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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 76, de 12/11/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 76
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SANCHEZ I LLIBRE
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (García
Crespo) para informar sobre la fiscalización de la actividad
económico-financiera relacionada con la conmemoración del V Centenario
del Descubrimiento de América y la Exposición Universal de Sevilla. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista (Números de expediente
Congreso 212/001106 y 251/000049 y números de expediente Senado
713/000460 y 771/000049).
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Vamos a iniciar la sesión de la Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas y damos, en primer lugar, la bienvenida a la
presidenta, doña Milagros García Crespo, para su comparecencia en esta
Comisión con el fin de que nos pueda detallar el informe de la
fiscalización de la actividad económico-financiera relacionada con la
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América y la
Exposición Universal de Sevilla. Dicha comparecencia
es a petición de todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, a una
petición expresa del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la presidenta del Tribunal de cuentas, doña Milagros
García Crespo.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Gracias,
señor presidente.
Antes de presentar en Comisión los resultados de la fiscalización de la
actividad económico-financiera relacionada con la conmemoración del V
Centenario del Descubrimiento de América y con la Exposición Universal de
Sevilla, SS. SS. deben conocer cómo han ocurrido en el Tribunal de
Cuentas algunos aspectos relacionados con el trabajo realizado.
En primer lugar, para la realización de la presente fiscalización el
pleno del Tribunal creó un grupo de trabajo integrado por cuatro
consejeros de la sección de fiscalización, correspondientes a los
departamentos 2, 4, 6 y 7. En mayo de 1993, al establecerse las
directrices técnicas por el pleno, se distribuyeron las tareas a realizar
de la siguiente manera: la fiscalización de la sociedad Expo 92, Sociedad
Anónima, se atribuyó a la ponencia formada por dos de los consejeros del
grupo de trabajo y para las otras cuatro fiscalizaciones se asignaron las
ponencias de cada una de ellas entre los otros dos miembros del grupo. Yo
formé parte de dicho grupo siendo ponente de la fiscalización del V
Centenario, pues en aquellos momentos era consejera de un departamento de
la sección de fiscalización.
Posteriormente, en el desarrollo del procedimiento interno de los
proyectos de informe, es decir, después de recibidas las alegaciones, el
grupo de trabajo me encomendó la coordinación de las actuaciones
internas. Por ello, como coordinadora y no como presidenta, recibí los
informes del fiscal y del servicio jurídico del Estado que emiten en toda
fiscalización, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los cuales trasladé de forma
inmediata al grupo de trabajo y al resto de los miembros del pleno.
Tercero, por otra parte, los funcionarios del Tribunal de Cuentas que
prestaron sus servicios en Expo 92 o en Agesa regresaron al Tribunal,
como es normal, cuando cesaron en la situación administrativa que les
causó su salida del Tribunal. No obstante, quiero dejar claro que los
consejeros de los departamentos en los que están adscritos los
funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad en las entidades
fiscalizadas han dejado expresamente patente ante el pleno del Tribunal
que dichos funcionarios no han participado en medida alguna en el proceso
fiscalizador.
Agradeciéndoles su atención, paso a la presentación del informe
propiamente dicho. La fiscalización responde al acuerdo del pleno del
Tribunal de fiscalizar la actividad económico-financiera relacionada con
la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América y con la
Exposición Universal de Sevilla, desarrollada por entidades públicas. Con
posterioridad a este acuerdo, se formuló la petición de la Comisión Mixta
Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que se
refería a la fiscalización de la actividad económico-financiera de tres
sociedades estatales relacionadas con los citados eventos: Exposición
Universal de Sevilla 92, Sociedad Anónima; Pabellón de España, Sociedad
Anónima y Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del V
Centenario, Sociedad Anónima. El pleno del Tribunal, al establecer las
directrices técnicas que concretaban el ámbito a fiscalizar, acordó
ampliar la fiscalización a dos sociedades estatales más. Infraestructuras
y Equipamientos Hispalenses (Infesa) y Tele-Expo, Sociedad Anónima. Los
resultados de fiscalización de las cinco sociedades estatales se recogen
de forma independiente. Voy a sintetizar los principales de cada una de
ellas, según el orden en que aparecen en el informe.
La fiscalización relativa a la sociedad estatal para la ejecución de
programas y actuaciones conmemorativas del V Centenario del
Descubrimiento de América se extiende al período comprendido entre su
constitución en noviembre del año 1985 y el 31 de diciembre de 1992,
siendo sus objetivos el examen de las subvenciones, créditos, avales y
otras ayudas recibidas del sector público, así como los contratos
celebrados y la situación y variaciones patrimoniales.
El objeto social está constituido por la ejecución de los actos
necesarios para la preparación, organización y realización de las
actividades encaminadas directa o indirectamente a la conmemoración de
dicho acontecimiento, excepto las relativas a la Exposición Universal de
Sevilla 92. Además de la gestión realizada directamente, la sociedad
estatal ha constituido o participado en otras cuatro sociedades, con
resultados poco positivos, ya que o se han disuelto por su situación
económica deficitaria o no han cumplido sus objetivos sociales. Los
balances de estas sociedades no han sido consolidados con el de la
sociedad estatal y su situación económica parece desconocerse por ésta.
Las circunstancias que han supuesto retrasos y en ocasiones limitaciones
a la fiscalización son: en primer lugar, el hecho de encontrarse la
sociedad en liquidación desde septiembre del año 1993 ha dificultado la
obtención de información, teniendo que realizarse el análisis del control
interno a posteriori, sin posibilidad de contrastar las pruebas
sustantivas o de cumplimiento. Segundo, dificultades de localización de
documentación sobre todo de ejercicios anteriores. Tercero, inexistencia
de un inventario actualizado de los programas oficiales del V Centenario
que ha gestionado la sociedad.
Se han revisado las cuentas anuales rendidas, el desarrollo del
contrato-programa suscrito con los ministerios de Economía y Hacienda y
Asuntos Exteriores en el año 1989, el grado de cumplimiento de los
programas de actuación, inversiones y financiación, las normas de control
interno y la situación del inmovilizado al finalizar el período, así como
una muestra seleccionada de 27 programas, que suponen el 15 por ciento
del total invertido en programas. En el análisis del control interno se
han realizado conciliaciones entre la información presupuestaria y la
información contable, encontrándose en ocasiones diferencias entre ellas,
no pudiendo verificar el control del inmovilizado tanto material como
inmaterial. En términos
generales, y con la limitación señalada de inexistencia de inventario, se
acepta la representatividad de los estados financieros, donde destaca la
falta de cumplimiento del principio de uniformidad, dados los cambios de
criterio en la imputación contable de los gastos, que han pasado de
considerarse inversiones con aplicación al inmovilizado, a gastos de
programas con imputación a las cuentas de explotación. También hay falta
de correlación de ingresos y gastos en la contabilización de la gestión
de los programas conmemorativos.
La tesorería de la sociedad en el período 1985-1991 tuvo situación
excedentaria, de la cual obtuvo una rentabilidad que se considera
adecuada. En el año 1992 suscribió una póliza de crédito de hasta 2000
millones, sin estar contenida la autorización para su suscripción en ese
ejercicio en el contrato-programa. Entre los gastos, destaca una partida
de 365 millones destinada a indemnizaciones y contabilizada en el año
1989 como gasto corriente de personal, y en los restantes ejercicios como
extraordinario, criterio este último no aceptable al figurar en el
convenio de personal y aplicarse periódicamente. Se cuestiona en el
informe el carácter oportuno de este gasto, ya que dados los objetivos
limitados temporalmente de la entidad, se podía haber utilizado otro tipo
de contratación que evitase pago de indemnizaciones por despido.
En materia de ingresos, y más concretamente en los contratos de
patrocinios suscritos, se observa en algunos supuestos poco rigor en la
expedición de las correspondientes certificaciones que hacen posible la
aplicación a las empresas de las exenciones fiscales establecidas en la
Ley 12/1988. El contrato-programa suscrito en el año 1989 ha resultado
ineficaz en definir los objetivos societarios, así como la determinación
de los recursos económico-financieros públicos necesarios, dado que se
han rebasado los objetivos previstos en el contrato en más de un cien por
cien, y los recursos públicos han resultado insuficientes, obligando al
Estado a realizar aportaciones suplementarias en los ejercicios 1992 y
1993 por importe de 2.800 millones de pesetas.
Las actuaciones de la sociedad se han desarrollado a través de 580
programas, de los que sólo un 2 por ciento han resultado fallidos, lo que
supone una importante labor realizada en un reducido espacio de tiempo.
Como anomalías más importantes en los programas fiscalizados resalta la
falta de reflejo en la contabilidad de la sociedad, por importe
aproximado de 100 millones de pesetas, de los programas de edición y
audiovisuales destinados a promoción y entregados gratuitamente.
Asimismo, en el programa de regatas oceánicas y Rutas del Descubrimiento
2, no se ha reflejado en la contabilidad la participación en el capital
social de la sociedad Ruta del Descubrimiento, Sociedad Anónima,
suscribiéndose contratos en 1987 con presunta infracción de la Ley
25/1983 de incompatibilidades de altos cargos. La sociedad estatal
satisfizo honorarios para la realización de recitales de canto
sensiblemente elevados, aceptando condiciones que podrían considerarse
excesivas. En el programa de réplica de las naves históricas Santa María
Japonesa, hay que señalar la ausencia de prospección del mercado para la
construcción de la nave, produciéndose un incumplimiento en los plazos de
entrega, sin haberse exigido las penalizaciones previstas en el contrato.
El informe realiza una única recomendación en el sentido de que se
proceda a la disolución de la sociedad, transfiriendo sus activos a los
departamentos ministeriales que deban asumir su gestión, pasando el resto
de su patrimonio a ser gestionado por Agesa, en cumplimiento de los
dispuesto en el Real Decreto 475/1993.
Respecto a la sociedad estatal para la Exposición Universal de Sevilla,
el informe atiende a los objetivos establecidos en las directrices
técnicas aprobadas por el pleno. De acuerdo con estos objetivos, el
informe se divide en cinco apartados: fiscalización de las cuentas;
análisis de los procedimientos de gestión y de control interno; análisis
del cumplimiento de la planificación y presupuestación; análisis de las
actividades y procedimientos contractuales y, finalmente, análisis del
efecto de la constitución de Cartuja 93 y de la modificación, en abril de
1993, del objetivo y razón social de Expo 902. Además, formando parte de
subapartados explicativos e introductorios de lo que constituyen los
resultados propios de la fiscalización, se mencionan específicamente
algunas circunstancias que, aunque no han impedido que se hayan alcanzado
los objetivos previstos, de no haberse producido habrían facilitado y
agilizado las tareas fiscalizadoras.
Respecto a las cuentas correspondientes al año 1992, se señala que para
ese ejercicio de 1992, Expo rindió al Tribunal, a través de la
Intervención General de la Administración del Estado, unas cuentas
plurianuales, que abarcan, en lo que afecta a la cuenta de pérdidas y
ganancias, el período comprendido entre la fecha de constitución de la
empresa y el 31 de diciembre de 1992. Junto a ellas, Expo presentó
también por igual conducto unos estados anuales correspondientes al
ejercicio 1992 ajustados a lo dispuesto en la orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 1991 y resolución de la IGAE del mismo año,
disposiciones ambas que regulan el formato de las cuentas a rendir por
las sociedades estatales. Aunque las cuentas plurianuales fueron
aprobadas por la junta general y presentadas al Registro Mercantil como
cuentas anuales del año 1992, el Tribunal considera, por los motivos
indicados en el informe, que no son adecuadas, por tanto que no se
ajustan a los estatutos ni a lo dispuesto por la legislación mercantil
para las sociedades anónimas, ni a lo establecido en las disposiciones
administrativas para las sociedades estatales.
Una vez manifestadas las razones por las cuales el tribunal optó por no
considerar como cuentas fiscalizables las cuentas plurianuales, cabe
señalar, como se dice en una nota a pie de página numerada con el 1, que
las salvedades que se manifiestan no habrían sido distintas aun en la
hipótesis de que se hubieran fiscalizado dichas cuentas, excepto en lo
concerniente a un defecto de amortización de 3.000 millones de pesetas.
Las salvedades que se indican en el informe del Tribunal, al igual que
ocurre con alguna frecuencia en las auditorías que se practican sobre
sociedades privadas, ponen de manifiesto discrepancias entre los
criterios contables aplicados por los gestores de las empresas en la
preparación de sus cuentas, y los que los auditores,
en este caso el Tribunal, consideran que son más adecuados para reflejar
la situación patrimonial de la sociedad. Concretamente en Expo las
diferencias de criterio han sido las siguientes: Uno, los gestores de
Expo han presentado sus activos inmovilizados en el balance a 31 de
diciembre de 1992 valorados a precio de adquisición, en tanto que el
Tribunal considera que una vez terminada la Exposición Universal y al
destinarse sus activos a una finalidad distinta de aquella para la que
fueron adquiridos, que fue precisamente la celebración de la Exposición,
la ortodoxia contable exigía que los gestores de la sociedad hubieran
impulsado los mecanismos necesarios para evaluar si la nueva actividad
social o explotación de la empresa sería capaz de generar recursos
suficientes como para poder recuperar todos los costes, incluida la
amortización de los activos inmovilizados, procediendo en caso contrario
a reducir el valor contable de esos activos hasta su valor de mercado, si
éste fuera inferior a aquél. Esta evaluación no se hizo. Además, no se
mantuvo la prudencia de continuar con las prácticas seguidas en
ejercicios anteriores, sino que, por el contrario, se modificaron para
aumentar más el valor contable de unos inmovilizados sobre los que no
existían estudios que permitieran prever su valor de recuperación. Así,
se procedió a activar, con abono a ingresos del año 1992, en cuentas de
trabajos realizados par el inmovilizado, partidas por importe de 10.656
millones de pesetas que, según las prácticas seguidas hasta el 31 de
diciembre del año 1991, correspondían a conceptos que se venían
considerando gastos de explotación. Además, se redujeron los coeficientes
de amortización no sólo para el ejercicio 1992 sino también con efectos
retroactivos sobre los ejercicios anteriores, por importe de 3.000
millones de pesetas.
El Tribunal considera que, en la contabilización de las operaciones
anteriores, la sociedad no aplicó el principio de prudencia que, en caso
de conflicto con otros principios, prima sobre los demás cuando, además
por el cambio sustancial del destino para el que habían sido previstos
inicialmente, era razonable pensar que los inmovilizados materiales a 31
de diciembre de 1992 estaban sobrevalorados y, por tanto, era previsible
el hecho, luego confirmado, de que su enajenación o su escaso potencial
de obtención de rendimientos iba a producir pérdidas. Por este motivo, se
considera que deben realizarse correcciones a la cuenta de resultados
presentada por Expo, que se traducen en la reducción de los ingresos en
8.868 millones de pesetas, que es la cantidad que resulta de deducir de
los 10.656 millones, incluidos como activación de gastos y como ingresos
del ejercicio, la amortización dotada para esos gastos en el mismo año
1992, que fue de 1.788 millones y, al mismo tiempo, un aumento en los
gastos de 3.000 millones para corregir la aplicación retroactiva de la
reducción de los coeficientes de amortización.
La segunda discrepancia contable se refiere a que los gestores de Expo
consideraron como ingreso del año 1992 la práctica totalidad de las
subvenciones de capital que habían recibido hasta el 31 de diciembre del
año 1992, mientras que el Tribunal estima que, de acuerdo con el plan
general de contabilidad, estas subvenciones sólo pueden considerarse
ingreso de cada ejercicio en el importe de la amortización que se dote
sobre los activos financiados con dichas subvenciones. Por ello, propone
una corrección a la cuenta de resultados presentada por Expo, que se
traduce en una reducción de los ingresos por importe de 17.727 millones.
Cabe señalar que una parte sustancial de los activos financiados
parcialmente con subvenciones de capital fueron baja en el año 1993 por
traspasos y por otras causas; en estos casos, según el Plan general de
contabilidad, en ese ejercicio 1993 y no en 1992, es en el que se podría
haber registrado el ingreso en la parte proporcional de las subvenciones
que correspondieran a los activos que fueron bajas en 1993. Por último,
el Tribunal considera de muy difícil cobro determinadas partidas que
figuran en el balance de Expo como derechos a cobrar a su favor, por lo
que resulta procedente una corrección en los resultados de la sociedad
por importe de 306 millones de pesetas.
En conclusión, el Tribunal opina que los resultados del estado de
pérdidas y ganancias presentados por Expo para el ejercicio 1992, que
según la sociedad arroja beneficios por 17.930 millones de pesetas,
deberían reducirse en 29.901 millones como consecuencia de lo que acabo
de indicar en los tres puntos anteriores, por lo que, una vez efectuada
esta reducción, el resultado, ateniéndose al ejercicio 1992, arrojaría
pérdidas por importe de 11.971 millones. Dicha pérdida, añadida a las
habidas hasta el 31 de diciembre del año 1991, es decir en los nueve años
anteriores, determinan que la pérdida total acumulada a 31 de diciembre
de 1992 asciende, a juicio del Tribunal, a 35.258 millones de pesetas.
Con independencia de lo anterior, en el informe se hace referencia a las
pérdidas habidas en Agesa en los ejercicios 1993 y 1994, que ascendieron
a 28.984 y 28.901 millones de pesetas aproximadamente. También se indica,
sin embargo, que dichos resultados habrían sido más favorables si se
hubieran recogido en Expo los ajustes a que se hace referencia en el
informe. Es decir, que las pérdidas que el Tribunal imputa a Expo en el
ejercicio 1992 suponen menos pérdidas para Agesa en los años sucesivos.
El segundo apartado del informe de Expo se refiere al análisis del
procedimiento de gestión y de control interno y trata de los objetivos
generales de la sociedad, de sus funciones y procedimientos de
organización, de la evolución de sus planes de inversiones, de la gestión
de los ingresos de explotación, de la gestión de personal y de la gestión
que se realizó a través de diversas empresas participadas.
Respecto al objetivo general, que fue la celebración de la Exposición
Universal, las directrices para su consecución se plasmaron en el plan
director que, aunque en su conjunto se considera adecuado, adoleció, a
juicio del Tribunal, de algunas deficiencias derivadas sobre todo de su
tardía aprobación --julio de 1987--, cinco años después de constituida la
sociedad, cuya actividad hasta esa fecha fue realmente escasa.
Respecto a las funciones y procedimientos de control establecidos por
Expo, se destaca de manera positiva la existencia de una unidad encargada
de tareas de auditoría interna y, de forma negativa, tanto el poco efecto
que al parecer
tuvieron las recomendaciones de esa unidad sobre la dirección de Expo
como el hecho de que, debido a procesos de reorganización ocurridos en
abril de 1992, las unidades surgidas no realizaron ya tareas de auditoría
interna, o al menos no se tiene constancia de que emitieran informe sobre
materias de ese tipo de auditoría, que hubieran sido especialmente
provechosas precisamente en el período de ejecución de la Exposición.
En relación con los planes de inversión elaborados por la sociedad como
herramienta propia de gestión, destaca por una parte un incremento
constante tanto de los costes totales que se prevén en cada actualización
del plan como de los costes efectivamente realizados y, por otra parte,
un deslizamiento temporal hacia adelante de las inversiones a realizar.
El efecto de lo anterior ha sido que, frente a una previsión total de
inversiones para la consecución de la Exposición, cifrada en el plan de
inversiones elaborado a 31 de diciembre de 1987 en 59.127 millones de
pesetas, se pasó a una realización total aproximada de 138.664 millones.
Asimismo, mientras que en las previsiones iniciales el grueso de la
ejecución de proyectos se distribuía entre los ejercicios 1989, 1990 y
1991, en la práctica la ejecución real se concentró principalmente en el
año 1991 y en los tres primeros meses de 1992. Se estima que esta
concentración pudo tener un doble efecto: la extensión de la contratación
directa como forma de agilizar los procesos de adjudicación y un relativo
encarecimiento de la contratación al realizarse en fechas en las que
existía una fuerte demanda de contratos de obra al coincidir con las
actividades preparatorias de las Olimpiadas de Barcelona.
En relación con la gestión de los ingresos propios de la explotación de
Expo, hay que señalar que estos ingresos proceden fundamentalmente de la
venta de entradas al recinto de la Exposición o a los diversos
espectáculos organizados con ocasión del evento, por un importe conjunto
de casi 50.000 millones de pesetas, además de las aportaciones de las
llamadas figuras comerciales por casi 42.000 millones de pesetas.
La venta de entradas al recinto, que importó más de 49.000 millones, se
comercializó en su práctica totalidad a través de una empresa a la que se
adjudicó directamente el contrato de comercialización. Esta empresa,
Sadexpo, fue constituida por tres bancos que, a su vez, fueron
patrocinadores oficiales de Expo. Sobre el encargo del suministro de
estas entradas y su posterior comercialización, el informe cita como
aspectos más relevantes, en primer lugar, la excesiva previsión del
número de visitantes a la Exposición, lo que originó que se encargara un
suministro de cerca de 33 millones de entradas, de las que sólo se
utilizaron 13 millones y medio y la dificultad para realizar
comprobaciones adecuadas sobre el correcto valor de las liquidaciones por
venta de entradas efectuadas por la empresa encargada de su
comercialización. Esas dificultades proceden de la falta de mecanismos
suficientes para el control por Expo de las entradas tanto vendidas como
sin vender. Las comprobaciones sobre ingresos por venta de entradas se
han hecho a través de la documentación existente en los archivos de Expo
y de los datos que figuran en el acta de destrucción de entradas, siendo
todos los datos congruentes entre sí. En relación con la venta de
entradas a espectáculos organizados en el transcurso de la Exposición,
destaca el déficit surgido, ya que frente a unos gastos de 6.640 millones
de pesetas, los ingresos no alcanzaron el 10 por ciento del importe.
Respecto a los ingresos por aportaciones de las denominadas figuras
comerciales, derechos de imagen sobre distintivos, denominaciones y
logotipos fundamentalmente, su comercialización se contrató con una
empresa extranjera a la que se abonaron porcentajes de comisión
significativos, entre el 20 y el 30 por ciento de la aportación necesaria
para adquirir el derecho de figura comercial, siendo el importe total de
las comisiones pagadas de 6.500 millones, aproximadamente. El informe
señala que si bien la idea de contratar un agente mundial exclusivo para
la captación de ingresos por figuras comerciales podría considerarse
aceptable, la gestión de dicho agente no parece conforme a lo previsible
según el contrato, ya que ni se desarrolló con carácter exclusivo --la
mayor parte de los contratos de figura comercial conseguidos no pueden
asociarse directa y exclusivamente a la gestión del agente-- ni tuvo el
ámbito geográfico mundial esperado, toda vez que los ingresos por estas
figuras provinieron en su práctica totalidad de empresas con domicilio
social en España. Además, no parece que Expo aplicará de manera efectiva
los medios de control sobre las operaciones de la adjudicataria previstos
en el contrato; de hecho, el nombramiento por Expo de un administrador en
el consejo de administración de la empresa española que representaba a la
adjudicataria extranjera ante Expo se considera que no fue operativo, ya
que no hay constancia de cuáles fueron las funciones que en la relación
con el contrato realizó la citada empresa española ni, en consecuencia,
cuál podría ser el control a ejercer sobre sus actividades. La
inactividad, a efectos del contrato, de la empresa española representante
parece confirmada por el tipo de relaciones que la adjudicataria mantuvo
con las autoridades fiscales españolas, ya que a efectos de su
tributación en España consideró que los rendimientos obtenidos de Expo se
generaron sin mediación de establecimiento permanente, lo que supone que
entendió que a la empresa española representante no le eran de aplicación
ninguna de las presunciones que sobre el concepto de establecimiento
permanente contenía el reglamento del Impuesto sobre Sociedades vigente
en el período. Con base en esta consideración y haciendo uso del convenio
de doble imposición entre España y el país de residencia de la
adjudicataria, ésta no tributo en nuestro país por los rendimientos
obtenidos de Expo.
