DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 122



PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE



Sesión núm. 23



celebrada el martes, 3 de noviembre de 1998, en el Palacio del
Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Propuestas de resolución:



- Informe anual relativo al sector público estatal del ejercicio
1995. (Número de expediente del Congreso 250/000006 y número de
expediente del Senado 770/000004) ... (Página 2541)



- Informe de fiscalización de la actividad crediticia del grupo
Argentaria en 1994. (Número de expediente del Congreso 251/000058 y
número de expediente del Senado 771/000056) ... (Página 2543)



- Informe de fiscalización de las primas a la construcción naval.

(Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente
del Senado 771/000057) ... (Página 2544)



Debate sobre:



- Solicitud de fiscalización sobre el funcionamiento de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria durante los años 1996 y 1997, en
sus órdenes de gestión, comunicando las responsabilidades

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en que, en su caso, se hubiere incurrido, así como la inclusión en un
informe análogo, anual y específico en el Programa de fiscalización
para los próximos años. Formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

(Número de expediente del Congreso 253/000008 y número de expediente
del Senado 772/000006) ... (Página 2546)



- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas de una fiscalización específica, de acuerdo con lo
previsto en la Ley orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con el
fin de aclarar la gestión realizada en la Diputación Provincial de
Zamora en los ejercicios comprendidos entre 1983 a 1993, ambos
inclusive, en especial las actuaciones administrativas en materia de
contratación, personal adscrito y sometimiento a la legalidad y a los
principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público, así como la posible desviación de fondos públicos a personas
o partidos políticos, y la depuración de las eventuales
responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos examinados.

Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

(Número de expediente del Congreso 253/000009 y número de expediente
del Senado 772/000007) ... (Página 2547)



- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas de una fiscalización específica de acuerdo con lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con el fin de
aclarar la gestión realizada por el Ayuntamiento de Madrid desde el
ejercicio 1994 en relación con el proyecto de remodelación de la
Plaza de Oriente y determinar si las actuaciones administrativas
desarrolladas se han ajustado a la legalidad y con sometimiento a los
principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público, incluyendo los proyectos adicionales, complementarios y los
trabajos arqueológicos llevados a cabo, así como la depuración de las
eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos
examinados. Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente del Congreso 253/000010 y número de
expediente del Senado 772/000008) ... (Página 2550)



- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas de una fiscalización específica de acuerdo con lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con el fin de
aclarar la gestión realizada por la empresa pública Babcock Wilcox en
los últimos diez ejercicios, en especial las actuaciones en materia
de adjudicación de contratos, gestión, adquisición y enajenación de
su patrimonio y participación en otras empresas, y sometimiento a la
legalidad y a los principios de economía, eficacia y eficiencia en la
gestión del gasto público, depurando las eventuales responsabilidades
que pudieran derivarse de los hechos examinados. Formulada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
del Congreso 253/000011 y número de expediente del Senado 772/
00009) ... (Página 2553)



- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas de una fiscalización específica sobre la gestión económica
de la Diputación Provincial de Alicante desde junio de 1995, con
especial atención al área de fomento, aguas y cooperación, en lo
referente a adjudicaciones de contratos. Formulada por el señor
Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
del Congreso 253/000012 y número de expediente del Senado 772/
000010) ... (Página 2554)



- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas de una fiscalización específica, de acuerdo con lo
previsto en la citada Ley, de las cuentas de la Seguridad Social de
los ejercicios 1996 y 1997, con especial referencia a las
consecuencias que en la situación financiera y patrimonial de la
Seguridad Social puede tener un eventual incumplimiento por parte del
Gobierno de las transferencias necesarias para cumplir con lo
acordado en el Pacto de Toledo. Formulada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000013 y número de
expediente del Senado 772/000011) ... (Página 2558)



Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba), para informar sobre los siguientes extremos:



- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos
políticos, ejercicio 1993. (Número de expediente del Congreso 251/
000061 y número de expediente del Senado 771/000059) ... (Página 2562)



- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Belmonte del Tajo
(Madrid), ejercicios 1994 y 1995. (Número de expediente del Congreso
251/000060 y número de expediente del Senado 771/000058) ...

(Página 2571)



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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señores senadores y senadoras, diputados y
diputadas, buenas tardes.

Vamos a iniciar la sesión número 23 de la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas. Antes de empezar con el punto
número 1 del orden del día, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el senador don Salvador Carrera desea hacer
algunas aclaraciones respecto a las propuestas de resolución que ha
presentado su grupo parlamentario.




El señor CARRERA I COMES: Señorías, sólo pretendo dejar constancia, a
efectos de que lo conozca el resto de los portavoces, de que hemos
planteado unas propuestas de resolución como si estuvieran dentro de
la fiscalización del grupo Argentaria y no son tales, sino que
corresponden a la fiscalización de las primas a la construcción
naval. Esta aclaración la hago en el sentido de que cuando se vean
unas propuestas de resolución formuladas por nuestro grupo, y que,
repito, que se han seguido como grupo Argentaria en 1994, no son
tales, sino que se trata de primas a la construcción naval.




PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:



- INFORME ANUAL RELATIVO AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL DEL EJERCICIO
1995. (Número de expediente del Congreso 250/000006 y Número de
expediente del Senado 770/00004.)



El señor PRESIDENTE: Hechas estas aclaraciones, pasamos a
continuación al debate y votación de las propuestas de resolución
correspondientes al informe anual relativo al sector público estatal
del ejercicio 1995.

Para presentar dichas propuestas de resolución y defenderlas,
siguiendo el orden cronológico de inscripción en el registro de la
Cámara, tiene la palabra el diputado don Diego Jordano, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor JORDANO SALINAS: Señorías, en relación con el informe anual
relativo al sector público estatal del ejercicio 1995, el Grupo
Parlamentario Popular considera que la opinión que se manifiesta en
el informe emitido por el Tribunal de Cuentas es coincidente con la
opinión expresada en la declaración definitiva del mismo ejercicio
así como con la expresada en los ejercicios anteriores de 1992, 1993
y 1994, mantiene salvedades en cuanto a la incorrecta aplicación de
normas presupuestarias y contables y denuncia ciertos incumplimientos
de determinadas sociedades estatales y organismos autónomos.

En relación y en concordancia con las distintas propuestas y
aprobadas por esta Comisión respecto a declaraciones definitivas y a
informes anuales de años anteriores, entendemos que la propuesta que
formula nuestro grupo es general y pide a la Comisión Mixta que inste
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para la subsanación
de las
salvedades puestas de manifiesto en el Informe anual del Tribunal de
Cuentas sobre la actividad económica y financiera del sector público
estatal correspondiente a 1995 y, en particular, en el apartado
segundo 3.1 del mencionado informe. Con este planteamiento se asumen
las recomendaciones básicas emitidas por el Tribunal de Cuentas y se
continúa incidiendo en la línea ya formulada en ejercicios
anteriores.

En cuanto a las propuestas de los otros grupos, no vemos ninguna
dificultad en las realizadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), puesto que señala o pide mayor rigor a las
sociedades estatales y otros entes públicos en relación a la
ejecución presupuestaria de todos estos organismos y a la rendición
de cuentas.

Por lo que hace a las propuestas formuladas por el Grupo Socialista,
no entendemos muy bien el primer punto, en el sentido de que el Plan
general de contabilidad es un plan que afecta a todas las entidades
y, por tanto, también a las mutuas de accidentes. Ahí no hay
diferencia de plan de contabilidad entre la Tesorería General y las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Distintos serán determinados criterios de contabilización, pero
entonces entraríamos en un terreno francamente complejo. Por
supuesto, está claro que fue expresamente un Gobierno respaldado por
el Grupo Socialista el que empezó a dar mayor protagonismo o
intervención en la gestión de la Seguridad Social a las mutuas de
accidentes, fundamentalmente cuando estas mutuas empezaron a
gestionar la incapacidad laboral transitoria. Por tanto, es lógico
que los presupuestos gestionados por las mutuas vayan subiendo
progresivamente y los presupuestos directamente gestionados por la
Seguridad Social en estas materias (accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales) vayan bajando en la misma proporción. Hay
control por parte del Parlamento y, por lo tanto, no entendemos muy
bien esta primera propuesta.

En cuanto a la segunda, el criterio de gestión que se sigue mediante
la suspensión de la aplicación del Realdecreto 12/1995 plantea en la
actualidad un buen marco de relación entre la Administración general
del Estado y todo el juego de relaciones económico-financieras
gestionadas por dicha Administración general, por lo que tampoco
entendemos la necesidad de la resolución que se plantea.

Por ello, manifestando de entrada que no logramos entender hasta
dónde se quiere llegar con estas dos propuestas, manifestamos nuestra
postura escéptica ante la fórmula en que están redactadas y que
probablemente nos llevará a votar negativamente ambas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el senador don Salvador Carrera i Comes.




El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, nuestro grupo ha
presentado una sola enmienda con tres apartados. Los tres hacen
referencia a cuestiones tratadas en el informe del Tribunal de
Cuentas y nos ha parecido oportuno plantearlas y canalizarlas como
propuestas de resolución. El punto primero se refiere, una vez más, a
la exigencia de que los organismos y sociedades estatales presenten
las cuentas dentro de plazo. El segundo es una puntualización de que
se rindan los estados de ejecución presupuestaria



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con el máximo nivel de desagregación. Y, por último, la elaboración
de un presupuesto de explotación y de capital. Esta sería nuestra
propuesta de resolución, repito, con estos tres apartados.

Ahora, señor presidente, aprovechará también el turno para fijar
posición respecto de las propuestas de resolución presentadas por
otros dos grupos, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Socialista. A la primera vamos a votar que sí. Hace referencia a que
se subsanen las salvedades puestas de manifiesto en el informe del
Tribunal y, por tanto, no hay ningún problema al respecto. Y nos
vamos a abstener en la propuesta de resolución planteada por el Grupo
Socialista del Congreso.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado don
Fernando Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: En primer lugar, en cuanto a las propuestas de
resolución de los demás grupos, manifestamos nuestra posición a favor
de las mismas. Y en las propuestas de resolución que ha presentado el
Grupo Socialista, sin perjuicio de entender que el criterio que
nuestro grupo ha mantenido respecto a la declaración definitiva es el
que engloba el espíritu de nuestra posición, por clarificación del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular diré que el sentido de las
propuestas de resolución que presentamos respecto a esas dos
cuestiones específicas y, sobre todo a la primera, es lo que dice el
Tribunal de Cuentas. Ese es el planteamiento y ese es el problema,
que ha dado lugar a que por parte del Gobierno se hayan dictado
órdenes ministeriales con posterioridad al ejercicio económico, no
extendiéndose su aplicación en cuanto al criterio de la orden
ministerial, igual para las mutuas que para las entidades gestoras.

Puesto que el Tribunal se manifestaba en esa posición de que creía
que debía ser el mismo criterio, ése es el único sentido que tiene
nuestra propuesta de resolución. Es decir, el Tribunal de Cuentas en
el informe anual recoge claramente que, con posterioridad al
ejercicio que se está fiscalizando, se han dictado órdenes
ministeriales por parte del Gobierno relativas a los temas de gestión
que distinguen entre mutuas de accidentes y Seguridad Social. Ése es
el único sentido por el cual nuestro grupo ha presentado esa
propuesta de resolución recogiendo estricta y exactamente el criterio
del Tribunal de Cuentas.

Respecto a la segunda cuestión, tiene quizás un matiz diferente,
aunque ésta es más entendible en la medida en que el propio Tribunal
da a conocer en su informe que se suspendió la aplicación de un
decreto -ni siquiera se derogaba- que establecía criterios también de
gestión en cuanto a las relaciones entre el Instituto de Crédito
Oficial y la Administración general del Estado. Es en ese sentido en
el que proponemos que se ponga en vigor el real decreto para que se
regularice la situación que está sin regularizar, no sé si en este
ejercicio, no me atrevo a opinar; sí en el ejercicio que considera el
Tribunal, sí en el ejercicio posterior, sí en el ejercicio posterior
también, en la medida en que empezamos a disponer de datos de dicho
ejercicio económico en los que se plantea que todavía no están
regularizadas las cuentas del Instituto de Crédito Oficial en lo que
se refiere la contabilidad global de la Administración general del
Estado. Por eso planteamos que entre en vigor el real decreto para
que se resuelva ese problema, porque, si no, cada año tendremos aún
ese problema por resolver, como lo podrá ver S.S. cuando debatamos la
declaración definitiva o el informe anual del siguiente ejercicio.

Este es el sentido de nuestras propuestas, recogen estrictamente en
el primer caso la posición del Tribunal de Cuentas e introduciendo
evidentemente en el segundo un matiz, ya que el Tribunal de Cuentas
sólo lo describe, que se aplique el real decreto y por eso hacemos
las propuestas.




El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir ahora al resto de los
grupos parlamentarios que quieran fijar su posición con respecto a
las votaciones que vamos a iniciar a continuación para determinar
cuál va a ser su postura en la misma. ¿A expensas de lo que ha
expuesto el Partido Socialista, quisiera el Grupo Parlamentario
Popular plantear cuál va a ser su posición respecto a la votación de
las mismas? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Ha aclarado algo respecto al primer punto,
pero realmente no ha aclarado nada con respecto al anterior, en el
sentido de que se está refiriendo a un ejercicio cerrado por un
Gobierno que ya no está en el ejercicio de sus funciones y que
decidió suspender la aplicación de un real decreto. No logramos
entender el sentido que tiene que tres años y medio después
planteemos una recomendación a un Gobierno que ya no está en el
ejercicio de sus funciones, y por eso mantenemos ese criterio de
escepticismo sobre la efectividad de una propuesta en este sentido.




El señor PRESIDENTE: ¿Van a pedir, por tanto, votación separada de
las dos propuestas? (Asentimiento.)
A continuación, pasamos a la votación de dichas propuestas.




En primer lugar, vamos a votar la propuesta de resolución presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Dicha propuesta de resolución presentada por el
Grupo Parlamentario Popular ha sido aprobada por unanimidad de todos
los presentes.

A continuación, pasamos a la votación conjunta de las tres propuestas
de resolución enumeradas con el número 2 y presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Dichas propuestas de resolución han sido también
aprobadas por unanimidad.

Votamos a continuación conjuntamente las propuestas de resolución 3.1
y 3.2 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 18; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas propuestas de
resolución.




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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA DEL GRUPO
ARGENTARIA EN 1994. (Número de expediente del Congreso 251/000058 y
número de expediente del Senado 771/000056.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate y votación de
las propuestas de resolución correspondientes al informe de
fiscalización de la actividad crediticia del grupo Argentaria durante
el año 1994, partiendo de la base, tal como se ha dicho al inicio de
esta Comisión, de que las relativas al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) no corresponden al grupo de Argentaria, sino a
la fiscalización de las primas de construcción naval.

Por lo tanto, para defender y exponer las propuestas de resolución
correspondientes al Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el diputado don Mariano Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, con la mayor brevedad
posible.

Nuestro grupo ha presentado dos propuestas de resolución que hacen
referencia, precisamente, a aquellos aspectos que el propio informe
del Tribunal de Cuentas considera que tienen algunas debilidades, en
concreto la gestión del Banco de Crédito Agrícola, en la cual, tal y
como estaban establecidas las funciones o atribuciones de director
general, creemos que quedaba poco transparente la gestión de la venta
de bienes inmuebles. Por ello, teniendo en cuenta que han sido
bastantes los edificios que se han vendido sin pasar por un órgano
más colegiado que pudiera haber tomado una decisión más colectiva,
entendíamos necesario profundizar en este aspecto, y por eso se
solicita la propuesta de resolución número 1.

La propuesta de resolución número 2 también hace referencia a otro
aspecto en el que el propio Tribunal encontraba ciertas debilidades,
como era el excesivo riesgo de Caja Postal en lo referente a
quebrantos originados en operaciones financieras en el sector
inmobiliario, especialmente en aspectos de inversiones turísticas.

Nuestro grupo solicitaba una ampliación de estos dos aspectos para
que se pueda completar del todo el informe sobre el grupo Argentaria.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
diputado don Rafael Cámara Rodríguez.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: En primer lugar, queríamos
destacar que, aunque presentamos dos propuestas de resolución, en
términos generales considerábamos que la actividad crediticia, tal y
como se desprendía del informe de fiscalización presentado por el
presidente del Tribunal de Cuentas, podía decirse que era razonable,
ya que en cuestiones como los procedimientos internos, que fueron
verificados por el Tribunal para el desarrollo de la actividad
crediticia, el resultado creo que podría ser muy satisfactorio.

También resultaba razonable y no nos despertaba ningún tipo de
inquietud el modo en que se contabilizaban las operaciones de crédito
y el seguimiento del cumplimiento de la legalidad de dichas
operaciones,que se podría incluso calificar de algo más que simplemente
correcta, como también se pueden calificar de muy correctos los
resultados globales en cuanto a provisionamiento de riesgo por
insolvencias, algo muy destacable y que da buena cuenta de la
rigurosidad con que se trabajaba en Argentaria en 1994 en este
aspecto. Como digo, podían considerarse satisfactorios en términos
generales los resultados relativos a las tasas de morosidad
mantenidas por las unidades de negocio de Argentaria.

Sin embargo, sí que estamos de acuerdo con algunos de los aspectos
señalados ya por el portavoz de Izquierda Unida, porque,
efectivamente, había algunos puntos débiles que quedaban puestos de
manifiesto en el informe. Por ejemplo, puede decirse que todos los
datos relativos a gestión y recuperación de saldos no son
satisfactorios, y así quedó puesto de manifiesto en el informe y por
las explicaciones recibidas del presidente del Tribunal de Cuentas,
porque más allá de aquellos casos que quedaban explicitados en el
propio cuerpo del informe, que obviamente arrojan sombras severas
sobre la gestión de actividades desarrolladas pro algunas unidades, y
quiero resaltar lo de algunas unidades, quedaría por conocer si en
general la actividad en este punto era adecuada o no, ya que,
ciertamente, los casos eran muy explícitos y proporcionaban un
reflejo que no podría ser tranquilizador de la actividad desarrollada
por algunas unidades de Argentaria en este sentido. Al menos
considerábamos que en general puede que sea mejorable y para ello
presentamos nuestra primera propuesta de resolución relativa a
ampliar el ámbito del informe, fundamentalmente en lo que tiene que
ver con alguno que sí que no apareció a lo largo del informe del
Tribunal, que eran recomendaciones al grupo en este sentido.




También se pusieron de manifiesto algunas dificultades, especialmente
en el Banco de Crédito Local, para seguir protocolos homogéneos en
operaciones de refinanciación, que no resuelven esta ausencia de
homogeneización para una eficaz gestión. Y más aún, la falta de
homogeneización, haciendo una lectura más amplia de lo que pueda
significar, tal vez introduzca elementos de imprevisión y
discrecionales, pero teniendo en cuenta el destinatario habitual de
este tipo de operaciones realizadas por el Banco de Crédito Local,
las corporaciones locales no parecen del todo adecuadas, al menos
ante la no existencia de esta homogeneización de criterios, aunque la
gestión de esta actividad en concreto sí pueda serlo. Parece
necesario recomendar al Banco de Crédito Local que homogeneice -en la
medida en que no lo esté en este punto, transcurridos cuatro años
desde que se realizó la fiscalización- los criterios de
refinanciación. Hay que recordar que buena parte de los ayuntamientos
españoles viven prácticamente de la refinanciación de sus créditos y
resulta llamativo además alguno de los casos explicitados en el
informe. Para colaborar en esta homogeneización nuestro grupo
presenta esta propuesta de resolución que esperamos obtenga el voto
favorable de todos los grupos.

Con respecto, señor presidente, a las dos propuestas de resolución
presentadas por Izquierda Unida, en cuanto que recaban del Tribunal
de Cuentas la ampliación de algún aspecto -incluso en algún punto
podemos compartir sucriterio- que a su juicio no quedó
suficientemente explicitado,



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no vemos ningún inconveniente en que este trabajo lo desempeñe el
Tribunal, por cuanto estamos convencidos de que esto entra dentro del
ámbito de fiscalización, si bien debiera quedar claro que estaría
circunscrito al ámbito concreto de fiscalización del año 1994, porque
más allá de él sería ciertamente difícil que se pudiera producir.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Corresponde a los diferentes grupos
parlamentarios, si lo creen oportuno, fijar posición respecto a las
resoluciones presentadas por los otros grupos parlamentarios.

(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
diputado don Fernando Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Simplemente deseo manifestar que nuestro grupo
va a apoyar las propuestas de resolución presentadas por los otros
grupos. En cualquier caso, mi grupo sigue sin entender que para unas
cuestiones el Grupo Popular diga unas cosas y hable de ejercicios en
relación con quienes estaban al frente de la Administración y luego
otros portavoces no tengan ningún problema en resolver que se adopte
determinado tipo de medidas que vuelven hacia atrás. Pero no pasa
nada, señor presidente. Mi grupo votará a favor de las propuestas de
resolución.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el senador don Salvador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Nuestro grupo no ha presentado propuestas
de resolución a este informe de fiscalización del Grupo Argentaria.

Continúo creyendo -y digo que continúo porque no es una opinión
compartida, por lo que deduzco, por el resto de los grupos
parlamentarios- que el máximo órgano fiscalizador es el Banco de
España, quien además ha regulado y dictado las normas a las que debe
ajustarse todo el sector bancario y efectúa inspecciones periódicas
exhaustivas. Aunque también remarco que continúo valorando mucho el
trabajo del Tribunal de Cuentas, del que no cuestiono en absoluto no
sólo el trabajo que ha efectuado, ni siquiera las facultades que
tiene para realizarlo; no es ésta la cuestión. No entiendo que se
habla, por ejemplo, de deficiencias de control, criterios de gestión,
atribuciones, quebranto de operaciones financieras, etcétera, como
propone el grupo de Izquierda Unida, o de gestión y recuperación de
riesgos o protocolos en operaciones de refinanciación del Banco de
Crédito Local; entiendo que lo viene haciendo muy bien, por cierto,
el Banco de España. Si no es así, me atrevería a pedir que vayamos
mucho más allá para ver qué hacemos con el Banco de España. Repito,
si éste es el máximo órgano fiscalizador del sector bancario y
estamos debatiendo aquí y ahora su trabajo de inspección, no creo que
estemos en el buen camino. Repito, señor presidente, que no cuestiono
en absoluto el trabajo del Tribunal de Cuentas, pero entiendo que el
Banco de España ya viene efectuando todos los trámites de inspección.

Por tanto, no solamente no hemos presentado propuestas de resolución
a este informe de fiscalización, sino que nos vamos a abstener, por
cuestiones de fondo o de filosofía, en las propuestas
de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del
Grupo Popular.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Pasaremos a continuación a la votación de las
susodichas propuestas de resolución.

Votaremos, en primer lugar, las dos propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida correspondientes
a las numeradas por la Cámara con los números 2 y 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Dichas propuestas de resolución quedan
aprobadas.

Votaremos a continuación las propuestas de resolución 4 y 5,
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Dichas propuestas de resolución quedan
aprobadas.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

(Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente
del Senado 771/000057.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate y votación de
las propuestas de resolución correspondientes al punto número 3 del
orden del día, referentes a la fiscalización de las primas a la
construcción naval.

Para defender y exponer dichas propuestas de resolución, tiene la
palabra en primer lugar el senador don Salvador Guerra.




El señor CARRERAI COMES: Hemos presentado la propuesta de resolución
en este caso con dos puntos, que hacen referencia, por una parte, a
más medidas de control para una gestión más eficaz, en concreto, de
los fondos y reservas constituidos con fondos públicos y, por otra, a
que se garantice el reintegro al Tesoro de los depósitos, reservas y
fondos constituidos. En este caso, y a continuación de esta defensa
de nuestra propuesta de resolución, he de dejar constancia que vamos
a apoyar la propuesta del Grupo Socialista, en la que se insta a que
se pongan en práctica las recomendaciones efectuadas por el Tribunal
de Cuentas, porque no tenemos ninguna objeción.

Vamos a votar en contra de la primera propuesta de resolución del
Grupo de Izquierda Unida. Nuestra opinión es que la Comisión Mixta no
debería entrar a considerar si las ayudas recibidas por el sector
naval, para su reconversión, ha contribuido o no a una reasignación
de recursos, destrucción de empleo o elevado coste social, temas que
sin duda son de una gran importancia, ni tampoco si ha habido o no
según nuestra opinión medidas regeneradoras de la actividad
productiva y correctoras del impacto social.Sin duda, son reflexiones
o conclusiones interesantes, pero



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no creemos que deban canalizarse a través de esta Comisión Mixta.

