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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 179, de 22/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 179
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 173
celebrada el martes, 22 de septiembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica) «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 170-1, de 18 de marzo de 1998 (número
de expediente 122/000149)...(Página 9589)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación
de la interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica) «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 169-1, de 18 de marzo de 1998
(número de expediente 122/000148) ...(Página 9589)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, de regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número serie 177-1, de 18 de marzo de 1998. Corrección de error: «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 177-2, de 18 de septiembre
de 1998 (número de expediente 122/000156) ... (Página 9589)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre interrupción voluntaria del
embarazo. (Orgánica) «BOCG. Congreso de los Diputados»,Serie B, número
226-1 de 11 de septiembre de 1998 (número de expediente 122/000199) ...
(Página 9589)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
regula el alcance del cómputo recíproco de cotizaciones en los
diferentes regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social y
sobre el alcance en España de las cotizaciones efectuadas antes del 1 de
enero de 1967 en determinados países. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 198-1, de 11 mayo de 1998 (número de expediente
122/000175) ... (Página 9600)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para
la creación de empleo a través de la reducción de las horas
extraordinarias. «BOCG: Congreso de los Diputados», serie D, número 250,
de 3 de marzo de 1998 (número de expediente 162/000214) ... (Página 9606)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 315, de 11 de septiembre
de 1998 (número de expediente 162/000272) ... (Página 9612)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general
que va a adoptar el Gobierno para la ampliación y mejora de la
protección social de los parados en nuestro país(número de expediente
173/000096) ... (Página 9620)
Modificación del orden del día:
- Inclusión como punto 42 bis del debate de totalidad del proyecto de
ley de introducción del euro (número de expediente 121/000137) ...
(Página 9625)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (continuación):
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre financiación sanitaria y
política de medicamentos (número de expediente 173/000097) ...
(Página 9226)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los planes
y proyectos a desarrollar en torno al sector del olivar y del aceite de
oliva (número de expediente 173/000098) ... (Página 9632)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ...(Página 9589)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica) ... (Página 9589)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica) ... (Página 9589)
Del Grupo Parlamentario Mixto, de regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo ...(Página 9589)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre interrupción voluntaria del
embarazo. (Orgánica) ... (Página 9589)
Defiende la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso la
señora Rubiales Torrejón. Manifiesta en primer lugar que lo hace con
tristeza ante los hechos que están sucediendo estos días en la
sociedad, pero reafirmándose cada vez más en el rechazo a todo tipo
de fundamentalismo, ya que está convencida de que sólo con el respeto
y la tolerancia se puede y se debe abordar este problema. Considera que
su proposición de ley no es abortista, porque
aborto y tratamiento penal del aborto son dos cosas distintas, y
añade que las opiniones sobre el aborto responden a diferentes
ideologías y todas merecen respecto, pero el hecho de tratar como
delincuente a la mujer que aborta ante una situación de grave
conflicto personal, familiar o social concita un consenso
generalizado en contra. Explica que con su proposición no pretenden
favorecer la interrupción voluntaria del embarazo, sino buscar
soluciones que pasan por dar apoyo, ayuda, información y capacidad de
prevención a la mujer para que pueda resolver su conflicto de la
forma más responsable y serena posible. Recuerda que en España se
despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo con un gobierno
progresista y de izquierdas, pero que, a los diez años de entrada en
vigor de la ley, se detectaron insuficiencias en la aplicación de la
misma, dando lugar a situaciones de inseguridad jurídica, por lo que
es aconsejable su reforma. Anuncia el voto favorable de su grupo a
las otras proposiciones de ley presentadas, para que, después de la
toma en consideración, se pueda alcanzar entre todos los grupos el
mayor consenso posible.
En segundo lugar, defiende la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida la señora Aramburu del Río,
convencida de que, a pesar de los que no saben dialogar, todavía es
posible ganar la batalla a la irracionalidad. Asegura defender
a todas las mujeres sin exclusión y rinde homenaje a todos aquellos que
hacen prevalecer la razón por encima de los dogmas, el consenso por
encima de la confrontación y la libertad por encima de la coacción.
Entiende que la diversidad cultural y el pluralismo ideológico es la
esencia de la democracia, lo que obliga a respetar el derecho de
millones de ciudadanos que no coinciden con una doctrina determinada.
Considera que la polémica sobre el «nasciturus» debería solucionarse
desde la plataforma de encuentro que es el texto constitucional.
Asimismo afirma que la proposición de ley que defiende en nombre de
su grupo no es una ley abortista; es una revolución de los derechos
individuales de las mujeres, es un texto envuelto en preceptos
constitucionales, es un compendio de cláusulas de garantías para que
la maternidad pueda ser ejercida en libertad y con responsabilidad,
es la antítesis de un decreto de imposición, es una ley para ser
usada por quien la necesite, es una ley que permite al Estado amparar
los derechos democráticos y su prestación normalizada en la sanidad
pública, es una ley contra la doble moral, es una ley correctora de
los desequilibrios sociales, es una ley, en definitiva, que concilia
la vida con el derecho a la vida, es una ley mesurada, equilibrada,
ponderada y constitucionalista.
Por el Grupo Mixto interviene, en primer lugar, la señora Almeida
Castro. Se refiere en primer lugar a las
voces que en la calle se alzan contra la despenalización del aborto
en el cuarto supuesto, quejándose de que una mínima parte de
ciudadanos se haya proclamado portavoz de toda la sociedad e impida
que el Parlamento pueda debatir tranquilamente sobre los problemas
que se presentan en la aplicación de una ley ya existente de
interrupción del embarazo. No se trata, pues, de discutir sobre el
derecho al aborto, que es lo que se está intentando hacer en la
calle, con la intromisión intolerable de la Iglesia. Recuerda a los
bancos de la derecha que entre los cuatro grupos que presentan las
proposiciones de ley representan a más ciudadanos que los que votan
al Partido Popular, aunque por la ley electoral éste tenga más
diputados, y que no están pidiendo que se apruebe la proposición de
ley que presentan, sino simplemente tomarla en consideración.
Prentenden con su proposición que las mujeres puedan decidir por sí
mismas -decisión que muchas veces conlleva grandes dramas
y angustia-, sin tener la presión de un posible encarcelamiento. Añade
que estar contra el aborto no es lo mismo que estar por la
penalización del aborto y que habría que dar mayor información a la
juventud sobre los métodos anticonceptivos. Por último, pide que a la
hora de votar no se tengan en cuenta las presiones de fuera, sino la
conciencia de cada uno y se permita la tramitación de cualquiera de
los proyectos de ley que hoy se presentan ante la Cámara.
En último lugar interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme),
también del Grupo Parlamentario Mixto, que pide serenidad para
abordar el problema sin hipocresía, a pesar de las presiones
externas. En nombre del Bloque Nacionalista Galego defiende su
proposición de ley orgánica sobre interrupción voluntaria del
embarazo, proposición que pretende modificar la ley vigente en un
sentido menos restrictivo, para hacer efectivo el derecho de las
mujeres a decidir sobre su maternidad, adaptar la ley a la realidad
social, garantizar la atención sanitaria adecuada para las mujeres,
regular el derecho de objeción de conciencia y evitar que mujeres y
personal sanitario sigan sometidos a juicio por la realización de
abortos. Manifiesta que su grupo es respetuoso con las diversas
ideologías y credos, y por tanto respeta a los que se oponen a la
existencia del derecho al aborto, pero exige el mismo respeto a los
demás. La legislación que proponen no obliga a nadie a abortar, no
pretende imponer un criterio determinado, sino simplemente permite
que quienes lo deseen puedan hacer uso de ella. El Bloque
Nacionalista Galego no defiende el aborto como un método
anticonceptivo más, pero sí defiende el recurso a utilizar este
método cuando, por las circunstancias que fueren, la mujer desee
hacerlo. Por lo tanto reivindica, como lo viene haciendo hace muchos
años, que se destinen recursos suficientes para poner a disposición
de la sociedad información y formación sobre métodos anticonceptivos,
evitándose así una gran cantidad
de embarazos no deseados. Por otra parte, no entiende que se admita
la legislación vigente, que permite realizar abortos legalmente, y se
niegue la posibilidad de su ampliación.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Socialista del
Congreso, se rechaza por 172 votos a favor, 173 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 167 votos a favor, 177 en
contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la primera de las proposiciones presentadas por
el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 168 votos a favor, 177
en contra y una abstención.
Sometida a votación, finalmente, la segunda de las proposiciones
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 168
votos a favor, 177 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
regula el alcance del cómputo recíproco de cotizaciones en los
diferentes regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social y
sobre el alcance en España de las cotizaciones efectuadas antes del 1
de enero de 1967 en determinados países ... (Página 9600)
Defiende la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Fernández Sánchez. Se remite a
la moción aprobada en la sesión plenaria del 31 de marzo, en los
términos de una enmienda transaccional, en la que se pedía al
Gobierno que adoptase las medidas legales correspondientes, en el
marco del Pacto de Toledo, para mantener la vigencia de la resolución
de la Dirección General de Prestaciones, del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, de 9 de agosto de 1978, según la cual, y de acuerdo
con las instrucciones contenidas en la circular 112/78, de 26 de
septiembre, del extinguido Servicio de Mutualismo Laboral, se
extendía el beneficio de la jubilación anticipada a todos los
trabajadores que hubiesen cotizado al mutualismo laboral como
trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967, así como
para mantener la vigencia de la circular 5/1990, de 17 de marzo, en
lo que se refiere a la validez de las cotizaciones
efectuadas en el extranjero, suspendiendo al mismo tiempo la
entrada en vigor de las resoluciones de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social de 14 de noviembre y 5 de
diciembre. Espera que los grupos políticos que les apoyaron en el
debate de la moción les sigan apoyando ahora y así poder subsanar un
problema que está afectando a miles de trabajadores y trabajadoras.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Arnau Navarro, del Grupo Socialista del Congreso, y Pérez Corgos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 149 votos a favor, 171 en
contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 9606)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para creación de empleo a través de la reducción de las horas
extraordinarias ... (Páigna 9606)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida defiende
la proposición no de ley el señor Vaquero del Pozo. Comienza su
intervención exponiendo las razones que han llevado a su grupo a
presentar esta propuesta: en primer lugar, por coherencia con la postura
adoptada en otras ocasiones; en segundo lugar, porque el paro sigue
siendo del 19 por ciento, pese al ciclo alcista; en tercer lugar, porque
ssegún su opinión, el Gobierno ha cosechado un fracaso con su reforma
laboral de 1997, puesto que se proponía la estabilidad de los contratos;
en cuarto lugar, porque la creación de empleo hay que priorizar la
abordando simultáneamente un conjunto de medidas, entre las que el
reparto de trabajo es muy importante, y dentro del mismo la supresión
por ley de las horas extraordinarias; en quinto lugar porque la
sustitución de horas extraordinarias por creación de empleo es
factible; en sexto lugar, porque es un compromiso del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, así como uno de los acuerdos del diálogo
social entre empresarios y sindicatos; y en séptimo lugar, porque en
otros países de la Unión Europea la legislación es más restrictiva
respecto alas horas extraordinarias que la nuestra.
A continuación se refiere a las enmiendas presentadas por otros
grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Salinas García,
del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, en los términos resultantes del debate,
se rechaza por 144 votos a favor, 169 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad ...
(Página 9612)
Presenta la proposición no del ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el señor Campuzano i Canadès. Manifiesta que
esta iniciativa se produce en la Cámara quince años después de la
publicación de la Lismi -una ley que consolidó y marcó los derechos
sociales de los minusválidos, diseñó el sistema de pensiones y reguló
el acceso al trabajo de este colectivo- y entiende que ha pasado el
tiempo suficiente para hacer balance y avanzar en línea con los
nuevos tiempos. Además, plantean esta iniciativa en el marco de un
reciente acuerdo entre el Gobierno del Partido Popular y Convergència
i Unió sobre la reforma fiscal. A continuación explica las doce
propuestas de su proposición no de ley encaminadas a aprovechar al
máximo las posibilidades legales, y termina su intervención
recordando unas palabras del señor Trías Fargas con motivo de los
debates de la Lismi el 14 de octubre de 1981.
En defensa de la enmiendas presentadas a esta proposición no de ley
intervienen las señoras Cortajarena Iturrioz, del Grupo Socialista
del Congreso; Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y el señor Caneda Morales, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas y de las transaccionales presentadas por
el grupo proponente, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9620)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general
que va a adoptar el Gobierno para la ampliación y mejora de la
protección social de los parados en nuestro país ... (Página 9620)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto el señor Peralta Ortega. Recuerda, como ya se
dijo en el debate de la semana pasada, que el problema del desempleo
tiene muchas facetas y muchos tratamientos, siendo uno de ellos llevar
a cabo una política económica que persiga la optimización de la
creación de empleo y no se limite a contemplar los resultados de una
determinada coyuntura económica, favorable hasta fecha reciente, en
el marco de la Unión Europea. Se centra en el aspecto que hace
referencia a la protección económica del desempleo, porque la
considera una faceta imprescindible y complementaria de cualquier
otra política que se adopte en relación con el paro y asegura que
esta iniciativa viene motivada porque la evolución de los datos sobre
la protección económica al desempleo son ciertamente preocupantes.
Considera que la respuesta dada por el Gobierno la semana pasada en
el sentido de que se hace un gran esfuerzo en políticas activas de
empleo no es adecuada ni justa, por lo que su grupo solicita de la
Cámara el voto favorable a su moción que apuesta por una adecuada
distribución de la riqueza, por un Estado social y por un diálogo con
los agentes sociales.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Vaquero
del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y la señora Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios, interviene el señor Peralta Ortega.
Modificación del orden del día ... (Página 9625)
Inclusión como punto 42 bis del debate de totalidad del proyecto de
ley de introducción del euro. ... (Página 9625)
Se aprueba por asentimiento la inclusión como punto 42 bis del debate
de totalidad del proyecto de ley de introducción del euro.
Sometida a votación la moción el Grupo Parlamentario Mixto sobre
medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para la
ampliación y mejora de la protección social de los parados en nuestro
país en sus términos iniciales, se rechaza por 141 votos a favor y
163 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (continuación) ...
(Página 9626)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre financiación sanitaria y
política de medicamentos ... (Página 9626)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Amador Millán, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Antes de
entrar en el fondo de su moción, llama la atención de la Cámara sobre
la apreciación que hizo el señor ministro de Sanidad en el debate de
la interpelación de la semana pasada en relación con la decisión del
Gobierno de Navarra de rechazar la aplicación del decreto que excluye
de la financiación pública más de 800 medicamentos. Considera
gravísimo que el señor ministro dijera que esta medida se tomaba por
la presión del Parlamento de Navarra y que el consejero se sentía
avergonzado por tener que hacerlo. Por otra parte, considera que el
problema se ha agravado desde el 16 de septiembre, puesto que el
Parlamento de la Comunidad Autónoma de Valencia ha aprobado también
una resolución instando a su gobierno a que no aplique ese decreto en
el territorio de Valencia. Se refiere a continuación a diversos
aspectos de la intervención del señor ministro de Sanidad y Seguridad
Social en el debate de la interpelación de la
semana pasada, destacando el reconocimiento que hizo el señor
ministro, según se puede comprobar en el «Diario de Sesiones», de una
desviación de 31.000 millones de pesetas en el presupuesto del
Insalud destinado a gasto en recetas médicas. Reitera que ha
aumentado el conflicto político, que los ayuntamientos siguen
rechazando la medida, que se ha comprobado la desviación del gasto
que los socialistas denunciaban, corregida y aumentada, y que el
sistema es injusto y arbitrario, por lo que pide el voto favorable
para la moción de su grupo, solicitando al Gobierno que rectifique y
derogue el decreto, que se restituyan a la Comisión del uso racional
del medicamento las facultades que por ley le fueron usurpadas y que
se revise el acuerdo de financiación sanitaria en vigor hasta el año
2001
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); el señor Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Maestro Martín, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Villalón
Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 141 votos a favor y
160 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los planes
y proyectos a desarrollar en torno al sector del olivar y del aceite
de oliva ... (Página 9632)
Presenta la moción en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Centella Gómez. Muestra su preocupación por
la frustración que va a producir en el sector del olivar la postura
negativa que, presume, va a adoptar el Grupo Popular. Confiaba en que
después de leer con detenimiento su propuesta y hablar con el sector,
la señora ministra de Agricultura y el Grupo Popular reflexionarían
y votarían a favor, pero constata que están instalados en la posición
de defender una negociación que creen buena en lugar de dedicarse a
planificar el futuro del olivar. A continuación da lectura al texto
de su moción que trata de la creación de una subcomisión en la
Comisión de Agricultura que tendría por objeto el estudio de las
reformas necesarias para modernizar el sector de la aceituna y del
aceite de oliva español, de manera que se garantizase su viabilidad
futura y el equilibrio territorial y medioambiental en el medio
rural. Anuncia la admisión de la enmienda del Grupo Socialista,
porque viene a
concretar y completar su moción, y el rechazo de la que presenta
Convergència i Unió, porque más que una enmienda es otra moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Pliego Cubero, del Grupo Socialista del Congreso, y Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Jordano
Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, se rechaza por 114 votos a favor y 149 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, SOBRE REGULACIÓN DE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ORGÁNICA) (Número de expediente
122/000149).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE REGULACIÓN
DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ORGÁNICA) (Número de
expediente 122/000148).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE REGULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 122/000156).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000199).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día. Debate sobre la toma en
consideración de las proposiciones de ley de los grupos Socialista,
Federal de Izquierda Unida y Mixto, de éste último dos, todas ellas
sobre regulación
de la interrupción voluntaria del embarazo, que se postulan con
naturaleza orgánica.
El debate de las antedichas proposiciones de ley se producirá, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, de forma acumulada. Comenzarán,
por tanto, con el turno correspondiente a su presentación y defensa
por los portavoces de los grupos que las suscriben por orden de
presentación, comenzando por el Grupo Socialista, a continuación el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y, por último, por los
dos representantes, o uno si así lo estiman oportuno, del Grupo
Parlamentario Mixto, en la sabiduría de que en el turno de dicho
grupo se agotarán cuantas posiciones quieran fijarse por ese grupo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, doña
Amparo Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, señorías, subo de
nuevo a esta tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista la proposición de ley sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo; lo hago en esta ocasión con una nueva y
doble sensación, de tristeza por un lado y de firmeza por otro. La
tristeza es consecuencia de lo que está pasando en nuestro país con
este problema, en el que, como en tantos otros, no avanzamos,
señorías. Parece como si estuviéramos en el año 1983, que es cuando
se produce el primer debate sobre el aborto en España (Una señora
diputada: ¡En 1982!); entonces, como ahora, también había ruido de
casullas. Que en la España de 1998, esa que va tan bien, estemos
discutiendo todavía sobre estas cosas y de esta manera es algo que se
da de bruces con la pretensión de ser una sociedad, un país moderno.
En la crónica de su viaje anunciado al centro no están ustedes
acertando, señores del PP. Y en este tema, como en tantos otros que
tienen que ver con las libertades, se ve demasiado claramente de qué
pie cojean SS.SS. He releído estos días de nuevo los debates que se
produjeron en esta Cámara en los años 1983 y 1985 y les aseguro que
da tristeza verles anclados en las posiciones clásicas de la derecha
de siempre.
Pero mi posición, señorías, también es, les decía, de firmeza,
porque, después de haber oído de nuevo tantas barbaridades en estos
días, me reafirmo cada vez más en el rechazo de los fundamentalismos
de cualquier género y en la creencia de que sólo con respeto
y tolerancia se puede y se debe abordar este problema. Señorías, esto
es un debate sobre la tolerancia y yo sólo quiero decir que queremos
ser libres y tolerantes y que entendemos la tolerancia como el
respeto y la consideración a las opiniones y a la práctica de los
demás, aunque éstos sean distintos de los nuestros. Esto es algo que
nadie debería discutir en una sociedad democrática, aunque ello
suponga un ejercicio controvertido. Señorías, la interrupción
voluntaria del embarazo se ha caracterizado aquí y en todos los
países del mundo por ser un problema que suscita pronunciamientos
extremos y radicalizados y debemos hacer un
esfuerzo siempre para excluir las descalificaciones y para dar
razones que en el debate parlamentario deben concretarse en líneas de
política legislativa acordes con nuestro pensamiento y con nuestras
propuestas electorales.
Señorías, la discrepancia es una realidad en las sociedades
democráticas, en las que coexisten creencias e ideologías diferentes
y plurales, pero esta realidad se determina, se regula en el
reconocimiento constitucional de la libertad de conciencia, de la
libertad de pensamiento y de la libertad de expresión igual para
todos, que ha abierto espacio suficiente para la separación entre la
moral y el Derecho. En una sociedad pluralista, señorías, como es la
nuestra, ni el Estado ni ningún grupo político o social está
legitimado para imponer por la fuerza del Derecho penal sus propias y
particulares convicciones. Esto quiere decir que hay que tener un
respeto escrupuloso para aquellas personas que en ninguna
circunstancia interrumpirán su embarazo, pero hay que saber respetar
al mismo tiempo el establecimiento de garantías jurídicas, sociales,
económicas y sanitarias para las personas que piensan de una manera
diferente. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de
resolver este problema al margen de creencias y opiniones personales.
Con esta proposición de ley, señorías, no se obliga a nadie a nada,
que quede claro; repito, a nadie se le obliga a nada, sino que lo que
se busca es resolver un problema que todavía tienen y padecen algunas
mujeres: muchas, pocas, algunas mujeres. Yo me alegro de que ustedes,
señores de la derecha, estén hoy de acuerdo con el aborto en los tres
supuestos que la ley contempla; estoy segura de que están de acuerdo,
pues así lo han declarado expresamente en varias ocasiones, y no se
han planteado ni siquiera la derogación de la ley vigente,
afortunadamente por otra parte. No sólo no lo han hecho, sino que,
además, hace aún menos de un año, el 26 de noviembre de 1997, en la
Comisión de Sanidad de esta Cámara, señora Fernández, el Grupo
Parlamentario Popular votó a favor de una proposición no de ley
relativa a la comercialización de la píldora abortiva RU-486.
(Aplausos.) Señorías, ¿cómo se puede estar en contra de este cuarto
supuesto que hoy les presentamos y estar a favor de la píldora
abortiva para la que no existe causa ni tiempo de interrupción del
embarazo? A ustedes no hay quien les entienda. No se han planteado la
derogación de la ley vigente, son partidarios de la píldora abortiva
y están en contra de la reforma que hoy les presentamos, que es
idéntica a la de la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno.
¿En qué quedamos, señores del Grupo Popular?
El contenido de nuestra proposición de ley, señoras y señores
diputados, es sobradamente conocido a estas alturas del relato por
todas SS.SS. y por el conjunto de la sociedad española. Se propone
hacer una norma de las que reflejan el orden valorativo de una
determinada sociedad y que aspira a expresar las sensibilidades
dominantes en la misma, configurando así un ordenamiento penal
presidido por el principio de intervención
mínima, de modernidad y de adecuación a la realidad social
circundante. Se evita que una cuestión tan compleja como ésta, que
deriva en un conflicto grave en que puede encontrarse la mujer ante
un embarazo no deseado, quede enmarcada en un cuerpo estrictamente
punitivo, cuando es absolutamente razonable que sea contemplado
necesariamente también desde los aspectos sanitarios y sociales de
orientación y asesoramiento. Se quiere resolver un problema real de
nuestra sociedad y se define así en la proposición de ley una
determinada política criminal en esta materia.
La proposición de ley que presentamos, señorías, no es abortista,
ninguna lo es. Aborto y tratamiento penal del aborto son dos
cuestiones bien distintas que es preciso no confundir. Las opiniones
sobre el aborto son y serán dispares, responden a diferentes
apoyaturas ideológicas y todas merecen la pena ser respetadas. Por
contra, entendemos, señorías, que la penalización del aborto, el
hecho de tratar como delincuente y pensar en llevar a la cárcel a la
mujer que aborta ante una situación de grave conflicto personal,
familiar o social concita ya en nuestra sociedad un consenso
generalizado en contra.
No se trata de favorecer la interrupción voluntaria del embarazo ni
de incrementar el número de interrupciones voluntarias del embarazo,
señorías; se trata únicamente de afrontar una situación de conflicto
grave que hoy es real en nuestra sociedad y buscar soluciones que
pasan por dar apoyo, ayuda, información y capacidad de prevención a
la mujer para que pueda resolver su conflicto de la forma más
responsable y serena posible, pero reconociéndole, eso sí, la
capacidad de decisión que le corresponde ante el conflicto.
La represión penal, señorías -todos ustedes lo saben muy bien-, la
coerción que supone la penalización no ha evitado nunca la
continuación y la proliferación de abortos clandestinos. El Tribunal
Constitucional español no cerró la posibilidad de que existieran
conflictos entre los derechos de la madre y el nasciturus semejantes
a los que justifican los tres supuestos actuales. Además, señorías,
el Estado puede garantizar la protección del no nacido, así como los
derechos de la madre, sin que ninguno prevalezca absolutamente sobre
el otro, mediante la exigencia de un requisito, cual es el de que la
mujer reciba previamente asesoramiento e información suficientes para
tomar su decisión con responsabilidad.
La mujer es, sin duda, la que mejor, la que más puede defender al no
nacido, señorías. Ante la existencia de un conflicto grave, se diseña
un sistema que trata de ofrecer asistencia a la mujer antes de tomar
su decisión, proporcionándole toda la información precisa sobre las
posibilidades de resolución de su conflicto y respetando siempre su
decisión final.
Señorías, la opción por el asesoramiento como medio de tutela
comporta la renuncia a someter los motivos de la mujer a ulterior
valoración de un tercero y, por consiguiente, la renuncia a utilizar
sanciones cuando estos motivos puedan no ser aceptados. Confíen
ustedes un
poco más en las mujeres de este país, en las mujeres españolas, que
se lo merecen, porque lo han demostrado siempre a lo largo de la
historia; confíen más en ellas, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La información y el asesoramiento, señorías, deben estimular, no
intimidar; deben proporcionar el entendimiento, no la confusión;
deben colaborar a que sea posible la adopción de cualquier decisión
de forma libre y consciente.
Hablemos de otras cosas, señorías.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, termino enseguida.
Nos acusan ustedes, señores del Grupo Popular, de no haber modificado
la ley cuando teníamos mayoría para hacerlo. Y tampoco en esto son
ustedes certeros ni responden a la verdad. Señorías, en nuestro país,
en España existe una ley de interrupción voluntaria del embarazo
porque ha habido un gobierno socialista, un gobierno que cuando sólo
llevaba cinco meses gobernando, en mayo de 1983, presentó un proyecto
de ley de reforma del Código Penal por el que se despenaliza el
aborto en los tres conocidos supuestos. Es un proyecto de ley
considerado, hoy como ayer, escaso por algunos grupos sociales y que,
sobre todo, provocó una enorme reacción de los sectores más
conservadores de la sociedad española, jerarquía eclesiástica
incluida. Sufrimos una campaña más dura, mucho más dura que la de
estos últimos días. Como bien saben todos, señorías, la ley no entró
en vigor hasta el año 1985, porque Alianza Popular -¿les suena,
señorías?- presentó un recurso previo de inconstitucionalidad que,
aunque luego perdió, paralizó durante dos años la entrada en vigor de
la ley.
En 1985, el 5 de junio, la Ley Orgánica 9/1985 incorporó, con la
redacción actualmente vigente, por primera vez en la historia de
España la interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo hizo el
Gobierno socialista porque fue capaz de aguantar las numerosas
manifestaciones, declaraciones y recursos de todo tipo realizados por
la derecha de entonces, la derecha que ustedes representan; han
tardado diez años en aceptar lo que nosotros entonces propusimos. ¿De
verdad que ustedes hubieran sido capaces de regular la interrupción
voluntaria del embarazo si hubieran gobernado en el año 1983 en
España? No, señorías; no lo hubieran hecho entonces, igual que no son
capaces de reformarla ahora.
En España se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo
porque hubo un gobierno progresista y de izquierdas en esa época. Sin
embargo, a los diez años de entrada en vigor de la ley, se detectaron
cada vez más insuficiencias en su aplicación que producían
situaciones de inseguridad jurídica que hacían aconsejable su
reforma. Diez años parece un período de tiempo razonable para conocer
el funcionamiento de la práctica de una norma y los problemas que su
aplicación
plantea. Como saben, señorías, el proyecto que se presentó en
noviembre de 1995 fue votado en esta Cámara por todos los grupos,
menos por la derecha, pero por todos los demás, y no se llegó a
aprobar porque se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones
generales que, como SS.SS. saben, perdimos y así estamos como
estamos. (Rumores.) Tendremos que ganar las próximas elecciones,
señorías, para que este problema, como tantos otros, se resuelva y
esto espero que ocurra muy pronto, mucho antes de lo que ustedes
piensan, señores del PP. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, concluya, por favor.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino enseguida, presidente.
Estando en la oposición presentamos una proposición de ley de
contenido similar a la de hoy, porque éramos conscientes de que
teníamos que solucionar este problema. Lo que ha pasado con nuestras
iniciativas es historia reciente y por todos conocida. Nuestra
insistencia no tiene otro motivo que nuestra firme creencia en que el
ordenamiento jurídico no puede limitarse a reconocer, señorías, la
inexigibilidad de una conducta sólo en los tres supuestos hoy
existentes, porque es inadecuado y no se corresponde con la realidad
social.
Señorías, nuestra proposición de ley no hace, como les decía antes,
sino acercar la interrupción voluntaria del embarazo a las
legislaciones de nuestro entorno político y cultural, asemejándose a
las que con el paso de los años han evolucionado hacia un sistema en
el que prima la decisión final de la mujer. Básicamente, la redacción
de nuestro texto se asemeja a la redacción dada al artículo 218 del
Código Penal alemán que, tras la intervención del Tribunal
Constitucional en este país, dejó la decisión final siempre a la
mujer, por estimar constitucional, legítimo y más efectivo que la
protección penal un sistema de tutela que en los primeros meses de
embarazo descanse en la idea de asesoramiento, tras el que la mujer
pueda tomar una decisión libre y responsable, como ustedes muy bien
saben.
Pues bien, señorías, esa ley alemana del año 1993 estaba hecha en un
país, Alemania, que, como ustedes muy bien saben, estaba siendo
gobernado desde hace muchos años, y aún lo está, por un rojo
peligroso llamado Helmut Kohl. La ley francesa se hizo gobernando
otro rojo peligroso que se llamaba Giscard d'Estaing. Por
ilustrarles, les voy a dar simplemente un dato. Dos tercios de la
población mundial y el 90 por ciento de la europea tienen regímenes
legales de despenalización, es decir, han optado por no resolver en
vía penal el conflicto personal que toda interrupción del embarazo
plantea.
Señorías, y con esto termino, señor presidente, se argumenta también
frecuentemente que falta demanda social mayoritaria que obligue al
Parlamento a modificar o a ampliar esta legislación, que parece algo
así
como inoportuna. Mi grupo piensa que la sociedad española hoy acepta
de forma mayoritaria la regulación actual del aborto, con respeto
absoluto para la conciencia de cada uno. Además, tenemos diariamente
demasiados casos que evidencian la necesidad de resolver este
problema.
Este Gobierno, el Gobierno de la derecha, el Gobierno que ustedes
apoyan, ha tenido que conceder el indulto a dos médicos condenados
por practicar abortos en Barcelona. Y ahora tenemos pendiente la
concesión de otro indulto a dos médicos condenados en Asturias. Hay
en España, señorías, más de 30 diligencias judiciales abiertas a
mujeres por prácticas abortivas. Más del 90 por ciento de las
denuncias por aborto son de novios despechados o de maridos
separados, que utilizan un problema tan grave como éste para la
resolución de un conflicto de pareja, produciendo en las mujeres
situaciones de miedo e inseguridad jurídica que deben evitarse
legalmente. Según estadísticas del Ministerio de Sanidad, que ustedes
conocen, señor Romay, desde el año 1990 hasta hoy se aprecia un
aumento relativo y constante de abortos en España, en torno al 20 por
ciento; este crecimiento se da más entre adolescentes de 15 a 20 años
y, en este grupo, entre un 30 y un 50 por ciento de los que se
producen son de menos de ocho semanas.