En relación con la gestión de personal, el informe destaca el abono, en
el año 1992, de pagas extraordinarias por importe aproximado de 600
millones de pesetas, no previstas en el convenio colectivo, así como la
no retención por los importes que serían adecuados, conforme a la
legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las
indemnizaciones pagadas al personal con motivo de su cese.
Otro aspecto que se comenta en el informe es el del cese, con abono de
indemnización y posterior contratación inmediata, de 103 trabajadores.
Esta cuestión se plantea en
términos de coste de oportunidad, en el sentido de apuntar la falta --o
al menos la no aportación en trámite de alegaciones-- de fundamentos
suficientes, a partir de los cuales Agesa se decantó por una de las
opciones, cese y posterior contratación, en detrimento de otra, prórroga
de los contratos, ambas jurídicamente posibles.
Respecto a las actividades conexas a la Exposición Universal que se
realizaron a través de cinco empresas participadas por Expo, se señala
que ninguna de las cinco tuvo beneficios y que, además en una de ellas,
Crasa, se generaron grandes pérdidas para la Expo por más de 3.000
millones de pesetas. Crasa se constituyó en el año 1989 con el objeto
social de facilitar alojamiento a los participantes en la Exposición
Universal. En la fecha de su constitución, esta sociedad se subrogó unos
contratos suscritos anteriormente por Expo con diversas empresas de
hostelería, mediante las cuales se aseguraba --a precio cierto-- la
ocupación en fechas concretas de un determinado número de plazas de
habitación en hoteles. Las elevadas pérdidas de Crasa se considera que
proceden, básicamente, del desfase existente entre el número de clientes
conseguidos y el de plazas hoteleras previamente contratadas y pagadas,
desfase que pudo venir influenciado tanto por los precios a los que se
contrataron las habitaciones, excesivamente elevados, como por la
optimista estimación de la clientela personal de los participantes
oficiales, a que irían destinadas las habitaciones aseguradas en los
contratos suscritos por Expo. Por otra parte, se señala la anticipación
con que se suscribieron los contratos con las empresas hoteleras
--principios del año 1989--, que además hicieron sobre plazas de
habitación en hoteles, que en aquellas fechas se encontraban en proyecto
o en fase de construcción, por lo que el aseguramiento y pago anticipado
por la ocupación de sus habitaciones pudo colaborar a garantizar, de
alguna manera, su viabilidad económica futura.
El tercer apartado se refiere al cumplimiento de la planificación y
presupuestación. Se analizan en él el cumplimiento por Expo de la
planificación plurianual, los PAIF, y de los presupuestos anuales de
explotación y de capital exigidos a las sociedades estatales por el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria. En los PAIF se observa una
tendencia al incremento constante en las previsiones de inversión, que
además fueron ampliamente superadas por la realidad. Asimismo, respecto
a la evolución de los resultados que se prevén, hay una disminución del
optimismo que predominó en las previsiones de beneficios del PAIF del año
1990, que pasa a alcanzar previsiones más realistas, aunque no lo
suficiente en los PAIF de los años 1991 y 1992.
Respecto a los presupuestos de explotación y de capital, el informe
señala importantes diferencias entre las cifras presupuestadas y las
reales. Así, los gastos de explotación efectivos alcanzaron en todos los
años unos valores muy por encima de los previstos, con diferencias que
además siguieron una tendencia creciente. La única excepción la
constituye el ejercicio 1992, en el que los gastos efectivos fueron
inferiores en 7.025 millones de pesetas a los previstos, y ello como
consecuencia de una reducción drástica de las dotaciones a la
amortización presupuestadas, que fueron de 57.498 millones, en tanto que
en la cuenta de pérdidas y ganancias la dotación efectivamente aplicada
fue de 7.408 millones. Los ingresos de explotación efectivos, en general,
superaron a los previstos, aunque no en cuantía suficiente para absorber
las diferencias con los gastos, lo que ocasionó pérdidas no previstas.
Las inversiones previstas en los presupuestos de capital fueron
ampliamente superadas por las realizaciones. El exceso de inversiones se
financió con recursos a corto plazo, fundamentalmente préstamos
bancarios, lo que originó fuertes reducciones en el capital circulante de
Expo que, a 31 de diciembre de 1992, era negativo por importe de 85.439
millones de pesetas.
El cuarto apartado del informe de Expo se refiere a las actividades y
procedimientos contractuales. En él se examina el cumplimiento de la
normativa establecida por Expo para la contratación de las obras en
infraestructuras y edificios ubicados en el recinto de la Exposición, así
como para la adquisición de suministros y servicios necesarios. Gran
parte de la actividad de Expo se realizó a través de contratos con
terceros, alcanzando un número aproximado de 3.120 contratos, de los
cuales 1.220 corresponden a obras, y 1.900 a suministros y servicios.
Expo redactó en el año 1987 su propio manual de contratación inspirado,
fundamentalmente, en la legislación de contratos del Estado vigente en
aquellas fechas. El manual de contratación prevé, básicamente, dos
sistemas, uno de concurrencia pública, que implica publicidad mediante
anuncios en prensa de la convocatoria, y otro de contratación directa. El
procedimiento de concurso se define en el manual como el régimen
ordinario de contratación, reservando la posibilidad de utilizar la
contratación directa en supuestos similares a los establecidos en la Ley
y Reglamento de Contratos del Estado, exceptuando el hecho de que el
manual prevé la utilización de esta contratación en obras de presupuesto
inferior a 100 millones de pesetas. Sin embargo, el informe indica que
frente a la previsión de que el concurso fuese la fórmula ordinaria de
contratación, la realidad ha sido que este sistema sólo se aplicó con
carácter extraordinario, ya que para presupuestos menores de 100
millones, con excepción de cuatro contratos, el resto se adjudicó
directamente, sistema que también se utilizó en los contratos de
presupuestos superiores a dicha cifra, en un 42 por ciento de los
contratos. En estos últimos, si bien hasta el año 1990 predomina la
fórmula del concurso, al final del período 1991-1992 la contratación
directa se convierte en habitual, justificándola en los supuestos
previstos para este tipo de adjudicación, que básicamente son: la
creciente urgencia de las obras y la ejecución de obras complementarias
de otras ya contratadas con anterioridad.
Se produjeron fuertes desviaciones en los costes previstos para las obras
cuya liquidación ha resultado muy superior a los presupuestos
inicialmente contratados. En concreto para las obras con presupuesto
inicial de más de 100 millones de pesetas la liquidación fue superior en
un 41 por ciento al precio inicial --hablo de medias--. Parte de las
modificaciones de los contratos que originaron las desviaciones citadas
fueron autorizadas por el órgano de contratación de la sociedad, que era
el consejero delegado, una
vez ejecutadas las obras que daban lugar al presupuesto modificado. Esta
forma de actuar se produjo a partir del mes de abril del año 1990, fecha
en la que con objeto de agilizar la ejecución de las obras se acordó por
el consejero delegado de Expo que la autorización escrita para
modificaciones superiores al 20 por ciento del presupuesto inicial
pudiera demorarse hasta el momento del acta de aprobación de la
liquidación provisional de la obra.
Respecto a los contratos de suministros y servicios, Expo redactó en el
año 1987 su propia norma de contratación, que fue sustituida por otra
distinta en el año 1990. El sistema predominante fue el de adjudicación
directa; así el 88 por ciento de este tipo de contratos se realizó por el
procedimiento directo.
El quinto y último apartado analiza el efecto de la constitución de
Cartuja 93 y de la modificación, en abril del mismo año, del objeto y
razón social de Expo 92. En el año 1985 se firmó un convenio marco de
colaboración entre la Junta de Andalucía, Expo y el Ayuntamiento de
Sevilla, mediante el cual la Junta se comprometía a facilitar a Expo los
terrenos de la Isla de la Cartuja para la celebración de la Exposición
Universal. La estipulación novena de dicho convenio prevé la constitución
de una sociedad anónima para la gestión de los terrenos,
infraestructuras, edificaciones e instalaciones remanentes de la
Exposición Universal, así como para la realización de las actividades
necesarias para dinamizar el conjunto de iniciativas que se acogiesen en
el recinto de La Cartuja.
En ejecución de la estipulación citada, en octubre del año 1991 se
constituyó Cartuja 93 como sociedad estatal, con el 51 por ciento de
capital del Estado. De la lectura del objeto social que figuraba en sus
estatutos iniciales se desprende con claridad la función que se le asignó
como sucesora de Expo. Por ello el consejo de administración de Expo
acordó, en octubre de 1992, otorgar a Cartuja 93 poder bastante para
gestionar, ceder, enajenar, arrendar y, en general, para ejercitar
cualquier acto de disposición, gravamen y administración de bienes y
derechos de su titularidad que vayan a permanecer en la Isla de la
Cartuja tras la clausura de la Exposición Sevilla 92, así como respecto
de los derechos de superficie y propiedades superficiarias que igualmente
sean de su titularidad.
El Real Decreto 135, de 26 de enero de 1993, de acuerdo con lo previsto
en los estatutos sociales de Expo, dispuso la disolución de la sociedad.
Sin embargo Expo no llegó a su liquidación porque otro Real Decreto, de
2 de abril de 1993, derogó la disposición anterior, de manera que la
sociedad continuó con una nueva denominación social, Agesa, y con el fin
social de seguir gestionando sus bienes y derechos propios, así como los
procedentes de otras sociedades estatales creadas con motivo de los actos
conmemorativos de 1992.
La nueva actividad de la sociedad Expo, al modificar su razón social a
través de Agesa, supuso la entrada en competencia con la otra sociedad
estatal, Cartuja 93, creada para fines básicamente análogos, lo que
obligó, por una parte, a modificar el apoderamiento concedido a esta
sociedad por Expo en octubre de 1992, que quedó fuertemente restringido
y, por otra parte, a modificar el objeto social de Cartuja 93, con el fin
de reducir sus competencias iniciales. En el año 1994, por acuerdo del
Consejo de Ministros, se autorizó la venta parcial de las acciones de
Cartuja 93, cuya composición de capital social pasó a ser de la Junta de
Andalucía, que actualmente tiene el 51 por ciento de la sociedad; la
Dirección General del Patrimonio del Estado, un 34 por ciento; el
Ayuntamiento de Sevilla, un 10 por ciento y la Diputación Provincial de
Sevilla el 5 por ciento restante.
En cuanto a la sociedad estatal Pabellón de España, Sociedad Anónima,
quisiera indicar que la sociedad fue constituida en enero del año 1990,
previa autorización del Consejo de Ministros, de fecha 22 de diciembre
del año anterior, para el cumplimiento de los objetivos marcados a la
sección española en la Expo, atendiendo a razones de rapidez,
flexibilidad y operatividad de su funcionamiento. De acuerdo con sus
estatutos, el objeto social de Pabellón de España, Sociedad Anónima, era
la preparación, organización, gestión y ejecución de todas las
actividades relacionadas con la participación de la sección española en
la Expo. Las condiciones específicas de la participación se determinan en
el contrato de participación celebrado con Expo el 19 de abril de 1992,
y en el reglamento general y los reglamentos especiales de la Exposición.
El objetivo de la fiscalización de la sociedad fue el análisis global de
la gestión administrativa de la sociedad, desde su creación hasta el 31
de diciembre de 1992. En cumplimiento de este objetivo se ha analizado la
contratación y ejecución de las obras e instalaciones del edificio sede
del pabellón de España y de los principales suministros y servicios
contratados por la sociedad en los ejercicios 1990, 1991 y 1992. También
se han examinado los gastos de personal incurridos por la sociedad en el
período fiscalizado, y se ha analizado la situación
financiero-patrimonial a 31 de diciembre de 1992.
Como conclusiones más relevantes de la fiscalización destacan las
siguientes. En relación con la contratación de obras y suministros, la
sociedad observó, en general, los principios de publicidad y concurrencia
a los que se refiere la disposición transitoria segunda del reglamento de
Contratos del Estado. La sociedad elaboró sus cuentas anuales a 31 de
diciembre de 1992, de acuerdo con el principio de empresa en
funcionamiento. En consecuencia el inmovilizado material, que
representaba aproximadamente el 75 por ciento de los activos registrados
a esa fecha, estaba valorado a su coste de adquisición, coste que resultó
notablemente superior al valor por el que dicho inmovilizado se
transmitió a Agesa. En este aspecto, las cuentas anuales, a 31 de
diciembre de 1992, no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la sociedad estatal. Debido a que la mayor parte
de las actividades desarrolladas por Pabellón de España, en cumplimiento
de su objetivo social, tuvieron una finalidad representativa o expositiva
sin contenido económico, al ser la sociedad estatal Expo 92 la
beneficiaria del precio pagado por los visitantes, los ingresos de la
sociedad se limitaron a los derivados de actividades complementarias,
procediendo la mayor parte de los recursos necesarios para el desarrollo
de sus actividades sociales de aportaciones sucesivas a su capital
social efectuadas por su único accionista, la Dirección General de
Patrimonio del Estado.
Como consecuencia de los resultados acumulados a 31 de diciembre de 1992,
la sociedad estaba incursa en causa de disolución, conforme a lo
estipulado en la Ley de Sociedades Anónimas, pese a lo cual, ya que la
sociedad había dado término a las actividades para las que fue creada, al
cierre de los trabajos de fiscalización la junta general de la sociedad
no había adoptado acuerdo de disolución, limitándose con fecha 3 de mayo
de 1993 a acordar el cese de su consejo de administración y a designar a
Agesa administrador único de la sociedad.
La sociedad Infraestructuras y Equipamientos Hispalenses (Infesa) es una
sociedad estatal, participada por el Estado en un 85 por ciento, y por el
Ayuntamiento de Sevilla en un 15 por ciento, cuyo objeto social es la
obtención, gestión y aplicación de la financiación necesaria para
completar el régimen financiero de las inversiones a efectuar, o
efectuadas, por el Ayuntamiento de Sevilla, en relación con las obras de
infraestructura y equipamiento vinculadas a la celebración de la Expo 92.
La sociedad se constituyó en marzo de 1991, y tiene prevista su vigencia
hasta el año 2001. La fiscalización tuvo como ámbito temporal los
ejercicios 1991 y 1992. Las conclusiones a las que se ha llegado son
tres. En primer lugar, la sociedad estatal Infesa ha cumplido la
legalidad vigente en la gestión de sus recursos y en el desarrollo de sus
operaciones durante los ejercicios 1991 y 1992. En segundo lugar, las
cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 1991 y
1992 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera, de sus resultados y de los
resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 1992, el período comprendido entre el 11 de marzo de
1991, fecha de su constitución, y el 31 de diciembre de 1991. Contienen
la información necesaria y suficiente para su interpretación y
comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables,
generalmente aceptados, y aplicados uniformemente.
En tercer lugar, habiendo cumplido la sociedad su objeto de financiar las
obras del Ayuntamiento de Sevilla, vinculadas a la Exposición Universal,
y restando únicamente la realización de las actividades relacionadas con
el pago de los futuros vencimientos del crédito, no parece justificada su
subsistencia hasta el 11 de marzo del año 2001, en que habría de concluir
su vigencia de acuerdo con la duración fijada en sus estatutos.
El quinto y último informe incorporado es el de sociedad estatal
Tele-Expo, S. A., constituida como sociedad el 11 de enero de 1991,
participando en su capital inicial los siguientes socios: Ente Público
Radiotelevisión Española, con un 40 por ciento; Expo 92, con un 40 por
ciento, y Canal Sur Televisión, con un 20 por ciento restante. Estos
porcentajes de participación se modificaron posteriormente, tras una
ampliación de capital.
El objetivo de la fiscalización fue analizar la gestión desarrollada por
la sociedad, desde su constitución hasta la disolución y liquidación,
para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y evaluar los
estados financieros. El período considerado abarcó desde la fecha de
constitución, el 11 de enero de 1991, hasta la aprobación del balance
final, el 31 de marzo de 1993, así como algunas operaciones posteriores.
Cuestiones de interés a fiscalizar eran la composición del inmovilizado,
el análisis cualitativo y cuantitativo de los deudores de la sociedad y
las aportaciones de los socios al capital y obligaciones accesorias. La
fiscalización tuvo dos importantes limitaciones: una, la propia situación
de la sociedad en liquidación, sin ningún personal en nómina cuando se
desarrolló aquélla; y dos, la inexistencia de contabilidad analítica, que
impidió conocer el valor de la producción realizada por la sociedad
durante su funcionamiento. Un valor estimado de esta producción se pudo
alcanzar a través de los datos que figuran en los expedientes sobre
liquidación final del presupuesto de realización, junto al soporte
documental de las facturas, aunque hubo que añadirles otros costes no
reflejados, como los del personal de Tele-Expo y los consumos de cintas.
Respecto a la fiscalización, las conclusiones son que, como consecuencia
de la actualización fiscalizadora, se estimó que los estados financieros
de la sociedad relativos al ejercicio 1992 --ya en período liquidatorio
desde noviembre del mismo año-- y el balance final al 31 de marzo de
1993, no eran representativos ni representaban la imagen fiel de la
sociedad y de su situación económico-patrimonial. Estos estados
modificaron la consideración contable de los derechos de televisión
pagados por la sociedad, que en el ejercicio de 1991 habían sido
reconocidos como gastos, al haberse indicado que las imágenes perderían
valor una vez concluido el evento. Sin embargo, en el ejercicio de 1992
se activaron dichos gastos y también los de producción, cuando la
sociedad ya estaba en liquidación, y al mismo tiempo se revalorizaron, en
más de un cien por cien, los productos valorados, respecto al coste neto
de la suma de los derechos de propiedad intelectual adquiridos, y los
costes de producción. Esta revalorización de activos no se correspondía
ni con la viabilidad de explotación de las producciones ni con los
ingresos obtenidos en las cesiones de los derechos durante la vigencia de
la sociedad. Tampoco existió ningún informe realizado por agente
independiente que pudiera justificar, por otro lado, dicha
revalorización.
La sociedad no recogió en cuentas de existencias el valor de las 28.677
cintas de vídeo no vendidas, que se hallaban en depósito de la
distribuidora, por un importe de más de seis millones de pesetas. Además,
se produjeron incumplimientos fiscales: por no repercutir el IVA a Canal
Sur en una factura de 104 millones; por no practicar correctamente las
retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en las
indemnizaciones pagadas al personal, por rescisión y vencimiento de
contratos laborales, y por omisión de algunos ingresos a cuenta en el
mismo impuesto, en las retribuciones en especie, modalidad de vivienda.
Todas estas cuestiones, junto a otros defectos menores, afectan a los
resultados de la sociedad, de tal manera que las pérdidas de 4,4 millones
que presenta la sociedad a 31 de marzo de 1993 se estima deberían ser de
unos 391 millones,
sin que, sin perjuicio de que si se hubiera justificado suficientemente,
algunos productos pudieran haber sido revalorizados en el período
liquidatorio, con abono a una cuenta de reservas.
Las relaciones de los tres socios, Ente Público Radiotelevisión Española,
con un 43,75 por ciento; sociedad estatal para la Exposición de Sevilla,
con un 43,75 por ciento, y Canal Sur, con un 12,5 por ciento, con
Tele-Expo, fueron tan importantes como lo demuestra el volumen de
operaciones de la cuenta de clientes durante el ejercicio, ya que el 90
por ciento del total correspondió a dichos socios. Por lo que respecta a
la cuenta acreedores por prestaciones de servicios, el saldo conjunto de
los tres socios se sitúa alrededor del 60 por ciento. Al 31 de marzo de
1993, no existían prácticamente saldos deudores y acreedores de los tres
socios con Tele-Expo. El capital aportado fue de 800 millones de pesetas,
distribuidos de la forma determinada anteriormente. También existían
prestaciones accesorias, extraestatutarias, distintas a las consideradas
por la Ley de Sociedades Anónimas, algunas de las cuales dieron origen a
controversia, sobre todo el volumen de los derechos que Expo 92 se había
comprometido a aportar, pero que luego resultó no disponer de ellos.
Igualmente, Canal Sur no pudo aportar el personal comprometido, aunque
ello dio lugar a una novación contractual por la que Tele-Expo contrató
dicho personal y, posteriormente, fue facturado a Canal Sur. No obstante
las limitaciones existentes, puede indicarse que las aportaciones
accesorias, extraestatutarias, de los tres socios pudieron situarse entre
2.000 y 2.200 millones de pesetas. Por lo tanto, el esfuerzo económico
total del conjunto de los socios estaría en torno a los 3.000 millones de
pesetas.
Una vez efectuada la síntesis de los principales resultados de
fiscalización de cada una de las cinco sociedades estatales, sólo me
resta indicar que de los trece miembros del pleno del Tribunal, dos
votaron en contra del informe y que, según lo previsto en el artículo 5.2
de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se adjuntan los
votos particulares de ambos, en los que se recogen los motivos que
justifican el sentido de su voto. Asimismo, conforme prevé el artículo
44.4 de la citada Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se
acompañan al informe cuantas alegaciones han sido formuladas por las
personas o entidades fiscalizadas. Las incidencias fiscales relativas a
las fiscalizaciones del V Centenario, Expo 92 y Tele-Expo fueron
comunicadas, el 24 de octubre de 1997, al presidente de la Agencia
Estatal Tributaria.
Por el momento esto es todo, de mi intervención, y quedo a su
disposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
Corresponde ahora a los diferentes grupos parlamentarios, de acuerdo con
el artículo 203, fijar posiciones, pedir aclaraciones, hacer
observaciones y formular preguntas respecto al informe realizado por la
presidenta. Como todas SS. SS. saben, el orden de intervención será de
mayor a menor, cerrando el grupo parlamentario que da soporte al
Gobierno, que es el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don
Sergio Moreno Monrove.
El señor MORENO MONROVE: Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, le
doy la bienvenida, en nombre de mi grupo, a esta Comisión Mixta, que
tiene por objeto presentar, como es habitual --como en tantas otras
ocasiones y con toda la normalidad reglamentaria--, el acuerdo del pleno
del Tribunal de Cuentas sobre un informe de fiscalización. Por lo tanto,
bienvenida a esta Comisión. Pero, antes de nada, mi grupo quisiera
constatar que esta presentación del informe por parte de la presidenta
del Tribuna de Cuentas viene precedida por una tremenda urgencia
--urgencia que planteó mi grupo y que fue asumida por el resto de los
grupos de la Cámara--, que hoy se convierte en una sesión de la Comisión
normalizada desde el punto de vista reglamentario. Mi grupo consideró que
la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas se tenía que
producir de manera tremendamente urgente, por varias razones.
