DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 121



DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN MARTÍNEZ



Sesión núm. 10



celebrada el martes, 3 de noviembre de 1998, en el Palacio de
Congresos de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda y
Torres) para presentar los informes sobre:



- Violencia doméstica contra las mujeres (número de expediente del
Congreso 261/000002 y números de expedientse del Senado 781/000004 y
713/000681) ... (Página 2516)



- III Congreso anual de la Federación Iberoamericana de Defensores
del Pueblo (número de expediente del Congreso 261/000003 y número de
expediente del Senado 713/000710) ... (Página 2516)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO (ÁLVAREZ DE MIRANDA Y
TORRES) PARAPRESENTAR LOS INFORMES SOBRE:



- VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LAS MUJERES (número de expediente del
Congreso 261/000002 y número de expediente del Senado 781/000004).




- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE EL III CONGRESO ANUAL DE LA
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE DEFENSORES DEL PUEBLO (FIO).




El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Nos hemos reunido las dos comisiones, la del Defensor del Pueblo y la
de Defensa de los Derechos de la Mujer, para ver el informe que, a
requerimiento de la Comisión del Defensor del Pueblo, hizo el titular
de esta institución sobre la violencia doméstica contra la mujer.

Esto se hizo en la primavera y, como quiera que es un tema que
concierne muy directamente a la Comisión Mixta de Derechos de la
Mujer, de ahí la oportunidad de celebrar esta sesión si no
formalmente conjunta, sí en común, de tal manera que eso nos obliga a
seguir una metodología que yo someto a la consideración de ustedes,
aunque ya lo hemos acordado así con la Mesa correspondiente.

En primer lugar va a intervenir don Fernando Álvarez de Miranda por
el tiempo que tenga por conveniente para la exposición de su informe:
después habrá un breve descanso; a continuación intervendrán los
portavoces de las dos comisiones, según el reparto de tiempo -que
ruego que faciliten a la Presidencia cómo va a ser-; después un nuevo
descanso, y ya la respuesta del Defensor del Pueblo a todas esas
cuestiones que se hayan planteado en el curso de las exposiciones por
los portavoces, subsumiendo su respuesta el segundo punto del orden
del día, que es el informe sobre el III Congreso Anual de la
Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo celebrada en Lima,
porque el tema fundamental de ese encuentro internacional ha sido
también el de la violencia doméstica. Nada mejor que al dar respuesta
a los distintos portavoces de los diferentes grupos parlamentarios se
refiera a lo que ha sido esa reunión y a los acuerdos que se
adoptaron, que haga una especie de sumario. Con todo esto nos vamos
hasta la hora de comer, aunque no obsta para que, al final, si alguna
señora o señor comisionado quiere formular una pregunta aclaratoria,
lo haga. Así, daremos por concluida la sesión.

Sin más, damos la palabra al Defensor del Pueblo, don Fernando
Álvarez de Miranda.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Señor
presidente, permítame, primero, saludar con todo el respeto y el
afecto que me merecen a los señores presidentes de la Comisión Mixta
del Defensor del Pueblo y la Comisión de Defensa de los Derechos de
la Mujer en el Senado, las señoras y señores diputados y senadores
que la componen y que están hoy en este acto de
comparecencia para escuchar y ayudar al Defensor del Pueblo en la
búsqueda de las soluciones de este problema que nos afecta. Son
realmente problemas que se reflejan en el informe sobre mujeres
maltratadas que se elaboró por la institución del Defensor del
Pueblo, un informe que tuve el honor de entregar al ya presidente del
Congreso y al presidente del Senado y, como SS.SS conocen, fue en el
seno de esta misma Comisión donde surgió la idea de realizar un
estudio sobre la violencia doméstica, como les decía el señor
presidente, tema que ya ha sido objeto de una comparecencia y de
otras consideraciones en distintos foros y también en esta misma
Comisión.

Durante la preparación del estudio acudimos ante esta Comisión el
pasado 3 de marzo para dar cuenta de cómo iba el trabajo que se
estaba realizando, y en aquella ocasión se adelantaron algunos datos
que posteriormente han sido reflejados en el informe que se terminó
en el mes de junio. Quizás las conclusiones más interesantes son las
que se contienen en las 51 recomendaciones dirigidas a las diferentes
administraciones públicas y a las que más adelante tendré oportunidad
de referirme.

El método de trabajo que hemos empleado ha sido similar al utilizado
en otras monografías en la institución del Defensor del Pueblo, con
la variación indispensable para adaptarlo al tema que teníamos que
tratar. Han sido dos áreas diferentes de nuestra institución las que
han coordinado constantemente estas investigaciones y a lo largo de
todo el proceso de realización se ha mantenido en contacto
permanente.

Como primera premisa, lo que hubo que decidir fue el objetivo del
estudio al que deberíamos conseguir circunscribirnos. Éste fue, como
saben SS.SS, los malos tratos sufridos por las mujeres en el ámbito
doméstico, dejando fuera, por tanto, otras cuestiones que también son
de gran trascendencia, como, por ejemplo, el acoso sexual en sus
diversas manifestaciones o el maltrato a menores, que de alguna
manera tienen aspectos conexos con el tema que estamos hoy
examinando.

Una vez delimitado el campo de actuación fueron examinadas las quejas
recibidas en la institución sobre malos tratos a mujeres, a fin de
estudiar las denuncias que nos habían llegado y que podrían poner de
manifiesto las principales deficiencias que existían.

Posteriormente, nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia, al de
Trabajo y Asuntos Sociales, al de Interior, a la Dirección General de
Costes de Personal, a la Fiscalía General del Estado y a todas las
comunidades autónomas, a fin de conocer la dimensión real del
problema. Igualmente, se celebraron reuniones con la Federación de
Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Asociación de
Mujeres Juristas, Themis; la Asociación de Lobby de Dones de
Mallorca; la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, y con
diferentes abogadas especialistas en este tipo de materias.

En este punto quiera decir el aporte tan importante que han
representado las ONG, no solamente para el estudio sino que siguen
representando para el conocimiento y la resolución de los problemas
que se plantean en el tema concreto, que siguen trabajando con
verdadero ahínco en este tema y que son un soporte fundamental a la
hora de conocer la situación que les vengo a exponer.




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Varios asesores de la institución visitaron un total de siete casas
de acogida para conocer directamente los servicios que prestan y
realizar entrevistas con las mujeres que allí se encontraban, mujeres
que nos pusieron de manifiesto diversas experiencias personales sobre
los malos tratos. También se ha recabado la cooperación de un equipo
de psicólogos, que ha redactado el capítulo del informe que se
refiere más específicamente a los aspectos sociales, aportando
consideraciones técnicas que son propias de su especialidad.




Sobre el concepto de malos tratos existen diversos criterios
originados por variables temporales, culturales y ambientales. La
violencia familiar hacia la mujer es la que se produce en el ámbito
privado. Se equipara a modelos de conducta y de comunicación propios
de una desigualdad. El agresor tiene una relación de afectividad con
la víctima. Desde la perspectiva sociológica, la violencia
intersexual se puede manifestar, y de hecho se manifiesta, en el seno
de cualquier clase social, aunque aflore -como ustedes conocen- de
forma más frecuente en las más desfavorecidas.

Los estudios consultados revelan que la violencia suele transmitirse
en el entorno del ambiente familiar, aunque también frecuentemente el
origen de la violencia se debe a factores de marginalidad, de
analfabetismo, de incultura, de alcoholismo, problemas económicos,
desequilibrios psíquicos, personalidades violentas, etcétera. La
sociedad actual mantiene una serie de mitos sobre estos malos tratos,
que sirven para justificarlos y fundamentalmente para estimarlos como
hechos aislados, como hechos particulares y limitados a algunas
mujeres que dan a conocer su situación o que reúnen determinadas
características sociales. Una nota típica en hombres agresores es la
creencia de tener derecho de controlar a sus mujeres, por lo que
utilizan la violencia como un mecanismo de ese control. Un elemento
común en las mujeres víctimas de malos tratos es el largo tiempo que
los soportan. Permanecen con el agresor durante años, existiendo
causas muy diversas para ello, entre las que se encuentran la falta
de comprensión y ayuda por parte de la sociedad, la carencia de
independencia económica, los hijos, etcétera.

La violencia ejercida por el hombre sobre la mujer en el ámbito
doméstico también suele proyectarse sobre los hijos, que sufren
agresiones de los padres, lo que les provoca efectos psicológicos
negativos no sólo en las relaciones con los niños de su edad, sino
también de cara al futuro, ya que es frecuente que los que han vivido
en un ambiente de violencia sean posteriormente agresores o víctimas.

A lo largo de la historia, el desarrollo y evolución de mujeres y
hombres es ha efectuado en términos de desigualdad. Ello ha supuesto
el predominio del varón en todas las esferas, quedando la mujer
reducida al ámbito de la privado, de la familia, teniendo como
especial misión en su vida la reproducción.




La desigualdad de trato ha sido generalizada en todos los campos,
desde el moral -permisividad para el hombre, el rigor para la mujer-
hasta la educación, el acceso al trabajo o el reparto de
responsabilidades familiares. En este contexto de desigualdades no
resulta extraño que sea la mujer la víctima propicia de la violencia
dentro de la familia. En muchas ocasiones, la dependencia económica y
una posición secundaria, amparada por las pautas culturales y
sociales que todavía imperan en la sociedad, provocan que estas
situaciones sean, por un lado, frecuentes y, por otro, casi
desconocidas. Hasta hace pocos años no existía conciencia social de
que la violencia ejercida dentro del ámbito familiar fuese en modo
alguno un delito que atenta contra la integridad y la seguridad de
las personas, sino que en todo caso se trataba, y aún se trata, de
asuntos que dicen corresponden a la intimidad de la familia. Estas
consideraciones, señorías, nos ayudan a comprender no sólo las causas
pro las que se ha mantenido oculto este problema, sino también a
conocer cuáles han sido las verdaderas razones que han servido para
disculpar, para legitimar situaciones de violencia cimentadas sobre
la autoridad y la credibilidad del hombre.

Expuestas estas reflexiones, me permito pasar ahora a examinar
aspectos de carácter jurídico que pueden tener repercusión en el
tema.

Desde la promulgación de la Constitución de 1978, que prohíbe toda
discriminación por razón de sexo y obliga a los poderes públicos a
promover las condiciones y a remover los obstáculos que la libertad y
la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea
real y efectiva, se ha venido afirmando que hemos pasado de un
sistema jurídico que mantenía múltiples diferencias de trato a
disponer de una avanzada legislación que impide cualquier
discriminación en el campo normativo, por lo que las desigualdades
existentes serían de facto y no de iure, es decir, no tendrían su
origen en las leyes, sino que derivarían de las estructuras sociales
y culturales. Sin embargo, cuando se profundiza un poco en el
tratamiento normativo de la violencia doméstica contra la mujer, no
solamente se ha detectado la necesidad de modificar algunos aspectos
del ordenamiento jurídico, que no dan la respuesta adecuada al
problema, sino que se han encontrado algunos preceptos que por su
deficiente redacción o por las omisiones que contienen, general
discriminación por razón de sexo para las mujeres no sólo indirecta
sino también directamente.

Como pueden comprobar SS.SS en el ejemplar que les ha sido
facilitado, para la redacción del informe y en las recomendaciones
efectuadas por la Administración se ha utilizado como referencia la
legislación de nuestro ordenamiento jurídico interno, así como el
derecho europeo y las declaraciones jurídicas y recomendaciones de
carácter internacional. No se puede hablar de violencia y de derechos
de las mujeres en general, sin tener en consideración la Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 1979, y la Declaración sobre violencias
contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993, que constituyen un marco
normativo según el cual los gobiernos de los Estados son los
responsables para combatir dicha violencia.

La cuarta Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing,
China, en septiembre de 1995, abordar el tema de la violencia contra
la mujer denunciando que en todas las sociedades, en mayor o menor
medida, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de
índole físico, sexual y psicológico, sin distinción en cuanto a
niveles de ingreso, clase y cultura.

En la conferencia se planteó la violencia en el seno de la familia,
en el hogar, afirmando que la misma se tolera muy



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a menudo porque el maltrato causado por el marido o el padre no suele
denunciarse, y cuando se denuncia sucede que no se protege a las
víctimas ni se castiga a los agresores.

Me permito referir aquí, para que SS.SS se hagan una idea del enfoque
que se daba a estas agresiones en otros momentos de la historia, el
siguiente ejemplo. En el siglo XVII, en Inglaterra se utilizaba como
medida para controlar la violencia extrema la llamada regla del
pulgar. Esta norma consistía en el derecho del marido a golpear a su
esposa con una vara que no fuera más gruesa que un dedo pulgar para
someterla a la obediencia. Y no fue hasta 1871 cuando un tribunal de
los Estados Unidos sentenció que ningún hombre tiene derecho a
golpear a su esposa, ya que el golpear a su cónyuge no está
reconocido en la ley y la esposa tiene derecho a recibir de la ley la
misma protección como ciudadana con derechos civiles y políticos en
igualdad a su cónyuge. La primera ley en castigar el maltrato
conyugal se aprobó en Maryland en 1882, donde se imponía como pena
cuarenta latigazos o un año de cárcel.

Desde la perspectiva europea se aborda el problema de la violencia
contra las mujeres en el seno del Parlamento Europeo mediante las
resoluciones A 44-86 y A3-0349/94 sobre agresiones a la mujer y sobre
las violaciones de las libertades y los derechos fundamentales de las
mujeres respectivamente. En ellas se pone de manifiesto la
problemática de la violación de los derechos de las mujeres teniendo
en cuenta su derecho a la integridad del propio cuerpo.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha adoptado la resolución A4-
02250/97, relativa a una campaña europea sobre la tolerancia cero
ante la violencia contra las mujeres, en la que se considera que la
violencia masculina, tanto en la familia como en el lugar de trabajo
o en la sociedad, incluye, entre otras cosas, los malos tratos, las
agresiones físicas que puedan realizarse contra las mujeres.

Por su parte, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el 25 de
marzo de 1985 adoptó la resolución sobre la violencia en el seno de
la familia señalando la necesidad de adoptar medidas para la
protección de las víctimas, así como sanciones específicas para las
personas maltratadoras en el seno de una familia. En 1990, el Consejo
de Ministros dictó la resolución número 2 sobre las medidas sociales
respecto a la violencia en el seno de la familia distinguiendo entre
medidas preventivas generales y específicas.

En España, el derecho a la integridad física y psíquica de la mujer
pertenece a esos derechos fundamentales a los que la Constitución
reconoce una importancia especial, que deben interpretarse de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados
por España y cuya defensa tiene encomendada, aparte de los
tribunales, por supuesto, el Defensor del Pueblo por el propio texto
constitucional y por nuestra Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.

En el año 1989, por la Ley Orgánica 3 del mismo año, se creó un tipo
penal que consideraba las conductas habituales de violencia física en
la familia como delictivas. En 1995, como SS.SS. saben, se aprobó un
nuevo Código Penal que recoge esta figura delictiva en su artículo
153, pero exige la habitualidad en estos comportamientos para que
puedan ser considerados como constitutivos de delito, lo que
indudablemente dificulta su sanción.

Por su parte, cada hecho aislado solamente constituye una falta,
siempre y cuando no se exija el tratamiento médico o quirúrgico,
artículo 617 del Código Penal. Este precepto contempla el
golpeamiento -una palabra que no sé si es muy castellana- o el
maltrato de obra a otro sin causarle lesión, y agrava la pena cuando
los ofendidos son el cónyuge o la persona que se encuentre allegada
de forma estable por análoga relación de afectividad; los hijos
propios del cónyuge o conviviente; pupilos y ascendientes siempre que
convivan con el mismo. Sólo la repetición de estos hechos transforma
la acción en delito, lo cual no deja de suscitar algunos problemas,
especialmente al tener que respetar el principio non bis in idem, y
ello sin tener en cuenta las dificultades probatorias que presentan
estos comportamientos.

Otro aspecto que hay que resaltar se refiere a la penalidad, toda vez
que se no se incluye en el artículo 57 del Código Penal, de forma
expresa, el delito de malos tratos contemplado en el artículo 153 del
mismo texto legal, a que antes nos referíamos, y por tanto no pueden
aplicarse a este delito las penas accesorias previstas en aquél,
entre las que se encuentra el posible alejamiento de la víctima.

No cabe hablar de aspectos penales de la violencia doméstica contra
la mujer sin hacer alusión necesaria a los delitos contra la libertad
sexual del título VIII, capítulo I, artículos 178 y siguientes del
Código Penal. El Código Penal utiliza un tipo básico, que es el
artículo 178, y otro agravado por las especiales características del
contacto sexual que conlleva la agresión, es el artículo 179,
acompañados de una serie de circunstancias agravantes comunes
recogidas en el artículo 180.

Aunque es notorio el avance que han supuesto en el ordenamiento
español las diferentes modificaciones tanto de orden normativo como
jurisprudencial operadas respecto a estos delitos en los últimos
años, pues se ha pasado de la negación de la posibilidad de la
comisión de delito de violación entre cónyuges a la admisión de
delitos sexuales bajo una relación matrimonial, sin embargo continúan
existiendo soluciones que aunque mantienen la tipicidad del acceso
carnal violento entre cónyuges, postulan la posibilidad de que el
marido pueda alegar el ejercicio legítimo de un derecho como
eximente, ya sea completa o incompleta.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias de 14 de
febrero de 1995, 23 de mayo y 15 de octubre del mismo año y 28 de
abril de 1998, deja fuera de toda duda la posibilidad de violación en
el matrimonio o en las parejas, pues se comete un atentado al bien
jurídico protegido por la libertad sexual, libertad que no se anula
por la relación conyugal. No obstante, no siempre queda clara la
procedencia de la circunstancia agravante de parentesco.

