DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1996 VI Legislatura Núm. 30



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 8



celebrada el jueves, 28 de noviembre de 1996,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del Secretario de Política Exterior y para la Unión
Europea, Excmo. Sr. don Ramón de Miguel y Egea:



--Para informar sobre el estado actual de los trabajos en el marco de la
Conferencia Intergubernamental, a petición propia. (Número de expediente
Senado 713/000084 y número de expediente Congreso 212/000129) (Página 4721
)



--Para informar sobre las causas de las modificaciones que experimentan
las regiones ultraperiféricas en la regulación por la que se establecen
las orientaciones de los programas operativos de la Unión Europea (UE) y
particularmente Urbán, Interreg y Adapt., a petición del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente Senado
713/000085 y número de expediente Congreso 212/000181) (Página 483)



--Pregunta de don José Castro Rabadán sobre la valoración del Gobierno en
relación con la posible introducción de una cláusula de flexibilidad en
la reforma del Tratado de Maastricht. (Número de expediente 681/000230)
(Página 489)

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Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.




COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA
UNION EUROPEA:



--PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DE LA
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL. (S. 713/000084; C. D. 212/000129.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ramírez González): Se abre la sesión.

Vamos a empezar la sesión octava de la Comisión Mixta para la Unión
Europea.

Antes de dar comienzo a la misma, voy a solicitar una modificación del
orden del día, ante la petición del Senador don José Castro Rabadán para
formular una pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la
posible introducción de una cláusula de flexibilidad en la reforma del
Tratado de Maastricht propuesta por Alemania y Francia, que establezca
una cooperación reforzada para conseguir el avance más rápido por los
Estados que cumplan los requisitos establecidos.

¿Queda aprobado por asentimiento incluir esta pregunta como tercer punto
del orden del día? (Pausa.) Así se declara.

Entrando ya en la materia del orden del día, damos la bienvenida al señor
Secretario de Estado de Política Exterior. Tiene la palabra para hablar
sobre la política exterior para la Unión Europea con el fin de informar
sobre el estado actual de los trabajos en el marco de la Conferencia
Intergubernamental. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Muchas gracias.

Señor Presidente, señorías miembros de la Comisión Mixta Congreso-Senado
para la Unión Europea, en primer lugar, y muy brevemente, debo decir que
me es muy grato estar aquí. A pesar de que he mantenido diversas
reuniones de trabajo con los portavoces de los Grupos Parlamentarios y
con el Presidente, y de haber participado en los trabajos de la Ponencia,
no obstante debo decir que es la primera vez que he sido citado aquí a
una sesión conjunta con todos los miembros de la Comisión.

Señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para decir que esta
Comisión me tiene a su disposición. Todos los temas que conciernen a la
Unión Europea van a tener en los próximos meses una aceleración notable y
precisamente porque las fechas de la conclusión de la Conferencia
Intergubernamental se acercan, quiero que esta Comisión Mixta sepa que,
desde mi responsabilidad, estoy dispuesto a venir cuantas veces sean
necesarias a informar y a rendir explicaciones sobre las posiciones que
estamos defendiendo en Bruselas.

Hablando de este asunto, que es el gran tema del próximo Consejo Europeo
y del próximo semestre, que es la Conferencia Intergubernamental, trataré
de hacer un repaso a la situación de los trabajos en la Conferencia.

El Presidente del Consejo Europeo y Presidente de Irlanda, señor Bruton,
mantuvo en el marco de su habitual gira una entrevista en Madrid el
pasado día 25 con el Presidente Aznar para informarle sobre la
organización de los trabajos previstos para la reunión del Consejo
Europeo de Dublín los días 13 y 14 de diciembre. Esta visita se inscribe
en la tradicional gira de capitales que hace la Presidencia del Consejo
para sondear las posiciones de los diversos países miembros. Dentro de
dichas reuniones, la tarde del día 13 se dedicará por entero a la
discusión de las cuestiones relativas a la Conferencia
Intergubernamental. El Presidente Bruton confirmó que, conforme a lo
previsto, será presentado al Consejo un proyecto consolidado de los
Tratados revisados que, lógicamente, contendrá numerosos corchetes con el
fin de poder incorporar las diversas opciones que están sobre la mesa de
negociación.

Dicho proyecto de la Presidencia creemos que será distribuido una semana
antes de la reunión del Consejo. Todos esperamos que este texto esté
disponible el día 6, Día de la Constitución, que celebraremos en Bruselas
en un Consejo de Asuntos Generales, seguido de un cónclave el día 7.

El Presidente Aznar reiteró al Presidente Bruton el interés vital para
España de que las propuestas que hemos presentado, particularmente en lo
que se refiere al tercer pilar, es decir, asilo y justicia e interior,
así como el Estatuto permanente para las regiones ultraperiféricas, sean
incorporadas en el proyecto de la Presidencia. Se hizo mención de estos
dos temas puesto que España ha presentado posiciones y ha dado su opinión
en la Conferencia, pero quizá éstos sean los dos grandes temas políticos
específicos en los que nuestro país ha mantenido una insistencia
particular en estos trabajos preparatorios.

El Presidente del Consejo Europeo ha asegurado que en este proyecto de
texto van a ser incorporadas las propuestas que han presentado las
Delegaciones y las que no sean asumidas por la propia Presidencia
aparecerán como propuestas particulares. Yo asumo que ni los temas de
justicia e interior ni el tema ultraperiférico --puesto que lo comparten
con nosotros otros dos países-- pueden ser considerados propuestas
particulares y, por lo tanto, imagino que tendrán un tratamiento general.

El Presidente Bruton también precisó que, salvo en lo relativo a las
cuestiones institucionales y a la cláusula general de flexibilidad, el
proyecto de la Presidencia contendrá propuestas de textos de nuevos
artículos o artículos revisados de los Tratados. En estas dos cuestiones
que he mencionado no habrá aún propuestas de textos de artículos por
considerarse que ello sería prematuro, ante la necesidad de profundizar
más en el debate sobre la flexibilidad y conscientes de que el tema
institucional es de los que se abordan en el último momento de las
negociaciones.

Ante este panorama, en el sentido de que habrá un texto sobre la mesa que
no se va a conocer más que el día 7, cabe preguntarse qué es lo que va a
hacer el Consejo Europeo,



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en qué van a consistir los debates o en qué van a consistir las
conclusiones del Consejo.

El Presidente Bruton y la Presidencia en general están siendo bastante
ambiguos cuando se les hace esta pregunta, y yo creo que es porque no
tienen mucho que responder, ya que cuando se presenta un texto con una
semana de anticipación no se puede esperar que pueda haber conclusiones
sustantivas. Me temo que el Consejo
Europeo, ante una situación como ésta, no podrá hacer más que utilizar la
típica fórmula de estilo que dice que el Consejo Europeo toma nota o,
como máximo, que el Consejo Europeo toma como base para la discusión el
texto puesto sobre la mesa, pero es evidente que no se le puede
calificar. Aunque parezca poco, no lo es, puesto que la presentación de
un texto y su aceptación representa ya una señal inequívoca de la
voluntad de los Estados miembros de culminar la revisión de los Tratados
y lanzarse a un ejercicio de negociación en estos seis meses que quedan
hasta Amsterdam porque, como ustedes saben, ha sido decisión del Consejo
Europeo Dublín I manifestar inequívocamente que la fecha del Consejo
Europeo de Amsterdam, en junio de 1997, debe ser la fecha de la
finalización de la Conferencia.

Como ustedes saben, existen dudas sobre este tema, puesto que uno de los
países miembros está sometido a elecciones parlamentarias en fechas muy
cercanas y se piensa que a lo mejor no van a estar en condiciones de
tener un gobierno formado con la suficiente antelación para poder
concluir en junio. Pero, en cualquier caso, mantener la voluntad de junio
significa que, si por cualquier razón no se pudiera terminar en esa
fecha, habrá que hacerlo como muy tarde en julio. Es decir, todo el mundo
está de acuerdo en que ir más allá de agosto, que es una pausa peligrosa
en la que se pierde el momento, causaría un retraso a la Conferencia, y
tendría unas consecuencias malas en el sentido de que se acumularían al
final de año la transición a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria y una serie de complicaciones de tipo electoral que deben ser
evitadas en un momento en el que se debe iniciar el proceso de
ratificación de un tratado de derecho primario, como es el Tratado que va
a reformar los tratados actuales.

Algunos países desean que el Consejo Europeo vaya un poco más lejos y que
en vez de limitarse a tomar nota o simplemente a aceptar el texto, haga
el ejercicio de enmarcar la negociación, lo que se ha llamado el
documento marco, fijando las grandes prioridades de la Conferencia, las
grandes opciones para enmarcar el debate político que tendrá lugar en los
seis meses de la Presidencia. Sin embargo, sobre esto no hay unanimidad y
es muy posible que un documento de este tipo no se apruebe en el Consejo
Europeo.

Con respecto a la Conferencia, me parecería apremiante ir punto por punto
y capítulo por capítulo explicando cuál es el estado de los temas.

Entiendo que es más interesante concentrarnos en las grandes cuestiones:
justicia y asuntos interiores, política exterior y seguridad común y,
cómo no, el gran tema político de la flexibilidad. Como hay una pregunta
de don José Castro Rabadán, que precisamente se refiere a la
flexibilidad, me permitiré tratar ese asunto cuando la responda y ahora
podría hacer una alusión, con la venia del señor Presidente, a justicia e
interior y a la PESC, que me parece que son la columna política de los
grandes planteamientos suscitados en la Conferencia.

En cuanto a justicia e interior, es sabido que la delegación española y
el Presidente del Gobierno a su cabeza --lo ha mantenido desde su primera
comparecencia en el Consejo Europeo de Florencia-- han venido desplegando
importantes esfuerzos para lograr que sus planteamientos y propuestas
específicas en este sector sean tenidas debidamente en cuenta por la
Presidencia y se convierta en una base importante de las negociaciones
para aportar los cambios adicionales al Tratado, necesarios para
incrementar los medios de que dispone la Unión en la lucha contra la
delincuencia internacional.

Creo que es un importante logro y debe resaltarse que los asuntos de
justicia e interior constituyan hoy no sólo una prioridad de España, sino
que todos los Estados miembros han seguido de alguna manera esta
tendencia, como se reconoció en el Consejo Europeo en su reunión de
Dublín el 5 de octubre. Las propuestas españolas, que sus señorías
conocen, relativas al asilo político, al establecimiento de nuevas normas
de cooperación judicial y a la ampliación de las facultades operativas de
Europol, han podido ser ya objeto de un primer examen a nivel de
representantes personales y volverán a serlo en la próxima reunión que
tendrá lugar el 3 de diciembre.

La delegación española ha puesto énfasis en explicar que el asilo
político es fundamental para España y que no admite zonas grises. Es
cierto que una propuesta de esta naturaleza impondrá a algunos Estados,
entre ellos el nuestro, tener que modificar su Constitución pero ello,
que naturalmente es un obstáculo, es algo que tendrá que producirse
inevitablemente por otras cuestiones, puesto que un Tratado revisado
afectará a ciertas competencias nacionales cuya atribución a la Comunidad
Europea exigirá la modificación de la Carta Magna de muchos Estados
miembros.

La propuesta española sobre tratamiento nacional en las normas de
cooperación judicial relativas a la lucha contra el terrorismo, la droga
y otras formas de delincuencia organizada, en sustitución del mecanismo
tradicional de la extradición, constituye, sin duda, un planteamiento
innovador y, por tanto, difícil de aceptar por algunos Estados miembros
que desean aferrarse a una concepción puramente decimonónica de la
soberanía, que no sabe o no quiere tener en cuenta que la protección no
puede seguir siendo fundamentalmente una cuestión nacional cuando la
criminalidad está eficazmente organizada a nivel internacional y no
conoce fronteras.

Creemos firmemente, a pesar de las resistencias que nuestra propuesta
puede encontrar, que debemos insistir y fomentar la creación de una nueva
sensibilidad que permita lograr este objetivo, cuya consecución también
puede plantearse de una forma gradual, estableciendo en el tratado un
calendario preciso para ello. Como último recurso, también podría
contemplarse el establecimiento de cooperaciones reforzadas en esta
materia.




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También cree España que Europol no debe ser únicamente un sistema de
intercambio de información, sino que sus competencias deben ampliarse con
el fin de permitir que pueda actuar en la fase operativa policial en
relación a los delitos de terrorismo, droga y otras formas de crimen
organizado. Alemania y los Países del Benelux abogan por avanzar en esta
dirección. Francia y Reino Unido insisten en la necesidad de dar
prioridad a la lucha contra el terrorismo, la droga y otras formas de
crimen organizado. Estos países han manifestado su apoyo, aún sin
concretar, a las propuestas españolas. Reino Unido no excluye un
verdadero reforzamiento a la cooperación judicial y policial, siempre y
cuando no se comunitarice el tercer pilar y se mantenga el actual esquema
intergubernamental. Seguramente será ésta la vía más fácil para poder
avanzar en este terreno.

Finalmente, quiero recordar que una de las propuestas españolas quizá más
atrevida es la del reconocimiento del derecho de persecución en caliente,
es decir, que los agentes policiales de un Estado miembro que persigan a
un presunto delincuente estarán autorizados a penetrar y actuar en
territorio de otro Estado miembro y debe entenderse en su justo medio que
esta posibilidad se limita únicamente a los casos de terrorismo, droga y
otras formas graves de delincuencia organizada y el desarrollo de esta
norma quedaría pendiente de una regulación que aprobaría el Consejo por
mayoría cualificada.

Esto es en grandes trazos como están planteados los temas de justicia y
asuntos interiores. Los logros todavía no figuran en ningún sitio. Los
logros son políticos, en el sentido de que algo de lo que no se hablaba
ya está encima de la mesa. Estamos pasando de la nada a una aceptación
política; de la aceptación política hay que pasar a la realización
práctica y ahí hay obstáculos, pero la delegación española piensa que
aunque no llegaran a establecerse mecanismos, el hecho de introducir
estos objetivos en el Tratado sería un gran logro, porque una vez que
están los objetivos, las modalidades de aplicación de esos objetivos
pueden desarrollarse por medio de cooperación intergubernamental o por
medio de derecho derivado.

