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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 79, de 09/12/1997
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DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 79



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 19



celebrada el martes, 9 de diciembre de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan),
para informar, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley
8/1994, sobre la preparación del Consejo Europeo ordinario de Luxemburgo.

(Número de expediente Congreso 213/000465 y número de expediente Senado
711/000141) (Página 1620)



Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión. Elección de Secretario
Segundo. (Número de expediente Congreso 041/000029 y número de expediente
Senado 571/000005) (Página 1629)
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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.




-- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN),
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY 8/1994, SOBRE
LA PREPARACION DEL CONSEJO EUROPEO ORDINARIO DE LUXEMBURGO (Número de
expediente Congreso 213/000465 y número de expediente Senado 711/000141)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión Mixta para la Unión
Europea número 21, prevista para la mañana de hoy, con la comparecencia
del Ministro de Asuntos Exteriores, para que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1 de la Ley 8/1994, informe sobre la preparación
del Consejo Europeo ordinario de Luxemburgo.

Antes de conceder la palabra, quiero informales que hay acuerdo entre los
portavoces para someter al asentimiento de la Comisión la inclusión de un
nuevo punto del orden del día referente a la elección del secretario
segundo de la Comisión Mixta. Cuando termine el señor Ministro su
intervención pasaremos a la votación de ese nuevo punto.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, de
acuerdo con lo previsto en el orden del día, voy a analizar los puntos de
mayor interés de ese próximo Consejo europeo que, afortunadamente --y
digo afortunadamente porque ésa ha venido siendo la posición que ha
mantenido España a lo largo de los últimos consejos de ministros y esa
fue la línea aprobada prácticamente por unanimidad en la Comisión Mixta
con motivo de mi última comparecencia--,no ha experimentado novedades ni
grandes ni pequeñas.

Como ustedes recordarán, el Consejo europeo de Amsterdam solicitó al
Consejo de Asuntos Generales que examinará detalladamente los dictámenes
de la Comisión acerca de los países candidatos, así como su comunicación
sobre la Agenda 2000 y que el propio Consejo de Asuntos Generales
presentara un informe global al Consejo europeo en su reunión de
diciembre en Luxemburgo. En dicha reunión el Consejo europeo adoptará las
decisiones necesarias sobre el proceso global de ampliación, incluidos
los acuerdos prácticos para la fase inicial de las negociaciones y el
esfuerzo de la estrategia de la Unión previa a la adhesión, así como
otros posibles medios destinados a fortalecer la cooperación entre la
Unión Europea y todos los países candidatos.

Entrando en el tema relativo a la ampliación, las cuestiones vinculadas a
la misma se refieren, en primer lugar, a la constitución de la
conferencia europea permanente como marco multilateral, global e incluso
en la que participarían, de aprobarse, los quince Estados miembros de la
Unión más Chipre, los diez candidatos de Europa Central y Oriental y
Turquía. Su objeto sería evocar cuestiones de interés general a fin de
desarrollar la cooperación en asuntos horizontales de interés común,
especialmente segundo y tercer pilar, pero no únicamente, y en ningún
caso --y esto tiene que quedar muy claro-- interfiriendo en las
negociaciones de adhesión con aquellos países con las que se inicia.

En segundo lugar, el lanzamiento del proceso global de ampliación, que
afecta a los países candidatos de Europa Central y Oriental y Chipre y
que participan en el mismo en igualdad de condiciones y oportunidades,
mediante la creación de un marco unitario que sería establecido en una
reunión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de los quince
Estados miembros y de los diez países candidatos, Pecos y Chipre. La
fecha prevista está en torno al 31 de marzo del próximo año. Nosotros
hemos expresado nuestras dudas sobre la conveniencia de este marco
unitario porque se solaparía claramente con la conferencia europea,
privando a ésta de gran parte de su valor, al tiempo que haría mucho
menos atractiva la conferencia permanente para Turquía, que no
participaría en ese marco unitario.

El fortalecimiento de la estrategia de preadhesión, como tercer punto,
cuyo objetivo es ayudar a los países candidatos a alinearse lo antes
posible con el acervo comunitario. Se establecen los partenariados para
la adhesión, nuevo instrumento cuyo objetivo es disponer de un marco de
referencia única que reagrupe, por un lado, las prioridades que debe
seguir cada candidato para la incorporación al acervo y, por otro lado,
los medios financieros disponibles a este efecto. Estamos hablando ahora
de los partenariados para la adhesión política a desarrollar por la
Comisión.

Financiación de la estrategia de preadhesión. Abarca el período 2000 a
2006. La Comisión ha propuesto además de ese partenariado para la
adhesión el recurso a un programa Fhare renovado, ayudas de preadhesión
para la agricultura, en torno a los 500 millones de ecus por año, y un
instrumento de ayuda estructural en torno a 1.000 millones de ecus por
año.

Apertura de las negociaciones de adhesión. La propuesta de la Presidencia
se adhiere a las recomendaciones de la Comisión de abrir en marzo del
próximo año las conferencias intergubernamentales de negociación,
conforme al artículo O del tratado, con Hungría, Polonia, Estonia,
República Checa y Eslovenia. Este inicio diferenciado no prejuzga que las
negociaciones terminen al mismo tiempo ni impide, en principio, que los
países no seleccionados puedan unirse al grupo de cabeza y eventualmente
terminar las negociaciones antes incluso que algunos de los que se
encuentran en ese primer grupo. Por lo que se refiere a Chipre, el
proyecto de documento de la Presidencia precisa que el informe de la
Comisión de julio de 1993 sigue siendo válido y que las negociaciones
comenzarán al mismo tiempo que con los países identificados más arriba.

Pasamos a la segunda parte, desarrollo de la política de la Unión y el
futuro marco financiero. España entiende, y muy particularmente el
ministro que les habla, que es muy



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positivo que la Presidencia haya abandonado ya su idea anterior de
incluir en esta segunda parte del documento una síntesis a partir de la
cual se tratarían de extraer una serie de orientaciones, de conclusiones
sobre las reformas de las políticas de la Unión y el marco financiero,
pero no se puede excluir que varias delegaciones e incluso la propia
Presidencia intenten plantear de nuevo la aprobación de ciertas
orientaciones. España, como SS. SS. conocen, se ha opuesto a esa
pretensión, como ya tuve ocasión de exponerles en mi última
comparecencia, y las cosas, como les decía al principio, no se han
movido. Nos oponemos por las siguientes razones:



Primera. No hay obligación ni necesidad alguna de adoptar en Luxemburgo
orientaciones de esta naturaleza, ya que el consejo europeo de Amsterdam
obliga a adoptar las decisiones concernientes a la ampliación. Las
propuestas contenidas en la comunicación de la Comisión son aún
incompletas, tanto por lo que respecta a la PAC, en la que hay reformas
pendientes de presentar, como los que se refieren a la cohesión económica
y social. En relación a los recursos propios, parece lógico esperar hasta
que la Comisión presente el informe que debe elaborar sobre el
funcionamiento de dicho sistema, lo que tendrá que hacer antes del
próximo 1.º de julio de 1998. Finalmente, por lo que se refiere al deseo
de algunos Estados miembros de fijar el 1,27 del producto nacional bruto,
lo mínimo que puede decirse es que tal pretensión en esos momentos parece
fuera de lugar, aunque sólo fuera por razones de método. Quizá al final
pueda aprobarse este 1,27, pero entendemos que esta cifra deber ser el
resultado del ejercicio previo de definición de necesidades, de
políticas, de evaluación del ritmo al que se van a producir las
incorporaciones nuevas y la correspondiente cuantificación de medios. Por
tanto, es mejor evaluar primero las necesidades y, después, fijar el
límite de recursos propios y no al revés, como algunos pretenden.

