Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 221, de 16/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 221
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 213
celebrada el martes, 16 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
establecimiento de la renta mínima que garantice una existencia
digna. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 282-1, de 1
de marzo de 1999 (número de expediente 122/000251) . . .
(Página 11788)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre Servicios Postales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 230-1, de 26 de octubre de
1998 (número de expediente 122/000203) . . . (Página 11794)
Avocación por el Pleno:
- De la deliberación y votación final del Proyecto de Ley sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social (procedente del Real
Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero) (número de expediente 121/000159)
. . . (Página 11801)
Modificación del orden del día:
- Propuesta de creación de una subcomisión para definir medidas que
objetiven, sobre premisas de solidaridad y equilibrio
interterritorial, el coste de los peajes de las autopistas, con la
finalidad de eliminar las actuales discriminaciones (números de
expediente 158/000039 y 158/000040) . . . (Página 11801)
Propuestas no de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la subida de las pensiones
mínimas y las pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 373, de 8 de febrero
de 1999 (número de expediente 162/000323) . . . (Página 11801)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a articular un Plan Nacional de Prevención de la Sordera
Infantil. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 250, de 30
de noviembre de 1998 (número de expediente 162/000304) . . .
(Página 11809)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, para que el Gobierno informe del
sentido y alcance de sus propuestas en el marco de la negociación de
la Agenda 2000 (número de expediente 173/000127) . . . (Página 11814)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la
circunscripción electoral única para las elecciones al Parlamento
Europeo (número de expediente 173/000128) . . . (Página 11820)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para debatir la
política de potenciación de la autonomía de gestión con respecto al
sistema sanitario y la política de salud a realizar por las entidades
públicas (número de expediente 173/000129) . . . (Página 11828)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 11788)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
establecimiento de la renta mínima que garantice una existencia digna
. . . (Página 11788)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Vaquero del Pozo. Manifiesta, en primer lugar, que están lejanos ya
los tiempos en que Felipe III decía que los pobres habían de ser
legítimos y verdaderos; por el contrario, se ha llegado a comprender
que la pobreza es función, la mayor parte de las veces, de la
ausencia de una adecuada política económica, tanto en el sentido del
crecimiento sostenible que hay que procurar para ello como en el de
la justa distribución de la riqueza. Después de una serie de
consideraciones sobre el desigual reparto del empleo y sobre el
sistema de protección europeo, pasa a referirse en particular al
sistema
español, que considera insuficiente, puesto que no contempla el
tercer nivel asistencial, que cierra el círculo de las posibilidades
de cobertura de la indigencia, es decir, el salario social para
aquellos que no tengan rentas salariales ni otros ingresos y, sin
embargo, no puedan ser beneficiarios de las prestaciones o el
subsidio, bien por no reunir los requisitos legales, bien por haberse
agotado el período de percepción del mismo. Se refiere al artículo 41
de la Constitución, que establece que los poderes públicos mantendrán
un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y opina
que el salario social debe formar parte del desarrollo estatal de las
instituciones jurídicas, habilitadas legalmente para dar cobertura
social, siendo el momento presente de bonanza económica el adecuado
para institucionalizarlo.
En turno en contra interviene la señora Montseny Masip, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Vaquero del Pozo, duplicando la señora Montseny
Masip.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto;
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco(EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Díaz Sol, del Grupo Socialista del
Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre servicios postales . . .
(Página 11794)
El señor Torres Sahuquillo presenta, en nombre del Grupo Socialista
del Congreso, la proposición de ley sobre servicios postales, para su
toma en consideración. Con ella se pretende, por una parte, corregir
la absoluta falta de rigor técnico que, a su juicio, está presente en
toda la Ley 24/1998, de 13 de julio, en lo que atañe a las tarifas
aplicables por la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos a
los distintos servicios postales, y por otra, eliminar algunas de las
trabas que impiden al correo público defenderse de la competencia
feroz a que se ve sometido por parte de las empresas privadas que
operan en el sector. Explica en detalle la situación en que se
encuentra la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos y las
propuestas que hacen en su proposición de ley en defensa de los
derechos de los ciudadanos, afirmando que quien rechace la toma en
consideración de la proposición de ley debería ofrecer una
alternativa que resolviera de verdad el problema que atenaza al
correo público.
En turno en contra de la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Socialista del Congreso, interviene el señor Pons
Franco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde para
recibir a S.E. el presidente de la República de Colombia.
Se reanuda la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.
En turno de réplica interviene el señor Torres Sahuquillo, duplicando
el señor Pons Franco.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
establecimiento de la renta mínima que garantice una existencia
digna, se rechaza por 138 votos a favor y 160 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, sobre servicios postales, se
rechaza por 137 votos a favor, 160 en contra y una abstención.
Avocación por el Pleno . . . (Página 11801)
El señor presidente comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social, lo que se aprueba por
asentimiento.
Modificación del orden del día . . . (Página 11801)
El señor presidente, de conformidad asimismo con lo acordado por la
Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el
orden del día, como último punto de la sesión del próximo jueves, la
propuesta de creación de una subcomisión para definir medidas que
objetiven, sobre premisas de solidaridad y equilibrio
interterritorial, el coste de los peajes de las autopistas, con la
finalidad de eliminar las actuales discriminaciones, lo que se
aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley . . . (Página 11801)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la subida de las pensiones
mínimas y las pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999 . .
. (Página 11801)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso
el señor Martínez Noval. Se congratula del crecimiento de la renta
que se está produciendo en España, pero pone de manifiesto que no
está beneficiando a todos los españoles por igual, señalando que los
ocho millones de españoles que tienen potencial inversor son los que
obtienen un incremento de sus rentas, en contra de los 20 millones de
españoles, entre agricultores, funcionarios y trabajadores en activo,
que no ven crecer sus rentas en estos años expansivos del ciclo
económico más que en unas modestas décimas de punto por encima de la
inflación. A continuación se refiere a los dos millones y medio de
pensionistas del sistema contributivo que se benefician del
complemento de mínimos y a los casi medio millón que reciben una
prestación no
contributiva, para los que pide una subida de 2.000 pesetas
mensuales. Añade que presentan esta proposición no de ley en
cumplimiento de la resolución número 51, aprobada por unanimidad de
la Cámara en el debate del estado de la nación del año 1998, en la
que se insta al Gobierno a continuar por el camino de la mejora de
las pensiones más bajas, en el marco del Pacto de Toledo. Se pregunta
si tiene sentido la discriminación en el tratamiento de los
pensionistas, puesto que la combinación del incremento de las
pensiones y la reforma fiscal beneficia a las pensiones altas y
medias en perjuicio de los pensionistas más humildes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones personales, interviene el señor Martínez Noval, del
Grupo Socialista del Congreso. Reabierto el debate, interviene el
señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre la subida de las pensiones mínimas y las pensiones no
contributivas en el ejercicio de 1999, se rechaza por 134 votos a
favor, 151 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a articular un plan nacional de prevención de la sordera
infantil . . . (Página 11809)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el señor Gil Melgarejo. Pone de relieve la
gran importancia que tienen el óptimo desarrollo de las futuras
generaciones y el papel de la medicina preventiva, refiriéndoseen
concreto a la población infantil afectada de problemas de audición.
Explica en qué consiste la técnica conocida por el «screening»
auditivo neonatal y la ausencia de disposiciones legales que hagan
posible su implantación en España, pidiendo a la Cámara que apruebe
su proposición no de ley que podría ser el marco legal y
administrativo que apoyara y soportara en el Sistema Nacional de
Salud la creación e instauración de este tipo de programas.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley
intervienen la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; los señores Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y Corominas i Busqueta, del Grupo
Socialista del Congreso, y la señora Solsona i Piñol, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Gil Melgarejo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a articular
un plan nacional de prevención de la sordera infantil, en los
términos resultantes de la enmienda transaccional, se aprueba por
unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 11814)
Del Grupo Socialista del Congreso, para que el Gobierno informe del
sentido y alcance de sus propuestas en el marco de la negociación de
la Agenda 2000 . . . (Página 11814)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Socialista del Congreso, el señor Costa Costa. Desea dejar
claro desde el principio que su grupo va a apoyar al Gobierno en la
negociación con Europa, para conseguir los objetivos que establecen
en su moción y que pasa a explicar. No puede dejar de referirse a los
acontecimientos últimos acaecidos en la Unión Europea como la
dimisión del presidente del Ecofin y la dimisión en pleno de la
Comisión Europea, señalando asimismo las consecuencias para España y
para Europa de estas dimisiones. Asegura que es el momento de revisar
los elementos que se están negociando dentro de las perspectivas
financieras para el periodo 2000- 2006 y aboga por que las
instituciones europeas sean más eficaces, cumplan con su cometido,
sean responsables también ante el Parlamento Europeo y hagan frente a
las críticas desde principios democráticos.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Navas
Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Costa Costa.
Se procede a la votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para que el
Gobierno informe del sentido y alcance de sus propuestas en el marco
de la negociación de la Agenda 2000.
En primer lugar, se somete a votación el apartado f) del punto
primero de la moción, que es rechazado por 121 votos a favor y 153 en
contra.
En segundo lugar, se somete a votación el resto de la moción, que es
rechazada por 133 votos a favor y 141 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la
circunscripción electoral única para las elecciones al Parlamento
Europeo . . . (Página 11820)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster Olazábal. Manifiesta que
con su moción se persigue que se refleje a los pueblos de los Estados
de la Unión Europea. Se refiere a la no existenciade un sistema
electoral uniforme y a los problemas que ha creado, y opina que hay
una evolución hacia tesis que permiten que los pueblos o determinadas
especificidades político-administrativas, históricas o lingüísticas
de la Unión Europea puedan tener sus propias circunscripciones dentro
de lo que son las elecciones al Parlamento Europeo. A continuación
pasa a explicar los dos puntos de su moción y hace referencia a las
intervenciones de algunos señores diputados que tuvieron lugar en el
debate de la interpelación urgente de la semana pasada. Por último
afirma que es necesario reflexionar y decir a los ciudadanos lo que
se piensa sobre las circunscripciones, y se pregunta por qué en la
Constitución se habla de nacionalidades y regiones y ahora, en estas
elecciones, no se respetan.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jané
i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores
Marcet i Morera, del Grupo Socialista del Congreso, y Vera Pro, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Lasagabaster Olazábal.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la
circunscripción electoral única para las elecciones al Parlamento
Europeo, en los términos resultantes del debate, se rechaza por 18
votos a favor, 245 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para debatir la
política de potenciación de la autonomía de gestión con respecto al
sistema sanitario y la política de salud a realizar por las entidades
públicas. . . . (Página 11828)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Maestro
Martín. Explica que las razones que han llevado a su grupo
parlamentario a presentar la moción no son otras que servir al
modesto objetivo de contribuir a clarificar el debate sanitario.
Recuerda que el señor ministro, en la interpelación, negó todos y
cada uno de los extremos de un documento presentado a la junta
técnico- asistencial por el gerente de un hospital de Madrid, donde
se planteaban aspectos tan peligrosos como la autonomía de gestión de
cada servicio clínico, la autonomía para definir las listas de
productos a ofertar, excluyendo cualquier otro producto que no
estuviera en la lista, o la intervención directa del jefe de servicio
en la selección del personal del mismo y la determinación de la
remuneración variable en función del cumplimiento de objetivos que el
propio jefe de servicio identificaba previamente. Asimismo se refiere
a la externalización de parte de los cometidos de los servicios
clínicos y a la compra de servicios médicos externos. Termina su
intervención manifestando que pide el voto de SS.SS. simplemente para
instar al Gobierno a que no adopte ninguna decisión de las que el
señor ministro dijo que no iba a adoptar. Se trata simplemente de
dejarlo claro en el «Diario de Sesiones», para tranquilidad de los
usuarios y de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mingo
Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Blanco
García, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Maestro Martín.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para debatir la
política de potenciación de la autonomía de gestión con respecto al
sistema sanitario y la política de salud a realizar por las entidades
públicas, en los términos resultantes de la enmienda transaccional,
se rechaza por 113 votos a favor y 131 en contra.
Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA RENTA MÍNIMA QUE GARANTICE UNA EXISTENCIA DIGNA
(Número de expediente 11/000251).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión con
el punto primero del orden del día, debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida,
sobre el establecimiento de la renta mínima que garantice una
existencia digna. Tras la votación, como saben SS.SS., suspenderemos
la sesión para recibir, en sesión conjunta de Cortes Generales, al
presidente de Colombia, señor Pastrana Arango.
Tiene la palabra ahora el señor Vaquero, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, ha pasado el tiempo en que el monarca Felipe III afirmaba
que cuando su Divina Majestad dijo que siempre tendríamos entre
nosotros pobres, es cosa piadosa y cierta que quiso significar que
habían de ser pobres legítimos y verdaderos y que es bien se procure
y ataje que en lugar de pobres falsos anden verdaderos.
Desde aquel entonces hemos avanzado en el reconocimiento de derechos
ciudadanos, no sólo políticos sino culturales y sociales. Y, dentro
de este cambio de mentalidad, hemos llegado a comprender que la
pobreza
es función, la mayor parte de las veces, de la ausencia de una
adecuada política económica, tanto en el sentido del crecimiento
sostenible que hay que procurar para ello como en el de la justa
distribución de la riqueza.
Así, junto a la centralidad del trabajo como asignador de recursos,
de rentas salariales y de consideración social, podemos constatar una
permanente tendencia del mercado a repartir desigualmente el empleo.
Por ello, el sistema de protección europeo se ha caracterizado, desde
hace al menos medio siglo, en cubrir las coyunturas de paro y de
ausencia de rentas salariales en general, a través de un triple
mecanismo. Junto a la prestación del desempleo y otras prestaciones
financiadas con cotizaciones sociales, se ha arbitrado un segundo
nivel de susbsidios financiados directamente por la Hacienda estatal.
El sistema español se ha parado ahí; el europeo no. Muchos países de
la Unión Europea tienen establecido por ley un tercer nivel
asistencial que cierra el círculo de las posibilidades de cobertura
de la indigencia: el salario social, para aquellos que no tengan
rentas salariales ni otros ingresos y, sin embargo, no puedan ser
beneficiarios de las prestaciones o el subsidio, bien por no reunir
los requisitos legales, bien por haberse agotado el período legal de
percepción del mismo.
Nuestro sistema de protección social se articuló legalmente cuando
otros estaban ya de vuelta. Por eso, el Estado no ha abordado la
consecución del tercer nivel. Ha dejado que sean las comunidades
autónomas las que establezcan o no el salario social. Unas lo han
hecho en una cuantía u otra, otras no y algunas lo han suspendido en
determinados momentos. La aleatoriedad y la dispersión normativa son,
por tanto, el denominador común en esta materia.
Nosotros creemos que cuando el artículo 41 de la Constitución
establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de
Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo, está consolidando
jurídicamente un derecho ciudadano, perfectible sólo a través de un
cuerpo institucional que cierre el círculo de las contingencias de
necesidad derivadas de la escasez de recursos. Por eso, creemos que
el salario social debe formar parte del desarrollo estatal de las
instituciones jurídicas habilitadas legalmente para dar cobertura
social.
El salario social no puede ser, por tanto, un elemento de política
asistencial aplicable aleatoriamente por las comunidades autónomas o
las corporaciones locales que, por las razones que sean, quieran o
puedan hacerlo. Pero si esto es así en términos generales, en las
actuales circunstancias aún más. Todos sabemos que nuestra economía
ya no puede dar empleo a todos, lo llamamos paro estructural. Justo
en los 20 años de mayor crecimiento económico de nuestra historia,
con crecimientos próximos al 75 por ciento del productointerior
bruto, se ha producido una bolsa de paro de 3 millones
de desempleados, que sólo podremos reducir estadísticamente a través
de trucos, como el empleo temporal a tiempo parcial o la magia de las
políticas de formación y empleo, consistente en retrasar la edad de
incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, etcétera.
El paro de larga duración es ya una realidad para millón y medio de
trabajadores y trabajadoras, un 53, 3 por ciento del paro total. En
segundo lugar, además de esto, sabemos que el trabajo socialmente
ofertado puede conllevar rentas salariales o puede que no. En
resumen, junto a la insuficiencia de las otras prestaciones, la
marginación y la pobreza crecen en nuestra sociedad. Según el informe
Foessa de 1998, 1.200.000 personas tienen en España unos ingresos
medios de 18.000 pesetas, lo llaman pobreza grave; 3.569.000 tienen
ingresos de 28.103 pesetas, pobreza eufemísticamente llamada
moderada, y 3.199.900 ciudadanos y ciudadanas sobreviven en la
precariedad que les otorgan unas rentas medias de 40.500 pesetas;
siendo unos 528.200 los que viven en la extrema pobreza, con rentas
medias de 9.582 pesetas al mes.
Sin embargo, las políticas neoliberales se ponen las antiojeras de
las macromagnitudes. España va bien, pero detrás de esas cifras,
frías estadísticas, se esconden rostros de ciudadanas y ciudadanos
españoles, que maldita la gracia que les hace oír eso de que España
va bien. Parece ser -según el ministro de Economía- que con la moneda
única ya no es posible hacer políticas socialistas. No sé si será
verdad o no. Lo cierto es que Oskar Lafontaine no cabe en un gobierno
alemán que no tiene la voluntad política de hacerlas, y esa es la
realidad. En cualquier caso, ellos sí tienen un sistema público de
cobertura social completo, consolidado. Y nosotros, que todavía no lo
tenemos, es en estos años de bonanza económica cuando debemos
esforzarnos para mejorar la situación social.
Por todas estas razones anteriormente expuestas, presentamos esta
proposición de ley, que consiste en institucionalizar a nivel estatal
una renta mínima a modo de salario social, como derecho
individualizado universal para pobres, verdaderos o falsos, legítimos
o ilegítimos, sencillamente para los ciudadanos, homogéneo para todo
el Estado y con carácter de mínimo, evolucionado en cierto modo hacia
el concepto de la inserción social y laboral.
Por eso, junto a la definición, los requisitos, duración
y financiación de la renta mínima como la del salario social típico
que conocemos, nuestra proposición de ley liga su cuantía al salario
mínimo interprofesional, limitándolo al 75 por ciento del mismo y
además a la obligación del beneficiario de realizar alguna
contraprestación social y comunitaria que no tenga carácter laboral.
Dicha renta será básica respecto de las comunidades autónomas a las
que respeta y pretende otorgar un cierto sustrato común y homogéneo
al alza. De ahí que no tenga carácter acumulable con ellas, aunque sí
suplementario respecto de aquellas cuya cuantía sea menor.
Como siempre, señorías, su votación manifestará su voluntad política,
por eso no vale, desde mi punto de vista, justificar una posición
negativa en posibles imperfecciones técnicas del texto propuesto por
Izquierda Unida, que solicita de ustedes la toma en consideración de
esta proposición de ley, no un acto de fe.
Señorías, en último término, nosotros lo que hacemos es simplemente
no resignarnos. No resignarnos al lamento que Kapstein hacía cuando
en 1996 decía que se supone que los gobiernos actúan como protectores
de los débiles, pero que en el sistema se producen presiones que
limitan la capacidad de los gobiernos de responder a las nuevas
necesidades. Justo cuando los trabajadores necesitan más del Estado-
nación, como parachoques frente a la economía mundial, aquél, el
Estado-nación, les abandona. Que en plena euforia económica no se
pueda decir esto de nosotros, señorías. Vamos a legislar algo que
todavía falta y que es necesario completar en nuestro sistema
jurídico de protección social.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Reyes
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, resulta siempre muy difícil cuando se sube a esta tribuna
poder argumentar determinadas consideraciones en contra de algunas
propuestas. Sin embargo, la propuesta que acaba de hacer desde esta
tribuna el señor Vaquero, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, ya fue planteada recientemente cuando se discutía en
esta Cámara la Ley 50, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, y creo que no vale la pena recordar el resultado de las
votaciones tanto en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados,
como en el Senado. Señor Vaquero, aunque para nosotros ésta sea una
iniciativa social, hay que argumentar otros aspectos, y ustedes se
quedaron solos en ambas votaciones.
A mí me gustaría analizar, aunque fuera de una forma somera, la
exposición de motivos. La exposición de motivos de dicha iniciativa
argumenta algunos aspectos que, desde el grupo parlamentario al que
represento, así como, por supuesto, desde las iniciativas que ha
fomentado el Gobierno de la nación, le tengo que decir que en
absoluto estamos de acuerdo con ellos.
Desde el grupo parlamentario al que represento no podemos aceptar que
hay avance de la pobreza, no podemos aceptarlo, señor Vaquero, porque
por primera vez en la historia de España hemos tenido 14 millones de
afiliados a la Seguridad Social, se ha creado empleo, se han
fomentado iniciativas legislativas desde esta
Cámara para buscar ese fomento de empleo, y no sólo desde el ámbito
social, en virtud de pactos sociales con las centrales sindicales y
con las fuerzas sociales del país, sino consensuando una formación
profesional que contribuirá al fomento del empleo, fomentando el
tercer Plan de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer,
pactos sociales de reforma del contrato de aprendizaje y, en general,
muchas iniciativas legislativas, señor Vaquero, que han hecho que
haya más confianza en la pequeña y mediana empresa, que es la que
crea el 90 por ciento de ocupación en este país. Sostener que hay
avance de la pobreza, señor Vaquero, resulta altamente discutible.
Tampoco la articulación de esta proposición de ley es muy clara y muy
diáfana, ni siquiera en relación a las personas que serían los
beneficiarios. Sí que lo es en cuanto a la cuantía, reconozco que ese
precepto es claro, el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, pero ni siquiera lo es en la duración, ni siquiera
en los puntos concordantes con personas que posiblemente, dice el
articulado de la propia ley, percibieran pensiones asistenciales por
parte de las comunidades autónomas.
Además, usted no habla de desarrollar una disposición reglamentaria,
cosa que perfectamente cabe cuando se lleva a cabo una iniciativa
para tomar en consideración una proposición de ley. Sin embargo,
usted habla de una especie de acuerdo con la Administración de
carácter social.
Señor Vaquero, yo no digo que en un futuro eso no se pueda estudiar,
pero si usted nos aporta una serie de cifras, debería aportarnos
también un estudio económico de la cuantía a la que podría ascender.
Por otro lado, también le tengo que recordar que desde la aprobación
de nuestra Carta Magna, la norma constitucional que rige a todos los
españoles, la norma de 1978, son las comunidades autónomas, salvo
Ceuta y Melilla, las que tienen transferidas esas prestaciones. Todas
las comunidades autónomas han reconocido en sus legislaciones
prestaciones mínimas, asistencias mínimas para personas que estén en
un determinado estado de necesidad. Además le tengo que decir que
desde la política que fomenta el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se están propulsando grupos de trabajo para tender a una
cierta homogeneización en las prestaciones similares que tengan
reconocidas las comunidades autónomas. Pero no debemos contentarnos
tampoco con que sean las comunidades autónomas; dichas prestaciones,
dichos fomentos se pueden impulsar también desde los ayuntamientos, y
eso es lo que vamos a hacer desde el grupo parlamentario al que
represento, porque vamos a incorporar a nuestros programas
electorales, de cara a las próximas elecciones municipales, que
también los ayuntamientos incidan en estos planteamientos.
Por lo tanto, señor Vaquero, puesto que en los presupuestos del
Estado no se cuantifica a cuánto puede ascender esto, puesto que no
es competencia, hoy por hoy, de la Administración estatal, puesto que
dichas competencias ya han sido transferidas a las comunidades
autónomas y puesto que también se puede trabajar en ese mismo
sentido desde los ayuntamientos, desde las concejalías y desde los
grupos municipales, lamentamos decirle que hoy no podremos votar
favorablemente su iniciativa. De todas formas, consideramos que nunca
son rechazables las iniciativas que tiendan a ayudar estados de
necesidad, pero que quizás haya que plantearlas en el momento
oportuno.
Gracias, señorías y señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Saben nuestros visitantes que en las tribunas no se pueden realizar
manifestaciones de aprobación o desaprobación. Con toda cordialidad
me veo en la obligación de recordarlo. (Rumores.) Señor Martínez
Sanjuán.
Señor Vaquero, adelante.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Tiene razón la señora portavoz del Grupo Popular en decir que es
difícil argumentar en contra de esta proposición de ley. Yo creo, en
coherencia con esta manifestación, que tendría que haber sido otra la
posición de su grupo. Si es difícil, no haberse reprimido. Votar a
favor es algo muy recomendable ante una proposición de ley con la que
en el fondo se está de acuerdo, porque las razones que se nos han
aportado son muy débiles. Se afirma que hoy no, pero en el futuro
quizás sí se esté de acuerdo; quizá cuando el protagonista de la
iniciativa sea otro grupo, por ejemplo el suyo, entonces sí se estará
de acuerdo, ¿verdad? Se nos dice que no hemos aportado un estudio
económico. Señorías tampoco, por contra, quien va a rechazar esta
proposición de ley plantea ningún estudio económico frente a nuestra
iniciativa y son ustedes los que por su proximidad al Gobierno tienen
más posibilidades de realizar ese estudio, que yo esperaba que hoy se
nos hubiera ofrecido aquí, cuando se plantease su voto en contra. En
cualquier caso, no lo vamos a ver esta tarde.
Por otro lado, los argumentos que avalan que no haya un avance de la
pobreza chocan con la frialdad de las cifras que he expuesto, que no
son mías, sino del informe Foessa, desde luego poco sospechoso de
estar alineado con unas u otras posiciones políticas. Siguen
existiendo millones y millones de pobres en España, en las cuantías
que he dicho y con las rentas salariales que acabo de decir, ese
millón y pico de pobres que se sostiene mensualmente con nueve mil y
pico pesetas, etcétera. No voy a repetir las argumentaciones; no se
ha planteado una controversia respecto a la frialdad y a la crueldad
de estos datos que he aportado en la defensa de mi proposición de
ley. En cualquier caso, sí se plantea que son las comunidades
autónomas las que tienen las competencias transferidas. Muy bien,
pero tampoco el Estado ha renunciado a tener competencias -entre
otras cosas, porque no puede hacerlo- para homogeneizar la normativa
dispersa y aleatoriaque existe.
A nosotros, en último término, no se nos ha contraargumentado lo que
en definitiva es nuestra proposición de ley. Señorías, lo que
nosotros pretendemos es que el salario social sea reconocido como un
derecho ciudadano universal; un derecho individualizado de todos y
cada uno de los españoles y españolas, estén en la situación que
estén, para el caso de que les llegue una contingencia de necesidad,
para nosotros mismos en el caso de que nos llegara esa desafortunada
contingencia. Esa es la realidad y eso no lo pueden hacer las
comunidades autónomas, tiene que hacerlo este Poder Legislativo. Su
renuncia a ello, en definitiva, no viene avalada porque el Estado no
tenga competencias. El Estado sigue teniendo esa competencia, lo que
pasa es que el Legislativo, a través de un voto negativo mayoritario
en esta Cámara, puede estar renunciando a ello. Se nos ha argumentado
también las imperfecciones de la ley. Bueno, pues para eso está la
toma en consideración y, luego, la posibilidad de enmiendas de todos
los grupos parlamentarios. Obviamente, eso es lo que tendría que
haber hecho, por coherencia, el Grupo Parlamentario Popular, que
entiende que hay imperfecciones en el proyecto de ley, pero que, en
último término, no está en contra de lo que esta ley significaría.
Pues si no está en contra de lo que esta ley significaría, apórtense
los estudios presupuestarios e impúlsese esta iniciativa con la
mesura que corresponda en el futuro, en el trámite parlamentario
correspondiente. Sinceramente, señoría, creo que no se nos ha
contestado a la argumentación serena y, al mismo tiempo, sólida que
hemos aportado en nuestra defensa de la proposición de ley.
En cualquier caso, es verdad que esto ya ha sido solicitado en otras
ocasiones. Tengan la completa seguridad, señorías, de que Izquierda
Unida va a seguir solicitándolo, una, otra y otra vez, hasta que se
consiga. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor presidente.
Yo agradezco, señor Vaquero, que haya entendido el punto de vista del
grupo parlamentario al que represento al fijar la posición, puesto
que, como he dicho, el grupo parlamentario no está en contra de esta
iniciativa; otra cosa es que se pueda aceptar en este momento. Lo que
sí le digo es que la filosofía del Grupo Parlamentario Popular, que
sostiene al Gobierno, que apoya al Gobierno, es que creemos más en
las políticas activas de fomento de empleo, en no vivir a expensas
del Estado. Además, en las comunidades autónomas que tienen
trasferencias de servicios sociales, las rentas mínimas para personas
que se hallen en especial estado de necesidad van desde las 35.000 a
43.000 pesetas mensuales. Usted ha citado una cifra de 9.000 pesetas,
que yo desconozco. Yo le digo que hay comunidades autónomas en las
que las cuantías que reciben las personas
que están en una auténtica situación de necesidad son más
importantes que las que usted ha hecho referencia. Le he dicho
también que es desde ese ámbito donde se tiene que tender a
homogeneizar dichas prestaciones y en ese sentido ya está trabajando
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el fomento de grupos
de trabajo, para llevar a cabo dicha homogeneización.
