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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 202, de 18/05/1998
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
SECCION CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie A:
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS 18 de mayo de 1998 Núm. 202
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000010 (CD)
652/000003 (S) Enmiendas presentadas al Informe aprobado por la Ponencia
creada en el seno de la Comisión Mixta, no permanente, para establecer la
fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas
Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio
militar obligatorio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Sección Cortes Generales, de las enmiendas presentadas al
Informe aprobado por la Ponencia, creada en el seno de la Comisión Mixta
Congreso de los Diputados-Senado, de carácter no permanente, para
establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización
de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la
prestación del servicio militar obligatorio (núm. expte. 154/000010).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Presidente
del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
El Grupo Parlamentario Coalición Canaria presenta las siguientes
enmiendas al texto aprobado por la Ponencia sobre la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Madrid, 29 de abril de 1998.--Luis Mardones Sevilla, Diputado.--José
Carlos Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA
Al apartado j), punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de
Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De modificación.
Se sustituye la expresión: «serán titulares», por: «son titulares» (el
resto igual).
JUSTIFICACION
En el texto original tomado en consideración por la Ponencia sobre la
profesionalización de las Fuerzas Armadas se inicia en el citado apartado
estableciendo que «los militares profesionales, como ciudadanos de
uniforme, serán titulares de los derechos y libertades establecidos en la
Constitución...», y cuestionando con el tiempo del verbo en futuro
(«serán titulares») el hecho de que en la actualidad esos derechos y
libertades constitucionales no les sean de aplicación. Lógicamente la
vigente Constitución de 1978 «es» de aplicación a todos los ciudadanos en
sus justos términos y sin discriminación alguna, razón por la que debe
considerarse impropio cualquier sentido «futurible» de la misma.
En consecuencia con la obviedad de lo expuesto, el texto del apartado j)
deberá sustituir «serán titulares» por «son titulares», evitando
cualquier duda sobre limitaciones inconstitucionales previas para el
estamento militar.
ENMIENDA NUM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA
Al primer párrafo del apartado k), punto 2.2 (principios generales del
nuevo modelo de Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De supresión del apartado k).
JUSTIFICACION
En el texto original considerado por la Ponencia este apartado k) es
contradictorio con lo expuesto en el apartado j) anterior, ya que si en
éste se establece que los militares profesionales «serán» titulares de
los derechos y libertades constitucionales, en aquél no se puede afirmar
que dicho régimen de derechos «está» ya regulado por Ley. En cualquier
caso esta última afirmación es incorrecta, ya que en la actualidad
existen algunas disposiciones legales de redacción preconstitucional que
prohíben al militar el ejercicio de derechos fundamentales, como sucede
con el artículo 181 de la Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que
les niega el derecho de asociación reconocido por el artículo 22 de la
Constitución.
Al margen de esta contradicción, la invocación en este apartado k) de
principios de «máxima eficacia», «respeto a la dignidad», «derechos
inviolables» ..., resulta obvia y su cita del todo inadecuada.
El Grupo Parlamentario Coalición Canaria, como continuación a las
presentadas con fecha 30 de abril, presenta las siguientes enmiendas al
texto aprobado por la Ponencia sobre la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
Madrid, 7 de mayo de 1998.--Luis Mardones Sevilla, Diputado.--José Carlos
Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Coalición Canaria.
ENMIENDA NUM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 1
Al título del punto 2.1 (necesidad de revisar el actual modelo mixto de
Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
Se sustituye la expresión: «revisar», por: «reformar» (el resto sigue
igual).
JUSTIFICACION
Razones de precisión técnica y de coherencia con el propio objetivo de
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas perseguido por la
Ponencia.
ENMIENDA NUM. 4
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 2
Al apartado c), en su párrafo cuarto, del punto 2.1 (necesidad de revisar
el actual modelo mixto de Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De adición.
Texto propuesto:
«Esa integración en Europa obliga a difundir en el ámbito militar valores
que, sin cuestionar los esencialmente patrióticos y democráticos de cada
Estado, los haga compatibles con una idea de cooperación internacional en
la búsqueda de la paz. En este sentido, desarrollar un concepto de
Fuerzas Armadas al servicio de los valores de la paz, de la solidaridad,
de la democracia y de los derechos y libertades constitucionales
garantiza el compromiso del conjunto de la sociedad y, especialmente, de
la juventud con esas Fuerzas Armadas.»
JUSTIFICACION
Los conceptos subrayados como adición al texto original (el resto del
párrafo cuarto del apartado permanece igual) se incluyen para evitar
cualquier crítica a un posible «déficit democrático» de la versión tomada
en consideración por la Ponencia. Es evidente que si la difusión de
ningún valor ha de cuestionar los esencialmente «patrióticos», tampoco
deberán hacerlo con los esencialmente «democráticos» en los que todos han
de comprenderse. Por otra parte, si en el texto original se citan los
«valores de la paz y de la solidaridad» tampoco existe razón ni
justificación alguna para no incluir en la misma frase los «de la
democracia y los derechos y libertades constitucionales», que son tan
afectos al compromiso global de la sociedad --y en especial de la
juventud-- con las Fuerzas Armadas como los otros.
ENMIENDA NUM. 5
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 3
Al punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas),
en su párrafo cuarto
Tipo de enmienda: De adición.
Texto propuesto:
Al final del párrafo cuarto, añadir el siguiente texto subrayado: «... el
cumplimiento de las misiones que el
Gobierno les encomiende, con el control Parlamentario democrático que
nuestra Constitución señala».
JUSTIFICACION
Razones de precisión técnica y de garantía sobre las atribuciones
parlamentarias establecidas en la Constitución española.
ENMIENDA NUM. 6
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 4
Al apartado b) del punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de
Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
Se sustituye el texto final: «... tendentes a su reducción» del apartado
b), por: «... tendentes a la adecuación del contingente, previa
aprobación por las Cortes Generales».
JUSTIFICACION
En primer lugar es obvio que el «ajuste de efectivos» podría serlo de
forma eventual o excepcional no sólo en términos de «reducción». Por ello
es más correcto remitirlo en efecto a una «adecuación del contingente».
Por otro lado, y por la misma razón expuesta en la enmienda anterior, el
Gobierno habrá de someterse al trámite de aprobación parlamentaria para
efectuar modificaciones que, como el tamaño de los ejércitos, afectan de
forma sustancial a la Defensa Nacional.
ENMIENDA NUM. 7
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 5
Al apartado f) del punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de
Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
«f) Un respaldo económico-presupuestario, estable y suficiente que
permita afrontar los gastos derivados del incremento del número de
militares profesionales, de su formación y adiestramiento permanente y de
los programas de modernización de armamento y equipo, en el marco de los
Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes Generales.»
JUSTIFICACION
Se sustituye el concepto de: «respaldo financiero», por el de: «respaldo
económico-presupuestario» en razón de su mayor precisión técnica y
adecuación al lenguaje asumido en el ámbito normativo. Por el mismo
motivo, y también para no menoscabar las funciones parlamentarias, al
final del texto original se añade: «en el marco de los Presupuestos
Generales del Estado aprobados por las Cortes Generales».
Por otra parte, la alusión en el texto original tomado en consideración
por la Ponencia sólo a un «respaldo financiero», además de ser poco
técnica y extremadamente vaga, podría interpretarse como una opción
«atípica» o no debidamente contemplada en el actual marco presupuestario.
ENMIENDA NUM. 8
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 6
Al apartado j) del punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de
Fuerzas Armadas)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
«j) Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, son
titulares de los derechos y libertades establecidos en la Constitución,
con las específicas restricciones o limitaciones en su ejercicio que
señala la propia Constitución y aquellas que las disposiciones de
desarrollo de la misma contemplen, como respuesta a las exigencias
derivadas de los rasgos esenciales de funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, que se resumen en la necesaria e imprescindible disciplina. Se
deberán buscar vías que faciliten cauces para la presentación de
propuestas, peticiones y reclamaciones en el ámbito militar y, al mismo
tiempo, deberán mejorarse los mecanismos de funcionamiento de la justicia
militar.»
JUSTIFICACION
Correcciones de estilo y precisiones técnicas para no cuestionar, ni por
activa ni por pasiva, los derechos y libertades constitucionales ya
establecidos también obviamente en el ámbito castrense.
ENMIENDA NUM. 9
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 7
Al punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas),
en el texto que sigue al apartado k)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
En el segundo párrafo a partir del apartado k), se sustituye: «... hay
que integrar a los militares...», por: «... hay que potenciar la
integración de los militares en la sociedad de la que forman parte...».
JUSTIFICACION
De nuevo, el texto original de la Ponencia que incorpora la expresión
«hay que integrar», plantea una situación (la posible segregación social
de los militares) a todas luces inexistentes. Resulta obvio que el
estamento castrense ya «está» integrado en la sociedad de la que
efectivamente forma parte y a la que sirve con eficacia y la máxima
dignidad.
ENMIENDA NUM. 10
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 8
Al título del punto 3.1 (compromisos)
Tipo de enmienda: De adición.
Texto propuesto:
«3.1. Compromisos de duración.»
JUSTIFICACION
Razones de precisión y ajuste del titular al contenido que encabeza.
ENMIENDA NUM. 11
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 9
Al apartado c) del punto 3.2 (reclutamiento y formación)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
Al final de este apartado sustituir: «... y adaptadas al mercado», por:
«... y con otras actividades laborales homologables».
JUSTIFICACION
Corrección de estilo y precisión técnica.
ENMIENDA NUM. 12
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 10
Al título del punto 4 (recursos financieros)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
«4. Recursos económico-presupuestarios.»
JUSTIFICACION
Razones de coherencia con la enmienda anterior número 5 y en base a su
misma justificación.
ENMIENDA NUM. 13
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 11
Al apartado d) del punto 5 (período transitorio)
Tipo de enmienda: De modificación.
Texto propuesto:
«d) La legislación reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria y su aplicación se ajustarán a la
evolución del servicio militar en su período transitorio.»
JUSTIFICACION
Como corrección de estilo y para mayor precisión técnica, se sustituye:
«... irán ajustando», por: «... ajustarán»,
y al final del texto se añade: «... en su período transitorio».
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa a fin de presentar las siguientes enmiendas al texto aprobado
por la Ponencia establecida en el seno de la Comisión Mixta para la
profesionalización de la Fuerzas Armadas, de carácter no permanente, para
establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización
de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la
prestación del servicio militar obligatorio (núm. expte. 154/000010).
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.
ENMIENDA NUM. 14
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2 (principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas),
página 11
En el párrafo 1.º añadir después de: «estabilidad internacional», «bien
para garantizar el respeto a los derechos humanos».
MOTIVACION
Mejora del texto.
ENMIENDA NUM. 15
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2
Sustitución del apartado b) página 12:
«Una entidad con unos efectivos totales en torno a 140.000 militares
profesionales. En función de las misiones a cumplir y las características
de las plantillas, se revisará la tasa de encuadramiento entre soldados y
marineros y cuadros y la tasa entre oficiales y suboficiales.»
MOTIVACION
Necesidad de dotar a las FAS de un número de efectivos totales más acorde
con la naturaleza de un proceso de profesionalización.
ENMIENDA NUM. 16
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2, apartado f), página 12
Añadir después de «estable y suficiente»:
«Coherente con la evolución presupuestaria y las exigencias de
financiación de las necesidades sociales y prioritarias.»
MOTIVACION
Asegurar que el proceso de profesionalización no lesione otros gastos de
interés social.
ENMIENDA NUM. 17
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2, apartado g), página 13
Sustitución del párrafo g):
«Criterios acordes con las doctrinas de Acción Conjunta y de Estructura
Operativa Conjunta que garantice la coordinación y eficacia en el
desempeño de los cometidos de las Fuerzas Armadas.»
MOTIVACION
Mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 18
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2, apartado h), página 13
Añadir después de: «procedimientos administrativos»: «y de gestión.»
Añadir después de: «mayor eficacia en la gestión»: «y en la optimización
de los recursos humanos y económicos asignados».
MOTIVACION
Mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 19
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2, apartado i), página 13
Añadir al final:
«En este sentido el Gobierno presentará en el plazo de un año las
propuestas organizativas cuantificadas económicamente, con objetivos de
recursos humanos y materiales, y las propuestas legislativas
correspondientes.»
MOTIVACION
Necesidad de prever y organizar un sistema de reserva y movilización
acorde con el nuevo modelo de profesionalización.
ENMIENDA NUM. 20
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2, página 13
Añadir un apartado de nueva creación entre el apartado i) y f):
«El desarrollo y adecuación a la completa profesionalización de los
procedimientos de gestión de personal y de estilo de mando.»
MOTIVACION
Nuevas exigencias en la gestión y en el ejercicio del mando derivadas de
la implantación del nuevo modelo.
