DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 116



PARA LA UNIÓN EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 28



celebrada el martes, 29 de septiembre de 1998, en el Palacio de
Congresos de los Diputados



ORDEN DELDÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Exterior y
para la Unión Europea (De Miguel y Egea) para informar sobre:



- El incumplimiento por el Gobierno de la Ley 8/1994, de 19 de mayo,
especialmente en lo referido a la información del Gobierno al
Parlamento en materia de Iniciativas de la Comisión Europea.

A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
Congreso 212/001472 y número de expediente Senado 713/000619) ...

(Página 2406)



- Aplicación del acuerdo del pleno del Congreso de los Diputados
referido a la participación de las Comunidades Autónomas en los
Consejos de la Unión Europea (UE). A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente Congreso 212/001473 y número de
expediente Senado 713/000620) . . . (Página 2413)



Preguntas: - Del señor Costa Costa (Grupo Socialista del Congreso),
sobre las regiones españolas que dejarán de percibir durante el
período 2000-2006 fondos estructurales procedentes del objetivo 1
de la

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Unión Europea (UE). (Número de expediente Congreso 181/001740 y
número de expediente Senado 683/000087) ... (Página 2422)



- Del mismo señordiputado, sobre la suficiencia de la referencia al
Tratado de Cohesión para España contenida en el Tratado de Amsterdam.

Número de expediente Congreso 181/001741 y número de expediente
Senado 683/000088) ... (Página 2424)



- Del mismo señor diputado, sobre razonabilidad de la reserva de
eficacia, propuesta por la Comisión Europea, de un 10 por100 de los
fondos estructurales de la Unión Europea (UE). Número de expediente
Congreso 181/001743 y número de expediente Senado 683/000090) ...

(Página 2427)



Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la m añana.




COMPARECENCIADEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y
PARA LA UNIÓN EUROPEA (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE:



- EL INCUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO,
ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO ALA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO AL
PARLAMENTO EN MATERIA DE INICIATIVAS DE LA COMISIÓN EUROPEA. A
SOLICITUD DEL GRUPO S OCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
Congreso 212/001472 y número de e xpediente Senado 713/000619).




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Iniciamos la sesión de la Comisión
Mixta para la Unión Europea, en la que están previstas dos
comparecencias y tres preguntas.

Agradezco al secretario de Estado la amabilidad que ha tenido para
venir a hablar de estos temas en el día de h oy, y sin más
prolegómenos le cedería la palabra para entrar en la primera
comparecencia, referida al informe sobre el incumplimiento por el
Gobierno de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, en lo que se refiere a la
información del Gobierno al Parlamento en materia de iniciativas de
la Comisión Europea.




El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE P OLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROP E A (De Miguel y Egea): Buenos días a todos.

Efectivamente, la Ley 6/1994, de 19 de mayo, por la que se regula
esta Comisión Mixta, se aprobó, como se indica en su exposición de
motivos, para adecuar su funcionamiento como consecuencia de la
entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. La declaración
número 13, anexa al mismo, resalta la importancia de fomentar una
mayor participación de los parlamentos nacionales en las actividades
de la Unión Europea, debiendo los Gobiernos de los Estados miembros
velar por que éstos puedan disponer de las propuestas legislativas de
la Comisión Europea.

La mencionada Ley 8/1994, en su artículo 3, enumera las diferentes
competentes de esta Comisión y, por lo que respecta al motivo de mi
comparecencia, entre ellas se destacan las referidas a sus apartados
a) y b), en los que se establece la finalidad de recibir, a través
del Gobierno, las propuestas legislativas de la Comisión Europea con
antelación suficiente para su información o para que puedan ser
examinadas. El Gobierno, a la mayor brevedad posible y a reserva de
una valoración definitiva, remitirá a la Cámara un sucinto informe
sobre el contenido sustancial de aquellas propuestas legislativas de
la Comisión Europea que tengan repercusión en España. Cuando la
Comisión lo considere oportuno podrá solicitar al Gobierno la
ampliación de la información remitida.

El motivo central de la comparecencia es responder al supuesto
incumplimiento, por parte del Gobierno, de su deber de remitir e
informar a esta Comisión Mixta sobre las propuestas legislativas de
la Comisión Europea.

Permítame, señor presidente, iniciar el debate, y quizá utilizando la
expresión coloquial, hacer una afirmación inequívoca, que es la de
negar la mayor, es decir, el supuesto incumplimiento sistemático por
parte del Gobierno de sus obligaciones hacia esta Comisión.

En primer término, podría alegarse que el Gobierno no remite o no
informa sobre todas y cada una de las propuestas legislativas o
iniciativas adoptados por la Comisión Europea, conocidas en la jerga
comunitaria como los documentos com finales. Aeste respecto yo
quisiera recordar a sus señorías que en el apartado b) antes
mencionado se hace referencia a las propuestas -y lo subrayo- que
tengan repercusión para España. Este párrafo es importante para poder
realizar una primera selección, una criba del total de las com
finales que deben ser objeto de transmisión e informe a sus señorías.

Luego podré detallar cómo se realiza esta primera selección y el
procedimiento a utilizar a nivel interno por la Administración
española para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley
8/1994, pero sirva esta primera observación para justificar la no
remisión de un gran número de com finales que carecen por completo
del más mínimo interés para España. Efectivamente, hay una gran
mayoría de com finales que versan sobre los temas más prolijos y
variados, desde el nombramiento de un representante de la Comisión en
un país tercero hasta la fijación de aranceles, contingentes y
medidas de salvaguardia, y todo un extenso mosaico de medidas
puntuales que afectan a productos específicos o a



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otros Estados miembros de la Unión, pero sin la menor relevancia ni
la mayor incidencia en los intereses de nuestro país.

En segundo lugar, desde la aprobación de la L ey 8/1994, en mayo, la
Secretaría de Estado para la Unión Europea puso en marcha un
mecanismo interno de coordinación con el resto de los ministerios con
objeto de establecer un procedimiento especial a fin de cumplir con
las obligaciones derivadas de esta ley en materia de información y
transmisión a la Comisión Mixta de las propuestas de la Comisión
Europea.

Dicho dispositivo se presentó en una de las reuniones de la Comisión
Interministerial para asuntos relacionados con la Unión Europea, la
Ciaue, celebrada en octubre de 1994. Desde esta fecha, y hasta 1996,
este procedimiento se ha actualizado y modificado en varias ocasiones
para intentar solventar algunas de las deficiencias internas de
funcionamiento que pudieron constatarse entre 1994 y 1996. Aunque
realmente no me corresponde a mí pronunciarme porque no me afecta ese
marco temporal de 1994 a 1996, y no voy a referirme al grado de
cumplimiento de estas obligaciones por otro gobierno, como bien
conoce el presidente de la Comisión el motivo principal de las
deficiencias en la transmisión e información sobre los com finales en
esta primera etapa fue la atención prioritaria concedida entonces por
la Secretaría de Estado para la Unión Europea hacia la preparación
primero y desarrollo posterior de la presidencia española del Consejo
en el segundo semestre de 1995.

Ya en los meses de junio y julio, siendo yo titular de la Secretaría
de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, se
presentaron en sendas reuniones de la Ciaue varias modificaciones al
dispositivo interno al que me he referido para mejorar su eficacia y
rapidez. Permítanme detallar cuál es este procedimiento y cómo
funciona en la a ctualidad.

Tan pronto como se recibe en la representación permanente de España
en Bruselas un envío de documentos com final, el consejeros para
Asuntos Parlamentarios procede, de acuerdo con cada uno de los
consejeros competentes, en función del tema concreto, a realizar una
primera selección de aquellos que revisten un interés especial para
E spaña.

Una vez realizada esta selección, cada consejero procede a enviarla
inmediatamente por fax a su Ministerio, solicitando que dicho
Ministerio proceda a elaborar, en el plazo de quince días, el
preceptivo informe previsto en la Ley 8/1994. Igualmente, y de forma
simultánea, lo remite al subdirector general competente en la
Secretaría de Estado. Además, el consejero de la representación
permanente debe elaborar un informe provisional en el plazo de una
semana con una primera reacción a la propuesta legislativa y lo envía
urgentemente por fax a su Ministerio, donde lo utilizarán como
elemento de ayuda para elaborar el preceptivo informe previsto en la
Ley 8/1994, así como a la Secretaría de Estado para la Unión Europea,
reiterando su carácter confidencial.

El ministerio o ministerios competentes deben realizar sus informes
definitivos según establece la Ley 8/1994, y remitirlo, en el plazo
de quince días, al subdirector general competente en la Secretaría de
Estado para la Unión Europea,
quien a su vez lo remite por fax urgente a la representación
permanente, al consejero competente y al coordinador que se encarga
de hacerlo llegar a los eurodiputados españoles y al vocal asesor
para asuntos parlamentarios de mi Secretaría de Estado, quien se
encarga, a su vez, de hacerlo llegar a la Comisión Mixta Congreso-
Senado para su distribución a los miembros de la misma.

Además, y como complemento puntual a este dispositivo, de forma
sistemática en todas y cada una de las reuniones de la Comisión
Interministerial para asuntos relacionados con la Unión Europea, que
me honro en presidir y que se celebra con una periodicidad bisemanal,
se incluye como punto del orden del día, y se reparte entre los
asistentes que representan a la totalidad de los ministerios, un
listado de todos los documentos com aprobados por la Comisión y su
seguimiento posterior. Quisiera asegurarle, señor presidente y
señorías, que en cada una de estas reuniones reitero continuamente, y
a veces debo confesar que rozando ya la saciedad, a cada uno de los
ministerios afectados la necesidad y su obligación de cumplimentar
sus respectivos informes preceptivos sobre cada uno de esos com
finales para cumplir debida y puntualmente con las obligaciones que
tenemos asumidas frente a esta Comisión Mixta.

Quisiera concluir, señor presidente, reiterando que el Gobierno hace
un gran esfuerzo para cumplir con sus obligaciones derivadas del
punto que hoy nos ocupa en relación con la Ley 8/1994, y que, aunque
imagino que ha habido alguna carencia o deficiencia, en general el
grado de cumplimiento y el grado de envío de los com finales es,
a nuestra manera de ver, satisfactorio.

Creo, naturalmente, que el sistema que he descrito puede ser todavía
susceptible de mejoras para agilizar su funcionamiento, y como sé que
la propia Comisión Mixta está realizando un seguimiento puntual de
los documentos com finales que recibe, espero que el resultado de ese
seguimiento pueda ser conocido por la Secretaría de Estado y me
comprometo, con sumo agrado, a cumplir cualquier sugerencia y consejo
por parte de SS.SS. para mejorar el sistema, ya que el Gobierno
considera esencial que este Parlamento esté puntualmente informado de
todos los avatares que rodean el quehacer cotidiano de las
instituciones comunitarias en beneficios de Europa y sus Estados m iem
bros.




Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Grupos que desean interven i r. (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Módol.




El señor MÓDOL I PIFARRÉ: Celebro la introducción que ha hecho el
señor secretario de Estado a su intervención, porque demuestra que es
conocedor de la Ley 8/1994, por la que se crea y regula esta Comisión
Mixta para la Unión Europea, que, como muy bien ha indicado, marca de
forma meridianamente clara cuál es su objeto. Pero hay dos elementos
de filosofía más importantes que subyacen aquí, que es hacer efectivo
el cumplimiento delartículo 93 de nuestra Constitución, que encarga,
no sólo al



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Gobierno sino a las Cortes Generales, aquellos temas relacionados con
tratados internacionales o supranacionales y que las Cortes Generales
entiendan de nuestra asociación con la Unión Europea. Por tanto, no
es una Comisión que pueda ignorarse, ya que tiene una responsabilidad
absoluta, y es que nuestro futuro vaya encaminado hacia esa unión
política que todos pretendemos conseguir.

Me alegro de que, a pesar de que ha empezado negando la mayor, al
final de su intervención haya reconocido que sus ministros no cumplen
los deberes. Señor secretario de Estado, con toda cordialidad le voy
a poner algunos ejemplos del flagrante incumplimiento del artículo 3
de la L ey 8/1994, especialmente de sus apartados a) y b), como usted
ha mencionado.

Leyendo los documentos que obran en poder de las Cortes Generales, es
decir, haciendo un seguimiento parlamento de los documentos com final
remitidos a la Cámara desde el mes de diciembre de 1997 hasta ahora,
en los que, como usted, sabe figura la fecha de aprobación, la fecha
de remisión, las observaciones que el Gobierno hace sobre los
documentos com final, y las propias valoraciones del Gobierno que han
llegado, así como las fechas de cierre; haciendo simplemente una
valoración de estos temas, repito uno no hace más que sorprenderse de
lo que ocurre analizando el último documento, por no ir a los
anteriores. Le voy a poner algunos ejemplos. En la última información
hay 311 acuerdos com. De estos acuerdos, 88 todavía no se han
remitido. Le estoy hablando de un informe publicado el 27 de mayo.

Con más de un mes de retraso se han remitido 150, y algunos con
cuatro, cinco y hasta seis meses de retraso; otros llevan más porque,
repito, esos 88 parece que no han llegado o quizá se ha perdido por
el camino.

Le voy a poner tres ejemplos, y no invento absolutamente nada.

Propuesta de reglamento CE Euraton del Consejo por el que se aplica
la decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las
comunidades; fecha de aprobación, cinco de diciembre de 1997; no se
ha remitido. Otro ejemplo, que no sé si es que no interesa a España,
y es la propuesta de reglamento del Consejo por el que se reparten
entre los Estados miembros las cuotas de capturas de 1998 para los
buques que faenan en aguas de Estonia; fecha de aprobación, 12 de
diciembre de 1997; su cierre se produce el 19 de diciembre de 1997, y
el documento no se ha remitido. También los documentos com de
propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la
directiva 66/400, cuya fecha de aprobación fue el 19 de diciembre de
197, y que tampoco se ha remitido. Podría poner más ejemplos, pero no
quiero cansar a sus señorías.

Pero hay mucho más, señor secretario de Estado. De l os 311 acuerdos,
280 no tienen observación alguna por parte del Gobierno; debe ser que
no interesan a España. Tan sólo 31 de estos com finales han merecido
el privilegio de que el Gobierno haga algún apunte sobre ellos; 44
acuerdos se han cerrado sin que antes se hayan remitido a las
Cámaras, lo cual es un incumplimiento flagrante de la propia ley, y
ocho todavía hoy no han sido enviados, sin contar con aquellos cuyo
plazo de cierre expiró unos días, por no decir unas horas, después de
su remisión; de estos hay muchos.

De entre los que entraron dentro del plazo hay alguno que también
clama al cielo. Por ejemplo, la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se modifica el anexo del reglamento 1.255/1996, que
suspende temporalmente los derechos de arancel aduanero sobre algunos
productos industriales y agrícolas, que creo que sí interesa a
España. Esta propuesta se remite el 12 de diciembre de 1997 y se
cierra el 16 del mismo mes; no sé si la Comisión tiene tiempo para
pronunciarse. Otro ejemplo, la propuesta de reglamento CE del Consejo
por el que se fijan para la campaña pesquera de 1998 los precios de
orientación de los productos de pesca, se remite el día 5 de
diciembre y se cierra el ocho de diciembre. Creo que los pesqueros lo
tienen francamente mal con estos incumplimientos, porque les afectan
a la mayoría. No sé si a las Cámaras les interesa o no ver estos
temas con antelación.

Por contra, debo reconocer, y lo hago con toda sinceridad y con
vocación de ser leal oposición, que entre los 311 acuerdos que he
mencionado, hay 14 cumplimientos. Señor secretario de Estado, ¿sólo
interesan a España 14 temas entre los 311? ¿los demás no interesan?
Los consejos de ministros deben ser muy aburridos para un
representante de nuestro país.

Hay retrasos clamorosos que no he citado; le pondré sólo dos
ejemplos. Propuesta de reglamento del Consejo por el que se
establecen para 1998 determinadas medidas de conservación y gestión
de los recursos pesqueros aplicables a los buques que enarbolen
pabellón de la Federación Rusa; se remite el 30 de enero de 1998 y se
había cerrado el 19 de diciembre de 1997. O bien, propuesta de
reglamento del Consejo por el que se establece, para 1998
determinadas medidas de conservación y gestión de los recursos
pesqueros aplicados a los buques que enarbolen pabellón de Noruega.

Se cierra el 19 de diciembre de 1997 y se remite a las Cámaras el 30
de enero de 1998. Repito, hay más. Es cierto, como decía antes, que
la mayoría de los incumplimientos tienen que ver con la pesca y con
las repúblicas bálticas, pero hay muchos otros que afectan a los
intereses de nuestro país.