Para terminar, quiero decirle que tampoco es bueno que planteemos
cuestiones sólo con efectos electoralistas, sino que lo que hay que
hacer es crear economía de mercado, riqueza productiva, puestos de
trabajo y distribución de la renta per cápita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montseny. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
La existencia y la previsión de una prestación de carácter
asistencial con el nombre de renta mínima de inserción u otro
parecido es una convicción extendida en todas las administraciones
autonómicas de nuestro país y que nosotros compartimos plenamente. En
este caso concreto, al Grupo Federal de Izquierda Unida se le plantea
que sea no la Administración autonómica sino la Administración
central la que asuma esa prestación abonándola ella misma, no por el
objetivo de proceder a una racionalización, a una organización y
homologación de las distintas prestaciones autonómicas, sino
asumiendo directamente el abono de dicha prestación.
Creemos que esta posición del Grupo Federal de Izquierda Unida puede
ser discutible, tanto desde el punto de vista de las competencias
autonómicas como desde el punto de vista de si es más eficaz la
asunción directa por parte de la Administración central o por parte
de las administraciones autonómicas. En cualquier caso, como decía el
señor Vaquero, este es un debate que quizás se pueda llevar a cabo a
través de las pertinentes enmiendas en el trámite de Comisión.
Nosotros tenemos una opinión concreta, como Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya, en relación con este punto, pero hoy lo que
se debate es la toma en consideración de una medida, coincidiendo con
la opinión de las administraciones autonómicas gobernadas por
distintas fuerzas políticas, prácticamente las que nos encontramos en
esta Cámara, y por tanto ese consenso nos hace pensar que es una
medida adecuada. Es verdad que existen situaciones de necesidad que
requieren de esas prestaciones, y a nosotros nos parece que sería
oportuno, cuando menos, proceder a una racionalización, a una mejor
regulación de las distintas competencias y normas autonómicas, y
desde ese punto devista, y sin perjuicio de poder mejorar en el
trámite
posterior, si hubiera lugar a ello, a través de las pertinentes
enmiendas, anunciamos una posición favorable a la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Señor Zabalía, por el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) comparte con el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida las preocupaciones que
motivan la presentación de esta proposición de ley: la situación del
mercado de trabajo y las aún altas tasas de desempleo, y la situación
de pobreza en que viven gran número de familias en el Estado español.
Todo ello, como digo, es una inquietud que también tiene presente el
Grupo Parlamentario Vasco. Por eso creemos que es importante debatir
las medidas que puedan paliar y dar solución a estos problemas. Ahora
bien, ¿es la solución entrar en una dinámica basada en el subsidio?
¿Es la solución establecer un salario? En este caso se propone el 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, indiscriminadamente
para cualquier persona a la que no se le pueda demostrar que dispone
de rentas o de patrimonio suficientes, o incluso que percibiendo
rentas no alcancen este nivel. ¿Por qué tenemos que institucionalizar
la pobreza? Eso es lo que nos preguntamos desde el Grupo
Parlamentario Vasco.
La mejor cohesión social -lo hemos dicho siempre-, el mayor índice de
solidaridad se consigue a través de la creación de puestos de
trabajo. Es necesario superar los planteamientos de una sociedad
asistencial y pasar a un concepto de sociedad solidaria más justa,
más equitativa, con medidas para una mejor redistribución de la
riqueza, y desde luego es necesario poner los medios para salir de
estas situaciones de precariedad, consiguiendo que estas personas
participen en el sistema y no creando marginalidad. Pero también es
cierto que mientras no se consiguen estos objetivos, que nadie podrá
discutir, mientras permanezcan situaciones de exclusión social y de
marginalidad se hace necesario encontrar soluciones que den respuesta
a estas carencias.
Ustedes, señores de Izquierda Unida, presentan una proposición de ley
que quizás desde el punto de vista de sus objetivos tenga razón de
ser, pero su desarrollo o su articulado es impreciso, difícilmente
aplicable, más lleno de intenciones que de posibilidades reales. Al
menos debería estar basada en estudios rigurosos recogidos en una
memoria, en un estudio del colectivo de personas que están en
situación de pobreza profunda, debería establecer una valoración
económica de las medidas propuestas y de su repercusión sobre el
resto de los Presupuestos Generales del Estado.
En definitiva, sus propuestas tienen que tener una base de estudio
mucho más profundo, que desconocemos
y no está en esta proposición de ley. No les estoy dando estas
razones para justificar el voto de mi grupo parlamentario. Ustedes
conocen la política social del Partido Nacionalista Vasco, y no sólo
lo defendemos en debates, sino que la aplicamos en las instituciones
en que gobernamos, en ayuntamientos, en diputaciones y en el Gobierno
vasco. Difícilmente encontrarán una política social más progresiva y
más solidaria que la nuestra. Por citar algún ejemplo les recordaré
el Plan integral de la lucha contra la pobreza en el marco del
Programa Euskadi en la Europa93, que está funcionando desde el año
1989 y ha sido el elemento clave en el avance hacia la integración y
la cohesión social y no sólo desde el Gobierno vasco, sino también
desde las diputaciones forales a través de las políticas de bienestar
social y de muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma del País
Vasco, lo que no quiere decir que nos instalemos en la satisfacción,
que digamos que está muy bien y lo estamos haciendo bien, porque hay
que seguir trabajando en este campo. Hay que seguir mejorando, porque
como se ha visto en el funcionamiento del plan -es la experiencia que
tenemos-, al margen de su eficacia también se evidencian ciertas
lagunas en el diseño y en su desarrollo, también lo hemos visto. Por
eso se estimó conveniente abordar una nueva regulación de carácter
legal en materia de lucha contra la exclusión, lo que condujo en
junio del año pasado a aprobar en el Parlamento vasco la Ley 12/1998,
de 22 de mayo, contra la exclusión social. Son medidas que van en la
dirección de la preocupación que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida demuestra en esta proposición de ley.
Para mi grupo parlamentario, como expresa la exposición de motivos de
la Ley del Parlamento vasco, que les acabo de referir, de exclusión
social, la exclusión social no debe identificarse con la pobreza. La
pobreza es quizás, junto con la precariedad de los tejidos
relacionales -se dice-, su manifestación más visible, pero no es su
esencia. La exclusión se define como la imposibilidad e incapacidad
de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al
trabajo, pero también el derecho a la educación, el derecho a la
formación, a la cultura, a la salud y a una vivienda digna de
protección social. De ahí que la ley del Parlamento vasco considere
excluidas a las personas que carecen de recursos económicos
suficientes para cubrir sus necesidades más elementales, como las
alimenticias, o para acceder a derechos sociales básicos: empleo,
educación, salud.
A esta clase de exclusiones debemos dedicar, desde nuestro punto de
vista, esfuerzo y solidaridad y por eso les proponemos que trabajen
en esa dirección, donde encontrarán el apoyo de nuestro grupo
parlamentario. Ese es el mensaje que queremos mandar. Es mucho más
importante trabajar para sacar a las personas de la marginalidad que
para establecer un salario mínimo a través de una propuesta como la
que hacen ustedes. Eso no les va a sacar de la pobreza, luego no es
el objetivo que pensamos se debe perseguir.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano i Canadès.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Creo que todos los grupos parlamentarios compartimos la preocupación
que el señor Vaquero ha manifestado en relación a los índices de
pobreza y exclusión en el Estado español. Es por ello que al inicio
de esta legislatura retomamos la existencia de una subcomisión, en el
seno de la Comisión de Política Social y Empleo, que abordó estas
cuestiones, que permitió a lo largo de unos meses, en 1997, articular
un informe que apuntaba algunas propuesta precisamente en esta línea.
En aquellos momentos, una medida como la que apunta en esta
proposición de ley Izquierda Unida no fue considerada por el conjunto
de grupos como una medida prioritaria o necesaria o que encajase en
el modelo de políticas que entendíamos que se tenían que desarrollar
en esa lucha contra la pobreza y la exclusión.
Por otro lado, este es un debate que no es nuevo. En 1989, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y en 1990 en Cataluña, se
iniciaban experiencias conocidas como rentas de reinserción mínima,
que de alguna manera pretendían dar la oportunidad de inserción en la
vida sociolaboral a aquellos colectivos excluidos, a aquellos
colectivos con mayores dificultades, y aquellas experiencias
iniciadas a finales de los ochenta en Cataluña y en Euskadi, hoy se
han extendido en otras comunidades del Estado español.
Desde esta perspectiva, el debate seguramente se podría abrir en tres
frentes: una discusión sobre quién debe hacer frente a las cuantías
que implican esas rentas mínimas; también se podría plantear la
necesidad de una ley de armonización del conjunto de rentas mínimas o
podríamos plantear la integración de las actuales rentas mínimas en
el sistema no contributivo de la Seguridad Social.
Desde Convergència i Unió entendemos que a estas alturas del debate
seguramente, en la perspectiva de la discusión en abril del año que
viene del sistema público de pensiones, en el marco de los pactos de
Toledo, deberíamos ser capaces de proponer la integración del
conjunto de rentas mínimas en el sistema no contributivo de la
Seguridad Social. Nos parece que el debate está ahí, y en este
sentido es evidente que la proposición de ley que nos plantea
Izquierda Unida se aleja al menos de este planteamiento, que parece
obviar la realidad existente hoy en el Estado español, que son estas
rentas mínimas. Además, en el caso concreto de Cataluña, en 1998 nos
encontramos con una ley aprobada por el Parlament de Cataluña, con un
amplísimo consenso social con las organizaciones sindicales y todo el
conjunto de fuerzas políticas, que han convertido aquella actuación
del Gobierno no tan solo en un plan de actuación interdepartamental
sino en un instrumento legal. Nos parece que a partir de ahí
deberemos ser capaces de avanzar hacia esa integración global. Todo
lo contrario nos parece o bien pretender plantear una medida
armonizadora, a la que nos oponemos, o por otro lado nos permite
situar este debate muy lejos del núcleo central donde debe situarse,
que es en la reflexión común y consensuada sobre el futuro del
sistema de pensiones, también las pensiones no contributivas.
Además, seguramente este debate debería enlazar con las reflexiones
de debates que creo que los grupos políticos tenemos pendiente en
relación al sistema de protección al desempleo, si el actual sistema
de protección al desempleo es un sistema que incentive la búsqueda de
trabajo por las personas en desempleo y, por otro lado, si es un
sistema suficientemente protector de aquellas personas que quedan
situadas en lo que conocemos como paro de larga duración. Son
elementos que justifican que plantear hoy esta iniciativa sea
seguramente imprudente; esperemos a que el debate entre comunidades
autónomas y el Estado avance en el seno de las conferencias
sectoriales, y sobre todo esperemos que en el seno de la comisión que
deberemos crear en abril del año 2000 encontremos soluciones para
reforzar el sistema no contributivo de pensiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Sol.
El señor DÍAZ SOL: Gracias, señor presidente, señorías.
La presentación de esta proposición de ley por parte de Izquierda
Unida creo que contribuye a un debate que lleva décadas establecido
en las sociedades desarrolladas. Es un debate que no hay que
confundir con el derecho al trabajo o a una situación de marginación,
sino al derecho al bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de
sociedades desarrolladas como la nuestra. España ha tenido un diseño
de Estado del bienestar a partir de la Constitución de 1978, pero no
fue hasta 1986, por ejemplo, que se alcanzó la universalidad del
sistema sanitario, y no ha sido hasta este año que se ha conseguido
que ese sistema sanitario fuera con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Esto quiere decir que el debate social es
lento, que avanza despacio, que hay que ir manteniéndolo, pero hay
que tener fe en alcanzar estas cuestiones, como decía el proponente
de Izquierda Unida, señor Vaquero.
El sistema público de pensiones, por ejemplo, empezó a consolidarse a
partir de la reforma de 1985, y ha seguido un proceso de
consolidación hasta 1997 con el Pacto de Toledo. ¿Qué es lo que ha
ocurrido mientras tanto? Ha existido un problema de exclusión social
en amplios sectores de nuestra sociedad, y los gobiernos socialistas
afrontaron este tema dentro de las posibilidades que había desde el
punto de vista presupuestario, planteando, dentro del sistema de
pensiones, por una parte los complementos de mínimos y, por otra,
estableciendo las pensiones no contributivas. En definitiva, se
establecieron ya las primeras bases de la renta garantizada quizás
para el sector que más lo necesitaba, que era el que no
tenía actividad laboral porque por edad había cumplido ya su período
laboral. Ahora nos quedan por afrontar los problemas de exclusión que
se producen en las personas que están en edad laboral, y dada la
estructura de nuestro Estado y el nivel de transferencias, se ha
afrontado desde las distintas autonomías, a través de las rentas
mínimas que cada una ha establecido con distintos nombres, la
situación de atención a estas necesidades, que yo creo que, estando
en todas las autonomías, siendo tal la variedad, no establecen un
sistema que garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante esta
situación.
En consecuencia, una proposición de ley puede ser oportuna para que
todos abramos el debate necesario para llegar a una solución
definitiva que nos ponga a nivel de los países más desarrollados.
Tengamos en cuenta que en los últimos tres presupuestos el gasto
social en nuestro país ha disminuido en 2,3 puntos; esto quiere decir
que las medidas de contención presupuestaria, la austeridad que
establece la zona euro, no ha recaído por igual en todos los niveles
de la sociedad, en cambio sí ha afectado profundamente a las
políticas sociales. Es hora de que hagamos un esfuerzo entre todos,
que si España va bien lo vaya no para aquellos que reciben incluso
redistribución económica a partir de las desgravaciones de los
impuestos que pagan, sino que vaya bien para aquéllos que
lamentablemente no pueden llegar al nivel de renta que les permita
pagar impuestos. Por eso a nosotros nos parece bien la proposición de
ley que hace Izquierda Unida desde el punto de vista de su intención
pero, como han dicho algunos intervinientes, no nos parece bien
técnicamente, aunque también es verdad que cuando se presenta una
proposición de ley en el Parlamento si fuera perfecta sobraría el
proceso parlamentario de su discusión; para algo está el Parlamento,
que es para mejorar estas iniciativas. Creo que escudarse en citas de
futuro para el año 2000, o decir que lo estamos estudiando pero que
éste no es el momento oportuno, son salidas que no tienen razón de
ser ante esta situación.
Señorías, los socialistas creemos que si esta proposición de ley no
es tomada en consideración, como parece que se ha anunciado por la
mayoría de los grupos, vamos a perder la ocasión de abrir un debate
importante para una sociedad como la nuestra, de dar un paso adelante
en la configuración de una estructura social cada vez más justa y con
derechos iguales para todos los ciudadanos y creo, por tanto, que
tienen ustedes una importante responsabilidad histórica.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Sol.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SERVICIOS POSTALES (Número
de expediente 122/000203).
El señor PRESIDENTE: Dado que la buena disposición de los
intervinientes, que agradezco, ha permitido
terminar antes de lo previsto el debate de la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida, y tras consultar con los grupos
parlamentarios, al menos así lo he procurado rápidamente con la
mayoría de ellos, parece conveniente que, a efectos de ganar tiempo
en el transcurso del Pleno, continuemos ahora con la siguiente
proposición de ley, para votar luego, después de la recepción al
presidente de la República de Colombia, las dos iniciativas.
En consecuencia, continuamos con el debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre
servicios postales, que será interrumpida en torno a las cinco y
cinco o cinco y siete minutos a lo sumo, para preparar la llegada del
presidente de Colombia.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Gerardo Torres
Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy traemos a debate la toma en consideración de una proposición de
ley de servicios postales que pretende, por una parte, corregir la
absoluta falta de rigor técnico, presente en toda la Ley 24/1998, del
Servicio postal universal y de liberalización de los servicios
postales, en lo que atañe a las tarifas aplicables por la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos a los distintos servicios
postales y, por otra, eliminar algunas de las trabas que impiden al
correo público defenderse de la competencia feroz a que se ve
sometido por parte de las empresas privadas que operan en el sector.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
La situación se puede explicar de la siguiente manera. La Ley del
servicio postal universal y de liberalización de los servicios
postales, que aprobamos el año pasado, liberaliza la prestación de
los servicios postales, establece lo que es el servicio postal
universal y, dentro de éste, define el servicio reservado al correo
público y que se presta, por tanto, en monopolio, dejando el resto a
la libre concurrencia. Pues bien, como es lógico, todos los
operadores privados establecen sus precios en función de la situación
del mercado y de su previsible evolución, mientras que la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos no puede hacerlo porque está
obligada a aplicar las tarifas vigentes, tanto en el servicio
reservado como en el sometido a la competencia. En efecto, señorías,
el artículo 26 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales administrativas y del orden social, comúnmente llamada Ley
de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1998,
que es anterior a la Ley postal que liberaliza los servicios
postales, introduce la unificación de las tarifas postales, tanto
urbanas como interurbanas, en el caso de las cartas, tarjetas
postales, impresos y pequeños paquetes, y establece las tarifas
aplicables al resto de los servicios postales que presta el correo
público, tanto si son servicios reservados, como si no, es decir, las
tarifas a los servicios prestados
en monopolio y también a los que lo son en libre competencia con los
demás operadores privados.
Esta situación está llevando al correo público a aplicar tarifas
prefijadas a productos sometidos a la libre concurrencia, impidiendo
a la entidad pública empresarial adaptarse al mercado en cuanto a la
fijación de los precios en los productos que ofrece, que son, en la
generalidad de los casos, considerablemente más elevados que los
ofrecidos por sus competidores. Así, el correo público va perdiendo
progresiva e inexorablemente presencia en los mercados más rentables,
de tal manera que la aparente ventaja económica que supone cobrar más
por el mismo servicio se troca en claro perjuicio al disminuir los
objetos postales transportados, y bien podemos decir que la política
de saneamiento apresurado vía tarifas altas es pan para hoy y hambre
para mañana.
La proposición de ley que hoy presentamos viene a corregir tamaña
incongruencia, fijando las tarifas del servicio postal reservado en
la misma cuantía que tienen en la actualidad, es decir,
congelándolas, y dejando, tanto la fijación como la modificación de
los precios públicos del resto de los servicios sometidos a la libre
concurrencia y prestados por el operador al que se encomienda la
prestación del servicio universal, a la libre decisión del órgano de
gobierno de Correos y Telégrafos.
Al afirmar que está vigente el artículo 26 de la Ley de
acompañamiento de 1997, pudiera parecer que la proposición no tiene
en cuenta el sistema tarifario creado por la Ley del servicio postal
universal, en su artículo 31, más no es así, ya que la disposición
transitoria sexta, bajo el título: vigencia del régimen de tarifas
establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley,
establece que en tanto no se produzcan las modificaciones de las
cuantías fijas de las tasas, de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del artículo 30, continuarán siendo exigibles las que lo
sean con arreglo a las normas vigentes antes de la entrada en vigor
de esta Ley. Antes de la entrada en vigor de esta Ley postal,
señorías, todas las tarifas postales y telegráficas tenían la
consideración de tasas. Por tanto, queda patente la vigencia de las
tarifas, tasas, que estableció el mencionado artículo 26 de la citada
Ley de acompañamiento de 1997.
Así pues, como he afirmado al principio, esta proposición de ley
sobre servicios postales viene a corregir la confusa redacción dada a
la Ley postal y a dotar al correo público de instrumentos para
concurrir, en las mismas condiciones que las empresas privadas, en un
mercado muy agresivo y en constante evolución. Por otra parte, la Ley
postal instaura un sistema de tarifas en el que no se garantiza la
publicidad ni del servicio universal ni del no universal, ni tampoco
establece las medidas conducentes a que todos los usuarios conozcan
el servicio a que tienen derecho, con lo cual queda vacío de
contenido y virtualidad dicho servicio. Por esta razón, el artículo 2
de nuestra proposición de ley introduce criterios de flexibilidad
ante una transitoria
sexta confusa y ambigua y propone un sistema tarifario que corrige
las deficiencias que presenta el previsto en la Ley postal,
recientemente aprobada. Con esta propuesta se pretende garantizar al
ciudadano su derecho a conocer el servicio postal público y, por
tanto, a utilizarlo en función de sus necesidades, porque de otra
manera la entidad pública empresarial perdería su razón de ser.
Nuestra propuesta es, señorías, no sólo una defensa del correo
público, sino también una defensa de los derechos de los
consumidores; en definitiva, una defensa de los derechos de todos los
ciudadanos.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que una
política de tarifas y precios equivocada puede llevar al correo
público a una situación insostenible. Pensamos que el Gobierno debe
asumir su responsabilidad y garantizar a todos los ciudadanos la
prestación del servicio postal universal a través de la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos, ya que la lógica y deseable
competencia del sector no puede ni debe suponer menoscabo en el
derecho de todos los ciudadanos a recibir un servicio postal público
en condiciones de frecuencia, calidad y precio igual para todos, con
independencia del lugar donde se habite. Subidas de las tarifas tan
brutales como la llevada a cabo en 1998, con un incremento medio del
20,5 por ciento, expulsan al operador público del mercado y sólo
favorecen a la competencia. La propia entidad pública empresarial
reconoce que en el período de un año durante 1998 ha perdido más de
cien millones de envíos urbanos, ha pasado de 1.156,6 millones de
envíos en 1997 a 1.053,4 millones en 1998. Con la subida brutal de la
carta urbana de 17 a 35 pesetas, Correos permitió a la competencia
subir también sus precios de unas 10 ó 12 pesetas a 18 pesetas en la
actualidad. Parece como si el correo público fuera el mejor aliado de
las empresas privadas. Mientras él se autoexcluye del mercado más
rentable, favorece la cuenta de resultados de los demás.
Debo ya hacer constar que en la redacción de la proposición de ley se
ha deslizado un error de mecanografía en el punto tres del artículo 1
de la proposición, cuando hace referencia al servicio nacional y
dice: certificado, 175 pesetas. Lo que debe decir es: certificado,
150 pesetas. Es decir, la misma cantidad que en la actualidad, ya que
con nuestra propuesta congelamos estas tarifas del servicio reservado
para este año, como ya se explicó.
Señorías, quienes deseen intervenir para rechazar la toma en
consideración de esta proposición de ley, deben ofrecer una
alternativa que resuelva de verdad el problema que hemos descrito y
que atenaza al correo público. No puede servirnos ni a nosotros ni a
nadie decir que como el servicio no reservado está liberalizado,
Correos puede aplicar los precios que quiera, porque eso, en el mejor
de los casos, es jurídicamente discutible. Si ese es el argumento que
se sostiene, entonces no hay inconveniente en aprobarla, porque se
está de acuerdo con nuestra proposición. Por otra
parte, si la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos ya
puede aplicar los precios que desee a los servicios en concurrencia,
¿por qué no lo hace? ¿Acaso desea el consejero-director general
llevar el correo público a la bancarrota? Tenemos que pensar que no.
¿Acaso es el Gobierno el que desea que la crema del mercado, lo más
rentable de los servicios postales, se la lleven las empresas
privadas? Vista la política de privatizaciones y de subvenciones que
aplica este Gobierno, podemos pensar que éste puede ser el problema.
Señoras y señores diputados de la mayoría, si ustedes aprueban la
toma en consideración de nuestra proposición de ley estaremos en el
camino adecuado para corregir una situación que pone al correo
español a los pies de los caballos y que sólo favorece a las empresas
que compiten con él. En la posterior tramitación en la Comisión de
Infraestructuras podemos y debemos mejorar esta iniciativa entre
todos. Les aseguro que mi grupo desea llegar a acuerdos con la
mayoría que sostiene al Gobierno. Si su decisión es rechazar la toma
en consideración de nuestra propuesta deben ofrecer de inmediato una
alternativa que resuelva el problema, porque si esperan algún tiempo
el daño hecho a Correos y Telégrafos puede ser ya irreversible. Si
esto ocurriera el empleo estaría en gravísimo peligro y,
naturalmente, tendría unos responsables: el Gobierno y quienes le
apoyan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Torres. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pons.
El señor PONS FRANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de empezar el debate de esta iniciativa no pensaba utilizar el
turno en contra, pero, a vista de lo que ha dicho el portavoz
socialista, creo oportuno rebatir los argumentos que ha expuesto en
esta tribuna.
La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
pretende distinguir dentro de los servicios incluidos en el ámbito
del servicio postal universal y encomendados al operador designado
para la prestación de los mismos, es decir, la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos, los servicios reservados en
exclusiva a Correos y Telégrafos y los prestados en concurrencia con
otros operadores privados. El objetivo último de esta iniciativa,
según reza la exposición de motivos, es que el correo público debe
quedar liberado, con la mayor urgencia posible, de las ataduras que
supone el contenido del artículo 26 de la Ley 66/1997 de medidas
fiscales, administrativas y del orden social en relación con los
servicios prestados en régimen de concurrencia, argumentando que
existe una contradicción entre las tarifas aprobadas por esta ley y
el artículo 18 de la Ley 24/1998 del servicio postal universal.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) De ser correcto
este planteamiento procedería, sin duda, pronunciarse a favor de la
reforma propuesta o de cualquier otra que otorgase a la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos la posibilidad de adaptar a
las exigencias de la competencia, a las necesidades del mercado, las
tarifas de los servicios postales que no se hayan reservado a su
favor, pero lo que la citada proposición hace es desconocer el
sistema legal vigente en lo que se refiere a tarifas y precios por
los servicios prestados por la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos.
Sorprende, señor Torres, que los redactores de la iniciativa del
Grupo Socialista, al examinar la eficacia conjunta de los artículos
26 de la Ley 66/1997 y 18 de la Ley 24/1998 del servicio postal
universal y deducir de ellos la desfavorable posición comercial del
operador que presta el servicio postal universal, no hayan tenido en
cuenta que dicho artículo 26 se encuentra derogado parcialmente,
aunque no expresamente, resultando de todo punto inaplicable en
algunos de sus aspectos por la propia Ley 24/1998 del servicio postal
universal y de liberalización de los servicios postales.
Efectivamente, el artículo 31 de dicha Ley no es considerado en la
proposición de ley que examinamos, no aparece en ningún momento en su
texto, cuando el párrafo primero del citado artículo establece
claramente que los precios de los servicios postales no reservados
que lleve a cabo el operador al que se encomiende la prestación del
servicio postal universal serán fijados libremente de acuerdo con las
reglas del mercado. Es evidente que el sistema de precios para los
servicios postales prestados en libre concurrencia por Correos y
Telégrafos es en la actualidad mucho más flexible que el que se
contiene en la proposición de ley objeto de este debate.
Respecto al comentario que ha hecho de que el actual sistema de
gestión de Correos y Telégrafos llevaría a una quiebra por no bajar
las tarifas o porque hay una pérdida de mercado, lo único que le
puedo decir, señor Torres, es que jamás, nunca como hasta ahora,
Correos y Telégrafos había funcionado como una empresa competitiva en
el mercado. Y ahí están los resultados de explotación de los últimos
años que así lo demuestran, alabando la excelente gestión que está
llevando a cabo al frente del mismo el señor Esteruelas.
Por todo lo anterior parece procedente, incluso desde el punto de
vista técnico, considerar la proposición de ley sobre servicios
postales presentada por el Grupo Socialista como totalmente
innecesaria y carente de fundamento y, en consecuencia, el Grupo
Parlamentario Popular votará en contra de esta toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, vamos a suspender en este punto la sesión. En unos veinte
minutos se procederá a llamarles en la forma habitual para que acudan
a la sesión conjunta deCongreso y Senado, tras la cual continuará el
debate en
el punto en el que ha sido interrumpido, es decir, en su caso con la
utilización del turno de réplica y la fijación de posición de los
restantes grupos, para proceder luego a las votaciones.
Se suspende la sesión.
Eran las cinco y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se reanuda la
sesión.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Es posible que SS.SS. no recuerden nada del debate anterior o muy
poco, pero lo que ha venido a decirme el señor Pons es que no era
necesaria nuestra proposición de ley porque ya se puede hacer lo que
solicitamos, es decir, que el correo público deje de tener trabas
para poder establecer precios en los servicios en concurrencia y
pueda competir en igualdad de condiciones que el resto de los
privados.
