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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 70, de 21/10/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 70
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARIA ISABEL
SAN BALDOMERO OCHOA
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 21 de octubre de 1997,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
-- Comparecencia de la señora Ministra de Justicia, doña Margarita
Mariscal de Gante y Mirón, a petición del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, para informar sobre los compromisos
asumidos en relación al III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (1997-2000), así como de las actuaciones que se van a
acometer durante el año 1997 y de la cuantía económica y partidas
presupuestarias consignadas para tal fin en los Presupuestos Generales
del Estado. (Números de expediente: S. 711/000097; C.D. 213/000274.)
Se abre la sesión a las once horas.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Comparece hoy ante nosotros la señora Ministra de Justicia, a petición
del Grupo Parlamentario Socialista, a quien damos la bienvenida.
En primer lugar, ruego a la señora Letrada compruebe la asistencia de las
señoras y señores parlamentarios.
Por la señora Letrada se procede a la comprobación de las señoras y de
los señores Senadores y Diputados presentes y representados.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Letrada.
Supongo que las señoras portavoces dispondrán del acta de la sesión
anterior, por lo que deseo conocer si se puede aprobar. (Pausa.) Queda
aprobada.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de la
señora Ministra de Justicia para informar sobre distintos temas de su
departamento, como compromisos del III Plan de Igualdad, actuaciones que
se van a acometer durante este año, cuantía económica, partidas
presupuestarias, en definitiva, señora Ministra, cuantas cosas sean
buenas para todas las mujeres de España; sean buenas para que todos los
derechos entre hombres y mujeres se lleven a cabo de forma efectiva.
Le damos la enhorabuena, en primer lugar, porque dentro de esta ronda de
comparecencias que ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista usted es
la primera en comparecer, precisamente porque la nueva portavoz del
grupo, la Senadora Navarro, así me lo solicitó, y la señora Ministra me
comunicó igualmente que estaba a nuestra disposición cuantas veces fuera
solicitada su presencia.
Por tanto y sin más preámbulos, bienvenida de nuevo, señora Ministra, y
tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señorías, ya el 7 de marzo tuve ocasión de intervenir en lo que fue en su
momento la celebración del Día Internacional de la Mujer, que de alguna
forma coincidía con la presentación oficial del III Plan para la Igualdad
de la Mujer, aprobado ese mismo día por el Consejo de Ministros.
En aquel momento hice una reflexión, que sería con la que me gustaría
iniciar la comparecencia ante sus señorías, y es que no es el momento de
maximalismos que no tengan los pies en el suelo, sino de que llevemos a
la realidad esa igualdad por la que se lleva luchando mucho tiempo, y que
el Gobierno ha asumido como propia.
El III Plan para la Igualdad, como sus señorías saben, contemplaba una
serie de medidas atinentes a diversos departamentos, y dentro de ellas yo
tengo el honor de comparecer esta mañana ante sus señorías para dar
cuenta de qué es lo que ha hecho el Ministerio de Justicia respecto a las
medidas concretas aprobadas en el mes de marzo del año en curso.
Como sin duda conocen sus señorías, las áreas relativas al Ministerio de
Justicia en relación con la violencia, que era el tema concreto que se me
adjudicaba en el III Plan de Igualdad, se concretaban fundamentalmente en
tres objetivos: promover medidas para prevenir y eliminar la violencia
contra la mujer; erradicar el acoso sexual en los centros de trabajo, y
eliminar el tráfico de mujeres y niñas así como la explotación sexual.
Por el Ministerio de Justicia --y tengo que decirlo con satisfacción-- ya
se han adoptado medidas legislativas, en mi opinión y en opinión del
Gobierno, en un breve plazo de tiempo. Muy recientemente, como sus
señorías no ignoran, ha sido aprobada la modificación del Título VIII del
Código Penal, en materia de agresión sexual.
Sin entrar a discutir cuáles eran las coordenadas contenidas en el Código
Penal de 1995, es lo cierto que tanto a nivel interno como internacional
se habían detectado una serie de cuestiones no contempladas
suficientemente y que requerían una acción de gobierno y, en definitiva,
una acción de los poderes públicos para colmar esa protección al bien
jurídico de la libertad sexual, no suficientemente bien redactada, tanto
de la mujer como de los niños y niñas.
La modificación aprobada del Título VIII del Libro Segundo del Código
Penal, que es el proyecto de Ley Orgánica, se encuentra ya en el Congreso
de los Diputados, y para mayor ilustración de sus señorías voy a hacer
una simple referencia a las principales modificaciones habidas.
En primer lugar, recuperamos el término violación, por entender que está
más consagrado doctrinalmente que el de agresión sexual, a que alude el
artículo 178.
El delito de abusos sexuales, regulado en los artículos 181, 182 y 183,
se agrava en su penalidad, ampliándose de 12 a 13 años la edad de los
menores víctimas de los delitos, cuya voluntad carece de relevancia
justificante, y a 15 años cuando se trata de relaciones con adultos; es
decir, se presume que con menores de 13 años siempre ha habido violencia.
El artículo 184 relativo al acoso sexual se amplía considerablemente,
para dar acogida en el mismo no sólo al acoso realizado por superior
jerárquico, sino también al realizado por compañeros de trabajo.
En cuanto a los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, a que se
refieren los artículos 185 y 186, se sustituye la pena de multa por la de
prisión, así como la recuperación de la punibilidad de tales conductas
realizadas ante mayores de edad sin su consentimiento.
En los delitos relativos a la prostitución, artículos 187 a 190, se
tipifica expresamente el tráfico de personas hacia dentro o hacia fuera
del territorio nacional, en lo que se ha venido en llamar explotación
sexual o turismo sexual.
En cuanto a la utilización de menores en el ámbito pornográfico se
sanciona, como sus señoras sin duda conocen, tanto la producción, venta y
exhibición como la tenencia de material, y aun la mera asistencia a
espectáculos exhibicionistas o pornográficos donde se utilizare a menores
de edad.
Se reintroducen, con una definición auténtica, los términos de
prostitución y corrupción.
Por último el proyecto modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial,
haciendo extensivo el orden jurisdiccional penal con carácter de
universalidad a la materia de corrupción de menores y el denominado
turismo sexual.
De las medidas anunciadas el día 7 de marzo, legislativamente se han
acometido ya dos. Nos quedaría una tercera, que sería la protección y la
prevención de la violencia contra la mujer. Me gustaría exponer ante sus
señorías cuáles son las medidas adoptadas ya y las que se van a adoptar.
En relación con las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, que afectan fundamentalmente a la mujer, el Ministerio ya publicó
el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, que aprueba el Reglamento de
ayudas a dichas víctimas y crea la Comisión Nacional de Ayuda a las
Víctimas, donde se ha incluido
a un representante del Instituto de la Mujer como vocal titular.
Igualmente se está desarrollando un plan para la puesta en marcha en los
órganos judiciales de oficinas de ayuda a las víctimas del delito, que si
bien existen en algunos lugares, no gozan de medios suficientes y falta
coordinación en su funcionamiento.
El objetivo del plan que les acabo de anunciar es, primero, reservar
espacios en los órganos judiciales de las grandes ciudades para la
ubicación de la oficina. Segundo, la firma de convenios entre el
Ministerio, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la financiación de
las oficinas y para la colaboración con las asociaciones de ayuda a las
víctimas. Es de muy reciente firma --26 de mayo-- el convenio suscrito
con el Gobierno de las Islas Baleares para la puesta en marcha de la
oficina en dicha Comunidad.
Por último, como medida legislativa, que afecta decisivamente a la mujer
y especialmente a la defensa de sus derechos, el Ministerio de Justicia
elaboró el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, y si bien es
cierto que es un reglamento de carácter general, no cabe olvidar que
respecto a materia de separación y divorcio las beneficiarias de este
reglamento son mujeres en un setenta por ciento.