ENMIENDA NUM. 21
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 2.2, 2.º párrafo, página 14
Añadir al final del 2.º párrafo:
«En este sentido, al finalizar cada año, el Gobierno presentará para su
debate en la Comisión de Defensa un informe sobre el cumplimiento del
proceso de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas y
sobre los objetivos fijados para el año siguiente.»
MOTIVACION
Necesidad de hacer un seguimiento periódico del desarrollo del proceso de
profesionalización.
ENMIENDA NUM. 22
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 3.2, página 16
Añadir al final un apartado e):
«e) De acuerdo con el proceso de adecuación del número de oficiales y
suboficiales, se determinará el número de plazas para la convocatoria de
las academias, para evitar desajustes entre las plantillas y la cantidad
de aspirantes.»
MOTIVACION
Necesidad de coordinar el desarrollo de la profesionalización con el
acceso del militar profesional a través de las academias respectivas.
ENMIENDA NUM. 23
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 4. Recursos financieros, página 17
De sustitución.
Sustituir los párrafo 3 y 4 por:
«Todo ello requiere la aplicación de la financiación precisa para
asegurar el proceso de profesionalización efectiva en el plazo previsto.
El Gobierno incluirá en el escenario macroeconómico de los próximos
ejercicios las previsiones del planteamiento del proceso de modernización
de las FAS, definiendo programas plurianuales realistas para garantizar
un notable grado de seguridad en su cumplimiento, así como la fijación de
prioridades para adecuar la programación a los recursos presupuestarios
disponibles. En dicho escenario, el Gobierno establecerá una progresiva
adecuación entre los gastos de profesionalización y los de
modernización.»
MOTIVACION
Asegurar los recursos precisos para el cumplimiento de la
profesionalización. Establecer prioridades y un marco temporal flexible
para los gastos de modernización.
ENMIENDA NUM. 24
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al punto 5. Período transitorio, página 18
Sustitución de los apartados b) y c) por:
«El Gobierno establecerá el procedimiento y las previsiones oportunas que
aseguren que el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio concluirá
no más tarde del 31 de diciembre del año 2000, sin perjuicio de completar
el proceso de profesionalización en la fecha prevista en el párrafo
segundo.»
MOTIVACION
Necesidad de poner fin al Servicio Militar Obligatorio en el año 2000, en
coherencia con la demanda social al respecto, evitando los traumas y
desajustes de una transición larga y posibilitando que el proceso de
profesionalización pueda completarse en los 2 años posteriores.
ENMIENDA NUM. 25
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Enmiendas del Partido Nacionalista Vasco al texto final de la Ponencia de
la Comisión Mixta
para la profesionalización de las Fuerzas Armadas
Primero. Respecto del contingente previsto intuimos un cierto continuismo
en los criterios técnicos utilizados para la estimación de la horquilla a
la que nos referimos. Su prácticamente mínima desviación del modelo FAS
2000 y una constante referencia a la ratio militar/habitante que existe
en nuestro entorno europeo, nos lleva a pensar en la necesidad de una
revisión, dado que la previsión estimada de 170.000 efectivos nos parece,
en principio, excesiva.
Entendemos que el plan debería diseñarse a partir de un número mínimo
imprescindible que, constituyendo un punto de partida, nos permitirá
alcanzar y completar sin sobresaltos y sorpresas el contingente previsto
para ese primer estadio del proceso. No debemos olvidar que un fracaso a
la hora de completar la primera oferta de plazas puede condicionar
seriamente todo el conjunto. Es por ello preferible, bajo nuestro punto
de vista, no errar en esta primera aproximación que, en consecuencia, es
preferible que sea estimada a la baja, entre 80 a 90.000 efectivos.
Todo lo contrario sucede con la estimación del contingente máximo
previsto o deseable cuya tasación es, entendemos, técnicamente más
sencilla, aunque sometida a imponderable ajenos al método utilizado, como
puede ser entre otros el presupuestario. Por ello sería deseable que la
horquilla fijada de máximos y mínimos, lejos de constituir un coto
cerrado se definiera como un proceso sometido a desarrollos de
aceleración o desaceleración según las diversas circunstancias del
momento.
En este sentido debemos añadir que, aprobado por el Parlamento como así
resultará, la variable a la que nos estamos refiriendo, es obvio que
corresponde a ese mismo Parlamento fijar un contingente concreto para un
período dado, y periódico, que convendría, igualmente, precisar.
Entendemos que la definición de dicho contingente debería, en todo caso,
ser estimado por el Ministerio de Defensa y, en consecuencia, plasmarse
en una ley de plantillas que tras su aprobación por el Parlamento
determinaría para cada período el número de tropa de las Fuerzas Armadas
españolas. En principio entenderíamos factible que dicha ley tuviera una
periodicidad quinquenal.
En consecuencia, enmendamos el apartado 2.2.b), proponiendo el siguiente
texto:
«La entidad con unos efectivos máximos de 170.000 militares profesionales
se determinará por períodos quinquenales por una ley de plantillas. En
función de la evolución del proceso de evolución de los ejércitos y de
racionalización de sus estructuras orgánicas, el Gobierno, dentro del
planeamiento de la defensa militar, efectuará los correspondientes
ajustes tendentes a su reducción.
El contingente inicial de las Fuerzas Armadas se determinará por Ley en
un plazo no superior a un año.»
ENMIENDA NUM. 26
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Segundo. La fecha prevista para la culminación del proceso de
profesionalización debería, a nuestro juicio, entenderse como
irrenunciable, es decir, momento a partir del cual en modo alguno
pervivirá el Servicio Militar Obligatorio. En consecuencia, a diferencia
del contingente, esta fecha será en todo caso revisable a la baja, con el
compromiso político que lo será vistos de los primeros resultados del
proceso de profesionalización y, en concreto, da respuesta a la oferta de
empleo que se genere.
De ahí que consideremos necesario una expresa intervención parlamentaria
para que, en definitiva, la reducción del plazo que todos deseamos y que
también es una reclamación social, sea decidida de forma racional y no
perjudicial para el completo desarrollo del proyecto por los legítimos
representantes de la soberanía popular, quienes también han decidido la
supresión del actual modelo y el nacimiento del venidero.
Reclamamos, por tanto, la necesidad de residenciar la decisión del
mantenimiento o reducción de dicho plazo en el Parlamento, quien
dispondrá, al igual que para el resto de las cuestiones como puede ser el
propio contingente para cada momento, de cuantos datos precise para una
correcta decisión.
En consecuencia, se propone que el párrafo segundo del apartado 5.º del
Informe de referencia, quede redactado en los siguientes términos:
«La Comisión... sea lo más breve posible. A estos efectos, el Parlamento
dispondrá anualmente de cuantos datos precise para una correcta
evaluación y, en su caso, disminución del período transitorio previsto
que, en todo caso, deberá estar terminado en su conjunto no más tarde del
31 de diciembre del año 2002.»
ENMIENDA NUM. 27
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Tercero. Es conocida la discrepancia que mantenemos en relación al papel
de los Ayuntamientos en el procedimiento de reclutamiento de mozos para
el Servicio Militar.
Si bien desde el derecho y básicamente desde la distribución de poderes
que dibuja el artículo 137 CE podría argumentarse, aunque no con la
suficiente unanimidad, la falta de competencia de la Administración Local
en esta materia, es preciso reconocer que estamos ante un asunto
eminentemente político que requiere un acuerdo de igual naturaleza.
Es indudable que el derecho, al igual que la política, han de servir,
entre otras cosas, para pacificar situaciones dadas y este problema
genera graves circunstancias a las que debemos buscar soluciones que
aporten racionalidad y normalización al sistema.
Por ello proponemos la adición en el apartado 3.2 de un nuevo apartado a)
con la siguiente redacción:
«a) A partir de la aprobación de la presente Ley todas las funciones
relativas al reclutamiento de la tropa se realizarán por el Ministerio de
Defensa a través de sus propias Delegaciones. Durante el período
transitorio, el Ministerio de Defensa y las Corporaciones Municipales
podrán, previa aprobación de sus Plenos, convenir acuerdos de
colaboración en la materia.»
ENMIENDA NUM. 28
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula el
siguiente texto alternativo al Informe aprobado por la Ponencia, creada
en el seno de la Comisión Mixta, no permanente, para establecer la
formula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas
Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del Servicio
Militar Obligatorio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1998.--Willy Enrique
Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD
El fin de la política de bloques iniciada con la desaparición del Pacto
de Varsovia, la unificación alemana y la democratización de los países
del Este de Europa, ha abierto un debate en el mundo en relación con el
modelo de seguridad con relación a la nueva situación internacional.
Modelo de continuidad: Disuasión militar
De una parte se pretende optar por un modelo de seguridad continuista que
hace de la disuasión militar el eje fundamental de la seguridad con todo
lo que esto significa: gasto militar considerable, sistemas de armas de
destrucción masiva, programas costosísimos de I+D y apuesta por la
industria militar.
Esta opción defendida por los EE. UU. pretende la hegemonía militar y
política de su zona de influencia
(países OTAN) en un momento donde su hegemonía económica no está
garantizada y el proceso de generalización del modelo neoliberal está
produciendo un desmantelamiento del Estado de Bienestar en los países
desarrollados con un aumento de las cifras del paro en proporciones
desconocidas.
La generalización de estrategias neocoloniales constriñe el crecimiento
del Tercer Mundo, amplía la miserabilización de amplios sectores de
población en los países desarrollados y masifica la ola de pobreza que
atenaza desde el comienzo de la década a más de 800 millones de personas.
La distancia entre población y recursos --un 20% se apropia del 83% de
los recursos-- alimenta el estallido de decenas de guerras locales de
trágico saldo y en la que las responsabilidades de quienes detentan
poder, dinero y armas son cada día más evidentes.
Este modelo continuista sólo persigue la garantía de dominio de sus
valores económicos, políticos y culturales sobre el resto del mundo.
Para ello, la continuidad de la OTAN significaba una garantía de
intervención en un mundo cambiante y exigente de nuevas soluciones que
acaben con la desigualdad, la marginación y la pobreza.
4,5 millones de soldados con un gasto anual de 456.000 millones de
dólares, el equivalente a más del 57% de todo el gasto militar en el
mundo es lo que necesita la OTAN para perpetuar ese modelo de disuasión
militar.
Modelo alternativo: Desmilitarizar la seguridad
De otra parte, se comienza a reivindicar la necesidad de construir otro
modelo de seguridad, basado en la desmilitarización, un modelo rupturista
con el existente que establece un período de transición, el transarme,
hasta alcanzar un mundo desarmado y desmilitarizado.
El mejor país «transarmado» sería aquel con un alto grado de
invulnerabilidad y dotado de armas defensivas.
Al concepto de Seguridad Compartida del informe Palme de los 80 que
defendía un proceso pragmático que permitirá llegar a una situación de
«punto cero» de desarme, hay que añadir el expuesto por Naciones Unidas
en su Informe sobre el Desarrollo Humano:
... «el concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha
durante demasiado tiempo: En cuanto a seguridad del territorio contra la
agresión externa, o como protección de los intereses nacionales en
política exterior o como seguridad mundial frente a la amenaza del
holocausto nuclear. La seguridad se ha relacionado más con el
Estado-Nación que con la gente. Se dejaban de lado las preocupaciones
legítimas de la gente común que procuraba tener seguridad en la vida
cotidiana. Para muchos la seguridad simboliza la protección contra la
amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, la
represión política y los riesgos del medio ambiente.
En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, en
una enfermedad que no se difunde, en un empleo que no se elimina, en una
tensión étnica que no explota en violencia, en un disidente que no es
silenciado.
La seguridad humana no es la preocupación por las armas. Es una
preocupación por la vida y por la dignidad humana...».
Este concepto integrador de «seguridad humana» reconoce el carácter
universal de las reivindicaciones vitales de los seres humanos y demanda
acciones enérgicas orientadas a resolver la raíz de los problemas que
originan inseguridad: El hambre, la desigualdad, el paro, la falta de
protección social, la miseria y la muerte por enfermedad.
El transarme, ese período de transición hacia el desarme y la
desmilitarización, supone un ahorro de miles de millones de dólares
anuales susceptibles de emplear tanto en programas de ayuda al Tercer
Mundo como de sostener las conquistas sociales en los países
desarrollados.
Ese dinero permitiría actuar directamente sobre la realidad:
* Todos los años mueren de hambre en el mundo más de 40 millones de
personas, esta cifra equivale a más de 300 accidentes del avión «Jumbo»
al día, sin ningún superviviente, en donde la mitad de los pasajeros
fueran niños.
* El 34% de la población del Sur no come carne, ni pescado, ni huevos;
beben agua no potable; viven en chabolas; no tienen zapatos ni ropa para
cambiarse y se desplazan a pie.
* En el Sur mueren cada semana 250.000 niños/as por enfermedades
fácilmente curables.
* Los índices de desempleo de los países desarrollados y el
desmantelamiento del estado social retrotraen a estas sociedades a 40
años atrás.
