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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 172, de 23/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 172
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 167
celebrada el martes, 23 de junio de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 126-1, de 31 de octubre
de 1997 (número de expediente 122/000109)...(Página 9232)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Alcaraz Ramos y Saura
Laporta), sobre creación del Consejo de la Comunicación. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 132-1, de 28 de noviembre
de 1997 (número de expediente 122/000113)...(Página 9232)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre creación del
Consejo de la Comunicación «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 135-1, del 19 de diciembre de 1997 (número de expediente
122/000116)... (Página 9232)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del
Comité de Medios Audiovisuales. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 144-1, de 9 de febrero de 1998(número de expediente
122/000125)... (Página 9232)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación del Consejo
Superior de los Medios Audiovisuales (Orgánica) «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 145-1, de 9 de febrero de 1998
(número de expediente 122/000126) (Página 9232) )
- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se elimina la
incompatibilidad del derecho a la pensión de orfandad con el
desempeño de un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 155-1, de 13 de febrero
de 1998 (número de expediente 122/000136)... (Página 9240)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a que introduzca en nuestro ordenamiento jurídico la
regulación sobre el uso del análisis del Ácido Desoxirribonucleico
(ADN), dentro de la estructura del Derecho Penal y en la
investigación de la paternidad. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 282, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 162/
000242)... (Página 9246) )
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de uso racional
del medicamento. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
259, de 27 de marzo de 1998 (número de expediente 162/000226)...
(Página 9254)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
comercialización y consumo racionalizado de los medicamentos. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 245, de 24 de febrero de
1998 (número de expediente 162/000211)... (Página 9254)
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones:
- ACUERDO de la Comisión de Política Social y Empleo, por el que se
aprueba el Informe de la Subcomisión para estudiar la situación de
los españoles que viven fuera, así como la de los inmigrantes
y refugiados que han llegado a nuestro país; conocer a fondo sus
necesidades y reivindicaciones prioritarias; proponer las medidas
-legales y sociales- que sea conveniente adoptar para conseguir
solucionar los problemas existentes (número de expediente 154/000008)...
(Página 9264)
Avocación por el Pleno:
- Deliberación y votación final del Proyecto de Ley del Impuesto
sobre la Renta de los no residentes (número de expediente 121/000115)
... (Página 9273)
Modificación del orden del día:
- Alteración en el orden de los puntos 40, 41 y 42 (número de
expediente 121/000040)... (Página 9273)
SUMARIO
Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 9232)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales ...
(Página 9232)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alcaraz Ramos y Saura Laporta),
sobre creación del Consejo de la Comunicación ...(Página 9232)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre creación del
Consejo de la Comunicación ...(Página 9232)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del
Comité de Medios Audiovisuales....(Página 9232)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación del Consejo
superior de Medios Audiovisuales ... (Página 9232)
Presenta la primera proposición de ley, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Recoder i
Miralles, basándose en la necesidad urgente de regular el mundo
audiovisual porque, aunque la libertad de información es un valor
constitucional, inherente al Estado de Derecho y corresponde a los
poderes públicos garantizarla, asegurando el pluralismo, se trata a la
vez de una actividad cuyo ejercicio puede entrar en colisión con otros
valores constitucionales, como son la protección de la infancia y de la
juventud, la defensa de los consumidores, la cohesión social o el
simple respeto de la legalidad, lo que, según su opinión, justifica la
imposición de unos límites a dicha libertad. Añade que la
propuesta de su grupo opta por un modelo que entiende el consejo
superior de los medios audiovisuales como una autoridad independiente,
cuya competencia se extiende sobre la televisión pública
estatal y también sobre las televisiones privadas del mismo ámbito,
donde se garantiza la independencia de sus miembros mediante el proceso
de nombramiento, con participación del Gobierno y del Parlamento,
donde la selección de sus miembros se hace en base a criterios de
competencia técnica y profesional y en el que se incorporan
representantes de organismos similares de carácter autonómico. Fija la
posición de su grupo respecto a las otras iniciativas sobre el mismo
tema y anuncia su voto favorable a la toma en consideración de todas
ellas.
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto el señor
Alcaraz Ramos. Expresa su convicción sobre la necesidad de crear un
consejo de la comunicación, al igual que en otros países del entorno,
tratando de buscar un cauce posible y válido para la inmensa
corriente de comunicación, de información de datos y de símbolos, y
de resolver armónicamente las contradicciones que necesaria mente
se plantean y que reflejan otras más profundas que presiden la
convivencia en las sociedades complejas. Añade que el órgano que su
grupo pretende crear debe cumplir con los requisitos de independencia
y pluralidad y estar dotado de funciones específicas, anunciando su
voto favorable a la toma en consideración de las otras iniciativas.
Asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor
Rodríguez Sánchez que se alegra por la presentación de las
proposiciones de ley que intentan solucionar la tensión entre los
intereses económicos de la industria audiovisual.
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Alcaraz Masats. Manifiesta que la creación
de un consejo de la comunicación es algo más que la creación de un
órgano que intente regular lo audiovisual, y no debe ser un simple
intermediario o una especie de consejo asesor, sino más bien un
auténtico gobierno de la comunicación, nombrado democráticamente.
Considera que las cinco proposiciones de ley que se han presentado
podrían ser votadas favorablemente por todos los grupos
parlamentarios para que, mediante una refundición o cualquier otra
técnica parlamentaria, sirvieran de base argumental para instaurar
en España un organismo que regulara el mercado audiosvisual. A
continuación pasa a explicar las diferencias que existen entre las
cinco proposiciones de ley y opina que se debería llegar a un
consenso para crear, en un breve espacio de tiempo, un consejo de
la comunicación.
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso la señoraMato Adrover, que muestra su satisfacción por
presentar ante la Cámara una proposición de ley que responde a una
demanda reiterada por los ciudadanos y recogida por la mayoría de
los grupos políticos en sus programas electorales. Añade que las
cinco proposiciones de ley sobre la misma cuestión que hoy se presentan
tienen un mismo objetivo: lograr un consejo de medios audiovisuales
que sea un órgano independiente que pueda defender a los
telespectadores de los contenidos que se emiten a través de las
distintas programaciones de las televisiones. Confía en que, aunque
las cinco proposiciones tienen un contenido bastante distinto y
algunos aspectos no pueden ser compartidos por todos los grupos
parlamentarios, después de la aprobación de la toma en consideración
de las cinco propuestas, se haga un esfuerzo de consenso entre todos
los grupos de la Cámara para lograr la creación de este órgano a la
mayor breve dad posible. Explica la postura de su grupo en relación
con otras iniciativas anteriores y con las cinco proposiciones
de ley presentadas en este Pleno para su toma en consideración.
Por último, presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del
Congreso el señor Pérez Rubalcaba. Explica en primer lugar el origen
de la proposición de ley que ahora presentan y las características
que, a juicio de su grupo, debe tener el consejo superior de los
medios audiovisuales: ha de ser independiente, asesor y a la vez
ejecutivo, foro permanente de debate en relación con los medios de
comunicación
y debe estar dotado de los medios presupuestarios y funcionales
necesarios para cumplir y desarrollar la importante tarea que todos
los grupos de esta Cámara han destacado en la tarde de hoy. Reitera
la idea expresada por los otros grupos de que se tiene que llegar a un
consenso, consenso en el que su grupo quiere colaborar desde el
primer momento, y anuncia su voto favorable a la toma en
consideración de todas las proposiciones de ley presentadas.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre creación del consejo superior de los medios
audiovisuales, se aprueba por 276 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre creación
del consejo de la comunicación, se aprueba por 277 votos a favor, uno
en contra y una abstención.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre creación del consejo de la comunicación, se aprueba por
280 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación, en cuarto lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre creación del comité de medios audiovisuales, se aprueba por 275
votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación, por último, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación
del consejo superior de los medios audiovisuales (orgánica), se
aprueba por 270 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se elimina la
incompatibilidad del derecho a pensión de orfandad con el desempeño
de un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia ... (Página 9240)
Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, la señora Romero López. Expone que se trata de modificar el
artículo 175 de la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad
social para hacer compatible el derecho a la pensión de
orfandad con el desempeño de un trabajo lucrativo por cuenta propia o
ajena. Añade que esta incompatibilidad no figuraba en el texto refundido
de la Ley de 1994, tampoco era una recomendación del Pacto de
Toledo y ni siquiera figuraba en las normas
de la dictadura; se implantó en la Ley de acompañamiento de 30
de diciembre de 1997, a la que su grupo presentó una enmienda que fue
rechazada. Considera que se está cometiendo una terrible injusticia
porque es una pensión contributiva y, por lo tanto, no puede ser
incompatible con ningún tipo de rentas. Plantea una serie de
interrogantes sobre la idoneidad de la norma y considera que con ella
se está desincentivando el empleo en jóvenes huérfanos. No entiende
por qué el Gobierno ha ampliado la edad para cobrar la pensión de
orfandad y, acto seguido, establece este impedimento del salario por
cuenta ajena o propia. Aconseja al Gobierno que busque el fraude en
otro sitio y no se muestre cicatero con este colectivo indefenso de
jóvenes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, por la que se elimina la
incompatibilidad del derecho a la pensión de orfandad con el
desempeño de un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, se
rechaza por 132 votos a favor, 160 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 9246)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a que introduzca en nuestro ordenamiento jurídico la
regulación sobre el uso del análisis del ácido desoxirribonucleico
(ADN) dentro de la estructura del Derecho penal y en la investigación
de la paternidad ...(Página 9246)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso la señora Barrios Curbelo, basándose en que, a pesar de
que en el ordenamiento jurídico existen múltiples artículos que
establecen el uso de este tipo de pruebas, en España no hay una
regulación específica. Añade que su grupo presentó una proposición de
ley en 1995 que no fue tomada en consideración, pero todos los grupos,
los que la apoyaron y los que no, opinaron que era muy oportuna y
necesaria una legislación en
esta materia. Explica los tres sistemas existentes para la regulación
del análisis del ADN: un primer sistema por el cual se toman
muestras a toda la población y se archivan todos los vestigios que
aparecen en el lugar donde se comete el delito; un segundo sistema en el
que sólo se toman las muestras a determinados individuos con cierta
vinculación con el delito y el archivo de las muestras, y el tercer
sistema, donde sólo se toman en el caso concreto de una vinculación
muy específica entre el individuo y el delito que se está
investigando. Propugna que en España se escoja este tercer sistema,
porque está respaldado por la doctrina científica y por el Tribunal
Constitucional en sus últimas sentencias. Concluye asegurando que la
prueba del ADN es una prueba a la que hay que dar entrada en el proceso
civil y penal para que, en un momento dado, sustituya a algunas
otras pruebas que se basan en indicios y en presunciones legales y
para que, de forma objetiva y pericial, complemente la actividad
intelectiva del juez.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Silva Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y los señores Castellano Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jover Presa, del Grupo
Socia lista del Congreso.
Para aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), interviene la señora Barrios Curbelo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en los términos resultantes de la aceptación
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de uso racional del
medicamento ... (Página 9254)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
comercialización y consumo racionalizado de los medicamentos ... (Página 9254)
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso la
señora Novoa Carcacia. Manifiesta que la proposición no de ley que su
grupo presenta persigue devolver la política del medicamento y el
control tema, del gasto farmacéutico al marco del uso racional y
rechaza la política que lleva a cabo el Gobierno al adoptar medidas
como la retirada de la financiación pública de una lista de
medicamentos por puro criterio economicista. Explica los ocho puntos
de que consta la proposición no de ley del Grupo Socialista, que
pretende devolver la tranquilidad a los ciudadanos, e insta al
Gobierno a que garantice que serán financiados por el Sistema Nacional
de Salud los medicamentos eficaces, seguros y de composición adecuada.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, presenta
la proposición no de ley la señora Maestro Martín, que empieza
su intervención constatando la falta de política racional del uso
del medicamento en las últimas décadas en España. Asegura que ésta
tendría que partir de la intervención de los poder es públicos no
sólo en el nivel de gasto que origina sino en el papel central que
ocupa en el conjunto del sistema sanitario. A continuación pone de
relieve algunas de las prioridades políticas de los gobiernos y
plantea una serie de interrogantes s obre la eliminación del registro,
por algunos laboratorios farmacéuticos, de medicamentos
esenciales, en base simplemente a criterios de mercado. Asimismo
resalta el hecho de que, según una encuesta de Cáritas, en España hay
ocho millones y medio de personas que viven con menos de 44.000
pesetas al mes y que la pobreza alcanza a casi un millón de personas,
hecho que demuestra que, en contra de las tesis neoliberales, el
incremento de la riqueza no disminuye la pobreza. Por ello, en la
proposición de ley, su grupo postula medidas urgentes y necesarias de
uso racional del medicamento, y aunque reconoce que las medidas
siempre pueden lesionar los intereses de algunos, considera que no
ha de ser a las personas más débiles, con menos recursos económicos
y justamente en el momento que están enfermos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y la señora Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Calpe Saera,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Son sometidas a votación las proposiciones no de ley de los grupos
Socialista del Congreso y Federal de Izquierda Unida, en cada uno de
sus puntos por separado, a petición de las intervinientes.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones . . .
9264
De la Comisión de Política Social y Empleo, por el que se aprueba el
informe de la Subcomisión para estudiar la situación de los españoles
que viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han
llegado a nuestro país; conocer a fondo sus necesidades
y reivindicaciones prioritarias y proponer las medidas -legales y
sociales que sea conveniente adoptar para conseguir solucionar los
problemas existentes....(Página 9264)
Presenta el informe, en nombre de la Comisión de Política Social y
Empleo, el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de fijación de posiciones intervienen los
Señores Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las
señoras Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Fernández Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, y el
señor Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al haber sido retirados los votos particulares, se somete a votación
el informe de la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de
Política Social y Empleo, que se aprueba por unanimidad.
Avocación por el pleno ... (Página 9273)
El señor presidente comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces, ha acordado pro poner al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley de Impuesto sobre
la Renta de los no residentes, lo que se aprueba por a sentimiento.
Modificación del orden del día ...(Página 9273)
El señor presidente, de conformidad asimismo con lo acordado por la
Junta de Portavoces y en base al artículo 68 del Reglamento, somete
al Pleno de la Cámara la alteración en el orden del debate de los
números 40, 41 y
42, lo que se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
CREACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. (Número de
expediente 122/000109)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES ALCARAZ RAMOS Y SAURA
LAPORTA), SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN. (Número de
expediente 122/000113)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CREACIÓN
DEL CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN. (Número de expediente 122/000116)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CREACIÓN DEL
COMITÉ DE MEDIOS AUDIOVISUALES. (Número de expediente 122/000125)
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. (ORGÁNICA) (Número de
expediente 122/000126)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, debate sobre la toma en
consideración de proposiciones de ley, que, p rimero, versará sobre
las acumuladas de los grupos Catalán (Convergència i Unió), Mixto,
Federal de Izquierda Unida, Popular y Socialista, todas ellas sobre
creación del comité de medios audiovisuales.
Efectuarán la presentación por el orden en que han sido mencionados
los grupos, que es el de la presentación de las iniciativas que
pasamos a debatir. En primer lugar, por el Grupo de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Recoder i Miralles.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado mes de octubre, nuestro grupo parlamentario
presentó una proposición de ley de creación del denominado consejo
superior de los medios audiovisuales, que inauguraba una batería de
iniciativas similares por parte de varios grupos parlamentarios. Esta
iniciativa no era nueva, puesto que ya la habíamos presentado en el
Senado, donde fue debatida, p rimero, y rechazada, luego, por obra de
la mayoría absoluta del Grupo Popular, que, como saben ustedes,
configura la mayoría de dicha Cámara.
El propio Senado, ya en el año 1995, se había pronunciado a favor de
la necesidad de crear una instancia mediadora entre los intereses de
la industria audiovisual y los intereses socioculturales. Añadía el
Senado, en un informe sobre contenidos audiovisuales, que los medios
audiovisuales son una industria que busca, como es lógico, la
rentabilidad económica, pero que constituyen, al mismo tiempo, una
industria cultural que debe tener otros objetivos e imperativos que
los estrictamente comerciales. El progreso cultural, decía el Senado,
la protección de la infancia y de los derechos individuales, la
cohesión social y la participación ciudadana son valores vulnerables
que no deben quedar marginados por los intereses económicos.
Esto se decía hace tres años pero en el tiempo transcurrido desde
entonces la evolución tecnológica ha generado, como saben SS. SS., y
ha sido objeto de numerosos y vivos debates en esta Cámara, nuevos
servicios de telecomunicación audiovisual que, entre otras
consecuencias, han generado una mayor proliferación, diversificación
y especialización de los contenidos, incidiendo todo ello en la
composición de la audiencia y en la vulnerabilidad de los valores
que, a nuestro entender, deben ser objeto de protección.
La libertad de información es un valor constitucional, y lo saben muy
bien SS. SS., es un valor inherente al Estado de Derecho y, en
consecuencia, corresponde a los poderes públicos garantizarla,
asegurando el pluralismo. A la vez, se trata de una actividad cuyo
ejercicio puede entrar en colisión con otros valores
constitucionales, como son la protección de la infancia y de la
juventud, la defensa de los consumidores, la cohesión social o el
simple respeto de la legalidad. Ello, desde nuestro punto de vista,
justifica la imposición de unos límites a dicha libertad.
En principio, podría parecerles que la Administración o los propios
tribunales de Justicia constituyen una garantía suficiente de
salvaguarda de estos valores. Me remito, para demostrar que esto no
es así, a la numerosa legislación existente en nuestro país,
básicamente contenida en la trasposición de la directiva comunitaria
de televisión sin fronteras, que acota determinados contenidos
televisivos o establece unas limitaciones en cuanto a publicidad y en
cuanto a cortes para emitir dicha publicidad en la programación.
Decía que me remito a esta realidad porque también saben ustedes,
como ávidos lectores de periódicos que son, que periódicamente
aparecen, en la prensa escrita y también en distintos medios de
comunicación, noticias que
dan cuenta del incumplimiento reiterado por parte de las cadenas de
dichas limitaciones.
Pues bien, si nos fijamos en lo que está pasando a nuestro alrededor,
vemos que la tendencia europea en el ámbito audiovisual es crear
entidades u organismos independientes del Gobierno y de la
Administración, de carácter colegiado, integrados por personas de
reconocida competencia, con la misión de regular, mediar, fiscalizar y
sancionar en dicho sector, sustituyendo, no a la Administración de
justicia, sino al propio Gobierno.
En todo caso, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de
crear este comité y hoy, de nuevo, formulamos la propuesta, esperando
que no corra la misma suerte que el día 7 de octubre de 1997 corrió
en el Senado.
Las soluciones que se nos plantean son diversas, aunque con una serie
de coincidencias básicas, como son la independencia, el carácter
técnico de sus miembros y el carácter colegiado. En los Estados con
una estructura descentralizada, como es el nuestro, ello está
presente en la estructura del organismo que se ha creado.
La propuesta por la que nuestro grupo parlamentario ha optado y que
hoy presento a SS. SS. es una opción a favor del modelo que nosotros
hemos creído más adecuado a nuestra realidad. En primer lugar,
nuestro consejo superior de los medios audiovisuales se constituye
como una autoridad independiente, competente para velar por el
cumplimiento de la legislación y cualquier norma reguladora de la
programación, la publicidad y el patrocinio audiovisuales. En segundo
lugar, su competencia se extiende sobre la televisión pública estatal
y también sobre las televisiones privadas del mismo ámbito. En tercer
lugar, la independencia de sus miembros en el ejercicio de sus f
unciones, algo que nos parece fundamental, se garantiza mediante el
proceso de nombramiento, con participación del Gobierno y del
Parlamento, estableciendo causas tasadas para su cese, lo que
determina la inamovilidad del cargo durante el período para el que
han sido designados, que, a su vez, constituye la garantía de su
libertad de opinión. En cuarto lugar, el criterio de selección de sus
miembros se basa en la competencia técnica y profesional, lo que
refuerza la nota de independencia y garantiza la neutralidad
y objetividad. Y, en quinto lugar, y con el fin de encajar los
organismos similares creados en las comunidades autónomas, como
sucede en el caso de Cataluña, que ha sido la primera comunidad en
dotarse de un instrumento de este tipo, y también de crear un m arco
de referencia común, se incorporan los representantes de los
organismos similares de carácter autonómico.
Señor presidente, señorías, como saben, esta no es la única
iniciativa de este tenor que hoy debatimos, Sí es la primera, pero no
es la única. Anuncio ya que nuestro grupo parlamentario va a votar
favorablemente todas las iniciativas, cinco en total, aunque también
debo decir en este momento, y de alguna forma apunto
cuál va a ser nuestra intervención en el proceso de debate ya
pormenorizado de las iniciativas que se puedan tomar en
consideración, que mantenemos notables discrepancias con algunas de
ellas, y me referiré a las mismas, aunque sea de una forma muy breve.
Voy terminando, señor presidente.
En cuanto a la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
desde nuestro punto de vista, no se trata de la creación de un
consejo audiovisual, sino de algo similar a un organismo consultivo
en materia de comunicación. Si no es así, estoy confundido y supongo
que su portavoz, el señor Alcaraz, me lo dirá. Es un organismo con
competencias sobre la prensa escrita, lo que, a mi modo de ver, dada
la situación actual de la prensa en este país, no tiene demasiado
sentido. Algo similar ocurre con la propuesta del Partido Democrático
Nueva Izquierda, del Grupo Mixto, que también se refiere a todos los
medios de comunicación, integrando este consejo por miembros elegidos
por las Cortes, sindicatos, organizaciones empresariales e
instituciones públicas.
Desde nuestro punto de vista, este es un organismo muy similar al que
se creó en Francia en el año 1982, con la constitución de lo que se
denominó la alta autoridad de comunicación audiovisual, que fracasó,
dando lugar a la creación en el año 1989 del Consejo Superior de lo
Audiovisual, que es un organismo que está mucho más en la línea de la
iniciativa que propone nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Termino ahora mismo, señor presidente.
Y por lo que respecta a la propuesta del PP, saben ustedes y lo
conoce perfectamente la señora Mato, como portavoz del Grupo Popular
en estos temas, que lo que nos separa fundamentalmente, y de entrada
diría yo, es la integración que ellos proponen de este comité d entro
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que es un
organismo que los que participamos en su creación, desde la
perspectiva parlamentaria, y en su desarrollo sabemos que, por su
carácter, por su composición y por las funciones que tiene, poco
tiene que ver con un organismo como el que nosotros queremos.
Termino, señor presidente, diciendo que vamos a votar todas las
iniciativas presentadas esta tarde, las cinco, con la intención de
dar así paso a un debate en mayor profundidad sobre los distintos
modelos que hay s obre la mesa. Yo creo que es algo que deberíamos
hacer con una cierta prisa, porque, como decía también, si observamos
nuestro entorno, ya son numerosísimas las iniciativas de este tipo
que se han puesto en práctica en el resto de Europa. Por algo creemos
que está sucediendo este hecho, que, repito, nos parece importante,
más cuando observamos el notabilísimo
desarrollo que está teniendo el mundo audiovisual en nuestro país en
los últimos tiempos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
En primer lugar, tiene la palabra don Manuel Alcaraz, compartiendo el
turno del Grupo Mixto, para la defensa de su iniciativa.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor p residente.
Efectivamente, subo a la tribuna en nombre de Nueva Izquierda
Iniciativa-Els Verds para defender nuestra proposición de ley de
creación de lo que nosotros hemos llamado consejo de la
comunicación. Desde la convicción de que hoy debatimos una cuestión
importante y atendiendo a ese retraso, respecto de otros países de
nuestro entorno, que genera auténticos problemas, no es casualidad
que existan cinco proposiciones, si bien, desde nuestro punto de
vista, algún grupo parlamentario haya presentado la suya me atrevería
a decir que con graves reticencias.
En definitiva, lo que vamos a votar es una propuesta que trata de
buscar un cauce posible y válido para la inmensa corriente de
comunicación, de información, de datos, de símbolos, que atraviesa
nuestra sociedad, configurando en buena medida sus perfiles. Un
consejo de la comunicación no es un fin en sí mismo, sino un medio
para resolver armónicamente las contradicciones que necesariamente
crea ese torrente, contradicciones que, por otra parte, reflejan
otras contradicciones más profundas, aquellas que presiden la
convivencia en las sociedades complejas. A este hecho, que, como
digo, es irreductiblemente contradictorio, la misma sociedad
reacciona habitualmente con un sistema de pensamiento muy propio de
la milenaria cultura occidental, estableciendo sistemas de análisis
duales que plantean polos opuestos, entre los que presuntamente hay
siempre que optar. Y avanzo la idea de que ese sistema de análisis
no sirve para interpelar la realidad y para operar legislativamente.
Entre estas escisiones, hay que recordar al menos t res: la ya
clásica, que distingue entre los apocalípticos y los integrados o,
por decirlo de otra manera, la de los que sienten una permanente
manipulación de los medios, ante la cual los ciudadanos quedan
desprotegidos, y la de los despreocupados, que se regocijan ante la
permanente fiesta de los sentidos que proporcionan los modernos
medios. La segunda sería la polarización entre los que sólo interpretan
los medios de masas como ocasión perdida para la cultura
reflexiva, la pedagogía y la información aséptica y los que la
contemplan como una pura ocasión para el negocio mercantil y un
individualismo posesivo que no debe detenerse ante casi nada. Y la
tercera, en fin, sería la que apuesta por una intervención directa y
continua de los poderes políticos y la que, en nombre de un
liberalismo ideológico, pretende que sea la mano invisible la que
juegue
con el mando a distancia, aunque no es extraño encontrar después a
Popper o a Sartori clamando contra los excesos de una televisión
mercantil y liberal. En todo caso, ninguna de estas posiciones puras
sirve para guiar, en una línea de progreso, el futuro de la sociedad
de la información, pues desconocen la complejidad intrínseca de esa
sociedad y la irreductible pluralidad de las sociedades actuales.