Quiero hacer mención brevemente a aquellos mandatos que se refieren a los
preparativos para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. La
cumbre de Amsterdam solicitó al Consejo que estudiara el proceso de
coordinación económica en la tercera fase de Unión Monetaria e indicara
cómo mejorarlo de forma coherente con los principios y prácticas del
tratado. Para ello solicitó al Consejo la preparación de un informe
provisional para la cumbre de Luxemburgo de diciembre de este año. El
Consejo europeo solicitó también que el Consejo y la Comisión, en
cooperación con el Instituto Monetario Europeo, estudiaran formas
eficaces de aplicación de lo dispuesto en el artículo 109 del Tratado.

Con vistas al Consejo europeo de Luxemburgo, al que asistirán los
ministros de Economía, el Comité Monetario ha estado elaborando el
informe del Consejo Ecofin. En principio, es posible que el Consejo
europeo apruebe una resolución sobre la coordinación de la política
económica en la tercera fase de la Unión Monetaria. Por otra parte,
abordará un informe elaborado por el Ecofin sobre los preparativos de
esta tercera fase. La posible resolución a aprobar recoge el compromiso
político de llevar a efecto las propuestas que se incluyen en este
informe.

En otro orden de cosas, quiero referirme ahora a algunos aspectos
fiscales que se incluirán también en los trabajos del consejo europeo.

Los acuerdos políticos alcanzados respecto al paquete de medidas
orientadas a la lucha contra la competencia fiscal perjudicial podrían
ser reflejadas entre las conclusiones del Consejo.

Otro aspecto sobre el que cabe esperar que el Consejo se manifieste se
refiere a las conclusiones relativas al segundo informe sobre la
aplicación de las recomendaciones del grupo de representantes personales
sobre la buena gestión financiera, SEM 2000. Se trata de la presentación
del informe aprobado por el Ecofin que fue elaborado tras las reuniones
del grupo de representantes en las que también intervinieron el diputado
del Parlamento Europeo y presidente del SEM 2000 en la Comisión de
Control Presupuestario, el señor don Joan Colom i Nadal, y el señor John
Wiggins, miembro del Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el impacto de este Consejo europeo no se agota con la
trascendencia de los asuntos relativos a la ampliación, a la Agenda 2000,
a los términos ya mencionados y a otros asuntos económicos y financieros.

También está el tema del acercamiento entre la Unión Europea y Turquía,
en el que finalmente se pretende establecer una estrategia específica de
preadhesión para Turquía. España apoya decididamente el establecimiento
de dicha estrategia, en la que la participación en la conferencia europea
supone un elemento fundamental de la misma.

Muchas gracias, señorías, por su atención.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor ministro de Asuntos Exteriores, esta
comparecencia viene regulada por la ley que da lugar a esta Comisión
Mixta especial del Congreso de los Diputados y del Senado, que prevé que
antes de cada Consejo el Gobierno comparecerá ante esta Comisión para
informar de los temas que debe abordar el Consejo europeo
correspondiente. Por tanto, en primer lugar, quiero agradecer el
cumplimiento de este preceptivo informe y solicitarle que amplíe un poco
las cuestiones que ha explicado bastante sucintamente, sobre todo
haciendo referencia más claramente a la posición que nuestro país
mantiene en algunas de las cuestiones que aquí se han abordado y que
tienen un gran interés para el futuro socioeconómico de nuestro país y,
por tanto, para el futuro de la Unión Europea y nuestra posición dentro
de la Unión.

Voy a seguir el orden de cuestiones que el ministro ha suscitado hablando
básicamente de la ampliación, de las perspectivas financieras y de Unión
Económica y Monetaria. Creo que son los elementos más relevantes para
nuestro país y para el futuro inmediato de la Unión Europea y sobre los
que ha mostrado una posición que desearíamos



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que resultara ganadora, en otros términos, la resultante del Consejo de
diciembre en Luxemburgo.

Respecto a la ampliación, creo que el tema fundamental que aborda nuestro
país es con qué número de países se deben iniciar las conversaciones. El
ministro ha sido bastante claro al respecto. Si no le he entendido mal
--rogaría confirmación--, se desea que se inicien las negociaciones con
todos los países candidatos para, a continuación, ver cuáles son los que
cumplen las condiciones establecidas en el Consejo de Copenhague, por
tanto, los que están en condiciones de integrarse en la Unión Europea.

Creo que eso es importante porque de ese modelo de negociación derivan
otras consecuencias que, sin estar mezcladas, sin duda van a estar
implícitas en toda la negociación de la ampliación, como es el futuro de
las próximas perspectivas financieras de la Unión para los años 2000 a
2006. Es evidente que el modelo de negociación modifica sustancialmente
el escenario y, después, el número de países que se puedan integrar en el
período 2000/2006.

Lo que hace en el informe la Comisión es estructurar escalonadamente una
serie de países y señala claramente como objeto de una primera ampliación
a cinco países, por tanto discrimina al resto de los países que, según
los informes de la propia Comisión, ni siquiera están en condiciones de
abrir un período de negociación. Por ello, la Comisión se atreve a hacer
una serie de prospectivas señalando el año 2002 o el 2003 como probable
para una futura ampliación, de la que participarían algunos de estos
cinco países. Este es el escenario de estos momentos, aunque no está
decidido cuál va a ser el modelo. Por tanto, desearíamos conocer si la
posición española es compartida ampliamente por nuestros socios
comunitarios y puede verse reflejada en los acuerdos del Consejo de
Luxemburgo.