En cambio, vamos a votar a favor de la propuesta número 3, del Grupo
Parlamentario Popular, porque en definitiva va en línea con la
presentada por nuestro grupo parlamentario.




Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
la señora diputada doña Carmen Silva.




La señora SILVA REGO: Señorías, no pretendo hoy aquí reiniciar el
debate sobre este informe de fiscalización de las primas a la
construcción naval, que ya se realizó el pasado 14 de octubre,
aunque, a la vista de la resolución presentada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida, quizás habría que hacerlo; pero no teman, porque
no será el caso.

El Grupo Parlamentario Socialista propone como resolución asumir las
planteadas por el Tribunal de Cuentas, ya que coincidimos en la
necesidad de que se fortalezca siempre y de forma global el control
interno sobre el uso de los fondos públicos y, en este caso concreto,
que se implanten las medidas necesarias para que el control de forma
específica sobre la gestión por los órganos subsectoriales de las
primas detenidas y, en particular, de la gestión por primar de los
fondos y reservas constituidos con fondos públicos sea más riguroso y
eficaz; así como que se adopten las acciones oportunas para
garantizar que al primar, cuando se liquide, se reintegre al Tesoro
todos los depósitos, reservas y fondos constituidos por recursos
públicos.

Votaremos a favor de las resoluciones presentadas por el Grupo
Popular y por Convergència i Unió, coincidentes con las resoluciones
planteadas por el Tribunal de Cuentas. Votaremos en contra de la
resolución presentada por Izquierda Unida, que aparece numerada como
2, ya que consideramos que, si bien es cierto que se utilizó un
importante volumen de recursos para la reconversión naval, no lo es
menos que, si no hubiese sido así, no estaríamos hablando
probablemente de construcción naval en España, porque un número muy
importante de estas empresas habría desaparecido vía mercado, ya que
como ustedes saben en el momento en el que se inicia la
reestructuración del sector naval, éste se encontraba en una profunda
crisis, tanto social, como económico-financiera, tecnológica y de
cartera de pedidos y que en España no sólo no se había realizado
ningún ajuste, sino que tampoco se había tomado ninguna medida con la
finalidad de asegurar su viabilidad y existía un riesgo real de
desaparición de los astilleros. El Partido Socialista tuvo que
acometer la reconversión debido a gobiernos anteriores, que eran
conocedores de la grave situación que existía, no habían sido capaces
ni siquiera de proyectarla. Hubo que dar respuesta a una situación
muy grave heredada de gobiernos anteriores y además intentando no
sólo conseguir los objetivos propuestos, sino tratando de mitigar el
impacto social. Hoy tendrán que coincidir conmigo en que la mayoría
de los astilleros se encuentran en una mejor situación, con
posibilidades de futuro y con cartera de pedidos.

Además, no se deben olvidar las adversas circunstancias económicas de
carácter mundial que se produjeron, que dificultaron la consecución
de los objetivos programados. Si no se hubiesen destinado los
recursos que se asignaron hoy estaríamos hablando de cierre en cadena
y, sin ninguna duda, de un coste social insostenible. Por eso, no
podemos votar favorablemente la propuesta que plantea el Grupo
Federal de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el diputado don José Luis Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Tampoco vamos a reabrir el debate, sino
simplemente a presentar las conclusiones a las que hemos llegado
después de leer el informe que se nos presentó por parte del Tribunal
de Cuentas y de escuchar hoy a su presidente.

Nosotros, a diferencia de Convergència i Unió, creemos que esta
Comisión puede y debe entrar no solamente en consideraciones
formales, sino también hacer una valoración de la gestión. Por eso,
nuestra resolución plantea que esta Comisión considere que, desde el
punto de vista económico y financiero, pero sobre todo desde el punto
de vista social, las ayudas públicas recibidas por el sector naval
para su reconversión desde 1984 hasta 1994 contribuyeron a una
reasignación de recursos que estaba escasamente justificada desde la
perspectiva de las demandas sociales de las zonas que se vieron
afectadas por esta reconversión, que además coincidieron con una
importante destrucción de empleo y un elevado coste social que no ha
sido acompañado, como se ha visto y como se sigue viendo, por las
medidas necesarias para regenerar la actividad productiva y, mucho
menos, para corregir el impacto social que esta reconversión produjo
en las zonas afectadas.

Por tanto, creemos que es una resolución acorde con el informe que se
nos presentó y, sobre todo, con lo que hoy es una demanda en esta
zona.




El señor PRESIDENTE: Para presentar las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
diputado don Luis Ángel Fernández Rodríguez.




El señor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Quiero empezar diciendo que compartimos
las propuestas de resolución presentadas tanto por Convergència i
Unió, como por el Partido Socialista, que son del mismo tenor que la
nuestra. Incluso le pediría por economía procesal que, si puede,
acumule las tres votaciones en una, ya que no habría ningún
inconveniente por parte de ningún grupo de la Cámara. He de decir,
también, que vamos a apoyar a título particular la propuesta de
resolución de Izquierda Unida. Nosotros creemos que probablemente no
tiene mucho valor histórico hacer análisis sobre el período 1984-
1994, pero nos parece que el análisis de Izquierda Unida -que es
además el mismo que hizo el propio Tribunal de Cuentas- es
coincidente con lo que piensa nuestro grupo. Por tanto, sí la vamos a
apoyar, aunque no tenga una viabilidad práctica por el momento.




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Fueron diez años de reconversión en un sector en crisis, que se
extendió por Europa. Daré muy brevemente algunas cifras: en Europa se
perdieron 24.000 puestos de trabajo; es decir, se pasó de 144.000 a
120.000 empleados. En España se perdieron 26.000 puestos de trabajo,
más que en toda Europa junta y se pasó de 40.000 a 14.000. En
producción Europa perdió un 20 por ciento de tonelaje bruto
compensado, pero España perdió el 60 por ciento de tonelaje
compensado y 10 años más tarde la productividad en España fue menor
en cuanto a las medidas lógicas de tonelaje de registro bruto por
trabajador y además tampoco es correcto decir que se afrontó
seriamente el saneamiento financiero de las empresas. Por tanto,
coincidimos en el análisis -y además quiero señalarlo para que conste
en el «Diario de Sesiones»- de que probablemente esta reconversión
hubiera acabado mucho peor de no ser por la resistencia social y
política que hubo en las zonas afectadas y la fuerte oposición, el
trabajo que llevaron a cabo las fuerzas sindicales, evidentemente
todavía estaríamos hablando de unos datos muchísimo peores.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las diferentes
propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios.

En primer lugar, votaremos la propuesta de resolución número 1, que
contiene dos apartados que se pueden votar conjuntamente, presentada
por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votaremos a continuación la propuesta de resolución número 1,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votaremos a continuación la propuesta de resolución número 2,
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de resolución número 3, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




DEBATE SOBRE:



- SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 1997, EN SUS ÓRDENES DE GESTIÓN, COMUNICANDO
LAS RESPONSABILIDADES EN QUE, EN SU CASO, SE HUBIERE INCURRIDO, ASÍ
COMO LA INCLUSIÓN DE UN INFORME ANÁLOGO, ANUALY ESPECÍFICO EN EL
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente del Congreso 253/
000008 y número de expediente del Senado 772/000006).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación correspondiente
sobre los diferentes informes de fiscalización, no sin antes informar
a SS.SS. que las votaciones correspondientes a las solicitudes de
fiscalización no se realizarán antes de las seis y media. Esta
información es por si SS.SS. tienen algunos debates o votaciones
pendientes en la Comisión de Presupuestos.

Pasamos a la solicitud de fiscalización correspondiente al punto
número 4 del orden del día, referente al funcionamiento de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria durante los ejercicios 1996 y
1997, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para defender dicha propuesta, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo de manera brevísima, señor
presidente, en nombre de Nueva Izquierda- Iniciativa per Catalunya,
para solicitar la fiscalización -y recordándoselo de paso a SS.SS.-
que en la sesión de Pleno del Congreso de los Diputados del 26 de
junio de 1997 se aprobaron unas resoluciones, en relación con el
informe de la Comisión de investigación sobre tramitación de
expedientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En
ese informe se incluía una serie de conclusiones, entre ellas un
punto rubricado como: propuestas de futuro. En él había un apartado
tercero que trataba de evitar la repetición de hechos negativos como
los que allí se detectaban, y en el mismo se incluía una letra b) que
dice exactamente: Que se traslade a la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas el criterio de esta Comisión
para que sea dicho tribunal, como supremo órgano fiscalizador de la
gestión económica del Estado, así como del sector público, según lo
dispuesto en el artículo 137 de la Constitución, el que emita un
informe anual específico sobre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en sus dos órdenes de gestión, comunicando
responsabilidades en que, a su juicio, se hubiera incurrido. Esto
remite también, por tanto, a una fiscalización de los dos años
examinados por el informe a que hacía alusión.

El hecho es que en esta solicitud, que está inscrita en el Registro
del Congreso el día 2 de febrero, se indicaba que habían transcurrido
seis meses -ahora evidentemente son muchos más- sin que se tenga
conocimiento de que se ejercite la fiscalización a la que aludía el
informe antes mencionado. Por tanto, ésta es la única causa, pero
importante por el tema de que se trata, que justifica esta solicitud,
que se concreta, según el texto de que disponen SS.SS., en pedir a la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas -en
este caso ya al tribunal- en cumplimiento



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de las conclusiones aludidas, que recabe del tribunal un informe
específico sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de los años 1996 y 1997 en sus dos órdenes
de gestión, comunicando las responsabilidades en que, en su caso, se
hubiera incurrido, así como la inclusión de un informe análogo anual
y específico en el programa de fiscalizaciones para los próximos
años.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición y en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Julio
Álvarez.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Brevemente, señor presidente. Nuestro grupo,
en vista de que hay un informe cuyo texto fue aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1997, en el que se
formula, en su segunda propuesta de futuro, en la letra b), una
propuesta para que se traslade a la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas el criterio conforme al cual el
propio Tribunal ha de emitir un informe anual específico sobre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus dos órdenes de
gestión, entiende que el propio tribunal tiene ya una recomendación y
lo único que haremos en esta Comisión Mixta será refrendarla. Por
esta razón, apoyaremos la iniciativa de esta solicitud formulada por
el Grupo Mixto.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el diputado don José Luis Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Simplemente quiero anunciar nuestro
favorable, porque es bueno esta Comisión haga suya esta
recomendación, sobre todo después del tiempo transcurrido y porque
tal vez de la resolución no se desprendía tan claramente que fuese
automática la asunción por parte del Tribunal de Cuentas de esta
resolución. Creemos que es conveniente y oportuna esta propuesta y
por eso la vamos a votar favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado don Diego Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Intervendré con brevedad, señor presidente.

Coincidimos con el Grupo Socialista en que no parece que sea de
urgente necesidad el refrendo por esta Comisión de algo ya aprobado
por el Pleno. También habría que decir que el tribunal ya está
realizando determinados trabajos en relación con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, si bien todavía no son trabajos
globales sobre el conjunto de la Agencia sino específicos sobre
determinadas delegaciones territoriales de la misma, precisamente
para tomar contacto con ellas. Sí hay que decir que una auditoría de
gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria plantea
algunos problemas, puesto que el criterio de gestión de una
inspección en marcha con relación a un ciudadano concreto es
diferente al criterio de gestión que
se puede seguir en otros órdenes administrativos, en otros órdenes de
gestión administrativa.

También existe un problema que queremos poner de manifiesto, que es
la utilización o la salida de datos personales desde la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Lo adelantamos como posible
problema ya que en el futuro pudiera llevar a una crítica del informe
realizado por el tribunal en el sentido de que no puede llegar a
determinado ámbito por la protección de datos que el ciudadano ha
facilitado a la Agencia Tributaria para su conocimiento. Además el
aplicar un criterio de gestión o in criterio del análisis de esa
gestión basado en determinados porcentajes es tremendamente
complicado cuando se está hablando de inspecciones de Hacienda, y es
muy difícil establecer un criterio objetivo a partir del cual el
inspector tiene que cerrar o levantar un acta. Con estas salvedades,
que ponemos de manifiesto para que en el futuro no se creen problemas
ni se generen críticas, nuestro grupo no tiene ninguna objeción en
ratificar lo que ya es un acuerdo del Pleno del Congreso. Por tanto,
nos manifestaremos a favor, con las limitaciones que ya hemos
expresado.

Nada más, señor presidente.




- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN LA LEY ORGÁNICA2/1982, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CON EL FIN DE
ACLARAR LA GESTIÓN REALIZADA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA EN
LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE 1983 Y 1993, AMBOS INCLUSIVE, EN
ESPECIAL LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN,
PERSONAL ADSCRITO Y SOMETIMIENTO A LA LEGALIDAD Y A LOS PRINCIPIOS DE
ECONOMÍA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ
COMO LA POSIBLE DESVIACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A PERSONAS O PARTIDOS
POLÍTICOS, Y LA DEPURACIÓN DE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE
PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS EXAMINADOS. FORMULADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente del
Congreso 253/000009 y número de expediente del Senado 772/000007).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto quinto del orden
del día, correspondiente a la solicitud de una fiscalización
específica de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, del
Tribunal de Cuentas, con el fin de aclarar la gestión realizada por
la Diputación Provincial de Zamora en los ejercicios comprendidos
entre los años 1983 a 1993, ambos inclusive, en especial en lo
referente a las actuaciones administrativas en materia de
contratación, personal adscrito y sometimiento a la legalidad y a los
principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público, así como la posible desviación de fondos públicos a personas
o a partidos políticos, y la



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depuración de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse
de los hechos examinados.

Esta propuesta de fiscalización ha sido hecha por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por lo que, en primer
lugar, tiene la palabra el diputado don José Luis Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Nuestro grupo trae hoy a esta Comisión un
tema que evidentemente no es novedoso, sobre el que se ha escrito
bastante e incluso sobre el que se ha actuado en ocasiones. En ese
sentido, nuestro grupo considera oportuno presentar esta propuesta de
resolución, porque la propia Comisión de investigación que se creó en
el seno de la Diputación de Zamora para esclarecer estas presuntas
irregularidades, que pudieron acaecer en el período 1987/1991 en
ella, ya puso de manifiesto la existencia de estas irregularidades de
manera continuada en materia de adjudicación de obras en estos
ejercicios, con el consiguiente perjuicio ocasionado a las arcas
públicas.

Del examen de los expedientes se puede deducir que la mayor parte de
las obras se adjudicó en contratación directa, para lo que se
procedió al fraccionamiento de su importe en cantidades inferiores a
los 50 millones de pesetas, utilizándose abusivamente el
procedimiento de urgencia, como en otros aspectos y en otras
ocasiones ha reiterado el Tribunal de Cuentas. Además, existía la
práctica habitual de empresa que licitaban por encima del precio de
salida de la obra, con el fin de desviar la adjudicación a un
determinado constructor que casi siempre la recibía al tipo. (El
señor vicepresidente, Álvarez Gómez, ocupa la Presidencia.) Asimismo,
se ha podido constatar una singular coincidencia en cuanto a la fecha
y número de registro en la presentación de ofertas por parte de
empresas diferentes, lo que sin duda origina dudas en cuanto a la
legalidad del procedimiento. Como resultado de todo ello, las obras
se realizaron por un coste superior al precio real de mercado, con lo
que nosotros entendemos que puede ser una maquinación evidente para
alterar el precio de las cosas, sin perjuicio de que pudiera haber
existido desviación de fondos para incrementos patrimoniales de
personas concretas como contrapartida a estas adjudicaciones
posiblemente fraudulentas de obras y servicios o, en su caso,
también, como se ha podido detectaren algunos casos, posible
desviación de fondos a la entonces Alianza Popular. Nuestro grupo
parlamentario cree que existe sospechas fundadas acerca de la
existencia de una estructura política que gobernó la Diputación de
Zamora y que posiblemente utilizó el aparato administrativo de ésta
para intereses ajenos ala institución y coincidentes con los de
ciertas constructoras que se repartían por zonas la adjudicación de
obras en la provincia. Coincidiendo con estas actuaciones
administrativas irregulares, la contratación de personal se elevó en
un número desproporcionado a las necesidades reales de la Diputación
y así el personal adscrito se elevó de 400 personas a más de 700 en
los años citados, dándose la circunstancia de que en su mayoría se
trataba de personas pertenecientes al entorno familiar o incluso de
amistad de algunos diputados provinciales, cuyo acceso a los cargos
no estuvo siempre presidido por la publicidad y objetividad exigible
en estos casos, tal y como se ha puesto de manifiesto en alguna
ocasión por la propia inspección de Trabajo.

Los indicios sobre la posible existencia de una trama de corrupción
institucional en Zamora, de su posible utilización para aprobar
actividades irregulares y la extraordinaria alarma social que ha
provocado nos lleva a pensar que sería deseable, y así lo esperemos,
que esta propuesta fuera apoyada de forma unánime por todos los
grupos para que se agoten todas las vías, las que ya existen a nivel
judicial pero también la del Tribunal de Cuentas, para que al final
se puedan esclarecer y depurar las responsabilidades si hubiese
lugar. A nuestro modo de ver debe valorarse sobre todo la gravedad
que para el Estado de derecho y para los principios democráticos de
funcionamiento de las instituciones tiene la apropiación de forma
privada de las instituciones y cuya simple sospecha debe activarlos
mecanismos parlamentarios para detectarla y sobre todo para tomar las
medidas para erradicarla.

De estos hechos nuestro grupo ha dado cuenta a la Fiscalía y además
también hemos puesto en conocimiento del fiscal la comunicación que
había tenido Izquierda Unida sobre el chantaje que pudo sufrir un
constructor que tuvo que hacer un chalet a un diputado provincial e
invertir un dinero en una urbanización entonces en construcción a
cambio de recibir obras. Todo esto lo hemos puesto en conocimiento de
la Fiscalía, así como la posibilidad real de que Alianza Popular, hoy
Partido Popular de Zamora, hubiera recibido donaciones que entendemos
que pudieran ser ilegales y que en todo caso nosotros creemos que no
serían éticamente aceptables.

Entendemos que todos los grupos deben de tener un interés especial en
llegar al fondo de este asunto, y el primer partido interesado
debería ser el propio Partido Popular. Esperemos que su voto sea
determinante, porque de otra manera no se entenderían, por supuesto
en Zamora ni en el conjunto del Estado, todas las dimensiones que
este asunto ha tenido. Es bueno que el Tribunal de Cuentas profundice
no solamente en las posibles responsabilidades jurídicas, sobre las
que, repito, ya hay causas abiertas, sino sobre todo en un modelo de
gestión desarrollada en la Diputación de Zamora durante estos
tiempos. Precisamente quien puede estar bajo cierta sospecha debe ser
el primer interesado en esclarecer los hechos y repito una vez más
que sería bueno y necesario que se fiscalice como propone nuestra
iniciativa la actuación de la Diputación Provincial de Zamora en el
ejercicio de 1987 a 1991, con especial atención a la contratación y
personal adscrito, porque de esta manera al final podríamos
determinar las responsabilidades y tomar medidas para que estos
hechos no se vuelvan a repetir.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para fijar la posición del
Grupo Socialista tiene la palabra el diputado señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Los hechos expuestos por el portavoz de
Izquierda Unida son de la suficiente notoriedad como para que en esta
Comisión se tome una decisión favorable a la propuesta que ha
efectuado, sin modificar ni siquiera los criterios que normalmente mi
grupo viene planteando respecto a lo que son las fiscalizaciones



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de las corporaciones locales, puesto que siempre hemos mantenido que
a pesar de la autonomía de las mismas para su gestión y para la toma
de decisiones que les afectan, cuando se producen hechos de
relevancia social y que han producido una cierta alarma social, como
es el caso de la Diputación de Zamora, en el que se han generado
posibles rumores y actuaciones, en las que se habla de presuntas
desviaciones de fondos públicos a personas o a partidos políticos, es
obvio que la posición de esta Cámara no puede estar al margen de lo
que tiene una significación importante en la propia sociedad.

Es cierto también que e han tomado las iniciativas judiciales
pertinentes, pero yo creo que esta Cámara debería hacerse eco de la
relevancia de estos hechos para no quedarse al margen de semejante
situación, cuando estamos hablando de la responsabilidad que una
institución como el Tribunal de Cuentas tiene como máximo y supremo
órgano fiscalizador de las cuentas públicas, en este caso de una
diputación. Yo creo que el Partido Popular va a tener la oportunidad,
sin ningún tipo de dudas, de incorporarse a este posicionamiento para
dejar bien clara la opinión de su partido al respecto, porque yo creo
que es lo que corresponde a sus manifestaciones públicas permanentes
sobre todo este tipo de cuestiones relativas a la gestión pública.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, para fijar
la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
diputado don Luis Ortiz.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Con la máxima brevedad pero con la máxima
claridad quiero exponer las razones por las cuales mi grupo no va a
votar favorablemente la solicitud que formula el Grupo de Izquierda
Unida, pero con un preámbulo obligado, que es que efectivamente el
Grupo Parlamentario Popular no se quiere quedar al margen, como ha
dicho el señor Gimeno, de esta actuación; lo que sucede es que es
claramente inoportuna e improcedente desde el punto de vista formal.

Dicho en otras palabras, mi grupo, en lo que concierne al fondo del
asunto, es el primer interesado en que se agoten las investigaciones,
las prospecciones y las aclaraciones que merezcan las cuentas de la
Diputación de Zamora en el período que se contempla, período 1987-
1991, aunque en el texto del orden del día figura 1983-1993 -supongo
que el período al que hace referencia es menos relevante en estos
momentos-. Sería el primer interesado y por tanto yo no voy a entrar
en el fondo de la cuestión, ni a rebatir ahora -ni estoy en
condiciones de hacerlo- ni es la misión de esta Comisión decir si hubo
irregularidades en la contratación de obras, de personal, etcétera.

Mi grupo insiste en que sería el primero que encabezaría una votación
favorable a esta solicitud si no fuera por razones formales muy
importantes y de oportunidad. Estas razones son fundamentalmente
tres.

La primera es que la cuestión está sub iudice, y no como consecuencia
de una pura investigación por parte de la Fiscalía anticorrupción,
sino a través de una querella (querella en sentido jurídico-penal)
que se ha formulado en Zamora por algún grupo de esta Cámara y que ha
dado lugar a actuaciones en la que ha participado la Fiscalía
anticorrupción, el Tribunal superior de Justicia de Castilla y León,
y en estos momentos el Tribunal Supremo, que tiene que
dilucidar si hay indicios de la participación de algún aforado, lo
que determinaría automáticamente su competencia. Consiguientemente,
desde el punto de vista estrictamente jurídico-formal, hay una
incompatibilidad entre esta iniciativa y la condición de sub iudice
en que está la cuestión que se suscita. La traducción en términos
políticos de esta condición de sub iudice es la inoportunidad; es
decir, mi grupo no se va a quedar al margen de la cuestión de fondo,
pero en el momento procesal oportuno, que será aquel en el que se
haya definido si existen hechos punibles delictivos y,
consiguientemente, si procede la exigencia de la responsabilidad
contable que pueda ser conveniente requerir. Recomiendo a los
portavoces, particularmente al autor de la solicitud, la lectura de
los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de
1982, y de los artículos 49 y 50 de la Ley de 1988, reguladora del
funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La segunda razón es que todos estos años, de 1987 a 1991, se ha hecho
la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, y tengo aquí
delante, y a disposición del portavoz del izquierda Unida y de todos
los demás, los informes correspondientes, con la remesa de
documentación correspondiente hacia al Tribunal de Cuentas y los
informes en los cuales se subrayan, como siempre, evidentes fallos
formales, ausencia de documentos, pero de ninguna manera el Tribunal
se ha planteado las graves cuestiones que motivan la solicitud.

Consecuentemente, ir ahora a una auditoría sería tanto como que el
Tribunal de Cuentas se auditara a sí mismo, en la medida en que tenga
que contradecir sus propios informes de fiscalización, sin reparos
fundamentales.

