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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 154, de 28/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 154
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 149
celebrada el martes, 28 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del
artículo 2.a) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 107-1, de 24
de junio de 1997 (número de expediente 122/000089) (Página 8198)
Declaración Institucional:
--Con motivo del día internacional de la salud y seguridad laboral
(Página 8209)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.):
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reduce a 15 años el
requisito de cotización, en relación con la pensión de orfandad, en el
supuesto de que el sujeto causante no se encuentre en alta o situación
asimilada a la de alta, en el momento del fallecimiento. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 157-1, de 13 de febrero de 1998
(número de expediente 122/000138) (Página 8209)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
modifican determinados requisitos para el cobro de las pensiones de
orfandad. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 168-1, de 18
de marzo de 1998 (número de expediente 122/000147) (Página 8209)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el concepto de
Sociedad Estatal y Empresa Pública. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 157, de 18 de junio de 1997 (número de expediente
162/000152) (Página 8217)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
remitir un Proyecto de Ley de Navegación Aérea y Aeropuertos del Estado.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 85, de 16 de diciembre
de 1996 (número de expediente 162/000073) (Página 8223)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política general, objetivos,
estrategias de futuro y propuestas sobre las líneas ferroviarias de alta
velocidad en el Estado español (número de expediente 173/000078) (Página 8228)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de comunicaciones
ferroviarias y por carretera (número de expediente 173/000079) (Página 8236)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición
del Gobierno respecto al futuro de RTVE y especialmente en relación a la
deuda acumulada y el sistema de financiación (número de expediente
173/000080) (Página 8245)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8198)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del
artículo 2.a) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita (Página 8198)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Castellano
Cardalliaguet. En ella se solicita que el derecho a la asistencia
jurídica gratuita sea universal y desaparezca la limitación que existe en
el apartado a), del artículo 2, de la Ley 1/1996, a ciudadanos españoles
o a extranjeros que residen legalmente en España. Pone de manifiesto las
contradicciones en que incurre la exposición de motivos como la de que se
diga en su párrafo primero que se trata de asegurar a todas las personas
el acceso a la tutela judicial efectiva y, a continuación, se haga una
reducción de los beneficiarios. Añade que hay una profunda contradicción
no sólo nacida de lo que puede ser una rigurosa interpretación de la
Constitución, sino incluso con el concepto de servicio público de la
justicia, rechazando categóricamente la separación entre ciudadanos y
personas, puesto que el derecho a la tutela judicial efectiva está muy
por encima de las nacionalidades o del origen de los ciudadanos. Añade
que la tutela judicial efectiva sólo desde el punto de vista penal o del
derecho de asilo que se concede a los extranjeros, a los que no da
categoría de ciudadanos, es una discriminación detrás de la cual late un
auténtico sentido de xenofobia.
Termina su intervención manifestando su convicción de que esta
proposición de ley va a salir adelante porque sobre ella existen
profundas diferencias ideológicas y puede ser suscrita por todos y cada
uno de los grupos parlamentarios.
En turno en contra interviene el señor Cárceles Nieto, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, quien comprendiendo y participando
de la inquietud que inspira la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se muestra contrario por entender que la
complejidad de carácter técnico que entraña hace indispensable un debate
previo en la Cámara. Se refiere asimismo a las diversas iniciativas
presentadas por otros grupos
parlamentarios sobre este particular y contesta a los argumentos
constitucionales esgrimidos por el señor Castellano. Termina su
intervención solicitando que se estudien las distintas proposiciones
presentadas y se enriquezcan con enmiendas, porque tal y como se presenta
la de Izquierda Unida no cree que se pueda dar una protección universal a
cualquier persona, puesto que no sería justo ni ajustado a Derecho.
En turno de réplica interviene el señor Castellano Cardalliaguet,
duplicando el señor Cárceles Nieto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro y
el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y
Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 137 votos
a favor, 157 en contra y cuatro abstenciones.