Estas reflexiones deben guiar la propuesta y Nueva Izquierda Iniciativa
per Catalunya las ha tenido en cuenta, pero, a la hora de
legislar, a la hora de redactar nuestra proposición, hemos tratado de
compaginar ideas con mandatos constitucionales. Así, es insoslayable
recordar el frontispicio de la Constitución, donde se fija a España
como un Estado social y democrático de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALCARAZ RAMOS: Esa concepción tiene mucho que ver con el
órgano que se quiere crear, desde el punto de vista de la participación
social, del pluralismo implícito en el funcionamiento democrático
y también desde el Estado de Derecho, ante la anomia real que se está
produciendo por la hiperinflación de leyes sobre comunicación y la
ausencia de un órgano que, a nuestro modo de ver, debe cumplir los
requisitos de ser independiente, plural y estar dotado de funciones
específicas. Ese es el trasfondo de nuestra proposición e igualmente,
como anunciaba también el anterior portavoz, vamos a apostar por
votar todas las proposiciones, aunque alguna, sobre todo la del Grupo
Popular, no nos agrade, por su falta de independencia real. Sin
embargo, entendemos que sería bueno que ese consenso que hoy se puede
dar se produjera en todas las fases de la tramitación legislativa,
porque que este órgano naciera con el acuerdo de todas las fuerzas
políticas sería algo muy deseable para que naciera con el prestigio
adecuado, que, sumado a esa independencia y a esa pluralidad,
sirviera, en definitiva, para su buen funcionamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Rodríguez, ¿desea intervenir, para agotar el turno del Grupo
Parlamentario Mixto? (Pausa.) Muchas gracias por hacerlo desde el
escaño. Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
El Bloque Nacionalista Galego celebra la presentación de estas
proposiciones de ley, que intentan solucionar la tensión entre los
intereses económicos de la industria audiovisual, tan en auge y con
un campo tan amplio, y los intereses culturales y sociales, sobre
todos aquellos que están vinculados a la libertad de expresión, que
se encuentran garantizados por el artículo 20
de la Constitución española. Pensamos que es muy bueno que las
autoridades del Estado español cuenten con un organismo público de
carácter estatal, independiente y plural ideológicamente, dispuesto a
velar por los principios constitucionales en ósmosis con la sociedad.
En ese sentido, tenemos que decir que celebramos especialmente, por
su carácter concreto, las proposiciones de ley presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo
Parlamentario Socialista, así como la amplitud que tienen las
proposiciones de ley de Nueva Izquierda y de Izquierda Unida. No nos
parece tan acertada la del Grupo Parlamentario Popular -aunque la
votaremos también, por supuesto, favorablemente-, porque pensamos que
vincula este organismo independiente excesivamente a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, que, como todos sabemos, tiene un
papel de vinculación a la industria excesivo.
Por otra parte, queremos remarcar que, si estas proposiciones de ley
hoy son admitidas a trámite, en todo el proceso posterior trataremos
de que se mantenga la incorporación de representantes de organismos
similares de las comunidades autónomas en lo que es el organismo
homólogo de carácter estatal, así como que exista una cierta
capacidad sancionadora -como se establece en la proposición del Grupo
Socialista- y la transparencia de la titularidad de los medios de
comunicación.
En definitiva, nos alegramos de que podamos entrar por lo menos en un
mínimo de control y debate que repercuta en la calidad de la
programación y en el pluralismo de la sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor p residente.
Estamos debatiendo la toma en consideración de una futura ley de
enorme importancia, la de creación de un consejo de la comunicación,
que, a nuestro juicio, es un organismo democrático mucho más amplio
de lo que pudiera ser un órgano que intentara regular, digo bien,
regular, lo audiovisual. Estamos ante una figura que no debe ser un
simple intermediario o una especie de consejo asesor; más bien,
nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de un auténtico
-quizás, todavía entre comillas- gobierno de la comunicación, alguien
que regule en una sociedad que por ahora no tiene autoridad
comunicativa nombrada democráticamente. Se funciona sin un código
ético, sin un código de la comunicación. Por lo tanto, se funciona de
una manera bastante poco democrática; casi estamos entrando en un
estado de excepción, donde nadie regula y donde no hay autoridad
democrática. Y si hablamos de un cuasi gobierno de la comunicación,
sin
duda, en este terreno, estamos hablando de una intervención en el
mercado, porque aquí es donde se produce la colisión entre interés
global, interés público, y los intereses de la dialéctica del
mercado. En esa colisión es donde interviene, de manera amplia, con
competencias reales, esta especie de gobierno de la comunicación, que
para nosotros es este consejo. Por eso, hoy intentamos que se tomen
en consideración estas proposiciones de ley sobre su creación.
Tenemos la oportunidad de que cinco proposiciones de ley puedan ser
votadas por todos para que marquen una base argumental, una
refundición o cualquier técnica parlamentaria que se pueda emplear de
cara al futuro para, por fin, instaurar en España este organismo que
funciona bien en muchísimos países, casi todos de la Unión Europea.
Es la cuarta vez que nosotros lo intentamos, no es la primera ni la
segunda. La primera fue como figura fundamental dentro de la ley por
la transparencia y la pluralidad, ley antitrust, que fue derrotada en
la legislatura anterior; la segunda fue como pieza esencial de la
denominada enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley
del fútbol, que también en este caso fue derrotada, pero se creó algo
que debiera subsumirse a partir de ahora entre las competencias del
consejo de la comunicación, o como quiera que se llame, que es el
consejo de retransmisiones deportivas, muy amplio pero que tiene una
sola función que, a nuestro juicio, debe integrarse en el seno de las
competencias del consejo de la comunicación. Hoy, después de un
segundo debate sobre la ley de la transparencia y la pluralidad, que
fue derrotada sólo por dos votos, de nuevo, ya como figura exenta en
el texto de una ley denominada de creación del consejo de la
comunicación, estamos defendiendo su creación. ¿Cuáles son las
diferencias previas que en principio denotamos? La primera y
fundamental es la línea que separa aquellas proposiciones que se
basan en el concepto de independencia con respecto al Ejecutivo de
aquéllas, especialmente la del Grupo Popular, que no tiene ese
carácter fundamental de independencia a la hora de marcar su estructura
de funcionamiento. Por tanto, ahí hay una diferencia que hay que marcar
desde el principio y hay que intentar un consenso en el sentido de
superar la colisión que se establece entre cultura, comunicación y
mercado. Es cierto que en algunos aspectos puede haber terrenos de
encuentro al establecer la coordinación entre este consejo de la
comunicación y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ya
se decidirá en su momento en qué grado, de qué modo y con respecto a
qué asuntos se tiene que establecer este sistema de coordinación.
La segunda diferencia son las competencias que se quieren asignar a
este organismo. Hay también diferencias de menor y mayor grado con
respecto a las competencias que le dan vida al consejo de lo
audiovisual, que en este caso son pocas; competencias con respecto
a una regulación, a nuestro juicio superficial, de contenidos que no
tocan el resto de los temas comunicativos,
que no tocan el tema de la concentración o el referente a los
aspectos de interés general. Y hay otras propuestas, en este caso
procedentes de la izquierda, que le dan mucha más competencia al
consejo de la comunicación que se intenta crear.
Una última diferencia es cómo se nombran los integrantes, que tiene
mucho que ver con el concepto de la dicotomía dependencia-
independencia. En este aspecto, posiblemente no haya tantas
diferencias; en principio, aparece una entre los que dicen que tiene
que haber integrantes que provengan de las comunidades autónomas y
los que opinan que deben ser elegidos en el seno de las Cortes
Generales. Creo que, al final, no hay tanta diferencia. Nosotros, en
un principio, concebimos también esta participación federal, que no
está recogida en nuestro texto pero no es antagónica en absoluto con
nuestro pensamiento.
Planteamos un consejo de la comunicación integrado por veinte
personas: diez de ellas elegidas en el seno de las Cortes Generales,
cinco por las asociaciones profesionales y las otras cinco por los
sindicatos correspondientes. De esta forma, se integra un organismo
independiente y muy representativo, que puede ser incluso ampliado a
través de la representación territorial que se contiene en otras
propuestas, como la del Grupo de Convergència i Unió. Nosotros
asignamos fuertes competencias a este consejo de la comunicación.
Quizá ésta sea, junto al tema de la dicotomía dependencia-
independencia, la diferencia fundamental, pero creo que tenemos que
ponernos de acuerdo.
Termino, señor presidente, aludiendo a uno de los aspectos que
mencionaba el señor Recoder: tenemos que ponernos de acuerdo, sí, y
rápidamente, antes de que termine esta legislatura. Si hay voluntad,
es posible que los cinco textos se pudieran refundir y a partir de
ahí pasarían a la ponencia; estableceríamos las diferencias
a negociar y, si hay voluntad, en un breve espacio de tiempo este país
podría tener un consejo de la comunicación, que es una figura
absolutamente necesaria en estos momentos no sólo para regular
contenidos, sino para otra serie de aspectos que están marcando en
este país un defecto muy serio que afecta a la esencia de la
democracia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular será presentada
por la señora Mato Adrover.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo con
satisfacción en la tarde de hoy, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, para presentar una proposición de ley que responde, como
pocas veces ocurre en esta Cámara, a una demanda reiterada por los
ciudadanos, que hemos recogido la mayoría de los partidos políticos
en nuestros programas electorales. Hoy traemos a esta Cámara cinco
proposiciones de ley sobre la misma cuestión, cinco proposiciones que
tienen un mismo objetivo: lograr un consejo superior, un consejo
audiovisual, un consejo de medios audiovisuales que sea un órgano
independiente que pueda defender a los ciudadanos, a los
telespectadores de los contenidos que se emiten a través de las
distintas programaciones de las televisiones.
Hay que reconocer que las cinco proposiciones tienen un contenido
bastante distinto en unos aspectos y que otros no se pueden compartir
por todos los grupos parlamentarios, pero nuestro grupo espera que,
después de su aprobación -nosotros también vamos aprobar la toma en
consideración de las cinco proposición de ley-, podamos hacer un
esfuerzo de consenso entre todos los grupos de la Cámara para contar
con este órgano a la mayor brevedad posible, ya que es, como digo, una
demanda de la sociedad desde hace varios años y todos los grupos
apostamos por ello.
Desde 1995, como se ha recordado en esta Cámara, en que la Comisión
especial sobre contenidos televisivos resolvió por unanimidad la
conveniencia de crear este consejo, se han presentado proposiciones
en el Senado por parte de Convergència i Unió y también del Grupo
Socialista. Nuestro grupo parlamentario votó en contra de esas
proposiciones, pero no porque no creyera en la conveniencia de crear
este consejo o este comité, sino, todo lo contrario, porque el
Gobierno había presentado ya un anteproyecto en el que se contenía la
creación de este consejo audiovisual. Además, como SS. SS. saben, en
el debate del decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones
-decreto-ley que vino en el mes de julio de 1996, prácticamente a
comienzos de la legislatura del Gobierno del Partido Popular- se
estableció la creación de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, Comisión que, por a cuerdo de esta Cámara y por
consenso de todos los grupos parlamentarios, recibió competencias
audiovisuales.
Esto quiere decir que durante la votación en el Senado nuestro grupo
votó en contra porque consideró que no era oportuno el momento de
votar esa proposición para crear el consejo superior de los medios
audiovisuales y no que no compartiera la creación de ese consejo, ya
que estamos de acuerdo y en este acto estamos dando buena prueba de
ello.
Hay que decirles, señorías, que se ha hablado reiteradamente aquí de
dos supuestos a medida que los grupos parlamentarios han planteado
sus dudas sobre la independencia que puede haber en la forma de
nombramiento de los distintos vocales del consejo superior de los
medios audiovisuales, del consejo de la comunicación o del comité de
medios audiovisuales. Creo que la denominación no es importante y sí
el contenido de las funciones del mismo.
En cuanto al nombramiento, no creo que en el plano teórico alguien
pueda considerar que el nombramiento de los miembros por el Gobierno
suponga mayor o menor independencia de las personas que sean elegidas
en cada uno de los cargos. No creo que eso sea una limitación a su
independencia ni una garantía, tanto su
nombramiento por el Gobierno como su nombramiento por el Parlamento,
de la libertad de opinión.
Quiero recordarles que a los vocales de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones -nadie en esta Cámara podrá decir que no es
una Comisión independiente, que está funcionando en defensa del libre
mercado de las telecomunicaciones-, los nombró el Gobierno. Cierto es
que compareció el Ministro a dar cuenta de los nombramientos que se
iban a efectuar, pero es verdad que es independiente y de reconocido
prestigio por todos los miembros de esta Cámara, por el sector de las
telecomunicaciones y por la sociedad, y nadie duda de la independencia
de cada una de las personas que lo componen. Yo creo que la
independencia de la personas no se mide porque lo nombre o lo
proponga una u otra Cámara, uno u otro gobierno; yo creo que la
independencia de las personas se mide por su trayectoria profesional,
por la trayectoria que hayan tenido a lo largo de los años en la
materia de que se trate, y por su prestigio profesional.
Como ustedes saben, en nuestra proposición de ley proponemos que sus
miembros sean personas de reconocido prestigio en materia audiovisual
y también personalidades reconocidas en el mundo de la cultura, y no
creo que sea muy difícil por parte de esta Cámara y por parte de los
grupos parlamentarios ponernos de a cuerdo en nombres de personas de
reconocido prestigio en el campo audiovisual y de reconocido prestigio
también en el campo de la cultura.
Por tanto, señorías, insisto en que la independencia, la libertad de
opinión no se mide por la forma de nombramiento, sino por la
trayectoria profesional de cada una de las personas que se elijan
para estar en un determinado consejo. En cualquier caso, quiero
recordar, siempre a modo de anécdota, que en el Consejo Autonómico
Audiovisual de Cataluña, el único que existe, si no me equivoco,
cinco de sus miembros son nombrados directamente por el Gobierno
autónomo, y yo no dudo de la independencia de esas cinco personas
dentro del Consejo Autonómico Audiovisual de Cataluña.
En cualquier caso, pasando a una segunda cuestión, nosotros creemos
que es importante que se cree un órgano que vele porque se cumpla la
normativa vigente en materia de contenidos de televisión. Digo esto
por dos motivos. Uno de ellos es porque así me desligo de otras
proposiciones de ley que van mucho más allá, que no solamente quieren
crear un órgano que vele por los contenidos, sino que también vele
por la libre competencia, por la libertad de empresas, por la
transparencia de los medios y por la creación de registros, que
tendremos oportunidad de debatir en trámites subsiguientes.
Nosotros creemos que esas competencias ya están claramente
establecidas en otros órganos y que no se deben crear órganos, porque
nunca es bueno, que generen confusión porque compartan competencias.
Por tanto, creemos que tiene que haber un órgano que se encargue de
velar porque se cumpla la normativa
actualmente vigente en materia de contenidos audiovisuales de todas
las televisiones, tanto públicas como privadas.
Cuando nosotros pensamos en la creación de este organismo, que, como
digo, estaría dotado de autonomía funcional plena -repito, autonomía
funcional plena-, tuvimos dos opciones: por un lado, crear un órgano
completamente ex novo, como el que se ha propuesto por parte de
algunos grupos parlamentarios, y, por otro lado, teníamos la
propuesta del Gobierno, que proponía residenciar las funciones de
vigilancia sobre los contenidos de las televisiones en un organismo
ya existente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Pensando las dos cuestiones, con el fin de lograr un organismo que
tuviera autonomía funcional pero que no supusiera un coste
extraordinario ni un gravamen económico más para los ciudadanos,
optamos por una solución intermedia, que es crear un órgano dotado de
autonomía funcional, autonomía plena pero adscrito orgánicamente,
únicamente a efectos de patrimonio y recursos, a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. No se trataría -y estoy de acuerdo
con ustedes- de que los miembros de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones asumieran de repente competencias en materia
audiovisual, ya que algunos de ellos no digo que no estén capacitados
pero probablemente no estén especialmente preparados para ese cometido.
Por lo tanto, proponemos que se cree un órgano nuevo, eso sí,
vinculado y adscrito a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, de manera que podría empezar a funcionar
inmediatamente sin suponer ningún coste económico para los
ciudadanos, porque si no, habría que pagar un nuevo órgano para que
se encargara de otra cuestión diferente, cuando hay un órgano al que
pueden estar adscritos, lo que no conllevaría un gasto económico tan
grande.
Señorías, para finalizar quiero decirles que estamos dispuestos a
debatir con todos los grupos parlamentarios cualquier cuestión
relativa a la comisión de medios de comunicación que proponemos.
Nosotros no tenemos ningún prejuicio sobre ella, salvo, como he
dicho, la cuestión de las competencias. Creemos que las competencias
tienen que referirse única y exclusivamente al cumplimiento de las
normativas sobre contenidos televisivos vigentes hoy en España, que
además es lo que pasa en otros países de Europa.
Respecto a las dos discrepancias más graves que podríamos tener con
la mayoría de los grupos parlamentarios que han planteado a esta
Cámara el sistema de nombramiento, tengo que decir que no creo que un
nombramiento por esta Cámara sea una garantía de independencia ni de
mejor funcionamiento. Véase, si no, el trabajo que cuesta cubrir las
vacantes de algunos órganos o las propuestas de nombramiento por
parte del Parlamento, que a veces ni se cumplen y, por tanto, el órgano
deja de ser operativo. Por consiguiente, creo que no es mal sistema
el que los nombre el Gobierno,
sin perjuicio de que pudiéramos buscar una fórmula alternativa para
que tuviera que dar cuenta, tanto al Congreso como al Senado...
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, le ruego concluya.
La señor MATO ADROVER: Ya termino, señor presidente.
En cuanto a la segunda cuestión, la relativa a la incorporación de
este órgano, con autonomía plena, a la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, también estamos dispuestos a debatirla. Creo que
éste es el modo idóneo para utilizar bien los recursos públicos, que
son escasos, recursos que, al final, son de todos los españoles. Creo
que el cometido de esta comisión se puede defender exactamente igual
creando un órgano nuevo que creando un órgano vinculado a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mato.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la
palabra don Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para esbozar los principales objetivos
de la proposición de ley sobre creación del consejo superior de los
medios audiovisuales, que presentó el Grupo Parlamentario Socialista
en febrero de este año. Aprovecharé también la última parte de mi
intervención para fijar posición en relación con las restantes
proposiciones de ley que vemos en este punto del orden del día.
La presentación de este proyecto, como han recordado otros portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, tiene un origen
parlamentario. En la legislatura anterior se creó en el Senado una
Comisión especial sobre contenidos televisivos, que elaboró un
dictamen enormemente interesante, que tiene el interés añadido de que
fue votado por unanimidad, que fue a probado por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara Alta.
La propia presidenta de la Comisión establecía en la nota preliminar
al dictamen al que me he referido, que se trataba en aquel momento de
estudiar las disfunciones de nuestro mercado televisivo, un mercado
que había crecido extraordinariamente en los últimos años, aunque es
verdad que ese crecimiento manifiesta ya algunas disfunciones. Se ha
impuesto definitivamente el imperio de las audiencias, y seguramente,
y en contra de lo que cabría esperar, no existe una mayor
diversificación de la oferta, sino lo contrario: las cadenas de
televisión, sean éstas públicas o privadas, ofrecen una parrilla
similar fundamentalmente en los horarios de máxima audiencia.
Decía también en aquel momento Victoria Camps, que era la presidenta
de esta Comisión, que la disolución
de la Comisión, una vez que se votó el dictamen, no debía agotar un
debate entre profesionales, poderes públicos y sectores sociales
implicados que, sin duda, se iba a complicar día a día, y así ha sido.
Por tanto, debo empezar por decir que, de entrada, lo que tratamos
con esta proposición de ley es justamente establecer un foro de debate
sobre las funciones, las consecuencias de sus actuaciones y las
potencialidades de nuestros medios de comunicación audiovisuales; un
debate permanente que examine los contenidos de las televisiones de
ámbito estatal y de las radios, desde la perspectiva de nuestros
valores constitucionales; un debate que establezca con claridad que
en la lucha por la audiencia no vale todo; un debate, finalmente,
que, huyendo de pretensiones censoras, sirva de diálogo entre los
medios audiovisuales y los sectores que representan al conjunto de
los ciudadanos. Este es, pues, el origen de la proposición que
presentamos; origen que se vio reforzado en el informe del Defensor
del Pueblo de 1997, donde, como SS. SS. recordarán, también sugería a
esta Cámara la creación de un consejo superior como el que estamos
discutiendo hoy. ¿Cuáles son las características del consejo en la
proposición de ley del Grupo Socialista? Pues bien, una vez más me
tengo que remitir a la Comisión del Senado a la que hacía referencia,
puesto que prácticamente hemos seguido literalmente sus conclusiones.
Se trata, en primer lugar, de una autoridad independiente;
independiente del Gobierno e independiente también de los sectores
económicos que tienen intereses en los medios de comunicación. Se
trata de una autoridad, y lo es por el origen y el prestigio
profesional de aquéllos que la integran; y se trata de reforzar su
independencia mediante distintos mecanismos que se incorporan en la
proposición de ley. Por ejemplo, un mandato de los miembros del
consejo superior a una legislatura ordinaria, una mayoría
parlamentaria reforzada para garantizar el consenso en esta Cámara y,
finalmente, un sistema de incompatibilidades para reforzar la
independencia y la profesionalidad de aquellos que se dedican
temporalmente al consejo superior de los medios audiovisuales.
En contra de lo que se ha dicho anteriormente en esta Cámara, la
experiencia de otros consejos similares de otros países de Europa
demuestra que para que los mismos sean operativos tienen que tener
claramente establecidas sus funciones y, lo que es más importante,
tienen que tener un carácter ejecutivo. Así se demostró al menos en
las comparecencias que tuvieron lugar en el Senado en la pasada
legislatura, donde distintos presidentes de consejos superiores, como
por ejemplo el portugués, pasaron por la Cámara Alta y explicitaron
exactamente estas características. Por esa razón, en nuestra
proposición de ley se va mucho más allá de lo que se va en algunas de
las que han sido presentadas anteriormente en esta Cámara, se examina
un conjunto de funciones que se definen con claridad, y se da al
consejo, lo que me parece más importante, carácter ejecutivo
en relación con el cumplimiento de algunas de ellas; funciones
que van desde el carácter asesor que tiene este consejo para esta
Cámara y para el Gobierno hasta la protección de las minorías, de la
infancia, de la juventud, la dignidad de las personas, poniendo en
justa correspondencia la libertad de expresión con estos valores
establecidos también en el artículo 20 de nuestra Carta Magna;
funciones que tienen que ver con velar por la pluralidad informativa
de los medios de comunicación de carácter estatal, con garantizar y
fomentar la promoción propia de los medios públicos y privados, que
incluyen e incorporan la garantía de transparencia de nuestros medios
de comunicación audiovisual, para lo que se crea un registro en el
correspondiente consejo y para lo que se otorga al mismo la capacidad
de informe sobre la concesión de licencias de ámbito estatal, ya sea
para radios o para televisiones.
Finalmente, se dibujan en el consejo facultades de requerimiento, de
informe, de inspección, de control y también sancionadoras, en
correspondencia con este carácter marcadamente ejecutivo que, a
juicio del Grupo Parlamentario Socialista, necesita para tener un
carácter operativo.
Es cierto, como se ha señalado aquí, que este consejo así concebido
tiene funciones compartidas con otras instituciones, y por eso en
nuestra proposición de ley se establecen también los oportunos
mecanismos de coordinación entre el consejo superior, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, los consejos autonómicos que
algunas comunidades han creado en uso de sus competencias, y el
consejo de administración de Radiotelevisión Española.
Incidentalmente quiero decir que la transparencia de nuestro mercado
audiovisual en este momento no está del todo garantizada, ya que, en
contra de lo que se ha dicho anteriormente, lo que hay ahora j
ustamente es confusión; hay confusión, hay un debate competencial
entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio
de Fomento, que, a nuestro juicio, lejos de enaltecerse con esta
proposición de ley, queda definitivamente zanjado. Se trata de
atribuir al consejo superior las competencias para garantizar la
transparencia de nuestro mercado audiovisual, huyendo, por tanto, de
esta pelea competencial que en este momento, y dada la ambigüedad de
las normas existentes, se produce entre la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y el Ministerio de Fomento. Por tanto, es lo
contrario de oscurecer, es lo contrario de distorsionar, es
justamente clarificar lo que pretendemos con la presentación de esta
proposición de ley.
En resumen, señorías, es un consejo que, como decía antes, tiene el
carácter de autoridad audiovisual independiente; un consejo que tiene
carácter asesor, pero también ejecutivo; un consejo que está llamado
a ser f oro permanente de debate en relación con los medios de
comunicación; y un consejo dotado de los medios presupuestarios y
funcionales necesarios para cumplir y desarrollar la importante tarea
que todos los grupos
de esta Cámara hemos coincidido en destacar aquí esta t arde.
Como se ha señalado anteriormente, la creación de este consejo -los
grupos parlamentarios lo han dicho- debería exigir el consenso de
todos los grupos de esta Cámara, consenso que en el caso de nuestra
proposición de ley viene obligado para el nombramiento de aquellos que
en un futuro lo vayan a integrar.
Desde esa perspectiva, hay que reconocer que el hecho de que estemos
estudiando en la misma tarde cinco proposiciones de ley que tienen el
mismo objetivo es, sin duda, una cierta garantía de que el consenso
puede conseguirse. El Grupo Parlamentario Socialista quiere colaborar
a este consenso desde el primer momento. Por eso, ya anuncio que
vamos a votar favorablemente todas las proposiciones de ley que se
han presentado en esta Cámara, en el bien entendido, como se ha
señalado anteriormente, que eso no significa que todas nos satisfagan
por igual. Es evidente que hay unas muy distintas de otras, que hay
diferencias en la composición, en su carácter de independiente o no,
en su adscripción funcional y orgánica, diferencias sustantivas en
cuanto a las funciones y al carácter ejecutivo de las mismas. Pero,
en todo caso, como no queremos contribuir al debate, sino más bien a
afianzar este consenso inicial, votaremos a favor de todas las
proposiciones de ley y esperamos que, como se ha señalado por los
grupos que me han precedido en el uso de la palabra, a lo largo de los
trabajos de ponencia y Comisión podamos encontrar un acuerdo básico
sobre las líneas de este consejo superior de medios audiovisuales,
que creemos fundamental para establecer, como he venido recordando
aquí, una correcta relación entre los medios de comunicación
audiovisual y los derechos y garantías que la Constitución establece
para nuestros ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras
y señores parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las
proposiciones de ley que han sido debatidas. En primer lugar,
votación de la proposición de ley del Grupo de Convergència i Unió,
sobre creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
277; a favor, 276; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
Votamos ahora la del Grupo Mixto, sobre la misma materia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 277; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición de ley de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 275; en contra, uno; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la iniciativa del Grupo Popular.
Votamos la del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
277; a favor, 270; en contra, tres; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobada la proposición de ley del
Grupo Socialista.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE ELIMINA LA
INCOMPATIBILIDAD DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE ORFANDAD CON EL
DESEMPEÑO DE UN TRABAJO LUCRATIVO POR CUENTA AJENA O PROPIA. (Número
de expediente 122/000136)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley del Grupo
Socialista, por la que se elimina la incompatibilidad del derecho a
la pensión de orfandad con el desempeño de un trabajo lucrativo por
cuenta ajena o propia. Para la presentación de la iniciativa, en
nombre del grupo proponente, tiene la palabra doña Carmen Romero.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio o desalojen el hemiciclo si han
de ocuparse de otras actividades y permitan que transcurra la sesión en
orden. (Rumores.) Señor Barros. Señor Alcaraz. Señor Pérez Rubalcaba.
Por favor, señorías, silencio. Señor Padilla Carballada y señora
Sainz. Señor Baón, se le oye desde aquí. (Rumores.) Silencio,
señorías.
