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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 184, de 01/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 184
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 178
celebrada el jueves, 1 de octubre de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 12/1998, de 18 de septiembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios
y suplementos de crédito por importe total de
133.161.032.673 pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de
Fomento (número de expediente
130/000054) («BOE» número 225, de 19 de septiembre de
1998) (Página 9858)
- Real Decreto-Ley 13/1998, de 18 de septiembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios
y suplementos de crédito por importe total de
31.885.000.000 de pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de
Medio Ambiente (número de expediente
130/000055) («BOE» número 225, de 19 de septiembre de
1998) (Página 9865)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 12
de febrero de 1997 (número de expediente
121/000027) (Página 9872)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre los
Gobiernos del Reino de España y de la República
Federal de Alemania sobre el estatuto de las fuerzas
españolas durante estancias temporales
en la República Federal de Alemania. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 225,
de 25 de junio de 1998 (número de expediente 110/
000195) (Página 9879)
Página
- Convenio por el que se crea la Oficina Europea de
Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague
el 1 de septiembre de 1996. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 221, de 12
de junio de 1998 (número de expediente 110/000192)
(Página 9879)
- Tratado de Extradición entre el Reino de España y la
República de Nicaragua, firmado en Managua
el 12 de noviembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 222, de 12
de junio de 1998 (número de expediente 110/000193)
(Página 9879)
- Convenio relativo a la adhesión de la República de
Austria, de la República de Finlandia y del Reino
de Suecia al Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, así como al Protocolo
relativo a su interpretación por el Tribunal de
Justicia,
con las adaptaciones introducidas por el Convenio
relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca,
de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, por el Convenio relativo a la
adhesión de la República Helénica, así como por el
Convenio relativo a la adhesión del Reino de
España y de la República Portuguesa, hecho en Bruselas
el 29 de noviembre de 1996. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 224, de 25 de junio
de 1998 (número de expediente 110/000194) (Página 9879)
- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26
de julio de 1995. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 227, de 2 de julio de 1998
(número de expediente 110/000196) (Página 9879)
- Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación
anejas a los Estatutos de la Organización
Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25 de
septiembre de 1981. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 228, de 3 de julio de 1998
(número de expediente 110/000197) (Página 9880)
- Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea y del apartado
3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a los
privilegios e inmunidades de Europol,
los miembros de sus órganos, sus directores, adjuntos,
y sus agentes, hecho en Bruselas el 19 de
junio de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, número 229, de 3 de julio de 1998
(número de expediente 110/000198) (Página 9880)
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y
Estados Unidos, por el que se prorroga el
Acuerdo entre ambos países sobre Cooperación Científica
y Técnica en apoyo a los Programas
de Exploración Lunas y Planetaria y de vuelos
espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una Estación de
Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29 de
enero de 1964, hecho en Madrid el 14 y 28 de enero de
1998. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 230, de 3 de julio de 1998 (número de
expediente 110/000199) (Página 9880)
- Convenio entre el Reino de España y la República de
Bolivia sobre asistencia judicial en materia
penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número
234, de 16 de julio de 1998 (número de expediente 110/
000200) (Página 9880)
- Tratado entre el Reino de España y la República
Portguesa para la represión del tráfico ilícito de
drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de
1998. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 236, de 27 de julio de 1998 (número de
expediente 110/000201) (Página 9880)
- Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y
la diversidad biológica en el Mediterráneo,
firmado en Barcelona el 10 de junio de 1995, Anexos,
adoptados en Mónaco el 24 de
noviembre de 1996, y Declaraciones Adjuntas a dicho
Protocolo. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 237, de 27 de julio de 1998 (número de
expediente 110/000202) (Página 9880)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas
legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Tratado de Amsterdam
por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas y determinados actos conexos,
firmado en Amsterdam el día 2 de octubre
de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
número 117-1, de 26 de mayo de 1998
(número de expediente 121/000116) (Página 9880)
Votación de conjunto:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(continuación):
- Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos
extraordinarios por importe de
8.070.673.205 pesetas, para abonar a las Compañías
Aéreas las bonificaciones aplicadas en las
tarifas de pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y
1996, a los ciudadanos españoles y de los
demás Estados miembros de la Unión Europea residentes
en las Islas Baleares, Islas Canarias y
Melilla. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 119-1, de 2 de junio de 1998 (número
de expediente 121/000118) (Página 9889)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la
mañana
Página
Convalidación o derogación de reales
decretos-leyes (Página 9858)
Página
Real Decreto-ley 12/1998, de 18 de septiembre,
por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito
por importe total de 133.161.032.673
pesetas, para atender obligaciones derivadas
de gastos de inversión del Ministerio
de Fomento (Página 9858)
El señor ministro de Fomento (Arias-Salgado Montalvo)
explica que el Real Decreto-ley 12/1998, de 18
de septiembre, para el que solicita la convalidación,
se aprobó en el Consejo de Ministros de 16 de septiembre
de 1998 para hacer frente a inversiones en
el Ministerio de Fomento correspondientes a los programas
513-A, 513-B y 513-E, relativos a infraestructura
del transporte ferroviario, creación de
infraestructuras de carreteras y conservación y
explotación de carreteras, respectivamente, a los que
corresponde un crédito extraordinario por importe
de uno 27.500 millones de pesetas y un suplemento
de crédito por cuantía de 105.598 millones de pesetas,
distribuidos en varios conceptos económicos del
capítulo VI, inversiones reales. Justifica la concesión
de los créditos extraordinarios basándose en los
artículos 63 y 64.1 del Real Decreto-legislativo de 23
de septiembre de 1998, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria. A continuación
expone que el Gobierno ha tenido como
objetivo permanente el impulsar la inversión pública
en infraestructuras hasta los límites impuestos por
las exigencias de la política económica general y los
compromisos internacionales de España en materia
de déficit público, y añade que, al finalizar este ejercicio,
el Ministerio de Fomento estará por primera
vez al corriente en el pago de expropiaciones,
habiéndose cubierto tanto los pagos debidos a lo
largo del año como aquellos adeudados de ejercicios
anteriores. Asimismo se podrá, anticipadamente y
con carácter inmediato, licitar un conjunto de obras
en el presente año por valor aproximado de 50.000
millones de pesetas. Por todas las razones expuestas
solicita el voto favorable para la convalidación del
real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Caldera Sánchez-Capitán, del
Grupo Socialista del Congreso.
En un segundo turno intervienen el señor ministro de
Fomento y el señor Caldera Sánchez-Capitán,
duplicando el señor ministro de Fomento.
Cierra el turno de fijación de posiciones el señor Jiménez
Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Página
Real Decreto-ley 13/1998, de 18 de septiembre,
por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito
por importe total de 31.885.000.000
de pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del
Ministerio de Medio Ambiente. (Página 9865)
Presenta el Real Decreto-ley 13/1998, de 18 de septiembre,
para su convalidación la señora ministra de
Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). Expone
que la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de Aguas de su departamento tiene importantes
necesidades crediticias adicionales para
cubrir actuaciones inversoras que no pueden demorarse
a ejercicios posteriores si se quiere garantizar
su correcto funcionamiento y asegurar el cumplimiento
de sus significativos fines de interés público,
por lo que, en uso de la autorización establecida
constitucionalmente, el Consejo de Ministros, en su
reunión del 18 de septiembre de 1998, aprobó el real
decreto-ley que hoy presenta para su convalidación.
Explica a continuación que los créditos extraordinarios
y suplementos de crédito concedidos se destinan
a los programas 512-A, de gestión e infraestructuras
de recursos hidráulicos, y 441-A, de infraestructura
urbana y saneamiento.
En turno en contra interviene el señor Morlán Gracia,
del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Urán González,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 12/1998, de 18 de septiembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios y suplementos
de crédito por importe total de 133.161.032673
pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos
de inversión del Ministerio de Fomento, se aprueba
su convalidación por 154 votos a favor, 140 en
contra y tres abstenciones.
A continuación se somete a votación su tramitación
como proyecto de ley, solicitada por dos grupos parlamentarios,
lo que se rechaza por 143 votos a favor,
155 en contra y una abstención.
Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 13/1998, de 18 de septiembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios y suplementos
de crédito por importe total de 31.885.000.000 de
pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos
de inversión del Ministerio de Medio Ambiente, se
aprueba su convalidación por 154 votos a favor, 142
en contra y tres abstenciones.
A continuación se somete a votación la tramitación
como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado,
lo que se rechaza por 144 votos a favor y 155 en
contra.
Página
Enmiendas del Senado (Página 9872)
Página
Proyecto de ley de reforma de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de
valores. (Página 9872)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, y Fernández de Trocóniz Marcos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones de las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales
(Página 9879)
Página
Canje de notas constitutivo de acuerdo
entre los gobiernos del Reino de España
y de la República Federal de Alemania
sobre el Estatuto de las Fuerzas Españolas
durante estancias temporales en la
República Federal de Alemania (Página 9879)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, es
aprobado por 288 votos a favor, 14 en contra y una
abstención.
Página
Convenio por el que se crea la oficina
europea de telecomunicaciones (ETO),
hecho en Copenhague el 1 de septiembre
de 1996 (Página 9879)
Página
Tratado de extradición entre el Reino de
España y la República de Nicaragua, firmado
en Managua el 12 de noviembre
de 1997 (Página 9879)
Página
Convenio relativo a la adhesión de la
República de Austria, de la República
de Finlandia y del Reino de Suecia al
Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil,
así como al Protocolo relativo a
su interpretación por el Tribunal de
Justicia, con las adaptaciones introducidas
por el Convenio relativo a la
adhesión del Reino de Dinamarca, de
Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, por el Convenio
relativo a la adhesión de la República
Helénica, así como por el
Convenio relativo a la adhesión del
Reino de España y de la República Portuguesa,
hecho en Bruselas el 29 de
noviembre de 1996 (Página 9879)
Página
Página
Convenio establecido sobre la base del
artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea, relativo a la protección de los
intereses financieros de las comunidades
europeas, firmado en Bruselas el 26
de julio de 1995. (Página 9879)
Página
Enmienda del párrafo 13 de las reglas de
financiación anejas a los Estatutos de
la Organización Mundial del Turismo,
adoptada en Roma el 25 de septiembre
de 1981 (Página 9880)
Página
Protocolo establecido sobre la base del
artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea y del apartado 3 del artículo
41 del Convenio Europol, relativo a
los privilegios e inmunidades de
Europol, los miembros de sus órganos,
sus directores, adjuntos y sus
agentes, hecho en Bruselas el 19 de
junio de 1997 (Página 9880)
Página
Canje de notas constitutivo de acuerdo
entre España y Estados Unidos, por el que
se prorroga el Acuerdo entre ambos países
sobre cooperación científica y técnica
en apoyo a los programas de exploración
lunar y planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación
de seguimiento espacial, firmado en
Madrid, el 29 de enero de 1964, hecho en
Madrid el 14 y 28 de enero de 1998 (Página 9880)
Página
Convenio entre el Reino de España y la
República de Bolivia sobre asistencia
judicial en materia penal, hecho en La
Paz el 16 de marzo de 1998. (Página 9880)
Página
Tratado entre el Reino de España y la República
Portuguesa para la represión del
tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho
en Lisboa el 2 de marzo de 1998 (Página 9880)
Página
Protocolo sobre las zonas especialmente
protegidas y la diversidad biológica en
el Mediterráneo, firmado en Barcelona
el 10 de junio de 1995, anexos, adoptados
en Mónaco el 24 de noviembre de
1996, y declaraciones adjuntas a dicho
Protocolo (Página 9880)
Sometidos a votación todos los dictámenes de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales,
son aprobados por asentimiento.
Página
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas (Página 9880)
Página
Proyecto de ley orgánica por la que se
autoriza la ratificación por España del
Tratado de Amsterdam por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas y determinados
actos conexos, firmado en Amsterdam
el día 2 de octubre de 1997 (Página 9880)
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al proyecto de ley
orgánica interviene la señora Uría Echevarría.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Costa Costa, del Grupo Socialista
del Congreso, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de ley sobre concesión de varios
créditos extraordinarios por importe
de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a
las compañías aéreas las bonificaciones
aplicadas en las tarifas de pasajes
aéreos durante los ejercicios 1995 y
1996, a los ciudadanos españoles y de
los demás Estados miembros de la
Unión Europea residentes en las Islas
Baleares, Islas Canarias y Melilla (Página 9889)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso,
y Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Se someten en primer lugar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al proyecto de ley
orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, firmado en Amsterdam
el día 2 de octubre de 1997, que son rechazadas.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión sobre
el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Tratado de Amsterdam,
se aprueba por 284 votos a favor, 15 en contra y dos
abstenciones.
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley, por
su carácter de orgánica, se aprueba por 287 votos a
favor y 15 en contra.
Sometido finalmente a votación el dictamen de la
Comisión sobre el proyecto de ley de concesión de
varios créditos extraordinarios por importe de
8.070.673.205 pesetas, para abonar a las compañías
aéreas las bonificaciones aplicadas en las tarifas de
pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y 1996 a
los ciudadanos españoles y de los demás Estados
miembros de la Unión Europea residentes en las Islas
Baleares, Islas Canarias y Melilla, se aprueba por
unanimidad.
Se levanta la sesión a la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos
de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES
DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 12/1998, DE 18 DE SEPTIEMBRE,
POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
POR IMPORTE TOTAL DE 133.161.032.673
PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS
DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO
DE FOMENTO (Número de expediente
130/000054).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Debates sobre convalidación
o derogación de dos reales decretos-leyes, cuya
votación se producirá tras el debate de ambos.
En primer lugar, Real Decreto-Ley 12/1998, de 18 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios
y suplementos de crédito por importe total de
133.000 millones pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de
Fomento.
Para la presentación del real decreto-ley y la solicitud
de su convalidación por la Cámara, en nombre del
Gobierno tiene la palabra el ministro del ramo, señor
Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y
Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco hoy a fin de presentar para su
convalidación el Real Decreto-Ley 12/1998, de 18 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios
y suplementos de crédito por importe total de
133.161.032.673 pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de
Fomento.
En uso de la autorización constitucionalmente establecida,
el Consejo de Ministros, en su reunión del 16
de septiembre de 1998, aprobó el real decreto-ley
mencionado para inversiones del Ministerio de
Fomento correspondientes a los programas 513.A,
513.D y 513.E, relativos a infraestructura del transporte
ferroviario, creación de infraestructura de carreteras
y conservación y explotación de carreteras, respectivamente,
a los que corresponde un crédito extraordinario
por importe -redondeo cifras- de 27.500
millones de pesetas y un suplemento de crédito por
cuantía de 105.598 millones de pesetas, distribuidos
en varios conceptos económicos del capítulo 6 de
inversiones reales.
El crédito extraordinario se concede para hacer
frente a obligaciones de pago asociadas a la gestión
de la inversión en carreteras correspondiente al año
1997 y para las que no había crédito suficiente; 390
millones de pesetas corresponden a obligaciones asociadas
al modificado número 1 del proyecto de línea
férrea Valencia-Tarragona, tramo Castellón-Las Palmas,
proyecto de soterramiento y duplicación de vía. El
suplemento de crédito se concede para atender gastos
de inversión generados en el presente ejercicio económico
asociados a expedientes de obras de emergencia,
práctica de liquidaciones definitivas de obras afectadas
por el cumplimiento de los plazos que establece
la vigente Ley de contratos de las Administraciones
Públicas y compromisos de financiación de obras de
interés general, así como pagos asociados a expedientes
de expropiación y de liquidaciones de obras e
intereses de demora generados con anterioridad a la
aprobación y entrada en vigor de la Ley 11/1996, de
27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria.
En ambos casos se trata de dotaciones crediticias adicionales
para cubrir actuaciones que no se pueden trasladar
a ejercicios futuros y para los que no se dispone
de dotación en el ejercicio corriente, resultando, por
tanto, amparadas en los artículos 63 y 64.1 del Real
Decreto de 23 de septiembre de 1988, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en
el citado artículo 63, según la redacción que da al
mismo la llamada Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria,
con cargo a créditos de cada presupuesto
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario.
Por su parte, el también mencionado artículo 64.1
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
establece que cuando haya de realizarse con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado algún gasto que
no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no
exista en ellos crédito, sea insuficiente y no ampliable
el consignado, el Ministerio de Economía y Hacienda,
previo informe de la Dirección General de Presupuestos
y dictamen del Consejo de Estado, elevará al acuerdo
del Gobierno la remisión de un proyecto de ley a
las Cortes Generales de concesión de un crédito extraordinario
en el primer caso o de un suplemento de crédito
en el segundo, y en el que se especifique el recurso
que haya de financiar el mayor gasto público.
Por ello, teniendo en cuenta que la Dirección General
de Carreteras y la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes del Ministerio de Fomento, en
el ejercicio de su actividad, necesitan atender determinados
gastos de inversión para los que no existe crédito
y cuya práctica no debe demorarse a ejercicios futuros,
es por lo que se redactó en su día el real
decreto-ley que constituye el objeto del presente trámite
de convalidación.
Al mismo tiempo, la mayor necesidad de gasto, cuya
cobertura presupuestaria se solicita a través del crédito
extraordinario y el suplemento de crédito convalidables,
fue informada favorablemente por la Dirección General de
Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda y
objeto del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, y
se financiará con deuda pública de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 101 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria.
Permítanme, señorías, hechas estas consideraciones
de procedimiento y de legalidad, realizar a continuación
algunas consideraciones acerca de los gastos de
inversión cuya cobertura se pretende con el decreto-ley
que hoy se presenta para su convalidación.
Primero, el Gobierno ha tenido como objetivo permanente
el impulsar la inversión pública en infraestructuras
hasta los límites impuestos por las exigencias de
la política económica general y los compromisos internacionales
de España en materia de déficit público.
Desde esta perspectiva, el principio de actuación que
ha guiado la política inversora ha sido la prudencia en
la planificación presupuestaria de las inversiones unida
a una gestión activa de los proyectos. Así, el margen de
maniobra aportado a la política presupuestaria por el
excelente comportamiento de la economía española en
1997 y en 1998 ha permitido acelerar la puesta en marcha
de los planes de inversión del Ministerio de Fomento.
Se responde así a la mayor demanda de infraestructuras
de transporte que generan los procesos de
crecimiento económico.
En esta línea de impulso a la actuación inversora del
Estado se solicita un suplemento de crédito por importe
de 58.000 millones de pesetas para cubrir pagos adicionales
a los previstos en el presupuesto para 1998.
Representa esta cantidad un incremento del 17 por
ciento en el crédito de inversiones para creación y conservación
de carreteras. Con estos recursos adicionales
será posible pagar un volumen de liquidaciones de
obra ya finalizadas y puestas en servicio superior al inicialmente
previsto, así como cubrir las obligaciones
derivadas de la declaración de interés general de obras
previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
del año 1998, obras declaradas de interés general
por la disposición adicional vigesimosexta se la ley de
presupuestos actualmente vigente y que fue incorporada
como enmienda en la ponencia del Senado con una
general aquiescencia.
Asimismo, ha sido necesario cubrir con créditos
extraordinarios y suplementarios, por un importe de
30.555 millones de pesetas, obligaciones generadas en
1997. Estas cantidades complementan las ya aprobadas
por el Parlamento en noviembre de 1997 por un importe
de 40.938 millones de pesetas, de los que 9.000
millones correspondían a obras de emergencia y el
resto a inversiones ordinarias y expropiaciones.
En conjunto, el crédito de inversiones ordinarias en
carreteras para el año 1997 fue superior en un 20 por
ciento al inicialmente presupuestado, lo que acredita el
fuerte ritmo inversor mantenido, sobre todo en la
segunda mitad del ejercicio.
Por último, se habilitan créditos suplementarios por
un importe de 45.000 millones de pesetas para atender
obligaciones generadas en ejercicios anteriores a 1997.
La necesidad de regularizar los pagos derivados de proyectos
de inversión gestionados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de disciplina presupuestaria
fue ya aceptada y recogida por esta Cámara en la ley
de presupuestos del presente ejercicio. Con este suplemento
de crédito se da un paso decisivo en la regularización
de estos pagos.
El conjunto de estas actuaciones presupuestarias que
acabo de enumerar tendrá efectos muy positivos sobre
la gestión de las infraestructuras de transporte y sobre
la economía española. Al finalizar este ejercicio, y por
primera vez, el Ministerio de Fomento estará al corriente
en el pago de expropiaciones, habiéndose cubierto
tanto los pagos debidos a lo largo del año como aquellos
adeudados de ejercicios anteriores. Asimismo, los
pagos adeudados a constructoras serán los menores de
los últimos años, tanto en nivel absoluto como en relación
a la cartera de obra.
Por último, señorías, querría manifestar que con el
saneamiento en los pagos y la aceleración habida en la
ejecución de la cartera de obra se podrá, anticipadamente
y con carácter inmediato, licitar un conjunto de
obras en el presente año por valor, aproximadamente,
de unos 50.000 millones de pesetas.
Por todas estas razones, señorías, solicito el voto
favorable de la Cámara para la convalidación de este
real decreto-ley de crédito extraordinario y de suplemento
de crédito, que es la expresión de una política
dinámica de inversiones y de la buena marcha de la
economía española, que permite hoy incrementar el
capitulo 6 del Ministerio de Fomento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias,
señor presidente. Intervengo con gran brevedad.
Mi grupo de Coalición Canaria va a dar su voto afirmativo
a la convalidación de este real decreto-ley.
Como bien ha explicado el señor ministro de Fomento,
y se ve claramente en el texto de las disposiciones
correspondientes, se atienden, fundamentalmente, dos
conceptos presupuestarios: el referido, en el artículo 1,
a expropiaciones y el referente a incidencias contractuales,
y todo ello en el ámbito de obras y gastos de la
Dirección General de Carreteras del departamento de
Fomento.