Si es así y lo que ocurre es que no se quiere hacer, yo debo
reconocerle, señor Pons, que me deja usted mucho más preocupado de lo
que ya estaba. Le explicaré por qué. Porque usted aduce una excelente
gestión del director general de Correos, y yo tengo que discrepar, lo
siento mucho. La semana pasada le pregunté aquí a su ministro de
Fomento por el deterioro clarísimo y en algunos casos brutal de la
calidad del servicio, y le cité los ejemplos, porque tenía una carta,
y la tengo, de un subdirector de comercial de Correos que lo reconoce
paladinamente. El ministro se salió por la tangente, no supo por
dónde salir y al final lo hizo por donde no debía, diciendo que la
culpa la tenía la huelga que habían protagonizado los sindicatos,
cuando en el momento en que se produjo esa huelga el propio ministro
y el director general de Correos manifestaron públicamente que ella
no había tenido incidencia en Correos. ¿En qué quedamos? No sabía que
decir. ¿Llama usted excelente gestión del director general de Correos
al contrato que en febrero de 1998, el año pasado, firmó Correos con
Argentaria, banco español por excelencia, por diez años y 60.000
millones de pesetas, que iban a ingresar en las arcas de la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos, y que unos meses después,
también en 1998, han roto de común acuerdo, señor Pons? No me diga
que ha sido una decisión unilateral de Argentaria, porque tengo la
copia del contrato en el que de mutuo acuerdo deciden rescindir ese
contrato. ¿Llama usted buena gestión a eso, añadiendo que, a
continuación, hacen un contrato con el Deutsche Bank, banco alemán
-parece que no hay
bancos españoles para hacer esto- por diez años, igual que el
anterior, pero en vez de por 60.000 por 11.000 millones? Cuarenta y
nueve mil millones de pesetas menos para el correo público en diez
años, una sexta parte. ¿Ésa es una magnífica y excelente gestión del
director general de Correos, señor Pons? ¿Comprende ahora por qué
estamos preocupados en mi grupo por el futuro de Correos?
Tengo aquí también los precios que una empresa privada, competidora
de Correos, aplica en el Estado español al tráfico postal. Acabo
rápidamente, señor presidente, diciendo al señor Pons que a una carta
urbana, y lo he manifestado desde la tribuna, el correo público le
aplica 35 pesetas y la competencia 18. No hay color, señor Pons; así
el correo público no va a transportar ni una carta urbana. Le pongo
otro ejemplo: 125 pesetas en el correo público para las cartas de 101
a 200 gramos, 75 la competencia; 210 pesetas en el certificado con
acuse de recibo del correo público, 165 la competencia. Con esto
señor Pons y la excelente gestión que llama usted del director
general, Correos va a tener muchos problemas.
Acabo de verdad, señor presidente. Lo que están buscando ustedes es
que Correos dé con toda rapidez y urgencia una cuenta de resultados
equilibrada, y cuando la dé lo van a convertir en sociedad anónima.
Y, cuando lo conviertan en sociedad anónima, lo van a vender, como
están haciendo con las demás empresas públicas. Lo venderán, lo
privatizarán -le repito lo que le dije al ministro-, repartirán el
pastel entre sus amigos y harán una regulación de empleo. Eso es lo
que buscan, pero nos van a tener enfrente para que no puedan hacerlo.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Torres.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra el señor
Pons.
El señor PONS FRANCO: Señor Torres, oyendo lo que ha dicho en la
primera intervención y oyéndole ahora, ha presentado esta proposición
de ley no para hablar de su contenido, sino para criticar la gestión
de Correos, y aquí no nos va a encontrar. Como le he dicho antes, lo
único que tiene que mirar son los resultados de explotación de la
cuenta de Correos y Telégrafos del ente público empresarial, que, año
tras año, han ido mejorando desde que estamos gobernando en este
país. Ésta es la gestión que avala al director general de Correos y
Telégrafos, señor Torres.
Con relación a las tarifas, España ha sido el último país del grupo
de países desarrollados en suprimir la distinción entre las tarifas
urbanas y las interurbanas. Señor Torres, actualmente tenemos las
tarifas postales más bajas del mundo desarrollado. Su señoría no hace
referencia al plan estratégico que se ha ido elaborando en Correos y
Telégrafos. Ésta es la gestión que estamos haciendo. Un plan
estratégico en el que ha participado un amplio equipo formado por
especialistas del propio
organismo y la colaboración de una consultora externa. Incluso se ha
promovido la participación de un amplísimo número de directivos y
empleados de la organización, a través de numerosas entrevistas,
reuniones, visitas, encuestas, etcétera, en las que se ha recogido
toda la información y se han contrastado todas las conclusiones de la
gente que ha intervenido. Principios generales que orientan la
definición estratégica en el siguiente sentido: preparar a la empresa
para el entorno de la creciente competencia en el que opera y lograr
el equilibrio financiero en el año 2000; lograr la paulatina
reducción de la subvención y explotación a recibir del Estado, cosa
que anualmente se está consiguiendo; la definición de un objetivo
general estratégico, que subyace y se relaciona con todos los demás;
orientar Correos y Telégrafos al mercado y al cliente que necesita
este mercado de libre competencia. Esto, señor Torres, sólo tiene un
nombre: buena gestión y visión de futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque no sólo
aclara y armoniza lo que es el artículo 26 de una ley de 1997, que
establecía una sola tarifa postal para cartas y tarjetas postales
urbanas o interurbanas, con el contenido de la Ley postal que se
debatió en este Congreso de los Diputados en 1998 y que hacía una
diferenciación del mercado urbano e interurbano, sino que además la
proposición de ley tiene como objetivo defender Correos y Telégrafos
como ente público empresarial. Aspira, por tanto, a que este servicio
asuma esta diferencia territorial urbana e interurbana precisamente
para poder competir en un mercado que ya no es de monopolio; cabe
recordar que desde el punto de vista de lo que son las cartas urbanas
estaba ya liberalizado en el Estado español desde fines de 1960. Por
tanto, el operador público no tiene por qué ser penalizado en una
situación de aparente monopolio, cuando realmente está en una
situación de competencia.
Además, señorías, pensamos que la proposición de ley, que puede ser
discutible en aspectos parciales de tipo cuantitativo, no lo es en
cuanto al esfuerzo en adecuarse al nuevo marco de la competencia,
estableciendo la diferencia de las tarifas cuando se trata de
servicios universales o no y, por tanto, cuando debe de haber precios
públicos o precios privados, y también determinando en qué casos se
pueden hacer descuentos lógicamente a empresas que tienen capacidad
de mover una gran cantidad de correspondencia.
Por todo esto, en nombre de la defensa de la entidad pública y de que
pueda optar a competir en un mercado libre, es por lo que vamos a
apoyar esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Apenas hace ocho meses estabamos discutiendo aquí en la Cámara -lo
aprobamos en julio del año pasado- toda esta amplia batería de
medidas postales, reflejadas en el título de la Ley del servicio
postal universal y de liberalización de los servicios postales. En
aquel momento mi grupo apoyó el texto con las enmiendas pertinentes
que se introdujeron, algunas de Coalición Canaria, para recoger un
principio de reparto de un mercado, reservándose el Estado, el poder
público, un segmento determinado y dando otro para hacer realidad la
libre competencia de todas estas empresas de correo y de mensajería
privada que compiten eficazmente en el mercado y sirven también de
acicate. En aquella ocasión quedó clara nuestra postura, concordante
con el principio que inspiraba el proyecto de ley del Gobierno, que
era la de mantener básicamente la reserva del correo interurbano y el
transfronterizo de cartas y tarjetas postales con un peso inferior a
350 gramos -y así se presenta en las iniciativas-, además de mantener
lo que era un principio también de liberalización concordante con
esto. Nosotros no hemos especulado con ninguna privatización porque
no somos partidarios de ella, pero tampoco está en el candelero.
Se aprueba esta Ley en 1998 y ahora se nos plantea su reforma en
razón de una contradicción. En la iniciativa del grupo parlamentario
proponente se hace una curiosa poda del artículo 26 de la Ley de
acompañamiento de 1997, en la que se han suprimido, por ejemplo, las
tarifas de aquellos envíos postales de más de 350 gramos hasta 1.000
gramos y los de un kilo hasta dos kilos; cosa extraña, porque
entonces estaríamos en el mismo principio de contradicción. Lo que yo
digo es que si lo admitiéramos a trámite, ¿a qué nos lleva que no
esté resuelto en la actual Ley 24/1998? Porque a nivel de ponencia y
de comisión -y lo digo con todo respeto a la iniciativa- sería perder
el tiempo, sobre todo para los grupos que nos tenemos que repartir
entre una serie de actividades parlamentarias; nos llevaría a una
ineficacia en las actuaciones porque no sé qué no se pueda conseguir
con la legislación actual. En cualquier caso, para un reajuste de
competencias estatales puede recurrirse a finales de este año a ver
la cuenta de resultados que dé el organismo de Correos de las
tarifas, vía proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos
del Estado para el año 2000. Es que
no veo la razón. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Sin abundar en más argumentos, por considerar en primer lugar
suficiente la legislación actual, si tiene que haber alguna medida
correctora, que se haga conociendo la cuenta de resultados. Porque el
portavoz del grupo proponente se ha limitado a hacer una especulación
teórica de lo que puede suceder, del daño financiero para el
organismo de Correos, pero eso está por ver y por demostrar. Se verá
en una cuenta ante la aplicación de tarifas en los segmentos
liberalizados donde compite libremente el sector privado, no en el
sector reservado para el Estado, porque en el segmento reservado para
el servicio público del Estado siempre habrá las medidas correctoras
que permite la actual legislación.
Por estas razones, señor presidente, nosotros no vamos a dar nuestro
apoyo a la toma en consideración de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y, por consiguiente, votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Me pareció que el Grupo Nacionalista Vasco no había pedido turno.
(Pausa.) En ese caso, por el Grupo de Convergència i Unió tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente. Diré unas pocas
palabras.
Nos decía el portavoz proponente que los grupos que votasen en contra
deberían ofrecer alternativas. Nuestro grupo no tiene por qué ofrecer
alternativa alguna porque en su momento ya las propuso. No fueron en
general bien recibidas en los debates en Comisión cuando hace unos
meses se debatía la ley. El texto aprobado no es de nuestro total
agrado. Además, muchas de las enmiendas que nuestro grupo creía
buenamente que podían ser favorables para la entidad pública de
Correos no fueron aceptadas por ninguno de los otros grupos.
Francamente, dentro de la libre competencia que con la ley se
pretendía, nosotros creíamos que lo que se tenía que hacer era ayudar
fuertemente al ente Correos para que pudiese entrar en esa libre
competencia y verdaderamente luchar en el mercado, tal como estaba en
aquellos momentos. Eso sí que hubiese sido desde nuestro punto de
vista el pan para hoy, el pan para mañana y para pasado mañana; no
fue como quedó, pero hoy en día se nos presenta esta proposición de
ley ya para variar las cosas. Da la casualidad, y nosotros nos
alegramos mucho, de que la gestión actual, tal como se ha ido
llevando dentro del marco de esta ley -a nosotros, ya digo, no nos
gusta-, está dando resultados positivos para la entidad pública de
Correos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de la
variación que hoy se nos presenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
El señor Ríos Martínez, por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, me gustaría traer el debate
a los justos términos en los que está planteado y no le falta razón
al grupo proponente en manifestar que entre la Ley de acompañamiento
del año 1997 que regulaba las tarifas ... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Veo su dificultad.
Señorías, me temo que el señor Ríos encuentra demasiado eco a sus
palabras. Gracias.
Adelante, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
A mí no me gusta que esta proposición de ley venga a través de la Ley
de acompañamiento porque es un vicio exagerado en el funcionamiento
de la técnica presupuestaria. La Ley de acompañamiento fijaba una
distribución de las tarifas en función de la realidad que teníamos
antes de la ley; fíjense ustedes: cartas y carpetas postales del
servicio nacional, urbanas e interurbanas. Después de la Ley que
hemos aprobado en el año 1998 ya esta realidad no puede darse así,
porque se han sacado y se han quedado solamente las cartas y postales
interurbanas como las que están reservadas al operador público y las
que tienen una catalogación determinada. Por tanto, esta norma no
puede aplicarse.
Por eso, con muy buen criterio el Grupo Socialista lo que viene a
hacer es situar la Ley de acompañamiento de 1997 en una ley
posterior, que por desgracia no ha tenido otra ley de acompañamiento
que lo aplique a esta realidad; tiempo ha habido para poder
aplicarlo, pero hay una incongruencia. ¿Cómo puede fijar el
Ministerio de Fomento las tarifas a más de 350 gramos o a más de
1.000 gramos cuando eso está excluido de la parte reservada de la que
nos hemos dotado? Es decir, una de las partes que intenta resolver la
propuesta del Grupo Socialista es precisamente ajustarse a la norma
legal, sin entrar a discutirla. No comparto algunas cosas de la norma
legal, pero la tenemos recién aprobada. Ése es uno de los argumentos
que utiliza el Grupo Parlamentario Socialista.
Hay otras propuestas que hace: suprime el tema del paquete express
nacional, el tema de los impresos y pequeños paquetes; eso es verdad.
Hay una parte que nosotros no compartimos en la argumentación que se
nos da en el artículo 2, porque hay una pequeña contradicción entre
mantener como precios públicos una propuesta de regulación que va a
hacer el propio organismo y no el Ministerio, y esa regulación entra
en contradicción; precios públicos y tasas son las que fijamos por
los propios presupuestos o por la propia regulación legal. Y aquí
entra a dar instrumentos de capacidad de maniobra al organismo
público para que pueda competir. Fíjense que el operador público
actúa con lo que es reservado y lo puede prestar y también actúa en
lo que no es reservado
- que es lo que dice el punto 1: todo lo que no es reservado-, pero
que está incluido en lo que pudiéramos llamar servicio universal y
que puede prestar en régimen de competencia con otro operador.
En suma, la propuesta que se nos hace debería de tener un mayor
ajuste. Por ejemplo, la modificación que introduce en cuanto al punto
3 del artículo 2 entra en contradicción con el objetivo que se nos ha
explicado, que es dotar de mayores recursos al operador público, al
actual ente Correos para que no se vaya deteriorando la calidad de su
servicio y sea competitivo con el exterior. Fíjense que la norma que
se aprobó decía que podía haber modificaciones de hasta el 60 por
ciento y además que quedaba suprimida toda la tarifa reducida. Aquí
se reduce esa capacidad de bonificación y esto es un arma de doble
filo. ¿Por qué los grandes clientes han de tener mejores beneficios
que los pequeños clientes? Porque no es lo mismo quedarse con toda la
paquetería o toda la cartería de una gran entidad financiera o de un
gran supermercado o una gran red comercial, ya que puede tener un
volumen de negocio mayor y se compite; aquél te lo da por tanto, yo
te lo doy por tanto y puede entrar en esa prioridad.
Pero hay una parte en la que lleva toda la razón el proponente, y es
que esto, además de adecuarlo, tiene que conseguir que la letra vaya
por el mismo lado que la música; no puede haber esa falta de
sintonía, esa falta de conexión, y nos guste más o menos desde hace
ocho meses no se ha desarrollado reglamentariamente la Ley y por eso
entramos en contradicción. ¿Dónde están los servicios de inspección
para garantizar que todo lo que pesa menos de 350 gramos lo hace el
operador público? ¿Dónde está? Les puedo dar ejemplos de empresas de
iniciativa privada que están repartiendo todo eso fuera de la
competencia del propio operador público. Sin embargo, tenemos una
realidad. Decía el artículo 1 de nuestra Ley que la idea del servicio
postal era un elemento clave para una cohesión social e indicaba que
tendría como objetivo satisfacer las necesidades de comunicación
postal en España. Yo puedo asegurarles que hoy más del 20 por ciento
de la población española en ciertos núcleos no tiene oficinas que
pudiéramos llamar integradas a nivel de dotación. Hoy tenemos
desatendida al 10 ó 15 por ciento de la población española en áreas
rurales y hay muchos núcleos de población, más de 98 ciudades, cuyos
habitantes no acceden a un servicio en condiciones para poder
competir. Sin embargo, el operador público está entrando en negocios
privados, comprando empresas, como Cronopost, que además significa
derivar, con una participación del 50 por ciento, toda una actividad
que hasta ahora desarrollaba el ente público, por ejemplo todo lo que
es el trabajo más rentable, lo que es el servicio postal exprés, que
ahora mismo se está llevando porun servicio de menos calidad dentro
de lo público porque lo va a hacer una entidad que compite con el
propio operador público.
En suma, podemos estar asistiendo a dos pasos que a nosotros nos
preocupan -y es bueno decirlo aquí e instar al Gobierno a que tome
medidas-, como son: que no se puede deteriorar la calidad con la que
se prestan los servicios y no se puede dejar al operador público, a
Correos, sin armas para competir con la iniciativa privada en lo que
es rentable. Si se le quita lo que es rentable, la crema de los
beneficios, lo que es universal, el operador privado no va a llevar
una carta a una zona rural, a 65 kilómetros del núcleo urbano. Donde
sí está el negocio es donde la distribución urbana o la paquetería
urbana o ese servicio de urgencia se paga y lo puede hacer en mejores
condiciones. Vamos a tomar las medidas para que eso pueda
recuperarse.
En segundo lugar, el proceso de privatización puede encaminarse en
varias vertientes. Precisamente la compra de esta empresa puede
significar esa derivación hacia lo privado. Pero es que además el pez
muere por la boca; se hacen afirmaciones de convertir la entidad en
sociedad anónima a la vuelta de equis tiempo, cuando esté saneada
determinada vertiente, es decir, en la parte rentable del pastel;
estoy convencido de que todo no. Pero si se deja deteriorar lo que es
universal y se deja como rentable lo que se dirige a otros sectores,
lógicamente lo bueno se privatizará, los servicios se pondrán a
disposición privada, y lo que es universal y es costoso lo pagaremos
todos, teniendo que cubrir el déficit, y no estaremos cumpliendo lo
que nos marca la directiva, que es poner en competencia al operador
público y prestar un servicio universal a todos los españoles, vivan
en el sitio en que vivan.
En suma, señor presidente, nosotros tenemos esa preocupación, por eso
no nos parece mal que se tome en consideración esta proposición y que
en las enmiendas se pueda precisar todo lo que sea necesario. Además,
instamos al Gobierno a que desarrolle normativamente una ley postal.
No es bueno tener leyes que no se desarrollan, ¿saben por qué? Porque
pueden llevar a cantos de sirena que trastocan en desazón y en
peligro; desazón que viven las gentes que trabajan con el operador
público y los ciudadanos que recibimos el servicio. La desazón es
doble: de quien trabaja y lo quiere hacer en buena competencia y en
buenas condiciones y de los que recibimos el servicio, que vemos que
si vives en un sitio y tienes una realidad lo puedes recibir con
buena calidad y, si no, lo recibes con mala calidad. Se siguen
repartiendo determinados servicios postales dos o tres veces por
semana.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego que concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente. Nuestro argumento
es que no se radicalicen las posturas. Puede tramitarse, porque la
propuesta no es nada exigente, y tendremos que precisar en fase de
enmiendas. Señorías, una vez tomada en consideración ustedes incluso
pueden presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo y
pueden adecuarlo.
Pero no se puede decir que esto no es real. Si ustedes lo rechazan,
por favor, adecuen la norma, porque, si no, no hay quien la pueda
entender.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Vamos a proceder a las votaciones. Llámese a votaciones, por favor.
(Pausa.)
Votaciones correspondientes a los debates de la eventual toma en
consideración de las proposiciones de ley. En primer lugar, de la del
Grupo de Izquierda Unida, sobre el establecimiento de la renta mínima
que garantice una existencia digna.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 138; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición de ley del Grupo Socialista, sobre servicios postales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 137; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DE LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE LEY SOBRE
SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO Y PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 1/1999, DE 8 DE ENERO) (Número de expediente 121/000159).
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al siguiente punto del
orden del día, desearía someter a acuerdo de la Cámara el que a su
vez ha adoptado la Mesa y la Junta de Portavoces para proponer al
Pleno la avocación sobre la deliberación y votación final del
proyecto de ley sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. ¿Lo
acuerda el Pleno por asentimiento? (Asentimiento.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA DEFINIR MEDIDAS QUE
OBJETIVEN, SOBRE PREMISAS DE SOLIDARIDAD Y EQUILIBRIO
INTERTERRITORIAL, EL COSTE DE LOS
PEAJES DE LAS AUTOPISTAS, CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS ACTUALES
DISCRIMINACIONES (Números de expediente 158/000039 y 158/000040).
El señor PRESIDENTE: Asimismo la Junta de Portavoces ha acordado
someter al Pleno la inclusión en el orden del día, como último punto
de la sesión del próximo jueves, la propuesta de creación de una
subcomisión para definir medidas que objetiven, sobre premisas de
solidaridad y equilibrio interterritorial, el coste de los peajes de
las autopistas, con la finalidad de eliminar las actuales
discriminaciones. ¿Acuerda así el Pleno la inclusión en el orden del
día? Es, como saben, sin debate previo. (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías, así se entiende acordado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SUBIDA DE LAS PENSIONES
MÍNIMAS Y LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EN EL EJERCICIO DE 1999
(Número de expediente 162/000323).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones
no de ley. En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre la subida
de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas en el
ejercicio de 1999.
Tiene la palabra el señor Martínez Noval. (Rumores.)
Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio, de forma que
podamos continuar con el desarrollo del orden del día. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Señor Múgica y compañía. Señor Múgica y señor Gortázar, despejen por
favor.
Adelante, señor Martínez Noval. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Adelante.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, no hace muchos meses que el ministro de Economía y Hacienda
afirmó en esta Cámara que la renta de España, en definitiva, la renta
de los españoles, se había incrementado en el transcurso de la
presencia del Partido Popular en el Gobierno de la nación en 23
billones de pesetas. Digo bien, 23 billones de pesetas. Era, claro
está, un desvarío del señor ministro, que sorprendentemente atribuía
a este país un crecimiento de la renta y, por lo tanto, de la
producción muy, pero que muy por encima del que están disfrutando en
estos momentos países menos avanzados, como puede ser China, porque
ese crecimiento de la renta, señorías, está incluso por encima del 10
por ciento. No era así, pero lo que sí es cierto es que en esta fase
alcista del ciclo económico está mejorando la renta de los españoles
en general y de algunos en particular.
Sin embargo, ese crecimiento de la renta, que nosotros saludamos y
valoramos muy positivamente, tiene una carencia, un defecto desde un
punto de vista progresista, y es que no está beneficiando por igual,
no está beneficiando con equidad a todas las ciudadanas y ciudadanos
españoles. No es así, señorías, y basta asistir al rosario de
publicaciones y de noticias en torno al crecimiento de los beneficios
de las empresas o al avance de las cotizaciones bursátiles, en
definitiva, a lo que se puede entender como las rentas que reciben
los ciudadanos españoles que tienen posibilidades de ahorrar y de
invertir, sea en activos mobiliarios, en activos inmobiliarios o en
activos financieros, que es lo que resulta más rentable en estos
momentos. Esos españoles, que son muchos -me pongo a cubierto de las
críticas que se puedan hacer porque hay seis u ocho millones de
españoles que tienen invertidos sus ahorros en Bolsa, que son
bastantes-, sin embargo, contrastan con el crecimiento de las rentas
de otros millones de españoles, casi 20 millones entre agricultores,
funcionarios y trabajadores en activo, que no ven crecer sus rentas
en estos años expansivos del ciclo económico más que en unas modestas
décimas de punto por encima de la inflación en nuestra economía.
Muy en particular quiero referirme esta tarde a un colectivo muy
importante que sólo ve crecer esas rentas en la medida en la que
crezca el IPC y, si el Gobierno se equivoca, como ha ocurrido,
afortunadamente, en la previsión del IPC del ejercicio siguiente,
miel sobre hojuelas y tanto mejor, unas décimas de más que añadir al
mantenimiento estricto del poder adquisitivo. Señorías, ¿es que no es
evidente que la distribución de esa riqueza, que ciertamente se ha
generado estos años en la economía española, se está haciendo con
inequidad y, por qué no decirlo, desde un punto de vista subjetivo,
con injusticia?
Yo pretendo convencer esta tarde a la mayoría de esta Cámara de que
es de justicia reparar esa inequidad y de que tiene todo el sentido
que tomemos esta tarde aquí una decisión para que, justamente las
personas con menores niveles de renta de nuestra sociedad, se puedan
ver beneficiadas en una medida nada exagerada, en una medida muy
cauta y muy prudente. Estoy hablando de tres millones de españoles,
dos millones y medio de pensionistas de la Seguridad Social que
reciben unas pensiones modestas, ciertamente; dos millones y medio de
pensionistas del sistema contributivo que se benefician del
complemento de mínimos y casi medio millón de españoles y españolas
que reciben una prestación no contributiva. Todas estas personas,
tres millones, señorías, van a ver crecer sus rentas, en el año 1999,
en un 1,8 por ciento. Lo que mi grupo parlamentario propone esta
tarde a esta Cámara es que se acepte ese modesto crecimiento de 2.000
pesetas mensuales para estos dos colectivos, el de pensionistas de
mínimos y el de pensionistas de prestaciones no contributivas, sean
de invalidez o sean de vejez, de jubilación; proponemos una subida
tan moderada como que, multiplicada por 14 pagas, sería 28.000
pesetas anuales
la cuantía en la que estas personas, estos españoles, verían
incrementadas sus pensiones respecto al aumento que el Gobierno está
obligado a subir por ley la cuantía de sus rentas, en función de la
previsión de inflación que vayamos a tener en el año 1999.
Nosotros lo hacemos así, y tengo que recordarlo, para que se cumpla
una decisión de esta Cámara, además votada unánimemente; una decisión
que apoyó el conjunto de la Cámara con posterioridad al debate del
estado de la Nación del año 1998, que creo recordar fue allá por el
mes de mayo.
Pues bien, la resolución número 51 de aquel debate, con toda
claridad, insta al Gobierno a continuar por el camino de la mejora de
las pensiones más bajas, en el marco del Pacto de Toledo (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Esa es la resolución 51. Todos ustedes la votaron. El tan apoyado y
festejado Pacto de Toledo, en su recomendación número 12 dice lo que
contempla la resolución 51, después de recomendar en la 11 que las
pensiones contributivas se revisen por la inflación y, por lo tanto,
mantengan su capacidad adquisitiva: que hay que continuar mejorando
la cuantía de las pensiones más bajas.
De manera, señorías, que esta tarde no traemos aquí ninguna cuestión
extemporánea, no traemos ninguna cuestión que nos la hayamos
inventado por el momento político que estamos viviendo o porque
hayamos sido atacados por algún virus de la demagogia (Rumores.);
nada de eso. Son compromisos de esta Cámara adquiridos por una doble
vía: por la vía de la resolución 51 y por la de la recomendación
número 12 del Pacto de Toledo. Y tenemos que volver a traerlo a esta
Cámara, señorías, por una razón muy sencilla: porque nosotros
planteamos esta misma pretensión en la discusión de los Presupuestos
Generales del Estado, en el Senado, por medio de una enmienda, y
recibimos la oposición del grupo mayoritario, que no creyó
conveniente en esos momentos dar un paso en la dirección de la
equidad y del mejoramiento de las rentas de los españoles más
humildes.
Por eso, señorías, traemos esto aquí, a la Cámara. Y lo traemos
sabiendo que esta proposición que presentamos no es gratis, que
cuesta dinero. ¡Cómo no iba a costarnos si mejora la renta de tres
millones de españoles! Traemos esta cuestión a la Cámara
sencillamente porque creemos que el Gobierno puede financiar
perfectamente el coste de esta medida, que no supera los 84.000
millones de pesetas, que no llega a 70.000 millones el coste para los
beneficiarios de complemento de mínimos y tampoco supera los 12.000 ó
13.000 millones de pesetas el coste de esas 28.000 pesetas anuales de
las prestaciones no contributivas.
Creemos que el Gobierno puede hacerlo sin ningún problema. ¿Por qué
digo esto? Porque este Gobierno ha creído tener margen presupuestario
suficiente para renunciar a casi 800.000 millones de pesetas por la
rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la
reducción concomitante de las retenciones de
las rentas del trabajo. ¿Es que un Gobierno que renuncia a esos
800.000 millones de pesetas no tiene margen para aportar 84.000
millones de pesetas más a la Seguridad Social? No nos podrían
convencer de que esta medida es imposible por razones fiscales, por
razones presupuestarias o por razones de prudencia financiera. Nada
de eso.
Pero es que el Gobierno también ha puesto de manifiesto que
precisamente esa rebaja de las retenciones beneficiaba en 70.000
millones de pesetas a los pensionistas de pensión media y alta, y
curiosamente deja sin beneficio alguno a los pensionistas más
humildes, aquellos que cobran las pensiones mínimas. Y más aún,
señorías, lo que pone más en evidencia la inequidad de la situación
que podemos vivir con la combinación entre incremento de la pensión y
reducción de las retenciones de los pensionistas, es el cálculo
relacionado con el beneficio que van a obtener las pensiones máximas
por una doble vía, en cuantías mensuales nada desdeñables, que sale
del propio Gobierno. Esas pensiones, en el tope de la escala, se
benefician del incremento del 1,8 por ciento, pero se benefician
también -y estos cálculos salen de fuentes gubernamentales- de un
incremento de la pensión de 5.750 pesetas al mes, como consecuencia
de la rebaja, de la reducción de las retenciones.
