DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 71



PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA
DE LAS DROGAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA



Sesión núm. 9



celebrada el jueves, 23 de octubre de 1997,



en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro del Interior (Mayor Oreja) para explicar
las recientes actuaciones policiales en Madrid relacionadas con las
drogodependencias. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 213/000317) (Página 1440)



Proposiciones no de ley:



--Sobre la participación del Gobierno en el diálogo político y social
sobre el fenómeno de las drogas. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000517) (Página 1449)
*
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Página 1440



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR (MAYOR OREJA) PARA
EXPLICAR LAS RECIENTES ACTUACIONES POLICIALES EN MADRID RELACIONADAS CON
LAS DROGODEPENDENCIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 213/000317).




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de la
Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas.

El primer punto del orden del día es la comparecencia ante la Comisión
del señor ministro de Interior, don Jaime Mayor Oreja, para explicar las
recientes actuaciones policiales en Madrid relacionadas con las
drogodependencias.

Después de dar la bienvenida al señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señorías,
comparezco por segunda vez ante esta Comisión mixta para el estudio del
problema de las drogas. Quiero agradecer la petición del Grupo
Socialista, porque sea cual sea la iniciativa nos permite siempre
reflexionar y debatir sobre un tema que preocupa a toda la sociedad
española sin excepción, como es el problema de la lucha contra la droga.

Quiero empezar resaltando el importante grado de acuerdo que ha presidido
los debates de esta Comisión mixta y que, sin duda, constituye el
criterio básico que debe caracterizar la continuidad y la coherencia de
la política en materia de drogas, tal y como acordaron todos los grupos
parlamentarios en el primer punto de la moción sobre política de drogas,
que fue aprobada el pasado 11 de marzo de 1997 en el Pleno de esta
Cámara.

Entrando ya estrictamente en el contenido de la comparecencia que hoy
celebramos, expondré a SS. SS., aunque sea brevemente, algunos
antecedentes que nos sitúan ante el escenario de los primeros días de
junio de este año.

El tráfico de sustancias estupefacientes que se advierte en distintos
barrios de nuestra ciudad es causa de una cierta alarma social entre los
vecinos de estas zonas. La preocupación ante esta situación, la necesidad
de dar una respuesta al problema, llevó a los vecinos de estos barrios a
agruparse colectivamente, reclamando la adopción de medidas necesarias a
fin de erradicar y atajar el problema, que tiene una notoria incidencia
en la seguridad y en la convivencia ciudadanas. Como ustedes saben,
señorías, tal perturbación social ha tenido una especial relevancia en
las zonas sur y sureste de Madrid, habiéndose producido concentraciones y
manifestaciones vecinales en protesta por esa situación, con la amenaza
permanente de mayores movilizaciones.

Ante esta situación de cierta gravedad, y con la finalidad de adoptar
medidas y coordinar actuaciones, se celebraron una serie de reuniones con
el delegado del Gobierno en Madrid, a las que asistieron representantes
de las instituciones afectadas y entidades vecinales de Usera y
Villaverde, anunciándose en tal sentido la adopción de medidas para
impedir esa actividad delictiva. Con tal compromiso, y siempre dentro de
lo que dispone la Ley Orgánica sobre protección de seguridad ciudadana,
se estableció un dispositivo policial en diferentes barrios con el
objetivo de patrullar, controlar e impedir el tráfico de drogas. La
misión principal era desmantelar los puntos de venta y abastecimiento de
sustancias estupefacientes por parte de los traficantes para su posterior
venta.

Otro de los objetivos era la identificación selectiva de personas con el
fin de comprobar que las mismas no portaban sustancias estupefacientes y
que la presencia activa de las patrullas sirviera como elemento
disuasorio y preventivo del tráfico de drogas. La Delegación del Gobierno
en Madrid organizó el dispositivo policial con el fin de dar respuesta a
los problemas expuestos, como antes decía, por diferentes asociaciones de
vecinos afectadas por el problema del tráfico ilegal de sustancias
estupefacientes, lo que sin duda ninguna les provoca una verdadera
situación de inseguridad ciudadana y de angustia.

Las investigaciones policiales y las denuncias de los colectivos
ciudadanos permiten, como ustedes saben, realizar determinadas
estimaciones indirectas sobre el consumo de heroína en Madrid en base al
número de personas que acuden diariamente a los poblados en los que los
drogodependientes se suministran de estas sustancias. Estos centros de
venta de drogas, heroína especialmente, han sido objeto de atención por
parte de medios de comunicación social, por parte de todos, y son el
entorno en el que la actuación policial, tanto en materia de
investigación como de dispositivos preventivos para evitar la
delincuencia, debe desarrollarse de manera intensa.

Los datos obtenidos de la vigilancia y observación policial hacen suponer
que estos lugares son el último eslabón de una organización de tráfico y
venta de drogas organizada y estructurada, y esta perspectiva nos obliga
a considerar prioritaria la lucha contra los traficantes asentados en
estos núcleos marginales, los cuales los utilizan en beneficio de su
ilícita actividad, toda vez que lejos de representar un pequeño tráfico o
un menudeo constituyen un elemento fundamental, esencial, de la
mencionada cadena de venta de drogas, y por ello es necesario también
proceder a la investigación del significado real de esa larga cadena en
materia de tráfico.

Los objetivos básicos que pretendía, por ello, el dispositivo policial
eran los siguientes. Primero, descubrir a los vendedores de drogas e
impedir su ilícita actividad. Segundo, impedir que dichos vendedores
obtengan sustancias estupefacientes de sus proveedores para ejercer ese
tráfico ilegal. Tercero, restablecer los niveles de seguridad ciudadana,
cuyo deterioro ha sido denunciado por los vecinos en numerosas ocasiones.

Cuarto, impedir que los habitantes de estos barrios sean objeto de
agresiones por parte de ciertos vecinos, que los hacen responsables del
tráfico de droga y la inseguridad ciudadana.

En cumplimiento de estos objetivos, el dispositivo se desarrolló en los
barrios de La Celsa, Torregrosa, La Rosilla



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y Boetticher, comenzando a funcionar en la noche del día 6 de junio,
prolongándose hasta el día 14, aunque continuó de forma más reducida a lo
largo de dicho mes, enmarcándose en la llamada operación verano. Dicha
operación es continuación de otras muchas que permanentemente se realizan
con el fin de perseguir el tráfico de drogas y que han pasado
desapercibidas.

Como consecuencia de la operación policial se produjeron dos fenómenos
distintos: de un lado, una paulatina aglomeración de drogodependientes en
las inmediaciones de los barrios sometidos a la vigilancia policial,
habida cuenta de que no podían adquirir sus dosis diarias por la
presencia policial; y de otro, el que los propios traficantes cesaron o
redujeron su ilícito comercio, habida cuenta de que, cuando se produce el
cierre de los núcleos de distribución, el resultado inmediato es la
paralización de la venta hasta que los efectivos policiales abandonan el
lugar.

Los resultados de la operación policial especial antidroga, desarrollada
en el mes de junio, podrían sintetizarse en los siguientes datos. Se
produjeron 132 actuaciones, 11 registros, 92 actas por tenencia y consumo
y 71 detenidos. En cuanto a nivel de droga intervenida, heroína 1.106,32
gramos; cocaína, 4.010,45 gramos; sicotrópicos, 153 dosis; hachís, 46.531
gramos. Como ustedes bien saben, cuando se produce este tipo de operación
hay un volumen significativo, imposible de calcular, de droga destruida,
además de los datos que les he dado, que es droga decomisada.

Con independencia de los datos anteriores, que se refieren exclusivamente
al tráfico y consumo de estupefacientes, se produjeron otras detenciones,
cuyo resumen es el siguiente: por busca y captura se detuvo a 43
personas; robos de vehículos, 14; receptación, tres; otros delitos, 36,
con un total de 168 detenidos.

En relación con la cobertura y apoyo sanitario al dispositivo policial
prestado por organizaciones no gubernamentales, entidades públicas,
privadas o instituciones de carácter benéfico, es de señalar que actuaron
en algunas de estas zonas distintos servicios de organizaciones no
gubernamentales, concretamente en La Rosilla, por espacio de tres días,
sendas carabanas de ayuda al drogadicto y retro. En el poblado de La
Celsa intervino el autobús conocido como el Isidro o el Isidrobús, que
durante el tiempo en el que duró la operación la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid procedió a variar sus paradas para que permanecieran
un mayor número de horas en Torregrosa, La Rosilla, Boetticher y La
Celsa, con el objeto de dar información de alternativas de rehabilitación
de los drogodependientes. Además, se puso en marcha otro dispositivo
móvil más pequeño para cubrir los huecos en el itinerario habitual del
Isidrobús.

Días después se procedió al reordenamiento del dispositivo asistencial,
ubicando de forma continua dos vehículos de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid en Torregrosa y La Celsa, un vehículo de Médicos del
Mundo en Boetticher y un vehículo del Ayuntamiento de Madrid en La
Rosilla, siempre tratando de informar de las alternativas y posibilidades
de la siempre difícil captación y rehabilitación de drogodependientes. No
obstante, los centros hospitalarios de Madrid informaron a la Delegación
del Gobierno en esta ciudad que no se había producido un aumento de
asistencia a enfermos por motivos del síndrome de abstinencia.

En este punto, señorías, conviene precisar, y son los datos los que lo
confirman, lo que he señalado con anterioridad, que no se trató de una
operación contra los drogodependientes, sino contra los traficantes de
droga. Sin embargo, y ustedes también lo saben bien, lo que sucede es que
en los asentamientos los pequeños traficantes tratan de esconderse de las
fuerzas de seguridad del Estado, transformándose aparentemente en
consumidores; y es en estos lugares donde ciertamente se produce una
complicada situación que crea, a su vez, al Gobierno una complejidad
enorme para tratar de aplicar la ley sobre los narcotraficantes ante lo
que es un deliberado intento de confusión --a lo que antes me remitía--,
de forma y manera que ciertamente hay una singular dificultad.

En todo caso, señorías, y aun cuando la operación obtuvo determinados
resultados, como acabo de exponerles, reconozco, como lo hice ya el 25 de
junio en el Congreso y en el Senado tratando este mismo tema, que las
próximas actuaciones policiales que se pongan en marcha tienen que
acompasarse de una manera más coordinada con las actuaciones de
asistencia sanitaria. Este debe ser el camino y el criterio que tiene que
presidir actuaciones de esta índole. Por ello, señorías, si bien el
Gobierno reconoce en este caso concreto una insuficiente coordinación,
también quiere manifestar que se han adoptado medidas a partir de esa
fecha para tratar de superar estos problemas.

