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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 50, de 06/05/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 50
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA
DE LAS DROGAS
PRESIDENTE: DON JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 6 de mayo de 1997,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Secretario de Estado de Economía, Excmo. Sr. D.
Cristóbal Montoro Romero, para informar en su condición de Presidente de
la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones
monetarias, de la aplicación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, con
especial referencia a las actividades relacionadas con el narcotráfico.
(S. 713/000139; C. D. 212/000394) (Página 898)
Debate y votación, en su caso, de las siguientes Proposiciones no de ley:
--Sobre el Consejo Asesor sobre drogas. (S. 663/000011; C. D. 161/000260)
(Página 913)
--Sobre programas en zonas de alto riesgo en el marco de la política
preventiva en materia de lucha contra la drogadicción. (S. 663/000013; C.
D. 161/000271) (Página 915)
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA PARA INFORMAR, EN SU
CONDICION DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE
CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS, DE LA APLICACION DE LA LEY 19/1993,
DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO
DE CAPITALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL NARCOTRAFICO. (S. 713/000139; C. D. 212/000394.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos el orden del día con la comparecencia del
Secretario de Estado de Economía, don Cristóbal Montoro, para que
informe, en su condición de Presidente de la Comisión de prevención del
blanqueo de capitales e infracciones monetarias, de la aplicación de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, con especial referencia a las actividades
relacionadas con el narcotráfico, a propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista.
Damos la bienvenida a don Cristóbal Montoro.
Señor Secretario de Estado, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Montoro Romero): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer esta comparecencia que se da
la circunstancia de que es la primera que realizo en mi condición de
Secretario de Estado de Economía en el Senado. Estoy convencido de que
será también el preludio de otras intervenciones dedicadas a materias
relativas a la competencia de la Secretaría de Estado de Economía y al
Departamento en el que estoy ejerciendo mis actividades.
En relación con el tema que nos ocupa esta mañana, debo comenzar esta
comparecencia expresando la especial atención y preocupación que para el
Gobierno reviste la represión de todo este fenómeno que llamamos blanqueo
de capitales y, especialmente, el derivado de las actividades ilegales y,
en concreto, del tráfico de droga. Todos somos conscientes de que estamos
ante un fenómeno de gran envergadura social; estamos ante un origen que
causa una alarma social, más que justificada, y a cuya represión el
Gobierno está dedicando un alto empeño.
Dicho esto, he de advertir a continuación que, como es obvio, las
competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de Economía, y en
concreto al Ministerio de Economía y Hacienda, son competencias
importantes sin duda, pero relativas, siempre dentro de una idea y una
acción de gobierno mucho más amplia como la que se contiene en el Plan
Nacional de Droga aprobado por el Consejo de Ministros a finales del
pasado mes de enero a instancia del Ministerio del Interior y, más en
concreto, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Droga.
Lo que plantea el Gobierno en relación con la represión del problema de
la droga es la atención a las facetas de prevención, de asistencia y
reinserción social de los drogodependientes, así como a los
planteamientos policiales y punitivos del problema. Especifico esto
puesto que en la sesión de hoy tenemos que constreñirnos a lo que son las
actividades de la Secretaría de Estado de Economía, a lo que es su
contribución a la lucha contra las drogas mediante el ejercicio de la
actividad que se realiza a través de un instrumento establecido
legalmente cual es el de la prevención del blanqueo de los capitales
procedentes, entre otras actividades delictivas, del tráfico de drogas.
La tarea de la Secretaría es, pues, la prevención del blanqueo de
capitales procedentes de actividades delictivas en general, y de forma
específica de los procedentes del tráfico de drogas. Hay que tener en
cuenta que el sistema español contra el blanqueo de capitales tiene dos
ámbitos claramente diferenciados. El primer ámbito es el que podemos
llamar, con propiedad, el represivo, constituido por las normas penales
vigentes y las actuaciones judiciales, que, en virtud de tales normas,
puedan y deban llevarse a cabo. En segundo lugar, figura el ámbito de
naturaleza preventiva. Este ámbito de actuaciones preventivas tiene como
finalidad impedir o dificultar que el sector financiero y, en general,
cualquier otra actividad económica sean utilizadas como refugio para los
capitales de procedencia ilegal y, sobre todo, como mecanismos de
blanqueo de capitales.
Se ha entendido que la estrategia de lucha en el ámbito penal o represivo
debe ser completada para su mayor eficacia con medidas preventivas, y ésa
es la tarea de la Secretaría de Estado de Economía, un ejercicio de
naturaleza preventiva, con todo lo que ello significa en la acción. Para
ello se han establecido unas obligaciones de especial prudencia para los
sujetos obligados a esa colaboración de carácter preventivo. Me refiero a
entidades financieras, a casinos, a inmobiliarias, joyerías, filatelias,
actividades numismáticas. Desde esta perspectiva, la faceta preventiva
del blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas se configura
como un importante instrumento de colaboración y apoyo en la estrategia
punitiva contra este tipo de delitos, aunque esta mañana debo insistir
también, señorías, en que en ningún caso se trata de una alternativa, ni
mucho menos de un método sustitutivo de lo que serían las medidas
represivas, ya que éstas, como he dicho antes, tienen una naturaleza
penal.
En el ámbito de la colaboración, la actividad que desarrolla la
Secretaría de Estado de Economía se concreta en determinadas competencias
en materia de prevención de blanqueo de capitales y de infracciones
monetarias y, de forma particular, de la Secretaría de Estado y Economía
depende la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, órgano de coordinación al que corresponde el
impulso y dirección de las actuaciones tendentes a prevenir e impedir el
blanqueo de capitales y las infracciones monetarias, según lo dispuesto
en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales, y en su Reglamento de desarrollo
posterior aprobado mediante Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. Ambas
normas --la Ley y el Reglamento-- fueron a su vez trasposición al
ordenamiento jurídico español de la Directiva 91/308 CEE, del Consejo, de
10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales. La Comisión que acabo
de citar, llamada de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias cuenta con la presencia de representantes de las Fuerzas de
Seguridad, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, del
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de la Fiscalía
Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, de
la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos
Relacionados con la Corrupción, así como de diversos representantes de
los ministerios de Economía y Hacienda, Interior, del Banco de España, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Insisto en que lo que hace esta Comisión es un
ejercicio de impulso y de dirección de las actuaciones tendentes, en
definitiva, a prevenir e impedir el blanqueo de capitales y las
infracciones monetarias. Es una Comisión en la que se reúnen todos los
estamentos administrativos, e incluso algunos de naturaleza más política,
que tienen como misión llevar adelante esa actuación represiva de este
tipo de actividades.
La Ley 19/1993 establece que la Comisión actúa en Pleno o a través de un
Comité Permanente y con el apoyo de dos unidades administrativas: el
Servicio Ejecutivo, con sede en el Banco de España, y la Secretaría de la
Comisión, con sede en la Dirección General del Tesoro y de Política
Financiera, pues corresponde a una de las Subdirecciones Generales de esa
Dirección General.
En este marco organizativo, las actuaciones llevadas a cabo hasta la
fecha pueden presentarse en tres grupos diferenciados. El primero, serían
las actuaciones de carácter institucional; el segundo, las de carácter
normativo, y el tercero y último, las de orden operativo.
En cuanto al primer grupo, actuaciones institucionales, la Comisión de
prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias se reunió
el pasado 15 de noviembre, una vez concluido el proceso de reorganización
administrativa derivado del cambio de Gobierno en España. Al término de
dicha reunión se acordó retomar la iniciativa en la coordinación de todas
las actividades destinadas a combatir las nuevas formas de delincuencia
económica conectadas con el blanqueo de capitales y con los delitos de
defraudación al Estado.
La próxima reunión de la Comisión, la segunda, está prevista para finales
del mes de mayo y será de carácter más operativo, como es obvio, que la
primera. A partir de las conclusiones de esa segunda reunión, la
Secretaría de Estado de Economía piensa elaborar un informe y remitirlo a
la Comisión Mixta Congreso-Senado, a sus señorías, para que conozcan las
aportaciones de la misma, informe que por primera vez se elaborará con un
carácter de memoria de actividades a cargo de las diferentes unidades que
antes he referido y que están reunidas en esa Comisión.
Igualmente, la primera sesión de la Comisión acordó dar un mandato al
Comité Permanente para que por el mismo se evalúen las tareas a acometer
en este campo y se analice la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico
en esta materia. El Comité Permanente de la Comisión celebró su primera
reunión --en definitiva, la reunión constitutiva y de comienzo de su
actividad-- el pasado 6 de febrero bajo la Presidencia del Director
General del Tesoro y Política Financiera, que es el órgano administrativo
que realmente tutela estas acciones y es la Dirección General donde está
ubicada la Secretaría de la Comisión. Se ha estimado que dicho Comité
Permanente es el principal órgano de trabajo de la Comisión, de ahí que
tendrá que ir manteniendo reuniones de carácter más frecuente, más
habituales, que las que celebrará, en dos ocasiones al año, la Comisión.
Al mismo tiempo, se ha constituido en el seno del Comité Permanente un
grupo de trabajo al objeto de analizar y valorar la adopción de
determinadas medidas en materia de exportación e importación de dinero en
efectivo a través de las fronteras. Este es un asunto prioritario a la
hora de prevenir los delitos que estamos tratando esta mañana aquí. Ese
grupo de trabajo es el que se dedica a valorar la adopción de
determinadas medidas en materia de exportación e importación de dinero en
efectivo a través de las fronteras. Se viene detectando que cada vez más
se está acudiendo a vías distintas de las entidades financieras a efectos
del blanqueo de capitales, es decir, que no podemos mirar únicamente el
papel de las entidades financieras, sino que tenemos que encontrar vías
alternativas puesto que los servicios de trabajo van identificando que no
es ya ni siquiera la principal circulación la que discurre a través de
las entidades financieras. Dicho grupo de trabajo, actualmente operativo,
deberá presentar un documento en el que se recojan propuestas concretas
en esta materia para su sometimiento a discusión en la próxima reunión
del Comité Permanente y tendrá que volcar todos sus planteamientos en la
celebración de la segunda reunión de la Comisión --de ahí que antes
dijera que la celebración de la segunda reunión de la Comisión será
importante para facilitar a la Cámara el conocimiento de la tarea que se
está haciendo en forma de elaboración de un informe.
En definitiva, puede decirse que la organización administrativa prevista
para la prevención del blanqueo de capitales está en marcha, estimándose
favorables y positivos los resultados obtenidos hasta la fecha y siendo
conscientes de la necesidad de seguir manteniendo un estrecho contacto
con las autoridades públicas competentes en la materia, pues la
coordinación de las autoridades es fundamental, es básica, cuando
pretendemos implantar eficacia en estos procedimientos.
Pasando a las actuaciones de carácter normativo, desde la Secretaría de
Estado de Economía se vienen realizando una serie de actuaciones
normativas concretas con una finalidad común: reforzar la protección de
los ciudadanos inversores usuarios al objeto de evitar fraudes o
situaciones de indefensión ante ciertos servicios ofrecidos por entidades
no sujetas a supervisión y que, no obstante, desarrollan determinadas
actividades vinculadas con nuestro sistema financiero. La primera
actuación en este sentido es
la relativa a la regulación de las actividades de cambio de moneda
extranjera y gestión de transferencias con el exterior. A este respecto
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1997 ha incluido una disposición, el artículo 178, por el que se
establece, a grandes rasgos y a modo de resumen, lo siguiente.
En primer lugar, se somete a autorización previa del Banco de España la
realización de actividades de cambio de moneda extranjera y
transferencias con el exterior por parte de personas físicas o jurídicas
distintas de entidades de crédito. Anteriormente sólo existía una
facultad de mero registro en el Banco de España y, por tanto, la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para este año
1997 ha realizado un progreso significativo a la hora de aumentar la
supervisión, el carácter prudencial de la actuación del Banco de España
en las actividades de cambio de moneda extranjera y transferencias con el
exterior. Insisto en que antes era un mero registro lo que figuraba en el
Banco de España y no la capacidad del mismo de supervisar este tipo de
actividades. No se les oculta a sus señorías que por este tipo de
actividades discurre una vía de blanqueo de capitales ciertamente
importante.
En segundo lugar, el precepto al que me refería antes, el artículo 178 de
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado,
establece la condición de la obtención de la autorización antedicha al
cumplimiento de ciertos requisitos en materia de honorabilidad comercial
y profesional, así como de ciertos requisitos societarios, todo ello a
fin de dotar de regulación específica a los establecimientos de cambio
que ejercen dicha actividad con carácter empresarial respecto a aquéllos
que la realizan sin tal carácter, a diferencia de lo que sucedía en la
normativa anterior, en la cual se dispensaba el mismo tratamiento tanto a
los establecimientos que realizaban cambios como actividad auxiliar o
complementaria de su actividad principal como a los que ejercían dicha
actividad con carácter profesional o empresarial. Así pues, lo que se ha
hecho en definitiva es introducir mayor rigor en cuanto a las exigencias
y las condiciones de aquellas entidades dedicadas al cambio de moneda
extranjera y a transferencia de dinero al exterior.
En tercer lugar, el precepto citado, el artículo 178 de la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997,
prevé la configuración de estos establecimientos como entidades
financieras y sometidos, por tanto, a la supervisión y control del Banco
de España, de modo que el incumplimiento de los requisitos exigidos por
estos establecimientos conllevará la aplicación a los mismos del sistema
sancionador previsto en la Ley de intervención y disciplina de las
entidades de crédito. En la actualidad se está trabajando en el
desarrollo reglamentario de este importante precepto para que
efectivamente alcance el máximo nivel, el máximo grado de operatividad y,
por tanto, de eficacia.
Una segunda actuación normativa se refiere al conjunto de medidas que se
incluyen en el Proyecto de ley de reforma del mercado de valores, que
actualmente está en tramitación en el Congreso de los Diputados --aún no
se ha celebrado la Ponencia sobre el mismo en el seno de la Comisión de
Economía del Congreso de los Diputados--. Ese conjunto de medidas van
destinadas a dotar de un mayor control a aquellas entidades que
comercializan productos derivados con subyacente no financiero. Eso es lo
que popularmente se denomina chiringuitos financieros.
