Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 218, de 09/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 218
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 210
celebrada el martes, 9 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales
en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 247-1, de 23 de
noviembre de 1998 (número de expediente 125/000015) . . . (Página 11655)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo
11 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, para que se aplique a los trabajadores
de las empresas de trabajo temporal la misma remuneración del puesto
de trabajo de la empresa usuaria. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 255-1, de 7 de diciembre de 1998 (número de expediente
122/000226) . . . (Página 11663)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
modificaciones en la regulación de las empresas de trabajo temporal.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 378, de 15 de
febrero de 1999 (número de expediente 162/000335) . . . (Página 11663)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), relativa a la
solicitud de consulta pública del sumario del consejo de guerra
contra Lluís Companys. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 85, de 16 de diciembre de 1996 (número de expediente 162/000076)
. . . (Página 11671)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre los propósitos del
Gobierno en política penitenciaria. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 390, de 8 de marzo de 1999 (número de
expediente 173/000123) . . . (Página 11678)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en
relación con la liberación de organismos manipulados genéticamente.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 390, de 8 de marzo
de 1999 (número de expediente 173/000125) . . . (Página 11685)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de criterios para la obtención de subvenciones públicas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 390, de 8 de marzo
de 1999 (número de expediente 173/000126) . . . (Página 11694)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas . . . (Página 11655)
Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en
la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro . . .
(Página 11655)
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña sobre el uso de las lenguas oficiales en la
emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro,
intervienen los señores Rull i Andreu, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió; Dalmau i Ribalta, del Grupo Socialista del
Parlament de Catalunya, y Ferrer i Gironès, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana de Catalunya, todos ellos representantes del
Parlament de Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, el señor Chiquillo Barber, la señora Rivadulla Gracia, y el
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV); la señora Gil I Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Aroz
Ibáñez, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Trías Sagnier,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en
la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro, se
aprueba por 286 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 11663)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo 11
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal, para que se aplique a los trabajadores de las
empresas de trabajo temporal la misma remuneración del puesto de
trabajo de la empresa usuaria . . . (Página 11663)
Proposiciones no de ley . . . (Página 11663)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
modificaciones en la regulación de las empresas de trabajo temporal .
. . (Página 11663)
El señor presidente comunica a la Cámara que la Junta de Portavoces
ha acordado por unanimidad acumular, excepcionalmente y sin que
constituya precedente, dos iniciativas de naturaleza distinta que
versan sobre la misma materia.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista del Congreso, que propone modificar el artículo 11
de la Ley 14/1994, interviene la señora López i Chamosa. En primer
lugar muestra su satisfacción por el grado de coincidencia alcanzado
por todos los grupos en relación con esta proposición, y explica que
esta iniciativa comenzó en el Congreso de la UGT de Cataluña,
celebrado en Gerona en marzo de 1998, y culminó con la aprobación por
todos los grupos de una proposición en el Parlament de Cataluñya.
Añade que con esta propuesta se inicia un camino para abordar nuevas
iniciativas que conduzcan a modificar el artículo 11 en más
profundidad, estudiando los motivos por los cuales se produce tanta
rotación en el mercado de trabajo. Explica en qué consiste el
problema de la temporalidad y el mal uso que se está haciendo por
parte de las empresas de los contratos temporales, dando lugar a
situaciones más propias del siglo XIX, con grandes desajustes
salariales que van en contra del espíritu de la Constitución cuando
dice que a igual trabajo igual salario. Anuncia que su grupo
presentará nuevas iniciativas que aborden las condiciones de empleo,
de salud, la formación profesional o la representación sindical.
Reconoce que la Ley 14/1994, hecha por los socialistas, no ha
cumplido los objetivos que se pretendían, y recuerda que cuando se
aprobó con el voto favorable de todos los grupos, menos el de
Izquierda Unida, ella hizo huelga por estar en contra. Por último
solicita el voto favorable para la toma en consideración de su
proposición y proclama su lealtad, más que demostrada, a los
trabajadores, a la UGT de Catalunya, al Parlament de Catalunya y al
pueblo de Catalunya, dejando para otro turno de palabra posterior la
fijación de la posición de su grupo en relación con la proposición no
de ley que sobre el mismo tema presenta el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En segundo lugar interviene el señor Caneda Morales, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para defender la
proposición no de ley relativa a modificaciones en la regulación de
las empresas de trabajo temporal. Comienza su intervención
manifestando su posición favorable a la proposición de ley del Grupo
Socialista, porque es de
sentido común que los trabajadores tengan a igual trabajo igual
salario, y se congratula de que el Grupo Socialista sea capaz de
admitir sus errores del pasado. De todas formas, considera que la
existencia de las empresas de trabajo temporal no son un problema en
sí, sino que lo es su adecuada o no regulación y control, y pone el
ejemplo de empresas de trabajo temporal en Europa, donde funcionan
perfectamente. A continuación pasa a defender su proposición no de
ley, poniendo de relieve la vertiente positiva de las empresas de
trabajo temporal que hay que desarrollar, a la vez que las
actuaciones en contra del espíritu de la ley llevadas a cabo por las
empresas. Considera que este sector es un buen instrumento para
agilizar el mercado laboral, para adecuar oferta y demanda de empleo,
pero siempre dentro del objeto que marca la ley, que es cubrir
necesidades coyunturales de mano de obra, salvaguardando en todos los
casos los derechos del trabajador.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y para fijar su
posición en relación con la proposición de ley del Grupo Socialista
del Congreso, intervienen los señores Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Vázquez Vázquez (don Guillerme),
del Grupo Parlamentario Mixto; Caballero Basañez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Vaquero del Pozo, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo 11
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal, para que se aplique a los trabajadores de las
empresas de trabajo temporal la misma remuneración del puesto de
trabajo de la empresa usuaria, se aprueba por 296 votos a favor y
tres abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a modificaciones en la regulación de
las empresas de trabajo temporal, se aprueba por 282 votos a favor,
uno en contra y 11 abstenciones.
Proposiciones no de ley (continuación) . . 11671
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), relativa a la
solicitud de consulta pública del sumario del consejo de guerra
contra Lluís Companys . . . (Página 11671)
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
su proposición no de ley. Se refiere en primer lugar a Carles Rahola,
intelectual pacifista y catalanista, que fue ejecutado el 15 de marzo
de 1939, a pesar de una gran campaña de intelectuales de toda Europa
para salvarle la vida, pasando a continuación a referirse al consejo
de guerra contra Lluís Companys i Jové, presidente de la Generalitat,
ejecutado en 1940. Considera que el caso es simbólico y emblemático,
así como el silencio que durante casi 60 años ha planeado sobre las
circunstancias de su ejecución y sobre el proceso militar que le
llevó a la muerte. Tras exponer los precedentes, pasa a explicar las
iniciativas llevadas a cabo para conseguir que el sumario del consejo
de guerra se haga público, afirmando que el hecho de que hasta ahora
este sumario y tantos otros no hayan sido declarados de público
acceso y que su documentación aún esté en manos de estamentos
militares supone un ultraje a la memoria histórica del pueblo
catalán. Manifiesta, por último, que la memoria del president
Companys y de tantos otros ciudadanos anónimos merece que, de una vez
por todas, se haga este gesto y este acto de justicia para asumir y
afrontar la responsabilidad de la historia reciente y futura.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y el señor Solé Tura, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Frutos Gras,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Padilla
Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones y para fijar su posición en relación con las enmiendas
presentadas, interviene la señora Rahola i Martínez. Asimismo, por
alusiones, interviene en un brevísimo turno el señor Padilla
Carballada.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto (señora Rahola), relativa a la solicitud de consulta pública
del sumario del consejo de guerra contra Lluís Companys, en los
términos resultantes de las transacciones producidas en el transcurso
del debate, se aprueba por 162 votos a favor, 10 en contra y 123
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 11678)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre los propósitos del Gobierno
en política penitenciaria . . . (Página 11678)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Socialista del Congreso, el señor Pérez Lozano. La moción,
que consta de 17 apartados, pretende articular un catálogo de
requerimientos al Gobierno para que, en plazo razonable de tiempo,
adopte medidas y actuaciones concretas, favoreciendo el control
parlamentario de las resoluciones que se aprueben. Explica el
contenido de las propuestas de resolución y los objetivos que se
pretenden, planteando una serie de interrogantes al Gobierno.
Finalmente se refiere a las enmiendas que van a ser presentadas por
otros grupos parlamentarios a su iniciativa.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto; y los señores Meyer Pleite, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Gil Lázaro, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A efectos de puntualizar algunos aspectos de la aceptación de las
enmiendas interviene el señor Pérez Solano.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Socialista del Congreso, sobre los propósitos del Gobierno
en política penitenciaria, en los términos resultantes de la
aceptación de enmiendas que han quedado puestas de manifiesto en el
transcurso del debate, se aprueba por 284 votos a favor, uno en
contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
relación con la liberación de organismos manipulados genéticamente .
. . (Página 11685)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Saura Laporta. Manifiesta que la señora
ministra de Medio Ambiente no contestó a ninguna de las preguntas que
se le formularon en la interpelación urgente, sin poder ocultar que
su Ministerio mantiene una actitud favorable a los productos
transgénicos. Expone que los objetivos de la moción son,
fundamentalmente, pedir una moratoria en la
comercialización y liberación de organismos manipulados genéticamente
en el Estado español y la prohibición inmediata de la utilización de
genes de resistencia a antibióticos en las plantas transgénicas. Se
refiere a las razones que ya fueron expuestas en su interpelación y
explica que se está ante un debate y un problema de carácter
internacional, donde organismos científicos, países de la Unión
Europea, grupos ecologistas y sociales piden la moratoria de todos
los productos transgénicos y la prohibición de otros. Muestra su
deseo de que en este tema el Gobierno español no fuera por detrás de
los acontecimientos y pasara de ser el primer importador de maíz
transgénico al último.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Rodríguez Sánchez, también del Grupo Parlamentario Mixto; y las
señoras Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso; Heras Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, y Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Amorós
i Sans, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene de nuevo el señor Saura Laporta.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política del Gobierno en relación con la liberación de organismos
manipulados genéticamente, en los términos resultantes del debate, se
rechaza por 133 votos a favor y 159 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de criterios para la obtención de subvenciones públicas
. . . (Página 11694)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Santiso
del Valle. Considera que la moción que presenta hoy su grupo es
oportuna ante los diferentes criterios que se vienen adoptando
-algunas veces desconocidos para la opinión pública y para los
propios solicitantes- en la obtención de ayudas del Ministerio de
Industria. Expone algunos casos que considera más significativos
y explica que su grupo no está en contra de la concesión de ayudas a
ese tipo de empresas, sino que postula una publicidad exhaustiva que
garantice que cualquier empresa o municipio que considere
que tiene derecho a acceder a las ayudas tenga asegurados, al menos,
los principios de transparencia y concurrencia, sin interpretaciones
posteriores.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen los
señores Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, y Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de presentar una enmienda transaccional interviene el
señor Santiso del Valle.
A los efectos de aceptar la enmienda transaccional presentada
interviene el señor Peón Torre.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de criterios para la obtención de subvenciones públicas,
en los términos resultantes de la enmienda transaccional, se aprueba
por 169 votos a favor, uno en contra y 109 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
EN LA EMISIÓN DE BILLETES Y EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DEL EURO
(Número de expediente 125/000015).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de la proposición de
ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales
en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro.
Tenemos entre nosotros a tres diputados del Parlamento catalán que se
van a encargar de defender la iniciativa de dicho Parlamento. El
primero en intervenir será don Josep Rull i Andreu, del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.
Señor Rull.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Rull i Andreu): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, comparecemos tres diputados del
Parlament de Catalunya para sustanciar este trámite de toma en
consideración de la proposición de ley sobre el uso de las lenguas
oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del
euro. De hecho, el trámite que van a sustanciar hoy SS.SS. es la
continuación de una moción que ya votaron ustedes el día 10 de
diciembre del año 1997. Lo que se pretendía en aquel momento era
articular las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de los
objetivos y avanzar en la realidad plurilingüe del Estado español. El
debate de hoy se centra básicamente en la simbología, en definitiva,
es un debate sobre la propia concepción del Estado.
Para realizar esta intervención he buscado un artículo en la revista
Els Temps que decía lo siguiente acerca de la simbología: A partir de
los símbolos los Estados intentan transmitir qué tipo de país son,
creen ser o quieren hacer creer que son. Los símbolos participan en
la creación de la imagen exterior de los Estados pero, al mismo
tiempo, expresan qué imagen tienen los Estados de sí mismos. En el
Estado español, a juicio de lo que ha pasado hasta ahora, esto que se
describe que debería ser lo ideal no ha funcionado, como mínimo, en
el ámbito de las monedas y de los billetes, que es la simbología que
los ciudadanos del resto de Europa pueden comprobar del Estado
español; no ha funcionado excesivamente bien. Si no, comprueben desde
la creación de la peseta en el año 1868 cuándo ha tenido la
posibilidad de estar inscrita en catalán, en vasco y en gallego, que
también son lenguas del Estado español. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Hasta ahora ha habido una visión y una concreción excesivamente
monolítica de lo que es el Estado español. Decía el historiador
catalán Antoni Rovira i Virgili: Espanya és el pseudònim de Castilla
(España es el pseudónimo de Castilla). Todo lo castellano,
especialmente en el ámbito lingüístico, se convierte en atributo
básico del Estado español. Nos gustaría -y es el objetivo de la
proposición de ley del Parlament de Catalunya que sometemos a su
consideración- que aquella imagen que Rovira i Virgili describió
durante la primera mitad de este siglo se pudiese romper, para que a
través de los símbolos del Estado español, y concretamente en las
monedas, las actuales pesetas que aún se van a emitir -se van a hacer
todavía diversas emisiones-, pero también en el euro, los ciudadanos
del resto de Europa sepan y vean que el español es un Estado
realmente plurinacional, plurilingüe y pluricultural.
Creemos que esto va concorde con el espíritu constitucional. Ahora
hay un debate bastante interesante en Catalunya acerca de las
lecturas que se pueden hacer del texto constitucional. Esta propuesta
que hoy traemos al Congreso de los Diputados es extraordinariamente
acorde y sensible con lo que establece la propia
Constitución cuando distingue claramente entre las nacionalidades y
las regiones.
En principio, el texto de la proposición de ley que planteamos no
sólo afecta al euro sino también a la peseta; si quieren, de una
forma testimonial, pero sería una buena oportunidad para que antes de
la defunción definitiva de esta moneda, cuyo nombre tiene origen
catalán, se escribiera en las cuatro lenguas del Estado.
Señorías, no quiero alargarme más, simplemente quisiera hacer una
última reflexión. A veces, se acusa al nacionalismo catalán, al vasco
y al gallego, y por extensión a Cataluña, a Euskadi o a Galicia, de
que nuestro objetivo es simplemente buscar diferencias, pero creo que
esto es un grave error. En el fondo, lo que pretendemos es
igualarnos, es decir, que se reconozca a estas naciones los mismos
derechos que amparan al resto de naciones de nuestro entorno. Ojalá
esta iniciativa que presentamos hoy sea un pequeño pero robusto paso
para conseguir esto: que algún día el Estado español sea un Estado
auténticamente plurinacional. Me parece que hoy en este campo, no
testimonial, no marginal, de la simbología podemos dar un paso muy
significativo. En este sentido, en nombre del Parlament de Catalunya
pero también del Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió en el
Parlament de Catalunya, les pido que den su voto favorable a la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Muchísimas gracias, señoras y señores diputados. Muchísimas gracias,
señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rull.
En nombre del Grupo Socialista del Parlament de Catalunya, tiene la
palabra don Antoni Dalmau.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Dalmau i Ribalta):
Señor presidente, señorías, es muy poco probable que, en el caso de
que prospere, la proposición de ley que nos ocupa vaya a modificar de
un modo significativo la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas
españoles. Acostumbrados a poner el énfasis de los discursos
políticos en la trascendencia histórica de cualquier iniciativa, una
proposición que reduce su ámbito de influencia simplemente a los
billetes y a las monedas puede aparecer con falta de entidad
suficiente como para distraer la atención de SS.SS. Sin embargo, el
texto que presentamos ante esta Cámara se sitúa en el terreno de lo
simbólico. Es sabido que cuando se trata de afectar a una esfera tan
sensible como ésta se propende con facilidad a la exageración, a un
cierto grado de emotividad, incluso a un cierto toque de dramatismo.
Nada más lejos de la modestia de la proposición, que en su
simplicidad pretende, no obstante, recorrer un nuevo trecho en el
largo camino del pleno reconocimiento de la pluralidad lingüística de
España. Se trata esta vez no tanto de establecer deberes o derechos
que surtirán sus efectos en algún territorio del Estado que disponga
de una lengua propia, como de apuntalar esta realidad plurilingüe en
un instrumento
al que tradicionalmente se ha otorgado un autovalor justamente
simbólico, nuestra moneda; una moneda, por cierto, que, en la medida
en que va a ser patrimonio común de todos los países de la Unión
Europea, dejará de aparecer como un elemento distintivo del nuestro,
sin embargo, aun compartiendo con los demás unos rasgos comunes,
seguirá llevando en su anverso la palabra España. Así pues, lo que
pretende el Parlamento de Cataluña es que se aproveche esta ocasión
histórica para rendir público testimonio de que aquella leyenda de
nuestro Estado común que debe figurar en los futuras monedas y
billetes del euro es denominada en realidad de modos distintos entre
los propios ciudadanos españoles.
Este diputado que les habla sabe perfectamente que la presente
iniciativa llega al Congreso de los Diputados precisamente cuando
alcanzan a los oídos de SS.SS. multitud de propuestas políticas que
en su enorme variedad, e incluso en sus propias contradicciones,
tienen en común la voluntad de proceder a revisiones, reformas o
relecturas más o menos radicales de nuestro bloque constitucional.
Desde luego, nada que objetar al legítimo derecho de los grupos
políticos de lanzar tales propuestas, más aún si nos hallamos -como,
por ejemplo, es el caso de Cataluña y otras comunidades autónomas- en
vísperas electorales. Sin embargo, deberíamos distinguir con nitidez
aquellas iniciativas políticas que responden a legítimos criterios
partidistas de aquellas propuestas que, como la presente, vienen
avaladas por una abrumadora mayoría de votos alcanzada en el
Parlamento de Cataluña, sin un solo voto en contra. Así pues, esta
proposición de ley expresa un anhelo compartido por un gran número de
ciudadanos de Cataluña que aspiran no tan sólo a ver cómo su propia
lengua es objeto del respeto y la protección que merece en su propio
territorio, sino a comprobar cómo esta conciencia de pluralidad
interna se expresa cada vez más en el terreno simbólico y
representativo del conjunto del Estado.
Por otro lado, lo que se pretende alcanzar mediante la presente
proposición de ley no es más que lo que este mismo Congreso de los
Diputados ya aprobó a finales de 1997, a través de una moción
presentada por los ilustres diputados señores Saura y Alcaraz, en la
que se instaba al Gobierno a desarrollar el reconocimiento de la
realidad plurilingüe del Estado mediante un conjunto de disposiciones
y medidas que incluían las nuevas emisiones de papel moneda. Existen,
además, otras iniciativas en curso en esta misma Cámara presentadas
por diversos grupos en el mismo sentido.
En definitiva, y volviendo a mis palabras iniciales, puede que la
presente proposición de ley no cambie de forma sustancial la vida de
nuestros conciudadanos, cierto, pero no les quepa ninguna duda,
señorías, de que con su admisión a trámite y su eventual aprobación
se habrá dado un paso más, realmente significativo en el terreno
simbólico, en el reconocimiento efectivo de una España plural y
diversa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Dalmau.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya, tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los dos diputados que han intervenido anteriormente en esta
proposición de ley han acentuado el tema de la simbología que
representa la moneda en un Estado. Nosotros esto lo sabemos muy bien.
La conquista de Catalunya por la violencia, por las armas, de Felipe
V y la subsiguiente ocupación militar por el ejército español de
Catalunya supuso la eliminación de instituciones políticas y
legislativas que impidió el desarrollo de su derecho, de su soberanía
y de sus símbolos. El Estado moderno, para subsistir, necesita
inventar la tradición. Para ello, el Estado español creó el
patriotismo de Estado con los sentimientos y los símbolos de una
comunidad inventada. La monarquía hispánica, en su afán de crear esta
nación artificial, entendió que se debía inculcar una historia con
sus mitos y un imaginario colectivo, pero también debía imponer una
lengua, una bandera, una ley y una moneda. Catalunya perdió
oficialmente su legislación en 1715, le impusieron una moneda en
1743, le prohibieron el catalán en 1768 y le sustituyeron su bandera
en 1785. El fiscal del Consejo de Castilla, el conde de Campomanes,
en 1768, en el dictamen en el que prohibía el catalán, dijo muy claro
por qué imponía una lengua y una moneda. Decía: Aunque parezca que no
tienen concordancia, entre sí tienen precisa trabazón, porque la
primera -la lengua- es el signo común con que se explican los actos
nacionales y la segunda -la moneda- es el signo universal del valor
de las cosas en el Reino. Efectivamente, la propagación de la imagen,
la herencia de la nación, el fomento de su apego a ella y la
obtención de una conciencia nacional debían realizarse a través de
los símbolos para conseguir dar énfasis al sentimiento de una
comunidad con integridad ideológica.
El esfuerzo realizado hasta la fecha con este lema, que ya no es un
lema del siglo XVIII -el conde-duque de Olivares tenía aquel retórico
eslogan de un rey, una ley y una moneda-, ha sido sustantivo durante
este tiempo, pero estas ideas han tropezado con dos situaciones
nuevas que nos inducen a la libertad: una, la Constitución de 1978,
la otra, la Unión Europea.
La Constitución de 1978, dada la incapacidad manifiesta de lograr la
asimilación cultural y lingüística, reconoce por segunda vez, después
de la Constitución republicana de 1931, que las lenguas no
castellanas también deben merecer respeto y protección del Estado. Se
ha superado finalmente aquella idea mezquina de Ortega y Gasset, que
dijo en el debate del Estatuto de Autonomía en este mismo hemiciclo:
«Si los catalanes quieren universidad que se la paguen ellos».
Efectivamente, Ortega lo tenía muy claro, porque entendía la
nación con hostilidad. Ortega decía con una claridad pasmosa: «Lo que
no sería posible es que para crear esa cultura catalana se usasen los
medios que el Estado español ha puesto al servicio de la cultura
española». Él entendía que la cultura catalana era diametralmente
opuesta a la cultura española. Este concepto no era de un Estado
moderno, estaba viviendo aún en la idea de Castilla hizo a España, de
Menéndez Pidal, que Ortega siguió junto con Sánchez Albornoz, con
Américo Castro y que aún sigue Julián Marías. En ningún Estado
moderno los que mayormente contribuyen a dar estabilidad, solidez y
futuro a la moneda estatal son gente que se aparta del poder
político, y todavía menos su cultura es perseguida y apartada de los
símbolos. Por ello, hoy hemos de entender que la libertad democrática
ha de llevar aparejada la protección y el respeto a la lengua
catalana como expresión de una realidad nacional que contribuye con
sus aportaciones al financiamiento de las estructuras jurídico-
políticas del Estado. Es verdad que en este momento el reconocimiento
del plurilingüismo lo vemos en diversas lenguas orgánicas: la del
Poder judicial, la del procesal militar incluso, la del procedimiento
administrativo, en el Registro Civil, en la homologación de los
títulos universitarios, etcétera. O sea, que el Estado, desde la
Constitución, ha ido adaptando el reconocimiento de las lenguas no
castellanas en su vida pública y en su vida administrativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ferrer,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès): Hoy,
gracias a la campaña que han hecho unos ciudadanos desde Catalunya
por un euro plural, una campaña que también ha sido sustentada por
muchos ciudadanos y ayuntamientos, tenemos la esperanza de que esta
Cámara aceptará esta proposición de ley y, así, daremos unos pasos
lentos, simbólicos pero importantes en el sentido de que el respeto y
la protección que el artículo 3 de la Constitución proclama es un
principio elemental y básico para todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ferrer. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto -saben SS.SS. que cuatro de
ustedes solicitan el turno de intervención-, tiene la palabra la
señora Rahola. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero dar nuestro apoyo indiscutible a la
proposición y al planteamiento del Parlament de Catalunya por tres
motivos esenciales: primero,
porque es un acto de soberanía del pueblo catalán, representado
hoy aquí por el Parlamento de Cataluña; segundo, porque es de
justicia histórica que, lentamente, este Estado vaya entendiendo que
ser un Estado democrático significa respetar los derechos
lingüísticos, culturales, de los diferentes pueblos que hoy lo
conforman, y, tercero, incluso por un concepto de modernidad. El
catalán tiene el mismo derecho que el resto de idiomas del Estado a
formar parte de todo lo que tiene que ver con el Estado, de su
planteamiento económico, social, cultural, etcétera.
Hoy se da un paso pequeño, pero un paso adelante que consideramos que
es importante, emblemático y, sobre todo, justo y sólo lamentamos que
llegue tarde y que cueste tanto que este Estado se dé cuenta de que
todos los pueblos tenemos derecho a la igualdad democrática, a ser
tratados igualmente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente en nombre de Unió Valenciana para, lamentándolo
mucho, manifestar nuestro voto en contra. Por eso, paso a explicar
nuestro posicionamiento.
Estamos plenamente convencidos y comprometidos con el uso de las
lenguas oficiales en la Administración pública del Estado a todos los
niveles, incluida la emisión de billetes, pero pensamos que el
espíritu que se recoge en la exposición de motivos está roto en el
propio articulado de la proposición que hoy debatimos. La exposición
de motivos de esta proposición de ley establece, y no sólo porque la
Constitución así lo señala, sino porque hay que ser respetuosos con
los diversos estatutos de autonomía, que los estatutos de autonomía
reconocen unas lenguas cooficiales en el Estado español: el catalán,
el vasco, el gallego, pero también -se lo recuerdo a esta Cámara- el
idioma valenciano. El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana establece claramente que es idioma cooficial con
el castellano el idioma valenciano. Ese artículo 7 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, que forma parte del bloque de constitucionalidad, es vulnerado
clara y rotundamente en los artículos 4 y 1 de esta proposición de
ley que hoy debatimos, porque se omite un idioma cooficial en el
Estado español en rango de igualdad con los idiomas catalán, vasco,
gallego y español, como es, ha sido y será el idioma valenciano.
Por eso manifestamos nuestro voto en contra y solicito de la Mesa y
del presidente que, en aplicación del artículo 72.2, antes de someter
a votación esta toma en consideración, se lea el artículo 7 del
Estatuto de Autonomía, como documento fehaciente que ilustra que se
está vulnerando una ley orgánica que forma parte del
bloque de constitucionalidad en el Estado español, junto a la
Constitución.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo. Se estudiará su
petición, que, en su caso, tendrá en efecto respuesta a la hora de la
votación. ¿La señora Lasagabaster ha pedido también intervenir?
(Pausa.) No.
Sí la señora Rivadulla. Adelante.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, forzosamente, para fijar la posición
de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda en relación
con la proposición de ley del Parlament de Catalunya.
Como no podía ser de otra manera, señor presidente, nuestra posición
va a ser un voto favorable, en primer lugar porque, como ya se ha
dicho aquí, la proposición que hoy viene avalada por el Parlament de
Catalunya tiene su antecedente en una votación en esta Cámara
presentada por Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda
en la que se trataba el problema del plurilingüismo en el Estado
español de una forma más amplia, pero que efectivamente recogía el
necesario avance en el reconocimiento del plurilingüismo en el Estado
español en la emisión de monedas.
Señorías, señor presidente, me satisface muchísimo que esta
proposición venga hoy con el apoyo unánime del Parlament de
Catalunya, y quisiera decirles que esta medida supone un avance, sí,
pero sobre todo supone el reconocimiento de que avanzamos en la
cohesión entre los distintos pueblos de España y de que el
reconocimiento explícito de eso que es más íntimo de los pueblos, que
son su expresión y su lengua, forzosamente debe ayudar a la mayor
cohesión de nuestro Estado y además será sin duda -ya lo es- una
manifestación del afecto necesario entre los pueblos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Finalmente, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista
Galego para mostrar nuestro apoyo al reconocimiento simbólico del
carácter plurilingüe del Estado español. Nos agrada sobremanera que
se haga este reconocimiento en relación con la moneda, con el dinero,
que, como ustedes saben, fue la base de la economía monetaria inicial
del actual sistema en el que aún vivimos. Y el hecho de que se vaya a
hacer sobre una moneda trasnacionalizada es al menos un síntoma de
que intentaremos combatir por que se respete la diversidad cultural y
lingüística en el proceso de trasnacionalización de la Unión Europea.