Me refiero a esta cuestión porque, además del partenariado y de la
asociación con Turquía --un tema especialmente relevante para la Unión
Europea y para la propia Turquía--, creo que habría que centrar la
posición española respecto al número de países con los que se va a
iniciar esa negociación y las consecuencias que de ella se puedan derivar
para el resto de retos de la Unión Europea, particularmente para las
perspectivas financieras de la Unión. Si nos situamos en el escenario
previsto por la Comisión Europea, tenemos un marco realmente complicado
para los intereses de nuestro país en la Unión Europea. Ello es así
porque lo que prevé el documento de la Comisión Europea, la Agenda 2000,
es una limitación de los recursos propios de la Unión Europea en el 1,27
por ciento, mientras que se produce un ingreso de países que provocan una
caída del PIB medio de la Unión del 16 por ciento. Hay que retener este
dato porque es relevante. Si eso se produjera y ocurriera la primera
ampliación en los años 2000/2003, el escenario en el que nos
encontraríamos sería el siguiente. España pasaría a tener más del 90 por
ciento del producto interior bruto de la media comunitaria, por lo que
dejaría de percibir los fondos de cohesión ya sin ninguna duda,
simplemente por estas cifras. Además, numerosas regiones españolas, en
las que vive en torno al 25 por ciento del total de habitantes de nuestro
país, también dejarían de percibir los fondos estructurales que
actualmente permiten crear infraestructuras y servicios en zonas
altamente necesitadas de ellos para su buen desarrollo económico y
social. Además, se prevé en esa situación una reforma importante de la
política agrícola común, en la que los intereses, no sólo de España sino
del conjunto de la agricultura mediterránea, quedarán menos protegidos
que los de las agriculturas comunitarias. Si además atendemos a la
población agrícola de algunos países como Polonia y al grado de ocupación
y la capacidad productiva de estos países, nos encontramos con que la
política agrícola común va a tener que ser dotada necesariamente con
mayores recursos para atender esas nuevas necesidades de la Unión
Europea. Es decir, nos situamos en un escenario donde los ingresos de la
Unión Europea van a seguir siendo los mismos --no se está situando el
debate en el nivel de ingresos--, por tanto todos los países van a seguir
aportando los mismos recursos que aportan en la actualidad y, sin
embargo, se recortan las políticas que beneficien a aquellos países menos
prósperos de la Unión Europea, y singularmente, por su magnitud, a
España. De ser así, nos encontraríamos ante una situación difícilmente
explicable a los ciudadanos de nuestro país y al conjunto de actores en
la actuación política, pues los países más pobres de la Unión serían los
únicos que pagarían la integración del centro y el este de Europa.

Nosotros confiamos en que no sea así y, para que no sea así, el Gobierno
está emprendiendo algunas actuaciones que nosotros compartimos, pero
permítame decirle que no sé si son suficientes. Estamos en un nivel de
contención, de actitud defensiva ante una ofensiva bastante coordinada y
sólida de los países más ricos de la Unión, apoyados por los nórdicos que
son pequeños pero también ricos, donde no sólo se intenta llevar a cabo
las prescripciones del informe de la Comisión Europea sino también se
intenta eliminar de los fondos de cohesión, desde el primer momento, a
aquellos países que hayan llegado a la convergencia establecida para la
Unión Económica y Monetaria, que siguen en una ofensiva importante
también en este tema. De llevarse a cabo ese conjunto de políticas,
podría suponer un retorno inferior al actual de fondos europeos en torno
a los 750.000 millones de pesetas, con un efecto presupuestario y
económico muy importante para nuestro país.

Estas son las cuestiones que necesitan una respuesta, no sólo una
respuesta a nivel defensivo sino una respuesta positiva de un proyecto al
que puedan sumarse otros países de la Unión que van a estar en
situaciones parecidas. Por esa situación, España podría perfectamente
liderar ese proyecto y establecer algún tipo de compromiso para mejorar
esa perspectiva inicial en la que nos sitúa el informe de la Comisión
Europea.

Ha dicho el señor ministro que la financiación proveniente de las
perspectivas financieras se establecerían en torno a 2.000 millones
anuales, si no he entendido mal. Debo haber entendido mal esa cifra o la
tengo yo equivocada. El informe de la Comisión sitúa en 45.000 millones



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de ecus los fondos destinados a los países objeto de la ampliación entre
los años 2000 y 2006. Además, esos 45.000 millones de ecus los sitúa
claramente en dos fases diferentes. Habría 7.000 millones que irían hacia
la recepción de fondos estructurales y de cohesión, situando esa
convergencia en los años 2002/2003 y, a partir de esa fecha, entrarían
progresivamente en los mecanismos de fondos estructurales y fondos de
cohesión. Ello, sin duda, sitúa las cifras en otro contexto y no en los
2.000 millones de pesetas anuales que ha dicho el ministro --tal vez yo
haya entendido mal-- en esta comparecencia.

Finalmente, agradecemos la información sobre la buena marcha que se está
produciendo en el camino hacia la Unión Monetaria europea, deseamos que
se vuelvan a producir los avances necesarios en la normativa preceptiva
para llegar a un acuerdo en esa materia en mayo de 1998, y también le
agradecemos la información que nos ha proporcionado tanto sobre
cooperación en materia de fiscalidad como sobre SEM 2000. Creo que son
cuestiones positivas y convenientes, que vienen a dar más transparencia a
las políticas de la Unión Europea y, por lo tanto, a fortalecer los
instrumentos que ésta tiene en la lucha contra el fraude en las políticas
comunitarias.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Señor ministro, voy a empezar con una
brevísima cuestión de orden, dicha con toda cordialidad y sabiendo que
probablemente uno no tiene especial derecho a manifestarla. Quizá sería
bueno que las comparecencias ante la prensa, relativas al contenido de
una comparecencia en esta Cámara, se produjeran después de la
intervención en la Cámara y no antes. En ocasiones los horarios no lo
permiten, pero hoy sí lo permitían, y creo que eso va en beneficio de lo
que es la función de esta Cámara, su dignidad y también su papel como
altavoz, porque si no esto sería una reunión a puerta cerrada, y no lo
es. Esta comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea
pretende ser, por sí sola, una comparecencia ante la ciudadanía a través
de sus representantes y de los medios de comunicación acreditados en la
Cámara. Por tanto, yo le rogaría --aun sabiendo que es una petición que
se puede tomar a beneficio de inventario-- que, si fuera posible, los
comentarios y los análisis sigan a la comparecencia y no la precedan, ya
que se corre el riesgo de que esta comparecencia quede netamente
desvirtuada, al menos en una parte de su función. Lo digo como cuestión
de orden, simplemente.

Le agradezco, en nombre de mi grupo, toda la información que nos ha dado.

