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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 107, de 03/06/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 107
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 3 de junio de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan)
para informar sobre:
--La posición de España ante las principales cuestiones de la Agenda 2000
y los objetivos del próximo Consejo Europeo de Cardiff. A petición propia
(Número de expediente Congreso 214/000080 y número de expediente Senado
711/000198) y del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
Congreso 213/000690 y número de expediente Senado 711/000202) (Página 22021
)
--Informar con urgencia y con prioridad a su aprobación por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en el artículo
3.e) de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión
Mixta para la Unión Europea, del acuerdo hecho público el 18 de mayo de
1998 entre la presidencia de la Unión Europea, la Comisión Europea y el
presidente de los Estados Unidos en materia de aplicación de las leyes
extraterritoriales y otras sanciones a Cuba, Irán y Libia. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente Congreso 213/000681 y número de expediente Senado 711/000199)
(Página 2211)
--Las decisiones del Consejo de Asuntos Generales del lunes 29 de mayo,
sobre el acuerdo adoptado en Londres, entre la Unión Europea y los
Estados Unidos de América en materia de aplicación
de las leyes extraterritoriales de Estados Unidos sobre Cuba, Irán y
Libia y la posición del Gobierno Español en el citado Consejo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.c) de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente
Congreso 213/000688 y número de expediente Senado 711/000200) (Página 2211)
--El acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y los ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea para la Protección de Inversiones,
que asume los principales contenidos de la «Ley Helms-Burton» y
contradice los tratados internacionales entre España y Cuba. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente Congreso 213/000691 y
número de expediente Senado 711/000201) (Página 2211)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN)
PARA INFORMAR SOBRE:
--LA POSICION DE ESPAÑA ANTE LAS PRINCIPALES CUESTIONES DE LA AGENDA 2000
Y LOS OBJETIVOS DEL PROXIMO CONSEJO EUROPEO DE CARDIFF. A PETICION PROPIA
(Número de expediente Congreso 214/000080 y número de expediente Senado
711/000198) Y DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
Congreso 213/000690 y número de expediente Senado 711/000202).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Empezamos la sesión de hoy de
la Comisión Mixta para la Unión Europea. Tenemos dos temas en el orden
del día, aprobado previamente a esta reunión por la Mesa de la Comisión.
En primer lugar, la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores para
informar sobre la Agenda 2000 y, en segundo lugar, unas peticiones para
informar con urgencia sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Estados
Unidos en materia de aplicación de las leyes extraterritoriales, a
solicitud de Convergència i Unió, Izquierda Unida y Grupo Socialista, que
acumularemos las tres para no tener que plantear nuevas presencias del
ministro de Asuntos Exteriores en esta Comisión.
Hechos estos comentarios, pasamos al primer punto del orden del día
referente a las principales cuestiones de la Agenda 2000 y los objetivos
de la próxima cumbre de Cardiff.
El ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, es previsible que el Consejo Europeo de Cardiff aborde, en
primer lugar, las cuestiones económicas. Se debatirán las reformas
económicas necesarias para hacer de la unión monetaria un éxito y para
que la Unión Europea pueda ser competitiva y crear empleo. Para ello se
examinarán y eventualmente adoptarán las orientaciones generales de
política económica que habrá preparado el Ecofin en su sesión de pasado
mañana y los planes nacionales de empleo elaborados a raíz de la Cumbre
de Empleo de Luxemburgo. Los últimos consejos europeos han solicitado la
profundización en los mecanismos de coordinación de las políticas
económicas diseñadas en el Tratado de la Unión. Este impulso en el
proceso de coordinación de las políticas económicas debe perseguir una
política de estabilidad macroeconómica, una aplicación completa y rápida
de las directrices sobre el empleo, una reforma económica reforzada
dentro del mercado único que tenga en cuenta el plan de acción del
mercado único y la reforma estructural de los mercados de bienes,
servicios y capitales en todos los Estados miembros. Las orientaciones
generales de política económica constituyen el instrumento más adecuado
que tiene la Unión para integrar las tradicionales recomendaciones sobre
política macroeconómica con las necesarias recomendaciones de carácter
microeconómico. Además, refuerza el proceso de supervisión como mecanismo
de garantía de su correcta aplicación. Tienen un doble objetivo:
favorecer el equilibrio macroeconómico en un marco de estabilidad de
precios, de estabilidad de finanzas públicas saneadas, así como
garantizar el crecimiento, la estabilidad y la creación de empleo y, al
propio tiempo, acometer reformas estructurales en los mercados de bienes,
servicios y capitales y en el mercado de trabajo. Constituye una
prioridad la modernización del mercado de trabajo para incrementar la
intensidad de creación de empleo. Hay que seguir fomentando las políticas
activas que aumenten la oferta de mano de obra cualificada y
adecuadamente formada, así como revisar la carga fiscal a medio plazo y
modernizar los sistemas de protección social.
El esquema propuesto por la Presidencia británica y el contenido de esas
orientaciones generales de política económica a que me refería tienen un
alto grado de coincidencia --me refiero a las formuladas hasta ahora por
la Presidencia británica-- con el planteamiento formulado por el Gobierno
español, expuesto, por otra parte, por el vicepresidente segundo del
Gobierno ante sus colegas del Consejo Ecofin a comienzos del presente
año. El informe de la Comisión sobre el mercado interior y su estado de
realización
confirmará los avances habidos en aquellas disposiciones identificadas
como prioritarias para el mercado único. Destacan sectores como la
electricidad, el gas natural o la protección jurídica de inversiones
biotecnológicas. La Comisión presentará la segunda versión del marcador
del mercado interior, que es una especie de tablero de bordo que refleja
el estado de situación y aporta información significativa para seguir el
funcionamiento en detalle del mercado interior. Se presentarán también al
Consejo las conclusiones del grupo operativo para la simplificación del
entorno empresarial, el Best. El grupo trabaja en el estudio de mejoras
que puedan introducirse en áreas tales como el empleo, financiación,
formación, investigación y simplificación administrativa para las
empresas.
El empleo constituye otro de los objetivos prioritarios de la Presidencia
británica que coincide, además, con la puesta en marcha del procedimiento
sobre empleo aprobado por el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo
del pasado mes de noviembre. Se han presentado ya los 15 planes
nacionales de empleo que desarrollan las directrices comunitarias para
este año. El Plan nacional para el empleo de España se presentó de
acuerdo con el calendario previsto y, como SS. SS. saben, ha sido
valorado por la Comisión como uno de los más completos y mejor
estructurados de todos los presentados. El plan español desarrolla
fielmente las 19 directrices señaladas por la Comisión y contiene
compromisos concretos con los objetivos cuantitativos de empleo aprobados
en noviembre. Es previsible que el Consejo Europeo de Cardiff dé su visto
bueno a esos distintos planes nacionales y debatirá sobre el empleo
tomando como base un documento que probablemente será elaborado por la
Presidencia después del Consejo de Asuntos Sociales que va a tener lugar
mañana.
En relación con la Agenda 2000, los trabajos realizados en el Consejo, a
partir de la presentación de las propuestas de la Comisión del pasado 18
de marzo, han permitido aclarar el alcance y el contenido de esas
propuestas de determinar cuáles son las principales cuestiones en juego y
establecer, además, las posiciones de partida, las tomas de posición
respecto de esas orientaciones por parte de los distintos Estados
miembros. El informe que se elevará al Consejo Europeo contiene dos
partes distintas. La primera, constituida por un cuadro panorámico de las
cuestiones claves de dicha Agenda 2000, que será elaborado y presentado
bajo la exclusiva responsabilidad de la Presidencia, por tanto no es
documento consensuado que pueda condicionar la futura negociación; es una
guía de temas con la visión de la Presidencia, pero no condiciona las
posiciones de los demás. En cuanto a la segunda parte, se hace una
descripción de cuáles son las posiciones de partida en los Estados
miembros en esta negociación. La Presidencia es consciente de la
dificultad, por no decir imposibilidad, de alcanzar acuerdos parciales en
Cardiff, especialmente en lo que se refiere a cifras. Por ello confiamos
en que concentre sus esfuerzos en lograr unas conclusiones sobre
cuestiones procedimentales y que establezca un calendario tentativo, lo
más preciso posible, para la finalización de los trabajos durante la
Presidencia alemana, antes de la celebración de las elecciones al
Parlamento Europeo en junio del próximo año; así, los nuevos reglamentos
y acuerdos podrían entrar en vigor sin retraso, es decir, el primero de
enero del 2000. Si se desea que las conclusiones se refieran a elementos
sustanciales de los temas de la Agenda 2000, sólo deberían hacerlo sobre
aquellas cuestiones que no sean controvertidas, por tanto que sean de
naturaleza eminentemente técnica, sobre las que se ha detectado ya en los
trabajos realizados en el Consejo un importante nivel de acuerdo.
Voy a describir brevemente cuál es la situación actual en que se hallan
los trabajos de esos principales puntos de la Agenda 2000, cuáles pueden
ser los objetivos de la Presidencia sobre cada uno de ellos en Cardiff
--aunque eso es una especulación-- y cuál es la posición española.
Respecto al futuro marco financiero, es previsible que ese debate se
complique notablemente por la solicitud de varios Estados miembros de
crear un mecanismo para corregir los llamados desequilibrios
presupuestarios de los contribuyentes netos. Esta cuestión será examinada
en el informe sobre el sistema de recursos propios que deberá presentar
la Comisión el próximo otoño; eso era lo lógico. No se prevé en el
artículo de la vigente decisión de 1994, que delimita el contenido de
dicho informe. El Gobierno, por tanto, se opone a esa pretensión, ya que
el principio del llamado justo retorno en que se basan esas pretensiones
es totalmente ajeno al contenido de los tratados. Se trata además de un
debate políticamente estéril, pues es imposible encontrar una valoración
objetiva de saldo neto. No se descarta que la Presidencia o alguna
delegación trate de nuevo en este Consejo de aprobar el límite máximo de
los recursos propios. Recordarán ustedes que ya ha habido serios intentos
en otros consejos de restringir ese límite de los recursos propios en el
1,27 del producto nacional bruto de la Unión, así como el mantenimiento
de la línea directriz agrícola actual. España mantendrá su posición ya
que la Comisión todavía no ha elaborado el estudio, que en su día
solicitamos, de estimación de costes de la plena integración de los
países candidatos en la Unión. En nuestra posición prevalece una cuestión
de principio y una cuestión de método. La cifra del techo que finalmente
se acuerde, lógicamente, debe ser el resultado final del ejercicio de esa
evaluación y nunca una condición previa a la negociación del paquete
global de la Agenda 2000.
El segundo punto es la reforma de los fondos estructurales y el fondo de
cohesión. Los trabajos del Consejo se han centrado en la administración y
simplificación de la gestión de los fondos estructurales. Dado su
carácter más técnico, menos controvertido, ha sido posible realizar
algunos avances. La Presidencia intentará reflejar alguno de estos
elementos en las conclusiones de Cardiff sin prejuzgar los resultados
finales. Nuestra posición es la siguiente. Primero, mantener el nivel de
cohesión económica y social en el 0,46 del producto nacional bruto
comunitario, como propone la Comisión; segundo el Objetivo 1 debe recibir
los dos tercios del total de los fondos, que deben mantener el nivel que
se alcance en 1999; tercero, oposición a fijar objetivos distintos para
los fondos estructurales diferentes a los consagrados en el Tratado, esto
es, la reducción de diferencias de renta entre las regiones; cuarto,
mantener la
coherencia entre la inclusión de Canarias en el Objetivo 1 y su
posibilidad de acceder al régimen de ayudas del artículo 92.3.A) del
Tratado; quinto, aceptar el criterio del 75 por ciento del Objetivo 1 con
el establecimiento de períodos transitorios suficientes para las regiones
que vayan a salir de dicho objetivo; sexto, para valorar la propuesta de
la Comisión en relación al nuevo Objetivo 2, es necesario conocer la
manera en que se aplicarán y ponderarán los parámetros propuestos para
repartir los recursos. Defendemos una mayor concentración de este
Objetivo 2 en las zonas de reconversión industrial y rural frente a las
urbanas. El Objetivo 3 debe mantener su actual carácter horizontal,
pudiendo actuar también en las regiones Objetivo 1 y 2, y rechazar la
reserva de eficacia del 10 por ciento propuesta por la Comisión. En
cooperación, programación y gestión apoyamos el mantenimiento de una
situación próxima a la actual, que ha venido funcionando más que
satisfactoriamente. Y aunque estamos de acuerdo con el objetivo de la
Comisión de lograr una mayor simplificación y flexibilidad en la gestión
de los fondos, no creemos que las propuestas efectuadas hasta ahora por
la Comisión vayan precisamente en esta dirección. No aceptamos la idea de
no comprometerse automáticamente en el segundo año si no se han
solicitado pagos por el Estado miembro, ya que ello iría en contra de la
naturaleza privilegiada de los gastos de la categoría dos. En cuanto al
Fondo de Cohesión, apreciamos la propuesta de la Comisión en favor de su
compatibilidad con la moneda única, pero entendemos que no deben
establecerse nuevas condiciones macroeconómicas distintas de las que se
deriven del Tratado.
En cuanto a la reforma de la política agrícola común, nuestra posición es
la siguiente: mantener la solidaridad financiera, la preferencia
comunitaria y la aplicación del principio de cohesión. Los productos
mediterráneos deben tener un tratamiento paralelo al de los demás
productos agrícolas. No es oportuno realizar modificaciones en el actual
esquema de la política agrícola común que supongan concesiones previas y
unilaterales ante las próximas negociaciones de la Organización Mundial
de Comercio.
En cuanto a la estrategia de preadhesión reforzada, existe un amplio
apoyo en favor del enfoque propuesto por la Comisión para aplicar las
conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. En todo caso, ello no
justifica un posible intento --porque seguramente lo habrá-- de acordar
en Cardiff las cifras de financiación para la ampliación, ya que no podrá
alcanzarse ningún acuerdo financiero parcial (a nuestro juicio no debe
alcanzarse, y España está dispuesta a evitar que se acuerden acuerdos
financieros parciales) hasta tanto no se logre un acuerdo global sobre
los distintos temas que componen la Agenda 2000.
Esto es cuanto tengo que informarles, señorías, agradeciéndoles su
atención.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor ministro, en primer lugar quiero agradecerle
la información que nos ha suministrado, escueta por otra parte, muy
escueta diría yo, y conocida ya en los medios de comunicación, por tanto
también conocida por los miembros de esta Cámara.
Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría que nos
ampliara algunos aspectos de su intervención que son relevantes para
nuestro país, sobre todo que explicara mejor cuáles son las acciones del
Gobierno para conseguir los objetivos que dice perseguir y que nosotros
compartimos en la formulación que de los mismos ha hecho hoy el ministro.
Quisiera dejar patente y clara esta posición. De la intervención hoy del
ministro debemos compartir --de hecho lo compartimos-- la mayoría de las
opiniones que ha puesto sobre la mesa. El problema no es éste; el
problema es que el ministro no tiene sólo como función explicar a esta
Comisión el estado de las cuestiones, sino que tiene que ir mucho más
allá, tiene que lograr que esas cuestiones avancen y se realicen dentro
de la política europea. Para ello debe establecer los necesarios diálogos
y alianzas con nuestros socios comunitarios para que los intereses de
todos los países salgan beneficiados del conjunto de la negociación, por
otra parte amplia, que se está produciendo.
Para seguir el debate ordenadamente, intentaré repasar algunos de los
aspectos que el ministro ha desarrollado en su intervención. En primer
lugar, haré una referencia a las orientaciones generales. Es
prácticamente imposible estar en desacuerdo con las orientaciones
generales. Son tan generales que son compartibles por todos nosotros.
Suele ser lo habitual. Por tanto, nada que decir en estos momentos a
todas aquellas políticas que de alguna manera vengan a reflejar la
necesidad de adoptar decisiones más rápidas ante los procesos de
globalización que tiene la economía mundial, pero sí acentuar los
peligros de exclusión social que podría comportar esa rapidez en los
procesos y la falta de decisiones. Este elemento, que compartimos, es
seguramente el de mayor calado de esas orientaciones generales: la
necesidad de que las administraciones públicas en general y la Unión
Europea en particular adopten los mecanismos necesarios para llevar a
cabo las decisiones en tiempo real suficiente para que no se queden
descolgados del progreso general regiones o grupos humanos dentro de la
Unión Europea.
En segundo lugar, el objetivo de estabilidad y crecimiento es un elemento
compartido pero que no se ha mostrado suficiente para combatir lo que es
la primera prioridad de la política europea, manifestada en multitud de
ocasiones por el propio Consejo Europeo y también por cada uno de los
Estados miembros. En España ha primera prioridad de manera muy especial
es, sin duda, el empleo, y el crecimiento en sí mismo se ha mostrado
insuficiente para crear los puestos de trabajo precisos para atender a
esa necesidad. Ha dicho el señor ministro que el plan de trabajo
presentado por España, como consecuencia de los acuerdos de Luxemburgo,
ha merecido los parabienes de la Comisión Europea. Eso es cierto y así se
ha reflejado en los medios de comunicación. Pero hay que remontarse al
origen y recordar que España intentó la exclusión del cumplimiento de
este plan de empleo y que sólo después de las críticas constructivas
realizadas por los grupos de la oposición
en esta Cámara el Gobierno cambió su orientación, pasó a estar más en
consonancia con la amplísima mayoría de países de la Unión Europea y
abandonó la vieja y yo diría que desechada tesis de Reagan o Thatcher en
su momento. Aunque merezca los parabienes de la Comisión en cuanto a que
el plan español incluye las 19 directrices acordadas en Luxemburgo,
permítame que haga alguna crítica respecto a cómo se ha elaborado ese
plan. En primer lugar, ha sido un plan elaborado por el Gobierno sin
consenso social, sin el acuerdo de los sindicatos; por tanto, un plan que
nace impuesto a las diferentes fuerzas sociales. Por ello deberíamos
tener alguna reserva de eficacia. En segundo lugar, cuando el plan se
presenta como un documento teórico en el que se incluyen todas y cada una
de las directrices en un mercado laboral como el español, que tiene la
mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, lo que probablemente esté
ocurriendo es que el Gobierno español no tenga ninguna prioridad en
materia de lucha contra el desempleo y lo que hace es un catálogo de
realidades que sufre nuestro país y que puede ser bastante ineficaz en el
tiempo para luchar contra el desempleo. En tercer lugar, otro elemento
trasladado a la política española es la financiación de dicho plan. Dicho
plan carece de una financiación adecuada para lograr los objetivos que
dice perseguir y, por tanto, es un plan que nace con un gran lastre, con
demasiado plomo en sus alas como para levantar vuelo y conseguir los
objetivos que persigue.