Este modelo alternativo de seguridad defiende la construcción de un Nuevo
Orden Internacional Democrático que se basa en los siguientes rasgos
principales:
* La multipolaridad.
* Regirse por un derecho internacional ajustado a los tiempos, cuya
conformación se base también en las diversas realidades de los pueblos, y
caminar hacia la gestión de los problemas desde el concepto político de
«Gobierno Mundial».
* Posibilitar que ese «Gobierno Mundial» sea ejercido desde un plano de
igualdad, por todos los actores de la realidad internacional a través de
una profunda transformación, democratización y reforzamiento de
instancias como la Organización de las Naciones Unidas, así como la
sustitución de otras como la OMC, el FMI y el Banco Mundial por
estructuras orientadas hacia políticas de cooperación, desarrollo,
solidaridad y progreso.
* La destrucción ecológica de todo el sistema de armas de destrucción
masiva (nuclear y bioquímico).
* La promoción de la democracia y la justicia social y el pleno respeto
de los derechos humanos integralmente considerados
* La solución política y negociada de los conflictos regionales, a través
de la aplicación de todo tipo de medidas de diplomacia preventiva, con
renuncia expresa a la guerra para la solución de conflictos
internacionales.
* La protección de la convivencia multicultural multiétnica.
* La defensa y preservación del medio ambiente.
Ejército reducido como opción de política exterior y de defensa
Un Ejército reducido es la opción de política exterior que necesita
España tanto por las reducidas amenazas exteriores como por la
extraordinaria situación geoestratégica que demanda dar confianza hacia
Africa y el Mediterráneo.
Ese ejército «transarmado» sería la apuesta de ese nuevo modelo de
seguridad que requerirá la progresiva disminución de los ejércitos
nacionales a favor de contingentes armados internacionales bajo mando de
las Naciones Unidas democratizadas, hasta la práctica desaparición de los
ejércitos nacionales.
Defensa alternativa
La defensa alternativa para España tendría las siguientes
características:
-- Exigencia de la desnuclearización.
-- No provocación.
-- No amenazante.
-- No participación en alianzas militares.
-- Desestimular el rearme.
-- Eficacia.
-- Reducir la cultura militarista.
-- Contribuir a la seguridad internacional.
-- Conversión de programas industriales militares a civiles.
-- Conversión programas de I+D militares a civiles.
Esta política de defensa debe prescindir de todo tipo de armamento y
sistemas de armas que tengan una capacidad ofensiva.
Los sistemas de armas más adecuados serán aquellos que no puedan amenazar
a ningún país vecino y puedan ser útiles, sin embargo, para la defensa
del propio país.
Modelo de Fuerzas Armadas alternativas
Volumen de efectivos
En 1997 la cifra de militares profesionales, sin contar oficiales y
suboficiales, es de 37.500 efectivos, las plazas ofertadas para 1998, sin
tener en cuenta reposición de puestos ya existentes, es de 12.500, lo que
daría una cifra a finales de 1998 de 50.000 plazas profesionales. A este
ritmo, la profesionalización total del Ejército no se alcanzaría hasta el
año 2003 para un volumen total de efectivos previstos por el Gobierno de
170.000.
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas españolas actualmente están
formadas por 212.000 efectivos de los cuales 50.000 son oficiales y
suboficiales resulta evidente que la reducción a 170.000 efectivos
prevista por el Gobierno, no supone bajo ningún punto de vista una
racionalización del modelo de Fuerzas Armadas españolas ya que se
mantiene el sobredimensionamiento de personal, de medios y de costes
económicos para la defensa de nuestro país.
Nuestro modelo de Fuerzas Armadas consistiría en 90.000 o 100.000
efectivos, cifra que se alcanzaría en el año 2000.
Distribución de efectivos
El ratio o tasa de encuadramiento actual entre oficiales y suboficiales y
la tropa es de 4,24, es decir un 23% de los efectivos son mandos.
Un ejército de 90.000 efectivos con un 23% de oficiales y suboficiales
supondría 21.200 mandos con un ratio de un mando por cada 4 soldados,
sobre un total de 68.800 soldados profesionales.
Un ejército de 100.000 efectivos tendría 23.500 oficiales y suboficiales
y un total de 76.500 soldados profesionales.
Uno de los problemas históricos más graves que presentan nuestras Fuerzas
Armadas es la excesiva acumulación de mandos en los empleos superiores
como consecuencia de su promoción al empleo superior con criterios de
antigüedad, con lo cual resulta evidente la necesidad de modificar ese
ratio para el futuro ejército profesional.
Los modelos presentados por el Gobierno y adelantados por los demás
grupos políticos tienen dos notas comunes de las cuales se aparta nuestro
modelo:
* Mantienen el número de mandos en 50.000 efectivos.
* Sobredimensionan nuestras Fuerzas Armadas para cumplir con las
necesidades de la OTAN, no con las de nuestro país.
Ambas premisas conducen a que para mantener en activo a 50.000 mandos, y
no llegar a tasas de encuadramiento ridículas (unas Fuerzas Armadas de
100.000 efectivos, daría un mando por cada soldado) haya que añadir más y
más soldados para maquillarlo (y ni así se consigue, en el modelo del
Gobierno, con 170.000 efectivos, hay 2,4 soldados por cada mando) y a
mantener unas Fuerzas Armadas que sirvan de carne de cañón para los
planes de los generales norteamericanos que ejercen el mando supremo de
la OTAN.
Modelo de carrera profesional
El modelo actual supone tres modalidades de ingreso (tropa, suboficiales
y oficiales) con sus respectivas escalas, lo que produce problemas de
integración de las mismas y la existencia de numerosos agravios
comparativos.
En nuestro modelo el sistema de acceso a la profesión militar se
desarrollaría mediante dos vías de acceso, una para tropa y otra para
mandos:
Acceso a tropa:
Para las escalas no especialistas: exigencia del graduado escolar o
certificado de escolaridad y superación de pruebas psicofísicas y
culturales.
Para las escalas especialistas: los mismos requisitos, siendo de
valoración preferente los que aportaran titulaciones de formación
profesional o enseñanza superior afines a la especialidad.
Acceso a mandos:
Para las escalas no especialistas: exigencia de selectividad aprobada y
superación de pruebas psicofísicas y culturales.
Para las escalas especialistas: los mismos requisitos, siendo de
valoración preferente los que aportaran titulaciones de enseñanza
superior afines a la especialidad.
Una vez realizado el acceso y superados los procesos de formación el
desarrollo de la carrera militar sería el siguiente:
Personal que accedió en el procedimiento para tropa:
Su carrera militar se desarrolla desde el empleo de soldado hasta el del
máximo que se establezca para las clases de tropa. La tropa podrá acceder
a la carrera de mandos superando los requisitos establecidos para acceder
a ésta (exigencia de selectividad aprobada y superación de pruebas
psicofísicas y culturales). Manteniendo las figuras de compromiso corto
(un año) y largo (tres años renovables), se condicionaría el ascenso
dentro la tropa, mediante la superación de pruebas técnicas relativas al
desempeño del empleo y la posesión de cursos de formación valorados según
un criterio de puntos (un símil con el concurso-oposición).
Personal que accedió en el procedimiento para mandos:
Su carrera militar se desarrolla desde el empleo de sargento hasta el de
teniente general. Se condicionaría el ascenso, mediante la superación de
pruebas técnicas relativas al desempeño del empleo superior y la posesión
de cursos de formación valorados según un criterio de puntos (un símil
con el concurso-oposición).
Especial referencia a la carrera profesional de la tropa
Sería conveniente la incorporación de nuevos empleos de tropa, a
semejanza de los existentes en otros países, donde los empleos de las
clases de tropa son más numerosas y permiten el desarrollo de una
carrera.
Especial referencia a la carrera profesional de los mandos
No existen razones objetivas que impongan dos modelos de carrera, uno
para suboficiales y otro para oficiales, y lo lógico es diseñar un
sistema que en igualdad de méritos de acceso permita el desarrollo de la
carrera en base a la superación de pruebas de aptitud y aportación de
méritos. Desaparece así el ascenso por antigüedad, y el tiempo de
permanencia en un empleo se sustituye por méritos de capacidad y aptitud
para acceder al superior. Podría asimismo establecerse un sistema por el
cual, de no producirse la superación de las pruebas para acceder al
empleo superior en un determinado período de tiempo, se estableciera la
obligatoriedad de abandonar las Fuerzas Armadas con el objeto de evitar
la acumulación de mandos de difícil colocación en destino, problema que
actualmente se agudiza en los oficiales superiores, evidentemente la
adopción de esta medida supondría revisar la condición de funcionario de
los militares profesionales. Con este modelo, la misma posibilidad tiene
de alcanzar el generalato un profesional con ingreso en tropa que en
mando, y las mismas oportunidades tienen todos los ingresados como mando,
puesto que todos han de superar los mismos requisitos objetivos.
Período de transición
La incorporación anual de 9.400 nuevas plazas anuales en 1999 y en el
2000 o de 13.250 plazas anuales en el mismo período, supondría la
profesionalización total del Ejército en el año 2000, cuando se
alcanzaría la cifra de 68.800 (para unas Fuerzas Armadas de 90.000
efectivos) o de 76.500 (para unas Fuerzas Armadas de 100.000 efectivos)
debiéndose reducir anualmente hasta esa fecha un total de 28.800
oficiales y suboficiales (para unas Fuerzas Armadas de 90.000 efectivos)
o de 26.500 (para unas Fuerzas Armadas de 100.000 efectivos). Todo ello,
en el supuesto de mantener la tasa de encuadramiento en el 1 a 4 si bien
ésta debería aumentar hasta al menos 1 a 6.
De este modo para una dimensión de 90.000 la asignación de efectivos
sería la siguiente:
A fines de 1998 el número de efectivos profesionales de tropa sería de
50.000 (según previsión y oferta de plazas establecida por el Gobierno).
Por ello en 1999 se ofertarían 9.400 plazas profesionales, de reemplazo
se necesitarían 12.553 plazas, teniendo en cuenta una duración de nueve
meses, con lo que hasta junio del año 2000 cumplirían su servicio militar
los últimos soldados de remplazo, y en esa fecha ya se habrían
incorporado los últimos 9.400 profesionales y la plantilla estaría
completa, y lograda la profesionalización.
Para una dimensión de 90.000 la asignación de efectivos sería la
siguiente:
A fines de 1998 el número de efectivos profesionales de tropa sería de
50.000 (según previsión y oferta de plazas establecida por el Gobierno).
Por ello en 1999 se ofertarían 13.250 plazas profesionales, de reemplazo
se necesitarían 17.666 plazas, teniendo en cuenta una duración de nueve
meses, con lo que hasta junio del año 2000 cumplirían su servicio militar
los últimos soldados de remplazo, y en esa fecha ya se habrían
incorporado los últimos 13.250 profesionales y la plantilla estaría
completa, y lograda la profesionalización.
Coste del modelo profesional definitivo
Con el modelo del Gobierno, el gasto calculado a 1,5 millones por plaza
(el Gobierno habla de 1,5 que sumado a otros gastos asociados se aproxima
a 1,9) para sus 170.000 efectivos sería de 255.000 millones. Si tenemos
en cuenta que el personal de reserva transitoria conserva su sueldo, para
nuestro modelo sería:
Para 90.000 efectivos:
(68.800 efectivos de tropa + 21.200 mandos + 28.800 mandos pasados a
reserva transitoria) x 1,5 = 177.000 millones.
Para 100.000 efectivos:
(76.500 efectivos de tropa + 23.500 mandos + 26.500 mandos pasados a
reserva transitoria) x 1,5 = 189.750 millones.
Medidas para incentivar el alistamiento
Estas medidas deben basarse en una retribución adecuada, en una formación
no sólo militar, sino que contenga cursos de formación profesional y
especialización
(idiomas, informática, etcétera) que favorezca la inclusión en el mercado
laboral civil, y en la perspectiva de poder desarrollar una carrera
militar hasta el máximo empleo, basada en el mérito y la capacidad y sin
consideraciones de antigüedad.
Se debe excluir toda medida que suponga agravios comparativos entre
ciudadanos, es decir, para ser funcionario no debe ser una ventaja haber
realizado el servicio militar, ¿o es que las personas que realizan
labores de voluntariado social con enfermos contagiosos, disminuidos
físicos o psíquicos aportan menos a nuestra sociedad que los militares
profesionales?, asimismo la objeción de conciencia puede plantearse no a
al mero uso de las armas, sino al empleo que se dé a las mismas, no es lo
mismo para todos los ciudadanos el empleo del arma militar que el empleo
que realiza un agente del orden público.
Política de medios de defensa
La mejor política de defensa se basa en los principios de solidaridad,
negociación y cooperación, evitando que se presenten situaciones de
tensión, pero si pese a todo ello se produce un conflicto armado,
nuestras Fuerzas Armadas deben estar orientadas a desarrollar su
actuación en dos aspectos.
