BOLETIN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES

SECCION CORTES GENERALES

VI LEGISLATURA

Serie A:


ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS 5 de mayo de 1998 Núm. 201

Otros textos

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000010 (CD)

652/000003 (S) Informe aprobado por la Ponencia, creada en el seno de

la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado, de carácter no

permanente, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena

profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no

exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(154) Creación de Subcomisiones y Ponencias.


154/000010.


AUTOR: Comisión Mixta para la plena profesionalización de las Fuerzas

Armadas.


Comunicación de que la Ponencia nombrada en el seno de la Comisión Mixta

para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas ha acordado

remitir a las Presidencias de ambas Cámaras el texto que se adjunta

relativo a la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las

Fuerzas Armadas, así como solicitar la publicación del mismo y la

apertura de un plazo para la presentación ante el Registro General del

Congreso de enmiendas, votos particulares o textos alternativos.


Acuerdo:


Publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el texto referido,

así como autorizar la apertura de un plazo hasta las catorce horas del

día 8 de mayo con el fin solicitado, comunicando este acuerdo a la

Comisión Mixta, a los Grupos Parlamentarios de la Cámara y al Senado.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 1998.--El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


INFORME APROBADO POR LA PONENCIA, CREADA EN EL SENO DE LA COMISION MIXTA,

NO PERMANENTE, PARA ESTABLECER LA FORMULA Y PLAZOS PARA ALCANZAR LA PLENA

PROFESIONALIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS, LO QUE CONLLEVARA LA NO

EXIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

1. MARCO GENERAL: DEFENSA Y SEGURIDAD EN EL MUNDO

1.1. El cambio del escenario estratégico internacional

En la última década del siglo XX, Europa ha vivido una época de profundos

cambios en las relaciones internacionales como consecuencia de la

desaparición de la antigua Unión Soviética y de la recuperación de la

soberanía e independencia de los países que, tras la Segunda Guerra

Mundial, habían quedado bajo su influencia. El resultado ha sido un

entorno de seguridad europea totalmente diferente del que dio origen a la

creación de los antiguos bloques antagónicos.


El declive de la amenaza militar soviética, que afectaba de forma

generalizada e inmediata a la seguridad de los aliados occidentales,

marcó el fin de la bipolaridad y permitió que la situación política y

estratégica europea cambiara, en términos generales, hacia una era de

mayor estabilidad que se va consolidando paulatinamente gracias a las

medidas de transparencia y de fomento de la confianza y seguridad puestas

en práctica en los últimos años. Estas medidas han favorecido el

establecimiento de unas nuevas relaciones basadas en el diálogo y la

cooperación entre los antiguos adversarios, han conseguido




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alejar la amenaza de un ataque masivo e inmediato y, en consecuencia, han

transformado el escenario estratégico internacional.


Sin embargo, la desaparición de la bipolaridad, característica de la

Guerra Fría, no ha ido acompañada de la ausencia de conflictos, tal y

como se preveía en la Carta de París de 1990. Muy al contrario, no ha

podido evitar la aparición, en el centro y en la periferia de Europa, de

una serie de conflictos de limitada entidad pero de notable repercusión

internacional.


Paradójicamente, la desaparición de un enemigo de gran entidad no ha

tenido como consecuencia la deseada estabilidad porque la aparición de

pequeños conflictos ha dado lugar a una situación de incertidumbre más

compleja que la que presentaba la anterior amenaza única y monolítica.


Ahora se debe afrontar lo que se ha venido en denominar riesgos y

desafíos de carácter multidireccional y multifacético, que exigen nuevas

soluciones.


Este nuevo escenario estratégico ha hecho evolucionar los conceptos de

seguridad y defensa occidentales. El concepto tradicional de Seguridad se

centraba básicamente en aspectos militares; con los cambios acaecidos, el

nuevo concepto se basa en una visión más global de la Seguridad que tiene

presentes los conceptos de estabilidad y cooperación, incluyendo factores

sociales, económicos, ecológicos, etc.


En el ámbito interno, se ha alcanzado una estabilidad de las estructuras

sociales y un grado de bienestar y madurez en las sociedades que por sí

mismo inspira seguridad y protección. En el aspecto exterior, las

naciones han logrado un grado de confianza suficiente con los países

vecinos mediante acuerdos bilaterales o por la pertenencia a las mismas

organizaciones supranacionales en las que el diálogo prima sobre

cualquier otra forma de dirimir las diferencias.


En consecuencia, la defensa nacional, aunque responsabilidad primaria de

cada Estado, no tiende a abordarse individualmente sino en un ámbito

supranacional, desde el convencimiento de que la seguridad es cosa de

todos y sus problemas se resuelven entre todos. Aparece así el nuevo

concepto de seguridad compartida.