Ahora sí que termino, señor presidente, diciendo una vez más algo que
resulta obvio y evidente, pero que quiero que quede otra vez, de
nuevo, claro, señorías: las mujeres no quieren abortar. Y cuando
deciden hacerlo es porque existen razones muy serias y meditadas que
les obligan a ello. Y cuando el aborto se penaliza y se prohíbe se
sigue realizando de manera clandestina y muy dolorosa para la mujer y
para cuantos intervienen con ella en el proceso. Sólo deseamos que
las mujeres no aborten, pero también queremos que no vayan a la
cárcel por hacerlo. (Aplausos.) Reitero, señorías, lo que mi grupo ha
dicho en otras ocasiones: que estamos dispuestos a discutir en la
tramitación parlamentaria, si hoy se toma en consideración nuestra
iniciativa, cuanto sea necesario para alcanzar el mayor consenso
posible en el contenido de la futura ley. Mi grupo votará a favor de
los textos de los demás grupos parlamentarios, pues, aunque diferimos
de su contenido, queremos que, después de la toma en consideración,
alcancemos entre todos el mayor consenso posible. A ver si de esta
manera, y de una vez por todas, rompemos el maleficio de la derecha
gobernante en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra doña
María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, subo hoy a la
tribuna con la serenidad que da el convencimiento de saber que, a
pesar de todo, es posible ganarle la batalla a la irracionalidad.
(Rumores.)
Vengo sin armaduras... (Aplausos.-Rumores.) Decía que vengo sin
armaduras a defender a las mujeres sin exclusión. Traigo el sabor
amargo del tono reciente de los que no saben dialogar porque procedo
de una cultura no belicista, vengo de los escaños que defienden el
derecho a la vida sin excepción, sean heterosexuales o no, blancos o
negros, ricos o pobres, de Sudán o de Nueva York. Traigo, quizás
ingenuamente, las alforjas repletas de razones, que he encontrado, no
en los manuales, sino en el asfalto que pisan las mujeres cargadas de
dramas, provocados por quienes apuestan por el castigo en lugar de
por la solución. Cualquier ciudadano, ante este gran teatro del
mundo, hubiera pasado del escepticismo a la rabia y de la firmeza
a más firmeza, pero hoy yo quiero rendir homenaje a los que hacen
prevalecer la razón por encima de los dogmas, el consenso por encima
de la confrontación y la libertad por encima de la coacción.
Señorías, el debate de hoy no debería tener pólvora. No debería
tenerla. La polémica estructural sobre el aborto fue resuelta por la
sentencia del Tribunal Constitucional dando cobertura a los derechos
fundamentales que inspira la Carta Magna, incluidas las mujeres con
embarazos no deseados. Este conflicto, convertido maniqueamente en
afer algebraico, da el siguiente resultado: o una legislación
escrupulosa con los derechos individuales o una represiva con las
mujeres y sanitarios, que cataloga la salvaguarda de la libertad para
ser madre como un delito de lesa majestad perseguible y condenatorio.
La existencia de una ley, señorías, la actual, recurrida y perdida
por la intolerancia, dictamina que la norma básica de nuestro
ordenamiento jurídico permite en su marco adoptar soluciones
ajustadas a Derecho.
En la geografía civilizada, señorías, las evoluciones legislativas se
hacen lentamente, pero se hacen, en virtud de razones de justicia
social, y en España no puede ser diferente. La IV Conferencia mundial
de la Mujer, de Naciones Unidas, celebrada en Pekín, que agrupa a 189
países, se dijo textualmente: Revísese -revísese- cualquier
legislación punitiva con el aborto. Es el caso de la española, que
sigue jugando y haciendo caso omiso a las autorizadas recomendaciones
de los organismos internacionales. Es posible que, en algunos bancos,
algunas consideraciones humanitarias parezcan añejas o tal vez
neorradicales, pero, en un país con ocho millones de españoles por
debajo del umbral de la pobreza, sería bueno, señorías, hacer leyes y
extenderlas también a las desposeídas.
Igualmente, se trata de reconocer el derecho de las jóvenes que son
satanizadas y repudiadas por su entorno familiar y social por ejercer
la libertad sexual fuera del matrimonio. Porque, señorías, ningún
mortal, ninguno, puede dispensar bulas en función de los recursos
o de las capacidades adquisitivas correspondientes. A finales del siglo
XX, no se puede pretender restablecer el Derecho canónico como
derecho común; las razones morales no pueden permanecer en vigor como
derecho positivo. A nivel privado, manténganse las
categorías y fundamentos morales que consideren, pero sépase,
señorías, que no son exportables por decreto a otros colectivos
humanos con códigos éticos diferenciados. La diversidad cultural, el
pluralismo ideológico, es la esencia de la democracia, lo que obliga
a respetar el derecho de millones de ciudadanos que no coinciden con
la doctrina seleccionada. Desde el más escrupuloso respeto, señorías,
a cualquier religión, a cualquiera, el Poder Legislativo tiene que
garantizar que el Estado no se confunde con una confesión
determinada. Por ello, es necesario no bordear la legalidad
democrática, cumpliendo con la Constitución y tolerando al ciudadano
que, conforme a su ética, estime que el derecho a la vida comienza
cuando el ser humano adquiere la condición correspondiente. La
actitud debe ser, señorías, inequívoca: respeto a la diferencia de
cultos, respeto a la divergencia ideológica. El requerimiento,
señorías, no puede ser de cartón piedra y todos tenemos la obligación
ética de legislar para todas y para todos. La polémica sobre el
nasciturus puede que no encuentre solución única, señorías, puede que
no la encuentre. Y evidentemente no hay unanimidad. Pero esta
controversia doctrinal sí tiene doctores y tiene ciencia que el
Derecho ha sentenciado, y es a partir de ahí donde deberíamos
unirnos, ya que esta plataforma de encuentro se llama texto
constitucional, lo que debería suscitar, al menos en esta Cámara,
mayorías compatibles. Porque, señorías, convendrán conmigo en que,
desde el más absoluto respeto a la Iglesia, sus normas no pueden
invadir la legislación civil del conjunto de la ciudadanía. No pueden
invadirla.
Señorías, la proposición de ley que defiendo hoy, en nombre de
Izquierda Unida, con respecto al aborto, es una revolución de los
derechos individuales de las mujeres, es un texto envuelto en los
preceptos constitucionales. Su articulado es un compendio de
cláusulas de garantías para que la maternidad pueda ser ejercida en
libertad y con responsabilidad. Es la antítesis, señorías, de un
decreto de imposición. No hace apología del aborto, señorías. No la
hace. Es una ley para ser usada por quien la necesite, es una ley que
permite al Estado amparar los derechos democráticos y su prestación
normalizada en la sanidad pública. Nuestra ley - la de Izquierda
Unida-, señorías, está inspirada en los principios de consideración
de la mujer como un ser adulto, consciente, responsable e
independiente, que, tras el recorrido biológico por la infancia, la
pubertad y la juventud, ha conseguido la madurez personal para
decidir autónomamente. Por eso nuestra ley es de plazos, donde está
ausente el requisito de justificarse ante el espectador. Nuestra ley
es profundamente europea, es de convergencia social con los países de
nuestro entorno. No es una ley abortista, señorías, no lo es, es una
ley defensora de los derechos humanos, entre los que se encuentra el
ejercicio libre de la maternidad. No es una ley de control de la
natalidad, no lo es, es una ley finalista que actúa como último
recurso, instrumento de extrema necesidad. Porque Izquierda Unida
apuesta por una política solvente de planificación
estructural fuerte, transparente y segura, donde la información y la
prevención sean los pilares que sustenten el desarrollo sexual y la
libre procreación, y donde la píldora llamada RU y los modelos
alternativos sean antídotos naturales contra la interrupción
voluntaria del embarazo.
Señorías, ¡sería tan inteligente, por su parte, que perdieran unos
minutos de sus apretadas agendas, leyeran sin intérpretes nuestra
ley, y comprendieran que es una ley mesurada, equilibrada, muy
ponderada y muy constitucionalista! Es una ley correctora de los
desequilibrios sociales entre quienes abortan con perejil y quienes
hacen turismo de lujo a otros países, entre quienes objetan por la
mañana y lo practican por la tarde en la privada. Es una ley contra
la doble moral. Es una ley blanda con las espigas y dura con las
espuelas. Señorías, es una ley para conciliar la vida con el derecho
a la vida, la vida con el derecho a la vida. Es preciso, por lo
tanto, señorías, que en el tema del aborto se recupere la cordura y
se entienda que, por razones elementales, no se puede obligar a una
mujer a ser madre. No se puede. Parece inconcebible que se pretenda
que la tutela penal sea un instrumento para el desarrollo de un
embarazo no deseado. Señorías, el efecto de enjuiciar el aborto no
produce restricción en la demanda, sólo evidencia el no
reconocimiento del drama social.
Víctimas de una sociedad desaprensiva como la nuestra,
aproximadamente unas 50.000 mujeres tuvieron que recurrir el año
pasado a interrumpir su embarazo por razones ajenas a su voluntad, y
han sido, en estas últimas horas, insultadas y calumniadas de manera
especialmente injusta, acusadas -según autores- de haber cometido un
asesinato. ¿Creen ustedes, señorías, que el comportamiento de quienes
están emitiendo esa opinión no debe ser reprobado? No provoquen el
desencuentro, señorías, no dividan a la sociedad, no manipulen, no
nos coaccionen, no nos condenen. Sean ustedes tan benevolentes con su
mano izquierda como con su mano derecha, señorías. Cumplamos todos
con nuestra obligación de legislar, para que el derecho de la mujer a
decidir sobre su maternidad sea una garantía en el ejercicio de los
derechos humanos en este país. Es necesario, señorías, con brevedad,
que la cúpula eclesial, la derecha y su extrema, y demás compañeros
de viaje, decreten el final de las hostilidades, el final de la
cruzada.
Señorías, colegas de la Cámara, ¡sería tan complicado tener que
explicar a las mujeres que ha habido y que hay sensibilidades -por
dulcificar los términos-, no que impidan decidir en libertad, sino
que ni siquiera permitan que esta Cámara pueda debatir con soberanía!
¡Es tan duro tener que admitir que uno trabaja tutelado porque hay
algunos que han decidido por los demás! ¡Es tan inverosímil que se
desate una guerra psicológica verbal y mediática para vetar que
prospere la propuesta simplemente de debate!
El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu, vaya concluyendo, por favor.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Habrá que revisar las conciencias
democráticas y la solidez de un sistema que no salvaguarda los
derechos de las mayorías sociales.
Compañeros y compañeras de esta casa, insignes diputados y
representantes de la sociedad, siempre pensé que habíamos sido
votados para defender a los que nos necesitaban. En este caso se
llaman mujeres, mujeres sin protección que buscan desesperadamente la
ley para amparar el drama de interrumpir sus embarazos ¿Van a
volverles ustedes la espalda? ¿Vamos a dejarles de nuevo en la
estacada? ¿Tendrán que seguir yendo a las cárceles? ¿Es posible que
les importe a ustedes tan poco la mitad de la humanidad? Señorías, si
sus razones son macroeconómicas, no teman, nuestra ley no fomenta el
aborto, no pone en peligro la mano de obra barata, no es natalista,
no subvierte el orden, no pone en peligro el poder eclesiástico ni el
Ejecutivo, no da votos, señorías, no da votos, sólo garantiza el
derecho a ser madre en libertad. Porque, señorías, el tiempo de las
libertades y el tiempo de las mujeres va entrelazado, los
legisladores no podemos tener vocación de avestruces, hay que optar
entre el Derecho comparado europeo o los viejos dogmas del Derecho
canónico. ¿Qué ordenamiento jurídico se quiere para la España del
siglo XXI? La salida para los demócratas está rotulada, señorías, en
el marco de la convergencia europea, ya asentada fundamentalmente en
la Declaración de los Derechos Humanos.
Hoy, mis queridos diputados y mis queridas diputadas, tienen que
votar. Hasta anteayer había overbooking en el centro, hoy tienen que
optar entre la España negra o tomar la senda europea de la revolución
francesa, inspirada en los principios de la libertad, la igualdad
y la fraternidad.
Termino, señorías, con la solemnidad y con la humildad de quien ha
venido en son de paz de parte de los que no tenemos ni queremos
licencia para matar.
Nada más y muchas gracias (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, va a intervenir la señora Almeida,
en primer lugar, y luego el señor Vázquez. Compartirán su turno.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que una viene hoy un poco
triste, porque creía que estábamos haciendo una labor de mejora de
las leyes y de intentar tranquilamente saber si es posible discutir
una ley o no, y hemos vuelto a las trincheras, hemos vuelto a una
España que no me resulta conocida, a una España que habíamos olvidado
y que, en las últimas semanas, no ya por este tema, sino por otros
muchos, es una España alterada, en la que, de repente, alguien que se
autotitula Jóvenes pro-vida parece que son la voz universal de un
derecho legal. Esos jóvenes pro-vida se presentaron
una vez a las elecciones democráticas, una y humana -a las divinas no
sé cuántas se han presentado-, pero en la una y humana sacaron, en el
total del Estado español, 20.000 votos. Todavía lo estamos
recordando. 20.000 voces que se han hecho hoy, parece, portavoces de
toda la ciudadanía de este país. Y parece que, al son que les juega,
tenemos que estar decidiendo hoy lo que es el ejercicio del poder
democrático, que es discutir tranquilamente en las Cortes Españolas
si una ley, aprobada por unos, insuficiente, que criticamos en un
tiempo, que no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno, vale hoy. Y
quizás, si no estuvieran ustedes hoy y estuvieran estos señores, les
hubiéramos convencido, o seguiríamos en las mismas. Es verdad que lo
podíamos haber hecho. Pero hoy hay problemas en esta sociedad, como
los ha habido siempre, y hoy están gobernando ustedes y los tendrán
que discutir ahora.
Nosotros venimos a discutir si hay o no hay problemas con una ley, no
el derecho al aborto, que es lo que se está intentando hacer en la
calle. Yo no tengo por qué pasar delante de unos señores que me digan
que soy asesina. No tengo que hacerlo, porque yo jamás me pondré en
la puerta de la Almudena a insultar a los que vayan a entrar allí,
por mucho que sea su religión. (Aplausos.) Nosotros no tenemos que
aguantar que desde el poder eclesiástico se nos insulte, no que
tengan que opinar ante los católicos. Ustedes tienen que llamar la
atención sobre lo que pasa en este país, tienen que llamar la
atención de que se ha tenido que alejar la intromisión de la iglesia.
No estamos aquí en un poder confesional católico. Y, por cierto, lo
hemos tenido y con tanta iglesia, con tanta dictadura, con tanta
muerte, había 300.000 abortos reconocidos por el señor Herrero
Tejedor, que en paz descanse. (Aplausos.) Nunca han arreglado el tema
del aborto. Lo único que han arreglado es la clandestinidad del
aborto, la muerte de las mujeres, la falta de información, la falta
de libertad sexual y la falta de anticonceptivos. Eso ha provocado el
aborto y lo otro ha provocado la clandestinidad. Nosotros hicimos
otra cosa. Decir que el aborto no puede estar penalizado, Y aquí
sigue penalizado. Y les voy a decir -siento que no esté el
presidente, ni la ministra de Justicia; vendrán corriendo a votar,
pero no quieren oír nada de lo que decimos aquí- lo siguiente: Él que
es tan amigo de su amigo Tony Blair (Risas), tiene que saber que uno
de los periódicos de hoy -como estamos en esta carrera hacia Europa,
que te caes, corriendo todos, y parece que nosotros vivimos en otro
lado-, el Financial Times, viendo lo que estamos haciendo, dice que
la jerarquía de la iglesia católica romana ha rechazado el proyecto
por ser radicalmente inmoral. En un panfleto titulado: Aún más amplia
licencia para matar niños. La Conferencia Episcopal. Es decir que ya
hasta los panfletos son los que se resaltan una convergencia en
Europa que va por otro lado. De la ley que estamos hoy discutiendo,
que queremos que se discuta -no estamos aprobando ninguna ley,
estamos reclamando el derecho a poderla discutir-, dicen que no tiene
demanda social. Vuelvo a recordar a los señores
de la derecha que los cuatro partidos -porque hay cuatro
proposiciones de ley- que hoy las presentamos, con independencia de
los votos de buena o mala conciencia que haya, representamos a más
ciudadanos que todos ustedes juntos, a muchos más. (Aplausos.) Por lo
tanto, nosotros representamos también la demanda social, aunque
ustedes, por la ley electoral, tengan más diputados. Tampoco les
vamos a pedir que las aprueben ustedes, les vamos a decir que nos
dejen discutir. Porque aquí parece que las mujeres somos unas
irresponsables, que nos encanta ir a abortar, que estamos encantadas,
que parece que nos da hasta placer, cuando las mujeres somos la parte
más responsable de esta sociedad, las que hemos asumido nuestra
maternidad siempre. Ellos han huido, no se han declarado padres, no
han reconocido a los hijos, no pagan alimento y nosotras somos las
que sacamos adelante a los vividos. Y nos quieren llamar
irresponsables cuando estamos viviendo unos días en que el cuerpo
masculino debe estar honradísimo de ver cómo el hombre más poderoso
del mundo, mientras manda bombas al Sudán, está jugando con una
becaria con relaciones impropias. Y de ello nos quieren dar a
nosotras la responsabilidad. ¡Ya está bien! (Protestas.) ¡Ya está
bien! No les gusta, no, es verdad. Pero nosotras hemos tenido que oír
que no tenemos derecho a la asistencia médica; un representante del
Colegio de Médicos nos ha dicho que el aborto no es un acto
sanitario. Eso es lo mismo que dicen los talibanes, que las mujeres
no tenemos derecho a la asistencia médica. ¿A dónde tenemos que ir?
¿Al perejil otra vez, a la aguja de hacer punto, a la abortera? ¿Eso
es lo que prefieren? No. ¿Qué nos está pasando? La ministra de
Justicia dice que el tema está normalizado y que no hay demanda
social, que todo el mundo ya puede abortar. A pesar de lo que digan,
tenemos más de mil diligencias abiertas por aborto, más de mil. Por
ejemplo, una de ellas, un juicio en Granada; un novio que hace dos
años paga el aborto a su novia y, como se han enfadado y el novio no
es permanente, reclama a la novia que le devuelva el dinero del
aborto. Como la novia no lo tiene -porque, aunque ya ha dejado de ser
novia, sigue siendo pobre-, va y la denuncia. Y como aquí todo el
mundo puede entrar en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestra mente,
en la salud psíquica, tenemos siempre una espada de Damocles sobre
nosotras.
Se acabaron ya las espadas de Damocles, se acabó ya que, en un
divorcio después de cuatro años y un aborto, todavía el marido diga:
Fíjese si estaba la pobre mal, que tuvo que abortar por la salud
psíquica. ¡Cómo para darle ahora la custodia! Estamos ya hartas de
puertas falsas; estamos hartas de hipocresía. Si la hipocresía
pusiera colorados, más de uno saldría rojo perdido de este hemiciclo
(Aplausos.) Nosotros queremos regular de la mejor forma lo que
entendemos que es un derecho, un derecho que puede no gustar. Yo les
digo que en el año 1961 firmé mi primer escrito diciendo: toma la
píldora. Que desde el año 1961 venimos luchando por los
anticonceptivos, por la educación social, por la
educación sexual, por la libertad, y, frente a eso, no puede salir
nadie diciendo que continencia y familia numerosa, porque vaya
carrera que vamos a tener si esos son los consejos que damos a
nuestros jóvenes. Ni tampoco podemos decir que tengamos los hijos y
que los regalemos, que se los demos a las monjitas, al arzobispo. Si
no queremos tener un hijo es que no podemos y no queremos regalarlo.
Las mujeres no somos fábricas de hijos, somos deseos de maternidad,
gente que cuando queremos un hijo no lo queremos sólo para tenerlo
aquí dentro, sino para poderle dar una vida, para conjugarlo con
nuestra dignidad. Y cuando no lo podemos hacer, es un gran
sufrimiento. Y ustedes solamente tendrían que ir a ver a todas y cada
una de las mujeres que abortan para darse cuenta de este problema.
Por tanto, no estamos haciendo demagogia. Algunos lo dicen y se
quedan muy contentos. Estamos haciendo realidades. Hemos visto lo que
ha pasado en Albacete, lo que ha pasado en Málaga, hemos estado allí
viendo el terror de muchas mujeres a tener que reproducir, quince
años después, cuando ya tienen a lo mejor tres hijos, lo que
significó aquello en un momento de su vida.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, vaya concluyendo, por favor.
La señora ALMEIDA CASTRO: Yo les exijo que no se haga protagonista
nadie, ni la iglesia, ni ustedes, ni nadie, de la responsabilidad de
las mujeres, que no se hagan responsables de nosotras, porque
nosotras somos muy responsables. Solamente les pedimos una cosa:
déjennos que podamos decidir, con responsabilidad, tanto ser madres
como no serlo. Porque es verdad que muchas tendrán que decidir
desgraciadamente. Si queremos estar contra el aborto, no es lo mismo
que estar por la penalización del aborto; estar contra el aborto es
dar medios de información. Esta sociedad tan supuestamente moderna,
en la que parece que todos tienen información, que nuestros jóvenes
se las saben todas. ¡Por Dios, si fuera en nuestros tiempos, como
decía, que teníamos que ir a requisitos... Y se ha calificado de
oginitos a la mitad de los españoles que hemos nacido en el
franquismo. Lo que sí tenemos que decir es que hoy hay una
preocupación fundamental. España es el país en que más adolescentes
se quedan embarazadas. España es el país en que más abortos de
adolescentes hay y además esos abortos han subido en estos dos
últimos años. En el año 1986 había un 10 por ciento de embarazos de
adolescentes y en 1997 hay el 16 por ciento, con mayor información.
El 68 por ciento de los que hoy abortan usaban preservativos y ni los
saben usar, se les han roto, tienen una malísima información. Y aquí
no se va a nada de esto. Además, repiten, repiten las jóvenes, lo que
significa que sigue sin llegarles la información. De eso sí que nos
tenemos que preocupar, eso es de verdad preocuparse por ir contra el
aborto
y no decir que por acuerdos políticos. Se lo quiero decir en
conciencia también.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, concluya, por favor.
La señora ALMEIDA CASTRO: Ahora mismo.
La conciencia de todas y cada una de las personas que están aquí y de
todas las que están fuera está respetada, está respetada la de todos.
Sin embargo no está respetada, ni por ustedes ni por los que
representan, la voluntad de aquellas mujeres en su conflicto, que es
el conflicto que se ampara, no en su capricho, en el conflicto del
que habla el Tribunal Constitucional y que no define cuál es; el que
se le planteaba era entre el nasciturus, pero hay otros muchos. En
esa situación de conflicto, pide que la dejen decidir, pide que la
dejen decidir con responsabilidad y que no tenga una espada de
Damocles que se utiliza contra ella solamente cuando tienen otro
interés, porque lo saben ustedes que es cuando se utiliza, por novio
despechado, por gentes que la odian, por gentes que quieren
aprovecharse de su desgracia. Y ustedes van a seguir amparando a esas
gentes, que son las que hacen las denuncias.
Ha habido tanta presión que yo entiendo que ha llegado a este
hemiciclo, un hemiciclo que siempre se ha pronunciado en libertad. Es
verdad que últimamente con esta no discusión, con esta
obstaculización que ha hecho el PP de no poner a discusión la ley
diciendo: ahora no pongo a debate esta propuesta, no la adelanto,
hemos tenido que ir renunciando a leyes y esos obstáculos
burocráticos han creado un mal ambiente. Cuando aquí discutíamos para
bien o para mal, cuando ha habido un empate en esta Cámara, lejos de
tener una interpretación negativa, la tendríamos que haber tenido
positiva. Ya que es un conflicto, vamos a discutirlo porque estamos
empatados. Ahora, a lo mejor, si ganamos por uno o perdemos por dos
votos, vamos a ver quién ha cambiado de opinión, que dirá: es que mi
conciencia... ¡Ojalá sea sólo la conciencia!. La de ustedes está
liberada, la de ustedes está respetada; la de muchas mujeres, no. Hoy
les pedimos que respeten a esas mujeres; que respeten la posibilidad
de decidir, la responsabilidad de decidir, discutiéndolo cordial y
afectivamente y no presionados ni por los púlpitos ni por las velas
ni por las procesiones; que lo hagamos en una norma jurídica que nos
hace converger con Europa. Creemos que esto es lo que nos piden a
nosotros, a los que somos representantes de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, ha de concluir o dejará sin
tiempo al otro miembro del Grupo Mixto que debe intervenir.
La señora ALMEIDA CASTRO: Espero que no se lo quite a él porque si no
me odiará. Si me he pasado del tiempo ha sido porque no ha habido una
advertencia previa del turno y es verdad que también hay una
cordialidad.
El señor PRESIDENTE: Dos advertencias. No habrá una tercera.
La señora ALMEIDA CASTRO: Voy a terminar diciendo simplemente que
cuando vayan a votar en conciencia se olviden de los pactos políticos
e, incluso, de otras exigencias políticas. Lo voy a decir
clarísimamente puesto que es una impresión que está en la sociedad:
siempre se hacen los apaños a costa de las mujeres. Las mujeres no
merecemos mucho respeto. Lo que estamos pidiendo aquí es que alguien,
la única que puede parir, la única que puede llevar adelante un
embarazo, la única que puede dejar su cuerpo para ello, tenga
libertad y responsabilidad para saber cuando está preparada y tiene
posibilidades y cuando no las tiene. Déjenselo hacer ustedes.
Yo no hablo de la ley porque todos sabemos lo que se está
discutiendo. Sin embargo, a la hora de votar, no vamos a votar lo que
se está discutiendo, sino las presiones que tenemos en otra
conciencia. Ojalá que ese respeto que yo tengo a las conciencias,
incluso a las de los que me insultan, lo tengan también con nosotros.
Pido al Congreso de los Diputados que lo tengan con las mujeres y que
dejen que discutamos en Comisión cualquiera de los proyectos de ley
que hoy se presentan aquí cuya toma en consideración sólo se pide, y
luego veremos si del consenso mejoramos lo existente y evitamos los
problemas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, señoras
diputadas, señores diputados, el debate que hoy abordamos debería
realizarse con serenidad, con la misma serenidad y normalidad con
que, a buen seguro, lo hace la mayoría de la sociedad. Debería
realizarse, sin hipocresía y, sobre todo, sin miedo, a pesar de las
presiones externas que, por cierto, nada ayudan en este sentido.
El Bloque Nacionalista Galego, con la presentación de esta
proposición de ley orgánica sobre interrupción voluntaria del
embarazo, pretende contribuir activamente a conseguir una
modificación en un sentido menos restrictivo de las leyes vigentes
sobre la materia; modificar por tanto la ley para hacer efectivo el
derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, adaptar la ley
a la realidad social, garantizar la atención sanitaria adecuada para
las mujeres, regular el derecho de objeción de conciencia y evitar
que mujeres y personal sanitario sigan sometidos a juicio...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vázquez, por favor. ¿Puede
acudir a la Presidencia? (Pausa.)
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Decía que hay que evitar
que mujeres y personal sanitario
sigan siendo sometidos a juicio por la realización de abortos.
Se trata de modificar una ley que se revela en la práctica
restrictiva e insuficiente para dar cabida a las situaciones que la
realidad y la dinámica social plantean. Actualmente siguen
produciéndose abortos clandestinos con riesgo para la mujer; siguen
realizándose abortos fuera de las fronteras estatales; siguen
sentándose en el banquillo de los acusados mujeres y personal
sanitario; sigue produciéndose una escandalosa utilización de la
objeción de conciencia por parte de algunos profesionales quienes,
negándose a practicar abortos en la sanidad pública, no tienen reparo
a realizarlos en la sanidad privada.
Habría que referirse también a las dificultades que existen en la
práctica para realizar un aborto en la sanidad pública y a la
discriminación económica que esto crea, a la presión que sufrieron y
aún sufren muchos profesionales de la sanidad por su disposición a
realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Habría que
referirse a la angustia de aquellas mujeres que, por falta de
información o por dificultades reales, acaban dando a luz hijos no
deseados a los que tienen que abandonar o, muchísimo peor aún,
simplemente deshacerse de ellos.
Es necesario reformar la ley para garantizar el derecho de las
mujeres a decidir sobre su maternidad, y también lo es para evitar en
lo posible las consecuencias penales o psicológicas que una
legislación restrictiva como la actual provoca. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Nosotros, el Bloque Nacionalista Galego, somos respetuosos con las
diversas ideologías y credos y, por tanto, respetamos también a
quienes se oponen a la existencia del derecho de aborto, pero el
mismo respeto exigimos a los demás. No es de recibo, en un marco
democrático, que se trate de imponer a toda una sociedad una
legislación que responde a unas determinadas convicciones morales,
por profundas que sean, y no voy a entrar en si acertadas o no. Una
legislación sobre aborto como la que defendemos no obliga a nadie a
abortar y eso debe quedar claro. No pretende, por tanto, imponer un
determinado criterio a toda la sociedad sino que simplemente permite
que quienes lo desean puedan hacer uso de ella.
El Bloque Nacionalista Galego no defiende el aborto como un simple
método anticonceptivo más, pero sí defiende el recurso a utilizar
este método cuando, por las circunstancias que fueren, la mujer desee
utilizarlo. Es por eso por lo que desde hace muchos años venimos
reivindicando que se destinen recursos suficientes para poner a
disposición de la sociedad información y formación sobre métodos
anticonceptivos y se evite así una gran cantidad de embarazos no
deseados; formación e información hoy muy escasa o a veces
inexistente. También por eso defendemos que la sanidad pública ponga
a disposición de las mujeres métodos abortivos no quirúrgicos.
Curiosamente son los que
más se oponen a cualquier legislación sobre aborto quienes impiden,
dificultan y luchan por que tampoco se informe a la sociedad,
especialmente a la juventud, de manera que se fomenten las prácticas
sexuales responsables.
Esto es así porque debajo de la fraseología acerca del derecho a la
vida se esconde una filosofía, una ideología de fondo que sostiene
que sexualidad es igual a reproducción, que la sexualidad sólo es
admisible si es heterosexual y se practica, por supuesto, dentro de
los cánones del matrimonio, aunque luego muchos acomoden estos
principios como les viene en gana. Se esconde también bajo esta
fraseología algo peor: la negación del derecho de las mujeres a
decidir por si mismas.
Defendemos el derecho de las mujeres a abortar, pero propugnamos
naturalmente que se realice el menor número de abortos posible, y
para eso un paso fundamental lo constituye la educación de la
sociedad en libertad, desterrando el oscurantismo. Proponemos
reformar la ley actual no por capricho, ni siquiera como método de
confrontación con los actuales gobernantes, sino porque creemos que
es necesario para dar respuesta a las necesidades reales. Para no
seguir discutiendo sobre este asunto, para no seguir creando debates
más artificiales que reales, sería deseable zanjarlo dando paso a la
posibilidad de reformar en un sentido más amplio la ley vigente, ley
que trece años después de su aprobación demuestra su insuficiencia.
No se puede invocar que la ley actual fue producto del consenso de
una determinada circunstancia social o política para negarse a su
modificación. La sociedad actual, a pesar del ruido de unos pocos, es
seguro que acepta sin mayor problema los cambios que se proponen.
Con todo respeto, tampoco parece razonable, si lo que se defienden
son valores morales y no otros intereses, que se acepte la
legislación vigente que, aunque restrictiva, permite realizar abortos
legalmente y se niegue la posibilidad de su ampliación. Es, desde
luego, difícil de entender esa posición. Se admite una legislación
que permite realizar abortos en determinados supuestos de forma
controlada, restrictiva y vigilada, y no se quiere admitir que las
mujeres puedan decidir con libertad. No cabe otra explicación, porque
si se tomasen las medidas de formación e información necesarias una
legislación más amplia en esta materia no incrementaría
sustancialmente el número de abortos, simplemente evitaría muchos de
los problemas que en la actualidad se generan.
Concluyo insistiendo en que la proposición de ley que sometemos a
consideración de este Congreso no va contra nadie, no viola la
libertad individual ni la conciencia de las personas, simplemente
pretende garantizar lo que creemos que es un derecho de las mujeres a
decidir libremente sobre su maternidad, a tener hijos cuando lo crean
conveniente y dirigida a evitar las consecuencias graves que una
maternidad no deseada ocasiona. El establecer una nueva legislación
más amplia va a suponer aliviar, en una importante medida, la
angustia que muchas mujeres tienen que
soportar actualmente. Se trata, pues, de modificar una ley para dar
respuesta a una demanda real que naturalmente sólo se produce cuando
las mujeres se encuentran con un embarazo no deseado. Seguir
aplazando la resolución de este problema no hará, señoras y señores
diputados, más que crear polémicas innecesarias.
Por último, con todo respeto también deseo decirle a algunos que no
nos hablen en ese tono del derecho a la vida. Del derecho a una vida
digna, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la libertad,
a nosotros poco nos pueden dar lecciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez. ¿Grupos que no hayan intervenido y que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, es la tercera vez en la actual legislatura que el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y
otros grupos parlamentarios plantean un debate en el Congreso de los
Diputados para la modificación y la ampliación de la ley del aborto.