En un segundo orden de temas, me gustaría comentar a sus señorías la
participación del Ministerio en políticas de igualdad y prevención de la
violencia. El día 10 del mes actual el Ministerio firmó con el Instituto
de la Mujer un convenio-marco de colaboración para el desarrollo de las
políticas de igualdad en materia jurídica. En el marco de dicho convenio
se van a realizar las siguientes actuaciones: la realización de unas
jornadas jurídicas sobre la materia, con participación de profesionales
de la judicatura, fiscalía, secretaría judicial y abogacía, que están
previstas ya, junto con el Consejo General del Poder Judicial; la
desagregación de las estadísticas del Ministerio en lo que se refiere a
mujeres; impulsar una comisión interministerial sobre tráfico de seres
humanos; unificación de las actuaciones de los médicos forenses en
materia de agresiones a mujeres; análisis conjunto de las necesidades de
estudios específicos para realizarlos de forma unitaria, y coordinar los
contenidos de las publicaciones propias en lo que afecten a la mujer y
sus derechos.
El Ministerio de Justicia, en relación con esta problemática, está
presente en iniciativas de otros departamentos y, a título enunciativo,
en la Conferencia sectorial sobre violencia que, a iniciativa del
Ministerio de Trabajo, se va a realizar el próximo 24 de noviembre, con
participación de las Comunidades Autónomas, Federación Española de
Municipios y Provincias y Ministerios de Interior y Sanidad; en el grupo
de trabajo constituido con los Ministerios de Interior, Sanidad e
Instituto de la Mujer se está estudiando la elaboración de un protocolo
de actuación en caso de violencia contra las mujeres, especialmente en lo
relativo a las actuaciones policiales y forenses; igualmente, estamos
trabajando en una campaña publicitaria relativa a la violencia contra la
mujer, a realizar el próximo año por el Instituto de la Mujer.
En otro orden de cosas, y respecto a la política de indultos, que puede
discriminar o no a la mujer, quisiera comentarles a sus señorías que,
desde la llegada al Ministerio, no se ha concedido ningún indulto sobre
delitos contra la libertad sexual, lo que en mi opinión, evidentemente,
contrasta con las situaciones anteriores, en las que en el primer
cuatrimestre de 1996 se habían concedido seis indultos en esta materia y
en el año 1995 otros 15. Igualmente, de los ocho indultos concedidos a
hombres en el presente año por abandono de familia, es de destacar que
todos ellos han sido condicionados a que cumplan sus responsabilidades
económicas. No se concede el indulto si no es previo cumplimiento de las
responsabilidades que tengan.
Como última parte de esta primera intervención, quisiera explicarles a
sus señorías las demandas sociales existentes en prevención de la
violencia contra la mujer, que era uno de los contenidos del III Plan de
Igualdad y la situación en la que actualmente nos encontramos.
Nos estamos planteando el estudio de medidas como la prohibición de
proximidad o la orden judicial de protección, pero se trata de un estudio
complicado, porque no puede adoptarse de manera indefinida; simplemente
por el riesgo no puede privarse de forma indefinida de un derecho tan
fundamental como es la libre elección de residencia.
Otro de los asuntos en los que estamos trabajando es en la agilización de
los procesos. Debo señalar a sus señorías que no es un tema que afecte
exclusivamente a los procesos en los que se ven involucradas las mujeres,
aunque sí efectivamente se ven en cierta forma más perjudicadas, sino que
entra dentro de la reforma procesal civil en la que estamos trabajando y
que esperamos que, en breve plazo, pueda estar en discusión
parlamentaria.
En relación con las redes de prostitución de mujeres extranjeras, se ha
llegado a afirmar que la Ley de Protección de Peritos y Testigos no
cubría las necesidades que estas personas tienen para poder ser
declaradas testigos protegidos a los efectos de denunciar la situación en
la que han accedido al territorio nacional. Hemos estado estudiándolo y,
sin embargo, creemos que la Ley Orgánica de 23 de diciembre, de
Protección de Testigos y Peritos en causas criminales, es suficiente, y
lo único que en opinión del Ministerio hace falta es concienciar en la
aplicación de esta legislación a jueces y tribunales para que pueda ser
aplicada a las personas que se encuentran amenazadas y fuera de su lugar
de origen.
En la última parte de mi intervención quiero señalar a sus señorías que,
evidentemente, las reformas legales son necesarias, pero no lo son todo.
Yo creo que la concienciación social acerca de que la mujer sigue
teniendo problemas propios, distintos del resto de la población, que
merecen un adecuado tratamiento, es una de las fundamentales funciones
que tenemos los poderes públicos; y buena prueba de esta preocupación y
de que hay que seguir trabajando en ello es esta Comisión, ante la que he
tenido y tengo el honor de comparecer para aclararles todos
aquellos extremos que hacen referencia Departamento de Justicia.
Muchísimas gracias, señorías.
Muchísimas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la
señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señora Ministra, por estar hoy con nosotros.
En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que se celebró en
Beijing, reconocíamos que la violencia contra las mujeres era uno de los
obstáculos que hacían que no tuviéramos el desarrollo que necesitamos y
que necesitan los pueblos, impidiendo a su vez que disfrutemos de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Ese mismo
reconocimiento, recogido en el III Plan de Igualdad, también lo hacía el
Gobierno español al firmar las resoluciones de la Conferencia. A pesar de
que reconocemos desde mi Grupo político que tiene muchas vaguedades en su
redacción, la verdad es que confiamos en que las medidas que en él se
recogen se vayan cumpliendo y que cada Departamento actúe según las
acciones acordadas.
Desde el Grupo Socialista creemos que los planes de igualdad son
instrumentos que han hecho que avancemos en el campo de la mujer y que
debemos seguir manteniéndolos. Desde ese convencimiento seguiremos
exigiendo el cumplimiento de esas acciones.
Yo pedí especialmente su comparecencia hoy --y lo dije en la reunión de
la Mesa-- por el problema de la violencia doméstica --usted lo ha
resaltado--, porque si siempre ha sido un tema preocupante, yo creo que
en este último verano hemos asistido a una explosión de esos delitos. Ha
habido muchas muertes, tantas como una media de una mujer muerta por
semana, mujeres que, en la mayoría de los casos, mueren a manos de su ex
marido, es decir, ni siquiera ya dentro de la familia. Yo los calificaría
como asesinatos, y perdonarme la expresión, porque creo que ese es el
calificativo que tendrían que darle algunas sentencias. Debería ser un
problema que estuviera entre las prioridades del Gobierno. Entiendo que
es un problema que no sólo preocupa al Grupo Socialista, sino a toda la
sociedad.
Nos ha explicado las prioridades del Ministerio y debo señalar que yo no
había visto la reforma del Código a la que ha hecho referencia. Muchas
veces se trivializa un poco la violencia contra las mujeres y lo vemos
como algo anecdótico, cuando es algo muy serio y lamentable. La muerte de
mujeres supera a las víctimas del terrorismo y creo que es algo que
tenemos que tener en cuenta.
Le agradezco su presencia en esta Comisión, pero también me gustaría
preguntarle sobre las medidas que ha ido tomando, como la creación de las
oficinas de atención a las víctimas del terrorismo y de los delitos
violentos, así como las partidas presupuestarias del Ministerio para el
año 1998 para la creación de dichas oficinas.
Siguiendo con las medidas del Ministerio que se comprometen a hacer y que
de verdad pueden a corto y largo plazo incidir en la solución de parte de
los problemas, podríamos hablar de la formación de la judicatura,
introduciendo módulos específicos sobre la violencia contra las mujeres,
con lo que nos ahorraríamos, dicho sea de paso también, algunas
sentencias un tanto escandalosas, porque usted sabe que se echa en falta
una mayor sensibilidad judicial contra la violencia doméstica y sexual.
También me gustaría preguntarle sobre los cursos para jueces que ha
pedido el Ministerio al Consejo General del Poder Judicial para formación
en temas específicos de violencia contra la mujer; cuándo lo ha hecho y
qué respuesta ha habido por parte del Consejo.
Desde el Grupo Socialista también entendemos que es importante la
formación de los fiscales en estas materias, que son, en definitiva, los
que deben de ejercer la acción penal, así como de los médicos forenses
que intervienen directamente. Me gustaría saber cuántos cursos se han
hecho, si se han hecho y con qué contenidos, así como la partida
presupuestaria que tiene en el año 1997 y con qué partida cuenta en el
año 1998.
También querría preguntarle qué ha hecho en el ámbito de la policía
judicial; y no me diga que la policía judicial depende del Ministerio del
Interior, porque funcionalmente depende de los jueces. La formación de la
policía judicial es tan importante como la reforma legislativa porque no
todo se puede arreglar a golpe de reforma de código penal.