Quiero insistir en estos momentos (como tuve ocasión de hacerlo en el mes
de junio al explicarles exactamente las mismas cosas que hace unos
minutos acabo de exponer) en que lo importante es lo que hemos hecho
después de esa fecha, de forma y manera que marque lo que es una línea de
actuación mejor para poder abordar la difícil situación que representan
estos asentamientos en la Comunidad de Madrid.

Las medidas que se adoptaron fueron las siguientes. En primer lugar, en
el Ministerio del Interior se convocó una reunión, a finales del mes de
junio de este año, en la que participaron representantes de las tres
administraciones competentes: Administración central, autonómica y local,
con asistencia del ministro de Sanidad, del presidente de la Comunidad de
Madrid, el alcalde de Madrid, los delegados del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Madrid y el delegado del Plan nacional sobre drogas, también
con la presencia del ministro del Interior.

En esta reunión, además de reflexionar sobre la necesidad de intensificar
la coordinación en este tipo de actuaciones, se constató que en la
Comunidad de Madrid, a pesar de contar con un plan asistencial de
drogodependencias de importante envergadura, éste no es suficiente para
atender adecuadamente a toda la población drogodependiente de esta
Comunidad. En esta primera reunión se consideró que todas las actuaciones
de esta índole en el futuro deberán ser coordinadas por la Delegación del
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, al objeto de que las
actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el



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necesario apoyo asistencial se produzcan de manera acompasada y
equilibrada.

En segundo lugar, la segunda medida, es que se ha producido el
nombramiento de un nuevo director gerente de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid para reforzar, aún más si cabe, la necesaria e
indispensable coordinación. El nuevo responsable de este órgano, José
Cabrera, médico forense, que hasta entonces era subdirector del Instituto
Toxicológico de Madrid, tomó posesión de su cargo el pasado 1 de agosto
de 1997.

En tercer lugar, fruto de la constatación de la necesidad de ampliación
de los dispositivos de sustitutos como la metadona, el Ayuntamiento de
Madrid y la Comunidad Autónoma firmaron el 30 de junio un convenio con la
Cruz Roja, Cruz Roja-Asamblea de Madrid. La finalidad de este convenio es
hacer posible la ampliación del número de plazas disponibles en programas
de sustitutos.

Como ya les apuntaba en anteriores comparecencias para tratar este mismo
asunto, en el año 1995 --para que tengan idea exactamente de la dimensión
del esfuerzo que se está desarrollando-- en la Comunidad de Madrid había
699 plazas de tratamiento con metadona; en junio de este año contábamos
con 2.400 plazas; y a partir del convenio mencionado se crean 1.500
nuevas plazas antes del mes de junio de 1998, de las cuales 750, antes de
finalizar este año, estarán ubicadas en los distritos de Villaverde, en
la Casa de Campo, Hortaleza, Latina y Carabanchel, y las otras 750 plazas
se pondrán en marcha en el primer semestre de 1998. Por esta razón,
quiero resaltar la importancia de este convenio, que viene a atender la
creciente demanda de este tipo de plazas, sumando los esfuerzos de las
administraciones autonómica y local para dar una respuesta solidaria al
problema de la drogodependencia en la Comunidad de Madrid.

En cuarto lugar, para incrementar la oferta de servicios y programas
dirigidos al colectivo drogodependiente, la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid va a ampliar los convenios suscritos con distintos
ayuntamientos, induciendo la posibilidad de que en los centros ubicados
en sus términos municipales se dispense la metadona. De este modo, y a
partir del 1 de noviembre de 1997, los ayuntamientos de Aranjuez,
Arganda, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Leganés, Parla, San Fernando de
Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Coslada, Collado
Villalba, Alcobendas, contarán cada uno de ellos con 50 nuevas plazas de
dispensación de metadona y el Ayuntamiento de Getafe, que dispondrá de
otras 75 plazas. Este esfuerzo de la Comunidad de Madrid se traduce, por
tanto, en un total de 625 plazas de nueva creación, que habrá que sumar a
las 1.500 del convenio Asamblea de Madrid-Comunidad de Madrid-Cruz Roja.

En quinto lugar, además de lo anteriormente expuesto, conviene destacar
que el Insalud, de forma experimental, va a poner en marcha 150 nuevas
plazas de dispensación de metadona en la Comunidad de Madrid.

En sexto lugar, otro esfuerzo importante de esta Comunidad se traduce en
el aumento del número de farmacias que dispensan metadona, pasando de 16,
que atendían a 80 drogodependientes, a 52, que atienden a 260 jóvenes.

En conclusión, señorías, como resultado de las distintas actuaciones y
medidas adoptadas, puedo anunciarles que antes del próximo verano la
Comunidad de Madrid contará con 4.935 plazas de dispensación de metadona,
que viene a significar un aumento en un año de un cien por cien de las
que contamos en 1997, lo que viene a significar también un crecimiento
ciertamente espectacular respecto, como antes señalaba, de las cifras de
que disponíamos en el año 1995.

En definitiva, señorías, todos sabemos que para que la lucha contra la
droga sea eficaz tiene que ser equilibrada. Tenemos que saber rectificar
o mejorar los esfuerzos de coordinación y de equilibrio, de forma y
manera que lo que significa la prevención vaya adquiriendo un lugar
predominante y que las acciones, las actuaciones represivas policiales
respecto de lo que significan tratamientos asistenciales tengan un
equilibrio permanente. Esa es, al menos para el Gobierno, la gran
conclusión de la operación policial producida en los primeros días del
mes de junio.

Eso es, en definitiva, señorías, lo que les puedo decir respecto del
núcleo central de la petición de comparecencia que hacía el Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Socialista, que es el que pidió la comparecencia.




El señor MARTINON CEJAS: Señor ministro, muchas gracias por su presencia
y por sus explicaciones.

Esta es una comparecencia que solicitamos hace ahora cuatro meses y que
en algún momento hemos dudado si transcurrido tanto tiempo tenía interés
la celebración de la misma para hablar de estas cuestiones. Después de
haberle oído, creo que podemos llegar a la conclusión de que sí ha valido
la pena, porque incluso a veces creo que este tipo de asuntos, vistos con
una cierta perspectiva temporal, pasado cierto tiempo podemos analizarlos
con más objetividad, incluso podemos preguntarnos cuál fue la eficacia de
aquel espectacular cerco policial que la Delegación del Gobierno en
Madrid puso a esos poblados madrileños. Su recuerdo del consenso me ha
parecido oportuno. Creo que siempre es oportuno en esta Comisión recordar
que la política que desde las administraciones públicas se lleva a cabo,
ante los múltiples y complejos problemas asociados al fenómeno de las
drogas, debe hacerse desde una posición básica de consenso o de consenso
básico.

Desde luego, esta operación policial que se llevó a cabo no puede decirse
que se enmarque en ningún tipo de consenso, sobre lo que tampoco queremos
dramatizar ni exagerar, sino simplemente queremos señalarlo. Creo que su
propia intervención --donde reconoce algunas deficiencias de aquella
operación policial-- viene a poner las cosas en su sitio.

En nuestra opinión --creo que en parte su intervención lo confirma--,
señor ministro, la operación policial se realiza para dar satisfacción a
una demanda de los vecinos. Hay grupos de vecinos que sienten --usted
empleó la expresión-- inseguridad ciudadana, viven en una situación



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de angustia y con la operación policial se pretendió dar respuesta a esa
situación de inseguridad ciudadana y a esa situación de angustia.

Posiblemente, durante algún tiempo, alguien pueda pensar que la situación
de inseguridad ciudadana disminuyó o que la situación de angustia
disminuyó, pero quien eche un vistazo a los periódicos de aquellos días
llegará a la conclusión contraria: la inseguridad ciudadana aumentó no ya
sólo en los poblados de los que estamos hablando, sino en todo Madrid. La
escasez de droga disparó el precio de la misma y aumentó, por lo tanto,
la necesidad de búsqueda de recursos por parte de aquellos que querían
consumirla.

La impresión que tenemos, señor ministro, es que fundamentalmente fue una
operación de imagen, con aspectos de dudosa constitucionalidad (como no
permitir que ciudadanos españoles pudieran caminar libremente por el
territorio, prohibiéndoles el acceso y el paso a determinados barrios) y,
como usted ha señalado --y no quiero insistir porque cuando estamos todos
de acuerdo parece superfluo e innecesario seguir insistiendo--, fue una
operación sin medidas asistenciales.

Yo tengo un tipo de información que dice que al delegado del Gobierno se
le advirtió que una operación policial sin medidas asistenciales
simultáneas era un disparate. Se le hizo la advertencia previamente a la
operación policial, pero parece que fue inútil.

Usted ha señalado varias veces que ésta no fue una operación contra los
drogodependientes, sino contra los traficantes --y no tengo la menor duda
de que ésa fue la intención de la operación--, pero lo cierto es que,
fundamentalmente, se convirtió en una operación contra los
drogodependientes. Usted me ha indicado un número de detenidos, de kilos
de heroína, una serie de índices acerca del éxito de la operación
policial. Estoy seguro que los datos que usted me da son ciertos, pero no
he oído en qué medida aumentó el número de delitos durante el tiempo que
duró la operación policial. Decía que los objetivos principales de la
operación eran desmantelar los puntos de venta e identificar a pequeños
traficantes. No estoy seguro de que se hayan desmantelado los puntos de
venta, no voy a decir con un carácter definitivo o para siempre, pero
durante un período de tiempo largo.

Desde luego, la operación policial dio lugar a la dimisión del
responsable de la Agencia Antidroga de Madrid y, por lo que usted nos ha
explicado, como consecuencia del cerco policial --o como consecuencia de
los acontecimientos de aquellos días-- hubo una importante reunión a
finales del mes de junio. Dado el nivel de las personas que se reunieron,
creo que hubiera sido una magnífica oportunidad para impulsar algún tipo
de políticas que, finalmente, fueran más eficaces.

Por lo que le he entendido, señor ministro, en esa reunión de finales de
junio se adoptó un primer acuerdo, que era que el delegado del Gobierno
para el Plan nacional sobre drogas sea el responsable de la coordinación
de cualquier tipo de operaciones de este tipo, lo que me parece una
magnífica idea. Creo que es la persona que puede mantener un mayor
equilibrio entre el aspecto policial y el aspecto de atención al
drogodependiente.

