíamos avanzado en ese sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por la Comunidad de las
Islas Baleares tiene la palabra don Manuel Jaén.
El señor JAÉN PALACIOS: Intentaré hacer una breve intervención, como
la Presidencia nos ha requerido.
Una primera reflexión sería la tardanza en la tramitación respecto a
estos debates. Debo añadir que en nuestra comunidad este informe y
otro relativo a una comisión asesora liquidadora de cuentas fue
objeto de debate enn el Parlamento regional el año pasado en el mes
de mayo.
No voy a formular ninguna pregunta al presidente del Tribunal de
Cuentas porque ya se ha instado al Gobierno a que siga una resolución
del Grupo Popular en el Parlamento de les Illes Balears. Por tanto
repetir, no quiero formular ninguna pregunta sobre su análisis ni
pedir aclaraciones al presidente del Tribunal de Cuentas.
Es cierto que las cuentas se rindieron en el tiempo exacto y también
que el contenido está de acuerdo con nuestra Ley de finanzas y demás
normativa. El sistema contable no era el de contabilidad pública en
aquel momento, y exactamente doce comunidades -el señor Carreras
renunció a citarlas todas- no tenían en ese momento el Plan general
de contabilidad pública, que sólo un 29 por 100 venía aplicando. Por
otro lado, es ciero, como reconoce el Tribunal en su informe, que
existe un sistema informático avanzado con el objetivo de la
descentralización de la información y la agilización de los procesos
administrativos.
En cuanto a la liquidación, el presupuesto es equilibrado, con un 6
por 100 menos que el año anterior. En cuanto a la ejecución
presupuestaria los ingresos están muy por encima de los gastos. En
cuanto a los gastos, estamos en torno a la media, con un 88 por 100
-recuerdo que la media es de un 91-, y en los ingresos estamos muy
por encima, con un 104 por 100, que contrasta significativamente con
los de Extremadura, por ejemplo, que tiene la mitad, con el 57 por
100.
Hay una recomendación que hace referencia a las conciliaciones
bancarias, que cuadran todas, pero sin duda el Tribunal entiende que
hay algunas cuentas -no excesivas, a nuestro juicio, porque no son
muchas las que hay abiertas en las entidades de crédito- que tenían
poco movimiento, por lo que la recomendación era que esas cuentas
podrían dejar de estar operativas. El endeudamiento de la comunidad
está dentro de los márgenes que fija la Lofca; el 25 por 100 es el
límite. En Baleares estamos a menos de la mitad, con el 11 por 100.
Se hacen algunas objeciones a modificaciones de crédito. Yo tengo que
decir, como en las alegaciones del Gobierno en su momento, que
siempre se han hecho conforme a la normativa de la comunidad
autónoma, es decir, la Ley de Finanzas, la Ley presupuestaria y el
decreto que desarrolla la Ley de Presupuestos de 1994. Es cierto
también que en cuanto a los avales es preciso mejorar el mecanismo de
control, pero hay que hacer una salvedad respecto a los avales vivos,
por unos 25.000 millones de pesetas -no llegan a esa cantidad-,
muchos de los cuales corresponden al Ibasan. El Isaban es un
organismo que tiene como objetivo fundamental la depuración de las
aguas residuales, y en una comunidad turística como la nuestra es
importantísimo. Pues bien, el mismo Tribunal recoge más adelante, en
la página 76, que la normativa del canon de saneamiento -cito
textualmente- garantiza desde una perspectiva legal que el Ibasan
contará con indemnizaciones suficientes de la Junta de Aguas. A fecha
de hoy, en
1999, se ha venido comprobando que el riesgo que en principio había
en 1994 ha quedado prácticamente eliminado. Respecto a la
contratación administrativa, creo que los males que se han citado son
generales en todos los aspectos.
En cuanto a las conclusiones de mi intervención, tengo que decir, que
aceptamos los reparos, las objeciones y las observaciones porque,
como decía mi colega de las Illes Balears el senador Garcías Coll,
hemos ido mejorando, por lo que nuestra valoración es positiva al día
de hoy. Entre el ser que el informe apuntaba y el deber ser media una
un largo trecho que se ha venido recorriendo y, por tanto, estamos
satisfechos de la gestión presupuestaria de nuestra comunidad en
aquella fecha, y hoy todavía mucho más.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por la Comunidad Autónoma de
Aragón tiene la palabra don Gregorio Garzarán García.
El señor GARZARÁN GARCÍA: Señoras y señores Diputados, señoras y
señores senadores, este senador de la Comunidad Autónoma de Aragón no
tiene más remedio que poner de manifiesto su complacencia con las
conclusiones de la ponencia constituida para el estudio de la
rendición de cuentas del Tribunal de la Diputación General de Aragón
del ejercicio presupuestario 1994, informe que se hizo en las Cortes
de Aragón, que establece una serie de resoluciones técnicas y
recomendaciones finales y que fue firmado por todos los grupos. Por
tanto, desde el punto de vista técnico estamos totalmente de acuerdo,
como no podía ser menos, con esta ponencia que se estableció en las
Cortes de Aragón para el análisis de sus cuentas y de las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas del Estado.
Me gustaría poner de manifiesto, desde el punto de vista político, la
época en la que Aragón vivió aquellas cuentas. Ustedes recordarán
que, como consecuencia de una traición y de una felonía realizadas
por el señor Gomáriz con la connivencia del señor Marco, se produjo
un cambio de Gobierno. Al parecer, la cuestión de los cambios se
justificaba por un aumento y una mejor promoción del empleo, por una
mejoría de la gestión del Tribunal de Cuentas que justificar dicha
traición. Por ejemplo, para poner de manifiesto algunas cosas de las
que se han producido y que el Tribunal de Cuentas ha mencionado,
citaré la baja ejecución presupuestaria, sobre todo en capítulos como
el de la educación, con un 42 por 100 de ejecución; ordenación del
territorio y urbanismo, con un 33 por 100 de ejecución; conservación
y mejora del medio natural, con un 38 por 100 de ejecución, y,
sorprendentemente, la gestión de las aguas, de las infraestructuras y
de las obras hidráulicas, que en Aragón son de tremenda importancia,
con un 25 por 100 de ejecución.