Declaración institucional (Página 8209)
Con motivo del día internacional de la salud y seguridad laboral (Página 8209)
El señor presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, somete a la
consideración del Pleno una declaración institucional con motivo del día
internacional de la salud y seguridad laboral, que es aprobada por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) (Página 8209)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reduce a 15 años el
requisito de cotización, en relación con la pensión de orfandad, en el
supuesto de que el sujeto causante no se encuentre en alta o situación
asimilada a la de alta en el momento del fallecimiento (Página 8209)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
modifican determinados requisitos para el cobro de pensiones de orfandad
(Página 8209)
En primer lugar, defiende la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Socialista del Congreso el señor Cercas Alonso. Expone que
su grupo, pretende con esta proposición de ley, que se solucione el
problema de un conjunto no muy amplio, pero sí significativo, de niños y
de jóvenes españoles que cuando les falta la madre o el padre, o ambos
progenitores, no pueden causar sus derechos a pensión de orfandad porque
el causante no tenía la cotización requerida de 22 años. Reitera los
argumentos y las posiciones que su grupo mantuvo con motivo de la Ley
66/1997, en la que se introdujo la posibilidad de que se causaran este
tipo de pensiones en los supuestos de carencia de alta, pero con el
requisito de los 22 años de cotización, gracias a una enmienda del Grupo
Catalán, puesto que el proyecto del Gobierno exigía la cotización de 30
años.
A continuación basa sus argumentaciones en razones de equidad y de
oportunidad, que pasa a explicar. Concluye su intervención manifestando
que está seguro de que no se esgrimirán desde la tribuna razones de fondo
en contra de su propuesta y que si se rechaza será en base a que la
iniciativa la han tomado el Grupo Socialista e Izquierda Unida.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida defiende la toma en
consideración de su proposición de ley el señor Vaquero del Pozo.
Manifiesta que la proposición de ley de su grupo es similar a la
presentada en el Pleno del martes pasado en relación con las pensiones de
viudedad y pretende reducir a 15 años el requisito del período de
cotización a la Seguridad Social para causar pensión de orfandad,
coincidiendo asimismo en la primera parte con la proposición de ley
presentada por el Grupo Socialista, pasando a continuación a explicar las
variaciones que presenta su iniciativa. Adelanta su rechazo a la
explicación que se dio en relación con las pensiones de viudedad en el
Pleno anterior en el sentido de que existía un compromiso para modificar
la Ley en el próximo trámite de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999, porque si las razones de equidad, de justicia y de
solidaridad avalan su propuesta, no considera democrático que se posponga
por el simple hecho de que sea presentada por la oposición.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta Ortega
y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 148
votos a favor y 158 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se
rechaza por 147 votos a favor y 159 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 8217)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el concepto de
sociedad estatal y empresa pública (Página 8217)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso el señor Cámara Rodríguez. Manifiesta que para el Grupo Popular
tiene una gran importancia la autorización de elaboración de mociones o
notas por parte del Tribunal de Cuentas, autorización que se materializó
en dos mociones presentadas en la Comisión Mixta para las relaciones con
el Tribunal de Cuentas el pasado 5 de mayo, por reconocer al Tribunal no
sólo su función fiscalizadora sino otra más relevante pero olvidada, que
es la establecida en el artículo 28.6 de su Ley de funcionamiento, donde
se establece que el Tribunal de Cuentas elevará, en todo caso, a las
Cortes Generales cuantas mociones o notas considere convenientes,
proponiendo las medidas conducentes a la mejora de la gestión
económico-financiera del sector público.