Termino, señor presidente, poniendo un par de ejemplos más para
evidenciar el despropósito gubernamental, porque creo, con perdón de
la expresión, que hay un cierto desprecio hacia las Cámaras en estos
temas. Le voy a poner estos ejemplos, señor secretario de Estado, con
toda cordialidad para que tome nota de ellos. Propuesta de reglamento
del Consejo relativo a la importancia en la Comunidad de productos
agrícolas originarios de Turquía por el que se regula el reglamento
CE 4.115/1986, y se modifica el reglamento. Pues bien, la fecha de
aprobación es el 27 de febrero de 1998, se remite a esta Cámara el 8
de abril de 1998 y se cierra el 7 de abril de 1998, un día antes de
que llegue aquí. ¿Cree usted que los productos españoles son
sensibles a esto, o no?
Otros dos ejemplos de mayor calado todavía -si me permite la
expresión-: propuesta de reglamento del Consejo relativo a la
apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios
autónomos para determinados productos de pesca; se remite el 8 de
mayo de 1998, cuando se había cerrado el 30 de marzo de 1998. El
último, la guinda: propuesta de reglamento del Consejo por el que se
establecen las normas generales para la importación de



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aceite de oliva originario de Túnez; ¿de verdad cree que no nos
interesa este tema? Fecha de aprobación 19 de febrero de 1998, fecha
de remisión 27 de abril de 1998, fecha de cierre 27 de abril de 1998.

Mientras la señora ministra, Loyola de Palacio, nos decía que estaba
negociando la mejora de los contingentes españoles en aceite de
oliva, resulta que no se dignaba siquiera a informar a las Cámaras de
este acuerdo. No hay ninguna observación del Gobierno, no hay ninguna
nota, no hay ningún informe preceptivo que haya llegado a esta
Cámara; estamos hablando, señor secretario de Estado, de un asunto
que nos interesa.

Termino ya, ahora de verdad, señor presidente. Yo creo en las leyes
que hace esta Cámara, porque se hace con vocación de ser cumplidas.

Por tanto, no les pedidos que cumplan la ley, les exigimos que lo
hagan, esa es nuestra obligación. Puede tener usted la tentación de
contestarme como algunos de los ministros de su gabinete hacen a
menudo en el Senado y en el Congreso; le pido que no lo haga, porque
tendría que responderlo como lo hice la señor Arias-Salgado hace
poco. Le recordé una fábula rusa, quedespués se vio como telecomedia,
que se titulaba Sí, minis t ro: el ministro saliente le daba tres
cartas al entrante y le decía que, cada vez que estuviera en
dificultades, fuera abriendo una carta; en la primera ponía: eche la
culpa de todo lo que ocurre al anterior gobierno; en la segunda carta
ponía: explique usted grandes proyectos de futuro; en la tercera
ponía: haga usted tres cargas y déselas al que viene. Me parece que
en su Gobierno no han pasado de la primera fase, de culpar a los
anteriores de los deberes que ustedes no hacen. Yo no estaba en ese
Gobierno y les pido que hagan los deberes que tienen que hacer.

Hágalo porque, si no, corre el riesgo de saltar directamente de la
primera a la tercera carta.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: El debate que afronta la Comisión esta
mañana es un debate del máximo interés, señor secretario de Estado, y
mi grupo lo estima de gran oportunidad. En ese sentido, y sin
compartir en absoluto el tono en el que formula la petición de
comparecencia, felicitamos al Grupo Socialista por haber planteado
esta cuestión en la Comisión.

Quisiera empezar diciendo que, con independencia de la verdad -que es
mucha- que se desprende de las palabras del portavoz del Grupo
Socialista, aquí hay un problema de fondo de cuya responsabilidad no
sé hasta qué punto se puede eximir tan fácilmente al Grupo
Parlamentario Socialista. A nosotros no se nos puede imputar que
echemos cosas en cara al Gobierno anterior o al actual, puesto que no
formamos parte ni de uno ni de otro. Es cierto que siempre se puede
ver la botella o medio vacía, y hoy este Parlamento tiene muchísima
más información - según me consta- de la que tenía durante la
legislatura a nterior, eso quiere decir que estamos mucho mejor de lo
que estábamos.

Dicho esto para matizar, por lo menos, el tono con el que el Grupo
Socialista afronta esta cuestión, es cierto también que los propios
pecados no le eximen a uno de reclamar
el cumplimiento a los demás. Es verdad que las cosas no se están
haciendo no sólo conforme a la ley, sino conforme a lo que sería
deseable, ya que lo primero que falla es la ley.

Creo, señor secretario de Estado que todo el gran capítulo de la
información a esta Cámara de las propuestas legislativas del Consejo
funciona mal porque los instrumentos son malos, porque los cauces son
malos, porque no hay voluntad política en el Gobierno actual ni la
hubo en el a nterior, porque ningún Gobierno quiere un control
detallado de este asunto. Hoy la oposición ha descubierto que tiene
aquí una posibilidad de control del Gobierno y el Gobierno cumple la
ley como puede, no todo lo diligentemente que debería, pero tampoco
tiene especial interés en promocionar esto como se está haciendo -muy
por delante de lo que ocurre en España- en el resto de los países de
la Unión Europea.

El primer defecto, si se quiere, es estructural, de voluntad
política. No tenemos un sistema de transparencia Unión Europea-
Administración central-administraciones autonómicas- Parlamento
español-parlamentos autonómicos que funcione, que se corresponda con
la realidad y que encaje con lo que es la normativa hoy en la Unión
Europea; ése es el primer problema. Apartir de ahí, hablaremos de si
el com de tal fecha llegó tarde aquí; es cierto, los com llegan
tarde, muchos llegan cerrados y muchos llegan sin informe del
Gobierno, y eso no se puede negar por mucho apoyo que uno pueda o
quiera dar en un momento determinado.

Lo primero que le pediría al secretaría de Estado, no porque le sea
imputable directamente a él sino como máximo responsable del Gobierno
en estos temas, es que afrontara, con generosidad política -si me
permite la expresión- y examinando lo que está ocurriendo en el resto
de Europa, una iniciativa legislativa de reforma de la ley actual de
la que hablamos. Que el grupo mayoritario estudie esta cuestión con
los que estamos apoyando al Gobierno y que intentemos una reforma,
una transformación radical de la transparencia de estas Cámaras de
las decisiones legislativas de la Unión Europea. Evidentemente, eso
supone mayor control del Gobierno. Aquel que toma la iniciativa corre
el riesgo de que se le pueda controlar más; sin e mbargo, tiene la
ventaja de que, en el futuro, podrá controlar también más el día que
deje de ser Gobierno. Es el gran inconveniente que tiene cualquier
reforma que dé más poder al Parlamento.

Estamos por detrás, insisto, de lo que está ocurriendo en el resto de
la Unión Europea. No se percibe en el Grupo Parlamentario Popular,
como no se percibió en su momento en el Grupo Parlamentario
Socialista, una inquietud que se corresponda con iniciativas muy
concretas, que ahora no voy a detallar, que se están dando en todos
los parlamentos de la Unión. Este grupo no está en condiciones, ni
por su dimensión ni por su relación con la Administración general del
Estado, de afrontar o de proponer todas las reformas que serían
necesarias si no le acompaña la voluntad política de los grupos
mayoritarios, e incluyo a los dos.

Si vamos al detalle concreto de que las comunicaciones a este
Parlamento no funcionan, lo que puedo más quedarle la razón al Grupo
Parlamentario Socialista, aunque reconozco -insisto- que las cosas
están hoy mejor que antes.Quiero decirle, señor secretario de Estado,
que, al menos



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este grupo, no se lo imputa a usted o no sólo no se lo imputa a su
Secretaría de Estado, sino que, por el contrario, creemos que lo poco
que funciona lo hace gracias a usted y a su Secretaría de Estado; así
lo percibimos. Lo que ocurre es que a usted le toca ser el
responsable de la coordinación de todo lo que hace referencia a la
Unión Europea por parte de la Administración general del Estado. Por
tanto, le corresponde el papel, a veces incómodo -hoy lo es- de dar
la cara por otros departamentos en esta área concreta. Pero como
responsable de dar la cara, no nos queda más remedio que decir que
las cosas no funcionan. Insisto en que no va por usted, ni siquiera
va por sus colaboradores. Creo que debería ver esta comparecencia y
esta sesión de hoy como un refuerzo de su propia autoridad, como que
el Parlamento le da más apoyo que usted se dirigida al resto de la
Administración general del Estado exigiéndole el cumplimiento de las
obligaciones que la ley le atribuye. Vea así esta comparecencia, al
menos vea así esta intervención. Le apoyamos, señor secretario de
Estado, para que usted, como primus interpares que es ante los demás
secretarios de Estado en materias de Unión Europea y ante el resto de
los departamentos en este tema, como presidente que es de esa
comisión de coordinación, sea escuchado con más respeto y más
eficacia en la exigencia que nos consta que hace a todos los
departamentos para que informen a esta Cámara.

Con esto terminaría y volvería al principio. Le pido que saque de
esta comparecencia que el tema es más de fondo, que el tema no es si
tal departamento o tal dirección general no cumple con su obligación;
no es sólo un problema, permítame la expresión, de rapapolvos por
medio de una circular y de llamar al orden a fulano o mengano, es un
tema de que todo está mal montado. Estamos utilizando unos medios de
comunicación entre el Gobierno y este Parlamento que no se
corresponden con la realidad actual, que no se corresponden con la
forma de funcionar esta Cámara, que no se corresponden con el actual
volumen de competencias de la Unión Europea y que no se corresponden,
incluso, con la propia estructura del Tratado, con lo que es primer
pilar, el segundo pilar y el tercer pilar. Todo eso debe ser pensado
y concebido otra vez, y quien tiene la obligación de tomar la
iniciativa en eso, aunque evidentemente no lo podrá aprobar sin
consenso de todos los grupos, es el Gobierno.

Sólo le haría una pregunta por pura información. Nos ha explicado un
poco -y nos ha parecido interesante- cómo funciona en la práctica esa
elaboración y transmisión posterior de los documentos com. Quisiera
saber -porque de rebote, si se quiere, es parte de esta comparecencia
en la medida en que se cruza con este proceso- en qué momento se da
información a las comunidades autónomas de los documentos com en las
áreas que afectan a sus competencias; cuáles son los cauces por los
cuales las comunidades autónomas tienen conocimiento oficial de la
posición de la Administración general del Estado, de la posición del
Gobierno respecto de esos documentos com. Imagino que lo que no se
hace es transmitirlo directamente a los parlamentos autonómicos en
sus áreas de competencia; supongo que eso lo deberá hacer cada
gobierno autónomo. Pero, al menos, sí quisiera saber si se están
transmitiendo, y de qué manera, esas mismas notas que se nos
transmiten a nosotros,
a los gobiernos autonómicos en lo que hace referencia a sus
competencias.

Nada más, señor Secretario de Estado, que recalcar que esto no va por
usted. Va por usted en la medida en que corresponde exigir a los
demás el cumplimiento de la ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor secretario de Estado, la Ley 8/1994,
de 19 de mayo, objeto de esta comparecencia del señor secretario de
Estado, fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, entonces
en la oposición, quien a través de la actual ministra de Agricultura,
doña Loyola de Palacio, a la sazón portavoz adjunta del grupo
parlamentario, se puso de acuerdo con los demás portavoces para
intentar dar un impulso a esta Comisión Mixta que durante muchos años
había estado dormido. En aquel momento, el presidente de la Comisión,
en representación del presidente del Consejo de los Diputados, era
don Marcelino Oreja.

Digo esto para recalcar el deseo del Grupo Popular, antes y ahora, y
del actual Gobierno, siguiendo la práctica de otros parlamentarios
nacionales, de asociar de forma estrecha a este Parlamento en la
elaboración de las normas comunitarias en la fase propia de su
competencia. El juego y control democrático en todos los temas de la
Unión Europea es complejo en la medida en que afecta a dos tramos
distintos de la elaboración de la norma comunitaria: un tramo que
debe ser controlado y que se debe realizar en colaboración con los
parlamentarios nacionales, y otro tramo, como bien ha dicho el
secretario de Estado, en el que se debe asociar estrechamente al
Parlamento Europeo y estar supeditado a su control.

Conozco el gran esfuerzo que está realizando el ministerio desde su
toma de posesión como secretario de Estado, en cumplimiento de la Ley
8/1994 y de la declaración número 13, aneja al mismo. Y me consta la
celeridad con que todos eurodiputados españoles del Parlamento
Europeo no sólo reciben la información en fecha y forma adecuada,
sino que hacen reuniones de trabajo, puntual y regularmente, con el
representante permanente y su equipo, siguiendo las instrucciones que
usted mismo les dio en su m omento.

En cuanto a esta Comisión Mixta, no sólo puede constatar lo dicho por
usted, sino afirmar que fue a partir de 1996, presidiendo la Comisión
el señor Solbes, cuando se consolidó una colaboración permanente y
puntual entre esta Comisión y su Equipo en la Secretaría de Estado,
que ha tenido como efecto y consecuencia un incremento notable en la
recepción de información y en la celeridad en el tiempo. Por ello me
asombra lo dicho por el portavoz socialista.

Creo que a lo que nos enfrentamos aquí no es ni más ni menos que a un
problema interno de funcionamiento de nuestra propia Comisión y a un
problema quizá derivado de la ley de funcionamiento, porque si bien
es verdad que la Ley 8/1994 habla de aquellas propuestas legislativas
de la Comisión Europea que tengan repercusión para España, y en este
sentido el volumen de información y de com que esta Comisión debería
procesar se reduce de una manerafundamental, no es menos cierto que
actualmente, y pese a



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la buena voluntad de todos los miembros de esta Comisión y de su
Presidente, todavía no hemos conseguido dilucidar una manera eficaz
de procesar esa información que nos llega, habida cuenta de las
disponibilidades de infraestructura de la Comisión y de la dedicación
de cada uno de los diputados que la componemos, que, como es lógico y
natural, es bastante compartida. Si a eso añadimos la gran variedad
de temas que nos llegan, el gran volumen de información que nos llega
y la necesidad de asesoramiento y consejo que deberíamos tener para
hacer frente a todo ello, creo que no hace falta profundizar más en
la explicación.

No solamente no hemos discutido nunca ningún documento com que nos ha
llegado, sino que tampoco, en mi conocimiento, hemos hecho uso de la
posibilidad que nos o torga la ley de pedir información suplementaria
al Gobierno sobre los documentos recibidos o la remisión de un
documentos com no recibido y del cual tenemos conocimiento. Nos
limitamos a recibir y remitir los documentos com por la vía oficial u
oficiosa a nuestros compañeros de otras comisiones y esperar que
ellos tengan más tiempo y mejor consejo para procesarlo y darnos las
iniciativas o portunas.

Por todo ello, señor presidente, señor secretario de Estado, creemos
que evidentemente el tema que nos ocupa es complejo y que se debe y
se puede mejorar, pero que en ningún caso sus posibles deficiencias
se deben imputar a la Secretaría de Estado de la Unión Europea o a
una pretendida falta de coordinación entre los distintos ministerios,
sino probablemente a alguna insuficiencia de la ley o al poco tiempo
o pocos medios con los que contamos en esta Comisión para procesar
los documentos que recibimos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): En mi respuesta voy a ser breve, porque
aquí prácticamente todo está dicho y lo que tenemos que hacer las
partes, particularmente por lo que a mí respecta, es asumir las
responsabilidades, sacar las consecuencias y tratar de mejorar,
porque el sistema es mejorable.

Quisiera, con todo afecto, que el señor MÚdol matice, porque no es
incumplimiento, podrá haber fallos en el cumplimiento, pero no
incumplimiento. Por esto, siempre y cuando sea constructivo, estaré
dispuesto a responderle, pero si el tono es calificar la actuación de
Gobierno de despropósito, como él la ha calificado, no pude ser
conciliador en ese tema. Solamente diré que no voy a entrar en el
detalle sobre algunos de los ejemplos que S.S. ha dado. En esta sala
se encuentra su compañero señor González Laxe, primer experto en
pesca del Parlamento español, y le podrá decir que no ha habido nunca
en la historia un barco español pescando en aguas de Estonia. Por lo
tanto, de ése y otros ejemplos podríamos hablar, pero no quiero
entrar en esos detalles.

Como conclusión de las palabras del señor MÚdol quiero decir que,
efectivamente, hay una obligación por nuestra parte; el Gobierno
tiene el deber de asumir esas obligaciones y el Parlamento,
naturalmente, el deber de
exigirlas al Gobierno, y efectivamente, y yo lo he dicho, a pesar de
que ha mejorado mucho el sistema y sin hacer reproches a cómo
funcionaba anteriormente, por lo que a mí respecta, hemos hecho un
gran esfuerzo para mejorarlo. Podría dar los datos positivos de todos
los informes que se han enviado, pero, como decía el diputado señor
Guardans, ese no es el objetivo del debate, no vamos a entrar aquí en
el detalle. Lo que hay que ver es la línea gruesa, es decir, cuál es
el mensaje fundamental, y el mensaje fundamental es que el Parlamento
tiene una obligación y un deber de controlar al Gobierno en los temas
que se refieren a la posición de España en todas las decisiones de la
Unión Europea y el Gobierno tiene el deber de dar al Parlamento los
medios para ejercer ese control. Naturalmente todos sabemos que es
muy complejo, porque, primero, hay que cribar cientos de documentos
Com, después movilizar a todos los departamentos de la Administración
para que hagan informes sobre los mismos y, a la vez, realizarlo en
tiempo y forma para que el Parlamento tenga un margen para poderse
pronunciar, en aquellos casos en los que se tenga que p ronunciar,
porque, por ejemplo, el señor MÚdol ha citado el tema relativo a los
precios, pero es conocido de todos que los precios de los
contingentes autónomos de pesca de la Unión Europea los somete la
Comisión veinticuatro horas antes del Consejo. Es sabido, es
tradición y se decide en el Consejo; por tanto, es imposible hacer un
control parlamentario sobre un tema de precios de pesca o agrícolas
porque nunca se mandan con la suficiente antelación. Es una propuesta
de compromiso que pone la Comisión sobre la mesa veinticuatro horas
antes y los ministros se las arregla como pueden llegando a un
compromiso final entre todos los intereses en presencia. Por tanto,
eso no puede estar sometido a un control parlamentario, pero otras
cuestiones sí y éstas hay que hacerlas en tiempo y forma para que el
Parlamento se pueda pronunciar.