La tercera razón no menos importante es que, en definitiva, la
Diputación de Zamora es una corporación local que tiene su propia
autonomía. Quiero subrayar un hecho que es relevante. Por parte del
diputado representante de Izquierda Unida -único diputado en la
Diputación de Zamora-se pidió en su momento que el pleno de aquella
corporación adoptara el acuerdo que ahora se solicita y el pleno de
aquella corporación adoptara el acuerdo que ahora se solicita, y el
pleno de esa corporación votó negativamente, incluyéndose en esta
votación negativa los diputados del Grupo Socialista representantes
en dicha corporación.




Por estas tres razones y reiterando que el Partido y el Grupo
Parlamentario Popular son los primeros en dilucidar estas cuestiones
pero en el momento procesal oportuno, mi grupo va a votar en contra
de la toma en consideración de esta solicitud.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): No le constaba a la Mesa la
petición para intervenir fijando la posición del Grupo Mixto. En
consecuencia, lo hace a continuación.




Para ello tiene la palabra el diputado señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo para fijar la posición de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya en apoyo de la solicitud que
formula Izquierda Unida, que nos parece extraordinariamente oportuna
y procedente. Ya se ha dicho por anteriores portavoces y difícilmente
se puede aportar nada nuevo sobre la suficiente gravedad y el
suficiente fundamento de elementos de oscuridad en la gestión



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económica de la Diputación de Zamora, reiterados a lo largo de los
años, como para que se pueda aceptar sin más, basándose en cualquier
tipo de argumentos, la negativa a una fiscalización específica.

Nosotros vamos a votar favorablemente porque todo lo que suponga
arrojar luz debe ser bienvenido. (El señor Centella Gómez pide la
palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Para alguna cuestión, señor
Centella?



El señor CENTELLA GÓMEZ: Simplemente, para corregir el texto de la
solicitud puesto que hay un error en el orden del día. Se trata de
los años 1987-1991 y no 1983- 1993, como por error aparece
consignado.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): De acuerdo. Queda así
registrado. Con ello cerramos esta punto del orden del día.




- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN LA LEY ORGÁNICA2/1982, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CON EL FIN DE
ACLARAR LA GESTIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESDE EL
EJERCICIO 1994 EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE
LA PLAZA DE ORIENTE Y DETERMINAR SI LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
DESARROLLADAS SE HAN AJUSTADO A LA LEGALIDAD Y CON SOMETIMIENTO A LOS
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL GASTO
PÚBLICO, INCLUYENDO LOS PROYECTOS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS Y LOS
TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS LLEVADOS A CABO, ASÍ COMO LA DEPURACIÓN DE LAS
EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS
EXAMINADOS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente del Congreso 253/000010 y número de
expediente del Senado 772/000008).




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, para
presentar la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida por la que se solicita a esta Comisión Mixta una fiscalización
específica relativa a la gestión del ayuntamiento de Madrid desde el
ejercicio 1994 en relación con el proyecto de remodelación de la
plaza de Oriente, tiene la palabra en representación de dicho grupo
la diputada señora Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: Para la ciudad de Madrid todo el proyecto de
la remodelación de la plaza de Oriente ha sido un proyecto
controvertido desde su origen y en las diferentes fases y
actuaciones, que ya ha llevado a no pocos debates en esta Cámara.

Evidentemente, no voy a entrar hoy en las diferentes polémicas que se
suscitaron
con este proyecto de remodelación, sino en lo que ha significado a
efectos de gestión la actuación del Ayuntamiento de Madrid desde
1994.

En efecto, en junio de 1994 se adjudica el proyecto inicial de
remodelación de la plaza de Oriente a la unión temporal de empresas
Entrecanales y Távora-Dragados y Construcciones, por un importe
aproximado de 3.500 millones de pesetas, de los que el Ayuntamiento
iba a aportar alrededor de 2.600 millones, con cargo a los
presupuestos de los años 1994, 1995 y 1996. Un año después, el 25 de
septiembre de 1995, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el
proyecto de construcción de una terceraplanta de aparcamiento en
dicha plaza por un importe aproximado de 500 millones de pesetas, de
los cuales debería aportar 270 el ayuntamiento de Madrid con cargo a
los presupuestos de 1996. Casi otro año después, en marzo de 1997, el
pleno aprueba un nuevo proyecto relacionado con la plaza de Oriente,
por valor de 230 millones de pesetas, en este caso con cargo a los
presupuestos de 1997, para la modificación y refuerzo de la
estructura, derivado de la construcción de la tercera planta citada
anteriormente. En ambos casos se actúa por un procedimiento
negociado, sin publicidad, alegando el artículo 141, letra d), de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones
públicas, que establece que debería de basarse en circunstancias
imprevistas y que no excedieran el 20 por ciento del precio del
contrato inicial. Además, en este mismo mes de marzo de 1997 se
aprobaron también obras complementarias por valor de 710 millones de
pesetas para la construcción de una galería de servicios, dada la
imposibilidad de realizar la a cielo abierto por las excavaciones
arqueológicas que en este momento se estaban llevando a cabo, y se
alega una nueva interpretación del artículo 146.4 de la Ley de
contratos de las administraciones públicas y en este caso posibles
perjuicios al interés público.

En los presupuestos de 1998 apareció una previsión de gasto de 550
millones de pesetas como pago previo por trabajos arqueológicos
relacionados con las obras de la plaza de Oriente. Para quien haya
seguido o tenga el menor conocimiento del proceso de esta obra,
resulta una obviedad decir que este gasto tenía origen y desarrollo
durante toda la ejecución del proyecto. El Ayuntamiento, por tanto,
evitó proponer el pago en su momento a la finalización de las obras
para acallar las críticas al proyecto o, en todo caso, para evitar
algunas propuestas de fiscalización sobre esa nueva cantidad de 550
millones, que venía a sumarse a las citadas de los años 1996 y 1997.

Finalmente, y a pesar del informe desfavorable del interventor del
Ayuntamiento, el pleno aprobó el gasto de 548 millones de pesetas.

A nuestro modo de ver, con todo lo expuesto se demuestra algo
esencial y es que se redactaron los proyectos de forma independiente
para no sobrepasar el 20 por ciento del proyecto inicial, cuando se
trataba de la misma obra y, en todo caso, el límite debería haberse
entendido de una forma global. Si a las ampliaciones de contratos por
proyectos adicionales y complementarios -que son los tres primeros a
los que me he referido-unimos el proyecto de los gastos por trabajos
arqueológicos que aparece en los presupuestos de 1998 -que es el
último citado-, hablaríamos de un importe total de 1.968 millones de
pesetas y, por tanto, de más del 55 por ciento del importe principal
del



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contrato de la obra. Todo ello supone un cúmulo de irregularidades en
el expediente de un proyecto cuando menos mal cuantificado, que ha
propiciado sucesivas adjudicaciones a dedo, evitando el concurso
público, con un serio agravante a nuestro entender, y es que afecta a
los trabajos de arqueología aprobados en 1998. El 27 de febrero de
1998 el pleno del Ayuntamiento aprobó una deuda de 548 millones a la
unión temporal de empresas ejecutante de la obra en concepto de estos
trabajos de arqueología, que estaban ya contemplados en el proyecto
inicial; estaban mal cuantificados, pero estaban incluidos, por lo
que no se debería haber procedido en ningún caso al pago de los
mismos, dado que la ejecución de todo contrato se entiende a riesgo y
ventura del contratista. Además, las certificaciones que se
presentaron en su momento inducen a pensar que no se estaba tratando
propiamente de obras arqueológicas sino de obras inherentes al
proyecto, por lo que se podía estar incurriendo en un doble pago, al
margen de que cualquier perito especializado podría demostrar que el
cálculo inicialmente planteado de los 46 millones era insuficiente
para desarrollar los trabajos que se tenían que haber previsto, dado
el entorno en que estaban ubicados. Tales hechos, fundamentalmente
con la gravedad de este último punto del reconocimiento en beneficio
de la unión temporal de empresas de una deuda de casi 500 millones,
podrían ser constitutivos de una malversación de fondos por haberse
consentido por parte de los responsables del equipo de gobierno
municipal del Ayuntamiento de Madrid que la unión temporal de
empresas Entrecanales y Tavora-Dragados y Construcciones se apropiase
de fondos públicos que en justicia no les correspondían.

Por todas estas justificaciones sobre las diferentes actuaciones en
los diversos años que afectan al proyecto inicial de 1994 y que han
superado en 1.900 millones lo que era la cantidad inicial de dotación
del proyecto, nuestro grupo solicita una fiscalización específica del
Tribunal de Cuentas para que se pueda aclarar definitivamente la
gestión del Ayuntamiento de Madrid desde 1994 en relación a este
proyecto de remodelación de la plaza de Oriente y determinar si todas
las actuaciones que se han desarrollado se han ajustado a la
legalidad y con sometimiento a los principios de economía, eficacia y
eficiencia en la gestión del gasto público, incluyendo los proyectos
adicionales complementarios y los trabajos arqueológicos llevados a
cabo, así como que se explicite la depuración de eventuales
responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos examinados. El
controvertido proyecto del que hablaba al inicio de la plaza de
Oriente requiere de una actuación específica del Tribunal de Cuentas
para aclarar lo que han significado en estos años la gestión de este
proyecto y las consecuencias que hemos expuesto.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Con mucha brevedad, simplemente diré que
nuestro grupo va a apoyar la propuesta de fiscalización que propone
el Grupo de Izquierda Unida, porque nos parece que los hechos
planteados tienen
la suficiente envergadura y repercusión como para ser aprobada dicha
propuesta por esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo en el mismo sentido para dejar
constancia del apoyo por parte de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya a la iniciativa, por la alarma social que ha provocado
tanto el fondo de la actuación como la forma en sus aspectos
económicos en este caso de la plaza de Oriente, en los términos que
con mucho fundamento ha planteado la portavoz del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra don José Herrera.




El señor HERRERAANTONAYA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar posición respecto a la propuesta de
fiscalización de las obras de remodelación de la plaza de Oriente en
Madrid.

Quisiera comenzar exponiendo los motivos que nos llevan a votar
contra esta iniciativa y para ello es necesario hacer un recorrido
cronológico por las actuaciones técnicas y administrativas del
Ayuntamiento y por los acuerdos adoptados por el plenario elegido por
todos los madrileños. En cualquier caso, soy consciente de la
dificultad que entraña convencer al grupo proponente y a los que
constituyen la oposición al Gobierno municipal de Madrid, por muy
argumentada que sea mi explicación, tras los esfuerzos vanos de mis
compañeros de grupo en la corporación, y es que nunca como hoy tuvo
tanto sentido aquello de que no hay peor sordo que el que no quiere
oír, negando la evidente realidad. Comienzo por tanto a enumerar las
decisiones adoptadas y su fundamento legal, lo que no deja lugar a
dudas de la transparencia de lo realizado.

El 30 de noviembre de 1993 se aprueba la convocatoria del concurso de
redacción del proyecto y ejecución, así como de la concesión para la
explotación y conservación del área de aparcamiento y los pliegos de
condiciones técnicas y administrativas, económicas y jurídicas. Es
evidente que el presupuesto, al tratarse de un concurso, debía ser
ofertado por los concursantes. El 22 de diciembre del año 1993, el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica el plazo de
reclamaciones, presentándose dos, que son desestimadas el día 25 de
marzo de 1994 por el Ayuntamiento en pleno. El 27 de abril de 1994,
el Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de licitación
pública, al que se presentaban en plazo seis pliegos. Tras los
preceptivos informes del departamento de proyectos de urbanización de
sistemas locales, de la intervención general y de los servicios de
circulación y transportes del Ayuntamiento de Madrid, así como del
dictamen favorable de la Comisión informativa conjunta de vivienda,
obras e infraestructuras, urbanismo y circulación y transportes, el
28 de julio de 1994, como bien mencionaba la señora Sabanés, el
Ayuntamiento en pleno lo adjudica a la unión temporal de empresas
formada por Entrecanales y Travora, S.A., y Dragados



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y Construcciones, S.A. El 22 de diciembre de 1994 se aprueba por el
pleno el proyecto de construcción. Posteriormente, una vez que la
obra se pone en marcha, se produce una demanda por parte de la UTE
para ampliar el número de plazas ofertadas, toda vez que había habido
una solicitud por parte de los vecinos de 912 plazas de garaje frente
a las 217 que estaban previstas en el proyecto original. Ese escrito
de la unión temporal de empresas entra en el Ayuntamiento con fecha
19 de mayo de 1995, solicitando la construcción de una tercera
planta, y el 25 de septiembre de 1995 el Ayuntamiento en pleno toma
la consideración de la solicitud tras los informes favorables del
área de circulación y transportes y del departamento de proyectos de
urbanización de sistemas locales y por razones de interés público
recogidas en los artículos 102.1 y 164.1 de la Ley 13/1995, de
contratos de las administraciones públicas, a la que me referiré en
numerosas ocasiones a partir de ahora.

El 30 de noviembre de 1995, después de tener todos los informes
preceptivos, el pleno del Ayuntamiento aprueba la construcción de la
tercera planta por importe de 478 millones, de los que 270 van al
presupuesto municipal, y además se aprueba la ampliación o
modificación contractual correspondiente. Como quiera que el importe
de 478.746.780 pesetas antes mencionado era inferior al 20 por ciento
del precio original, se puede afirmar con rotundidad la legalidad del
acuerdo municipal.

Pasamos por último al pleno celebrado el día 21 de marzo de 1997, al
que antes también se refería la representante de Izquierda Unida.

Aquel día el Ayuntamiento en pleno de Madrid aprueba un proyecto
modificado del de remodelación de la plaza y su entorno por importe
de 230.688.813 pesetas tras las motivaciones técnicas presentadas por
el Ayuntamiento, una vez recogidos los preceptivos informes y también
en consonancia con lo recogido en el punto tercero del artículo 146
de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Dicho punto
prevé que cuando el director facultativo de la obra considere
necesaria una modificación del proyecto, el expediente se sustanciará
con las siguientes actuaciones: redacción del proyecto y aprobación
del mismo, audiencia del contratista y aprobación por el órgano de
contratación. Exactamente eso es lo que hizo el Ayuntamiento de
Madrid. En esa misma sesión se aprueba un proyecto de obras
complementario por un importe de 710.051.996 pesetas que como no se
escapará a SS.SS. tiene distinta naturaleza de las modificaciones del
contrato de obra o proyectos modificados, como también queda recogido
en la Ley 13/1995. Vuelvo a destacar que ni el proyecto modificado
superaba el 20 por ciento ni tampoco lo hacía la obra complementaria,
por lo que ambos acuerdos eran escrupulosamente legales. Se mire como
se mire, no es posible hacer el cálculo al que alude el artículo
60.3.b) de la tan citada ley sumando las cantidades de las
modificaciones, ya que son legalmente diferentes, y esta es una
estrategia que aunque la haya utilizado reiteradamente la oposición
municipal, no cabe en la interpretación posible de la ley.

Por último, conviene recordar los trabajos de investigación
arqueológica acometidos en la plaza de Oriente y en la calle Bailén
siguiendo las instrucciones de la Dirección General del Patrimonio de
la Comunidad de Madrid y que
tienen una especificidad derivada de su propia naturaleza que
imposibilitaba conocer la duración y la cuantía de su importe final;
precisamente esa imposibilidad fue la que hizo que no se contrajera
el gasto dentro del ejercicio en el que se llevaron a cabo los
trabajos. Esa era la primera valoración que hacía la intervención
general y la segunda era relativa al incumplimiento del artículo 195
de la Ley reguladora de las haciendas locales, en cuanto a la omisión
de fiscalización previa en las fases de autorización y disposición de
gasto. Evidentemente esta segunda observación de la intervención
general se apoya en el mismo argumento que la primera; al no conocer
previamente el gasto y la duración que tendría lugar por estos
trabajos arqueológicos, era absolutamente imposible introducirlos
donde hubiera sido más lógico. En cualquier caso, la ley tiene
prevista la forma de subsanar esta omisión en estos supuestos. En
efecto, el artículo 67.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, permite que la Administración pueda convalidar
aquellos actos omitidos subsanándolos. Eso es lo que hizo, exacta y
escrupulosamente, el Ayuntamiento de Madrid en el pleno del 27 de
febrero de 1998, aprobando los trabajos de arqueología por importe de
548.760.691 pesetas y, en armonía con la exposición del apartado c)
anterior, el expediente administrativo sobre los mismos ha devenido
válido en derecho tras el acuerdo de reconocimiento de deuda aprobado
por el excelentísimo Ayuntamiento en pleno.

Los hechos relatados son tozudos y dejan bien claro el escrupuloso
respeto a la legislación vigente en todas y cada una de las
actuaciones del Ayuntamiento de Madrid relativas a las obras de la
plaza de Oriente, por lo que entendemos que no se justifica la
iniciativa presentada por Izquierda Unida. Consideramos que ha
existido una especie de obsesión electoral con lo que en su día fue
una promesa electoral del Partido Popular y hoy es una realidad, y
existe también la sensación de que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida intenta hacer lo que no han podido hacer sus
compañeros en el Ayuntamiento de Madrid durante los últimos seis
años: transmitir una sensación turbia a los ciudadanos de Madrid. Tal
confusión entre el grupo municipal y el Grupo Parlamentario Federal
se trasluce incluso en el escrito que remite el Grupo Parlamentario
Federal a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, ya que, curiosamente, estando encabezado, como decía, por el
Grupo Parlamentario Federal, en su segunda página habla de «las
propuestas de este grupo municipal» o de «este equipo de gobierno».

Entendemos que ha sido un error de los ordenadores del grupo
municipal de Izquierda Unida, pero en cualquier caso queda claro que
se trata de una especie de obsesión de dicho grupo de hacer ahora lo
que no ha podido hacer durante tres años de oposición. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Anunciaba, por tanto, mi voto en contra. No vamos a entrar en el
juego de convertir esta Comisión en una suerte de foro de debate
preelectoral, y por eso vamos a votar en contra, no sin antes
hacerles una cariñosa recomendación: vayan a la plaza de Oriente,
siéntense y olvídense del tráfico y del estrés; contemplen a los
ciudadanos paseando, disfrutando de su remozada plaza de Oriente, que
tan sólo



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unos años antes se había convertido casi en un rincón marginal de
nuestra ciudad. Quizá entonces, en soledad, puedan reconocer por fin
que la remodelación ha sido un éxito para Madrid y para sus
ciudadanos.




- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN LA LEY ORGÁNICA2/1982, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CON EL FIN DE
ACLARAR LA GESTIÓN REALIZADA EN LA EMPRESA PÚBLICA BABCOCK WILCOX EN
LOS ÚLTIMOS DIEZ EJERCICIOS, EN ESPECIAL LAS ACTUACIONES EN MATERIA
DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, GESTIÓN, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE
SU PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS, Y SOMETIMIENTO A LA
LEGALIDAD Y A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA
GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO, DEPURANDO LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES
QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS EXAMINADOS. FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
del Congreso 253/000011 y número de expediente del Senado 772/
000009.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate del punto 7 del
orden del día, referente a la solicitud a la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas de una fiscalización
específica, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de
Cuentas, con el fin de aclarar la gestión realizada por la empresa
pública Babcock Wilcox en los diez últimos ejercicios, en especial
las actuaciones en materia de adjudicación de contratos, gestión,
adquisición y enajenación de su patrimonio y participación en otras
empresas, y sometimiento a la legalidad y a los principios de
economía, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público,
depurando las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de
los hechos examinados. Dicha solicitud ha sido presentada por el
Grupo Federal de Izquierda Unida, y para defenderla tiene la palabra
el diputado don Mariano Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Voy a intervenir con una cierta brevedad,
puesto que nuestro grupo expuso también ya ante la Comisión de
Industria las, en nuestra opinión, irregularidades que se han
producido en la empresa Babcock Wilcox en los últimos años, y el
hecho de presentar una propuesta de revisión por parte del Tribunal
de Cuentas obedece a la intención de que se tenga conocimiento de la
situación real de esta empresa, que en este momento está sometida a
un proceso de privatización cuya culminación reviste graves
dificultades fundamentalmente por el estado de la empresa.

Sus señorías saben que se sacó a concurso la venta de Babcock Wilcox,
que se presentaron varias empresas, entre otras Kwaerner y Duro
Felguera; que fueron rechazadas varias, entre ellas Duro Felguera, y
que el proceso de privatización
con Kwaerner -compañía que, por otra parte, atraviesa
también en este momento serias dificultades con la dimisión reciente
de su presidente y resultados negativos, ya que, aunque ellos estiman
que tienen unos beneficios de 3.000 millones, para una empresa de
esta entidad está claro que es un ajuste técnico y que probablemente
está en serias dificultades, lo que ha provocado la dimisión de su
presidente- está poniendo en evidencia que las posibles contingencias
de Kwaerner son muy superiores a las primeras estimaciones de un
coste de unos 30.000 millones de pesetas que su presidente actual
realizaba en diversas entrevistas en los medios de comunicación, pero
hay cálculos que superan con mucho e incluso duplican esta cifra en
este momento.

A nuestro entender, hay demasiados puntos oscuros, en primer lugar,
por el elevado riesgo de muchos de los proyectos en marcha o de las
cuestiones que está abordando en distintos países, pero sobre todo
aparecen una serie de operaciones de las que nuestro grupo tiene
constancia, puesto que las tiene documentadas, de pago de comisiones,
que al menos a nosotros nos parecen sorprendentes, para proyectos que
después no se corresponden con las previsiones de ingresos, con el
resultado real de pérdidas muy importantes, y estamos hablando de
miles de millones de pesetas para Babcock Wilcox. Estamos hablando de
comisiones pagadas, por ejemplo, por intermediación al abogado Matías
Cortés y de que no se han auditado, por ejemplo, las uniones
temporales de empresas filiales de Babcock Wilcox, que suponen por sí
solas una mayor actividad de la que desempeña la propia Babcock
Wilcox. Por ejemplo, la cifra de negocios de una de las UTE está en
torno a los 46.000 millones de pesetas, de los que al ejercicio de
1996 solamente se han imputado 16.000 millones, y sin embargo la
auditoría de Peat Marwick no ha tenido en cuenta esta unión temporal
ni sus consecuencias en las cuentas de Babcock Wilcox.

Y así podríamos seguir con un listado larguísimo de temas, pero
creemos que es mucho mejor que sea una entidad como el Tribunal de
Cuentas la que lo analice con detalle, lo estudie y pueda sacar sus
propias conclusiones, sin que nosotros descartemos tampoco la
posibilidad de elevar a quien corresponda judicialmente, en este caso
a la Fiscalía anticorrupción, los documentos que obran en nuestro
poder, igual que hemos hecho llegar también una parte a la SEPI para
que tengan evidencia de la existencia de algunos documentos con los
que parece que no contaban para poder auditar con seriedad a Babcock
Wilcox.

Creemos importante esta auditoría, por tanto, para poder delimitar lo
que puede ser mala gestión o mala coyuntura en el sector de bienes de
equipo de lo que pudiera derivarse en otro tipo de responsabilidades
individuales o empresariales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador don Manuel de la Plata.




El señor DE LA PLATA RODRÍGUEZ: Voy a intervenir también brevemente
para posicionar a nuestro grupo respecto a este punto del orden del
día.