El segundo punto de la cumbre de Cardiff es la Agenda 2000, y dentro de
la Agenda 2000 básicamente el marco financiero, los fondos estructurales
y de cohesión y la política agrícola común. Nos ha dicho hoy el ministro
con más claridad que otras veces --lo cual le queremos agradecer-- cuál
es la posición española. Pero insisto, señor ministro, en que además de
explicarnos cuál es esa posición, nos podría ampliar la información
respecto de las acciones del Gobierno para conseguir que esos objetivos
se conviertan en realidad. Ningún Gobierno de la Unión Europea tiene un
mayor consenso interior respecto de esos objetivos que el que tiene el
Gobierno que usted representa. Por tanto, tiene que hacer un uso correcto
y adecuado de este apoyo político y social que tienen las causas que
usted defiende. No es posible que permitamos, sin contestarlo, que los
países que son contribuyentes netos a la Unión Europea pidan en un
documento en el Ecofin y en Asuntos Generales lo que ellos denominan el
principio de justo retorno, porque eso es exactamente, señor ministro --y
usted lo sabe--, destruir una de las razones básicas y el corazón del
proceso de construcción europea, que no es otro que la cohesión económica
y social, el poder establecer una serie de solidaridades internas dentro
de la Unión que hagan eficaces todas las demás políticas que el Tratado
contiene en sí mismo. Porque si rompemos esa cohesión económica y social
dentro de la propia Unión Europea, el mercado único y otros elementos
fundamentales de la construcción europea habrán volado, habrán sido
destruidos y será muy difícil recomponerlos. Por tanto, le pedimos que no
sólo ante esta Comisión sino que ante las manifestaciones de algunos
países, los más ricos de la Unión Europea, sobre la posibilidad del justo
retorno se contrapongan ideas, se contrapongan elementos que consoliden,
que refuercen la solidaridad, la cohesión económica y social como
elemento básico de la construcción europea. Hasta ahora no conocemos
ninguna propuesta del Gobierno español en esa materia y nos gustaría que
hubiera propuestas constructivas en el sentido inverso, para
contraponerlas a aquellos que están haciendo de la insolidaridad su
bandera, y para ello nos gustaría que contara con nuestro apoyo. En
segundo lugar, muy conectado con el primero, está el límite máximo de los
recursos propios. Estoy absolutamente de acuerdo con su exposición, no
podía ser de otra manera, pero le recuerdo que mientras tanto en el
aparente borrador de documento que va a ir a la cumbre de Cardiff aparece
el límite del 1,27 por ciento en los recursos propios de la Unión, en
contra de nuestra opinión, sin cláusula de revisión, aun en el caso de
que se incumpliera el cuadro macroeconómico derivado de los estudios de
la Comisión Europea. Por tanto, no es suficiente con oponerse a este
elemento. Hay que buscar las alianzas necesarias también aquí para
conseguir que el 1,27 por ciento como límite de recursos propios sea
revisable y que, en cualquier caso --no podría estar más de acuerdo
respecto del principio y del método--, se establezca el límite de los
recursos una vez conocidos cuáles pueden ser los gastos a los que la
Unión tiene que hacer frente. Es posible que el 1,27 sea suficiente, pero
en cualquier caso es una aventura poner un límite y después dedicarnos a
cambiar, dentro de este límite, recursos de un lado hacia otro sin que se
modifique el tope. Este límite lo defienden los mismos países que están
defendiendo el principio de justo retorno, que yo diría que es el
principio más injusto.
Respecto a la cohesión económica y social, los fondos estructurales y de
cohesión, seguimos manteniendo el 0,46 por ciento de los recursos
destinados a la misma, pero es verdad que cuando uno desbroza ese 0,46
por ciento hay elementos que nos demuestran claramente que ésa no va a
ser la cifra destinada finalmente a estos recursos. En primer lugar,
porque esto incluye los países de la ampliación y, por tanto, la cifra al
final del período no es del 0,46 por ciento sino del 0,39 para los
actuales quince miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, porque
como muy bien ha descrito el señor ministro hay una serie de elementos
que refuerzan las políticas propias de la Unión en detrimento de los
fondos estructurales y existe la reserva del 10 por ciento del total de
esos fondos, es decir, la misma cifra del total destinado a los fondos de
cohesión al final del período y, por tanto, al haber esa reserva
disminuye en esa cantidad el gasto en fondos estructurales durante el
período previsto 2000-2006. Pero es más; es que los fondos estructurales
son los únicos que descienden una media del 2 por ciento anual durante
todo el período y que la cifra total destinada a estos fondos es mucho
menor al final del período que la que se va a gastar en el año 1999 por
fondos estructurales. No nos dejemos engañar por las cifras medias
utilizadas para cuadrar las cuentas por la Comisión Europea, en donde se
toma como media todo el período 1993-99, cuando todos sabemos que en
Edimburgo lo que se hizo fue negociar la progresividad de la cohesión
económica y social, es decir, incrementar anualmente y de manera
muy notable los recursos destinados a la cohesión económica y social; ni
siquiera se mantienen los del año 1999. Por ello, estamos ya en un método
claramente regresivo respecto del negociado en Edimburgo, que no podemos
compartir, como tampoco podemos compartir la posición que vemos en el
Gobierno español de admitir que esas cifras sean las correctas.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego que vaya terminando.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Además, señor ministro, tenemos serios problemas con los fondos de
cohesión, tenemos problemas de gran calado político. Hemos vivido en los
últimos días manifestaciones de un calado político muy notable en el
Parlamento Europeo, en donde a propuesta de los cristianodemócratas
alemanes se ha votado en contra de que los países que están dentro de la
unión monetaria sigan percibiendo fondos de cohesión. Y no hace falta
recordarle que España percibe entre el 50 y el 55 por ciento del total de
esos fondos. Por tanto, para nuestro país y para el período previsto el
total de recursos destinados a los fondos de cohesión supera el billón de
pesetas, que en caso de no obtenerlos --aunque yo creo que eso responde a
una posición negociadora-- sería grave para el equilibrio presupuestario,
para políticas medioambientales y de infraestructuras en nuestro país.
Esa posición no es únicamente del grupo de los demócrata-cristianos en el
Parlamento Europeo, ha sido compartida también por otros países en el
Consejo y ha sido puesta sobre su mesa. En el informe de la propia
Comisión Europea se prevé que a mitad del mandato sea revisable la
participación en los fondos de cohesión de los países que forman parte
del euro. Por tanto, estas opiniones tienen bastante más calado que las
que el Gobierno da a conocer a la opinión pública y a este Parlamento.
Estamos de acuerdo con la posición que mantiene el Gobierno respecto al
Objetivo 1 y que sean dos tercios del total y no aproximadamente dos
tercios del total, porque en ese aproximadamente es donde se desvían esos
recursos que harán que la cohesión económica y social no esté en el
porcentaje que se establece. En ese aproximadamente, cuando hablamos de
esas cifras, caben cientos de millones de pesetas. Estamos de acuerdo
también en que las regiones ultraperiféricas, y particularmente en el
caso de Canarias, puedan participar de los fondos del Objetivo 1, pero
tenemos serias dudas respecto a la posición negociadora del Gobierno en
relación con las ayudas de Estado referentes al artículo 92.3 del Tratado
de la Unión Europea. Nos gustaría que nos desmintiera las informaciones
que dan por bueno que el Gobierno ha aceptado alguna modificación
sustancial con pérdidas graves para Canarias en esa materia.
Estamos también de acuerdo --y concluyo, señor presidente-- con las
políticas que dicen perseguir en materia de política agrícola común,
particularmente con dos elementos: la necesidad de que no existan tratos
preferentes para productos continentales o que existan elementos
discriminatorios respecto a los productos mediterráneos y, en segundo
lugar, que no se establezcan concesiones previas al panel a tratar por la
Organización Mundial de Comercio sobre agricultura. Todo llegará, tenemos
tiempo para hacer esas reformas. En cualquier caso, queremos apoyar esas
medidas.
Le quiero recordar, señor ministro, que tampoco en el Consejo de Cardiff
se va a aprobar la reforma de la organización común de mercado del aceite
de oliva, que tampoco en Cardiff se va a resolver el problema referente
al vino, que en Cardiff tampoco se va a resolver el paquete financiero,
el paquete agrícola, porque el propio Consejo de Agricultura lo ha
pospuesto hasta finales de mes y que quedan por resolver, sin duda, la
mayoría de políticas en las que España tiene un interés directo...
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, lleva usted 25 minutos. Le concedo un
minuto más y termine, por favor.
El señor COSTA COSTA: Doy por concluida mi intervención. En cualquier
caso, en un segundo turno, si es posible, le agradecería poder añadir
alguna cuestión más.
El señor PRESIDENTE: Difícilmente vamos a tener tiempo para un segundo
turno.
Les recuerdo a todos los portavoces que intenten limitarse a 15 minutos
como máximo.
En representación de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Para su tranquilidad, y a diferencia de lo que
quizá ocurriera en una intervención posterior, en ésta voy a ser
particularmente breve.
En primer lugar, agradeciendo la intervención del señor ministro y
reiterándole --cosa que no va a ser para él ninguna sorpresa-- que
compartimos todos y cada uno de los objetivos que ha planteado y que el
Gobierno va a llevar a la cumbre de Cardiff, Convergència i Unió está,
afortunadamente, en perfecta sintonía con el Gobierno en cuanto a cuáles
son los puntos fundamentales en los que hay que plantar cara --si se me
permite utilizar esa expresión--. Lo que ocurre es que no sabemos cómo se
va a hacer. No es tanto un reproche como una petición de información,
aunque entiendo que no se trata de revelar todas las armas en una sesión
pública como ésta, pero sabemos que las batallas que ha enunciado el
señor ministro en su intervención, principalmente las que hacen
referencia a los temas financieros, fondos estructurales, fondos de
cohesión, son batallas de larga duración, son la batalla de Verdún; no es
un desembarco de golpe, son batallas duraderas en las que ganará el que
aguante más tiempo y en las que se nos intentará vencer por agotamiento,
a base de irnos sacudiendo en otros frentes e intentando que, finalmente,
ya sea por agotamiento, ya sea por distracción, se nos acabe imponiendo
aquello que en ningún momento creíamos que se nos hubiera podido imponer.
Por tanto, querríamos saber cómo va a afrontar el Gobierno este tema,
porque basta cualquier contacto con parlamentarios de otros Estados
miembros, por no hablar de las declaraciones públicas de los distintos
responsables de
los diferentes gobiernos y por no citar la votación del Parlamento
Europeo de hace apenas una semana --que, evidentemente, no tiene, lo
sabemos todos, ningún valor jurídico, pero sí tiene un clarísimo valor
político--; basta saber eso para reconocer que ésta es una batalla de
gran dificultad. Por tanto, no nos basta compartir los objetivos sino que
querríamos saber cuáles son los medios que se van a poner para conseguir
esos objetivos, porque no es una votación fácil.
Quiero reiterar que tiene nuestro pleno apoyo, pero sí querríamos (en la
medida en que nos lo pueda explicar y, sobre todo, para hacernos
solidarios, además nosotros desde este Parlamento modestamente también
participamos en distintos foros internacionales y también como partido)
saber exactamente cuáles son las herramientas, las armas con las que no
sólo en esta cumbre, sino en una batalla que va a durar, el Gobierno
pretende conseguir esto, porque va a ser difícil.
En cuanto al tema del empleo, poco más tengo que decir, además de
reiterar nuestra felicitación al Gobierno por el plan de empleo que
presentó. Contrariamente a la imagen que se dio en el debate de política
general que tuvo lugar en esta Cámara --y ya se ocuparon los hechos de
desmentirlo--, el Plan de empleo presentado por el Gobierno de España
mereció todos los elogios por parte de la Comisión Europea como uno de
los mejores, más claros y más concretos. Nosotros nos hacemos
corresponsables de su contenido y no solamente no tenemos especiales
críticas, sino que no tenemos ningún comentario que hacer al respecto.
Le quería hacer una observación de orden práctico, y lo hago formalmente
desde aquí y no en privado, y es que particularmente, durante la
Presidencia británica --también en las anteriores-- se han dado algunos
avances en temas del tercer pilar, en materia de justicia e interior. Le
pediría al señor ministro --e insisto que podría hacerlo por otros
cauces, pero quería hacerlo en público, para que quedara constancia-- que
pidiera a sus colaboradores un cierto estudio de cuál puede ser la mejor
forma para que este Parlamento no quede descolgado de lo que es la
cooperación a nivel europeo en materias del tercer pilar. Hay aquí un
juego, que fue objeto de discusión en la última reunión de la Cosac,
según el cual, por tratarse de cooperación intergubernamental, queda
fuera de hecho de las actuales vías de información de las que esta Cámara
y esta Comisión disponen en este momento. Información que además debería
ser facilitada no sé si a través de su Ministerio o directamente por los
ministerios de Justicia e Interior, pero en la medida en que la
Secretaría de Estado para la Unión Europea está en su Ministerio y las
funciones de coordinación están también en el mismo, entiendo que es
desde allí de donde deben salir las iniciativas de coordinación.
Resumiendo, le pediría que se estudiara o que pidiera a sus colaboradores
que estudiaran las fórmulas para que sepamos exactamente qué es lo que
está ocurriendo en el tercer pilar, porque hasta el momento no sabemos
nada, más que cuando periódicamente vienen usted o la propia ministra a
informar. Entiendo que por vía de documentación escrita debe haber otras
fórmulas. No es tanto un reproche como la constatación de una necesidad
que hasta ahora no se cumple. Como la experiencia de información desde la
Secretaría de Estado hasta ahora es muy buena en temas estrictamente
comunitarios, no sé muy bien cómo se podría articular eso para que sobre
ese modelo también tuviéramos información sobre las decisiones y las
propuestas en materia relativa al tercer pilar.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Senadores Vascos (PNV), el
señor Gangoiti tiene la palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: En primer lugar, me sumo al agradecimiento de
los otros grupos parlamentarios al señor ministro por su presencia y las
explicaciones que nos ha dado sobre la próxima cumbre europea de Cardiff.
Trataré de ser esquemático, siguiendo los consejos del señor presidente
de la Comisión.
En primer lugar, queremos felicitar al Gobierno español por cómo ha
valorado la Comisión Europea el Plan de empleo que se ha presentado.
Nosotros lo valoramos también de manera importante porque creemos que la
falta de empleo es la mayor lacra a la que se enfrenta la sociedad
europea en estos momentos. Ahora bien, en ese Plan de empleo que se
aprobó en la cumbre de Luxemburgo, desgraciadamente, lo que no hay es un
aumento de los recursos comunitarios, estamos hablando todavía de que el
techo del 1,27 se va a mantener. Nuestro grupo presentó en el último
Pleno del Senado una iniciativa parlamentaria en el sentido de que, ya no
va a haber un incremento de los recursos comunitarios y nuevos recursos
para el tema del empleo, en el tema del reparto de los fondos
estructurales las regiones y los Estados que tienen unos índices mayores
de desempleo deberían beneficiarse en una mayor proporción de la que se
benefician ahora. Es decir, que no solamente el parámetro renta per
cápita debería jugar un papel primordial, sino que se debería incorporar
también con fuerza el parámetro desempleo.
En segundo lugar, el señor ministro ha dicho que parece ser que la
Presidencia inglesa puede presentar algún documento sobre modernización
de los sistemas de Seguridad Social. Me gustaría que nos avanzara más a
este respecto. En estos momentos es el gran debate que tienen todas las
sociedades europeas, cómo enfocamos el Estado de bienestar del próximo
siglo, y creo que todavía nadie ha dado con el modelo. Por ello, me
gustaría que nos pudiese ampliar realmente por dónde pueden ir esos
planteamientos de modernización de los sistemas de Seguridad Social. En
el caso de que para la cumbre de Cardiff hubiese un documento a ese
respecto, le rogaría al señor ministro que nos lo enviara posteriormente
a la Comisión.
En tercer lugar, aunque las negociaciones de ampliación acaban de
empezar, me gustaría que nos explicase brevemente cuál es el estado de la
ampliación en estos momentos.
En cuarto lugar, el tema del Fondo de Cohesión. Desde luego, apoyamos por
completo al Gobierno en sus planteamientos y además creo que
jurídicamente existe toda la razón para que se mantenga el Fondo de
Cohesión. Usted era comisario cuando se discutía el Tratado de Maastricht
y yo era miembro de la Comisión institucional y creo que recordamos muy
bien que cuando se crean los fondos de Cohesión no se crean única y
exclusivamente para incorporarse al euro; no se dice que si un país entra
en el euro desaparecerá el Fondo de Cohesión, sino que el Fondo de
Cohesión desaparecerá cuando se alcance el 90 por ciento de la renta per
cápita comunitaria y no es nuestro caso, con lo cual el Fondo de Cohesión
debe seguir existiendo y en este sentido nosotros apoyamos al Gobierno.
Lo que sí me gustaría, al hilo de lo que nos ha dicho, es que hiciese una
valoración política de cómo interpreta esa actitud que tuvo el Parlamento
Europeo la semana pasada. Sabemos, como ha dicho el portavoz catalán, que
no tiene ningún valor jurídico, pero sí tiene un peso político importante
y creo que estamos ante un pressing político de los Estados que quieren
quitarnos el fondo de Cohesión. Por tanto, quisiera que hiciera alguna
valoración de esa votación del Parlamento Europeo.
Fondos estructurales. Quisiera decir que me parece absurdo el nuevo
planteamiento que ha hecho la Comisión de juntar algunos de los objetivos
y de que, por ejemplo, lo que antes era el Objetivo 3 en principio no se
pueda aplicar a regiones que son Objetivo 2, y mucho más dentro de una
Europa que dice que quiere luchar contra el desempleo. Si el Objetivo 3
va enfocado a la formación, a la lucha contra el desempleo, desde luego
en las regiones Objetivo 2, que son regiones industrializadas en
reconversión, parece muy lógico que se siga aplicando el antiguo Objetivo
3 y no que quede separado, porque yo me pregunto dónde aplicar políticas
de empleo de reconversión de trabajadores mejor que en zonas
industrializadas en reconversión.