Yo he sido el primero en decir que el sistema es susceptible de
mejora y de ser agilizado. Como responsable de este sistema me
agradaría que además de poder tener este diálogo en el marco de una
reunión formal de la Comisión Mixta, funcionaran los mecanismos
previstos también por la Ley 8/1994, en la que se dice que la
Comisión Mixta, cuando lo considere oportuno, podrá solicitar del
Gobierno la ampliación de la información remitida, así como
complemento a dicha información. Debo decir -y en esto todos tenemos
que hacer una examen de conciencia colectivo- que no ha habido ningún
grado de respuesta por parte del Parlamento por lo que a nosotros
respecta con relación a los Com. En ningún momento hemos recibido
petición de ampliar información ni de interesarse por un Com
particular. Nosotros tendríamos más incentivos si viéramos que los
diferentes grupos no solamente nos empujan a cumplir con nuestro
deber, sino que también solicitan elementos de información o se
interesan sobre diferentes Com a medida que los vamos enviando. En
una palabra, yo creo que la idea del señor Guardans, en el sentido de
que este sistema podría mejorar y podríamos tener una iniciativa
legislativa, no es mala, pues sería bueno buscar nuevos métodos para
mejorar el sistema. Creo que, sobre todo, teníamos que aplicar la
actual Ley 8/1994, ya que ahí tenemos carencias por ambas partes.




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Respecto a la pregunta formulada por el señor Guardans, sobre qué
pasa con los documentos que se refieren a las comunidades autónomas,
quiera decirle que las comunidades autónomas reciben automáticamente
y de manera inmediata todos los documentos Com que se refieren a
ellas, más todas las decisiones del Consejo que se refieren a ellas,
más todos los documentos pertinentes del Consejo de manera automática
y sin pasar por este sistema, directamente del consejero para Asuntos
Autonómicos de la representación permanente, señor Ardizone, quien,
como sabe, tiene una mecanismo de contacto permanente y directo,
diario, sobre el terreno, con los diferentes representantes de las
comunidades autónomas en Bruselas. Todas las comunidades autónomas,
con excepción de Cantabria, que está abriendo ahora su oficina,
tienen una oficina en Bruselas y tienen un contacto permanente y
directo con el consejo de Asuntos Autonómicos. Por lo tanto, éste,
automáticamente, según vienen los Com, directamente se los envía a
todas las comunidades autónomas, así como todos los documentos del
Consejo. Yo no he escuchado por parte de ninguna comunidad autónoma,
en las reuniones de la Conferencia para asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas, que tienen lugar, regularmente con el ministro
de Administraciones Públicas, señor Rajoy, y a la que asisten los
consejeros de Presidencia de las mismas, ninguna queja hasta el
momento por lo que respecta a la información. De hecho no es que no
la haya oído porque el tema no se haya suscitado, sino que yo mismo
lo he preguntado cuando hemos tenido estas reuniones para asegurarse
de que el flujo era todo lo fluido que me parecía. Y por lo que
respecta a las comunidades autónomas, hasta el momento no me han
expresado ninguna queja, sino todo lo contrario, es decir, que están
incluso recibiendo un volumen de documentación que a veces les
resulta difícil asimilar, porque, naturalmente, muchas de las
administraciones autonómicas no tenían montado todo un servicio de
análisis de los temas comunitarios y algunas de ellas están un poco
abrumadas por los papeles. Digo todo esto para información del señor
G uardans.

Respecto al tema que nos ocupa y agradeciendo a los señores Guardans
y Martínez Casañ el voto de confianza que hacen hacia mi persona y
hacia los servicios de la Secretaría del Estado, quisiera decirles
que en esa confianza no se sentirán nunca defraudados, porque mi
compromiso y el de todas las personas que trabajan en el área
comunitaria que yo dirijo, tanto la representación permanente como la
Secretaría de Estado, es absolutamente total en este tema, y si los
retrasos se producen es porque el mecanismo no está lo
suficientemente bien engrasado como para que todos los informes que
tienen que venir desde todos los puntos de la Administración lleguen
en tiempo y forma para que se transmitan aquí. Naturalmente este
debate lo único que hace es recordarme esta responsabilidad, en la
línea de asumir las deficiencias en el caso que las haya, y debeo
señalar también que se está haciendo y se ha hecho un enorme
esfuerzo, en el que, vamos a perseverar para llegar a un grado de
cumplimiento de esta L ey 8/1994 que dé total satisfacción al
Parlamento, pero no solamente para alcanzar esa satisfacción, sino,
como se decía aquí, por esa importante labor de control que el
Parlamento debe tener sobre todos los actos del Gobierno que
se refieren a la Unión Europea. (El señor Módol i Pifarré pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Módol por tiempo de un
minuto.




El señor MÓDOL I PIFARRÉ: Quería decir dos cosas al señor secretario
de Estado.

La petición de comparecencia de hoy no ha sido para decir que el
secretario de Estado lo hace muy mal, y mucho menos que don Ramón de
Miguel lo hay muy mal -en buena medida comparto alguna de las cosas
que ha dicho el señor Guardans-, pero sí digo que muchos de sus
ministros lo hacen fatal. Ese es el tema. Y cuando hablo de
despropósitos no me refiero a los de la Secretaría, sino a lo que
a mí me lo parece, y es que la señora ministra de Agricultura esté
hablando de contingentes sobre el aceite de oliva cuando ya se ha
cerrado con Túnez el acuerdo relativo a este tema antes de que haya
llegado aquí la documentación p recisa.

Señor Guardans, no pretendemos convertir esta discusión en un debate
partidistas entre unos y otros, en absoluto. Pensamos que de los que
se trata es de construir un edificio institucional sólido que nos
permita caminar con garantías hacia la construcción de esa Unión
Europea en la que creemos profundamente. En consecuencia, tantos
cuantos incumplimientos detectemos los seguiremos poniendo de
manifiesto. Esta es nuestra voluntad. Estoy absolutamente de acuerdo
con usted en que todas las leyes son mejorables, pero en cualquier
caso creo que es mejor caminar hacia lo que el secretario de Estado
reconocía al final de su intervención cuando decía que vamos a
cumplir primero esta ley y luego vamos a ver si la podemos mejor a r.

A mí me parece que el camino hoy es cumplir con la ley que tenemos y
hacerla cumplir.

Termino diciendo que es cierto, señor secretario de Estado, que hay
muchísimos papeles, pero hoy en día hay una cantidad de posibilidades
informáticas y telemáticas tremenda para agilizar todos estos temas.

Quizá yo sea un apasionado de estos temas y de Internet, pero me
parece que las instituciones políticas deberían aprovechar las
ventajas de las nuevas tecnologías para agilizar lo que preocupa
a los ciudadanos. (El señorGuardans i Cambó pide la p alabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la p alabra.

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Quería hacerle dos precisiones muy
puntuales, señor secretario de Estado.

Dice el señor secretario de Estado, y tiene razón, que de la
recepción de los documentos Com por este Parlamento no recibe ninguna
reacción, y es cierto, pero yo animaría al señor secretario de
Estado, y ese era un poco el sentido de mi intervención anterior, a
que actué no sólo como secretario de Estado desde el punto de vista
de la Administración sino cuando menos como correa de transmisión en
este punto entre el Parlamento y el Gobierno en su conjunto, porque
los cauces reglamentarios no se corresponden con la ley. La ley puede
estar muy bien, pero luego no hay cauces. Por ejemplo, el señor
secretario de Estado decía, y es verdad, que la ley prevé que se
pueda



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pedir ampliación sobre un determinado Com. Señor secretario de
Estado, este portavoz lo ha intentado alguna vez, pero es que el
cauce que prevé el Reglamento de esta Cámara para pedir ampliación es
pedir la comparecencia, comparecencia que debe ser calificada por la
Mesa de la Cámara, que luego deberá volver y que sigue un trámite.

Evidentemente, pasan dos o tres meses y cuando llega el momento de
esa comparecencia y se puede tomar una posición desde el punto de
vista de esta Cámara, o ya se está aprobando o ya se ha aprobado o
sencillamente es una cosa que se va a resolver al día siguiente de
que el propio secretario de Estado o director general del ramo
comparezca a explicar en qué consistía y qué matices tenía la
posición del Gobierno. Eso no lo va a cambiar usted solo, pero le
quiero transmitir que la ley no se corresponde con el Reglamento de
esta Cámara. Los cauces que existen de control al Gobierno en el
Reglamento de la Cámara no están pensados en clave de Unión Europea,
están pensados en otra clave, están pensados en otros términos, en
clave de control de la actuación de la Administración, no de la
actuación de la Administración como legislador, que es lo que es lo
que de hecho ocurre cuando hablamos de Unión Europea. Por tanto,
simplemente quería ampliarle la información. Es cierto que este
Parlamento no responde como debería, en concreto esta Comisión, es
cierto que cada uno tiene que darse sus propios golpes de pecho, pero
es cierto también que somos el Parlamento peor dotado de Europea y si
concretamente vamos al ámbito de la Unión Europea, sin ninguna duda
el que cuenta con menos medios; no sé si habrá algún parlamentario
por detrás desde el punto de vista del ámbito de la Unión Europea y
del control parlamentario. No voy a entrar en el detalle de nuestras
penas, pero como Gobierno debe saber con que medios cuenta este
Parlamento, qué Administración parlamentaria tiene detrás esta
Comisión, qué presupuesto tiene el Parlamento dedicado a esto. Si
cada parlamentario tiene que trabajar por su cuenta, difícilmente se
puede llegar a lo que se piden al cumplimiento de la ley. No es
responsabilidad suya, señor secretario de Estado, pero creo que es la
primera vez que hablamos de esto, al menos en esta legislatura, y no
me hubiera quedado tranquilo sin que no sólo constara en el «Diario
de Sesiones», sino que también se lo comunico para que usted lo
transmita al resto del Gobierno en la parte que le corresponde.

En cuanto a la pregunta que le he hecho sobre las comunidades
autónomas, si no he entendido mal, es que las comunidades autónomas
-no hago crítica, por el momento es sólo simple información- no
reciben la información elaborada, sino que reciben la información en
bruto, directamente los documentos Com del llamado consejo de Asuntos
Autonómicos en la representación permanente, pero no reciben la
posición del Gobierno sobre cada uno de esos documentos. Esa es la
duda. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Intervendré muy brevemente, simplemente para
siguiendo los comentarios que ha hecho el señor Guardans, volver a
decir que, por las
razones que he dado anteriormente y por lo que ha dicho él mismo,
esta comparecencia del señor secretario de Estado, que como es lógico
ha servido para enriquecer el debate y para aclarar puntos, lo cual
nunca está de más, era innecesaria e inapropiada, puesto que de lo
que estamos hablando es de algo que nos concierne a nosotros mismos,
a esta Comisión y a este Parlamento y que es un problema al cual es
completamente ajeno el secretario de Estado y los distintos ministros
del Gobierno.




- APLICACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO D EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
REFERIDO ALA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS
CONSEJOS DE L A UNIÓN EUROPEA(UE). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTADEL
CONGRESO. (Número de expediente Congreso 212/001473 y número de
expediente Senado 713/000620).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día:
Comparecencia del secretario de Estado para informar sobre la
aplicación del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados
referida a la participación de las comunidades autónomas en los
consejos de la Unión E uropea.




Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Quería precisar una última cosa que había
quedado pendiente.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor secretario de Estado, por no
haberle dado la palabra para que respond i ese.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE P OLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROP E A (De Miguel y Egea): Es simplemente para decir al señor
Guardans que los documentos Com elaborados también se transmiten a
las comunidades autónomas; ellas reciben inmediatamente todos los Com
y luego, cuando se elaboran, también reciben los informes.

Como sus señorías saben, el acuerdo del Pleno del Congreso de los
Diputados del pasado 10 de marzo abría un proceso de reflexión, tanto
del Gobierno como de las fuerzas políticas y las comunidades
autónomas, en relación con la participación de éstas en los asuntos
relativos a la Unión Europea. Este acuerdo, cuyos antecedentes
inmediatos podemos encontrar en una proposición no de ley aprobada en
esta Comisión Mixta, se refiere a dos tipos de reflexiones
íntimamente relacionadas entre sí, pero que me parece importante
deslindar adecuadamente. La primera de ellas es la relativa al
sistema actual de participación interna de las comunidades autónomas
en los asuntos europeos a través de las conferencias sectoriales. En
realidad, cuando hablamos del sistema de participación interna, nos
referimos al desarrollo en la práctica del principio



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de cooperación en temas europeos consagrado en nuestro ordenamiento.

Desde el punto de vista del Gobierno, lo que se persigue en este
terreno y lo que persigue el acuerdo del Pleno del Congreso es hacer
un cumplido análisis del camino recorrido hasta ahora, tras más de
diez años de pertenencia de España a las Comunidades Europeas y
algunos menos de desarrollo institucional de los mecanismos internos
de cooperación entre la Administración central y las administraciones
autonómicas en los asuntos comunitarios. De este análisis necesario
habrá que sacar las conclusiones oportunas sobre el juicio que nos
merece el sistema vigente y las actuales vías para mejorarlo.

La otra reflexión que incluía el acuerdo del Congreso de los
Diputados se refiere a la participación de representantes autonómicos
en el Consejo de Ministros de la Unión. El punto cuarto del acuerdo
del Congreso dice textualmente: Insta al Gobierno para que, en el
marco de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades
Europeas, se inicie, mediante la inclusión en el orden del día de la
próxima reunión plenaria del mes de junio, un proceso tendente a
establecer una fórmula que permita la presencia de un representante
de las comunidades autónomas en la Delegación del Gobierno en
aquellas reuniones del Consejo de Ministros de la Unión en las que se
traten acuerdos sobre los cuales tengan competencia exclusiva las
comunidades autónomas.

Desearía señalar a sus señorías que tal y como recoge el propio texto
del acuerdo del Congreso, la Conferencia para asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas que se celebró el pasado 10 de junio,
presidida por el ministro de Administraciones Públicas, comenzó este
doble proceso, con la seriedad y el rigor que para este Gobierno
tienen siempre todos los asuntos relativos a la defensa de los
intereses de España ante las instituciones comunitarias.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la lógica y el propio
texto del acuerdo obligan a realizar dos ejercicios paralelos y
complementarios. No podemos olvidar que la única base posible de un
sistema de participación en el Consejo es un buen método de trabajo
en el orden interno. En segundo lugar, el texto del acuerdo del
Congreso define con precisión el mandato parlamentario, al referirse
directamente a las competencias exclusivas de las comunidades
autónomas.

En ambos casos, debemos saber de lo que estamos hablando antes de
llegar a alguna conclusión sobre esta materia. Para ello, como quizás
SS.SS. sepan, el Ministerio de Administraciones Públicas presentó en
la reunión de la Conferencia para asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas dos informes. El primero aborda el ejercicio de
la participación interna de las comunidades autónomas a través de las
conferencias sectoriales y el segundo consiste en un primer documento
que contiene la definición y el ámbito de las competencias exclusivas
de las comunidades autónomas. El propósito del Gobierno al presentar
estos informes a través del Ministerio de Administraciones Públicas
es que las comunidades autónomas remitan sus observaciones a este
documento elaborado por este Ministerio y por el Ministerio de
Asuntos Exteriores. En este sentido, debo señalar a SS.SS que hasta
la fecha no se ha producido
la respuesta que esperamos de las comunidades a utónomas.

Paralelamente, la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la
Unión Europea, junto con el Ministerio de Administraciones Públicas y
en contacto con los ministerios sectoriales, está elaborando un
análisis de la traducción a nivel comunitario de las competencias
exclusivas de orden interno. Existe sin duda un ejercicio complejo,
que tiene que tener en cuenta, en primer lugar, el ámbito
internacional en el que se desarrolla el ejercicio de la competencia,
es decir, el Consejo como institución de negociación entre los
Estados miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, la
complejidad del ejercicio tiene también mucho que ver con la realidad
de la práctica comunitaria, tanto por lo que se refiere al
solapamiento de diversos títulos competenciales en un mismo acto
normativo comunitario como por la movilidad del tratamiento de un
asunto concreto en las diferentes formaciones del Consejo de la
Unión. Este análisis, para el que hemos puesto a trabajar a
reconocidos especialistas en la materia, será entregado a las
comunidades autónomas y a esta Cámara antes de final i zar, yo espero,
naturalmente, este trimestre, y creo que puede ser completado a
principios del próximo año. Otras cuestiones relacionadas con esta
reflexión serán también evocadas en un corto período de tiempo.