Lo que hace la Ley de Reforma del Mercado de Valores es establecer un
mayor rigor para impedir la comercialización de determinados productos,
que, dadas sus características, pueden ser utilizados como vías de
blanqueo de dinero. Los motivos de esta medida tienen su origen en los
expedientes sancionadores instruidos por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores ante ciertas prácticas desarrolladas por algunas entidades
que, sin estar inscritas en los registros de aquélla, intermediaban con
los inversores bajo la apariencia de ser entidades de asesoramiento
financiero, comercializando, entre otros, productos derivados con
subyacente no financiero, vulnerando así la reserva de actividad que rige
en la materia.
Para evitar tales prácticas, se establece en la norma
--insisto en que la norma está actualmente en tramitación-- que la
reserva de actividad en beneficio de las entidades registradas y
supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores alcance
también a productos derivados con subyacente no financiero, de modo que,
en caso de incumplimiento de dicha reserva de actividad, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores queda facultada para tomar medidas
adicionales a las sancionadoras para poner fin a tal situación, pudiendo
llegar a acordar incluso el cierre del establecimiento infractor.
El tercer ámbito de actuaciones, las que he calificado antes de
operativas, incluyen algunas medidas adoptadas por los órganos colegiados
dependientes de la Secretaría de Estado de Economía con competencias en
materia de prevención del blanqueo de capitales. Tales medidas son las
siguientes: en primer lugar, la relativa a la constitución de un grupo de
trabajo encargado de examinar la problemática que presenta en la
actualidad la exportación e importación de dinero en efectivo a través de
las fronteras. Ya me he referido antes a la importancia que tienen estos
movimientos a los efectos de reprimir esos delitos que, con tanta razón,
causan alarma social. Entre las tareas de ese grupo de trabajo figura la
propuesta de medidas oportunas de carácter operativo y normativo para su
solución. Sus conclusiones se someterán, como antes decía, a la próxima
convocatoria del comité permanente de la Comisión.
En segundo lugar, figura la elaboración por el Servicio Ejecutivo de la
Comisión, como órgano de apoyo de esta última, de una memoria. La función
que realiza el Servicio Ejecutivo de la Comisión es fundamental en la
práctica y es el servicio que está residenciado en el Banco de España.
Este Servicio --que tiene cierta experiencia, pero que es de reciente
implantación-- tiene como tarea la elaboración de una memoria de
actividad que refleje cuál está siendo la actuación del Servicio, el
grado de colaboración de las instituciones financieras en el cumplimiento
de la Ley 19/1993 y su Reglamento de desarrollo y los resultados que se
están produciendo. En este momento el Servicio está elaborando su primera
memoria de actividades, a partir
de la cual podremos tener una mejor valoración de la eficacia del
Servicio. Tal memoria se pondrá en manos de la Comisión de Prevención del
blanqueo de capitales e infracciones monetarias para su valoración.
En tercer lugar, el mantenimiento de la presencia de la Secretaría de
Estado de Economía en organismos internacionales, relacionados con estos
mismos asuntos. Me refiero al grupo de acción financiera internacional de
blanqueo de capitales, GAFI, y al comité de contacto para la aplicación
de la directiva 1991/308 de la entonces Comunidad Económica Europea.
En cuarto lugar, la articulación de mecanismos de coordinación que
permitan obtener una mayor eficacia en la prevención contra el blanqueo
de capitales, procurando favorecer la fluidez de relación entre el
Servicio Ejecutivo de la Comisión y la Dirección General de la Guardia
Civil.
En cuanto a lo que serían unas cifras estimativas de lo que están siendo
las actuaciones del Servicio, les diré que a partir de la próxima reunión
de la Comisión estaremos en condiciones de enviárselas a sus señorías y
así tener un conocimiento más exacto. Lo que sí puedo avanzar esta
mañana, de acuerdo con las estadísticas del Servicio Ejecutivo, es que se
ha apreciado ya en el año 1996, que son las estadísticas de las que
dispongo, un considerable incremento de las actividades del Servicio.
También hay que celebrar que se está produciendo un considerable
incremento de las operaciones supuestamente delictivas que se envían al
Servicio.
En ese sentido, en comparación con lo que fueron las actividades del año
1995, las cifras están registrando un significativo aumento. Esas
operaciones son facilitadas por las entidades financieras, que vienen
obligadas legalmente a facilitar las operaciones que inducen a sospecha
--son operaciones sospechosas, como se las llama técnicamente--. Esa es
una comunicación obligada y en lo que son los registros del año 1996,
último ejercicio disponible, esas operaciones se están incrementando de
forma notable en relación con lo que fue la realidad de la comunicación
de esas operaciones en el año 1995.
Cito dos cifras expresivas: el total de operaciones sospechosas de
blanqueo de capitales, comunicadas por sujetos obligados al Servicio
Ejecutivo, en el año 1995, fue de 163 y el número total de operaciones
comprendidas entre enero y diciembre de 1996 ascendió a 670. Si se
observa el origen de esas operaciones sospechosas comunicadas, se ve que
estamos encontrando una excelente disposición por parte de las entidades
financieras a realizar esas comunicaciones. Por ejemplo, la cifra de las
operaciones comunicadas por la banca privada en el año 1995 ascendió a 79
y en el año 1996 a 384. Por parte de las cajas de ahorro, la cifra de las
operaciones comunicadas en el año 1995 fue de 34 y en 1996 de 209.
Hay un incremento muy considerable que revela que el sistema --por
llamarlo de una forma global-- que constituye la aplicación de nuestra
norma: la colaboración de las entidades obligadas a establecer esa
comunicación y el Servicio Ejecutivo, que la pone a disposición de la
fiscalía, una vez identificada la naturaleza de esa operación, va ganando
en eficacia. En una convocatoria de estas características no podemos
precisar ninguna de esas operaciones, puesto que por su raíz sospechosa
están trasladadas por el Servicio a las fiscalías correspondientes y
están sometidas a esa investigación judicial. Lo que sí puedo avanzar es
que el sistema va ganando en eficacia, en operatividad, como testimonian
esas cifras, que son sencillas pero bastante claras y contundentes de que
a través de su desarrollo el sistema gana en eficacia.
Termino aquí mi intervención, para que, a raíz de la intervención de sus
señorías, podamos hacer una valoración final sobre la eficacia del
sistema que tenemos establecido en España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, que es el Grupo
peticionario de la comparecencia, señora doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Montoro, por su comparecencia hoy aquí, a pesar de que
tengamos que lamentar que se produzca en la tercera fecha prevista. Como
sabe, su comparecencia estaba prevista para el 11 de marzo, pero no pudo
celebrarse entonces; después hubo una segunda fecha fallida, y a la
tercera va la vencida. Así es que en esta tercera cita le tenemos aquí
para el seguimiento de una ley tan importante como es la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales.
Lamentamos no haber recibido la documentación que debería obrar en poder
de los Diputados para que el Legislativo cumpla la función de control del
Gobierno. Lamentamos, señor Montoro, que sea ésta la primera vez que no
se respeta un acuerdo de la Mesa, suscrito por todos los grupos
políticos, en el que se acordó que cualquier comparecencia debería venir
acompañada del correspondiente informe y de la correspondiente
documentación. Solicitamos al Presidente de la Comisión que inste al
Gobierno para que en sucesivas comparecencias se cumpla ese acuerdo de la
Mesa. No queremos de manera alguna pensar que pueda haber habido otras
razones que no sean las que ha expuesto el señor Montoro, pero de todas
maneras, a pesar de eso, señor Montoro, alguna información sí tiene y
alguna información podría habernos mandado o suministrado por escrito. No
queremos pensar que el error mecanográfico del acta donde se hablaba de
«retirar» la petición de los grupos para que se produjera una
documentación previa a la comparecencia de cualquier miembro del Gobierno
sea algo más que eso, es decir, un puro error mecanográfico por el que,
en lugar de decir «reiterar» en el acta de la Mesa, se dice «retirar».
Esperemos que sea simplemente un error mecanográfico y reiteramos, por
tanto, el acuerdo de la Mesa donde se pide documentación a los miembros
comparecientes para que los Diputados puedan tener la información que
necesitan para el control del Gobierno. Pedimos generosidad a la Mesa,
por la complejidad de la cuestión, para disponer del tiempo necesario.
Señor Montoro, le agradecemos su explicación, a pesar de que nos haya
parecido claramente insuficiente. La explicación que nos ha dado nos
plantea algunas dudas. En primer lugar, sabíamos de la reunión de la
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que usted preside, pero
no sabíamos que el Comité permanente aún no había celebrado reuniones de
tipo operativo, en el sentido de llegar a acuerdos que pudieran permitir
avanzar en el camino de la aplicación tanto de la Ley de Prevención de
Blanqueo de Capitales como de su Reglamento y de su desarrollo normativo.
Lo que nos ha preocupado de su primera intervención sobre el ámbito
institucional es el grupo de trabajo que se crea para la exportación e
importación de dinero en efectivo. Sobre todo, nos preocupa la
apreciación que ha hecho en cuanto que no es el principal flujo
financiero en donde se produce blanqueo de dinero el que se canaliza a
través de las entidades financieras o de los sujetos obligados que
aparecen en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, sino del
dinero efectivo. No parece eso compadecerse con todas las intervenciones
que ha tenido su Grupo aquí en la Cámara en la anterior legislatura ni
con todas las cifras que se dan internacionalmente sobre el montante que
supone el blanqueo de capitales a través de todas las instituciones
previstas en nuestra ley.
Por tanto, nos extraña que haya hecho usted esa primera valoración.
Teniendo en cuenta también que, como conoce usted, señor Montoro, los
delitos monetarios ya no son tales delitos y, por tanto, no requiere
autorización previa la exportación o importación de capitales y que,
precisamente por esa razón, nuestro Gobierno recibió una recomendación de
la Unión Europea para que se modificara la Ley de Delitos Monetarios, nos
preocupa que el objetivo se haya centrado en este tema, aunque
comprendemos algunas de las apreciaciones que ha hecho sobre la
honorabilidad de ciertas instituciones que se dedican a la importación y
exportación o que incluso algunos flujos que puedan producirse
individualmente puedan ser motivo de persecución. Pero creemos que no es
ése el objetivo prioritario. Porque internacionalmente, en el ámbito de
la Unión Europea y en esta Cámara, se ha hecho siempre un especial
hincapié en que el problema del blanqueo de capitales a través de los
sujetos obligados que recoge la ley debe ser el objetivo prioritario de
esa Comisión. Nos explicará, entonces, con mayor detenimiento quizá, por
qué ha alterado las prioridades o qué razones puede haber para esa
primera valoración.
En cuanto al segundo ámbito que ha explicado, sobre las actuaciones
normativas, sí creemos que es conveniente el camino que se ha seguido en
cuanto a la reforma de la Ley de Mercado de Valores, así como algunas
otras modificaciones que ya nos ha relatado, pero tenemos que decirle que
son expedientes que han surgido de otras Comisiones, por lo que
quisiéramos que de los expedientes que surgen de la Comisión que usted
preside también se deriven actuaciones normativas, no vayamos a actuar
sólo normativamente en campos que se derivan de actuaciones de otras
Comisiones, porque me imagino que el campo que puede abordar esta
Comisión es tan enorme, que dará muchísimo que hablar y que hacer desde
el punto de vista de las modificaciones normativas.
Por otro lado, en cuanto a las actuaciones operativas, no hemos tenido,
desafortunadamente, dato alguno sobre nuevas medidas de coordinación que
pretendan impulsar, ni sobre cuál ha sido la actitud de España en los
organismos internacionales que ha citado y en el Comité de contacto de la
Unión Europea. Tengo que decirle que las cifras que ha suministrado, por
no estar desagregadas, tienen una difícil valoración a primera vista.
Desde luego, no vamos a caer en el error en el que cayó su Grupo cuando,
a medida que aumentaba la eficacia policial, decían que el tráfico de
drogas se había incrementado en nuestro país. Por el hecho de que ha
habido una mayor comunicación de los bancos en cuanto a las actividades
en las que se sospecha que se blanquea dinero, no tengo que deducir, como
deducía su Grupo, que se esté blanqueando muchísimo más dinero en el año
1996 del que se blanqueaba en los años 1995 ó 1994. Porque la cifra ha
sufrido un notable incremento, pero debemos deducir que la colaboración
de los bancos es mayor y, por tanto, la cifra es positiva.
Sin embargo, señor Montoro, con todo el respeto que me merece su
presencia, quiero recordarle lo que su Grupo dijo aquí a propósito de
esta cuestión en la anterior legislatura. En primer lugar, ustedes
presentaron una enmienda a esta Ley de Prevención de Blanqueo de
Capitales otorgando al Fiscal General la Presidencia de la Comisión.
Tendríamos que decir que usted no es el representante querido por su
Grupo; usted es el representante que el proyecto de ley presentado por el
anterior Gobierno estipuló, y, por tanto, pensamos que no existe mucha
coherencia entre lo que ustedes defendieron en la anterior legislatura y
lo que ahora mismo están aceptando. No ha habido modificación alguna de
la Ley en ese sentido y, por tanto, nosotros tenemos que pensar que, como
ha dicho usted, no se pueden confundir los ámbitos represivos y
preventivos. No quiero retrotraerme al pasado y decir si realmente su
Grupo quiso confundir entonces los ámbitos represivos y preventivos,
porque estipuló que la Presidencia de la Comisión correspondería al
Fiscal General, y tampoco quiero deducir, por supuesto, que existiera el
ánimo de confundir a la población. Pero quiero recordarle que ésa fue la
enmienda que presentó su Grupo.
La señora Martínez presentó el 11 de octubre de 1994 una proposición no
de ley para integrar las Fuerzas de Seguridad y el SVA en una unidad
especial dependiente de la delegación del Plan para la persecución de los
tráficos ilícitos y el blanqueo de capitales. Tengo que decirle que,
hasta el momento, no se ha creado unidad operativa alguna de esa
naturaleza más allá del Consejo que se creó por el anterior Gobierno.
¿Ese hecho significa que no se quiere luchar contra el blanqueo de
capitales? Si no se ha creado esa unidad operativa, ¿comparte la opinión
de la Diputada Martínez de que España es un cortijo especial para las
operaciones de narcotráfico? Esas fueron exactamente sus palabras.
Voy a formularle a continuación algunas preguntas y me gustaría que me
contestase. Acerca del aumento de los medios humanos y técnicos del
Servicio de Vigilancia
Aduanera: ¿En cuántos efectivos se ha aumentado la plantilla de Cádiz en
este año de Gobierno? Si no se ha aumentado la plantilla de Cádiz:
¿Podemos suponer que este Gobierno está a favor de las mafias? En cuanto
a las actas complementarias de Hacienda que revelan compraventa de
inmuebles: ¿Cuántas se reciben en Hacienda que no hayan sido
investigadas? Esa fue la petición de la Diputada Martínez en su
intervención del 11 de octubre de 1994.