Por tratarse de obras de infraestructura, a las que el
grupo de Coalición Canaria es tan sensible y viene apoyando
por un principio de solidaridad en la reciprocidad
de nuestro plan de financiación de carreteras -en
el convenio de carreteras- entre el Gobierno autónomo
canario y el Ministerio de Fomento, entendemos
que es un gasto necesario, está bien explicitado y no le
vamos a regatear nuestro apoyo.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar
favorablemente su convalidación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, muy
brevemente también para dar a conocer a la Cámara
nuestro voto favorable a la convalidación de este real
decreto-ley.
Los contenidos a los que estos dos reales decretosleyes
van destinados están justificados. Las necesidades
de estas infraestructuras son asuntos pendientes no
bien resueltos desde hace mucho tiempo por tener que
atender los pagos anteriores a 1997, y también, dentro
de dicho ejercicio, los correspondientes a expropiaciones
y otras obligaciones contraídas.
Por otra parte, creemos que el procedimiento formal
se ajusta a derecho perfectamente, está adaptado a
nuestro ordenamiento jurídico vigente y, por tanto, es
una segunda razón por la que vamos a dar nuestro voto
favorable a esta convalidación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
Señorías, a nuestro grupo le sorprende que a estas
alturas del año el Ministerio de Fomento quiera un
suplemento adicional de 133.000 millones de pesetas.
Teniendo en cuenta que estamos en el mes de octubre
y teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales
del Estado para el año 1999 ya están en esta Cámara
para su discusión, nos sorprende muchísimo que el
Ministerio de Fomento quiera agilizar ahora una partida
tan grande. Hay que recordar que el presupuesto de
carreteras para 1997 estaba cifrado en más de 230.000
millones y, por tanto, estamos hablando de una partida
enorme en este momento, que se sale del debate presupuestario
y que hubiese tenido encaje -y creo que
tiene encaje- en el debate de los Presupuestos Generales
del Estado del año 1999.
Nuestro grupo diría que hay una imprevisión total
en el Ministerio de Fomento. Nosotros, en el debate del
año pasado, ya apuntábamos las dificultades que iba a
tener el Ministerio porque entendíamos que era un presupuesto
muy restringido. Hoy, la realidad nos demuestra
que esa imprevisión del Ministerio de Fomento hace
que lleguemos a situaciones de este tipo.
También nos da la impresión de que esos 133.000
millones que se pretende habilitar quizá tengan alguna
lógica, aparte de la que el señor ministro nos ha contado
hoy aquí. Creo que deberían decirnos cuál es la realidad,
señor ministro, de esta proposición que nos está
haciendo hoy. ¿Qué favores quiere o pretende pagar
hoy aquí? ¿Por qué esta inversión en Cataluña, que
nosotros no cuestionamos, de casi 42.000 millones de
pesetas se hace en octubre? ¿A qué es debido? ¿Por qué
no se contempló el año pasado en los presupuestos?
¿Por qué no se deja para los presupuestos del año que
viene? ¿Quizá pueda limitar nuevas inversiones en Cataluña
si se deja para los presupuestos del año próximo?
Señor ministro, usted sabe que ayer debatimos sobre
el problema de las carreteras catalanas, de las autopistas
y de las carreteras convencionales, y nuestro grupo le
decía que en Cataluña hacían falta mejoras en la red
convencional de carreteras, pero vamos a hacerlo de
una manera transparente, de una manera que se sepa
qué estamos haciendo y hacía donde se quiere ir, porque
entendemos que esta no es la fórmula. Le vamos a
pedir, y esperamos que no tenga ningún inconveniente,
que estos reales decretos sean tramitados como proyecto
de ley, y entonces sí tendremos posibilidad de debatir
y entrar dentro de la lógica parlamentaria. Esperamos
que esto sea posible porque, si no, no entenderíamos
cuál es la postura del Ministerio de Fomento.
Es todo lo que tenemos que decir al respecto hasta
que haya un mayor debate, hasta que profundicemos
más en esta situación, que aclaremos a qué proyectos
se destina esta enorme cantidad de dinero, que veamos
por qué cantidades para expropiaciones, que se sabía
que se habían producido en 1997, no se consignaron el
año pasado, y vamos a ver si somos capaces de clarificar
la situación en que nos ha puesto el Ministerio de
Fomento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias,
señor presidente.
Señor ministro de Fomento, créame si le digo, con
total sinceridad, que lamento tener que utilizar este trámite
en la primera ocasión en que tengo la oportunidad
de discutir con usted, como responsable de mi
grupo en la Comisión de Infraestructuras, porque no
podemos dar nuestra aquiescencia ni nuestro voto favorable
a este real decreto-ley. Le explicaré por qué.
Con su comportamiento, señor ministro, ignoran una
vez más las funciones básicas de este Parlamento.
Intentaré demostrar la gravedad de las irregularidades
que se contienen en este real decreto ley. Fíjese, señor
ministro, considero incluso que, si se aprueba así y no
se tramita como proyecto de ley, como le ha solicitado
el Grupo de Izquierda Unida y le pediré yo, aquí se va
a producir una ruptura de las reglas del juego muy
seria, en primer lugar por la vía utilizada: un decreto
ley al final del ejercicio, como decía el señor Fernández.
¿Sabe usted lo que representan esos 133.000 millones
sobre el capítulo 6, inversiones de su Ministerio?
No la cifra que ha dado usted aquí, basta saber contar,
sino un 35 por ciento de dicho capítulo 6, en un debate
de una hora y sin posibilidad ulterior de que los grupos
parlamentarios fijen en su tramitación sus prioridades
de inversión.
Pero hay cosas peores aún, señor ministro que el 35
por ciento del capítulo 6, y es que hay programas,
como el 513.E, donde el incremento es astronómico: el
70 por ciento, señor ministro, sin posibilidad de que
discutamos los grupos parlamentarios, repito, cuáles
son nuestras prioridades de inversión. Y todo ello, limitando,
repito, las facultades de esta Cámara. Esto es un
abuso incalificable, señor Arias-Salgado, sin parangón
ni precedente alguno.
Le prevengo, conozco sus dotes de alquimista y de
manipulador; le prevengo porque he venido cargado
con los precedentes parlamentarios de debates similares
de esta naturaleza. Por poner un ejemplo, fíjese
usted, en la V legislatura se tramitaron 40 decretos
leyes, de los cuales 12 tenían por objeto medidas para
reparar daños causados por inundaciones o temporales
y ninguno de estos 40 reales decretos-ley, señor ministro,
se destinaron a financiar créditos extraordinarios o
suplementos de créditos del capítulo 6. Cuando el Partido
Socialista, que era quien gobernaba en la V legislatura,
se veía obligado por las circunstancias a incrementar,
suplementando o concediendo créditos
extraordinarios en el capítulo 6, ¿sabe cómo lo hacía?
Por respeto a la Cámara con un proyecto de ley de concesión
de crédito extraordinario que teníamos la oportunidad
de discutir aquí todas sus señorías, y ustedes
se lo saltan a la torera.
Le voy a decir algo más. ¿Imagina usted, señor ministro,
cuál hubiera sido el comportamiento de sus díscolos
compañeros de Cámara, de su grupo parlamentario,
si al Gobierno Socialista se le ocurre traer, por la vía
del decreto-ley y en un debate de una hora, 133.000
millones de pesetas que suponen en algunos programas
hasta el 70 por ciento de la posibilidad de ejecución
de gasto en el ejercicio? ¿Qué hubiera ocurrido?
Habría que haberles escuchado a ustedes. Pues escuchen
hoy, en un tono más respetuoso, el clamor de una
parte de la Cámara que se opone rotundamente a que
se nos dé este tratamiento.
En segundo lugar, señor ministro, es un texto de tal
«claridad», entre comillas, que de los 133.000 millones
que presupuesta sólo conocemos en el texto escrito el
destino de 42.000. Los otros 90.000 millones -y lo sabe
usted muy bien, porque lo ha repetido aquí en la tribuna
esta mañana- se despachan a través de conceptos
genéricos tales como para atender obligaciones generadas
en 1997 y anteriores derivadas de expropiaciones e
incidencias contractuales.
Sólo ayer, señor ministro, a las ocho de la tarde, gracias
a los buenos oficios, lo reconozco, de un parlamentario
de su grupo, tuve acceso a la mal llamada
memoria económica que acompaña a este decreto-ley.
¿Sabe usted por qué? Porque sospechaban ustedes el
alcance del debate que se iba a celebrar aquí esta
mañana y porque mi grupo parlamentario, en la Junta
de Portavoces, elevó la voz exigiendo un trato de respeto
a esta Cámara y pidiendo al Gobierno que remitiera
las memorias de los decretos-ley que sometía a
debate, ya que el de la semana pasada llegó después
de celebrarse la discusión. Algo hemos avanzado, he
recibido la memoria económica, que, por cierto, señor
ministro, no aclara prácticamente nada. No sabemos a
qué tipo de obras se destinan los fondos de incidencias
y modificaciones contractuales. Seguimos, señor ministro,
a oscuras.
Ha dicho usted algo que no viene en el decreto-ley,
segunda prueba del ocultismo con que trata a esta Cámara.
Ha dicho, y quería preguntárselo a ver si lo puede
ratificar aquí, que efectivamente con este decreto-ley se
van a adelantar licitaciones de obra nueva a este ejercicio,
pero eso, señor ministro -insisto-, no se dice en
el decreto-ley. ¿Con cargo a qué concepto exactamente
de los que establece el decreto-ley van a adelantar ustedes
licitaciones de obra nueva por importe de 50.000
millones de pesetas? Dígamelo porque no viene ni en la
memoria económica ni en el decreto-ley y estamos a
oscuras. Pero hemos investigado y le pido que me diga
quién tiene razón. Fíjese qué casualidad, su maquinaria
de propaganda -he accedido a través de Internet a la
Moncloa-, el 23 de septiembre decía: El crédito extraordinario
que por importe de 133.000 millones ha asignado
hoy el Consejo de Ministros a Fomento servirá, entre
otros, para anticipar licitaciones de obra por un importe
de 80.000 millones -decían ustedes, ahora ha dicho que
50.000- durante este último cuatrimestre, y establece
una serie de obras. ¿Habrá obra nueva? ¿Cuáles serán?
Permítanos que se tramite como proyecto de ley esta
iniciativa para poder expresar las prioridades de inversión
de mi grupo. No siga tratando al Parlamento de
este modo. Hay ciudadanos que pueden conocer sus
intenciones a través de Internet, pero SS.SS., representantes
de la soberanía popular, no pueden hacerlo porque
usted le niega la información oficial que tendría
que haber remitido.
Hay, señor ministro, un tercer motivo grave para
nuestra preocupación, que es el de la falsedad. Se destinan
42.000 millones para financiar obras de interés
general del eje transversal de Cataluña y la autovía
Mataró-Granollers, pero pregunto, señor ministro
¿cómo es posible financiar obras con cargo al capítulo
6, inversiones reales, si ya están acabadas? ¿Saben
SS.SS. que estas obras están acabadas, que por estas
carreteras transitan los vehículos desde hace casi un
año? Ahora se nos dice que con cargo al capítulo 6,
inversiones reales, se van a financiar obras ya ejecutadas
por un importe de 42.000 millones de pesetas ¿Y
dice el señor Homs que esto se ajusta a la legalidad? Ya
lo veremos. Señor ministro, si ustedes no aceptan la tramitación
como proyecto de ley, mi grupo va a estudiar
seriamente la posibilidad de utilizar las vías jurisdiccionales
pertinentes para combatir esta grave irregularidad.
¿Qué quieren, que miremos para otro lado? No
podemos hacerlo, señor ministro. Esto supone asumir
los déficit de gestión de la Generalitat de Cataluña con
cargo a las espaldas de esta Cámara y del resto de los
españoles. Esto sería aceptable si fuera destinado a
obra nueva, de la cual pudieran beneficiarse los ciudadanos
de Cataluña, pero no para tapar agujeros por una
vía irregular. Esto no es capítulo 6, señor ministro, esto
es una transferencia de capital encubierta, esto es capítulo
7.
Por cierto, he tomado nota porque ha dicho usted
aquí que con general aquiescencia en el Senado. ¡Por
favor, señor ministro, por quién nos trata! Ya ve que he
venido preparado. Eso no es cierto, por ser suave. Mire
lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, don Octavio Granado, en el debate en el que
se discutió este tema, al final de la tramitación de los
presupuestos de 1998. ¿Y cómo cumplen -decía- sus
compromisos?
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor
Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo,
señor presidente.
Decía: Los cumplen con acuerdos bilaterales, añadiendo
opacidad e injusticias al sistema, acuerdos tan
peregrinos como uno que supone aceptar una enmienda
a la tramitación del proyecto de presupuestos en
esta Cámara, que significa declarar de interés general
una obra, el eje transversal de Cataluña, que se acaba
de inaugurar el viernes pasado. Aplausos. No se significa
de qué parte de la Cámara, pero supongo que sería
del lado izquierdo. ¿General aquiescencia? No. Con la
aposición firme de mi grupo que se opone a que se
haga caja con cargo a esta decisión que hoy, si nadie lo
remedia, tomaremos aquí. Esta decisión viola, señor
ministro, el artículo 64 del texto refundido de la ley
presupuestaria, que exige para autorizar suplemento de
crédito y crédito extraordinario varias condiciones,
entre ellas que no pueda demorarse el gasto hasta el
ejercicio siguiente. ¿Y cómo puede justificarse, pregunto
yo, la imposibilidad de demora de un gasto ya contraído
y ejecutado en ejercicios anteriores? Para recurrir
al decreto-ley, señor Arias-Salgado, se exige un presupuesto
habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, ha de
deberse a circunstancias difíciles o imposibles de prever.
Ya me dirán ustedes si estamos en este caso cuando
pagamos una obra por la que ya transitan coches.
¿Son circunstancias imposibles o difíciles de prever?
Por último, para financiar una obra con cargo al
capítulo 6, tienen que seguirse los trámites recogidos
en la Ley de contratos de las administraciones públicas,
publicidad y concurrencia, se fijan los requisitos del
contrato, fijación de precio, tramitación del expediente,
fiscalización previa...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, concluya, por
favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo,
señor presidente.
Ya le he dicho que detrás de esta decisión lo que hay
es una mera transferencia financiera que puede provocar
un serio desequilibrio en el sistema de financiación
de las comunidades autónomas. Nada tendríamos que
decir si fueran destinadas a obra nueva. Se lo advertimos
el año pasado, se lo dijo el señor Batanero, perdón
García-Arreciado Batanero: Necesitarán ustedes
suplementar créditos este año porque los presupuestos
son insuficientes. Estaban ustedes advertidos. Piensen
en todo lo que les he dicho, vean las irregularidades
que contempla este decreto-ley y, por favor, admitan
una tramitación del mismo porque, de lo contrario, se
verán mermadas de forma irreversible las atribuciones
de este Parlamento, y con ello, señor ministro, la calidad
de nuestra democracia a la que ustedes hacen muy
pocos favores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A efectos de acta, el ex diputado
citado por el señor Caldera sin duda se trata del
señor García-Arreciado Batanero, diputado por Huelva.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y
Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en primer término, para contestar a los argumentos
críticos que ha utilizado el señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las pretendidas
irregularidades.
Yo puedo poner a disposición de SS.SS., si no lo tienen,
el dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano
consultivo del Gobierno, que decreta la absoluta
legalidad de este real decreto-ley, tanto desde el punto
de vista del procedimiento como desde el punto de
vista del contenido. El dictamen del Consejo de Estado
es favorable en todos sus términos, señoría, sin el más
mínimo reparo, tanto en lo que afecta a la financiación
de las expropiaciones e incidencias como en lo que se
refiere a la financiación de las obras declaradas de interés
general. Por tanto, desde esta perspectiva, la legalidad
ha sido rigurosamente observada.
La diferencia entre este Gobierno y los gobiernos
socialistas es muy sencilla: nosotros traemos aquí un
real decreto-ley, según la urgencia, o un proyecto de
ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito,
mientras que ustedes lo que hacían era simplemente
incumplir los presupuestos. (Rumores.) Ustedes, sistemáticamente,
incumplían los presupuestos y acudían a
un procedimiento fantástico y extraordinario, que es
dejar los expedientes metidos en el cajón. (Aplausos.)
Así, señorías, se puede hacer una política presupuestaria
rigurosa. Es este Gobierno precisamente el que se
ha dado un nivel de disciplina extraordinario trayendo
a esta Cámara la Ley de medidas de disciplina presupuestaria,
que obliga al debate público y al control parlamentario
de todos aquellos gastos que no estén previstos
en la ley que cada año aprueban el Congreso y
el Senado. Por tanto, señorías, la transparencia, completa.
No me pueden decir SS.SS. que no hay debate cuando
se está realizando. Negar la existencia del debate
en el transcurso del mismo es una contradicción in
terminis. Me dirán que el tiempo del debate es insuficiente.
Esa es una cuestión opinable, pero lo que no
pueden decir es que no hay debate y que no hay
transparencia, porque estamos discutiendo sobre el
eje transversal y sobre el crédito extraordinario. La
contradicción, señoría, es flagrante. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben claramente.)
Dicho esto, señorías, en el crédito extraordinario hay
un tercio, 45.000 millones de pesetas, que va destinado
a pagos de obras anteriores a 1997. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, por favor.
Guarden el orden y respeten al orador.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y
Montalvo): Ello significa que estamos poniendo definitivamente
orden en la contabilidad pública del antiguo
Ministerio de Obras Públicas y hoy Ministerio de
Fomento, porque esa contabilidad pública del Ministerio
de Fomento, antiguo Ministerio de Obras Públicas,
la encontramos un pelín desordenada, con un pelín de
déficit, por ser generoso en la expresión; podría ser
muchísimo más duro.
Podría traer aquí a colación -por cierto, que fue
objeto de amplísimo debate en esta Cámara- los déficit
tremendos generados por la inversión en el tren de
alta velocidad Madrid-Sevilla o en el aeropuerto de
Sevilla. Imagínense el agujerito que había en los presupuestos
del Ministerio de Obras Públicas como consecuencia
de esas magnas obras.
Este Gobierno se caracteriza por el riguroso cumplimiento
de los presupuestos. Primero, el presupuesto de
1997 se cumplió en sus términos y el de 1998 se va a
cumplir en sus términos. Segundo, se ha producido
simultáneamente una reducción drástica del déficit de
los presupuestos del Estado. Tercero, se incrementa la
inversión -y se debería usted alegrar, señor Caldera,
igual que su grupo- entre otras razones porque la
buena marcha de la economía permite que dediquemos
mayor cantidad de dinero a una inversión pública. Ahí
están ustedes en una contradicción, porque cada año
que discutimos los Presupuestos Generales del Estado
-y lo veremos pronto- ustedes nos dicen que invertimos
poco y que hay que invertir más. Cuando traemos
un real decreto-ley que permite el incremento de inversión,
ustedes critican el incremento de inversión por
excesivo. (Aplausos.) Aclárense ustedes si quieren
más inversión o menos, pero las dos críticas a la vez,
señoría, no vale.
Según la información de que yo dispongo, la
enmienda introducida en el Senado, en ponencia, fue
por general aquiescencia. Es posible que después se
hiciera una crítica pública en el debate en abierto,
usted lo ha leído. Por tanto, desde esa perspectiva eso
es exacto, pero en ponencia no hubo ninguna objeción
a incluir una disposición adicional en la Ley de Presupuestos
del Estado para poder financiar obras de interés
general y si no que los senadores y diputados del
Partido Socialista de Cataluña den su opinión en este
debate, que sería extraordinariamente interesante. (La
señora López i Chamosa pronuncia palabras que
no se perciben.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, por
favor. Silencio, señorías, no establezcan diálogos entre
sí o con el orador.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y
Montalvo): Con este crédito extraordinario -y termino,
señoría- el Ministerio de Fomento se pone al corriente
en el pago de expropiaciones. Además, los pagos adeudados
a empresas constructoras están en el nivel más
bajo de la historia tanto con carácter absoluto como en
relación con la obra.
Ello significa que al no tener que realizar ciertos
pagos en el presente ejercicio podremos licitar anticipadamente
una serie de obras, que es lo que vamos a
hacer. No son obras con cargo, señoría, van destinadas
estrictamente al crédito extraordinario. Son obras que
se pueden licitar anticipadamente por dos razones: por
lo que se paga con cargo a este crédito extraordinario y
suplemento de crédito y porque -como sabe S.S.- el
proyecto de ley de presupuestos del Estado que se presenta
en la Cámara permite realizar una licitación anticipada.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias,
señor presidente.
Qué lamentable, señor ministro, que cuando se carecen
de argumentos sólo se sepa echar la vista atrás.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caldera.
Señor Homs, el señor ministro ha intervenido con
referencia exclusiva a las argumentaciones del portavoz
socialista. Interpreta, por tanto, la Presidencia que no
ha hecho una intervención en la que reabra todo el
debate, sino estrictamente en la que abre un turno de
réplica, que cerrará, naturalmente, el señor ministro
una vez que finalice el señor Caldera.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Decía,
señor presidente, que es lamentable que cuando no se
disponen de argumentos sólo sirve el socorrido expediente
de mirar atrás. ¿Pero, no estaban ustedes en un
viaje permanente hacia el futuro? ¿Por qué le gusta
mirar tanto hacia atrás?
Le voy a decir otra cosa, fíjese los déficit de gestión
de aquellos gobiernos a los que usted critica que en la
memoria de este año, presentada en la sección 17 de
los presupuestos del año 1999, usted presume de que
este año va a inaugurar 500 kilómetros de autovía, la
cifra más alta de toda la historia de España. ¿Lo ha
hecho usted en un año, año y medio o en dos años?
¿Quién preparó, diseñó, adjudicó y ejecutó una parte
muy importante de esas obras? Esos gobiernos a los
que usted critica. (Aplausos.) Por tanto, los datos hay
que darlos, señor ministro, con racionalidad.
¿Cómo puede usted confundir el debate -este es un
debate sobre las líneas generales de un texto de esta
naturaleza- con un procedimiento que es el ordinario
en el que nosotros podemos enmendar? ¿Es que nos
quiere quitar la capacidad de actuación? ¿Es que quiere
usted evitar que la oposición pueda fijar sus alternativas
políticas y de inversión en un texto como el que hoy se
nos somete a consideración? Eso es lo que ha dicho
desde la tribuna, señor ministro, y me preocupa profundamente
porque nosotros sólo queremos que haya
inversión. Claro que sí. Y lo advertimos frente a los
intentos manipuladores después de este debate, de
decir que los socialistas no la queremos, pero queremos
inversión discutida, asumida por la Cámara de acuerdo
con las prioridades de todos y de acuerdo con los procedimientos
establecidos en nuestro sistema jurídico.