Pero, señorías, además de esto hay algunas otras perlas. Por ejemplo,
en el Plan de empleo de Aragón (fomento del empleo, convenios para
obras y servicios de las corporaciones locales), quedaron sin
comprometer la totalidad de los créditos de 1993, o sea, unos 10.500
millones de pesetas, cuyo remanente se incluyó en el ejercicio de
1994. Cuál no sería nuestra sorpresa al ver
que las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio no sólo no cubren
los 10.000 millones de pesetas del año 1993 más el ejercicio de 1994,
sino que han ascendido solamente a 5.896 millones de pesetas. Pero es
que hay una perla más. La promoción del empleo parecía que iba a ser
una de las cuestiones fundamentales y dentro del informe del Tribunal
de Cuentas aparece que se otorgan tres avales por la comunidad, con
el fin de garantizar la creación de empleo, a una empresa cuyo plan
de viabilidad consiste en la reducción de plantilla. Con esto les
digo cuál fue el tiempo perdido por esa maravillosa traición que se
produjo en Aragón y la pérdida de competitividad y de acciones que
pudiesen desarrollar esta comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por parte de la Comunidad
Autónoma Foral de Navarra, tiene la palabra don José Iribas Sánchez
de Boado.
El señor IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO: Señores diputados y diputadas,
señores senadores, estamos analizando unas cuentas que ya fueron
valoradas por parte del Parlamento Foral en su sesión del 6 de marzo
de 1996; cuentas de unos presupuestos ejecutados por el Gobierno,
entonces presidido por Unión del Pueblo Navarro, en unos pactos
presupuestarios con el Partido Socialista. Los pactos a los que
llegamos en aquel entonces fueron lógica estabilidad a las cuentas de
Navarra dada la peculiar situación política que atraviesa la
comunidad, especialmente en relación con los nacionalismos. La propia
Cámara de Comptos, nuestro máximo órgano de fiscalización, reconoce
en su informe que hay un esfuerzo progresivo para el cumplimiento de
las más significativas recomendaciones que se han hecho en años
precedentes. En este sentido, el propio portavoz de la oposición así
lo afirma al poner en boca del presidente de la citada Cámara que
tanto por lo que se refiere al principio de legalidad como a la
situación patrimonial y presupuestaria de nuestra comunidad vamos
avanzando en términos absolutamente positivos. Por lo demás, hay una
mejora de las relaciones con el estamento funcional y, en concreto,
con el departamento de Hacienda a la hora de establecer los diversos
controles. Se han cumplido diferentes recomendaciones previas en
relación con las cuentas y con las sociedades públicas auditadas
previamente por otras sociedades de gestión.
Por tanto, podemos manifestar nuestra satisfacción, en primer lugar,
porque se nos presenten estas recomendaciones y, en segundo lugar,
porque Navarra es una comunidad que intenta ponerlas en práctica y
que intenta poner remedio a las cuestiones. Creo que se han remediado
dos cuestiones que eran fundamentales como la mejora de las
subvenciones y de los procedimientos de contratación. La existencia
del plan general de contabilidad pública con doble partida es un
motivo más de satisfacción para este portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por parte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía tiene la palabra el senador Juan Santaella
Porras.
El señor SANTAELLA PORRAS: Agradezco la presencia del presidente del
Tribunal de Cuentas. De la lectura del informe parece que estamos en
el túnel del tiempo, puesto que lo que se recoge en el informe de
1994 es lo mismo que se venía recogiendo con respecto a la Comunidad
Autónoma andaluza y lo que se viene actualmente poniendo de
manifiesto, debate tras debate, en el Parlamento de Andalucía. Da la
impresión de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma andaluza se
mantiene cómodo en la falta de rigor presupuestario o parece que es
constante el deseo de no ser fiscalizado por los incumplimientos
reiterados que viene haciendo no sólo de los informes del Tribunal
sino de la propia Cámara de Cuentas andaluza. En el informe se recoge
taxativamente la falta de colaboración de las ocho universidades
andaluzas, la falta de colaboración de distintas consejerías como
Obras Públicas, Medio Ambiente, Educación, Cultura y especialmente
Economía y Hacienda, que debería ser más sensible, más susceptible
a la fiscalización de las cuentas. Es cierto, por lo menos, que la
rendición de las cuentas se ha presentado en plazo, como se recoge en
el informe. No se puede establecer o evaluar el cumplimiento de los
objetivos programados como dice el informe, puesto que no se presenta
memoria y me da la impresión de que no hay objetivos y, por tanto,
mucho menos se puede ver el cumplimiento de los mismos, ni estaban
previstos ni se puede recoger que estén alcanzados, ni siquiera se
puede evaluar el coste de los mismos. Sí se pone de manifiesto que el
único objetivo da la impresión en la Comunidad Autónoma andaluza es
que se ejecuta muy bien y en demasía todo lo concerciente al gasto
corriente y que hay una falta de ejecución en los capítulos de
inversiones o en transferencias de capital.
En concreto, el presupuesto de 1994 de la Comunidad Autónoma
andaluza, que se incrementa en un 10 por ciento con respecto al del
año anterior, cifrándose nada más y nada menos que en un billón
786.000 millones, ha tenido modificaciones por 157.449 millones de
pesetas. Viene a estar en la línea de las modificaciones de otras
comunidades, entre el 9 y el 10 por ciento, pero sí es de resaltar en
concreto -y así se hace en el informe no sólo del Tribunal sino del
también debatido en la Cámara de Cuentas- la forma de hacer estas
modificaciones. Ni se cumple el plazo para la incorporación de los
remanentes ni hay memoria justificativa de los mismos ni informes
preceptivos ni certificados de reponentes comprometidos. En concreto,
la cifra es llamativa. Se recoge en el informe que de 32 expedientes
tramitados de incorporación de remanantes el 71 por ciento no recoge
el certificado de remanentes comprometidos.