Que esto suceda se debe, fundamentalmente, a dos consideraciones. En
primer lugar, a que los grupos parlamentarios, dueños de su
iniciativa y sin ningún tipo de regulación ni de cortapisa en el
actual Reglamento de la Cámara, han entendido que era bueno, desde el
punto de vista parlamentario, plantear de forma recurrente un debate
que ha cosechado derrotas en las dos ocasiones anteriores. (Rumores.)
Ha cosechado derrotas, señorías, incluso debido a la falta de
diputados socialistas en la anterior tramitación parlamentaria.
Ninguna variación sustancial se presenta en el debate a lo largo de
esta tarde, ni por parte de las iniciativas que presentan los grupos
parlamentarios -alguno de ellos en forma absolutamente idéntica-, ni
tampoco ningún argumento de razón o de peso se esgrime para avalar
los planteamientos que se hacen en pos de una ampliación de la actual
legislación del aborto. Ustedes comprenderán que con estos
antecedentes parlamentarios resulta realmente complicado establecer
por nuestra parte, en la justificación del voto negativo, argumentos
también distintos, y por tanto recurrentes, respecto a los debates de
ocasiones anteriores.
Aquí ha habido tramitaciones parlamentarias que el Grupo
Parlamentario Popular no alcanza a entender. Se ha hablado de vetos
parlamentarios y quisiera decir en este capítulo que no ha habido más
veto parlamentario que el que el propio Partido Socialista se ha
autoimpuesto en los últimos 13 años cuando gobernaban en España.
(Aplausos.) No sólo eso, señorías. En varias ocasiones, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que ha manifestado siempre una
postura coherente y sistemática, en los años 1991 y 1994, sometía a
debate
en esta Cámara la toma en consideración de proposiciones de ley que
entonces no contaban ni con el apoyo ni con los votos del Grupo
Parlamentario Socialista. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!.-
Rumores.) En 1983 se modifica el Código Penal y se introduce la
actual legislación. Pero es que el Código Penal se modifica en dos
ocasiones más hasta el texto de 1995, que es el vigente. Y el Grupo
Parlamentario Socialista ha tipificado el delito de aborto en el
Libro II del Código Penal.
Señorías, desde un debate que conviene a esta Cámara y al rigor
jurídico del que hacen gala muchas de SS.SS., no conviene introducir
aspectos oportunistas, desajustados de la realidad y demagógicos
consistentes en decir que hoy estamos aquí debatiendo si las mujeres
que practican el aborto están o no están en la cárcel. Ese debate,
señorías -y ustedes lo saben-, se tuvo en esta Cámara cuando se
discutió el Código Penal de 1995. (Aplausos.) Después del debate del
Código Penal de 1995, SS.SS. recordarán perfectamente que el 7 de
julio de ese mismo año -recuerden que en enero se disolvían estas
Cortes- el Grupo Parlamentario Socialista avala el proyecto remitido
por un ministro de Justicia que sabía que se disolvían las Cortes y
que no había ni plazo ni trámite parlamentario para que el debate
pudiese concluir reglamentariamente en el Senado. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Voy a exhibir más argumentos, porque parece que ustedes quieren hacer
memoria y recopilar antecedentes. Ustedes presentan esta iniciativa,
la primera que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en esta
Cámara, cuando se constituye la VI Legislatura, pero entonces tampoco
tenían prisa. Se sacaron la foto, concibieron expectativas en quienes
esperaban que la legislación se modificara, no en la mayoría de la
sociedad española, y la guardaron en un cajón porque anticiparon
otras iniciativas -y figura en las actas correspondientes de la junta
de portavoces-, tales como la Ley de vehículos de motor, la Ley en
materia de residuos o envases y otra serie de iniciativas que
entendían prioritarias a ésta. A partir de ahí, señorías, les ha
entrado un acelerón en el cumplimiento del celo de los compromisos
que tuvieron cuando ganaron las elecciones y lo pudieron hacer. En la
memoria del proyecto que presentaba el ministro Belloch se decía con
toda claridad: La justificación de esta ley es el compromiso del
Partido Socialista en las últimas elecciones generales. Lo que sucede
es que planteándolo en julio y disolviendo en enero, el compromiso
del señor Belloch era de difícil cumplimiento, porque era de
imposible tramitación en el Congreso y en el Senado.
Esta es la historia más inmediata por incómoda que les resulte.
Ustedes quieren reiterar el debate y nosotros vamos a reiterar los
argumentos, porque creemos que tienen una trayectoria lamentable en
esta materia, donde no pueden hablar de coherencia y donde no están
legitimados para exigir a quienes no nos comprometimos con la
ampliación de la legislación vigente. ¿Saben ustedes lo que pasa?
Pasa algo más. Cuando
gobernaban los socialistas decían que los compromisos electorales y
los programas estaban para no ser cumplidos. (Aplausos.) Engañaron a
la sociedad española en esta materia especialmente compleja y
sensible, en ésta y en otras muchas materias. Ustedes, acostumbrados
a la práctica de un comportamiento tan poco constructivo y edificante
en política, pretenden trasladárnoslo. Y digo que pretenden
trasladárnoslo porque saben que el compromiso electoral y
programático del Partido Popular en España, de todos y todas las
diputadas que explicamos nuestro compromiso en todas las
circunscripciones españolas, era no modificar ni ampliar la actual
legislación en materia de aborto . Como a ustedes no les molesta nada
incumplir, decir hoy una cosa y pasado mañana hacer la contraria,
pretenden endosarnos ese modo de hacer política, y no lo vamos a
consentir. (Protestas. -Aplausos.)
Señorías, éste es un debate político y social, pero también es un
debate legal y constitucional. Nosotros, el Grupo Parlamentario
Popular, creíamos que habíamos encontrado un consenso social, y
estamos convencidos de que el consenso social existe. Pero creíamos
algo más, creíamos que habíamos encontrado un consenso político,
consenso que ustedes, ahora que no tienen mayoría, quieren quebrar de
forma oportunista, que no oportuna, porque cuando pudieron no lo
hicieron. (Aplausos.)
Ustedes saben que en el plano estrictamente legal y constitucional la
cuestión plantea serios problemas. Ustedes saben perfectamente que en
este mismo hemiciclo -y me gusta repetirlo porque supongo que para
ustedes deben tener alguna importancia las palabras del que fuera
presidente del Gobierno-, en el debate sobre el estado de la Nación
del año 1992, el entonces presidente del Gobierno decía así.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, vaya concluyendo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, como las anteriores
comparecientes, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señora Fernández, sobran las glosas. Continúe.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo inmediatamente, señor
presidente.
El señor González decía: Sólo quiero establecer una consideración
sobre los límites constitucionales que existen. Ha habido muchísimas
declaraciones más, de ministros de Justicia socialistas, de diputados
y de líderes socialistas, pero la opinión que entonces se tenía
parece que ahora importa poco. El asunto tiene tal complejidad que
SS.SS. recordarán que cuando el anterior ministro de Justicia
traslada a esta Cámara el proyecto de ley hubo siete votos en contra
del Consejo General del Poder Judicial, seis votos a favor y dos
abstenciones, y hubo también, señorías, que yo sé que
ustedes les tienen afición, muchos votos particulares. Pues bien, a
partir de ahí, hemos de conformar entre todos cuál es la doctrina
aplicable en nuestro país, porque está muy bien hacer alusiones al
Derecho comparado, pero está mucho mejor atender al Tribunal
Constitucional español, a la interpretación que éste ha dado en el
año 1985, y está bastante mal, o al menos muy deficientemente
planteado, el cuarto supuesto que introduce el Grupo Parlamentario
Socialista en este debate.
Señorías, de forma muy sintética -efectivamente, creo que este debate
entraña una cierta atención y dificultad su exposición- diré que el
cuarto supuesto que introduce el Grupo Parlamentario Socialista deja
de lado todas las consideraciones que hiciera el Tribunal
Constitucional español. El Tribunal Constitucional español entendía
que el Estado tenía una obligación de tutela de la vida y también la
mujer unos derechos de asistencia para su propia dignidad, y dice lo
siguiente: Es necesario que asistan razones objetivas y que se
garantice la tutela. Pues bien, las razones objetivas, siguiendo la
doctrina del Tribunal Constitucional que ustedes aplican, es la
apreciación de un conflicto personal para una mujer. Yo no quiero
hacer juegos gramaticales porque me parece que es una cuestión muy
seria, pero sin duda todos y cada uno de los que hoy estamos aquí
hemos tenido en ocasiones un conflicto que el tiempo ha convertido en
anécdota y en ocasiones hemos tenido situaciones anecdóticas que el
tiempo ha convertido en conflicto. Quiero decir con ello, señorías,
que analizar un conflicto personal es algo que pertenece única y
exclusivamente a la voluntad, a la decisión personal y, desde luego,
a ningún criterio objetivo de los que instó el Tribunal
Constitucional a estas Cámaras para que se introdujese en defensa de
la vida y en garantía de los deberes del Estado.
No se me ocurre ninguna razón objetiva que pueda acompasar la
obligación de una mujer que sufre una violación, y ustedes exigen que
presente la denuncia, que vaya a comisaría, porque es la legislación
vigente, y que, por contra, una mujer, ante un conflicto anímico
y personal, sin ninguna objetivación, pueda ampararse y acogerse a su
denominado cuarto supuesto. Lo hacen ustedes mal, sin cuidado y sin
tutela; lo hacen deliberadamente bordeando la interpretación
constitucional. Lo hacen así, señorías, porque saben que no es el
momento de hacerlo. Lo hacen de forma absolutamente oportunista,
porque pretenden asustarnos con el debate del lenguaje. A mí no me
asusta el debate del lenguaje. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, Señora Fernández, vaya
concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Me asusta el debate de las ideas y la
defensa de la no vida en los albores del siglo XXI. Eso, señorías, me
asusta a mí y al Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos.)
Por todas estas razones, pero, sobre todo, porque no hay demanda
social mayoritaria sino la de ustedes, la de los socialistas
utilizada en beneficio exclusivo de su política; porque no hay un
problema de cárceles, afortunadamente, no hay ni una mujer española
en la cárcel; porque el compromiso del Partido Popular, explicado
y votado mayoritariamente en las urnas, nos liga, vamos a votar
negativamente a la ampliación de la Ley del aborto. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández. (La señora
Rubiales Torrejón pide la palabra.)
Señora Rubiales, no procede ningún otro turno que el de fijación de
posición de los restantes grupos parlamentarios que deseen hacerlo.
(Rumores.) Señora Rubiales, no procede ningún turno. (La señora
Rubiales Torrejón muestra el Reglamento a la Cámara.) Señora
Rubiales, la Presidencia es la que conoce el Reglamento. Aun así,
invóquelo, pero sin debate sobre él ni sobre su interpretación.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, solamente leo el
artículo 73, que dice: «En todo debate, el que fuera contradicho en
sus argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a
replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco
minutos». Es verde y con asas lo que ha hecho la señora Fernández. Si
no me deja usted ejercitar este derecho, me está negando un derecho
parlamentario que tengo.
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, este es un antiguo debate de
procedimiento en esta Cámara resuelto de manera uniforme, a saber:
fijan su posición los grupos que no la comparten, los que comparten
la iniciativa o los que simplemente se abstienen, y si no utilizan el
turno en contra ni sus razonamientos trasvasan los que sirven para
fundamentar la posición de cada grupo, no dan turno de réplica. Por
tanto, no tiene S.S. la palabra. ¿Algún otro grupo parlamentario
desea fijar su posición sobre las proposiciones? (Pausa.) No siendo
así, en consecuencia, llámese a votaciones. (Pausa.)
En primer lugar, votamos la proposición de ley del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
346; a favor, 172; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
Se somete ahora a votación la proposición del Grupo de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
346; a favor, 167; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
Se somete a votación la proposición del Grupo Mixto sobre regulación
de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la primera de
las presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
346; a favor, 168; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
Finalmente, se somete a votación la segunda de las proposiciones de
ley del Grupo Mixto sobre interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
346; a favor, 168; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición sobre
interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, POR LA QUE SE
REGULA EL ALCANCE DEL CÓMPUTO RECÍPROCO DE COTIZACIONES EN LOS
DIFERENTES REGÍMENES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
SOBRE EL ALCANCE EN ESPAÑA DE LAS COTIZACIONES EFECTUADAS ANTES DEL 1
DE ENERO DE 1967 EN DETERMINADOS PAÍSES (Número de expediente 122/
000175).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, por la que se regula el alcance del
cómputo recíproco de cotizaciones en los diferentes regímenes que
integran el sistema de la Seguridad Social y sobre el alcance en
España de las cotizaciones efectuadas antes del 1 de enero de 1967 en
determinados países.
Tiene la palabra el señor Fernández. (Pausa.)
Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo quienes deban hacerlo
con un silencio que permita continuar el desarrollo del orden del
día, el cual ya va lo suficientemente cargado y en cierta medida
retrasado, por lo que debe continuar de inmediato. (Pausa.)
Adelante, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado día 23 de marzo se debatió en esta Cámara una
interpelación urgente de nuestro grupo parlamentario sobre los
motivos que impulsaban al Gobierno para eliminar las jubilaciones
anticipadas a determinados colectivos, mediante una resolución de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Como
consecuencia de aquella interpelación, nuestro grupo presentó una
moción, que fue debatida en la sesión plenaria del 31 de marzo,
resultando aprobada en los términos de una enmienda transaccional
presentada durante el debate, con el voto favorable de 277 diputados.
La transaccional pedía que el Gobierno adoptase las medidas legales
correspondientes, en el marco del Pacto de Toledo, para mantener la
vigencia de la resolución de la Dirección General de Prestaciones del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 9 de agosto de 1978 según
la cual, y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la circular
112/1978, de 26 de septiembre, del extinguido servicio de mutualismo
laboral, se extendió el beneficio de la jubilación anticipada a todos
los trabajadores por cuenta ajena que hubiesen cotizado al mutualismo
laboral antes del 1 de enero de 1967, y se mantenía la vigencia de la
circular 5/1990, de 17 de marzo, en lo que se refiere a la validez de
las cotizaciones efectuadas en el extranjero, suspendiendo al mismo
tiempo la entrada en vigor de las resoluciones de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social de 14 de noviembre y 5
de diciembre.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con esta
proposición de ley que hemos traído a esta Cámara, trata de que el
Gobierno cumpla con el acuerdo de este Parlamento, en el sentido de
mantener los derechos adquiridos de trabajadores que han cotizado
a lo largo de su vida laboral a algún régimen de la Seguridad Social y
que hasta el 31 de marzo del presente año podían jubilarse
anticipadamente de acuerdo con la normativa vigente.
Conocemos que las mociones, aunque sean aprobadas como ésta que nos
ocupa, no obligan al Gobierno jurídicamente a cumplir lo establecido
en sus estrictos términos, pero sí estamos convencidos de que
políticamente el Gobierno está obligado a cumplir las resoluciones de
este Parlamento.
El Gobierno, en una primera actuación legislativa, a través de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha intentado
eliminar jubilaciones anticipadas a amplios colectivos de
trabajadores y posteriormente, a través de un real decreto-ley,
limitar esta posibilidad con un proyecto de ley que se está
tramitando en esta Cámara.
Esta posición del Gobierno viene siendo justificada al interpretar
que las prácticas administrativas sobre jubilación anticipada se han
desarrollado sin una justificación jurídica suficiente, de tal modo
que los tribunales de justicia, en ocasiones, han puesto de
manifiesto lagunas sobre el marco jurídico que hasta el 31 de marzo de
1998 ha venido aplicándose. Por este razonamiento,
nuestro grupo ha considerado necesario presentar esta
proposición de ley para regular de una manera definitiva y por ley
aspectos que han sido cuestionados y que han creado inseguridad para
el reconocimiento de derechos de los trabajadores, sean de un régimen
u otro.
Queremos habilitar normas legales suficientes que aclaren la
actuación de los órganos administrativos y, al mismo tiempo, poner
coto a actuaciones arbitrarias, evitar los juicios interpretativos
que en ocasiones han lesionado a trabajadores y trabajadoras que no
han participado y, por tanto, no son responsables de las lagunas
legislativas.
Esta proposición de ley pretende reforzar dos aspectos básicos que de
alguna manera han querido ser contestados por una falta de desarrollo
legislativo, que son el momento en el que interviene el derecho
adquirido en su día por haber sido mutualista a la hora de la
jubilación anticipada y cuando se adquiere esa misma condición por
los trabajos realizados fuera de nuestro país, es decir, en el
extranjero. Con esta iniciativa pretendemos contemplar con rango de
ley estos dos aspectos dentro de la Ley General de la Seguridad
Social, considerando las normas transitorias de evolución del sistema
y la jurisprudencia a nivel comunitario. Esta ley sirve también para
indicar cuáles son los criterios a considerar para acceder al resto
de las prestaciones cuando sea necesario acudir a la técnica del
cómputo recíproco de cotizaciones.
El transcurso del tiempo ha originado diversas situaciones ambiguas
que necesitan de una acción legislativa para su clarificación, para
orientar al Gobierno, para orientar las normas que el régimen general
de la Seguridad Social tiene habilitadas al efecto y por eso este
grupo parlamentario ha entendido que la actual situación debe ser
subsanada y mejorada. En todo caso, pensamos que el régimen de la
Seguridad Social permite en este momento el mantenimiento de las
jubilaciones anticipadas sin que sea ninguna carga lesiva o excesiva
para la tesorería de la Seguridad Social.
Señorías, proponemos un articulado con sus correspondientes epígrafes
que se complementen con el artículo 9 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1994.
Definimos la aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones entre
todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social.
También mantenemos el derecho a las jubilaciones anticipadas para
todos aquellos colectivos que con anterioridad al 31 de marzo del
presente año habían venido ejerciéndolo. Pretendemos que se regulen
las cotizaciones efectuadas en el extranjero anteriores al 1 de enero
de 1967 a efectos de su jubilación en España.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Fernández, por favor.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, termino en seguida.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Queremos garantizar los derechos de los autónomos, empleados y
empleadas del hogar y emigrantes retornados. Esperamos el voto
positivo de esta Cámara y que esta proposición pueda salir adelante,
ya que recoge el sentir del voto que se produjo el 31 de marzo.
Esperamos que los grupos políticos que nos apoyaron entonces
mantengan su sentido de voto y así poder subsanar un problema que
está afectando a miles de trabajadores y trabajadoras.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente. Como SS.SS.
conocen perfectamente, la Seguridad Social se constituyó en nuestro
país como resultado de la voluntad de planificar un sistema
progresivamente unificado, a partir de su configuración inicial en un
régimen general y en varios regímenes especiales. Con anterioridad
existía el extraordinario pluralismo del mutualismo laboral, con una
gran diversidad de regímenes jurídicos de los que sólo unos pocos
reconocían el derecho a jubilación anticipada antes de los 65 años.
Al crearse la Seguridad Social, en el ámbito exclusivo del régimen
general se mantuvo el derecho a la jubilación anticipada en favor de
quienes lo habían tenido reconocido antes del año 1967, por su
pertenencia a alguna mutualidad que así lo establecía. Sobre esta
base normativa, de comienzo del régimen de la Seguridad Social, se
han ido sucediendo diversas evoluciones normativas y diversas
realidades sociales, todo lo cual ha planteado una variada
problemática. Tienen derecho a jubilación anticipada quienes
pertenecían antes de 1967 a mutualidades que reconocían ese derecho,
pero que posteriormente han pasado a cotizar en un régimen de la
Seguridad Social que no lo reconoce, por ejemplo autónomos o
agrarios.
En relación con esta problemática, una interpretación administrativa
de las normas vigentes reconocía el derecho, pero no es menos cierto
que esa interpretación administrativa ha sido desautorizada
reiteradamente por los tribunales, en concreto por el Tribunal
Supremo. El Gobierno del PP decidió, de forma unilateral, aclarar
esta contradicción mediante una nueva interpretación administrativa
que coincidiera con ese criterio jurisprudencial negativo. Ante esa
decisión, el Congreso acordó a primeros de este año mandatar al
Gobierno para que la solución se llevase a cabo en el marco del Pacto
de Toledo, con arreglo a la filosofía y métodos del mismo.
A partir de esa decisión del Congreso, el Gobierno promulgó el Real
Decreto-ley 5/1998, que de una parte
reconoce el derecho a jubilación anticipada en todos los regímenes de
la Seguridad Social a quienes lo disfrutaban antes de 1967 y, por
otra, exige para ello el requisito de que la cuarta parte de la vida
laboral se haya cotizado en alguna mutualidad o régimen de la
Seguridad Social que regule esa posibilidad de jubilación anticipada.
Este real decreto-ley tiene, pues, esa doble vertiente, de una parte
ampliatoria del anterior régimen jurídico y de otra restrictiva. Sin
duda el Real Decreto-ley 5/1998 es mejorable en su contenido y
también en su procedimiento. De hecho, se está tramitando como
proyecto de ley en esta Cámara y en ella se han presentado diversas
enmiendas al mismo, algunas de ellas coincidentes con el contenido de
la que ahora debatimos y por el mismo grupo parlamentario. Desde
Nueva Izquierda creemos que aquél es el lugar adecuado para mejorar
el real decreto-ley y que el contenido literal de esta proposición de
ley no es, en nuestra opinión, la mejor solución. No obstante,
queremos dejar claro que vamos a votar a favor de la misma, como
expresión de nuestra exigencia de lograr un mayor consenso en la
mejora del real decreto-ley dictado unilateralmente por el Gobierno
del Partido Popular.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se nos presenta hoy en este Pleno una
proposición de ley por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida,
mediante la que se trata de regular el alcance del cómputo recíproco
de cotizaciones en los diferentes regímenes que componen el sistema
de la Seguridad Social en el Estado español, añadiendo tres puntos al
artículo 9 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el
Real Decreto legislativo 1/1994.
El Congreso de los Diputados ya ha intervenido en este tema,
adoptando por mayoría una moción mediante la que se instaba al
Gobierno, en el marco del Pacto de Toledo, a adoptar la normativa
correspondiente para mantener la vigencia de la resolución 112/1978 y
de la circular 5.990 en lo que se refiere a la validez de las
cotizaciones efectuadas en el extranjero. Como consecuencia, en estos
momentos hay un proyecto de ley en tramitación.
Nuestro grupo entiende que es precisamente en el marco del desarrollo
del Pacto de Toledo, y mediante las necesarias negociaciones entre
los agentes sociales, en el que hay que llegar a los correspondientes
acuerdos que permitan regular de una manera definitiva, entre otras
cosas, los aspectos que se presentan en esta proposición de ley, para
que los trabajadores de un régimen u otro puedan conocer sus derechos
y queden
protegidos por la normativa legal suficiente ante los juicios
interpretativos de sentencias de los tribunales de justicia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco no va a apoyar esta
proposición de ley, pero sí creemos que hay que instar al Gobierno y
a los agentes sociales a avanzar en los acuerdos necesarios, en el
marco del Pacto de Toledo, que permitan regular las situaciones del
mercado laboral.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad y desde el escaño, para informar del voto negativo
de Convergència i Unió a la toma en consideración de esta proposición
de ley.
El señor Caballero hacía referencia a la moción que aprobó el
Congreso, hace escasas semanas, en relación a esta materia y la
práctica e inmediata tramitación de un proyecto de ley que aborda
estas cuestiones. Creemos que, en ese trámite del proyecto de ley,
debemos ser capaces de encontrar fórmulas que permitan resolver
algunas de las cuestiones que nos plantea esta iniciativa del Grupo
de Izquierda Unida.
Por todo ello, votaremos en contra de la toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, señorías, la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida contiene, como
se ha dicho, la regulación del cómputo recíproco de cotizaciones
entre los diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social,
con especial referencia a la jubilación anticipada en favor de
trabajadores que hubiesen pertenecido al extinguido mutualismo
laboral. Se recoge, además, la norma de equiparación de cotizaciones
realizadas en el extranjero con anterioridad al 1 de enero de 1967.
Enlaza, por tanto, como se ha dicho, con debates mantenidos en esta
Cámara el día 25 de marzo pasado, en relación con una interpelación
del mismo grupo; el 31 de marzo con la moción consecuencia de la
interpelación, que se aprobó unánimemente por el Pleno, y el 18 de
junio con motivo de la convalidación del Decreto-ley 5/1998, de 29 de
mayo.
Cierto que el contenido de esta proposición de ley coincide con las
enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida al
proyecto de ley que se está tramitando en estos momentos en la
Cámara, y
también que mi grupo parlamentario ha presentado distintas enmiendas
a dicho proyecto de ley. Podría pensarse que esto podría ser motivo
de nuestro voto en contra o de nuestra abstención; sin embargo, el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, dado que entendemos que es
necesario intensificar el debate y el acercamiento de posiciones
entre los distintos grupos en una materia que afecta a los derechos
sociales de los trabajadores, adquiridos o en curso de adquisición,
cuyo amparo era recogido en la moción aprobada por la Cámara el día
31 de marzo y cuya transgresión ha sido perpetrada por el Gobierno
con el Real Decreto ley 5/1998, haciendo caso omiso de lo acordado
aquí unánimemente.
Es necesario, por tanto, intensificar el debate y favorecer el
consenso porque no se puede, desde el Gobierno, ofrecer posibilidades
de consenso a través de un nuevo pacto de Toledo y, por otro lado,
prestar oídos sordos a lo que dice la Cámara, actuando
unilateralmente y, encima, desconociendo derechos adquiridos por los
trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En poco tiempo, este
Gobierno ha ignorado derechos relacionados con la prestación
farmacéutica de la Seguridad Social, el derecho a que la salud de los
trabajadores y de las trabajadoras sea vigilada y conservada por los
facultativos de los servicios de salud y no por la entidad gestora de
las prestaciones económicas, es decir, de la IT y, en tercer lugar,
el derecho a la jubilación anticipada en los términos recogidos en la
resolución de la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, de 9 de agosto de 1978, y a que se
otorgue validez a las cotizaciones efectuadas en el extranjero, de
acuerdo con la circular 5/1990, de 17 de marzo. A todo esto se le
instaba -como se ha dicho- en la moción del día 31 de marzo.
Por otra parte, la necesidad de regular adecuadamente el cómputo
recíproco de cotizaciones está en la línea de los Pactos de Toledo
-pactos que proponen eliminar y agrupar regímenes- y va en
consonancia con las circunstancias socio laborales actuales, que
favorecen la movilidad de los trabajadores, no sólo geográfica sino
entre sectores. Todo ello debe tenerlo en cuenta la Seguridad Social
y, por tanto, es muy importante que se regule este cómputo recíproco
de cotizaciones entre regímenes de la Seguridad Social.
Sin embargo, lo más destacable de esta proposición de ley (que tiene
alguna incorrección técnica, incluso gramatical, pero nada que no
pueda salvarse en el debate) está ligado al hecho de la jubilación
anticipada, del que han disfrutado los trabajadores que fueron
mutualistas y a quienes se les ha respetado su derecho a jubilarse
a partir de los 60 años, con el coeficiente reductor correspondiente.
Las resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 1997 y el
Decreto-ley 5/1998 del Gobierno van a impedir a decenas de miles de
trabajadores poder acogerse a la jubilación anticipada. Ya no basta
haber tenido la condición de mutualista
el 1 de enero de 1967, o en otra fecha anterior, junto con el
requisito de cotización o carencia, sino que se exige tener el 25 por
ciento de cotizaciones en el régimen que reconozca la jubilación
anticipada o cinco años cuando la vida laboral del trabajador sea de
30 o más años.
El Gobierno y el Partido Popular niegan que vayan a ser decenas de
miles de trabajadores y trabajadoras los que vayan a salir
perjudicados con esta decisión del Gobierno. El ministro Arenas dijo
recientemente que el 80 por ciento de los trabajadores se jubilan
antes de los 65 años, de tal forma que la edad de jubilación real en
España está fijada en 62 años. De esto se desprende que,
potencialmente, la mayor parte de los trabajadores podrían ser
negativamente perjudicados por esta decisión del Gobierno del Partido
Popular. ¡Cuántos trabajadores -por ejemplo, con más de 50 años-
están hoy en situación de desempleo con la expectativa de alcanzar la
jubilación a los 60 años! Muchos de ellos han tenido que dejar su
trabajo como consecuencia de la renovación tecnológica. A muchos de
ellos se les ha apoyado públicamente, con medios financieros
públicos, para que dejaran de ser trabajadores por cuenta ajena y
pasaran a ser autónomos. Sin embargo, muchos de estos trabajadores
-autónomos, emigrantes, con expectativas de retorno- van a acudir,
cuando tengan 60 años, a la ventanilla del INSS, y en lugar de
decirles: vuelva usted mañana, se les va a decir: vuelva usted dentro
de un lustro. Y se nos dice, por parte del Gobierno y del Grupo
Popular, que cotizar un día antes de 1 de enero de 1967, y el resto
en autónomos, y poder jubilarse a los 60 años es un fraude.
Es la enésima vez que el Gobierno del Partido Popular utiliza el
fraude como pretexto para ignorar derechos de los trabajadores y de
las trabajadoras. Aquí se unen otros pretextos, como que el Pacto de
Toledo dice esto -cómo no iban a acudir al Pacto de Toledo para hacer
lo que a ustedes les viniera en gana-, se acude a la interpretación
del Tribunal Supremo y -cómo no- al pretexto de que peor lo hicieron
los socialistas, aludiendo a una circular del año 1995, que, una vez
publicada, quedó inmediatamente sin efecto por decisión de la
autoridad política.
Señorías, si la moción del Parlamento, aprobada el 31 de marzo, no se
cumple por ir en contra de interpretaciones jurisprudenciales -y hay
que tener en cuenta que hay sentencias contradictorias-, si el
Decreto-ley 5/1998 contradice lo aprobado en la moción, sólo cabe que
la Cámara apruebe su propia proposición de ley para que el Gobierno
respete la posición del Parlamento y para que quienes tenían y tienen
ese derecho a la jubilación anticipada en los términos en que se
regulaban anteriormente, sigan teniendo ese derecho o esa expectativa
de derecho. Por otro lado, que se favorezca el consenso. No se puede
pedir consenso ni otro nuevo pacto de Toledo y, por otra parte, hacer
unilateralmente lo que se ha hecho con este decreto-ley al que he
aludido. Además, que este Gobierno no imponga previamente
su ley, que hable con los grupos de la Cámara, que negocie y
que pacte.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arnau.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor presidente, señoras y señores diputados,
da la impresión de que en esta Cámara vamos a tener que empezar a
acostumbrarnos a reiterar debates, puesto que si anteriormente
asistíamos a la reiteración de un debate que ya habíamos tenido en
otras ocasiones, esta vez volvemos a tocar la misma cuestión del
cómputo recíproco de las cotizaciones de la Seguridad Social a
efectos de la jubilación anticipada.
Anticipo ya que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra
de la toma en consideración de esta proposición de ley por varias
razones. La primera es una razón de orden metodológico, si quieren
más precisión, una razón de economía parlamentaria, porque, como ya
se ha dicho en esta Cámara por los anteriores intervinientes, lo
cierto es que debatimos el 31 de marzo de 1998 una moción del mismo
grupo proponente, consecuencia de una interpelación urgente, por la
que se instaba al Gobierno, entre otras cosas, a mantener la vigencia
de la resolución de 9 de agosto de 1978, de la Dirección General de
Prestaciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social y, por otra
parte, a dejar sin efecto las resoluciones de 14 de noviembre y 5 de
diciembre de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social.
El Gobierno, unilateralmente -como hacen todos los gobiernos al
dictar un real decreto-ley-, regula esta materia en el Real Decreto-
ley 5/1998, de 29 de mayo, convalidando este real decreto por el
Pleno del Congreso el 16 de junio de 1998 y aprobándose, por la
unanimidad de los diputados y diputadas presentes en aquella sesión,
la tramitación del citado real decreto como proyecto de ley.
Por tanto, en ningún caso el Gobierno del Partido Popular ha
pretendido hurtar a la Cámara la regulación de esta materia, en
ningún caso ha intentado imponer su voluntad unilateral, sino que
esta tramitación como proyecto de ley permite a todos los grupos y a
todas SS.SS. incorporar las mejoras que estimen convenientes
y plantear las enmiendas que consideren oportunas. El propio grupo
proponente ha presentado una enmienda de totalidad con texto
alternativo que, a mi juicio, es incluso mejor que la proposición de
ley que hoy presentan. Por su parte, otros grupos también han
presentado enmiendas y el propio Grupo Parlamentario Socialista tiene
presentada una proposición no de ley que todavía está pendiente de
tramitación.