A continuación pasa a explicar el fondo de la proposición no de ley
encaminada a enfocar adecuadamente el concepto de sociedad estatal y de
empresa pública, para lo que considera necesario, en primer lugar,
conocer con nitidez el ámbito de lo que es el sector público empresarial
y, en segundo lugar, asegurar que toda actividad pública que suponga una
actividad económica esté sometida, sin excepciones, al principio de
rendición de cuentas. Se refiere al criterio de participación mayoritaria
que establece la Ley General Presupuestaria para ser considerada una
empresa pública, criterio que le parece insuficiente en el día de hoy, y
propone que el Gobierno realice un estudio en el que se contemple la
posibilidad de otras opciones distintas. Asimismo alude a los criterios
mantenidos por el Grupo Socialista y otros al respecto, manifestando su
discrepancia con el de considerar equivalentes los conceptos de sociedad
estatal y empresa pública, pues dentro de las sociedades estatales se
incluyen todas las que tienen participación del Estado y, sin embargo,
empresas públicas son todas aquellas sociedades estatales y sociedades de
otras administraciones que tienen participación de la Administración
pública, entendiendo también por Administración pública a los
ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Por ello instan al
Gobierno a que, tras las modificaciones normativas que sean necesarias,
todos los años se pueda disponer de un inventario de todas las sociedades
estatales y empresas públicas de todas las administraciones. Termina su
intervención ofreciendo un texto transaccional que espera que obtenga el
respaldo unánime de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Moreno
Monrove, del Grupo Socialista del Congreso, y Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley en los términos resultantes
de la enmienda transaccional presentada por el grupo proponente, se
aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
remitir un proyecto de ley de navegación aérea y aeropuertos del Estado
(Página 8223)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso
interviene el señor Segura Clavell. Manifiesta que el motivo por el que
en su proposición no de ley se insta al Gobierno a la elaboración de una
nueva ley de aviación civil se recoge, en parte, en su exposición de
motivos, que pasa a explicar. Expone que la vigente Ley se remonta a
julio de 1960, por lo que no escapará a nadie el hecho de que la
complejidad técnica del mundo de la aeronáutica unida a las derivaciones
que la misma origina aconsejan acometer el esfuerzo de actualización de
una forma progresiva que permita, en un plazo no excesivamente largo,
adaptar la normativa vigente a las circunstancias que rigen en la
actualidad, al mismo tiempo que adecuar dicho fin a lo dispuesto por el
actual ordenamiento jurídico constitucional. A continuación expone las
razones por las que es necesaria una nueva ley de aeronáutica civil y se
refiere, por otra parte a los criterios que, según el Grupo Socialista,
tienen que inspirar la elaboración del proyecto de ley que el Gobierno
debe
remitir a la Cámara para regular un sector en crecimiento exponencial
espectacular, como es el sector aeronáutico.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Pons Franco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8228)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política general, objetivos,
estrategias de futuro y propuestas sobre las líneas ferroviarias de alta
velocidad en el Estado español (Página 8228)
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la
moción en nombre de Unión Valenciana. Manifiesta que en materia de
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad no se deben permitir
improvisaciones, siendo necesaria una planificación adecuada. Se remite a
los argumentos dados la semana pasada en la interpelación urgente sobre
la misma materia y reitera el hecho de que, a pesar de llevar diez años
hablando del tren de alta velocidad Madrid-Valencia, todavía no se ha
llevado a la realidad. Expone que Unión Valenciana, con su moción,
pretende dar un impulso a la alta velocidad y conseguir unas líneas
modernas, operativas y competitivas, por lo que solicitan el compromiso
político. Termina su intervención refiriendose a las enmiendas
presentadas por los grupos parlamentarios, ofreciendo una transaccional a
la enmienda del Grupo Socialista del Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción del Grupo
Parlamentario Mixto, intervienen la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y los señores Fernández
Fernández, del Grupo Socialista del Congreso; Carreño Rodríguez-Maribona,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Peralta Ortega, del
Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de retirar de la enmienda transaccional la frase «en tal
sentido», interviene el señor Chiquillo Barber.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Mixto, presentada por el señor Chiquillo Barber, en los términos
resultantes de la aceptación por el Grupo Socialista de la transaccional
presentada por el grupo proponente, se rechaza por 113 votos a favor, 166
en contra y 15 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de comunicaciones
ferroviarias y por carretera (Página 8236)
Para la presentación ante el Pleno de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, interviene el
señor Morlán Gracia. Manifiesta que su grupo presenta la moción sobre
política de comunicaciones en materia de ferrocarriles y carreteras a la
vista de que la intervención del señor ministro de Fomento, con ocasión
de la interpelación urgente presentada la semana pasada, no satisfizo en
absoluto las pretensiones de su grupo, sino que más bien introdujo un
elemento de inquietud y de duda. Añade que presentan un moción breve,
genérica, con la que pretenden que el Gobierno asuma el reto de estudiar
y analizar el Plan director de infraestructuras, para llevar a cabo en
España una adecuada y correcta cohesión territorial y social, arbitrando
fórmulas y mecanismos de financiación en ferrocarril y carreteras
necesarias en los próximos años. Opina que no es necesario un plazo muy
dilatado para traer a la Cámara un documento perfectamente elaborado,
puesto que el Plan director de infraestructuras, que le ha de servir de
referente, ya se discutió largamente y costó mucho trabajo aprobarlo.