Más complejo es el delito de abusos sexuales dentro de la familia,
cuyo elemento característico reside en el atentado contra la libertad
sexual que se comete sin violencia o intimidación. Entre las
circunstancias agravantes se recoge también la relación de parentesco
sin mencionar al cónyuge.

Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene,
seguramente debido a un olvido del legislador o por tratarse de una
norma preconstitucional, algunos preceptos anacrónicos respecto a las
relaciones conyugales y a la posibilidad del ejercicio de acciones
penales. Así, el artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
todavía



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hace mención expresa al derecho de corrección del marido y a la
obligatoriedad de obediencia de la esposa. Igualmente, se mantienen
las faltas correspondientes a los malos tratos y la desobediencia,
que sólo puede perseguirse a instancia de los ofendidos o de sus
representantes legítimos.

Un aspecto importante es el relativo a las medidas cautelares, pues
en la práctica no se adoptan las que son necesarias para evitar que
se produzcan graves consecuencias a las mujeres víctimas de estos
delitos. Las exigencias sociales demandan la ampliación de las
medidas existentes para que se puedan acordar otras como la
prohibición del imputado de acudir a determinados lugares públicos o
privados, la protección policial o la retirada del permiso de armas,
y así dar una respuesta eficaz a aquellas situaciones urgentes en las
que existe constancia del peligro que puede sufrir la integridad
física o la vida de la mujer. La no obligatoriedad de la presencia de
miembros del ministerio fiscal en determinados juicios de faltas está
provocando en la práctica que estos comportamientos queden en muchos
casos sin sanción.

Otro aspecto que se ha puesto de relieve es el de la lentitud con que
se resuelven los procesos judiciales en esta materia, lo que ha sido
señalado por el propio Ministerio de Justicia. Y para agilizar los
trámites es preciso que el ministerio fiscal presente de inmediato el
escrito de acusación y la solicitud de apertura de juicio oral,
cumpliendo así el mandato que contiene el último párrafo del apartado
primero del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La regulación en materia de crisis matrimoniales -me refiero a los
procedimientos de nulidad, separación y divorcio- es suficiente para
dar respuesta a estos supuestos, pero la lentitud de la
Administración de justicia en muchas ocasiones provoca un deterioro
mayor de las relaciones, llegando incluso a producirse en algunos
casos situaciones irremediables como la muerte. Por ello, entendemos
que sería oportuno rescindir de manera perentoria el contrato que más
obligaciones genera, como es el matrimonio, sobre todo cuando se
producen agresiones físicas o psíquicas, sin tener que esperar los
plazos legalmente previstos. La Ley 35 de 1995, de 11 de diciembre,
de ayuda de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra
la libertad sexual, aunque tiene un período de aplicación corto, no
ha tenido efectividad alguna hasta el momento. En el mes de febrero
de 1998 no se había acordado ninguna ayuda a mujeres víctimas de
malos tratos.

En cuanto a la administración penitenciaria, es preciso dejar sentado
y constancia de la inexistencia de programas específicos de
tratamiento para los agresores que cumplen penas relativas a estos
delitos. La aplicación de estos programas es, entendemos, esencial si
se tiene en cuenta el elevado número de reclusos que se encuentran en
prisión por este tipo de comportamientos, algo más de mil, y además
conociendo que cerca del 50 por ciento de las víctimas admite
voluntariamente volver a convivir con el agresor. Precisamente el
tratamiento penitenciario está siendo noticia estos días por
acontecimientos preocupantes que ponen de manifiesto cómo en
ocasiones, después de largos años en prisión, el condenado sale en
libertad en igual situación que entró, y en otros casos se ha podido
constatar que la última fase de cumplimiento de la condena se realiza
sin ningún control por parte de la Administración. El auténtico reto
de la administración penitenciaria es el de mejorar los programas de
tratamiento para los internos y, por ello, al objeto de progresar en
este aspecto, dicha administración acaba de firmar un convenio de
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Por mi parte,
quiero adelantar que en el próximo informe de gestión destacaré, como
tema de especial relevancia, la situación que en nuestras prisiones
presenta el tratamiento penitenciario, porque me parece esencial e
importante para conocer la situación real y buscar soluciones.

Volviendo nuevamente a la violencia contra la mujer - aunque no les
quiero cansar con demasiados datos-, es ilustrativo hacer una mínima
referencia a algunos de ellos. El número de denuncias presentadas por
malos tratos en los últimos años, como ustedes saben, ha ido en
aumento. En 1944 fue de 14.547; en 1997 ha sido de 24.641. No debe
entenderse este dato como negativo, no significa un incremento del
problema, sino que la mujer ha tenido acceso a información y ha ido
conociendo los cambios legislativos, ha ido teniendo conciencia de
sus derechos y los recursos sociales que existen a su disposición. En
la mayoría de los casos detectados, los malos tratos corresponden a
los sectores sociales menos favorecidos, lo decíamos antes, ya que en
las familias de niveles sociales y económicos más elevados no suele
denunciarse en las comisaría de policía, por lo que frecuentemente no
aparecen en los datos que puede facilitar el Ministerio del Interior.

Según la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y
Divorciadas, en el año 1997 el número de denuncias por este tipo de
delitos apenas alcanzó entre un 5 y un 10 por ciento de los casos
reales que se produjeron, aunque la situación parece que pueda estar
cambiando últimamente. Además, también existe una diferencia entre
los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior y los que maneja
la Fiscalía General del Estado. En 1995, el Ministerio del Interior
informó de la existencia de 13.278 denuncias, mientras que la
Fiscalía General contabilizada 3.531 diligencias previas y en 1996 el
Ministerio del Interior recibió 13.198 denuncias y la Fiscalía
General del Estado tuvo conocimiento nada más de la existencia de
4.826 diligencias previas.

Los datos obtenidos respecto a las mujeres fallecidas en los últimos
años ya se han repetido, pero quiero ponerlos en evidencia ante sus
señorías. Estos fallecimientos, como consecuencia de las agresiones
de maridos o compañeros, son 65 en el año 1995; 97 en el año 1996; 91
en el año 1997, y en los meses transcurridos del año 1998 están
contabilizados más de 40, situación que se agrava si se tienen en
cuenta que el 98 por ciento de las fallecidas habían presentado
denuncias reiteradas en ocasiones que estaban separadas o en trámites
de separación del agresor. Se puede decir, por tanto, que la
violencia que sufren las mujeres en la familia supone uno de los
extremos dramáticos a que da lugar la desigualdad de la mujer en la
sociedad. Es cierto que la situación puede estar cambiando. En los
derechos de la mujer es cada vez más reconocido que la sociedad ha
ido variando sus pautas de comportamiento hacia una mayor igualdad,
lo que no impide que continúen produciéndose situaciones de violencia
familiar.

Señorías, para conocer la situación actual del problema y la
respuesta que se están dando al mismo, tanto desde la



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prevención como desde la insistencia por parte de las diferentes
administraciones públicas, nos hemos dirigido a todas aquellas que
tienen competencia en materia o que entendíamos que podrían tener
competencias en la materia, solicitando una información acerca de los
recursos sociales disponibles. Y no voy a repetir las respuestas,
puesto que sería prolongar interminablemente esta sesión, ya que las
tienen SS.SS. detalladas en el informe. No obstante, se puede afirmar
que de las diferentes contestaciones recibidas de las
administraciones públicas se deduce que existen efectivas
desigualdades entre algunas comunidades autónomas en este
tratamiento. La información se pidió de forma similar a todas ellas,
sin embargo, los informes que hemos recibido han sido muy diversos,
tanto en lo relativo a la pormenorización de los datos facilitados
como respecto de los medios destinados por cada una de ellas para
hacer frente a la situación.

De todo este trabajo, que se realizó para la elaboración del informe,
podemos resumir lo siguiente. Primero, que no existen datos
fidedignos en poder de las instituciones públicas competentes sobre
la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Esta
circunstancia, unida a la resistencia a denunciar la situación por
las mujeres, origina a veces el desconocimiento del problema, la
impunidad del agresor y la falta de respuesta adecuada por parte del
ordenamiento jurídico y de las administraciones públicas. Segundo,
aunque se ha avanzado en el tratamiento legal de la violencia
doméstica, no existe todavía una respuesta adecuada ni normativa ni
jurisprudencial a los malos tratos y a las agresiones sexuales, por
lo que se precisa una serie de modificaciones legislativas para
proteger a las víctimas de este tipo de violencia. Tercero, es
esencial y prioritario incrementar las medidas encaminadas a prevenir
estos comportamientos, introduciendo contenidos educativos en los
diferentes niveles de enseñanza, en los que especialmente se
destaquen los valores básicos como la convivencia, la tolerancia y la
no discriminación por razón de sexo.

Para que exista un verdadero rechazo hacia este tipo de violencia, es
preciso hacer desaparecer de la sociedad actual una serie de mitos
mediante los cuales se justifican y consienten los comportamientos
violentos en el hogar. La violencia ejercida por el hombre sobre la
mujer se proyecta sobre los hijos con efectos psicológicos negativos,
pudiendo convertir a estos hijos posteriormente en agresores. Los
recursos sociales que hoy se ofrecen son desiguales, según cada
comunidad autónoma, teniendo alguna de ellas una ampliar red de
servicios sociales y de programas educativos, mientras existen otras
en las que, por carecer de medios, ni siquiera se ha estudiado el
problema. Finalmente, en otros casos se ha constatado y se constata
la falta de coordinación administrativa entre las comunidades
autónomas y los distintos ayuntamientos de las mismas.

Señores presidentes, señorías, la última parte del informe recoge -se
lo anunciaba- cincuenta y una recomendaciones efectuadas por la
institución de diferentes administraciones públicas, que contienen
las líneas de actuación que se han considerado más adecuadas para
paliar y combatir el fenómeno de la violencia contra la mujer en el
ámbito doméstico. Estas recomendaciones suponen un punto de partida
sobre el que la institución tiene intención de seguir trabajando y
profundizando. Estas cincuenta y
una recomendaciones contienen algunas medidas que les voy a detallar
sintéticamente, agrupándolas por materias.

En relación con los aspectos jurídicos y de organización judicial, se
ha recomendado al Ministerio de Justicia la adopción, entre otras, de
las siguientes medidas. Modificación del Código Penal en sus
artículos 57, 153 y 617. Se pretende con estas modificaciones lograr
que todos los comportamientos de agresiones, dentro del ámbito
doméstico, sean sancionados y, además, que se pueda aplicar la medida
de alejamiento del agresor respecto de la víctima, así como evitar
que en estos casos se aplique como sanción la pena de multa, ya que
esta pena podría perjudicar a la mujer al repercutir en el patrimonio
familiar. Se pretende también la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 13, 103, 104, 962 y 969. Se
trata de adaptar la redacción de dicho texto legal a los conceptos
contenidos en la Constitución, suprimiendo algunas formulaciones
arcaicas. También se estima pertinente que en los juicios de faltas
sea obligatoria la presencia del ministerio fiscal y que, además, los
jueces puedan adoptar medidas cautelares adecuadas para estos tipos
de comportamiento.

Modificación del Código Civil en sus artículos 86, 92, 103 y 104. Con
esta reforma se pretende agilizar la adoptación de algunas medidas
urgentes en los casos de crisis matrimonial, permitiendo al juez
civil la adopción de medidas de protección cuando exista constancia
de malos tratos. También se solicita que, en los casos de violencia
doméstica, se puedan reducir los trámites para acceder al divorcio
sin tener que pasar necesariamente por la fase de separación. Y asé
que estos es una innovación si se quiere, pero entendemos que en
estos casos de violencia puede estar perfectamente justificada esta
tramitación acelerada para poder llegar a solucionar el problema sin
tener el riesgo de nuevas agresiones.

Modificación de la Ley 35/1995, de ayuda y asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual para que se les
ampare y se les dé cobertura. Se ha requerido también la implantación
en todo el territorio nacional de un número suficiente de oficinas de
asistencia a las víctimas de estos delitos a los que nos venimos
refiriendo. Sería conveniente la especialización de determinados
órganos jurisdiccionales para hacer frente a las consecuencias
jurídicas que se derivan de este tipo de agresiones. Se ha
solicitado, asimismo, que se sigan impartiendo cursos de formación a
todo el personal judicial para que reciba conocimientos específicos
en esta materia. En este punto se ha solicitado el establecimiento de
un protocolo para que los médicos forenses puedan realizar los
dictámenes de forma unificada porque, si no, a veces llegan -como
ocurre en la realidad- informes de tipo muy diverso y disfuncionales;
no se puede tener un criterio unificado ni conocer realmente estos
informes de los forenses con un criterio suficientemente claro.

A la Fiscalía general del Estado se le ha recomendado que se haga un
mayor uso por los miembros del ministerio fiscal de las posibilidades
procesales previstas en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, con el escrito de acusación y apertura del juicio oral
inmediatos, con objeto de hacer más ágil el tratamiento de estos
procedimientos; que las estadísticas elaboradas desde la fiscalía
general distingan los distintos tipos delictivos en los que se causa
mal



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trato, violencia o lesiones dentro del ámbito doméstico, incluyendo
no sólo los hechos tipificados en el artículo 153 del Código Penal,
sino también todos aquellos que tienen relación con las conductas
antes mencionadas; que en los procedimientos civiles en los que
aparezcan indicios de haberse cometidos algún acto de violencia
contra la mujer, se solicite el libramiento de testimonio al juzgado
de instrucción que corresponda para que estos hechos sean debidamente
sancionados y que continúen impartiéndose cursos de formación en esta
materia para los miembros de la carrera fiscal. Recientemente se ha
recibido la contestación del fiscal general del Estado en la que se
subraya la elaboración de una circular acerca de la intervención del
ministerio fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito
familiar.

Las recomendaciones realizadas al Consejo General del Poder judicial
han sido las siguientes. Seguir en la línea iniciada en este Consejo,
organizando cursos de formación a los miembros de la carrera judicial
y que las estadísticas se diferencien en los distintos tipos
delictivos en los que se causa algún maltrato, violencia y lesiones
dentro del ámbito doméstico a las mujeres, distinguiendo los
comportamientos que son constitutivos de delito y los que lo son de
faltas.

Se han dirigido al Consejo General de la Abogacía también dos
recomendaciones, a fin de que se implante en los colegios de
abogados, cuando ello sea posible, un turno de oficio específico de
asistencia inmediata y asesoramiento a mujeres maltratadas y que se
fomente la realización de cursos de formación para abogados sobre
estas materias.

Las recomendaciones efectuadas al Ministerio del Interior han sido
las siguientes. Ampliación de los servicios de atención a la mujer al
mayor número posible de localidades; coordinación con otros
ministerios para la firma de un protocolo de actuación conjunta con
el fin de que las mujeres, al denunciar las agresiones, tengan acceso
a una información completa de sus derechos y de los recursos sociales
que están a su disposición; que las Fuerzas de Seguridad, cuando
reciban la denuncia, practiquen en su caso las diligencias de
inspección ocular en el lugar en que sucedieron los hechos; y no
solamente la inspección ocular sino también la recogida de
testimonios para, de esta manera, poder obtener la mayor información
posible en relación con el caso denunciado; que en las estadísticas
del Ministerio del Interior se recojan fielmente no sólo los
comportamientos tipificados en los artículos 153 y 617 del Código
Penal, sino también todos aquellos hechos ilícitos en los que se
originen lesiones, coacciones o agresiones a la mujer; y que
continúen impartiéndose cursos de formación a los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ala Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Dirección
General de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación de la
Generalidad de Cataluña, que como ustedes conocen tienen competencia
en esta materia, se les ha recomendado la implantación de programas
de tratamiento dirigidos a personas que se encuentran en prisión por
haber cometido actos que tienen relación con la violencia familiar;
la información y asistencia a mujeres que se encuentran en prisión y
que han sido objeto de algún tipo de violencia doméstica, porque
también este tipo de información y asistencia suele a veces fallar o
faltar casi en absoluto; que respecto a las personas penadas por este
tipo de delitos,
se valore de forma muy especial el grado de socialización familiar a
la hora de conceder permisos penitenciarios, exigiendo en estos casos
todas las garantías que sean precisas.

En materia de educación, se ha efectuado al Ministerio de Educación y
cultura y a las ocho comunidades autónomas que tienen transferidas
competencias en materia de educación (Andalucía, Baleares, Canarias,
Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y el País Vasco) las
siguientes recomendaciones. En primer lugar, la promoción de las
enseñanzas mínimas, dentro de cada nivel educativo de contenidos, que
hagan referencia al respecto de los derechos y la efectividad e
igualdad de los sexos; en definitiva, que se cumplan los objetivos de
la educación para la paz que fueron señalados por la Unesco en su
campaña de educación para la paz. Igualmente se ha pedido a este
Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 y
siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Educativo, que se preste
especial atención a la formación continuada del profesorado, con
especial hincapié en todos aquellos contenidos que guardan relación
con los valores básicos de la convivencia, la responsabilidad moral
de las personas y los principios de solidaridad y tolerancia.