Respecto al Objetivo 1, estoy completamente de acuerdo, pero yo aquí
quisiera hacer una reflexión sobre todos los objetivos. Tengamos en
cuenta que se ha hablado mucho del Objetivo 1, y como digo apoyamos el
planteamiento del Objetivo 1, pero también hay que hacer hincapié en la
defensa del Objetivo 2, porque el día que se produzca la adhesión de los
Estados del Este nos vamos a encontrar con que entonces el Fondo de
Cohesión desaparecerá y, en segundo lugar, exceptuando quizá Galicia,
Extremadura y Andalucía, el resto del Estado será Objetivo 2 y no será
Objetivo 1. Por tanto, hay que luchar por el Objetivo 1 pero, con una
visión de futuro, hay que hacer una defensa fuerte de lo que es el
Objetivo 2.
Respecto a la reforma de la PAC, me gustaría saber, aunque sea muy
brevemente, en qué dirección va y si se están estudiando los problemas
que van a crear los países que desean la adhesión y sobre todo el caso de
Polonia. Usted sabe, señor ministro, que Polonia es un país con un número
de habitantes prácticamente igual al del Estado español y donde más o
menos el 30 por ciento de la población se dedica a la agricultura. Por
tanto, la adhesión polaca va a crear fuertes problemas a la actual PAC y
me gustaría saber en qué dirección va a ir esa reforma de la PAC, si se
está teniendo en cuenta ya el problema que va a suponer para la PAC en
concreto el caso de Polonia.
Por último --y con esto acabo, señor presidente-- el marco financiero.
Estamos completamente de acuerdo con el Gobierno en que el techo
financiero debe marcarse una vez que se haya hecho un estudio del coste
de la adhesión, y en ese sentido apoyamos la postura del Gobierno. Parece
absurdo que se siga manteniendo el mismo techo financiero sin tener en
cuenta lo que cuesta la adhesión. Pero el señor ministro ha hablado de
que hay algunos Estados contribuyentes netos que quieren plantear una
revisión de su situación actual, y en este sentido me gustaría saber
también qué Estados son los que están planteando esto, aunque algunos
creo que los conocemos, qué planteamientos y qué alianzas están buscando
al respecto y qué perspectivas existen. En definitiva, si el ministro
cree que esto va a salir adelante o no.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Quiero agradecer al ministro la
información que nos ha facilitado. No voy a extenderme en los diversos
puntos, simplemente decir que tiene muchos retos por delante, son temas
muy complicados los que se van a debatir en el próximo Consejo Europeo,
no me cabe la menor duda, como no le cabrá al señor ministro. Ciertamente
los objetivos pueden estar medianamente claros, pero el modus operandi es
lo que no tenemos tan claro, como han señalado algunos de nuestros
compañeros anteriormente.
No voy a entrar en este momento en el detalle, vamos a observar cómo se
produce la negociación de ese Consejo Europeo. Comparto las
preocupaciones de anteriores portavoces pero quiero señalar que en
determinados temas, como el Plan nacional de empleo, se podría haber
estudiado alguna otra medida quizás más vanguardista. Pero lo que sí
quiero señalar en este momento es que hay algunas medidas, como la
aproximación a temas de leyes básicas y negociaciones colectivas en que
se prima la negociación estatal, que, aunque no son de su competencia, no
son de nuestro agrado. En cualquier caso, le deseamos suerte y, como le
han pedido ya, que nos especifique, si puede, cuáles son las estrategias
que van a adoptar ante este próximo Consejo Europeo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Quiero agradecer al señor ministro su
comparecencia ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea y la amplia
información que nos ha proporcionado respecto a los temas objeto de
discusión en el próximo Consejo de Cardiff.
En el capítulo de las cuestiones económicas, en el que ciertamente
también se discutirán las reformas económicas necesarias para que la
unión económica y monetaria sea un éxito, creo que nuestro Gobierno
contribuirá con la magnífica experiencia española, que ha permitido que
nuestro país esté ahora en el pelotón de cabeza de la moneda única contra
todos los pronósticos de hace tan sólo un par de años. Asimismo, en lo
que hace referencia al capítulo de empleo, a este grupo parlamentario le
llena de satisfacción comprobar que el Plan nacional de empleo presentado
por
el Gobierno, de acuerdo con el calendario previsto, ha sido uno de los
más completos y estructurados de los presentados y que ha gozado, como
todos conocemos, de una fabulosa acogida. Por lo cual, señor ministro, no
nos cabe ninguna duda de que será aprobado en Cardiff y probablemente
alguna de sus actuaciones y planteamientos servirán de ejemplo y de base
para la elaboración y el debate en profundidad del documento final; no en
vano los logros de nuestro Gobierno en la lucha contra el paro y los
avances realizados en el mercado laboral, así como la reactivación de la
economía española, han sido fruto --entre otros factores--, desde el
principio, de ese pacto social pendiente durante muchos años y logro de
este Gobierno en el primer semestre, tal como estaba previsto en el
programa electoral. Hoy se anunciaba la creación de 50.000 nuevos puestos
de trabajo, lo cual nos llena de satisfacción.
En cuanto al capítulo de instituciones y futuro de la Unión Europea, por
lo que el señor ministro ha comentado, parece que se seguirá un esquema
semejante al de Formentor pero en una dimensión más reducida. Quizá aquí,
señor ministro, lo más importante sea el defender el mantenimiento de la
solidaridad como el pilar más importante del proceso de construcción
europea, y no nos cabe ninguna duda de que ésta será la línea de
actuación del Gobierno, tal como se hizo también en la pasada cumbre de
Luxemburgo.
Siguiendo la línea del Consejo de Luxemburgo, y a tenor de los avances
realizados por esta Presidencia en lo relativo a la Agenda 2000, estamos
convencidos de que nuestro Gobierno contribuirá a alcanzar acuerdos en
cuanto a las condiciones preliminares de orden técnico que permitan, sin
embargo, mantener abierto el debate general y el capítulo financiero para
los años 2000 a 2006, sin prejuzgar en nada, como es lógico, lo
sustancial de su contenido, que, por otro lado, tal como nos ha comentado
el señor ministro, deberá esperar a la presentación del informe de la
Comisión sobre el sistema de recursos propios. El mismo primer ministro
Blair ha reconocido que no es éste el momento de tomar decisiones
precipitadas y que conviene continuar en la profundización del análisis.
Estamos completamente de acuerdo con usted, señor ministro, respecto a la
estrategia a seguir para el mantenimiento de las políticas estructurales
y de cohesión como base y garantía de un modelo de construcción europea,
cuyas bondades se han demostrado y que debemos preservar y compartir con
los países de la próxima ampliación. Por tanto, no entraré en este tema.
No quiero finalizar mi intervención, señor ministro, sin antes felicitar
al Gobierno por los éxitos alcanzados en el último Consejo Jai, los días
28 y 29, que, siguiendo la iniciativa española del ministro Mayor Oreja
en el Consejo de Birmingham, acordó que, a partir de la fecha en que
Europol comience a ser operativa --o sea, el 1 de enero de 1999--, se
ocupe de forma anticipada a los plazos originariamente previstos y
establecidos en el convenio de las cuestiones del terrorismo.
Esté usted seguro, señor ministro, del apoyo de este grupo parlamentario
en la defensa de la línea de actuación que nos acaba de exponer para la
próxima cumbre de Cardiff.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Para contestar a todas las
cuestiones, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quiero dar las
gracias al señor presidente, que hago extensivas a SS. SS. por el tono
constructivo y positivo que ha presidido el debate; además, agradezco
todas estas sugerencias y constato que hay acuerdo en los objetivos. Me
permito expresar la discrepancia con que la información no es completa;
no es escueta, es completa. Yo diría más, es valiente en la medida en que
no oculta ninguno de los objetivos ambiciosos que se pretenden.
Aquí no ocurre, como se ha dicho por parte de algún portavoz, que los
intereses de todos los países salgan beneficiados finalmente porque hay
intereses contradictorios. Cuando se incrementan las políticas de
cohesión lo que ocurre es que unos pagan más y que otros reciben más;
salen todos beneficiados dentro del conjunto, pero ya de momento las
cuotas que unos aportan y otros reciben no benefician a todos igualmente.
Eso es justamente lo que quiero destacar: que en los objetivos que les he
presentado no hay ningún tipo de ambigüedad y los límites que nos
marcamos, repito, son ambiciosos, valientes y lógicamente transparentes.
Creo que no hace falta insistir respecto del acuerdo existente sobre las
orientaciones generales. Creo que no hacen falta comentarios respecto de
la estabilidad; en los últimos cuarenta años nunca fueron mejores los
índices de inflación o de crecimiento --estamos creciendo un punto y pico
más que la media de nuestros socios-- ni tampoco en cuanto a la creación
de empleo, por cuando en el pasado año 1997 aproximadamente el 48 por
ciento de todo el empleo que se ha creado en la Unión Europea ha
correspondido a España. Me parece que son cifras que hablan por sí
mismas.
No hubo ninguna retirada; la excepción la obtuvo España en defensa de un
sano interés para salvar los equilibrios presupuestarios que nos iban a
permitir mantenernos dentro de los criterios de convergencia, a pesar de
lo cual los resultados son espectaculares y creo que en ese tema no hay
mucho margen para la discusión. Donde quizá haya un poco más de margen
para la profundización es en la Agenda 2000. Desde luego, el principio de
justo retorno, como ya he dicho claramente ahora y en anteriores
intervenciones ante SS. SS., ya lo hemos contestado, lo estamos
contestando en cada ocasión y lo seguiremos contestando. Efectivamente,
hay una propuesta del Gobierno español que yo mismo he hecho, que es la
introducción de un nuevo recurso de carácter progresivo que tenga en
cuenta el nivel de prosperidad relativa de cada Estado miembro, es decir,
el producto interior bruto per cápita de cada uno de los países; ésa es
una propuesta que yo he formulado y que seguiré reiterando, y era una
forma constructiva, además, de contestar ese principio no contemplado por
los tratados del justo retorno, porque no sólo se contesta una cosa
que no existe, sino que, además, se formulan iniciativas constructivas y
positivas que vienen a dar solución al problema que habrá de recursos
propios mediante la implantación de un nuevo recurso inspirado por
criterios más justos que los que existen hasta ahora.
Desde luego, en cuanto a alianzas, naturalmente que las tenemos --yo me
he preocupado muy mucho de lograrlas-- con los demás países de la
cohesión. La pasada semana tuve ocasión, en una larguísima sesión de
trabajo mantenida con nuestro colega griego, Teodoros Pangalos, de
concertar y marcar estrategias que vayan más allá de la simple coyuntura,
que sean auténticas estrategias de países mediterráneos, de países de la
cohesión que tienen que concertarse pensando en el medio y largo plazo.
Lo mismo hemos hecho ya, con resultados muy positivos, con nuestros
amigos portugueses. ¿Qué garantías tienen de perdurar esas estrategias?
Estamos intentando conseguir el mayor número posible, pero no nos hemos
de extrañar si finalmente algunas de esas extrategias se disuelven en un
momento posterior, como consecuencia de que a uno de los países menores
se le da lo que solicita, con lo que de entrada se desmarca de futuras
negativas a aprobar acuerdos. Eso es lo que le ha pasado al Gobierno
español a lo largo de estos últimos quince años. Si estuviera en estos
momentos el presidente de esta Comisión, señor Solbes, podría darnos un
recital de cómo, al final, siempre que ha existido el problema de la
renovación de las perspectivas financieras, España ha tenido que dar la
batalla sola. Repito que esas estrategias se han formulado de un modo muy
concienzudo y muy claro y es siempre mejor verse acompañado, pero si al
final, en esos temas importantes de la Agenda 2000, tuviéramos que darlas
en solitario, no hay mejor compañía que la de la convicción de que se
defiende una causa justa. No nos van a doler prendas y, por ello, he de
decirles que los fondos de cohesión se van a mantener. Y quiero destacar
que ni el vino ni el olivo son temas para el Consejo Europeo ni estaba
previsto que en éste ni en otro tuvieran que discutirse, lo cual no
quiere decir que no se estén haciendo las gestiones al máximo nivel,
justamente para encontrar aliados y para defender, con la mayor eficacia
y la mejor compañía posible, las propuestas y los intereses de España.
Hasta ahora nadie ha sufrido ninguna penalidad, sino que ha sido objeto
de continuas mejoras en su tratamiento, derivadas, sobre todo las
últimas, de la introducción en el último Consejo Europeo del estatuto de
las regiones ultraperiféricas, que era una vieja petición canaria que
hasta ese momento no había podido ser atendida.
Quiero también agradecer el apoyo explícito del portavoz del Grupo
Catalán y comparto totalmente su apreciación de que la batalla de la
Agenda 2000 es de larga duración. Contesto también a la señora
Lasagabaster, al señor Gantoiti, al señor Costa y al señor Martínez
Casañ, diciéndoles que la estrategia del Gobierno es dar las batallas en
su momento. Ya tenemos una vieja y fructífera experiencia en este
sentido, sobre todo en los temas económicos, de que hasta que no se
acuerda todo, no se acuerda nada. De ahí que la estrategia española, como
antes he insinuado --pero ahora lo hago de forma más explícita-- sea la
de no aceptar ningún acuerdo parcial. Por ello hemos vetado que se
apruebe el límite del 1,27 por ciento del Producto Nacional Bruto, por
una cuestión de lógica y de método. Primero hay que efectuar las
evaluaciones de los costes que va a suponer la ampliación --en este
sentido es muy acertada la observación del señor Gangoiti--, porque
ciertamente el importe del coste para la política agrícola común de la
adhesión plena de Polonia será grande. Por ello hemos pedido un estudio
de impacto y evaluación a la Comisión, que no se ha dado, y por eso
España ha anticipado su propio estudio, que demuestra que el 1,27 no
sería suficiente con la plena incorporación de otros países. Ciertamente
no se van a incorporar los diez, incluso los que se incorporen van a ser
objeto de largos períodos transitorios hasta su integración total,
especialmente en la política agrícola común, y todo eso es lo que hemos
de ver y evaluar antes de aceptar el límite del 1,27.
Además de esa cuestión de método y lógica, está la cuestión táctica. No
vamos a hacer ninguna concesión parcial hasta tanto no tengamos claro
cuál es el paquete global y lo que le corresponde a España. Por ello,
repito, no aprobaremos el 1,27, por ello hemos vetado la gate line
agrícola y por ello aceptamos el principio de que tiene que haber fondos
importantes ya para financiar la preadhesión y fondos importantes también
para financiar la adhesión posterior de esos países, pero rechazamos que
se fije una sola cantidad hasta tanto el acuerdo global no esté logrado y
no sepamos qué corresponde a España. ¿Por qué? Porque, como ya les he
dicho en otras ocasiones, España no va a tolerar que sean los países más
pobres, los países de la cohesión los que finalmente tengan que pagar los
costes de la ampliación. No lo vamos a tolerar.
En ese contexto, ¿cuáles son las interpretaciones de la votación que
acaba de tener lugar en el Parlamento Europeo? Son escaramuzas
importantes --no las echemos en saco roto-- que demuestran el malestar,
el interés de algunos países --importantes contribuyentes netos-- en
reducir sus aportaciones, y aunque no tengan valor jurídico, demuestran y
traducen un gran sentimiento político que existe en esos gobiernos --como
bien decía el señor Costa-- y también en sus opiniones públicas, porque
son países que están acometiendo recortes de gasto público y,
naturalmente, les gustaría empezar por el vecino. Por lo tanto, todo ello
no va a ser una batalla fácil.
Les agradezco a SS. SS. el apoyo y les digo que el Gobierno tiene clara
la estrategia. No nos precipitemos. Que cada cuestión se apruebe en su
tiempo. Ya he dicho lo que era previsible que se aprobara bajo esta
Presidencia de Cardiff. No vamos a aceptar que se apruebe ningún paquete
financiero hasta tanto no esté aprobado el global. ¿Qué se puede aprobar
el global de Cardiff? Estupendo. Si no, esperaremos a Viena. ¿Que no se
puede aprobar en Viena? Esperaremos al Consejo Europeo a celebrar bajo
Presidencia alemana, que es lo deseable para que pueda entrar en vigor el
paquete, tal y como está previsto, el 1 de enero del año 2000. ¿Que no se
aprueba en Alemania? Pues corresponderá aprobarse bajo Presidencia
finlandesa, que es la siguiente, a finales de 1999. ¿Que no se aprueba?
Pues muy bien, seguiremos esperando, seguirá esperando todo, incluida la
ampliación. Nosotros no vamos a vetar la
ampliación, no; lo que no queremos es hundir la propia Unión Europea, y
si la propia Unión Europea a Quince no es capaz de atender los propios
compromisos ya asumidos a Quince, ¿cómo podríamos acometer la
irresponsabilidad de pasar a dieciocho o a veinte, si no cumplimos con
nuestros compromisos ya asumidos a Quince? Esas ideas son muy claras y,
por ello, la estrategia del Gobierno ciertamente es clara, es firme y les
agradece su apoyo. Yo tomo buena nota de que no han recibido la
información relativa a los avances en el tercer pilar y me ocuparé de que
la tengan puntualmente, como se la estamos remitiendo en todo lo demás.
Se me ha preguntado también cuáles eran los países que habían formulado
esa carta negándose a ser contribuyentes netos. Son Austria, Alemania,
Suecia y Holanda. Hay otros que comulgan con los mismos principios. Pero
ello no nos tiene que sacar de nuestra posición de firmeza y de calma y
no somos nosotros lo que ahora tenemos que imprimir velocidad al carro de
esos acuerdos. Estaremos encantados de que se aprueben cuanto antes y
estaremos dispuestos a dar todas las facilidades, siempre que el acuerdo
sea global y sepamos cada cual lo que nos va a corresponder. Esa es
nuestra fuerza y nuestra firmeza, que tenemos razón.
Finalmente, quiero también agradecer el apoyo del señor Martínez Casañ y
decirle que comparto plenamente sus observaciones. (El señor Costa Costa
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Costa, sabe S. S. que no
hay un turno de réplica y, además, esta Presidencia considera que el
ministro ha contestado a todos los planteamientos y cuestiones que han
formulado SS. SS.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, sé que no hay un turno de
réplica. Es habitual que en estas comparecencias se establezca un turno
de réplica y, dada la importancia de los temas tratados, creo que sería
conveniente que se estableciera dicho turno de réplica, pero yo me
atendré a lo que diga la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Costa, le vuelvo a
reiterar que, aparte de la intervención amplia que han ejecutado
anteriormente SS. SS., el ministro ha contestado a todas las cuestiones,
no ha quedado ninguna cuestión en el tintero. Por lo tanto, no tiene
razón de ser que haya un turno de réplica.