Adelante, señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta es la tercera vez que mi grupo presenta una enmienda
de esta naturaleza. Esperemos que a la tercera sea la vencida y
consigamos introducir esa enmienda en el texto de la Ley de
consolidación y racionalización de la Seguridad Social, cuyo artículo
175 nunca debió estar redactado de esa manera. Se trata de hacer
compatible el derecho a la pensión de orfandad con el desempeño de un
trabajo lucrativo por cuenta ajena. (El señor vicepresidente, Marcet
i Morera, ocupa la Presidencia.) Tal y como está redactado este
artículo, es incompatible la percepción de la pensión de orfandad,
que supone un 20 por ciento de la cantidad global de la pensión de
sus padres, con el desempeño de un trabajo lucrativo por cuenta ajena
o propia. De lo que se trata es de hacerlo compatible. Eso estaba en
la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad Social
y posteriormente hubo una redacción diferente en la Ley 69/1997, de 30
de diciembre, en la Ley de acompañamiento, en la que se hacía una
modificación de ese artículo posibilitando el que pudiera ser
compatible la percepción de esta pensión en el caso de que este
trabajo no supusiera unas rentas superiores al 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional. Ahí ya hubo un avance, en el sentido
de que se hacía compatible sólo en el caso en el que no supusiera
elevar la cantidad por encima del 75 por ciento del salario mínimo.
Nos parecía tanta barbaridad la introducción de la redacción, incluso
tal y como queda en la Ley de acompañamiento, que mi grupo primero
presentó una enmienda a la Ley de consolidación y racionalización de
la Seguridad Social, cuya votación perdimos. Posteriormente
presentamos una segunda enmienda a la Ley de acompañamiento, que también
perdimos.
Señorías, esta incompatibilidad es una novedad en nuestro
ordenamiento jurídico; no estaba en el texto refundido de la Ley de
1994, no era una recomendación de las previstas en el Pacto de
Toledo, donde se hacía una separación clara entre los derechos de las
prestaciones contributivas y las no contributivas, y no estaba ni
siquiera en las normas de la dictadura, ya que en las órdenes
ministeriales que hablaban de prestación por muerte y supervivencia y
las prestaciones por orfandad y por viudedad en ningún caso se
establecía ningún tipo de incompatibilidad. Además, es un texto
regresivo porque hasta los 18 años, en el período de vigencia de la
anterior ley, se podía compatibilizar perfectamente la percepción de
la pensión con este trabajo lucrativo. Es a partir de esta nueva ley
cuando surge este impedimento. ¿En qué nueva situación de necesidad
quieren hurgar ustedes para ahorrar dos pesetas? Fíjense hasta dónde
llega la voracidad recaudatoria del Gobierno con los humildes. Ya no
es el ansia que ustedes han puesto en el seguimiento de los
complementos de mínimos, no es el ansia que han puesto ustedes en el
seguimiento del fraude de las prestaciones por desempleo, sino que
siguen ustedes haciendo hincapié en un tema que podían perfectamente
haber modificado en la Ley de
acompañamiento. Si lo que pretenden es un ahorro, ¿cómo explican que
hayan subido engañosamente la pensión de orfandad de la edad en la
que estaba fijada previamente, hasta los 21 años, si a continuación
le ponen este impedimento detrás? Ustedes dan la posibilidad de que
esa pensión se perciba hasta los 21 años o hasta los 23, cuando es
por la muerte de ambos progenitores, y sin embargo inmediatamente
establecen ustedes un pero: si no están desarrollando un trabajo.
En primer lugar, es bastante inviable detectar el fraude que puede
estar produciéndose en esas circunstancias. Saben ustedes que el
empleo sumergido es muy abundante entre los jóvenes y supondría una
auténtica cruzada por parte de los inspectores intentar verificar o
estimular las denuncias de situaciones en las que se están
percibiendo estas prestaciones y al mismo tiempo se está trabajando.
El problema no ese; el problema esencial es que están ustedes
cometiendo una terrible injusticia. Es una pensión contributiva y, si
es una pensión contributiva, no pueden hacerla incompatible con
ningún tipo de rentas. De hecho, la percepción de la pensión no es
incompatible con rentas que no sean salariales. ¿No es una barbaridad
hacer incompatible esta pensión con una renta salarial en un joven
que hasta los 21 años no tiene normalmente más que una pensión que,
si es una pensión mínima de orfandad, no puede llegar a las 20.000
pesetas? ¿Ustedes creen que se puede hacer incompatible esa pensión
de unas 20.000 pesetas, en el caso mínimo, y no mucho más, unas 40.
000 pesetas, si mueren los dos progenitores? ¿Ustedes creen que deben
desincentivar el empleo en jóvenes que tienen necesidad de mantenerse
porque pueden encontrarse en la circunstancia de no tener ninguno de
los dos progenitores ni familia que les apoye? ¿Ustedes creen que
deben hacer incompatible la percepción de esa pensión con la
posibilidad de que este chaval o esta chica reciban una renta
procedente además de su trabajo? ¿Creen ustedes que eso es moral
mente, incluso, compatible con nuestro ordenamiento jurídico? Y digo
moralmente porque es injusto desde el punto de vista del sistema
contributivo, que no hace incompatible una pensión con la percepción
de cualquier tipo de renta, sea o no salarial, en este caso se trata
de renta salarial. Entonces, ¿qué razón pueden haber tenido ustedes
para incluir esa incompatibilidad? Es, además, la única prestación
que no es compatible; la de viudedad es compatible. ¿No será que
estaremos ante uno de los símbolos de su Gobierno, que amplía el
margen de edad pero, a continuación, pone un inconveniente para que
no sean todos los huérfanos? ¿Han hecho ustedes cálculos de a qué
colectivo puede afectar ese aumento de edad al que ustedes hacen
referencia? ¿Cómo lo van a compatibilizar? Es decir, ¿cómo van a
calcular ustedes cuáles son los jóvenes que realmente no están
cobrando esas rentas salariales? Es para ustedes un tema de imagen,
han ampliado la orfandad pero, a continuación, han incluido ustedes
ese impedimento. Si lo han hecho, de acuerdo. Si han ampliado ustedes
la edad de orfandad, amplíenla sin ningún tipo
de requisito y sin ningún tipo de esfuerzo. Dediquen sus esfuerzos
donde tienen los grandes bocados de fraude, no al fraude de este tipo
de jóvenes al que nos estamos refiriendo. No revistan de filosofía lo
que no es más que voracidad recaudatoria con los débiles.
Su plan de austeridad en la Administración ha resultado con una
desviación de 90.000 millones de pesetas, cuando ustedes pretendían
hacer un ahorro de 30.000 millones de pesetas. Como han tenido
desviaciones de esa naturaleza, pretenden ahora establecer
impedimentos a una ampliación que bienvenida sea por parte de nuestro
grupo si las posibilidades presupuestarias y el país lo permiten,
pues estamos creciendo a un 3,4. Ya que aprueban ustedes la medida, ¿
cómo son ustedes tan cicateros para hacer incompatible la percepción
de esa pensión por los jóvenes menores de 21 años - huérfanos,
además- con un trabajo, una pensión que, en la mayoría de los casos,
no sube de las 20.000 pesetas? ¿No les parece que es demasiado? ¿No
les parece que no estamos en un momento económico para ser tan
cicateros con los huérfanos?
Esta es la tercera vez (señor Homs, apelo a la capacidad de
negociación de su grupo, siento no haber podido verlo antes, espero
que no haya sido algo premeditado, pero apelo a su grupo) que
presentamos esta proposición de ley. Esperemos que no sea la tercera
vez que este Congreso de los Diputados hace incompatible la
percepción de una pensión de orfandad con un trabajo. Si queremos
realmente estimular el trabajo de los jóvenes, cómo hacemos
incompatible la pensión de orfandad con ese trabajo? No parece que
sea esa la voluntad de un Gobierno que siempre ha defendido,
teóricamente, las políticas activas y no las pasivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Romero, le ruego
concluya.
La señora ROMERO LÓPEZ: Voy terminando.
Saben ustedes que ha sido este Gobierno quien ha ampliado la
percepción del subsidio agrario para los jóvenes de 16 años; este
Gobierno, defensor de las políticas activas, ha sido el que ha
aumentado la percepción a los jóvenes de 16 años. Espero que esta
intervención haya podido mover el ánimo, quizá tal vez no la
voracidad recaudatoria, de algunos miembros de su Gobierno, pero al
menos espero haber movido el ánimo favorable para que los jóvenes
puedan compatibilizar su pensión con una renta a la que tienen
derecho porque contributivamente se ha cotizado para que ellos la
perciban íntegra y sin ningún tipo de impedimentos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Romero. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la
proposición de ley? (Pausa.) ¿Grupos que van a fijar su posición? (Pa
usa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como conocen ustedes perfectamente, en el sistema español
de Seguridad Social hay dos segmentos, el contributivo y el no
contributivo. Las prestaciones de muerte y supervivencia a las que
aquí hacemos referencia, en su modalidad específica de orfandad, se
dan únicamente en el segmento contributivo. El segmento contributivo
se caracteriza porque son prestaciones que guardan relación con las
cotizaciones realizadas, con el número de años cotizados y con la
cuantía de las bases de cotización. Precisamente por eso, porque
guardan relación con contribuciones, con cotizaciones efectuadas
anteriormente, la percepción de esas prestaciones no tiene ninguna
incompatibilidad con la ejecución de trabajos o con la percepción de
cualquier tipo de rentas por parte del beneficiario de esas
prestaciones. Esto es algo que caracteriza y que distingue el
segmento contributivo del no contributivo. En el no contributivo se
abonan prestaciones no en función de años y cuantías previamente
cotizadas, sino en función de una situación de necesidad. En la
medida en que esa situación de necesidad no existe porque se perciben
cualquier tipo de rentas, no se tiene derecho a la prestación y
existe incompatibilidad con la misma. Pero, insisto, aquí estamos
hablando única y exclusivamente del segmento contributivo, que es el
único que prevé las prestaciones de muerte y supervivencia y
específicamente la prestación de orfandad a la que se refiere la
proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Es verdad, como se plantea por parte del Grupo Socialista, que la
modificación introducida en la Ley de acompañamiento de los
presupuestos de este año 1998 supone una ruptura conceptual con la
claridad de la distinción a la que antes he hecho referencia. Por
primera vez, una prestación de carácter contributivo se declara
incompatible con una percepción de rentas, y además, con unas rentas
muy concretas, con las rentas salariales, porque no se declara
incompatible con otro tipo de rentas, de tal modo que un huérfano
heredero de una fortuna de cientos de millones de pesetas pero que no
trabaja tendrá derecho a percibir la prestación de orfandad, mientras
que un huérfano sin ningún tipo de herencia, por el simple dato de
que lleve a cabo un trabajo cuyo salario sea superior a un
determinado porcentaje del salario mínimo interprofesional, perdería
la prestación de orfandad. Nos parece, señorías, que estamos en
presencia de una ruptura conceptual muy grave en el sistema de la
Seguridad Social en nuestro país, una ruptura, por otra parte, muy
poco meditada, muy poco consistente, que seguramente obedece más a
razones del tipo de las que decía la representante del Grupo
Socialista en su intervención que a razones meditadas, pensadas y,
sobre todo, consensuadas, que es un requisito importante en todas las
medidas de
Seguridad Social a partir del Pacto de Toledo; razones consensuadas
con los restantes grupos políticos y también con los grupos sociales.
Ninguna de esas circunstancias se da en ese tipo de medidas que se
pretenden modificar con la proposición de ley del Grupo Socialista.
Por tanto, desde Nueva Izquierda, Iniciativa per Catalunya-Els Verds
vamos a dar nuestro voto favorable a esa proposición de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo brevemente para expresar el voto favorable del Bloque
Nacionalista Galego a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista, que persigue eliminar la incompatibilidad del
derecho a la pensión de orfandad cuando se desempeña un trabajo
remunerado.
La actual normativa legal que rige para el cobro de pensiones de
orfandad elevó la edad de los beneficiarios con capacidad de percibir
este tipo de pensiones; sin embargo, establecía una serie de límites
que no sólo son injustos sino que devalúan en buena medida la reforma
efectuada. Es evidente que exigir a los huérfanos de ambos padres
menores de 23 años, o a los huérfanos de uno solo menores de 21, que
para percibir esta pensión no puedan recibir ingresos por su trabajo
superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional no es
justificable. Como decía, invalidaría en la práctica el acceso de
muchas de estas personas a la pensión a la que tienen derecho, salvo
que el legislador crea -y yo creo que no será el caso- que, dado el
paro juvenil generalizado y los salarios tan bajos que se perciben,
los jóvenes no alcanzarían prácticamente en ningún caso el 75 por
ciento como cómputo anual.
Tampoco es justo mantener esta disposición cuando otras pensiones
-como ya se dijo aquí- no son incompatibles con las rentas de trabajo
o cuando jóvenes en la misma situación de orfandad podrían tener
situaciones económicas o percibir rentas no procedentes del trabajo
que superasen con mucho los límites impuestos a las rentas
salariales, y en ese caso, esos jóvenes sí podrían percibir la
pensión de orfandad. Por tanto, suprimir las limitaciones actuales
parece lo más razonable y es por lo que votaremos afirmativamente la
proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Romero, con todos los respetos a su persona y a su
grupo, nuestro grupo está de acuerdo con el propósito de esa
iniciativa legislativa. Lo estamos -y no le debe sorprender esto-
porque ya en el debate que hicimos en esta Cámara en torno a la reforma
de la Ley de la Seguridad Social mi grupo propuso la compatibilidad
entre la prestación y la percepción de rentas salariales. Pero en aquel
momento pareció oportuno someter un criterio limitativo -cosa que no
existía hasta entonces- y se acordaron una serie de enmiendas, que se
aprobaron, en las que se establecía l a compatibilidad hasta el 50 por
ciento del salario mínimo interprofesional. Esto fue a instancias de
nuestro grupo parlamentario. Posteriormente, en el trámite
parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para este año,
recordarán SS. SS. que nuestro grupo también propuso una enmienda
haciendo que la compatibilidad fuera por debajo del salario mínimo
interprofesional. Se dio otro segundo paso, juntamente con el
Partido Popular, y aprobamos hacer compatible hasta el 75 por ciento
del salario mínimo interprofesional. Mi grupo hoy sólo puede decirle
que estamos de acuerdo en dar otro paso más, y éste debiera ser hacer
compatible, como mínimo, hasta el salario mínimo interprofesional.
Esto como mínimo, situar la compatibilidad hasta el salario mínimo.
Ahora bien, esto nos provoca alguna reflexión en torno a por qué
hemos de someter hasta el límite del salario mínimo interprofesional
y no permitir que el joven huérfano pueda desarrollar cualquier
trabajo en la sociedad. Esto nos lleva a lo que decía el señor
Peralta, que tiene parte de razón, que quizás deberíamos plantearnos
si hay que aplicar límites de patrimonio o renta a estas
percepciones, así como también plantearlo en determinadas
circunstancias para las pensiones de viudedad. ¿Se justifica que el
Estado conceda pensiones de orfandad y viudedad a personas que tienen
grandes patrimonios? No se justifica. Eso no existe porque en estos
momentos no hay limitaciones en las pensiones de viudedad ni en las
de orfandad, y esta reflexión deberíamos hacerla. Hasta la fecha no
las había. Hasta la fecha, en estos últimos muchos años de Gobierno
socialista, nunca se aplicó un límite a las pensiones de viudedad o
de orfandad en función del nivel de patrimonio o de renta que tuviera
el perceptor. Quizá deberíamos empezar a pensar en cómo encontrar
unos criterios lógicos para poder incorporar a la normativa vigente
unos topes y, por debajo, dejar que la compatibilidad continúe
libremente.
Sin embargo, hoy por hoy, señora Romero, mi grupo va a votar en
contra de la proposición de ley. Pero ¿por qué lo vamos a hacer,
señora Romero? Lo vamos a hacer porque yo le transmito, en nombre de
mi grupo, el compromiso de que en el debate de presupuestos vamos a
incorporar la compatibilidad, como mínimo, hasta el salario mínimo
interprofesional. Y eso va a estar en vigor el 1 de enero de 1999.
Existe el compromiso
de mi grupo para garantizar, como mínimo, este nivel de
compatibilidad. Como mínimo, repito.
Si tomáramos en consideración su iniciativa, muy respetable,
probablemente no finalizaríamos la tramitación hasta pasado diciembre
de este año, por lo cual le a seguro que hay otro procedimiento mucho
más rápido, en el que nos vamos a encontrar, seguro. Y probablemente
también nos vamos a encontrar con el Partido Popular en este
propósito, el de que el 1 de enero de 1999 va a figurar, como mínimo,
el salario mínimo interprofesional. Y a partir de ahí les invito a
que reflexionemos para hacer algo que ustedes nunca hicieron, que es
someter a límites de patrimonio, tanto en viudedad como en orfandad,
a determinadas rentas elevadas del país por las que no se justifica
que se puedan percibir determinadas pensiones de orfandad. No quiero
decir en estos momentos que tengamos que hacerlo, pero invito a que
reflexionemos porque quizá por ahí podríamos tomar en consideración
algunas propuestas que pudieran ser perfectamente incorporables en la
normativa vigente y entonces dejar que la compatibilidad se eleve o
se elimine para la percepción de rentas derivadas del trabajo.
Señor presidente, quiero terminar diciendo que creo que es bueno que
desde la opción del legislador y desde esta Cámara los grupos
políticos lancemos a los jóvenes huérfanos un mensaje que compartimos
todos. Lo comparte S. S., también mi grupo y estoy seguro de que
todos los demás grupos, y es el de que al huérfano, por serlo, no le
debemos condenar nunca a incorporarse e insertarse en el mundo
laboral. Si el huérfano hace esfuerzos para incorporarse en el mundo
laboral, no debe hacerlo con problemas y dificultades derivadas de
compatibilidades. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con el
propósito de la iniciativa. Tanto es así que mi grupo más iniciativas
sobre este tema no ha podido presentar en esta Cámara, y vamos a dar
otro paso. El siguiente paso se va a dar en el debate de presupuestos
para que el 1 de enero esto ya esté en vigor. A usted quizá no le
gustará esta opción o este camino que tomamos, pero es más corto que
el que usted me propone, porque el que usted propone conlleva abrir
plazo de enmiendas, con lo cual nos vamos a finales de septiembre de
1998, tramitación del Congreso, tramitación del Senado, vuelta del
Senado al Congreso y, por tanto, seguro que vamos más allá de
diciembre de 1998. Por ello, señoría, le invito a sumarse a la
iniciativa que nos comprometemos a tramitar para 1999, que va a ser
más rápida y los huérfanos van a tener la compatibilidad mucho más
rápidamente que si tomamos el camino que ustedes proponen. Sin
embargo, en el fondo estamos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Pacto de Toledo recomienda -y los a cuerdos y leyes de
desarrollo así lo intentan, aunque sea parcialmente- mejorar las
pensiones de viudedad y de orfandad. Sin embargo, en relación con la
orfandad se queda a medio camino.
Efectivamente, nosotros entendemos que la situación actual de
incompatibilidad de la pensión de orfandad con el desempeño de
trabajos lucrativos por cuenta ajena o propia en determinados
supuestos -y, en concreto, tasada en función de determinados límites de
renta de los perceptores- es, en primer lugar, una coletilla inadecuada
con respecto a las mejoras de las leyes precedentes, tanto la Ley 24 de
1997 como la 66, de medidas de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado de este año. En segundo lugar, es una coletilla
injusta si se compara con otros supuestos homólogos, como el de la
viudedad, y, al mismo tiempo, es una coletilla inadecuada. En la
medida en que efectivamente la pensión de orfandad es una prestación
contributiva, es un derecho social, no algo que graciosamente se dé
por parte del Estado y del sistema público de la Seguridad Social,
por lo que debe estar al margen o desligado del límite de rentas del
perceptor, huyendo por tanto de esta lógica asistencial que subsiste
en la situación actual. Igualmente es desincentivadora de la búsqueda
de empleo de este colectivo y, por último, es cicatera, como ha dicho
la portavoz del grupo proponente, por las insignificantes cantidades
presupuestarias de las que estamos hablando.
Creo que ha llegado el momento de mejorar esta situación y no
compartimos la lógica de algunos grupos, los cuales, mientras no sean
ellos los que propongan estas mejoras en las instituciones del
sistema público de la Seguridad Social, no comparten la adecuación
del momento para hacerlo. El cálculo sobre el tiempo parlamentario
que se nos ha ofrecido por el portavoz del Grupo Catalán no es
correcto porque, en último término, este trámite, lo mismo que el que
ellos nos proponen, va a llevar al mismo punto concreto de vigencia
la ley que mejoraría esta cuestión, que sería el 1 de enero de 1999.
Por tanto, no entendemos por qué no se da paso a esta proposición de
ley si no es por la razón de patrimonializar en solitario la acción
del Legislativo por parte de aquellos grupos parlamentarios que
sustentan al Gobierno. Si los términos concretos de esta proposición
de ley no les satisfacen plenamente, señorías, tiempo hay de
modificarlos en el trámite parlamentario, pero no es de recibo que por
otras razones que las que sustantivamente avalan el apoyo a esta
iniciativa ustedes la rechacen. Por parte de mi grupo, ciertamente no
va a ser así, no vamos a rechazar esta proposición de ley, vamos a
aceptar la oportunidad que se nos brinda para mejorar las pensiones
de orfandad.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vaquero.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor presidente, señorías, subo a esta
tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario sobre la
presente iniciativa. Entiendo que es una proposición de ley que
habría podido ser presentada, al igual que hizo otro grupo
parlamentario, Izquierda Unida, cuando se estaba dilucidando en esta
Cámara la posibilidad de reducir de 22 a 15 años la edad para recibir
una pensión de jubilación o de orfandad cuando el causante no
estuviere en situación de alta o asimilada, hace tan sólo unas
semanas. El grupo autor de la iniciativa que debatimos hoy lo habría
podido proponer también en ese trámite.
A mí me gustaría decir que si de lo que se trata es de ocupar espacio
en esta Cámara, de debatir los mismos puntos cuantas veces se crea
necesario, el tono puede ser moderado y nosotros actuaremos en
consecuencia de lo que conformó toda esta Cámara en el espíritu de
los pactos de Toledo, teniendo en cuenta los principios que
consolidaron ese desarrollo, de acuerdo con la firma de los agentes
sociales, en la Ley de racionalización y consolidación de la
Seguridad Social, la Ley 24/1997, y también en la Ley de medidas
administrativas, fiscales y de orden social. Esa es nuestra posición
en el ámbito social. Ahora bien, si de lo que se trata es de entrar a
fondo, yo tengo que manifestar que, por mucho que se chille por parte
de algunos representantes parlamentarios de otros grupos, para decir
verdades como templos no hace falta alzar más la voz, sino tener la
razón. (La señora Romero López pronuncia palabras que no se perciben
claramente.) A mí me gustaría tomar a título de referencia la
exposición de motivos de la presente proposición de ley. (Una señora
diputada: ¡Faltona!) De faltona, nada, porque a nosotros se nos ha
tildado de cicateros y yo todavía no he empleado ningún adjetivo que
vaya en contra de ninguna fuerza parlamentaria. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.)
Si la proposición de ley dice en su exposición de motivos que en la
actualidad se impide a los jóvenes el derecho a ser beneficiarios de
la pensión de orfandad, cuando ha sido el grupo parlamentario que
represento -compromiso del Gobierno en el debate de investidura-, de
acuerdo luego con el consenso de todas las fuerzas políticas, el que
ha impulsado la prolongación de 18 a 21 ó 23 años en la percepción de
la prestación de orfandad (El señor Cercas Alonso: ¡Qué tiene eso que
ver!) y cuando en trece largos años de Gobierno socialista nunca se
había contemplado tal supuesto, entiendo, aunque no lo voy a hacer,
que podría hablar de inconsciencia política tremenda. Decir que esta
incompatibilidad es contraria e insólita en los sistemas
contributivos de Seguridad Social, cuando es un beneficio que se ha
regulado y plasmado en esta Cámara con la actual mayoría
parlamentaria, a mí me parece del todo incongruente, señora Romero.
Admito que se nos
pueden dar lecciones de muchas cosas, pero según en qué ámbitos, no.
A ustedes, que siguen diciendo esto y hablan de las facultades para
poder vivir con dignidad y acometer la inserción en ese mercado
laboral de los jóvenes, les podría citar los contratos basura, los
contratos de aprendizaje que regularon ustedes en la pasada
legislatura. Les tengo que recordar que los jóvenes encuentran
trabajo ahora con un nuevo contrato de aprendizaje, plasmado en un
plan plurianual de empleo y en un contrato de formación profesional
serio, con recursos económicos suficientes para que eso pueda tener
una virtualidad importante y para que no se llegue al 40 por ciento
del paro juvenil y podamos copiar a otros países de la Unión Europea
que con una verdadera formación profesional van mucho más allá y
tienen un paro juvenil minoritario. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien! - El señor Cercas Alonso pronuncia palabras que no se perciben
claramente.)
Hay que ser serios. Hemos debatido cuestiones análogas cuatro veces:
la prolongación de la pensión de orfandad, la mejora de la pensión de
viudedad -que ustedes tampoco hicieron-, la supresión del requisito
de los 18 años para no tener incompatibilidad con un salario mínimo,
cuando la ley de racionalización y consolidación decía que a partir
del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional el perceptor de
la pensión de orfandad tendría esa incompatibilidad y que luego se
aumentó hasta el 75 por ciento; y no contentos con arreglar sólo
esto, reconocimos la posibilidad de que respecto a personas que no
estaban en situación de alta ni en situación similar al alta, hoy sus
perceptores, tanto de viudedad como de orfandad, pudieran tener
acceso a dichas prestaciones. Creo que ha sido un esfuerzo
importante.
A ustedes, que vienen a decirnos que el déficit de la Seguridad
Social en dos años ha sido tan importante, solamente les voy a hacer
una mención: ¿Cómo se financiaban las pymes? Con arreglo a las
medidas económicas que ustedes plasmaron en esta Cámara, lo primero
que dejaban de cotizar era a la Agencia Tributaria y a la Seguridad
Social. Momentos de crecimiento económico ha habido muchos y ustedes
no supieron aprovecharlos. Por eso, señorías, hoy estamos en 13,5
millones de afiliados a la Seguridad Social, el esfuerzo ha sido
importante, la mejora de la gestión ha permitido recaudar 480.000
millones de pesetas más y sería bueno que algunas veces ustedes
reconocieran los esfuerzos que se han hecho por las actuales mayorías
parlamentarias y por el Gobierno.
Al señor Homs le diré que podemos estudiar cualquier clase de
incompatibilidad y abrir un debate profundo, no tenemos ningún
inconveniente. La mayor muestra de equidad de un gobierno y de una
fuerza parlamentaria es preservar el régimen económico, financiero y
presupuestario de la Seguridad Social y ciertamente puede haber
aspectos de una determinada prestación que puedan ser mejorados y a
lo mejor hay que plantearse nuevos conceptos de incompatibilidad.
