DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 74



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 18



celebrada el martes, 4 de noviembre de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Preguntas:



--Del señor Martínez Casañ (Grupo Popular en el Congreso), sobre el
estado en que se encuentran las negociaciones del Gobierno de España para
el establecimiento definitivo de la sede del Instituto de Relaciones
Latinoamericanas (IRELA) en Madrid. (Número de expediente Congreso
181/000870 y número de expediente Senado 683/000034) (Página 1476)



Comparecencia de la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga), para informar sobre temas sectoriales correspondientes a
su Departamento. (Número de expediente Congreso 213/000232 y número de
expediente Senado 711/000133) (Página 1477)



Proposiciones no de ley:



--Sobre participación autonómica en el Comité de gestión del programa
Sócrates. Presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). (Número
de expediente Congreso 161/000674 y número de expediente Senado
663/000033) (Página 1504)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR MARTINEZ CASAÑ (GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA
EL ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE RELACIONES
LATINOAMERICANAS (IRELA) EN MADRID (Número de expediente Congreso
181/000870 y número de expediente Senado 683/000034).




El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión Mixta para la
Unión Europea con el punto primero del orden del día, relativo a una
pregunta formulada por el Grupo Popular sobre el estado en que se
encuentran las negociaciones del Gobierno de España para el
establecimiento definitivo de la sede del Irela en Madrid.

El señor Martínez Casañ tiene la palabra en nombre del Grupo Popular.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor secretario de Estado, a mediados de los
años 80, creo que fue en 1986, tras un ofrecimiento del Gobierno de
España al Irela (Instituto de Relaciones Latinoamericanas), este
Instituto se estableció de forma provisional en nuestro país,
establecimiento al que no fue ajeno este Congreso de los Diputados, que
tuvo que adoptar las medidas necesarias para facilitar su funcionamiento.

A lo largo de los años, el Gobierno español, como es natural, ha
intentado que el establecimiento provisional del Instituto pasase a ser
definitivo. En los últimos años, este propósito de nuestro Gobierno se ha
visto enturbiado por circunstancias, unas imputables directamente a
nuestro Gobierno y otras completamente ajenas al mismo, como ha sido la
actitud de otros Estados miembros de la Unión Europea en el sentido de
ofrecer mejores posibilidades de funcionamiento al Irela.

Por ello, le pregunto: ¿En qué estado se encuentran las negociaciones del
Gobierno de España para el establecimiento definitivo de la sede del
Irela en Madrid?



El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señoría, en 1985 el comité organizador
del Irela, conjuntamente con las Comisiones para América Central y
América Latina del Parlamento Europeo, aceptó una oferta realizada por el
Gobierno español para fijar en Madrid la sede del Instituto. En
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades españolas
al efectuar la mencionada oferta, este mismo Congreso de los Diputados
aprobaría la Ley 22/1986, de 23 de diciembre, por la que se concedieron
al Irela ciertas exenciones fiscales y aduaneras. Más concretamente, S.

S. sabe que se autorizó, en primer lugar, la exención del Impuesto sobre
Sociedades de los ingresos que el Instituto pudiese recibir en el
ejercicio de la actividad reconocida en sus estatutos. En segundo lugar,
se le otorgó exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por los sueldos y emolumentos percibidos por el personal adscrito al
Instituto con carácter permanente que no ostentasen la nacionalidad
española o la condición de residentes en España con anterioridad a la
contratación con el Irela.

En tercer lugar, se le otorgó exención de los derechos a la importación
o a la exportación de los artículos destinados al uso oficial del
Instituto, autorizándose también la importación con franquicia de
derechos e impuestos del vehículo oficial del Instituto y de los
vehículos y mobiliario de los miembros del personal del Instituto.

He de reconocer, sin embargo, que el anterior Gobierno no llegó a
concretar otro de los compromisos asumidos al plantear la candidatura
madrileña, cual es el facilitar al Irela una sede adecuada para el
desempeño de sus funciones. El Gobierno, en su día, puso a disposición
del Irela una ala de los locales que iba a ocupar la Comunidad de Madrid
de la Puerta del Sol. Al tener que someterse este edificio a una
remodelación, se ofreció alternativamente, y con carácter provisional, un
local de 800 metros cuadrados en la calle Fortuny, esquina con Rafael
Calvo. Ambas opciones fueron rechazadas por el Irela, que tomó
unilateralmente la decisión de instalarse a su cargo en un piso de la
calle Pedro de Valdivia, donde actualmente sigue su sede.

Hace aproximadamente un par de años, los directivos del Irela
manifestaron al Ministerio de Asuntos Exteriores su preocupación por el
hecho de que los locales de Pedro de Valdivia se les estaban quedando
pequeños y que no iban a poder permanecer allí por mucho más tiempo. En
tal sentido, recordaron al Gobierno español su compromiso de facilitarles
una sede adecuada. En esa misma época, cuando surge el ofrecimiento de
las autoridades locales de Bonn de poner a disposición del Irela un
edificio en dicha ciudad para albergar su sede, el Irela se lo piensa.

No tengo que insistir ante SS. SS. en el profundo interés que tiene el
Gobierno español en que el Irela mantenga su sede en Madrid. El Gobierno
considera plenamente válidas y vigentes las razones que en su momento
expuso para presentar la oferta madrileña y que fueron tenidas en
consideración al decidirse la instalación en Madrid del Instituto.

Teniendo muy en cuenta ese interés, así como el compromiso que se había
asumido en 1985, el Gobierno reaccionó a la solicitud del Irela iniciando
sus gestiones para encontrar un edificio que resultara adecuado a las
necesidades del Instituto. Consecuencia de esas gestiones fue la
identificación de un inmueble situado en uno de los mejores barrios de
Madrid, la colonia del Viso, en concreto en los números 187 y 189 de la
calle Serrano, que habían sido en su momento sede de la sociedad estatal
del V Centenario. Este inmueble, de una superficie total de 1.800 metros
cuadrados, dispone de un semisótano, dos plantas y un jardín; pertenece
al patrimonio del Estado y fue afectado el 6



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de marzo del pasado año al Ministerio de Asuntos Exteriores, con la
finalidad de destinarlo a sede del Irela.

Debo subrayar el particular interés con que el nuevo Gobierno, desde su
toma de posesión, asumió este tema que el ministro de Asuntos Exteriores
ya conocía y que seguía desde su época como eurodiputado y como comisario
europeo. De esta manera, una vez localizado el inmueble, y tras cumplir
las necesarias formalidades administrativas para poder destinarlo a sede
del Irela, el Ministerio de Asuntos Exteriores procedía a comunicar
formalmente al Instituto que España lo ponía a su disposición. Se inició
así una auténtica campaña diplomática para asegurar la permanencia de la
sede del Irela en Madrid. Por carta dirigida en mayo del pasado año a
todos los miembros de la asamblea general y del comité ejecutivo del
Irela, el ministro Matutes concretó la oferta española en torno al
edificio de la calle Serrano, señalando que el inmueble sería cedido al
Irela para su uso en exclusividad, de forma permanente y gratuita, y que
únicamente serían responsabilidad del Irela los gastos de conservación y
mantenimiento. Por otra parte, indicó también que el Gobierno español
tenía dispuesta una partida de 80 millones de pesetas para adecuar el
edificio a las necesidades del Irela y dejarlo operativo. Asimismo,
señaló que el Gobierno español asumiría el coste del traslado de su
actual sede a la nueva, que fue valorado aproximadamente en un millón de
pesetas.

Tomando, pues, en consideración la oferta del Gobierno, bastante más
ventajosa que la propuesta alemana, la asamblea general del Irela la
aprobó de forma unánime en una reunión celebrada en Segovia el pasado 15
de noviembre. En esa misma reunión, la asamblea general decidió también
establecer un centro del Irela en Bonn, quedando su apertura pendiente de
la negociación de las condiciones relativas a su status y financiación.

Una vez confirmada la permanencia de la sede principal de Irela en
Madrid, se iniciaron los trabajos necesarios para acondicionar el
edificio de la calle Serrano a las necesidades del Instituto, obras que
todavía continúan. En 1998, una vez concluidos estos trabajos, se hará
entrega del inmueble al Instituto.

No quisiera concluir esta respuesta a S. S. sin subrayar el apoyo y la
colaboración que el Gobierno ha recibido sobre este tema en todo momento
por parte del Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde al frente. Y es que
tanto el Gobierno nacional como el Ayuntamiento de Madrid comparten un
interés por garantizar la permanencia de la sede del Irela en Madrid, al
considerar a España puente entre Europa e Iberoamérica y estimar que
nuestro país es un lugar idóneo para albergar la sede de una institución
centrada en el mejor conocimiento y aproximación de ambos continentes.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, ¿quiere hacer algún comentario
adicional?



El señor MARTINEZ CASAÑ: Simplemente quisiera agradecer al secretario de
Estado su detallada respuesta y decirle que me siento satisfecho con
ella, por lo cual no añadiré nada más.

El señor PRESIDENTE: Agradecemos al secretario de Estado haber
comparecido en esta Comisión Mixta para la Unión Europea y esperamos
tener una nueva ocasión para debatir con él los temas de su competencia.

Así, pues, agradeciéndoles su presencia, levantamos la sesión hasta las
once, hora en que la volveremos a reanudar. (Pausa.)



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino
Biscarolasaga), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS SECTORIALES CORRESPONDIENTES A
SU DEPARTAMENTO (Número de expediente Congreso 213/000232 y número de
expediente Senado 711/000133).




El señor PRESIDENTE: Buenos días otra vez. Reiniciamos la sesión, para lo
que les ruego tomen asiento.

En primer lugar, quiero agradecer a la ministra de Medio Ambiente su
presencia en esa Comisión, que es la suya. Espero que a lo largo de la
mañana podamos profundizar en los temas medioambientales conectados con
el espacio europeo, que hoy son casi todos los transnacionales y que
lógicamente tienen gran importancia.

Sin mayor introducción por mi parte, cedo la palabra a la ministra para
que realice su comparecencia sobre los temas sectoriales correspondientes
al departamento.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señoras y
señores diputados, señoras y señores senadores, soy yo quien agradece la
invitación a participar en esta Comisión al presidente, a los diputados
y senadores que me han llamado para comparecer ante ustedes y compartir
los temas tan importantes que la política medioambiental plantea en este
momento.

Son varias las razones de este agradecimiento. Comprendan --lo decía el
presidente en este momento-- que para mí es un motivo de especial orgullo
y satisfacción ya que como diputada y como parlamentaria mi vida ha
estado muy ligada a esta Comisión desde el año 1989, primero como
portavoz, posteriormente como presidenta de las misma y después salí de
aquí para ocupar la cartera del Ministerio de Medio Ambiente. Agradezco
estar con ustedes esta mañana para comentar dichos temas.

En segundo lugar, también es motivo de satisfacción el acudir como
ministra de Medio Ambiente para analizar esa política medioambiental que
estamos desarrollando y aplicando como socios de la Unión Europea.

En tercer lugar, expreso mi agradecimiento porque esta comparecencia se
celebra en un momento en el que España da importancia capital a la
política medioambiental. Podríamos decir que, en la medida en que no
existía un Ministerio específico de Medio Ambiente --era quizás el único
país de la Unión Europea que no tenía un Ministerio sólo para las
materias de medio ambiente y verán ustedes que competencias hay muchas y,
por tanto, tal necesidad existía--, la política medioambiental estaba más
sometida que equilibrada, en el sentido de que se encontraba subordinada
a otras grandes políticas del Estado y en este momento



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estamos haciendo ya una política medioambiental específica que demuestra
también ante la Unión Europa seriedad, estabilidad y un compromiso de
presente y de futuro con el medio ambiente.

Es especialmente gratificante hacer esta comparecencia en un momento tan
trascendental como el que está viviendo la Unión Europea, que como unidad
económica europea ha sufrido tantos cambios, tantas crisis de
crecimiento. Hoy estamos ante uno de los cambios más profundos que
pudiéramos enunciar, de los que no voy a hablar porque en este momento
saben ustedes mucho más que yo. Me refiero a la reforma de los tratados
o incluso a las materias apasionantes que comprende la Agenda 2000 como
documento programático del Ejecutivo de la Unión Europea para el siglo
XXI. Lo que sí he de decirles es que estos relevantes cambios que se
están produciendo actualmente en la Unión Europea tienen ya una enorme
repercusión en la política medioambiental, que es cada vez más importante
y que se sitúa como uno de los elementos claves para alcanzar los
objetivos que la Unión Europea se propone como tal.

Como a lo mejor ustedes no han tenido ocasión de acercarse a los temas
específicos de la política medioambiental como política comunitaria,
podrían pensar que se habló de medio ambiente desde el comienzo de la
Comunidad Económica Europea. Nada más lejano de la realidad. No van a
encontrar ustedes la política medioambiental como política comunitaria en
el Tratado de Roma. Tenemos que acudir a una fecha reciente, al año 1972
--y digo reciente porque desde el año 1956 ya habían pasado unos cuantos
años--, para que en una reunión de Estocolmo, no precisamente de miembros
de la Unión Europea sino de expertos en medio ambiente, empezara a darse
cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente, la protección y la
defensa de la naturaleza. Es precisamente en la cumbre del Consejo
Europeo del año 1972, celebrada en París, donde por primera vez se
reconoce la importancia que tiene el medio ambiente y la defensa de la
naturaleza. Al año siguiente, 1973, se inicia ya la vinculación de los
temas europeos con el medio ambiente, sobre todo a través de los llamados
programas de acción ambiental, es decir, vamos a encontrarnos con
acciones ambientales como soporte de otras políticas comunitarias.

Tenemos que llegar al Acta Unica Europea, en 1985, para ver que por
primera vez se introduce en el título VII, y pasa por tanto a formar
parte ya del Tratado de la Comunidad Económica Europea el concepto de lo
que tienen que ser objetivos y principios medioambientales. Diríamos que
se constitucionalizan esos principios y bases --vuelvo a reiterar--
todavía de acción medioambiental en la Comunidad Europea. He de decirles
que se hace en el Acta Unica europea pensando en el mercado interior, en
la caída de barreras comerciales, en las dificultades que podría
ocasionar el que se levantaran otro tipo de barreras verdes, de barreras
comerciales sobre la base del medio ambiente. Esos son los orígenes de
empezar a contemplar la importancia de la política medioambiental.

Se crea, por tanto, esa política de acción comunitaria que se basa
fundamentalmente en el principio de subsidiariedad. Es después, cuando
tenemos que acudir a un consejo europeo del año 1990, que se celebra en
Dublín, cuando nos encontramos por primera vez el reconocimiento
específico a la protección medioambiental dentro de los temas
comunitarios. Es ahí donde se dice que hay que garantizar a los
ciudadanos europeos un derecho a un medio ambiente limpio y saludable.

Por tanto, tenemos que situarnos en la primera gran reforma de los
tratados que, como saben ustedes, culmina en el Tratado de Maastricht, en
el Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en el año 1993. Es la
primera vez que de una manera ya clara, con una base jurídica fuerte, el
preámbulo de ese tratado de la Unión Europea, de 1993, conocidocomo de
Maastricht, incluye en las metas de la Unión Europea la relación y la
protección medioambiental, y en su artículo 2 menciona también el medio
ambiente entre los objetivos de la Unión Europea. Asistimos por primera
vez también al cambio de acción ambiental a política ambiental, cambio
cualitativo que debemos destacar. El Tratado de la Unión Europea pasa,
por lo tanto, a ocuparse de medio ambiente en su título XVI, y si bien
hasta entonces las decisiones se podían tomar fundamentalmente por
mayorías cualificadas, se establece la exigencia de la unanimidad para
algunos supuestos, concretamente aquellos relacionados con el medio
ambiente que afecten a disposiciones fiscales, a ordenación del
territorio, a gestión de suelos, a recursos hídricos y aquellas medidas
que haya que tomar sobre distintas fuentes de energía.

He de mencionar la importancia que para España tiene la creación del
Fondo de Cohesión a raíz del protocolo del Tratado de la Unión Europea.

Saben ustedes bien que el 50 por ciento de este Fondo de Cohesión debe
dedicarse específicamente a proyectos medioambientales. A ello me
referiré en otro momento de mi intervención, cuando hable de los fondos
de cohesión dentro de la Agenda 2000.

También se incorporan --al igual que el protocolo del Fondo de Cohesión,
ello se debe a una iniciativa española-- otros dos principios que son
importantes cuando se habla de políticas medioambientales: el reparto
equitativo de la carga --veremos la importancia que eso tiene cuando se
aplica en el protocolo de cambio climático en el que estamos trabajando
de cara a Kioto-- y el principio de suficiencia de medios. Ello significa
que para la aplicación de las políticas medioambientales impuestas a
todos los Estados comunitarios que se encuentren en distintas situaciones
o bien se da un período o una excepción temporal o habrá que acudir a
ayudas a través de apoyos financieros del Fondo de Cohesión.

Señorías, hoy ustedes están analizando el Tratado de Amsterdam, cuya
entrada en vigor depende de la ratificación de los Parlamentos. Por
tanto, este Parlamento español tiene la palabra a la hora de influir en
su entrada en vigor definitiva. En la medida en que tuve la ocasión de
trabajar con muchas de SS. SS. en el grupo de reflexión, he de decirles
que una parte de él, que presidió un español, como saben ustedes, el ex
ministro Westendorp, hablaba de las políticas medioambientales y les daba
un impulso. Se habla de calidad de vida de los ciudadanos, que es en
definitiva lo que hacen las políticas medioambientales y para lo



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que se crea un Ministerio de Medio Ambiente, pero qué duda cabe que son
los propios ciudadanos los que demandan cada vez mayor protección
medioambiental. Eso es lo que hace que el Tratado de Amsterdam incorpore,
una vez que quede plenamente ratificado y entre en vigor, algunos saltos
cualitativos muy significativos en la política medioambiental.

Concretamente en dicho tratado se establece que uno de los objetivos
prioritarios de la Unión Europea no es sólo la defensa y la protección
del medio ambiente, sino también el desarrollo sostenible, concepto que
quien no está muy familiarizado con los temas medioambientales puede no
saber exactamente de qué estamos hablando. Ustedes conocen que el
desarrollo sostenible no es ni más ni menos que la gran revolución en las
formas y modos de crecimiento económico y social.

El medio ambiente nunca va a estar en contra del desarrollo, sino todo lo
contrario. Lo que sí va a exigir es que no se pueda seguir creciendo y
desarrollándose de espaldas a la naturaleza. Los recursos son limitados
y dependen de una buena gestión y de una racionalización en esos usos el
que podamos subsistir, tener mejor o peor calidad de vida. De ahí la
importancia que tiene hablar de desarrollo sostenible. Piensen SS. SS.

que su defensa se eleva ahora a la categoría de principio y de objetivo
de la Unión Europea. Por la misma razón se incorpora otro concepto que,
si bien estaba funcionando ya, no estaba tan institucionalizado como un
principio del tratado, me refiero a la integración sectorial, es decir,
las políticas medioambientales van a ser políticas transversales, de tal
forma que van a influir en el resto de las políticas comunitarias. El
reconocer en el futuro artículo 6 del Tratado de Amsterdam lo que venía
diciéndose de una forma un poco más ambigua en el antiguo artículo 3 c),
creo que es un salto cualitativo sumamente importante. Por último, otra
incorporación significativa es la codificación de la cláusula de garantía
ambiental que va a establecer el artículo 95 del Tratado de Amsterdam,
que también se va a incorporar en el artículo 30. Si alguien tiene
interés podría explicar con mayor detalle en qué consiste esta cláusula
que, en definitiva, establece una doble flexibilidad a la hora de aplicar
las políticas medioambientales.

Pueden comprender, señorías, que la política medioambiental de cualquier
Estado comunitario es una política comunitaria y que, al margen de los
objetivos y de las prioridades que dentro del principio de subsidiariedad
cada Estado de la Unión Europea quiera darse como conveniente, está claro
que las directivas comunitarias son las que van a marcar la política
legislativa en cada uno de los Estados comunitarios. Por tanto, si
estamos hablando de una política comunitaria, tenemos que situar el
contexto de la política ambiental española que desde el Ministerio de
Medio Ambiente estamos poniendo en marcha en un escenario mucho más
amplio, como es el de desarrollar una política ambiental coherente con la
política ambiental comunitaria. De ahí que realmente sea tan importante
el seguimiento, la participación, yo diría incluso mucho más, la
preparación de los consejos de ministros de la Unión Europea.

Por eso, yo hoy me voy a referir muy especialmente a los dos últimos
consejos de ministros, que se celebraron el 19 de junio y el 16 de
octubre de este mismo año, respectivamente, ambos en Luxemburgo, y les
comentaré algunas de las resoluciones que se adoptaron. El resto de los
temas abordados en el Consejo de Ministros del mes de junio se analizó,
posteriormente, en el mes de octubre y muchas de las materias se
mantienen para el próximo consejo de ministros, que se celebrará en
diciembre, bajo presidencia de Luxemburgo.

El Consejo de Ministros del 19 de junio adoptó una resolución sobre
aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente. Piensen
ustedes que si es realmente tan importante la aplicación y el desarrollo
del Derecho comunitario, también lo es el ver cómo se flexibiliza, cómo
se hace comprensible este Derecho comunitario para que la trasposición de
todas las directivas, y fundamentalmente buscando la idea de
directivas-marco, no sea tan constriñente, sino que deje un cierto margen
de aplicación, de interpretación de esa directiva comunitaria, de forma
que cada uno de los Estados pueda adaptarla a lo que es más adecuado en
ese momento teniendo en cuenta la situación de su país. Yo creo que esta
cuestión tiene un interés muy especial porque aborda ese problema tan
importante que nos permite a los ministros discutir sobre política
legislativa. No hace falta que les diga que el Derecho ambiental está en
evolución en Europa y en todo el mundo. Sus orígenes se encuentran en las
normas obligatorias de carácter reglamentista, que fuerzan una solución
legislativa, y hay veces en que las divergencias entre los criterios y la
práctica de aplicación de este corpus legislativo ambiental, de
naturaleza tan específica, evidentemente, son un riesgo para el mercado
interior y la competitividad de nuestras empresas. Por eso es tan
sumamente importante el tener muy en cuenta todo lo que tenga relación
con la trasposición de estas directivas comunitarias y, desde luego, se
le dio una enorme trascendencia en el último Consejo de Ministros. Se
adoptó esta resolución, en la que se incide en la necesidad de mejorar la
técnica legislativa, la adopción y efectividad de los mecanismos
sancionadores, y es en este caso donde podría tener una especial
importancia lo que se denomina la Red Impel, que es una red europea para
la aplicación y cumplimiento de la legislación en materia de medio
ambiente, de tal forma que a través de esta Red Impel se pueda coordinar
y armonizar toda esa trasposición de directivas comunitarias. Nos
encontramos, como les decía, ante una ciudadanía cada vez más preocupada
por los temas medioambientales y con un sector empresarial que, unos por
necesidad y otros por convicción, es cada vez más sensible a los temas
medioambientales y se compromete realmente con ese entorno. En ese
contexto, la colaboración entre Administración y empresarios lleva a que
la participación en el proceso legislativo y de ejecución deba ser cada
vez más abierta, para que las directivas comunitarias respondan realmente
a las necesidades de soluciones concretas a problemas graves que existen
en los distintos Estados comunitarios. A través de esta regulación del
Derecho comunitario cobran especial importancia los llamados acuerdos
voluntarios, por medio de los que administraciones y empresas se ponen de
acuerdo para establecer el cumplimiento de esas directivas. La Comisión



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presentó una comunicación sobre esta materia y el propio Ministerio ya
está haciendo progresos en este campo estableciendo acuerdos,
concretamente con el sector del cloro y otros que están en este momento
en estudio.