-- Actuaciones en el marco de fuerzas internacionales dentro de los
mandatos de las Naciones Unidas:
España necesita una fuerza de intervención a nivel de brigada, equipada
específicamente para desarrollar esta labor, que debe disponer de una
logística especializada y exige un esfuerzo en la dotación de medios de
comunicación y transporte tanto aéreo como terrestre. Asimismo, esta
unidad debe recibir formación específica sobre la forma de actuación
dentro de los mandatos internacionales.
-- Defensa del territorio nacional:
Es necesaria una política de inversiones en sistemas de armas que
permitan poner al territorio nacional a salvo de las armas de otras
naciones, y se debe intensificar la adquisición de sistemas de alerta
temprana.
La política de defensa
La política de defensa en nuestro país se sostiene sobre dos pilares
constitucionales, el artículo 97 da competencia al Gobierno para dirigir
la Administración Militar y la defensa del Estado, y el artículo 63 da
competencia al Rey para declarar la guerra previa autorización de las
Cortes Generales.
En la actualidad, el Gobierno dirige en exclusiva la defensa nacional,
limitándose a informar al Parlamento cuando lo estima oportuno o cuando
éste lo solicita, con lo cual está limitada la participación y la
inmediatez, lo cual no es lógico en un país democráticamente avanzado
donde el Parlamento es el máximo representante de la voluntad popular.
Por ello es necesario llevar a cabo un desarrollo legislativo que permita
la participación inmediata de los Diputados designados, en la gestión de
la defensa nacional, pues la Constitución vigente habla de dirigir por el
Gobierno pero no habla de en exclusiva, ni le otorga todas las
competencias, resulta claro que si las Cortes Generales autorizan la
declaración de guerra, tienen que tener un criterio suficientemente
formado en la materia, ya que se trata de una cuestión muy grave y que
por la propia urgencia de la necesidad de defensa no permite que se
solvente en un mero debate, sino que la situación estratégica, la
disponibilidad de nuestras Fuerzas Armadas, su despliegue y el marco y
planes de su actuación deben ser conocidos del Parlamento con
anterioridad, todo ello dentro del marco de la debida confidencialidad.
Por ello debería crearse un órgano con participación parlamentaria que
permitiera la discusión de la gestión de la defensa nacional sin
perjuicio de la competencia de dirección del Gobierno, de modo que éste
no fuera el único en comprometer la política de defensa del Estado.
Medidas transitorias a desarrollar hasta la plena profesionalización
-- Modificaciones legislativas para igualar el tiempo de prestación del
servicio militar y el tiempo de duración de la prestación social
sustitutoria, hasta el momento de la plena profesionalización.
-- Modificaciones legislativas que permitieran una mayor flexibilidad en
los destinos y contenidos de la prestación social sustitutoria.
-- Despenalización inmediata de la insumisión y medidas de indulto para
aquellos que cumplen condena por dicha causa.
Medidas a desarrollar como consecuencia de la plena profesionalización
-- Modificaciones legislativas que permitieran la libre sindicación de
los profesionales de las Fuerzas Armadas y la realización de
reclamaciones laborales y defensa de sus intereses profesionales.
-- Medidas legislativas para el ejercicio del derecho de objeción de
conciencia en tiempo de guerra.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan
las siguientes enmiendas al Informe aprobado por la Ponencia, creada en
el seno de la Comisión Mixta, no permanente, para establecer la fórmula y
plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas,
lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar
obligatorio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1998.--Willy Enrique
Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
ENMIENDA NUM. 29
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
ENMIENDA
Al apartado 1, punto 1.1
De modificación.
Se sustituye el texto del apartado por el siguiente:
«El fin de la política de bloques iniciada con la desaparición del Pacto
de Varsovia, la unificación alemana y la democratización de los países
del Este de Europa, ha tenido un debate en el mundo con el modelo de
seguridad con relación a la nueva situación internacional.
Optar por un modelo de seguridad continuista hace de la disuasión militar
el eje fundamental de la seguridad con todo lo que esto significa: gasto
militar considerable, sistemas de armas de destrucción masiva, programas
costosísimos de I+D y apuesta por la industria militar.
Esta opción defendida por los EE. UU. pretende la hegemonía militar y
política de su zona de influencia (países OTAN) en un momento donde su
hegemonía económica no está garantizada y el proceso de generalización
del modelo neoliberal está produciendo un desmantelamiento del Estado de
Bienestar en los países desarrollados con un aumento de las cifras del
paro en proporciones desconocidas.
La generalización de estrategias neocoloniales constriñe el crecimiento
del Tercer Mundo, amplía la miserabilización de amplios sectores de
población en los países desarrollados y masifica la ola de pobreza que
atenaza desde el comienzo de la década a más de 800 millones de personas.
La distancia entre población y recursos --un 20% se apropia del 83% de
los recursos-- alimenta el estallido de decenas de guerras locales de
trágico saldo y en las responsabilidades de quienes detentan poder,
dinero y armas son cada día más evidentes.
Este modelo continuista solo persigue la garantía de dominio de sus
valores económicos, políticos y culturales sobre el resto del mundo.
Para ello, la continuidad de la OTAN significaba una garantía de
intervención en un mundo cambiante y exigente de nuevas soluciones que
acaben con la desigualdad, la marginación y la pobreza.
4,5 millones de soldados con un gasto anual de 456.000 millones de
dólares, el equivalente a más del 57% de todo el gasto militar en el
mundo es lo que necesita la OTAN para perpetuar ese modelo de disuasión
militar.»
ENMIENDA NUM. 30
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
ENMIENDA
Al apartado 1, punto 1.2
De modificación.
Se sustituye el texto del apartado por el siguiente:
Modelo alternativo: Desmilitarizar la seguridad
De otra parte, se comienza a reivindicar la necesidad de construir otro
modelo de seguridad, basado en la desmilitarización, un modelo rupturista
con el existente que establece un período de transición, el transarme,
hasta alcanzar un mundo desarmado y desmilitarizado.
El mejor país «transarmado» sería aquel con un alto grado de
invulnerabilidad y dotado de armas defensivas.
Al concepto de Seguridad Compartida del informe Palme de los 80 que
defendía un proceso pragmático que permitirá llegar a una situación de
«punto cero» de desarme, hay que añadir el expuesto por Naciones Unidas
en su Informe sobre el Desarrollo Humano:
... «el concepto de Seguridad se ha interpretado en forma estrecha
durante demasiado tiempo: En cuanto a seguridad del territorio contra la
agresión externa, o como protección de los intereses nacionales en
política exterior o como seguridad mundial frente a la amenaza del
holocausto nuclear. La seguridad se ha relacionado más con el
Estado-Nación que con la gente. Se dejaban de lado las preocupaciones
legítimas de la gente común que procuraba tener seguridad en la vida
cotidiana. Para muchos la seguridad simboliza la protección contra la
amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, la
represión política y los riesgos del medio ambiente.
En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, en
una enfermedad que no se difunde, en un empleo que no se elimina, en una
tensión étnica que no explota en violencia, en un disidente que no es
silenciado.
La seguridad humana no es la preocupación por las armas. Es una
preocupación por la vida y por la dignidad humana...».
Este concepto integrador de «seguridad humana» reconoce el carácter
universal de las reivindicaciones vitales de los seres humanos y demanda
acciones enérgicas orientadas a resolver la raíz de los problemas que
originan inseguridad: El hambre, la desigualdad, el paro, la falta de
protección social, la miseria y la muerte por enfermedad.
El transarme, ese período de transición hacia el desarme y la
desmilitarización, supone un ahorro de miles de millones de dólares
anuales susceptibles de emplear tanto en programas de ayuda al Tercer
Mundo como de sostener las conquistas sociales en los países
desarrollados.
Ese dinero permitiría actuar directamente sobre la realidad:
* Todos los años mueren de hambre en el mundo más de 40 millones de
personas, esta cifra equivale a más de 300 accidentes del avión «Jumbo»
al día, sin ningún superviviente, en donde la mitad de los pasajeros
fueran niños.
* El 34% de la población del Sur no come carne, ni pescado, ni huevos;
beben agua no potable; viven en chabolas;
no tienen zapatos ni ropa para cambiarse y se desplazan a pie.
* En el Sur mueren cada semana 250.000 niños/as por enfermedades
fácilmente curables.
* Los índices de desempleo de los países desarrollados y el
desmantelamiento del estado social retrotraen a estas sociedades a 40
años atrás.
Este modelo alternativo de seguridad defiende la construcción de un Nuevo
Orden Internacional Democrático que se basa en los siguientes rasgos
principales:
* La multipolaridad.
* Regirse por un derecho internacional ajustado a los tiempos, cuya
conformación se base también en las diversas realidades de los pueblos, y
caminar hacia la gestión de los problemas desde el concepto político de
«Gobierno Mundial».
* Posibilitar que ese «Gobierno Mundial» sea ejercido desde un plano de
igualdad, por todos los actores de la realidad internacional a través de
una profunda transformación, democratización y reforzamiento de
instancias como la Organización de las Naciones Unidas, así como la
sustitución de otras como la OMC, el FMI y el Banco Mundial por
estructuras orientadas hacia políticas de cooperación, desarrollo,
solidaridad y progreso.
* La destrucción ecológica de todo el sistema de armas de destrucción
masiva (nuclear y bioquímico).
* La promoción de la democracia y la justicia social y el pleno respeto
de los derechos humanos integralmente considerados
* La solución política y negociada de los conflictos regionales, a través
de la aplicación de todo tipo de medidas de diplomacia preventiva, con
renuncia expresa a la guerra para la solución de conflictos
internacionales.
* La protección de la convivencia multicultural multiétnica.
* La defensa y preservación del medio ambiente.
ENMIENDA NUM. 31
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
ENMIENDA
Al apartado 2 en su totalidad
De modificación.
Se sustituye al apartado 2 en todos sus puntos por lo siguiente:
«Un Ejército reducido es la opción de política exterior que necesita
España tanto por las reducidas amenazas exteriores como por la
extraordinaria situación geoestratégica que demanda dar confianza hacia
Africa y el Mediterráneo.
Ese ejército «transarmado» sería la apuesta de ese nuevo modelo de
seguridad que requerirá la progresiva disminución de los ejércitos
nacionales a favor de contingentes armados internacionales bajo mando de
las Naciones Unidas democratizadas, hasta la práctica desaparición de los
ejércitos nacionales.
Defensa alternativa
La defensa alternativa para España tendría las siguientes
características:
-- Exigencia de la desnuclearización.
-- No provocación.
-- No amenazante.
-- No participación en alianzas militares.
-- Desestimular el rearme.
-- Eficacia.
-- Reducir la cultura militarista.
-- Contribuir a la seguridad internacional.
-- Conversión de programas industriales militares a civiles.
-- Conversión programas de I+D militares a civiles.
Esta política de defensa debe prescindir de todo tipo de armamento y
sistemas de armas que tengan una capacidad ofensiva.
Los sistemas de armas más adecuados serán aquellos que no puedan amenazar
a ningún país vecino y puedan ser útiles, sin embargo, para la defensa
del propio país.
Política de medios de defensa
La mejor política de defensa se basa en los principios de solidaridad,
negociación y cooperación, evitando que se presenten situaciones de
tensión, pero si pese a todo ello se produce un conflicto armado,
nuestras Fuerzas Armadas deben estar orientadas a desarrollar su
actuación en dos aspectos.
-- Actuaciones en el marco de fuerzas internacionales dentro de los
mandatos de las Naciones Unidas:
España necesita una fuerza de intervención a nivel de brigada, equipada
específicamente para desarrollar esta labor, que debe disponer de una
logística especializada y exige un esfuerzo en la dotación de medios de
comunicación y transporte tanto aéreo como terrestre. Asimismo, esta
unidad debe recibir formación específica sobre la forma de actuación
dentro de los mandatos internacionales.
-- Defensa del territorio nacional:
Es necesaria una política de inversiones en sistemas de armas que
permitan poner al territorio nacional a salvo de las armas de otras
naciones, y se debe intensificar la adquisición de sistemas de alerta
temprana.
La política de defensa
La política de defensa en nuestro país se sostiene sobre dos pilares
constitucionales, el artículo 97 da competencia
al Gobierno para dirigir la Administración Militar y la defensa del
Estado, y el artículo 63 da competencia al Rey para declarar la guerra
previa autorización de las Cortes Generales.
En la actualidad, el Gobierno dirige en exclusiva la defensa nacional,
limitándose a informar al Parlamento cuando lo estima oportuno o cuando
éste lo solicita, con lo cual está limitada la participación y la
inmediatez, lo cual no es lógico en un país democráticamente avanzado
donde el Parlamento es el máximo representante de la voluntad popular.