En primer lugar, porque el Partido Popular, antes de que el informe
estuviera en las Cortes, profirió gravísimas imputaciones y calumnias al
Partido Socialista, del orden de: en esta ocasión tendrán que devolver el
dinero respecto de lo que el Tribunal de Cuentas estima como pérdidas
contables o resultados de un balance económico. (Risas.)
En segundo lugar, porque ha tenido el propio Tribunal de Cuentas la
necesidad de intervenir públicamente para situar las cosas en su justo
lugar antes de esta comparecencia.
Y, en tercer lugar, porque el PSOE, nuestro grupo parlamentario, tiene la
necesidad de que aflore la verdad, exigir la retirada de las calumnias
que se han proferido, situar el debate, como tantos otros, en la Comisión
Mixta sobre el propio informe del Tribunal de Cuentas, no sobre
manipulaciones torcidas e interesadas que han estado haciendo los
representantes del Partido Popular, haciendo decir al Tribunal de Cuentas
lo que no dice. También para permitir un debate sereno sobre algo que es
importante, y desde luego, para poner en su contexto a la Expo 92 y poner
de relieve el valor de la Expo 92, le pese a quien le pese.
¿Alguien pone en duda a estas alturas que la Expo fue una actuación
extraordinaria de toda la sociedad española y, por tanto, del prestigio
que supuso para España como país avanzado económica y tecnológicamente?
Señorías, nadie pone en duda ya que la Expo sirvió también como motor
decisivo en el desarrollo de Andalucía (El señor Jordano Salinas: No
tiene nada que ver.--Algunos señores diputados: Muy bien, muy
bien.--Rumores) con inversiones en infraestructuras, corrigiendo
desequilibrios territoriales: el AVE, la capacidad hotelera, la
ordenación de su territorio urbano, la consolidación de un área de
futuro, la creación de muchas nuevas empresas y nuevos centros de
trabajo. (El señor Martínez-Villaseñor García: Eso no está en el
informe.)
Señor presidente, ¿es que el prestigio de tener aquí a los mandatarios
del mundo entero, la proyección internacional de España como país
moderno, avanzado y capaz, pueden medirse sólo en términos de pérdidas
contables, como quiere hacer entender el Partido Popular, utilizando y
manipulando
el informe del Tribunal de Cuentas (El señor Martínez-Villaseñor García:
La tela marinera.--Rumores.), informe que sólo muestra diferencias y
discrepancias técnicas de criterios contables como acabamos de escuchar
a la presidenta del Tribunal de Cuentas?
Las pérdidas contables reflejadas, señor presidente, utilizando el
criterio contable de la Expo, no pueden ser calificadas políticamente más
que en su contexto. El propio Tribunal así lo expresa en su resumen de
valoración global. ¿Cómo valoramos el resto de los beneficios? ¿Deberían,
según este criterio, cuantificar económicamente o valorar sólo
contablemente, por ejemplo, las cuentas de la organización en España de
la Conferencia de Seguridad o la cumbre de la OTAN? (Un señor diputado:
Ahí, ahí.)
¿Es necesario recordar aquí de nuevo el intento del Partido Popular desde
el comienzo de descalificar proyectos sólo porque los hacía el PSOE,
como, por ejemplo, el AVE? (Varios señores diputados: Muy bien, muy
bien.) ¿Es necesario recordar de nuevo que al principio, allá por el
comienzo de los años ochenta, no sabíamos qué hacer con la Expo? Después
se decía que no se haría a tiempo; posteriormente, que no habría
visitantes; y ahora, para remate, se pone en marcha una campaña de
difamación sobre las cuentas de la Expo.
Señora presidenta, quiero manifestarle ya, en este nuevo apartado de mi
intervención, que el informe del Tribunal de Cuentas, como siempre, tiene
una alta valoración por parte de mi grupo parlamentario. Es exhaustivo,
es riguroso, es completo. Sé que el Tribunal de Cuentas ha dedicado mucho
tiempo a él y nos complace decir que, una vez que el alto Tribunal
fiscalizador del país ha emitido su informe, a los grupos políticos nos
queda emitir nuestras opiniones sobre criterios que pueden ser
discutibles en términos contables y doctrinales; solicitar aclaraciones
en forma de preguntas a usted, señora presidenta; y, finalmente, si lo
consideramos conveniente, proponer resoluciones en función del contenido
del propio informe.
En esta ocasión estamos convencidos de las interpretaciones torcidas y
manipuladas que del propio informe se han realizado desde el Partido
Popular (La señora Fernández González: no es verdad), y por eso mi grupo
siente la necesidad de comentar algunos de los aspectos más relevantes
del propio informe y formular algunas preguntas sobre esos temas que se
han usado para manipular el informe y para difamar.
Del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de la Expo no se
desprende ni rastro de desviación de dinero público; no falta, pues, ni
una peseta; no hay, por tanto, fraude ni agujero alguno. Eso lo dice el
Tribunal de Cuentas, eso lo decimos nosotros; ésa es la verdad, y eso es
lo que el Partido Popular ha tratado de poner en cuestión calumniando.
(Rumores.) Dicho lo anterior, las manifestaciones de dirigentes del
Partido Popular sobre que tendrán que devolver el dinero forman parte de
un intento de difamar al PSOE, y representa un ejercicio de cinismo
impresionante y de manipulación consciente con el objetivo de calumniar.
Han pretendido convertir discrepancia contable en sinónimo de desviación
de dinero público. (Rumores.)
El Tribunal de Cuentas advierte que se pronuncia sobre las cuentas de la
Expo, pero no valora si los eventuales efectos positivos de la Expo
(infraestructuras, imagen exterior, rentabilidad social y económica)
justifican o no los recursos aplicados o las pérdidas de la sociedad
fiscalizada. El informe señala, a modo de resumen general, que aunque
Expo 92 alcanzó de forma satisfactoria el objetivo general para el que
fue creada, los procedimientos de gestión adolecieron de importantes
deficiencias que repercutieron negativamente en los resultados de la
sociedad.
A partir de esta valoración general que hace el Tribunal forma parte de
lo opinable, de lo debatible y de lo discutible si en el contexto
especialmente extraordinario en que se celebra una exposición universal
se justifican los recursos empleados y, por tanto, si pudo ser más
eficiente alcanzando los mismos objetivos. En este sentido, señora
presidenta, le quiero formular la primera de mis pocas preguntas: ¿Es
cierto que el informe de fiscalización del Tribunal se limita, para hacer
sus análisis de eficiencia y economía, al saldo de la cuenta de
resultados, sin entrar a valorar posibles efectos de orden
económico-social de imagen, de dinamización económica, etcétera? (Un
señor diputado: es una pregunta muy difícil.) ¿Es cierto que Expo ha sido
fiscalizada como cualquier otra empresa sin entrar el Tribunal a
considerar o valorar efectos externos a los de la propia empresa
reflejados en sus cuentas?
Los elementos más destacados que en forma de salvedades establece el
tribunal, y que han originado gran parte del debate actual, son los
siguientes: respecto de desviación de dinero público, es rotundamente
falso y calumnioso. El informe del Tribunal de Cuentas no señala en
ningún momento ninguna presunta desviación de fondos, fraude, alcance,
etcétera. La prueba rotunda, además, de la lectura del informe es que la
ley establece el informe obligatorio del fiscal y del abogado del Estado
--lo ha dicho antes la señora presidenta--, representantes de la
legalidad y de los intereses públicos.
En ninguno de los dos informes se denuncia ningún alcance,
responsabilidad contable o desviación de fondos, sólo hay una petición de
apertura de una investigación sobre la pertinencia del pago de unas
indemnizaciones. En ese caso habrá que esperar al resultado final de esa
investigación para poder pronunciarse sobre ellas y, en esa línea,
quisiera hacerle a la señora presidenta alguna pregunta. ¿Pone el informe
de manifiesto algún supuesto de alcance, responsabilidad o desviación de
fondos? ¿Es cierto que si el Tribunal de Cuentas no lo pone de manifiesto
es porque no lo ha encontrado, porque si lo hubiese detectado lo hubiera
señalado como es doctrina y práctica del Tribunal de Cuentas? ¿Nos podría
explicar cuál es la razón de petición de pieza separada por parte del
fiscal? Además, señora presidenta, ¿podría explicarnos cuál es el trámite
previsto y en el que se encuentra actualmente dicha petición del fiscal?
Se ha tratado de lanzar ante la opinión pública la idea de
obstruccionismo. Es totalmente falso. El Tribunal de Cuentas reconoce que
ha dispuesto de toda la documentación necesaria para realizar su labor.
No podía ser de otra manera en una empresa pública que está sometida a un
triple control: del Tribunal de Cuentas, de la Intervención
General de la Administración del Estado y de los auditores privados.
Además, el propio Tribunal de Cuentas señala que pudo producirse una
cierta dilación en la forma en que se realizaron los contactos,
fundamentalmente por escrito, al existir dificultades para acceder al
archivo óptico inutilizado. Sin embargo, esto no le impidió al Tribunal
realizar su trabajo al haber podido acceder a toda la documentación,
según consta en la página número cinco del informe y, además, no dice en
ningún momento que existiera en el archivo óptico información distinta de
la analizada en soporte papel.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas siempre tuvo a su disposición los
discos donde estaba almacenada toda la información. Sólo la ausencia de
información pudo haber constituido una limitación de alcance sobre el
objetivo de fiscalización, y esto es más que evidente en el informe del
Tribunal de Cuentas. De todas formas, quisiera preguntar a la presidenta
del Tribunal también sobre este aspecto. ¿La fiscalización del Tribunal
de Cuentas ha encontrado limitación a su trabajo al no disponer de alguna
documentación? De haber existido la limitación de ese tipo, ¿el informe
lo hubiera hecho constar explícitamente?
Respecto de los asuntos ligados a la contabilidad, se ha transmitido una
imagen de deliberada manipulación contable con finalidad de ocultamiento;
es absolutamente falso. El informe del Tribunal de Cuentas no califica en
ningún momento de ilegal la contabilidad de Expo, ni utiliza el término
de manipulación, ocultamiento artificioso u otros similares que den pie
a esa falsa imputación. El informe del Tribunal de Cuentas estima que
determinados criterios contables utilizados en la Expo no son los más
adecuados para expresar fielmente su imagen patrimonial y sus resultados,
de acuerdo con los criterios del propio Tribunal y con la interpretación
que hace del principio de prudencia.
Ahora bien, los criterios contables aplicados por Expo se encuentran
recogidos en sus memorias. Se han aplicado siguiendo el consejo de la
Intervención General de la Administración del Estado y no ha recibido
ninguna salvedad del auditor privado, de la empresa Price Waterhouse. No
hay ocultamiento ni manipulación sino, como bien ha dicho también la
señora presidenta, discrepancias basadas en argumentos de autoridad, que
si bien el Tribunal de Cuentas no comparte no son gratuitos ni unánimes,
como pone de manifiesto el hecho de que haya habido dos votos
particulares.
El punto central en este apartado de la fiscalización es la posibilidad
de no considerar las cuentas como relativas a un ejercicio plurianual, y
de ello se desprenden unos resultados contables diferentes de los que se
obtendrían probablemente con el otro criterio, al menos en lo que
respecta a las amortizaciones, como bien ha dicho la presidenta del
Tribunal.
En opinión de los responsables de Expo, contrastadas con grandes expertos
en el tema, si hay un tipo de empresa que pueda considerar sus cuentas
como relativas a un ejercicio plurianual es Expo 92, dada su condición de
evento excepcional, irrepetible, con una fecha de comienzo y final y en
la que todas las actividades desarrolladas desde su inicio fueron
encaminadas y preparadas para la celebración durante seis meses de una
actividad expositiva. Esta formulación de cuentas plurianuales, lo digo
solamente a título informativo, fue la utilizada en la Expo de Vancouver
de 1986, hace poco tiempo. Así lo entendió el consejo de administración,
así se desprendió de los diferentes dictámenes de catedráticos y de la
empresa auditora de Expo 92, Price Waterhouse. En este apartado también
quiero formular a la señora presidenta alguna pregunta: ¿En algún punto
califica el informe la contabilidad de Expo como ilegal? Así ha aparecido
en muchos medios de comunicación días antes de que el informe estuviera
en la Cámara. Si hubiera sido ilegal, ¿el informe lo hubiera calificado
así explícitamente? ¿En algún punto menciona el informe la existencia de
artificios contables? De haberlo detectado, ¿el informe lo hubiera
señalado explícitamente?
Y paso, señor presidente, a los ajustes contables en términos de cuenta
de gasto de la Expo. En primer lugar, quería decir que la contabilidad de
la Expo reconoce, expone y presenta que en el conjunto de años en que se
preparó y realizó la Expo, por lo tanto fundamentalmente desde 1988 hasta
1992, aunque también hay algún tiempo previo, se acumularon pérdidas por
importe de 5.300 millones de pesetas. Por lo tanto, la propia Expo, en la
documentación que envía al Tribunal, presenta un resultado acumulado de
esos años de 5.300 millones de pesetas de pérdidas contables. El informe
del Tribunal, después de realizar unos ajustes, eleva estas pérdidas a
35.000 millones de pesetas. En relación con estas pérdidas, nos gustaría
señalar lo siguiente: son producto de ajustes del Tribunal, por
aplicación de criterios contables distintos; no son, por tanto, producto
del descubrimiento de ocultación alguna. La identificación de pérdidas
contables con agujeros, desviaciones, despilfarros, etcétera, es una
interpretación burda y manipuladora que se hace del informe del Tribunal
de Cuentas, que el propio Tribunal lógicamente no hace. El Tribunal
explica perfectamente en su informe el origen de estos ajustes sobre la
base de sus propios criterios. El dinero está, el dinero no ha
desaparecido (Rumores), está contabilizado inadecuadamente en opinión del
Tribunal de Cuentas (Continúan los rumores).
Expo llega a esos resultados no de forma gratuita o irresponsable, sino
a partir de una recomendación de la Intervención General del Estado, que
es aceptada por Price Waterhouse y por el registrador en el que se
depositan las cuentas.
Los criterios contables de Expo, por lo tanto, pueden ser discutidos por
el Tribunal de Cuentas, como bien ha dicho antes la presidenta cuando ha
hablado de diferencia de criterios contables lógicos entre auditor
privado y auditor público, en infinidad de ocasiones, y SS. SS. lo saben.
Pero los criterios contables de Expo no son ni ilegales ni arbitrarios ni
descabellados y, además, son compartidos por algunos miembros del
Tribunal.
El calificar, por otra parte, el volumen de pérdidas de ruinoso es
absolutamente subjetivo (Rumores). Expo fue una operación muy singular,
que admite mal su concepción en términos de resultados sólo contables,
como cualquier empresa, pues su motivación, objetivos, finalidades,
etcétera, iban mucho más allá de la mera cuenta de resultados.
Como valorar, como decía antes, los beneficios de imagen, inversiones,
urbanísticos y de todo orden que indiscutiblemente supuso la Expo. ¿Cómo
se pone eso en relación con los resultados contables? El informe del
Tribunal de Cuentas, como dice claramente, se circunscribe a los aspectos
contables y mercantiles, sin entrar deliberadamente a analizar ningún
otro beneficio ni poner en relación esos resultados contables con ninguno
de los otros elementos que cualitativamente sí sabemos que tenemos que
valorar y que indudablemente supuso la Expo.
En este sentido, señora presidenta, mi grupo quisiera hacerle una
pregunta. ¿Las pérdidas contables que refleja el informe del Tribunal de
Cuentas son fruto de ocultación de datos? Si lo fueran, ¿el informe lo
habría hecho constar explícitamente? Aunque sé que el concepto de agujero
no es un término contablemente correcto, señora presidenta, si se
entiende por agujero lo que parece entenderse vulgarmente, es decir, unas
pérdidas que estaban ocultas porque no se desprendían de la propia
contabilidad, sino que para llegar a ellas deberían conocerse nuevos
datos deliberadamente ocultos, ¿diría usted que eso es lo que ha ocurrido
con las pérdidas de la Expo? ¿Diría usted que eso es lo que debe
deducirse del informe? (Rumores.--Una señora diputada: Eso es lo que os
gustaría.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Moreno, agradecería que vaya concluyendo, ya
que esta Presidencia ha sido muy generosa con los tiempos.
El señor MORENO MONROVE: Le agradezco tremendamente la generosidad al
presidente. Creo que no me queda mucho. Le agradecería que, dado lo que
considero una situación bastante excepcional, pudiera concluir mi
intervención en el espacio de pocos minutos.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceremos, señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Se ha dicho por ahí que se destruyeron entradas
quemándolas (Rumores.), como si de una barbaridad muy grande se tratara.
Señorías, en febrero de 1994, más de un año después de acabada la Expo,
se destruyeron las entradas sobrantes, no utilizadas, pues no tenía
sentido su conservación, ni es legalmente obligatoria. Esto se hace,
además, tras consultar a la Dirección General de Patrimonio y a la
Intervención General del Estado, y se levanta acta de esa destrucción, a
la que tiene acceso el Tribunal de Cuentas.
Todos estos extremos que estoy diciendo están recogidos por el informe,
que, además, reconoce que no era obligatorio comunicar al Tribunal de
Cuentas la destrucción, pero que disponer de esas entradas hubiese
posibilitado una base técnicamente más sólida que la documental aportada
por el acta. (Un señor diputado: Claro.) Se ha hecho políticamente una
falaz interpretación del informe, haciéndole decir lo que no dice,
distorsionando un hecho habitual (destrucción de documentación no
necesaria en cualquier empresa), haciendo una utilización colorista del
lenguaje (se quemaron), ocultando que el proceso fue plenamente legal y
totalmente documentado. Quiero recordar a SS. SS., en relación con el
número de entradas sobrantes, que había 10.000 puntos de venta de
entradas de la Expo en el mundo entero, que parecía bastante razonabale
que se evitara un gran número de ellas. Eso parecía bastante más
razonable que se hubiera producido el terrible acontecimiento de que, en
10.000 puntos de venta de todo el mundo, durante varios años, hubiera
llegado un momento en que no hubiera entradas de la Expo. ¿Qué hubiera
ocurrido entonces? (Rumores.) En este sentido, señora presidenta, también
quería hacerle una pregunta. La destrucción de entradas realizada, ¿fue
legal? (Una señora diputada: ¿Cómo las quemaron?) ¿Fue comunicada
previamente a las autoridades a las que se debería dar cuenta:
Intervención General del Estado y Dirección General de Patrimonio? Según
su larga experiencia, señora presidenta, ¿conservan las empresas este
tipo de justificantes?
Contratación de obras. Voy concluyendo de verdad, señor presidente. ¿Se
produce una manipulación y tergiversación de los datos contenidos en el
propio informe, que concluye en la página 136; en general, los
expedientes son formalmente correctos de acuerdo con la tramitación
prevista en el manual de contratación? Esto es lo que dice el informe.
Hasta 1991, en la página 135 se dice que el 74 por ciento de los
contratos de obras con presupuesto inicial superior a 100 millones de
pesetas se adjudicaron por concurso y sólo el 26 lo son por adjudicación
directa. En 1991 y los seis meses de 1992 se adjudican 31 contratos de
obras con presupuesto superior a 100 millones de pesetas y de ellos el 77
por ciento son de adjudicación directa y el 23 por concurso. Luego sólo
al final se recurre a la contratación directa, cuando el plazo de
apertura de la Expo es muy acuciante, siempre con tres ofertas y de
acuerdo con las normas de contratación, según señala el Tribunal de
Cuentas.
La concentración en un número reducido de empresas de los grandes
contratos de construcción es inevitable en este tipo de obras, pues no
son muchas más las grandes constructoras en España capaces de abordarlas
con garantía de plazo y calidad. De hecho, estas grandes empresas son
casi todas las grandes constructoras españolas: Dragados, Entrecanales,
Ferrovial, Abengoa, Laín, etcétera. Como comparación, señorías, sirve
decir aquí que en Australia, en la anterior exposición universal, hubo
sólo un contratista general para toda la Expo. En este sentido también,
señora presidenta, quiero hacerle una pregunta. ¿En algún punto del
informe se señala que la contratación de Expo fue ilegal en el sentido de
no respetar la normativa que le era aplicable? De haberlo detectado, ¿el
informe lo hubiera señalado explícitamente?
También se han dicho cosas respecto de la desviaciones millonarias en las
obras contratadas, pero la presidenta del Tribunal de Cuentas ha
explicado perfectamente este asunto. Es cierto que las desviaciones entre
los presupuestos de adjudicación y las liquidaciones son millonarias.
Todas las cifras de Expo son millonarias, como no podía ser de otra
forma, en inversiones totales que alcanzaron más de 100.000 millones de
pesetas. En qué obra pública o privada
no se producen desviaciones sobre lo inicialmente previsto, y más aún
cuando hay una fecha fija de cierre y una acumulación temporal grande. En
todo caso, el propio informe señala una desviación media para el conjunto
del período del 41 por ciento, según dice la página 137, que dadas las
características del proyecto es perfectamente comparable con otras obras
singulares. En este sentido, solamente quería conocer, por concretar un
poquito, si adjudicación directa equivale a favoritismo o falta de
transparencias o irregularidad.
Respecto de indemnizaciones al personal, también creo --y esto es muy
rápido, señora presidenta-- que no hay ninguna que sea ilegal. Está en
discusión, a solicitud del fiscal y del abogado del Estado, si deberían
haberse computado en esas indemnizaciones pagas extraordinarias no
previstas en el convenio y pagadas por Expo en compensación a vacaciones
no disfrutadas, según dice la página 114. Como se ve, el problema está
lejos de ser una especie de barra libre indemnizatoria,
circunscribiéndose a determinados aspectos menores que, además, deben
interpretarse en el contexto de la peculiar situación laboral de la Expo.
Todo el personal al final del período sería despedido a plazo fijo y en
este sentido no tenemos más preguntas que hacer a la señora presidenta.
Respecto de Telemundi, el contrato de comercialización de derechos en
exclusiva, creo que es bastante evidente que se ha pretendido dar una
imagen de trato de favor para, mediante esas comisiones, desviar fondos.
Es falso que el Tribunal de Cuentas afirme en algún momento que ese
contrato fuera ilegal o irregular; de hecho considera aceptable en la
página 110 su exclusividad. Este contrato se suscribió en 1987, previo
concurso, al que se presentaron tres empresas, y en el análisis
exhaustivo que hace el Tribunal no menciona ninguna desviación, si bien
es cierto que discute la gestión realizada por Telemundi y estima
elevadas las comisiones pagadas. De hecho se pagaron, según el Tribunal
de Cuentas, 6.500 millones de pesetas, que deben relacionarse con los
ingresos que fueron cogestionados por Telemundi, por importe de 50.000
millones de pesetas, para evaluar con rigor si las comisiones fueron
excesivas o no. En este sentido, una última pregunta, señora presidenta,
y es solamente para que nos confirme si en algún punto del informe
califica el contrato suscrito con Telemundi de ilegal, y si hubiese
llegado a esa conclusión el informe si lo hubiera hecho constar
explícitamente.
