DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 73



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 17



celebrada el miércoles, 28 de octubre de 1997,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia, a petición propia, del señor Ministro de Asuntos
Exteriores, don Abel Matutes Juan, para informar sobre la Presidencia
luxemburguesa y, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, para explicar el programa de la Presidencia
luxemburguesa (Números de expediente Senado 711/000128 y 711/000129; C.

D. 214/000050 y 213/000360).




Se abre la sesión a las diez horas.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

En primer lugar, quiero agradecer al Ministro de Asuntos Exteriores su
presencia, una vez más, en esta Comisión Mixta para la Unión Europea.

Comparece hoy a petición propia y a petición del Grupo Parlamentario
Popular, en ambos casos para hablar del programa de la Presidencia
luxemburguesa.

Por lo tanto, sin más preámbulo, le cedo la palabra al Ministro de
Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías, en efecto, como acaba de afirmar el Presidente de la Comisión,
comparezco para informar sobre el programa de trabajo de la Presidencia
luxemburguesa que se enfrenta a tres grandes retos: en primer lugar,
asegurar

Página 1460



el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Europeo de Amsterdam; en
segundo lugar, preparar la estrategia de la futura ampliación y, en
tercer lugar, preparar la Unión Económica y Monetaria.

En relación con el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Europeo de
Amsterdam, tras la celebración de dicho Consejo, ha correspondido, como
sus señorías saben, a la Presidencia luxemburguesa la puesta a punto del
texto del Tratado, así como su firma, que fue efectuada el pasado 2 de
octubre en Amsterdam. Asimismo, ya se han iniciado los trabajos relativos
a la incorporación de Schengen al Tratado de la Unión. El Comité de
representantes permanentes ha aprobado la creación de dos grupos de
trabajo, uno de ellos que debe abordar el estudio del acervo Schengen y
la base jurídica con que éste se incorpora al Tratado; el otro grupo se
ha creado para estudiar las peculiares circunstancias en que podrían
participar en Schengen Noruega e Islandia. Estos trabajos deberían
conducir a una próxima integración ya de la Secretaría de Schengen en la
Secretaría del Consejo.

Por otro lado, está la preparación de la Cumbre del Empleo. Saben que el
Consejo Europeo de Amsterdam decidió que bajo la Presidencia
luxemburguesa se celebraría un consejo europeo extraordinario que
analizaría el impulso relativo al fortalecimiento del crecimiento
económico y, específicamente, a la lucha contra el desempleo.

En relación con el segundo gran eje, preparar la estrategia de la futura
ampliación, es obvio que la ampliación se encuentra en el marco de un
proceso más amplio, el proceso que hemos venido todos en llamar Agenda
2000, que consta de tres partes. La primera, las políticas de la Unión,
que se refiere, por lo tanto, a las perspectivas de desarrollo de las
políticas de la Unión ante un entorno interno y exterior, también en
rápida evolución, al que es preciso responder mediante las adaptaciones,
las reformas, en muchos casos imprescindibles. Dentro de esta primera
parte de las políticas de la Unión, hay que abordar las políticas
internas, políticas que deben reorientarse, privilegiando los campos de
acción en los que la Unión puede aportar un verdadero valor añadido,
crecimiento duradero, generación de empleo, investigación y desarrollo
tecnológico, modernización en los sistemas de empleo, mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos, cohesión económica y social --la
Comisión ha reafirmado la necesidad de mantener la cohesión económica y
social que constituye uno de los tres pilares de la construcción europea,
junto a la unión económica y monetaria y al mercado único--, y política
agrícola común. La Comisión ha anunciando su intención de proponer la
profundización de la reforma del sector agrícola, iniciada en 1992,
acentuando la transición del apoyo a los precios a otra política
consistente en las ayudas directas a los agricultores, desarrollando, al
mismo tiempo, una política rural global, más coherente y más respetuosa
del medio ambiente.

El último aspecto que cabe la pena destacar, en este capítulo de
políticas internas, es el que se refiere a la política comercial. La
Comisión considera que la Unión, como primera potencia comercial del
mundo, tiene que tener interés en consolidar las nuevas estructuras de la
Organización Mundial de Comercio y favorecer, por lo tanto, la
continuidad en este proceso de progresiva liberalización del comercio
internacional.

Por tanto, el primer punto de la Agenda 2000 son las políticas de la
Unión; el segundo punto es el desafío de la ampliación, al que ya me he
referido y posteriormente volveremos sobre él, y, finalmente, el tercer
punto de la Agenda 2000 que es el nuevo marco financiero. En este
apartado la Comisión ha presentado su propuesta de perspectivas
financieras para la financiación de las políticas comunitarias del 2000
al 2006.

El Consejo Europeo designó como competente para negociar esta Agenda
2000, como sus señorías sabrán, al Consejo de Asuntos Generales, no a
otros consejos. Por lo tanto, los tres temas, políticas internas,
orientaciones para su forma, desafío de la ampliación y el nuevo marco
financiero, Agenda 2000 en definitiva, están asignados al Consejo de
Asuntos Generales, y vamos a examinar, a esta luz en el Consejo, los
dictámenes de la Comisión y a presentar, que es otra de las conclusiones
que cabe destacar del Consejo Europeo de Amsterdam, un detallado informe
del Consejo al Consejo Europeo de Luxemburgo.

Queremos que la Presidencia y el Consejo europeo estudien las cuestiones
ligadas a la ampliación al Este y a Chipre. Este es el objetivo principal
y, a mi juicio, insoslayable y en el que es necesario concentrarse para
el próximo Consejo Europeo. Hay que evaluar los dictámenes de la Comisión
de los países candidatos, la estrategia de preadhesión, la adopción de
ayudas preadhesión, condiciones de apertura y principios de base de las
negociaciones y decisión sobre la Conferencia permanente europea;
cuestiones todas ellas del máximo interés, de las que nos ocupamos ya el
pasado fin de semana, el sábado y domingo, en Mondorf-Les Bains, pero
sobre el que hasta el momento no hay acuerdos. Se ha creado un grupo ad
hoc, que ha realizado ya un análisis de los dictámenes presentados por la
Comisión sobre los candidatos a la ampliación. El resultado de este
análisis ha sido un documento de principio, aprobado por el Consejo de
Asuntos Generales, que se puede resumir en una afirmación de carácter muy
general: hoy por hoy ninguno de los candidatos cumple con los criterios
económicos de Copenhague. El Consejo aclara que las proyecciones que hace
la Comisión hay que verlas en un contexto dinámico y no prejuzga la
decisión política que tomará el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el
inicio de esas negociaciones.

Por otra parte, el Consejo Europeo de Amsterdam dio un importante impulso
a todo lo relativo a la Unión Económica y Monetaria. Los avances suponen
que la mayoría de los preparativos técnicos se encuentran aprobados; en
Amsterdam se aprobaron dos mandatos; se solicitó al Consejo de la
Comisión que estudiara el proceso de coordinación económica en la tercera
fase de la Unión Monetaria, e indicaran cómo mejorarlo de forma coherente
con los principios y prácticas del Tratado, y para ello se solicitó al
Consejo que preparase un informe provisional para esta Cumbre de
Luxemburgo.

En segundo lugar, se solicitó en Amsterdam, también al Consejo y a la
Comisión, que en cooperación con el IME,



Página 1461



estudiasen formas eficaces de aplicación de lo dispuesto en el artículo
109 del Tratado, sobre la posible formulación de orientaciones generales
para la política de cambio de una moneda no comunitaria, sobre la
posición de la Comunidad a nivel internacional y las disposiciones acerca
de la posición del Consejo en las reuniones del Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo. El Ecofin, el pasado fin de semana, abordó,
además, entre otras cuestiones los mandatos del Consejo de Amsterdam.

En cuanto a las relaciones entre el Consejo y el Banco Central Europeo,
el Ecofin dejó abierta la cuestión del debate en torno a la creación de
un consejo de estabilidad. El Ecofin llegó a un acuerdo sobre el hecho de
que el Banco Central Europeo debe asumir sus funciones con absoluta
independencia, sobre la necesidad de aumentar la coordinación económica,
ya en la tercera fase, y sobre el hecho de que el papel central de todo
lo referente a la coordinación económica corresponde al Ecofin.

Por otra parte, el Consejo solicitó a la Comisión y al Comité monetario
que elabore nuevas propuestas que profundicen en esas cuestiones
relativas al mandato de Amsterdam.

Esto es cuanto quería informarles respecto de la Presidencia
luxemburguesa, de sus objetivos, a la luz de los mandatos contenidos en
el Consejo de Amsterdam.

Ciertamente en este Consejo de Asuntos Generales informal del pasado fin
de semana, al igual que en todos los asuntos generales informales, no se
tomaron acuerdos y aunque todavía queden muchos aspectos pendientes de
concreción, yo creo que sirvió para enriquecer enormemente el debate,
conocer mejor cada cual las posturas de los demás y, por lo tanto, para
madurar las cosas para que efectivamente en Luxemburgo se puedan tomar
decisiones.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenos días, señor Ministro.

Señoras y señores Diputados y Senadores, quisiera, en primer lugar,
agradecer al señor Ministro la sucinta información que nos ha dado sobre
la Presidencia de Luxemburgo. Asimismo, lamento que no haya sido posible
celebrar esta comparecencia en otro momento más útil para ver los
elementos importantes de la construcción europea que se están abordando
en los diferentes Consejos. En cualquier caso, quiero agradecer que ésta
se produzca a petición propia y en unas circunstancias siempre difíciles
para el señor Ministro de Asuntos Exteriores porque su propia agenda
hace, a veces, difícil e incompatible su presencia en las Comisiones de
las Cámaras parlamentarias.

En esta comparecencia hay algunos elementos a destacar que podríamos,
quizás, ampliar en el transcurso del debate que, sin duda, se va a
producir en esta Comisión y en futuras ocasiones que vamos a tener para
hacerlo. En primer lugar, hemos de hablar de la situación actual de la
ampliación a los países del Este y centro de Europa y Chipre. En segundo
lugar, hablaremos de la Agenda 2000 con todos sus componentes. Y en
tercer lugar, podríamos, quizás, abordar algunos aspectos relacionados
con la política comercial de la Unión Europea que podrían ser de interés
y que hemos de tratar al hablar de la Presidencia luxemburguesa. Estos
serían los elementos que a nosotros nos gustaría abordar con un poquito
más de profundidad, si es posible, en una intervención posterior del
señor Ministro.