Señor Montoro, ustedes no son marcianos. Han venido aquí a hacer lo que
decían que iban a hacer. Fíjese cómo acababa su intervención la Diputada
Martínez: No queremos estar asistiendo a que se sigan aprobando leyes y
luego nos falten dotaciones, medios humanos y especialistas en la lucha
contra el blanqueo. Así finalizaba su intervención. Tenemos que decirle
que, salvo la reforma de la Ley del Mercado de Valores, no han hecho
alguna nueva modificación normativa, no ha habido aumento de dotaciones
ni medios humanos, no han creado una unidad especial operativa ni está el
Fiscal presidiendo la Comisión. Es decir, nada de lo que dijeron entonces
era cierto. No pensaban hacer nada de lo que dijeron entonces.
Francamente, señor Montoro, en ciertos temas debemos congratularnos de
que hayan despreciado olímpicamente algunas de las estrategias previstas
por la señora Martínez y no hayan seguido ese camino. Pero quiero
insistirle en el tema, porque el señor Aznar dijo en una convención de su
partido que estamos preparados para adoptar medidas eficaces. No teníamos
programa, pero aquí está el programa de la droga. El señor Robles, en esa
misma convención en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, anunció, en
primer lugar, una ley nacional de drogas, que, por lo que respecta a mi
Grupo, afortunadamente no ha llegado a la Cámara, porque no sabemos cuál
podría ser la justificación de ese paquete legislativo tan global que
anunciaba el señor Robles.
En segundo lugar anunció la regulación de entregas vigiladas de dinero
--cosa que ya se había anunciado por parte del delegado del Gobierno
anterior--, la regulación de la figura del agente infiltrado y la
regulación de las escuchas telefónicas. Hasta ahora no ha llegado
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alguna que aborde esos
temas. El reglamento de esa ley contempla el supuesto de la no abstención
de las operaciones y el seguimiento hasta las fuentes de cualquier
movimiento de capital que pueda presentar indicio de blanqueo.
Afortunadamente, el reglamento lo contempla, pero no han hecho ustedes
modificación normativa alguna en el sentido que el anterior Gobierno
había propuesto y en el sentido en que su propio delegado del Plan
Nacional anunció, como digo, en la convención de su partido.
Y, en tercer lugar, también anunció la creación de una brigada de Policía
especial para la investigación y persecución del blanqueo de capitales.
Señor Montoro, ¿se ha creado esa brigada especial? ¿Existe otra brigada
que no sea la Brigada de Delitos Monetarios, adscrita al servicio
ejecutivo?
El señor Robles, el 9 de julio de 1996 decía que la persecución del
blanqueo sería objetivo básico de este Gobierno. Por eso me sorprendía la
primera apreciación, que hablaba de la persecución de esos tráficos
individuales y no de la de los flujos financieros, dados los datos de
blanqueo que todos conocemos, más de 600.000 millones de dólares en todo
el mundo, aproximadamente lo que es el Producto Interior Bruto de España,
según Gonzalo Robles.
La primera reunión del Consejo Asesor se refería también a la importancia
del blanqueo de capitales, y en ella se preparaba la reforma de los tres
pilares, según su Delegado del Plan Nacional: el pilar administrativo, el
pilar legislativo y el pilar operativo. En cuanto al nivel
administrativo, el señor Gonzalo Robles hablaba de coordinar el servicio
ejecutivo con los servicios de Hacienda y con las Fuerzas de Seguridad.
No sabemos exactamente a qué se refería, pero existía por parte del
Consejo esa primera apreciación. ¿Se ha llegado a alguna nueva propuesta
de coordinación respecto de las que ya existían? Es decir, ¿hay alguna
otra coordinación aparte de las anteriormente previstas, la del Consejo
Asesor y la de la Comisión de Prevención de Capitales, que son organismos
coordinadores por su propia naturaleza? Si el señor Robles justificaba su
nuevo programa sobre la droga con una mayor coordinación, yo le pregunto
a un año de Gobierno: ¿Existe una coordinación diferente, nuevos
mecanismos, nuevas medidas que fomenten una mayor coordinación y que
justifiquen ese programa que ustedes presentaron?
En el campo legislativo hablaban de modificación de leyes. No ha llegado,
como he dicho antes, alguna nueva modificación legislativa. Y en el campo
operativo señalaba un plan de objetivos territoriales y unidades
especiales en cada uno de los ámbitos en los que se detectara mayor flujo
de blanqueo. No conocemos hasta el momento algún plan de esos objetivos
territoriales ni conocemos unidades especiales en los puntos en donde se
puede haber detectado blanqueo de capitales. Pero, señor Montoro,
probablemente tenga usted mayor información, y espero que nos la brinde a
lo largo de su intervención. Es decir: ¿Dónde se ha establecido un plan
de objetivos territoriales y dónde existen unidades especiales para
combatir el blanqueo de capitales?
Se refería el señor Robles a una mayor fluidez de información a la
Policía --se supone que sería a la Brigada de Delitos Monetarios-- y el
acceso a bancos de datos. ¿A qué bancos de datos se estaba refiriendo y
cómo se va a producir ese acceso? Quisiéramos tener esa información.
Como ve, señor Montoro, fueron muchas las exigencias de su Grupo a lo
largo de la anterior legislatura. Y fueron muchas las propuestas. Pero,
desgraciadamente, hasta este momento ninguna de ellas, ni las de la
Diputada Martínez ni las del Delegado para el Plan Nacional, señor
Robles, las hemos visto materializadas. Créame que siento que hasta este
momento no hayamos tenido más que la cifra global que nos ha
suministrado. Pero el reglamento de la Ley de Prevención para el Blanqueo
de Capitales prevé que se pueda ofrecer una información sumaria y
agregada de todo ese flujo de comunicación que se está produciendo entre
las entidades, los sujetos obligados y la Comisión de Prevención de
Blanqueo. Esta comparecencia, señor Montoro, no era simplemente para que
usted nos diera esa cifra global, sino para que pudiéramos seguir
avanzando, y con
esa información pormenorizada, aunque hubiera sido provisional, de todo
lo que se está produciendo, hubiéramos avanzado más en esa batalla por el
blanqueo de capitales. ¿Cuántas comunicaciones voluntarias de los
distintos sujetos obligados han ido al servicio ejecutivo?, ¿cuántas
específicamente han llegado de dos localidades, la Línea de la Concepción
y Villagarcía de Arosa, que son especialmente importantes desde el punto
de vista de los sucesos que han ocurrido? O sea ha desagregado bancos y
cajas de ahorros, pero existen también compañías de seguros, fondos de
inversión, sociedades de valores, gestorías de cartera, casinos,
inmobiliarias, joyerías, anticuarios, como ha recordado usted también,
registradores de las propiedades mercantiles, notarios y corredores de
comercio. De las sucursales bancarias de las dos localidades que he
nombrado antes, ¿cuántas comunicaciones han llegado al servicio
ejecutivo? ¿Cuántas comunicaciones han llegado de las sucursales
bancarias que tienen los bancos españoles en Gibraltar? ¿Cuántos
expedientes se han abierto? ¿Cuántos se han trasladado al Ministerio
Fiscal? ¿Cuántos procedimientos y órganos de control interno de estos
sujetos obligados ha supervisado el servicio ejecutivo, puesto que es su
obligación? No nos ha dicho nada sobre esto, señor Montoro. Tiene que
supervisar si son los mismos los sujetos obligados, si son diferentes,
cuántos sujetos obligados tienen representantes ante el servicio
ejecutivo y cuántos no los tienen, como exige la ley. ¿Cuántas sanciones
graves a entidades o administradores de entidades o cuántas sanciones muy
graves ha puesto en marcha la Comisión y si alguna ha llegado al Consejo
de Ministros? No nos ha hablado nada de las sanciones. Si no se ha puesto
ninguna sanción, quisiéramos saberlo. Quisiéramos saber si las sanciones
han sido graves y han partido sólo del servicio ejecutivo hasta este
momento y en qué cantidades se han estipulado.
¿Cuántos planes o cursos de formación se han celebrado, como estaba
previsto en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales? Si la misión
de la Comisión es prevenir y la propia Comisión puede organizar cursos de
formación, no nos ha hablado, señor Montoro, de si la Comisión ha
organizado cursos de formación para prevenir el blanqueo de capitales. Si
lo ha hecho, como lo estipula el artículo 14.2, ¿cuántos cursos de
formación ha hecho? ¿Esta Comisión ha elaborado al mismo tiempo
recomendaciones de prevención de blanqueo de capitales y si lo ha hecho,
como así dice su Reglamento, cuántas? Es decir, ¿qué medidas nuevas ha
impulsado para la prevención de blanqueo y para la coordinación de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?
Estas preguntas son obligadas de la simple lectura de la Ley de
Prevención de Blanqueo y de su Reglamento, del que tampoco conocemos su
desarrollo ni nuevas disposiciones normativas, que espero que puedan ir
produciéndose, debido a la complejidad de esta materia, pero no conocemos
hasta el momento ninguna otra vía de trabajo por la explicación que, como
digo, ha sido claramente insuficiente.
En cuanto a la cooperación internacional, quisiéramos preguntarle, señor
Montoro --sólo nos ha hablado de la presencia en estos organismos
internacionales, que ya se producían con el anterior Gobierno--, cuántas
solicitudes de información hemos recibido de otros países acerca de este
tema y cuántas hemos formulado nosotros a otros países, demandando
información acerca del blanqueo de capitales.
Como ve, señor Montoro, son preguntas que tienen una gran importancia por
lo que se refiere a la persecución internacional de estos tráficos.
Quisiera hacerle una última batería de preguntas, derivadas también de la
Ley de Prevención de Blanqueo y de su Reglamento, que contempla además la
posibilidad de que se tengan todos los medios humanos y materiales
necesarios para una mejor lucha contra el blanqueo de capitales. Me
refiero a la plantilla de la Brigada de delitos monetarios. No voy a
cometer el disparate que algunos de sus Diputados cometieron en la
anterior legislatura, acerca de dar números. No creo que podamos
contribuir a la lucha contra el blanqueo, haciendo lo que algunos de los
diputados o diputadas de su Grupo hicieron en la anterior legislatura.
Por tanto, no voy a dar números, aunque han salido ampliamente en la
prensa. Su Grupo y algún otro miembro, incomprensible y, tal vez,
demagógicamente ha utilizado estas cifras muy ligeramente. Quisiera
decirle simplemente que en cuántos efectivos ha aumentado la plantilla de
la Brigada de Delitos Monetarios. No voy a hablarle de la propuesta de la
unidad operativa que hizo la Diputada Martínez. Parte de la Brigada se ha
adscrito concretamente a este tema de prevención de blanqueo de
capitales.
Son muchas, por tanto, las cuestiones, que desgraciadamente no nos ha
explicado, acerca de los temas previstos en la Ley y en su Reglamento.
Permítame que le diga, señor Montoro, que es mucho lo que hay que hacer
en este terreno. Como sabe, hay un informe anual de la Comisión Europea,
ese Comité de contacto, sobre la aplicación de la Directiva de la lucha
contra el blanqueo. Imaginamos que el Gobierno hace el seguimiento de ese
informe, pero quisiéramos preguntarle sobre ese último informe del año
1996 y de los anteriores de los años 1994 y 1995. ¿Qué conclusiones han
sacado ustedes? ¿Qué seguimiento han hecho y qué nuevas medidas tiene que
poner en marcha España que no haya puesto ya, dependiendo del informe que
haya hecho ese Comité de contacto?
Usted conoce, señor Montoro, porque ha salido ampliamente en la prensa,
la apertura de nuevos bancos en Europa del este y la preocupación por la
mafias rusas, por su asentamiento y la necesidad de la adecuación de las
leyes de estos países para que incorporen los delitos de blanqueo y para
que firmen los tratados de extradición. Los expertos de la Organización
de Naciones Unidas aconsejan que el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo dedique programas a la prevención de estos delitos. Por otra
parte, el Pleno del Senado recordó el día 28 de noviembre de 1995 el
papel de las Naciones Unidas y apuntó los nuevos retos que tenía esta
Organización.
Por otra parte, en octubre de 1997 el Secretario de Estado e Interior
habló también del asentamiento de estas mafias rusas en la Costa del Sol
y de las repercusiones que había habido en cuanto al blanqueo de
capitales. Quisiéramos
que nos informara si se han puesto en marcha algunas medidas a partir de
estas declaraciones del señor Martí-Fluxá y si sus propuestas fueron una
mayor formación policial y unas unidades especiales en al Costa del Sol,
para el seguimiento de estas mafias rusas, quisiéramos preguntarle si
dicha formación, en temas de blanqueo de capitales, se ha producido, en
qué medida, qué cursos de formación se han dado y qué unidades especiales
se han puesto en marcha en la Costa del Sol para perseguir a estas mafias
rusas cuyo asentamiento se ha detectado desde el año 1995.
Como usted sabe, señor Montoro, en la Cumbre de Barcelona celebrada en
junio de 1995 la Unión Europea propuso a los socios del sur del
Mediterráneo la celebración de reuniones periódicas de Ministros de
Asuntos Exteriores, y aunque su competencia no es concretamente la de
Asuntos Exteriores, sí es cierto que preside una Comisión que se dedica
justamente a coordinar a todos los Ministerios que se ocupan de este
tema. Quisiera preguntarle si se ha reunido alguna vez este fórum
previsto en la Cumbre de Barcelona, y si es así, desearía saber a qué
conclusiones se ha llegado. ¿Ha impulsado esto el Gobierno? ¿Ha habido
por parte del Gobierno alguna iniciativa para que se reúnan los Ministros
de los países europeos con los de los países del norte de Africa y del
sur de Europa para hacer un seguimiento de todos estos temas que nos
afectan? Quisiera saber qué tipo de iniciativas ha tenido el Gobierno en
este sentido.
Quisiera preguntarle también por la Comisión técnica creada entre España
y el Reino Unido en enero de 1995 para estudiar y detener los tráficos
ilícitos que se producían en Gibraltar, Comisión que celebró una reunión
en Sevilla con la asistencia del Jefe de Aduanas británico y el
Gobernador Civil de Cádiz junto con toda una serie de autoridades
relacionadas con dicho tema. En aquella ocasión la Diputada Martínez
hablaba de la existencia de 60.000 sociedades opacas que radican en
Gibraltar y de 50 Directivas no traspuestas por Gibraltar que afectan al
blanqueo de capitales.