Por tanto, señorías, con todo el rigor, con toda la seriedad y con la
mayor equidad por parte de nuestra fuerza parlamentaria, porque
realmente se ha mejorado el sistema de Seguridad Social, hoy,
lamentándolo mucho, vamos a votar que no a la presente iniciativa
legislativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Montseny.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente, para su toma o no en
consideración, de la proposición de ley del Grupo Socialista, por la
que se elimina la incompatibilidad del derecho a la pensión de
orfandad con el desempeño de un trabajo lucrativo por cuenta ajena o
propia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 132; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA
AL GOBIERNO A QUE INTRODUZCA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO LA
REGULACIÓN SOBRE EL USO DEL ANÁLISIS DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO
(ADN) DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL DERECHO PENAL Y EN LA INVESTIGACIÓN
DE LA PATERNIDAD. (Número de expediente 162/000242)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, por la que
se insta al Gobierno a que introduzca en nuestro ordenamiento
jurídico la regulación sobre el uso del análisis del ácido
desoxirribonucleico (ADN) dentro de la estructura del Derecho penal y
en la investigación de la paternidad.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Barrios, doña María Bernarda.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Me corresponde hoy
explanar ante ustedes una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, por la que instamos al Gobierno a la
regulación sobre el uso del análisis del ácido desoxirribonucleico en
materia de justicia civil y justicia penal, y es que a pesar de que
en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples artículos, como el
artículo 39.2, in fine , de la Constitución española... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Continúan los
rumores.) Señora Alborch. Señor Paniagua. Señor Hernando; veo que es
el señor Arqueros el que está hablando. Por favor, señor Arqueros,
silencio. Atiendan a la señora Barrios.
Adelante.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias por el amparo, señor presidente.
... en base al cual se establece que una ley posibilitará la
investigación de la paternidad y que da lugar a la creación del
artículo 127 del Código Civil, en el cual se establece que en los
juicios de filiación será admisible la investigación de la paternidad
y maternidad mediante cualquier tipo de pruebas, incluidas las
biológicas; a pesar de que en nuestro Código Penal, en el libro
segundo, título V, se relacionan delitos relativos a la manipulación
genética, como en el artículo 159, que penaliza la manipulación de
los genes humanos con alteración del genotipo y con finalidad
distinta a la eliminación y reducción de taras y enfermedades graves;
a pesar del artículo 160 del Código Penal, que penaliza la
utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o
exterminadoras de la especie humana; a pesar del artículo 161, que
penaliza la fecundación de los óvulos humanos para una finalidad
distinta a la procreación humana, o del artículo 162, en el cual se
penaliza la reproducción asistida sin la autorización de la mujer;
pues bien, a pesar de toda esta serie de artículos que se recogen en
nuestro ordenamiento jurídico, algunos incluso en leyes ad hoc, y no
obstante la Recomendación número 1, de 1992, del Consejo de Europa,
que fue ratificada por el Consejo de Ministros de 10 de febrero de
1992, en la cual se aconsejaba a los Estados miembros la regulación
en este sentido, es decir de los análisis de ADN en materia forense,
de la acreditación de los laboratorios, del tratamiento de las
muestras y la información que de ellas se derivase, regulándose
también el derecho de propiedad intelectual de los laboratorios que
utilizan determinados métodos de análisis o incluso la base de datos
del ADN con fines de investigación criminal; a pesar de todos estos
aspectos, de estas recomendaciones y de estos artículos en nuestro
ordenamiento jurídico, en España no existe una regulación específica.
Los países que nos rodean sí han legislado en su gran mayoría sobre
esta materia y hay que decir que en el año 1995 el Grupo Popular
presentó una proposición de ley para la regulación de este tema, que
muy brillantemente defendió el señor Azpiroz, la cual no fue tomada
en consideración alegando determinadas alteraciones de terminología y
también la complejidad del tema y el alto rigor técnico que ello
exigía. Pues bien, a pesar de que no se tomó en consideración, todos
los
grupos, los que la apoyaron y los que no, consideraron que era muy
oportuna y necesaria la legislación en esta materia. Transcurridos
tres años desde aquella iniciativa sin que se haya regulado al
respecto, el Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley
porque consideramos que el ADN es una molécula que se encuentra en
todas las células del organismo humano y cuyas largas cadenas se
reparten de forma secuencial y determinada en cada persona, lo que
distingue perfectamente un individuo del otro, de tal forma que se le
denomina huella genética.
Hay dos modelos de ADN, el expresivo o codificante, que tiene un alto
valor médico, en base al cual se conocen las enfermedades
hereditarias, de las que hay más de 4.000, pero que en esta
iniciativa no nos interesan; y el ADN no codificante, que es del que
aquí se trata, que por su polimorfismo da lugar a una distinción
exacta entre los diferentes individuos, de tal manera que todos los
fluidos y tejidos corporales de un individuo tienen el mismo ADN y
por tanto el mismo perfil genético. Esto ha significado un verdadero
avance en la medicina legal, puesto que la biología molecular, con su
especialidad, que es la genética forense, se está utilizando de forma
continua y diaria para la solución de problemas judiciales, como es
la investigación de la paternidad o la biología criminalista.
Dicho esto, hay que señalar que en España seguimos sin una regulación
procedimental y adecuada y que este debate ya se ha producido en el
resto de los países, puesto que esta prueba tiene una gran
fiabilidad, más del 99,9 por ciento. Por tanto, los juristas, sin
conocer los requisitos, las consecuencias e incluso lo que conlleva
el archivo de datos del ADN, la solicitan de forma continuada. Es por
eso por lo que consideramos que se debe producir un debate ético y t
écnico s obre la elección del sistema para su regulación y por eso lo
solicitamos al Gobierno. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.) En este momento existen tres
sistemas que han dado lugar a que los países que nos rodean elijan el
que les parece más adecuado sobre la base de los principios de su
ordenamiento. Un primer sistema es aquel por el cual se toman
muestras a toda la población y se conservan todos los vestigios que
aparecen en el lugar donde se comete el delito. En el segundo sistema
solamente se toman las muestras a determinados individuos con cierta
vinculación con un determinado tipo de delito y el archivo de las
muestras. El tercer sistema es el que se da sólo en el caso concreto
de vinculación muy específica entre el individuo y el delito que se
está investigando.
La elección del sistema es importante porque aquí hay cuestiones
relevantes en el sentido de que se pueden vulnerar hasta determinados
derechos. Estamos hablando por supuesto de la autorización que debe
dar el individuo al que se toman las muestras, de la vinculación que
ha de tener este individuo con el delito que se está investigando, de
la autorización que debe dar el
órgano jurisdiccional respecto a la ordenación de la prueba de las
muestras y de la homologación del laboratorio, la experiencia del
personal y el archivo de los análisis. En base a ello, la elección
que ha hecho el Reino Unido -ha elegido el primer sistema donde sin
la autorización de la persona se deben tomar las muestras de toda la
población, aunque no tenga relación con el delito, y esto ha
producido un grave costo social y político- se considera que ataca al
derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona, a su integridad
física y moral, al derecho a la salud, al de libertad, al de
presunción de inocencia, al de no declarar contra sí misma, y, desde
luego, hay un alto costo presupuestario originado por la toma de
muestras a toda una población, aunque no tenga relación con el
delito.
El segundo sistema, sólo sobre determinados delitos con cierta
vinculación de la persona, es el elegido por la ley procesal alemana,
portuguesa e italiana, en base a la cual debe existir una determinada
vinculación con el delito y la persona, muchas veces sólo el
denunciado, el sospechoso, el procesado o incluso con sentencia firme
o pendiente de recurso, y siempre necesitará en cada caso concreto la
autorización judicial. Si bien estas muestras se guardan con
autorización judicial, nada dicen estas leyes procesales respecto a
la destrucción de las mismas. Consideramos que se debería tener en
cuenta la prescripción del delito o de la pena o la cancelación de
los antecedentes penales de los individuos. Holanda también regula
este sistema, pero sólo en relación con los delitos sexuales y graves
que conlleven una pena privativa de libertad de más de ocho años y sí
regula el tiempo en el que se destruirán las muestras: treinta años
para las mismas, y para los vestigios dieciocho años.
Por último, el tercer sistema es para determinados delitos en un caso
concreto y para el caso del individuo que está vinculado
estrechamente en la investigación de dicho delito. A nuestro juicio,
este es el sistema que debe elegir España, está respaldado por la
doctrina científica e incluso el Tribunal Constitucional en sus últimas
sentencias también lo defiende, sobre la base del principio de
proporcionalidad de los sacrificios, y la última reunión
internacional, en la conclusión quinta del derecho ante el proyecto
del genoma humano, también recogía la necesidad de regularlo para
cada caso concreto.
Señoras y señores diputados, concluyendo, esta es una prueba que
tiene una gran fiabilidad, cuya realización se ha defendido en España
y en todos los países, para lo cual es necesario tener laboratorios
bien equipados y con personal especializado. Hay que garantizar toda
su regulación y hay que dar entrada a este tipo de pruebas en el
proceso civil y penal para que en un momento dado sustituya a algunas
pruebas que se basan en los indicios...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Barrios,
le ruego concluya.
La señora BARRIOS CURBELO: Concluyo, señor presidente.
Decía que es una prueba a la que hay que dar entrada en el proceso
civil y penal para que en un momento dado sustituya a algunas pruebas
que se basan en los indicios y en las presunciones legales y para que
de forma objetiva y pericial complemente la actividad intelectiva del
juez.
Por ello, señoras y señores, espero que todos los grupos apoyen esta
iniciativa teniendo en cuenta la importancia de su regulación, su
complejidad y la necesidad que se tiene en este momento en materia
judicial.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): A esta
proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya
presentación tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor p residente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte la
necesidad de regular esta materia. No voy a entrar en la descripción
de las investigaciones s obre el genoma humano ni en la virtualidad
que tiene el conocimiento del mismo. Sí quiero resaltar a SS. SS. que
a diferencia de otros elementos identificativos de una persona, como
la huella dactilar, que puede acreditar quién es una persona, el
genoma acredita qué es. Por tanto, no se trata de un elemento
absolutamente periférico en cuanto a su identidad, sino que permite
conocer aquellas unidades de los genes responsables de los caracteres
que presenta la persona. De ahí que sea absolutamente imprescindible, al
hilo de las investigaciones y de la elaboración del mapa genético,
que el ordenamiento jurídico se plantee la regulación de algunos
aspectos relacionados con el mismo; no pura y simplemente, que
también, la identificación de quién pueda ser el autor de un delito,
fundamentalmente contra la libertad sexual, o la identificación de
quién pueda ser el titular de una relación de parentesco, de la
paternidad o de la maternidad, porque el genoma humano permite muchas
más aplicaciones en la medida que determina cuáles son los caracteres
de las personas. En el ámbito del Derecho penal sería aplicable, por
ejemplo, el conocimiento del genoma humano para una determinada
culpabilidad o para valorar la culpabilidad de un sujeto; sería
aplicable para determinar su peligrosidad de cara a la aplicación
ahora inconstitucional, gracias a Dios, de medidas de seguridad
predelictuales, pero en otro caso para aplicar una condena condicional
para suspender la ejecución de la pena, por ejemplo. Por tanto, son
muchos los factores en los que infiere el conocimiento del genoma.
Por lo que hace referencia a los aspectos dentro del proceso penal y
del proceso civil ya han sido examinados aquí, pero son muchas las
preguntas que podríamos hacernos. ¿Puede establecerse esta prueba con
carácter obligatorio? Por encima de la obligatoriedad, ¿puede incluso
imponerse a través de la fuerza física el análisis del genoma?
¿Constituye esto vulneración del principio del derecho a no declarar
contra sí mismo? Me parece que el Tribunal Constitucional entendería,
como en otros casos, que es una pura pericia y que por tanto no
supone una vulneración de este derecho a no declararse culpable.
¿Pueden imponerse también obligatoriamente en la elaboración de
bancos de datos determinados tipos de autores de delitos, concretamente
autores de un específico tipo de delito en el que suele existir
reincidencia como es el delito contra la libertad sexual? Por tanto,
son muchas las preguntas que nos podemos hacer en el ámbito de su
aplicación en los procesos penales y en los procesos civiles, pero si
algo ha motivado al Grup Parlamentari Catalá a presentar una enmienda
es que entiende que los problemas exceden de la estricta aplicación
al ámbito del proceso penal y del proceso civil. Desde luego,
cualquier regulación debe garantizar una auténtica protección de la
intimidad genética a la que anteriormente se hacía referencia y, por
tanto, como ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
deben regularse las condiciones para la obtención de esta
información, la confidencialidad que debe respetarse en su uso, el
control sobre esa información, la homologación de los laboratorios,
etcétera. Pero vamos incluso más allá porque, señorías, ¿puede
admitir el ordenamiento o tiene que intervenir, por ejemplo, ante la
exigencia de un empleador antes de suscribir un contrato de trabajo
que exige que el que solicita o el que desea contratar con él tenga
que efectuar el análisis correspondiente del genoma? Del mismo modo,
¿puede también una compañía de seguros exigir antes de contratar un
seguro también que se produzca ese análisis, que se realice ese mapa
genético, por así decirlo? La discriminación en función del resultado
de ese análisis en las condiciones de trabajo o la discriminación en
la tarifa de seguros ¿serían admisibles por el ordenamiento? Por
tanto, son muchos los problemas no sólo en el ámbito del proceso
civil y del proceso penal sino, como ponemos de manifiesto en nuestra
enmienda, en el ámbito de las relaciones jurídico-públicas y
jurídico-privadas. Por tanto, ese es el sentido que planteamos.
En modo alguno queremos ser catastrofistas. Tenemos una visión
optimista de la evolución y de la historia de la humanidad, pero
tampoco podemos olvidar lo que ha dicho un gran político, Gorbachov,
que si no salimos al encuentro del futuro, el futuro nos devora. Por
tanto, sin catastrofismo, sin dramatizar, entendiendo la aplicación
absolutamente pacífica y beneficiosa para la humanidad, para la salud
y la integridad física de la humanidad, incluso para el
descubrimiento de los delitos que tiene el conocimiento del genoma
humano, no podemos admitir que el ordenamiento permanezca
absolutamente al margen del mismo. Hay que decir que la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de
investigación de la paternidad, en materia de pruebas de alcoholemia,
establece ya algunos criterios;
o tros los podemos encontrar en la Ley orgánica de protección del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia
imagen, incluso en la Ley orgánica de tratamiento automatizado de
datos personales. Pero la doctrina científica entiende que estos
elementos son insuficientes para efectuar una correcta regulación de
esta materia, por ejemplo, la admisión de controles genéricos a que
anteriormente se hacía referencia. Por tanto, entiende el Grup
Parlamentari Catalá que esta es una materia junto a la de la
manipulación genética, que posiblemente sea objeto de otra iniciativa
legislativa en o tro momento no muy lejano, en la que debe abordarse,
desde el punto de vista del ordenamiento, la eficacia, la modalidad,
la práctica, la admisibilidad de estas pruebas en el proceso civil y
en el proceso penal, pero garantizando en cualquier caso la intimidad
genética y evitando cualquier tipo de discriminación en los supuestos
de contratación, tanto pública como privada, en virtud del carácter
genético de las personas.
Por todo ello, solicitamos al Grupo Parlamentario Popular la admisión
de la enmienda que hemos presentado no con la finalidad de enmendar
la plana, sino de potenciar, ampliar si acaso el objeto, por lo demás
legítimo y que compartimos, de su proposición y solicitaríamos al
resto de los grupos de la Cámara, en el caso de ser admitida, el voto
favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre
del Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
Después de haber leído la proposición del grupo proponente, creemos
que como es una simple petición de regulación cuando venga a
regularse presentaremos las enmiendas. Es verdad que algo hay que
hacer, pero no estoy muy segura de cuál es el espíritu que se deriva
de esta proposición no de ley que al fin y al cabo lo que pide es una
regulación. Por eso no nos vamos a oponer a esta proposición no de
ley, incluso a ampliar su sentido, pero sí queremos advertir de una
cierta reserva sobre el contenido.
Conocer hoy datos de la gente puede ser una defensa o un control
ilegítimo. Eso se tiene que decidir con la forma de actuar. A veces
tenemos la sensación de que podemos controlar mucho a los
delincuentes y defender poco a la gente que no tiene problemas porque
no protegemos suficientemente la identificación de sus datos. Es
verdad que hoy la ciencia ha avanzado mucho y tiene que pasar al
terreno del derecho. Pero también en el terreno del derecho nos hemos
encontrado con que determinados ámbitos no están bien regulados y,
sobre la reserva de la intimidad, estamos viendo cómo a personas con
una simple fotografía le adjudicamos la paternidad porque sólo hay
que mirarle
la cara, como a conocidos toreros que tenemos, y sin embargo hay una
impotencia legal para poder siquiera investigar la paternidad en
casos como éste. Todos tenemos que compaginar los derechos y las
responsabilidades.
Hay algo que no nos gusta en esta proposición que siempre tiene algo
que ver con los delitos de la libertad sexual. Un medio necesario
para exculpar o condenar en un delito de violencia sexual es uno de
los ejemplos que se ponen en el preámbulo de esta proposición no de
ley. Muchas veces en estos delitos de violación hay la presunción de
que alguien está mintiendo, que está metiendo un rollo y no me gusta
que haya una explicación explícita sobre este tipo de conducta. Si
podemos decir que se investigue en el terreno de lo penal, de lo
civil, de lo contencioso-administrativo, si hay algo que investigar,
en igualdad de derechos, con reserva de datos, no con control del
Gobierno sino para la defensa de los ciudadanos, apoyaremos la ley.
Si no es así, hay que tener cuidado porque hay muchos sistemas, como
ha dicho la proponente -y no estamos ahora discutiéndole nada hasta
que venga la ley-, pero en esos sistemas hay un peligro: el Estado
controlador o el Estado garantía de derecho. Si va a ser una ley para
el Estado controlador, nosotros no la vamos a apoyar; si va a ser una
ley en la que el Estado defiende derechos, actitudes, libertades y
sobre todo la igualdad y la no discriminación, en nuestro grupo
tendrá un apoyo para esta propuesta de regulación. Si no es así, no
queremos que quien no sabe respetar la libertad cuente con datos de
los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que, desde una pequeña
inmersión en esta problemática, se deduce que hay un vacío legal que
puede afectar tanto a las víctimas de un delito sexual como a los
propios acusados, ya que por ahora no existen mecanismos que
garanticen que el sometimiento a las pruebas de ADN sean fiables por
sí mismos, sino que vienen siendo a preciados en el conjunto de las
pruebas que se aportan a un proceso, las testificales, la aportación
de documentos reveladores, los informes policiales, etcétera. Desde
el punto de vista penal, el Tribunal Supremo ha dado un alto índice
de fiabilidad a las mismas, exigiendo no que las pruebas biológicas
arrojen un cien por cien de certidumbre sino que es suficiente con
que indiquen un alto índice de probabilidad que, asociado a otras
pruebas practicadas, acrediten de una manera cierta y segura que se
cometieron hechos delictivos. De aquí se deducen serios interrogantes
sobre la práctica de la prueba que conviene regular y por eso
pensamos que se debe reglar el uso del análisis del ADN, como
indica también la modificación que establece el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió.
En primer lugar, las sentencias analizadas remiten a que la mayoría
de las pruebas de ADN se realizaron en el Instituto Nacional de
Toxicología de Madrid, lo que ocasiona numerosos gastos a los
interesados y a la propia Administración de justicia, siendo
aconsejable la descentralización de la realización exclusiva de
dichas pruebas habilitando centros homologados e incluso forenses
especializados adscritos al conjunto de juzgados. En segundo lugar,
también hay que tener en cuenta que, al no haber regulación legal al
efecto, siempre se deben acompañar por el instituto realizador de las
pruebas unos baremos que expliquen el proceso de análisis debidamente
motivado para evitar la indefensión del acusado y que éste pueda
articular su defensa, lo que se evitaría de manera genérica al
establecer esos b aremos en una norma legal, previa consulta de los
organismos científicos competentes, que sirviese de base objetiva para
apreciar en lo sucesivo esas pruebas. Finalmente, debería regularse
en qué situaciones debidamente justificadas se concede una primacía
probatoria a las pruebas genéticas aludidas, ya que en muchos casos
es la única prueba que puede existir para determinar quién fue el
supuesto agresor; por ejemplo, violaciones en las que no existen
testigos ni hay una precisión clara de la víctima por ser
discapacitada o menor.
Teniendo en cuenta todos estos reparos y aprovechando que solamente
se trata de incitar a una normativa, votaremos a favor la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y a ser posible con la
enmienda del Grupo de Convergència i Unió.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Al ver mi grupo esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre
la introducción en las pruebas forenses del análisis del ácido
desoxirrebonucleico sentimos una cierta preocupación. Comparto lo que
acaba de decir la señora Almeida y también lo que ha dicho el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). A
fin de cuentas se trata de una proposición no de ley y veremos, si se
aprueba y el Gobierno respondiendo a la misma trae aquí el proyecto
de ley, qué alcance tiene sobre las cuestiones que más nos preocupan,
fundamentalmente las garantías procesales que debe tener toda persona
que entra en el ámbito de la justicia, así como las garantías
técnicas de una prueba delicada sobre las cuales todavía hay
controversias entre los genetistas y los químicos de la genética
biológica y sobre las que las leyes procesales tienen que dar la
última palabra. Qué duda cabe que
las pruebas de todos los ácidos nucleicos, que no solamente están en
el hombre sino en todo ser vivo, sea unicelular o pluricelular porque
están en el núcleo de la célula, por eso son ácidos nucleicos, vienen
a generar un problema de cautelas. Nuestro ordenamiento procesal
siempre ha sido cauto en las pruebas forenses que se aducen ante los
tribunales de justicia. Nuestro Código Penal vigente, el de 1995,
entre las posible causas que puedan recurrir a los estudios genéticos
trae dos referencias concretas: la del artículo 159, de los delitos
relativos a la manipulación genética, y la del artículo 220, relativo
entre otros a la alteración de la paternidad. Estas serían las dos
figuras, junto a la violación y otras, porque en los puntos
suspensivos y en los etcétera es donde están los problemas.
Dentro de las dudas que tenía con esta iniciativa tan a secas y lo
que pudiera traer, a mi grupo le satisface la enmienda cautelar que
introduce el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Por
qué? Porque una referencia como la que trae la iniciativa del Grupo
Popular, dentro de la estructura del Derecho penal, no sabemos qué es.
Creemos que introducirlo en el proceso penal, como propone la
enmienda del Grupo Catalán, es más adecuado. En primer lugar porque
hay que partir del principio de admisibilidad de la prueba, no de
regularla, porque no se puede regular lo que no está admitido. Por
tanto, la enmienda del Grupo Catalán nos parece más acertada desde el
momento en que plantea en la primera de las tres partes en que la
hemos dividido los principios de admisibilidad práctica y los efectos
del análisis. Los efectos del análisis son los preocupantes desde un
punto de vista de certeza técnica, pues no c reo que nadie la pueda
aportar en este momento con una simple cuestión de laboratorio
analítico del ADN. La segunda cuestión está en los procesos civiles
de paternidad. Y en la última parte de la enmienda del Grupo Catalán
está el derecho a esta intimidad genética y sobre todo a las
relaciones jurídico-privadas y públicas. Es un tema muy delicado en
el que nos vamos a meter y ya veremos qué dice el proyecto del
Gobierno. En cualquier caso, como la exposición de motivos de esta
proposición no de ley habla de competencias del Ministerio de Sanidad
y Consumo, téngase en cuenta que si son competencias de sanidad están
transferidas en muchas comunidades autónomas -en esto apoyamos la
sugerencia del Grupo Catalán de Convergència i Unió-, pero también
las de justicia, porque el Ministerio de Justicia, a través de los
forenses, tiene que dar la idoneidad de la prueba, no solamente la
homologación del laboratorio y los reactivos que emplee para
identificar en una prueba bioquímica, biológica o genética qué tipo
de ácido desoxirribonucleico se está cuestionando. Tienen que
participar también los peritos forenses, pero tenemos que garantizar
con nuestro ordenamiento procesal que en última instancia es el juez,
magistrado o tribunal el que tiene que aceptar o no la prueba para de
terminar cualquiera de las causas penales o civiles en que se esté
encartando la cuestión. No se trata de un simple análisis de huellas
dactilares, muy bien tipificadas,
ni de pruebas sanguíneas ni de semen. Estamos entrando en el interior
del corazón de la célula y las garantías cautelares tienen que
existir.
Mi grupo desearía que, por estas cuestiones, el Grupo Parlamentario
Popular aceptase la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, porque nos parece que, recogiendo el mismo fondo
de la cuestión, da las garantías cautelares pertinentes para
pronunciar nuestro voto.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco apreciamos el extraordinario interés
del contenido genérico de lo que se pretende con la iniciativa del
Grupo Popular, sin que nos expliquemos mucho el porqué de su paso por
esta Cámara como para pedir permiso. Sí sería normal este paso por la
Cámara si procediese de cualquier otro grupo, ya que necesitaría el
refrendo de la misma para hacer fuerza o para instar al Gobierno a
que regule, pero siendo el Grupo Popular el que forma el Gobierno
vemos innecesario este paso; que se proceda a regular y se presenten
a la Cámara unos textos concretos. Además, es una evidencia que los
avances científicos deben ser incorporados al mundo del Derecho. Así
lo dice la recomendación del Consejo de Europa que expresamente se
recoge en la exposición de motivos. La técnica del ADN aporta
indudables utilidades y certezas, pero su aplicación deberá ir unida
a la exquisita tutela del derecho a la intimidad y a la integridad
física, tal es el cúmulo de datos que su lectura aporta. No tenemos
regulación concreta, es verdad -así lo expresa la enmienda que ha
presentado Convergència i Unió y han advertido respecto de ello
distintos intervinientes-, pero sí hay opinión constitucional. A este
respecto es de sumo interés la sentencia del Tribunal Constitucional
207/1996 matizando los aspectos de integridad física, puesto que
estamos hablando de una prueba que se obtiene mediante el análisis de
sangre y se considera que extraer sangre es atentar a la integridad
física y a la intimidad, dado el número de datos que el ADN aporta.