--INFORMAR CON URGENCIA Y CON PRIORIDAD A SU APROBACION POR EL CONSEJO DE
MINISTROS DE LA UNION EUROPEA, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO
3.e) DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISION
MIXTA PARA LA UNION EUROPEA, DEL ACUERDO HECHO PUBLICO EL 18 DE MAYO DE
1998 ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA, LA COMISION EUROPEA Y EL
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE APLICACION DE LAS LEYES
EXTRATERRITORIALES Y OTRAS SANCIONES A CUBA, IRAN Y LIBIA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de
expediente Congreso 213/000681 y número de expediente Senado 711/000199).
--LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES DEL LUNES 29 DE MAYO,
SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO EN LONDRES, ENTRE LA UNION EUROPEA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MATERIA DE APLICACION DE LAS LEYES
EXTRATERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS SOBRE CUBA, IRAN Y LIBIA Y LA
POSICION DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL CITADO CONSEJO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3.c) DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente
Congreso 213/000688 y número de expediente Senado 711/000200).
--EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS MINISTROS DE
ASUNTOS EXTERIORES DE LA UNION EUROPEA PARA LA PROTECCION DE INVERSIONES,
QUE ASUME LOS PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA «LEY HELMS-BURTON» Y
CONTRADICE LOS TRATADOS INTERNACIONALES ENTRE ESPAÑA Y CUBA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente Congreso 213/000691 y
número de expediente Senado 711/000201).
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Los siguientes puntos del orden
del día son tres comparecencias que, al referirse al mismo tema, vamos a
agrupar en una, y voy a ir dando la palabra en el orden de presentación.
Por tanto, el siguiente punto sería el número 2, comparecencia del
ministro de Asuntos Exteriores para informar con urgencia y con prioridad
a su aprobación por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3.e) de la Ley 8/1994, de 19 de
mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, del
acuerdo hecho público el 18 de mayo de 1998 entre la Presidencia de la
Unión Europea, la Comisión Europea y el presidente de los Estados Unidos
en materia de aplicación de las leyes extraterritoriales y otras
sanciones a Cuba, Irán y Libia. El autor es el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Por tanto, tiene la palabra su portavoz,
el señor Guardans. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
Un momento, señor Guardans. Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Para una cuestión de orden. A efectos del «Diario
de Sesiones», la petición no es sólo del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), sino también de otros dos grupos, entre ellos el Grupo Socialista.
Como se agrupa el debate, entiendo que debe quedar claro que es una
comparecencia a petición de tres grupos, no de uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Según he dicho y consta en el
«Diario de Sesiones», se agrupan las tres en una, y el orden de
intervención va a ser por el orden de presentación. He leído el punto 2,
luego será el 3 y luego el 4. La primera, en orden de presentación, era
la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que tiene la palabra. A
continuación leeré las otras dos, cuando les corresponda intervenir.
El señor GUARDANS I CAMBO: Yo no voy a entrar en el fondo, a la espera de
las explicaciones que dé el señor ministro. Sí querría hacer una
puntualización de base reglamentaria, pero también para enmarcar un poco
lo que esperábamos, en pasado, cuando planteamos esta comparecencia. La
ley que regula la Comisión Mixta preveía un mecanismo escasamente
utilizado, y que por tanto no tiene demasiados precedentes ni usos
parlamentarios, en el que se le pide al Gobierno que informe ante la
Cámara acerca de una decisión que va a ser tomada en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, y que informe con anterioridad, que
comparezca, informe y se produzca un debate. Estamos muy acostumbrados a
incumplir esa ley en todos sus extremos, y éste es uno de ellos. Yo sólo
quería dejar constancia de que ésta no era una petición de comparecencia
normal, una simple petición de comparecencia informativa, sino que
pretendía ser un auténtico debate para fijar la posición de esta Cámara
antes de que el Consejo de Ministros de la Unión Europea se pronunciara.
Soy consciente de que eso no ha sido así, y me pronunciaré sobre ello en
la intervención sobre el fondo después de escuchar las explicaciones del
señor ministro, pero me parecería oportuna esta aclaración a efectos de
enmarcar lo que esperábamos cuando pedimos esta comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): A continuación, para defender el
punto que figura como número 3, comparecencia del ministro de Asuntos
Exteriores para informar de las decisiones del Consejo de Asuntos
Generales del lunes 29 de mayo sobre el acuerdo adoptado en Londres entre
la Unión Europea y los Estados Unidos de América en materia de aplicación
de las leyes extraterritoriales de Estados Unidos sobre Cuba, Irán y
Libia y la posición del Gobierno español en el citado Consejo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.c) de la Ley 8/1994, de 19 de mayo,
de cuya iniciativa es autor del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Insisto en cuestiones de orden. Solicitaría al
ministro de Asuntos Exteriores que nos explique la posición española
previa a nuestra intervención en el Consejo de Asuntos Generales, y sólo
después haría la intervención correspondiente a ese punto.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): El último punto del orden del
día, que figura como número 4, es la comparecencia del ministro de
Asuntos Exteriores para dar cuenta del acuerdo alcanzado entre los
Estados miembros y los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea para la protección de inversiones, que asume los principales
contenidos de la Ley Helms-Burton y contradice los tratados
internacionales entre España y Cuba, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Mixto.
¿Quiere intervenir la señora Lasagabaster o le damos la palabra
directamente al señor ministro?
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Le da la palabra al señor ministro. No
ha sido esta diputada la que ha solicitado la comparecencia, será algún
otro miembro del Grupo Mixto; por tanto, no es una iniciativa de esta
diputada. Escucharé con atención las palabras del señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Así le constaba a la
Presidencia, pero creíamos que, en nombre del autor de la iniciativa, iba
a defenderla la señora Lasagabaster.
Por tanto, sin más, le damos la palabra al señor ministro de Asuntos
Exteriores para que conteste a los tres puntos citados.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, el ministro de Exteriores es el primero que lamenta que en su
familia le vean sólo a través de la televisión; particularmente este mes
de mayo los viajes han sido muchos y muy largos y no ha habido ocasión de
comparecer previamente a esa reunión para exponerles cuál es la posición
del Gobierno.
Quiero empezar la información que SS. SS. solicitan leyendo un párrafo
que me parece claro y explícito: «La Unión Europea recuerda afirmaciones
anteriores del Consejo de Asuntos Generales que dejaron clara nuestra
firme oposición, basada en el derecho y en los principios, a la
imposición de boicots secundarios y a leyes con efectos
extraterritoriales y retroactivos. No ha habido cambios en nuestra
posición, que se vuelve a confirmar con esta declaración.» La frase
anterior, entrecomillada, por tanto textual, no es antigua, forma parte
de la declaración final de la Unión Europea en la cumbre del 18 de mayo
pasado en Londres entre la Unión Europea y los Estados Unidos; repito, es
de inmediatamente después, es una de las frases con las que se clausura
la reunión sobre la que SS. SS. han solicitado información. Es más, esa
misma frase era reconfirmada el pasado lunes 25 de mayo por los ministros
de Asuntos Exteriores de la Unión.
Uno de los temas centrales abordado en la cumbre anual Unión
Europea-Estados Unidos el pasado 18 de mayo fue el de las diferencias
entre ambas partes --Estados Unidos y la Unión Europea-- sobre las leyes
extraterritoriales norteamericanas. Estas, como SS. SS. saben
muy bien --y eso es muy importante tenerlo presente a lo largo de todo el
debate--, siguen teniendo su punto de referencia, su origen, no en el
Gobierno de los Estados Unidos, no en la Administración Clinton, sino en
el Congreso norteamericano, que es el que las ha aprobado, en contra de
los deseos y de las recomendaciones de la propia Administración, y que
sigue firmemente decidido a mantenerlas. En todo caso, en esa cumbre se
aprobaron cinco documentos políticos, incluidos los dos que tienen
redacción dispositiva. Tomen buena nota, digo documentos políticos, que
no inciden en las competencias exclusivas de la Comunidad Europea. Esos
documentos son: Primero, declaración sobre principios de cooperación
política transatlántica; segundo, entendimiento sobre disciplinas a
aplicar en inversiones; tercero, entendimiento sobre requisitos
contradictorios o conflictos de jurisdicciones; cuarto, compromiso
norteamericano sobre aplicación de la Ley D'Amato; quinto, declaración
unilateral de la Unión Europea --esto es muy importante-- ante la
vinculación del paquete negociado. Volveremos después sobre ello.
En base a estos documentos, Estados Unidos reconoce la necesidad de la no
aplicación permanente del título III de la Ley Helms-Burton. Respecto al
título IV, se compromete a obtener del Congreso la autorización para no
poder aplicarlo, que hoy por hoy la ley no le reconoce. Eso también es
muy importante. Estamos hablando de la Administración, que está vinculada
por una ley aprobada por el Congreso que le faculta a no aplicar el
título III, y en esos compromisos de los que le hablo se obliga a la no
aplicación permanente del título III, pero como respecto del título IV no
tiene autoridad, no tiene competencias para no aplicarlo, se compromete
frente a Europa a obtener del Congreso la autorización para no aplicar
tampoco el título IV. Estados Unidos se compromete también a no aplicar
las sanciones previstas en la Ley D'Amato para las inversiones
energéticas en Irán, y a considerar la no aplicación en el caso de Libia.
La presencia en la cumbre del presidente Clinton obviamente refuerza
todos estos compromisos. Además, la Unión Europea, en su declaración del
Consejo de Asuntos Generales del 25 de mayo, del pasado lunes, es decir,
una semana más tarde, no cede en el futuro ni un ápice en su exigencia de
no aplicación de los títulos mencionados de la Ley Helms-Burton y
D'Amato.
La situación de las inversiones en propiedades expropiadas queda, en
función de esos acuerdos políticos, no jurídicos, así: Primero, todas las
inversiones realizadas en el pasado en propiedades expropiadas quedan
fuera de cualquier tipo de sanción. Segundo, las inversiones realizadas a
partir del 18 de mayo de 1998, en propiedades que fueron expropiadas
ilegalmente en el pasado, no quedan prohibidas, pero se acepta que no se
les concederá apoyo oficial. Tercero, no se permitirán inversiones
futuras en activos que sean expropiados contra el Derecho internacional,
donde no hay nadie que pretenda que se hagan inversiones en contra del
Derecho internacional. Cuarto, los gobiernos de los Estados Unidos y de
los países de la Unión Europea no incentivarán en el futuro con apoyo
económico gubernamental (seguimos hablando de que no tendrán apoyo
económico gubernamental) las inversiones que se realicen en propiedades
expropiadas en contra del Derecho internacional. Ambas partes se
comprometen a que su acuerdo bilateral tenga reflejo en un acuerdo
multilateral sobre inversiones que tendrá carácter jurídicamente
vinculante. Se reconoce, por tanto, que no hay vinculación jurídica y se
dice: puesto que ése es un acuerdo político, nos comprometemos a que haya
un acuerdo multilateral sobre inversiones que tenga carácter
jurídicamente vinculante. Los entendimientos mencionados constituyen un
acuerdo, por tanto, estrictamente político y no vinculante jurídicamente.
El propio entendimiento sobre disciplinas en inversiones afirma
literalmente, entre comillas: Constituye un acuerdo político que refleja
la intención de los participantes de aplicar las disciplinas en base a
criterios políticos. Es parte de los entendimientos de la Unión Europea y
no la Comunidad, única que goza de personalidad jurídica internacional y,
por tanto, única que puede concluir acuerdos internacionales
jurídicamente vinculantes. Es decir, quien tiene personalidad jurídica es
la Comunidad, no la Unión; quien firma es la Unión que no tiene, por
tanto, personalidad jurídica internacional.
Por ello el compromiso es político y nos permite un margen justamente
para valorar la voluntad real de los Estados Unidos de cumplir fielmente
esos acuerdos políticos a los que se obliga. Ambos entendimientos se
refieren a materias que son competencia de los Estados miembros y a ellos
corresponderá su aplicación y desarrollo, pues ambos se refieren al
régimen de propiedad que el artículo 222 del Tratado de la Unión no
prejuzga; es decir, no es competencia comunitaria, no se regulan
cuestiones de política comercial, sino que las inversiones afectadas por
los entendimientos van dirigidas básicamente al establecimiento de
empresas o a la prestación de servicios. El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ha establecido que no existe competencia exclusiva de la
Comunidad para celebrar con terceros Estados acuerdos relativos a esa
libertad de establecimiento o de acceso a los mercados de servicios. En
resumen, no existe compromiso jurídico alguno para España, sólo un
compromiso político vinculado al propio compromiso político asumido por
los Estados Unidos. Parece claro que la mera existencia de las leyes
Helms-Burton y D'Amato, con o sin imposición efectiva de sanciones, como
ha sido hasta ahora para las empresas europeas, ha obrado de hecho en el
pasado como un poderoso desincentivo a la inversión en Cuba, Irán y
Libia. Los empresarios en sus decisiones de inversión precisan de un
horizonte temporal despejado, lo que nunca estuvo garantizado hasta ahora
más allá de un plazo de seis meses, como ustedes saben, que era la
dispensa concedida por la Administración americana especialmente en el
caso cubano. La situación que se abre, a partir de la conclusión de este
acuerdo es, obviamente, indudablemente, sin ningún género de dudas,
muchísimo mejor que la que existía hasta ahora. De un lado, existe una
vinculación expresa entre la aplicación efectiva de las disciplinas sobre
inversiones en propiedades confiscadas y la no imposición de sanciones;
de otro lado, en el caso de expropiaciones realizadas en el pasado, las
disciplinas no impiden a ningún inversor acometer sus proyectos futuros,
únicamente se
les priva de incentivo oficial, pero no se les penaliza. No olvidemos que
no se habla en general de las inversiones en Cuba, sino sólo de aquéllas
que se hagan en expropiaciones contrarias a Derecho internacional,
consideradas así por todos los que deben aplicar las disciplinas. Es un
compromiso político, en un marco político, que incluye un refuerzo de la
cooperación en aspectos que compartimos ambas partes (combate contra el
terrorismo, apoyo a la democracia y su seguridad jurídica, defensa de los
derechos humanos), y una acción concertada para impulsar estos objetivos.
Se establecen las bases para un proceso progresivo y también jurídico en
el futuro, en el que la Unión Europea y los Estados Unidos condicionan el
cumplimiento de los compromisos políticos descritos a acciones
determinadas. En ese proceso pueden eliminarse las diferencias de enfoque
que ha habido hasta ahora, que han afectado a las relaciones políticas y
a la seguridad económica internacional de un modo claro y notable en los
últimos años. Ambas partes, la Unión Europea y los Estados Unidos, y
éstos por primera vez de manera formal y al máximo nivel, descartan el
unilateralismo en sus decisiones internacionales y pasan, por primera vez
también, a utilizar criterios compartidos bilateralmente, es decir, con
la Unión Europea, para determinar los hechos internacionalmente ilegales
y los conflictos de jurisdicción entre las partes. Saben que ésa es una
primera gran concesión que hacen los Estados Unidos, que hasta ahora nos
tenían acostumbrados a prácticas unilaterales, a las que aquí renuncian.
Las partes expresan su voluntad de convertirse en integradores de un
mayor consenso en un marco multilateral (OCDE, Organización Mundial de
Comercio) que sea jurídicamente vinculante.
Es un acuerdo político que abre un camino jurídico para asegurar un marco
inversor internacional en el que España, como país exportador de
capitales, está ya. Si una parte incumple, se rompe el acuerdo y volvemos
al comienzo, pero si conseguimos llevarlo adelante habremos preparado una
solución de la que nuestras empresas se beneficiarán y que permitirá
reanudar el flujo de capitales a países en desarrollo cuyas poblaciones
los necesitan.
Esto es cuanto quería informarles.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Les recuerdo a SS. SS. que en
este tipo de iniciativas disponen de hasta diez minutos para sus
intervenciones, y les rogaría que se ciñeran al máximo a este tiempo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor presidente, le voy a pedir un
poco de benevolencia con el tiempo, puesto que es un tema tremendamente
complejo y que, como es obvio, ha sido absolutamente ocultado a la
opinión pública española y europea y, por tanto, siendo éste el primer
Parlamento nacional de un Estado miembro de la Unión Europea donde este
tema sale a la luz, con un poco de tranquilidad y con luz y taquígrafos,
en el sentido más estricto, creo que merece que le dediquemos un poco de
atención.
Le agradezco, señor ministro, sus explicaciones, pero me hubiera gustado
que después de las mismas hubiera podido decir: mire usted, me he
equivocado al plantear esta comparecencia, la agradezco y voy a marcharme
a casa. En lugar de eso debo decirle que estoy exactamente igual de
preocupado que estaba antes de empezar. Estamos ante una decisión
gravísima y tengo la impresión, señor ministro, de que alguien de su
entorno ha cometido un gravísimo error. Estamos ante una decisión
adoptada por la Comisión Europea, bendecida por el Consejo de Ministros
de la Unión Europea, del que forma parte obviamente España, y que afecta
gravemente a la política exterior española, que supone un viraje de 180
grados en la misma respecto de Cuba y que causará, a partir de ya mismo,
un gravísimo perjuicio a todos y cada uno de los inversores actuales y
potenciales en la República de Cuba.
Querría empezar, ante todo, comentando la propia forma en que esto ha
sido negociado. Este acuerdo, que tiene unas consecuencias, insisto,
trascendentales, como ahora veremos --y también lo destaca el propio
señor ministro, aunque le dé una lectura que no se ajusta exactamente al
texto del acuerdo--, se ha negociado de forma absolutamente clandestina.