Señor ministro, no debería haber hablado del Consejo
de Estado. Fíjese que ha picado usted porque yo le
preparé esa trampa desde la tribuna. (Rumores.) Le
anuncio que mi grupo parlamentario se va a dirigir al
presidente del Consejo de Estado con las argumentaciones
que ahora le doy. En lo que se refiere al suplemento
de crédito relativo a la financiación de obras viarias
de interés general del eje transversal Cataluña y
autovía Mataró-Granollers, el Consejo de Estado estima
-supongo que con los datos que ustedes les han dado,
a ver si son ciertos esos datos- que se trata de habilitar
el crédito que permita la suscripción de convenios
de colaboración y la financiación de las obras que
habrán de realizarse en el presente ejercicio. ¿Han
engañado ustedes al Consejo de Estado, señor ministro?.
Dice que habrán de realizarse en el presente ejercicio
y están acabadas. (Aplausos.) Están finalizadas,
señor ministro, esas obras.
El Consejo de Estado, con la información que ustedes
le suministran, entiende que una obra de interés
general puede ser declarada y cofinanciada por la
Administración del Estado, pero para ello hay que
seguir los requisitos establecidos en las normas.
Nada me ha dicho de la violación de la Ley de contratos
de las administraciones públicas, de la necesaria
intervención previa del interventor general del Estado
para valorar si esta inversión a la que me refiero se
ajusta al capítulo 6 y es una inversión real o es una
transferencia de capital, señor ministro.
En consecuencia, aquí hay muchísimas irregularidades
y, para finalizar, le voy a indicar una más. Ha dicho
usted que con este decreto-ley -y en esa parte estamos
de acuerdo- se abordan gastos de ejercicios anteriores
al año 1997. Sí, señor ministro, pero ¿sabe usted
lo que le dijo el portavoz del Grupo Socialista señor
García-Arreciado Batanero en el debate similar del año
pasado, con ocasión de otro real decreto-ley de incremento
de crédito en su Ministerio? Se lo voy a leer para
que lo vea y lo escuche, porque parece tener poca
memoria. Nosotros vamos a votar a favor -decía él
entonces-, se trata de nuestras enmiendas, un año
después de los Presupuestos Generales del Estado,
pero queremos que se tramite como un proyecto de
ley. ¿Por qué? Porque ustedes van a querer pagar con
este dinero las expropiaciones del año 1997. Es decir,
el año pasado sólo pagaron las expropiaciones de 1997
-y decía mi compañero de grupo-, que son las que
ustedes han hecho de una manera directa, pero no tienen
pensamiento de pagar las de los años 1995 y 1996.
¿Por qué, señor ministro, eran de peor condición jurídica?
Ahora tienen que asumirlas porque las obligaciones
del Estado tenemos que cumplirlas todos, pero ya se lo
dijimos en aquel debate. Albarda sobre albarda e irregularidad
sobre irregularidad. Y sólo hay una forma de
evitarlo, señor ministro, dé participación en este debate
a los grupos de esta Cámara. Le anuncio que nosotros
votaremos negativamente a la convalidación del decreto-
ley si no hay una tramitación ulterior como proyecto
de ley. Si la hubiere, reconsideraríamos nuestra postura
y nos abstendríamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y
Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, por mucho que usted quiera leer el informe
en esos términos, el Consejo de Estado no hace ninguna
observación de legalidad. En la memoria económica
y en la documentación suministrada al Consejo de Estado
se trata de efectuar pagos por obras realizadas, se
trata de eso. No hay ningún precepto legal que impida
que se puedan efectuar esos pagos por obra realizada.
Y le diré más, señoría, es el sistema que estamos
empleando ni más ni menos que en la autopista JerezLos
Barrios que hace la Junta de Andalucía, en la que
vamos pagando, una vez realizada la obra, 25.000
millones de pesetas por la totalidad del proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Jiménez Suárez. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, de repente se nos ha convertido un simple
trámite de gestión presupuestaria en un falso debate
sobre irregularidades y segundas derivadas del contenido
del real decreto. El real decreto tiene una lectura
positiva que SS.SS. quieren obviar. Se aumenta la inversión
en infraestructuras en un 35 por ciento, y eso
ahora es malo, pero en otro momento fue bueno. La
normativa que nos impone una disciplina presupuestaria
impide hacer bolas de nieve e ir acumulando compromisos
de gasto para ejercicios futuros. Eso, que lo
conoce muy bien S.S. de prácticas anteriores, entendemos
que es bueno y que da lugar a que tengamos debates
clarificadores como éste, y hoy a ustedes eso les
parece mal.
Aunque se han hecho muchas lecturas de los números,
yo me voy a permitir hacer otra disquisición respecto
al contenido del real decreto ley. El 33 por ciento
de los gastos que tiene el real decreto-ley son
anteriores a 1997, son expropiaciones e incidencias
contractuales. ¿Su señoría va a votar en contra de que
determinadas causas sobrevenidas de expropiaciones,
como son dictámenes del jurado, intereses de demora,
anticipos de expropiaciones, no se abonen? ¿Va a votar
S. S. que no a eso? Muy bien, lo tendremos en cuenta.
¿Va a votar S. S. en contra de que determinadas incidencias
contractuales de liquidaciones no se abonen?
Muy bien, lo sabremos. El 23 por ciento se refiere a
gastos generados de expropiaciones e incidencias contractuales
en 1997, complementos y liquidaciones de
obra. Por último, el 43 por ciento de los 133.000 millones
son incidencias contractuales de 1998 y el abono
de las obras de interés general del eje transversal Cataluña
y de la autovía Mataró-Granollers.
La declaración de interés general y el debate sobre
la oportunidad de esa obra ha existido en esta Cámara.
Pregunte al candidato señor Borrell por qué, en su
momento, ese problema no se arregló y por qué no se
declaró de interés general una salida hacia una vía transeuropea
que pasa por Cataluña. Pregúntelo, pues estamos
resolviendo hoy un problema generado años atrás,
simplemente resolviendo un problema generado años
atrás. ¿Está en contra S. S. de resolver ese problema
generado años atrás? Pues muy bien, vote en contra.
El Grupo Popular entiende que es positivo resolver
todos los problemas de deudas de ejercicios pasados,
que es positivo tener claras las cuentas del Estado, que
es positivo tener una ley de disciplina presupuestaria
que nos obliga a todos a no hacer bolas de nieve con
compromisos de gastos.
Sobre la falta de debate, voy a facilitar simplemente
un último número. Del total de los 133.000 millones, el
80 por ciento se refiere a suplementos de crédito sobre
obras que ya están incluidas en los presupuestos y sólo
el 20 por ciento se refiere a expropiaciones, que son
causas sobrevenidas sobre incidencias de obras.
En resumen, señorías, el Grupo Popular entiende
que sólo estamos haciendo una gestión presupuestaria
clarificadora, que estamos resolviendo problemas que
en su momento no se resolvieron, que es positivo
aumentar la inversión en expropiaciones y que es negativo
tramitarlo como proyecto de ley, porque es dejar
un expediente abierto sine die, que no sólo genera
incertidumbre y falta de credibilidad ante los empresarios
sino ante el electorado, ante el ciudadano. En ese
sentido, entiende que no debe tramitarse como proyecto
de ley sino cerrar el problema aquí con el decretoley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Jiménez Suárez.
- REAL DECRETO-LEY 13/1998, DE 18 DE SEPTIEMBRE,
POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
POR IMPORTE TOTAL DE 31.885.000.000
DE PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES
DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (Número de
expediente 130/000055).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Punto 35 del orden del día: Real Decreto-ley
13, de 18 de septiembre de 1998, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito
por importe total de 31.885 millones de pesetas, para
atender obligaciones derivadas de gastos de inversión
del Ministerio de Medio Ambiente.
Para su presentación y defensa en nombre del
Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Medio
Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino
Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante el Pleno a fin de presentar
para su convalidación el Real Decreto-ley 13/1998,
de 18 de septiembre, por el que se conceden suplementos
de crédito y créditos extraordinarios por un
importe total de 31.885 millones de pesetas para atendrer
obligaciones derivadas de gastos de inversión del
Ministerio de Medio Ambiente.
En este sentido, en el presente ejercicio, la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
este departamento tiene importantes necesidades crediticias
adicionales para cubrir actuaciones inversoras que
no pueden demorarse a ejercicios posteriores si se quiere
garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el cumplimiento
de sus significativos fines de interés público.
Por dicha razón, en uso de la autorización establecida
constitucionalmente, el Consejo de Ministros en su reunión
del 18 de septiembre de 1998 aprobó el real decreto-
ley que hoy presento ante esta Cámara para atender
obligaciones derivadas de gastos de inversión de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas en el capítulo 6, correspondientes a los programas
512.A, de gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos,
y 441.A, de infraestructura urbana y saneamiento.
Como SS.SS. conocen, las nuevas normas de disciplina
presupuestaria que nos hemos impuesto sujetan la actuación
administrativa a unas reglas estrictas que impiden la
generación de compromisos futuros sin que previamente
se haya otorgado el oportuno crédito presupuestario. Esta
es la causa de que cualquier nueva actuación que queramos
acometer determine necesariamente la previa habilitación
presupuestaria. En consecuencia, con el suplemento
de crédito que por importe de 26.380 millones de
pesetas sometemos a su aprobación, aplicado exclusivamente
al programa 512.A, se trata básicamente de poner
en marcha dos tipos de actuaciones: en primer lugar,
poder licitar en lo que queda de ejercicio económico
importantes infraestructuras hidráulicas de gran alcance
social que, como consecuencia de los criterios de convergencia
del déficit público, no habían tenido hasta el
momento presente la oportuna habilitación presupuestaria
y, por tanto, no habían podido iniciarse las sucesivas
fases administrativas que permitieran el inicio de la ejecución
de las obras.
El importe total de las obras que se encuentran en
esta situación, y que serán objeto de licitación en lo
que queda de ejercicio económico si el real decreto que
se presenta a convalidación es ratificado por SS.SS.,
asciende a 98.105 millones de pesetas, que se distribuyen
territorialmente de la siguiente forma:En la Confederación
Hidrográfica del Norte, 4.365 millones de
pesetas, destacando entre las actuaciones la presa de
Ibiur, los depósitos de regulación en la estación de tratamiento
de Venta Alta para el abastecimiento a la
comarca del Gran Bilbao.
En la Confederación Hidrográfica del Duero, 5.227
millones de pesetas, debiendo destacarse dentro de
esta cuenca el proyecto de acondicionamiento del canal
del Páramo de León y unas balsas de regulación.
En la Confederación Hidrográfica del Tajo, 4.306
millones de pesetas para obras de abastecimiento, fundamentalmente
en la comunidad de Madrid.
En la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
un importe de 23.416 millones de pesetas, se realizarán,
entre otras obras, las de regeneración y protección
de avenidas muy necesarias en el ámbito de dicha
cuenca, con actuaciones en materia de encauzamiento,
así como la conducción de la margen izquierda del río
Zújar para abastecimientos, igual que la implantación
de sistemas automáticos de información hidrológica y
la empresa de Andévalo.
En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
18.401 millones de pesetas, entre las que se puede citar
como de mayor importancia las obras de remodelación
del río Guadalquivir a su paso por Córdoba y determinadas
actuaciones en la zona regable del Genil, así como
el tramo final del canal del bajo Guadalquivir en Nebrija.
En la Confederación Hidrográfica del Sur, 1.517
millones de pesetas y en la Confederación Hidrográfica
del Segura, 938 millones de pesetas, destinados a diversas
obras y asistencias técnicas a realizar en los ámbitos
territoriales de las respectivas cuencas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, con un
importe de 3.100 millones de pesetas, se dedicarán fundamentalmente
al encauzamiento y defensa del río Barxell.
La Confederación Hidrográfica del Ebro, con un
importe de 20.049 millones de pesetas, realizará sobre
todo obras vinculadas al embalse de Rialp, así como el
restablecimiento de los accesos a dicho embalse. Igualmente,
una de las fases de modernización del canal de
Lodosa, la presa de la Loteta y el encauzamiento del río
Llobregat, así como actuaciones de mejora de riegos en
la zona de Túrrax y en Najerilla, en La Rioja.
En las cuencas internas de Cataluña, 13.871 millones
de pesetas, entre las que destaca por su importancia
cuantitativa y cualitativa la desviación y encauzamiento
del río Llobregat, al que acabo de referirme.
Por último, 2.915 millones de pesetas destinados a
diversas obras en las cuencas de las islas canarias y
Baleares, como por ejemplo la balsa de Bediestra En
Canarias.
Esta es una relación, como pueden comprobar
SS.SS., no exhaustiva de obras pero sí indicativa de la
capacidad de licitar y/o contratar obra nueva que con
este real decreto se otorga a la administración hidráulica
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. El
conjunto de todas estas actuaciones, unidas a las que
se han puesto en marcha a través de un denominado
sistema de abono total del precio, centrado principalmente
en obras de saneamiento y depuración, y la
puesta en funcionamiento de nuevos sistemas de financiación
de la obra hidráulica con mayor participación
de la iniciativa privada, pone de manifiesto a SS.SS. el
enorme esfuerzo inversor que desde el Ministerio que
presido se está llevando a cabo para poder dotar a
nuestro país del conjunto de infraestructuras hidráulicas
y medioambientales que la sociedad demanda en el
marco de un contexto presupuestario caracterizado por
los principios de control del gasto y de disciplina en su
ejecución.
En segundo lugar, el suplemento de crédito que autoriza
el presente real decreto-ley tiene por objeto atender
un conjunto de obligaciones que se generan como consecuencia
del desarrollo o ejecución de la obra hidráulica.
Como conocen bien SS.SS., la complejidad de dicha
obra hidráulica, las singularidades físicas de su suelo en
ocasiones o el régimen hidráulico de los cauces pueden
originar, y de hecho origina, variaciones técnicas muy
importantes en el momento de la ejecución del contrato,
alteraciones que conllevan obligaciones económicas
caracterizadas jurídicamente como modificados, complementarios,
liquidaciones, revisiones o expropiaciones,
que derivan de razones muy diversas tales como
mejoras en la construcción de la obra, reposición,
demanda de nuevos servicios, necesidades de terrenos,
medidas de carácter ambiental, entre otras.
Con el presente suplemento de crédito se pretende
poder hacer frente a todos estos compromisos que en
otro caso quedarían sin atender, generando de forma
innecesaria una deuda que se trasladaría a los próximos
ejercicios presupuestarios.
Por último, señorías, en el presente real decreto-ley
se prevén 5.505 millones de pesetas como crédito extraordinario
para hacer frente a obligaciones de ejercicios
anteriores y en virtud de lo previsto en el artículo 73 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, según
la redacción dada al mismo por la Ley 11/1996, de 27
de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria y
el desarrollo reglamentario de la misma, llevado a cabo
por el Real Decreto-ley 612/1997, de 25 de abril, requiere
necesariamente acudir a esta vía de habilitación presupuestaria
para poder ser atendidas.
En definitiva, con el presente real decreto-ley que se
somete a convalidación de esta Cámara y mediante la
concesión del suplemento de crédito y de los créditos
extraordinarios antes mencionados, se permitirá a la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas hacer frente a los compromisos de inversión
exigidos por las importantes competencias en cuanto a
la gestión del dominio público hidráulico que tiene
encomendadas, siempre de conformidad y en el marco
previsto por las actuales normas de ejecución y disciplina
presupuestaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno
en contra de la convalidación? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna
para llevar a cabo un ejercicio complejo, que es ir en
contra de la convalidación de un real decreto ley, no
porque estemos en desacuerdo con que se paguen facturas
anteriores, que estamos de acuerdo en que se
paguen, sino en cómo se están planteando las cosas
por su parte, señora ministra.
Me ha sorprendido mucho su intervención, porque los
números no cuadran y tampoco los documentos que
ustedes aportan. En los anexos de este real decreto ley
que ustedes han tenido la amabilidad de someter a nuestra
convalidación se habla, en el apartado de ejercicios
anteriores, de 5.505 millones de pesetas, anexo I, créditos
extraordinarios, y de 10.810 millones de pesetas,
anexo II, suplementos de crédito, y hacen referencia en
ambos anexos a obligaciones de ejercicios anteriores y a
expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias
de inversiones de ejercicios anteriores a 1997.
Es decir, señora ministra, por mucho que haya hecho
aquí, lo que tenía que haber hecho es traer por escrito
a esta Cámara una relación detallada de las obras que
iban a incluirse en cada uno de estos conceptos para
estudiarlas, para reflexionar sobre si eran las más procedentes
o no. Usted lo que ha hecho ha sido la táctica
de la simulación, la táctica del oscurantismo. Nos lanza
a través del real decreto-ley los números y conceptos
generales y las aplicaciones presupuestarias, nos acompaña
una memoria quince días después de la aprobación
del real decreto-ley y la presentación del mismo
en esta Cámara, la recibimos ayer a las ocho de la
tarde, y nos encontramos ahora con que esa memoria
no responde a la realidad, en principio, porque no
comprende las obras detalladas a las que se ha referido
hoy en esta tribuna, cosa que le agradezco, pero es que
tampoco coinciden los conceptos a los que van destinadas
esas cuantías que limitan en el real decreto-ley.
Insisto en que queremos que se pague todo lo anterior,
no vaya a ser que cuando salga la portavoz del
Grupo Popular nos diga que estamos en contra de que
se pague. Nosotros estamos a favor de que se paguen
todas las deudas, pero que se paguen bien y se hagan
las cosas bien, señora ministra.
En el programa 512.A, gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos, en el artículo 60, concepto 609, el
suplemento de crédito que le atribuyen con arreglo a
este real decreto-ley es de 8.827 millones de pesetas.
En los Presupuestos Generales del Estado de 1998 ustedes
hacían constar 450 millones de pesetas. De 450 a
8.827. ¿Me puede decir que ustedes el día 31 de diciembre
de 1997 ó 1 de enero de 1998 no sabían lo que
había de ejercidos anteriores en expropiaciones, en
modificados o en adicionales, para que las previsiones
se circunscribieran a 450 millones y no a los 8.800 que
ustedes piden ahora?
Pasemos al artículo 61, concepto 619, expropiaciones,
modificados anteriores a 1997. En los Presupuestos
Generales del Estado de 1998, 450 millones de pesetas;
el suplemento de crédito, 1.966 millones de pesetas.
Usted compare las cifras ¿Me puede decir que su Ministerio
tiene tan poca previsión como para no saber lo que
va a gastar por esos conceptos a lo largo de 1998 que
tiene que acudir a un suplemento de crédito? ¿Nos engañaron
el mes de enero de 1998 o esto qué es? ¿Por qué
se plantean este tipo de abonos en estos momentos?
Sigamos. En el artículo 62, concepto 629, que hace
referencia a incidencias de inversiones de ejercicios
anteriores a 1997, figuraba una cifra de 1 millón de
pesetas; en el suplemento de crédito, 4 millones; es
decir, tres veces más. ¿Me quiere decir que estas incidencias
no se conocían hace un año, señora ministra?
En el concepto 639 del artículo 63, también incidencias
de inversiones, en los presupuestos había 1 millón,
y en el suplemento de crédito ustedes ponen 12 millones
de pesetas. Las cifras no son cuantiosas, señoría.
No estoy hablando de cifras importantes. Estoy hablando
de forma de trabajar; de que ustedes preparan unos
presupuestos que no responden a la realidad y de que
en el último cuatrimestre ustedes tienen, por fuerza,
que venir a esta Cámara a plantear un suplemento de
crédito porque no llegan con lo que tienen. Esto es una
falta de previsión, señora ministra y este real decretoley
lo están planteando con una opacidad absoluta.
Usted ha intentado hoy hacer un ejercicio que tenía
que haber hecho en el momento de plantear a esta
Cámara y al Consejo de Ministros la aprobación de este
real decreto-ley. Los grupos políticos tenemos perfecto
derecho a conocer, desde que entra en esta Cámara un
papel, qué es lo que contiene; en qué tipo de obras se
va a trabajar; qué tipo de obras se van a decidir; qué
tipo de expropiaciones se van a pagar. Y reitero, para
que nadie me lo diga: que se paguen todas las expropiaciones,
todos los modificados, todas las revisiones,
pero que no se haga tal y como se está haciendo, señora
ministra, porque se está haciendo mal.
Como es lógico, el Grupo Socialista no puede mostrar
esa actitud de generosidad que está manteniendo
muy a menudo, dándoles a ustedes la posibilidad de
aprobar, como pasó el jueves pasado, la convalidación
del real decreto-ley de declaración de interés general
de determinadas obras hidráulicas y que lo hagamos a
beneficio de inventario. Ustedes siguen la misma marcha;
ustedes se plantean que el PSOE va a aprobar el
real decreto-ley porque al fin y al cabo se lo exige su
responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad nos
exige eso y también que seamos conscientes de que los
recursos que se están planteando en este Congreso, a
través de esta fórmula de real decreto-ley, son recursos
que tenemos que saber a dónde van, de dónde proceden,
qué tipo de obras se van a pagar, qué tipo de
expropiaciones se van a pagar, qué tipo de incidencias
se van a pagar, todo; y tenemos que saber también,
señoría, por qué razón ahora se plantea, con arreglo a
estos créditos extraordinarios, la iniciación de obras
que ya figuraban en presupuestos.
Usted me habla de la Loteta, que, por cierto, fue una
obra a la que el Grupo Socialista planteó una enmienda
en los presupuestos de 1998 y ustedes dijeron que no
les parecía bien esa obra. Ahora resulta que, de acuerdo
con estas previsiones de licitación que tienen, van a
incluir el pantano de la Loteta y usted me habla también
de las obras complementarias de Rialp. Pues bien,
que se hagan y que se paguen, pero que se hagan tal y
como deben hacerse, señora ministra.