Pienso que la realidad hay que cambiarla no sólo a golpe de leyes; si las
leyes se cambian para mejorarlas, ahí estaremos también apoyando esa
reforma, porque se trata sobre todo de perfeccionar dichas leyes y
hacerlas más eficaces cada día.
Me gustaría también resaltar, señora Ministra, que parece que la figura
del Fiscal no existe en estos casos, quizá porque esté entretenido en
otros menesteres, pero a veces echamos en falta su presencia. Hace unos
meses fue dictada en la Audiencia Provincial de Barcelona una sentencia
en la que prácticamente se dejaba impune una violación en el ámbito del
matrimonio, y el fiscal dijo que no iba a recurrir.
Quisiera preguntarle, en virtud de la facultad que le da el artículo 8
del Estatuto del Ministerio Fiscal, que autoriza al Gobierno a instar al
Fiscal General del Estado para que promueva ante los tribunales las
actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público, qué ha
hecho el Gobierno, si ha dado alguna instrucción al respecto.
También me gustaría saber, señora Ministra, si el Fiscal General del
Estado ha realizado alguna instrucción a los fiscales en materia de
delitos contra la libertad sexual con arreglo al Código actual y cuál es
la última instrucción en materia de malos tratos, si es que se ha hecho
alguna. Por tanto, quisiera solicitar su intervención en los temas de
delitos contra malos tratos a las mujeres.
Con referencia al acoso sexual, el anteproyecto que han presentado
acentúa un poco la indiferenciación del comportamiento incriminado
respecto al ya tipificado y,
en este caso, señora Ministra, creo que deberían haberse dado los
primeros pasos definiendo y tipificándolo con las correspondientes
sanciones y modificando a su vez la legislación laboral. Así opinan
también los Sindicatos.
Entiendo que esa reforma del Código Penal es una medida que no se
contempló en el III Plan de Igualdad y que ni siquiera era una prioridad
para los Sindicatos. De cualquier forma, creo que el acoso sexual se
debería tener en cuenta en la reforma de la legislación laboral, incluso
que se recogiera en los propios convenios laborales. Esta y otras medidas
hacen necesario que exista un asesoramiento a las víctimas de tales
conductas. Quizá pudieran ser medidas más eficaces que las reformas
penales que se pudieran poner en marcha.
Por ello, no puedo pensar que esta reforma responde sólo a una medida un
poco efectista, porque es un problema que afecta mayoritariamente a las
mujeres como es el acoso sexual en el trabajo.
Respecto a la prostitución, señora Ministra, coincidimos todos en que es
algo que hay que combatir, porque supone una vejación y una marginación
para las mujeres, pero pienso que el Código Penal no es el instrumento
más idóneo para combatirla. Una cosa es proteger la prostitución de
menores y otra es que ustedes pretendan también penalizar la prostitución
de mayores consentida. No podemos, señora Ministra, proteger desde la
legislación una determinada moral sexual, sino garantizar la libertad en
el ejercicio de la sexualidad.
También le recuerdo, señora Ministra, que con la habitual confusión que
tiene este Gobierno entre lo público y lo privado, están tratando de
imponer a través del instrumento público más poderoso y gravoso del que
disponen, que es la pena, una determinada moral sexual que, aunque
respetable en lo privado, no pueden, mediante la amenaza de cárcel,
obligarnos a compartir a toda la sociedad.
Una vez más, le cito un párrafo del propio Consejo General del Poder
Judicial sobre el articulado del anteproyecto que llama la atención sobre
la necesidad de delimitar muy claramente los aspectos morales de los
penales. Cito textualmente: El Derecho Penal tiene una función de
protección de bienes jurídicos, considerando su carácter fragmentario y
de última ratio. Por consiguiente, puede y debe penalizarse la
prostitución entre adultos, pero --señora Ministra-- si ésta se ejerce
coactivamente, y no cuando es resultado de una libre decisión individual.
Esto no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, sino el Consejo
General del Poder Judicial.
Señora Ministra, la prostitución hay que combatirla, claro que sí, pero
desde otros ámbitos y con otras medidas. No sé si usted se ha reunido con
asociaciones de mujeres que trabajan en la prostitución, pero quisiera
decirle que las medidas que hay que aplicar no son las de crear guetos,
ni que exista mayor control penal, ya que se ha demostrado su ineficacia.
Hay que proteger la prostitución de menores, sin embargo, respecto a la
prostitución de mujeres mayores sería más eficaz potenciar programas de
acción social, programas coordinados de atención a estas mujeres y a sus
hijos y ofrecerles modelos alternativos de intervención y apoyo para
posibilitarlas a acceder a nuevas y mejores condiciones de vida.
Es importante encontrar soluciones legislativas que sean a la vez
razonables y razonadas. Por eso, las modificaciones no pueden hacerse en
marcos sociales y de opinión, en los que se suceden distintos
acontecimientos que ponen de manifiesto a simple vista una situación de
insuficiente amparo. También es importante reflexionar sobre la
aplicación de la propia Ley y son necesarias acciones públicas
prioritarias que deben canalizarse a través de políticas educativas y
sociales, porque, como se ha puesto de manifiesto, el Código Penal no es
el instrumento más eficaz y el único en orden a la protección de los
valores y bienes jurídicos que se ven en cada momento amenazados. No cabe
centrar exclusivamente los esfuerzos en las medidas de expansión de los
tipos penales o en la agravación de las penas unida a los mismos, sino
que debe velarse también por medidas preventivas y coactivas, exigiendo,
en todo caso, el cumplimiento de la legislación vigente.
Finalmente, señora Ministra, quisiera decirle que existiendo una reforma
del Código Penal, me parece un poco extraño que no se adopte ninguna
medida, que no haya ninguna iniciativa, para exigir que las mujeres no
sigan yendo a la cárcel por abortar. Me parece impropio cuando se trata
de una mujer Ministra, permítame que se lo diga. Creo que con todas estas
cuestiones queda patente la diferencia entre la política del Partido
Popular y del Grupo Socialista. Sí quisiera decirle que estamos
totalmente de acuerdo en seguir manteniendo y en dar un tratamiento
específico a los temas de mujeres.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Navarro.
La Ministra de Justicia, hace unos días, se puso en contacto con esta
Presidenta para informarle de que le había surgido una reunión a las
12,30 horas en el Consejo General del Poder Judicial. En principio,
habíamos acordado en que contestara una por una a todas las portavoces,
pero, si no hay inconveniente --como creo que no lo habrá-- seguimos el
turno de portavoces y la señora Ministra contestará después.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto, la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Gracias señora Presidenta.
Gracias también a la señora Ministra de Justicia y bienvenida a ésta su
primera comparecencia ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.
Se ha dicho aquí que con la aprobación del III Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres se aprueba también que todos los
departamentos ministeriales deberán adoptar las medidas necesarias para
desarrollar y ejecutar este Plan. Precisamente, desde su Ministerio,
desde el Ministerio de Justicia, estoy convencida de que tenemos mucho
trabajo por hacer para garantizar los derechos y la igualdad entre
hombres y mujeres. Desde luego, hay muchísimos puntos a tratar y usted ha
hecho
referencia a tres puntos concretos. Yo también, al igual que ha hecho la
compañera del Grupo Parlamentario Socialista, me detendré en uno de los
que creo que hoy por hoy es de los más importantes. No sé si está
aumentando la violencia contra las mujeres pero está claro que a las
puertas del siglo XXI, dentro de la familia o incluso por parte de ex
compañeros, estamos asistiendo a una violencia que me da miedo
denominarla doméstica, porque parece que todo lo que es doméstico es como
si quedara en casa o tuviera poca importancia, pero es una violencia,
como se ha calificado aquí, que incluso llega al asesinato en algunos
casos extremos, cuando se llega al fallecimiento de la mujer. Creo que
nos lo tenemos que tomar en serio, y estoy segura de que todas las
mujeres, y también los hombres, nos lo tomamos con la seriedad que
requiere este tema, y más que violencia doméstica es una violencia pura y
dura ejercida sobre las mujeres no sólo dentro de las relaciones de
pareja o de las relaciones familiares.
Es verdad que después del verano hemos visto situaciones dramáticas que
han trascendido a la opinión pública a través de los medios de
comunicación, incluso con imágenes televisivas impactantes y horrorosas
pero que, a lo mejor, son la forma de hacer reaccionar a la mayoría de la
sociedad, porque no nos podemos quedar impasibles ni resignadas ante
estas situaciones.