En principio, como viene siendo habitual, participamospositivamente
de esta iniciativa en cuanto a la fiscalización



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de empresas, en este caso una empresa pública, ya que, como el
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha manifestado,
hay algunas gestiones dudosas. Nosotros hacemos, sin embargo, una
matización respecto a la iniciativa en el sentido de solicitar que se
reduzca la fiscalización a los últimos cinco ejercicios, en lugar de
los diez últimos, por cuanto no sé si se da o no la obligación de
guardar documentación de ejercicios anteriores a los cinco años. Este
es el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista; es decir,
apoyaremos en cualquier caso la iniciativa, pero reduciendo la
fiscalización de la empresa pública a los últimos cinco ejercicios.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado don Diego Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, prescindiendo de los
aspectos concretos que justifican esta petición de fiscalización -en
ese sentido, inicialmente tenemos que dar por buenos los argumentos
esgrimidos por el representante de Izquierda Unida- nuestro grupo va
a apoyar la propuesta formulada para que el Tribunal de Cuentas
realice una auditoría específica. No iríamos tan radicalmente, como
ha hecho el Grupo Socialista, a la petición de los cinco años, pero
coincidimos con ellos en que debe marcarse en la propuesta que se
apruebe una indicación al Tribunal de Cuentas de que se presentan
dificultades reduzca su trabajo a los cinco últimos ejercicios para
no entrar en los problemas que puede plantear trabajar con
documentación de hace diez años, a fin de cuentas en el marco de una
sociedad anónima, pero sí pediríamos al autor de la iniciativa,
aunque suene como enmienda in voce, que pensara pedir al Tribunal de
Cuentas que considere las auditorías privadas que se han hecho a esta
sociedad con anterioridad y que, por tanto, considere el rigor y la
eficacia de tales auditorías. Porque, por las noticias que nos
llegan, podemos estar entrando en una contradicción de decisiones
tomadas por la Administración competente basadas en resultados de
auditoría que no se corresponden con la realidad de la empresa
auditada. Por ello, sería conveniente en este caso concreto que el
Tribunal entrara en un ámbito que creo que es de su competencia y
analizara también las auditorías realizadas por empresas privadas
sobre esta sociedad, a fin de que su capacidad de control fuera la
suficiente, y a fin también de que advirtiera los posibles riesgos de
error en los análisis y en la decisiones que se tomen por los
responsables políticos por utilizar criterios de economía privada en
empresas que realmente son públicas en todos los sentidos. Al
parecer, en este caso concreto se ha producido una colisión entre
esas apreciaciones de distintas auditorías de empresas privadas y lo
que es la realidad final de la empresa, que es la que van a tener que
asumir los españoles cuando llegue la privatización de la misma. Por
ello, nos manifestamos a favor de la propuesta. No seríamos tan
radicales como la propuesta del Grupo Socialista en cuanto al plazo,
pero sí pediríamos que hubiera una advertencia en el sentido de que,
si no fuera posible, se limitara a los cinco últimos ejercicios y que
se añadiera la mención de que tenga en cuenta el Tribunal el
contenido de las auditorías ya realizadas sobre esa sociedad.

El señor PRESIDENTE: Imagino que para contestar a la sugerencia
presentada por el representante del Grupo Parlamentario Popular el
señor Santiso pide la palabra.




El señor SANTISO DELVALLE: Sí, señor presidente, nuestro grupo es
consciente de las posibles limitaciones legales que puede tener ir a
un plazo de diez años. Nos damos por satisfechos si queda constancia
de que cuando se haga una auditoría el Tribunal de Cuentas analice
los últimos cinco años; ahora bien, creo que el propio Tribunal tiene
criterios suficientes para, en la medida en la que la empresa quiera
colaborar, pueda solicitarle documentos anteriores si están
disponibles. Lo dejaría en estos términos. Lógicamente, el imperativo
legal es el que es, la empresa no tiene obligación de guardar toda la
documentación más allá de cinco años; pero sí creemos que al ser una
empresa pública pueden estar disponibles, y que, en la medida de lo
posible, pueden facilitar el trabajo del Tribunal. Es decir, que
quedaría en los siguientes términos: cinco años, pero en algunos
casos, si lo consideran conveniente y pueden conseguir la
documentación, que ésta se pueda pedir.

Respecto de la otra observación formulada por el Grupo Parlamentario
Popular, estamos de acuerdo, porque creemos que uno de los problemas
que tienen las auditorías por encargo es que al ser, como su propia
palabra dice, «por encargo», a veces no disponen de toda la
información o no cuentan con los criterios que puede y debe tener una
empresa pública; por lo tanto, los entendemos como elementos
necesarios de comparación y de profundización. Por ejemplo, nosotros
tenemos constancia de algunas informaciones que han faltado en las
auditorías, probablemente porque la propia empresa no las facilitó.




El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, en todo caso le sugeriría que, de
acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, me entregaran un texto
para que lo podamos leer ante todas SS.SS. cuando llegue el momento
de las votaciones.




- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, DESDE JUNIO DE 1995, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ÁREA DE FOMENTO, AGUAS Y COOPERACIÓN EN LO
REFERENTE A ADJUDICACIONES DE CONTRATOS FORMULADAPOR EL SEÑOR ALCARAZ
RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del
Congreso 253/000012 y número de expediente del Senado 772/000010)



El señor PRESIDENTE: Punto número 8 del orden del día: solicitud a la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de una
fiscalización específica sobre la gestión económica de la Diputación
Provincial de Alicante, desde junio de 1995, con especial atención al
área de fomento, aguas y cooperación, en lo referente a
adjudicaciones de contratos.




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El autor de dicha solicitud es el Grupo Parlamentario Mixto. Para su
defensa, tiene la palabra el diputado don Manuel Francisco Alcaraz
Ramos.




El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo en nombre de Nueva Izquierda para
defender esta solicitud de fiscalización, que no es la primera que
esta tarde debatimos sobre diputaciones, probablemente porque las
diputaciones aparecen configuradas legalmente en el ordenamiento
español como unos entes que tienen una función muy específica o
prioritaria, la de cooperación con ayuntamientos en actuaciones de
interés general. Ello exige que sean muy abundantes los contratos con
empresas privadas, las subvenciones, ayudas, etcétera. Todo ello debe
hacerse, no es necesario recordarlo, con un respeto escrupuloso a la
legislación y transparencia en la gestión económica que, siendo
obligada para todas las administraciones públicas, debe cuidarse con
mayor intensidad en las diputaciones, por cuanto nos encontramos con
un tipo de institución en el que es fácil que aparezca la sombra de
apoyos por intereses partidistas, con lo que eso puede suponer de
desviaciones de la gestión del presupuesto o inmotivados
favoritismos.

Entendemos que esta necesidad de transparencia, esta necesidad de
rigor estricto, es la que no se ha dado y no se está dando en la
Diputación de Alicante, en concreto, en el área de fomento, aguas y
cooperación. Voy a relatar a SS.SS. de manera muy breve, porque ya
figura en el escrito que acompaña a la solicitud, algunos hechos que
han sido destacados ante la opinión pública alicantina y que han
causado la lógica alarma.

El pasado 5 de marzo, un medio de comunicación publicaba la
existencia de un pacto firmado entre el vicepresidente de la
Diputación y coordinador provincial del Partido Popular y el diputado
de Fomento y Aguas y coordinador del Partido Popular en la comarca de
la Vega Baja, una comarca que es especialmente relevante en los
hechos que voy a contarles. En ese pacto, que, según parece, se firmó
en un despacho de la propia Diputación Provincial, se garantizaban
una serie de inversiones al cien por cien, según se dijo, a cambio de
que dos concejales apoyaran una moción de censura en la población de
Dolores. Finalmente, el Partido Popular alcanzaba ese objetivo.

El 13 de marzo, cinco concejales del Partido Popular en Orihuela se
personaban ante el fiscal jefe de Alicante denunciando un presunto
cohecho. Uno de los implicados es un empresario (la que en este
escrito denominaremos como AF por respetar su intimidad), cuya
presencia en diversas adjudicaciones de obras de la Diputación será
una constante. El 15 de abril, una empresa vinculada a AF era la
adjudicataria de una obra en Dolores por valor de 39 millones de
pesetas, contraviniendo la normativa vigente. Se averiguaría
posteriormente que la certificación que consta en el expediente era
falsa. La Fiscalía anuncia su intención de remitir al juez la
documentación. El 16 e abril, otras dos empresas vinculadas a AF han
recibido adjudicaciones por un importe global cercano a los cien
millones de pesetas desde 1996. De esa cifra, unos 60 millones
corresponden a adjudicaciones directas del diputado de Fomento y
Aguas. En el mes de mayo se desvela que el 25 por ciento del
presupuesto de la Diputación para el programa de reforma de caminos
rurales, gestionado por el mismo diputado,
fue a parar a empresas de AF y de otro empresario, por cierto,
ex-alcalde pedáneo de Orihuela, vinculado al Partido Popular. Así, de
los 204 millones de pesetas invertidos en 1996 y 1997 por este
concepto, 52 millones fueron a dichos empresarios por adjudicación
directa. Igualmente se conocerá que tres empresas que concurrieron a
la adjudicación de la limpieza de Castell de Guadalest, dependiente
de la misma área de la Diputación, pertenecían a AF; por cierto que
dos expedientes de contratación directa de obras públicas de la
Diputación se resolverían el 23 de octubre de 1995, mientras que la
empresa adjudicataria, vinculada de nuevo a este empresario, presentó
su oferta el 5 de noviembre, 13 días después de haber sido escogida.

Otra empresa del mismo empresario -se ha sabido posteriormente- lleva
cinco años recogiendo la basura de urbanizaciones de la costa
oriolana cuando el Ayuntamiento de Orihuela firmó una contrata
provisional en el año 1992, pro razones de urgencia, sólo para dos
años. Esta empresa sustituyó a otra del mismo AF. En todo este
proceso hay que recordar también que el actual diputado de Fomento y
Aguas era a su vez concejal de turismo de Orihuela y, por lo tanto,
responsable de estas adjudicaciones.

Sin duda, podríamos contar más hechos que han ido apareciendo, con
diversos niveles de contrastación. Ante ello, el presidente de la
Diputación adujo que se debía fundamentalmente a una inexperiencia en
la acción del Gobierno. Tras diversas presiones de grupos de la
oposición, se admitió la creación de una comisión de investigación,
la cual realizó nueve sesiones y cuyas conclusiones no puede decirse
que fueran, perdón por la redundancia, concluyentes. Además, algunos
aspectos en concreto de las que yo he mencionado no se investigaron
porque así lo quiso el Grupo Popular, el grupo mayoritario. También
hay que indicar que la oposición presentó algunas propuestas de
resolución que no se aprobaron.

Por tanto, nos encontramos con indicios de un funcionamiento viciado,
con demasiadas coincidencias en algunos nombres y en torno a algunas
responsabilidades concretas. Sin duda, no nos encontramos, o eso al
menos es lo que se ha podido detectar hasta ahora fundamentalmente
por los propios medios de comunicación, con cuantías tan altas como
en otros casos, pero entendemos que ésta no debe ser la razón
fundamental que guíe nuestra actuación al pedir esta fiscalización.

Lo importante, como digo, es que existen indicios muy graves de
funcionamiento viciado. Entendemos por eso que debe ser aprobada esta
solicitud que ahora defiendo y entenderíamos también, y creo que la
población alicantina así lo agradecería, que el Partido Popular fuera
el primer interesado en arrojar luz en lo que en este momento es una
gran mancha de sombra.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para que
pueda fijar su posición, tiene la palabra el diputado don Alberto
Pérez Ferre.




El señor PÉREZ FERRE: En nombre, efectivamente, el Grupo
Parlamentario Socialista, tomo la palabra para apoyar la solicitud
que el señor Alcaraz ha hecho respecto a la fiscalización específica
sobre la gestión económica dela Diputación de Alicante.




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Yo creo que lo que ha ocurrido allí es grave, francamente grave. Ya
se ha manifestado aquí que los despachos de esa institución han sido
utilizados para desvirtuar la decisión soberana tomada libremente por
los ciudadanos en unas elecciones locales, y esto no es posible. No
debería permitirse que aquello que han decidido libremente los
ciudadanos se cambie impunemente en unos despachos públicos por
personas públicas y con dinero público. No es posible.




Es cierto y conocido que el 18 de julio de 1996 - hubieran podido
elegir otra fecha- dos representantes de la Diputación de Alicante
firmaron un acuerdo con sus propios concejales del Ayuntamiento de
Dolores y con dos concejales independientes para sustituir al alcalde
de Dolores a cambio de determinadas inversiones desde la Diputación y
desde la Generalidad valenciana. ¿Se podrá negar? Muy difícil, porque
ese documento fue llevado ante notario para que diera fe. Observen
ustedes el nivel de confianza que tenían entre sí los propios
firmantes del documento. Y como se decía antes, los hechos son
tozudos en verdad. En el año 1996 la Diputación invirtió en este
municipio 10 millones de pesetas y 112 millones en el año 1997. La
Generalidad igual, pasó de un millón a 112 millones.

Como consecuencia de este pacto o de este acuerdo de Dolores, que fue
conocido meses después, con el consiguiente y lógico escándalo
público, se intentó crear una comisión que investigara este asunto.

Ya habrán ustedes adivinado y deducido que no fue posible. El grupo
mayoritario, el grupo de gobierno de la Diputación se negó en rotundo
a ello; pero, eso sí, bajo el lema de catarsis para todos,
fiscalicemos todo lo que haya que fiscalizar, el grupo mayoritario
creó una comisión especial de investigación para averiguar las
contrataciones en materia de obras y servicios. Y ustedes dirán que
qué hacemos aquí recabando del Tribunal de Cuentas que fiscalice si
se ha creado una comisión allá para averiguar estos asuntos. Esa
comisión se creó muy precipitadamente y se cerró más rápidamente aún,
si cabe. Efectivamente, sólo tuvieron lugar unas cuantas reuniones,
las cuales creo que nos dieron la razón a aquellos que pensamos que
el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar la gestión económica de la
Diputación. No se preocupen que no me voy a extender, pero algunos
ejemplos tengo que poner, evidentemente.

En un municipio como el de Guadalest, en unas obras referidas a
proyectos de elevación y abastecimiento de agua, etcétera, ambas
obras se adjudicaron a una determinada empresa. ¿Por qué? Porque era
la más barata, dijo el diputado responsable; era la más barata y, por
tanto, había que adjudicárselo a ella. Hasta ahí correcto, pero lo
que no se dice es que las otras dos empresas que concursaron eran del
mismo empresario. Por cierto, yo también salvaguardaré la identidad
del empresario, pero, si no recuerdo mal, fue condenado en su día por
delito electoral favoreciendo intereses del Partido Popular. Es tal
el desparpajo con el que se actuaba -espero que hayan perfeccionado
el método- que las empresas concurrían presentado sus ofertas con
idéntico texto, con papel en blanco, sin membrete ni sello de la
empresa y existía sólo un acuse de recibo y no tres, uno por cada una
de las empresas.

En esta comisión de investigación que se creó en la Diputación, y al
declarar ante ella un alto funcionario, dejó
un par de perlas que me permitido rescatar textualmente.

Habitualmente se llamaba por teléfono a las empresas que suelen ir
por las dependencias de la Diputación, no se suelen pedir las ofertas
en este caso por escrito, aunque algunas veces se pedían las ofertas
en papel de la empresa, pero posteriormente no se exigía tal
circunstancia, indicándoles incluso a los licitadores la forma en que
debían redactar el texto de las ofertas. Otra perla más, no me puedo
resistir: cuando se examina la documentación de las empresas
invitadas pueden advertirse a veces que poseen el mismo domicilio, lo
cual puede parecer incorrecto desde el punto de vista ético. A todo
ello añadiré lo que aquí ya se ha dicho, que, efectivamente, las
empresas concursan en noviembre y resulta que ya se había adjudicado
el mes anterior.

Hay otra obra (de pequeñas cuantías, pero, efectivamente, la
honestidad no se demuestra por la cantidad) de un camino rural en
Cuatretondeta, otro municipio de la provincia de Alicante, que se
adjudica mediante un decreto de la Presidencia de fecha 11 de junio
de 1997. Esta obra se adjudicó a una empresa denominada Orcelitana de
Construcciones y después quien firma el acta de recepción no es esta
empresa, sino otra que se denomina Disercón de Levante; eso sí, las
dos son del mismo empresario. Sobre esta última empresa que he
mencionado ya se ha dicho que se le adjudicó una obra por el
Ayuntamiento de Dolores de una manera irregular, y creo que en ese
momento el alcalde era socialista, y fíjense que estoy hablando en
nombre del Grupo Socialista, pero se le adjudicó irregularmente al no
disponer del certificado de clasificación de la empresa que prevé el
artículo 25 de la Ley de Contratos de las administraciones públicas.

No se les ocurre otra cosa que falsificar el documento y aparece tres
meses después en el expediente, y esto no me lo invento yo. En la
propia comisión de investigación, el mismo presidente de la comisión,
lógicamente del Partido Popular, dijo textualmente que estaba pedido
al Registro Mercantil la certificación correspondiente a las empresas
Orcelitana de Construcciones y Disercón de Levante, y que ya había
llegado de la Junta consultiva la documentación relativa a Disercón
de Levante, que no tenía clasificación empresarial ni la ha tenido
nunca. Omito los comentarios, claro.

Por último, respecto a otra obra en Callosa del Segura, el
alcantarillado de una calle, incluida en el plan extraordinario de
inundaciones, no se ha podido averiguar absolutamente nada, a pesar
de que estaba financiada con fondos del Ministerio para las
Administraciones Públicas y la Generalidad Valenciana y en la que la
Diputación actuaba como mera intermediaria. No se pudo averiguar nada
porque no está, ha desaparecido o no existe el expediente de Callosa
del Segura ni de cualquier otro municipio, es decir, que no existen o
se han perdido casi 200 expedientes, que pueden representar
aproximadamente 2.000 certificaciones de obras.

No les canso con detalles que sólo interesan a los que
geográficamente estamos más cercanos y a los más lejanos les puede
aburrir o sorprender. Espero haberles hecho reflexionar sobre la
necesidad de que el Tribunal de Cuentas fiscalice la gestión
económica de la Diputación de Alicante y confío, con la moral propia
de un alcoyano -soy alcoyano-, en que los diputados y diputadas,
senadores y senadoras, apoyen esta moción.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el diputado don Mariano Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Mi grupo va a apoyar la fiscalización de
esta Diputación.

Brevemente voy a hacer una reflexión seria. Tenemos que ser capaces,
entre todos los grupos políticos, de expulsar de la política a
aquellos que, amparados en nuestras propias siglas, intentan hacer un
negocio a costa de los ciudadanos y de los partidos, incluso de los
que dicen apoyar.




El señor PRESIDENTE: Por el Partido Popular, tiene la palabra la
diputada señora Enriqueta Seller.




La señora SELLER ROCA DE TOGORES: La solicitud presentada por el
Grupo Mixto, a instancias del diputado de Nueva Izquierda señor
Alcaraz Ramos, por la que se interesa la fiscalización de la gestión
económica de la Diputación Provincial de Alicante, viene a reparar
específicamente en el área de fomento, aguas y cooperación en lo
referente a la adjudicación de contratos desde junio de 1995.

A la vista del escrito presentado por dicho diputado y las
acusaciones formuladas sobre favoritismos, desviaciones de gestión de
presupuestos, oferta de inversiones por cambio de mayorías de
gobierno en el Ayuntamiento de Dolores, beneficiario, según el
diputado de Nueva Izquierda, con cuantiosas inversiones, auspiciadas
todas ellas por un pacto de gobierno, no podemos más que
sorprendernos ante la gravedad de dichas acusaciones, formuladas,
debatidas y resueltas ya no sólo en el pleno de la Diputación, sino
también en el seno de una comisión de investigación creada al efecto
a instancias del mismo Grupo Popular. La realidad es bien distinta a
como la expresa el señor Alcaraz y el señor diputado del PSOE.

Comienza en mayo de 1996, cuando se dictó sentencia en el juzgado de
Instrucción número 4 de Orihuela por el delito de prevaricación y
falsedad contra el entonces alcalde del municipio de Orihuela, que
era del Partido Socialista, condenándole como autor responsable de un
delito por negociaciones prohibidas, finalizando este episodio con la
dimisión del mismo en agosto de ese año y produciéndose
posteriormente un cambio de signo político en el consistorio, al
llegar a un acuerdo dos formaciones políticas.

Llegado a este punto, he de expresar que el coordinador provincial
del Partido Popular en Alicante, junto con el coordinador comarcal,
actuaron como testigos de un programa de gobierno entre dos
formaciones políticas. En modo alguno lo hicieron en calidad de
vicepresidente de la Diputación o diputado responsable de fomento,
respectivamente, como dan a entender el señor Alcaraz y el señor
diputado por el Partido Socialista. Añade el señor diputado por Nueva
Izquierda que se llevó a término la formulación de una denuncia por
cohecho, presentada por cinco concejales de Orihuela, denuncia que
nada tiene que ver con la Diputación Provincial y que corresponde
únicamente al fuero municipal. Seguidamente hace también referencia a
la adjudicación de la Diputación por una obra en Dolores, extremo
éste erróneo, dado que fue adjudicada por el mismo Ayuntamiento y no
por la Diputación.




En otro orden de cosas, según la comisión especial de investigación,
en sesión ordinaria del día 8 de junio de los corrientes, el portavoz
del Grupo Socialista aclaró que el citado grupo no desvió en ningún
momento responsabilidad al diputado responsable de obras ni a la
Diputación; que no tenía conocimiento de ninguna denuncia concreta;
que estos asuntos estaban encuadrados en la comisión especial de
investigación y que eludía cualquier responsabilidad de la
Diputación.

Quisiera también aclarar, respecto al punto 6 del diputado de Nueva
Izquierda, que el proceso normal de contratación en la Diputación
Provincial de Alicante es muy riguroso. La ley dice que los contratos
menores, es decir, aquellos de menos de cinco millones de pesetas, se
pueden realizar con una sencilla factura o presupuesto. Sin embargo,
la Diputación solicita tres. Si todo el problema que se está
suscitando estriba en las adjudicaciones de obras menores, tendremos
que remitirnos a la ley para su conocimiento. Si esto se circunscribe
a los ayuntamientos, tendremos que pedir cuentas a todos los
ayuntamientos de por qué se adjudican obras por contratos menores,
siguiendo un proceso que marca estrictamente la ley.

Quisiera, igualmente, citar el documento que aportó el jefe de
servicio en la unidad de fomento y agua a la comisión de
investigación, no siendo rebatido ni cuestionado por ningún grupo
político, y que expresa que la empresa a la que fue adjudicada la
obra, referenciada por el señor Alcaraz -y esto relativo a Castell-,
no pudo terminarla ya que la mercantil llevó a cabo una suspensión de
pagos, lo que produjo la correspondiente rescisión del contrato. Ello
llevó a contactar con otras empresas, resultado que éstas renunciaban
a priori por considerar que el presupuesto ofrecido era, a su juicio,
insuficiente. Por ello, la Diputación declaró la urgencia de los
proyectos por decreto y posteriormente los sometió a información
pública. La tramitación de los expedientes fue modificada a
consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa de
contratos de administraciones públicas, por cuanto que el contrato
que nos ocupa pasaba entonces a denominarse contrato menor. Ello hizo
que sufriera alteraciones, finalizando con los preceptivos decretos
de adjudicación a otra empresa.

Finalmente, el señor Alcaraz dice que el Grupo Popular no admitió
inicialmente la creación de una comisión de investigación. Dice bien,
porque las razones eran obvias. Las formaciones de Izquierda Unida y
el PSOE aludían a la investigación de un acuerdo que en modo alguno
estaba firmado por el vicepresidente de la Diputación en tal
concepto, sino, como he dicho antes, de testigo y en calidad de
coordinador del Partido Popular en la provincia de Alicante entre dos
formaciones políticas de un municipio de la provincia. A la vista de
todas estas manifestaciones, quisiera expresar que la formación del
proponente, Nueva Izquierda, no está presente en la Diputación
Provincial de Alicante y que a lo mejor puede no observar
determinados procedimientos que se han llevado al efecto en los
plenos correspondientes en la Diputación, así como en la Comisión
específica.

Por último, he de decir que no vamos a votar a favor por entender que
no hay nada que pueda ser objeto de fiscalización en la Diputación
Provincial de Alicante, en general, y en particular en el tema que
nos ocupa.




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- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA, DE ACUERDO CON LO
PREVISTO EN LA CITADA LEY, DE LAS CUENTAS DE LASEGURIDAD SOCIALDE LOS
EJERCICIOS 1996 Y 1997, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS CONSECUENCIAS
QUE EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PUEDE TENER UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL GOBIERNO, DE
LAS TRANSFERENCIAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LO ACORDADO EN EL
PACTO DE TOLEDO, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA(
Número de expediente del Congreso 253/000013 y número de expediente
del Senado 772/000011).




El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 9 del orden del
día, correspondiente al último de las solicitudes de fiscalización,
referente a la fiscalización solicitada por el Grupo Socialista a la
Comisión Mixta para que el Tribunal de Cuentas inicie una
fiscalización específica, de acuerdo con lo previsto en la citada
ley, de las cuentas de la Seguridad Social en los ejercicios 1996 y
1997, con especial referencia a las consecuencias que en la situación
financiera y patrimonial de la Seguridad Social pueda tener un
eventual incumplimiento, por parte del Gobierno, de las
transferencias necesarias para cumplir con lo acordado en el Pacto de
Toledo.