El segundo tema que se abordó en esta reunión del Consejo de Ministros
fue la conveniencia de llegar a una postura común sobre el denominado
programa Auto-Oil, que se refiere a calidades de los carburantes y
emisiones de vehículos. El Consejo adoptó, por unanimidad, una postura
común estableciendo no solamente la supresión de todos aquellos
automóviles que no tienen catalizadores a partir del año 2000, y por
tanto la obligación del uso exclusivo de gasolinas verdes, sino que
además estableció el valor límite de 150 miligramos por kilo de azufre,
permitiéndose una derogación de tres años, a partir del año 2000, para
aquellos Estados que no lo puedan cumplir en su totalidad --entre ellos
puede estar España y hay también otros países de la Unión Europea que
tienen la misma problemática-- y que necesitaremos ese período de
excepción para adaptar todo nuestro sistema automovilístico a estas
condiciones. Por tanto, no es un plazo obligatorio, sino que se concederá
un período de excepción para el cumplimiento de este programa Auto-Oil a
aquellos Estados miembros que lo soliciten y demuestren tener problemas
socioeconómicos importantes.

Otro de los temas que se abordó con mucho interés en esta reunión del
Consejo de Ministros del mes de junio fue la preparación de la sesión
especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, conocida por sus
siglas Ungass. Realmente, lo que hacía la Unión Europea era preparar una
postura común de cara a la denominada y conocida vulgarmente ya por todos
como Río+5. Saben ustedes que en el año 1992 se produjo esa gran cumbre
en Río de Janeiro que realmente representó un impulso y una
concienciación a nivel mundial de la importancia que tienen los problemas
de defensa del medio ambiente, en la que se estableció el criterio de que
pasados cinco años --por tanto, el año 1997-- tenía que hacerse una
revisión, no tanto para ver todo aquello que no se había cumplido --que,
sin lugar a dudas, podría producir enormes insatisfacciones--, sino sobre
todo para, desde la realidad en la que se encuentra cada Estado, ver cómo
se pueden impulsar ese tipo de políticas. Concretamente, la Unión Europea
llevó una postura común de compromiso político con ese proceso de Río y
el desarrollo sostenible. Dentro de los temas que se abordaron en estos
mensajes que desde la Unión Europea se lanzaron en esa conferencia de
Ungass en Naciones Unidas, el pasado mes de julio, me gustaría resaltar
que se hizo hincapié en algunos temas realmente importantes, y digo
importantes, también y sobre todo, para España. Me refiero, por ejemplo,
al convenio de lucha contra la desertización. Aunque Murcia no logró
obtener la categoría de sede permanente de ese convenio, puedo decirles
que sí hemos conseguido que la comunidad internacional conozca la
realidad de los problemas de cubierta vegetal y de desertización que
padece España. Es más, al haberse quedado Bonn con la sede permanente de
ese convenio de lucha contra la desertización, se va a conseguir --y en
esa línea de colaboración estamos trabajando ya con Alemania-- que sea la
propia Unión Europea la que, dentro de sus políticas importantes de medio
ambiente, dentro de sus políticas comunes, adopte las de lucha contra la
desertización. Piensen ustedes que, hasta entonces, como España es el
único país que padece desertización en la Unión Europea, no se había
tenido en cuenta. Por lo tanto, creo que es importante que el impulso
dado al presentarse dos sedes europeas, Murcia y Bonn, nos permita
intensificar los programas de investigación, desarrollo y cooperación, en
definitiva, en los temas de lucha contra la desertización.

En esa conferencia de Ungass también se habló de la importancia que tiene
el convenio de biodiversidad, y concretamente España, a través del
presidente de Gobierno, se comprometió en la citada conferencia de
Naciones Unidas a prestar su apoyo al proyecto Araucaria, encabezado por
Costa Rica, líder regional del desarrollo sostenible, del que forman
parte cuatro países centroamericanos. Además, el Ministerio, para
intensificar esa importancia que tiene que tener la defensa de la
biodiversidad, se ha comprometido en la creación de un centro temático de
biodiversidad en Sevilla, y estamos ayudando a organizar un seminario
sobre pueblos indígenas con la Agencia Española de Cooperación
Internacional en Madrid, al tiempo que nos hemos ofrecido para ser
patrocinadores de la Fundación Biotrade. Estas iniciativas están avalando
este compromiso de España, que se hizo patente --como les digo-- en esa
Asamblea de Naciones Unidas.

La idea que quedó en muchos de los ciudadanos es que esa Asamblea de
Naciones Unidas en Nueva York no llegó a consensuar la declaración
política que inicialmente estaba prevista; hubo una cierta frustración ya
que algunos países muy importantes, como los propios Estados Unidos, no
asumieron un compromiso firme de políticas muy concretas. Pero he de
decirles que se dio un impulso realmente interesante para avanzar en la
idea de que la protección del entorno es un elemento indispensable de la
calidad de vida, junto con los componentes económicos, sociales y
culturales de cualquiera de los países implicados.

También se hizo referencia --y hablaré más tarde de ello-- a la próxima
cumbre climática de Kioto que se va a celebrar en diciembre, y como forma
parte del proceso de Río --el establecimiento de los tres convenios:
biodiversidad, cambio climático y lucha contra la desertización,
surgieron a través de la conferencia de Río del año 1992--, los avances
que se produzcan en la próxima reunión de Kioto van a ser un indicador
del empuje que tienen en este momento todas las políticas de desarrollo
sostenible.

Por último, se estableció otro acuerdo, y es la reforma del programa de
Naciones Unidas sobre el medio ambiente, conocido por sus siglas como
Pnuma. En la medida en que las Naciones Unidas también están sometiéndose
a un cambio, es importante que algunos programas específicos dedicados al
medio ambiente, como este que les estoy comentando ahora del Pnuma,
experimenten una modificación hacia una mayor concreción en la protección
de la vida en la Tierra desde un planteamiento cada vez más efectivo, que
esté muy centrado en lo que se quiere conseguir y que, por lo tanto, sea
ambicioso pero realista.




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Me gustaría referirme a otro de los temas interesantes que se abordaron
en ese Consejo de Ministros del 19 de junio, como fue la alusión al
protocolo de Montreal, cuya discusión se centró exclusivamente en torno
al bromuro de metilo. Hemos podido observar uno de los síntomas de cómo
avanza la preocupación por todos los temas medioambientales. ¡Quién nos
iba a decir hace unos años que veríamos como tema de información diaria
en los periódicos el caso del bromuro de metilo! En realidad, cuando se
tiene sensibilidad por los temas medioambientales, biocidas como el
bromuro de metilo plantean cuestiones importantes, concretamente al
hablar de la industria alimentaria. El problema del bromuro de metilo es
otro de los temas que le importan a España, en la medida en que se
utiliza para la producción de fresas, sobre todo, aunque también se usa
todavía en pimientos y tomates, en la fumigación de terrenos y naves de
almacenamiento. En el Consejo de Ministros se planteó una discusión, ya
que se pretendía adelantar la eliminación del bromuro de metilo del año
2005 al 2001, con un exigencia de reducción intermedia del 50 por ciento,
inclusive del 75 por ciento en el año 2001, permitiéndose algunas
excepciones como la de autorizar para usos críticos la aplicación del
bromuro de metilo en determinados productos. En aquel Consejo de
Ministros no se llegó a un acuerdo, pero en la última reunión del
protocolo de Montreal, celebrada precisamente en Montreal el pasado mes
de septiembre, España acabó aceptando ese adelanto del calendario de
eliminación al año 2005, aunque originariamente habíamos señalado el año
2010 porque nos parecía una fecha más realista y razonable. En la medida
en que se consiguió, a propuesta de la delegación española, que los usos
críticos fueran determinados por los Estados miembros, es decir que sean
los propios Estados miembros los que definan qué entienden por usos
críticos y determinen las cantidades a utilizar, entendimos que, salvo
las excepciones concretas que nosotros necesitábamos para estos productos
que les acabo de enumerar, podíamos asumir como los demás países
comunitarios la supresión del bromuro de metilo, que afecta efectivamente
a la capa de ozono. Por tanto, estamos en igualdad de condiciones que los
demás países comunitarios.

También es interesante, aunque no se hizo más que una primera
presentación, que les hable de la directiva marco de aguas; y ello porque
los recursos hídricos es uno de los aspectos medioambientales en que se
va a exigir unanimidad para la aprobación de políticas comunitarias.

España, dentro del actual Ministerio de Medio Ambiente, ha dado un
carácter prioritario a toda la política de aguas, y SS. SS. saben cómo
estamos trabajando --en primer lugar, y como compromiso del presidente
del Gobierno-- en la elaboración de un plan hidrológico nacional en esta
primera legislatura; el propio Ministerio ha acotado este calendario y
nos hemos comprometido a traer a la Cámara para su debate en el año 1998
ese plan hidrológico nacional que necesitamos todos los españoles y
estamos avanzando en los pasos previos para llegar de una forma
consensuada no a la imposición de un plan hidrológico nacional, sino a
ese plan que deseamos voten la mayoría de las fuerzas parlamentarias para
que solucione muchos de los problemas y de las llamadas guerras del agua
que aún están pendientes en España. En este sentido, hemos aprobado ya
los tres planes de cuenca que quedaban pendientes de aprobación y en este
momento se están analizando en el Consejo Nacional del Agua, que, como
SS. SS. saben, es un requisito imprescindible; es decir se necesita el
informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua antes de la aprobación
definitiva de todos los planes de cuenca por el Consejo de Ministros. En
este momento estamos en esa fase de análisis y estudio y pensamos que en
la primera quincena del mes de noviembre podremos someter ese informe del
Consejo Nacional del Agua a la aprobación definitiva del Consejo de
Ministros. A partir de ahí, podremos presentar el libro blanco del agua,
con el que queremos abrir un gran debate social, académico y político
para que todas aquellas personas que tengan interés en conocer la
situación hidrológica, los recursos hídricos de que dispone España puedan
aportar sus sugerencias de forma que, recogiendo esas sugerencias en el
libro blanco del agua, podamos definitivamente elaborar el anteproyecto
de ley sobre el plan hidrológico nacional, y todo ello --como les decía--
en el año 1998. Ello nos ha llevado a pensar, y está planteado ya en el
Consejo Asesor de Medio Ambiente y en la conferencia sectorial, en la
reforma de algunos artículos de la Ley de Aguas del año 1985, no para
cambiar la política de aguas sino sencillamente para suprimir aquellas
pegas o disfunciones que se han producido en el desarrollo y cumplimiento
de la Ley de Aguas de 1985.

Por tanto, señorías, si estamos trabajando en esa reforma de la política
de aguas, estableciendo una nueva política del agua basada en el
principio de economía, comprendan ustedes lo importante que es marchar al
unísono --y estamos colaborando en esa dirección-- con la directiva
comunitaria de aguas, que nos fue presentada simplemente para su
conocimiento (ni siquiera se entró en un debate en profundidad) en el
Consejo de Ministros de 19 de junio al que me vengo refiriendo, y ni
siquiera se ha entrado en una mayor concreción en el último Consejo de
Ministros porque todavía están las cosas poco maduras. Por consiguiente,
es una pieza legislativa de importancia singular para España el poder
contar en su momento con una directiva marco de aguas. Pero, en la medida
en que se establecen unos criterios de regulación de las aguas
superficiales, subterráneas y litorales y sus ecosistemas acuáticos,
España tiene que analizar en toda su profundidad lo que el borrador de
esta posible directiva comunitaria nos está planteando. Ya digo que no ha
sido todavía objeto de estudio, pero quiero adelantar que lo que hace
esta directiva es, en primer lugar, establecer un concepto y evaluación
de la calidad ecológica de las aguas; quizá sea éste uno de los temas
conceptuales que no digo que haya paralizado pero sí llevado a un
análisis más profundo de lo que tiene que ser esta directiva comunitaria
de aguas, porque no hay un criterio unánime sobre qué debe entenderse por
buen estado ecológico de las aguas superficiales, cuáles son los
parámetros que han de ser tenidos en cuenta para una homologación del
buen estado ecológico, que por otra parte, como decimos los juristas,
podría convertirse en un concepto jurídico indeterminado, lo cual sería
muy peligroso



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cuando tenemos que homologar la puesta en práctica de esta normativa. Por
lo tanto, se está analizando en este momento qué se entiende por buen
estado ecológico de las aguas superficiales y cuáles serán los requisitos
que se pueden exigir para que los diferentes sistemas de evaluación y
clasificación del estado ecológico sean comparables por los distintos
Estados comunitarios.

Llegado el momento, hay otro aspecto que merecerá una atención muy
específica, que es el de la internalización de los costes. Concretamente,
me refiero a que quizá esta directiva comunitaria, tal y como nos ha sido
planteada en un primer borrador, se preocupa mucho más de la calidad que
de las cantidad de las aguas. España es muy sensible a la calidad de las
aguas (ustedes tendrán ocasión de ver en el debate de presupuestos cómo
se hace una política muy intensiva en este año 1998 para el tratamiento
y depuración de aguas en todos los programas de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y calidad de las aguas, precisamente porque estamos
preocupados por la calidad de nuestras aguas), lo que no podemos olvidar
es que en España también tenemos problemas de cantidad. Como saben todos
ustedes, tenemos una España húmeda y una España seca que tienen que ser
complementarias. Por tanto, si en España necesitamos poner en marcha
algunas obras de regulación, los costes que estas obras de regulación
puedan suponer no pueden recaer, como se pretende, en el usuario. España
en una gran medida vive de su política de regadíos, piensen en el coste
que supondría la elevación del precio del agua para los usuarios, para
los regantes si aceptáramos una directiva comunitaria en donde figura la
obligación de cobrar al usuario un precio del agua de modo que permita la
recuperación del costo económico total de la misma. Este es uno de los
temas respecto de los que España ya advirtió en ese Consejo de Ministros
del mes de junio que tiene que presentar sus propuestas, porque no es lo
mismo para aquellos países que disponen del agua sin ningún tipo de
necesidad de obras hidráulicas y la pueden utilizar según llueve, que
para aquellos países que, como España, tienen que trabajar todavía en su
política de infraestructura hidráulica. Por eso ni siquiera se abordó el
tema de esta directiva comunitaria en el último Consejo de Ministros del
mes de octubre, y sigue en estudio en las distintas comisiones que tienen
que ir perfilando esta directiva comunitaria antes de que vuelva a ser
analizada por el Consejo de Ministros.

Se habló también, nada más que a modo de presentación, de otras
cuestiones como vertederos, cambio climático, estrategia de
acidificación, inclusive de la directiva de agua potable, pero no se hizo
más que enunciar estos temas que quedaron encima de la mesa para el
siguiente Consejo de Ministros, que se celebró en Luxemburgo el 16 de
octubre de 1997, y que paso a enumerarles a continuación.

De este último Consejo de Ministros del mes de octubre --todavía no hace
ni un mes que se ha celebrado-- me gustaría destacar dos puntos
importantes. Por una parte, se llegó a un primer acuerdo, en una posición
común, sobre una nueva directiva de agua potable (no me estoy refiriendo
a la directiva marco de aguas, sino a la directiva concretamente de agua
potable), y a un segundo acuerdo que es una resolución de la posición de
la Unión Europea de cara a la próxima reunión de Kioto, creo que en los
próximos días de 5 a 7 de diciembre, que establece, como veremos a
continuación, una posición negociadora de la Unión Europea en los temas
de cambio climático que se van a abordar en Kioto. De tal forma que
nuestro deseo, el de todos los países de la Unión Europea, sería que esa
posición negociadora que ha establecido unas características determinadas
fuera la que se adoptara en el protocolo de Kioto para que esas
limitaciones a las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero
tuvieran un sustrato jurídico de obligatoriedad, limitaciones que la
Unión Europea en este momento está liderando a nivel mundial con la
posición negociadora que ha establecido.

Empezaré por la directiva de agua potable para decirles a ustedes que lo
que se pretende es asegurar que el agua potable sea salubre y limpia como
medio de proteger la salud humana frente a los efectos nocivos de la
contaminación. Este objetivo se consigue definiendo un catálogo de
sustancias peligrosas y fijando unos valores máximos admisibles de su
presencia en el agua. Todos los Estados europeos estaríamos obligados a
adoptar dichos límites, permitiendo, en su caso, la adopción de medidas
más estrictas para aquellos países que así lo deseen. Aquí es donde nos
podríamos encontrar con unas dificultades de las que España ya dejó
constancia en este primer debate sobre la posición común en cuanto a la
directiva de agua potable, porque el agua no solamente es un recurso sino
que como tal recurso puede ser utilizada para la elaboración de otros
productos. Si se utilizara este agua con unas condiciones de salubridad
más estrictas que las específicamente contempladas en la directiva de
agua potable, algunos países podrían levantar barreras comerciales a
determinados productos que estuvieran elaborados con un agua cuyas
características respondieran a los principios básicos de la directiva
comunitaria pero no a unos controles más específicos, a unos requisitos
más específicos que hubiera establecido ese país. Por lo tanto, para
evitar ese levantamiento de barreras comerciales (que, por otra parte, es
uno de los temas recurrentes del que me oirán hablar mucho, porque es muy
importante que no se utilicen nunca las políticas medioambientales como
un subterfugio para, una vez que han caído las barreras comerciales,
levantar otro tipo de barreras comerciales so pretexto de que no cumplen
unos requisitos determinados), es muy importante que esta directiva de
agua potable no excluya aquellos productos que sí que contemplan en su
calidad de agua la directiva comunitaria, aunque no contemplen las
limitaciones tan específicas que se establecen en determinados países
porque así lo permite la propia directiva.

En definitiva, esta directiva de agua potable va a afectar a todas las
aguas destinadas al consumo humano, por tanto, agua destinada a beber, a
cocinar y a otros usos domésticos, y a todo el agua usada para la
manufactura, como les decía antes. La obligación es que se garantizarán
esas calidades del agua justamente en el grifo del consumidor, los
poderes públicos tendrán que garantizar la calidad de agua en el punto
del consumo, o sea, el agua de suministro tendrá que reunir todos los
requisitos que la directiva de



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agua potable exige en el momento de entrar a la vivienda. Hasta ahí es
donde llega la obligación de la Administración pública, porque en el
interior de la vivienda será un compromiso de los particulares el
establecer esas características. Digamos que el Estado y las
administraciones autonómicas van a llevar el agua justo al grifo del
consumidor en el momento de entrada en su vivienda. Por eso, tengo que
decirles, porque ustedes habrán oído las cifras que se barajaban, que ni
se va a obligar a poner en marcha esta directiva comunitaria de manera
inmediata --la directiva comunitaria entraría en vigor en el año 2002 y
se da un período de carencia para poner al día los sistemas de
distribución de otros quince años más, luego estaríamos hablando del año
2017--, ni tiene relación con las cantidades que se han barajado, porque
ahí se estaba englobando lo que supondría en España cambiar todas las
tuberías, incluyendo la de los particulares, cosa que el Estado no
tendría que hacer y, sin embargo, estaría cumpliendo la directiva
comunitaria. Se suprimen 26 parámetros sobre medición y control
obligatorios y, en cambio, se limitan ocho nuevas sustancias, porque
parece que podrían tener marcado carácter cancerígeno, y se contempla de
una forma muy específica el cumplimiento de esos requisitos.

En esa directiva de agua potable se establecen también unos controles de
la calidad del agua --si alguien quiere, luego los especificaré, pero son
controles de distintos sistemas-- según la cantidad de habitantes que
haya en las ciudades, estableciéndose fundamentalmente dos criterios: uno
para ciudades de hasta 100.000 habitantes y otro para ciudades de hasta
tres millones de habitantes. Pero como les he dicho, lamentablemente no
puedo explicarles el contenido de todas y cada una de las directivas que
están en estudio porque entonces necesitaríamos varios días para llevar
a cabo esta comparecencia.

El segundo tema de interés y que está de suma actualidad es el referente
al cambio climático, por las razones que les he esgrimido. Habrán visto
ustedes a través de los medios de comunicación las distintas posturas que
están manteniendo los países industrializados de cara a la conferencia de
Kioto, inclusive existen algunos periódicos económicos extranjeros que
dedican permanentemente una página a Kioto, a los problemas del cambio
climático. Porque, en definitiva, señorías, si de lo que estamos hablando
es de la calidad de vida de los ciudadanos, tendremos que hablar de los
parques nacionales, de lo que es la protección de la naturaleza, pero
tendremos que empezar a hablar de los problemas que se producen por no
prestar atención a la contaminación atmosférica, problemas que, en
ocasiones, afectan a la propia salud de los ciudadanos. Por eso es tan
importante analizar todos los temas relacionados con el cambio climático.

Quiero decirles concretamente que los temas de cambio climático quedan
reducidos a una postura común de negociación, que fue aprobada ya de
manera definitiva en el último Consejo de Ministros del 16 de octubre, en
el que se aprobaron las conclusiones y se confirmó definitivamente la
posición de la Unión Europea de cara a la cumbre de Kioto. La posición de
negociación establece que, de cara al año 2010, habrá que adquirir un
compromiso claro de reducción de emisiones de CO2 y de gases de efecto
invernadero en un 15 por ciento. Es decir, hay que reducir en toda la
Unión Europea en un 15 por ciento la emisiones de CO2 y gases de efecto
invernadero que se producían en el año 1990. Se toma como punto de
partida el año 1990; se estabilizan las emisiones en el año 2000 y para
el año 2005 se piensa que pueden reducirse en un 7,5 por ciento las
emisiones con relación al año 1990, pero en cualquier caso el compromiso
firme de la Unión Europea es que se reduzcan las emisiones en un 15 por
ciento con relación a las emisiones que se producían en el año 1990. Este
es el compromiso firme que implica a todos los Estados comunitarios.

Si antes les dije que se aplicaba en la política comunitaria
medioambiental ese principio del reparto de cargas, éste es un caso claro
en el que ha jugado este principio. Y se hace de una manera mucho más
justa y más equitativa, porque no es justo que obliguen al mismo
porcentaje de reducción a países que no están contaminando por igual. Por
tanto, en ese reparto de cargas se obliga a algunos países a una
reducción muy superior al 15 por ciento; por ejemplo, se obliga a
Luxemburgo a reducir el 40 por ciento sus emisiones con relación al año
1990; el 30 por ciento a Alemania, mientras que a Portugal se le permite
un aumento de las emisiones de estos gases con relación al año 1990 de
hasta el 40 por ciento. Portugal puede emitir el 40 por ciento más de lo
que emitía en el año 1990. Curiosamente, en la misma situación está
Grecia, que puede emitir el 30 por ciento más, y a España le permiten
que, sobre la base de lo que emitía en el año 1990, limite sus emisiones
a un aumento en el 17 por ciento. Ese es el compromiso que le ha
correspondido a España. Quiero decirles --y ya he tenido muchas ocasiones
de comentarlo ante ustedes-- que esto no ha sido a solicitud de España,
sino que le ha tocado, como si dijéramos, en el prorrateo, es decir, si
todos conjuntamente tenemos que llegar a un límite de reducción del 15
por ciento con relación a 1990, se hace un reparto en función de quienes
están contaminando más, y eso es lo que a cada uno nos ha correspondido.

Por tanto, ésta es la realidad que se tiene que vivir en España en este
momento.

En el último Consejo de Ministros también discutimos bastante sobre el
tema de las llamadas burbujas. Concretamente el tema de la burbuja
comunitaria significa, que en el supuesto de que la Unión Europea no
respondiera a ese principio de limitación y reducción de emisiones con
relación al año 1990, tendríamos una doble responsabilidad. Los Estados
comunitarios tendríamos que responder, si no hemos cumplido, por nuestra
porción concreta del reparto de cargas y, además, tendríamos que
responder como parte de ese convenio en la burbuja comunitaria, que
significa que toda la Unión Europea no habría respondido a ese compromiso
que asumió. Todo esto se ha establecido en este documento de negociación,
e insisto mucho en los términos: es un documento de negociación, porque
la Unión Europea no ha asumido más compromiso que el de establecer esas
limitaciones, el de establecer el reparto de cargas, el de presentar,
como nos presentó la Comisión, un documento en el que se demuestra que
técnica y económicamente se pueden asumir estas limitaciones. A partir de
ahí, cuando el protocolo de Kioto decida unas u otras limitaciones,



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en función de lo que los demás países, que también tienen que acudir a
Kioto a esta cumbre de cambio climático, decidan, se volverá a plantear,
sin duda en el próximo Consejo de Ministros de finales de diciembre,
también bajo presidencia luxemburguesa, qué es lo que tiene que hacer la
Unión Europea sobre la base del protocolo que haya adoptado Kioto.