Por supuesto, su establecimiento obligatorio debe regularse por ley y
según esta misma sentencia debe respetarse escrupulosamente el
principio de proporcionalidad. Sólo podrá ser obligatoria la prueba
a efectos penales cuando sea necesaria al fin pretendido, que no es
sólo la investigación criminal, que por supuesto debe pretenderse,
sino también que resulte imprescindible para el ejercicio del ius
puniendi en un doble aspecto. De una parte, que sea imprescindible
para saber si ha existido delito y para saber también si esa persona
concreta es el delincuente. Si no se buscan estos dos aspectos, dice
el Tribunal Constitucional que
su uso será desproporcionado. No cabe, por tanto, su utilización para
obtener meros indicios. La prueba de ADN no es obligatoria en la
investigación de la paternidad. Bien es cierto que la jurisprudencia
ha establecido que la negativa, unida a otros indicios, puede tener
las virtualidades que todos conocemos. En el caso de la Comunidad
Autónoma vasca se ha puesto en marcha la identificación neonatal a
través del ADN, y debo advertir que no sin problemas sociales y con
un amplio eco en la prensa. Finalmente, y previo pase por la Cámara,
se ha establecido un protocolo en el cual se hace obligatorio
determinar el único uso permitido para la realización de las pruebas,
el procedimiento para la obtención y conservación de la muestra
sanguínea, el plazo de conservación y la garantía de destrucción, la
necesidad del consentimiento informado para la extracción y la
conservación temporal de la gota de sangre, el procedimiento
alternativo de identificación que se propone para el supuesto de que
exista negativa a este método concreto de identificación, y, por
último, la conservación y custodia de las muestras sanguíneas, que
deberá hacerse de forma independiente al de las historias clínicas
habituales. Por supuesto, sólo se ha podido establecer respecto de
los hospitales de la red pública, puesto que respecto de los centros
privados y para su utilización como medio de identificación en el
registro civil se requeriría la habilitación...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Uría.
Señorías, les ruego que desconecten los teléfonos móviles. Puede
continuar S. S.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Decía que desde el ámbito administrativo
sólo se ha podido imponer esta técnica en los centros públicos,
puesto que para su imposición en los centros privados y para la
utilización como método de identificación en el registro civil se
requeriría, obviamente, la habilitación legal correspondiente. Debe
darse este paso y regularse, pero tráigansenos textos concretos y
hágase con el cuidado escrupuloso a los aspectos fundamentales del
derecho a la intimidad y del derecho a la integridad física que han
sido puestos de manifiesto por parte de Convergència i Unió. Vota
remos que sí a la toma en consideración, pero nos gustaría que por
parte del Gobierno se nos presentasen cuanto antes textos concretos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo de las sucesivas intervenciones que se están produciendo
aparece claramente que lo que podría alguien suponer que era un
cierto vacío legislativo
no lo es tanto. Es obvio que, desde el punto de vista jurídico y
aceptado el principio de que nadie puede ser obligado a confesar y,
en consecuencia, a proporcionar las pruebas de las cuales pueda
resultar su propia inculpación, esta prueba pericial, que no de otra
cosa se trata, en cuanto a su admisibilidad está condicionada por la
voluntad de aquel de quien se requiere el permiso para poderla
practicar. Es también claro, a lo largo de todas las intervenciones
que se han producido, que todos tenemos no voy a decir reparos, pero
sí una preocupación por el aspecto ético de lo que puede suponer esta
prueba en cuanto a su utilización, de modo tal que no fuera legítima
y ni siquiera lícita. Estamos también todos de acuerdo que en cuanto
a su aspecto técnico, afortunadamente, se ha avanzado. Según
estábamos discutiendo me acordaba yo de la primera vez que oí hablar
-y me permitirán ustedes que tenga que acudir al texto para no
cometer ningún tropiezo lingüístico- del ácido desoxirribonucleico,
que también se acordarán ustedes de que la primera persona que habló
de él con una cierta notoriedad fue don Salvador Dalí y a todos nos
parecía que era una extravagancia que se había inventado para, dentro
de aquella pose de la que generalmente hacía gala, llamar más la
atención. No podía pensar ni concebir jamás que aquellas risas que
provocaba en aquella época hoy me llevarían al recordatorio en la
medida en que estamos discutiendo de un ácido de nombre tan
absolutamente r aro que, la verdad sea dicha, los que se han dedicado
a la investigación le podían haber encontrado una terminología mucho
más habitual y no tan dificultosa que evidentemente no es para
tartamudos.
Pero a lo que íbamos. No hay tanto vacío legislativo. Hasta nuestro
Tribunal Constitucional, como siempre nos asesora doña Margarita que
tiene un sentido muy riguroso de su trabajo, se ha preocupado del
tema. A mí me queda la duda de si este intento de regulación -frente a
los intentos de regulación siempre hay que mantener una cierta
cautela dado el volumen que suele alcanzar el Aranzadi- tiene por
objeto perfeccionar el conocimiento técnico o establecer una determinada
clase de acreditaciones para ciertos laboratorios de modo tal que
sólo se les permita a ellos poder practicar esta prueba. No lo sé. Me
quedo con la duda porque veo que no es un hecho que podamos decir que
determinados institutos o determinadas profesiones estén clamando
por su regulación; al menos nosotros no lo percibimos así. Supongo
que saldremos de la duda cuando sea admitida a trámite porque, como
dice la señora Uría, sería realmente paradójico que viniendo de quien
viene y con una defensa tan acendrada como la que ha tenido el propio
Gobierno no hiciera caso. A lo mejor, lo que estamos haciendo con
esto en el día de hoy es encontrar una proposición no de ley que va
a ser cumplida, con lo cual obviamente hay que agradecer a la señora
Barrios que la haya defendido porque así podrán ponerla en el ranking
de cumplimiento de resoluciones o proposiciones, que muchas de ellas
caen en el olvido; esta parece ser que va a tener mucha
suerte y va a ser cumplida por el Gobierno. Cuando llegue
vigilaremos, igual que los demás, cuáles sean las garantías para que
se respete el derecho a la integridad física y moral, cuáles sean las
garantías sobre la licitud de la obtención y cuál sea la forma en que
se utiliza.
Les recuerdo que estos días hemos llegado a asistir a un suceso
bastante llamativo, que es el de tratar de obtener incluso la prueba
de ADN de un difunto al que obviamente nadie consultó. Recuerden
ustedes -quizá lo hayan leído en los periódicos- que una señora
quería atribuirse la filiación de Yves Montand y sin contar con él
han obtenido la prueba, que no ha dado resultado, no sabemos es si
porque el ADN ya estaba confundido con el ADN de la gusanera o, por
el contrario, porque no se correspondía con la de quien pretendía que
le fuera reconocida la paternidad.
El hecho cierto es que no tenemos ningún argumento en contra, aunque
los argumentos a favor no sean muy cuantiosos. Por tanto, votaremos
para que sea aceptada la proposición porque nos gusta el texto.
Instamos al Grupo Popular a que, como parece ser que la enmienda del
Grupo Catalán completa el texto y nos da más satisfacción, la acepte,
votamos y de esta manera se puede decir aquello tan gráfico de: así
no hay enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista también va a votar a favor de esta
proposición no de ley que al fin y al cabo lo que pretende -creo que
ha quedado suficientemente claro- es impulsar la regulación de la
utilización del análisis del ácido desoxirribonucleico como prueba
pericial en procesos penales y civiles; no se trata más que de eso.
Desde ese punto de vista nos parece que la proposición no de ley
significa un avance e introduce alguna posible regulación de materias
que quizá podrían estar poco reguladas actualmente en nuestro
ordenamiento. También creemos, señor presidente, que la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mejora
en gran medida el texto de la proposición no de ley y, por tanto,
proponemos al Grupo Popular que la acepte porque -insisto- lo mejora.
Es verdad que desde hace ocho o diez años se viene observando la gran
utilidad y el alto grado de fiabilidad que presenta este tipo de
análisis en procesos de investigación de la paternidad. Ciertamente
es tan fiable en procesos de investigación de la paternidad que poco
a poco está sustituyendo a otro tipo de pruebas biológicas clásicas,
como las que se habían utilizado hasta ahora de análisis de sangre.
Por cierto, señor Castellano, el ejemplo que usted daba, me parece
que referido a un conocido actor francés, recientemente decidido
por un tribunal de París, sí ha dado resultado. Ha dado el resultado
de que la señora que pretendía ser hija de este señor no lo es, y
además parece que con un grado de fiabilidad superior al que se
habría podido conseguir con otro tipo de procedimientos. Más reciente
mente se viene observando de manera bastante clara que para
determinados procesos penales esta prueba del ADN puede ser de gran
utilidad, sobre todo en ese tipo de delitos que se caracterizan por
dejar muestras biológicas del agresor en la víctima o muestras
biológicas de la víctima en el agresor, a veces incluso de éste en el
lugar de los hechos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a delitos
como el homicidio, las lesiones o los que van contra la libertad
sexual. En todas estas materias parece evidente que la regulación de
este tipo de prueba pericial puede aportar una cierta innovación en
el proceso penal.
Señor presidente, a mí me parece que hay muchas materias sobre las
cuales tendrá que versar esta regulación. La mayoría están ya
incluidas en la recomendación aprobada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, de 10 de febrero de 1992, a la cual ya se han
referido aquí algunos intervinientes. Fundamentalmente, ahora, a
vuela pluma, recordaría tres grandes materias que deberán regularse.
Primero, sería conveniente regular el procedimiento y garantías para
la obtención de muestras biológicas que después serán utilizadas en
los análisis. Teniendo en cuenta que aquí hay que respetar íntegra y
escrupulosamente el derecho a la intimidad de las personas, sólo
mediante autorización judicial y para cada caso y proceso concreto
podría obtenerse esta muestra. Incluso hay dudas razonables sobre si
esta muestra pude ser obtenida contra la voluntad del afectado. Ya lo
ha dicho el señor Castellano y coincido con él.
En segundo lugar, habrá que regular los requisitos para la
utilización de estos análisis como prueba en el correspondiente
proceso. Aquí sería conveniente que se tuviese en cuenta eso que
algunos han llamado la cadena de custodia. Ese proceso que sigue la
muestra biológica desde que es obtenida hasta el momento en que llega
al laboratorio, es analizada y luego quizás almacenada, debe ser
regulado con la máxima precisión. Son muestras que pueden ser objeto
rápidamente de cualquier contaminación y entonces su carácter
probatorio desaparece por completo. En esta línea está algo que el
Gobierno debería hacer en este proceso, que es una regulación de la
acreditación y homologación de los laboratorios encargados de
realizar los análisis y de almacenar temporalmente las muestras, así
como los procedimientos que se van a utilizar, teniendo en cuenta
que, en gran medida, aquí habrá que respetar las competencias de las
comunidades autónomas.
Finalmente, hay una última cuestión que también es importante, que es
la referente a las bases de datos. Estas pruebas, estas muestras,
estos resultados, ¿se pueden almacenar una vez obtenidos o se han de
destruir? ¿Se pueden almacenar en bases de datos informatizados? ¿Sí?
¿En qué condiciones? ¿O no? ¿Por cuánto tiempo?
Yo quiero recordar, señor presidente, que la recomendación del
Consejo de Europa es que estos resultados solamente se almacenen en
bases de datos informatizados cuando haya habido una sentencia firme
contra el agresor, contra la persona respecto a la cual se han
obtenido estas muestras. Una sentencia por delitos contra la
seguridad, la vida y la integridad de las personas. Aquí hay muchas
cuestiones que habrá que discutir cuando llegue el momento.
Señor presidente, para acabar, solamente quiero dejar algo muy claro:
nuestro grupo vota a favor de esta proposición no de ley en el bien
entendido de que la expresión instar al Gobierno a que introduzca en
nuestro ordenamiento jurídico la regulación debe entenderse como un
mandato al Gobierno para que impulse esta regulación y para que lo
que haga fundamentalmente sea elaborar y remitir a esta Cámara los
proyectos de ley correspondientes. No olvidemos que la práctica
totalidad de las cuestiones que aquí discutimos afectan a derechos
fundamentales, al derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la
Constitución, al artículo 18.4 y al artículo 24, obtención de
pruebas. Habría que reformar o actualizar lo que digan al respecto la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Llegado ese momento, cuando el Gobierno remita a esta Cámara los
correspondientes proyecto de ley, será cuando tendremos que analizar
el contenido que hoy no estudiamos y cada grupo mantendrá posición al
respecto.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jover.
Señor Barrios, S. S. debe expresar la aceptación o no de la enmienda
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nos parece bien la enmienda de Convergència i Unió no
sólo por su contenido, sino porque tenemos en cuenta también la
petición bien fundamentada y generalizada de todos los grupos de la
Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Barrios.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición
no de ley del Grupo Popular que se ha debatido, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda que también se ha presentado
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 289.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE USO RACIONAL
DEL MEDICAMENTO. (Número de expediente 162/000226)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO RACIONALIZADO DE LOS MEDICAMENTOS. (Número
de expediente 162/000211)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley del Grupo Socialista,
sobre política de uso racional de medicamento y del Grupo de
Izquierda Unida, sobre comercialización y consumo racionalizado de
los medicamentos.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la
palabra doña Pilar Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, los medicamentos son fundamentales y esenciales para la
salud. Durante los últimos 50 años los avances en la terapia
farmacológica han sido formidables y han permitido que enfermedades
antes incurables sean tratadas con éxito gracias a los nuevos
medicamentos. Sin embargo, en todos los países se ha constatado que
los medicamentos pueden llegar a ser fuente de problemas para la
salud. En los países desarrollados se habla de un fenómeno de
sobreconsumo, con riesgos de toxicidad, reacciones adversas y también
derroche de recursos. Señorías, cuando en una sociedad el consumo de
un bien como es el medicamento está por encima de las necesidades de
salud de su población se está produciendo un derroche de los recursos
de todos. Por todas estas razones la comunidad científica, los
profesionales sanitarios, la Organización Mundial de la Salud,
etcétera, insisten en el concepto de uso racional del medicamento.
La proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta hoy se enmarca en este concepto y persigue devolver la
política del medicamento y el control del gasto farmacéutico al marco
del uso racional, del que nunca debió haber salido. Estas
consideraciones dejan claro que el Grupo Parlamentario Socialista no
puede estar de acuerdo con la política que practica el Gobierno, por
ejemplo, al adoptar medidas como la retirada de la financiación pública
de una lista de medicamentos por puro criterio economicista,
persiguiendo un ahorro reclamado y exigido desde Hacienda, con
argumentos para justificar tal medida que lo único que han conseguido ha
sido sembrar dudas entre la sociedad española sobre la calidad,
seguridad y eficacia de los medicamentos.
Por otra parte, la contestación social y política de esta medida ha
originado continuas modificaciones de su contenido y ha creado alarma
social. Sólo desde la alarma social se entiende el importante
crecimiento del gasto farmacéutico producido en el primer
cuatrimestre de 1998. Valga como ejemplo que, comparando marzo de
1998 con marzo de 1997, sufre un incremento del 25,6 por ciento. Este
incremento sólo puede justificarse por el hecho de que muchos
usuarios, ante el temor de que a corto plazo tengan que pagar
determinados medicamentos, han hecho provisión de los mismos.
Señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno se
ha perdido en las formas, en los contenidos y en los argumentos y
tendría que estar preocupado por el hecho de que dos comunidades
autónomas, Navarra y Andalucía, decenas de ayuntamientos, una
plataforma ciudadana integrada por organizaciones sindicales,
políticas, de consumidores, de pensionistas, etcétera, se hayan
opuesto a la aplicación de esta exclusión de medicamentos de la
financiación pública. Se ha equivocado con el pretendido decreto y se
ha equivocado con el afán propagandístico con que ha presentado otras
medidas, que luego ralentiza o mutila desde el primer momento y las
agosta. Este es el caso de los medicamentos genéricos y de los
precios de referencia de los que todavía estamos esperando su
aplicación.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
pretende, a través de ocho punto, devolver la tranquilidad a los
ciudadanos y reconducir la situación creada por el Gobierno. Le
instamos a que garantice a todos los ciudadanos los medicamentos
eficaces, seguros y de composición adecuada y que sean financiados
por el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, pedíamos el 16 de
febrero, fecha de presentación de esta proposición no de ley, que el
Gobierno convocase a la Comisión para el uso racional del
medicamento, lo que el Gobierno, corrigiéndose a sí mismo, ha hecho.
Y digo corrigiéndose a sí mismo porque la Ley de acompañamiento había
suprimido la función de esta Comisión para dictaminar técnicamente.
No obstante, cuando el Gobierno corrige, acierta y ha convocado a la
Comisión. Debería hacer pública la valoración que de la lista ha
hecho la referida Comisión, qué medicamentos han sido valorados de
utilidad terapéutica baja, cuáles de utilidad terapéutica alta, así
como las indicaciones de los respectivos fármacos.
Por otra parte, la Comisión para el uso racional del medicamento no
ha asumido uno de los puntos pactados con la industria farmacéutica,
aquel por el que se pretende que los medicamentos que salgan de la
financiación pública sigan prescribiéndose en las recetas de la
Seguridad Social para ser pagados por los usuarios. Éste es el punto
tercero de nuestra proposición no de ley. Queremos que se desista de
la decisión de generalizar una nueva receta oficial del Sistema
Nacional de Salud para la prescripción de medicamentos no financiados
públicamente.
A través del punto cuarto instamos al Gobierno a que aborde de una
forma decidida la política de extensión de medicamentos genéricos,
sin vincular sus efectos de reducción de gasto público a las
aportaciones económicas de la industria farmacéutica. Señorías, es
conocido el escepticismo de mi grupo por el modo en que el Gobierno
ha abordado esta cuestión desde el principio, pero lo es todavía más
desde que el 22 de enero el Ministerio de Sanidad y la industria
farmacéutica firmaron un acuerdo a través del cual se determina que la
aportación de la industria, 39.000 millones para 1998, se reducirá en
la misma cuantía en que se reduzca el gasto farmacéutico producido
por la comercialización de genéricos. Para nosotros esto es
inaceptable. Una cosa es la contribución de la industria para moderar
el crecimiento del gasto y otra muy distinta es la racionalización
del mismo, que puede introducir el uso de medicamentos genéricos. Por
eso pedimos esa desvinculación; lo contrario es un elemento más que
nos confirma el mero afán economicista del Gobierno.
Del mismo modo, rechazamos otro de los aspectos acordados con la
industria y pedimos al Gobierno que rectifique. No es aceptable que
el Gobierno asuma el compromiso de incrementar los precios de
medicamentos que dejan de ser financiados públicamente en una
relación equivalente con el esfuerzo que realiza la industria, en un
claro afán de compensar esa aportación. Es decir, se le quita de un lado
y se le da por otro. De no ser modificado, este compromiso es un
auténtico engaño y un abuso para con los ciudadanos que serán, en
todo caso, quienes soporten este coste económico. Por esta razón
instamos al Gobierno a que desvincule el régimen de precios de los
medicamentos no financiados de las compensaciones económicas a la
industria farmacéutica.
Otra cuestión que nos parece de vital importancia para lograr un uso
adecuado de los medicamentos es que la prescripción y la dispensación
se hagan por tratamiento y no por envase. Ésta es una medida
demandada por las organizaciones de consumidores y que el propio
Consejo Económico y Social recomienda en su dictamen sobre el
medicamentazo. A ninguno de nosotros se nos escapa el desperdicio
que se produce de fármacos, por tanto de dinero público, por la
inadaptación de los envases a la duración de los tratamientos.
Finalmente, instamos al Gobierno a que se desarrollen programas
específicos de educación para la salud respecto al uso racional de
los medicamentos. Se trata, señorías, de cambiar la cultura errónea
actual de que a más medicamentos más salud, o a más caro mejor
medicamento, porque el mejor medicamento es el que viene impuesto por
estrictas necesidades terapéuticas, el que se dispensa en las
condiciones debidas, el que se toma en las dosis indicadas, a los
intervalos y durante el tiempo prescrito.
Estamos convencidos de que si esta proposición no de ley es aprobada
por los distintos grupos de esta Cámara no sólo estaremos sentando
las bases para dar tranquilidad a la población sino, como decía
antes, para
enmarcar nuevamente la política de medicamentos en el marco del uso
racional, que es el único aceptable en una política de salud.
Mi grupo es consciente de que corregir errores es asumirlos. No es
fácil hacerlo, pero, señorías, mejor es corregir que seguir errando.
Espero que así lo entienda el Grupo Parlamentario Popular y
especialmente el Gobierno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Novoa.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más viene a esta Cámara un debate sobre el
medicamento. A la vista de las veces que se está debatiendo este
tema, aquí y en la Comisión de Sanidad, aquellos y aquellas de
ustedes que tengan a bien asistir a los debates van a tener un nivel
de información más que considerable sobre un tema complejo.
Hay que constatar una evidencia: que en nuestro país, en las últimas
décadas, no ha habido política del medicamento, no ha existido la
única política legítima del medicamento, la de su uso racional, y la
que partiría de la consideración más obvia, de la intervención de los
poderes públicos para intentar regular uno de los elementos
fundamentales del sistema sanitario, que es el medicamento. Me estoy
refiriendo no sólo al nivel de gasto que origina sino al papel
central que ocupa en el conjunto del sistema sanitario. El gasto
farmacéutico público supone el 75 por ciento del gasto farmacéutico
total. Aquí viene una primera consideración que también parece obvia.
¿Cómo es posible que un sistema público preocupado por el gasto, y
aunque fueran situaciones en las que todo abundara, cómo es posible
que quien ejerce la compra de las tres cuartas partes del consumo de
medicamentos en nuestro país no ejerza ninguna facultad de
monopsonio, es decir, ninguna facultad que permita obtener las
ventajas de quien es un comprador global?
En este momento, quiero llamar su atención acerca de las prioridades
políticas de los gobiernos. ¿Cómo es posible que se considere
aceptable que las Fuerzas Armadas de nuestro país estén comprando
principios activos y estén fabricando medicamentos, vendiéndolos
internamente al 10 por ciento -no un 10 por ciento menos sino al 10 por
ciento del precio de venta al público-, que se considere aceptable en
el marco global del uso de medicamentos de las Fuerzas Armadas y no
se haya contemplado nada parecido para el resto del país? ¿Cómo es
posible, señorías, que en nuestro país no haya ni un solo laboratorio
público que fabrique medicamentos al menos esenciales? Algunas de SS.
SS. dirán que estoy pensando en regímenes pasados y otras épocas.
Señorías, eso ha tenido como consecuencia, hace seis años, que
laboratorios privados que se
rigen por criterios de mercado hayan podido eliminar medicamentos
esenciales del registro porque no eran rentables para sus economías y
que, por lo tanto, el sistema sanitario público y privado no haya
podido estar en disposición de acceder a esos medicamentos. ¿Cómo es
posible, señorías, que cuando han pasado por manos públicas, con
ocasión del asunto Rumasa, laboratorios como Hubber, especializados
entre otras cosas en la fabricación de medicamentos estratégicos como
los hemoderivados, se hayan privatizado a la misma velocidad en la
que cayeron en manos del sistema sanitario, hecho que ha tenido como
consecuencia una dependencia absoluta de nuestro país con respecto
a los hemoderivados, que supone que la sangre y sus derivados, uno de
los principales mecanismos y de más graves consecuencias de
transmisión de enfermedades, han originado temas como el del sida, la
contaminación de los hemofílicos o, mucho más reciente, la
contaminación con la enfermedad de las vacas locas, de Creutzfe ldt-J
akob? ¿Cómo es posible, señorías, que un Gobierno preocupado por el
gasto no contemple los datos que tenemos a disposición todos, y
muchísimo más el Ministerio de Sanidad, que hablan con toda claridad
de una disminución del número de recetas consumidas por personas?
Este dato, que es un hecho que está a disposición de todos los grupos
parlamentarios y de la sociedad, no ha sido óbice para impedir que se
siga culpando a jubilados y pensionistas y a la población en general
por el aumento del gasto sanitario. La razón fundamental por la que
está aumentando el gasto sanitario es por el efecto sustitución de
medicamentos más baratos, perfectamente útiles, por otros que en la
inmensa mayoría de los casos no aportan nada a la calidad de los
tratamientos pero que multiplican su precio por 10 ó 15 veces. Esto
tiene que ver con una situación en la cual la oferta fabricada por
los laboratorios privados, porque no existe otra cosa, sea la que
determine una demanda y sea Farmaindustria y las empresas
multinacional es las que estén condicionando la prescripción en
nuestro país, a través de la presión brutal mantenida y sostenida,
pese a directivas europeas, que hace que los prescriptores receten
aquello que más beneficio económico aporta a las empresas privadas.
Hay directivas, resoluciones, pero la realidad es machacona: el
sistema funciona y la empresa privada destina casi la mitad de sus
gastos, del precio venta al público, a la promoción de medicamentos,
determinando por tanto el consumo de medicamentos en nuestro país. Un
hecho que puede parecer escandaloso: no hay ni un solo congreso
científico en nuestro país que no esté financiado al cien por cien
por laboratorios privados. Eso no solamente condiciona la
prescripción, señorías, sino algo mucho más grave. La información
científica en nuestro país tiene un sesgo estrictamente económico. Se
investiga aquello que los laboratorios están interesados en
investigar; se investiga como mecanismo de introducción de
medicamentos en el mercado y se están realizando falsos ensayos
clínicos, una vez más,
concebidos no como elementos de investigación sobre usos y
prescripciones nuevas de medicamentos, sino como mecanismo de
introducción en el mercado.
Estamos ante un nuevo hecho, que yo no califico - porque es imposible
hacerlo- de política del medicamento, sino de interés del Gobierno
del Partido Popular que de verdad está utilizando mecanismos ya
introducidos anteriormente por gobiernos del Partido Socialista, de
cerrar los ojos ante la enorme maraña de intereses que caracteriza a
la política del medicamento, optando por utilizar la financiación
selectiva del medicamento como un instrumento de recorte de
prestaciones sociales.
Señorías, no me resisto a citar aquí la encuesta que Cáritas señalaba
hace pocos días. Ocho millones y medio de personas en nuestro país,
un quinto de la población, vive con menos de 44.000 pesetas al mes;
el 80 por ciento de esos ocho millones y medio de personas vive con
cantidades que oscilan entre las 22.000 y las 44.000 pesetas al mes.
(El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
La pobreza severa en nuestro país alcanza, entre la pobreza
severa y la absoluta, a casi un millón de personas que están viviendo
con cantidades que oscilan entre las 13.000 y las menos de 13.000
pesetas al mes. Señorías, yo les preguntaría a cada uno de ustedes
cómo califican esta situación y la respuesta la tomo del director del
informe de Cáritas, que decía en la presentación de dicho informe:
Para mayor escarnio de los defensores de las tesis neoliberales, que
defienden que con el incremento de la riqueza disminuye la pobreza,
hay que decir que la pobreza extrema no sólo no ha desaparecido,
sino que sufre un repunte en nuestro país.
Señorías, hay medidas urgentes y necesarias de uso racional del
medicamento, como las que aparecen en la proposición no de ley de
Izquierda Unida, puntuales, posibles, sin grandes transformaciones de
las estructuras productivas de prescripción y de dispensación de
medicamentos. Evidentemente, las medidas hay que tomarlas y
probablemente las medidas siempre lesionen a alguien, pero las únicas
que se le ocurren al Gobierno del Partido Popular son medidas que
afectan, precisamente, a las personas más débiles, con menos recursos
económicos y justamente en el momento en el que están enfermos.