El Grupo Socialista no entiende cómo está planteado
este real decreto-ley y cómo se hacen los suplementos
de crédito. Por ejemplo, el artículo 60, programa 512.A,
de gestión e infraestructura y recursos hidráulicos, que
se refiere a inversión nueva en infraestructuras y bienes
para el uso general, dice que en los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 había 18.525 millones
de pesetas; el suplemento de crédito casi es igual que
el presupuesto: 15.081 millones de pesetas. En los Presupuestos
Generales del Estado de 1997 ustedes tenían
24.000 millones. Desde luego, señora ministra, una cosa
sí que está clara: el ritmo de inversión que está llevando
su Ministerio durante todo este año es más bien bajito,
no destaca precisamente por su capacidad gestora,
y que ahora ustedes vengan planteando unos suplementos
de crédito de cuantía similar a lo presupuestado
al inicio de 1998, a mi grupo le parece que no es la
forma más correcta y más adecuada de gestionar unos
recursos públicos. Y le sigo diciendo que hay falta de
previsión de qué es lo que quiere hacer con este Ministerio
a partir del 1 de enero de 1998. En el artículo 62,
inversión nueva asociada al funcionamiento operativo
de los servicios, en los Presupuestos Generales del
Estado de 1998 se consignan 94 millones de pesetas.
¡Pues qué mal hacen ustedes los números, qué mal los
hacen, señora ministra, porque en el suplemento de
crédito piden 273 millones de pesetas! ¿Qué diferencia
hay; por qué razón este tipo de compromisos o de
situaciones que ustedes quieren solucionar con estas
inversiones no se ha previsto? En el artículo 63, inversión
de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios, concepto 630, en los Presupuestos
Generales del Estado de 1998 hay 104 millones de
pesetas; el suplemento de crédito lo dobla: 216 millones
de pesetas.
Si ésta es la mejor forma de trabajar, señora ministra;
si ésta es la mejor manera de gestionar los recursos que
tiene su departamento, de hacer frente a todas las políticas
que tiene que desarrollar en materia de gestión y
de infraestructura hidráulica, la verdad es que lo veo
bastante complicado. Nosotros estaremos dispuestos a
apoyarles en todos los créditos extraordinarios y en
todos los suplementos de crédito que sepamos para
qué vienen, y no porque usted me lo diga hoy, porque
lo que usted dice hoy, señora ministra, es lo mismo que
me dijo respecto a la aprobación del Plan hidrológico
nacional hace dos años y medio. Yo lo quiero ver en
documentos del Consejo de Ministros, en documentos
de su Ministerio en los que se justifique que las cifras
que planteamos como créditos extraordinarios o como
suplementos de crédito responden a esta obra, a aquella
otra obra o a la que ustedes digan, pero queremos
que se especifique claramente cuáles son para que
sepamos a qué atenernos.
Señora ministra, quizá usted mejoraría las cosas con
este real decreto-ley si permitiera que se tramitara
como proyecto de ley, porque en muchas de las obras
que usted ha planteado aquí indudablemente estamos
de acuerdo. Pero admítanos la posibilidad de que existan
otras obras que también son de importancia social
para muchas comunidades de nuestro país, que también
tienen esa necesidad de inversión por parte de su
Ministerio, lo que supondría hacer frente a aquellos
problemas de agua que existen en muchas cuencas
hidrográficas y que necesitan, por parte de ustedes, una
mayor dedicación de la que tienen hasta ahora.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Gracias, señor presidente.
Señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Vasco
queremos reconocerle que hoy la entendemos mucho
mejor. Tras el tenso debate de la semana pasada y la
interpelación de ayer, creo que este real decreto-ley y
la presentación que usted ha realizado a lo largo de la
mañana pone las cosas en su sitio. Quizá haya que
agrupar los tres debates para entender las complejas
piezas que constituyen la política hidrológica en su
conjunto. Nosotros no tenemos ningún rubor, señora
ministra, para reconocerle que está recibiendo golpes y
palos que no le corresponden. Yo creo que desde su
exposición queda hoy suficientemente clara la complejidad
de los procesos administrativos, los compromisos
adquiridos previamente y el endeble sostenimiento de
una política presupuestaria que no se corresponde con
la teoría que alrededor de los presupuestos se hace
sobre todo en un Ministerio inversor cuando hay que
ejecutar los presupuestos. Los presupuestos no son más
que documentos de objetivos que después, por procedimiento
administrativo y por la complejidad que conoce
un Ministerio inversor, saben de una serie de actos
determinantes que llevan a que la complejidad del proceso
no ponga todas las piezas del puzzle exactamente
una al lado de otra. Pero yo creo que hacemos mal,
señora ministra, en no reconocerlo tal cual, es decir,
que no pasa absolutamente nada. Hemos sido también
nosotros miembros de órganos colegiados y sabemos
lo que es la corresponsabilidad de dicho órgano, pero
también es injusto recibir todos los golpes en un mismo
trastero -perdóneme la expresión-. Tampoco es
correcto ni justo políticamente que usted aguante palos,
a veces palos de ciego, que no le corresponden. Quizá
la información desde el propio Ministerio debiera ser
más exhaustiva, por lo menos para los grupos parlamentarios
que lealmente queremos colaborar a que las
cosas funcionen debidamente y que los objetivos que
están recogidos en los presupuestos conozcan también
una ejecución bastante cercana en los contenidos y en
los tiempos a aquellas cosas que esta Cámara ha aprobado
en los presupuestos.
Evidentemente, existen desfases y causas de los desfases,
muchas veces no imputables al propio Ministerio,
pero el conocimiento exacto de los temas y de las causas
reales que llevan a estos desfases yo creo que
ayuda al mutuo conocimiento y a poner las cosas en su
sitio. Tampoco se trata de trasladar las culpas a otro
Ministerio, sino entender la acción conjunta del Gobierno,
porque también los trámites procedimentales los
aprueba esta Cámara, y si se trata de buscar culpables
también nosotros lo somos, y a los que llevan los temas
presupuestarios de este grupo parlamentario más de
una vez les decimos que tampoco sean tan exigentes
en el establecimiento de procedimientos que luego dificultan
el que los objetivos de los presupuestos conozcan
en tiempo, en forma y en sus contenidos una ejecución
real y ajustada. Por ello le indicaba al comienzo
de mi intervención que hoy la entendemos mejor y que
el conjunto de los tres debates pone las cosas en su
sitio, por lo menos en lo que respecta a este grupo parlamentario.
Recogemos el anuncio que ha realizado en relación
a la presa de Ibiur y a los depósitos de Venta Alta, que
como bien conoce han sido motivo de preocupación
por nuestra parte por los desfases que se han producido,
y quería decirle que nosotros compartimos sus preocupaciones
y que entienda que es razonable que también
la exijamos que comparta las nuestras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida no va a apoyar la convalidación de este real
decreto-ley, y además solicita su tramitación como proyecto
de ley, entre otras cosas, señorías, porque la responsabilidad
de esta Cámara es que cuando aprobamos
los Presupuestos Generales del Estado tenemos la obligación
de hacerlo sabiendo exactamente qué objetivos
y qué proyectos son los que se van a llevar a cabo.
Este Ministerio abusa de utilizar los reales decretos
para suplementos de créditos y para créditos extraordinarios.
A finales del año pasado se nos presentó otro
real decreto-ley para convalidar créditos extraordinarios
y suplementos de créditos por valor de casi 43.000
millones de pesetas. Denota una total falta de previsión
económica por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Y, señoría, no nos sirve que se nos venga a decir
aquí ahora que son obras de interés general y urgentes;
tan urgentes son a finales de 1998 como debían haberlo
sido a principios de 1998. Además, este grupo parlamentario
no quiere renunciar al derecho que le asiste a
decidir con información si está de acuerdo con que
esas obras sean prioritarias o si considera que hay otras
que son tan prioritarias como éstas. Porque además,
señorías, no ha venido acompañado este decreto en el
momento oportuno con la memoria explicativa y con la
información que debemos tener los diputados y las
diputadas a la hora de plantear nuestras posiciones y
defender lo que creemos más conveniente para el desarrollo
de nuestro Estado.
Por lo tanto, señorías, es ya lo suficientemente indignante
para este grupo parlamentario que se siga tomando
el pelo a la Cámara y que el Ministerio de Medio
Ambiente no marque objetivos claros para poder cumplirlos
ni haga las previsiones necesarias. Hay que
darse cuenta de que se pretende convalidar más de
5.000 millones de pesetas para obligaciones de ejercicios
anteriores a 1997. Señorías, ¿qué pasa; es que en
1997 no se sabía lo que se tenía que pagar? Porque,
además, en el decreto que aprobamos a finales de 1997
también se incluían créditos extraordinarios para obligaciones
anteriores a 1997. ¿Qué ocurre, que hay un
cajón secreto en el Ministerio de Medio Ambiente y se
desconoce cuál es la cuantía de los créditos anteriores
a esta fecha? Pero es que también tenemos suplementos
de créditos para ejercicios anteriores en expropiaciones.
Se desconoce qué es lo que hay en el cajón
para pagar expropiaciones, y con eso no queremos
decir que nosotros estemos en contra de que se paguen
las deudas a las personas a las que se deban expropiaciones
o por modificaciones en proyectos que haya que
pagar. Lo que decimos es que hay una falta de previsión
total y absoluta porque hay una falta de claridad
política y de objetivos claros en el Ministerio de Medio
Ambiente. Y, desde luego, señorías, lo que ya parece
totalmente desastroso es que tengamos que presupuestar
más de 15.000 millones de pesetas para obra nueva
o para obra de infraestructura hidráulica nueva.
O llegamos al punto en que el Ministerio de Medio
Ambiente planifique correctamente las necesidades
hidráulicas de nuestro país -y para eso necesitamos el
Plan hidrológico nacional-, o estaremos constantemente
poniendo parches sin saber cuál es el objetivo y
cubriendo únicamente las exigencias de un momento
determinado; exigencias que, dependiendo de las presiones
que se ejerzan, podrán decantarse hacia un lado
o hacia otro, lo que no quiere decir que sean las más
necesarias ni las que realmente puedan beneficiar al
mejor desarrollo de determinados sectores de nuestro
país.
Por tanto, señorías, este grupo parlamentario no está
dispuesto a respaldar una mala gestión como la que se
está llevando a cabo. No estamos dispuestos a dar cheques
en blanco a un Gobierno que demuestra constantemente
que no tiene política medioambiental, que no
quiere elaborar un Plan hidrológico nacional y que no
quiere planificar en condiciones las necesidades no
sólo hidrológicas, sino también medioambientales de
nuestro Estado. Y, desde luego, señorías, creo que
vamos a tener que empezar a decir ¡basta ya!, pero de
manera contundente. Ya está bien de que a esta Cámara
se venga con decretos como este y que, además, se
nos pretenda negar el derecho que nos asiste, como
representantes del pueblo, a debatir con información,
con claridad y, desde luego, a que se nos mantenga en
la más absoluta indefensión al no facilitarnos la información
que se nos tiene que facilitar.
Para acabar, tengo que decir otra cosa, señorías: no
es necesario recurrir a los reales decretos por urgentes
necesidades, porque hay mecanismos presupuestarios
suficientes para que se puedan incluir en los presupuestos
siguientes y para que aquí vengan proyectos
de ley, como se recoge en el artículo 64 de la Ley
General Presupuestaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías,
el Grupo Parlamentario Popular votará afirmativamente,
como no podía ser menos, la convalidación del
Real Decreto-ley de 18 de septiembre de 1998 por el
que se conceden suplementos de créditos y créditos
extraordinarios para atender obligaciones derivadas de
gastos de inversión del Ministerio de Medio Ambiente.
Sin entrar en las cifras ni pormenorizar las obras que
tienen que pagarse y que han sido ya expuestas por la
señora ministra, lo cierto es que la Dirección General
de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas precisa
licitar en lo que queda de ejercicio económico importantes
infraestructuras hidráulicas de gran alcance
social que no habían tenido hasta el momento habilitación
presupuestaria. La importancia de esas obras que
la ministra ha descrito pormenorizadamente, señorías,
señores del Grupo Socialista, señores de Izquierda
Unida, espero que determine su voto favorable.
Creo que ha sido evidente, a lo largo de lo que va de
legislatura, el esfuerzo inversor de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente
para dotar a nuestro país de las infraestructuras hidráulicas
y medioambientales del Plan nacional de saneamiento
y depuración demandadas por la sociedad española.
Sin embargo, lo que hay que destacar en este momento
son algunas de las apreciaciones que ha hecho el señor
Morlán representando al Grupo Socialista.
Ha dicho el señor Morlán reiteradamente, como lo
han venido diciendo tanto el Grupo de Izquierda
Unida como el suyo propio, que la señora ministra no
sabe invertir, porque la ejecución del presupuesto es
insatisfactoria, cuando yo creo que ha quedado claro
en otras muchas ocasiones que el análisis de la ejecución
del presupuesto sólo puede hacerse a presupuesto
liquidado, porque cualquier otra información, señorías,
sería parcial. Es decir, se verá claramente si la
ejecución del presupuesto ha sido o no satisfactoria el
1 de enero de 1999.
La portavoz de Izquierda Unida y el señor Morlán
también indicaban que no era el procedimiento adecuado
la convalidación de reales decretos. Yo quiero
recordar a SS.SS. que en la pasada legislatura se convalidaron
un sinfín de decretos-leyes relacionados con la
sequía. Decretos-leyes que demostraban, por una parte,
la improvisación de un Ministerio, el del señor Borrell,
que se vio desbordado por las circunstancias, sin
embargo previsibles, por cuanto los períodos de sequía
prolongada y la irregularidad son un dato de nuestra
climatología; y, por otra, hay que recordar que los
recursos económicos extraordinarios que se aprobaban
por el trámite de urgencia cuando el señor Borrell era
ministro de Obras Públicas llevaban a la selección de
proyectos poco maduros, muy a menudo, con escaso
control económico y de calidad y con encarecimiento
del costo de las obras.
También sería conveniente que SS.SS. supieran, o
recordaran, si lo han olvidado, que al principio de
esta legislatura el Gobierno de José María Aznar tuvo
que tramitar un crédito extraordinario de 720.000
millones de pesetas para abonar compromisos de
gasto anteriores a 1996, es decir, gastos que había
dejado pendientes el Partido Socialista Obrero Español.
Esto sí es hacer mal las cosas, señorías. Hacerlo
bien es lo que el Gobierno practica: es decir, dar
cuenta a la Cámara de las incidencias en la gestión
presupuestaria.
Señorías, la aprobación de estas inversiones por
medio de la convalidación del real decreto-ley no hurta
al Parlamento el debate presupuestario, ya que la desviación
se discute y aprueba en el Parlamento con total
transparencia. Recuerden ustedes que este debate y
esta forma transparente de actuar vienen impuestos por
la Ley de medidas de disciplina presupuestaria, aprobada
en la presente legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora de Lara.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.-El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero llamar su
atención sobre el punto VIII del orden del día, que
contiene como primer dictamen de Comisión un proyecto
de ley orgánica. En consecuencia, dada la naturaleza
del proyecto que como saben necesita la mayoría
absoluta de la Cámara, quiero advertir que tras las
votaciones de los decretos-leyes se producirá el debate
de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
reforma del mercado de valores, pasando a continuación
a su votación, y seguidamente, espero que por
asentimiento, los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales,
entrando inmediatamente en el debate del proyecto
de ley orgánica. Me resulta difícil y complicado aventurar
el tiempo; calculo que no antes de una hora. Si
se produjera un avance de tal naturaleza que se estuviera
terminando el debate del proyecto de ley orgánica
del Tratado de Amsterdam, pasaríamos al
siguiente, sobre concesión de varios créditos extraordinarios
a compañías aéreas para compensar tarifas
en determinados puntos de España y trataríamos de
producir la votación al final, pero creo que no antes
de una hora, tiempo suficiente para que SS.SS. realicen
tareas parlamentarias con tranquilidad, dentro o
fuera del hemiciclo.
Votación, en primer lugar, sobre la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley número 12, de 18 de
septiembre de 1998, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito por importe
total de ciento treinta y tres mil y pico millones de
pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos
de inversión del Ministerio de Fomento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 297; a favor, 154; en contra, 140;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación
del Real Decreto-ley.
Se ha solicitado por dos grupos parlamentarios su
tramitación como proyecto de ley y se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 299; a favor, 143; en contra, 155;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado. (Fuertes rumores y protestas.-
Pateos.)
Señorías, las expresiones de disconformidad una vez
proclamado el resultado, no deben tener en ningún
caso semejante naturaleza. Les llamo al orden y ruego
que consideren esta reflexión.
Pasamos a la votación del Real Decreto-ley número
13, de 18 de septiembre de 1998, por el que se conceden,
en este caso, créditos extraordinarios y suplementarios
por un importe total de 31.885 millones pesetas,
para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión
del Ministerio de Medio Ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 299; a favor, 154; en contra, 142;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
aprobada la convalidación del Decreto-ley para el que
también se ha pedido la tramitación como proyecto de
ley, que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 299; a favor, 144; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación
como ley del Real Decreto-ley convalidado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY
24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE
VALORES (Número de expediente 121/000027).
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día:
enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma
de la número 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.-El
señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.-Varios señores diputados abandonan
el salón de sesiones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías,
si circulan ustedes con prontitud y celeridad
podremos proceder al debate sobre las enmiendas del
Senado al proyecto de ley del Mercado de Valores.
(Pausa.)
Señorías, por favor, no hay forma de poder desarrollar
el debate.
¿Qué grupos van a fijar posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez, al que ruego espere un instante hasta
que acaben de circular los señores diputados.
Señor Gómez Darmendrail, por favor; señora Riera,
doña Zoila; señora Calleja; señor Morano. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
señor presidente.
Entramos hoy en el tramo final de la importantísima
ley del Mercado de Valores. Con esta ley, aunque haya
sido el último país que la ha asumido, España ha incluido
en su legislación positiva las cuatro directivas comunitarias
que se refieren a la materia financiera de los
servicios de inversión, a la adecuación de capitales, a
la coordinación de las entidades de crédito y a la
indemnización de los inversores.
De acuerdo con esta nueva legislación se introduce
el principio del pasaporte comunitario o licencia única
que permitirá trabajar a las entidades financieras en
todos los países de la Unión Europea. Por otro lado,
vamos directamente a la creación de un mercado único
de valores, tema de actualidad porque se dice que de
haberse creado las turbulencias que ha habido en las
bolsas de todo el mundo no hubiesen afectado tanto a
las del viejo continente.
Por la brevedad de tiempo de que dispongo, es
imposible comentar las enmiendas del Senado, pero
diremos que Coalición Canaria va a apoyarlas, y lo
hacemos porque han supuesto aportaciones acertadas
al texto que aprobamos en el Congreso, no por que se
haya corregido sino porque la evolución misma de las
actividades mercantiles y las innovaciones técnicas e
idiomáticas han sido necesarias para una mayor clarificación.
Punto central de esta reforma sigue siendo la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, que por
cierto en esta ley de ocho artículos aparece citada más
de cien veces. Esa Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que fue introducida en la Ley de 1988, ahora,
con esta Ley de 1998, recibe un papel mucho más
importante en el control del mercado de valores.
Estamos satisfechos porque a la vez se regulan las
nuevas realidades financieras, como son las opciones
de futuro swap, y también porque se respetan las facultades
y competencias autonómicas conforme a los pronunciamientos
del Tribunal Constitucional. Estimamos
que con esta legislación se encuentra España ya preparada
para entrar plenamente en el mercado financiero
europeo con todas las regulaciones que se hacen, no
solamente de las entidades de Bolsa sino también las
instituciones de inversión colectiva en las sociedades
de capital variable, la creación de fondos de titulación
hipotecaria que estén integrados por participaciones de
créditos hipotecarios vencidos, con las modificaciones
que se hacen de la Ley de Auditorías, con las que se
hacen también en la importantísima Ley Cambiaria y
del Cheque. España está dando un paso adelante en la
modernización de todas las instituciones jurídico-mercantiles
y hace que nuestra legislación esté ahora en
vanguardia de los países europeos.
Pero no consideremos que se ha terminado ya la
labor legislativa. Coalición Canaria está satisfecha por
cuanto las enmiendas que presentamos fueron admitidas
en el Congreso y han sido respetadas en el Senado,
pero su mayor satisfacción, señorías, es porque se
avanza en una legislación que será necesario consolidar,
unificarla, y por eso aplaudimos la obligación que
impone el legislador al Gobierno para que en el plazo
de seis meses se promulgue un texto completo de la
Ley de 1988 y también las modificaciones que se han
introducido en la Ley de Sociedades Anónimas.
Quiero decir que no se acaba aquí la materia legislativa.
Ahora mismo hay cuestiones sobre el blindaje de
las empresas, en un seminario especializado se habla
hoy de la necesidad de control de determinada clases
de fondos como los hedge, hay una gran preocupación
por garantizar más los derechos del consumidor y del
usuario dentro de una economía de mercado y defensa
de la libre competencia; y, señorías, esperamos que en
el nuevo texto que se redacte se tenga en cuenta la
cuestión de las siglas. Ha habido un verdadero abuso
de las siglas y hay que profundizar sobre su conocimiento
y difusión. Hay algunas que el texto legislativo
no utiliza, como son CNMV u OPA, pero en cambio
emplean otras que va a ser una verdadera maraña
conocer en un momento determinado el significado de
las mismas.
Por último, señores, hace falta un nuevo Código de
Comercio y nos recuerda esto aquella tarea maravillosa
que hizo en su día Pedro Sainz de Andino con el primer
Código de Comercio, que lo redactó él sólo y sería
imposible hacerlo hoy. La técnica y las instituciones
jurídico-mercantiles han progresado y se han difundido;
la globalización económica, la entrada de España
en el euro, etcétera, haría imposible que un sólo hombre
hiciera esa modificación. Sería necesario que la
Comisión general de Codificación se empleara a fondo
porque hay que reconocer que si viviera don Pedro
Sainz de Andino diría igual que don Hilarión: Hoy las
ciencias avanzan que es una barbaridad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Con este trámite parlamentario terminamos un largo
y tortuoso recorrido de esta reforma de la Ley del Mercado
de Valores.