Dado que el autor de dicha solicitud es el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra don Fernando Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Quiero clarificar formalmente a los demás
grupos, aunque ya se lo he manifestado a sus portavoces, que mi grupo
hizo una corrección de la propuesta de fiscalización presentada en su
día y, si la Mesa y el presidente así lo entienden, daría por
supuesto que es esta nueva redacción, que se presentó el 9 de octubre
de 1996, la que voy a defender. Para que conste, diré que el primer
texto se sustituiría por tres puntos concretos. Para no pedir una
fiscalización en sentido global por parte del Tribunal de Cuentas de
la Seguridad Social sino una información concreta -por eso se habla
de fiscalización especial, para los que conocen más las cuestiones
que estamos hablando-, se trataría de hacer un análisis y evolución
del resultado económico patrimonial de sistema de la Seguridad Social
de los ejercicios 1996 y 1997 y avance del ejercicio 1998 -no es
fiscalización, sino avance- ajustado en su caso, de acuerdo con los
criterios del Tribunal de Cuentas; dos, la situación del
endeudamiento total del sistema de la Seguridad Social; y tres,
consecuencias que para la situación patrimonial, económica y
financiera del sistema podría tener un eventual incumplimiento por
parte del Gobierno de las transferencias necesarias para cumplir con
lo acordado en el Pacto de Toledo.

Dicho esto, paso a defender la propuesta que mi grupo ha presentado.

La propuesta es conveniente por una razón muy sencilla. En los
últimos meses se está produciendo un
debate no sólo entre el Grupo Socialista y el Gobierno porque
interesa al conjunto de la sociedad, en el que se genera una
confusión de cuál es el estado real de la situación de la Seguridad
Social. Quiero dejar bien claro desde el primer momento que mi grupo
entiende, a pesar de que se pretende general una idea distinta, que
no cree que esté en peligro el pago de ninguna pensión o prestación.

Queremos dejar bien claro en este debate que, si no se adoptan
medidas claras en este momento en el sistema de la Seguridad Social,
nos tememos que en el futuro el Grupo Popular podría encontrar la
justificación suficiente para proponer medidas de reforma del sistema
de prestaciones de la Seguridad Social, porque socialmente hay grupos
-entre ellos, también algunos empresariales- que proponen una
modificación sustancial del sistema de reparto de la propia Seguridad
Social, una modificación del Estado del bienestar. Yno es que nos
preocupe para el momento actual e inmediato, no preocupa que sirva de
justificación para que en el futuro se aporten determinadas
propuestas. En ese contexto y para no sembrar duda alguna, le diría
al Grupo Popular que no estamos hablando de gestión presupuestaria,
de contabilidad presupuestaria, estamos hablando de lo que significa
para cualquier empresa la contabilidad de la empresa, la contabilidad
económico-patrimonial, que define claramente cuál es la situación de
la Seguridad Social.

Simplemente señalaré un dato que deben conocer SS.SS. En el propio
informe anual de 1995 el Tribunal de Cuentas manifestaba que el
resultado patrimonial deficitario de la Seguridad Social era de
ochocientos y pico mil millones de pesetas en el año 1995. Lo digo
para dejarlo bien claro. Eso no tiene nada que ver con los datos que
se manejan normalmente en términos de gestión presupuestaria de cuál
es la situación de la Seguridad Social. Entendemos que el Gobierno
-lo hemos dicho muchas veces- intente justificar una gestión
presupuestaria en términos de déficit y de contabilidad nacional para
encuadrarse dentro de los objetivos de Maastricht. Lo digo para dejar
bien claro ese debate, que no tiene nada que ver. Lo que nos preocupa
es que se conozca cuál es la realidad clara de la situación de la
Seguridad Social. Si eso ocurría en 1995, el Gobierno y los grupos de
esta Cámara tienen también conocimiento de cuál es la situación en
los informes que ha presentado la Intervención General de la
Administración del Estado para 1997, que viene a decir que el
incremento del endeudamiento de la Seguridad Social está en unos
836.000 millones. Una cosa es el déficit de cada ejercicio, otra cosa
es el endeudamiento de la Seguridad Social y otra es lo que se viene
acumulando si no se resuelve este problema.




Si en 1995 hablábamos de un déficit, en términos de contabilidad, de
más de 800.000 millones de pesetas y vamos acumulando ejercicio tras
ejercicio, veremos claramente que la situación de la Seguridad Social
acumulada es de un endeudamiento que nosotros entendemos excesivo.

¿Por qué? Porque creemos que ese endeudamiento no debería figurar
nunca en la Seguridad Social, sino que debería figurar en el Estado.

¿Por qué? Porque desde que existen los Pactos de Toledo, que son
posteriores a 1994, se establece una política clara acordada por
todos los grupos parlamentarios y por los agentes sociales para que
el endeudamiento de la Seguridad Social no figure como tal



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en la Seguridad Social, delimitando claramente lo que deben ser las
prestaciones de la Seguridad Social cubiertas por su sistema
contributivo. Si entendemos que el sistema contributivo tiene
superávit lo que estamos intentando evitar los medios es que el
Estado, la gestión económicofinanciera de la Seguridad Social y del
Estado transfiera déficit y deuda a la Seguridad Social cuando
creemos que esa deuda debería figurar en el Estado. Sabemos que no
figuran los intereses y, mucho menos, las amortizaciones posibles en
el tiempo. Damos por supuesto que eso será así, pero creemos que esa
deuda debe reconocerse, debe conocerse cuál es la situación del
déficit, deben conocerse cuáles son las prestaciones que debe cubrir
el sistema contributivo público y debe quedar bien claro qué es lo
que debe financiar el Estado.

Para evitar esa confusión que está generando el propio Gobierno
cuando se habla de esta situación, para evitar esa confusión, qué
mejor que el Tribunal de Cuentas, órgano máximo fiscalizador de las
cuentas públicas, nos diga de una vez cuál es la situación para que
la conozcan y sea conocida por todos. Ya nos lo ha dicho para 1995,
nos lo ha anticipado para 1996 con los informes que está pasando
alegaciones al conjunto de las administraciones, nos lo está diciendo
y nos lo va a decir en las siguientes cuentas. Dígase claramente,
termínese con esta confusión que se está generando y que el grupo que
apoya al Gobierno y el Gobierno clarifiquen cuál es la situación
porque eso contribuirá a que en el futuro no surja ningún problema
respecto a este tema. Por eso pedimos esa fiscalización especial.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra don Mariano Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Intervengo para expresar el apoyo de
nuestro grupo a esta propuesta, que puede servir para evitar
cualquier incertidumbre sobre el propio sistema. No le hace ningún
daño al sistema de la Seguridad Social el que su absoluta
transparencia pueda evidenciar algo que nosotros creemos y es que el
sistema se puede autofinanciar y no tiene riesgos de futuro.




Entendiendo que puede ser una propuesta positiva, la vamos a apoyar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado don Gerardo Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Permítame que haga mía la preocupación de
futuro que ha manifestado el portavoz el Grupo Parlamentario
Socialista en cuanto al sistema de Seguridad Social y su
superviviencia, máxime si tenemos en cuenta que mi edad es menos
avanzada que la suya y, por tanto, me preocupa un poco más que a él
poder cobrar una pensión unos años posteriores a los que estoy seguro
habrá acreditado la suficiente carencia para tener derecho al percibo
de la misma (El señor Gimeno Marín: ¡Ya me está jubilando!) Si
alguien genera confusión en este debate no es el Gobierno, ni el
Grupo Parlamentario Popular, ni el Partido Popular. Tal vez quien
genera confusión sea algún grupo de la oposición que, llevado por un
ardor opositor últimamente
en esta materia, confunde churras con merinas. Sirva como ejemplo
la confusión surgida con la propuesta que han realizado en el día de
hoy. Modifican ustedes su propuesta justamente por lo incorrecto de
la misma, porque la que presentaron en el mes de junio de este año
era nada más y nada menos que una invocación en las fiscalizaciones
específicas del Tribunal de Cuentas. De la propia Ley orgánica del
Tribunal y de la ley de aplicación las fiscalizaciones que puede
realizar el propio Tribunal pueden ser entendidas muy ampliamente y
no voy a entrar en un debate jurídico sobre la materia, aunque, como
diría un clásico, ¡Vive Dios! que me apetecería, tal vez por mis
propios conocimientos. Desde luego, nunca había alcanzado a conocer
que el Tribunal de Cuentas pudiera fiscalizar acuerdos políticos. En
la primigenia redacción de la solicitud pedían nada menos que se
solicitará la fiscalización específica del cumplimiento del Pacto de
Toledo que, si no me engaña la memoria -creo que no-, era un acuerdo
político, entre partidos políticos, entre los grupos políticos con
representación parlamentaria en esta Cámara y que además ha tenido su
traslación a las leyes tanto de consolidación y racionalización del
sistema de la Seguridad Social, como a las distintas leyes de
presupuestos que van viniendo a esta Cámara.

Ahí sí que hay un control político y presupuestario de los grupos de
oposición que ustedes les corresponde en el momento en que se debaten
dichas leyes. Por cierto, señores del Grupo Parlamentario Socialista,
cuando debatimos en esta Cámara y en el Senado la Ley de
consolidación y racionalización de nuestro sistema de Seguridad
Social, recuerdo las palabras de su portavoz en esta casa, que
seguramente hiciera suyas quien fuera portavoz en el debate del
Senado, diciendo que la citada ley no chocaba frontalmente con el
espíritu y la letra del Pacto de Toledo, que tal vez se hubiera
quedado corta en algunos aspectos, pero que desde luego no estaba
fuera de lo que fue ese acuerdo, plasmado ya en ley, de todos los
grupos políticos con representación en esta Cámara. Espero que su
posición no haya cambiado con el paso del tiempo, pero de sus
discursos parece desprenderse que ustedes están cambiando de una
oposición responsable, la que tenían en su momento, a lo que sería
una oposición demagógica e irresponsable.

Igual les sucede en las leyes de presupuestos, año tras año, donde no
se atreven a manifestar que entran en contradicción con la letra y el
espíritu del Pacto de Toledo y, en cambio, cuando presentan sus
enmiendas no dejan de hacer llamamientos a la intranquilidad de
nuestros mayores y a su inseguridad, cuando manifiestan que el
sistema puede estar en crisis o en quiebra técnica, que, por cierto,
es un concepto nada aplicable al sistema de Seguridad Social y mucho
menos al Estado, o cuando dicen que podemos estar ante un peligro de
pervivencia del sistema de Seguridad Social para las generaciones
futuras.

Nada más lejos de la realidad. Lo reconocen con sus propios textos
cuando hablan de que el Tribunal haga una fiscalización especial
sobre un eventual incumplimiento. Ni siquiera se atreven a afirmar
tajantemente que existe un incumplimiento de este Gobierno, del Grupo
Parlamentario Popular y del Partido Popular en los Pactos de Toledo,
porque las señorías del Grupo Socialista saben que eseincumplimiento,
sencillamente, no existe.




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Yo les entiendo. Ustedes son oposición y quieren mantener vivo un
debate ficticio, un debate respecto de nuestro sistema de protección
social, de nuestro sistema de pensiones. Quieren que nuestros
pensionistas, nuestros mayores, continúen siendo campo de batalla
electoral. Permitan que, aunque quieran mantenerse en el error, el
Grupo Parlamentario Popular no quiera entrar en ese tipo de debates,
porque nos parecen actitudes de todo punto irresponsables.

Señorías, ni siquiera podemos apreciar positivamente la propuesta que
han hecho de su solicitud de fiscalización, por parte del Tribunal de
Cuentas, de los análisis y evoluciones de los resultados económicos y
patrimoniales del sistema de Seguridad en los ejercicio 1996, 1997 y
1998, por criterios políticos que les he dado y, además, por ciertos
criterios técnicos que no me resisto a darles, porque de esta
oposición me asusta su incoherencia en algunas materias, que empieza
a resultar verdaderamente preocupante. Piden una fiscalización -si se
atienen al diccionario de la Real Academia, observarán que la
fiscalización siempre es a posteriori- nada menos que del ejercicio
1998, aunque del avance del mismo consta que no se ha realizado aún.

Eso se llama fiscalizar, señor Gimeno, eso se llama censurar.

(Rumores.) A nuestro grupo no lo va a encontrar en actitudes como
ésa. Evidentemente, la fiscalización de los avances son censuras,
porque no pueden existir. Es una contradicción in terminis, como
diría algún jurista. Se fiscalizan los ejercicios cerrados.

Respecto de los ejercicios cerrados, me gustaría hacerle algunas
puntualizaciones. Pide usted el ejercicio de 1996, cuyo informe -lo
ha reconocido- se encuentra en trámite de alegaciones por parte de la
Seguridad Social. Si ahora se realizara una fiscalización urgente de
parte del mismo, dudo mucho de que llegara antes que el propio
informe anual del Tribunal de Cuentas. Solicitan lo mismo del
ejercicio de 1997. Si les preocupa tanto para su labor de oposición
les dirá que ya han sido mandadas las cuentas del Tribunal de Cuentas
a estas Cortes. Tiene usted, con una anticipación que no se conocía
en período democrático, la liquidación del ejercicio 1997 en esta
Cámara. La conocen los grupos de la oposición, y yo sé que al
portavoz en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, que es una
persona suficientemente informada, no le costará mucho observar del
balance in memoriam de dicho ejercicio la situación de endeudamiento
de la Seguridad Social. Estoy seguro de ello. No le voy a señalar la
página correspondiente, porque creo que usted y yo no debemos tener
esos debates, pero estoy seguro de que S.S. conoce la cifra con tanta
exactitud como la pueda conocer yo. Además ha sido dicha en esta
Cámara en alguna ocasión por el secretario de Estado de la Seguridad
Social, en fechas más o menos recientes. Tampoco pidan
fiscalizaciones de algo que conocen ustedes perfectamente, como es la
situación de endeudamiento.

No se dejen llevar por una incontinencia opositora, porque en esta
materia no viene en absoluto al caso. Modérense en sus
planteamientos. Si por un momento se dejan ustedes llevar por ese
arrebato -lo ha citado usted y por tanto también lo citare yo-, ¿por
qué no observa usted las cuentas de 1995? Porque si hubo algún cambio
en la Seguridad Social de nuestro país fue una modificación que
ustedes hicieron en el año 1994, y justamente el único informe del
Tribunal de Cuentas que tenemos es el del año 1995, que usted ha
citado, donde aparece que en cuanto al endeudamiento de la Seguridad
Social aumentó en 771.018 millones de pesetas, es decir el 30,99 por
ciento.

Le voy a tranquilizar, no hay una subida de endeudamiento durante el
Gobierno del Partido Popular que se pueda asemejar -ni teniendo
muchas ganas de acercar a los números- a las cifras que ya conocemos
de las épocas de gestión de su grupo. Pero aun con eso, y con la
preocupación que podíamos tener entonces quienes éramos oposición,
fíjense qué disparidad de conductas. En vez de pedir fiscalizaciones
especiales y específicas del Tribunal de Cuentas -que sabíamos que no
iban a conducir a ninguna parte excepto a ponernos alguna medalla por
nuestra labor opositora-, lo que hicimos el año siguiente, 1995, fue
firmar con ustedes, siendo oposición, los Pactos de Toledo. Observe
usted qué actitud tan distinta, de una oposición responsable, en su
momento, con un Gobierno que en esta materia entiendo que también lo
era, a lo que es ahora una oposición irresponsable con un Gobierno
que sigue siendo responsable en una materia como la Seguridad Social.

(Rumores.)
Harían ustedes bien, en vez de iniciar los debates como éste, en
reflexionar sobre cómo tenemos que renovar ese Pacto de Toledo y a
qué conclusiones deberíamos llegar. No se queden intranquilos,
señores del Grupo Parlamentario Socialista, el déficit de Seguridad
Social, si quieren un criterio pacífico en esta materia que es el
SEC00495, que es como se debe hacer, es del 0,1 para el año que
viene, y el que ustedes nos dejaron era del 0,7. Es evidente que la
Seguridad Social va mejor que entonces. Les llamo nuevamente al
diálogo, al consenso, a renovar ese Pacto de Toledo, a continuar por
esa senda que nunca deberían abandonar y a que en, este caso
abandonen posturas como la que han mantenido hoy en esta Comisión que
en nada ayudan a su consolidación como oposición -y me parece que van
a estar muchos años en la misma (Risas.)- y tampoco ayudan en nada,
señorías del Grupo Parlamentario Socialista, a los millones de
pensionistas de este país que exigen que este debate se aparte de la
vida política partidaria y empiecen a estar tranquilos, que es la
mejor garantía de pervivencia para el futuro del mismo.




El señor PRESIDENTE: Imagino que el señor Gimeno querrá replicar a la
intervención. Como sabe S.S., reglamentariamente es oportuna dicha
réplica, por lo que si pide la palabra, esta Presidencia se la va a
conceder.




El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente, no sólo
porque reglamentariamente proceda sino por la magnanimidad del
presidente que, sin duda alguna, facilita todos los debates. Este es
un debate que, a pesar de los intentos del Partido Popular, del Grupo
Popular y del Gobierno para que no se produzca, creo que es de enorme
interés.

Lo que extraña, si están tan convencidos de lo que están diciendo, es
por qué les preocupa que entre una información del Tribunal de
Cuentas en esta Cámara, que no es lo mismo que la Intervención
General de la Administración del Estado. Aunque las diferencias no
son muy grandes, existen en los ajustes que produce el Tribunal de
Cuentas.




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Le voy a indicar, señor Camps, que usted no entiende bien por qué se
solicita este informe. Respecto al resultado económico patrimonial,
seguro que S.S. sabe que se está refiriendo algo que nada tiene que
ver con los temas presupuestarios. El resultado económico patrimonial
es perfectamente conocible respecto al ejercicio 1998 por el Tribunal
de Cuentas, que tiene capacidad y competencia para conocer y tener
información del mismo, sin ningún tipo de dudas, porque no estamos
hablando de la fiscalización del ejercicio de 1998, sino que estamos
pidiendo lo que se dice: análisis y evolución del resultado. No
estamos diciendo otra cosa, no estamos pidiendo una fiscalización,
sino que informe a esta Cámara para que se conozca de una vez lo que
aparentemente es una cosa distinta: lo que dicen ustedes de lo que
decimos nosotros. Sólo queremos eso, para que se produzca un debate
en términos reales, y no un debate como el que se está produciendo
normalmente, que ustedes intentan decir que nosotros decimos algo que
no existe. No es verdad, es que lo dice el Tribunal de Cuentas en sus
informes, y por cierto el de 1996 también se conoce ya, y le puedo
asegurar que el endeudamiento ha crecido muchísimo, y el de 1997 más,
porque el endeudamiento no tiene nada que ver con el déficit de cada
ejercicio, ni siquiera eso. Todos saben ya, y lo ha dicho la
Intervención que lo que ustedes llaman anticipos de tesorería, por
ejemplo, ni existe, eso es mentira, no existen anticipos de
tesorería, a pesar de que en cada ejercicio como mínimo vamos
metiendo 300.000 millones. Todo eso se acumula. ¿Cómo se va a
acumular? En endeudamiento, no puede ser de otra manera, y en
préstamos que percibe la Seguridad Social. Usted tiene todos los
préstamos, los de 1995 los tiene, pues los de 1996 muchísimo más y en
1997 muchísimo más. Las cifras actuales son altísimas, no tienen nada
que ver con las cifras que está usted utilizando. Pero yo ni siquiera
quiero anticipar esos datos, lo que quiero es que lo diga el Tribunal
de Cuentas que es el órgano máximo fiscalizador. ¿Para qué? Para que
debatamos entre todos la situación, porque el planteamiento político
que le hago es: el endeudamiento que figure en el Estado y no en la
Seguridad Social. Sólo le pido eso, y usted a eso me dice que no. Yo
quiero que el endeudamiento de la Seguridad social figure en el
Estado. ¿Eso va a modificar las situaciones? ¿Va a pagarse más o
menos por parte de lo que es el presupuesto del Estado? No, lo que va
a pasar es que eso figura en el endeudamiento del Estado y no en el
de la Seguridad social, y le vuelvo a repetir por qué, léase los
boletines que nos mandan todos los meses. Por ejemplo, acabo de
recibir uno que se me manda por parte de los empresarios, y la
valoración que hacen -y ya sé que los empresarios no es lo que dicen
ustedes- es que el sistema del Estado de bienestar que tenemos no se
va a poder financiar como está en el futuro. Ese debate sigue
existiendo en este país. Nosotros queremos dejar bien claro ese
debate y zanjarlo, y por eso estamos diciendo lo que decimos, que
figure en el Estado el endeudamiento de la Seguridad social, y no
tengan tanto miedo a eso, que no pasa nada, pero tampoco lo quieren
decir ustedes. Le guste o no le guste, las cifras son las que son y
la Intervención de la Administración también dice lo que dice: ya sé
lo que dice en 1997, y da unas cifras de endeudamiento muy altas, y
usted lo sabe. Aún así, queremos que sea el Tribunal de Cuentas quien
lo diga.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a la réplica del señor Gimeno
tiene la palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Una conclusión positiva podemos sacar del
presente debate, que el señor Gimeno, al igual que como presume de
este portavoz, que le ratifico que es así, conoce las cifras de
Seguridad Social de las que está pidiendo una fiscalización
específica, al igual que las conoce quien en este momento le habla.

No deberíamos ser redundantes al respecto, a no ser, reitero, que
tengan ustedes unos arrebatos opositores que les lleven a solicitar
lo que ya de sobre es conocido por sus señorías.

No sé si le dan ustedes un especial valor a que lo diga el Tribunal
de Cuentas o no lo diga. Nosotros sí, y por eso hay un informe anual
del Tribunal de Cuentas de todo el sistema de Seguridad Social y de
las entidades gestoras, pero es que también le damos valor, que usted
parece que le da bastante menos, a la Intervención General del Estado
y a la Intervención General de la Seguridad Social, que también son
entidades que controlan la ejecución del presupuesto y que, a nuestro
juicio, tienen los mismos profesionales cualificados que pueda tener
el Tribunal de Cuentas para realizar el control que por ley a los
unos y a los otros les es específico en esta materia.

Lo que sí me llena de asombro y de perplejidad (porque al final el
señor Gimeno ya ha ido más allá y ha llegado a las conclusiones que
quiere sacar del informe específico que está pidiendo al Tribunal de
Cuentas) es que ahora les parezca a ustedes mal lo que en otros
momentos les parecía bien. Ahora dicen que el endeudamiento de la
Seguridad Social debe figurar en el Estado y que nosotros no queremos
ni decirlo ni que aparezca, pero no es así, señor Gimeno. ¿Usted sabe
quién fue el ministro que se inventó los créditos de tesorería? Fue
un ministro socialista. ¿Usted sabe quién contabilizó esos créditos
de tesorería de la manera que están y fijó o no los plazos de
amortización de los intereses que se pagaban? Fue un ministro
socialista, compañero de Gobierno además de su actual candidato a la
presidencia del Gobierno. ¿Usted sabe quién inventó el sistema que
ahora tanto denosta? Fue un Gobierno Socialista. Y yo le pregunto, si
entonces les parecía bien, ¿por qué ahora de repente les parece tan
mal? ¿Por qué han variado? ¿Han mejorado ustedes con el paso del
tiempo? ¿Han cambiado sus actitudes? ¿Se han dado cuenta de errores
que cometieron en el pasado y que están dispuestos a mejorar cuando
sean Gobierno en el futuro? Años van a tardar para ello. (Rumores.)
Yo no creo que sea exactamente eso. Yo más bien me temo que lo que
ustedes pretenden ahora es reiterar un debate que saben que en su
momento abandonaron y que les trajo muy poco crédito electoral a
partir de entonces. Como se les acabó aquello de: cuando gobierne el
PP les van a retirar las pensiones; como luego se les acabó lo de que
las ibamos a bajar 8.000 pesetas; y se están dando ahora cuenta de
que las pensiones no sólo mantienen su poder adquisitivo sino que
además lo han ganado año tras año, ahora quieren abrir un debate
sobre la inestabilidad o inseguridad de nuestro sistema de protección
social y de cómo está la situación del mismo para pervivencias
futura. Pero como tampoco quieren abrir un debate sobre el déficit
del mismo, porque saben que con los criterios de contabilidad



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nacional y los criterios europeos el déficit ha bajado del 0,7 al 0,1
desde que gobierna el Partido Popular, ya quieren abrir sobre
balances patrimoniales y análisis económicos financieros. Usted sabe
igual que yo que el único subsector que presenta un balance
patrimonial es la Seguridad social y, por tanto, usted lo conoce tan
bien como lo conozco yo. Ahora yo le pregunto. ¿Usted cree que es
indicativo el balance patrimonial de la Seguridad Social en orden a
la eficacia del sistema y a su situación o su salud financiera? No,
señor Gimeno, usted sabe tan bien como yo que no es en modo alguno
indicativo, usted lo sabe, así de bien porque conoce perfectamente
que ese balance también ha tenido pérdidas en años de gobierno
socialista y a nosotros no se nos ocurría decir tamañas insensateces
como las que he tenido que oír anteriormente.