Treinta segundos más, señor presidente, para finalizar. (Rumores.) No
puede analizarse el balance de los espectáculos de la Expo sólo desde un
punto de vista contable. Una parte fundamental de los espectáculos era
gratuita. Algunos fueron eventos singulares de un elevado coste, difícil
de compensar por su obligada duración temporal muy corta, y, en todo
caso, en la actividad cultural de la Expo nunca se planteó como objetivo
el equilibrio ingresos-gastos, ya que no se trataba de una promotora de
espectáculos, sino de una Exposición Universal que tenía otras muchas
finalidades. ¿Que se habría dicho si todos los espectáculos hubieran sido
de pago y el precio de las entradas se hubiera fijado en todos los casos
para cubrir costes?
Entre la programación y la ejecución, parece querer deducirse una gestión
desastrosa, cuando debe tenerse en cuenta que la programación se hace
necesariamente en 1987 y las previsiones iniciales mucho más modestas se
ven desbordadas por la realidad, y con esto concluyo. Hubo desviaciones,
sin duda; pero todo ello y todas ellas lo que pusieron de manifiesto fue
el éxito de la Expo 92. Las previsiones de 1987 fueron prudentes y se
vieron sobrepasadas por la realidad de forma positiva. Frente a 22
millones de visitas, hubo más de 42 millones; frente a 60 países
previstos, acudieron 111; frente a doce organismos internacionales,
acudieron 23; frente a 300.000 metros cuadrados previstos inicialmente,
se pasó a cerca de 650.000.
Esto es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el diputado don José Luis Centella Gómez.
El señor CENTELLA GOMEZ: En primer lugar, como no puede ser menor, dar la
bienvenida a la señora presidenta del Tribunal y esperar que su
contribución aquí sirva para esclarecer, en lo que sea posible, el
informe que se nos presenta.
Para comprender los resultados del informe, es bueno empezar recordando
que la Exposición Universal de Sevilla se nos presentó --y hoy también se
ha querido presentar-- como el mayor acontecimiento del siglo. En lugar
de diseñar una exposición acorde con los recursos y con las necesidades
de nuestra tierra y, sobre todo, una exposición con perspectivas de
futuro, se decidió preparar el gran espectáculo para mayor gloria y
lucimiento de quienes nos gobernaban. Se dijo que la Expo situaría a
España y, en concreto, a la comunidad andaluza, en condiciones de salir
de su histórico retraso económico y también se dijo --y hay que
recordarlo-- que todo esto se haría sin que le costase un duro a los
españoles.
Pues bien, de la lectura del informe y de lo que los andaluces conocemos,
se deduce que la Expo ha sido un exponente de una forma de gobernar, de
una forma de administrar los fondos públicos, y en este sentido nosotros
estamos convencidos de que la Expo 92 es la culminación de lo que se vino
a llamar la cultura del pelotazo. Efectivamente, la isla de la Cartuja y
lo que le rodeó se convirtió en el paraíso de la especulación, del
negociete y del pelotazo.
Antes de continuar, es bueno dejar muy claro que para la Expo y en la
Expo trabajaron también miles de personas con ilusión, con sacrificio,
convencidos de que estaban trabajando para hacer posible el mayor
espectáculo del siglo. Porque, evidentemente, quienes hicieron negocio
fueron los menos y también fueron los que menos trabajaron. Quiero decir
esto para que no se utilicen a estos miles de personas y para que no se
utilice --como se intenta hacer-- a toda Andalucía como escudo para
proteger otro tipo de intereses.
Vamos a dar un repaso al informe que usted nos ha explicado para destacar
algunos elementos que, a nuestro modo de ver, demuestran estas
afirmaciones, aunque tenemos
que señalar que para nosotros el informe no solamente no resuelve todas
las incógnitas que la Expo ha presentado, sino que en muchos casos las
abre. El informe señala que la ausencia de un control presupuestario
efectivo en la ejecución de los diferentes contratos ocasionó elevadas
desviaciones sobre las previsiones iniciales, así como una falta de
vigilancia y control en el registro de las facturas y certificaciones.
Nosotros nos preguntamos quién estaba pescando --como veremos a lo largo
del informe-- en este río revuelto en el que se convierte la Expo.
El plan de inversiones preveía que el grueso de los proyectos se
concentrasen en los ejercicios 1989/1991, dejando para 1992 solamente
inversiones residuales. Pero a la hora de la verdad el informe señala que
las inversiones se concentraron en el año 1991 y en el primer trimestre
de 1992. De esta manera, por un lado, se encarecían las contrataciones y,
por otro, se justificaba --como se ha dicho esta mañana-- la
generalización de la contratación directa argumentando la premura de
tiempo.
Se ha debatido mucho sobre el tema de las entradas. Para ello se efectúa
una petición de 33 millones de entradas cuando las previsiones más
optimistas eran de 17 millones de visitantes, estimaciones que el Centro
de Investigaciones Sociológicas consideraba muy optimistas. Finalmente,
se utilizaron 13.400.000 entradas. Evidentemente, esta decisión supuso un
aumento del negocio de 200 millones de pesetas, que se gastaron de forma
innecesaria para todo el mundo, menos para la empresa que recibió el
encargo de las entradas.
Por otra parte, las entradas se daban directamente a Sadexpo, que veía
cómo iba acumulando un stock que era inútil y exagerado. Nosotros no nos
explicamos por qué nadie de Expo controlaba ese stock y por qué no se
utilizaban, como dice el propio informe, los almacenes de Expo para su
custodia. Pero lo más grave es que de los cuatro millones y medio de
entradas vendidas fuera de las taquillas, sólo el Tribunal tiene las
liquidaciones de Sadexpo, ya que Expo 92 sólo realizó dos arqueos sobre
la existencia que había en los almacenes del contratista.
Por último, quiero señalar --y viene en el informe-- cómo la misma Agesa
reconoce que en los archivos de Expo 92 no había constancia de la
existencia del acta de entrega de las entradas sobrantes de Sadexpo a
Expo 92. Tampoco estaba el informe de liquidación que no contiene, en
ninguna de sus partes, el número y el detalle concreto de las entradas
que habían sido devueltas por Sadexpo ni los datos que acrediten la
presencia de auditores externos que lo avalasen.
Tenemos que hablar también del famoso contrato de Telemundi, que va
dejando de ser una empresa desconocida y se le van encontrando relaciones
muy cercanas a quienes entonces nos gobernaban. Estos contratos se
suscribieron en 1987 y ya en marzo de 1988 la Dirección General del
Patrimonio emitió un informe, a petición de la propia Expo, que venía a
decir que el contrato había que resolverlo porque planteaba unas
comisiones excesivas y, además, era de difícil control. Igualmente
ocurría con el informe de la auditoría interna, que vergonzosamente al
final tuvo casi que desaparecer porque no servía para nada. No se hizo
caso de este informe porque, en nuestra opinión, había una decisión de
muy arriba del Gobierno para mantener Telemundi ligada a Expo 1992,
aunque, como luego se vería y se desprende del informe, hay que reconocer
que Telemundi no hizo prácticamente nada y cobraba por aquello en lo que
no participaba. De todo ello al final se deducen unas pérdidas de 6.500
millones de pesetas. El informe reconoce no tener constancia de que
Telemundi emitiese los informes trimestrales previstos en el contrato,
pero, ¿cómo los iba a emitir estando haciendo lo que estaba haciendo? En
el contrato se preveía también que había que observar la evolución de las
ventas y las operaciones que realizaba Telemundi. Había que señalar
también que Telemundi no tenía un plan global --no estaba vendiendo una
feria de pueblo, sino la Expo 92-- que estableciese los objetivos, la
línea de actuación y también las fechas en las que se podía ver cuál era
su evolución. Todo esto se hacía para mayor gloria de esta empresa que
repito, ya hoy se empieza a conocer cómo estaba bien relacionada con las
esferas del Gobierno.
Los centros de alojamiento, empresas que no han sido fiscalizadas por
ustedes, lo que demuestra, un cúmulo de despropósitos, no pueden ser sino
motivo para justificar --como viene haciendo nuestro grupo-- la petición
de una investigación política mucho más profunda. Estas empresas se
constituyen, como todo lo que hay en la Expo, con un plan que preveía
beneficios espectaculares, se anuncian esos beneficios y se crea una
expectación en Sevilla y en el entorno de que al final se van a poder
vender las plazas hoteleras a precios de oro. Sin embargo, a la hora de
la verdad, se ponen las cosas en su sitio y las pérdidas vienen a superar
los 2.300 millones de pesetas. Esto se produce de una forma muy simple.
Si fuera un intermediario de cualquier touroperador, con un mercado
cautivo, se llevaría las manos a la cabeza. A cualquier touroperador que
le indiquen un mercado cautivo y que, además, le permitan trabajar en él
se llevaría las manos a la cabeza, aunque los beneficios no fuesen
espectaculares. Sin embargo, aquí se nos habla de pérdidas de miles de
millones de pesetas que habremos pagado todos los españoles. En este caso
las pérdidas no se producen por ninguna catástrofe natural o por ninguna
mala suerte, como ocurre en otros temas relacionados con la Expo. En este
caso se pierde porque hay un desfase entre las plazas reservadas, las
plazas pagadas y los clientes que luego se contratan. Como bien dice el
informe, esto se podía haber realizado después de marzo de 1990. Sin
embargo, se hace en el año 1989. El informe da luz --a nuestro modo de
ver de forma equivocada-- sobre qué es lo que había detrás de esta
operación. Lo que había detrás de esta operación no era ni más ni menos
que asegurar el rendimiento especulativo de la construcción de hoteles.
A nosotros no gustaría saber para qué está sirviendo la infraestructura
hotelera sevillana. Los andaluces lo sabemos muy bien, el sector del
turismo lo sabe muy bien. ¿Qué plan de desarrollo turístico había para el
día siguiente a la Expo, respecto a la utilización de esa infraestructura
hotelera, que ustedes en el informe dicen que se estaba pagando de forma
anticipada? Repito que para nosotros lo que hay detrás no es ni más ni
menos que una
operación especulativa que ha permitido a varios dar el pelotazo y
hacerse ricos a costa de esas pérdidas millonarias que pagamos todos los
españoles. Por poner solamente un ejemplo, diré que con el 30 por ciento
del capital invertido en hoteles en el área Expo se podía haber renovado
la planta hotelera de la Costa del Sol. Hoy la Costa del Sol tendría la
mejor planta hotelera de toda Europa y ello hubiese redundado en que
Sevilla, ciudad que fundamentalmente tiene un turismo de circuito,
también se hubiese beneficiado. Hoy, con los hoteles mal vendidos, con
los hoteles mal utilizados de Sevilla, no se benefician ni los propios
sevillanos, solamente se beneficia, repito una vez más, quien hizo ese
pelotazo especulativo.
También llaman la atención las desviaciones que presenta el ejercicio de
1992, con una reducción de capital circulante de 20.160 millones frente
al aumento que se preveía de 29.359 millones. Ese pequeño error de
cálculo, de unos 50.000 millones, obligó a un fuerte endeudamiento, como
conocen SS. SS., con empresas bancarias a corto plazo por un importe de
49.000 millones en 1992.
Me gustaría saber cómo se podría calificar que se contrate un presupuesto
de 55.000 millones y se liquide en 78.000; es decir, con una desviación
de más del 40 por ciento. A ellos les podrá parecer natural; a nosotros,
no. A nosotros no nos parece natural que se produzca una desviación,
porque precisamente en esa desviación es donde está la ganancia fácil,
ahí es donde está el negociete y ahí es donde está el pelotazo.
La empresa de servicios que se contrata se adjudica por un importe de
14.400 millones y el mismo informe señala que, a pesar de concentrarse
los servicios en una sola empresa, éstos salen más caros que si se
hubiese seguido el régimen general de contratación de Expo 92. Que
alguien nos explique cómo en lugar de abaratar los costes se aumentan si
no es porque alguien hizo el negocio en esta contratación.
Para no hacer interminable la lista de anécdotas (como puede pensar algún
grupo, para nosotros es donde reside de verdad el problema de Expo; el
problema legal lo dictará la Fiscalía Anticorrupción y el problema
político, que es el que nosotros estamos contemplando aquí, es cómo se ha
utilizado el Estado y la Administración pública para enriquecerse unos
cuantos), solamente haré un repaso a los que aquí ya se ha dicho. Salvo
cuatro contratos, todos los inferiores a 100 millones de pesetas se
adjudicaron de forma directa y de las obras superiores a 100 millones se
adjudicó el 42 por ciento de forma directa, y en los años 1991 y 1992,
cuando se acumuló mayor número de contratos porque antes no sabían quién
lo iba a hacer para justificar la contratación directa, como ya se ha
dicho por otro portavoz, el total de la contratación directa fue del 77
por ciento, esa que es más fácil darle al amiguete de turno. Como vemos,
es un cúmulo de desastres, de despropósitos, de mala gestión que
demuestra que la Expo 92 no se hizo en esa ocasión para el desarrollo de
Andalucía sino que fue la gran excusa que tuvieron unos pocos para hacer
un negocio a costa del dinero público.
Repasemos brevemente el balance. Acerca de ese cuadro, por cierto, le
quiero recordar que no aparece claro en el informe del Tribunal. Mucho ha
tenido que ver esa falta de claridad del cuadro del balance en la
metedura de pata que se ha producido, incluyendo la de la propia
presidenta del Tribunal, cuando manifestó públicamente, y este diputado
la oyó, que las pérdidas solamente eran de 5.000 millones de pesetas, no
utilizando bien, y la prensa lo recoge, que al final, como bien ha dicho
hoy aquí, las pérdidas eran las que eran. Pero en ese cuadro no se recoge
bien, no se ponen en ningún momento en el informe, como claramente la
presidenta lo ha dicho hoy aquí, los datos con números concretos, sino
que se presenta el cuadro de Expo y luego debajo está esa aclaración,
teniendo que sumar y restar para llegar a la conclusión de los 35.000
millones. ¿Por qué no viene en lugar del cuadro que presenta de Expo el
que hace el Tribunal? Creemos que aquí se ha hecho un flaco favor al
Tribunal, y hoy se ha reconocido. Pensamos que la presidenta se ha puesto
en este caso al servicio de otros intereses que no eran los del propio
Tribunal y, repito, ha hecho un flaco favor y ha provocado el descrédito
del propio Tribunal. Yo me alegro de que hoy la presidenta haya
rectificado y situado las cosas en su sitio.
Frente a toda esta situación se nos decía y se nos viene a repetir hoy
que las pérdidas que haya habido, los 35.000 millones o los que vayan
apareciendo, y esperemos la visita de otros comparecientes, han de ser
bienvenidas porque todo está justificado en beneficio de Andalucía. Aquí
es donde uno se tiene que indignar, máxime cuando esto lo dicen
andaluces, porque parece ser que piensan que Andalucía no necesitaba, no
se merecía esas inversiones, que las carreteras no había que hacerlas y
que había que buscar una excusa. Hay andaluces que piensan que en
Andalucía para invertir hay que buscarse una excusa. La mayoría de los
andaluces estamos convencidos de que Andalucía se merece y exige esas
inversiones porque le corresponden en justicia. No nos hace falta ninguna
excusa para exigirlas y conseguirlas. Las pérdidas que se dan son en la
empresa Expo 92 y en otras. También podemos hablar de la autovía que se
hizo también en 1992, pero eso no está fiscalizado aquí. Es una autovía
que, por cierto, cada vez que uno la transita se va acordando de todos
los responsables de la Expo 92 por la cantidad de fallos que tiene. Pero
de eso no hablamos. De las pérdidas que hay en otras empresas, que aquí
se menciona, llenando a alguien de alegría, como del AVE, no se habla
aquí, como tampoco de lo que hubo detrás de esa obra. Se quiere
justificar las pérdidas de una empresa concreta con lo que hizo en
Andalucía.
Señorías, Andalucía no ha salido de la marginación ni del atraso ni del
paro con la Expo, sencillamente, porque el modelo de desarrollo que se
escogió era el que facilitaba el pelotazo, no el desarrollo de Andalucía.
Otro modelo de desarrollo sí hubiese permitido que con el mismo dinero
Andalucía hubiese podido tener muchos más beneficios. (Rumores.) No se
pongan nerviosos, porque tiempo habrá de seguir hablando de la Expo aquí
y en otro sitio. Concentrar en 200 hectáreas unas inversiones billonarias
y además improductivas no era el mejor servicio que se le podía hacer a
Andalucía.
La Expo 92 no ha sido ninguna locomotora para Andalucía y lo supieron los
andaluces al día siguiente de que
terminase, cuando hubo que soportar las cifras de paro y la crisis de los
años 1993, 1994 y 1995. La Expo 92 no ha supuesto ningún prestigio para
el turismo andaluz; que se nos explique dónde ha estado la
infraestructura turística andaluza, qué beneficios ha recibido después
del año 1992, y lo dice un diputado por Málaga que sabe que, al
contrario, la concentración en Expo 92 supuso incluso algún perjuicio
para la ayuda turística andaluza. Por eso, queremos decir que no vamos a
entrar en discusión, porque el pueblo andaluz lo sabe bien y lo ha
valorado. Simplemente añadiré que el triste espectáculo de ver la Cartuja
93 convertida en un polígono industrial de lujo en lugar de ese parque
tecnológico que se preveía, ver cómo los hoteles de la Expo tienen que
ser reconvertidos y vendidos a precio de saldo, es el mejor exponente de
que estaba claro que a quien programó, diseñó la Expo no le preocupaba el
futuro de Andalucía sino que le preocupaba, como tantas otras cosas en
esos años de gobierno, el pelotazo a corto plazo. El fracaso del día
después, señorías, lo sufrimos y lo seguimos sufriendo los andaluces, a
quienes se nos dice que ya tuvimos demasiadas inversiones en aquellos
años y para qué vamos a seguir pidiendo, cuando en realidad en aquellos
años se tenía que haber invertido mucho más y mucho mejor sobre todo.
En este sentido van mis preguntas, aunque ya he señalado que, después de
estudiar el informe que aquí se nos presenta, pensamos que ahora más que
nunca es necesaria la creación de una comisión de investigación que
profundice en determinar las relaciones que ha podido haber entre la mala
gestión que se dice y la realización de importantes negocios, y de éstos
con los responsables políticos. Creemos que es importante que el
Parlamento se dote de esa comisión de investigación para que no tengamos
que ir enterándonos por la prensa. Pensamos, y no le pido que usted se
pronuncie aquí, que el propio Tribunal también debe tener interés en
estas iniciativas porque, señora presidenta, usted no puede ignorar que
el Tribunal que usted preside hoy está siendo puesto en cuestión, entre
otras cosas, por las filtraciones. Me gustaría que usted dijese qué es lo
que se ha hecho para determinar responsabilidades y para corregirlas en
el futuro, porque evidentemente no es bueno que se sigan produciendo.
Esta vez han sido más espectaculares pero usted sabe que no es la primera
vez. Nos gustaría saber qué medidas se han tomado para evitar que esto se
produzca. Pero también ha sido puesto en duda porque hay sospechas, y
legítimas, aunque usted haya hecho aquí una defensa, de que alguien haya
podido ser juez y parte en el proceso de fiscalización. La mejor forma de
aclararla y poner las cosas en su sitio, si no hay nada que ocultar,
sería una investigación parlamentaria que realizasen los representantes
del pueblo español.
Por otra parte, se ha señalado de forma indirecta en la prensa y aquí,
que algunos responsables políticos ponen la mano en el fuego por
determinados responsables. Yo creo que debe ser la mano que les quede
libre después de haberse quemado la otra con Mariano Rubio, que debe
estar bastante quemada. También se pide que se demuestre si alguien se ha
llevado dinero de la Expo. Repito que eso, con ser muy grave, no es lo
más, sino el clima que se ha creado y el perjuicio que le causó a
Andalucía. Entrando en ese tema, nos gustaría saber si el hecho de que
algunos miembros de la plana mayor de Expo recibiesen indemnizaciones
millonarias, que parecen ser claramente ilegales, no es llevarse dinero
de la Expo. Repito, señora presidenta, que se han llevado dinero
irregularmente de la Expo y que eso es llevarse dinero de la Expo.
También pregunto si no es llevarse dinero de la Expo, llevarse dinero de
todos los españoles, el que se haya sobrevalorado unas plazas hoteleras
provocando un negocio de una empresa privada, o si no lo es tampoco el
contrato de los famosos 6.500 millones que se han pagado a Telemundi,
nadie sabe muy bien para qué.
Todo esto ha generado --estamos convenidos y lo vamos a denunciar y
esperamos que el fiscal anticorrupción lo entienda-- perjuicios para las
arcas del Estado y responsabilidades contables. Esto, a nuestro modo de
ver, también merece una investigación judicial.
Aparte he de decirle, señora presidenta, que nos extraña en sus
declaraciones la pasividad que hemos detectado, fundamentalmente en
relación con los informes de la Fiscalía.
Junto a las preguntas que ya le he formulado quisiera hacer otras;
perdóneme si son excesivas, pero evidentemente en el informe hay muchos
puntos oscuros que me gustaría que aclarase, si es posible. Repito que
seguimos pensando que la mejor forma, y así lo vamos a plantear llegando
hasta el final, es que toda la Cámara, que nos consta que no tiene nada
que ocultar en este tema, avale esta petición por unanimidad. No se puede
seguir dando la impresión en la prensa de que se pone la mano en el fuego
pero luego en sede parlamentaria se tiene miedo, pánico a la creación de
una comisión de investigación porque algo se tiene que ocultar. Por
tanto, le voy a formular una serie de preguntas que espero usted me pueda
contestar.