En relación con los aspectos sociales y asistenciales, se han
efectuado las siguientes recomendaciones al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y a las diferentes comunidades, teniendo en cuenta
las peculiaridades que concurren en cada una de ellas. En primer
lugar, el incremento del número de casas de refugio para adaptar las
plazas existentes en nuestro país a la recomendación efectuada por el
Parlamento Europeo. Dentro de los recursos sociales, que se procure
ante todo la reinserción de las mujeres afectadas por este tipo de
problemas a la vida social y a la vida laboral, realizando para ello
políticas activas de empleo. Entre las medidas de fomento de empleo,
que se hagan compatibles las obligaciones que tienen estas mujeres
como madres y las que se derivan del puesto de trabajo que
desempeñan. En coordinación con las demás administraciones, que se
elabore el correspondiente protocolo para que las mujeres puedan
recibir una formación completa sobre los distintos ámbitos
sanitarios, sociales, laborales, asistenciales, policiales y
judiciales; que se potencie la creación de unidades específicas
interdisciplinarias con la función de diagnosticar y de valorar las
unidades familiares que presenten problemas de violencia doméstica;
la implantación de programas de tratamiento psicológico a personas
que infringen malos tratos en coordinación, si fuera necesario, con
la administración penitenciaria; el fomento de la publicidad en los
centros de acogida y casas de refugio, así como que dentro de las
mismas se habiliten las estructuras necesarias para poder recibir a
mujeres de otras nacionalidades; la elaboración de convenios de
colaboración con el Ministerio de Sanidad, con objeto de que los
informes médicos que se elaboren reflejen las secuelas psicológicas
que puedan padecer estas mujeres; que se propongan las iniciativas
legislativas necesarias para que normativamente se posibilite que la
mujer afectada por violencia doméstica pueda cambiar de puesto de
trabajo sin que este cambio reciba ningún tipo de publicidad y, por
consiguiente, pueda llegar al conocimiento del agresor y continuar
con su persecución. Por último, respecto al acceso a las viviendas de
protección oficial, se ha recomendado a las comunidades autónomas



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que en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección
pública se contemple la situación de las mujeres que han sido objeto
de malos tratos y que sean alojadas en casas de acogida, de forma que
su acceso a una vivienda se considere prioritaria y no tengan que ver
dilatada en el tiempo la solución de su problema por tener que
concurrir con el procedimiento general. Se trata, por tanto, de uno
de esos supuestos de discriminación positiva.

Todas estas recomendaciones se concretan en 10 medidas relacionadas
con aspectos jurídicos y de organización judicial, cinco líneas de
actuación en relación con cuestiones policiales, tres medidas o
líneas de actuación respecto de aspectos penitenciarios, otras tres
medidas en materia de educación, nueve medidas en relación con
aspectos sociales y asistenciales y una medida relativa al acceso a
las viviendas de protección oficial. Éstas han sido las
recomendaciones que se han efectuado. Evidentemente, si suman
ustedes, no darán las 51 porque en algún caso estas recomendaciones
han sido repetidas a distintas administraciones o comunidades
autónomas.

Señorías, quiero terminar esta intervención exponiendo algunas
actuaciones que el Defensor del Pueblo podría desarrollar en el
futuro al objeto de intentar paliar el problema de la violencia
doméstica.

Dentro del marco competencial de nuestra institución deben buscarse
las deficiencias existentes en el ordenamiento jurídico sobre el
tratamiento de este problema, tanto de una forma directa como
indirecta, para recomendar, como hemos hecho y como deberemos seguir
haciendo, a los diferentes poderes públicos las oportunas
modificaciones legislativas que contribuyan a la consecución de la
igualdad de género y a la erradicación de la violencia en el hogar.

En lo que supone la labor más cotidiana, que se centra en el control
ordinario de las administraciones públicas, es donde hay que
conseguir la implantación de las medidas previstas en los planes
administrativos, realizar un seguimiento de los mismos y exigir el
correcto funcionamiento de las medidas y recursos existentes. Esta
labor representa una gran posibilidad de acción pues incluso, ante el
conocimiento de una situación de demanda de ayuda por una mujer
maltratada sin respuesta pública, se puede abrir una queja de oficio,
se puede investigar la actuación de las administraciones públicas
competentes. Así lo previene el artículo 9 de nuestra ley orgánica y
así lo estamos haciendo en los casos que últimamente hemos conocido a
través de medios de comunicación.

El Defensor del Pueblo no puede suplir la actuación que corresponde a
cada mujer agredida ni la falta de gestión de los poderes públicos,
pero sí puede examinar el problema desde su perspectiva, exigir a
dichos poderes públicos que en un Estado que se declara
constitucionalmente social se dé la respuesta oportuna a estas
situaciones de extrema necesidad.

Es cierto que la violencia doméstica no se produce únicamente en la
clase social más desfavorecida, pero son precisamente las mujeres que
pertenecen a este sector las que acuden a los servicios sociales y a
quienes éstos deben dar la ayuda que requieren. No hay que olvidar
que estamos ante un problema al que la sociedad suele dar la espalda.

¿Por qué da la espalda la sociedad a estos problemas. Primero, porque
estima que corresponden al ámbito familiar,
segundo, porque ignorándolo no tiene la incomodidad ni de rechazarlo
ni de resolverlo, y tercero, porque las mujeres en muchos casos no
los denuncian y cuando lo hacen no encuentran comprensión en esa
sociedad ni muchas veces vías de solución. Por ello es muy importante
la labor que podamos hacer poniendo de manifiesto la existencia de
esa violencia física contra las mujeres en el hogar.

Señor presidente, señorías, concluyo mi intervención, pero antes debo
hacer una referencia, por mínima que sea, a la dimensión
internacional del problema que venimos analizando desde la
perspectiva del Defensor, y a la que se ha referido el presidente al
iniciar la sesión. Esta iniciativa de centralizar el desarrollo de
las actuaciones relativas a los derechos de las mujeres se hizo
pública desde un punto de vista internacional en la declaración del
II Congreso de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo
- Ombudsman-, que celebramos en Toledo el 16 de diciembre del año
pasado. Como consecuencia, se adquirió el compromiso, y el Defensor
del Pueblo así lo ha cumplido, de encomendar la defensa de los
derechos de la mujer a un servicio concreto en la institución. Es
evidente que, tras la investigación desarrollada para la elaboración
de los estudios sobre la violencia doméstica, y tras los contactos
habidos en esta materia con los países de nuestra comunidad
iberoamericana, hay una necesidad clara de que sigamos profundizando
en el tema, por lo que es intención del Defensor del Pueblo potenciar
la actividad de nuestra institución en esta línea. Para alcanzar
dicho objetivo sería sin duda de gran utilidad la suscripción de un
contrato con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que
ayudase a la consecución real de este problema.

Los días 5 y 6 del pasado mes de septiembre se celebró el III
Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, en Lima, donde
también tuvo lugar la segunda reunión de defensoría de los derechos
de la mujer. En sus conclusiones se adoptó el acuerdo de dar un
impulso a los derechos de las mujeres, así como fomentar la lucha
contra la violencia doméstica.

Uno de los logros fundamentales de las reuniones de la FIO ha sido
precisamente la creación de una red de defensoría de los derechos de
la mujer mediante la que se coordinan las distintas áreas o servicios
que tienen competencia en este tema. Esta red pretende incorporar a
nivel institucional la presencia de género, la ciudadanía, que acude
a nuestras instituciones, y al mismo tiempo desarrollar un enfoque
sobre la problemática de los derechos de las mujeres.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías, por la
atención que me han dispensado. Estoy seguro de que al unir las
reflexiones que se acaban de hacer a las consideraciones que a
continuación expondrán SS.SS, que sin duda serán fructíferas por la
especial sensibilidad que siempre han demostrado sobre el problema de
la violencia doméstica, juntos avanzaremos en la erradicación
definitiva de esta lacra social. Ojalá fuera este paso el definitivo.




El señor PRESIDENTE: Conforme anuncié al comienzo, la sesión se
suspende por cinco minutos. (Pausa).

Señorías, conforme es norma, la intervención de los grupos se hace de
menor a mayor representación.




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Quisiera informarles que la Presidencia es generosa siempre en la
concesión del tiempo. No obstante, me molestaría tener que restringir
esa permisividad porque alguien se exceda demasiado, por lo que
rogaría a las señores y señores comisionados que se ajusten a los
tiempos.

En representación del Grupo Mixto, tiene la palabra doña Cristina
Almeida.




La señora ALMEIDACASTRO: Gracias, señor presidente, señores y señoras
diputados, senadores y senadoras y gracias al Defensor del Pueblo.

Doy las gracias al Defensor del Pueblo, porque parece que cuando se
las damos se va tan contento, por la carga de trabajo y reflexión que
siempre nos trae, lo cual es muy importante, y vamos a ver cómo la
llevamos adelante, tanto desde el Defensor del Pueblo como desde las
distintas comisiones, la del Defensor del Pueblo y la Comisión Mixta
de Derechos de la Mujer.

Es verdad que el estudio (y nos hizo un avance del mismo en la
Comisión del Defensor del Pueblo en la que pude estar ya que habíamos
insistido varias veces para ver si se acababa de redactar) nos
parecía un examen necesario a la vista de cómo se iban produciendo
determinados hechos que estaban apareciendo en la sociedad, pues iba
emergiendo un problema que no era visible, que estaban detrás de las
puertas de los hogares. Creo que el Defensor del Pueblo con este
estudio ha ayudado a emergerlo a niveles de investigación, de
recomendación y a nivel de detectar un problema que ya no es un
problema individual de las mujeres, sino un problema social que está
repercutiendo en toda la sociedad y que necesita no la mera actuación
de una mujer, que muchas veces ni tiene posibilidades de hacerlo. Es
un problema que tenemos que erradicar, máxime en un año que estamos
celebrando el 50 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y
después de la Declaración de Viena de Derechos Humanos donde se vio
que las mayores violaciones de derechos humanos se estaban haciendo
hoy en las mujeres y en los niños; por tanto, creo importante que
este problema tenga la cobertura de vigilancia de los derechos
humanos que se han tenido que declarar universales, no por la mera
Declaración de Derechos Humanos, sino incluso por la Conferencia de
Pekín y por otros foros para detectar este grave problema.

No es la primera vez que usted hace referencia en su informe al
estudio que se hizo en el Senado en el año 1989. Hace un rato en la
puerta me decía: ¿de qué valió? Pues bien, yo creo que valió de algo.

Primero, porque en el año 1989, por primera vez se modificaron en el
Código Penal aunque no con una cobertura muy amplia, los malos tratos
familiares reiterados con una mayor penalidad pero no se llegó a
solucionar el problema. Una de las cosas buenas que tiene su estudio,
aunque termina como siempre con una modificación del Código Penal, es
que en esta Cámara hayamos empezado cogiendo el rábano por abajo; es
decir, vamos a empezar modificando el Código Penal en vez de hacer
otras muchas cosas. Estoy de acuerdo en que el Código Penal habrá que
modificarlo. Me acuerdo que en la discusión del primitivo Código
Penal -en a anterior legislativa yo no estuve-, hicimos una enmienda
para que los malos tratos familiares no estuvieran en el capítulo de
lesiones, sino en el conjunto de deberes y derechos de la
familia, porque parecía que era una forma de no comparar los malos
tratos con la bofetada que te das con un señor cuando hay un golpe
con el coche, porque lo que menos te duele es la torta que te dan
sino el proyecto familiar, el proyecto afectivo, el proyecto de
compartir un futuro, de compartir unos hijos y eso debía tener otra
vigilancia. Por tanto, me parecería importante que lejos de llevarlo
al tema de las lesiones en la modificación que hagamos, se pasara al
título de deberes y derechos de la familia o de las convivencias,
porque hay muchos tipos de familia y no me voy a meter en esa
discusión, como repercusión de un nuevo estilo de convivencia. Por
esto nosotros vamos a luchar.

De hecho el otro día en la reforma del Código Penal sobre los delitos
contra la libertad sexual de los menores, curiosamente hemos aprobado
en comisión, por una enmienda de Convergència i Unió, unos artículos
del Código Penal sobre los malos tratos, el alejamiento del cónyuge y
unas derivaciones que están totalmente desvirtuadas si no se hace una
legislación global y completa y vamos metiendo en cada reforma un
cachito que no nos hace tener esa visión, aunque bien venida sea la
aceleración de la solución jurídica de estos temas.

Como usted bien dice, la solución jurídica es el castigo, y el
castigo podrá estar mejor hecho, con más defensa jurídica, con más
turno de oficio, y la compañera Cristina Alberdi dirá qué pasó con la
solicitud que hicimos hace muchos años las mujeres de un turno de
oficio gratuito para estos casos; ella lo contará porque es más
protagonista que yo y no se lo voy a quieta. El hecho de que sea
perseguible ante un montón de cosas sí creemos que ha sido un avance
para orientar la legislación, pero al final va el castigo, y el
castigo es cuando ya han ocurrido los malos tratos y toda la
desgracia familiar. Nosotros queremos volcarnos en la prevención de
ese castigo.

Por tanto, sí nos parece muy importante esa visión globalizadora de
su informe, pero como usted dice tenemos que llevarlo. Desde luego,
por lo que concierne al Grupo Mixto, en el que estoy integrada como
Partido Democrático de la Nueva Izquierda y en nombre de Iniciativa
per Catalunya, vamos a intentar que esto tenga la formulación de un
espíritu colectivo del Congreso, ya que no lo vamos a hacer en
solitario porque sería absurdo con la miajina que somos, pero sí como
impulsor de ese movimiento ya que me parece fundamental que podamos
llegar a soluciones prácticas desde la educación. En ese sentido yo
me acuerdo que en el año 1990 ya propusimos desde el Grupo de
Izquierda Unida en que el estaba, que todos los trimestres fuera
obligatorio que los niños y niñas en la escuela, en todas las ramas
de la educación y en la universidad recibieran una charla, un
informe, un día de trabajo sobre unas nuevas relaciones hombre/mujer.

Me parece que desde la educación tenemos que crear un tipo de
relaciones niño/niña que no sea el bruto por ahí y la niña para no
mancharse los zapatos, todo ese tipo de cosas que están dando una
relación de fuerza como protagonista de algo y que a la larga se
transforma en malos tratos y en sumisión cuando somos más mayorcitos.

Influir en este aspecto es fundamental, y en ese sentido tenemos que
prepararnos para que la formación del profesorado sea de verdad un
hecho. Nosotros creemos que ahí está una base importantísima, y no
quiere decir que no



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reconozcamos ya el hecho de que hoy en la desigualdad hombre/mujer es
uno de los cauces de cultivo del mal trato, la falta de autonomía de
las mujeres.

Me gustaría preguntarle, además porque me alegra que haya hecho este
informe no desde su despacho sino habiendo ido a casas de acogida,
sentándose con asociaciones de mujeres, porque a mí me está dando la
idea, y lo digo con cierta prevención, de que hoy en algunos
gobiernos muchas casas de acogida se están planteando casi como de
oferta pública; como haga usted el catering de esta casa de acogida y
entonces se presentan distintas organizaciones con un presupuesto.

Eso está desvirtuando todo el proceso de casas de acogida. Las casas
de acogida no son una pensión hecha técnicamente y legitimada por
unos servicios de comedor, de limpieza, etcétera, sino que son unas
casas para intentar recuperar la falta de autoestima, para recuperar
el protagonismo, para salir de que te estén insultando todo el día,
no te creas con derecho a nada, y empezar a recuperar algo.

Incluso me parecería muy importante que no viéramos con sentido de
aumentar las casas de acogida, sino de que en todos los sitios
existan para tenerlas, pero que busquemos otros sistemas. Un sistema
que a mí me gustaría y creo que lo vamos a poder proponer es que
hubiera de guardia un juzgado de familia en todas las grandes
capitales y que ante un hecho de éstos pudiera determinar unas
medidas provisionalísimas, que hoy no se dan en casi ningún juzgado,
pudieran tener carácter cautelar, dejando a la mujer con los hijos en
el domicilio y que se lleven al maltratador, y no que se quede el
maltratador en la casa, que en muchos casos quema hasta los muebles y
cuando vuelves ni tienes la casa, ni los muebles, ni nada. Como eso
lo hemos vivido, tendremos que empezar a cambiar los criterios. ¿A
quién tenemos que proteger? A la víctima, no sacándola de su medio
ambiente, y sin embargo al agresor llevarle a reeducarse un poquito a
algún lado, que también pueden ser medidas alternativas; en vez de
medidas de prisión, medidas de reeducación.

Todo eso lo tenemos que hablar, porque se está desvirtuando el
sentido que tienen hoy las casas de acogida en algunas comunidades
autónomas, que cuanto tienen valor es cuando son explotadas con esta
finalidad.

Si le han enviado a usted la circular del ministerio público a la
fiscalía sobre su comportamiento en este tipo de tratamiento yo le
rogaría que nos la mandara, aunque la podemos tener porque se
publicará. Estamos notando una deficiencia del compromiso de la
justicia con este problema. Creo que está bien lo que se le
encomienda al Consejo General del Poder Judicial o a la policía,
sobre cursos de formación, porque es tener conciencia de que es un
problema social y no de una mujer pesada que viene aquí, que encima
los juicios de faltas ahora van todos al juzgado de instrucción, nos
dan una lata que te caes, luego vienen a la Audiencia, tenemos que
actuar sobre esto que es una tontería, y una que ya lo ha vivido
tantos años sabe que eso influye.

En ese sentido, que usted haya hecho las recomendaciones trasciende
el ámbito de la individualidad de la mujer para provocarlo en el
ámbito de la institución y en el que la protección democrática de los
derechos a las mujeres. Creo que usted nos ha ayudado a algo que
todas detectábamos en la calle, en los despachos, en la solidaridad
de los mujeres
pero que no trascendía del ámbito de la sociedad, se quedaba un
poco apartado. Al haberlo metido en ese ámbito y ponerlo aquí delante
de todos los hombres y mujeres que estamos en el Parlamento -que no
por estar en el Parlamento somos ajenos a los malos tratos ni nos
lavamos las manos-, tenemos que hacer aquí una reconstrucción del
propio término de las relaciones. Eso nos dará una visión global, de
no chicas de la Comisión de la mujer ni de chicos del Defensor del
Pueblo, sino de hombres y mujeres que también queremos una relación
política distinta, una relación estructural distinta y una relación
educacional distinta. Ésas son las sugerencias que usted nos ha hecho
y no tanto que cuidemos a la pobre mujer víctima, que también hay que
hacerlo.