Por ello es necesario llevar a cabo un desarrollo legislativo que permita
la participación inmediata de los Diputados designados, en la gestión de
la defensa nacional, pues la Constitución vigente habla de dirigir por el
Gobierno pero no habla de en exclusiva, ni le otorga todas las
competencias, resulta claro que si las Cortes Generales autorizan la
declaración de guerra, tienen que tener un criterio suficientemente
formado en la materia, ya que se trata de una cuestión muy grave y que
por la propia urgencia de la necesidad de defensa no permite que se
solvente en un mero debate, sino que la situación estratégica, la
disponibilidad de nuestras Fuerzas Armadas, su despliegue y el marco y
planes de su actuación deben ser conocidos del Parlamento con
anterioridad, todo ello dentro del marco de la debida confidencialidad.
Por ello debería crearse un órgano con participación parlamentaria que
permitiera la discusión de la gestión de la defensa nacional sin
perjuicio de la competencia de dirección del Gobierno, de modo que éste
no fuera el único en comprometer la política de defensa del Estado.
ENMIENDA NUM. 32
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
ENMIENDA
Al apartado 3 en su totalidad
De modificación.
Se sustituye el apartado 3 en todos sus puntos por:
«Volumen de efectivos
En 1997 la cifra de militares profesionales, sin contar oficiales y
suboficiales, es de 37.500 efectivos, las plazas ofertadas para 1998, sin
tener en cuenta reposición de puestos ya existentes, es de 12.500, lo que
daría una cifra a finales de 1998 de 50.000 plazas profesionales. A este
ritmo, la profesionalización total del Ejército no se alcanzaría hasta el
año 2003 para un volumen total de efectivos previstos por el Gobierno de
170.000.
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas Españolas actualmente están
formadas por 212.000 efectivos de los cuales 50.000 son oficiales y
suboficiales resulta evidente que la reducción a 170.000 efectivos
prevista por el Gobierno, no supone bajo ningún punto de vista una
racionalización del modelo de Fuerzas Armadas españolas ya que se
mantiene el sobredimensionamiento de personal, de medios y de costes
económicos para la defensa de nuestro país.
Nuestro modelo de Fuerzas Armadas consistiría en 90.000 o 100.000
efectivos, cifra que se alcanzaría en el año 2000.
Distribución de efectivos
El ratio o tasa de encuadramiento actual entre oficiales y suboficiales y
la tropa es de 4,24, es decir un 23% de los efectivos son mandos.
Un ejército de 90.000 efectivos con un 23% de oficiales y suboficiales
supondría 21.200 mandos con un ratio de un mando por cada 4 soldados,
sobre un total de 68.800 soldados profesionales.
Un ejército de 100.000 efectivos tendría 23.500 oficiales y suboficiales
y un total de 76.500 soldados profesionales.
Uno de los problemas históricos más graves que presentan nuestras Fuerzas
Armadas es la excesiva acumulación de mandos en los empleos superiores
como consecuencia de su promoción al empleo superior con criterios de
antigüedad, con lo cual resulta evidente la necesidad de modificar ese
ratio para el futuro ejército profesional.
Los modelos presentados por el Gobierno y adelantados por los demás
grupos políticos tienen dos notas comunes de las cuales se aparta nuestro
modelo:
* Mantienen el número de mandos en 50.000 efectivos.
* Sobredimensionan nuestras Fuerzas Armadas para cumplir con las
necesidades de la OTAN, no con las de nuestro país.
Ambas premisas conducen a que para mantener en activo a 50.000 mandos, y
no llegar a tasas de encuadramiento ridículas (unas Fuerzas Armadas de
100.000 efectivos, daría un mando por cada soldado) haya que añadir más y
más soldados para maquillarlo (y ni así se consigue, en el modelo del
Gobierno, con 170.000 efectivos, hay 2,4 soldados por cada mando) y a
mantener unas Fuerzas Armadas que sirvan de carne de cañón para los
planes de los generales norteamericanos que ejercen el mando supremo de
la OTAN.
Modelo de carrera profesional
El modelo actual supone tres modalidades de ingreso (tropa, suboficiales
y oficiales) con sus respectivas escalas, lo que produce problemas de
integración de las mismas y la existencia de numerosos agravios
comparativos.
En nuestro modelo el sistema de acceso a la profesión militar se
desarrollaría mediante dos vías de acceso, una para tropa y otra para
mandos:
Acceso a tropa:
Para las escalas no especialistas: exigencia del graduado escolar o
certificado de escolaridad y superación de pruebas psicofísicas y
culturales.
Para las escalas especialistas: los mismos requisitos, siendo de
valoración preferente los que aportaran titulaciones de formación
profesional o enseñanza superior afines a la especialidad.
Acceso a mandos:
Para las escalas no especialistas: exigencia de selectividad aprobada y
superación de pruebas psicofísicas y culturales.
Para las escalas especialistas: los mismos requisitos, siendo de
valoración preferente los que aportaran titulaciones de enseñanza
superior afines a la especialidad.
Una vez realizado el acceso y superados los procesos de formación el
desarrollo de la carrera militar sería el siguiente:
Personal que accedió en el procedimiento para tropa:
Su carrera militar se desarrolla desde el empleo de soldado hasta el del
máximo que se establezca para las clases de tropa. La tropa podrá acceder
a la carrera de mandos superando los requisitos establecidos para acceder
a ésta (exigencia de selectividad aprobada y superación de pruebas
psicofísicas y culturales). Manteniendo las figuras de compromiso corto
(un año) y largo (tres años renovables), se condicionaría el ascenso
dentro la tropa, mediante la superación de pruebas técnicas relativas al
desempeño del empleo y la posesión de cursos de formación valorados según
un criterio de puntos (un símil con el concurso-oposición).
Personal que accedió en el procedimiento para mandos:
Su carrera militar se desarrolla desde el empleo de sargento hasta el de
teniente general. Se condicionaría el ascenso, mediante la superación de
pruebas técnicas relativas al desempeño del empleo superior y la posesión
de cursos de formación valorados según un criterio de puntos (un símil
con el concurso-oposición).
Especial referencia a la carrera profesional de la tropa
Seria conveniente la incorporación de nuevos empleos de tropa, a
semejanza de los existentes en otros países, donde los empleos de las
clases de tropa son más numerosas y permiten el desarrollo de una
carrera.
Especial referencia a la carrera profesional de los mandos
No existen razones objetivas que impongan dos modelos de carrera, uno
para suboficiales y otro para oficiales, y lo lógico es diseñar un
sistema que en igualdad de méritos de acceso permita el desarrollo de la
carrera en base a la superación de pruebas de aptitud y aportación de
méritos. Desaparece así el ascenso por antigüedad, y el tiempo de
permanencia en un empleo se sustituye por méritos de capacidad y aptitud
para acceder al superior. Podría asimismo establecerse un sistema por el
cual, de no producirse la superación de las pruebas para acceder al
empleo superior en un determinado período de tiempo, se estableciera la
obligatoriedad de abandonar las Fuerzas Armadas con el objeto de evitar
la acumulación de mandos de difícil colocación en destino, problema que
actualmente se agudiza en los oficiales superiores, evidentemente la
adopción de esta medida supondría revisar la condición de funcionario de
los militares profesionales. Con este modelo, la misma posibilidad tiene
de alcanzar el generalato un profesional con ingreso en tropa que en
mando, y las mismas oportunidades tienen todos los ingresados como mando,
puesto que todos han de superar los mismos requisitos objetivos.
Medidas para incentivar el alistamiento
Estas medidas deben basarse en una retribución adecuada, en una formación
no sólo militar, sino que contenga cursos de formación profesional y
especialización (idiomas, informática, etcétera) que favorezca la
inclusión en el mercado laboral civil, y en la perspectiva de poder
desarrollar una carrera militar hasta el máximo empleo, basada en el
mérito y la capacidad y sin consideraciones de antigüedad.
Se debe excluir toda medida que suponga agravios comparativos entre
ciudadanos, es decir, para ser funcionario no debe ser una ventaja haber
realizado el servicio militar, ¿o es que las personas que realizan
labores de voluntariado social con enfermos contagiosos, disminuidos
físicos o psíquicos aportan menos a nuestra sociedad que los militares
profesionales?, asimismo la objeción de conciencia puede plantearse no a
al mero uso de las armas, sino al empleo que se dé a las mismas, no es lo
mismo para todos los ciudadanos el empleo del arma militar que el empleo
que realiza un agente del orden público.»
ENMIENDA NUM. 33
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
ENMIENDA
Al apartado 5
De modificación.
Se sustituye el texto por el siguiente:
«Período de transición
La incorporación anual de 9.400 nuevas plazas anuales en 1999 y en el
2000 o de 13.250 plazas anuales en el mismo período, supondría la
profesionalización total del Ejército en el año 2000, cuando se
alcanzaría la cifra de 68.800 (para unas Fuerzas Armadas de 90.000
efectivos) o de 76.500 (para unas Fuerzas Armadas de 100.000 efectivos,
debiéndose reducir anualmente hasta esa fecha un
total de 28.800 oficiales y suboficiales (para unas Fuerzas Armadas de
90.000 efectivos) o de 26.500 (para unas Fuerzas Armadas de 100.000
efectivos). Todo ello, en el supuesto de mantener la tasa de
encuadramiento en el 1 a 4 si bien ésta debería aumentar hasta al menos 1
a 6.
De este modo para una dimensión de 90.000 la asignación de efectivos
sería la siguiente:
A fines de 1998 el número de efectivos profesionales de tropa sería de
50.000 (según previsión y oferta de plazas establecida por el Gobierno).
Por ello en 1999 se ofertarían 9.400 plazas profesionales, de reemplazo
se necesitarían 12.553 plazas, teniendo en cuenta una duración de nueve
meses, con lo que hasta junio del año 2000 cumplirían su servicio militar
los últimos soldados de remplazo, y en esa fecha ya se habrían
incorporado los últimos 9.400 profesionales y la plantilla estaría
completa, y lograda la profesionalización.
Para una dimensión de 90.000 la asignación de efectivos sería la
siguiente:
A fines de 1998 el número de efectivos profesionales de tropa sería de
50.000 (según previsión y oferta de plazas establecida por el Gobierno).
Por ello en 1999 se ofertarían 13.250 plazas profesionales, de reemplazo
se necesitarían 17.666 plazas, teniendo en cuenta una duración de nueve
meses, con lo que hasta junio del año 2000 cumplirían su servicio militar
los últimos soldados de remplazo, y en esa fecha ya se habrían
incorporado los últimos 13.250 profesionales y la plantilla estaría
completa, y lograda la profesionalización.»
ENMIENDA NUM. 34
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU.
ENMIENDA
Al apartado 6
De modificación.
Se sustituye el texto por el siguiente:
«-- Modificaciones legislativas para igualar el tiempo de prestación del
servicio militar y el tiempo de duración de la prestación social
sustitutoria, hasta el momento de la plena profesionalización.
-- Modificaciones legislativas que permitieran una mayor flexibilidad en
los destinos y contenidos de la prestación social sustitutoria.
-- Despenalización inmediata de la insumisión y medidas de indulto para
aquellos que cumplen condena por dicha causa.
-- Modificaciones legislativas que permitieran la libre sindicación de
los profesionales de las Fuerzas Armadas y la realización de
reclamaciones laborales y defensa de sus intereses profesionales.
-- Medidas legislativas para el ejercicio del derecho de objeción de
conciencia en tiempo de guerra.»
ENMIENDA NUM. 35 PRIMER FIRMANTE:
Doña Mercè Rivadulla Gracia
(Grupo Mixto).
Por medio del presente escrito se presenta texto alternativo al informe
elaborado por la Ponencia relativo a la fórmula y plazos para la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, a instancia de la Diputada
Mercè Rivadulla i Gracia (Iniciativa-Els Verds) y del Diputado Manuel
Francisco Alcaraz Ramos (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), del
Grupo Mixto del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1998.--Mercè
Rivadulla i Gracia, Diputada.--Manuel Francisco Alcaraz Ramos,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
ANTECEDENTES
Existe, en primer lugar, una omisión en el planteamiento del informe: no
aparece el concepto de seguridad humana así como sus consecuentes
acciones de Gobierno. En un momento como el actual, de pequeños o
medianos conflictos que tienen sus orígenes en desequilibrios sociales,
medioambientales o religiosos, entre otros, lo que debería primar es la
prevención de éstos u otros desequilibrios.
Partiendo ya desde este planteamiento erróneo, también queda omiso el
desarrollo del concepto de seguridad compartida, y continúa recogiéndose
un principio tan caduco como el de la disuasión militar, a veces
tácitamente, otras de una forma explícita. Se reconoce, en el apartado
2.2, que las intervenciones fuera del propio territorio estatal se podrán
dar bien para garantizar la estabilidad internacional o bien para la
defensa de los legítimos intereses de España, yendo más allá de estrictas
misiones de paz y de interposición entre contendientes.