No soy partidaria de los Cambios legislativos apresurados o
modificaciones del Código Penal provocadas por casos concretos, como
hemos visto en otros temas, como la prisión provisional o como el regreso
de los jueces que han pasado por la política y quieren volver a su puesto
de trabajo. Me dan miedo los continuos cambios legislativos que vienen
provocados por situaciones concretas, incluso por personas concretas,
porque a la larga esto no va a beneficiar a lo que todas y todos
intentamos, que es lograr esta igualdad y evitar que la mujer se siga
viendo por parte de algunos compañeros o dentro de la propia familia como
un objeto más de su propiedad sobre la que se puede ejercer la violencia
física de la que aquí hemos hablado. Pero entiendo que es necesaria la
adopción de medidas tendentes a sensibilizar a todos aquellos
profesionales que están en contacto con estas víctimas.
Usted ha hablado de jornadas de especialistas en las que participan
jueces, fiscales, abogados, etcétera, y creo que esto es positivo. No se
puede entender, como hemos visto últimamente, que una mujer que está
hospitalizada debido a una gran paliza que le ha propinado su compañero o
ex compañero, todavía tenga que soportar el horror y el terror a salir a
la calle porque él ha quedado inmediatamente en libertad después de haber
sido puesto a disposición judicial.
No sé si agravando las penas o tipificando como delitos más actuaciones
vamos a dar pasos de gigante, lo que realmente hace falta es una
concienciación de que esta violencia brutal hacia las mujeres que han
sido compañeras es un hecho mucho más grave --y quizá debería tratarse
como agravante-- que cualquier otra violencia producida por peleas entre
dos personas que por los motivos que sean no se ponen de acuerdo y llegan
a la agresión física. Tendría que ser al revés, la violencia que se
produce dentro de la familia y la violencia que se produce contra las
mujeres se tendría que ver como algo mucho más grave, y no solamente en
relación a las posibles lesiones o secuelas físicas que le puedan quedar,
tratándolo como un delito de lesiones más teniendo en cuenta el tipo de
secuelas o de lesiones que se le han producido.
No quisiera extenderme mucho más porque sé que el tiempo apremia, pero no
quiero dejar de mencionar otro tema que se ha apuntado aquí y en el que
también tendría que ir avanzando desde su Ministerio, me refiero a la
despenalización del aborto. Se avanzó ya en su día despenalizando tres
supuestos que actualmente se contemplan en nuestra legislación. Pero
entiendo que es un atentado a la dignidad de la mujer y de las personas
en general que a estas alturas tengamos que ver procesos en los que se
criminaliza la actuación de las mujeres y, por consiguiente, de los
médicos que les han asistido, y cuando se ven en la necesidad de
interrumpir el embarazo --porque una mujer no pasa por esta situación por
simple capricho o gusto, sino que siempre es una acción traumática--,
encima tienen que soportar una persecución legal.
Ya sé que desde su Partido no existe o no ha existido hasta el momento
una especial sensibilización hacia la despenalización total del aborto,
pero en un principio tampoco se estaba de acuerdo en los tres casos que
actualmente se contemplan y poco a poco se ha ido asumiendo por parte de
la mayoría de la sociedad, porque al final la realidad se impone y se ha
visto la necesidad de legalizar los supuestos que ahora se contemplan.
Creo que entre todas tenemos que hacer un esfuerzo, también desde el
Grupo Parlamentario Socialista --que me consta que lo hacen-- y poner
toda la carne en el asador para que los compañeros se conciencien, porque
muchas veces no se toman lo suficientemente en serio los temas
relacionados con la mujer, los planes de igualdad o las acciones
positivas, pero en cuanto sale el tema del aborto, éste sí que es un
asunto prioritario para hombres y mujeres, y no precisamente para
favorecer la despenalización del aborto, sino para todo lo contrario,
para frenar aquellas actuaciones que tiendan a la libertad de decisión de
las mujeres.
Por último, me gustaría tocar un tema que afecta a hombres y mujeres,
especialmente a éstas, porque son las que tienen a su cargo la guarda y
custodia de menores en los casos de separación o divorcio, o en los
simples casos de separación de hecho a pesar de que no haya existido
matrimonio.
Estamos asistiendo a un problema de sustracción de menores del territorio
español por parte del progenitor que no tiene a su cargo la guarda y
custodia, y nos encontramos ante la impotencia y la imposibilidad de
perseguir o de intentar que se devuelva el menor a su país de origen. No
me estoy refiriendo a los países que tienen firmado el Convenio de La
Haya, sino a aquellos países en los que no existe tal convenio. Cada vez
hay situaciones más dramáticas de sustracción de menores por parte del
progenitor que no tiene la guarda y custodia, y la justicia, los fiscales
dicen que no pueden actuar porque no existe
delito. Aquí un padre o una madre se puede llevar a su hijo o a su hija
menor y no pueden actuar.
Este es un problema internacional sobre el que habrá que discutir mucho
más. En países de Sudamérica --y me consta-- la sustracción de un menor
por parte del padre o de la madre sin consentimiento, porque no tiene la
guarda y custodia, se contempla como un secuestro. Yo no digo que esta
sea la solución idónea y que tengamos que hacer lo mismo en nuestro país,
pero sí que haya una concienciación y que tanto jueces como fiscales y la
justicia en general puedan actuar de manera que, por lo menos como
garantía, se ponga a disposición de la justicia al menor que ha sido
sustraído --no sé si decir ilegalmente, porque creo que hay un vacío
legal en nuestra legislación-- de la guarda o custodia del padre o de la
madre.
No me quiero extender más porque sé que la Ministra no tiene mucho
tiempo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Costa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra la Senadora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, gracias por comparecer ante esta Comisión.
La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres se considera cada vez
más un elemento dominante en la construcción de una sociedad justa y
democrática, además de una cuestión de ciudadanía que refuerza el valor
fundamental de esta democracia.
No obstante, a pesar de los avances logrados, las desigualdades existen y
siguen existiendo muchas situaciones inaceptables. No es normal que 40
años después de la firma del Tratado de Roma sigan existiendo diferencias
importantes en el salario de hombres y mujeres; no es normal que el
número de mujeres que participan en las instancias de toma de decisión
sea tan bajo; no es normal ni justo la creciente feminización de la
pobreza; y, sobre todo, no es normal, ni justo, ni pueden tolerarse los
actos contra la dignidad de las mujeres ni la violencia de que son
objeto, las agresiones y los malos tratos a que son sometidas ni otros
abusos como el empleo ilegal, el tráfico transfronterizo y otras formas
de explotación y abuso.
La muerte violenta de mujeres a manos de sus cónyuges o consortes se ha
elevado recientemente a tales proporciones que resulta alarmante. Es, sin
duda, un terrorismo que hay que erradicar.
Solicitamos prioridad y urgencia en los procesos que afectan a la
violencia doméstica. Hay que proteger a la víctima y alejar al culpable.
La denuncia agrava muchas veces la situación de la víctima. Hay que
castigar a los maltratadores y hay que proteger a las personas
maltratadas. La mayoría de las denuncias de los malos tratos se resuelven
en meros juicios de faltas, a veces se reducen a una multa o a un arresto
domiciliario. Señorías, señora Ministra, es un gran contrasentido
encerrar verdugo y víctima. En los casos más graves, las mujeres víctimas
de malos tratos pueden buscar refugio en las escasas casas de acogida;
las víctimas tienen que encerrarse. ¿No habría que encerrar y rehabilitar
a los maltratadores? Es evidente que necesitan ayudan psicológica. ¿Qué
se hace respecto a esto?
El año pasado se presentaron en España más de 16.000 denuncias por malos
tratos y murieron más de 50 mujeres a manos de sus esposos o ex esposos,
de sus compañeros o ex compañeros, pero antes habían denunciado violencia
y ataques domésticos. Se calcula que más de 300.000 mujeres españolas son
víctimas de malos tratos sin que algunas presenten denuncias, con lo que
todo ello conlleva respecto a la desestructuración de la familia y las
consecuencias negativas para los hijos.
Señorías, hay que apartar del domicilio familiar al agresor, prohibirle
acercarse al domicilio o lugar de trabajo. Hay que dar protección y
atención a la víctima. Pedimos medidas de urgencia en los juzgados de
guardia cuando hay una denuncia de este tipo.