Como bien ha dicho el señor ministro al principio de su intervención, la
situación no es muy distinta --ni, por tanto, la información acerca de
tal situación-- de la que ya conocíamos y de la que, de hecho, fue
expuesta ante la propia Comisión Mixta en su última comparecencia. Por
ello, voy a ser muy breve, porque tampoco se trata de hacer grandes
análisis sobre problemas que ya todos conocemos --al menos los que
estamos siguiendo estos temas de cerca--, y no se trata más que de
mantener la incertidumbre sobre saber exactamente cómo va a terminar el
Consejo Europeo. El ministro --como sabe-- tiene nuestro pleno apoyo en
este caso; no digo que en otros no sea así. En el ámbito de Exteriores,
por decirlo así, hay un cierto apoyo a ciegas; es decir, por seguir una
cierta política de Estado, a veces, sin entrar en el fondo de los
asuntos, hay una cierta tendencia a apoyar al ministro de Asuntos
Exteriores. En este caso --lo sabe el ministro, pero quería dejar
constancia de ello-- el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán a la
posición negociadora del Gobierno es explícito sobre el contenido de las
posiciones concretas que está manteniendo el Gobierno, en sede
negociadora, en los distintos temas que hacen referencia a la Agenda
2000. No es una simple manifestación de adhesión ante una política de
Estado, sino que es una concreta sintonía en lo que hace referencia a la
posición ante la estrategia de cara a la ampliación, de la misma manera
que es un apoyo explícito también a poner en suspenso ese techo del 1,27
del PIB para los recursos propios de cara a la ampliación. Nos parece que
es tremendamente arriesgado fijar el límite de los recursos propios antes
de saber exactamente cuáles son los gastos que deberán ser afrontados por
esa ampliación. Por tanto, eso --que es una de esas verdades del
barquero-- no puede ser negado o contradicho por posiciones políticas, en
un caso, porque algunos países tengan elecciones próximas (eso, unas
veces, puede ser un argumento a favor de no mover el tema y, otras, puede
ser un argumento para asumir un cierto compromiso de que no se moverán
las cifras) ni tampoco desde una posición --como puede ser en este caso
la del Gobierno francés-- absolutamente maximalista intentando imponer
ese límite en este momento. Nosotros no sólo entendemos sino que
compartimos --insisto, porque me parece importante-- la posición del
Gobierno español al entender que ceñirse a considerar que un crecimiento
del 2,5 por ciento ya bastará para que con ese límite del 1,27 se
obtengan los recursos propios necesarios es, por lo menos, una apuesta
demasiado arriesgada y los experimentos más vale hacerlos con gaseosa,
como dijo un ilustre compatriota mío.

Sólo voy a hacerle dos preguntas concretas, en la línea de lo que
pretende esta comparecencia, que es, al fin y al cabo, fijar la posición
del Gobierno. En primer lugar, yo querría saber con un poco más de
precisión cuál es la posición respecto del tema de Turquía. Tal como lo
ha expuesto el ministro, lo ha planteado como un punto del orden del día
del Consejo europeo, pero no me ha quedado clara --con la exactitud que
puede ser preciso exponerla aquí-- la posición del Gobierno español ante
las distintas posibilidades que hay de integrar de alguna manera a
Turquía en la negociación. Está ese tema de la conferencia de la cual
Turquía formaría parte, pero --como ya ha dicho el ministro-- la
conferencia quedaría absolutamente desvirtuada, en su sentido de integrar
a Turquía, si paralelamente aparece otro marco de negociación que integre
todos los países de la Unión más los 15 Pecos más Chipre y sin Turquía.

Si tenemos esas dos instituciones



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funcionando, es evidente que aquélla en la que figure Turquía queda
absolutamente vacía de contenido, pierde todo su interés y, por tanto,
pierde su valor político. Me interesaría saber con un poco más de
precisión cuál es la posición del Gobierno.

En segundo lugar, el ministro, a título informativo, ha mencionado de
pasada que es posible que se presente un informe sobre la coordinación de
la política monetaria. Nos parece un tema de enorme interés y nos
gustaría que lo pudiera desarrollar un poco más, porque hasta ahora las
referencias a la coordinación de política monetaria se han planteado más
bien como una cuestión informal, precisamente fuera de lo que es el
propio Consejo, como algo entre los países que en principio van a ser los
pre in, es decir, los que existan dentro. Querríamos saber qué contenido
se supone que tendrá ese informe y en qué condiciones sería aprobado o
rechazado, quizá, por aquellos países que pueden quedar fuera, sabiendo
que aquí lo que está en juego es la participación o no participación --de
los países que queden fuera-- en esas vías posibles de coordinación de la
política monetaria.

Para terminar, quiero agradecer de nuevo el contenido de la información y
subrayar --y no me importa ser pesado, es la tercera vez que lo digo--
que el Gobierno, en este caso, tiene el claro y neto apoyo de mi grupo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Señor ministro, bienvenido a esta Comisión. Voy a
circunscribir mi intervención a cuatro aspectos muy concretos en los que
yo considero que ha estado pivotando el tema de la ampliación durante
estos últimos tiempos, y a lo largo también de las distintas
intervenciones que hemos tenido ocasión de tener en esta Cámara. Y lo
digo en un momento en el que hemos conocido que en la reunión de ayer de
los ministros de Asuntos Exteriores y de algún secretario de Estado no se
ha llegado a alcanzar un acuerdo sobre un documento de conclusiones para
presentar este fin de semana a los jefes de Estado y de Gobierno de los
Quince. Por lo tanto, ya es un antecedente para valorar qué situación se
está viviendo en el seno de cada país a la hora de hacer propuestas de
consenso o lo suficientemente flexibles y a la vez satisfactorias en
relación con las propuestas que vienen defendiendo respecto a la
ampliación.

En primer lugar, el hecho de que no se llegó a alcanzar en el Tratado de
Amsterdam un acuerdo sobre si la reforma institucional debe de ser previa
o no a la ampliación. En concreto le hago mención de la resolución del
propio Parlamento Europeo, la que hace referencia a la Agenda 2000, cuyo
párrafo e) recoge que hay que tener en cuenta la evaluación de los
resultados del Consejo Europeo de Amsterdam en 1997 y considerar la
necesidad de reformar las instituciones de la Unión antes de que se
produzca la ampliación. Quiero que concrete tanto la postura española
como si se ha llegado a algún acuerdo definitivo alrededor de este
aspecto. Uno de los que más ríos de tinta, por la importancia que tiene,
está provocando es el hecho de la suficiencia o insuficiencia
presupuestaria que se dará si se mantiene el criterio presupuestario que
actualmente se está barajando sobre la participación del PIB.

En concreto, el propio Parlamento Europeo recoge en los puntos 43, 44 y
45 una serie de reflexiones sobre la insuficiencia que ya se puede
prever, para cubrir todas las necesidades de la ampliación con este
porcentaje de 1,27 del producto nacional bruto y aboga por la necesidad
de una revaluación periódica de dichos gastos para ver si hay un
equilibrio entre nuestra capacidad presupuestaria y todas las nuevas
necesidades de gastos que se van a producir.