Si me lo permiten, les diré que al Grupo Parlamentario Socialista le
preocupan algunas cuestiones relevantes para el futuro de la Unión
Europea. De ellas, algunas han sido tratadas por los propios Consejos
anteriores, como las previsiones del Tratado, un Tratado que no ha sido
ratificado, sino que ha sido firmado recientemente en Amsterdam, pero que
todos los países tienen que ratificar. El Tratado tiene tres referendos
pendientes. En algunos países hay una opinión pública indecisa respecto
del futuro del propio Tratado, como es el caso de Dinamarca, aunque en el
caso de Irlanda y de Portugal no parece que haya muchos problemas si
éstos se confirman. Por otro lado, se están ya implementando políticas
decididas en el propio Tratado, como es la integración de Schengen en la
Secretaría General del Consejo o la integración, aunque no sé si se está
produciendo todavía, también en la Secretaría General del Consejo de la
unidad de previsión y planificación de la Política Exterior y de
Seguridad Común.

En cualquier caso, la ratificación y, por lo tanto, la eficacia del
Tratado no va a entrar en vigor en los próximos meses. Hay que esperar
todavía un período de tiempo bastante largo, pues además se tienen que
celebrar los referendos antes citados, para la entrada en vigor de ese
Tratado.

Es verdad que se están acumulando una serie de problemas que se
pretendían separar en la negociación a través de la Agenda 2000. Y se
están acumulando, en primer lugar, porque la reforma del Tratado no ha
resuelto lo que era la finalidad última de la Conferencia
Intergubernamental: una reforma institucional que permitiese el
funcionamiento de la Unión Europea ampliada ya a los países del Este y
del centro de Europa.

Este era el objetivo fundamental de la Conferencia Intergubernamental y
no otros que aunque suponen un paso más o un avance, sin duda, en la
construcción europea no han resuelto este problema que sigue pendiente
sin que esté muy claro cuál es la fórmula para llegar a ese acuerdo. Hay
propuestas novedosas, sin duda imaginativas, pero no sabemos si aceptadas
o no, como la del Presidente del Parlamento Europeo, que parece que
cuenta con el acuerdo de la propia Comisión, que sugiere que sea la
Comisión Europea la que tome la iniciativa de una reforma institucional
y elabore un documento base que después habría de ser acordado por el
Parlamento Europeo y sometido a la aprobación definitiva del Consejo.

Nos gustaría conocer si esta propuesta cuenta con el visto bueno de
nuestro país, de España, al ser el Presidente del Parlamento Europeo una
persona española de origen y



Página 1462



muy relacionada con el actual Gobierno. Quisiéramos saber si el Gobierno
cree que ésta es una fórmula mejor que puede superar las anteriores
propuestas por las excesivamente largas conferencias intergubernamentales
o, si en cualquier caso, hay alguna nueva fórmula para reformar los
tratados y para producir las reformas necesarias para el buen
funcionamiento de la Unión Europea.

Creo que en una Unión Europea ampliada a 25 países será muy difícil
seguir avanzando con las fórmulas que se han venido manejando hasta el
momento y, particularmente, con las conferencias intergubernamentales que
no tienen el impulso político suficiente para llegar a acuerdos que se
eleven por encima de los intereses particulares de cada uno. Ese es el
fondo de la cuestión, una cuestión que el Gobierno y los parlamentos, sin
duda, deben contribuir a resolver. Entre todos debemos ser capaces de
darnos esos nuevos instrumentos que posibiliten una Unión Europea más
eficaz, más cohesionada y más transparente.

En segundo lugar, me gustaría abordar aspectos de la Agenda 2000. Yo creo
que se ha pasado casi de puntillas sobre la Agenda 2000. Es cierto que,
prácticamente, estamos en el inicio de los debates. Sería absurdo
plantear en estos momentos en términos dramáticos lo que sólo son
propuestas. Pero también es cierto que sería frívolo no plantearse las
cuestiones que están sobre la agenda de nuestro país, los intereses que
tiene planteados en el contexto de la Agenda 2000.

Por si alguien no lo recuerda, yo voy a dar algunos datos de la Agenda
2000 que me parecen preocupantes. En primer lugar, el método empleado. El
método parte de la fijación de un techo de gasto para una ampliación que
no sabemos cuánto cuesta. Voy a citar unas palabras de un eurodiputado,
compañero mío, que se dedica a temas presupuestarios, Joan Colom. Dice:
La única cifra real de la Agenda 2000 es el 1,27 por ciento del producto
interior bruto de la Unión. Todas las demás cifras son virtuales porque
tienen que pasar, necesariamente, por el cedazo de la aplicación y de la
formulación de las políticas que las implementan. Por lo tanto, son
cifras virtuales. La única fija, la única que tenemos como cifra real, es
el 1,27 por ciento. Con el 1,27 por ciento se han de atender unas
necesidades muy distintas de las actuales en una Unión que va a requerir
de más cohesión social, de más políticas de solidaridad y que, además,
nunca, a lo largo de su historia, había emprendido una integración, con
las diferencias económicas, sociales y de modelo político, como la que se
está planteando en la actualidad.

No nos interesa conocer sólo las previsiones de un período transitorio o
de un período de negociación. Aquí se está haciendo trampa a la opinión
pública porque no se les está diciendo a los ciudadanos cuál es el coste
real de una integración hoy o cuál es el coste real que la integración de
esos países supone para la Unión Europea, cualquiera que sea el número de
los que se vayan a incorporar. Por tanto, nos parece errónea la fijación
de un techo de gasto del 1,27 por ciento, como nos parece equivocada la
fijación de un 0,46 por ciento del producto interior bruto de la Unión
dedicado a políticas de cohesión social en sentido amplio. Y nos parece
equivocado porque el método empleado --insisto en ello-- no es el método
realista ni necesario para ver cuáles son las verdaderas necesidades que
la Unión tendrá.

Y dicho todo esto, hay que plantearse por qué se utiliza este método, por
qué se fija el límite del 1,27 por ciento al gasto total de la Unión y
por qué se fija el límite del 0,46 por ciento a la cohesión económica y
social. Y es que, cuando nos preguntamos por qué es cuando empiezan de
verdad nuestras preocupaciones, y se plantea así porque lo que se dice es
que tiene que haber reformas, cambios profundos en las políticas de
fondos estructurales de la Unión, en los fondos de cohesión y en la
política agrícola común, es decir, un porcentaje que me parece supera el
80 por ciento del presupuesto de la Unión. Y cuando analizamos las
propuestas que para estas políticas realiza la propia Comisión, políticas
que avalan e incluso incrementan Estados miembros de la Unión muy
poderosos, no es que debamos estar preocupados, es que debemos ponernos
a temblar ya que, realmente, existen motivos para la preocupación.

Una aplicación de las reformas de los fondos estructurales, tal y como
viene planteado en el documento de la Comisión Europea, comportaría que
sólo tres Comunidades Autónomas quedasen dentro de los fondos del
Objetivo 1 de la Unión. Es decir, sólo Andalucía, Extremadura y Galicia
quedarían dentro del capítulo del Objetivo 1 destinado a las ayudas. Por
tanto, saldrían de los fondos del Objetivo 1 de la Unión regiones tan
importantes como Cantabria, Valencia o las dos Castillas.

Pero eso significa múltiples cosas a la vez: en primer lugar, si esas
ayudas se reciben sólo en tres Comunidades, se pasa de una población que
en estos momentos supera los 22 millones de ciudadanos que están
recibiendo ayudas del Objetivo 1, a una población que queda prácticamente
reducida a la mitad en regiones que representan a su vez a la mitad de
ciudadanos del Objetivo 1. Por tanto, eso significa directamente una
incapacidad por parte de la Administración pública para gastar, para
poder digerir los fondos del Objetivo 1. Es decir, significa directamente
una reducción importantísima de las ayudas que recibe nuestro país de la
Unión Europea vía Objetivo 1, que es el que mayor gasto supone, junto con
la política agrícola común, de todo el presupuesto de la Unión Europea.

En segundo lugar, fondo de cohesión. Existe la pretensión --como sabe el
Ministro mejor aún que el portavoz que les habla-- de eliminar el fondo
de cohesión de la Unión Europea, y si no se puede eliminar, la pretensión
es dejarlo circunscrito a uno solo de los cuatro países que están
recibiendo ayudas de dicho fondo de cohesión. Es verdad que el Gobierno
en esto está dando la batalla, y quiero que sepa, señor Ministro, que
cuenta con nuestra colaboración para esa batalla, con nuestra ayuda y con
nuestro apoyo, pero eso sí, en este apoyo no tiene que haber cesiones en
otros elementos que puedan resultar igualmente importantes para los
intereses colectivos de nuestro país. No sería justificable que para
mantener los fondos de cohesión estuviéramos cediendo excesivamente en la
reforma de los fondos estructurales, particularmente en los del Objetivo
1, o estuviéramos cediendo excesivamente en la reforma de la política
agrícola común, de la que me gustaría hablar aunque sólo sea un momento
a continuación.




Página 1463



El señor PRESIDENTE: Recuerdo a su señoría que lleva ya quince minutos.




El señor COSTA COSTA: Acabo casi enseguida, señor Presidente. (Risas.)
Pido flexibilidad porque se trata de un tema importante, y la opinión
pública no conoce lo que está pasando en unas cuestiones en que se juega
el futuro de nuestro país...




El señor PRESIDENTE: Toda la flexibilidad que usted quiera, pero lleva
quince minutos de intervención. Por tanto, le rogaría que fuera
terminando.




El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente. Le pido un poco de
flexibilidad. (Risas.)
En cuanto a la política agrícola común, ¿qué es lo que está planteando el
documento de la Comisión? Lo que está planteando dicho documento es que
se realicen inmediatamente las reformas que afectan a los productos
continentales, a los productos centroeuropeos y norteuropeos, y plantea
claramente de un modo diferenciado las reformas que afectan a los
productos mediterráneos. Como ya tenemos experiencia de lo que ha
ocurrido en la anterior reforma de la política agrícola común, deberíamos
ser capaces de negociar en un solo paquete todas las reformas que afectan
a la política agrícola común sin que por ello España y los países
mediterráneos sean los que paguen la reforma de la política agrícola
común como ocurriría en las políticas de cohesión. Y es que hay un hilo
conductor en todas esas reformas: que paguen la ampliación los países con
menos riqueza relativa de la Unión Europea.