Nosotros desearíamos que la estrategia final de la Unión Europea fuera
realmente la que llegara a comprometerse en Kioto, éste sería el éxito
que todos deseamos de Kioto.

Aunque no me quiero alargar en todos estos temas porque son muy extensos,
quiero decirles que también se habló de la estrategia de acidificación.

Los problemas de lluvia ácida afectan a otros países de la Unión Europea.

En España no estamos tan afectados por los problemas de lluvias ácidas
como lo están otros países de la Unión Europea, quizá por eso las
soluciones tampoco pueden darse con carácter genérico para todos. España,
puesto que no tiene esos problemas, pidió que se estudien las
características de cada uno de los Estados a la hora de establecer unos
topes nacionales de acidificación.

Quizá es de interés que les comente brevemente que otra propuesta de
directiva que se abordó para su estudio posterior fue sobre eliminación
de residuos, concretamente sobre vertederos. Si uno de los problemas
mayores que tienen las sociedades industrializadas es la generación de
basuras, a todos los países les interesa de una manera muy específica la
forma de eliminar estos residuos. En esta línea, el problema de los
residuos, y lo comentaré después cuando hablemos del Derecho comunitario
y de cómo traspone y cumple España el Derecho comunitario, era uno de los
problemas prioritarios para esta primera parte de la legislatura que ha
abordado el Ministerio de Medio Ambiente. Puedo decirles que en este
momento tenemos ya al día toda la legislación sobre política de residuos,
porque hemos traspuesto todas las directivas comunitarias que estaban
vencidas cuando llegamos al Ministerio y España está ahora en igualdad de
condiciones que los países más desarrollados en tema de residuos en
cuanto a la trasposición de la normativa que concretamente afecta a este
tema de vertederos, que es un punto de especial importancia para España.

Lo que España ha querido plantear en este tema de residuos es que el
primer concepto tiene que ser el principio de prevención, que es el
principio de reducción de las basuras, el principio de prevención y de
reducción de los residuos. Dicho esto, en segundo lugar --y así lo
establece nuestra propia ley de envases--, en esa jerarquía de
principios, tenemos que hablar a continuación del reciclado y de la
reutilización, pero hay una parte final que corresponde a aquellos
residuos que no pueden ser reutilizados porque no pueden ser tampoco
reciclados y que tienen que ir a un sistema de desaparición. Aquí nos
encontramos con que España tiene muchos vertederos, algunos de ellos,
lamentablemente, no bien controlados y en condiciones no adecuadas, como
pudieron ustedes comprobar con el vertedero de Bens en La Coruña el año
pasado.

Quiere esto decir, por tanto, que la situación que se exige en esta
política de vertederos lleva a la inclusión de la reducción para el
vertido de sustancias biodegradables, y España lo que tuvo que decir es
que si se nos obligaba, en un plazo tan corto de tiempo, a reducir el 75
por ciento de sustancias biodegradables que pueden acudir a un vertedero
--si se llegara a aplicar esa directiva comunitaria en este sentido--, lo
que estaría haciendo era incentivar un tipo de eliminación de residuos
que España no comparte, como es el de las incineradoras. Es decir que si
por la vía indirecta de no dar los plazos suficientes para que España
pueda poner al día todos los vertederos existentes de una forma
legalizada y reuniendo todos los requisitos adecuados a la directiva
comunitaria, se nos obligaba a poner en marcha esta reducción de las
sustancias biodegradables con un calendario muy estricto, nos estaban
obligando a acudir a la incineración, y aparte de que no es un principio
que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente compartamos piensen
ustedes que no podríamos --y en esto nos apoyó de inmediato Gran Bretaña
cuando así intervinimos en el Consejo de Ministros-- en un plazo tan
corto de tiempo, aunque algún Estado quisiera poner en marcha una
política fundamentalmente de incineración, por los costes económicos que
supone, plagar, digamos, un Estado de incineradoras. Esta es una de las
directivas que quedó también encima de la mesa y que, a solicitud de
España, y como he dicho anteriormente con el apoyo de Gran Bretaña y
después de otros países, se va a analizar en esta línea para estudiar
también las situaciones morfológicas y geológicas de los distintos
países, así como su situación climatológica porque no todos los países
pueden tener la misma necesidad de vertederos ni las mismas condiciones
para que los vertederos sean legalizados.

También podría comentarles que está en marcha una de las políticas que a
España le interesa especialmente y en la que está colaborando de una
forma muy intensa en lo que tiene que ser una ley de contaminación
acústica. Europa se está planteando la elaboración de una directiva
comunitaria en materia de ruido; es un debate que existe en Bruselas,
pero he de decirles que a lo mejor España está incluso más avanzada
puesto que en Europa lo único que hay hasta ahora es un libro verde
contra la contaminación acústica que se tiene que ir desarrollando
posteriormente. El Ministerio ha trabajado y viene trabajando con gran
intensidad en este tema y creo que a finales de este año podremos
presentar un borrador de lo que podría ser el anteproyecto de una ley de
lucha contra la contaminación acústica, porque se habla mucho de
contaminación, se habla mucho de calidad ambiental y desde luego uno de
los temas que más afectan a la propia salud y estabilidad de los
ciudadanos es el nivel de decibelios que estamos teniendo que soportar
día a día; las ordenanzas municipales no tienen el suficiente peso
jurídico para imponer una serie de controles y de limitaciones; de ahí
que estemos trabajando en ese borrador que esperamos poder presentar a
finales de este año.

Tendría también que abordar otro de los temas que se tocaron en el
Consejo de Ministros a petición de la delegación española, como es el de
la Red Natura 2000, porque saben ustedes que la Red Natura 2000 está
llamada a ser uno de los pilares de conservación de nuestro patrimonio
natural y concretamente es una apuesta de futuro que va a crear un tejido
representativo de los mejores espacios naturales



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del continente. España está haciendo un enorme esfuerzo de catalogación,
de comunicación y de aprobación de estos espacios, que probablemente van
a llegar a cubrir alrededor del 15 por ciento del territorio nacional.

Estamos hablando, señorías, de unos 80.000 kilómetros cuadrados, de unos
ocho millones de hectáreas que van a tener esta consideración de ser
contemplados dentro de la Red Natura 2000. Por eso, la preocupación de
España es que todavía no exista un marco de apoyo económico y financiero,
ni se sepa cómo se va a trabajar o qué estrategia tiene prevista la Unión
Europea en esta Red Natura 2000. Este fue el planteamiento que hizo
España comentando los crecientes costes directos, unos de conservación de
estos espacios, e indirectos otros por las limitaciones que impone a los
propietarios la no utilización de esos terrenos, que pasarían a estar
incorporados en las distintas listas que España ya ha elaborado. De ahí
la anomalía que se produce en este momento en el que la inmensa mayoría
de los países de la Unión Europea estamos planteando esta situación de
pedir una definición de la estrategia comunitaria sobre la Red Natura
2000. Simultáneamente, sin haber contestado la Unión Europea, la Comisión
concretamente, sobre qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a
gestionar esta Red Natura 2000, nos ha sancionado a todos los países
comunitarios porque no hemos terminado el listado de estos terrenos.

Desde luego, en España queda muy poco, y les puedo asegurar que en los
próximos meses nuestras listas estarán completamente cerradas pero, en
definitiva, lo que nos interesa es que se establezca un balance entre las
obligaciones de los Estados y el marco de apoyo para el cumplimiento de
esta Red Natura 2000.

Paso, señorías, después de haber analizado estos dos consejos de
ministros, a comentar con ustedes otro de los temas que se puso de
manifiesto en los almuerzos que se celebran dentro de los consejos de
ministros y que concretamente esta vez afectaba a la Agenda 2000. Desde
luego, el tema de la Agenda 2000 no es un tema específico a abordar
dentro de los consejos de ministros de medio ambiente puesto que la parte
que más se puede aproximar a las preocupaciones de los ministros de medio
ambiente dentro de la Agenda 2000 hacen referencia exclusivamente a la
política agrícola comunitaria y por tanto nosotros entendemos que tanto
el Consejo de Asuntos Generales como los propios ministros de agricultura
en sus consejos de ministros correspondientes son los que tienen que
abordar esta situación de reforma de la política agrícola comunitaria
que, sin lugar a dudas, tiene que llevarnos a un modelo de desarrollo de
agricultura sostenible, a un modelo de crecimiento sostenible que, sobre
todo para nosotros, tiene que darnos paso a una creación de empleo que
inspire todas las políticas de la Unión.

En esta Agenda 2000 se habla, como saben todos ustedes, de las cuestiones
horizontales ligadas a la ampliación. Nosotros entendemos, como ministros
de medio ambiente --si la ampliación va a ver dedicadas cifras que se
barajan en estos momentos en torno a los 45.000 millones de ecus para los
países candidatos en dos tramos, un tramo preadhesión de 7.000 millones
de ecus y otro postadhesión de 38.000 millones--, que la inversión
ambiental debe ser prioritaria, sin lugar a dudas, por el déficit
estructural que estos países tienen en políticas medioambientales. Es
decir, el acervo comunitario en materia medioambiental también tendrá que
ser exigible a los países de la ampliación. Por eso pedimos que cuando se
habla de esas perspectivas financieras, de cara al año 2006, y teniendo
en cuenta, por otra parte, lo que significa esta ampliación a países que
no han tenido un desarrollo económico y social como hemos tenido los que
estamos a este lado del telón de acero, se les ayude con fondos
específicos para que la inversión ambiental tenga la fuerza y el impulso
que se necesita para defender la calidad de vida de esos ciudadanos tan
europeos como los demás.

En cuanto a las políticas internas, entendemos que se irán modificando
gradualmente. Queremos hacer una aportación en esa reforma de las
políticas internas de la Unión Europea. Podríamos hablar, de cara a la
próxima cumbre de trabajo, pero nos llevaría mucho tiempo. Cuando se
habla de nuevos yacimientos de trabajo se tiene que tener muy en cuenta
que las políticas medioambientales, en la medida en que se desarrollan
con toda coherencia, son las que más puestos de trabajo pueden crear. De
ahí que todos los países comunitarios estemos deseando que, a través del
impulso que demos los ministros de la Unión Europea en materia
medioambiental, se investigue más, es decir, se dedique más inversión a
investigación y desarrollo y concretamente a los capítulos específicos de
medio ambiente.

En cuanto a la integración de objetivos ambientales en la reforma de la
PAC, asumimos todo lo que la ministra de Agricultura expuso en el Consejo
de Ministros de Agricultura que se celebró seis días más tarde,
concretamente el 21 de octubre.

Dejo para el final el tema de los fondos de cohesión, que también tiene
una gran importancia en la Agenda 2000, puesto que se está hablando de
las nuevas políticas financieras, con la perspectiva del año 2006. Una
condición sine qua non para España es el mantenimiento de estos fondos de
cohesión y muy fundamentalmente porque falta todavía mucha cohesión en
materia medioambiental, y luego especificaré algunos de los proyectos y
programas que España va a presentar como proyectos elegibles para cumplir
esos fondos de cohesión que nos han sido asignados de cara al año 2000.

Cumpliendo esos proyectos elegibles de cara al año 2000, queremos
reclamar nuevos fondos de cohesión, tal y como jurídicamente está
establecido en el protocolo del tratado de Maastricht, y que se sigan
asignando estos fondos de cohesión, concretamente en su 50 por ciento, en
objetivos ambientales.

Para ir terminando ya, señor presidente, paso a lo que podría ser una
tercera parte de mi intervención, referente al cumplimiento del Derecho
comunitario. Hemos hablado de los consejos de ministros, hemos hablado de
la Agenda 2000 y paso a hablar del cumplimiento del Derecho comunitario.

En primer lugar, de lo que entendemos que es un calendario legislativo de
trasposición de directivas comunitarias, y, en segundo lugar, de los
procedimientos de infracción por incumplimiento que tiene en marcha en
este momento el Reino de España.




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No hace falta que insista, señorías, en que una de las obligaciones
jurídicas más importantes, con respecto a la Unión Europea --lo decía al
principio de mi intervención--, es la trasposición de directivas
comunitarias. Yo quiero exponer, ante informaciones en ocasiones quizá un
tanto contradictorias, cuál es el estado oficial del cumplimiento por
parte del departamento que dirijo. Desde su creación, el Ministerio de
Medio Ambiente ha traspuesto, con el apoyo del Consejo de Ministros y de
este Parlamento, un total de seis directivas, de las cuales cuatro son en
plazo vencido, que acumulaban retrasos de la Administración anterior,
concretamente la Directiva de residuos peligrosos, que ha sido traspuesta
el 20 de junio de 1997; la Directiva de residuos peligrosos --eran dos
decretos distintos y complementarios--, que ha sido traspuesta el 27 de
junio; la Directiva de liberación de organismos genéticamente
modificados, que también ha sido traspuesta por un real decreto de 20 de
junio de 1997; la Directiva de utilización conjunta de organismos
genéticamente modificados, que ha sido traspuesta en la misma fecha y por
real decreto de 20 de junio; la Directiva de envases y residuos de
envases, por ley aprobada por esta Cámara el 11 de abril de 1997 y que
entrará en vigor el 1 de enero de 1998. Y, por último, la Directiva de
incineración de residuos peligrosos, que ha sido traspuesta por real
decreto de 18 de julio de 1997.

Al día de hoy quedan, pues, nueve directivas pendientes de trasposición
total o parcial, de las cuales cuatro, cuyo plazo estaba vencido,
corresponden concretamente a la Directiva de pilas y acumuladores, que ha
sido traspuesta, pero está pendiente de elaboración de los programas de
aplicación, que es competencia de las comunidades. El plazo venció en
1992. La segunda Directiva-marco es la de residuos, cuyo plazo venció el
1 de abril de 1993, y que ya ha sido traspuesta, en la medida en que está
en esta Cámara desde el 1 de agosto, fecha en la que fue aprobada su
trasposición mediante el proyecto de ley básica de residuos que
presentamos a las Cortes el pasado mes de agosto. La tercera Directiva es
la de nitratos, con un plazo vencido en el año 1993, y que en este
momento está pendiente de designación de zonas vulnerables y elaboración
de códigos de buenas prácticas agrícolas, que es competencia exclusiva de
las comunidades autónomas. Aunque no lo tengo delante, creo que quedan
dos o tres comunidades autónomas pendientes de designar esas zonas
vulnerables y de elaborar sus códigos de buenas prácticas agrícolas. En
cuanto a la Directiva de adaptación al progreso técnico de la Directiva
de aves silvestres, he de decirles, porque también ha habido alguna
información un tanto contradictoria, que no existe ningún procedimiento
abierto por la Comisión en este momento.

Por otra parte quiero informarles de las cinco directivas cuyo plazo de
trasposición no está vencido y en las que el Ministerio de Medio Ambiente
está trabajando desde el día de su aprobación. De esta manera creemos que
no solamente vamos a evitar retrasos sino que incluso podemos ser parte
activa --algunas se las he comentado-- en la elaboración de esas
directivas. Me refiero a la Directiva de eliminación de PCB/PCT; la
redacción de un real decreto se inició el pasado mes de mayo con la
cooperación de la patronal más afectada, que es la eléctrica, y tendremos
listo un borrador para finales de este año; la Directiva de control
integrado de la contaminación, conocida por sus siglas en inglés de IPPC,
que tiene un plazo de trasposición hasta octubre de 1999; se está
trabajando en ella desde mayo de 1997 y se van a elaborar 30 planes de
mejoras técnicas disponibles para la prevención en otros tantos sectores.

La tercera Directiva es la de evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente, cuyo plazo de trasposición es mayo de 1998. Es la norma-marco
de calidad del aire y será seguida por las normas llamadas «hijas» para
casos concretos de contaminantes específicos; y la Directiva
evaluación-impacto, que vence en marzo de 1999, cuyo primer documento de
trabajo ya ha sido distribuido a las comunidades autónomas en la pasada
conferencia sectorial. En conclusión, podría decir que la presente
Administración no ha incumplido ninguna obligación de trasposición de
directivas comunitarias. Por el contrario, me cabe el honor de decirles
que durante los casi 18 meses de existencia de este Ministerio específico
de Medio Ambiente, además de las obligaciones cumplidas correspondientes
a este período, hemos subsanado cuatro incumplimientos anteriores y
estamos trabajando en el quinto.

En cuanto a los procedimientos de infracciones que existen en este
momento abiertos, he de recordar que se debe hablar con una gran
sensibilidad y con un gran conocimiento de causa del estado de
cumplimiento del Derecho comunitario ambiental. Para ello, he de recordar
--como comentaba en algunas de las directivas que deben ser traspuestas--
la distribución de competencias en el seno del Estado español porque eso
obliga a que sea imprescindible, no solamente necesaria, la intervención
de las distintas administraciones en la labor de aplicación del Derecho
comunitario.

También he de comentar algo que a algunos les puede parecer un matiz, y
es que no es lo mismo abrir un procedimiento, que lleva muy pocas
semanas, que pasar a la fase contenciosa, que lleva un plazo superior a
seis meses, y no digo lo que es llegar al Tribunal de Justicia, lo que
suele conllevar un mínimo de dos años.

Por consiguiente, reitero que el Ministerio de Medio Ambiente y, por lo
tanto, el Estado no ha sido objeto de ningún procedimiento que no fuera
heredado o que no tengan que resolverlo otras administraciones distintas
de la central. Sin embargo, sí que hay una serie de casos en curso, como
son las cartas de emplazamiento. En el momento precontencioso del
procedimiento hay siete casos de infracción, de los cuales me gustaría
destacar como más importante el de las marismas de Santoña. Dicho caso,
como saben ustedes, tenía una sentencia del año 1993, sentencia que, al
ser incumplida por la Administración, cuando llegamos al Ministerio
corríamos el serio riesgo de tener una segunda sentencia en mayo de 1996,
que hubiera sido ya ejecutiva y, desde luego, nos hubiera condenado con
sanciones económicas. Por ello, a partir de ese momento nos hemos puesto
a trabajar seriamente para ver cuáles son las condiciones que faltaban
para cumplir esa sentencia del año 1993. Quiero decirles que en este
momento,



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y con gran satisfacción por parte de la Comisión, estamos desarrollando
todas las políticas --tanto la Administración local como la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la
Administración central-- en unos planes que hemos presentado en
cumplimiento de esa sentencia y que en este momento han paralizado esa
puesta en marcha de la segunda sentencia, que hubiera sido condenatoria,
como les digo, con sanciones económicas. La última carta de emplazamiento
se ha decidido hace tan sólo 15 días y es por la no elaboración de planes
nacionales de residuos tóxicos. Esto que se refiere a la cobertura
geográfica de un plan general va a tener una solución inmediata en el
momento en que las Cortes españolas aprueben la ley básica de residuos
que se presentó en el mes de agosto, como les he dicho, y que, por
problemas de calendario --estamos en debate presupuestario-- no ha sido
todavía tramitada.

Existen dictámenes motivados. Hay trece enviados contra España por
incumplimiento del derecho ambiental. De los trece, solamente cinco son
de competencia del Ministerio de Medio Ambiente, siendo dos de ellos por
mala aplicación de la Directiva de acceso a la información, en la que se
está trabajando, dos por vertidos industriales al medio acuático y uno,
el último que les he comentado a ustedes, de la Red Natura 2000. El de
acceso a la información responde a la regulación del silencio
administrativo y de la determinación de los precios para la información
suministrada, y el de la Red Natura 2000, la Directiva Hábitat, ya lo he
comentado ante ustedes.

Para ir terminando, les diré que los últimos casos que siguen abiertos
ante el Tribunal son cuatro y que se refieren a la calidad del agua de
baño interior, a la falta de programas de reducción de la contaminación
acuática causada por vertidos industriales --el caso de la Directiva de
nitratos, que ya les he dicho que es competencia de las comunidades
autónomas-- y, por último, el de pilas y acumuladores.

Quiero finalizar, señorías, refiriéndome brevemente a la importancia que
tienen los fondos de cohesión para la política medioambiental. El gran
capítulo económico para España y el medio ambiente sigue siendo, en
relación con la Unión Europea, el Fondo de Cohesión. Durante 1997, y tras
añadir los proyectos de las autonomías, el saldo de ayudas pendientes del
Fondo de Cohesión asciende a 220.000 millones de pesetas, casi la mitad
de los cuales corresponde, como les decía antes, a obras de saneamiento
y depuración. De cara al futuro hemos presentado proyectos, hasta el año
1999, por un importe de 136.000 millones de pesetas, de los cuales casi
30.000 millones están destinados a planes de gestión de residuos. En 1997
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas ha presentado, además, 70
proyectos elegibles por un montante de 77.000 millones de pesetas, que se
encuentran pendientes de aprobación, referentes a abastecimiento,
regulación, regeneración de playas y costas como elementos más
importantes. Otras partidas asimismo importantes son las referentes a
reforestación y lucha contra incendios forestales (saben que este año
invertimos un total de 6.800 millones de pesetas). No voy a hacer en este
momento una enumeración, porque sería motivo, sin lugar a dudas, de otra
comparecencia, de lo que representa la estrategia de política forestal
nacional, que está siendo consensuada por el Ministerio en sus distintas
reuniones.

Tampoco he podido comentarles cómo colaboramos con las directivas puestas
en marcha en la Unión Europea. Inclusive nos adelantamos, porque saben
ustedes que al principio de mi toma de posesión les anuncié la necesidad
en España de una ley de responsabilidad civil. Tenemos conocimiento de
que en este momento Europa está trabajando en un libro blanco sobre
responsabilidad civil, siendo por ello que estamos en contacto con
Bruselas para aportar lo que hasta ahora hemos tenido avanzado ya en
España sobre este anteproyecto de ley de responsabilidad civil.

Una vez que con el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, en
Luxemburgo, finalice en diciembre la presidencia luxemburguesa, pasaremos
a la presidencia del Reino Unido. Pensamos que esta presidencia va a
tener también un gran impulso, puesto que, como saben ustedes, el
ministro Blair ha nombrado al señor Prescott ministro de Medio Ambiente,
y digo esto porque, además, es viceprimer ministro, con lo cual creemos
que se hará un seguimiento muy directo, lo que nos va a llevar a avanzar
en algunos de los temas que, sin lugar a dudas, tenemos pendientes. Yo
tengo prevista ya una reunión con el ministro de Medio Ambiente de Gran
Bretaña el próximo 24 de noviembre.

Termino, señorías. Pueden imaginarse que todavía son muchos, aunque creo
que mi intervención ha sido bastante prolija, los temas que, cuando se
habla de política ambiental en España, de política ambiental comunitaria,
quedan encima de la mesa y, por lo tanto, todo cuanto puedo decirles en
este momento es que, al igual que pedí comparecer a petición propia para
informarles a SS. SS. de los consejos de ministros de la Unión Europea o
de aquellas reuniones horizontales a nivel internacional que pudieran
tener repercusión en la política ambiental española, nuevamente me
comprometo, bien a petición propia o bien a petición de SS. SS., de
cualquier grupo parlamentario, a comparecer en esta Comisión, como
también lo hago en la Comisión específica de Medio Ambiente, porque creo
que debemos revisar juntos toda la tarea que el Gobierno está haciendo en
política medioambiental, ya que con ello llevaremos una postura cada vez
más firme, más clara y, desde luego, en materia medioambiental, más
realista de cara a la Unión Europea. Creo que con esto estaremos al menos
cubriendo eso de que tanto se hablaba, por lo menos en la época en la que
yo trabajaba en esta Comisión, del llamado déficit democrático y, desde
luego, si entonces denunciábamos que se producía ese déficit democrático
con relación a la Unión Europea y los parlamentos, no queremos que
alguien que ha sido miembro de esta Comisión, al llegar a tareas
ejecutivas, al ocupar una cartera ministerial, no vaya a cumplir esto que
era un deseo.

Por tanto, agradeciendo su atención y dando las gracias por la paciencia
que ha demostrado el señor presidente, quedo en disposición de atender a
todas sus preguntas.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señora ministra, por las extensas
explicaciones que nos ha dado en relación con un tema cada vez más
preocupante, incluso gracias por las anotaciones históricas que nos ha
hecho sobre la política ambiental en la Unión Europea.