Además, ¿usted, señor Gimeno, cree que el activo que consta en ese
balance patrimonial garantiza las pensiones de futuro? No, señor
Gimeno, y lo sabe que no. Por tanto, no hagan esas manifestaciones
grandilocuentes que no tienen apoyatura en nada, porque, ¿qué vamos a
hacer? ¿La red hospitalaria que esté en el activo de la Seguridad
Social la vamos a vender, a privatizar para pagar pensiones? ¿Eso es
lo que está pretendiendo el Grupo Parlamentario Socialista? Estoy
seguro que no, y como estoy seguro que no pretenden eso, no hagan
afirmaciones como que el activo patrimonial de la Seguridad Social en
su momento es el que garantiza la pervivencia del sistema para
generaciones futuras.

Yo creo que más le valdría al Grupo Parlamentario Socialista en este
tipo de debates ser al menos coherentes y tener el rigor que tenían
cuando eran Gobierno. Tal vez así, señor presidente, no e hagan
realidad las palabras de este portavoz y tarden un poco menos en
volver a ser alternativa de gobierno o gobierno de este país.




El señor PRESIDENTE: Pasaremos a continuación a las diferentes
votaciones de las solicitudes de fiscalización correspondientes a los
puntos 4 a 9 del orden del día.

Votaremos, en primer lugar, la solicitud de fiscalización referente a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria durante los años
1996 y 1997, solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votaremos a continuación el punto 5 del orden del día, referente a la
solicitud de fiscalización, a través del Tribunal de Cuentas, para
aclarar la gestión realizada por la diputación provincial de Zamora
en los ejercicios comprendidos entre el año 1983 a 1993, ambos
inclusive, solicitud de fiscalización presentada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votaremos a continuación el punto 6 del orden del día, relativo a la
solicitud de fiscalización del Ayuntamiento de
Madrid desde el ejercicio 1994 en relación con el proyecto de
remodelación de la Plaza de Oriente, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votaremos a continuación el punto 7 del orden del día,
correspondiente a la solicitud de una fiscalización con el fin de
aclarar la gestión realizada en la empresa pública Babcock Wilcox en
los últimos diez ejercicios, con el añadido que ha solicitado el
Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que, si no fuera posible
analizar los últimos diez años, se realizaría el análisis, al menos,
de los últimos cinco ejercicios y de las auditorías privadas
realizadas en los mismos ejercicios revisados y sus posibles
carencias. Esta solicitud ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votaremos a continuación el punto 8 del orden del día, relativo
también a una solicitud de fiscalización sobre la gestión económica
de la Diputación Provincial de Alicante, desde junio de 1995, que ha
sido formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votaremos ahora el punto 9 del orden del día, referente a la
solicitud de fiscalización de las cuentas de la Seguridad Social de
los ejercicios 1996 y 1997, con la propuesta de modificación de la
exposición de motivos expresada antes por el diputado don Fernando
Gimeno, con la que todos los grupos han estado de acuerdo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Suspendemos la sesión durante dos minutos, con el fin de recibir al
presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)



- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SEÑOR NIETO
DE ALBA, PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS: INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO
1993. (Número de expediente del Congreso, 251/000061, y número de
expediente del Senado 771/000059.)



El señor PRESIDENTE: Señores senadores, diputados y diputadas, vamos
a reanudar la sesión, en primer lugar, dando la bienvenida al
presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto, para pasar al
punto número 10



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del orden del día referente a la fiscalización de la contabilidad de
los partidos políticos durante el ejercicio de 1993 dado que, como
todas SS.SS. saben, hemos cambiado el orden del día pasando al punto
10 la fiscalización de los partidos políticos y al punto 11 la
fiscalización del Ayuntamiento de Belmonte del Tajo.

Para dicha fiscalización y su exposición, tiene la palabra el
presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El
informe sobre la contabilidad de los partidos políticos del ejercicio
1993 consta de un extenso análisis de las actuaciones y resultados
obtenidos en la fiscalización de 23 formaciones políticas, incluye la
formulación de 10 conclusiones que resumen el trabajo y opinión del
Tribunal.

En 1993, según datos del Ministerio del Interior, percibieron
subvenciones estatales para el funcionamiento ordinario 18
formaciones políticas con representación en el Congreso de los
Diputados durante la IV y V legislaturas. La fiscalización se ha
dirigido a todas las formaciones, así como a cinco partidos políticos
que han formado parte de coaliciones durante 1993 y han participado
indirectamente a través de federaciones con un importe significativo
en las subvenciones anuales del funcionamiento ordinario.

Para atender a lo prevenido en la Ley Orgánica 3/1987, de
financiación de los partidos políticos y a las distintas resoluciones
de esta Comisión, la fiscalización se ha dirigido a la consecución de
los siguientes objetivos: en primer lugar, comprobar que los estados
financieros rendidos al Tribunal reflejan la situación financiera y
patrimonial de la totalidad de las sedes territoriales e
institucionales de cada una de las formaciones políticas; en segundo
lugar, verificar que los registros de contabilidad se ajustan a los
principios del Plan General de Contabilidad; en tercer lugar,
analizar y evaluar los sistemas de control interno y finalmente a
determinar el cumplimiento de las obligaciones legales. Se ha
verificado además la integración de la contabilidad electoral en las
cuentas anuales del partido, según los informes de las elecciones
correspondientes aprobadas por el Tribunal de Cuentas o, en su caso,
por los órganos de control externo de las comunidades autónomas.

Con el fin de contrastar los registros contables de las formaciones
políticas, se les ha requerido diversa documentación complementaria y
se han efectuado verificaciones en las sedes centrales,
complementadas con visitas a otras sedes de su organización
territorial, en especial a aquellas formaciones con implantación en
todo el territorio nacional. Asimismo se ha solicitado a las Cortes
Generales, a las distintas asambleas legislativas, al Ministerio del
Interior y gobiernos autonómicos y a los órganos de gobierno de las
diputaciones, cabildos y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes
información relativa a las subvenciones otorgadas durante el
ejercicio de 1993 a las distintas formaciones políticas. De las 345
entidades locales consultadas, contestaron 291. Por otra parte, se ha
instado a las formaciones políticas a que envíen una carta de
circularización a las entidades de crédito, a fin de obtener
información de saldos y operaciones de crédito. La falta de respuesta
de algunas entidades financieras, especialmente cuando las
formaciones políticas no han presentado los correspondientes
extractos, ha constituido una limitación al trabajo realizado. (El
señor vicepresidente, Álvarez Gómez, ocupa la presidencia.)
El Tribunal de Cuentas, a efectos de la presente fiscalización, en
cumplimiento de lo regulado en la Ley Orgánica 3/1987 y en
coincidencia con las resoluciones adoptadas por esta Comisión, ha
considerado cada formación política como una realidad económico-
financiera, cuya contabilidad ha de recoger todas las manifestaciones
de la misma, tanto en su organización territorial como institucional,
con independencia del grado de autonomía funcional.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 enumera de forma taxativa los
distintos recursos de financiación pública que pueden recibir las
formaciones políticas: subvenciones públicas para gastos electorales,
en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen
Electoral General; subvenciones estatales a los grupos parlamentarios
de las Cortes Generales, en los términos previstos en los reglamentos
del Congreso y del Senado; subvenciones a los grupos parlamentarios
de las asambleas autonómicas, según su propia normativa, y
subvenciones estatales anuales, en los términos regulados en la ley
orgánica 3/1987.

La financiación pública para el funcionamiento ordinario entregada a
las distintas formaciones políticas, según las comunicaciones
remitidas por el Ministerio del Interior, gobiernos autonómicos,
Cortes Generales, asambleas legislativas y las 291 corporaciones
locales de más de 20.000 habitantes que contestaron la solicitud de
información efectuada por el Tribunal de Cuentas, ha tenido la
siguiente composición: las subvenciones estatales del ejercicio 1993
reconocidas por el Ministerio del Interior ascendieron a un importe
conjunto de 8.990 millones de pesetas; las subvenciones estatales del
ejercicio 1993, reconocidas por las Cortes Generales y destinadas a
los grupos parlamentarios alcanzaron un importe global de 1.342
millones de pesetas; las subvenciones concedidas por las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas ascendieron a 4.127
millones de pesetas; las subvenciones concedidas por las
corporaciones locales consultadas ascendieron a 2.569 millones. En
relación con este tipo de subvenciones, es oportuno señalar, como en
informes anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987, sobre financiación
de partidos políticos, no incluye las subvenciones de corporaciones
locales dentro de los recursos públicos previstos para la
financiación de éstos. A los anteriores importes hay que agregar,
según la información disponible, 288 millones de pesetas que, como
financiación pública para funcionamiento ordinario, y pese a no estar
previsto en la Ley Orgánica 3/1987, ha otorgado el Gobierno Vasco y
distribuido en siete formaciones políticas.

Alas subvenciones a la actividad ordinaria mencionada hay que sumar
las subvenciones de carácter electoral entregadas por el Ministerio
del Interior o por los órganos autonómicos competentes,
correspondientes a las elecciones celebradas en 1993 y ejercicios
anteriores, por un importe de 4.919 y 772 millones de pesetas
respectivamente.

Tras esta exposición general del marco en que se ha realizado la
fiscalización se presentan los principales resultados obtenidos en su
conjunto del análisis de la diferentes formaciones políticas. El
detalle para cada una de ellas se incluye en el informe en epígrafes
independientes, en los



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que se describen las siguientes cuestiones: rendición de cuentas,
indicando si se ha hecho o no en plazo; el alcance de la contabilidad
rendida, si incluye la actividad de toda la organización y si los
estados contables están consolidados o no; integración de la
contabilidad electoral en la de la formación política, haciendo
referencia a la posible activación de gastos electorales, y las
principales deficiencias de control interno. También se incluyen los
estados contables rendidos y diferentes observaciones en las cuentas
que los integran.

Los resultados más relevantes de carácter general han sido los
siguientes. Los estados financieros anuales de 1993 rendidos por las
formaciones políticas se corresponden en su mayor parte con los
previstos en el Plan General de Contabilidad, si bien no representan
la totalidad de las operaciones, ya que no incluyen la actividad
completa de su organización de ámbito local, especialmente los
recursos financieros gestionados por ésta. La formaciones políticas
no contabilizan la totalidad de los recursos procedentes de las
aportaciones de las corporaciones locales. Como expone el Tribunal en
su informe, las operaciones de los grupos de cargos electos en las
corporaciones citadas forman parte de la actividad del partido en su
conjunto y, sin perjuicio de que lleven su propia contabilidad, se
debería consolidar con las del resto del partido.

En los casos en los que se ha presentado estados consolidados, éstos
generalmente son una mera agregación en la que no se realizan
adecuadamente las eliminaciones de débitos y créditos recíprocos y de
los ingresos y gastos por operaciones entre diferentes organizaciones
internas. Por otra parte, el método de consolidación se ve afectado
por la carencia de homogeneización previa de los estados a consolidar
mediante las reclasificaciones oportunas.

Se ha recibido en concepto de financiación pública determinadas
subvenciones que no están incluidas en las enumeradas en el artículo
2 de la Ley Orgánica 3/1987. Como ya se ha indicado, las
corporaciones locales han reconocido haber aportado 2.569 millones de
pesetas y 288 millones de pesetas al Ejecutivo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Las aportaciones privadas no finalistas
recibidas por las formaciones políticas, de acuerdo con la revisión
efectuada en los registros contables, han cumplido las previsiones
establecidas en la Ley Orgánica 3/1987, comprobándose que, excepto en
alguna formación política y por cuantía no relevante, se han abonado
exclusivamente en las cuentas de entidades de crédito exigidas por el
artículo 6 de la citada ley. La falta de respuesta de algunas de las
entidades financieras a las que se ha solicitado confirmación de las
cuentas bancarias y operaciones crediticias ha constituido una
limitación para las comprobaciones relativas a la tesorería y
endeudamiento de las formaciones políticas. El grado de
incumplimiento ha sido variable, recogiéndose en cada formación
política los importes del principal de operaciones crediticias que no
han sido confirmados.




En relación con las operaciones de endeudamiento, se han puesto de
manifiesto deficiencias en el registro contable y de control interno:
carencia de algunas pólizas de las operaciones concertadas; mayor
endeudamiento comunicado por las entidades que el contabilizado;
falta de contabilización de los intereses devengados, en especial los
correspondientes a operaciones vencidas, y contabilización en
determinados casos un único registro de las operaciones de
amortización y pago de intereses, sin especificar a qué operaciones
crediticias se refieren.

Por último, en las operaciones de renegociación de operaciones
crediticias se han producido condonaciones de deuda tanto del
principal como de intereses, operaciones que no están contempladas
entre los recursos enumerados en la Ley Orgánica 3/1987. En los casos
en que esta condonación se ha producido se ha comprobado la carencia
documental del acuerdo alcanzado, habiéndose calculado los intereses
en función de los saldos contabilizados.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa).




Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado
señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias una vez más al señor presidente
del Tribunal de Cuentas, que viene a informarnos hoy sobre la
financiación de los partidos políticos del año 1993.

La primera sensación que tiene uno en la Cámara, y no sólo en la
Cámara, sino también en la sociedad -lo que es más preocupante
todavía-, por lo que se me transmite, es que las cuentas de 1993
parecen demasiado lejanas para conocer la realidad de la financiación
de los partidos políticos en este momento o la realidad de un
elemento clave en el sistema democrático, que es el funcionamiento de
los partidos políticos y su financiación, y no sólo eso, sino también
su transparencia. Atodos nos gustaría que pudiéramos hablar de
cuentas más actualizadas de los partidos políticos. Yo soy consciente
de que el Tribunal de Cuentas no es responsable de este retraso, pero
la primera pregunta que se me suscita a mí y a mi grupo es si hay
algún mecanismo para que se puedan conocer las cuentas de los
partidos políticos de forma más actualizada o qué previsiones tiene
el presidente del Tribunal de Cuentas al respecto. Porque se han oído
afirmaciones no sólo en las esferas políticas, sino también en las
judiciales, sobre si el retraso de la presentación y el conocimiento
de las cuentas de los partidos políticos pudiera servir en algunos
casos para la prescripción de posibles actuaciones jurídicamente
relevantes desde el punto de vista judicial o penal. Digo eso porque
yo creo que la voluntad política de todos es la que es, pero me
parece que ha llegado también el momento de empezar a hacer
nuevamente una reflexión sobre la situación de la financiación de los
partidos políticos. Y digo nuevamente porque este debate llegó a ser
muy importante cuando el Partido Popular estaba obsesionado con la
judicialización y el ataque al Partido Socialista sobre las cuentas
del caso Filesa, del Partido Socialista; parece que en los últimos
tiempos la financiación de los partidos políticos es un problema
menos relevante. Quiero decir que mi opinión particular y la de mi
grupo es que la financiación sigue siendo especialmente relevante,
por lo que hay que entrar en ella. Yo diría que el debate sobre la
financiación de los partidos políticos, señor presidente de la
Comisión y señor presidente del Tribunal de Cuentas, es quizá un
monumento a la hipocresía política. Tal como se están desarrollando
los debates, el



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tratamiento del proyecto o proyectos de ley de financiación de los
partidos políticos en esta Cámara es la manifestación más clara de la
hipocresía política en la que se puede incurrir, en este caso,
fundamentalmente por quien tiene la mayor responsabilidad respecto a
la paralización, que en mi opinión no puede ser más que el Gobierno o
el Grupo Popular, que le apoya.

El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto una cuestión
muy simple, que es la inviabilidad de la ley actual. El Tribunal de
Cuentas, especialmente en la financiación de los partidos políticos,
ha tenido que marcar criterios, algunas veces de acuerdo con las
decisiones de esta Cámara y en otras por propia decisión, coherente y
lógica, como algunos de los que ha planteado ahora el presidente del
Tribunal, que ponen de manifiesto que lo que dice la Ley de
Financiación de los Partidos Políticos se está incumpliendo
manifiestamente por los partidos políticos. Se está manifiestamente
incumpliendo porque la Ley de Financiación delimita el campo de
financiación pública, por ejemplo, de los partidos políticos, y se
nos está informando por el Tribunal de Cuentas que muchas de las
financiaciones que hoy existen para los partidos políticos no tienen
la cobertura legal de la Ley de Financiación de Partidos Políticos;
nos guste o no, ésa es la realidad. Y cuando se habla de financiación
de corporaciones locales o de los grupos de las corporaciones locales
que no está prevista en la financiación pública, hay que decir que el
Tribunal de Cuentas tiene que resolver ese criterio bajo el
planteamiento y la decisión de que forma parte también de la
financiación de los partidos políticos, y, sin embargo, muchos
partidos políticos, unos con criterio y otros con otro, valoran la
situación de forma distinta.

También se habla de otros supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas
en el informe que presenta, como el de que además hay financiación de
gobiernos de comunidades autónomas que no está prevista en la Ley de
Financiación de Partidos Políticos. Nos encontramos con cantidad de
supuestos, y con una realidad conocida y que afecta a todos los
partidos políticos: la financiación de los partidos políticos. Y lo
dice el Tribunal de Cuentas al indicar que tiene que globalizarse el
conjunto de la financiacion de los partidos a todos los niveles y
ámbitos territoriales del partido. Un ejemplo que entenderemos todos
es que las corporaciones locales, las agrupaciones o la fórmula que
cada partido utilice respecto a su organización no están incluidas en
las cuentas de los partidos políticos en lo que se refiere a la
información que el Tribunal de Cuentas tiene que recoger al margen de
la que presentan los partidos políticos, puesto que, como ha dicho el
presidente del Tribunal de Cuentas, no es que las corporaciones
locales no le contesten si han financiado o no a los grupos y, como
consecuencia, a los partidos políticos, sino que también le faltan
respuestas de determinadas entidades financieras. Y hete aquí que en
unos casos es porque posiblemente los partidos políticos no ayudan a
ello o, en caso de que lo hagan, porque las entidades financieras
prefieren no contestar a esa situación. Pero entonces nos encontramos
con que en todo ese tipo de supuestos que no resuelve la actual Ley
de Financiación de Partidos Políticos no hay ninguna posibilidad
técnica y jurídica para obligar a que se resuelva ese tipo de
problemas. Hoy nos encontramos con que hay partidos en esta Cámara
que no presentan cuentas del año 1993 -no voy a citar nombres porque
da lo mismo; el que quiera, que se lea el informe-; o que presenten
cuentas que no tienen nada que ver con una representación real de
cuál es la financiación de los partidos. Señor presidente del
Tribunal de Cuentas, ya sé que esto ha ocurrido siempre. Pero en los
tiempos actuales, por ejemplo, cuando hablamos de las subvenciones en
el funcionamiento ordinario de los partidos políticos, si no contamos
la subvención estatal, vemos que hay partidos que no figuran en el
informe del Tribunal de Cuentas y sí figuran en la relación de los
que perciben subvenciones de instituciones, por lo cual nos
preguntamos por qué es posible o por qué no ha sido posible. Seguro
que habrá razones para que alguno de los partidos no presente
informaciones sobre su realidad, porque doy por supuesto que no
presentarán ni siquiera informes al Tribunal de Cuentas; pero
deseamos saber si ese tipo de problemas se pueden resolver o no,
porque hay partidos que reciben financiación pública y ni siquiera se
puede presentar un informe a esta Cámara para conocer cuál es su
situación. Ya sabemos que en algún caso es muy especial -seguro que
todos tenemos en la mente alguno-, por ejemplo, Herri Batasuna.

Figura aquí que recibe subvenciones y no se encuentra ningún informe
de fiscalidad. Yo estoy convencido de que eso no tiene nada que ver
con la responsabilidad del Tribunal de Cuentas, pero ahí está y ésa
es la situación en estos momentos.

Cuando entramos a considerar cuál es la realidad de los informes
vemos que la hipocresía política es mucho mayor: cuotas de afiliados
de los partidos políticos. Si los datos que se presentan al Tribunal
de Cuentas son los que son, nos encontramos con que las cuotas de los
afiliados de los partidos políticos, a pesar de que en los debates se
dice gran cantidad de cosas, van desde un 2 hasta un 22 por ciento de
los ingresos. Tenemos partidos para elegir; hay de todos los ámbitos.

Y estoy convencido de que como los criterios ni siquiera son
homogéneos para la consideración de qué es cuota de afiliado y qué no
lo es, ni siquiera se puede hacer una comparación clara y exacta de
cuál es la situación real de los partidos políticos, ni se puede
extraer medias para determinar qué es la financiación de los propios
afiliados de los partidos dentro del conjunto de sus ingresos.

Tampoco conocemos cuáles son las donaciones de los partidos
políticos; ahí el caos es total. Yno lo digo por responsabilidad del
Tribunal de Cuentas, que hace un esfuerzo enorme en los informes
específicos de cada uno de los partidos para desglosar lo que podría
ser el concepto de donación, que cada partido político define de una
forma diferente: son donaciones, por cierto, que en la Ley actual de
Financiación pueden ser ocultas o, dicho de otra manera, anónimas,
sin nombres ni apellidos, que no se conozcan; como es lógico, se
refleja claramente en los informes qeu se presentan al Tribunal de
Cuentas que muchas de las donaciones recibidas son desconocidas.

Asimismo están los trucos que se tiene que inventar cada formación
política para intentar traducir -no doy nombrescuál es su realidad
financiera adaptada a la ley. Nos encontramos con una ley que permite
en estos momentos que un 5 por ciento del total de los recursos que
aporta el Estado, que son mucho menos de los recursos totales que
preveía esa Ley de Financiación, es decir, del orden de más de 400
millones de pesetas, puedan ser ocultos, opacos, no conocidos, cosa
auténticamente sorprendente



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en los momentos actuales, cuando hay gente a la que se condenó en su
día por cifras muchísimo menores; y no pasa nada. Aquí todos
tendremos que asumir la responsabilidad que nos toca. Pero en este
caso y en esta ocasión aparte de todos los aspectos que, como digo,
dentro de la ley no tienen nada que ver con la realidad; los citaba
el presidente del Tribunal de Cuentasnos preguntamos qué pasa con el
endeudamiento y la renegociación; se está renegociando. No todas las
deudas de los partidos políticos de la historia figuran en su
contabilidad, y además, las que aparecen se están renegociando en
contra de lo que dice la ley. Pero como la ley se puede incumplir...

Nos encontramos con un problema serio que nosotros creemos que hay
que resolver. Había y hay un instrumento para solucionarlo; nosotros
así lo creemos, y lo digo claramente porque desde el punto de vista
político no hay otra comprensión posible de lo que está pasando.

Después de la Comisión de investigación en otro período legislativo
que dio como consecuencia un impulso fuerte para introducir una nueva
ley de financiación de partidos políticos en esta Cámara -ocurrió en
este período legislativo mediante proposiciones de ley de todos los
grupos parlamentarios o de un número importante de ellos-, nos
encontramos con que después de los trabajos efectuados el proyecto o
las proposiciones de ley están paralizados. ¿Por voluntad de quién?
En mi opinión, la paralización de la ley es responsabilidad
fundamentalmente del Gobierno y de los partidos que lo apoyan.

Creemos que se ha paralizado la tramitación del proyecto de ley de
financiación de los partidos políticos; que se ha paralizado
conscientemente. Si no, el remedio es muy sencillo: que siga el
impulso para clarificar lo que debe decir esa ley. Por un lado, ya
tenemos datos suficientes del Tribunal de Cuentas para hacerlo y, por
otro, ya se sabe los criterios políticos que cada uno de los grupos
de esta Cámara debemos defender. Esos criterios afectan a pocas cosas
en lo fundamental -luego habrá que resolver muchos de los problemas
técnicos que plantea el Tribunal de Cuentas en sus informes-pero el
principal es: financiación privada, financiación pública; y, dentro
de ese criterio, si es posible o no la financiación privada de
empresas, y si esa financiación privada puede ser anónima o no puede
serlo; hoy lo es. La respuesta a estos aspectos fundamentales es lo
que define esencialmente la propuesta y el posicionamiento de cada
uno de los partidos o de los grupos parlamentarios respecto a este
tipo de problemas. Hay algunos que preferimos y queremos una
financiación totalmente con nombres y apellidos y privada -pública
también, por supuesto-, no de empresas, porque entendemos que
difícilmente, como se demuestra en estos informes que presenta el
Tribunal puede haber financiación de empresas; porque la única
financiación de empresas que se detecta en estos informes además
incumple algunos de los preceptos de la ley, por ejemplo: previa
decisión de sus consejos u órganos sociales correspondientes.