Si se limitan los recursos de la Unión, si no hay nuevos ingresos, si no
se modifica el sistema de ingresos de la Unión Europea --al menos no lo
propone así la Comisión--, si se produce más gasto puesto que hay más
necesidades de cohesión económica y social y se reforman los tres
instrumentos principales de gasto de la Unión Europea sin que haya unos
ingresos distintos, está claro que los ricos van a seguir siendo igual de
ricos, es decir, van a seguir aportando lo mismo, mientras que los menos
ricos de la Unión Europea --menos ricos relativamente-- van a pagar los
costes de la ampliación puesto que, aportando lo mismo, van a recibir
bastante menos. Pues bien, esto es insostenible en un equilibrio
financiero y en un equilibrio de la cohesión económica y social de la
Unión Europea.

Por ello, sepa que tiene nuestro apoyo para que se mantenga la posición
actual de España dentro de la Unión Europea en lo que se refiere a la
distribución de los fondos que nuestro país recibe y que nuestro país
aporta a la Unión Europea, y si se modifica uno de los elementos, tiene
que ser necesariamente equilibrado por el elemento ingreso o por otros
elementos al final de la negociación. Sería a todas luces injusto que
España y los países menos ricos de la Unión se vieran penalizados por
esta reforma pagando el coste de una ampliación que favorece básicamente
a los países más industrializados por la ampliación de mercado que
supone, ya que, si bien es beneficiosa para todos y es una obligación
moral, política y ética de todos los países que conforman la Unión
Europea, también es verdad que unos obtienen mayores beneficios que otros
en esa ampliación.

Pero quisiera dedicar unas palabras a la ampliación propiamente dicha, a
la política comercial y al empleo si el señor Presidente me concede algo
más de tiempo.

Respecto de la ampliación, España ha defendido una posición que creo es
acorde con nuestros intereses y es acorde también con unos intereses
desde una visión amplia de la Unión Europea que es la siguiente: que no
se establezca un grupo de países con una selección previa bastante
discutible, sino que se abra la negociación con el conjunto de países que
optan a estar presentes en la Unión Europea y que, según el nivel de
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Consejo de Copenhague,
vayan incorporándose a la Unión Europea en las condiciones que cada uno
de ellos pueda obtener.

Esa es una buena negociación de partida --a la que se ha denominado la
regata--, pero nuestras noticias al respecto son preocupantes. Parece ser
que la posición española no gana adeptos, sino que más bien los está
perdiendo en los últimos días --en cualquier caso, como su señoría
dispone de toda esta información, nos gustaría que ampliara o confirmara
este extremo--, y que se abre paso la idea de una ampliación restringida
a los cinco países preseleccionados por la Comisión, aunque quizá con la
inclusión de Chipre debido a las presiones griegas y por estar apoyada
también por todos los países mediterráneos, cosa que también compartimos.

De cualquier forma, para nuestro país es un elemento importante de la
negociación, y no algo superfluo, el que se produzca una ampliación
tasada a cinco países, o que esté abierta al conjunto de aquellos que han
solicitado pertenecer a la Unión Europea, siempre que cumplan las
condiciones y, por tanto, con una mayor dosis de objetividad que la
establecida en la Agenda 2000 por la Comisión Europea. Creo que es
importante que no exista un filtro político por parte de la Comisión, o
que éste no se tenga en cuenta en el Consejo para la ampliación europea.

En política comercial hay dos elementos...




El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya terminando.




El señor COSTA COSTA: Sí, señor Presidente.

Decía que en política comercial hay dos elementos importantes. Por un
lado, se encuentra el panel de la organización mundial de comercio sobre
el plátano. Sabemos que en estos momentos existe un período de tiempo
para presentar alegaciones y realizar reformas en la OCM del plátano,
algo de especial importancia para las islas Canarias. Por tanto,
quisiéramos conocer la opinión del señor Ministro sobre las implicaciones
de esta cuestión, así como las propuestas que podrían contar con el
acuerdo de los quince países europeos de la Unión que salvaguarden los
intereses del sector platanero en Canarias.

Por otro lado, me gustaría que hiciera una referencia al Consejo
extraordinario sobre empleo. Sin duda, no ha sido nuestro país el que ha
provocado o liderado ese debate; hemos sido casi espectadores del llevado
a cabo por otros



Página 1464



países con Gobiernos más recientes y con menos tiempo de permanencia en
los Consejos de la Unión Europea, que han sido capaces de poner sobre la
mesa propuestas imaginativas e innovadoras en materia de empleo. Y no me
refiero sólo a la jornada de treinta y cinco horas semanales, que es el
elemento más vistoso, pero quizá no el más sustancial, de las políticas
de empleo que se plantean en la Unión Europea. Así, tanto el programa
británico para cambiar políticas pasivas de desempleo por políticas
activas, como los nuevos programas de empleo presentados por Francia,
contienen ideas nuevas que pueden contribuir a mejorar la situación de
millones de ciudadanos en la Unión Europea --nada comparable al Plan de
empleo, casi puro maquillaje, presentado por nuestro país--. Por tanto,
quisiéramos conocer la posición del Gobierno ante este Consejo
extraordinario, las aportaciones que realizará y, en cualquier caso, las
políticas a las que va a dar su apoyo el Gobierno de España.

No voy a decir nada sobre la unión monetaria, ya que, afortunadamente,
creo que se están cumpliendo los requisitos y plazos establecidos.

Agradezco al señor Presidente su flexibilidad para con el tiempo de este
portavoz en un tema que, insisto, es de la máxima importancia para
nuestro país.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.

Estoy seguro de que, a pesar de todo, su señoría ha hecho un esfuerzo por
restringir su intervención. (Risas.)
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra su
portavoz.




El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, agradezco su información, aunque, sin duda, este debate
ha ido adoptando el tono de una comparecencia de mi buen amigo el
portavoz del Grupo Socialista, quien prácticamente ha triplicado el
tiempo de la intervención del compareciente.

Afortunadamente, eso tiene una ventaja, y es que en estos temas --como
suele ser habitual en la mayoría de los que lleva entre manos el señor
Ministro, pero de forma muy clara en los que hacen referencia a la Unión
Europea-- existe un absoluto consenso por parte de todas las fuerzas
políticas, no sólo en cuanto a las soluciones se refiere, sino también
respecto de los problemas importantes para nuestro país y su jerarquía.

Por tanto, he de decir en nombre de mi Grupo que comparto prácticamente
todas las afirmaciones realizadas por el portavoz socialista, así como
los problemas fundamentales que ha puesto sobre la mesa. Aun así, voy a
referirme a una cuestión no mencionada por él.

Por empezar por lo que nos diferencia, señor Ministro, me gustaría que
volviera a explicar --porque creo que ya ha tenido ocasión de hacerlo en
esta Cámara-- con un poco de detalle qué pasó exactamente con la firma de
la declaración aneja al Tratado de Amsterdam, en la cual se pretendía
--como nosotros ya planteamos en su momento en el seno de la Subcomisión
de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental-- un reconocimiento
a las regiones con facultades legislativas propias. No digo que me
sorprendiera que no se haya firmado, puesto que conozco la posición del
Gobierno; por tanto, la sorpresa --agradable, por cierto-- habría sido un
cambio, que hubiera sido muy bienvenido.

En todo caso, me gustaría un pronunciamiento claro y nítido de su señoría
--en nombre del Gobierno, evidentemente-- sobre el cómo y el porqué de la
negativa a firmar dicha declaración aneja que, hay que decirlo, no fue
propuesta por este Grupo, por el Partido Nacionalista Vasco, o por una
determinada Comunidad Autónoma española, sino por países perfectamente
respetables que no tenían un especial interés en plantear chantajes
territoriales, reivindicaciones localistas, o cosas por el estilo, sino
que, sencillamente, tienen una visión de lo que es Europa que se parece
mucho más a la nuestra que la que, sobre este punto, tiene actualmente el
Gobierno español.

En cuanto a lo que es el propio Tratado de Amsterdam --y voy a referirme
a algunos de los puntos tratados por el portavoz del Grupo Socialista--,
quisiera saber la opinión del señor Ministro sobre la propuesta
recientemente planteada por el Presidente del Parlamento Europeo acerca
de la forma de corregir las importantes lagunas del actual Tratado desde
el punto de vista de la reforma institucional, y la posibilidad de que
sea el propio Parlamento Europeo el que tome la iniciativa sobre la base
de un texto de la Comisión, para que posteriormente los Estados miembros,
ya con un texto sobre la mesa, y en una Conferencia intergubernamental de
apenas unos días, deban pronunciarse sobre textos redactados y elaborados
desde una perspectiva global.

Creemos que ésta es una propuesta brillante, valiente, inteligente, quizá
arriesgada desde el punto de vista político de los intereses de cada uno
de los Estados, pero globalmente positiva. Por tanto, quisiéramos conocer
la posición del Gobierno, si es que ya la tiene asumida, respecto de este
punto.

En relación con la ampliación, no voy a reiterar las reflexiones acerca
de la importancia de este tema para nuestro país, porque son bastantes
obvias. Pero quisiera conocer con un poco más de precisión cuál es
exactamente la posición del Gobierno. En el Consejo de Asuntos Generales
--informal-- recientemente celebrado, quedó claro que no hay acuerdo
sobre si se abre la negociación con todos los países o sólo con los cinco
propuestos inicialmente por la Comisión. Pero pareció quedar clara la
posición del Gobierno español, en el sentido de que la negociación no
debe cerrarse a esos cinco países, sino que conviene abrirla
conjuntamente con todos.

En cualquier caso, no sé hasta qué punto ésa es una posición política
firme, una baza negociadora, consiste en pedir diez para conseguir ocho,
etcétera. Por tanto, quisiera conocer ese planteamiento y saber si
tenemos una posición clara y nítida como país, o si, sencillamente, ésta
no existe, lo cual también es una opción posible; a veces, en política,
estar a verlas venir es una posición nada desdeñable.