De lo que se trata, en suma, es de abordar la realización práctica
del acuerdo del Congreso de los Diputados sobre bases sólidas que se
integren en una visión de conjunto sobre la participación de las
comunidades autónomas en los asuntos relativos a la Unión Europea. La
experiencia de otros Estados miembros puede, en este sentido,
resultar inútil para este ejercicio, tanto por los aciertos como por
los errores que debemos evitar. Sin duda, en este asunto no cabe un
paralelismo automático con respecto a otras legislaciones, pues, ante
todo, el ejercicio debe respetar nuestro ordenamiento constitucional.

Creo, por último, que recojo el sentir de esta Comisión Mixta cuando
digo que el ejercicio de la participación autonómica en los asuntos
europeos, tanto desde el punto de vista interno como en el marco de
las instituciones comunitarias, debe respetar en todo momento la
necesidad de un mecanismo de arbitraje del interés general. Sin duda,
este necesario arbitraje de posiciones legítimas pero contrapuestas
no sólo es labor del Gobierno sino también de forma muy destacada
tarea prioritaria del Parlamento, y en lo que se refiere a los
asuntos europeos, tarea prioritaria de esta Comisión Mixta.




Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTACOSTA: Señor secretario de Estado, hemos solicitado la
presencia del Gobierno ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea
para que, efectivamente, explique los pasos que ha dado para la
aplicación del acuerdodel Pleno de la Cámara y de la propia Comisión
Mixta



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sobre participación de las comunidades autónomas en los consejos
europeos. Nos ha explicado los pasos que se han dado, veo que con una
prudencia quizás excesiva, pero son pasos que se han dado y que
nosotros damos por bien e mpleados.

Yo quisiera, señor secretario de Estado, ir un poco más al fondo de
la cuestión. Sobre todo, lo que no quisiera, y lo que queremos dejar
meridianamente claro, es que detrás del argumento de una dificultad
cierta que existe en la aplicación de lo acordado por el Congreso de
los Diputados, se esté produciendo un aggiornamento de la aplicación
de lo que es una decisión política del órgano que representa la
soberanía nacional en este país y que no puede estar condicionada por
ideas prefijadas o por una falta de voluntad política de llevar a
cabo aquello que aquí se acuerda.

Dicho esto, señor secretario de Estado, señor presidente, con esta
solicitud no estamos improvisando un discurso ni descubriendo nada
nuevo. España se plantea este tema desde el mismo momento de la
incorporación a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica
Europea, y lo hace preguntándose cómo resolver la participación, en
los diferentes niveles competenciales, de las administraciones
públicas, atendiendo a la vez a la integración dentro de un o rganismo
supranacional, mientras se estaba produciendo se había producido ya,
en cierta medida-una descentralización política de un calado y una
profundidad que seguramente son de los mayores en Europa y solamente
equiparables en cierta medida a los del Estado federal alemán. Para
ello, las administraciones públicas, los partidos políticos y los
responsables políticos identificaban claramente dos vertientes del
problema: una fase descendente, la aplicación normativa y
administrativa del ordenamiento comunitario, y una fase ascendente,
es decir, el establecimiento de mecanismos de participación de las
comunidades autónomas en la configuración de la voluntad estatal.

En el primero de los casos, la fase descendente, tal como se ha
puesto hoy aquí de manifiesto otra vez, es ya directiva
constitucional la aplicación que siga en el orden interno la regla
del reparto de competencias, de forma que el Estado o las comunidades
autónomas serán competentes para la aplicación del derecho
comunitario en los términos en que lo determinen sus respectivos
títulos competenciales. Cabe, eso sí, hablar de reforzar los
mecanismos de cooperación y colaboración interinstitucional, tal como
se viene produciendo desde el primer momento de la incorporación a la
Comunidad, y yo creo que a medida satisfactoria para el conjunto de
las administraciones y para la eficacia del sistema. Por lo tanto, en
ese aspecto quedan siempre mecanismos por perfeccionar, pero existe
el clima de cooperación y de colaboración suficiente para ir dando
respuesta a los problemas que se vayan planteando.

Es en la fase ascendente, señor presidente, señor secretario de
Estado, señorías, donde resta un camino por recor r er, un camino en
el que es importante el compromiso y la colaboración de todos. Con
ello quiero reforzar la idea -que de alguna manera ha venido a
plantear el secretario de Estado- de que la importancia de lo que
estamos produciendo requiere, para su buena aplicación y su buen
funcionamiento, de un amplio consenso de las fuerzas políticas de
gobierno, el conjunto, por lo tanto, de grupos parlamentarios que
componen el Congreso de los Diputados.

Como decía antes, el camino está trazado. Desde la misma
incorporación de España a las entonces Comunidades Europeas, el
Estado tiene planteado en su orden interno cómo compatibilizar -ya lo
he dicho antes-la integración en instituciones supranacionales con
una descentralización política interna que acerque las decisiones
sobre los problemas a los ciudadanos objeto de las mismas. Es cierto
que se plantea desde el primer momento y que ya en el año 1985 se
formuló -considerando como referente el caso alemán- la idea de
recurrir a una fórmula de convenio entre el Estado y las comunidades
autónomas, como instrumento más idóneo para lograr la configuración
de la voluntad del Estado en la fase ascendente de decisiones y en la
representación del Estado en la Unión Europea. Transcurrieron cuatro
años y varias propuestas hasta que, en 1989, una resolución de este
Parlamento, del Pleno del Congreso de los Diputados del 15 de febrero
en el debate del estado de la Nación, mandató al Gobierno a articular
los mecanismos que permitieran la resolución de los problemas
actualmente planteados y su funcionamiento regular. Se refería,
naturalmente, a los problemas de participación en las decisiones de
la Unión Europea en las que participaba el Estado y en las que las
comunidades autónomas querían estar presentes. Es una forma
absolutamente genérica, poco comprometida diría yo, pero estábamos en
1989, tres años después de incorporarnos a la Comunidad y con un alud
de trasposiciones de normativa comunitaria que seguramente hacía
inviable una mayor profundización en aquel momento en este tema, pero
es el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Conferencia
sectorial para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. Es
el embrión, ahí nace, primero, informalmente y después ya
formalmente, a partir del año 1992, dicha conferencia. Entre 1992 y
1996, esta conferencia viene funcionando a satisfacción de la
mayoría, pero con problemas todavía por resolver. Estamos en la parte
transitable del camino, pero no hemos culminado el trazado de este
camino, fase para la que sin duda existen opiniones distintas, pero
deberíamos ser capaces de encontrar la fórmula en la que todos
podamos coincidir y esa fórmula -entiendo yola resolvió esta Cámara
cuando mandato al Gobierno, en la Comisión Mixta para la Unión
Europea y en el Pleno del Congreso de los Diputados, para culminar la
fórmula y dar representación a las comunidades autónomas en las
delegaciones en el Consejo, siempre y cuando en los consejos europeos
se traten temas que sean competencia exclusiva de las mismas.

Como nosotros creemos que es razonable realizar ese tramo del camino,
queremos exigir al Gobierno que lo haga. No que lo haga con prisas,
no que lo haga alegremente, no que lo haga sin meditar las
consecuencias que ello tiene, sin duda, para la representación del
Estado ante la Unión Europea, pero sí con la firmeza de que ése es un
compromiso político y que detrás de una voluntad política y de un
compromiso político no puede haber reticencias nojustificadas en la
realidad -no conocemos los argumentos profundos que hay detrás de
esas reticencias-ni que las mismas se amparan en torno a estudios,
análisis y demás documentos que la Administración es experta en
producir cuando se trata de demorar la aplicación de mandatos
políticos que no le gustan.




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Señor secretario de Estado, lo que le estamos diciendo es que no es
de recibo que se mandate a la Conferencia sectorial para la Unión
Europea a que haga un listado de las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas, para aplicar una resolución política. En el
orden interno, creemos que está funcionando satisfactoriamente la
participación de las comunidades autónomas a través de las
conferencias sectoriales y, por lo tanto, en el mandato que se da al
Gobierno, de esa parte ya estamos satisfechos. No hay grandes medidas
que aplicar; en cualquier caso, elementos a perfeccionar. Por todo
ello, le pedimos -usted se ha comprometido a presentar los informes
en un plazo, que es este trimestre-que concrete más políticamente
cuándo va a cumplir el Gobierno el mandato de esta Cámara, que nos dé
un plazo de cumplimiento del mandato del Pleno del Congreso de los
Diputados y de la propia Comisión Mixta para la Unión Europea para
que instrumente la participación de las comunidades autónomas en las
delegaciones del Estado ante el Consejo de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, voy a ser muy breve,
puesto que la posición de mi grupo es conocida y no querría caer en
la retórica de volver a plantearla, como si fuera la primera vez que
se habla en esta Comisión de este tema.

Agradezco la información que ha dado el secretario de Estado. Creo
que efectivamente ese dictamen en el cual se analicen cuáles son las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en su
aplicación en el ámbito europeo, puede tener su interés. Es cierto
que hay una complejidad técnica práctica en cuanto a lo que esta
Cámara mandato, tanto a nivel de la Comisión Mixta como
posteriormente en una resolución del Pleno, pero suscribo lo que se
ha dicho y que es obvio: donde hay voluntad política, los obstáculos
se superan y donde no la hay, puede haber mil cauces jurídicos -y
absolutamente inimpugnables- para no cumplir aquello que no se quiere
cumplir. No le estoy imputando todo esto, todavía, al Gobierno -el
plazo para que la crítica pueda tomar un tono distinto aún está
abierto-, pero sí se nota una cierta falta de sensibilidad, hay una
cierta impresión de que, bueno, no hay más remedio que cumplir lo que
el Parlamento pidió, unas prevenciones sobre los riesgos que de ahí
se pueden derivar. Nosotros, por el momento, vamos a esperar y ver.

Pedimos una vez más que el Gobierno se tome en serio este tema, que
le dé la importancia que no sólo le damos nosotros como fuerza
política, sino que creemos que se deriva de la propia naturaleza de
la Constitución, del título VIII y del propio reparto de
competencias. Este caso, como tantos otros actualmente muy de moda
por la situación política en la que estamos a nivel de la
distribución territorial de poderes en el Estado, es uno de esos
ejemplos en los que el Gobierno es quien ha de convencer a las
comunidades autónomas de que caben -no digo en la Constitución, que
algunos estamos muy convencidos de ello-, de que la Constitución
actual no es obstáculo. Es al Gobierno a quien le corresponde hacer
eso. No basta con discursos.




Las comunidades autónomas, concretamente las fuerzas nacionalistas,
pero también las demás comunidades autónomas, han de percibir día a
día, y no lo perciben hoy, que el Gobierno entiende realmente el
reparto de competencias en el Estado, que no tiene miedo, por
ejemplo, a que la educación deje de ser una competencia del Estado
central, que no lo es; a que la cultura haya dejado de ser una
competencia del Gobierno central, que no lo es; y a que eso no sea
sólo una cuestión estatutaria o de la Constitución, sino que se
materialice en gestos. La cultura es una competencia exclusiva y eso
se materializa también en las reuniones a nivel de la Unión Europea.

Pongo los ejemplos más evidentes y más sencillos. Lo mismo ocurre con
la política educativa en buena parte.

Insisto, falta voluntad política. No elevo el tono de la crítica. Es
más, ni siquiera querría que constara crítica en este momento, sino
una cierta prevención por nuestra parte, porque no percibimos la
voluntad política que querríamos v er. Por el momento, visto el tiempo
que ha transcurrido, que tampoco es excesivo, desde que este
Congreso, en su debate sobre el estado de la Nación, aprobó la
resolución que comprometía al Gobierno, creemos que es prudente dar
todavía un plazo mayor al Gobierno para que empiece a poner en
funcionamiento mecanismos que son complejos, que es cierto que pueden
tener problemas prácticos de funcionamiento, pero que, como en tantos
otros frentes, con voluntad política se podrán resolver.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URÍAECHEVARRÍA: Quisiera dar las gracias al señor
secretario de Estado por las cuestiones manifestadas y al Grupo
Socialista por haber traído a esta Comisión mixta una cuestión que
forma parte de las inquietudes constantemente manifestadas por el
grupo al que pertenezco y que se plasmó en la proposición no de ley
aprobada en este mismo seno y en la moción aprobada posteriormente a
instancia de la señora Lasagabáster en el Pleno del Congreso de los
Diputados.

Dos son las cuestiones que me gustaría suscitar a propósito de este
tema. La primera se refiere a la interpretación que por parte del
Gobierno se está realizando del concepto de competencias exclusivas.

Ya suscitó esta cuestión el portavoz de mi grupo, señor Gangoiti,
cuando se estaba debatiendo el texto alternativo que presentaba el
Grupo Popular a nuestra propuesta. En aquel momento expresamos
nuestro temor de que una interpretación restrictiva de ese término
podría contrariar el espíritu de la moción. En el turno de respuesta,
el portavoz, señor Martínez Casañ, nos tranquilizó al contestar que
la introducción de este apelativo no se hacía con carácter
limitativo. Creímos entonces que era la interpretación correcta o la
voluntad auténtica de lo que manifestaba la Cámara. No obstante, en
el primer documento presentado por la Administración del Estado a las
comunidades autónomas en el Pleno de la conferencia sectorial de
junio se pone énfasis en este concepto en un sentido muy restrictivo
y con prolijas referencias a los estatutos, a los decretos de
transferencias y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en
un sentido que ya ha expresado también el portavoz socialista que me
ha precedido en



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el uso de la palabra. Creemos que la cuestión puede simplificarse:
las competencias de las comunidades autónomas son exclusivas hasta
donde lo son y las competencias del Estado son exclusivas a partir de
donde lo son. Es posible simplificar bastante más la cuestión, y el
documento por ustedes presentado huele a disculpa, a confundir la
cuestión con una técnica que también nos permitimos pensar que tiene
algo de dilatorio. Nos gustaría pensar que no, pero el documento
presentado, repito, introduce confusión en un asunto que puede
establecerse en términos más claros y sencillos.

La segunda cuestión se refiere al ritmo de los trabajos. La moción se
aprobó en el mes de marzo y, si bien en estos momentos está siendo
objeto de análisis por las comunidades autónomas, como usted ha
tenido a bien m anifestar, también es cierto que ha hablado de un
ritmo de documentos a presentar por la propia Secretaría de Estado en
dos fases, concluyendo unos de este trimestre y otros parece que
hacia febrero o marzo del año 1999. En conclusión, para cuando se
cumplan un año de la moción debatida en el Congreso todavía no
sabremos, no se habrá articulado debidamente, en qué van a consistir
esta participación de las comunidades autónomas en el Consejo de
Ministros. Creemos además que hay disparidades dentro del propio
Gobierno. En concreto, el Ministerio de Administraciones Públicas
presentó ya un informe sobre este punto en junio, y ahora el
Ministerio de Asuntos Exteriores habla de un estudio a siete meses.

Nos gustaría que hubiese una cierta coordinación y, si fuese posible,
una aceleración en los trabajos.

Deseamos creer que esta voluntad dilatoria no existe. A este respecto
mi grupo consideraría de un gran valor que el Ministerio de Asuntos
Exteriores diese algún paso decisivo en relación con esta
participación, y por ello sugerimos ahora otra vez la vía que fue ya
propuesta por algunos representantes autonómicos en el Pleno de la
conferencia, propuesta que consistía en permitir que, de forma
transitoria, hasta tanto se articular completamente la participación
de las comunidades autónomas y sin prejuzgar cúal va a ser el
resultado final, se permita que aquéllas estén presentes en
cuestiones de clara competencia autonómica. Se habló de la presencia
de algunas comunidades autónomas en el asunto de las volantas en el
Consejo de Ministros de Pesca. Existen actualmente en discusión otras
materias en el Consejo de Ministros que afectan directamente a todas
o algunas de las comunidades autónomas y, como representante de un
partido vasco, me referiré a las cuestiones fiscales.

Sería de gran interés conocer cual es su posición respecto a que
pudiese participar representantes de las comunidades forales, de la
vasca y de la navarra, en tanto se dilucidan estas cuestiones. Podría
proporcionar una experiencia de gran utilidad de cara a perfilar el
acuerdo final entre el Estado y las comunidades autónomas sobre este
cauce de participación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Le agradezco al señor secretario de Estado
la información que ha dado.