En su paso por el Senado, por lo menos en lo que
respecta a las propuestas realizadas por mi grupo parlamentario
a través de las enmiendas 20 a la 38, ambas
inclusive, no ha tenido el apoyo necesario, salvo la
enmienda número 30, que establece la exclusividad en
parte de las comunidades autónomas para gestionar la
compensación de valores y efectivos derivada de las
operaciones ordinarias realizadas en las bolsas de valores
y no en una bolsa. Excepto esta enmienda, que por
otra parte tampoco había que esforzarse demasiado por
cuanto es una aclaración obvia, el resto de enmiendas
presentadas y que quedaron vivas en el debate en
Comisión han sido rechazadas. Así ocurrió también en
el trámite que tuvimos en el Congreso.
En particular la enmienda número 20, que era la que
nosotros entendíamos como prioritaria, establece la
participación en el consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de las comunidades autónomas que
tengan competencias en materia del mercado de valores,
y que exista un mercado secundario. Entendíamos
que las comunidades autónomas que se encuentran en
estas condiciones deberían participar en el consejo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores; pero
como ya es habitual las propuestas que hacemos adecuando
el sistema competencial e intentando que las
comunidades autónomas tengamos participación con
voz y voto en los órganos institucionales del Estado, se
nos rechazan por sistema. Es una visión que una vez
más tengo que denunciar es absolutamente centralista,
que demuestra una política de exclusión y no de integración
y también una ceguera política que impide
desarrollar en nuestro caso el Estatuto de Autonomía
de Gernika. Concretamente en esta ley se hace referencia
a la sentencia del Tribunal Constitucional con motivo
de los recursos que presentamos en su día a la Ley
del Mercado de Valores, tanto por nuestra parte como
por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
No voy a discutir una sentencia que acatamos, como
todas, pero que no compartimos. En cualquier caso,
aunque se establece la competencia exclusiva del Estado
en base al manido, indefinido y oscuro título bases
de ordenación del crédito, que está enmarcado en esos
principios de la constitución económica y la unidad del
orden económico, no voy a entrar, digo, en esta discusión,
pero lo que dice el Tribunal Constitucional es que
el Estado es competente en estas materias. En cualquier
caso también establece la sentencia que el Estado es
competente para dotar a este ente público, y me refiero
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la
organización que estime más conveniente, siendo legítimo
constitucionalmente dar entrada a las comunidades
autónomas con competencias en el mercado secundario
en la composición de dicho consejo. Por tanto es
voluntad política no querer introducir en el consejo a
las comunidades autónomas, y no un impedimento
legal. En definitiva, seguimos rechazando la reforma de
la Ley del mercado de valores, tal como está redactada
en estos momentos.
Tampoco estamos de acuerdo con el proceso de
modificación del texto aprobado en el Senado, texto
que fue largamente debatido y en el que se han introducido
43 importantes enmiendas, 38 de las cuales son
del Grupo Popular. Este proceso parlamentario, dificulta
a mi modo de ver la visión uniforme de una ley al
derivar a través del Senado un texto legislativo muy trabajado
y muy debatido. El proceso del debate parlamentario
en cierto modo está siendo prostituido por
una utilización del Senado no adecuada a nuestro
entender, por no hablar de enfrentamiento entre los
departamentos de Justicia y de Economía del propio
Gobierno, en cuanto a la reforma de la ley en aspectos
que regulan temas de derecho mercantil. También en
este caso se está utilizando la Ley del reforma del mercado
de valores para modificar otra ley importante
como la de sociedades anónimas, respecto por ejemplo
a la emisión de acciones preferentes. Una metodología,
vuelvo a insistir, con la que no estamos de acuerdo,
porque produce inseguridad jurídica y elude el debate
y la reforma de la Ley de sociedades anónimas, que a
nuestro entender debe ser modificada y actualizada.
En definitiva, señorías, vamos a mantener nuestro
rechazo al texto definitivo de esta reforma, aun reconociendo
que la ley introduce mejoras en algunos aspectos
importantes que están relacionadas con la regulación
del mercado, pero -insisto- para nosotros hay
una cuestión prioritaria en esta ley que es la participación
de las comunidades autónomas que tenemos derecho
a ello y que -seguimos insistiendo- es muy
importante una voluntad política de integración y no
de exclusión.
Por tanto, aunque daremos nuestra aprobación a
alguna de las enmiendas aprobadas en el Senado porque
creemos que puede ser importante, quiero dejar
claro que nuestro grupo parlamentario rechaza el texto
de la Ley del Mercado de Valores.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Quisiera dividir la intervención que voy a hacer y
que no será extensa, señorías, para fijar la posición de
nuestro grupo en torno a este dictamen que nos viene
del Senado sobre reforma de la Ley del Mercado de
Valores, para hacer dos reflexiones distintas: una política
y otra de naturaleza técnica, por resumirlo de alguna
forma.
Sobre la primera quiero dejar constancia de la insensibilidad
autonómica de la Cámara Alta de las Cortes
Generales de España. Si tenemos una segunda Cámara
que debe tener mayor sensibilidad autonómica, la que
debería ser garante, tener la mayor capacidad de redefinir
las leyes y adecuarlas perfectamente al Estado
autonómico que tenemos (ésta debería ser la función
principal de la Cámara Alta, del Senado), en cambio en
esta ley esta función, esta misión, ha sido absolutamente
olvidada.
En el debate que tuvimos en el Congreso de los
Diputados sobre la reforma del mercado de valores tratamos
de toda una serie de materias que venían a adecuar
las competencias de esta ley a las administraciones
públicas, reconociendo la competencia que tienen
algunas comunidades autónomas en materia de mercados
oficiales y la posibilidad de integrar y de dar mayor
cohesión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
permitiendo simplemente la presencia de un miembro
de aquellas comunidades autónomas que tuvieran
Bolsa oficial en su territorio. Creíamos que esta aspiración
política -sin duda política-, de presencia de
aquella comunidad autónoma que teniendo competencia
en material bursátil y existiendo en su territorio una
Bolsa oficial, sería recogida mediante un representante
en la Comisión del Mercado de Valores, a fin de dar
cohesión a la actuación unitaria que debe tener la
Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre todo
el territorio de España. Pues no, en aquel momento no
se quiso por el Gobierno y desplazamos al Senado ese
debate sin duda político para que tuviera más conciencia
sobre la oportunidad que teníamos de darle mayor
cohesión -repito- a esa autoridad neutra, esa autoridad
no vinculada a ninguna parte de las que tiene que
hacer sus funciones de control, para que simplemente
pudiera tener mayor cohesión su acción de máxima institución
reguladora del mercado oficial.
Por las enmiendas que vienen del Senado observamos
la insensibilidad autonómica de la Cámara Alta,
señor presidente, y mi grupo, junto con la intervención
que me ha precedido, quisiera dejar constancia de
nuestro rechazo a esa insensibilidad. Estábamos esperanzados
de que la Cámara Alta tuviera mayor voluntad,
mayor acierto, mayor criterio para encontrar las
redacciones que pudieran dar mejor salida a esas aspiraciones.
La ley que ahora estamos debatiendo no recoge esas
cuestiones. No obstante, señoras y señores diputados,
no vamos a materializar un voto contrario a la ley;
vamos a dar nuestro voto favorable a todas estas
enmiendas que vienen del Senado a pesar de la posición
que estoy expresando en estos momentos en
cuanto a no resolver adecuadamente estas propuestas
que mi grupo y otros grupos de la Cámara planteamos.
Señorías, esta es una cuestión mal resuelta y las
cuestiones mal resueltas se arrastran en los tiempos,
con lo cual otro día, en otra ocasión. En otro momento
vamos a tener necesidad de volver a debatir políticamente
que en España tenemos cuatro bolsas oficiales
localizadas en nuestro territorio, tenemos un mercado
continuo interconectado, tenemos que desarrollar una
estrategia de ordenamiento de ese mercado con perspectivas
europeas e internacionales, y no tenemos que
ir a una desagregación sino a una integración mucho
más profunda, pero eso no se contradice con que en
las instituciones que deben regular este mercado puedan
tener presencia, simplemente presencia los responsables
de los ámbitos territoriales donde hay bolsa oficial
en su territorio. Señorías, esta cuestión no la hemos
reflexionado suficientemente; ha quedado mal resuelta
y anuncio que volveremos a tener debates apasionantes
sobre este tema en esta Cámara.
El segundo tema de mi intervención hace referencia
al contenido de la reforma.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo
con brevedad, señor Homs, porque se le está terminando
el tiempo.
El señor HOMS I FERRET: Voy a hacerlo con brevedad,
puesto que ya dispongo de muy pocos minutos.
Ésta es una buena reforma desde la perspectiva del
mercado oficial. Si no recuerdo mal, la Ley que actualmente
está regulando el mercado oficial data del año
1988; tras diez años se da un paso de adecuación y de
modernización de esta ley y nos acercamos a Europa,
adecuamos nuestra normativa a las directrices europeas
y se hace con visión de futuro y de modernidad, a
pesar de la cuestión no resuelta, y no quiero hacer más
referencias. Señor presidente, la reforma que se hace
de la Ley de sociedades anónimas que nos permite una
mayor regulación de las acciones privilegiadas de dividendos
es un gran paso adelante. Puede haber algún
grupo parlamentario que estime que esta ley no sea el
lugar más oportuno para regular esta reforma de la Ley
de Sociedades Anónimas, pero, señorías, el contenido
de dicha reforma impulsa al mercado bursátil, da más
opciones y más vías de actividad dentro del mercado
bursátil y su incardinación en ella se justifica perfectamente.
Hablamos de la reserva de actividad, la vinculación
en la proximidad de los mercados no oficiales a
las actividades que desarrollaban por normativa de
mercados oficiales los fondos de garantía de depósitos,
los préstamos de valores. Por cierto, en los préstamos
de valores se da un gran paso de definición jurídica de
esta posibilidad de instrumentar un nuevo activo que
sería el préstamo de valores. Pero queda una asignatura
pendiente; habrá que darle una vuelta para ver cómo
se define la fiscalidad vinculada a esta actividad bursátil
que se abre a partir de estos momentos a través de
este activo que serían los préstamos de valores que se
sometieran a cotización. Por ejemplo, señorías, podríamos
hablar de las sociedades y fondos de inversión
colectiva en valores no negociados, de las operaciones
dobles o los pactos de recompra, de tantas y tantas
cuestiones que podríamos referenciar que se aprobaron
y se definieron en el Congreso y también ahora nos
vienen otras planteadas del Senado.
Señorías, termino. Nuestro grupo considera que la
reforma del mercado de valores que concluye en el trámite
de esta mañana es buena, en cuanto a sus contenidos
técnicos, pero queda un tema mal resuelto. Insistimos
en que un día esta Cámara volverá a reflexionar
sobre ello para dar más cohesión y más participación
con la presencia de otras personas que representen bolsas
territoriales dentro de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Reitero nuestro voto favorable a todas estas enmiendas.
Termino haciendo referencia a la enmienda problemática
de las garantías para atender la quiebra que
tuvo una agencia de valores, AVA, en Aragón. Puesto
que el juez está instruyendo ese proceso y ha obligado
al establecimiento de garantías de aval para poder atender
a los damnificados, entendemos que se ha abierto
una vía judicial que podría llevar finalmente al pago y
a la indemnización de los afectados. No siendo buena
la redacción que aprobamos en el Congreso -y estará
de acuerdo conmigo el portavoz socialista- porque
estaba llena de imperfecciones, ya que le damos retroactividad
sin límite al destino de los fondos que se establecen
en ese instrumento de garantía, nuestro grupo
cree que, no habiendo sido capaz el Senado de encontrar
una redacción más positiva y más útil al propósito
que teníamos, y habiendo establecido los tribunales
una vía de aval y de garantía, esta solución puede
encontrar su final satisfactorio.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias,
señor Homs.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias,
señor presidente.
Sean mis primeras palabras de satisfacción por el
hecho de que con este trámite parlamentario concluimos
un debate de una ley muy importante. La modificación
de la Ley del Mercado de Valores, de adaptación
de la normativa comunitaria, se realiza con un retraso
bastante importante respecto a la de otros países de
nuestro entorno pertenecientes a la Unión Europea. En
el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados
transmití mi satisfacción no sólo porque este proyecto
de ley, después de una amplia demora, pudiera concluir
en primer término la fase de discusión, sino porque
el trabajo que realizamos los grupos parlamentarios
en el Congreso de los Diputados fue positivo en la
medida en que hubo un gran acercamiento de posturas.
Y el Grupo Parlamentario Socialista, que no presentó
enmienda de totalidad a este proyecto de ley por
coincidir con él en un amplio porcentaje de su articulado,
vio que con el trabajo parlamentario realizado y las
posturas de acercamiento por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Fernández de Trocóniz,
se podía llegar a un texto en el que reconoceríamos la
mayor parte de nuestras enmiendas. Sin embargo, también
anuncié en aquel debate, señor presidente, que se
perdía una oportunidad de regular -quizá en el Senado-
imperfecciones que pueden contaminar la libertad,
la información y la transparencia de los mercados,
en la medida en que, para poder ejercer como servicios
de inversión, como empresa inversora en este sector, se
dejaba una amplia potestad reglamentaria al Gobierno
para que, además de los intermediarios habituales y
marcados por esta ley, pudieran colarse y actuar como
intermediarios financieros en las empresas de servicios
de inversión otras personas y otros colectivos que quizá
no estaban debidamente señalados. Y esto se daría en
un sector en el que estamos hablando de confianza, de
inversión, porque se trata de la colocación de los ahorros
de miles de ciudadanos españoles. Esa desregulación
o falta de seguridad nos preocupa. Creo que el
Senado ha perdido una oportunidad para corregir aquellas
cuestiones que nosotros denunciábamos. Pero
esperábamos que el Senado actuará de una forma más
coherente con el trabajo parlamentario desarrollado en
el Congreso de los Diputados. Y el Senado, señor presidente,
aprovechando la mayoría parlamentaria del
Grupo Parlamentario Popular, ha introducido preceptos
legislativos de alto calado sin que haya habido una discusión
parlamentaria en temas de gran importancia.
Aosotros, que hemos denunciado, señor presidente, en
los anteriores puntos del debate, que es poco serio que
el Parlamento convalide 160.000 millones de pesetas en
créditos extraordinarios para inversiones sin haberlo
discutido a fondo también nos parece poco serio que
esta Cámara, el Congreso de los Diputados, a pesar de
que las modificaciones gusten a un grupo parlamentario,
no pueda entrar a discutir la modificación de diez
artículos de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo eso,
además, va acompañado del culebrón veraniego que se
ha producido en los meses de julio y agosto como consecuencia
de que esta modificación de la Ley de sociedades
anónimas, incorporada a través de enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular, vino precedida de un
conflicto competencial entre el Ministerio de Justicia y
el de Economía y Hacienda.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, preocupada
por la liberalización de los mercados más que
por la evolución de las cotizaciones y la seguridad de
los inversores, encargó un estudio a un grupo mercantilista
que le proporcionara datos para cambiar esta ley
tan importante, en la que, ni más ni menos, se modifican
diez artículos de la Ley de sociedades, haciendo
referencia a los derechos preferenciales, acciones rescatadas,
acciones privilegiadas. Cada vez que un proyecto
de ley pasa por algún trámite parlamentario la mayoría
de los votos del Grupo Popular sirve para desfiscalizar
más determinados aspectos que afectan al impuesto de
sociedades. Esta vez en el Senado se ha aumentado del
plazo de amortización del fondo de comercio hasta los
veinte años. Este Congreso de los Diputados no puede
entrar a discutirlo por el procedimiento que ha utilizado
el Grupo Parlamentario Popular con su mayoría parlamentaria,
hurtando un debate importante a esta Cámara.
No es que este grupo parlamentario desmerezca el trabajo
legislativo del Senado, pero me parece que temas
de amplio calado como el que estoy denunciando
debieran de ser objeto de discusión sosegada en este
Congreso de los Diputados. Por eso, señor presidente,
nosotros no podemos aceptar estas enmiendas que se
han introducido en el Senado.
Por último, permítame decir que no coincido ni con
la decisión tomada en el Senado por la mayoría parlamentaria
del Grupo Popular ni con algunas cuestiones
que he oído a otros grupos parlamentarios.Una enmienda
el Grupo Parlamentario Popular ha hecho desaparecer
el punto 2 de la disposición final primera respecto
a la retroactividad de los fondos de inversión.
Este grupo parlamentario es consciente de que la
redacción que nosotros propusimos, que trataba de
resolver el problema de muchos ciudadanos que confiaron
sus ahorros a una entidad de este servicio de inversión,
quizá no fuera la más feliz del mundo, pero también
se nos dijo, señor presidente, que en el Senado
habría tiempo para encontrar una nueva, y no se ha
querido encontrarla, por presiones de quién sabe
dónde, aunque nosotros sabemos de dónde son. No se
puede decir, como dijo el señor Utrera, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a la hora de
intervenir sobre esta enmienda y sobre la actitud del
Grupo Parlamentario Socialista, que nuestra actitud presentando
esta enmienda le recordaba una canción: Qué
hace una chica como tú en un sitio como éste. Aunque
ya sé que todos los miembros del Grupo Parlamentario
Popular no coinciden con las palabras del señor Utrera,
yo le diría a él y a su grupo: Yo que tú no lo haría,
forastero (Risas.), porque, señor presidente, el Grupo
Parlamentario Socialista lo que pretende con esta regulación
es tratar de resolver un problema, no tratar de
defender los intereses de especuladores, como llegó a
decir el señor Utrera; intereses de ciudadanos que confiaron
sus ahorros en una entidad financiera avalada por
portavoces cualificados del mundo económico, que se
sientan con el secretario de Estado de Economía, que
son asesores del Gobierno, algunos procedentes de despachos
jurídicos, de los que provienen algunos directivos
de la regulación del mercado de valores. ¿Qué más
garantía hace falta para que ciudadanos, que al final se
han visto engañados, puedan encontrar una solución
para el problema que algunos desalmados, no vinculados
con el Partido Socialista sino más vinculados con
otros bancos, pueden haber creado a los ciudadanos?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Termine,
por favor, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, yo
llamaría la atenciónde los grupos parlamentarios respecto
a que la desaparición de dicho párrafo en el proyecto
que viene del Senado supone dejar desamparados,
a pesar de que esperamos que la justicia siga su
camino, a miles de ciudadanos que confiaron en personas
de poca honorabilidad económica y política.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario
está a favor de todas y cada una de las
enmiendas introducidas por el Senado a este proyecto
de ley que hoy acaba su larga andadura parlamentaria;
ley de adaptación de la normativa española de la Ley
de 28 de junio de 1988 a la Directiva de la comunidad
europea de servicios de inversión, adaptación a la normativa
comunitaria que debería de haber entrado en
vigor el día 1 de enero de 1996.
Ya en diciembre de 1995, tuvo entrada en esta Cámara
un proyecto de ley que, ante la disolución anticipada
del Congreso, caducó correspondientemente y hubo
una nueva entrada en la Cámara de este proyecto de
ley con algunas modificaciones. Hoy, por fin, después
de una andadura de casi tres años, nuestra legislación
es objeto de adaptación a la legislación de la directiva
comunitaria, que antes señalé, de servicios de inversión
colectiva.
Señor presidente, he de contestar a los diferentes
grupos parlamentarios que han mostrado su posición
en relación con las enmiendas del Senado y he de
comentar necesariamente estas enmiendas que el Senado
ha introducido y a las que vamos a dar hoy aquí
nuestro voto favorable. Por una parte, he de contestar a
la voluntad política manifestada por los grupos parlamentarios
de inclusión de un miembro en representación
de las comunidades autónomas con competencias
en materia de mercado de valores y, que a su vez, exista
una bolsa de valores en su territorio con la incorporación
de un representante de ella al consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Parece que
el Senado es insensible a esta vocación política de
incorporación de un representante en este consejo.
Señoras y señores diputados, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores tiene dos órganos fundamentales:
el consejo y el comité consultivo. He de decirles que
desde la aprobación en 1988 de la Ley del Mercado de
Valores en el comité consultivo de la comisión existe
un representante por cada una, no uno por todas sino
uno por cada una de las comunidades autónomas con
competencias en la materia y en cuyo territorio existen
bolsas de valores. Ya hay una representación de las
comunidades autónomas con competencias en la materia
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a
través de su comité consultivo. Visto el argumento de
la falta de sensibilidad posible e hipotética con los mercados,
¿por qué no introducir también en el consejo de
la comisión un representante de las empresas de inversión,
de los servicios de inversión y de los propios
inversores? No parece en absoluto sensato en la medida
en que el consejo, que se compone sólo de cinco
miembros para que sea realmente operativo, para que
sea eficaz su labor ejecutiva dentro de las tareas que
tiene encomendadas la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, no vea ampliada de manera excesiva su
composición. Podríamos también decir ¿por qué no
colocar un representante de las comunidades autónomas
en el Banco de España, en el Consejo de Estado,
en el Consejo de Ministros o en el Consejo Económico
y Social? No parece adecuado a la estructura organizativa
del Estado. Es más, y en sentido contrario ¿por qué
no ha de haber un representante del Estado central en
el comité consultivo de la Generalitat de Cataluña, en
los órganos consultivos y ejecutivos de los diferentes
órganos de las comunidades autónomas? Hablando de
sensibilidad autonómica he de decirles algo que considero
importante desde el punto de vista anecdótico
¿Acaso las modificaciones del Código Civil que afectan
al régimen económico matrimonial no son votadas y
conocidas por todos los miembros de esta Cámara, a
pesar de que no se apliquen en Navarra, Aragón, Cataluña
y las Islas Baleares? Sin embargo, los diputados
elegidos en tales circunscripciones en cuanto representan
a la totalidad del pueblo español, también participan
en la elaboración de tales leyes. Por tanto, no nos
parecen adecuados en absoluto ni los argumentos ni la
voluntad política de incorporar un representante de
otras comunidades autónomas en el consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Se ha hablado también de que en el Senado se ha
roto el consenso, el acuerdo importante que hubo en
este Congreso a la hora de debatir el dictamen de la
Comisión de Economía en relación con esta ley. No
puedo estar de acuerdo con esta afirmación tan rotunda
y contundente.