El otro día se publicó una noticia que tiene mucho riego, sobre algo
que usted ha recomendado, y es que tengan unos puntos de baremo para
la obtención de vivienda oficial. No lo digamos así, porque por tener
cinco puntos más de baremo son capaces de maltratarnos. Queremos
hacer una recuperación de la mujer en su totalidad, porque si no aquí
va a parecer que van a dar puntos por pegarnos, y no es eso lo que
queremos. En primer lugar, sufren malos tratos las mujeres que tienen
vivienda, las que no la tiene, las que tienen maridos ricos y las que
tiene maridos pobres; por tanto, cuando hablamos de reconstruir una
posibilidad de futuro tendrá que ser basándose en el trabajo, en la
vivienda y en la autoestima. En ese sentido si reconozco la
recomendación, pero no la simplifiquemos al hecho del maltrato porque
si no va a parecer que es una forma más para obtener puntos en lugar
de la totalidad, que el otro día la leía con vergüenza.

El tema está ahí fuera y lo vamos a pensar. Vamos a ayudarle a que lo
que ha examinado, estudiado y hecho tan contundentemente en este
informe tenga virtualidad. Primero, que cree otro tipo de relaciones
entre niños y niñas, jóvenes y jóvenas -hablando en términos
femeninos, no porque sea correcto- y hombre y mujeres, así como un
nuevo tipo de relaciones en el ámbito familiar. Creo que se está
haciendo: Hay que modificar la Ley del divorcio no para que si te
pegan puedas acudir al divorcio, que hoy sólo si te matan o hay un
atentado grave a la vida es cuando puedes ir, sino que puedas acudir
a él simplemente porque el proceso de separación es inútil cuando
está tan quebrada la relación. Yo prefiere hacerlo para que sea una
posibilidad para todos, porque hoy sólo puedes acudir directamente al
divorcio sin pasar por la separación en el caso de una agresión grave
o de un intento de homicidio. Es un derecho, pero preferiría que
fuera un derecho colectivo ante la ruptura.

Antes de que me llamen la atención quiero decir que es un asunto muy
sugerente donde una tiene tantos compromisos como mujer que por eso a
lo mejor se le va la idea de ser portavoz del Grupo Mixto, pero sepa
que he querido resumir que de sus buenos sentidos y de sus grandes
conocimientos puede haber malas interpretaciones y las tenemos que
cuidar. Nos debemos preocupar más de recuperar el protagonismo de una
mujer que se sienta fuera de combate por esa situación de malos
tratos, y la sociedad tiene que responder en nombre de todas, aunque
ellas no sepa, hacerlo en nombre de sí misma porque la falta el apoyo
y laautoestima necesaria.




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Muchas gracias por su informe, y como siempre cuenta con la
colaboración de este grupo, en conjunto con los demás, para hacer que
la realidad no llegue a superarnos y se vuelva marcha atrás. No
juguemos a aumentar los malos tratos, vamos a jugar a quitarlos de la
sociedad, que es lo más importante, y utilizo la palabra jugar no
como juego sino como apuesta y en el sentido de que vale más apostar
por la prevención que tener que seguir cuidando el castigo.




El señor PRESIDENTE: Acontinuación, por el Grupo de Izquierda Unida,
don Pablo Castellano tiene la palabra.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Evidentemente, nuestro grupo
también tiene que manifestar su agradecimiento y reconocimiento a la
labor realizada por la institución del Defensor del Pueblo; y decimos
por la institución porque es evidente que no sólo el Defensor del
Pueblo sino todos los que con él colaboran han tomado parte en este
trabajo, de modo tal que hoy nos pueden ofrecer sinceramente un
conjunto de datos y de reflexiones que son importantísimas para poder
asomarnos a este problema.

A fin y al cabo, el Defensor del Pueblo nos está desvelando con este
informe encomendado por las Cámaras cuáles son las consecuencias de
unas profundas contradicciones; las consecuencias de la contradicción
que existe entre una sociedad que diariamente impulsa hacia la
libertad, hacia la justicia, hacia la igualdad, retóricamente desde
medios de comunicación y desde ciertos ámbitos, pero que en la
realidad cotidiana niega toda esa clase de valores que pueden ser la
libertad, la justicia y la igualdad. Esta contradicción quiere más la
sufren tienen que ser siempre los más débiles. Aquellos que pueden
sufrir estos problemas y gocen de una situación más acomodada, tienen
muchísimos más recursos para escapar de lo que podría ser el
estallido final en los intereses, muchas veces legítimos y muchas
veces ilegítimos, que se ponen en juego. Estamos asistiendo pura y
sencillamente a una contradicción entre unos usos, culturas y hábitos
muy tradicionales, nacidos de determinadas concepciones, y la
evolución social que hoy afortunadamente está poniendo en primer
lugar los derechos de la mujer en la lucha por la libertad, por la
justicia y por la igualdad.

Es verdad que la legalidad va corrigiendo poco a poco una de estas
páginas, a las que no vale la pena ponerle adjetivos, simplemente
diría dolorosas, en cuanto se trata de seres humanos que física y
psíquicamente sufren situaciones de discriminación y de oprobio; pero
la legalidad todavía va aceptando, por toda una inspiración y por
toda una concepción de lo que es la mujer, que haya violencias que no
es la violencia doméstica, que son profundas violencias
estructurales. Si no se pone el acento en la violencia estructural,
es muy difícil que podamos solucionar jamás una violencia cual es la
doméstica. La violencia doméstica a lo mejor sería muy inferior si
algún día las relaciones afectivas y libres entre los seres humanos
no supusieran lo que han venido a suponer en muchos casos, un
contrato de compraventa, o hayan sido en otros muchos mecanismos, se
decía incluso literalmente, remedio contra la concupiscencia o forma
de conservación del patrimonio.

Sin ofender a ninguna clase de concepciones, me gustaría reclamar en
este acto para esa lucha hacia el progreso de
la mujer hacia sus derechos, el papel que ha significado siempre la
izquierda, porque no cabe la menor duda que todos estos avances han
venido de su mano, y sinceramente nombres que están en el ánimo de
todos ustedes tienen que poner los hitos de los que ha sido esta
lucha.

Esta lucha, y voy a ser muy breve porque no es este el momento de
comentar una por una todas sus páginas, puede conducir a un absoluto
fracaso, o por lo menos, no darnos la penal satisfacción sin no hay
una profunda modificación cultural y del pensamiento. Por la vía
judicial, por la represiva, por la vía asistencial estaremos paliando
las consecuencias, pero no lograremos hacer nada más. Tiene que haber
una profunda modificación cultural y de pensamiento, y la verdad es
que nadie se haga ilusiones-, no se está produciendo porque al mismo
tiempo que se quiere. Ir avanzando en una línea y es muy difícil,
obtener una cosa y la contraria, se siguen conservando concepciones
de carácter absolutamente atávicas, y perdonen ustedes la referencia
fundamentalmente a las religiones, todas en su conjunto, de las
cuales nacen muchísimas de estas deficiencias. Instituciones como
nuestra propia Constitución, que pese a proclamar la igualdad de los
seres humanos y la prohibición de la discriminación por razón del
sexo, cuando llega el momento de contemplar determinada institución,
es la primera que hace referencias ante la preferencia del varón o la
preferencia de la mujeres, instituciones que presuman de llevar un
pensamiento liberador, cual puedan ser esta u otras muchas
religiones, son las primeras que llevan en su sexo el germen de la
discriminación de la mujer vista como se la ve.

Por ello, estas conclusiones son de aceptar y son de agradecer. Nos
tiene que impulsar a unas profundas reformas legislativas, nos tienen
que impulsar a mostrar la solidaridad con aquellas y con aquellos que
sufren la violencia, pero si nos quedamos ahí volveremos a demostrar
una vez más que el reformismo no suele ser más que la capa con la que
se tapa la mala conciencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), van de intervenir las portavoces de las dos comisiones de
Defensor del Pueblo y de Derechos de la Mujer, en el orden que
estimen conveniente. Parece que la señor Amorós se dispone a hacer
uso de la palabra.




La señora AMORÓS I SANS: Bienvenido, señor Defensor del Pueblo, a
ésta su Comisión. También quería dar la bienvenida a la presidenta de
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y a todos sus
componente, senadoras, senadores, diputados y diputadas.

Ante todo, querría mostrar -y supongo que está en el ánimo de todos-
nuestra solidaridad con los países centroamericanos que están
sufriendo unas catástrofes naturales muy importantes. Desde aquí, y
supongo que en nombre de todos los parlamentarios quiero mostrar
nuestra más solidaria comprensión y ayuda hacia ellos.

Señorías, quiero manifestar al Defensor del Pueblo el agradecimiento
del Grupo Parlamentario Catalán por haber recogido nuestra
preocupación sobre esta problemática, y también por haber dado
cumplimiento a las peticiones de esta Comisión, que ya manifestó esta
diputada en su calidad



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de portavoz, tanto en el debate de Comisión del día 16 de septiembre
de 1997, como en el Pleno del pasado 9 de octubre de 1997, con
ocasión del debate del informe anual del Defensor del Pueblo. La
institución del Defensor del Pueblo nos presenta un trabajo
monográfico, largamente necesitado y de un contenido denso que nos
permitirá un mayor conocimiento del tema. Las recomendaciones que nos
apunta serán sin duda alguna una eficaz vía para resolver estas
situaciones delictivas que tanto preocupan a la sociedad, y que como
se ha visto demasiado frecuentemente terminar con lesiones y a veces
incluso con muerte. El informe nos servirá para comprender el estado
en que quedan las mujeres que han sido víctimas de malos tratos a
manos de sus compañeros. También será útil para que conocimiento el
perfil común de los agresores podamos llegar a entender algún día las
causas que los impulsan y poner remedio a estas actuaciones.

La violencia doméstica es esencialmente diferente a un delito de
lesiones, es más compleja que ésta, porque generalmente se produce en
la intimidad del hogar y porque usualmente está compuesta por una
serie continuada de actos agresivos que comete una parte contra su
compañera. Por ello, las penas a imponer no pueden ser las mismas que
corresponden a los delitos de lesiones en general entre extraños. Del
mismo modo conviene tipificar este nuevo delito en el Código Penal,
creando penas nuevas que supongan el alejamiento del agresor a la
víctima, incluso con retirada parcial de la patria potestad de los
hijos aunque no hayan sido las víctimas directas de la conducta.

Parece que toda lógica lo que propone el Defensor del Pueblo en
cuanto a la imposición de multas, y así cambiar el artículo 617 del
Código Penal en el caso de agresiones entre compañeros afectivos. Es
de todo punto necesario sustituir esta pena, que perjudica a la
agredida en cuanto es dependiente económicamente del agresor, por
otras más adecuadas, como podría muy bien ser la del trabajo para la
comunidad; pero creemos que mucho más efectivo sería obligar al
agresor a cumplir la pena asistiendo a un programa de rehabilitación
psicológica o de drogodependencia. Es de todo punto necesario definir
con suficiente calidad el concreto de habitualidad y ello en
estrictos términos jurídicos, a fin de que sea interpretado de manera
homogénea por todos los estamentos implicados. Asimismo, estamos de
acuerdo en la conveniencia de asegurar la presencia del fiscal en
todos los juicios de faltas en que se juzguen malos tratos entre
compañeros efectivos y lesiones en el ámbito familiar. Es muy
acertado también que los médicos forenses establezcan un protocolo a
fin de efectuar sus dictámenes médicos, una recomendación que
apoyamos totalmente. Esto quedará sin la necesaria eficacia si no se
dotan de formación específica y se cubren todas las plazas vacantes,
ya que ciertos hechos delictivos por su propia naturaleza deben ser
examinados con la mayor generalidad posible. Aún hoy y en plena
democracia, parte de nuestro derecho está teñido de un tiempo en que
la masculinidad marcaba las pautas sociales, imponiendo normas que
con la Constitución en la mano, no son de recibo. La igualdad entre
el hombre y la mujer es absoluta por tanto no sólo es anacrónico el
contenido del artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que
permite al marido corregir a la mujer y deber de obediencia de ésta,
sino que además es preconstitucional;
o el artículo 103 de la misma ley, que contiene la
referencia al adulterio o al amancebamiento. El examen total de los
malos tratos debe integrar además del legal, un estudio sociológico,
otro preventivo y otro de tratamiento de la víctima. En una relación
de afectividad los miembros que la componen deben tener plena
conciencia de que el lugar que ocupan es de igual valor, sin
preeminencia de un sexo sobre otro. Este conocimiento será la base
más firme y segurar para erradicar las prácticas violentas y el
aprendizaje de la victimización, que en ciertos casos se transcribe a
hijos e hijas, por lo que nos parece muy acertada su recomendación a
los departamentos de educación y cultura de las diferentes
comunidades autónomas.

Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán considera
muy importante la inclusión en el informe del papel que desempeña la
salud pública. En la fase de detección de la violencia doméstica es
fundamental un buen servicio de salud. Los médicos de cabecera han
resultado claves en muchas ocasiones para la detección precoz del
problema y el tratamiento y recuperación de las víctimas de
agresiones por violencia doméstica. Debemos entender que la violencia
doméstica como modalidad comunicacional está permitida en el seno de
determinadas familias como instrumento de resolución de desacuerdos y
es de trascendental importancia la intervención de los servicios
sanitarios para cambiar estas conductas.

Asimismo la comunicación entre los médicos asistencias y las fuerzas
policiales estatales o autonómicas ha de ser uno de los factores
clave para la persecución y prevención del delito de malos tratos.

Las conductas violentas en el seno de la familia deben ser
perseguidas como delito. Hemos de tener en cuenta, tal como hemos
mencionado en esta intervención, que las partes están unidas por un
lazo de afectividad, de dependencia emocional, y hace que la denuncia
sea la culminación de un largo sufrimiento por malos tratos. Las
estadísticas lo demuestran: sólo un 10 por ciento de las víctimas
denuncian las agresiones y la media de los años de convivencia con el
maltratador antes de denunciarlo sobrepasa los siete años; son datos
que deben hacernos reflexionar.

Todas las personas que trabajamos cerca de asociaciones de mujeres
sabemos que es muy delicado su tratamiento. Cada día escuchamos a las
víctimas frases repitiendo: sí me quiere, señora; solamente se pone
así cuando bebe, cuando discutimos o cuando está nervioso. Desde el
Grupo Parlamentario Catalán creemos que en ese momento se debería
actuar con celeridad y efectividad, ofreciendo a esta familia
solución a su conflicto antes de que la relación esté tan deteriorada
que sólo quede la denuncia como alternativa, justamente lo que muchas
víctimas no desean porque la relación afectiva existe aún y es muy
fuerte.

En estos momentos que la familia vuelve a estar de modo y todos los
grupos y tendencias políticas nos congratulamos de haberla defendido
siempre, sería oportuno dar un apoyo real a las familias más
desfavorecidas apoyando su relación y acabando con sus
comportamientos violentos. Desde nuestro grupo parlamentario deseamos
firmemente que las conductas violentas en el ámbito familiar sean
erradicadas de nuestra sociedad no por la represión, sino por la
educación y la concienciación social de que no son la mejormanera de
resolver conflictos.




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El señor PRESIDENTE: A continuación, la señora Solsona, por el mismo
grupo parlamentario, tiene la palabra.




La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias al Defensor del Pueblo por su
comparecencia y por la rigurosidad de su informe.

Poner fin a los malos tratos requiere por un lado respuestas eficaces
y eficientes para las mujeres que están atravesando una situación de
violencia en el ámbito del hogar; por otro lado requiere cambios
sustanciales en el campo de las mentalidades. Hace falta garantizar
la asistencia a las víctimas a través de una serie de servicios y
recursos sociales, y hace falta también reforzar las acciones de
carácter sensibilizador y educativo a fin de crear un rechazo social
generalizado. En este sentido, quiero agradecer a los medios de
comunicación sus campañas de sensibilización y desearía hacerles un
ruego: respecto a la dignidad e intimidad de las mujeres agredidas.

Hay imágenes de mujeres que pueden sentirse posteriormente
avergonzadas.

En cuanto a las modificaciones del Código Penal, he de hacer notar
que el pasado 10 de febrero fueron aprobadas por unanimidad en la
Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, cuatro
enmiendas al Código Penal. El contenido de estas enmiendas,
presentadas por CiU al proyecto de ley de modificación del título
VIII del Código Penal, coincide plenamente con uno de los objetivos
centrales del Gobierno que ahora se quiere llevar a cabo: incorporar
a nuestro ordenamiento jurídico la figura del extrañamiento, es decir
la prohibición de aproximación a la víctima por parte de su agresor.

Ahora bien, las enmiendas de CiU que han sido aprobadas dan a esta
prohibición un ámbito y un contenido mucho más amplio. En primer
lugar no sólo se incorporar esta prohibición con carácter cautelar
mientras dura el proceso y hasta que se dicte sentencia; también se
prevé como pena accesoria, juntamente con la principal que
corresponde a los malos tratos en tanto que estos constituyen delito,
en los supuestos que teniendo en cuenta la reducida intensidad de las
lesiones producidas, el mal trato constituye falta.