Se ha negociado de forma oculta a la opinión pública y a cada uno de los
parlamentos. El acuerdo que se hizo público el 18 de mayo de 1998 no está
accesible a ninguna autoridad en Europa, por nadie, no tiene versiones
traducidas, mientras que en Estados Unidos ese acuerdo circulaba para
todos los periodistas que estuvieran interesados. Cualquier periodista
norteamericano que tuviera interés en ese acuerdo lo tenía a su
disposición y, evidentemente, en su idioma. Cualquier periodista europeo
o cualquier modesto diputado europeo que haya querido acceder al texto
que realmente fue objeto del compromiso el 18 de mayo, ha tenido que
hacer una investigación equivalente a la de localizar un manuscrito en el
Archivo de Simancas. Por tanto, de entrada, algo hay ahí cuando nos
llenamos todos la boca sobre transparencia en materia de decisiones en la
Unión Europea, y una decisión de este calibre, que afecta
directísimamente a las competencias de los Estados miembros, a los
derechos de sus inversores, está oculta a la opinión pública y a los
responsables políticos. Alguna mala conciencia deben tener quienes han
firmado eso para, en su momento, hacerlo público el 18 de mayo, una
semana después de aprobarlo en Consejo de Ministros, sin que apenas
hubiera tiempo para que ningún responsable pudiera examinar el texto; no
es un problema de sus viajes, señor ministro, es un problema de que en
menos de una semana este tema ya fue sacralizado por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea sin que hubiera dado tiempo siquiera a que
el texto que auténticamente se aprobaba circulara. El propio Consejo de
Ministros de la Unión Europea que aprueba este texto tampoco emite
ninguna nota oficial. No creo que sea negligencia de todos los
corresponsales de los periódicos españoles acreditados en Bruselas el
ignorar que el lunes de la semana pasada se aprobó este texto en el
Consejo de Ministros. Más bien creo --me lo puede desmentir el señor
ministro-- que se ocultó que estaba en el orden del día o, en todo caso,
no se hizo una comunicación expresa al acabar.
Hay mala conciencia por parte de los ministros de Exteriores de la Unión
Europea, del Consejo de Ministros de Asuntos Generales, en lo que han
aprobado. Querría preguntarle, en primer lugar, al señor ministro, cuándo
y cómo conoció el Gobierno español el texto de este acuerdo; cuándo llega
a su poder la literalidad de lo que se firmó y cuándo --y es la pregunta
más clara-- podremos disponer los parlamentarios españoles y la opinión
pública española de una copia oficial traducida de lo que se ha firmado,
y que no tengamos que seguir accediendo a Internet, a fotocopia de
fotocopia, porque ni siquiera ahí está.
En segundo lugar, y antes de entrar en el fondo del propio contenido
firmado, querría que el señor ministro se detuviera un poco más en cuál
es el fundamento para haber llegado a este acuerdo. ¿Qué es lo que
autoriza al comisario responsable de política comercial, Leon Brittan,
para negociar con los Estados Unidos un acuerdo que hace referencia a la
protección diplomática de los ciudadanos españoles, que habla del papel
que tendrá a partir de ahora la embajada de España en La Habana, que
habla de las facultades que tendrá a partir de ahora el ministro de
Asuntos Exteriores, el de Comercio --secretario de Estado de Comercio en
el organigrama español-- respecto de las inversiones españolas? Eso está
en el acuerdo, señor ministro, después se lo leeré literalmente. (El
señor ministro de Asuntos Exteriores, Matutes Juan, hace signos
negativos.) Se habla de las facultades que tiene el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España y de cada uno de los países miembros, se lo leeré,
señor ministro, está en el texto del acuerdo. Eso ha sido negociado por
Leon Brittan. ¿Es eso el artículo 113 de Maastricht? ¿Es eso política
comercial de la Unión Europea? La protección diplomática de los
ciudadanos españoles, ¿es política comercial? Los propios Estados Unidos,
el máximo responsable en este tema que es el vicesecretario de Estado,
Stuart Eizenstat, que es quien ha llevado esta negociación, reconoce en
todas sus declaraciones que este tema, la Ley Helms-Burton y el tema del
que estamos hablando, no tiene nada que ver con la política comercial. Es
política exterior norteamericana, y precisamente por eso rechazó que este
tema se sometiera a la Organización Mundial de Comercio. En varias
declaraciones que, por ahorro de tiempo no leo pero se las puedo
entregar, señor ministro, absolutamente públicas, el señor Eizenstat deja
claro que si rechaza la intervención de la Organización Mundial de
Comercio es porque esta negociación es política, y porque lo que estaba
en juego era la política exterior de los Estados Unidos y no un conflicto
comercial con Europa. Si estamos en negociaciones de política exterior,
¿qué pinta el comisario Brittan, y qué se ha hecho por impedir que fuera
el señor Brittan quien, en aras de otro tipo de intereses que no son
exactamente los que les interesan a los ciudadanos españoles, se llegara
a un acuerdo y a una política de hechos consumados de muy difícil
solución?
Finalmente, insisto, antes de entrar en el fondo del propio contenido
--porque la forma en este caso es casi tan grave como el fondo--, no ha
habido aquí ninguna negociación, señor ministro. No ha habido la mínima
negociación ni transacción. Tengo en mi poder, y también se los puedo
entregar después si tiene especial interés, aunque supongo que lo pueden
encontrar su colaboradores, documentos redactados por el departamento de
Estado norteamericano y publicados en el Washington Post, que no han
debido ser localizados con especial dificultad. Hace un año y medio se
definían exactamente las únicas condiciones en las que un acuerdo con la
Unión Europea sería posible, lo único que podría ser aceptado por el
Departamento de Estado, y se hace una lista de cuándo y cómo un acuerdo
con la Unión Europea se podría aceptar en materia de la Ley Helms-Burton.
El contenido de eso es exactamente lo que luego se ha recogido y lo que
ha sido firmado el 18 de mayo pasado; por tanto, lo que ha habido es una
pura, dura y neta imposición de las condiciones de los Estados Unidos a
la Unión Europea que han sido absolutamente aceptadas. ¿Quién ha seguido
eso? ¿Quién es el responsable del seguimiento de este tema? ¿Qué ha hecho
el Gobierno español como uno de los Quince, pero con particulares
intereses respecto de los otros Catorce en Cuba, para impedir que eso
fuera así? ¿Qué conocimiento tenía de que ésa era la política que quería
imponer Estados Unidos, que finalmente ha impuesto?
Señor ministro, vayamos al contenido de lo que aquí se ha firmado.
Querría empezar muy sintéticamente con lo que es la Ley Helms-Burton,
porque todos hemos hablado muchas horas de ella y al final parece que es
un ente de razón. La Ley Helms-Burton es un texto real, vigente, que
tiene cuatro títulos y que, dicho sea de paso, ha sido calificado por el
vicesecretario de Estado norteamericano, señor Eizenstat, delegado
especial del presidente Clinton para asuntos de Cuba y autor de esta
negociación, como un texto legal muy razonable para promocionar la
democracia en Cuba. Por tanto, señor ministro, no mantengamos ya más, si
me permite, esa idea de que la Administración norteamericana, impuesta
por el Congreso norteamericano, no tiene más remedio que aceptar
determinadas premisas. El máximo responsable ejecutivo norteamericano, el
máximo responsable de la Administración norteamericana en esta
negociación es un fervoroso entusiasta de la Ley Helms-Burton. Lo que
quiero clarificar es que no se nos diga más que la Administración
norteamericana, pobre --permítame la expresión de nuevo--, pobre, está
absolutamente condicionada por una decisión del Congreso norteamericano.
El señor Eizenstat, número dos del departamento de Estado, califica la
Ley Helms-Burton como un texto legal muy razonable, que no tiene otro
objeto que promocionar la democracia en Cuba.
Señor ministro, la Ley Helms-Burton tiene cuatro títulos, como usted bien
sabe. El primero y el segundo hacen referencia directamente a la opinión
que tiene Estados Unidos de lo que debe ocurrir en Cuba para que haya un
cambio razonable. Los dejamos de lado, no vienen al caso, aunque tienen
también su importancia, pero no aquí. (El señor ministro de Asuntos
Exteriores, Matutes Juan: Los conozco.) Lo aclaro para que conste en el
«Diario de Sesiones», porque tiene interés a efectos de reconocer y de
justificar lo que pretendo sostener, que es que Europa ha suscrito la Ley
Helms-Burton, señor ministro. El título III de la Ley Helms-Burton, lo
que hace es
establecer acciones en favor de los ciudadanos norteamericanos, para que
puedan reclamar en los Estados Unidos propiedades ilegalmente expropiadas
en Cuba, ciudadanos norteamericanos que eran cubanos en el tiempo de la
expropiación. Y el título IV, lo que hace es prohibir la entrada en los
Estados Unidos, es decir, permitir la denegación del visado de entrada, a
los responsables de aquellas empresas que hayan invertido en propiedades
ilegalmente expropiadas a ciudadanos norteamericanos. Los títulos III y
IV lo Unico que hacen es consagrar que existen propiedades ilegalmente
expropiadas en los Estados Unidos, y sobre eso fijar sus propias
disposiciones: en uno, permitir que esas propiedades sean reclamadas en
los Estados Unidos, en otro, impedir la entrada en los Estados Unidos a
quien trafique con esas propiedades. No estamos ante una ley que pretenda
proteger a los ciudadanos norteamericanos, ni siquiera a los
norteamericanos de origen cubano. Es una ley, según reconocen todos sus
impulsores, que no tenía otro objeto que impulsar, entre comillas, la
democracia en Cuba, una determinada idea de lo que es la misma, haciendo
prácticamente imposibles las inversiones. Es muy importante este punto,
señor ministro, porque nuestra discrepancia con la Ley Helms-Burton y
entiendo que también la del Gobierno español, y si no me gustaría que nos
la aclarara, no es sólo por su carácter extraterritorial, Si no por
entender que no se puede hacer una coerción exterior sobre Cuba para
impulsar la democracia. Así lo sostiene la posición común de la Unión
Europea. En primer lugar, no ir a coerciones económicas exteriores que
perjudiquen al pueblo cubano. En segundo lugar, el concepto mismo de esas
expropiaciones teóricamente ilegales. ¿Qué son expropiaciones ilegales,
señor ministro? Cuando los Estados Unidos y cualquier otro Estado, entre
ellos España, considera que hay una expropiación que no ha sido
remunerada y que afecta a sus propios ciudadanos, llega a un acuerdo con
ese gobierno. Los Estados Unidos cuando no pretenden perjudicar al
gobierno, sino que van de buena fe, así lo han hecho. En 1995 Estados
Unidos firmó con Albania un acuerdo de remuneración de las expropiaciones
ilegales a sus ciudadanos, en la medida que no eran remuneradas según su
terminología. ¿Por qué? Porque no tenía ningún interés en perjudicar la
transición democrática de Albania. Y en 1992 Estados Unidos hizo
exactamente lo mismo con la República Democrática Alemana, que es lo
mismo que hizo España en 1991, señor ministro, y no lo ha comentado. En
aquella fecha España firma con Cuba un acuerdo, que está publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» --y que espero que en pura coherencia con lo
que se ha firmado denuncie el Gobierno español a partir de ahora--, en el
que reconoce en sus propios términos las expropiaciones sobre ciudadanos
españoles. A partir ahí acepta una compensación por esas inversiones y
dice en ese convenio bilateral (negociado por un Gobierno anterior, es
cierto, pero lo deberá denunciar éste) que el Gobierno de España, una vez
efectuado el pago total de la cantidad global mencionada en el artículo
1, se compromete a no presentar ni mantener ante el Gobierno de Cuba o
ante una instancia arbitral o judicial las posibles reivindicaciones de
las personas naturales o jurídicas españolas relativas a los bienes,
derechos, acciones e intereses a que se refiere el presente convenio.
¿Qué hizo España?
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Guardans, le recuerdo que
ya lleva diez minutos.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo que hizo España fue lo mismo que hizo Francia y lo mismo que ha hecho
cualquier país de acuerdo con el Derecho internacional: reconocer que ha
habido unas expropiaciones realizadas por un Estado soberano sobre su
propio territorio, pedir una compensación en favor de sus intereses
nacionales, y a partir de ahí darse por satisfecho. Eso es lo que tenía
que haber hecho Estados Unidos y no lo ha hecho. Por eso nació la Ley
Helms-Burton, no para proteger a sus ciudadanos, sino para sancionar las
inversiones en Cuba, según múltiples manifestaciones.
Vamos al contenido del acuerdo, porque ésa es la premisa. Lo que hemos
aceptado es exactamente lo que decía la Ley Helms-Burton. La premisa de
la Ley Helms-Burton es que hay expropiaciones que nunca podrán ser
compensadas, aquellas que los Estados Unidos decidan que así es, y, sobre
esas expropiaciones, negar cualquier posibilidad de inversión. El acuerdo
no tiene nada que ver con la nota de prensa que en su momento se emitió,
y tiene muy poco que ver, y lo siento, señor ministro, con el contenido
de su propia intervención. Las empresas europeas, fruto de este acuerdo,
están obligadas a no invertir en Cuba, en la medida en que esa inversión
esté afectada por una propiedad ilegalmente expropiada. Lo que ocurre es
que la única sanción que les ofrece el Estado, y sobre eso sí tenemos una
cierta diferencia con respecto a la Ley Helms-Burton, no es la cárcel,
señor ministro. Afortunadamente, todavía no habrá pena de cárcel para las
inversiones españolas en Cuba. La única sanción que se compromete a
establecer el Gobierno español para sus inversiones en Cuba es negarles
cualquier tipo de colaboración o asistencia a quien invierta.
Entréguenoslo traducido y se lo podré citar en castellano. Voy a tener
que limitarme a citar una versión en inglés, que es la única de la que
dispongo. (El señor ministro de Asuntos Exteriores, Matutes Juan: No
tiene apoyo oficial.) Es el texto, señor ministro, no estoy citando
declaraciones públicas de nadie, estoy citando el texto de ese acuerdo.
Si ese texto es nulo o no es el eficaz, por favor, entréguenos el texto
que se firmó, con los sellos correspondientes de la Secretaría del
Consejo de Ministros de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Guardans, le ruego vaya
concluyendo.
El señor GUARDANS I CAMBO: ¿Cuál es el compromiso? Negar cualquier tipo
de asistencia a quienes inviertan en propiedades expropiadas. ¿Qué es lo
que se considera asistencia, señor ministro? Según el propio acuerdo, que
usted califica como no jurídico y que está redactado exactamente igual
que un contrato, ¿qué es lo que se considera
como asistencia gubernamental? El propio acuerdo dice que se considera
asistencia gubernamental cualquier apoyo que pueda prestar el gobierno,
concretamente las participaciones en el capital de las empresas
inversoras, préstamos, subsidios, ventajas fiscales, garantías de
cualquier tipo, seguros, y que nadie podrá obtener un seguro de
riesgo-país en las inversiones en Cuba. No lo invento yo, no es una
declaración de prensa, es el texto firmado, señor ministro. Respecto a lo
que usted me decía que no con la cabeza, le cito literalmente el texto:
Deberán negar los países miembros de la Unión Europea cualquier apoyo del
que normalmente facilitan las embajadas y los ministerios de Comercio y
de Asuntos Exteriores. Eso está en el acuerdo. Invertir en Cuba a partir
de ahora tendrá menos asistencia que invertir en el país menos seguro del
mundo. Si eso no es una sanción a las inversiones en Cuba, ¿me lo puede
explicar? ¿Cuáles son las inversiones que quedan cubiertas?
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Le agradecería que acabase ya
rápidamente, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy terminando, señor presidente.
Las inversiones que quedan cubiertas por este acuerdo son la compra
directa de propiedad ilegalmente expropiada, siendo los norteamericanos
quienes deciden lo que es ilegalmente expropiado, el control directo o
indirecto, vía arrendamiento o contrato de gestión o de administración
sobre esas propiedades, la participación por vía accionarial en cualquier
entidad que controle tales propiedades... Este es el acuerdo, insisto. No
son declaraciones de prensa. Es lo que se ha firmado y se nos ha ocultado
hasta hoy. ¿Qué inversión queda fuera en Cuba, señor ministro, si se
queda fuera la inversión en propiedad, el control directo o indirecto por
vía arrendamiento o la participación por vía accionarial en cualquier
entidad que tenga propiedades que en su momento pudieran ser propiedad de
un cubano nacionalizado norteamericano? No queda nada. Le puedo leer, y
esto sí es una declaración de prensa que tiene su interés, una
declaración hecha por el secretario de Estado de Comercio que dice: ¿Qué
es lo que hemos negociado? (El señor ministro de Asuntos Exteriores,
Matutes Juan: No le podré contestar, me tengo que ir, señor Guardans.)
Que un inversor europeo que invierta en Cuba en cualquier instancia
tendrá que tener asistencia comercial, y no la podrá conseguir.
Me salto el detalle sobre las expropiaciones ilegales que ya ha quedado
claro. Lo único que queda es que son los Estados Unidos los que deciden
lo que es ilegal, porque España ya ha dicho que eso no es ilegal. Es
legal y precisamente por eso tiene un acuerdo compensatorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Si quiere que tenga tiempo el
ministro para contestarle, tendrá que terminar rápidamente.
El señor GUARDANS I CAMBO: Cuando pedimos la comparecencia, pensé que
teníamos toda la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Hemos utilizado mucho tiempo en
el punto anterior del orden del día. Le recuerdo que lleva ya diecisiete
minutos, señor Guardans, por lo tanto, le queda medio minuto para acabar.
El señor GUARDANS I CAMBO: En un minuto termino, señor presidente.
Hay un compromiso legal en este acuerdo, y decía que esto sólo tiene
contenido político, tiene un contenido jurídico puesto que las partes se
obligan a introducirlo en el acuerdo multilateral de inversiones. ¿Qué es
lo que pone Estados Unidos por su parte? Señor ministro, no es cierto, y
perdóneme la dureza con que se lo digo, que quede en suspenso el título
III. Dicho título, es decir la posibilidad de reclamaciones en Estados
Unidos, sigue perfectamente en vigor como expresamente reconocen las
partes que lo han negociado. En ningún sitio de todo el acuerdo se dice
que se suspenda el título III. Esa posibilidad de actuar contra las
empresas europeas deberá ser suspendida cada seis meses. Como el señor
presidente no me deja no le puedo leer las declaraciones del señor
Eizenstat reconociendo que el título III queda en perfecta situación. En
cuanto al título IV, si las empresas europeas van a ser sancionadas por
sus propios gobiernos, ¿qué necesidad hay de que las sancione por ese
mismo delito, entre comillas, el Gobierno norteamericano? Aquella empresa
europea que invierta en Cuba en propiedades expropiadas no recibirá apoyo
europeo. A cambio se le permitirá la entrada en Estados Unidos, porque ya
habrá dejado de invertir.