Los gastos e ingresos van quizás en una misma línea que el resto de
comunidades, pero es significativo resaltar en concreto en la
Comunidad Autónoma de Andalucía que falta, en cuanto a gastos, la
materialización de ayuda y subvenciones al PER, en los plazos y
fechas previstas, que ponen en peligro la viabilidad de dichos
proyectos. No se han remitido, por supuesto, los contratos de más de
25 millones de pesetas para ser fiscalizados y el 31 por ciento de
los contratos examinados son adjudicaciones directas, sin criterios
de selección en los pliegos de condiciones e incumpliendo por
supuesto la Ley de Contratos del Estado. Se fraccionan obras para no
ser fiscalizadas y el 17 por
ciento de los expedientes de suministros va acompañado, sin memoria,
de la necesidad de la adquisición. En cuanto a los ingresos, si bien
el 90 por ciento son operaciones no financieras, se echa en falta -y
así lo recoge el informe- un órgano que centralice la información
porque no se registran con claridad los ingresos, lo que da lugar a
muchos ajustes. Pero el resultado final de una mala política
presupuestaria por la Comunidad Autónoma andaluza es precisamente el
saldo presupuestario. El remanente de tesorería, según los datos
contables, asciende a 25.000 millones de pesetas y, sin embargo, el
informe del Tribunal de Cuentas, después de hacer ciertos ajustes, lo
minora en 204.000 millones de pesetas, lo cual supone unos ajustes
importantes, ya que representan más de un 10 por ciento del
presupuesto de la Junta.
En la situación patrimonial hay que resaltar, como viene siendo
habitual, que no es completo el inventario general de bienes y
derechos, que no existe cuenta de inmovilizado y que no hay relación
de deudores. El propio Tribunal de Cuentas ya establece la relación
de deudores -me ha parecido oírselo- en 366.000 millones de pesetas,
estando aún pendiente, nada más y nada menos, la cantidad de 120.000
millones de rendición de cuentas, porque están dados a fondos
a justificar, sin presupuesto de necesidades monetarias de tesorería y
el 32 por ciento de las cuentas bancarias ni siquiera están en el
registro general de cuentas.
No quiero seguir en la línea de continua denuncia, sino que me voy a
referir al principio de mi intervención, porque si analizamos lo que
es el sector de las empresas públicas de la Junta de Andalucía
podríamos consumir otro turno, pero el entramado es difícil de
fiscalizar y prueba de ello es que en el propio informe se reconoce
que de las 38 empresas que son sociedades mercantiles la Ley de
presupuestos sólo incluye 14, el resto se obvia en la inclusión
presupuestaria. Quiero significar que pese a que de los presupuestos
se ha subvencionado a las empresas públicas con 27.795 millones de
pesetas, todas arrojan un saldo deudor de pérdidas por 14.580
millones de pesetas.
Entendemos que los presupuestos son un instrumento fundamental para
el bienestar y el desarrollo de los andaluces y lo que esperamos que
el Gobierno de la Junta de Andalucía tome en serio y con rigor las
recomendaciones no sólo del Tribunal sino de la Cámara de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por parte de la Comunidad
Autónoma de Extremadura tiene la palabra el Senador Vicente Sánchez
Cuadrado.
El señor SÁNCHEZ CUADRADO: Con la mayor brevedad, señores senadores y
diputados, voy a intervenir en relación con el informe del año 1994
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La senadora por Extremadura
que me ha precedido en el uso de la palabra hacía dos referencias. En
una daba las gracias al Tribunal por su diligencia en la presentación
de las cuentas, a lo que yo me sumo pero con algún matiz respecto a
la diligencia, puesto que no olvidemos que en el año 1999 estamos
examinando las cuentas de 1994. Decía también que no se observaban
irregularidades de ningún tipo que merecieran ser destacadas, y aquí
mi discrepancia es rotunda. Como SS.SS conocen, el informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas pretende
tres objetivos fundamentales. Por una parte, examinar o determinar
que las cuentas se han llevado de acuerdo con los principios
contables públicos. Esto no ocurre en Extremadura puesto que el
propio Tribunal dice que el sistema contable no ofrece una
representación completa de la situación económica patrimonial
conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de haciendas y
particularmente en cuanto se refiere al inmovilizado no financiero.
Por otra parte, no se ha impuesto la contabilidad analítica, lo que
impide establecer indicadores que permitan el seguimiento político de
los objetivos de los programas. Por tanto, es evidente que no se
llevan las cuentas de acuerdo con los principios contables públicos.
Otro de los objetivos del informe de fiscalización es determinar la
racionalidad del gasto público. Pues bien, lamento mucho tener que
decir -auque aquí se ha dado por el señor Carreras de que la media de
ejecución de los presupuestos estaba en el 94 por 100- que en
Extremadura el presupuesto del ejercicio de 1994 se ha ejecutado
solamente al 52 por ciento, lo que creo que es una bajísima
ejecución. Además hay algunos programas y secciones que merece la
pena destacar, por ejemplo el fomento del empleo, que ha tenido una
ejecución del 55 por ciento; la infraestructura agraria, del 47 por
ciento; la protección y mejora del medio ambiente, del 32 por ciento;
la infraestructura urbana, del 40 por ciento; y servicios generales
dirigidos a toda la población, del 53 por ciento. Por tanto, no se
puede decir que se haya cumplido el objetivo relativo a los
requisitos de eficiencia y economía. Quiero destacar que la Comunidad
Autónoma de Extremadura tiene una carga financiera del 17 por ciento;
sólo hay tres comunidades que la superan. Cuando se habla, por
ejemplo, del endeudamiento de Cataluña y de Andalucía, estoy de
acuerdo en términos absolutos, pero no en términos relativos. Por la
tanto, tampoco aquí podemos hablar de economía. Por otra parte,
quisiera destacar, también en este punto, que hay incorporaciones al
presupuesto que son abundantes y que se financian sin cobertura
alguna. El propio Tribunal destaca que se ha producido
incorporaciones por importe de 14.287 millones de pesetas con
absoluta falta de cobertura de los créditos incorporados, la cual es
un agujero presupuestario bastante importante si tenemos en cuenta
que el presupuesto total ascendía a 180.000 millones de pesetas.