Hay un segundo punto que se refiere a un nuevo gerente del plan de Madrid
que nos parece muy bien, ya que si el anterior había dimitido había que
poner uno. Luego creo que ha citado hasta cuatro acuerdos, cuatro
conclusiones o cuatro medidas, que se tomaron como consecuencia de esa
reunión, todas ellas referidas a aumentar el número de plazas de
metadona. Ya le he oído varias veces que el número de plazas de metadona
en Madrid ha aumentado de forma importante, espectacular y supongo que
toma como punto de referencia los últimos meses de Gobierno socialista en
la Comunidad de Madrid. Sólo me queda felicitarle --aunque creo que ya lo
he hecho, pero si no lo hago ahora por primera vez-- por aumentar, de
forma tan importante, el número de plazas de metadona.

Me parece, señor ministro, que al final oyéndole (y créame que con mucha
atención e interés) me quedo con la doble imagen de que desde el Gobierno
se pretende, por un lado, mejorar la eficacia policial, mejorar la
eficacia contra el narcotráfico --contra el tráfico pequeño o grande-- y,
por otro lado, aumentar el número de plazas de metadona. Son dos medidas
sin duda importantes, las dos son necesarias, pero, señor ministro, le
tengo que decir que son insuficientes. La complejidad de los fenómenos
asociados --de marginalidad, fundamentalmente-- que ocurren en los
barrios de los que estamos hablando (que los hay en Madrid y en toda
España) no se resuelven sólo con plazas de metadona y con medidas
policiales. Le digo esto porque prácticamente sólo le he oído hablar de
medidas policiales y de plazas de metadona.

Esta Comisión aprobó, hace ya casi un año, una proposición no de ley
referida a zonas de alto riesgo y pensábamos, fundamentalmente, en
barrios, en poblados --como éstos de Madrid de los que estamos hablando--
y en zonas, a lo mejor, donde el tráfico de alto nivel tiene lugar, como
pueden ser algunas zonas de la costa gallega. Decíamos todos los grupos
en aquella proposición no de ley (porque fue una proposición no de ley
consensuada y aprobada por unanimidad) que era imprescindible y necesario
abordar el fenómeno en toda su complejidad, atendiendo a todas las caras
del problema; que era necesaria una actuación coordinada desde el ámbito
de la educación, del empleo, de la sanidad, de los servicios sociales, de
la policía, de la atención al drogodependiente, desde todos los ámbitos;
que no sólo era imprescindible que participaran todas las
administraciones, sino que incluso, dentro de una propia administración,
sería imprescindible que distintos departamentos también participaran y
que se confeccionara un plan integral de actuación. Se lo recuerdo, señor
ministro, porque me parece que sólo así abordaremos de forma razonable
este problema.

El estallido que se produjo en junio tiene su origen más cercano, más
inmediato --no estoy diciendo que haya sido la única causa, pero sí una
de las principales-- en el traslado de un grupo de personas vinculadas a
la prostitución, a la droga, a la inmigración, que estaban en una
determinada zona de Madrid y que se les dice, se les insinúa o se les
sugiere que se trasladen a la antigua fábrica Boetticher. Ese traslado
importante de una zona relativamente céntrica de Madrid a este poblado o
a este barrio hizo que aumentara



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de pronto, de forma importante, la presencia de personas que no estaban
integradas socialmente en aquella zona y, por lo tanto, provocaron --como
usted muy bien decía-- una sensación de inseguridad ciudadana (digo
sensación porque a veces es mayor la sensación que la inseguridad
objetiva) y, en cualquier caso, una situación de angustia que,
obviamente, es siempre subjetiva. Este traslado a la antigua fábrica
Boetticher se produjo por una operación inmobiliaria que tuvo lugar aquí,
en el centro de Madrid. No estoy diciendo que tengamos que resignarnos a
que los focos de marginalidad que existen en el centro de Madrid
continúen. Lo que le estoy pidiendo es casi justo lo contrario, que
acabemos con ello, pero que acabemos no sólo trasladándolos al
extrarradio de Madrid, sino de una forma integral.

Señor ministro, por nuestra parte, hay una preocupación, que ojalá sea
infundada, por el mayor peso policial en las actuaciones del Gobierno en
este problema. Se lo he dicho varias veces y, con motivo de esta
comparecencia, debo repetírselo. Ya lo hablamos cuando comentamos el plan
de medidas del Gobierno. Queda claro, echando un vistazo a los
Presupuestos Generales del Estado para 1998 que ha presentado el
Gobierno, que de los dos programas que se refieren a la droga, uno, el de
medidas policiales de actuación --en el que interviene la Delegación del
Gobierno en el Plan nacional sobre drogas, pero también interviene la
Guardia Civil y la policía-- aumenta un 22 por ciento, mientras que el
programa del Plan nacional sobre drogas aumenta un 5,5 por ciento. Y
dentro de ese programa del Plan nacional sobre drogas, el capítulo 4, de
transferencias corrientes, capítulo fundamental, como reconoció en su día
el delegado del Gobierno en el plan, iba a decir que no aumenta nada,
pero para ser absolutamente justos y exactos aumenta en 500.000 pesetas
de un total de más de 4.000 millones de pesetas. Esta preocupación,
impresión o duda que tenemos sobre el mayor peso policial en la política
sobre drogas se extiende también a otras áreas de su departamento, y
perdóneme que aproveche la ocasión para decírselo, al ver cómo, en mi
isla de Tenerife, ante una huelga de profesores, la Guardia Civil va por
los institutos preguntando no sólo el número que va a ir a dicha huelga,
sino, a veces, los nombres de los profesores.

Señor ministro, yo comparto con usted que frente a estos problemas no
cabe la resignación, resignarnos, nunca; ante la marginación no cabe la
resignación. Pero me parece que la respuesta a los problemas no puede ser
exclusivamente policial ni exclusivamente de más plazas de metadona.

Desde el liderazgo del Ministerio de Interior y, en particular, desde la
Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, desde ese
liderazgo social que parece que todos le reconocemos, desde esa posición
preeminente, me parece que hay que involucrar a todas las
administraciones y, dentro de cada administración, insisto, a todos los
departamentos, en un plan integral que de verdad aborde las raíces de los
problemas. Sólo de esa forma me parece que estamos avanzando.

Porque creo, señor ministro, y usted que es el principal responsable
gubernamental lo sabe, que ante este problema, a veces, en la sociedad,
puede avanzar una sensación de desánimo al pensar que las políticas que
llevamos a cabo no son todo lo eficaces que deberían ser. Esa sensación
persiste pese a los éxitos en la captura de droga, en los alijos tan
importantes que se están haciendo todos los días, ya que todas las
semanas se bate el récord, todas las semanas se dice: nunca hasta ahora
habíamos conseguido un alijo tan importante como el que esta semana se ha
cogido. Ese tipo de éxitos, que sin duda son muy importantes y de los que
todos nos felicitamos, sin embargo, los ciudadanos no lo perciben como
tal, porque simultáneamente no avanzamos en que el problema cada vez sea
menor. Y siendo todos conscientes de que nadie tiene la solución mágina,
en esta Comisión todos los grupos llegamos a la conclusión hace tiempo de
que la complejidad del problema, las mil caras del mismo, obligan a
buscar mil tipos de soluciones desde todos los ámbitos, insisto, desde el
ámbito educativo, sanitario o de la asistencia social, y no sólo desde el
policial.

Señor ministro, cuanto haga en esta línea que le comento, se lo he dicho
varias veces y se lo repito hoy con mucho gusto, tendrá no sólo la
conformidad de nuestro grupo sino su apoyo explícito.




El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, intervengo
brevemente para agradecer la intervención del señor Martinón.

En primer lugar, quiero decirle que, a pesar de que estamos a tres meses
del momento en el que se produce esa operación, siempre tiene interés una
petición de comparecencia de esta naturaleza, porque aunque no tiene la
inmediatez de una comparecencia una semana después de haberse producido
el hecho, siempre son reflexiones útiles, ya que la lucha contra la droga
tiene un carácter intemporal significativo, por lo cual, en ese sentido
quiero seguir felicitándole por la iniciativa para que hoy tengamos aquí
la posibilidad de reflexionar.

Señor Martinón, un Gobierno tiene que saber rectificar o aprender de los
errores que va cometiendo en el ejercicio de sus competencias y de sus
funciones; en ese sentido, me encontrará siempre dispuesto a saber
aceptar, cuando es preciso, una mejor coordinación. Quiero decirle que
muchas de las medidas que se van adoptando también tienen un impulso
--para eso estamos en un sistema parlamentario-- desde la propia
oposición, y ésta, al marcar una línea crítica en la actuación del
Gobierno, obliga a ese Gobierno a que tome medidas, y a lo mejor alguna
de las medidas que se han adoptado también está impulsada por el
ejercicio crítico de las iniciativas que en su momento adoptaron los
grupos parlamentarios de la oposición.

Usted mismo lo ha dicho. Probablemente, una de las mayores dificultades
que tenemos en la lucha contra la droga se refiere a esos asentamientos
que hoy existen en la Comunidad de Madrid. Luchar contra el gran tráfico
en el fondo tiene una mecánica. Quiero decir que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado están teniendo resultados importantes y
significativos en esa materia, pero lo difícil,



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políticamente hablando, es tomar una decisión en unos lugares donde hay
traficantes y donde, al mismo tiempo, sabemos que hay consumidores; donde
hay delincuentes y donde hay enfermos, y donde, además, hay delincuentes
que tratan, en un momento determinado, cuando son detenidos por la
policía, o al menos hay una aproximación policial, de hacerse pasar por
consumidores, lo cual hace que una actuación policial tenga una doble
dificultad para afrontar una actuación de esa naturaleza. Y está claro
que ahí hay que buscar el equilibrio entre esa política de la no
resignación, es decir, no podemos resignarnos a ver esas colas de
vehículos alrededor de determinados asentamientos de Madrid, y al mismo
tiempo, tenemos que saber que dentro de esos asentamientos, muchas veces
se producen situaciones difíciles y dramáticas de enfermos; ciertamente,
he de decir que es de esas políticas de orden público o de seguridad
ciudadana especialmente difíciles y significativas, donde probablemente
nunca se acierta del todo, y de lo que se trata es de que corrijamos
disfunciones o el déficit de coordinación que se pueda ir produciendo.