Por eso, nuestro grupo parlamentario se pregunta si tiene sentido
esta distinción, esta diferencia, esta discriminación en el
tratamiento que, por ambas vías, el incremento de las pensiones y la
reforma fiscal, se lleva a cabo entre los pensionistas más humildes,
entre los de rentas más bajas y los pensionistas medios y de rentas
más elevadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: No tiene ningún sentido, señorías, no tiene
ninguna justificación. Además, nos hacemos una pregunta. En materia
de pensiones bajas -y, desgraciadamente, nuestro país todavía tiene
muchas pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional-, ha
habido momentos en los que la política de avance de esas pensiones se
ha visto detenida, se ha visto interrumpida por razones del ciclo
económico. En los malos momentos, señorías, siempre es difícil
mejorar la capacidad adquisitiva de los españoles, pero estamos en
estos momentos viviendo circunstancias muy favorables de la coyuntura
económica. ¿Quién lo duda? Si en estos momentos no es posible dar un
pasito adelante en la capacidad adquisitiva de pensiones de 37.000 ó
38.000 pesetas, ¿cuándo va a ser posible? ¿Acaso cuando flexione el
ciclo económico a la baja y vengan malos tiempos para las rentas y
para el presupuesto del Estado español? Ese argumento, señorías, no
se puede sostener.
Ese paso para esa mejora tan contenida, tan moderada, tan sensata y
tan justa en estos momentos, hay que
darlo ahora, hay que darlo hoy, y por eso les pido a todos el voto
favorable para la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
No han sido presentadas enmiendas por ningún grupo parlamentario, por
lo que pasamos al turno de fijación de posición de los grupos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por razón de la hora, mi intervención va a ser breve. Debo aclarar
que, siendo un admirador de la oratoria del portavoz del Grupo
Socialista, señor Martínez Noval, que acaba de intervenir, y aunque
los argumentos que presenta en primera fase parecen ser convincentes,
no ha hecho mención al gran problema que tiene el sistema de
pensiones en nuestro país.
Nos olvidamos de que muchos agoreros, muchos pesimistas decían que
dentro de 10 años se destruiría el Sistema de la Seguridad Social.
Afortunadamente, ha habido otras voces positivas y quien lleva el
timón, que es el Gobierno, ha declarado que podemos estar seguros 25
años más, si se mantienen los parámetros actuales.
Tenemos que reconocer que el número de mayores va in crescendo y que
hay que atender las pensiones que se van originando cuando, por
desgracia, la población activa no generará los incrementos necesarios
para esa compensación. Es decir, nos hemos olvidado del necesario
equilibrio para el mantenimiento del sistema.
No podemos olvidar, señores, que en esta Cámara se ha aprobado una
Ley de consolidación y racionalización del Sistema de la Seguridad
Social, con el fin de valorar todas estas cuestiones y, al mismo
tiempo, fomentar el ahorro privado. También debemos reconocer que,
desde el año 1996 para acá, las pensiones en general vienen
recibiendo un incremento, que hoy día se considera bastante
importante.
Tampoco podemos olvidar que se han dictado normas para la valoración
con relación al IPC y que con estas valoraciones, repito, ha habido
un incremento importante. Y tampoco podemos olvidar que se han
aprobado normas fiscales, por ejemplo, la última ley del IRPF, que
tiene beneficios fiscales para todos los pensionistas. Me extraña que
en la exposición de motivos se diga que no afecta el IRPF, en
beneficios fiscales, a los pensionistas actuales. Recordemos que,
entre los beneficios fiscales, aparte de una reducción de las
retenciones, hay una concentración de mayor reducción en los ingresos
anuales inferiores a 2.022.000 pesetas y que, además, unas 325.000
pensiones dejan de estar sujetas a retención. Eso está en la ley. Nos
estamos refiriendo a aquellos jubilados que perciban hasta 1.797.000
pesetas.
Otra cuestión más es que cuando un jubilado venda su vivienda no
pagará impuestos por la plusvalía, no nos olvidemos de ello. Tampoco
nos olvidemos de que en la Ley de Presupuestos de 1999 se mantienen y
se señalan las pensiones no contributivas en 531.370 pesetas íntegras
anuales y la regulación del derecho de los pensionistas para alcanzar
la cuantía mínima de pensiones, aquellos que no perciban ingresos de
capital o trabajo personal o que, percibiéndolos, no excedan de
837.635 pesetas al año. También se señalan en esa Ley de presupuestos
las cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de la Seguridad
Social en su modalidad contributiva. No quiero hablar de que estamos
a 90 días de una campaña electoral, pero creo que, ante la
profundidad de las medidas que se proponen, que tienen correlación
con otras clases de pensiones que no soportarían la injusticia de
elevaciones para unos y no para otros, no ha habido un estudio
actuarial completo, ya que he leído hasta cuatro valoraciones de ese
posible incremento.
Por ello, Coalición Canaria, por aquel adagio de que con las cosas de
comer no se juega, va a votar negativamente esta iniciativa. Que no
quepa la menor duda de que nosotros admitimos que no hay que
renunciar a las mejoras de todas y cada una de las clases de
pensiones. No podemos olvidarnos de las viudas ni de los huérfanos,
pero dentro de unas previsiones de seguridad y garantía del actual
sistema para todos los pensionistas. Es cierto que se propone que no
se cargue a la Tesorería de la Seguridad Social, sino a los
presupuestos del Estado, pero todos sabemos que tenemos que tener una
vigilancia absoluta del déficit presupuestario, no por exigencia
caprichosa sino por un imperativo europeo. Nosotros creemos que no se
debe aceptar la proposición no de ley que con tanta brillantez se ha
defendido aquí. Debemos caminar todos juntos por la senda del Pacto
de Toledo. Se invocaba aquí el punto 12; yo invoco el punto 11. Y no
nos olvidemos que más vale un pájaro en mano que 20 volando, y el
pájaro que tenemos hoy día tiene una vida asegurada y sana para bien
de todos los pensionistas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente.
El debate que nos plantea el Grupo Socialista a través de su portavoz
debería servir para que entre todos los grupos políticos de esta
Cámara fuésemos capaces de mantener el sentido común, la
responsabilidad y alejarnos de planteamientos que rozan la demagogia
en los debates relacionados con el sistema público de pensiones
y fuésemos capaces de enlazar con el espíritu que hubo en esta Cámara
en septiembre de 1993. Empezaba una legislatura complicada, difícil,
que tiene
recuerdos buenos y positivos, pero también recuerdos malos y
negativos para todos los grupos de esta Cámara. Entonces, y a
propuesta de Convergència i Unió, fuimos capaces de iniciar un
proceso que culminó con el Pacto de Toledo, un proceso con dos
perspectivas, un proceso que pretendía generar un pacto de Estado
para garantizar el sistema público de pensiones en un momento -y se
recordaba hace unos instantes- en que este sistema público era
cuestionado y, además, y para nosotros ahí está la principal virtud
del Pacto de Toledo, un pacto político entre todos los grupos, que
permitía situar el debate sobre las pensiones lejos de los debates de
corte estrictamente electoral. Entonces, aquello fue un éxito, un
éxito que nos permitió -insisto, en una legislatura difícil, cargada
de nubarrones- ser capaces de tener sentido de la responsabilidad,
sentido común y alejarnos de la demagogia. Y los resultados de ese
proceso llegaron también hasta el inicio de esta legislatura, cuando
el actual Gobierno y el conjunto de fuerzas políticas, incluido el
Grupo Socialista, y en desarrollo del Pacto de Toledo, aprobaron la
Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad Social, una
ley que creo que todos, con excepción de Izquierda Unida, hemos
calificado de positiva y que también era el resultado del pacto
social entre el Gobierno y las principales organizaciones sindicales
del Estado español en relación con esta cuestión. El Pacto de Toledo
inició su singladura en septiembre de 1993 y continuó en esta
legislatura con esa ley. Fuimos capaces, en una legislatura llena de
nubarrones -creemos-, de avanzar en un sentido positivo para
consolidar el sistema público de pensiones, con resultados -y algunos
de ellos el señor Gómez los ha remarcado- que han supuesto una mejora
sustancial de las pensiones que cobraba el conjunto de beneficiarios
del sistema de Seguridad Social del Estado español, y a nosotros nos
gustaría continuar desarrollando la mejora del sistema público de
pensiones en este contexto.
Por prudencia, por sentido común y por alejarnos de la demagogia, no
voy a entrar en el fondo de la cuestión que nos plantea el señor
Martínez Noval. En primer lugar, porque es obvio y de sentido común
que todos estamos por una mejora de las pensiones más bajas. Nadie de
esta Cámara puede atribuirse la exclusividad de la defensa de las
pensiones más bajas. Pretender mezclar esta cuestión con el debate
sobre las consecuencias o no de la reforma del IRPF es, literalmente,
alejarse del espíritu del Pacto de Toledo, situar el debate de
pensiones en aquel contexto antes de septiembre de 1993 y, para
nosotros, esta es una tremenda equivocación.
Creo que no es demasiado brillante, por mi parte, recordar a quienes
han tenido la responsabilidad de gobernar el Estado español entre
1982 y 1996 que difícilmente hubiesen dado sus votos favorables a una
proposición no de ley como la que hoy nos plantean; estoy seguro. En
el debate que hubo a principios de esta legislatura, el señor Cercas,
cuando argumentaba sus reticencias a la propuesta de creación de la
subcomisión
del Pacto de Toledo, presentada por el Grupo de Izquierda Unida, el
Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Vasco (PNV), el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y el Grupo Popular, decía: Si pretenden nuestro
voto favorable, tienen que discutir previamente con nosotros estas
propuestas. Hoy nos encontramos con esta sorpresa, o no sorpresa,
pero sí sin esa discusión previa que el portavoz socialista, el 25 de
junio de 1996, requería para discutir una cuestión relacionada con el
Pacto de Toledo, como era la creación de una subcomisión; ya no
digamos cuando lo que plantean hoy es un salto cualitativo muy
importante en el tratamiento de estas pensiones.
Para nosotros, hay que recuperar el sentido último del Pacto de
Toledo y creemos que todo el ámbito de las pensiones se debe situar
al margen del debate preelectoral y del debate electoral. Tenemos una
oportunidad. En abril del año 2000 se debe constituir la
correspondiente comisión marcada por la recomendación número 15 del
Pacto de Toledo. ¿Podríamos hacerlo antes? Yo creo que si existiese
sentido de la responsabilidad, sentido común y voluntad de llegar a
consenso, sería perfectamente posible. Todos tenemos dudas de que
hoy, en una legislatura mucho más tranquila, con un Gobierno mucho
más estable y con una situación económica mucho más próspera, estemos
en condiciones de repetir aquel consenso. Por nuestra parte, haremos
todo el esfuerzo para intentar recuperar aquel espíritu; pero,
evidentemente, para que ese acuerdo, ese espíritu, esa voluntad de
avanzar de manera conjunta se produzca, todos los grupos debemos
tener el mismo interés. Por nuestra parte, contribuiremos en aquello
que sea posible. Además, es cierto que se dan circunstancias que nos
pueden permitir hacer un avance sustancial en esta materia. Creo que
eso nadie lo discute. Estamos avanzando de manera clara e inequívoca
hacia la separación de las fuentes de financiación -reivindicación
del conjunto de grupos políticos-, estamos en condiciones de abrir un
debate serio, responsable y consecuente para la mejora de las
pensiones más bajas, introduciendo también otros criterios. Por
ejemplo, ¿por qué no una mayor diferenciación en función de las
edades de las personas, de su condición -si viven solas o no-, en
función de sus discapacidades, en función del mayor coste de vida en
aquellos territorios del Estado donde vivan? Es evidente que este
debate sólo se puede enfocar desde una doble perspectiva: desde la
perspectiva del debate y del consenso político y desde la perspectiva
del debate social y del debate político. La Ley de consolidación
llegó a esta Cámara precedida por el acuerdo con la Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras, lo que nos parece un buen
precedente. ¿Seremos capaces hoy de recuperar aquella situación?
¿Seremos capaces de dar ese salto cualitativo? Entendemos que con la
iniciativa que nos plantea hoy el Grupo Socialista nos alejamos de
esa oportunidad, y por tanto no tenemos más remedio que votar en
contra y pedir al Grupo Socialista que sea
capaz de recuperar el sentido común que tuvo en septiembre de 1993.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano. (Rumores.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Adelante, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, vamos a apoyar desde Izquierda
Unida esta proposición no de ley del Grupo Socialista, aunque tenemos
que decir que no nos gusta demasiado. La vamos a apoyar porque lo que
propone es una mejora de la situación de los beneficiarios de las
pensiones mínimas no contributivas, cuantificadas en 28.000 pesetas
al año, que viene a ser 2.000 pesetas al mes, en 14 pagas. Pero no
nos gusta del todo, pues la mejora que requiere este colectivo
debería ser más profunda.
Coincidimos con la perspectiva expresada por el grupo proponente en
su exposición de motivos de mejorar las pensiones y hacerlo igualando
las más bajas al salario mínimo interprofesional con ese objetivo.
Esta es una propuesta de Izquierda Unida desde hace muchos años, que
se viene repitiendo a través de enmiendas de los Presupuestos
Generales del Estado desde tiempo inmemorial. Pero no creemos que la
medida propuesta sea la adecuada para alcanzar este objetivo, pues
una cantidad a tanto alzado no consolidable como la propuesta, con
todos los respetos, es un parche. Cosa distinta hubiera sido si nos
hubiera ofrecido la solución que propone UGT de ir poco a poco
mejorando las pensiones más bajas, empezando por igualar las
pensiones mínimas contributivas con cónyuge a cargo al salario mínimo
interprofesional, incrementando hasta el 85 por ciento del salario
mínimo interprofesional las contributivas mínimas sin cónyuge a cargo
y subiendo un 8,6 por ciento las no contributivas, lo que equivaldría
a enrasar en un 70 por ciento el salario mínimo interprofesional de
éstas no contributivas. UGT evalúa esta propuesta en una cantidad
inferior a la que el grupo proponente plantea, unos 61.802 millones
de pesetas, mientras que la suya costaría unos 80.634 millones, pero
además de eso, significaría una reforma legal que vendría a
consolidar la mejora y a crear el camino para la igualación efectiva
al salario mínimo interprofesional por plazos. Esta reforma propuesta
por UGT sería muy factible, pues los 61.802 millones de pesetas
equivaldrían a un 11 por ciento por ejemplo del coste de la reforma
del IRPF, a un 0,07 por ciento del producto interior bruto previsto
para 1999, a un 21 por ciento de las subvenciones dadas a los
empresarios o a un 1,3 de los gastos fiscales previstos para este año
1999.
Con todos los respetos, esta proposición no de ley del Grupo
Socialista nos parece una fuga hacia adelante. Chaves ha propuesto
algo parecido en Andalucía y
ustedes lo plantean aquí para seguir pleiteando con el Gobierno,
intentando cubrir el escenario del enfrentamiento político formal de
la alternancia. Por cierto, hay que decir que esto no rompe en
absoluto ni la unidad de caja, como han dicho con una exageración que
nos parece un exabrupto, ni se aleja del Pacto de Toledo, del que ya
estamos cada vez más cansados de oír mencionar su nombre en vano. No
hay que utilizar el Pacto de Toledo para lo que conviene a unos y a
otros. Tengamos la fiesta en paz. Si se está de acuerdo, que se diga
que sí y si no, que se diga que no. En cualquier caso, esa
justificación ya no cuela. Este juego del enfrentamiento no va a dar
mucho de sí; la gente va más al grano, sabe ver las cosas más allá de
nuestras filigranas de salón.
En cualquier caso, como es algo que puede mejorar la situación aunque
sea coyunturalmente, Izquierda Unida no va a ser quien se niegue a
contribuir con su voto a que esto salga hacia adelante. Vamos a
fugarnos con ustedes hacia adelante, pero anunciamos que vamos a
presentar una iniciativa de mayor rigor, para que se inicie un
proceso de plazos de equiparación de las pensiones más bajas con el
salario mínimo interprofesional.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, procedo en nombre de mi grupo a utilizar este turno de
fijación de posición y vaya por delante que va a ser un turno en
contra de la proposición no de ley que ha presentado el principal
grupo de la oposición en esta Cámara. Sin embargo, quiero que también
sea un turno en contra no sólo del propio contenido de la proposición
no de ley, sino en contra de la incoherencia, en contra de la
irresponsabilidad, en contra de la demagogia y en contra de la falta
de credibilidad del grupo proponente. No obstante, quiero que también
sea un turno a favor de la libertad y la dignidad de nuestros
mayores, de la responsabilidad, de la coherencia, un turno a favor
del Pacto de Toledo, un turno a favor de nuestro sistema de
protección social.
El Partido Popular está donde estaba, seguimos estando ahora siendo
Gobierno donde estábamos cuando éramos oposición, seguimos
manteniendo lo mismo que manteníamos entonces (Rumores.) Son otros
los que han cambiado sus discursos, son otros los que cuando eran
Gobierno exigían responsabilidad a la oposición y ahora, cuando son
oposición, olvidan todo aquello que no sea su interés partidista y
electoral. (Rumores.) ¿Qué calificativos hubiéramos merecido si
cuando el Partido Popular ejerció la oposición lo hubiera hecho en la
forma y manera en que la está ejerciendo el Partido Socialista?
(Rumores.) No quiero ni pensarlo, pero
aun pensándolo los guardaré únicamente para mi memoria. (Rumores.)
Señorías, no se pongan nerviosos, tranquilícense. Entiendo su
nerviosismo preelectoral, se lo digo en serio. (Rumores.) Seguramente
será debido a los buenos resultados que esperan obtener en las
próximas citas electorales (La señora Cortajarena Iturrioz: Sí
señor.) y por ello justamente intentan abrir debates inexistentes en
el seno de la sociedad. Por ello van ustedes desde la cacería al
hombre a poner en riesgo la tranquilidad de millones de pensionistas
españoles. Por ello, señorías, para ustedes todo vale, el fin
justifica los medios, da igual lo que cueste, lo único importante es
intentar recuperar un poder del que por cierto cada día están más
alejados. ¿Creen ustedes de verdad que hay algún diputado en esta
Cámara o algún grupo político que no tenga entre sus aspiraciones
elevar las rentas más bajas de los pensionistas de este país? ¿Lo
creen ustedes en serio? ¿Son capaces de mantenerlo dentro y fuera de
esta Cámara? (Varios señores diputados: ¡Sí!) Pues miren, les voy
a sacar de la duda que puedan manifestar desde sus escaños: no lo hay,
no hay un sólo diputado entre los 348 diputados de esta Cámara, ni
hay un sólo grupo político que no pretenda, que no aspire a mejorar
las pensiones de los más desfavorecidos, de los más necesitados. Lo
que sí hay, señorías, son grupos irresponsables, demagógicos e
incoherentes y otros grupos y otros políticos responsables,
coherentes, rigurosos y que no hacen del tema de las pensiones
demagogia electoralista y barata como intentan hacer ustedes.
(Aplausos.)
Además, señorías, cada día que pasa su postura, demagógica,
irresponsable, hace que vayan perdiendo la credibilidad que un día
tuvieron en esta materia. Parece mentira que quien tanto hizo por
nuestro sistema de protección social, señorías, el Partido Socialista
y los distintos gobiernos socialistas, que tanto hicieron por
nuestros mayores y por nuestro sistema de protección social, hoy sean
capaces de mantener posturas como las que han mantenido desde esta
tribuna. Parece mentira que por el portavoz, que en nombre de ese
grupo ha subido hoy a esta tribuna, se puedan realizar
manifestaciones tan faltas de contenido -no sé si es por su
desconocimiento en la materia- como que ahora perdonamos 800.000
millones a no se sabe quién, para que podamos dar 80.000 -que por
cierto no son 80.000, hagan bien los números, su propuesta son 96.000
millones-, pero que se los demos también a los pensionistas más
desfavorecidos. Fíjense ustedes qué rápidamente cuadran el círculo,
tantas veces que nos lo dicen a nosotros. Para darles esos 96.000
millones a los pensionistas más desfavorecidos, tendremos que volver
a recuperarlos de aquel sitio donde se encuentren después de una
rebaja de impuestos que ha hecho el Partido Popular; para dárselos a
esos pensionistas más desfavorecidos están ustedes proponiendo,
porque así lo tengo que entender, que creemos nuevamente un impuesto,
subamos los que hay, para que
volvamos a pedirles a los ciudadanos españoles, a las rentas más
bajas, a los pensionistas, que nos den esos 96.000 millones para
dárselos a quienes ustedes convengan. No se ha visto, señorías,
tamaña desconsideración hacia aquellos que más ha beneficiado una
propuesta electoral como la nuestra, que ya es realidad, como la
rebaja de impuestos. A ustedes les puede parecer mal, pero hemos
bajado los impuestos los del Partido Popular en este país, y estamos
orgullosos de ello, señorías. (El señor Fernández Marugán: A los
ricos.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio. (Rumores.)
Un momento, señor Camps.
Señorías, les ruego guarden silencio. Den ocasión a cada grupo
parlamentario para expresar sus pareceres, sin ningún tipo de
cortapisas.
Continúe, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente, por su amparo.
Ya he reiterado que entendía el nerviosismo personal y preelectoral
de algunos... (Risas.).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Señor Camps,
señor Camps...
El señor CAMPS DEVESA: ..., pero que no se dejen llevar por ello
porque este debate lo último que tiene que ser es un debate maniqueo.
Ustedes pretenden que haya buenos y malos, que haya quien quiere
subir las pensiones y que haya quien se oponga a ello. Ustedes
quieren ser los buenos en esta tesitura o de esta película, si me
permiten expresarme así, y que el resto de la Cámara que no les
apoyamos seamos los malos. Y esto no es así. Lo más que les podemos
admitir es de lo que nos acusa su portavoz en esta materia habitual,
cuando dice que somos torpes por no apoyar propuestas como esta. Sí,
señoría, seremos torpes, pero desde luego lo que no vamos a hacer
nunca son fintas electorales con nuestros mayores. Eso ténganlo
absolutamente claro. (Aplausos.)
Señorías, el Pacto de Toledo es un activo de la convivencia
democrática de nuestro país, es un claro ejemplo, si no el que más,
de que los grupos políticos, dejando de lado sus diferencias
partidarias, pueden llegar a acuerdos beneficiosos para el conjunto
de la sociedad, acuerdos que, refrendados por los agentes sociales,
se convierten en el mayor tesoro de un sistema democrático como el
nuestro. El Partido Popular ha cumplido hasta ahora los pactos de
Toledo y los va a seguir cumpliendo. Puede que haya quien entienda -
es legítimo- que lo hacemos con una menor celeridad de la que alguien
podía pretender, pero es rotundamente falso -y lo digo desde esta
tribuna- que haya habido una sola propuesta legislativa, traída por
el Gobierno del Partido Popular o refrendada por ese grupo
parlamentario, que atentara contra la letra o contra
el espíritu de los pactos de Toledo. Ni una sola propuesta
aprobada por este grupo o traída por el Gobierno popular va en contra
de la letra y el espíritu del Pacto de Toledo. Pero, señorías, la
exigencia para con la responsabilidad y para con el cumplimiento de
los pactos de Toledo no sólo es para el Gobierno, también es para la
oposición, y propuestas como la que ustedes han traído aquí no
cumplen con la letra y con el espíritu del Pacto de Toledo, señorías,
ni mucho menos. No, evidentemente, no. Si su credibilidad en la
materia ya estaba por los suelos, con proposiciones como la de hoy se
convierten ustedes en magníficos representantes de aquellos que
quieren acabar con nuestro sistema de protección social. (Rumores.-
Protestas.) Ayer eran ustedes los voceros del desastre, hoy son los
adalides de la irresponsabilidad y de la demagogia. Hasta hoy nos
decían que la Seguridad Social estaba en crisis, que cada día que
pasaba estaba un poco peor con un Gobierno del PP, y para arreglarlo
sólo nos traían medidas que suponían o mayor coste o menores
ingresos, como la de hoy. Curiosa manera de intentar arreglar la
crisis del sistema. (El señor Griñán Martínez: Del Estado.-Rumores.)
Ahora, ahora, señor Griñán.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Camps.
Señor Griñán, le ruego guarde silencio.
Señor Camps, continúe y le ruego vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Señorías, más que arrimar el hombro me parece que lo que ustedes
pretendían era echar una mano, pero echar una mano al cuello del
propio sistema para ver si acababan con él buscando no sé qué rédito
electoral. (Rumores.) Gracias a Dios la mayoría de esta Cámara no les
ha hecho mucho caso, como espero que no les haga hoy con sus
proposiciones.
Señorías, si son capaces de reflexionar se darán ustedes cuenta de
que su proposición atenta contra el Pacto de Toledo, contra sus
recomendaciones; contra la decimoprimera que dice, y les leo textual,
que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones mediante la revalorización automática de las mismas en
función de la evolución del IPC y a través de fórmulas estables.
Contra la recomendación primera, que nos dice que las cotizaciones
sociales deberán ser suficientes para la cobertura de las
prestaciones contributivas. Y contra la recomendación segunda, cuando
nos dice que los excedentes que pudieran existir en los momentos de
bonanza económica deberán ser para constituir fondos de reserva.
Ustedes con esto no cumplen ni una, ni la otra, ni la otra. Acaban
ustedes con el proceso de separación de fuentes, quieren que el
Estado ya empiece a pagar las prestaciones contributivas, que no
constituyamos fondos de reserva en su caso, y les da exactamente
igual que el Pacto de Toledo diga que lo tenemos que hacer a través
de fórmulas de Estado.Ustedes quieren subir un año las pensiones a
los
pensionistas y el año que viene ya veremos lo que hacemos. A ustedes
lo que les gustaría es volver a las épocas en las que las pensiones
se subían de forma discrecional por los gobiernos de turno, a las
épocas en las que los pensionistas perdían mes a mes poder
adquisitivo para recuperarlo al año siguiente de una forma casi
graciable por el Gobierno de turno, a las épocas en las que se
mercadeaba políticamente con la tranquilidad de nuestros mayores. Y
todo ello, señores del Partido Socialista, quedará en su memoria pero
ya nunca más será una realidad en este país, y no lo será porque hay
un Gobierno que ha garantizado por ley, por primera vez y de manera
expresa, la revalorización automática de todas, todas, las pensiones
del sistema de Seguridad Social, incluidas las mínimas, porque hay un
Gobierno que con su política económica y social ha permitido que los
pensionistas de este país hayan mejorado sus pensiones durante tres
años consecutivos. Nunca las pensiones habían subido tanto, nunca. No
se eche las manos a la cabeza, señor Moragues; 300.000 millones de
pesetas; nunca los pensionistas de este país habían participado tanto
de la buena marcha de la economía. (Rumores.)
Deberían ustedes moderar un poco sus expresiones de desencanto,
porque, ¿recuerdan las señorías del Grupo Socialista...? (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente, preguntando a SS.
SS. si en otros ciclos económicos alcistas recuerdan cuántas veces
subieron por encima del IPC las pensiones mínimas de este país. Por
si no lo recuerdan (Rumores.), ninguna. Hoy no sé qué argumento
tienen ustedes cuando dicen que justamente ahora es cuando habría que
hacerlo. (El señor Martínez Noval: ¿Cuántas pagas se daban?) Además,
señorías, se lo reitero: se está haciendo, y más que nunca, en mayor
cuantía que nunca, y además con la mayor garantía que nunca, y hay
más afiliados a la Seguridad Social que nunca: catorce millones, un
récord. (Rumores.)
Señorías, concluyo llamándoles si es posible (Rumores.), si es
posible, a la reflexión, que abandonen esos momentos de enajenación
política transitoria y, si son capaces, vuelvan a la senda que nunca
debieron dejar, que es la del Pacto de Toledo (Rumores.). Si SS.SS.
pueden dejar de lado su ardor opositor y han pasado ya desde perderse
en la hojarasca de los derechos devengados a aumentar cien mil
millones el déficit de la Seguridad Social en cada debate, o a
echarse al monte, como algunos de sus presidentes autonómicos, como
Martín El Empecinado, a romper la caja única de la Seguridad Social,
si son capaces de volver atrás, de reflexionar, se darán cuenta de
que en el marco del Pacto de Toledo es en el que mejor podemos
garantizar la tranquilidad de nuestros mayores.
Estén seguros de ello, señorías. Pero si no es así, si no son capaces
de reflexionar, los pensionistas de este
país pueden estar muy tranquilos y vivir con mucha libertad con un
gobierno del PP, porque nunca, desde este partido, se les va a pedir
un voto a cambio de una pensión.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.-El señor Martínez Noval pide la
palabra)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, ¿a qué efectos solicita la palabra? (Rumores.) Señorías, les
ruego guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular me ha aludido en términos personales...(
Protestas.) No se trata de un turno de fijación de posición. Él ha
dicho que es un turno en contra. Me ha aludido personalmente.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, sabe S.S. que en las proposiciones no de ley, el artículo 195
tasa, sin posibilidad de réplica y con absoluta claridad, las
intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Su señoría ha
sido aludido, como es lógico, por haber sido el protagonista de su
grupo parlamentario en la proposición de su iniciativa, pero no ha
habido ninguna alusión ni personal, ni atentatoria contra su dignidad
ni nada parecido, salvo algún tipo de comentario político que
entenderá S.S. que reabriría el debate. Y, le insisto, en estas
iniciativas está perfectamente tasado en el artículo 195.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, demagogo, irresponsable,
ignorante..., ¿eso no son alusiones personales? (Rumores.-Protestas.)