Resultado de esta primera reunión técnica entre España y el Reino Unido
fue la práctica desaparición del fenómeno de las planeadoras, fenómeno
bochornoso que tuvo lugar durante la anterior legislatura, pero a partir
de ahí no sabemos qué ha ocurrido con esa Comisión técnica. ¿Cuántas
veces se ha vuelto a reunir para el seguimiento del blanqueo de capitales
en Gibraltar? ¿Cuáles han sido los acuerdos, si es que esta Comisión se
ha vuelto a reunir? ¿Qué medios se han puesto para la detección de estas
60.000 sociedades opacas de las que hablaba la Diputada Marínez?
Si además las mafias rusas utilizan Gibraltar para el blanqueo de
capitales y para invertir en sectores inmobiliarios en el sur de España,
ustedes tienen ahí un fenómeno extraorinariamente complejo que, desde
luego, necesita de un mayor incremento especialmente en la dotación de
expertos en sociedades interpuestas y en sociedades instrumentales.
Quisiera preguntarle cuántos expertos se han incorporado a esta Comisión
de prevención de blanqueo de capitales en sociedades interpuestas y en
sociedades instrumentales, y si cree el señor Montoro que es preciso
aumentar la plantilla de asesores o expertos en este tipo de sociedades
dado que ese problema exige un mecanismo de investigación muy complejo.
Al mismo tiempo tenemos que hacer el seguimiento del Convenio Europol,
cuyos objetivos se centran también en facilitar la lucha contra el
blanqueo de capitales, la criminalidad organizada, etcétera. Señor
Montoro, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Este Gobierno es partidario
de la máxima transparencia y de la máxima colaboración en el acceso a los
datos que maneja la institución de La Haya como lo fue el anterior
Gobierno socialista? Quisiera saber cuál es la posición de este Gobierno
respecto al seguimiento del Convenio Europol.
El Consejo de Ministros de Justicia e Interior celebrado en Bruselas en
junio de 1995 dedicó un presupuesto de 800.000 ecus para seminarios de
formación de la policía encargada de la detección de falsos documentos y
blanqueo de capitales. Quiero preguntarle, señor Montoro, lo siguiente:
¿Se ha aprovechado este presupuesto? ¿De qué presupuesto ha dispuesto
España de estos 800.000 ecus para la formación de policía encargada de la
detección de estos movimientos en función de ese acuerdo que fue adoptado
en el Consejo de Ministros de 1995?
Señor Montoro, en esos organismos internacionales que ha citado en el
GAFI y en el FATF, Financial Action Task Force se han puesto en marcha 40
recomendaciones elaboradas por estos organismos. Quisiera preguntarle lo
siguiente: ¿Cuál es nuestro nivel de cumplimiento a este respecto? ¿Hay
alguna institución no financiera recomendada por este grupo internacional
que no esté en el reglamento de la ley? De ser así, ¿sería preciso
aumentar su ámbito? Y si es que lo piensa hacer, ¿podría explicarnos cuál
será su línea?
Como ve, la cooperación internacional es fundamental en este terreno. La
puesta en práctica de leyes de esta naturaleza ha resultado de una
utilidad extraordinaria. No quiero recordarle algunas operaciones en las
que tal vez ha habido más ruido que nueces, pero sí quiero destacarle la
última Operación Mezquita, en la que se detectaron hasta 30.000 millones
de pesetas que, según declaraciones de la Dirección General de Policía,
fueron el resultado de la aplicación de esta Ley y probablemente también
del Reglamento porque, como usted sabe, esta Operación se realizó a
través de unas redes del comercio de oro radicadas en la Costa del Sol y
en la ciudad de Córdoba aprovechando el comercio habitual de oro de esa
ciudad. En este sentido, señor Montoro, quisiera preguntarle lo
siguiente: si esa Operación ha detectado 30.000 millones de pesetas y a
través de ella los miembros de esa red están en la cárcel, ¿cuántas
comunicaciones bancarias se han producido antes de dicha Operación por
parte de las sucursales a través de las que pueda haberse producido ese
delito? Si no se han producido comunicaciones y el delito ha tenido
lugar, si sus miembros están en la cárcel y hay 30.000 millones de
pesetas de esa red internacional que se han blanqueado, ¿cuántas
sanciones se han impuesto a esas sucursales bancarias y de qué naturaleza
han sido estas sanciones? Señor Montoro, contésteme a esta pregunta. Y es
que, evidentemente,
si no ha habido comunicaciones voluntarias, este Gobierno ha tenido que
tomar medidas y ha tenido que imponer sanciones. Repito que desearía
saber qué sanciones ha habido.
Señor Montoro, después de la celebración de la comisión el día 15 de
noviembre usted habló de que había que impulsar la lucha contra el
blanqueo y de que había que endurecer las actuaciones sobre infracciones
monetarias, pero aún no sabemos nada a este respecto puesto que hoy no
nos ha dicho nada sobre el endurecimiento de sanciones ni sabemos tampoco
si está dentro de sus objetivos el endurecer las sanciones. Pues bien, yo
le pregunto ahora por las sanciones que tiene que haber habido en la
Operación Mezquita. Si no se han producido sanciones, quisiera saber cuál
va a ser la posición del Gobierno. Si la mayor sanción es el
apercibimiento público para una entidad financiera, que puede ver cómo
sus flujos financieros se van si es que es acusada por todos los
ciudadanos de ser una entidad financiera destinada al narcotráfico,
quisiera conocer cuántos apercibimientos públicos, que son las sanciones
más leves, ha habido contra algunas entidades financieras que
supuestamente han blanqueado dinero.
Si ese apercibimiento público no se ha producido, ¿se puede deducir,
puede garantizar el Gobierno que no hay blanqueo de dinero en las
sucursales financieras? Si ese apercibimiento no se ha producido en La
Línea de la Concepción o en Villagarcía de Arosa, ¿puede garantizar el
Gobierno que no se está produciendo blanqueo de capitales en dichas
poblaciones? Esta Diputada necesita una respuesta concreta a estos temas,
porque la cuestión de que estamos tratando es de la suficiente entidad
como para que no hagamos de ella una batalla electoralista.
Quisiera conocer qué coordinación existe entre el Consejo Superior de
Lucha contra el Tráfico y Blanqueo y la Comisión que usted preside.
Reunida en julio de 1996 y presidida por Mayor Oreja, se habló de un
mayor número de medios materiales y humanos. Quisiera conocer qué mayor
número de medios existen a partir de dicha reunión.
Hasta este momento, lo que parece que han hecho las entidades bancarias,
según algunos sindicatos de banca, son sólo algunos folletos divulgativos
de la Ley. No tenemos información de que haya habido una mayor actividad
en cuanto al desarrollo de la misma, pero pediremos la comparecencia del
Presidente de la AEB para que informe de la actuación de los bancos en
cuanto a este tema.
Asimismo, quisiéramos pedirle algo más al respecto, señor Montoro. El
número y situación de las sucursales bancarias de La Línea de la
Concepción y Villagarcía de Arosa es sustancial para conocer el
movimiento de estos tráficos. Quisiéramos conocer si el número de
sucursales responde a la actividad productiva de ambas zonas. Y usted,
señor Montoro, puede hacerlo, porque existe la posibilidad de cruzar
datos derivados de ese servicio ejecutivo con Hacienda. Por tanto, mi
Grupo le va a pedir en esta sesión que elabore un informe especial de la
situación bancaria en estas dos zonas y su relación con la actividad
productiva. Ha habido infinidad de sospechas en ambas zonas --no quiero
hablar de la denuncia ante la Cámara de Comercio de Villagarcía de Arosa,
también producida a causa de este mismo tema--, en los ámbitos de estas
sucursales bancarias, por lo que insisto en pedirles un informe especial
al respecto.
Quisiera preguntarle, además, supuesto que el régimen de participación en
beneficios puede incitar a algunas sucursales bancarias a tener algunas
tentaciones o connivencias con el narcotráfico, si cree adecuado que
exista en esas zonas ese régimen de participación en beneficios y cómo
podría operarse para que no se dé esa circunstancia, de manera que una
mayor participación en beneficios iría a estos trabajadores. Quisiera
saber de qué manera puede actuar el Gobierno para impedir que puedan
producirse supuestas connivencias de esta naturaleza.
Las dificultades de futuro son grandes. El Fiscal Antidroga y el Fiscal
Anticorrupción se han referido en sucesivas ocasiones al espacio judicial
europeo, la libertad de capitales y la libertad de delitos, las
competencias del Tribunal de Justicia Europeo y toda la problemática que
se nos plantea alrededor de este tema. Los Diarios de Sesiones de las
Cortes Generales de la anterior Legislatura están plagados de exigencias
a este respecto. Pero la mayoría de ellas, desgraciadamente, han
resultado electoralistas, hipotecadas a la presión de algunos intereses
corporativos, sin visión de futuro y sin estrategias definidas. De usted,
que no es el representante querido por su Grupo, sino el que está
estipulado en la Ley de prevención de blanqueo de capitales, esperamos
que aplique la Ley, el Reglamento y todo su desarrollo normativo. No le
quepa duda de que le pediremos cuentas. Hasta este momento, la coherencia
no ha sido su fuerte, pero nos jugamos mucho en este terreno. Ustedes,
que llamaron Gestapo financiera a este organismo, ahora tienen la
obligación de impulsarlo.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Diputada.
Se abre el turno de intervención para el representante del Grupo
Parlamentario Mixto. (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Senador.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos de agradecer, de entrada, la comparecencia del señor
Montoro, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y, además, su exposición sobre la aplicación de
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales referentes a
las actividades relacionadas con el narcotráfico y de acuerdo con la Ley
19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales, y en su condición de Presidente de la Comisión de prevención
de blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
En su comparecencia ante esta Comisión Mixta el 29 de octubre pasado, el
Fiscal Antidroga, don Enrique Abad, manifestaba con cierta contundencia
que la Ley no funcionaba
y que las entidades bancarias no colaboraban suficientemente con la
justicia para perseguir el blanqueo de dinero procedente del
narcotráfico. Es más, diría que no había respondido a las enormes
expectativas que había creado y que se tendría que buscar el fallo,
quejándose de que los bancos sólo comunicaban sospechas de operaciones de
poca envergadura, de gitanos y colombianos, y no, realmente, las que
importaban, de mayores cantidades.
Aun cuando no quisiera establecer una causa única por la escasa
efectividad de la Ley, sí explicó que durante 1995 la Fiscalía sólo había
recibido once comunicaciones por asuntos de irregularidad, cifra que ya
había llegado a las 70 para octubre del año 1996. Sin embargo, orientó
por dónde, según su criterio, podía estar la causa. La Ley española no
había optado ni por el criterio europeo, ni por el criterio americano,
sino por un sistema mixto. Así, se establece que las entidades
financieras comuniquen aquellas operaciones cuando presentaren indicios o
certeza de blanqueo de capitales, es decir, cuando estimen que existen
indicios o certeza de que hay blanqueo de capitales, entonces lo
comunicarán, pero en cualquier otro caso, en principio, no. Sin embargo,
el Reglamento estableció dos clases de operaciones en las que sí era
necesaria la comunicación: cuando se trata de transporte físico de dinero
y cuando se trata de operaciones con paraísos fiscales. Lo que pasa es
que existe una circunstancia que, a su juicio, desnaturaliza la cuestión
y que para todos es fácilmente comprensible. Dice el Reglamento que la
obligación de comunicación a que se refiere ese apartado no será de
aplicación cuando, por tratarse de operaciones relativas a clientes
habituales y respecto de los sujetos obligados, conozcan suficientemente
la licitud de sus actividades. Incluso, llegó a decir que con la figura
sacrosanta del cliente se había topado.
Hay que comunicar operaciones, pero hay que hacerlo en relación a
terceras personas, pero si es un cliente y es conocido, ya no hay que
comunicarlo. Aun cuando no llegó a asegurar que fuera un fallo del
Reglamento, sí que quedaba por lo menos insinuado. Por ello, la primera
pregunta que someto a la consideración del Secretario de Estado de
Economía, señor Montoro, es ¿cree que esto es así en cuanto a la
efectividad, evidentemente, que es lo que repercute en su jurisdicción?
En este caso ¿cree necesaria una modificación de la normativa a efectos
de una mayor efectividad?
El fiscal antidroga también se quejaría de los pocos recursos de que
disponía, tanto humanos como económicos; daba el número de fiscales que
tenía a su disposición así como los recursos económicos, situación que
calificaba de agobiante. La pregunta que hacemos al señor Montoro es si
ha resuelto y en qué medida este problema.
Otra de las quejas iba orientada a las pocas reuniones, sólo las
iniciales, que se habían producido de la Comisión y el Comité Permanente
de lucha contra el blanqueo de dinero previstas en la ley, aunque sí
anunció en aquel momento los contactos que había tenido con el Secretario
de Estado para darle un nuevo impulso.
Cuando el Secretario de Estado, señor Montoro, ha hecho referencia a la
organización administrativa, ha hablado de esta Comisión de prevención, y
que había celebrado la primera reunión el 15 de noviembre, en la cual se
había dado un mandato al Comité Permanente, y que la próxima sería, si no
lo he entendido mal, a finales de mayo. En ese mandato que se ha dado al
Comité Permanente, que celebrará una próxima reunión el 6 de febrero, se
va a crear un grupo de trabajo que va a acometer una serie de medidas,
sobre todo de importación y exportación de capitales en las fronteras, y
del estudio de este grupo de trabajo emanarán unas propuestas concretas.
En cuanto a las medidas normativas, ha hecho referencia a la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado y, lo que es
novedoso, al proyecto de ley de Reforma del Mercado de Valores, que está
en trámite parlamentario. También ha hablado de actuaciones operativas y
de la elaboración de la memoria por parte del servicio que ya nos enviará
en su momento.
En cuanto a las estadísticas operativas, ha hablado del notable
incremento de las notificaciones por parte de las entidades bancarias de
las operaciones sospechosas, que han aumentado sustancialmente de 1995 a
1996. En todo caso, creemos conveniente que el señor Secretario de Estado
nos conteste a la pregunta, en aras a la mayor efectividad de la práctica
del Reglamento, sobre todo del desarrollo reglamentario de la Ley de
Blanqueo de Capitales, de si es necesaria esa modificación o, en
cualquier caso, otras medidas que pudieran hacer más efectiva su puesta
en práctica.