Sea, por tanto, una premonición de que las condiciones materiales de
nuestras respectivas lenguas, el catalán, el vasco y el gallego,
acabarán siendo suficientes como para hacer las lenguas útiles
económicamente, válidas en sus contextos sociales como lenguas de uso
normal, funcionalmente dispuestas, impulsadas y aceptadas desde el
poder político. Con esta perspectiva, con este criterio, Eusko
Alkartasuna y el Bloque Nacionalista Galego votaremos a favor de la
proposición de ley del Parlamento de Cataluña que a todos nos afecta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
La Presidencia debe agradecer a todos los miembros del Grupo
Parlamentario Mixto cómo han atemperado sus intervenciones al tiempo
que tenían disponible. Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Vasco ha manifestado también su deseo de
intervenir a través del señor González de Txabarri Miranda.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco también va a sostener con sus votos la
proposición de ley que presenta el Parlament de Catalunya y que viene
a sumarse a distintas iniciativas que están vivas en la Cámara en
relación con estas cuestiones de política lingüística. Hoy quizá
volvamos a asistir al espectáculo de que esta Cámara tome en
consideración la proposición de ley y algunas conciencias
lingüísticas respiren también hoy tranquilas y, una vez más, se sume
a la lista de iniciativas lingüísticas pendientes de trámite en esta
Cámara.
Así lo sostuvo este grupo parlamentario el 16 de diciembre de 1997,
cuando en la moción que ha sido mencionada por alguno de los
portavoces del Parlament de Catalunya iniciativas que engloban estas
y otras más extensas fueron tomadas en consideración en esta Cámara
por el trámite de una moción consecuencia de interpelación, y tras
catorce largos meses seguimos en la misma situación. Es decir, a los
grupos mayoritarios les cuesta entrar en estos temas de política
lingüística y les cuesta aceptar la realidad plurilingüe del Estado.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco lo único que deseamos es que
aquello que las leyes recogen en sus principios se vea luego
reflejado en la realidad de los hechos, que encuentre plasmación en
este tema de las monedas, esto es, que eso que en política se llama
el pasar de la convergencia nominal a la convergencia real encuentre
también acomodo en todos aquellos temas de política lingüística o
mucho nos tememos que irá a sumarse a ese largo listado de temas
pendientes, donde el reconocimiento de la realidad plurilingüe del
Estado queda siempre en trámite de aceptación y pendiente de algunos
de los trámites que lleven a la culminación de este tema.
Señor presidente, nosotros abogamos porque exista un único euro en
tres formas diferentes. En definitiva, lo único que se nos pide es
que la forma ortográfica de la eñe, que no es más que la
palatalización de la ene, encuentre su forma ortográfica plural en
las distintas lenguas del Estado. Esto es nada más y nada menos lo
que se está planteando a esta Cámara, con todo el valor simbólico y
afectivo que ello tiene en un momento de aceptación de la moneda
única europea.
Por ello, señor presidente, nosotros trabajaremos con todo el empeño
para que esto, que legalmente en los principios está aceptado, en la
realidad sea un hecho y que conozcamos este euro único y con el mismo
valor para todos en sus tres formas lingüísticas distintas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Gil i
Miró, que gusta siempre de hacer uso de la tribuna en sus
intervenciones.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estimats representants del Parlament del
nostre país, Catalunya; siguen benvinguts.
Nuestros diputados parlamentarios han expuesto las razones y
contenido de la propuesta de la sociedad catalana para evidenciar el
carácter plurilingüe del Estado en la emisión de las monedas euro,
propuesta que se identifica con la aprobada por unanimidad el mes de
diciembre de 1997 por esta Cámara. Pero más allá de la letra de la
proposición, ésta debe entenderse como la expresión de la voluntad de
la sociedad catalana, como la denuncia de la ignorancia del Gobierno
respecto a la instancia unánime de esta Cámara y como el recordatorio
vivo de la coexistencia de cuatro lenguas oficiales en este país. La
proposición de ley del Parlamento de Cataluña es un discurso de ética
política sobre lo que es y lo que debería ser; un discurso sobre
cultura e ideología política que demanda algo tan simple y poco
novedoso como entender al otro.
El euro monolingüe español va a ser la expresión económica universal
de la cultura paleonacional del Gobierno del Estado español, de la de
antes y de la de hoy. Por eso podemos preguntarnos si el poder
democrático de hoy de este país es un poder arrogante que no quiere
reconocer otras verdades y otras realidades o si es quizá un poder
ignorante incapaz de reconocer otras culturas tan cercanas. ¿Cómo
este país, España, puede llegar a ser culto si no sabe que es
pluricultural, plurilingüe y plurinacional? ¿Cómo puede este país
llegar a ser universal y singular a la vez en el siglo de la
globalización si su Gobierno no asume como la única riqueza posible e
identificadora su riqueza cultural? España no es rica, no tiene
posibilidades económicas importantes, no es una multinacional
poderosa y no lo será, pero puede llegar a ser el modelo cultural de
la diversidad, un país de insólito cromatismo. ¿Qué país
pequeño puede presumir de poseer cuatro lenguas oficiales vivas, con
espléndidas literaturas y que conforman historias propias? Esta es,
sin duda alguna, señoras y señores diputados, la única riqueza que
puede identificar a España en el nuevo orden mundial. Exploren
ustedes las posibilidades ético, políticas y culturales del Estado
plurilingüe. Hagan el gran salto, la gran transformación, hacia la
nueva modernidad.
Pero este no debe entenderse como un conflicto entre lenguas, sino
tan sólo como un discurso sobre el respeto de un Estado a las lenguas
de otras naciones sin Estado, a la historia y a la expresión cultural
y lingüística irrenunciable de 18 millones de ciudadanas y ciudadanos
españoles.
Por todo ello, la nueva moneda de gran parte de Europa debería hacer
saber con orgullo que las lenguas castellana, catalana o valenciana,
euskara y gallega conviven en uno de sus países y en éste podríamos
creer que el euro es una moneda de todos y todas, al igual que si la
cultura española no fuera sólo castellana podría ser, quizá, también
la nuestra.
Si el Gobierno, si los partidos políticos de ámbito estatal creen en
España como patrimonio cultural, han de asumir necesariamente que la
más importante herencia es la de la propia diversidad nacional,
cultural y lingüística y que esta herencia, esta riqueza patrimonial,
al igual que la de la naturaleza, debe ser no sólo preservada, sino
también enérgicamente cultivada. Rompan, pues, ya las ataduras con el
pasado y recuerden que la existencia de las naciones catalana, vasca
y gallega en el Estado español fueron el principio alternativo de la
reestructuración descentralizadora políticoterritorial de aquél.
Asuman ahora que la coexistencia de cuatro lenguas oficiales en el
Estado es el principio alternativo de su identidad político-cultural
en la nueva modernidad.
La toma en consideración unánime por esta Cámara de la propuesta del
Parlament de Catalunya puede ser una señal esperanzadora de que puede
iniciarse un nuevo futuro político-cultural y quizá hoy también todas
y todos podamos leer con ojos nuevos el primer desastre conocido:
aquel cielo sin astros que se vio sobre las ruinas de Babel y que fue
la primera y magnífica lluvia de estrellas que el cielo dejó caer
sobre los hombres y mujeres para celebrar el nacimiento de pueblos
y lenguas distintas.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil i Miró.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro
Antonio Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que el Grupo Federal de Izquierda Unida va a apoyar la
toma en consideración de esta proposición de ley, que viene avalada
por el acuerdo unánime del Parlamento catalán, aunque a nosotros nos
gustaría que en el trámite de esta iniciativa, una vez residenciada
en el Parlamento, tuviese algunas precisiones y adecuaciones.
Lo cierto y verdad es que se han utilizado para apoyar esta
proposición de ley un sinfín de argumentos: desde argumentos de la
idea de una nación artificial como lo que es España, que entra en
contradicción con el artículo 3 que recoge la proposición de ley. El
artículo 3 dice que la moneda metálica del euro será acuñada en todas
las lenguas oficiales; es decir, España, Espanya y Espainia. En
cualquiera de las acepciones significará lo mismo, será el mismo
concepto de España el que estará traducido a la apuesta con la
diversidad que cada uno pueda interpretarlo.
En el artículo 4 hace una referencia a cómo el castellano antiguo
denominaba al euskera, pero hoy no se denomina así. El 90 por ciento
de la denominación es euskera no éuscaro; está hecho en la
interpretación de castellano antiguo que en su momento había.
En suma, es verdad que además de la armonización de las pautas
legales que deben seguirse para reconocer una realidad plurilingüe y
plurinacional como la que debería de ser nuestro Estado federal, debe
verse reflejada también en la moneda. También habría que decir que en
todas las monedas, y hasta ahora la proposición se va a poner en
marcha para la emisión del euro y de todas las nuevas emisiones,
monedas o emblemas que pueda hacer la Fábrica de la Moneda, pero
hasta ahora hemos tenido la peseta y no se ha publicado con esta
realidad ni el Parlamento catalán ha enviado una proposición igual.
Es decir, que hay una serie de circunstancias que navegan a favor de
esta propuesta y que nosotros vamos a respaldar. Sería bueno que la
medida fuese efectiva cuanto antes, porque se están acuñando ya las
monedas y el artículo 1 que aquí se propone es para todos los modelos
que sean emitidos a la hora de entrar en vigor el euro, que será
durante el período de enero a junio del año 2002, pero es lógico que
la emisión que se está realizando ahora y la distribución juegue a
favor. De ahí que nos parecería bien que el trámite de la proposición
de ley fuese lo más consensuado posible para que realmente fuese
efectivo, porque si no va a ser muy difícil retirar lo que ya esté
emitido, sobre todo en cuanto a la primera vertiente.
Yo espero que toda la realidad plural que podemos tener en cuanto a
la riqueza de lengua no se entienda como contrapuesta; en todo caso
se puede modificar el texto del artículo 4 si alguien no se ve bien
reflejado en las propuestas que se hacen dentro de lo que se
denominan lenguas oficiales que compatibilizan tanto el conjunto de
todo el Estado como una nacionalidad, pero no sería bueno que
entráramos en una confrontación en función de las lenguas porque una
realidad lingüística no esté bien recogida en la propuesta originaria
del Parlamento de Cataluña. Yo espero que pueda ser consensuada en el
trámite y hacerla efectiva tanto en la fecha de entrada en vigor de
la propia ley como en el desarrollo normativo de la misma. En todo
caso
esperamos al trámite de enmiendas para poder precisar todas nuestras
argumentaciones.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra doña Mercedes Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, senyors diputats del Parlament de Catalunya, tengo el honor
de representar al Grupo Parlamentario Socialista en este debate de
toma en consideración de la proposición de ley sobre el uso de las
lenguas oficiales españolas en nuestra moneda, hoy ya, el euro. Debo
manifestar con satisfacción, en nombre de mi grupo, el apoyo claro y
rotundo a esta iniciativa. Es una propuesta, una medida de
reconocimiento efectivo de la pluralidad nacional y lingüística de
España, es una propuesta sustentada en la Constitución española y en
la realidad comparada, y vemos -como se ha expresado anteriormente-
que cuenta con un amplio respaldo, un amplio consenso en esta Cámara.
Es altamente significativa del reconocimiento de la pluralidad de
España porque une dos aspectos esenciales, las lenguas y los
símbolos. Supone hacer efectiva, por primera vez, la cooficialidad de
todas las lenguas españolas, no en el ámbito de las comunidades donde
ya lo son, sino que se extiende esta cooficialidad al conjunto de
España. Por primera vez, la denominación de España en nuestra moneda,
en el euro, será expresada en todas las lenguas oficiales. Éste es un
salto cualitativo, indiscutible, importantísimo, en relación a una
política que ya se ha hecho respecto a las lenguas de reconocimiento,
de protección, aunque queda un camino por hacer, sin duda, que se ha
realizado en dos direcciones, a través del desarrollo legislativo, a
través de medidas de gobierno en todo el período anterior, para
garantizar la igualdad jurídica de las lenguas minoritarias respecto
al castellano, y también para hacer posible el uso de las lenguas
propias en la relación de los ciudadanos con la Administración. Pero
insisto en que es la primera medida de extensión de la cooficialidad
de las lenguas al conjunto de España.
Por tanto, es una medida muy significativa con el objetivo de que
España se exprese de una manera plural e igualitaria en su
pluralidad, el reto más importante que tenemos, sin duda, en estos
momentos para conseguir una integración plena y estable de los hechos
nacionales que tenemos en España, para consolidar nuestra convivencia
en unión y libertad. Y hoy podemos hablar de retos e incluso de
asignaturas pendientes, señorías, no para cuestionar o para valorar
negativamente el camino que hemos recorrido, sino precisamente porque
hemos hecho un camino muy positivo, desde el punto de vista de la
organización territorial del Estado, a lo largo de estos 20 años y,
por tanto, podemos plantearnos nuevas metas y nuevos objetivos,
aceptando serenamente que el debate sobre nuestro modelo territorial
no está cerrado, continúa
abierto, y sacando algunas conclusiones de lo que ha sido el período
transcurrido.
Sabemos que descentralización política -hoy lo sabemos- no es igual a
la articulación de la heterogeneidad, que no es igual a la
articulación de las identidades nacionales que conviven en España, y
este es el reto que tenemos por delante. Por tanto, consideramos
necesario pasar de la constatación de la pluralidad a una política
efectiva de reconocimiento práctico de esa pluralidad en el ámbito de
las lenguas, de los símbolos y de las instituciones, y esta medida,
señorías, se inscribe en una política en esa dirección. También debo
decir que éste es el compromiso de los socialistas, del Grupo
Socialista, expresamente contenido en el manifiesto por una nueva
época que recientemente ha hecho público nuestro grupo a través del
portavoz y candidato a la Presidencia, Josep Borrell.
Sabemos, señorías, que la aceptación de la pluralidad en el conjunto
de España no viene dada y que requiere esfuerzo y pedagogía, que
requiere superar la idea de que la diferencia es una complicación y
cambiar esta mentalidad para entender que la diferencia y la
diversidad son una riqueza. Y en esa dirección podemos mirar a las
comunidades autónomas que somos bilingües, como es el caso de
Cataluña -y cito a Cataluña porque es la comunidad que ha realizado
un mayor desarrollo de la normalización y que puede ser un espejo en
el que mirarse-, porque es una comunidad donde conviven pacífica y
afectuosamente dos idiomas y donde apreciamos nuestra diversidad,
aunque a veces, desde fuera, se ha querido dar una imagen de problema
o una idea de falso conflicto, absolutamente falso.
Por tanto, señorías, es tarea de todos que España haga suyas, porque
lo son, todas las lenguas españolas, las lenguas minoritarias, y haga
suya la pluralidad para hacer de la diversidad un patrimonio
colectivo. Este es el camino marcado por la Constitución española,
que por primera vez en nuestra historia reciente, moderna, legitima
la idea de la España plurinacional y pluricultural como riqueza
compartida, no como amenaza de disgregación, y que señala el camino
cuando mandata, en su disposición final, que se publique la
Constitución española en las demás lenguas de España. Ésta es la
denominación, las demás lenguas de España.
Desde el punto de vista comparado, con esta propuesta nos sumamos a
otros Estados europeos que han reflejado en su moneda su pluralidad
lingüística, como es el caso de Bélgica, con tres idiomas, de
Irlanda, con dos, y también el de Suiza, con cuatro idiomas.
Quiero resaltar, como se ha dicho, señorías, el amplio consenso que
trae esta propuesta; consenso político y parlamentario. En esta
Cámara hay una moción de diciembre de 1997, aprobada con el 99 por
ciento de los votos, hay varias proposiciones no de ley a favor del
euro plurilingüe, y viene también esta propuesta desde el Parlamento
de Cataluña, no como una propuesta de una mayoría parlamentaria o
política, sino como una propuesta de todos los ciudadanos de Cataluña,
en la medida en que viene respaldada por el 90 por ciento de
los votos, por lo que es una propuesta, repito, del conjunto de los
ciudadanos de Cataluña. Por eso debe ser disuasoria para quienes
quieran patrimonializar esta u otras propuestas y para quienes
pretenden que se vean estas propuestas como propuestas
correspondientes a determinados partidos o determinados sentimientos.
No quiero acabar sin hacer mención a la tarea realizada desde la
sociedad civil por un grupo de jóvenes que hoy nos acompaña, miembros
de la Asociación del voluntariado lingüístico, que han hecho una
tarea de impulso, de pedagogía, de búsqueda del consenso político,
a los que quiero saludar en nombre de mi grupo y agradecerles la tarea
que han hecho.
En definitiva, señorías, es una propuesta políticamente relevante,
altamente significativa del reconocimiento de la pluralidad de España
y de nuestra diversidad lingüística, y es una propuesta pionera, el
camino a seguir para que los ciudadanos de todo el Estado se sientan
representados, sientan cómo es el Estado, y para que España pueda ser
expresada afectivamente en todas las lenguas por todos los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aroz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Jorge Trías Sagnier.
El señor TRÍAS SAGNIER: Señor presidente, ante todo quiero dar la
bienvenida y la salutación de mi grupo a los muy honorables miembros
del Parlamento de Cataluña aquí presentes.
Voy a ser brevísimo. Mi grupo se une al voto favorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley. El tema de la lengua es una
cuestión que, entre todos, debemos acostumbrarnos a descrispar en
este país y a aceptar la realidad plurilingüe y pluricultural de
España, dentro de lo que es el Estado, tal como lo define el artículo
1 de la Constitución, como un Estado social y democrático de Derecho.
Este debate no debe convertirse ni en un memorial de agravios ni en
unas reivindicaciones de determinadas malas apuestas históricas
hechas desde nuestra tierra, sino en lo que en realidad es: la
introducción de la pluralidad lingüística dentro de la futura moneda
del euro. Hay algunas dificultades técnicas, pero creo que es una
cuestión que se debatirá en la Comisión correspondiente.
Sí convendría que esta Cámara conociese que la proposición de ley
aprobada por el Parlamento de Cataluña distingue entre lo que es la
moneda actualmente en curso, el papel moneda, que prácticamente no
habrá tiempo de modificarla, y los futuros billetes y monedas euros.
Por lo que respecta a los billetes que entren en circulación el 1 de
enero del año 2002, es decir, de aquí a dos años y medio, la
autorización de la emisión de esos billetes y de sus textos no nos
corresponde a nosotros, sino al Banco Central Europeo; sin embargo,sí
tenemos competencias en lo que respecta a las
monedas metálicas euro, en las monedas futuras, aunque existe también
una recomendación del Comité Económico y Financiero de la Comunidad
Europea a los participantes en el euro en el sentido de que en los
primeros años de circulación de la nueva moneda se mantengan estables
los diseños de las mismas. Pero estos temas, estas cuestiones, como
también ha apuntado el señor Ríos, las debatiremos, las mejoraremos,
las ampliaremos o haremos lo que podamos en la Comisión
correspondiente. Hoy el Grupo Parlamentario Popular lo que quiere es
unirse al reconocimiento simbólico, a través de esta proposición del
Parlamento de Cataluña, de la realidad plurilingüe y pluricultural de
España.
Nada más, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trías Sagnier.
Señora Barrios, secretaria de la Cámara, por favor, ya que no ha
intervenido en el debate, puesto que el señor Ríos lo ha hecho en
nombre de su grupo, le rogaría que diera lectura al artículo 7.1 del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que, al amparo del
artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara, ha solicitado el diputado
señor Chiquillo, del Grupo Mixto. Sólo el apartado 1, ¿verdad, señor
Chiquillo? (Asentimiento.)
La señora SECRETARIA (Barrios Curbelo): Artículo 7.1: Los dos idiomas
oficiales de la comunidad autónoma son el valenciano y el castellano.
Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barrios.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las
lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de
monedas del euro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor 286; en contra, dos; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición
de ley del Parlamento de Cataluña. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
11 DE LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE
SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, PARA QUE SE APLIQUE A
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL LA MISMA
REMUNERACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA EMPRESA USUARIA (Número de
expediente 122/000226).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
MODIFICACIONES EN LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
(Número de expediente 162/000335).
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista y la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular, ambas relativas a las empresas de
trabajo temporal y su regulación. (Rumores.)
Señorías, por favor; señor Cárceles, señor Ollero, señor Núñez, señor
Amarillo, por favor, señora López i Chamosa. Gracias, señor Yañez-
Barnuevo. (Pausa.)
La Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad acumular
excepcionalmente la proposición de ley y la no de ley al tener no ya
naturaleza análoga sino tratar sobre la misma materia, pero como
quiera que se trata de dos iniciativas de naturaleza distinta, quiero
significar que no constituyen precedente y que sólo por razón de la
unanimidad e -insisto- excepcionalmente, se ha aceptado por la
Presidencia su acumulación.
Procederá entonces a la defensa de las dos iniciativas, primero el
Grupo Socialista y luego el Grupo Popular, que deberán hacer fijación
de posición el uno respecto de la otra y viceversa, y a continuación
fijarán posición los grupos que deseen hacerlo.
En primer lugar, tiene la palabra para la presentación de la
proposición de ley del Grupo Socialista, doña Isabel López i Chamoso.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente, pero le he de
corregir después de tantas veces: es Chamosa, no Chamoso.
El señor PRESIDENTE: Chamosa, sí, señora.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: ¡Después de tantas veces, presidente!
El señor PRESIDENTE: Chamosa, que no quede duda.
La señora LÓPEZ Y CHAMOSA: Buenas tardes, señoras y señores
diputados.
Subo a esta tribuna a defender una modificación al artículo 11 de la
Ley 14/1994. Permítanme, antes de entrar en materia, manifestar mi
satisfacción por el grado de coincidencia alcanzado en lo que parece
ser la posición de todos los grupos.
Esta propuesta tiene su inicio en el Congreso de la UGT de Cataluña,
que se celebró en Gerona en marzo de 1998, y culminó en una
proposición en el Parlament de Catalunya, aprobada por todos los
grupos allí presentes.
Cuando mi sindicato inició la tramitación de esta iniciativa popular,
yo la traje a mi grupo y la incluimos en la Ley de acompañamiento. No
fue posible sacarla adelante porque nos faltaron votos. La iniciamos
como una proposición de ley y espero, señorías, que todos juntos
podamos aprobarla.
Por si hay alguna duda, confieso mi militancia en la UGT de Cataluña,
y por consiguiente mi gran satisfacción por defender algo por lo que
mis compañeros han luchado hasta traerlo hoy aquí. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
También he de decirles que con esta propuesta iniciamos un camino que
aborde nuevas iniciativas que nos conduzcan a modificar la Ley de
1994 con mayor profundidad y en más temas. Hoy nos ocupa el artículo
11, pero mi grupo trata de estudiar los motivos por los cuales se
produce tanta rotación en nuestro mercado de trabajo.
Tenemos un problema de temporalidad que debemos abordar con
serenidad, pero con firmeza. En 1998 se firmaron 10.700.000
contratos, un 50 por ciento más que en 1995 y eso que, como todos
ustedes saben, aprobamos el Acuerdo de estabilidad en el empleo que
luego tramitó este Parlamento como ley. Por tanto, hemos de decir que
debemos analizar con serenidad qué es lo que hay que hacer para
transformar esta realidad que no para y sigue avanzando, a pesar de
las medidas que se han tomado en los últimos tiempos.
Valga como muestra que en los meses de enero y febrero de 1999 se han
suscrito menos contratos a tiempo parcial después de que haya entrado
en vigor la ley que reduce el costo al 50 por ciento y, sin embargo,
en 1998 se firmaron más contratos a tiempo parcial. Son cosas que no
se comprenden, pero que habrá que solucionar.
Las ETT forman parte de este problema de la temporalidad, aunque
sería injusto decir que son todo el problema. En el año 1998 se han
tramitado 1.400.000 contratos, un 13 por ciento de los contratos
temporales; sólo un uno y pico por ciento fueron contratos
indefinidos en estas empresas. Pues bien, señorías, aunque es un
problema menor, es el más sangrante que tenemos hoy en día en los
centros de trabajo porque es donde más abusos se producen. Es normal
en una empresa encontrar a un trabajador contratado por ETT que tiene
al lado a un compañero que por haberle contratado directamente la
empresa cobra un 40 ó un 50 por ciento más. Son situaciones que van
incluso en contra del espíritu de la Constitución que establece que
a igual trabajo, igual salario.
En estos momentos, el mal uso de las ETT por parte de los empresarios
nos está llevando a que en las puertas del siglo XXI se estén usando
fórmulas de contratación
del siglo XIX, como si volviéramos casi a la esclavitud de
principios de siglo cuando venía el patrón a la plaza del pueblo y
les decía: tú, sí; tú, no y se los llevaba a trabajar.
Señorías, es un problema lo suficientemente importante como para que
hoy todos los grupos parlamentarios recojamos el sentir de la
ciudadanía, que es un clamor popular contra las ETT. Es verdad que
las ETT tienen mucho más que reformar que el artículo 11. En el
futuro mi grupo propondrá nuevas iniciativas en esta línea que
afronten las condiciones de empleo, las condiciones de salud, la
formación profesional y la representación sindical. ¿Qué problema hay
en estas empresas con la representación sindical? Como no están en la
empresa que los contrata el tiempo suficiente, carecen de
representación sindical. Por tanto, sería bueno establecer un
delegado territorial nombrado por las centrales sindicales, que
tuviera las mismas competencias que un miembro de un comité de
empresa, es decir, acceso a la información, acceso a las copias de
los contratos y demás. Sería una fórmula para garantizar que las ETT
cumplan la ley. Son fórmulas sobre las que hemos de avanzar y
discutir. Sin embargo, antes tendremos que resolver el problema
crucial de la equiparación de los salarios que tenemos en los centros
de trabajo Señorías, eso es primordial -repito-, es un clamor en la
calle, que afecta no sólo a las juventudes sino a personas de más de
cuarenta y cinco años, que tampoco encuentran trabajo si no es a
través de un contrato de estas características. Hoy aquí estamos
celebrando un debate fundamental para nuestros ciudadanos y
especialmente para nuestros trabajadores. Esta mañana decía en mi
grupo que es un día importante para los trabajadores de nuestro país.
Sé que me van a decir, pero les voy a ahorrar la molestia para que
puedan usar el tiempo en otra cosa, que esta ley la hizo el gobierno
socialista. Ya lo sabemos. Esta ley fue hecha por un gobierno
socialista, pero intentaba homogeneizar y ordenar las relaciones de
las ETT porque no había nada. Señor Vaquero, no se ría, que ya le
llegará su turno, pero es cierto que esta ley intentaba regular las
relaciones de las ETT y garantizar una serie de derechos. Hemos de
reconocer que la ley no ha cumplido sus objetivos, o no los ha
cumplido todos, y por lo que hace referencia a los trabajadores, no
sólo no los ha cumplido sino que ni siquiera se ha acercado.
Lógicamente, como los socialistas sabemos que en el pasado nuestro
Gobierno ha hecho por este país lo que muchos todavía tardarán en
hacer, no nos duele prendas en reconocer que esta ley tiene párrafos
que hay que modificar, y por eso estamos hoy aquí proponiendo su
reforma.
Seguramente la que les habla es más coherente que nadie defendiendo
este cambio de artículo, porque cuando salió esta ley hice huelga
para que no fuera aprobada. Fue aprobada y hoy estamos aquí para
modificarla. Es un paso adelante y además es importanteque esta
reforma venga de la mano del mismo grupo
que hizo la ley. Sin embargo, también hemos de recordar, señorías,
que lo votamos casi todos los grupos, excepto Izquierda Unida. Por lo
tanto, lo que pido es que hoy haya el mismo consenso para modificar
este artículo 11.
Decía que la equiparación no solventará los problemas que hay entre
los trabajadores de las ETT, pero significará una cosa muy
importante. Esta iniciativa, que llegó al Parlament de Catalunya y
aquí porque la UGT de Cataluña, con su organización juvenil Avalot a
la cabeza, tiró adelante, va a demostrar a los trabajadores que la
única forma de arreglar sus condiciones de trabajo es si realmente se
organizan y participan en los sindicatos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López,
le ruego vaya concluyendo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, me falta un pelín.
Hoy nos encontramos aquí para demostrar eso a los trabajadores, a los
miles de trabajadores, cien mil en concreto, que recogieron firmas
por todos los centros de trabajo para llevar a cabo esta iniciativa.
También quería dirigirme a los señores del PP para indicarles que
este es un problema de control. La inspección de trabajo tiene que
empezar a actuar y tiene que empezar a ir a los centros de trabajo,
porque si un inspector de trabajo va a una empresa y se encuentra con
que en un mismo puesto de trabajo durante un período concreto ha
habido veintidós contrataciones, tiene que levantar acta de
infracción porque aquello no es un puesto de trabajo temporal, es un
puesto de trabajo fijo y no puede estar cubierto por un contrato
temporal.
Podemos decir que la Ley de las ETT tiene fallos, pero la Ley de la
contratación temporal establece claramente que es causal, que sólo se
puede contratar temporalmente para una causa concreta. ¿Quieren
ustedes decirme que en nuestro país las empresas tienen tanta
causalidad como para hacer 1.100.000 contratos al mes? No es posible,
no puede haber tanta causalidad en las empresas. Por lo tanto, la
actuación por parte de la inspección de trabajo es un elemento que
también tenemos que introducir. Lo dijimos cuando la discusión de la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado y hoy
se lo vuelvo a decir aquí: Señorías, no puede haber contratos
temporales, sí causa temporal.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Señora López,
le ruego concluya.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Concluyo enseguida, señor presidente.