Por ello, sin descuidar la capacidad de autodefensa, se exige de las

naciones un esfuerzo para responder a los riesgos y desafíos más

probables y se les imponen nuevas misiones que, generalmente, se van a

resolver en el ámbito internacional en respuesta a mandatos de

organizaciones supranacionales.


En búsqueda del llamado «dividendo de la paz», en todas las naciones

aparece una tendencia a reducir la entidad de sus fuerzas y una mayor

dependencia de las organizaciones multinacionales en aspectos de defensa

y seguridad, por considerarlas mejor dotadas para responder de la manera

más eficaz a los condicionantes de la nueva situación estratégica.


1.2. El marco europeo y transatlántico de seguridad y defensa

Es, pues, un hecho que una de las consecuencias más importantes de los

cambios estratégicos experimentados durante los últimos diez años es la

potenciación de las organizaciones colectivas de seguridad y defensa. Se

han superado los planteamientos defensivos autárquicos fundados en la

autosuficiencia nacional y, aunque siguen siendo válidas las concepciones

de seguridad y defensa fundamentadas en las capacidades militares

propias, se busca la cooperación política y militar entre las naciones

como medio de obtener una mayor seguridad y a un meñor coste.


Esta cooperación internacional en cuestiones de defensa y seguridad se

promueve generalmente al amparo de instituciones como Naciones Unidas

(NNUU) o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

(OSCE), lo que proporciona legitimidad, respaldo internacional y fuerza

moral a las operaciones militares que se llevan a cabo para la imposición

o mantenimiento de la paz en el mundo. Es también la mejor forma de

satisfacer los intereses comunes de seguridad y defensa, mediante la

acción multinacional, lo que constituye la razón de ser de organizaciones

como la Alianza Atlántica (OTAN) o la Unión Europea Occidental (UEO). En

tercer lugar, fomenta el mutuo conocimiento entre países que comparten y

respetan los mismos principios y, por último, ya en el plano nacional

interno, impulsa una entidad y una estructura de Fuerzas Armadas

compatibles, interoperables y coherentes con el entorno exterior, en el

que podrían ser llamadas a actuar, si bien deben mantener en todo caso la

capacidad de responder a las propias necesidades defensivas nacionales.


Las Naciones Unidas, aunque albergan y legitiman iniciativas globales en

materia de seguridad y desarme, carecen de capacidad militar, lo que

limita seriamente su posibilidad de intervención y la Organización para

la Seguridad y Cooperación en Europa presenta las mismas limitaciones de

medios militares, presupuestarios y de decisión. Por ello, su actuación

está siempre condicionada a la voluntad de las naciones miembro de

responder, individual o colectivamente, a las solicitudes que dichas

Organizaciones formulan para conseguir el mantenimiento de la paz y de la

seguridad en el mundo.


Ello no obsta para reconocer el papel que ambos organismos vienen

desempeñando en el ámbito del mantenimiento o de la imposición de la paz

y en el de la prevención de conflictos, en los que España, desde hace una

década, ha tenido una importante participación activa, en múltiples

acciones internacionales, de acuerdo con el Capítulo IV de la Carta de

las Naciones Unidas, que señala que las fuerzas bajo mandato de la ONU

serán empleadas sólo con el consentimiento de las partes involucradas,

siendo su objetivo el mantenimiento de la paz, la ayuda al cese de las

hostilidades y la prevención de su reanudación.


Por otra parte, la Alianza Atlántica es la principal organización de

seguridad en Europa y en el mundo. La OTAN aporta, además, una dimensión

transatlántica al marco de la seguridad europea.


Al mismo tiempo, la Alianza, ha sabido renovarse abriendo sus puertas a

nuevos países, y definiendo una estructura militar para adecuarse a las

nuevas circunstancias.


La OTAN, aunque es una organización de naciones soberanas donde el

principio fundamental es el consenso, se caracteriza por el alto grado de

integración y de seriedad en los compromisos adquiridos. Aunque la

participación en operaciones militares no es automática --ni siquiera en

el supuesto de defensa colectiva--, la coordinación de la planificación

militar y el reparto de cargas y responsabilidades mantiene una

vigilancia colectiva, una especie de auditoria externa, sobre el grado de

cumplimiento




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de los objetivos de fuerza y colaboración previamente establecidos de

mutuo acuerdo. De esta forma, a la tradicional preocupación de la Alianza

por evitar un reparto desigual de las cargas colectivas, se une la

voluntad de que ningún miembro de la misma se convierta en un receptor

neto de seguridad.