Electoralista...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Martínez Noval. Tiene S.S. tres minutos para responder
exclusivamente a las alusiones personales. (Rumores.)
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, me sobra con cinco
segundos. Quiero que conste en el «Diario de Sesiones» que es la
primera vez que escucho con tanta crudeza que las pensiones no se
pueden subir porque los impuestos de las rentas más altas de los
españoles se han bajado. (Aplausos. -Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, S. S. no ha respondido a las alusiones personales, y
lamentablemente reabre el debate. (Protestas.-El señor Camps Devesa
pide la palabra.)
Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente. Para que quede
constancia, también, en el «Diario de Sesiones» que en este país
nadie ha subido las pensiones más bajas como el Gobierno del Partido
Popular...(Protestas.)
Que en este país nadie durante tres años consecutivos ha hecho que la
bonanza económica llegue más a los más necesitados que el Gobierno
del Partido Popular...( Protestas.) Que en este país las viudas y los
huérfanos no habían estado tan bien como están ahora con el Gobierno
del Partido Popular. (Protestas.) Tal vez a alguien le haga falta
recordar cómo estaban otros señores en este país cuando gobernaba
otro partido. Yo no lo voy a hacer ahora, sólo les voy a decir que
millones de pensionistas están hoy más tranquilos que con otros
gobiernos, que millones de pensionistas españoles tienen hoy mejores
rentas que con otros gobiernos y que millones de pensionistas
españoles no entienden la postura de una oposición irresponsable y
demagógica, aunque, afortunadamente, pueden seguir tranquilos porque
lo van seguir siendo ustedes durante mucho tiempo. (Fuertes rumores
y protestas.)
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, sobre la subida de las pensiones mínimas y
las pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 134; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA
AL GOBIERNO A ARTICULAR UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA SORDERA
INFANTIL (Número de expediente 162/000304).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IV del
orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a articular un plan
nacional de prevención de la sordera infantil.
Para su presentación, en nombre del grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Gil Melgarejo. (El señor vicepresidente, Companys
Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme, en primer lugar, que envíe un saludo afectuoso
a unas personas que están ocupando en estos momentos la tribuna de
invitados, que son representantes de los colectivos de la materia que
nos va a ocupar inmediatamente. Nos acompañan el presidente
de la Confederación Nacional de Sordos de España, el presidente
de la Confederación-Asociación para el Diagnóstico Precoz de la
Hipoacusia, así como la Federación de Padres y Amigos de Sordos e
Hipoacúsicos. Quiero agradecer, por otro lado, a mi compañero y amigo
de mi grupo parlamentario, el diputado por Melilla, Gutiérrez Molina,
por la colaboración mutua que hemos tenido para llevar a feliz
término esta proposición de ley.
Sus señorías saben que los niños son el vínculo de unión entre el
pasado y el futuro, entre la experiencia y la esperanza, y este
vínculo de unión, consecuentemente, fuerza a un desarrollo óptimo de
las futuras generaciones. Ese óptimo desarrollo de las futuras
generaciones es una materia de las actividades humanas en la que más
nos debemos implicar los que en estos momentos ocupamos un puesto de
responsabilidad dentro del área legislativa. En otro orden de cosas,
la medicina preventiva va jugando, cada día más, un papel importante
en cuanto a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud,
como reconoce nuestra Constitución en su artículo 43. Asimismo, la
Ley General de Sanidad, en su artículo 3.1, hace referencia a que los
medios y actuaciones sanitarias estarán orientados prioritariamente a
la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Además,
el Real Decreto aprobado en el año 1995, sobre ordenación y
prestaciones sanitarias, en el capítulo relativo a la atención a la
infancia, menciona específicamente la potenciación de las revisiones
del niño sano, así como la detección de factores de riesgo cuando
existan medidas de eficacia comprobada para eliminarlos y reducirlos.
Señorías, señor presidente, se estima que el 80 por ciento de las
hipoacusias infantiles con carácter permanente, o lo que es lo mismo,
para que nos entendamos, la población infantil afectada de problemas
de audición con carácter permanente en el período neonatal se cifra
en un 80 por ciento, lo cual quiere decir que la patología se ha
producido en el nacimiento, antes del nacimiento o son congénitas o
adquiridas en el período neonatal, cerca del nacimiento. Esto implica
que la precocidad a la hora de hacer un diagnóstico correcto y de
instaurar un tratamiento adecuado es fundamental para que la
patología que se detecte en esos momentos no progrese, no avance
hacia estadías de mayores minusvalías.
Ya que estamos hablando de estadísticas, señorías, les diré que cinco
de cada mil recién nacidos presentan una patología de este tipo, de
afección de un oído y de una intensidad llamémosle de entre mediana y
leve de 30 decibelios. Sin embargo, si nos remitimos a los recién
nacidos que tienen patologías de los dos oídos, con un umbral severo,
como pueden ser 70 decibelios, el porcentaje es aproximadamente de
dos recién nacidos por cada mil. Esto significa que la prevalencia de
esta situación es realmente importante y que existen otras
enfermedades cuya prevalencia es menor, pero a las que desde el
nacimiento se les someten a una detección, a un screening continuo.
Si sumamos a estosdatos que el 45 por ciento de los recién nacidos
está
afectado por esta patología sin tener ningún factor de riesgo,
convendrán SS.SS. conmigo que la prueba que hay que practicar a este
tipo de pacientes es un screening auditivo universal y no un
screening basado en programas en donde los factores de riesgo tengan
el principal peso. Por otra parte, la Organización Mundial de la
Salud nos dice, a la hora de estudiar un colectivo de enfermos para
detectar una enfermedad concreta y determinada, que deben reunirse
dos requisitos: primero, que la enfermedad a buscar tenga una
importante repercusión para la salud y, segundo, que se le pueda
hacer un seguimiento, un estudio clínico y un tratamiento adecuado.
Esta patología de la que estamos hablando reúne los dos requisitos
que la Organización Mundial de la Salud demanda: por un lado, es una
enfermedad que crea un importante problema de salud por su grado de
prevalencia elevado y por la afección que le produce al niño y a su
entorno y, por otro lado, porque al día de hoy se cuenta con una
serie de medios por los cuales se pueden paliar y mejorar
sensiblemente las patologías que se derivan de esta situación.
Esta técnica es la que se conoce como el screening auditivo del
recién nacido. Señorías, es una técnica que, lamentablemente, no se
ha generalizado. En el año 1991, en Rode Island, Estados Unidos, las
autoridades llegaron al convencimiento de que tenían que
universalizar dentro de su población este método con un nombre muy
concreto, porque habían observado que era un método muy eficiente y
seguro. Los resultados de esa universalización en Rode Island fueron
estudiados en 1993 en el Instituto Nacional de Estados Unidos
y llegaron a la conclusión de que este sistema se tenía que
universalizar porque reúne una serie de condiciones: es una prueba
objetiva, simple, atraumática, reproducible, de rápida realización,
portátil, se puede emplear un ambiente clínico habitual y su
sensibilidad y especificidad están por encima del 97 por ciento.
Recientemente, en mayo de 1998, ya en el ámbito de la Unión Europea,
en Milán, se llegó a un consenso en el que se habla claramente de que
este screening auditivo neonatal debe ser una realidad en los países
desarrollados y que no debe retrasarse más. Si los sistemas de salud
europeos discrepan en algunos casos en la organización y el
funcionamiento, lo que sí es claro -y, como digo, a esa conclusión se
llegó en mayo de 1998- es que la implantación de este tipo de
programas de screening debe ser una realidad. Estamos convencidos de
que los nuevos ciudadanos europeos tendrán mayores oportunidad y
mejorarán su calidad de vida en la entrada de este nuevo milenio.
En España, señorías, señor presidente, la situación actual es que no
existe ninguna disposición legal que haga referencia a la puesta en
marcha de estos programas de screening auditivo. Aunque en las
Cortes, tanto en el Senado como en el Congreso, se han aprobado
distintas iniciativas de los grupo parlamentarios Popular, Izquierda
Unida, etcétera, lo cierto es que todas esas iniciativas y otras que
se han sumado, como la que estamos exponiendo en este momento o una
serie de
preguntas que quedan pendientes, no han conseguido aún proporcionar
el marco legal adecuado para poner en marcha este sistema. Señorías,
estoy convencido -lo digo con orgullo, como profesional, como
otorrinolaringólogo que soy, porque en estos momentos me cabe el
honor de estar defendiendo algo que está muy relacionado con mi
profesión- de que con este sistema se ganaría mucho en la salubridad
de nuestro país. Desde la atención especializada -y quiero ahondar
ahí-, desde el hospital, desde que el niño es traído al mundo hasta
el momento en que es dado de alta en el hospital, ya sea al cabo del
período postparto o pasado el período de consultas externas, en ese
momento se debe tener ya una realidad auditiva del niño en cuestión.
Con esto, señorías, es con lo que nos encontramos en estos momentos.
Quiero terminar, señor presidente, diciendo, a modo de conclusión,
que cuando se identifica una hipoacusia, una deficiencia auditiva en
un niño o niña de manera temprana, se puede hablar de posibilidad de
obtener beneficios éticos, beneficios médicos, beneficios económicos
y beneficios sociales. No olvidemos que hoy en día la ciencia médica
ofrece medios para llevar a cabo un eficaz proceso de detección, de
diagnóstico y de tratamiento de este tipo de deficiencias, pero sólo
su precoz aplicación generará los resultados satisfactorios que todos
deseamos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, apelo al sentido común de
todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, en este
hemiciclo, para aprobar entre todos esta proposición no de ley que
estoy convencido de que podría ser el marco legal y administrativo
que apoye y soporte en el Sistema Nacional de Salud la creación e
instauración de este tipo de programas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
Gil Melgarejo.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por diversos
grupos parlamentarios.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra doña Inés Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para fijar nuestra posición en lo que afecta a la
proposición no de ley del Grupo Popular sobre la articulación de un
plan nacional de prevención de la sordera infantil y defender, a la
vez, nuestras enmiendas a la misma.
Nuestro grupo está convencido de que a estas alturas nadie puede
cuestionar la importancia de la prevención de la sordera infantil. La
investigación y las pruebas especializadas son vitales a la hora de
intentar subsanar las consecuencias derivadas de estas deficiencias.
Es por ello por lo que, a estas alturas, nos deberíamos encontrar más
bien en la articulación de un plan
del Gobierno que ante una proposición no de ley que no viene a
significar compromisos concretos en el tema que nos afecta. Es
importante un plan de prevención y las actuaciones consecuentes,
porque son momentos en los que se produce el desarrollo personal y se
van a sentar las bases de adquisición del lenguaje.
Nuestro grupo está convencido, como todos los grupos, de que el
diagnóstico precoz es importante, así como de que debe acompañarse,
con carácter inmediato, de la ayuda técnica, y de cualquier otro tipo
de ayuda necesaria para superar la deficiencia y completar así el
plan de prevención y diagnóstico precoz. Todo ello nos debe llevar a
la consideración clara de que detección precoz y previsión del
tratamiento posterior son elementos inseparables. En este contexto,
nuestro grupo plantea que los audífonos son un elemento
imprescindible y un avance científico-técnico fuera de toda discusión
para la corrección de la sordera, de la misma manera que las prótesis
auditivas son una necesidad básica que no puede quedar al albur de
determinadas circunstancias económicas o de cualquier otro tipo.
Conociendo la proposición no de ley, vista la Comisión de Sanidad,
nuestro grupo entiende que es imprescindible, en la confección de un
estudio para conocer las necesidades de las prótesis auditivas,
incluir éstas con carácter general en el catálogo de prestaciones
sanitarias. Sólo desde esa consideración conseguiremos que sea con
carácter universal y gratuito. Nuestro grupo no quiere entrar en el
debate sobre si es una prestación sanitaria o social, para no entrar
en la precisión de ayudas en función de determinados requisitos o
ingresos económicos, porque a estas alturas no puede ni debe quedar
fuera de la financiación de la sanidad pública, porque es un derecho,
porque es posible y porque es la norma generalizada en nuestro
entorno europeo. Esta es nuestra primera enmienda a la proposición no
de ley del Partido Popular.
Por otro lado, existen otras reivindicaciones y necesidades que se
han venido debatiendo y reiterando en esta legislatura en esta Cámara
y que son importantes para el colectivo de personas sordas, que
afectan a la mejora de su calidad de vida y a las que debería darse,
a partir de esta proposición no de ley, un carácter más global e
integral. Introducimos una segunda enmienda que trata de facilitar,
de una vez por todas, el cumplimiento de otra proposición no de ley,
vista en su correspondiente Comisión, y a través de una dotación
presupuestaria, para el apoyo del lenguaje de signos, de la misma
forma que la incorporación en la programación de las televisiones
públicas y privadas del teletexto para subtitular programas
informativos y culturales, que es otro compromiso adquirido a través
de otra proposición no de ley, tratada en otra Comisión, en esta
Cámara y en esta legislatura.
Finalmente, nuestro grupo añade una última enmienda para articular un
plan nacional de prevención de la sordera, incluyendo la ayuda
psicológica para detectar y tratar a las personas adultas de
hipoacusias y, en concreto, las postlocutivas. Este tratamiento
englobaría el
supuesto propósito de la proposición no de ley, porque lo cierto y
verdad es que en esta legislatura, desde diferentes ámbitos,
comisiones y planteamientos, hemos instado al Gobierno a tomar una
serie de medidas aunque, a fecha de hoy, ninguna se ha cumplido. Pese
a que va a votar favorablemente la proposición no de ley del Partido
Popular, nuestro grupo estima que nos vamos a encontrar otra vez ante
una nueva proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar un
plan en el que no se van a comprometer las actuaciones necesarias.
Pues bien, con independencia del conjunto de enmiendas que nosotros
hemos presentado, queremos resaltar, en el marco de esta proposición
no de ley, lo que hubiera sido esencial que se aceptara como enmienda
del grupo proponente, que son todas las actuaciones que vinculan
fundamentalmente una detección precoz, el tratamiento posterior y la
cobertura del coste de audífonos por la Seguridad Social. Sería
básico tener en cuenta estos tres elementos cuando menos para pensar
que, de verdad, va a existir la urgencia necesaria que afrontar estas
actuaciones. Si no se plantea así, aunque reitero que vamos a votar a
favor, difícilmente podremos resolver en serio este problema. Su
dimensión, las consecuencias de una no atención completa, deberían
hacernos ver hoy aquí en el Pleno de esta Cámara, después de los
debates que ya hemos tenido, que tendríamos que haber adquirido el
compromiso de una serie de actuaciones urgentes que vinieran a
solucionar una situación determinante para la plena integración
social.
La posición de nuestro grupo es favorable, pero advertimos que hemos
presentado una proposición de ley para la regulación de la
prescripción de audífonos dentro de las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El resto de los grupos ha presentado diferentes
proposiciones no de ley, por cierto, la mayoría incumplidas. Yo creo
que sería el momento adecuado para que desde este Pleno asumiéramos
con responsabilidad los compromisos necesarios para el conjunto de
los colectivos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
diputada.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, consideramos que esta iniciativa va a tener el
apoyo de toda la Cámara porque es una iniciativa acertada del Grupo
Popular por cuanto va a suponer un avance en las prestaciones
sanitarias o sociales -no entro en la discusión-, pero no cabe la
menor duda de que los niños van a tener una atención especial siempre
que el Gobierno acceda a elaborar el plan nacional de prevención de
la sordera infantil. Nos parece muy acertado que este plan se
ejercite no desde
el nacimiento, sino desde el embarazo ya que es conveniente detectar
la sordera lo más precozmente posible.
Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se respete la
competencia de las comunidades autónomas que tengan transferido el
sistema sanitario. En nuestra comunidad, por ejemplo, se atienden
estas situaciones con prótesis auditivas de hasta cerca de 100.000
pesetas. Pues bien, he leído una enmienda de modificación del propio
Grupo Popular que me ha sido entregada ahora, que recoge nuestra
iniciativa y mejora la presentada inicialmente por el doctor Gil
Melgarejo, por lo que retiramos nuestra enmienda y nos sumamos a la
enmienda de adición del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Gómez Rodríguez.
Ha presentado también una enmienda el Grupo Socialista y, para su
defensa, tiene la palabra don Josep Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estamos aquí para debatir una
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de la
sordera infantil. No voy a entrar a discutir técnicamente las
cuestiones que hacen referencia al problema de la sordera infantil,
porque me parece que no hay ningún tipo de discusión técnica ni
científica que nos separe. Todo lo contrario, hay bastante consenso
entre todos los técnicos que se dedican a estos temas. Algunas de las
cuestiones que nos señalaba el representante del Grupo Popular son
tan claras que no es necesario insistir.
Estamos debatiendo en profundidad un tema político y un tema político
importante. El Grupo Parlamentario Popular, que es el que da soporte
al Gobierno, en vez de ayudar a legislar, en vez de hacer que el
Gobierno gobierne, se dedica a presentar proposiciones no de ley con
la suficiente ambigüedad para que nunca se cumplan. Están
magnificando obviedades, están creando nubes de humo, parece que
necesitan enseñar al Gobierno el camino que debe seguir, sin
marcárselo definitivamente y concentrándole en las actividades
propias.
Las proposiciones no de ley que tienen una repercusión social y
humana importante -algunas de ellas se han visto en la Comisión de
Sanidad de este Congreso- no se han cumplido en absoluto. En un
momento dado en que había una gran preocupación por un asunto tan
importante como el de la anorexia y bulimia, se aprobó una
proposición no de ley instando al Gobierno a que creara una serie de
servicios para tratar esta patología, que cada vez es más grave.
Fijamos en esta proposición no de ley, aprobada por unanimidad, que
en el plazo de seis meses el Gobierno debía remitir a esta Cámara
aquellas acciones que hubiera emprendido en relación con este
problema. No se ha hecho nada,
no se ha remitido nada a esta Cámara, aunque esta proposición no de
ley sirvió para que el colectivo de afectados y las personas
interesadas en este asunto remitieran una carta al presidente del
Congreso felicitándole porque el Congreso había aprobado una
proposición no de ley.
Me parece que es el momento de decir que o se cumple con los
compromisos o se trata de cortinas de humo. Yo invitaría al Grupo
Popular y a su representante que nos ha dirigido la palabra a que
hoy, en presencia de personas afectadas y que representan a estos
colectivos, tomaran compromisos firmes y serios. Nosotros, en la
enmienda que hemos presentado, fijamos que en el plazo de tres meses
sean creados servicios y se dé cuenta a este Parlamento de la
actividad desarrollada. Invito al Grupo Popular a que acepte esta
enmienda y a que dentro de tres meses nos volvamos a reunir para
discutir qué actividades se han desarrollado. De lo contrario,
insisto, se trata sólo de cubrir el expediente, de quedar bien con
los colectivos afectados en el momento en que plantean algunos
problemas, aunque después todo cae en el saco del olvido.
Es evidente -me parece que los representantes del Grupo Popular lo
tienen claro- que una proposición no de ley no es el marco legal ni
administrativo que permita solventar los problemas que esto tiene. Se
solventaría con un proyecto de ley y no con una proposición no de
ley. Por tanto, les invito a que, si quieren resolver los problemas y
no cubrir el expediente o crear nubes de humo que lleven a pensar que
hacen muchas cosas cuando en realidad no hacen nada, presenten un
proyecto de ley o que el Gobierno, que tiene capacidad para hacerlo,
empiece a realizar ya aquellas actividades que le son propias.
Sobre la propia estructura de la proposición no de ley, cabe señalar,
porque ya es la segunda ocasión en pocos días que debatimos temas en
relación con los déficit auditivos -lo discutimos el otro día en una
proposición no de ley en la Comisión de Sanidad-, que el Partido
Popular, después de haber pensado cuál es la proposición no de ley
que debía elaborar para que el Gobierno y él quedaran bien sin
comprometerse a nada, en el último momento tiene necesidad de cambiar
sus proposiciones no de ley, con el único argumento, como dice su
portavoz, de que quieren mejorar técnicamente aquello que habían
hecho. Yo pienso que cuando un grupo parlamentario como el Grupo
Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley es que la ha
estudiado técnicamente de manera cuidadosa y no hay mejoras técnicas
posibles. Habrá otras razones que no las simples mejoras técnicas.
Sospecho -no nos lo ha dicho el portavoz- que lo que vamos a votar no
es la proposición de ley presentada, sino la enmienda a la
proposición no de ley del Grupo Popular. Por tanto, resulta difícil
tomar posición.
Nosotros vamos a votar a favor, porque apoyamos todo aquello que
sirva para favorecer a los colectivos afectados de los distintos
trastornos que puedan presentarse en el campo sanitario, pero sí
pedimos que se
concreten algunas cuestiones y que haya compromisos serios y formales
que demuestren que se quiere resolver el problema. Insisto en que
queremos que se incluyan nuestras enmiendas en la proposición no de
ley del Grupo Popular, pero, como digo, vamos a votar a favor.
Estamos a favor también de que se incluyan las enmiendas que ha
presentado la portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, porque
son concreciones, son acuerdos de esta Cámara que se han incumplido
sistemáticamente.
Para terminar, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero
indicar que no parece que el Ministerio de Sanidad y Consumo sea muy
respetuoso con los acuerdos de esta Cámara. De los muchos acuerdos
que se han ido tomando, prácticamente se han incumplido todos y nos
tememos que ahora se va a incumplir también esta proposición no de
ley, frustrándose unas expectativas que se han creado y que no van a
tener una traducción directa y clara en la realidad. No nos fiamos de
sus actuaciones y por ello pedimos concreción, plazos, que haya
elementos que permitan dentro de muy poco tiempo averiguar si
realmente va en serio la proposición que han hecho o es una cortina
de humo más que pretende quedar bien en una primera instancia y
después olvidarse de los problemas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Corominas.
Hay otra enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i
Unió y, para su defensa, tiene la palabra la señora Carme Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Es evidente que según la tecnología disponible actualmente y las
recientes recomendaciones científicas, las hipoacusias infantiles
pueden ser identificadas ya en el tercer día de vida de los recién
nacidos, antes de ser dados de alta en las clínicas maternales. Desde
el punto de vista sanitario, es adecuado poner en marcha un programa
de detección precoz de la sordera infantil en las maternidades,
porque, entre otras, presentan las siguientes ventajas: Primero, el
diagnóstico se puede hacer más precozmente y, por tanto, el
tratamiento también, mejorando así los resultados. Y, segundo, al
hacer la exploración en el centro maternal, es más fácil acceder a
toda la población.
Sin embargo, en Cataluña se optó en su día por la detección
sistemática de la hipoacusia infantil en las consultas de pediatría
de atención primaria, en el marco del programa de seguiment del nen
sa, elaborado en 1995 dentro del programa de salud maternoinfantil
del Departament de Sanitat. El protocolo que se utiliza consiste
básicamente en el seguimiento continuado de los niños y niñas en las
diferentes edades, mediante pruebas subjetivas y observación
indirecta a fin de detectar lo antes posible factores de riesgo o
signos de audición deficientes. En primer lugar, una inspección
detallada para valorar anomalías o síndromes asociados. Esta
inspección se realiza a los recién nacidos durante el primer mes de
vida y se repite a los dos meses. En segundo lugar, una anamnesis
detallada, para detectar factores de riesgo o signos de sordera, a
los dos meses; se repite a los seis y ocho meses y a los dos, cuatro
y seis años de edad. Por último, un test de reacción al sonido, que
es una prueba subjetiva de observación, basada en el test de Edwin,
entre los siete y los nueve meses de edad.
El objetivo de este protocolo es que antes de los tres años de edad,
en Cataluña sean detectados y derivados hacia un tratamiento más
adecuado el máximo número de casos de hipoacusias neurosensoriales,
incluyendo las tardías, así como las de transmisión.
Por esto, nuestro grupo ha presentado una enmienda, posteriormente
transaccionada con el proponente del Grupo Popular, a fin de que se
respeten las actuaciones y proyectos iniciados en las comunidades
autónomas con servicios sanitarios transferidos, Muchas gracias,
señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
diputada. ¿Grupos que no han intervenido y deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, mediante la proposición no de
ley presentada, el grupo proponente insta al Gobierno a articular un
plan estatal de prevención de la sordera infantil, propuesta ante la
que, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), nos gustaría
realizar de forma muy breve y escueta las siguientes consideraciones.
En primer lugar, debemos señalar que somos sensibles al problema, en
cuanto que reconocemos su trascendencia tanto en el desarrollo del
niño como en su impacto social. Resulta cierto que a pesar de los
avances médicos las pérdidas auditivas siguen causando graves
problemas en el desarrollo de muchos niños y de manera especial en
los más pequeños.
Además, creemos que es necesario contagiar esta sensibilidad en el
ámbito profesional, tanto en clínicos como en investigadores.
Pensamos que es conveniente dotar a los profesionales con
orientaciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas actualizadas y
basadas en la evidencia científica disponible, pero al mismo tiempo
desconfiamos de la efectividad de los llamados planes nacionales, que
en todo caso deberían reservarse para abordar un número mínimo de
problemas de salud, seleccionados por su carácter prioritario o por
la imperiosa necesidad de coordinar actuaciones dependientes de
instituciones diversas. Entendemos que hubiese sido más práctico que
el Gobierno, en el plazo que se estime oportuno, elaborase una guía o
protocolo para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la sordera
infantil.
La enmienda de modificación que ha presentado el Grupo Popular recoge
en buena medida algunas de estas consideraciones que he expuesto así
como las de la enmienda de Coalición Canaria, por lo que la vamos
a apoyar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado. ¿El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
transacción? (Pausa.) Esta Presidencia entiende que esa transacción
se referiría a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y a Coalición Canaria.
El señor GIL MELGAREJO: Así es, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Por tanto, no apoyaría
las otras enmiendas.
El señor GIL MELGAREJO: Vamos a ver. Con respecto a Izquierda Unida,
creo que las anotaciones que su diputada tenía no son las correctas,
por lo que difícilmente se la podrá, para no entrar en ningún tipo de
debate, aceptar ningún tipo de enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Sólo se trata de aceptar
o no aceptar las enmiendas.
El señor GIL MELGAREJO: Efectivamente, señor presidente. Lo que
sucede es que a veces la tentación es fuerte y podríamos hablar de
otras cuestiones. Limitándonos, en aras del tiempo y de la eficacia,
quiero señalar que también, lamentablemente, el Grupo Socialista
orienta sus enmiendas hacia la atención primaria, cuando...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Gil Melgarejo,
usted sólo me tiene que decir si acepta o no las enmiendas de los
grupos Socialista e Izquierda Unida.
El señor GIL MELGAREJO: El fundamento de no aceptar la del Grupo
Socialista es porque se dirige a la atención primaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Por tanto, se pondría a
votación la transaccional. Muchas gracias. (El señor Corominas i
Busqueta pide la palabra) Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Señor presidente, había dos enmiendas.
Ha hecho referencia a una y no sé si admite la segunda o si también
la rechaza. Era la del plazo. Las dos enmiendas que hemos presentado
eran de adición. Una se refería a que se hiciera el diagnóstico en
atención primaria y después se remitiera, etcétera, que es la que ha
dicho que no acepta. Y
había otra que decía que en el plazo de tres meses se presenten las
acciones que el Gobierno ha hecho. No sé si ésta la acepta o no.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: No la acepto por la misma razón. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a articular
un plan nacional de prevención de la sordera infantil, en los
términos resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 273.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO INFORME DEL
SENTIDO Y ALCANCE DE SUS PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN DE
LA AGENDA 2000 (Número de expediente 173/000127).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Apartado III
del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Punto 5: Moción del Grupo Socialista del Congreso, para que el
Gobierno informe del sentido y alcance de sus propuestas en el marco
de la negociación de la Agenda 2000.
Para su presentación, en nombre del grupo parlamentario proponente,
tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
subo a esta tribuna para reiterar, una vez más, la conveniencia de
que el Gobierno español cuente con un amplio consenso a la hora de
negociar en Europa las perspectivas financieras para el período 2000/
2006. Quiero desde el principio dejar bien claro que el Gobierno va a
negociar en Europa con el apoyo del Grupo Socialista para conseguir
los objetivos que establecemos en esta moción, que ya establecimos
hace tres semanas, que el Gobierno ha compartido durante toda esa
negociación y que después intentaré desarrollar, aunque sea
brevemente. Pero, señorías, subir a esta tribuna a hablar hoy de
Europa y no hacer ni una sola referencia a la situación que se ha
dado en
los últimos días, incluso en las últimas horas, sería como hurtar a
la Cámara la posibilidad de analizar, la posibilidad de compartir
preocupaciones, la posibilidad de establecer algunas valoraciones de
los grupos de esta Cámara.