En lo que se refiere a la política exterior y de seguridad común, puedo
decir que ésta es un área en la que se ha alcanzado un alto grado de
consenso, que ha sido facilitado por el hecho de que las propuestas que
están sobre la mesa no son muy innovadoras, francamente. Nadie discute la
naturaleza intergubernamental, no se dice nada de comunitarizar el
segundo pilar y la verdad es que no hay grandes modificaciones con
respecto a Maastricht. Hay algunas innovaciones y yo creo que todos están
de acuerdo en el objetivo, y es que la primera potencia comercial y de
cooperación y desarrollo en el mundo no puede ser un mero sujeto pasivo
de los acontecimientos internacionales ni aparecer dividida en cuestiones
importantes frente al resto del mundo. El objetivo es lograr una política
exterior más eficaz, más continua y más visible.

La mayor eficacia para articular esta política se concreta con una
propuesta, en la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo, de
crear una célula de planificación y prevención, una célula de análisis,
una especie de punto de encuentro de todas las diplomacias europeas,
sobre la que existe un amplio consenso, si bien subsisten diversos
planteamientos sobre la naturaleza que debe tener dicha célula. Si es una
célula de análisis, si de alguna manera debe confundirse con una unidad
dentro de la Secretaría General o si debe tener con el tiempo funciones
ejecutivas.

Ante la perspectiva de la ampliación se considera inevitable para
asegurar dicha eficacia mejorar y flexibilizar los procedimientos
decisorios, para lo que se ha propuesto el establecimiento de algunas
formas de decisión más ágiles. Más polémica resulta la posible extensión
del voto por mayoría cualificada, voto por mayoría cualificada que España
apoya para las medidas de aplicación pero no para la adopción de acciones
comunes. Creemos que la solución más viable y pragmática es la de limitar
esta aplicación de la mayoría cualificada a las medidas de aplicación y
mantener la unanimidad en las decisiones de base, que es, como he dicho,
la posición española.

La visibilidad y continuidad de la acción exterior de la Unión es otro
objetivo y se busca lograrlo a través de la creación de un alto
representante para estas tareas, que podría ser el actual Secretario
General del Consejo u otra persona con el mismo rango y con esta función
exclusiva que se subsume con la figura ya tan conocida y tan hablada del
famoso «mister» PESC o «señor» PESC.

España está abierta a cualquier opción, estamos dispuestos a admitir una
alta personalidad de este tipo, siempre y cuando se garantice --y esto es
importante-- que la representación exterior de la Unión Europea, la
dirección y organización de los trabajos de la PESC, sean responsabilidad
de la Presidencia, que deberá asimismo presidir el COPO --Comité
Político--. La nueva figura a crear podría ser nombrada por el Consejo
Europeo, pero actuaría mediante mandato del Consejo de Ministros, y
siempre bajo coordinación de la Presidencia.

En materia de seguridad y de defensa, la posición de España está basada
en la convicción de que el proceso de integración europea no estará
completo hasta que cuente con una dimensión de defensa, por lo que se
considera necesario reformar la actual estructura de la identidad europea
de seguridad y defensa, que separa artificialmente las cuestiones de
seguridad y las de defensa, encomendadas a la PESC y a la UEO
respectivamente, y que dificulta la adopción de decisiones rápidas y
acciones claramente atribuibles a la Unión.

Por encima de los diversos planteamientos existentes sobre la necesidad
de dotar o no a la Unión Europea de esta dimensión de defensa, se dibuja
la posibilidad de un consenso sobre la base de la inclusión de las
llamadas misiones de Petersberg, es decir, misiones de ayuda humanitaria
y mantenimiento de la paz en el tratado. Cabe esperar que el próximo
Consejo Europeo en Dublín consolide estas líneas de acción en el campo de
la PESC, sobre el que parece emerger un importante grado de consenso.

El último punto que me parecía interesante tocar de manera general era el
tema de las cooperaciones reforzadas en la flexibilidad, pero eso, señor
Presidente, es materia de



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una pregunta del señor Castro Rabadán, que puedo responder si se me
formula ahora.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Grupos que quieren intervenir? (Pausa.)
¿Cómo desean intervenir, de mayor a menor o de menor a mayor? (Pausa.)
Empezamos, pues, con el Grupo de Coalición Canaria.

Tiene la palabra su portavoz, don Luis Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con gran brevedad, dado que hay un segundo punto del
orden del día sobre temas de las regiones ultraperiféricas.

En este aspecto sí me ha congratulado saber, y le agradezco la
información al señor Secretario de Estado, que en este documento que se
conocerá el día 7 se va a introducir, junto a los temas prioritarios del
tercer pilar de justicia e interior y las cuestiones del asilo, el asunto
del Estatuto permanente de las regiones ultraperiféricas.

En primer lugar, señor Secretario de Estado, he de manifestar que ya se
vio en la Comisión de Asuntos Exteriores la crítica que dirigimos la
mayoría de los portavoces al señor Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, al darnos cuenta en la
sesión de ayer que del documento elaborado por los Jefes de Gobierno y de
Estado asistentes a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile, no había
comunicación oficial ni traslado por parte de su Departamento a la
Comisión de Asuntos Exteriores del documento de Viña del Mar. Nos
enteramos por la prensa y quiero pedirle, señor Secretario de Estado, que
una vez que esté aprobado o elaborado este documento, que usted dice que
saldrá el día 7 de diciembre, lo conozcamos en esta Comisión a través de
los cauces reglamentarios, a través de la Presidencia de la misma, en la
extensión pertinente para que tengamos tiempo de tomar los portavoces y
los grupos parlamentarios las cuestiones e iniciativas al respecto.

En los demás aspectos informativos que usted ha dado estamos plenamente
de acuerdo, y celebramos que se trate de unir el planteamiento de la
identidad europea de seguridad y defensa que hasta ahora estaban
conceptualmente separadas.

Mi única cuestión a demandar del señor Secretario de Estado es si el
Estatuto permanente de las regiones ultraperiféricas lo tienen ustedes ya
perfectamente perfilado y redactado, si está consensuado con Francia y
Portugal o es una propuesta unitaria española, y si nos puede decir el
alcance del mismo, dado que, como usted bien sabe, señor Secretario de
Estado, este Estatuto permanente de regiones ultraperiféricas, en el caso
español, tiene un nombre singularizado por el propio acuerdo número 26
del anexo del Tratado de Maastricht, que es el referente a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.

Le recuerdo que hay una segunda comparecencia sobre ese punto específico
en un momento posterior.




El señor MARDONES SEVILLA: Lo he dicho, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.

El motivo de esta comparecencia está siendo objeto de una subcomisión en
la que ya hemos tenido ocasión, los que formamos parte de la misma, de
tratar una pequeña parte de estos temas con mayor profundidad, lo que
supone que esta comparecencia sobre la situación actual de los trabajos
sólo podía referirse a ellos de una forma, no digo superficial en el
sentido negativo de la expresión, pero sí, evidentemente, muy a vista de
pájaro.

Por la misma razón, los comentarios que se pueden hacer acerca de la
intervención del Secretario de Estado no podrán ser más que dos o tres
pequeñas cuestiones, reservando el comentario con mayor detalle a los
trabajos en la subcomisión. Lo digo por si alguno no tiene presente en
este momento el hecho de que éste es exactamente el ámbito en el cual
está trabajando esa subcomisión. Por tanto, yo me limitaría a hacer dos o
tres preguntas.

La primera, más que pregunta es un comentario. Quiero insistir en que
sería muy bueno tener, tan pronto como sea posible --porque yo creo que
ya no estaremos a tiempo de tener la más mínima iniciativa-- el borrador,
presentado por la presidencia irlandesa, que llegará finalmente a la
Cumbre de Dublín. Creo que si es del 7 al 13 de diciembre, nadie tendrá
tiempo de examinarlo con un mínimo de rigor, por lo que no acabo de
entender exactamente cuál será el objeto del análisis que se puede hacer
en la Cumbre de Dublín sobre ese documento; se me escapa qué tipo de
análisis riguroso se puede hacer de un documento que pretende reformar el
Tratado de Maastricht, y que, como decía el Secretario de Estado --y voy
a volver sobre ello-- puede tener consecuencias sobre las Constituciones
de algunos Estados miembros; que alguien pretenda fijar posiciones sobre
ese texto en menos de siete días, me parece poco menos que irracional.

Enlazando con eso, el Secretario de Estado --y no es un tema que yo haya
examinado con precisión, y querría hacerlo un poco más-- ha dado por
sentado que las propias propuestas españolas en materia de asilo político
llevan consigo una propuesta implícita de modificación de la
Constitución. Reconozco que, quizá por falta de haber examinado el asunto
con la profundidad que merecía, aunque en su momento sí leí todas las
propuestas españolas, se me escapó el hecho de que estuviéramos hablando
de una modificación de la Constitución. Si es así, no tengo ningún
inconveniente, evidentemente, a que la revisión del Tratado de Maastricht
implique una modificación de la Constitución, pero si eso arranca de la
propia iniciativa española y de los propios textos españoles puestos
sobre la Conferencia,



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ya no cabrá decir: nos lo impone la Conferencia, sino que exigiría un
debate bastante más en profundidad, y que no sea algo que nos vuelva por
efecto rebote --valga la expresión-- a través de los trabajos de la
Conferencia. Seguro que profundizaremos sobre esto en la subcomisión,
pero quiero saber si puede detallarlo un poco más en su segunda
intervención.

Querría saber también, no sé si con detalle --porque tampoco se trata de
conocer todas las interioridades del funcionamiento del Gobierno--, cuál
está siendo la forma de coordinación entre los distintos departamentos
ministeriales de cara a la Conferencia Intergubernamental. No vea en este
comentario una queja o una crítica, es una simple petición de
información, pero, evidentemente, en lo que hace referencia a los dos
puntos que ha tratado: política exterior y de seguridad común, es
evidente que el Ministerio de Defensa tiene mucho que decir, y en los
asuntos de justicia e interior tienen mucho que decir el Ministerio de
Interior y el Ministerio de Justicia. Creo que incluso el Consejo General
del Poder Judicial en su momento, no sé muy bien por qué cauce, algo
tendría que decir. Querría saber cómo y de qué manera está planteada esa
necesaria interrelación, comunicación y fuente de información del
Gobierno, de cara a elaborar sus propuestas y a saber cómo recibir las
propuestas de los demás sobre estos aspectos.

Por otro lado, y en esta misma línea de máximo engranaje, de máxima
comunicación entre todos los agentes y todos los órganos implicados en lo
que son los efectos de la Conferencia, querría saber hasta qué punto
tiene prevista la representación española --en cierto sentido podríamos
decir el Departamento de Exteriores-- llevar los textos de la
Conferencia, las propuestas, etcétera, a la Conferencia recientemente
instaurada, aunque no haya entrado en vigor todavía, con rango de Ley, la
Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos de las Comunidades Autónomas,
no recuerdo el nombre oficial, pero el señor Secretario de Estado
entiende muy bien el órgano al que me estoy refiriendo. Por alguna
información que yo poseo, no sé si está teniendo el papel que debería
tener, por lo menos como fuente de información, porque entiendo que, en
efecto, no es la Conferencia la que tiene que fijar de forma global la
posición del Gobierno --en todo caso esta Comisión Mixta-- pero en
algunos aspectos y, por ejemplo, en el ámbito institucional, en lo que es
el papel de las regiones en Europa, que no deja de ser una cuestión que
está en la Conferencia aunque no haya un número excesivo de propuestas
españolas en ese sentido, querría saber hasta qué punto está teniéndose
en cuenta a esa Conferencia y sus opiniones.

Estas eran las cuestiones que tenía sobre la mesa.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Guardáns.

Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
el Senador Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, usted ha dicho --y yo creo que hay que
empezar a subrayar esa idea-- que en junio, julio y en cualquier caso
antes de agosto, estamos abocados a una reforma del Tratado de la Unión,
que significa una reforma tremenda en Europa, incluso, en muchos
aspectos, en la vida cotidiana de la gente. Partimos todos de esa
virtualidad, teniendo en cuenta que la Cumbre de Dublín, a mediados del
mes de diciembre, apenas va a tener importancia por los detalles que aquí
se han aportado. Por lo tanto, si esto es así, creo que habría que
empezar a cambiar incluso ciertos hábitos de lenguaje por nuestra parte,
por la de los políticos, de los que estamos en la oposición, de los que,
dentro de ésta, no estamos en el consenso general y de los representantes
del Gobierno a todos los niveles, porque el pueblo no se entera.

Estamos utilizando un metalenguaje que es una especie de lenguaje que
habla de otro lenguaje, pero no de la realidad, y podemos vernos
abocados, en junio o en julio, a que cambiemos la vida en Europa y no se
entere nadie, como ha venido ocurriendo hasta este momento, señor
Presidente, señor Secretario de Estado. Conoce usted tan bien como yo las
encuestas: 50 por ciento no entiende, no quiere la Unión Europea y el
otro 50 por ciento la quiere, pero no sabe por qué. Y últimamente, según
la encuesta del CIS que acabamos de conocer, el 59 por ciento dice que sí
a la Unión Europea, pero siempre que no signifique mucho sacrificio
económico. Esto conecta con contenidos que inmediatamente tocaré, aunque
sea de pasada. Pero la situación también está empezando a conectar con el
problema de la necesidad de incorporar a la gente a esta cuestión. Los
políticos estamos metidos en una campaña neumática, y esto está empezando
a ser ya un problema serio, porque podemos incorporar a los pueblos, a
las naciones, incluso en muchas de ellas sin referéndum --parece que
algunas otras lo van a hacer, nosotros lo vamos a pedir para España,
aunque me parece que nos vamos a quedar de nuevo en minoría--, podemos
incorporar a la gente, pero que ésta no se incorpore realmente a Europa.