La Unión Europea Occidental es una organización de seguridad genuinamente

europea cuyos lazos con la Unión Europea (UE) se siguen estrechando. El

Tratado de Amsterdam, como anteriormente el de Maastricht, impulsa la

posibilidad de convergencia entre la UE y la UEO en temas de seguridad y

defensa. La Unión Europea Occidental concede también gran importancia al

mantenimiento de un fuerte vínculo transatlántico.


La flexibilidad de la OTAN ha permitido que los Estados miembros de la

Unión Europea Occidental (UEO) desarrollen dentro de la Alianza la

denominada Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD) para atender

al desarrollo de aquellas misiones humanitarias, de rescate o de

operaciones de mantenimiento de la paz que individualmente o coligados

con otros miembros o terceros, lleven a cabo y en las que no desean

participar todos los aliados.


Para ello ha sido fundamental la definición del nuevo concepto de Fuerzas

Operativas Conjunto-combinadas (CJTF), que también permitirá la

participación de otros países en la realización de misiones.


Ambas organizaciones, OTAN y UEO, están comprometidas en mantener la

complementariedad y transparencia entre ellas. La complementariedad

supone no duplicar esfuerzos y, por ello, ambas organizaciones han

establecido los procedimientos que permitan a la UEO ejecutar

operaciones, empleando medios de la OTAN.


Ahora bien, mejorar la capacidad operativa de la Unión Europea Occidental

ha de ser nuestra aspiración. Este propósito ha de impulsar la

organización de los ejércitos europeos desde la lógica de la

complementariedad entre ellos, haciendo un esfuerzo para evitar

duplicidades, coordinando la política de adquisición de nuevo material,

desarrollando políticas de I+D comunes y concretando programas de

formación conjunta para los oficiales y suboficiales.


En el caso concreto de la estabilidad y seguridad en el Mediterráneo, hay

que continuar con la línea iniciada en la conferencia de Barcelona de

noviembre de 1995. El objetivo de impulsar la creación de una conferencia

para la seguridad y la cooperación en el Mediterráneo, continúa siendo

oportuno desde esta perspectiva.


1.3. El impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones de

defensa y en los ejércitos

Un panorama estratégico distinto, donde el ambiente aparece más complejo,

en el que surgen nuevas misiones añadidas a las tradicionales de

autodefensa y donde la convergencia de esfuerzos impone la necesidad de

entenderse con los Aliados, es indudablemente más exigente en cuanto al

factor humano. Pero buscar la solución a esta exigencia en el aumento de

efectivos sería tratar de resolver el futuro con visión de pasado. La

solución no está sólo en el número sino en la conjunción de éste con la

calidad y la preparación.


Tanto las situaciones de crisis como el recurso a la fuerza siguen

representando el tradicional enfrentamiento de voluntades pero, aunque el

fondo sea el mismo, la revolución tecnológica ha introducido cambios

drásticos en la forma de resolverlas. La posibilidad de tomar decisiones

en tiempo real y, llegado el caso, el uso de armas inteligentes y la

opción de elegir objetivos con precisión y sin daños colaterales,

plantean un tipo de operaciones donde priva la calidad y donde la

preparación está sometida a prueba de forma permanente.


Formar ejércitos capaces, en un momento dado, de manejar con prudencia y

acierto los nuevos medios que la innovación tecnológica pone a su

disposición, es un reto al que hoy se enfrentan las sociedades modernas,

tanto en el aspecto de su propia seguridad y defensa como en el de su

aportación a la seguridad compartida dentro de organizaciones

internacionales.


No aceptar esta dinámica implica quedarse al margen de una realidad y de

un proceso de modernización que hoy viven las sociedades de nuestro

entorno. Aceptarla significa el primer paso en el lógico camino que debe

conducir a las Fuerzas Armadas que se van a necesitar en el siglo XXI.


Las Fuerzas Armadas que hayan asumido esta revolución tecnológica podrán

imponer su superioridad desde los primeros momentos de un hipotético

conflicto. De ahí la necesidad de que todas las naciones miembros de una

organización de defensa colectiva mantengan unos niveles de modernización

similares que impidan la desconexión tecnológica lo cual dificultaría

seriamente su interoperabilidad.


La Industria de Defensa Europea está muy fragmentada en contraste con la

de los Estados Unidos, donde existe un mercado único. El mantenimiento de

una Industria de Defensa Europea moderna, eficaz y competitiva deberá ser

un elemento primordial de la Política de Seguridad Europea.