Por eso, tanto el Ministerio de Trabajo como las comunidades
autónomas tienen que actuar en este sentido. Sé que voy a tener que
escuchar cosas del compañero Vaquero y de mis compañeros catalanes de
CiU.
Seguramente no tendrán razón en ninguna de ellas, pero estoy tan
feliz y contenta por lo que va a suponer para los trabajadores, que
sea bienvenido todo aquello que quieran decir, con una sola
condición: que al final voten favorablemente esta iniciativa, y que
todos juntos ayudemos a solventar este problema. Me podrán decir
muchas cosas, pero mi lealtad a quien tengo que dársela, que es a los
trabajadores, a la UGT de Cataluña, al Parlament de Catalunya y al
pueblo de Cataluña, está más que demostrada. Por consiguiente, vaya
desde aquí mi agradecimiento a los compañeros y compañeras de CiU,
porque sé que son los que han hecho el verdadero esfuerzo para que
salga adelante esta proposición.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López.
A continuación, y para la presentación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular relativa a modificaciones en la
regulación de las empresas de trabajo temporal, tiene la palabra el
señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente. La primera
intervención...
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Se me ha olvidado decir una cosa. Nos
había indicado el presidente que fijáramos nuestra posición respecto
a las dos iniciativas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pero en este
momento, señora López, está en el uso de la palabra el señor Caneda.
Después tendrá S.S. ocasión de hacerlo, en un turno breve.
Puede continuar, señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, de nuevo, señor presidente.
Señorías, una vez más hemos hecho verdad aquello de que nunca es
tarde si la dicha es buena. Voy a fijar brevemente nuestra posición
ante la proposición del Grupo Socialista diciendo que, obviamente,
vamos a votar que sí, porque es de sentido común que los trabajadores
tengan a igual trabajo igual salario. Además, bienvenidos al club de
los que consideramos que esto debe ser así. Nosotros creemos que era
malo, que no tenía una consideración adecuada cuando se hizo la norma
y que es positivo para todos que así lo reconozcamos. Es bueno,
además, que llegue, aunque pueda parecer un poco oportunista, cuando
ya está recogido por los agentes sociales en convenios colectivos,
cuando hay una iniciativa del Parlamento de Cataluña que se va a
debatir aquí, o cuando el Gobierno ha empezado ya una mesa de diálogo
donde uno de los puntos es éste. En cualquier caso, me resulta
enternecedor que se reconozcan los errores y que vayamos en esa línea
que es positiva. No creo que la existencia de las ETT, como he leído
en algún programa electoral, sea el problema, sino su adecuada o no
regulación y control. Las ETT
existen en toda Europa, controlando un porcentaje de mercado laboral
superior al español, pueden funcionar muy bien y tienen su sitio.
Dicho esto, paso a defender nuestra proposición no de ley que va en
esta línea. La Ley 14/1994, de uno de junio, aprobó por primera vez
en nuestro país la existencia de las empresas de trabajo temporal,
regulando jurídicamente su funcionamiento. Con ello se avanzaba en la
equiparación con las reglas de juego existentes en otros países de la
Unión Europea, en concordancia con el mercado único al que
pertenecemos. Con las últimas modificaciones en cuanto a seguridad,
cotizaciones o actividades de riesgo, la legislación existente en
España se sitúa entre las más garantistas y pormenorizadas,
alejándose de las concepciones más liberales de países como Austria,
Holanda, Suecia o Reino Unido. Observando el sector en el resto de
países con muchas décadas de experiencia en algunos de ellos, vemos
que las ETT constituyen un factor importante del mercado de trabajo
como administradores del trabajo temporal. En España
desafortunadamente se da, por un lado, una temporalidad que dobla la
media europea, y, por otro, hay un empleo sumergido muy alto, es
decir, trabajadores sin derechos.
El buen funcionamiento de este sector es aquí especialmente
importante como lo pusieron de manifiesto los interlocutores sociales
en el Acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo, firmado
en abril de 1997, en el que acordaron proponer al Gobierno el
establecimiento de un grupo tripartito, Administración y agentes
sociales, que estudiaran el funcionamiento del sector. También el
pasado mes de enero, a iniciativa del Gobierno, se abrió una mesa de
diálogo sobre este tema, y ello porque después de cuatro años es
tiempo de hacer análisis y sacar conclusiones sobre el funcionamiento
de un sector que en este tiempo ha tenido luces y también sombras. Se
ha mostrado como un sector moderno y pujante que ha creado miles de
empleos directos y ha resuelto un servicio necesario para las
empresas; ha contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a
generar empleo, siendo, además, un mecanismo de protección laboral y
social frente al empleo sumergido; ha servido como puente hacia el
empleo fijo en muchas ocasiones y, mirando lo que ha ocurrido en
otros mercados maduros, tiende a incrementar esta función. Además,
por la contribución que puede tener en el empleo joven como primer
contacto con el mundo de la empresa y ayudar a formar un currículum,
sin duda puede y debe ser positivo, teniendo en cuenta que en este
caso la formación está muy pegada a la realidad.
Sin embargo, frente a esta vertiente positiva que hay que
desarrollar, la experiencia ha demostrado también que no siempre se
actúa correctamente. Las ETT no deben ser una forma de
externalización de la producción ni una forma de tener empleados con
salarios más bajos o un medio de evitar la relación laboral con la
empresa. Tampoco deben ser el recurso de las grandes empresas para
abaratar costes salariales mediante la
creación de empresas filiales ni por supuesto ningún medio para
mermar los derechos laborales o sociales de los trabajadores.
Consideramos que este sector es un buen instrumento para agilizar el
mercado laboral, para adecuar oferta y demanda de empleo, en
definitiva hace que se cree empleo, pero claramente dentro del objeto
que marca la Ley: cubrir necesidades coyunturales de mano de obra,
salvaguardando en todos los casos los derechos del trabajador.
Por estas razones, creemos que es oportuno pedirles su voto favorable
para esta proposición que insta al Gobierno a que haga un análisis
exhaustivo de los problemas que afectan al funcionamiento de las
empresas de trabajo temporal en España y realice el máximo esfuerzo
por acordar con los agentes sociales las modificaciones necesarias
para mejorar y controlar dicho funcionamiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.
Señora López, en este instante, brevísimamente, por favor, fije su
posición con respecto a esta proposición no de ley para entrar ya en
la mecánica normal del debate.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Simplemente quería manifestar que creemos
que la propuesta del PP es complementaria a la nuestra, porque
decimos que hay que seguir estudiando. Por tanto, vamos a apoyar esta
iniciativa en justa correspondencia a su apoyo a la nuestra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López.
Vamos a continuar en el trámite mediante la presentación de las
enmiendas de una serie de grupos parlamentarios a la proposición no
de ley, rogando a los grupos enmendantes que fijen su posición con
respecto a la proposición de ley, para completar el debate con
aquellos grupos que no han enmendado la proposición no de ley.
Por tanto, en cuanto a los grupos enmendantes a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer
lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar de forma conjunta nuestra
posición en relación con las dos iniciativas que nos ocupan, tanto la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista como la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y, en este
sentido, dar por modificadas las posiciones que mantenemos en nombre
de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
Nos parece que las empresas de trabajo temporal, reguladas en el año
1994 en nuestro país, al día de hoy
no pueden presentar un balance especialmente positivo. Esto no quiere
decir que descalifiquemos necesariamente esta institución, pero sí
que desde luego es necesaria una reforma en profundidad de las mismas
para ver si efectivamente, hecha esa reforma, las empresas de trabajo
temporal pueden ejecutar en términos de eficacia, de respeto a los
derechos de los trabajadores, de modernización del mercado de trabajo
y de cohesión social, esa parcela que teóricamente cabe pensar que en
un mercado laboral complejo, dinámico, moderno, pudieran llevar a
cabo este tipo de instituciones. En este sentido nos parece que la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que pretende
garantizar que las empresas de trabajo temporal no sean pura
y simplemente un mecanismo de degradación de las condiciones laborales
de los trabajadores, es absolutamente imprescindible. Sea bienvenida
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que, por otra
parte, coincide con acuerdos ya adoptados por las organizaciones
sindicales en nuestro país y que, en definitiva, vienen a poner de
manifiesto que tanto desde la iniciativa de las organizaciones
sindicales como desde la iniciativa política se pueden y se deben
llevar a cabo medidas que consigan mejorar el funcionamiento del
mercado laboral en nuestro país.
Por lo que se refiere a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que
haga el máximo esfuerzo para mejorar las empresas de trabajo
temporal, lógicamente no podemos por menos que decir que, contemplada
la exigencia de que se haga el acuerdo con los interlocutores
sociales, sea también bienvenida. Quizá echaríamos en falta una
concreción exacta de qué es lo que se busca, porque mejorar las
instituciones en las empresas de trabajo temporal sin saber
exactamente cuáles son los campos en los que se quiere mejorar es, en
alguna medida, hacer un brindis al sol; en todo caso, se parte de la
base de que es necesario mejorarlas. Nosotros compartimos esa
necesidad y, desde ese punto de vista, vamos a apoyar también esta
proposición no de ley en la confianza, tal como parece que va a ser
la posición del Grupo Parlamentario Popular, de que medidas concretas
encaminadas a mejorar la proposición de ley del Grupo Socialista van
a recibir también su apoyo. Por consiguiente, vamos a apoyar las dos
iniciativas.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Vamos a continuar con las fijaciones de posición de las dos
iniciativas. En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. De
acuerdo con sus indicaciones, fijo mi posición sobre las dos
iniciativas, tanto de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista como de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
Nosotros también partimos del principio, en un Estado social de
derecho, de justicia social, de a igualdad de trabajo igualdad de
salario. Por tanto, coincidimos plenamente en este primer punto con
la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y con las palabras
que ha pronunciado en la presentación de su iniciativa el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular. Después de legislar en esta Cámara
la Ley 14/1994, sobre las empresas de trabajo temporal, se produce
otra mejora en 1995, cuando se hace una nueva ley para adaptarnos a
una directiva de la Unión Europea que viene a sentar unos principios
de protección en el ámbito de la seguridad laboral, de la sanidad, de
estos trabajadores que son contratados por empresas que necesitan
temporalmente sus servicios. Ahora es la ocasión de preocuparnos no
sólo de aquella adaptación de la directiva comunitaria, que bien
invoca en su preámbulo la exposición de motivos del Grupo
Parlamentario Socialista, sino de la protección laboral, de la
seguridad e higiene en el trabajo y de la perfección en los contratos
laborales. Sería ilógico y muy difícil presentar una defensa sin una
área laboral determinada en que existe un convenio colectivo; y estoy
viendo la cantidad de demandas que hay en un sector como el turístico
en Canarias, en la hostelería, donde, -lo mismo pasa en el
archipiélago balear o en determinadas zonas costeras turísticas
españolas-, la temporalidad por las oscilaciones del turismo hace que
estas empresas tengan un papel determinante. Si hay firmado un
convenio colectivo en el sector correspondiente para los que son
fijos todo el año, es lógico que se apliquen esas mismas condiciones
al contrato temporal de estos trabajadores y que tengan los mismos
beneficios que se han estipulado en los convenios colectivos
laborales con el sector. Por esa manera de armonizar estos
principios, nosotros creemos que son dos iniciativas perfectamente
complementarias, compatibles para seguir perfeccionando el control,
como se propone en la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y
la vigilancia a las empresas de trabajo temporal para que no exista
fraude de ley ni una picaresca montada en un Estado de derecho aunque
sea a costa de un trabajador que se ve obligado a veces por esta
precariedad. Ese apoyo lo hemos prestado hace pocas semanas a la
iniciativa del Gobierno sobre el trabajo a tiempo parcial, en que hay
una voluntad del trabajador para acogerse al mismo. Las figuras del
contrato temporal y del contrato a tiempo parcial irán definiendo las
opciones para combatir el desempleo y el paro.
Por todo ello vamos a dar nuestro voto favorable a las dos
iniciativas en su toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
La puesta en marcha de las empresas de trabajo temporal como forma de
contratación de los trabajadores fue cuestionada desde diversos
sectores sociales, políticos y sindicales, y desde luego entre ellos
por mi grupo político, por diversos motivos, pero claramente porque
no era más que una forma práctica de seguir profundizando en la vía
de conseguir aumentar la rentabilidad y la famosa competitividad de
las empresas a través del aumento -llamando a las cosas por su
nombre- de la explotación de los trabajadores. Esta nueva forma de
contratación a través de las ETT supuso, como era previsible y ahora
ya no se puede negar, una pérdida de derechos laborales, de
prestaciones sociales, de inestabilidad laboral y de menores salarios
para trabajos iguales, lo que además de suponer condiciones laborales
indignas para estos trabajadores ayuda, por cierto, a presionar a la
baja las condiciones del resto de los trabajadores.
La proposición de ley que presenta el Grupo Socialista pretende que
se reforme el artículo 11 de la Ley 14/1994, con el fin de que para
los trabajadores contratados a través de las ETT rijan los mismos
salarios que los establecidos en convenio en una empresa determinada.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley porque, de aprobarse la
modificación propuesta, supondría un paso adelante en las condiciones
salariales que tienen que sufrir muchos miles de trabajadores
y trabajadoras. Supondría desde nuestro punto de vista, por tanto, un
avance parcial ante un problema que es mucho más de fondo, porque
esta forma de contratación hace que la temporalidad de los contratos
alcance niveles inaceptables. Según datos del propio Ministerio de
Trabajo, durante 1997 el 55,2 por ciento de estos contratos, casi
700.000, lo fueron por una duración menor a un mes, pero de ellos
500.000 contratos fueron de duración igual o inferior a cinco días.
Son unos contratos que afectan, por cierto, en mayor medida a la
juventud, el 61,8 por ciento fueron suscritos por trabajadores de 20
a 29 años, y además la temporalidad, como todos sabemos y nos
rasgamos después las vestiduras, incide en el aumento de los
excedentes laborales, lo que se agrava con las nulas posibilidades de
formación en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo,
etcétera. Para nosotros son contratos miseria, una forma de
contratación que claramente debería desaparecer en un contexto en el
que al desarrollo económico acompañe el desarrollo social, con un
adecuado reparto de la riqueza.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Popular, me parece que
los términos que se emplean en la exposición de motivos no permiten
aventurar una postura del partido favorable a resolver esta situación
de manera radical; nos habla de que incluso a estas alturas no
podemos valorar cuáles son las consecuencias de la presencia de estas
empresas. La proposición en su parte resolutiva hace una propuesta
más bien para la galería, sin ninguna intención de modificar
realmente la situación. Como estamos todos deseando
avanzar en este terreno, nosotros también vamos a votarla
favorablemente. Pero, señoras y señores diputados, yo creo que a las
cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. Aquí estamos
hablando de condiciones de contratación leoninas, casi podríamos
hablar de negreros; hablamos de formas de contratar que yo estoy
convencido de que ninguna de SS.SS. querría para sí ni tampoco para
sus hijos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en relación a la proposición de
ley presentada por el Grupo Socialista que, como ya se ha dicho,
propone una nueva redacción del artículo 11 de la Ley 14/1994, de 1
de junio, mediante la que se regulan las empresas de trabajo
temporal, de tal manera que las retribuciones de los trabajadores y
trabajadoras contratados por dichas empresas se equiparen a las que
los convenios colectivos respectivos fijan para los puestos de
trabajo equivalentes en las empresas usuarias, calculados por unidad
de tiempo e incluyendo en su caso la parte proporcional de pagas
extraordinarias, festivos y vacaciones. Por otro lado, el Grupo
Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley instando al
Gobierno a que, tras un estudio de los problemas que afectan al
funcionamiento de las empresas de trabajo temporal, haga esfuerzos
para acordar con los interlocutores sociales las modificaciones
necesarias para mejorar y controlar dicho funcionamiento.
Los años transcurridos desde la promulgación de la ley que aprobaba
la existencia de las empresas de trabajo temporal, introduciendo en
el mercado de trabajo estatal una figura jurídica que ya venía
funcionando con éxito en el mercado laboral europeo, permiten
constatar el gran impulso que ha tenido este tipo de empresas junto
al papel dinamizador que están jugando en el mercado del trabajo y
del empleo. Sin embargo, paralelamente a este incremento de actividad
de las empresas de trabajo temporal, se puede apreciar que en algunos
casos se está produciendo una disminución en el terreno de los
derechos laborales y la protección social de los trabajadores. En
estos casos, que tampoco se pueden generalizar, se constata que los
trabajadores contratados por las empresas de trabajo temporal no sólo
padecen las consecuencias de la precariedad laboral derivada del
carácter temporal propio de este tipo de contratación, sino que sus
salarios se encuentran por debajo de los reconocidos a los
trabajadores de la empresa usuaria al serles de aplicación distintas
normas pactadas. En este sentido, nos parece oportuna la proposición
de ley presentada por el Grupo Socialista y
también, de acuerdo con la posición de los sindicatos mayoritarios en
Euskadi -ELA y LAV-, la vamos a apoyar, lo mismo que la proposición
no de ley, del Grupo Popular, instando al Gobierno a realizar los
mayores esfuerzos para fomentar el acuerdo entre los interlocutores
sociales para poder mejorar y controlar el funcionamiento de estas
empresas de trabajo temporal.
En resumen, entendemos que ambas propuestas pueden ser
complementarias y por ello las vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Abordamos el debate de estas dos iniciativas desde una doble
sensación porque entendemos, más allá del formalismo de las dos
iniciativas, que hay dos elementos a considerar: uno de fondo y otro
de oportunidad. Entraré primero en la cuestión de fondo porque, como
recordaba la señora López i Chamosa, estamos en una perspectiva
positiva para abordar lo que es hoy sin duda una necesidad social: el
proceso de reforma de legislación de las empresas de trabajo
temporal.
En el año 1994 -la señora López i Chamosa lo ha recordado- era
necesario avanzar hacia la regulación de aquello que las empresas de
trabajo temporal realizaban, en un sector en el que ante la falta de
marco legal se producía una evidente situación de injusticia, de
abuso, además de que seguramente la realidad del paro juvenil -cerca
de un 45 por ciento de jóvenes en paro- obligaba a buscar mecanismos
que permitiesen romper esta situación, y el nuevo marco laboral nos
exigía mayor flexibilidad para dar satisfacción a las necesidades del
mundo de la empresa y también una mayor facilidad en la contratación.
En 1994 era necesario hacer esta regulación. Pero también en 1998 y
en 1999 la realidad nos ha demostrado que existía un amplísima
contestación social y sindical a esta legislación, seguramente porque
en muchos aspectos aquella ley que se aprobó -y se recordaba antes-
durante el gobierno socialista tenía en origen determinados defectos
a los que hoy abrimos la posibilidad de su corrección. La ley de 1994
la debemos situar en una reforma que no fue pactada con los agentes
sociales. Seguramente ahí reside parte de la falta de legitimidad de
esta legislación. Pero también está la realidad de los hechos. Hoy ha
aumentado sustancialmente el número de empresas de trabajo temporal:
si en 1994 existían cerca de 316 empresas, hoy estamos hablando de
439. Es un sector que ha crecido, pero seguramente ha crecido
degradando el trabajo que ofrecen estas empresas. El 30 por ciento de
los contratos de puesta a disposición tuvo una duración inferior a
los cinco días y se estima que en 1997 y en 1998 la duración del 89
por ciento de
los contratos no llegaba al mes; son hechos que han degradado esta
realidad. Si además observamos que son contratos que afectan a gente
joven y con baja calificación profesional y educativa, es evidente
que estamos abordando un elemento que degrada nuestra sociedad, que
degrada la vida social y laboral del Estado español.
El Gobierno ha dado respuesta a esta situación. Tanto la modificación
de la Ley de infracciones y sanciones de orden social como la propia
reforma del artículo 26 de la Ley de acompañamiento en lo que hace
referencia a nuevas tipificaciones de faltas en este ámbito
contribuyen a mejorar la situación. Además, el Gobierno ha impulsado
una mesa -creo que se constituyó el 18 de enero de este año-, en el
marco del diálogo social, para abordar esta reforma. El Gobierno ha
asumido la necesidad de cambiar el marco legal de las ETT. Estos son
factores que permiten decir con mucha tranquilidad que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará afirmativamente la
toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista y
de la no de ley del Grupo Popular, porque en el fondo coincidimos:
tenemos que avanzar hacia un cambio legislativo en esta materia y lo
tenemos que hacer desde el diálogo social, diálogo que los sindicatos
mayoritarios y las asociaciones empresariales ya han empezado.
También decía que para nosotros hay un segundo debate, el de la
oportunidad, y aprovecho para saludar a don José María Álvarez, a
doña Carmen Rigalt y a don Josep Rui otra vez, porque esta iniciativa
del Grupo Socialista es la misma que, publicada el 8 de febrero de
este mismo año, ha iniciado su tramitación parlamentaria en esta
Cámara, una iniciativa del Parlament de Catalunya en los mismos
términos que la planteada por el Grupo Socialista, una iniciativa que
es el resultado de una amplia campaña popular propulsada por la Unión
General de Trabajadores de Cataluña con el apoyo de todas las
organizaciones juveniles de Cataluña, que implicó la recogida allí de
más de 100.000 firmas y el inicio de un proceso parlamentario
complejo y difícil, protagonizado por el sindicato y por todos los
grupos políticos, que permitió que entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre del año pasado se llegase en Cataluña al
acuerdo que nos permitía traer al Congreso de los Diputados esta
iniciativa. Yo creo que hoy el PSOE -y es legítimo que lo haya
planteado- en cierta medida ha jugado un papel oportunista. En junio,
este Parlamento iba a ver el mismo contenido de la proposición de ley
del Partido Socialista. A nosotros nos hubiese gustado que el PSOE
hubiese contenido estas ansias de protagonismo y en el mes de junio
hubiésemos dado luz verde a la iniciativa del Parlamento catalán. Se
nos escapa por qué el Partido Socialista nos plantea hoy esta
iniciativa. Podríamos haber esperado tranquilamente al mes de junio y
hubiésemos sido más respetuosos con la voluntad popular, expresada
por el pueblo de Cataluña en su Parlamento nacional a finales del año
pasado. Nos parece que el protagonismo
correspondía al Parlamento de Cataluña, porque es allí donde la Unión
General de Trabajadores y las organizaciones juveniles de Cataluña
habían expresado su voluntad. Y hacemos estas afirmaciones desde una
triple legitimidad: porque en los debates de 1994 el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a través de su diputado
Rafael Hinojosa, defendió de alguna manera la posición que hoy
contiene la proposición de ley del Partido Socialista de igualdad de
salarios entre los trabajadores que trabajan en las ETT y aquellos
contratados directamente por las empresas usuarias; porque las
organizaciones juveniles vinculadas a Convergència i Unió, la
Juventut Nacionalista y la Unió de Joves, jugaron un papel decisivo
en ese consenso social en Cataluña, y porque, además, el consenso
también fue posible en el Parlamento de Cataluña por la posición de
Convergència i Unió en el mismo. Nos hubiésemos sentido más cómodos,
hubiésemos agradecido que el Partido Socialista hubiese tenido ese
punto de contención en su tramitación parlamentaria, pero coincidimos
con la señora López i Chamosa en que lo importante es el contenido de
esta proposición. Y como coincidimos en ello, entendemos que tenemos
que votarla favorablemente, como también votaremos favorablemente la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, porque
coincidimos en que el proceso de cambio de la legislación en empresas
de trabajo temporal no puede limitarse tan sólo el artículo 11 de la
ley, sino que debe afectar a aspectos sustanciales de aquella
legislación. Estamos convencidos de que desde el consenso social y
político este proceso será inevitable y redundará en sentido positivo
para el conjunto de la sociedad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Sin duda alguna, el rechazo social de las empresas de trabajo
temporal fuerza el que haya hoy en esta Cámara dos iniciativas, una
del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario
Popular. He de decir muy sucintamente respecto a la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista que estamos de acuerdo en
valorar negativamente la marcha de las empresas de trabajo temporal.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con el tono justificativo que
emplea para plantear que son los empresarios los que han abusado de
ellas. A nosotros nos gusta el tono más autocrítico que emplea el
señor Borrell cuando en la prensa dice que las empresas de trabajo
temporal se concibieron en su momento como un mecanismo para acabar
con el paro a costa de unas pobres condiciones laborales. En eso sí
estamos de acuerdo. El Gobierno socialista en ese momento, en el año
1994, eligió precisamente
el modelo más lesivo para las condiciones de los trabajadores, el más
desregulador, lo cual se omite en la exposición de motivos de la
proposición de ley, y sin embargo se dice que los empresarios han
abusado de ello. Los empresarios han hecho justamente lo que tenían
que hacer: lucrarse de lo que les permite la ley, sin más, hacer su
negocio. El negocio era precisamente el tráfico de trabajadores, y
eso es lo que han hecho, ni más ni menos. Algunos, sin duda alguna,
han transgredido incluso esa ley que les permitía hacerlo.
Por otro lado, estamos menos de acuerdo, por supuesto, con la
exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, que valora positivamente la marcha de las
empresas de trabajo temporal. No estamos de acuerdo porque no es
cierto que esas empresas hayan servido para crear empleo, no han
promovido la contratación indefinida, todo lo más han encauzado hacia
la gestión privada la intermediación de cada vez más contratos
temporales, claro está, no indefinidos, funcionan en un régimen de
casi oligopolio, realizan actividades fraudulentas, denunciadas por
los sindicatos, que no voy a enumerar porque no tengo tiempo, y
además se han quedado hasta la fecha con una buena parte de los
salarios de los trabajadores porque el modelo de empresa de trabajo
temporal elegido en esos momentos por el consenso parlamentario en
esta Cámara así lo permitía, y no por otra razón.
Por tanto, no estamos en condiciones de creer realmente que el
espíritu autocrítico de las dos proposiciones vaya a cambiar el
sentido de las cosas en el futuro, y por eso vamos a aceptar la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo
porque nos va a dar la ocasión de enmendarla en el sentido que
nosotros entendemos que es lo que se debe hacer con las empresas de
trabajo temporal: eliminarlas; eliminarlas y potenciar un servicio
público de empleo. Ese es el único remedio para acabar con la lacra
social de las empresas de trabajo temporal. Por eso vamos a aceptar
su proposición no de ley, precisamente para enmendarla absoluta y
totalmente. No estamos en condiciones, sin embargo, de dar un cheque
en blanco al Gobierno ni a nadie que pretenda transaccionar
cuestiones de empresas de trabajo temporal. Por eso, la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular no nos da ni frío ni calor;
nos vamos a abstener.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños que vamos a
proceder a la votación de las dos proposiciones, de ley y no de ley,
que se han debatido. (Rumores.) Señorías, va a empezar la votación,
no nos llamemos luego a quejas.
Votación de la proposición de ley, del Grupo Socialista, sobre
modificación del artículo 11 de la Ley de 1 de junio de 1994, por la
que se regulan las empresas de trabajo temporal, para que se aplique
a los trabajadores de las empresas de trabajo temporal la misma
remuneración del puesto de trabajo de la empresa usuaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 296; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley.
(Aplausos.)
Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a modificaciones en
la regulación de las empresas de trabajo temporal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición no de ley del Grupo Popular.
PROPOSICIONES NO DE LEY (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), RELATIVA A LA
SOLICITUD DE CONSULTA PÚBLICA DEL SUMARIO DEL CONSEJO DE GUERRA
CONTRA LLUÍS COMPANYS (Número de expediente 162/000076).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto (señora
Rahola), relativa a la solicitud de consulta pública del sumario del
consejo de guerra contra Lluís Companys.
La señora Rahola tiene la palabra. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden
silencio, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, tengo el
raro privilegio de ser miembro de una familia que tuvo el primer
condenado a muerte surgido en un consejo de guerra sumarísimo de la
dictadura. Carles Rahola, intelectual pacifista y catalanista, moría
en manos del terror el 15 de marzo de 1939, a pesar de una vasta
campaña de intelectuales de toda Europa para salvarle la vida. No
quiso partir para el exilio porque como él decía no había hecho nada,
y ello le llevó a ser
el primer asesinado legal de Franco, anterior incluso a los
fusilamientos sumarios del Campo de la Bota, y de tantos otros
fusilamientos sin ley en todas las tierras de España.
Es evidente, pues, que al consejo de guerra contra Lluís Companys i
Jover el año 1940 y su ejecución inmediata se enmarcan bajo el clima
de terror y represión que tiñó de sangre aquellos años terribles.
Pero su condición de presidente de la Generalitat, su detención en
manos de la Gestapo cuando buscaba a su hijo enfermo y su
fusilamiento el 15 de octubre, un día después del consejo de guerra
sumarísimo, confieren al caso Lluís Companys el carácter de símbolo y
emblema. Simbólico también ha sido el silencio que durante casi 60
años ha planeado sobre las circunstancias de su ejecución y sobre el
proceso militar que le llevó a la muerte.