Explica a continuación el contenido concreto de los puntos de que consta
la moción, en la que se propone que el Gobierno plantee el diseño de lo
que ha de ser su política ferroviaria, complementada con las aportaciones
del Grupo Socialista, en base a un documento que se elaboró entre todos
los grupos parlamentarios, y se suspenda la licitación de las obras que
se han llevado a cabo según determinado modelo alemán.
Por último se refiere a las enmiendas presentadas por otros grupos
parlamentarios a su iniciativa y ofrece la posibilidad de iniciar un
debate serio sobre el futuro de las comunicaciones en España.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Vázquez
Vázquez
(don Guillerme) y Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, y Carreño
Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Morlán Gracia.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista del Congreso sobre política de comunicaciones
ferroviarias y por carretera en los términos resultantes de la aceptación
de las enmiendas, se rechaza por 132 votos a favor, 150 en contra y cinco
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del
Gobierno respecto al futuro de RTVE y especialmente en relación a la
deuda acumulada y el sistema de financiación (Página 8245)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el
señor Alcaraz Masats, que pone de manifiesto las preocupaciones
estructurales de su grupo con respecto al futuro de Radiotelevisión
Española, y también preocupaciones de última hora, referidas al canon y
al funcionamiento inestable y poco ágil de la subcomisión que trata del
futuro de la radio y la televisión pública, del modelo de financiación
que tienen que adoptar a partir de ahora y de cómo se enjuga la deuda
acumulada que asciende a 590 millones de pesetas.
Considera que esta moción es absolutamente necesaria y no intenta anular
o sustituir los trabajos de la subcomisión que creo el Pleno, solicitando
la voluntad perceptible y necesaria para alcanzar en el mes de junio el
pacto de Estado en el que todos están comprometidos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la señora
Conde Gutiérrez del Alamo, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Peñalosa Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Burballa i
Campabadal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Alcaraz Masats.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, se aprueba por 260 votos a favor y una
abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACION DEL
ARTICULO 2.a) DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA (Número de expediente 122/000089)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, debates sobre la toma en consideración
de proposiciones de ley.
En primer lugar, sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 2, párrafo a) de
la Ley 1/1996, de fecha 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra don Pablo
Castellano, en nombre del grupo proponente. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. Señor Vázquez, por favor. Señora Rubiales. ¡Señorías! (Pausa)
Puede comenzar, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para defender y solicitar, en consecuencia, la
admisión a trámite de una proposición de ley en virtud de la cual se
trata de modificar el contenido de la Ley 1/1996, sobre asistencia
jurídica gratuita ante la Administración de justicia.
La modificación que se pretende por parte de nuestro grupo es muy
sencilla, tiende a que aquella limitación que se ha producido al redactar
esta ley en el apartado a) del artículo 2, reduciendo el derecho de
asistencia jurídica gratuita a ciudadanos españoles o a extranjeros que
residen legalmente en España, desaparezca. ¿Para qué? Para que este
derecho de asistencia jurídica gratuita sea universal. Nos ha movido a
esta consideración el análisis no sólo de la propia ley que
se trata de modificar, sino de la realidad sobre la que estaba operando.
Llama la atención, en primer lugar, que la propia ley que se trata de
modificar, en su exposición de motivos, incurra en un sinfín de
contradicciones. Porque no cabe la menor duda de que es contradictorio
decir, como dice dicha ley en el párrafo primero de su exposición de
motivos, que se trata de asegurar a todas las personas el acceso a la
tutela judicial efectiva y que, a continuación, en la exposición de
motivos y en el texto de la ley, se vaya efectuando una auténtica
discriminación y una reducción de quiénes pueden ser los beneficiarios de
este derecho, que a nosotros no nos gustaría que bajo ningún concepto se
llamara, como se le llamaba antes, el beneficio de pobreza o el beneficio
de justicia gratuita. Hay una profunda contradicción no sólo nacida de lo
que puede ser una rigurosa interpretación de nuestra Constitución, sino
también incluso de un concepto que no aparece reflejado en la exposición
de motivos de la ley, pero sobre el cual nos gustaría llamar hoy la
atención. Es el concepto del servicio público de la justicia.