Por eso, le quería decir, cuando usted hablaba de que han sido
insuficientes las medidas que se han adoptado, que estoy acotando lo que
son las medidas inmediatas a efectos de corregir esos déficit de
coordinación a los que nos hemos referido en esta operación. Hacía falta
más coordinación, y por eso se produjo de inmediato esa reunión; hacía
falta reforzar la colaboración con la Agencia regional de drogas, y por
eso se ha producido, en un momento determinado, la elección de una nueva
persona para esta función, aunque es evidente que ello depende del
presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y por eso me he referido
exclusivamente a las cuestiones como el déficit de asistencia que en un
momento determinado se produce y a lo que era déficit de coordinación, lo
cual no significa que éstas sean sólo las medidas que se van a ir
adoptando en los próximos meses ni por la Delegación ni por la Comunidad
Autónoma de Madrid. En tal sentido, quiero decirle, en primer lugar, que
hay un plan de realojos, porque está claro que el asunto de las viviendas
y la sustitución de esos lugares es un factor determinante. No se puede
hacer nada si no hay un plan de realojos y de viviendas en condiciones
razonables. No me he referido a ello porque ya está trabajando la
Comunidad de Madrid y porque, evidentemente, la experiencia nos ha
enseñado que tenemos que mejorar los niveles de coordinación y de
asistencia cuando se hacen esas operaciones.

Quiero volver a decir que el convenio que hemos firmado en este año 1997
entre el Ministerio de Interior, Insalud y el Ministerio de Educación ya
se refiere a programas de prevención en zonas de alto riesgo, de forma y
manera que al menos en ese convenio ya se tiene en cuenta ese criterio al
que se hace referencia permanentemente en muchas intervenciones y que en
su momento usted expuso en la Cámara. Quiero también decir que se han
subvencionado, por vez primera por parte de la Delegación, programas de
prevención para menores, y quiero añadir, aunque yo creo que no es el
momento hoy porque para eso está el debate de presupuestos, que el
presupuesto de la Delegación aumenta un 28 por ciento, que viene a
significar un crecimiento significativo respecto de la media de
crecimiento del presupuesto para 1998.

Señoría, yo creo que será en otro momento en el que a lo mejor su grupo
puede hacer alguna pregunta sobre cuestiones como la de Tenerife, y yo
evidentemente tendré ocasión de responderle. Pero termino diciendo algo a
lo que usted supongo que se refería al final de su intervención. Yo no sé
si nosotros ponemos el acento en la represión; no es nuestra voluntad ni
nuestro impulso principal. Nosotros lo que queremos es reiterar que en
todas las cuestiones, absolutamente en todas, que tienen repercusiones en
la seguridad ciudadana, siempre hay problemas de fondo que tienen que ser
abordados simultáneamente con los estrictamente de represión, y al menos
estamos tratando de hacer un esfuerzo de un ministerio transparente en
esta materia para que en ese sentido pueda gozar de la confianza de los
ciudadanos; que no lo consigamos, especialmente para algunos grupos de la
oposición, pues probablemente será por nuestras limitaciones a efectos de
poder explicar lo que en el fondo es nuestra principal preocupación, que
son políticas equilibradas y políticas siempre en diversos frentes,
porque son las que abordan de verdad las causas profundas de este tipo de
situaciones.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren intervenir?
(Pausa.)
Tiene la palabra la señora diputada portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




La señora RIERA I BEN: Ante todo, señor ministro, quiero agradecerle su
comparecencia, y después de haberle escuchado quiero agradecérselo
doblemente.

Nuestro grupo parlamentario piensa que en un ministerio como el que tiene
usted, normalmente le toca bailar con la más fea, o sea, tiene usted
responsabilidades que son difíciles, son lacras sociales en las que todos
los grupos políticos hacemos cantos al consenso y procuramos que en las
cuestiones sobre las que usted tiene gobierno, por decirlo de alguna
manera, como terrorismo o como la que estamos hablando de orden interior,
de drogodependencias, la voluntad de consenso esté por encima de las
disputas lógicas partidistas.

Era fácil hoy, si usted hubiese tenido otro tipo de intervención,
recriminarle la actuación que hubo en la Comunidad Autónoma de Madrid
referente a este tema, porque, evidentemente, sin entrar en la valoración
de los motivos que provocaron la misma --al menos mi grupo no se
cuestiona que los motivos seguramente eran los que usted ha expuesto--,
se trataba de intentar dar una respuesta a una inquietud ciudadana y
conseguir un sosiego para familias que viven en estas zonas y que deben
estar muy preocupadas. No obstante las intenciones, la realidad fue
bastante distinta, y en muchos casos simplemente se consiguió o una mayor
alarma social o un desplazamiento de un núcleo problemático a otro.

Incluso los taxistas estos días, cuando circulábamos por la ciudad --los
que somos de fuera tenemos que coger este medio de transporte a menudo--,
comentaban como un hecho del que ellos tuvieron constancia que la
situación alrededor de estos barrios fue muy preocupante



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y que se vivieron escenas de dramatismo. Me acuerdo que me comentaba un
taxista que un día me acompañaba al aeropuerto que chavales que eran casi
niños y estaban muy enfermos no sabían dónde podían recoger su dosis; que
tenías la impresión que estaban dispuestos a todo, a cualquier cosa,
incluso a morirse o a contaminarse de cualquier infección por la
necesidad imperiosa que tenían. Entonces, como evidentemente los
objetivos que se pretenden no son éstos, algo se hizo mal. Usted lo ha
reconocido, señor ministro, y pienso que la postura que ha tenido le
enaltece, porque no hay nada peor, me parece, para un Gobierno que cuando
una cosa no se ha hecho lo suficientemente bien, en vez de reconocer que
puede mejorarse o que puede hacerse de otra manera, se intenta defender a
capa y espada lo que se ha hecho para justificarse. No lo ha hecho así y
se lo agradecemos.

Señor ministro, con su intervención y con la aclaración que ha hecho al
diputado del Grupo Socialista se ha extendido bastante en lo que piensa
usted que tienen que ser las líneas de actuación, pero quiero ponerle de
manifiesto y trasladarle nuestra inquietud, y es que ante este grave
problema que es la droga existen unos delincuentes, pero básicamente unos
enfermos, y como tales hay que tratarles, como personas a las que toda la
sociedad tenemos la obligación de ayudar y procurar no tan sólo que
salgan de esta situación lamentable, sino, sobre todo --que también es
muy importante--, evitar con medidas muy concretas que los más jóvenes o
las personas de mayor edad que están en peligro de caer en estas
patologías, de convertirse en estas lacras sociales por su situación
económica, por su ambiente, entren en este círculo vicioso.

Quisiéramos hacerle un comentario un poco al margen de la cuestión que
hoy se plantea. Es tan complejo el problema, señor ministro, como usted
mismo decía, que quizá sería bueno que los responsables del Gobierno que
están intentando luchar con este tema, en sus discursos, en sus
intervenciones hicieran un esfuerzo por tener la mentalidad abierta y no
cerrarse en banda a ninguna de las posibilidades que, en principio, en
alguna comunidad o en más de una pueden ponerse sobre la mesa para
intentar luchar contra el tema de la droga.

Estos días, en algún medio de comunicación se ha hablado de que
comunidades como la mía, Cataluña, y también la de Andalucía, pensaban
poner en práctica medidas que ya se han llevado a cabo en otros países de
la Unión Europea para intentar paliar de alguna manera los efectos de las
drogodependencias graves como puede ser la de la heroína, y
sorprendentemente, al menos para esta diputada, vemos cómo algún
responsable político se atreve a hacer manifestaciones muy duras, muy
tajantes o muy taxativas respecto a estas normas. Yo no pretendo, porque
ni soy la persona más adecuada ni me siento cualificada para ello, decir
si esto es bueno o es malo; lo que pretendo es que, ya que el tema es tan
complejo, estemos dispuestos a dar pasos más allá quizá de lo que son
simplemente tratamientos de metadona o tratamientos represivos contra los
traficantes, y seamos capaces de tomar medidas o de promover acciones que
de alguna manera puedan servir, ahora y en un futuro, para tener unos
métodos más eficaces de lucha cuando se tiene un problema como es la
droga.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada portavoz de Izquierda
Unida.




La señora SABANES NADAL: Gracias, señor ministro, por la celebración de
esta comparecencia.

Con carácter previo quería hacer un matiz sobre el tema de las
reivindicaciones del sur y del sureste de Madrid, no porque sea
competencia de su Ministerio, sino porque por lo que parece está en el
origen del problema que se suscitó en el mes de junio en determinadas
zonas de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El sur y el sureste de Madrid llevan reivindicando desde hace años
actuaciones específicas y globales y un plan integral para la
dignificación del sur en la Comunidad Autónoma de Madrid, y que yo sepa
nunca han reivindicado ni actuaciones parceladas ni actuaciones enfocadas
a determinado nivel o con determinada prioridad. Existen, además,
compromisos muy serios de todas las administraciones en lo que significa
el desarrollo del plan integral del sur de Madrid por cuanto que es un
problema serio, y lo que el sur y el sureste reivindican, con
independencia de que algunos grupos tuvieran una preocupación especial
acotando al tema de la seguridad, es un mayor esfuerzo por la educación
en dotaciones culturales, en infraestructuras y viviendas, en policía de
barrio, y, con carácter más pedagógico, en planes de prevención en
centros escolares y en integración, en un mayor nivel de atención
integrada a drogodependientes y en una mejor y más racional política de
realojo y de construcción de viviendas, en incrementar los centros de
información y distribución de metadona y en avanzar en cualquier medida
que pueda significar una mejora global del problema.

Lo cierto es que el sur y el sureste de Madrid tienen una gran
incineradora, varios centros culturales muy cercanos a estas zonas de las
que estamos hablando, pero cerrados por falta de presupuestos,
persistencia de cierta cultura del prefabricado en centros escolares y
una muy deficiente estructura sanitaria y de policía --aunque como usted
nos expresaba se han intentado mejoras--, así como una falta de cobertura
de todas las necesidades de distribución de metadona. Esa es la realidad
del sur y del sureste de Madrid y la reivindicación que siempre han
planteado, en lo que yo conozco, los movimientos asociativos, de forma
integral y global, y nunca, que yo sepa, de forma acotada y parcelada, ni
exigiendo tan siquiera una priorización por un tema preocupante pero que
nunca se ha planteado en esos términos.