De lo dicho se concluye con varios elementos que yo creo que
sintetizarían bastante bien esa intervención. En primer lugar, que la
política ambiental, hablando de política propiamente dicha en la Unión
Europea, nace prácticamente en el tratado de Maastricht. En segundo
lugar, que siendo ésta una de las grandes preocupaciones de la Unión, ni
la Unión ni particularmente nuestro país tenemos motivos especiales de
satisfacción, no respecto de la trasposición de las directivas
comunitarias sino de la aplicación de lo que esas directivas proponen.

Desde nuestro punto de vista, ahí es donde deberíamos centrar más
específicamente esa comparecencia.

Nos ha dado una explicación amplia de los dos últimos consejos, el de
junio y el de octubre, que agradecemos particularmente y, al final,
después de explicarnos de una manera extensa la mayoría de las políticas
que se han acordado o que han tratado estos consejos, hemos concluido con
un montón de expedientes que tiene nuestro país, con un montón de
infracciones y de incumplimientos en los temas que son realmente de
interés para los ciudadanos españoles y para el medio ambiente en España.

Harán falta muchas comparecencias y mucho más que trasposición de
directivas para conseguir que nos quitemos la imagen ante la Unión
Europea de ser uno de los países que más conculcan la normativa
medioambiental, que menos atención presta a su medio ambiente. Ese es un
objetivo que debemos compartir todos y debemos impulsar en su conjunto.

Quisiera centrarme en algunas cuestiones, pocas, que ha planteado, que
tienen una especial incidencia para nuestro país. Y hablando de esas
concretas quizá podamos ver muy claramente, a través de ellas, cuál es la
preocupación profunda del actual Gobierno en materia medioambiental,
porque algunas de sus afirmaciones nos han dejado muy preocupados. Para
empezar, voy a hablar de dos cosas: de la Directiva en general sobre la
política hidrológica de la Comunidad Europea y de las explicaciones que
nos ha dado. Usted entró en el Ministerio y se encontró con un proyecto
de ley totalmente concluido, que había pasado ya fases parlamentarias, y
ustedes bloquearon su aprobación exigiendo unos requisitos que no eran
necesarios puesto que este plan ya se había explicado extensamente a la
sociedad, y ahora lo pospone para 1998, calendario que va muy unido al
horizonte de permanencia de la ministra en el Ministerio. Esos trucos de
ir posponiendo, cambiando o modificando para no tomar las decisiones
necesarias en un tema de la importancia del agua, son denunciables ante
los ciudadanos y rechazables desde la Unión Europea al no cumplir lo que
para nuestro país es mucho más importante que para otros de la Unión
Europea, por los desequilibrios que provoca en un recurso tan importante
como el agua, dentro del territorio nacional y de las oportunidades
económicas y de calidad de vida de todos los españoles. Se está hurtando
a los españoles una decisión necesaria para su bienestar.

En segundo lugar, y siguiendo con el agua, hay un elemento que nos
preocupa, de donde he deducido que su inquietud medioambiental es
relativa, si me permite la afirmación. Nos ha hablado de la Directiva del
agua potable y de los costes que su aplicación comportará para nuestro
país. Estoy seguro de que la señora ministra es consciente de esos costes
y no por ello estoy en contra de la aplicación. Lo que me preocupa del
discurso medioambiental del Gobierno es la discriminación entre lo
público y lo privado. ¿Pero no estamos hablando de un problema que afecta
a la salud pública? ¿No estamos hablando de que el agua no contenga unas
determinadas dosis de plomo? ¿No estamos hablando de la necesidad de
cambiar esas instalaciones para garantizar la salud de los ciudadanos
españoles? Y si estamos hablando de esto, ¿cómo se puede discriminar
entre la parte de las tuberías de plomo que es pública y la parte que es
privada? Porque si el plomo es contaminante, perjudicial para la salud,
eso no afecta a la condición de pública o privada y el coste, es decir,
la necesidad de cambiar esas tuberías se dará en cualquiera de los casos.

Eso significa cambio de instalaciones completas, no sólo de
canalizaciones de agua, si queremos garantizar de verdad la salud. Si lo
que queremos es hacer una política de maquillaje, tal vez sería posible
con menos. Por tanto, ésa es una directiva que tiene un efecto económico
muy importante, que hay que abordar y hay que hacerlo con rigor y
atendiendo al fin último de la directiva: proteger la salud de los
ciudadanos españoles y, por tanto, cambiar, modificar las instalaciones
que perjudican la salud.

Nos ha explicado también el programa Auto-Oil y ha dicho que España
podría estar entre los países que tengan que solicitar una exención del
período inicial. Estamos hablando de unos valores límite en los
combustibles que se utilizan en los automóviles y esa directiva, este
programa Auto-Oil, da de plazo hasta el año 2000 a todos los países de la
Unión Europea para sustituir toda la gasolina con plomo por gasolina sin
plomo. Ese es el fondo de la cuestión y ya me dirá usted si en estos
momentos nuestro país está en condiciones de cumplir con esa directiva.

No lo está porque no existen políticas internas que propicien la
sustitución de los automóviles que siguen utilizando gasolinas con plomo
por otros que utilicen gasolina sin plomo, que es lo que han estado
haciendo los países centrales de la Comunidad durante un período largo de
años. En nuestro país sigue siendo una política incipiente y más bien
paralizada.

Nos ha hablado de la Directiva sobre el vertido de residuos y dice que
está a punto de cumplir con ese precepto comunitario. Me encantaría
creerla. Me gustaría vivir en un país que fuera respetuoso con el medio
ambiente y que el problema fuera sólo la directiva y no el desbarajuste
que en estos momentos tiene nuestro país sobre residuos sólidos que usted
conoce perfectamente. Sigue habiendo miles



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de vertederos incontrolados e ilegales y el problema no está sólo en
trasponer una directiva, sino en que no se están propiciando las
políticas necesarias para que esos vertederos desaparezcan; que desde el
Estado no se está contribuyendo con políticas económicas y financieras
para hacer posible que disminuya la cantidad de residuos que se tienen
que someter al tratamiento de un vertedero por una clasificación previa
y, por tanto, por una separación en origen de los residuos; que no se
están implementando esas políticas adecuadamente y no existe control
suficiente sobre lo que se está depositando en los distintos vertederos,
legales o ilegales, que existen en nuestro país. Y le podría contar
alguna cosa respecto de casos cercanos a donde vivo, para no poner
ejemplos más extremos que han sido objeto de primeras páginas en casi
todos los diarios y medios de comunicación nacionales. El problema de la
política medioambiental no está sólo en cumplir las normativas o no, está
en si existe de verdad la voluntad política de ir implementando las
condiciones económicas, jurídicas y legales para hacer posible que esa
política sea realizable y, por tanto, los españoles puedan tener y gozar
de un medio ambiente sano.

Me preocupa su preocupación --y valga la redundancia-- sobre la Red
Natura 2000. Usted explica al Consejo en el mes de octubre su
preocupación por la gestión y la financiación de la Red Natura 2000 y
sería conveniente que sepamos qué es la Red Natura 2000, porque no es
sino un listado de espacios que ya están protegidos. Estos ocho millones
de hectáreas a los que usted hace referencia son ya espacios protegidos,
que ahora van a tener además la cobertura legal de una figura europea
que, quizá, pueda controlar mejor su verdadera protección, pero están ya
tasados o deberían estarlo. Esperamos que estén en la Red Natura 2000
todos los parques nacionales, las zonas que están en el convenio Ramsar
y las que están en las ZEPA y algunas que quizá no lo estén y deberían
estarlo. Por lo tanto, aquí no deberíamos estar hablando de un coste
financiero complementario ni de un problema de gestión añadido, si se
gestionara correctamente. Claro que, cuando estamos viendo que se reducen
las cantidades financieras en los Presupuestos Generales del Estado para
los parques nacionales o para las zonas protegidas, evidentemente hay
motivo de alarma también por cómo se van a conservar estos espacios. No
entiendo, pues, la preocupación de la ministra en este aspecto y me
intranquiliza que su única inquietud sea la gestión y los recursos que se
dediquen a estas zonas desde la Unión Europea cuando desde España no se
está realizando esta gestión; más bien se están viendo recortadas las
inversiones que históricamente se venían produciendo en protección
medioambiental y en espacios naturales.

Finalmente, permítame hacer una pequeña referencia al Fondo de Cohesión,
para no extenderme excesivamente. En el año 1997, según los datos
proporcionados por su Gobierno a través del Ministerio de Economía en los
documentos que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado, la
utilización de los fondos de cohesión en nuestro país ha disminuido en
100.000 millones de pesetas. Estamos hablando de un período en el que
usted es la responsable al 50 por ciento de este fondo. Las cifras que
nos daba el ministro de Economía, acumuladas evidentemente en los dos
capítulos que componen el Fondo de Cohesión --creación de
infraestructuras de transporte y medio ambiente--, se aproximaban a los
400.000 millones de pesetas --me parece que decía 378.000 millones de
pesetas, pero estoy hablando de memoria y puedo equivocarme en la cifra;
en cualquier caso, el error no es importante--. Es decir, estamos
acumulando las cifras --estos fondos tienen una duración hasta 1999--
para los años finales, lo que viene a dar cobertura a las tesis de
aquellos países que dicen que hay que suprimir este fondo y que no es
necesario porque somos incapaces de gastar la cantidad que se adjudican
anualmente a nuestro país provenientes de dichos fondos. Su Ministerio es
incapaz de gastar esa cantidad, como lo está demostrando en 1997. Me
gustaría oír una explicación razonable, que nadie ha dado hasta ahora, de
por qué hay esta caída tan importante en la recepción de fondos de
cohesión.

En conjunto, señora ministra, hay que agradecerle la información que nos
ha suministrado hoy aquí y que será reiterada. Se pueden producir
comparecencias a petición suya, pero ésta lo ha sido a petición de la
Comisión. Deseamos que no sólo nos cuente lo que está ya en las actas de
los diferentes consejos de Medio Ambiente en la Unión Europea, que
también, sino que, sobre todo, nos explique no cómo se va a trasponer el
papel, sino cómo van ustedes a aplicar esa política tan importante para
el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, que es la
medioambiental. Para ello, vamos a solicitar las comparecencias que
creamos oportunas, si usted no las pide, para que nos vaya explicando su
política. Hoy se ha puesto en evidencia que es necesario un mayor diálogo
y aplicación, y desde luego, que queda mucho trecho para que el Gobierno
pueda tener un aprobado en política medioambiental, no ante esta Cámara,
no ante un grupo de la oposición que podría parecer normal que le
exigiera más de lo razonable, sino ante la propia Unión Europea. En bien
de España y en bien de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro
país, haga su trabajo y hágalo bien.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señora ministra, por su
presencia y por las amplias explicaciones que ha dado ante esta Comisión,
a la que evidentemente es muy bienvenida.

Su intervención ilustra claramente la grandeza y, a la vez, si se me
permite, dicho de forma hiperbólica, la miseria de esta Comisión, puesto
que evidentemente ha puesto sobre la mesa una gran cantidad de
iniciativas legislativas comunitarias, como son las directivas; ha dado
una cierta información acerca de su implementación y nos encontramos con
que esas directivas, en su elaboración y en su aplicación práctica,
difícilmente han sido controladas por este Parlamento. Es cierto que
seguimos teniendo ese déficit democrático que ha comentado y constatado
la propia ministra



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en su intervención, que era su inquietud cuando ella fue la presidenta de
esta Comisión y que sigue estando ahí. Evidentemente es un problema
estructural, no está en manos de la señora ministra y, por tanto, lo
único que ocurre es que tomo como excusa, si me permite, la ocasión para
poner de relieve un problema que se plantea periódicamente y que esta
comparecencia demuestra perfectamente.

Su comparecencia contribuye en cierto sentido a cumplir una de las
funciones de la Comisión, que ya es algo. De esas funciones de control y
de servir auténticamente de altavoz de lo que son las actividades del
Gobierno en el ámbito comunitario, por lo menos la de altavoz sí se
cumple. Leyendo literalmente de la ley que sirve de marco de creación
para esta Comisión, una de sus funciones es recibir del Gobierno la
información que obre en su poder sobre las actividades de las
instituciones de la Unión Europea y ser informada por el Gobierno de las
líneas inspiradoras de su política en el seno de aquélla, así como de las
decisiones y acuerdos del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esa
es una de las funciones y hoy la hemos ejercido. Quedan otras muchas que
no se ejercen, que no ejercemos los portavoces parlamentarios, ninguno de
los que estamos aquí representando cada uno a un grupo, y probablemente,
si las quisiéramos ejercer, tampoco podríamos, como sería, iba a decir la
auténtica fiscalización, quizá no sea la palabra más correcta, pero sí el
auténtico control previo o inmediatamente a posteriori sobre el contenido
concreto de cada uno de los consejos de ministros de la Unión Europea en
sus sectores específicos. Realmente, con la estructura actual que tiene
esta Comisión y con su manera de funcionar, eso es prácticamente
imposible. Por tanto, hemos tirado la toalla un poco entre todos y, de
hecho, la actividad de esta Comisión, en el ámbito del medio ambiente
como en otros pero muy específicamente en el de medio ambiente que nos
ocupa, según la literalidad de la ley de creación de esta Comisión o de
la resolución de la Mesa de la Cámara que rige sus actividades tiene muy
poco que ver con lo que es su función real. Eso lo podría haber dicho
evidentemente ante la comparecencia de cualquier otro ministro que
hubiera venido aquí a hablar de las actividades realizadas en los últimos
consejos de ministros de la Unión, pero, evidentemente, en medio ambiente
eso es especialmente palmario, como se deduce de su intervención y de la
constante documentación que recibimos de propuestas legislativas, los
famosos documentos COM, o de la propia documentación que los servicios de
la Cámara han preparado brillantemente como precedente de esta
comparecencia. En el ámbito de la Unión Europea pocos temas tienen una
implicación tan directa y tantas repercusiones en la política interna
como el medio ambiente, no sólo, como bien ha destacado la ministra,
respecto de las actuaciones del Gobierno sino de las propias comunidades
autónomas en el marco del principio de subsidiariedad.

¿Qué es lo que se deduce de todo esto? Que la ministra --esta ministra,
en concreto-- tiene un grandísimo margen de confianza y, por tanto, tiene
una enorme responsabilidad sobre sus hombros, puesto que está muy poco
controlada, y no lo estará, es decir, por más que la oposición --que no
es nuestro papel-- quisiera de verdad controlar el detalle o la letra
pequeña de las actuaciones de la ministra en el ámbito de la Unión
Europea, no lo podría hacer; hoy por hoy, no lo podría hacer, por el
propio volumen de trabajo y por los medios que la oposición o que esta
Cámara, dicho sea globalmente, tienen a su disposición. Yo quería empezar
con eso. Puede parecer una reflexión política muy amplia, pero que me
parece importante, hoy y ahora, ante la ministra de Medio Ambiente. Tiene
una gran responsabilidad porque tiene una enorme dosis de confianza,
muchas veces superior a la que tienen sus colegas de otros países
miembros de la Unión Europea. Hay muchos colegas suyos que cuando se
sientan a la mesa del Consejo de Ministros de la Unión tienen
perfectamente acotado su margen de decisión por parte de su Cámara
respectiva, saben perfectamente hasta dónde pueden llegar y lo que pueden
acordar y lo que no. Usted, señora ministra, como sus colegas del
Gobierno español, los demás miembros del Consejo de Ministros, no tiene
esa perfecta delimitación. No es el momento de cambiarlo, pero sí lo es,
de vez en cuando, de recordar que eso es así y que, por tanto, tiene una
responsabilidad superior respecto de esta Cámara a la que pueden tener
colegas suyos de otros países miembros respecto, insisto, de sus propios
parlamentos.

Dicho eso, nosotros, por el momento y globalmente, podemos decir ya como
grupo parlamentario que esa confianza nos parece justificada o, por lo
menos, bien utilizada. No hay una crítica, ni global ni específica, a lo
que ha sido la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en el seno de
los consejos de ministros de la Unión Europea. Quiero decir de entrada,
señora ministra, yendo ya al detalle --en el que voy a entrar muy poco--
de lo que es su exposición, que tiene el apoyo de mi grupo parlamentario;
sabe que lo tiene, pero es importante, de vez en cuando, recordarlo. Lo
tiene como manifestación de confianza hacia adelante y lo tiene en el
balance de lo que ha sido su actuación desde su toma de posesión, no
diría en el conjunto de sus actividades --que no me corresponde decirlo,
aunque probablemente tampoco sería muy distinto de lo que diga en este
foro--, pero sí concretamente en lo que es el marco de sus actuaciones en
la Unión Europea. Por tanto, no voy a entrar en un detalle crítico,
haciendo precisiones a cada uno de los puntos que ha ido comentando
respecto del orden del día de los dos consejos de ministros que nos ha
puesto sobre la mesa.

Sólo quería comentar de pasada dos cuestiones concretas que ha mencionado
la ministra, que hacen referencia indirecta al Consejo de Ministros. Por
un lado, la Conferencia de Kioto, evidentemente, como bien ha destacado
la ministra, es uno de los temas más importantes que hay sobre la mesa en
términos de política medioambiental y es un caso concreto en el que la
posición europea será la que marque su éxito o fracaso. Por tanto, en la
medida en que la ministra, representando al Reino de España, es una cuota
parte de esa posición europea, desde aquí le instamos a que haga todo lo
posible porque efectivamente la posición europea en esa conferencia sea
firme, porque si hay que esperar a que sean los Estados Unidos de América
quienes consigan un cierto éxito de la misma, realmente habría poco que
esperar. La posición teóricamente exigente



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manifestada por el presidente de los Estados Unidos, o por su
vicepresidente muy en particular, respecto de este ámbito después queda
--y ha quedado ya-- muy desnaturalizada o muy aguada, se podría decir,
por determinadas resoluciones del Senado de los Estados Unidos,
pretendiendo que la fijación de determinados límites en esa
autorestricción del uso de CO2 y de los gases que producen el efecto
invernadero se imponga por igual a países desarrollados y en vías de
desarrollo e incluso subdesarrollados. Esa exigencia del Senado
norteamericano ha dejado prácticamente inutilizada la posición
manifestada por parte de los Estados Unidos teóricamente, insisto,
amplia, generosa y muy mentalizada con este problema. Por tanto, quien
tiene las riendas y quien tiene la única posibilidad de que la
Conferencia de Kioto llegue a algún resultado es, hoy por hoy, la Unión
Europea.

De todos modos, no está claro --y ahí hay que ir a lo que digan los
expertos-- hasta qué punto es realista esa propuesta, adoptada en uno de
los dos consejos que ha mencionado la ministra, de ir a una reducción del
7 por ciento en el 2005 y de un 15 por ciento en el 2010. Yo no tengo más
información que la que está disponible en general, pero entre la
información que uno recibe, hay opiniones de expertos que dicen que eso
no sólo es imposible, sino que contradice frontalmente la realidad
actual, puesto que entre 1990 y la previsión hasta el año 2000 habría
habido un incremento y no una reducción. Por tanto, le preguntaría a la
ministra si efectivamente estamos haciendo un brindis al sol o estamos
haciendo unas proposiciones que parecen exigentes, en la medida en que
fijan una cifra concreta --que siempre es más exigente que un discurso--,
y hasta qué punto eso encaja con la realidad de lo que es la situación
hoy por hoy en este tema.

En segundo lugar, los comentarios que ha hecho respecto de la Agenda 2000
darían para hablar con mucha más calma --y yo confío en que tengamos
ocasión de hacerlo-- de la Agenda 2000, de medio ambiente, de los fondos
de cohesión y, sobre todo, de la ampliación. La mención que ha hecho de
pasada la señora ministra de que hay que exigir el cumplimiento del
acervo comunitario a los países candidatos a la ampliación y que eso
tiene unas consecuencias evidentes en el ámbito de las perspectivas
financieras vuelve a poner sobre la mesa --como lo va haciendo
cíclicamente cada vez que alguien se mira esos papeles con un poco de
atención-- cómo la Agenda 2000 no es realista en lo que supone asignación
financiera en relación con la ampliación. Muy en concreto, usted lo ve
desde su perspectiva --lo comentaba, si no he entendido mal, como
manifestación de una preocupación compartida por todos los ministros de
Medio Ambiente a lo largo de una comida informal en uno de esos
consejos-- y yo le pediría que, si puede, nos diera un poco más de
información al respecto porque, efectivamente, parece bastante obvio que
los ministros de Medio Ambiente, desde su perspectiva, sean los más
conscientes de cómo una ampliación de la Unión Europea a los países del
Este, en general, o a los candidatos que están sobre la mesa, en
particular, en el ámbito concreto del medio ambiente y para intentar
acercar progresivamente esos países a los niveles de protección
medioambiental que tenemos en el resto de Europa, tiene un coste
financiero muy superior al que hoy se maneja. Por tanto, ésa es una de
las muestras de que la ampliación tiene un coste que no nos parece que
esté suficientemente previsto.

En relación con la ampliación, también querría saber --al menos como
voluntad política por parte del Gobierno-- cuál es el nivel de exigencia,
mayor o menor, que vaya a haber de cara al cumplimiento del acervo
comunitario medioambiental. Es decir, está muy bien hacer afirmaciones de
que les vamos a exigir que cumplan lo que es el acervo medioambiental,
pero eso tiene unas consecuencias políticas importantes, porque si somos
realistas y conocemos cuál es la situación en alguno de esos Estados,
sabemos que eso puede llevar a unos períodos transitorios o de adaptación
muy superiores a lo que lo fueron los nuestros.

Por último --y termino, señor presidente--, quería hacer propia esa
preocupación --tal vez con otra música de fondo, señora ministra, no con
ese tono de desconfianza que quizás brillaba en las palabras del portavoz
que me ha precedido-- por la reducción de los fondos de cohesión. Reitero
que querríamos una explicación por parte de la señora ministra respecto
de la caída en la recepción de los fondos de cohesión --de la que tenemos
noticia-- en su ámbito concreto. Por tanto, esa preocupación que ponía de
manifiesto el portavoz socialista nos parece razonable. Insisto, tómela
con una música distinta, tómela con otro tono, pero esperamos también una
respuesta a lo que ha sido planteado por el señor Costa.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Bienvenida, señora ministra. Le agradezco tanto la
extensión como el detalle de su exposición. Creo que ha tocado los
asuntos que todos esperábamos escuchar. Quiero recordarle tres aspectos
del inicio de su comparecencia que a mí me parecen relevantes y que, de
alguna forma, los voy a citar también al final de mi intervención, porque
considero que pueden llegar a ser, de poder plasmarse en la práctica, una
columna vertebral interesante para poder evaluar su gestión a lo largo
del tiempo que esté al mando de la política medioambiental en España.

Usted ha comentado que el medio ambiente es un elemento indispensable
para mejorar la calidad de vida, ha definido el desarrollo sostenible y
ha argumentado que el crecimiento no debe dar la espalda a la naturaleza;
las medidas ambientales transversales van a incidir en el conjunto de las
medidas económicas que tome el Gobierno y la política medioambiental es
evidentemente comunitaria, saliendo al paso de lo poco relevantes que
pueden ser algunas medidas que pueden tomar algunos países de una forma
aislada, ya que se trata de un problema global y general en el que, con
actuaciones aisladas, difícilmente se podrían conseguir grandes cotas de
mejoría de la situación en lo relativo a problemas medioambientales.