Aquí se sigue hablando de los que están en Europa como si Europa fuese
otra cosa, como si estuviese más allá. Es decir, que no habría una
incorporación real de la gente. Por lo tanto, yo creo que ésta es la
primera función que todos tendríamos que realizar y, a partir de aquí,
empezar a conectar con la gente, a decirle lo que nos estamos jugando a
nivel económico --la Ecofin de Dublín fue tremendamente importante--, lo
que nos estamos jugando en cuanto a seguridad y defensa, en cuanto a la
independencia de Europa con respecto al modelo de defensa, y lo que nos
estamos jugando en cuanto a justicia y política social, porque si no
Europa será un poco un escalón de políticos y de funcionarios, pero
funcionará como una superestructura con respecto a la gente.

En segundo lugar, quisiera decir una cosa. Yo creo --al menos debiera ser
así, que esta Comisión y la Subcomisión correspondiente adquirieran
importancia pública-- y quisiera pedirlo, incluso desde la cortesía
parlamentaria, que cuando se hable de los trabajos de esta Comisión y de
la Subcomisión correspondiente no se hable de consenso, y mucho menos de
unanimidad, que es lo que a veces se



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suele decir. Parece que se identifica el gran consenso con la unanimidad
de los miembros, de los Diputados y Senadores que representamos aquí a
los distintos grupos. Izquierda Unida no está en ese consenso ni lo va a
estar, y vamos a presentar un documento que yo le voy a ir adelantando
por si, en algún sentido, ustedes recogen algún matiz o algún contenido
con vistas a los planteamientos y a los debates que se van a realizar de
ahora en adelante. Quiero decir que nosotros vamos a elaborar un
documento respecto al Tratado de la Unión, de reforma en profundidad,
para presentarlo, con la fuerza que podamos tener en el aspecto
comunicativo, como alternativa a la Conferencia Intergubernamental,
pidiendo a la vez un referéndum para el texto definitivo.

Con respecto a los asuntos que usted ha rozado, debo decir que hay una
primera preocupación que ya expusimos, aunque fuese brevemente, en la
Subcomisión. En el marco de un amplio consenso, se está abogando por la
creación de una célula de planificación y prevención en la que tengan su
lugar de encuentro los ministros de Asuntos Exteriores de los distintos
países, célula que estaría dirigida por «mister» PESC. Si se crea, y
parece que sí, pues hay un alto consenso, aunque no acabamos de percibir
cuáles son las discrepancias, los matices con respecto a la función de
esta figura del «señor» PESC. Usted la ha esbozado brevísimamente aquí y
en la Subcomisión, pero puede haber diferencias, y quisiéramos saber
exactamente si son diferencias con cierta solidez o no, o si hay un
consenso alto como usted acaba de decir.

Esto conecta con la idea de que España no presta una gran atención a esta
cuestión, posiblemente porque esté de acuerdo con lo que se está
planteando o porque parte de la idea de que la PESC no es importante, no
es vital desde el punto de vista de la posición de España.

Si esto lo relacionamos con la idea de que el «señor» PESC ha sido
incluso solicitado por los Estados Unidos para tener una relación
constante, es decir, que no haya una relación con alguien que vaya
cambiando cada seis meses, sino que, primero haya una relación constante.

En segundo lugar, esta relación constante se realiza a través de un
«míster» PESC y de una célula que puede tener capacidad de iniciativa, de
ejecución --no lo sabemos todavía--, que puede tener cierto grado de
autonomía relativa con respecto al Presidente, a la Presidencia, que
puede marcar ahí un hiato, una fisura, nos preocupa bastante teniendo en
cuenta que, si existe un alto grado de consenso con respecto a la PESC,
también existirá un alto grado de consenso con respecto a la idea de que
quizá Europa no debe tener una PESC completa, teniendo en cuenta la
relación UEO, OTAN, o lo que se vio el 3 de junio de 1996 en el Consejo
Atlántico de Berlín, y esto nos preocupa muchísimo.

Queremos saber su posición, porque nosotros, como usted sabe
perfectamente, no estamos de acuerdo con lo que se definió desde hace
tiempo, desde 1991, y se confirmó en junio de 1996 en el Consejo
Atlántico de Berlín, bajo el esquema, bajo ese concepto extraño, un poco
surrealista, de fuerzas separables pero no separadas, con vistas a la
formulación de una nueva OTAN, que tuviese en cuenta esa idea que empezó
a aparecer a partir de 1991, de los peligros del sur, y España como
puente, para hacer frente o para analizar la incentivación, por razones
económicas y sociales, de los peligros del sur.

Por lo tanto, en estas condiciones, nosotros no podríamos compartir esa
idea de la célula y esa idea de «míster» PESC y esa idea de posible o
relativa autonomía con respecto a la presidencia, y mucho menos podríamos
compartir la idea de que la Unión Europea no tuviese una PESC completa,
una política exterior y de seguridad y defensa completas y que, por lo
tanto, marcara un mayor proceso de dependencia con respecto a los Estados
Unidos. En este sentido, nos parece también muy corta la posición de
España a la hora de relacionar la PESC con el Parlamento Europeo. Ustedes
dicen que simplemente rendiría información --no sabemos en qué
condiciones-- al Parlamento Europeo, nunca consulta y, mucho menos, otros
niveles más importantes de decisión. Por tanto, le rogaría que nos
informara sobre la posición completa de España en este aspecto.

Termino, señor Presidente --voy a esbozar rapidísimamente el siguiente
punto simplemente para que conste nuestra posición--, con que la
alternativa no pasa por esta posición española en cuanto a la PESC,
fundamentalmente a partir de ahora, que se hacen encontrar la política de
seguridad y defensa. A nuestro juicio --ya lo hemos dicho en Pleno--, la
nueva OTAN no preserva suficientemente el tema de la independencia
europea, y nosotros en absoluto estamos hablando de posiciones
nacionales, de soberanías decimonónicas --esto es lo que se nos dijo, con
palabras mucho más gruesas, en el debate en el Pleno--; nosotros estamos
hablando de una seguridad compartida por todos los países, estamos
hablando de ese proceso y de una estrategia necesaria puesto que hay que
superar las fronteras, pero creemos que los instrumentos necesarios para
ello no son los que se están esbozando ni los que constituyen la
estructura de la posición del Gobierno. Nosotros creemos que los
instrumentos son, aparte de una ONU sobre nuevos pilares --en la
legislatura anterior se hizo un texto de reforma de la ONU muy
interesante--, la OCE y un tratado de la Unión Europea acorde con los
planteamientos que se vinieron haciendo, fundamentalmente hasta 1991, de
una política exterior de seguridad y de defensa independiente para
Europa, al margen de la PESC de los Estados Unidos.

En este sentido, le rogaría que nos aclarara un poco más el esbozo que ha
hecho al principio.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Permítame en esta primera intervención dar la bienvenida al Secretario de
Estado para la Unión Europea y la Política Exterior en el seno de esta
Comisión en Pleno, pues es la primera vez que esto ocurre.




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Dicho esto, creo que es bueno que, además, la primera comparecencia del
Secretario de Estado sea para informar sobre la Conferencia
Intergubernamental, un proyecto al que el Parlamento ha dedicado muchas
horas de trabajo, la Administración española también --la actual y la
anterior--, y que tiene retos importantes que afrontar para el futuro y
el bienestar de nuestro país, pero también para el futuro, la paz, la
seguridad y el bienestar del conjunto de la Unión Europea.

Como ésta es una comparecencia en el Pleno de la Comisión, donde no vamos
a entrar en los elementos analíticos concretos de cada uno de los temas
objeto de la Conferencia --ya que éstos tienen su marco en la Subcomisión
creada a tal efecto y ahí se está produciendo este análisis pormenorizado
de cada uno de los aspectos de la Conferencia Intergubernamental--, me
van a permitir dar mi opinión y plantear algunas cuestiones acerca de lo
que representa globalmente la Conferencia Intergubernamental para nuestro
país y para Europa.

En primer lugar, me gustaría señalar que esta Conferencia está asentada
en dos ejes fundamentales: en primer lugar, mejorar el funcionamiento de
la propia Unión
Europea, mejorar el funcionamiento global de las instituciones, hacerlas
más eficaces, dar respuesta a los retos a los que estas instituciones
tienen que dar respuesta; en segundo lugar, el nivel externo de la Unión:
dar, por lo tanto, acogida a esos países que están pidiendo nuestra
solidaridad, que están pidiendo participar en igualdad de condiciones
dentro del ámbito de la Unión Europea, como son los países que estaban
integrados en la Unión Soviética, en unas estructuras que hoy,
felizmente, han sido superadas por la Historia, y que quieren participar
en el concierto de naciones democráticas que tienen el mayor nivel de
bienestar del mundo. Una vez establecidos estos dos elementos, nos
encontramos con cuestiones realmente importantes para llevar a cabo estos
dos objetivos, algunas de las cuales sí nos gustaría señalar, aunque sea
brevemente.

Voy a entrar en el análisis de lo que sería la mejora del funcionamiento
de la Unión Europea. Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea
debería suponer dos cuestiones importantes: en primer lugar, revisar el
funcionamiento de cada una de las instituciones --por lo tanto, las
reformas institucionales--; en segundo lugar, ver si los instrumentos que
tiene la Unión Europea, no sólo las instituciones, sino también algunas
normativas, son eficaces para este funcionamiento; en tercer lugar,
vincular la capacidad económica de la Unión a una política exterior y de
seguridad común conectada a todas las instituciones de la Unión; a
continuación, ver qué nuevas políticas se pueden abordar y ver, en las
perspectivas de la ampliación, cuáles son nuestras expectativas, las
expectativas españolas, en el concierto de la Unión Europea.

Si miramos las instituciones, sin entrar muy en concreto en todas ellas,
hay algunas cuestiones que sí nos preocupan, y la primera es el papel del
Parlamento Europeo. Parece que hay --y no le pido que entre en el
análisis concreto-- una mayoría amplia de países que está dispuesto a que
el Parlamento Europeo tenga un mayor protagonismo, básicamente en función
legislativa, en donde se simplificarían los mecanismos dejándolos en
tres: consulta, codecisión y dictamen conforme. El problema es, cuando
hablamos de codecisión, a qué ámbitos concretos lo dejamos sujeto y, por
tanto, me gustaría conocer específicamente cuál es la posición que
defiende nuestro país en esta materia.

Queremos saber si España está a favor de que tenga un mayor protagonismo
el Parlamento Europeo en la elección del Presidente de la Comisión. ¿Cuál
es la posición española? No queremos saber la posición de los otros
países, sino la posición española, pues aunque la conocemos en parte, nos
interesa saber particularmente si en esa materia España tiene una
posición definida sobre si una vez designado el Presidente de la Comisión
por los Estados miembros, el Parlamento tuviera que aprobar la
candidatura del Presidente de la Comisión; asimismo, si a ese Presidente
de la Comisión se le quiere dar más autoridad en el seno de la misma,
sobre todo en el nombramiento de los comisarios, cuestión que señalaré a
continuación. Quisiéramos saber también cuál es la posición española
sobre si en el control presupuestario vamos a acabar con el sistema de
los gastos obligatorios y gastos no obligatorios, todo ello referido a
Parlamento Europeo.

Queremos conocer la posición que España mantiene respecto al papel de los
Parlamentos nacionales. Yo creo que en los últimos años los Parlamentos
nacionales han hecho un esfuerzo importantísimo de control hacia sus
ejecutivos, hacia los Consejos europeos respectivos, pero se está
hablando de elementos con los cuales, en principio, nos cuesta estar de
acuerdo. Y el primer elemento con el que nos cuesta estar de acuerdo es
que haya un control previo por los Parlamentos nacionales --que algún
Estado miembro está poniendo sobre la mesa-- del tema de la
subsidiariedad. Queremos conocer cómo está evolucionando esa posición y
cuál es, también, la posición española en esa materia. Nos interesa
especialmente después de haber visto que hay unas relaciones fluidas con
Francia, que es el país que está insistiendo más en esa materia, cosa de
la que nos alegramos, pero no ha sido ésta nuestra posición histórica ni
creo que sea la que conviene a nuestro país. Nosotros hemos sostenido que
en materia de subsidiariedad se mantenga básicamente, incluyéndolo como
declaración final o como protocolo al Tratado, la Declaración de
Edimburgo o la de Birmingham, cualquiera de las dos, pero dejando a los
Estados miembros la aplicación del derecho comunitario en el ámbito de
sus competencias.

Respecto del Consejo Europeo, nos preocupan básicamente algunas
cuestiones. La primera el umbral en que se sitúa la mayoría cualificada.

Este es un elemento importante. Nos interesa saber si se mantiene como
elemento básico para la mayoría cualificada el Acuerdo de Ioanina o los
acuerdos institucionales posteriores. Queremos conocer, en cualquier
caso, cómo está evolucionando, porque nos tememos que la evolución que
está teniendo esta materia dificulte la defensa de algunas políticas
fundamentales para nuestro país. Nos preocupa que nuestro país no tenga
el margen de maniobra suficiente para defender unos intereses muy
concretos vinculados a su ámbito territorial y vinculados a sus sistemas
de producción, particularmente



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en el ámbito de la agricultura o en el ámbito especializado de su sistema
productivo.

En lo concerniente a la Comisión, también nos gustaría conocer la
posición actual del Gobierno español respecto del número de comisarios y
de la elección del Presidente. Como ya he dicho antes, y no voy a
repetirlo, quisiera que me dijera si se daría un mayor papel al
Parlamento europeo en la elección de presidente. Si vamos a mantener la
situación actual en la elección de comisarios y en el número de
comisarios, lo cual llevaría a una Comisión, con la Unión Europea
ampliada a 25 o a 27 países, que tendría 31 comisarios y, por tanto,
sería una Comisión muy difícil de manejar, o si nuestro país aboga por un
equipo sólido que haga visible la política europea, marcado por
personalidades con proyección exterior y que representen al máximo número
de ciudadanos posibles de la Unión Europea. Esta es una posición que
conllevaría, y ésta es una opinión personal, una mejora de la dinámica
europea, que mejoraría el impulso de las políticas europeas, para no
quedarnos con la simple designación de personas que, a veces, son
escasamente conocidos en el ámbito de la Unión, por no hablar del ámbito
del propio país que los designa.