Otra razón que justifica la presentación de un texto alternativo son los
motivos expuestos en el informe por los que se debe pasar de un modelo
mixto de Fuerzas Armadas a un modelo plenamente profesional. Los únicos
argumentos para dar este paso son las circunstancias estratégicas, los
debates en el marco de otros países, el nuevo tipo de conflictos,
motivos, todos ellos, lejanos a la realidad de la acción de la gente. Un
informe de estas características deja de ser riguroso cuando no aparecen
datos estadísticos, por ejemplo, de la valoración de la ciudadanía sobre
el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en repetidas encuestas del CIS,
cuando no se dan las cifras de objetores e insumisos que han puesto en
jaque al reclutamiento forzoso, tanto la década pasada como especialmente
ésta. Un elemento fundamental, sino el principal, que ha hecho
que el SMO deje de existir en un futuro próximo, es la presión ciudadana,
el ser el país europeo con mas objetores de conciencia y el rechazo de la
mayoría de la juventud al cumplimiento del servicio militar.
En cuanto al número de efectivos, no quedan justificados los motivos por
los cuales nos hemos de dotar de un ejército con el volumen propuesto. En
el momento de máxima intervención en misiones de paz, la cifra no pasaría
de 10.000 efectivos. En el momento de mayor participación, la cifra no
superó los 2.000 efectivos. Entre esta cifra y la propuesta existe un
abismo que tan sólo se puede explicar con el objetivo de mantener un
ejército caro que mime a la industria militar, o bien para que los mandos
dispongan de tropa a la que mandar. Bajo criterios de operatividad, de
una política estrictamente defensiva o simplemente económicos, y de
déficit público no es lógico mantener dicha propuesta.
En cuanto a los plazos para hacer efectiva la absoluta profesionalización
del Ejército se fija como fecha tope el 31 de diciembre del 2002. El
plazo es excesivamente largo dadas las tensiones que aún crea el SMO y
que afecta a todos los jóvenes nacidos con anterioridad al 1983. Para
evitar estas tensiones deberían acortarse estos plazos, estableciendo una
fecha tope mucho más cercana.
Tampoco establece el informe cuáles serán los gastos máximos en materia
de defensa, ni las garantías de trasparencia en el gasto militar global.
En este sentido, cabe establecer que el Ministerio de Defensa debería
recoger todas las partidas de Defensa y que éstas no deberían superar el
billón de pesetas.
Debiera también plantear el Informe la necesidad de una reforma global de
las leyes disciplinarias, de orden interno, para garantizar una auténtica
democratización del Ejército. Debería establecerse el fin de la
jurisdicción militar, así como flexibilizar la relación del soldado con
el Ejército para que se pueda abandonar bajo unas condiciones menos
rígidas. A su vez, si bien es lógico que se establezcan beneficios a
aquellos que opten por la profesionalización, en ningún caso es aceptable
que esta condición sea puntuable a la hora de acceder a la administración
pública, y ni siquiera a los Cuerpos de Seguridad.
En cuanto el período transitorio no se tienen en cuenta muchos de los
aspectos que la población espera que sean resueltos, como, por ejemplo,
qué pasará con los jóvenes que estén en situación de prórroga ¿y los que
están pendientes de hacer la PSS, o si la insumisión continuará
penalizada pese a no existir objeto de delito?
OTRO MODELO DE EJERCITO, UNA OPCION
PARA LA PAZ
1. Situación internacional
1.1. Tendencias de militarización y desmilitarización después de la
guerra fría
Con la finalización de la confrontación Este-Oeste, el mundo se enfrenta
a un nuevo contexto político y geoestratégico que, de momento, ya ha
llevado a la disolución del Pacto de Varsovia y a la transformación de la
OTAN, incluida una más que probable ampliación hacia Estados que
antiguamente habían formado parte del Pacto de Varsovia.
Asimismo, a pesar de que la eliminación de las hostilidades ideológicas,
ha provocado una reducción, hasta cierto punto, del gasto militar. La
verdad es que continúan existiendo grandes arsenales de armas,
suficientes para destruir reiteradamente todo tipo de vida sobre el
planeta.
Por otro lado, la transformación de las políticas de defensa y seguridad
no ha seguido las mismas pautas entre los países industrializados y los
países en desarrollo.
Es en los países industrializados donde ha tenido lugar la mayor parte de
la reducción del gasto militar, a pesar de que éste continúa siendo muy
elevado. En los países en desarrollo, por su lado, los estamentos
militares han desarrollado un papel central, sobre todo de aspecto
político más que tecnológico. Por lo que atañe a los países en vías de
desarrollo, resulta alentador comprobar cómo los países que han gastado
muy poco en defensa y mucho más en desarrollo humano han tenido más éxito
en defender su soberanía nacional, que no aquellos que han gastado mucho
en armas. Comparamos, por ejemplo, las experiencias relativamente
pacíficas de Botswana, Costa Rica y Mauricio, con los conflictos en Iraq,
Myanmar o Somalia.
1.2. Nuevos tipos de conflictos
En cuanto a la tipología de los conflictos actuales, también constatamos
un cambio desde principios de los años 90. Hoy, la mayoría de los
conflictos armados actuales tienen por escenarios los países pobres.
-- El armamento utilizado en estos conflictos es de tipo convencional,
sobre todo armas cortas, con la característica de que mayoritariamente
provienen de los países más ricos.
-- Se ha pasado de la guerra entre Estados a la guerra en el interior de
los Estados.
Destacan los conflictos locales con componente étnico o religioso,
generalmente provocados por grupos de poder minoritarios que pretenden
imponer por la fuerza criterios de homogeneidad y exclusión en contra de
la diversidad y la multiculturalidad (ex Yugoslavia, Nagorni-Karabakh,
República de Moldavia, Georgia y el Tajkistan en Europa; o la región de
los Grandes Lagos en Africa); conflictos de aspecto social y militar
debido a la degradación económica y ambiental en zonas vecinas (Magreb,
Oriente Medio o Sudeste de Asia); movimientos migratorios masivos desde
países africanos o del Este de Europa hacia la Unión Europea, y
conflictos comerciales y económicos entre los Estados Unidos, la Unión
Europea, la CEI y el Japón.
Finalmente, los conflictos bélicos contemporáneos se caracterizan porque,
cada vez más, el objetivo principal de las armas es la población civil y
no el personal militar. Mientras a principios de siglo, el 90% de las
bajas por guerras eran militares, este porcentaje corresponde en la
actualidad a población civil.
En definitiva, constatamos una persistencia de violencia tanto directa
como estructural, en terminología de Galtung, que nos impide gozar de una
vuelta de siglo en paz.
2. Desmilitarizamos la sociedad
2.1. Nuevos conceptos de seguridad
El fin de la guerra fría, durante la cual los dos bloques movilizaban el
80% del gasto militar mundial, ha permitido la aparición de nuevos
conceptos de seguridad como el de seguridad común y recíproca, impulsada
por Mikhall Gorbachov, o el de seguridad global y de cooperación de la
CSCE/OSCE. Ambos conceptos basan la seguridad en medios políticos y
diplomáticos, y mucho menos en cuestiones militares.
Hoy en día, propuestas de los movimientos pacifistas de los años 80 como
la defensa no provocativa, defensa no ofensiva, defensa civil, o
reducción pactada de arsenales, que en el pasado eran consideradas por
parte de estamentos militares como puramente académicos, teóricos o hasta
utópicos, se nos presentan ahora desde diversas instancias políticas y
militares como elementos realistas, prácticos y necesarios.
2.2. El reto de la seguridad humana
La seguridad, actualmente, tiene mucho que ver con la cada vez mayor
interdependencia de los problemas globales, como el crecimiento
demográfico incontrolado o el derroche de recursos naturales, como el
agua.
Estos fenómenos comportan una tensión cada vez más importante, dificultan
la posibilidad de un desarrollo sostenible y derivan en toda una serie de
otras consecuencias negativas tales como la extrema pobreza, la
marginalización y la criminalización. Aspectos, todos ellos, que minan la
estabilidad local, regional y global.
La noción de seguridad deriva cada vez más hacia una concepción llamada
humana, que va mucho más allá de las cuestiones estrictamente militares.
El concepto moderno de seguridad implica, por tanto:
-- Bienestar económico, social, humano, sanitario y educativo;
-- Preservación de la identidad cultural;
-- Derecho a un desarrollo sostenible; y
-- Respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En este sentido, la seguridad genuina no se puede garantizar a partir de
la acumulación de armamentos y del mantenimiento de grandes ejércitos
estatales, sino al contrario. Si los elementos básicos de la seguridad
humana que acabamos de enunciar no se encuentran garantizados, un elevado
gasto militar puede volverse un elemento desestabilizador.
Teniendo en cuenta, por tanto, los diversos aspectos de la seguridad
internacional, especialmente las cuestiones no militares, tenemos que
preguntarnos si las actuales estructuras y mecanismos de seguridad
militares heredados de la guerra fría resultan efectivos en la nueva
situación y pueden aportar una respuesta adecuada a estos retos nuevos.
3. Un marco internacional de seguridad nuevo
El debate sobre el Ejército está estrechamente ligado, hoy más que nunca,
a la situación internacional y a las doctrinas y estructuras de seguridad
que se han ido creando los últimos años. Es recurrente que los diferentes
gobiernos utilicen los compromisos internacionales como argumento para
justificar una u otra orientación en las políticas de defensa.
A principios de los 90, con la desaparición del Pacto de Varsovia y de la
Unión Soviética, se trastorna el esquema bipolar Este-Oeste de las
relaciones internacionales. La guerra fría permite mantener, a ambos
lados del muro de Berlín, un alto nivel de gastos militares, una próspera
industria de defensa y unos ejércitos masificados. El elemento
fundamental de la seguridad en la disuasión nuclear era la capacidad de
mutua destrucción y la influencia y el control sobre amplias zonas del
planeta.
España ha sido durante este período aliada menor de los Estados Unidos y
a partir de 1986, miembro de la OTAN, sin integrarse formalmente hasta
ahora en la llamada estructura militar.
Durante los años 90, el enfrentamiento entre los dos bloques fue
sustituido por una diversidad de conflictos de características diversas:
control de recursos naturales (guerra del Golfo), explosión violenta de
antiguos Estados, en la antigua Yugoslavia, y en el territorio de la CEI;
en la zona del Cáucaso o estados en descomposición como Somalia y
Liberia. El caso yugoslavo, por producirse en el corazón de Europa, se ha
vuelto paradigmático para poner de manifiesto la incapacidad de
desarrollar una verdadera política europea y el carácter obsoleto de las
estructuras de seguridad surgidas de la guerra fría.
Los elementos positivos del cambio de escenario han sido el fin de la
amenaza de confrontación nuclear, la distensión con los miembros del
antiguo Pacto de Varsovia, la disminución de los efectivos de
prácticamente todas las Fuerzas Armadas de Europa y la reducción de los
gastos militares, a pesar de estar aún muy sobredimensionados.
3.1. La evolución de las políticas de seguridad en Europa
Durante los 90 se ha ido configurando una compleja arquitectura de la
seguridad en el hemisferio norte. Hoy en día las amenazas para la
seguridad, según la doctrina oficial, provienen de la inestabilidad en el
Este de Europa, del control de recursos estratégicos como el petróleo y
el gas, del peligro de migraciones masivas, del tráfico de drogas o de la
extensión del fundamentalismo islámico. La diversidad geográfica y la
complejidad de los conflictos exigen unas estructuras más ágiles y
flexibles para garantizar intervenciones rápidas, fuera del área de la
OTAN.
La idea de la multipolaridad de las relaciones internacionales, que se
abrió paso justo después de la caída del muro, ha sido superada por una
unipolaridad basada en los EE. UU. y la subordinación del resto de
actores internacionales.
Más allá del cambio de doctrina, el debate sobre la seguridad en Europa
ha girado alrededor de la construcción
de la Unión Europea, la reforma de la OTAN y cómo encajar el Este de
Europa y especialmente Rusia en un nuevo marco de seguridad. La Cumbre de
Amsterdam (Mayo del 97) y especialmente la cumbre de la OTAN celebrada en
Madrid en el mes de julio de 1997 han sido los acontecimientos claves.
3.2. La cumbre de Amsterdam y la PESC
La reforma de los Tratados de la Unión Europea (TUE) aprobada en
Amsterdam por el Consejo Europeo no supuso ningún salto hacia delante
importante en la definición de una política exterior común aplicada con
eficacia. Las grandes decisiones se tomarán en el Consejo Europeo
(formado por los jefes de Estados y de Gobierno) por consenso. Las
acciones comunes se pondrán en marcha y se ejecutarán por mayoría
calificada, permitirán la exclusión de un país, sin poder vetar la acción
decidida.