Estaremos todos de acuerdo en que este precepto que tratamos de modificar
a la luz del principio de tutela judicial efectiva, que tan
reiteradamente reclama la exposición de motivos, a la luz del derecho a
un juicio justo, en consecuencia, del derecho a la defensa en condiciones
satisfactorias para que se haga realidad la contradicción procesal, el
derecho, diría más bien la proscripción, de toda situación de
indefensión, el derecho a la igualdad ante la ley, no se compaginan, bajo
ningún concepto, con unas restricciones que la ley contiene, detrás de
las cuales, por mucho que se trate de ocultar, hay un conjunto de
discriminaciones absolutamente innecesarias.
Se nos puede decir que no es igual la situación del extranjero residente
legalmente en España y la de aquel extranjero ocasionalmente situado en
nuestro país, y, si se quiere, hasta, incluso, del que ha entrado
ilegalmente. Creemos sinceramente, señoras y señores diputados, que,
según la declaración de derechos humanos, a la que nuestra Constitución
tiene que mirar como fundamental oriente para llevar adelante todo su
proceso legislativo, la separación entre ciudadanos y personas es una
separación que tiene que ser categóricamente rechazada. El derecho a un
juicio justo para resolver los conflictos, el derecho a la tutela
judicial efectiva, el derecho --y repetimos, nos gusta bastante más esta
expresión-- al servicio público de la justicia está muy por encima de las
nacionalidades, está muy por encima del origen de los ciudadanos. Y,
además, la extensión de este derecho no tiene gravísimas repercusiones de
orden político, social ni económico para el Estado, y sí las tiene para
algo tan importante como es la dignidad humana y la salvaguardia de su
posición en algo tan fundamental como es vivir en igualdad de condiciones
con los ciudadanos de nuestro país.
Se trata, en consecuencia, de solucionar, a través de esta modificación
legislativa, una evidente contradicción en la Ley de asistencia jurídica,
que hoy podemos, repito, sinceramente, subsanar con esta modificación que
puede parecer de muy poco importancia, pero que la tiene
fundamentalmente.
En nuestra propia argumentación jurídica reconocemos que el propio
Tribunal Constitucional abre el portillo a que, llegado el momento de
regular la asistencia jurídica gratuita, la ley pueda hacer una
separación entre ciudadanos y personas, no nos cabe la menor duda, pero
yo creo que esta Cámara, que a lo largo ya de mucho tiempo está haciendo
un uso nada restrictivo sino bien al revés, de carácter extensivo de todo
lo que es tutela de la dignidad humana, puede muy bien hoy dar una
solución a esta limitación, corregir esta discriminación, insisto, no
sólo para ponerse de acuerdo con un conjunto de presupuestos o de
principios constitucionales, que no se pueden referir ni limitar a los
ciudadanos, que no pueden lógicamente discriminar ni por razón del
origen, ni por razón de la nacionalidad, ni por razón del status, y
porque además con ello esta Ley de asistencia gratuita empezará a
conectar de una forma mucho más seria con esa concepción que a nosotros
nos resulta tan grata, que es el concepto de administración de justicia
como servicio público universal que da la tutela judicial efectiva a todo
el mundo. (Rumores)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Castellano, discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa)
Puede continuar, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy a acabar en seguida, señor
presidente, para no perturbar el derecho coloquial que se pone de
manifiesto habitualmente en esta Cámara, pero tampoco me gustaría dejar
una laguna en el «Diario de Sesiones», que al fin y al cabo es el
destinatario de nuestras intervenciones, que yo estoy convencido de que,
repasadas después, se entienden mucho mejor que cuando se pronuncian
desde aquí arriba. Por eso voy a acabar en seguida.