El tercer objetivo que se propone el Tribunal de Cuentas es
determinar el grado de cumplimiento y aplicación de la legalidad
vigente. Pues bien, no voy a abusar del tiempo de SS. SS. pero sí
quiero dejar claro que, por ejemplo, en materia de ayudas y
subvenciones no se cumplen las normas establecidas para su
distribución. Hay casos llamativos en los que se da una subvención
del 42 millones de pesetas a una empresa con un capital de 500.000
pesetas, con un contrato de opción de compra de unos terrenos que
nunca llegan a ponerse a nombre de la propia empresa subvencionada;
hay otras subvenciones en la que no se acredita el pago de las
facturas de las inversiones. Por lo tanto, el Tribunal, al final,
establece en sus recomendaciones que se cumpla la normativa vigente
en materia de subvenciones y ayudas públicas, como no podía ser
menos. En Materia de nóminas la gestión es muy deficiente. Las
nóminas se gestionan extrapresupuestariamente, hasta el punto de que
en
algunos casos se pagan nóminas de personas que llevan nueve meses
dadas de baja, con lo cual se produce una serie de pagos indebidos
como consecuencia de que la aplicación de las nóminas al presupuesto
no se hace dentro de los plazos previstos, y se produce una serie de
reclamaciones de pagos indebidos por nóminas que, al final, nunca se
materializan y que superan los cientos de millones de pesetas.
En materia de contratación administrativa también se ha dado aquí el
dato -me parece que con relación a Castilla y León- de que el 62 por
ciento se hacía por concurso. Pues bien, en Extremadura, el 94 por
ciento de los contratos se hace por concurso, señoría. El Tribunal de
Cuentas, en la página 106 de su informe, llega a decir que el 94 por
ciento del importe total de los contratos se adjudicó mediante
concurso, sin que se haya garantizado adecuadamente la selección
objetiva de los contratistas más convenientes al interés público, al
no haberse establecido ordenadamente criterios precisos de selección
de los mismos ni de los pliegos correspondientes y al no haberse
fundamentado adecuadamente las adjudicaciones del 69 por ciento de
dichos contratos. Si esto no son irregularidades, que venga Dios y lo
vea.
Termino, señorías. Lo que más nos preocupa es el incumplimiento
reiterado de las recomendaciones que viene haciendo el Tribunal de
Cuentas a lo largo del tiempo, sobre todo lo referente a la
obligación -que yo creo que es fundamental- de publicar en el diario
oficial de Extremadura el informe completo del Tribunal de Cuentas,
cosa que no se hace por la Junta de Extremadura, ni se ha hecho en
ningún momento, y que el Tribunal de Cuentas sigue reiterando año
tras año, lo que causa graves trastornos y perjuicios no solamente a
los auditores de cuentas de la región, sino también a muchos
ciudadanos que tienen contenciosos-administrativos contra la Junta,
que podrían utilizar ese documento oficial en su reclamaciones pero
que evidentemente no lo pueden hacer puesto que la Junta de
Extremadura no está dispuesta a dar transparencia a los informes del
Tribunal de Cuentas mediante la oportuna publicación en el diarios
oficial.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para intervenir por parte de
la Comunidad de Murcia, tiene la palabra el senador don Joaquín
Bascuñana García.
El señor BASCUÑANA GARCÍA: En primer lugar también quiero agradecer
la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, así como el
informe correspondiente a la cuenta general del año 1994.
Procuraré, en aras de la recomendación del presidente de la Comisión,
ser breve y puesto que el informe ha sido ampliamente debatido en la
Asamblea Regional de Murcia tanto el día 22 de marzo como el 7 de
mayo de 1996, quisiera referirme concretamente a las conclusiones y
recomendaciones. En primer término quiero reconocer que durante 1994
hubo ciertos progresos en materia contable. Se dieron pasos muy
importantes en la contabilidad pública, como fueron la depuración de
saldos antiguos, las relaciones nominales de deudores y la
conciliación de las cuentas bancarias. No obstante, de anteriores
gobiernos hay que mejorar bastante la gestión económica, puesto que
se
ponen de manifiesto una serie de carencias e insuficiencias en
materia administrativa, contable, presupuestaria y de contratación, y
quiero relacionarlas.
En primer lugar, la comunidad autónoma carece de un sistema integrado
de contabilidad patrimonial y presupuestaria. El presupuesto por
programas carece de una forma correcta y precisa de la determinación
de los objetivos o fines a cumplir y de los indicadores que permitan
mediar el grado de cumplimiento de los mismos. En segundo lugar, en
los expedientes, de gasto examinados se detectan diversas
irregularidades formales; en algunos casos no consta la intervención
previa del gasto que exige la Ley de hacienda regional. En la
contabilidad de gasto de ejercicios futuros existen expedientes en
los que no consta la fiscalización previa de reajuste de anualidades.
En tercer lugar, en el análisis de las subvenciones y ayudas
concedidas por la comunidad autónoma se observan incumplimientos de
la normativa reguladora de los mismos. En cuanto lugar, en cuanto a
la contratación, como ya se ha dicho en otras comunidades, en el 80
por ciento de los expedientes de modificación de contratos de
ejecución no se justifica la existencia de necesidades nuevas o de
causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de elaborarse
los proyectos de las correspondientes obras. En diversos contratos no
figuran los informes de fiscalización previa del gasto, incluso en
varios de ellos no se recogen los criterios básicos para la
adjudicación.
Se valoran ofertas presentadas a la licitación con un baremo no
previsto en las cláusulas y se reconoce la existencia de proyectos
mal elaborados de pliegos de condiciones y contratos sin plazo de
ejecución, de expedientes tramitados por el procedimiento de urgencia
sin justificación de la misma. Pero como se ha dicho anteriormente,
tras el paso del tiempo -estamos hablando de cuatro años y con
gobiernos distintos- no podemos estar contentos respecto de la cuenta
general de 1994, pero sí esperanzados. Lo digo porque ya se han
obtenido logros por el Gobierno actual y quisiera poner en su
conocimiento cómo se ha realizado el inventario de bienes y derechos
de la comunidad autónoma y su vinculación con la contabilidad
patrimonial. Se ha puesto en marcha en su totalidad el Plan general
de contabilidad, se han regularizado todas las empresas públicas y se
ha elaborado los presupuesto definiendo los objetivos presupuestarios
e indicadores de cumplimiento. En definitiva, señorías, son medidas
que ponen de manifiesto la firme voluntad de un Gobierno que está
decidido a incorporar a su gestión las reiteradas recomendaciones del
Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE (García Millán): Para su intervención por
Castilla y León, tiene la palabra don César Huidobro.