Por tanto, si esta cifra va a ser imposible de mover, si al final ningún
país va a vetar que esta propuesta salga tal cual está, en el caso de que
finalmente nos encontremos con un presupuesto que se vaya a basar en ese
1,27; ¿qué mecanismos de revaluación podrían introducirse? Porque hasta
ahora sólo estamos hablando de fijar los conceptos porcentuales numéricos
en abstracto, en bruto, pero debemos conocer cómo podríamos llegar
durante el ejercicio a ir evaluando constantemente ese equilibrio que
tiene que haber entre los objetivos que marque el presupuesto y los
recursos para poder satisfacerlos. Se sigue haciendo hincapié en este
porcentaje incluso pensando en desarrollos mayores de producto interior
bruto, lo que no deja de ser una incertidumbre, porque no dejan de ser
unas suposiciones y, sobre todo, si hacemos un análisis de los ciclos
económicos evidentemente no hay ninguna garantía de que los mismos vayan
a ser constantes y permanentes en el tiempo. Estamos hablando de un marco
no reducido a un año.

El otro aspecto que nosotros consideramos muy importante se refiere a
otra de las posturas que tradicionalmente España venía defendiendo en
todo este proceso, y es la necesidad de que la salida para la ampliación
sea de todos los países a la vez, la necesidad de que no haya una
prioridad en la negociación respecto de unos países sobre otros, sobre
todo por dos aspectos concretos: primero, siempre habíamos dicho que
quizá son discutibles los criterios para la propia selección, la
objetividad o no de esos criterios y, segundo, y también muy importante,
por esa decepción o frustración que puede provocar en algunos de los
países el quedarse para otra oportunidad, el quedarse relegados de esa
primera velocidad a pesar de que se les diga en el documento final que
van a estar en contacto permanente en esa sala de espera, en esa
lanzadera hacia la futura ampliación. Este es otro de los criterios y de
las perspectivas que España venía defendiendo y quisiera que concretase
qué posibilidades hay de que se decida un inicio de negociaciones sobre
todos o, como creo que ha comentado usted, sobre cinco de ellos
exclusivamente.

Por último, el elemento de la posible ampliación y la integración de
Turquía. En el documento que estoy relatando del propio Parlamento
Europeo se hace referencia, en el párrafo s), a que es verdad que
estratégicamente Turquía tiene una gran importancia para la Unión
Europea, que merece una especial atención, que incluso



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hay países ajenos no sólo a la propia Unión Europea sino a la posible
ampliación de la misma, como puede ser Estados Unidos, que tienen también
un gran interés en que Turquía juegue un papel relevante dentro de la
Unión Europea. Simplemente habría que recordar lo que el propio
Parlamento recoge en sus conclusiones, que es que la Unión Europea tiene
sus propios criterios a la hora de abordar la negociación con distintos
países, criterios que no sólo van en el sentido de reclamarles reformas y
liberalización económica, sino criterios que van orientados al respeto de
los derechos humanos, a las reformas democráticas, al tratamiento de
problemas internos, como puede ser el de los kurdos, y sobre todo algo
que nos afecta más como Unión Europea respecto a Turquía, como es el
problema de uno de los socios actuales, que es Grecia, con Turquía sobre
Chipre.

Nosotros creemos que España debe de hacer valer el criterio propio
interno de la Unión Europea de que tiene que haber un avance sustancial
en estos aspectos democráticos, y desde luego Turquía no tiene el aval
necesario que requiere que todos los países miembros de la Unión Europea
lleguen a cubrir con satisfacción esas reformas democráticas, esos
respetos a los derechos humanos y a los derechos de las minorías.

Esos cuatro aspectos le quería resaltar, en la línea de lo que me
gustaría que en la reunión de este fin de semana llegásemos a conseguir,
porque al fin y al cabo el Gobierno representa a España. En este tema
sabe que en las distintas ocasiones que hemos tenido de discutir, hemos
coincidido básicamente en las líneas argumentales fundamentales de que
una ampliación para nada tiene que suponer una reducción de los Fondos de
Cohesión Económica y Social y es la primera vez que se afronta en la
Unión Europea una ampliación sin un aumento presupuestario. Este es un
elemento que nunca se había producido, y no es una excepción que pueda
beneficiar a España. Por tanto, tenemos que seguir defendiendo el
criterio de que ese presupuesto es insuficiente, el criterio de que
nosotros queremos una Unión Europea fuerte y sólida, que se debe basar en
unas instituciones también fuertes y sólidas. En consecuencia, sin
relegar las reformas institucionales a no se sabe qué futuro, porque la
indeterminación en estos aspectos es notable por parte de los distintos
países que están interesados en una ampliación rápida que supondría una
apertura comercial automática, pero que más allá supondría una
ralentización del desarrollo de los países, puesto que el presupuesto no
sería capaz de abordar todas las necesidades estructurales que se crean
en una integración a una Unión como la Europea.

Nosotros tenemos un dossier suficientemente extenso de las consecuencias
que nos ha ocasionado nuestra modernización a los criterios económicos de
la Unión Europea. Sabemos las incidencias que ha tenido en nuestros
sectores productivos más importantes (agrícola, industrial) la adecuación
de nuestros servicios, y eso supone que en los nuevos países las
necesidades de cohesión social van a ser muy abundantes, son países que
van a ser receptores, no son donantes y, por tanto, el presupuesto tiene
que sufrir una profunda reestructuración.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: También quiero agradecer, con la bienvenida,
al señor ministro de Asuntos Exteriores la información que nos da sobre
los prolegómenos de la preparación del Consejo europeo ordinario de
Luxemburgo. Haré unas reflexiones y unas preguntas al hilo de la
situación específica de Canarias dentro del marco de la Unión Europea.

En primer lugar, desde Canarias estamos apoyando la política del Gobierno
español, como veníamos haciendo tradicionalmente, para consolidar todo el
marco de Derecho y ahora, el próximo día 19, para consolidar lo que es el
objetivo inmediato. Como bien sabe el señor ministro, aunque es cierto
que en esta primera fase de las negociaciones, por su fuerte carácter
fiscal y económico, la iniciativa la ha llevado su colega el señor Rato,
del departamento de Economía y Hacienda, se trata de consolidar el
régimen económico y fiscal de Canarias y los aledaños que tiene el mismo
como la zona especial canaria con sus connotaciones en cuanto a la
fiscalidad, lo que está moviendo a determinados países de la Unión
Europea a ser tremendamente resistentes y reticentes en acceder a las
propuestas del Gobierno español y, consecuentemente, con las del Gobierno
autónomo de Canarias.

Como todo lo que se deriva de este marco tiene que ver con la
financiación, sean fondos estructurales, sean fondos de la PAC, sean
fondos de cohesión, la postura de mi coalición para Canarias, en este
momento, es muy realista y va en la línea de mantener la concordancia y
el apoyo al Gobierno. Entendemos que, en su día, la Unión Europea, por el
Tratado de Roma, tenía el cartelito --como muchos locales-- de reservado
el derecho de admisión. Sin embargo como falta él cartelito de capacidad
máxima --como tienen los ascensores y cualquier nave, según el cual si
nos excedemos en el número de los que están dentro aquello no sube o se
cae--, no queremos que por una política de fácil condescendencia e
irresponsabilidad se vaya a dar preferencia, sin una garantía de
financiación, a países que van a ser receptores natos de ayudas de la
Comunidad olvidándose de aquellos otros que siguen necesitando los fondos
de la Unión Europea, bien los fondos estructurales, bien los de cohesión,
sin olvidar, en el caso español, los fondos de la política agrícola
común. Por tanto, dentro de ese realismo, estaremos siempre en
concordancia, señor ministro, para actuar.