Señor ministro, y ahora sí que termino, señor presidente, ¿cuál es el
efecto de esto, llámelo político, llámelo jurídico --ahí tendríamos una
discusión que nos llevaría muy lejos--. Crear una gravísima inseguridad
sobre las inversiones españolas y europeas en Cuba. Lejos de la imagen
que se nos ha querido dar de que a partir de aquí quedan protegidas las
inversiones españolas en Cuba, lo que se ha hecho es infringir el más
duro golpe a las inversiones europeas en Cuba. Por eso se felicitan todas
las autoridades americanas, por eso han salido a la calle a felicitarse
por el cambio dramático --dice el secretario de Comercio, señor Rubin--
hecho por las autoridades europeas en su política hacia Cuba y han
lanzado las campanas al vuelo. El inversor, lo decía usted...
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Guardans, le ruego que
concluya ya, de lo contrario me veré en la obligación de retirarle la
palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Termino ahora mismo.
Decía usted que la propia Ley Helms-Burton desincentivaba por su sola
existencia las inversiones en Cuba. ¿Qué no va a hacer un acuerdo que
recoge en su literalidad, y se lo puedo dar por escrito, párrafos de la
Ley Helms-Burton? ¿Qué no va a hacer de desincentivación de las
inversiones? Es independiente que esto lo asuma usted como compromiso
político o como compromiso jurídico. Lo único que está claro es que un
inversor español sabe que cuando invierta en Cuba no podrá tener ya la
más mínima asistencia.
Tendrá menos asistencia que si estuviera intentando abrir hoteles en
Ruanda.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): A continuación, en nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señor ministro, la intervención
del portavoz de Convergència i Unió me podía evitar reiterar los
argumentos que él ha dado en esta comparecencia; los compartimos todos.
Son argumentos derivados de los documentos a que el Grupo Socialista ha
tenido acceso, pero permítame que le haga una seria crítica a la
transparencia del Gobierno en este tema. El martes pasado, después de ver
una reseña muy escueta en El Europeo, me dirigí a uno de sus
colaboradores para tener acceso no sólo al documento del acuerdo, sino
también a la posición española. Ayer al mediodía recibí una copia del
acuerdo en inglés, una copia de la que por cierto yo disponía
perfectamente cuando le hice esa petición a su colaborador, pero no por
ningún país europeo sino curiosamente una copia que se deriva de la otra
parte contratante, es decir de Estados Unidos. Hemos tenido que ir a las
fuentes de Estados Unidos para saber qué había acordado la Unión Europea
con Estados Unidos en esa materia. No se puede admitir, señor Matutes...
(El señor ministro de Asuntos Exteriores, Matutes Juan: Haberlo pedido.)
Se lo pedimos. Le pedimos a un colaborador suyo --no me haga quedar en
falsedad-- el martes pasado precisamente aquí en esta misma sala, y ayer
además recibí el texto del acuerdo en inglés, pero ninguna de las
posiciones que ha mantenido el Gobierno español en el Consejo de Asuntos
Generales, que por cierto no dijo absolutamente nada, contrariamente a lo
que hicieron otros políticos. Por tanto, aplíquense en tener una mayor
transparencia en esas materias.
Por otro lado, es verdad que ha habido una opacidad absoluta respecto a
esa cuerdo en el conjunto de la Unión Europea, y si vamos a los programas
informativos que la Unión Europea establece para todos los Consejos de
Ministros en Internet, es verdad que de este tema apenas se habla, ni una
vaga referencia, es realmente increíble. Se habla, eso sí, del Acuerdo
Trasatlántico, se habla de otras materias que han sido tratadas en esa
cumbre, preo no hay apenas una referencia respecto a inversiones sobre
propiedades expropiadas. Por tanto, muy mal en transparencia.
La segunda cuestión que nos interesa resaltar, para no hacernos
reiterativos sobre lo que ya ha explicado Convergència i Unió, es de
principios. Señor ministro, en ese acuerdo hemos renunciado a los
principios que hemos mantenido respecto de la Ley Helms-Burton y respecto
de la transición democrática de Cuba, sin obtener a cambio el plato de
lentejas correspondiente, simplemente asimismo como nuestra la Ley
Helms-Burton, como ya le ha dicho el portavoz anterior, la asumimos ahora
en un acuerdo político, que es de dudosa eficacia jurídica, pero no se
olvide usted que en ese compromiso político se establece que Estados
Unidos y la Unión Europea, ante la futura negociación del acuerdo
multilateral de inversiones, van a proponer de manera conjunta
exactamente el texto acordado políticamente entre ambas partes en esta
reunión y, por tanto, sí va a tener efectos jurídicos, no nos engañemos,
claro que va a tener efectos jurídicos si se establece en ese tipo de
acuerdos; acuerdos que vendrán a esta Cámara, que están ya
predeterminados, y que por tanto expresarán claramente cuál es la
posición que ha mantenido el Gobierno español, que no supo mantener en el
Consejo de Asuntos Generales del pasado día 25.
Señor ministro, este acuerdo es un viraje de la posición española, es un
viraje de la posición de la Unión Europea. Se lo ha dicho el señor
Guardans y se lo voy a decir yo otra vez; la posición común de la Unión
Europea renuncia expresamente a ese tipo de legislación y de acuerdos
para hacer la transición democrática en Cuba, y lo hace en su primer
punto, no en un artículo perdido. ¿Por qué la Unión Europea hace una
declaración unilateral inmediatamente después de acordar con Estados
Unidos esos textos? ¿Cuál es la razón para que dentro de la Unión Europea
además se dé más publicidad a esa declaración unilateral que al acuerdo
propiamente dicho, que como ha manifestado ya el portavoz anterior no ha
sido traducido a ninguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea,
que lo hemos tenido que analizar en inglés, lengua de la presidencia de
la Comunidad, y por otra parte de extendido uso en tratados
internacionales? Deseábamos conocer que el Gobierno español había puesto
alguna reserva en el Consejo de Asuntos Generales a un texto de ese tipo,
y no hay ni una sola mención a las posiciones mantenidas por el Gobierno
español que no sea acordar, la de estar perfectamente en línea con el
texto acordado.
En este Consejo donde se da por bueno este acuerdo es verdad que existe
la declaración unilateral, que es contradictoria con lo antes aprobado
por la Unión Europea en la posición común, que es contradictoria, señor
ministro, con textos de su Gobierno que están en tramitación en esta
Cámara. Si tiene interés, señor ministro, le puedo leer el texto de una
ley en tramitación, la Ley de sanciones aplicables a infracciones de las
normas establecidas en el reglamento 2271/96 del Consejo, de 22 de
noviembre, relativo a la protección frente a la aplicación
extraterritorial de la legislación de un país tercero. No hace falta que
le diga que es una legislación que pretende hacer ineficaces y sancionar
a ese país por la aplicación del Derecho que ahora nosotros compartimos.
La memoria justificativa de esta ley dice lo siguiente: La citada
normativa --se refiere a la de Estados Unidos-- contraviene el Derecho
internacional, pretende intervenir en las relaciones comerciales entre
países terceros, y concretamente obstaculizar la consecución de objetivos
de la Unión Europea, entre los que se encuentran la contribución al
desarrollo del comercio mundial y la supresión progresiva de las
restricciones a los intercambios internacionales. Es decir que su propio
Gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda, en una normativa que está
en trámite en las Cámaras, que ha sido vista en la Comisión de Economía y
Hacienda y está en tramitación en el Senado, reconoce que la normativa
que se asume en este acuerdo entre la Unión Europea y Estados
Unidos, señor ministro, está en contradicción con dos principios
fundamentales: el de la transición democrática de Cuba, la no injerencia
interna y la ayuda económica a este país para que pueda hacer una
transición pacífica. Pero aún hay más, existen proposiciones no de ley
aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, que también son
vulneradas por este acuerdo. Por tanto, el Gobierno está actuando fuera
de la cobertura del apoyo político necesario que debe informar su
actuación en un tema que siempre ha tenido consenso en estas Cámaras,
como es la política exterior.
Señorías, Francia, inmediatamente después del Consejo de Asuntos
Generales, emitió un comunicado aclarando su posición, y recuerda
expresamente su rechazo a cualquier legislación unilateral de alcance
extraterritorial o retroactivo. Asimismo recuerda que las disciplinas
propuestas por los participantes en la cumbre en materia de protección de
inversiones dependen de las competencias respectivas de los Estados
miembros. Es decir, Francia unilateralmente niega cualquier eficacia a
este acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero eso no lo ha
hecho el Gobierno español. El Gobierno español no dijo ni una palabra en
el Consejo, en el que Francia opuso reservas, ni en el de representantes
permanentes donde Francia sí hizo reservas al texto de esta ley. El
Gobierno español ha ocultado, ha hecho opaca toda la información sobre
este acuerdo y no ha dicho ni una sola palabra para oponerse a la
literalidad de los textos y a las propuestas que se recogen en los
mismos.
Ya le ha dicho el señor Guardans la opinión del señor Eizenstat o del
señor Rubin. Hay otras bastante notables, pero yo quiero decir qué opinan
sobre esta ley. Básicamente, la opinión que dan --y ésta sí que es
transparente, está en todos los medios y al alcance de cualquier
ciudadano-- es que con la entrada en vigor de esas nuevas disciplinas
puede aplicarse la normativa establecida en la Ley Helms-Burton. La
esencia del acuerdo es que ninguna agencia comercial en Europa puede
autorizar o dar asistencia a un inversor en Cuba sin comprobar que no
está autorizando la inversión en una propiedad expropiada ilegalmente y
la única cosa que consiguen a cambio los europeos --y es necesario
resaltar esa cuestión-- es que la Administración de Estados Unidos
solicite al Congreso estadounidense...
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Costa, le recuerdo que ya
lleva diez minutos.
El señor COSTA COSTA: Repito, que solicite la modificación del título IV
de la Ley Helms-Burton, es decir que haga un esfuerzo para enmendar el
título IV permitiendo a la Administración de Estados Unidos ofrecer la
suspensión de dicho título IV respecto a la Unión Europea, que no para el
conjunto de inversores. Es decir, señor ministro, España ha mantenido en
todo este tema una opacidad que merece nuestro reproche más profundo. Ha
renunciado a principios políticos y de política exterior que no son
compartidos por la mayoría de esta Cámara, sin obtener a cambio ninguna
contraprestación. Ha comprometido el futuro del contenido del acuerdo
multilateral de inversiones y por todo ello tendrá que dar más
explicaciones, señor ministro, de las que ha dado hoy en esta Comisión.
Hoy queríamos conocer la opinión del señor ministro respecto del acuerdo.
La información que hemos obtenido ha sido claramente insuficiente, no
casa con los textos de que disponemos y en mi caso es un texto
proporcionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ayer por la mañana,
por tanto tengo que darlo por bueno. En ese texto del que dispongo, y que
es exactamente el mismo del que disponía con anterioridad y el que hemos
estado manejando para solicitar esa comparecencia, todas las cuestiones a
que ha hecho referencia el señor Guardans están contempladas en él y yo
no voy a reiterarlas, simplemente quiero advertirle que este tema no se
agota hoy en esta comparecencia y que es uno de los elementos que también
va al Consejo Europeo de Cardiff.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Aunque no sea la peticionaria de
la comparecencia, por cuestiones de orden, corresponde la intervención a
la señora Lasagabaster como representante del Grupo Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy a ser muy breve, porque al no ser
autora --como he señalado antes-- no voy a intervenir en este tema.
Me interesa que el señor ministro pueda explicar sus argumentos frente a
las posiciones, aunque yo diría francamente oposición por no llamar
acusaciones que se han realizado con todo lujo de detalles y muy
extensas, y también pediría en nombre del Grupo Mixto que en este caso sí
se pudiera conceder un segundo turno, aunque fuera mínimo, a los autores
de las iniciativas.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): En nombre del Grupo Vasco, tiene
la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Intervengo brevemente para fijar la postura de
nuestro grupo parlamentario en este debate. Tal y como decía el señor
ministro, la Ley Helms-Burton no es un acuerdo del Gobierno Clinton, es
un acuerdo del Legislativo. A partir de ahí, la Unión Europea ha llegado
a una serie de acuerdos y los Estados Unidos están teniendo una actitud
con la que nosotros no estamos de acuerdo.
En primer lugar pensamos que si esto se aplicase a otras dictaduras que
hubiese en el mundo, llegaríamos no a un colapso pero sí a una
contracción muy importante del comercio internacional. Existen dictaduras
en el mundo aparte de la de Cuba y no se les aplican este tipo de
sanciones. En segundo lugar, el hecho de que la Unión Europea se haya
sumado al planteamiento americano, desde nuestro punto de vista,
significa una pérdida de soberanía de la propia Unión Europea. En tercer
lugar, hay una injerencia clarísima en problemas internos de otro país, y
en cuarto lugar quisiera decir que con Cuba existen a nivel del Estado
español una serie de lazos históricos, culturales y comerciales muy
importantes.
Todos sabemos la importancia que da cada Estado al comercio
internacional, y en el caso de la Ley Helms-Burton aparte de razones
políticas hay también razones de política comercial de cada uno de los
Estados de la Unión. Afortunadamente, en este momento asistimos a una
ofensiva importante en toda América Latina, incluida Cuba, de inversiones
de empresas españolas, inversiones que bienvenidas sean porque sirven
para generar riqueza y producir beneficios para esas empresas.
Al mismo tiempo, de esta forma y con esas inversiones que se están
produciendo allí se está ayudando también al pueblo de Cuba a elevar su
nivel de vida. Estoy convencido de que todos los empresarios del Estado
español que están invirtiendo allí, no están llevando a cabo una política
para mantener un régimen comunista, ni muchísimo menos, están viendo unas
oportunidades; al igual que otros Estados ven oportunidades en otros
sitios, aquí por las razones que he dicho antes de lazos históricos y
culturales las empresas del Estado español llevan una ventaja, y no vemos
razón alguna para que se aplique la Ley Helms-Burton y para que de alguna
forma la Unión Europea vaya a remolque de una decisión tomada por el
Congreso de los Estados Unidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): En nombre del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor ministro, nuestro grupo parlamentario
opina que nos encontramos ante un acuerdo --como usted a dicho-- de
naturaleza política y creo que es desde un prisma político desde donde se
debe enfocar. Cualquier otro enfoque, quizá atractivo como ejercicio
didáctico para estudiantes de Derecho, para juristas desfaenados o, en el
mejor de los casos para políticos demagogos en busca de protagonismo,
será posiblemente útil para un reality show, tan en boga últimamente, una
sobremesa divertida, pero no para esta Cámara.
Como todos sabemos, no existe compromiso jurídico alguno por parte de la
Unión Europea, ni sus Estados miembros, y por tanto para España tampoco,
sino un compromiso político vinculado al propio compromiso de los Estados
Unidos. Lo que sí existe, afortunadamente, por el contrario, es un avance
significativo no sólo en el tema objeto de esta comparecencia, cual es la
aplicación de las leyes extraterritoriales y otras sanciones a Cuba, Irán
y Libia, sino el conjunto de la relación transatlántica, avance que en el
tema que nos ocupa, nuestro país y nuestro Gobierno han jugado un papel
primordial en su consecución y de lo cual me enorgullezco. Hasta que
nuestro Gobierno lideró en el seno de la Unión Europea el establecimiento
de una posición común, fruto de la dispersión de fuerzas, la inseguridad
jurídica de nuestros inversores y la indefensión de nuestros intereses,
constituyó una realidad flagrante. Por ello nuestro grupo parlamentario
suscribe esta política de pasos --y digo política de pasos-- liderada por
el Gobierno de España y tan eficazmente ejecutada por usted señor
ministro y su equipo, a sabiendas de que lo mejor es enemigo de lo bueno
y de que los logros conseguidos no harán sino continuar, y los logros
conseguidos son una posición común, un primer avance y un avance
significativo en la política exterior de la Unión Europea suscrita por
los ministros de Asuntos Exteriores de los quince países miembros y no
creo que ninguno de ellos se haya bajado los pantalones.
¿Cuál es la situación actual? Como ha dicho usted, señor ministro, una
reafirmación de la condena y no aceptación por parte de la Unión Europea
de las leyes extraterritoriales tanto en la declaración unilateral de la
Unión Europea como en las decisiones del Consejo de Asuntos Generales y
un condicionamiento al desarrollo del acuerdo político suscrito al
cumplimiento por parte de los Estados Unidos de sus compromisos respecto
al título IV de la Ley Helms-Burton y a la disciplinas para el
reforzamiento y protección de las inversiones, que a su vez contemplan
compromisos respecto a los títulos III y IV y consagra las inversiones
realizadas con anterioridad al 18 de mayo de 1998. El título de la Ley
Helms-Burton --como usted bien ha dicho-- que da derecho a los ciudadanos
estadounidenses a iniciar acciones en su país para recuperar sus
propiedades en la isla, nunca se ha aplicado. En el título IV que permite
negar el visado a empresarios que inviertan en propiedades confiscadas a
los norteamericanos en Cuba, hay un compromiso del presidente de los
Estados Unidos de obtener del Congreso la autorización para no aplicarlo.
Hay por tanto una mayor seguridad jurídica al consagrarse las inversiones
realizadas con anterioridad a mayo de 1998, respecto de las cuales no se
van a aplicar ninguna ley extraterritorial. Pero hay también mayor
seguridad jurídica para las inversiones realizadas a partir del 18 de
mayo de 1998 en propiedades que fueron expropiadas ilegalmente en el
pasado, que no quedan prohibidas pero que no se les concede apoyo
oficial, y quizás sea esta ausencia de apoyo oficial, señor ministro, lo
que algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra utiliza
interesadamente estirando e interpretando ex cátedra, pero sin cátedra
que lo sustente, sus afirmaciones catastróficas.
Mayor seguridad jurídica también para las futuras inversiones que por
afectar a bienes expropiados en contra del derecho internacional
(ilegalidad que tendrá que ser establecida de ahora en adelante y de
común acuerdo y tras consultas) puedan ser objeto de conflicto; para ello
se establece un mecanismo de consultas. Por primera vez, señor ministro,
Estados Unidos renuncian a fijar de forma unilateral una legislación que
a todos nos afecta y acuerdan hacerlo en coordinación no con los demás
países del mundial, como se dice ahora, sino precisamente con la Unión
Europea en un avance significativo de la política exterior de al propia
Unión Europea.
Señor ministro, los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra han centrado su intervención, quizá equivocadamente, en el tema
cubano, pero nada han dicho de lo que estos acuerdos suponen para las
inversiones en países como Irán o Libia, objeto de la Ley D'Amato,
respecto de los cuales supongo que también España debe tener algún
interés inversor estratégico y me gustaría que me aclarase en qué medida
beneficia el acuerdo a nuestro país, así como al conjunto de la relación
trasatlántica.