He puesto de manifiesto cuál es el sentir de la población de esa zona de
la Comunidad Autónoma de Madrid, pero, finalmente quería expresar, en
nombre de mi grupo parlamentario, la preocupación que significa una
tendencia a la simplificación o a la parcelación de las actuaciones que
acaban por desenfocar la globalidad del problema. Si somos rigurosos --y
creo que en esta Comisión lo somos y desde el Ministerio también--
tendremos que concluir que



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la complejidad del problema no puede permitir actuar con precipitación,
no puede permitir entrar en compromisos o acciones que trasladen a la
sociedad que determinadas acciones a corto plazo o de impacto rápido,
como la que se produjo en Madrid en el mes de junio, pueden incidir de
forma inmediata en la problemática global de la droga. Siendo rigurosos
tendremos que trasladar a la ciudadanía y a la sociedad que el problema
es bastante más complejo, y el de esas zona concretas de Madrid lo es más
todavía.

Nosotros, por tanto, le queremos recomendar un mayor nivel de prudencia
en las actuaciones y una gran sensibilidad --que usted ya ha expresado,
pero nosotros recomendamos que se siga por ese camino-- en el equilibrio
que deben significar las medidas de represión del narcotráfico, las
medidas de prevención, asistencia y reducción de riesgos. En Madrid
entiendo que en ese momento se rompió ese equilibrio y lo que no se
quería que fuera una operación contra el drogodependiente, realmente lo
fue en la práctica. El nivel de inseguridad de la zona, yo se lo aseguro
porque vivo en ella, de tener algún efecto, lo tuvo negativo.

Nuestro grupo, en una actitud que entiendo le honra a usted en el sentido
de dar una explicación y un tratamiento coherente al tema, plantea que es
necesario avanzar globalmente, desde el consenso, en atajar el problema,
sin descartar, como le planteaba la representante de Convergència i Unió,
a priori ninguna solución ni ninguna experiencia que pueda significar
avanzar en la resolución de un problema de una enorme complejidad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor ministro, en nombre de mi grupo
también le agradecemos su comparecencia esta tarde en esta Comisión para
hablar de un tema que, si bien es un poco extemporáneo, teniendo en
cuenta las razones por las que se solicitó hace cuatro meses, sí que ha
servido para que explicara cuáles son las medidas adoptadas últimamente
en relación a la lucha contra la droga.

Hay una cosa cierta, y es que cualquier acción humana es criticable y
también es perfectible, en consecuencia, todos sabemos que es muy fácil
criticar y decir que las cosas se podían hacer mejor, porque siempre las
cosas se pueden hacer mejor. Pero también convendrán todos conmigo en que
cuando se tienen responsabilidades de gobierno no se puede uno cruzar de
brazos. Hay problemas importantes que preocupan enormemente a la sociedad
y quien tiene responsabilidad de gobierno tiene también responsabilidad
de intentar solucionarlos.

Efectivamente, hubo una petición de los vecinos, se habían creado unas
patrullas vecinales integradas por gran número de personas que
pretendían, con su actitud, alejar a los camellos de determinados barrios
o poblados periféricos que constituían auténticos puntos negros en venta
de droga. A estos poblados, al parecer, acudían toxicómanos y
delincuentes que dejaban tras de sí un rastro de robos y atracos y, a
petición de los vecinos y pensando en la responsabilidad que debe tener
el Gobierno, se decidió montar un dispositivo, no sólo policial sino
también asistencial.

En cuanto al dispositivo policial tal y como ha manifestado el ministro
con los datos que nos ha suministrado, podemos decir que sus resultados
fueron positivos. En cuanto al dispositivo asistencial, quizá hubo alguna
carencia, quizá hubo algún error. Cuando se habló de este tema en los
medios de comunicación se comentaba que había pocas plazas de metadona.

Nosotros hemos dicho que la metadona es algo que no se puede suministrar
alegremente; hay que conocer el estado físico y sanitario del
drogodependiente, hay que conocer cuál es la dosis de heroína que está
tomando y, por tanto, cuál es la tolerancia a las dosis de metadona que
se les pueden dar, y hay multitud de cuestiones que nos llevan a
manifestar públicamente que no se resuelve todo con la metadona.

Los objetivos de la operación que ha citado el ministro han sido
interpretados por el portavoz del Grupo Socialista como que las medidas
habían sido policiales o de suministro de metadona. Yo he oído que el
ministro decía que el Isidrobús procedió a variar sus paradas para que
permaneciera mayor número de horas en determinados barrios con el objeto
de informar de las alternativas de la rehabilitación de los
drogodependientes. Por lo que ha dicho también el ministro, entiendo que
la operación perseguía captar a un grupo numeroso de drogadictos que
llevan entre quince y veinte años de adicción a las drogas, que se
encuentran en una situación de deterioro físico importantísima y que
pueden necesitar otro tipo de asistencia que no sea simplemente el
suministro de metadona. Por ejemplo, se me ocurre decir que a esas
personas conviene desviarlas a programas de contacto para poder evaluar
sanitariamente su situación haciéndoles analíticas, derivándolos a
centros de salud o, si hace falta, por qué no, suministrándoles metadona.

Lo cierto es, señorías, que ese dispositivo no iba contra los
drogodependientes; sí iba contra los narcotraficantes en cumplimiento del
programa electoral del Partido Popular, en el que decíamos que
considerábamos a los drogadictos como enfermos y que la política
represiva, policial o coercitiva, que se iba a hacer por parte del
Gobierno tenía como objetivo únicamente a los narcotraficantes. Quizá no
hubo la coordinación deseada, tal y como reconoció el ministro, pero lo
importante es haber reaccionado y adoptado la profusión de medidas que
nos ha enunciado el ministro: coordinación, a partir de ahora, a través
del delegado del Plan de Gobierno; el nombramiento de un nuevo director
gerente de la Agencia Antidroga; el convenio con la Cruz Roja; la
creación de nuevas plazas de metadona. Aquí, por cierto, me viene a la
memoria un dato significativo, y es que ha habido una ampliación de
plazas de metadona en instituciones penitenciarias y hemos pasado de
2.000 a 5.800 plazas. Ha hablado también de los convenios con los
distintos ayuntamientos, de la distribución por parte del Insalud, de la
distribución de la metadona en cantidad de farmacias, etcétera. Señorías,
yo creo que todas estas operaciones denotan cuál es el interés del
Gobierno, y sobre todo del Ministerio del Interior, en todos estos temas.




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El plan de medidas que se aprobó en el Consejo de Ministros el 24 de
enero ha sido cumplido en su totalidad, excepto en dos cuestiones
puntuales: la creación del observatorio español de drogas, que acaba de
anunciar el ministro que se va a hacer en una próxima fecha, y la
constitución de la comisión técnica para la investigación de los bienes
de los narcotraficantes, que se va a constituir mañana.

En cuanto a los presupuestos, también denota el interés del Gobierno el
incremento que ha habido en los mismos. Aquí no puedo dejar de hacer un
comentario a mi compañero, el señor Martinón, que ha hablado del aumento
--yo no diré de las orgías de incremento, como calificó él el aumento de
presupuesto en la comparecencia del delegado del Gobierno en la Comisión
de Presupuestos-- en este momento de un 5,5 en el programa 313.G, y de un
22 por ciento, que en realidad es un 28 por ciento, en el programa 222.C.

A mí, señor Martinón, los aumentos de presupuesto no me preocupan, los
que me preocupa enormemente son los recortes de presupuestos,
concretamente el que con respecto al Plan nacional sobre drogas efectuó
el Gobierno socialista en los presupuestos de 1995, que, como usted sabe,
recortó 1.500 millones de pesetas, lo que suponía un 40 por ciento del
dinero destinado en los presupuestos al Plan nacional sobre drogas.

Dicho esto, que me parecía oportuno hacerlo porque muchas veces es bueno
refrescar la memoria de todos nosotros, quisiera decirles que creo que el
nivel de aumento del presupuesto, unido al cumplimiento de la ejecución
de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y a las medidas que
nos acaba de anunciar en esta comparecencia el ministro, denotan que el
Gobierno del Partido Popular va por buen camino, y que si no conseguimos
erradicar, porque es muy difícil, el problema de la droga, sí que entre
todos vamos a conseguir paliarlo.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señorías, muchas gracias por
las intervenciones de todos ustedes. Simplemente quería hacer alguna
referencia a la intervención de la diputada de Convergència i Unió y a la
de la representante de Izquierda Unida.

En primer lugar, a la representante de Convergència i Unió quería decirle
que no hay ningún cierre en banda, como decía. Además, va a haber ocasión
para que, sobre ésta y sobre otras muchas cuestiones, puedan participar
desde las comunidades autónomas todos aquellos que tienen sugerencias que
hacer.

Quiero decirle que el 19 de noviembre está convocada la Comisión
interautonómica del Plan nacional; el 20 de noviembre se convoca el
Consejo asesor de lucha contra la droga; el Consejo superior de lucha
contra la droga está sin convocar, pero se realizará el mes de diciembre,
y la Comisión sectorial del Plan nacional tendrá lugar en febrero de
1998.

Usted se refería al asunto de la sustitución de la heroína. Quiero
decirle que el Gobierno está abierto a cualquier posibilidad. España es
firmante de la Convención de Naciones Unidas sobre drogas, y estamos
esperando a que se produzca una evaluación definitiva de un experimento
llevado a cabo en Suiza de programas de sustitutivos de heroína; hasta
que no terminen estas pruebas, que tendrá lugar en la primavera de 1998,
el Gobierno de España no se va a manifestar. Pero le reitero que no nos
cerramos en banda, y le he citado un conjunto de reuniones previamente
convocadas en las que los representantes de todos los gobiernos autónomos
van a tener la posibilidad de reflexionar con nosotros en la lucha contra
la droga.

La representante de Izquierda Unida ha fundamentado su intervención en lo
que significa tratar de evitar la parcelación en la lucha contra la
droga, y quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo. En ese
sentido, dentro de lo que es globalizar el problema, es decir, de
afrontarlo desde muchos ángulos, desde muchos frentes, desde muchas
perspectivas, le quiero anunciar un conjunto de medidas concretas que van
a tener lugar en los próximos meses.