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Centrándome en lo que se supone que esta Comisión es más competente,
respecto a la política medioambiental relacionada con la Unión Europea,
quiero hacer hincapié en cuatro aspectos que usted ya ha comentado, para
dar una nueva visión. Concretamente, hablando del incumplimiento de las
directivas comunitarias, que es uno de los puntos finales de su
disertación, yo creo que si hacemos caso de lo que usted comenta y de lo
que leemos en medios de prensa, hay una aparente contradicción y nos
surge la preocupación cuando leemos que hay una cantidad de miles de
millones de los fondos europeos sin poder utilizar porque España no ha
presentado proyectos suficientes para poder coparlos. Nuestra
preocupación profunda tiene que ver con una clara voluntad política para
avanzar y profundizar en políticas medioambientales, más allá de los
discursos. Usted ha hablado de una serie de proyectos para distintos
fines: saneamiento, forestación, etcétera, y también se ha referido a los
dineros que va a suponer la aplicación de estos proyectos cuando sean
aprobados por la Unión Europea. Yo quiero que nos confirme si
verdaderamente, aparte de esos proyectos que el Ministerio de Medio
Ambiente tiene presentados, será posible copar el total de fondos
asignados o posibles que podríamos llegar a alcanzar o, enfocándolo de
otra forma, cuánto dinero no vamos a poder usar porque no hayamos podido
alcanzar la cantidad de proyectos necesarios para ser financiados con
esos fondos.

En cuanto a los fondos de cohesión, me gustaría que me explicase las
medidas que está aplicando el Ministerio para que España pueda
beneficiarse al máximo de los mismos, sobre todo en lo que se refiere a
la presentación de otro tipo de proyectos que no ha comentado, los
proyectos de infraestructuras para la protección del medio ambiente.

Sobre el incumplimiento de las directivas comunitarias, nuestro grupo
político no esgrime el matiz que algunas veces se le achaca al Partido
Socialista respecto a responsabilidades anteriores en la gestión. Usted
ha hecho mención a que tiene el honor de presentar una gestión limpia, en
cuanto a que no ha habido por parte del actual Gobierno ningún
comportamiento sobre incumplimientos de trasposiciones, etcétera, que
haya sido castigado por la Unión Europea. Lo único que le puedo decir es
que la imagen que tenemos en la Unión Europea es la de un país que no
cumple correctamente las directivas. No soy tan sibilino a la hora de
poner fronteras entre el antes y el después; de acuerdo en que la
situación no empeore, y le tengo que felicitar, pero si no sólo no
empeora sino que mejora, mucho más. No obstante, la nuestra es una imagen
pésima. Reconocemos esos esfuerzos en la trasposición normativa, pero
como consecuencia de esa herencia que usted ha comentado y también de
errores propios del Gobierno --no sólo se trata de que ustedes hayan
cambiado y tengan una voluntad de trasposición más rápida que la del
Gobierno anterior--, por la disparidad de criterios a la hora de aplicar
esas normativas, hay una lluvia de procedimientos de infracción que la
Comisión Europea ha abierto contra España y que nos preocupa, a veces por
esos incumplimientos y otras por la disparidad de criterios en cuanto a
su aplicación. Hay asuntos tan importantes como la evaluación del impacto
ambiental en proyectos de infraestructuras, la calidad de las aguas de
baño, la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola, los
residuos peligrosos, las sustancias peligrosas vertidas en el medio
acuático, los residuos de las pilas y baterías, la conservación de las
aves silvestres y la regulación de los organismos genéticamente
modificados. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno traer al Parlamento las
correspondientes iniciativas legislativas que garanticen por parte de
España el cumplimiento suficiente de las directivas comunitarias y la
necesaria protección de los españoles y del medio ambiente en nuestro
país?
Como un elemento fundamental --como decía-- de esta Comisión es tratar
asuntos relacionados con la Unión Europea, la cumbre sobre el cambio
climático es trascendental. Queremos que también nos explique otra serie
de contradicciones que surgen entre la voluntad del Gobierno y lo que los
medios de comunicación expresan. Se ha llegado a publicar que uno de los
países más críticos con que de esa cumbre de Kioto puedan salir
compromisos serios sobre reducciones importantes en la emisión de CO2 a
la atmósfera, en concreto Australia, define como uno de sus principales
aliados para mantener esas posturas reaccionarias, desde el punto de
vista de no conseguir esos loables objetivos, al Gobierno español. En
primer lugar hay una contradicción, ya que si nosotros, como usted ha
dicho, somos fieles cumplidores de los acuerdos europeos, no sólo por
obediendia debida sino porque asumimos como propios los objetivos de la
Unión Europea en cuanto a los planes de evaluación al 2005 y al 2010,
¿cómo es posible que se puedan verter esas dos hipótesis, que crean
lógicamente la alarma entre colectivos, partidos y en la sociedad, donde
cada vez son más amplias las capas sensibilizadas respecto al medio
ambiente? Queremos que nos responda si España va a proponer en la cumbre
de Kioto la reducción solicitada por el Parlamento Europeo y si, llegado
el caso en el debate, se aprobara ir a una mayor reducción, España
estaría dispuesta a firmarla. Eso supondría romper lo que podría ser la
alianza de los reaccionarios, encabezada por Estados Unidos, Japón y
Australia, lo que podría derivar en el fracaso de la propia cumbre.

Otra cuestión que también nos preocupa cuando hablamos de cumbres sobre
el cambio climático es el interés de ciertos colectivos, de ciertos
lobbies empresariales y económicos a la hora de aprovecharse de esta
filosofía para hacer propuestas claramente interesadas sobre un tipo de
energía que técnicamente no supone una emisión a la atmósfera de CO2,
pero que sí conlleva un grave riesgo medioambiental, como es la energía
nuclear. Sabemos que se está planteando ese discurso por parte de los
promotores y defensores de esa energía, que puede tener un perfecto
encaje en lo que se va a discutir en Kioto, puesto que si queremos
disminuir las causas que están originando el efecto invernadero y, en
consecuencia, el cambio climático con el calentamiento de la Tierra,
tenemos aquí una de las soluciones más importantes que podemos aportar y
es la energía nuclear. En la Comisión de Industria el ministro ha
expuesto que el Gobierno va a seguir la misma política continuista de la
etapa anterior en cuanto a la no aprobación



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de nuevas centrales y a que uno de los graves problemas que tiene ese
tipo de energía no sólo es el propio funcionamiento y el riesgo inherente
de la misma, sino la gestión de los residuos. Me gustaría que me
explicase si realmente las centrales nucleares españolas tienen los
recursos suficientes para poder gestionar no sólo el tratamiento de los
residuos sino los cierres paulatinos, sobre la base del cumplimiento de
su calendario de funcionamiento. Eso va unido, lógicamente, a lo que
debería de ser un apoyo total a las energías renovables y a las energías
limpias. Al mismo tiempo que fuera aumentándose la generación de energía
mediante estos medios, se iría al cierre paulatino de las centrales
nucleares menos seguras, las que ya han cruzado el umbral de
peligrosidad, como la central de Garoña, que es la más antigua, después
de la de Zorita, que ya ha superado los 25 años de vida útil fijados
cuando fue construida.

Respecto a las energías renovables, que lógicamente son un elemento
fundamental cuando estamos hablando de emisión de CO2, puesto que la
parte fundamental de la energía se genera mediante centrales térmicas,
que son las que más contaminan con este tipo de sustancias, le pedimos
medidas efectivas para aumentar la conservación energética y la
eficiencia en la utilización de las fuentes existentes que son
respetuosas con el medio ambiente, a pesar de que en un primer momento,
como ya se ha demostrado, no se pueda equiparar su rentabilidad económica
a la de otras fuentes de energía mucho más desarrolladas, pero si hacemos
una política en la línea que usted comentaba en su disertación sobre
desarrollo sostenible y sobre calidad de vida entendiéndola no sólo como
poder acceder a más bienes y servicios sino a un entorno de mucha más
calidad, deberíamos entender que el desarrollo de esas energías supondrá
a medio plazo una rentabilidad mayor que la que se puede obtener en estos
momentos. Por lo tanto, el uso y desarrollo de tecnologías avanzadas para
la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera es otro de los
elementos que debería ser defendido por parte de su Ministerio.

También desearía que me contestara acerca de una sustancia que crea
graves problemas en el territorio por el que yo soy diputado, Vizcaya,
que se llama lindano, un elemento sobre el que también se ha hecho una
normativa en la Unión Europea, adoptándose medidas, si bien no están
encaminadas a su eliminación, puesto que el lindano mezclado con tierras
hoy por hoy no tiene un tratamiento técnico adecuado, siendo este lindano
uno de los residuos más tóxicos que están en el medio ambiente y que
mezclado con tierra genera un problema doble, puesto que no sólo aumenta
su volumen, sino que, como ya he dicho, dificulta o imposibilita su
eliminación. En aquella comunidad y provincia y además en un territorio
mucho más pequeño, como son las márgenes del Nervión, que suponen una
densidad de población importantísima, hay indicios de que la legislación
española no tiene totalmente asimilada la trasposición de normativas
europeas sobre este tema y que las medidas que se están aplicando de
cerramiento en celdas deberían tener un tratamiento o por lo menos
aspectos distintos a los que se están aplicando, puesto que de esa forma
se recogen dentro de la normativa europea. Yo quisiera que sustanciase
este asunto, puesto que realmente incide gravemente en un territorio
densamente poblado.

Ya se ha referido usted al tema de los residuos. La calidad de vida no se
debe entender exclusivamente por ese acceso al disfrute de los bienes, y
no sólo la sociedad sino la propia Administración deben ser
corresponsables, en cuanto a que debemos de utilizar las tres erres que
usted ha comentado, pero, lamentablemente, a la hora de aplicar los
principios, tenemos serias discrepancias con el Gobierno. En concreto, la
misma ley a la que usted se ha referido, que obedece lógicamente a la
trasposición europea, permitía en su momento haber aplicado principios
mucho más en la línea de la reducción y el reciclaje de los residuos que
los que finalmente han contemplado. Por lo tanto, no se trata de
profundizar en un debate que ya se ha dado en esta Cámara pero sí de
hacer mención a que sigue siendo uno de los problemas más importantes con
los que nos enfrentamos en lo que llamamos las sociedades de primer
orden.

Lo que no entendemos es la reflexión que se hace sobre reducción de
emisiones de gas a la atmósfera y lo que supone potenciar energías como
la nuclear que hemos comentado antes, o al menos que no se haga una
apuesta totalmente contundente respecto a las energías renovables. No se
puede entender un desarrollo que se llame sostenible con principios como
el de que cualquier fuente de energía, primero, debe ser competitiva en
términos económicos y, segundo, debe de asegurar el crecimiento sostenido
y la mayor demanda de consumo energético que se debe dar en los años
venideros, porque está de alguna forma subvirtiendo los principios que
hemos comentado antes de ahorro energético y de mayor eficacia en cuanto
a la gestión de la energía y, sobre todo, está dando la espalda a ese
desarrollo sostenible porque el principio prioritario va a ser el
desarrollo de nuestra economía a pesar de que pueda afectar al medio
ambiente; por consiguiente, el desarrollo sostenido es contradictorio con
una política de desarrollo sostenible de acuerdo con la definición que
usted ha dado, que, en mayor o menor medida, obedece a la que yo le
podría también decir.

Son muchos los trabajos que se están realizando en la Unión Europea
respecto al medio ambiente. Yo quisiera enumerarle algunas de las
cuestiones que nosotros, como grupo parlamentario europeo, hemos
defendido allí. Son la defensa de los espacios naturales como los islotes
de Lanzarote, las hoces del Cabriel, la albufera de Valencia, las lagunas
de Ruidera, las tablas de Daimiel, el parque de Doñana, la central
nuclear de Almaraz, el vertedero de La Coruña, los incendios forestales,
el tratamiento de los residuos, la desertificación y la defensa de los
ríos ibéricos, la reducción de las emisiones de CO2, las ecotasas, la
agricultura ecológica, la calidad del aire, las incineradoras, el
transporte de sustancias radiactivas y la promoción de jardines
botánicos. Es muy amplio el abanico de trabajos de la Unión Europea que
tienen una incidencia clara en nuestro país, como comentaba el portavoz
de Convergència i Unió. No podemos hacer un seguimiento paulatino y
cotidiano de los mismos, pero sí es necesaria, como el presidente nos
sugería para el debate sobre el funcionamiento



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de esta Comisión, una reflexión sobre cuáles deberían ser los objetivos,
los fines y los métodos que deberemos revisar, si llegamos a esa
conclusión de que deberían ser otros, para un mejor funcionamiento de
esta Comisión en cuanto al control del Gobierno y en cuanto al control de
las medidas europeas que tanto nos afectan. Simplemente, yo reclamo esos
tres elementos con los que usted comenzaba su disertación. Si queremos
que se lleven a la práctica, tiene que cambiar la forma en la que
actualmente el Consejo de Ministros actúa. Yo creo que usted debería
sembrar de verde todo el ámbito del Consejo de Ministros. Hay que
colorear aquello de verde, puesto que todas las medidas transversales de
las que usted habla en la práctica no se dan. Los discursos del Gobierno,
no sólo ya en el ámbito nacional sino en el bilateral y multilateral, nos
hablan de una serie de convenios, de acuerdos y de decisiones que no
ponen de relevancia el hecho de que debe de priorizarse el desarrollo
sostenible, aquel que tiene mucho más respeto al medio ambiente, en base
a que el desarrollo sostenido va a perseguir una serie de criterios que
para nada son coincidentes con lo que puede ser la preservación del medio
ambiente. Por lo tanto, mucho tiene que cambiar la política del Gobierno
para que se acerque a estos objetivos que usted ha analizado al inicio de
su intervención. Difícilmente podemos creer en esos discursos cuando no
se plasman en la práctica; por lo tanto, esperamos que esos deseos que
usted tiene se plasmen cuanto antes en las decisiones del Consejo de
Ministros.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señora ministra, por su comparecencia
y por las explicaciones exhaustivas que nos ha dado.

En primer lugar, antes de entrar en materia, querría resaltar la
coincidencia con usted en que por primera vez existe un Ministerio
específicamente medioambiental; era uno de los grandes problemas que
había, que los temas medioambientales estaban desparramados en diversos
ministerios, y yo creo que ha sido un acierto. También quiero decir que
para nuestro grupo parlamentario el balance que hacemos de este año y
medio de su gestión en este nuevo Ministerio es positivo.

Dicho esto, paso a plantearle cuatro cuestiones. En primer lugar, usted
ha hablado de la cláusula de garantía ambiental. Me gustaría que ampliase
esta materia. En segundo lugar, usted ha dicho que en los consejos se ha
hablado de empresas y administraciones. Los costes medioambientales son
un problema muy grave que tienen muchas empresas nuestras para ponerse de
acuerdo con las directivas comunitarias. Recordemos que en 1985, cuando
todavía no existía una política específica de medio ambiente que, como
usted ha señalado, prácticamente arranca del Tratado de Maastricht aunque
había alguna normativa comunitaria y, sobre todo, existían las
perspectivas de que el medio ambiente iba a ser importante; recordemos
--repito-- que en 1985, cuando se produce el acuerdo de adhesión del
Estado español a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, en
el ámbito industrial existía la gran incógnita de si siete años de
desarme arancelario iban a ser suficientes o no. Yo me acuerdo de que el
vicepresidente Natali, el comisario que llevó a cabo todas las
negociaciones de adhesión, dijo que ese período era suficiente pero que
la industria española iba a tener más problemas con los temas
medioambientales que con el desarme arancelario. En este sentido me
gustaría que ampliara la explicación que ha dado antes de la relación
empresas-administraciones porque las empresas necesitan de la ayuda de
las administraciones para ponerse al tanto en muchos casos con la
normativa comunitaria.

En tercer lugar, por lo que se refiere a la Red Natura, usted ha dicho
que a nivel de comunidad no se sabe qué es lo que va a pasar. Me gustaría
que me dijera de dónde cree que podría salir la financiación para la Red
Natura.

El último punto se refiere a los fondos de cohesión, no a los temas que
se han tratado sobre qué va a pasar de aquí al año 1999, sino en el marco
de la Agenda 2000. Si a algún Ministerio le interesa que se siga
manteniendo el Fondo de Cohesión, por lógica, es al Ministerio que usted
preside. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre qué puede
ocurrir con el Fondo de Cohesión para el período 2000/2006.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Lara.




La señora LARA CARBO: Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a la
ministra de Medio Ambiente las exhaustivas explicaciones que nos ha dado
respecto a la posición de España ante la política de la Unión Europea en
materia de medio ambiente. El balance que hace nuestro grupo
parlamentario de este año y medio de gestión del Ministerio de Medio
Ambiente y de la ministra es un balance positivo. Hay que recalcar el
enorme esfuerzo que debe hacer el Ministerio para resolver la caótica
situación en que nos había dejado el Gobierno anterior.

Por las explicaciones que nos ha dado, nuestro grupo parlamentario extrae
que es importante que la Unión Europea haya considerado objetivo
prioritario el desarrollo sostenible y la integración sectorial, es
decir, que las políticas medioambientales sean políticas transversales.

Nuestro grupo estima que éste es un tema fundamental para intentar paliar
todos los desequilibrios medioambientales que se producen. También
creemos que es importante citar los acuerdos voluntarios de la
Administración y las empresas, dado que sin esos acuerdos no puede
solucionarse la mayoría de los problemas que tiene en este momento la
industria española.

Respecto a los temas que usted ha tratado, que se han visto en los
Consejos de Ministros de junio y octubre, querría resaltar la importancia
que tiene la adhesión de España en cuanto a la eliminación del bromuro de
metilo, que estimamos afecta a la capa de ozono. Es una línea en la que
el apoyo de España es importante.

Respecto a la Directiva marco sobre el Agua y teniendo en cuenta que en
estos momentos se está preparando el



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Plan hidrológico nacional, debemos afirmar que el concepto de calidad
ecológica de las aguas es un concepto destacado, pendiente de fijar los
parámetros para medir esta calidad ecológica de las aguas. Nosotros
opinamos que la preocupación fundamental del Ministerio de Medio Ambiente
ha sido la de que el presupuesto fuese medioambiental y que las mayores
inversiones fuesen destinadas a saneamiento y depuración de las aguas
residuales. Yo calificaría al presupuesto de medioambiental y elegible
para conseguir las ayudas de los fondos de cohesión para poder incidir en
todos estos temas.

Se han referido usted y los distintos portavoces a la cumbre sobre el
cambio climático de Kioto. Nuestro grupo parlamentario opina que es
importante que haya una posición conjunta de la Unión Europea y el haber
decidido que para el año 2010 las reducciones en los gases que producen
el efecto invernadero sean de un 15 por ciento respecto a las que se
producían en 1990. Esperamos, como han indicado los otros grupos
parlamentarios, que estas previsiones puedan cumplirse. Creo las
opiniones de muchos expertos respecto a que el cambio climático se está
produciendo. Cuando yo estuve en el Senado en una Comisión para el
estudio del cambio climático los expertos pronosticaban que las lluvias
torrenciales que se están experimentando en muchas zonas de la tierra
podían ser una consecuencia de ello. Por consiguiente, todo lo que
hagamos en este terreno es importante.

Una de las medidas que se podría adoptar es potenciar las energías
renovables, como están haciendo los Ministerios de Medio Ambiente y de
Industria y Energía. Hemos perdido muchos años, los de los anteriores
gobiernos, y los esfuerzos del Ministerio ahora tienen que ser mayores.

Siempre hemos apoyado la potenciación de las energías renovables y, sobre
todo, de la eficiencia energética en todos los procesos.

Respecto a los vertederos, todos los grupos parlamentarios hemos apoyado
aquí que lo importante es reducir los residuos, reciclar y reutilizar.

Esto es relevante y hay que ponerlo en práctica, como consta en el
proyecto de ley básica de residuos, pero estimamos que tal vez se ha
prestado poca atención a todo lo que ocurre con aquellos residuos que no
pueden ser reciclados ni reutilizados. Tal vez hemos cuidado poco cuál
debía ser su eliminación final, porque la eliminación en vertederos,
durante muchísimos años, no se ha realizado de la forma más adecuada
posible. Quiero destacar aquí que la eliminación en vertederos es
competencia municipal y sin referirme al vertedero de Bens, del que
hablábamos el año pasado, hay que decir que todavía existen en España
muchos vertederos incontrolados y que las competencias municipales deben
extremarse en este aspecto. Siendo importante --como lo es-- la
reducción, el reciclaje y la reutilización en un corto plazo, los efectos
no se podrán notar y, por consiguiente, hay que cuidar en extremo la
eliminación correcta de todos los residuos. Tal como nos ha manifestado
la señora Ministra, estimamos que la reducción del 75 por ciento de
sustancias biodegradables que van al vertedero es algo de difícil
cumplimiento. Tal vez habría que aumentar el plazo que nos dan para
cumplir ese objetivo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hablado de que tenemos
en España un desbarajuste en los vertidos. Yo no sé si es un
desbarajuste. Los vertederos dejan mucho que desear, pero como
comprenderá el señor portavoz del Grupo Socialista y los demás portavoces
y miembros de la Comisión, ese desbarajuste en los vertidos no se ha
producido en el año y medio de Gobierno del Partido Popular, no se ha
producido en este año y medio en que existe el Ministerio de Medio
Ambiente. Lo que usted llama desbarajuste en los vertidos tiene mucha
antigüedad y, por desgracia, estamos ahora pagando lo que ustedes no
hicieron durante estos 14 años que estuvieron en el Gobierno.

Respecto a la Red Natura 2000, se ha cometido una incorrección --supongo
que la señora ministra les contestará-- al afirmar que se ha reducido el
presupuesto para los parques nacionales. El presupuesto para los parques
nacionales se ha incrementado en el 7 por ciento, lo que ocurre es que
las partidas presupuestarias han cambiado y ustedes no han podido
encontrar la partida adecuada. En lugar de fijar un presupuesto para cada
uno de los parques nacionales se ha fijado un presupuesto global para
conservación de la naturaleza, limpieza, etcétera. Lo encontrarán SS. SS.

en los presupuestos.

Ha indicado también el portavoz del Grupo Socialista que España se
destaca por el incumplimiento de las directivas comunitarias. Yo tengo
aquí un resumen de lo que ha dicho la señora ministra y debo aclarar que
se han traspuesto, hasta el momento, seis directivas comunitarias de las
cuales el plazo de cuatro había vencido (una en 1993, otra en 1994 y dos
en 1995) y que de las directivas comunitarias que quedan pendientes de
trasponer tienen plazo vencido cuatro: la de residuos del año 1993, que
se ha subsanado con el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno; la
de pilas, acumuladores y nitratos que está pendiente de algunos programas
de comunidades autónomas, y la de aves silvestres, sobre la cual no
existe ningún procedimiento de infracción. No es bueno, sin demostrarlo
y sin datos, seguir insistiendo en que España tiene reiterados
incumplimientos de las directivas comunitarias. Estamos subsanando los
incumplimientos anteriores y los procedimientos de infracción que tenemos
abiertos en estos momentos son o bien heredados o bien pendientes de
competencias de otras comunidades autónomas.

Creo, señora ministra, que la política del Ministerio de Medio Ambiente
va por buen camino y simplemente la animamos a seguir en esta línea
porque, a la postre, defender el medio ambiente, como usted ha dicho, es
defender la calidad de vida de todos.




El señor PRESIDENTE: La señora ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Comprendo
que va avanzando la hora. Son muchos los temas que plantean SS. SS.

Aunque algunos son coincidentes con los que yo ya he tenido ocasión de
comentar en mi primera intervención, con mucho



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gusto paso a aclarar las posibles dudas que hayan podido quedarles.

En primer lugar, respondo al diputado señor Costa, del Grupo Socialista.

Recogiendo que efectivamente nace en Maastricht la política ambiental
como tal, he de decirle que eso no significa que los demás países
comunitarios no estuviesen ya trabajando en políticas ambientales. No
había como tal una base jurídica para contemplarla como política
comunitaria hasta que se incorpora en el Acta Unica europea pero sí es
cierto que existían más de 200 directivas comunitarias que había que
poner en marcha y que, de hecho, se estaban armonizando sobre la base de
ese principio de armonización de las legislaciones de los distintos
Estados comunitarios. Luego, ya existía una política ambiental en otros
países de la Unión Europea.