Señorías, hay un clamor, las encuestas del CIS lo dicen y la calle
también, ustedes no han podido convencer a nadie. Un ministro de
Sanidad balbuciente ha comparecido aquí en repetidas ocasiones
intentando convencer de lo imposible: que las políticas que se
plantean con el real decreto de financiación selectiva de
medicamentos tienen algo que ver con el uso racional y que no se
conciben, precisamente, como un instrumento para aumentar los
ingresos del sistema sanitario a costa de los más débiles.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro,
vaya terminando, por favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento solicitando el voto
de SS. SS. para la propuesta que presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. También me permito pedirlo para la proposición no de
ley que presenta el Grupo Socialista y que mi grupo parlamentario va
a votar a favor, congratulándose de que el Grupo Socialista en este
momento, aunque sea desde la oposición, entienda que hay enormes
posibilidades de incidir y que es necesario, además de una
responsabilidad de los poderes públicos, adoptar medidas integrales
de uso racional del medicamento.
La situación en nuestro país no permite medidas de recorte en
prestación social alguna y mucho menos en materia sanitaria o de
medicamentos. Señorías, los niveles de deslegitimación social que se
están alcanzando en nuestro país por vía de las desigualdades
sociales son preocupantes, medidas de recorte de prestaciones
sociales contienen en sí mismas niveles de violencia social. Decía un
gran poeta de nuestro siglo de oro que la miseria tiene cara de
hereje; más allá de consideraciones religiosas, señorías, cuidado con
medidas como éstas y como otras que se han adoptado en los últimos
tiempos, que pueden crear niveles de conflicto social que son
insoportables para quienes están sufriendo situaciones como las que
he descrito.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Maestro. ¿Grupos que desean fijar su posición al respecto? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, las proposiciones no de ley que
hoy discutimos pretenden -y esto es algo que el Bloque Nacionalista
Galego comparte- instar al Gobierno a definir una política adecuada
para un uso racional de los medicamentos por los ciudadanos,
consiguiendo objetivos de ahorro y salud. Desde nuestro punto de vista,
la política del Gobierno en esta materia es más de apariencia que de
realidad. El Ministerio afirma que se camina hacia un uso racional de
los medicamentos, pero en realidad las únicas medidas que aparecen
claramente son las referidas a la disminución del gasto farmacéutico
público, eliminando de la financiación pública un determinado número
de especialidades, pero permitiendo que puedan seguir vendiéndose, y
además con la posibilidad de anunciarse en los medios de comunicación
de masas. El resultado de esta política supondrá un escaso a horro
para las arcas públicas y un incremento en el gasto para muchos
ciudadanos, a quienes, por cierto, se les podrán seguir recetando
estos medicamentos por los facultativos de la Seguridad Social.
En la actualidad, son fundamentalmente los intereses de las grandes
industrias farmacéuticas los que determinan
los contenidos básicos de la política sobre medicamentos. Es
necesario, por tanto, poner en práctica una nueva política racional y
solidaria, que tenga como objetivo básico el bienestar del ciudadano,
es decir, sus intereses de salud y económicos. Es necesaria una
política que suponga el menor gasto posible, sin que esto conlleve
una merma de los derechos de los ciudadanos a recibir una asistencia
sanitaria pública y de calidad. La actual política carece de un norte
claro. En el mercado farmacéutico existe un número de especialidades
a normalmente alto, el gasto farmacéutico es muy elevado y crece año
tras año, sin que los sucesivos gobiernos hayan sido capaces de
contenerlo y racionalizarlo.
Son necesarias medidas, a distintos niveles, para lograr un uso
racional de los medicamentos. Es preciso conseguir un adecuado
funcionamiento de la atención primaria. En demasiados casos, las
condiciones de trabajo de los profesionales de la atención primaria
impiden realizar el mejor uso del medicamento. Es necesaria su
coordinación con la atención especializada y, además, es fundamental
educar sanitariamente a la población; y digo educar sanitariamente y
no gastar recursos, como se hace en absurdas campañas publicitarias.
Se deben tomar también medidas para disminuir la presión de la
industria sobre los profesionales de la medicina, que en demasiados
casos están condicionados por las directrices e información que las
industrias facilitan sobre los productos. Es necesaria una mayor
formación de los médicos en materia de medicamentos, que conduzca a
prescribir, cuando éstos estén indicados, los más baratos a igualdad de
eficacia y a usar los de eficacia probada. Es necesario también
implantar los p recios de referencia, tal y como se hace en otros
países, financiando los más baratos entre aquéllos que tengan
idénticos principios activos y la composición adecuada, fomentar el
uso de los medicamentos genéricos e implantar una política de envases
que se ajuste a las necesidades del tratamiento. Además, es evidente
que deben retirarse del mercado todos aquellos medicamentos que
tengan eficacia nula o no demostrada y hacerlo periódicamente, como
se propone en una de las proposiciones no de ley. Y todo esto debe
acompañarse de una reducción en los beneficios de la cadena de
producción y distribución, que es perfectamente posible sin poner
para nada en riesgo su viabilidad económica. Todas estas medidas
conseguirían un notable ahorro en el gasto derivado de la
financiación pública de los medicamentos y también en el gasto
privado, pero en ningún caso la vía de ahorro debe venir por la
retirada de medicamentos útiles de la financiación pública.
En consecuencia, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar con
nuestro voto las proposiciones no de ley que se presentan, en la
seguridad de que proponen medidas -sin duda interesantes- para
avanzar en un uso racional de los medicamentos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Vázquez.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
En nombre del Partido Democrático de la Nueva Izquierda y de
Iniciativa per Catalunya queremos decir que vamos a apoyar ambas
resoluciones. Las proposiciones que nos hacen, tanto desde el Grupo
Socialista como desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, nos parece que suponen un avance importante después de la
experiencia que hemos tenido los ciudadanos de nuestro país. Creo que
cuando el ministro de Sanidad nos quiso hacer ver a todos los
ciudadanos -incluido este Parlamento, como ya se ha destacado- lo
racional que era hacer el real decreto de sustitución de determinados
fármacos por su inutilidad, por su inoperabilidad, y la necesidad,
sin embargo, de que sean prescritos con otra receta porque la gente
ya tiene cierta, digamos, adicción a todos esos medicamentos
y convenía que los médicos pudieran recetarlos, nos pareció que era
como si a los ciudadanos españoles se nos considerara un poco tontos
en este proceso. Porque si hay que racionalizar, todos sabemos
racionalizar -racionalizar es intentar buscar lo mejor para todos-, y
eso no lo busca sólo el Partido Popular. Lo tendremos que buscar
todas las personas, los ciudadanos y los que estamos aquí
representándolos, mediante unas ideas que de verdad valgan para
conseguirlo y no en unas ideas hechas casi a oscuras, con la industria
farmacéutica,
con las multinacionales y no con los sectores afectados. Creo que se
está reconviniendo el proceso, que se está llevando por otros cauces
y que la protesta de los ciudadanos ha hecho ver estas necesidades, y
creo que son propuestas muy reiteradas, porque la señora Maestro ha
pedido en muchas ocasiones los envases de menos cantidades y los
genéricos, pero se impone empezar a hablar en otros términos, no para
lanzar reproches sino para decir cómo queremos tirar para adelante.
Creo que somos un gran grupo de presión, que casi todos los
ciudadanos españoles consumimos a través de la Seguridad Social, por
lo que tenemos ventajas si actuamos juntos, podemos presionar para no
tener que someternos a las multinacionales de la farmacia. Si
exigimos lo mejor, tendremos que estar con los mejores especialistas
para determinar cuáles son los medicamentos útiles y que no los haga
útiles un acuerdo con la industria farmacéutica.
Estas proposiciones nos parecen de trabajo conjunto. Las vamos a
apoyar sabiendo que de aquí se puede generar una racionalización útil
para los ciudadanos y no sólo para la industria farmacéutica por
cualquier medio, y aunque no compartamos algunas afirmaciones en el
sentido de que es verdad que hoy la investigación de fármacos ha
sufrido un gran avance, que hay gran cantidad de fármacos, esto tiene
que ir muy ligado a una utilidad a la población, y esa utilidad tiene
que llegar
por el precio, por los envases, por los genéricos, pero también
por una investigación potenciada desde el Estado, porque si no, como
diría la señora Maestro, la información de los medicamentos
funcionaría a través de las multinacionales. Creo que hay muchísimos
médicos, científicos e investigadores de nuestro país al servicio de
la ciudadanía que no reciben mucha ayuda oficial, y por eso tienen
que recibir ayuda privada, lo que nos permitiría no sólo racionalizar
sino, sin perjudicar a los más necesitados de nuestro país, lograr un
gran ahorro de los que pueden ahorrar y no causarles un gran
perjuicio a aquellos que tienen necesidad de consumir lo mejor.
Por eso vamos a apoyar las dos resoluciones. Creo que trabajando
juntos en temas como la sanidad, que no pertenece a ningún gobierno,
que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas españolas,
trabajando juntos vamos a lograr racionalizar lo que todos deseamos:
que sea lo más barato para el Estado y lo más útil para los
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Almeida.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en estos días de verdadera inflación legislativa -y no
quisiera utilizar la expresión de incontinencia legislativa, pues
estamos en una materia sanitaria-, se nos presentan dos proposiciones
no de ley s obre racionalización del gasto farmacéutico, tema
altamente tratado y trillado, como se ha reconocido en anteriores
intervenciones, proposiciones -y lo digo con todo el respeto y
consideración que me merecen sus firmantes, las dos excelentísimas
diputadas, doña Ángeles Amador y doña Ángeles Maestro, del PSOE y de
Izquierda Unida, respectivamente- que parecen nacidas desde una
obsesiva reiteración sobre un tema que ya ha merecido ríos de tinta,
debates parlamentarios, sin quitar un ápice a su importancia, y que
ha m erecido acuerdos gubernamentales, acuerdos con Farmaindustria
y decisiones de reducción de márgenes, tanto a las farmacias como de
almacenamiento de los productos farmacéuticos. Nos estamos refiriendo
al llamado medicamentazo, que ha traído el rechazo de dos comunidades
autónomas, de unos pocos municipios castellanos y catalanes, pero que
conforma un conjunto de medidas que no son innovadoras del actual
Gobierno, sino que se vienen adoptando desde hace muchos años.
Nosotros sabemos muy bien y lamentamos en su día, el abandono que
hicieron tan distinguidas diputadas de la subcomisión de Sanidad y lo
manifestamos con tristeza. Sus aportaciones son siempre valiosas, así
como su preparación y la seriedad de sus aportaciones y creo que aquel
momento fue el ideal para haber tratado en
un ambiente de diálogo, de discusión, en un ambiente como el de la
subcomisión temas importantísimos, y nos vimos sin tener la suerte y
honor de tan magníficas opiniones. Esas opiniones que se traen hoy en
las dos proposiciones no de ley con ocho puntos, por un lado, del
PSOE y cuatro de Izquierda Unida, son temas que se trataron en la
subcomisión para la modernización y racionalización del Sistema
Nacional de Salud y que se están tratando con medidas que está
adoptando el Gobierno y las siete comunidades autónomas que tienen
transferencias realizadas y con las que se pretenden adoptar en un
futuro.
Aquí se ha hablado casi de la nacionalización de las farmacias o de
la siembra de una alarma impresionante. Deberíamos tener un poco de
mesura y prudencia, máxime cuando estamos celebrando el Centenario de
Carlos V y Felipe II. No sé cual de ellos dijo: sosegáos, sosegáos.
Eso es lo que hace falta en la vida parlamentaria española: sosiego.
Y como dicen los americanos y perdonen por citarlos: stop and go,
parar y seguir, pero no hay que sembrar esta incertidumbre, esta
alarma, porque tenemos un bien magnífico que no es obra del actual
Gobierno, sino del anterior, el Estado del bienestar que tenemos que
respetar, y ello supone sembrar tranquilidad, felicidad y optimismo a
todos los ciudadanos.
Coalición Canaria va a votar no a estas dos iniciativas
parlamentarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se nos presentan en este momento dos
proposiciones no de ley que entendemos han quedado obsoletas en
cierta medida, dado que se trata de iniciativas presentadas ya hace
algún tiempo en el que la batalla del medicamentazo estaba en plena
efervescencia. Desde entonces han sucedido algunas cosas, entre ellas
el acuerdo suscrito con Farmaindustria, a cuya denuncia y
modificación se dirigen algunos puntos de la proposición presentada.
La posición del Grupo Parlamentario Vasco, tanto en este Congreso,
mantenida inicialmente desde la Comisión de Sanidad, como también al
frente de su responsabilidad en el departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco, es colaborar en la racionalización del consumo
farmacéutico y no solamente en la mera participación de medidas de
ahorro. Estamos pues a favor de un proceso de racionalización de la
prestación farmacéutica y ello en la medida que favorece la salud de
los ciudadanos. En todo caso, y también lo hemos dicho, entendemos
que la financiación selectiva debe ir acompañada de medidas
complementarias.
En cuanto a las proposiciones que tenemos delante, respecto de la del
Grupo Socialista nuestra posición es
la siguiente. Por lo que se refiere al punto 1, lo vemos
favorablemente, ya que compartimos este criterio, criterio que fue
recogido también en una proposición no de ley del Parlamento vasco.
Valoramos negativamente el punto 2, dado que la Comisión para el uso
racional del medicamento ya se ha reunido y ha emitido el
correspondiente informe que recoge plenamente nuestra postura en esta
materia. El punto 3 también lo valoramos negativamente, teniendo en
cuenta que las recetas blancas fueron introducidas por el Gobierno
socialista con ocasión del medicamentazo de 1993 y, además, forma
parte del acuerdo suscrito con Farmaindustria. Tampoco vemos
positivamente el punto 4, puesto que la vinculación que pretenden
anular está también recogida en el acuerdo en el sentido de que se
descuenten los beneficios obtenidos por la introducción de genéricos
de la compensación anual a que se obliga a Farmaindustria. El punto 5
también lo valoramos negativamente pues la liberación de los precios
de los medicamentos no financiados por el Servicio Nacional de Salud
también forma parte del acuerdo con Farmaindustria. El punto 6 lo
vemos positivamente puesto que compartimos el criterio propuesto en
la introducción en el Servicio Nacional de Salud de los precios de
referencia. Así, vemos también positivamente el punto 7, dado que la
introducción de tal medida incidiría muy favorablemente en la
correcta utilización de los medicamentos, ya que el paciente
únicamente compraría las unidades que el médico le prescribiese. En
conjunto, no podemos apoyar esta proposición que, utilizando quizá
términos futbolísticos, nuestra valoración sería de cinco a tres,
respecto a lo que se plantea en esta proposición.
En cuanto a la propuesta de Izquierda Unida, el punto 1 lo vemos
negativamente porque, aunque el tema pueda parecer interesante, la
realidad es que lo que piden no se puede hacer en el plazo señalado y
en todo caso habría que acordarlo previamente con las partes
interesadas. El punto 2 en alguna medida nos parece indiferente
puesto que en todo caso la Ley del Medicamento en su artículo 26, de
suspensión y revocación, ya regula cuando la autorización de un
medicamento debe suspenderse o revocarse definitivamente. El punto 3
lo veríamos positivo puesto que las razones son las mismas que las
que he citado al hablar del punto 7 de la proposición del Grupo
Socialista. El punto 4 lo vemos negativamente puesto que la Ley del
Medicamento contempla las especialidades farmacéuticas publicitarias,
que son precisamente aquellas que no son financiadas por el Servicio
Nacional de la Salud. La prohibición de publicidad de tales
medicamentos llevaría simple y llanamente a su desaparición, cuestión
esta no deseable ya que el hecho de no ser financiadas no significa
que no tengan una cierta utilidad. En resumen, tampoco vamos a apoyar
esta segunda proposición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Voy a exponer la posición de mi grupo parlamentario sobre las dos
proposiciones no de ley, la del Grupo Socialista y la del Grupo de
Izquierda Unida, y lo voy a hacer desde el punto de vista de
potenciar aquello en l o que coincidimos y pasar por alto aquello en
lo que discrepamos. ¿Por qué? Porque mi grupo parlamentario,
señorías, insiste -esta es una nueva ocasión- en que si queremos, si
somos capaces, podemos encontrar muchos puntos de acuerdo.
En la proposición no de ley del grupo socialista coincidimos
básicamente, con pequeños matices, desde el punto 4 al 8. En el punto
4 insta al Gobierno a abordar decididamente la política de extensión
de medicamentos genéricos sin vincular sus efectos a la reducción del
gasto público, a las aportaciones económicas de Farmaindustria.
Estamos de acuerdo en este planteamiento pero matizamos que el
acuerdo firmado con Farmaindustria sólo contempla esta deducción
cuando las aportaciones realizadas y el impacto de la financiación
selectiva fuese superior a los 65.000 millones de pesetas
establecidos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Nos parece también correcto el punto 5, siempre que se
tenga presente el punto de vista de Farmaindustria para ser capaces de
encontrar un equilibrio necesario que garantice la competitividad del
sector y su proyección futura. En el punto 6 insta al Gobierno a
implantar los precios de referencia, totalmente de acuerdo, con la
salvedad de que quizá no siempre el precio de referencia deba ser el
más barato. El punto 7 establece sistemas de prescripción y
dispensación por tratamientos y no por envases comerciales. Esta es
una opción que tiene pros y contras. Lo hemos discutido varias veces
en la propia Comisión. Mi grupo parlamentario cree que hay que
avanzar en la revisión de las presentaciones de las especialidades
farmacéuticas existentes en el mercado y registradas con una cierta
antigüedad, para comprobar que se adecuan las dosis necesarias para
el tratamiento de la indicación principal de cada especialidad
farmacéutica. En cuanto al punto 8 evidentemente ninguna objeción.
Totalmente de acuerdo, tan de acuerdo que en Cataluña se está diseñando
un programa general de educación sanitaria s obre medicamentos que
contemplará incluso actuaciones específicas en las escuelas.
La proposición de Izquierda Unida contempla cuatro aspectos de los
que también en su mayoría compartimos los planteamientos. En el punto
1 habla de activar el programa de revisión selectiva de medicamentos.
En el año 1983, la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo inició el programa
selectivo de revisión de medicamentos, el Prosereme, con el objetivo
de revisar de forma gradual la oferta de medicamentos, de acuerdo con
las prioridades sanitarias, para conseguir que los medicamentos
disponibles tengan eficacia demostrada y una
relación beneficio/riesgo favorable. En las diferentes fases de este
programa desarrolladas hasta ahora se han retirado ya del mercado, o
bien se han adecuado a la formulación, la mayoría de especialidades
farmacéuticas que presentaban una relación beneficio/riesgo
desfavorable. El punto 2 señala revisar cada cinco años el registro
de medicamentos con el objeto de eliminar los ineficaces u obsoletos.
Actualmente se está llevando a cabo esta revalidación en el registro
de todas las especialidades farmacéuticas. Esta revalidación se
realiza cada cinco años para la mayoría de las especialidades y cada
tres años para determinados medicamentos como las vacunas.
El punto 3 pretende obligar a los ajustes de los envases. Eterno
tema, señora Maestro, tiene usted razón. Nuestro grupo opina que la
adecuación de las presentaciones de las especialidades farmacéuticas,
de forma que sus envases contengan el número de unidades
estrictamente necesarias para los tratamientos de las indicaciones
autorizadas, es una propuesta válida, que permitiría evitar los
excedentes de medicamentos una vez finalizado el tratamiento. Esto
posibilitaría una mejora de la relación coste/beneficio de los
tratamientos, con su correspondiente efecto racionalizador del gasto
farmacéutico. Por otra parte, supondría una disminución del número de
medicamentos sobrantes en los botiquines de los particulares, lo que
supondría un a horro considerable, si tenemos en cuenta que la mayoría
de estos sobrantes acaban caducando y/o tirándose. Por otra parte,
disminuiría el riesgo de automedicación con estos medicamentos y/o de
intoxicación por una mala utilización, problemas de conservación y
caducidad. En este sentido nos consta que la Dirección General de
Productos Farmacéuticos ha iniciado un programa de revisión de las
presentaciones de las especialidades farmacéuticas para su adecuación
al tratamiento de su indicación principal.
Punto 4. En este punto, señora Maestro, sí que discrepamos. La
publicidad de los medicamentos en el Estado español viene regulada
actualmente por el Real Decreto 1416/1994, de acuerdo con la Ley 14/
1986, General de Sanidad, y la Ley 25/1990. Este real decreto
incorpora al ordenamiento jurídico del Estado español la normativa
europea sobre publicidad de medicamentos, recogida en la directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas, Directiva 92/28 de la
Comunidad Económica Europea. En todas estas normativas citadas se
p revé la posibilidad de realizar publicidad dirigida al público de
determinados medicamentos. Estos medicamentos deben cumplir unos
determinados requisitos y ser autorizados como tales especialidades
farmacéuticas publicitarias por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Además, cualquier publicidad de alguno de estos medicamentos requiere
de su autorización previa por la autoridad sanitaria competente
-Ministerio de Sanidad y Consumo o comunidades autónomas- en función
del grado de difusión del anuncio publicitario. De a cuerdo con todo
ello, pensamos que este punto 4 de su propuesta de ninguna manera
podríamos apoyarlo.
Se preguntarán, señorías, si después de expresar la posición de
nuestro grupo parlamentario pensamos votar a favor alguna de sus
propuestas. Pues no. No vamos a votar a favor ninguna de sus
propuestas. ¿Por qué? Dejen que lo argumente: Mi grupo parlamentario
va a votar en contra, y no con otro sentido, o dicho de otra manera,
o únicamente con el sentido de no utilizar la política sanitaria como
instrumento de confrontación entre el Gobierno y los partidos de la
oposición. Hemos manifestado reiteradamente nuestro convencimiento de
que en materia sanitaria habría que primar el consenso, dar todos
aquellos pasos que nos permitan sentar las bases en los acuerdos y
dialogar en los desacuerdos. Ésta ha sido y seguirá siendo la
postura de mi grupo parlamentario.
Señorías del partido del Gobierno y de la oposición, de ustedes
depende que la política sanitaria en general dé un salto cualitativo
importante que nos permita afrontar en las mejores condiciones los
retos del siglo
XXI en política sanitaria, y de ustedes también depende que,
enzarzados en la confrontación, perdamos el tren que pasa ahora por
la estación de la oportunidad de acordar las bases de un nuevo marco
que aminore los problemas presentes y prevea y afronte los del futuro
, que ya son los de hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calpe
Saera.
El señor CALPE SAERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en el debate de dos proposiciones no de ley
presentadas por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y
Socialista, sobre comercialización y consumo racionalizado de los
medicamentos la del primero y sobre política de uso racional del
medicamento la del segundo.
Lo primero que llama la atención de la presentación de estas dos
proposiciones no de ley que hoy se discuten es que están
reproduciendo el contenido de otros debates, en concreto de sendas
mociones presentadas por cada uno de los grupos, y que están
sometiendo a votación medidas que ya se sometieron a votación en las
propuestas de resolución que el Grupo Socialista formuló tras el
debate sobre el estado de la Nación. Por tanto, se recoge la
impresión de que se pretende más seguir armando ruido sobre estas
cuestiones que contribuir, como decía la portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra, a serenar los ánimos y a hacer una
política auténticamente constructiva sobre el uso del medicamento.
En cualquier caso, nuestro grupo, ya lo anticipa, como es obvio, va a
votar que no a ambas proposiciones de no de ley y, por cortesía,
vamos a analizar brevemente los puntos que se nos someten a votación,
para explicar este voto.
En cuanto a la proposición no de ley de Izquierda Unida, los dos
primeros puntos, que están íntimamente relacionados, que hablan de la
activación del programa selectivo de registro de medicamentos para
que, en el plazo de dos años, desaparezcan aquellos que se
consideren inapropiados u obsoletos o para garantizar que cada cinco
años se revise la autorización correspondiente, eliminando fármacos
injustificados u obsoletos por los avances científicos, entendemos
que son absolutamente innecesarios, puesto que ya se está actuando en
este sentido, precisamente en aplicación del Decreto 2000/1995, de 6
de diciembre, aprobado por el Gobierno anterior. Gracias a las
actuaciones que se están realizando y al proceso continuo y permanente
de revisión, se están retirando especialidades, se han anulado
formatos, se han producido cambios de composición y se han modificado
indicaciones.
El tercer punto de esta proposición, íntimamente relacionado con el
séptimo de la proposición socialista, en definitiva lo que plantea es
que las empresas farmacéuticas presenten en el mercado envases que
contengan el número de unidades necesario para los tratamientos para
cuyas indicaciones fueron registrados. Precisamente la posología y la
duración del tratamiento son cuestiones que se tienen en cuenta al
autorizar el registro, de manera que los formatos existentes ya se
autorizan en función de esos criterios. En cualquier caso, si es
necesaria la revisión, como se ha dicho al comentar los dos puntos
anteriores, con el plan quinquenal se va haciendo. Por tanto, también
parece un punto innecesario.
Finalmente, la solicitud de que se modifique la normativa actual, con
objeto de prohibir la publicidad en medios de comunicación de masas
de los medicamentos registrados, nos parece absolutamente inadecuada,
en primer lugar, porque la publicidad está prevista en nuestra
legislación, en las leyes básicas, en la Ley General de Sanidad y en
la Ley del Medicamento, y también por una directiva de la Comunidad
Económica Europea que fue traspuesta ya por el Real Decreto 1416/
1994. La publicidad que va dirigida al público requiere una serie de
garantías que exige la legislación y que se están atendiendo y, por
tanto, parece innecesario suprimir esta publicidad. Por otra parte,
hay que recordar que las especialidades publicitarias son en España
de venta exclusiva en farmacias y que los adquirentes de ellas tienen
a su alcance el consejo profesional, con lo que no parece que ese
riesgo que la publicidad entraña, según la proponente, sea tal.
De la proposición del Grupo Socialista, he de indicar que llama la
atención, primero, que incluya varias medidas porque parece que el
Gobierno muestre pasividad respecto a ciertas cosas que se están
haciendo, tales como la introducción de medicamentos genéricos o de
precios de referencia, cuando es todo lo contrario. Es precisamente
este Gobierno el que ha dado los pasos adecuados para que esas
medidas se puedan introducir. Segundo, en la exposición hecha de la
proposición no de ley se ha hablado de que se está preparando
un real decreto de retirada de medicamentos por criterios meramente
economicistas y sembrando dudas s obre la calidad, seguridad y
eficacia. No sé hasta qué punto tales dudas no las siembran
proposiciones como las que aquí se presentan y tampoco sé en qué se
diferencian los criterios del decreto que ahora está en proyecto de
los del que se aprobó en el año 1993. De todas formas, no es, como ha
dicho la portavoz socialista, que el Gobierno se haya corregido a sí
mismo. Para corregirse a sí mismo, nadie como el Grupo Socialista en
el primer punto de su proposición. Es sorprendente que el grupo que
apoyó con sus votos la aprobación de la disposición adicional quinta
de la Ley General de Sanidad, o del artículo 97 de la Ley del
Medicamento, o que apoyó al Gobierno que aprobó el Real Decreto 83/
1993, que en definitiva son los que permiten la separación del
registro de la financiación y que se excluyan determinadas
especialidades farmacéuticas de la financiación pública, venga ahora
pidiendo que se
financien públicamente todas las especialidades.