Le gustaría saber a Izquierda Unida por qué no se disuelve la sociedad
estatal para la ejecución de programas en 1993, tal y como estaba
prevista. Nos gustaría saber cómo explica la presidenta la inexistencia
en la sociedad estatal para ejecución de programas de un inventario
actualizado de los programas oficiales que ha gestionado del V
Centenario. Le pedimos que explique la presidenta la falta de un
inventario completo de los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad
estatal para la ejecución de programas. También le pedimos, cómo se
explica desde el Tribunal que falte la firma del responsable del control
en el 44 por ciento de los expedientes de ingresos examinados por el
Tribunal. Nos gustaría saber si alguien en el Tribunal sabe la relación
que puede tener el Congreso Nacional de Pediatría del año 1992 para
recibir el patrocinio del V Centenario, con las ventajas que esto
suponía. Me gustaría conocer esto para no tener que enterarnos por la
prensa de si había alguien relacionado entre el Gobierno y aquel congreso
nacional. También me gustaría, si pudiese, que informase la presidenta de
porqué no se ha controlado la gestión, ni se han verificado, como hemos
dicho, en su totalidad las cuentas anuales de la sociedad estatal para la
ejecución de programas. Por qué no se han exigido las penalizaciones
previstas en los contratos
para la construcción de la nao Santa María. También nos gustaría saber
por qué se contraen obligaciones con proyección temporal, posterior al 31
de diciembre de 1992, distinta a la que expresamente figuraba en el
contrato. También le preguntamos por qué no se refleja en la contabilidad
de la Sociedad Estatal para la ejecución del programa la entrega de
materiales destinados a promoción por un valor estimado en 100 millones
de pesetas. También nos gustaría saber si, como se dice en el informe, la
presidenta reconoce que la mayor parte de la infraestructura utilizada
por Expo 92 para el tratamiento mecanizado de la información, o bien no
era operativa, o bien se había enajenado a terceros y, en consecuencia,
no se accedió a la información que pudiera existir en esos soportes
magnéticos u ópticos, guardados por la sociedad Expo 92, y también si
como consecuencia de ello y del acuerdo que tiene el Tribunal de no
intervenir fuera de la sede que se fiscaliza, el Tribunal no ha tenido
acceso a esa información. También nos gustaría saber si la Presidencia
conoce los motivos por los que no fue puesta en conocimiento del Tribunal
la fecha prevista para la destrucción de entradas, a pesar de que Agesa
tenía ya conocimiento formal de la fiscalización de Expo 92 por el
Tribunal. ¿Puede la presidenta explicar las razones por las que se
encargó un número excesivo de entradas que, al final, supuso un gasto de
200 millones? Evidentemente éstas son preguntas que la presidenta podrá
no contestar, pero es que lo que queremos demostrar es que hace falta una
comisión de investigación, señora presidenta, porque se ha querido decir
que esta Comisión tenía que ser esa comisión, lo que no es posible, y,
efectivamente, sus gestos empiezan a avalarlo. Nosotros tenemos la
obligación de hacerle estas preguntas porque queremos demostrar que usted
no puede contestarlas, que el Tribunal no ha podido contestarlas en su
informe y que solamente una comisión de investigación podrá llegar al
fondo de estas cosas.
Permítame que le siga haciendo preguntas, aunque sus gestos me indican
que no las va a contestar. ¿Quién puede explicar, según la presidenta,
los motivos por los que la participación de Expo 92 en el centro de
reservas supuso pérdidas de 3.000 millones de pesetas? ¿Sabe el Tribunal
quién se benefició del desfase entre las plazas hoteleras contratadas y
pagadas, y el número de clientes conseguido? ¿Cómo es posible que el
pabellón prevea unos ingresos por patrocinio entre 6.000 y 8.000
millones, se recauden menos de 542 y se alegue que eso se produce porque
hay algo tan imprevisto como que esto coincidía con la celebración del V
Centenario y de los Juegos Olímpicos, ya que parece ser, que los
responsables del pabellón desconocían esas celebraciones? ¿Cómo puede
rechazar la participación oficial española las plazas hoteleras que le
ofrecía oficialmente el centro de reservas por considerar que no era
eficiente y, además, que siga gestionándose ese centro de reservas sin
plantearse su futuro? También nos gustaría saber cómo se pueden
revalorizar los activos de la sociedad. En definitiva, a los españoles
nos gustaría saber muchas cosas de la Expo 92. Esperemos que este
Parlamento no esconda la cabeza debajo del ala y constituya esa comisión
de investigación porque estamos convencidos de que es la única forma de
que los españoles sepamos cómo y quién se ha enriquecido a costa de la
Expo.
El señor PRESIDENTE: Le correspondería ahora el turno en su intervención
al Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero me comunica el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que, por circunstancias personales, ha tenido
que ausentarse de la sala y con el beneplácito de los grupos a los que
les correspondería el uso de la palabra, la Presidencia daría la palabra
al diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Diego
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Perdón por la alteración del orden de las
intervenciones.
Antes de entrar en el objeto principal de la reunión de este día que es
precisamente el análisis o el comentario sobre el contenido del informe
que ha aprobado el pleno del Tribunal, es evidente que la intervención
del portavoz del Grupo Socialista hace una disquisición paralela al
propio informe del Tribunal y nos obliga, antes de entrar en este
análisis e intentando ser lo más breve posible, a corregir o aclarar
determinados planteamientos que se han hecho por parte del señor Moreno
y que no tienen nada que ver con el contenido real del informe.
Cuando se habla de calumnias hay que saber que en Derecho penal la
calumnia es la acusación de un delito a una persona concreta y de un
delito concreto. Evidentemente creo que sólo ha habido una persona que
haya hecho una imputación personal con nombre y apellido y esa persona
precisamente era un consejero de la Junta de Andalucía y nadie de mi
partido. Por tanto, sea más cuidadoso en el manejo del concepto de
gravísimas imputaciones y calumnias.
Primero, cuando se habla de dinero público una sola peseta es un problema
gravísimo. Estamos hablando de dinero público. Segundo, habla usted del
contexto extraordinario y del plazo acuciante como elemento determinante
de un modelo o sistema de gestión. A este respecto hay que decir que lo
que a nuestro grupo le hubiera gustado del informe conjunto del Tribunal
de Cuentas, en esta materia relacionada con la Expo 92, y con las
celebraciones del V Centenario, es que en sus conclusiones ese informe
estableciera que la sociedad estatal ha cumplido la legalidad vigente en
la gestión de sus recursos y en el desarrollo de sus operaciones, que las
cuentas anuales de la sociedad expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
y de los resultados de sus operaciones, y contiene la información
necesaria y suficiente para interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptadas
aplicadas uniformemente. Esto es lo que dice el Tribunal de una de las
sociedades analizadas de infraestructura y equipamiento. La gran
diferencia respecto al resto de las sociedades es que esta sociedad
desarrolla su actividad en Sevilla, tiene que hacer una infraestructura
urbana en Sevilla para una fecha determinada, corre con todos los
problemas y todos los riesgos de contratación en Sevilla en esa fecha y,
sin embargo, se gastan
más de 20.000 millones correctamente de acuerdo con las interpretaciones
del Tribunal y cumpliendo escrupulosamente la ley. La diferencia entre
esta sociedad y el resto de sociedades que analiza el Tribunal, en que
las conclusiones son diferentes son dos: primera, aquí había un socio que
era el Ayuntamiento de Sevilla, en las demás no había ningún socio que
controlara; segunda, aquí no había consejero delegado, en las demás
sociedades había un consejero delegado que mandaba, autorizaba y decidía.
Por tanto, no hablemos de problemas de contexto, no hablemos de problemas
por plazos acuciantes, no hablemos de obras extraordinarias que se tenían
que hacer a toda prisa. Aquí se han hecho, se han hecho escrupulosamente
y se han hecho bien y así las califica el Tribunal y no han sido
necesarias ni siquiera alegaciones. No mezclemos los problemas de Expo
92, es decir, los problemas estrictos de gasto en un recinto cerrado que
es el de la Cartuja, con los problemas de infraestructura; aparte de los
163.000 millones que se invierten con motivo del evento, y de ellos casi
130.000 en el recinto estricto de la Expo, de capital público hasta el 31
de diciembre de 1992, hay una serie de inversiones en infraestructura, en
autovías, en carreteras, en circunvalaciones y en puentes que se pagan
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Todo ese conjunto de
inversiones en infraestructura, sobre el que podríamos discutir si se
debió de hacer antes o después, si estaba retrasado ya, si fue un
adelanto de obra, todo ese conjunto está dentro de los Presupuestos
Generales del Estado, ha sido pagado con los impuestos y el dinero de
todos los españoles y no es objeto del informe que nos trae.
Concepto de visitas. Por favor, no mezclemos conceptos. Cuando se trata
de algo en lo que se cobra entrada lo que hay que ver son las entradas
vendidas, y las entradas vendidas, incluidas las 590.000 regaladas,
fueron 13.497.000. Con los pases de temporada la gente entraba y salía;
no me juegue con el concepto de visita para justificar nada. Estamos
hablando de 13.497.000 entradas vendidas.
Dificultades de trabajo. El Tribunal las pone de manifiesto en las
páginas 4 y 5. Nadie se las ha inventado. Existieron dificultades de
trabajo; no estaba disponible toda la documentación y el famoso archivo
óptico, que tenía que recoger la totalidad de los documentos como si
fueran originales, no era utilizable, bien porque estaba estropeado, con
lo cual los gestores hicieron una mala compra, o bien porque alguien lo
inutilizó para que no pudiera usarse, pero lo cierto es que el Tribunal
reseña --es el Tribunal el que lo reseña-- que tuvo dificultades para su
trabajo.
Los conceptos contables los veremos más adelante, pero hay otro concepto
sobre el que usted elude pronunciarse. La sociedad cierra a 31 de
diciembre de 1992, bajo la gestión del consejero delegado señor Pellón,
declarando unos beneficios de 17.930 millones. Este dato se refleja en
los balances de la sociedad. Por tanto, el problema no es que aparezcan
pérdidas, es que a los españoles se les dijo, y se les dijo en esta casa,
en el Congreso de los Diputados, que la sociedad había tenido unos
beneficios de 17.930 millones. Después podemos entrar en cómo se llega a
esto.
En cuanto al contrato Telemundi haré una referencia adicional a lo ya
comentado. La Dirección General de Patrimonio, el 14 de marzo de 1988,
con Gobierno socialista, emite un informe sobre este contrato en el que
dice que el objeto es excesivo, que es innecesariamente amplio y que las
comisiones superaban los límites razonables, por lo que aconsejaba
resolverlo en aquel momento. Era la Dirección General de Patrimonio de un
Ministerio de Economía y Hacienda de un Gobierno socialista la que decía
esto respecto al contrato de Telemundi.
Con relación a las entradas, usted pregunta alarmado cómo es posible
contar las entradas sobrantes. Le voy a poner un ejemplo muy claro, que
en estas fechas es habitual en toda España: todas las cofradías, peñas de
amigos, casas regionales, partidos políticos, asociaciones de todo tipo,
emiten lotería de Navidad y el control de lo vendido y no vendido se
realiza materialmente sobre las papeletas de los distintos talonarios y
sería imposible un control fiándonos de lo que alguien dice que ha
vendido o ha comprado. En relación con ese concepto, cuando usted se
alarma preguntándose cómo es posible que a alguien se le ocurra contar
las entradas, tengo que decirle que debería haber visto un papel que hay
en la propia Expo, de la Intervención General de la Administración del
Estado, de diciembre de 1993, con Gobierno socialista, en el que se
establece que la intervención de la comprobación material de la inversión
constituye una de las modalidades del ejercicio de la función
interventora, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Por tanto, no
se extrañe de que el Tribunal quiera hacer algo que la propia Ley General
Tributaria y la Intervención General del Estado califican como un
procedimiento normal de control.
Por otra parte, ustedes tenían pleno conocimiento de esta situación. Se
intentó con la Intervención General, y la Intervención General contestó
que el control material de esas entradas no era de su competencia, entre
otras cosas porque en estas fechas ya hacía más de un mes que se había
notificado a las sociedades que conformaban el conjunto de la Expo que se
estaba haciendo una auditoría y, para eludir lo relativo a la entrada, se
está hablando de que sólo hay ligeros problemas contables, discrepancias
de criterio contable. Voy a intentar no separarme en mis afirmaciones de
lo que son los textos concretos recogidos por el Tribunal, ya que,
evidentemente, el Tribunal, según los hechos, establece unas
conclusiones. Nuestro grupo está de acuerdo con algunas de las
conclusiones, pero en otros casos llegaría a conclusiones diferentes. Por
tanto, no vamos a rectificar las conclusiones del Tribunal --su cometido
es sacar esas conclusiones--, pero en determinados aspectos nuestro grupo
no se queda satisfecho con la conclusión a que llega el Tribunal y
propondrá otra serie de actuaciones. Paso, como digo, al texto del
informe del Tribunal.
Página 53 del informe relacionado con la sociedad estatal para la
Exposición Universal. En esta página se habla de la emisión de 200.000
millones de pesetas en pagarés durante los años 1990 y 1992, a tipos de
interés del 12 y el 15 por ciento anual, sin que en los reembolsos se
haya practicado ninguna retención por los rendimientos implícitos que
conllevaban estos pagarés y sin que haya constancia en los archivos de la
Expo de que estos reembolsos de pagarés se hubieran encomendado a alguna
entidad financiera.
No hay ninguna norma que permita a ninguna sociedad, sea estatal o no,
pagar rendimientos por una inversión sin aplicar una retención. En este
caso, en el año de que estamos hablando, era del 20 por ciento y, con
estas cifras, estamos hablando de muchísimo dinero dejado de retener y de
ingresar en el Tesoro público. Además, si no se utilizó o se ha ocultado
a la entidad financiera a través de la que se canalizaron estos fondos y
estos reembolsos, estamos ante una actitud que implica un manto de
impunidad por parte de la propia Expo sobre los inversores; no se conoce
el nombre de los inversores que suscribieron estos 200.000 millones de
pesetas. Por tanto, no hablemos de meros problemas relativamente
contables, sino de bastante más, que es lo que pone de manifiesto el
Tribunal.
¿Por qué se cambian los criterios contables? ¿Por qué se acude a un
concepto plurianual? Por algo muy claro, porque se querían rectificar los
asientos de gastos ya consolidados, con balances cerrados y aprobados por
la junta general, de los años 1989, 1990 y 1991, para permitir, en el año
1992, aflorar beneficios ficticios que justificaran la cifra de
beneficios final que se dio. Por eso y no por otra cosa se utiliza el
concepto plurianual. Se utilizó el marco de la sociedad anónima y no es
posible formular cuentas plurianuales en una sociedad anónima salvo para
informar, y lo que permite la ley es comparar un ejercicio y otro, pero
no hacer un concepto de plurianualidad en el control de ingresos y
gastos. Cuando se alteran las cuentas de ejercicios cerrados, aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil, se está haciendo algo más que una
mera irregularidad contable, entre otras cosas porque se están alterando
los balances, se está alterando la imagen fiel de la empresa y ya no
tenemos algo que se pueda llamar contabilidad en términos correctos. El
profesor Garrigues --y tomo de un manual el concepto elemental-- dice: La
contabilidad cerrada en cada ejercicio reflejará con claridad y exactitud
la situación patrimonial de la sociedad y los beneficios obtenidos
durante el ejercicio o las pérdidas sufridas. Y se pregunta: ¿cuándo
existe claridad en las cuentas sociales? Cuando de su lectura pueda
obtenerse una representación exacta de la situación. De la lectura de las
cuentas de la Expo, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas, no
sólo no se refleja la imagen fiel de la empresa, sino que no podemos
hacernos una idea clara de qué es lo que hay que liquidar y cuánto le va
a costar. Habría que decir con claridad que en los últimos ejercicios, a
partir de 1992, Agesa ha destinado una media de 30.000 millones de
pesetas anuales, registrando pérdidas en la enajenación de activos y que
todavía no están cerradas las cuentas de la Expo 92, todavía no sabemos
lo que les ha costado a los españoles la gestión, básicamente del señor
Pellón, en el recinto de la Cartuja de Sevilla.
Se activan gastos y a usted eso no le llama la atención, al Tribunal sí
y lo recoge, porque es la primera vez que puede entenderse que gastos de
personal, gastos financieros generales, gastos de vigilancia y seguridad
de unas instalaciones se imputen a los edificios que están dentro de esas
instalaciones. Esto sí que es una contabilidad supercreativa,
superimaginativa, que coge unos elementos que no tienen nada que ver con
la materialidad del inmueble, es decir, con vigas, ladrillos y cemento,
que es lo que puede calificarse como inmovilizado, y acto seguido coloca
elementos del gasto diario y normal de la sociedad y del recinto en los
correspondientes a los inmuebles. ¿Por qué? Porque eso permitía recuperar
amortizaciones y nivelar, con una valoración excesiva de los inmuebles,
las cuentas del balance. Se incrementan los valores de los inmuebles,
pero no hay ningún informe externo, independiente, que soporte la
actualización de esos inmuebles.
Se cambian los criterios de amortización. El problema no es elegir el
criterio; la contabilidad permite elegir unos criterios. En el concepto
básico, la contabilidad de una sociedad permite elegir el criterio del
devengo y el criterio de caja; las reglas generales de contabilidad
permiten eso. Ahora, evidentemente, lo que no se pude hacer es, cuando no
me viene bien el criterio que estoy utilizando, lo cambio a mitad de
ejercicio y trastoco las cuentas de los ejercicios ya cerrados con este
cambio de criterio. Así se activan 3.000 millones de amortizaciones ya
consolidadas, que se recuperan para meterlas como beneficio del año 1992
y, curiosamente, ni siquiera de hacer bien porque se deberían de haber
calificado como resultados extraordinarios.
Que el inmovilizado estaba sobrevalorado no es algo que advierta el
Tribunal, es algo que se ha concretado en una de las ventas de
inmovilizado que se contienen en el informe, que es el propio edificio
Expo; por cierto, del que sólo se han cobrado 600 y pico millones y hay
problemas para cobrar el resto. En ese edificio ya se da una pérdida
inicial de 841 millones de pesetas, lo cual es contradictorio con la
versión de que el efecto positivo sobre la economía sevillana de la Expo
produjo riqueza para todos --se supone que una revalorización de los
inmuebles, en concreto de este que estaba construido con cuatro años de
anterioridad--, pero parece que eso no fue así.
Se cambia la estimación de la vida útil de los elementos materiales. Esto
no se puede hacer, esto no es sólo una ligera corrección contable o un
criterio contable, es una manipulación clara de unas cuentas para que los
resultados sean diferentes a los obtenidos. Se llega a materializar una
venta y se entrega a la Junta de Andalucía una serie de bienes por valor
de 44.000 millones de pesetas, y se reciben a cambio 257.000 metros
cuadrados en bruto. No constan los datos urbanísticos de este terreno y
no consta un informe de valoración de lo que se recibe a cambio de los
44.000 millones de pesetas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho aquí
lo característico de la gestión de los gobiernos socialistas, traspasar
y desplazar hacia los ejercicios futuros lo que tenía que ser un gasto y
una responsabilidad asumidos por parte de quien realiza la obra. ¿Qué es
lo que se hace con estos solares? Pura y simplemente, se desplaza hacia
el futuro y alguien soportará la pérdida cuando decida vender estos
257.000 metros cuadrados, si es que tienen comprador, pero ya no será el
Gobierno o el responsable socialista de la Expo, el señor Pellón, el que
asuma que efectivamente se produjo una pérdida.
Hay otro elemento que ya no puede ser calificado de error contable y, por
eso, aquí discrepamos de la apreciación del Tribunal, la operación que se
recoge en la página 20 sobre las compras de elementos de control de
accesos.
No voy a discutir si se compran caros o baratos, pero es lo cierto que se
compran unos elementos por 1.185 millones de pesetas y, en el mismo
contrato, la empresa que los vende asume la recompra, una vez terminada
la Expo, por 102 millones de pesetas. Es decir, se sabía de entrada,
desde el mismo momento en que se compran esos elementos, que valían a
efectos contables, cuando se cerrara la Expo, 1.083 millones menos y, sin
embargo, en la cuenta de 31 de diciembre de 1992, cuando ya no tenían
ningún valor, sólo 102 millones, siguen apareciendo, por valor de 1.185
millones de pesetas. Evidentemente, esto no es un error contable, hay una
manipulación de un concepto contable concreto para ocultar las cuentas.
Se producen sobrevaloraciones. Aquí, el Tribunal tampoco hace una
observación específica. Se contienen en el activo unos valores de los
contenidos de los pabellones. Entre los valores de los contenidos de los
pabellones, aparecen 220 millones de los contenidos del Pabellón de los
Descubrimientos, que resultó destruido totalmente antes de inaugurar la
Exposición. Es evidente que, si resultó destruido totalmente un contenido
y no estaba cubierto por el seguro, que ni siquiera cubre los gastos del
inmueble, no podían tenerse en el activo porque estaba destruido; un
activo destruido nunca puede calificarse dentro de una contabilidad ni
valorarse a efectos de nada, puesto que no existe; se sabe que no existe
y además estaba ahí al lado, no era un activo lejano, como antes, que
tardaban en llegar las noticias de Hispanoamérica o de la India y uno
podía creer que era rico cuando sus instalaciones habían sido destruidas
y tardaba meses en enterarse. Aquí no, aquí estaba un edificio junto a
las oficinas centrales de la Expo.
Deudores varios. A 31 de diciembre de 1992, se siguen calificando como
activos de la sociedad, como algo que se podía cobrar, 9.999 millones de
deudores varios. Evidentemente, es difícil entender, no ya cuando se mete
el bisturí sino cuando se aproxima uno a las distintas partidas de
deudores varios, que de determinados países africanos, a los que se les
prestó el pabellón entre otras cosas, se van a recuperar más de 900
millones que deben cuando se hace el informe del Tribunal. Es difícil
entender que los países hispanoamericanos que no han liquidado ya la
cuenta de más de 1.000 millones de pesetas la vayan a pagar a estas
alturas. Por tanto, la partida de deudores varios por ese importe de
9.999 millones de pesetas, en una contabilidad seria y razonable, debía
de haberse minorado a lo que de verdad se iba a cobrar y no engañar a los
futuros administradores diciendo que aquí había activos para cobrar todo.
El Tribunal no hace una valoración, ni tampoco la hace la sociedad del V
Centenario, sobre los trabajos encargados fuera, sobre todo los trabajos
de servicios o informes encargados fuera. Llama la atención en un
apartado muy importante dentro del conjunto de gastos, tanto de Expo 92
como de la sociedad V Centenario y, sin embargo, no sabemos si se ha
hecho un análisis detallado de a qué correspondían estos trabajos.
Yo no sé cómo se calificará una gestión así, y desde luego es difícil
hacerlo desde el punto de vista de auditoría. Si se crea un órgano
interno de control o una auditoría interna, se supone que no es el
enemigo en casa, se supone que es un colaborador de la gestión. Pues
bien, para los responsables de Expo 92, para el consejero delegado, el
sistema de control interno debía de ser un enemigo feroz en casa, porque
de 111 recomendaciones que hace ese órgano de control interno, sólo se
adoptan cinco. Además, antes del inicio de la Expo, cuando iba a haber un
volumen muy importante de movimiento de dinero y de gasto, se decide
suprimir el control interno de la sociedad.
Hay otra contratación que describe el Tribunal pero tampoco entra en su
valoración, que es el contrato con la sociedad Disel. A mí me gustaría
saber qué es lo que hizo exactamente la sociedad Disel para merecerse
unos ingresos por el contrato que realizó. La sociedad Disel recibe el
encargo de Expo 92 --está en la página 99 del informe-- de realizar los
32 millones de entradas que se iban a utilizar. Esta sociedad se limita
a encargar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la confección de las
entradas y, una vez que están elaboradas, la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre las manda a los almacenes de Sogexpo, que se iba a encargar de
las ventas. No entendemos por qué el consejero delegado no descolgó el
teléfono y encargó directamente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
las entradas y no entendemos por qué cobra dinero la sociedad Disel por
esta actividad, que no tenía ningún contenido, ningún esfuerzo.