Siente S. S. preocupación --son varios diputados los que también lo han
comentado-- por la imagen de España en la Unión Europea con relación a
los incumplimientos de las directivas comunitarias y dice que es el país
que más conculca la normativa ambiental. Yo quiero tranquilizar a todas
SS. SS. Reconozco, como he hecho en mi primera intervención, cuál es el
estado de trasposición de las directivas comunitarias y los
procedimientos de infracción que nos hemos encontrado encima de la mesa
cuando hemos llegado al Ministerio, pero les tengo que reiterar lo que el
Ministerio ha hecho. Lo que el Ministerio ha hecho, en primer lugar, ha
sido poner al día aquellas directivas comunitarias que ya habían pasado
ampliamente su calendario de trasposición y, en segundo lugar, evitar
cualquier procedimiento de infracción. Evidentemente no es suficiente,
por lo que seguimos con esa preocupación de exigir a las comunidades
autónomas que tienen una responsabilidad muy directa en algunos casos que
están pendientes ante el tribunal que actualicen --así se lo decimos
reiteradamente en la conferencia sectorial en la que nos reunimos
periódicamente con los consejeros de medio ambiente de las distintas
comunidades autónomas-- y adecuen sus políticas ambientales, puesto que
tienen transferida la competencia y tienen la obligación de cumplir esas
directivas para que lo que ante Europa queda como el Reino de España se
ponga en marcha y se cumplan esos requisitos.

Quiero decirles --y con ello contesto a varios intervinientes-- que no
debemos tener esa imagen un tanto acomplejada de que España es el peor
país, que España no cumple, que España tiene mala imagen en la Unión
Europea en materia medioambiental. Yo puedo afirmar, en cuanto a los
planes nacionales de residuos, que son 13 los países que no cumplen. Ya
sé que esto no contenta a nadie. Si hay que cumplirlo, hay que cumplirlo
y estamos en ello. De hecho, España ha puesto al día toda la legislación.

Dirá el señor Costa que no es bastante, pero es que hay que empezar por
ahí. En primer lugar, hay que empezar por crear un Ministerio de Medio
Ambiente que no existía, lo cual va a indicar ya que hay más sensibilidad
medioambiental en un Gobierno. En segundo lugar, hay que querer cumplir
las directivas comunitarias que no se cumplían y hay que trasponerlas al
Derecho interno para que formen parte ya de nuestro acervo legislativo,
y todo ello lleva un tiempo. Yo creo que en 17 meses hemos demostrado
cómo se está cumpliendo esto.

Respecto a la directiva de la Red Natura 2000, cuyo incumplimiento se ha
planteado hace 15 días, como he dicho anteriormente, somos 10 los países
que la estamos incumpliendo. Quiero decir que concretamente a España le
faltan unos meses, de aquí a diciembre, para terminar el último listado
de los espacios que tienen que incluirse en la Red Natura 2000, pero
frente a eso tenemos un país tan cercano como Francia que tiene cero por
ciento de designación. Los deberes tiene que hacerlos cada uno, pero yo
quiero tranquilizar a SS. SS. en el sentido de que no nos miran ni nos
señalan con el dedo en la Unión Europea. Yo les aseguro que he ido a
todos los Consejos de Ministros y que allí se han felicitado de que haya
un ministro específico de Medio Ambiente, que no existía con anterioridad
y que, por tanto, sólo podía asistir a los Consejos de Ministros de vez
en cuando porque quien lo llevaba era una Secretaría de Estado que no
tenía el mismo peso específico. Quiero decir con esto, como comentábamos
antes, que España no solamente está intentando cumplir sino que estamos
tratando de ponernos al mismo ritmo que Bruselas en cuanto a trasposición
de directivas comunitarias y que incluso --lo comentaba antes de pasada
pero se lo digo con más detalle si quiere, señor Costa-- ofrecemos
iniciativas a la propia Comisión. ¿Qué mala imagen puede tener un país
que se está adelantando en algunos de los temas que son sensibles a la
Unión Europea y en los que España está trabajando desde que cuenta con el
Ministerio de Medio Ambiente en este tipo de políticas que nos preocupan?
Ahora la Unión Europea se va a plantear, en el Consejo de Ministros que
se celebrará en Helsinki, porque es un compromiso de la Asamblea especial
de Naciones Unidas en Nueva York, una política de bosques, una política
forestal. España tiene ya hecho ese primer borrador de estrategia
forestal nacional. No lo ha hecho la ministra con el buen equipo que
tiene en el Ministerio sino que lo estamos haciendo de una manera
consensuada en distintas comisiones, lo estamos haciendo con el Consejo
asesor de medio ambiente y con la conferencia sectorial y ya tenemos
lista una estrategia forestal nacional con el consenso de todas las
partes afectadas. Como comentaba antes, Europa se preocupa por la
problemática del ruido, tiene un libro verde, tan amplio como puede ser
un libro verde, y en este momento España está ya trabajando en paralelo
con todo lo que significa una ley de contaminación acústica que hemos
propuesto a Bruselas para ir concretando las necesidades que tiene cada
Estado comunitario.

Se ha referido usted a la Directiva marco sobre Aguas y al Plan
hidrológico nacional. He de decirle que la Directiva marco sobre Aguas
irá a la zaga del debate que antes hemos planteado desde el Ministerio de
Medio Ambiente. En esa directiva verán ustedes que se habla, por ejemplo,
de las cuencas como unidad administrativa. Tengo que decir, si me
permiten la expresión, que eso es un invento español y que precisamente
por eso nosotros hemos empezado a aprobar todos los planes de cuenca.

Fíjense si tenemos mala imagen en Europa que estamos adelantándonos a
debates que se están propiciando en la Unión Europea.




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Ustedes tienen referencias de lo que está pasando en la Unión Europea
pero permítanme que les diga --no creo que sea inmodestia--, puesto que
por mi responsabilidad en este momento soy yo la que asisto a los
Consejos de Ministros, con qué ojos nos ven, cómo estamos defendiendo
nuestras posturas y cómo estamos ayudando a modificar borradores de
directivas comunitarias. Me sorprende que diga usted que vengo a leer
aquí las actas del Consejo de Ministros. No, señor Costa, yo les he
estado contando las iniciativas que ha propuesto España y cómo ha habido
otras delegaciones que a continuación nos han seguido. España no está
aislada. Desde que yo he llegado al Ministerio, España no ha tenido que
ejercer nunca el derecho de veto para paralizar iniciativa alguna, porque
antes se consensúa todo y porque estamos modificando muchas de las
situaciones que antes se daban, quizá porque no estábamos lo
suficientemente bien representados y no se nos tenía en cuenta. Por eso
hemos acumulado tantas directivas comunitarias sin trasponer, tantas
cartas de emplazamiento y tanta situación como la que usted en este
momento está denunciando. Otro ejemplo que les ponía era el de la ley de
responsabilidad civil, debate que comienza ahora en la Unión Europea.

España tiene prácticamente para sacar a la luz pública un borrador de
anteproyecto de ley de responsabilidad civil.

Con todo esto quiero decir que no somos triunfalistas. Hay mucho que
hacer, pero debemos ser realistas y objetivos cuando hacemos afirmaciones
que pueden sonar a categóricas, y más dichas en un Parlamento, pero que
no están avaladas por unos hechos porque los hechos dicen justamente lo
contrario de lo que manifiestan SS. SS. En cuanto a directivas --y
contesto con ello a algunos otros portavoces-- no sólo hemos conseguido
paralizar los procedimientos de infracción, sino que no se ha incumplido
ninguna obligación de trasposición de directivas comunitarias desde que
existe el Ministerio de Medio Ambiente. No estamos satisfechos, pero en
17 meses de existencia podemos decir que nos estamos poniendo a la misma
velocidad que nuestros socios europeos en cuanto a trasposición de
directivas comunitarias.

Dice el señor Costa que no se toman decisiones importantes. Con lo que
estoy comentando ahora con relación a la Unión Europea ya he hecho una
enumeración de cuáles son las decisiones importantes, en política
medioambiental, que tienen que aportar soluciones concretas y en las que
está trabajando España. Además, por primera vez, podemos exportar
nuestros trabajos de Comisión a la Unión Europea, para que vea cuál es el
estado en que se encuentra este país, como hacen también otros países y
como tenía que haber hecho España con anterioridad.

Cuando S. S. se ha referido a la Directiva de Aguas, rápidamente ha
hablado del Plan hidrológico nacional, que tiene muy poco que ver con la
citada directiva. ¿En qué medida? Señor Costa, yo no puedo compartir que
usted diga que el Partido Popular bloqueó, en un determinado momento, el
Plan hidrológico nacional. Y no es éste un debate que tengamos que
celebrar en este momento. Fue esta Cámara, por mayoría, y el Senado por
unanimidad, la que decidió que antes que elaborar un Plan hidrológico
nacional había que aprobar los planes de cuenca y estudiar un Plan
nacional de regadíos, porque si no se estudiaban previamente los temas
difícilmente podría hacerse una planificación hidrológica nacional. ¿Qué
quiere que le diga? No sé a qué se refiere S. S. cuando dice que se
pospone el Plan hidrológico nacional. En el debate de investidura, el
presidente del Gobierno se comprometió a ponerlo en marcha en la primera
legislatura y esta ministra se comprometió a ponerlo en marcha en la
primera mitad de la legislatura. No sabía que usted pudiera influir tanto
en la vida política de la ministra de Medio Ambiente. Pienso que es una
decisión --si me lo permite-- del presidente del Gobierno. Le aseguro que
el Plan hidrológico nacional vendrá a esta Cámara en el año 1998.

Si habla de posponer debates fundamentales para el bienestar de los
españoles en materia de aguas, quizás estuviera refiriéndose a alguien
que tuvo responsabilidades en el Gobierno durante 14 años, que fue el
Partido Socialista. Durante 14 años se pospuso ese debate, hasta el punto
de que, teniendo en la mano --ideológicamente hablando, pues todas eran
administraciones gobernadas por el Partido Socialista-- todas las
administraciones implicadas en los planes de cuenca, quedaron sin aprobar
y no consiguieron ponerse de acuerdo para aprobar unos planes que al
final se convirtieron en los planes más políticos. No había consenso
ninguno. ¿Por qué? Porque se partía de planteamientos políticos.

Simplemente desde el rigor de los datos, desde el estudio de lo que es la
situación hidrológica de España en este momento, administraciones de
distinto color político se han puesto de acuerdo y hemos aprobado, en un
año, los tres planes de cuenca que quedaban por aprobar. Debería acudir
S. S. a las actas del Consejo Nacional del Agua o hablar con los
representantes del Partido Socialista que acuden a distintas reuniones
del Consejo Nacional del Agua y vería que son los primeros en exigir esos
planes de cuenca para poder aprobar posteriormente el Plan hidrológico
nacional. Por tanto, no ha habido ningún entorpecimiento por parte del
Partido Popular y no lo hubo antes en la oposición, porque hubo un
consenso de todos los grupos parlamentarios. Lo que sí se ha hecho,
cuando hemos llegado a tener responsabilidades de Gobierno, es acelerar
y poner en marcha lo que tenía que haberse aprobado con anterioridad.

Hago esta observación porque he entendido que trataba de hacer oposición,
aunque en realidad nada tiene que ver con lo que estamos comentando hoy
sobre la política comunitaria ambiental, porque éste es de los pocos
temas que le afectan exclusivamente a España. Si hubiera quedado hecha
esa planificación hidrológica nacional, no tendríamos que estar hablando
de ella en este momento.

Con relación a la política ambiental y a la Directiva sobre el Agua
Potable, que les he comentado, no cabe el debate ideológico que S. S.

quiere realizar. Querer introducir aquí el discurso de lo público contra
lo privado no es afortunado. Su señoría --lo puedo comprender-- no tiene
por qué dedicarse a materias específicas de medio ambiente y no ha tenido
ocasión de leerse ese borrador de directiva comunitaria. No es España, no
es el Gobierno del Partido Popular, no es la ministra de Medio Ambiente
la que dice dónde y hasta dónde hay que cubrir los gastos del
cumplimiento



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de esa calidad de agua en el punto de consumo, sino la directiva. Todos
nos hemos felicitado del avance que se ha producido en este último
Consejo de Ministros. Antes simplemente se exigían unos determinados
parámetros hasta la planta de tratamiento de aguas. Por lo tanto, no se
intervenía para nada en el sistema de conducción. Cuando tenga tiempo S.

S. y lea la directiva comunitaria sobre agua potable, si le interesa,
verá que los poderes públicos tienen que garantizar la calidad de agua en
el punto de consumo, pero queda excluido si no se cumplen valores
determinados que radiquen exclusivamente en las cañerías del interior de
una vivienda privada. Vea cómo no tiene sentido plantear aquí el debate
de lo público frente a lo privado como algo que se haya inventado este
Gobierno, porque es la directiva comunitaria la que establece esos
parámetros. Le puedo tranquilizar diciéndole que para las nuevas
instalaciones, la directiva ya dispone la no utilización de materiales
que puedan tener efectos perjudiciales para la salud.

Lo que me interesa --algunos de ustedes ya me conocen-- es ser muy
coherente y realista. No hagamos política-ficción sobre qué pasará a
partir del año 2017, si se cumplen o no los parámetros de una posible
directiva sobre agua potable. No le quiero contar lo que yo me encontré
encima de la mesa el día que tomé posesión del Ministerio de Medio
Ambiente y lo que nos queda por hacer de aquí al año 2017. No es éste el
momento de debatir sobre cuánto le van a costar al Estado español, a
partir del año 2017, todos los sistemas de distribución, tal y como
obligue una directiva comunitaria, porque nos va a venir dado de
Bruselas. Lo que sí le puedo decir es que la calidad de vida de los
ciudadanos está asegurada. Los estudios que se han hecho han revelado que
ninguna de esas ocho sustancias cancerígenas que se incorporan a la
directiva a partir del último consejo está recogida en los análisis que
se han hecho de las aguas potables en España, para tranquilidad de todos
los consumidores de agua potable. Se ha podido comprobar que el agua que
salía era tan potable que ninguna de las ocho sustancias posiblemente
cancerígenas estaban en las aguas potables que tenemos en España. En
política medioambiental es todo tan serio y tan importante que el peor
servicio que podíamos prestar a los ciudadanos es crear alarmismos,
porque uno sentencia con una frase, carente de rigor --no digo que sea
éste el caso, pero sí se hace en general--, las políticas ambientales y
puede llevar al catastrofismo, a la desesperación, a hacer pensar sobre
lo perjudicial que estamos consumiendo, cuando la realidad es que los
datos avalan una situación bastante distinta.

Le preocupa el programa Auto-oil. El acogerse a una excepción no implica
incumplir el programa Auto-oil. Seamos rigurosos en los términos, que
estamos en el Parlamento. Incumplir sería no aplicar una directiva
comunitaria. La directiva comunitaria permite que todos los Estados que
lo soliciten se puedan acoger a la excepción de tres años. No sé si
España, cuando llegue el año 2000, se acogerá o no a esta excepción.

Algunos países ya dejaron constancia de que se iban a acoger a la
excepción. No sé si cuando llegue el año 2000 nos acogeremos o no. Lo que
sí le puedo decir es que existen políticas internas, señor Costa. Cuando
ustedes pusieron en marcha el Plan Renove, aunque no tuvieron en cuenta
nada sobre protección medioambiental, beneficiaban indirectamente las
políticas ambientales. El siguiente plan que ha puesto en marcha este
Gobierno se llama Plan Prever, porque lo que hacemos es prever y la
condición sine qua non --por eso ese decreto fue propuesto por el
Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de
Industria-- es incentivar para que todos los vehículos que forman parte
de nuestro parque automovilístico se pongan al día no solamente en
seguridad sino también en medidas medioambientales.

Me habla usted del tema de los residuos y me dice que no basta con
cumplir las trasposiciones. Pues fíjese usted entonces si tan siquiera
nos tomáramos la molestia de trasponer la directiva. Pienso que algo ya
hemos avanzado, porque a lo largo de 22 años no se había legislado sobre
residuos en este país. Yo creo que la política de residuos tendría que
haber variado en esos 22 años y lamento decirle que ha sido en estos 17
meses cuando hemos puesto al día la trasposición de todas las directivas
comunitarias en materia de residuos, cuyos plazos habían vencido con
anterioridad. Con esto no estoy quitándome responsabilidades, lo que
quiero decir --y yo comprendo que ustedes no tienen por qué ser expertos
en materia de medio ambiente, yo al menos no lo era cuando me sentaba en
esas sillas y ahora tampoco lo soy, pero estoy trabajando en estas
materias-- es que para poder juzgar que no basta con cumplir la
trasposición de las directivas comunitarias primero hay que trasponer
dichas directivas, base por la que ha empezado este Ministerio del Medio
Ambiente.

Habla usted del desbarajuste que hay en residuos sólidos urbanos y de los
miles de vertederos incontrolados que existen. Señoría, en los 17 meses
que llevo al frente del Ministerio de Medio Ambiente puedo decirle que
así es, que lamentablemente ésta es la situación que tiene España en este
momento y que precisamente por eso estamos estudiando cómo se legalizan
los vertederos que pueden ser controlados y cómo desaparecen los que
están incontrolados, y para conseguirlo tiene importancia toda la
normativa que hemos puesto en marcha, empezando por la ley de envases y
de residuos de envases, que lleva, como les decía, al principio
principal, que es el de la prevención.

Afirma usted que el Estado no está contribuyendo. Señor Costa, a mí me
gusta ser muy realista. El Estado, y este Gobierno concretamente, está
contribuyendo en la política de residuos, en primer lugar porque se ha
puesto al día en la trasposición de normativa comunitaria y tenemos una
normativa sobre residuos igual que la que tienen los demás países de la
Unión Europea. Efectivamente, tenemos que ponerla en práctica, pero es
que antes ni siquiera era norma en España. Cuando se ponga en marcha la
ley de envases veremos cómo, efectivamente, se ayuda en mucho a esta
reducción de residuos.

Dice usted que no hay voluntad política en condiciones legales y en
condiciones económicas, que el Gobierno no actúa. En condiciones legales,
creo que ya le he demostrado a S. S. el cambio de voluntad política real
en la trasposición de directivas comunitarias; en cuanto a las
condiciones



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económicas, también le puedo decir que hay una actitud real. He hablado
de los 30.000 millones de pesetas de los fondos de cohesión que se van a
aplicar en la política de residuos, pero todos los españoles debemos
tener en cuenta que nos hemos dado un Estado de las autonomías en donde
las competencias de medio ambiente están transferidas a las comunidades
autónomas y, en gran medida, a las administraciones locales, a los
ayuntamientos; que no solamente hay que acordarse de que existe un
Ministerio de Medio Ambiente cuando haya un problema en un vertedero
municipal para que me subvencione lo que yo he hecho mal en mi gestión
medioambiental. Esto ha pasado concretamente con el Ayuntamiento de La
Coruña y con los residuos de Bens. Y usted que dice que no hay
condiciones económicas, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por
nuestra parte, hemos aportado 800 millones de pesetas para que se
solucionen esos problemas de Bens y no se vuelvan a dar. Pero ya le digo
que la gestión depende del alcalde, porque se trata de política
ambiental, la cual está transferida a los ayuntamientos.

Quiero decir, además --el señor Gangoiti también hacía alusión a uno de
estos temas en su intervención, luego me referiré a las políticas
ambientales en relación con las industrias y las empresas--, en cuanto a
esa falta de voluntad política que denuncia el señor Costa, que no
habremos hecho lo suficiente, pero algo más que nada, sí, en la medida en
que desde el 29 de octubre se aplicó la Ley de medidas de acompañamiento
del año pasado y se reitera este año --Boletín Oficial del Estado, 29 de
octubre de 1997-- un real decreto por el que se regula la deducción por
inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Por tanto,
señoría, tanto en normativa legislativa como en políticas económicas y
financieras, incluyendo los fondos de cohesión de la Unión Europea, creo
haber demostrado con los hechos y no con las palabras que parece que
ahora existe algo más de voluntad política que antes.

Me habla S. S. de la Red Natura 2000. Yo quiero decirle, señor Costa, que
no puedo compartir esa idea que tiene de que el cien por cien de los
espacios que van a formar parte de la Red Natura 2000 tienen todos ya un
tipo de protección. Si no me fallan los datos, puedo decirle que el 63,45
por ciento de la superficie es superficie ZEPA y que se encuentra bajo
algún régimen de protección jurídica, pero que el 36,55 por ciento no
recibe ningún tipo de gestión y no tiene ningún tipo de protección en
este momento. Y no es solamente un problema de España, sino que países
como Francia no han querido empezar siquiera el listado mientras la Unión
Europea no defina ese marco de apoyo comunitario. Están diciendo que
necesitan algún tipo de estrategia para saber cuál va a ser, en
definitiva, el enfoque que se va a dar a la estrategia de gestión y de
protección de esos espacios que van a formar parte de la Red Natura 2000.

En cualquier caso, quiero decirle que no es que éste sea un tema nuevo y
que a la ministra de Medio Ambiente le preocupe solamente la gestión o el
marco de apoyo financiero. Su señoría denunciaba el hecho de que me
preocupase el coste financiero complementario, y yo le vuelto a decir que
quizá conviene que hable con sus colegas representantes del Partido
Socialista, ya que, por ejemplo, en la última reunión de la conferencia
sectorial los consejeros de las Comunidades Autónomas de Extremadura y
Andalucía fueron precisamente los que preguntaron qué pasaba con la
financiación de estos espacios de la Red Natura 2000, y fui yo quien tomó
la iniciativa de presentarlo al próximo Consejo de Ministros. Así lo he
hecho, porque ellos estaban muy preocupados por el problema de las
compensaciones económicas y no querían seguir contribuyendo a la
enumeración de un listado de más espacios de la Red Natura 2000 si no
sabían que iban a tener un tipo de compensación de la Comunidad Europea.

Por tanto, yo ahí no fui más que el portavoz de lo que algunos de sus
colegas, ideológicamente hablando, con responsabilidad de Gobierno en dos
comunidades autónomas me transmitieron, y que con mucho gusto yo planteé
en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Le preocupan a S. S. los fondos de cohesión. Quiero decir a todos los
portavoces que los fondos de cohesión son programas que se establecen
hasta el año 2000 y que, por lo tanto, será en el año 2000 cuando
tengamos que juzgar si se ha cumplido o no el gasto de dichos fondos. Les
puedo decir la cuantía de los proyectos considerados como elegibles y que
han sido presentados en el año 1997 a la Unión Europea: 136.000 millones
de pesetas de ayudas a través de las comunidades autónomas de los fondos
de cohesión y 91.000 millones de pesetas de la Administración central del
Estado. Señorías, es el importe más alto de proyectos presentados a la
Unión Europea por parte de España, concretamente en el Fondo de Cohesión,
y con gran satisfacción puedo decirles que son fondos exclusivamente
medioambientales, porque como antes el 50 por ciento de fondos de
cohesión era para proyectos medioambientales y otros para proyectos de
transporte por carretera, al no existir un ministerio específico de medio
ambiente se presentaban como proyectos de defensa medioambientales lo que
ha sido después la red, sin duda muy necesaria, pero, desde luego, no
siempre contemplada con criterios ambientales, porque no había verdaderas
declaraciones de impacto ambiental de nuestra red viaria, de nuestra red
de infraestructuras. No seré yo quien la critique, pero en orden a la
objetividad de los datos --vuelvo a repetirlo, de los datos y no de las
afirmaciones gratuitas--, la realidad es que España ha presentado en el
año 1997 ese importe de proyectos: 76.700 millones corresponden a
políticas de aguas, con 11.472 millones concretamente en calidad de las
aguas; 8.263 millones en acondicionamiento de la costa; 4.069 millones
447.000 pesetas en regeneración de playas; 2.424 millones 820.000 pesetas
en recuperación ambiental del litoral costero y 14.758 millones en total
para costas. En total, aguas y costas, 91.458 millones. Si a eso le añade
lo que le he comentado antes de los 30.000 millones en política de
residuos y los 136.000 presentados en proyectos elegibles por las
comunidades autónomas, creo que con creces podemos decir que de aquí al
año 2000 se habrán puesto en marcha y no habremos dejado de invertir una
sola peseta de los fondos de cohesión que nos han sido asignados. Por esa
razón podemos --creo que era el señor



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Gangoiti quien lo preguntaba-- hablar claro de cómo los fondos de
cohesión tienen que seguir acompañando, a pesar de la ampliación, el
futuro de la Unión Europea, y aunque no es un tema específico de la
ministra que ahora les habla porque la Agenda 2000 forma parte de las
competencias del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y del Ecofin,
es cierto que uno de los instrumentos que necesita España para alcanzar
esos niveles de cohesión --que nos llevaron a reunir los requisitos
exigibles para tener derecho a los fondos de cohesión-- todavía no se
habrá cumplido al cien por cien en el año 2000 con relación a las
políticas ambientales. Por esa misma razón y porque existe una base
jurídica suficientemente documentada, como es un protocolo del Tratado de
Maastricht, no entiendo que se pueda alterar por otros criterios y a
voluntad de algunos otros Estados miembros que ya son contribuyentes
netos y no quieren aportar más dinero para que se eleve el producto
nacional bruto. No quieren aportar más fondos y son ellos los que dicen
--con un criterio absolutamente oficioso-- que se entiende que aquellos
países que entren en la Unión Económica y Monetaria y que cumplan los
criterios de Maastricht no necesitan fondos de cohesión. Esto es algo que
se está rumoreando, pero comprendan que, frente a decisiones políticas
que en un determinado momento se quisieran tomar, existen fundamentos
jurídicos lo suficientemente fuertes para seguir demostrando que España
en medio ambiente sigue necesitando de la ayuda de esos fondos de
cohesión.