La convocatoria de la Comisión para el uso racional del medicamento,
que es la segunda de las medidas de la proposición no de ley, como se
ha dicho, se ha producido ya. La Comisión se reunió el día 28 de mayo
de 1998. De todas formas, sería interesante decir que, lejos de haber
una pasividad por parte del Gobierno del Partido Popular, habiéndose
iniciado el proceso para la elaboración del decreto en febrero del
presente año, en el mes de mayo se ha reunido ya esta Comisión. En el
decreto anterior se empezó la elaboración en febrero del año 1992 y
la Comisión no se reunió hasta el mes de noviembre.
Es tendenciosa o maliciosa la presentación de la tercera medida,
instando al desistimiento de la nueva receta del Servicio Nacional de
Salud para la prescripción de las especialidades no financiadas. Y
digo que es maliciosa porque ya se ha dicho también que tal receta ya
existía y, por tanto, de nueva no tiene nada. Lo que ocurre es que
hay grupos que se corrigen a sí mismos y que, después de haber
introducido la receta, ahora quieren que se desista de su uso.
La cuarta y la sexta medida nos instan a abordar definitivamente una
política de extensión de medicamentos genéricos y a cumplir el
compromiso de implantar precios de referencia. Ya he dicho que el
Gobierno del Partido Popular es precisamente quien más ha hecho en
este sentido. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha
modificado la Ley del Medicamento para definir las especialidades
farmacéuticas genéricas y para introducir los precios de referencia. Y
es el Gobierno del Partido Popular el que, pese a que la introducción
de los medicamentos genéricos depende de que la industria solicite
los oportunos registros, más ha trabajado en este sentido y a fecha
de hoy ya hay 128 especialidades genéricas autorizadas y 28 tienen el
informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación de
Medicamentos. Por tanto, no parece utópico pensar que a finales de
año puede haber 200 especialidades genéricas autorizadas.
En cuanto a la ampliación del compromiso de implantar precios de
referencia, el director general de Farmacia, en la Comisión de Sanidad,
el pasado 24 de abril, ya anunció que se va a elaborar en breve un re
al decreto y que para finales de año puede estar aprobado. Ello
permitirá que los precios de referencia sean una realidad y se puedan
aplicar, aunque para ello existan dificultades que se van venciendo,
como la necesidad de que exista un conjunto homogéneo de
especialidades farmacéuticas con la misma composición cualitativa y
cuantitativa, forma farmacéutica, formato, dosis y vía de
administración, y que al menos exista en cada grupo una especialidad
farmacéutica genérica.
Se nos solicita también, en el punto quinto, que se desvincule el
régimen de precios de los medicamentos excluidos de la financiación
pública de las compensaciones económicas de la industria
farmacéutica. Esto es tendencioso, porque la liberalización de los
precios que se recoge en la Ley 66/1997 es una medida pensada con
anterioridad al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
de 27 de noviembre de 1977, que dio lugar al posterior acuerdo con
Farmaindustria. Si esto es una realidad de la Ley 66/1997, que se
presentó ante esta Cámara en el mes de septiembre y cuya elaboración es
muy anterior, está claro que tal liberalización nada tiene que ver
con los acuerdos de Farmaindustria. Pretender lo contrario es
pretender tendenciosamente decir que el Gobierno está claudicando ante
las pretensiones de Farmaindustria, cuando, lejos de ser esa la
realidad,lo cierto es que el Gobierno ha logrado un ventajoso acuerdo
con Farmaindustria para que ésta colabore en la financiación del sistema
público.
Me voy a referir a los dos últimos puntos. Que se establezcan
sistemas de prescripción y dispensación de tratamientos por envases
comerciales, no voy a comentarlo, porque ya se ha hecho al hablar de
la proposición de Izquierda Unida. Y que se aborden programas
específicos de educación para la salud de la población respecto al
uso racional de los medicamentos es una cosa con la que estamos de
acuerdo y que de hecho el Gobierno ya está haciendo. Existe un
protocolo firmado entre el Ministerio de Sanidad y los de Educación y
Cultura e Interior para desarrollar medidas en este sentido y el
Insalud en su territorio está impulsando actuaciones en el ámbito de
las gerencias de atención primaria y de las áreas de salud
precisamente para educar en el uso del medicamento.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando,
por favor, señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Termino enseguida, señor p residente.
Considerando que ambas proposiciones no de ley son innecesarias por
estar en la línea en que está actuando el Gobierno y porque, en
definitiva, si algún gobierno ha hecho algo por impulsar el uso
racional del medicamento ese es el actual Gobierno del Partido
Popular, introduciendo una serie de medidas legislativas y
administrativas desconocidas hasta que se introdujeron en esta
legislatura en nuestro Derecho, vamos a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Calpe.
Se va a proceder a la votación de ambas proposiciones no de ley. (Las
señoras Novoa Carcacia y Maestro Martín piden la palabra.)
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Quiero solicitar votación separada de todos
y cada uno de los puntos.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Así se hará.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Después de un debate en el que se han podido observar coincidencias
importantes, parece oportuno que también en el caso de la proposición
no de ley de Izquierda Unida se produzca la votación de esa manera.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Maestro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las dos proposiciones no de ley que se han
debatido acumuladamente y en las que los grupos intervinientes han
solicitado la votación separada, no solamente -como es por lo demás
reglamentario- de las dos proposiciones, sino de cada uno de sus
puntos. En consecuencia, votaremos en primer lugar los ocho puntos,
uno a uno, de la proposición no de ley del Grupo Socialista y a
continuación los cuatro, también separadamente, de la proposición del
Grupo de Izquierda Unida.
Comienzan, por tanto, las votaciones correspondientes a la
proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre política de uso
racional del medicamento. Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 130; en contra, 152; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1.
Se somete a votación el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 128; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 130; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 125; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se somete a votación el punto 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 127; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 6 de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 132; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 130; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, el punto 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 144; en contra, 140; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 8 y último de la
proposición no de ley del Grupo Socialista. (Aplausos.) Comenzamos
las votaciones de los diversos puntos constitutivos de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
comercialización y consumo racionalizado de los medicamentos.
Se somete a votación el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 126; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 126; en contra, 155; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 2.
Votación sobre el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 131; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, respecto de esta proposición, se somete a votación el
punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 127; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también el punto 4 y, con ello,
todos los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES.
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR LA SITUACIÓN DE
LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN FUERA, ASÍ COMO LA DE LOS INMIGRANTES Y
REFUGIADOS QUE HAN LLEGADO A NUESTRO PAÍS; CONOCER A FONDO SUS
NECESIDADES Y REIVINDICACIONES PRIORITARIAS; PROPONER LAS MEDIDAS
-LEGALES Y SOCIALES- QUE SEA CONVENIENTE ADOPTAR PARA CONSEGUIR
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES. (Número de expediente 154/
000008)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden día. A cuerdo de la
Comisión de Política Social y Empleo por el que se aprueba el informe
de la subcomisión para estudiar la situación de los españoles que
viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han
llegado a nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y
reivindicaciones prioritarias; proponer las medidas legales y
sociales que sea conveniente adoptar para conseguir solucionar los
problemas existentes.
Para la presentación, en nombre de la Comisión, tiene la palabra el
señor Azpiroz. (Rumores.) Silencio, señorías, que va a comenzar el
señor Azpiroz .
¡Silencio, señorías! Don Feliciano, por favor, silencio. Señor
Rupérez y compañía, silencio. Señores Rupérez, Izquierdo, Michavila,
señora Alborch, señor Fuentes, señor Núñez. Silencio, señorías, por
favor.
Adelante, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna
mandatado por la Mesa y portavoces de la Comisión de Política Social
y Empleo a exponer el a cuerdo de la Comisión aprobatorio del informe
de la subcomisión para estudiar la situación de los españoles que
viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han
llegado a nuestro país, conocer a fondo sus necesidades y
reivindicaciones prioritarias y proponer las medidas legales y
sociales que es conveniente adoptar para conseguir solucionar los
problemas existentes.
Tengo, por tanto, el honor de presentar este informe, que es
consecuencia del acuerdo del Pleno de esta Cámara de hace ya dos
años, del día 25 de junio de 1996, por el que se acordó la creación
de la subcomisión con motivo del debate de una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista. No han sido, señor presidente,
dos años vanos ni en el trabajo ni tampoco en sus resultados, como a
continuación vamos a poder ver. Se han producido a lo largo de este
período treinta y seis comparecencias, en casi veinte reuniones, de
altos cargos de la Administración, representantes de organizaciones
sociales, expertos y personalidades de reconocido prestigio en la
materia, miembros de Cáritas, de la Cruz Roja, de fundaciones, de
sindicatos, de la universidad y de la Administración pública, sin
cuyo concurso y aportación no hubiera sido posible este informe. Vaya
nuestro sincero reconocimiento, nuestro agradecimiento y felicitación
a su labor, que formulo en nombre de mis compañeros de la subcomisión
y también en el mío propio. Públicamente queremos dejar constancia
de este agradecimiento y felicitación en el 'Diario de Sesiones'.
Asimismo, se ha recabado y obtenido importante y abundante
documentación, tanto de los propios comparecientes cuanto de
instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización Internacional de Emigración, Cires, Cipie, etcétera, la
solicitada al Consejo General de la Emigración, a los consejos de
residentes españoles y la relativa a la valoración y seguimiento
sobre la aplicación del reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/
1985.
Por fin, en fecha 21 de mayo de 1997 varios miembros de la
subcomisión acudieron y participaron en el pleno del Consejo General
de la Emigración, participación que con el carácter de
intrainstitucional o interinstitucional se ha producido por primera
vez, razón por la cual creo que es justo resaltar este carácter de
participación en el pleno al que me he referido. Acudieron el 21 de
noviembre a la ciudad de Melilla y los días 1 y 2 de marzo a la de
Ceuta, manteniendo numerosas reuniones
y pudiendo conocer in situ la problemática del colectivo de
inmigrantes subsaharianos y argelinos.
Esta subcomisión, señor presidente, ha sido un órgano político y
plural, al estar representados la totalidad de los grupos
parlamentarios de esta Cámara. En consecuencia, el informe que ha
emitido es un documento que refleja esta pluralidad propia de un
Parlamento democrático y cuya finalidad es, a la vista de la realidad
de los emigrantes españoles y de los inmigrantes que viven en nuestro
país, proponer soluciones que permitan mejorar su situación jurídica,
económica y social. Básicamente, el informe se compone de cuatro
partes. La primera se dedica a la situación de los emigrantes
españoles residentes en el extranjero, cuestión con la que la
subcomisión ha mostrado a lo largo de sus trabajos una especial
sensibilidad. En esta parte del documento se realiza una descripción
histórica sobre la evolución de nuestra emigración, así como un
planteamiento de la situación jurídica y social de este colectivo de
1.200.000 personas aproximadamente en estos momentos. La segunda
parte estudia la problemática de la inmigración en nuestro país,
haciéndose una amplia descripción sobre la situación de los
inmigrantes y unas consideraciones de carácter general sobre este
problema que todavía no ha adquirido en España un carácter preocupante,
pero que ya afecta a más de seiscientas mil personas. La tercera
parte analiza el problema de los refugiados y asilados,
describiéndose su situación en el mundo y su incidencia en nuestro
país. La cuarta y última parte del informe se refiere al problema del
racismo y la xenofobia en España, analizándose igualmente l a enorme
actividad, consecuente a la celebración en 1997 del año europeo
contra el racismo y la xenofobia.
Las cuatro partes del informe contienen las propuestas de la
subcomisión al Gobierno de la nación, a las comunidades autónomas, a
las administraciones locales y a las administraciones públicas y
privadas, y constituyen una relevante y extraordinaria aportación
que, sin duda ninguna, señor presidente, se traducirá necesariamente
en los próximos años en una importante labor política y legislativa
en tan fundamentales materias como son las abordadas en el informe.
Convencido de que los portavoces de los grupos parlamentarios, que a
continuación intervendrán como autores del informe, ahondarán en esta
cuestión, tan sólo citaré a titulo de ejemplo alguna de las
interesantes propuestas planteadas dentro de una amplísima batería, que
llega prácticamente al centenar, de iniciativas propuestas. Así, se
solicita la elaboración de una ley de nacionalidad, la modificación
de la Ley Orgánica s obre Régimen Electoral General, la sugerente
consideración de que, si se aborda la reforma constitucional del
Senado, se estudie crear la figura del senador en representación de
los emigrantes, la modificación de la Ley de extranjería, la
impulsión de un pacto social por la integración o, entre otras
muchas, la configuración del observatorio español del racismo y la
xenofobia.
Como he dicho, queda un amplio trabajo parlamentario a desarrollar en
el futuro.
Pues bien, señor presidente, señorías, a la importancia y rigor del
informe de la subcomisión y a sus propuestas hay que añadirle el
valor político que implica su aprobación por unanimidad, que se
produjo en la sesión de la Comisión de Política Social y Empleo del
pasado 28 de abril. Valor político que estoy seguro de que hoy aquí
se mantendrá, porque, aun cuando ha sido conocido el mantenimiento de
unos votos particulares de los Grupos Mixto y de Izquierda Unida, a
la vista del informe final de la subcomisión, estoy convencido de que
volverá a tener aquí el apoyo unánime que concitó en su tramite en
Comisión y del cual ahora estoy dando cuenta.
La situación de nuestros conciudadanos que por diversas causas viven
fuera, la de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro
país, la lucha contra el racismo y la xenofobia, es decir, contra la
intolerancia, la incomprensión, el odio y la violencia contra los
colectivos más desprotegidos, requerían un trabajo como el de la
subcomisión y un informe como el que he tenido el honor de presentar.
Concluyo, señor presidente, felicitando, desde la libertad y
objetividad que da el no haber sido autor del informe, a mis
compañeros miembros de la subcomisión, a su presidente y al letrado
de la misma, porque han desarrollado un magnífico trabajo y han
demostrado una enorme sensibilidad; felicitación extensible en el día
de hoy a toda la Cámara por el importante trabajo parlamentario que
se le presenta y que ahora aborda, cuyos positivos frutos en favor de
nuestros inmigrantes, de los emigrantes y de los asilados, en
definitiva, en pro de la justicia y de la dignidad humana o, lo que
es lo mismo a estos efectos, de la paz y la convivencia, pronto se
verán.
Así quería que constara, señor presidente, y por ello así lo he
expuesto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.) El Grupo Mixto tiene dos peticiones de palabra,
el señor Vázquez y el señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo para expresar brevemente la opinión del Bloque
Nacionalista Galego acerca del informe sobre la situación actual y
medidas a adoptar para resolver los problemas que afectan a los
emigrantes y a los inmigrantes.
En primer lugar, coincidiendo con el señor diputado que acaba de
presentar este informe, conviene felicitarse por la iniciativa tomada
por este Congreso que, de alguna manera, expresa la preocupación por
la situación que atraviesan muchas personas, derivada de la necesidad
que tuvieron de abandonar su lugar de origen
para resolver su vida en un medio alejado de él, con los problemas de
diversa índole que eso ocasiona. No es el momento de extenderse ni en
las conclusiones de la Comisión ni en una amplia consideración de la
situación de los emigrantes y de las dificultades que encuentran para
retornar, los que así lo desean. Sí cabe incidir en la precaria
situación que están atravesando de una manera especial e intensa la
mayoría de los emigrantes que residen en países cuyas economías
sufrieron un retroceso en los últimos años, como son los residentes
en América del Sur, que, además, suponen el grueso de la emigración,
junto a los residentes en países europeos, a los que el Gobierno
debería plantearse ayudar con políticas activas y concretas.
En el informe que hoy se discute se plantea un buen número de
iniciativas a abordar, que podrían servir de base para la valoración
de esa política. El Bloque Nacionalista Galego espera que las
consideraciones de la Comisión no caigan en saco roto, que no
supongan una simple declaración de intenciones sin plasmación
práctica.
El Gobierno debe comprometerse a ir avanzando en la solución de
algunas cuestiones que esperemos tengan un reflejo en el informe
anual correspondiente a presentar ante la Comisión de Política Social
y Empleo. En ese momento tendremos ocasión de verificar los avances
producidos en esta materia. En todo caso, esperemos que las políticas
que se lleven adelante sean propiciadas por el convencimiento de que
las ayudas que se presten a los emigrantes se derivan de un derecho
que les reconoce la Constitución y del deber, aunque sólo sea moral,
de no olvidar a quienes se vieron forzados a emigrar por las malas
condiciones económicas o por causas políticas.
Por tanto, huir de la tentación de utilización política a que en
determinadas ocasiones se ven sometidas este tipo de personas que
atraviesan graves dificultades en este momento, debe ser un objetivo
del Gobierno. El Gobierno también debe tomar cuantas medidas sean
necesarias para respetar los derechos económicos, sociales o
culturales de los inmigrantes y ser especialmente sensibles y
respetuosos en el ejercicio del derecho de asilo.
Sobre todo, es necesario ahondar en las causas que están originando
la masiva llegada de inmigrantes procedentes de países con economías
poco desarrolladas y que practican políticas muchas veces injustas e
insolidarias y buscar soluciones que permitan el desarrollo económico
de estos países, procurando una política que fomente el intercambio
igualitario entre los Estados, buscando un nuevo orden internacional
más justo y solidario. De lo contrario, seguiremos asistiendo al
drama humano que se escenifica en las puertas de Europa, con la
llegada de pateras, los naufragios y los fallecimientos que aumentan
de año en año, así como al drama humano que cíclicamente aparece en
las imágenes de nuestros televisores y ante lo que, como muy bien
dice el informe que debatimos, no podemos permanecer impasibles.
En resumen, en este informe se contienen medidas -no todas, pero sin
duda muchas- para avanzar en la
solución de estos graves problemas. Ahora sólo falta que el Gobierno
tenga voluntad de ponerlas en práctica y que el Congreso de los
Diputados esté atento para que así sea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias señor presidente.
Muy brevemente, voy a fijar, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya-Els Verds, nuestro a cuerdo fundamental con el informe
que fue aprobado finalmente por la Comisión de Política Social y
Empleo.
Nos parece que, efectivamente, en dicho informe se recoge toda una
serie de medidas de ejecución inmediata y otras de reflexión para
actuación futura, que son de especial interés y que marcan, sin lugar
a dudas, un paso adelante en la atención a los problemas de
inmigrantes extranjeros en nuestro país y de los emigrantes españoles
en el extranjero.
Hemos hecho en la Comisión -y reiteramos aquí- una valoración
positiva de este informe y, desde ese punto de vista, señor presidente,
señorías, quiero hacer constar que, como prueba clara de nuestra
voluntad de respaldar este informe, retiramos los votos particulares
que hemos presentado, mediante escrito, ante la Mesa del Congreso,
dejando bien claro que, en la medida en que se vaya produciendo la
ejecución de los acuerdos y de los puntos concretos del informe que
en su día a probamos y que hoy reiteramos, seguramente iremos teniendo
datos más exactos y criterios más avanzados de juicio para hacer una
valoración más exacta de en qué medida estas ideas, estos acuerdos
-que los hacemos con la voluntad de mejorar la situación tanto de los
emigrantes españoles en el extranjero como de extranjeros inmigrantes
en nuestro país- van avanzando en la dirección que nos hemos
propuesto o en qué medida necesitan ser objeto de una reconsideración
.
A todo ello, desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
manifestamos nuestra voluntad y nuestra disposición.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta. Queda tomada
buena nota de su retirada de votos p articulares, lo que además
facilitará la votación con posterioridad. Muchas gracias.
Señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Por parte de mi grupo, Coalición Canaria, suscribimos plenamente este
informe valioso y complejo que nos llega de la Comisión y que recoge
todos los trabajos que en su día realizó esta subcomisión para
estudiar toda la problemática con respecto a nuestras leyes, así como
a
la situación y coyuntura tanto de los españoles residentes en el
extranjero como de los inmigrantes refugiados y asilados, y los
problemas que esto conlleva.
Mi grupo nunca ha sido ajeno a este problema. Desde que aprobamos en
1985 la Ley de extranjería, de los derechos y obligaciones de los
extranjeros en España, ha mantenido una línea congruente y constante
de preocupación por este problema. No en balde, recientemente, la
semana pasada, discutíamos aquí los problemas de los centros de
acogida para los inmigrantes que llegan a nuestras poblaciones
fronterizas, fundamentalmente a Ceuta y Melilla, en el Magreb, y a
aquellas otras poblaciones, tanto del sur peninsular como de
Canarias, que se ven afectadas por este fenómeno, dirigiendo siempre,
como dijimos en la última intervención, nuestra postura a favor de
los derechos humanos, del reconocimiento del derecho de gentes en el
común de la legislación.
Hoy nos llega este informe de la subcomisión de estudio de esta
situación. Como he dicho, nosotros lo vamos a suscribir plenamente y
queremos felicitar a la subcomisión por el trabajo que ha realizado,
porque no solamente se dedica a un aspecto meramente descriptivo y de
narración de los acontecimientos, sino que entra en un compromiso
para la Cámara, que es lo que figura fundamentalmente en la propuesta
de la subcomisión.
Hablando ya de mi grupo parlamentario, el propio Gobierno de
Canarias, a partir de 1983, con la aprobación de su estatuto de
autonomía, creó en su estructura orgánica un departamento con rango
máximo dentro de una consejería, lo que se llaman las comisiones de
instituciones canarias en el exterior. Como bien recoge este informe
que hoy estamos sometiendo a votación, Canarias, Baleares, la costa
mediterránea desde Málaga hasta Alicante y otras zonas de
implantación turística fundamentalmente atractivas para estas
poblaciones, vienen a recoger más del 60 por ciento de la población
de extranjeros residentes en España, pero fundamentalmente Canarias
por contemplar los dos fenómenos. Canarias es zona receptora de
extranjeros en España, aunque hoy no son tan extranjeros, en la
medida en que un gran porcentaje de esa población lo constituyen
ciudadanos de la Unión Europea, por lo que no tendrían la
consideración sensu strictu de extranjero por nuestra legislación de
1985. Al mismo tiempo, la población canaria en el exterior motivó
este fenómeno de las entidades canarias en el exterior, de apoyo y de
orientación por parte de nuestra Administración autonómica, s obre
todo esas poblaciones que se han configurado en Caracas, la capital
de la República de Venezuela, y, en menor grado, en Argentina, en
Chile, en Cuba, esos residentes que incluso han mantenido la
nacionalidad española como canarios en el exterior.
Nosotros nos congratulamos, señor presidente, cuando hablamos de
medidas para que puedan regresar a España esos emigrantes y sus
familiares que están en el otro lado del océano Atlántico,
fundamentalmente en Centroamérica y en Sudamérica. Entendemos que son
positivas las recomendaciones que hace esta subcomisión,
lo mismo que las propuestas -y soy breve en esta glosa- tanto
para la situación de los inmigrantes en España, como para los
refugiados y asilados, así como las recomendaciones que se hacen
respecto a los fenómenos, que tienen a veces lamentable repercusión
de alarma social, del racismo y la xenofobia.
Por todas estas razones, señor presidente, por entender que este
informe es positivo, porque incluso habíamos supeditado en anteriores
sesiones introducir debates en el orden del día sobre los centros de
acogida, la situación de los refugiados, etcétera, a disponer cuanto
antes de este informe, al suscribirlo plenamente, nos adherimos al
mismo esperando que el Gobierno vaya recogiendo en sus iniciativas
legislativas la enjundia y el amplio y ennoblecedor contenido que,
desde una perspectiva del Derecho positivo español, del Derecho
internacional y fundamentalmente de los derechos humanos en todos los
compromisos firmados y ratificados por el Gobierno español y este
Parlamento, nos hace ser consecuentes. De ahí nuestro apoyo con el
voto favorable al mismo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Caballero, por el Grupo Nacionalista
Vasco, tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco apoya el informe elaborado por la
subcomisión creada para estudiar la situación de los españoles que
viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han
llegado al Estado español, lo mismo que las distintas medidas que se
proponen para solucionar los problemas existentes.
La subcomisión ha trabajado intensamente, con un elevado número de
comparecencias de altos cargos de la Administración, expertos y
representantes de organizaciones sociales, llegando a consensuar una
serie de propuestas esenciales para la situación de los emigrantes,
de los inmigrantes, de los refugiados y los asilados en el Estado
español y sobre el racismo y la xenofobia en España.
Resultaría muy extenso entrar a analizar el conjunto de dichas
propuestas, por lo que, en aras a la brevedad, simplemente insistiré
en que nuestro grupo las apoya en su globalidad y suscribe totalmente
el informe.
Nada más. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor p residente.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), voy
a intervenir para fijar nuestra posición en relación con este informe
de la subcomisión, creada hace casi un año en el seno de la Comisión
de Política Social y Empleo, para estudiar la situación del mundo de
los emigrantes e inmigrantes.
Efectivamente, el 25 de junio de 1996, y a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, se aprobó, en el seno del Congreso, la
creación de esta subcomisión, que empezó a realizar sus primeros
trabajos el 18 de septiembre de ese mismo año y a lo largo de estos
meses ha recibido un amplísimo número de comparecencias -el señor
Azpiroz ha hecho referencia a ellas, cerca de 40 personalidades-,
representando al mundo institucional, tanto del ámbito de la
Administración central como de la autonómica y local, al mundo
universitario y de la investigación en estas materias, como también
de manera muy significativa al mundo social.
En el Estado español existe un entramado social amplio y comprometido
en la defensa de los derechos de los ciudadanos llegados de los
países en vía de desarrollo. Además, esta subcomisión trabajaba desde
una perspectiva que, desde el primer momento, a nuestro grupo le
pareció especialmente sugerente, que era la perspectiva de, en un
mismo ámbito de trabajo y de reflexión, buscar las soluciones a los
problemas que tenían los ciudadanos españoles que emigraron y los
ciudadanos que han llegado de otros países al Estado español, porque
en los dos casos estamos hablando de personas que se marcharon de sus
casas con la voluntad de construir sus proyectos personales en otras
sociedades. Unos y otros, en esencia, muchas veces han tenido que
afrontar las mismas problemáticas. La voluntad de crear en este mismo
ámbito de trabajo esa posibilidad de intercambiar las dos situaciones
y experiencias, a nuestro entender, ha sido positiva.
En el ámbito de la emigración, el informe de la subcomisión enfatiza,
a nuestro entender, cinco puntos, entre ellos, reforzar la
participación política de los españoles en el extranjero y reforzar
el apoyo al entramado social que existe en el extranjero y que es muy
plural. El señor Mardones hacía referencia a las instituciones de
canarios en el extranjero. En el caso de Cataluña existe también un
entramado social potente, especialmente en América Latina, en
representación de los catalanes en el extranjero. También enfatiza las
políticas sociales a estos emigrantes y, en último lugar, a nuestro
entender, la defensa del carácter plural de esos ciudadanos españoles
en el extranjero.
El Grupo Parlamentario Catalán ha insistido en que cualquier
afirmación que se haga de defensa de las culturas del Estado español
en el extranjero se debe afrontar desde esa pluralidad; que esos
ciudadanos españoles que residen en el extranjero son los ciudadanos
nacionales catalanes, nacionales vascos, nacionales gallegos,
nacionales españoles. Es importante también que en este informe se
haya tenido en cuenta.