Señorías, la pasada semana dimitió el presidente del Ecofin, el
responsable de esa importante negociación. Ayer por la noche, de
madrugada, dimitió en pleno la Comisión Europea, el primer aliado del
Gobierno, de los gobiernos españoles, en las negociaciones
financieras para el futuro y también en las del pasado inmediato. La
Comisión dimite por una responsabilidad colectiva, que señala
ajustadamente el informe de sabios, por una deficiencia estructural
de las instituciones de la Unión, por una insuficiencia de medios
materiales y humanos para hacer frente a sus responsabilidades. Sin
duda, ello tiene consecuencias y establece evidencias en el momento
político que estamos viviendo hoy en nuestro país y en el conjunto de
la Unión Europea.
La primera consecuencia es que España, en su conjunto, pierde un
aliado importante para defender las políticas de la Unión frente a
actitudes insolidarias, frente a actitudes que vienen a hacer
retroceder la idea de Europa de los países más ricos de la Unión y de
algunos de los nuevos socios de la Unión. La segunda es que la
dimisión se acumula a la del presidente del Ecofin e introduce nuevos
elementos de incertidumbre en la institución que representa el
corazón de las instituciones europeas, la institución que tiene como
cometido principal hacer cumplir los tratados y adoptar las
iniciativas en las políticas de la Unión Europea. Por tanto, a los
problemas para resolver las perspectivas financieras para el periodo
2000-2006 se le suma ahora el de resolver una seria crisis provocada
por esta dimisión a escasos meses del final del mandato. Y en el
Consejo extraordinario de finales de marzo el tema estrella no será
sólo las perspectivas financieras, sino que los presidentes, los
primeros ministros, los jefes de Estado van a tener necesariamente
que atender otras situaciones que se han generado en el momento más
inconveniente de la negociación.
He apuntado las consecuencias de esa dimisión. La evidencia no es
menos importante. La dimisión de la Comisión, según establece el
dictamen del Grupo de sabios, está provocada fundamentalmente porque
dicha institución no ha contado con los medios económicos, humanos y
materiales suficientes para controlar la propia ejecución de sus
políticas. Se ha negado a la Comisión, por la escasez de medios
económicos, que pudiera ejercer de manera correcta su función. Y
quiero entrar directamente en lo que es el núcleo del debate de hoy
de la moción que presenta el Grupo Socialista.
No se puede construir Europa, señorías, sin los medios materiales,
sin los medios humanos y sin las instituciones capaces de gestionar
los encargos que los gobiernos nacionales hacen a esas instituciones.
Es el momento, señorías, señores y señoras del Partido Popular, de
revisar los elementos que se están negociando dentro de las
perspectivas financieras para el
periodo 2000-2006. No se puede garantizar la eficacia para el
bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea de la moneda única,
del euro, el espacio de libertad, seguridad y justicia que tenemos
que implementar en los próximos años, la mayor cohesión económica y
social que requiere la futura ampliación de la Unión Europea cuando
baja la renta media de la Unión en un 18 por ciento, con los mismos
medios económicos que se establecieron en 1992 para llegar al euro
-con gran éxito, por cierto- en una Unión a 12 y sin tener que
atender esas nuevas necesidades que los propios gobiernos nacionales,
a través de los consejos europeos, van situando sobre las
instituciones europeas pero sin darles los medios ni la eficacia
necesarios para cumplir su cometido.
Hoy más que nunca queremos clamar aquí por más Europa, para que las
instituciones sean más eficaces, para que puedan cumplir su cometido,
para que sean responsables también ante el Parlamento Europeo y para
que puedan hacer frente a las críticas, desde principios
democráticos, ante las opiniones públicas nacionales y europea. En
ese preciso momento nos encontramos con una propuesta de la
Presidencia que se aleja profundamente de esas necesidades que
compartimos dialécticamente, pero que no se traducen después en la
negociación.
Estamos convencidos de que el cierre de la negociación está próximo.
Si los últimos acontecimientos no lo estropean, existen elementos
suficientes para hacer pensar que el cierre de la negociación es
posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa, le
ruego vaya concluyendo.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Sin embargo, quiero hacer notar aquí algunos de los elementos que
mantienen nuestra preocupación, que no son otros que los siguientes.
Si nos situamos en 1997, cuando la Comisión realiza su propuesta
sobre la Agenda 2000, la posición del Gobierno es claramente la de
dictaminar su insuficiencia. Es una propuesta sobre la que se puede
hablar, dice el Gobierno, y nosotros lo compartimos, pero la
considera claramente insuficiente. Esta propuesta de la Comisión
establecía los siguientes recursos: anualmente, en torno a 13
billones 700.000 millones de pesetas para atender esas tres políticas
que les voy a citar a continuación, la política agrícola común...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa, le
ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Decía, la política agrícola común, los fondos estructurales y el
Fondo de Cohesión. Pues bien, la propuesta que hoy está discutiendo
nuestro Gobierno en Europa establece que habrá entre un billón
700.000 millones y un billón 100.000 millones -en el mejor de los
casos- menos anuales. Por tanto, permítannos que
seamos críticos hasta el punto adonde se ha llegado en la
negociación. Con esas cifras no se van a poder mantener las rentas
agrícolas ni las ayudas estructurales ni el Fondo de Cohesión tal
como lo conocemos hasta ahora, pero mucho más importante aún es que
con esas cifras no podremos hacer frente a las responsabilidades y a
los compromisos derivados del Tratado de Amsterdam y mucho menos a la
futura ampliación.
Señorías, muchas gracias. Espero el apoyo de toda la Cámara para
cambiar el curso de esta negociación y hacerlo desde un amplio
consenso.
Me voy a referir muy brevemente a la enmienda de Izquierda Unida, si
me lo permite, señor presidente, para agradecerle su aportación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Costa. A continuación, en el último turno, S.S. ha de expresar
la aceptación o no de las enmiendas. Tendrá ocasión de hacerlo.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Ha sido
presentada efectivamente una enmienda a esta moción por parte del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para cuya defensa
tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
A lo largo de estos días, coincidiendo con el debate de esta moción,
se ha producido una serie de acontecimientos que tienen una
importante relación con los asuntos que estamos tratando. Ya se ha
hecho mención a los dos hechos fundamentales que han tenido lugar en
la Unión Europea: la dimisión del señor Lafontaine y la de la
Comisión Europea al completo. Nos encontramos en este momento con una
falta de gobierno en la Unión Europea. No creo que para este país ni
para el conjunto de los países de la Unión Europea estemos ante una
situación coyuntural de transición o de trámite. Estamos hablando de
que faltan los responsables políticos del Gobierno de la Unión
Europea, Gobierno en el que tenemos transferidas partes esenciales de
nuestra soberanía, donde se deciden políticas que afectan a este país
de forma sustancial. Por tanto, estamos preocupados por la situación
que se está viviendo en la Unión Europea y también por el contexto
superior en el que se produce, la negociación del período 2000- 2006,
lo que se ha venido en llamar la Agenda 2000. Entendemos que ahí de
alguna forma podría todavía salvarse el expediente, porque la parte
importante de la responsabilidad decisoria de esta fase está más
depositada en el Consejo que en la Comisión. No obstante, no podemos
evitar manifestar nuestra preocupación por el acontecimiento político
tan relevante que supone la dimisión en pleno de la Comisión,
dimisión no por haber alcanzado los objetivos políticos que se habían
previsto en su gestión sino por una llamada de atención,
un golpe en la línea de flotación del Gobierno, que ha sido el
informe de los expertos sobre la gestión que han realizado a lo largo
de estos últimos años.
También se pone sobre la mesa la necesidad de que al frente de dicha
Comisión se sitúe a una personalidad con suficiente peso político
para poder afrontar la cantidad de retos políticos que se le
encomiendan a la Comisión, y no tener después que realizar discursos
sobre la incapacidad que ha tenido de poder articular recursos
suficientes para dar cumplimiento a las responsabilidades que tenía
encomendadas. Necesitamos, pues, al frente de la Comisión una persona
que tenga suficiente liderazgo político y, sobre todo, necesitamos
resolver el déficit democrático en el cual está inmersa la
construcción europea, el cierre en falso del Tratado de Amsterdam,
donde se tenía que haber introducido una serie de reformas
institucionales para dotar al Parlamento Europeo de esa necesaria
capacidad de gestión y de control del Ejecutivo, porque en estos
momentos carece de esa posibilidad. Por eso el Parlamento Europeo fue
el que reclamó la investigación por este grupo de expertos, y en
estos momentos se ha legitimado para poder reclamar esa capacidad de
control que actualmente no posee.
Respecto a la moción que nos trae al debate, tenemos una amplísima
coincidencia con su contenido, desde la propia motivación, que hace
referencia a las distintas fases en las cuales se ha ido construyendo
la Unión Europea, desde Maastricht en adelante, y sobre todo
coincidimos en la idea de esa construcción horizontal y de esa
cohesión interna, que se tiene que dotar lógicamente de los recursos
necesarios para que se haga una realidad. Por lo tanto, subrayamos la
importancia que tiene para la economía española, para el producto
interior bruto español y para la creación de empleo en España el
mantenimiento de estos fondos y sobre todo la necesidad de dichos
recursos para nuestro país al objeto de poder situarnos en este nivel
de competitividad que tienen actualmente las potencias económicamente
más desarrolladas de la Unión.
Hemos venido destacando a lo largo de estos debates que cada vez que
la Unión Europea se ha enfrentado a una futura ampliación ha habido
una revisión de los recursos que iba a necesitar ese presupuesto
comunitario, y, como muy bien refleja la moción, ha habido una
modificación a lo largo de estos últimos años increscendo y en este
momento nos debemos encontrar no con el asentamiento del 1,27 ya como
una cuestión sine qua non, sino, como se dice a lo largo de la
moción, con la posibilidad de que este límite del 1,27 no sea
inamovible, no sea algo que se va a asentar como un principio que no
se va a poder alterar, sino que elementos como los que se reflejan
-que pueda haber una serie de desviaciones en los escenarios
económicos, que el producto interior bruto de la Unión Europea pueda
paralizarse o pueda decrecer- suponenque va a tener una amplia
incidencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Navas, discúlpeme.
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles. Es obvio
que hacen interferencia con el sistema de megafonía de la Cámara.
Continúe, señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Por lo tanto, es fundamental que se aplique una serie de variables
sobre este techo -actualmente parece que considerado ya inamovible-,
porque el producto interior bruto de la Unión Europea no está
blindado y tendrá que sufrir contingencias, y el hecho de que se
revise y que se ponga un condicionamiento a ese 1,27 nos parece
esencial, sobre todo por las necesidades presupuestarias
suplementarias que tendrá la Unión después de su ampliación hacia el
Este.
Entendemos que los porcentajes destinados del PIB comunitario a los
fondos estructurales son razonables y el hecho de que se mantenga el
Fondo de Cohesión en los términos establecidos en el Tratado de la
Unión es de gran importancia para nosotros, en el día de hoy y cuando
se debate en el Parlamento Europeo, cuestión ésta que a veces parece
que no ocurre con algunos grupos parlamentarios, en que hay
contradicciones entre lo que se defiende en el Parlamento Europeo y
lo que se trae a esta Cámara.
Nosotros seguimos defendiendo la necesidad del mantenimiento del
Fondo de Cohesión en los términos del Tratado y no con fórmulas que
pueden crear una serie de expectativas. No hay nada concreto. Hoy por
hoy tenemos sobre la mesa este Fondo de Cohesión y mientras no haya
la definición de un nuevo fondo y una asignación presupuestaria, no
tenemos que enfrascarnos en aventuras que no sabemos adónde nos van a
llevar ni en cuestiones que todavía se tengan que conquistar.
Hacíamos mención a una serie de elementos que ya están configurados
en los distintos tratados, y el hecho de que tengamos que pensar que
los recursos de la Unión deben de calcularse de acuerdo con la
participación de cada Estado miembro en el PIB comunitario nos parece
fundamental, algo que todavía no está asumido por el conjunto de los
Estados, pero que nos parece la línea argumental a seguir por parte
del Estado español para conseguir una reasignación de recursos y que
cada Estado pague realmente por el peso específico que tiene en el
conjunto de la Unión.
Nuestras enmiendas hacen relación a la necesidad de una política de
empleo real que huya del Pacto de Estabilidad, porque este, a nuestro
juicio, impone una serie de políticas que van a cercenar la libertad
de los gobiernos para poder aplicar políticas expansionistas.
Igualmente, pensamos que el Banco Central Europeo tiene que tener un
control democrático y, por tanto, proponemos en la última de nuestras
enmiendas la necesidad de una modificación de su estatuto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navas. ¿Grupos que desean fijar su posición ? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Utilizo este turno exclusivamente para hacer una pequeña reflexión.
La moción que hoy se presenta y la interpelación de la que trae causa
suscitan un debate que hemos tenido en varias ocasiones. La reflexión
yo creo que es oportuna dadas las circunstancias y nos permite no
solamente hablar de la cumbre extraordinaria de Berlín, que es muy
importante para todos los que conforman la Unión Europea, porque se
van a establecer las perspectivas financieras de la Agenda 2000, sino
también de todo el proceso de integración europea.
Creo que en este momento están en juego cuestiones esenciales
respecto de instituciones como la Comisión, que tradicionalmente es
configurada como uno de los puntales de la integración europea, o
respecto del papel del Parlamento Europeo, para el que pedimos más
competencias, pero a la vez vamos a ver cómo se resuelven
determinadas cuestiones que son también importantes. En definitiva,
la integración europea, la integración política, a la cual tardamos
tanto en llegar, tiene que ser vital y tenemos que jugar todos un
papel decisivo.
Toda esta serie de cuestiones están encima de la mesa y afectan a los
ciudadanos, por supuesto en cuanto a los montantes de fondos o de
dotaciones económicas que pueden ayudar a llegar a la renta media,
pero también porque la integración en sí es importante porque afecta
a muchas más decisiones de nuestra vida cotidiana. Vuelvo a señalar
que más del 60 por ciento de las decisiones comunitarias tienen un
efecto directo o más del 60 por ciento de las cuestiones que afectan
a nuestra vida normal tienen un origen en cuestiones comunitarias.
Por eso creo que realmente vivimos un momento de reflexión importante
y lo que tendríamos que plantearnos es que la integración tanto
económica y monetaria como política debe continuar y tenemos que
poner todos los medios a nuestro alcance para que no se produzcan
estancamientos en esa integración política. Los acontecimientos que
estamos viviendo pueden ser decisivos para que vayamos adelante o nos
quedemos estancados y nos quedemos en la mera integración económica o
monetaria, que, siendo importante, no es suficiente respecto a la
idea original de lo que pretendía ser la Unión Europea. Es una
reflexión que está en la calle, que tiene que estar en este foro y
seguiremos con ella.
En cualquier caso y respecto a la moción, la apoyaremos, como hicimos
en la interpelación.
Yo recogería unas palabras que señaló el ministro de Asuntos
Exteriores y que me parecen oportunas porque creemos que algunos de
nuestros intereses quizá no se vayan a defender de la manera que
nosotros los vemos.
Hablamos de compaginar integración europea e intereses propios.
Pediríamos al Ministerio de Asuntos Exteriores, a los representantes
del Gobierno que tengan que negociar, que piensen no sólo en las
regiones Objetivo 1 sino también en las de Objetivo 2, que tienen
graves problemas, que subyacen en este Estado y a las cuales también
hay que defender.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con gran brevedad porque ya en el anterior debate que
tuvimos con motivo de una iniciativa similar, presentada también por
el Grupo Socialista, este portavoz, en nombre de su grupo, fijó su
posición al respecto.
Este tipo de mociones permite a este diputado reiterar los argumentos
que dio anteriormente. No apoyaremos nada que menoscabe el principio
de flexibilidad negociadora al Gobierno, sin el que no puede llegar a
esas mesas europeas, y más con lo que está pasando, con la discusión
de la Agenda 2000, los intereses que hay en juego y los cambios de
postura de naciones como Alemania, Francia o el Reino Unido, por
poner unos ejemplos inmediatos de lo que acaba de ocurrir en la
reunión de ministros de Agricultura la pasada semana. El Gobierno
español tiene que llegar a esta cumbre extraordinaria de Berlín sin
ninguna atadura, contraria a todo principio de negociación política.
Mi grupo puede tener unos principios de control parlamentario y de
exigencias que caerían por tierra si se aceptara una moción de este
tipo, aunque contiene aspectos con los que estamos todos de acuerdo,
que son obvios y que no hay por qué traerlos a una moción.
Esta misma mañana la ministra de Agricultura decía que la posición
firme del Gobierno español, por ejemplo en el caso de la Agenda 2000
para la financiación de la PAC, de la política agrícola común, era no
aceptar la cofinanciación, ni 25 por ciento, como ha pretendido
Alemania, ni en cualquier otro porcentaje que se suscitara, ni
cheques británicos, ni cheques alemanes, como pretende ahora el
Gobierno de la República Federal de Alemania. Eso está contemplado
aquí. ¿Para que se viene a decir algo que ya es una reiteración en
cuanto al tema de la cofinanciación, que no se acepta?
Hay otras cuestiones que no dependen de la voluntad de un gobierno
unitario en la mesa de reunión de los Quince. Cada gobierno tendrá
que poner el listón de su exigencia negociadora, por un lado de
acuerdo con los intereses generales de la nación y, por otro,
buscando la correspondencia y equilibrio con los intereses generales
de la Unión Europea, y aquí hay verdaderas restricciones al respecto.
Se habla también de obviedades, como, por ejemplo, del control del
Parlamento.
Si el control parlamentario está en la Constitución española y
en el Reglamento del Congreso de los Diputados, ¿cómo va a venir una
moción a decir que el Gobierno tendrá que cumplir el deber de
informar al Parlamento? Eso ya está en nuestro Reglamento y en las
bases de funcionamiento de la Cámara.
No quiero extenderme, señor presidente, sobre lo que ya reiteré la
vez pasada sobre el principio de permitir al Gobierno la flexibilidad
negociadora de llevar sus cartas con cautela y prudencia en la
información, y no hacer luz pública ni una almoneda de la posición
española. A posteriori sí vendrán las exigencias de control si no
encontramos respuesta satisfactoria para los intereses generales
españoles. Nosotros somos un grupo que tiene un compromiso de apoyo
de investidura al presidente del Gobierno y Coalición Canaria quiere
ser leal a lo largo de toda la legislatura con ese voto de apoyo, una
de cuyas directrices fundamentales en política europea estaba bien a
nivel de las particularidades canarias, bien a nivel de los intereses
generales de la nación española. En esa línea de respeto a este
pacto, con el sentido común de permitir al Gobierno la flexibilidad
negociadora pertinente y no que vaya encorsetado, con unos
condicionantes que va a conocer la parte contraria y que van a
impedir a nuestro Gobierno negociar con inteligencia, flexibilidad y
sentido común, no vamos a apoyar esta moción.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, el de hoy es sin duda un día histórico
para la Unión Europea. Es uno de esos días en los que uno no tiene
especial miedo de ser grandilocuente o solemne cuando afirma que
aparecerá en todos los manuales en los que se intente reflejar la
historia de la Unión Europea. Lo ocurrido esta madrugada, en la que
la Comisión Europea, el Colegio de Comisarios en pleno, presenta su
dimisión colectiva como reacción a una iniciativa política planteada
por el Parlamento Europeo -ésta a su vez reacción de las presiones de
la opinión pública y de los medios de comunicación-, introduce un
principio de democratización en el sistema comunitario que no tiene
precedente y abre una crisis en el actual régimen institucional de la
Unión cuyas consecuencias son muy difíciles de calibrar en este
momento, pero que sin duda van a suponer una reforma muy profunda en
lo que es el actual juego de equilibrios en una Comisión que se
considera sin ningún tipo de responsabilidad ante nadie -en su caso
sólo ante Dios y ante la historia- y que en cambio a partir de ahora
se sabrá un órgano ejecutivo dependiente de un órgano legislativo o,
por lomenos, porque no es estrictamente legislativo el Parlamento
Europeo, dependiente de un órgano de soberanía popular ante el que
deberá responder y por el cual deberá ser controlado.
Iniciaba su intervención el portavoz del Grupo Socialista haciendo
referencia a este hecho y yo creo que, efectivamente, la coincidencia
entre el debate de esta moción y el acontecimiento ocurrido esta
madrugada y que todavía está en curso, puesto que estamos en este
momento con una Comisión Europea entera en situación cesante,
introduce un factor que complementa la reflexión que yo quería hacer
sobre el propio texto de la moción que hoy presenta el Grupo
Socialista.
El portavoz del Grupo Socialista sabe, porque así lo he expresado en
esta Cámara en otras ocasiones en nombre de mi grupo, que si
examináramos una por una las distintas afirmaciones que se contienen
en su moción, prácticamente todas podrían recibir, quizá en algún
caso con matices, el apoyo de mi grupo parlamentario. Si se trata de
saber si mi grupo parlamentario sostiene o no o comparte o no las
distintas afirmaciones que en la moción se hacen, sabe bien que sí,
que las comparte prácticamente todas, diría incluso que todas,
matizando en algún caso la terminología con la que se formulan. Por
tanto, esa es la posición del Grupo Parlamentario Catalán y esas son
las aspiraciones que desearíamos que surgieran de las negociaciones
en curso en este momento abiertas y que deberían concluir, si los
acontecimientos no lo impiden, en la cumbre extraordinaria de Berlín.
Sin embargo, hay razones de oportunidad política que vienen también
ilustradas por el hecho con el que empezaba esta intervención, como
es la absoluta movilidad en este momento de todo lo que es el marco
de esa negociación -lo decía el propio portavoz del Grupo
Socialista-, la dimisión del ministro de Finanzas, presidente del
Ecofin, del país que ostenta la Presidencia de turno de la Unión
Europea; la dimisión en grupo, colectiva, de toda la Comisión
Europea; el constante cambio de posiciones de los distintos gobiernos
implicados en esta negociación. Todo ello, más que nunca, incluso más
que en ocasiones anteriores, nos lleva a no poder dar apoyo a un
texto que de alguna forma, se quiera o no se quiera y aunque esa no
fuera la aspiración del Grupo Socialista, actuaría como un corsé en
el marco negociador del Gobierno del Reino de España. Por tanto,
entiéndase nuestro voto negativo a la moción en estos estrictos
términos. No queremos encorsetar las actuaciones del Gobierno español
en esta negociación. Compartimos los principios en los que la moción
se sustenta, y esos son -y eso sí lo podemos anunciar desde este
momento al Grupo Parlamentario Popular- los principios, esa es la
pauta sobre la cual nosotros mediremos la actuación del Gobierno
cuando vuelva de esa negociación. Cuando el Gobierno venga a esta
Cámara a informar de la negociación y a rendir cuentas a la soberanía
popular aquí representada de lo que ha conseguido, de lo que no y de
en dónde ha debido ceder, nuestra pauta, nuestros puntos de
referencia estarán en las afirmaciones que se contienen
en esa moción. Ese es el marco negociador en el que nosotros
esperamos que se mueva, pero no queremos, y no ayudaremos a ello con
nuestro voto, que eso se convierta en un texto formalmente aprobado
por el Congreso de los Diputados que pueda, insisto, actuar en el
ámbito estrictamente negociador como un corsé para las negociaciones
de España.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la pasada semana mi grupo parlamentario pidió al grupo
proponente que adoptase una postura constructiva, que abandonase el
cinismo, la demagogia y la añoranza y uniese sus esfuerzos a los
nuestros y a los de otros grupos de la Cámara apoyando al Gobierno en
esta difícil negociación que marcará las pautas de la construcción
europea durante los próximos años.
La pasada semana el candidato que defendió no sabemos si su postura o
la de su grupo parlamentario no cortó ni orejas ni rabo. El discurso
impecable y demoledor del ministro de Asuntos Exteriores desmontó
todos y cada uno de sus falsos argumentos. (Risas.) No han vuelto a
contratar al candidato para esta corrida de feria, señorías, tal fue
la brillantez de su faena: ni una línea en la prensa escrita del día
de después. Hoy, señorías, el candidato manda a la cuadrilla con un
texto que es prácticamente el mismo que el que presentaron el 11 de
febrero, hace cuatro semanas, sobre el mismo tema y cuya votación
perdieron estrepitosamente en el Pleno del día 18 (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!), dicen que ofreciendo un apoyo al Gobierno en
la recta final de la negociación. La única diferencia es el párrafo
tercero, relativo a la participación de España en Europa, y que se
insta al Gobierno a comprometerse a informar al Congreso de los
Diputados. Menos mal que lo han suprimido, porque esta mañana la
ministra de Agricultura ha comparecido en esta sede parlamentaria
dando buena cuenta de los éxitos en el capítulo agrícola pendiente de
ratificación. (Un señor diputado: ¿Qué éxitos?) Lo que el Gobierno
necesita, señorías, en esta recta final, a una semana escasa de la
cumbre de Berlín, no es ni pájaros de mal agüero ni corsés, señores
del grupo proponente, sino apoyo cabal y sincero. Vienen ustedes
pronosticando catástrofes continuas, y después los hechos se encargan
de quitarles la razón y de ponerles en su sitio.
Señorías del grupo proponente, ustedes se equivocan. Claro que ha
dimitido la Comisión, señor del grupo proponente. ¿Cómo no iba a
dimitir la Comisión con lo difícil que se lo ha puesto el Parlamento
Europeo a instancias del Grupo Socialista, que ha preferido provocar
ladimisión en conjunto de la institución antes que depurar
responsabilidades individuales de aquellos que podían estar
implicados según el informe de sabios? (Protestas.) Claro que sí,
señores del grupo proponente.
Pasando al texto de la resolución, aun siendo coincidentes en gran
medida los distintos objetivos que se insta al Gobierno a defender
con la posición mantenida a lo largo de la negociación por éste, no
puede pasarse por alto el hecho de que se está actuando en el marco
de una negociación global cuyo acuerdo final requiere un margen de
flexibilidad y voluntad de compromiso por todas las partes
implicadas. Pero es que además, señores del grupo proponente, ustedes
no saben de lo que están hablando. (Protestas.) Hay un error que se
repite a lo largo de toda la moción, que es referir las cifras del
PIB comunitario, cuando en todos los casos se trata del PNB
comunitario, señor Costa.
En la parte introductoria se afirma erróneamente que el presupuesto
comunitario se ha incrementado hasta el 1,27 por ciento del PNB
comunitario, cuando en realidad dicha cifra se refiere al límite
máximo establecido para recursos propios. El presupuesto comunitario
de 1999 representa el 1,10 por ciento del PNB en créditos de pago.
Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer cuando presentan una
moción es saber de lo que hablan y saber lo que quieren, no vaya a
ser que aprobemos una cosa que está completamente equivocada o que es
completamente falsa.
Señorías del grupo proponente, yo acabo mi intervención pidiéndoles
de nuevo que sean ustedes gente seria, porque si no no nos podemos
apoyar. Sean ustedes gente seria, que ocasión tendrán el próximo día
30, en el Pleno especial para debatir lo acaecido en la cumbre de
Berlín, de pedir cuentas y de aplaudir la buena negociación del
presidente del Gobierno. Yo sinceramente espero que sea así por el
bien de nuestro país y estoy seguro que va a ser así. Eso sí, confío
en que ese día, señorías del grupo proponente, el candidato que hoy
no se interesa por un tema que en sus propias palabras de la semana
anterior calificó de tema estrella y, sin embargo, esta semana no le
interesa -puede que no sea el tema estrella que él dice o puede que
los temas estrella se sucedan en su mente de forma ocasional-
(Protestas.), esté aquí para compartir los éxitos con el presidente
del Gobierno.
Gracias, señor presidente. (Protestas.- Varios señores diputados:
¡Fuera, fuera!-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Casañ.
Señor Costa, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no
de la enmienda planteada por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que después de la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular no me quedan las neuronas suficientemente
activas...(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa, S.
S. sabe, y además he sido especialmente
explícito, que el turno que le corresponde es
exclusivamente para que S.S. diga en voz alta si acepta o no la
enmienda del Grupo de Izquierda Unida. (Rumores.)
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
En vista de cómo ha transcurrido el debate y de la actitud del grupo
mayoritario de la Cámara, no aceptaré las enmiendas de Izquierda
Unida, aunque podrían ser debatidas en otro foro, porque no son
consecuentes con la interpelación que nuestro grupo presentó;
solamente se debe a esta razón.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Costa.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.-El señor Navas Amores pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor Presidente, simplemente le solicitamos
votación separada del punto f) de la moción del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navas.
Vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, para que el Gobierno informe del sentido y alcance de sus
propuestas en el marco de la negociación de la Agenda 2000.
Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación del apartado f) del
punto primero de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
274; a favor, 121; en contra, 153.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazado
el apartado f) del punto primero.
Votación correspondiente al resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
274; a favor, 133; en contra, 141.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazado
el resto de la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ÚNICA PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO (Número de expediente 173/000128).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Punto sexto del
orden del día, moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación
de la circunscripción electoral única para las elecciones al
Parlamento Europeo.
Para su presentación, en nombre de su Grupo Parlamentario, tiene la
palabra la señora Lasagabaster. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, dada la hora en que
vamos a comenzar a debatir todavía la penúltima de las mociones, la
Presidencia agradecería que en el menor tiempo posible ocuparan sus
escaños o abandonaran el hemiciclo.