Señor ministro, voy a acabar aquí este primer turno de intervención.
Supongo que mis compañeros querrán añadir algo después y me reservo el
uso de la palabra para una intervención posterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Para replicar y contestar a las
cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, si no
les hubiera visto tan serios en sus alegaciones, sinceramente habría
pensado que estamos en una sesión de broma; y desde luego ya se ve que
algunos no manejaban textos traducidos. Primera afirmación sobre la que
se basa todo el edificio de pretendidas acusaciones que se ha querido
montar: que se trata de un acuerdo jurídico, que se trata de un contrato,
¿con una parte que no tiene personalidad jurídica internacional
reconocida? ¿Qué jurista puede sostener tal dislate?
A partir de aquí podríamos dar por concluida la sesión, señorías, y desde
luego parece que se dispone de mucho tiempo para dedicar a estas cosas,
pero aquí se han argumentado además toda una serie de referencias, de
declaraciones. Primera declaración, parecía que no estábamos hablando de
un acuerdo de la Unión Europea y de los Estados Unidos sino que estábamos
hablando sólo de Cuba, y yo pregunto, ¿dónde están las declaraciones de
Cuba sintiéndose tan perjudicada por ese supuesto acuerdo hecho en contra
de los intereses de Cuba? Yo hasta ahora no he visto ni una sola
declaración cubana condenando este acuerdo, señorías. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán pronuncia palabras que no se perciben.)
Se han referido, por otra parte, a unas supuestas declaraciones
triunfalistas del señor Eizenstat dando noticia del gran éxito que
suponía para la Administración estadounidense este supuesto acuerdo. Se
ve que no han continuado leyendo las reacciones en los propios Estados
Unidos a las declaraciones del señor Eizenstat, porque desde luego el
señor D'Amato ha dicho textualmente: Los Estados Unidos se han bajado los
pantalones frente a los europeos. El señor Gingrich, líder de la mayoría
republicana, que es quien ha presentado esta ley, se ha expresado en
términos parecidos. Pero continuemos. Aquí tengo el Financial Times del 2
de junio de 1998 en donde se recogen unas declaraciones del senador Jesse
Helms, autor justamente de la Ley Helms-Burton, donde después de la
fanfarria que acompañó las declaraciones de algunos representantes de la
administración americana el señor Jesse Helms dice que realmente aquí lo
que hay que hacer es condenar totalmente este acuerdo desde el punto de
vista del Senado americano porque ha desactivado totalmente la Ley
Helms-Burton y esta declaración del señor Helms --que como ustedes saben
es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los
Estados Unidos-- continúa diciendo que fue inmediatamente seguida por el
miembro del Congreso Benjamin Gilman, presidente de Asuntos Exteriores de
la Cámara de Representantes.
Como ustedes ven, señorías, ciertamente la lectura que se hace de las
consecuencias de esta ley en los Estados Unidos y por parte de sus
autores no es precisamente la de bendecir este acuerdo, sino lamentar las
declaraciones del señor Eizenstat diciendo que lo que aquí ha hecho
Europa es llevarse el gato al agua y desactivar totalmente la Ley
Helms-Burton.
Quiero recordarles la declaración con que el Consejo aprueba el pasado
lunes --yo por cierto estaba acompañando a los Reyes, pero el secretario
de Estado conocía perfectamente esta ley-- por unanimidad reitera
afirmaciones anteriores del Consejo de Asuntos Generales que dejaron
clara nuestra firme oposición, basada en el Derecho y en los principios a
la imposición de boicots secundarios y a leyes con efectos
extraterritoriales y retroactivos. Se está refiriendo expresamente a la
Ley Helms-Burton puesto que la D'Amato-King tiene efectos
extraterritoriales además también pero no retroactivos. Y continúa: no ha
habido cambios en nuestra posición que se vuelve a confirmar con esta
declaración. Esto lo dicen los quince ministros de Asuntos Exteriores de
la Unión Europea.
Vayamos a la posición del Gobierno español, que parece preocupaba tanto
al señor Costa. Le tengo que recordar al señor Costa que fue precisamente
este Gobierno actual el primero que inició actuaciones en junio de 1996,
al mes de su toma de posesión, en contra de la Ley Helms-Burton, que por
cierto nuestros predecesores, por las razones que fueran, no habían
iniciado. Le desafío a que en este aspecto me dé una sola declaración. En
ese momento, además, el Gobierno envió una nota verbal, a través de
nuestra Embajada de España en Washington a la Secretaría de Estado
norteamericana señalando que el Gobierno español quiere hacer llegar al
Departamento de Estado su profunda preocupación por la aplicación
extraterritorial de ciertas disposiciones del título III de la ley
contrarias al derecho internacional y que pueden afectar a las empresas y
nacionales de países aliados de Estados Unidos como España. Las
disposiciones del título IV... así sigue toda la nota verbal que fue un
ataque a fondo de la Ley helms-Burton llevado a cabo por primera vez por
este Gobierno, no por el anterior, así como las acciones que propugnó en
el seno de la Unión Europea.
Señorías, creo que los asuntos de política internacional son bastante
serios para que se traten con un poco de respeto y si no pueden ser
objeto del consenso, que en todo momento este ministro y el Gobierno han
intentado llevar, que al menos no sean manipulados, no sean utilizados de
un modo tan poco riguroso y tan contrario a sus verdaderas realidades.
Finalmente, se nos viene con una acusación de supuesta opacidad, falta de
transparencia y ausencia de negociación. Falso todo ello. No se ha
ocultado a nadie; ha salido profusamente en la prensa internacional. ¿Que
no lo ha recogido Internet? Por alguna razón será, porque no ha
considerado siquiera que fuera suficientemente importante. Sus señorías
se han referido a que salió profusamente en la prensa americana. ¿Que no
salió en la europea? Lo siento, yo no soy quien decide lo que tiene que
salir o lo que no tiene que salir, pero no era tan difícil obtener esos
textos si salían profusamente en la prensa americana. Les reitero siempre
mi disponibilidad para facilitarles toda la información;
desde luego, yo mismo se la hubiera facilitado si se me hubiera pedido.
Es verdad que los textos, porque se negociaron durante esa cumbre Unión
Europea-Estados Unidos, se estaban redactando en inglés, pero la
negociación la seguíamos todos. A lo largo del sábado y del domingo
anterior recibí tres llamadas personales de Madelaine Albright
precisamente porque España estaba exigiendo una serie de garantías que
queríamos fueran tenidas en cuenta justamente a los efectos de que no se
pudieran hacer nunca malas interpretaciones de los textos que estamos
discutiendo y fue la propia señora Albright la que me llamó tres veces.
Desde luego yo estuve en permanente contacto con todos mis servicios y
participando en esta negociación como otros muchos ministros --supongo
que todos-- de la Unión Europea, incluidos Francia e Italia, que han sido
países que nos han seguido desde el primer momento en nuestro activo
combate contra le Ley Helms-Burton; pero, repito, nos han seguido no nos
han precedido, y naturalmente les pareció perfectamente en todos sus
aspectos.
En definitiva, señorías, después de dos intervenciones que me han
extrañado, además de disgustado, con unos textos que SS. SS. afirman que
no saben si son auténticos, y en base a unos argumentos que se caen por
su peso con la primera afirmación que les hecho, quieren descalificar la
negociación de todo un fin de semana de quince ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea con todos sus especialistas, con todos sus
ayudantes y resulta que ahora aquí unos más o menos expertos en política
internacional, pero repito sobre esos textos, todo eso ahora lo van a
descalificar. (El señor Madrid López: ¡Qué barbaridad!) Señorías, seamos
un poco más serios. Todo ello, repito, me parece especialmente
lamentable, y si hay algún miembro de la Comisión que quiera hacer uso de
la palabra, porque esté un poco nervioso, me espero y cedo la palabra,
pero si no les ruego que también me dejen terminar mi intervención,
porque yo he tenido que aguantar bastante y con mucha paciencia lo que
sinceramente me han parecido auténticos dislates.
Lamento además, muy particularmente, la intervención de dos señores
diputados, el señor Guardans y el señor Costa, que tantas veces se han
pronunciado en esta Cámara en favor de los esfuerzos hacia una política
exterior y de seguridad común de los Quince, diciendo que eso es lo que
nos da fuerza, y ya se han acabado aquí las actitudes nacionalistas que
rompen. Cuando se ha hecho un verdadero esfuerzo de concertación, se ha
ganado la batalla a Estados Unidos gracias a esa unidad, entiendo que
sugieren que España tendría que haber vetado esos acuerdos, España
tendría que haberse enfrentado a los catorce países sin argumentos,
España tendría que haberse opuesto a esa mejora importante de relaciones
transatlánticas y mantener su actitud en solitario cuando, repito, ni
siquiera estamos hablando de acuerdo jurídico, con lo cual estaría ya
todo dicho.
Vamos a insistir en que no hay posible contradicción entre este acuerdo y
los tratados internacionales entre España y Cuba. Como SS. SS. saben, el
Gobierno anterior concluyó en 1986 un acuerdo con Cuba por el que ese
país se comprometía a pagar indemnización a los españoles expropiados y
España aceptaba no apoyar las otras reclamaciones de españoles ante el
Gobierno cubano. Este es el acuerdo. Tengo que decir en honor a la verdad
que no es un acuerdo del que uno pueda sentirse especialmente orgulloso,
porque ciertamente a mi juicio no fue un momento brillante para la
defensa de los intereses de los españoles ya que no se tuvieron muy en
cuenta. ¿Puede compararse la situación de un inversor actual en Cuba, que
cuenta con una serie de garantías, con la que tenían aquellos inversores
que habían invertido antes de la revolución? Francamente no veo donde
estuvo la defensa de los intereses españoles que tanto se reclama.
Además, Cuba no cumple su parte del tratado al suspender los pagos desde
el año 1993. Ha pagado 2.100 millones de los 5.416 millones de pesetas
comprometidos. Los pagos han sido en especie, como SS. SS. saben y el
Gobierno español sí ha adelantado las cantidades a los beneficiarios. En
todo caso, éste es el acuerdo y yo como ministro naturalmente me erijo en
cumplidor del mismo y lo asumo. Quiero decir incidentalmente que el
Gobierno español pagó religiosamente en nombre de Cuba la cantidad
indemnizatoria estipulada a los expropiados españoles, pero de momento el
Gobierno cubano sigue sin pagar.
Finalmente, ¿existe contradicción entre este acuerdo político Estados
Unidos-UE, de Unión Europea, y el convenio con Cuba? En modo alguno,
señorías. Como ya he expuesto a SS. SS, la calificación de ilegal, desde
el punto de vista del Derecho internacional supone la coincidencia en la
apreciación de las partes. Para que esa expropiación pueda ser calificada
de ilegal tiene que ser aceptada por Estados Unidos y por cada uno de los
países de la Unión Europea, por los países no por la Comisión, no por el
señor Brittan, y desde luego se necesita la calificación de España, quien
como no puede ir en contra de sus propios actos, es decir en contra del
acuerdo indemnizatorio de 1986, naturalmente no aceptaría tal ilegalidad.
Por tanto, señorías, en términos jurídicos, aun no teniendo este acuerdo
ninguna vinculación jurídica, porque una de las partes contratantes no
tiene personalidad jurídica, en la medida que políticamente se quisiera
argumentar que tal acuerdo es ilegal, se necesitaría el acuerdo
explícito, repito, de España que no lo puede dar porque iría contra sus
propios actos. Por tanto, no hay posibilidad de que tales expropiaciones
puedan ser declaradas ilegales por España, y consecuentemente ningún
riesgo para nuestros inversores.
Quiero insistir en que se trata de una aplicación positiva de la política
exterior y de seguridad común y que, desde luego, buen camino
empezaríamos a andar para la construcción de esa política si ante
acuerdos tan positivos y de esta naturaleza nosotros levantáramos la
bandera ultranacionalista y pretenderíamos imponer nuestro veto a todos
los demás. Quiero recordar que uno de los documentos que también forma
parte de este acuerdo es una declaración unilateral de la Unión Europea
(que yo mismo me he hecho traducir y naturalmente tengo aquí a su
disposición, que no les voy a leer porque es página y media) en la que se
dice clarísimamente que en el caso de la más mínima actitud remisoria,
dudosa, no plenamente diligente de los Estados Unidos en el cumplimiento
de sus obligaciones, los
Quince se obligan una vez más a denunciar todo el contenido político, que
no jurídico, del acuerdo y darlo todo por papel mojado a instancia de
cualquiera de sus miembros que vean uno de sus intereses afectados. Me
parece, señorías, que ustedes han querido levantar aquí una gran
tempestad en un vaso de agua, porque si razones había para hablar
extensamente de ese acuerdo --no tantas como por la extensión dedicada al
mismo-- era justamente para felicitarse y, desde luego, no para hablar en
los términos en que algunas de SS. SS. se han expresado.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Vamos a abrir un segundo turno
de debate en el que cada portavoz va a disponer de tres minutos. Les
rogaría que se ciñeran lo máximo posible a este tiempo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor presidente, yo quería recordar --lo he
dicho al principio-- una cuestión de orden; por tanto, no estoy
consumiendo mi tiempo. Esto no es una comparecencia; es un debate en
virtud de la ley de regulación de la Comisión Mixta, y en un debate no se
conceden tres minutos. En una réplica se conceden diez minutos; otra cosa
es que yo los vaya a consumir, que no lo creo. Me gustaría que me
explicara en qué se fundamenta para que el turno de réplica en un debate
sea exactamente de tres minutos, si no tiene ningún precedente
reglamentario en el que fundamentar esa decisión. Insisto en que es un
debate al amparo del artículo 3.e), y un debate exige un turno de
exposición y un turno de réplica. No entiendo qué fundamento tiene para
que el turno de réplica tenga tres minutos de duración.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Guardans, el único
fundamento es que el señor ministro tiene que coger un avión y tiene
prisa. Si nos atenemos al Reglamento, aplicaré el artículo 73, que dice
que en todo debate el que fuera contradicho en sus argumentos por otro u
otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola
vez y por tiempo máximo de cinco minutos. Por ello aplicaré un tiempo
máximo de cinco minutos.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Me alegro de haber ganado dos minutos. Muchas
gracias, señor presidente.
Señor ministro, ha centrado usted su intervención (quiero dejar muy claro
que yo aquí intento hablarle con el máximo respeto pero también con la
máxima firmeza en cuanto al fondo) en el contenido teóricamente político
y no jurídico de este acuerdo. Me gustaría saber si el señor ministro
entiende que cualquier decisión del G-8 o del G-7 más uno no sirve para
nada y es papel mojado. Por ejemplo, si cualquier decisión de las que se
han tomado en la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea son
absolutamente papel mojado. Si es así, yo le ruego que lo comunique
oficialmente. ¿Usted considera que es puro papel mojado un acuerdo que se
hace público por el presidente de los Estados Unidos? (El señor ministro
de Asuntos Exteriores: Es un valor político.) Estoy de acuerdo: es un
valor político. Luego no ridiculicemos las cosas, no consideremos que
estamos haciendo aquí fuegos de artificio con pólvora mojada. Es un
acuerdo político, redactado y negociado durante un año, en su
literalidad, que va mucho más allá de las notas de prensa que se han
hecho, que eso es lo que filtró la prensa europea y no el contenido. Y
respondo a otro comentario que ha hecho el señor ministro diciendo que la
prensa europea ya lo sacó. No. La prensa europea lo único que sacó fueron
las notas de prensa porque se le ocultó el texto de lo que se estaba
firmando, como se le ocultó a las cámaras. (El señor ministro de Asuntos
Exteriores hace signos negativos.) Yo le pido, señor ministro, que
entregue a la opinión pública española este texto en su versión traducida
(El señor ministro de Asuntos Exteriores: Naturalmente.) y a partir de
ahí que la opinión pública y los periodistas decidan quién está aquí
haciendo --por seguir algunas de esas descalificaciones, que acepto con
gran aprecio, de líderes del PP-- ejercicios ex catedra o cosas por el
estilo. Que se lean el texto y veremos quién está haciendo aquí demagogia
y quién no. Sólo pido leer el texto y que no se oculte. Por tanto, es un
acuerdo político, efectivamente, que asume el compromiso de reflejar
todas sus disposiciones en el acuerdo multilateral de inversiones y que a
partir de ahí se convertirá en jurídico, tal cual dice. Si los acuerdos
políticos no valen para nada, cancelemos las conferencias
iberoamericanas, cancelemos las reuniones del G-8 y cancelemos las
reuniones semestrales. No creo que el señor ministro entienda que lo que
son documentos políticos, redactados y negociados durante un año, no
tengan ninguna eficacia.
Dice que Cuba no ha protestado. A mí me es igual que Cuba haya protestado
o no. Yo no estoy defendiendo los intereses del régimen de Cuba. Espero
que no me entienda así, si no lo tomaría como un agravio. Espero que
usted sea consciente de que estamos defendiendo los intereses de los
inversores españoles. De todos modos, para su información, Fidel Castro
sí hizo en Ginebra las declaraciones durísimas contra este acuerdo. Pero
insisto en que no estoy yo aquí para defender los intereses del régimen
cubano, sino los de los inversores españoles y la transparencia en la
política exterior española.
Decía que el señor D'Amato ha protestado. Es que, efectivamente, el señor
D'Amato es el autor de la ley de sanciones a Libia, que no tiene nada que
ver con esto pero se negoció a la vez. Y en la ley de sanciones a Libia,
que no es objeto de esta comparecencia, sí que ha ganado Europa. He
querido saltar ese tema para ahorrar tiempo, pero en las inversiones a
Irán y Libia es Europa quien ha ganado. ¿A costa de qué? De Cuba. Ha
ganado Irán y Libia y ha perdido Cuba. El señor D'Amato tiene toda la
razón para estar molesto porque él ha perdido.