Lo que no se puede hacer, a mi juicio, desde esta tribunales
atemorizar a todos los trabajadores españoles
diciendo que este Gobierno va a acabar con las jubilaciones
anticipadas, puesto que las prejubilaciones están reguladas en la Ley
General de la Seguridad Social y en los regímenes especiales de la
minería del carbón y de los trabajadores del mar.
Pasando ya al contenido de la proposición no de ley que hoy presenta
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, he de decirles que
apreciamos una serie de imperfecciones técnico-jurídicas que voy a
señalarles inmediatamente.
El artículo 1º añade al artículo 9º de la Ley General de la Seguridad
Social los puntos 3 a 5, siendo su contenido el propio de normas
reglamentarias. Señorías, una ley debe regular los principios básicos
que afectan a las materias que estamos tratando. Las especificidades
se dejan habitualmente para normas reglamentarias que el propio
artículo 9º de la Ley General de la Seguridad Social contempla en el
punto 2. Por su parte, el punto 3 establece el cómputo recíproco de
cotizaciones entre todos los regímenes del sistema sin exclusión
alguna. Esto implicaría incorporar a esta institución, y en los
términos en que se regulan, al seguro escolar -régimen claramente
diferenciado de los restantes por sus destinatarios y en razón a la
escasa contribución de estos, algo que no tiene cobertura siquiera en
el marco del Pacto de Toledo- y también a los regímenes de previsión
vigentes para funcionarios civiles y militares que, por sus
peculiaridades, deben ser también objeto de tratamiento específico.
Imperfecciones técnico-jurídicas y terminológicas, utilizando
expresiones distintas de las que generalmente se usan en el
ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, vulgarizaciones que nos
van a llevar a situaciones de verdadera inseguridad jurídica. Se
habla de alcanzar y mejorar aquellas prestaciones protegidas, de
igual contenido, por las que los afectados hayan cotizado, la
solicitud, el régimen desde el que se solicite la prestación,
etcétera.
La regulación que nos proponen no introduce más modificaciones que
las establecidas en los puntos 4.d) y 5, que se incorporan al
artículo 9º de la Ley General de la Seguridad Social, en los que se
establece la posibilidad de causar derecho una prestación, incluida
la jubilación anticipada, de acuerdo con las normas de cualquier
régimen en el que haya estado incluido el interesado a lo largo de su
vida laboral. Sin embargo, con esta regulación tan abierta, bastaría
con que hubiera cotizado un solo día en el régimen de que se tratara,
por lo que entraría en contradicción con las recomendaciones del
Pacto de Toledo, al no valorarse en absoluto, tal y como nos exige el
citado pacto, el esfuerzo contributivo que hubiera efectuado el
interesado.
Por el artículo 2º se añaden tres puntos a la disposición adicional
primera de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a la
protección de los trabajadores migrantes, pero, cuidado, porque su
contenido trata de normas que deberían también aplicarse a todos los
ciudadanos extranjeros de países con los que España haya suscrito
convenios internacionales en materia de Seguridad
Social, dado el alcance al que nos obliga el principio de
igualdad de trato.
En cuanto a su contenido, los puntos introducidos en el artículo 2º
no suponen sino la equiparación de los períodos cotizados en el
extranjero a los cotizados en España, a los efectos de adquirir la
condición de mutualista con derecho a jubilación anticipada. Pero la
regulación que se hace en el punto 3 para efectuar dicha
equiparación, atiende no a la naturaleza de la actividad que dio
lugar a la cotización en el extranjero, sino a la posterior
cotización efectuada en España, lo que contradice, entre otras
normas, el artículo 45.2 del Reglamento comunitario número 1.408.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez
Corgos, le ruego vaya concluyendo.
El señor PÉREZ CORGOS: Termino inmediatamente, señor presidente.
Por lo que se refiere al artículo 5.º, es absolutamente innecesario,
puesto que ya está regulado en la Ley General de la Seguridad Social.
Por último, la disposición final prevé la entrada en vigor de la
norma al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», y aquí está la diferencia respecto de la enmienda de
totalidad y el texto alternativo que han presentado, porque, ¿cómo
solucionan, si aprobamos esta toma en consideración y aprobamos la
proposición de ley tal y como está planteada, los problemas de las
prestaciones causadas a partir del 1 de abril de 1998, fecha desde la
que se paralizó la tramitación de los correspondientes expedientes?
Son todas estas razones, señorías, las que llevan al Grupo
Parlamentario Popular a rechazar la toma en consideración de la
proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): muchas gracias,
señor Pérez Corgos.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley que ha
presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida, por la que se
pretende la regulación del alcance del cómputo recíproco de
cotizaciones en los diferentes regímenes que integran el sistema de
la Seguridad Social y sobre el alcance en España de las cotizaciones
efectuadas antes del 1 de enero de 1967 en determinados países.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 149; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS PARA
CREACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS (Número de expediente 162/00214).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo, proposiciones no de
ley.
En primer lugar, la del Grupo de Izquierda Unida, sobre medidas para
creación de empleo a través de la reducción de las horas
extraordinarias.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Vaquero. (El señor
vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.-
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por
favor, guarden silencio.
Señor Vaquero, cuando lo desee.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, las razones que han llevado a
Izquierda Unida a presentar esta proposición no de ley de eliminación
o reducción drástica de las horas extraordinarias en nuestro país
son, en síntesis, las siguientes: En primer lugar, por coherencia con
nosotros mismos, pues Izquierda Unida ya ha intentado enmendar la ley
en distintas ocasiones y, sin duda alguna, ésta es otra más y
seguiremos con constancia hasta que lo logremos, si no obtenemos el
refrendo de esta Cámara en esta tarde.
En segundo lugar, el paro sigue siendo aproximadamente un poquito
menos del doble de la media europea, el 19 por ciento, pese al ciclo
alcista, al crecimiento económico por encima del tres y pico por
ciento durante estos últimos años; ciclo alcista, por cierto, que ya
parece tocar a su fin, por lo que hay que prever incluso
estancamiento o descenso en la creación de empleo.
En tercer lugar, porque, bajo nuestro punto de vista, el Gobierno ha
cosechado un fracaso en la reforma laboral de 1997, que pretendía,
más incluso que la creación de empleo, la estabilidad de los
contratos y, por tanto, queda esta asignatura pendiente. No voy a
entrar en las cifras, pero está claro que se ha reducido el número de
contratos estables con respecto al número global de contratos, lo que
demuestra que hay que aplicar otras fórmulas más adecuadas para crear
empleo.
En cuarto lugar, porque la creación de empleo hay que priorizarla
abordando simultaneamente un conjunto de medidas que se complementan,
entre las que el reparto del trabajo es una muy importante, y dentro
del mismo, la supresión por ley y el control por la Administración
y los agentes sociales y económicos del ingente número de horas
extraordinarias que se realizan en nuestras empresas. Desde 1993 se
viene observando por los sindicatos y por los expertos laborales un
crecimiento de las horas ordinarias y extraordinarias que realizan
los trabajadores, medidas éstas por millones,
sin entrar para nada en guerra de cifras -no vamos a caer en ese
error-, pues todos estamos de acuerdo, en último término, en que ha
crecido el número de las mismas. Estas horas extraordinarias se
concentran sobre todo en las grandes empresas. También en las
administraciones públicas se observa un crecimiento enorme, sobre
todo en los organismos dependientes de la Administración del Estado:
473.205 horas extraordinarias en 1997 -por cierto, el Ministerio de
Trabajo hizo él solo 77.756 horas extraordinarias-, en los sectores
de la banca e instituciones financieras -algún sindicato aventuraba
la cifra de que con las horas extraordinarias de la banca se podrían
crear en nuestro país 21.742 nuevos empleos- y también en el sector
de los seguros y de los servicios de empresas y alquileres. Por
cierto que no siempre son horas extras declaradas, sino que muchas de
ellas son clandestinas, con el consiguiente fraude a las cotizaciones
de la Seguridad Social. Asimismo se observa cada vez más una
concentración en menor número de trabajadores. Los expertos más
prudentes han hecho público que con la supresión de horas
extraordinarias se podrían crear unos 45.000 puestos de trabajo.
Insisto, es una cifra muy modesta.
La quinta razón es que la sustitución de horas extraordinarias por
creación de empleo es factible, toda vez que las horas extras son más
costosas para el empresario, que viene a pagar un 20 por ciento más
por ellas que por las horas ordinarias, de forma que, unida la
reducción de los costes liberados por la supresión de estas horas
extraordinarias con el aumento de la producción que el nuevo empleo
conlleva, el coste de la creación de empleo podría resultar
finalmente cero. Por tanto, no sólo interesa a los trabajadores
parados y a la economía en general, sino que puede proporcionar a los
empresarios nuevas posibilidades de expansión en el mercado.
En sexto lugar, es un compromiso del Gobierno y del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, repetido varias veces, así
como uno de los acuerdos del diálogo social entre empresarios y
sindicatos.
En séptimo lugar, se da la circunstancia de que en otros países de la
Unión Europea la legislación es más restrictiva respecto a las horas
extraordinarias que la nuestra, pues no sólo tiene un tope anual como
en España, sino que tiene topes diario y mensual, lo que proporciona
mayores mecanismos de control social, administrativo y sindical. En
concreto, el análisis comparativo que hacen los sindicatos de la
situación de horas extraordinarias en España respecto de la Unión
Europea llega a las conclusiones siguientes. Primero, España es el
único país que se limita a recoger un límite anual de horas
extraordinarias sin referirse a otros períodos más cortos -el mes, la
semana, el día-; segundo, el resto de los países relativiza el límite
anual, pero fija límites diarios, semanales, mensuales o
trimestrales; tercero, España es el único país en el que la hora
extraordinaria no se retribuye legalmente por encima del valor de la
hora ordinaria, mientras que en el resto, y con una horquilla amplia,
las horas extraordinarias
tienen más valor -si se realiza en domingo o festivo, su valor se
incrementa, y, singularmente, en Italia se vincula su realización con
la aportación empresarial a un fondo especial por el desempleo-;
cuarto, en casi todos los países se le da un papel relevante a la
negociación colectiva; quinto, con independencia del papel del
convenio colectivo, excepto en Dinamarca y el Reino Unido, hay
disposiciones legales y control administrativo sobre las horas
extraordinarias; y, sexto, no hay diferencias en el tratamiento según
el tamaño de las empresas -sólo en Francia y en Portugal se
establecen diferencias para la regulación de sistemas compensatorios
por descanso-. Hasta ahí el análisis comparativo entre nuestra
situación y la de distintos países de la Unión Europea.
Por todas estas razones, señorías, Izquierda Unida plantea a esta
Cámara que se pase de las palabras a los hechos, modificando la
legislación, ratificando el carácter voluntario de las horas
extraordinarias -y cuando nosotros planteamos textualmente esto en
nuestra moción, no crean que estamos diciendo un dislate o una
obviedad, no crean que esto de la voluntariedad de las horas
extraordinarias está tan claro en la realidad cotidiana de los
trabajadores con relación a sus empresas en estos momentos en este
país- y articulando además fórmulas que provoquen la supresión de las
horas extraordinarias en el horizonte del año 2000 -salvo las de
fuerza mayor-, que eliminen la diferenciación entre las horas
estructurales y no estructurales y que introduzcan o reduzcan el tope
de horas al año -dice nuestra proposición no de ley a 40-,
reduciéndose este número en proporción al número de horas de la
jornada de trabajo para aquellos trabajadores que tengan la jornada a
tiempo parcial. Junto a esto, pedimos que se establezca el registro
obligatorio de las horas realizadas diariamente y su totalización
mensual, entregando copia de dicho resumen al trabajador y a los
representantes legales de los mismos.
Como medidas disuasorias nuestra proposición no de ley establece que
sea la compensación horaria el sistema ordinario de compensar las
horas extraordinarias, incrementando el número de horas extras
realizadas con un 75 por ciento, y sólo si el convenio sectorial lo
acuerda se podrá realizar la compensación económica, siempre
incrementada en un 75 por ciento del valor de la hora ordinaria. Otra
medida disuasoria que proponemos es que las cotizaciones serán
incrementadas en un 50 por ciento, tanto en la cuota patronal como en
la obrera, y para las empresas que no cumplan la norma se plantea una
penalización de sobreprima en la cotización de horas extras en un 200
por ciento. Por tanto, nuestra proposición no de ley comprende
distintas medidas que entendemos son correctas para la eliminación
y para la reducción de horas extraordinarias en un proceso continuado
de una a otra cuestión.
En cualquier caso, quisiéramos recoger aquí nuestro análisis de las
enmiendas que otros grupos parlamentarios han presentado para hacer
así más ágil el debate y acabarlo con una sola intervención, si es
posible. En
este sentido, agradeciéndole al señor Peralta su enmienda, sin
embargo, por razones que él comprenderá, debo indicarle que estimo
más conveniente intentar el consenso en torno a la enmienda propuesta
por el Grupo Socialista, y es en ella donde me voy a centrar.
Planteamos una enmienda transaccional a la enmienda del Grupo
Socialista, que viene a recoger prácticamente todos los aspectos de
ésta y a combinarlos con algunos que plantea la nuestra, dejando en
aras al consenso plumas en el camino, porque nosotros vamos a
proponer en otro momento la eliminación total de horas
extraordinarias, pero, en cualquier caso, sería un elemento de avance
muy positivo que en aras a este consenso la Cámara tomara en
consideración esta proposición no de ley. Por tanto, renunciamos a
aquella aspiración máxima, toda vez que con la transacción que
propongo se contemplan medidas que reduzcan drásticamente las horas
extraordinarias en nuestro país.
Dicha transacción consistiría, en primer lugar, en el mantenimiento
del primer punto de nuestra proposición no de ley, introduciendo a
continuación el número 2 de la enmienda del Grupo Socialista. El
número 3 sería el 2 nuestro, pero cambiaría de numeración, y se
modificaría en el siguiente sentido. Se sustituiría la primera frase
por el contenido de la enmienda socialista y, a continuación, vendría
el resto de la frase. Para completar este número 3, habría que añadir
el contenido íntegro del número 8 de la enmienda socialista. A
continuación, vendrían los números 4, 5 y 6 de la enmienda
socialista. El número 3 de nuestra proposición no de ley pasaría a
ser el 7, que se mantendría íntegro, añadiendo el número 7 de la
enmienda del Grupo Socialista. Perdón por lo prolijo de esta
transacción, pero no hay más remedio. El punto número 4 de nuestra
proposición no de ley sería el 8, que se mantendría íntegro. Se
suprimirían los números 5 y 7 de nuestra proposición no de ley. Los
números 6 y 8 se mantendrían con la numeración 9 y 10 y, finalmente,
se añadiría el último punto de la enmienda del Grupo Socialista, que
tiene el número 9, como punto número 11 del redactado final de la
transacción que propongo.
Es un esfuerzo que debemos hacer todos de cara a que haya una
agilidad para el tratamiento de un tema que no es muy popular, pero
que es absolutamente necesario para ir aplicando medidas prácticas y
concretas en la creación de empleo en nuestro país, que es la
prioridad número uno que tiene nuestra sociedad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Vaquero. Por si en su momento el Grupo Socialista aceptase esa
transacción, la Presidencia le pide que se la haga llegar para una
mejor comprensión por los letrados.
A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida se mantienen dos enmiendas, que son de sustitución,
una avalada por el Grupo Parlamentario Mixto y otra por el Grupo
Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda quiero defender la enmienda que hemos
presentado a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
Señorías, en el acuerdo interconfederal para la estabilidad en el
empleo, suscrito, como conocen SS.SS. perfectamente, por las
centrales sindicales mayoritarias de este país, Comisiones Obreras y
UGT, junto con las organizaciones empresariales, se contiene
explícitamente el acuerdo de solicitar del Gobierno la apertura con
carácter inmediato de un proceso de consultas, con el fin de
establecer el procedimiento de aplicación de lo previsto en el
artículo 35.2, párrafo tercero, del Estatuto de los Trabajadores, en
relación con la reducción de horas extraordinarias, con el objetivo
de incrementar la oportunidad de colocación de los trabajadores en
paro forzoso. Esto dice textualmente ese acuerdo interconfederal para
la estabilidad en el empleo, que, como SS.SS. saben, es una de las
partes de la reforma laboral suscrita por las organizaciones
sindicales y que quien ha defendido la proposición en nombre de
Izquierda Unida minimizaba. A nosotros nos parece que han sido
precisamente esa reforma laboral y ese acuerdo interconfederal los
que han posibilitado que hoy se esté hablando en nuestro país de
medidas para reducir el número de horas extraordinarias, de hacer
realidad la reducción del número de éstas, cosa que desea el grupo
proponente y deseo que nosotros compartimos. La realidad es que
estamos en presencia de una iniciativa sindical que ha dado lugar a
un proceso de consultas que hoy está en marcha y en el que es
necesario reconocer que la posición del Gobierno se caracteriza por
su nula voluntad de avanzar. Es importante que quede claro que esa es
la posición del Gobierno, que tanto presume de políticas a favor del
empleo; políticamente, debemos dejar clara esa realidad, debemos
dejar claro cuál es la posición del Gobierno en esta materia.
También queremos que quede claro que la posición de Nueva Izquierda
es a favor, sin lugar a dudas, de la reducción del número de horas
extraordinarias. Estamos a favor por diversas razones, pero
fundamentalmente por dos, porque esa reducción puede servir para
crear empleo, y ese es el principal problema de nuestro país, y
porque esa reducción puede servir para mejorar las condiciones
laborales y de seguridad, es decir, de vida ordinaria de los
trabajadores en activo.
Si esa es nuestra posición en cuanto al fondo del asunto, en cuanto
al procedimiento diré que, sin lugar a dudas, creemos que tiene que
hacerse ahora, potenciando su negociación por los agentes sociales, y
ello no sólo por respeto a la iniciativa adoptada y a ese principio
constitucional de autonomía social que hoy se está ejerciendo -no
estamos hablando, por tanto, de una posibilidad sino de una realidad:
se está negociando sobre ese tema-, sino, sobre todo y fundamentalmente,
porque sólo por esa vía de la negociación de los agentes
sociales se pueden conseguir los objetivos que se persiguen con la
reducción de las horas extraordinarias: la mejora concreta de las
condiciones de seguridad y de vida de los trabajadores activos y la
creación de empleo. Esos objetivos no se van a conseguir por
imperativo legal, sino que sólo se pueden lograr negociando a través
de los agentes sociales y ligando muy claramente la reducción, y a
ser posible supresión, del número de horas extraordinarias a la
creación de empleo. Muy significativamente, en la proposición que se
nos plantea no aparece ninguna medida concreta que lo vincule a la
creación de empleo; eso es muy complicado de hacer por ley. La
negociación sindical y la potenciación del papel de los agentes
sociales es la vía por la que tenemos que conseguir eso, por supuesto
con una posición política nítida: la que tiene aquí la izquierda y,
por otro lado, la que tiene la derecha, que se opone a estas medidas.
Hoy deberíamos potenciar eso porque, entre otras cosas, como ha dicho
el señor Vaquero, este es un tema muy poco popular. En este, como en
otros temas, nos podríamos encontrar con leyes que no se cumplieran,
y lo que queremos es que las leyes se cumplan, para que sean realidad
los objetivos que perseguimos con éstas, y eso requiere de
organizaciones sindicales fuertes, con capacidad de negociación y que
sean capaces de controlar esa capacidad. Negándoles y dándoles hecho
de la a a la zeta todo el contenido legal difícilmente contribuiremos
a ese objetivo.
En definitiva, señor Vaquero, señorías, la posición de nuestro grupo
es favorable a este asunto y como creemos que es importante que se
vean en esta Cámara las posiciones políticas, diré que, sin lugar a
dudas, la nuestra es a favor de que se avance en este sentido.
Discreparemos del procedimiento, pero estamos a favor de que se
avance en el contenido, y estamos seguros de que las fuerzas
políticas con las organizaciones sindicales tendríamos más fuerza y
haríamos antes realidad ese objetivo deseado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Peralta.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Salinas.
La señora SALINAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para fijar la posición de mi grupo, a la vez que para defender las
enmiendas que hemos presentado a la iniciativa de Izquierda Unida por
la que se insta al Gobierno a que adopte las modificaciones
legislativas oportunas con el fin de reducir el volumen de horas
extraordinarias como nueva fórmula de creación y reparto del empleo.
El recurso a las horas extraordinarias es asiduo y tradicional en la
organización del trabajo, sobre todo en
períodos de expansión económica como los que se encontró el Partido
Popular cuando llegó al Gobierno, e incluso en momentos de débil
demanda las empresas recurren a este instrumento con asiduidad para
resolver sus pautas de producción. Como SS.SS. conocen, el artículo
35 del Estatuto de los Trabajadores, cuya redacción es modificada por
la reforma laboral que se establece en la Ley 10/1994, regula y da
tratamiento legal a las horas extraordinarias. Es de general
conocimiento también que, a pesar de esta regulación, estos límites
no se respetan en muchos casos. Es interesante destacar que esto
sucede no solamente cuando el Estatuto de los Trabajadores fija esos
límites, sino también cuando se fijan en los convenios colectivos.
Como vemos que a pesar de estas regulaciones establecidas, el uso de
las horas extraordinarias es más extenso de lo que conviene,
coincidimos totalmente con el grupo proponente en la necesidad de
establecer cauces de acuerdo y control para lograr que este fenómeno
se mantenga dentro de los límites que no se deben traspasar. Creo que
todos los grupos de la Cámara coincidiremos en que tanto el aumento
continuo de horas extraordinarias desde 1993, como su mayor
concentración entre un colectivo cada vez más pequeño de trabajadores
y en las empresas cada vez más grandes, sus costes superiores a la
hora ordinaria y la recuperación de la economía son argumentos que
apoyan la idea de la Cámara y de los grupos sobre la necesidad de
restringir las horas extraordinarias.
Aunque es difícil estimar el empleo potencial que se puede estar
cubriendo, a modo de ejemplo se puede citar la valoración del Consejo
Económico y Social, que evaluó en 36.000 empleos los 62 millones de
horas extraordinarias que se realizaron durante 1996. Estamos, por
tanto, de acuerdo en la necesidad de su supresión paulatina. La
diferencia con el grupo proponente estriba en cómo se hace esto. La
iniciativa en debate, tal como estaba presentada -y quiero aprovechar
la ocasión para agradecer al Grupo de Izquierda Unida que haya
aceptado nuestras enmiendas-, insta a que la supresión sea impuesta
por ley, en detrimento de la negociación colectiva. A este respecto
quiero señalar que, efectivamente, introducir dentro del marco que
rige las relaciones laborales la rigidez de la norma legal que
demandaba la propuesta de Izquierda Unida puede torpedear la
capacidad de adaptación que se exige a los trabajadores y a las
empresas desde las directrices para el empleo dictadas por el Consejo
de la Unión Europea, que, a su vez, se hace eco de las directrices
marcadas por la cumbre de Luxemburgo. En casi todos los países de la
Unión Europea se da un papel relevante a la negociación colectiva en
la regulación tanto para fijar retribuciones o sistemas de descanso
como para fijar las pautas que justifican su realización o para fijar
sus límites. En el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos
de que el concepto de reparto de trabajo está hoy día
indisolublemente unido al desarrollo de una organización del trabajo
basada en
lo que se ha venido a llamar desde mi grupo la flexibilidad positiva.
Entrando ya en la propuesta de Izquierda Unida, y por no perdernos en
debates casi siempre estériles sobre si la supresión de las horas
extraordinarias ha de hacerse por ley o por negociación colectiva,
hay que destacar que aquella fija que las horas extraordinarias se
eliminarían totalmente el 1 de enero del año 2000. Esto queda
bastante modificado al aceptar el grupo -y vuelvo a agradecérselo-
las nueve enmiendas que había formulado el Grupo Parlamentario
Socialista. Hasta entonces sólo se aceptaban las pactadas en los
convenios colectivos y las que se realizan por razones de fuerza
mayor. Con esta previsión, desde nuestro punto de vista, desaparecían
las horas extraordinarias voluntarias, pues una vez que se ha
alcanzado el pacto y se ha privado a la hora extraordinaria del
carácter no casual, el trabajador estaría obligado a cumplirlas y su
negativa podría llegar a constituir un supuesto de desobediencia.
Igualmente, echando un vistazo a la legislación internacional, vemos
que España es el único país europeo que sólo recoge el límite anual
de horas; el resto de los países de nuestro entorno fija límites
diarios, semanales, mensuales o trimestrales. Son precisamente esos
límites los que permiten controlar el fraude con mayor eficacia. Todo
esto queda reflejado de forma clara y rigurosa en las enmiendas que
mi grupo ha presentado.
El tema de la retribución que plantea Izquierda Unida es sólo una
cuestión de efecto, dado que el artículo 35.1 del Estatuto de los
Trabajadores ya dispone la compensación de las mismas mediante
descanso; el pacto determina si las horas se compensan por
remuneración económica o por descanso. En la redacción de Izquierda
Unida se invierten los términos, pero, al final, la conclusión es la
misma.
En el tema de cotización también discrepábamos un poco de la
propuesta inicial de Izquierda Unida. Se incrementa en un 50 por
ciento para el empresario y en un 50 por ciento para el trabajador,
con carácter de mínimos. Se trata de un mecanismo que persigue
desincentivar la realización de la hora extraordinaria. Ahora bien,
no se entendía el doble mecanismo de incentivar al trabajador a
través de la remuneración y desincentivarlo a través del recargo de
cotización. Igualmente, habíamos echado en falta en la proposición de
Izquierda Unida algunos pasos previos a tener en cuenta si de verdad
se pensaban suprimir de una forma tan tajante las horas
extraordinarias, por ejemplo, campañas divulgativas contra las mismas
y el tema, para nosotros fundamental, de la formación ocupacional del
trabajador en desempleo.
En conclusión, quiero dejar muy claro que compartimos con Izquierda
Unida la necesidad de actuación en la línea de una modernización de
la organización y formas del trabajo, incidiendo en la reducción del
tiempo de trabajo y las horas extraordinarias, por lo que, desde esta
óptica, nos parece una propuesta muy oportuna políticamente, pero aun
compartiendo este último objetivo,
reducción de horas extraordinarias, sin embargo, el contenido de sus
propuestas, a simple vista, nos parecía bastante discutible. Creemos
que se introducía una rigidez contraria a la flexibilidad y deseable
adaptabilidad que hoy en día se demanda de las relaciones laborales,
pudiendo incidir negativamente en el empleo y creando el efecto
opuesto al pretendido.
Por ello, como compartíamos el fondo y discrepábamos en la forma,
hemos realizado una serie de enmiendas, nueve en total, en la línea
de lo acordado entre los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en junio
de este mismo año, que plasman con claridad la postura del Grupo
Socialista en esta materia. En nuestras enmiendas se contemplan los
topes anuales, diarios y mensuales, en consonancia con lo que ocurre
en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, donde, en
la actualidad, España, sólo con un tope anual, es un caso único.
Igualmente, abordamos de otra forma diferente el tema de retribución,
cotización y compensaciones. Asimismo, instamos al Gobierno a diseñar
un plan de actuación para la Inspección de Trabajo con el objeto de
implementar el cumplimiento de la nueva legislación y a revisar, en
función de los resultados de dicho plan, el actual sistema de
sanciones.
Creemos que desde el Grupo Socialista hemos realizado una serie de
enmiendas muy acordes con la demanda actual de las relaciones
laborales. Quiero una vez más dar las gracias al grupo proponente,
Izquierda Unida, porque me consta que ha hecho un gran esfuerzo por
recoger nuestras enmiendas, y también es el momento de anunciar que
vamos a aceptar su enmienda transaccional y de pedir al resto de la
Cámara, y muy especialmente al grupo que apoya al Gobierno, que no
pierda esta oportunidad de oro para sumarse al consenso de todos los
grupos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias,
señora Salinas. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se nos presenta esta proposición no de
ley sobre medidas para la creación de empleo mediante la reducción de
las horas extraordinarias. El Grupo Parlamentario Vasco no va a
apoyar esta proposición no de ley, en primer lugar, porque pese a la
enmienda aceptada entendemos que es excesivamente reglamentista y
rígida, y, en segundo lugar, porque creemos que la reducción de las
horas extraordinarias hay que enmarcarla fundamentalmente dentro de
la negociación colectiva entre los distintos sectores sociales
afectados y muy principalmente en la negociación colectiva sectorial.
Cierto es, como se señala en la exposición de motivos, que todo
parece indicar que es necesario estudiar
en profundidad nuevas fórmulas de creación y reparto de empleo,
empezando por la reducción del tiempo de trabajo y, en especial, en
este caso, de las horas extraordinarias que actualmente se realizan,
pero también es cierto que las condiciones y situaciones de los
diversos sectores y subsectores económicos es distinta, y creemos que
solamente a través de la negociación colectiva sectorial -como
también señalan los sindicatos mayoritarios, por lo menos en mi país-
entre los distintos sectores sociales, se puede avanzar en medidas
que favorezcan a la clase trabajadora.
Por todo ello, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán tampoco va a votar a favor de esta
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida. Nos parece que
todo lo relacionado con la moderación de la jornada laboral, con la
reducción de la propia jornada, la potenciación de la contratación
a tiempo parcial y la lucha en contra de las horas extraordinarias
forma parte del debate laboral que vivimos en los últimos años en el
Estado español y, evidentemente, nadie es ajeno a esta realidad. Sin
ir más lejos, las directrices que aprobó el Gobierno en su Plan de
empleo precisamente hacían referencia a cuestiones que se abordan en
todo este debate y de manera muy específica a esa lucha contra las
horas extraordinarias, que todos coincidimos en remarcar que tienen
un carácter negativo desde el punto de vista de la creación de
empleo. La directriz número 13 del Plan de empleo recordaba que, en
línea con los criterios más habituales de la Unión Europea, se
impulsaría la reducción de las horas extraordinarias y la búsqueda de
una alternativa a las mismas. Hay, por tanto, un compromiso claro del
Gobierno para avanzar en este sentido.
Quisiera recordar también que en los presupuestos para 1998 se
aprobaron medidas que van en esta línea. Modificaciones legislativas
tenían como objetivo desincentivar las horas extraordinarias a través
de la supresión del trato económico favorable a las horas
estructurales y eliminación de las horas extraordinarias del cómputo
de las bases reguladoras de la prestación por desempleo. Hemos
avanzado hace escasos meses en esta lucha contra las horas
extraordinarias, pero, además, y ahí está lo más importante, el
acuerdo último de reforma laboral de 1997 entre sindicatos, patronal
y Gobierno insistía en la idea de que la reducción de las horas
extraordinarias solamente tenía sentido y podía ser eficaz a través
de los convenios colectivos. Quiero recordar que ese acuerdo afirmaba
que la realización de horas extraordinarias que no fuesen
estrictamente necesarias
podría incidir claramente en la creación de empleo en una situación
de paro como la actual. La posible reducción de las horas
extraordinarias debe llevarse a cabo a través de convenios colectivos
nacionales, así como su compensación por tiempo de descanso.
Es en ese marco de los convenios colectivos donde los agentes
sociales deben ser capaces de avanzar hacia la supresión de esas
horas extraordinarias y es en el marco de la negociación hoy abierta
sobre la potenciación de la contratación a tiempo parcial donde es
necesario afrontar estas cuestiones. Desde ese punto de vista, al
igual que hace una semana, no entendemos ni el sentido político ni de
estrategia laboral de Izquierda Unida a plantearnos debates que sabe
que no se van a resolver en esta Cámara, sino que se deben decidir en
el marco de la negociación colectiva, porque si hoy no hemos avanzado
en aquello que prevé el Estatuto de los Trabajadores en esta materia,
no es por falta de voluntad de este Gobierno o del anterior, ni
siquiera de la propia Cámara, sino por la falta de voluntad de los
propios agentes sociales. Creo que si a alguna cosa debería instar
esta Cámara, debiera ser a que los agentes sociales, y especialmente
los sindicatos, cumpliesen con aquello que les mandatan los acuerdos
con las organizaciones empresariales y en especial el propio Estatuto
de los Trabajadores.
Por todo ello, porque no coincidimos con esa oportunidad política,
vamos a rechazar tanto el texto presentado como el pactado con el
grupo enmendante.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Matador de Matos.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, de entrada voy a adelantar que mi grupo va a votar en
contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida siguiendo la línea y argumentaciones que ya hemos
puesto de manifiesto en esta Cámara en ocasiones anteriores en que
este tema se ha traído a debate. Previamente a analizar los puntos de
la proposición no de ley, me gustaría ceñirme a lo que se señala en
su exposición de motivos.