Paso a comentar las enmiendas del Senado que,
como siempre, podemos clasificarlas en tres tipos fundamentales:
las de precisión técnica al texto aprobado
en esta casa, las que incorporan las novedades acaecidas
-y no olvidemos que éste es un texto que ha sufrido
un largo procedimiento parlamentario, cerca de dos
años en la segunda lectura a través de la presentación
del segundo proyecto de ley, y que realmente ha habido
muchas novedades que deben ser incorporadas al
proyecto de ley- y las enmiendas típicamente senatoriales
-luego comentaré algunas de ellas a SS.SS.-.
En lo que se refiere a las enmiendas de precisión técnica,
se incorpora un preámbulo que antes no había,
como consecuencia de la eliminación de la exposición
de motivos en el dictamen de la Comisión; se amplía y
precisa el objeto del mercado de valores junto con las
disposiciones concordantes. Asimismo se precisa todo
lo relativo a la reserva de actividad de las entidades
financieras, se extiende -como ayer dijo el señor
Homs- a los mercados no oficiales la normativa en lo
que se refiere a las operaciones para los mercados oficiales,
se precisa la garantía prestada por el Fondo de
Garantía de Inversiones, y es muy importante, señor
presidente, precisar la extensión de la garantía cubierta
por el Fondo de Garantía de Inversiones. Dicho fondo
en la ley y en las directivas comunitarias no prevé nada
para el inversor que apuesta con riesgo, no prevé la
pérdida de capital realizada por una inversión; lo único
que puede garantizar el Fondo de Garantía de Inversiones,
al igual que el Fondo de Garantía de Depósitos en
establecimientos de crédito, es el riesgo del crédito. Es
decir, el mal uso que se haga del mandato conferido
por el inversor a la empresa de servicios de inversión
no se ve cubierto; lo que se cubre es el riesgo de que
no se invierta en aquello que se mandató por parte del
inversor o que no se reembolse al inversor los valores
que mandató vender o enajenar a la empresa del servicios
de inversión. Esto es lo que cubre el Fondo de
Garantías de Inversiones. Al mismo tiempo se prevé la
conversión del Fondo de Garantías de Depósitos en
Fondo de Garantía de Inversiones respecto al que
deban constituir las entidades financieras, las entidades
de crédito en cuanto se permita a partir de esta ley que
concurran en el mercado como empresas de servicio de
inversión.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor
Fernández de Trocóniz, concluya, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Sí,
señor presidente, voy concluyendo.
Decía que se asimila el régimen del Banco Central
Europeo, de los bancos centrales incorporados en el
sistema monetario europeo al mismo régimen que el
Estado español en virtud del crédito oficial. Se precisa
también el alcance de la medida sancionadora, el alcance
del deber de guardar secreto incorporándolo también
a los órganos del Banco de España, se crean dos
figuras de instituciones de inversión colectiva, los fondos
y sociedades de inversión subordinada y principales
y se regula con más detalle, a pesar de que ya se
permitió con anterioridad, la creación de instituciones
de inversión colectiva que inviertan en valores no
negociados en mercados oficiales. Asimismo, se inaugura,
como les he dicho, las operaciones dobles y con
pacto de recompra y se inicia una reforma que nos
parece muy interesante en la Ley de Sociedades Anónimas;
a pesar de que se haya dicho que la reforma tiene
un largo alcance, realmente, es muy corta. Exclusivamente
se precisa lo que pueden ser acciones privilegiadas
de dividendo, se modifica eliminando una traba
existente que impedía la operatividad de las acciones
sin voto y, también, se establecen leves modificaciones
en los aumentos de capital, básicamente en lo referente
al ejercicio del derecho a la adquisición preferente por
parte de las sociedades anónimas, distinguiéndose
-aquí viene la importancia de la cuestión- entre
sociedades anónimas cotizadas y no cotizadas, que
puede suponer el inicio en España, por fin, de una normativa
especial y autónoma de la sociedad anónima
cotizada.
En relación al Fondo de Comercio, a la extensión del
plazo de amortización, no vean ustedes nada de extraño
ni de especial. Se trata de acompasar las importantes
inversiones que ha de hacer la empresa española cuando
actúa en el exterior al difícil y largo retorno de los
beneficios que se operan como consecuencia de la apertura
de nuevos mercados. Porque no olvidemos nunca
que la amortización especial por encima del plazo actual
de diez años del Fondo de Comercio requiere que en el
plazo de amortización que se da se obtengan beneficios
como consecuencia de esta amortización prolongada.
Por último, algo he de decir en relación a la supresión
del punto segundo de la disposición final, que se
introdujo como consecuencia de una enmienda in voce
del Grupo Socialista. El Fondo de Garantía de Inversiones,
como ya he tenido ocasión de decirles, no protegía
ni puede proteger a aquel inversor que ha visto perdidos
o mermados sus ahorros como consecuencia de
una mala gestión de sus inversiones. El Fondo de
Garantía de Inversiones no provee para ofrecer soluciones.
Este tipo de soluciones pueden existir, y así se
están dando, a través de una resolución judicial, que
parece lo adecuado; desde luego, nos brindamos a
encontrar con ustedes la mejor forma para solventar de
la manera más rápida posible el grave problema, es
cierto, de estos inversores, que principalmente afecta a
los territorios de las comunidades autónomas de Aragón,
La Rioja y el territorio histórico de Araba.
Para finalizar, señor presidente, quiero hacer un leve
comentario en relación con las enmiendas senatoriales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor
Fernández de Trocóniz, ha concluido su tiempo con
creces.
Termine, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ Y MARCOS:
Gracias, señor presidente.
Simplemente, en la medida que no puedo hacer un
breve comentario a las enmiendas senatoriales, quiero
repetir que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente
todas las enmiendas del Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Vamos a proceder a la votación de este punto del
orden del día. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de reforma de la Ley del Mercado de
Valores, que acaba de debatirse. Se desglosarán las
votaciones en ocho bloques. Por tanto, ruego atención
a SS.SS.
En primer lugar, votaremos las enmiendas al artículo
4.o, punto catorce; al artículo 5.º, la nueva redacción
del artículo 64.6 y 64.7 de la Ley número 24/1988; a la
disposición adicional primera en sus puntos seis, siete,
ocho y diez y a la disposición adicional duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 152; en contra, 152;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Al haberse producido el
empate, de acuerdo con el Reglamento, procedemos a
una nueva votación. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 304; a favor, 153; en contra, 150;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan
aprobadas las enmiendas.
Pasamos a votar la enmienda del Senado al artículo
7.o, punto trece.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 4, punto doce.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional sexta, punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 158; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a la disposición final primera, punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306, a favor, 152; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
rechazada la enmienda. (Aplausos.)
Enmiendas al preámbulo del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 156; en contra, seis;
abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las
enmiendas al preámbulo.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 305; a favor, 299; en contra, cuatro;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes
enmiendas del Senado al proyecto de Ley de
reforma de la del Mercado de Valores. Los servicios de
la Cámara harán las adaptaciones pertinentes de numeración
y eliminación de los bises.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO
ENTRE LOS GOBIERNOS DEL REINO DE ESPAÑA
Y DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS
DURANTE ESTANCIAS TEMPORALES EN LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (Número
de expediente 110/000195).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones
correspondientes a los convenios internacionales que
se han dictaminado por la Comisión de Asuntos Exteriores.
Comenzaremos sometiendo a votación el que figura
con el epígrafe número 40 en el orden del día: Canje
de notas constitutivo de acuerdo entre los gobiernos
del Reino de España y de la República Federal de Alemania
sobre el estatuto de las fuerzas españolas durante
estancias temporales en la República Federal de Alemania,
del que se ha pedido votación expresa por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 303, a favor, 288; en contra, 14;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Someteremos a aprobación por asentimiento el resto
de los dictámenes, si ningún grupo parlamentario solicita
la votación separada expresa.
- CONVENIO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA
EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES (ETO),
HECHO EN COPENHAGUE EL 1 DE SEPTIEMBRE
DE 1996 (Número de expediente 110/000192).
El señor PRESIDENTE: Convenio por el que se crea
la Oficina Europea de Telecomunicaciones. ¿Se entiende
aprobado? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
FIRMADO EN MANAGUA EL 12 DE NOVIEMBRE
DE 1997 (Número de expediente 110/000193).
El señor PRESIDENTE: Tratado de extradición entre
España y Nicaragua. (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA
REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE
FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO
RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL Y
A LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES
EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, ASÍ COMO
EL PROTOCOLO RELATIVO A SU INTERPRETACIÓN
POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, CON LAS
ADAPTACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONVENIO
RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL REINO DE
DINAMARCA, DE IRLANDA Y DEL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR
EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA
REPÚBLICA HELÉNICA, ASÍ COMO POR EL CONVENIO
RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL REINO
DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA,
HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE
1996 (Número de expediente 110/000194).
El señor PRESIDENTE: Convenio de adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia al Convenio relativo a la
competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, así como los protocolos
relativos a su interpretación y adaptación.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL
ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN
EUROPEA, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE
LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS, FIRMADO EN BRUSELAS
EL 26 DE JULIO DE 1995 (Número de expediente
110/000916).
El señor PRESIDENTE: Convenio relativo a la protección
de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas. (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ENMIENDA DEL PÁRRAFO 13 DE LAS REGLAS DE
FINANCIACIÓN ANEJAS A LOS ESTATUTOS DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO,
ADOPTADA EN ROMA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE
1981 (Número de expediente 110/000197).
El señor PRESIDENTE: Enmienda del párrafo 13 de
las reglas de financiación de la Organización Mundial
del Turismo. (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL
ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN
EUROPEA Y DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 41
DEL CONVENIO EUROPOL, RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE EUROPOL, LOS
MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS, SUS DIRECTORES,
ADJUNTOS, Y SUS AGENTES, HECHO EN BRUSELAS
EL 19 DE JUNIO DE 1997 (Número de expediente
110/000198).
El señor PRESIDENTE: Protocolo establecido sobre
la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea
en relación con artículos del Convenio Europol,
relativos a privilegios e inmunidades.
¿Se entiende aprobado? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS, POR EL QUE
SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE AMBOS
PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN
LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS
ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A
TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE
UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO
EN MADRID, EL 29 DE ENERO DE 1964,
HECHO EN MADRID EL 14 Y 28 DE ENERO DE
1998 (Número de expediente 110/000199).
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo
de Acuerdo entre España y Estados Unidos, que prorroga
el de cooperación científica y técnica para la exploración
de la luna y otros vuelos espaciales planetarios.
¿Se entiende aprobado? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE ASISTENCIA
JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN LA
PAZ EL 16 DE MARZO DE 1998 (Número de expediente
110/000200).
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de
España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial
en materia penal. (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA PORTUGUESA PARA LA REPRESIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL MAR,
HECHO EN LISBOA EL 2 DE MARZO DE 1998
(Número de expediente 110/000201).
El señor PRESIDENTE: Tratado entre el Reino de
España y la República Portuguesa para la represión del
tráfico ilícito de drogas en el mar. (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS ESPECIALMENTE
PROTEGIDAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN
EL MEDITERRÁNEO, FIRMADO EN BARCELONA
EL 10 DE JUNIO DE 1995, ANEXOS, ADOPTADOS
EN MÓNACO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y
DECLARACIONES ADJUNTAS A DICHO PROTOCOLO
(Número de expediente 110/000202).
El señor PRESIDENTE: Protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en
el Mediterráneo, que se firmó en Barcelona en 1995.
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE
AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL
TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE
MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA,
LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS
ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN AMSTERDAM EL
DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente
121/000116).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del
orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión al proyecto
de ley orgánica, por la que se autoriza la ratificación
por España del Tratado de Amsterdam por el que
se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados
actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2
de octubre de 1997.
Hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), para cuya defensa tiene la palabra la señora
Uría. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! (Rumores.) Señor Cámara, señoras,
les ruego que guarden silencio para que pueda
comenzar su exposición la señora Uría, que defenderá
las enmiendas que ha formulado el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV).
Adelante, señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Represento al único grupo que tiene presentadas
enmiendas parciales no al Tratado de Amsterdam, sino
a la ley orgánica por la que se aprobará este tratado en
España. Mi partido apoya la ratificación del tratado,
aunque no lo considere enteramente satisfactorio. No
repetiré los argumentos a ese respecto, lo bueno y lo
que pudo haber sido mejor, para no reiterar lo que ya
consta en el «Diario de Sesiones», lo dicho durante el
debate de totalidad y lo que tuve ocasión de resumir
en el debate en Comisión.
Me centraré en las dos enmiendas, que lo son al instrumento
normativo mediante el cual este tratado se
insertará en el ordenamiento español. ¿Qué es lo que
dicen estas enmiendas? La primera, que lo es a la exposición
de motivos, afirma una obviedad: que el tratado
que se aprueba amplía los campos de actuación de la
Unión Europea en materias sobre las que internamente
tienen competencias las comunidades autónomas. Esta
es una constancia que nos parece debe estar en el catálogo
de manifestaciones que se incluyen en toda exposición
de motivos.
La segunda enmienda es una disposición adicional
que prevé formular cauces de información a las comunidades
autónomas y establece la concertación interna
para la formación de la voluntad y la presencia de
representantes autonómicos en los órganos de la Unión
Europea. Creemos que son también cuestiones de una
obviedad aplastante. Han pasado doce años desde
nuestra adhesión a la Comunidad Europea y la importantísima
cuestión de la participación autonómica en
los procesos de tomas de decisión de la Unión Europea
que afecten a sus competencias sigue sin resolverse. En
estos doce años se han debatido y aprobado cuatro
proyectos de ley orgánica en relación con los tratados
comunitarios: en 1986, la adhesión; en 1987, la ratificación
del Acta Única Europea; en 1992, la ratificación
del Tratado de Maastricht, y ahora, en 1998, la ratificación
del Tratado de Amsterdam. Hasta el momento, la
cuestión relativa al encaje de las comunidades autónomas
en este proceso de integración no ha estado presente,
lo que representa una diferencia significativa con
lo sucedido en los países de nuestro entorno. Alemania,
con ocasión de la ratificación del Tratado de Maastricht,
modificó, mediante la Ley constitucional de 21
de diciembre de 1992, el texto de su norma fundamental
para enmarcar el sistema de participación de los länder
en los asuntos europeos. Austria, mediante la Ley
constitucional de 20 de diciembre de 1994, hizo lo
mismo en el momento de su adhesión a la Unión Europea.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana ocupa la Presidencia.)
La situación no sería preocupante si esta ausencia de
tratamiento supusiese que las cosas están funcionando
o hubiese un consenso interno entre las fuerzas políticas
de que existe un sistema de participación de las
comunidades autónomas que funciona eficazmente o
incluso si viésemos que el Gobierno demuestra una
verdadera y sincera voluntad de adecuar y articular
estos cauces de participación. Pero no sucede ni una
cosa ni otra. Hemos podido comprobar a lo largo del
último año que las medidas adoptadas hasta el momento
no son eficaces y que el sistema no funciona. En la
comparecencia ante la Comisión de Administraciones
Públicas del consejero para Asuntos Autonómicos de la
Representación Permanente quedó patente el papel
limitado de esta figura y que las comunidades autónomas
no reciben en tiempo ni de manera completa la
información comunitaria que afecta a sus competencias.
El sistema interno a través de las conferencias sectoriales
tampoco está funcionando correctamente, y
sobre ello se ha pronunciado esta Cámara en una proposición
no de ley aprobada en la Comisión Mixta para
la Unión Europea y también con una moción consecuencia
de interpelación aprobada por el Pleno de la
Cámara.
Por último, la participación de representantes de las
comunidades autónomas en los órganos del Consejo de
Ministros sigue sin articularse. Creemos que no existe
voluntad política del Gobierno; si bien en el primer
semestre del año 1997 se dieron pasos que parecían un
avance en esta línea de participación, ahora podríamos
decir vulgarmente que es evidente que se está echando
el freno. La tacañería en el momento de abrir la participación
de las comunidades autónomas en los comités
de la Comisión Europea no tiene justificación. Se ha
abierto a 55 de los 400 comités existentes, y en ese listado
de 55 ni siquiera están los más importantes. La
situación de las delegaciones y oficinas de las comunidades
autónomas en Bruselas sigue sin resolverse cuando
ya han transcurrido cuatro años desde la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre la oficina del Gobierno
vasco en Bruselas. Esta misma semana hemos asistido
a la comparecencia del secretario de Estado para la
Unión Europea, en la que ha quedado patente -al
menos, así lo manifestamos los representantes de casi
todos los grupos- la voluntad del Ministerio de Asuntos
Exteriores de demorar y dilatar sine die la aplicación
efectiva de la moción que fue aprobada por el
Pleno de la Cámara sobre participación de las comunidades
autónomas en el Consejo de Ministros.
El representante del Grupo Parlamentario Popular, al
debatirse en Comisión esta misma Ley orgánica de ratificación
del tratado, me comentaba que él estaba sustancialmente
de acuerdo -y supongo que lo decía en
nombre de su grupo- con el contenido material, pero
que no lo estaba con el instrumento que se utilizaba, y
me alentaba a traer a la Cámara alguna otra iniciativa
que no fuera este momento de la ratificación del tratado.
No sé a qué se refería. Si lo hacía a iniciativas no
normativas, ya han pasado por esta Cámara una proposición
no de ley, una moción y su consecuente interpelación
y la petición de comparecencia de, al menos,
dos autoridades relacionadas con la participación de
las comunidades autónomas en los asuntos europeos.
Si se refería a una iniciativa normativa, ésta lo es. La
enmienda que presentamos tiene como objetivo impulsar
la solución de esta cuestión ofreciendo una cobertura
y un respaldo legal a nivel orgánico al sistema de
participación de las comunidades autónomas en los
asuntos europeos en los tres puntos capitales que he
indicado: acceso para las comunidades autónomas a
toda la información, articulación de un sistema eficaz
para la concertación de posiciones y, finalmente, la
participación directa incorporándose a la delegación
del Estado en todos los órganos de la Unión que traten
asuntos que afecten a las competencias de las comunidades
autónomas. Creemos que es una oportunidad
que tiene esta Cámara para expresar las dos vertientes
principales de la adaptación del Estado autonómico al
proceso de integración europea que SS.SS. no querrán
desaprovechar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra,
en primer lugar, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna
en un trámite en el que normalmente lo hacemos
desde el escaño, pero dada la trascendencia de la ratificación
de un tratado que afecta y afectará de forma sustancial
a múltiples cuestiones de orden político, social
y económico, nos parece oportuno hacerlo desde esta
tribuna.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), desde luego, votaremos a favor de
las mismas. Ciertamente, más que al propio tratado en
sí, que, como todos sabemos, resulta muy difícil de
enmendar parcialmente y además no se puede hacer,
hacen referencia a las consecuencias que dicho tratado
debe suscitar dentro de lo que es nuestra organización
interna, es decir, cómo debemos adecuarnos dentro de
este Estado autonómico, que es mucho más que una
mera descentralización, respecto a lo que estamos ratificando
de una nueva organización dentro de la Unión
Europea. En ese sentido, como he hecho en múltiples
ocasiones, comparto la idea de que tiene que haber un
cambio, además sustancial, para que las comunidades
autónomas, en aquellos aspectos en los que les hemos
otorgado, como no podía ser de otra manera, responsabilidades
en materias y en competencias concretas, y
en las que puedan estar suscitándose sus debates,
negociaciones y posteriores aprobaciones, puedan
tener, como digo, un cauce correcto a la hora de poder
decidir y negociar respecto de sus propias cuestiones.
En este sentido, y en la configuración de que esas
enmiendas quizá hacen más referencia a la reflexión
interna que a lo que es el propio tratado, como vuelvo
a señalar, votaremos a favor.
En relación al propio tratado, creemos que, por una
parte, ya proviene del Tratado de Maastricht esa necesidad
de poder modificar determinadas cosas que no fueron
de todo punto acordes con mucha gente y también
suscitar nuevas modificaciones en la integración política.
Sin embargo, debemos señalar que nos ha quedado
un sabor agridulce. Por una parte, nos hubiera gustado
una mayor integración política en lo que se refiere a la
reforma de las instituciones y, cómo no, a nuestra participación
desde el punto de vista comunitario, pero
pensamos, por otra, que esa integración política va un
poco por detrás de la integración económica y monetaria,
cosa que creemos que debe ser subsanada. Además,
también tiene cosas buenas. La introducción de la
política de empleo es un tema muy importante que
cabe resaltar, porque creemos que esta cuestión tiene
que ser de gran importancia y de gran resonancia en
los próximos años. Hay muchas cosas de las que tenemos
que estar pendientes relacionadas con la ponderación
del voto, la reforma de instituciones y otros
muchos temas en los que todavía habrá que negociar
muchas cosas e ir a esa integración política.
En cualquier caso, quiero dar dos pinceladas. Por un
lado, señalar que lamentamos que el Gobierno español
no hubiera firmado la declaración del principio de subsidariedad
que hicieron Italia, Alemania y España, porque
nos parece absolutamente acorde con el Estado
que tenemos y conveniente y oportuno. Por otro, respecto
al tema del asilo, saben ustedes, porque hemos
tenido muchos debates en esta Cámara, que no estábamos
de acuerdo con las posiciones que se presentaron
en la negociación, aunque quedamos mucho más conformes
con la manera en la que concluyó y lo que se
estableció en el Tratado de Amsterdam.