Respecto de los fondos de cohesión, sabe bien el señor Ministro que
cuenta con nuestro más absoluto apoyo en lo



Página 1465



que constituyen los planteamientos del Gobierno. Por tanto, no puedo más
que reiterar lo afirmado por don Antonio Costa, en nombre del Grupo
Socialista, acerca de que, efectivamente, en la Agenda 2000 lo que es la
relación financiera de la ampliación está mal hecho --y pido perdón por
esta rotundidad--, en la medida en que deja abiertos demasiados frentes
y, a la vez, deja cerrado el único que debería quedar abierto, el techo
del 1,27 por ciento, como algo absolutamente intocable. A partir de ese
dato intocable y de una serie de cifras, que deben de jugar en relación
con él y que son absolutamente desconocidas, no están precisadas y no se
podrán conocer hasta que sepamos exactamente con quién nos jugamos los
cuartos --si se me permite la expresión--, efectivamente no da ninguna
tranquilidad.

Sí que debe de quedar claro que todo lo que suponga tocar los fondos de
cohesión supondría una modificación muy grave de lo que es la actual
situación de equilibrio desde muchas perspectivas, también la
estrictamente política, del seno de la Unión Europea.

He oído los pronunciamientos firmes del Ministro en ese Consejo de
Asuntos Generales, haciendo la propuesta de que si la Comisión no
presenta un documento que plantee la situación con nitidez lo hará el
propio Gobierno español, pero me gustaría oír un pronunciamiento político
sobre hasta dónde estamos dispuestos a mantener el tipo --empleo este
lenguaje informal-- en este punto porque, efectivamente, es obvio que nos
jugamos mucho.

Podría plantear otros muchos temas, pero creo que no conviene hacerlo en
este momento y sólo se los dejo apuntados para manifestarle simplemente
que nos preocupan. No pretendo que se me dé una respuesta porque ya habrá
ocasión en otras comparecencias.

Evidentemente nos interesa saber qué es lo que puede salir de ese Consejo
extraordinario, esa Cumbre extraordinaria sobre el empleo, de la que en
su momento también vendrá a informar aquí el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. Sólo quiero mencionarlo para que quede claro que nos
preocupa.

En un plano específico --en su momento quizás haremos una pregunta al
Gobierno en otro foro-- también quiero dejar patente en este momento
nuestra preocupación por la negociación que está haciendo la Comisión
Europea del Acuerdo Multilateral de Inversiones en el seno de la OCDE y
por las posibilidades de que por esa vía se esté introduciendo el
reconocimiento de legislación extraterritorial norteamericana en el
ámbito de las inversiones. Es un tema que afecta hasta cierto punto a
esta comparecencia, en la medida en que de lo que de ahí salga no dejaría
de enmarcarse en la Presidencia luxemburguesa y, por tanto, se
justificaría su desarrollo en esta Sede. Es un tema que merece una
reflexión mucho más detallada, pero lo quiero poner sobre la mesa desde
este momento. Nos preocupa la negociación que está llevando sir Lion
Brittan, en este caso en nombre de la Comisión, la forma en que lo está
haciendo y nos preocupa mucho el contenido que se le puede estar dando a
esa negociación, como vía para acabar neutralizando los esfuerzos que se
hicieron en su momento para bloquear, en concreto, la Ley Helms-Burton y
la Ley Kennedy-D'Amato por una vía un poco torticera, como es su
reconocimiento en el marco de la OCDE y de las reglas generales sobre
inversiones.

No pretendo que me responda sobre este punto, pero me parecía importante
dejarle claro que es una de las preocupaciones que podemos tener.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.

Tiene la palabra el señor Navas, en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida.




El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor Presidente.

Bienvenido, señor Ministro de Asuntos Exteriores.

En primer lugar, analizando el momento en el cual se produce esta
comparecencia sobre la Presidencia luxemburguesa, cuando prácticamente
quedan dos meses para que finalice el ejercicio de su mandato, la única
visión positiva, el único elemento positivo del retraso en el tratamiento
de este tema es que, no sólo deberíamos de estar enunciando las
cuestiones principales sobre las que va a pivotar esta Presidencia, sino
que ya podríamos introducir elementos concretos que se han ido detectando
en el ejercicio de este mandato.

El segundo elemento es el contenido de su intervención. Yo considero que
en el momento en el que nos encontramos habría que depender menos de algo
tan intrínseco para la política de exteriores, como es la diplomacia,
para en esta Cámara, al menos, una vez aparcado ese principio, ser mucho
más profundo y comprometido en lo que deben de ser las políticas del
Gobierno en relación con los temas que estamos tratando.

Yo considero que en su primera intervención ha hecho una mera enunciación
en terceras personas, como si fuera algo que está pasando muy lejos de
aquí, sobre lo que están decidiendo otras personas y que usted, como
representante del Gobierno, no ha hecho ninguna apuesta concreta por
ninguno de los asuntos que nos han hecho solicitar esta comparecencia.

Por tanto, de forma muy concisa, le voy a hacer una serie de preguntas
sobre los distintos temas que usted mismo ha enunciado en genérico, que
son los más importantes de la Presidencia luxemburguesa. Sí que
coincidimos, como no puede ser de otra forma, en los tres elementos
fundamentales: la ampliación y la Agenda 2000, la redacción definitiva y
la firma del Tratado de Amsterdam y algo que simplemente ha enunciado y
que para nosotros es fundamental, que es la Cumbre extraordinaria por el
Empleo, del 21 de noviembre en Luxemburgo.

Como contexto de la Presidencia luxemburguesa, la afirmación de una
identidad clara de la Unión Europea en materia de política exterior común
sobre la ampliación de la Unión Europea y de la Agenda 2000, el Consejo
Europeo de los días 12 y 13 de diciembre en Luxemburgo debe de fijar la
nueva frontera de la ampliación hacia Chipre y los países de Europa
central y oriental.

La Comisión Europea propone separar los países candidatos, iniciando las
negociaciones tan sólo con cinco más



Página 1466



uno: Hungría, República Checa, Polonia, Eslovenia y Estonia, además de
Chipre. ¿No sería preferible iniciar las negociaciones con todos los
candidatos al mismo tiempo, siguiendo el método regata, ya enunciado con
anterioridad, aunque luego el ritmo y los períodos transitorios sean
distintos para cada país? Este método les daría una señal política clara,
evitando que se susciten rivalidades entre países aceptados y rechazados
y que éstos últimos sean castigados por las inversiones extranjeras.

¿Tenemos garantías suficientes de que la ampliación no se hará a costa de
España, de su agricultura, de sus fondos estructurales y de su cohesión?
Sabemos que si se mantiene el techo de recursos propios en el 1,27 por
ciento del PIB, la parte asignada a los fondos para los 15 países
actuales bajará del 0,46 por ciento actual al 0,33 por ciento en el año
2006.

Si este problema no se resuelve en la línea de lo dicho por anteriores
portavoces --como ven, hay una coincidencia total en cuanto a los
elementos que verdaderamente nos preocupan y que tienen una clara
incidencia en el futuro de nuestra presencia en la Unión Europea--,
¿España estaría dispuesta a poner su veto a la ampliación? ¿Ha renunciado
España a intentar romper el techo inamovible --por lo menos algunos
países así lo han manifestado--, actualmente fijado, del 1,27 por ciento?
¿Podría España proponer que se proceda a una revisión periódica de las
perspectivas financieras, según el calendario previsto para las sucesivas
ampliaciones, permitiendo así adecuar los recursos a los costos reales de
la ampliación?
En cuanto al Tratado de Amsterdam, algunos editorialistas ya lo han
calificado como incoloro, inodoro e insípido, tal y como se está
planteando la ampliación. ¿Avanzamos hacia una unión política más sólida
--como sería deseable-- o caeremos en el error de dirigirnos hacia una
zona de libre cambio? El Tratado no ha dado una respuesta satisfactoria
a este problema. El Parlamento Europeo estima que estamos ante una
reforma institucional aún pendiente.

En este sentido, ¿por qué razones España no ha suscrito la declaración
conjunta, firmada por Francia, Italia y Bélgica, reclamando una nueva
revisión del Tratado antes de que se proceda a la ampliación, con el fin
de reforzar la eficacia de las instituciones y transformar la Unión
Europea especialmente en política exterior?
En cuanto a la Cumbre sobre el empleo --elemento enumerado ya por un
tercer portavoz--, parece ser que no se tienen datos para pensar que la
actual dinámica seguida por la Unión Europea respecto al empleo va a
suponer un cambio sustancial de enunciados, de voluntades y de no
concreciones.

Los gobiernos --incluso el suyo, señor Matutes-- ya se han encargado de
dinamitar la propuesta lanzada por el señor Santer, en el sentido de
crear doce millones de empleos en los próximos cinco años, del mismo modo
que hace unos años habían dinamitado la propuesta del señor Delors de
crear empleos a través de las grandes redes transeuropeas de transportes
y comunicaciones.

¿Qué propuestas concretas y creíbles, qué instrumentos cuantificados y
verificables piensa proponer España en la Cumbre extraordinaria de
Luxemburgo para afrontar el problema de los más de 18 millones de
europarados? ¿Qué opinión le merece al Gobierno español el compromiso
avanzado por los Gobiernos francés e italiano de reducir a 35 horas
semanales el tiempo de trabajo? ¿No sería ésta una pista a extender en el
conjunto de la Unión, junto con la puesta en marcha de otras políticas,
no basándose exclusivamente en una reducción de la jornada de trabajo?
Sobre política exterior sí que le enunciaría otra serie de reflexiones.

Si bien podemos calificar como un éxito las actuaciones de la Unión
Europea en conflictos como el de Albania y en cierta medida el de
Bosnia-Herzegovina, los ciudadanos no perciben con nitidez la acción
europea en política exterior, sobre todo ante la situación en Argelia y
Oriente Medio. El pueblo argelino se está desangrando en una espiral de
violencia. Esta situación no debería dejarnos indiferentes. Argelia
necesita a la Unión Europea y nosotros necesitamos una Argelia y un
Magreb estable y en paz. Es una de las prioridades de la política
exterior española y creemos que también debe serlo de la Unión Europea.