La negación del derecho a la memoria, quizás el único derecho que aún
le queda a Lluís Companys, ha sido pues la respuesta militar a todos
los intentos sociales, políticos y culturales por conocer los
términos del sumario. El mismo día de su fusilamiento, el 15 de
octubre, la Dirección General de Prensa del régimen franquista emitió
la siguiente orden: Esa jefatura cuidará muy especialmente de que
ningún periódico de su demarcación publique información alguna
referente al asunto Companys, recomendando a la censura vigile con
toda atención esta consigna.
Podemos asegurar con perplejidad que la sombra funesta de esa orden
franquista se ha alargado durante dos décadas de democracia.
Finalmente ha habido un acceso restringido y aún pendiente de ser
autorizado por autoridades militares.
Estos son los precedentes. En 1990, en el 50 aniversario de su
fusilamiento, el Parlament de Catalunya aprueba una resolución para
que el texto íntegro del sumario esté plenamente al alcance de toda
la sociedad catalana y de los investigadores tramitándose a
instancias judiciales y militares pendientes.
El 2 de diciembre de 1996, hace casi dos años, presento esta
proposición en el Congreso de los Diputados. En 1997 el historiador
Josep María Figueras, después de numerosas iniciativas por parte de
historiadores accede a poder consultar esta documentación, así como
también posteriormente el historiador Josep Benet, posibilidad que
había sido denegada a múltiples personas e instituciones. El 23 de
octubre de 1997, el Parlament de Catalunya, aprueba una resolución
sobre el acceso público a este sumario, que fue tramitado al
Ministerio de Defensa del Gobierno del Estado el 4 de marzo de 1998.
Hasta la fecha el Parlament de Catalunya no ha recibido oficialmente
ninguna respuesta.
Este fondo documental se encuentra actualmente depositado en el
Tribunal militar territorial tercero del Gobierno Militar de
Barcelona en condiciones deplorables, lamentables para una
documentación que forma parte del legado histórico más importante del
pueblo de Cataluña. Su acceso, a pesar de que se haya abierto
a determinadas personas, continua siendo complicado
y muy difícil. Por tanto, tendría que ser ubicado donde le
corresponde, que es el Archivo histórico nacional de la Generalidad
en las condiciones que se merece una documentación tan sensible, de
esta naturaleza.
Actualmente, en el mes de marzo de 1999, para poder acceder a esta
documentación (esta diputada ha podido conocer exactamente los
trámites puesto que ha pedido ver el sumario) aún es necesario que
después de los trámites pertinentes el presidente del Tribunal
militar territorial tercero autorice su consulta.
Después de una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de
1998, el Gobierno del Estado dictó el real decreto de 4 de diciembre
de 1998, sobre reglamentación de archivos militares y la normativa de
acceso a esa documentación; en la disposición adicional tercera del
mencionado decreto se excluye la documentación depositada en los
juzgados y tribunales militares. El sumario de Lluís Companys, desde
nuestro punto de vista tiene que ser considerado a todos los efectos
según ley documentación perteneciente a la jurisdicción ordinaria
normal, y no por tanto documentación militar. Como consecuencia de
esto consideramos que no hay ningún vacío legal para impedir que la
Generalitat de Catalunya obtenga la cesión de esta documentación para
ser depositada donde la Generalitat crea, a nuestro entender en el
Archivo histórico nacional.
La gran mayoría de países europeos tienen establecida una normativa
para el acceso a determinada documentación, que marca un límite
máximo aproximado de 30 años; señorías, han pasado 60 años.
Para terminar, en mayo de 1997 y en el marco de la Conferencia
europea de archivos se hizo público un documento de recomendaciones
para mejorar el acceso de los ciudadanos investigadores a los
archivos públicos civiles y militares. El acceso a estos documentos
es un derecho y no un privilegio. En consecuencia, ninguna
restricción puede perpetuarse si no es por cuestiones de tipo
ideológico y no de tipo democrático. El Estado español es uno de los
países donde hay más restricciones para acceder a dichos archivos y
la legislación española una de las más conservadores, cuando no
claramente proteccionista de una parte de la memoria, proteccionistas
para los culpables del terror de esa memoria que no para sus
víctimas.
Cabe pensar que en aras de la transparencia informativa y de la
profundización democrática, esta situación empieza a cambiar desde
hoy mismo. En el mismo informe también se hizo referencia al retorno
de aquella documentación que a causa de un conflicto bélico se
arrebató a sus legítimos propietarios, como sería el caso de los
papeles de Salamanca.
El hecho de que hasta ahora este sumario y tantos otros no hayan sido
declarados de público acceso y que su documentación aún esté en manos
de estamentos militares supone un ultraje a la memoria histórica del
pueblo catalán. Lluís Companys i Jover fue condenado a muerte por ser
presidente de la Generalitat de Cataluña democráticamente elegido;
por tanto fue un
sumario político, una persecución política, un asesinato político. En
estos momentos la documentación que hace referencia a ese simulacro
de juicio, es decir a su consejo de guerra, está depositada en
condiciones lamentables en el archivo de un tribunal de un gobierno
democrático que escoge democráticamente a su presidente. Evocar su
memoria y la conciencia histórica de un simulacro de proceso judicial
sin más legitimación que la violencia de la armas de aquellos que
decidieron condenarlo, tiene que conllevar un acto de dimensión
pública y conocimiento abierto y transparente de la pantomima que
supuso ese proceso. Hace tan sólo hace año y medio, casi 60 años
después de su fusilamiento por ser el presidente democráticamente
elegido por su pueblo, se pudo acceder de forma absolutamente
restringida a esta documentación. Ésta no es la forma de resolver ni
de dignificar la figura del presidente Companys, ni la de tantas
víctimas inocentes de la guerra civil ejecutadas por defender y
respetar los valores democráticos. Tampoco es el método para avanzar
en la comprensión y transparencia de nuestra historia contemporánea.
De hecho, esto es cultura democrática de fondo, pedagogía
democrática.
Esta documentación, que tendría que ser pública y estar al alcance de
toda la sociedad catalana, tiene que estar en posesión del Gobierno
de la Generalitat, para situar en su lugar el derecho a la memoria
colectiva que ni la más oscura de las dictaduras puede arrebatar a la
historia.
Lluís Companys i Jover murió como jefe visible de un pueblo, al que
se negó la existencia como tal, y su proceso, como el de tantos
otros, tiene que ser declarado de público acceso y su documentación
depositada en el lugar que le corresponde.
Resulta vergonzoso el silencio que durante estos más de 20 años de
democracia se ha perpetuado sobre éste y tantos otros consejos de
guerra que afectaron a miles de personas que fueron juzgadas y en
muchos casos ejecutadas por haber defendido el orden democráticamente
establecido, o bien como el presidente Companys por haber defendido y
amado a su país, Cataluña.
La memoria del presidente Companys y de tantos otros ciudadanos
anónimos merece que de una vez por todas se haga este gesto y este
acto de justicia para asumir y afrontar la responsabilidad de nuestra
historia reciente y futura. La historia nos juzgará a todos, dijo el
presidente, y quizá muchos han intentado que no se conociera la
historia precisamente para no ser juzgados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rahola.
A la proposición no de ley han presentado enmiendas el señor Saura
por el Grupo Mixto, así como el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y el Grupo Socialista.
En primer lugar y para defensa de su enmienda, tiene la palabra el
señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Paso a defender y a justificar una enmienda de sustitución que hemos
planteado a la proposición no de ley que ha presentado la diputada,
doña Pilar Rahola, que creo amplía o mejora la redacción inicial.
Como bien ha dicho ella, se trata de una iniciativa de diciembre de
1996 en la que se pide se haga público el sumario contra Lluís
Companys. La situación ha cambiado de diciembre de 1996 a la fecha,
no sustancialmente pero sí ha cambiado. He de decir -y creo que
también lo ha manifestado ella- que en junio de 1997 se autorizó la
consulta de fotocopias que ha dado lugar a un libro de José María
Figueras y que en octubre de 1997 el texto original fue trasladado a
Cataluña, a unas dependencias del Ministerio de Defensa; se ha
consultado, pidiendo autorización previa, y ha dado lugar a un libro
que ha escrito Josep Benet: La mort del president de Catalunya (La
muerte del presidente de Cataluña), el primer libro que recoge y está
escrito a partir de la consulta del texto original de los documentos
del sumario de Lluís Companys.
Evidentemente, la situación actual no es satisfactoria porque
requiere una autorización previa y porque, como ha dicho la diputada
Pilar Rahola, en general los textos de este sumario y del resto de
los sumarios están en malas condiciones.
Nuestra enmienda de sustitución y modificación a la proposición no de
ley plantea fundamentalmente que todos los documentos de los
tribunales togados militares desde 1939, y no sólo los que hacen
referencia a Lluís Companys, sean depositados y conservados en el
Gobierno catalán. La razón es fundamentalmente y de forma muy
sencilla la absoluta convicción de que la documentación que genera la
vida de un país, tanto pública como privada, forma parte del
patrimonio cultural e histórico de interés general. En ese sentido
hay una documentación que forma parte de la historia de Cataluña, de
la historia en un determinado momento, de una historia dolorosa que
es necesario conservar adecuadamente y que es necesario poner a
disposición de consultas públicas para cualquier tipo de
investigación.
En ese sentido, la enmienda que hacemos plantea -insisto-, que el
conjunto de documentación perteneciente a los tribunales togados
militares, mediante un convenio pase a ser competencia, sea
transferida al Gobierno catalán, y que desde el Gobierno catalán se
tomen las medidas de conservación y se facilite la consulta de
cualquier tipo de investigación histórica.
Nos mueve a presentar esta enmienda, y nos ha movido también a
presentar una proposición no de ley en sentido semejante en la
Comisión de Cultura un objetivo de normalización democrática. Es
necesario normalizar democráticamente aspectos que no están hoy
normalizados, y en ese sentido es fundamental que la documentación
histórica importante de una parte dolorosa de la vida de Cataluña
pueda ser conservada, mantenida y consultada, y esto se ha de hacer
hoy desde el Parlamento catalán y desde el Gobierno catalán. En ese
sentido, apoyaremos la propuesta, la iniciativa que ha presentado la
diputada señora Pilar Rahola,
pero sería mejor aceptar una enmienda transaccional que ampliara el
objetivo de la proposición no de ley que se nos ha presentado.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Saura.
Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, como es sabido la proposición
no de ley objeto de este debate se presentó hace algo más de dos
años, y por avatares diversos no ha llegado hasta hoy a esta Cámara.
Nuestra enmienda pretende adecuar su letra, no su intención, a las
nuevas circunstancias de hoy. Gracias a un ilustre abogado catalán,
Josep Cruañas, a la fuerza de su compromiso nacional y a la solidez
irrefutable de su argumentación jurídica ante los tribunales, con
fecha de 27 de julio de 1998 se dictó sentencia, ahora firme, sobre
el acceso público a la causa contra Lluís Companys i Jover,
presidente de Cataluña. Ello no empaña la oportunidad ni la intención
de la propuesta, la de ser el testimonio de una acción arrogante, el
recordatorio de un silencio ominoso y la sorprendente obstinación de
los gobiernos demócratas de las dos últimas décadas de este siglo,
que han mantenido celosamente a recaudo el sumario de guerra del
presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, y la de
otras personas condenadas por ser republicanas o simplemente
catalanas. ¿Por qué durante años se ha negado el acceso a aquella
documentación y no se ha abierto hasta ser obligados por una
sentencia de los tribunales? ¿Es que quizás se ha creído que no
fueron suficientes los más de 40 años de silencio impuesto, de
omisión de una historia? ¿No bastaba haber conseguido que tantas
generaciones de mujeres y hombres hayan ignorado que tenían una
historia colectiva e instituciones propias? ¿No bastaba que fuéramos
analfabetos en nuestra propia lengua e historia, que no supiéramos
que habíamos tenido Generalitat ni presidentes, y que se hurtara del
conocimiento público que el presidente Lluís Companys fue torturado,
juzgado, condenado a muerte y ejecutado el 14 de octubre del año 1940
en absoluta soledad, por el hecho simple de ser presidente de
Cataluña? Todo ello quizá no era suficiente. Muchas personas, no sólo
en Cataluña sino también en otras tierras que sufrieron heridas, nos
preguntamos el porqué de esta cerrazón en los años constitucionales.
La aprobación de la propuesta puede finalizar la situación creada,
retornando la historia del final de la vida de nuestro presidente y
de otros condenados, a la institución que corresponde, la Generalitat
de Cataluña, y depositando de esta manera su guarda al pueblo
catalán.
Espero que la diputada señora Rahola acepte nuestra enmienda y que
ustedes, señoras diputadas y señores diputados, den su voto favorable
a la proposición no
de ley así enmendada, para que el president Companys deje de ser el
innombrable, una figura que ha tenido que revivir muchas vidas y
muchas muertes, su propia vida y su propia muerte, y en cada una de
ellas han estado presente siempre las vidas y muertes de otras tantas
personas, todas conocidas, nunca desconocidas, porque siempre han
sido lloradas por alguien.
Decir sí a esta proposición es afirmar que el historiador debe
reescribir la historia, el investigador debe conocer las causas;
decir sí a esta proposición es también iluminar los valores
democráticos de este país y una manera legítima, política y ética de
asumir el pasado para construir un mejor futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Gil.
A continuación, para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra don Jordi Solé Tura.
El señor SOLÉ TURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el asunto que estamos discutiendo en este momento afecta
realmente a nuestro pasado y yo entiendo que se trata de una
iniciativa para normalizar el pasado. No tenemos por qué escondernos
de él y creo que uno de los atributos de la democracia es que
precisamente el pasado, con todos sus puntos blancos, negros y
grises, sea perfectamente reconocible y podamos gestionarlo como tal.
Así es como entendemos nosotros esta iniciativa.En realidad, cuando
hablamos del presidente Companys hablamos de él pero hablamos también
de otras cosas. Con él murieron otros republicanos que fueron también
traicionados, que fueron entregados por la Gestapo y fueron
literalmente asesinados, porque no se entiende que se trate de un
juicio militar con todas las protecciones jurídicas necesarias; de
ninguna manera. Es un asesinato en el que pereció el presidente
legítimo de la Generalitat, perecieron militantes socialistas, y por
consiguiente es parte de un pasado terrible que no tenemos por qué
ocultar; al contrario, es un pasado terrible que hay que poner encima
de la mesa precisamente -como antes decía-, para gestionarlo en
función del presente y en función del futuro. Así es como nosotros
entendemos, insisto, el tema que estamos discutiendo ahora.
Nuestro grupo, el Grupo Socialista, ha presentado una enmienda de
sustitución que tiene dos puntos. El primero prácticamente sigue la
misma línea argumental de la iniciativa de la señora Rahola, pero
quizá de una manera más concisa, incluso cambiando algunos aspectos
que nos parece no son ajustados a derecho, como la referencia al
Ministerio de Defensa. Pensamos que el Congreso de los Diputados
tiene que instar al Gobierno, no a un ministerio concreto, a tomar
-según decimos nosotros-, en el plazo más breve posible, las medidas
necesarias para dar plena publicidad al sumario contra el presidente
de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys i Jover. A esto
añadimos un segundo punto que se refiere a la necesidad de encontrar
un
marco jurídico más amplio para ir resolviendo estos problemas. No
podemos ocultar el caso Companys ni ningún otro caso, y por
consiguiente se trata en este momento de abrir una vía que nos
permita reconocer nuestro propio pasado y asumirlo como tal. Por eso
insistimos en la necesidad de elaborar normas precisas para regular
el depósito, el régimen de publicidad de los procedimientos
judiciales militares que constituían un patrimonio documental,
conjugando la necesidad de proteger los archivos históricos con la
libertad de expresión y la transparencia máxima, que son los
atributos básicos de un sistema democrático. Ésta es nuestra
concepción del asunto y por eso hemos presentado nuestra enmienda de
sustitución. Esto quiere decir que estamos básicamente de acuerdo con
la iniciativa y lo único que pretendemos es enriquecerla un poco más
con una mayor precisión jurídica, y sobre todo con un marco más
amplio que a partir de ahora nos permita resolver estos problemas sin
necesidad de tener que estar constantemente sacándolos a la luz
pública contra viento y marea.
Esto es lo que nosotros pretendemos, y desde ese punto de vista
nuestro voto será favorable al sentido general de lo que aquí se está
discutiendo, como lo demuestra nuestra propia enmienda, que esperamos
sea tenida en cuenta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Solé
Tura.
Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar su posición en
el debate. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
SEVILLA:
El señor MARDONES Señor presidente, mi grupo entiende que
transcurridos 60 años desde este drama, la mejor manera de hacer
comprensible la historia de España a la salida de una tragedia como
es la guerra civil de 1936-39, es que al menos desde un punto de
vista de rigor intelectual los historiadores tengan acceso a todos
los archivos, a todas las causas y a todos los sumarios que en aquel
drama se produjeron por la condición humana de la violencia y del
enfrentamiento entre dos partes de España.
Las juventudes españolas actuales, todos los nacidos después de
aquella fecha, entenderán muy difícilmente que se mantenga como
secreto de Estado una reserva que fundamentalmente es histórica,
manteniéndose el secreto del sumario. Hemos de tener la naturalidad
de levantar esos secretos sumariales con todas las garantías
judiciales, porque se podía dar el caso de solicitud de revisión de
uno de estos procedimientos que son archivos judiciales de la
jurisdicción togada militar pero archivos judiciales y tenía que
haber un entendimiento entre el Estado español, el Gobierno central y
el Gobierno de la comunidad autónoma de la Generalidad de Cataluña en
este caso, y de cualesquiera otras
comunidades autónomas que tengan personajes históricos encartados en
estas situaciones de secreto sumarial.
Por tanto, mi grupo participa de ese afán de fondo, porque superar un
drama no es mantenerlo oculto, superar un drama es ponerlo a la luz
de la inteligencia y del entendimiento moderno. Yo creo que el mejor
servicio que prestaríamos al conocimiento de la verdad histórica y al
actual ejército español profesional, uno de los sectores de la vida
española sobre el que estamos legislando en las Cámaras que es el
servicio militar, es sencillamente que nadie se considere heredero de
mantener un secreto sumarial, que se abra tranquilamente y con
naturalidad; que 60 años de historia tienen que hacernos comprender
que esto está más dentro del campo puro de la historia y de los
sentimientos personales que de unos procedimientos del secreto
sumarial que caen por su propio pie ante el derecho positivo actual
de cualquier jurisdicción penal, civil, militar o de cualquiera de
sus órdenes.
Por tanto, con las enmiendas transaccionales se pide no sólo levantar
el secreto sumarial del expediente del que fue presidente de la
Generalitat don Lluís Companys, sino que se abran los otros
expedientes para poder entender el proceso histórico, porque no es el
proceso de un solo fusilamiento, sino lamentablemente de muchos
fusilamientos que deben ser conocidos para que el historiador pueda
situar ese mapa, ya que por un solo hecho no se puede conocer la
situación.
Mi grupo desearía que hubiera un reconocimiento de ensamblaje de
todas estas enmiendas. Si tuviera que escoger me sería difícil, ya
que sobre la base originaria de la que ha presentado en el año 1996
la señora Rahola se articulan unas enmiendas con mucho sentido común,
como la que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y la que
presenta el Grupo Socialista, que junto a la que ha presentado el
Grupo Mixto vienen a dar la extensión del levantamiento del sumario a
todos ellos para entender qué pasó, qué drama sucedió, por qué se
reaccionó de esa manera en España, en Cataluña o en cualquiera de sus
territorios regionales o provinciales y cómo funcionó la represión
por la vía de unos tribunales que, vuelvo a decir, son los de aquella
época. Afortunadamente, hoy en día los militares españoles de nuestro
ejército democrático actual serían los más agradecidos, los más
interesados en decir: levántese todas esas restricciones de lo que
hicieron los de ayer porque a 60 años vista ni la mentalidad ni la
situación política son las mismas.
Por esa razón, señor presidente, desearía poder votar una enmienda
transaccional que recogiera el sentido común, la sensatez, la
prudencia que hay. Me adscribo a la última enmienda defendida aquí
por el señor Solé Tura que recoge la misma intencionalidad que la del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la del Grupo
Mixto sobre que se abran estos sumarios en su generalidad con toda
naturalidad, preservando también lo que es el documento histórico
físicamente para aquellas consultas que tengan que hacer eruditos
o no eruditos, cualquiera que quiera asomarse a la realidad
de nuestros ancestros, de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, hay
que mantener las garantías de un archivo judicial por si existe
alguna revisión de causa solicitada por alguna de las partes.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el pasado del president Companys es
reconocible tanto en lo individual como en lo colectivo. Forma parte
de nuestro patrimonio colectivo, de nuestras viviencias, de nuestra
lucha por la libertad nacional en Cataluña, por las libertades
democráticas en el conjunto de España. Sin embargo, han tenido que
pasar 59 años para poder decir esto en esta tribuna y 22 años desde
las primeras elecciones democráticas para que se conozcan los
detalles de todo un proceso. Un proceso en este caso concreto en
relación con Lluis Companys, un proceso contra la democracia, un
proceso contra las libertades nacionales de Cataluña, un proceso
contra un hombre que murió solo, como se ha dicho aquí, pero
acompañado de un gran colectivo de gente que continuó batallando, que
recogió la antorcha.
A veces, en estos días aciagos, en el debate de estos temas uno echa
en falta hombres o mujeres que tengan la misma talla política,
intelectual y moral que Lluis Companys. El futuro no se puede
construir con un consenso hecho sobre el silencio de los hechos. El
futuro, a partir del presente actual, sólo se puede construir
enfrentándose con coraje a lo que han sido nuestras lacras
históricas, a lo que ha sido nuestro proceso traumático, difícil.
Aquello que ocurrió en el año 1940 tiene actualidad hoy porque
estamos discutiendo si somos o no capaces de construir esto que se
llama por unos España, por otros Estado español y que dentro del cual
cada nacionalidad histórica o no histórica encuentre el pleno
desarrollo de sus potencialidades. Esto es lo que nos dictan estos
hechos en el debate actual.
A mí personalmente me parece muy bien el primer punto de la enmienda
del Grupo Socialista, así como el párrafo que propone Convergéncia i
Unió. También debería figurar el segundo punto que ha presentado
Iniciativa per Catalunya, es decir, que haya una garantía total sobre
la posibilidad de consulta por parte de todo el mundo -naturalmente
sobre las bases normales en que se hacen las consultas-, que todo el
mundo pueda consultar y beber de estas fuentes, que representaron no
solamente el proceso y el asesinato de Lluís Companys, sino el
proceso y el asesinato de otra mucha gente que luchó por los mismos
ideales que él.
Por tanto, si se pudiera hacer un esfuerzo para resumir y sintetizar
esto, lo agradeceríamos. En todo caso, vamos a votar lo que
finalmente se proponga.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Frutos.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, quisiera, en primer lugar, hacer patente que mi grupo ha
hecho todos los esfuerzos para intentar consensuar una proposición no
de ley que pudiéramos votar. Creo que es patente esa generosidad por
nuestra parte, que nace de la convicción que nos inspira una profunda
asunción de todo el contenido de la historia de España, de todo y en
todas sus circunstancias, sin ninguna reserva condicionada por la
ideología porque la historia se va desconectando de ella, y también
sin ninguna reserva nacida de ningún posicionamiento más o menos
anecdótico o más o menos personal.
Dicho eso, tengo que manifestar, señora Rahola, que reconozco mi
absoluta incapacidad para asimilar su pedagogía, porque usted, que
siempre viene aquí hablándonos de posiciones ideológicas, en el
supuesto de que la suya sea más o menos definida, he de decirle que
siempre viene usted a hablar con connotaciones ideológicas que hacen
imposible, por esfuerzos importantes que uno haga, poder asumir esos
discursos con los que usted nos obsequia de vez en cuando por aquí.
Usted sabrá qué objetivos de futuro le llevan a haber consumido su
cupo reglamentario para tramitar esta iniciativa. Nosotros queremos
en todo caso el rigor institucional porque esa es nuestra
responsabilidad. Naturalmente, nosotros entendemos que la
responsabilidad debe anteponerse siempre a las circunstancias
ocasionales en que uno pueda dar rienda suelta quizá a sus propias
posiciones que no tienen que ver con esa posición institucional.
Su proposición no de ley no se mantiene bajo ningún concepto. Ya ha
hecho alusión el señor Solé Tura acertadamente a que el Congreso de
los Diputados no insta al Ministerio de Defensa, sino al Gobierno,
que es el que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución,
responde ante las Cortes Generales.
Tendrá usted algún tic extraño de poder militar, que desde luego
nosotros negamos, porque nosotros no tenemos duda alguna de la
vigencia absoluta del artículo 97 de la Constitución, que dispone que
el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración
civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva
y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las
leyes. El Gobierno, señora Rahola, de acuerdo con la Constitución y
las leyes, y las Cámaras también.
Usted nos habla de un sumario. No existe ya ningún sumario, sino un
procedimiento archivado. Habla de levantar el secreto de los
expedientes. No hay ningún secreto. Aquí lo que hay es una situación
jurídica concreta, que vincula a las Cámaras en la medida en que las
mismas no tomen la iniciativa legítima que tienen para modificarla
por la proyección que sobre ese conjunto
que es la Constitución tiene en su artículo 9, que naturalmente
nos alcanza a todos.
Aquí nos encontramos con unos archivos, señora Rahola (yo aquí sí
espero que pueda ser un poco didáctico para usted), que no están
regulados explícitamente, y así lo reconoce -la lectura no permite
duda- la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 22 de
mayo de 1996, que es la única que ha hecho un análisis más o menos
exhaustivo de esta cuestión. Esos son unos archivos judiciales.
Yo le podía preguntar a S.S. por qué no se solicita que los
protocolos notariales se transfieran también a los archivos
históricos. En algún momento tendrá que hacerse. Pero estos archivos
todavía siguen teniendo un contenido judicial a los que no les es de
aplicación esa norma, como muy bien a puesto de relieve S.S., que el
Real Decreto 2.598/1988 del Ministerio de Defensa, los excluye, con
el anuncio de que deberán ser regulados con los mismos criterios,
tendentes a compaginar la publicidad, el valor documental y la
conservación. Y le voy a decir una cosa, si algunos archivos han
estado bien conservados en la historia de España han sido los
archivos militares. Le recomiendo la lectura de alguna biografía, por
ejemplo, la del conde-duque de Olivares, donde encontrará S.S. que
los hechos concretos que han podido llegar a la posteridad lo han
hecho a través del archivo de Simancas. Los investigadores se lo
podrán explicar. Se lo digo porque parece que allí también, ha dicho
usted, estaban mal tratados los archivos. Parece que no demasiado.
En definitiva, estos archivos judiciales militares tienen la misma
naturaleza que los demás archivos judiciales. Por eso el artículo 234
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (la proclamación que el
artículo 105 de la Constitución hace sobre la posibilidad de consulta
de cualesquiera tipo de archivos históricos no se hace por la
Constitución en relación con los archivos judiciales, y le añado yo,
por ponerle el ejemplo, ni los notariales) dice que los interesados
tienen acceso a los libros y registros judiciales que no tengan
carácter reservado. El Consejo General del Poder Judicial, en un
acuerdo plenario de 19 de febrero de 1991, intentó hacer una
aproximación interpretativa de la forma en que se pudiera dar la
mayor publicidad a estos archivos judiciales. Eso es lo que ha venido
sucediendo en este momento, porque ese artículo que le he citado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene su correlato en el artículo
383 de la Ley procesal militar.
No sucedería nada si esto lo encauzáramos por el camino adecuado, que
es traer una proposición de ley que permita, modificando esas normas,
establecer las pautas para conciliar, de una parte, el principio de
publicidad, el de acceso a esos archivos históricos y, por otra, esos
derechos fundamentales que deben ser preservados, porque pudieran
estar en riesgo en algún caso, y por eso esa mención constante e
interesada que hacen los dos preceptos que le acabo de citar. Ello
nos conduciría a una solución razonable de toda esta cuestiónpara
todos y para siempre. Porque, señoría, causas
importantísimas de la historia de España que se encuentran en esos
archivos hay muchas. Le citaría, por poner solo una, la de don Julián
Besteiro, que fue presidente de esta Cámara, que también debe, como
es natural, tener esa garantía de publicidad, de conocimiento, de
acercamiento por los ciudadanos. Le podría hablar de muchas más
cosas.
En definitiva, no se trata de ningún secretismo; se trata de una
tendencia, de una inercia en relación con los procedimientos
judiciales en el ordenamiento jurídico español, acertado o no
(supongo que a usted no le parecerá acertado), que intenta preservar
la colisión entre derechos de privacidad e intimidad con los de
publicidad.
Terminaría diciéndole que usted tiene una tendencia notable a
articular discursos orientados por la ucronía. Esa, en definitiva,
señoría, supongo que es su tendencia. Nosotros entendemos que la
historia, cuando se apela a ella -nosotros también apelamos a ella y
la asumimos en su integridad-, lo que debe proporcionar siempre es la
lección de lo que no debe repetirse de aquella parte de ella. Esta es
una página de la historia de España que no debe repetirse y la
debemos conocer muy bien, estudiarla muy bien y reflexionarla muy
bien y, desde luego, conocerla muy bien para que no se repita.