Reiterando nuevamente el agradecimiento a la comparecencia y a la
exposición del señor Montoro, muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
¿El Portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hace uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera comenzar mostrando mi agradecimiento al señor Montoro por su
comparecencia en esta Comisión y diciéndole en tono jocoso que sepa usted
que es una persona muy querida por el Grupo Parlamentario Popular, sobre
todo por los miembros de esta Comisión, que tienen toda su confianza
puesta en usted, ya que le avalan no sólo sus conocimientos sino su
trayectoria, por tanto, estamos convencidos de que será usted un
magnífico Presidente de la Comisión.
No voy a someterle a un exhaustivo cuestionario, como sí han hecho otros
miembros que han intervenido con anterioridad, por la sencilla razón de
que no quiero confundir las iniciativas parlamentarias. Eso sería más
propio de un trámite de preguntas escritas que de una comparecencia. En
esta reunión de lo que se trata es de conocer el funcionamiento de la
Comisión, el parecer y la estrategia a seguir por el Presidente de la
Comisión, pero no hacer una batería de preguntas, entre las que ha
llegado a figurar el número de cursos de formación efectuados.
En consecuencia, quiero decirle que estamos a la espera de que nos
presente --como ha dicho--, porque aún no está finalizada, esa memoria de
actividades del servicio ejecutivo. Mientras le voy a efectuar una serie
de cuestiones de tipo general, en relación a su intervención.
Usted ha manifestado que la Comisión de prevención del blanqueo de
capitales e infracciones monetarias tiene como fin controlar y vigilar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades de crédito y a
las instituciones financieras, obligaciones éstas que consisten en dar
cuenta al servicio ejecutivo de cualquier operación que tenga la sospecha
o que suponga el inicio de la posible comisión de un delito de blanqueo
de capitales. Nos alegramos mucho de ese empeño del Gobierno en el
sentido de dar una respuesta rápida, lo que evidencia el interés
manifiesto que tiene de luchar contra el blanqueo de capitales, sobre
todo si tenemos en cuenta que ya el artículo 178 de la Ley de
Acompañamiento --como el Secretario de Estado ha manifestado-- se aumenta
la supervisión por parte del Banco de España sobre este tipo de
operaciones.
No soy la señora Martínez, y lamento que hoy no esté en esta sala por la
sencilla razón de que si hubiera sabido que iba a ser tantas veces
mencionada, con mucho gusto habría preferido que hubiera sido ella quien
actuara de portavoz en esta comparecencia. Quiero manifestarles que esta
voluntad manifiesta de incorporación de este artículo en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, que denota esa voluntad firme y
decidida del Gobierno actual para acabar con el blanqueo, será lo que
posiblemente impida que España siga siendo como ha sido hasta ahora y
como ha dicho la señora Romero que en su día había dicho la señora
Martínez: un cortijo de narcotráficos. Si medidas de esta naturaleza se
hubieran adoptado en ejercicios presupuestarios anteriores, seguramente
no nos veríamos en la necesidad de tener que efectuarlas ahora. Quiero
recordar que, efectivamente, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, no tuvo su
razón de ser en la voluntad expresada por el anterior Gobierno
socialista, sino por el imperativo legal de dar cumplimiento a una
directiva comunitaria, concretamente la Directiva 91/308, de 10 de junio
de 1991, relativa a la prevención del uso del sistema financiero en las
operaciones de blanqueo de capitales, por la que, precisamente se
obligaba a los Estados miembros, no sólo a prohibir el blanqueo, sino
también a que introdujeran en su derecho interno un serie de
disposiciones legales dirigidas al sector bancario y a los institutos de
crédito y financieros tendentes a prevenir el blanqueo de capitales.
Insisto, si se promulgó la Ley de blanqueo de capitales no fue por
voluntad del anterior Gobierno, que ahora desde la oposición muestra un
interés inusitado en el tema, sino por imperativo legal de la
trasposición al derecho interno de una directiva comunitaria.
También quiero manifestar que el Gobierno no está constituido por
marcianos, está constituido por personas muy sensibilizadas con el tema
del narcotráfico y blanqueo de capitales, y parece ser, por las
manifestaciones que se han efectuado hoy en esta sala, que estuvimos
gobernados por unos extraterrestres, ya que durante trece años no se
enteraron de los gravísimos problemas que sobre el narcotráfico y
blanqueo de capitales existían en nuestro país.
Quiero saber su opinión porque usted nos ha comentado que las técnicas de
blanqueo no sólo obedecen a la intención de dar una sensación de limpieza
a los dineros provenientes de blanqueo de capitales, sino que también
provienen del dinero negro que se genera con el comercio del oro, de los
diamantes, de las obras de arte, de sellos, de joyas, que intervienen en
operaciones clandestinas y que operan mundialmente conocidas como la
Banca Shop, la Banca Chiti, el Stash House, etcétera.
También quiero saber su opinión sobre las grandes sumas de dinero que se
generan en fichas de establecimientos de juego, que son liquidadas
posteriormente como si se tratara de premios del juego. Quisiera saber si
ha tenido conocimiento, porque se ha dado alguna noticia de ello a la
Comisión de blanqueo, de la entrega a grandes almacenes de grandes
cantidades procedentes de dinero negro, que se cambian por un cheque o
una cantidad menor, siendo la diferencia la comisión que obtiene el
presunto empresario, que se hace denominar legal.
Quisiera también que me diera su parecer sobre si el proceso de blanqueo
de capitales, por los datos que ustedes van obteniendo, consiste
prácticamente en tres etapas consecutivas: primero, la colocación de los
fondos en el sistema financiero; segundo, el ensombrecimiento de la
propiedad y procedencia de los mismos, y tercero, la dotación de aparente
licitud.
Tenemos conocimiento, por datos que hemos ido recabando, de que en España
existen empresas dedicadas única y exclusivamente al blanqueo de
capitales, empresas de las que se llega a saber, incluso, cuáles son las
comisiones que perciben; empresas que no se han creado en el último año
precisamente en el que tiene la responsabilidad de Gobierno el Partido
Popular, sino que vienen funcionando desde hace muchos años; empresas en
las que cobran comisiones, por ejemplo, por sacar dinero de España a un
paraíso fiscal donde lo ingresan en una cuenta de un banco o en una caja
de seguridad, cobran unas comisiones equivalentes al 5 o al 8 por ciento
del capital que blanquean, pero si esa empresa, simulando una operación
comercial o financiera, hace circular el dinero electrónicamente a través
de diversos paraísos fiscales y luego lo coloca posteriormente a
disposición del narcotraficante, la comisión llega a oscilar entre el 12
y el 25 por ciento. Estos hechos nos parecen muy graves y suponemos que
lógicamente la Comisión conocerá y que dará soluciones para intentar
remediarlo, dentro de la medida de lo posible, con medidas lógicamente
represivas, por mucho que en algunos momentos se manifieste por otros
Grupos Parlamentarios la obsesión represiva del Partido Popular, pero que
en otros momentos se echa en cara que la represión utilizada no sea la
suficiente.
Quisiera también decirle que nos alegramos de los datos que usted ha
manifestado de la colaboración de las entidades de crédito y financieras
con respecto a las comunicaciones que van efectuando al servicio
ejecutivo. Nos alegramos también de ese cambio de mentalidad que ha
habido entre esa colaboración, en un principio pasiva, de las
entidades de crédito y que, posteriormente y por imperativo no de la ley,
sino del reglamento, se ha ido convirtiendo en una participación activa
que lógicamente va a redundar en el mejor conocimiento por parte de la
Comisión de la situación.
Por último, queremos manifestar que estamos convencidos, señor Montoro,
de que la actuación de la Comisión de prevención del blanqueo va a hacer
que cambie notablemente el panorama del blanqueo de capitales, sobre
todo, teniendo en cuenta algo que también consideramos muy oportuno y que
en esto sí que debemos decir que estamos de acuerdo y es en el contenido
del artículo 301.4 del nuevo Código Penal del año 1995 en el que se
contempla la universalidad, en el sentido de que ese mismo artículo
castiga los delitos del blanqueo de capitales por actos que se hayan
cometido incluso en el extranjero, es decir, que a través de una norma
sustantiva se han ampliado los supuestos de aplicación extraterritorial
de la Ley Penal, que consideramos que va a facilitar también y que va a
suponer una medida disuasoria para muchos delitos que se cometen en un
territorio pensando que no tengan su punibilidad o su sanción en otro.
Quiero agracederle su presencia aquí y desearle los mejores éxitos en su
función como Presidente de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Diputada.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Montoro Romero): Muchas
gracias, señor Presidente.
Intervengo para dar respuesta a las cuestiones que han suscitado los
portavoces de los diferentes Grupos que han intervenido en esta sesión, y
quiero agradecer, en primer lugar, el tono, el talante que se contiene en
esos planteamientos, en esas cuestiones, en esas interpelaciones que han
hecho a mi persona esta mañana aquí.
Insistía al comienzo de la comparecencia que realmente lo que se inicia
en el día de hoy es un trabajo común, una disposición por parte del área
económica del Gobierno con el trabajo de los Grupos Parlamentarios que
nos parece básica, fundamental para que en España podamos avanzar en la
represión efectiva de un delito que causa tanta alarma social como es el
destino, la aplicación de los recursos monetarios, de los recursos
financieros que se derivan de actividades ilegales y en especial del
tráfico de droga. En ese sentido, quiero insistir en el ofrecimiento con
el que comenzaba esta intervención, que se plasmará en las próximas
semanas en el envío del informe correspondiente, viendo pertinente, en
primer lugar, que se cumplieran los plazos de las convocatorias que la
Comisión ya tiene establecidas, y puesto que se trata de celebrar la
segunda sesión de la Comisión, a raíz de esa celebración es cuando es
oportuno elaborar un informe con auténtico contenido sobre lo que
pudiéramos llamar una memoria de actividades de las diferentes áreas
administrativas y de Gobierno que, en definitiva, están actuando en la
represión de este delito de tanto significado social.
Realmente tenemos en España --quiero hacer una consideración que pretende
ser suficientemente abierta como para responder al espíritu que he
apreciado en los planteamientos de los portavoces-- un sistema legal de
represión del delito del blanqueo de capital que es moderno; es un
sistema, que como ha insistido perfectamente la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que es una traslación de una directiva comunitaria
que en España se hace con relativa tardanza, puesto que la tenemos
vigente desde diciembre del año 1993, y cuyo Reglamento entró en vigor en
octubre de 1995. Quiero decir con ello, señorías, que es un sistema legal
avanzado homologable al que tienen los países desarrollados, pero que en
nuestro país ese sistema está todavía en aplicación; estamos viendo los
resultados operativos de ese sistema. De las fechas que acabo de manejar
es evidente, en primer lugar, que estamos obteniendo todavía los primeros
balances sobre la efectividad del sistema. Cito otra fecha, la primera
reunión de la Comisión con el anterior Gobierno fue en diciembre de 1995
y realmente no dio mucho tiempo a que la Comisión, que ahora presido yo,
hiciera una labor con el anterior Gobierno, toda vez que en diciembre de
1995 ya saben sus señorías en qué fechas políticas estábamos en España.
Por tanto, no ha sido posible hacer un balance ni, desde mi Presidencia
de la Comisión, recoger un legado de la anterior tarea, puesto que el
legado francamente no ha existido, cosa lógica dadas las fechas en que se
desarrollaba esa actividad.
Lo importante es que identifiquemos que tenemos un sistema legal moderno
que, en principio, hay que concederle la ventaja de la operatividad; en
principio el sistema, como se deduce de las cifras que he manejado, de
los testimonios que se van aportando a ese servicio que es el ejecutor,
en definitiva, el traductor de esos testimonios y quien remite a la
Fiscalía específica de la represión de estos delitos estos expedientes.
También la cifra de remisión de esos expedientes, como ha manejado ya el
Senador Cardona, también es mucho más importante en el año 1996 que en el
año 1995; hay un incremento que se multiplica en la Comisión de
Expedientes prácticamente por diez. Hemos pasado de remitir, en el año
1995, seis expedientes a la Fiscalía especial, a estar cerca de los 60
expedientes, 58 expedientes remitidos en el año 1996. Son cifras que van
demostrando que la operatividad del sistema, en definitiva la aplicación
del sistema, va ganando en eficacia. Lo que no podemos deducir de esas
cifras, en modo alguno, es que esté aumentando el delito. Sería un craso
error decirlo o insinuarlo siquiera. Insisto en que el sistema está
aplicándose, está vigente desde las fechas en las que he manejado. Son
fechas muy recientes. Por tanto, en todo caso habría que hablar de que en
España existía anteriormente una falta de normativa y no existía la
aplicación efectiva de esa normativa. Ahora tenemos afortunadamente una
normativa que calificaba de moderna, que está efectivamente traduciéndose
en hechos, hechos que con esas acciones represivas de lo que son estos
delitos y que están dando lugar a iniciativas judiciales que son las que
están en marcha. Obviamente desde las fechas de los puntos de partida lo
que nos remiten es a una concepción de delito importante
pero que está en este momento sometido a investigaciones judiciales.
Lo que sí apreciamos de esas cifras es que uno de los fundamentos del
sistema, señorías, es la colaboración obligada por ley pero, en
definitiva, la colaboración que tiene que partir de una actitud de los
intermediarios financieros, principalmente bancos, cajas, pero también el
resto de intermediarios financieros que tienen la responsabilidad de
trasladar al servicio aquello que califican de operaciones sospechosas
--las cifras a las que me he referido merecen ese calificativo.