Además, el esfuerzo de innovación tecnológica debe hacerse sosteniendo

también un adecuado grado de instrucción y de mantenimiento del material,

porque su utilidad final no depende de la disponibilidad física del

armamento y equipo, sino de su grado real de operatividad.


Ello no disminuye la importancia del factor humano. Al contrario, la

orienta más en la dirección de su calidad que en la de su cantidad. Lo

importante es pues, no sólo disponer del número de hombres y mujeres

necesario para el desarrollo de las misiones de las Fuerzas Armadas,

sino, sobre todo, su preparación, dedicación y capacidad profesional para

manejar unos medios cada día más complejos técnicamente.


2. MARCO NACIONAL ESPAÑOL

Los condicionantes expuestos exigen una revisión a fondo de los modelos

de Fuerzas Armadas que en la práctica totalidad de las naciones

occidentales se encuentra ya en marcha. En España ha tenido lugar,

también, un período de análisis y reflexión para determinar el nuevo

modelo de Fuerzas Armadas, capaces de cumplir eficazmente con sus

misiones y de constituir un adecuado instrumento de disuasión y de

política exterior en el nuevo




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panorama estratégico internacional del siglo XXI y dentro del marco de

seguridad compartida que disfruta España, mediante su participación en

organizaciones colectivas de seguridad como la Organización de Naciones

Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la

Alianza Atlántica, en la que España acaba de integrarse en su estructura

militar integrada, y la Unión Europea Occidental.


Los españoles estamos convencidos de la necesidad de dotarnos de una

defensa eficaz que garantice el ámbito de seguridad imprescindible para

seguir construyendo el sistema de libertades y el ámbito de bienestar

económico y de igualdad social que nuestra Constitución proclama como

modelo desde su primer artículo.


Al mismo tiempo, somos conscientes de que la defensa tiene un coste, el

precio de la libertad, y supone un compromiso de contribuir, dentro de

nuestras posibilidades, al mantenimiento de la paz mundial y a la defensa

del sistema de valores y libertades que nuestra Constitución representa.


Para considerar el impacto en la opinión pública de los aspectos de

seguridad y defensa hay que entender dos hechos clave: en primer lugar,

la nuestra es una sociedad abierta al ambiente internacional que quiere

que España ocupe el sitio que le corresponde de acuerdo con su historia y

su peso político como nación, pero por otra parte no desea que soldados

de reemplazo tengan que cumplir misiones en el exterior.


Estos dos hechos explican por qué una mayoría de españoles se muestra

partidaria de unas Fuerzas Armadas profesionales e incluso se declara

dispuesta a afrontar el necesario esfuerzo presupuestario.


2.1. Necesidad de revisar el actual modelo mixto de fuerzas armadas

En este sentido el diseño del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, además de

apoyarse en razones operativas y funcionales, debe tener el valor añadido

de constituir una respuesta válida a una demanda social, lo que hace que

razonablemente quepa esperar la necesaria comprensión y apoyo de la

sociedad española para este modelo.


La opinión pública tiene, pues, una clara percepción del entorno

estratégico antes descrito y de sus requerimientos y está convencida de

que el mundo de las relaciones internacionales debe estar basado

primariamente en el diálogo y en la tolerancia, así como en la progresiva

corrección de los desequilibrios económicos, generadores de la injusticia

en la que se enraíza el origen de muchos de los conflictos que amenazan o

asolan a la humanidad.


Este convencimiento de la opinión pública que lleva a la conclusión de la

necesidad de dotarnos de unas Fuerzas Armadas profesionales, capaces no

sólo de la defensa de nuestro territorio, independencia y soberanía, sino

de participar en operaciones de mantenimiento o imposición de la paz, o

de ayuda humanitaria, se refleja inequívocamente en las últimas encuestas

realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, en particular

la celebrada sobre la defensa nacional y la profesionalización del

Ejército en enero-febrero de 1997 y de la que ha tenido conocimiento esta

Comisión a lo largo de sus trabajos.


España es igualmente consciente de que vivimos en un mundo inmerso en

cambios acelerados y en el que el éxito se fundamenta cada vez más en la

capacidad de adaptarse con la flexibilidad y la rapidez necesaria a esos

cambios. Ello es así también en el campo de la defensa pues, en este

ámbito, el futuro pertenece a las naciones capaces de pensar antes,

pensar más y pensar mejor que las demás.


El modelo de Fuerzas Armadas 2000, modelo mixto vigente, fue aprobado en

el Pleno del Congreso de los Diputados en su reunión del día 27 de junio

de 1991 por una amplísima mayoría y se encuentra aún hoy en sus últimas

fases de implantación, que el Gobierno ha acelerado para el año 1998.