En cualquier caso, para resolver este tipo de problemas, el grupo que
apoya mayoritariamente al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra acerca de si queremos o no resolver el tema de la
financiación de los partidos políticos. Creo que algunos queremos
avanzar en la resolución de ese problema, pero tenemos dudas, y
mientras no se nos resuelvan, seguiremos pensando que la paralización
de la tramitación del proyecto de ley de financiación de los
partidos políticos sólo ha sido posible porque el Partido Popular
quiere que siga la financiación del anterior sistema, que dice que la
financiación privada de los partidos políticos puede seguir siendo
desconocida y oculta.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el diputado señor
Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Damos las gracias al señor presidente del
Tribunal de Cuentas por su comparecencia.




En primer lugar, quiero felicitar al Tribunal de Cuentas y a sus
funcionarios porque sé del trabajo que supone lo que hoy se presenta
aquí, el informe del año 1993, y del esfuerzo importante de
coordinación con los partidos, así como tener que bucear a veces en
documentos de hace cuatro o cinco años. Nuestro grupo está plenamente
satisfecho en estos aspectos y esperamos haber colaborado en la
medida de nuestras posibilidades a ese trabajo tan complejo, sobre
todo cuando hay muchos aspectos técnicos, como aquí se ha dicho, en
los que puede haber diferencias de criterio o dificultades para
llegar hasta el último rincón de la última agrupación de un partido
político para poder identificar un gasto concreto, aunque sea de
menor cuantía. El sistema actual lleva muchas veces a que aquellos
partidos que mas documentación presentan y que más esfuerzos hacen
por entregar con transparencia toda su documentación sean los que se
llevan también los palos, porque son precisamente los que han
intentado dar hasta el último papel, incluidos aquellos que, como una
factura pequeña, puede estar en una servilleta de bar, como ha
sucedido en algunos casos.

Aparte de esto, hay cuestiones de fondo que se citan y que no están
resueltas, y que sólo tienen solución modificando la ley. Por
ejemplo, una de ellas, que no es menor, son las aportaciones a través
de los grupos municipales o de las comunidades autónomas. Esto se
debe a que hay diferentes criterios, hay litigios, sentencias en las
cuales se dificulta el definir exactamente si las aportaciones de los
ayuntamientos en concreto son o no aportaciones al partido político o
si son para el funcionamiento de los grupos políticos, sin entender,
según algunas entidades locales, que no es en sí una financiación a
los partidos. Es un debate complejo que a veces crea dificultades
internas a los propios partidos políticos para conocer el alcance de
esas aportaciones en algunos ámbitos y, por tanto, también genera
dificultades para la propia fiscalización interna de los partidos.

Así pues, a todos nos gustaría contar con un criterio definitivo que
resuelva estas dificultades y estas polémicas que se dan, insisto, no
sólo entre el Tribunal de Cuentas y los partidos, sino en el propio
seno de éstos para ver si son o no finalistas, si de ahí se puede
financiar actividades que no son exactamente de la entidad local pero
sí colaterales, como pueden ser jornadas, estudios. En fin, hay toda
una serie de temas muy importantes a resolver.

Otro aspecto que me parece asimismo muy importantey que está
claramente sin solucionar y con muchos problemas



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todavía es todo lo relativo a los ingresos que provienen de los
gastos electorales. Nuestro partido seguirá defendiendo, creo que ya
en solitario, el que la financiación de las campañas electorales no
está bien resuelta ni tampoco los períodos de cómputo de campaña
electoral-no campaña; asimismo, tampoco está clara, por ejemplo, la
imputación de gastos durante la campaña electoral, puesto que hay una
parte del gasto electoral, ya que un partido político tiene como
razón última para poder ejercer después sus funciones el presentarse
a unas elecciones y, por lo tanto, para mí todos los gastos que se
producen, en general o el noventa por ciento, en una campaña también
son electorales y ordinarios y podrían ser evaluables a la hora de
computarlos como tales. Yo he puesto alguna vez el ejemplo de que la
ley, si se reduce al absurdo, casi te obliga, por ejemplo, a
contratar una sede aparte de la habitual del partido para poder
cargarlo luego como gasto electoral y a veces -y hablo de la etapa en
la que so estuve durante cinco años como responsable de finanzas-se
han dado muchos problemas de este tipo; quien dice esto, dice los
salarios ordinarios, etcétera. En fin, hay miles de problemas
técnicos que son una parte muy importante que no están bien
resueltos, aunque es verdad que la propia colaboración del Tribunal y
la práctica han ido poco a poco fijando unos criterios mínimos y
coadyuvando.

Lo mismo digo con respecto al cierre de las campañas electorales a
efectos contables. Se da el caso curioso en muchas ocasiones de que
el período de cierre legal de las campañas electorales es anterior al
cobro de subvenciones, lo que dificulta el consolidar después esas
propias subvenciones, aunque ahora, con las modificaciones sucesivas,
ya son porcentajes relativamente pequeños. Y lo mismo sucede con otro
criterio, que es el posible pago aplazado a la espera de esa
subvención definitiva o el cierre de subvenciones por parte de
algunos proveedores. En fin, hablo de otra serie de prácticas
mercantiles que son habituales entre otro tipo de entidades, pero que
en este caso hay que adaptar a la ley vigente.

Por tanto, la conclusión de nuestra fuerza política es que, a la
vista del informe de 1993, ha habido un avance importante de todos
los partidos, de los mayoritarios sobre todo, respecto a años
anteriores. Es preciso también agilizar o por lo menos intentar que
esta fiscalización se produzca como máximo en un año o año y medio
sobre la anualidad en la que estamos, porque no podemos estar viendo
informes del año 1993 en 1999; eso es malo para la propia
transparencia que tenemos que potenciar y primar ante los ciudadanos.

Nuestra fuerza política va a seguir insistiendo en la necesidad de
que esta ley, la cual efectivamente, se encuentra paralizada -los
trabajos en ponencia llevan paralizados varios meses-, debe
agilizarse, a pesar de que ya en lo conocido hasta el momento creemos
que es corta y no abarca todos los aspectos o al menos los
principales.

Termino con una declaración de intenciones. Nuestra fuerza política
sigue apostando por una financiación básicamente pública y, en todo
caso, aquellas aportaciones privadas que puedan existir o que apruebe
la ley con los límites que se fijen tienen que ser a su vez
totalmente transparentes al menos para el Tribunal de Cuentas; no voy
a decir que tengan que ser de dominio público, pero al menos el
Tribunal de Cuentas sí que tiene que conocer el
origen de todos los ingresos y gastos que tienen los partidos
políticos.

Quedan otros muchos aspectos que no son menores, habiéndose citado
alguno, como, por ejemplo, el tema de la gestión de los créditos
bancarios. Un día se puede dar el absurdo de que la banca privada no
facilite créditos a los partidos políticos porque no le apetezca, ya
que no tiene ninguna obligación por ley de hacerlo, y entonces un
partido político con representación parlamentaria no encuentre el
banco que le quiera prestar los fondos oportunos. Creemos que ésa es
una de las lagunas que tiene en este momento la financiación. Se debe
contemplar esa posibilidad para poder resolverla con las debidas
garantías, no vaya a ser que algún día laguna fuerza política, por
decisión de entidades privadas, como son los bancos, no reciba
créditos.

Por otra parte, hay que ver cómo se ponen también sobre la mesa los
criterios para negociar o renegociar créditos, con qué tipos de
interés, etcétera, para evitar que no quede ninguna sombra de duda de
que puede haber trato diferente entre formaciones políticas, tanto en
sus tipos de interés como en la posibilidad de renegociar a largo
plazo su propia deuda, que se pueda convertir asimismo en una vía
indirecta de financiación de los partidos políticos y, sobre todo, de
aquellos que tengan o tengamos mejores relaciones con la propia banca
privada. Quedan por mejorar aspectos muy importantes de la
financiación, pero sobre todo, insisto, tenemos que hacer un esfuerzo
para que esa realidad sea al mismo tiempo absolutamente transparente
y no cree ninguna sombra de duda sobre los recursos de los partidos
políticos.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para fijar su posición, por
parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el senador señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, quiero agradecer la
comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas en esta Comisión
Mixta.

En principio no era mi intención intervenir; he estado escuchando con
toda atención el debate que está teniendo lugar, pero finalmente voy
a hacerlo para decir aunque sea brevemente lo siguiente. Primero, no
voy a entrar en lo que es la nueva ley de financiación de los
partidos políticos, tema ésta que veo ha sido motivo para entrar a
fondo en el debate que estamos teniendo hoy aquí. Entiendo que
estamos analizando un informe de fiscalización de la contabilidad de
1993 y, por lo tanto, por lo menos por mi parte, repito, no me parece
oportuno entrar en lo que puede ser la nueva le de financiación de
los partidos políticos, incluso ante esta preocupación, que sin duda
comparto, de las causas de su demora y de su debate final para saber
cuál es su contenido. Disponemos hoy de esta ley, y en base a esto el
propio Tribunal ha hecho las reflexiones y consideraciones que ha
creído oportunas.

Segundo. La mayor parte de las formaciones políticas fiscalizadas
remiten sus estados financieros de acuerdo con lo previsto en el Plan
general de contabilidad y esto lo ha manifestado el propio presidente
del Tribunal de Cuentas.

Tercero. Aludiré a dos cuestiones más a las que también ha hecho
mención el propio presidente: la no inclusión de



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la actividad completa de la organización del ámbito local y la
disparidad de criterios y la contabilización de los recursos
procedentes de las corporaciones locales; por cierto, estos temas
seguro que son reiterativos de todos los informes de fiscalización de
los partidos políticos que se puedan haber efectuado hasta el
presente y que veo que, sin duda, se vienen manteniendo.

Cuarto, y ya finalizo, está la inquietud de lo manifestado por los
anteriores intervinientes. A mí me parece inadmisible que estemos
debatiendo el informe correspondiente al año 1993. A casi seis años
vista, a uno le da igual que los partidos políticos lo hayan hecho
bien, mal o rematadamente mal, porque lo grave no es esto, sino que
tardemos seis años en enterarnos de estas deficiencias o
irregularidades. No sé las causas, pero, sean las que sean, a nuestro
entender son inaceptables. Si provienen de los propios partidos, sin
duda habrá que tomar medidas y, si provienen del Tribunal de Cuentas,
como mínimo me provocan dos preguntas, señor presidente del tribunal:
cuáles son las causas del retraso y qué previsiones tiene el tribunal
para la tramitación del informe de los años 1994, 1995, 1996 y 1997.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para fijar su posición, por
parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado
señor Jordano.




El señor JORDADO SALINAS: Señor presidente, quiero agradecer al
presidente del Tribunal de Cuentas su presencia aquí esta tarde.

Imagino que estará sorprendido, porque, de acuerdo con el orden del
día y con el sentido de la convocatoria, la comparecencia era para
presentar un informe aprobado por el pleno del Tribunal el 30 de
enero de este año respecto al ejercicio de 1993 de los distintos
partidos políticos.

Al hilo de un informe y sin tener nada que ver con las conclusiones a
que ha llegado el pleno del Tribunal, se plantea un debate distinto
sobre la reforma de financiación de los partidos políticos, Como el
nuestro ha sido aludido directamente como partido, como grupo y como
Gobierno, no tengo más remedio que hacer algunas consideraciones.

De entrada, no cabe en la materia de financiación de partidos
políticos en este ejercicio en que estamos, incluso referido al de
1993, hacer un planteamiento catastrofista y hacer llegar a la
sociedad una conclusión como la que se ha hecho por parte del señor
Gimeno, en el sentido de que se está manifiestamente incumpliendo la
ley, porque esto no es así. Un estudio detallado del informe lo
permite afirmar. Hay que decir con claridad, sin generalizaciones,
que nunca conducen a nada bueno, que en la página 4 del informe se
hace constar que no ha rendido la contabilidad el grupo político
Herri Batasuna. Es algo que es sancionable incluso por estas Cortes.

En la página 20 se dice que el Tribunal no puede evaluar la
representatividad de los estados contables de un partido político,
que es Agrupación Tinerfeña de Independientes. Se dice también que no
puede pronunciarse sobre la regularidad y adecuación de las cuentas
de la Agrupación Independiente de Canarias y no puede evaluar la
representatividad de los estados contables ni pronunciarse sobre la
regularidad de los mismos del CDS, ya desaparecido.

Este es el grupo de partidos políticos respecto a todo el conjunto, y
no sólo de los que tienen representación en esta Cámara sino de
algunos que la tienen en parlamentos autonómicos, en que el Tribunal
sí puede, a través de la contabilidad de esos partidos políticos,
analizar la adecuación a la Ley orgánica 3/1987 de sus fuentes de
financiación, de sus sistema de gastos y de su organización contable.

La conclusión a que llega el Tribunal, en el detallado informe,
partido por partido, es que los estados contables son regulares. Hay
observaciones sobre determinadas discrepancias contables y sobre
carencias, y en algunas de ellas se recogen alegaciones de los
propios partidos sobre esas observaciones y en otras no. Por tanto,
no se trata de que el Partido Popular o el Grupo Parlamentario
Popular quiera mantener y buscar una financiación opaca de
actividades privadas; no se trata de eso, y no es precisamente el
Grupo Popular el que se ve mencionado en hechos probados de
sentencias firmes y definitivas sobre sistemas anómalos de
financiación de partidos políticos. Centremos, pues, adecuadamente
los temas y transmitamos a la sociedad los problemas que pone de
manifiesto el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones.

Parte de esas conclusiones las podemos compartir y en otras nos
encontramos con problemas incluso de colisión de distintos
ordenamientos. Uno de los graves problemas que tiene la Ley de
financiación de 1987 es que los autores morales y materiales de esa
ley no conocían ni dominaban la organización periférica de los
partidos políticos. Al no conocer ni dominar la organización
periférica de los partidos políticos, en el contenido de la ley se
pudo hacer una serie de manifestaciones que no corresponden con lo
que es la realidad, no sólo de la organización diaria de un partido
político en un pequeño pueblo alejano, sino ni lo que es la realidad
de la financiación de un ayuntamiento en un pequeño pueblo alejado,
incluso alejado de su propia organización política a la que está
adscrita, y no se puede tampoco contemplar la financiación y la
regularidad de los gastos electorales sin saber de primera mano y en
el terreno cómo es de verdad el gasto electoral, como ya se ha
apuntado en determinados puntos.

El Tribunal llega a la conclusión de que los estados financieros
rendidos por los partidos se corresponden con lo previsto en el Plan
general de contabilidad. Por tanto, ya tenemos un avance que hay que
transmitir. La generalidad de los partidos, salvo los que he
mencionado expresamente, que son tres y muy pequeñitos y uno de ellos
desaparecido, sigue el Plan generalidad de contabilidad
consiguientemente, sus estados financieros son representativos.

La segunda conclusión del Tribunal es que no representan la totalidad
de las actividades propias del partido, ya que no incluye la
actividad completa de la organización del ámbito local. Estamos de
acuerdo con este planteamiento. Es verdad que tenemos un problema
desde el punto de vista de funcionamiento y desde el punto de vista
de control. Ojalá los partidos tuvieran capacidad para controlar de
verdad el funcionamiento de la totalidad de sus agrupaciones locales,
puesto que todos los partidos políticos se evitarían muchos dolores
de cabeza, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico,
pero el conocimiento de esa realidad nos indica que es un empeño
difícil no sólo de conseguir sino de lograr una integración completa
de la totalidad



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del dinero que se mueve por un partido político, entre otras cosas
porque tampoco tenemos la seguridad, ni es posible tenerla, de que
todas las instituciones financieras, cuando se trate de dinero que
tenga algo que ver con los partidos políticos, exijan que en la
apertura de cuentas figure el número de identificación fiscal de ese
partido político. La realidad nos dice que gastos de agrupaciones
locales, de grupos municipales y de determinados ayuntamientos, sobre
todo de los pequeños, figuran a través de cuentas que se abrieron en
su día probablemente porque a ningún responsable ni provincial ni
regional ni nacional se le ocurrió mandar un poder específico a esa
agrupación local para que abriera la cuenta, y la abrió a nombre de
cualquiera de los afiliados de ese momento continúan abiertas cuentas
a nombre de personas que en muchas ocasiones ni viven.

En corporaciones locales nos encontramos con una colisión entre la
legislación estatal de financiación de partidos políticos y la
legislación propia de aquellas, y es difícil salvar esta
contradicción. Lo que sí hay que transmitir con claridad es que no
estamos hablando de un dinero que se mueve sin control ninguno, a
voluntad o capricho de determinados concejales. Puede darse esa
situación y será un caso reprobable, pero hay un control de la
intervención de ayuntamientos y diputaciones sobre el dinero que
perciben los grupos políticos de esas corporaciones. Por tanto, es un
dinero público controlado por las intervenciones de corporaciones
locales, de ayuntamientos y diputaciones. ¿Problemas con que nos
encontramos? Si queremos integrar plenamente en la contabilidad del
partido los ingresos de esas corporaciones locales, sería una cuenta
del partido la que tendría que recibir la total contraprestación e
incluir los justificantes como justificantes del partido. En ese
momento, el interventor se negaría a abonar cualquier cantidad,
porque no la está abonando al grupo de concejales de esa corporación
local, que no tiene personalidad jurídica propia, salvo en el ámbito
de la corporación. Ese grupo no puede abrir una cuenta corriente, a
menos que utilice el subterfugio del NIF, el número de identificación
fiscal, de cualquiera de sus componentes. Ese es un problema que
tenemos. ¿Qué hay que procurar? Hay que procurar que ese dinero no
sea en modo alguno opaco. En ese aspecto podemos avanzar, aunque creo
que es complicada la situación. La ley orgánica no lo menciona
expresamente y el propio Tribunal en su informe lo recoge
reiteradamente. La Ley orgánica 3/1987 no menciona expresamente la
obligatoriedad de considerar como ingresos las aportaciones de las
corporaciones locales al ámbito de los grupos municipales.




En la práctica es muy difícil distinguir cuándo estamos ante una
actividad pura y propia. Ese criterio de especialidad que el Tribunal
pide a la hora del gasto es muy difícil distinguirlo en la actividad
normal de un partido político. Cuando un diputado está reunido con un
grupo cualquiera de vecinos en cualquier localidad de España, ¿cómo
está actuando, como diputado, como miembro del partido?
Evidentemente, los diputados no perciben ninguna retribución por esos
gastos de desplazamiento, pero teóricamente se puede considerar que
en su sueldo o en parte de su sueldo está incluida esa actividad que
realiza y, sin embargo, es muy difícil especificarla. Podríamos
continuar con otra serie de ejemplos que nos hacen muy difícil
especificar
porque secciones el gasto de los partidos políticos y tener claridad
sobre que el dinero específico que se asigna en un presupuesto a una
actividad lo podemos encuadrar en esa actividad. De la misma forma,
habría que preguntarse -y creo que ya se ha hecho por alguno de los
intervinientes- si cuando un partido a nivel nacional tiene una
secretaría -llámese como se llame el órgano- de política municipal,
que presta asesoramiento a los concejales, ¿qué tendríamos que hacer,
que los gastos de esa secretaría nacional de política municipal o de
ese tramo de organización fueran pagados o se cargaran a cada uno de
los grupos municipales que tiene ese partido? Esta posibilidad existe
en las empresas privadas, donde realmente se puede llegar a un grado
de contabilidad analítica que permita determinar qué consume cada
unidad o cada empleado de cada uno de los departamentos, pero en un
partido político es muy difícil llegar a ese grado de especialidad.

En cuanto a las transacciones, cuestión que pone de manifiesto el
Tribunal, y se mantiene de una forma también rotunda y que creo que
no se corresponde con la legalidad, ha manifestado el señor Gimeno
que se está renegociando en contra de lo que dice la ley. En la Ley
de financiación no hay ninguna prohibición para que los partidos
políticos puedan establecer transacciones con uno de sus acreedores.

Estas transacciones no se dan sólo en entidades financieras; se han
puesto de manifiesto también por parte del Tribunal de Cuentas en
algunas ocasiones en informes de gastos electorales con determinados
proveedores, y recuerdo por su importancia un caso específico de un
proveedor que había incumplido los contratos con Izquierda Unida y
hubo que modificar y llegar a una transacción para el cumplimiento de
ese contrato. Por tanto, es una realidad que está ahí y los partidos
no tienen prohibidos los ingresos de derecho privado. Considerar la
transación como un donativo de la entidad que lo presta es desconocer
lo que es la realidad. Adiario empresas y particulares están llegando
a transacciones con sus acreedores, sean bancarios o no bancarios.

Cualquier abogado sabe que a la hora de enfrentarse a un
procedimiento judicial es preferible llegar a una transacción. Por
tanto, la transacción es un elemento normal y corriente de la
actividad mercantil y privada. No tiene por qué estar vedada a los
partidos políticos, entre otras cosas porque lo que está claro del
informe es que cada una de las transacciones a que se ha llegado se
ha podido poner de manifiesto a través de los asientos contables de
ese partido político. Eso sí que lo tenemos que exigir, que figure
claramente el crédito inicial, el importe de los intereses y la cifra
final que se renegocia o se convierte en nuevo préstamo.

Evidentemente, eso hay que exigirlo, pero, por lo que se deduce del
informe, eso está claro y transparente en los partidos políticos que
han registrado esas transacciones.

Para nuestro partido y nuestro grupo parlamentario la financiación de
los partidos es un tema relevante, como cualquier otro asunto en el
que se maneja dinero público. No nos engañemos. La mayor parte de la
organización y funcionamiento de los partidos políticos se paga con
dinero público. Por tanto, el control tiene que ser completo -para
eso está el Tribunal de Cuentas-, la transparencia tiene que ser
también completa y la contabilidad tiene que ser lo suficientemente
eficaz para que pueda conocerse todo, aunque



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-y basta con referirse al análisis que hace el Tribunal de Cuentas de
cualquier partido político- se presenten discrepancias y se detecten
errores en las contabilizaciones. Evidentemente, el hecho de que una
partida de gasto se incluya en un sitio u en otro, cuando estamos
hablando de partidos políticos, no tiene ningún efecto patrimonial
para los acreedores de ese partido político, como sí lo tendría
considerar como gasto y no como inversión determinadas partidas en
contabilidades privadas.

Para terminar, no soy tan negativo como ha sido el señor Gimeno en
representación del PSOE respecto a la situación de la contabilidad de
los partidos políticos. Por supuesto que las manifestaciones de
voluntarismo están muy bien. Si no gusta el curso de la negociación
que hay sobre la Ley de financiación de los partidos políticos o si
cree que hay alguna maniobra extraña que pueda alterar esta
negociación estamos en un Parlamento en el que nos dedicamos todos
los días a estudiar, a analizar y a votar propuestas de reformas
legales en un 90 por ciento de los casos y, por lo tanto, que el
Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con sus manifestaciones,
presente no una crítica sino unas propuestas concretas y evidentes, y
tiene la misma capacidad de bloquear y de desbloquear que cualquier
otro partido político.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para informar sobre las
dudas y cuestiones planteadas por los distintos grupos, tiene la
palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Quiero
agradecer a los intervinientes las dudas suscitadas, por la
oportunidad que le brindan a esta Presidencia de aclararlas.

En primer lugar, hay un problema de retraso en el que ha coincidido
varios intervinientes. Después de presentar el informe del año 1992,
en mayo de 1995 hubo elecciones locales y a los parlamentos
autonómicos. Hubo que dar prioridad a estas fiscalizaciones porque la
percepción definitiva de las subvenciones electorales está
condicionada a la emisión previa y preceptiva del informe del
Tribunal de Cuentas. En el año 1996 se celebran elecciones a las
Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía y hubo que dar
prioridad a estos informes sobre los del funcionamiento ordinario de
las formaciones políticas. También han llegado al Tribunal de
Cuentas, y ya están en el Parlamento, informes sobre la fiscalización
especial sobre la contabilidad de las sedes regionales de Baleares,
primero para el Partido Popular y después para todos los demás
partidos.