En lo que también quería insistir es que realmente en España --esto es
importante afirmarlo en este momento y en esta Cámara-- la disposición de
las entidades financieras es claramente favorable y positiva para hacer
operativo ese sistema. En ese sentido, creo que sería conveniente que los
máximos representantes de esas entidades financieras también acudieran
para informar a la Comisión Mixta sobre lo que ha sido la experiencia de
la aplicación de estas normas. Pero quiero decir que, a la vista de los
resultados que vamos obteniendo y que aparecían resumidos en esas cifras,
hay una buena disposición de nuestro sistema financiero, porque es
evidente que al sistema financiero le conviene reprimir este delito. El
sistema financiero tiene que estar, como de hecho lo está, en contra de
ese tipo de afloramiento de dinero, de esa forma de intentar obtener
beneficios, puesto que, si no, lo que estaría haciendo sería subvertir
las bases mismas de la sanidad, de la consolidación de nuestro sistema
financiero. Ese no es el caso de España. Lo que sí puedo decir claramente
es que tampoco es el caso de ningún lugar de España, de ninguna ciudad de
España, y no me parece correcto lanzar insinuaciones o sospechas sobre
ramas de entidades bancarias situadas en algún pueblo o ciudad de España,
porque ésa no es la forma de actuar de nuestras entidades financieras ni
es, evidentemente, el proyecto por el que se implica a los directivos de
esas entidades bancarias en objetivos que sean de captación de pasivos,
de obtención de un determinado beneficio, etcétera. Creo que no es
procedente que en esta Cámara se hagan planteamientos de esta naturaleza.
Lo que sí tenemos que hacer es garantizar el compromiso de esas entidades
financieras, como atestiguan las propias cifras, aun siendo incómodo el
procedimiento legal, porque lo es sin duda alguna, pues, en definitiva,
el empleado bancario se acaba convirtiendo en un denunciante. Es una
posición obligada por la ley, y a ella lo estamos todos, pero, a veces,
es incómoda para quien hace esa denuncia. Aun siendo esto cierto, lo que
sí vemos es una actitud de colaboración que tenemos que estimular y
empujar. De hecho, en los trabajos de la Comisión, una de las primeras
decisiones adoptadas en la reunión constitutiva fue la incorporación de
la Asociación Española de Banca Privada y de la Confederación Española de
Cajas de Ahorro, de estas dos macroorganizaciones de nuestro sistema
financiero, para que tengan también esa relación fluida con las
autoridades, en particular con las económicas, en materia de represión
del blanqueo de capitales.
Quiero decir con ello que las cosas están discurriendo bien en este
asunto, y es importante que lo afirme esta mañana aquí, en la Cámara,
puesto que tenemos que tranquilizar a la sociedad española en cuanto a
que el Gobierno, en primer lugar, está comprometido y, en segundo lugar,
lo que percibo --y es algo que agradezco a los representantes de los
grupos parlamentarios-- es que el Parlamento sigue con preocupación y con
gran interés estas cuestiones, y está colaborando activamente con el
Gobierno en lo que se refiere a la represión de este delito. Porque
evidentemente se trata de esto: de actuar de forma colaboradora entre el
Parlamento y el Gobierno. Y no me refiero sólo a la colaboración entre
los grupos que apoyan directamente al Gobierno en la Cámara, sino al
conjunto de los grupos y, por supuesto, al principal partido de la
oposición.
Agradezco a la Diputada Romero su intervención, pues deduzco de sus
palabras una actitud de colaboración para que todo el entramado jurídico
y organizativo sea eficaz en su procedimiento, puesto que de eso se
trata.
De hecho, el Gobierno mantiene una tensión alta en esta materia, como lo
demuestra el que en la primera oportunidad de legislar, y de hacerlo por
una vía relativamente rápida como era la Ley de Acompañamiento, ya haya
tomado decisiones que no se incorporan sólo en el proyecto de ley del
Mercado de Valores, sino que antes me he referido ya a la supervisión del
Banco de España sobre entidades dedicadas al cambio de dinero y, por
tanto, ya estamos tomando esas medidas desde el primer momento para
concretar el entramado de la supervisión bancaria. En ese sentido también
seguiremos atentos a los primeros resultados para poder ver si el esquema
de sanciones que actualmente existe es el pertinente o si hay que
endurecerlas. Si hay que endurecerlas para hacerlo más eficaz, tengo que
manifestar con toda claridad que el Gobierno lo hará, toda vez que
tenemos el objetivo --y entiendo que es un objetivo común compartido por
todos los grupos de la Cámara-- de que, efectivamente, nuestro sistema
legal sea efectivo. Por tanto, el sistema de sanciones también tenemos
que hacerlo operativo.
También es cierto, y sus señorías lo conocen, que estamos hablando de
actuaciones sobre entidades financieras, y cuando eso es así, una entidad
financiera, una entidad crediticia, pero en definitiva financiera, vive
en función de su crédito y, por lo tanto, cuando se aplica una sanción
hay que ser enormemente cauteloso respecto a quien se está aplicando esa
sanción. No es una multa cualquiera, porque si se resiente el crédito de
una entidad financiera le quitamos el fundamento de su actividad. Eso hay
que hacerlo con aquellas entidades financieras que hacen prácticas
fraudulentas, pero hay que ser también enormemente cuidadoso a la hora de
identificar quién está haciendo esas prácticas fraudulentas, puesto que
sanciones que tengan un carácter --digamos-- no último o definitivo
pueden ser muy perjudiciales para los nombres de esas entidades
financieras. Por eso decía que hay determinadas cuestiones que se han
planteado esta mañana y que tampoco creo que sean el objeto de esta
comparecencia, una comparecencia pública, en la Cámara, y ahí hay que ser
cuidadosos con el origen de esas denuncias o de esos sistemas no vaya a
ser que invirtamos los términos y convirtamos al denunciante en uno de
los orígenes del problema, y entonces estaríamos
haciendo más ineficaz al propio procedimiento. Tenemos que ser muy
cuidadosos con ese tipo de referencias, con ese tipo de nombres, con ese
tipo de identificaciones, puesto que estamos hablando, señorías, de
entidades, de sistemas que, además de estar colaborando activamente con
la ley, merecen un título y un crédito inicial muy alto, como el que les
tenemos que otorgar, y lo hacemos sin ningún tipo de tapujos o de
ocultación por parte de quienes tenemos esa responsabilidad.
Ya saben que con las entidades financieras hay que reñir en determinados
aspectos y hay que colaborar en muchos otros. Hay que insistir en que
ofrezcan un mejor servicio al ciudadano y, por supuesto, hay que estar a
su lado en lo que es una lucha eficaz en la represión de este tipo de
delitos.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha formulado muchas
preguntas que, en primer lugar, son variadas en su contenido. Lo que haré
es adquirir el compromiso, como me corresponde, de enviar su respuesta
por escrito, pero también pido que no se malinterprete mi papel. Mi
papel, como Presidente de esta Comisión es, como decía antes, el de
coordinador e impulsor, no es el de suplir a determinados entes que
componen esa Comisión, y entiendo que, respecto de muchas de las
preguntas que se me han hecho, mi respuesta ni siquiera es pertinente,
puesto que pertenecen más bien a otros ámbitos de la lucha contra los
delitos relativos a la droga. Lo que haré será identificar, dentro de
ellas, las que son competencia directa de la Secretaría de Estado de
Economía y remitirlas por escrito tanto a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista como al resto de los miembros de la Comisión
para que tengan su información. La mayoría de ellas tendrán respuesta en
lo que he llamado antes el informe de la Comisión y la memoria del
Servicio Ejecutivo que es la memoria que se hará por primera vez, porque
insisto en que estamos hablando de procesos relativamente nuevos. En el
Servicio Ejecutivo vamos teniendo ahora ya los datos, pero éstos no
existían previamente en nuestro país, y ahora ya estamos en situación de
poder hacer una primera memoria y dar en ella el detalle pertinente de
todas aquellas operaciones que, por supuesto, no signifiquen incurrir en
un conflicto con la vía judicial, que es la que está abierta y, desde
luego, no suponga una pérdida de imagen que, en el caso de entidades
financieras, pueda llegar a impedir la realización normal de su
actividad.
Finalizo agradeciendo de nuevo la disposición de los portavoces e insisto
en la voluntad, no sólo por parte de mi persona, sino también de los
servicios de la Secretaría de Estado de Economía, que es algo
fundamental, de establecer una relación fuida, además de esperar
iniciativas pertinentes por parte de los grupos de la Cámara en cuanto a
ir completando nuestro sistema. No cabe duda de que, para que el sistema
sea más eficaz y podamos llevarlo adelante, son importantes las nuevas
iniciativas que nacerán tanto del Gobierno como de los grupos
parlamentarios.
Antes se ha referido a la Comisión Interministerial de Droga, de la que
también soy miembro, que celebró su primera reunión en el mes de julio y
uno de cuyos resultados fue efectivamente incrementar los recursos
materiales, para lo cual había que incrementar los recursos
presupuestarios. El Ministro de Interior, don Jaime Mayor, ya anunció,
creo recordar que en el Congreso de los Diputados --hablo de memoria--,
que existe para este año la previsión de incrementar esos recursos
presupuestarios dirigidos a una mejor dotación de las unidades policiales
--que es el fin que se busca-- para que puedan ejercer mejor sus
funciones. Recuerdo este elemento como expresión de la voluntad del
Gobierno de llevar adelante todas las mejoras pertinentes y además
haciéndolo compatible con una época de austeridad presupuestaria,
austeridad gracias a la cual nuestro país está recobrando el pulso
económico y podremos afrontar una recuperación económica creadora de
empleo, como afortunadamente se está produciendo en España.
Finalizo agradeciendo una vez más la convocatoria que se me ha hecho y
aclarando el problema de fechas que ha habido. Realmente, Presidente, no
se ha debido a un motivo especial el que haya sido ésta la elegida,
porque creo recordar que la anterior fecha que acordamos para que yo
viniera a esta Comisión Mixta coincidió con el debate del Estado de las
Autonomías en el Senado. Luego no hay motivo alguno por el que lo hayamos
aplazado de forma deliberada, ni mucho menos. Estaba en nuestro espíritu
esta comparecencia, es más, creemos que puede y debe tener elementos de
continuidad en el futuro. Lo que hace falta es que no pase tanto tiempo
para que se celebren posteriores comparecencias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
¿Hay alguien que desee intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Romero López, a quien le pido por favor
muchísima brevedad.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente, intervendré con la
máxima brevedad.
Gracias, señor Montoro, por su intento de explicación y por su intento de
respuesta al menos --francamente le creía mejor informado--, pero
tendremos que esperar a las respuestas por escrito de algunos de los
temas que sí son directamente competencia de su Comisión.
Quisiera responderle a la valoración que ha hecho sobre la incorporación
de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Aunque usted ha dicho
que esta Directiva se traspuso con tardanza, probablemente usted sabe
perfectamente, señor Montoro --porque fue, al igual que yo, Diputado en
la anterior Legislatura--, que fuimos el tercer país en adaptar nuestro
ordenamiento jurídico a la Directiva --después de Luxemburgo y de Italia,
si mal no recuerdo--, luego fuimos de los primeros países en hacerlo. Es
cierto que todavía es un órgano en ciernes, pero como la tarea es mucha,
el esfuerzo, desde nuestro punto de vista, debe ser también mucho.
Le he subrayado las enormes contradicciones de sus Diputados en la
anterior Legislatura para que lleguemos a la conclusión de lo difícil que
es caminar en este terreno y en este sentido. Acerca de la decisión de
Mayor Oreja sobre
el incremento de medios humanos y materiales, con esas unidades
especiales que iban a crear, le tengo que decir que según la prensa en mi
provincia solamente han aparecido seis perros nuevos y sin adiestradores;
ésos son los únicos medios nuevos que hay en nuestra provincia en esta
lucha a la que se refería Mayor Oreja. Simplemente lo digo para mostrarle
la diferencia que hay cuando un partido está en la oposición y cuando
llega al Gobierno, y para que usted observe la incoherencia de llamar a
España un cortijo de narcotraficantes exigiendo mayores medios cuando
después de un año de Gobierno en mi provincia han aportado seis perros
más a la lucha contra el narcotráfico. Es cierto que esta problemática es
difícil.
No me ha respondido si el Gobierno ve conveniente este informe que le he
solicitado acerca de una investigación de los pasivos de las sucursales
bancarias de La Línea de la Concepción y Villagarcía de Arosa y el cruce
con otros datos financieros que Hacienda pueda tener; es decir, si cree
que en esas actividades se puede estar blanqueando dinero y si cree que
ese informe es conveniente. Quisiera que me respondiera si cree que es
conveniente o no, porque si cree que es conveniente esperaremos el
informe; si cree que no es conveniente tendremos que estudiar la
posibilidad de otros mecanismos u otras medidas que puedan llevarnos a
ese conocimiento, pero quisiera que me respondiera sobre ese informe que
le he pedido.
A propósito del endurecimiento de las sanciones de que ha hablado, ya le
he dicho, señor Montoro, que probablemente la medida más dura para una
entidad, cualquiera que sea, para un sujeto obligado, es el
apercibimiento público, por la sencilla razón de que ningún banco,
ninguna institución, quiere ser acusado como banco sede del narcotráfico.
Lo que hace falta no es endurecer las sanciones, sino aplicarlas, por eso
le he preguntado cuántas sanciones se han aplicado ya hasta este momento,
no las muy graves, que dependen del Consejo de Ministros, sino incluso
las leves.
Por último, quisiera tener respuesta, señor Montoro --y no tenga la menor
duda de que este Grupo lo que pretende y lo que pretenderá siempre es una
íntima colaboración con el Gobierno en este tema tan delicado--, sobre
algo que depende de su exclusiva responsabilidad y es lo siguiente: a
raíz de esa operación «Mezquita», en la que se detectó un tráfico de
blanqueo de capitales por valor de 30.000 millones de pesetas, hay varias
personas en la cárcel y un procedimiento judicial abierto
--procedimiento, por cierto, impulsado por el juez García Castellón, y no
es obvia aquí esta referencia--; pues bien, se supone que todo este
tráfico se produjo por algunas sucursales bancarias. Mi pregunta fue:
¿estas sucursales bancarias comunicaron a iniciativa propia este
movimiento que se estaba produciendo? Y si no lo comunicaron, ¿qué
sanción ha decidido el Gobierno? ¿Es una sanción grave, muy grave, ha
sido el Consejo de Ministros el que la ha impuesto? Porque, señorías, es
un delito de 30.000 millones de pesetas de blanqueo de capitales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Diputada.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Montoro Romero): Muchas
gracias, señor Presidente.
Remitiré por escrito la información a la que se refiere la señora
Diputada, como antes advertí.
Lo que aprecio en esta segunda intervención es todavía un mayor énfasis
en identificar algunos nombres de entidades bancarias, y la verdad es que
no comparto esa intención. Cuando estamos hablando de establecer
mecanismos de colaboración en nuestro país lo que tenemos que hacer es
evitar que eso se identifique con determinados nombres y apellidos, a no
ser que realmente haya una implicación demostrada de esas entidades
financieras; si no es así tenemos que evitar lanzar sospechas, lanzar
sugerencias, porque estamos hablando, evidentemente, de asuntos
extremadamente delicados.