Hoy se trae aquí un tema que ya hemos tratado otras veces, como es el
de las horas extraordinarias, que afecta a la creación de empleo. Mi
grupo cree que es oportuno y necesario traer este debate a esta
Cámara, puesto que los ciudadanos y las ciudadanas españolas se
sentirán más identificados con este Parlamento al ver que nos
ocupamos y tratamos de los problemas que preocupan a la sociedad,
entre ellos el del desempleo, que es el principal. Ahora bien, lejos
de ser triunfalistas, ni mucho menos por razones de oportunidad, y
ciñéndome, como estoy diciendo, a la exposición de motivos de esta
proposición no de ley, hemos de decir
que desde la llegada al Gobierno del Partido Popular el crecimiento
económico se ha ido acercando al crecimiento de empleo, y así lo
muestran las cifras y todos los informes de la Unión Europea, que
ponen de relieve que en España es donde se están dando los mayores
crecimientos económicos y también los mayores crecimientos de empleo
de Europa.
El señor Vaquero habla en su proposición no de ley de unas tasas de
paro en nuestro país superiores al 20 por ciento. He de señalarle que
no es cierto, que hemos bajado del 19 por ciento. Concretamente, nos
encontramos en el 18,9 por ciento en términos EPA. Es importante
resaltar -y ya lo dijo el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, don Javier Arenas, el pasado miércoles, en esta Cámara- que
cada décima o cada medio punto, en términos de paro, ya sea EPA o
paro registrado, significa que muchos miles de familias españolas han
resuelto su problema de empleo, al menos en este momento. Por tanto,
no podemos seguir diciendo que España tiene doble tasa de paro que la
Unión Europea porque eso no es cierto. Sí es cierto que en marzo de
1996 estábamos en torno al 22 por ciento, pero hoy bajamos de la
cifra del 19 por ciento.
Y entrando ya en lo que es la proposición no de ley y en los puntos
que la componen, tengo que decir que es preocupante el excesivo
número de horas extraordinarias que nos muestran los datos. La mayor
parte de las veces estas horas son injustificadas y en la mente de
todos está seguir en la línea ya iniciada por el Gobierno de atajar
este problema. Ya se ha dicho aquí que en el plan de empleo se
contempla este compromiso y las normas recogidas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y en la ley de acompañamiento, a
las que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió. Por
tanto, mi grupo parlamentario tiene claro que una limitación o
reducción de las horas extraordinarias sólo puede redundar en una
mejora en términos de creación y reparto de empleo, siempre y cuando
se articulen al mismo tiempo los mecanismos en materia de tiempo de
trabajo y de trabajo a tiempo parcial que puedan canalizar hacia
empleo nuevo las horas de trabajo no realizadas, pero eso sí, siempre
-y se ha dejado bien claro en todo momento- dentro del contexto de la
negociación de los interlocutores sociales.
En esa línea, los interlocutores sociales españoles -y ya también se
ha resaltado aquí- se comprometieron en el acuerdo interconfederal
sobre la estabilidad en el empleo y plantearon al Gobierno un
análisis conjunto y tripartito sobre este tema, que habría de llevar
a una evaluación de la normativa vigente en la materia y a la
elaboración de propuestas de modificación normativa destinadas a
mejorar dicho cuestionamiento. Concretamente, se recoge en el
apartado 6 del capítulo I, titulado Tiempo de Trabajo y Empleo. Por
ello, consideramos que el análisis del problema de las horas
extraordinarias está dentro de un debate más amplio, que es sobre el
tiempo de trabajo en su conjunto, no sólo por la finalidad que
persigue sino porque a diferencia, por ejemplo, de lo que afirma el
proponente en la exposición
de motivos, no es en absoluto cierto que la mayor flexibilidad
empresarial en la ordenación de las jornadas de trabajo incremente la
realización de horas extraordinarias. Como es obvio, ocurre
exactamente lo contrario.
Volvemos a reiterar que son los propios interlocutores sociales los
que han decidido analizar conjuntamente y con el Gobierno este tema,
en un proceso de reflexión y de diálogo social cuyos resultados
creemos que no deberían entorpecerse ni anticiparse con la toma en
consideración de esta proposición no de ley.
Es necesario hacer alguna reflexión sobre otros puntos de la
proposición no de ley. Por ejemplo, se aborda el tema de las horas
extraordinarias de forma simplista y voluntarista, y no se tiene en
cuenta la problemática económica y técnica que subyace detrás de esta
institución. Al mismo tiempo, también se trata de combatir de forma
indiscriminada la totalidad de horas extraordinarias, con
independencia de cuál sea su causa y finalidad. Así, según dice la
proposición no de ley, el objeto es abordar la reducción de las horas
extraordinarias como instrumento para la creación de empleo y reparto
del mismo, lo que obligaría a distinguir entre aquellas horas
extraordinarias, con incidencia sobre la creación y reparto de
empleo, por ser posible su sustitución mediante la contratación de
nuevos trabajadores, y aquellas horas que, bien por su número, bien
por la circunstancia en que se produzcan o por la causa que las
originen, carecen de tal capacidad de sustitución, razón por la cual
también resultaría irrelevante desde el punto de vista de la creación
de empleo que preside la propuesta. También está la prohibición o
limitación de estas horas extraordinarias, que es inútil para
producir efectos positivos para el empleo, puesto que ello podría
producir exactamente los efectos contrarios, dificultando el
funcionamiento de las empresas y perjudicando la creación de empleo.
Por tanto, y para terminar, dejémonos de simplezas y de
superficialidades, que quedan patentes en esta proposición no de ley,
razón por la que es especialmente afortunado el deseo de los
interlocutores sociales, que conocen mejor que nadie el
funcionamiento del mercado de trabajo y representan los verdaderos
intereses y aspiraciones reales de empresarios y trabajadores de
abordar conjuntamente y en profundidad este tema.
Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra de la proposición no
de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Matador.
Señora Salinas, si la Presidencia no se equivoca, ha aceptado la
transacción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
el cual no acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Mixto
suscrita por el señor Peralta. ¿Es así? (Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación en los términos resultantes del
debate; es decir, la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida
con las introducciones realizadas mediante la transaccional entre
este grupo y el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida, sobre medidas para creación de empleo a
través de la reducción de las horas extraordinarias, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional propuesta
por el Grupo Socialista y que ha aceptado el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 144; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Número
de expediente 162/000272).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Campuzano. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio para poder continuar con el
Pleno.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) subo
a la tribuna a presentar el texto, para su debate en la Cámara y
posterior votación, de una proposición no de ley sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.
Esta iniciativa se produce en esta Cámara 15 años después de la
publicación de la Lismi, una ley que consolidó y marcó los derechos
sociales de los minusválidos, que diseñó el sistema de pensiones que
tenemos en esta materia para este colectivo, y que reguló el acceso
al trabajo de este sector, una ley de las más progresistas
y ejemplares de toda Europa, impulsada de manera muy significativa en
su día por un dirigente emblemático de nuestra Coalición, Ramón Trías
Fargas, una ley que en el sector de personas que trabajan en este
ámbito es conocida como la ley Trías Fargas. Lo
hacemos, por tanto, en un momento de balance de esta actuación y 14
años después de la puesta en marcha de las primeras normativas
(Rumores.).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Campuzano.
Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Decía también que lo hacemos 14 años
después de las primeras normativas que regulan el acceso al empleo
ordinario de los discapacitados y 12 años después de las normativas
que regulan los centros especiales de trabajo, lo que quiere decir
que, con esto, abordamos una serie de medidas que desarrollan y
reforman en parte la Lismi, porque entendemos que ha pasado el tiempo
suficiente para hacer balance y para avanzar en línea con los nuevos
tiempos.
Este conjunto de medidas que Convergència i Unió pone a consideración
de la Cámara van en la línea de dar un nuevo impulso al conjunto de
políticas que tienen como objetivo central la plena integración
social de las personas con discapacidad, que no sólo tengan los
mismos derechos sociales sino sobre todo la posibilidad real de
ejercerlos. Entendemos que de la única manera que es posible ejercer
esos derechos es partiendo de la oportunidad de trabajar. La
principal fórmula de integración social de las personas es a través
del trabajo, propiciando su autonomía personal, propiciando su no
dependencia. Entendemos que dar oportunidades para el trabajo es la
única fórmula posible para hacer frente a la exclusión social que la
disminución implica.
Esta iniciativa la planteamos después de un reciente acuerdo entre el
Gobierno del Partido Popular y Convergència i Unió en el marco de la
reforma fiscal. La semana pasada, en el proyecto de ley del IRPF, se
incorporó una serie de medidas que precisamente refuerzan la
solidaridad familiar con los discapacitados, refuerzan el derecho a
la movilidad y el derecho a la vivienda. Por tanto, nos gustaría
situar esta iniciativa en este contexto, convencidos de no haber
aprovechado el conjunto de posibilidades que nos daba la Lismi. El
conjunto de administraciones, el conjunto de agentes sociales, no nos
hemos comprometido suficientemente para desarrollar, insisto, una de
las leyes más progresistas de la Unión Europea. Nuestras 12
propuestas van en la línea de sentar las bases que hagan posible
aprovechar al máximo esas posibilidades legales.
En primer lugar, planteamos la necesidad de modificar el actual
sistema de coeficientes de valoración adaptándolos a los nuevos
tiempos. En segundo lugar, poner en marcha los equipos
multiprofesionales -una de las cuestiones previstas en la Lismi y no
puestas en marcha-, que todas las personas que trabajan en este
sector entienden básicos para poder realizar de manera efectiva estas
valoraciones. En tercer lugar, planteamos la necesidad de abrir un
debate en relación a la articulación de un sistema de prestaciones
por dependencia,
que tiende a reforzar la autonomía personal de los discapacitados
y buscar fórmulas que permitan compatibilizar las pensiones de
invalidez con el trabajo. En cuarto lugar, reforzar esa capacidad
autónoma del discapacitado. En quinto lugar, nos parece que es
necesario abrir la discusión, el debate, sobre la cuota de reserva,
ese 2 por ciento que hoy estamos lejos de cumplir, que convierte esa
ley en ejemplar, pero a medida que nadie es capaz de cumplirla se
convierte también en una ley vacía. Por tanto, hay que buscar
fórmulas alternativas que, al mismo tiempo, incentiven esa
contratación de minusválidos para las empresas ordinarias.
En sexto lugar, abrimos el debate sobre el canon compensatorio, un
debate complejo y difícil. Es evidente que tan sólo puede salir
adelante con el acuerdo de sindicatos y empresarios, pero está ahí y
creo que sería bueno que este Congreso, en base al informe que
elabore el Gobierno, lo pueda discutir con profundidad. En séptimo
lugar, aprobar una nueva normativa que regule los servicios de apoyo
a la integración laboral, pendiente también de desarrollo y básico
para hacer posible esta presencia de los minusválidos en la empresa
ordinaria. En octavo lugar, regular el traspaso del trabajador, que
está en un centro especial, a la empresa ordinaria. Ahí también
existe un vacío legal que debemos ser capaces de cubrir. En noveno
lugar, actualizar las medidas específicas para la contratación de
trabajadores. Nos parece que, desde hace demasiado tiempo, estamos en
la cifra de medio millón de pesetas para subvencionar las
contrataciones de estos sectores. En décimo lugar, una cuestión
también importante. Aún no se ha desarrollado el contrato especial de
formación que preveía la Lismi. Todo el sector que trabaja en el
ámbito de los minusválidos psíquicos entiende absolutamente necesario
tener una figura propia y específica que permita realmente que el
minusválido psíquico pueda aprovecharse de las oportunidades
formativas de la contratación. Es cierto que hoy no se utiliza casi
para nada, menos en el sector de los psíquicos, la contratación
formativa o de aprendizaje. En undécimo lugar, desarrollar las
empresas mixtas como fórmula para incentivar y potenciar las
posibilidades del trabajo en la empresa ordinaria. En duodécimo
lugar, el desarrollo de los enclaves temporales; otro instrumento que
va en la línea, precisamente, de facilitar ese traspaso del empleo
protegido al empleo ordinario.
Hoy existe un debate amplísimo en todos los sectores implicados en
esta cuestión sobre la necesidad de reforzar mecanismos que permitan
a los minusválidos ser capaces de acceder a la empresa ordinaria.
Tenemos que hacer esto siendo capaces de entender que en el mundo de
los minusválidos existen sectores muy específicos, algunos de ellos
con una especial desprotección, y estoy pensando en el sector de los
disminuidos psíquicos. En él, la tasa de paro y la tasa de
inactividad es tan absolutamente abrumadora que nos debe hacer
entender que las medidas que pensamos para los minusválidos físicos
son totalmente insuficientes. Por tanto, partiendo de esta idea de
que no podemos ser
capaces de regular para todos los sectores las mismas medidas,
debemos tratar de conseguir que esta potenciación del empleo en la
empresa ordinaria no pase por debilitar el sector de empleo
protegido, que hoy es absolutamente necesario para poder dar esas
oportunidades a los minusválidos psíquicos. En consecuencia, son 12
iniciativas que no se alejan del espíritu de la Lismi; todo lo
contrario, pretenden adaptarla a los nuevos tiempos.
En este sentido, me gustaría recordar unas frases que Ramón Trías
Fargas pronunció en esta Cámara el 14 de octubre de 1981, cuando
empezaron los debates en relación con esta ley. Decía lo siguiente:
Lo que tenemos que hacer es que este Gobierno o los que puedan venir
después se den cuenta de que esta ley no es un final, sino un
principio, una primera apertura a la esperanza, a la ilusión y a la
elevación moral de la sociedad. Pues bien, con esta proposición no de
ley -de manera seguramente más modesta- Convergència i Unió pretende
situar en el Pleno de la Cámara esa voluntad. La Lismi fue el inicio;
esta proposición no de ley pretende ser una continuidad de la Lismi,
adaptada a los nuevos tiempos, entendiendo también que, en el futuro
y en esta Cámara, deberemos seguir debatiendo iniciativas que incidan
en la ocupación de las personas con discapacidad, como único
mecanismo para conseguir su integración social en nuestra sociedad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
A esta iniciativa han sido presentadas tres enmiendas, por parte de
los grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida y Popular.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación
con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre el plan de igualdad para el
empleo de los discapacitados. Yo les tengo que confesar una cosa y es
que, inicialmente, todo el trabajo que había realizado estaba
vinculado con la proposición de Convergència i Unió. Cuál no será mi
sorpresa cuando me he encontrado que, en la presentación de las
enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno,
ha hecho una enmienda de modificación técnica que supone,
íntegramente, la modificación de todo lo que era la proposición no de
ley. Por lo tanto, con un encaje de bolillos, creo que todos los
grupos parlamentarios vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo, un
acuerdo que a mí me parece más un pastiche, pero como estamos por la
vía del consenso y del acuerdo, creo que intentaremos hacer este tipo
de trabajo con un carácter más competente y más resolutivo.
En primer lugar, les quiero decir que el consejero de la Generalitat,
el señor Comas -que es conocido muy bien por todos los profesionales
que nos hemos dedicado al ámbito de los servicios sociales-, creo que
con un esfuerzo importante, nos ha querido traer aquí, en el ámbito
de lo social, la traslación de lo que es el documento de Barcelona.
Es decir, si hemos sido capaces durante la historia y el desarrollo
de la atención a los discapacitados de tener tres leyes importantes,
como son la Lismi, el Plan de acción para las personas con
discapacidad, que abarca un quinquenio, del año 1997 al 2002
-consensuado por todas las comunidades autónomas- y en último lugar
el Plan de medidas urgentes para la inserción laboral de los
discapacitados, aprobados en Consejo de Ministros el día 15 de
octubre del año 1997, con este esfuerzo que han realizado quieren ver
que las políticas de los minusválidos se insertan en varios foros que
ya están estudiando las propias comunidades autónomas. Por tanto,
bienvenidas sean siempre estas iniciativas en la medida en que
mejoran propuestas que los grupos parlamentarios y las personas que
estamos vinculadas a este tipo de necesidades sociales tenemos que
realizar.
No podemos olvidar, señorías -y ya se ha referido a ello el señor
Campuzano en su intervención- que el tronco común que dio pie a la
intervención vinculada a 2.300.000 habitantes de nuestro país, es
decir a los discapacitados, fue la Lismi, aprobada por unanimidad de
todos los grupos de esta Cámara, y que fue felicitada por diversos
países de la Unión Europea -Comunidad Económica Europea entonces, en
el año 1982- por el ámbito y la vanguardia que abarcaban los diversos
temas que trataba, y sobre todo el proyecto que suponía de compromiso
para todos los grupos políticos la atención del colectivo de los
discapacitados.
Quiero analizar los contenidos de la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
además les quiero decir que algunas medidas ya están realizadas. Se
plantea en la primera medida que se elaboren los nuevos baremos de la
discapacidad. Me cabe el gusto de poder informar a SS.SS. de que
estos baremos ya han sido consensuados con todas las comunidades
autónomas y lo que falta por redactar y por publicar es el real
decreto que trata del procedimiento de la tramitación del baremo. Los
baremos van a ir como anexos y han sido consensuados también por
todas las comunidades autónomas.
Quiero decirles que a la proposición no de ley hemos presentado una
enmienda que tiene que ver con algo, desde el punto de vista del
Grupo Parlamentario Socialista, muy importante en el ámbito de la
atención a los discapacitados. Estamos acostumbrados a presentar
enmiendas de carácter sectorial, permanentemente proposiciones no de
ley, permanentemente actuaciones que van abarcando contenidos muy
sectoriales de la atención a los discapacitados. Nos parece
importante, y por eso presentamos la enmienda, que la reforma del
título VII de la Lismi, que hace referencia a la inserción laboral de
los discapacitados, se trate con un carácter
homogéneo, coordinado, integrador, global y no de forma sectorizada.
Por eso creo que esta proposición no de ley, que ha sido
complementada y casi sustituida por la mejora técnica del grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno, tiene que llevar aparejado, y
así nos lo ha hecho saber el proponente, un elemento que obligue al
Gobierno a elaborar todo el desarrollo del título VII de la Lismi.
Hay algunos aspectos que también merece la pena resaltar en relación
a esta iniciativa parlamentaria, y es que en el informe número 5 del
Consejo Económico y Social se establecía la necesidad de ampliar la
reserva de puestos de trabajo para los discapacitados en un 2 por
ciento, seguirla incrementando. Nos parece muy buena como idea y como
filosofía, pero la realidad es que no se cumple -qué le vamos a
hacer, no somos capaces de cumplirlo-, y si no se ha establecido
hasta ahora un canon o una medida de coacción que obligue a los
empresarios a asumir este compromiso, va a ser muy difícil que se
desarrolle. Por tanto, nos parece mejor estudiar otras propuestas que
ya en el Cermi están cobrando bastante fuerza y realismo, como son
que las empresas que no tengan el cupo de trabajadores minusválidos
tengan la obligación de contratar servicios o programas con un valor
de un 5 por ciento del salario mínimo interprofesional, que
permitiría que los centros especiales de empleo o que los talleres
protegidos puedan llevar a cabo determinadas producciones que
garanticen una inserción laboral de los discapacitados.
En otro orden de cosas me parece también importante decir que los
servicios de apoyo a la integración laboral, que aparecen aquí como
propuesta número 3 en la iniciativa de Convergència i Unió, tienen un
elemento que creemos que es innovador pero también algún riesgo, y es
que este tipo de servicios con apoyo para la inserción laboral
solamente se desarrollan en Cataluña. Por lo tanto, si vamos a
ejecutar una normativa que amplíe su creación y que concrete sus
funciones, seríamos más partidarios de valorarla.
El resto de los puntos que plantea la proposición no de ley están
recogidos ya en el plan de acción que el Gobierno aprobó el día 15 de
octubre en relación con la integración laboral de los discapacitados.
La tramitación de este plan de acción tuvo amplia contestación por
parte de todos los grupos parlamentarios porque nos vimos
sorprendidos el día 10 de diciembre. De una forma cicatera se
sustrajo al debate de esta Cámara todo lo que hubieran sido una serie
de medidas que mejoran la inserción laboral de los discapacitados.
Por lo tanto, creíamos que era importante volver a traer al Congreso
de los Diputados estas propuestas que nos hizo el Gobierno, al igual
que abrir el debate. En la Ley de acompañamiento modificaron tres
normativas, entre ellas el artículo que se refiere a la cuota de
reserva de los puestos de trabajo y a los centros especiales de
empleo, creando una gran polémica en el sector, sobre todo porque se
veía perjudicado fundamentalmente el sector de los discapacitados
psíquicos y porque prorrogaron la disposición vigesimosexta
de la Ley de acompañamiento, que ampliaba a un año más el
programa de fomento para el empleo de discapacitados.
Al leer los elogios que la Unión Europea ha hecho a este plan de
empleo del Reino de España me ha parecido que tenemos que empezar a
preocuparnos y voy a decir por qué. Porque queda mucho trabajo por
hacer, mucho trabajo por desarrollar y me parece que lo que han sido
elogios van a quedar convertidos en sonrojos, y les voy a decir por
qué. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobó el 15 de
octubre este Plan de empleo de discapacitados. Ha promulgado
únicamente un real decreto como desarrollo de la Ley 63/1997 sobre
medidas urgentes para la mejora del mercado del trabajo y fomento de
la contratación indefinida. Sin embargo, el plan necesita que se
promulguen nueve reales decretos. Habiendo entrado en el otoño -es
decir, habiendo transcurrido ya el 75 por ciento de este año, 1998-,
no se ha desarrollado ninguna normativa más. Quedan cosas muy
importantes, yo diría que imprescindibles, si este Gobierno quiere
tener credibilidad con la ciudadanía, sobre todo con el colectivo de
discapacitados; tienen que hacer los deberes, señores del Grupo
Popular y señores del Gobierno. Queda mucho por hacer. Estamos
hablando de 1.000.138 personas discapacitadas, que están en edad de
trabajar, cuyo 79 por ciento es población inactiva. Está sin
promulgar el real decreto del empleo selectivo y medidas de fomento
del empleo, está sin promulgar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Cortajarena, le ruego concluya.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente. Ahora
concluyo.
Está sin promulgar el real decreto de medidas de reservas de empleo
para los minusválidos, que abarcan los enclaves laborales y el empleo
con apoyos; está sin promulgar el nuevo real decreto que regule los
centros especiales de empleo, el real decreto que regule la relación
laboral específica de los minusválidos en los centros especiales de
empleo. Tienen la obligación, señores del Gobierno, de promulgar
cinco órdenes ministeriales. Ahora, lo que es verdaderamente más
grave, ustedes tienen muy contentas a las entidades, a las
instituciones y al colectivo de asociaciones de minusválidos. El día
22 de septiembre todavía no se ha promulgado la orden ministerial que
regula las subvenciones en materia de empleo de minusválidos.
Les he dicho al principio que estábamos en el otoño, pues en el otoño
estamos. Hagan los deberes, señores del Gobierno, porque, de lo
contrario, reducirán el déficit pero siempre a costa de que un
colectivo de discapacitados tenga que seguir soportando un desempleo
tan elevado. Teniendo en cuenta que España va bien, los
discapacitados se preguntan para quién.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal para
defender las enmiendas que hemos formulado a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nuestro grupo considera que en general la voluntad y la letra de la
proposición no de ley presentada por Convergència i Unió es un paso
adelante y aborda problemas para mejorar los cauces de integración e
igualdad de oportunidades a las personas con problemas de
discapacidad, tanto en el ámbito social como fundamentalmente en el
ámbito laboral. Valoramos positivamente las medidas encaminadas al
acceso al mundo laboral ordinario, valoramos los planteamientos de
revisión sobre la cuota de reserva con mayores niveles de adecuación
al mundo laboral, pero fundamentalmente en aquello que insiste en el
cumplimiento efectivo, y los incentivos específicos a las empresas
que sobrepasen el porcentaje de cuota exigible, junto con otras
propuestas de índole social, que vienen a significar una posibilidad
de mayores niveles de integración laboral, que es el verdadero
problema en este momento, que afecta a una parte importante de
nuestra población. No obstante, valorando positivamente la
proposición no de ley y su oportunidad, presentamos cuatro enmiendas
con el objetivo de introducir algunos elementos que consideramos
necesarios.
La primera enmienda hace referencia al punto 1 y proponemos una
sustitución por un nuevo redactado que acerque y ponga a disposición
de las personas discapacitadas los avances tecnológicos en el
tratamiento de sus patologías, con el objetivo de concretar y hacer
mayor hincapié en que los avances tecnológicos estén a disposición
del tratamiento de las patologías de las personas con discapacidades.
La segunda enmienda corresponde al punto 9, y desea añadir, después
de: el fomento de los contratos a tiempo parcial, un párrafo en el
que se considere en todo caso la cobertura total de las prestaciones,
fundamentalmente con el objetivo de que, sea cual fuere la duración
de la jornada a tiempo parcial, se considere como día trabajado a la
hora de tener acceso al conjunto de prestaciones sociales.
La tercera enmienda querría añadir, al hacer referencia a la posible
creación de empresas mixtas, que prevea las medidas de control
pertinente para conseguir el objetivo para las que son diseñadas. En
todo caso, tendería a un cumplimiento de mayor transparencia en la
gestión y a mantener los objetivos por los que las mismas pudieran
ser incentivadas.
Finalmente, quisiéramos añadir un nuevo punto para poner en marcha
políticas activas, en colaboración con el resto de las
Administraciones públicas, empresas y fundaciones, que repercutan de
forma más directa en el beneficio social de las personas
discapacitadas.
Por lo tanto, valoramos positivamente esta iniciativa y el consenso
con el resto de los grupos, anunciando nuestro voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de
sus enmiendas, tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señorías, yo sí subo con agrado a defender nuestra posición ante esta
proposición, a cuyo acuerdo consideramos que es bueno que hayamos
llegado. Parece que a algún grupo no le agradan estos consensos en
materia que, por otro lado, es bastante habitual. Siempre hemos
intentado que sean aprobadas por consenso desde la Lismi hasta el
resto de las iniciativas que atienden a minusválidos. También parece
que molestan a algún grupo los elogios del Plan de empleo que
contemplan favorablemente esta serie de medidas.
Al hilo de la última frase del portavoz del Grupo Socialista,
diciendo que España va bien, pero para quién, según se preguntan los
minusválidos, he de indicarle que, casualidades del destino, acabamos
de recibir una carta del Cermi diciendo que para todos los
discapacitados va bien. Refiriéndose a las reformas fiscales, dice:
para los que nos honramos en representar la decisión sin precedentes
supone un avance significativo en favor de dos millones y medio de
ciudadanos y sus familias, y estamos seguros de que contribuirá
considerablemente a la aceleración del proceso de integración social
y laboral de un grupo social como el de los discapacitados, todavía
claramente desfavorecidos. Según los colectivos afectados, parece
ser, no les va mal desde que este Gobierno está ejerciendo sus
funciones.
Por lo demás, creo que todos juntos debemos de trabajar en este tema
porque es el buen camino. Y hay que hacer todos los esfuerzos
posibles, como los que hemos hecho en esta buena iniciativa, para
que, discutiendo punto por punto -y quiero resaltar la generosidad de
Convergència al aceptar las enmiendas de Izquierda Unida- hagamos
algo que nos represente a todos trabajando en positivo.
Nos agrada mucho que se esté avanzando, pero no nos olvidamos de lo
mal que estamos. El colectivo de discapacitados está muy lejos de la
igualdad de oportunidades y necesita mucho más apoyo -de eso no nos
podemos olvidar-, pero precisamente éste ha sido uno de los pilares
en la política social y laboral desde que está el Gobierno del
Partido Popular. Toda nuestra acción ha ido encaminada a esto. Baste
recordar para
ello el acuerdo con el Consejo Español de Representantes de
Minusválidos, el Cermi, del que salió un plan de medidas urgentes
para la promoción del empleo en este colectivo; véase cómo en el Plan
nacional de empleo hay una serie de medidas de importante calado que
tienen sustantividad propia como apoyo a este colectivo; o véase las
medidas que aprobamos la semana pasada en esta Cámara en el proyecto
del IRPF cómo, además de favorecer al discapacitado, se tiene también
en cuenta a la familia, a la unidad convivencial que tiene que
apoyarlo. Estas medidas, como he leído al principio de mi
intervención han sido muy bien acogidas, y hay algo muy importante y
es que todas estas iniciativas, que pueden considerarse como los tres
pilares, han sido debatidas y consensuadas; así es como nosotros
entendemos que se tiene que hacer. Existe sensibilidad, y estamos
seguros de que también la comparte toda la Cámara y toda Europa.
Desde la declaración de la Asamblea de la ONU en diciembre de 1993
hasta la declaración del Consejo de diciembre de 1996 la sensibilidad
se ha ido incrementando. Pero ¿cómo se instrumenta? El Gobierno del
Partido Popular y el grupo que lo apoya, como en tantos otros temas,
entiende que la mejor forma es a través de las asociaciones más
representativas de este sector. ¿Por qué? Por dos razones
fundamentales: porque son los que mejor conocen los problemas y
pueden hacer las demandas con más conocimiento de causa y porque hay
que implicarlas para que se puedan obtener resultados eficaces. Desde
la perspectiva de estos tres puntos (acuerdo con el Cermi, Plan
nacional de empleo y la reforma de IRPF), dialogando y consensuando,
como he dicho antes, que es como hay que avanzar, no a base de ideas
geniales, es desde donde queremos posicionarnos en los 12 puntos que,
desde el petitum de la proposición de Convergència i Unió, hoy
debatimos aquí.
Con los puntos 1 y 2 estamos de acuerdo. Parece que también le
molesta a algún grupo que ya se estén desarrollando estas medidas. Si
dice que las recoge el Plan nacional de empleo y el plan de acción
acordado, lo normal es que se esté trabajando en ellas. Es más, antes
de final de año, saldrá el proyecto que, como usted ha dicho, además
ha sido consensuado con las comunidades autónomas, con especialistas
y con las ONG implicadas. Los baremos serán modificados ya que era
necesario.
En cuanto a personalizar la integración del trabajador discapacitado
estamos tomando varias medidas -en eso estaremos de acuerdo- que se
contemplaban en la directriz 19 del Plan nacional de empleo, como la
actualización del registro o la creación de servicios de
intermediación laboral, adaptado específicamente a las necesidades de
las personas con discapacidad. Estamos en condiciones de decir que se
van a realizar.
En el punto 3 no hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que un
sistema donde se consideren las rentas personales y no las familiares
va contra el sistema de reparto que subyace en nuestra Ley de
Seguridad Social; pueden crearse situaciones bastante injustas,
ya que se puede dar ayudas a personas que efectivamente tengan
una minusvalía pero tengan unas condiciones económicas muy saneadas,
lo que, repito, va contra ese sistema de solidaridad que tenemos.
Incluso podría ir contra los principios acordados en el marco del
Cermi de que se apoyen las políticas activas de empleo, no solamente
en el aspecto económico, sino también en lo que significa el trabajo
de integración social. Reconociendo permanentemente que tenemos mucho
que avanzar, no se puede olvidar que desde el año 1996 estamos
incrementado en un 23, 24 por ciento anualmente el número de
contratos indefinidos de los minusválidos. Creo que es poco, que
necesitamos más, pero hay que tenerlo en cuenta. Está dando
resultados y tenemos que seguir avanzando por ese camino.
El punto 4 va en la línea que tanto el plan de acción como la
modificación que se hizo en la Ley de acompañamiento del año 1996 del
artículo 144 querían hacer compatibles, con las debidas cautelas por
supuesto: el trabajo y las pensiones. En consecuencia, total acuerdo.
En el 5 y 6 hay que profundizar; hay que trabajarlos. Me parece
excelente que Convergència i Unió traiga este tema a debate, pero hay
un hecho que ha señalado el Grupo Socialista y que nosotros
reconocemos igualmente: la cuota del 2 por ciento tradicionalmente no
se cumple. Nosotros creemos que, antes de ampliar y aspirar a más
-que deberemos aspirar a más indudablemente-, tenemos que hacer que
se cumpla. Se ha iniciado el camino y hay que incrementar los
controles, como se recoge aquí -ya se está haciendo-; hay que buscar
excepcionalmente medidas alternativas y también, por qué no, entrar a
estudiar un canon para las empresas, siempre y cuando no vaya a ser
negativo porque a fin de cuentas represente un coste más para la
pequeña empresa, que es lo que hay que contemplar y equilibrar a la
hora de tomar estas medidas. Se está estudiando, dentro del
desarrollo del acuerdo de acción para el empleo, una serie de medidas
que pueden ser sustitutivas, como los contratos de prestación de
servicios o suministros de centros especiales de empleo, que pueden
ser efectivos a la hora de hablar de una sustitución.