Quisiera terminar con una cita que leía el otro día en un periódico
de mi provincia, El Progreso, de Lugo, en relación con algunas de
estas posturas que se producen en este momento en la sociedad
española. Y con una cita creo que muy acertada de Renan que dice que
las naciones se fundamentan en los recuerdos comunes y en los olvidos
compartidos. Profundice S.S. en los recuerdos y converja usted alguna
vez en los olvidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Padilla.
Tiene la palabra la señora Rahola a los efectos de que señale la
aceptación y en qué términos de las enmiendas que han sido
presentadas, si es que S.S. va a aceptar algunas de ellas.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Señor presidente, ha habido
inexactitudes claras en alusiones directas a mi persona por parte del
diputado del Grupo Popular y como mínimo quisiera responder a alguna
de ellas. Entre ellas, por ejemplo...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Rahola, en los
debates de las proposiciones no de ley es conocido que el que
presenta la iniciativa, los enmendantes de la misma y los que fijan
posiciones a veces coinciden y a veces no.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Este no es el tema, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Rahola, déjeme, por
favor, explicar lo que usted ya conoce, que es que a veces hay
posiciones muy contrapuestas y así se expresan con toda facilidad y
con toda libertad en esta Cámara, pero sabe usted que no hay un turno
de debate ni de alusiones.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: No quiero un debate, señor presidente,
sólo quiero responder a una alusión concreta.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene medio minuto para la
alusión y consuma el resto del tiempo en contestar a lo que tiene que
contestar.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Tengo de sobra.
Sólo quiero dejar claro en esta Cámara que no es cierto que el Grupo
Popular en ningún momento se haya puesto en contacto con esta
diputada para consensuar ninguna enmienda ni, por tanto, ningún tipo
de planteamiento respecto a este tema. Es decir, que no sé con quién
ha hecho múltiples esfuerzos el Grupo Popular para consensuar alguna
cosa. Con esta diputada, que es la responsable de esta proposición,
no ha hecho nada, es decir, ha faltado a la verdad.
Segundo. Algún tic de esta diputada, sí; tics democráticos.
Tercer punto...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Rahola, vayamos a
la cuestión, las alusiones han sido ya suficientemente explicadas.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Planteo la siguiente enmienda transaccional que recoge el sentido y
el consenso de las enmiendas presentadas por el diputado Joan Saura,
de Iniciativa per Catalunya, por el Grupo Parlamentario Socialista,
señor Solé Tura, y por el Grupo Parlamentario Catalán y que quedaría
de la siguiente manera. Sería el primer punto de la enmienda
socialista, hasta las palabras Lluís Companys i Jover. Por cierto,
Lluís Companys i Jover, que no lo ha nombrado ni una vez el diputado
del Grupo Popular; le tiene alergia al nombre. Lluís Companys i
Jover, a ver si pierde la alergia de una vez.
El primer punto de la enmienda socialista hasta las palabras Lluís
Companys i Jover y la enmienda entera del Grupo Parlamentario
Catalán. La enmienda transaccional queda, pues, de la siguiente
manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar, en el
plazo más breve posible, las medidas necesarias para dar plena
publicidad al sumario contra el presidente de la Generalitat de
Cataluña, don Lluís Companys i Jover, y asimismo realizar las
gestiones necesarias para que el sumario contra Lluís Companys i
Jover y el resto de expedientes procesales que se encuentran en la
situación de archivo definitivo generados en Cataluña por los
tribunales togados militares se depositen en los
archivos que designe la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el
convenio firmado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno catalán,
sobre la gestión de los documentos de los organismos del Estado en
Cataluña.
Así quedaría, pues, la enmienda transaccional. (El señor Padilla
Carballada pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rahola.
Señor Padilla, ya he dicho que no había debate en el turno de
alusiones. ¿A qué efectos me pide la palabra?
El señor PADILLA CARBALLADA: Por una concreta alusión, señor
presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
Tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señorías, yo no tengo
ninguna alergia a don Lluís Companys i Jover, aunque naturalmente
tengo muchas alergias, pero son otras distintas; nunca he tenido
alergia a las personas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Padilla.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.-El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Mixto, señora Rahola, relativa a la solicitud de consulta pública del
sumario del consejo de guerra contra Lluís Companys, en los términos
resultantes de las transacciones que se han producido en el
transcurso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 162; en contra, 10; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL
GOBIERNO EN POLÍTICA PENITENCIARIA (Número de expediente 173/000123).
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes debatidas el Pleno de la semana pasada.
La moción que ahora se va a debatir es la del Grupo Socialista sobre
los propósitos del Gobierno en política penitenciaria. Tiene la
palabra el señor Pérez Solano, en nombre del grupo proponente. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego que guarden silencio, que abandonen el hemiciclo u ocupen sus
escaños. Por favor, señor Cercas. Señor Cercas, le he llamado varias
veces. Señor Gortázar.
Puede comenzar, señoría.
El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ofrece a los distintos grupos
parlamentarios esta tarde el resultado de su reflexión, tras la
interpelación celebrada el pasado día 24 de febrero, sobre los
propósitos de la política penitenciaria del Gobierno, con el fin de
solicitar el apoyo de los grupos a la moción que les voy a presentar
brevemente. La moción, de 17 apartados, pretende articular un
catálogo de requerimientos al Gobierno para que en plazo razonable de
tiempo adopte medidas y actuaciones concretas, lejos de las buenas y
piadosas intenciones de esas expresiones que tanto se usan y que nada
comprometen, como se favorecerá, se fomentará, se impulsará y otras
parecidas. De esta manera, también se favorece el control
parlamentario de las resoluciones que se aprueben.
Las propuestas de resolución pretenden, de un lado, materializar en
actuaciones concretas aquella otra moción consecuencia de
interpelación, aprobada por unanimidad el 18 de junio de 1996,
incumplida en aspectos sustanciales por parte del Gobierno, y las
proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular ante la Comisión de Justicia e Interior y en el Pleno del
Congreso de los Diputados sobre separación de las celdas y sobre la
configuración de un plan específico de tratamiento para los internos
condenados por delitos contra la libertad sexual. La moción
consecuencia de interpelación de 18 de junio de 1996 sólo ha sido
cumplida en sus aspectos formales, esto es, el Gobierno elaboró un
plan de amortización y creación de centros penitenciarios el 30 de
abril de 1998. Recientemente ha remitido a la Cámara la ley
reguladora de la responsabilidad penal del menor y con 18 meses de
retraso remitió también a esta Cámara el informe sobre la valoración
política y económica del funcionamiento de la sociedad de
infraestructuras y equipamientos penitenciarios, pero nada sabemos
sobre el grado de cumplimiento de las dos proposiciones no de ley que
hemos citado anteriormente.
Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las proposiciones no
de ley van encaminados los apartados números 1 y 2 de nuestra moción.
Efectivamente, en política penitenciaria es fundamental evitar el
hacinamiento y masificación de los internos en los centros porque es
necesario que exista el número suficiente de
plazas penitenciarias para albergarlos en condiciones de dignidad. El
Gobierno, en su Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios, de 30 de abril de 1998, no establece calendario ni
previsión alguna ni sobre la amortización de los anticuados y viejos,
ni sobre la construcción de los nuevos, ni sobre la creación,
adecuación y equipamiento de centros de inserción social, ni sobre
las unidades o zonas de custodia en los hospitales del sector
público, etcétera. Es un catálogo de incumplimientos.
Nada sabemos tampoco, por otra parte, señor presidente, del grado de
cumplimiento por parte del Gobierno de los apartados 2, 4 y 5 de la
moción de 18 de junio de 1996, por la que se emplazaba al Gobierno a
la elaboración de un plan de plazas públicas de deshabituación de
drogodependientes, a la suscripción de convenios con las comunidades
autónomas y organizaciones no gubernamentales, etcétera.
Por consiguiente, señor presidente, la moción que presentamos a la
consideración de la Cámara trata de que el Gobierno nos responda a
las siguientes cuestiones: ¿cuál es el estado de las informaciones
reservadas instruidas a causa de los presuntos malos tratos cometidos
en algunos centros penitenciarios? ¿Por qué razón no se ha
desarrollado todavía la disposición transitoria tercera del Real
Decreto-ley de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento
penitenciario, en cuanto al establecimiento de la nueva regulación de
los servicios y unidades de los centros penitenciarios y de cada una
de las funciones de los puestos de trabajo? ¿Por qué no se ha
elaborado un plan de evaluación continuada de los criterios de
valoración relativo al desempeño de actividades laborales, culturales
u ocupacionales para la concesión del beneficio penitenciario de la
libertad condicional? ¿Cuál es el resultado de las informaciones
incoadas para la averiguación de los presuntos malos tratos, como
decíamos anteriormente? ¿Por qué no se ha desarrollado todavía la
disposición del Reglamento penitenciario? ¿Por qué no existe un
programa de medidas específicas para el tratamiento de reclusos
enfermos de sida y para internos drogodependientes? ¿Por qué no se
han cumplido en su integridad los acuerdos retributivos suscritos con
los sindicatos representativos del sector y qué pasa con la carrera
administrativa de los funcionarios y con la seguridad interior y
exterior de los internos y de los trabajadores penitenciarios?
¿Cuántos convenios han suscrito con las administraciones públicas y
con entidades públicas o privadas para el cumplimiento de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad? ¿Cuántas unidades dependientes
existen para la prestación a los internos clasificados en tercer
grado de actividades formativas, laborales y de tratamiento? ¿Cuántos
centros de inserción social? En este sentido, señor presidente,
pedimos que se modifique de oficio, en nuestro apartado 15 de la
moción, la expresión centros de asistencia social por centros de
inserción social. ¿Cuántos programas educativos, sanitarios
y formativos de los niños ingresados con sus progenitoras
en las unidades de madres existen en los centros
penitenciarios?
Señor presidente, como este grupo tiene conocimiento de las enmiendas
presentadas por otros grupos parlamentarios, aparte de los principios
procesales de oralidad e inmediación, que ya hemos cumplido, queremos
también cumplir el de concentración, y por eso le solicitamos, si
procede reglamentariamente, fijar en este turno nuestra posición
sobre las enmiendas presentadas por otros grupos y así ahorraríamos
tiempo.
Existen enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios que
hacen referencia al acercamiento de presos. Ya dijimos en la
presentación de la interpelación que eludíamos este apartado del
objeto de la interpelación y lo eludimos también del objeto de la
moción por respeto a la moción del Congreso de los Diputados aprobada
por unanimidad el 10 de noviembre de 1998, que decía literalmente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a que
mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas
desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de
la política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la
violencia.» Señorías, las enmiendas presentadas con este fin a las
once y media o doce de la mañana se discuten ahora y no hay tiempo
suficiente para cumplir razonablemente, concienzudamente, esta moción
aprobada por unanimidad, por eso excluimos este objeto de la
interpelación y lo excluimos ahora de la moción, al no articular
ningún apartado ni propuesta de resolución, y manifestamos nuestra
oposición a las enmiendas que van en esa dirección.
También tenemos conocimiento de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular, que vamos a aceptar en su totalidad con
la modificación que formulará el autor respecto de una de ellas.
Asimismo vamos a aceptar todas las enmiendas que propone Izquierda
Unida a la moción, excepto la número 23, que hace referencia al
acercamiento de presos, y vamos a rechazar las propuestas de
resolución que articula don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo
Mixto; doña Begoña Lasagabaster, también del Grupo Mixto, y el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Con las propuestas de resolución que ofrecemos a la Cámara más las
incorporaciones que se produzcan por la vía de enmiendas entendemos
que ofrecemos a la consideración de SS.SS. no un decálogo, porque nos
han salido 17 mandamientos penitenciarios más las incorporaciones del
resto de los grupos, pero sí un conjunto de proposiciones que se
pueden encerrar en tres: la reinserción y reeducación de los penados,
la seguridad interior y exterior de los centros penitenciarios y la
prestación de una asistencia social para los internos liberados y sus
familiares.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Muchas gracias,
señor Pérez Solano.
Efectivamente, han sido presentadas enmiendas por los grupos
parlamentarios Mixto, Izquierda Unida, Vasco y Popular. En primer
lugar, para la presentación de su enmienda, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego comparte las medidas que el Grupo
Socialista presenta en su moción y sus enmiendas, que son
complementarias, van destinadas a profundizar en el problema de los
malos tratos. Nosotros no podemos olvidar las denuncias que se
hicieron ante el Consejo General del Poder Judicial sobre esta
problemática, que afectaban a los años 1996 y 1997, además, en
respuestas del Gobierno a este diputado, se reconoce un aumento del
número de denuncias por presuntos malos tratos, incluso a través de
los trámites que hay que utilizar dentro de las prisiones. Como
pensamos que la tutela de los derechos de las personas presas es uno
de los aspectos fundamentales del sistema penitenciario, hemos
presentado esta enmienda de adición al punto número 6.
La enmienda de adición al punto número 8 va en el sentido de matizar
perfectamente lo que se reconocía en otros aspectos de la política
penitenciaria; es decir, evitar que se aplique unilateralmente y de
forma discrecional una política de permisos, de visitas y, en
especial, algo que es dramático, la excarcelación de los enfermos
graves, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica General
Penitenciaria y en el reglamento penitenciario, y les leo un dato
interesante. Dice el Gobierno: En relación a las excarcelaciones
producidas durante los años 1995 y 1996 en virtud del mencionado
artículo del reglamento penitenciario, éste fue aplicado a 578 y 702
personas respectivamente. Y se dice también que es competencia de los
jueces de vigilancia penitenciaria, pero dejar exclusivamente a la
voluntad del juez una cuestión de tal importancia, donde la opinión
médica debería ser decisiva, nos parece que se presta a
interpretaciones de carácter caprichoso.
Por último, presentamos una enmienda de adición al punto número 18
para que, siguiendo el mandato recogido en la Ley Orgánica General
Penitenciaria, se impulse la política de que los penados y
preventivos puedan cumplir la pena o la prisión preventiva en el
centro más próximo al lugar de su residencia habitual. Y lo hacemos
como una medida resocializadora y además porque debemos evitar que
las consecuencias de la pena puedan alcanzar a personas distintas de
las efectivamente responsables. Se trata, por lo tanto, de una
tendencia, aunque podamos estar de acuerdo en que no sea un derecho
individual, pero las tendencias en política deben ser cumplidas,
sobre todo cuando se trata de la tutela efectiva de los derechos de
las personas presas.
Y acabo, señor presidente. El tema de las excarcelaciones debe ser
mirado con especial atención porque repito el dato alarmante de que
el 22,7 por ciento de la
población reclusa, según datos del Gobierno, está prácticamente
infectada de sida, sin contar con el número de tuberculosos y de
enfermos de hepatitis, y pensamos que una de las formas de evitar la
masificación sería reducirla por la vía de la decisión política de
posibilitar las excarcelaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, asimismo, tiene la palabra
la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
A la moción presentada por el Grupo Socialista de 17 puntos, alguno
de ellos efectivamente muy preocupantes, hemos querido añadir dos
puntos que nos parecen también relevantes en cuestión de política
penitenciaria. Uno de ellos, lógicamente, es el cumplimiento de
determinadas leyes de los estatutos de autonomía que establecen
determinadas competencias exclusivas para la gestión y organización
de los establecimientos penitenciarios y la ejecución de legislación
penitenciaria. Nos sorprende que no se admita esta enmienda, porque
lo único que pretende es que se cumplan unas leyes aprobada y leyes
orgánicas.
En cuanto a la segunda enmienda, creo que sería necesario reflexionar
sobre la cuestión de la que estamos hablando. Hablamos de política
penitenciaria y de su aplicación, desde nuestro punto de vista, a
toda la población, sin ningún tipo de exclusión, y nos sorprende que
se hagan exclusiones para determinados reclusos. Es decir, si estamos
diciendo que la Ley General Penitenciaria, en su artículo 12, el
reglamento, en su artículo 9, y el artículo 1, como clave de
reeducación y reinserción social, por no mencionar otras normas
europeas de reciente aprobación como las del Parlamento Europeo en
sus orientaciones de diciembre de 1998, establecen que es importante
que haya un acercamiento al entorno social y familiar, me pregunto
cuál es la razón real para que a determinado colectivo no se le
apliquen determinadas orientaciones generales a las cuales creo que
tienen igual derecho -si se me permite decirlo- que cualquier otro
ciudadano recluso. Creo que esto es muy importante, porque esta
reflexión tiene que llevarnos a considerar que estamos hablando de
orientaciones y principios que benefician a personas, a individuos.
Pero es que además ocurre que se está penando y se lleva penando
mucho tiempo a sus familias, a las que se aplica un castigo añadido
que no creo que sea justificado porque no han hecho nada. Por tanto,
me parece que no tiene sentido hablar a la ligera de excluir a
reclusos o a sus familiares.
En cualquier caso, señalaba el diputado Pérez Solano que hay una
moción que aprobamos por unanimidad y que costó mucho esfuerzo. Creo
que todos pusimos mucho de nuestra parte para que saliera adelante,
y eso ya de por sí merece ser tenido en cuenta. Pero,
curiosamente, están pasando los meses, y lo que eran derechos
individuales según las leyes lo convertimos en algo que además podía
ser bueno de forma colectiva. Pues bien, aprobamos el 10 de noviembre
de 1998, ya hace unos meses, una moción pidiendo una nueva
orientación de política penitenciaria que no existe, ni consensuada
ni sin consensuar, ni dinámica ni poco dinámica, ni flexible ni
rígida. No hay nada. Y si a usted le parece, lo discutimos en otro
momento, pero quizá lo que no haya que hacer sea apartar los
problemas, especialmente aquellos para cuya resolución esta Cámara ha
dado su aprobación por unanimidad. Creo que es importante hablar
sobre esto porque toda la población reclusa tiene unos derechos, y
digo en este sentido que los colectivos no tienen que ser rehenes de
nadie, ni de sus organizaciones armadas, en este caso, pero tampoco
de los gobiernos. Además, hemos dicho todos en esta Cámara que ese
tema podía ser bueno para el beneficio colectivo, por lo que no sé
por qué hay que apartarlo. En cualquier caso, seguiremos hablando del
mismo.Quiero dejar claro que los problemas no se solucionan por la
inactividad, que los esfuerzos que hemos hecho todos no deben
resultar baldíos y que algún día habrá que decirlo aquí, hoy o
mañana. Nosotros lo hemos manifestado constantemente y lo seguiremos
haciendo, porque no solamente lo ha dicho este Congreso, sino también
el Parlamento vasco y multitud de foros que representan a muchos
ciudadanos y, desde luego, éste es uno de ellos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Para la presentación de sus enmiendas, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, habíamos presentado una enmienda con seis puntos más y
uno lo hemos retirado porque lo que solicitábamos está ya tramitado
con fecha de diciembre de 1998. Por lo tanto, eran seis puntos y se
quedan en cinco bajo el punto de vista de la filosofía que ya
anunciamos en nuestra intervención de la semana pasada a propósito de
la interpelación, para reforzar, como pretende el grupo proponente,
la reinserción, la seguridad y la asistencia social de la población
penitenciaria en el Estado español. Hacemos hincapié además en estos
cinco puntos que en la moción aprobada por unanimidad el 18 de junio
de 1996, a propuesta en este caso de Izquierda Unida, hay aspectos
que al día de hoy, bastantes meses después, están sin cumplimentar, y
entendemos que alguno de ellos tiene la suficiente importancia como
para incorporarlo en esta ocasión, retomando ese debate del 18 de
junio de 1996 sobre las infraestructuras suficientes para la
aplicación de las medidas de seguridad a las penas cortas privativas
de libertad, sobre la revisión del actual Plan
de amortización y creación de nuevos centros y también en el sentido
de aportar las medidas precisas para evitar situaciones de
hacinamiento, falta de higiene y cualesquiera otras que operen en
menoscabo de los derechos de los internos, para promocionar
especialmente las tareas de trabajo y educación en el interior de los
centros como ejes básicos de los programas de tratamiento y
reinserción, garantizando una dotación presupuestaria suficiente,
además de los fondos que provengan del presupuesto de la Unión
Europea, y favoreciendo la aplicación del producto de este trabajo
para su aprovechamiento por las administraciones públicas. En este
sentido hay que decir que el propio Defensor del Pueblo nos ha hecho
una indicación reciente porque, en lo que se refiere a las
instalaciones educativas, en la mayoría de los centros penitenciarios
no se cumple la normativa legal. Hay que profundizar en el
perfeccionamiento del servicio de asistencia social sobre la
población reclusa a prestar tanto por los dispositivos penitenciarios
como por los extrapenitenciarios; hay que prestar también atención
especial a las condiciones de habitabilidad y salubridad de los
departamentos de mujeres y unidades de madres de los establecimientos
penitenciarios y a la promoción de sus actividades laborales,
educativas y culturales y, finalmente, señorías, que se adopten las
medidas oportunas para que los reclusos cumplan su condena en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma donde tengan su domicilio
o, en caso de carecer de éste, donde residan sus parientes más
próximos cuando así lo solicite el interno, es decir, la política que
se viene denominando como el acercamiento de los presos.
Señorías, nosotros consideramos que no aceptar este punto -parece ser
que el grupo proponente no va a aceptarlo, aceptará el resto de las
propuestas pero no este punto- es un inmenso error, porque si lo que
se pretende es plantear como primer objetivo la política de
reinserción, indudablemente el que un recluso esté cumpliendo su
condena fuera de su ámbito natural de actuación es un impedimento
objetivo para conseguir este propósito. Aquí hay que plantearlo con
total tranquilidad. Estamos hablando de una realidad general y es
verdad que ha habido un intento por parte de determinados grupos de
la Cámara para tratar de concretar este aspecto solamente en un
colectivo de reclusos, en este caso en el de ETA, pero estamos
hablando de un colectivo general que afecta, de las 40.000 personas
que están cumpliendo su condena, a una parte muy importante que no
puede cumplirla en el centro más próximo a su domicilio. Para que se
hagan ustedes una idea -lo dije la semana pasada y lo reitero ahora-,
solamente en la Comunidad Autónoma andaluza en estos momentos hay
1.589 andaluces, residentes en Andalucía, que están cumpliendo su
condena fuera de Andalucía. Esto es un problema para la reinserción
de este colectivo de 1.589 personas, hombres y mujeres. Pero es que
además de ser un error general, que contraviene las recomendaciones
de Naciones Unidades, del Consejo de Europa, etcétera, y que atenta
claramente
contra el primer objetivo de la reinserción, es un error añadido
porque es un obstáculo para el proceso de paz. Por lo tanto, este
empecinamiento en no dar un paso en el sentido de flexibilizar, como
se había pedido por parte de esta Cámara, la política penitenciaria
de forma progresiva para ese colectivo de 400 presos con carácter
específico y para el resto de colectivos de presos con carácter
general, nos parece que es un tremendo error. Lo queremos hacer
constar en esta intervención.
Lógicamente, con el resto de los puntos que nos plantea el grupo
proponente -como habrán podido comprobar nuestras propuestas son de
adición- estamos de acuerdo y votaremos favorablemente, pero haciendo
constar en esta intervención nuestro rechazo a que no se proceda a
esta política de acercamiento de los presos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría
para la presentación de sus enmiendas.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la interpelación que se hizo al Gobierno lo es sobre sus
propósitos en política penitenciaria y es ésta su primera evaluación
global en la materia. El grupo al que represento no estuvo presente
en el debate de la moción pero, leído el «Diario de Sesiones», la
presentación del señor Pérez Solano fue extraordinariamente minuciosa
y apuntó problemas numerosos y concretos.
Es obvio que la situación penitenciaria no es buena y creemos que su
gestión en esta legislatura no supera el aprobado. Basta recordar
problemas derivados de la drogodependencia y sida en la población
reclusa, problemas de sobreocupación y seguridad en el interior de
las prisiones, fallan los mecanismos de rehabilitación a través del
trabajo productivo, formativo y educacional, falla también la
formación inicial y continua de los funcionarios, que además están
desmotivados. Y para qué hablar del problema de la mujer en prisión,
respecto del cual comparecerá la semana que viene el director de
Instituciones Penitenciarias. Ni siquiera hubo, por parte del señor
ministro, una respuesta contundente, sino un mero retorno al pasado.
Sí pasan muchas cosas, vino a decir, pero a ustedes les pasaban más.
El plan de 1998 es incompleto e inconcreto, pero peores fueron los de
1996 y 1991. Más exiguos e imprecisos, dijo; es decir, que el de 1998
reconoce que es exiguo e impreciso. Todo muy edificante.
La moción presentada por el Grupo Socialista es extensa y con
vocación de exhaustiva, pero no empieza por el principio y no
contempla dos aspectos esenciales para el grupo al que pertenezco,
con lo cual ya me refiero a los tres puntos de la enmienda vasca.
Empezar por el principio para nosotros es adecuación normativa. La
Ley General Penitenciaria es del año 1979, justito posconstitucional,
y han pasado ya 20 años. Hay por medio un Código Penal. Es hora de
pensar en reformas que eviten situaciones como la de que los penados
por el nuevo Código tengan más difícil lograr la libertad
condicional, saliendo de la indefinición actual sobre los beneficios
penitenciarios.
En segundo lugar, este Estado se define como autonómico y en cada
materia debe atenderse esta realidad constitucionalmente querida. La
materia instituciones penitenciarias está contemplada como
competencia en el grado de ejecución en el Estatuto catalán, y ha
sido asumida en el Estatuto andaluz en idénticos términos y también,
con otra terminología, por la Comunidad Foral de Navarra. En el caso
vasco, la competencia es más amplia. No sólo se contempla la
competencia de ejecución en el artículo 12.1, sino que tiene un
artículo 10.14 que concede a la comunidad autónoma la organización,
régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios sitos en la
Comunidad Autónoma vasca.Me extenderé en este punto porque suele
decirse que jamás se ha reclamado esta competencia, y ello no es así,
y aprovecho esta ocasión para manifestarlo a la Cámara. En el momento
inicial, cuando se transfirió a la Comunidad Autónoma catalana, no se
admitió la transferencia desde la Administración vasca porque
entendíamos que nuestra competencia tenía un alcance distinto, y lo
que se hizo fue recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto
de coordinación penitenciaria, con el desfavorable resultado que
arroja la sentencia del Tribunal Constitucional 104/1988. Tengo
delante de mí una moción aprobada por el Parlamento vasco en el año
1987, a instancia precisamente de Euskadiko Ezkerra, grupo que ahora
está subsumido en el Grupo Socialista, en la que se insta al Gobierno
vasco -y así se hizo- para que se pidiera la transferencia en materia
de prisiones. Igualmente, tengo ante mí una fundamentación para la
transferencia de prisiones de los tiempos en los que era consejero de
Justicia el señor Jáuregui, hoy ilustre miembro de la ejecutiva
socialista. Finalmente, me referiré a la última ocasión de la que
tengo noticia en la que ha sido reclamada esta transferencia, que ha
sido en días pasados y en la que se ha obtenido una respuesta por
parte del Gobierno ajustada a la legalidad, pero que me permitiré
calificar de cínica. Pedida la transferencia por el actual consejero
de Justicia, se le ha contestado que en este Gobierno el Ministerio
competente para acordar transferencias es el Ministerio para las
Administraciones Públicas. Efectivamente, esto es correcto
jurídicamente y así lo sabemos, pero también tenemos una práctica de
casi 20 años de transferencias según la cual suelen empezar las
negociaciones por el Ministerio sectorial, que hubiese sido lo
lógico. Por tanto, es una respuesta -repito- excesivamente cínica
remitir al MAP para hablar de esta transferencia.
El tercer punto al que me quería referir es el que hace referencia al
tenor literal del punto de la moción sobre pacificación aprobado en
esta Cámara el 10 de
noviembre pasado. Cierto es que el señor Pérez Solano excluye
expresamente en su moción, como objeto de tratamiento, dicha moción,
pero los grupos con nuestras enmiendas tenemos legítimo derecho a
ampliar el campo de juego y para mi grupo es irrenunciable hablar de
acercamiento de presos si de política penitenciaria se trata. Es
curioso cómo para los grupos mayoritarios de esta Cámara los presos
de ETA son delincuentes sin ninguna connotación ideológica, sin
ningún trasfondo, al menos, político en su planteamiento. Esto no
puede sostenerse con el Código Penal en la mano, puesto que se les
aplican penas mayores con justicia. Tampoco lo es en cuanto al fuero
por el que se les juzga, puesto que son juzgados por la Audiencia
Nacional, y ahora resulta que, sosteniéndose que son presos idénticos
que el resto, se les quiere excluir de una moción que lo es sobre
política penitenciaria en general. Nuestra querencia hubiese sido
traer el texto literalmente aprobado por el Parlamento vasco, que es
más tuitivo que el que fue aprobado definitivamente en esta Cámara.
En aras de un consenso -que ya vemos que no se ha producido-, nos
limitamos a los estrictos términos de la moción aprobada por la
Cámara el día ya citado, 10 de noviembre pasado.