El señor HUIDOBRO DÍEZ: Señor presidente del Tribunal de Cuentas,
señorías, para este senador por la Comunidad de Castilla y León el
informe que el Tribunal de Cuentas hace respecto a mi comunidad para
el ejercicio de 1994 merece una valoración positiva. En términos
generales es lo siguiente: que el grado de ejecución del presupuesto
de gastos ha superado en seis puntos al año 1993 y
que el grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha aumentado
también en dos puntos respecto al mismo año.
La Junta de Castilla y León, se reconoce por el propio Tribunal,
adopta el criterio recomendado por el Tribunal de no registrar como
derechos reconocidos los remanentes de tesorería. La comunidad
autónoma no ha rebasado el límite de cargas financieras previsto por
la Lofca; se ha reducido a 10.111 millones de pesetas; la carga
financiera es del 4 por ciento, que está por debajo, como hemos
dicho, del 25 por 100 establecido en el artículo 14.2 b) de la Lofca;
se reconoce la existencia de una importante mejora en la gestión de
los fondos a justificar; el endeudamiento no dispuesto ha pasado de
50.950 millones de pesetas en 1993 a 36.915 millones en 1994 y
respecto al tema de la utilización de las subastas sobre el concurso
como forma de obtener mayores bajas, se recoge en el informe que ha
pasado del 86 por ciento al 62 por ciento y se reconoce en el propio
informe que las rebajas obtenidas por el sistema de las subastas es
del 27 por ciento, mientras que el obtenido del concurso es el 21 por
ciento.
Estos criterios son los que nos llevan a tener una valoración
positiva La Junta de Castilla y León ha puesto en práctica la casi
totalidad de las recomendaciones del informe de años anteriores.
Basta citar la implantación del Plan general de contabilidad pública
que se puso en práctica por una orden de 21 de noviembre de 1996 o la
recomendación de que la ley de presupuestos debería fijar el límite
cuantitativo de las operaciones de crédito para necesidades
transitorias de tesorería. Es, como decía el interviniente anterior,
una comunidad que sigue los criterios expuestos por el Tribunal de
Cuentas en cuanto a los criterios que han de seguirse respecto a la
cuentas de la comunidad.
Hay dos recomendaciones a las que yo quiero hacer una breve
referencia. Una de ellas se refiere a que el Tribunal de Cuentas
piensa que no se puede invocar la ley de presupuestos para permitir
utilizar el endeudamiento de ejercicios anteriores, mientras que la
Junta de Castilla y León viene incluyendo estos endeudamientos
anteriores a través de las leyes de presupuestos, para lo cual cuenta
no solamente con el voto favorable de los procuradores de las Cortes
de Castilla y León sino también con los informes favorables de la
asesoría jurídica. Esto, que es una discrepancia, supone la necesidad
de que la propia Junta de Castilla y León siga haciendo uso, al menos
transitoriamente, de esta materia con el fin de regularizar una
situación que el Plan de convergencia obligaba a las comunidades
autónomas a mantener unos criterios de endeudamiento que difícilmente
se podrían compaginar con el mantenimiento de las inversiones
necesarias para que esta comunidad autónoma siguiera haciendo
inversiones complementamente necesarias para la buena marcha y para
el progreso de la propia comunidad.
Hay un segundo punto, al que también se hace una recomendación, al
que yo quiero hacer un referencia y es el exceso de adjudicaciones
por concurso en vez de por subasta. He dicho ya, y quiero reiterarlo
que hay una baja del 86 por ciento, lo que supone seguir las
recomendaciones. Como he dicho la rebaja obtenida por los sistemas de
subasta ha sido el 27 por ciento, y así se recoge en el informe, y la
rebaja obtenida por los concursos es el 21 por ciento. Vemos que la
diferencia -ocho puntos- no es despreciable,
pero hay que compaginarla con algo que sucede en los concursos, que
no sucede en las subastas y que en aquella comunidad autónoma ha
tenido mucha trascendencia: obras adjudicadas por el sistema de
subastas ha sido abandonadas por los contratistas y la rescisión del
contrato ha llevado mucho tiempo, no solamente para la resolución de
dichos contratos sino también para la continuación de las obras
iniciadas. La selección de los contratistas sólo por su buen hacer es
más fácil por el sistema de concurso y por eso, a veces, es
necesario, sobre todo en construcción de vivienda o de algún otro
tipo de adjudicación de obras en la que los contratistas deben
hacerlas en un plazo, valorar la utilización del sistema de concurso
sobre el sistema de subastas.
Con esto termino las reflexiones que hago sobre las discrepancias que
existen respecto a los criterios puestos de manifiesto por el
Tribunal de Cuentas, reiterando, una vez más, que en todos los
criterios, salvo los dos expuestos y que tendrán carácter
transitorio, la Junta de Castilla y León ha seguido, paso a paso,
incluso como un alumno bien aplicado, aquellas recomendaciones que el
Tribunal de Cuentas le viene haciendo de manera reiterada.
Muchas gracias señor Presidente. Con esto doy por concluida mi
intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por Castilla-La Mancha,
tiene la palabra el señor Molina.
El señor MOLINAGARCÍA: Quiero saludar al Presidente del Tribunal de
Cuentas y agradecerle su información. Castilla-La Mancha cuenta con
una sindicatura propia -ya hizo un extenso informe- y en las Cortes
ya se dio cuenta de ello.
Quisiera plantear tres cuestiones que, además, el propio Presidente
había comentado anteriormente que afectaban a algunas comunidades
autónomas, para saber qué grado de cumplimiento se está produciendo,
ya que estamos hablando de un ejercicio relativo a 1994. El plan de
contabilidad, y especialmente la contabilidad analítica, que es un
mandato que se tiene que cumplir por las administraciones públicas,
refleja un dato fundamental que es el coste de los servicios, y la
eficacia de los mismos. Sin embargo, el Presidente comentaba que
había varias comunidades que no lo aplicaban. Me gustaría conocer la
evolución que ha habido en los últimos años y si por parte de las
comunidades autónomas se plantea algún tipo de problema específico.
He podido apreciar en su evolución que el cumplimiento de los planes
contables en las administraciones no se viene adaptando y podría ser
un tema de reflexión.
El segundo tema de reflexión es algo que también es viene produciendo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Es la inclusión del fondo
nacional de cooperación municipal en los presupuestos de ingresos y
gastos. Lo que hace la Administración, y lo dice muy bien el Tribunal
de Cuentas, es computar unos ingresos y darlos a los ayuntamientos.