Por otro lado, en los casos de suspensión de la ejecución de la pena
los jueces podrán imponer esta prohibición de acercarse o
comunicarse. Finalmente, la prohibición podrá establecerse además de
como pena como medida de seguridad en los casos que el agresor esté
exento de responsabilidad penal por no ser imputable; casos de
drogadicción, alcoholismo, enfermedad mental, etcétera.

En segundo lugar, el contenido de la medida es más amplio ya que no
solamente afecta a la aproximación a la víctima, sino que se
establece la posibilidad de prohibir al agresor comunicarse con la
víctima o con otros miembros de su familia, por ejemplo,
telefónicamente, lo que puede provocar en muchos casos una presión
psicológica sobre la misma, si el juez lo cree conveniente.

Por otro lado, como el Defensor ya conoce, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha aprobado recientemente un protocolo
interdepartamental de atención a la mujer maltratada en el ámbito del
hogar.

Nos hacemos eco de la recomendación del Defensor respecto a los
procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública a
mujeres que han sido objeto de malos tratos y que se encuentran en
casas de acogida o en
otros lugares. Es verdad que no se ha modificado la normativa de
adjudicación, actualmente en la práctica ya se tiene en cuenta las
familias monoparentales pero no específicamente a las mujeres
maltratadas. Lo tendremos en cuenta y estamos seguras que desde el
Govern de la Generalitat también se hará así.

Con todo ello, señorías, señor Defensor del Pueblo, esperamos
alcanzar de forma conjunta la erradicación de los actos de violencia
hacia las mujeres en el ámbito del hogar.




El señor PRESIDENTE: De la misma manera, por el Grupo Socialista se
dividirá la intervención empezando por doña Cristina Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, agradecer al Defensor del
Pueblo el informe que ha presentado, un informe integral, informe que
hace un análisis exhaustivo de la situación de derechos humanos
afectados de ámbito internacional, de tratamiento del ordenamiento
jurídico y como hoy nos ha completado también de las respuestas que a
este tema en derecho comparado se han podido dar y las soluciones que
se van dando en otros países.

Creo que hay que valorar muy positivamente este informe, también por
la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación y la
repercusión de que una institución como el Defensor del Pueblo asuma,
a petición desde luego de diputadas de los grupos parlamentarios que
aquí estamos, Convergència i Unió, en su momento Izquierda Unida a
través de Cristina Almeida y yo misma en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, hacer este informe exhaustivo sobre el
problema de la violencia de género, de la violencia contra las
mujeres en sociedades avanzadas como la nuestra pero en las que
todavía hay una situación de discriminación tremenda que repercute en
la ausencia de igualdad y oportunidades de las mujeres en relación
con los hombres.

Cuando de este informe se hace una valoración de los datos
estadísticos y se dice que efectivamente no se denuncia más que
apenas el 10 por ciento, incluso la Asociación de mujeres separadas y
divorciadas habla del 5 por ciento. Esto responde a una realidad
terrible que hoy nos escandaliza pero que representa una realidad de
siglos: las mujeres han asumido históricamente ese lugar de personas
subordinadas, de personas dependientes y que no se rebelaban ante el
mal trato. Hoy ocurre que se rebela y puede que a través de estos
informes, a través de la toma de conciencia por las propias mujeres
de la dignidad que deben de tener en su papel en la sociedad los
derechos que tienen como cualquier ser humano, quizás vayamos
consiguiendo que haya esa autoestima por parte de las mujeres,
necesaria para no aceptar estas situaciones tan terribles, y sobre
todo el apoyo colectivo del resto de las mujeres y de los hombres, de
los progresistas, y desde luego el apoyo de las instituciones. En ese
sentido contribuye especialmente este informe a que se vaya dando ese
apoyo desde las instituciones.

Hay que destacar aquí un tema importante: no es un tema privado, no
debe ser un tema privado y hace falta que esa sensibilidad social
cada vez sea mayor; también este informe contribuye a darla. Luego lo
comentaré pero creo que el papel de los medios de comunicación en lo
que es la



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educación habría de profundizarse un poco más porque hoy los medios
de comunicación, la televisión, los mensajes que se perciben a través
de los medios son también una escuela de aprendizaje y creo que ese
aspecto también contribuye a la sensibilidad social y a cambiar la
percepción en torno al tema. En la lucha contra el racismo se ha
conseguido; recordarán el año europeo contra el racismo y la
xenofobia y hoy a nadie se le ocurre hacer un chiste sobre el racismo
ni nadie se atreve a decir que es muy racista, porque toda la
sociedad se le echaría encima. Yo quiero que llegue el tiempo en
nadie se atreva como una broma a decir que es machista y que nadie se
atreva a hacer chistes sobre malos tratos a las mujeres o sobre
mujeres violadas.

Dicho esto sí quiero hacer una mención. Se ha referido el Defensor a
lo que es el contexto internacional, los derechos humanos, este años
es el 50.o aniversario de los derechos humanos. Las mujeres no tenían
acceso a los derechos fundamentales por mor de tradiciones, culturas,
religiones, como ha dicho muy bien el representante de Izquierda
Unida, y hasta 1993, hasta la cumbre de Viena de 1993 -parece mentira
que así sea- la comunidad internacional no asumió que los derechos
humanos fundamentales son también para las mujeres, que no puede
haber ninguna tradición, cultura o religión que justifique la
discriminación existente contra las mujeres y que la violencia contra
las mujeres es una violación de los derechos humanos que ataca a los
derechos fundamentales, a la libertad y a la integridad física de las
mujeres; esto no fue hasta 1993. Incluso en Pekín (ha mencionado el
Defensor del Pueblo esa referencia que en la plataforma de acción de
la Conferencia de la mujer de Pekín se hace sobre la necesidad de
erradicar esos malos tratos a los que están sujetas en mayor o menor
medida las mujeres y las niñas) se volvió a reformular el tema y
todavía se olvidó discutir si las mujeres éramos acreedoras o no a
los derechos humanos, si no había motivos de tipo social, costumbres,
de tipo religioso que estuvieran por encima de ello. Es decir, hasta
1995 y todavía hoy, porque los malos tratos y la violencia contra las
mujeres es un mecanismo de control social fundamental, es un
mecanismo por el cual las mujeres se mantienen en una posición de
subordinación respecto a los hombres, y además es una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales.

Por eso cuando las mujeres estamos reclamando la participación en
igualdad de condiciones en la toma de decisiones, la participación
como ejercicio de la ciudadanía en todo lo que es el ámbito de la
responsabilidad pública, también estamos pidiendo un reconocimiento y
una dignidad para las mujeres, de tal forma que haya igualdad de
oportunidades y que no se produzcan estas situaciones. Si hoy
dijéramos a cualquier persona de las que hace una broma o un
desprecio hacia alguna mujer en el ejercicio de sus funciones o en el
día a día que está contribuyendo con su actitud a la violencia de
género y a la violencia contra las mujeres, se llevaría las manos a
la cabeza y diría: no, en absoluto. Pues sí, está contribuyendo.

Tenemos que hacer una nueva sociedad con unos nuevos valores. Por eso
es tan importante la nota a que se ha referido el Defensor del Pueblo
y que se ha remitido a todas las comunidades autónomas que tienen
competencias en materia de educación. La educación no es sólo el
conocimiento de determinadas técnicas, determinada
capacitación, la instrucción, que sí lo es; pero también la
educación, fundamentalmente para nosotras las mujeres - y así se
acordó también en Beijing- son valores, educación en nuevos valores,
en valores de respeto, de igualdad de oportunidades, de tolerancia;
una sociedad distinta. Con una sociedad así desde la infancia, desde
la socialización en la escuela y en la familia y a través de los
medios de comunicación, se podrá ir consiguiendo que se incorporen de
verdad a las personas, a su forma de ser, a su actitud en la vida y a
su comportamiento, valores que luego repercutirán en el
comportamiento colectivo.

Dicho esto, y hablando en primer lugar naturalmente de la prevención
y de esa educación en valores, un segundo aspecto es dar salida a la
situación en que viven miles de mujeres, demasiadas, víctimas de
malos tratos, de la violencia, de las agresiones, ellas y sus hijos.

Las personas como Cristina -abogada y colega- y yo que hemos tenido
muchos años de defensa de las mujeres en situaciones de conflicto
familiar, conocemos muy bien que uno de los problemas más graves que
hay en esta materia es que no exista salida al tema. Cuando se dice:
¿Por qué esta mujer volvió con su marido, con el agresor? ¿Por qué
volvió con la persona que la maltrataba? Hay vinculaciones afectivas,
qué duda cabe y se ha referido a ellas la representante de
Convergència i Unió, pero también se debe a que no hay salida, a que
muchas veces no existe la celeridad oportuna y adecuada que sería de
desear en las medidas provisionales, en la tramitación de la
resolución de esos expedientes en situaciones graves. Además de no
haber salida en esas situaciones es que no hay salida en el conjunto;
es decir que luego a la hora de establecer la separación, con unas
responsabilidades de tipo económico para la persona que gana hoy por
hoy mayoritariamente el sueldo en una familia, resulta que hay muchos
problemas de tipo procedimental, de aplicación judicial de las leyes
y hoy además, desgraciadamente, hay normas que han caído en desuso -y
digo desuso entre comillas- porque el artículo 104 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que también aparece referido en el informe y
como forma de solucionarlo el Defensor nos plantea que se lleven a
cabo esas medidas provisionalísimas, las urgentes, las de los casos
en los que de verdad hay urgencia porque hay malos tratos; él plantea
la posibilidad de que fuera a través del juzgado de guardia que tiene
funciones instructoras, y que pudiera compaginar las instructoras y
las de instancia. Porque ¿qué ha ocurrido? En la práctica judicial ha
sido muy bueno -y todos los que hemos practicado los sabemos- que
hubiera separación de jurisdicciones, la civil y la penal. Para
muchos temas es importantísimo, fundamental, para que éste no, y
menos en urgencia, porque antes estaba el juzgado de guardia, que
tenía competencias en los dos órdenes jurisdiccionales, en el civil y
en el penal, y actuaba inmediatamente o, al menos, en algunas
ocasiones graves podía actuar. Hoy tendría que haber esa solución que
plantea el Defensor del Pueblo, a la que se ha referido también
Cristina Almeida, y que se concreta en unos juzgados de guardia que
pudieran atender estas situaciones o que los casos de urgencia
pudieran tener un tratamiento específico. En cualquier caso, yo creo
que lo importante sería que funcionase la respuesta judicial con la
celeridad que en estos casos hoy, desgraciadamente, no se está dando.




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Se ha aludido al informe sociológico. Yo creo que es importante que
como anexo haya un informe sociológico. Conocemos todos esa realidad,
pero mientras las mujeres no tengan una autonomía de visión y de
participación en los asuntos colectivos seguirán en una situación de
dependencia, con lo cual esa subordinación también será causante de
los malos tratos.

En cuanto a las recomendaciones concretas a que se refiere el
Defensor del Pueblo quisiera hacer alguna consideración. La primera
se refiere, la más destacada -siempre ocurre-, a que parece que la
resolución de los problemas viene de la mano de las tipificaciones
delictivas o de la respuesta judicial. Yo estoy de acuerdo en que eso
es así. Es decir, lo que no llegue hacerse de grado, qué duda cabe
que la existencia de tipos delictivos en los códigos penales tiene
una función disuasoria. Por tanto, que existan tipos delictivos sirve
para admitir a aquellos que en un momento dado actúen indebidamente
que puede haber una sanción penal. Efectivamente, en 1989, con motivo
del informe del Senado que ha comentado el Defensor del Pueblo, se
cambiaron los tipos delictivos y se incluyó por primera vez en
nuestro Código Penal la habitualidad en los malos tratos. Pero yo
siempre me he quejado, y nos hemos quejado las abogadas que
llevábamos estos temas, que ese artículo 153 -antes tenía otro
número- no se aplicó nunca y ahora por primera vez se empieza a
aplicar con el nuevo Código Penal pero porque ha habido una voluntad
judicial en este caso, más que voluntad política, de aplicarla. En
ese artículo la habitualidad se entendía en su concepto jurídico
formal y no en su concepto criminológico social, como ahora empieza a
decirse que ha de aplicarse, como está anunciando la Fiscalía General
del Estado, y entonces no se aplicó porque esa habitualidad era muy
difícil de demostrar y además había diversas corrientes de opinión.

¿Qué es lo que ocurría? Que no había ningún interés en llevar a la
práctica la aplicación de ese artículo. Lo mismo pasó con el impago
de pensiones y alimentos. El impago estaba tipificado como delito y,
salvo dos o tres fiscalías que actuaron en los primeros meses, luego
quedó descafeinado.

Por eso es tan importante otra de las recomendaciones que hace el
Defensor del Pueblo con respecto a la actuación del Consejo General
del Poder Judicial y de la Fiscalía. El Consejo General del Poder
Judicial y la Fiscalía, qué duda cabe, tienen una función, y es la
obligatoriedad de formar a los jueces en esta línea y de intervenir
para que la aplicación de las leyes sea mucho más eficaz. Por primera
vez se dirige el Defensor del Pueblo a la Fiscalía General del
Estado, lo cual es sorprendente porque todos sabemos los problemas
que había con si se podía o no dirigir directamente el Defensor a la
Fiscalía General del Estado. Pero yo echo en falta -probablemente sea
porque no se puede hacer- que no haya pedido especialmente y de forma
firme y rápida a la Fiscalía una circular. Nosotros llevamos meses
diciendo a la Fiscalía General del Estado que tenía que hacer una
circular con la ley actual en la mano, el Código Penal vigente, e
intentar extraer de esa tipificación hoy existente el máximo
resultado. Hoy ya lo está haciendo; parece que ya se han filtrado
unas normas de interpretación, que va a haber una circular de la
Fiscalía en el sentido de sacar el máximo partido a las normas que
existen en la actualidad. Entre ellas está la desobediencia a los
mandatos
judiciales. Cuando no estaba tipificado el impago de pensiones,
nosotras reivindicábamos y defendíamos que se podía perseguir como
desobediencia en los mandatos judiciales, pero no se hacía porque no
había esa sensibilidad. De ahí la necesidad de la formación de jueces
y magistrados y de fiscales y las circulares. En el ámbito judicial
es distinto, pero en el ámbito de la fiscalía las instrucciones que
da el fiscal han de seguirse. Por tanto, es de una importancia
extraordinaria el que la fiscalía lleve a cabo por fin esa circular
que en los últimos días ha anunciado. Y otra cuestión a la que hay
que dar salida, que no es del ámbito penal, es el fondo de pensiones
y alimentos. El fondo de pensiones y alimentos también se lleva
tiempo pidiendo en los casos en que la economía doméstica no puede
dar solución para que haya una designación de unos alimentos y tiene
que ser el Estado quien atienda y también en otros casos de
reclamaciones que son fallidas en los que hay que obtener directa y
rápidamente un fondo de una institución y luego repercutirlo y
reclamarlo a la persona obligada. Ese fondo para el pago de pensiones
y alimentos que el Grupo Socialista no pudo hacer, en la legislatura
última, fundamentalmente por razones presupuestarias (recuerdo que
los representantes del Grupo Popular permanentemente, cada año, me
reclamaban por qué no se desarrollaba ese fondo de pensiones y
alimentos) hoy ha pasado a la historia, nadie ha vuelto a hablar de
ese fondo de pensiones y alimentos. Digo yo que naturalmente ese
fondo de pensiones y alimentos debería ser una de las soluciones que
se diera a este tema. En cualquier caso, el ámbito de esa
responsabilidad es el institucional.

Volviendo a las recomendaciones al Ministerio de Justicia, yo creo
que el proyecto que se aprobó recientemente por el Gobierno adolece
de algunas limitaciones y no enlaza del todo con la propuesta del
Defensor. Dice el Defensor del Pueblo -y con razón a mi juicio- que
al tipo de malos tratos habituales del artículo 153 le falta el que
estén incluidos los ex cónyuges, porque muchísimas situaciones son
posteriores a la separación. Como en los tipos penales no hay
interpretación extensiva -es decir, nunca se puede hacer una
aplicación extensiva porque va contra las normas del Derecho penal-,
el que se hable de malos tratos habituales sin incluir estos
supuestos me parece limitativo. Yo creo que también podría haberse
planteado incluir los malos tratos psíquicos, a que se refiere el
Defensor, en los delitos contra la integridad moral, artículos 173 y
177 del Código Penal; quizás en ese camino fuera más fácil incluir la
tipificación de los malos tratos psíquicos. Estoy de acuerdo en que
los malos tratos psíquicos deben perseguirse al igual que los
físicos, pero quizás el lugar no sea tanto en los malos tratos
habituales como en el tipo de los artículos 173 y 177 del Código
Penal.

En cuanto a las recomendaciones que se efectúan también...




El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi, le ruego que vaya terminando. Ha
consumido el tiempo.




La señora ALBERDI ALONSO: Enseguida, señor presidente. Mi compañera
me ha comentado que va a hacer una intervención más breve, por lo
cual yo estoy usando más tiempo del que dispongo.




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En cualquier caso, señor presidente, me quería referir al Consejo
General de la Abogacía, al que se le hace una recomendación sobre el
turno de oficio específico; también se ha referido a ello Cristina
Almeida. Es tremenda la situación del turno de oficio. El turno de
oficio no funciona; el turno de oficio en situaciones de dificultad
económica no funciona y lo que es más lamentable -alude a ello el
Defensor del Pueblo- es que no hay preparación específica y debería
haber -y así lo dice también en su informe- unos cursos de formación
específicos para aquellas personas, abogados y abogadas, que se
dediquen a esta cuestión, y ello requiere sensibilidad. Se refería
Cristina Almeida la anécdota que nos pasó a un grupo de mujeres
abogadas hace muchos años -creo que 20 aproximadamente-, que
organizamos por nuestra cuenta un turno de oficio de asistencia
gratuita a mujeres maltratadas y se nos denunció por compañeros del
Colegio de Abogados por competencia desleal. Afortunadamente hay que
decir aquí, en recuerdo del magnífico decano que tuvimos tantos años,
Pedrol Rius, que nos defendió y apoyó absolutamente.