Cuando guste, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a defender la moción que presento
como consecuencia de la interpelaciónde la semana pasada en relación
con una cuestión que tiene mucho que ver con un tema que hemos citado
anteriormente: la integración política; integración política en una
Unión Europea en la que lo que algunos pretendemos -y también el
Parlamento Europeo en cuyo texto expone literalmente ese concepto- es
que se refleje a los pueblos de los Estados de la Unión Europea. No
son conceptos de esta diputada, sino del Parlamento Europeo. Ustedes
admitirán que hay un cierto matiz respecto de otras cuestiones.
La semana pasada hablábamos de qué es lo que pretendíamos; algunos
diputados de otros grupos intervinieron y no sé si captaron lo que
pretendía, a lo mejor es mi culpa. En cualquier caso, releyendo el
texto de la interpelación y mi intervención quedaba claro, no había
sombra de duda. En primer lugar, proponíamos ir según va la evolución
del sistema electoral uniforme. No vamos a repetir la no existencia
de un sistema electoral uniforme, los problemas que ha creado, los
informes, etcétera. Sin embargo, vemos que hay una evolución hacia
tesis que permiten que los pueblos o determinadas especificidades
político-administrativas, históricas o lingüísticas de la Unión
Europea puedan tener sus propias circunscripciones en las elecciones
al Parlamento Europeo; ésa era una cuestión. Decíamos claramente:
Señores, se va a discutir en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea y queremos que les quede claro cuál es nuestra posición.
Alguien decía: Oiga, será la oposición mayoritaria democráticamente
admitida en este Parlamento; evidentemente, ¿es que alguien ha tenido
alguna vez una duda? Somos personas, formaciones políticas, al menos
Eusko Alkartasuna, que defienden sus opciones legítimas políticas
pero que respetan las mayorías, como también exigimos que en otros
foros donde tenemos mayoría se nos respete. Por tanto, lo que hacemos
está muy claro: Defendemos una opción política que curiosamente está
siendo avalada en el seno de la Unión Europea y de otros Estados
miembros. Así recordaba, con palabras del portavoz socialista, que el
Reino Unido había hecho una división
en circunscripciones que representaban a naciones históricas. Ni
siquiera mencioné yo ese concepto, por si alguien se ponía nervioso;
sin embargo, el Reino Unido sí lo ha hecho. No es ni más ni menos
democrático, pero quizá representa mejor el concepto de pueblos de
Estados de la Unión Europea. El sentido de esta cuestión era: uno,
referido a la posición que tiene que tener el Gobierno del Estado
frente a ese sistema electoral uniforme y, dos, el deseo de que se
modifique la Loreg. Además, esta opción nos la admitía el Tribunal
Constitucional.
Entrando en la moción, hemos señalado dos puntos. En primer lugar,
hace referencia a que queremos que en ese Consejo, cuando se discuta
ese sistema electoral uniforme, se defienda el concepto claro de lo
que son los pueblos. Ustedes podrán decir cómo se define, cómo se
establece. Creo que hay dos conceptos muy claros. Si ustedes observan
los informes del Parlamento, verán que indican claramente que, por
razones político- administrativas, históricas, lingüísticas, que
tuvieran reflejo territorial y estén en la estructura interna de los
Estados miembros, se respeten esas circunscripciones. Eso es lo que
pedimos al Gobierno, obviamente si se vota aquí por mayoría, que se
defienda. En segundo lugar, en coherencia con esto, nuestra opción es
legítima, es factible, y solicitamos que se defienda la estructura de
este Estado, en definitiva, a las naciones históricas. Simplemente
ésa es nuestra moción.
Algunos dijeron que era la defensa de particularismos. Creo que es
bastante peyorativo, permítame, señor Marcet, con todo el respeto y
cariño, hablar de particularismos. Respeto a los nacionalistas
españoles, pero me gustaría que me respetaran y no creo que sea
particularista o no; simplemente es un concepto diferente y tiene una
idiosincrasia distinta, lo digo con el mayor respeto a todos.
Decía usted que yo daba una visión sesgada del informe del Parlamento
Europeo. Sesgada no; me centraba en un punto, eso estaba muy claro y
así lo dije en mi interpelación. Ya que hablaba usted de la
posibilidad de presentarse en listas comunes en toda la Unión
Europea, le aseguro que me encantaría, porque hay 60 millones de
ciudadanos de naciones sin Estado que estarían en mi lista, como ya
están en mi propia internacional. En ese sentido estoy absolutamente
de acuerdo, pero lo uno no quita lo otro.
Hablaba usted de naciones históricas en el Reino Unido. Hay una
estructura que va siendo cada vez más descentralizada, que es lo que
pretendemos, por ejemplo, en el Reino Unido.
También se ha hablado de que no estábamos respetando la
proporcionalidad, y eso no es cierto. Yo he releído los textos y
manifestaba que ese informe del Parlamento Europeo tenía dos ejes
claves: uno, la proximidad del ciudadano y, dos, la proporcionalidad,
y no lo he ocultado nunca. Eso sí, lo que dice ese informe de manera
clara es que esa proporcionalidad se verá de forma global, porque, si
fuéramos a una proporcionalidad estricta en lo que se refiere al
Parlamento
Europeo, se preguntarían ustedes por qué determinados Estados
miembros con menos población tienen más diputados; éste es un
contrasentido que ustedes mismos admiten respecto de determinados
pueblos. No hay nunca una proporcionalidad estricta, no lo dice el
Parlamento; nosotros lo respetamos, cómo no, pero dentro del marco de
esos dos ejes: proximidad, respeto a las estructuras internas,
respeto a los pueblos de los Estados de la Unión Europea y, sobre
todo, respeto a la estructura interna del propio Estado miembro.
Voy terminando. Algunos hablaban de que esto era una cuestión
electoralista. ¿Por qué? ¿Porque hay unas elecciones? ¿Porque el
Gobierno no ha contestado? Señor Vera, yo formulé una pregunta por
escrito justo después de la aprobación del informe del Parlamento
Europeo y todavía estoy esperando la contestación. Formalmente me
contestaron, claro que sí. Creo que el informe es de julio; presenté
la pregunta en el mes de septiembre y la respuesta me la dieron en
octubre. ¿Sabe usted lo que se me respondió? El Ministerio del
Interior no ha conformado posición alguna. ¡Ojo!, no dice que no
vayan a revisarlo, sino que no tiene posición a ese respecto. ¿Qué le
parece a usted un Gobierno que tiene que ir a negociar, a aprobar o a
defender una posición que no tiene? Eso es raro o, ¿es que no la
quiere decir? También es raro. En cualquier caso, eso fue en
septiembre y, como no he recibido ninguna contestación, he tenido que
presentar una interpelación.
De cualquier manera, es necesario reflexionar. A los ciudadanos hay
que decirles lo que uno piensa, el motivo de que las
circunscripciones sean de una manera o de otra. No es ni más ni menos
democrático, lo vuelvo a señalar, aparte de que lo dice el Tribunal
Constitucional. ¿Por qué se habla de nacionalidades y regiones en la
Constitución y curiosamente ahora en estas elecciones no se respetan?
Ésas son cuestiones que hay que aclarar a los ciudadanos en las
elecciones. Usted lo llama electoralista, pero yo creo que es
realista frente a las elecciones. En cualquier caso, seguiré
esperando la respuesta del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
A la moción defendida por la señora Lasagabaster se han presentado
dos enmiendas, la primera de ellas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, desde el profundo
respeto a la portavoz que ha intervenido con anterioridad, a su
trabajo parlamentario y al contenido de lo que ha defendido, voy a
intentar argumentar criterios no solamente diferentes, sino bastante
distantes.
Nuestro primer argumento cuando se trae a colación esta discusión es
intentar que el sistema electoral que podamos tener a la hora de
actuar en la vida parlamentaria se ajuste en la mayoría de los casos
a la voluntad
popular. Se ha dicho que proporcionalidad y cercanía son dos términos
que no están reñidos y se ha utilizado aquí el ejemplo inglés, que no
es válido, puesto que los ingleses tienen circunscripción unipersonal
para elegir su Parlamento y en España no tenemos dicha
circunscripción, sino que, a la hora de elegir, el sistema se
transforma en mayoritario.
Usted intentó defender con su propuesta el acuerdo del Parlamento
Europeo, la resolución del año 1998. Yo le decía entonces que
leyésemos su moción. El tratado no hace referencia a lo que usted
manifiesta y el acuerdo de 15 de julio del propio Parlamento en
relación con un informe de un eurodiputado griego es relativo,
primero, a la entrada en vigor en el año 2004 y no a la entrada en
vigor en este proceso; segundo, a que de ninguna manera se puede
menoscabar de manera global el carácter proporcional del sistema
electoral. Y, además, cuando viene a tomar la resolución, dice:
primero, no se puede hacer de manera uniforme en todos los Estados;
segundo, se tiene que aprobar por unanimidad en el Consejo y,
tercero, la representación tiene que garantizar esa proporcionalidad.
Ahora le digo por qué nosotros estamos más de acuerdo con el sistema
de circunscripción única; fundamentalmente por la proporcionalidad.
Usted ha citado aquí el artículo 2 de la Constitución, tan legítimo
como otros. Yo le voy a citar el 23.2 y el 68. El 23.2 dice que todos
los españoles tienen el mismo derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos. Entenderá que la
formación política a la que pertenezco no sería elegida en las mismas
condiciones de igualdad que otra, fundamentalmente por el resultado
de distribuir 64 diputados entre circunscripciones territoriales. Ha
sido muy prudente porque no ha hablado de comunidades autónomas. Por
tanto, entiende que son circunscripciones territoriales; en unos
casos sí y en otros no, algo complicado con la Constitución en la
mano. Aunque tengamos dos vías de acceso, todas las comunidades
autónomas tienen que tener el mismo derecho.
En cualquier caso, ese derecho constitucional va unido al artículo 68
de nuestra Constitución, que también indica cómo se van a distribuir
los diputados en las circunscripciones electorales. Y dice -no le
cito cuál es la circunscripción que puede poner aquí- que se
verificará en cada circunscripción atendiendo criterios de
representación proporcional. En la circunscripción donde se elija a
un solo diputado, donde se elijan dos, tres o cuatro, será imposible
tener en cuenta los criterios de proporcionalidad. Donde se elijan
cuatro el más votado tendrá una relación y el siguiente en votos
tendrá otra.
La verdad es que estaría más representada lo que usted denominaba la
pluralidad de nuestro Estado: la lengua y un sinfín de valoraciones.
Ése es el elemento a tener en cuenta y que también me distancia de su
planteamiento. En Europa no componemos el Senado de nuestro país. Me
parecería lógico que el Senado de nuestro país se compusiera con
elección de extracción desde cada una de las comunidades autónomas,
en
lugar de la circunscripción provincial, con lo cual desaparecería una
injusticia, porque estamos defendiendo una propuesta plural para la
composición de nuestra política. Pero la construcción europea ¿se
hace más desde el origen territorial o de relación de comunidad o por
la composición de grupos ideológicos dentro de la Cámara
parlamentaria europea? Yo creo que desde la orientación ideológica,
la composición de grupos parlamentarios. Hay diputados que
perteneciendo a grupos nacionalistas están en un grupo determinado en
la esfera parlamentaria europea. Por eso, a la hora de elegir el
Parlamento europeo y defender lo que se piensa allí une más el
proyecto y el modelo que vamos a defender en la construcción europea
que la diversidad en la procedencia para la elección. Por eso, vemos
en mejores condiciones esa composición.
En todo caso, hemos presentado tres enmiendas. Una, las
circunscripciones pueden ser territoriales o no. Usted me ha citado
el inglés y yo le puse el ejemplo italiano. Hay una circunscripción
de ámbito federal de todo el Estado con 11 eurodiputados, y luego se
hace una distribución que ya me explicará S.S. cómo se realizaría en
España. Existe la zona norte de Italia, la occidental, la oriental;
en fin se hace una distribución geográfica que no tiene una relación
similar a la de nuestro país. Me gustaría que me dijera cómo
podríamos seguirla. Por eso, hemos eliminado la palabra territorial y
hemos añadido un elemento importante que le falta a toda su propuesta
de resolución, que yo no estoy dispuesto a trasladar al Gobierno que
defienda en Europa sin tener en cuenta la proporcionalidad. Le hemos
propuesto añadir: primando los criterios de proporcionalidad, de tal
manera que donde no se garantice no se podrá establecer
circunscripción. Si no, como comprenderá, podrá desaparecer una
formación política con 2.800.000 votos de la representación
parlamentaria en Europa. Para usted será muy importante. Yo le puedo
poner hoy el ejemplo. Tan complicado como es el sistema electoral y
HB tiene una representación en el Parlamento europeo, ya que cuenta
con 180.000 votos. Izquierda Unida tiene una representación
parlamentaria con nueve eurodiputados y tiene 2.600.000 votos. Estoy
de acuerdo en que le pueden votar todos los ciudadanos que quieran en
cada circunscripción, pero al final el número de ciudadanos que le
den apoyo tiene que tener un peso a la hora de decidir la
representación en el Parlamento Europeo. Por eso, nosotros tenemos
inclinación a no tocar nuestro sistema hasta que no haya un
compromiso, como dice la resolución del Parlamento Europeo, que no se
puede imponer en todos los parlamentos. Pero el tratado dice que de
acuerdo con un procedimiento uniforme de todos los Estados miembros o
de acuerdo con los principios comunes a todos los Estados miembros.
El Consejo establecerá por unanimidad, previo dictamen conforme del
Parlamento Europeo, que se pronunciará por la mayoría de sus
miembros. Si eso se da, estaríamos dispuestos a acatar esa decisión.
Hasta esa resolución nosotros votaríamos en contra o de forma
distinta. Pero usted en su punto
segundo dice: y mientras tanto que me lo cambien ya. Permítame que le
diga que a la hora de proponerlo me parece razonable que usted lo
defienda, pero a la hora de pedirme el apoyo entienda que va a ser
muy complicado que yo se lo pueda dar.
Resumiendo, señor presidente, porque el tratado no exige la relación
que aquí se nos pide, porque el acuerdo del Parlamento Europeo no nos
pide lo que aquí se nos propone y por la distribución de
circunscripciones, sin precisar cuáles serán, si son por comunidades
autónomas o son otros territorios, esta pretensión podía llevar a
una
complicación constitucional mayor. ¿Me quieren decir por qué razón sí
se puede establecer en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por
ejemplo, y no en la Comunidad de Andalucía? ¿Por qué se puede
establecer en la Comunidad Autónoma de Cataluña y no en Castilla y
León o en Castilla-La Mancha? ¿O estamos con un criterio confederal a
la hora de plantear las discusiones hablando de determinadas
nacionalidades y el resto de España? Les traería una reflexión
federal de nuestro país y es que leyeran más la Constitución -fíjese
si es antigua- del año 1871; Constitución federal que no las llamaba
ni comunidades autónomas, sino Estados. ¿Y sabe usted lo que se
definía como Estados? Algo más que lo que ustedes entienden como
nacionalidades. Se definía como Estados a Baleares, a Castilla,
a Andalucía, a Extremadura en el año 1871; era una Constitución
federalista que partía de la definición de Estado; después se
agrupaban en una federación, con una autonomía municipal muy grande.
No sé por qué la evolución histórica tiene que partir de un corte
determinado para que la identidad siga solamente después de otro
corte.
El resumen de nuestras enmiendas sería que la demanda de este
Parlamento al Gobierno tenga una relación en función de un
determinado compromiso. Una, que la evolución no ataque a la
proporcionalidad y, dos, que haya reforma en la medida en que la
evolución pueda producirse de manera consorciada en el resto de los
países europeos. Mientras tanto, como decía la señora Loyola de
Palacio al empezar la semana con el tema de la Agenda 2000:
Virgencica, Virgencica, que me quede como estoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha presentado
también una enmienda a esta moción Para su defensa, el señor Jané,
tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores
diputados, nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta moción de
la diputada Begoña Lasagabaster, pero no es una enmienda que parta de
la discrepancia, sino de una plena coincidencia con lo que defiende
la moción.
Nuestra enmienda intenta concretar. Nos comentaba en su intervención
la diputada Begoña Lasagabaster
que a una pregunta que ella formuló por escrito al Gobierno, también
por escrito el Gobierno le contestó que no tenía posición fijada. Si
el Gobierno no tiene posición fijada hay una obviedad, y es que en
Europa va a tener que fijarse una posición. En Europa se está
discutiendo este tema y Europa somos todos. Todos los Estados
conforman la opinión de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que va a
defender el Estado español cuando en Europa se nos pregunte cuál es
nuestro modelo a la hora de establecer un procedimiento electoral
uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo? No puede decir no
sé, no contesto. Debe definir si continúa con una circunscripción
única o bien si ampara también la corriente mayoritaria europea de
establecer más de una circunscripción en aquellos Estados que tienen
más de 20 millones de habitantes.
Por tanto, el Estado español tiene que definirse. En esta
legislatura, dentro del acuerdo de investidura entre Convergència i
Unió y el Grupo Popular, estaba prevista la aprobación de una ley, la
Ley 2/1997 que crea la conferencia para asuntos relacionados con las
comunidades europeas. En el artículo 2 de la citada Ley se establece
claramente que esta Conferencia debe servir para que las comunidades
autónomas puedan participar en la fase de formación de la voluntad
del Estado ante las instituciones comunitarias.
Pues bien, nuestra enmienda empieza por ahí. Antes de definir ante la
Unión Europea lo que quiere en este punto, el Estado español tiene la
obligación por ley, le obliga la Ley 2/1997, de convocar a todas las
comunidades autónomas en el seno de esta conferencia para pedirles su
opinión. Queremos sólo esto, que se pida la opinión, que se conozca
cuál es el criterio de las diversas comunidades autónomas en esta
materia. Es obligado pedirlo porque la conferencia existe
precisamente para formar la voluntad del Estado. El Estado es plural,
el Estado lo conforman también las comunidades autónomas, por lo que,
cuando en el seno de la Unión Europea España se defina, debe integrar
antes esa opinión y debe conocerla. Por tanto, el primer punto
simplemente pide que se convoque esta conferencia.
Segundo punto. Nuestra enmienda pide que lo que vayamos a defender
ante el Consejo de la Unión Europea sea acorde con nuestra realidad y
con nuestra estructura territorial. No puede ser de otra manera. Si
somos un Estado plural, si somos un Estado con 17 comunidades
autónomas, si somos un Estado, como el propio ministro afirma
siempre, que está avanzando tanto y que es un modelo de
descentralización, esto debe tener un reflejo a la hora de fijar
nuestra posición ante el Consejo. Y si esto debe tener un reflejo,
forzosamente tenemos que apoyar el sentido de la resolución del
Parlamento Europeo, porque dicha resolución estipula que debería
haber, que es aconsejable, más de una circunscripción en Estados de
más de 20 millones de habitantes, y que es aconsejable que las
circunscripciones se fijen en función de las características propias
de cada Estado miembro.
Por tanto, a partir de estos dos puntos, el tercer punto de nuestra
enmienda concreta que la reforma de la Ley orgánica del régimen
electoral general para replantearnos la circunscripción única, debe
hacerse con el máximo consenso posible, y aunque eso va a ser muy
difícil, debe buscarse. Debe hacerse para las elecciones del año
2004, no para ahora, que materialmente es imposible.
Pedimos que, ante esa perspectiva de futuro de las elecciones del año
2004, nos replanteemos la circunscripción única y que la superemos.
¿Cómo se hace? Va a ser muy difícil, hay muchas dificultades
técnicas, porque el Parlamento Europeo, y lo destacaba el portavoz de
Izquierda Unida, quiere también preservar al máximo el criterio de la
proporcionalidad, y 17 circunscripciones quizá no puedan representar
esa proporcionalidad atendiendo al número de habitantes de cada
comunidad autónoma. Pero ni Begoña Lasagabaster en su moción ni
nosotros en nuestra intervención del otro día planteábamos 17
circunscripciones. No lo hemos planteado. Se nos dice que habría
alguna comunidad a la que quizá no le correspondiera ninguno, pero es
que no hemos hablado de 17, hemos dicho que el Estado es plural, que
es un Estado con más de 20 millones de habitantes y que el sentido de
la Europa de los pueblos, en el futuro, hace que se replanteen las
circunscripciones únicas, que no son representativas.
Desde Cataluña, mi fuerza política, Convergència i Unió -no quiero
hablar en nombre de mi comunidad sino en nombre de mi formación
política-, no se siente cómoda con una circunscripción única. No nos
sentimos cómodos votando el 13 de junio, cuando todo el Estado es una
circunscripción.
Nosotros somos una nación sin Estado, en el seno de la Unión Europea.
Y las naciones sin Estado en el seno de la Unión Europea, los pueblos
de la Unión Europea, quieren tener reflejada su propia identidad en
el Parlamento Europeo. Y eso no lo conseguimos con una
circunscripción única. Por tanto, ésa no es una visión
particularista, como decía el señor Marcet, es una visión de un
nacionalista que quiere sentirse cómodo, que quiere sentir que cuando
vota al Parlamento Europeo está dando una trascendencia de la
identidad de su pueblo en el seno de la Unión Europea.
En este sentido va nuestra enmienda y nos gustaría que fuera apoyada
por el mayor número posible de grupos políticos de esta Cámara,
porque no está haciendo otra cosa que, en primer lugar, pedir que se
convoque a las comunidades autónomas, como la ley nos exige; en
segundo lugar, que se respete en Europa nuestra identidad plural y
nuestra estructura territorial plural, y, por último, que en la
perspectiva del año 2004 empecemos a replantearnos el buscar ese
necesario consenso.
Señorías, a ver si, al final, vamos a tener que cambiar la
circunscripción única porque nos obligue Europa, pero a
regañadientes; a ver si el Estado español, al final, dice que nos han
obligado otros Estados (el Reino Unido ya tiene cuatro
circunscripciones) a cambiarla
porque nosotros nos resistimos, porque nosotros queremos una única
circunscripción. Nos gustaría que el Estado español se sumara a esa
corriente de pluralidad, que estamos convencidos de que triunfará en
el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jané. ¿Grupos
parlamentarios que quieran fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Este diputado viene interviniendo en su vida parlamentaria de
ponente, fijando posiciones o proponiendo enmiendas desde que hizo su
aparición en la Ley orgánica del régimen electoral general el tema de
la circunscripción para las elecciones al Parlamento Europeo. Y por
mi formación política, siempre llevé la propuesta de una
circunscripción propia, en este caso para el archipiélago canario,
fundamentada en dos razones: en primer lugar, en el Título VIII de la
Constitución española, según el cual la nación española es el Estado
de las autonomías. En segundo lugar, en el reconocimiento expreso de
la representación de una autonomía en el Parlamento Europeo, como
consecuencia de la especificidad legislativa canaria de cara a la
Unión Europea, con una serie de normativas específicas en lo fiscal,
y en lo económico fundamentalmente, distintas del contexto. Esto no
era negarle una representación a ninguna fuerza política de carácter
no nacionalista, de carácter estatal amplio.
Vemos ahora, con la iniciativa que ha traído aquí el Grupo Mixto, por
parte de la representante de Eusko Alkartasuna, y la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con
la referencia que se ha hecho a la resolución del Parlamento Europeo,
que este es un tema abierto. Claro que está abierto. Estaba abierto
desde el primer momento. Ya desde el Tratado de Maastricht y
anteriormente, se crea, por ejemplo, y se potencia el Comité de las
Regiones en la Unión Europea. Ese Comité de las Regiones ha de tener
una trascendencia. Lo que ocurre es que el parlamentarismo europeo es
unicameral. No tratamos, señor Ríos, de hacer un Senado en Europa; se
trata sencillamente, con la institución que hay, de no forzarla a un
sistema bicameral, de que siga siendo un sistema unicameral con una
representación plural, como es este hemiciclo, esta Cámara, donde hay
fuerzas parlamentarias de ámbito estatal general y hay grupos
parlamentarios o representantes en el Grupo Mixto que representan
a fuerzas del ámbito de su comunidad autónoma, como fuerzas de
partidos
nacionalistas o regionalistas o del ámbito local o territorial que
exista allí.
Pero es más, el sistema electoral español reconoce esa excepción en
el ámbito de la circunscripción electoral canaria, ya que para el
Senado español la circunscripción
no es la provincia, como en el resto del territorio
nacional, sino la isla. Pero es más, en el Parlamento canario la
representación no es ni del ámbito general de la comunidad autónoma
ni del ámbito de la provincia. La representación -de fuerzas de todo
el ámbito de la circunscripción canaria, del archipiélago, de
partidos que tienen su reflejo estatal y de partidos insulares- en el
Parlamento autónomo de Canarias es por islas, no hay circunscripción
provincial ni regional. Y aquí nos encontramos con un sosegado y
profundo informe o dictamen del Parlamento Europeo, con la resolución
que aquí se ha invocado en la iniciativa de la señora doña Begoña
Lasagabaster y en la enmienda que trae el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), la resolución A.4/0212/1998, que se aprobó y
se discutió no hace un año en el Parlamento Europeo. Luego es un tema
abierto, candente, político.
Pero cuando se observa qué está ocurriendo en las otras naciones
miembros de la Unión Europea, nos encontramos con que el sistema es
muy plural. En este momento, según mis datos y a ello hace referencia
también este informe, hay 11 Estados que tienen circunscripción
única. Alemania tiene un sistema mixto, nacional y de Länder, de
acuerdo con su Constitución; Bélgica, Irlanda e Italia tienen el
sistema regional de circunscripción; curiosamente, una nación tan
centralista como Francia, tanto por boca de su presidente Chirac como
de Jospin, el primer ministro, plantea una circunscripción electoral
regional, pero no por departamentos, por lo que en Francia se
plantean ocho circunscripciones electorales regionales; en el Reino
Unido existe en este momento el compromiso del señor Blair, el primer
ministro, para el estudio y la propuesta de una ley de, al menos,
tres circunscripciones electorales: Inglaterra, Gales y Escocia.
Tratan de llevar al Parlamento Europeo algo que incluso pueda superar
contradicciones, porque el propio informe del año pasado y la
resolución del Parlamento Europeo vienen a decir dos cosas que
conviene recordar ahora. El Comité de asuntos jurídicos y derechos de
los ciudadanos, en su conclusión número 6, dice: Los territorios se
dividirán en circunscripciones territoriales de dimensiones
razonables. Pero dice: A más tardar, en las elecciones europeas del
año 2009 los partidos gozarán del derecho de establecer listas de
candidatos de carácter transnacional. En ese momento va a haber que
hacer una crisis del reconocimiento de la identidad autónoma del
Estado de las autonomías, para el año 2009.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en una enmienda
muy sensata y muy razonable, propone una fórmula. En primer lugar,
respetando lo que se dice en su propia enmienda -y no quiero repetir
lo que acertadamente ha dicho el representante del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)-, se invoca ni más ni
menos que un precepto de obligado cumplimiento para el Gobierno de la
nación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): SeñorMardones, por favor,
vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Las elecciones tienen que ser objeto de una consulta a través del
marco de la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades
europeas, porque si no estamos haciendo papel mojado del Estado de
las autonomías y de esta representación. Que se haga esta consulta,
que se haga la dimensión. No se trata de hacer, como Francia no hace,
circunscripciones electorales por departamentos gubernamentales, sino
por ocho regiones que van a definir.
Por esas razones, señor presidente, y acogiéndome a lo que dice mi
grupo, consecuente con esta línea, apoyamos una circunscripción
electoral de ámbito autonómico y vamos a apoyar la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque nos parece
sensata, de sentido común, adaptada a unos principios
constitucionales y las leyes que los desarrollan, con la Conferencia
de asuntos europeos respectiva.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
No habiendo estado presente la pasada semana en el debate, la lectura
del «Diario de Sesiones» nos ha sorprendido por la agresividad, sobre
todo de los grupos mayoritarios, poniendo incluso en duda la
legitimidad de abordar esta cuestión, con expresos reproches a los
partidos nacionalistas. En un día en el que a esta cuestión se han
referido ampliamente en el punto anterior del debate, en un día,
repito, en el que en Europa se ha producido una crisis institucional
en la Comisión, impensable hace no mucho tiempo, que evidencia la
fragilidad, cuando no la no consolidación de un entramado, ¿por qué
no repensar el sistema electoral europeo, la configuración del
Legislativo, de cara a ayudar al Gobierno a conformar una postura (ya
que, según se ha manifestado, no tiene criterio) para cuando
finalmente se aborde la adopción del procedimiento electoral uniforme
a que se refiere la resolución A4-0212/1998, tantas veces citada?
Cuando se habla de sistemas electorales es frecuente que cada grupo
sostenga aquel criterio que mejor conviene a los resultados de su
propio partido. Cada uno llega a convencerse de que su propio interés
coincide con lo más justo, pero en el caso del Grupo Vasco, el
criterio que sostenemos nos es igual en cuanto a los resultados,
puesto que en todo caso el resultado es el mismo: un eurodiputado.