En primer lugar --lo ha anticipado la portavoz del Grupo Popular, pero
quiero decirlo expresamente--, el observatorio español sobre las drogas
se va a constituir en el mes de noviembre de este año. Como usted sabe,
este órgano será el encargado de hacer la primera función a la hora de
evitar la parcelación a la que usted se refería, porque cuanta más
información tengamos de diferentes fuentes, nacionales e internacionales,
afrontaremos más y mejor, de manera más global, esta cuestión. Como usted
sabe también, su función será la evaluación y medida de la evolución del
consumo de las drogas en España, y se basará en la recogida, en el
análisis y la difusión de información de todo lo que se refiere a las
drogas por parte del plan, para que haya una adecuada planificación
global y para que se pongan en marcha un conjunto de actuaciones globales
en esta materia.

En la misma línea, quiero decir al señor Martinón que se da cumplimiento
también al apartado tercero de la moción aprobada por el Pleno de esta
Cámara el 11 de marzo, que señalaba textualmente: Se insta al Gobierno a
que promueva, mediante la colaboración entre el Observatorio Europeo de
la droga y las toxicomanías, y el que se cree en España, la realización
de estudios e informes que permitan ampliar las perspectivas en la forma
de abordar el problema de las drogas. Estoy convencido de que este
observatorio español sobre drogas --existen en este momento otros dos en
España-- ayudará a la planificación de las estrategias políticas en su
conjunto y a la adopción de actuaciones ante las nuevas situaciones que
se vayan creando en el problema de la droga. Este es un servicio que
depende del Plan nacional, que está dentro del Plan nacional, que está
integrado por un consejo asesor, una comisión técnica y el Sistema
estatal de Información Permanente de Toxicomanías. Le reitero que su
entrada en vigor será inmediata a la prestación del mismo, y tendrá lugar
en el mes de noviembre de este mismo año.

También dentro de ese esfuerzo de globalización quiero decir que la
Comisión técnica para el estudio de las investigaciones patrimoniales de
los narcotraficantes, que es una de las mayores dificultades legales con
las que nos encontramos, tendrá una reunión el mismo 24 de octubre, que
es



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mañana, para seguir avanzando en el problema, todavía no resuelto, de la
famosa inversión de la carga de la prueba, donde creo que se escudan
buena parte de lo que son los narcotraficantes relevantes en la geografía
española.

Respecto a la no parcelación, insisto en la necesidad de avanzar
simultáneamente en muchas de las cuestiones, que sumado a lo que
significan las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del
agente encubierto, viene a significar otro respaldo a una acción
importante que es la acción judicial, no estrictamente policial, y
confirma un avance paulatino y sistemático en muchos frentes y en muchos
procesos.

En este mismo esfuerzo de no parcelación, quiero decirles que en el mes
de diciembre se va a presentar un documento que a mí me parece básico. Es
un documento sobre lo que significan análisis, criterios y propuestas en
el ámbito de la prevención, no quiero llamarlo libro blanco, porque
algunas veces la proliferación excesiva de términos únicamente viene a
desvirtuarlos. Vamos a trabajar en un análisis serio y riguroso sobre la
prevención y lo vamos a hacer conjuntamente desde el plan nacional con
las comunidades autónomas. En ese sentido, deben constar las prioridades
que en este área ha mantenido la Delegación del Gobierno, de forma y
manera que en la prevención hagamos un especial esfuerzo de análisis
conjunto, insistiendo en la no parcelación de esta lucha.

Asimismo, le puedo decir, señoría, que sobre lo que significan los
ámbitos familiares en la prevención, y sobre lo que significan
determinados servicios sociales, también habrá otra serie de manuales que
en este trimestre el Plan nacional pretende trasladar.

Por último, quiero reiterarle una vez más que hace falta acrecentar, para
no parcelar esta acción, la dimensión internacional. Siempre he
sostenido, y no lo digo sólo aquí sino en todas las reuniones con otros
ministros de Interior europeos, que desde la perspectiva nacional
afrontamos siempre mal la lucha contra la droga, en todos los países,
porque falta un escalón de cooperación internacional. En Europa tenemos
un problema, pero hoy existe un estado de opinión similar en el tema de
la droga, preocupa de forma similar y, sin embargo, no tenemos el impulso
necesario para darle una dimensión europea a la lucha contra la droga.

Cuántas veces, cuando uno ve campañas de un ayuntamiento o de una
comunidad, uno piensa por qué no se hace alguna campaña en materia de
prevención, pero a nivel europeo; porque en los problemas de seguridad,
cuando ya se crea un estado de opinión similar en todos y cada uno de los
países, ya hay condiciones para abordarlos con una dimensión superior.

Esta es la clave en la materia contra la droga, porque está claro que
todos los países somos incapaces, insuficientes e incompetentes a la hora
de abordar esta materia, y hace falta, fundamentalmente, entender que hay
que cambiar la dimensión de la lucha, que debe ser supranacional. En este
caso tenemos una magnífica ocasión de crear nuevos espacios de
solidaridad, que es el ejemplo de lo que estamos haciendo con la Unión
Europea. Le reitero que ésa es nuestra preocupación, y le puedo decir que
los días 18 y 19 de noviembre, en Bruselas, habrá un mecanismo de
cooperación de la Unión Europea con América Latina y Caribe y en esa
reunión estará presente la delegación de España. Asimismo, se va a
celebrar, con el Parlamento Europeo, un seminario de la política de
drogas en la Unión Europea, en Madrid, el 5 de diciembre. Tendremos así
dos buenas ocasiones para tratar de dar ese impulso a la lucha contra la
droga y, como usted bien dice, para acabar con ese criterio de
parcelación, que incluso tiene dimensiones territoriales limitadas. En lo
que se refiere a esta lucha y a esta acción, una vez más deseo y confío
que goce del apoyo y el consenso de todos los grupos políticos.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ministro del Interior, en
nombre mío y en nombre de la Comisión.

Suspendemos la sesión por diez minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE LA PARTICIPACION DEL GOBIERNO EN EL DIALOGO POLITICO Y SOCIAL
SOBRE EL FENOMENO DE LAS DROGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 161/000517).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

El segundo y último punto del orden del día es: Proposición no de ley
sobre la participación del Gobierno en el diálogo político y social sobre
el fenómeno de las drogas, propuesta por el Grupo Socialista del
Congreso.

Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña María Jesús-Arrate
Varela Vázquez, por el Grupo Socialista. Si no digo el nombre completo,
me regaña el señor Martinón.




La señora VARELA VAZQUEZ: Gracias, señor presidente, por decir el nombre
entero y los apellidos.




Cuando alguien lee el plan de medidas para luchar contra las drogas, se
encuentra con tres partes bien diferenciadas. Una, las medidas de lucha
contra la oferta, el narcotráfico y el blanqueo de capitales; otra, las
medidas de prevención y, otra, las medidas asistenciales y de
reinserción.

El primer bloque de medidas está dividido a su vez en varias partes. La
primera son las medidas normativas, como la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, el anteproyecto de real decreto sobre desarrollo
de la ley de creación de un fondo procedente de los bienes decomisados
por tráfico de drogas, el anteproyecto de real decreto sobre medidas de
control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la
fabricación ilícita de drogas o la puesta en marcha de una ponencia
técnica para el estudio de las investigaciones patrimoniales del
narcotraficante.




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La segunda, la oficina central nacional, que sirve para potenciar la
coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el
Servicio de Vigilancia Aduanera, está adscrita a la Comisaría General de
Policía Judicial, integrada por funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera.

La tercera, la creación de unidades especiales de lucha contra la droga,
blanqueo de capitales y delitos conexos, desarrollándose además un plan
para implantación de la policía de proximidad. Estas unidades especiales,
dice, verán reforzadas en una primera fase las unidades existentes
mediante el incremento de funcionarios y desarrollarán, en una segunda
fase, un nuevo modelo de organización estructurado en los siguientes
niveles: uno, unidades locales; dos, unidades provinciales regionales y,
tres, unidad central. Y las unidades de droga y crimen organizado, de
nueva creación, con las que se pretende dar respuesta a las expresiones
delictivas de la denominada delincuencia organizada. En el plan de
medidas se especifica, además, la ubicación, competencias, principios de
actuación de dichas unidades, formación, recursos, cooperación
internacional y coordinación.

El Plan nacional de drogas dedica diecisiete folios a la explicación de
las medidas policiales y represivas, dos folios y medio a las medidas de
prevención y dos folios escasos a las medidas asistencias y de
reinserción. Por tanto, es posible, o al menos yo estoy convencida de
ello, señor presidente, señorías, que este plan de medidas para luchar
contra las drogas cayera en manos de los portugueses, quienes, realmente
preocupados por este tema, comenzaron a preguntarse entre otras cosas:
¿Ha dejado de crecer un solo día el consumo de drogas en el mundo desde
que se impuso la narcoinquisición? ¿Ha disminuido la oferta de drogas
ilegales en Europa? ¿Ha decrecido el poder político de las mafias de
drogas? ¿Ha disminuido el volumen de beneficios de los narcotraficantes?
Y ante las inquietantes respuestas a estas preguntas, el presidente de la
República de Portugal, señor Jorge Sampaio, dice que ha llegado la hora
de debatir seriamente y sin prejuicios la no prohibición de las drogas. Y
el presidente de la Asamblea, señor Antonio Almeida, siguiendo la línea
argumental del señor Sampaio, propone la adopción de un acuerdo
internacional para despenalizar el consumo --cosa que en España ya está
resuelta--, y la adquisición de estupefacientes a nivel estatal para su
posterior distribución en estado puro a los poseedores de un documento de
identidad como toxicómanos, con certificación médica de la droga de que
dependen y la cantidad mínima que precisan. Esto también está resuelto en
España con la metadona.

El señor Almeida, y estoy segura de que muchas personas más, desconfía
por completo de las vías represivas frente a las poderosas organizaciones
de narcotraficantes cada vez más sofisticadas. Por tanto, en Portugal se
han puesto a pensar que, si se legaliza lo que ahora es ilegal, quizá se
acabase con dos problemas: primero, con los narcotraficantes y, segundo,
con los robos y asesinatos cometidos por toxicómanos para poder comprar
las dosis que necesitan.

No es nuestra intención, ni mucho menos, entrar al viejo debate:
legalizar drogas, sí o no, sino poner de manifiesto que nos han llamado
poderosamente la atención las declaraciones del delegado del Gobierno
para el Plan nacional de drogas, señor Gonzalo Robles, contra el
presidente de la Asamblea de Portugal, en las que manifestó que el señor
Almeida ha pedido despenalizar las drogas bajo el síndrome de la pérdida
de su hija --que, por cierto, murió por sobredosis-- y que no tiene
derecho a llevar a la sociedad su drama personal y su culpabilidad. Estas
declaraciones, que suponen una total falta de respeto y una enorme
descalificación hacia las opiniones del presidente de la Asamblea de
Portugal, sostienen, en primer lugar, la tesis de que los políticos que
son padres de toxicómanos no tienen derecho a llevar al ámbito público
sus reflexiones ante los problemas que origina el fenómeno de las drogas.