Mi compañera Micaela Navarro profundizará en un tema que creo que es
importante comentar: las distintas respuestas que las comunidades
autónomas están dado a cuestiones que son de su competencia como las
casas refugio, la asistencia a mujeres maltratadas, etcétera. Como
digo, la respuesta es muy distinta según las comunidades autónomas.

Yo sólo quiero poner de relieve que esto rompe el principio de
igualdad; y desde el momento en que rompe el principio de igualdad
está vulnerando los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución y a los que se refiere el informe en el primer punto.

Por tanto, esta es una cuestión de máxima prioridad del Defensor del
Pueblo, que es defensor de los derechos fundamentales. Se me ocurre
sugerirle que se dirija al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para que, a través de la Conferencia sectorial de la mujer, pueda
equilibrarse la respuesta que se dé desde todas las comunidades
autónomas y no estar dependiendo -como estamos- de la mayor o menor
sensibilidad de las comunidades autónomas según quien esté gobernando
en ellas.

Termino, señor presidente, señorías, agradeciendo al Defensor el
informe. Como él ha dicho -y con este último apunte termino- este es
el inicio de una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo entre
todos, los diputados y diputadas de este Parlamento, las
instituciones y los responsables de las comunidades autónomas. Nos
vamos a ir encontrando con problemas nuevos entre los que me permito
apuntar la posibilidad de estudiar -y sobre esta cuestión me gustaría
una respuesta por parte del Defensor- un derecho de asilo para las
mujeres inmigrantes que sufren malos tratos y están en una situación
de auténtica esclavitud, que no tienen derecho a residencia en España
de forma autónoma y que se encuentran con que tienen que volver a su
país en caso de separación. Habría que estudiar ese derecho de asilo,
igual que se ha hecho con la clitorectomía que padecen algunas
mujeres. En Estados Unidos, hace un año, por primera vez se aceptó el
derecho de asilo para las mujeres que pudieran tener el peligro de
verse en esa situación al volver a sus países. Por tanto, me gustaría
que tomara de la mano este tema el Defensor y tantos cuantos puedan
surgir en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Navarro.




La señora NAVARRO GARZÓN: Brevísimamente voy a intervenir para
agradecer al Defensor del Pueblo el informe porque nos hace un
diagnóstico riguroso de cuál es la situación en este momento de los
malos tratos. Agradezco, además que no sólo se haya contado con los
datos que se han ido mandando desde las diferentes comunidades
autónomas, sino que se haya tenido en cuneta la aportación de las
asociaciones de mujeres que trabajan, en la mayoría de los casos, con
mujeres víctimas de esta lacra social mucho antes que las propias
instituciones. Comparto plenamente con usted que es algo fundamental,
porque la experiencia que ellas pueden aportarnos creo que nos da una
luz que desde las propias instituciones no conocemos.

Quería poner de manifiesto una cuestión que Cristina Alberdi acaba de
mencionar. En el informe se hace referencia a los recursos existentes
en las diferentes comunidades autónomas y se puede contemplar la gran
diferencia que hay entre unas comunidades autónomas y otras. Quería
preguntar al Defensor del Pueblo si sería partidario o cómo vería que
se llegara a un acuerdo -en colaboración con las diferentes
comunidades autónomas- o se elaborara una ley de mínimos para que los
recursos que se pongan a disposición de las mujeres no dependan -como
decía Cristina- de la sensibilidad del gobierno autonómico de turno,
sino que respondan realmente a lo que las mujeres necesitan, porque
en muchos de los casos los recursos sociales, los recursos sanitarios
e incluso educativos son competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. Por ello, en colaboración, por supuesto -porque son ellas
las que tienen competencia-, con las comunidades, cómo verán que se
hiciera esa ley de mínimos que equipare realmente a todas y no nos
encontremos con que, dependiendo de la sensibilidad de cada gobierno
autonómico, en unas comunidades autónomas hay bastantes recursos para
las mujeres maltratadas y en otras carecen prácticamente de los
mínimos.

Termino mi intervención agradeciéndole que se haya enviado el informe
con unos días de antelación porque, aunque debería ser lo habitual,
no es lo normal. En la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer
estamos acostumbradas a que se nos entreguen los informes -me refiero
concretamente al plan de acción contra los malos tratos- justo en el
momento en que compareció la secretaría general. Por tanto, quiero
agradecerle este detalle porque permite que los miembros de la
Comisión podamos estudiarlo previamente. Yde nuevo le agradezco la
rigurosidad en ese trabajo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, asimismo, las señoras
diputadas Camilleri y Sainz van a intervenir sucesivamente. Comienza
la señora Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Mi grupo también agradece al Defensor
del Pueblo y a toda la institución este informe que hoy nos presenta
y del que ya tuvimos un avance en la sesión de la Comisión mixta
celebrada el 3 marzo pasado.




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El Defensor del Pueblo, en la introducción de este informe, dice -y
leo textualmente-: Esta institución, cuyo fin primordial consiste en
la defensa de los derechos comprendidos en el título I del texto
constitucional, no podía permanecer impasible ante situaciones
reiteradas en las que se pone en peligro la integridad física de un
grupo de personas que en muchos casos conllevan la pérdida de la
vida. También nos decía el Defensor del Pueblo en aquel avance de la
sesión del 3 de marzo que muchas quejas individuales habían llegado a
la institución, pero estaban pendientes de un procedimiento judicial
y, por tanto, tenía que interrumpir su investigación. Asimismo, en la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en su sesión
del 16 de septiembre de 1997, es decir, con anterioridad a esta
última sesión de marzo, le pedimos al Defensor del Pueblo que
elaborará un informe, lo que, junto con la queja presentada por la
asociación Lobby de Dones, de Mallorca, decidió a la institución a
presentar este informe que hoy tenemos en nuestro poder. Vuelvo a
insistir en que la sesión de la Comisión en la que se pedía la
elaboración del informe se celebró el 16 de septiembre de 1997. En
este informe, tras darnos a conocer cuál es la dimensión real, las
causas de este tipo de conducta, se recomiendan una serie de medidas
tendentes a prevenir y sancionar estos comportamientos. También son
interesantes las visitas que nos dice en el informe que ha realizado
a siete casas de acogida, en las que se han podido contrastar la
opiniones de las mujeres acogidas y sus experiencias. Como bien nos
dice, junto al artículo 15 de la Constitución, que reconoce el
derecho a la vida y a la integridad física, existen otros derechos
fundamentales que también son vulnerados cuando se producen esos
malos tratos, como son los mencionados en los artículos 9.2, 10, 14 y
32 de la Constitución. Aquí se ha dicho que en 1989 se introduce por
primera vez en el Código Penal un precepto que sanciona estas
conductas causantes de malos tratos en el ámbito doméstico, precepto
que se vuelve a recoger en el actual Código Penal de 1995, en el
artículo 153.

Señorías, hay que advertir que no sólo la sociedad y el Defensor del
Pueblo han sido sensibles a este problema, sino que el Gobierno
también comparte esa inquietud y, en la Conferencia sectorial de la
mujer, celebrada en septiembre de 1997, propuso celebrar una
conferencia monográfica sobre esto, que se realizó el 26 de noviembre
de 1997; el 21 de enero de 1998 presentó en Consejo de Ministros diez
medidas urgentes para combatir la violencia doméstica y, con el
consenso de las comunidades autónomas y la participación del
movimiento asociativo, se aprobó en Consejo de Ministros de 28 de
abril de 1998 el Plan de acción contra la violencia doméstica, que
recoge 57 medidas para combatir este problema, entre las que se
encuentran las medidas legislativas a las que yo me voy a referir, ya
que la mayoría de ellas también son objeto de recomendación por parte
del Defensor del Pueblo, y mi compañera María Jesús Sanz hará
referencia a los demás aspectos del informe.

Por seguir el orden, me voy a referir a esas medidas legislativas. El
Plan de acción contra la violencia incluye entre sus medidas
determinadas acciones legislativas que pretenden la modificación del
Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de lograr
la erradicación de las conductas delictivas, a la vez que se otorga
una mayor protección a las víctimas. Refiriéndome ya a las medidas
propuestas en ese proyecto de modificación del Código Penal, diré que
se modifican los artículos 33, 39, 57, 153, 617 y 620, a fin de
incluir como pena accesoria de determinados delitos la prohibición de
aproximación a la víctima, tipificar como delito específico la
violencia psíquica ejercida con carácter habitual por las personas
próximas y posibilidad el ejercicio de oficio de la acción penal en
los supuestos de faltas, a la vez que se adecua la imposición de la
sanción penal a las posibles consecuencias sobre la propia víctima
para que además no tenga que sufrir esa pena económicamente. Estas
modificaciones han sido recomendadas por el Defensor del Pueblo en el
número 1 de las dirigidas al Ministerio de Justicia.

En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la modificación de su
artículo 13 y la introducción de un nuevo artículo 544 bis persiguen
el objetivo de facilitar la inmediata protección de la víctima
mediante la introducción de una nueva medida cautelar que permita el
distanciamiento físico entre el agresor y la víctima, medida que
podrá acordarse entre las primeras diligencias, como aquí se ha
planteado. Por otro lado, se reforma el artículo 104 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para permitir la persecución de oficio de la
falta de malos tratos, al tiempo que se elimina la obsoleta
referencia que se contiene en dicho artículo a la desobediencia de
las mujeres respecto a los maridos. Todas estas modificaciones son
recomendadas por el Defensor del Pueblo con el número 2.

En el ámbito civil, número 3 de las recomendaciones, dado el interés
de todas ellas, dirigidas a proteger a las víctimas de la violencia
doméstica, desde el mismo momento en que se plantee a nivel del
Código Civil, la ruptura de la convivencia supone una actualización
de la Ley 30/1981 y una ampliación de las medidas provisionales entre
las causas de separación y divorcio. Se tendrán en cuenta las
recomendaciones del Defensor del Pueblo y se están estudiando para
próximas reformas. Precisamente en este aspecto mi grupo
parlamentario va a presentar una proposición de ley de reforma del
Código Civil en materia de proceso de separación y divorcio cuando se
deriven o tengan como precedente malos tratos entre los cónyuges.

Decía el Defensor del Pueblo en las recomendaciones enumeradas con el
número 4: proceder a la modificación de la Ley 35/11995, de forma que
queden incluidas expresamente en su ámbito de aplicación las víctimas
de la violencia familiar. Eta ley, como saben SS. SS., es de ayuda y
asistencia a las víctimas de delito violentos y contra la libertad
sexual. Pues bien, en sus distintas modalidades de amenazas,
lesiones, malos tratos y agresiones sexuales, el ámbito de aplicación
de esa ley se refiere a las víctimas de los delitos dolosos y
violentos que hayan sido cometidos en España y cuyo resultado sea la
muerte, lesiones corporales graves o daños graves a la salud física o
mental. Por tanto estas víctimas están incluidas. Además, la ley lo
refuerza al incluir en su ámbito los delitos contra la libertad
sexual aunque se perpetren sin violencia.

En quinto lugar, dice el Defensor que se implante un número
suficiente de oficinas de asistencia a víctimas de delitos contra la
libertad sexual. En el plan de acción contra la violencia, a que
antes nos hemos referido, que tiene una duración desde 1998 hasta el
año 2000, se sume esta necesidad y a fecha de hoy están funcionando
ocho oficinas



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bajo la competencia del Estado, que serán 12 a final de año, 23 en
1999 y 53 para el año 2000.

En sexto lugar, dice el Defensor que se estudie la posibilidad de
especializar determinados órganos jurisdiccionales. Esta es una
medida a estudiar, pensamos, por los decanatos y el Consejo General
del Poder Judicial.

En séptimo lugar, también recomienda el Defensor que se continúa con
la línea emprendida de organizar cursos de formación para fiscales,
secretarios judiciales y médicos forenses. Para el curso académico
1998/1999 se aumentará el número de cursos a impartir en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

En octavo y último lugar, dice el Defensor que se establezca un
protocolo para que los médicos forenses puedan actuar de forma
unificada. Una de las medidas del plan de acción es la elaboración de
un protocolo de coordinación entre las distintas instancias
(sanitarias, policiales, judiciales y asistenciales) que intervienen
en los casos de malos tratos. Una comisión interministerial se
encuentra trabajando en dicho protocolo y tengo entendido que su
coordinador ya compareció ante la Comisión Mixta de los Derechos de
la Mujer, no sé si a petición de algún grupo parlamentario.

Termino aquí con este resumen de todas las recomendaciones que ha
hecho el Defensor y dejo la palabra a mi compañera María Jesús Sainz,
no sin antes pedir a todos los grupos parlamentarios que trabajemos
juntos en todos estos proyectos, en estas modificaciones
legislativas, que algo bueno tendremos que aportar, y también que
todos colaboremos para lograr ese cambio cultural y de pensamiento
-que nos apuntaba el señor Castellano- que haga innecesarias todas
estas medidas que hoy comentamos.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señor Sainz.




La señora SAINZ GARCÍA: Señor Defensor del Pueblo, señorías, quiero
unirme, en primer lugar, también al reconocimiento de mi compañera
doña María José Camilleri al Defensor del Pueblo y a su institución
por el valioso e importante informe sobre este grave tema de los
malos tratos, de las agresiones y de las lesiones que sufren las
mujeres en al ámbito doméstico; problema social -como aquí siempre se
ha dicho- de gran magnitud que supone la violación de los derechos
humanos. Con ello, señorías, estamos destacando su preocupación -que
nosotros compartimos con usted- por este grave problema y también lo
que de carga de denuncia hay en su informe. De su gravedad y de esa
dimensión hemos hablado mucho ya en esta Cámara y hemos hablado en la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, de la que hoy yo soy
portavoz de la Comisión del Defensor del Pueblo. Han sido muchos los
trabajos, han sido muchas las sesiones y, sin duda, las
preocupaciones compartidas por todos los grupos políticos en relación
con este tema. Como usted mismo señala en el informe, y se ha dicho
también por parte de todas las intervinientes, nos estamos moviendo
con cifras que no son fiables y que hablan de una dimensión oculta y
todavía mucho más grave de esta situación porque, si bien es verdad
que las que hoy manejamos hablan de que las denuncias aumentan, su
incremento no significa que haya aumentado el número de mujeres
maltratadas, sino que la mujer ha
tenido acceso a la información y es conocedora de sus derechos y de
los recursos que tiene y denuncia más.

Como usted ha recordado -y también lo han hecho muchas compañeras,
entre ellas la del Grupo Parlamentario Popular-, en el informe del
Senado de 19879 se elaboró una lista de medidas y de posibles
actuaciones a realizar, pero lamentablemente en aquel momento no tuvo
la respuesta que nosotros consideramos adecuada. Ha tenido que pasar
una serie de años -casi diez años- para que en este momento un nuevo
Gobierno elabore un primer plan de acción contra la violencia
(Fuertes rumores), previsto hasta el año 2000, que se acompaña de un
presupuesto -como usted reconoce- y que supone, por otra parte, no
sólo un compromiso de todos los ministerios sino también -y lo quiero
resaltar aquí- la colaboración de todas las comunidades autónomas, a
cuyas sugerencias e incluso conclusiones no me voy a referir porque
ésta no es la Cámara del control de las autonomías, y conozco muy
bien el significado de la palabra autonomías, y conozco muy bien el
significado de la palabra autonomía y el respeto, por tanto, a las
competencias de cada una de ellas.

Muchas de las actuaciones que usted dirige a esas administraciones
son materia y tema de su competencia, pero me gustaría comentar
lagunas de ellas, que consideramos de gran interés. En primer lugar,
las recomendaciones que se dirigen al Ministerio del Interior, y que
suponen la ampliación de los servicios de atención a la mujer en las
comisarías de policía, coinciden precisamente con el apartado 3.1 del
plan de Gobierno. Actualmente hay 22 unidades con 110 personas, de
las que 54 son mujeres policías, y la previsión para lo que resta de
1998 es (y creo que es algo que todos veníamos pidiendo) la creación
de 8 ó 9 unidades más y el refuerzo de otras muchas, lo que supondrá
44 personas más para crear los nuevos servicios y 47 para reforzar
los que ya existen. En 1999 está prevista la creación de 10 nuevos
servicios, y en el año 2000, 14 unidades, más allá de las capitales
de provincia; en el informe se sugieren ciudades como Santiago de
Compostela, que es la mía y tal vez por ello lo sepa.

Usted sugiere, y nuestro grupo lo comparte, que todas estas medidas
de creación de los servicios de apoyo, que son fundamentales,
quedarían absolutamente minimizadas si no se contara con una especial
sensibilidad de todos los agentes integrantes, desde los cuerpos de
policía hasta los que tienen que ver con el Ministerio de Justicia:
jueces y fiscales, médicos forenses y, como no, los secretarios
judiciales y todo el personal de la Administración de justicia. Para
nosotros es importante saber que este es uno de los objetivos en los
que el plan de acción está cumpliendo ya sus previsiones. Este año se
habla de 70 cursos dirigidos a la formación de todos estos agentes
que intervienen, que son elementos fundamentales en las denuncias y
en la atención a las víctimas que sufren estos problemas.