Con los puntos 7, 8 y 12 estamos en total acuerdo. Cualquier medida
que refuerce el paso de los centros especiales de empleo a las
empresas ordinarias con cualquier medida de tutela, de apoyo y que le
den la posibilidad de volver a reintegrarse si tiene algún problema,
nos parece excelente, acertada y la suscribimos con todas nuestras
fuerzas.
El punto 9 igualmente nos parece efectivo. Simplemente señalaré dos
matizaciones que recoge el acuerdo que tenemos, que son: en lugar de
proyecto de ley que sea un real decreto, que nos parece suficiente y
más adecuado, así como que consideramos adecuado el incremento de la
bonificación de la Seguridad Social - estaremos de acuerdo-, puesto
que está en el 70 o el 90 por ciento, según que sean menores o
mayores de 45 años, e incluso puede llegar al cien por ciento en algún
tipo de contratos. El real decreto para incremento
de subvenciones a los contratos indefinidos está ya en marcha.
Igualmente, como saben, está en trámite la incentivación del contrato
a tiempo parcial. En consecuencia, estas medidas no pueden hacer sino
favorecer la integración social y laboral de este colectivo.
El contrato formativo efectivamente se venía y se viene solicitando.
Si bien es cierto que no existe como tipología un contrato...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caneda,
le ruego concluya.
El señor CANEDA MORALES. Un segundo y acabo, señor presidente.
Respecto al contrato formativo, que es verdad que no existe, también
hemos de reconocer que hay una serie de medidas específicas dentro de
la formación, como el que no tenga la limitación de 21 años, el que
sea más larga su duración, hasta cuatro. Es decir, son una serie de
medidas suficientes, pero, en cualquier caso, estamos de acuerdo en
que se cree este contrato.
Por último, no quiero dejar escapar el punto 11, en el que se habla
de la nueva tipología de empresa. Yo creo que es muy positivo lo que
se está haciendo con la evolución de los centros especiales de
empleo. Ya se ha rebajado el número al 70 por ciento; se está
contemplando una nueva modulación de subvenciones en función del
número de trabajadores discapacitados; se está elaborando una nueva
regulación de la relación laboral dentro de los centros especiales de
empleo. Todo esto está haciendo evolucionar unos centros especiales de
empleo hacia un tipo de empresa mixta que será mucho más competitiva
y además logrará una mejor integración del trabajador. No obstante,
reconozco que hay que hacer un esfuerzo especial y encontrar un tipo
de empresa que se adecue más a los trabajadores con minusvalías
psíquicas que han quedado un tanto desprotegidos en la última
regulación.
En definitiva, vamos a votar favorablemente porque nos parece muy
buena y oportuna esta medida. Creo que lo mejor es seguir trabajando
todos juntos para hacer más iguales a los desiguales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo con la máxima brevedad para dar apoyo a la proposición
presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, suscribiendo
íntegramente no sólo la exposición de motivos de su iniciativa sino
todos y cada uno de los doce puntos que se presentan con un ánimo
constructivo, que está siendo avalada por el resto de los grupos
parlamentarios. Creo que sería
importante que en una iniciativa en la que coincidimos en lo esencial
todos los grupos parlamentarios y todos los partidos políticos,
intentáramos, de una vez por todas, dar un paso adelante como el que
significó la Ley de Integración Social de los Minusválidos,
coloquialmente conocida como Lismi, en el año 1982. Esta iniciativa,
aparte de ser oportuna, es constructiva. Desde Unió Valenciana
apelamos a que, en la línea de lo presentado hoy por el Grupo Catalán
de Convergència i Unió y el resto de grupos que han aportado
enmiendas, demos un paso adelante en lo que a todos nos preocupa, que
es acabar con la exclusión social y laboral de un colectivo muy
importante de ciudadanas y ciudadanos del Estado español, como son
aquellos que tienen algún tipo de minusvalía o discapacidad física,
psíquica o sensorial, para que logren su plena integración social por
el camino de una integración efectiva, como es la consecución de un
puesto de trabajo. Porque esa opción, en igualdad de condiciones, a
un puesto de trabajo, es una garantía efectiva de integración y de
fomento de la autoestima de esas personas que sufren una
discapacitación o una minusvalía.
Habría que hacer alguna reflexión como se ha apuntado, empezando por
el porcentaje que debería considerarse para las empresas y para las
Administraciones. Uno de los grandes incumplimientos de la Lismi es
la integración laboral de los minusválidos, empezando por las ofertas
públicas de empleo de la mayoría de corporaciones locales, de
Administraciones autonómicas y de la propia Administración central
del Estado. Se ha avanzado, se ha hecho esfuerzos pero sigue quedando
muy lejos esas ofertas públicas de empleo, esa oportunidad a todos
por igual, para que aquellos que tienen alguna minusvalía física,
psíquica o sensorial dispongan de una verdadera opción para encontrar
un puesto de trabajo digno, según sus aptitudes, y desarrollarlo
plenamente en cualquier tipo de administración o empresa, bien sea
pública o privada.
Es un camino muy acertado el seguir con ese incremento de las
subvenciones y el estímulo fiscal a la contratación de los
trabajadores con algún tipo de minusvalía. Por tanto, apelo a ese
sentido común, a esas ganas de superar y de aprobar esa asignatura
pendiente, que es la plena integración laboral de aquellos que tienen
una minusvalía, para que hoy, desde el pleno consenso, demos un paso
adelante en el cumplimiento de esa Lismi que ha sido valorada por
todos positivamente, aunque también nos hemos lamentado por que sea
la gran incumplida y no respetada en el cien por cien de sus grandes
objetivos positivos y finalidades que se contemplaban en su
articulado. Por tanto, llamo a ese consenso y desde Unión Valenciana
aportaremos nuestro voto para conseguirlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Después de repasar en estos días el «Diario de Sesiones» de esta
Cámara de finales del año 1981 y principios de 1982, cuando se hizo
el debate y la aprobación de la Ley 13 de abril de 1982, me satisface
encontrar una vez más aquél espíritu de consenso en la iniciativa que
había tomado del Gobierno de la Unión de Centro Democrático y los
partidos representados en aquel momento en la Cámara. Había una
conciencia de atender en una línea de sentido común, de justicia
social y de principio constitucional de igualdad de oportunidades
ante la situación de los minusválidos para encauzarles hacia unos
puestos de trabajo, hacia una actividad laboral. Viendo hoy las
intervenciones, quiero aprovechar la ocasión para felicitar al grupo
proponente de la iniciativa, el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
por haber traído aquí esta materia y comprobar que se mantiene ahora
con ese principio que hubo en 1981 y 1982, el de darle a esos
minusválidos una igualdad de oportunidad. Al mismo tiempo, con las
enmiendas que han presentado los demás grupos, observamos el
mantenimiento de ese principio integrador.
Qué duda cabe que se han producido una serie de modificaciones, que
son muy acertadas, como las correcciones que trata de hacer, por
ejemplo, la enmienda del Grupo Socialista. También ha recordado el
portavoz del Grupo Popular la modificación de la cuota, pero, sobre
todo, el cumplimiento de la misma. Tenemos un dos por ciento, pero en
muchas actividades empresariales su cumplimiento se quedaba en papel
mojado; era una cifra puramente indicativa, objeto de una retórica de
referencia, que necesitaba una serie de medidas y de incentivos.
Creemos oportuna, por ejemplo, la enmienda que presenta el Grupo
Socialista de coger el Título VII de la Ley de 1982 y darle un nuevo
contenido jurídico, porque, si no, se nos quedaría sin un soporte que
diera un sentido de eficacia de Derecho positivo a lo que estamos
diciendo. Se nos quedaría también en un puro discurso de buena
voluntad.
Se trata de incentivar una serie de actividades del empresario, para
que cuando sea una empresa rígida, porque en su plantilla resulte muy
difícil la admisión de discapacitados o de minusválidos, tenga la
capacidad de constituirse en una empresa mixta donde haya también un
trabajo protegido, un puesto de trabajo que dé este incentivo, no
puramente fiscal o de Seguridad Social. Se trata también de un
compromiso con aquellas otras administraciones distintas de la
Administración central del Estado, como la autonómica, la de los
ayuntamientos, la de las empresas públicas, fundamentalmente, y con
aquellas otras actividades que están tuteladas por instituciones de
fomento de un bienestar social, como las fundaciones.
Por todo ello, existiendo este espíritu de consenso y trasladando
aquí las inquietudes del ayer con los deseos de perfeccionamiento
jurídico de hoy en la legislación laboral, mi grupo parlamentario va
a dar el voto
favorable a la enmienda que se nos ha hecho llegar de acumulación de
todas las demás.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Señor Campuzano, S.S. debe expresar la aceptación o no de las
enmiendas planteadas a la iniciativa de su grupo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Agradezco las intervenciones de la totalidad de los diversos
portavoces, porque han destacado el carácter positivo de esta
proposición no de ley. Nuestro grupo también quería remarcar el hecho
de que creo que es el primer debate monográfico que tenemos en esta
legislatura sobre materia de minusválidos, y esto nos satisface.
Aceptamos la enmienda número uno de Izquierda Unida. Retiramos el
punto 3 como resultado de una enmienda del Grupo Popular. Aceptamos
la enmienda número tres del Grupo Popular al punto 4. Formulamos un
texto nuevo para el punto 5 con la siguiente redacción: Apruebe un
proyecto de ley que modifique el artículo 38 de la Lismi en relación
con la cuota de reserva para establecer una gradación en el
porcentaje de la cuota exigible. Dicha modificación deberá contemplar
además cuantas medidas fuesen necesarias para dar cumplimiento
efectivo a lo previsto en la mencionada cuota.
En el punto número 9 aceptamos la enmienda número ocho del Grupo
Popular. Incluimos un nuevo punto 11, resultado de las enmiendas del
Grupo Popular y de Izquierda Unida con el siguiente tenor: Que
estudie fórmulas de empresas mixtas a las que se puedan acoger
aquellas empresas que, cumpliendo con un determinado porcentaje de la
cuota de reservas, puedan montar en régimen de trabajo protegido a
personas con disminución y en especial con disminución psíquica,
previendo las medidas de control pertinente y articulando a su vez un
sistema de ayudas análogas a las establecidas actualmente para los
centros especiales de empleo.
Redactamos un nuevo punto 13, que es la enmienda número cuatro de
Izquierda Unida, y, para intentar salvar los elementos en los que
existía la preocupación manifestada por la portavoz del Grupo
Socialista, proponemos una redacción del siguiente tenor al punto 14
como marco global de esta iniciativa, que tenga en cuenta el Título
VII de la Lismi, por tanto el compromiso del desarrollo de estas
reformas en ese marco: Desarrollo de este conjunto de medidas,
estableciendo las oportunas reformas jurídicas en el marco del Título
VII de la Lismi.
El conjunto de estas medidas excepcionales pueden permitir que la
Cámara vote favorablemente esta proposición no de ley y asumamos un
compromiso político y clarísimo en esta línea.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
Los grupos parlamentarios que se ven afectados por las enmiendas
transaccionales ¿las aceptan? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas y de las transaccionales que en el debate ha presentado el
grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA
GENERAL QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS PARADOS EN NUESTRO PAÍS (Número de
expediente 173/000096).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas por la Cámara
en la pasada sesión del Pleno. En primer lugar, la del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general que va a
adoptar el Gobierno para la ampliación y mejora de la protección
social de los parados en nuestro país.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Peralta, en
nombre del grupo proponente.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es evidente para todos que el desempleo, el paro, es el
principal problema de nuestra sociedad, problema que arrastramos
desgraciadamente ya desde hace décadas y cuya solución en términos
satisfactorios previsiblemente va a llevar también tiempo.
En el debate de la pasada semana tuvimos ocasión de constatar a
través de las distintas intervenciones que el problema del desempleo
tiene muchas facetas y muchos tratamientos. Una de esas facetas,
seguramente la más importante, es aquella que persigue crear empleo,
objetivo que se puede conseguir por diversos tratamientos, en
particular por una política económica
encaminada a maximizar la creación de empleo y que no se limite a
contemplar los resultados de una coyuntura económica. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta.
Señor Caldera, por favor. Señorías, tienen SS.SS. otras dependencias
de la Cámara para despachar los asuntos de su competencia; así que
les ruego que guarden silencio.
Adelante.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Decía que uno de los aspectos del paro es el de articular políticas
encaminadas a la creación de empleo, objetivo que se consigue a
través de diversos instrumentos. Uno de ellos, y seguramente el más
importante en esa línea, es una política económica que persiga la
optimización de la creación de empleo y que no se limite pura y
simplemente a contemplar los resultados de una determinada coyuntura
económica, ciertamente muy favorable, hasta fecha reciente, en el
marco de la Unión Europea. Ésta ha sido, en opinión de Nueva
Izquierda, la posición mantenida por el Gobierno, que no ha apostado
claramente por una política encaminada a la máxima creación de
empleo, tal como se tuvo ocasión de comprobar gráficamente en la
posición reticente del Gobierno en la cumbre europea en esta materia.
Es evidente que en el tema del paro hay otros aspectos y otros
instrumentos. Específicamente, en nuestra interpelación de la pasada
semana quisimos centrarnos en un aspecto, el que hace referencia a la
protección económica del desempleo, aspecto en el que prácticamente
el señor ministro de Trabajo no quiso entrar, abordando todos los
datos relativos a la coyuntura económica e intentando, de una manera,
en nuestra opinión, pueril y sobre todo poco eficaz, en el debate,
apropiarse de los resultados de dicha coyuntura económica, ajena por
supuesto a la política del Gobierno.
Insisto en que nosotros, como Nueva Izquierda, en esta moción
queremos centrarnos en el aspecto de la protección económica del
desempleo, aspecto que, si no es el más importante en relación con el
tema del paro -habrá quien considere, posiblemente con razones, que
lo más importante es la creación de empleo- , desde luego, sí es
urgente, pues se trata de dar medios de subsistencia a centenares de
miles de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.
La protección económica de los parados es, sin lugar a dudas, una
faceta imprescindible y complementaria de cualquier otra política que
se adopte en relación con el paro. La iniciativa de Nueva Izquierda
que sometimos la semana pasada a debate en esta Cámara viene motivada
por la evolución de los datos en esta materia, la protección
económica del desempleo, que son ciertamente preocupantes. Esos
datos, señorías, ponen de manifiesto en primer lugar que el número de
beneficiarios de prestaciones por desempleo en nuestro país ha
descendido de una manera muy superior al número de desempleados que
han encontrado empleo. Existe una caída en el número de
beneficiarios, que es superior a 600.000 personas, mientras que el
número de parados que han encontrado empleo sólo es 400.000. Hay, por
tanto, en torno a 270.000 personas paradas que han perdido la
protección económica por desempleo y que siguen paradas porque no han
encontrado trabajo. Ésta, señorías, es la realidad estadística, que
se desprende, sin ninguna duda, de las cifras oficiales
proporcionadas tanto por el Instituto Nacional de Empleo como por el
Ministerio de Economía y Hacienda en nuestro país. Existe una
evolución negativa de la tasa de cobertura -insisto, de la tasa de
cobertura- que juega sobre el número de parados existente en cada
momento. Y se comprueba cómo esa tasa de cobertura pasa del 60 por
ciento largo a escasamente poco más del 50 por ciento.
Un segundo dato preocupante en la evolución de la protección por
desempleo en nuestro país es la relación que existe entre los
perceptores de prestación contributiva y los perceptores de
prestación asistencial. La proporción entre ellos se sitúa
prácticamente en el 50 por ciento. Y es importante tener en cuenta
que los perceptores de prestación asistencial sólo cobran el 75 por
ciento del salario mínimo, sin pagas extraordinarias; en estos
momentos, 51.000 pesetas mensuales, cifra, por supuesto, insuficiente
a todas luces para considerar adecuada esa protección por
desempleo Ante esta realidad, señorías, desde Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya consideramos necesario abordar el problema.
Planteamos el debate la semana pasada y, a la vista de las
manifestaciones hechas por el señor ministro, tenemos que decir que
las mismas, centradas exclusivamente en poner de manifiesto el
esfuerzo que hace el Gobierno en políticas activas de empleo, no
pueden ser respuesta que consideremos adecuada. No puede ser
respuesta adecuada porque, en primer lugar, no es eficaz. Incrementar
las políticas activas no garantiza eficazmente una protección a
centenares de miles de ciudadanos de nuestro país. Y, en segundo
lugar, no es una respuesta justa. No se puede decir por parte del
Gobierno que no hay fondos para mejorar la protección económica de
desempleo, de tal modo que prácticamente el 50 por ciento del paro
registrado no tiene hoy protección económica, y, sin embargo,
defender y sacar adelante, como vimos la semana pasada, justo al día
siguiente, una reforma fiscal que puede reducir los ingresos del
Estado en centenares de miles de millones de pesetas, que algunas
entidades bancarias, por tanto poco proclives a posiciones
izquierdistas, acercan a 750.000 millones de pesetas, cifra con la
que, por supuesto, y con cantidades notablemente más bajas, se puede
garantizar una sustancial mejora y eficacia de la protección
económica por desempleo en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, vaya concluyendo, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, presidente.
A la vista de las manifestaciones, en nuestra opinión insuficientes,
del ministro en el debate de la semana pasada, Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya solicita el voto favorable de SS.SS. a la
moción en la que pedimos que el Gobierno elabore y presente a los
agentes sociales, por tanto, buscando un consenso social, una
propuesta de reforma de la actual normativa reguladora de las
prestaciones económicas por desempleo, con la oportuna previsión de
dotación pública y con la finalidad de acordar una ampliación del
ámbito subjetivo de cobertura y una mejora de la calidad de la
protección. Nos parece, señorías, que apostar por una adecuada
redistribución de la riqueza, por un Estado y por un diálogo social
son objetivos que justifican sobradamente los términos de esta
moción, para la que solicito el voto a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
A la moción del Grupo Mixto se han presentado enmiendas por el Grupo
de Izquierda Unida y una conjunta por parte de los grupos Popular y
Convergència i Unió.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Peralta, tenga la seguridad de que en cualquier caso
vamos a apoyar su moción, pues aunque no creemos, a fuer de sinceros,
que vaya a servir para demasiado, al menos tiene la virtualidad de
introducir en este hemiciclo la realidad. Los datos son esos: una
reducción cada día mayor de la cobertura por desempleo. Hoy es más
difícil que antes sobrevivir para las personas que tienen la
desgracia de caer en la situación de paro. Incluso yo creo que en
algún dato se ha quedado corto, como en el tema de los parados de
larga duración, pues he estado releyendo especialmente su
intervención en la interpelación urgente. De todas formas, lo cierto
y verdad es que esos datos demuestran esta realidad. Y aunque hubiera
un solo parado, merece la pena introducir en este Parlamento su
problema, ya que no hay nada peor para una Cámara de representantes
de la soberanía popular que vivir de espaldas a la realidad. No me
paro en las cifras ni encomio la importancia del tema; simplemente
digo que Izquierda Unida está de acuerdo con S.S. en proponer que al
menos se considere la necesidad de contemplar el tema y de
impulsarlo. De hecho, nosotros ya planteamos en su día el mismo
asunto cuando Izquierda Unida trajo recientemente a esta Cámara la
necesidad de aprobar un código de derechos de los trabajadores.
Pedíamos que, entre otras cosas, se contemplase la ampliación y
mejora cualitativa de las prestaciones por desempleo, como dice su
moción. Nosotros lo hacíamos en un marco más amplio, en orden a
contemplar la nueva problemática de los parados, la de los derechos
ciudadanos de los mismos, como quieren los nuevos
movimientos de parados. En cualquier caso, es positivo lo que nos
trae usted aquí en nombre del Grupo Mixto y por ello vamos a votar
favorablemente.
Sin embargo, le hemos propuesto una enmienda, que consiste en añadir
al texto de su moción, sin modificarla, la concreción de las
siguientes medidas: subsidio especial para las personas de paro de
larga duración; ampliación del ámbito subjetivo de cobertura, tanto
en la prestación de carácter contributivo como en el subsidio;
reducción del período de carencia para la prestación a seis meses;
ampliación de los períodos de la prestación; mejora de la cuantía del
subsidio de desempleo y de los porcentajes de la base reguladora para
la prestación de carácter contributivo. Con ello, con la introducción
de estas concreciones, creemos contribuir a dar a nuestros debates
más credibilidad, en la medida en que concretamos tímidamente, con
criterios más que nada, al menos los ámbitos donde queremos que se
mejore. Vamos a dar pistas por lo menos, aunque lo dejemos abierto al
diálogo social, para que sea éste el que concrete cómo, cuándo,
dónde, etcétera.
Y, sobre este tema, permítanme, señorías, que exprese en nombre de
Izquierda Unida nuestra posición sobre un desencuentro recurrente en
los debates que se producen entre los grupos de esta Cámara cuando se
trata de los problemas de empleo, Seguridad Social, etcétera. Nos ha
pasado en temas como la ley de pensiones, la reforma laboral, los
contratos a tiempo parcial, el desempleo o las horas extraordinarias,
que acabamos de debatir esta misma tarde. Todo se deja a los
resultados del diálogo social y, por tanto, cuando Izquierda Unida u
otro grupo -solemos ser nosotros con frecuencia- plantea la necesidad
de abordar desde el Legislativo, bien una proposición de ley, bien
una recomendación o exigencia al Gobierno para que haga tal o cual
cosa en materias que sean objeto de negociación entre patronal y
sindicatos, se nos rechazan, no ya las propuestas concretas, sino
incluso la oportunidad de entrar a discutirlas y cuando osamos
discrepar de los contenidos de lo que se haya acordado se nos
reprocha falta de respeto a los sindicatos.
Queremos dejarlo claro sobre todo para quienes no usan esto como una
estratagema parlamentaria, sino porque se sienten obligados a
defender las posiciones sindicales o así quieren presentarse
políticamente ante la opinión política. Craso error, señorías, el de
buscar el fortalecimiento de los sindicatos en la capacidad
negociadora, sin más, no basada en su capacidad de movilización y de
unificación pluralista de todos los trabajadores, dentro y fuera de
las empresas; craso error estratégico el de jugar al farol; craso
error el de apostar por un parasindicalismo en los temas laborales
o que afecten a los trabajadores como tales, defendiendo este terreno
para los agentes en exclusiva, blindándolo de una supuesta
intromisión del Legislativo o de algún grupo que como Izquierda Unida
ose intentar proponer cuestiones. Error porque la soberanía popular
no debe presentarse como contradictoria del papel de los agentes
sociales. Eso es hacer un flaco favor a
los valores democráticos por los que el sindicalismo de clase tanto
ha luchado.
Ya lo hemos dicho. Angel Pestaña murió hace tiempo, señorías, y la
relación entre el Legislativo y el papel prelegislativo de los
agentes sociales y económicos debe ser dialéctico. Los agentes
sociales representan intereses de clase y el Parlamento legisla, al
menos teóricamente, desde una visión más general, el llamado interés
general. En este sentido, en principio resulta complementaria, y
nunca contradictoria, la acción de unos y otros. Izquierda Unida no
va a renunciar a ser un vector de fuerza independiente que se sume en
la misma dirección en que empujan los sindicatos, dentro del mismo
polo de la dialéctica social y negociable. Es nuestro derecho y
exigimos respeto del mismo modo que lo ofrecemos.
Volvamos a la moción. No nos valen las razones que el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales daba en la interpelación urgente para
zafarse de dar una respuesta positiva a este tema. Decía el ministro
que no iba en línea con la Unión Europea eso de potenciar las
prestaciones por desempleo, que son políticas pasivas, ya que la
línea de la Unión Europea y del plan de acción de empleo del Gobierno
es potenciar las políticas activas.
Señorías, no tomemos el nombre de la Unión Europea en vano. ¿O es que
acaso la situación de España es la misma que la de los países de la
Unión Europea en el tema de paro, en el nivel de las prestaciones
sociales y en el del desempleo en particular? No, la nuestra es peor.
Si nos falta mucho por andar en la convergencia real en estos
aspectos ¿cómo podemos plantear como incompatibles las políticas
pasivas con las activas cuando no lo son? ¿Quién está en contra de
que se potencien las políticas activas? Háganlo. Hágalo el Gobierno,
propícienlo ustedes, señores que apoyan al Gobierno. Me parece bien,
pero no en detrimento de los derechos constitucionales de los
ciudadanos trabajadores a tener rentas sustitutivas de las salariales
para las situaciones de paro; es decir, lo que ustedes
peyorativamente llaman políticas pasivas. Son derechos
constitucionales, así de claro. ¿Saben señorías cuál es la diferencia
entre hablar de paro y hablar de los parados?
El señor PRESIDENTE: Explíquelo brevemente, señor Vaquero, porque ha
de ir terminando.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo brevísimamente, señor presidente,
aunque estoy convencido de que usted ya lo sabe.
El paro, el producto interior bruto, el déficit económico, etcétera,
son cifras macromagnitudes; los parados son personas, que necesitan
soluciones. Para ello, en Izquierda Unida exigimos al Gobierno el
mismo celo que en las rebajas del IRPF de las rentas más altas o en
facilitar a los empresarios la reducción de las cuotas de la
Seguridad Social. El mismo celo, repito, cuando
menos. Por tanto, vamos a apoyar su moción. Espero, señorías, señor
presidente, que les haya ilustrado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Sin duda, señor Vaquero. Muchísimas gracias.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda que han suscrito
conjuntamente el Grupo Popular y el de Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Debo decir primero, señorías, que las prestaciones por desempleo,
aunque necesarias para hacer llevaderos los efectos económicos del
paro, son sólo un paliativo, puesto que no sirven para encontrar un
nuevo empleo. Es más, los especialistas debaten si percibir
prestaciones por desempleo disminuye la probabilidad de encontrar un
nuevo empleo, al disminuir los incentivos para buscarlo. Ya se
refería el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el miércoles pasado
a qué era lo mejor que podía hacer la sociedad con las personas
desempleadas. Y concluía diciendo que era crear empleo.
De la redacción de la moción que hoy se trae a debate parece
deducirse la intención de abordar una reforma del sistema de
protección por desempleo importante. Basa su solicitud en una
disminución de la tasa de cobertura en relación con los años 1992,
1993 y 1994, así como en una bajada de las cuantías a percibir
derivadas del aumento en proporción de pensiones asistenciales. Sin
embargo, conviene hacer unas precisiones. En primer lugar, la tasa de
cobertura efectivamente ha disminuido con respecto a los años 1992,
1993 y 1994, pero a partir de 1995 se ha estabilizado en torno al 50
por ciento, bastante más elevada de la que tenía con anterioridad a
1991 -el 42,8 por ciento en 1990, el 34,1 por ciento en 1989 y el
28,8 por ciento en 1988-. Además, los desempleados no protegidos han
descendido en los tres últimos años. En 1995 había 1.206.594 y hasta
agosto de 1998 la cifra era de 880.550. En segundo lugar, no es
exacta la afirmación de que el sistema se haya decantado hacia una
mayor proporción de perceptores asistenciales, ya que en años
anteriores a 1995 superaba el 50 por ciento; por ejemplo, en 1988,
1989, 1990, 1993 y 1994. En los últimos años -como decía- se ha
estabilizado en torno al 50 por ciento.
En tercer lugar, no hay que olvidar que aunque muchos de los
programas de empleo que el Estado financia no sean sistemas de
protección suponen adquisición de renta, formación y práctica
profesional. Me estoy refiriendo a los programas de contratación
pública por parte de las corporaciones locales, de las comunidades
autónomas y de otras instituciones subvencionadas por el Instituto
Nacional de Empleo o el programa de escuelas-taller y casas de
oficio.
Volviendo a la pregunta que antes formulaba sobre qué es lo mejor que
puede hacer la sociedad por los desempleados para buscar el
equilibrio, mi grupo cree que habría que decantarse por una
concepción de la
protección como integración en el mercado laboral más que por una
sustitución de renta, sin olvidar lógicamente la protección pasiva
mientras no sea posible una integración. Ésta es la línea seguida en
la actualidad -como aquí se ha dicho- por los países de la Unión
Europea y la concepción del actual Gobierno, convencido de que hay
que aprovechar la favorable coyuntura económica hay para crear
empleo. El Gobierno ha ido incrementando los recursos destinados a
las políticas activas en los últimos años, concretamente en 1998, en
un 31,5 por ciento y lo seguirá haciendo. Esta idea también está
siendo sometida a un proceso de diálogo con los interlocutores
sociales en la mesa que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha abierto con sus representantes para analizar esta relación entre
políticas activas y pasivas y para alcanzar un equilibrio adecuado
entre las mismas. En este contexto hemos presentado, junto a
Convergència i Unió, la enmienda de modificación que tendrán en su
poder y estamos dispuestos a votarla a favor si es aceptada por el
Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camilleri.
El señor Campuzano complementa la exposición a la Cámara de la
enmienda que han suscrito ambos grupos.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, ésta es una enmienda
conjunta, no complementaria, de Convergència i Unió con el Partido
Popular, que tiene como objetivo orientar la propuesta que hacía
Nueva Izquierda, del Grupo Mixto, en esta moción.
El debate de la semana pasada entre el portavoz de Nueva Izquierda y
el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales parecía un debate entre los
defensores de las políticas activas frente a los defensores de las
políticas pasivas. Este, evidentemente, es un debate falso. Hoy es
necesario crear oportunidades para el empleo de los desocupados, pero
es evidente que determinados colectivos de parados, especialmente los
de larga duración, afrontan unas situaciones absolutamente complejas
y difíciles. Su falta de formación les da menos oportunidades y,
además, muchísimas veces, en función de su situación familiar, deben
asumir muchas más responsabilidades.
Al hacer referencia a la oportunidad de empleo quizá se olvida la
realidad de muchos de estos colectivos. Desde esa perspectiva, el
Grupo Popular y Convergència i Unió presentan una enmienda que tiene
como objetivo poner el énfasis en este colectivo al que debemos ser
capaces de buscar fórmulas que puedan mejorar su cobertura social.
Para hacer frente a esa situación de no empleo, a ese déficit de
formación, también hay que ser capaces de protegerlos socialmente. En
el marco del diálogo agentes sociales-Gobierno, nos parece
interesante que esta cuestión esté encima de la mesa. El sentido de
la enmienda es reforzar ese necesario diálogo social para encontrar
soluciones a esta cuestión.
Nos gustaría que Nueva Izquierda fuese generosa y capaz de aceptar
una enmienda que estoy seguro que los sectores sociales implicados en
este terreno valorarían positivamente.
Esperamos que sea aceptada. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser muy breve, señor presidente.
Participo de la idea del portavoz de Izquierda Unida, de sus dudas
sobre la utilidad de una iniciativa de este tipo. Lo digo porque la
iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, a través de Nueva
Izquierda-Iniciativa-Els Verds, sobre este problema, que existe y
todos somos conscientes de su existencia, tiene un carácter universal
y tratar de resolver el todo es mucho más difícil que tratar de
resolver la parte. Mi grupo se inclina por apoyar la enmienda de la
parte, que es la que ha traído el Grupo Popular conjuntamente con el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque, en ese
mundo de la protección para el desempleo trata de segmentar lo que la
estadística del Inem, las estadísticas laborales, las encuestas de
población activa y la pirámide de edad demográfica en España nos
están indicando con unas cifras estremecedoras por su obviedad: el
envejecimiento progresivo de la población. En ese envejecimiento
progresivo de la población se va dando un segmento, que va desde los
mayores de 40 años a los menores de 60, donde se está produciendo uno
de los mayores dramas del desempleo, donde la igualdad de
oportunidades disminuye atrozmente: el desempleado de larga duración.
Pues bien, ante una limitación de medios económicos, ante una
realidad que está ahí: la adaptación a nuevos puestos de trabajo a
los que tiene facilidad de acceso una juventud desempleada, por
supuesto, pero que tiene mayor oportunidad para adscribirse a las
nuevas tecnologías, a una nueva formación, la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y de Convergència i Unió recoge ese deseo que
subyace en la iniciativa que ha expuesto el señor Peralta Ortega.
Esto nos hace indicar que, si se acepta la enmienda de sustitución
del Grupo Popular y el Grupo Catalán de Convergència i Unió, le
daremos nuestro voto, pues será más realista y atenderemos no
solamente un verdadero problema laboral sino el drama social y
familiar de los desempleados de larga duración. Las encuestas, que
indican su respuesta a cualquier inquisición sobre su situación
personal y la trasladan a su familia, de la que han venido
constituyendo incluso el soporte de ingresos en esa unidad familiar,
hacen que tengamos que atender este problema en prioridad. De aquí
que nuestro voto, si es aceptada la enmienda, será favorable y no en
contra de
diluirnos y perdernos en una proposición universalista que no conduce
a nada.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Finalmente, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Elvira Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación a
la moción presentada por el Grupo Mixto, Nueva Izquierda. En relación
a esta moción es importante recordar cómo la reforma laboral
auspiciada por el Gobierno socialista dio lugar a la capacidad de
modificación de los contratos y a la posibilidad de impulsar nuevas
fórmulas en relación con la contratación, hecho que nos ha permitido
a todos seguir por este camino y adecuar nuestro sistema legal, en
materia del Derecho del trabajo, al resto de los países de la Unión
Europea. En la reforma hicimos especial mención a la importancia que,
en las relaciones laborales, tiene la negociación colectiva porque
dimana de los convenios colectivos, que constituyen las auténticas
relaciones laborales internas en las empresas.