Yo no sé si esta reflexión no le afecta al Presidente del Tribunal de
Cuentas, y es una reflexión más, porque se establece con un mandato
legal el que las comunidades autónomas sean las receptoras de ese
fondo y que lo distribuyan a los ayuntamientos. Habría que analizar,
porque en esto habrá distintas opiniones, si realmente obedece a un
título competencial. Ya sé que jurídicamente está perfectamente
contemplado; no estoy hablando de eso sino del sentido que puede
tener esta traslación de fondos, que es una operación de tesorería,
de ingresos y luego de gastos, si tiene algún sentido específico,
porque las comunidades autónomas puedan tener competencias -no digo
que las tengan- para cambiar los sistemas de distribución. Ysi no es
así, éste es un debate para analizar si realmente tiene sentido que
sean los cobradores y pagadores.
Por último, sobre el grado de cumplimiento de recomendaciones
anteriores, también me gustaría que el Presidente del Tribunal nos
dijera cómo ha visto la evolución de las recomendaciones en años
anteriores con respecto a éste y en años futuros, si tiene algún
dato.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por la Comunidad Autónoma de
Galicia, tiene la palabra el senador Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.
El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Saludo respetuosamente al señor
Presidente del Tribunal de Cuentas y me congratulo particularmente
del sentido de la sinopsis que trasluce su informe. Igualmente, me
alegra profundamente el lenguaje asequible con que está redactado y
que no exige muchas aclaraciones. Y sobre todo, predico aquí
públicamente también mi alegría por los esfuerzos de todas las
comunidades autónomas en general por mejorar su sistema de
contabilidad y, en definitiva, su grado de transparencia, que es un
mandato esencial de democracia.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Muchas gracias doblemente,
por su intervención y brevedad.
A continuación, por la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene la palabra
don Luis María Huete.
El señor HUETE MORILLO: Agradecemos las explicaciones del Presidente
del Tribunal de Cuentas, en las que se resume el informe anual del
citado Tribunal respecto al ejercicio de 1994.
El Grupo Popular, en el caso de Madrid, muestra su disconformidad con
las conclusiones y recomendaciones del citado informe, y respeta, no
obstante, las apreciaciones subjetivas que el portavoz socialista ha
puesto de manifiesto en defensa de sus compañeros; pero, repito, son
apreciaciones subjetivas frente a hechos contables comprobados. Hago
esta afirmación respecto a Madrid, habida cuenta de que el presente
debate en la Comisión Mixta CongresoSenado para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas es, en parte, una repetición del que ya hubo en
la Asamblea de Madrid en el pasado mes de marzo de 1998.
Para el portavoz socialista, mi buen amigo señor Lissavetzky, la
gestión del Gobierno del año 1994 fue correcta y las anomalías
descubiertas por el Tribunal sólo son ligeros desfases, puesto que el
Tribunal no ha iniciado expediente contable. No podemos aceptar estas
excusas que, a nuestro entender, encierran una posible falacia
contable. No todo lo mal hecho pasa por el Código Penal. Deseamos
simplemente que los errores sean conocidos para que no se repitan por
ninguna Administración. Los políticos debemos aspirar a dejar las
cosas mejor de lo que las hemos encontrado
y, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, nos lo han puesto
bastante fácil. Fue tan bajo el nivel contable que, a poco que se
esfuerce el Consejero de Hacienda, señor Beteta, se corregirán los
muchos errores, deficiencias, anomalías, faltas de experiencia, o
equivocaciones o como quieran calificar las anomalías administrativas
que aparecen en la contabilidad del año 1994.
Estos errores, señorías, son excesivos en cantidad y, a nuestro
juicio, en calidad; basta reparar las anomalías que el Tribunal de
Cuentas recoge en su informe. Les ruego, señorías, que lean despacio
el informe del Tribunal y vean la lista de defectos en que
incurrieron los que gobernaban la Comunidad Autónoma de Madrid el año
1994. Son excesivos los tropezones analizados en extenso por el
Tribunal, tanto con las empresas públicas como con los organismos
como la Administración central o la autonómica. No quiero cansarles.
Únicamente haré hincapié en que en el mundo empresarial estas
actuaciones hubieran llevado a la dimisión voluntaria de los
responsables por dignidad personal. En política, han sido las urnas
las que han exigido el cese obligado.
Como es lógico, el Tribunal de Cunetas hace una serie de
recomendaciones relativas a operaciones financieras a corto plazo,
ajuste de garantías a lo dispuesto en las leyes de Hacienda o de
Presupuestos, contrariedad de cuadre de gastos, normalización de
libros de registro, controles en las subvenciones, atención mayor en
la contratación a la utilización del sistema de subastas y mejora en
los pliegos de cláusulas en los concursos. A la vista de ello, la
Asamblea de Madrid aprobó una serie de resoluciones para normalizar
las operaciones de endeudamiento, gestión de ingresos, déficit no
financieros y de tesorería y controles sobre subvenciones, concursos,
subastas y operaciones de crédito, y reprobó, en el mes de marzo de
1998, las prácticas contables que presidieron la Administración del
año 1994.
Nada más señorías. El Grupo Popular agradece el trabajo del Tribunal
de Cuentas por lo que significa de ayuda a todas las Administraciones
públicas para hacer las cosas mejor, reprueba la actuación de la
Administración del año 1994 de la Comunidad Autónoma de Madrid y hace
suyas ya, aquí y ahora, las resoluciones que se aprobaron en la
propia Asamblea de Madrid el pasado mes de marzo.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por la Comunidad de
Valencia, tiene la palabra el senador Pedro Agramunt.
El señor AGRAMUNTFONT DE MORA: En primer lugar quiero agradecer la
comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas y el buen
trabajo realizado por el propio Tribunal.
Me hubiera gustado, como a mi compañero, Luis María Huete, iniciar mi
intervención mostrando mi comprensión a los argumentos en defensa de
la gestión presupuestaria del año 1994 en la comunidad valenciana
pero, ante mi sorpresa, no puedo hacerlo puesto que ha habido una
ausencia de defensa de la gestión por parte del grupo parlamentario
que en aquel momento apoyaba al Gobierno. Me limitará a hacer algunos
comentarios no exhaustivos, sólo a efectos de que consten en el
«Diario de Sesiones», pues ya hace
más de cuatro años que terminó este ejercicio presupuestario y hoy
gobierna un partido político distinto en la comunidad; han cambiado,
y para mucho mejor, los usos y costumbres de aquella gestión. De
cualquier modo, resaltaré la asombrosa acumulación de irregularidades
e incumplimientos de los requisitos legales en esta gestión.