Mi grupo considera que el área de educación es fundamental porque en
ella está el origen de la prevención; destacamos, por tanto, su
importancia, es el aspecto básico y fundamental -se ha señalado por
todos los grupos acertadamente-, que tiene que ver con una serie de
estereotipos en la sociedad que asignaba a la mujer un papel de
dependencia -usted decía de control, palabra que me parece
absolutamente acertada-, de desigualdad, en definitiva.




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La educación es un pilar básico en la construcción de esa sociedad
democrática y libre en igualdad de oportunidades que queremos. Este
convenio es compartido y estamos seguros de que es el que mueve las
medidas que usted ha recomendado. Coincido con usted cuando dice en
el informe que la violencia se aprende. Precisamente lo que queremos
nosotros es que se aprendan los hábitos de la tolerancia, de la
convivencia y de la igualdad de oportunidades. Coincidimos en la
necesidad -y tiene todo el apoyo de nuestro grupo- de potenciar
dentro de cada nivel educativo los contenidos que refuercen la
igualdad de oportunidades.




Como sabe, este objetivo no es competencia única del Ministerio de
Educación, sino que ha sido transferido a muchas comunidades
autónomas y se encuentra en la enseñanza mínima de los niveles
educativos obligatorios. No obstante, conocemos que el Ministerio de
Educación y cultura está potenciando el desarrollo de los contenidos
relativos a estos temas, acciones que por otro lado necesitan
complementarse poniendo gran énfasis en la formación del profesorado,
porque esos valores tienen que ser transmitidos por unos docentes.

Me parece una buena noticia que estos últimos años, en concreto en el
que estamos se hayan formado 8.604 profesores en 401 cursos relativos
a los valores de la convivencia y de la responsabilidad. Pero no sólo
me parece positivo que se ofrezcan cursos desde las distintas
administraciones, sino que son los propios docentes los que solicitan
y eligen la formación en esos hábitos para poderlos transmitir mejor
a sus alumnos.

Coincido también con una de las áreas del plan de acción del informe
que se refiere a las medidas sociales y asistenciales, medidas a las
que se destinan la mayoría de los recursos, cerca de 8.000 millones
-7.846 millones, exactamente- y que sin duda son fundamentales porque
es necesario prevenir y ayudar a la víctima y dar respuesta a esa
grave situación de angustia en la que viven esas mujeres, que a veces
acuden a las casas refugio para procurar una reinserción que
consideramos fundamental.

Comparto las declaraciones de mi compañera Cristina Almeida cuando
dice que es muy duro que la mujer que es maltratada tenga encima que
salir corriendo, de noche y con sus hijos. Entre todos tenemos que
buscar las mejores fórmulas, poner los medios y llevar a cabo las
actuaciones necesarias para darle amparo y ayuda y para que al final
se reinserte; es decir, que esas casas de acogida no sirvan sólo para
tener a la mujer separada de su agresor durante un tiempo sino
también como motor de reinserción en la vida social y laboral.

La mejor reordenación y organización de esas casas está siendo
estudio de esas conferencias sectoriales donde están representadas
todas las comunidades autónomas, porque esas casas son competencia de
las comunidades autónomas. Sabemos también que el Instituto de la
Mujer, a través de convenios, está fomentando mediante un aporte
económico importante la creación de casas de refugio, que en estos
últimos momentos han llegado a ser 129 en toda España.

En lo que se refiere al porcentaje de 10.000 habitantes/ casa
refugio, nuestro grupo considera que deberíamos ser más cautos y lo
que tendríamos que hacer -me va a
permitir que se lo diga- es abrir aquellas casas de refugio que sean
necesarias, es decir, responder de una manera clara a las necesidades
que existan ¡Ojalá -es un voto compartido por todos- dentro de poco
haya que cerrar todas las casas de refugio!
Compartimos también la reinserción de las mujeres - como hemos
señalado- y valoramos -así se nos comunicó el otro día en la
comparecencia de presupuestos- que el Ministerio de Trabajo haya
presupuestado una partida de 460 millones de pesetas para la
aplicación de políticas activas de empleo. Son fundamentales la
reinserción de la mujer y el dotarle de una libertad, de una
autonomía que pasa por unas posibilidades económicas.




El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, le ruego vaya terminando.




La señora SAINZ GARCÍA: Por último, quiero señalar que nuestro grupo
considera importante el trabajo que se ha hecho, ya que se enmarca en
esas líneas del plan de acción del Gobierno. La inmensa mayoría de
las medidas están recogidas en ese plan de acción y lo que nos toca
es impulsar su cumplimiento.

Tengo que terminar agradeciendo el importante trabajo realizado desde
su institución, ya que ha contribuido de una manera decidida a luchar
y erradicar esta lacra de la violencia que hoy sufren demasiadas
mujeres. Al marcar esas recomendaciones a seguir por todas las
administraciones implicadas en la prevención de la violencia y en la
asistencia a las mujeres hay una coincidencia muy importante con el
trabajo que estamos realizando desde la Comisión Mixta de la Mujer, y
como portavoz del Grupo Parlamentario Popular de esta Comisión no
puedo por menos que volver a mostrarle de nuevo nuestra gratitud
porque el objetivo es claramente compartido.




El señor PRESIDENTE: Había anunciado al comienzo de la sesión que iba
a haber un pequeño turno para preguntas. Han manifestado su deseo de
intervenir dos diputadas, la señora Montes y la señora Álvarez Gayol,
a las que invito a formularlas sucesivamente al Defensor del Pueblo.

Posteriormente, la sesión se suspenderá por cinco minutos y, a
continuación, el Defensor del Pueblo contestará a todas las
intervenciones.




La señora MONTES CONTRERAS: Quiero agradecer, en primer lugar, la
comparecencia del Defensor del Pueblo.

No me voy a extender sobre la gravedad del problema que hoy nos ocupa
porque las distintas portavoces lo han hecho bastante extensamente,
pero sí voy a llamar la atención sobre un aspecto concreto que me
preocupa. Los datos que tenemos sobre las denuncias por violencia
doméstica representan -y el informe que hoy nos presenta el Defensor
del Pueblo así lo manifiesta también- solamente entre un 5 y uno 10
por ciento de los casos reales de violencia que existen en la
actualidad. Es importante que la Administración dé una respuesta
jurídica y asistencial a estas mujeresque denuncian esta situación de
violencia en el seno de la familia, pero justamente en el cincuenta
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos tenemos que
preocuparnos



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también por ese 90 ó 95 por ciento de las mujeres que pueden estar
padeciendo también situación de violencia familiar y no se deciden a
denunciarla por todas las razones que todos y todas conocemos.

Yo creo que hay que seguir trabajando en el ámbito de la prevención,
en el ámbito de la educación, que es lo que nos llevará en el futuro
a erradicar esta situación, pero sería importante que, aparte de esas
campañas de sensibilización específica que van dirigidas a las
mujeres, campañas de sensibilización para rechazar esta situación de
violencia que pueden estar sufriendo, empezáramos a cuestiones qué
tipo de actuaciones podríamos poner en marcha para ir avanzando en la
erradicación de la violencia doméstica en este aproximadamente 90 ó
95 por ciento de casos que no se denuncian. La pregunta que le hago
al Defensor del Pueblo es si tienen previsto iniciar estos estudios
para ver qué nuevas líneas de trabajo se podrían abrir para conseguir
erradicar los malos tratos en los casos a los que no se puede acceder
desde la Administración.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Álvarez Gayol, para
formular su pregunta. Brevemente, por favor.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Señor Defensor del Pueblo, como usted ha
dicho muy bien, el informe que nos ha traído a esta Cámara es un buen
comienzo, y el empezar a denunciar y tratar de dar soluciones a
problemas como éste creo que hacen sentir a amplios sectores que la
democracia avanza y se profundiza.

Yo necesito argumentar mis preguntas por la sencilla razón de que, en
caso contrario, no lograría yo misma entenderme, y es que la gran
pregunta que habría que hacerse es por qué hay tanta violencia en el
seno de la familia, en seno doméstico. Como esta es una pregunta que
yo creo que nadie puede contestar desde aquí porque necesitaríamos
varios debates, la pregunta que voy a hacer en términos genéricos es
qué vamos a hacer para erradicar la violencia doméstica, y voy a
tratar de concretarla.

Parto de la idea de que nos ha estallado un problema que todos
conocíamos, absolutamente todos, pero que todos asumíamos ocultarlo
en base al eslogan de que este es un problema que afecta a la
libertar individual de las personas.




Necesitamos elaborar un proyecto que dé soluciones a esta problema.

Yo lo divido en tres partes: la fase de conocer el problema en toda
su extensión y en su máxima profundización, la fase de parar el
desarrollo del problema y la fase de prevenir el problema.

Todos sabemos que la prevención es muy rentable, porque la prevención
evita después la represión y evita tener que sanar. Entonces, si
invertimos en prevenir, no tenemos que reprimir y no tenemos que
sanar posteriormente. En el informe que ha presentado el Defensor del
Pueblo, que es un inicio, está bastante explicado que nos vamos a
dedicar a conocer el problema y vamos a parar el problema, pero no
así a erradicar el problema, a prevenir el problema y dar una salida.

Para mí, la prevención está ligada fundamentalmente a la educación,
porque además en la escuela tanto los profesores como los tutores,
etcétera, saben que niños y niñas tienen problemas y que esos
problemas están ligados
a violencia doméstica. Lógicamente, tendríamos que tener una salida
de forma que en el futuro no nos salieran niños o niñas con ese
problema.




El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez Gayol, discúlpeme, de verdad. He
tomado con mucho afecto su pregunta, pero no es una pregunta y creo
que está suplantando la labor de una portavoz. Le ruego que
fundamente su pregunta, como parece que ya ha hecho y que la formula,
si es tan amable.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: A ello voy, señor presidente. Muchas
gracias.

En el tema de la educación en concreto, lo que veo es que en el
informe del Defensor del Pueblo se sugiere que se abra la posibilidad
de una materia optativa. Yo creo que eso es escaso y que tiene que
ser una cosa mucho más amplia. Habría que buscar fórmulas de
recomendación, que no sólo fuera una materia optativa sino una cosa
más amplia. Se lo pregunto en concreto.

El segundo tema va ligado a la información. Yo parto de la idea de
que algunos programas de televisión en los cuales algunas mujeres se
han arriesgado a denunciar lo que estaba pasando han servio más para
sacar a la luz este problema que muchos cientos de miles de folletos
que se han publicado por parte de las instituciones. Y enlazando con
eso creo que sería importante una recomendación -y se lo pregunto
también al Defensor del Pueblo- para que las distintas televisiones
públicas, que deberían hacer su servicio público, favorecieran
programas, campañas, etcétera, que dieran lugar a la erradicación de
este problema.




Por último, también conectando con el tema de la erradicación del
problema, lo que yo me planteo es qué hago yo, mujer maltratada, si
me decido a denunciar el problema y acabar con él, qué soluciones
tengo, qué posibilidades, etcétera. Yo creo que tendría que haber una
recomendación general de este informe tanto al Parlamento como al
Gobierno para que se liberaran recursos que permitieran montar una
red que va desde la educación -teniendo en cuenta la escuela,
lógicamente-, pasando por la información y terminando con las
soluciones concretas a una mujer maltratada. Yo creo que esa red y
esos recursos permitirían dar salidas, y eso es lo que yo planteo.




El señor PRESIDENTE: Como había anunciando, se suspende por cinco
minutos la sesión, y a continuación intervendrá al Defensor del
Pueblo otra vez. (Pausa.)



Se reanuda la sesión.




Señorías, en turno único, el señor Defensor del Pueblo va a dar
respuesta a todas las intervenciones, así como a las dos últimas
preguntas y, sin solución de continuidad, se va a referir
sumariamente al segundo punto del orden del día que constituía el
objeto de esta reunión.

Sin más dilación, tiene la palabra don Fernando Álvarez de Miranda.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda Torres): Voy a
intervenir de una manera casi gloriosa,



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porque han sido ustedes tan amables en sus intervenciones que lo que
tengo que decir es que las suscribo plenamente. Ya habría acabado mi
intervención al estar conectados tanto en el tono como en el
planteamiento de los problemas y el camino a seguir para resolverlos,
pero como eso sería una grosería, y no la quiero cometer con SS.SS,
intentará por todos los medios ser breve.

En primer lugar, voy a contestar a doña Cristina Almeida. Le
agradezco sus palabras y las buenas intenciones para que todo lo que
se ha pretendido aquí se pueda plasmar en las reformas necesarias. Ha
sido muy acertado el enfoque preventivo que ha dado a su
intervención, porque es esencial que en los niveles educativos se
introduzcan contenidos que busquen esa auténtica igualdad entre
hombres y mujeres, y así ha sido recomendado. Ésta es una
recomendación que ha sido repetida por muchas de SS.SS, y quería
decir que el tema educativo como prevención para resolver todo el
problema de la violencia doméstica ha sido uno de los temas que hemos
enfocado y que ustedes habrán visto reiterado en las recomendaciones.

Les voy a explicar más. El Defensor del Pueblo ha redactado y enviado
al Ministerio de Educación un proyecto bastante completo sobre la
educación para la paz, en la línea de lo que nos había señalado la
Unesco; la educación para la paz de una forma transversal en los
distintos centros educativos, no como asignatura optativa -perdón por
la alusión que, de manera errónea, alguna de SS.SS ha podido
interpretar de mis palabras-, y de esta manera, hacerla llegar a toda
la sociedad española.

Lo que sucede también -y ustedes lo conocen-, es que en materia de
educación se está produciendo en estos momentos una cesión de
competencias a las comunidades autónomas, y es en ellas donde
tendríamos que empezar a trabajar. En este momento tenemos previsto
empezar con una de las comunidades autónomas ese tratamiento para la
educación para la paz, que incluye de una manera específica el
rechazo a los comportamientos violentos y la vuelta a los criterios y
a los principios de igualdad y solidaridad. En la comunidad autónoma
referida podremos iniciar en breve esa campaña que será luego
transmitida a otras comunidades que puedan estar interesadas en este
problema.

En cuanto a la propuesta para que un juzgado de familia adopte estas
medidas provisionalísimas urgentes, creo que en el punto tercero de
la recomendación que se realiza al Ministerio de Justicia se apunta
esta vía que usted ha mencionado, señoría.

Sin embargo, en la práctica puede resultar difícil asignar el
domicilio a la esposa y a los hijos, ya que lo primero que quieren
las mujeres agredidas es seguridad. Yesa seguridad no es fácil
garantizársela a una mujer que continúa en el domicilio que conoce el
agresor. Precisamente, una de las ventajas primordiales que tiene el
paso de la mujer agredida a las casas de acogida es que el agresor
deja de tener conocimiento de dónde está y no puede continuar en esa
actitud que, a veces, puede llegar a la muerte, como saben. Por eso,
parece más adecuado que, inicialmente, las mujeres agredidas vayan a
estas casas de acogida.

La idea de los juzgados especializados, que suscribimos, ha sido
recogida en el punto sexto de la recomendación que se ha remitido al
Ministerio de Justicia. Desde la institución no se ha adoptado una
postura respecto al diseño
de estas casas de acogida, porque entendemos que es a las
asociaciones de mujeres a quiénes corresponde constituir y gestionar
estas casas. Pero estamos de acuerdo en la necesidad de que se dé una
solución integrada al problema. Respecto a que se dé prioridad en la
adjudicación de las viviendas a las mujeres que salen de las casas de
acogida, argumento repetido por SS.SS, para evitar que no parezca una
invitación a la agresión la posibilidad de tener derecho a las
viviendas, podría sugerirse, y nosotros estaríamos en esa línea, la
adjudicación de un cupo de viviendas, como existe en otros sectores,
otorgando una puntuación concreto en el baremo existente. Creo que
con esto contesto a todas sus preguntas, agradeciéndole el tono, y
sobre todo, el enfoque realista que ha hecho de la cuestión.

Al diputado, don Pablo Castellanos, no puedo decirle sino que nos
volvemos a encontrar, como tantas veces a lo largo de nuestra vieja
relación parlamentaria. Sus manifestaciones para mí han sido y con
siempre de enorme respeto y consideración. Efectivamente, debería
realizarse una modificación cultural, en el ámbito del pensamiento,
para prevenir este fenómeno de la violencia doméstica, al que S.S
hace referencia, con todas las implicaciones, no sólo de orden
cultural, sino también religioso, que pueden influir en el tema.

Precisamente porque consideramos la necesidad de superar la
desigualdad entre el hombre y la mujer, y es la sociedad la que nos
ayudará a la erradicación de este tipo de violencia, hemos hecho las
recomendaciones que SS.SS conocen a los distintos ministerios,
concretamente al de Educación y Cultura y a las comunidades
autónomas. Hemos recomendado los programas formativos a los
profesionales que intervienen en los distintos contactos con las
víctimas.

En relación al grupo Catalán de Convergència i Unió, agradezco a las
señoras diputadas su recuerdo a los países iberoamericanos por los
difíciles momentos que están pasando. En la tarde del día de ayer
tuve ocasión de ponerme en contacto con la Defensoría del Pueblo de
Honduras. No estaba en aquel momento el Defensor del Pueblo, a quien
le había llamado el presidente para plantearle el problema de la
declaración de estado de emergencia, pero la adjunta primera que me
contestó al teléfono me dijo que el país había llegado a una
situación de extrema gravedad, que en la capital cerca del cuarenta y
tantos por ciento de las viviendas habían desaparecido, y que tendían
ahora el grave problema de enfrentarse no solamente al hecho en sí de
la catástrofe natural, sino a todas las consecuencias que ustedes
saben que se producen tanto de orden sanitario, como incluso de orden
público. En ese sentido, están agradecidos por la posibilidad de que,
junto con la Federación Iberoamericana -y así lo vamos a hacer-,
podamos ayudar en alguna medida a solucionar este problema a los
países afectados. Ustedes saben que el Defensor del Pueblo no dispone
de presupuesto, pero sí que puede hacer llegar los conocimientos, que
a través de las distintas redes de defensoría se tienen, a la
Administración oportuna, que estoy seguro de así se hará, porque se
ha hecho siempre y especialmente en los países hispanoamericanos.