Pero digo más, que no vaya a tener una preeminencia lo nuevo por venir
sobre lo que ya está, como, por ejemplo, ocurre en el caso de Canarias y
otras partes de países de la Unión Europea, que son las regiones
ultraperiféricas. Sobre este aspecto le digo, como primera reflexión, que
estas regiones ultraperiféricas tienen que tener unas satisfacciones,
como, por ejemplo, mantenernos dentro del objetivo número uno. Eso, qué
duda cabe, tiene un coste de inversión del presupuesto comunitario, pero
queremos estar también en esa sintonía de realismo presupuestario.




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Finalmente le hago una pregunta, señor ministro. ¿Piensan en el Consejo
de Luxemburgo hacer un llamamiento general a todos los países signatarios
--usted firmó en nombre de España-- de las modificaciones al Tratado de
Maastrich por el Tratado de Amsterdam para que el mismo se ponga en orden
de aprobación a lo largo del próximo año por los respectivos Parlamentos,
salvo por aquellos que tenga que hacer alguna modificación constitucional
para su aplicación? Lo que le pregunto es si va a haber una llamada para
acelerar la aprobación por los distintos Parlamentos europeos del Tratado
de Amsterdam para que entre en el Derecho positivo porque, en el caso de
Canarias, mientras la modificación de Amsterdam, que creó la base del
Derecho positivo para las regiones ultraperiféricas, no sea Derecho
obligatorio, estamos en una situación de buenas intenciones para aplicar
algo que, como no ha sido ratificado por los Parlamentos de los distintos
países signatarios, es todavía un derecho formal que no es real.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Quiero dar las gracias al ministro, en primer
lugar, por su comparecencia en esta Comisión y, aunque no sea el objeto
de la misma, felicitarle por el éxito del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de su titular en el desbloqueo de las negociaciones para la
nueva estructura de mandos de la Asamblea del Tratado del Atlántico
Norte.

Señor ministro, vemos con satisfacción cómo, poco a poco, la negociación
se va centrando cada vez más en torno a las líneas que España ha
defendido desde el primer momento. O sea, que se centra cada vez más en
la metodología de la ampliación, que es lo que nos interesa y es en lo
que verdaderamente consiste el mandato de la Cumbre de Amsterdam.

Por ello vemos con agrado que la presidencia haya abandonado su idea
anterior de incluir en esta segunda parte del documento una síntesis a
partir de la cual se tratarían de extraer una serie de orientaciones
sobre la reformas de las políticas de la Unión y el marco financiero.

Parece ser que algunos países, que en principio se habían opuesto, como
son Alemania, Irlanda y Luxemburgo, en este momento se van uniendo cada
vez más a las tesis españolas. Para esto ha sido fundamental la postura y
el mensaje contundente del Gobierno a lo largo de toda la negociación. Me
gustaría recordar, en este sentido, la intervención del vicepresidente
Rato en el último Ecofin, cuando señaló que en ningún caso la ampliación
podría financiarse a costa o en detrimento de la política agrícola común
y la cohesión económica y social. Y, también en este sentido, me parece
trascendental el rechazo de la ministra de Agricultura, Loyola de
Palacio, coherente con nuestra postura del proyecto de conclusiones del
Consejo de Agricultura sobre la Agenda 2000, porque consideraba, como
considerábamos todos, que no se precisaba suficientemente que el
mantenimiento de la línea directriz agrícola se entendía en el marco de
una Unión a quince y únicamente para el actual campo de aplicación de la
categoría uno de las perspectivas financieras. Creo que todas estas
actuaciones, en definitiva, no hacen sino consolidar la postura de
nuestro Gobierno y darle peso negociador.

De su intervención se desprende que la negociación se va llevando poco a
poco por derroteros, como a usted le gusta llamarlos, más sensatos; eso
es lo que pedimos: sensatez. Es cierto que la última batalla no se ha
dado todavía; es cierto que la última batalla tendremos que darla en la
próxima Cumbre de Luxemburgo, pero confiamos en ello y le ofrecemos
nuestro respaldo.

Centrándonos en el tema de la ampliación, creemos que la defensa por
España del modelo Regata también va a tener una influencia en la decisión
final; porque si se concreta, tal y como señala todavía la propuesta de
la presidencia, un inicio diferenciado en favor de unos pocos, de seis,
extensible después a otros, también es cierto que este inicio
diferenciado no prejuzgará en ningún caso que las negociaciones terminen
al mismo tiempo ni impedirá que los países no seleccionados puedan unirse
al grupo de cabeza y, eventualmente, incluso terminar las negociaciones
antes que alguno de los que se encuentran en él.

Yo creo que era y es necesario que España, por razones de su propia
negociación y de su propia adhesión a la Comunidad Económica Europea,
juegue un papel de honestidad y coherencia con el proyecto comunitario.

En este sentido, deberemos defender siempre la solidaridad y la
coherencia. Solidaridad con los países que todavía no están dentro de la
Unión y coherencia con el proyecto comunitario. Coherencia que nos hace
desear la ampliación de la Unión para todos, pero la ampliación para
todos por igual también; no un proyecto para unos y otro proyecto para
otros, sino el mismo proyecto, exitoso hasta ahora, para todos. Es cierto
que ello podrá suponer un incremento de los recursos propios, pero, en
cualquier caso, es necesario que defendamos el proyecto y es necesario
que defendamos este mismo proyecto; cualquier otra cosa, llevaría, a la
larga, a la renacionalización de las políticas comunitarias y la
renacionalización de las políticas comunitarias llevaría a una
destrucción del proyecto comunitario.

Por ello, nos parecen muy importantes las decisiones que se van tomando
en torno a la estrategia de preadhesión. Creo que todo lo que suponga, a
partir de una señal política de inicio de las negociaciones e
independientemente de los plazos, que se pueda ir ayudando a los
distintos países a que vayan aceptando cada vez más el acervo
comunitario, de forma que la transición no sea traumática sino paulatina,
supondrá realizar un servicio importante no solamente a los nuevos países
miembros, sino a la Unión y a su proyecto.

Por ello agradezco al portavoz del Grupo Socialista, señor Costa, el tono
constructivo de su intervención, que contrasta con otra, no muy lejana en
el tiempo, de la portavoz socialista en el tema agrícola, cuando la
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, defendiendo los intereses
de España, rechazó las orientaciones de documento 2000. Porque como ha
dicho el señor Eguiagaray a las ocho de la mañana (buena hora para los
madrugadores)



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en Radio Nacional, España tiene que afrontar la ampliación con la unidad
necesaria para defender nuestros intereses, cosa que nosotros sabemos muy
bien, ya que en los largos años de oposición nunca le faltó al Gobierno
el apoyo solidario del Grupo Popular que en los temas de Estado siempre
ha sido sensato y coherente.