Este modelo supuso un hito importante en el eñorme esfuerzo de

modernización y ajuste de efectivos que, bajo la dirección de los

Gobiernos de la democracia, han realizado nuestras Fuerzas Armadas

durante los últimos veinte años.


A pesar de su juventud y de que ha cubierto satisfactoriamente los

objetivos propuestos, es decir, las necesidades defensivas de España

durante estos últimos años, debe ser revisado y superado por un nuevo

modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales que nos permita

adaptarnos a los requerimientos estratégicos y de índole política

sucintamente descritos anteriormente y que han sido objeto de amplio

debate en esta Comisión Mixta.


En breve resumen, las razones para el cambio son las siguientes:


a) La situación estratégica actual requiere unas Fuerzas Armadas más

operativas, más flexibles, más polivalentes y orientadas a la acción

conjunta.


b) El factor tecnológico ha hecho que el énfasis en relación con el

factor humano se haya trasladado de la cantidad a la calidad. Es decir,

las Fuerzas Armadas son progresivamente más reducidas pero requieren

hombres y mujeres cada vez mejor preparados profesionalmente, con plena

dedicación al desarrollo de sus tareas y plena disponibilidad de

actuación allá donde se les requiera.


c) Este camino hacia nuestro nuevo modelo está, además, refrendado y

contrastado por decisiones similares en otros países de nuestro entorno,

que han manifestado en su conjunto, ante esta Comisión Mixta, un estado

de opinión favorable hacia el resultado obtenido de unas Fuerzas Armadas

profesionales.


Así pues se considera que el nuevo modelo dará cumplida respuesta a una

clara aspiración social de los españoles reflejada en un estado general

de opinión que, si bien se sustenta en parte en el rechazo al concepto

obligatorio del servicio militar, fundamentalmente se basa en la

percepción generalizada en el mundo occidental de que las guerras, los

conflictos y las crisis de próximo futuro se desarrollarán en un ambiente

tecnológico avanzado, y que para ello se necesita personal altamente

cualificado y profesional. En otras palabras, la sociedad demanda un

nuevo modelo de Fuerzas Armadas acorde con los tiempos actuales y con la

evolución de la misma sociedad, pues entiende que en la era de la

especialización en todos los ámbitos es necesario también que la defensa

descanse sobre especialistas profesionales.





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Modelo profesional que, además, se irá imponiendo en todos los países de

la Unión Europea, lo que facilitará la cooperación de los respectivos

Ejércitos, puede ayudar a avanzar en la vía de una política común de

defensa y, en consecuencia, hará más factible la integración política de

Europa, que redundará en beneficio de los ciudadanos europeos.


Esa integración en Europa obliga a difundir en el ámbito militar valores

que, sin cuestionar los esencialmente patrióticos de cada Estado, los

haga compatibles con una idea de cooperación internacional en la búsqueda

de la paz. En este sentido, desarrollar un concepto de Fuerzas Armadas al

servicio de los valores de la paz y de la solidaridad garantiza el

compromiso del conjunto de la sociedad y, especialmente, de la juventud

con esas Fuerzas Armadas.


2.2. Principios generales del nuevo modelo de fuerzas armadas

Las nuevas Fuerzas Armadas españolas necesitarán una mentalización,

despliegue y preparación específica para, además de garantizar la defensa

de España, actuar en escenarios situados fuera del propio territorio

nacional o aliado, con motivo de situaciones de emergencia o crisis, bien

para garantizar la estabilidad internacional o bien para la defensa de

los legítimos intereses de España, compartidos o no con el resto de

países aliados, allá donde se pudieran ver afectados por riesgos o

amenazas. Ello supone que deben disponer de una capacidad de proyección

exterior, que exige, entre otras, unas características tales como

flexibilidad, alta disponibilidad, rapidez de actuación, capacidad de

transporte y medios sofisticados de combate o de apoyo. Deben disponer

también de la interoperabilidad necesaria para actuar con los ejércitos

de otras naciones, especialmente las aliadas.


Todo esto obliga, obviamente, a una preparación a todos los niveles que

no se puede alcanzar para el personal de tropa en el corto periodo de

tiempo de duración del servicio militar. Se precisa un tiempo y una

dedicación muy superiores a los que se exigían hace tan solo unos pocos

años y ello corrobora la necesidad de unas Fuerzas Armadas plenamente

profesionales.


Estas Fuerzas deberán tener una entidad, estructura, equipamiento y grado

de disponibilidad que las capaciten para disuadir a los potenciales

adversarios de cualquier agresión contra la soberanía o los intereses

nacionales y para contribuir, en proporción a nuestro potencial económico

y político, a la defensa colectiva dentro de las Alianzas a las que

pertenecemos.