De todo lo expuesto se desprende la actividad que ha tenido el
Tribunal en estos años. En cuanto a los años 1993, 1994 y 1995 se
tomó la decisión de hacer la labor de auditoría conjuntamente para no
perturbar tanto a los partidos políticos yendo año por año. Esto
también ha producido un retraso, porque se da la circunstancia de que
el año 1993 se está viendo ahora, pero el año 1994 está a punto de
aprobarlo el Tribunal, el 95 está próximo pasar a la fase de
alegaciones y de 1996 y 1997 se están realizando las auditorías en
las sedes de los partidos, todo ello con la finalidad de que cuando
lleguen las próximas elecciones locales y autonómicas del próximo
año, podamos tener puesta al día la
fiscalización de las formaciones políticas. No se puede ocultar que
quizá después vuelvan a adquirir otra vez retraso.




Hay que tener en cuenta que por cada peseta que fiscaliza un
funcionario de la unidad de partidos políticos, un funcionario que no
esté dentro de esa unidad fiscaliza 50 pesetas. Además fiscaliza 50
pesetas en las que está muy claro que hay responsabilidad contable,
que está sometida a un período de prescripción. Lo que no está nada
claro es la responsabilidad contable en asociaciones privadas que no
pertenecen al ámbito organizativo de Estado, y hay una ley de
financiación que no remite a la ley orgánica ni a la ley de
funcionamiento en materia de responsabilidad. Somos muchos los que
creemos que la responsabilidad contable no es aplicable a la
financiación de los partidos políticos. Es más, esta propia ley no
formula referencia a otros ámbitos legislativos, no sólo en materia
de responsabilidad contable sino en materia de llevanza y
conservación de los libros o de régimen fiscal; no identifica a los
responsables ante el Tribunal de Cuentas, no especifica el órgano
sancionador; solamente en los procesos electorales el Tribunal hace
propuestas de reducción de subvenciones. Por tanto, con esto contesto
al comentario inicial del señor Gimeno en relación con que el retraso
puede dar lugar a que prescriban responsabilidades. Téngase en cuenta
que en el ámbito europeo en el que nos movemos, el único Tribunal de
Cuentas que fiscaliza a partidos políticos es el de España. En
Alemania hacen un informe de auditoría, en Francia es una comisión
parlamentaria, en Italia se publica en el diario oficial, incluso en
Portugal es el Tribunal Constitucional, pero sólo hace informe de
legalidad sobre la base de auditorías que no las hace ni el propio
Tribunal de Cuentas.

Es verdad que el Tribunal no deja de poner de manifiesto
irregularidades, pero también hay que reconocer que cuesta mucho
elevarlas a la categoría de ilegalidades. Para subsanar esto se puede
interpretar que es un vacío legal, y en ese debate poco tiene que
decir el presidente del Tribunal de cuentas, que lo que viene es a
presentar un informe, y como viene a presentar un informe, en razón
al mismo, sí le gustaría concluir que el mensaje no es nada negativo;
que ha sido general la colaboración prestada por las formaciones
políticas a lo largo de la realización de los trabajos de
fiscalización, tanto en la sede del Tribunal como in situ en la sede
del propio partido o en las sedes regionales; que los registros de
las formaciones políticas que viene fiscalizando el Tribunal -y en
esto no sólo tengo información como presidente sino que tengo
información propia, porque durante muchos años ha sido ponente- han
experimentado una notable mejoría, los estados financieros se han ido
adaptando a lo previsto en el Plan general de contabilidad, ha ido
mejorando sustancialmente la calidad y la información y los
procedimientos contables y de control.

Me parece recordar que ha sido al señor Santiso el que ha hablado de
la coordinación que ha habido hace tiempo ya que los ponentes del
Tribunal tomamos la iniciativa de impulsar también esta coordinación,
incluso montando un servicio de asesoramiento y de consultas, para ir
llenando este pequeño vacío legal. No cabe la menor duda de que
quedan todavía muchos problemas sin resolver y que se encuentran con
muchas dificultades en materia de límites,



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en concurrencia de elecciones, en materia de campañas y precampañas
electorales, de imputación de gastos, de cuotas y aportaciones, pero
en el informe que presenta aquí este Tribunal se ha procurado
utilizar los mejores criterios de racionalidad.

En cuanto a los demás elementos que se han suscitado en el debate son
temas que caen dentro del ámbito parlamentario y legislativo, y esta
Presidencia estima que no le corresponde añadir nada.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Muchas gracias, señor
presidente, por sus aclaraciones a esta comisión.




- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DEL TAJO
(MADRID), EJERCICIOS 1994 Y 1995. (Número de expediente Congreso 251/
000060 y número de expediente Senado 771/000058)



El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): De acuerdo con el punto
número 10 del orden del día, pasamos a presentar el informe de
fiscalización del Ayuntamiento de Belmonte del Tajo (Madrid),
referida a los ejercicios 1994 y 1995. Para ello tiene nuevamente la
palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La
fiscalización del Ayuntamiento de Belmonte del Tajo se ha realizado a
iniciativa de la Asamblea de Madrid y ha estado referida a los
ejercicios 1994 y 1995. Los objetivos han sido analizar el control
interno, la verificación de los registros y estados contables del
Ayuntamiento y el sometimiento de la gestión de la corporación al
principio de legalidad.

El Ayuntamiento, perteneciente a la Comunidad de Madrid, es de
reducida dimensión. Tiene una población que en los ejercicios
fiscalizados no ha superado los 2.200 habitantes y un presupuesto de
gastos para dichos ejercicios que han sido de 51,5 y 79,9 millones
respectivamente. Las cuentas generales de los ejercicios 1994 y 1995
se rindieron al Tribunal de Cuentas en 18 de septiembre de 1996, sin
haber sido aprobadas por el pleno de la corporación, hecho que no se
produjo hasta el 27 de diciembre del mismo año, en ambos casos fuera
del plazo establecido por la Ley 39/1988, de 29 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales. La opinión que sobre las mismas
contiene el informe es que las cuentas generales de los ejercicios
1994 y 1995, aprobadas por el pleno de la corporación, no representan
adecuadamente la ejecución de los correspondientes presupuestos ni la
situación económico-patrimonial, a 31 de diciembre, de los
respectivos ejercicios. Esto es debido a que las mismas presentan
deficiencias, entre las que cabe destacar las siguientes.

Primero, la incorporación a los saldos de las cuentas de
inmovilizado, al asiento de apertura del 1 de enero de 1994, al
implantar la instrucción de contabilidad del tratamiento especial
simplificado para las entidades locales con población inferior a
5.000 habitantes, se realizó principalmente con base en el inventario
municipal elaborado por la Comunidad de Madrid y referido a 1989.

Segundo, los estados de liquidación de los presupuestos registran
unos derechos y unas obligaciones reconocidas netas superiores a las
contabilizadas, debido a que la aplicación informática no deducía de
los derechos y obligaciones brutos las devoluciones de ingresos ni
los ingresos de pagos indebidos. Asimismo, por error informático,
tampoco se recogían en la liquidación presupuestaria de 1995
determinados gastos de personal que estaban debidamente registrados
en el mayor de gastos.

Tercero, igualmente hay que destacar que en la contabilidad de las
operaciones no se ha seguido el principio de devengo. Los
presupuestos cerrados no detallan antig¸edad por ejercicio. La cuenta
general no incluye la relación nominal de deudores y acreedores. No
se periodifican las inversiones de carácter plurianual, imputándose
todo el gasto al ejercicio en que se aprueba el proyecto, y,
finalmente, el Ayuntamiento no tiene establecido ningún procedimiento
que permita el seguimiento de los gastos con financiación afectada.

Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas no ha sido ajeno a
los condicionamientos propios del tamaño y circunscripción del
Ayuntamiento y considera que en relación a la opinión negativa sobre
la representatividad de las cuentas debe considerarse, entre otras
circunstancias, que 1994 y 1995 eran los primeros ejercicios en los
que en el Ayuntamiento se aplicó la instrucción de contabilidad del
tratamiento especial simplificado para las entidades locales con
población inferior a 5.000 habitantes. Este sistema contable era
especialmente novedoso para este tipo de entidades, con unos
requisitos formales y materiales que representaron un sustancial
avance respecto de la contabilidad administrativa clásica, hecho que,
unido a la dependencia de los programas informáticos de contabilidad
que ofrece la Comunidad Autónoma de Madrid, ha significado esfuerzos
de aprendizaje a personal inexperto en técnicas contables e
informáticas.

Otro factor a tener en cuenta ha sido la inestabilidad en el puesto
de secretario interventor, ya que durante el período fiscalizado han
ejercido funciones tres titulares distintos, y ello ha influido en la
ausencia de procedimientos y de criterios homogéneos para la correcta
formalización y registro de las operaciones y en el archivo y
custodia de documentos, por lo que no se ejercitó de un modo adecuado
el control sobre los recursos públicos. Esta falta de permanencia,
que por sí sola provoca disfunciones como las señaladas, ha incidido
especialmente en este Ayuntamiento en el período fiscalizado, ya que
coincidió con el cambio de sistema contable y es una entidad de
reducida organización.




El informe asimismo pone de manifiesto las actuaciones de mayor
relevancia económico-financiera realizadas por la corporación, en las
que destacan perjuicio económicos para la entidad local por motivos
administrativos y burocráticos. Así, el Ayuntamiento se vio obligado
a devolver la subvención recibida de 1,2 millones de pesetas en
aplicación del convenio con el Instituto Nacional de Empleo para la
realización de obras públicas con trabajadores desempleados debido a
que incumplió el plazo fijado por el Inem para la realización de las
mismas, plazo que dada la fecha de la concesión de la subvención, era
materialmente imposible cumplir con los tiempos de ejecución



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previstos. El Ayuntamiento también ha resultado perjudicado material
y financieramente por los retrasos en la constitución de la Casa de
la Cultura realizada por la Comunidad de Madrid, debido a que durante
ese período ha tenido que soportar el coste financiero de la parte
cofinanciada y ha perdido el derecho a la percepción de una
subvención concedida por la Dirección General del Patrimonio Cultural
de la comunidad para el equipamiento de la misma, por no haber
certificado que las instalaciones a equipar estaban finalizadas,
condición exigida para el pago de esta subvención.




El informe finaliza con diez recomendaciones que realiza el Tribunal
para la mejora de la gestión económicofinanciera del Ayuntamiento. De
ellas quisiera resaltar una que, por su carácter, tiene un ámbito de
mayor trascendencia: las entidades públicas gestoras de fondos
municipales o cedentes de ayudas financieras, como la Comunidad de
Madrid o el Instituto Nacional de Empleo, deberían estudiar fórmulas
de colaboración con las entidades locales con limitada capacidad
operativa, a fin de evitar los perjuicios económicos derivados de las
deficiencias de la tramitación administrativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado
señor Acosta.




El señor ACOSTA CUBERO: Quiero agradecer al presidente del Tribunal
de Cuentas que esté aquí informándonos de la fiscalización de un
Ayuntamiento pequeño, el de Belmonte.




Soy miembro del Grupo Parlamentario Socialista, en la oposición,
definida esa oposición de los socialistas como impertinente, inútil y
arrebatada, con gran cortesía parlamentaria, por algún diputado del
Partido Popular. La impertinencia nuestra hacia ellos es nuestra
pertenencia en cualquier ejercicio democrático. Iba a pedir perdón
por hablar, pero creo que como estoy en mi derecho lo voy a hacer.

Señor presidente del Tribunal de Cuentas, la primera conclusión
política que debemos lanzar es una cierta pedagogía de que en esta
Comisión nos ocupamos tanto de las grandes cuestiones, como de los
partidos políticos, como de municipios pequeños, 1.151 habitantes. Lo
pequeño es hermoso, decía el título de un hermoso libro, y en esta
Comisión nos ocupamos, evidentemente, de todas las cuentas públicas.

La segunda conclusión o reflexión política es que estamos ante un
Ayuntamiento (1.151 habitantes) que forma parte del 80 por ciento de
los ayuntamientos de España (menos de 5.000 habitantes), es verdad
que no en población.




La tercera cuestión que quisiera decir es que la iniciativa de
fiscalización formalmente está hecha por la Asamblea de Madrid, como
es preceptivo. La petición de que fuera fiscalizado fue enviada por
el propio Ayuntamiento a esta Comisión; por el presidente don Néstor
Padrón se les indicó que la previsible disolución de las Cortes
Generales
llevaba a que fuera el trámite asambleario, la Asamblea de Madrid, y
la Asamblea evidentemente, a petición del Ayuntamiento, hizo la
petición de fiscalización.

La cuarta cuestión es que estamos ante dos ejercicios que
corresponden a dos gestiones: 1994 y mitad de 1995 a un equipo de
gobierno anterior, y la segunda mitad de 1995 a otro equipo municipal
de gobierno nuevo surgido de las elecciones de mayo. Nos ha dicho
usted las disfunciones que existen en este Ayuntamiento, disfunciones
que están explicadas en las alegaciones, e incluso en el propio
informe se dice que algunas conclusiones han sido corregidas a través
de las alegaciones del propio Ayuntamiento; otras justifican la
situación de estos desajustes, aunque no las expliquen de cara al
Tribunal de Cuentas. Pero yo quisiera referirme a las recomendaciones
que hace el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Belmonte de Tajo.

Aparte de las concretas de cara al municipio de ajuste de
contabilidad, cuentas bancarias, etcétera, que también se están
corrigiendo, como dice el propio informe, hay dos generales, las 9 y
la 10, que sí afectan a este tipo de ayuntamientos; una es la que ha
dicho usted, las entidades públicas gestoras de fondos municipales,
como la Comunidad de Madrid o el Instituto Nacional de Empleo, que
deberían estudiar formas de colaboración con las entidades locales
con limitada capacidad operativa, porque es evidente que la limitada
capacidad operativa, como bien ha expuesto usted, hace que
determinadas situaciones no sean bien resueltas por las propias
administraciones municipales, así como en el tema de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de la Administración local. Esto
que son recomendaciones generales para este tipo de ayuntamientos,
así lo hace ver el comité en el Tribunal de Cuentas, son las que a mí
me interesan en este momento y creo que por aquí van a ir nuestros
proyectos de resolución que presentemos. Es decir, en este tiempo que
corren declaraciones sobre cómo se conforma el Estado español o no
desde Santiago hasta Estella, pasando por Barcelona, pudiera ser
también interesante una declaración de Titulcia, de estos municipios,
reclamando su papel en el Estado, su importancia, y diciendo tanto a
la Administración central, a través del Fondo de Cooperación
Municipal, como a las comunidades autónomas que a lo largo de estos
20 años han sido la principal ocupación de los españoles y las
principales tributarias de las competencias que les han sido
atribuidas, que estos municipios también existen, necesitan más
medios y necesitan más capacidad para cumplir su función de cara a
sus vecinos y habitantes.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Por parte del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
diputado señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo apoyó en su momento la
petición de fiscalización de este Ayuntamiento por una razón
fundamental, que es la que quizá el propio Tribunal no ha podido
abordar; es decir, no es casualidad que se haya pedido el análisis de
dos ejercicios o de dos períodos distintos, sino que, entendiendo las
limitaciones que tiene este tipo de municipios tanto financieros como
de medios suficientes (técnicos, de personal, etcétera) para cumplir
los requisitos legales en todos los aspectos (financieros,
contables), en este Ayuntamiento se



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producía un problema de opacidad, se producía un problema de que el
resto de miembros de la oposición no conocía normalmente las cuentas
del municipio, ni si se estaba haciendo bien, mal, regular, si había
una gestión adecuada de los recursos o no. Esto es lo que llevó
precisamente a que después, por unanimidad, corporaciones posteriores
pidieran esta fiscalización, sin hacer un prejuicio, pero sí había un
hecho evidente, y es que el resto de los miembros que participaron en
la oposición en ese mismo municipio no conocían las cuentas. En
consecuencia, yo creo que es importante lo que acaba de decir por
parte del Grupo Socialista su portavoz en este momento, cosa que
compartimos: La necesidad de dotar de recursos suficientes o de
resolver las deficiencias que se producen por la falta de recursos en
estos municipios pequeños, pero entendemos que el principio de
transparencia debe regir también para todo tipo de municipios,
incluidos estos tan pequeños, y esa transparencia tiene que ser
compartida con el resto de los miembros de la corporación, incluso en
muchos casos por su propio tamaño, por qué no, ante los propios
vecinos para saber de dónde proceden los recursos, cuáles son los
presupuestos, por qué se adjudican las obras de una manera
determinada, etcétera, para acabar también con polémicas a veces
estériles, a veces a lo mejor incluso injustificadas, pero que desde
luego parten del oscurantismo y de la opacidad que se ha producido en
este caso concreto.

Por tanto, nos parece bien lógicamente que se haya analizado.

Entendemos que no son unas cuentas de la magnitud de otras que
analiza el Tribunal de Cuentas, pero sí nos parece importante sentar
estos principios de transparencia además de cumplimiento de las
normas vigentes en materia de financiación de los propios
Ayuntamientos. En consecuencia, saludamos esto para que también sea
extensible al resto de municipios similares en toda España para
provocar, si es posible, esta transparencia y que sean conscientes de
que deben pedir colaboración o ayuda a las entidades superiores, como
puedan ser las comunidades autónomas, para resolver sus problemas,
pero al mismo tiempo tienen que rendir cuentas ante el resto de la
corporación.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el senador señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Del informe efectuado por el presidente del
Tribunal de Cuentas deduzco que estamos ante una situación real y
preocupante, más que ante irregularidades, digamos, a conciencia. Se
trata de un Ayuntamiento pequeño, con graves problemas de
asesoramiento (estamos hablando en este caso, por ejemplo, de
secretario y de interventor), problema éste que, seguro, afecta a
otros muchos Ayuntamientos.

El punto 6.2 relativo a las cuentas generales, sin duda, es claro. La
aprobación de las cuentas se efectuó fuera de plazo -lo ha dicho el
propio señor presidente- y los condicionantes propios de las
dimensiones del Ayuntamiento, algunos errores cometidos y la mala
aplicación de los criterios contables hacen que las cuentas generales
no representen la situación real del Ayuntamiento. Pero el problema
en sí no es éste, a nuestro entender, sino que estamos hablando de un
Ayuntamiento pequeño, y además con una falta total
de asistencia técnica. Y lo demuestra más todavía el punto 6.3, en el
que se hace referencia a un acuerdo con el Instituto Nacional de
Empleo imposible de cumplir con una aplicación rigurosa -que debo
decir rigorista-, que provocó un reintegro del Ayuntamiento -por
tanto, un perjuicio a este propio Ayuntamiento-, una demora en la
construcción de la Casa de Cultura que, de nuevo -con una aplicación
estricta del Banco de Crédito Local-, provoca un coste financiero
adicional de tres millones de pesetas, y otras demoras a las que hace
referencia, que impiden percibir una subvención. Todo ello -y siempre
a costa de ayuntamientos pequeños- con problemas, repito, de
asistencia técnica.

El señor presidente del Tribunal de Cuentas ha hecho referencia a la
recomendación 9 del Tribunal -y me alegro de que haya hecho
referencia específica a la misma-; el portavoz del Grupo Socialista
ha ido más allá, ha hecho referencia a la 9 y a la 10, por mi parte
voy a hacer lo mismo, quizá un poco más explícito, para decir lo
siguiente. Felicito al Tribunal de Cuentas -con mayúsculas, si se me
permite- porque sus recomendaciones 9 y 10, a las que he hecho
referencia, son para ponerlas -no sé si la expresión es exacta- en un
marco, porque instar a fórmulas de colaboración para evitar
perjuicios derivados de las deficiencias de tramitación y fomentar
las agrupaciones de puestos de secretario y de intervenir, junto con
otras fórmulas, son, señor presidente del Tribunal, dignas de elogio,
máxime cuando además se reflejan en el propio informe de este
Tribunal.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular y para fijar la posición de este grupo, tiene
la palabra el senador señor Huete.




El señor HUETE MORILLO: Gracias, señor presidente del Tribunal de
Cuentas, por estar aquí, ya en esta noche. El Grupo Parlamentario
Popular respeta los trabajos realizados por el Tribunal de Cuentas,
respetando también -como no podía ser menos- las opiniones que
diversos portavoces han manifestado en esta sesión, aunque no se
compartan todas las afirmaciones que aquí se han hecho hoy.

Antes de finalizar el informe, es preciso resaltar -como ha dicho el
propio presidente del Tribunal de Cuentas- algunos puestos o hechos
para encuadrar con realidad la situación del Ayuntamiento de Belmonte
de Tajo, que actuarían -y perdonen esta licencia jurídica- como
cincunstancias atenuantes. El informe se refiere -así se ha dicho- a
los años 1994 y 1995, habiéndose producido un cambio electoral en el
año 1995; es un municipio pequeño, que en ninguno de los dos años ha
llegado a los 1.200 habitantes; muchos servicios municipales están
contratados o llevador por mancomunidades a la que el propio
Ayuntamiento se ha adherido por carecer, como es lógico, de los
recursos y de la organización necesaria para actuar en estos campos.

Sin embargo, dicho esto, no se puede silenciar que ha habido una
serie de errores constantes que se aprecian en la contabilidad
municipal y que actuarían, a sensu contrario, como auténticas
circunstancias agravantes. Se ha carecido en estos años de reglamento
orgánico,



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nunca se ha utilizado el procedimiento de apremio, no consta muchas
veces la preceptiva certificación del interventor y hubo muchos
cambios en el interventor -como ha quedado reflejado en el informe
del presidente del Tribunal-, no se expedían habitualmente órdenes de
pago, se ha carecido de relación de puestos de trabajo, no ha habido
conciliación de saldos con entidades bancarias y las cuentas
generales, como aquí se ha dicho, se aprobaron fuera de plazo.

Por todo ello, concluyo afirmando que aceptamos todas las
recomendaciones -no como algunos portavoces, que han dicho la 1 o la
9-, todas las recomendaciones del señor presidente del Tribunal de
Cuentas, que son de urgente aplicación y corresponde a todos los
grupos políticos con representación en dicha corporación vigilar y
activar, fundamentalmente, la serie de recomendaciones que ha dicho
el presidente del Tribunal, como puede ser la normalización de
archivos y documentación y cosas muy sencillas que deben llevarse a
efecto, al margen de que el Ayuntamiento sea pequeño o grande.

Realmente, como se ha dicho, es un problema de todos los
ayuntamientos pequeños y no solamente del Ayuntamiento de Belmonte de
Tajo.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para informar sobre algunas
cuestiones y algunas dudas planteadas por los distintos grupos, tiene
la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Más que
informar, lo que quiero es dar las gracias, sobre todo por los
elogios que se han hecho del informe.

Pero esta Presidencia no se resiste tampoco a hacer un comentario y
es que, una vez más, se pone de manifiesto la necesidad y la
conveniencia de hacer lo que esta Presidencia llama fiscalizaciones
horizontales, porque haciendo fiscalizaciones horizontales lo pequeño
no solamente es hermoso, sino que sería grande y este marco de
recomendaciones tendría una virtualidad al emanar de haber hecho una
fiscalización a todo el sector, incluso para que estos problemas
adquirieran la dimensión que tienen, y es que el Tribunal percibe que
son comunes a muchos municipios. Por eso, a este municipio le tocó la
fiscalización, pero seguramente los problemas... (El señor Acosta
Cubero: La pidió, la pidió, no le tocó). Le tocó por el juego de la
lotería parlamentaria ¿no? Sin embargo, ese elogio que se hace del
informe, en cuanto a las recomendaciones, es porque percibe esta
dificultad, pero las fiscalizaciones horizontales exigirían también
unas iniciativas, quizá por parte de esta Comisión, porque a nadie se
le escapa que también hay muchas sindicaturas y tribunales de cuentas
que gozan de competencias para realizar este tipo de fiscalizaciones
en el sector local. Por tanto, el problema es complejo, pero no es
insoluble.




Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Muchas gracias, señor
presidente.

Concluidos todos los puntos del orden del día, agradecemos la
presencia del presidente del Tribunal de Cuentas y levantamos la
sesión.




Eran las ocho y veinte minutos de la noche.