De todas maneras, manifestamos nuestro voto favorable
a este tratado, con la esperanza y la convicción
de que, quizás, podamos avanzar mucho más en un
plazo no muy largo en relación con esa integración
política absolutamente necesaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, en este trámite
que ultima el proceso de debate de lo que es el Tratado
de Amsterdam por parte del Congreso de los
Diputados, al Bloque Nacionalista Galego le gustaría
recordar dos cuestiones de método fundamentales. La
primera es que los gobiernos de los Estados de la
Unión Europea, y el nuestro en particular, firmaron un
tratado que, desde luego, en el caso de la opinión
pública del Estado español ésta desconoce perfectamente,
ya que nuestro Parlamento no tuvo un amplio
debate anterior a la firma del tratado por el Gobierno.
Sin duda, el proceso es perfectamente legal, pero no es
el método más adecuado cuando se trata de una amplia
cesión de soberanía.
En segundo lugar, pensamos que la dialéctica política
del Estado español está convirtiendo en una anécdota
sin relevancia precisamente la ratificación del tratado,
hecho bien curioso, por cierto, si tenemos en
cuenta cuántos guardianes del orden constitucional
español existen que, sin embargo, sí se hubiesen cabreado
e incluso protestado y hubiesen impedido esta ratificación
si se tratase de una reforma de la Constitución
española que significase concesiones a los de dentro
de la casa. Estos son los hechos, las realidades que conviene
tener en cuenta.
En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego, cuando
tuvo lugar el debate de totalidad, ya se opuso frontalmente
a la ratificación del tratado porque éste conlleva
en sí mismo una Europa que se construye precisamente
a partir de los Estados y, por supuesto, de los grandes
grupos de presión económica, financiera e industrial
que lo sustentan en su cohesión. Es más, hay un
artículo del tratado abiertamente preocupante, por lo
menos para las fuerzas nacionalistas, para ésta en particular,
que es cuando se afirma que la Unión Europea
reconoce la identidad nacional de sus Estados miembros,
que no es reconocer la legitimidad o incluso la
inviolabilidad de sus fronteras, sino identificarlos con
Estados uninacionales cuando muchos de ellos, entre
ellos el español, tienen un carácter plenamente plurinacional.
Y nos opusimos, además, porque pensábamos
que, tal y como se está haciendo el proceso, pivotado
en la idea de un mercado y de una moneda única, no
lleva aparejado ni el equilibrio territorial de quienes
componemos la Unión Europea -nada más hay que
ver que el hecho de que existiese una moneda única
en el Estado español no conllevó el equilibrio territorial,
mucho más en el caso de una Unión más amplia-
ni tampoco el mismo status de protección social.
No obstante, en definitiva, vamos a apoyar la
enmienda del Grupo Vasco, porque, dentro de los límites
de la Constitución española, aboga por que haya
una voluntad colectiva que conforme la posición del
Estado español en la Unión Europea. Esta voluntad
colectiva, efectivamente, tiene unos mínimos. El mínimo
de estar debidamente informados todos los que
componemos el Estado español, la concertación de
posiciones plurales que existen a la hora de representarnos
en la Unión Europea y, por supuesto, que los
representantes del Estado español tengan -no en su
interior, sino en la representación del Estado español-
una delegación, cuando menos, de la comunidad autónoma
afectada por el tema que se vaya a debatir.
Llama la atención que los políticos, ejecutivos y
gobernantes del Estado español, y todos aquellos que
avalan el orden constitucional, estén siempre presumiendo
de que es el Estado que goza de mayor descentralización
y competencias de la Unión Europea y,
sin embargo, no sean capaces de aceptar una cuestión
tan inocua como partir del supuesto de que España
existe, que es una, pero que tiene una conformación
plural en su voluntad política.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Rodríguez Sánchez, le ruego concluya.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Esto, que es el
límite de la enmienda, a vamos a apoyarlo plenamente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente,
con la venia.
En nombre de Coalición Canaria he de decir que hoy
es un día de una gran satisfacción política para nuestra
coalición y supongo que también para todas las fuerzas
políticas, parlamentarias y democráticas, representadas
tanto aquí como en el Parlamento de Canaria, porque
tanto nosotros como el Partido Popular como el Partido
Socialista hemos ido al unísono en esta defensa de
unos intereses comunes en el marco europeo, y de una
manera concreta y específica para Canarias.
Aunque hoy el trámite consiste en votar y aprobar una
ley orgánica que permita la ratificación del denominado
Tratado de Amsterdam, es hoy cuando precisamente
contraemos el compromiso con lo que se firmó en Amsterdam
el pasado año, con el documento completo -
dado que el Boletín de las Cortes Generales solamente
ha reproducido la primera parte, es decir, lo firmado
expresamente por los ministros de Asuntos Exteriores en
los protocolos del Tratado de Amsterdam- y con los
textos consolidados del Tratado de la Unión Europea,
donde el viejo artículo 227, todavía vigente, se transforma
en el 299, en cuyo apartado 2 aparece el reconocimiento
de un trabajo realizado parlamentaria y democráticamente
por tantas personas para favorecer el status
del archipiélago canario en su régimen económico, fiscal
específico, que siempre ha tenido. Es el reconocimiento
de un status propio que permite consolidar una serie de
beneficios y pasarlos al derecho positivo europeo. Es el
reconocimiento como región ultraperiférica del archipiélago
canario, junto a territorios también insulares de
Francia y de Portugal. Por tanto, esta satisfacción es la
que nos mueve fundamentalmente, en una línea positiva,
a apoyar la ratificación del Tratado de Amsterdam
porque ahí Canarias queda ya incorporada, con un estatuto
permanente de región ultraperiférica, al derecho
positivo correspondiente.
Creemos que todo ello tiene un valor político, aparte
de lo que se pueda derivar de cuestiones de tipo financiero
o económico. Porque no solamente se trata de un
compromiso que adquiere toda la Unión Europea en el
sentido de adoptar y adaptar sus medidas de ayuda
específica a la realidad ultraperiférica insular de las
islas Canarias, sino que también se fija en el texto europeo
la aplicación de las políticas horizontales, de las
ayudas estructurales y de cohesión al archipiélago
canario en razón de su lejanía, de su insularidad, de
sus dificultades estructurales por la posición geográfica
y del encarecimiento de los servicios que esto conlleva.
Queremos resaltar el valor político que esto tiene
porque significa una plena integración de lo que la
geografía dejó tan distante y lejano en el concepto de
europeidad, de europeo. De aquí que desde Canarias
no surja ningún sentimiento, como puede haber surgido
en otros sitios de la Europa continental o central o
incluso insular británica, por parte de los denominados
euroescépticos. Esto significa tanto el reconocimiento a
un trabajo de la actual Administración del Gobierno
español, como de la anterior Administración en la pasada
legislatura. Hemos trabajado todos con una gran
convergencia de sentido de responsabilidad y hoy
vamos a dar nuestro voto favorable a la ley orgánica
que permitirá, por parte del Parlamento español, la ratificación
de este importantísimo y trascendental paso.
Yo creo que la fotografía de la Cámara en estos
momentos no valora la profundidad del alcance que esto
tiene. Estamos haciendo un proyecto político, y lo estamos
haciendo con una incorporación al derecho positivo;
eso es importante, porque, si no, todo se nos quedaría
en la pura retórica de la manifestación de un
voluntarismo político que aquí se plasma de esta manera.
Paso ya, señor presidente, a fijar nuestra posición
con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Nacionalista Vasco (EAJ-PNV).
Como ya tuvimos ocasión de manifestar en los trámites
de ponencia y Comisión, y posteriormente, como
bien ha recordado la señora Uría, en la pasada comparecencia
del secretario de Estado de Política Exterior y
para Asuntos de la Unión Europea en la Comisión Mixta
para la Unión Europea, no queremos perturbar, sino ir
por otras vías, el planteamiento de la representación de
las comunidades autónomas en las comisiones de negociación
del Estado español en la Unión Europea. Nosotros
vamos a votar en contra de esas enmiendas del
Grupo Nacionalista Vasco, no por estar disconformes
con el fondo, ya que estamos de acuerdo en la intencionalidad,
sino por la forma en que tengan que venir
aquí. Estamos para votar solamente una ley orgánica
que ratifica el Tratado de Amsterdam, por tanto, cualquier
otro elemento, por mucha razón política o de
fondo que tenga y que nosotros podemos compartir,
pero en otro escenario, nos parece que supondría perturbar
la idoneidad de la pieza jurídica, que es un proyecto
de ley orgánica que queremos que se transforme
en ley orgánica con la inmediatez que la votación de
esta Cámara va a permitir. De ahí, señor presidente, la
satisfacción de Coalición Canaria porque haya llegado
a feliz término, en el marco institucional del Estado
español, este transcendental e importantísimo proyecto,
que vincula de una manera más clara a Canarias,
por si alguien tuviera alguna duda, en el marco de la
integración de la Unión Europea. Es decir, pese a la distancia,
somos una parte intrínseca y entrañable del proyecto
común europeo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Finalmente viene a este Pleno la ratificación, por un
trámite peculiar como es la aprobación de una ley orgánica
cuyo contenido único es precisamente el Tratado
de Amsterdam, de la reforma del Tratado de Maastricht
que se llevó a cabo en la Conferencia Intergubernamental
y que concluyó con dicho Tratado de Amsterdam.
En su momento, en el debate de totalidad, ya manifestamos
nuestra posición sobre el propio contenido
del tratado, por tanto, no es el momento de volver a
repetirlo con excesivo detalle, pero no querría que el
hecho de que exista una enmienda, a la que evidentemente
voy a hacer referencia, privara de la más mínima
reflexión sobre lo que supone el Tratado de Amsterdam
y centrara este debate exclusivamente en la valoración
de esa enmienda, sin darnos cuenta de que lo que estamos
haciendo aquí, con independencia de que dicha
enmienda sea aprobada o no, es aprobar el Tratado de
Amsterdam en los términos en los que fue negociado
en su momento.
Este tratado, ya lo dijimos entonces, es un tratado
mucho más escaso de lo que nosotros hubiéramos querido,
probablemente más escaso de lo que todas las
fuerzas políticas, con excepción de una, hubieran querido,
pero supone un avance importante en el proceso
de construcción europea.
Con el Tratado de Amsterdam que hoy ratifica este
Parlamento vamos hacia una Europa más social, vamos
hacia una Europa más preocupada por temas sociales y
de empleo, vamos hacia una Europa mucho más preocupada
por crear un espacio de justicia, de libertad y
de seguridad, vamos hacia una Europa que tenga un
mayor peso en el escenario político mundial y que, por
tanto, reafirme un poco más su política exterior, quedándose
muy corta respecto de lo que querríamos,
pero algo más que donde estamos, y vamos hacia una
Europa que se prepara, poniendo las bases para la
reforma de sus esquemas institucionales, para una
ampliación hacia los países del Este. Por consiguiente,
y como dijimos en su momento, el resumen sería: es un
tratado más pobre de lo que querríamos, que provoca
un avance hacia la integración europea más lento de lo
que deseamos, pero que debe ser bienvenido.
En cuanto a las dos enmiendas que presenta el
Grupo Nacionalista Vasco, tienen la virtud de poner
sobre la mesa y sacar a la luz un hecho absolutamente
incontrovertible. El Tratado de Amsterdam cede a la
Unión Europea competencias soberanas; soberanía, en
la terminología que está actualmente de moda, que ya
había sido cedida hacia abajo, es decir, a las comunidades
autónomas. El hecho de sacar eso a la luz pública y
que no pase desapercibido nos parece absolutamente
afortunado.
Hay elementos de soberanía que, fruto del título VIII
de la Constitución y de los estatutos de autonomía,
habían sido adquiridos por las comunidades autónomas
y con el Tratado de Amsterdam pasan a ser cedidos a
Bruselas, como ya ocurrió con Maastricht y se reforzará
cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam. Por
tanto, el punto de partida de esa enmienda nos parece
absolutamente correcto, y por eso nos parece oportuno
apoyar la primera de las dos enmiendas del Grupo
Nacionalista Vasco, en el sentido de recordar esto en la
exposición de motivos. La exposición de motivos de
esta ley orgánica no por sucinta es menos clara y es
oportuno que se introduzca un párrafo en la línea que
propone el Grupo Nacionalista Vasco, señalando exactamente
este hecho: que con el Tratado de Amsterdam
hay competencias autonómicas que pasarán a ser ejercidas
a nivel de la Unión Europea.
La segunda enmienda, en cambio, pretende sacar las
consecuencias políticas y jurídicas concretas que de ahí
se derivan, y aquí mi grupo tiene que decir que comparte
absolutamente -y bien lo sabe el Grupo Nacionalista
Vasco- el contenido y el sentido de esa enmienda.
Mi grupo no sólo ha apoyado sino que ha tomado la iniciativa,
en su momento, de exigir al Gobierno que articule
los mecanismos jurídicos concretos por los cuales
las comunidades autónomas puedan participar en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea. No es el
momento de recordar las sucesivas iniciativas que han
sido debatidas aquí, la última en el debate sobre el estado
de la Nación, en el cual este Congreso instó al
Gobierno, y éste asumió el compromiso una vez esa
resolución fue aprobada, a articular los mecanismos que
permitan la participación de las comunidades autónomas
en los consejos de ministros de la Unión Europea
cuando se trate de materias que afectan a sus competencias.
Compartimos absolutamente esa inquietud porque
creemos que el Gobierno no está actuando con la
celeridad con la que debería en este tema.
También tuvimos ocasión de manifestar nuestra posición
hace apenas dos días, en la comparecencia del
secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión
Europea ante la Comisión Mixta para la Unión Europea,
sobre este mismo asunto, y en ese momento dijimos, y
hoy reiteramos, que le damos un cierto margen de tiempo
al Gobierno para que clarifique -por lo visto con
peticiones de informes que está en este momento tramitando-
cuáles son los cauces concretos que va a articular,
pero que no vamos a permitir que por esa vía lo
que se haga sea defraudar la voluntad de esta Cámara.
Dicho esto, y compartiendo totalmente el planteamiento
del Grupo Nacionalista Vasco en cuanto al
fondo del problema, no nos parece oportuno que eso
deba hacerse por una disposición adicional a la ley
orgánica por la cual se aprueba el Tratado de Amsterdam.
Nos parece que debe hacerse en otro contexto,
ya se vería si con una ley distinta o por otros cauces
parlamentarios incluso de contenido jurídico, pero no
por una adición, repito, a una ley orgánica que no tiene
más contenido que el dar la aprobación al Tratado de
Amsterdam y que incluso podría haberse hecho -es
una opinión jurídico-constitucional compartida por
varios- sin ni siquiera acudir a una ley orgánica, sino
sólo ratificando el tratado por las mayorías, nada más.
El hecho de que se haya optado por ir a ratificar este
tratado por el mecanismo de incorporarlo como anexo
a una ley orgánica no debe dar pie a empezar a colgar,
si se me permite la expresión, de esa ley orgánica disposiciones
adicionales que introduzcan contenidos distintos
al del propio tratado.
Por esa razón, y no porque discrepemos del fondo
político que se contiene en la enmienda, no daremos
nuestro apoyo a la segunda enmienda del Grupo Nacionalista
Vasco, pero sí a la primera que pretende reformar
la exposición de motivos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor
presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida va a ratificar su
posición absolutamente negativa al tratado de Amsterdam,
es decir, a la rectificación que ha hecho con respecto
al Tratado de Maastricht; la corta, paupérrima
reforma que se ha hecho del Tratado de Maastricht.
También quiero anunciar, desde el principio, que
vamos a votar a favor de las enmiendas que ha presentado
el Partido Nacionalista Vasco respecto a la participación
de las comunidades autónomas en aquellos
temas en los que tienen plena competencia.
En el momento procesal oportuno interpusimos un
texto alternativo como enmienda de totalidad a la reforma
del Tratado de Maastricht que el resto de los grupos,
a excepción del Bloque Nacionalista Galego, había
votado de cara a la reforma que se iba a operar de
dicho tratado en Amsterdam. El texto que presentó el
Gobierno español en aquella conferencia -texto ratificado
por amplísima mayoría en esta Cámara- era lo
menos que se despacha en botica. Un texto absolutamente
de mínimos, que no afectaba para nada al fondo
muy criticado, y absolutamente anónimo ante la sociedad,
del Tratado de Maastricht, y que, por ejemplo, respecto
al empleo tenía no más de dos o tres párrafos
que en absoluto apuntaban a la perspectiva de una
política seria de creación de empleo.
A partir de ahí expusimos nuestra posición por una
razón de principio, y no sólo por eso, sino también
analizando a fondo cómo va derivando la coyuntura
política europea y cómo ha cristalizado, teniendo en
cuenta los datos concretos, el mismo proceso de convergencia,
que ha sido un relativo fracaso. Uno de los
países no ha podido entrar; tres de los países previamente
opositores a la entrada, Suecia, Inglaterra y
Dinamarca, no han aceptado el proceso de moneda
única, y posiblemente países -ahí está el informe del
Banco de Holanda- como Italia y Bélgica no han cumplido
los indicadores de convergencia, fundamentalmente
en lo referente a la deuda. Si tenemos en cuenta,
además, la economía creativa que se ha hecho respecto
a la política de reducción del déficit público, nos
encontramos ante un proceso que no encaja exactamente
con la realidad de Europa.
Decía el señor Guardans en su intervención que
Europa está virando hacia posiciones de gran preocupación
social; más o menos ha venido a decir eso. Pero
está girando hacia esas posiciones no en función de lo
que dice el Tratado de Amsterdam, sino en función de
la posición social, política y ya electoral que están
adoptando los distintos países en campañas electorales,
incluida la del señor Schröder -y no digamos la del
PDS o la de los verdes-, que sobrepasan los contenidos
y el texto riguroso del Tratado de Maastricht, el de
Amsterdam o el de la Cumbre del paro, que no ha servido
absolutamente para nada. Esa es la realidad.
El viraje no deriva del Tratado de Amsterdam o de la
reforma introducida al de Maastricht; deriva de la posición
de los pueblos, que incluso en campañas concretísimas
como la de Jospin hablaban, en un slogan que se
ha reiterado hasta la saciedad, de sobrepasar Maastricht,
los indicadores de convergencia, la política de
déficit, y sobre todo la política de estabilidad, siempre
por encima de la política de creación de empleo. La
preocupación respecto a la estabilidad y la convergencia,
ahora duradera, está siempre por encima de las
preocupaciones sociales y de la cohesión social de
Europa. Desde ese punto de vista, la realidad está rebasando,
con mucho, el Tratado de Amsterdam. Ahí están
los últimos resultados de Alemania y en función de qué
política los socialdemócratas y los miembros de la
izquierda transformadora han podido derrotar a la derecha.
Ahí está el tema de Suecia. En función de esos
resultados electorales, la izquierda transformadora ha
más que duplicado sus resultados con un discurso que
no rompe de manera directa -y nosotros aquí votamos
de forma negativa-, pero sí parte de la idea de sobrepasar
clarísimamente el Tratado de Amsterdam. Ahí
están los resultados de Inglaterra, que se basan en un
discurso que no acepta la moneda única, que no acepta
el proceso de una Europa que fundamentalmente va
a afectar al funcionamiento parlamentario y soberano
de algunos países. Y no digamos el caso de Dinamarca
o Suecia a nivel parlamentario.
Por tanto, señorías, tenemos razones estratégicas,
razones profundas -si se quiere hablar de principios
vale- y también razones coyunturales, en función de
cómo está virando realmente Europa, cómo está girando
en lo político, en lo social y en lo electoral, para no
aceptar la propuesta de ley orgánica que se nos plantea
en este momento. Es una propuesta absolutamente
ajena a la realidad, tal como se está viviendo en Europa
en estos momentos.
Ni siquiera después del último informe del Fondo
Monetario Internacional, que hoy publican en primera
página todos los diarios, la zona euro, como se nos ha
vendido, va a estar ajena a esta dialéctica de recesión
mundial. No es verdad. La política de crecimiento económico
que se está revisando, y no supera a nivel mundial
el 2 por ciento, no consuena con la que aquí se
hace, con el cuadro macroeconómico que se nos presenta
para los presupuestos de 1999, donde se suben
las previsiones de crecimiento hasta el 3,8 por ciento,
teniendo en cuenta que somos un país con las previsiones
de inflación que hoy tenemos, un 1,8 por ciento de
cara a 1999, el doble prácticamente de la media europea,
muy por encima de la inflación prevista en Francia
o en Alemania, pero que ahora es mucho más preocupante
en función de las previsiones del Fondo Monetario
Internacional, que le dice a España y al Gobierno
español que las previsiones de inflación no van a ser
del 1,8, sino del 2,4. Esto quiere decir que si hay un
diferencial de inflación superior a la media europea, si
al mismo tiempo hay -algo contradictorio- un diferencial
de crecimiento también muy superior a la media
europea, superior a Alemania, con un 11 por ciento de
paro, o a Francia...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor presidente.
Termino inmediatamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias.
El señor ALCARAZ MASATS: Si tenemos un problema
de paro superior al resto de Europa, con un 20 por ciento
-atendiendo a la EPA, que es la única encuesta homologable,
ya que el paro registrado no es un índice comparativo
con el resto de Europa, a pesar de que el señor
Arenas lo emplee mucho-, nos encontramos con que la
recesión va a afectar aquí con fuerza. Otra cosa es que el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Convergència
i Unió hayan decidido mantener la burbuja electoral
económica por lo menos hasta marzo de 1999.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que no se contemplan
previsiones de cara a una política real contra
el desempleo en Europa en el Tratado de Amsterdam y
que la cumbre ha sido un auténtico fiasco; teniendo en
cuenta que no hay política exterior y de defensa en
Europa, incluso la particularización del señor pesc
como representante único de esta política, fundamentalmente
ante los Estados Unidos; teniendo en cuenta
la subordinación de la política de defensa y de la UEO
a la OTAN; teniendo en cuenta el paraguas irreversible
de la OTAN respecto a nuestras previsiones en defensa
y política exterior, y teniendo en cuenta que el Parlamento
europeo sigue siendo un cementerio de elefantes,
con perdón, y se ha visto en el tema del olivar:
mientras el Parlamento europeo iba por una parte los
gobiernos iban por otra, y al final han primado los
gobiernos en contra de las decisiones del propio Parlamento
europeo; teniendo en cuenta todas estas cuestiones,
señor presidente, vamos a seguir votando, hoy
con más razón que nunca, razón coyuntural y estratégica,
negativamente al Tratado de Amsterdam, anunciando
nuestro voto positivo a las enmiendas del Partido
Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señorías,
quisiera, en primer lugar, hacer una llamada de atención
sobre lo que hoy estamos ratificando aquí, y lo
hacemos ante el vacío absoluto en los bancos azules
del Gobierno. Lo que estamos ratificando hoy aquí,
señorías, regula las relaciones de los ciudadanos en 70
de cada 100 actos que efectúan las administraciones
públicas; 70 de cada 100 acciones que realizan los ciudadanos
están enmarcadas dentro del tratado que hoy
ratificamos. Me permitirán que tenga que ser crítico con
el mecanismo utilizado para esa ratificación. El mecanismo
no es el adecuado, no realza, no visualiza suficientemente
la importancia de lo que aquí hoy aprobamos.