Como dije en mi anterior intervención, vemos positiva la iniciativa
presentada por Nueva Izquierda por varias razones. Primero, porque
esta moción solicita del Gobierno que presente una propuesta de
reforma de la actual normativa que dé garantía para que los agentes
sociales puedan debatir, estudiar y hacer aportaciones que mejoren
las prestaciones económicas por desempleo y toda la cobertura que en
este sistema se otorga en nuestro país. Somos conscientes de que, en
un lustro, la tasa de cobertura ha decrecido en ocho puntos. Si el
crecimiento económico tiene una previsión alcista, nos parece
prudente que, por lo menos, se racionalice esta cobertura y, además,
se pueda capitalizar en beneficio de las personas sin empleo esta
bonanza económica.
Hace pocos días leíamos todos en la prensa una noticia que a mí me
llamó poderosamente la atención, y era que un ejecutivo de muy alto
nivel había percibido una cesantía, con un contrato blindado, por
valor de cien millones de pesetas. Tenía derecho a las prestaciones
por desempleo porque había cotizado y, por tanto, lo había
solicitado. ¿Se pueden imaginar, señorías, qué se le puede pasar por
la cabeza a un señor que lleve varios años como parado de larga
duración y que no tenga cobertura en la prestación? No es un tema
baladí, es un problema real e importante. Hay 800.000 parados de
larga duración que no acceden a las prestaciones por desempleo y que,
en algunos supuestos, precisarán de una mayor cobertura para mejorar
la calidad en su protección.
Otro dato curioso es que el número de prestaciones asistenciales es
mayor que el de prestaciones contributivas. Por eso creemos razonable
apoyar esta moción. La bonanza económica les ha hecho, señores del
Gobierno, poder reducir las aportaciones del Estado al pago de esta
cobertura social, que queda financiada a través de las cotizaciones
sociales. Como soplan vientos favorables en la economía, es lógico
que los parados con graves necesidades y sin protección también se
beneficien de esta situación.
En tercer lugar -como mujer-, quiero decir que a mi grupo
parlamentario le preocupa que España esté por encima de la media en
la tasa del desempleo femenino, y nos ilusiona ver -así lo quiero
hacer constar en esta intervención- que las escuelas-taller en las
casas de oficio van a reservar un porcentaje a las mujeres. Pero
también les animo a los miembros del Gobierno a favorecer la
mentalidad y evitar los prejuicios de muchos empresarios -ustedes,
señorías, están más cerca que nosotros y lo podrán hacer mejor- para
que se abone el mismo salario al mismo trabajo y, en concreto, que no
se imponga a las mujeres permanecer en los últimos puestos del
escalafón en algunas grandes empresas o grandes almacenes. Es más,
hasta hemos podido escuchar una iniciativa de presidentas de
organizaciones y de consumo de mujeres que dicen que se van a negar,
en la medida en que no solucionen esta situación, a comprar en estos
almacenes -no quiero decir el nombre, todas SS.SS. lo conocen-, para
evitar que se sigan dando estas situaciones de injusticia y de
agravio hacia las mujeres.
Nos parece inadecuado -el otro día se lo hicimos saber al ministro de
Trabajo- que se sigan contraponiendo las políticas pasivas a las
políticas activas. Desde luego, si la política es el arte de lo
posible, cuando hay un momento alcista en la economía y un momento
favorable y positivo para la creación de empleo, es lógico que el
Gobierno se esfuerce en crear políticas activas de empleo, pero no
olvidemos que hay muchas personas que no van a poder acceder a un
empleo ordinario, que llevan muchos años en el paro y que, por lo
tanto, siempre necesitarán las políticas pasivas. Si a muchas
personas mayores de 45 años, con escasa formación, falta de
autoestima, falta de estímulo, etcétera, les decimos que vamos a
crear unas políticas activas específicas para ellos, les va a parecer
una realidad virtual, es decir, que no van a poder acceder a ellas.
Creo que es bueno seguir con la política con la que en algunos países
de la Unión Europea ya han iniciado determinadas actuaciones en la
medida de ir dando el palo y la zanahoria, es decir, ir motivando
poco a poco para que estos parados y estas paradas de larga duración
puedan avanzar en este sentido.
Por último, quiero decir que no apoyaremos la iniciativa presentada
por Izquierda Unida porque no estamos a favor de su propuesta.
Debemos dejar que los agentes sociales dialoguen con el Gobierno, con
propuestas concretas que permitan llegar a acuerdos en esta materia.
Les aseguro que los socialistas vamos a apoyar siempre todas las
iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida y las
relaciones de convivencia de las ciudadanas y de los ciudadanos en
nuestro país que más lo necesitan, como son los parados.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortajarena.
Señor Peralta, a los solos efectos de aceptar o rechazar las
enmiendas que le han sido planteadas, tiene S.S. la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
No podemos aceptar, desde Nueva Izquierda, la enmienda defendida por
los grupos de derechas de esta Cámara porque no contiene ninguna
solución para el problema, ni siquiera parcializándolo, en relación
con los desempleados de larga duración.
Por lo que se refiere a la enmienda de Izquierda Unida, es evidente
para nuestro grupo que su contenido es concreción pura y simple de lo
que nosotros planteamos y que ese margen es el que hay que dejar a
los agentes sociales.
Por todo ello, señor presidente, sometemos a votación nuestra moción
en los términos iniciales.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que no acepta ninguna de las enmiendas,
ni la del Grupo Parlamentario Popular con Convergència i Unió, ni las
sugerencias que hacía la señora Cortajarena. Se votará el texto
íntegro de la propuesta inicial.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- INCLUSIÓN COMO PUNTO 42 BIS DEL DEBATE DE TOTALIDAD DEL PROYECTO DE
LEY DE INTRODUCCIÓN DEL EURO (Número de expediente 121/000137).
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de someter a votación la moción
del Grupo Parlamentario Mixto, querría someter a la aprobación de la
Cámara el acuerdo de la Junta de Portavoces y de esta Presidencia de
incluir un nuevo punto en el orden del día de la sesión del jueves
por la mañana, a saber, el debate de totalidad del proyecto de ley de
introducción del euro, que se tramitaría como punto 42 bis del orden
del día que tienen SS.SS. repartido. ¿Lo acuerda así el Pleno?
(Asentimiento.) Muchas gracias, en consecuencia queda aprobada la
inclusión en el orden del día del punto de referencia. Pueden
comprobar SS.SS. que ha decaído algún punto, por tanto nadie debe
inquietarse sobre la hora de finalización de dicho Pleno.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA
GENERAL QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS PARADOS EN NUESTRO PAÍS (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Mixto sobre
medidas de políticas general que va a adoptar el Gobierno para la
ampliación y mejora de la protección social de los parados en nuestro
país en los términos iniciales puesto que el Grupo Mixto ha rechazado
las enmiendas que se habían presentado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 141; en contra 163.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Mixto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN).
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE FINANCIACIÓN SANITARIA Y
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS (Número de expediente 173/000097).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre financiación
sanitaria y política de medicamentos, derivada de la interpelación
urgente despachada en el Pleno anterior.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra doña Ángeles
Amador. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
la moción consecuencia de la interpelación que realizamos al Gobierno
la semana pasada sobre la financiación sanitaria y la política de
medicamentos.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión para defender la moción y
solicitar el voto de todos ustedes, permítanme que haga una
consideración previa que me parece relevante y que coincide con una
tarde de Pleno en la que, al iniciar la sesión, una vez más hemos
tenido ocasión de constatar cuán auténtica es la vocación de centro
de los populares y quién representa en esta Cámara, con sus
actitudes, con sus gestos y con sus votos, a esa derecha de
siempre... (Protestas.-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden
silencio.
La señora AMADOR MILLÁN: A esa derecha de siempre, decía, que estos
días ha exhibido su dialéctica feroz y su hiriente hipocresía.
(Aplausos.)
La consideración previa que quiero hacerles, y que sin duda no ha
escapado a muchos de ustedes pero que resulta verdaderamente grave
cuando se lee, se refiere a la propia intervención del ministro de
Sanidad -y por eso siento especialmente que no esté presente-
cuando contestó a la interpelación la semana pasada. Quiero llamar la
atención de esta Cámara, señorías, sobre cuál es la apreciación que
un miembro de este Gobierno hace acerca de la decisión que el
Gobierno de Navarra ha tomado de rechazar la aplicación del decreto
que excluye de la financiación pública más de ochocientos
medicamentos en su territorio. Cuando le preguntamos al ministro cómo
explicaba ese hecho que supone la ruptura del Sistema Nacional de
Salud, el ministro de Sanidad de este Gobierno, el señor Romay, dijo
textualmente que esta medida se tomaba por la presión del Parlamento
de Navarra y que el consejero de Navarra se sentía avergonzado por
tener que tomar esta medida. (Protestas.) Quiero decirles que es una
apreciación gravísima, que los parlamentos no presionan, que los
parlamentos encarnan la soberanía popular, que las decisiones de los
parlamentos que los gobiernos han de ejecutar no han de avergonzar a
esos gobiernos; que, como diputada de esta Cámara, esta afirmación
hiere la sensibilidad democrática, y que cuando yo suba a esta
tribuna no voy a presionar, señorías, voy a defender con dignidad la
oposición de mi grupo. (Aplausos.)
Desde el día que presentamos la interpelación, el 16 de septiembre,
los hechos no sólo se han ratificado sino que se han agravado. El
conflicto social y político que denunciábamos ha aumentado. Ya no son
dos comunidades autónomas, hay una tercera, cuyo parlamento, en el
ejercicio de su soberanía, ha aprobado una resolución, instando al
Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana para que no se aplique
tampoco en el territorio de Valencia ese decreto. Por tanto, el
conflicto político ha aumentado en esta semana.
La desviación del gasto farmacéutico, que culmina en una sucesión de
fracasos en la política farmacéutica del Gobierno, ha sido reconocida
por el ministro de Sanidad al contestar la interpelación. En el
«Diario de Sesiones» podrán ustedes comprobar cómo el ministro de
Sanidad reconoció el pasado día 16 que se va a producir una
desviación de 31.000 millones de pesetas en el presupuesto del
Insalud central destinado a gasto en recetas médicas.
Con independencia de que, de acuerdo con las proyecciones del Grupo
Socialista, la cantidad es superior, tomando como referencia la que
el ministro ha dado en esta tribuna, el deslizamiento elevado al
conjunto del sistema representa un déficit de 82.000 millones de
pesetas. Señorías, se le ha roto al ministro de Santidad el cántaro
de los 65.000 millones que se iban a ahorrar en farmacia, 65.000
millones que figuraba en el acuerdo de financiación de la sanidad
para el período 1998- 2001, y en el texto que la enmienda del Grupo
Popular en el Senado tradujo al presupuesto. Adiós mayor actividad
quirúrgica, adiós esa cantidad de prótesis que iban a poner, adiós
mayores inversiones, adiós la atención de la mujer... ¡Cómo no!, una
vez más, la mujer utilizada. Con los recortes que se iban a ahorrar
en farmacia se iba a atender mejor la salud de la mujer y se iban a
acortar las listas de espera. Seguro que les suena
todo esto. Si la ruptura del cántaro de la lechera fue triste para
ella, para nosotros es bien dramática, porque la desaparición de esos
65.000 millones anuales que nunca existieron compromete la atención
de miles de pacientes y la eficiencia del conjunto del Sistema
Nacional de Salud.
Digo que se ha agravado el problema porque el ministro ha reconocido
aquí esa desviación; ya no lo dice el Grupo Socialista, que lo lleva
repitiendo un año. Hoy hemos tenido conocimiento de cuál ha sido el
gasto farmacéutico en el mes de agosto. El gasto farmacéutico del
Insalud en el mes de agosto, señorías, ha sido del 15,40; ha subido
en relación al mes de julio dos puntos, pero el gasto en número de
recetas ha subido el 5,42. Estos datos aumentan la proyección y la
cifra orientativa que el Grupo Socialista ha dado, y agravan el
problema que nosotros venimos denunciando.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señora
Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Concluyo, señor presidente.
No son ciertas las cuentas de la lechera, ni las del Gran Capitán. No
es cierto que haya medidas que estén conteniendo el gasto
farmacéutico. No es cierto que el decreto de reducción de los
márgenes de las oficinas de farmacia produzca un efecto estructural
que va a hacer descender. Las oficinas de farmacia, señorías, ya
pagaban el 2 por ciento de su facturación; lo mismo que pagan ahora.
La diferencia es que ahora está en un decreto. No ha inventado el
ministro Romay el descuento de las oficinas de farmacia. Ha añadido
el de los almacenes, que es un punto, no tres. Por tanto, el efecto
de un punto no es el efecto de tres. La propia memoria del Insalud de
1996 reconoce que las oficinas de farmacia aportaron 577.000 millones
en ese año, aunque todavía el decreto del señor Romay no se había
producido. No es verdad que los genéricos estén ahorrando. No es
verdad que los precios de referencia produzcan efecto porque no
existen. No es verdad la aportación que se nos dice de
Farmaindustria, porque es la mitad. Señorías, no es verdad lo que nos
están haciendo creer.
Para qué hablar de los ahorros procedentes de la incapacidad
temporal, porque ésos sí se están produciendo. Pero pregunten
ustedes, por favor, qué está pasando con las altas de incapacidad
temporal. Ahí sí que van a ahorrar. Lo que quieran, porque están
dando las altas de incapacidad temporal de forma verdaderamente
inadmisible. Y ahí sí que están recortando.
Por tanto, señorías, ha aumentado el conflicto político, los
ayuntamientos siguen rechazando la aprobación de esta medida, se ha
comprobado la desviación del gasto corregida y aumentada que nosotros
denunciamos, la situación es grave y está comprometido el modelo de
financiación de la sanidad. Nosotros volvemos a denunciarlo hoy aquí
y afortunadamente los datos del «Diario de Sesiones» son muy
elocuentes. Las cifras en las que se
basaba el cuerdo de financiación para la sanidad son falsas. Las
cantidades adicionales para sanidad no existen. El sistema es injusto
y arbitrario y, además, imposibilita las transferencias del Insalud.
Por eso, señorías, yo les pido el voto para la moción que el Grupo
Socialista presenta hoy, en la que nuevamente pedimos que el Gobierno
rectifique, que derogue ese decreto, que no es aceptado ni por la
sociedad, ni por sus representantes políticos; que se restituyan las
facultades de la Comisión de uso racional del medicamento que por ley
le fueron usurpadas y eso desvanece cualquier buena intención en esta
medida ¿Por qué en la Ley de acompañamiento del año pasado se
suprimió la Comisión de uso racional del medicamento, cuando todavía
no había lista de medicamentos excluidos? Porque jamás hubiera
aprobada esa lista. Por tanto, que se le restituyan sus funciones,
que se aborde el estudio de las medidas necesarias y eficaces para
reducir el gasto farmacéutico sin deteriorar la salud de los
pacientes y que, ante la situación de déficit grave que volvemos a
denunciar, se revise el modelo de financiación de la sanidad, porque
defender su vigencia cuatro años, señorías, es defender el fin del
sistema sanitario público.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Amador. ¿Grupos que desean fijar la posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de Unió Valenciana respecto a la
moción presentada por el Grupo Socialista. Como no podía ser de otra
manera, en coherencia con lo mantenido por el Grupo Parlamentario de
Unió Valenciana en las Cortes Valencianas, apoyamos firmemente que se
retire el real decreto conocido como el medicamentazo por antisocial
y, sobre todo, porque pensamos que no es la medida oportuna para
controlar el gasto sanitario y farmacéutico. Se ha demostrado que no
es viable económicamente ni tiene argumentos para esa aplicación
porque castiga a las clases más desfavorecidas. Por tanto, en
coherencia con lo que acordó el Parlamento donde reside la soberanía
valenciana la semana pasada en el debate de política general, Unió
Valenciana manifiesta nuevamente su oposición frontal al
medicamentazo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, en sucesivos debates que
tuvieron lugar en esta Cámara el Bloque Nacionalista Galego tuvo
ocasión de expresar su rechazo y su disconformidad con la medida
adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo de excluir de la
financiación pública una serie de medicamentos, y con motivo de esta
moción vamos a expresar nuestra opinión una vez más y brevemente.
La medida que propuso el Gobierno la explicó de una manera confusa,
con argumentos poco creíbles. Se trataría de ahorrar gasto sanitario
retirando la financiación a fármacos destinados al tratamiento de
síndromes menores y, en todo caso, de escasa o nula actividad
terapéutica. En realidad se trata de una medida encaminada a que los
ciudadanos se hagan cargo de una parte cada vez mayor del coste de la
atención sanitaria que reciben; se trata de ir introduciendo por la
puerta falsa que el concepto de sanidad pública y gratuita para todos
los ciudadanos no va a poder mantenerse y, por tanto, que los
usuarios van a tener que pagar más por las prestaciones sanitarias,
al margen de los impuestos.
Es, por consiguiente, una medida rechazable, porque profundiza la vía
que lleva a ir vaciando progresivamente de contenido el sistema
sanitario público. Les aseguro que detrás de esta medida vendrán
otras más o menos duras, eso sí, en función del rechazo social que se
produzca; una medida que además, desde nuestro punto de vista -y se
demostrará en breve-, no va a servir para contener el gasto
farmacéutico público. Para eso yo creo que serían mucho más efectivas
otras medidas y que, sin embargo, el Gobierno no aplica, como pueden
ser la reducción de los márgenes de beneficio en la cadena de
distribución y producción; la mejora de la gestión, dando más
importancia por supuesto a la prevención y a la educación sanitaria
de la población, mejorando el funcionamiento de atención primaria,
coordinando primaria especializada o reduciendo las listas de espera.
Seguramente con un mejor funcionamiento de la sanidad pública y
orientando mejor los objetivos a cubrir se ahorraría más, se
mejoraría el nivel de salud de los ciudadanos y no se repercutiría el
coste de la atención sobre ellos.
El medicamentazo además, señoras y señores diputados, contiene un
plus añadido de injusticia social, porque tiene evidentemente más
repercusión sobre aquellos ciudadanos con menos capacidad económica,
lo que implica además que tiene una repercusión mayor en los
territorios cuyo nivel de renta medio es menor.
La moción que hoy se somete a votación propone en su punto primero
que se deje sin efecto la lista de medicamentos excluidos por el
correspondiente decreto, y es desde luego, desde nuestro punto de
vista, la mejor solución a este problema, y aunque sólo sea por ese
punto vamos a votar favorablemente esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente (El señor Gómez
Rodríguez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señora Riera.
Señor Gómez, si no le importa, como ya le había dado la palabra a la
señora Riera, interviene usted a continuación.
Señora Riera, adelante.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias,
señor Gómez. Voy a ser breve.
Señora Amador, no era mi intención enfocar el tema de esta manera,
pero tras su intervención me veo obligada a observar que presumo que
S.S. no cuestiona la voluntad de centro de mi grupo parlamentario, ya
no la de esta portavoz sino la de mi grupo parlamentario. Tuvo usted
experiencia sobrada, supo de nuestra lealtad, de la responsabilidad
de mi grupo parlamentario con su Gobierno e incluso me permito
hablarle de la responsabilidad de mi Gobierno con el suyo.
En virtud de esto, y simplemente para clarificar las posiciones,
quiero decirle que vamos a votar no a la moción que ustedes
presentan. Nuestro voto negativo sólo tiene un sentido: no es la
defensa de una medida que no nos gustó entonces y que seguimos
dudando de los efectos positivos que puede tener ahora, pero es un sí
a una apuesta por la racionalización y por la contención del gasto
que hay en farmacia. Si la medida se muestra positiva, no ahora que
no hay bastantes parámetros para poderla justificar, lo celebraremos
seguro igual que ustedes. Si no lo es, de acuerdo con el convenio de
financiación habrá que revisar qué ha pasado y habrá que buscar
soluciones para poner más dinero para la sanidad, más dinero para
atender a lo que todos probablemente consideramos que son las
prioridades del sistema sanitario, más dinero para atender, por
ejemplo, a los enfermos de alzheimer, más dinero para atender
aquellas prioridades del sistema que aún hoy, a pesar de los
esfuerzos de los sucesivos gobiernos, siguen estando no
suficientemente bien atendidas. En este sentido va nuestra apuesta.
En este sentido sabe el Gobierno que tiene nuestro apoyo y con esta
voluntad mantenemos la postura que tuvimos de apoyar la medida,
esperar los resultados que dé y no estar continuamente discutiendo si
sirve o no. Démonos tiempo, démonos plazo y actuemos en consecuencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Riera.
Ahora sí, señor Gómez, y disculpe que no hubiera visto con
anterioridad que había pedido la palabra.
Tiene la palabra, en nombre de Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Disculpado, señor presidente.
Como la última intervención de mi estimada señora Riera, la mía va a
ser más breve. Mi intervención va a respetar profundamente las cuatro
que ha habido anteriormente, en especial la de mi estimada doña
Ángeles Amador. Desde Canarias nunca nos olvidamos que las
transferencias que se hicieron en su día en materia sanitaria fueron
de las mejores que se han hecho, pero ello no es óbice para que
nosotros sigamos reiterando nuestra insistencia en que nos vamos a
oponer a las iniciativas, también reiteradas, del Grupo Socialista en
pro de eliminar el llamado medicamentazo. Y no lo hacemos por una
cuestión de un pacto legislativo, sino porque creemos que tanto su
medicamentazo como el actual eran necesarios para reducir la altísima
e imparable elevación del costo de las medicinas. Es algo que es
consustancial por la cuestión del I+D, por la investigación. El
perfeccionamiento del medicamento cada día es mayor y eso conlleva
una elevación de su costo.
Por otro lado, hay que reconocer que esta medida del medicamentazo no
impide que determinados productos que fueron eliminados por su poco
uso, y que generalmente son de precio muy bajo, se puedan seguir
recetando en determinadas patologías. No voy a entrar en quién es el
culpable de la ruptura de la uniformidad autonómica española, porque
hay tres autonomías que dicen que no, y me pregunto cómo van a
soportar esa carga que se van a echar encima de su erario público. No
es mi cuestión, solamente veo que es lamentable que no se reconozca
que hay que tener una actitud vigilante, continua, en todos los
países del mundo occidental en pro de la reducción de algo que es
consustancial, que es la elevación del costo del producto sanitario.
Estamos esperando a que llegue el 20 del mes próximo, porque hasta
esa fecha no se van a conocer los efectos del medicamentazo, ya que
entró en vigor el primero de septiembre y la tramitación de las
recetas de farmacia no se consolidan hasta mitad del mes siguiente;
por tanto, volveremos a hablar. No aspiro pero espero que haya una
desviación negativa. Se va a elevar, pero también consideramos que
hay que continuar con la adopción de un abanico de medidas que
aplaudimos todos y que ya es hora que se empiecen a implantar, que
son las medidas de racionalización, la de los precios de referencia,
la de los genéricos, el fijarse no solamente en la expedición de
medicamentos más baratos sino en el tamaño del envase para que se
adecue a las necesidades del consumidor. Hay que dar cierta
importancia al papel del farmacéutico, que por cierto no creo que
aguante porque hay farmacias y farmacias, así como a la reducción de
sus márgenes. Me estoy refiriendo al farmacéutico modesto, al de
barrio, al de pequeños pueblos perdidos en la inmensidad de Castilla
o de Andalucía, no me estoy refiriendo a la industria farmacéutica.
Creo conveniente continuar con más medidas, y en esas medidas el
papel del farmacéutico tiene que ser de convicción al ciudadano y
también como eje central el médico que es el prescriptor del
medicamento. Nosotros
consideramos que en esas medidas las autonomías tienen un papel
relevante, pero tenemos que decir los que estamos por convicción que
no es necesaria la derogación del real decreto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gómez.
En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para fijar la posición del mismo en relación con la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ya
anticipo que va a ser positiva. Vamos a votar que sí a todos los
puntos de la moción porque el planteamiento del Grupo Federal de
Izquierda Unida en relación con la política del medicamento ha sido
una posición coherente, una posición fundamentada y una posición que
se ha ido desarrollando a la luz de los cambios sanitarios
y sociales, pero partía de un principio fundamental: la intervención
positiva de los poderes públicos en materia del medicamento es lo
único que puede garantizar su uso racional, máxime cuando nos
encontramos ante un producto, el medicamento, producido, distribuido
e investigado casi exclusivamente por la poderosísima industria
farmacéutica privada, que es capaz de determinar en la inmensa
mayoría de los países del mundo qué es lo que se prescribe en función
de sus intereses y más allá de las necesidades de salud de la
población.
Con relación a las listas negativas, mi grupo parlamentario tiene
exactamente la misma posición ahora que en 1993. Antes estaba de moda
la pinza, porque el Partido Popular se oponía al medicamentazo del
PSOE. Y en eso, no con el Partido Popular, sino con una lógica
política y con una experiencia analizada en el resto de los países
del mundo que habían aplicado esta medida, nos hartamos de argumentar
que las listas negativas no tienen eficacia sobre el uso racional del
medicamento, no tienen eficacia sobre la mejora de la salud de la
población y no tienen eficacia en lo que de una u otra manera es el
objetivo fundamental, que es el ahorro en materia sanitaria.
Señorías, no tenía justificación en 1993 aplicar las listas negativas
cuando la propia industria farmacéutica y la experiencia en los
sistemas sanitarios de otros países europeos señalaban que el efecto
sustitución de medicamentos más baratos por otros más caros a medio
plazo disparaba el gasto en lugar de controlarlo.
Señora diputada de Convergencia i Unió que está hablando por
teléfono, los experimentos con gaseosa. No es de recibo que un
gobierno, ni el Gobierno socialista entonces ni el Gobierno popular
ahora, teniendo a su disposición información documentada de cuál es
el resultado de las listas negativas de medicamentos,
introduzca criterios y medidas de las cuales ya hay sobrada
demostración en otros países del mundo. Como se ha dicho, el Real
Decreto de 1993 permitió que el incremento del gasto en 1994 fuera un
5,8 por ciento. Pero es que en 1995 se dispara a un incremento del
13,25 por ciento, muy semejante al de 1992. ¿Por qué? La razón, que
está en los documentos de la Dirección General de Farmacia, del
Ministerio de Sanidad, es que el incremento medio del precio de la
receta entre 1993 y 1996 es del 20 por ciento. Pero eso se sabía,
señorías, como se sabe ahora que el incremento del gasto producido
-no voy a repetir las cifras porque están suficientemente explicadas-
hasta el mes de agosto se debe al efecto acopio de la farmacia
individual del que ve amenazadas en su financiación las medicinas que
toma habitualmente y a las cuales habrá que añadir, a medio plazo, el
efecto sustitución que se produzca. Y si no es peor a lo mejor se
debe a que no aumenta el gasto farmacéutico porque en estos momentos
está funcionando una tenaza sobre la prescripción que no funcionaba
en la misma medida con el Gobierno socialista: el control del gasto
originado por los médicos. A lo mejor la profecía no se cumple; a lo
mejor no se incrementa el gasto farmacéutico, pero ¿por qué? Porque
se habrá cumplido el objetivo fundamental: excluir de la prestación
farmacéutica y de la atención sanitaria a aquellos sectores con más
necesidades sanitarias por su edad o por sus padecimientos y que no
tienen recursos alternativos para ir a la sanidad privada.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, le ruego
que concluya.
La señora MAESTRO MARTÍN: Concluyo en este momento recordándoles que
si el medicamentazo no persigue un uso racional del medicamento ni
tiene repercusiones en el control del gasto que no sea la exclusión
de los sectores más desfavorecidos, sí puede tener consecuencias muy
importantes sobre el futuro del sistema sanitario.
Señoras y señores diputados que formaron parte de la famosísima
subcomisión parlamentaria, don Vicente Navarro nos decía que la
introducción de fórmulas de copago y la exclusión subsiguiente del
sistema sanitario de los grupos con menos recursos ocasiona más
muertes que el sida. Esta argumentación puede parecer un poco
macabra, pero fue expresada por uno de los más prestigiosos
economistas de la salud en sede parlamentaria.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar tengo que manifestar mi
sorpresa por la intervención de la
portavoz del Grupo Socialista, que todos pensábamos que iba a decir
una serie de cosas habituales en su discurso sobre la política
sanitaria y, en particular, sobre la política farmacéutica. Nos ha
sorprendido a todos, incluso al mismo presidente de la Cámara, que le
ha dicho que se le acababa el tiempo y que defendiera su moción,
porque su primera intervención ha consistido en hacer referencia al
cuento de la lechera, a hacer juicios de valor sobre declaraciones
del ministro de Sanidad; en resumidas cuentas, a hablar de todo, pero
no a defender la moción que estamos debatiendo en este momento.
A mí me ha sorprendido porque pensaba que iba a repetir las consignas
que repite habitualmente y en este momento casi nos ha cambiado el
mensaje, pero, lógicamente, nosotros sí vamos a emitir el mismo
mensaje que venimos emitiendo a lo largo de los últimos meses y que
da lugar a que haya una buena respuesta por parte de los ciudadanos a
la política sanitaria del Gobierno.
El pasado miércoles, antes de que se iniciara el debate de la
interpelación, este diputado tuvo oportunidad de preguntarle al
ministro de Sanidad sobre la política del Gobierno en relación con el
medicamento. Como paso previo a mi pregunta, yo le planteaba que en
el año 1998, a lo largo de estos meses, el debate sanitario ha sido
un debate de política farmacéutica fundamentalmente, ya que realmente
no ha habido debate sobre otros temas de la sanidad. Yo decía que era
un debate farmacéutico el que centraba el debate sanitario porque los
datos rigurosos y objetivos que los expertos y técnicos de las
diferentes administraciones públicas de la sanidad y los responsables
de política sanitaria, no sólo en nuestro país, sino también en otros
países de la Unión Europea, sí que manifestaban lo preocupante que ha
sido anteriormente y que será en los próximos meses y en los próximos
años la política del medicamento o la financiación de la sanidad, que
son los dos conceptos que originan más trastornos a cualquier
responsable en política sanitaria.
Tanto las medidas de ahorro y de control del gasto farmacéutico como
la participación de los diferentes sectores sanitarios ligados a la
farmacia, como pueden ser los médicos, los farmacéuticos e incluso la
industria farmacéutica, son cuestiones que los expertos y los
técnicos en sanidad trasladan a los responsables políticos. Por eso
decía yo el pasado miércoles que el debate político puede darse bien
porque nace en la preocupación de los expertos y de los técnicos y se
traslada a los responsables políticos, o bien porque se traslada la
preocupación de los ciudadanos sobre cualquier política del Gobierno,
en este caso sobre política sanitaria. Y la realidad es que no hay
preocupación entre los ciudadanos sobre la política sanitaria. Al
contrario, hay tranquilidad; hay sensación de que las cosas funcionan
bien; hay sensación de que la sanidad pública da un buen servicio a
los ciudadanos. Y por eso no han hecho caso ni a las movilizaciones
que han intentado ustedes hacer en los meses pasados ni a los
intentos de
engaño respecto a si hay o no una receta blanca o si se inventa la
receta blanca, que era algo que habían inventado ustedes, que tienen
la patente, ni respecto a si el pensionista va a tener que pagar un
medicamento cuando se lo prescriba el médico. Esto no ha calado en
los ciudadanos, que han dado una gran muestra de responsabilidad
a ciertos políticos que se han dirigido por el camino de la demagogia y
de la crítica destructiva y no han atendido a los requerimientos de
los técnicos y de los expertos sanitarios. Y a ese tema me voy a
referir, señoras y señores diputados.
Los expertos y los técnicos en política sanitaria transmiten su
preocupación continua valorando algunos de los aspectos de la
política sanitaria en su conjunto: política farmacéutica, por un
lado, y financiación del sistema sanitario, por otro, son los grandes
caballos de batalla que tiene no sólo nuestro país, sino también la
Unión Europea. Y eso es lo que nosotros queremos afrontar y lo que
han querido afrontar el Partido Popular y el Gobierno desde que tiene
responsabilidades. La relación de decisiones y medidas que se han
tomado para controlar el gasto farmacéutico son varias y ustedes las
conocen bien; la señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista
las conoce. Es verdad que cuando ella tenía responsabilidades en el
Ministerio de Sanidad fue incapaz de llevarlas a cabo: el decreto de
márgenes de las oficinas de farmacia, la implantación de los
genéricos. Hay que poner de manifiesto, señor presidente, que cuando
el Partido Popular asume las responsabilidades de gobierno no hay
ningún genérico en el mercado español. En este momento hay más de 125
genéricos, y seguramente es poco, pero así se anda el camino,
estableciendo las medidas a través de diferentes leyes para que haya
genéricos.