Queremos saber también si hay posibilidades de reforzar el papel de
guardián de los tratados de la Comisión, aunque nadie lo cuestiona
especialmente. No obstante, creo que es tan importante el mantenimiento
de la iniciativa legislativa, que equilibra los poderes de la Unión
Europea, como el reforzamiento del papel de guardián de los tratados de
la propia Comisión.

Hay también una serie de instrumentos que nos gustaría saber cómo están
evolucionando. Hablo, por ejemplo, del principio de suficiencia de medios
vinculado a cualquier acción de la Unión Europea. Nos gustaría saber cómo
está evolucionando. No dudo de la posición que defiende nuestro Gobierno
en esta materia, y es que exista esta vinculación entre capacidad
política de la Unión Europea y suficiencia de medios.

El tema de la subsidiariedad ya lo he mencionado antes y no voy a volver
sobre él. Creo que, en cualquier caso, son dos elementos importantes para
nuestro país. Somos uno de los países de la Unión Europea que tiene un
sistema de competencias interiores singular, junto con algún país
importante. Pero no es común que el Estado esté tan descentralizado como
está en nuestro país en el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, es
importante mantener el sistema de subsidiariedad en los términos en que
está planteado actualmente.

Respecto de las nuevas políticas, me gustaría señalar tres cuestiones. La
primera sobre empleo. Dígame si cree que es posible incluir --de esto me
interesa más la posición mayoritaria en estos momentos-- unas
orientaciones generales sobre empleo en el ámbito de la reforma del
Tratado, es decir, que el Consejo pueda dar orientaciones generales y que
sean de obligado cumplimiento por los Estados miembros, a pesar de que
quede residenciada la competencia de empleo en los Estados miembros, si
hay posibilidades de seguir avanzando en medio ambiente y si es posible
un reforzamiento del capítulo social. Y, al respecto, me gustaría hacer
alguna reflexión. Creo que la Unión Europea es, sin duda, el ámbito
mundial que goza en estos momentos de un mayor nivel de cohesión, donde
hay menos personas que se queden al margen del bienestar colectivo. Nos
hemos dado un sistema de cohesión social que hay que mejorar, que hay que
implementar, pero que, sin duda, es uno de los capitales más notables que
tiene la Unión Europea. Sería, yo creo, un paso atrás que en esta reforma
no se acentuara la necesidad de mantener ese capítulo social como una
forma no sólo de solidaridad, sino de desarrollo económico porque la
cohesión social, tal y como se está produciendo en Europa, lleva consigo,
además, a nuestro entender, bienestar económico, crecimiento económico.

Hace que la imagen de Europa no sea ésa un tanto esperpéntica que se da,
la de los mercaderes, sino que sea la del espacio social más importante,
la del espacio de mayor bienestar, de los que se conocen en la
actualidad.

Hemos tenido ocasión en la Subcomisión de analizar con mayor profundidad
la política exterior y de seguridad común. No voy a insistir en ello.

Pero es necesario dar nuestro apoyo al Secretario de Estado en lo que ha
dicho. Son necesarios tres elementos. En primer lugar, hemos de conseguir
posiciones comunes de todos los Estados miembros, es decir, hacer, a
través de esta cédula de análisis que se quiere implementar, que las
posiciones de los países que conforman la Unión Europea sean comunes. Hay
que hacer más eficaz el sistema de decisiones, con cláusulas de
flexibilidad si es necesario. En cualquier caso, nos parece una fórmula
inteligente la propuesta del Secretario de Estado de unanimidad en las
bases de esta política y de mayoría cualificada en la aplicación.

Es necesario también una mayor visibilidad y que se aborde el tema de
seguridad común en la misma medida en que se aborda la política exterior.

No hay una política exterior independiente si no hay, vinculada a esa
política exterior, una seguridad común. Por lo tanto, nos gustaría ver
cómo se aproximan la UEO y la Unión Europea y cómo, cada vez más, están,
si no jerarquizadas, sí más unidas, con mayor capacidad de análisis común
respecto de los problemas de seguridad en Europa.

Acabo con la última cuestión. Todas esas reformas del Tratado de la Unión
persiguen la ampliación de la Unión Europea hacia el Este de Europa,
Chipre y Malta. Además, en el horizonte hay unas nuevas perspectivas
financieras. Y a mí me parece absolutamente imprescindible para nuestro
país que se puedan cerrar las reformas del Tratado garantizando que va a
ser eficaz en el futuro, que va a poder acoger a esos nuevos Estados con
unas instituciones eficaces y que, además, en las perspectivas
financieras que se van a tener que negociar en 1999 no se va a perder el
concepto de cohesión social, de cohesión económica y territorial, del que
está impregnado el Tratado de Maastricht.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Costa.

Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor Presidente.




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Quiero unirme al agradecimiento de los compañeros que me han precedido en
el uso de la palabra por la presencia del Secretario de Estado en esta
Comisión, pese a lo apretado de su agenda y lo movido de su vida.

Señor Secretario de Estado, nos alegra comprobar que las cuestiones
relativas al tercer pilar, Interior y Justicia, así como las referentes
al Estatuto permanente de las islas Canarias, son, a tenor de lo que
usted nos ha explicado en esta reunión, dos de las prioridades de España
en la negociación de la Conferencia. También nos alegra saber que estos
dos temas van por buen camino.

La verdad es que poco queda por preguntar, ya que esto corre el riesgo de
convertirse en una reunión bis de la Subcomisión de Seguimiento debido al
gran número de preguntas formuladas por mi compañero, el señor Costa,
quien, como habrá podido comprobar el Secretario de Estado, es erudito en
la CIC y un controlador nato del Gobierno.

A pesar de los esfuerzos realizados, la actual cooperación en el seno de
la Unión en asuntos de justicia e interior no ha llevado a unos
resultados satisfactorios en el campo de la seguridad, de las personas,
ni en el de la política de inmigración. En el informe del Grupo de
reflexión ya se advertía que la protección sigue siendo,
fundamentalmente, una cuestión nacional, mientras que la criminalidad,
como bien ha dicho el Secretario de Estado, está organizada eficazmente a
nivel internacional.

El conjunto del espacio territorial de la Unión Europea, de libre
circulación, está sometido --y creo que lo estará cada vez más-- a una
gran presión migratoria. Y da la impresión de que la cooperación
tradicional --la policial y la judicial, ambas-- no es lo suficientemente
operativa para afrontar los problemas y establecer un espacio único de
libertad, de seguridad y de justicia en la Unión.

El Secretario de Estado ya nos ha explicado lo prioritario de este tema,
y ha hecho referencia a Europol, el asilo, la lucha contra el terrorismo,
el crimen organizado, etcétera. También nos ha hablado de la posibilidad
de establecer cooperaciones reforzadas a este respecto. Asimismo, nos ha
explicado que quizá la vía más probable sea el mantenimiento de un nivel
intergubernamental de la cooperación.

Pero, ¿cree el Secretario de Estado que ésta es la única vía? ¿Cuál es la
posición española frente a las propuestas --algunas de las cuales son
nuestras, evidentemente-- de comunitarización de ciertos aspectos o
sectores para algunas cuestiones del tercer pilar? ¿Cree que tienen
alguna posibilidad de salir adelante, estableciendo lo que se ha venido a
llamar unas pasarelas, o que la única cooperación posible después de la
Conferencia Intergubernamental va a ser una cooperación
intergubernamental, reforzada?
Respecto de las regiones ultraperiféricas, voy a introducir un elemento
que, a pesar de hacer referencia a ellas, no forma parte de la segunda
comparecencia. La necesidad de reconocer las peculiaridades de estas
regiones, de territorios de algunos Estados miembros que se encuentran
muy alejados de las metrópolis, del continente europeo, y que por sus
especiales características tienen graves dificultades de todo tipo para
su desarrollo económico y social, ha tenido desde el principio un reflejo
en el ordenamiento jurídico básico de la entonces Comunidad.

Posteriormente, en la Declaración número 26, aneja al Tratado de la Unión
Europea, se incluyó un reconocimiento efectivo y global de las
especificidades de las regiones ultraperiféricas. Mucho después, las
autoridades de estas regiones han llegado a la conclusión --en Funchal,
por ejemplo-- de que la citada Declaración debería ser incluida en el
Tratado de la Unión mediante la inserción de un artículo específico, y
los distintos Gobiernos --entre ellos, el francés, el español y el
portugués, que, evidentemente, son los que tienen territorios en esta
situación-- también han demostrado sus intereses concretos. En
particular, el Presidente del Gobierno, don José María Aznar, ya llevó
este tema --si no recuerdo mal-- a la Cumbre de Florencia, y los buenos
oficios del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la
Secretaría de Estado que usted tan dignamente ostenta, ha conseguido que
figure en la agenda de negociación de la CIC.

Pero, si bien es cierto que el Estatuto permanente de las regiones
ultraperiféricas es un tema que afecta a tres países distintos, también
lo es que no todos los países tienen la misma visión, los mismos
intereses, o las mismas propuestas. Me gustaría que el Secretario de
Estado nos explicara brevemente las diferencias fundamentales entre la
propuesta francesa y la española, propuesta que, si no me equivoco, es
bastante similar a la portuguesa.

Por otro lado, mi compañero, el señor Costa, ha mencionado el principio
de suficiencia de medios. Me parece que éste es un principio que merece
un interés especial. Todos somos conscientes de que a partir de 1999,
fecha en la que finaliza el sistema actual de financiación de la Unión,
acordado en Edimburgo, la Unión y sus Estados miembros van a tener que
prestar un especial interés a su nuevo sistema de financiación. En ese
momento se van a añadir una serie de dificultades o elementos nuevos,
como la negociación de los nuevos tratados de adhesión y la posterior
incorporación de los Estados, lo que quizá hará necesario un
replanteamiento de las políticas comunitarias y la financiación de éstas.

En este sentido, señor Secretario de Estado, el principio de la
suficiencia de medios --incorporado ya al Tratado de Roma, en las
negociaciones de Maastricht, en su artículo F3-- nos parece de especial
interés. Sin embargo, el carácter general y la ubicación de este acuerdo
creemos que no permiten aplicar este principio con eficacia.

Por otra parte, creemos que la discusión sobre el principio de
subsidiariedad puede dar lugar a malentendidos en cuanto a su aplicación
y alcance, y quizá sería necesario dotar de mayor rango o precisión al
ámbito de aplicación del principio de suficiencia de medios; por lo
menos, en lo que se refiere al primer pilar, el comunitario. ¿Tiene el
Gobierno de España, señor Secretario de Estado, algún tipo de
planteamiento sobre este tema y ha presentado alguna iniciativa al
respecto?
Finalmente, también en cuanto a la subsidiariedad, me gustaría
preguntarle al Secretario de Estado cuál es la postura del Gobierno
español respecto de este principio y el artículo que lo regula, 3B, en el
Tratado de la Unión. ¿Va a



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estar el Gobierno español a favor de modificar este artículo o, por el
contrario, de que se quede como está? ¿Cuáles son los motivos de la
posición, cualquiera que ésta sea, que adopte el Gobierno?
Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Casañ. (El señor
Costa Costa pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.

He solicitado la palabra para una cuestión de orden. Quiero que quede
constancia de que no espero del Secretario de Estado una respuesta
exhaustiva de todos los temas planteados, lo que puede tener lugar en la
Subcomisión. Quizá, al final, con el entusiasmo que despiertan estos
temas, me he excedido en mis preguntas. Por tanto, entenderé que éste no
sea el marco en que se respondan, sino que se haga en la Subcomisión, si
lo cree conveniente.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Me imagino que el Secretario de Estado ya lo había entendido en esa
dirección.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Muchas gracias, señor Presidente.

Desde luego, nada me produce más satisfacción que responder a temas en
los que trabajamos todos los días. Personalmente, no tengo ningún límite
de tiempo para estar aquí, así que estoy dispuesto a responder todas las
preguntas. Pero, efectivamente, me temo que el cuestionario planteado por
el señor Costa nos llevaría a hacer una revisión en profundidad de todo
el Tratado de la Unión. Voy a tratar de responder telegráficamente y muy
deprisa, porque, a buen entendedor, pocas palabras bastan, y yo presumo
que los miembros de esta Comisión lo conocen ya.

Sobre lo que plantea el señor Mardónez, si usted lo permite, señor
Presidente, le daremos la respuesta en su momento, cuando tratemos las
regiones ultraperiféricas. Simplemente debo decir que el texto español
está presentado formalmente en la Conferencia. Me pregunta si la
Presidencia lo va a incluir o no en su texto, y debo decir que creo que
lo va a incluir, pero ¿en la literalidad de lo que nosotros hemos
propuesto? Ese es el margen de discrecionalidad de la Presidencia, puesto
que hay otros países que también han propuesto textos, aunque no son muy
diferentes. En cualquier caso, no es más que una especie de piedra bruta,
la masa crítica sobre la cual vamos a esculpir luego los detalles de la
escultura que queremos hacer; es decir, que si no sale exactamente como
nosotros lo habíamos formulado, ya nos encargaremos de muñirlo como
queremos. Debo recordarle que el texto que presentó la Delegación
española fue exactamente aquel que fue negociado por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

A don Ignacio Guardans debo decirle que le aseguro que este texto de la
Presidencia irlandesa será distribuido, pero no tenga inquietud por no
tener tiempo para examinarlo, ya que no se necesita para nada de aquí a
Dublín II; es evidente que nadie va a poder hacer reflexiones. Creo que
va a ser una lectura muy aburrida de navidades, pero ya pueden tenerlo
para poder echarle un vistazo y empezaremos a debatirlo aquí o en la
Ponencia --con el señor Presidente--, poco a poco lo iremos desmenuzando,
nos dará tiempo a examinarlo, veremos lo que nos gusta y lo que no nos
gusta y lo compartiremos.