Eso se podría visualizar perfectamente, bastaría
con que hubiera una mayoría de noes en esta Cámara
para que de verdad se pusiera sobre la mesa la importancia
de lo que hoy aquí estamos ratificando.
El consenso no puede crear la indiferencia que está
generando este debate, cuando lo que estamos discutiendo
tiene una gran relevancia, y no puede ser que el
ministro de Asuntos Exteriores, que el Gobierno esté
ausente en un tratado que ha negociado con un gran
apoyo de esta Cámara. (Rumores.) Señorías, no se
alteren, porque no les conviene a su salud, es mejor
estar relajados a estas horas de la mañana.
Señorías, lo que estamos haciendo aquí hoy es la
aprobación de la ratificación del tratado en el Pleno de
la Cámara. Creo que es el momento de recordar los orígenes
de la Comunidad y analizar el recorrido que
hemos hecho juntos para afrontar el futuro próximo. El
sueño de Churchill o Jean Monnet y de los europeos
reunidos en el congreso de La Haya de crear unos estados
unidos de Europa se va perfilando como una realidad
inesquivable a final de este siglo. El Tratado de
Amsterdam llega después de que los Doce acometieran,
con el Tratado de Maastricht, una nueva visión del
futuro de Europa. El diseño de Maastricht parte de las
bases institucionales cimentadas en los años cincuenta
de una unión a seis, sin embargo, su objetivo es el
horizonte del año 2000. Por ello, los firmantes confieren
mandato a la nueva Conferencia Intergubernamental,
que ha dado como fruto este tratado, para que
abordara la nueva realidad de Europa en el umbral del
siglo XXI.
Desde la ciudadanía concebida por Maastricht,
recién estrenada, 400 millones de habitantes de la
Unión Europea perciben que una nueva era, más allá
de cada Estado, incluso del ámbito cultural que diariamente
transmiten los medios de comunicación, está
naciendo. En este contexto es natural la inquietud de
los ciudadanos ante un nuevo marco institucional que
no pueden visualizar. El fin de la Europa del Este abrió
las puertas a una comunidad más amplia. La reacción
egoísta e insolidaria a veces de segmentos sociales en
el contexto de una crisis económica demuestran las
dificultades existentes para compartir no sólo ideas,
sino también elementos materiales que proporcionan
los estados de bienestar en la Europa occidental.
Quiero recordar aquí y ahora al portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra, y que se ha ausentado
inmediatamente de la Cámara, que los avances
sociales en Europa no se están produciendo precisamente
por el grupo que él representa; los ciudadanos
europeos están girando, pero hacia un proyecto socialista,
hacia un proyecto socialdemócrata que ya tiene
mayoría en trece de quince estados de la Unión. España,
señorías, es el último reducto conservador de ese
giro social que está dando la Unión Europea y que
están protagonizando los partidos socialdemócratas.
Señorías, en el contexto de la crisis económica, de
las incertidumbres del futuro, desarrolló su trabajo el
grupo de reflexión presidido por un español, Carlos
Westendorp, que con sus informes previos y final puso
sobre la mesa los elementos básicos del debate y la
orientación posible de los cambios institucionales que
permitieron a la segunda presidencia española de la
Unión en el Consejo de Madrid de 1995 dar luz verde
al comienzo de la Conferencia Intergubernamental en
Turín.
Los trabajos de los grupos de expertos y el Libro
Blanco del Parlamento Europeo, realizados durante los
años 1995 y 1996, ya alertaban del riesgo de que la
Conferencia Intergubernamental finalizara su mandato
sin abordar una importante propuesta de reforma de
los sistemas colectivos de decisión de la Unión Europea;
que finalizara con una pequeña reforma institucional
que sólo maquillara la realidad actual de la Unión.
Los debates de Turín y Dublín I y II anuncian ya una
adaptación mínima, necesaria para definir competencias
y perfil de las instituciones, pero sin entrar en una
nueva dimensión, de alcance cuasi constitucional, que
el Tratado de Maastricht anunciaba para la Conferencia
Intergubernamental. Fruto de todo ello es el Tratado de
Amsterdam, un tratado cauteloso y desconfiado que
pospone las reformas institucionales a la primera
ampliación al centro y al este de Europa. Pero sería
injusto no reconocer que produce avances sustanciales
en el tercer pilar de justicia e interior; en la dimensión
social de la Unión Europea, abordando nuevas políticas
de empleo, y en los mecanismos de seguimiento, adopción
de decisiones y visualización de la política exterior
y de seguridad común.
Amsterdam no ha sido la respuesta esperada a los
retos futuros de una Unión ampliada, pero la historia
de la construcción europea se escribe paso a paso y, tal
como decía Jean Monnet, uno de sus padres, que soñaba
con los estados unidos de Europa, Europa no se
hará de golpe, ni en una construcción de conjunto; se
hará mediante realizaciones concretas, creando primero
una solidaridad de hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Voy acabando, señor presidente.
El nuevo tratado es un paso más en la definición de
aquello que los ciudadanos europeos queremos hacer
juntos, abre la puerta a los países candidatos del centro
y del este de Europa y permite acompañar la unión
monetaria con un paquete de medidas de contenido
social; produce avances importantes en el establecimiento
de un espacio de libertad, seguridad y justicia,
pero deja sin resolver el capítulo de las reformas institucionales.
Por todo ello, señorías, hoy vamos a votar a favor de
ese tratado, pero queremos que el debate se cifre exactamente
sobre el mismo. Por tanto, respecto de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco sólo me
queda decir que ya fijamos nuestra posición en la
Comisión, que hoy lo que debatimos aquí es la ratificación
del tratado y que no debemos desviar esa atención.
A las actas de la Comisión me remito para manifestar
nuestra posición.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Costa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, no es la primera vez que el Pleno de esta
Cámara discute de este asunto que mi grupo parlamentario
considera un paso fundamental. Asimismo, en la
pasada reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores
el pleno de la Comisión se expresó mayoritariamente a
favor de la ratificación del tratado.
Señor presidente, señorías, Amsterdam es una etapa
más de un largo proceso que empezó con el Tratado de
Roma, con los tratados fundacionales, y en un ámbito
temporal más cercano podemos decir que es la continuación
de un proceso que empieza con el Tratado de
Maastricht.
Mucho se ha dicho sobre Maastricht, sobre sus logros
y sobre sus carencias, pero lo cierto es que el Tratado
de la Unión supuso un cambio cualitativo en el proyecto
comunitario, iniciando un proceso de unión económica
y monetaria y de unión política que tuvo lugar en
un momento histórico en esta vieja Europa, en el que
los acontecimientos superaron ampliamente las expectativas,
los proyectos y las posibilidades. La realidad es
que, antes de firmarse el Tratado de la Unión, muchos
de sus planteamientos y logros ya se consideraron insuficientes.
Podemos decir que Amsterdam es fruto de las
insuficiencias de Maastricht, fruto también del mandato
contenido en él de supeditar a un nuevo tratado la próxima
ampliación.
La distancia temporal entre Maastricht y Amsterdam
ha sido breve y se ha recorrido a la velocidad que permite
el proceso de construcción europea, ha sido un
ejemplo más, y no precisamente el más dramático, de
la dificultad de acomodar los ritmos en la determinación
de lo que Europa debe hacer junta y lo que deben
seguir haciendo por separado los Estados que integran
la Unión y, a su vez, en la necesidad de que la adopción
de esas decisiones tenga el imprescindible acompañamiento
de las opiniones públicas nacionales porque,
como ya dijo el presidente del Gobierno, es
preciso reafirmar la esterilidad de contraponer los intereses
europeos con los intereses nacionales. Los intereses
de Europa están enraizados en los intereses de sus
Estados miembros y Europa no podrá construirse ni
avanzar si sus componentes, ciudadanos y Estados, no
se sienten involucrados, representados y beneficiados.
En Amsterdam, señorías, hubo que tener presente la
urgencia de la próxima ampliación.
He de decir, en primer lugar, que la Comisión Mixta
Congreso-Senado hizo un buen trabajo, coordinándose
con el Gobierno a lo largo de todo el proceso negociador
y emitiendo un dictamen, de 29 de mayo de 1997,
de estas Cortes Generales, en el que se señalaban los
objetivos irrenunciables que debía defender el Gobierno
en la Conferencia Intergubernamental. Como ponente
y miembro de la subcomisión que se creó al efecto,
tuve en su momento la satisfacción de constatar cómo
la inmensa mayoría de los puntos enunciados en el dictamen
se vieron reflejados en el cuerpo jurídico del Tratado,
gracias a la buena negociación llevada a cabo por
el Gobierno, con el apoyo de este Parlamento.
Podemos decir sin triunfalismos que los resultados
del Consejo Europeo de Amsterdam, en lo que se refiere
a la Conferencia Intergubernamental, supusieron un
paso adelante en un proceso crucial de Europa. Cuatro
eran los objetivos que se habían perfilado: acercar la
Unión a los ciudadanos, crear un espacio de libertad,
seguridad y justicia, hacer más eficaz y coherente la
política exterior de la Unión y dotar de mayor legitimidad
a sus instituciones. Finalmente, el hecho de haber
llegado a un acuerdo en la Conferencia permitirá, en el
momento en que el Tratado haya sido ratificado por el
Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, continuar
el proceso, formalmente iniciado ya el pasado
mes de marzo, según el calendario fijado por el Consejo
Europeo de Madrid de 1995, y proceder, cuando llegue
el momento, a las consiguientes ampliaciones.
El Tratado de Amsterdam, señorías, señor presidente,
ha cumplido razonablemente el objetivo que la CIG
se ha propuesto. En los cuatro temas se han producido
considerables avances que nos permiten afirmar que el
Tratado de Amsterdam constituye un paso importante
en la construcción europea.
El PNV ha vuelto a presentar dos enmiendas, discutidas
ya y rechazadas en la Comisión de Asuntos Exteriores
en la fase previa de este trámtie parlamentario, una
al preámbulo y otra al articulado del proyecto. Las dos
tratan de un tema que ha acaparado nuestra atención,
como ha señalado Margarita Uría, en fechas recientes y
cuya importancia comparto. Nuestros amigos del PNV
saben hasta qué punto me encuentro implicado con el
respaldo completo de mi grupo parlamentario en todos
los avances que se han realizado al respecto, y espero
sinceramente continuar asociado a éstos en el futuro;
cómo, tras muchos años de andadura a lo largo de
otros gobiernos, el nuestro elevó a rango de ley la conferencia
para asuntos nacionales con la Unión Europea,
con el respaldo de los demás grupos parlamentarios,
en concreto y muy especialmente de los grupos nacionalistas.
Obvio la enumeración de todos los elementos
pues, como ha dicho la señora Uría, todo esto se
encuentra contenido de alguna manera en el «Diario de
Sesiones» del 10 de marzo de 1998, cuando los grupos
parlamentarios discutimos una moción de la señora
Lasagabaster y aprobamos la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
El Gobierno comenzó el pasado 10 de junio este proceso,
en el cual nos implicamos todos el 10 de marzo,
como he dicho, analizando precisamente los dos aspectos
de la enmienda del PNV, el proceso de cooperación interna
y el de participación directa. En este sentido, el ministro
de Administraciones Públicas, señor Rajoy, presentó
un informe de análisis de funcionamiento de las conferencias
sectoriales y, asimismo, comenzó un intercambio
de puntos de vista sobre las bases o principios sobre los
que deberá construirse el sistema de participación directa
de los representantes autonómicos en la delegación del
Estado en los órganos de la Unión Europea.
En estos momentos el Gobierno está esperando la
respuesta de las comunidades autónomas, incluida la
del País Vasco, en relación a la elaboración de un primer
documento de consenso -y digo bien de consenso-
relativo a las competencias exclusivas y no exclusivas.
Estos son los pasos que se dan porque incluso a
nivel comunitario, en el ámbito de la Unión Europea, el
tema competencial es también objeto de análisis, debate
y estudio caso por caso y de cómo desarrolla la
Comunidad Europea sus competencias para identificar
con la mayor claridad posible y objetividad aquellas
que deben ser objeto de participación por los distintos
niveles de la Administración del Estado.
Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario y
el Gobierno se encuentran comprometidos por un
acuerdo suscrito en este Parlamento el pasado 10 de
marzo para dar soluciones a los temas planteados en
las enmiendas del PNV, proceso que -como he señalado-
ha comenzado ya siguiendo el mandato de esta
Cámara en el seno de la Conferencia para asuntos relacionados
con la Unión Europea.
No creemos que sea procedente en este trámite parlamentario
de ratificación del Tratado de Amsterdam,
que debemos llevar a cabo lo antes posible -como ya
se ha expresado en esta Cámara-, introducir un tema
interno de debate del Estado, del Gobierno y de las
comunidades autónomas para cuya resolución nos
hemos otorgado un marco que es el adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Martínez Casañ, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Sí, señor presidente.
Por todo ello, señor presidente, señorías, mi grupo
parlamentario votará en contra de las enmiendas y a
favor de esta ley orgánica de ratificación del Tratado de
Amsterdam, consciente de que, pese a las lagunas lógicas
en cualquier acuerdo de esta índole, supone un
paso fundamental en el proceso de construcción europea
que todos juntos queremos realizar.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Casañ.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE
VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE DE 8.070.673.205 PESETAS, PARA ABONAR
A LAS COMPAÑÍAS AÉREAS LAS BONIFICACIONES
APLICADAS EN LAS TARIFAS DE PASAJES
AÉREOS DURANTE LOS EJERCICIOS 1995 Y 1996,
A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS
DEMÁS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES,
ISLAS CANARIAS Y MELILLA (Número de expediente
121/000118).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Pasamos al siguiente proyecto de ley, que es
el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley
sobre concesión de varios créditos extraordinarios por
importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las
compañías aéreas las bonificaciones aplicadas en las
tarifas de pasajes aéreos durante los ejercicios 1995 y
1996, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados
miembros de la Unión Europea residentes en las
Islas Baleares, islas Canarias y Melilla.
No hay ninguna enmienda viva a este proyecto de
ley.
¿Algún grupo parlamentario desea, a pesar de todo,
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista no ha
presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley
procedente del Gobierno, pero estimamos que el mecanismo
procedimental seguido es merecedor de unas
reflexiones que justifiquen la posición a favor del
Grupo Parlamentario Socialista pero no exenta de
determinados contenidos críticos a la misma.
Señorías, se trata una vez más de un proyecto de ley
de concesión de créditos extraordinarios -varios lleva
dentro- por importe de una cantidad superior a los
8.000 millones de pesetas para abonar a las compañías
aéreas que han prestado servicios con comunidades
donde la normativa posibilita la subvención por parte
del Estado de una fracción del coste del billete, concretamente
con Canarias, Baleares y Melilla.
Iberia, Aviaco, Spanair y Air Europa son las cuatro
compañías españolas que han prestado los servicios
Canarias-Península; con Baleares, Iberia, Aviaco, Spanair,
Air Europa y Air Nostrum; y con Melilla, Iberia,
Aviaco y Spanair. Curiosamente, las bonificaciones pendientes
de pago del año 1995 ascienden a unos 3.200
millones de pesetas, y las del año 1996 a unos 4.800
millones, lo que hace un total de 8.046 millones.
De todas esas compañías, una de ellas -Spanair-
ha reclamado el abono de intereses de demora por el
retraso en el pago de las liquidaciones practicadas
correspondientes a las subvenciones de los residentes
en la islas Canarias, cuarto trimestre de 1995 y primer
trimestre de 1996; en las Islas Baleares, tercer y cuatro
trimestre de 1995, y porque no podía hacerlo de otra
forma al amparo de la norma legal el servicio jurídico
del Ministerio de Fomento ha informado favorablemente,
es decir, ha dicho sí a la procedencia de esa reclamación
de intereses de demora que ha formulado la
compañía Spanair.
No lo han hecho las restantes compañías. El importe
asciende a 24 millones de pesetas. En el supuesto de
que las restantes compañías, para el montante de 8.046
millones de pesetas, hubiesen exigido el cobro de los
intereses de demora, sin duda, este crédito extraordinario
se hubiese incrementado en casi 500 millones de
pesetas. Ello pone de manifiesto, en primer lugar, una
irracional lentitud de gestión por parte de la Administración.
En segundo lugar, hay empresas privadas que en el
coste tarifario del tramo cubierto por las mismas para
los residentes en las comunidades a las que acabamos
de hacer referencia están adelantando unas cantídades
que no aportan los Presupuestos Generales del Estado
de ese momento, con la carencia de disponibilidad por
parte de la Administración pertinente. Queremos hacer
la reflexión al Gobierno de que es menester dinamizar
la gestión financiera derivada del transporte aéreo con
regiones como Canarias, Baleares y Melilla, en lo que a
tráfico aéreo se refiere.
En tercer lugar, queremos hacer la reflexión al
Gobierno de que desde el año 1995 la Comisión Europea
viene dirigiéndose al mismo cada cuatro o cinco
meses de forma perseverante -nos consta porque
hemos tenido acceso documental a los escritos de la
Comisión Europea- para que plantee, de acuerdo con
la norma comunitaria, con los criterios de tasas y tarifas
recogidos en el reglamento comunitario del año 1995,
las correspondientes diferencias de clase de pasajeros,
es decir, preferente y turista. Que no se prime a quienes
están en mejores condiciones económicas para ir
en la clase preferente, en contra de los intereses de
quienes utilizan la clase turista.
En consecuencia, señor presidente, señoras y señores
diputados, con esta última reflexión el Grupo
Socialista quiere hacer llegar al Gobierno la consideración
de que adapte los criterios a lo que le está
demandando desde finales de 1995 la Comisaría de
Transportes de la Comisión Europea, por cuanto
puede correrse el riesgo de ser calificadas como ayudas
de Estado e impedirse el acceso a la mismas por
parte de los residentes en esas comunidades en los
años próximos.
Nuestro voto será favorable, pero con el análisis crítico
recogido en las tres reflexiones que acabo de exponer.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Gracias,
señor presidente. Voy a ser muy breve.
La circunstancia de la insularidad o de su situación
en otro continente motiva la bonificación que los ciudadanos
españoles y de la Unión Europea tienen
cuando son residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla para el transporte regular, tanto marítimo
como aéreo. Incluso esa excepcionalidad ha motivado
que el Gobierno actual recientemente haya declarado
de interés público algunas líneas de transporte
marítimo con destino u origen en esas ciudades y
comunidades autónomas. Esa declaración es coincidente,
además, con la liberalización de dicho transporte.
Este proyecto de ley se refiere a las subvenciones
anticipadas por las compañías aéreas en aquellos viajes
y ha cumplido lógicamente todos los trámites, entre
ellos, como es lógico, el de la Intervención General de
la Administración del Estado y también el del Consejo
de Estado que periódica y anualmente durante varios
años, excepto entre 1989 y 1995, ha emitido el correspondiente
dictamen. Se restablece este dictamen en
1996 como consecuencia de las medidas adoptadas por
el Gobierno actual de disciplina presupuestaria, al
modificarse el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Por primera vez en esta ocasión se incluyen
en el proyecto de ley de crédito extraordinario los intereses
reclamados por una de las compañías aéreas,
como consecuencia de una modificación al estar obligados
por la citada Ley General Presupuestaria y ser
consecuencia también de la demora en el pago por
parte de la Administración.
Estoy seguro que el Gobierno va a cumplir, no sólo
en este caso con los informes, recomendaciones o
sugerencias de la Comisaría de Transportes, sino en
todos los demás, como lo está haciendo ágilmente en
la trasposición de las múltiples directivas de la Unión
Europea.
En consecuencia, y en resumen, nuestro grupo
apoya naturalmente este proyecto de ley de crédito
extraordinario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Carreño.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a
las votaciones de los dictámenes de comisiones sobre
los proyectos de ley que acaban de debatirse en el
Pleno. De esa forma daremos por concluido el orden
del día, puesto que el punto IX, debate de totalidad del
Convenio de lucha contra la corrupción de agentes
públicos, no ha tenido enmienda de totalidad y, en consecuencia,
no se someterá a votación y decae el punto.
(El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente,
mi grupo solicita votación separada de las dos enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Pues así vamos a proceder. En las dos primeras votaciones,
someteremos la enmienda número 1, del Grupo
Vasco, y luego la enmienda número 2.
Enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 302; a favor, 35; en contra, 145;
abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 1 del Grupo Vasco.
Sometemos a votación la segunda enmienda del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 301; a favor, 23; en contra, 141;
abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada también la
segunda enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.
Se somete a votación el dictamen sobre el proyecto
de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 301; a favor, 284; en contra, 15;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Se somete ahora a votación
el conjunto del proyecto, por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 302; a favor, 287; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con carácter
orgánico el proyecto al haber alcanzado la previsión
constitucional y reglamentaria de mayoría absoluta de
la Cámara.
Pasamos finalmente a la votación del dictamen de la
Comisión al proyecto de ley de concesión de varios
créditos extraordinarios, para abonar a las compañías
aéreas las bonificaciones aplicadas en tarifas durante
los ejercicios 1995 y 1996, a los ciudadanos españoles y
de los demás miembros de la Unión Europea residentes
en Islas Baleares, islas Canarias y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 302; a favor, 302.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen
por unanimidad del Pleno, que concluye de esta forma
el orden del día.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.