De no aceptarse estos tres puntos -que nos da igual que vayan antes,
después o en medio de los planteados por el Grupo Socialista-, el
Grupo Vasco no rechazará la moción de este grupo, pero sí se
abstendrá ya que entendemos que se dejan fuera la modificación
normativa, la mención a las transferencias y el acercamiento de los
presos. Por tanto, no existirá una propuesta completa y concreta de
política penitenciaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de
sus enmiendas, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para indicar, en primer lugar, que viene
siendo una vieja costumbre parlamentaria, a la que nosotros en modo
alguno tenemos nada que objetar, que sea precisamente el grupo autor
de la interpelación el que acote o defina el sistema de inclusiones
y de exclusiones sobre el que quiere dar forma al texto de su
iniciativa. En este sentido, el Grupo Socialista, a través del señor
Pérez Solano, definió en el comienzo de su intervención el pasado
miércoles cuál quería que fuera el objeto de fondo, la frontera sobre
la cual definir el debate que entonces nos ocupaba y la subsiguiente
moción consecuencia de esa interpelación. Por tanto, desde el Grupo
Parlamentario Popular no hay nada en absoluto que objetar a ese
sistema de inclusiones y de exclusiones. Al mismo tiempo, y en
relación con ello, digo que no se entiende que se nos acuse de
pretender eludir por nuestra parte ningún otro tipo de referencia
directa o indirecta, colateral o no, a los contenidos
de este debate, simplemente entendemos que no fueron
planteados por la voluntad del grupo proponente; por tanto, no
entramos en este acto en ello.
El Grupo Parlamentario Popular celebra el tono y el contenido de la
moción presentada por el Grupo Socialista porque va a permitir
aportar elementos claros -me atrevería a decir que incluso rotundos-
de información para poder dar pie a subsiguientes debates en torno al
hecho que nos ocupa. Ya tuvimos ocasión de manifestar que la
interpelación del pasado miércoles no debía concluir una cuestión de
la importancia y de la naturaleza que nos ocupa, sino que debía
permitir que en el futuro se pudieran construir debates a partir de
la aportación concreta de datos. Entendemos perfectamente que en la
ceremonia tasada en el tiempo de un debate, de una confrontación
dialéctica Gobierno-oposición, en ese tiempo tasado de una
interpelación, probablemente no se puedan poner sobre la mesa, ni por
parte de la oposición ni por parte del Gobierno, el conjunto de los
datos reales que definen el verdadero estado de la cuestión.
Por tanto, precisamente a través del contenido de fondo y de forma de
la moción que hoy se nos presenta, el Gobierno va a tener la
oportunidad de poner a disposición del grupo interpelante, y del
conjunto de los grupos de la Cámara, el balance exacto de las
actuaciones que ha venido realizando en materia de política
penitenciaria desde marzo de 1996 y las previsiones que en este
sentido están ejecutándose o se van a ejecutar en próximas fechas. Y
a partir de esa aportación, de ese diagnóstico exacto de la cuestión,
podremos, sin lugar a dudas, con mayor detenimiento y profundidad,
seguir hablando en los próximos meses de una cuestión que nos ocupa y
preocupa a todos.
Quiero decir que sería bueno -lo señalé en mi intervención durante la
interpelación y lo reafirmo hoy- que todos coincidiéramos en dejar
fuera de esa discusión lo que es la referencia a los principios. Los
principios los compartimos todos. Los principios permiten afirmar que
no existe, no puede existir, una política penitenciaria apellidada de
esta o de aquella forma, sino una única política penitenciaria, la
constitucional, la política penitenciaria que, precisamente a partir
de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución, define como
orientación básica de todo el sistema de ejecución de penas
privativas de la libertad la reinserción y la reeducación del
interno.
Creo que ese es un punto de encuentro muy importante, con el que
precisamente se abrió la democracia española, con aquel consenso, con
aquella unanimidad de esta Cámara en relación con la aprobación de la
Ley Orgánica General Penitenciaria. Y sobre ese equipaje de
principios, que es común y compartido por todos, debemos seguir
trabajando, cada cual en su responsabilidad, el Gobierno en la suya,
los grupos de la oposición también en la suya, pero a través del
contraste de propuestas concretas y con datos concretos. Y desde
luego el Gobierno va a tener la oportunidad, y lo celebra, depoder
ofrecer al conjunto de la Cámara datos concretos.
En ese sentido, nuestras enmiendas vienen a completar aspectos que
entendemos que pueden ser técnicamente mejorables del contenido de la
moción, pero no a modificarla sustancialmente. Nuestra enmienda al
punto 7.º pretende básicamente una ampliación, por razones de
operatividad, de ocho meses en lugar de los tres propuestos en la
moción. Nuestra enmienda al punto 8.º hace solamente una eliminación
de la referencia al indulto particular, por razones técnico-jurídicas
que así lo aconsejan, en relación con lo que es la propia coherencia
de la moción. Nuestra enmienda al punto 10 pretende, de alguna forma,
atar aún más el propio contenido de la moción, en la medida en que la
moción original propone que el Gobierno cumpla, y nuestra enmienda,
en coherencia con la propia estructura de forma de la moción original
y con el planteamiento que yo acabo de hacer aquí, lo que pide es
instar al Gobierno a que en un plazo muy concreto, de tres meses,
remita la información puntual de cómo ha cumplido los acuerdos
económicos de referencia.Nuestra enmienda al punto 12 pretende
básicamente la misma finalidad que el texto de la moción original,
haciendo unas precisiones en orden a la redacción que entendemos se
adecuan mucho mejor al sentido del texto original.
Entendemos como decaída nuestra enmienda al punto 15, por lo que el
propio señor Pérez Solano ha señalado en su intervención, en la
medida en que trataba de un puro error de transcripción, puesto que
donde decía: centros de asistencia social debía decir: centros de
inserción social, tal y como, insisto, ha recordado el señor Pérez
Solano.
Nuestra enmienda al punto 16 casa igualmente con el sentido de fondo
del texto original, pero entendemos que la redacción propuesta casa,
a su vez, mucho mejor con lo que es el estado actual de la cuestión.
Finalmente, nuestra enmienda al punto 17 sustituye lo que es un
planteamiento de expresión excesivamente finalista, es decir, la
creación de un plan de seguridad interior que evite la fuga de los
internos y la entrada de ellos, por un planteamiento que entendemos
se adecua mucho más a la realidad de los hechos, que es sustituir esa
expresión por la expresión «tendente a evitar».
Finalmente, nuestras enmiendas a los puntos 3 y 4 tienen un sentido
plenamente combinado. Por una parte, proponemos la ampliación de los
plazos establecidos en el punto 3 y en el punto 4 de tres a cuatro
meses, y, por otra parte, proponemos la exclusión en el punto 3 de la
referencia al centro penitenciario de Zuera, en los términos que
venían señalados en la moción original, es decir, que en el plazo de
tres meses proceda a la apertura y puesta en funcionamiento de los
centros penitenciarios construidos en Zuera, Palma de Mallorca,
Mansilla de la Mulas y plena capacidad del de Dueñas, incluyendo esa
referencia a Zuera en el punto 4 en los términos que nosotros mismos
proponemos en nuestra enmienda, con la adición que ahora señalaré
también, fruto de un error de transcripción, de manera que sería que
en el plazo de cuatro meses presente ante esta Cámara un plan
indicativo de las previsiones de creación, equipamiento y entrada
en funcionamiento de los centros penitenciarios de Zuera y los que
a continuación venían en el propio punto 4 de la moción.
Creemos que el estado de la cuestión y la referencia concreta a ese
centro penitenciario, que se incorporaba en el punto 3 de la moción
original del Grupo Socialista, queda mucho más adecuada a los
términos de los propios planteamientos del Gobierno y de la propia
realidad incorporándolo a esta solicitud de información -información,
por otro lado, exhaustiva- que plantea el punto 4, más que al mandato
imperativo del punto 3 en orden a su apertura inmediata.
En definitiva, merece nuestra satisfacción, vuelvo a recalcarlo, el
planteamiento hecho por el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a
permitir dar cauce para que haya una moción profundamente
constructiva...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil
Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo. ...profundamente constructiva en tanto
en cuanto va a permitir que la Cámara disponga de elementos rigurosos
de información, para que a partir de ellos podamos en el futuro
seguir hablando con detenimiento de una cuestión a la que todos
estamos muy sensiblemente vinculados. Tenga la seguridad el señor
Pérez Solano, tenga la seguridad el Grupo Parlamentario Socialista,
el conjunto de los grupos de la Cámara, que en esos tres mandamientos
-por utilizar su referencia- en los que el señor Pérez Solano ha
querido sintetizar el conjunto de la finalidad de fondo de su
iniciativa, en esos tres mandamientos que citaba el Grupo
Parlamentario Socialista, se nos encontrará siempre de acuerdo al
Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro.
Señor Pérez Solano, ¿va a añadir algo más a la exposición de
aceptación previamente formulada?
El señor PÉREZ SOLANO: Solamente quiero precisarle, por si no han
tomado la debida nota, que el Grupo Parlamentario Socialista admite
todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y de las
enmiendas de Izquierda Unida las que se signan con los apartados 18
a 21. Se rechaza la número 23 y se rechazan totalmente las enmiendas
presentadas por el señor Vázquez y la señora Lasagabaster, del Grupo
Mixto, y la señor Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Nada más, señor presidente. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Guardans, en nombre delGrupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
No habiendo presentado enmiendas, efectivamente, me corresponde fijar
la posición del Grupo Parlamentario Catalán. Como saben SS.SS.,
cuando se afronta en esta Cámara cualquier clase de debate en materia
de política penitenciaria, mi grupo lo afronta desde la
particularidad de que se trata de una materia en la que la
Generalitat de Cataluña goza de competencias de ejecución. Sobre esta
base, desde la responsabilidad, la experiencia de la política
penitenciaria catalana nos permite reconocer la complejidad que
comporta su ejecución y su gestión cuando se ha de ser respetuoso con
la doble obligación de garantizar la custodia y la posterior
reinserción de los ciudadanos privados de libertad.
A nuestro modo de ver, la política penitenciaria que ejecuta el
actual Gobierno sigue, en líneas generales, las directrices que
marcara el ejecutivo anterior, sin perjuicio de que en los últimos
años se hayan producido algunas mejoras en determinados ámbitos. En
particular, queremos destacar la disminución de la masificación en
los centros penitenciarios como consecuencia de la entrada en
funcionamiento de nuevos establecimientos, lo que ha de continuar con
la creación paulatina de nuevos centros, según consta en el plan de
amortización y creación de centros penitenciarios de abril de 1998,
que redundará, sin duda, en una mejora de las condiciones de la
población reclusa.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista plantea
cuestiones muy diversas y de importancia dispar, instando al Gobierno
a determinadas actuaciones, pero sobre todo a explicarse ante esta
Cámara sobre distintas materias y en distintos plazos. Son 17
mandamientos, pues, que se resumen en tres, como en referencia
bíblica, aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, decía el
portavoz señor Pérez Solano.
En una reciente resolución del Parlamento Europeo en materia
penitenciaria, de diciembre de 1998, en su apartado 1.º, se decía
expresamente que se pide a los Estados miembros que apliquen
íntegramente las disposiciones de las normativas penitenciarias del
Consejo de Europa, en particular las normativas relativas a las
exigencias mínimas de salubridad, acondicionamiento de las celdas,
alimentación, indumentaria, calefacción, higiene y acceso a las
instalaciones sanitarias y al trabajo, la enseñanza y la formación,
así como las actividades socioeducativas, culturales y deportivas;
elementos, todos ellos, que coadyuvan a la dignidad y a la
reinserción en la vida civil del preso.
Sin duda, estamos ante una moción que, desde su punto 1.º, referido a
la separación visual del espacio interior dentro de las celdas
compartidas, a los demás -también los puntos añadidos por las
enmiendas ya aceptadas de Izquierda Unida-, es una buena
materialización de estos principios que el Parlamento Europeo
recordaba hace muy poco.
Por otro lado, la mención a las medidas específicas aplicadas en el
interior de los centros penitenciarios para el tratamiento de los
reclusos con síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, con sida, nos parece en perfecta
sintonía con la directiva de la Organización Mundial de la Salud, en
la que se establecen los principios de la lucha contra la infección
de VIH y el sida en las cárceles. (Rumores.)
Finalmente, queremos destacar expresamente, señor presidente -puesto
que supongo que al menos usted nos escucha-, la importancia de la
referencia que en la moción (matizada en este punto por una enmienda
del Grupo Parlamentario Popular que nos parece más correcta en su
redacción) se hace a los trabajadores penitenciarios. Su trabajo,
desempeñado con frecuencia en duras condiciones, que no luce ante la
sociedad como puedan hacerlo otros, merece un absoluto reconocimiento
en este momento, es esencial y como tal queremos destacarlo.
Conocido el acuerdo al que se ha llegado entre varios grupos de la
Cámara, mi grupo se sumará al mismo en sus propios términos y, como
tal, votará la moción, no sin dejar constancia de que habríamos
deseado que hubieran podido también incorporarse al texto, al menos
en parte, las sugerencias aportadas en forma de enmiendas por el
Grupo Parlamentario Vasco, muy particularmente en relación con las
transferencias en materia penitenciaria, por parte de Eusko
Alkartasuna y por parte del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
Vamos a proceder a la votación (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo Socialista sobre los propósitos del Gobierno en política
penitenciaria en los términos resultantes de la aceptación de
enmiendas que han quedado puestos de manifiesto en el transcurso del
debate.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 284; en contra, uno y abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON LA LIBERACIÓN DE ORGANISMOS MANIPULADOS GENÉTICAMENTE
(Número de expediente 173/000125).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto sobre la política del
Gobierno en relación con la liberación de organismos manipulados
genéticamente.
Tiene la palabra el señor Saura. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías ocupen
sus escaños. Si tienen que continuar las conversaciones, les ruego
que salgan del hemiciclo. (Rumores.) Por favor, señorías, ocupen sus
escaños y guarden silencio.
Cuando quiera, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
La moción que presento en nombre de los diputados y diputadas de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds-Nueva Izquierda es consecuencia de
la interpelación sobre productos transgénicos que debatimos hace
quince días.Hace quince días la ministra tuvo la oportunidad de
contestar a preguntas, pero no contestó a ninguna y se mantuvo en una
total ambigüedad, a pesar de que no pudo ocultar que el Gobierno en
estos momentos, en concreto el Ministerio de Medio Ambiente, tiene
una actitud favorable a los productos transgénicos y que, además, en
la reciente conferencia de Cartagena de Indias el Gobierno español ha
sido posiblemente uno de los gobiernos que ha tenido una actitud más
ambigua y silenciosa. Hace quince días la ministra de Medio Ambiente
decía que habíamos hecho la interpelación y la moción con dos
objetivos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Saura.
Ruego a los señores diputados y diputadas que estén de conversación
que permitan que pueda escucharse adecuadamente al señor Saura. Puede
continuar.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Decía que los objetivos de la interpelación y de la moción
fundamentalmente son dos. En primer lugar, pedir una moratoria en la
comercialización y liberación de organismos manipulados genéticamente
en el Estado español y, en segundo lugar, la prohibición inmediata de
la utilización de genes de resistencia a antibióticos en las plantas
transgénicas.
Las razones de estas dos peticiones, de estos dos objetivos, decía yo
hace quince días que eran claras. Por un lado, se han probado los
efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente de los productos
transgénicos con genes resistentes a los antibióticos. Esto ya está
comprobado científicamente. Por otro lado, es verdad que en el resto
de productos transgénicos no hay certeza científica de sus efectos
negativos, pero hay importantes incertidumbres que hacen que no sólo
grupos sociales, grupos ecologistas, sino muchos gobiernos de la
Unión Europea hayan empezado a tomar medidas basándose en el
principio de precaución, es decir, en el principio de que no se
pueden comercializar productos que causan incertidumbre sobre sus
efectos en la salud humana y en el medio ambiente.
En ese sentido, en España mismo desde Greenpeace, Ecologistas en
Acción, Comisiones Obreras o la OCU han solicitado, han pedido
reiteradamente los mismos puntos que nosotros pedimos: la prohibición
y la moratoria. En la Unión Europea países como Noruega ya han
decretado la prohibición de las plantas transgénicas con genes con
resistencia a los antibióticos y lo mismo ha ocurrido en Austria o en
Luxemburgo. En Francia, recientemente, el Parlamento ha instado al
Gobierno en este mismo sentido y el Parlamento Europeo ha aprobado
unas resoluciones contundentes y durísimas en contra de este tipo de
productos, respecto de los cuales ha enfatizado que hasta ahora han
priorizado las presiones económicas y comerciales sobre las
consideraciones de salud pública y de protección al medio ambiente.
En ese sentido, en estos momentos está en tramitación en el
Parlamento Europeo la modificación de la Directiva 90/220 de
productos transgénicos, fundamentalmente en los términos que antes he
dicho.
En resumen, estamos ante un debate y un problema de carácter
internacional donde organismos científicos, países de la Unión
Europea, grupos ecologistas y sociales piden la moratoria de
determinados productos transgénicos y la prohibición de otros. En
esto también España es diferente y hemos asistido, por un lado, a un
largo silencio del Gobierno español, silencio que, insisto, oculta
una actitud favorable a los productos transgénicos. Hemos visto cómo
España en estos momentos es el primer país importador de maíz
transgénico de la Unión Europea. Hemos visto cómo el Gobierno español
ha autorizado el cultivo de maíz transgénico ya en extensiones de
quince a veinte mil hectáreas, que en enero de este mismo año el
Gobierno español ha solicitado a la Unión Europea autorización para
impulsar más de ciento veinte productos de proyectos transgénicos,
o hemos visto cómo recientemente, hace tres semanas, la Unión Europea
no ha autorizado dos nuevas variedades de algodón transgénico que la
multinacional Monsanto intenta probar en el Estado español.
Todas esas razones, señor presidente, señoras y señores diputados,
nos han llevado a la redacción de una moción que -insisto- tiene dos
puntos; el primer punto es prohibir inmediatamente la utilización de
genes de resistencia a antibióticos en las plantas transgénicas, y,
el segundo, una moratoria en la liberación de organismos modificados
genéticamente, mientras no se apruebe un protocolo internacional
sobre bioseguridad vinculante para España y basado en unos
determinados principios que nosotros desarrollamos en seis puntos en
nuestra moción.
Me gustaría que en este tema el Gobierno español, no fuera detrás de
los acontecimientos, no fuera el vagón de cola del tren de este
debate y de los países que están tomando medidas de precaución, y que
en este tema el Estado español pasara de ser el primer importador de
maíz transgénico al último importador de maíz transgénico de los
países europeos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Saura.
A la moción defendida por el señor Saura se ha presentado, en primer
lugar, una enmienda del propio Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa del señor
Rodríguez. Por eso la Presidencia ha indicado al señor Saura que
compartiera el tiempo disponible con el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La enmienda del Bloque Nacionalista Galego es de pura adición y está
fundamentada en las siguientes argumentaciones que voy a exponer.
Efectivamente, cuando intervino la señora ministra la semana pasada
hizo mucho hincapié en que el Estado español adoptaba la posición de
la Comisión Europea, que en todo caso existía disparidad de criterios
entre Estados como Italia, Austria, Luxemburgo y otros, y que la
Comisión había instado a que estos Estados más combativos con los
productos transgénicos levantasen la prohibición, e identificaba la
política de la Unión Europea con el criterio de precaución y de
estudio, caso por caso. A partir de aquí, homologaba la posición del
Estado español con este criterio.
Sin duda esto es cierto, pero no hay que olvidar que incluso
reglamentos comunitarios que debían ser de carácter prescriptivo
tienen una amplia dificultad en su aplicación práctica, por ejemplo,
el reglamento de etiquetado de septiembre de 1998, que aún estamos a
la espera, a pesar de su carácter prescriptivo, de que sea aplicado
debidamente en el Estado español. En este sentido, pienso que hemos
dado un paso político importante esta mañana instando al Gobierno a
que lo hagan.
Pero, ¿cuáles son los principios de la Unión Europea? El Estado
español no puede esperar expectante, a ver lo que hacen los demás,
sino que debe tener un perfil propio y avanzar en el sentido de que
haya la seguridad para la salud pública y para el medio ambiente.
No cabe duda de que el Estado español tiene hoy una extensión de
cultivos transgénicos importantes, sobre todo de maíz, de soja y de
algodón, que, como ya se ha dicho, se han triplicado los ensayos de
campo y que también están en nuestro mercado alimentos transgénicos,
muchas veces sin la debida etiquetación e información al público.
Por lo tanto, en esta situación de conflicto científico
internacional, la Unión Europea, que es un mercado único donde se
importan productos del exterior, donde hay libre circulación de
mercancías, debe tener una normativa clara y contundente, basada en
los criterios a los que alude la moción del Grupo Parlamentario de
Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda.
Por eso nosotros, como colofón, le formulamos la enmienda de defender
en el marco de la Unión Europea (puesto que dijo la ministra que la
normativa tenía que ser europea) una política coherente con los
postulados anteriores que desemboque en la elaboración de una
normativa comunitaria en la que prime el derecho a la protección de
la salud por encima de cualquier otro, sin menoscabo de la necesaria
investigación científica.
Que conste que pensamos que este debate no acabará hoy y que en
definitiva es importante que preservemos ante todo la salud en un
conflicto que no deja de crear muchas sombras de duda sobre cómo
puede afectar precisamente al futuro de la humanidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada a la misma iniciativa, por
parte del Grupo Popular, la señora Fernández de Capel tiene la
palabra.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción
consecuencia de la interpelación sobre organismos modificados
genéticamente, viene a reflejar en términos similares la resolución
que esta mañana obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios en
la Comisión de Sanidad de esta Cámara. Sin embargo,
incomprensiblemente, vemos que esta enmienda no va a ser respaldada
en este momento por todos los grupos.
España, como el resto de los Estados miembros de la Unión Europea,
viene aplicando desde hace años el principio de precaución y el
procedimiento de caso por caso, para la autorización de los
organismos modificados genéticamente. Los países no pueden,
incondicionalmente y a costa de cualquier precio, oponerse a la
asimilación de avances científicos y tecnológicos, sino que todo
avance debe suponer una reflexión sobre ventajas e inconvenientes. La
acción política desempeñada en los últimos años por España está
dentro de la Ley 15/1994, inspirada en dos directivas comunitarias de
obligado cumplimiento para el Estado español, puesto que es miembro
de la Comisión de la Unión Europea, las Directivas 219 y 220 de 1990,
que tardaron en venir a esta Cámara nada menos que cuatro años. El
marco jurídico en que el Gobierno ha venido ejerciendo sus funciones
no es otro que el que existe en los mismos Estados miembros de la
Unión Europea. A medida que han ido evolucionando las circunstancias
y los conocimientos sobre esta materia, España ha ido adoptando las
medidas precisas para garantizar la seguridad y la salud de los
ciudadanos.
A tal efecto, en el ámbito nacional cabe destacar una serie de
medidas, como ha sido el Real Decreto 951/1997, por el que se
establece la distribución de competencias entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas, requisitos y
procedimientos sobre normas, información, vigilancia y control de
estas actividades, las infracciones, las sanciones y los requisitos
del etiquetado. Asimismo, se ha regulado el órgano colegiado que se
preveía en la Ley 15/1994, que supuso dotar a la Administración de un
importante instrumento para la tramitación de autorizaciones y la
comercialización y, sobre todo, siguiendo siempre el consenso con la
política comunitaria y los compromisos
internacionales que tiene España, el principio de precaución y el
esquema de caso por caso. Para reforzar esta postura se creó la
Comisión Nacional de Bioseguridad en 1997, aunque se estaba
reclamando por la Unión Europea desde 1991, órgano colegiado adscrito
al Ministerio de Medio Ambiente, que representa a siete departamentos
ministeriales y a instituciones especializadas en esta materia que
actúan como asesor del órgano colegiado, que tiene perfectamente
acceso a todo tipo de informes y a todas las necesidades que pueda
requerir del órgano experto. Esa comisión realiza una evaluación para
cada organismo, para cada elemento, para cada proceso de
liberalización o comercialización paso a paso. Por tanto, no se emite
ningún informe favorable o desfavorable sino después de una
laboriosísima evaluación, cuando se detectan riesgos para la salud
humana o para el medio ambiente o cuando exista la más mínima
sospecha.
La claridad con que el Gobierno español actúa en este momento queda
puesta de manifiesto por el hecho de que esta tramitación tiene una
página abierta en Internet, donde, día a día, se pone al servicio de
todos los ciudadanos el acceso a cualquier información de este tipo.
El registro de variedades comerciales para los temas agrícolas está
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según
establece la orden de mayo de 1998. Con esta regulación el Gobierno
español sabe perfectamente lo que se hace y ha tomado muy en serio
este tema, porque ahora, a la luz de estas regulaciones, no
padecemos, por ejemplo, el tráfico ilegal de semillas que se sufría
cuando las cosas no estaban perfectamente organizadas y establecidas.
Se encuentra en fase de estudio por parte del órgano colegiado la
creación de una comisión de biovigilancia y de un consejo nacional de
ética.La creación de este último, que estaría encargado de la
valoración de los aspectos sociales de la biotecnología, responde a
la valoración positiva que ha merecido una iniciativa aprobada en
esta Cámara a finales del pasado año, relativa a la creación de un
organismo para tratar los avances éticos relacionados con la ciencia.
En el ámbito comunitario, con carácter general España trabaja con un
sentido de actuación horizontal adoptando cuantas medidas son
precisas para garantizar el cumplimiento del principio de precaución
y reforzar su aplicación; participamos activamente en la aprobación
de dos reglamentos muy importantes, como son el reglamento 258, de
1997, sobre alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, que incluye
los que contienen organismos modificados genéticamente y que ha
entrado en vigor en mayo de 1997, y el reglamento 1139, de 1998,
sobre requisitos específicos de etiquetado para alimentos,
ingredientes alimentarios y productos a partir del maíz y de la soja
transgénicos, que son los que están autorizados de acuerdo con la
Directiva 220 del año 1990; este reglamento entró en vigor en
septiembre de 1998. España está participando actualmente en la
negociación en curso para modificar la Directiva 220, ya que son
directivas que hay que estar
actualizando constantemente para dotarlas de mayores elementos de
transparencia y de seguridad; está defendiendo posiciones avanzadas
respecto a garantizar el principio de precaución, señorías, en
materia de etiquetado, en materia de publicidad de los expedientes de
autorización, en la consulta al público y en la creación de comités
éticos. En esto estamos en vanguardia.
Se habla aquí de incertidumbres y éstas se crean cuando se pone en
duda la actuación ética de comités de todos los países que tienen sus
mejores representantes perfectamente asesorados. No se puede hablar
de países, por ejemplo, como Noruega, donde es muy fácil decir que
las plantas no, pero que no les toquemos el salmón, por cierto,
modificado genéticamente. Naturalmente a Noruega le da igual hablar
de plantar maíz o no, porque no lo va a plantar. Por favor, no hablen
de Austria y Luxemburgo; Luxemburgo es una maceta, no planta maíz; no
cambiemos las cosas y no nos equivoquemos con países que tienen una
actividad industrial, a los que la agricultura ni les va ni les viene
y por ello les resulta muy fácil hablar de normativas moratorias.
Italia ha tenido que reconsiderar su posición, señorías, porque no ha
aportado los requisitos científicos necesarios para su cambio de
postura y está sometida, como otros países, a sus compromisos
internacionales.
Basándose en esto, organismos -no decimos organismos científicos sin
nombre o sin número- como la Organización Mundial de la Salud o como
la Comisión de la Comunidad Europea, con toda transparencia y con
toda eficacia, asesoran a todos los gobiernos y éstos participan
libremente y unidos en este estudio y en esta ponderación. De hecho,
algunas de las reglamentaciones han estado en vigor durante más de
diez años.
Señorías, no creemos que en esto se pueda hablar de precipitación. En
conclusión, la política del Gobierno se inspira en el principio de
precaución, se rige por la seriedad en las actuaciones, basadas
siempre en los conocimientos científicos y técnicos disponibles,
respetuosas con el ordenamiento jurídico vigente, con nuestros
compromisos comunitarios internacionales y, en todo caso, enfocadas a
garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos así como la
protección del medio ambiente.
Las cosas se están haciendo de la mejor manera posible, a la luz de
la ciencia, de la reflexión y de la transparencia. Por ello, porque
no se puede jugar con estos elementos, hemos presentado una enmienda
de mejora técnica similar a la que han aprobado esta mañana todos los
grupos en la Comisión de Sanidad. Hay que ser sensatos, no podemos
decir una cosa en un sitio y otra en otro. Aquí no se puede jugar al
despiste y a la incoherencia. Ustedes sabrán qué es lo que se puede
hacer cuando en un sitio se dice una cosa y en otro otra, sin que se
hayan modificado en ningún momento las actitudes ni las posiciones de
los gobiernos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández de Capel,
termine por favor.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señor presidente.