Evidentemente, aquí hay una mala utilización del dinero público por pagar
algo que no era necesario.
En cuanto a Sogexpo, se valora la gestión de su actuación. Yo no sé si
Sogexpo mantuvo 10.000 puntos de entrada en todo el mundo, lo que sí sé
es que, del total de entradas que se vendieron --hemos hablado de 13
millones, incluidas las 500.000 de regalo--, Sogexpo vende directamente
3.178.000 y, a través de mayoristas, vende 1.375.000, es decir, 4.470.000
entradas que vende directa e indirectamente. Sin embargo, percibe de la
sociedad estatal --está en la página 100 del informe-- 4.553 millones de
pesetas. Es decir, la gestión de venta de cada entrada salía a 1.000
pesetas. No sabemos muy bien si ése es el concepto de gestión del dinero
público.
Volviendo al caso de Telemundi, no afirmamos ni decimos más que lo que
dice el propio contenido del informe. En el contenido del informe, consta
el informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado que
aconsejaba la resolución del contrato y consta en el propio informe que
no ha encontrado datos. Si estaban disponibles todos los datos, si
estaban disponibles todos los libros accesorios, todas las fichas, toda
la contabilidad, ¿cómo es posible que el Tribunal, haciendo una labor
exhaustiva, no logre averiguar qué es exactamente lo que hizo Telemundi
para justificar los más de 6.000 millones de pesetas que cobró? Si todos
los datos están claros, si todos los papeles están claros, si se ha
puesto a disposición del Tribunal la totalidad de las cosas,
evidentemente tenía que haber averiguado qué hizo Telemundi para cobrar
6.500 millones de pesetas, y no es posible averiguarlo. Cuando no es
posible averiguar por qué se han gastado 6.500 millones de dinero
público, tenemos que hablar de responsabilidad de alguien para que
explique con papeles en la mano y con documentos, no con opiniones, qué
es lo que hizo exactamente Telemundi
para ganar 6.500 millones de pesetas; sin entrar, por ejemplo, en una
partida respecto a la que no hace absolutamente nada, como es famoso
jumbotron, o la pantalla gigante; no hace absolutamente nada porque esa
pantalla entra y sale de la Expo por una negociación entre la sociedad
que fabrica la pantalla y la propia Expo 92, entra y sale de la Expo sin
que cueste una peseta y, sin embargo, se pagan a Telemundi 250 millones,
cosa difícil de entender en una sociedad domiciliada en Suiza y que tenía
muy poca actividad.
Con esta situación, ¿qué es lo que nos encontramos y dónde entra nuestra
discrepancia con el Tribunal? De entrada, nuestra discrepancia con las
valoraciones a las que el Tribunal llega entra en que sólo aprecia una
responsabilidad en el pago de indemnizaciones. Y tampoco hablemos de que
es normal el pago de indemnizaciones. No es normal el pago de
indemnizaciones si no están pactadas, y todos los que no fueron
básicamente --que son los que se llevaron una buena parte, la parte más
importante cualitativamente hablando-- los 103 miembros del personal
directivo de la Expo, no cobran esas indemnizaciones si no estaban
pactadas estrictamente en sus contratos. Sin embargo, a los 103
directivos de la sociedad Expo 92 se les rescinde el contrato, se les
paga unas indemnizaciones, en la mayor parte de ellos no estaban en los
contratos, y a todos se les aumenta la base para el cálculo para las
indemnizaciones. Si lo habían hecho muy bien, se arbitra pura y
simplemente por el consejo de administración una paga extraordinaria o
una cantidad extraordinaria porque lo habían hecho muy bien y había que
retribuirlos. Si no, se aplica el contrato, y no tiene ningún sentido,
desde el punto de vista de gestión tanto de dinero público como de dinero
privado, que a estos señores se les rescinda el contrato con Expo 92 y el
mismo día entren a trabajar con la sociedad Agesa, a la que se
transfieren los activos y pasivos de Expo 92. Si estos señores iban a
trabajar en Agesa, que se hubieran transferido los activos y los pasivos
y el personal que iba a trabajar en Agesa, y no le hubiera costado a la
sociedad, es decir, a todos los españoles, el dinero que costaron las
indemnizaciones. Y que el consejero delegado se coloque en su
indemnización una partida de 3,5 millones de pesetas por falta de
preaviso, cuando el que se tenía que preavisar era él mismo, eso ya entra
en los niveles de lo ridículo si no estuviéramos hablando de dinero
público. (Varios señores diputados: ¡Qué vergüenza!) Si el señor Pellón,
consejero delegado, factotum, y el que decidía todo absolutamente en la
Expo, cobra 3,5 millones de pesetas por el concepto de que no se había
preavisado su despido, evidentemente estamos entrando en ese nivel en
algo muy grave.
En cuanto a nuestros planteamientos en las propuestas de resolución que
haremos, manifestamos que estamos abiertos a considerar las propuestas
que otros grupos hagan, como es lógico en el Pleno de la Cámara, sobre la
necesidad de realizar la investigación; lo que sí pediríamos, a ser
posible, es que se concretaran los aspectos o los ámbitos que se quiere
que sean objeto de investigación, y estamos abiertos a considerar y a
estudiar cualquier propuesta que se haga en ese sentido, siempre que --y
eso sí lo precisamos-- que estén concretados los aspectos sobre los que
va a trabajar una posible comisión de investigación.
Por otro lado, la acción realizada por los responsables de la Expo, que
evidentemente ha causado perjuicios al dinero público y que ha generado
una mala gestión y con utilización de malos criterios de gestión, de
forma que se han trastocado los resultados de la sociedad aprobados en
junta general, entendemos que ha ocasionado una responsabilidad de estos
administradores, contemplada en la Ley de Sociedades Anónimas en los
artículos 133 y siguientes, e instaremos a los servicios jurídicos del
Estado para que caso de no estar prescrita la acción para el ejercicio de
esta responsabilidad --en cualquier caso sería conveniente que nos
enteráramos si alguien ha intentando alargar las cosas para que
prescriban determinadas responsabilidades--, se inicie el juicio
correspondiente de responsabilidad contra los administradores para
intentar recuperar los desequilibrios que se produjeron en la sociedad.
En cuanto a otros temas, a nuestro entender --y es una apreciación
personal, pero que evidentemente tendrá que asumir o no el órgano
correspondiente-- en las alteraciones contables que se realizan y en la
manipulación de los balances existen los elementos suficientes para
hablar de la posible existencia de un delito societario de los previstos
en el artículo 290 del Código Penal. Al mismo tiempo, si hubiera habido
un ánimo fraudulento en la alteración de esas partidas de los balances y
de las cuentas, creemos que pudiera también estarse ante un supuesto de
falsedad documental del artículo 390.1, puesto que se han alterado
documentos y elementos esenciales de los requisitos contables.
En relación a la no retención de los pagarés de 200.000 millones de
pesetas --la cifra de retención en las indemnizaciones probablemente no
llegue, considerada individualmente, a una cifra de nivel de delito--,
entendemos que se da también un posible delito, previsto en el artículo
305.1 del Código Penal, en cuanto que quien hubiera debido retener no
retuvo y, evidentemente, en las cifras que estamos hablando de más de
24.000 millones de pesetas anuales de intereses pagados, estaríamos
también ante un supuesto de un posible delito fiscal. Será la Fiscalía
General del Estado o los tribunales, en su caso, los que determinen
quiénes pueden ser los presuntos responsables de este delito. Desde el
punto de vista de atribución personal de responsabilidad, esperaremos a
que lo hagan los tribunales y los órganos competentes; desde el punto de
vista de ejercicio de la responsabilidad civil, para devolver lo que se
pueda, contra los administradores de las sociedades, evidentemente sí
imputamos directamente a los miembros del consejo de administración de
esas sociedades esa responsabilidad contemplada en la Ley de Sociedades
Anónimas.
Se ha trastocado un poco lo que puede ser una intervención habitual en
una Comisión de Tribunal de Cuentas. Hay algunas preguntas o algunas
aclaraciones que al hilo de la intervención he ido planteando. Yo le
rogaría a la señora presidenta que, aunque me tenga que ausentar en este
momento, no lo tomara como descortesía, y si pudieran contestarse algunas
de esas observaciones diera respuesta a nuestro grupo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el senador, don Salvador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Antes que nada también, por parte de nuestro
grupo, queremos agradecer la comparecencia de la señora presidenta del
Tribunal de Cuentas. Voy a dividir mi intervención en tres líneas o
apartados, a saber, la posición sobre el informe, la valoración del
contenido de este informe, para llegar a unas conclusiones finales. Ya sé
que es bien cierto que estrictamente sólo deberíamos debatir el propio
informe, pero también en todos los casos, y quizá más en éste, se debe
llegar a otro tipo de valoraciones y conclusiones. Por tanto, primera
cuestión, creemos que el informe del Tribunal de Cuentas es completo,
exhaustivo, abarca todo lo que hace referencia a la actividad económica
financiera, también a varias sociedades, y es un informe en el que se
llevan muchos años de análisis e investigación. Estamos de acuerdo con
que el informe abarca todo lo posible y no deja temas pendientes, y me
refiero a temas pendientes por el tiempo fiscalizado, por tanto hasta
1992, aunque sí los deja abiertos para años posteriores a este plazo. El
informe resalta claramente las irregularidades y dice también hasta dónde
ha podido llegar, por tanto, permite valorar la necesidad o no de una
ampliación a este informe o de una nueva iniciativa. El informe también
abarca varias sociedades: Expo 92, Pabellón de España y Programas V
Centenario y a dos sociedades más a las que ha hecho referencia la propia
presidenta, Infesa y Tele Expo. Por nuestra parte hay algunas cuestiones
que han merecido nuestra atención, algunas ya conocidas, otras comentadas
por la propia señora presidenta, pero en las que creemos que es necesario
volver a incidir, por su fuerte trascendencia, aunque sea de una manera
mucho más acotada.
Empezando por lo que son los programas del V Centenario, es cierto que
han existido dificultades en la ejecución del informe, por encontrarse la
sociedad en liquidación, por no poder localizar la documentación y por la
inexistencia de un inventario actualizado de los programas. Ha habido
subvenciones de capital mal contabilizadas, la no periodificación de los
intereses, la mala contabilización de las inversiones financieras y de la
provisión para insolvencias; demandas contra la sociedad que están
pendientes de resolución, escasa provisión en las indemnizaciones que
sólo llegan a cubrir el 40 por ciento, un endeudamiento mayor de lo
previsto, un cambio de signo de la cuenta de resultados y desviación
negativa en el activo fijo. Así, en este apartado, llegaríamos a las
siguientes conclusiones: hay incumplimiento del Código de Comercio;
pólizas de crédito suscritas sin la debida autorización; tipos de
contratos laborales inadecuados; pago de contratos sin que se hayan
cumplido o ni siquiera resuelto; suscripción de contratos por parte del
consejero delegado, con presunta infracción de la Ley de
incompatibilidades de altos cargos; y, pago de honorarios muy por encima
de los habituales, incluso libres de impuestos y sin cláusula de
penalización. Yo le diría al señor Moreno, ahora que deja la sala, que si
viéramos todas estas mínimas referencias a esta serie de irregularidades
plasmadas en una sola imagen, también él debería alegar que éstas son
cuestiones graves.
En Expo 92, la infraestructura mecanizada no era operativa o se había
enajenado y hubo una contabilización incorrecta de ingresos que afecta a
resultados.
Evidentemente, por nuestra parte debemos volver a hablar de Telemundi, no
tanto por los 6.500 millones del contrato --para nosotros es igual que
sean 6.500 millones o una sola peseta-- sino por algo que consideramos
mucho más grave, como es el hecho de que no se conoce ni se justifica
cuáles fueron las prestaciones realizadas. Ha habido un sistema casi
único de contratación directa que nos permite, también aquí, llegar a
conclusiones, aunque en este caso más amplias. Dice el Tribunal --y lo
remarco porque considero que es gravísimo-- que los estados financieros,
balance, y cuentas de pérdidas y ganancias, no representan la imagen fiel
de su patrimonio y de los resultados, debido a la existencia de
salvedades significativas y que afectan tanto a inmovilizado
--inadecuadas aplicaciones-- como falta de saneamiento y provisiones; y,
añade, que el ajuste que se propone significa pasar de un beneficio
determinado a unas pérdidas que se elevan a 35.000 millones. Sin embargo,
yo añadiría que ha habido aportaciones del sector público por 130.530
millones cuando, hechos los ajustes del patrimonio neto de la Expo 92,
éste es de sólo 35.992; por tanto, hay un déficit patrimonial, comparado
con estas aportaciones, de 67.538 millones.
Hay también importantes deficiencias en el control, incluso en el propio
control interno de la sociedad; cuando de este organismo interno emanan
110 recomendaciones, al final, resulta que sólo se atienden cinco. Hubo
una previsión desmesurada del número de visitantes y parece que tampoco
se quiere dar importancia a la destrucción de las entradas no vendidas.
A este respecto, yo digo que no es tanto por el hecho en sí de si se
destruyeron en su momento, dando cuenta de esta destrucción, sino porque
es altamente significativo que esta destrucción se produzca precisamente
cuando el Tribunal de Cuentas pasa nota de que va a iniciar la
inspección; por lo tanto, sí es significativo que se haga en aquel
momento precisamente. El déficit de los espectáculos organizados, cuyos
ingresos sólo llegan a cubrir el 10 por ciento. En cuanto a las
indemnizaciones pagadas a personal y su inmediata contratación, es cierto
y estoy de acuerdo con la última intervención, en que no es tanto por las
indemnizaciones pagadas como por el mero hecho de que se contrata
inmediatamente a esos mismos señores. Abono de diversas pagas
extraordinarias no previstas y posibilidad de responsabilidades fiscales,
cuando estamos hablando del IRPF. Quiero hacer una última observación y
es que también me uno a las altísimas pérdidas de 3.200 millones del
centro de reservas de alojamientos y les digo a los señores del Grupo
Socialista que, a nuestro entender, todos estos mínimos detalles de una
serie de cuestiones, que sí están en el informe, continúan siendo
sumamente graves.
Tampoco Tele Expo tiene desperdicio. Pérdidas reales mucho más amplias de
las que se notificaron, derechos de propiedad que no fueron amortizados,
minusvaloración de algunas producciones; no se efectuaron ingresos
tributarios,
no se ajustaron al Plan general de contabilidad y los estados financieros
--refiriéndome al ejercicio de 1992 y balance final de 1993-- no son
representativos ni reflejan la imagen fiel de la sociedad ni de su
situación económica patrimonial.
Todo ello hace que plantee a la señora presidenta algunas preguntas, la
mayoría de las cuales están en línea con otras que ya le han sido
planteadas y, por lo tanto, sin duda las podrá poner en el mismo encuadre
a la hora de dar la respuesta. A nuestro grupo le interesaría saber si
cree que han tenido acceso a toda la información para hacer todo el
informe de referencia; si se deduce alguna responsabilidad de las
irregularidades detectadas; si es o no cierto que se está preparando
alguna pieza separada; si la presidenta del Tribunal cree necesario o
sería bueno ampliar el informe, ya sea del mismo período del que se ha
hecho --por tanto, hasta 1992-- ya sea una ampliación, con período
posterior, o ya sea, también, con nuevas fuentes de información.
Como valoración final diré que no es sólo una diferencia de criterios
contables, hay mucho más y por tanto, señores socialistas, no tienen
excusa ni justificación posible. Antes hablaba el señor Moreno de que no
había ocultamiento ni manipulación y, en algún momento, hablaba de burda
interpretación; pues bien, a mi parecer más bien se ha procurado un burdo
intento de maquillaje de una gestión reprobable. Esta es mi opinión, lo
lamento por ustedes y también por la imagen de gestión pública, que es la
que realmente hay que valorar.
No voy a entrar en detalle, de nuevo, del rosario interminable de
irregularidades ni, en este trámite, a pedir responsabilidades --ni
siquiera políticas-- por la razón de que creo que su nefasta gestión, y
estoy hablando de gestión, les está cayendo encima como una verdadera
losa. La Expo fue, sin duda, un gran acontecimiento, seguro, y también
estoy de acuerdo con que el objetivo final se cumplió, y con que, además,
fue beneficioso para Andalucía. Todo ello es perfecto, pero precisamente
por todo ello era necesaria una gestión impecable y rigurosa, más allá
que en cualquier otro acontecimiento y no ha sido así, y por parte de
nuestro grupo así lo hacemos constar.
Sin duda, señor presidente, vamos a estudiar detenidamente las posibles
y futuras iniciativas que podamos o que se puedan presentar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el diputado Jon Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Mi grupo parlamentario quiere también dar la
bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas y agradecerle la
presentación de la fiscalización de estas cuentas como lo hace
habitualmente y con el rigor que le caracteriza. Sin duda, esta reunión
no es como las demás de la Comisión del Tribunal de Cuentas ni estos
informes de fiscalización son como los demás, tienen un plus de
atractivo, desgraciadamente creo que negativo.
Fue un hermoso espectáculo, pero como negocio acabó en una ruina. Sus
cuentas fueron un absoluto desastre. Este era el titular de un diario
hace unos días, con motivo del informe de fiscalización de la Expo 92 que
trascendió a los medios de comunicación, por cierto, antes de que
estuviera en poder de los miembros de esta Comisión. A este titular yo
añadiría que el hermoso espectáculo duró seis meses, pero las
consecuencias de su nefasta gestión perduran hoy, cinco años después, y
no sabemos hasta cuándo lo harán.
En el año 1989 se decía que la exposición iba a hacer posible el alza de
la economía andaluza, y nos hubiese gustado que así hubiera sido. No sé
si eso se ha conseguido. Lo que sí parece seguro es que, al menos, se ha
hecho posible el alza de la economía de algunas personas físicas y
jurídicas.
En su día, desde el Partido Nacionalista Vasco denunciamos los grandes
proyectos que denominamos fastos del 92. Más de un billón de pesetas de
dineros públicos puestos a disposición de proyectos efímeros, en un
momento en que la euforia económica del Gobierno lo desbordaba todo y,
sin embargo, tan cerca de la profunda crisis económica de años
posteriores. Unos proyectos, y no hay que confundir, que eran proyectos
de Estado, al margen de su localización concreta. Por ello denunciamos en
su día los proyectos, no su localización, que apoyamos. La Exposición
Internacional de 1992 creíamos que iba a ser muy beneficiosa para el
desarrollo económico de Sevilla y de Andalucía. La verdad es que no
comenzó con buen pie el proyecto de la Expo 92. Siete años, desde 1984 a
1991, estuvo don Manuel Olivencia como comisario de la Expo. Siete años
de luchas personales hasta que presentó su dimisión, una dimisión que
todos sabemos que no fue dimisión, oficialmente. Y es remodelada toda la
cúpula de la Expo 92, con Jacinto Pellón como nuevo comisario. Algunos
dicen que con Olivencia nunca se hubiese conseguido terminar el proyecto;
no lo sé, tampoco ése es un aspecto que debemos contemplar ahora. Un
relevo, eso sí, a un año y medio vista de la inauguración de la
exposición, que no fue suficientemente aclarado, pero que, al parecer,
tuvo más bien intereses partidistas que razones de estrategia funcional.
Pero no estamos aquí para analizar ni valorar estas cuestiones ni para
hacer un balance de la repercusión en la imagen internacional del Estado
español; no estamos aquí para eso. No estamos aquí para valorar el éxito
de la Expo 92. Estamos para opinar sobre las conclusiones de los informes
de fiscalización que ha presentado la presidenta del Tribunal de Cuentas,
de las cinco sociedades estatales, relacionadas con la conmemoración del
quinto centenario del descubrimiento de América y con la Exposición
Universal de Sevilla. Para eso estamos reunidos y, francamente, esos
informes no podían ser más negativos. De las cinco sociedades estatales,
el estado contable fiscalizado de tres de ellas no expresa la imagen fiel
del patrimonio. La Exposición Universal de Sevilla 92, el Pabellón de
España y Telexpo, Sociedad Anónima. Las dos sociedades restantes, los
Programas de Actuaciones Conmemorativas e Infraestructuras y
Equipamientos Hispalenses, contienen tantas irregularidades que su
gestión se puede calificar de nefasta.
Señorías, el Tribunal de Cuentas nos ha dicho que estas sociedades están
así y nosotros tendremos que decir qué hacemos a partir de ahora. La
pelota está en nuestro tejado. Dejemos de implicar al Tribunal de Cuentas
en lo que a
partir de ahora pueda ser el futuro de la investigación de esta
situación.
Se ha hecho un repaso de todas las incidencias y yo me he tomado la
molestia de ir anotándolas, pero me han salido tantas páginas que no
quiero aburrir a SS. SS. con su relato, porque, además, algunas ya se han
puesto de manifiesto. Sí haré algunas precisiones en algunas de las que
he visto. Concretamente me voy a centrar en la Sociedad Estatal para la
Exposición Universal de Sevilla porque es el núcleo central de todas; las
demás son unas sociedades interpuestas, unas sociedades funcionales, que
se crearon precisamente para dar apoyo a la Sociedad Estatal para la
Exposición Universal de Sevilla.
Relación de incidencias. Podíamos empezar diciendo que todavía existen
estas empresas, no se han disuelto algunas. ¿Por qué no se han disuelto
esas empresas? Eso está provocando una serie de sucesivas situaciones de
pérdidas que además desconocemos. Porque estamos hablando del estado de
las cuentas a 31 de diciembre de 1992 y desde esa fecha hasta hoy han
pasado cinco años sin saber qué ha ocurrido con estas empresas, que están
todavía funcionando.
Si analizamos la fiscalización de los inmovilizados materiales, vemos que
se aprecian pérdidas significativas, que hay activos que están
sobrevalorados, que hay deudores que figuran en balance a 31 de diciembre
de 1992 con 18.646 millones de pesetas, desconociendo el nivel de
recuperación de esos deudores al día de hoy, que hay ingresos de 17.000
millones de pesetas, que se han incluido incorrectamente, etcétera.
Estamos hablando de tantos cientos de millones que llega un momento en
que uno pierde la noción del valor, por lo menos eso me está pasando
últimamente, sobre todo leyendo estos informes. De aquí se desprende que
en la principal cuenta de resultados, que es la de la Expo 92, no es que
se hayan ganado 17.000 millones, sino que se han perdido 35.000 millones
de pesetas.
Señorías, vamos a distinguir las cosas. No pensemos que esto es un
problema simplemente contable, porque no es así. La contabilidad lo único
que hace es reflejar situaciones que se han producido; no pensemos que se
puede estar manejando la contabilidad y decir que aquí no ha pasado nada,
porque simplemente son principios contables que no se han puesto de
manifiesto. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que significa una
contabilidad, de lo que significan las contabilidades de las empresas, y
si no miren ustedes la importancia que tienen en las empresas privadas.
Hay que ser muy rigurosos con este tema. No es un problema contable; la
contabilidad demuestra una situación real que se ha producido del manejo
de fondos.