¿No debería producirse alguna iniciativa de la Unión para reforzar el
diálogo político en Argelia y contribuir a detener esas matanzas?
De otra parte, el proceso de paz de Oriente Medio se encuentra en una
situación muy delicada, sin que la Unión aparezca con un perfil
suficiente. ¿No debería presionarse al Gobierno de Benjamin Netanyahu por
el incumplimiento flagrante de los acuerdos de Oslo?
Finalmente, en el contencioso existente entre la Unión Europea y los
Estados Unidos --que abarca cuestiones tan importantes como la aplicación
arbitraria y extraterritorial de las leyes Helms-Burton y D'Amato, las
políticas comerciales, como ha sido la reciente derrota para el régimen
comunitario del plátano en la Organización Mundial del Comercio, o las
actitudes norteamericanas ante la Cumbre de Kyoto sobre el cambio
climático-- no se aprecia por parte de la Unión Europea una clara
voluntad política de defender los intereses comunitarios. En este
contexto, ¿qué actuaciones tiene previsto desarrollar la Unión Europea en
este campo?
Y por último, la situación de Chipre como otro de los elementos de la
Cumbre de Amsterdam. Clarificación sobre la entrada en la Unión Europea
de Chipre, si se va a cumplir dentro de este mandato la negociación para
su inclusión, en qué términos se ha fijado la negociación, si es que se
ha hecho y qué postura se va a mantener respecto a la división de la isla
y la ocupación por parte del Ejército turco.

Respecto a Turquía, le quería hacer una breve reflexión, porque me
gustaría que explicase la posición española de considerar la entrada de
Turquía en la Unión Europea cuando no cumple la primera condición
necesaria, según los criterios del Consejo de Copenhague, como es el de
tener unos instrumentos estables que garanticen la democracia, el Estado
de Derecho, la defensa de los derechos humanos, las minorías y su
protección. ¿Qué mandato se ha dado a la Comisión y a la Presidencia en
ejercicio para su visita del día 30 de noviembre a Ankara?
Muchas gracias, señor Presidente.




Página 1467



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero agradece al señor Ministro su presencia en esta reunión de la
Comisión Mixta para la Unión Europea y decirle que gracias a la buena
información que recibimos por parte de su Ministerio y de su equipo
estamos ahora en situación de hacerle innumerables preguntas, que
evidencian el alto grado de conocimiento de los asuntos objeto de la
comparecencia. Todos nos felicitamos.

Yo quería centrar mi intervención sobre todo en dos cuestiones, en la
Cumbre sobre el empleo y en la estrategia sobre la próxima ampliación. El
señor Ministro ha explicado que la estrategia de la próxima ampliación en
el fondo es uno de los asuntos, dentro del marco, más amplio de la Agenda
2000, Agenda que todos conocemos por el hecho de haber jugado nuestro
país un papel primordial en su elaboración y en su adopción. En este
sentido, pienso --y creo que con todos los demás grupos parlamentarios--
que el gran problema que se nos puede presentar en este momento, y estoy
seguro de que el señor Ministro está de acuerdo conmigo, es que se
confundan los plazos y la Agenda de las distintas cuestiones a tratar en
la Agenda 2000.

Por ello, me gustaría preguntarle al señor Ministro si en la próxima
Cumbre de Luxemburgo se va a confirmar el contenido o se va a alterar de
forma sustancial el contenido y la agenda o si por el contrario vamos a
ser capaces de confirmarlo tal como está previsto. Porque en la medida en
que seamos capaces de ir desligando unos asuntos de otros seremos capaces
también de defender los intereses españoles en el seno de la estrategia
comunitaria. Creo que cada asunto se tiene que negociar por separado y
que no se pueden mezclar los temas financieros con los de la ampliación,
etcétera.

En este sentido, me alegró ayer leer las declaraciones del Presidente de
la Comisión, señor Santer, aparecidas en la prensa española, cuando
despejó todo tipo de dudas sobre el fondo de cohesión y la recepción del
fondo de cohesión por parte de España, desligándolo completamente de su
pertenencia o no al núcleo duro del euro a su pase a la tercera fase de
la unión monetaria.

En otro orden de cosas, también me gustaría saber la opinión del señor
Ministro sobre el contenido del documento de la Comisión respecto a los
países candidatos de la ampliación. Ya lo han mencionado los otros
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero ¿cree el
señor Ministro que es realista esa lista de países y esos plazos de cinco
a siete años que maneja la Comisión, cuando en el caso de la adhesión de
España y Portugal, países que se encontraban en circunstancias muchísimo
mejores que las existentes en los países candidatos en estos momentos, el
plazo fue de siete años? ¿No sería mucho mejor manejar plazos más amplios
y después ir rebajándolos según el cambio de circunstancias en cada
sector? ¿No sería también mejor manejar de una manera mucho más eficaz la
asociación para la adhesión y las políticas comunitarias tendentes a
preparar a los países candidatos para la adhesión futura?
Lo que sí está claro, como ha dicho el representante de Izquierda Unida,
es que la decisión final es una decisión que corresponde a los gobiernos
y estoy seguro de que nuestro Gobierno sabrá defender con firmeza los
intereses españoles y, por lo tanto, manejará los casos que sean
necesarios para oponerlos a los intereses de otros países que no están en
conjunción con los nuestros.

En cuanto a la Cumbre de empleo, que como se decidió en la Conferencia de
Amsterdam se deberá celebrar los días 20 y 21 de noviembre en Luxemburgo,
me permitiría expresar una opinión, en el sentido de que quizá nuestro
país debiese adoptar una postura de liderazgo. Sinceramente creo que
nuestro país --que cuenta en su haber con el hecho de haber conseguido un
gran pacto con los interlocutores sociales, lo cual ha permitido un
despegue de la reactivación económica; que ha sabido crecer en este
último año enormemente, hasta el punto de crear el 40 por ciento de los
empleos totales que se han creado en la Unión Europea; que ha sabido
poner en marcha también a nuestra economía y ha sabido situarla en la
senda del euro y todo ello, como sabe el señor Ministro, obra del
Gobierno que él representa-- debería jugar un papel de liderazgo en la
propuesta y en la adopción de estrategias en la próxima Cumbre de
Luxemburgo.

Entiendo que quizás ésa sería la mejor medida y la mejor manera de
contribuir a esta Cumbre, que también a España le conviene y también
España ha propiciado, porque no en vano nosotros, este Parlamento en su
documento sobre la Conferencia de Amsterdam, seguido fielmente por el
Gobierno, suscitó como uno de los puntos prioritarios de nuestra
negociación la inclusión del empleo entre las políticas de la Unión
Europea. Yo creo que el Gobierno está en buena situación, como se
desprende de la buena acogida que ha recibido nuestro plan plurianual
para el empleo presentado ante la Comisión recientemente y me gustaría
saber la opinión del señor Ministro respecto a esta estrategia.

El problema de la financiación nos preocupa, como es lógico. Si todo ello
se desarrolla como es previsible, según la Conferencia de Amsterdam la
financiación de este nuevo capítulo no debería recortar en absoluto otras
políticas comunitarias, en tanto en cuanto a tenor de la declaración
anexa del artículo 5 del Tratado esto debe ir a cargo de la partida 3,
Otras políticas y en concreto I+D, y de ninguna manera tocar los fondos
estructurales ni otras políticas comunitarias. ¿Cree el señor Ministro
que esto es realista? ¿Cree el señor Ministro que esto se puede conseguir
razonablemente?
Finalmente, me gustaría hacerle dos preguntas, una de ellas referente a
las relaciones transatlánticas, en concreto, a las relaciones con
Iberoamérica, todo ello dentro del contexto de la Presidencia
luxemburguesa. ¿En qué estado se encuentra la firma del acuerdo con
Méjico, que tan importante es para nuestro país y tan importante creemos
que es para el desarrollo de las relaciones transatlánticas? También me
gustaría saber si está prevista la celebración de



Página 1468



reuniones tendentes a estrechar más los vínculos entre la Unión Europea
y Mercosur.

Por último, señor Ministro, respecto al proceso de Barcelona, un proceso
que iniciamos los españoles y que tanto nos interesa a todos nosotros, no
solamente desde el punto de vista comercial, sino también como núcleo de
un futuro orden de estabilidad y de paz en el Mediterráneo, me gustaría
saber si está programada alguna reunión interministerial entre las
previsiones de la Presidencia luxemburguesa.

Gracias, señor Ministro; gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Casañ.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.

No creo que nadie deba extrañarse de que mis primeras intervenciones sean
breves. Procuro ajustarme muy mucho al punto del orden del día tal como
está enunciado, lo cual, a pesar de todo, no evita que, al hilo de
cualquiera que sea el punto que nos reúna, al final, se establezca un
gran debate general sobre todos los temas de la Unión. Yo creo que
tampoco es malo, por otra parte, y eso contribuye a que todos vayamos
reflexionando sobre los distintos aspectos y también a que alguno aprenda
un poco más la lección.

En todo caso, pasando a los grandes temas pendientes, y en relación con
la reforma institucional pendiente y con otra pregunta que al respecto se
me ha formulado en cuanto a por qué España no ha suscrito la declaración
con Francia, Bélgica e Italia, tengo que decir que el tema es obvio:
porque en Amsterdam se aprobó un protocolo sobre reforma institucional,
ante la perspectiva de la ampliación, por el que se establece, primero,
que cuando se produzca la primera ampliación, aunque sea de un solo país,
habrá que modificar los votos de los Consejos, vía reponderación o doble
mayoría, y, paralelamente, reducir la Comisión a un comisario por Estado
miembro. Por tanto, antes de que se produzca una sola nueva entrada tiene
que procederse a esta reforma institucional, en la que, además, a España
se le ha reconocido una consideración especial. En segundo lugar, si
entran más de cinco nuevos Estados, entonces hay que proceder a convocar
una nueva Conferencia Intergubernamental para hacer una reforma
institucional completa.

En este sentido, la declaración firmada por tres países es innecesaria,
por cuanto crea incertidumbre innecesaria sobre la ampliación, y el
protocolo por todos, por todos, repito, acordado en Amsterdam establece
ya las vías de actuación adecuadas.

En ese contexto, y pasando al segundo tema, la iniciativa del Parlamento
Europeo no es conforme a los tratados. La idea de establecer un nuevo
procedimiento comunitario para reformar el Tratado, iniciativa de la
Comisión y el Parlamento Europeo, no es conforme con los tratados, que
establecen que la reforma de los tratados es competencia exclusiva de los
Estados miembros, de las Conferencias Intergubernamentales, en las que,
por descontado, España --y así se ha hecho siempre-- es partidaria de que
estén plenamente asociados tanto la Comisión como el Parlamento Europeo,
y así seguirá siendo en el futuro.

En relación con los distintos temas de la Agenda 2000, se ha producido
una larga intervención sobre el nuevo marco financiero. Creo recordar que
justamente el Vicepresidente Segundo, señor Rato, estuvo aquí hace pocos
días y ya tuvo lugar un debate de tres horas y media al respecto.

Precisamente por esa razón, no creía yo que valiera la pena reproducirlo.