En cuanto a la cuestión de la Constitución y el asilo político, a nadie
se le oculta que la figura del asilo político en general, como tal, está
recogida en nuestra Constitución, como también lo está en la de la mayor
parte de las constituciones de los países miembros. Lo que nosotros
estamos diciendo es que en un espacio que queremos común, en donde
circula todo, en donde tenemos una moneda única, creemos que lo elemental
es que exista un reconocimiento de que en ese espacio todos respetamos
los mismos derechos humanos y todos tenemos el mismo respeto por el
Estado de Derecho. En ese ámbito, el que haya una figura mediante la cual
alguien se pretenda exiliar parece absurdo. Es un ejercicio a largo
plazo, es una visión filosófica de lo que debe ser el espacio común y hay
que plantearse por qué solamente debe ser para los temas económicos y si
no podría ser también para asuntos de verdadera dimensión humana. Ahí es
donde la Delegación española --tanto con el anterior Gobierno como con el
actual--, como se hizo en Maastricht, siempre ha querido añadir la
dimensión de la ciudadanía, y en este caso añadimos la dimensión de la
seguridad ciudadana. Naturalmente, el asilo afecta a esto, porque en la
mente de todos están algunos casos de asilo político a algunas personas
indeseables que han causado algún problema bastante grave al Gobierno
español.

Con respecto a la coordinación, quiero dejar tranquilo al señor Guardans
en el sentido de que todos los documentos de negociación y los que se
refieren a cualquier tema puntual que toque justicia e interior,
agricultura, pesca, defensa, se han visto cuidadosamente con todos los
Departamentos ministeriales y, además, por una doble vía, porque se
habían visto antes del día 5 de mayo, cuando tomó posesión este Gobierno,
y luego le hemos dado otra vuelta. Debo decir, con satisfacción, que
prácticamente no ha habido cambios. Es decir, no es que el nuevo Gobierno
o el nuevo Ministro de Justicia haya dicho: no, no estoy de cuerdo con
este planteamiento del tercer pilar. El planteamiento que llevamos al
tercer pilar es idéntico al que habíamos negociado, incluso con personas
que están aquí presentes. Todos los documentos se han visto, se han
coordinado con Presidencia, los ha visto el Presidente en persona, se han
tratado con los Ministros y, naturalmente, a nivel técnico.

Con respecto a las Comunidades Autónomas, nosotros tenemos esa
Conferencia, que ya no se llama Sectorial, sino Conferencia de las
Comunidades Autónomas para Asuntos de la Unión Europea, que se reúne
regularmente. Debo decirle que el próximo domingo estaré viajando a



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Tenerife, porque usted sabe que esta reunión es itinerante, que cada vez
se hace en una Comunidad Autónoma, que en el mes de diciembre toca en las
Islas Canarias y tendremos la reunión en Tenerife con todos los
Consejeros de Presidencia de todas las Comunidades Autónomas y el
Ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy. Usted puede preguntar
al señor Cuatrecases, que es el representante del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña, y comprobará que en ese foro estamos viendo
todo, como aquí, tema por tema, incluso los que se refieren a las
regiones, al Comité de Regiones y otros asuntos que interesan a las
Autonomías.

Por lo tanto, en ese aspecto, la coordinación es buena. Además, para
afinar todavía más esa participación, hemos creado esta figura del
Consejero para Asuntos Autonómicos en la representación permanente, que
tienen un contacto permanente con todas las representaciones de las
Comunidades Autónomas en Bruselas. Repito, la coordinación va bien y no
hay ningún problema.

Respecto al señor Alcaraz, quisiera decirle que estoy totalmente de
acuerdo con él, que Maastricht nos ha dado una gran lección en el sentido
de elaborar algo que no ha sido lo suficientemente conocido en la calle y
ésta reaccionó con algo de estupor y con escepticismo. Creo que esa
lección aprendida en Maastricht la deberíamos tener aprendida para no
repetirla en este nuevo ejercicio de la Conferencia Intergubernamental.

Naturalmente, nos corresponde a nosotros, y también a los representantes
legítimos del pueblo español, explicar lo que estamos haciendo. Es una
responsabilidad compartida entre el Legislativo y el Ejecutivo de empezar
a dar a conocer las posiciones de la Conferencia, y por mi parte estoy
tratando de hablar en universidades, con Gobiernos regionales, con
municipios, aprovechando todos los foros que puedo para predicar este
evangelio que no es muy fácil de predicar porque tampoco sabemos lo que
estamos predicando. Es decir, queremos cambiar el Tratado para hacer una
Unión más cercana al ciudadano, más preparada para recibir a los nuevos y
más visible en su acción exterior, que son las tres grandes cuestiones.

Naturalmente, hay unas campañas de información, una de ellas se llama
«Construyamos Europa juntos», financiada por el Parlamento Europeo y la
Comisión, que se va a lanzar en España a principios del año que viene y,
además, tenemos la fortuna de que el Comisario responsable de ello es el
encargado de la Conferencia Intergubernamental, así como de las acciones
de información y comunicación, que no es otro que don Marcelino Oreja,
bien conocido por nosotros. Por lo tanto, creo que tendremos todo el
apoyo de ese Comisario para liberar los fondos necesarios, para poder
empezar a lanzarnos a la calle a explicárselo a la gente y, a medida que
la Conferencia avance, podremos precisar más por dónde van las cosas. Si
no nos hemos lanzado a hacer esta campaña antes --y lo estamos haciendo
todavía de manera selectiva-- es porque, verdaderamente, no sirve de nada
confundir al gran público con grandes planteamientos que no van a
entender hasta que no esté la cosa más horquillada y veamos un poco por
dónde va a ir. Pero, naturalmente, la tesis general de que tenemos que
adaptar nuestro derecho primario a una nueva realidad es un mensaje que
se puede empezar a transmitir, y nosotros ya lo estamos haciendo, por lo
que agradeceremos que Senadores y Diputados lo hagan también en sus
respectivas circunscripciones.

Con respecto al consenso, yo no hablo de ello. Corresponde a las
instituciones del Parlamento decir cuál es la posición que tienen con
respecto a la política del Gobierno. Por lo tanto, respetamos mucho la
posición de Izquierda Unida, que no participa del acuerdo en los grandes
objetivos del destino que tiene nuestro país en la Unión Europea. Es a
usted al que le corresponde disentir y yo le respeto extraordinariamente.

Ello no quiere decir que no vayamos a estar abiertos al diálogo, puesto
que la opinión de todas las fuerzas políticas --y, naturalmente, la de
Izquierda Unida-- le interesa al Ejecutivo.

Con respecto a la PESC, creo que tenemos las ideas muy claras. Las he
repetido y voy a leer lo que dije: España está abierta a cualquier opción
siempre que se garantice que la representación exterior de la Unión
Europea, la dirección y organización de los trabajos de la PESC sean
responsabilidad de la Presidencia, que deberá, asimismo, presidir el
Comité político. La nueva figura a crear podría ser nombrada por el
Consejo Europeo, pero actuaría mediante mandato del Consejo de Ministros
y bajo la coordinación de la Presidencia.

Me parece que esto está más claro que el agua. España está siguiendo con
muchísimo interés los temas de PESC pero no entramos en rencillas.

Nosotros hemos dicho lo que estamos dispuestos a apoyar. ¿Quieren que
haya un «mister» PESC? Sí, mientras esté controlado por el Consejo. ¿Que
lo va a nombrar el Consejo Europeo o el Consejo de Ministros? Ese no es
nuestro debate. Los franceses quieren que lo nombre el Consejo Europeo y
otros no. Nos da igual quien lo nombre mientras esté sujeto a la
coordinación de la Presidencia y al mandato del Consejo de Ministros.

Además, que esta célula de análisis y previsión sea una célula de
análisis y previsión. La iniciativa es siempre de la Presidencia y la
ejecución es siempre del Consejo de Ministros, no de ningún «señor» PESC.

Lo hemos dicho hasta la náusea, tanto que yo creo que algunos --sobre
todo nuestros vecinos más cercanos al norte-- no nos quieren mucho por
ello. Ellos quieren una tarea para un «mister» PESC mucho más glorioso,
del que nosotros no participamos. Nosotros mantenemos la independencia de
la Presidencia, la función de la Presidencia y la soberanía del Consejo
de Ministros sobre cualquier figura y naturalmente sobre la célula de
análisis y previsión.

Por eso, no creo que se pueda acusar a la política exterior ni a la
posición española ni a la posición de la PESC de Europa, en general, de
dependencia de la política exterior de los Estados Unidos. Ha habido más
ejemplos de los que yo puedo citar aquí en un momento que demuestran que
Europa tiene su propia política independiente. Pero a Europa tampoco le
duelen prendas en estar de acuerdo con su aliado más importante en el
mundo en algunos temas de política exterior. Y precisamente la alianza
Europa-Estados Unidos en algunas cuestiones contribuye a resolver



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muchas crisis, que se solucionan mejor en un clima de cooperación que en
un clima de confrontación.

Con respecto a las preguntas de Antoni Costa quizás podamos, como él
decía, tratar algunas en la Subcomisión, porque varias de ellas tienen
mucha enjundia, sobre todo las institucionales que merecen una sesión
monográfica. El Presidente y yo estamos de acuerdo en celebrarle y en
pasar las horas que sean necesarias para analizar todas las opciones.

En cuanto a las preguntas del señor Martínez Casañ, quiero decirle que
las diferencias entre las posiciones ultraperiféricas son de matiz. Como
las tengo escritas para no equivocarme, si quiere se las leo: La
propuesta de Portugal se diferencia de la nuestra únicamente en el texto
del artículo y recoge, de hecho, una de las redacciones de trabajo que
preparamos tras una reunión de Madrid del mes de septiembre. La
diferencia principal con el texto que finalmente presentamos radica en la
mención al procedimiento del artículo 189 b, Codecisión, para la adopción
de medidas específicas en favor de las regiones ultraperiféricas;
diferencia de matiz.

La propuesta de Francia difiere de la nuestra, fundamentalmente, por
cuanto se limita al texto de un artículo y no propone, por lo tanto,
ningún protocolo de desarrollo. La redacción del artículo se diferencia
de la nuestra por contener una referencia a las condiciones de aplicación
de las disposiciones de los tratados, así como por reproducir la mención
que figura en la declaración número 26 sobre la necesidad de permitir a
estas regiones alcanzar el nivel económico y social medio de la Unión
Europea.

Entendemos que esta mención no nos conviene, porque debe evitarse mezclar
cohesión y ultraperificidad. No queremos que el día que las Islas
Canarias estén al cien por cien de la renta comunitaria --yo
vehementemente deseo que ese día llegue pronto-- nos digan: como ya están
en la renta comunitaria, ya no son ultraperiféricas. No queremos que se
mezclen esos dos conceptos, porque es muy peligroso, sobre todo porque
siempre hay una tendencia generalizada a quitar privilegios. Se trata de
conceptos distintos. La cohesión tiene un carácter transitorio, basta
pensar en el previsible acercamiento del nivel de renta de Canarias a la
media comunitaria en una Unión Europea ampliada a los Pecos, mientras que
la ultraperificidad tiene un carácter de permanencia.

Me alegro que haya planteado este asunto --es bueno decirlo aquí-- porque
hay confusión, y es que el principio de suficiencia de medios no supone
poner dinero encima de la mesa. El principio de suficiencia de medios,
tal y como lo ha entendido la delegación española y tal como lo ha
planteado, es que no se tomen decisiones por mayoría cualificada en la
Unión Europea si no hay dinero para respaldarlas. Es decir, ustedes hagan
todo lo que quieran. Con mayoría cualificada se pueden tomar todas las
decisiones mientras no impongan obligaciones financieras adicionales a
los Estados miembros.

Por ejemplo, puede pasar que se apruebe una directiva sobre parques
naturales o sobre hábitat --pensemos que España tiene el 78 por ciento de
los hábitat naturales de Europa--, en la cual se impongan unas
obligaciones de conservar los hábitat y los pajaritos de los hábitat, lo
que supone una cantidad de miles de millones, y que por mayoría
cualificada todo el mundo esté de acuerdo en que España se gaste unos
miles de millones en conservar los hábitat mientras los demás no gastan
nada. Si usted adopta una posición por mayoría cualificada que afecta a
un país, o hay solidaridad comunitaria o no me puede obligar. Ese es el
principio de suficiencia de medios. No es cuestión de tener más o menos
dinero disponible en las arcas comunitarias.

Con respecto a la subsidiariedad, diré que nuestra posición es la misma
de siempre: artículo 3 b tal y como está y declaración sobre
subsidiariedad de Edimburgo y de Birmingham --no o sino y, las dos--, y
estas dos declaraciones incorporadas como protocolo al Tratado.

Gracias.




--PARA INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES QUE EXPERIMENTAN
LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS EN LA REGULACION POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS ORIENTACIONES DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNION EUROPEA Y
PARTICULARMENTE URBAN, INTERREG Y ADAPT. (S. 713/000085; C. D.

212/000181.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Si no hay ninguna intervención sobre este asunto, pasamos a la segunda
comparecencia, referente a las regiones ultraperiféricas.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Muchas gracias, señor Presidente.

Se trata de informar sobre las modificaciones que experimenta la
regulación por la que se establecen las orientaciones de los programas
operativos de la Unión Europea, en especial Urbán, Interreg y Adapt, en
relación con las regiones ultraperiféricas. Lamento tener que utilizar
esta jerga críptica, pero no encuentro ninguna otra manera de explicar
mejor los programas comunitarios. Debo decir que yo me encuentro tan poco
cómodo con todos estos nombres como la mayoría de los ciudadanos.

En primer lugar, quiero destacar el hecho de que las regiones
ultraperiféricas tienen un tratamiento específico en lo que se refiere a
las iniciativas comunitarias. Eso se concreta en la práctica en el hecho
de que disponen de una iniciativa comunitaria propia, que es la llamada
Regis 2, destinada a promover el desarrollo en estas regiones. También en
el artículo de las otras iniciativas comunitarias se hace una mención
específica a cuáles son los términos en que pueden ser aplicadas en las
regiones ultraperiféricas, aclarando su aplicación prioritaria dentro del
marco de la iniciativa Regis. Por lo tanto, Regis es como una especie de
paraguas que cubre todo pero que no excluye la aplicación de otras
iniciativas.

La Comisión de las Comunidades Europeas en su reunión del 15 de junio de
1994 decidió establecer una serie



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de iniciativas comunitarias, entre las que se encuentran la ya mencionada
Regis 2, así como Urbán, Interreg y Adapt. Estas iniciativas
comunitarias, tal como se define en el artículo 11 del Reglamento número
2.082/1993, son intervenciones que la Comisión por propia iniciativa
propone a los Estados miembros para que presenten solicitudes de ayuda
para acciones que tengan un interés especial para la Comunidad. Las
condiciones según las cuales se desarrollan estas iniciativas se detallan
en una comunicación que fue publicada en 1994.