Seguimos con las irregularidades. En los procedimientos de gestión y
control interno, con retrasos de cinco años en la elaboración de un plan
director; con el hecho de que el departamento de control de gestión da
ciento diez recomendaciones y son atendidas cinco, de las ciento diez;
que no se tomaron en consideración las diferencias puestas de manifiesto
en la auditoría interna; que los planes de inversión están incrementados
en un 135 por ciento, 79.000 millones de pesetas, más de lo previsto.
Había que correr, había poco tiempo, había que hacer cosas para que la
exposición pudiese ser inaugurada en su momento, indudablemente, pero
desviaciones de 79.000 millones de pesetas en inversiones...
Si hablamos de la gestión de ingresos resulta que hay imposibilidad de
comprobar las existencias. Las existencias es la cuenta fundamental en la
contabilidad de las empresas, porque a partir de ahí se puede saber cuál
ha sido su resultado. Y si uno va a una empresa y no puede controlar las
existencias, indudablemente se le cae absolutamente todo el rigor que
pueda poner al final en la elaboración de los balances. Pues bien, no se
pudieron comprobar las existencias físicas de entrada al recinto y se
destruyeron, como ya se ha dicho, 19 millones de entradas. Algún portavoz
de otro grupo lo ha dicho y yo creo que, indudablemente con razón, es
fundamental saber, no lo que se ha vendido, sino lo que se ha dejado de
vender. Ahí está el verdadero control. Por no entrar en el tema de las
comisiones pagadas. Lo que queda al final es una nebulosa de
interpretaciones que se pueden hacer. ¿Por qué ocurren estas cosas, es
sólo mala gestión o es que además hay otras cosas detrás de la gestión?
Comisiones pagadas por vender entradas de Sadexpo. Sadexpo es una empresa
compuesta por tres entidades financieras, que son patrocinadoras
oficiales de la Expo y que cobran 3.178 millones para vender entradas a
través de sus oficinas bancarias; es decir, poner en el mostrador el taco
de entradas para que los clientes que quieran puedan comprarlas. Eso
reporta 3.178 millones de pesetas de comisiones.
Las actuaciones en el recinto de la Expo y en los teatros ocasionaron
pérdidas de 5.789 millones. Cada vez que cogemos una partida donde hay
pérdidas, todas son de este volumen.
La utilización de los derechos de imagen, comercializada por la empresa
Telemundi, costó 6.500 millones y no es posible conocer ni justificar
cuáles fueron las prestaciones que hizo esta empresa.
La gestión del personal es un tema grave también. Hubo contrataciones
irregulares que ocasionaron unos despidos con unas indemnizaciones por
valor de 1.400 millones de pesetas que no deberían haberse producido si
esas contrataciones no hubiesen sido irregulares, si se hubiesen
contratado por obra determinada, que era lo que se tendría que haber
hecho en ese momento. Pero es que además, a 103 trabajadores a quienes se
había indemnizado por rescisión de contrato, se les volvió a contratar
inmediatamente en la empresa Agesa. Eso significa, desde el punto de
vista laboral, que hay una prórroga tácita en el tiempo de estos
contratos que se vuelven indefinidos. Estas son situaciones que no se
pueden dar como consecuencia de cumplir unos objetivos ni de tener prisa,
porque se echa el tiempo encima y no estamos llegando a la fecha de
inauguración. Yo creo que todo eso no lo justifica.
Hay abonos de pagas extraordinarias al personal, por valor de 600
millones, que no estaban contempladas en los convenios. Contingencias
fiscales por no tributar en el Impuesto sobre la Renta en retenciones e
indemnizaciones. Estamos hablando del sistema público y parece ser que el
sistema público es todo esto y además Hacienda y que no importa no pagar
impuestos a Hacienda desde el ámbito de las empresas públicas. Pues no,
no es así, porque si no pagan las empresas públicas pagaremos los demás.
Gestiones a través de empresas participadas. Ninguna empresa participada
generó beneficios. En concreto, la sociedad Centro de Reserva de
Alojamientos, Crasa, ocasionó una pérdida en la participación de 3.000
millones de pesetas.
Si vamos al cumplimiento de la planificación y de la presupuestación de
las actividades e inversiones desarrolladas, lo mismo. Incremento
constante de las previsiones de inversión, gastos de explotación
efectivos muy por encima de lo previsto, 37.900 millones de pesetas.
Procedimientos contractuales. Aquí hay otro problema, porque esto es muy
delicado. Los procedimientos contractuales tienen que ser de un rigor
pleno, porque no se puede contratar a dedo. Hay contratos de suministros
y servicios que se adjudicaron por 14.000 millones de pesetas a cinco
empresas. El portavoz socialista ha dicho que en Canadá, me parece, sólo
hubo una empresa. No me importa lo que pase en Canadá. A mí me importa lo
que pasa aquí y aquí se contrataron suministros y servicios de
adjudicación por 14.000 millones de pesetas a cinco empresas. El 88 por
ciento de los 1.900 contratos se adjudicó directamente; lo que comúnmente
sabemos que se llama a dedo.
Podría seguir con cientos de cuestiones, pero creo que ustedes ya tienen
una idea más o menos clara de qué es lo que se deduce de los informes de
fiscalización y de la contabilidad. Sólo me voy a referir a la otra
empresa importante, Ejecución y Programas de Actuaciones Conmemorativas,
de donde se desprende una mala gestión financiera; mayores pérdidas de
las contabilizadas; un incumplimiento de la legalidad, con dolo para el
erario público; actuaciones irregulares, premeditadas o no, eso ya no lo
sabemos, pero con consecuencias negativas para la cuenta del Estado, con
beneficio para particulares (proveedores, entidades financieras, personal
de la sociedad); una falta de decisión por parte del Gobierno --se está
dando y se ha dado-- para liquidar definitivamente la sociedad estatal y
cerrar el camino de las continuas pérdidas que está ocasionando.
Todo esto referido al año 1992. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Ya sé que
ni la presidenta ni el Tribunal de Cuentas me lo pueden contestar, pero
yo quiero saberlo.
Al margen de todo eso y de las medidas que proponga nuestro grupo
parlamentario, hay algunas cuestiones que también nos preguntamos. ¿Cómo
se entiende que las auditorías externas hayan emitido informes sin
salvedades, creo recordar, sólo con recomendaciones o notas? Desconozco
los informes de auditoría externa que se han producido. Sí conozco los
informes de la Intervención General de la Administración del Estado. No
puedo compararlos con lo que al final han sido los informes de
fiscalización, pero me gustaría saberlo. Los pediremos. Vamos a pedir
esos informes porque no se conocen y tampoco conocemos las observaciones
que el órgano de fiscalización interna del Gobierno, la Intervención
General de Administración del Estado, ha hecho de los ejercicios 1988,
1989 y 1990. A partir de ahora lo que hace falta es fiscalizar los años
que faltan. Eso es lo que tendríamos que pedir al Tribunal de Cuentas.
Todo esto que les he ido relatando, con las particularidades propias de
cada sociedad estatal, se puede decir que es un listado modelo de
irregularidades conceptuales que son comunes a las cinco empresas.
El Grupo Vasco (PNV) apoya la labor de fiscalización que ha hecho el
Tribunal de Cuentas, tanto en estos informes como en otros, ya lo hemos
dicho en otras ocasiones. Aquí no estamos para cuestionar esta labor,
porque el Tribunal de Cuentas, entre otras cosas, está para informar a
las Cortes, según su saber y entender, de cómo están las cuentas
públicas. El Tribunal de Cuentas es nuestro órgano de fiscalización de
las cuentas del Estado; está haciendo una buena labor y éste es el
momento de decirlo públicamente y desde luego para mí los informes de
fiscalización son lo suficientemente rigurosos como para creer en ellos.
A partir de ahora nos preguntamos: ¿Cuál es la situación hoy de las
sociedades que no están disueltas? ¿Qué pérdidas están generando? ¿Por
qué no se han disuelto si su objeto social está ya cumplido? ¿Cuál es la
situación de las demandas, de las contingencias y de los procedimientos
judiciales, si es que aún existen? Supongo que algunas de estas preguntas
no las puede contestar, pero las dejo en el aire porque creemos que son
de interés.
En otro orden de cosas, nos gustaría conocer, como he dicho antes, los
informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de
las auditorías externas. Queremos saber si verdaderamente coinciden con
los informes de fiscalización.
En definitiva, señora presidenta, señorías, aquí hemos venido a analizar
unos datos objetivos, unos datos objetivos que reflejan infracciones
legales, mala gestión, despilfarro del dinero público. Y detrás de todo
esto hay personas responsables; detrás de todo esto hay perjudicados, el
Estado y la sociedad; detrás de todo esto hay presuntos beneficiados,
contratistas, suministradores, entidades financieras, personal empleado.
No vale que me digan que el objetivo del gran acontecimiento que supuso
la Exposición Universal de Sevilla 92 se cumplió. No me vale. No es
justificación. No nos digan que si estas empresas no hubieran funcionado
así la Expo 92 no se hubiera celebrado, porque el que diga eso se hará
cómplice y encubridor de todas las infracciones e irregularidades que se
cometieron, a no ser que se defienda ese principio de que el fin
justifica los medios.
Algunos grupos parlamentarios, el Grupo Mixto y el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, han solicitado la creación de una
comisión de investigación y, desde luego, mi grupo parlamentario, el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), apoya esta iniciativa porque entendemos
que es necesario el esclarecimiento de los hechos y de las
responsabilidades. Es necesario condenar públicamente las conductas y
prevenir situaciones futuras como ésta. Es necesario saber si han podido
producirse acciones delictivas que hayan de ser trasladadas a la Fiscalía
General del Estado. Por cierto y entre paréntesis, señora presidenta del
Tribunal de Cuentas, ¿me podría usted aclarar si
el Tribunal de Cuentas ha enviado el informe de fiscalización al juez
Garzón? He leído en algún medio de comunicación que así ha sido y creo
que habría que aclarar que el informe de fiscalización es --no sé si lo
digo bien, corríjame-- propiedad, entre comillas, del Congreso y del
Tribunal de Cuentas; hay un procedimiento, o por lo menos así lo hemos
llevado en otras ocasiones, para que cuando el Poder Judicial quiere algo
del Parlamento sea a través de la Fiscalía General por donde se produzcan
esas solicitudes. No quiero desviar la atención, porque creo que éste es
un tema marginal, pero como sí me gusta precisarlo, le pregunto si es de
esta manera como se ha producido. Mi grupo parlamentario no está
dispuesto a pasar página en este asunto, porque no beneficia nada al
sistema democrático.
Por lo tanto, independientemente de las propuestas de resolución que
hagamos a este informe de fiscalización y el apoyo a la creación de esa
comisión de investigación, nuestro grupo parlamentario optará en todo
momento por esclarecer las consecuencias que ha tenido y está teniendo
esta mala gestión de estas empresas, al margen de otro tipo de
consideraciones.
El señor PRESIDENTE: Le corresponde ahora a la presidenta del Tribunal de
Cuentas responder a todas aquellas cuestiones que han formulado los
diferentes grupos parlamentarios. (El señor Moreno Monrove pide la
palabra.)
Señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Perdón, señor presidente. Me gustaría poder usar
la palabra, al amparo del artículo 72, para, de acuerdo con los artículos
71 y 73 del Reglamento, hacer referencia a que algún portavoz no se ha
referido básicamente al informe, sino a la intervención de este portavoz;
antes de la intervención de la señora presidenta me gustaría hacer alguna
precisión con absoluta brevedad.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, esta Presidencia entiende que las
dos intervenciones que se han producido, tanto del portavoz socialista,
en este caso usted mismo, como del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, han ido en la misma dirección. Las dos han hecho alusiones a sus
respectivos partidos y a los diferentes grupos parlamentarios al hilo de
la intervención y del informe del Tribunal de Cuentas y esta Presidencia
entiende que siempre ha existido un turno excepcional, que se ha dado a
todos los grupos parlamentarios, para poder repreguntar después de haber
intervenido la presidenta del Tribunal de Cuentas.
Por lo tanto, la Presidencia entiende que no procede en este caso un
turno en contra, ya que las intervenciones de los dos portavoces se han
referido siempre al informe del Tribunal de Cuentas.
El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, debo entender, por tanto, que
al final de la intervención de la señora presidenta del Tribunal de
Cuentas podré tener la oportunidad de hacer uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Como siempre, señor Moreno, esta Presidencia ha sido
muy generosa con todos los grupos parlamentarios y todos dispondrán de un
turno excepcional de cinco minutos, para poder insistir en aquellas
preguntas que no hayan quedado debidamente aclaradas.
Ahora esta Presidencia estima oportuno hacer un receso de cinco minutos
antes del reinicio de la sesión.
Muchas gracias. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores y diputados, vamos a
reiniciar la sesión de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Tiene la palabra su presidenta, doña Milagros García Crespo.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Muchas
gracias, señor presidente.
Es difícil poder atender, como probablemente cada uno de los
participantes en este debate deseara, a todas las cuestiones. No
obstante, procuraré hacerlo de la mejor manera que pueda.
El portavoz del PSOE me hace algunas preguntas, las dos primeras
referidas al campo de análisis en el que se ha centrado el informe. Como
algunos portavoces de otros grupos políticos han incidido en cuestiones
semejantes, permítanme que vuelva a decir lo que está muy claro en el
informe, y es que el informe no hace en absoluto valoraciones de cuáles
son los objetivos últimos o las externalidades que se hayan podido
conseguir o no con motivo de la fiscalización de la Expo, porque si el
Tribunal lo hiciera se saldría de sus propios ámbitos de competencia. En
consecuencia, el informe del Tribunal de Cuentas se ha limitado, para las
tres sociedades estatales analizadas, a hacer un estudio, en la línea de
nuestras leyes fundamentales, que se refiere a la actividad
económico-financiera de las distintas sociedades.
He oído también algunas consideraciones respecto a posibles momentos
distintos en los que se han terminado estos trabajos. Estos trabajos se
han cerrado a 31 de diciembre de 1992, y ésos son los resultados en esa
fecha. Como ustedes saben, no era el objetivo de lo que en su día le
pidió esta Comisión Mixta al Tribunal ni tampoco lo que aprobó el Pleno
realizar ningún trabajo que afectara a años siguientes y, por tanto, a la
gestión de Agesa.
Dicho esto, ustedes habrán visto que se habla de unas pérdidas que se
cifran en determinadas cantidades en los años 1993 y 1994, que se han
estudiado porque tienen un efecto relevante sobre el valor de los activos
y pasivos que se han incluido en el balance del año 1992. En ese sentido
se han incluido. Incluso el informe dice que si las modificaciones
contables, las rectificaciones, o las salvedades, como ustedes quieran;
las discrepancias contables que nosotros decíamos que tenían que haber
afluido en 1992 han quedado para años siguientes, no cabe duda de que en
parte, una parte que no está determinada, tendría que haberse producido
un flujo distinto; es decir, las pérdidas que en principio se
contabilizan de Agesa en una parte, que yo ignoro ahora, tendrían que
modificarse. Pero ése no es el
tema. Lo que quiero decir es que el informe tiene como terminación de los
hechos analizados diciembre de 1992. Como se me ha preguntado --creo que
ha sido el señor Carrera-- si creemos que podemos trabajar años
sucesivos, diremos, como siempre, que el Tribunal de Cuentas hará
aquellas fiscalizaciones que le encomiende esta Comisión Mixta, que es
precisamente la que nos lo puede pedir con todo derecho.
Ha habido varias intervenciones en relación con aspectos de los informes
del ministerio fiscal. Debo decir que, a mi juicio, la afirmación del
señor Centella, en representación de Izquierda Unida, ha sido poco
meditada con respecto a mi persona. Dice que he tenido pasividad respecto
a los informes de la Fiscalía. Señor Centella, yo le agradecería
muchísimo que atendiera a mi propia presencia aquí, delante de todas SS.
SS., y no a titulares interesados de periódicos. Y me explico.
Entre los márgenes de actuación del Tribunal de Cuentas, entre las
obligaciones que marcan las leyes del Tribunal de Cuentas, no está la
capacidad para decidir la apertura de ninguna pieza separada a petición
del ministerio fiscal en el Tribunal ni a petición del Servicio Jurídico
del Estado. La capacidad de abrir la pieza separada reside en cada uno de
los consejeros que ha hecho la fiscalización, que son ponentes de las
fiscalizaciones o de los informes que aquí se presentaron. De la única
pieza separada que yo me podría hacer cargo --y, por supuesto, lo hago--
es de la referida a la sociedad estatal para la celebración de los actos
del V Centenario. El resto depende de cada uno de los consejeros
ponentes, si bien es verdad que mis compañeros --me refiero a los cuatro
consejeros que hemos hecho los cinco informes que hoy hemos presentado,
los compañeros del grupo de trabajo-- me pidieron que llevara la
coordinación entre el grupo --tal vez por mayor facilidad de medios--, y
ésa fue la razón por la cual el informe del fiscal, en un momento, llegó
a mis manos. Le fue remitido por el fiscal a la presidenta, no en su
calidad de presidenta, sino como elemento aglutinante de las gestiones
que se me habían encomendado. Y ese mismo día o el siguiente --no he
mirado las fechas, porque no le he dado importancia a este tema-- fue
enviado al resto. Como presidenta --insisto-- no tengo ninguna
posibilidad de instar a la apertura de piezas separadas y, mucho menos,
de guardarme los informes en ningún cajón, porque, como es lógico, en el
Tribunal se registran las fechas de entrada y de salida, y ahí están.
Como hay otras preguntas relacionadas con qué es lo que se ha visto
dentro de los informes del servicio fiscal y del Servicio Jurídico del
Estado y cuál es la forma en que se funciona, les diré que yo también me
he sorprendido de que aparecieran en la prensa los informes de ambas
instituciones, que, por supuesto, conocía, pero que no están incluidos en
este informe que se les ha enviado a ustedes. Hay peticiones de apertura
de piezas separadas relacionadas exclusivamente, variables según las
empresas --no creo que valga la pena que les detalle una por una, porque
ustedes ya han hablado de ellas--, referidas al capítulo de personal. Es
en el único capítulo donde hay peticiones, tanto del Servicio Jurídico
del Estado como de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas.
Aunque muchas veces he hecho alusión a este tema en otras comparecencias,
quiero decirles qué es la pieza separada. La pieza separada es la
realización de un expediente que debe tramitarse por el consejero que ha
realizado la fiscalización, al considerar que de ella se pueden derivar
responsabilidades contables. En ese expediente que se abre se concretan
los hechos; los posibles responsables; el importe del perjuicio, cuando
así resultase de lo actuado en el procedimiento fiscalizador, etcétera.
El consejero, lógicamente, puede analizar la petición y puede no estar de
acuerdo con las solicitudes del abogado de Estado o del fiscal, porque,
en algunos casos, se trata de consideraciones jurídicas que son opinables
y, por tanto, puede decidir la no apertura de pieza separada. En
definitiva, quiero decir que las peticiones de apertura de pieza separada
no son vinculantes para el consejero, como así se señala además en una
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del año 1995. Pero, no
es éste el estado de la cuestión, que es lo que ustedes quieren saber.
Nosotros vamos a contemplar todas las peticiones que se nos han hecho de
apertura de piezas separadas. Hemos decidido que nos vamos a reunir
inmediatamente, cualquier día después de hoy, el grupo de cuatro
consejeros que han trabajado en estos informes para empezar a ver, cada
uno desde su propia responsabilidad concreta, cómo se contestan a estas
peticiones y definitivamente cuál es el alcance que dentro de la casa
tiene. Al margen de eso, lógicamente, están otras actuaciones.
Agradezco muchísimo al señor Zabalía las consideraciones que ha tenido
para este Tribunal. Me preguntaba qué ha ocurrido con la petición del
juez Garzón sobre el envío del informe. Tengo que decirle que no coincido
exactamente con usted en el sentido de que el informe es propiedad del
Congreso y que no se le puede mandar. Dentro de las actividades del
Tribunal de Cuentas es normal que distintos jueces de diferentes juzgados
de fuera de Madrid, por supuesto de fuera de la Audiencia Nacional, nos
pidan informes. Lo que nunca hacemos es enviar un informe antes de que
llegue aquí. En ese sentido, debo decirle que hubo una solicitud del juez
Garzón al Tribunal de Cuentas, en función de una petición del señor Ruiz
Mateos de estudiar los posibles problemas penales o de cualquier tipo que
hubiera en la Expo. El juez Garzón, en el verano del año 1996, solicitó
al Tribunal el envío del informe. Se le respondió que no era posible
enviarle ni el informe ni ninguna cuestión previa hasta que no estuviese
realizado y, por tanto, presentado en el Parlamento. Tengo por ahí la
fecha en la que se le ha enviado; desde luego, algunos días después de
haberlo hecho a esta casa. Para nosotros el orden no tiene dudas, sabemos
perfectamente que el destinatario de nuestros trabajos es el Parlamento.
Con fecha 31 de octubre se le envió el informe al juez Garzón. Luego el
fiscal en el Tribunal de Cuentas ha recibido también una petición de
envío del informe de Expo 92 por parte del juez de delitos monetarios;
por tanto, lo ha solicitado a través del fiscal jefe en el Tribunal de
Cuentas y se le ha enviado con fecha 7 de noviembre.
Ya ven ustedes que soy poco ortodoxa al contestar pues mezclo cuestiones
con el objeto de no ser repetitiva.
Respecto a si las cuentas son plurianuales o no, no hay inconveniente en
presentar cuentas plurianuales porque la ley lo autoriza. Se puede hacer
perfectamente y, en determinadas circunstancias, es preferible.
El informe no se pronuncia sobre ningún caso de ilegalidad. Después de
ver la trascendencia que han tenido en la prensa algunas cuestiones y el
tratamiento que ha habido con datos inciertos, he intentado hacer una
lectura del informe mirando si había alguna palabra referida a lo
ilícito, pero no la he encontrado en el informe. Creo que con esto
contesto a todas las preguntas que se me han hecho en el sentido de si
era o no lícito, si era legal o ilegal. Yo no he encontrado la palabra en
el informe, aunque alguien me puede decir que está. Yo no digo más que no
la he encontrado, no digo que no esté.
Hemos considerado que las cuentas que teníamos que revisar eran las
cuentas anuales tal como se habían venido rindiendo, año a año, hasta
1991 inclusive, y los estados contables rendidos en 1992, porque
consideramos que son los que más se aproximan a lo que solicita la Ley de
sociedades estatales y la reglamentación que hay alrededor de ella. En
función de eso, hemos examinado esa cuenta.
También debo decirles que, como es lógico, el balance de situación es
idéntico tanto si se utiliza la cuenta anual como si se utiliza la cuenta
plurianual. Lo que cambiará es la cuenta de pérdidas y ganancias porque
se pueden traspasar las pérdidas y ganancias a distintos años, o se
pueden traspasar, como han puesto de manifiesto algunos de ustedes, los
criterios de amortización a años atrasados, a años transcurridos antes;
unos criterios de amortización menos rigurosos que los que habían
imperado hasta el año 1991. Es posible hacer esto. En consecuencia, los
reflejos de que la cuenta sea anual o plurianual están en la cuenta de
pérdidas y ganancias, no pueden estar en el balance de situación porque
lo que está anotado contablemente tiene que seguir anotado contablemente.