Le preocupa mucho al señor Costa la problemática de presupuestos. Quiero
decirle --y con esto también responderé al señor Guardans, de
Convergència i Unió, que plantaba algunos temas muy interesantes sobre
las competencias de esta Comisión-- que no es en esta Comisión donde
podemos pronunciarnos sobre un debate presupuestario, y SS. SS. han
tenido los plazos que el Parlamento asigna para presentar enmiendas a los
presupuestos. Hemos tenido debates de totalidad y pasaremos a la
presentación delas secciones en los próximos días, a partir del día 19,
y ahí podrán defender las enmiendas que hayan sido presentadas.

Paso a responder al señor Guardans, al que le agradezco mucho su tono.

Comprendo que pueda pensar que exista ese déficit democrático, sin
embargo, quiero hacerle dos observaciones. Una, no crea que la ministra
no está sujeta al control del Parlamento, no juego a ello. He sido
parlamentaria, lo sigo siendo y es bueno que el Parlamento no sólo tenga
funciones legislativas, sino también de control al Ejecutivo. Por tanto,
me he sometido al mismo desde que me hice cargo de esta Cartera y lo
seguiré haciendo con mucho gusto cuantas veces lo reclamen sus señorías.

Quiero decirles que en lo que respecta al control no solamente dependo de
esta Comisión. Esta es la primera vez que comparezco y no crean que es
porque no quiero informar; es porque los temas que aquí están saliendo se
debaten permanentemente en una Comisión específica de Medio Ambiente que
existe en esta Cámara y en otra Comisión no específica de
Infraestructuras y Medio Ambiente del Senado. En ellas comparezco cuantas
veces lo solicitan los diputados o los senadores que trabajan en esas
Comisiones. Por tanto, no estoy en contra de comparecer cuantas veces
quieran en esta Comisión, pero vamos a volver seguramente a una situación
en la que un ministro tenía que hacer la misma comparecencia en tres
Comisiones distintas. Quizá sería suficiente con leer el «Diario de
Sesiones», puede que cambiando los puntos del orden día que les interesen
a SS. SS. se puede tener una información más exhaustiva y ejercer un
control mayor sobre los ministros. En cualquier caso, ésa es la situación
en la que me encuentro y le aseguro que no me agobia ese control, es el
control que ejerce el Parlamento porque así lo hemos decidido en esta
institución democrática por antonomasia.

Me hablaba de un control previo y de un control post. Tendríamos que
meternos en otras disquisiciones, como muy bien decía el señor Guardans,
que nos llevaría a hablar de si hace falta o no un mandato imperativo.

Conozco el Folketing en Dinamarca, comentaba con el presidente el caso de
Finlandia, que tiene ahora una situación muy exhaustiva, pero la realidad
es que estamos cumpliendo, como bien decía el señor Guardans, lo que este
Parlamento nos asigna. No solamente comunicamos lo que se está haciendo
en política comunitaria medioambiental, sino que hacemos con mucho gusto
la presentación de los anteproyectos de ley una vez que ya da el visto
bueno el Consejo de Ministros, y estamos trabajando --y esto no es
obligatorio, pero consideramos que sólo con un talante de diálogo podemos
llegar a consensos, y el Ministerio los ha obtenido en estos meses-- con
borradores de anteproyectos de ley. Todas SS. SS. pueden tener acceso a
esos borradores a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente o de la
conferencia sectorial, puesto que se hacen públicos aunque no se
presenten de manera directa a la opinión pública hasta que haya dado el
visto bueno el Consejo de Ministros y entren en la Cámara. Ese control no
sólo es posterior, sino previo; además, me siento con más confianza para
seguir dando pasos en la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos
si en vez de hacer políticas de laboratorio se escuchan las demandas y
las necesidades de quienes padecen esos problemas.

El señor Guardans quiere que a Kioto se lleve una posición firme. Estoy
de acuerdo en que al final la clave del éxito de Kioto va a estar en los
países más industrializados y, por tanto, que más contaminan. En
definitiva, se suele citar los Estados Unidos y también Japón. Nuestra
postura es tan fuerte como que vamos en esa burbuja comunitaria con un
documento de negociación firme, y ya les he dicho que queremos que sea
obligatorio y se convierta en el protocolo. Nuestra voluntad es ésa, pero
no sabemos qué puede ocurrir.

Frente a algunas posiciones que se han manifestado de que es imposible
reducir el 7 por ciento de aquí al año 2005 y el 15 por ciento para el
año 2010, le puedo decir que la Comisión ha elaborado un documento cuyas
directrices generales han demostrado que lo que hemos asumido es realista
porque es técnicamente posible y económicamente gestionable. Por eso, ¿es
realista quedarse en la reducción del 15 por ciento y no es realista
reducir el 20 por ciento, según han dicho algunos grupos? Ojalá
consiguiéramos el compromiso de la reducción del 15 por



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ciento con relación a 1990, esto sí habría sido un gran éxito y, por eso,
la Unión Europea está liderando este proyecto de cambio climático en este
momento.

Con relación a la Agenda 2000, quiero decir que las preguntas que me hace
el señor Guardans, siendo muy importantes, son un poco prematuras. En
primer lugar --y lo he dicho antes--, con relación a este tema no nos
hemos pronunciado ni podemos hacerlo de manera oficial como Consejo de
Ministros de Medio Ambiente porque no está en nuestras competencias y
todos cumplimos a rajatabla y escrupulosamente el límite de las
competencias. No seremos nosotros quienes decidamos sobre la ampliación,
sobre la exigencia del acervo medioambiental a los países de la
ampliación, ni con qué calendarios, ni con qué exenciones, ni con qué
fondos, ni con qué ayudas. Lo que sí hemos manifestado --como un
comentario que se ha hecho en torno a ese almuerzo informal que
celebramos los ministros a puerta cerrada, porque ya no hay asesores-- es
que si queremos que esos países de la Unión Europea sean tan miembros
como los demás no podemos olvidarnos del acervo medioambiental, no tanto
para exigírselo como para que de la exigencia, con todas las facilidades
que necesiten, se beneficien de mejor calidad de vida los ciudadanos que
pasarán a ser tan europeos como lo somos ya los que estamos dentro.

Creo que ya he explicado que no se reduce la gestión en cuanto a fondos
de cohesión y que el examen no hay que pasarlo ahora, en el año 1997,
sino en el año 2000. Desde luego, la Unión Europea está analizando en
estos momentos esos proyectos que hemos presentado en el año 1997 y, de
ser admitidos, se pondrían en marcha en los años sucesivos para cumplir
con las exigencias antes del año 2000.

Al representante de Izquierda Unida, a quien agradezco también el tono de
su intervención, le reitero que los fondos de cohesión no se reducen para
que no haya dudas. Los fondos de cohesión son uno de los más importantes
instrumentos financieros para llevar a cabo las políticas ambientales en
España, necesitamos de esas ayudas para la protección medioambiental, y
no solamente en materia de política hidráulica sino de residuos, de cuyas
cantidades ya queda constancia en el «Diario de Sesiones».

Reitero, y deseo tranquilizarles, que no es mala la imagen que tiene
España en este momento gracias al cumplimiento de directivas que estamos
desarrollando y a la gestión que estamos poniendo en marcha. Créanme que
en algunas ocasiones incluso hemos sido felicitados por el esfuerzo que
está haciendo España. Han visto que son compromisos serios los que
plantea España en la Unión Europea.

No he entendido muy bien por qué hay quien puede criticar que el Gobierno
español da un mal paso con relación a Kioto. El Gobierno español se honra
de ser uno de los Estados miembros de la Unión Europea y, como tal, de
estar liderando la postura de cambio climático con relación a Kioto. Toda
la sociedad internacional tiene en este momento necesidad de asegurarse
unas limitaciones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Desearíamos,
como le he dicho antes, que el documento que lleva la Unión Europea se
convirtiera en protocolo de Kioto, aunque lo vemos bastante complicado.

A la pregunta que S. S. me hace de si España estaría dispuesta a asumir
unas limitaciones distintas como las que pide el Parlamento Europeo, he
de decirle que España, como miembro de la Unión Europea, no es quién para
establecer otro tipo de limitaciones porque eso sería auténticamente un
brindis al sol. Piense usted que en el reparto de cargas ni siquiera a
España le ha correspondido reducir el 15 por ciento las emisiones que
tenía en el año 1990, sino que tiene que reducirlas sin sobrepasar el 17
por ciento. Si yo ahora dijera que España se apunta al compromiso del
Parlamento Europeo sería una cosa frívola y sin sentido, y desde luego no
la van a oír nunca de mi boca, porque ni siquiera estamos en el nivel de
exigencia de toda la burbuja comunitaria. Nosotros responderemos del
reparto de cargas que nos ha sido asignado y responderemos además, dentro
de la burbuja comunitaria, si todos los países no cumpliéramos, llegado
el caso, esa reducción de emisiones del 15 por ciento con relación a
1990. Por eso España sí que asume un doble compromiso: el suyo, el
reparto de cargas que nos ha sido asignado, y el de la burbuja
comunitaria, si todos globalmente no cumpliéramos ese compromiso. Pero en
cualquier caso lo tendremos que revisar después de Kioto. Yo creo que el
último Consejo de Ministros fundamentalmente irá encauzado hacia este
análisis de política post Kioto.

Su señoría me pregunta por temas de energía nuclear que pueden ser muy
interesantes, pero no solamente no están entre mis competencias sino que
ningún ministro de la Unión Europea ha planteado los temas de energía
nuclear con relación a Kioto. La ministra francesa --curiosamente, como
saben ustedes, militante de un partido verde-- fue la única que dijo que
no se le podían imponer más limitaciones de emisiones de CO2 y gases de
efecto invernadero a Francia porque ese país no contamina ya que tiene un
gran porcentaje de energía nuclear. Lo digo como paradoja para que
ustedes vean lo que es ser realista. Es a lo que convoco siempre a
cuantos hablan de políticas medioambientales. Seamos realistas para ser
creíbles, porque si no hablaremos de utopías y seremos poco creíbles. Ya
digo que es un tema que no está encima de la mesa, por eso lamento no
poder contestarle. Si S. S. tiene alguna duda, aunque veo que el ministro
de Industria, al que cita, se lo ha aclarado suficientemente, será
siempre él quien podrá hablarle del desmantelamiento de centrales
nucleares, concretamente de la de Garoña o de cualquier otra en la que
pueda tener interés.

He de decirle además que no es que España no haya hecho nada en lo que
respecta a energía renovables, sino todo lo contrario. Este Gobierno ya
en el protocolo eléctrico ha asumido un compromiso de aplicación de
energías renovables en un 12 por ciento, cosa que hasta ahora no existía.

Por tanto, alguna influencia en medio ambiente se va notando. Eso me
lleva a hablar de sus frases finales, cuando dice que hay que pintar de
verde el Consejo de Ministros y que a ver si se plasman en la práctica
los deseos de la ministra de Medio Ambiente. Yo le aseguro que los deseos
de esta ministra son bastante realidad ya, en primer lugar, porque



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este Gobierno y no otros crean un Ministerio de Medio Ambiente. La
sensibilidad medioambiental está en el presidente de Gobierno que crea
dicho ministerio. (Rumores.) En segundo lugar, está en el debate de
investidura cuando dice que hay que hacer un plan hidrológico nacional en
la primera legislatura y atribuye la política del agua, precisamente, al
Ministerio de Medio Ambiente; es un punto muy importante que la política
del agua esté en política medioambiental y no en una política de
infraestructuras o incluso en el Ministerio de Fomento. Ustedes verán que
ese presupuesto aumenta al ser considerado el Ministerio de Medio
Ambiente como un ministerio inversor; luego son políticas reales. He
comentado antes el Plan Prever; le he mencionado ahora la política de
energías renovables como compromiso de este Gobierno; le puedo recordar
la deducción del 10 por ciento de inversiones a pequeñas y medianas
industrias que pongan en práctica políticas medioambientales. Con esto
quiero decir que consideramos que en 15 meses no hemos podido hacer todo,
pero le aseguro que se habla bastante y con mucha frecuencia de políticas
medioambientales en el seno del Consejo de Ministros.

Paso a responder al representante del PNV, el señor Gangoiti,
agradeciendo sus palabras y ese voto de confianza que da ante la creación
del Ministerio de Medio Ambiente y admitiendo que el balance, si se
inclina hacia algún lado, puede ser más positivo que negativo. En
cualquier caso, agradeciendo sus palabras, ya digo que es amplio el
horizonte que tenemos que abordar y por eso seguimos trabajando no
solamente con el Consejo de Ministros sino también tratando de convertir
el Ministerio de Medio Ambiente en la auténtica conciencia ambiental de
los ciudadanos. Porque yo suelo decir que cuando consigamos no sólo la
corresponsabilidad de los ciudadanos sino la complicidad de la sociedad
civil todos podremos ser mucho más exigentes en políticas
medioambientales.

La cláusula de garantía ambiental SS. SS. la van a ver reflejada en los
nuevos apartados 3 y 5 del Tratado de Amsterdam, cuando entre en vigor,
y en el antiguo artículo 100 A, hoy en día 95. Lo que se establece aquí
es un sistema de doble flexibilidad con relación al mercado interior. Yo
les he dicho antes que si la política medioambiental es una política
transversal, y lo comentaba la representante del Grupo Popular, no existe
una política sectorial que no esté influida por la política
medioambiental. Ustedes piensen en uno de los temas graves que ya les he
comentado esta mañana: las barreras comerciales; es decir, la relación
que tiene el comercio con el medio ambiente y el comercio exterior, tan
importante en el desarrollo económico y social que necesita España. Por
tanto, es muy importante tener esta cláusula de garantía ambiental que
establece una doble flexibilidad para ese mercado interior. Por una
parte, permite a los Estados miembros mantener o adoptar medidas
nacionales más estrictas de protección del medio ambiente en materias
armonizadas y con un sistema de garantías y, en segundo lugar,
institucionaliza el progreso científico como base de la legislación
ambiental. Es ahí donde nos van a exigir y no cualquier afirmación aunque
sea una cláusula de garantía ambiental, sino que tenga el máximo nivel de
rigor científico, por lo que les decía de que hay que ser muy realistas.

Con eso tenemos que jugar, para que se defienda la calidad de vida de los
ciudadanos pero no se establezcan barreras comerciales so pretexto de las
políticas ambientales. En eso consiste esa cláusula de garantía
ambiental.

Sobre los costes medioambientales de empresas, creo que ya he comentado
algo. Es una de las preocupaciones que tiene el Ministerio porque no se
trata sólo de aplicar el principio de que quien contamina paga, sino de
que tenemos también que ser sensibles a las necesidades fundamentalmente
de quienes constituyen el tejido productivo de la sociedad española, de
quienes crean desarrollo económico y social, que son las pequeñas y
medianas empresas. Tenemos que pensar que si para subsistir en el mercado
tienen que ser cada vez más fieles a las políticas ambientales esto les
va a suponer un plus adicional en tecnologías y en la aplicación de
normas de armonización, en general de normativa ambiental. Por eso, el
Gobierno, sensible a esta preocupación y a iniciativa del Ministerio de
Medio Ambiente, ya ha creado --como le comentaba-- esta deducción de
hasta un 10 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades, que se puede
establecer en aquellas industrias --fundamentalmente serán las pequeñas
y medianas empresas-- que reúnan una serie de requisitos y que,
habiéndolos cumplido, demuestren que han aplicado políticas ambientales.

La forma de desarrollar esta deducción será a través de acuerdos
voluntarios con la Administración.

Sobre la Red Natura, creo que ya me he pronunciado respecto a en qué
línea hemos venido hablando. Y en cuanto a los fondos de cohesión, creo
que también he contestado al señor Gangoiti. Por último, quiero agradecer
las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora De
Lara. Efectivamente, España va a hacer ese gran esfuerzo para asumir el
compromiso de limitación de sus emisiones de CO2 y gases de efecto
invernadero, para cumplir ese mandato que nos hemos dado todos en la
Unión Europea de cara a Kioto. Por lo que se refiere a los vertederos,
reconozco que España tiene mucho que avanzar, pero creo que nos hemos
puesto al día en legislación comunitaria, como ya he dicho hace un
momento, y tendremos que analizar las distintas situaciones de punto de
partida, tanto de España como de los demás países comunitarios, a la hora
de establecer los calendarios, no excesivamente reducidos, que llevarían
a unos costes realmente inasumibles. Les recuerdo que, en definitiva,
tenemos que ser realistas a la hora de aplicar las políticas
medioambientales.

Me interesa destacar que sólo desde un Ministerio de estas
características se está en condiciones de acometer proyectos de futuro
dirigidos a conseguir el objetivo básico de toda política ambiental que,
como ya hemos dicho reiteradamente en esta mañana --ya tarde--, se
refieren a la protección de la salud del hombre y la conservación, en
calidad y cantidad, de los recursos que sustentan la vida y, en general,
la defensa y mejora de nuestro patrimonio natural y cultural. (El señor
Costa Costa pide la palabra.)



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El señor PRESIDENTE: ¿Señor Costa?



El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, ha habido algunos elemenos de la
respuesta de la ministra que me parecen incorrectos --incorrectos en su
formulación-- y me gustaría que los aclarara.




El señor PRESIDENTE: Señor Costa, tiene un minuto.




El señor COSTA COSTA: En primer lugar, respecto a los fondos de cohesión,
no le hemos solicitado los proyectos que ha presentado. Le hemos
preguntado por qué en el año 1997 hay una caída de 100.000 millones de
pesetas, en nuestro país, de ingresos por fondos de cohesión. No nos ha
respondido. Como en muchas otras cosas, se ha salido por la tangente.

En cuanto a la Red Natura 2000, quiero que me repita lo que ha dicho.

Usted ha dicho que sólo el 63 por ciento del territorio incluido en la
Red Natura 2000 está protegido. Quiero que me diga qué figura van a
utilizar para proteger el resto o qué es lo que están incluyendo, porque
eso no es lo que dice la Directiva sobre la Red Natura 2000. Por lo
tanto, si hay nuevos territorios incluidos y hay territorios que no están
protegidos, se los estarán inventando. Y usted me ha dicho eso, que sólo
el 63 por ciento del territorio corresponde a zonas protegidas.

Me gustaría aclararle el criterio público-privado. Creo que ha utilizado
quizá truculentamente mi afirmación en lo referido a lo público-privado
de las canalizaciones de agua, y me parece un recurso legítimo, si
quiere, parlamentariamente, pero poco riguroso en el debate que estamos
teniendo. Yo no le he dicho que fuera una cuestión de privatización o de
público de una parte de la red. Le he dicho que si las tuberías de plomo
contaminan en la parte pública también lo hacen en la privada y que, por
lo tanto, como eso afecta a la salud, lo que no entiendo es cómo se puede
diferenciar una parte de la canalización de la otra. Si es perjudicial
para la salud, lo será en todo su recorrido. En definitiva, la directiva
habla del lugar donde se consume el agua, es decir, de los hogares de los
españoles. Hace una referencia a las canalizaciones en algún aspecto
concreto pero, al final, los requisitos los tiene que cumplir el agua que
sale del grifo, para que nos entendamos.

Respecto del Plan hidrológico nacional, una cuestión. Señora ministra,
usted está hablando como si tuviera el Plan hidrológico nacional
aprobado. ¡Si usted lo que está diciendo aquí es que lo presentará dentro
de dos años, cuando ya no sea ministra! Seamos rigurosos. (Rumores.) No
se puede venir aquí atribuyendo todas las deudas al pasado. ¿Se imagina
usted que nosotros estuviéramos hablando todavía de cuando nuestro país
recibía fondos de desarrollo, en el año 1982? ¿Nosotros podríamos estar
refiriéndonos continuamente a la herencia del 82? Eso no es riguroso, no
es serio, no es la función de los gobiernos. Usted hizo campaña (y usted
la hizo porque además de ser ministra es diputada) para gobernar este
país en las condiciones en que estaba en 1996 y su obligación es gobernar
este país en esas condiciones, que son, desde luego, enormemente mejores
que las que había en 1982, socialmente, políticamente, económicamente y
ecológica o medioambientalmente, como usted quiera. No venga aquí a hacer
la demagogia barata que sirve para consumo de mítines en las elecciones
gallegas o en cualesquiera otras, pero no en esta Cámara. Vaya usted a la
comisión sectorial a contarles la mitad de las políticas que nos ha dicho
aquí, para que puedan ser rebatidas por los portavoces sectoriales. La
cuestión no era ésta hoy aquí. Usted ha mezclado todo, incluso nos ha
hablado de leyes nacionales que no tienen nada que ver con las políticas
europeas, y al final lo que sí nos ha dicho es que nuestro país será de
los primeros de la clase porque tendremos una normativa sobre
contaminación acústica, pero seguiremos teniendo los vertederos
absolutamente incontrolados, seguiremos teniendo la peor calidad de agua
de los ríos de Europa, seguiremos teniendo un país medioambientalmente
suspendido por la Unión Europea, no por las normas que usted elabora,
sino porque la política que necesita nuestro país es más intensa que la
de otros que, como usted muy bien decía, llevan años aplicándola, muchos
años, años en los que España todavía tenía que atender a necesidades muy
diferentes a las medioambientales, que eran las necesidades de
subsistencia y de sobrevivir de muchos españoles.




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Quizá ustedes lo han olvidado, pero el portavoz que
les habla no lo ha olvidado, porque ha contribuido a que ustedes puedan
hacer ahora la demagogia de hablar de estos elementos como si fueran
elementos constantes en la historia, que hubieran estado ya ahí, como
gran necesidad, en el año 1982. Cumplan con su obligación, gobiernen
ustedes el país que han heredado, que desde luego es mucho mejor que el
que heredamos nosotros. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ. Quiero expresar mi queja por el uso que ha hecho
el señor Costa de la palabra, porque aquí hemos venido todos a escuchar
a la ministra de Medio Ambiente en temas competencia de su Ministerio a
nivel europeo. Para ello es la Comisión Mixta para la Unión Europea y no
para que el señor Costa venga aquí a preguntarle a la señora ministra
sobre cosas que no vienen a cuento, y cuando la señora ministra le
contesta, él se dedica a darnos un mitin electoral. Por eso quiero que
conste en acta mi repulsa y mi queja por este comportamiento.




El señor PRESIDENTE: Que conste en acta, pero la ministra ha dicho lo que
ha considerado oportuno y el señor Costa también.