Hay que estudiar las causas y las medidas preventivas de la violencia.
Incorporar la perspectiva de género en la labor de los centros de
profesionales y de atención a la víctima en comisarías y juzgados, así
como que en sus dependencias puedan ser atendidas por personal
especializado jurídica, psicológica y sanitariamente, con el trato
humanitario que precise y garantice su intimidad. Impulsar programas de
prevención e integración social para mujeres en situación de riesgo y de
exclusión social y sensibilizar a las sindicaturas y defensores del
pueblo en la defensa de los derechos de la mujer.
El turismo sexual y el tráfico y explotación de mujeres y menores es otra
preocupación de esta Comisión, señora Ministra, y prueba de ello es la
constitución, en el seno de la misma, de una Subcomisión para el estudio
de la materia.
Hay que luchar contra este tráfico de mujeres, que bien podríamos
considerar como la esclavitud de nuestra época, contra un turismo sexual
perfectamente organizado en el que la mayoría de las veces los menores
son las víctimas; penalizar no sólo a los responsables, sino también a
los usuarios; prestar una atención especial al tráfico a través de
Internet; promover residencias temporales a las víctimas del tráfico y de
la explotación de la prostitución y a las personas que hayan manifestado
su voluntad para declarar. Prestar asistencia jurídica gratuita, prestar
asistencia médica, social y policial; colaborar con las ONGs del país de
origen y de destino del tráfico para que puedan estar más próximas y en
contacto con las víctimas y una serie de medidas más, las cuales ha
anunciado la señora Ministra.
Esperamos, señora Ministra, que su Ministerio continuará trabajando en
estos temas para lograr una mayor justicia para todas las mujeres.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Solsona.
La señora Aramburu será la portavoz de Izquierda Unida, a la que le
deseamos realice un buen trabajo, que será excelente para todas y todos
nosotros.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Gracias, señora Presidenta.
Buenas días, señora Ministra. He de decirle que es un placer tenerla
entre nosotros, y espero que la expectativa que conlleva ser ministra y
mujer a la vez no sean defraudadas en esta Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer. Por lo tanto, espero que se esmere en sus trabajos con
respecto a la responsabilidad contraída.
Con respecto al Plan de Igualdad para la Mujer, debo decir, como portavoz
de mi Grupo que, aun siendo un plan tremendamente importante, como
ustedes bien saben, lo consideramos a todas luces insuficiente, porque
entendemos que no se arbitran las garantías suficientes para dar
cumplimiento a todo ello.
En el sur, de donde provengo, hay un lema tremendamente importante que
dice que todo lo que no está en los presupuestos no existe; es decir, que
la política que no tiene reflejo presupuestario no existe. Por lo tanto,
me interesaría muy especialmente saber el reflejo presupuestario de las
medidas que piensa arbitrar la señora Ministra con respecto a la
responsabilidad del organismo que dirige en el marco del III Plan de
Igualdad de Oportunidades.
En ese sentido, haré algunas reflexiones de carácter general muy
centradas en la referencia que usted ha formulado respecto a las
responsabilidades contraídas.
Efectivamente, aparece como un eje central que atraviesa a todos los
grupos políticos, pero fundamentalmente a la sociedad, la gran
preocupación en el marco de los malos tratos y lo que --no de manera
eufemística, sino de forma real-- hemos denominado las feministas --y
fundamentalmente la clase política-- como violencia doméstica.
Efectivamente, al tener la connotación de alarma social, el tratamiento
adquiere un rango superior. Insisto, el hecho de tener un tratamiento de
alarma social, la consideración de malos tratos y violencia doméstica
adquiere un rango superior en el marco de las zonas más deprimidas de la
sociedad.
Me interesa muy especialmente saber el tratamiento que, desde el
Ministerio de Justicia, se le va a dar en los tres niveles que
acostumbramos a tratar cada uno de los elementos de conflicto que surgen
en la sociedad, como es el marco de la prevención --un elemento de
carácter prioritario--, el marco de la asistencia y el marco del
tratamiento.
Efectivamente, las muertes ya se han aducido a las estadísticas, y no
solamente a ellas, sino también de no haberlo denunciado por temor --que
se sitúa aproximadamente en un 10 por ciento--, y sepa usted, señora
Ministra, que el no haberlo denunciado tiene muchas connotaciones, y una
es el comportamiento de los miembros laborales y funcionales de su
Departamento, por el tratamiento absolutamente vejatorio que se recibe
cuando se efectúa una denuncia, del carácter que sea, en la comisaría,
allá donde esté; normalmente desde el Departamento se suele decir: algo
habrás hecho.
Por lo tanto, me gustaría conocer cómo piensa arbitrar medidas para
resolver los conflictos que devienen del comportamiento en sus propios
organismos afectados para que la situación de temor que se produce en una
mujer cuando va a denunciar sea resuelta. Efectivamente, en muchos casos
la muerte se produce por el tratamiento de objeto privado que desde el
marido se da con respecto a la mujer. En ese sentido, un tratamiento que
sale del marco de lo doméstico tiene carácter de público; el tratamiento
que le da el Gobierno Aznar y, en su caso, su Ministerio, es un
tratamiento con una gran connotación de privacidad.
Me gustaría preguntarle por qué las casas de acogida no están en manos de
organismos públicos, sino de fundaciones o de entes semiprivados. Es
decir, por qué lo público no acoge en su seno lo que tiene carácter
absolutamente público.
En materia de acoso sexual, debo interesarme por la vinculación con los
sindicatos que hoy si están a la cabeza del trabajo en este aspecto, y me
gustaría saber si está dispuesta a tipificar suficientemente lo que hoy
no está recogido en esos términos en el marco legal.
En cuanto a la prostitución, tema que se ha planteado, me parece
tremendamente importante acabar con la doble moral, sobre todo con el
fariseísmo que atraviesa a alguna clase política o a una franja
importante de la sociedad. Creo que habría que partir de una primera
premisa, y es que el conflicto o la gravedad está en quién demanda la
prostitución, no en quien la ejerce. Por lo tanto, en quién la demanda es
donde, de alguna manera, se sitúa la llaga del asunto y habrá que
realizar los estudios correspondientes y analizar el comportamiento
social para saber qué hacer.
Efectivamente, en el marco de la prostitución, es decir, con
consentimiento, y en el marco de la libertad sexual, lo único que hay que
arbitrar son mecanismos, y tampoco aparecen de una manera explícita
--solamente de una forma muy residual y en zonas de alto riesgo, como no
podía ser de otra manera-- elementos que deberían ser absolutamente
generalizables para el conjunto de la población que trabaja en este
gremio, como son los sanitarios, la integración y la educación.
Observo algunas lagunas en lo que podríamos convenir en llamar un
secuestro encubierto de niños acogidos. Hay que saber qué tratamiento se
le va a dar desde el punto de vista del Código Penal y desde el punto de
vista social. En materia de adopción de niños por parejas del mismo sexo
me gustaría conocer también el tratamiento que tiene previsto abordar su
Ministerio. Asimismo, nos gustaría conocer si van a hacer algún intento
serio, en el marco de la futura ley de parejas de hecho, para que todo lo
concerniente a elementos claramente discriminatorios con respecto a la
mujer puedan estar resueltos con medidas de discriminación positiva.
Con mucha brevedad, me gustaría preguntarle sobre las actuaciones que se
derivan dentro del marco del objetivo
de los organismos responsables en el III Plan de Igualdad.
En el punto 3.11, usted plantea estudiar la legislación vigente con todos
los aderezos que vienen a continuación. Yo le preguntaría sobre algo
absolutamente importante, que en política tiene un gran valor: ¿En qué
plazo tiene usted previsto temporalizar ese estudio? ¿Con qué medidas
correctoras? Y vuelvo a plantearle algo que me va a oír normalmente: ¿Con
qué reflejo presupuestario?
A continuación, en el marco del área en la que usted o su Ministerio
también tienen responsabilidad, quiero preguntarle si en el tema del
acoso sexual, del que hablábamos anteriormente, la aplicación del código
de conducta aprobado por el Parlamento Europeo va a tener incidencia. Es
decir, ¿tiene categoría de carta superior? ¿Cómo interviene?