La incorporación de la UEO (Unión Europea Occidental) a la UE no se
concretó. Tanto en el debate de la reforma de los TUE como en el de la
OTAN, las posiciones más europeístas defendidas por Francia quedaron
derrotadas y se impuso una concepción de la UEO como pilar europeo de la
OTAN.
3.3. La reforma de la OTAN
La Cumbre de Madrid puso fin a un largo proceso de debate y
reestructuración que ha tenido como temas centrales el ya mencionado
papel de Europa y la ampliación al Este. El resultado final es que la
OTAN y sus 16 Estados miembros, con Estados Unidos a la vanguardia, son
el eje sobre el que giran las diferentes estructuras de seguridad. Esta
diversidad permite, de un lado, adecuar las diferentes situaciones que
hoy hay en Europa y por otro disminuir la tensión con Rusia al establecer
una relación directa con la OTAN.
La nueva OTAN se caracteriza por:
1. La ampliación
Se amplía a Polonia, Chequia y Hungría en una primera fase que culminará
el 1999. En una segunda fase, previsiblemente, se incorporarán Rumania y
Eslovenia.
La ampliación al Este de Europa tiene una cuestión añadida nada
despreciable, es condición indispensable para la incorporación de nuevos
países la modernización y homologación de sus fuerzas armadas, abriéndose
un mercado nuevo para la industria norteamericana y europea de defensa.
2. El vínculo euroatlántico
Se crea el Consejo de Asociación Euroatlántica, que incorpora a la
Asociación por la Paz, creada en el 1994 como paso previo a la ampliación
de la OTAN. Este organismo formado por 44 países tienen como objetivo
mantener, como se dice en la Declaración de Madrid, una política de
estrecha colaboración y diálogo permanente sobre los temas de seguridad
con los países del Este y de la CEI. Se trata de una medida de confianza
que evita formalmente que nadie se quede fuera de una estructura de
seguridad.
Una cuestión aparte es la de Rusia. El pasado 27 de mayo se firmó un
acuerdo, el Acta Fundacional por la que se establecían la asociación de
Rusia a la Alianza Atlántica, con un conjunto de mecanismos de confianza
mutua. El acuerdo ha permitido reducir la oposición del Gobierno ruso
sobre la ampliación de la OTAN al antiguo Pacto de Varsovia.
3. La identidad de defensa y seguridad europea
Finalmente la deseada autonomía europea ha quedado reducida a la llamada
IDSE, que sanciona a la UEO como pilar europeo de la OTAN. A partir de
ahora en la estructura de mandos de la OTAN habrá mando europeo con doble
sombrero OTAN y UEO, en función de los casos.
4. Las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas
Es una de las principales novedades que permitirá el uso de recursos e
infraestructuras de la OTAN para misiones estrictamente europeas a cargo
de la UEO. También permitirá realizar operaciones con países
pertenecientes a la Asociación por la Paz.
En definitiva, una OTAN más flexible políticamente y militarmente, que se
mantiene como la estructura central de la seguridad en Europa, basada aún
en la fuerza nuclear y la exclusión de Rusia de un verdadero marco de
seguridad paneuropeo.
3.4. El papel de España
España se ha implicado con fuerza en las misiones internacionales,
especialmente en la de Bosnia y en los proyectos de la industria militar
europea (avión EF-2000), con el objetivo de situar a España como una
potencia en el contexto europeo e incorporarse plenamente en las
estructuras defensivas existentes.
Después de un año de negociaciones se ha cerrado un acuerdo, aprobado por
el Parlamento, a pesar de vulnerar los compromisos del referéndum de
1986, por el cual España se incorpora plenamente en las nuevas
estructuras de la OTAN, pasando a ser sede de un submando regional,
dependiente del mando de Nápoles, que coincide con el territorio del
Estado.
3.5. Una Europa por la paz y el desarme
La propuesta alternativa de Iniciativa-Els Verds y de PDNI se basa en
impulsar un verdadero esquema nuevo de seguridad colectiva en Europa
superando el actual fundamentado en la OTAN, basado en:
-- La plena asunción por parte de la Unión Europea de una verdadera
política exterior de seguridad común:
incorporar plenamente a la UEO a la estructura de la UE, con
independencia de la OTAN. La UE coordinaría las diferentes fuerzas
armadas para la realización. De misiones petersberg, ayuda humanitaria o
mantenimiento de la paz, por mandato del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
-- La OSCE tiene que pasar a ser organismo euroatlántico de prevención y
resolución de conflictos, basada en la diplomacia preventiva.
-- La plena desnuclearización y la reducción progresiva de armamento
convencional.
No se trata de crear un ejército europeo, como se pretende con el
Euroforce, que reprodujese a gran escala lo que hoy son los ejércitos
estatales. Se trata justamente de reducir el volumen global del gasto
militar ajustándolo a verdaderas necesidades de la Europa de hoy. El
mecanismo sería una coordinación militar de carácter europeo, con un
reparto de cargas y responsabilidades apropiadas y unas fuerzas militares
pero también civiles de carácter estrictamente defensivo y preparadas
para participar en misiones de mantenimiento de la paz y catástrofes
humanitarias.
Es preciso superar definitivamente el paradigma nuclear y armamentista
aún vigente --incluso con nuevas formas--, en una perspectiva de
desmilitarización de las relaciones internacionales. Así como el de los
ejércitos ligados a la idea de soberanía nacional de territorialidad. De
hecho ya estamos en un proceso de creciente dependencia multinacional de
las FF. AA.
En cualquier caso, incluso en el marco de la nueva estructura de la OTAN,
se hace innecesario un ejército masivo. Lo que se exige es un ejército
flexible con un alto nivel tecnológico y de movilidad.
4. El caso español
4.1. El modelo actual
El modelo de seguridad español de Fuerzas Armadas 2000 se aprobó el 27 de
junio de 1991. Así se situó la necesidad de ir hacia un modelo mixto de
Defensa, en el que el porcentaje de efectivos profesionales y el de
soldados de leva obligatoria se fuera equilibrando hasta llegar a ser el
mismo. Esto ha supuesto un incremento del número de efectivos
profesionales en el seno del Ejército, así como un cambio importante de
su estructura, si bien aún en el último año se han incorporado a hacer el
Servicio Militar Obligatorio un total de 194.333 jóvenes. El Ejército
actual dispone de unos 220.000 efectivos, de los que 80.000 son mandos.
La política de seguridad de los últimos años ha empezado, en términos
formales, a plantearnos conceptos como el de la seguridad humana y el de
la seguridad compartida, pero la acción política y las inversiones han
continuado basándose en el pilar, casi exclusivo, de la seguridad
militar. Buenos ejemplos son la extraordinaria inversión en I+D militar,
la compra de material exclusivamente ofensivo o el apoyo por parte del
Gobierno de una industria armamentística poco transparente.
Este modelo dispone de una última característica, la de ser poco
transparente, no correspondiendo el gasto del Ministerio de Defensa con
el gasto militar global. Mientras la partida del Ministerio de Defensa
asciende a un total de unos 897.429 millones de pesetas, el resto de
partidas no incluidas en el Ministerio que suponen un gasto en materia de
Defensa sube a una cifra casi igual, 894.579 millones de pesetas. En
estas partidas destacan los costos de las clases pasivas militares, la
Guardia Civil, los objetores, las cuotas a la OTAN y a la UEO, el
personal civil que pertenece a Defensa o el crédito del Ministerio de
Industria para inversión y compra de armamento. En total son 1.792.008
millones de pesetas, por encima del 2% del PIB recomendado por la OTAN.
Considerar tan sólo partida militar global al Ministerio de Defensa
permite decir que nuestro gasto en Defensa es de un 1,1% del PIB, que
comparado con países de nuestro alrededor es un porcentaje pequeño.
Además también permite justificar una subida hasta un 2% del PIB en gasto
del correspondiente Ministerio, omitiendo y no contabilizando un gasto
que sale de los presupuestos del Estado.
4.1.2. Un modelo que hace aguas
Desde 1991 se ha visto cómo este modelo iba haciendo aguas por diferentes
razones.
En primer lugar, el panorama internacional ha cambiado mucho en los
últimos años. La tipología de conflictos, el papel de los ejércitos, la
toma de conciencia de que la seguridad humana hoy tiene más resultados
que una seguridad basada en términos exclusivamente militares, hace que
un modelo de nuestras características esté en quiebra. Los ejércitos
tienen que disponer, en términos generales, de una tecnificación superior
a la dada hasta ahora, ser más operativos y más pequeños, dejando de
tener sentido ejércitos de masas y sobredimensionados. Por poner un
ejemplo, el papel más importante de las FF. AA. en las últimas décadas ha
sido el jugado en misiones de paz en Bosnia, pudiendo desarrollar esta
tarea tan sólo con soldados profesionales (en ningún caso se podrían
haber enviado soldados de leva a ojos de la opinión pública y a fin de
que las operaciones fuesen efectivas). Es muy evidente que de muy poco ha
servido este modelo mixto. Esta es, además, la realidad de otros países
de nuestra zona, que, al igual que nosotros, han tenido que empezar el
debate sobre la profesionalización de los ejércitos, y pasar de un modelo
de leva forzosa a un modelo profesional, siendo el caso de los Países
Bajos, de Francia, del debate que hay en Italia, etcétera.
Pero en este agotamiento del modelo desde una perspectiva internacional
es preciso sumar también un agotamiento total y absoluto por lo que se
refiere a la realidad propia del Estado español. Un modelo como el
aprobado en el año 1991 tan sólo se podía fundamentar con una conciencia
social que apoyase la leva forzosa y éste no ha sido el caso. La juventud
en su conjunto ha dado la espalda a la mili, haciendo que el Gobierno no
tenga otra alternativa que situar en un horizonte no muy lejano la
desaparición del Servicio Militar Obligatorio. Buen ejemplo de esto son
los miles de objetores declarados (más de 125.000 en el año 1997, casi
100.000 en el año 1996, alrededor de 585.000 jóvenes desde el año 1985),
la tendencia al aumento de esta cifra en los últimos años, los más de
14.000 jóvenes declarados insumisos en todo el Estado, de los que hoy en
día 98 jóvenes cumplen condena en diferentes cárceles.
Esta situación, sin equivalente en toda Europa ni en el mundo, es fruto
de una conciencia mayoritaria entre la gente joven; hoy por hoy hacer la
mili es además de una pérdida de tiempo, un acto que va en contra de las
respectivas conciencias. Otra evidencia de esta opinión mayoritaria es el
hecho de que en el último año, de las plazas de profesionales que
salieron, un 20% de las mismas han quedado vacantes. Los porcentajes de
popularidad de las convocatorias de Defensa contrastan con las cifras de
cualquier concurso de lugar de trabajo público, donde los y las
aspirantes se contabilizan a centenares.
Hoy, hay instalado en la sociedad española, y especialmente entre la
juventud, un concepto negativo de lo que es el Ejército, hecho que
evidencia no tan sólo la necesidad de romper con el modelo mixto sino
también la necesidad de cambiar de modelo, yendo hacia un modelo
estrictamente defensivo y reducido, cambiando los parámetros de defensa y
de seguridad. No se trata tan sólo de evitar la leva, sino también de
conseguir que el conjunto de la sociedad crea en el modelo a impulsar
para así también poder disponer de los efectivos necesarios.
El proceso hacia la profesionalización es absolutamente irreversible. El
conjunto de la sociedad se ha situado en esta clave, y una marcha atrás
ni sería comprendida ni sería asumida. El debate se sitúa ahora en qué
modelo podemos adoptar, qué tipo de seguridad queremos, en consonancia
con el que ha venido reclamando la sociedad durante todos estos años. Y
el Congreso tiene que dar respuesta a todo esto.
5. Un modelo de ejército para la paz
La propuesta alternativa de Iniciativa-Els Verds y de PDNI se basa en un
cambio de parámetros en la concepción de lo que entendemos hoy por
seguridad, desde la perspectiva del discurso y necesariamente desde la
acción política.
Partimos de la base de que las condiciones que crean inseguridad son
variables: el paro, las privaciones de todo tipo, educativas, sanitarias,
desequilibrios ecológicos, falta de recursos naturales, entre otros. Es
la falta de oportunidades la que provoca desigualdad e injusticia social,
creando así condiciones para que estalle la violencia. El objetivo tiene
que ser por tanto que la gente pueda afrontar circunstancias adversas,
que se vivan estas situaciones, que las condiciones para el estallido de
la violencia no se den, ni en el sí de un grupo ni entre comunidades
humanas.
Este punto de partida evidencia una política encaminada a solventar estos
déficit. Además, esta acción se tiene que dar más allá de nuestras
fronteras, contribuyendo a este equilibrio en el ámbito universal y
especialmente en nuestra región, la euromediterránea.
En segundo lugar, es preciso desarrollar un modelo de seguridad
compartida. Una política de seguridad no se puede hacer hoy en un día
desde una perspectiva solidaria o autárquica. Nuestras acciones se tienen
que hacer de acuerdo con nuestros vecinos, sin ningún tipo de exclusión.