La iniciativa Regis, que es la más importante, planteada en favor de las
regiones aisladas, regiones ultraperiféricas, se refiere al apoyo
comunitario en forma de préstamos y ayudas no reembolsables a las
regiones periféricas en función de su lejanía del resto de la comunidad,
con los siguientes objetivos específicos: fomentar la diversificación de
las actividades económicas; consolidar los lazos de unión de esas
regiones con el resto de la comunidad, favorecer la cooperación entre
regiones ultraperiféricas cercanas así como con terceros países próximos,
en especial aquellos que tienen relaciones de tipo preferente con la
Comunidad y, en los casos que resulte apropiado, mejorar la capacidad de
defensa contra catástrofes naturales. Se trata aquí, fundamentalmente, de
regiones ultraperiféricas situadas en zonas tropicales que pueden tener
fenómenos de ciclones. Por suerte, en nuestras regiones ultraperiféricas
no ocurren estas desgracias naturales.

En su articulado, además de las condiciones propias de su aplicación, se
especifica que en virtud de esta iniciativa las regiones ultraperiféricas
tienen, por una parte, la facultad de participar plenamente en las
acciones vinculadas a las demás iniciativas y concretamente en las redes
de cooperación trasnacional y, por otra, que las acciones de Regis que
dependan de una iniciativa concreta se llevarán a cabo respetando la
totalidad de las disposiciones previstas en esa iniciativa concreta. Esta
iniciativa Regis se dotó de unos recursos financieros específicos, de
acuerdo con la finalidad perseguida.

Es importante destacar que para que quedara constancia de la posibilidad
de participación de las regiones ultraperiféricas en las demás
iniciativas comunitarias, a propuesta de la delegación española, que fue
apoyada por Francia y Portugal, se introdujo en el articulado
correspondiente al Reglamento de esta iniciativa un párrafo en el que se
especifica que, además, en casos debidamente justificados las regiones
ultraperiféricas podrán participar en otras iniciativas comunitarias.

Dicha participación no implicará un incremento de los medios asignados a
los Estados miembros directamente afectados en las iniciativas.

Como consecuencia del contenido de este artículo, Canarias participa en
otras iniciativas comunitarias como pueden ser las de contenido social
--Adapt--, de desarrollo rural --Leader--, de zonas urbanas --Urbán-- y
la que se destina a Pymes.

Cabe concluir que en las disposiciones por las que se fijan las
orientaciones para los programas operativos relacionados con las
iniciativas comunitarias se define por una doble vía la participación de
las regiones ultraperiféricas en el conjunto de las iniciativas
comunitarias. Como reconoció en su momento el Gobierno canario, el
esfuerzo realizado para modificar el criterio inicial de la Comisión,
condujo a que la iniciativa Regis pudiera contener acciones
correspondientes a las demás iniciativas y que éstas pudieran aplicarse
en su caso a las regiones ultraperiféricas.

Se trató de evitar así el riesgo de una interpretación que supusiera la
posible exclusión de las demás iniciativas en Regis, o bien la no
aplicabilidad de aquellas iniciativas en las regiones ultraperiféricas al
contar con una iniciativa específica para estas regiones. Debe tenerse en
cuenta que este riesgo no puede considerarse extensible a otros
territorios que no cuenten con un tratamiento específicamente
diferenciador en las orientaciones para la aplicabilidad de las
iniciativas comunitarias.

En suma, el hecho de que en las disposiciones por las que se fijan las
orientaciones para los programas operativos relacionados con las
iniciativas comunitarias no se defina por una doble vía la participación
de las regiones ultraperiféricas en el conjunto de las iniciativas
comunitarias, no debe significar la expresión en estas regiones de la
aplicación de las mismas.

Esto es un poco abstruso, pero, en resumen, las regiones ultraperiféricas
son erigibles para todos los programas, además del Regis.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, la historia de los diez últimos años de esta
Comisión Mixta Congreso-Senado, para las Comunidades Europeas,
anteriormente, y hoy para la Unión Europea, tiene una subhistoria interna
vinculada a los planteamientos hechos normalmente por los parlamentarios
canarios pertenecientes a los distintos grupos. Hemos sido portavoces e
intervinientes para destacar características y peculiaridades de la
Comunidad Autónoma de Canarias en el seno de las políticas del Estado
español ante la Unión Europea y, consiguientemente, para demandar
actuaciones específicas.

Sus antecesores inmediatos en la Secretaría de Estado, don Pedro Solbes y
don Carlos Westendorp, han comparecido en reiteradas ocasiones --recuerdo
la III, IV y V Legislaturas-- para hablar precisamente de la
ultraperificidad, terminología acuñada en los dos últimos años, aún no
suficientemente popularizada y no sé si del todo afortunada desde la
perspectiva lingüística, y para hablar del Estatuto permanente de
Canarias en lo que debe ser la modificación del Tratado de la Unión
Europea a efectos de asentar esa disposición como derecho primario, a la
que se ha hecho referencia aquí en varias ocasiones. Es más, la última
ocasión en la que hemos hablado de ello tuvo lugar hace algo menos de un
mes, y por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y como
consecuencia del debate de una proposición no de ley que el grupo
parlamentario trajo a esta Comisión



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Mixta, que yo tuve la oportunidad de defender, se aprobó consensuadamente
una enmienda transaccional que definía los contenidos de un artículo y de
un protocolo anexo sin querer con ello, desde esta Comisión, encorsetar
la labor negociadora que es responsabilidad del Gobierno.

Enmarcado en ese planteamiento y en esa línea directriz, el Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes Generales ha traído en reiteradas
ocasiones a esta Comisión Mixta iniciativas de distinto nivel, y a
nosotros nos pareció oportuno pedir la comparecencia del Secretario de
Estado para que, al menos por primera vez, en el ejercicio de sus
importantes responsabilidades, sin duda alguna, pudiéramos dialogar sin
que fuese necesario adoptar resoluciones específicas ni concretas al
respecto, y valorásemos qué estaba ocurriendo de manera puntual con las
iniciativas comunitarias publicadas en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del pasado 10 de julio.

A nosotros nos han preocupado un poco esas iniciativas comunitarias que
vienen a constituir la continuidad de las contenidas en la convocatoria
del 1 de julio de 1994: Pyme, Urbán, Retex, Konver, Résider II, Rechar
II, etcétera, en cuyos contenidos había una doble puntuación en positivo
para todas aquellas peticiones que a raíz de ellas se produjesen y se
promoviesen desde los distintos ámbitos de la Comunidad Canaria, porque
en cada una de ellas se primaba a aquellas peticiones procedentes de
regiones objetivo 1, pero además específicamente se primaba también, y lo
digo entrecomillas, a aquellas peticiones procedentes de regiones
ultraperiféricas.

De ahí que en lo que a la iniciativa Urbán se refiere --y me voy a
centrar en ella específicamente porque no es cuestión de extenderse
demasiado en esta intervención--, solamente dos municipios canarios, de
los cuatro que reúnen condiciones y requisitos para acogerse a lo que en
la misma se propone, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria,
es decir, municipios en los que radica la capital de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con una serie de barrios y zonas marginales muy
degradadas, formularon las peticiones correspondientes. Dado que esos
municipios pertenecen a regiones ultraperiféricas y a región objetivo 1
tuvieron un doble respaldo, el de Santa Cruz de Tenerife, con cerca de
2.000 millones de pesetas, y rozando los 3.000 millones el de Las Palmas
de Gran Canaria, viéndose favorecidos con dos actuaciones puntuales muy
positivas para el desarrollo de esas dos grandes ciudades de nuestras dos
islas: Tenerife y Gran Canaria.

Con la iniciativa Urbán convocada el 10 de julio pasado, dos nuevos
municipios, Telde, en la isla de Gran Canaria, y La Laguna, en la isla de
Tenerife, se van a incorporar como peticionarios a las actuaciones que al
socaire de esta iniciativa comunitaria creen que tienen derecho. Pero nos
preocupa que, si bien en la convocatoria se fijan las orientaciones para
los programas operativos y se les invita a elaborar una iniciativa
comunitaria de zonas urbanas --Urbán--, en el punto 18 se habla de que
hay una nueva aportación de 157 millones de ecus, de los cuales 61 irán a
las regiones objetivo 1, y a continuación no se hace en ninguno de los
artículos contenidos en esa convocatoria la más mínima referencia a la
ultraperificidad.

A nosotros nos preocupa, como es natural, la ultraperificidad, y como
usted muy bien dijo, para acogerse a ese paraguas global que es el
programa Regis II. Y nos preocupa que esto pueda ser indicador de un
proceso de debilitamiento del concepto de ultraperificidad y de lo que
ello supone como elemento diferenciador que, en efecto, marca la
necesidad, en función de esa diferenciación, de actuaciones específicas,
perdurables en el tiempo, porque también son perdurables en el tiempo las
condiciones que han justificado el que la Unión Europea los defina así,
es decir, la lejanía, la alta demografía, las condiciones climatológicas
difíciles que implican la carencia de agua, la falta de medios, de
recursos naturales o de energía propia.

El Grupo Parlamentario Socialista cree que esto debe ser objeto de un
análisis quizá un poco más detenido, no sabemos en qué comisión, pues su
intervención, señor Secretario de Estado, al menos a este interviniente,
con la mayor consideración que, como es obvio, me merece su
responsabilidad y usted personalmente, no disipa --insisto en que es
desde la perspectiva personal-- la preocupación con la que he venido a
esta Comisión. De aquí que como el objetivo era hacer llegar al
responsable del Gobierno en esta materia esa voz de preocupación, y no
era el de adoptar ninguna resolución al respecto, permítame que le haga
un ruego. La mayor parte del contenido de su intervención descriptiva
sobre el programa Regis, al que hemos venido siguiendo desde el año 1990,
en el Regis I y en el Regis II para esta región Objetivo I, que
corresponde a un quinquenio, el que va de 1994 a 1999, y dado que el
contenido de su intervención figura, y aquí lo tengo en un documento
consecuencia de la contestación que el Gobierno ha dado a este Diputado
ante una pregunta escrita que fue formulada hace unos meses, y tengo el
programa operativo Regis en mis manos, un documento con más de quinientas
hojas, vuelvo a insistir en que me da la impresión de que, si bien es
cierto...




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo ya, ha sobrepasado el tiempo.




El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor Presidente.

Voy a concretar mi preocupación, si no lo hago así no considero que esté
representando claramente los intereses globales de la circunscripción a
la que represento.

Señor Secretario, insisto, si bien es cierto que las iniciativas
comunitarias de 1994 se han ampliado ahora con nuevas cuantías en 1996,
tengo la percepción de que el Regis no experimenta ningún incremento, y
casi le rogaría que, incluso a nivel de otras direcciones generales de
otros ministerios, tuviese usted la amabilidad de transmitir esta
preocupación, quizá no suficientemente fundada ni rigurosa, pero que sí
puede dar origen a un análisis, dentro de unos meses, más documentado y
mucho más pormenorizado.

Se avecina --y termino, Presidente-- el momento clave, el momento de la
verdad de la consolidación del proyecto de artículo y de anexo al Tratado
de la Unión Europea. Sabemos que hay dificultades. Si éste es un
indicador, no es malo que expongamos nuestra preocupación,



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y ojalá se disipe en el transcurso del tiempo con una realidad
negociadora que deseamos todos que sea lo más exitosa posible.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don
Luis Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Respecto a la información que sobre este punto ha dado el señor
Secretario de Estado, quiero comenzar por decirle que me ha producido una
gran satisfacción y seguridad oírle hacer una declaración de principio
político de que debe contemplarse el documento que, en su día, la
Conferencia Intergubernamental apruebe sobre el asunto y problema de las
regiones ultraperiféricas y su Estatuto permanente. Es decir, que al
analizar el documento portugués haya dicho el señor Secretario de Estado
que no se debe mezclar cohesión --fundamentalmente-- con el concepto de
ultraperificidad. Lo ultraperiférico, como usted bien ha dicho, es
permanente, e implica lo que ya fue la declaración número 26 del Tratado
de Maastricht. Condiciones permanentes de lejanía, de dificultad, de
limitación de materias primas, de costes de transportes, porque si
condicionamos solamente a un principio de cohesión económica y social la
resolución de los problemas de las regiones ultraperiféricas, en el
momento en que haya, por ejemplo, igualación de rentas, de producto
interior, etcétera, inmediatamente tienen que entrar cláusulas de
suspensión de ese llamado beneficio, y como bien ha dicho el Secretario
de Estado, es una norma, y yo digo que cicatera en el realismo, y no le
doy un sentido peyorativo, sino de lo que significa cicatero al recortar
cualquier tipo de beneficio que se considera extra una vez alcanzado el
nivel horizontal de igualdad, de situación de renta o de cuestiones de
bienestar, es decir, lo que se contempla en el Tratado con los nombres de
cohesión económica y social. Porque he puesto siempre un ejemplo cuando
he discutido esta cuestión con parlamentarios franceses o portugueses. Si
hay una situación de igualdad en un momento determinado en el tiempo, y
se produce, por ejemplo, una crisis de la energía en el precio de los
combustibles, esa lejanía y ultraperificidad de estas regiones queda
inmediatamente distorsionada con el coste de los servicios de transporte
o repercusión sobre el índice de precios al consumo que genera,
precisamente, el encarecimiento de un combustible. Cuando el continente
europeo se está planteando alternativas energéticas camino del gas, de lo
que sí estamos ciertamente seguros es de que, a donde no va a llegar el
gasoducto de Argelia es ni a Canarias ni a Azores ni a Martinica ni a
Guadalupe, y el transporte en buques de gasificación supone unos costes
extremos.

Por lo tanto, señor Secretario de Estado, me alegra esa declaración que
usted ha dicho, y pediría que fuera un principio de negociación y de
posición firme del negociador y del Gobierno español en este asunto.