Ello supone alcanzar un punto de compromiso y equilibrio entre la entidad

de la fuerza, la necesidad de mantener la inversión en modernización y el

grado de adiestramiento y operatividad necesarios, dentro de las

previsibles disponibilidades presupuestarias para el futuro. Solo así se

conseguirá disponer de unas Fuerzas Armadas plenamente operativas y

dispuestas para garantizar el cumplimiento de las misiones que el

Gobierno les encomiende.


El nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales, capaz de responder a

las exigencias y circunstancias anteriormente expuestas, debe

sustentarse, para dar plena satisfacción a las razones que lo motivan, en

los siguientes principios generales:


a) La plena voluntariedad y profesionalidad de sus componentes, sin

discriminación de sexos, tanto en cuadros de mando como en tropa y

marinería.


b) Una entidad, que será determinada por el Gobierno en un plazo no

superior a un año, con unos efectivos máximos de 170.000 militares

profesionales. En función de la evolución del proceso de modernización de

los Ejércitos y de racionalización de sus estructuras orgánicas el

Gobierno, dentro del planeamiento de la defensa militar, irá efectuando

los correspondientes ajustes de efectivos, tendentes a su reducción.


c) La adaptación del personal civil al servicio de la Administración

Militar a los requerimientos del modelo de plena profesionalización de

las Fuerzas Armadas, lo que hace necesario reconsiderar tanto su número

como sus características de formación y especialidad.


d) Una formación del personal, que deberá satisfacer las necesidades

de la institución militar y posibilitar las aspiraciones personales de

los interesados, mediante el adecuado sistema de promoción interna o de

reinserción en la vida civil. Al mismo tiempo la propia sociedad se

beneficiará de unos profesionales bien preparados y con experiencia.


e) Un equipamiento material adecuado, lo que, en línea con las

tendencias actuales, debe tender a medio plazo hacia una distribución

entre gastos de personal y material en el entorno del cincuenta por

ciento y, posteriormente, hacia un cuarenta y un sesenta por ciento,

respectivamente.


f) Un respaldo financiero, estable y suficiente, que permita

afrontar los gastos derivados del incremento del número de militares

profesionales, de su formación y adiestramiento permanente y de los

programas de modernización de armamento y equipo.


g) Criterios de coordinación y eficacia conjunta en el desempeño de

los cometidos de las Fuerzas Armadas.


h) La racionalización y reducción de las actuales estructuras

organizativas y la mejora de los procedimientos administrativos de toda

índole al servicio de un criterio de mayor eficacia en la gestión.


i) Un sistema de reserva y movilización para conseguir, de forma

progresiva o selectiva, completar las unidades de los ejércitos o llevar

a cabo una eventual generación de fuerzas para hacer frente a las

necesidades en el ámbito de la seguridad y la defensa.


j) Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, serán

titulares de los derechos y libertades establecidos en la Constitución,

con las imprescindibles restricciones o limitaciones en su ejercicio que

la propia Constitución y las disposiciones de desarrollo de la misma

contemplen, como respuesta a las exigencias derivadas de los rasgos

esenciales de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que se resumen en la

necesaria disciplina. Se deberán buscar vías que faciliten cauces para la

presentación de propuestas, peticiones y reclamaciones en el ámbito

militar y, al mismo tiempo, deberán mejorarse los mecanismos de

funcionamiento de la justicia militar.


k) En relación con el apartado anterior, se considera que dicho

régimen de derechos está regulado por Ley, donde se conjugan

características esenciales de una institución disciplinada, jerarquizada

y unida, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción,

con el máximo respeto a la dignidad y los derechos inviolables




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de la persona que todo militar tiene obligación de respetar y derecho a

exigir.


Es conveniente incorporar a nuestro acervo una cultura de defensa que al

igual que otros objetivos de paz, justicia, libertad, solidaridad y

prosperidad permitan construir un sugestivo proyecto de vida en común, un

programa de futuro que estimule a todos los ciudadanos.


En ese mismo sentido, al concretar el modelo plenamente profesional, hay

que integrar a los militares en la sociedad de la que forman parte, a la

que sirven y de la que también deben recibir el máximo estímulo y apoyo.


El sistema de enseñanza militar, las retribuciones, el apoyo a la

movilidad, la atención a la salud y acción social, todo el ejercicio

profesional, deben ajustarse sin duda a las características singulares de

la actividad militar pero evitando el aislamiento social de unos

profesionales que deben encontrar su correcto acomodo en ámbitos sociales

y culturales acordes con su preparación y ejercicio profesionales.