Nuestro grado de militarización no puede despertar recelos o espirales
innecesarios, por lo que la necesidad de compartir determinadas políticas
toma mucha importancia. Es obvio que el concepto de la disuasión para
convencer de las respectivas opciones, la necesidad de tener un ejército
con gran capacidad de fuego para disuadir al enemigo, no pertenece a una
concepción ni moderna ni efectiva en términos de seguridad.
Es, por tanto, una prioridad invertir en seguridad humana, con acciones
positivas y con acciones para evitar determinadas situaciones.
5.1. Desmilitarizamos la sociedad
Desmilitarizar la sociedad pasa por extender los valores de la paz, de la
solidaridad, de la cooperación en el sí de la sociedad. Se podría decir
que las acciones son diversas pero las podríamos resumir en:
-- Educación por la paz, que significa una educación dirigida al conjunto
de la opinión pública, así como una acción positiva en las escuelas. Más
educación por la paz, con un desarrollo de la LOGSE en toda su dimensión,
haciendo que la sociedad civil, y concretamente el movimiento pacifista,
pueda extender los valores que trabaja en las escuelas, especialmente en
los centros de enseñanza primaria y básica, así como en los centros de
enseñanza media.
-- Desarmar la sociedad. Se traduce en evitar la presencia de armas en el
marco de la sociedad, en el marco de las relaciones humanas. Esto quiere
decir una acción decidida porque sea así, con campañas de
sensibilización, pero con medidas legales que garanticen este desarrollo.
-- Comercio de armas transparente. Una política que permita, en primer
lugar, acceder a la información sobre a qué países se exporta armamento,
qué tipo de armamento se produce, etcétera. Además, se precisa una acción
decidida para reorientar y reconvertir la industria armamentista en una
industria por la paz. Esta acción se puede hacer perfectamente con parte
del gasto que se ha decidido invertir con proyectos tan innecesarios como
el avión EF-2000, la fragata F-100 o los carros de combate Leopard.
5.2. Una política de cooperación más activa
Para conseguir un marco de relaciones estable, más seguro, más justo, es
preciso desarrollar una política de cooperación mucho más activa que la
actual, con una política de alianzas como la descrita en el punto 2.4. Es
necesario que esta política se dé con transparencia, de acuerdo con ONG's
y otras entidades, y que esté encaminada exclusivamente al desarrollo
social y económico de diferentes zonas del mundo, es decir, con el
objetivo de conseguir un marco mejor de seguridad, tal como lo
planteamos. Esto quiere decir: seguir las resoluciones de las
Conferencias Internacionales de Copenhague, dando prioridad a los países
más pobres y haciendo que haya un auténtico desarrollo social.
También es preciso que mediante esta política de cooperación, pero
también a través de la acción en la política exterior, se contribuya a un
cambio en las reglas del juego en el comercio exterior.
5.3. Un ejército profesional reducido y estrictamente defensivo
¿Para qué queremos el Ejército? La justificación de un ejército en las
actuales circunstancias obedece tan sólo a una perspectiva que aún no se
ha alcanzado un desarrollo pleno de la seguridad humana en todo el mundo.
El papel principal del ejército tiene que ser el de desarrollar misiones
de paz y hacer de fuerza de interposición, teniendo presente las
actuales, posibles y futuras inseguridades o amenazas. No se trata de que
el Ejército español tenga que jugar un papel activo en cualquier misión
internacional, ni tampoco de que se quede encerrado dentro de sus
fronteras, renunciando a una visión internacional del principio de
seguridad humana. Las intervenciones tienen que ser las que en el
apartado 3.5 llamábamos misiones petersberg, con un claro carácter
humanitario o de mantenimiento de la paz y por el mandato del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
A este cambio en la política de seguridad que necesita el Estado español
lo tenemos que acompañar de una propuesta de modelo de ejército en
consonancia con lo que son las acciones políticas que tendría que
emprender el Gobierno español, y las necesidades defensivas que hoy se
tienen. Esta propuesta alternativa se enmarca con una acción que va más
allá de los próximos años. Es por lo que en cuanto a modelo de ejército
se refiere, podría ir desarrollándose a la baja en las próximas décadas,
fruto de los éxitos de la política de seguridad y exterior.
Un ejército defensivo supone un ejército que sólo invierte en armamento
estrictamente defensivo, sin gastos más allá de los estrictamente
necesarios. Esto supondría poder ahorrar muchos recursos (como mínimo
unos 2 billones de pesetas en las partidas más abultadas), enfocando la
modernización del Ejército a otras prioridades y otros parámetros.
Modernización que afectaría, como es lógico, a la mejora del armamento
estrictamente necesario para la defensa, con un alto nivel tecnológico
que permitiera la defensa del territorio con muy pocos efectivos, y con
armamento exclusivamente defensivo. También afectaría a las condiciones
de vida de la tropa, tanto por lo que se refiere a los sueldos, como a la
formación, así como a los servicios de que dispondrían. La proporción
entre gasto en personal y material nunca puede superar el porcentaje de
50/50, siendo tan importante el material del que se dispone como la
tipología de la gente que compone el ejército.
La estructura del ejército, su necesaria conexión con la sociedad,
también supone una reforma de sus actuales estructuras, introduciendo con
más fuerza el sentido de la democracia y la Constitución en los
cuarteles. Esto pasa como mínimo por una democratización en derechos y
libertades del Régimen Disciplinario, haciendo que derechos elementales
en el procedimiento se respeten y que la igualdad entre partes
prevalezca. Es preciso también normalizar la tipicidad de la jurisdicción
militar, haciendo que haya una jurisdicción única. También se tiene que
permitir entre militares el derecho de asociación y de reunión, como en
otros países de Europa, así como el desarrollo del asesoramiento jurídico
al profesional.
Esta estructura, más funcional, también tiene que suponer una reducción
de las estructuras organizativas, de funcionarios civiles y personal
laboral del Ministerio de Defensa. El personal civil en ningún caso puede
superar la cifra de 10.000 personas.
Un gasto transparente es requisito fundamental para el desarrollo y el
prestigio de este nuevo tipo de política de seguridad. Es por tanto
importante que el gasto militar global quede reflejado como gasto en
seguridad y defensa. Nuestro objetivo es que el gasto militar global
tienda a estar por debajo del 1% del PIB, haciendo que los recursos que
no se empleen en defensa puedan ser destinados a políticas más
equilibradoras que permitan un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Como
es lógico, esta acción supone que en el momento de tránsito de un modelo
a otro se tenga que afrontar un gasto añadido para solucionar la salida
de miles de militares que tendrían que pasar a ser clases pasivas, o que
tendrían que recibir ayuda y formación para reinsertarse laboralmente en
la sociedad civil. Es por esta razón por lo que, en un primer momento, el
gasto militar global podría ser superior al billón de pesetas constantes
de 1998, si bien con el paso de los años, así como con la progresiva
reducción del Ejército, podría incluso ir disminuyendo.
Este modelo de ejército, no tan presente y difuminado en todo el
territorio, permitiría que el Ejército liberase muchos recursos que no
utilizaría para otras finalidades públicas. Recursos que irían desde el
tradicional bien inmueble a otros tipos de bienes materiales.
Un ejército reducido es el único instrumento posible para encauzar estas
líneas políticas, siendo además innecesarios ejércitos masivos en un
contexto internacional como el que vivimos. Es esta propuesta la única a
la que la sociedad puede dar respuesta. Por esto, la cifra máxima de
efectivos que garantice la presencia de España en misiones de paz en el
extranjero, y el uso de los instrumentos y armas necesarios para la
defensa del territorio no puede ser nunca superior a 80.000 efectivos. No
hay ninguna razón que justifique un ejército superior a éste, sino la de
mantener una industria armamentística en quiebra. El número de efectivos
de tropa sería de 50.000, y 30.000 el de mandos, pudiéndose equilibrar
esta proporción a lo largo del tiempo con 30.000 efectivos de tropa y
30.000 mandos. El incremento de la tecnificación y de la formación que se
precisa en el sí de los ejércitos ya no justifica la necesidad de que en
todo ejército tenga que haber más tropa que mandos de tropa, siendo
razonable y positivo el equilibrio entre unos y otros.
Los plazos tienen que ser necesariamente cortos, dado el número de
soldados que planteamos, así como las tensiones sociales que crea el
modelo mixto. Esto permitirá acelerar el proceso de plena
profesionalización en el 2001. Esto supone que de aquí al siglo que viene
es necesario hacer un plano para solucionar las situaciones de los
excedentes de personal, sobre todo por lo que se refiere al número de
mandos, determinando en un breve período aquellos que pasarán a ser
clases pasivas, así como los que podrán insertarse en la vida civil,
dando ayudas
y la correspondiente formación. Esto permitirá a la vez despenalizar a
partir de ahora un delito que crea una nula alarma social, el delito de
insumisión, dando lugar a una Ley de Objeción de Conciencia que equipara
los derechos del objetor y del soldado, no permitiendo el grado de
incertidumbre que viven hoy miles de objetores.
El ejército profesional tiene que ir acompañado del prestigio de las
políticas de seguridad humana, siendo el ejército un instrumento más para
la construcción de la paz. Tan sólo esta línea puede comportar que la
sociedad cambie su concepción sobre las FAS. Por esto es tan importante
la democratización de sus estructuras, o la transparencia de sus
acciones, o la buena dotación y remuneración de los soldados. Esta
elección entre profesionales, al tener que cubrir un número de efectivos
muy inferior a la propuesta del Gobierno, permite seleccionar entre gente
educada para la paz, con valores como la solidaridad y la cooperación,
pueden desarrollar estas líneas en el marco de un ejército pequeño y
reducido. Todo esto permitirá una mejor elección de los efectivos que lo
tendrán que componer, con un nivel de preparación superior al actual,
pudiendo desarrollar un ejército hecho para la paz.
ENMIENDA NUM. 36
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).
Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), presenta 1 voto particular al Informe
relativo a la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim Molins i
Amat.
Voto particular que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) al Informe relativo a la fórmula y plazos para la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas
Enmienda de modificación al punto 2.2, apartado b) del Informe:
«b) Una entidad, que será determinada por el Gobierno en un plazo no
superior a un año, con unos efectivos situados entre 170.000 y 150.000
militares profesionales» (resto igual).
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa, al amparo de lo establecido en el apartado sexto, punto 2, en
relación con el apartado quinto, de la Resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados, de 28 de junio de 1996, sobre procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de
las Comisiones de la Cámara, para presentar los siguientes votos
particulares al texto aprobado por la Ponencia sobre la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Madrid, 8 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
ENMIENDA NUM. 37
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Popular.
ENMIENDA
Voto particular a la página 13, párrafo j)
De modificación.
El texto quedará redactado como sigue:
«j) Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, serán
titulares de los derechos y libertades establecidos en la Constitución,
con las imprescindibles restricciones o limitaciones en su ejercicio que
la propia Constitución y las disposiciones de desarrollo de la misma
contemplen, como respuesta a las exigencias derivadas de los rasgos
esenciales de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que se resumen en la
necesaria disciplina. Se deberán buscar vías que faciliten cauces para la
presentación de propuestas, peticiones y reclamaciones en el ámbito
militar, al mismo tiempo que se sigue profundizando en los objetivos de
vertebrar la justicia militar con la ordinaria, en aplicación del
principio constitucional de «unidad jurisdiccional» y de dar celeridad a
la Administración de Justicia y claridad y simplificación a los
mecanismos para su aplicación.»
ENMIENDA NUM. 38
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Popular.
ENMIENDA
Voto particular a la página 18, párrafo e)
De supresión.
Se suprimen las siete últimas líneas del párrafo e) de la página 18,
quedando éste redactado como sigue:
«e) Por otro lado, y previsiblemente, las Fuerzas Armadas van a necesitar
un número menor de soldados de reemplazo, resultado del propio proceso de
profesionalización.
Lógicamente, habrá que buscar las fórmulas que permitan excluir de la
obligación legal a un determinado contingente de jóvenes.»
ENMIENDA NUM. 39
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Popular.
ENMIENDA
Voto particular a la página 18, párrafo a)
De modificación.
El texto quedará redactado como sigue:
«a) Establecer los mecanismos que permitan compensar los efectivos
globales de soldados profesionales y de reemplazo de forma que el aumento
progresivo de unos suponga el correlativo decremento de los otros.
Concretamente, las Fuerzas Armadas necesitarán un número menor de
soldados de reemplazo, por lo que habrá que buscar fórmulas que permitan
excluir de la prestación del servicio militar a porcentajes
progresivamente crecientes de los reemplazos anuales, aplicando criterios
de la mayor objetividad posible. A estos efectos, se procederá a revisar
los supuestos de exclusión por cuadro médico o razones familiares, así
como a adaptar los procedimientos de sorteo a la evolución de la
situación.»