Qué duda cabe, señor De Miguel, que armonizar hechos competenciales y
legislación que trabaja de alguna manera las normas de funcionamiento
de la Unión Europea en cuanto a las representaciones en los consejos
de ministros europeos con lo que señalan nuestra Constitución, los
estatutos de autonomía y la propia competencia de la Administración
central del Estado español es hacer encaje de bolillos. En este
momento me da la sensación de que estamos todos, el Estado central y
las comunidades autónomas, presos de una interpretación de moción
consecuencia de interpelación que presentó acertadamente la señora
Lasagabast e r, por el Grupo Mixto-Eusko Alkartasuna, y que nosotros
apoyamos. Pero aquí hay que retrotraerse a qué quería decir el
legislador, porque en mi comunidad autónoma, cuando recibieron el
documento del Estado central, me preguntaron qué habíamos
interpretado los parlamentarios, en mi caso como portavoz en aquel
debate, del texto de la moción que se aprobó. La moción que se
aprueba es la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Popular.

Surgen cuestiones tales como que se diga que comunidades autónomas
nos pongamos de acuerdo en que un representante de las comunidades
autónomas vaya en la delegación, pero es muy difícil encontrar un
representante que se haga cargo de una responsabilidad colectiva,
porque alguien tendrán que a rbitrar, como bien ha dicho el señor
secretario de Estado. Yo me sumo, en primer lugar, a la propuesta que
ha hecho el señor Guardans de dar tiempo, porque es cuestión por la
propia ambigüedad de la moción que aprobamos, es verdaderamente
confusa y difícil.

El punto cuarto de la moción dice al final: asuntos sobre los cuales
tengan competencia exclusiva las comunidades autónomas, texto que
complicó de alguna manera este proceso de armonización, porque el
punto dos de la enmienda que habría presentado el Grupo Parlamentario
Socialista -yo le pido al señor secretario de Estado que no lo olvide
por lo que le voy a decir a continuación con respecto a Canarias-
decía: En los casos en que la naturaleza de la materia así lo
aconseje por tratarse de competencias autónomas o por la singularidad
o importancia autonómica de la materia. Mi grupo habría deseado que
se hubiera introducido la citada expresión: la singularidad o
importancia autónoma de la materia, porque le habría permitido a la
Administración central empezar a hacer una experiencia con aquellas
materias exclusivas y singulares de una comunidad autónoma, una
especie de práctica, antes de entrar en un texto normativo como el
que tendremos que definir en su día.

Al encontrarse la comunidad autónoma en un marco tan singular por el
régimen económico y fiscal de Canarias, o por aquellas OCM de
productos como el plátano que se negocian de una manera tan singular,
como sabe bien el señor secretario de Estado se podía haber empezado
designando a un representante de cualquier comunidad autónoma. Yo
ponía el ejemplo que ofrecía la situación de Canarias para decir:
Vamos a ver cómo funciona esto de tener un representante en la
delegación gubernamental ante la Unión Europea, porque el hecho de
que cualquier comunidad autónoma tenga materias cualificadas como la
modificación del régimen económico y fiscal. La creación de un
régimen fiscal específico canario dará una gran permeabilidad
informativa, un gran apoyo logístico y técnico a la



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delegación gubernamental del Estado español ante la Unión Europea.

Termino diciéndole, señor Secretario de Estado que el debate tendría
que estar más escenificado en el orden competencial en el Ministerio
de las Administraciones Públicas. Como Secretario de Estado, lo que
usted quiere es que le den el instrumento necesario para la parte
práctica de su responsabilidad y tener en su departamento de
exteriores este apoyo logístico ante cualquier Consejo de Ministros
en Bruselas. Usted se lo tiene que dar, en primer lugar, a la
conferencia sectorial para asuntos relacionados con las comunidades
europeas, que nos está tutelando en la mediación de la presidencia de
la confederación sectorial, que es el señor Rajoy, ministro de las Ad
ministraciones Públicas. Nosotros queremos salir de este impasse de
extrañas interpretaciones que la moción aprobada está creando. Le
agradezco la manera en que su departamento -y usted personalmente con
nuestro caso- está solucionando esta cuestión por una vía inteligente
de información y diálogo, no de representación institucional,
supliendo aquellas cuestiones informativas en temas tan específicos
como los referentes a mi comunidad autónoma. Nos vamos a tomar un
tiempo para reflexionar sobre la interpretación de un representante o
sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas sin
ninguna pausa y prueba de ello es el debate que estamos teniendo
aquí. Nosotros ofrecemos, en primer lugar, el principio de
solidaridad para saber cómo nos podemos poner de acuerdo 17
comunidades para tener un representantes y ver qué materias son de
competencia exclusiva. Vuelvo a pedirle que no pierda de vista la
posibilidad de experimentar con representaciones de comunidades
autónomas que, por la singularidad o importancia autonómica de la
materia, sean muy importantes para conseguir logros a nivel de
política de Estado.

Por lo demás, deseo agradecerle su información, señor secretario de
Estado. Esos informes que han de remitirse a las comunidades
autónomas tienen la justificación del retraso. Por último, quiero
manifestarle que esperamos que el documento que está elaborando el
comité de expertos de la Administración central -y recojo algunas
palabras suyas- no sólo se envíe a las comunidades autónomas, sin
también a esta Comisión, porque los grupos que aprobamos la moción
correspondiente somos los primeros que tenemos que conocer estos
documentos de trabajo para pronunciarnos al respecto.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy a agradecerle también la
información al secretario de Estado, así como la oportunidad y
conveniencia de la solicitud de comparecencia realizada por el Grupo
Socialista.

Uno de los puntos comunes de esta comparecencia es el interés que la
presente cuestión suscita en todos los grupos parlamentarios. No es
el primer debate, de hecho, a lo largo de este año hemos tenido
debates tan vivos como intensos e interesantes en relación a esta
materia, en febrero y en marzo, que dieron lugar a dos reflexiones
que llevaron a un consenso de todos los grupos parlamentarios. La
primera
reflexión, cualesquiera que fueran las razones por las cuales los
distintos grupos llegaron a ella, es que, a lo largo de los últimos
doce años, a pesar de los avances en cuanto a la participación de las
comunidades autónomas en las fases descendentes -no tanto en la
ascendente- de realización de la voluntad dentro de la Unión Europea,
lo cierto es que esa participación no era todo lo deseable que
debería ser de conformidad con el espíritu de este Estado, un Estado
autonómico y descentralizado, más allá de una mera descentralización
administrativa.

La primera conclusión unánime fue que para solventar esa deficiencia
-cuya participación no era susceptible de ser cumplimentada solamente
con la Conferencia de asuntos europeos o con la existencia de un
consejero autonómico, sino que hacía falta en el órgano más
importante, y en concreto en el Consejo de Ministros y grupos de
trabajohabía de tener voluntad política. Todos los grupos
parlamentarios llegaron a la conclusión -vuelvo a señalar,
cualesquiera fueran las razones por las que llegaron a ella de que
había que tener voluntad política para afrontar este nuevo reto. Esa
es una conclusión que se vislumbre en todos debates y que está ahí.

Estamos de acuerdo en que hay que modificar la situación y dar cauce
de participación a las comunidades autónomas en esa fase ascendente
y, especialmente, en el lugar donde más importancia tienen las
decisiones y las negociaciones, que es el Consejo de M inistros.

La segunda conclusión también es importante, sobre todo porque da
lugar a gran parte de los debates que probablemente tengamos -en este
momento creo que son incipientes- y espero que la segunda
comparecencia respecto a este tema evalúe el resultado final y
lleguemos a un acuerdo unánime. La segunda parte que señalábamos era
la dificultad y complejidad. No es fácil señalar cuál puede ser el
sistema, no se puede copiar de manera mimética respecto de otros
sistemas que puedan existir en la Unión Europea, y en ese sentido
había que plantearse una reflexión. Esto se ha admitido con la lógica
responsabilidad que tenemos que tener los diputados y cualesquiera
otros responsables políticos. Es verdad que eso requería un análisis
de cómo se podía dar lugar a esa participación.

Un tema que personalmente plantee a lo largo de los diversos debates
es que la complejidad no nos podía llevar al olvido de esta realidad,
que se tenía que reflexionar sobre las posibilidades de solución y
que debía ser abordada de manera clara y con coraje político para
llegar a la primera parte de la conclusión: la voluntad política de
la participación. Me preocupaba terriblemente cómo se podía llegar
a este tema, no sólo en cuanto al procedimiento, sino al modo y al
momento. Como ustedes recordarán, pedíamos en la moción un plazo muy
concreto de seis meses porque entendíamos que con ello era posible
realizar los dos elementos importantes: La reflexión respecto a la
complejidad y la articulación definitiva respecto del sistema. Dado
que este plazo no era admitido por otros grupos parlamentarios y en
la convicción de que lo importante en este primer debate respecto a
la decisión definitiva era la unanimidad, llegamos al consenso de
establecer, al menos, la primera fecha para introducir el debate, y
así se ha hecho.

Hemos observado en esta primera aproximación, en el mes de junio, la
presentación de un informe del Ministerio



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de Administraciones Públicas muy extenso que yo definiría de
absolutamente descriptivo, sin ninguna consideración a cómo puede
realizarse esa participación; un documento que, como decía la señor
Uría, no era lo que se ha había dicho respecto a la definición de
competencia exclusiva; un documento que da la sensación -espero no
equivocarme- de esa técnica dilatoria tan utilizada no sólo en
política sino en otros aspectos de la vida, y eso es lo que realmente
nos preocupa.

Usted señalaba que las comunidades autónomas no han contestado.

Desconozco las razones y no pretendo suplantar los motivos, pero si
yo fuera representantes de alguna de ellas no entraría en esta
dinámica de trabajo, porque puede llevarnos al infinito y
terminaríamos sin llegar a la realidad, a lo que se pretendía, al
mandato de este Parlam e nto.

El señor Guardans decía en el debate del 10 de marzo que los árboles
no nos impidieran ver el bosque. Con el procedimiento que el Gobierno
ha iniciado temo -ojalá me equivoque- que al final terminemos en una
marea de debates o de confrontaciones por las cuales no veamos el
bosque o, en definitiva, lo que en este Congreso decidimos en su
momento.

Hay tiempo relativamente. Hay tiempo porque estas discusiones
comenzaron en junio, el procedimiento quizá no vaya por el camino que
a nosotros nos gustaría, pero se puede reconducir fácilmente. Me
gustaría que nos diera más datos porque esa comunicación respecto a
diversos análisis que están realizando y que vana ser terminados y
transmitidos a lo largo de este año, incluso del que viene, aumenta
la preocupación que teníamos al iniciar esta comparecencia. Nos
gustaría saber cuál es el horizonte previsto, dentro de su
competencia en el Gobierno, para llegar a un acuerdo en esta
cuestión.

Como su señoría habrá podido comprobar, es un tema de gran interés
para los grupos parlamentarios. Parece que vamos a ser muy
persistentes en estas cuestiones y vamos a solicitar comparecencias
en los próximos meses. Tendremos que hacerlo con la mejor de las
voluntades y el mejor fair play que podamos porque estos es muy
importante.

Concluyo, señor presidente, interesándome por ese plazo transitorio
para poder articular, al menos para determinadas comunidades
autónomas, la participación en cuestiones que son de gran relevancia
para su propio autogobierno. Quiero transmitir al secretario de
Estado nuestra mejor voluntad para llevar a buen término entre todos
los que en su momento creímos que debía ser un cambio sustancial en
la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea y,
en concreto, en el Consejo de M inistros.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: El acuerdo del Pleno del Congreso de los
Diputados, de 10 de marzo de n1998, referido a la participación de
las comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de la Unión
Europea -respecto al cual, y tal como hice en su momento, agradezco
al Partido Nacionalista Vasco y a su portavoz, el señor Gangoiti, el
talante negociador que demostró- no creo que sea
un acontecimiento que deba considerarse de forma aislada, sino como
parte de un proceso tendente a asociar a las comunidades autónomas al
proceso normativo de la Unión Europea; bien de manera indirecta,
siguiendo el proceso de cooperación, o de manera indirecta, que es el
que nos ocupa ahora, como consecuencia de un doble proceso paralelo
en el tiempo de traspaso de competencias nacionales a la Unión
Europea y de competencias del Estado central a las comunidades
autónomas, en nuestro país.

De los dos principios: del juego combinado de la atribución de
competencias a una instancia superior de la Unión Europea y la no
modificación de la distribución interna de competencias dentro de
cada Estado, sobre todo entre el Estado y las comunidades autónomas,
poderes territoriales, se derivó y se deriva el proceso rector de las
relaciones entre éstas y el Estado en los asuntos relativos a la
Unión Europea. Este principio, que denominamos de cooperación,
fundamenta los mecanismos internos de participación de las
comunidades autónomas en este ámbito a través de las llamadas
conferencias sectoriales, que han funcionado muy bien y que continúan
funcionando de manera óptima.

Los gobiernos que nos han precedido pusieron las bases para el
ejercicio de este principio constituyendo las diferentes conferencias
sectoriales y regulando su funcionamiento, que, como he dicho, fue
satisfactorio en general. La experiencia de todos estos años, desde
1986, fecha de entrada en la Comunidad Europea, y la voluntad
política del Gobierno, nos han servido para intentar mejorar y
completar este mecanismo interno de participación de las comunidades
autónomas, sobre todo en esas decisiones. Me permito recordar la
elevación a rango de ley de la Conferencia para asuntos relacionados
con las comunidades europeas, cuyo objetivo fundamental fue y es
atender al buen funcionamiento de las diferentes conferencias
sectoriales y tratar cuestiones de naturaleza horizontal o que no
tengan acomodo específico en una conferencia sectorial determinada.

Nuestro Gobierno y nuestro grupo parlamentario han continuado un
proceso iniciado por otros gobiernos y desarrollado anteriormente con
mayores o menores logros.

El señor Costa habla de prudencia, yo suscribo con rotundidad esta
palabra. Prudencia no significa falta de voluntad ni aplazamiento en
el tiempo, menos aún aplazamiento sine die, sin término fijo. Es útil
recordar que tuvieron que pasar once años, desde 1986, desde que
otros gobiernos pusieron en marcha una práctica de cooperación -a la
que me he referido- entre las comunidades autónomas y el Gobierno, y
a la que durante mucho tiempo no se pudo asociar al País Vasco, por
cierto, hasta que este Gobierno consiguió la elevación a rango de ley
la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades
europeas. Me parece útil también reavivar la memoria política de sus
señorías, señor presidente, señor secretario de Estado, y recordar
cómo la buena voluntad y el espíritu europeísta del Partido
Socialista y de sus respectivos gobiernos no les hizo olvidar nunca
la prudencia y el asesoramiento, y tuvo que mediar una sentencia del
Tribunal Constitucional -histórica por cierto- para que las
comunidades autónomas pudiesen abrir oficinas de representación ante
la Comunidad Europea en Bruselas.




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Paso a la participación directa y al acuerdo de 10 de marzo, objeto
de esta comparecencia. Decíamos en aquella ocasión, señor presidente,
que si queremos que la participación de las comunidades autónomas en
las reuniones del Consejo sea eficaz y que sume, en lugar de restar,
en el marco general de participación de éstas en los asuntos
comunitarios, tendremos que construir una base sólida en un esquema
interno de cooperación que la sustente. Por ello y siendo un asunto
de gran trascendencia para todas las comunidades autónomas sin
excepción -y digo por todas-, consideramos lógico que fuese la
Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas el
foro donde se iniciase el proceso de reflexión y donde se diseñasen y
articulasen las modalidades de participación o portunas.

No creo que sea útil ni realista imponer plazos al Gobierno. Todos
deseamos que el ritmo sea el adecuado y se llegue a un acuerdo en un
plazo razonable de tiempo. La realidad es que aquí hay dos
interlocutores o quizá muchos interlocutores: uno es el Gobierno y el
otro son las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia para
asuntos relacionados con las comunidades europeas. El acuerdo debe
ser global, no puede ser un acuerdo entre el Gobierno y una o dos
comunidades autónomas que, por alguna razón, se encuentren mejor
preparadas que otras o tengan mayor desee que otras en participar de
forma directa. Según la Constitución, todas las comunidades autónomas
tienen la misma vocación competencial y, por tanto, la misma vocación
de participación directa en el tiempo.

Seamos constructivos, señorías, señor presidente, como hemos sido
siempre, y lo suficientemente cautos y razonables para no restar
eficacia a los esfuerzos que todos realizamos en procesos de
negociación abiertos en el foro previsto por la ley y por mandato de
las Cortes Generales.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): He escuchado con mucha atención los
a rgumentos que se han vertido en esta sala sobre ese tema que nos
ocupa, y quisiera empezar diciendo que el Gobierno tiene el
compromiso de dar cumplimiento al mandato de esa proposición no de
ley.