Otra de las formas de mejorar la integración de las Fuerzas Armadas en la

sociedad, es la transparencia en su actuación, con una buena información

y comunicación con los ciudadanos y con las Instituciones. Habrá que

impulsar las reformas legislativas necesarias para permitir una mayor

participación de las Cortes Generales en el impulso y control de la

política de Seguridad y Defensa, especialmente en el ciclo de

planeamiento y en la definición de los programas de armamento con sus

correspondientes inversiones a corto, medio y largo plazo.


El proceso de formación personal y profesional de los militares deberá

incorporar expresamente los valores y principios del ordenamiento

constitucional, contemplando la pluralidad cultural del Estado.


3. RASGOS BASICOS DEL NUEVO MODELO DE TROPA Y MARINERIA PROFESIONALES

3.1. Compromisos

Deberán establecerse dos tipos de compromisos, uno de corta y otro de

larga duración.


El compromiso de corta duración estará dirigido a aquellos españoles que

deseen ingresar como militares de tropa y marinería profesionales en las

Fuerzas Armadas por un período aproximado de entre 12 y 18 meses. Será un

primer contacto con las Fuerzas Armadas, opción voluntaria que facilita

el ejercicio del derecho constitucional de la defensa de España, y que

además les permitirá una mejor apreciación del ámbito militar y poder

adoptar posteriormente decisiones de continuidad.


Los que adquieran este compromiso, además de ser beneficiarios de los

incentivos que más adelante se indican, deberán tener preferencia para

optar al modelo de larga duración de tropa y marinería profesionales.


El compromiso de larga duración no será inicialmente superior a tres

años, pero será susceptible de ampliaciones sucesivas.


A estos profesionales se les deberá diseñar una carrera, que les permita

tener un horizonte profesional definido, progresar en el propio desempeño

profesional de su especialidad y proyectarse hacia la tropa y marinería

de carácter permanente, hacia las escalas de cuadros de mando o hacia la

recolocación en el mundo laboral civil tanto público como privado.


El diseño de carrera de la tropa y marinería podrá culminar, dentro de la

propia categoría, al alcanzar la condición de permanente.


3.2. Reclutamiento y formación

En cuanto al reclutamiento y la formación deberán tenerse en cuenta las

siguientes consideraciones:


a) Con vistas a la selección de los aspirantes a militares de la

tropa y marinería profesionales, con los requerimientos exigibles para

conseguir la calidad necesaria, se hará una oferta anual de plazas por

Ejército y especialidad. Deberán estudiarse los mecanismos para ir

implantando progresivamente un sistema continuado de selección.


b) Una vez seleccionados los aspirantes, pasarán por una fase de

formación elemental. Una vez finalizada la misma, tendrá lugar la firma

del compromiso inicial y el nombramiento correspondiente.


Posteriormente, para aquellas especialidades que lo necesiten, deberán

existir unas fases de formación complementaria en las que se profundizará

en los conocimientos necesarios para el ejercicio de las citadas

especialidades.


c) El proceso de selección se debe regir por criterios de

competencia y eficacia orientados a incorporar a los Ejércitos a unos

soldados y marineros motivados y capaces de desempeñar sus tareas, al

igual que en cualquier otra actividad profesional en la que se exijan

parámetros de eficiencia. Una buena selección y formación es la que debe

hacer posible que las Fuerzas Armadas dispongan de los profesionales

debidamente capacitados y que éstos, a su vez, estén preparados para

competir en el mercado de trabajo. Profesionales motivados, debidamente

remunerados y dotados de los medios suficientes. Esa remuneración

adecuada constituye una pieza clave como se ha demostrado en la evolución

del voluntariado especial y en el modelo mixto; por ello constituye un

objetivo fundamental la determinación de un sistema de retribuciones

dignas, acordes con las exigencias de la función militar y adaptadas al

mercado.


d) Deben tenerse en cuenta toda clase de incentivos, además del

elemento puramente vocacional, para garantizar que se cumplen los

objetivos del reclutamiento.


El sistema deberá ofrecer al militar profesional la respuesta a la lógica

expectativa de los jóvenes hacia un empleo o salida profesional de

carácter permanente, tanto en las Fuerzas Armadas como fuera de ellas, en

el campo público o privado, al superar un determinado tiempo de servicio.


Para ello, los profesionales de tropa y marinería tendrán la posibilidad

de continuar en las Fuerzas Armadas mediante promoción interna.