El señor Helms, señor ministro --cita por cita, si usted me cita al señor
Helms yo también se lo cito, esto ya coge otro aire--, no está molesto
por el acuerdo. Está molesto sencillamente porque considera que se queda
corto. Se queda corto por dos razones, desde la perspectiva del señor
Helms. Primero, porque todas las inversiones hasta el 18 de mayo de 1998
quedan consagradas. Evidentemente que molesta al señor Helms porque es
cierto que este
acuerdo sólo valdrá para las inversiones posteriores al 18 de mayo. Por
tanto, queda sin efecto la Ley Helms-Burton --es verdad-- para las
inversiones anteriores al 18 de mayo de 1998. Y segundo, porque dice el
señor Helms que qué es eso de simplemente negar protección, negar
asistencia diplomática y negar apoyos o créditos; que lo que hay que
hacer es prohibirlo; cárcel. (El señor ministro de Asuntos Exteriores
hace signos negativos.) ¿Y qué es eso? Que todo lo que sea quedarse por
debajo de prohibiciones expresas --eso es lo que dice el señor Helms--
evidentemente es una cesión por parte de los Estados Unidos y es seguir
permitiendo inversiones en propiedades traficadas. Por tanto, no cite
usted a Helms, porque si usted lo que quiere es citar a Helms --y vamos a
cita contra cita--, yo le citaré a Madeleine Albright --que para mí
merece más respeto que el señor Helms-- en declaraciones hechas el 18 de
mayo de 1998 sin siquiera salir de Londres, literal. Secretaria de Estado
norteamericano: Este acuerdo avanza en una vía muy significativa los
propósitos que intentaron los autores de la Ley Helms-Burton. Las
disciplinas que han acordado --en este texto-- los Estados Unidos y la
Unión Europea pueden hacer mucho más que los Estados Unidos actuando sólo
en favor de los intereses de los Estados Unidos y para proteger las
inversiones en el mundo. Evidentemente que se ha salido de la política
unilateral porque Europa ha aceptado las premisas de los Estados Unidos.
Luego hemos salido del unilateralismo americano por la sola vía de
suscribir en este punto, no en otros, la premisa norteamericana. No en
Libia, no en Irán; ahí hemos ganado, señor ministro, ahí le reconocemos
el éxito. (El señor ministro de Asuntos Exteriores, Matutes Juan: En Cuba
más.) Hay inversiones españolas que no menciono que han ganado, pero en
este caso, no.
Las cosas son como son y no como las partes dicen que sean. Eso se lo
enseñan a uno en la facultad de Derecho a los diez días de entrar en el
aula. Este texto es el que es. Cuando se hace la declaración unilateral
--que por algo es unilateral y no figura en el texto--, señor ministro,
¿por qué esa condena tan firme no está en el propio texto del acuerdo?
¿Por qué es unilateral de Europa? Porque Estados Unidos no la suscribe;
porque Estados Unidos considera que no quiere saber nada de eso. (El
señor ministro de Asuntos Exteriores hace signos negativos.)
Unilateralmente podrán seguir diciendo los ministros lo que quieran,
podrá decir el señor Brittan lo que quiera, pero lo que han firmado es
esto, que --insisto una vez más-- le pido se traduzca al castellano y se
difunda, y a partir de ahí la opinión pública reconozca si este portavoz
está haciendo demagogia o ejercicios de brillantez personal o si lo único
que quiere es que se conozca el cambio radical de la política exterior
española.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor presidente, por concederme
este turno que no ha sido posible en la anterior intervención.
Quisiera contestar a algunas de las cuestiones que el ministro ha
suscitado. Quisiera empezar por la primera. El ministro habla de un texto
que no sabemos si es el oficial o no. Tengo aquí el fax en el que figura
el texto enviado por su Ministerio a las trece horas y escasos segundos
del día 2 de junio. Insisto en que este texto lo solicité el martes
anterior a un colaborador suyo en esta misma sala. Ayer a la una y
diecisiete segundos del mediodía fue remitido. Por tanto, no estamos
hablando de un texto supuesto, que quede claro; estamos hablando del
texto acordado entre la Unión Europea y Estados Unidos, no traducido.
Pero, señor ministro, permítame que le diga que yo doy por buena mi
propia traducción y usted me la tendrá que desmentir con otra traducción
alternativa, que espero tengamos mañana o pasado en esta Cámara, enviada
por su Ministerio, para ver si efectivamente es lo mismo o no. Después
podremos hablar sobre el documento. (El señor ministro de Asuntos
Exteriores: Podemos hacer horas extras.) Yo sé que usted habla
perfectamente inglés y, por tanto, no cuestiono su entendimiento del
texto; no me cuestione usted tampoco mi entendimiento de este texto, por
favor. Seamos respetuosos. Acordemos que el texto es el que es, como
decía el señor Guardans, y no ninguno inventado, y que el texto dice lo
que dice, en inglés, pero lo dice. Por tanto, aclarada esa cuestión,
centrémonos en el contenido. El contenido es, efectivamente, compartir
por parte de la Unión Europea, en contradicción con muchas de sus
actuaciones anteriores y con la propia de España, la política de Estados
Unidos respecto a Cuba.
Segunda cuestión, nos pide a los portavoces parlamentarios rigor. Es
siempre exigible. Nada de lo que hemos manifestado está fuera del texto
acordado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Le he expresado
constantemente en mi intervención que no era jurídicamente aplicable, que
era un acuerdo político, y que además Francia había hecho una declaración
expresa, unilateral, no sólo la de la Unión Europea --cosa que España,
por cierto, no ha hecho--, negando cualquier valor jurídico. Por tanto,
no me explique ahora que eso es así, ya lo sabemos, no lo cuestionamos.
Lo que estamos cuestionando, señor ministro, es la renuncia a principios
básicos de la política española y de la política europea; insisto, a
principios básicos. Lo que estamos cuestionando es la opacidad con que se
ha tratado ese acuerdo, y lo estamos haciendo con todo rigor, porque
ninguno de esos dos elementos ha podido ser desmentido por S. S.
Tercera cuestión. Si citamos al señor Helms y usted le da autoridad,
quiero que los que están en esta sala conozcan la siguiente declaración
del señor Helms, que yo no comparto ni le doy la autoridad que usted le
da. Dice el señor Helms: Los europeos han usado y se han beneficiado de
propiedades robadas a americanos y se reservan el derecho a seguir
haciéndolo. No hemos robado. (El señor ministro de Asuntos Exteriores:
Esta es otra cuestión.) Pero usted da autoridad al señor Helms. Le niego
cualquier autoridad vinculante para nuestro grupo a una persona que hace
ese tipo de citas. Me parece mucha mayor autoridad el señor Rubin,
secretario de Comercio de Estados Unidos,
que expresamente dice que lo que se está haciendo con ese acuerdo es un
cambio profundo en la posición de Europa respecto a las leyes
extraterritoriales y particularmente respecto a Cuba --literal-- en una
declaración inmediatamete posterior al acuerdo.
Cuarta cuestión. Ya le he dicho lo del texto jurídico. Es un texto
político en el que Estados Unidos y la Unión Europea se comprometen a
hacerlo texto jurídico en el acuerdo multilateral de inversiones. No me
lo ha contradicho, espero que lo comparta. Es una de las partes del
acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Explíquemelo usted
porque no lo he entendido, pero no intente descalificar a los portavoces.
Explique que no es así, dígalo aquí, que quede reflejado en el «Diario de
Sesiones». Comprométase usted con su palabra a decir que nosotros no
estamos argumentando correctamente sobre este tema y que estamos
equivocados. Dígalo, por favor, no nos descalifique, no haga como su
portavoz del Partido Popular (El señor ministro de Asuntos Exteriores: No
es mi portavoz.), no descalifique a la gente, en ese caso no a mí, a
otros, pues me parece un mal estilo y desde luego no es propio del
ministro hacerlo, y por tanto espero que siga en esa línea.
Quinta cuestión. En cualquier caso, si la posición de España es tan
rotunda como usted ha manifestado aquí respecto a la aplicabilidad
jurídica del texto, no entiendo por qué en el Consejo de Asuntos
Generales el representante español se quedó mudo, mientras que Francia,
ésa sí, liderando el espacio perdido por España, hizo constar
expresamente la no vinculación jurídica y la no vinculación de Francia
con ese acuerdo en términos muy importantes y que le he leído en mi
intervención anterior y por tanto no voy a reiterar.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor Costa, le ruego termine.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Y sexta cuestión, señor Matutes. Usted me pide rigor, pero usted tiene
muy mala memoria y no hace uso de lo mismos. ¿Es que usted no sabe que la
Ley Helms-Burton es una ley de 1996? ¿Es que usted no se acuerda de que
el señor Aznar, delante de Al Gore, a principios de esta legislatura se
bajó los pantalones ante esta ley? ¿Es que ha perdido usted tanto la
memoria? ¿Cómo puede decir que nosotros no hemos hecho nada sobre esta
ley antes, desde el Gobierno? ¿Cómo puede hacer uso de esta demagogia?
¿Cómo puede usted, señor Matutes, comparar este acuerdo con la necesidad
de implementar la política de seguridad común de la Unión Europea? Y por
favor, explíquenos en qué estamos equivocados, díganos en qué no estamos
siendo fieles al texto del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión
Europea. Díganoslo, por favor, que se lo agradeceremos y nos evitaremos
otros momentos de debate político en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Tiene la palabra, para cerrar el
turno de portavoces, el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Poco tengo que añadir, señor ministro.
Simplemente he de decir que si he mencionado los casos de Irán y Libia es
porque forman parte de la petición de comparecencia y parecía que era de
un especial interés en el conjunto de los acuerdos logrados.
Yo creo que esta comparecencia suya hay que situarla en la dimensión que
le corresponde. Fue una comparecencia a la que muy oportunamente se
sumaron otros con posterioridad, el lunes pasado, para no perder el tren,
por decirlo de alguna manera, y que nada tiene que ver en realidad con el
pasado Consejo de Asuntos Generales que suscribió el acuerdo. Todos los
portavoces aquí presentes nos encontrábamos en Londres la semana del 18
pasado mes de mayo y tuvimos conocimiento del acuerdo político suscrito
entre el señor Blair y el presidente de los Estados Unidos.
Desafortunadamente, el criterio que decidió esta comparecencia, en mi
opinión, fue puramente economicista, porque, habiendo conocido como
conocimos el criterio, podíamos haber recabado fácilmente información de
nuestro Gobierno. Algún portavoz parlamentario, inhabitualmente mal
aconsejado, decidió utilizar al máximo la tribuna que a cualquier español
le da una mesa redonda pagada en Cuba para, sin haberse puesto en
contacto con el Gobierno y recabado una información que se le hubiese
proporcionado inmediatamente, montar su propio reality show. (Rumores.)
Por tanto, señor ministro, mi grupo parlamentario le da a esta
comparecencia la importancia que tiene, y creo que usted tampoco se la
debería dar en mayor medida de lo que le corresponde.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor presidente, pido la palabra por
alusiones, muy directamente personales. Ahórreme buscar en el Reglamento
el artículo correspondiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Tiene la palabra por un minuto,
señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Habida cuenta de que soy el único de los
portavoces aquí presentes que ha estado en Cuba después de la reunión de
Londres, entiendo que las palabras del señor Martínez Casañ se refieren a
este portavoz. La referencia a que el hecho de explicar a la prensa, como
efectivamente hice, el contenido del acuerdo se equipare a un reality
show yo creo que refleja la idea que tiene el señor Martínez Casañ de lo
que es la transparencia y de lo que es hacer llegar a las personas
interesadas un tema que yo consideraba y sigo considerando del máximo
interés general.
Dice el señor Martínez Casañ que este portavoz y los demás tenían
conocimiento de este acuerdo el 18 de mayo cuando estaban en Londres. El
18 de mayo, reunidos con todos los parlamentarios especializados en temas
europeos de toda Europa, nadie tenía conocimiento de este acuerdo. Se
tenía conocimiento del hecho de que se había firmado un acuerdo y de la
nota de prensa que se hizo a continuación, que precisamente, como esta
mañana estamos denunciando, no tenía nada que ver con el contenido. Este
portavoz sólo a través de otros Estados ha tenido acceso a este
texto, que, insisto --ya lo hemos dicho varias veces--, hasta hoy no
había sido debatido públicamente. Por tanto, sencillamente quiero
desmentir el hecho de que comunicar una cosa a la prensa sea montar un
reality show y desmentir que yo hubiera podido acceder a través del
Gobierno a este texto. Bien pudo el Gobierno habérselo facilitado a los
portavoces, como ha hecho otras veces; no lo hizo, ni siquiera antes de
la reunión del Consejo de Asuntos Generales en el que se iba a decidir un
tema de esta importancia.
En cuanto a la mención de que era una mesa redonda pagada, como no sé si
eso tiene algún tipo de connotación, para que conste en el «Diario de
Sesiones» diré que asistí a un seminario en Cuba, donde efectivamente
comuniqué a la prensa este tema, invitado junto con un portavoz de cada
uno de los grupos parlamentarios, incluido un compañero del señor
Martínez Casañ, por una asociación de periodistas.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, para una cuestión de orden.
Quiero hacer constar mi protesta porque el presidente de esta Comisión
haya permitido opiniones que menosprecian e infravaloran a miembros de
esta Comisión. Creo que son absolutamente inadmisibles algunas de las
insinuaciones que se han hecho en esta sala y pido, por ello, que se
retiren del «Diario de Sesiones».
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, también por una
cuestión de orden, aun sin ser miembro de esta Comisión. Consumiré quince
segundos.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Si es para lo mismo que el
portavoz de su grupo, es obvio que no vamos a reiterarlo.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Al contrario, para validar el
testimonio del señor Guardans en atención a que yo fui el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista invitado a ese seminario y que intervine
también en nombre de mi grupo junto con algunos de los periodistas aquí
presentes. También quiero decir que efectivamente, porque suele tener muy
mala repercusión este tipo de afirmaciones, allí no hubo contraprestación
alguna, sino simplemente una invitación de una asociación de periodistas
que aceptamos en nombre de nuestros grupos parlamentarios. Quiero que
conste en el «Diario de Sesiones».
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, pido la palabra para
solidarizarme también con esa declaración que ha hecho el señor Costa
para que se retiren esas palabras que, desde luego, no creo que
enorgullezcan a la persona que las ha dirigido.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Terminado el turno de
portavoces, simplemente quiero aclarar al señor Costa la puntualización
que he hecho al principio de que en este debate ha habido una réplica por
parte de los portavoces porque desde esta Presidencia se ha considerado
la aplicación del artículo 73, cosa que no ha sucedido en el primer punto
del orden del día.
Tiene la palabra, para la última réplica, el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muy brevemente,
señor presidente, con todos los respetos creo que el debate está agotado
y clarificado. Quiero insistir en que en ningún momento se ocultó ninguna
información. Yo entiendo que hasta que todo se negoció no se podía hacer
público. Todavía el lunes se trabajó en el Consejo, por lo que se me
dice, con los textos en inglés y fue cuando finalmente se convalida el
acuerdo, no antes, el lunes pasado. Todavía la Unión Europea no ha
traducido el texto al español. Esa declaración unilateral, por si la
querían SS. SS., la mandé traducir ayer mismo al Ministerio de Asuntos
Exteriores; por tanto, no es la traducción oficial de la Unión Europea.
Yo la pongo a su disposición, si es que les interesa. En todo caso, la
mejor prueba de ello está en el hecho de que el propio señor Costa ha
reconocido que en cuanto lo solicitó por parte del Ministerio se le
facilitaron los textos de que se disponía. No se disponían en español
porque todavía la Unión Europea no los había traducido a las distintas
lenguas y, desde luego, mal precedente sería que le fuéramos haciendo el
trabajo a los intérpretes de la Comisión. En todo caso, cuando se
disponga de los textos en español con mucho gusto se los haré llegar a
quienes los soliciten.
Se ha utilizado de nuevo el argumento de las declaraciones para abundar
en favor de una interpretación o de la otra. Es evidente que tanto las
declaraciones de la señora Albright, secretaria de Estado, como del señor
Rubin, secretario de Comercio, son para poder vender ese acuerdo a la
opinión pública americana. No pueden estar firmando hoy un acuerdo y
salir diciendo que es malo para Estados Unidos, porque entonces se les
preguntaría: ¿Y por qué lo han firmado? Naturalmente lo tienen que
presentar del modo más favorable a sus intereses.
Está claro que la mayor autoridad para interpretar si ese acuerdo
favorece el espíritu y la aplicación de la Ley Helms-Burton es el propio
senador Helms, y yo no le reconozco al señor Helms --ya que usted me pide
rigor, señor Costa, procure aplicarse también un poco la recomendación--
otra autoridad en mis afirmaciones que la de que supongo que algo debe
saber de la ley de la que es autor. Por tanto, una autoridad
interpretativa de esa ley sí que se la reconozco y entiendo que S. S.
debería reconocérsela también. Su frase es inequívoca: condena el acuerdo
justamente porque desactiva totalmente lo dispuesto en los títulos III y
IV de la Ley Helms-Burton, que son precisamente aquellos que contienen
las sanciones. Por tanto, en Cuba, no sólo en Irán y Libia, hemos ganado
también. Se legitiman todas las inversiones hechas hasta el 18 de mayo y
se legitiman todas las posteriores, puesto que esa decisión de ilegalidad
a la que se refiere el acuerdo político tiene que ser mutua, tiene que
ser declarada ilegal también por España. Por tanto, esa definitiva
interpretación que me solicita el señor Costa yo creo que se la doy, y lo
hago con buenos argumentos. Desearía que en el futuro los temas de
política exterior, que siempre afectan a intereses profundos,
fueran tratados, y lo digo con todos los respetos, con la mayor
profundidad posible y sin dejarse llevar por interpretaciones
precipitadas y que, desde luego, en este caso carecían por completo de
fundamento.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, quiero hacer una sola precisión.
(El señor ministro de Asuntos Exteriores: Estamos reabriendo el debate,
señor presidente.)
Sólo es una precisión. Si a partir de ahora son legítimas o ilegítimas,
¿significa que antes no lo eran?
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): No sé lo que debe
decir el documento que le ha pasado el Ministerio, pero en ningún caso se
habla de expropiaciones legítimas ni ilegítimas, sino de expropiaciones
legales o ilegales. Aquí la cuestión no es si antes lo eran o no. Para
nosotros lo eran; para la Ley Helms-Burton y su aplicación en los Estados
Unidos no lo eran. En base a ese acuerdo justamente lo que hacen los
Estados Unidos es aprobar unos mecanismos por los cuales se convalidan y
se consideran legales explícitamente todas las efectuadas hasta el 18 de
mayo, y para las que se efectúen a partir del 18 de mayo se tiene que
establecer previamente la declaración de ilegalidad por ambas partes. Por
tanto, mientras España no quiera que sean declaradas ilegales, no
ilegítimas, no serán declaradas ilegales.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Muchas gracias, señor ministro;
muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.