En todo caso, creo que algunas precisiones sí son necesarias. No se ha
fijado techo del gasto. España no ha prestado todavía su acuerdo a ese
punto. Yo mismo lo he recordado reiteradamente, públicamente y en
Consejos de Ministros, y el pasado fin de semana, en Mondorf, tuve
ocasión de recordarlo: España no está de acuerdo en estos momentos con el
techo del 1,27. Y no porque no sea previsible, en honor a la verdad
--hemos de ser serios--, que sea suficiente de aquí hasta el 2006;
probablemente lo será porque, de entrada, las perspectivas de crecimiento
económico, que fijan, por lo tanto, la base a la que se aplica después el
porcentaje, son buenas, por lo que habrá previsiblemente un gran
incremento de recursos aplicando los mismos porcentajes, y, en segundo
lugar, por el gran retraso que, también previsiblemente, se va a producir
hasta la aplicación plena del acervo comunitario a los países nuevos
adherentes.

Por lo tanto, sí es muy probable que, efectivamente, ese 1,27 resulte
suficiente, pero España no está de acuerdo porque entendemos que el
método que se sigue no es el bueno, sino que tiene que ser el contrario.

Aquí se ha fijado el 1,27 y se ha dicho: Y ahora vamos a ir haciendo los
presupuestos, vamos a ir marcando las políticas, vamos a ir viendo qué
gasto adicional suponen las ampliaciones... Y el método tiene que ser
justamente el contrario: vamos a evaluar primero cuánto van a suponer
todas esas políticas, esas ampliaciones, y después ya fijaremos el techo.

Por eso, España se ha negado, repito, a que se fije el techo, hasta el
momento; por tanto, no hay acuerdo, y España ha solicitado un estudio del
impacto que las ampliaciones van a producir sobre el presupuesto
comunitario, no sólo sobre las políticas de cohesión, para después tener
elementos para pronunciarse sobre el techo presupuestario.

Como se está retrasando ese estudio por parte de la Comisión, yo mismo
anuncié el pasado fin de semana, en el Consejo informal, que España --yo
mismo-- ha pasado instrucciones para que nuestros propios servicios
procedan a elaborar este estudio. Lo mismo hay que decir respecto de las
políticas de cohesión y el Fondo de Cohesión. Ayer mismo tuve ocasión de
reiterarlo públicamente a mi buen amigo Edmon Stoiber, Jefe de Gobierno
de Baviera, acompañado de una importante delegación. El no es
precisamente el mejor amigo del Fondo de Cohesión y de los fondos
estructurales, y yo tuve ocasión de reiterarle que justamente el Fondo de
Cohesión es un instrumento de convergencia real y que quienes más lo
merecen son aquellos países que, teniendo una renta per cápita inferior
a la de los países más ricos, tal como los propios tratados establecen,
están haciendo un esfuerzo para cumplir las condiciones de convergencia
y que, por esa razón, tienen más argumentos



Página 1469



y merecen, en mayor medida que cualquier otro, seguir recibiendo estos
fondos, que, naturalmente, España va a seguir defendiendo.

En cuanto a la propuesta de la Comisión de concentrar el Objetivo 1 a
aquellas regiones en que se cumpla estrictamente el límite del 75 por
ciento del producto interior per cápita de la media comunitaria, de
entrada, no la descalifiquemos: se trata de un principio de concentración
que tiende, justamente, a concentrar las ayudas en aquellas regiones que
más lo necesiten. Es posible que alguna región española pudiera salir del
Objetivo 1 si esto saliera adelante --España todavía no ha aceptado--;
pero esas mismas regiones --por eso hay que estudiar muy bien este tema--
podrían beneficiarse en mayor medida del Objetivo 2 o del Fondo de
Cohesión, incluso hasta el punto de compensar lo que pierdan por el
Objetivo 1. Por lo tanto, no embistamos como toros antes de haber echado
cuentas, porque a quien va a afectar sobre todo esa concentración de
objetivos, si se produce, es a regiones de otros Estados miembros,
especialmente de Italia, de Francia y de Irlanda.

Por lo tanto, señorías, España, en conjunto, no tiene por qué recibir
menos transferencias como consecuencia de esta posible modificación, sino
que muy bien podría ser al contrario. Al propio tiempo, la Comisión ha
pedido un período de transición --«phasing out»-- para las regiones que
pudieran quedar fuera, que pudieran dejar de ser elegibles del Objetivo
1 en función de esas circunstancias.

Repito, señorías, que en España todavía no hemos aceptado ninguna
propuesta parcial de las distintas propuestas que ha lanzado la Comisión.

Y lo mismo reza para las políticas agrícolas comunes. Hasta tanto no
tengamos ese paquete global de las políticas de la Comisión, hasta que no
veamos por dónde van las reformas de la Política Agrícola Común y que,
efectivamente, en esas líneas generales los productos agrícolas
mediterráneos no están discriminados en cuanto a asistencia financiera y
otras características del Mercado Común respecto de los productos
continentales, España se niega a aceptar, siquiera sea provisionalmente,
ninguna conclusión parcial. Y yo tuve ocasión de repetirlo los pasados
sábado y domingo, en solitario, frente a mis colegas.

En relación con la ampliación, como muy bien ha dicho el señor Costa y
otros intervinientes, entre ellos el señor Martínez Casañ, la posición
española es, a mi juicio, la más acorde con los intereses de España y con
los intereses de la construcción europea. Es la más acorde con nuestros
intereses a corto plazo --ambos, los europeos y los españoles-- y es la
más acorde con los intereses a largo plazo. Tuve ocasión de explicarlo y
de elaborarlo mucho más a fondo en esa reunión que duró dos días de este
fin de semana, y, contra lo que algunos han afirmado, yo diría que,
estando todavía pendiente de decisión, la posición española ha ganado
terreno, y las razones, a mi juicio, son obvias: es evidente que si
nuestra finalidad es poder exportar nuestra estabilidad y nuestra
prosperidad a los países de Europa central y oriental, cuantos más países
podamos incluir a priori, obviamente más contribuiremos a su estabilidad
y prosperidad, y más contribuiremos a que sea completa la construcción
europea.

Pero, sobre todo, señorías, hay que partir de cómo van a producirse los
hechos. No va a haber dos procesos, un proceso por el cual cinco empiezan
a negociar y otros cinco se quedan fuera, y por lo tanto, hay dos grupos
de países. Habrá tantas negociaciones como países. Eso es lo que tiene
que quedar claro. Y si Checoslovaquia, por poner un ejemplo --no estoy
primando ni castigando a nadie-- es capaz de terminar su negociación en
tres años, no tiene por qué esperar otro país, supongamos, Polonia
--también podría ser al revés, lógicamente--, que a lo mejor necesita
seis años para completar su negociación. Y si eso es así, no hay nada que
impida que se destaquen tres, cuatro, cinco, diez o veinte funcionarios
más de la Comisión para que también se pueda estar negociando con
Rumania, aunque pueda necesitar 15 años.

Rumania y Bulgaria son dos casos claros de dos países que hasta hace unos
meses no han logrado iniciar reformas serias. Esto es algo que reconocía
el Ministro griego Teo Pangalos, que decía: un socialista bien convencido
como yo, tiene que reconocer que estos dos países no han iniciado una
reforma seria hasta ahora.

Si se quedan fuera, si ni siquiera se fija una fecha para empezar la
negociación, ¿quién va a tener coraje en este Gobierno para continuar
esas reformas? ¿Dónde está el capital político? ¿Quién, por parte del
pueblo, de la sociedad civil, va a ser capaz de seguir el ritmo
suponiendo que el Gobierno tenga coraje? ¿Qué inversiones extranjeras van
a acudir a estos países mientras tanto? Más bien cabe temer que las pocas
que han acudido van a salir de ellos, mientras que si se inicia ya un
proceso de negociación, por largo que sea --y que no va a afectar a
ninguno de los demás países--, ya se están dando unas señales, se les
está ayudando en el proceso de reformas, se están marcando unos
objetivos, y todo ello a mí me parece esencial para que estos países no
caigan en el abandono, el desánimo, la soledad y, finalmente, continúen
en un estado de postración que podría empeorar.

Esa es la posición del Gobierno español, que, repito, creo que está
ganando terreno, pero no podemos decir que en estos momentos haya acuerdo
ni en favor de ésta ni en favor de otras posiciones, porque tampoco la
hay sobre la Conferencia Permanente Europea, que Francia proponía como
una especie de preconcertación para la adhesión, sin que pueda interferir
a las negociaciones propiamente dichas, pero era una forma de ir
canalizando un poco estos temas. Tampoco hay acuerdo sobre esta
Conferencia y, por eso mismo, la posición española gana terreno.

Dicho esto, está claro que lo que queremos es acertar, y España no hace
de ello una cuestión de gabinete. Si al final quedáramos dos o tres
pensando así y todos los demás dijeran: es que, si no, quedamos
bloqueados, aceptaríamos que se empiece con los que se empiece, repito,
aun creyendo que sería un error.

En cuanto a la política comercial, en el tema del panel del plátano no es
que unos sean más fuertes y otros más débiles, sino que la Organización
Mundial de Comercio, que es un organismo que trabaja con seriedad, ha
quitado la razón a la posición europea, reflejada en la Organización
Común de Mercado del plátano, que era una prueba de que los



Página 1470



que estamos a favor de proteger nuestro plátano autóctono habíamos tenido
tanta influencia que de algún modo habíamos ido más allá de lo que
permite la Organización Mundial de Comercio. En estos momentos está
trabajando la Comisión, yo mismo he pedido varias veces informes de los
Consejos, que ya se nos han empezado a dar, para ver si en esa regulación
podemos limitar al máximo los daños, aunque, naturalmente --repito-- es
un tema que está fuera de la competencia de la Unión Europea y está en
manos de la Organización Mundial de Comercio.

En relación con el empleo, creo que algunas de las afirmaciones que se
han hecho son muy ligeras. ¿Quién va a estar en contra de que se creen
empleos? Al contrario. Pero es que, además, España va a presentar
propuestas, a mi juicio, inteligentes, interesantes y, desde luego,
cargadas de fuerza moral, por una razón muy sencilla: porque España
pondrá las estadísticas sobre la mesa y podrá demostrar que
aproximadamente el 38 por ciento de los nuevos empleos que se han creado
en Europa a lo largo de 1997 lo han sido en España.

Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a aprender de todo el que
quiera enseñarnos. Y todo lo que sean ideas positivas, naturalmente que
estamos dispuestos a incorporarlas. Algunas de las regulaciones que rigen
en Inglaterra en este momento yo sería muy partidario de transponerlas a
España. Espero que eso algún día se pueda hacer, y ya veremos cómo
reacciona cada cual en la Cámara. Pero, en todo caos, España no arrastra
los pies, sino que más bien lleva una posición de vanguardia en este
tema.

En cuanto a por qué no ha firmado España la declaración aneja al Tratado
de Amsterdam en favor de una mayor expresión y plasmación del principio
de subsidiariedad, las razones son muy claras. La posición de España de
mantener la misma postura que mantuvieron los otros 11 países estaba
expresamente respaldada por esa Comisión mixta. En primer lugar,
hubiéramos incumplido el mandato de esa Comisión de no haberlo hecho así.

En segundo lugar, esa posición era coincidente con la de otros 11 Estados
miembros y por eso, finalmente, fue la que prosperó en el Consejo de
Amsterdam. Y, en tercer lugar, y ésa es la clave fundamental, aquí no
había ninguna maniobra contra ninguna autonomía ni un deseo de acallar
las voces de las regiones. Todo lo contrario, se trataba de una cuestión
de dinero, como ya tuve ocasión de explicar en el Pleno del Senado la
semana pasada, y esta tarde, también a preguntas de varios señores
Diputados, lo explicaré en el Congreso. No es que estos tres países que
firmaron fueran países muy federales, a los que España se parece en su
modelo. Sí eran tres países federales, y los tres, grandes contribuyentes
netos a la Unión, mientras que España es un receptor neto de ayuda.

Lo que se pretende con esa declaración es la renacionalización de buena
parte de las políticas, es decir, que una buena parte de las ayudas de la
Política Agrícola Común las tenga que dar cada Estado, porque, a través
de ese mecanismo, esos Estados fuertemente contribuyentes se limitarán a
pagar a sus agricultores y reducirán sensiblemente sus aportaciones al
presupuesto de la Unión. Para España justamente el problema es el
contrario. España, con su economía, no tiene dinero para pagar
directamente las ayudas establecidas por la Unión Europea a nuestros
agricultores, y todo ello es posible gracias a que no hay esa
renacionalización de políticas. Por eso, España no pudo firmar --y creo
que hizo muy bien-- esa declaración, y espero que después de las
explicaciones que daremos hoy el tema quede suficientemente aclarado.

Yo creo que he contestado básicamente a todas las cuestiones, aunque
quedan pendientes algunos temas de política exterior.

En el caso de Argelia, la Unión Europea, en parte gracias a la existencia
de España, porque Argelia es un vecino, un país amigo, un país importante
en el que, además, España tiene muchas inversiones y cuya estabilidad y
seguridad es fundamental para nuestra propia seguridad y estabilidad,
siempre ha reclamado atención y ayuda, pero hemos de ser conscientes de
lo que podemos hacer. Allí no hay una situación de agresión exterior que
necesite una ayuda en la defensa. Tampoco hay una guerra civil declarada
con dos bandos perfectamente localizables; es una situación de violencia
que en algún caso se puede calificar de guerra civil larvada, pero donde
una de las partes no está fácilmente detectable. Cuando he oído hablar de
supuestas intervenciones me he preguntado que de qué estamos hablando,
porque para que haya una mediación incluso tienen que aceptarla las
partes, y el Gobierno argelino ha dejado muy claro en todo momento que no
estaba dispuesto a aceptar una mediación con los terroristas porque esto
debilita precisamente la posición de la legalidad, y nosotros en España
ese tema lo conocemos muy bien.

Por lo tanto, lo que hace la Unión Europea es lo que puede hacer:
manifestar su solidaridad en la lucha de Argelia contra el terrorismo,
manifestar su apoyo al proceso de reformas democráticas del Presidente
Zerual, ofrecer nuestra ayuda en todo lo que podamos y, desde luego,
contribuir por la vía de los acuerdos euro-mediterráneos y por la vía de
la cooperación financiera a mejorar la situación socioeconómica de
Argelia que pueda contribuir a crear empleo y a un clima de mayor
estabilidad y, desde luego, para cualquier cosa que seamos solicitados
estamos prestos a intervenir. No podemos, desgraciadamente, ir más allá,
porque es el propio Gobierno argelino, además, quien se opone a cualquier
otra intervención.

Por lo que se refiere a la firma con México, todavía no está suficiente
madura la negociación, que continúa. En relación con Mercosur, después de
firmado el acuerdo marco, ustedes saben que establece el objetivo de un
acuerdo de libre cambio a largo plazo y que se está negociando la segunda
fase, que es la materialización de ese acuerdo de libre comercio con esta
región del mundo que nos es tan querida.

Yo creo que los principales temas de la Presidencia holandesa y de otras
presidencias ya han sido ventilados, con lo cual aquí detengo mi
intervención y, en todo caso, les agradezco el tono constructivo y
positivo de todas sus aportaciones.

Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, el
señor Costa.




Página 1471



El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.

Quiero intervenir muy brevemente para precisar algunas cosas, aunque el
señor Ministro ha respondido a todos los temas planteados y, por lo
tanto, no tengo nada que decir al respecto. Deseo precisar algunos
elementos que puedan haberse confundido durante las intervenciones
habidas.

Si me permite una cuestión previa, en primer lugar, claro que hablamos de
la política global de la Unión Europea porque es la que está en los
Consejos. No hay otro marco donde poder discutir en el Parlamento esas
políticas. Las presidencias --la de Luxemburgo, la británica cuando se
produzca-- tratan los temas que están en los diferentes Consejos y
ninguno de los temas que mi Grupo ha suscitado está fuera de la agenda de
la Presidencia de Luxemburgo. Por lo tanto, es lógico, y más en esta
ocasión en la que se abre el debate con una Presidencia que está en mitad
de su mandato, que se planteen los temas que están sobre la mesa y que
queramos conocer los elementos que la Presidencia está tratando.

Una segunda cuestión previa es el tema de la información. Toda la
información que hemos manejado hoy la encontramos en Internet. Yo desde
mi casa, sentado en la silla, tengo toda esa información en la pantalla
del ordenador y, por lo tanto, reconociendo como he hecho en otras
ocasiones la transparencia y la buena información de los servicios del
Ministerio hacia esta Comisión --que no me duele reconocer--, y
agradeciéndola, porque siempre es más fiable para nosotros la información
que nos llega de organismos oficiales, en los que creemos y en los que
queremos mantener rigor y seriedad, es verdad que esa misma información
está en las pantallas de Internet y, por lo tanto, ahí no hay un plus
añadido de información. La información está y el que la quiere la trabaja
y el que no quiere verla cierra los ojos a ella o simplemente no la
trabaja.

Quisiera plantear dos o tres puntualizaciones muy breves. En primer
lugar, las reformas del Tratado. Ha dicho que hay un método establecido,
que hay un acuerdo en Amsterdam sobre una conferencia intergubernamental,
en caso de que se produzcan unas determinadas condiciones, y que ésa es
la fórmula que el Gobierno de España apoya. Nada que decir. Esa es la
opinión del Gobierno. Yo simplemente he querido poner sobre la mesa un
elemento novedoso, imaginativo sin duda --y no me atrevo a darle más
calificativos--, puesto al debate de la opinión pública por el Presidente
del Parlamento Europeo, con quien sin duda el señor Matutes y el Gobierno
actual de España sintoniza, y que ha tenido un cierto eco en el conjunto
de la Unión Europea, como hemos podido contrastar en una reunión de
parlamentos nacionales y del propio Parlamento Europeo ayer y anteayer en
Bruselas. Por lo tanto, ha sido un elemento que ha suscitado alguna
expectativa y era importante conocer la posición del Gobierno de España.

Ya la hemos conocido, y es que no está de acuerdo con esa propuesta, sino
con la acordada en el Consejo de Amsterdam. Veremos en el tiempo, con la
evolución de las cosas, como sigue.

En cuanto al techo de gasto, nadie ha dicho que hubiera un acuerdo sobre
este tema. Estamos debatiendo el único documento conocido por esta
Comisión, el único que aporta cifras y datos, que es el documento de la
Comisión sobre la Agenda 2000, que es, entiendo yo, sobre el que están
trabajando los Consejos respectivos. Es verdad que no hay un acuerdo
firme, pero también es cierto que parece que el canalizador de la
discusión y de los acuerdos es ese documento, y que, al final, habrá unas
posiciones u otras dependiendo también de las posiciones de los
diferentes gobiernos nacionales.

Nos interesa saber --y agradecemos la información-- que España no ha
aceptado el límite del 1,27 por ciento, tal como ha dicho el Ministro.

Compartimos esa posición y esperamos que, al final de la negociación, no
se quede en la soledad a la que ha hecho referencia el Ministro de
Asuntos Exteriores que se encuentra en los Consejos cuando plantean estos
temas, porque creemos que existen argumentos sólidos para conseguir
apoyos de otros países en esa materia y, a pesar de que el 1,27 esté
sujeto a revisiones, dependiendo del crecimiento económico --me parece
que hay tres elementos que hacen posible una revisión--, creemos que no
es bueno la fijación de un techo y debajo de éste tratar de encajar
forzadamente una serie de políticas cuyo coste es, sin duda, mucho mayor
si se produce la ampliación.

Quiero aprovechar este elemento para algo que yo no he suscitado en el
debate pero que ha salido, y es que de ninguna manera nuestro Grupo
apoyaría el que se rompa el principio de suficiencia de medios
financieros. Eso ha sido planteado por la Comisión, tanto en la Política
Agrícola Común como en política de investigación y desarrollo, con la
propuesta de que los países gasten el 0,6 por ciento más de su
presupuesto nacional en investigación y desarrollo. Esta cifra para
España supondría en torno a 300.000 millones de pesetas más de gasto.

Evidentemente, no estamos dispuestos a que desde la Comisión nos digan
qué es lo que tenemos que hacer con nuestro presupuesto nacional, que
tiene una discusión propia, y a que se contamine con políticas externas
a nuestro país.

Por lo tanto, tenga también ahí nuestro apoyo para mantener esa posición,
porque sabemos que hay países que están planteando una renacionalización
de algunas políticas precisamente después de haber fijado este techo del
1,27 por ciento y el segundo techo de cohesión económica y social en el
1,47 por ciento.