El cumplimiento de algún compromiso en las Fuerzas Armadas profesionales,

teniendo en cuenta el tiempo de servicio, las aptitudes o cualificaciones

profesionales, así como titulaciones adquiridas durante el mismo será

considerado




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como mérito en los sistemas de selección del personal, funcionario o

laboral al servicio de las Administraciones Públicas.


Se establecerán los mecanismos adecuados para posibilitar y favorecer la

integración laboral en el mundo de la empresa privada de los soldados y

marineros profesionales que concluyan sus compromisos.


4. RECURSOS FINANCIEROS

Como es lógico, un estudio económico de las futuras Fuerzas Armadas

Profesionales debe incluir no sólo el coste en sí de la

profesionalización, sino inexcusablemente los costes de modernización del

armamento, material y equipo.


Profesionalización y modernización son conceptos indisociables. De

acuerdo con los datos con que cuenta esta Comisión Mixta, actualmente el

presupuesto de Defensa se distribuye en un 57 % para gastos de personal y

un 43% para gastos de material.


Siendo conscientes de que, idealmente, para conseguir unas Fuerzas

Armadas modernas sería preciso alcanzar una proporción de un 40 / 60, las

estimaciones presupuestarias previstas en el período de implantación del

modelo nos llevan a que se deba alcanzar la proporción 50/50.


Todo ello requiere la aplicación de la financiación precisa para asegurar

los procesos de profesionalización y modernización de las Fuerzas

Armadas, que se debe concretar en un incremento progresivo de los

Presupuestos de Defensa hasta alcanzar en el periodo de cinco años los

objetivos de dicho modelo. El Gobierno incluirá en el escenario

macroeconómico de los próximos ejercicios dichas previsiones y efectuará

el planeamiento de los procesos de profesionalización y modernización de

las Fuerzas Armadas en el citado período definiendo unos programas

plurianuales realistas para garantizar un notable grado de seguridad en

su cumplimiento.


5. PERIODO TRANSITORIO

Como es lógico, la adopción de un nuevo modelo requiere un periodo

transitorio, que permita construirlo sobre bases sólidas y durante el

cual no se vea reducido el nivel de operatividad de los Ejércitos.


La Comisión considera que el Gobierno debe de realizar sus mejores

esfuerzos para conseguir que, atendiendo a las circunstancias tanto

presupuestarias como de organización, reclutamiento y formación del

personal profesional, este período transitorio sea lo más breve posible.


En todo caso el proceso deberá estar terminado en su conjunto no más

tarde del 31 de diciembre del año 2002.


Como en todo cambio, el paso de un sistema a otro es un momento crítico,

porque, a lo largo del proceso, podría producirse una deslegitimación

progresiva del servicio militar obligatorio que, de no tomar las

oportunas medidas, pondría en riesgo el objetivo propuesto y, en

consecuencia, la defensa de España. Para realizar una buena gestión del

período transitorio se deberán adoptar las siguientes medidas: a)

Establecer los mecanismos que permitan compensar los efectivos globales

de soldados profesionales y de reemplazo de forma que el aumento

progresivo de unos suponga el correlativo decremento de los otros.


b) Dejarán de prestar el servicio militar obligatorio los españoles

a los que correspondería incorporarse con carácter ordinario a partir del

1 de enero del año 2002, es decir, todos los nacidos con posterioridad al

1 de enero de 1983 no serán llamados a prestar el servicio militar

obligatorio.


c) A los nacidos con anterioridad al 1 de enero de 1983, les seguirá

siendo de aplicación la legislación reguladora del servicio militar o la

de la prestación social sustitutoria.


d) La legislación reguladora de la objeción de conciencia y de la

prestación social sustitutoria y su aplicación se irán ajustando a la

evolución del servicio militar.


e) Por otro lado, y previsiblemente, las Fuerzas Armadas van a

necesitar un número meñor de soldados de reemplazo, resultado del propio

proceso de profesionalización. Lógicamente habrá que buscar las fórmulas

que permitan excluir de la obligación legal a un determinado contingente

de jóvenes. La revisión del cuadro médico de exclusiones y de los

supuestos de exclusión por razones familiares, para incluir el máximo de

objetividad posible en los criterios que permitan que un número

importante de jóvenes se vean librados de la obligación del servicio

militar, constituyen criterios más objetivos para determinar el excedente

de contingente.


6. REFORMAS NORMATIVAS NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO

La implantación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas requerirá la

modificación o derogación de normas de carácter legal y reglamentario,

así como la redacción de otras nuevas. La Comisión insta al Gobierno a

presentar ante las Cámaras, en el meñor plazo posible, los proyectos de

ley que permitan la efectiva implantación del modelo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 1998.