En el punto 3.13, respecto al organismo del que usted es responsable,
cuando habla de impulsar la participación del Instituto de la Mujer en
los procesos laborales, etcétera, quiero preguntarle si tiene usted
intención de darle categoría de asesoría gratuita o se va a presentar
como una acción popular y saber, igualmente, su reflejo presupuestario.
En el punto 7.1.7, en el organismo que usted dirige, cuando habla de
impulsar la modificación de la legislación penal, quisiera saber, en
concreto, con qué medidas y, como siempre, para ser rigurosos, con qué
temporalidad. Igualmente, en el perfeccionamiento de la estadística,
utilizada actualmente a partir de las denuncias, yo le planteo, ¿hay
alguna magia que usted haya arbitrado, aparte de lo que se está
trabajando, cuando aduce que lo va a perfeccionar, sabiendo usted mejor
que el conjunto de nosotras que no exceden de un diez por ciento las
denuncias arbitradas por las mujeres?
En el punto 7.2.5 cuando habla de proponer el endurecimiento de las
penas, en la parte en la que su organismo es responsable, quiero
plantearle, ¿cómo va a intervenir de nuevo, qué va a hacer y cómo tiene
planteado el código de conducta europeo?
En el punto 7.3.2, en la actuación del organismo del que usted es
responsable, plantea la viabilidad de establecer un permiso de
residencia, etcétera, y yo tengo la impresión de que hay un sesgo
paternalista y discriminatorio para aquellos que tengan que testificar.
¿Que pasaría con aquellas que no puedan hacerlo?
En el punto 7.3.3, en el que también tiene intervención su Ministerio, se
plantea proveer a las víctimas de tráfico de personas ..., etcétera, y yo
le plantearía cómo, dónde y, de nuevo, su reflejo presupuestario.
En el punto 8.1.1 le pregunto: ¿Qué plazo, qué cuantía y qué método de
actuación se seguirá ante los que no pagan? Me parece que ese es otro de
los temas que adquiere carácter social y de Estado.
Concluyo planteándole lo siguiente: las organizaciones feministas en su
conjunto, cuantitativa y cualitativamente importantes por su incidencia
social y por lo que representan, han visto que hay actuaciones destacadas
que está obligado a acometer el Gobierno de la nación. Me gustaría saber
su índice de responsabilidad y si, efectivamente, se va a situar de forma
corresponsable con la demanda, primero, en el marco de la ampliación del
cuarto supuesto de despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo y, además, saber qué posición van a tomar, en concreto, en lo
que tangencialmente le pueda tocar, respecto a las medidas que permitan
la utilización de la píldora LRU-486, como usted conoce.
Respecto a la penalización con prisión de los abusos sexuales a menores,
¿cuáles van a ser los márgenes y cuáles van a ser los elementos que lo
van garantizar? Por otra parte, ¿tiene previsto crear un instrumento
jurídico que garantice la percepción de las pensiones compensatorias y de
alimentos fijadas en cualquier resolución judicial, amén del fondo del
que hemos hablado hoy, puesto que el incumplimiento está absolutamente
constatado por la mayoría de las mujeres? Y, en última instancia,
quisiera saber si tiene intención de crear la figura defensora de la
igualdad en lo que a su Ministerio le corresponde.
Señora Ministra, yo quisiera emplazarla para ver la posibilidad, entre
todos, de crear un departamento en su Ministerio de carácter
interdisciplinar de género. Luego, está la necesidad, que creo que tiene
un carácter absolutamente prioritario, de instaurar un reglamento de
participación de mujeres de organizaciones feministas.
Por último, quiero hacerle una pregunta, nada perversa, absolutamente
importante para conocernos todos y todas, como es saber cuál es el
porcentaje de cargos directivos que tiene usted en su Ministerio.
Termino planteándole que entiendo que desde la colaboración con el resto
de la Cámara, con esta Comisión, le va a ser mucho más fácil cumplir sus
deberes con el 52 por ciento de la población.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aramburu.
Se nos ha ido el tiempo pero comprendo que hoy era la primera vez que
ejercía como portavoz. Les ruego que hoy seamos breves y, aunque ya saben
que en esta Comisión no hay tiempo tasado, hoy andamos un poco mal. De
todas maneras, muchas gracias, por todo.
La señora Sainz es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y, además,
si me permiten sus señorías, es Diputada por Galicia. Esta Presidenta, y
confío que la Mesa y el resto de las parlamentarias y parlamentarios que
la conformamos, queremos darle la enhorabuena por las elecciones que se
han celebrado en su Comunidad y confiamos y le pedimos que transmita el
deseo de esta Comisión de que cada día más en esa tierra suya, donde ha
ganado el Grupo al que usted representa, se trabaje para conseguir esa
igualdad entre hombres y mujeres y sus derechos.
Tiene su señoría la palabra.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
No le quepa duda que en nuestra Comunidad Autónoma, Galicia, es un
compromiso de nuestro Presidente, don Manuel Fraga, el trabajar por ese
objetivo de la igualdad.
Es, por lo tanto, sin duda, el que guiará cualquier actuación, porque,
además, sabemos, y en el Partido Popular lo tenemos muy claro, que la
igualdad es un empeño de todos y el principio de transversalidad que
asegure que en todas las acciones, en todas las políticas y en todas las
medidas esté precisamente la idea de la igualdad, es el mejor camino para
conseguirlo. Muchas gracias.
Después de ese agradecimiento, yo quiero dar la bienvenida, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, a la Ministra de Justicia y decirle, además,
que con su comparecencia se abre hoy un nuevo período en esta Comisión
Mixta porque, por primera vez, comparece una ministra --hubiera sido
igual que hubiera comparecido por primera vez un ministro-- que no es el
responsable del Instituto de la Mujer. El Grupo Parlamentario Popular
había solicitado en muchas ocasiones en la etapa anterior que así fuese,
pero no había sido posible que esto fuera una realidad. Ahora, con este
nuevo Gobierno, tenemos la oportunidad de que comparezcan responsables
directos de cada uno de los Departamentos. Sin duda, para la Comisión
Mixta es, además, motivo de satisfacción que la primera comparecencia sea
de usted, de la Ministra, de una mujer que, además, tiene una
importantísima tarea.
Como de alguna manera señaló al principio de su intervención, nuestro
grupo sabe que el tercer Plan se elaboró en base a un amplio proceso de
consulta con las organizaciones no gubernamentales, con las Comunidades
Autónomas y, desde luego, de intensa colaboración con todos los
ministerios. En definitiva, se establecen unos objetivos concretos y unas
medidas, también muy específicas, en las diferentes áreas, que están
destinadas a aplicar y a desarrollar ese principio de transversalidad que
pueda asegurar el principio de igualdad, que es el que nos reúne y nos
une a todas en este trabajo conjunto, para que sea tenido en cuenta, por
lo tanto, en toda planificación, en toda la ejecución y en toda la
coordinación de cualquiera de las políticas públicas.
Pues bien, ese principio conocido, sobre todo, desde la Conferencia de
Pekín, como el principio de «mainstream», constituye, por lo tanto, un
instrumento absolutamente necesario, básico, para poder construir esa
nueva sociedad, una sociedad en la que sea de verdad la participación de
los hombres y de las mujeres en igualdad y, desde luego, para una nueva
sociedad en la que podamos erradicar el tema de la violencia.
En esa línea de colaboración que usted mantiene con el Instituto de la
Mujer y, por lo tanto, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
nos satisface que precisamente usted haya sido una de las primeras que
haya firmado por primera vez ese convenio de colaboración con el
Ministerio de Justicia y que, además, haya ya unas líneas de trabajo muy
definidas, dirigidas, sobre todo, por lo que le he podido escucharle, a
temas de estudio, que son fundamentales, también a datos estadísticos y
también al terreno, tan importante, de formación.
Nuestro grupo, desde luego, valora positivamente la reforma del Código
Penal y, por lo tanto, el proyecto de reforma del Título VIII en los
delitos contra la libertad sexual. Sin duda, el hecho de que recién
aprobado ese último Código Penal hayamos visto, después de un proceso de
reflexión, después de una petición de distintos representantes de
diversos ámbitos, incluso desde el mismo Instituto de la Mujer que fue
sensible y que recibió peticiones en este sentido, que dicho Código Penal
no tuvo toda la atención es algo que nos preocupa a todos y a todas en
esta Comisión.