Además, nos parece, señor presidente, que cuando la propia Ley de
asistencia jurídica, al hablar de los extranjeros, o de los no
nacionales, a los que no da la categoría de ciudadanos, les reconoce una
tutela judicial efectiva sólo desde el punto de vista penal, o desde el
punto de vista del derecho de asilo, en alguna manera está estableciendo
una discriminación detrás de la cual hay un auténtico sentido de
xenofobia. No creo que vaya a cambiar el ciudadano como tal, la dignidad
de la persona, la necesidad de protección, porque administrativamente se
le haya reconocido derecho de residencia, porque goce de un permiso de
trabajo o porque no lo tenga. Yo diría más, quien más necesitado está de
protección es aquel que menos protección
tiene de la Administración, y por tener menos protección de la
Administración merece mucho más de la sensibilidad de todos y de cada uno
de nosotros.
Por ello --repito--, señor presidente, yo no quiero albergar ninguna duda
hacia cuál va a ser, no ya el criterio de generosidad, sino el criterio
de coherencia constitucional y el criterio de profundización democrática,
que supone entender la Administración de justicia como un servicio
público universal. Y me atrevería a afirmar que esta proposición de ley,
que está suscrita por el Grupo de Izquierda Unida, pero que puede estarlo
por todos y cada uno de los grupos de esta Cámara, va salir adelante y
vamos a perfeccionar con ello nuestra normativa. De no ser así,
sinceramente, me llevaría una sorpresa, y creo que no es en este tema en
el que puede haber profundas diferencias de carácter ideológico de ningún
tipo que impidan la extensión de este derecho que impone pura y
sencillamente el sentido común.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cárceles.
El señor CARCELES NIETO: Señor presidente, señorías, quiero iniciar esta
intervención manifestando la comprensión y participando de la inquietud
que el grupo proponente de esta proposición de ley plantea ante esta
Cámara. Ya ha habido suficiente controversia y suficientes antecedentes
parlamentarios en la pasada legislatura y en esta. Sin embargo, hay
cierta complejidad de carácter técnico, que conviene que discutamos
nuevamente en este Cámara, para precisar cómo debemos regular clara y
ordenadamente esta situación.
Tengo que recordar que en la anterior legislatura el señor López Garrido
retiró una enmienda sobre este particular concreto, después del debate
parlamentario ad hoc y, sin embargo, tenemos dos proposiciones de ley
sobre este particular. Una, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), de marzo de 1998, que todavía no hemos discutido en esta Cámara,
y que, a nuestro modo de ver, precisa cuál es el supuesto que tenemos
delante y qué tratamiento debemos darle. Yo participo de lo que he visto
en esa proposición del ley del Grupo Catalán. Hay otra proposición de
ley, del Grupo Mixto, que plantea modificar la Ley orgánica 7/1985, sobre
la libertad y derecho de los extranjeros en España, y que quiere atacar
el principio legal del cual trae causa la ley que hoy pretendemos
modificar y que regula esta situación, quizá porque es en la ley orgánica
donde, con carácter superior en el rango normativo, se establece el campo
de existencia en la acción que nuestro cuerpo legal ha de prestar al
servicio de la comunidad.
El grupo proponente, en una extraordinaria y larga exposición de
motivos, hace el esfuerzo de demostrar la complejidad del asunto y razona
ordenadamente qué es lo que se pretende, para luego eliminar sólo el
inciso final del artículo 2.a) de la Ley 1/1996 y que desaparezca el
vocablo legalmente, invocando al efecto, a lo largo de su análisis y de
su motivación, los artículos 13, 24 y 119 de la Constitución española y
alguna doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en las
sentencias 99/1985 y 16/1994.
Vamos a entrar en materia. Nos dice, en función del artículo 13 de la
Constitución española, que protege a los extranjeros en los términos que
establecen los tratados internacionales y las leyes. No podríamos llegar
a la situación, reducción a lo absurdo, de que España, como tal país, en
el aspecto del derecho formal, diera una protección a personas que se
ajustan a los tratados internacionales y en otros, no regulados, no
tuviéramos el principio de reciprocidad con aquellos países. Por tanto,
primer interrogante que presento a SS. SS. para que reflexionen: qué
sucede con el principio de reciprocidad, cuando hay países que no
protegen a los ciudadanos españoles en esos países y, sin embargo,
tendremos que plantearlo en España en esa línea. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Subrayo, porque S. S. ha sido preciso preciso en
este asunto, que es desde el punto de vista del derecho formal. En el
derecho material, debemos profundizar también cuál es el campo y la
conciencia que a los parlamentarios españoles, al Parlamento de la nación
española, seducen lo suficiente como para que podamos hacer una
protección más universal, según S. S. ha dicho en su exposición.