Respecto a los acuerdos con la industria farmacéutica, hay que decir
que ésta aporta más de 39.000 millones a la sanidad en el año 1998.
Esas son medidas que, en su conjunto, con la financiación selectiva
de los medicamentos, proporcionan un mejor control del gasto
farmacéutico, un ahorro en el gasto farmacéutico, y da lugar a que
ese ahorro redunde en mejores prestaciones sanitarias o en otras
inversiones sanitarias. Tengo que recordar a la señora Amador que es
verdad que cuando ella era ministra hubo ahorro en el gasto
farmacéutico con el decreto de financiación selectiva de los
medicamentos: 22.000 millones eran los datos de los que se disponía
en el año 1994, pero esta cifra no fue a la sanidad, sino a enjugar
el déficit público; es decir, eran medidas patrocinadas desde
Economía en las que el Ministerio de Sanidad o usted en particular no
tenían nada que ver. Ese no es ahora el asunto, y es verdad que con
las medidas que se han tomado se están mejorando los tratamientos
contra el sida, los tratamientos de atención integral de la salud de
la mujer y muchas cuestiones de política sanitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Villalón, le ruego
que concluya, por favor.
El señor VILLALÓN RICO: Sí, señor presidente, ya termino; un minuto,
por favor.
Les decía a las señoras y señores diputados que el debate se centra
en la política farmacéutica porque en este momento no hay debate
sobre política de asistencia sanitaria, ya que se han reducido las
listas de espera y la calidad asistencial es mejor; tampoco hay
debate en los profesionales sanitarios porque hay una buena
coordinación entre los médicos, el sector de enfermería, el personal
no sanitario y los gerentes; y tampoco se establece ningún debate
sobre la inversión en recursos sanitarios.
Yo creo que es necesario indicar en esta Cámara cómo se encontraba el
Insalud en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en Extremadura
con respecto a inversiones en recursos materiales: tanto los
dispositivos de diagnóstico como los equipos de tratamiento y otros
tipos de inversión estaban bajo mínimos, y hemos hecho un esfuerzo en
la inversión de recursos materiales. Por eso, no hay debate en este
momento.
Ya para terminar, señor presidente, es oportuno que haga alguna
referencia a los cuatro puntos de que consta la moción y a los que,
curiosamente, la diputada que la ha defendido no ha hecho referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Villalón, hágalo,
pero en 30 segundos, por favor.
El señor VILLALÓN RICO: En 30 segundos, señor presidente.
Dice S.S. que se derogue el Real-Decreto 1.663. Es evidente que no
vamos a ir contra nuestros propios actos, que no vamos a ser tan
incoherentes como ustedes, que tienen la patente de una medida y la
están criticando años después. No vamos a caer en ese error. Pero es
que, además, dice que se restituya a la Comisión de uso racional del
medicamento la capacidad de informar sobre las decisiones acerca de
la financiación pública. Eso, en este momento, no es competencia de
esa Comisión porque la misma se estableció en el año 1992, bajo el
Gobierno socialista, desde un punto de vista técnico, desde un punto
de vista científico y no desde un punto de vista presupuestario, de
financiación.
Respecto a tomar medidas conducentes a impulsar una política de uso
racional del medicamento, ya se está haciendo entre el mayor servicio
de salud que hay en nuestro país, que es el Insalud, y las diferentes
comunidades autónomas que tienen transferida la gestión, y ante la
situación de déficit que el actual acuerdo de financiación ha
generado en el primer año en la financiación del sistema sanitario,
que se retire. La sanidad se ha incrementado el 10,5 por ciento en
los presupuestos del año 1998 con respecto al año 1997; más de
380.000 millones se han incorporado al sistema sanitario. Nunca en
nuestro país había habido una incorporación de tal calibre en los
recursos financieros del sistema sanitario.
Y para terminar, señor presidente, (Varios señores diputados: No,
no.-Protestas.) no es necesario decir que vamos a votar en contra de
la moción. (Varios señores diputados: No, no.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
Termine, señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Pero yo haría una llamada a lo que podríamos
denominar lealtad institucional. Aquellas comunidades autónomas que
están gobernadas por el Partido Socialista y que, después de firmar
el acuerdo de financiación lo están criticando, me parece que son
desleales con los ciudadanos, con todos los representantes políticos
de esta Cámara y con el Gobierno. Y deslealtad institucional es lo
que hace el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y
deslealtad institucional es lo que hizo en su momento el ministro de
Sanidad cuando apoyó el decreto de financiación selectiva del año
1993.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Villalón.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.- El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación sanitaria y
política de medicamentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 141; en contra, 160.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LOS
PLANES Y PROYECTOS A DESARROLLAR EN TORNO AL SECTOR DEL OLIVAR Y DEL
ACEITE DE OLIVA (Número de expediente 173/000098).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto noveno
del orden del día: moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los planes
y proyectos a desarrollar en torno al sector del olivar y del aceite de
oliva.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, voy a intervenir
con brevedad, no solamente por la hora que es y por el trabajo
realizado esta tarde, sino también porque entiendo que en estos
momentos sobran razones y lo que van a faltar esta noche son
voluntades.
Señorías, he subido a esta tribuna realmente defraudado, sintiendo la
incomprensión que hoy van a sentir muchos ciudadanos que no van a
entender la postura del Partido Popular.
La semana pasada recordábamos la capacidad del sector del olivar para
movilizarse, la capacidad que había tenido este sector para generar
voluntades, para aglutinar esfuerzos y para transmitir al conjunto
del país que estamos ante un sector de gran futuro, ante un sector
estratégico para la economía no solamente de algunas regiones,
sino... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Centella, discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Muchas gracias,
señorías.
Puede continuar, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Decía que la semana pasada reconocíamos el
esfuerzo del sector, pero hoy parece ser que el Partido Popular no le
va a reconocer a este sector la capacidad de concretar, junto con los
diputados y diputadas, el futuro del olivar. Por tanto, hoy, como
decía, puede producir una gran frustración en gente que lleva mucho
tiempo dedicado a este sector.
Con toda sinceridad, la semana pasada creíamos que la ministra se
había precipitado, que no había entendido bien el alcance de nuestra
propuesta; con toda sinceridad, yo creía que le había pillado por
sorpresa, que todavía la ministra estaba instalada en el clima de
confrontación y de enfrentamiento y que por eso no había entendido
bien el alcance de nuestra propuesta. Creía que la ministra había
visto fantasmas, había visto trampas donde solamente había una
propuesta constructiva, tendente a crear un marco de trabajo que
pueda definir, con claridad y contundencia, el futuro del sector del
olivar y del aceite de oliva. Confiaba en que, después de leer
nuestra propuesta, después de hablar con el sector, el Partido
Popular cambiase de postura, reflexionase y encontrase argumentos
para votar hoy favorablemente nuestra propuesta.
Estoy convencido de que ustedes no han hecho esa reflexión, de que
siguen instalados en un clima que no es el que hoy necesita el
olivar; ustedes siguen instalados en una autodefensa, intentan
defender lo que ustedes creen que ha sido una buena negociación más
que dedicarse a planificar el futuro del olivar.
A fuer de ser tachado de inocente, creo que podían realizar un
esfuerzo y alcanzar esta noche aquí el acuerdo de impulsar este grupo
de trabajo, esta subcomisión, que nos permitiese, con tranquilidad,
sin ese contrarreloj que hemos tenido en los últimos meses,
concretar un futuro para el olivar. Yo les pido ese último esfuerzo y
se lo pido no solamente en nombre de nuestro grupo, sino en nombre de
un sector con el que nos hemos reunido, al que hemos planteado esta
propuesta. No hemos encontrado a nadie que la haya visto negativa,
fuera de tiempo o innecesaria; al contrario, todo el sector se ha
puesto contento porque por una vez sea el Parlamento quien les pueda
llamar a ellos.
Les quiero leer textualmente nuestra propuesta para que vean y nos
expliquen dónde están las maldades que contiene nuestra iniciativa.
Nosotros proponemos que el Pleno del Congreso de los Diputados
acuerde trasladar a la Comisión de Agricultura -porque así lo exige
el Reglamento- la creación de esta subcomisión, que tendría por
objeto el estudio de las reformas necesarias para modernizar el
sector de la aceituna y del aceite de oliva español, de manera que se
garantizase su viabilidad futura y el equilibrio territorial y
medioambiental en el medio rural. En el segundo punto proponíamos
tomar todo tipo de medidas políticas y legales para el avance,
desarrollo y modernización del sector del aceite y de la aceituna.
En esta moción no vemos la premisa que decía la ministra no
compartir. Creemos que no puede haber nadie en todo el sector del
olivar que se pueda oponer a estas premisas. Por tanto, no entendemos
cómo la ministra decía -y ustedes vienen a recalcar- que no comparte
la premisa en la que se sustenta nuestra moción. La verdad es que
llegamos a la conclusión de que sus temores no son contra nuestra
propuesta, no son contra nuestra iniciativa; sus temores van contra
el propio sector, un sector en el que no creyeron nunca. La realidad
es que ustedes siempre fueron a remolque del sector, siempre
intentaron desmovilizar al sector y hoy le quieren negar esa
oportunidad que, por cierto, sí le dieron al sector del vino, porque
nuestra moción es idéntica a la que se acordó en su día para el vino.
Nosotros no entendemos por qué hoy se niegan a escuchar al sector
cuando en su día sí escucharon al sector del vino, salvo que ustedes
descubriesen en aquella subcomisión que es muy complicado, muy
difícil escuchar a un sector y luego no hacerle caso.
Repito, nuestra conclusión es que ustedes nunca han creído en la
participación del sector, nunca han creído que de forma colectiva se
pueden alcanzar este tipo de acuerdos. No les quepa la menor duda de
que aquí podrán impedir -como de hecho lo van a hacer con su mayoría
parlamentaria- la creación de este grupo de trabajo, podrán darle con
la puerta en las narices a esos colectivos que tantas veces nos han
llamado para trabajar juntos, a esos colectivos que tantas veces se
han movilizado, que tantas veces han trasladado la ilusión al pueblo
andaluz y español, pero lo que ustedes no van a poder impedir son los
debates que están sobre la mesa, ustedes no podrán impedir, con sus
declaraciones de que todo va bien en el olivar, el debate sobre la
modulación y tendrán que dar una respuesta, aunque estén obviándola
en este momento. Tampoco podrán evitar que el mercado esté sufriendo
la desaparición
de la intervención. Y si no pregunten ustedes en Jaén, en
Córdoba o en Málaga, porque, a pesar de que la intervención se
anulará la próxima temporada, el mercado se está paralizando en
espera de que esta desaparición suponga una bajada de los precios.
Repito, si ustedes no admiten esto es que conocen muy poco lo que
está pasando.
Ustedes van a impedir la creación de este grupo de trabajo, les será
fácil explicarlo, pero no les quepa la menor duda de que lo van a
tener que explicar no solamente aquí, sino también en las calles y en
las plazas de cada uno de los pueblos de Andalucía, de Extremadura
o de Castilla-La Mancha; ustedes tendrán que dar explicaciones a ese
pueblo andaluz, a ese pueblo extremeño de por qué no quieren
constituir una subcomisión, un grupo de trabajo para analizar el
futuro de este sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego que concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señoría.
Repito, eso les va a ser mucho más difícil que alcanzar la mayoría
parlamentaria que hoy aquí pueden tener.
Nuestra iniciativa es útil y es oportuna. Es oportuna porque estamos
en un período transitorio donde no podemos partir de cero, donde
tenemos que partir de lo elaborado por este Parlamento y por el
sector. También es oportuna porque en el futuro del olivar hay muchos
debates abiertos: ya he hablado de la modulación, pero también
hablamos la semana pasada de la comercialización. Por tanto, es
oportuno en estos momentos que se constituya ese grupo de trabajo.
Estamos seguros de que ustedes hoy van a causar frustración, van a
causar cierto desánimo, y lo digo porque ya nos hemos reunido con el
sector, que estaba esperanzado en poder venir a sede parlamentaria a
expresar sus opiniones sobre el futuro del olivar y del aceite de
oliva, estaba esperanzado porque este Parlamento sirviese de foro
donde poder concretar el futuro del olivar. Ustedes hoy van a
frustrar esas esperanzas, pero el olivar ha sido capaz de sobrevivir,
señorías del Partido Popular, durante siglos y, evidentemente,
sobrevivirá a esta pequeña frustración que ustedes van a causar, y no
tengan la menor duda de que, aunque el olivar sobrevivirá, a algunos
de ustedes les va a ser muy difícil sobrevivir al carpetazo que hoy
le quieren dar aquí a esta moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
por favor.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señor presidente, señalando que
vamos a admitir la enmienda del Partido Socialista porque viene a
concretar y completar nuestra moción y, por tanto, a mejorarla. Puede
ser aceptada por nuestro grupo y, de hecho, vamos a someterlas a
votación conjuntamente.
No podemos decir lo mismo de la enmienda, por llamarla de alguna
manera -porque realmente no es una enmienda sino una moción, y en el
mismo texto así figura-, que presenta Convergència i Unió. Estamos de
acuerdo con lo que se plantea, pero no viene al caso en este momento.
Por tanto, rogaría al portavoz de Convergència i Unió que la
trasladase como moción a la Comisión correspondiente. Puede tener la
seguridad de que, con matizaciones, nuestro grupo la va a apoyar,
porque, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que se realice este plan
de modernización? Sin embargo, entendemos que plantearla como
enmienda a nuestra moción sólo demuestra un interés por decir aquí
algo y por cubrir un expediente, lo que realmente no viene a cuento.
Por tanto, no podemos admitir su enmienda que, repito, más que
enmienda es una moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Han sido presentadas a esta moción dos enmiendas, una de ellas por
parte del Grupo Parlamentario Socialista y otra por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que es el momento oportuno
para debatir el futuro del olivar y del aceite de oliva. Valoramos la
oportunidad porque con la reciente reforma de la OCM el futuro del
olivar en absoluto está garantizado, justamente al contrario. Es más,
hay un serio riesgo de que el olivar menos productivo, el olivar
tradicional, sufra una brutal reconversión que lo haga salir fuera de
este sistema.
El olivar tradicional, más de 700.000 hectáreas, está ubicado en las
zonas más deprimidas social y económicamente de España y con mayor
nivel de desempleo. La mezcla de los bajos precios del aceite y el
déficit de la reforma que ha cerrado la ministra de Agricultura
forman un cóctel explosivo para el sector en general y para el olivar
menos productivo en particular. Quiero hacer constar que cuando
hablamos de olivar menos productivo nos estamos refiriendo al 74 por
ciento de la superficie de olivar que hay en España y al 60 por
ciento de los jornales que distribuye el sector, es decir, más de 25
millones de jornales al año, la mayoría para obreros eventuales del
campo.
Sin embargo y sin lugar a dudas, esta situación no es fruto del azar
o de la casualidad, es fruto de una política premeditada y
consecuente, llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular y por
la ministra de Agricultura, que está ocasionando que las rentas de
los pequeños y medianos agricultores que viven del olivar
tradicional, menos productivo, y que en muchos casos no tienen otra
alternativa, estén seriamente amenazadas.
El PP y el Gobierno no sólo se han quedado solos en su triunfalismo
enfermizo sobre este tema, sino que la valoración negativa que de la
reforma han hecho todos los grupos sociales que llevan dos años
implicados en este tema -sindicatos, asociaciones agrarias y
cooperativas- va a tener como resultado que la moción de Izquierda
Unida, en la que se pide que se cree una subcomisión para debatir
sobre este tema, previsiblemente vaya a ser rechazada por los votos
del Partido Popular, como ya anunció la señora ministra de
Agricultura en el debate de la interpelación.
Sin embargo, creo que el Partido Popular tiene suficientes razones
para rechazar la creación de esa subcomisión. Desde este Gobierno se
ha hecho una apuesta seria por el olivar intensivo, por las grandes
explotaciones, por las nuevas plantaciones, por los bajos precios del
aceite de oliva en aras de la competitividad, por lo que es bastante
peligroso abrir un debate en el Congreso donde todo el mundo pueda
expresar libremente los problemas que tiene el sector. Sencillamente,
en mi opinión, ésa es la única razón, de bastante peso político, por
la que se oponen. El problema es que, si se nos hunde el olivar
tradicional, miles de familias, insisto, que viven en torno al olivar
y que no tienen otra alternativa, se van a encontrar en una situación
social de extraordinaria gravedad.
En consecuencia, vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida. Nos
parece razonable que hayan aceptado nuestra enmienda, aunque en
cualquier caso la habríamos aprobado. Lo que hacemos en nuestra
enmienda es precisar más que esta subcomisión debería debatir, no
acordar nada que sea de actuación obligatoria para el Gobierno. Como
dice el señor Arenas que el debate por el debate es un elemento
extraordinariamente positivo per se aunque no se llegue a acuerdos,
siguiendo la teoría de don Javier Arenas, lo que pedimos al Grupo
Parlamentario Popular es que permita que se abra un debate sobre tres
temas importantes que afectan de manera determinante al futuro del
olivar y del aceite de oliva.
Primero, dentro de tres años y en el contexto de la Agenda 2000, hay
que cerrar una reforma definitiva porque éste es un periodo
transitorio; vamos a hablar de los intereses de España. Segundo
elemento importante, que plantea Convergència i Unió en su enmienda,
promoción y comercialización; vamos a poner sobre la mesa todas las
opiniones y criterios que tengamos sobre este tema. Tercer elemento,
el eslogan que vende la ministra es que ha conseguido 169.000
millones para España. No entro en ninguna valoración. Es lo que hay.
Vamos a ver cómo se reparten esas ayudas. Ustedes pueden pensar que
son ayudas de mercado, que el aceite no tiene que tener ojos, que hay
que repartirlo con criterios lineales, que se divide la producción
entre los kilos. Nosotros creemos que son ayudas sociales y hay que
repartirlas con criterios sociales. Como el tema de la modulación de
las ayudas es un debate que está en la sociedad, vamos a hablar de
ello, independientemente de las conclusiones a las que lleguemos,
que pueden ser acuerdos más o menos profundos sobre este tema. Es un
tema complejo, profundo, vamos a debatirlo.
En cualquier caso, y termino señor presidente, vamos a apoyar la
moción de Izquierda Unida sea cual sea el resultado de la votación.
El Grupo Parlamentario Socialista no va a renunciar a una defensa a
ultranza del olivar tradicional, del olivar menos productivo y del
débil tejido socioeconómico que en él se sustenta.
En tercer lugar, esperemos que para miles de pequeños olivareros,
para miles de familias, el giro al centro del Partido Popular no
suponga ponerlos en el disparadero del desempleo y de la emigración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pliego.
Para presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, escuchamos con atención la semana pasada
la interpelación, ahora la moción, y los diferentes argumentos del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Si bien es cierto que es
necesario el impulso de medidas de modernización del sector,
entendemos que la propuesta de creación de una subcomisión para ello,
que es lo que se debatió la semana pasada, no es adecuada, entre
otras cosas, porque la modernización del sector, a nuestro entender,
tiene que pasar, sobre todo y de forma especial, por propuestas del
propio Ejecutivo. Es lo que estamos pidiendo en las enmiendas que
nuestro grupo ha presentado. Por otra parte, la aceptación de la
creación de esta subcomisión, que seguramente sería importante, si
tenemos en cuenta el peso en la formación de la producción final
agraria de los diferentes productos, podría suponer como mínimo la
creación de ocho o diez subcomisiones más, lo que nos llevaría al
bloqueo de la actividad de la propia Comisión.
Por tanto, sintiéndolo mucho, nosotros no estaríamos de acuerdo con
la creación de esta subcomisión. A nuestro entender, nada tiene que
ver con la creación de la subcomisión del vino, donde se intentaba
aunar esfuerzos para presentar una ley más consensuada. Son dos temas
diferentes.
En los pocos minutos que me quedan me gustaría centrarme en la línea
básica de la propuesta que hemos hecho, cuyo aspecto fundamental
trata de la modernización del sector. Nosotros entendemos que hay que
prepararse para el futuro, que tenemos un excelente producto, que lo
podemos producir en buenas condiciones, que tenemos agricultores e
industriales que saben hacer bien su trabajo y quizá ha llegado el
momento de hablar menos de la Unión Europea, hablar menos de Fischler
y comenzar a poner orden en nuestra propia casa. Por ese motivo, y
sobre todo teniendo
en cuenta que en este momento el Parlamento italiano ha aprobado o
está a punto de aprobar una ley que va a afectar negativamente a las
exportaciones de aceite a granel, independientemente de que el
Gobierno español tendrá que ver si realmente esa ley se ajusta a la
normativa comunitaria, hay que preparar una estrategia de cara al
futuro, y en ese sentido nosotros hemos hecho estas propuestas, que
van sobre todo en la línea de la potenciación de la calidad y de la
comercialización.
Por lo que se refiere a la calidad, nuestra máxima voluntad sería
trabajar en la línea de profundizar en lo que son las mejoras
técnicas en la recogida y en el almacenamiento de la aceituna, que
sin duda afectan de una forma clara a la calidad del producto
resultante. ¿Cómo mejoramos las técnicas de molturación de la
aceituna y extracción del aceite que permita obtener un producto de
la máxima calidad? ¿Cómo se potencian las denominaciones de origen
como elemento de autocontrol, pero sobre todo que sean capaces de
asegurar una buena calidad del producto? ¿Qué hacemos para impulsar
una política basada en la calidad y en la potenciación de la
diferenciación de la calidad de los propios aceites?
En cuanto a la comercialización desde la potenciación del diseño de
las presentaciones, no olvidemos que en la mayoría de los países se
comercializa en las zonas destinadas a productos de alto nivel; en
otros países, en general, los aceites de oliva están en las zonas de
delicatessen. Por ello habría que hacer campañas de promoción y sobre
todo hacer pedagogía y explicar de una forma clara las diferentes
calidades del aceite, las diferencias entre el aceite extra virgen y
el aceite puro de oliva, que yo creo que la mayoría de la gente es
incapaz de distinguir. Incluso, habría que estudiar la posibilidad de
modificación de la normativa en lo referente al etiquetado para
asegurar que no se producen errores de calidad a los que se induce al
consumidor, así como la presencia de nuestro aceite en los grandes
mercados mundiales.
Resumiendo, creo que hay que mirar al futuro y para ello hay que
entrar en profundidad en estas dos grandes líneas de acción,
independientemente de que el Gobierno por su cuenta presente medidas
alternativas. Nosotros hemos formulado dos propuestas de resolución
a la moción en las que solicitamos que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a que, en el plazo máximo de seis meses y de
acuerdo con las comunidades autónomas afectadas y respetando sus
competencias, presente un plan de modernización del sector dirigido
especialmente a la elaboración y comercialización del aceite que,
como mínimo, contemple esas dos grandes líneas de acción, en primer
lugar, ayudas que permitan mejorar la calidad del producto, pensando
especialmente en las inversiones que en este momento se tienen que
hacer para modernizar las almazaras, y, en segundo lugar, medidas que
faciliten la comercialización, especialmente en el ámbito de las
ayudas al diseño del producto, diseño de las botellas,
de las etiquetas, a los estudios de mercado y a la presencia de
nuestros productos, que son de gran calidad, en las grandes ferias
mundiales.
Creo que nuestras propuestas caben dentro de la moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero con una
gran diferencia. Al leer el enunciado de su moción parecía que
estaban pensando básicamente en la modernización del sector, pero
luego, cuando la hemos leído, hemos visto que estaban pensando en
otro temas, como la creación de una subcomisión para analizar y
debatir la posibilidad de la modulación. Evidentemente, esa es una de
las posibilidades. Nosotros entendíamos -y por eso nos hemos fijado
en la primera parte- que se referían a la modernización y, por lo
tanto, hemos adelantado algunos puntos que nos parecen importantes y
que sería bueno que el Gobierno los presentase lo más rápidamente
posible. Si no lo hace, seguramente nos veremos en la obligación de
formular una proposición no de ley pidiendo que el Gobierno lo antes
posible ponga en marcha las medidas tendentes a que tengamos un
sector lo más ágil posible.
Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad. Muchas gracias,
señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, lo haré
con brevedad, entrando únicamente en el texto literal de la moción
que ha presentado Izquierda Unida.
Señor diputado, si la solución a los problemas de los productos
agrarios españoles fuera crear aquí subcomisiones, no le quepa duda
de que mi grupo, frente a lo limitado que es en el número de
diputados, las suscribiría todas, empezando por pedir una subcomisión
para el problema del plátano, porque nosotros los canarios siempre
hemos apoyado esta cuestión del aceite de oliva por solidaridad, pese
a ser un cultivo que no existe, ni siquiera de modo testimonial,
salvo ornamental, en Canarias.
En segundo lugar, en la comparación con la subcomisión que tuvimos
del vino, hay que hacer un distingo importante. Las subcomisiones
están tasadas por el Reglamento del Congreso de los Diputados en
cuanto a su tiempo de duración. En esta moción de ustedes no se
contiene ninguna limitación para que como tal subcomisión tenga que
presentar el dictamen final ante el Pleno para ser debatido y
aprobado, cosa que se hizo en la del vino, donde se tasó el periodo
de vigencia de la misma y el tiempo en que tenía que presentar el
dictamen o informe correspondiente para que se debatiera aquí,
oportunamente, en otras circunstancias de coyuntura ante la OCM del
vino de la Unión Europea, pero también con un sentido universal sobre
el territorio de todo el Estado español, porque no hay comunidad
autónoma de norte a
sur en España, incluidas las islas Canarias, que no tenga producción
de viñedo con denominación de origen y esto sí respondía a la idea de
todos los grupos.
Nosotros apoyaremos toda medida que conduzca a la revalorización de
nuestra producción aceitera y del papel fundamental del olivar, en lo
económico, en lo social y en lo laboral, pero por esta vía nosotros
nos vamos a oponer, porque no le vemos ningún realismo, ni se somete
a una disciplina de tiempo el dictamen o informe, porque el por qué o
el para qué aquí es tan general que lo podemos resolver con el
funcionamiento propio de la Comisión de Agricultura. Lo demás sería
entrar en una dinámica que, por lógica y por sentido común, no creo
que beneficie al sector.
Nada más y muchas gracias, señor presidente, y anuncio que votaremos
en contra de esta moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Se preocupaba mucho el señor Centella de la postura del Grupo
Parlamentario Popular. Creo que en la intervención de la ministra
quedó clara esa postura; por tanto, no hay lugar a grandes sorpresas.
Para contestarle a su planteamiento, ya que se ha basado
reiteradamente en el funcionamiento de la subcomisión creada para el
vino, podríamos contestarle que ese mismo motivo, es decir el
comportamiento del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la
mencionada subcomisión, sería suficiente para rechazar su propuesta,
porque a pesar de las múltiples reuniones que la misma celebró, ni un
solo representante de Izquierda Unida asistió a ni una sola de las
sesiones de la subcomisión. Si ese fue su planteamiento de trabajo en
tema del vino y el que quieren aplicar al olivar, probablemente van a
seguir con lo mismo.
Tanto Izquierda Unida como el Grupo Parlamentario Socialista, que
coinciden en los puntos concretos que plantean, parten del error de
creer que el mensaje que han estado intentando difundir, de la ruina
y el desastre para el sector y el gran fracaso del Gobierno del
Partido Popular debido a una desastrosa gestión, es un mensaje que se
puede seguir manteniendo, y tienen que tener en cuenta que ya se está
recogiendo la aceituna de verdeo en esta campaña, que va a verse
beneficiada por la nueva reforma, cuando nunca lo ha estado; tienen
que tener en cuenta que se va a recoger la aceituna de almazara, que
va a recibir en esta campaña una subvención íntegra que nunca recibió
desde nuestra entrada en la Unión Europea, y que la visión que tienen
en el sector es radicalmente distinta a la que tienen ustedes.
Me hace gracia que plantee como un problema para el Gobierno y para
el Grupo Parlamentario Popular que oiga al sector, que se reúna con
el sector, que parece que tiene miedo de reunirse con el sector. La
primera
reunión que la ministra de Agricultura tuvo con un sector, a los diez
días de haber tomado posesión, en concreto el día 27 de mayo de 1996,
fue con la Mesa del Aceite de Oliva. ¿Y saben lo que dijeron el
presidente y los integrantes de la Mesa? Que era la primera vez desde
que estaban funcionando, y algunos de ellos llevaban ya muchos años
de relaciones con la Administración, que tenían la oportunidad de
reunirse con alguien en un ministerio con categoría superior a la de
director general y que por supuesto nunca se habían reunido con el
ministro. Esas son las reservas que puede tener el Gobierno del
Partido Popular y el grupo parlamentario respecto al sector.
Yo no sé con qué parte del sector se ha reunido usted. Yo me he
reunido con la totalidad del mismo y los representantes del Grupo
Parlamentario Popular también. Yo no sé a qué cooperativa ha ido
usted. Yo he ido a cooperativas, me he reunido con cooperativistas en
asambleas abiertas en todas las provincias productoras, tanto de
almazaras como de verdeo, y he hablado directamente con los
olivareros, les he explicado las posturas del Partido Popular y he
oído sus peticiones, sus sugerencias y sus indicaciones. Por tanto,
no tengo ninguna preocupación ni ningún diputado del Partido Popular
tampoco de reunirse con el sector, con las cooperativas, con las
almazaras, donde haga falta.
Usted coincide con el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a las
estrategias, pero, al mismo tiempo, habla usted hoy de que la
desaparición de la intervención es algo preocupante para el sector.
Debería haberse puesto de acuerdo con el Grupo Parlamentario
Socialista, porque este ha aceptado la desaparición de la
intervención, ya que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el
mercado de futuro del aceite de oliva, que es totalmente incompatible
con un sistema de intervención. El informe en que se ha basado la
consejera de Economía para poner en marcha el mercado de futuro
expresa clara y textualmente que esa situación es incompatible con la
intervención. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Por tanto, pónganse de
acuerdo en las coincidencias y en las no coincidencias.
Ustedes quieren mantener viva esa crítica continuada. Las
declaraciones que hizo usted en Jaén, no sé si fue ayer o anteayer, y
las que ese mismo día hizo el señor Pliego, representante hoy del
Grupo Parlamentario Socialista, plantean lo que ustedes de verdad
quieren en este sector. A ustedes no les preocupa la realidad del
sector, a ustedes no les preocupa la comercialización, no les
preocupa el futuro. Hablan ustedes del olivar tradicional, pero lo
desconocen a propósito y no difunden lo que la ministra ya dijo aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jordano,
le ruego concluya.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.
Dijo la ministra que estaba en marcha un programa de apoyo al olivar
tradicional y habló de las líneas de
apoyo que contenía. Es un programa muy generoso y
bien dotado para el apoyo al olivar tradicional.
Por tanto, no hay ninguna preocupación ni para el
grupo ni para el Gobierno del Partido Popular en explicar
a todo el sector, donde sea, en mesas redondas, con quien quiera
entrar, cuál es la realidad y el futuro del
sector. Lo que no vamos a hacer es ocultar las dificultades de futuro
que tienen el olivar y el resto de productos
agrícolas de la Unión Europea. Lo que sí les vamos a
decir a los olivareros es lo que venimos afirmando. Hay que producir
con calidad y mirando al mercado. Cuando
no se mira al mercado es desde una visión de dirigismo
estatal incompatible con la realidad socioeconómica en la que
vivimos. Por tanto, hablemos claro con el sector,
digámosle que tiene que producir con calidad, que tiene que ser
competitivo y que el aceite hay que venderlo.
En cuanto a su enorme preocupación por la intervención,
este año, con 1.176.000 toneladas de producción, a la intervención
sólo han llegado 90.000 toneladas.
Por tanto, no parece un instrumento que sea necesario utilizar.
Por estas razones no compartimos la moción presentada
por Izquierda Unida. Si hubieran aceptado la enmienda de sustitución
del Grupo Parlamentario Catalán,
hubiéramos votado a favor. Al no ser así, nos vemos obligados a votar
en contra.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Jordano.
Vamos a proceder a la votación, contando con que el
señor Centella ya ha expresado que sí aceptará la enmienda del Grupo
Socialista y no aceptará la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre los planes y proyectos a desarrollar en torno al sector
del olivar y del aceite de oliva, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 263; a favor, 114; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.