Nuestro Grupo considera de gran interés social las modificaciones que se
han abordado, tanto en el ámbito de abusos sexuales y de acoso sexual
como de provocación, así como todo lo que se refiere a la tipificación
del tráfico de personas. No sé si usted sabe que en el marco de esta
Comisión se va a constituir, de hecho ha sido aprobado a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular, una ponencia sobre el tráfico de niñas y de
mujeres. Es una preocupación de esta Comisión, que recoge una inquietud
social y en la que se están movilizando todos los países. Sin duda, la
Senadora Navarro, a la que aprovecho para darle la bienvenida como
portavoz, conoce la creación de esta ponencia. Por tanto, en todo lo
relativo al tema del tráfico de mujeres y de prostitución tendremos un
marco importante para debatir en su caso, pero sobre todo para recibir
información, porque será un trabajo muy riguroso e importante. De ahí
sacaremos las conclusiones más acertadas, y creo que, además, con
consenso de todos los grupos, porque es un tema en el que no debe haber
confrontación, sino acuerdo, porque, al fin y al cabo, estamos hablando
de las mujeres más débiles, incluso le diría que difícilmente podríamos
encontrar a una mujer que ejerce la prostitución que sea absolutamente
libre. Pero éste es un tema en el que confío tendremos un ámbito de
trabajo importante, y ya incluso marcaríamos las sugerencias que
podríamos transmitir al Ministerio de Justicia o, en todo caso, al
Instituto de la Mujer, para conocer si es necesario ahondar en algunas
nuevas reformas legislativas.
Me parece de justicia señalar que nuestro Grupo valora positivamente el
trabajo de su Ministerio en el área de protección a esas mujeres que
sufren agresiones, que son víctimas de delitos violentos. Aquí se han
hecho una serie de consideraciones y de reflexiones por parte de las
distintas portavoces, de una manera especial de la portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, que nuestro Grupo valora pero que, por razones de
brevedad, no voy a ahondar en ellas. Por ello, consideramos positivo que
se haya desarrollado el Reglamento de Ayuda a estas víctimas o que se
aprobase el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
En la estrecha colaboración que existe con el Instituto de la Mujer nos
parece de gran interés, por la eficacia que puede suponer, la presencia
de un representante de dicho Instituto en esa Comisión Nacional de Ayuda
y Asistencia a las Víctimas, que se ha puesto en marcha desde su
Ministerio; pensamos que la incorporación de ese representante del
Instituto de la Mujer será muy valiosa. En esa colaboración con dicho
Instituto, también parece de gran interés que se haya constituido un
grupo de trabajo para seguir ahondando en medidas que ayuden a proteger
cada vez más a las mujeres que sufren violencia, y además nos parece
importante que se haga en colaboración con las Comunidades Autónomas.
El tiempo apremia, no voy a entrar en datos, en los que están trabajando,
que se refieren a aspectos desde diseñar formularios nuevos hasta
transmitir a los médicos la necesidad de una línea determinada de
actuación, que usted conoce perfectamente y de los que tengo información.
Pensamos que son importantes también las jornadas que se tiene previsto
realizar en fechas próximas en la sede del Consejo del Poder Judicial,
para, de alguna manera, dar respuesta a algunas de las consideraciones
que hicieron otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra,
sobre la violencia en el ámbito familiar, dirigidas a jueces y a
fiscales, y que son de gran interés para debatir todos estos temas.
Termino señalando, señora Ministra, que tiene todo nuestro apoyo para
continuar trabajando en las medidas que ayuden a que nuestra sociedad sea
cada vez más libre y, sin duda, nunca podrá ser una sociedad libre si hay
un grupo de mujeres, si hay, incluso, diría yo, una mujer en nuestro país
que es víctima de agresiones.
Le querría pedir su máxima colaboración, señora Ministra, para que salga
adelante el anteproyecto de ley de la creación de un fondo para
garantizar el pago de alimentos correspondiente a los hijos, fijados en
las resoluciones judiciales. Se lo quiero pedir porque sé que al hablar
de ello nos estamos refiriendo a las mujeres más débiles, a esas mujeres
que están sufriendo auténticas penurias y que tienen a su cargo a otra
parte de la sociedad a la que esta Comisión Mixta es especialmente
sensible, como son los hijos, como son los niños.
Nada más, señora Ministra, termino agradeciéndole su comparecencia y
haciéndole ese ofrecimiento de colaboración que, por otra parte, sé que
es compartida por otros portavoces que han intervenido hoy en esta
Comisión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia para contestar a las
señoras portavoces.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señorías.
En primer lugar, la señora Presidenta ha dicho que me ha surgido una
reunión a las doce y media, y no es que me haya surgido es que, al ser
convocada por el Presidente del Tribunal Supremo, evidentemente él es el
dueño de la agenda y no yo. Es una reunión que no he podido retrasar, y
por eso pido disculpas por la premura a la que se está sometiendo la
reunión; no era mi intención venir con tiempo tasado, sino todo lo
contrario.
Sean entonces las primeras palabras de contestación a las intervenciones
de sus señorías el ofrecerme a comparecer ante esta Comisión tantas
cuantas ocasiones sus señorías consideren oportuno, para dar cumplida
cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo dentro del
departamento de Justicia en estrecha colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en cuyo organismo departamental, se encuentra
ubicado el Instituto de la Mujer.
He escuchado a las distintas portavoces, y creo que es mucho más lo que
nos une que lo que nos separa. Evidentemente, todas somos conscientes del
trabajo que queda por hacer. No he venido a exponer ante sus señorías
triunfalismo alguno, he venido a exponer un resultado en un plazo
concreto, que es el efectuado desde el 7 de marzo al día de hoy.
De las medidas que tenía que adoptar el Ministerio de Justicia dentro de
lo que es el III Plan para la Igualdad entre hombres y mujeres, dos ya
están puestas sobre el papel en medidas legislativas concretas, la
tercera, que es la medida para erradicar la violencia para la prevención,
a la que todas sus señorías, de una u otra forma han hecho mención,
espero que pueda tener en plazo muy breve respuesta. Existe una
proposición del Grupo Parlamentario Popular tendente a instar a que se
efectúen las modificaciones de prevención y de represión oportunas para
erradicar la violencia familiar.
Sus señorías, al igual que hice yo en mi primera intervención, han puesto
de manifiesto que no todo se consigue con leyes, es evidente, y por eso
la iniciativa del Ministerio de Justicia no se enmarca exclusivamente en
las reformas legales. He hablado de jornadas de formación o de reciclaje,
dicho coloquialmente, de los jueces, fiscales y forenses.
Me han pedido fechas, señorías. Los días 4 y 6 de junio se celebró en
Madrid un curso sobre aspectos del Código Penal dirigido a las abogadas
de los centros de información del Instituto de la Mujer, de las
Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos. A este curso asistieron
cien personas, y los ponentes fueron profesores de universidad y
magistrados. Están ya con calendario los días 15 y 16 de diciembre, en
los que se van a realizar en la sede del Consejo del Poder Judicial
jornadas sobre violencia en el ámbito familiar, dirigidas a jueces y
fiscales, para debatir la legislación actual sobre malos tratos y la
eficacia del régimen de penas y sanciones, de las que sus señorías han
hablado, en concreto se ha dicho que es curioso que la víctima tenga que
convivir con el verdugo, y los aspectos policiales, médicos y forenses, a
los que también nos hemos referido en mayor o menor medida todas las que
hemos intervenido, fundamentalmente sus señorías. Evidentemente, no es
una medida concreta, pero es una medida de concienciación respecto a cuál
es la problemática, y de concienciación a quienes tienen que aplicar y a
quienes tienen que facilitar el acceso a la Justicia de las mujeres
víctimas del entorno familiar.
La Senadora de Izquierda Unida preguntaba qué medidas voy a adoptar para
que en las comisarías las mujeres no se sientan atemorizadas y
avergonzadas. Las comisarías no dependen de la Ministra de Justicia pero,
evidentemente, sí depende de la Ministra de Justicia trasladar a los
responsables de la atención a la ciudadana que se acerca a ellos cuál es
la forma de tratarla cuando ha sido víctima de una agresión. Una de las
fórmulas que se nos ha ocurrido --y creemos que puede ser absolutamente
eficaz-- es la organización de estas jornadas conjuntas entre todos
aquellos que intervienen en el momento en el que se ha producido la
agresión a la mujer y los que tienen
que intervenir posteriormente para aplicar la legislación.