Me gustaría que se evitaran afirmaciones como las que se han oído de
técnicas dilatorias. Quisiera decir que el Gobierno está dispuesto a
hacer su trabajo. El Gobierno -por lo menos éste- no sabe hacer el
trabajo de otra manera sino bien. La presencia de un consejero
autonómico sentado en una sala del Consejo no es una anécdota. Si eso
es lo que satisface a algunos -espero que los representantes
autonómicos no quieran ir y hacese la foto- de los parlamentarios que
aquí se han expresado, les diré que para eso no hacía falta una
proposición no de ley; para eso invitamos a cualquiera a que se
siente y le hagan la foto. Esa no ha sido nunca la posición de España
con respecto al Consejo de la Unión Europea, porque España es un país
muy comprometido desde el principio, desde luego desde el 1 de enero
de 1986, con la construcción europea. Tenemos una muy buena ganada
fama de
rigor y de seriedad en nuestras representaciones en los consejos de
ministros y en los argumentos que damos, además de en la trayectoria,
relativamente fértil en logros por haber trabajado bien los consejos
como para que la representación del Estado en el Consejo sea una
cuestión de anécdota, de ver si hay algún consejero autonómico que
pueda salir en la foto. No es eso. Estamos hablando de algo muy
importante, de la participación de todas las instancias del Estado en
la formación de la voluntad en el Consejo de la Unión Europea.

Habíamos debatido en la comparecencia anterior la participación del
Parlamento. Ahora estamos dispuestos a dar un paso más y decimos que
participen las comunidades autónomas. Pero la participación de las
comunidades autónomas no se puede hacer de manera anecdótica, sino
que hay que hacerla profundizando, como decía la proposición no de
ley, en dos grandes aspectos: primero, la cooperación interna. De
nada sirve que haya representantes de una delegación si no existe una
cooperación interna, un vínculo, un diálogo entre la Administración y
las comunidades autónomas. En el fondo, lo que España necesita en el
Consejo de la Unión Europea es hacer una síntesis de todas las
posiciones y buscar cuál es la que conviene al Estado, y la posición
que le conviene a España en su conjunto es la síntesis de las
posiciones de muchos. Nadie pueden pensar que la representación de
una comunidad autónoma en un consejo supone que hay que defender el
interés específico de esa comunidad autónoma.

Primero, hay que mejorar el procedimiento de cooperación interna que,
aunque ya lleve un tiempo, todavía le falta mucho para que funcione
perfectamente. Y segundo, tenemos que saber cómo se va a articular la
presencia de ese miembro de la delegación española, porque hay una
delegación de España, que será presidida por el ministro que
corresponda, y en esa delegación se incluye también una persona que
no representa a la comunidad autónoma, sino a las comunidades
autónomas como colectividad. Es decir, se tiene en cuenta el punto de
vista autonómico de las competencias de los gobiernos autónomos en la
toma de decisiones. Para eso hay que hacer un estudio profundo de
cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son
las competencias exclusivas. La proposición no de ley habla de
competencia exclusiva, y debo decir que no se debe entender de manera
restrictiva pero sí rigurosa, es d ecir, hay que saber cuales son las
competencias en las que las comunidades autónomas pueden contribuir a
la formación de la opinión de la delegación de España en un Consejo
de Ministros de la Unión Europea. Para eso hemos puesto ese estudio
encima de la mesa. Hay algunas personas que dicen que está hecho con
idea dilatoria. Atodos aquellos que responden eso yo les pido que me
contesten, porque todavía no hemos recibido respuesta de nadie.

Podremos hablar de las competencias exclusivas cuando tengamos las
opiniones de todos. De momento, la única que ha hablado ha sido la
Administración central. Hemos puesto un documento sobre la mesa y
ahora estamos esperando que alguien responda. Cuando tengamos las
diferentes opiniones, podremos iniciar un debate para saber dónde nos
quedamos. En ese debate nosotros tendremos una actitud abierta, no
restrictiva ni dilatoria.




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El otro estudio del que yo hablaba era cómo se desarrolla el
ejercicio de la competencia en el ámbito internacional, la realidad
práctica comunitaria, cómo se pueden hacer casar las competencias de
nuestras comunidades autónomas con el solapamiento de temas dentro de
la Unión Europea con los diferentes consejos. Hay consejos que están
claramente definidos. El señor Guardarns citada el Consejo de Cultura
y creo que la señora Lasagabaster los consejos que tienen que ver con
temas fiscales y las competencias forales de Navarra y del País
Vasco. Yo quisiera decir que hay que ver -porque dentro de un tema
fiscal el Ecofin a lo mejor tiene un 90 por ciento de competencias
exclusivas que solamente competen al Estado- si es un campo donde
cabría la presencia de un representante autonómico y para qué puntos,
no para todos. Todo esto hay que hacerlo bien y nosotros lo estamos
haciendo bien. Ya he dicho -lo dije el primer día- que la Secretaría
de Estado tenía un compromiso en este asunto y que lo haría. Es un
compromiso que además de ser del Ministerio de Administraciones
Públicas es nuestro, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y es
insoslayable, puesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene el
deber constitucional de asegurar la unidad de representación en el
exterior. Es un precepto de la Constitución. No creo que haya ninguna
fuerza política que diga aquí que no hemos cumplido un precepto
constitucional. Por consiguiente, nos compete a nosotros asegurarnos
que todo esto tiene una coherencia en el deber fundamental que tiene
el Ministerio de Asuntos Exteriores de asegurar que todos los
intereses están representados en el exterior a través de un solo
cauce y que ese cauce, que es el del Estado, es el que hace la
síntesis de sus intereses.

Nosotros hemos hecho nuestro estudio. Hemos deseado buscar el
concurso de un acreditado catedrático de derecho internacional porque
nos ha parecido importante la opinión de una personal del ámbito
universitario que pudiera hacer un estudio claro de todo el derecho
comparado; que viera cómo funcionan los mecanismos en otros
ordenamientos porque, aunque no son idénticos a los nuestros, pueden
tener similitudes y que viera cuál ha sido la práctica en el Consejo.

Cuando tengamos terminado ese documento -ya loo he dicho y no porque
se me haya escapado, sino porque lo siento- además de enviárse a las
comunidades autónomas se lo enviaremos a esta Cámara, sobre todo a
esta Comisión, que ha sido la que tomó la iniciativa de esa
proposición no de ley. Estamos dispuestos a hablarlo, a debatirlo y a
tratarlo. A aquellos que piensan que este es un tema que se puede
resolver en un rato, les diré que no lo es. Les invito a que estudien
cuál fue el proceso en Alemania, sistema federal que todo el mundo
conoce y sistema que muchos representantes de las comunidades
autónomas y del Parlamento citan como modélico de participación de
las comunidades autónomas. Les llevó un tiempo grande y, además, una
modificación constitucional, porque todo el mundo sabe que en Alemani
a los representantes de los Lönder que actúan en los consejos son
representantes del Bundesrat, es decir, del Senado como cámara
territorial; y ellos tuvieron que hacer una reforma constitucional.

Con esto yo no estoy diciendo que aquí hay que pasar por una reforma
constitucional; estoy diciendo que tenemos que dar los
pasos necesarios para articular un sistema que sea lo suficientemente
sólido que establezca unas bases de coordinación y cooperación, que
delimite bien las competencias de todos y cada uno y que, además,
delimite bien el papel de ese representante autonómico en el Consejo
para que su presencia no sea meramente anecdótica y únicamente sirva
para la foto. Para eso realmente no estamos haciendo este ejercicio;
estamos haciendo este ejercicio para que haya una verdadera
participación en nuestro Estado autonómico, en el cual creemos,
dentro de nuestro marco constitucional, para que haya una verdadera
participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones
del Estado dentro del Consejo de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más? (Pausa.) Tiene la
palabra el señor Costa por un tiempo de un minuto.




El señor COSTA COSTA: Señor presidente, quería concluir el debate en
esta comparecencia solicitada por mi grupo volviendo al principio del
mismo. Hemos dicho ya que este sistema es evolutivo y que ha ido
madurando, y nosotros entendemos que tiene el grado de maduración
suficiente para visualizarlo en el Consejo. Todo lo que se ha dicho
es conocido y cierto. Además, muchos de estos estudios ya existen, no
hace falta hacerlos de nuevo, los tiene el Ministerio de
Administraciones Públicas; hay una publicación estupenda de dicho
Ministerio de 1995, por tanto bastante actual todavía, sobre los
diferentes sistemas de los Estados compuestos en las representaciones
de los Estados miembros ante la Unión Europea. Hay distintos sistemas
como el alemán, pero también funcionan otros. Por tanto, si se
quiere, si se tiene voluntad política es posible visualizarlo. Es
cierto todo lo que dice el secretario de Estado, no dejará de ser
cierto dentro de cinco años, pero también es verdad que muchas
soluciones pasan por ir caminando, por ir dando pasos hacia adelante.

Por ello, insisto, nos gustaría que nos diera un plazo concreto para
visualizar esa realidad, no para hacer estudios; estudios que ya
existen -insisto-, como, por ejemplo, el estudio sobre cuáles son las
competencias exclusivas y no de las comunidades autónomas, por no
decir que figuran en la propia Constitución. Tampoco hace falta ir
mucho más allá, porque en el funcionamiento y en los sistemas de
cooperación y colaboración, absolutamente imprescindibles en el
entramado institucional, siempre habrá que perfeccionar los métodos
de funcionamiento y de toma de decisiones.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir (Pausa.)



Tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor secretario de Estado, a pesar de la
posible dureza que haya podido tener mi intervención, creo haberme
expresado en términos de rigor y de seriedad. Nadie le ha hablado de
fotos (eso sí que me hubiera parecido una frivolidad), no era eso lo
que se pretendía, y creo que del conjunto de mi intervención así lo
habrán entendido los asistentes a esta comparecencia.




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Respecto al ejemplo que he puesto de las cuestiones fiscales como
posible vía de ensayo de una fórmula de participación, puedo
concretarlo más. En este momento se están debatiendo cuestiones
referidas a incentivos fiscales que sólo vana poder ser regulados por
los cuatro territorios forales, los tres vascos y Navarra. No sería
un despropósito que la Comunidad Foral de navarra y la Comunidad Aut
ónoma vasca sean oídas o puedan participar mientras se debaten en el
Consejo de Ministros estas cuestiones.




El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLÁZABAL: Intervengo muy brevemente. Al
Gobierno y a su representante en este momento, el secretario de
Estado, les otorgamos a los representantes de comunidades autónomas
y, desde luego, a los miembros de los grupos parlamentarios que hemos
propuesto esta cuestión. Es verdad que hay que hacer las cosas bien,
no solamente esta cuestión sino todas, pero hay que hacerlas, y en
eso es en lo que quizá ustedes y nosotros no tenemos el mismo
criterio; es decir, las cosas tenemos que hacerlas todos bien, pero
no estamos de acuerdo en cuanto al tempus.

Creemos que la participación no es una cuestión anecdótica. ¿Cómo
vamos a pensar eso? Si lo pensáramos no hubiéramos sido tan
beligerantes, en el mejor sentido de la palabra, o tan incisivos a la
hora de querer estar en esos foros. No es una cuestión anecdótica;
sabemos que es muy importante porque conocemos lo que ha ocurrido por
no haber podido participar en determinados momentos, por lo que somos
conscientes de la importancia; y nadie habla de una foto o de algo
por el estilo. Yo creo que usted no lo tiene en mente, pero desde
luego nosotros tampoco. Coincidimos en que hay que hacer las cosas
bien, evidentemente, en que hay que hacerlas con seriedad, y, si le
parece, en lo único que quizá discrepamos es en el tiempo en el que
tenemos que hacerlas, lo que yo creo que es una discrepancia, además
de legítima, lógica.

Nos gustaría que en la próxima comparecencia, y sin tardar demasiado,
podamos tener ya todos los elementos claves que ustedes consideran
que deben tener y así poder entrar en el fondo del asunto, que es ver
cómo se articula el trabajo de la mejor manera posible.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Voy a intervenir muy brevemente. En
primer lugar, quiero decir al señor Costa que naturalmente estamos
muy al tanto de todas las publicaciones y, por supuesto, de esa que
nos ha enseñado. No se trata de sistemas comparados, sino del
desarrollo de la actividad legislativa comunitaria en relación con
nuestro sistema de competencia en el orden interno. De eso estamos
haciendo un estudio, no del sistema comparado.

Con respecto a las fechas, quisiera reiterar el compromiso del
Gobierno de dar cumplimiento a esta proposición no de ley y decir que
por nuestra parte estamos cruzados de brazos; estamos trabajando.

Pero quiero decir
también que éste es un empeño colectivo; todo el mundo tiene que
hacer su parte. Yo no puedo poner ningún plazo porque tenemos que
estar todos de acuerdo; para que estemos todos de acuerdo necesitamos
que también las comunidades autónomas, que son las primeras
interesadas en este tema, trabajen con nosotros. Nosotros realizamos
ese documento en tiempo récord desde la proposición no de l ey, que
creo recordar que se presentó en marzo, al 10 de junio. Estamos ahora
a finales de septiembre y todavía no hemos recibido respuesta, lo que
por otra parte es explicable porque los meses de verano, junio, julio
y agosto, son malos. Pero yo espero empezar a tener reacciones de las
comunidades autónomas y sus opiniones sobre todos estos temas en las
semanas en las semanas venideras. Tan pronto como las tengamos
tendremos la oportunidad de analizarlas, debatirlas y ponerlas en
marcha. Lo que quiero señalar es que por parte de la Administración
central no ha habido ninguna negligencia ni ninguna táctica
dilatoria. Simplemente estamos en el proceso, hemos hecho ya nuestro
trabajo, del que nos falta todavía hacer una parte, y pedimos que
todos los actores en este tema hagan el trabajo que les corresponda.

No deseamos otra cosa para poder seguir hablando de este tema e ir
articulando ese sistema que yo encuentro que no tiene por qué ser
complejo de montar en el momento en que tengamos las ideas claras.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Terminadas las comparecencias pasamos al turno de p reguntas.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR COSTA COSTA (GRUPO SOCIAL I STA DEL CONGRESO), SOBRE LAS
REGIONES ESPAÑOLAS QUE DEJARÁN DE PERCIBIR DURANTE EL PERÍODO 2000-
2006 FONDOS ESTRUCTURALES PROCEDENTES D EL OBJETIVO 1 DE LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente Congreso 181/001740 y n úmero de
expediente Senado 683/000087).




El señor PRESIDENTE: Para plantear la primera de ellas, regiones
españoles que dejarán de percibir durante el período 2000-2006 fondos
estructurales procedentes del Objetivo 1 de la Unión Europea, tiene
la palabra el señor C osta.




El señor COSTACOSTA: Señor secretario de Estado, la pregunta ya
formulada en sí misma el interés que tiene nuestro grupo en conocer
qué regiones españolas van a dejar de percibir los fondos
estructurales dentro del período 2000-2006, bien por no cumplir ya
las condiciones establecidas, bien por la nueva reglamentación. La
propuesta de reglamento que se está debatiendo en estos momentos
exige la elaboración de una lista de regiones subvencionables
aplicando estrictamente el criterio «cuyo producto interior bruto por
habitante sea inferior al 75 por ciento de la media comunitaria». Ese
criterio es el que se venía aplicando



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en la actualidad, si bien hay alguna diferencia en la elaboración del
mismo. Hasta ahora eran los Estados miembros quienes, según sus
estadísticas, aportaban los criterios para decidir que regiones
cumplían o n o el 75 por ciento; a partir de ahora será un organismo
comunitario el que va a decidir el criterio según los datos de los
últimos tres años. Por tanto, es un elemento a considerar para el
futuro y que puede en sí mismo crear algún cambio en las regiones
españolas subvencionables; pero no es el único. Hay un objetivo
dentro de los fondos estructurales del Objetivo 1 -valga la
redundancia-, en virtud del cual la Unión Europea lo que pretende es
reducir en un 20 por ciento la población subvencionable dentro del
Objetivo 1 de la Unión Europea, es decir, pasar del 25 por ciento de
la población actual a un 20 por ciento de la población futura. Este
es un proyecto de reglamento que se está discutiendo en estos
momentos y que contiene aspectos que yo creo que son muy relevantes
para nuestro país y no hay que d esdeñar. Hay que tener en cuenta que
en España 58 de cada 100 ciudadanos viven en regiones que son
subvencionables por Objetivo 1. Es decir, que 58 de cada 100
ciudadanos españoles están gozando hoy de unas infraestructuras o de
unos servicios que han sido posibles porque ha habido ayudas de la
Unión Europea y han visto sensiblemente mejorada su calidad de vida.

La formulamos la pregunta porque el dejar de percibir estos fondos
para una región determinada tiene implicaciones de todo tipo, no sólo
en las nuevas infraestructuras, en los gastos sociales o en los
servicios que se puedan producir como nuevos, sino incluso
implicaciones presupuestarias para las instituciones autonómicas. El
dejar de percibir estos fondos en alguna región supondría una pérdida
importantísima -también para el Estado- de su capacidad de inversión
pública. Es por ello que queremos conocer qué regiones, según el
Gobierno (pues supongo que habrán hecho un análisis con los criterios
establecidos en la propuesta de la Comisión), es previsible que se
salgan del Objetivo 1 en el período 2000-2006.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Señoría, la reforma de los instrumentos
para el desarrollo de la política de la cohesión económica y social,
esto es, los reglamentos de los fondos estructurales, se establece
bajo un principio de concentración del esfuerzo en un número limitado
de objetivos prioritarios. Los objetivos, en relación con los
establecidos en los reglamentos anteriores, quedan reducidos a tres,
de los cuales el primero es el relativo a las regiones que presentan
un retraso en su desarrollo y a las que se denomina regiones
desfavorecidas; son las regiones a las que el diputado señor Costa se
ha referido como de Objetivo 1.