Porque, en el fondo, ¿de que se trata? Usted sabe, señor Secretario de
Estado, que de lo que se trata en el fondo es sencillamente de que la
legislación específica que en este momento tenemos regiones
ultraperiféricas, como es el caso del archipiélago canario para España
desde su situación específica en el Tratado de Adhesión, que sustituyó al
famoso protocolo número II, la situación de la aplicación del programa
Posei --el Poseicán, los Regis, etcétera-- lo que queremos es
sencillamente consolidarlo, es decir, quitarle su concepto de
transitoriedad, de temporalidad y consolidarlo. ¿Qué quiere decir eso?
Esto quiere decir, sencillamente, que la declaración número 26 deje de
ser una declaración retórica y enunciativa y se transforme ya,
prácticamente, en Derecho comunitario, es decir, que pase al texto
articulado del Tratado de la Unión en la forma que, como bien ha dicho el
señor Secretario de Estado, habrá que perfilar el documento en bruto.

Y dicho esto, dando las gracias, además, a sus servicios, que con esta
Comisión de la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión
Europea están funcionando extraordinariamente bien, al menos a juicio de
este Diputado, en la documentación que recibe a través de la Mesa y del
señor Presidente, quiero manifestar con respecto al documento que se nos
ha remitido sobre los textos originarios, en francés y en inglés, del
documento francés, de la delegación francesa y de la portuguesa, que veo
que en el documento francés ponen mucho énfasis en considerar que --y
traduzco literalmente-- actualmente es prematuro pronunciarse sobre la
regla de voto para el Consejo de las condiciones de aplicación del
Tratado y de las medidas específicas en favor de las regiones
ultraperiféricas. Dado que los franceses plantean una propuesta de nuevo
artículo 227.2, señor Secretario de Estado, ¿qué razón política tiene
Francia en este momento para decir que actualmente es prematuro
pronunciarse sobre la regla de voto del Consejo? Veo que los franceses
han hecho una cuestión de ello, pues aunque su proposición de nuevo
artículo 127 es muy corta, muy sencilla, etcétera, vuelven a introducir
que falta definir la regla de votación, aunque no están en contra, desde
luego, de que se determine una serie de condiciones específicas y medidas
particulares de favor de las regiones ultraperiféricas.

Respecto al documento portugués --que propone una serie de medidas que en
su mayoría tenemos conseguidas ya en Canarias, únicamente supondrían
quitarles su temporalidad y hacerlas fijas, como estatuto permanente--,
coincido plenamente con lo que ha dicho el señor Secretario de Estado de
que hay que podar el documento, a fin de que no prospere esa referencia
que hace, precisamente, a darle prioridad a la cohesión económica y
social --haciéndola un valor permanente porque trata de justificar la
equiparación con los niveles de renta del continente-- y, sobre todo, la
inoportuna invocación del artículo 189.b). No entiendo la razón por qué
Portugal ha incluido este punto en el índice de medidas, alguna sin
determinar porque lo llama legislación secundaria y así figura en el
original del documento que tengo delante mío, en inglés, pues parece que
Portugal lo ha remitido en este idioma.




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Esperemos que en el documento que salga el día 7 se recojan estos
posicionamientos del Gobierno español: uno, no quedarnos con el principio
de cohesión, sino con el principio de ultraperificidad; dos, pasar la
declaración 26 a texto articulado y que se modulen en el Tratado todos
los aspectos que ha señalado el señor Secretario de Estado --serán las
cuestiones a definir ya de ese material en bruto-- y, tres,
fundamentalmente el principio de permanencia de esa situación, al menos
en las cuotas legales --Posei, etcétera-- de lo que se haya conseguido
actualmente.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, me uno a la bienvenida al Secretario de Estado en su
primera comparecencia en esta Comisión, persona que sé que está
sensibilizada con los problemas del archipiélago canario, y prueba de
ello es que la semana pasada estuvo en Tenerife en una reunión importante
de los países productores de plátano y tengo que decirle que causó la
mejor impresión entre las personas que allí estuvieron --lamentablemente,
los parlamentarios no pudimos asistir porque tuvimos sesión parlamentaria
la semana pasada.

El tema de Canarias como región ultraperiférica, en terminología
comunitaria, es un asunto en el que todos los grupos políticos --se
entiende que con representación parlamentaria, por supuesto-- hemos
estado de acuerdo. Ya en la anterior legislatura, en cuantas ocasiones se
tramitaron en esta Comisión iniciativas por parte de los distintos grupos
políticos, siempre hubo unanimidad y siempre se encontró una postura en
la que todos coincidimos. Prueba de ello es que el pasado 5 de noviembre
fue aprobada una proposición no de ley, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, pero al final se aprobó un texto transaccional
que venía a coincidir con el texto presentado por el Gobierno español en
el marco de la negociación de la Conferencia Intergubernamental, al que
se añadió una pequeña frase, a instancias del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, referente a que se incluyera en la agenda de la
próxima reunión de la Conferencia Intergubernamental. Por consiguiente,
lo primero que tengo que poner de manifiesto es que en este tema no hay
disparidades entre los distintos grupos parlamentarios.

Después de lo dicho por parte de mis antecesores en el uso de la palabra,
difícil es poder añadir algo y, por supuesto, me congracio con lo que ya
puso de relieve el señor Mardones sobre la clara distinción entre los
fondos de cohesión y lo que se persigue con este estatuto, mal llamado
permanente, terminología que en anteriores comparecencias hemos puesto de
manifiesto que no es la adecuada, y prueba de ello es que la palabra
permanente no se usa ni una sola vez en el texto que ha presentado
finalmente el Gobierno, como he indicado, en el marco de la negociación
de la Conferencia Intergubernamental. Aquí lo único permanente que hay es
la lejanía y la insularidad.

Comprendo la inquietud del Senador Segura --entiendo que compartida por
los demás grupos parlamentarios y, desde luego, por el Grupo
Parlamentario Popular-- cuando hace referencia a que en la nueva
redacción de las orientaciones publicadas el 10 de julio de 1996 para la
iniciativa Urban, a diferencia de lo que existió en el año 1994, se ha
suprimido una referencia expresa a que --y leo textualmente-- en lo
concerniente a las regiones ultraperiféricas, las medidas establecidas en
la iniciativa Urban deberán aplicarse prioritariamente en el marco de la
iniciativa comunitaria Regis y dentro de los límites de los recursos
financieros de la misma; indicando, en cambio, que la asignación
procedente de la abstención de Urban podría utilizarse para potenciar las
medidas previstas en los programas nacionales existentes que ya se hayan
seleccionado en el marco de Urban. Pero, como han puesto de manifiesto el
Secretario de Estado y los comparecientes, en estos momentos existen dos
actuaciones de Urban en las islas Canarias --por cierto, sería
conveniente saber el desarrollo de esas iniciativas, puesto que parece
ser, por las referencias que tengo, que no se han llevado a cabo con la
celeridad y la precisión que hubiera sido de desear-- y quiero incidir
sobre lo que ha indicado el señor Secretario de Estado acerca de que en
el programa Regis se abarcan por completo estas otras iniciativas y que
no hay que tener excesiva preocupación porque no se haga esta expresa
referencia en la nueva redacción del Urban del año 1996.

Para no repetirme en relación con lo que han dicho mis antecesores,
quisiera terminar pidiéndole al Secretario de Estado que nos dé su visión
sobre las razones por las que se ha suprimido este párrafo, supresión que
pudiera malinterpretarse, pero yo estoy convencido de que --tal y como se
ha anticipado ya aquí-- no hay que darle mayor importancia.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Muchas gracias, señor Presidente.

Con carácter general, respondería a los Diputados Segura, Mardones y
Soriano que, como canarios, pueden estar tranquilos respecto a la
posición de las regiones ultraperiféricas en general dentro de la Unión
Europea y Canarias en particular. Los signos de todo tipo, no solamente
reglamentario, sino político, que se han hecho evidentes en las
decisiones de la Comisión y del Consejo en los últimos años consagran de
una manera irreversible la preocupación que tiene la Unión Europea por
esas regiones ultraperiféricas.

Para empezar, la misma definición del concepto no ha sido tarea fácil,
porque a la hora de definir la ultraperificidad todo el mundo se cree
lejano y la Unión Europea está llena de islas. Cuando se habla de las
circunstancias de lejanía, de falta de acceso a energía, de mal clima, de
todas estas características, hay montones de islas en la Unión Europea
que tienen esos mismos problemas. El haber podido



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circunscribir esa noción de ultraperificidad únicamente a Ceres, Madeira,
las islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Reunión y Guyana, me parece que
es un triunfo político irreversible, sobre el cual no hay marcha atrás,
que incluso introduce agravios comparativos en nuestro propio país. Y si
no que se los pregunten a los representantes de Ceuta y Melilla. (Un
señor Senador: ¡Sí señor!), que por muchas razones dicen que muchas de
las condiciones de ultraperificidad se dan también en esas dos ciudades,
parte integrante del Estado español.

Por otro lado, programas específicos: definición del Posei.

De otra parte, algo tan absolutamente espectacular como ha sido la lucha
para lograr la Organización Común del Mercado del banano, que es un
interés específico de las ultraperiféricas. Y no es por casualidad que yo
fuera el otro día a Tenerife para demostrar --como han demostrado mis
antecesores en otras muchas ocasiones-- el total compromiso del Gobierno
español en la defensa de un producto agrícola que no concierne más que a
una Comunidad Autónoma, en este caso Canarias, y lo estamos defendiendo
con tanto ahínco y tanta fuerza como si fuera una producción agraria que
afectara a toda la Península y a todas las islas.

Junto a lo anterior, que estemos dando ya el paso último, que es la
consolidación a nivel político de ese concepto, que pase a ser parte del
derecho primario, que haya sido planteado ya dentro de la reforma del
Tratado de la Unión y que constituya, además, una prioridad del Gobierno,
me parece, francamente, que es tocar el cielo con la mano. Lo digo en
serio, aunque sea una expresión coloquial poco propia de un Senado, pero
la verdad es que es así. Yo creo que hay motivos de satisfacción.

Sobre el miedo a que se pierda el concepto de ultraperificidad, señor
Segura, señor Mardones y señor Soriano, pueden estar ustedes bien
tranquilos que ni se ha perdido allí ni se ha perdido aquí.

Por lo que se refiere a la supresión de este párrafo, le diré que en la
generación continua de derechos secundarios en Bruselas muy
frecuentemente hay párrafos que bailan y, verdaderamente, uno no sabe muy
bien por qué. Yo le confieso que nosotros también nos hemos sorprendido
al ver que se había cambiado ese párrafo. Rápidamente hemos querido ver
si había algo detrás. Nos han asegurado que no; que Regis es el paraguas;
que todo se aplica; que no hay ningún problema; que la especificidad de
las ultraperiféricas sigue ahí. Por lo tanto, no hay motivo para la
inquietud. No ha habido ningún rechazo hasta ahora de ningún programa.

Además, yo, como Secretario de Estado, me hago garante de su defensa si
hubiera el más mínimo escollo, a lo mejor, por una omisión de un párrafo,
que yo creo que no tiene mayor trascendencia.

Voy a responder, más concretamente, a la pregunta que ha hecho el señor
Mardones, que tiene enjundia y que alude a por qué los franceses y los
portugueses tienen planteamientos diferentes respecto del procedimiento.

La mención al 189 b) no es buena. A nosotros no nos gusta porque hace que
las decisiones se tomen por codecisión, lo cual complica innecesariamente
la toma de decisiones. No quiero faltarle aquí al respeto al Parlamento
europeo, pero creemos que la codecisión no es para toma de decisiones de
este tipo que son concretas. La codecisión es para los grandes temas de
la Comunidad. Y lo único que hace es complicar las cosas.

Por otra parte, los franceses no saben dónde están porque no saben si
quieren que se aplique la mayoría cualificada o no. Están dudándolo
porque su planteamiento es mucho más complicado y nos va a traer muchos
problemas porque los franceses quieren mezclar las regiones
ultraperiféricas con los territorios de ultramar. Y eso ya es malo porque
es echar, como quien dice, leche al café. Nos quitan la especificidad a
las ultraperiféricas y mezclan unos temas que no se pueden mezclar. En
cuanto entren Papúa, Nueva Guinea y algunas otras de esas islas en el
mismo tarro, estamos perdidos.

Es quizás una de las razones por las cuales nosotros, al final, decidimos
ir por delante con nuestro texto. No queríamos que, por consensuar la
posición con portugueses y franceses, se fuera a devaluar lo que para
nosotros es un concepto clarísimo de lo que debe ser el Estatuto
permanente reflejado en el Tratado de las Regiones Ultraperiféricas.

Además, nos dimos cuenta de que los franceses estaban pidiendo tiempo,
estaban negociando otras cosas, estaban dando largas. A nosotros nos
pareció que no podíamos entrar en ese juego porque se nos iba a devaluar
lo nuestro, por lo cual, porque el que da primero da dos veces, dijimos;
ahí va nuestra propuesta y ustedes digan lo que quieran. Ellos han
presentado lo suyo, pero nuestra propuesta ha sido la primera. Yo tengo
la sensación de que nuestra propuesta, que es sencilla, que es completa,
que comprende un artículo y un protocolo, y que es clara y que todo el
mundo entiende, ha entrado mejor, pese al general escepticismo que tienen
estos temas entre los países que no tienen ultraperiféricas. No se nos
olvide que aquellos que no tienen ultraperiféricas ven esto como un
regalo que se nos va a hacer.

Yo les quiero garantizar a sus señorías, y particularmente a los
canarios, que en esta negociación todo el mundo tiene que pagar por las
cosas y que España tendrá que pagar por sacar la cuestión de las regiones
ultraperiféricas. Estamos dispuestos a pagar el precio que se nos pida,
pero vamos a pagar, eso es evidente. Gratis no vamos a sacar las
ultraperiféricas. Eso está claro. Y no porque a la gente le importe, sino
porque la Conferencia Intergubernamental es un juego de póker. En cuanto
ven que tienes interés por una cosa, inmediatamente te dicen lo que vas a
tener que conceder en un sitio o en otro.