Con esto creo que contesto a varias de las intervenciones respecto a
formación de judicatura y de policía judicial.
Se han referido sus señorías a la partida presupuestaria, y dicen que la
política se hace con dinero. Estoy absolutamente de acuerdo con sus
señorías, y en el tema presupuestario las dotaciones específicas del
Ministerio de Justicia como tales no existen porque el Ministerio de
Justicia no tiene el Instituto de la Mujer; lo que sí tiene enmarcado
dentro del grupo 1, Servicios de carácter general, dotaciones para la
atención a las diferentes partidas que van con cargo exclusivamente al
Ministerio de Justicia. Pero sí me gustaría adelantar a sus señorías que
las diversas subvenciones que se han efectuado a distintas ONGs --en las
que se ha puesto de relieve cuál es la importancia de asesorar a las
víctimas-- han sido en el año 1996 de 205 millones entre 15
organizaciones y en el año 1997 de 213 millones entre 10 organizaciones;
todas ellas se comprometen a prestar asesoramiento jurídico a mujeres
maltratadas y agredidas.
Respecto a los centros de información de derechos de la mujer y el
servicio de atención telefónica de 24 horas, que es otra de las
cuestiones a las que estamos dando prioridad junto con el Instituto de la
Mujer, debo decir que existen nuevos centros que dan información
individualizada de carácter jurídico, profesional, sanitario, recursos
sociales, etcétera --es decir, en el lenguaje unitario que debe darse al
tratamiento del problema de la víctima mujer, no desde una óptica
unidisciplinar, sino pluridisciplinar--, y con carácter fundamental se
atienden denuncias sobre discriminación por razón de sexo. Creemos que
también ésta es una medida positiva que puede contribuir a ir paliando
las diferencias que siguen existiendo, porque es cierto que llevamos
tiempo hablando de la desigualdad entre hombres y mujeres, es cierto que
se ha conseguido mucho a lo largo de estos años, pero también es cierto
que todavía queda por conseguir. Por ello yo instaría a sus señorías a
que nos exijan, a que exijan al Gobierno que vayamos cada vez más rápido
y cada vez en mayor sintonía con lo que reclama la sociedad.
Me han preguntado sus señorías, sobre todo la Senadora Navarro, acerca de
si he dado instrucciones al Ministerio Fiscal. El artículo 8 del Estatuto
del Ministerio Fiscal lo que establece es que si el Gobierno entiende que
existe un política criminal que no está suficientemente cubierta
solicitará del Ministerio Fiscal informe acerca de si va a realizar
alguna actuación concreta o no; el Fiscal General, reunida la Junta de
Fiscales de Sala, contestará al Gobierno. En las resoluciones de que ha
hablado su señoría mis informaciones son que el Ministerio Fiscal ha
recurrido; han sido decisiones judiciales, es decir, que escapan
ampliamente de lo que es la competencia del Ministerio de Justicia. Pero,
señoría, si existe algún ejemplo concreto, actual o futuro, yo rogaría
que se me hiciera llegar para así poder hacer llegar a su vez al Fiscal
General que se está produciendo una discriminación en la aplicación de la
ley. Solicito en este momento la ayuda de sus señorías porque muchos ojos
ven más que dos, y como estamos empeñados en que el tema salga adelante
lo que pedimos es ayuda.
Se me ha hablado del fondo de garantías de alimentos --perdónenme que
conteste desordenadamente, pero no he podido sistematizar demasiado las
intervenciones--. El Instituto de la Mujer ya ha elaborado un
anteproyecto de ley para la creación de este fondo, ha sido remitido hace
dos o tres días al Ministerio de Justicia y puedo asegurar que contará
con todo el apoyo del mismo. Por lo tanto, espero que brevemente pueda
ser examinado en sede parlamentaria y que así atendamos a una de las
necesidades no sólo del menor, sino de la mujer que se ve condicionada
absolutamente por no poder atender a las necesidades de esos menores.
La modificación llevada a cabo en el Código Penal es evidente que para
algunos va más allá de lo deseado y para otros se queda más corta de lo
preciso, pero puedo asegurar a sus señorías que está suficientemente
contrastada, que responde a dos proposiciones efectuadas en el Congreso
de los Diputados y a una resolución de acción común llevada a cabo en el
seno de la Unión Europea. El tratamiento que se ha dado no es el de
penalizar en absoluto --y me voy a referir aquí al tema de la
prostitución-- a la víctima de la prostitución, que es o puede ser la
mujer, sino a quien se favorece con la prostitución de terceros. Ese es
el tratamiento que penalmente hemos querido dar, tanto desde el punto de
vista de lo que hemos dado en llamar turismo sexual como desde el punto
de vista de la prostitución interna, que es aquél que favorezca, induzca
o promueva la prostitución de un tercero. Esa es la idea que subyace en
la reforma del Código Penal, nunca penalizar el ejercicio de la
prostitución en sí mismo y, por supuesto, nada más lejos de la Ministra
de Justicia que hablar de guetos, señoría; eso debe corresponderse con
otro ámbito que no es el del Ministerio de Justicia.
Me queda referirme a si desde mi Departamento voy a proponer la
modificación del Código Penal en materia de interrupción voluntaria del
embarazo. Señorías, en sede parlamentaria, en dos comparecencias, he
manifestado que mi Departamento no va a promover en este momento esa
modificación. No es un tema pacífico, como sus señorías saben; así como
existe un criterio prácticamente unánime respecto a las agresiones a
menores, no es tema pacífico la ampliación en los casos de interrupción
voluntaria del embarazo y, evidentemente, en este momento no lo voy a
proponer. Comprendo que sus señorías, o muchas de sus señorías, no lo
compartan, pero nada más lejos de mí que hurtar a sus señorías cuál es mi
pensamiento al respecto. Lo digo con absoluta convicción y, por supuesto,
siempre sometida al criterio de la mayoría.
La señora Aramburu me ha preguntado acerca de diversos puntos del Plan de
Igualdad, pero bastantes de ellos no hacían referencia al Ministerio de
Justicia en concreto
--por ejemplo, los puntos 3.1.1, el 3.1.3 y el 8.1.1--, puesto que
los míos son los que comienzan por 7. Para no meterme en el terreno de
otros Ministerios, independientemente de que pueda recabar la información
del departamento
correspondiente y remitírsela a la Mesa para su distribución, en este
momento no me considero legitimada para hablarle de los puntos referentes
a otros departamentos ministeriales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Le rogamos que cualquier cosa que usted entienda que le ha podido quedar
sin contestar por la premura de esta reunión nos lo haga llegar a la Mesa
y nosotros se lo trasladaremos a todos los portavoces sin lugar a dudas.
Deberíamos tener un turno de portavoces ahora y son las doce y veinte. Yo
ruego a sus señorías que si quieren decir algo para que la señora
Ministra tome nota lo hagan en el tiempo más breve posible. Seamos
nosotros también corteses con la señora Ministra, que no ha querido
retrasar su comparecencia bajo ningún concepto.
Por ello, si alguien quiere hacer uso de la palabra puede hacerlo, pero
dentro de la seguridad de que la información que nos haga llegar la
señora Ministra sobre lo que no ha podido contestar yo la trasladaré a
todas las portavoces.
¿La Senadora Navarro tiene algo que decirnos?
La señora NAVARRO GARZON: Una cosa brevísima porque no quiero
entretenerla.
Yo le agradezco desde luego la sinceridad que ha mostrado con el tema del
aborto, pero lo que sí me gustaría decirle es que mujeres del Partido
Popular van diciendo que están en contra de que las mujeres y los
profesionales vayan a la cárcel por este motivo y que eso sólo se
consigue con la reforma de la ley. O sea, que sean ellas también
coherentes.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Navarro.
¿Senadora Costa? (Pausa.) Muchísimas gracias.
¿Diputada Solsona? (Pausa.) Gracias.
¿Señora Aramburu? (Pausa.) Muchísimas gracias.
¿Señora Sainz? (Pausa.) Muchísimas gracias.
Señora Ministra, cuantas veces quiera, cuando quiera, y cuantas veces lo
demandemos, le rogamos que venga.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y veinticinco minutos.