Señora ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Cuando oía
al señor Costa, yo creía que estábamos no en la España de 1982, sino en
la España



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de 1898. Ese catastrofismo que ha esgrimido el señor Costa para terminar
su discurso, créame que, como diputada --y he tenido ocasión de trabajar
con usted en esta Comisión hace bastantes años--, no me gusta
absolutamente nada (El señor Madrid López: ¡No hablamos para que le
guste!) en la medida en que un parlamentario, que de alguna forma tiene
el compromiso de ver una España pujante y una España que tiene mucho que
hacer todavía por delante, pueda tener una visión tan catastrofista. Yo
siempre he querido la constancia de los «Diarios de Sesiones» porque
ayudan muchísimo en los debates. Quizá por eso, señor Costa, se leerá a
usted mismo en sus intervenciones de esta mañana, y quiero decirle que la
demagogia es una de las formas de expresarse que no forman parte de la
manera de ser ni de esta ministra ni de esta parlamentaria, ni siquiera
cuando hace mítines fuera del Parlamento. Por tanto, yo admito que usted
haya hecho esa auténtica soflama con la que ha terminado su intervención
para que el «Diario de Sesiones» cuente de todo, pero efectivamente es
usted, señor Costa, el que ha intervenido en temas que se salían del
ámbito estrictamente comunitario; y por eso le he dicho que si quiere que
hablemos del Plan hidrológico nacional, yo comparezco a hablar del Plan
hidrológico nacional aunque ya he comparecido en otras comisiones, y las
leyes nacionales a las que usted se refiere serán las que usted haya
sacado porque soy yo la que le he llevado a los debates comunitarios.

Señor Costa, yo no hablo de las deudas del pasado entre otras cosas
porque si realmente los ciudadanos españoles no hubieran visto las deudas
y los problemas del pasado, seguro que yo no estaba aquí en este momento
hablándoles como ministra de Medio Ambiente, por lo tanto, no tengo más
que decir que ése es el escenario que hemos heredado; yo no he hecho
ningún tipo de comparación con situaciones anteriores a las de 1982 pero
he de decirle que cada uno de los temas que usted aborda tiene unos
plazos. Usted me ha hablado de infracciones comunitarias, y si la mayoría
de las que le he citado vencían en el año 1993, todas con anterioridad al
año 1996, yo no le pongo ningún calificativo pero hubo con anterioridad
otro Gobierno que estuvo en la responsabilidad de gobernar y dejó esas
directivas por trasponer. Yo no he acusado al Gobierno anterior pero en
ese escenario que usted me pide que asuma para gobernar, y que tengo tan
asumido, es en el escenario en el que se da, según usted creía, esa
malísima imagen de la Unión Europea, y soy yo, que llevo poco más de 14
meses al frente, la que en defensa de su Gobierno, que fue el que tuvo
responsabilidades durante 14 años, he defendido la propia imagen de
España ante la Unión Europea. Fíjese usted si hay contradicciones en su
intervención. Pero quiero ir terminando porque creo que ha quedado ya
todo suficientemente explicado.

Dice usted que he sido incorrecta en las formulaciones. Le diré que el
«Diario de Sesiones» le aclarará a usted dónde hubo las incorrecciones y
por parte de quién. Concretamente, yo no soy la que ha hablado de ese
debate ideológico, yo no lo hubiera inventado; tengo memoria, a veces
tomo también notas, pero el «Diario de Sesiones» está ahí, y verá que es
usted quien inicia ese debate absurdamente ideológico, en una Directiva
de aguas potables, sobre lo público y lo privado. Yo le digo que no viene
a cuento porque, tal y como usted ha reconocido en su última
intervención, es la propia Directiva la que habla de que ese agua de
consumo, que ese agua potable tiene que tener una excepción cuando las
aguas están exclusivamente en propiedad privada.

En cuanto al plomo, quizá le convenga saber a usted que así como Francia
pedía que se le concedieran 20 años para reorganizar los sistemas de
distribución de las cañerías de plomo, España asumió los 15 años. Fíjese
en el compromiso medioambiental por parte de este Ministerio de no pedir
excepcionalidades permanentemente en directivas comunitarias.

En cuanto a la Red Natura 2000 no le ponga fecha, señor Costa, pero este
documento es de la Administración anterior; por favor, no le ponga
fechas. Le he leído textualmente lo que decía este documento sobre la Red
de las Zepa, y es que en España existen 150 áreas clasificadas como zonas
de especial protección para las aves; de las 150 Zepa existentes en el
territorio sólo 87 están declaradas o incluidas parcialmente en espacios
naturales protegidos. Aproximadamente el 63,45 por ciento de las
superficies Zepa se encuentra bajo algún régimen de protección jurídica,
recibiendo inversiones de las administraciones competentes. Por el
contrario, hay un 36,55 por ciento que en principio no recibe ningún tipo
de gestión y, por lo tanto, no realiza en este momento gastos; ésos son
los que al quedar incorporados a la Red Natura 2000 terndrán que tener el
tipo de gestión que nos diga la Unión Europea --y por eso estamos
reclamando qué estrategia de control quiere en la Red Natura 2000--, y
cuando haya una estrategia de gestión comunitaria para el 36,55 por
ciento, que no tiene ningún tipo de gestión, suponemos que algún coste va
a tener y alguna administración tendrá que hacerse cargo de ello. De ahí
la preocupación de los consejeros de Extremadura y de Andalucía de que no
se declararían más zonas como espacios de la Red Natura 2000 si no se les
dice qué tipo de gestión tienen que hacer, qué tipo de coste y quién lo
va a subvencionar. Le vuelvo a repetir que no actúe más que de portavoz
de estas inquietudes de quienes tienen que establecer los espacios de la
Red Natura 2000.

Señorías, creo haber contestado a todas sus intervenciones y, por tanto,
agradezco su presencia en esta larga mañana y muy especialmente también
al presidente de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Un minuto para despedir a la ministra y nos volvemos
a reunir para hablar de la proposición no de ley.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE PARTICIPACION AUTONOMICA EN EL COMITE DE GESTION DEL PROGRAMA
SOCRATES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I



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UNIO) (Número de expediente Congreso 161/000674 y número de expediente
Senado 663/000033).




El señor PRESIDENTE: Vamos con el último punto del orden del día,
proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Señor presidente, seré breve, para
tranquilidad de los demás miembros de esta Comisión.

Mi grupo trae hoy a esta Comisión Mixta y, por tanto, en cierto sentido
a ambas Cámaras simultáneamente, una proposición no de ley relativa a la
forma en la que debe articularse la participación de las comunidades
autónomas en un sector concreto y en un ámbito muy específico de la
actividad de la Unión Europea, como es la gestión del programa Sócrates.

El programa Sócrates --como ya conocen SS. SS., no sólo aquellas que
hayan podido leer la breve exposición que precede a esta proposición no
de ley sino también la documentación que brillantemente han preparado los
servicios de la Cámara previamente a este trámite parlamentario, que
contiene todo tipo de precedentes y de antecedentes normativos que me
ahorran mayor explicación acerca de régimen del programa Sócrates-- es
una iniciativa que entró en vigor en 1995 y que pretende la coordinación
de políticas comunitarias en el ámbito de la educación y, sobre todo, la
coordinación de determinados programas de impulso en el ámbito de la
enseñanza, del desplazamiento de estudiantes y profesores, y de la
enseñanza de lenguas. Entre otras cosas, tenía como objetivo promover los
intercambios --y cito literalmente-- de información y de experiencia para
que la diversidad en las particularidades de los sistemas educativos de
los Estados miembros se conviertan en una fuente de enriquecimiento y de
estímulo recíproco.

Nuestro grupo entiende, y confía en que también lo entiendan los demás
grupos de la Cámara, que esa diversidad y particularidades de los
sistemas educativos de los Estados miembros no se limitan sólo a los de
los distintos Estados miembros entre sí, sino también que en el seno de
los propios Estados miembros, como es el caso español, existen distintos
sistemas educativos en la medida en que tenemos un Estado no sólo
descentralizado en términos administrativos sino con distintas culturas
y, como a nosotros nos gusta decir, un Estado auténticamente
plurinacional. Esto se pone de manifiesto muy particularmente respecto de
aquellas comunidades autónomas con una cultura y una lengua propias, pero
no sólo respecto de ellas sino incluso en las demás, dentro de la cultura
castellana o lengua castellana, también van adquiriendo progresivamente
competencias en materia de educación.

Por todo ello, mi grupo considera que tiene su lógica, entra dentro de la
coherencia del propio sistema que nos hemos dado con la Constitución de
1978, con la aprobación de los sucesivos estatutos de autonomía y la
sucesiva asunción por parte de las comunidades autónomas de competencias
en materia de educación, que las comunidades autónomas estén directamente
representadas y participen directamente en el Comité de gestión del
programa de acción comunitario Sócrates como forma real de trasladar al
ámbito de la Unión Europea la intervención de comunidades que tienen
competencias exclusivas prácticamente en todos los casos en ese ámbito.

De ahí, nuestra proposición no de ley mediante la que pretendemos instar
al Gobierno a que se establezcan en breve plazo de tiempo los mecanismos
que permitan la articulación en ese Comité de gestión, que establece los
propios reglamentos comunitarios que regulan el programa Sócrates, de
representantes de las comunidades autónomas con competencias en materia
educativa y lengua propia oficial distinta del castellano.

Mi grupo no prejuzga cómo debe hacerse eso. Entendemos no sólo que ésta
es la única vía de lograr un consenso en esta Cámara sino que entra
dentro de la facultad de iniciativa del Gobierno, y de la realidad de que
existe una conferencia para asuntos de la Comunidad Europea, el hecho de
no precisar en esta proposición no de ley cómo debe articularse esa
presencia en el Comité de gestión del programa Sócrates. Hay muchas
posibilidades; el Derecho comparado nos muestra algunas, de ahí también
el precedente que tenemos en cuenta: en Alemania ya está resuelto y en
Austria está resuelto. Es decir, en Estados que auténticamente creen en
su carácter pluricultural, y en todo caso descentralizado, eso funciona,
y por tanto llamamos al Gobierno a tener en cuenta esos modelos, a asumir
esos modelos o en todo caso a proponer un modelo distinto. Por tanto, no
prejuzgamos cómo debe funcionar; creemos que no es suficiente decir que
ya está la conferencia sectorial que en su momento se reguló, porque esto
no deja de ser un aspecto muy específico; esa conferencia sectorial hace
referencia a otro tipo de cuestiones, aunque sí que es cierto que los
mecanismos concretos para articular lo que hoy mi grupo propone tendrán
que ponerse en contacto o en relación con los demás mecanismos de
coordinación que ya existen, eso sí, entre las comunidades autónomas, el
Gobierno central y, hacia fuera, la Unión Europea y sus órganos,
básicamente la Comisión y el Consejo.

Por tanto, resumiendo, nosotros estaríamos dispuestos, no en su
literalidad --me adelanto, señor Presidente, en aras de la brevedad--, a
examinar quizá una de las dos enmiendas que se han formulado a nuestra
proposición no de ley --insisto--, no en su literalidad, porque eso
tendrá que ser el grupo proponente quizá quien la retoque, sino a la
enmienda presentada por el Grupo Popular, que supongo que deberá ser
defendida. La enmienda del Grupo Socialista nos parece que en su
literalidad desnaturaliza un poco el contenido de nuestra propuesta, y la
del Grupo Popular no exactamente, pero estamos abiertos, a expensas un
poco de ver la defensa de que las mismas hagan sus portavoces, a retocar
un poco nuestro texto, dejando clara esa idea de fondo, que es lo que
creo que preocupa a los portavoces de ambos grupos, de que ya existen
algunos mecanismos y que no hay que salirse de los mecanismos que ya
están establecidos. Quisiera hacer algún tipo de referencia a esos
mecanismos que ya funcionan, más o menos, de participación de las
comunidades autónomas en asuntos de la Unión Europea, y mientras no
desnaturalice --vuelvo a utilizar la expresión-- el contenido de nuestra
proposición,



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no nos parecería mal, a expensas un poco de ver la defensa que de las
mismas se haga.




El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas de sustitución, una planteada por
el Grupo Socialista y otra por el Grupo Popular.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mòdol.




El señor MODOL PIFARRE: En principio, quiero decirle al señor Guardans
que nuestro grupo y yo mismo estamos de acuerdo con el espíritu que
manifiesta la exposición de motivos de esta proposición, especialmente
por lo que ha leído que responde exactamente al apartado i) del artículo
3, de la propia decisión que crea el programa Sócrates, cuando habla de
promover intercambios de información y de experiencia para que la
universidad y los particulares de los sistemas educativos de los Estados
miembros se conviertan en una fuente de enriquecimiento y de estímulo.

Estamos de acuerdo. Además, es lógico hablar de estos temas en un Estado
como el nuestro, que es un Estado rico, plurinacional, un Estado en el
que yo mismo, como el señor Cardona, representamos a una circunscripción
en la que existen tres idiomas oficiales que se usan, que se hablan y que
se estudian. ¿Cómo no íbamos a entender eso? Sobre todo, entendiendo
también que el propio programa Sócrates en el apartado b) del artículo 3,
cita textualmente: promover una mejora cuantitativa y cualitativa del
conocimiento de las lenguas de la Unión Europea, en especial de aquellas
menos difundidas y menos enseñadas para fortalecer la comprensión y la
solidaridad entre los pueblos que componen la Unión.

Señor Guardans, existe un problema en la redacción de su proposición, que
se contradice con la propia decisión 819 que crea el programa. En
concreto el artículo 4, cuando habla del Comité, dice: La Comisión estará
asistida por un comité, denominado en lo sucesivo Comité, formado por dos
miembros designados por cada Estado miembro y presidido por el
representante de la Comisión. Si son dos los miembros que se pueden
designar difícilmente pueden tener representación en el Comité los
gallegos, los vascos, los catalanes, los castellano-hablantes y, por
citarle anecdóticamente, los araneses, aunque sean seis mil, pero también
tienen su lengua.

De alguna forma, nuestra enmienda va en esa dirección, la dirección de
intentar impulsar la conferencia sectorial que se encargue de este tema
y de hacer que de alguna manera las dos personas que España tiene que
designar en el Comité tengan esa sensibilidad. Se lo digo muy seriamente
porque, al hilo de su proposición, este Senador alguna reflexión ha hecho
referida a nuestro propio país. Es cierto que en los dos años que
funciona el programa Sócrates el Comité de las Regiones se ha quejado ya,
en concreto en su dictamen del día 18 de septiembre pasado, de que no
tiene la fluidez que debería, que debería tener más partida
presupuestaria, que difícilmente si no se impulsa se va a cubrir ese 10
por ciento de estudiantes intercambiados de un país a otro; es cierto.

Pero no es menos cierto--aunque la reflexión que le voy a hacer a
continuación no sirva al efecto de esta proposición-- que son muchos más
los estudiantes que en este momento intercambia Cataluña con Londres,
muchos más, que los que intercambia Madrid con Cataluña, por ejemplo.

Esta es una reflexión que deberíamos hacernos. Se lo digo porque, al hilo
de este pensamiento, en el convencimiento de que la sociedad europea y la
española van camino de la integración de comunidades y pueblos, sabemos
también que padecemos algunas dificultades de encaje en el reconocimiento
de las realidades multilingües plurinacionales y multiculturales, y eso
es especialmente cierto en nuestro país.

El contenido del concepto cultural que se plasmó en el pacto autonómico
y muy especialmente en el Título VIII de nuestra Constitución fue
entonces objeto de consenso de todas las fuerzas pero, a pesar de todo,
en aquel momento eso del consenso era un poco un espejismo al creer que
aprobando eso habríamos solucionado el problema. La realidad, veinte años
después, nos revela que el valor socialmente más débil de la democracia
española es precisamente el relativo a las armonías convivenciales desde
la pluralidad identitaria, desde esa pluralidad que todavía falta asumir.

Para explicarme, mientras el valor pluralidad política ha sido asumido
por el conjunto de los ciudadanos españoles, la idea pluralidad cultural
y multilingüe lo ha sido en mucha menor medida, y quizá, aunque parezca
anecdótico, el sábado tuvimos algún ejemplo de ello, el sábado a las ocho
y media de la tarde, por un lado y por otro. (Rumores.) Digo eso porque
el Partido Socialista presentará en breve y perderá su apoyo, una
proposición relativa a este tema, pidiendo la creación de un programa
Sócrates parecido en España, de tal manera que esos intercambios se
produzcan también realmente.

No vamos a votar que no --deduzco de sus palabras que no van a aceptar
nuestra enmienda-- porque estamos de acuerdo con el espíritu, pero
tampoco podemos votar que sí a una medida que nos parece que no se puede
cumplir, debido al texto de la propia decisión que crea el programa
Sócrates --en concreto, me remito al artículo 4--, pero sepa que nos
tendrá a su lado para que de alguna manera las comunidades lingüísticas,
especialmente las que están en minoría, tengan voz y voto en el marco de
la Unión Europea, en el marco del Estado español y allá donde se hable.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: En la proposición no de ley que se debate en
esta Comisión se insta al Gobierno a que establezca en el plazo de tiempo
más breve posible los mecanismos adecuados para articular la presencia en
el Comité de gestión del programa de acción comunitario Sócrates de
representantes de las comunidades autónomas con competencias en materia
educativa y lengua propia oficial distinta al castellano. En los
antecedentes se evoca la especificidad y diversidad cultural y
lingüística del Estado español.

La participación de las comunidades autónomas en el proceso de formación
de la voluntad del Estado en el proceso legislativo de la Comunidad
Europea ha sido un objetivo constante de todos los gobiernos del Estado
español.




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Este diputado desarrolló una iniciativa parlamentaria en la pasada
legislatura tendente a la coordinación de las diversas representaciones
estatales y autonómicas en la Unión Europea. Recientemente este
Parlamento aprobó, con el apoyo cuasi unánime de todos los grupos
parlamentarios, la proposición de ley que dota de rango superior a lo que
hasta entonces había sido una práctica de participación y que, a partir
de ahora, es la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión
Europea. Esta conferencia constituye un foro o un marco permanente de
participación de las comunidades autónomas, tanto en la formación de la
voluntad del Estado en los asuntos comunitarios, como de aplicación
posterior de la legislación en las distintas comunidades autónomas. El
Grupo del Partido Popular se felicita, por tanto, de lo que creemos que
ha sido uno de los avances más importantes que ha logrado nuestro
Gobierno con el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias.

Asimismo, el Gobierno propuso en mayo de 1997, este mismo año, un
mecanismo adecuado para articular la representación autonómica en
distintos comités de la Unión Europea. El Comité de gestión del programa
Sócrates es uno de los seleccionados para que participe en sus reuniones
un representante de las comunidades autónomas. En total se eleva en estos
momentos a 55 el número de comités y grupos de trabajo de la Comisión de
la Unión Europea para los cuales el Gobierno ha ofrecido a las
comunidades autónomas un sistema de autogestión, mediante el cual éstas
eligen entre ellas cuál será la encargada de asegurar la representación
autonómica en cada uno de lo comités, de forma rotativa y periódica. Dado
que la elección de su representante es una decisión pactada entre las
distintas comunidades de forma autónoma, el Gobierno español no puede
interferir en esta decisión, y deben ser las propias comunidades
autónomas las que decidan, en su caso, cuál será su representante más
idóneo. El programa Sócrates, como ya se ha dicho, está formado por dos
miembros designados por cada Estado de la Unión Europea y presidido por
un representante de la Comisión, tal y como establece el artículo 4 de la
decisión número 819/95 CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de marzo de 1995, por el que se crea el programa Sócrates. El Comité está
asimismo asistido por dos subcomités, uno en el ámbito de la enseñanza
superior y otro en el de educación escolar. Estos subcomités están
formados por dos representantes por Estados miembros designados en
función de las materias tratadas. Asimismo, el Comité puede crear otros
subcomités y grupos de trabajo.

Parece lógico que el Grupo Catalán considere su participación en la
gestión de este programa europeo como una manera de dar a conocer y
promover la lengua y, consiguientemente, la cultura catalana a través de
los medios y los fondos al alcance de la Unión Europea. Cabe destacar
aquí, sin embargo, como se ha dicho, que el Ministerio de Asuntos
Exteriores español ha articulado ya la participación de las comunidades
autónomas en los comités presididos por la Comisión Europea, llegándose
al acuerdo de que cada comité cuente con un representante de la
Administración del Estado y otro de la Administración autonómica. Dado
que las comunidades autonómicas ya participan, como he dicho antes, en el
Comité de gestión del programa Sócrates y que, como ha dicho el señor
Guardans, son cinco las comunidades autónomas que tienen competencias en
materia educativa y lengua propia oficial distinta del castellano, a
saber, Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana,
propondría una enmienda al texto de la proposición no de ley que debería
decir: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca,
en el plazo de tiempo más breve posible, los mecanismos adecuados para
articular la presencia en el Comité de gestión del programa de acción
comunitario Sócrates de representantes de las comunidades autónomas con
competencias en materia educativa y lengua propia oficial distinta del
castellano, cuando en la agenda se trate de debatir asuntos que
directamente afecten a las mismas y dentro del marco de acuerdo de
participación establecido entre las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le corresponde a usted tomar
posición sobre si acepta o no las enmiendas planteadas por los distintos
grupos.




El señor GUARDANS I CAMBO: En cuanto a la enmienda planteada por el Grupo
Socialista, de entrada, agradezco el tono de la intervención, que
comparto en la mayoría de sus términos. La crítica fundamental que hace
a nuestra proposición no de ley es la de calificarla de inviable por
razones técnicas, podríamos decir, porque donde hay dos sillas no se
pueden sentar cinco. Políticamente, creo que ése no es el principal
argumento para votar en contra, ni siquiera para abstenerse en la
proposición no de ley, puesto que donde hay dos sillas sí se pueden
sentar cinco: dos en las sillas y tres detrás, que se pueden turnar; hay
muchos mecanismos y pueden funcionar. Hay muchos más Länder en Alemania,
funciona y están representados todos ellos. Por tanto, no entremos al
detalle, porque no sólo hay un comité; hay un comité y unos subcomités.

No se trata de decir que como son dos, donde hay dos no caben cinco. No.

Esta es una iniciativa con un profundo calado político. De lo que estamos
hablando es de la posibilidad de que con los mecanismos que el Gobierno
establezca en su momento, de conformidad con las comunidades autónomas,
las comunidades autónomas con competencia en educación y en lengua propia
tengan la representación. ¿Cómo se hace eso? Media silla para cada uno,
una silla rotatoria, ya lo veremos, pero no nos quedemos en que como el
artículo 4 dice que son dos y luego son cinco, no se puede votar. Con
todo el respeto, creo que el tema tiene mucho más calado como para que se
quede en ese nivel. Por lo demás, comparto la preocupación que ha
manifestado el portavoz socialista y le daría un dato más para su
reflexión y la de los demás miembros de esta Comisión, y es que es mucho
más fácil hoy, con relación a introducir un Sócrates a nivel español,
aprender catalán en París, en Londres o en Roma que en Madrid. Hay
infinitamente más posibilidades de aprender catalán en Londres que en
Madrid. Evidentemente es un problema que tiene este país en el que
estamos y que algunos confiamos que pueda ser solucionado.




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En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
nos parece admisible y, como tal, la aceptamos, porque es una precisión
que tampoco modifica sustancialmente el contenido de la propuesta, en la
medida en que de lo que se trata es de que se participe en el Comité de
gestión, insisto, en la forma que sea posible, cuando en la agenda se
trate de debatir asuntos que directamente afecten a tales competencias en
materia educativa y lengua propia, dentro del marco de acuerdo de
participación establecido entre las comunidades autónomas, lo cual nos
parece un recordatorio que tampoco está de más. Por tanto, en los
términos planteados por el Grupo Popular, sí aceptaríamos esa enmienda y
como tal pediríamos su votación.




El señor PRESIDENTE: Señor Mòdol.




El señor MODOL PIFARRE: Para una aclaración muy breve, señor presidente.

En Alemania, de los dos miembros, uno va en representación del Bundesrat,
y el Bundesrat es la representación de los Länder. Va un representante
del Bundesrat.




El señor PRESIDENTE: Con independencia de esta matización, que me parece
correcta, dada la hora que es, pasamos directamente a la votación.

Votamos sobre la base de la enmienda del Grupo Popular, tal como la ha
leído el señor Martínez Casañ, es decir, con las correcciones en la
última línea respecto a la presentada inicialmente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.