La propuesta de la Comisión que surge a partir de su comunicación
Agenda 2000, de marzo de 1997, mantiene como elemento caracterizador
de los territorios incluidos en el Objetivo 1 el mismo que existe en
los reglamentos vigentes para los fondos estructurales. Es decir, que
el PIB per cápita, medido en paridad de poder de compra, de las
regiones definidas a nivel estadístico comunitario como N UT-II, es
decir, el equivalente a nuestras comunidades autónomas, sea inferior
al 75 por ciento de la media comunitaria. El cálculo de este
porcentaje debe basarse en las cifras relativas a los tres últimos
años de que disponga la Oficina Estadística de las Comunidades
Europeas, Eurostat, en el momento de establecer la lista de
aplicación del reglamento y, por tanto, es previsible que los datos
que se tomen en cuenta serán los relativos a los años 1994, 1995 y
1996. La Comisión, en su propuesta, como sabe el diputado señor
Costa, propone el mantenimiento estricto del umbral del 75 por
ciento. Por lo tanto, ahí nada ha variado. La única excepción se
refiere a las regiones ultraperiféricas y a las zonas actualmente
elegibles dentro del actual Objet i vo 6, lo que según este
planteamiento no permite ningún m argen para incluir regiones cuyo PIB
sea superior al de referencia. Por tanto, el 75 por ciento es el
límite y ahí no hay flexibilidad posible. Los datos actualmente
disponibles con respecto a las regiones españolas del Objetivo 1 se
refieren a los años 1993, 1994 y 1995, por lo cual resulta muy
difícil -a mí me resultaría imposible; no sé si algún experto podrá
hacerlo pero en este momento es imposible- adelantar si alguna
comunidad autónoma va a superar el nivel del 75 por ciento cuando se
tomen los datos de la nueva serie estadística.

Es evidente que el Gobierno va a defender en las instancias
comunitarias que ninguna de las regiones españolas beneficiarias del
Objetivo 1 quede excluida del mismo. En cualquier caso, si como
consecuencia del progreso económico que está experimentando España en
los últimos años se demostrara que hay regiones que han superado el
umbral y que deben, por tanto, dejar de pertenecer a la categoría de
Objetivo 1, debe tenerse en cuenta que la reforma de los fondos
estructurales tiene previsto que no se produzca un corte drástico en
la percepción de las ayudas correspondientes. Para ello está previsto
el establecimiento de un mecanismo transitorio, de manera que la
disminución en intensidad y cuantía de las ayudas se produzca de una
forma continuada y progresiva.

El establecimiento de estos períodos de transición va a permitir que
las regiones que pudieran abandonar el Objetivo 1 sigan percibiendo,
durante el próximo período, ayudas procedentes de la dotación
asignada al mismo. No se encuentra todavía suficientemente definido
este mecanismo de transición, que los técnicos en Bruselas llaman pha
s i ng-out, en la propuesta de la Comisión, por lo que esto está
sometido a debate y me parece prematuro hacer una valoración extensa
de este mecanismo de transición en este momento. Me cabe concluir que
solamente después de conocer cuáles serán los datos definitivos de
Eurostat para caracterizar las regiones y de conocer la última
evolución de éstas se podrá contestar a la pregunta que se formula de
manera detallada, se podrá entonces decir cuáles son las comunidades
autónomas, si es que hubiera alguna, que hayan superado el techo del
75 por ciento en España.




El señor PRESIDENTE: El señor Costa tiene la palab r a.




El señor COSTA COSTA: Veo que el secretario de Estado ha venido con
la lección aprendida. Lo que no nos



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quiere explicar aquí es lo que ya es de dominio público, porque
paralelamente a la discusión del reglamento lo que se está
discutiendo es una lista de regiones que cumplan el criterio
establecido en el mismo. Por lo tanto, dejémonos de eufemismos.

¿Puede usted decir aquí que Cantabria y Valencia van a seguir
estando, como regiones de pleno derecho, entre las que son
subvencionables por el Objetivo 1? ¿Puede confirmárnoslo? Todo lo
demás ya lo conocíamos, ya lo sabíamos. Están los reglamentos, nos ha
leído una parte de ellos, pero esa no es la cuestión. La cuestión es
conocer los fondos estructurales españoles que prevén una reducción
de la población subvencionable a nivel de la Unión Europea y, por
ello, a nivel español, pues no es posible que haya una reducción de
la población subvencionable si todos los países se quedan como están.

Parece que es una verdad de Perogrullo, pero a veces hay que decir
esas cosas ante el intento de eludir que hay dos regiones españolas
que en estos momentos no están en las listas que se manejan en la
Comisión sobre los datos disponibles de Eurostat. La cuestión no es
si Cantabria o Valencia van a estar en el próximo período de fondos
estructurales dentro del Objetivo 1; la cuestión es si hay alguna
región más. Yo esperaba del secretario de Estado que nos dijera si
hay alguna más que está en peligro de ser excluida de esta lista,
según los datos últimos de los que dispone el Gobierno, de los que
quizá no dispone todavía la Comisión Europea, y si hay alguna
dificultad en la compatibilidad que puedan tener las regiones
ultraperiféricas de recibir fondos del Objetivo 1 y otro tipo de
ayudas, como las ayudas de Estado, en esas mismas regiones. Esa es la
cuestión que realmente esperábamos que nos respondiera y no que nos
contara lo que dice el Reglamento, que nos lo hemos leído mucho, y
que no es una información r elevante.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Muchas gracias, señor Costa, por el
elogio que me hace diciendo que vengo con la lección aprendida. Esa
es mi idea. Siempre tengo la lección aprendida, sobre todo cuando
vengo al Parlamento, porque creo que la institución merece que los
secretarios de Estado se aprendan la lección. Sin embargo, le voy a
decir lo mismo que antes. Cuando los datos del Eurostat estén
disponibles y cuando sepamos cuáles son las regiones que, aplicando
los últimos datos del Eurostat, puedan estar por encima del 75 por
ciento, entonces le daré respuesta. No le he dado esa respuesta
porque en este momento yo no tengo certeza alguna, ni yo ni nadie.

Usted habla de los documentos que maneja la Comisión y yo me alegro
mucho de que usted tenga tanto conocimiento de ellos, pero no tengo
constancia de que la Comisión esté manejando documento alguno. Lo
único que le puedo decir es que, contrariamente a lo que usted señala
del peligro de que las comunidades autónomas, o alguna de ellas, se
salga del Objetivo 1, le diré que eso no es ningún peligro, es un
motivo de satisfacción para cualquier gobierno responsable porque
será una muestra de que la cohesión
económica y social ha funcionado en este país, de que los fondos
estructurales se han aplicado correctamente y de que el objetivo de
los fondos estructurales, que es precisamente lograr la convergencia
económica entre las regiones más desfavorecidas y las menos
desfavorecidas, ha triunfado. Por tanto, si en algún momento alguna
comunidad autónoma se saliera del Objetivo 1 será un motivo de
satisfacción. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo creo que la máxima
aspiración de cualquier gobierno es que no quede una sola región de
Objetivo 1 en España y si fuera posible en un plazo muy breve que
fuera en ese plazo muy breve. Por desgracia esa no es la situación,
porque todos sabemos que existen todavía profundas divergencias y que
estamos a muchos puntos todavía de la convergencia real con la mayor
parte de las regiones de la Unión Europea. Lo único que puede decirle
es que el Gobierno de España verá profundamente respetuoso, como
siempre, con todos los reglamentos comunitarios. Por tanto, si
hubiera alguna región que según las cifras del Eurostat y cuando se
haga la evaluación estuviera por encima del 75 por ciento, sería para
nosotros el momento de negociar una transición suave de esa región a
la pérdida del Objetivo 1. Pero empezar a especular en este momento,
dando nombres de comunidades autónomas cuando no hay ninguna
constancia documental ni estadística de que ninguna comunidad
autónoma pueda salir del Objetivo 1, me parece un ejercicio al límite
de la r esponsabilidad.




- DEL SEÑOR COSTA COSTA (GRUPO SOCIAL I STA DEL CONGRESO), SOBRE LA S U
FICIENCIA DE LA REFERENCIAAL TRATADO DE COHESIÓN PARA ESPAÑACONTEN I D
A EN EL TRATADO DE AMSTERDAM. (Número de expediente Congreso 181/
001741 y n úmero de expediente Senado 683/000088).




El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Costa sobre la suficiencia de
la referencia al Tratado de Cohesión para España contenida en el
Tratado de Amsterdam. Supongo que está mal enunciada porque no se
entiende. Debe ser sobre la suficiencia de la referencia al Fondo de
Cohesión para España contenida en el Tratado de Amsterd a m.




Su señoría tiene la palabra:



El señor COSTA COSTA: Espero que el secretario de Estado me pueda
contestar a esta pregunta con más precisión que en la anterior,
porque la lección que trae aprendida no es la de transparencia ante
el Parlamento, es la lección impropia de un gobierno responsable ante
el Parlamento, que es dar la información que sí tiene el Gobierno de
los elementos que de una manera u otra van a afectar a las
administraciones públicas y a los ciudadanos de este país. No es
patrimonio del Gobierno esta información; el Gobierno tiene la
obligación constitucional de traerla a esta Cámara, de proporcionarla
y de no intentar huir de la información utilizando subterfugios
impropios de un gobierno democrático, si me lo permite.




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Lo que le pido ahora, señor secretario de Estado, es que me responda
si el Gobierno cree suficiente la referencia que existe del Fondo de
Cohesión en el Tratado de Amsterdam para garantizar que España
seguirá disponiendo de los recursos provenientes del mismo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Atendiendo al Tratado de Amsterdam, se
tiene la misma garantía de mantenimiento del Fondo de Cohesión para
España que la que se tenía con el Tratado de Maastricht, ya que no se
ha producido ninguna modificación del título XIV del Tratado vigente.

La nueva redacción del artículo 161 -antiguo 130 D-, en cuanto se
refiere al Fondo de Cohesión, supone como modificación respecto a la
redacción anterior la actualización del mandato existente de
establecer el fondo en una fecha determinada, manteniendo en todo
caso la validez jurídica de las disposiciones vigentes a este
respecto. Quisiera aclarar a su señoría que el acuerdo que se deriva
de la Conferencia I ntergubernamental y que se plasma en el Tratado de
Amsterdam supuso la aceptación de que no se produciría ninguna
modificación en lo que se refiere al título XIV del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, relativo a la cohesión
económica y social, y por ello permanece inalterado en la nueva
redacción. La consideración sobre la garantía de la aplicación del
fondo para España debe desarrollarse recordando que este fondo se
establece para aquellos Estados miembros que tengan un PNB por cápita
inferior al 90 por ciento de la media comunitaria y que cuenten con
un programa que conduzca al cumplimiento de las condiciones de
convergencia económica según lo dispuesto en el artículo 104 C del Tr
atado.

Al hilo de las reflexiones sobre la garantía que se pregunta,
quisiera referirme a que algunos Estados miembros, así como la
resolución del Parlamento Europeo de 28 de mayo de 1998, propugnan la
pérdida de condición de beneficiario del Fondo de Cohesión, a partir
del año 2000, para aquellos países que entre dentro de la unión
económica y monetaria. Pero estas son opiniones de algunos Estados
miembros y una opinión del Parlamento Europeo que ni vincula ni
deroga el derecho primario, porque ni el Tratado ni el protocolo
sobre cohesión económica y social ni las conclusiones del Consejo
Europeo de Edimburgo ni el reglamento sobre el Fondo de Cohesión
prevén tal supuesto. En ningún texto se prevé que los fondos que
cumplan las condiciones de elegibilidad del fondo dejen de ser
elegibles por el hecho de haber accedido a la moneda única. Por
tanto, podrán decir algunos lo que quieran, pero del derecho primario
y el derecho derivado lo dicen claramente. La referencia al Tratado
como garantía debe considerarse teniendo en cuenta que en cualquier
caso el derecho derivado no puede introducir límites que el Tratado
no haya establecido. El Reglamento 1164/94, del Consejo, que regula
en detalle el Fondo de Cohesión, vuelve nuevamente a definir el fondo
y a fijar su objetivo al decir textualmente: El Fondo contribuirá al
fortalecimiento de la cohesión económica y social. La única razón de
ser del
Fondo de Cohesión es contribuir al fortalecimiento de la cohesión
económica y social de la Comunidad, que está configurada en el
artículo 130 A, para todas aquellas acciones que reduzcan las
diferencias entre los niveles de renta de las regiones de la
Comunidad. Como se ha indicado, en ninguna parte del articulado del
Tratado ni del protocolo sobre la cohesión económica y social ni en
las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo, de diciembre de
1992, ni en el reglamento en el que se crea el Fondo de Cohesión se
establece ninguna concepción del fondo como instrumento de
convergencia nominal para lograr el cumplimiento de los requisitos
para acceder a la moneda única. Siempre, en todos esos instrumentos
que yo he citado y que son la base jurídica del Fondo de Cohesión, se
considera al fondo como instrumento finalista, ligado únicamente al
objetivo de la cohesión y regulado en el título de la política de la
cohesión -artículos 130 A y 130 E-, y no en el títulos que
corresponde a la unión económica y monetaria.

En relación con el segundo requisito, consistente en que el Estado
beneficiario cuente con un programa que conduzca al cumplimiento de
las condiciones de convergencia económica, según lo dispuesto en el
artículo 104 C del Tratado, hay que señalar que dicho artículo se
refiere únicamente a déficit y deuda públicos, en otras palabras, a
disciplina presupuestaria, y no a otros criterios de convergencia
para la UEM, que están regulados en otros artículos que no cita el
protocolo sobre la cohesión económica y social. Los esfuerzos para
cumplir las condiciones del artículo 104 C se pueden realizar tanto
por la vía del Programa de Convergencia como por la del Pacto de
Estabilidad. En el reglamento del Consejo relativo al reforzamiento
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la
supervisión y coordinación de las políticas económicas, aprobado en
Amsterdam el 17 de los corrientes, se incluye un considerado que
textualmente dice: Considerando que el objetivo tanto de los
programas de convergencia como de los programas de estabilidad es el
cumplimiento de las condiciones de convergencia económica a que se
refiere el artículo 104 C... Como puede observarse, esta disposición
equipara programa de convergencia y programa de estabilidad a los
efectos de cumplimiento de las condiciones para beneficiarse del
Fondo de Cohesión, dado que no basta con cumplir con los criterios de
convergencia, sino que posteriormente hay que mantener la disciplina
de manera duradera. En definitiva, cabe asegurar que la referencia
contenida en el Tratado de Amsterdam es suficiente garantía para el
mantenimiento del Fondo de Cohesión para España y que éste está
condicionado al cumplimiento de la condición referente a que su renta
se encuentre por debajo del 90 por ciento del PNB medio comunitario y
un objetivo de déficit que no supere el 3 por ciento del PIB.

Con relación a la resolución del Parlamento Europeo mencionada, del
28 de mayo de 1998, se debe considerar que no produce efectos
jurídicos sobre este tema. Esta resolución del Parlamento Europeo
tiene su base en el artículo 14 del reglamento regulador del Fondo de
Cohesión, de 16 de mayo de 1994, que establece que la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones



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un informe anual sobre las actividades del fondo para que dichas
instituciones lo examinen y emitan su dictamen. Ello implica que este
dictamen únicamente se refiere a la aplicación del Fondo de Cohesión
en el ejercicio de 1996 y que, por tanto, carece de efectos jurídicos
en vistas a la nueva regulación del Fondo de Cohesión a partir del 31
de diciembre de 1999.

Finalmente, en cuanto al mantenimiento de la dotación del fondo, cabe
indicar que todavía no se conoce la dotación con que va a contar en
el período 2000 a 2006 y que este será el resultado de la negociación
global que ha de producirse en relación a las perspectivas
financieras. Puede señalarse que la propuesta presentada por la
Comisión indica que el Fondo de Cohesión estará dotado de 3.000
millones de ecus cada uno de los años correspondientes a dicho
período y, por tanto, de las cantidades que resulten se derivará la
cantidad que corresponderá a España según la clave de reparto
correspondiente ya conocida.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor C osta.