De todas maneras, el trabajo de la subcomisión se ha centrado de
manera muy especial en el ámbito de la emigración. Hoy afrontamos
también la aprobación de este informe, después de un debate la semana
pasada en el que se tomaron en consideración tres textos, que suponen
la voluntad de crear un nuevo marco jurídico que organice, que dé
sentido a la política de emigración que desarrollamos desde el Estado
español.
La semana pasada conseguimos una votación con un amplio consenso
político y estoy seguro de que hoy vamos a volver a conseguirlo,
porque, en definitiva, el desarrollo de esas políticas de
extranjería, de esas políticas de inmigración, como viene sucediendo
ya desde 1991 en esta Cámara, debe conseguir un amplio consenso
parlamentario, que refleje, además, un amplio consenso social. De
hecho, las otras mociones que hemos aprobado en esta legislatura, a
propuesta de los grupos de Izquierda Unida y Socialista, van en esta
línea. Estoy hablando de las propuestas de septiembre de 1996 y de
octubre de 1997.
A nuestro entender, ¿cuáles son las tres bases del consenso que
recoge este informe? En primer lugar, la asunción de la realidad del
fenómeno migratorio, la asunción de que nuestras sociedades van a ser
sacudidas en todos los sentidos, esperemos que en sentido positivo,
por estos fenómenos: la evolución demográfica de los países en vías
de desarrollo y nuestra propia evolución demográfica, los problemas
de subdesarrollo económico de los países del Magreb y del Africa
subsahariana, la falta de expectativas personales en muchísimos de
los países de la América latina, las vulneraciones de los derechos
humanos o el poco desarrollo de las democracias políticas en estos
países y, al mismo tiempo, la demanda de nuestra propia sociedad de
la mano de obra trabajadora que representan estos sectores.
En segundo lugar, como segundo elemento del consenso, está la
necesidad de desarrollar una política que ordene los flujos
migratorios. A nuestro entender, es ingenuo creer que hoy pueda existir
un Estado en Europa, una sociedad europea que no tenga la voluntad de
controlar los flujos migratorios, porque con ello nos jugamos el
tercer elemento de esta política de consenso, que es la dimensión
social de la política migratoria, y hoy seguramente aquello que todos
tenemos menos desarrollado es esa dimensión social, esa necesidad de
integración social de los emigrantes; y esa integración social que
entendemos que el trabajo de la subcomisión recoge supone un cambio
de dirección, supone dejar de entender la emigración como un
problema, supone enfatizar la igualdad de derechos como fórmula para
posibilitar las políticas de integración...
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, concluya, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: .y supone el establecimiento de
políticas sociales globales que tengan en su objetivo también el
ámbito migratorio.
El informe recoge propuestas concretas: cambios de adquisición de la
nacionalidad, mayores recursos para el plan de integración social, la
elaboración de la ley de integración y la consecuente modificación de
la Ley de extranjería, un pacto social que implique al conjunto de
las administraciones en esta materia, la creación de una Secretaría
de Estado, la remisión del contingente, l a penalización de la redes
ilegales de tráfico y de personas, etcétera. Además, el informe ha
ido más allá,
recogiendo también apartados específicos en el ámbito de los
refugiados y de los asilados y de la lucha contra el racismo.
Termino, señor presidente, con dos reflexiones. En primer lugar, hace
unos días se nos hizo llegar a los miembros de la Cámara que
participamos del año europeo contra el racismo la encuesta escolar de
1997, donde de manera negativa se afirmaba que se mantienen todavía
unos niveles minoritarios pero considerables de prejuicios y se
refuerza un grupo, del 10 por ciento, de intolerantes y xenófobos.
Existe un riesgo en nuestra sociedad y este informe debe contribuir a
combatir este riesgo, puesto que en otras sociedades ya han padecido
la contaminación de la xenofobia y de la intolerancia.
En segundo lugar, afrontamos el debate de este informe, afrontamos
las propuestas de las proposiciones de ley que tomamos en
consideración hace una semana, pero recordemos que hoy también, y
ello en aplicación del artículo K, del Título VI, del Tratado de
Amsterdam, hay una propuesta de acta del Consejo del convenio relativo
a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los
Estados miembros. Sería importante que esta filosofía que ha amparado
el debate de la subcomisión, que ha marcado el estilo del informe de
la subcomisión, fuésemos capaces también de trasladarla al ámbito de
la Unión Europea. No podemos dejar que Europa se convierta en una
fortaleza que mire con desconfianza y con prejuicios lo que suponen
los fenómenos migratorios. Debemos ser también capaces desde el
consenso, desde el espíritu que ha marcado los trabajos
parlamentarios de esta subcomisión, de influir en el ámbito europeo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, en relación con el informe de la subcomisión para
estudiar la situación de los españoles que viven fuera, así como de
los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país. El
redactado final del informe -ya se ha manifestado- ha requerido un
nivel de trabajo importante para conseguir el consenso y,
fundamentalmente, para introducir aquellos elementos que
considerábamos esenciales para ir reconduciendo las políticas
relacionadas con la realidad de los emigrantes españoles y de los
inmigrantes que viven en nuestro país. Todo ello desde una nueva
perspectiva en la consideración de las políticas de inmigración y la
situación de refugiados y asilados en España, planteando
recomendaciones sobre los fenómenos de racismo y xenofobia en nuestro
país y también desarrollando, por parte de la Comisión,
recomendaciones que afectan a la participación de emigrantes, al
apoyo de
sus asociaciones, los proyectos para el retorno o el desarrollo de
las políticas de bienestar en la población emigrante. Pero entendemos
que lo fundamental que aporta el informe -ya se ha dicho aquí- es la
necesidad de situar las políticas relacionadas con la inmigración,
asilo y refugio sobre otras claves.
La filosofía que subyace en este informe significa y refleja la
necesidad de renovación en la mentalidad, tanto de la sociedad como
de las instituciones, sobre el fenómeno inmigratorio. Va a requerir,
evidentemente, crear condiciones válidas para la plena integración y
va a exigir una adaptación recíproca, tanto de la población
inmigrante como de la sociedad que les acoge. Para ello, los
responsables del Estado, del Gobierno y el conjunto de las instituciones
y de la sociedad van a tener que jugar un papel decisivo en la creación
de una nueva opinión pública, porque limitarse a regular los aspectos
problemáticos o negativos del fenómeno de la inmigración es
insuficiente -queda claro en el redactado en el informe- y es, por
tanto, necesario crear las condiciones y principios para una
respuesta ética a todos estos fenómenos. Es esencial incorporar el
aporte positivo de los inmigrantes para construir nuestro propio
futuro en un proyecto común de sociedad.
Todo ello se desprende y es la filosofía que atraviesa el conjunto
del informe, que también hace una referencia clara a la necesaria
corrección de los efectos restrictivos y abusivos de la Ley de asilo
y refugio, fundamentalmente desde su modificación en el año 1994.
Por tanto, nuestro grupo entiende que el informe marca y recoge
cambios esenciales para enfocar las políticas de inmigración, asilo y
refugio desde otras bases y desde otras perspectivas, siendo además
importante destacar que ya se ha iniciado la aplicación de algunas de
las recomendaciones esenciales del informe. La semana pasada ya se
admitieron a trámite los proyectos de modificación de la Ley de
extranjería y anteriormente una proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre las condiciones de los centros de internamiento,
aunque el conjunto de las recomendaciones que se recogen en el
informe exigirán, evidentemente, un desarrollo y un esfuerzo
importantes.
Nuestro grupo, aunque votó favorablemente el informe en la Comisión
de Política Social y Empleo y mantiene su voto positivo al conjunto
del informe, había mantenido unos votos particulares que hacían
referencia especial a la participación de los emigrantes, al
mantenimiento de la red suficiente de oficinas consulares y a mejorar
lo que para nosotros significaba el apartado del propio informe que
hacía referencia al tráfico de personas; no obstante, entendemos que
estos votos p articulares, por su carácter puntual, pueden tener
cabida perfectamente en este nuevo marco de referencia que va a ser
este informe. Por tanto, señor presidente, retiramos los votos
particulares que se habían mantenido y, por supuesto, mantendremos el
voto positivo al conjunto del informe.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés, también por la
explicitación de la retirada de sus votos particulares, que facilita
sin duda no ya el consenso material al que quieren llegar SS. SS.,
sino también la tramitación y las votaciones que a continuación se
van a producir.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Matilde Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados, igual que en 1991 se aprobó una proposición no de
ley en relación a la situación de los extranjeros en nuestro país y
también una moción fruto de una interpelación sobre las políticas
para los españoles, emigrantes y residentes en el exterior, que
fueron la base del hacer político en estos últimos años, hoy
presentamos a la Cámara, en este Pleno, después de haber sido
presentado y aprobado por unanimidad en la Comisión de Política
Social y Empleo, el documento que creemos sinceramente que va a ser
la base del hacer político positivo en materia de emigración y de
refugio para los próximos años. No es sólo un documento que da
respuestas y adquiere compromisos dirigidos a los emigrantes, a los
inmigrantes y a los refugiados, sino que en esta ocasión también se
plantea cómo luchar de la manera más eficaz posible contra el
crecimiento del racismo y la xenofobia en la sociedad española.
Ha sido el trabajo de una Subcomisión durante algo más de un año,
Subcomisión creada por iniciativa del Grupo Socialista en una
proposición no de ley de 1996, p ero apoyada por todos los grupos de
esta Cámara y sintiéndonos todos vinculados a ella. Nuestro
agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones
que han participado con sus propuestas, sus reflexiones, su
documentación y sus ideas; nuestro agradecimiento al presidente de la
Comisión de Política Social y Empleo que presidió estas reuniones,
incluso superando un conflicto al principio de estos trabajos; y,
como no, al vicepresidente, que acaba de hacer una presentación
institucional del documento.
Los compromisos adquiridos en este informe afectan, señorías, a dos
millones de personas. No son un grupo reducido, son dos millones de
personas que están afectadas por lo que hagamos a partir de este
documento, algo más de 1.200.000 emigrantes fuera de España,
alrededor de 600.000 inmigrantes, 10.000 refugiados o desplazados y
un número, del que no deseo especular, de personas en situación de
irregularidad. El Grupo Socialista se siente bastante satisfecho del
documento que hoy les presentamos. Hará un trabajo responsable,
intentando contribuir a sacar adelante los compromisos y también hará
una denuncia enérgica cada vez que surjan incumplimientos.
Junto a la parte del trabajo que se nos encargó redactar, el Grupo
Socialista presentó 20 enmiendas -de 61 totales-, las 20 han sido
admitidas total o parcialmente. Esto les puede mostrar el deseo de
consenso, de pacto y de acuerdo por parte de los demás grupos
parlamentarios. Me gustaría destacar el ánimo de consenso de nuestro
grupo con el Grupo Popular, que tan insistentemente quería que se
mantuviera una enmienda a cerca de un estudio sobre la posibilidad de
recoger la figura de un senador por la inmigración. No creemos en esa
propuesta, pero igual que ellos han cedido en otras que para nosotros
eran importantes, nosotros hemos aceptado, buscando ese compromiso
unánime, ese consenso y ese pacto. Adquirimos, por tanto, ante esta
Cámara un compromiso unánime para impulsar y mejorar las políticas
que refuerzan nuestro compromiso colectivo como pueblo, en hacer de
nuestra sociedad una comunidad de solidaridad y acogida y una
comunidad que coopera con el desarrollo de otros pueblos.
Cuando SS. SS. lean estas páginas, lo cual no les llevará más de
veinte minutos y son interesantes, verán compromisos para todos
nosotros, compromisos sobre política de bienestar social que
adquieren las tres administraciones, compromisos que me gustaría
resumir en un plan de retorno para los emigrantes que quieran volver
a nuestro país, con el objetivo de exportar nuestra política de
bienestar hacia los españoles que viven fuera y puedan necesitar de
esa política de bienestar, así como nuestro deseo de extender la
política de bienestar hacia los emigrantes y hacia los refugiados que
viven en nuestro país.
Hay también cambios normativos. La semana pasada hablábamos de ellos
al amparo del debate de las tres proposiciones de ley de revisión de
la Ley de Extranjería. En concreto, trece, señorías, aunque no las
voy a citar ahora, trece normas que proponemos o que nazcan como
nuevas, para el futuro, en nuestro país, o que sean revisiones porque
van quedando viejas y obsoletas las que ya están vigentes. Por tanto,
este Parlamento tiene trabajo si intenta cumplir en lo que queda de
legislatura con la creación de estas trece normas.
Hay cambios administrativos que suponen un compromiso de inversión
para nuestro Gobierno desde esa Secretaría de Estado, que no fue una
idea de los grupos de la oposición, sino del grupo que sustenta al
Gobierno, del Grupo Popular; inversiones en centros de internamiento,
en centros de acogida, en oficinas únicas, en un observatorio de
lucha contra el racismo y la xenofobia en nuestro país o de
ampliación de recursos humanos en consulados y en direcciones del
Ministerio de Trabajo, como Inspección del Trabajo o como el área de
pensiones no contributivas. Perseguimos objetivos para educar en los
valores de solidaridad, libertad e igualdad en nuestro país. Fuimos
un país nómada y ahora, sin dejar de serlo, recibimos a nómadas de
esa aldea global. Por tanto, el conjunto de la sociedad española
tiene compromisos serios en este campo.
En el segundo semestre de este año, seguro que todos los grupos
políticos van a presentar iniciativas para celebrar el 50 aniversario
de la resolución de Naciones Unidas en la que, a través de 30
artículos, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Es más, creo que en esta semana la Comisión de Exteriores
tiene ya alguna iniciativa en esta dirección. Su artículo
primero, señorías, dice que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como estamos de razón y
conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los
otros. Este es el espíritu en la redacción del documento.
Al elaborar y releer el documento, he recordado palabras de Willy
Brandt cuando a principios de los ochenta vino a nuestro país y
presentó el programa para la supervivencia, ese documento que se dio
en llamar Norte y Sur y que todo el mundo conoce con ese título.
Willy Brandt solía decir en sus presentaciones que no debemos perder la
esperanza de que los problemas creados por los hombres puedan ser
resueltos también por los mismos hombres. Con esos ánimos hemos
elaborado el documento.
Quisiera recordarles el último informe de desarrollo humano del
programa de Naciones Unidas. Nos recuerda que el producto interior
bruto mundial era de 23 billones de dólares en 1993. De esa cantidad,
18 billones formaban parte de la riqueza de los países
industrializados y sólo cinco correspondían a los países en vías de
desarrollo, pero en esos países en vías de desarrollo habita y mora
el 80 por ciento de la población del planeta.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, vaya concluyendo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Voy terminando, señor presidente.
Nos recordaba también ese documento que los dirigentes políticos
solemos estar fascinados por los aspectos cuantitativos de los
crecimientos económicos, cuando deberíamos prestar más atención a la
estructura y calidad del crecimiento económico. En ese último informe
de Naciones Unidas se decía que todos los países debemos evitar los
crecimientos negativos, y crecimientos negativos son aquellos en los
que crecen los cuadros macroeconómicos pero no crece el empleo;
cuando no crecen los países en igualdad y en equidad; que c recen sin
voz, por tanto sin democracia; que crecen sin raíces, sin respetar
las identidades culturales y, por tanto, las minorías o que crecen
sin futuro, dilapidando lo que tiene que ser útil para las
generaciones futuras. Esto también lo hemos tenido en cuenta en el
documento. Ahora, a todos nosotros nos corresponde hacerlo realidad,
entre todos los grupos, entre la democracia consultiva y la
democracia participativa, es decir, las organizaciones no
gubernamentales de inmigrantes, de refugiados y de solidaridad; con
ellos podremos hacer- lo posible.
Termino mi palabras dirigiéndome al presidente, para decirle que
también a él le hemos puesto unos deberes en este informe, que
consisten en solicitar al p residente y la Mesa del Congreso que este
documento no sólo se edite en español sino que se edite en inglés, en
francés y en árabe, para que así podamos también cumplir un objetivo
del documento que es informar y dar la oportunidad del derecho a la
información al conjunto de los ciudadanos, que estoy segura que van
a
sentirse un poco satisfechos del trabajo que hemos realizado a lo
largo de este año.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
La Presidencia no sólo toma muy buena nota de la sugerencia de S. S.,
en nombre del conjunto de diputadas y diputados que han realizado el
dictamen, sino que adquiere ante el Pleno el compromiso de proceder
en la forma en que nos ha sido solicitado.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
A estas alturas del debate, el Grupo Popular no va a hacer un
detallado recorrido por el informe que ha a probado la Subcomisión. Se
recomienda que se traduzca a estas lenguas que se utilizan en el
entorno de los países que producen la inmigración, se recomienda
también que se traduzca a las lenguas del Estado español, y creo que
es conveniente, como recomendaba la señora Fernández, que la
totalidad de la Cámara se lea el informe, porque puede ser
interesante.
El Grupo Popular se identifica con los autores de las distintas
partes del informe y lo asume en su integridad. Asumir este informe
sin reservas implica un compromiso por parte del Grupo Parlamentario
Popular, que es también un compromiso del Gobierno, de llevar
adelante y de poner todo lo que esté de su parte para que las 97
medidas concretas que en el informe se contienen sean una realidad,
incluidas las reformas legislativas.
Hay que decir que no es sólo un compromiso del Gobierno, no es sólo
un compromiso de los grupos parlamentarios de la Cámara. En el
informe se pide también un compromiso del resto de las administraciones
públicas y un compromiso de la sociedad.
El enfoque de los problemas derivados de la emigración, la
inmigración y la práctica en los países civilizados del derecho de
asilo y de refugio no es algo que pueda hacerse sin olvidar
sentimientos. No estamos hablando exclusivamente de una reforma
legislativa, aunque es verdad que determinadas reformas legislativas
que se plantean en el informe, en función de las noticias que se
produjeron en el día de ayer sobre fallecimientos de nuevo en el
Estrecho de Gibraltar -resaltaría la reforma del Código Penal para
tipificar específicamente el delito de tráfico de personas en
embarcaciones y en vehículos de motor- son competencia del Gobierno, son
competencia de los grupos parlamentarios, pero hay algo más en el
tratamiento de los problemas globales que se desprenden en estos tres
ámbitos que requieren un sentimiento especial de la sociedad.
La sociedad española, cuando enfoca la inmigración, tiene a su favor
que ha sido una sociedad que ha nutrido los flujos de emigración
durante décadas. Esto conlleva que la mayor parte de nuestra
población, y desde luego la mayor parte de la población con más de 25
años de
edad, es sensible a los problemas que plantea el inmigrante, porque
en su entorno, en su familia, en su localidad, ha vivido los
problemas de la emigración, ha vivido l os problemas que nuestros
conciudadanos han tenido para establecerse en otros países a los que
iban a buscar una vida mejor, ha vivido los problemas que han tenido
para integrarse en esas sociedades, para asumir unos modos y maneras
de vivir distintos de los que habían tenido en España, y eso ha
generado un sentimiento diferenciado en la sociedad española que no
encontramos en otras sociedades europeas y que es bueno mantener.
Pero cuando marcaba la referencia a la edad, tenemos que tener en
cuenta -lo ponía de manifiesto la señora Fernández en su
intervención- que en personas más jóvenes los sentimientos están
cambiando. Las encuestas reflejan porcentajes de hasta casi el 30 por
ciento de escolares de menos de 10 años que pondrían directamente a
los extranjeros y a los inmigrantes en la calle, los tirarían
literalmente al mar. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál
es el esfuerzo de educación que tienen que hacer los poderes públicos
para que eso que es bueno, por ahora, en la mayoría de la sociedad
española, se siga transmitiendo al resto de la sociedad.
Se presentan en el informe una serie de medidas respectos a los
emigrantes. Durante años se estableció un sistema financiero adecuado
-había unas cuentas de a horro para los emigrantes con unos tipos muy
privilegiados y el acceso a créditos en función de esas cuentas- y
se les ofrecía de vez en cuando, coincidiendo con Navidad, algún
espectáculo folclórico para recordar la tierra que los había visto
salir. En el informe se avanza claramente en el reconocimiento de los
derechos políticos de los emigrantes españoles, y es un derecho
básico que les tenemos que reconocer a los emigrantes; tenemos que
reconocerles el derecho de participar en la vida política española. Y
participar en la vida política española no sólo facilitándoles el
voto -y el avance que se contiene para establecer la posibilidad de
constituir mesas electorales en nuestras embajadas es muy
importante-, sino también con la figura, que creo que no debe ser
simbólica, del senador en representación de los emigrantes. El Senado
va avanzando en una configuración de Cámara territorial en la que
caben los distintos territorios del Estado español, pero el
territorio que los emigrantes se han llevado consigo, aunque sea de
forma espiritual, es también un territorio español Y ese territorio
español en el exterior tiene que verse reflejado también con una
participación directa en la elección de senadores, para poder estar
directamente en la política española con su propia voz, con sus
propios representantes y con sus propios problemas. Creo que esa
medida va a ser buena y va a satisfacer el deseo de participación de
los españoles emigrantes.
En el enfoque de la inmigración, resaltaría un cambio de actitud
radical, de pasar de una regulación exclusiva del control de flujos,
del control de fronteras, a una orientación hacia la integración del
inmigrante en nuestra sociedad, partiendo de la base de que no es
sólo el inmigrante el que llama a las puertas de Europa
pidiendo un trabajo mejor que el que tiene en su país de origen, es
también la sociedad europea la que está llamando a esos inmigrantes
para participar en nuestra economía, y hay subsectores económicos que
dependen exclusivamente del trabajo de la inmigración y que
probablemente no podrían existir porque no son puestos de trabajo
demandados por los ciudadanos europeos. Ese paso de inmigrantes
económicos, de inmigrantes que vienen a buscar una posición
económica, a inmigrantes integrados en la sociedad europea es el gran
reto que tienen presente para el futuro la sociedad española y el
resto de las sociedades europeas: superar el economicismo en la
relación con el inmigrante; no considerar al inmigrante sólo como
mano de obra, sino como una persona que puede aportar a esta sociedad
y que puede recibir de esta sociedad un fundamento de formación
democrática para transmitirlo a su país de origen. Pero tenemos que
establecer unos limites. Hay determinadas manifestaciones de buena
voluntad que creen que puede enfocarse y resolverse el problema de la
inmigración con un levantamiento de fronteras. Pero hay que recordar
que la sociedades tienen una capacidad de integración y que la
regulación de flujos tiene que lograr que, en cada ámbito concreto de
nuestra sociedad, no se supere esa capacidad de integración. En caso
contrario, se desarrollarán automáticamente tendencias de xenofobia y
racismo que no son ajenas en Europa y que están presentes en muchos
de sus países. Por ello, creo que hay que regular los flujos a la
capacidad de absorción que tiene la sociedad y establecer una clara
limitación a la integración del inmigrante. Y esa clara limitación
tiene que ser el respeto a los derechos humanos, el respeto a la
igualdad de las personas y el respeto a la no discriminación, que son
las características típicas de las constituciones europeas. Toda
figura, social o religiosa, que vulnere cualquiera de estos
principios no puede ser admitida. Ese es el límite que tenemos que
poner para la integración del inmigrante, y eso debe quedar claro
porque en el mundo que nos rodea seguimos viendo -y en días recientes
se han visto- noticias de claros atentados contra los derechos
humanos.
Separar claramente la figura del inmigrante económico del solicitante
de asilo es otro de los elementos básicos para que las políticas de
asilo y de refugio puedan triunfar. Es claro que la política de
refugio, y así se pone de manifiesto en el informe, no es algo que
pueda desarrollar sólo España, porque atender al enorme número de
refugiados que hay en el mundo, al e norme número de desplazados por
hechos de guerra, es algo que supera la capacidad de una nación como
España, incluso supera la capacidad casi de Europa en su conjunto
para poder ser efectivos en la atención de esos problemas. Pero
tenemos que ser conscientes de que uno de los retos que tiene la
sociedad europea, y fallamos mucho en este reto, es prestar
protección y ser tierra de refugio para todo perseguido por un delito
de opinión, por un delito político o por sus creencias religiosas.
Hay mucho a donde atender en este campo. Si
logramos que los esfuerzos de las administraciones públicas no se
contaminen con falsos solicitantes de asilo y prestamos todos
nuestros esfuerzos en la atención a los refugiados y a los
perseguidos políticos, creo que podremos ser mucho más efectivos.
Finalmente, una consideración respecto al racismo, y es adecuado
hacerla en estos días de competiciones deportivas. Se pide en el
informe una atención especial a los hechos violentos de contenido
racista vinculados con competiciones deportivas. Hemos visto ya en
otros países cercanos, como Francia, comportamientos, aprovechando
competiciones deportivas, que caen claramente en una persecución
xenófoba y racista del diferente. No era una pelea entre blancos la
que se veía, sino entre distintas etnias, y ese elemento lo
recomienda el informe y creo que es otra de las aportaciones que debemos
hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, concluya, por favor.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.
En definitiva, y para terminar, creo que la Cámara puede felicitarse
de que un informe sobre los emigrantes, los inmigrantes y sobre la
aplicación del derecho de asilo y refugio pueda ser votado por
unanimidad y se pueda negociar; es importante que podamos llegar a
acuerdos, que se ceda por parte de todos en base a conseguir un
objetivo común, que es la unanimidad s obre este informe. El Grupo
Popular, como es lógico, va a votarlo favorablemente.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.
Vamos a proceder a la votación.
Entiendo que se han retirado todos los votos particulares, los que
estaban aún vivos del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y los 18 del Grupo Mixto. Todos los votos particulares han quedado re
tirados.
Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación del informe de la
Subcomisión y posteriormente someteré a votación por asentimiento dos
acuerdos de la Mesa.
Votación sobre el informe de la Subcomisión creada en la Comisión de
Política Social y Empleo para estudiar la situación de los españoles
que viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han
llegado a nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y
reivindicaciones prioritarias; proponer las medidas
-legales y sociales- que sea conveniente adoptar para conseguir
solucionar los problemas existentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
274; a favor, 274.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno.
(Aplausos.)
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES. (Número de expediente 121/000115
)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces,
ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y
votación final del proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de los
no residentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Muchas
gracias, señorías.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DE LOS PUNTOS 40, 41 Y 42. (Números de
expedientes 121/000040, 121/000068 Y 121/000069)
El señor PRESIDENTE: Asimismo, punto no indiferente para el futuro
del Pleno en la mañana del jueves, les propone cambiar el orden de
forma que el punto que actualmente figura como 42 se tramite junto al
41 con anterioridad al punto 40 y éste pase a continuación. Para ser
más claro, que el proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y orgánica de reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial se debatirá tras la votación del dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados y antes del que figura en la
previsión del orden del día como proyecto de ley de venta a plazos de
bienes muebles, sin perjuicio de que las votaciones se producirán,
con toda probabilidad, al final de la mañana del jueves. ¿Lo acuerda
así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias. Se suspende la sesión
hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve de la noche.