Simplemente, a título de ejemplo, quiero señalar -ya lo han hecho
otras señorías- que en el presupuesto de ingresos y gastos de 1994 se
incluyen indebidamente los recursos transferidos por el Estado
procedentes del fondo nacional de cooperación municipal, destinados a
los entes locales. También que las modificaciones de crédito
supusieron nada menos que el 9 por 100 de la dotación inicial y las
modificaciones netas de las previsiones de ingresos ascendieron
a 83.195 millones de pesetas, por lo que no se pudo mantener el
equilibrio con el presupuesto final. Tampoco se contabilizó un
crédito extraordinario, aprobado por la Ley 8/1994, de 7 de
diciembre, por importe de más de 7.000 millones de pesetas.
En relación con la ejecución del presupuesto de gastos, simplemente
diré que se imputan al capítulo 1, gastos de personal, gastos
generados en el ejercicio anterior por un importe total de 1.348
millones de pesetas. También, como ha sucedido en las cuentas de
otras comunidades autónomas, sorprende la excesiva contratación
directa; en concreto, en el capítulo 2, compra de bienes y gastos de
funcionamiento, la adjudicación directa asciende al 53,4 por 100 del
total, y en el caso de las inversiones reales, capítulo 6, la
licitación por contratación directa asciende al 36 por 100, sin
embargo, la de subasta únicamente al 3,1 por 100, y por concurso al
60,7 por 100. Además, en la mayoría de las Consejerías también falta
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las obras
contratadas, así como en diez expedientes la ejecución es anterior a
la firma del contrato, sin que conste en ningún caso la declaración
de urgencia.
En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos -insisto en
que no es una relación exhaustiva de cuestiones- falta la previsión
presupuestaria en el capítulo 3, tasas y otros ingresos, de nada
menos que 15.600 millones de pesetas, sobre una cantidad
presupuestada inicialmente de cero pesetas; por tanto, aparecen
sorprendentemente más de 15.000 millones de pesetas de ingresos, y de
los 51.980 millones de pesetas del total dispuesto en el ejercicio
por operaciones de crédito a medio y largo plazo, 29.087 millones,
más del 50 por 100, se basan en autorizaciones legislativas de los
ejercicios 1991 y 1992, por tanto ya caducadas.
Finalmente, en relación con la situación patrimonial, haré algún
comentario en relación con el saldo vivo de la deuda a 31 de
diciembre, que asciende a más de 300.000 millones de pesetas,
contabilizándose únicamente las variaciones del saldo vivo,
compensándose los importes brutos de las emisiones y las
amortizaciones realizadas, incumpliendo el principio del presupuesto
bruto y vulnerando el principio contable de registro. Asimismo, el
importe contabilizado para amortizaciones, unos 95.461 millones de
pesetas, no es coincidente con el de la cuenta general de la deuda
pública y sólo el volumen de endeudamiento a corto supera ya ese
importe.
Como dije, han pasado más de cuatro años y el Gobierno de la
Generalidad ha cambiado de signo; habiendo sido
un cambio, como he dicho, para mucho mejor, espero que podamos
comprobarlo con toda seguridad en próximas comparecencias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Finalizadas las
intervenciones solicitadas por SS.SS y para dar contestación a
cuantas preguntas y cuestiones se han planteado, tiene la palabra el
Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto Alba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Intervengo también con la finalidad de que quede constancia en el
«Diario de Sesiones». Las preguntas no han sido muchas y, por tanto,
procuraré seguir el orden en que han sido planteadas.
El señor Alegre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, plantea una
duda, que creo que tiene una dimensión más general, relativa al
endeudamiento. El llamado por los medios de comunicación agujero
contable no es más que una deficiencia contable. En cuanto a esta
deficiencia contable hay que distinguir -la pregunta la hace la
Comunidad de Aragón, pero es común a otras- entre comunidades a las
que su ley de presupuestos les permite contabilizar el endeudamiento
en el momento en que se formaliza, no en el momento en que se
dispone.
Estas Comunidades son Castilla y León, Aragón y Principado de
Asturias. Lo que hace aquí el Tribunal es criticar esta posibilidad,
con lo cual la crítica va a su propia ley. Altera, sustancialmente,
la liquidación del presupuesto, desvirtúa el remanente de tesorería y
hace lucir pasivos ficticios. En otras comunidades lo que critica el
Tribunal es el incumplimiento legal, especialmente en Andalucía,
Cataluña y Castilla-La Mancha. El mayor porcentaje de los derechos
reconocidos para el conjunto de todas las comunidades, que se eleva a
402.000 millones, procede de esta forma de contabilizar. La otra
pregunta que hace este senador es sobre un certificado de existencia
de crédito. El Tribunal no considera que sea suficiente el documento
contable porque falta el certificado de existencia del crédito. No
puede confundirse la verificación, a nivel de control interno, de la
existencia de un crédito en el registro contable de este crédito
disponible o de cualquier otro extremo.
El señor Garcías Coll, de Baleares, pregunta si creo que está
mejorando el seguimiento de las recomendaciones. El Tribunal no
evalúa en este informe particular el seguimiento de las
recomendaciones por la Comunidad Autónoma de Baleares. Los defectos
contables detectados y los ajustes del Tribunal se recogen en el
propio informe, páginas 137 a 141.
El señor Santiso pregunta sobre la evolución en años posteriores.
Estos datos no están en el informe de 1994, hay que esperar a
posteriores informes o pedirlos al Tribunal. También pregunta qué
diputaciones y ayuntamientos no han rendido las cuentas. Son la
Diputación de Lugo y los ayuntamientos de León, Alcalá de Guadaira y
Alcorcón.
El señor Sánchez Cuadrado, de Extremadura, alude -y esto lo ha hecho
también algún otro senador- al retraso en la presentación de este
informe, y esto lo voy a dejar para el final porque creo que SS.SS
van a tener una valoración objetiva de este tema. En cuanto a la
publicación en diario
oficial, el Tribunal se ha dirigido a las asambleas de Extremadura,
Madrid, La Rioja y Principado de Asturias, recordándoles la
obligación de publicar en los diarios oficiales de las propias
comunidades, lo que prescribe el artículo 12 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas, que también ha apreciado ciertas deficiencias en
las publicaciones.