El señor COSTACOSTA: Gracias, señor secretario de Estado, por la
información suministrada. No ha leído también -y yo le agradezco que
lo haya hecho- el tratado de Maastricht, el Tratado de Amsterdam e
incluso el derecho derivado de esos tratados en algunas de sus
partes, pero lo que no ha aclarado es si tenemos la garantía de que
vamos a seguir percibiendo los fondos de cohesión. Este podría ser un
detalle nominalista, porque lo que vienen explicando los distintos
portavoces del Gobierno es que con la simple inclusión del derecho
primario España tiene garantizada la percepción de los fondos
derivados del Fondo de Cohesión europeo, que no es baladí para
nuestro país, dado que del total de fondos asignados en torno a un 55
por ciento vienen a nuestro país. Por tanto, es una cuestión yo creo
que suficientemente relevante a nivel financiero. Lo que no explica,
o si lo explica pero quizá de manera que no se comprenda
suficientemente bien, es que lo único que está solidificado es el
derecho primario. Lo que se está ratificando por los parlamentos
nacionales es el Tratado de Amsterdam. En consecuencia, hasta la
referencia al derecho primario estamos todos de acuerdo. Se ha
mantenido un texto que permite a España seguir manteniendo esos
fondos, pero no los garantiza. Lo que va a garantizar el
mantenimiento de la percepción de esos fondos es el derecho derivado,
y éste no está todavía aprobado en los órganos correspondientes de la
Unión, sino que está en fase de discusión. De ahí que le formulemos
nosotros esta pregunta. Si estuviera ya acordado sería del género
necio hacer preguntas de este tipo.

Usted sabe, señor secretario de Estado, que no sólo el Parlamento
Europeo, que también en una ocasión de manera clara y taxativa, sino
numerosos países miembros de los que se sientan en la mesa del
Consejo con usted están en contra de que los países que han accedido
en la fase actual a la unión monetaria no perciban el Fondo de
Cohesión; que lo tienen sobre la mesa y lo están discutiendo, y que
nosotros no tenemos garantizada la dotación de ese fondo que fue
creado a propuesta de España en la negociación de las anteriores
perspectivas financieras. No
se puede disociar en este caso el derecho primario del derecho
derivado, porque si en el derecho primario se establece el precepto
pero en el derecho derivado no se dota adecuadamente estaríamos, no
digo sin Fondo de Cohesión, con un fondo de cohesión menor y, por
tanto, no cumpliría el objetivo que sin duda el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Socialista compartimos de mantener estas ayudas porque
nuestro país es relativamente más pobre que la media de la Unión
Europea y no cumplimos con la primera condición establecida. Es
verdad que todavía hay otros elementos, como es el cumplimiento del
Programa de Estabilidad, pero ése depende de nosotros. En esta fase
no creo que sea momento de entrar a fondo en esta cuestión, pero lo
que quiero poner en evidencia es que el Gobierno, muchas veces, hace
grandes declaraciones de principios que no se corresponden con la
realidad de la política europea, con el día a día de la política
europea; que se mantenga ese fondo que el actual presidente del
Gobierno, cuando se negoció, hizo unos calificativos de quienes lo
negociaban que desde luego no comparto. Ese fondo tiene que ser -y
fue lo más costoso en su momento- adecuadamente dotado
económicamente, y si no lo conseguimos dentro de las próximas
perspectivas financieras tendremos un fondo nominal que no nos
servirá a la finalidad que perseguíamos con el mismo.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea). Con su permiso, señor presidente, en
verdad creo haberme expresado claramente en una larga exposición que
he hecho con detalle y, además, he tenido el cuidado de leer porque
había muchas menciones al derecho primario y al derecho derivado y no
quería cometer errores. Pero se lo diré en dos palabras: nadie tiene
asegurado nada, ni España ni ningún otro miembro de la Unión, hasta
que no haya un acuerdo global que se toma por unanimidad el día en
que se aprueban las perspectivas financieras; nadie, repito, nadie,
no solamente España sino ningún miembro de la Unión, porque esas
cosas se aprueban por unanimidad.

En segundo lugar, no es posible, y usted señor Costa debería saberlo,
que el derecho derivado tenga, precisamente porque es derivado, una
orientación distinta de la que marca claramente el derecho primario.

Yo le garantizo que España va a tener el mismo interés en que el
derecho derivado siga la orientación del derecho primario en este
tema, como lo tiene normalmente en todos los temas cuando se trata de
hacer derecho secundario o derecho derivado de la Unión. Por tanto,
ni es posible que haya un derecho derivado que entre en contradicción
con el derecho primario, ni tampoco es posible que haya un acuerdo
mientras que España no esté conforme. Además, ni España ni nadie
tiene nada asegurado en este momento. Tampoco le puedo dar ninguna
garantía. Lo único que le puedo asegurar es que España, utilizando
los mecanismos que tiene a su alcance, la base en su derecho derivado
y la unanimidad que es necesaria para poder llegar a un acuerdo en
las perspectivas financieras, luchará hasta el final para que el
derecho primario se cumpla, es decir, para que haya fondo de cohesión
para los países que están por debajo del 90 por ciento de la renta
comunitaria.




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- DEL SEÑOR COSTA COSTA (GRUPO PARLAM E NTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO
), SOBRE RAZONABILIDAD DE LARESERVADE EFICACIA, PROPUESTA POR LA COMI
SIÓN EUROPEA, DE UN 10 POR CIENTO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA U
NIÓN E UROPEA (UE). (Número de expediente del Cong reso 181/001743 y
número expediente del Senado 683/000090).




El señor PRESIDENTE: La tercera pregunta es la número 5 del orden del
día: Razonabilidad de la reserva de eficacia propuesta por la
Comisión Europea de un 10 por ciento de los fondos estructurales de
la Unión Europea.




Tiene la palabra el señor Costa.




CO El señor STACOSTA: Formulo mi última pregunta, permitiéndome antes
coincidir con la respuesta anterior del secretario de Estado. Me
quedo con su última contestación, y además, tendrá nuestro apoyo para
lograrlo. Quiero que quede claro.

La siguiente pregunta hace referencia, otra vez, a los fondos
estructurales, que nos preocupan de forma importante, y hace mención
a si considera el Gobierno razonable el establecimiento de esta
reserva de eficacia del 10 por ciento de los fondos, tal como se
prevé en el reglamento que se está discutiendo en la actualidad.

Sabemos que hay varios Estados miembros que no están de acuerdo,
entre ellos España, que ha formulado una opinión contraria. Conocemos
también que otras instituciones de la Unión Europea han cuestionado
la eficacia de esa reserva. Lo que quisiéramos es aclarar y, en su
caso, poder compartir con el Gobierno una posición sobre esta
materia.

No estamos hablando de cifras anecdóticas, estamos hablando del 10
por ciento del total de los fondos, es decir, en su conjunto más que
el fondo de cohesión. Por tanto, cuando se habla de porcentaje del 10
por ciento podría parecer que estamos hablando de elementos
intrascendentes o anecdóticos dentro de las políticas de la Unión
Europea, que tiene un efecto menor sobre los flujos presupuestarios
entre España y la Unión Europea, pero estamos hablando de un tema
relevante, insisto, más relevante que el propio fondo de cohesión en
la totalidad de la asignación de ese 10 por ciento. Lo que prevé la
Comisión en su formulación actual en que se realice esta reserva de
eficacia y, curiosamente, en el mismo período que tiene que entrar la
primera tanda de países del centro y del este de Europa, reasignar
este fondo a los países miembros actuales. Sobre el papel al menos se
formula así y así está especificado en los reglamentos respectivos.

Pero es verdad que ese fondo, tal como está configurado en la
actualidad, no puede merecer nuestra aprobación. En primer lugar,
porque su desarrollo no es nada claro. No está clara cuál es la
asignación posterior que deja en el aire de forma intencionada la
Comisión, porque en caso de unas perspectivas financieras que se
están elaborando sobre una base, nosotros creemos que equivocada,
fijando el techo de gasto antes de saber las necesidades de la propia
Unión, en ese caso quedan algunos márgenes, y este sería uno de
ellos, donde la Comisión Europea, que es quien formula el análisis
de este período, pueda obtener los recursos necesarios para
afrontar los compromisos de la futura ampliación. Si eso fuera así, a
lo mejor habría que discutirlo seriamente y debatirlo entre los
países miembros de la Unión, pero no debemos dejar cantidades como
ésta de la que hablamos ahora mismo pendientes de una asignación
futura, en el año 2004, de una forma opaca o carente de la
transparencia necesaria.

Quiero leer aquí, porque me parece muy importante, la consideración
que hace el Comité de Regiones sobre esa reserva de eficacia del 10
por ciento. Lo quiero leer porque creo que es uno de los elementos
más relevantes de la discusión. Estima que el concepto de mantener el
10 por ciento de los créditos en reserva para recompensar los
proyectos más eficaces carece de transparencia, y lo dice el Comité
de Regiones que es el perceptor final de los fondos e structurales.

Sin entrar en otros elementos que también maneja el Comité de
Regiones, ese singularmente me ha llamado la atención, y quiero
preguntar al secretario de Estado si considera razonable que se
mantenga ese 10 por ciento.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE P OLÍTICA EXTERIOR YPARA LA UNIÓN
EUROP E A (De Miguel y Egea): Se lo puedo decir en una palabra: No,
pero ahora se lo diré con más detalle. No lo considero razonable.

Con relación a la pregunta, me gustaría comenzar señalando que la
reserva de eficacia propuesta por la Comisión, que viene recogida en
el artículo 43 del proyecto del reglamento general de fondos
estructurales, se encuentra actualmente en discusión en el seno de
los grupos del Consejo y, por tanto, tiene que perfilarse en los
elementos que la definen, como son: Su forma de aplicación,
cuantificación, criterios de valoración, etc. La propuesta de la
Comisión está encima de la mesa, pero el debate no ha empezado.

Forma parte de los artículos referidos a la gestión y programación de
los fondos estructurales, pero, a diferencia de otros artículos sobre
los que se ha producido un mayor avance, el correspondiente a la
reserva de eficacia no ha sido discutido aún en profundidad, por lo
que los informes sobre el avance de la discusión que se verán en el
Consejo de Asuntos Generales próximo, el que tendrá lugar el lunes
que viene, y que se refieren al estado de la situación de los
trabajos de los estructurales, no presentarán ninguna referencia a
este tema.

Puedo adelantar, a la vista de las reacciones manifestadas por otros
Estados miembros en el Consejo Europeo de C ardiff, que existía un
sentimiento general de preocupación ante el planteamiento de esta
propuesta de la Comisión. La discusión sobre la reserva de eficacia
es aún claramente preliminar. Únicamente quisiera referirme a los
aspectos generales de la misma y, en concreto, a la relación que la
reserva de eficacia mantiene con otros principios generales del
debate sobre el reglamento de los fondose structurales.




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Parece relevante señalar que la reserva de eficacia constituye una
importante novedad respecto al sistema actual de gestión de fondos.

Hasta ahora, la Comisión no había propuesto nunca mantener separada
una parte de la cuantía prevista en los fondos estructurales para su
asignación posterior según criterios de eficacia. Esta propuesta de
la Comisión, recogida en el artículo 43 del Reglamento que he
mencionado, consiste en una reserva del 10 por ciento del total de
los fondos estructurales, que se detrae al comienzo del período -en
el año 2000- y se distribuye por la Comisión a mitad del período de
programación, lo más tardar el 31 de marzo del año 2004, entre
aquellos países que se consideran más eficientes en la gestión de sus
fondos estructurales. Esto implica que no todos los países se
beneficiarán automáticamente de esta reserva, sino que el dinero irá
destinado a aquellos proyectos que se considere que ofrecen mejores
prestaciones en función de una serie de indicadores establecidos
previamente; indicadores que harán referencia a aspectos tales como
la calidad de las intervenciones, la buena gestión de los fondos
utilizados y la adecuada absorción financiera de los mismos. Será
competencia de la Comisión, valiéndose de estos indicadores fijados
por ella misma y a través de orientaciones metodológicas, la
asignación de los créditos consagrados en la reserva a una serie de
programas considerados mejores o más eficientes. Es fácil observar
que la distribución de la reserva es un punto relativamente oscuro
que queda sometido a la discrecionalidad de la Comisión y a la forma
en que ésta defina sus indicadores y realice su evaluación. Por esta
razón, España, como la mayor parte de los Estados miembros, tiene una
seria resistencia a que se establezca una reserva de estas
características, que debería, en todo caso, cumplir unas suficientes
condiciones de objetividad.

Debe tenerse en cuenta que la posición española no equivale en
absoluto a que seamos contrarios al principio de eficacia en la
gestión de los fondos, principio del que somos defensores y no sólo
defensores sino que predicamos con el ejemplo, porque España es el
país que con más eficacia administra sus fondos de cohesión. Esta
experiencia muestra creo que está bien acreditada a lo largo de los
años; desde 1986 hasta la actualidad España es el país que compromete
y gasta con más eficacia la totalidad de los fondos estructurales que
se le asignan.

Nuestra posición a esta reserva, tal y como está configurada en el
proyecto de reglamento, se debe entender en nuestra idea de no
dificultar la consecución de los objetivos de la cohesión económica y
social ni entorpecer la buena gestión de los recursos. En primer
lugar, hay que considerar que la reserva del 10 por ciento del total
de los fondos puede suponer una nueva forma de condicionar los fondos
estructurales que corresponden a cada país como consecuencia de la
política de cohesión. Se trata de una condicionalidad financiera que
no existe en ninguna otra partida del presupuesto comunitario; ni en
los programas de redes transeuropeas o de investigación y desarrollo
ni en ningún otro programa de inversiones comunitarias se ha
establecido este tipo de sistema de asignación de fondos.




En segundo lugar, la reserva que propone la Comisión introduce una
dificultad añadida de gestión para los beneficiarios de fondos
estructurales, al no conocerse de antemano la dotación financiera con
que pueden contar ni su distribución, lo que es importante ante una
programación financiera de carácter plurianual. La existencia de una
reserva del 10 por ciento implica que, de entrada, los Estados
miembros beneficiarios contarán con un 10 por ciento menos de los
fondos que les corresponden, con independencia de la futura
asignación a mitad del período. Nos parece necesario conocer de
antemano cuáles van a ser los criterios de reparto de la reserva y de
qué forma se va a garantizar la objetividad en ese reparto.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, hay que tener en
cuenta que la reserva puede derivar en una penalización directa a los
países de la cohesión, en concreto, y a todos los beneficiarios de
los fondos estructurales, en general, a los que privarían los
primeros años de unos montantes muy sustanciales. No debemos olvidar
que la cuantía de la reserva, como ha dicho muy bien el diputado
señor Costa, es comparable a la dotación total del fondo de cohesión
para el período. La reserva supone un aplazamiento y una posible
reducción de las cantidades destinadas a la cohesión alcanzada en
1999 y por ello una sanción a los países que más necesitan la
cohesión económica y social.

Por último, es preciso que se establezcan criterios claros
y transparentes para el reparto de un montante elevado de fondos. El
reglamento es poco concreto y poco claro en ese sentido; es decir, la
Comisión no quiere desvelar sus cartas porque lo que quiere es
aplicar un gran margen de discrecionalidad en ese montante
importantísimo, como bien había señalado el diputado señor Costa.

Para concluir, quisiera señalar que en el debate sobre la reserva de
eficacia nuestra posición será la que se deriva de presentar una
acogida favorable a todas aquellas acciones que conduzcan a una más
eficaz aplicación y gestión de los fondos estructurales, pero siempre
que no se condicionen los propios objetivos de la cohesión económica
y social o se perjudique a los Estados y regiones beneficiarias,
condicionando su capacidad de alcanzar, mediante estos fondos, el
objetivo de reducir los desequilibrios regionales.

Por tanto, no nos parece razonable y en las próximas sesiones del
Consejo, del grupo de trabajo, nuestra posición será firme en el
sentido de oponernos al establecimiento de esta reserva del 10 por
ciento de los fondos e structurales.




El señor PRESIDENTE: Señor Costa, tiene la palabra.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señor secretario de Estado, por la
respuesta que me ha dado. Espero que puedan cumplir su propósito y
que puedan defender, efectivamente, la posición del Gobierno en esa
materia al considerarla positiva para el conjunto del Estado.

Señor secretario de Estado, si me permite, le voy a hacer una
pregunta: ¿a usted no le aburre leernos los papeles siempre? A
nosotros nos es muy útil, porque quedan reflejados estupendamente en
el «Diario de Sesiones», pero a mí me aburriría profundamente.




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El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍT I CA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): No me aburre y le voy a decir por qué.

Nada de lo que concierne a mi trabajo me aburre nunca, y estar en el
Parlamento mucho menos. Al mismo tiempo yo creo que, además, mis
respuestas tienen que reflejarse en el «Diario de Sesiones». Por
tanto, le diré que hago un esfuerzo leyendo los papeles y le diré el
motivo. No tengo necesidad de leer ningún papel para responder las
preguntas, me las sé de memoria, como usted ha dicho, vengo aquí
siempre con la lección bien aprendida, pero me parece que por el
rigor que merece esta Cámara en temas importantes,
donde se habla de artículos del Tratado de derecho derivado y de
derecho primario, es conveniente leer esos papeles. Debo decir que si
esto me aburriera tengo luego el solaz de poder contestar sin papeles
a sus preguntas e interpelaciones y a las de otros parlamentarios,
con lo cual doy una de cal y otra de arena, así vamos pasando la
mañana y son ya la una y media.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su presencia esta mañana aquí.




Se levanta la sesión.