Sin embargo, apostamos claramente por las circunscripciones
territoriales, por la regionalización -repito-, por razones ajenas a
los resultados. Así lo hemos mantenido cuando se debatió la Loreg en
el año 1985 y también en su reforma, en el año 1994.
Me sorprende, además, que quien intervino en nombre del Grupo
Socialista, perteneciente al Partido Socialista Catalán, cuyo
candidato a president pide la presencia de Cataluña en los Consejos
de Ministros de la Unión Europea, considere que estas diferencias
territoriales no deben traducirse en el Parlamento. Nosotros creemos
que, si a la cabeza de los principios comúnmente asumidos que deben
guiar el futuro sistema electoral común se encuentra la necesidad de
adoptar formas que asuman, y no nieguen, los valores esenciales de la
vida política de los Estados miembros, debe adoptarse, en
consecuencia, la circunscripción regional en aquellos Estados de
estructura compleja, de tal forma que se mantenga un paralelismo
entre su propia estructura política y las elecciones a la Eurocámara.
Sería conveniente, además, la inclusión de formas de escrutinio
particulares en aquellos territorios cuya singularidad geográfica,
histórica o étnica les confiera formas de expresión sociopolítica
igualmente singulares. Para ello, lo más adecuado es que la
circunscripción territorial sea la regional si la peculiaridad tiene
esta dimensión regional.
Examinado el texto de la moción que nos presenta la señora
Lasagabaster, nos parece absolutamente adecuada, de igual forma que
nos gusta y no nos puede parecer más razonable, incluso diríamos que
es modosita, la enmienda presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Que se vaya a convocar la Conferencia para
asuntos relacionados con las comunidades europeas para preguntar qué
opina, que se vaya a defender en el Consejo de la Unión Europea una
posición acorde con la estructura territorial del Estado español
y que se vaya a impulsar el máximo consenso posible para reformar la
Ley orgánica de régimen electoral general, nos parece que no puede
ser considerado más sensato y más acorde; creemos que es imposible no
estar de acuerdo con ello.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Socialista, el señor Marcet tiene la palabra.
El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor presidente.
Ya me temía yo, señor presidente, que se iba a aprovechar este turno
de mociones, en un caso para contestar mi intervención del otro día,
en el otro caso, desde el Partido Nacionalista Vasco, que no pudo
estar presente en la otra ocasión, para meterse conmigo. ¡Qué le
vamos a hacer! Es el destino que uno tiene porque, señor presidente,
la moción es coherente con la interpelación. Yo sigo diciendo en un
tono académico clásico, que subyace en esta moción una visión
particularista. ¿Por qué digo esto? Veamos la letra de la moción que
se nos plantea. En el fondo subyace una concepción de la estructura
territorial de España autonomista, particularista pura y en la
intervención de la señora Uría subyace lo mismo ¿Por qué? Porque se
está diciendo de
forma muy clara que se defienda ante el Consejo que unas
circunscripciones territoriales que preserven las especificidades
político-administrativas, históricas y lingüísticas, tengan reflejo
territorial y sean reconocidas en la estructura interna del Estado.
Esto quiere decir que si nos atuviéramos a esta letra haríamos
circunscripciones electorales de Euskadi, de Cataluña, de Galicia
y del resto de España; cuatro circunscripciones. Esto es lo que subyace
en el fondo de esta propuesta, y desde la visión de mi partido, que
es una visión federalista, y desde una visión que es la mía
particular si quieren, de un federalismo asimétrico, que cabe
perfectamente dentro de lo que desde mi concepción puede estructurar
más convenientemente el desarrollo del Estado de las autonomías, no
podemos compartir esta propuesta ni creemos que exista una solución
claramente factible, salvo que adoptemos soluciones que no gustarían
a nadie, ni a quien hace estas propuestas ni a nosotros, porque
empezar a sumar comunidades autónomas es una solución bastante
compleja de realizar.
Si finalmente, como sería deseable, se aprueba un sistema o
procedimiento común para la elección al Parlamento Europeo en la
dirección que preconiza el propio Parlamento Europeo, que en líneas
generales no nos parece mal, será conveniente plantearse un nuevo
sistema electoral y una nueva fórmula electoral para encarar todo
esto, teniendo bien claro que lo único que preocupa a SS.SS. es una
cosa, y a nosotros nos parece bien el planteamiento global que se
hace en este primer acuerdo del Parlamento Europeo.
De las enmiendas que pueden ser aceptadas por la señora Lasagabaster
nos gustaría votar el primer apartado de la enmienda de Convergència
i Unió. Nos parecería fantástico que se convocara alguna vez, para
formar el criterio del Estado, algo tan importante como puede ser la
Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades autónomas,
al menos de cuando en cuando se cumpliría una ley que nos parece
interesante en este sentido. En cuanto al resto de la enmienda que
plantea Convergència i Unió, para fijar también nuestra posición, nos
parece que no se aparta mucho de la propuesta que realiza la señora
Lasagabaster, aunque quizá de una forma más moderada, pero sin
contemplar el conjunto de la propuesta del Parlamento Europeo. Está
claro, señor presidente, que, aunque se acepte la enmienda, el voto
no se puede trocear según los distintos apartados de la misma.
Por otro lado, quisiera aprovechar la ocasión para decirle al señor
Jané, que también se ha referido a mi intervención del otro día, que
es curioso que después de dieciocho años de gobernar en Cataluña su
formación política no haya sido capaz de promover una ley electoral
para Cataluña y estemos tan preocupados por la circunscripción
electoral europea. Mejor sería que primero nos ocupáramos de casa,
señor Jané.
Muchas gracias y nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
Como se desprende de las diferentes intervenciones que se han ido
produciendo, no estamos ante una cuestión pacífica ni sencilla, sino
bastante controvertida y complicada. El asunto de la circunscripción
en las elecciones europeas ha sido un tema recurrente en el debate
parlamentario. Se produjo por primera vez en el año 1987 y ya por
aquel entonces se manifestaron muchos puntos de vista
contradictorios. Este mismo debate se reprodujo el 17 de febrero de
1994, con ocasión de una reforma electoral que tenía por objeto
reducir el coste de las campañas electorales y elevar a 64 el número
de representantes de España ante el Parlamento Europeo. Como tuve
ocasión de manifestar entonces, para mi grupo parlamentario, una vez
conocidas, desde la experiencia, el significado y las funciones del
Parlamento Europeo y el carácter de sus diputados, lo que se plantea
en unas elecciones europeas es la elección por el pueblo español de
sus representantes ante una instancia supranacional, y es la nación
española la que va representada al Parlamento Europeo.
Espero dejar clara cuál es la postura del Gobierno en esta cuestión
y, desde este punto de vista, la circunscripción electoral única es
para nosotros la más adecuada; es también, como se ha reconocido, el
sistema aplicado en la gran mayoría de países de la Unión Europea y
su legitimidad está avalada por la sentencia 28/1991, de 14 de
febrero, de nuestro más alto tribunal.
Es verdad que hay un debate abierto en el Parlamento Europeo y que
hay recomendaciones de diversa consideración, pero lo que se
pretende, en definitiva, es que exista un procedimiento electoral
uniforme con principios comunes para todos los Estados. Incluso se
habla en el informe, al que algunos se han referido, de una
circunscripción transnacional para el año 2009. Por tanto, la
conclusión parece lógica: esperar que exista este procedimiento para
que todos los países miembros de la Unión Europea nos adaptemos a él.
No obstante, estaremos abiertos al proceso dinámico que pueda
producirse en Europa y estaremos dispuestos a tratarlo en ese momento
si los demás grupos están dispuestos a hacerlo así. Sin embargo, por
ahora creemos que el sistema de circunscripción única responde a un
sistema proporcional en el que la representación plural está
garantizada y responde, a nuestro entender, al criterio mayoritario
de esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular siempre ha defendido, y yo lo he hecho
así cada vez que he subido a esta tribuna para hablar de estos
asuntos, que la Ley Electoral, siendo una ley medular dentro de
nuestro sistema democrático, necesita de un apoyo parlamentario
cercano a la unanimidad. Por eso, el acuerdo de los grupos
parlamentarios es básico cuando hablamos de normas que afectan a las
reglas del juego democrático por encima de intereses partidistas y de
cualesquiera otros afanes ideológicos. Así se ha ido produciendo
hasta el
día de hoy y en cada una de las reformas habidas en la Ley Electoral
los apoyos han sido siempre cercanos a esta unanimidad, gracias, todo
hay que decirlo, al trabajo de todos los grupos. Otra cosa es que
cada grupo parlamentario no tenga sus propias reivindaciones en torno
a diferentes asuntos y que en ocasiones no se intenten poner encima
de la mesa, pero lo cierto y verdad es que, al final, muchas veces
deben quedar aparcadas en aras del consenso general.
Reconozco, señor presidente, que la señora Lasagabaster tiene todo el
derecho a presentar en esta Cámara cuantas iniciativas estime
oportunas, pero creo que no debe extrañarse de que los demás grupos
hagamos las valoraciones políticas que sean precisas. Digo esto
porque la señora Lasagabaster se ha referido en su intervención a mis
críticas del pasado miércoles sobre la verdadera intencionalidad
política de su iniciativa, y siento tener que volver a decirle que
sigo considerando, como hice el pasado miércoles, que se trata de un
brindis al sol, que se trata de una iniciativa presentada de cara a
la galería, que no tiene más intención que la meramente
electoralista. Lo sigo sosteniendo porque usted sabe tan bien como yo
que es absolutamente imposible que, estando en las fechas que
estamos, esta iniciativa tenga alguna incidencia en la próxima
convocatoria electoral, y por eso considero esta moción poco oportuna
en el tiempo, porque, aunque todos los grupos de esta Cámara
estuviéramos de acuerdo, lo hiciéramos en lectura única, como le
decía el pasado miércoles, sería absolutamente imposible abordar la
reforma que usted pretende.
Además, no quiero insistir mucho en la cuestión, pero el próximo 19
de abril el Gobierno tiene que expedir y aprobar el decreto de
convocatoria y, por lo tanto, sería imposible llevarlo a cabo.
Por eso, no entendía tampoco la urgencia de precipitar la
modificación del artículo 214 de la Ley Electoral, que es a lo que se
refiere el punto segundo de su moción, cuando no es sino hasta el año
2004 cuando habrá una nueva convocatoria de elecciones europeas.
Finalmente, creo que es una moción poco meditada, o, mejor dicho,
poco precisa, porque se intenta modificar, sin más, el artículo 214
de la Ley Electoral, cuando se obvia el hecho de que eso no resuelve
absolutamente nada. En todo caso, sería necesario articular un
complejo sistema que comprendiese, por ejemplo, el número de
circunscripciones, la identificación de las mismas...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vera, vaya concluyendo.
El señor VERA PRO: Termino ya, señor presidente. ...y qué número de
diputados se atribuiría a cada una de ellas, y supongo que bastantes
cosas más.
Señora Lasagabaster, decía usted también el otro día que quería que
el Gobierno tuviese una opinión para cuando se vaya a debatir en
Europa el sistema de la circunscripción electoral uniforme, pero lo
que dice su moción es que se modifique, sin más, el artículo 214,
para
pasar de la circunscripción única a una circunscripción territorial,
y sobre esto ni hay consenso generalizado ni mucho menos se puede ver
un principio de acuerdo.
En definitiva, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a
votar en contra de la moción y también de las enmiendas presentadas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vera.
Señora Lasagabaster, tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas a su iniciativa.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Como es un tema recurrente, volveremos al debate sobre esta cuestión.
En cualquier caso, no admitiremos la enmienda de Izquierda Unida. Le
comprendo, señor Ríos, y creo que usted también nos comprende a
nosotros. Vamos a admitir la enmienda de Convergència i Unió porque
creo que en ese marco nos podemos poner todos de acuerdo y todas las
dudas que haya se pueden solventar en el interés de todos, que es, en
definitiva, lo importante.
Por tanto, como le he señalado, no se admite la enmienda de Izquierda
Unida, pero sí, por el contrario, la de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Vamos a proceder inmediatamente a la votación. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación de la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la modificación de la circunscripción electoral única
para las elecciones al Parlamento Europeo, en los términos
resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 18; en contra, 245; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA DEBATIR LA
POLÍTICA DE POTENCIACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN CON RESPECTO AL
SISTEMA SANITARIO Y LA POLÍTICA DE SALUD A REALIZAR POR LAS ENTIDADES
PÚBLICAS (Número de expediente 173/000129).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 7 del
orden del día: Moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para debatir la política de
potenciación de la autonomía de gestión con respecto al sistema
sanitario y la política de salud a realizar por las entidades
públicas.
Para la defensa de la moción, y en nombre de su grupo parlamentario,
tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la brevedad que la hora aconseja... (Muy bien.-Muy
bien)...paso a explicar las razones que han llevado a mi grupo
parlamentario a presentar esta moción y que no son otras que servir
al modesto objetivo de contribuir a clarificar el debate sanitario,
un debate agrio y crispado que circula por vericuetos reiterados, en
los que las acusaciones desde la oposición son taxativamente negadas
por el Partido Popular, como carentes de todo fundamento y de
cualquier rigor u objetivo alguno.
Como SS.SS. recordarán, el señor ministro se aprestó a negar en la
interpelación todos y cada uno de los extremos de un documento
presentado a la junta técnico- asistencial por el gerente de un
hospital de Madrid, gerente bien relacionado desde diversos puntos de
vista, tanto con el Ministerio de Sanidad como con el Insalud, que
planteaba extremos preocupantes pero no sorprendentes. Preocupantes
porque planteaban para el futuro del hospital, en lo que podía
considerarse como un plan estratégico, aspectos tan peligrosos como
la autonomía de gestión de cada servicio clínico, la autonomía para
definir la lista de productos a ofertar a unos pacientes que se
consideraban como oferta y productos que sustentarían la elaboración
de un presupuesto y, por tanto, excluirían cualquier otro producto
que no estuviera incluido en la oferta: la arbitrariedad más amplia
en la materia de personal, la intervención directa del jefe de
servicio en la selección del mismo y la determinación de la
remuneración variable en función del cumplimiento de objetivos que el
propio jefe de servicio identificaba previamente. Se planteaban
también otros temas a los que quiero hacer mención brevemente: la
externalización de parte de los cometidos de los servicios clínicos y
la compra de servicios médicos externos. Quiero señalar, señorías,
que este extremo está siendo planteado ya en diferentes hospitales,
que llevan como mecanismo de gestión las llamadas fundaciones. En el
hospital Costa da Morte, en Galicia, se prevé un hospital que carece
del servicio de medicina interna. En la Fundación Manacor no hay
laboratorio. La última noticia es que en el traslado tan cacareado de
la clínica Puerta de Hierro, ni en la clínica Puerta de Hierro 1, ni
en la clínica Puerta de Hierro 2, hay mención alguna a servicios tan
emblemáticos de cualquier hospital como los servicios de hematología,
de microbiología o de biología clínica. A poco que conozcan SS.SS. el
funcionamiento de un hospital, a nadie se le ocurre que un hospital
pueda funcionar sin estos servicios. Evidentemente, lo que se plantea
es la contratación externa a empresas subcontratadas de servicios,
como los de laboratorio.Finalmente, se planteaba la apertura
del hospital por la tarde para su utilización por entidades privadas
y compañías de seguro libre.
Reitero que aunque el señor portavoz del Partido Popular y el señor
ministro negaron taxativamente cualquier intencionalidad de alquilar
instalaciones públicas a empresas privadas, el señor presidente del
Insalud, supongo que con conocimiento de lo que hacía, ha declarado
en medios de comunicación sanitarios que el alquiler de instalaciones
públicas a entidades privadas no reviste mayor problema y desde luego
no hay por qué negar que el Insalud se apreste a este tipo de
operaciones.
Por tanto, señorías, para lo que pido a SS.SS. el voto es simplemente
para instar al Gobierno a que no adopte ninguna decisión de las que
el señor ministro dijo que no iba a adoptar. Simplemente se trata de
que ante esta Cámara, ante el Congreso de los Diputados, los
diferentes grupos parlamentarios, tanto de la oposición como los que
apoyan al Gobierno, planteen con todaclaridad con su voto, para
tranquilidad de los usuarios y de los trabajadores y trabajadoras de
la sanidad, lo que reiteradamente han negado en este mismo ámbito.
Por tanto, señorías, si fuéramos consecuentes con nuestros
planteamientos, si la claridad presidiera las relaciones políticas en
este país, entiendo que ningún grupo de la Cámara tendría ningún
problema para votar una moción que simplemente insta a no adoptar
medidas que todo el mundo está de acuerdo en no adoptar. Simplemente
se trata de poner en el «Diario de Sesiones» ante la opinión pública
la claridad del debate parlamentario. Porque lo avanzado de la hora,
una vez más, no impide tener la claridad de ideas suficiente como
para sospechar que se van a encontrar razones para votar en contra.
Señorías, si mayoritariamente se vota en contra de esta moción, yo
espero que al menos los portavoces de los grupos parlamentarios que
decidan elegir esa opción de voto se abstengan de acusar a la
oposición, al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de hacer
demagogia, de alentar la alarma social y de acusar al Partido Popular
de cosas que nunca han pasado por su cabeza llevar a la práctica.
Nada más, con estos argumentos tan simples, señorías, pido el voto
favorable para la moción de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Han sido presentadas enmiendas a esta moción por parte de los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda planteada por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el contenido de la moción que ha presentadoÁngeles Maestro,
portavoz de Izquierda Unida
para los temas sanitarios, deriva de la interpelación urgente que
vimos el miércoles pasado y que tiene una línea argumental que en
realidad es poco novedosa. Manifiesta una vez más la oposición de su
grupo parlamentario a las reformas aprobadas mayoritariamente por
esta Cámara, que pretenden consolidar, mejorar y modernizar el
Sistema Nacional de Salud. En su enmienda sostiene que dichas
reformas suponen un ataque frontal a la equidad, ponen en riesgo la
calidad de la asistencia sanitaria y representan, en definitiva, una
privatización oculta de la sanidad pública. No es nada nuevo, pero
debo reconocer, para ser justo, que la portavoz de Izquierda Unida
mantiene una posición coherente, porque mantiene un discurso de hace
bastantes años, frente a gobiernos de distinto color, en el que hace
caso omiso a las recomendaciones de gestores y profesionales de la
salud que aconsejan adoptar iniciativas encaminadas a incrementar la
calidad vía objetivos y resultados. Ignoran asimismo que el más fiel
indicador del grado de satisfacción de los ciudadanos no es otro que
el recogido en las encuestas de opinión manifestada por los pacientes
al abandonar el centro sanitario donde han recibido asistencia
médica.
En tres de los cinco puntos de su moción, en concreto los puntos a,
el b.2 y el c.1, se manifiesta esta línea argumental. Se propone que
cada servicio clínico no ofrezca productos concretos, que no se
aplique ningún tipo de variable en la remuneración por objetivos, y
que no se externalice ningún tipo de servicio público. Pues bien,
todos estos procedimientos de gestión llevan bastantes años
aplicándose tanto en el territorio de las comunidades autónomas como
en el territorio del Insalud y, en mi opinión, deben seguir siendo
mantenidos.
El punto b.1 hace referencia a las supuestas competencias de los
jefes de servicio para decidir arbitrariamente la selección de
personal con criterios que en ningún caso se ajustan a la normativa
legal vigente. Por supuesto que en ningún caso, por ser ilegales,
podrían aplicarse, cualquiera que fuera el modelo organizativo de
cualquier hospital del Sistema Nacional de Salud.
Por último, el apartado c.2 hace alusión a otro supuesto futurible
ante también la supuesta intencionalidad de alquilar las
instalaciones de hospitales públicos a entidades privadas y compañías
de seguro libre, supuesto futurible, repito, no contemplado, que ya
fue desmentido el pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad y que
en ningún momento ha sido una propuesta de la dirección del Insalud
ni de la política sanitaria del Gobierno. En definitiva estamos,
señorías, ante una moción de Izquierda Unida expresada en sentido
estrictamente negativo.
El Partido Popular presenta una moción con aspectos positivos, que
busca la participación y el compromiso de los profesionales, que abre
nuevas posibilidades y que aporta transparencia en la gestión
sanitaria. Nosotros pensamos que es intrínsecamente bueno que la
Administración y la sociedad tengan toda la información posible de lo
que hace cada servicio en cada hospital -qué es lo que ofrece, cómo
lo hace, cuánto
cuesta- y también si lo que hace es lo más adecuado según los cánones
de la excelencia y los criterios de medicina basada en la evidencia.
Pensamos también que es aconsejable que las organizaciones
hospitalarias modifiquen sus criterios de gestión que, en la
actualidad, están preferentemente volcados hacia la vertiente
administrativa y se centre en proporcionar al paciente no sólo la
mejor atención médica desde un punto de vista científico y técnico,
sino que también afronte otros aspectos, como el trato humano, el
soporte hotelero, los aspectos de información, de atención y de
comunicación que hoy no están cubiertos satisfactoriamente. Se trata,
en definitiva, de modificar los conceptos tradicionales, aún vigentes
en nuestros hospitales públicos, y orientarles de manera decidida
hacia el enfermo, que debe ser, sin lugar a dudas, el eje de toda
organización que ofrece asistencia sanitaria. Creemos que para lograr
esos cambios es necesario implicar a los profesionales en la gestión
clínica, que se deben fijar objetivos anualmente y que del grado de
su cumplimiento se deriven incentivos para todos los miembros de los
equipos que los hubieren alcanzado.
Termino, presidente. El modelo que proponemos es descentralizador en
la gestión sanitaria y pretende dotar de mayor autonomía de gestión a
los hospitales, reservando, eso sí, a la autoridad sanitaria la
responsabilidad que ésta no puede y no debe delegar: el papel de
planificación y coordinación, imprescindible para garantizar niveles
adecuados de salud y equidad para toda la población. Se trata,
señorías, en definitiva -y con ello termino-, de ofrecer a la
sociedad lo que ésta nos demanda, y que no es otra cosa que hacer
bien las cosas que hay que hacer.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mingo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, para
la presentación de su enmienda, el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente. Con su permiso voy
a hacer también una muy breve valoración de la moción consecuencia de
interpelación.
A nosotros nos parece que la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida es una respuesta adecuada al debate
que tuvimos la semana pasada sobre el documento que se tituló
autonomía de gestión en los centros y entidades públicas sanitarias.
Por tanto, nosotros, reconociendo que estos puntos van en contra de
las intenciones que están mostrando la administración sanitaria y el
Gobierno de España sobre la gestión sanitaria, creemos que son una
respuesta adecuada al rechazo que mi grupo tiene sobre esas
intenciones y además la prisa con la que parece que el Gobierno
intenta llevar a la práctica la privatización de determinados
servicios y la externalización de los mismos.
Nuestra enmienda, señor presidente -y con eso entro a comentar la
enmienda que el Grupo Socialista
hace-, es más general y en ella se contempla que, dado que las
reformas llevadas a cabo de los estatutos de autonomía contemplan que
en un horizonte temporal breve se pueda llegar a una competencia por
parte de las comunidades autónomas de la gestión del Insalud, el
Gobierno no debería de introducir cambios en la gestión del Insalud
de manera que se dé como un traje a la medida a las comunidades
autónomas, ya cambiada la gestión, como si fuera un lo tomas o lo
dejas con una determinada pauta de comportamiento. Por tanto -según
la norma y la interpretación constitucional, que es reiterada como
doctrina constitucional-, puesto que las comunidades autónomas tienen
la capacidad, cómo no, para organizar sus propios servicios, pero una
vez transferido el Insalud, deberían ser las comunidades las que
organizasen estos servicios sanitarios una vez transferido el
Insalud.
De ahí que en nuestra enmienda -que es de sustitución- se diga que no
se tome ninguna decisión que pueda comprometer la futura competencia
de las comunidades autónomas en esta materia y en concreto en lo
referente a la selección de personal, a excepción de las bases que
corresponde regular al Gobierno central -y está en trámite un
proyecto de ley-, y de la externalización de parte o todos los
cometidos de los servicios clínicos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda brevedad, señor presidente, para
fijar la posición de nuestro grupo.
Nosotros, desde el análisis del texto de la moción, vemos que las dos
políticas no se refieren al sistema sanitario total, es decir, al
Sistema Nacional de Salud, sólo se refieren a los hospitales del
Insalud, no afectando, por tanto, a los hospitales de las siete
comunidades con las transferencias sanitarias realizadas, entre ellas
la canaria.
Estamos en realidad en el fondo en una cuestión altamente reiterada:
el sistema público centralizado defendido siempre con inteligencia y
ardor por mi estimada diputada doña Ángeles Maestro, versus sistema
de gestión como de economía de empresa. Es evidente que este es el
modelo sanitario del Gobierno actual y al que se adhiere más
Coalición Canaria, que no coincide con el que defiende Izquierda
Unida. La gestión privada, con todas sus consecuencias, como la
externalización de servicios, convenios, conciertos, autonomía
hospitalaria, régimen de fundaciones, es lo moderno y lo que se
pretende implantar. Lo importante, señorías, es que, sea cual sea el
sistema de gestión que se utilice, las prestaciones lleguen a los
ciudadanos con celeridad, con eficacia, con eficiencia y sobre todo
con gratuidad
y universalidad. Si a ello se le añade un sistema de
utilización óptima de recursos, establecimiento de un régimen de
incentivos para los profesionales, señalamiento de un sistema
descentralizado por objetivos, estaremos en la vía moderna,
alejándonos, por supuesto, del periclitado sistema público total.
Por ello, Coalición Canaria no votará a favor de la moción
presentada, salvo que se acepte la enmienda del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en
contra de la moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida.
No obstante, señora Maestro, desde mi grupo no vamos a hacer ninguno
de los comentarios que usted rogaba a los portavoces que evitásemos.
Tenga usted por seguro que yo, en representación de mi grupo, no la
voy a acusar de nada de lo que ha dicho. El tema es más sencillo.
Nosotros incluso podríamos inhibirnos en esta moción basándonos en
que habla del territorio Insalud, pero esto probablemente se
prestaría a que alguien dijese que lo que no nos afecta de manera muy
directa no nos preocupa. En este caso sería totalmente inexacto y
falso. Por tanto, expondré nuestra posición con claridad.
Señora Maestro, discrepamos totalmente del fondo y de la forma de
esta moción y lo hacemos por principios, porque nosotros hemos
defendido siempre -S.S. lo sabe- en el seno de la subcomisión
parlamentaria que se creó para el estudio y la modernización del
Sistema Nacional de Salud, y en tantas ocasiones en esta Cámara, sea
en Pleno o en Comisión, la necesidad de que los sistemas de
organización del sistema -perdón por la redundancia- deben ser
distintos y deben adaptarse a los nuevos tiempos. Esto lo valoramos
no sólo como algo conveniente sino como algo necesario; además -y
entiendo la disparidad total de criterios- lo consideramos totalmente
necesario precisamente para que no cambie lo que desde nuestro punto
de vista tiene que ser lo inamovible, lo sustancial del sistema, que
es que sea un sistema universal, equitativo, y que sirva para
redistribuir entre todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del
Estado español unas garantías de un sistema sanitario que sea
eficiente y eficaz.
Por estas razones vamos a votar en contra esta moción, porque
partimos de planteamientos distintos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
Señora Maestro, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o
no de las enmiendas planteadas a sumoción.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo no va a aceptar la enmienda planteada por el Grupo
Parlamentario Popular porque entiende que es simplemente una argucia
para eludir la votación directa de aquello que dicen que no es
objetivo de su política y que se le atribuye inadecuadamente. Las
palabras que aquí se escriben no tienen nada que ver con la realidad
de los objetivos, las prácticas concretas que están planteándose en
lo que eufemísticamente se llama modernización y nuevas formas de
gestión.
Con respecto a la enmienda del Partido Socialista, he hablado con el
portavoz en esta moción, señor Blanco, y he entendido que aceptaría
lo que ambos hemos entendido que es el objetivo político de su
moción: el compromiso de evitar la invasión de competencias de las
comunidades autónomas que todavía hoy no tienen transferidas las
competencias sanitarias pero que las podrían tener en un futuro con
tomas de decisiones prematuras en materias que podrían ser de su
competencia.
Presento una enmienda transaccional que se encabezaría con las
primeras líneas de la moción del Partido Popular y que, a la hora de
concretar, en lugar de contener sólo los puntos a los que se refiere
la enmienda del Grupo Socialista, sería complementada con los
apartados a), b), y c) de la enmienda original del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que puedo pasar a la Mesa para
facilitar su trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco,
¿acepta S.S. la retirada de su
enmienda para formar parte de la enmienda transaccional que propone
la señora Maestro?
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, aceptamos la transaccional
con la corrección de un error que ha cometido la señora Maestro al
manifestar que es el primer párrafo de la enmienda del Grupo Popular,
porque es del Grupo Socialista.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vamos a
proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para debatir la
política de potenciación de la autonomía de gestión con respecto al
sistema sanitario y la política de salud a realizar por las entidades
públicas, en los términos resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
244; a favor, 113; en contra, 131.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y diez minutos de la noche.