En señor Molina, de Castilla-La Mancha, plantea el problema del Fondo
nacional de cooperación municipal. El Tribunal en esto es muy claro
en el informe. Estos fondos son del Estado, que las comunidades
autónomas canalizan a las corporaciones locales, y el registro debe
hacer extrapresupuestariamente. Las comunidades son meros
intermediarios y la contabilidad del presupuesto les permite
sobrevalorar los resultados presupuestarios. En cuanto a la cuestión
que se le plantea sobre el seguimiento de las recomendaciones, este
Presidente no puede ahora adelantar nada, puesto que no está en el
informe y tampoco tiene información.
El señor Huete también ha hecho aquí alguna alusión a
responsabilidades contables. Quizá esto pueda ser una aclaración de
unas consideraciones que engloban cuanto se ha oído aquí y pueden
situar a SS.SS en una posición para conocer una realidad objetiva
sobre cómo se está llevando a cabo este control.
Este informe da cumplimiento al artículo 13.1 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas, pero previamente hay que cumplir el artículo
3.2, que hace referencia a los informes singulares de cada comunidad
e indica que deben enviarse a sus respectivas asambleas. Pero es aquí
donde hay que diferenciar aquellas comunidades que no tienen órganos
de control de aquellas otras que sí tienen. Por ello, previamente a
este informe, el Tribunal tiene que hacer nueve informes singulares,
relativos a cada una de las comunidades que no tienen órgano del
control externo; además el Tribunal tiene que hacer cinco informes de
fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial. El total
cumplimiento del artículo 13.2 viene condicionado por los informes de
las comunidades que tienen órganos de control externo. En dichas
comunidades el trabajo del Tribunal consiste en reproducir y resumir
estos informes, modifica, valora y traslada a los propios órganos de
control externo estos resultados y todo ello supone un trámite que
dilata en el tiempo la elaboración del informe final.
En el ámbito local hay que distinguir también entre entidades locales
de comunidades autónomas donde no hay órganos de control externo, o
habiéndolos no tienen competencias fiscalizadoras, y el resumen que
tienen que hacer allí donde hay órganos de control externo. Todo esto
condiciona, directa o indirectamente, el contenido, el retraso y el
plazo de presentación de dicho informe. Es un informe laborioso, un
documento en el que el Tribunal tiene que hacer múltiples ajustes,
donde se mantienen criterios inadecuados en el trámite
presupuestario, donde el modelo de contabilidad por partida doble no
se aplica con carácter general o aun aplicándolo se hace con
carencias. La falta de implantación, con carácter general, del plan
de contabilidad se agrava, fundamentalmente, en el sector local. Ya
hemos dicho que hay 107 ayuntamientos inferiores a 5.000 habitantes
que aplican todavía la contabilidad por partida doble.
Hay que tener en cuenta también, a la hora de redactar el Tribunal
estos informes, que si alguna comunidad no
envía su informe anual, no puede interpretarse que falta la rendición
de cuentas e intentar aplicar el artículo 42 ni que falta a su deber
de colaboración -artículo 7-, porque aunque la ley, en su artículo
29, obliga a las comunidades a enviar este informe, no instrumenta
después el mecanismo para exigirlo. ¿Cómo se resuelve esto? Este
Presidente entiende que el Tribunal de Cuentas sigue manteniendo sus
plenas competencias.
Pero ante la realidad en la que estamos inmersos de un proceso de
descentralización y del hecho autonómico, se estima que es preferible
conseguir una buena coordinación, si bien a la hora de coordinar se
plantean naturalmente problemas.
Se ha constituido una comisión general de coordinación, bajo mi
presidencia, inspirada en la necesidad de ser eficaz en la
fiscalización y según principios no jerárquicos, sino de cooperación.
Pero, no nos engañemos, la cooperación exige voluntad de cooperar.
Esta comisión de coordinación tiene un comité permanente y tiene
también unas comisiones para comunidades autónomas, corporaciones
locales e incluso para asuntos jurisdiccionales.
Algún interviniente ha planteado la cuestión de las
responsabilidades, y hay que decir que la realidad nos marca una
asimetría no solamente entre corporaciones locales y comunidades
autónomas. La Ley de Bases de Régimen Local permite denunciar y poner
en conocimiento del Tribunal de Cuentas, lo que no sucede con las
comunidades autónomas, pero a su vez entre éstas también hay
diferencias en cuanto se trata de temas contables que tienen sus
origen en la fiscalización, que serían las piezas separadas. De aquí
que la comisión que hemos creado tenga también una parte referida a
la jurisdicción, que es el único que la tiene encomendada hoy por hoy
totalmente es el Tribunal de Cuentas. Precisamente en el año 1994
todos los procedimientos jurisdiccionales que se han iniciado están
en
comunidades autónomas, que no tienen órganos de control externo.
Naturalmente, hay que reconocer que aquí las deficiencias legales que
quizá en un futuro habrá que subsanar, y es a través de estos informe
y de estas situaciones como se acumulará una experiencia que deberá
tenerse muy en cuenta.
No es fácil para este Presidente avanzar mucho más, porque se saldría
de su ámbito institucional, y yo creo que SS.SS captarán la dimensión
política que supone ser informante técnico de un órgano de control
externo, quizá con propensiones a crear órganos de control externo e
incluso encontrarlos justificados para no sentirse en desventaja en
estas asimetrías, más que fundamentados en otro tipo de necesidades.
Este Presidente agradece mucho la atención que todo ustedes han
prestado a este informe y no se siente medianamente satisfecho de que
se esté debatiendo en 1999 un informe que se refiere a realidades de
1994.
Puede que dentro de la propia institución también tengamos
deficiencias que es preciso subsanar, pero creo que todos estamos de
acuerdo en que este desfase, por las causas que sean, no es
concordante con lo que tiene que ser un órgano y un control externo
eficaz.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Muchas gracias, señor
Presidente del Tribunal de Cuentas. Esta Comisión Mixta agradece una
vez más su comparecencia para la presentación de los diferentes
informes.
Finalizado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.