Desde luego, coincido plenamente en el problema de la penalidad de
los comportamientos violentos hacia las mujeres. Especialmente creo
que es muy acertada la ideaapuntada de que los agresores se sometan a
programas de



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tratamiento. De alguna manera ya lo habíamos dicho en el capítulo
relativo a las recomendaciones que hacíamos a las instituciones
penitenciarias. Creo que esos programas de tratamiento deben ser
llevados a cabo puntualmente, y debe seguirse muy de cerca el
comportamiento no solamente en los centros de prisión, sino, como
decía también, en las posibles salidas de los reclusos.

Creo que el informe tiene un enfoque global, y por eso hemos incluido
no sólo aspectos jurídico, sino también otros aspectos que hacen
referencia a cuestiones sociales, a cuestiones asistenciales sobre
las que ustedes se han pronunciado. El apoyo a las familias, desde la
educación y la prevención, es esencial y así lo hemos señalado.

Coincido también con ustedes en el respeto a la imagen, a la
intimidad y al honor de las mujeres agredidas cuando los medios de
comunicación se refieren a ellas. Esto es fundamental, y creo que
todos tendríamos que tener esta sensibilidad y este respeto hacia las
mujeres agredidas, incluso en notas referidas a la propia
Administración.

Contesto a la diputada Cristina Alberdi, agradeciéndole sus palabras
respecto a la elaboración del estudio que se ha presentado que, como
muy bien saben, es labor de todo un equipo de la institución, que ha
contado a su vez con un equipo de psicólogos y de las ONG a que antes
me he referido, con un grupo de mujeres que ha significado mucho para
nosotros y con la respuestas, de casi todas las comunidades
autónomas, unas más, otras menos. Ha habido sólo una comunidad que no
nos ha contestado, pero no voy a mencionarlo porque no merece la
pena. Tanto el número de denuncias como el porcentaje de las
situaciones que se denuncian, son datos que nos han sido facilitados
por estas instituciones públicas. Estamos totalmente de acuerdo,
señora Alberdi, en que no se trata de una cuestión privada, no
estamos ante un problema exclusivamente interno, y por esto estamos
aquí para intentar darle una viabilidad parlamentaria lógica y una
solución al problema.

Es necesario el rechazo de la violencia de género. La importancia de
la educación en valores de escuela, ya lo hemos dicho, es
fundamental. Hemos pretendido encaminar en este sentido varias de las
recomendaciones formuladas. Coincido plenamente respecto a la
necesidad de la adopción de medidas provisionalísimas y me remito a
la contestación que se ha dado a la señora Almeida en este punto.

Respecto a la virtualidad, que señalaba perfectamente S.S. que se
recogía en el artículo 153, como usted ha comprobado, tenemos
argumentos y opiniones similares. La forma de trabajar de la
institución del Defensor del Pueblo en cuanto a estas recomendaciones
es de fines, y me explico. Pretendemos conseguir un objetivo una vez
obtenido el dato y detectada la deficiencia. Detectada esa
deficiencia, hacemos la recomendación general que la Fiscalía General
del Estado concreta, adoptando las medidas que considera más
oportunas para su realización.

Efectivamente en nuestro informe de gestión de 1995 pedimos la
creación de un fondo público para el caso de pensiones alimenticias
que han sido impagadas.

Tomo buena nota de su sugerencia de dirigirnos al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para que se plantee en la conferencia
sectorial de la mujer la necesidad de dar una respuesta equilibrada a
los problemas que genera la
violencia doméstica en las diferentes comunidades autónomas. Eso es
absolutamente necesario porque, si no, hay un desfase y una
descompensación que no sería justa.

Me comprometo a estudiar, señor Alberdi, su sugerencia sobre la
ampliación del derecho de asilo para las mujeres inmigrantes cuando
han sido objeto de malos tratos. Me permito adelantarle que cada caso
que llega a la institución es examinado con especial sensibilidad.

Ayer mismo, no por maltrato, sino por otro problema, tuvimos que
hacer una gestión respecto de una asilada que iba a ser expulsada del
país a Honduras, precisamente. Tuvimos que hacer una gestión a través
del delegado del Gobierno para impedir esa expulsión, cosa que se
consiguió, y darle la posibilidad de quedarse a esta mujer que vivía
y a una relación sentimental y estaba a punto de casarse con un
español en Valencia.

Por último, en cuanto a las medidas legislativas que se solicitan,
compete precisamente a esta Cámara adoptar esas iniciativas. En este
sentido, consideramos que deberían tipificarse en el Código Penal
estos malos tratos psíquicos a las mujeres en el ámbito doméstico y
ampliarse la responsabilidad del artículo 153 a los ex compañeros de
las víctimas.

Ala diputada Micaela Navarro quiero decirle que, efectivamente, el
informe contiene una parte en la que se reseñan estos recursos
asistenciales y sociales de cada comunidad. Ustedes pueden
examinarlos, si tienen la paciencia para ello, y ver de qué manera
diferente ha contestado cada comunidad. Vuelvo a decir que, en
materia legislativa, son SS.SS. quienes pueden proponer y promulgar
las medidas que estimen oportunas, ya que desde la institución lo
único que puede decir es que me comprometo a facilitarles cuantos
informes, estudios y datos sean necesarios para que las Cámaras
puedan conocer todavía mejor esta realidad social.

Agradezco a la diputada del Grupo Popular, doña María José Camilleri,
sus palabras y la buena acogida que ha tenido el informe del Defensor
del Pueblo en su grupo parlamentario. Celebro particularmente que en
el plan de acción de violencia doméstica de 1997 se recojan, como nos
ha indicado, la mayoría de las recomendaciones de nuestro informe.

Espero y deseo que las 57 medidas que contiene ese plan en materia de
violencia doméstica se plasmen en la realidad. En la última parte de
la comparecencia me refería a la necesidad de esas medidas y a mi
compromiso para hacer el seguimiento de su desarrollo.

A la diputada señor Sainz también le tengo que agradecer, como a
todas las demás señoras diputadas y señores diputados que han
intervenido, loa buena acogida y la valoración que le merece el
informe. Me alegro que desde el Ministerio del Interior se potencien
los servicios de atención a las mujeres. En esta materia considero
que todos los esfuerzos que se hagan van a ser pocos. No sólo son
precisos medios materiales, ustedes lo saben, es esencial la
formación, la sensibilidad de las personas que prestan sus funciones
en estos servicios de atención a las mujeres. Las cifras que usted
menciona ha sido recientemente facilitada a nuestra institución por
el Ministerio del Interior. Esperemos que estos esfuerzos realizados
se mantengan en el tiempo.

En cuanto a la formación del profesorado, coincido con usted en lo
esencial que resulta esa formulación y me alegro



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conocer que son los propios educadores los que están solicitando esos
cursos de formación.

Respecto de las casas de acogida, sería deseable que fueran algo más
que un centro de custodia, eso es cierto. Lo ideal es que se
conozcan, se ofrezcan posibilidades, especialmente laborales y
formativas, a las mujeres para facilitar así su integración plena en
la sociedad.

En las dos últimas preguntas, las señoras diputadas Montes y Álvarez
me planteaban que un buen número de agresiones no son denunciadas.

¿Cómo podemos actuar para que estos casos puedan salir a la luz? Creo
que ustedes mismos lo han sugerido: con campañas de concienciación de
la sociedad en general, utilizando todos los medios de comunicación,
incluyendo las televisiones públicas y, si es posible, las privadas,
porque de otra manera no es posible llegar a conocer la situación de
esa España profunda en la que muchas veces las mujeres son agredidas
de manera brutal y no saben cómo defenderse. Quizás gracias a los
medios de comunicación, gracias a la mayor sensibilidad que se pueda
dar desde la propia Administración a esta demanda de las mujeres se
pondría conseguir, además de perfeccionando la respuesta punitiva de
nuestros códigos, de nuestra legislación, como ya hemos comentado.

El incremento de políticas preventivas debe hacerse esencialmente en
la educación, y respecto a si las materias deben ser optativas u
obligatorias ya he hecho referencia en la recomendación a que no debe
entenderse como algo cerrado, porque tenemos la posibilidad ahora
antes las comunidades autónomas, que son quienes tienen la
responsabilidad de adoptar estas medidas, de pedirles que las adopten
en la forma que estime oportuna. En este punto quisiera señalarles
que en el informe de gestión del año 1996 se hizo mención de la
necesidad de implantación de lo que ya les he indicado como proyecto
para la paz.

La señora Álvarez me preguntaba qué puede hacer una mujer cuando se
enfrenta a una situación de malos tratos. Su pregunta creo que tiene
respuesta en el punto cuarto de la recomendación realizada al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Creo muy importante su
pregunta y esencial el que las mujeres agredidas sepan que es lo que
deben hacer en esos casos y por ello se ha recomendado que las
diferentes administraciones deben coordinarse. Este es un punto que
quizá no he señalado suficientemente, pero, desde el punto de vista
del informe, nos ha parecido importante manifestar esa
descoordinación que a veces existe entre las distintas
administraciones y las comunidades autónomas. Deben coordinarse y
ofrecer a las mujeres una información amplia, completa, integral
sobre los diversos ámbitos, sanitarios, sociales, laborales,
asistenciales, policiales y judiciales, que usted bien señalaba, y de
esta manera creo que las mujeres podrán conocer mejor sus derechos.

Paso muy brevemente a comentarles, como antes les indiqué, el
Congreso de Lima, que hemos celebrado los pasados 6 y 9 de septiembre
con la Federación Iberoamericana de Ombudsman. En este Congreso de
Lima hemos hallado, a través de esta federación, un espacio de
concertación en el que de común acuerdo nos podemos encarar no sólo
con los retos, sino también con las soluciones, mirando hacia el
futuro, y con aquello que pueda surgir en el proceso creciente de
internacionalización de los derechos humanos. Prueba de la
importancia que tiene este foro fue la amplia
participación; asistieron 120 delegados, estuvieron todos los
defensores, procuradores y comisionados de derechos humanos de los
diferentes países, participó también un representante de la Unesco,
de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Andina de
Juristas, del Instituto Americano de Derechos Humanos, una nutrida
representación española, formada además de por este Defensor, por el
adjunto primero, Antonio Rovira, por los comisionados autonómicos de
Cataluña, del País Vasco y de Aragón, por el vicevaledor do Pobo y
también por nuestro presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado
para las relaciones con el Defensor del Pueblo, que fue invitado de
forma expresa por el anfitrión y Defensor del Perú; quiero aprovechar
la oportunidad para agradecerle su buen hacer en el congreso y sus
aportaciones para el éxito del mismo.

Creo que era lógico que este congreso se enmarcara en el 50
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Para recalcar
esa conmemoración, el congreso reservó un espacio específico en el
que intervinieron, además de varios representantes y directores de
distintas instituciones, el director de la Comisión nacional española
para el cincuentenario, la embajadora jefa de la Oficina del alto
comisionado para los derechos humanos en Colombia, y Carlos Ayala,
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Congreso de Lima concentró sus discusiones sobre el papel que
pueden jugar los defensores del pueblo en cuatro cuestiones que por
sus deficiencias afectan de forma muy especial a la realidad
iberoamericana: la justicia, los derechos de la mujer, los derechos
de los pueblos indígenas y los servicios públicos. En relación con la
justicia, me voy a permitir citar lo que dijo el director ejecutivo
de la Comisión Andina de Juristas: Si la razón de ser de la
intervención de los defensores del pueblo es el respeto de los
derechos humanos, debemos actuar en la medida en que puedan verse
vulnerados como consecuencia de la acción u omisión del sistema
judicial.

En segundo lugar, se reflexionó, como he dicho, sobre el tratamiento
de las mujeres, a la luz de los compromisos adquiridos en la
convención americana para la eliminación de todas las formas de
discriminación. La señora Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de la
República de Costa Rica, tuvo la misión de defender la ponencia, cosa
que hizo con gran brillantez. Ya les he anunciado que se ha creado la
red de defensoría en defensa de las mujeres.

En tercer término, el Congreso de Lima dedicó también una especial
atención a debatir los derechos de los pueblos indígenas. En esa
línea actuó don Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia y
presidente del Consejo del Fondo para el desarrollo de los pueblos
indígenas de América Latina y del Caribe.

En cuarto término, y por último, se debatió la ponencia titulada
«Servicios Públicos y Ombudsman» en relación con la necesidad de
concretar el papel que corresponde a esta figura ante la creciente
prestación de dichos servicios públicos por parte de empresas
privadas. Esta ponencia fue presentada por el Defensor del Pueblo de
la Nación argentina, Jorge Luis Mayoral, quien acaba de ser nombrado
presidente del Instituto Internacional de Ombudsman. En la
declaración de Lima que SS.SS. tiene, se resumen los compromisos
asumidos en dicho congreso.




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Señorías, paralelamente se celebró, como hemos dicho, la III Asamblea
general ordinaria de la FIO. Creo que es importante citar la decisión
que se adoptó de admitir a partir de ahora en calidad de observadores
a los ombudsman municipales, comunales o de ayuntamientos que reúnan
los requisitos básicos de la figura del ombudsman. En segundo lugar,
ya aludí en la comparecencia de esta mañana a la consolidación de la
red de defensorías de los derechos de la mujer.

Otro punto importante fue la discusión sobre el posible status de los
defensores del pueblo a los distintos organismos internacionales de
protección de los derechos humanos. Se recoge en la propia
declaración de Lima y yo tuve ocasión de tratarlo previamente con la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos. Lo que
nos ocurre a los defensores del pueblo es que, como tenemos una
consideración de orden constitucional tan singular, cuando se reúne
la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra no tenemos sitio ni con la
delegación del Gobierno ni con las delegaciones no gubernamentales.

Quisiéramos, y eso es lo que hemos planteado, que los defensores del
pueblo, en un tema que les afecta y les compete como es el problema
de las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, tuvieran
la posibilidad de tener un status al que hacer referencia en sus
relaciones con Naciones Unidas.

Finalmente, fue importante que en esta reunión, en el documento de
conclusiones de la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, se hiciera una referencia explícita a la labor de
protección y defensa de los derechos humanos por parte de los
defensores del pueblo que se realiza en la comunidad iberoamericana.

Señorías, mi propósito es que el Defensor del Pueblo, como Alto
Comisionado de las Cortes Generales y este año como presidente de la
FIO, pueda planificar estrategias de acción que sean de utilidad a la
comunidad a la que pertenecemos. El año próximo se celebrará el IV
Congreso y quisiera, con vistas al mismo, pedir a SS.SS. que nos
ayuden a impulsar esta federación para que en las primeras décadas
del año 2000 podamos decir que 21 países forman parte de la comunidad
iberoamericana y pueden contar todos con esta figura parlamentaria.

Muchas gracias por su paciencia, que en este caso ha sido excesiva,
por mi intervención tan larga.




El señor PRESIDENTE: Gracias, don Fernando Álvarez de Miranda, por
ese esfuerzo informativo. Antes de levantar la sesión, quiero que
tome la palabra la presidenta
de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, la señora San
Baldomero.




La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Álvarez de Miranda, todos los
años seguimos, reconocemos y escuchamos siempre las recomendaciones
que hace a estas Cámaras de cuantas insinuaciones y quejas le llegan
a usted de los ciudadanos. Para las personas que componemos las
Cortes Generales, los parlamentarios y parlamentarias, una de las
maneras que tenemos de servir al pueblo es estar cerca de él. Usted
cada año nos proporciona lo que a veces nosotros no encontramos, no
sabemos buscar. Pero esta vez quiero resaltar la oportunidad expresa
de este informe, la oportunidad de haber puesto el dedo en la llaga
sobre algo que está sufriendo la sociedad española, y quiero que
transmita a todas las personas que han trabajado con usted, a toda la
institución, que el trabajo que se ha hecho será el guión, el motivo
de todas nuestras actuaciones en el Parlamento, tanto a la hora de
legislar como de instar al Gobierno las actuaciones a llevar a cabo.

Nosotros, señor Defensor del Pueblo, estamos, igual que usted, para
servir y para atender. Nosotros también queremos, después del informe
que ha hecho de la reunión de Lima, que haga llegar a los defensores
del pueblo de todos los países hispanoamericanos, como bien ha
recogido la señora Amorós, nuestra solidaridad más absoluta. Sepa que
el trabajo que usted nos ha presentado, el trabajo que usted puede
hacer o que pueda transmitir a los países hispanoamericanos, a los
países hermanos, será recogido en este Cámara y en la Comisión de los
Derechos de la Mujer.

Quiero resaltar la gran importancia que tiene que aquí, por una vez,
dos comisiones del Congreso y del Senado se hayan reunido sin ningún
afán de protagonismo. Muchos parlamentarios me preguntaban por qué el
Defensor del Pueblo en este período de sesiones no comparecía ante
nuestra Comisión. Yo creo que ha sido importante para todos los
ciudadanos a los que representamos que sepan que todas y todos los
que estamos hoy aquí hemos querido trabajar juntos y juntas por un
mundo mejor, al fin y al cabo, por darles un mejor servicio, el que
usted nos ha proporcionado y con el que contamos.

Muchas gracias señor Defensor del Pueblo.




El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.




Eran las dos horas y cuarenta minutos de la tarde.