En la primera intervención me referí a un hecho concreto: que el
afloramiento del dinero negro tiene otros cauces y cada vez se
identifican más operaciones que no son el afloramiento a través de
entidades bancarias; son cauces como, por ejemplo, sociedades
interpuestas en actividades fraudulentas de comercio exterior.
Desgraciadamente se va identificando cada vez más que son recursos de los
defraudadores más importantes y a veces revisten fórmulas de pago,
fraudulento en este caso, de operaciones de exportación e importación de
bienes de equipo --y antes citaba también algún caso la Diputada del
Grupo Parlamentario Popular--, o casos relativos a operaciones
relacionadas con la compraventa de oro, o el caso de lo que se llama
técnicamente «los pitufos», que son fraccionamientos de los billetes
grandes derivados del tráfico de droga para evitar su identificación,
etcétera.
Es evidente que a medida que el sistema va siendo más eficaz, más
operativo, se van produciendo ramificaciones, como corresponde a algo que
se está persiguiendo. También estamos siguiendo con gran atención la
identificación de ese tipo de operaciones, que ya no es aparecer una
persona física con una maletita en una entidad bancaria, es algo de
diferente configuración, mucho más complejo, donde los servicios de
Inspección de Hacienda juegan un papel muy importante a la hora de
identificar el fraude, la ilegalidad. En ese sentido, anuncio que le
contestaré por escrito, en la medida en que pueda hacerlo, puesto que
alguno de esos procedimientos no sería objeto de sanción directa, sino de
investigación judicial.
Acabo con una reflexión, si quieren, de política de fondo. Aprecio en la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el ejercicio que le atribuye
la Constitución y nuestro ordenamiento democrático de control al
Gobierno, pero veo que hace un ejercicio de oposición a la oposición
anterior. Creo que no es pertinente insistir en él porque no sé
exactamente a dónde conduce, cuando tenemos una tarea tan importante
entre manos, cuando tenemos que encontrar elementos de colaboración, ya
que estamos hablando de algo que realmente importa a todos los ciudadanos
y de algo sobre lo que tenemos que tener una actitud positiva. En ese
sentido, el ejercicio de la oposición, como
sabe la señora Diputada, consiste, además del control al Gobierno, en
ofrecer alternativas, acciones complementarias a las acciones que
desarrolla el Gobierno. Estoy convencido de que en esta área, como en
otras muchas, el Grupo Parlamentario Socialista encontrará su papel de
oposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su
comparecencia. Le deseamos los mayores éxitos. Le despedimos y le
esperamos en el futuro en esta Comisión.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE EL CONSEJO ASESOR SOBRE DROGAS. (S. 663/000011; C. D.
161/000260.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores, reanudamos la sesión y
pasamos al punto siguiente, que es el debate y votación, en su caso, de
la proposición no de ley sobre el Consejo Asesor sobre Drogas, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
En consecuencia, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor BOIX PASTOR: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista, tras diversas reuniones mantenidas con
distintas organizaciones no gubernamentales, presenta en esta Comisión
Mixta esta proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que en
el plazo de cuatro meses cree el Consejo Asesor sobre Drogas, como órgano
permanente de diálogo con los distintos agentes sociales, regulando su
composición y sus funciones.
Vinculado al fenómeno de consumo masivo de determinados productos, no es
casual que, junto al derecho a la salud individual, la Constitución
configure la protección de la salud pública como principio rector de la
política social. Estos principios, recogidos en el artículo 9, apartado
2, así como en el artículo 43, apartados 1 y 2, resultan especialmente
importantes en el ámbito de los programas de atención y prevención de las
drogodependencias, en los que la consideración pluridisciplinar de las
actuaciones aconsejan el avance en el perfeccionamiento de las fórmulas
de coordinación interinstitucional.
De lo que no cabe duda es de que en el esfuerzo que se realiza contra los
problemas que genera la droga inciden una serie de organizaciones no
gubernamentales con finalidad decidida de actuar en el ámbito de la
rehabilitación, la prevención y la reinserción. Desde las peculiaridades
apuntadas, es un hecho incontrovertido que el Delegado del Gobierno en el
Plan Nacional sobre Drogas mantenga frecuentes relaciones con las ONG que
intervienen en el problema de la droga, bien directamente o bien a través
de la coordinadora que agrupa a buena parte de ellas, si bien en la
actualidad no existe algún órgano estable que regule la participación y
el diálogo permanente a este nivel. En el informe elaborado por esta
Comisión Mixta durante la V Legislatura se apuntaba, respecto a la
prevención frente al consumo indebido de drogas, que constituye un
objetivo prioritario de la intervención pública y, por lo tanto, ha de
ser una tarea del conjunto de la sociedad, de los poderes públicos, de
las organizaciones no gubernamentales, de la comunidad escolar, incluso,
de los medios de comunicación.
Tener, pues, acceso a un órgano experto y abrir un cauce de conocimiento
y participación de la opinión pública, consideramos que significará un
avance importante en la búsqueda de soluciones a los problemas que genera
la droga. La Administración acude, y debe acudir, cada vez con más
frecuencia, a los representantes de intereses colectivos, a los que, por
otro lado, les impulsa la corriente participativa, que es otro de los
signos de una Administración moderna. Y en este ámbito se integra la
proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, la
creación de un Consejo Asesor sobre Drogas, al que, para no dejarlo como
un órgano «ad hoc», meramente formal o decorativo, se hace necesario
dotarlo de medios personales y materiales, así como de una estructura
organizativa.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia que para nuestro Grupo
Parlamentario tiene la institucionalización de las relaciones con las
diferentes organizaciones que día a día trabajan en minorar los problemas
que genera la droga, y deseando que este mismo grado de importancia sea
compartido por el resto de los grupos parlamentarios, solicitamos de esta
Comisión Mixta el apoyo decidido del resto de los grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario en relación a la
proposición no de ley sobre la creación de un Consejo Asesor sobre drogas
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Como se recoge en la exposición de motivos de la citada proposición,
existe ya, por iniciativa de la Delegación del Gobierno en el Plan
Nacional sobre Drogas, una coordinadora que agrupa a las ONGs que
desarrollan actuaciones en el marco de las drogodependencias. Y,
efectivamente, estamos de acuerdo en potenciar a estas organizaciones.
Sin embargo, muchas de ellas desarrollan sus actividades exclusivamente
en el ámbito local o en el autonómico, por lo que no pueden participar de
forma directa ni en la coordinadora existente ni en el Consejo que se
propone crear.
Por otra parte, es muy discutible que el papel asesor del Consejo que se
propone tenga que estar protagonizado
fundamentalmente y sólo por las ONGs y no también por organizaciones de
otro tipo, incluyendo los órganos de las Administraciones públicas.
Aun cuando no existe un consejo asesor como el que se propone, existe una
comisión interautonómica, integrada por los coordinadores autonómicos de
drogodependencias de todo el Estado, que colabora con los órganos de
dirección de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, y los coordinadores autonómicos de drogodependencias, a su vez,
facilitan también la comunicación con las entidades que actúan en su
territorio de referencia.
Por todas esas razones, y en consecuencia, no creemos oportuno apoyar la
proposición no de ley que se nos presenta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Diputada Moneo
Díez.
La señora MONEO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como han expuesto los portavoces de los grupos que han
intervenido con anterioridad, el problema de la droga, la lucha que desde
todos los ámbitos de la sociedad se articula para la resolución de este
grave problema, no sería efectiva sin la participación en la misma de
aquellas organizaciones que dedican el mayor de los esfuerzos en
conseguir de la sociedad el rechazo firme y contundente contra esta
auténtica lacra social.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, y, cómo no, desde la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, no vamos a
discutir la importancia que tiene la coordinación y articulación entre
las diferentes Administraciones responsables y las diferentes
asociaciones, ONGs y demás colectivos que trabajan en la erradicación y
la lucha contra la droga. Son múltiples las estructuras de coordinación
actualmente existentes. Estructuras que, en ocasiones, han sufrido una
total paralización, incluso de años, y cuyo funcionamiento ha sido
agilizado durante este último año por el Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. De hecho, la Comisión Interministerial,
creada en el año 1985, no se reunía desde 1991, y tuvo su primera reunión
en fechas recientes. También han sido varias las reuniones
interautonómicas en los últimos meses, que han dado como fruto un
documento sobre criterios de homologación de programas de prevención, a
la que tanta importancia se le da en el nuevo Plan de Medidas de Lucha
contra la Droga. Asimismo, también han sido frecuentes los contactos con
ONGs, asociaciones y organismos que trabajan en el ámbito que nos ocupa.
Por lo tanto, no es el Grupo Parlamentario Popular el que tiene que
demostrar su interés en la participación y colaboración de estos
colectivos con la Administración. Ahora bien, lo que sí cuestionamos y
cuestionaremos es la creación de órganos inoperantes y faltos de
contenido, o, cuando menos, poco fluidos en su convocatoria y trabajos y
que, en definitiva, sólo sirven para cubrir un expediente de cara a la
sociedad.
Ya al hilo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, en la que se insta al Gobierno a la creación de un Consejo
Asesor sobre drogas, hemos de señalar que, tal y como sus señorías
conocen, actualmente existe una Comisión Mixta entre la coordinadora de
ONGs y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas cuyo
objetivo es establecer un sistema de trabajo conjunto, en aspectos
relativos a la demanda de drogas, entre la Administración y la
coordinadora de ONGs de ámbito nacional que intervienen en
drogodependencias, y donde, a nuestro juicio, se cumplen perfectamente
los objetivos de coordinación y participación de aquellos sectores
sociales implicados en el área de las drogodependencias.
De hecho, esta coordinadora agrupa en estos momentos a 54 organizaciones
de ámbito estatal, es decir, a organizaciones, en su mayoría, de mayor
implantación y participación en este área. Por ello, creemos que las
funciones que el Consejo Asesor sobre drogas, cuya creación solicita el
Grupo Parlamentario Socialista, pudiera realizar quedan cubiertas
perfectamente por la existencia de esta Comisión Mixta. Todo ello, sin
valorar la dudosa operatividad de un órgano cuya heterogénea composición,
tal y como la concibe el Grupo proponente, dificultaría su funcionalidad.
Por lo tanto, no creemos órganos inoperantes y, cuando menos, faltos de
sentido; no creemos comisiones y luego no las aprovechemos; aprovechemos
las estructuras de coordinación actualmente existentes y demos a las
mismas el máximo apoyo, como así se está haciendo desde el Plan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Diputada. (El señor Boix
Pastor pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor BOIX PASTOR: Con mucha brevedad, señor Presidente, simplemente
para matizar o contestar a lo que ha dicho la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Respecto de esos órganos inoperantes, como los ha
calificado, y respecto de la posibilidad de constituir un Consejo Asesor
donde participen todas las organizaciones no gubernamentales que día a
día están trabajando para solucionar los problemas y que la sociedad,
conjuntamente con nosotros, no los sufra, debo decir que en un informe
del Ministerio del Interior, con fecha de 27 de enero, se propone la
creación de un Consejo Asesor que actuará como elemento consultivo y
estará integrado por miembros de los grupos sociales. Es decir, me
resulta un poco inalcanzable entender la posible inoperancia --como la ha
calificado el Grupo Parlamentario Popular-- del Consejo Asesor cuya
creación proponemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
¿Alguna otra intervención?
Tiene la palabra la señora Diputada.
La señora MONEO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Contestando a la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, he de recordarle que hablo de inoperancia porque tenemos
organismos que durante años han estado paralizados, y no ha sido
precisamente el actual Delegado del Gobierno para el Plan Nacional el que
ha mantenido una Comisión Interministerial paralizada durante casi cinco
años.
En cuanto al Consejo Asesor, que es el tema que nos ocupa, es cierto que
en el año 1993, el Partido Socialista, en su programa electoral hacía
referencia a la creación de un Consejo Asesor en el que participarían
asociaciones de ayuda a toxicómanos, juveniles, de vecinos, sindicales,
medios de comunicación, etcétera. Compromiso que ellos establecieron en
el año 1993 y que incumplieron, incluso el Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre la Droga, señor López Riaño, a preguntas del señor
Robles, adujo necesitar tiempo para reflexionar sobre la creación de este
Consejo Asesor. Incluso adujo también razones de índole presupuestaria.
Por tanto, la inoperancia parte del año 1993, cuando se pudo crear ese
Consejo Asesor y no se hizo. Lo que nosotros decimos es que en este
momento hay un órgano que suple esas funciones y que no queremos una
duplicidad de órganos para sólo lavar la cara frente a la sociedad.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, se procede a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, me parece que el Reglamento
obliga a que se comuniquen las sustituciones que se hayan podido producir
en el seno de la Comisión y existe una disposición conjunta de las Mesas
en el sentido de que la sustitución de Diputados debe hacerse por
Diputados y la de Senadores por Senadores.
Me gustaría que el señor Presidente ratificara que se ha realizado de esa
forma, si es que se ha producido alguna sustitución por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: La única noticia que tengo es la de que en una
Comisión Mixta, avisando a la Presidencia con la suficiente antelación
--cosa que se ha hecho--, se puede sustituir un miembro de la Comisión
por alguien que no lo sea. No sé si efectivamente existe, pero se han
producido dos o tres sustituciones de Diputados por Diputados. En
consecuencia, parece que es correcto.
--SOBRE PROGRAMAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL MARCO DE LA POLITICA
PREVENTIVA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DROGADICCION. (S. 663/000013; C.
D. 161/000271.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, proposición no de ley
sobre programas en zonas de alto riesgo en el marco de la política
preventiva en materia de lucha contra la drogadicción.
Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
su portavoz, el señor Gago López, que es el proponente.
El señor GAGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la
defensa de la proposición no de ley sobre programas en zonas de alto
riesgo en el marco de la política preventiva en materia de lucha contra
la drogadicción.
Con ello pretendo, de una forma modesta, contribuir a la ingente tarea
del estudio del problema de la droga y de sus posibles soluciones, a la
vez que continuar el trabajo realizado por este Grupo Parlamentario que,
en fechas pasadas, presentó otra proposición no de ley, que fue aprobada
por unanimidad, relativa a la utilización de los bienes inmuebles
adjudicados al Estado en virtud de sentencias firmes recaídas en procesos
de narcotráfico u otros delitos conexos.