También invoca S. S. el artículo 24 de la Constitución española en la
proposición de ley, en relación con la tutela judicial efectiva y el
derecho que toda persona tiene a gozar del derecho de un juez ordinario y
a tener asistencia letrada. Pero la tutela judicial efectiva del artículo
24 de la Constitución española no ha de ser tampoco un cajón de sastre,
donde, a todos los efectos de la indefensión, se invoque ese precepto,
siempre de cualquier manera, porque tanto la doctrina como la propia
jurisprudencia van acotando, en los múltiples recursos de
inconstitucionalidad, cuál es el campo de existencia y de aplicación del
artículo 24 de la Constitución española a esos efectos. Invoca S. S.
asimismo el artículo 119 de la Constitución española, que se refiere a la
justicia gratuita por insuficiencia de recursos de cualquier persona.
Como es natural, este artículo siempre lo invoca la Constitución española
al amparo del marco legal en el cual ha de beneficiarse de esta situación
cualquier persona o ciudadano, y también vamos a entrarlo a discutir.
Por último, aporta la jurisprudencia en las sentencias 99/1985 y 16/1994.
La primera relaciona el artículo
24 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el Convenio
de Roma y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
Nueva York, del año 1986. El Constitucional declara que podrá
atemperarse, con arreglo a los tratados internacionales y leyes internas
del país, esta protección jurídica a la que se invoca y a la que se
pretende; en definitiva, extenderla. La segunda sentencia viene a razonar
el derecho a la gratuidad en los casos y formas que el legislador
determine. No contradice el marco legal que tiene la legislación española
al efecto.
Tengo que recordar el punto de partida, la Ley 1/1996, a la que S. S. ha
hecho referencia. Qué sensibilidad política si hablamos del artículo 10
de la Constitución, que establece como fundamento principal el orden
político español en este aspecto. Y ¿qué dice y qué regula ese apartado
2.a)? En los términos y con el alcance previstos en esta Ley y en los
tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España
sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: a) los
ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea y los extranjeros que residan legalmente en España, cuando
acrediten insuficiencia de recursos económicos. El apartado e) dice
literalmente: En el orden jurisdiccional penal, tendrán derecho a la
asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas los
ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para
litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español. Y el
apartado f) dice: En el orden contencioso administrativo, así como en la
vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten
insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente
en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la
defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a
su solicitud de asilo.
¿Cree S. S. que la dignidad de la persona humana, sin hacer distingos de
la condición de ciudadanía y de si es o no residente en territorio
español, no queda garantizada en el marco legal que se ofrece? Yo creo,
señoría, que, si una persona, en la comisión de un delito, se ve afectada
y es un residente ilegal en España, tiene, por prescripción legal,
derecho a una asistencia jurídica gratuita, tiene derecho a la asistencia
letrada y, en definitiva, puede tener todos los beneficios equiparables a
cualquier ciudadano español. Y va más allá, considerando excepción la ley
esta condición de residente ilegal y haciéndola extensiva a aquellos
procesos de carácter administrativo, en su recurso previo o en el
contencioso administrativo, cuando esté la materia en relación con la
situación o con la solicitud del asilo.
Convergència i Unió propone hacer más extensivo este aspecto por todo
aquel motivo que pudiera llevar aparejada la expulsión o sobre las
circunstancias de su residencia, y yo coincido en que es una extensión
natural en el ámbito que la ley quiere proteger. Pero lo que no podemos
hacer, a mi modo de ver, señoría, es declarar una protección universal en
cualquiera de los órdenes del Derecho español. Supongamos la
contradicción que establecería la Ley Orgánica 7/1985, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, donde ya hace exclusivo hincapié
en que tendrán que acogerse a los tratados internacionales y a la ley
interna, para un supuesto, por ejemplo, en materia de arrendamientos
urbanos. Lo digo a los meros efectos dialécticos, para comprender mejor
cuál es el campo y el análisis de los bienes jurídicos a proteger, qué es
un derecho fundamental y qué no lo es.