Este es un juego complejo en el que los franceses tienen una posición
procedimental rara y los portugueses, por razones que se me escapan,
quieren hacer jugar más al Parlamento europeo. A nosotros, con todo el
respeto que el Parlamento europeo nos merece, nos parece que usar el
procedimiento de codecisión da pesadez a las decisiones y esto no sería
propio del instrumento que nosotros queremos hacer funcionar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene un minuto, señor Segura. No se extienda más que ya son las ocho
menos diez.




Página 489



El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias.

Señor Presidente, este interviniente ha renunciado a tomar su último
vuelo para Tenerife por la importancia del tema. Me he quedado muy a
gusto en Madrid para conocer y oír personalmente al señor Secretario de
Estado, pues no tenía el honor de conocerle, así como para tener en un
minuto, si el señor Presidente me lo acepta, una intervención, no de
réplica en absoluto, sino para matizar dos conceptos.

Lo primero que quiero matizar es lo siguiente. Me ha satisfecho mucho oír
la intervención del Secretario de Estado y de los portavoces de los
restantes grupos porque, con carácter general, una vez más, se ha hablado
de lo que hemos tratado aquí decenas de veces. Consiguientemente, se
trata de reafirmar un concepto político que está en los «Diarios de
Sesiones». Esto quiere decir que estamos navegando con la misma ruta.

Ahora bien, yo quiero dejar muy claro lo siguiente: que es criterio del
Grupo Parlamentario Socialista, y éste es el punto objeto del debate, y,
además, es un hecho cierto que está recogido en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», que en las iniciativas comunitarias convocadas el
7 de julio pasado no se recoge en absoluto la aplicación del Regis. Es
decir, se amplían todas las iniciativas comunitarias, se pueden acoger a
ellas todos los colectivos pertenecientes a regiones objetivo uno, pero
específicamente el Regis, que para el cuatrienio 1994-1995 contempla un
gasto público total cofinanciado con los fondos estructurales de 252
megaecus, con una ayuda de 214 megaecus, en esta convocatoria del 96 no
experimenta la ampliación ni de un solo ecu. Esa era la preocupación
esencial. Consiguientemente, que quede claro que, en efecto, el programa
Regis, ese paraguas, no aumenta de superficie, si bien aumentan las
restantes iniciativas. Nuestra preocupación, y el debate en este punto,
estaba esencialmente vinculada a las iniciativas.

Le reitero, señor Secretario de Estado, mi deseo de que dentro de unos
meses usted propicie desde otras direcciones generales, desde otros
ministerios, un análisis lo más exhaustivo posible y que se venga a esta
Comisión o a la Comisión que estimen oportuna a comparecer de «motu
proprio» por parte del Gobierno, porque éste es un tema que debe ser
objeto de un análisis más en profundidad.

Gracias a todos y muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

¿Quiere intervenir, señor Secretario de Estado? (Pausa.) Muchas gracias.




--PREGUNTA DE DON JOSE CASTRO RABADAN SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO EN
RELACION CON LA POSIBLE INTRODUCCION DE UNA CLAUSULA DE FLEXIBILIDAD EN
LA REFORMA DEL TRATADO DE MAASTRICHT. (681/000230.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día. Gracias a
la amabilidad del Secretario de Estado, podemos plantear una pregunta
pendiente de don José Castro Rabadán, sobre la valoración del Gobierno en
relación con la posible introducción de una cláusula de flexibilidad en
la reforma del Tratado de Maastricht.

Para plantear la pregunta, tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.




El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, haciendo honor al tiempo que nos queda, voy a
ser breve y conciso, pero creo que mi pregunta tiene una trascendencia
que usted ya apuntó en su primera intervención.

Al parecer, Francia y Alemania se han propuesto dar un golpe de timón
para relanzar la Conferencia Intergubernamental --de la que aquí se ha
dicho que a veces ha entrado en un proceso de «impasse», o de falta de
conocimiento por parte de la opinión pública-- y también, por lo que se
dice en los medios, para relanzar la reforma del Tratado. Así, han
planteado un caballo de batalla --que ha sido objeto de polémica en la
prensa y del que se viene hablando--, que es la cláusula general de
flexibilidad, que según parece permitiría diferentes ritmos o velocidades
en la integración de las políticas europeas a través de cooperaciones
reforzadas entre países.

Por otra parte, el Gobierno alemán, sobre todo --según señalan los medios
de comunicación--, amenaza con la posibilidad de establecer tratados
bilaterales de estabilidad con los países que accedan al euro, si otros
países no ajustan su déficit sin eximentes muy laxas que puedan dar lugar
a que las circunstancias extraordinarias sean la regla general para no
cumplir con esa variable del déficit.

Todo esto está ligado y, por tanto, puede provocar retrasos y posturas
contradictorias en la Unión, así como un posible enfrentamiento con la
tesis de la Comisión, podemos decir que entre Bruselas y Bonn. Entre
ellos está España, que mantiene una postura que creo que no es ajustada a
la que señala Alemania.

Por ello, mi pregunta es la siguiente. Ante la propuesta de Alemania y
Francia de reformar el Tratado de Maastricht para consolidar Europa con
la fórmula de geometrías variables, o de varias velocidades, permitiendo
así adelantarse a los Estados que puedan y deseen ir más lejos y rápidos
en el proceso de la unidad europea, se pregunta qué valoración y postura
mantiene el Gobierno español ante la posible introducción de una cláusula
de flexibilidad en el nuevo Tratado de la Unión Europea que establezca
una cooperación reforzada para conseguir el avance más rápido por los
Estados que cumplan los requisitos establecidos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro.

Tiene la palabra el Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Gracias, señor Presidente.




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Señor Castro, tengo preparada en este documento una sesuda respuesta a su
pregunta, que no tengo inconveniente en enviársela, si usted quiere.

Pero, debido a lo avanzado de la hora y a que, además, creo que éste es
un tema político, me voy a permitir responderle con lo que se me viene a
la memoria sobre la cláusula de flexibilidad.

Para empezar, este planteamiento de la cláusula general de flexibilidad
es algo que se ha plasmado en un documento franco-alemán, pero es una
idea que está flotando desde hace ya años en la Unión Europea. Se habla
de geometrías variables, de ritmos diferenciados de integración, de
diferenciación, y de cooperaciones reforzadas. Y cuando se ha planteado
el tema de la cláusula general de flexibilidad en el Grupo de
representantes personales de los Ministros, la delegación española ha
sido absolutamente terminante al negar este concepto como tal. Lo hemos
combatido con diversos argumentos, en los que luego podremos entrar.

Alguien podrá decir que ha habido un viraje en la delegación española,
pero yo le diré que, aunque así parezca, no lo ha habido. Lo que nosotros
estamos diciendo es que nos negamos a una cláusula general de
flexibilidad, es decir, a una habilitación general para que se cambien
las reglas del juego. Sin embargo, España está totalmente de acuerdo en
hablar de cooperación reforzada, que no es lo mismo.

¿Por qué España está dispuesta a hablar de cooperaciones reforzadas?
Porque, desde hace tiempo, está participando con interés y dedicación en
esa forma de cooperación, tanto dentro, como fuera del Tratado. Fuera del
Tratado, un buen ejemplo es Schengen, en donde somos tan importantes y
tan colaboradores como el que más. En este sentido, creo que ha sido una
excelente experiencia la de España en Schengen. Y dentro del Tratado,
tenemos la Unión Económica y Monetaria, en la que no solamente hubo un
compromiso del país entero y su parlamento al ratificar el Tratado de la
Unión, que abre la vía a una cooperación reforzada dentro del Tratado.

También creo que las últimas medidas adoptadas por este Gobierno --con el
presupuesto que todos conocemos y las manifestaciones públicas a nivel
político, tanto del Gobierno, como de distinguidos miembros de la
oposición que participan en el objetivo de llegar a la Unión Económica y
Monetaria-- muestran que en España hay suficiente apoyo político como
para participar con entusiasmo en cualquier tipo de cooperación
reforzada, siempre y cuando se conozcan las reglas del juego y esté claro
que no hay un directorio de unos, y otro de otros, es decir, unos países
que son de primera, y otros, de segunda.

Después de afirmar que estamos de acuerdo con las cooperaciones
reforzadas, hemos dicho que vamos a analizarlas y hemos dado el sí
claramente a la flexibilidad, pero nunca en todo lo que atañe al mercado
interior, a las cuatro libertades fundamentales del Tratado, al corazón
del acervo comunitario, es decir, al primer pilar, y en todo lo que atañe
a la ciudadanía, porque en esta materia no puede haber cooperación
reforzada de flexibilidad.

Por otro lado, estamos dispuestos a examinar cooperaciones reforzadas
quizá en el segundo y tercer pilar, pero caso por caso, es decir, no con
principios generales de cooperación reforzada, sino con principios
específicos sobre cómo se va a llevar en cada uno de los casos, siempre
con el informe favorable preceptivo de la Comisión y con la intervención
del Tribunal de Justicia, y quizá también --esto todavía está por
decidir, pero cada vez nos inclinamos más, no sólo nosotros, sino otros
muchos-- con la regla del voto a la unanimidad.

El resultado de toda esta reflexión ha sido que aquellos que hablaban tan
alegremente de cláusula general de flexibilidad se están enfriando.

Finalmente, franceses y alemanes han decidido poner un documento encima
de la mesa, que no es más que un documento de trabajo sobre el cual las
mismas delegaciones francesas y alemanas reconocen que hace falta
profundizar. Precisamente el lunes pasado, en la reunión a nivel
ministerial de la Conferencia Intergubernamental, con los Ministros
presentes, hubo más delegaciones con reticencias a la aplicación
generalizada del principio general de flexibilidad, que delegaciones con
entusiasmos desmedidos, como ocurría hace varios meses.

¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que España no se opone a la
cooperación reforzada. Nos parece que esta nueva etapa a la que se va a
abrir la Unión Europea quizá sea bueno que haya cooperaciones reforzadas,
tanto dentro del Tratado, como fuera de él. Puede que en materia de
justicia e interior haya más ejemplos Schengen, y nosotros no tenemos
problemas para que se empiece por la cooperación intergubernamental y
después se vaya comunitarizando. Pero comunitarizar las cosas no es la
panacea total, y la prueba es Schengen. Francamente, creo que el que se
comunitarizara Schengen en estos momentos no sería una gran idea, porque
hay algunos países que no participan en absoluto de los conceptos de
Schengen y harían lo posible por aguar la cohesión interna que existe en
todos estos temas de visados e inmigración.

Por tanto, damos el sí a la cooperación reforzada, pero es muy difícil,
casi imposible, en el primer pilar. En cuanto a la cooperación reforzada
en el segundo y el tercer pilar, estamos a favor, naturalmente, pero con
las modalidades y las reglas claras.

Es, pues, en esto en lo que se va avanzando. Fundamentalmente, en la idea
de que, en principio, estos acuerdos se adopten por unanimidad, que haya
un marco institucional único, que la Comisión dé su opinión favorable, y
que el Tribunal de Justicia pueda intervenir.

Creo que esto no ha hecho más que empezar. La idea, como idea política,
es una gran idea, pero hace falta saber cómo puede ser practicable y cómo
se puede plasmar en los artículos del Tratado. No es casualidad que yo
haya dicho aquí que el Presidente del Consejo Europeo, señor Bruton, ha
excluido este tema del texto que van a presentar en el Consejo de Dublín
II, los días 13 y 14 de diciembre, porque considera que no está ni mucho
menos maduro y no hay ni siquiera un acuerdo total en algunos aspectos
entre Francia y Alemania, porque su documento no es, ni mucho menos,
omnicomprensivo; hay muchas zonas de sombra que son aquellas en las que
ni siquiera están de acuerdo los franceses y alemanes.




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Por lo tanto, éste será un tema del que vamos a tener ocasión de hablar
mucho en el próximo semestre y, a medida que se vaya entrando en materia,
se irán precisando las modalidades de cómo se va a articular, pero tengo
la sensación de que la posición sensata de la Delegación española desde
el primer día, que ha sido con reserva primero y con aceptación después
pero con condiciones, es la opinión que se extiende y se generaliza en
este momento en el seno de la Conferencia Intergubernamental. En
consecuencia, estamos muy contentos de haber abierto una vía, que no ha
sido con un deseo de no cooperar, sino con el deseo de no destruir lo que
ya tenemos, pues ése es el gran riesgo de la flexibilidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Castro.




El señor CASTRO RABADAN: Muy brevemente , señor Presidente.

Gracias por su respuesta, señor Secretario de Estado. Recojo el
ofrecimiento de hacerme llegar el documento que me ofreció al principio
de su intervención, lo que haría con gusto para poder estudiarlo en
profundidad.

En líneas generales, estoy de acuerdo con lo que plantea en cuanto a que
España no permita ninguna fórmula que pueda conducir a varias velocidades
o a una Europa a la carta, que sería negativo para toda la Unión. España,
en política exterior, no puede perder el ritmo y el espacio que venía
teniendo --hacemos votos porque esto sea así-- y el peso en el proceso de
la construcción europea que ha venido demostrando.

Por ello, nuestra postura es la de seguir cooperando activamente en el
proceso europeo para estar en el núcleo de países que forman y formen la
Unión Monetaria, lo que pasa por cumplir con los criterios de
convergencia que tanto nos preocupan en estos momentos después de todos
los debates presupuestarios que hemos seguido. Esperemos que no haya
errores por parte del Gobierno en los planteamientos de cara a Europa y
podamos ayudar y cooperar en la formación de la Unión Monetaria Europea,
consiguiendo los fines que el señor Secretario de Estado ha manifestado.

Por otra parte, y para terminar, debo decir que me parece bien que la
cooperación reforzada tenga unos límites y unos condicionamientos que
encajen dentro de lo que es el espíritu del Tratado y de lo que es la
Unión Europea, evitando distorsiones y privilegios de unos sobre otros,
que retrasaría la marcha de la Unión y al final daría al traste con todo
el trabajo realizado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Agradecemos al señor Secretario de Estado su presencia y su participación
muy activa en esta Comisión, ofreciéndole nuestra cooperación futura.

Se levanta la sesión.




Eran las veinte horas y cinco minutos.