Conste que la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, pareciendo
crítica, no lo es, porque lo que intenta es defender un conjunto de
intereses de España que sobrepasan en mucho el color político de un
gobierno en un momento coyuntural determinado. Por lo tanto, que esto
quede claramente establecido en ese contexto. Y conste también que
conocemos las dificultades de cualquier negociación de este tipo y mucho
más estas que se producen en un contexto determinado, donde algún país
muy importante tiene a la vista procesos electorales abiertos que no
facilitan, precisamente, algunos de los elementos objeto de esa
negociación y, por lo tanto, es todavía más difícil mantener las
posiciones serias y rigurosas --si son las que el Ministro nos ha dicho
aquí-- que nuestro país mantiene respecto a las perspectivas financieras
de la Unión.




Página 1472



En segundo lugar, creo que es imprescindible --y termino, señor
Presidente-- ese estudio de los costes que supondrá la ampliación. No
creemos que no exista este estudio, estamos convencidos de que existe y
que se está ocultando, en lo que tiene de interesante y relevante por sus
datos económicos, a la opinión pública, porque se han hecho muchos
estudios ya en profundidad y, por lo tanto, las cifras estimativas están
en condiciones de plasmarse en un documento, de que la opinión pública
las conozca y de manejarlas en la negociación que se está planteando.

Respeto al tema de la ampliación y la propuesta Regata, usted nos dice
que se abre paso; nos alegramos. Si lo que usted nos dice es cierto,
nosotros sólo podemos estar contentos y satisfechos de que eso sea así,
pero permítame que le diga que las referencias que teníamos no eran ésas.

No obstante, le creemos a usted, que es el Ministro de Asuntos Exteriores
de España, y queremos creerle porque, además, esto conviene a nuestro
país y a la Unión Europea. Por lo tanto, que sepa que también en ese
aspecto nuestra posición es apoyar los intereses colectivos de nuestro
país.

En cuanto al panel del plátano, no hay nada más que añadir. Usted dice
que hay unos estudios, creo que sería bueno que todos pudiéramos
manejarlos por aquello de la transparencia informativa que tiene por
norma el Ministerio, con el fin de saber cuáles son las perspectivas para
este sector en un territorio que tampoco tiene una diversificación
económica tan amplia, como son las Islas Canarias y que cuenta con
algunas singularidades que la propia Unión Europea y nuestro país
reconocen. Por lo tanto, nada que decir ahí.

Sobre el empleo, si me permite una frase...




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor.




El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.

¿Estaría usted dispuesto a reconocer que los empleos que se han generado
en nuestro país son fruto de la última reforma laboral y no de la
política de su Gobierno, que no ha hecho nada en particular sobre este
tema? Creo que sería la dimensión de generosidad política que se le
supone a un Ministro de Asuntos Exteriores, porque apoderarse de las
políticas cuando no se ha hecho nada para que ésas se implementen, es,
como mínimo, divertido para los que las seguimos en profundidad todos los
días.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero excusar la ausencia del Diputado señor Guardans,
ya que, por razones que no vienen el caso, se ha tenido que ausentar y,
en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, quiero agradecer la contestación, sobre todo, a no haber firmado la
declaración de Alemania, Austria, Bélgica en el Anexo sobre
subsidiariedad de la modificación del Tratado de Amsterdam.

Ha dicho --lo dijo también el otro día en el Senado-- que lo habían
presentado tres países que, evidentemente, son los más descentralizados.

De ahí que lo hayan presentado, aparte de que después incidiré en que
también ha dicho --igual que el otro día-- que las razones pueden deberse
no a la configuración de esos países, sino ser puramente económicas.

Esto podría ser así hasta cierto punto, no digo que no. También ha dicho
que se basaba en el informe de esa Comisión Mixta; de todas formas, no
acertamos a verlo --por eso pediría que incidiera un poco más en ello--
en esta redacción, porque en el punto 2.10 del informe sobre
subsidiariedad que aprobamos en esta Comisión se dice: En todo caso no
deben aceptarse planteamientos que abran la vía a una renacionalización
de las políticas comunitarias. El sentido de renacionalizar se entiende
a nivel de Estados, el principio se subsidiariedad se entiende que debe
ser desde los municipios a las Comunidades Autónomas o «länder» o la
distribución que tenga cada Estado, los propios Estados y hasta la Unión
Europea.

También ha dicho, cosa que agradecemos, que no quería que se entendiera
como una actitud contra las Comunidades Autónomas. No obstante,
entendemos que en la configuración de esta Unión Europea para el futuro,
por lo menos que nosotros defendemos, el principio de subsidiariedad es
fundamental y no acertamos a verlo en la declaración. Es evidente que la
acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de
subsidiariedad, no sólo afecta a los Estados miembros, sino también a sus
entidades en la medida que éstas disponen de un poder legislativo propio
que les confiere el derecho constitucional nacional.

Pueden verse en el fondo unas razones económicas; en todo caso, también
quiero decir que las Comunidades Autónomas en el Estado español tendrían,
por lo menos, alguna participación en la decisión, tal como se aprobó en
la Conferencia Sectorial, en el ámbito de sus competencias.

Por ello, aparte de agradecer su contestación, sometemos a su
consideración las observaciones que he hecho para ver si puede ampliarla.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Martínez Casañ tiene la palabra.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, querría formular una protesta por lo que creo que es una
desigual distribución del tiempo entre los grupos parlamentarios. Espero
que, si bien se ha producido en otras ocasiones, tomemos entre todos las
medidas oportunas para que no se vuelva a producir la próxima vez.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, si usted no ha querido hablar
más no ha sido porque le haya cortado yo.




Página 1473



El señor MARTINEZ CASAÑ: Creo que habíamos llegado a un acuerdo previo al
principio de la reunión, señor Presidente.

En segundo lugar, quiero volver a expresar al Ministro mi agradecimiento
por el excelente trato y abundante y puntual información que recibimos
por parte de su Ministerio y, en concreto, puesto que no lo he hecho
antes, querría agradecerle también la excelente acogida y rico
intercambio de información que, por indicación del señor Ministro, el
señor Costa y yo disfrutamos ayer en Bruselas con el representante
permanente ante la Unión Europea.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.

No tengo ya nada que añadir. Debo decir que la propuesta del Presidente
del Parlamento Europeo nada tiene que ver con las prioridades de la
Presidencia luxemburguesa.

En todo caso, es obvio que el Presidente del Parlamento Europeo, sea del
partido que sea, es libre e independiente y, por otra parte, muy
competente personalmente; por lo tanto, puede tomar las decisiones y
proponer las iniciativas que en todo momento crea oportunas, y a mí me
merecen todos los respetos, pero ya he dicho que la posición del Gobierno
de España es mantener la competencia de los Estados miembros en cuanto a
la revisión de los Tratados porque, de otro modo, estaríamos cambiando un
poco la naturaleza de lo que ha sido hasta ahora esa construcción.

España está defendiendo este límite del 1,27. Yo le agradezco su apoyo
porque ya casi lo está defendiendo en solitario. Y lo que queremos,
lógicamente, y es previsible que así sea, es, una vez comprobadas las
previsiones de gasto en función de las ampliaciones, saber si,
efectivamente, este límite puede ser suficiente o no. Mientras no lo
tengamos claro, aunque sea en solitario, seguiremos vetando ese acuerdo.

Hay una afirmación que ha hecho el señor Costa, que yo no comparto, y
tengo interés en que lo escuche de mis labios: yo no creo que se esté
ocultando ningún documento por parte de la Comisión. El trabajo en las
instituciones comunitarias es serio y, desde luego, cualquier estudio que
exista siempre estará a disposición de todos. De manera que, en este
sentido, yo quiero tranquilizarle de que no hay este tipo de maniobras.

En cuanto a que la propuesta Regata va a prosperar, yo no he dicho esto.

Me he limitado a decir que, una vez he tenido ocasión, en un Consejo más
reposado de dos días, de profundizar en mis ideas, he visto más
receptividad y que tiene algún adepto más de los que tenía antes del
Consejo. Yo mismo me he mostrado, al final, escéptico respecto a la
posibilidad de que prospere. Ambas soluciones hay que reconocer que
tienen muchos inconvenientes. A mi juicio, la que tiene menos, o la menos
mala, es la propuesta Regata. Repito, tiene más adeptos, pero yo no estoy
convencido de que al final prospere, porque es lo que ocurre siempre; si
no hay acuerdo, la propuesta menos ambiciosa es la que, al final, como
mal menor, se acepta y, por lo tanto, es posible que se diga: ya que no
puede ser con todos, con los que sea, con los más posibles. Veremos lo
que ocurre.

En relación con la creación de empleo, me he limitado a mencionar un
hecho. Yo no he atribuido méritos ni responsabilidades y, desde luego,
¿cómo no voy a alabar la magnífica labor de racionalización que hizo en
su última etapa de Ministro de Hacienda del Gobierno anterior el actual
Presidente de la Comisión Mixta? En todo caso, creo sinceramente que en
la mayor creación de empleo --porque todo en la política, como en la
vida, es un flujo y, por tanto, no se puede cortar y decir: a partir de
aquí, el mérito es de uno y, a partir de allá, la responsabilidad es los
demás; no, es un flujo en el que todos compartimos parcialmente méritos
y deméritos-- han sido esenciales la reducción del déficit público, que
ha acometido este Gobierno, que ha propiciado una bajada de tipos de
interés sustancial, y unos acuerdos sociales que también han permitido
seguir modificando un marco laboral que también favorece esa creación.

En cuanto a la renacionalización de la política, no tiene por qué hacerse
básicamente suprimiendo competencias de la Unión Europea para dárselas a
los Gobiernos nacionales. En muchos casos, por ejemplo, en los «länder»
alemanes son éstos los que reclaman esas competencias, pero eso también
es renacionalizar. Eso es quitárselas al presupuesto comunitario y
pasárselas al presupuesto nacional, al sector público del país en
cuestión, sea al presupuesto del Estado, sea al presupuesto de las
Comunidades Autónomas. Por lo tanto, el efecto pernicioso sobre las
finanzas españolas habría sido exactamente el mismo. Luego es cuando
vienen partidas que no están suficientemente dotadas y que exigen después
nuevas discusiones. Por tanto, creo que se ha hecho lo que había que
hacer: defender el interés general.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Damos por terminada la comparecencia. Se levanta la sesión.




Eran las once horas y cincuenta minutos.