Cierto es que la citada proposición no de ley aprobada incidía en los
problemas de la rehabilitación y la reinserción social y laboral de los
drogodependientes. La presente se encuadra en las políticas de prevención
de esas drogodependencias, pero ambas estudian problemas y proponen
soluciones para los males provocados por uno de los delitos más graves
que atentan contra la sociedad: el narcotráfico.
Si conocido es por todos que uno de los males de este país, difícil de
erradicar, es el desempleo y, más aún, el juvenil, debemos imaginar, sin
realizar un excesivo esfuerzo, las consecuencias tan negativas que tiene
este fenómeno cuando se asocia en las zonas de alto riesgo a la
existencia de los delitos de narcotráfico. En estas zonas las
dificultades para que los jóvenes puedan conseguir un trabajo que les
permita autonomía económica, crear una familia y realizarse profesional y
personalmente, se ven agudizadas por la acumulación de problemas
sociales, que provocan un mayor consumo de drogas, cuando no una
implicación personal en la colaboración o comisión de los delitos a ellas
referidos.
Es por ello por lo que se hace necesario promover la puesta en marcha de
programas de prevención contra el consumo de drogas, que eviten los
peligros mencionados, más evidentes y palpables en las zonas de alto
riesgo, aquellas fuertemente castigadas por la terrible lacra social del
narcotráfico, estableciendo como mínimo los que se refieren a los
siguientes aspectos: Areas social y educativas, dotando de medios a los
servicios sociales de base para que tengan más posibilidades a la hora de
detectar los problemas que puedan generar drogodependencias y más
eficacia en la aplicación de las soluciones, y a los gabinetes de apoyo y
ayuda a los centros escolares, con el fin de corregir el absentismo y el
fracaso escolar; a las de formación y empleo, potenciando, en
colaboración con el INEM, las
demandas de empleo dirigidas a los jóvenes y dando prioridad a la
creación y puesta en funcionamiento de escuelas-taller y casas de oficio,
que estimulen el interés por la preparación necesaria para el acceso al
mercado de trabajo; a las de formación y asesoramiento de las policías
locales, que deben de dirigir sus esfuerzos, no sólo a la persecución y
represión del delito, sino también a la prevención de las
drogodependencias; a estimular y a apoyar las iniciativas comunitarias,
especialmente las de las organizaciones juveniles, para el fomento del
voluntariado social y formación de mediadores, poniendo a disposición los
instrumentos necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de sus
objetivos, en el ánimo de mantener el espíritu altruista de sus miembros
y evitar la frustración que supone la falta de medios; a coordinar los
esfuerzos inversores de las distintas administraciones públicas, con el
fin de conseguir que en estas zonas de riegos, castigadas por el
narcotráfico, se establezcan las condiciones óptimas que permitan una
dinamización de los sectores comercial e industrial radicados en ellas,
de forma que con su consolidación y crecimiento se mantengan y generen
nuevos puestos de trabajo y se posibilite una mejor respuesta a la
competencia desleal que supone el blanqueo de dinero.
En este sentido, se hace necesario potenciar la creación de suelo
industrial de iniciativa pública, asequible y atractivo en el precio para
el inversor privado que proyecte establecer sus empresas, así como la
mejora de las infraestructuras en general y las de comunicación en
particular, condición imprescindible para alcanzar una mejor
competitividad. Por último, también deben de coordinarse las inversiones
dirigidas a procurar y facilitar el ejercicio de actividades culturales y
deportivas porque suponen una alternativa deseable a la costumbre
negativa del ocio en la calle, sin más ocupación que contemplar el paso
del tiempo.
Para terminar, entendemos que las zonas de riesgo necesitan un esfuerzo
adicional, que las medidas de prevención deben desarrollarse
prioritariamente allí donde el peligro de la drogodependencia se hace más
patente, que las administraciones públicas deben comprometerse en la
puesta en macha de estas medidas, más allá de su teórica formulación o
enumeración y que, en atención a todo ello, esta Comisión debe instar al
Gobierno en el sentido de la proposición no de ley, objeto de este
debate, para lo cual pedimos, señorías, su voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Faraldo Botana.
La señora FARALDO BOTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de
la enmienda de modificación que se ha presentado a esta proposición no de
ley.
Entendemos, y así lo constataba el Delegado para el Plan Nacional de
Droga en su comparecencia ante esta Comisión, que el reto más importante
e inmediato con el que nos encontramos es el desarrollo del concepto de
prevención, y que deberemos recoger como instrumentos adecuados para
llevar a cabo una labor de prevención la escuela, la familia y los medios
de comunicación. Ello, sin perder de vista la pieza fundamental que
supone a la hora de ejecutar proyectos y programas, las Comunidades
Autónomas.
El Delegado decía en aquella comparecencia que el Plan Nacional es, en
cierta medida, un plan de planes y, por tanto, no puede ignorarse la
fuerza que deben de seguir teniendo las Comunidades Autónomas. En este
sentido, hablaba de relanzar la cooperación con las Comunidades
Autónomas, que se ha visto relanzada, como ya se ha puesto aquí de
manifiesto, en tres reuniones que han seguido a su comparecencia, en las
cuales se ha llegado a la homologación de programas de prevención
aprobados por todas las Comunidades Autónomas.
En cuanto a las zonas de actuación preferente a que hacía referencia esta
proposición, el Ministro de Interior, en su comparecencia para explicar
las medidas de lucha contra la droga ante esta Comisión, establecía que,
sin lugar a dudas, el índice del consumo de drogas y situaciones
socioeconómicas determinadas deben ser parámetros esenciales para
determinar dónde hay que introducir proyectos de prevención de estas
características.
Por todo ello, mi Grupo considera que la proposición no de ley que hoy
presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre programas en zonas de
alto riesgo en el marco de la política preventiva en materia de lucha
contra la drogadicción coincide en gran medida con una serie de
actuaciones que se están desarrollando desde la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas en colaboración, no sólo con las
Comunidades Autónomas, sino también con otros Departamentos de la
Administración central.
En concreto, y en relación con los cinco tipos de programas que la citada
proposición dispone, paso a referir lo siguiente: en cuanto al primer
punto, como ya conoce esta Comisión, con fecha 19 de noviembre de 1996 se
firmó un Protocolo de colaboración entre los Ministerios de Educación y
Cultura, Sanidad y Consumo e Interior para promover la educación para la
salud.
Además del marco amplio y flexible que constituye este Protocolo,
deberíamos destacar las propuestas de intervención concreta, entre ellas,
la realización de un proyecto-piloto de prevención de las
drogodependencias en centros educativos de actuación preferente,
considerando zonas de actuación preferente aquellas que reúnan unas
condiciones económicas, sociales y sanitarias que precisen el
reforzamiento de una acción educativa compensadora para el progreso
educativo de los alumnos escolarizados en su ámbito. Además --y el señor
Ministro hacía referencia a ello en su comparecencia en esta Cámara--,
este Protocolo tendrá una adenda, que se firmará en los próximos días,
que dedica un epígrafe completo al desarrollo de proyectos experimentales
de prevención de drogodependencias en zonas de población con déficit
socioeconómicos y culturales.
En lo que al segundo punto se refiere, existe un Convenio entre el
Ministerio del Interior y el INEM que tiene por
objetivo la inserción sociolaboral de los drogodependientes en procesos
de rehabilitación, y que, entre otras actividades, prevé la reserva de
plazas en escuelas-taller y casas de oficio, así como la incorporación de
estos drogodependientes a las actividades y cursos de formación
programados por el INEM, Convenio que contempla asimismo la participación
y colaboración de las Comunidades Autónomas en estas actividades a través
de sus respectivos planes de drogas.
Con respecto al tercer punto, que nos habla de los programas de
prevención desarrollados en colaboración con la Policía, tenemos que
decir que las Comunidades Autónomas vienen realizando una variada gama de
programas de prevención en relación con la Policía local y autonómica
allá donde existe. Además, la Dirección General de Policía ha creado unas
unidades de Policía de proximidad que responden a criterios de
incardinación en la estructura de los barrios, estrecha colaboración con
los ciudadanos y colaboración con las Policías locales, como refleja el
Acuerdo firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias,
colaboración con la que se intenta prevenir el pequeño delito y en la que
coincide la actuación de esta Policía de proximidad en aquellas ciudades
en que el delito de menudeo es más importante.
Respecto al cuarto punto cabría señalar que los diferentes programas
comunitarios de fomento del voluntariado social y de formación de
mediadores que se realizan en el ámbito de las Comunidades Autónomas
cuentan con apoyo técnico y financiación, tanto de las propias
Comunidades Autónomas, como del Plan Nacional. Durante 1996 se han
concedido 300 subvenciones por un importe de 425 millones de pesetas para
estos programas desde el Plan Nacional.
Finalmente, y en lo que al último tipo de programas se refiere, la
proposición no de ley, por su naturaleza y amplitud, trasciende el ámbito
de competencias propias del Plan, y así lo reconocía el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en la comparecencia del Ministro ante esta
Comisión cuando hablaba de que para prevenir la droga sería bueno
construir polideportivos. Estamos de acuerdo, pero la verdad es que eso
no es competencia del Plan Nacional sino de las Comunidades Autónomas.
Por ello, mi Grupo considera que, aun estando de acuerdo con el fondo de
la proposición, lo cierto es que se trata de actuaciones que se están
llevando a cabo, con lo cual siempre tendremos que tener en cuenta las
competencias propias de las Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Veo que no están presentes ni el portavoz del Grupo Mixto, ni el de
Coalición Canaria, ni el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
El señor CARDONA I VILA: Señor Presidente, quisiera muy brevemente fijar
la posición de nuestro Grupo en relación con esta proposición no de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Entendemos que, si bien es cierto que hay circunstancias como pueden ser
el desempleo juvenil y otros factores sociales que inciden en la
drogadicción aunque no de una manera absoluta y definitiva ni tan sólo
sobre el consumo de drogas, lo mismo cabe decir de determinadas zonas o
territorios donde confluyen diferentes factores de riesgo que pueden
favorecer o agravar la problemática relacionada con el consumo de drogas
pero también con otros factores sociales.
No obstante, no nos parece oportuno calificar de zonas de alto riesgo las
áreas territoriales del Estado donde el paro juvenil y otros problemas
sociales tienen una mayor incidencia. A pesar de ello, no vemos tan claro
la necesidad de programas de actuación específicos en estas zonas
atendiendo de manera especial a los más jóvenes. Por el contrario,
entendemos que es más oportuno dirigir estas intervenciones preventivas
de una forma inespecífica hacia el conjunto de la población.
Creo que ya hemos dicho que uno de los estereotipos que tenemos que
alejar de nuestra sociedad es aquel de: juventud es igual a droga. Eso no
es cierto. Ese es uno de los estereotipos en contra del cual ha estado
siempre esta Comisión Mixta aunque se vuelve a incidir en lo de
jóvenes-droga, droga-jóvenes.
Por tanto, nosotros creemos más en ese conjunto de medidas inespecíficas
para el conjunto de la población, intensificándolas, eso sí, no en los
territorios ni en las zonas, sino en los entornos más complejos siempre
dentro de un contexto socioeconómico.
Tampoco parece que las políticas de acción social, formación de empleo,
fomento del voluntariado o inversión pública dirigidas a estas áreas
tengan que ir prioritariamente orientadas a un objetivo específico de
prevención de las drogodependencias. Hay otros problemas sociales
implicados ahí, evidentemente. Sin embargo, no tenemos objeción alguna al
hecho de que la Administración del Estado colabore con las Comunidades
Autónomas en las actuaciones propuestas, siempre y cuando estas
actuaciones se inscriban en las áreas que son competencia de las
Comunidades Autónomas.
Dicho esto, y habiéndose presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que de ser aceptada mejoraría en cierta medida algunas de las
objeciones que hemos planteado y, sobre todo, en aras al consenso
político, siempre deseable en este tema, anuncio que votaríamos a favor
de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tien la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para
manifestar si acepta o no la enmienda.
El señor GAGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiendo el llamamiento de esta Comisión de estudio del problema de las
drogas hacia el consenso, quisiera decir que sí vamos a aceptar la
enmienda, que, por otro lado, modifica parcialmente algunos párrafos del
enunciado de
la proposición no de ley en su parte resolutiva en tanto que el resto es
absolutamente idéntico al que se había redactado.
En cuanto a la primera modificación, en lugar de que se dijera: «El
Congreso de los Diputados insta...», debería mantenerse la expresión: «La
Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas insta...»
puesto que es esta Comisión la que va a determinar este acuerdo de
aprobación de la proposición no de ley.
En otro orden de cosas la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha
querido dejar claro --y así lo hace a través de la modificación-- que
algunas de las medidas que nosotros proponemos ya se vienen realizando.
Yo confío en que así sea. Precisamente, me cabe el honor de ser Alcalde
de un municipio ubicado en una zona muy castigada por este fenómeno de la
droga, Villagarcía de Arosa, población de la comarca de Arosa que creo
todo el mundo conoce, pero los ciudadanos de allí aún no sentimos los
beneficios de estas medidas que espero lleguen cuanto antes.
En todo caso, quisiera señalar que la proposición no de ley fue
presentada el día 27 de noviembre y que el Plan de medidas para luchar
contra las drogas fue presentado el día 24 de enero, motivo por el que yo
no sabía si íbamos a coincidir o no en ese sentido con el Gobierno,
coincidencia de la que ahora nos alegramos.
Por último, quiero decirle al portavoz de CiU que aquí el único que ha
dicho que joven es igual a droga ha sido precisamente él. Nosotros no
hemos manifestado tal cosa. Hemos dicho simplemente que hay un problema
grave de empleo juvenil que se agrava con otras consecuencias en algunas
zonas de riesgo castigadas por esa lacra social que es el narcotráfico.
Muchas gracias. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Por alusiones. Yo no he dicho nada sobre ese
estereotipo. Lo dice el informe de la Comisión Mixta. Dice que hay que
huir de los estereotipos. Uno de ellos era éste. Por tanto, sólo he hecho
mención al informe que la Comisión Mixta emitió en la pasada legislatura.
Quede claro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Hay una duda. Se acepta la enmienda, pero parece ser que por el portavoz
del Grupo Socialista se pretende la siguiente modificación. En vez de:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno...», que se diga: «La
Comisión Mixta insta al Gobierno...»
¿Se aprueba? (Asentimiento.)
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.