Por extensión y por esa regla de tres, los políticos que tengan hijos en
período escolar no podrán opinar de educación, ni los que tengan hijos
enfermos podrán opinar sobre sanidad, ni los que tengan hijas podrán
opinar sobre problemática de las mujeres, y así sucesivamente. En segundo
lugar, esas declaraciones ponen de manifiesto e insisten en la
culpabilidad de los padres que tienen un hijo drogodependiente,
culpabilidad que es negada por todas las asociaciones y centros de
rehabilitación de toxicómanos, al igual que no es culpable el padre cuyo
hijo tenga un accidente de coche por haberle comprado un vehículo, o al
padre cuyo hijo tenga cualquier tipo de accidente practicando un deporte
por el mero hecho de dejárselo practicar, por citar unos ejemplos.

Nos preocupan las declaraciones del señor Gonzalo Robles porque
entendemos que transmiten la idea que sobre este tema tiene el Gobierno,
Gobierno que parece negado a discutir nuevas políticas y a escuchar a
quienes saben, conocen y padecen sus problemas y tienen algo que decir
sobre el tema.

Sabemos que el problema del uso indebido de drogas constituye una de las
principales preocupaciones de la sociedad y, por tanto, debe recibir una
respuesta del Estado promoviendo políticas contra el fenómeno. Sabemos
que ante la complejidad de las drogodependencias no se puede tener una
perspectiva uniforme y cerrada y mucho menos una actitud dogmática.

Sabemos que, en el ámbito parlamentario, las ideas sobre este tema deben
ser estudiadas, analizadas y ponderadas con sosiego y equilibrio. Sabemos
que en este tema no hay recetas y todos, incluidos representantes de
otros países, podemos y pueden reflexionar, dar ideas y ofrecer
propuestas. Sabemos que la diversidad de respuestas en cada país, estén
éstos más atrasados o más adelantados que el nuestro, enriquece el
conocimiento y la experiencia colectiva, pudiéndose así abordar
globalmente el fenómeno. Sabemos que el Gobierno tiene que mantener,
respecto al problema asociado de las drogas, un diálogo y una discusión
responsable, serena y prudente.

Sabiendo todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente proposición no de ley: la Comisión mixta
para el estudio del problema de las drogas insta al Gobierno a que su
participación en el debate político y social sobre el fenómeno de las
drogas se



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realice con respeto a las opiniones de todos, sin descalificar las ideas
por la situación personal de quienes las defienden, sin culpabilizar a
los padres, con actitud abierta a experiencias que puedan realizarse en
otros países, de forma que contribuya a un clima de serenidad y apertura
que favorezca la madurez social ante el fenómeno.




El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda in voce del Grupo Popular.




La señora DIEZ LOPEZ: La enmienda dice: La Comisión mixta para el estudio
del problema de las drogas insta al Gobierno a que su participación en el
debate político y social sobre el fenómeno de las drogas se continúe
realizando con respeto a las opiniones de todos, sin descalificar las
ideas por la situación personal de quienes las defienden, sin
culpabilizar a los padres, con actitud abierta a experiencias que puedan
realizarse en otros países, de forma que contribuya a un clima de
serenidad y apertura que favorezca la madurez social ante el fenómeno.




El señor PRESIDENTE: ¿El grupo proponente la acepta?



La señora VARELA VAZQUEZ: Entendemos que no modifica la esencia de la
proposición; por tanto, la aceptamos.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir?
Me parece que le corresponde en primer lugar al Grupo de Convergència i
Unió.

Don Jaume Cardona i Vila, ilustre senador, tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: Si me permite, señor presidente, voy a hacer una
consideración, que es una cuestión de orden. Yo creo entender --aunque mi
grupo y yo nos sometemos a lo que diga a los efectos oportunos el
letrado-- que en el orden de intervención, toda vez que la Comisión es
representación de las Cortes, Congreso y Senado, de menor a mayor, según
el reglamento del Congreso, sería primero Izquierda Unida y después
Convergència i Unió, porque el número de parlamentarios,
diputados y senadores es menor por parte del Grupo de Izquierda
Unida que por parte de Convergència i Unió. Esta es una observación que
quería hacer. Y vayamos a la cuestión.




El señor PRESIDENTE: Señor senador, tiene usted razón y la Presidencia
asume los errores. Me he equivocado. En consecuencia, tiene la palabra la
portavoz de Izquierda Unida, doña Inés Sabanés Nadal.




La señora SABANES NADAL: Señor presidente, voy a intervenir en nombre de
Izquierda Unida para fijar nuestra posición con respecto a la proposición
no de ley presentada por el Grupo Socialista y a la que ya adelanto
nuestra disposición a votar favorablemente. Ha sido aceptada la enmienda
que en todo caso también votaríamos favorablemente.

De todas formas, para nuestro grupo, y lo hemos venido reiterando muchas
veces, la manifestación en política sobre droga tiene una enorme
importancia, no sólo en los contenidos específicos, que la tiene, sino
también en la forma de trasladar a la sociedad las diferentes actuaciones
y los debates pertinentes. En este contexto nosotros siempre hemos
considerado que es esencial hacer todos los esfuerzos posibles y por
todas las partes para mantener un consenso básico en este tema de drogas
y es evidente que en este esfuerzo por el consenso todos los grupos de
alguna manera tienen que trabajar a distinto ritmo, no en un programa de
máximos sobre sus objetivos, tienen que establecer en algunas ocasiones
otros ritmos y prioridades.

Sin embargo, consideramos que es un momento en el que va a ser
especialmente importante ser capaces de afrontar nuevos debates que
permitan equilibrar, con el menor grado de dramatismo posible, aquellas
cuestiones que objetivamente deben constituir nuevos objetivos en el
futuro, redefinir conceptos y acciones que desde la evaluación de las
políticas aplicadas tuviéramos que considerar susceptibles de mejora o
más adecuadas en un nuevo marco.

Nuestro grupo también quiere mostrar, como lo ha hecho la representante
del Grupo Socialista, la preocupación por la situación de las ganancias
económicas crecientes de las organizaciones criminales, que han tomado
tal proporción que pueden poner en riesgo los fundamentos de las
instituciones y del propio Estado de Derecho. En este contexto, debemos
reconocer que, pese a los esfuerzos, a las medidas legislativas y a los
recursos destinados a contrarrestar tales efectos, habríamos de ser
capaces de considerar en términos objetivos y no dramáticos el cierto
fracaso que representa sobre los esfuerzos realizados el cada vez más
creciente poder de las estructuras reconocido por las propias autoridades
policiales y penitenciarias.

Con esa realidad, también entendemos que no es bueno predeterminar los
debates, que deben ser globales y amplios, y supongo que, sin intención
pero descalificando proyectos y opiniones, si trasladamos desde las
instituciones mensajes simplistas a la sociedad, hacemos un flaco favor
para la consolidación del consenso, que requiere no pocos esfuerzos de
todos y cada uno de los grupos que aquí estamos representados.

No puedo remediar citar otra opinión que desde las instituciones he leído
en los últimos días por parte de los responsables del Plan nacional de
drogas, descalificando algunas de las experiencias que algunas
comunidades estaban evaluando, como la comunidad de Andalucía o la
catalana, para poner en marcha el suministro de heroína de forma muy
controlada, en circunstancias especialmente graves, de forma similar a
otras experiencias que ya funcionan en el entorno europeo y sobre las que
la Comunidad Europea ha pedido reiteradamente la consideración, el
análisis para avanzar en el equilibrio sobre las actuaciones en cuanto al
tema de drogas. Si los grupos, y en este caso el Gobierno, no nos
esforzamos en un nivel rigurosísimo de estudio de las propuestas, sin
descartar a priori ninguna



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solución ni ninguna aportación, será imposible avanzar en un nuevo
consenso, en un nuevo debate al que nos tenemos que dirigir; nos podría
llevar a otros derroteros. Entiendo que habría que esforzarse, y no
simplificar los debates, en trasladar a la opinión pública que éste es un
debate complejo, que requiere soluciones complejas y que en ningún caso
se va a solucionar de forma sencilla.

Por todo esto, por la importancia que tiene trasladar a la sociedad de
una forma equilibrada este consenso, la necesidad de avanzar en un
debate, pero sin dramatizar, para que quede expresada de forma clara la
vinculación del Gobierno, de las instituciones y de los propios grupos
parlamentarios, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley del
Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Ahora sí tiene la palabra el señor senador.




El señor CARDONA I VILA: Ahora sí, intervengo para fijar la posición de
nuestro grupo parlamentario sobre esta proposición no de ley. Que conste
también que sólo quería hacer la observación y continuar mi intervención.

Queremos hacer una serie de reflexiones, una serie de consideraciones, en
relación, en primer lugar, a la parte dispositiva de la proposición. Es
difícil no estar de acuerdo con su texto, porque la participación del
Gobierno en el debate político, en el debate social, sobre un fenómeno
con tantas implicaciones, con tantas connotaciones y de muchos tipos como
es el de las drogas, ha de hacerse, naturalmente, con un respeto total y
absoluto a las opiniones de todos. Esto es difícilmente rechazable y
nosotros participamos de ello. Tampoco deben descalificarse las ideas de
nadie en este sentido; en nada, pero menos aún en este tema; todavía
menos, si cabe, si quienes las defienden lo hacen por motivos personales.

También estamos de acuerdo en que desde los poderes públicos no debe
emitirse un mensaje de culpabilización a los padres. Suficiente tormento
deben tener, y si de alguna forma podemos calificar las drogas es de una
típica enfermedad social, siendo uno de los ámbitos más afectados
precisamente el de la familia. Por tanto, cuidado con culpabilizar a los
padres, aunque la intención quiera ser alertarles --tal vez, repito, con
buena intención-- del problema de sus hijos y, en consecuencia, de su
responsabilidad en la vigilancia, en la educación y en su formación, en
definitiva, en la prevención.