Sin más, señor ministro, quiero volver a agradecerle su comparecencia,
desear que se restablezca de la gripe que le aqueja y augurarle éxitos
mañana en su viaje a Londres.




El señor PRESIDENTE: El señor ministro de Asuntos Exteriores tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
por mi parte, quiero agradecer a los distintos portavoces su ánimo y
talante positivo, así como las observaciones formuladas, con las que, en
general, coincido.

La posición de España en relación con la ampliación no ha variado desde
el principio. ¿Con qué número de países? Con todos los que cumplen las
condiciones políticas. ¿Por qué? Ya tuve oportunidad de explicarlo en la
última ocasión, pero lo detallaré más, ya que así se me pide: porque es
fundamental dar una señal política positiva a los países que en estos
momentos están acometiendo unas duras y difíciles reformas económicas,
que, finalmente, les van a permitir cumplir las condiciones para ser
miembros. Y si no se les da ahora la señal de elegibilidad a través del
inicio del proceso de adhesión, cabe temerse que no serán capaces de ver
la luz al final del túnel y, por tanto, de mantener ese ritmo de
reformas.

Además, teniendo en cuenta que cada negociación es un proceso distinto
para cada país, y que no tiene nada que ver la de la república Checa con
la de Polonia ni la de Polonia con la de Bulgaria, poder empezar con
todos, aunque para algunos la negociación puede retrasarse a lo largo de
15 años, por poner una fecha, a nuestro juicio, es lo menos malo que se
puede hacer ante un problema de tanta enjundia.

Por otro lado, el Tratado establece que el requisito previo es la emisión
de un dictamen por parte de la Comisión; el dictamen se somete al
Consejo, después al Parlamento, y quienes cumplen la condición son los
cinco más uno, de todos conocidos. Por ello, en estos momentos, la
Presidencia está proponiendo una fórmula de síntesis, que es la del
lanzamiento del proceso global de negociación, para continuar más
precisamente con los países recomendados por la Comisión.

España nunca ha hecho, y así tuve ocasión de explicárselo a SS. SS., una
cuestión de gabinete de su posición, que es una posición puramente
política y que intenta dar respuesta al gran problema político, no sólo
económico, que está planteado. Esta fórmula pretende dar respuesta
parcial a esa preocupación, y España, que ha marcado sus preferencias, si
finalmente, en el marco de ese Consejo europeo, fuera el único de los
caminos susceptible de lograr el consenso, sería flexible, como ha dicho
en todas sus intervenciones.

Por otro lado, habrá que dar a ese proceso global de negociación un
contenido de adhesión, y en ello se va a diferenciar de la Conferencia
Permanente Europea, que no puede entrar, por su propia definición y
porque así se ha establecido, en los temas relativos a la adhesión,
aunque sea una fórmula para preparar a los países en los temas de los
distintos pilares de la Unión. Donde España está en una posición más
firme, como se le ha exigido y como ya se ha aprobado, es en todo lo que
hace referencia a las perspectivas financieras.

¿Para cuándo esa renovación? Para cuando proceda. En primer lugar, quiero
aclarar la propuesta de la Comisión para la ayuda estructural a la
ampliación del 2000 al 2006, para que no haya confusiones. La dotación
total que propone la Comisión es de 45.000 millones de ecus, si quieren
tomar nota, que se reparten en 7.000 millones de ecus en ayuda
preadhesión, que son los 1.000 millones de ecus por año a los que me he
referido; después está la ayuda a los nuevos países miembros, una vez
ingresen, que se prevé para ese período en 38.000 millones de ecus, que
es la diferencia hasta los 45.000, teniendo en cuenta que ningún país
puede recibir más del 4 por ciento de su PNB, que es otro límite; y
además de esa ayuda prevista para aquellos que ya hayan culminado su
proceso, en concepto de ayuda preadhesión agrícola, al margen por tanto
de la ayuda estructural de 1.000 millones de ecus, está prevista una
ayuda de 500 millones de ecus por año. En ese contexto, ya aceptado y que
no desequilibra las perspectivas financieras actuales es en el que hemos
de situar la oportunidad de hacer, en su momento, la revisión de las
perspectivas financieras.

Me refería a cuándo procede. Cuando procede es, desde luego, después de
empezadas las negociaciones de adhesión que hemos de lanzar en ese
Consejo europeo; después de evaluadas las necesidades que implican esas
nuevas adhesiones, que es la cuestión de método a la que me he referido y
que el señor Guardans y varias de SS. SS. han recogido, simplemente por
cuestión de lógica impecable a la hora de establecer el trato entre lo
que tiene que venir primero y lo que, por imperativo lógico, repito,
tiene que venir después; después --a mi juicio, ésta es otra condición
políticamente interesante y de oportunidad--, si es posible, de que hayan
tenido lugar las elecciones en Alemania y Holanda. España esto lo ha
visto claro desde el principio, no así algunos de los países implicados,
que ahora --ustedes pueden verlo por la prensa-- se han alineado detrás
de España, porque adelantar ahora esa discusión lo único que hace es
complicar el panorama político de todos y, en particular, de los países
que tienen un debate electoral. De ahí que España cada vez tenga más
apoyos en esa posición, que al principio defendía en solitario y que hoy
es, creo, aceptada por mayoría; y, desde luego, antes de la ampliación,
porque esas son decisiones muy importantes y son las que tienden a evitar
lo que hemos dicho siempre, SS. SS. y quien les habla, que la ampliación
la paguen los países de la cohesión. En este tema, la postura de España
es impecable, como SS. SS. observarán, y firme --ya tuvimos ocasión de
examinarla en mi última comparecencia--, no ha habido cambios, y debo
decir que España no es que



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esté a la defensiva, como acabo de explicarles, está a la ofensiva. En su
momento, defendió estas ideas en solitario. Posteriormente, en el último
Consejo de Ministros, obtuvo el apoyo claro y expreso de Portugal, de
Grecia y de otros, como se ha hecho patente en el Consejo de Ministros de
ayer. Por lo tanto, España está en una posición ofensiva de exponer
buenas razones, con limpieza, con moderación, pero con firmeza. España
lidera claramente esa posición desde el principio y ahora.