Sería un caso de esquizofrenia política aprobar esta mañana una
enmienda como la que nosotros presentamos y rechazarla esta tarde en
el Pleno. Señorías, permítaseme la expresión con todo respeto, pero
eso es esquizofrenia política que no puede reflejarse en temas serios
ni tampoco en problemas, ya que los otros grupos no entienden por qué
por la mañana un diputado, en nombre de su grupo, acepta una enmienda
y por la tarde dice lo contrario. Esos problemas internos son muy
serios para reflejarlos en el futuro económico de nuestros
agricultores, que tampoco pueden estar muy contentos -ya lo saben
ustedes- con ciertas manifestaciones que se vienen haciendo.
Por eso, nuestra enmienda, que refleja el sentir que esta mañana
todos los miembros de esta Cámara mostraron en nuestra Comisión,
creemos que enriquece la posición y esperamos que sea apoyada por los
demás grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández de
Capel.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, la
señora Heras tiene la palabra.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna con el objeto de exponer la posición del Grupo
Socialista en relación a la moción presentada por Iniciativa per
Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda. Lamento mucho no estar de
acuerdo con una serie de postulados que ha defendido aquí la señora
portavoz del Grupo Popular.
La posición de nuestro grupo coincide en el fondo con la del grupo
autor de la moción y, sin embargo, quiere evidenciar fuerte y
claramente cuáles son a nuestro entender los aspectos más dignos de
destacar en esta apelación al Gobierno, para que adopte urgentemente
una serie de medidas relativas a la liberación y comercialización de
los productos transgénicos.
En las enmiendas que hemos presentado a los apartados de la moción,
el Grupo Socialista defiende la adopción de medidas acordes con la
complejidad del asunto, referidas a dos campos de actuación en los
que es preciso detenerse si realmente se quiere hacer una política
efectiva. Defendemos la puesta en marcha de unas cautelas en el
interior de nuestro país y la adopción de otras referidas a la
intervención de nuestros representantes ante los organismos
internacionales, con la vista puesta en la aprobación de un futuro
protocolo de bioseguridad.
Dentro de España, los dos campos en los que es preciso instar al
Gobierno, a nuestro entender, son: primero, el referido a la
experimentación controlada de dichos organismos sobre la que creemos
que hay que tomar medidas cautelares reales y efectivas y, el
segundo, referido a la adopción de medidas cautelares sobre la
comercialización de estos organismos modificados genéticamente.
Nuestro interés está en que se suspenda
toda nueva autorización individual para la liberación de
organismos modificados genéticamente hasta que la Comisión Nacional
de Bioseguridad, instrumento propio de control en este asunto, sea
dotada, presupuestariamente hablando, de todos los medios técnicos
y materiales precisos para que sus funciones consultivas se garanticen
con total eficiencia e independencia. Además, se estudia si su
composición y funcionamiento es el más adecuado para hacer las
evaluaciones de los productos modificados genéticamente y de los
nuevos proyectos, atendiendo a todos los criterios que deben tomarse
en consideración y procediendo, en su caso, a modificar la
composición que tiene para mayor seguridad y garantía de sus
objetivos a favor de la defensa de la salud y el medio ambiente.
El Grupo Socialista plantea esta suspensión en tanto en cuanto se
haga efectivo un instrumento de verdadero contraste técnico y
científico de los informes que a él se presenten. Este instrumento
existe, es la Comisión Nacional de Bioseguridad, pero ahora mismo se
encuentra sin medios y sin autoridad para imponerse a las empresas
que no le envíen los informes preceptivos. ¿O es que puede decirme la
señora diputada, representante del Partido Popular, el presupuesto
con que cuenta esta Comisión cuando necesita encargar informes
específicos altamente cualificados que ellos mismos no pueden
elaborar?
Por lo que se refiere a la comercialización, solicitamos suspender
toda nueva autorización individual para dicha comercialización hasta
que la empresa solicitante presente las garantías científicas y
técnicas que eviten cualquier riesgo de posibles impactos sobre la
salud humana y el medio ambiente. Se trata, señorías, de invertir la
carga de la prueba. Aquí es preciso garantizar claramente la ausencia
de riesgos y no actuar permisivamente alegando que no hay datos en
contra; además, en cualquier caso, conseguir que la Comisión Nacional
de Bioseguridad emita un informe previo con carácter preceptivo e
independiente de las repercusiones de dicha autorización.
La segunda de nuestras apreciaciones se refiere a instancias
internacionales. Entendemos que es obligación del Gobierno impulsar a
través de sus representantes de forma activa, ante las instituciones
europeas y ante las Naciones Unidas, la aprobación de un protocolo de
bioseguridad que enmarque el derecho individual de cada Estado a
autorizar la liberación y comercialización de organismos modificados
genéticamente. Sobre la base del principio de precaución, este
protocolo debe garantizar y regular varios aspectos de suma
importancia, como son la inclusión de todos los derivados y el
seguimiento estricto de la liberación controlada de dichos organismos
genéticamente manipulados, particularmente las medidas cautelares con
que la misma debe realizarse, prestando atención a los sistemas de
prevención de efectos perversos. En caso de importación, se asegurará
el deber de informar previamente al Estado receptor de un cargamento
de estosorganismos, sin que la importación se permita hasta
recibir información y autorización expresa; la inclusión de un
correcto etiquetado con especificación de sus componentes, buscando
salvaguardar la información al consumidor, sin perjuicio de los
intereses económicos de la empresa, y la inclusión de reglas de
amplio alcance que establezcan un régimen internacional de
responsabilidades que cubra los daños potenciales que se originen por
la liberación de estos organismos y sus derivados.
Señorías, sólo desde un cuidado exquisito por parte de nuestro
Gobierno sobre cada una de estas cuestiones es posible hablar
seriamente de seguridad y eficacia en relación a la prevención de
riesgos inherentes. No pretendemos llevar la contraria al Gobierno,
ni poner cotas al desarrollo científico, nuestro interés y nuestra
preocupación se basan en el interés y la preocupación de los
ciudadanos y ciudadanas de este país. Nos preocupa mucho esa especie
de indolencia del Ejecutivo, que parece volver la vista hacia otro
lado. Entendemos que la adopción de medidas cautelares por el
Gobierno daría seriedad al proceso actualmente en marcha, del que
España no puede ser mero sujeto pasivo sin voz propia, al vaivén de
los intereses economicistas puros y duros.
Creemos obligatorio, ya para terminar, exigir al Gobierno el abandono
de los meros discursos teóricos en defensa del sistema establecido y
de las directivas existentes. Pedimos al Gobierno que baje a la arena
y muestre con medidas concretas a su alcance que estas cuestiones
realmente le preocupan, propiciando, por un lado, mayores medios para
el instrumento de control existente, cual es la Comisión Nacional de
Bioseguridad, lo que sin duda influirá en un mejor rendimiento de sus
atribuciones y, por otro, un debate sereno y riguroso en la sociedad,
que hasta ahora le ha sido hurtado, que analice los pros y contras de
un proceso complejo, pero que obliga a que nuestra presencia en los
foros internacionales se acompañe de una toma de posición activa de
nuestro país, basada en criterios suficientemente reflexionados, que
busquen siempre el bien de la colectividad y cuyo último paso sería
la firma del protocolo de bioseguridad, alcanzado con el máximo
consenso de todas las diferentes posturas presentadas y que fuera el
marco adecuado de nuestras propuestas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Heras.
Para la defensa de la enmienda, presentada a esta moción por parte
del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, para que conste en el «Diario de Sesiones»
y esté claro para todos los grupos de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida no ha participado esta
mañana en la Comisión
de Sanidad, donde al parecer se ha aprobado una proposición no de ley
consensuada por el resto de los grupos de la Cámara -no conozco
quiénes eran los asistentes-, con la que nos podría entrar una cierta
esquizofrenia. Desde luego a este grupo parlamentario no le entra
ninguna porque lo mismo que defendió en la interpelación y aquel
mismo día en la Comisión de Medio Ambiente por la mañana es lo que
vamos a defender hoy aquí.
Señorías, estamos hablando de una situación en la que es verdad que
los científicos no se ponen de acuerdo, pero es verdad también que la
mayoría de las investigaciones están financiadas por las propias
empresas, que son las que quieren comercializar las semillas y que
además están comercializando los pesticidas a los que se están
haciendo resistentes las semillas transgénicas. Por lo tanto, es
verdad que no hay acuerdo científico, pero también lo es que cada vez
son más las voces científicas que se alzan en contra del cultivo de
productos transgénicos por el riesgo que existe cada vez de una
manera más clara para la salud de las personas y también por los
riesgos para el medio ambiente.
Señorías, aunque la cumbre de Cartagena de Indias sobre biodiversidad
no ha llegado a ningún acuerdo de protocolo, sí es cierto que hana
consensuado que existen riesgos para el medio ambiente en el cultivo
de productos transgénicos. Por lo tanto, no estamos hablando ya de
cosas que no tengan apoyo científico, sino todo lo contrario. Además,
señorías, en cuestiones medioambientales fundamentalmente, siempre
los políticos, los gobiernos han empezado a hacer caso a los
científicos después de muchos años de estar diciendo éstos que
existía el riesgo y cuando el riesgo ya era patente para toda la
sociedad. Por lo tanto, es elemental el que se prevea aplicar el
principio de precaución, cosa que desde luego, desde nuestro punto de
vista, nuestro Gobierno no hace, porque, aplicar el principio de
precaución no es que la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental emita un informe de dos hojas, en el que se evalúa el
riesgo de la liberación en campos de plantas de remolacha modificada
genéticamente diciendo, en primer lugar, que no se mantiene la
distancia de seguridad de 220 metros con respecto a otros cultivos de
maíz y debe extremarse la vigilancia en las medidas de control para
evitar la floración y, por tanto, que se produzca la semilla; en
segundo lugar, que el notificador informa en el expediente que se ha
comprobado y finalmente, como conclusión, que se considera que el
ensayo propuesto no supone ningún riesgo significativo para la salud
humana y/o el medio ambiente. En el informe que emite la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, que se supone que debía de
tener interés para realmente evaluar, no hay nada que indique que se
ha hecho ni el más mínimo estudio, ni el más mínimo informe, ni la
más mínima intervención seria. Si a eso le añadimos que la Comisión
sobre biodiversidad no tiene recursos económicos para poder
funcionar, pues ya me dirán. Efectos sobre otros organismos, no
existen. No existen, señorías,
cuando se está hablando de los riesgos para la salud de las personas
y cada vez más de los riesgos para el medio ambiente.
Señorías, no se conceden autorizaciones si no existen riesgos. Les
recuerdo que la Unión Europea ha prohibido dos cultivos transgénicos
en España, aunque España sí consideraba que se podían cultivar, entre
otras cosas porque estas variedades tenían genes de resistencia a
antibióticos. Por lo tanto, no está tan claro que en nuestro país se
esté cumpliendo como es debido la legislación, ya que entre otras
cosas tampoco es una legislación que en el momento que entró en vigor
fuera lo suficientemente rígida como para evitar cualquier tipo de
riesgo.
Por lo tanto, señorías, yo creo que no podemos venir aquí,
tranquilamente, a decir que se reflexione sobre las ventajas y los
inconvenientes. La reflexión se ha hecho, desde luego, pero sobre las
ventajas que económicamente esto produce hacia las multinacionales,
no sobre las ventajas que produce a los consumidores españoles, no
sobre las ventajas que produce a los agricultores españoles y no,
desde luego, sobre las ventajas que este tipo de cultivos tiene sobre
el medio ambiente, porque si se hubieran hecho ese tipo de
valoraciones, señorías, hoy, aquí, no estaríamos discutiendo sobre el
riesgo que los cultivos transgénicos tienen para la salud humana y
para el medio ambiente, que cada vez en la realidad se están haciendo
mucho más patentes.
Nuestra enmienda viene precisamente a añadir a la moción que ha
presentado Iniciativa per Catalunya algo que creemos que es
totalmente necesario, y es que el Gobierno elabore a la mayor
brevedad posible un estudio que recoja el impacto ecológico sufrido
en las zonas donde se cultivan organismos modificados genéticamente,
desde 1993 que fue cuando se empezaron a plantar hasta la fecha.
Señorías, ya que tanto se habla de la necesidad de acudir a los
científicos, Miguel A. Altieri, en sus conclusiones a un informe
sobre organismos modificados genéticamente -y no sé lo que les puede
servir a ustedes, pero es de la Universidad de California-, decía que
los efectos ecológicos no están limitados a la resistencia de las
plagas y creación de nuevas malezas solamente, sino que además los
cultivos transgénicos pueden producir toxinas medioambientales que se
mueven a través de la cadena alimenticia y que también pueden
terminar en el suelo y en el agua, afectando a invertebrados y
probablemente impactando procesos ecológicos tales como el ciclo de
nutrientes.
Señorías, cuando se liberan en el medio ambiente los organismos
genéticos, cuando se hacen las plantaciones, no tienen el mismo
comportamiento que en los análisis de laboratorio, porque están
fuera, en el espacio y son muchas más las cosas que inciden. La
prueba, que en el laboratorio puede resultar muy bien, en apariencia
puede no tener riesgos, pero cuando se trasladan a la naturaleza sí
que los hay y si seguimos con este tipo de actuaciones estaremos
cargándonos el medio ambiente, perjudicando a la agricultura y, desde
luego, aumentando los recursos de las multinacionales que venden los
pesticidas y las semillas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán. ¿Grupos
parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a consumir un breve turno en consideración a la hora que es y a
que es un tema que ya ha sido consensuado esta mañana en la Comisión
de Sanidad. Esa brevedad no quiere decir que Coalición Canaria no
tenga interés en los transgénicos; no me canso de repetir que la
Comunidad Autónoma de Canarias es, de las de España, la que consume
más maíz o millo no solamente para nutrición de los animales, sino
como alimento de personas, lo que en nuestra cocina típica llamamos
gofio, frangollo, etcétera. Lo cierto es que esto es algo que
preocupa a toda la población del mundo, especialmente a Europa, donde
se están importando cantidades masivas de productos transgénicos.
Es verdad que la Unión Europea ha aprobado disposiciones y directivas
y que el Gobierno español ha dictado decretos, etcétera, pero la
realidad es que estamos en un mar de dudas y no solamente porque
intervengan ya grandes multinacionales, sino porque también hay
informes contradictorios del mundo científico, ya que mientras en
unos se dice que avanza en los productos transgénicos, en otros se
dice que son un peligro para la salud. Se ha llegado a decir que hay
productos transgénicos que producen una inhibición de los efectos
benéficos de las penicilinas y ampicilinas; que hay productos
transgénicos que producen contaminación en los maizales adyacentes.
Señores, un poco de seriedad. Busquemos la luz, que estamos hablando
de cosas de comer, de cosas de la vida. No podemos actuar con
ligereza y, por ello, esta mañana nos hemos llevado una gran alegría
cuando se ha consensuado esto, si bien con la ausencia de Izquierda
Unida.
Por tanto, Coalición Canaria va a votar favorablemente el texto
consensuado por todos los grupos políticos -salvo Izquierda Unida,
que no estaba- en la Comisión de Sanidad, porque hacer lo contrario
iría en contra del sentido común y de la responsabilidad política.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para
fijar la posición de nuestro grupo en relación con la moción del
Grupo Parlamentario Mixto, moción consecuencia de la interpelación
urgente de la pasada semana sobre política del Gobierno en relación
con la liberación de organismos manipulados genéticamente.
Esta moción contiene dos puntos instando al Gobierno a adoptar
diversas medidas. En el primer punto se insta a prohibir
inmediatamente la utilización de genes de resistencia a antibióticos
en las plantas transgénicas. No hay que olvidar que en el contexto de
la Unión Europea se viene aplicando desde hace años el principio
llamado de precaución y el procedimiento de autorización caso por
caso de organismos genéticamente modificados. En el ámbito europeo,
donde la opinión pública se encuentra muy sensibilizada por los
posibles riesgos de estos productos, los distintos Estados vienen
imponiendo una política restrictiva en cuanto a su regulación.
Descartados por la mayoría de los científicos los efectos de los
transgénicos sobre la salud -al menos no se ha comprobado su
nocividad-, el verdadero reto se encuentra en el medio ambiente, ya
que la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan transferir
sus propiedades a los cultivos vecinos y crear con ello plantas
estériles podría llevar a la ruina a un cierto número de agricultores
o, en el mejor de los casos, provocar problemas en los ecosistemas.
Pero el verdadero reto está en la dependencia que las multinacionales
de la alimentación consiguen con sus nuevos productos, y en especial
con las semillas denominadas terminar. Estas semillas llevan inscrita
en su código genético la eliminación de las futuras semillas que se
producirán durante su maduración, lo que obligará a los agricultores
que las utilicen a comprarlas cada año a la empresa. En todo caso, se
trataría de una opción empresarialmente válida pero no muy aceptable
desde un punto de vista ético y social. Ahora bien, en este primer
punto de la moción planteada no estamos hablando de ética sino de
consecuencias para salud. Como decía anteriormente, los datos
actualmente disponibles permiten asegurar la inocuidad de los
productos transgénicos autorizados en cuanto que la obtención de tal
autorización requiere el cumplimiento de una serie de garantías que
consideramos suficientes, y por ello no podemos estar de acuerdo con
el primer punto planteado.
En relación con el segundo punto, se nos plantea el establecimiento
de una moratoria en la liberación de organismos modificados
genéticamente. En este punto también se puede afirmar, de acuerdo con
las consideraciones de la sociedad científica, que los ensayos de
campo están debidamente regulados, por lo que la presunta liberación
al medio ambiente de organismos modificados genéticamente no entraña
riesgos a la luz del conocimiento científico actualmente disponible.
Nuestro grupo está de acuerdo con establecer una planificación
y normas de control adecuadas sobre los productos transgénicos
autorizados, incluyendo como parte de las mismas la realización de
controles rigurosos
sobre los ensayos de campo de estos productos, de forma que no se
produzcan daños a la salud humana ni al medio ambiente,
desprendiéndolo de la referencia a la moratoria. Por ello, tampoco
estamos de acuerdo con el segundo punto de la moción.
En resumen, no vamos a apoyar esta moción tal como está planteada,
desconociendo en este momento la posición del grupo proponente sobre
las enmiendas presentadas por este grupo y, en todo caso, lamentando
que el consenso conseguido en la Comisión de Sanidad hoy por la
mañana quede roto con esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
la señora Amorós tiene la palabra.
La señora AMORÓS I SANS: Gracias, señor presidente.
Las técnicas modernas de tratamiento de organismos modificados
genéticamente deben tener como fin último el mayor bienestar de la
sociedad, y esto se puede intentar desde varios campos de actuación,
ya sea desde el ámbito sanitario para mejorar la terapéutica humana,
como por ejemplo en la obtención de insulina a partir de organismos
modificados genéticamente, que asegura unos beneficios demostrables
para los enfermos diabéticos, o, como el caso que nos ocupa, desde la
intención de favorecer la alimentación animal y humana modificando
genéticamente para ello semillas y frutos que mejoran la
productividad y la resistencia a las plagas, con la notable
disminución de la autorización de pesticidas.
Señorías, en la sociedad parecen existir actualmente dos posturas
netamente diferenciadas. De un lado, los intereses comerciales,
legítimos por otra parte, de las grandes compañías, que hoy en su
mayoría son multinacionales, que pretenden rentabilizar el gran
esfuerzo económico y científico que supone la investigación y el
desarrollo en este campo. Se ha dicho, y quizá con razón, que en el
siglo que estamos a punto de inaugurar la biogenética será una de las
industrias más punteras. No es extraño que las compañías propietarias
de estas manipulaciones genéticas, que en algunos países como Estados
Unidos pueden ser y son patentadas, quieran vender sus productos
pregonando su inocuidad para el consumo humano y animal y su no
alteración del medio ambiente y pongan de manifiesto sus ventajas,
algunas de ellas indudables. Por otra parte, existen grupos que
intentan frenar la introducción de organismos modificados
genéticamente, algunos por mera resistencia a nuevas técnicas, otros
por creer que el uso de estas semillas supone un alto riesgo para la
salud humana y el medio ambiente, aduciendo motivos que por lo menos
merecen ser analizados.
Señorías, los avances tecnológicos y biotecnológicos han ido por
delante de la comprensión pública. Lo queen un principio era
solamente un problema de ética y
de seguridad en el laboratorio ha pasado a ser una cuestión que
afecta a toda la sociedad. Las recomendaciones iniciales de carácter
voluntario que tenían que cumplir los laboratorios y los científicos
que desarrollaban estas técnicas fueron suficientes para la seguridad
de la investigación, siendo estos mismos conocimientos los que han
servido de base para que, desde mediados los años ochenta, en Estados
Unidos, Japón y algo después en la Unión Europea, en 1990, se
establecieran leyes que regulan de manera estricta la aplicación de
la biotecnología en los procesos para que los productos obtenidos
sean seguros para la salud humana y el medio ambiente. En la
actualidad, sobre la materia que analizamos rige una normativa
comunitaria que la regula y que es de obligado cumplimiento para
todos los Estados miembros de la Unión Europea.
La moción que se presenta se articula en dos puntos principales sobre
los que voy a fijar la posición del Grup Parlamentari Catalá. El
primero emplaza al Gobierno a prohibir de inmediato la utilización de
genes resistentes a los antibióticos en las plantas transgénicas,
afirmando que constituye un serio riesgo para la salud humana y el
medio ambiente. Señorías, los conocimientos científicos actuales
afirman que no se conoce ningún mecanismo mediante el cual un gen
pueda ser transferido del cromosoma de la planta al de un
microorganismo del tracto intestinal. Por tanto, la posibilidad de
que puedan generarse microorganismos resistentes es nula, aunque
hemos de tener en cuenta que algunas autoridades sanitarias tienen el
criterio de promover la sustitución de estos genes de resistencia a
los antibióticos por otros genes de resistencia a metales pesados, y
ello a pesar de que los genes que se utilizan en la actualidad son
resistentes únicamente a la kanamicina y a la neomicina, que son
antibióticos muy tóxicos y que, por tanto, tienen un uso clínico muy
limitado por vía oral, por lo que en el hipotético caso de existir
una posibilidad de transmisión su incidencia en la terapéutica humana
es inapreciable. Pero siguiendo los preceptos de precaución y
prevención, sería bueno tener en consideración las opiniones de estas
autoridades sanitarias y encaminar las nuevas obtenciones de
organismos modificados genéticamente a una técnica totalmente segura.
Señorías, hemos de creer que la incorporación de organismos
modificados genéticamente no supone un riesgo para la salud humana,
teniendo en cuenta que para la utilización comercial de un organismo
modificado se sigue un complejo y laborioso trámite hasta obtener su
comercialización definitiva, y ello para todo nuevo producto. No es
baladí el rigor con el que se concede dicha autorización
administrativa, ya que debe ser otorgada necesariamente por la
Comisión Europea mediante una decisión que se publica en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
El segundo punto de la moción urge al Gobierno para que establezca
una moratoria mientras no se apruebe un protocolo internacional sobre
bioseguridad. Señorías, en espera de dicho protocolo, del cual no
podemos conocer la fecha en que podrá ser establecido
ya que en su elaboración deberá intervenir un gran número de
Estados que presumiblemente tendrán diferentes puntos de vista, el
Estado español, como miembro integrante de la Comunidad Europea, debe
cumplir con todas y cada una de las normativas comunitarias, entre
ellas la número 90/220, que contempla los principios de precaución y
protección de la salud humana y el medio ambiente, que fue asumida
por el derecho interno del Estado español mediante la Ley 15/1994, de
3 de junio. Desde el Grup Parlamentari Catalá no compartimos la
necesidad de aprobar la moratoria que se propone cuando la
comercialización de organismos modificados genéticamente ya está
regulada rigurosamente por norma comunitaria con el objetivo de velar
por la salud y el medio ambiente.
Señorías, señor presidente, compartimos la inquietud de que el
consumidor tenga toda la información posible sobre los alimentos que
consume y así poder elegir libremente entre unos y otros. No cabe
duda de que la mayor información redunda en más libertad. Deberían
ser las compañías productoras de alimentos que contienen organismos
modificados genéticamente las primeras interesadas en que se conozca
claramente su inclusión y así colaborar en la perfección de la
transparencia en todo el proceso de comercialización.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Amorós, termine, por
favor.
La señora AMORÓS I SANS: El Reglamento comunitario 1139/98, en vigor
desde el pasado 3 de septiembre, obliga a este correcto etiquetado.
Para finalizar, quisiera lamentar la hasta ahora escasa contribución
de la comunidad científica y las empresas implicadas en biotecnología
para llevar al público una información clarificadora de las ventajas
y de las precauciones que se toman para que el consumidor se sienta
al menos tan seguro como cuando emplea productos terapéuticos. Esto
requiere de manera sencilla y comprensible que se exponga en qué
consisten y cómo se llevan a cabo las técnicas de modificación
genética y de manera objetiva las garantías que estas técnicas
ofrecen para disipar las objeciones legítimas en cualquier caso de
los contrarios a la biotecnología aplicada a los alimentos. La
participación de los políticos y las autoridades encargadas de la
seguridad de los consumidores también debe contribuir a la
información pública estableciendo una legislación en continua fase de
perfeccionamiento, tanto a nivel estatal como a través de los
organismos internacionales, que defendiendo los derechos de los
productores, los consumidores y la integridad del medio ambiente
genere un estado de confianza entre la población. No obstante,
teniendo el convencimiento de que la preocupación y cautela siempre
deben estar presentes ante los nuevos descubrimientos científicos, el
Grup Parlamentari Catalá tiene el convencimiento de que la
legislación por la que se rige lacomercialización de organismos
modificados genéticamente
vela por la salud humana y el medio ambiente con la firmeza y la
cautela exigidas y necesarias.
Por todo ello, nuestro voto será negativo a esta moción, lamentando
que el grupo proponente no haya tomado en consideración la enmienda
que hemos aprobado esta mañana en la Comisión de Sanidad todos los
grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida, encaminada a dar un
paso más en el consenso de un tema tan importante como es el de los
organismos modificados genéticamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Amorós.
El señor Saura tiene la palabra a los efectos de expresar si acepta o
no y en qué medida las enmiendas que se han presentado a su moción.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Respecto a las enmiendas que se han presentado, en primer lugar, no
aceptamos la del Partido Popular porque es una enmienda que dice
claramente que lo que se está haciendo está muy bien y que lo que hay
que hacer es seguir desarrollando esta política. Evidentemente
nosotros no compartimos este criterio y, además, ni Iniciativa ni
Nueva Izquierda hemos participado en la votación de esta mañana.
Aceptamos la enmienda del señor Rodríguez, diputado del Grupo Mixto,
en la que plantea defender en el marco de la Unión Europea una
política coherente, de acuerdo con los criterios que expone. Por
tanto, incorporamos la enmienda -repito- del señor Rodríguez. También
nos parece que la enmienda que ha presentado Izquierda Unida mejora
mucho la redacción inicial y, por tanto, aceptamos su incorporación.
En el caso del Grupo Socialista, aceptamos adicionar, no sustituir,
la enmienda al punto 2, en la que habla de que el Gobierno ha de
defender ante las Naciones Unidas la aprobación de un protocolo de
bioseguridad.
Por tanto, y resumiendo, incorporamos al texto inicial de nuestra
moción la enmienda de Izquierda Unida, la enmienda del señor
Rodríguez, del Grupo Mixto, y la enmienda del Grupo Socialista al
punto 2, adicionándola al texto inicial que hemos presentado.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Saura.
Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Mixto, sobre la
política del Gobierno en relación con la liberación de organismos
manipulados genéticamente, en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 133; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
MODIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
(Número de expediente 173/000126).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Federal de Izquierda Unida
sobre modificación de criterios para la obtención de subvenciones
públicas. Para su defensa tiene la palabra el señor Santiso.
(Rumores.) Silencio, señorías. (Pausa.)
Adelante, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo plantea hoy una moción, consecuencia de la
interpelación que debatimos la semana pasada, que pensamos que es
oportuna ante el cúmulo de hechos que nos sorprende cada día, con
diferentes criterios, sobre todo con criterios algunas veces
desconocidos para la opinión pública y para los propios solicitantes
para la obtención de ayudas del Ministerio de Industria, y también
como consecuencia de algunas ayudas llamativas que hemos discutido en
otras ocasiones. (El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa
la Presidencia.) La más significativa, o por lo menos por la que creo
que produce más asombro ante la opinión pública, es la posibilidad de
conceder ayudas públicas a personas inhabilitadas para cargo público
por condenas por prevaricación. Es conocido el caso del señor Pérez
Villar, consejero en su día en Castilla y León, que fue condenado por
desviar irregularmente o conceder ayudas a empresas que no les
correspondía por valor de más de 100 millones de pesetas, por lo que
fue inhabilitado durante ocho años en sentencia firme para desempeñar
cargo público. Es curioso cómo han conseguido en poco tiempo ayudas,
al menos conocidas, tres empresas en las que es el accionista
principal. Además, en una de ellas se da otra paradoja y es que Uría
Motor, en nuestra opinión, estaba tácitamente excluida de los
criterios al ser un concesionario de automóviles. Ya sé que aquí
siempre que se habla de este tema se dice que se trata de la
concesión de una subvención para un taller de automóviles, pero creo
que el problema es no conocer la realidad. No conozco ningún
concesionario de automóviles, de la marca que sea Renault, Peugeot,
cualquiera que se me ocurra, que no lleve siempre aparejada la doble
condición de taller y venta de automóviles. Por tanto, creo que es un
argumento que no se corresponde con la realidad del concepto de
concesionario que estaba explícitamente excluido de esas ayudas.