Un tema del que se ha hablado por varios parlamentarios se refiere a las
entradas a la Expo y al control. Ustedes han hecho lectura exacta, porque
han leído el texto del informe, de lo que en él se dice. No voy a
insistir. Acepto y hago mío el informe en su totalidad. En consecuencia,
todas aquellas manifestaciones que han hecho apoyándose en textos
literales del informe son, por supuesto, absolutamente defendibles y
asumidas por el Tribunal de Cuentas. Las interpretaciones políticas son
propias de ustedes, es su oficio y no deben ser nunca manifestadas por
esta Presidencia que, hasta hace una semana, había creído que ejercía su
puesto con la mayor limpieza en cuanto a posibles inclinaciones,
creencias o ideario político. No obstante, parece que a veces un titular
de un periódico puede dar al traste con lo que uno ha querido ir
construyendo a lo largo de su vida y con lo que muchos de ustedes me han
manifestado en los tres años que he tenido el placer de presentarles los
resultados de las fiscalizaciones del Tribunal.
En la misma línea y entendiendo también que el informe es crítico en el
tema relacionado con el informe de Telemundi y la dificultad que hemos
tenido para saber exactamente cuáles son los contratos en los que ha
intervenido, intento ajustarme exactamente al informe. Sobre el resto de
los contratos que se me han indicado, igual. En el informe afirmamos que
la manera administrativa de llevar los contratos es correcta. En las
cifras que se manifiestan afirmamos cuáles han sido contratación directa
y cuáles han sido contratación con publicidad. Manifestamos cuáles han
sido las desviaciones respecto a las cifras iniciales, bien sea por
modificación de precios, bien por ampliación de las obras realizadas. En
consecuencia, las distintas interpretaciones corresponden a SS. SS. y no
a mí.
En un momento determinado se me pide que explique la falta de un
inventario de la sociedad estatal del V Centenario. Señor Centella, no
está el inventario. Yo no le puedo explicar por qué no está. Su señoría
sabe perfectamente que iba a contestarle eso, y también a otras preguntas
que me ha manifestado en esa línea, porque sus preguntas, afortunadamente
para mí, se han apoyado en cuestiones que han ido apareciendo a lo largo
del informe, cosa que le agradezco de verdad. De esas consideraciones del
informe S. S. hace otras preguntas que le sugieren otras cosas. Me parece
correcto y está en su derecho.
Al señor Jordano le contesto con mucho gusto. No ha podido quedarse pero
ha manifestado las razones. La primera pregunta que ha hecho es si ha
estado disponible la documentación necesaria. Creo que no falto a lo que
dice el informe si afirmo que sí. Lo que ocurre es que si hubiera sido
posible la utilización de determinados apoyos informáticos y del lector
óptico, el trabajo de revisión de la documentación hubiese sido más fácil
y hubiese aligerado el trabajo de los grupos de técnicos que han
intervenido para hacer el informe de la Expo. Pero en ningún momento han
dicho que no hayan tenido a su disposición la documentación, soporte de
lo que luego se había introducido en cualquiera de estos elementos
informáticos. El resto de las cuestiones que destaca están en el informe,
y hago las mismas consideraciones que he hecho antes. Dice S. S. que en
la presentación de cuentas no se refleja la imagen fiel. Contesto también
al señor Zabalía, ya que es uno de sus puntos de batalla en otras
reuniones. De las cinco sociedades, se dice en tres que no reflejan la
imagen fiel.
Discrepa expresamente el señor Jordano con el Tribunal de Cuentas en que
éste sólo aprecia responsabilidad en el pago de indemnizaciones. No es el
Tribunal de Cuentas, es el Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de
Cuentas y el ministerio fiscal en el Tribunal de Cuentas. En los
distintos informes que han sido presentados no nos pronunciamos, enviamos
el borrador del informe a ambas instituciones para que se pronuncien. Son
ellas las que se han pronunciado. Respecto a otras cuestiones, el informe
ha sido requerido por dos juzgados distintos. Lo que escapa de la pura
responsabilidad contable, también escapa del ámbito del Tribunal. Lo que
queda en el ámbito del Tribunal son posibles responsabilidades contables
que vamos a estudiar. Por si hay alguna duda más sobre la intención de
realizar un análisis exhaustivo y abrir expedientes sobre lo que nos ha
indicado el ministerio fiscal, debo decir que sólo existe un caso en el
Tribunal en el que antes de presentar el informe al Parlamento se halla
abierta pieza separada, a iniciativa del consejero.
Cuando acudo a presentar los informes, normalmente han transcurrido
bastantes meses desde su aprobación por el Pleno. Esta comparecencia ha
sido urgente, razón por la cual no se ha podido empezar todavía. No
obstante, ustedes saben que a veces les digo que está en estudio una
pieza separada o que está abierta, y suelo manifestarles en qué situación
se encuentra en cada momento. El hecho de que el informe fuera aprobado
en el Pleno que se celebró a finales de octubre, explica que no hayamos
iniciado este tema, pero en absoluto que esté fuera de nuestra intención
hacerlo.
El señor Carreras, a quien agradezco mucho su intervención, pregunta si
hemos tenido acceso a toda la información. Al contestar al señor Jordano
creo que le he respondido lo mismo que en el tema sobre responsabilidad.
Nosotros nos limitamos a la responsabilidad contable y la vamos a seguir
estudiando.
Me preguntan si se están preparando piezas separadas. Se van a preparar
en la medida en que, del estudio de los expedientes, resulte la necesidad
de prepararlas, porque les he expresado cómo actúa normalmente el
Tribunal en estas cuestiones. Me preguntan también qué opino sobre si
interesa ampliar el informe. Permítanme que les diga que soy
absolutamente respetuosa con la decisión que tomen, en el uso de sus
facultades, los miembros de esta Comisión.
Al señor Zabalía creo que le he contestado ya algunas de las cuestiones.
Pregunta por qué no se han disuelto algunas empresas. Nosotros terminamos
el informe en el año 1992. Al ver la empresa dijimos que los activos se
incorporaron a Agesa en determinada fecha; en el año 1993, según creo
recordar, hubo alguna. Criticamos, por ejemplo, que alguna empresa siga
viva hasta el año 2001 y proponemos que no ocurra así. Respecto a las que
no se han disuelto, hacemos la propuesta de que se disuelvan; es el caso
de V Centenario. Hace, además, una petición muy concreta, aunque usted es
consciente de que yo no tengo aquí ese dato: las auditorías externas que
se han hecho sobre Expo 92. Creo, sinceramente, que estaremos en
situación de podérselas proporcionar.
De momento, es lo que contesto a sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Excepcionalmente, como saben todos los grupos
parlamentarios, tienen otro turno de intervención para pedir alguna
aclaración. Esta Presidencia va a ser muy rigurosa en el control del
tiempo, dado que ya lo han tenido suficiente en sus primeras
intervenciones para poder explicitar todas aquellas dudas que tenían al
respecto.
¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el diputado don Sergio Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Con mucha brevedad.
Algunos portavoces han dirigido su intervención --especialmente el del
Partido Popular-- a las manifestaciones de este portavoz.
Aquí hemos venido a analizar el informe del Tribunal de Cuentas y hay que
valorarlo. Sin embargo, el Partido Popular ha venido a juzgar al Partido
Socialista, despreciando gran parte de lo que dice el propio informe o
torciéndolo, como, por ejemplo, que no estaba la información disponible;
la quema de entradas; que se hacen cuentas plurianuales para aflorar
beneficios; la intencionalidad de la activación de gastos y en el
criterio de amortizaciones; la sobrevaloración de inmovilizados; las
ventas de entradas, etcétera. Una vez más, la presidenta, en su segunda
intervención, ha puesto de manifiesto con claridad y rotundidad su
situación real de acuerdo con el informe que elabora el propio Tribunal
de Cuentas.
Señorías, nosotros estamos seguros de que el Partido Popular ha venido
aquí a extender una enorme cortina de humo. Ustedes, señores del PP, han
fracaso rotundamente al decir que había un delito, desviación de dinero
público, que alguien se lo había llevado, que alguien lo tenía que
devolver, que lo teníamos que devolver los socialistas. Ahora están ya en
el campo de las irregularidades, después quedará en mala gestión y, en
todo caso, descontextualizando el evento. Ya no sabemos el guión del
Partido Popular. Vemos en esto, incluso, la mano del señor Rato. Al
principio lo hemos vivido con sus acusaciones sobre los 200.000 millones
y la Agencia Tributaria. Ahora le toca al Tribunal de Cuentas. Acusa,
desacredita, que algo queda. Esa es la estrategia del Partido Popular,
contra la que lucharemos con todas nuestras fuerzas.
Finalmente, sólo le queda a nuestro grupo agradecer de nuevo la presencia
aquí de la presidenta del Tribunal de Cuentas, así como sus
informaciones. Con ellas ha quedado de manifiesto lo que realmente dice
el Tribunal de Cuentas, como no podía ser menos. Ha puesto las cosas en
su sitio y yo me alegro, en nombre de mi grupo parlamentario, de que haya
sido tan útil la presencia en esta Comisión de la presidenta del Tribunal
de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el diputado don José Luis Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muy brevemente, porque aquí parece que se ha
intentado reabrir el debate, lo que no es objeto de este turno, aunque
con poca convicción y con la chuleta preparada, porque al final las
conclusiones de algún grupo político, que me ha precedido en el uso de la
palabra, parecía que estaban escritas desde antes de escuchar a la
presidenta; repito que la poca convicción del portavoz delata,
precisamente, que no se ha conseguido el objetivo que se pretendía.
Simplemente, sin abrir el debate, porque afortunadamente, como aquí han
anunciado otros grupos políticos, vamos a seguir hablando en esta Cámara
de la Expo 92 y de la posible existencia de trato de favor en torno a
ella, quiero decir que lamento que no se me haya podido contestar a la
pregunta, lo que no viene sino a avalar la tesis de Izquierda Unida de
que es necesaria, imprescindible y urgente la creación de esa comisión de
investigación que yo espero que se pueda concretar en los próximos días.
Esa es la conclusión, que le hayamos formulado 23 preguntas y no nos haya
contestado ni siquiera a una, ya que evidentemente
el Tribunal no puede contestarlas, y no puede dar respuesta porque quien
podría hacerlo sería esa comisión de investigación.
Por tanto, mal que les pese a algunos que están intentando --y su
nerviosismo les delata-- que no se vuelva a hablar más de lo ocurrido en
torno a la Expo 92, afortunadamente esta Cámara podrá seguir
investigando. Espero que la creación de esa comisión de investigación se
apruebe por unanimidad de todos los grupos políticos, porque en caso
contrario quedará en evidencia quién no quiere que los andaluces, que los
españoles conozcamos los datos de la Expo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra el diputado don Jon Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Unicamente para agradecer de nuevo la presencia
de la presidenta del Tribunal de Cuentas y también los trabajos que han
realizado.
Me queda un interrogante que quisiera que no me hubiese quedado, y es que
por parte de todos los grupos parlamentarios se sepa qué vamos a hacer a
partir de ahora. ¿Nos vamos a quedar aquí sin más? Es decir, ¿este debate
ha servido para poner de manifiesto algunas cuestiones y nada más? ¿No se
van a aclarar más los hechos? ¿No se van a pedir responsabilidades? Esto
no sería bueno para la marcha del propio Parlamento, no sería bueno,
incluso, para la sociedad a la cual se ha transmitido ya toda una serie
de situaciones irregulares y de sospechas, y creo que hay que aclarar
estos hechos.
Esto es lo que no me queda suficientemente nítido. Dentro de unos días,
o más adelante, será cuando podamos debatir en el Parlamento estos temas,
pero he visto excesiva prudencia, quizá, en algunos grupos, en no querer
mojarse, como se suele decir. Quizás éste es uno de nuestros defectos, es
decir, de los vascos, que nos mojamos siempre y al principio. Pero bueno,
con ello acarreamos nuestros temas. Simplemente se trata de esto, que me
queda una sensación de que aquí hemos estado debatiendo sobre unos
grandes problemas, unas enormes irregularidades, una gestión nefasta y,
al final, sólo queda qué vamos a hacer. Espero que sólo sea una prudente
postura de reflexión, pero que no signifique un cerrar o un pasar página
y que tengamos oportunidad en el Parlamento, de la forma que estimemos
oportuna, de poder incidir e investigar no sólo en lo que ocurrió hasta
el año 1992, sino lo que es en estos momentos la situación actual, a
partir también de esa época.
Espero que este Parlamento tenga la capacidad para poder esclarecer todos
estos hechos y aclarar todas las situaciones, porque es posible que hoy
quede en el aire la culpabilidad de algunos y no sea cierta, o es posible
que no se haya visto culpabilidad de otros y desde luego sea cierta. Creo
que esto también es bueno aclararlo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muy brevemente. Aparte de agradecer de nuevo
toda la información suministrada en su comparecencia por la presidenta
del Tribunal de Cuentas, quiero intervenir un poco a raíz de la
intervención del diputado del PNV y buen amigo, que está sentado a mi
lado.
Por parte de nuestro grupo, le voy a decir lo siguiente. No es cuestión
ni de cerrar ni de pasar la página. Yo creo que el debate precisamente no
ha ido en esta línea, al contrario, es un debate en el que cada uno de
los grupos presentes ha manifestado cuáles serían las iniciativas
posteriores al mismo, por ejemplo, las iniciativas propias de esta
Comisión como puede ser la comparecencia del lunes o como pueden ser las
propuestas de resolución, en las cuales, sin duda, se deberían contemplar
--y así creo que va a ser-- cuestiones de importancia que hagan
referencia a este debate. Por lo tanto, ni se ha cerrado ni se ha pasado
la página. Le puede quedar la duda de si algunos grupos --no sé si lo
decía directamente por Convergència i Unió-- nos manifestábamos a favor
o no de esta propuesta de comisión de investigación. Yo creo que también
he sido claro, entendía que éste no era el momento en que deberíamos
definirnos, ya se lo he dicho. Pero también he dicho que íbamos a
estudiar muy en profundidad y detenidamente cualquier nueva iniciativa
que se presentara por nosotros mismos o por los otros grupos. Por tanto,
aquí englobaba a cualquier otra iniciativa.
Repito, a nuestro grupo le ha parecido que no era oportuno hacerlo hoy en
esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas y quedamos a la espera de
tomar la decisión cuando ello sea necesario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Mercedes Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Con toda brevedad y lamentando, como él
mismo ha dicho, que nuestro propio portavoz se haya tenido que ausentar
de la reunión por razones estrictamente personales, con mucho gusto asumo
la portavocía de nuestro grupo en este breve turno de réplica que ha sido
concedido por la Presidencia.
Quiero referirme, en primer lugar, a la intervención del señor Moreno. El
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que no le ha gustado la
intervención de nuestro portavoz en relación a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas y muestra su preocupación. Creemos que nos asiste
nuestro derecho parlamentario a realizar todo tipo de consideraciones,
algunas de ellas con apoyo en el propio informe de fiscalización y otras,
como ha dicho nuestro portavoz, al hilo de consideraciones que se han
hecho o de consideraciones que, a nuestro juicio, no se contienen en el
propio informe.
Créame que desde luego nuestra intención, señoría, no era realizar
ninguna instrucción --me ha parecido oír de sus palabras-- ni juzgar al
Partido Socialista. El descrédito de la gestión de todo lo que rodea a la
Expo creo que se acredita por sí solo. Hay documentos evidentes, hay
comportamientos elocuentes, hay dejaciones más que suficientes, hay
hechos clamorosos y hay omisiones con serias e
importantes responsabilidades. Hemos hecho referencia en la anterior
intervención al capítulo de contrataciones de personal, que S. S. ha
omitido, con aspectos absolutamente gravísimos de indemnizaciones
millonarias y de omisiones que yo no podría calificar de simples
omisiones o descuidos. Hay actuaciones y conductas absolutamente
reprobables y, desde luego, a juicio del Grupo Parlamentario Popular así
es. Nuestra intervención ha sido, a nuestro juicio, muy del tenor de lo
que se hace en el seno de la Comisión Mixta, y desde luego hemos
pretendido hacerla con rigor y con contundencia. Hemos estudiado con
detalle y pormenorizadamente todas las consideraciones y conclusiones que
se contienen en el propio informe del Tribunal de Cuentas. Si usted cree
que eso es una cortina de humo, señoría, tengo que decirle que no está
entendiendo nada o está usted deliberadamente pretendiendo alterar el
escenario. El escenario es fiscalizar actuaciones bajo gobiernos
socialistas de la Expo, con omisiones que se han puesto en evidencia y
responsabilidades muy graves que se han derivado de esta gestión.
Creemos que el guión que nos ha presentado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista es suficientemente elocuente. Es el único grupo
parlamentario que cree que todo se ha hecho bien; que el fin --como decía
el señor Zabalía-- justifica los medios; que no ha habido ni omisiones ni
responsabilidades ni desmanes contables ni presupuestarios. Es más, ha
dicho que no ha habido ni siquiera derroches presupuestarios. Señoría, yo
creo que hablar en esos términos es una falta de respeto a los grupos
parlamentarios --me permitirá que se lo diga-- que hemos tenido acceso al
informe del Tribunal de Cuentas, que hemos estudiado con detalle y rigor
el informe del Tribunal de Cuentas, y sobre el que sólo S. S. y su grupo
pueden llegar a conclusiones tan beatíficas y tan exoneradoras de
responsabilidad, tal y como S. S. ha hecho gala en la intervención.
Respecto a las informaciones que solicitábamos a la presidenta del
Tribunal --yo he tomado buena nota de sus respuestas y se las agradezco--
sí me gustaría en este segundo turno reiterar una petición que ha hecho
el portavoz de nuestro grupo parlamentario. Está contenida concretamente
en la página 53 y se refiere a los reembolsos efectuados en los que no se
han practicado las retenciones por rendimientos implícitos en capital
mobiliario ni se ha acreditado que la materialización de los reembolsos
hubiera sido encomendada a entidad financiera alguna. La presidenta
recordará y SS. SS. también, que nuestro portavoz incidió bastante en
ello, incluso creo acordarme casi del tenor literal de sus palabras. Le
llamaba la atención que siendo, a nuestro juicio, un hecho importante y
que podría haber tenido consecuencias en las propias conclusiones del
Tribunal, no se ha recogido. Por tanto, tratábamos recabar en esta
comparecencia de la presidenta aquellas informaciones complementarias que
usted nos pudiese facilitar.
Quiero finalizar, señor presidente, diciendo algo en relación a la
intervención y a la respuesta que ha realizado la señora presidenta del
Tribunal de Cuentas. Me ha llamado particularmente la atención que usted
haya dicho --y creo que es su hilo argumental habitual en las
comparecencias en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas-- que hace
suyo el informe del Tribunal, con independencia de que usted haya tenido
o no la calidad de ponente y de que en este caso haya realizado unas
labores de coordinación, creo recordar, por la propia dificultad del
trabajo objeto de fiscalización. No obstante, me llama la atención que
habiendo dicho expresamente la presidenta que hace suyo lo contenido en
el informe, detecto una pequeña discrepancia respecto a la disponibilidad
o no de los documentos a la hora de realizar la labor fiscalizadora. En
alguna parte --son muchas las hojas y me va a permitir la presidenta que
no tenga memorizada ahora mismo la página-- del informe se dice, a
nuestro juicio con absoluta claridad, que, en ocasiones --y ya es
bastante--, no se ha tenido la disponibilidad del material suficiente
para poder realizar, de forma completa y exhaustiva, la labor
fiscalizadora. Nos gustaría que la presidenta nos matizase por qué
haciendo suyo en su integridad el informe en su conjunto, en este aspecto
--si me permite la diablura-- casi hace un voto particular verbal en esta
misma Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones que se han planteado
en los turnos de intervención, tiene la palabra la señora presidenta del
Tribunal de Cuentas, doña Milagros García Crespo.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Creo que ha
sido doña Mercedes Fernández la única que me ha formulado una pregunta
directa y, por tanto, solamente le voy a responder a ella.
He tomado nota de lo que indica el señor Jordano respecto a los
reembolsos y la falta de retenciones. He dicho al final de mi primera
intervención, pero vuelvo a insistir ahora, que con gran premura para
evitar, precisamente, el que hubiera una posibilidad de fuera de plazo de
las responsabilidades tributarias, el informe se envió inmediatamente a
la Agencia Tributaria. Esta es una de las cuestiones que quedan ahí. Por
lo demás, yo creo que lo que se ha indicado, insisto de nuevo, es lo que
habitualmente he dicho, que lo que está en el informe es lo que está y lo
que el señor Jordano ha afirmado está en relación con el contenido. Esta
y cualquier otra consideración de aspectos de responsabilidad de tipo
fiscal han sido enviadas a la Agencia Tributaria y creo que se hizo no sé
si al día siguiente o a los dos días de la aprobación del informe, porque
difícilmente, como es lógico, se podía hacer antes.
Por otro lado, dice que puedo tener una discrepancia. Yo nunca digo que
hago mío el informe. Es lógico que la presidenta haga suyo el informe,
porque jamás lo ha votado en contra. Lo he querido decir aquí por otras
razones que creo que usted entiende y por otro tipo de consideraciones
que se han hecho fuera de este recinto, nada más por eso, ésa ha sido la
única razón.
Dicho esto, usted también me comenta lo del acceso o no al material. Yo
debo decir que, cuando he hablado de si hemos tenido acceso a todo el
material, lo que he querido decir, y creo que usted me ha entendido
perfectamente, es que el hecho de que se haya destruido o no el
lector óptico o el hecho de que se hubiese enajenado ya el ordenador no
nos ha impedido el acceso a la documentación, porque la base documental
en la que está reflejada la contabilidad está ahí. Cuando en mi propio
informe, en el que me correspondió a mí, digo que no hemos dispuesto del
inventario, es evidente que no me estoy refiriendo a las mismas cosas.
Creo que se me ha preguntado un poco en relación con esas cuestiones que
se dicen al comienzo del informe de la Expo 92 de que, sin constituir
limitaciones, han venido de alguna manera a provocar retrasos. Como de
eso he creído entender que se podía pensar que ahí no había documentación
por no haberse tenido acceso a estos otros instrumentos, más
perfeccionados desde el punto de vista técnico, en ese sentido lo decía.
Cuando decimos que falta una determinada documentación o que no hemos
podido contrastar todos los problemas relacionados con Telemundi porque
no hay documentación suficiente, evidentemente que la lectura de todo el
informe se deberá hacer en cada punto. Yo creo que esto es así, aunque le
agradezco lo que me ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención damos por finalizada esta
Comisión mixta, no sin antes recordar a los señores portavoces y a los
miembros de la Mesa que no abandonen la sala, a fin y efecto de proceder
a una reunión de Mesa y portavoces.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.