Tomo buena nota del ruego que me hace el señor Guardans. Qué más quisiera
yo muchas veces que no verme obligado a contestar a los medios
informativos. Procuro llegar incluso antes para que no afecte al inicio
puntual de la sesión. Tengo que decir que, en general, las preguntas que
se me formulan son amplias, no tienen que ver con el tema específico que
vamos a tratar y cuando tienen que ver --y me parece que sólo ha habido
una de las múltiples que se han hecho--, se tratan de un modo mucho más
ligero y superficial que el profundo al que nos tiene acostumbrados la
Comisión. En todo caso procuraré que esas comparecencias, que muchas
veces son inevitables, no se refieran a los temas que van a tratarse en
próximas ocasiones. En todo caso agradezco el apoyo una vez más expreso,
efectivo que me brinda el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

En relación con el tema de Turquía, la cuestión es que, como SS. SS.

saben, hoy no cumple las condiciones políticas. Esto lo han dicho todos.

Es un país que ha hecho importantes progresos en los últimos años, pero
todavía le quedan importantes progresos pendientes en los temas relativos
a los derechos humanos, las minorías, Chipre y esa ocupación ilegal que
viene manteniendo. Y en la medida en la que no se cumplan esas
condiciones, lógicamente no se puede iniciar la negociación. Por otra
parte, es el país con más títulos formales y de tratado, porque desde
hace 33 años, creo recordar, tiene un acuerdo con la entonces Comunidad
que le da todos los derechos a ser miembro y ve cómo otros países que no
tenían ningún derecho y que eran adversarios, por no decir enemigos, de
la Unión, van por delante. De ahí que este tema habrá que cuidar
especialmente. Por ello, se propone una estrategia específica de
preadhesión, entre la que está la pertenencia de Turquía a la Conferencia
europea permanente y otras medidas específicas en ese camino. Tengo que
decir que este es uno de los grandes temas relacionados con la ampliación
de ese Consejo Europeo. Está prevista una cena de jefes de Estado y de
gobierno y de ministros de exteriores con el respectivo jefe de Gobierno
y ministro de Exteriores de Turquía el sábado, después de la cumbre.

Esperemos que, finalmente, entre unos y otros, sobre todo teniendo en
cuenta el contencioso bilateral específico existente entre Grecia y
Turquía, por varios temas, Chipre incluido, pero también por el
contencioso de las islas del Mar Egeo, nos permitan encontrar una
solución aceptable para todos.

Respecto a la coordinación de las políticas económicas, lo único que hay
no es tanto de políticas monetarias como de políticas económicas. Es
previsible, como les decía, que el Consejo Europeo apruebe una resolución
sobre esa coordinación de políticas económicas en la tercera fase de la
Unión Europea. Eso afecta a las relaciones entre in y a las relaciones
entre in y out, que hemos de procurar que no sean una fosa insalvable
para el futuro, sino al contrario, que sirvan de permanente estímulo. Y
el gran conflicto político que subyace es el del papel del futuro Banco
Central, la coordinación y el papel de unos gobiernos democráticos. Están
las dos escuelas enfrentadas; la escuela más ortodoxa, en términos
monetarios, representada por Holanda y Alemania, la que en ese aspecto
quiere una mayor influencia y un mayor protagonismo de los gobiernos,
frente a Francia, y espero que finalmente se consiga un compromiso para
que ese Banco Central Europeo nazca con facultades que garanticen la
estabilidad monetaria, tan fundamental para un crecimiento sostenido y
estable y que, al propio tiempo, ello no vaya en perjuicio de las
competencias que todo gobierno democrático tiene que tener siempre en la
conducción de sus propios asuntos.

Comparto las reflexiones del señor Mardones sobre las regiones
ultraperiféricas. Como sabe muy bien el señor Mardones, esa ha sido una
línea que se ha mantenido siempre. Respecto a la ratificación pronta del
Tratado de Amsterdam, no es sólo un problema de los Parlamentos, a los
que nos estamos dirigiendo continuamente, sino que, además, hay tres
países que quieren ratificarlo a través de referéndum.

En relación con las perspectivas financieras, creo que los temores del
señor Navas han sido adecuadamente tenidos en cuenta. Quiero, además,
hacer la distinción clara de que el 1,27 --ya veremos si se llega o no
finalmente, a él, porque dependerá de la evaluación que se haga de las
necesidades cuando se apruebe en su día-- previsiblemente puede ser
suficiente, porque ello no implica que no haya un incremento
sustancialísimo del presupuesto. En estos momentos la Unión está muy por
debajo del 1,27. Lo que ocurre es que ese sería el límite del que no se
podría pasar en el caso de que se aceptara. Por ello no podemos aceptar
esa propuesta sin que previamente se haya tenido en cuenta el impacto de
las nuevas adhesiones.

Cabe dentro de lo posible, como decíamos todos, que el ritmo de
incorporación de los nuevos países se extienda más allá de tres, cuatro o
cinco años porque estamos hablando de las perspectivas financieras hasta
el 2006. En ese caso sería posible incorporarlos a la Unión, pero como
ello no está claro, mientras no lo esté España se opone a que se tome esa
decisión.

Quiero agradecer, además, el apoyo específico del señor Martínez Casañ y
decirle que también comparto sus reflexiones y, muy en particular, la
relativa al rechazo de la línea directriz agrícola llevada a cabo por la
ministra de Agricultura, señora De Palacio, que es justamente la
traslación al campo de la política agrícola de esa precaución que tiene
España, en relación con el conjunto de las perspectivas financieras, de
no aceptar unos límites antes de que estén evaluadas las necesidades. En
ese sentido me felicito por la actitud del portavoz socialista señor
Costa, que demuestra una buena información en estos temas,



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mejor que la de otros portavoces de otras comisiones. Creo que con ello
hemos informado sobre cuáles son las perspectivas con las que abrimos esa
cumbre europea, de cuyo resultado tendremos también ocasión de ocuparnos
extensamente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia.

Daría por terminada aquí esta primera parte de la Comisión y rogaría a
los señores parlamentarios que permanecieran todavía cinco minutos para
proceder a la votación señalada. (Pausa.)



ELECCION DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISION:



-- ELECCION DE SECRETARIO SEGUNDO (Número de expediente Congreso
041/000029 y número de expediente Senado 571/000005.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con la sesión.

El punto del orden del día que nos queda pendiente es el nombramiento de
un nuevo secretario segundo de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Ese
puesto queda vacante como consecuencia de la renuncia del actual
secretario segundo, don José Castro Rabadán, presentada el pasado día 26
de noviembre.

Constatado que tenemos el quórum suficiente, vamos a pasar a proceder a
la votación cuando todas las señoras y señores diputados de la Comisión
tengan en su poder la papeleta. (Por el señor secretario segundo, Castro
Rabadán, se procede a pasar lista de los miembros de la Comisión, que
depositan su voto en la urna.)



Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo.




El señor PRESIDENTE: Por veinticuatro votos, por tanto por unanimidad,
queda aprobado el nombramiento de Demetrio Madrid como secretario segundo
de esta Comisión. (Aplausos).

Agradeciendo a Pepe Castro el trabajo realizado durante este período,
levantamos la sesión.




Era la una y cinco minutos de la tarde.