Intentamos abordar esas dos cuestiones sobre todo para tratar de
garantizar que cualquier empresa o municipio que se considere con
derecho a acceder a ayudas tenga al menos garantizados los principios
de transparencia
y concurrencia y que no aparezcan criterios interpretativos
posteriores que hagan imposible solicitar ayudas por entender, en una
primera lectura de la ley, que quedaban excluidos expresamente por la
misma. Por citar otro ejemplo muy claro, que las empresas de
servicios estén expresamente excluidas en la norma de adjudicación de
ayudas hace que solamente la empresa Telecable, en Oviedo, Gijón y
Avilés, haya accedido a 500 millones de subvención, cuando otras
empresas del sector, por el mismo criterio amplio y subjetivo, o al
menos de interpretación y no conocedores del mismo, no hayan podido o
no puedan solicitarlas. Aunque no estamos en contra de la concesión
de ayudas a ese tipo de empresas, entendemos que hay que cambiar esos
criterios, hay que publicarlas habitualmente y de manera exhaustiva
para que todas aquellas empresas o comarcas puedan acceder a las
mismas, y que se abran unos plazos claros que eviten situaciones como
las actuales en que, por poner otro ejemplo que ha sucedido, continúa
abierto el proceso de solicitud de ayudas cuando ya se han agotado
éstas. Si abrimos un plazo semestral para conceder ayudas, se ha dado
el caso, por ejemplo, de concederlas al municipio de La Carolina,
cuando otros municipios continuaban en proceso de solicitud y cuando
ha llegado la misma ya no quedaban fondos disponibles para poder
atenderlas, con lo cual tampoco era posible respetar el principio
básico de concurrencia para poder comparar las distintas iniciativas
y, en base a esa comparación objetiva en la cual se puedan evaluar
distintos conceptos como puede ser el empleo generado o la comarca
afectada y su nivel de desempleo, ya sean comarcas mineras o de otro
tipo pero comarcas afectadas por reconversiones y por tanto con
derecho a ayuda por ello, con normalidad se pueda producir la
evaluación, la comparación y, al final, la adjudicación transparente
de las ayudas. Para ello es necesario garantizar la publicidad, es
necesario que esa publicidad y esa concurrencia se compatibilicen con
la agilidad y que, por tanto, los procesos no se dilaten en el tiempo
excesivamente, pero hay que acabar con este cúmulo de situaciones
preocupantes ante la opinión pública. Todavía hoy mismo se acaba de
conocer otra concesión de una ayuda -en nuestra opinión irregular- de
900 millones de pesetas para una empresa que se llama Castileón, que
parece ser que quiere estimular la cría y engorde de cerdos hasta
llegar a las 200.000 cabezas.
Una cosa es la política de subvenciones y otra cosa es conseguir que
algunos empresarios o empresas no pongan un duro a la hora de poner
en marcha este tipo de iniciativas. En este caso concreto la
inversión final puede estar en orden a los 1.000 ó 1.100 millones de
pesetas, y resulta que se le van a conceder 900 millones para
invertir en un sector además con gravísimas dificultades en este
momento, en un sector donde la propia Unión Europea no acepta este
tipo de ayudas para la cría y engorde del ganado, y en un sector
donde en este momento hay muchos pequeños empresarios que están
prácticamente en la quiebra por dos razones:
una, por todos los problemas de la peste porcina, y otra, porque el
mercado en este momento de la cría de porcino se ha hundido como
consecuencia, entre otras cuestiones, de que han caído las
exportaciones hacia los países del Este. Por tanto, es llamativa la
aportación de 900 millones para la cría de cerditos. No suena a
chiste por un problema añadido, porque este tipo de inversión
probablemente va a expulsar del mercado en Castilla y León a muchos
pequeños empresarios, agricultores y ganaderos, a los que
precisamente les va a ser imposible competir con una empresa de este
tipo, implantada con dinero público y que, además, según algunas
informaciones, tiene toda su producción vendida ya o comprometida en
este caso concreto con Campofrío. Por tanto, nos parece que puede
haber incluso problemas de competencia desleal. Ustedes que son tan
amigos de la liberalización, creo que confunden a veces la
liberalización con ir creando pequeños monopolios o con ir
fortaleciendo determinados grupos empresariales precisamente en
contraposición con otro tipo de iniciativas que aseguren la
continuidad de otras pequeñas explotaciones ganaderas. Señorías, si
esta iniciativa se lleva a término, es un gran desastre para los
productores ganaderos de Castilla y León porque les va a expulsar del
mercado.
Por consiguiente, nosotros lo que intentamos es corregir estos
criterios indefinidos en muchos casos, desconocidos para aquellos que
quieren acceder a las subvenciones, y evitar que tengan que recurrir
a expertos en materias que rozan ya prácticamente con la brujería
para conocer exactamente cuál va a ser el criterio aplicado en cada
ocasión por el Ministerio de Industria. Por tanto, creemos que es una
medida positiva y que intenta acabar con estas incertidumbres y
buscar soluciones que amplíen a todos los sectores que sea necesario
la concesión de ayudas, pero que sean ampliadas con conocimiento de
todos los sectores implicados. En ese ánimo va nuestra moción y en
ese ánimo también lo hemos intentando. Creemos positivas
prácticamente todas las enmiendas presentadas por los distintos
grupos, pero después del debate de las mismas diremos nuestra
posición respecto a las mismas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Santiso.
A esta moción se han presentado tres enmiendas por parte del Grupo
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Mixto.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Peón.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más tenemos un debate en esta Cámara sobre las
ayudas públicas del Ministerio de Industria, sobre la conveniencia o
no de apoyar determinados proyectos industriales, sobre la
conveniencia o no de apuntalar la creación de empleo en determinados
proyectos empresariales. Se vuelven a repetir los
mismos asuntos que reiteradamente se explican en esta tribuna y en
otros foros, y hay puntos en los que parece que hablamos diferentes
idiomas, porque si se sigue insistiendo en el supuesto concesionario
y ya se ha explicado que la subvención es a un taller de reparación
de automóviles, a la parte de taller, difícilmente nos podemos poner
de acuerdo en ese diálogo de sordos donde se dice una cosa, se
contesta y se sigue manifestando lo mismo que al principio.
Nuestra intención como grupo parlamentario es superar esa fase de
desencuentro y de permanente diálogo de sordos. Nos anima la
intención de mejorar el sistema del conjunto de ayudas públicas del
Ministerio, vamos a ver si hay una mejor manera de utilizar esos
recursos, de crear todavía más empleos, de promocionar todavía más y
mejores proyectos industriales. Vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a
ver en qué podemos contribuir a mejorar el sistema, y nuestra
enmienda pretende avanzar y profundizar en ese sentido.
Se citaba de nuevo el caso de Telecable. Insisto, no voy a ir por ese
camino. Ya explicamos que es un proyecto industrial de autovía de
comunicaciones. Ya explicamos que es un proyecto que genera 7.000
millones de inversión y más de 100 empleos. Ya dijimos que el propio
alcalde de Gijón, del Partido Socialista -sin ningún tipo de rubor,
públicamente- es uno de los patrocinadores de este proyecto.
Se habla hoy de una nueva subvención -se dice irregular- para una
empresa que pretende mejorar el aprovechamiento, desde el punto de
vista industrial, de una gran instalación de ganado porcino, pero se
olvida decir en esta tribuna que se crean más de 100 empleos con ese
proyecto industrial. Es el proyecto que más empleo crea de todos los
que se han presentado para el desarrollo alternativo de comarcas
mineras. ¿Por qué a Palencia y no a otro lugar? Porque estamos
hablando de desarrollo alternativo de comarcas mineras. Si alguien no
está de acuerdo con esos planes cuando se ha demostrado que el
consenso alcanzado en esos temas con sindicatos, con comunidades
autónomas era positivo; si alguien ahora considera que no deben
apoyarse esas comarcas que se diga públicamente, pero que no se tache
de irregular algo que es la propia esencia y finalidad implícita de
esos planes, que es el desarrollo alternativo de comarcas mineras. Es
Campofrío, no es un monopolio, es una multinacional española con
presencia en el exterior que tiene factorías en Rusia y otros lugares
del mundo. Yo estoy realmente satisfecho -y creo que mi grupo también
lo está- de que cuando se crean 100 empleos por esa multinacional
española se creen en España, se creen en Palencia, se creen en una
zona que necesita desarrollo alternativo de la industria y que no lo
hagan en Rumanía. Realmente quiero que el Gobierno siga haciendo las
cosas así, y si hay una directiva comunitaria con interpretación
discutible estoy satisfecho de que mi Gobierno siempre busque la
interpretación más favorable para los intereses generales del país,
no la que interesa a los alemanes y a los franceses, como algunos
miembros de
esta Cámara, que parece están más conformes con las tesis alemanas y
francesas que con las tesis españolas en la defensa de esos empleos
españoles, en la defensa de esos intereses empresariales e
industriales españoles. Yo estoy satisfecho de que el Gobierno lo
esté haciendo así.
Superando esos desencuentros, tenemos que avanzar en lo que podemos
estar de acuerdo. La iniciativa de Izquierda Unida sí es oportuna, es
oportuna porque estos días se asiste a un aluvión de críticas, a un
aluvión de denuncias, a un aluvión de sospechas sobre una gestión
ministerial en su conjunto. Ocurre que cuando se trata investigar un
poco esas denuncias y de analizar qué hay de real en esa información,
viene el ministro y lo explica, viene un director general y lo
explica, sale un representante de nuestro grupo parlamentario y lo
explica, esas denuncias al final quedan en nada. Siempre se repiten
los mismos casos, nunca hay nada nuevo donde rascar. Pero si
realmente hay un intento de contribuir con rigor al estudio de esos
asuntos en el conjunto del marco de ayudas, mañana tendremos una
ocasión magnífica -como lo es hoy también- de demostrar ante los
ciudadanos y ante la opinión pública lo que pretende cada uno con sus
iniciativas parlamentarias. Es una ocasión magnífica. Si hay datos
que denunciar, ahí hay un cauce magnífico para contrastar qué hay de
cierto en esos datos y en esas denuncias.
También en ese cauce hay una oportunidad para el que resulta
denunciado y es demostrar con datos, con expedientes, con documentos
y con comparecencias que se ha estado mintiendo, que se ha estado
engañando y manipulando la realidad para crear una falsa opinión en
el conjunto de la ciudadanía española. Ése es el momento de demostrar
lo que nos anima, lo que se esconde detrás de las actuaciones de cada
uno en las iniciativas que se desarrollan en esta Cámara. Voy a poner
un ejemplo para que no resulte abstracta mi argumentación: El Grupo
Socialista pedía hace tres semanas en esta Cámara una comisión de
investigación porque consideraba sospechosas unas ayudas públicas del
Ministerio de Industria en una serie de sectores y privatizaciones, e
incluía un apartado 4 en el que pedía al Gobierno y al señor ministro
de Industria que no hicieran nada con estos temas, que estaban
estudiándolos y que era sospechoso de irregularidad. En este punto 4
hablaban de Ercros, Fertiberia y participadas. Es decir el Grupo
Socialista decía hace tres semanas en esta Cámara que ojo con ayudar
a Fertiberia, que es sospechosa de irregularidad. ¿Qué ha pasado con
Fertiberia? Que han anunciado un expediente de regulación de empleo,
y ahora el Partido Socialista viene a decirnos en esta Cámara y en la
Comisión de Industria que hay que ayudar a Fertiberia. Así es,
ustedes dijeron que no ayudásemos a Fertiberia porque era sospechosa,
y ahora, tres semanas después, dicen que hay que ayudar a Fertiberia.
Es un debate absurdo, demagógico e irresponsable que no tiene en
cuenta las necesidades de esas empresas y de sus proyectos
industriales y que
busca un rendimiento electoral a corto plazo sin calcular que al
final esa estrategia se vuelve contra quien la ha prodigado con tanta
generosidad, porque son sus propios compañeros de Puertollano los que
preguntan: ¿Qué estáis haciendo en Madrid, que ponéis a la gente de
Fertiberia en contra, que estáis tachando de irregularidades ayudas
que la empresa necesita para salir adelante? Eso es lo que está
pasando.
Señorías, dejando ese debate demagógico, veremos ahora si los grupos
parlamentarios son capaces de aceptar este ofrecimiento de consenso
para no insistir en las mismas denuncias demagógicas de los últimos
meses y somos capaces de avanzar en propuestas constructivas.
El Ministerio ha ideado un conjunto de ayudas públicas, el Ministerio
ha desarrollado una metodología en la concesión de ayudas que no era
la que encontró cuando accedió al Gobierno. Ha pretendido mejorar el
sistema de concesión, su metodología, la concurrencia y transparencia
con el objetivo de crear empleo, con el objetivo de ayudar a la
industria española a crecer más que ninguna otra industria y más que
ningún otro sector en España. ¡Parece que algo ha hecho bien en ese
sentido el Ministerio, parece que eso, al menos, lo ha hecho bien!
Si hay algo que mejorar en ese sentido, en la propia subcomisión
tenemos un cauce magnifico para hacerlo, pero como grupo
parlamentario legítimo de esa gestión de industria no podemos
permitir que el punto de partida sea la sospecha y la anulación de
todo lo que se ha hecho. Por eso, igual que se alcanzó el consenso
con sindicatos y comunidades autónomas para desarrollar los planes
del carbón importantísimos para esas comarcas, también requerimos y
ofrecemos el consenso para mejorar aquello que haya que mejorar. En
ese sentido preguntamos si el grupo proponente está dispuesto
a variar aquellas expresiones de su iniciativa que permiten interpretar
que hay que modificar algo que se estaba haciendo mal, si se puede
reconocer al menos que al margen de que exista una interpretación
también es legítima la nuestra de entender que no se ha incumplido en
ningún caso la normativa que el propio Ministerio se ha dado para
hacer posible su fiscalización, cosa que no existía antes. Ahora se
puede acusar al Ministerio de incumplir órdenes ministeriales que el
Ministerio ha creado para su propio control.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Señor Peón, vaya
terminando, por favor.
El señor PEÓN TORRE: Termino, señor presidente.
Si somos capaces de reconocer al menos que es legítimo por parte de
nuestro grupo parlamentario y por parte del Ministerio hacer un
esfuerzo de consenso, de estudio y de análisis que intente mejorar la
situación pero que al mismo tiempo no dilapide el capital político
que creemos tener perfecto derecho a enarbolar junto con otros
agentes que han influido también en estos planes tan ambiciosos, creo
que encontraremos puntos de encuentro para apoyar esta moción.
La subcomisión de estudio, que mañana esperamos poder poner en marcha
con el voto favorable de otros grupos, podrá ser un cauce magnífico
para avanzar en este sentido constructivo. Si es así, señores de
Izquierda Unida, encontrarán el apoyo y la comprensión de nuestro
grupo parlamentario; si no es así tendremos que insistir una vez más
en que a este debate hay que traer datos con rigor y sobre todo buena
intención en los objetivos que cada uno persigue.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
Peón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya advertimos en el debate de la interpelación que nos
parecía bien la que presentaba el Grupo de Izquierda Unida, pero que
teníamos nuestras dudas sobre la oportunidad. Después de escuchar lo
que se ha dicho aquí tenemos todavía más dudas. No sé si las
enmiendas que hemos presentado, que intentan mejorar el texto y no
desvirtúan la moción de Izquierda Unida, van a ser aceptadas por el
Grupo Popular, pero no hace falta mucho debate (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben); ahora lo explicaré no se
preocupe, y tampoco hace falta tanta palabra hueca para concluir que
el Grupo Popular -dejando aparte la subcomisiones, las transparencias
y toda esa historia- si no acepta que vengan a esta Cámara los
acuerdos suscritos con otras administraciones públicas, si no acepta
que venga una relación individualizada de las subvenciones aprobadas
y otra de las denegadas, no hablemos de más subcomisión ni de más
transparencias. (Aplausos.-Rumores.)
De cualquier forma, también tienen que aceptar un plazo para que eso
llegue aquí y para que no se eternice. Llevamos un año con la famosa
subcomisión de privatizaciones y aún no ha comparecido ni un
presidente de empresas privatizadas. No me digan que ya son
presidentes de las empresas privatizadas, antes no lo eran y tampoco
han comparecido.
Aquí se está tratando de que ustedes permanentemente y gracias al
coro mediático obtenido a veces con el dinero de esas
privatizaciones, están ocultando algo fundamental; están ocultando
que no hay transparencia, ni a veces decencia. (Un señor diputado:
Que lo retire.) No retiro ni una palabra: no hay ni decencia, porque
la decencia significa también no tergiversar el lenguaje y cuando uno
habla de transparencia tiene que dar algo o debe tomar alguna medida
para que los demás podamos ver la transparencia ¿Es transparencia que
hayan metido en el trámite del Senado el billón y pico a las
eléctricas? (Un señor diputado: Es transparente.) Sí, es muy
transparente, ya lo vemos, no hemos podido discutirlo aquí y todavía
tienen ustedes en duda
ese tema en la Unión Europea que posiblemente rebajará las ayudas o
las anulará.
El señor ministro, esa especie de mago de la ingeniería financiera,
ha dicho que a lo mejor tiene que bajar la tarifa eléctrica. Nos está
dando la razón cuando decíamos que eso era un lastre para que bajara
la tarifa eléctrica. ¿Y los cuatro billones y pico de privatizaciones
sobre las que en esta Cámara no conocemos ni un solo proceso? Llevan
ustedes tiempo mareando a este Parlamento, no a nosotros sino a los
ciudadanos hablando de transparencia, de decencia, hablando de todo
pero aquí no hay ni un dato y en esto pasa lo mismo.
Hace unos días hablábamos de subvenciones varias. Hoy estamos
hablando de una más que parece ser tiene que ver con el porcino. Está
claro que ustedes subvencionan empresas, minas, piaras y todo lo que
haga falta, pero a lo mejor no están subvencionando a la empresa, a
lo mejor no subvencionan el proyecto ni siquiera lo estudian, están
subvencionando a quien presenta el proyecto y ahí es donde les duele
porque muchos de esos proyectos tienen nombres y apellidos. No es un
problema que se haya concedido una subvención a un condenado por
prevaricación, el problema es que la concesión de esa subvención era
irregular e ilegal porque no cumplía los plazos, no cumplía los
objetivos ni cumplía el termino donde se podía dar la subvención.
A pesar de eso ustedes le dan la subvención ¿Por qué? Hay dos
respuestas, y ya le doy materia al señor que se encarga de las
querellas en su grupo: una, porque era muy amigo o bien porque
tendría algo que callar y así no hablaría. (Un señor diputado: ¡Muy
bien!- Aplausos.-Rumores.)
Es patético que ustedes intenten ocultar una y otra vez. Llevan ya
tres años en el Gobierno y siguen hablando de no sé quién. Es
patético. (Continúan los rumores.) Den ustedes las explicaciones que
aquí les demandamos. Es muy sencillo. Díganlo, den un listado de las
subvenciones que han denegado; que podamos saber, y los ciudadanos
también, por qué las conceden a unos y a otros no.
El tema está tan claro que aunque ustedes pongan ese aspecto de
serios y solemnes, de que van a dar transparencia, ¿qué
transparencia? ¡Si esto es insólito! ¡Nunca había pasado en este
Parlamento! Están ustedes desvirtuando la vida parlamentaria y la
democracia; yo creo que porque no creen en la democracia, porque la
democracia les exige dar cuentas, y ustedes no las dan. (Rumores.)
Además, hablan ustedes de una cacería. La cacería la proporciona el
mismo personaje, porque un señor que presume de hacer esos manejos
financieros aparentemente legales, pero que llevan a no saber qué
empresa era la primera, cuántas se han constituido después, y al
final quien era el propietario de la empresa, les pregunto ¿saben
ustedes quiénes son los presidentes de las mayores empresas públicas
privatizadas de este país? No son sus amigos, son evidentemente los
amigos
del señor Aznar que siguen de presidentes de esas empresas.
Es más, ahí todo el mundo ha obviado algo, porque los que estaban en
el Consejo Consultivo de Privatizaciones informando sobre la
legalidad o no, la conveniencia o no de la privatización hoy son
consejeros de Telefónica, otros consejeros de Endesa. ¡Hombre, qué
bien! Ustedes son los que fiscalizan su propia actuación, y ustedes
son los que dan fe de todo.
Les digo una cosa, esto no ha hecho nada más que empezar, por mucha
cara seria que pongan, por mucho rictus de que no va la cosa con
vosotros, esto acaba de empezar porque es imparable. Tienen ustedes
en esos tres años una trayectoria detrás que no la pueden ocultar
y no la van a poder ocultar por mucho que se nieguen a que se
investigue en esta Cámara y a que se traigan los datos necesarios
para que este Parlamento, el pueblo español pueda conocer en qué
consiste su honradez y su transparencia. (Un señor diputado: ¡Muy
bien! Aplausos.)
Termino, señor presidente. (Rumores.) No he terminado, si quieren, me
callo ya. Quiero decir que si me van a poner una querella por seguir
hablando, me callo. (Continúan los rumores.)
Les aconsejaría que esa contundencia que tienen la emplearan pero que
la emplearan bien. He oído que van a ser ustedes contundentes contra
las denuncias de corrupción. Yo les doy un consejo, sean contundentes
contra los corruptos, no contra los que denuncian la corrupción
porque no la hemos denunciado nosotros, está en los medios de
comunicación. ¡Si llevan ustedes ya una especie de serial, un
culebrón! Hoy sale otra revista que da una guía de la corrupción. No
pueden ocultarlo por más tiempo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Cuevas, vaya
terminando.
El señor CUEVAS DELGADO: Termino ya.
Voy a decir hasta cuándo lo van a ocultar. Lo van a ocultar hasta las
elecciones generales que las van a perder (Risas.), porque el pueblo
español sabe perfectamente de qué estamos hablando. (Aplausos.-
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Cuevas. (Continúan los rumores.)
Silencio, por favor. (El señor Peón Torre pide la palabra.)
Señor Peón, ¿para qué me pide la palabra?
El señor PEÓN TORRE: Creíamos que estábamos debatiendo una moción de
Izquierda Unida sobre las ayudas públicas del ministerio de
Industria, pero se ha hablado de corrupción, se ha hablado de temas
patrimoniales y fiscales de un ministro del Gobierno cuando no lo
era, y desde luego se ha hecho un debate contra el Grupo
Parlamentario Popular, no en función de la moción que había, y
creíamos tener derecho a replicar a esos argumentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Peón,
efectivamente el orador ha intervenido en nombre del Partido
Socialista. Esta Presidencia no ha oído que haya hecho ninguna
intervención fuera del tema que estamos tratando, y no le voy a dar
la palabra. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Para defender la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida intentan perfeccionar el
texto originario, pero sólo a través de enmiendas adicionales que se
resumen en las siguientes. En primer lugar que la prohibición por
delito de prevaricación, y no sólo sino también por ejemplo del
soborno que puede ser cometido tanto por particulares como por
funcionarios, puede introducirse mediante una ley ordinaria, de modo
que ya acontece así por ejemplo para los contratos públicos; sólo hay
que ver el artículo 20 de la Ley de Contratos de la Administración
Pública. En este sentido, instamos a la adición de la correspondiente
previsión en el artículo 81 de la Ley General Presupuestaria, y ésta
es nuestra primera enmienda de carácter adicional.
En segundo lugar y en cuanto al procedimiento, la garantía de
objetividad y concurrencia en la concesión de ayudas y subvenciones
públicas estatales requeriría por una parte desarrollar la definición
que de concurrencia competitiva se da en el Real Decreto de 17 de
diciembre de 1993, aquel que regula el procedimiento para la
concesión de ayudas y subvenciones públicas, garantizando en especial
que la concesión de ayudas y subvenciones se realice una vez vencido
el plazo para la presentación de solicitudes. Así éstas podrían ser
examinadas objetivamente y comparadas entre sí.
Hay una tercera cuestión que sería establecer mecanismos de control
de actividades subvencionadas, asegurando el reintegro de las
cantidades dedicadas a fines distintos de los previstos en el acto de
concesión.
Por fin, señor presidente, pensamos que entre los ayuntamientos
priorizados por las ayudas, habría que incluir aquellos afectados por
la despoblación o por la caída de la producción agraria o pesquera,
que sabe S.S. es una consecuencia derivada entre otras cosas del
proceso de integración en la Comunidad Económica Europea, actual
Unión Europea.
La otra enmienda es puramente semántica. Intentaría abarcar de forma
más general lo que en la moción de Izquierda Unida aparece como
empresas o municipios, y nosotros proponemos que se expliciten las
categorías de beneficiarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Existiendo una enmienda transaccional y posiblemente el voto
favorable de la misma, nuestro grupo se congratula de esa votación.
El texto de la moción está en línea con lo que nosotros pensamos
sobre este tema, pero con matizaciones como que por ejemplo hay
algunos esquemas en los que no se cumplen las premisas bases sobre
las que nosotros tenemos alguna variación. Partimos de que
actualmente se ha realizado, se está realizando se ha hecho siempre
dentro de la legislación vigente; no creemos que exista ningún
Gobierno, el de ahora el de antes ni el de más allá, que pueda actuar
contra la legislación. Ello no quiere decir que esta legislación
pueda ser mejorada, quizás es un buen momento para plantearnos la
variación de la normativa y que la podamos mejorar.
En la votación que ahora efectuaremos queremos reservarnos el derecho
a plantear en las instancias parlamentarias pertinentes iniciativas
en este sentido, como puede ser la subcomisión que sobre este tema
parece que se va a crear dentro de poco. Por tanto vamos a votar
favorablemente la enmienda transaccional, que parece va a prosperar
en este debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Gracias, señor Sedó.
Se ha presentado una enmienda transaccional por parte de Izquierda
Unida. Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, a nuestro grupo, como
dije en mi exposición, le hubiera gustado aceptar prácticamente todas
las enmiendas presentadas porque entendíamos que eran complementarias
del objetivo que buscaba nuestra moción. Quiero dejar bien claro que
nuestro grupo continuará denunciando todos aquellos casos de
subvenciones irregulares a nuestro entender, con la misma
contundencia que hasta ahora, pero al mismo tiempo creemos necesario
avanzar en medidas que faciliten que las empresas o municipios que
accedan a estas subvenciones tengan los criterios claros y
posibilidades de concurrir.
Es por ello y dada la imposibilidad de provocar una votación separada
en la que se incluyeran también las enmiendas del Grupo Socialista,
que hemos presentado a la Mesa una transacción; quizá lo mejor es
leerla para que toda la Cámara la conozca y para que quede constancia
en el «Diario de Sesiones» -la puedo leer yo mismo-, y dice lo
siguiente:
l. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a que
estudie, y en su caso adopte las medidas normativas y legislativas
necesarias para impedir que aquellas personas físicas condenadas por
sentencia firme por un delito de prevaricación, malversación
o cohecho entre otros a la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por un período determinado,
puedan acceder por sí mismas o a través de personas jurídicas en las
que dicha persona física sea un accionista con poder de decisión en
la misma, a cualquier tipo de subvención pública.
2. A adoptar las medidas necesarias para continuar introduciendo las
modificaciones necesarias por parte del Ministerio de Industria en
los programas de ayudas o subvenciones con la finalidad de garantizar
el objetivo último de éstas, de acuerdo con los principios
siguientes: publicidad, concurrencia y objetividad,
compatibilizándolos con otros principios que con carácter general
deben informar la actuación de la Administración pública: eficacia,
eficiencia y celeridad. Fijar criterios objetivos y claros que eviten
incertidumbres a los interesados en acceder a este tipo de ayudas.
Por último, las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos
deberán presentarse en el plazo más breve posible a partir de la
aprobación de esta moción. Éste es el texto último. Insisto que
contiene el 50 por ciento de lo que nos gustaría fuese el contenido
de esta moción, pero entre el todo y la nada preferimos al menos dar
algún pequeño paso.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
Santiso.
Procedemos a votar la enmienda transaccional. (El señor Peón Torre
pide la palabra.)
Señor Peón, ¿a qué efectos me pide la palabra?
El señor PEÓN TORRE: A efectos de manifestar si aceptamos o no la
transaccional para poder votarla. Tenemos que manifestar si aceptamos
la transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Tiene la palabra, pero
cíñase exactamente a aceptarla o no.
El señor PEÓN TORRE: Señor presidente, en la misma medida que el
portavoz del grupo proponente.
Simplemente quiero manifestar que agradecemos el esfuerzo de consenso
de Izquierda Unida y lamentamos el discurso del Grupo Socialista.
Creemos que el texto que se propone permite continuar los trabajos en
la buena dirección en la propia subcomisión con todo tipo de
documentación y con todo tipo de información, que es lo que nuestro
grupo pretende.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
Peón, por su brevedad. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de
criterios para la obtención de subvenciones públicas, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 169; en contra, uno; abstenciones, 109.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.