Dice también que el Gobierno debe adoptar o tener una actitud abierta a
experiencias que puedan realizarse en otros países. Naturalmente, se
podrá estar de acuerdo o no con esas experiencias, pero siempre habrá que
respetarlas y, en cualquier caso, considerarlas, para que se contribuya a
un clima de serenidad, de apertura, que favorezca esta madurez social con
la que es necesario afrontar el fenómeno, como reza el tenor literal de
la parte dispositiva de la proposición no de ley. El texto nos parece tan
genérico que, repito, es fácilmente aceptable para cualquiera y
difícilmente podrán encontrarse inconvenientes o hacer objeciones al
mismo.

Algo similar cabría decir sobre las consideraciones que se hacen en la
motivación, al menos sobre las de tipo general --después hablaremos de
las particulares--. Porque qué duda cabe de que la complejidad del
fenómeno hace necesario un diálogo social y político, un diálogo
prudente, naturalmente, sereno, responsable, para ir buscando,
encontrando y aplicando soluciones. La mayor parte de las veces serán
soluciones parciales, no lo olvidemos; no totales ni definitivas.

Anteriormente se ha debatido que en el ámbito de la prevención tampoco se
puede parcelar, sino que ha de hacerse de una forma global y, además,
desde todos los frentes.

Los programas o campañas políticas destinados a disminuir los daños y los
riesgos asociados --esta tarde también se ha hablado de ello-- al consumo
de drogas, tienen hoy en día, por otra parte, un cierto predicamento
generalizado entre los expertos que tratan con estos enfermos, tanto en
nuestro país como fuera de nuestro entorno, al menos en los países más
avanzados.

Finalmente, también estamos de acuerdo en lo referente al informe emitido
por la Comisión mixta en la pasada legislatura. No podríamos o no
deberíamos estar en contra, sino defenderlo, puesto que colaboramos en su
configuración y lo aceptamos con nuestro voto. Ahora bien, ¿por qué se
suscita y se presenta para su debate y votación esta proposición no de
ley? Si no quedaba suficientemente claro en la exposición de motivos, se
ha insistido en ello en la intervención que se ha hecho al defenderla. Se
comentan en esta justificación las declaraciones del delegado del
Gobierno en el Plan nacional sobre drogas criticando las manifestaciones
del presidente de la Asamblea de Portugal sobre la liberalización del
consumo de drogas, intentando justificarlo o decir que las mismas eran
consecuencia de que era padre de una víctima de las drogas. Eso salió en
los periódicos y sinceramente a nosotros tampoco nos parecieron adecuadas
en su momento, ni nos lo parecen ahora, las declaraciones del delegado
para el Plan nacional sobre drogas; lo criticamos abiertamente, que
conste, aunque en su ánimo seguramente --estamos convencidos-- estuviera
no influir a nuestra sociedad y a los jóvenes sobre dicha liberalización
del consumo. Aun así, con esta finalidad, no quedaría justificado el
medio empleado y mucho menos la forma que se utilizó. Se podía hacer de
otras formas, pero en ningún caso se podía querer imputarlo a una
situación de tipo familiar. No entremos más en ello, dejémoslo, porque,
en definitiva, sólo tenemos la versión de los medios de comunicación y no
la del propio interesado. Nos hubiera parecido más adecuado, por ejemplo,
pedir su comparecencia para que explicara en la Comisión, no sólo los
términos de sus declaraciones, sino los motivos --que también hubieran
podido ser objeto, por otra parte, de una pregunta, oral o escrita, en la
propia Comisión--, toda la filosofía, las causas, los objetivos, los
criterios, las consecuencias en las que sustentaba o pretendía sustentar
sus manifestaciones.

Con toda sinceridad --y permítanmelo, señor presidente, señorías--,
quiero decirles que todo este proceso me recuerda, lamentablemente, en
cierta forma lo ocurrido en la pasada legislatura en esta misma Comisión.

Cuando



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el entonces delegado del Gobierno decía que era un debate que estaba en
la calle y que debiera discutirse en el seno de la Comisión, porque era
lo propio, refiriéndose a la permisividad del consumo del hachís, el
entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y hoy delegado del
Gobierno, lo que son las cosas --y aun cuando esto no obedezca a una
casualidad, probablemente, y es un juicio de intenciones--, pidió
públicamente su reprobación y presentó una interpelación y una moción
consecuencia de interpelación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

La actitud de unos y otros parece continuar siendo la misma, en algunas
ocasiones, no siempre, evidentemente --y nos congratulamos de que no sea
siempre--, pero con los papeles cambiados. Pues bien, la nuestra también
continúa siendo la misma.

En este tema --y también se ha oído esta tarde-- nadie puede dar
lecciones de nada y no será pretensión de nuestro grupo hacerlo, aunque
sí queremos hacer, al menos, una llamada a la serenidad de todos para que
los trabajos de esta Comisión sean provechosos para las Cortes Generales
que nos han comisionado, para las administraciones públicas y, en
definitiva, para la sociedad a la cual representamos.

En definitiva, nuestro voto, si nos dejáramos llevar por el corazón,
sería de abstención; ya se arreglarán con esas luchas partidistas y
electoralistas. pero con la enmienda in voce del Grupo Parlamentario
Popular, que se ha leído y que se ha dicho que se aceptaría, nosotros
votaremos favorablemente, además, con toda nuestra vocación, con el
cerebro fundamentalmente, con toda nuestra esencia, con todo nuestro ser,
con toda nuestra voluntad, precisamente en aras al consenso y al trabajo
fructífero de esta Comisión, que tiene que ser lo que la guíe y no otras
cosas que en el día a día del Parlamento es natural que surjan y nosotros
tenemos que decir que lo entendemos perfectamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña
Rosa Isabel Díez López.




La señora DIEZ LOPEZ: En la proposición no de ley de referencia,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se recogen determinados
conceptos y criterios acerca de la labor del Gobierno y, por ende, de la
delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas que en ningún
caso se corresponden con la realidad. Parece desprenderse de la misma que
la complejidad del fenómeno de la droga y la gravedad de sus problemas
asociados se afrontan desde el Ejecutivo ignorando el esfuerzo que pueden
ofrecer las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad para definir
las respuestas que las instituciones públicas deben aportar al problema,
cuando se da precisamente la situación contraria.

Un análisis, aunque sólo sea somero, del plan de medidas para luchar
contra las drogas aprobado el 24 de enero del presente año deja
meridianamente claro que se adoptan y ponen en marcha, en su práctica
totalidad, las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión
mixta de diciembre de 1995, verdadero documento maestro parlamentario en
esta materia.

Desde el punto de vista del diálogo responsable, sereno y prudente que
exigen los problemas asociados al fenómeno de las drogas, parece que
ustedes desconocen la actividad que se viene realizando, dado que es
continua la convocatoria con todos los órganos oficiales y agentes
sociales más directamente implicados. De este modo se han celebrado,
entre otras, reuniones del Consejo superior de la lucha contra el tráfico
de drogas y blanqueo de capitales de grupo asesor homónimo, de la
Conferencia sectorial del Plan nacional sobre drogas, de la Comisión
mixta interautonómica del Plan nacional sobre drogas, de la Comisión
mixta Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas,
coordinadoras de las ONG con los planes regionales y municipales de
Madrid y el Insalud, con el consejo de administración de la agencia
antidroga de la Comunidad de Madrid, con el Instituto de la Juventud, así
como con organismos internacionales entre los que se encuentran el
Observatorio europeo de las drogas y la toxicomanía.

Señorías, en ningún momento, y por lo que hace referencia a las supuestas
críticas sobre las manifestaciones del presidente de la Asamblea de
Portugal sobre la no prohibición de las drogas, por parte del titular de
la Delegación del Gobierno se ha querido reprobar o descalificar lo
manifestado. Antes bien, respetuosamente comprende que, en situaciones
familiares tan trágicas como la vivida por aquél, se puede llegar a
formular o a tener opiniones como las que ha manifestado públicamente.

Sin embargo, ello no conlleva, necesariamente, que se tengan que
compartir, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte carga emocional
presente en lasmismas. Ciertamentelosresponsablespúblicos --como
cualquier otro ciudadano con problemas familiares de toxicomanías--
tienen derecho a formular en público sus reflexiones, pero no es difícil
comprender que el abordaje de un fenómeno tan complejo como es el de las
drogas requiere no dejarse arrastrar por situaciones como la indicada,
máxime si se tiene en cuenta la necesidad de discusión responsable,
serena y prudente necesaria que exigen los problemas asociados al
fenómeno de las drogas. Además, si cabe, la conciencia de tal complejidad
debe ser tenida más en cuenta por tales responsables públicos. Ni en esta
ocasión ni en ninguna otra anterior se ha culpado a los padres de
responsabilidad alguna por el hecho de tener un hijo drogodependiente.

Cualquier manifestación en este sentido no es más que una interpretación
sesgada de la realidad. Son varias las experiencias de distintos países
que vienen aportando diversas respuestas ante la posibilidad de
despenalización de la droga e, indudablemente, la experiencia colectiva
puede y debe ser tenida en cuenta, pero siempre que se demuestre que da
resultados positivos.

Hasta ahora --y haciendo referencia a Naciones Unidas, en la que nos
integramos-- los informes de la Junta internacional de fiscalización de
estupefacientes señalan claramente que los lugares donde se tolera la
distribución de algunas drogas han atraído a traficantes de otras y han
dado lugar a una mayor concentración de drogodependientes. Experiencias
como la de los Países Bajos se consideran erróneas a la vista de la
modificación más reciente de su normativa, en sentido claramente
restrictivo. Como en



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el resto de los países europeos, también en el nuestro se adoptan medidas
destinadas a disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas y así
se contiene en el ya referido Plan de medidas de 24 de enero último, en
el que se consideran prioritarios los proyectos y programas encaminados a
este fin.

Por todo ello, señorías, queda claro que todos los conceptos que contiene
la proposición no de ley vienen siendo la norma de la Delegación del
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas en la materia de sus
competencias, con un debate político y social abierto a todos los órganos
y grupos implicados, sin descalificación de ideas y con respeto a las
opiniones de todos, pero también teniendo en cuenta la mayoritaria
opinión de la sociedad y del general posicionamiento internacional.

Por lo tanto, mi grupo agradece la aceptación de la enmienda planteada.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a consideración de la Comisión la
proposición no de ley que ha instado el Grupo Socialista, con la enmienda
in voce que acaba de realizar el Grupo Popular. ¿Se aprueba por
unanimidad?



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y diez minutos de la tarde.