En una situación en que la Ley orgánica 7/1985 dice que si es recogida
una persona en la condición ilegal en España llevará aparejada su
inmediata expulsión del país, resultaría una gran paradoja que ese
ciudadano, en esa situación de ilegalidad en España, hubiera hecho, por
las formas admitidas en el Derecho español, un contrato de arrendamiento,
que tuviera una discusión sobre el modo y forma en que se ha establecido
dicho contrato y que, por tener insuficiencia de recursos, solicitara una
asistencia letrada de oficio con derecho a la justicia gratuita.
El señor PRESIDENTE: Señor Cárceles Nieto, vaya concluyendo, por favor.
El señor CARCELES NIETO: Voy terminando, señor presidente.
No tendría razón de ser que se pretendiera proteger un bien jurídico de
una persona con residencia ilegal en España a los meros efectos civiles
de ubicar y tener el disfrute de la posesión de las cosas con arreglo al
Derecho español cuando, realmente, reside ilegalmente en el país. De
manera que a S. S. --y en esa materia yo participo también de la
preocupación e inquietud-- y al Parlamento de la nación española debe
preocuparles cuál es la situación de dignidad, al margen de la situación
de legalidad o ilegalidad de dicha persona. Por tanto, para proteger su
dignidad personal al amparo de la situación administrativa --y coincido
con S. S.-- sí debemos procurar --y está previsto en la Ley 1/1996-- que
estas personas puedan ser acogidas por el sistema español, pero no para
cualquier caso porque, si no, flaco servicio haríamos a la propia
estructura y construcción de nuestro Derecho. Pondríamos de manifiesto
una gran contradicción si quisiéramos proteger lo que realmente no se
puede proteger. Rogaría, señoría, que atendiéramos las distintas
proposiciones presentadas en esta Cámara para continuar este debate, para
tratar de enriquecerlas con enmiendas, algunas de las cuales he analizado
y estudiado y me parece que van en la dirección correcta. Sin embargo, no
creo que tal y como se presenta esta proposición de ley podamos dar una
protección universal a cualquier persona, porque no sería justo ni
estaría ajustado a Derecho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cárceles.
Señor Castellano, para turno de réplica.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Le quiero recordar a mi querido y respetado ponente un viejo aforismo que
dice: no se hizo el hombre para la ley, sino la ley para el hombre, o, si
lo quiere usted: no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para
el hombre, porque toda su argumentación es absolutamente formalista.
Fíjese usted a dónde nos conduce su teoría de que si no existe el trato
de reciprocidad, el extranjero que se encuentre ocasionalmente en España
no puede gozar de algo tan elemental como se llama el derecho a la
defensa de su patrimonio moral, su patrimonio económico y su patrimonio
físico. Según su teoría, si no existiera ningún tratado internacional,
aquí podríamos aplicar la pena de muerte a los que en su país la tengan
reconocida o podrían ser objeto de torturas. Mire usted, señor Cárceles,
vamos a tener un poco de seriedad porque lo que estamos discutiendo no es
el alcance de los tratados internacionales, estamos discutiendo una cosa
muy importante. Frente a un texto como es la Constitución Española, ¿cómo
se interpreta, en clave de restricción o en clave extensiva? Estamos
discutiendo si la expresión persona es una expresión que permite
limitaciones por razón del Derecho administrativo o, al contrario, la
voluntad de los constituyentes en esta Cámara se ha visto vulnerada con
esa Ley de asistencia jurídica gratuita, ya que lo que nace detrás de
ella es, pura y sencillamente, una discriminación absolutamente
injustificada, y la ampliación que pudiera surgir de esta proposición de
ley no ofrece el menor perjuicio social, económico o político ni para el
Estado español ni para su seguridad ni para cada uno de nuestros
ciudadanos. Esto es lo primero que quiero dejar claramente con respecto a
la ley.
En segundo lugar, si hay dos proposiciones, una del Grupo Catalán y otro
del Grupo Mixto, está usted dándome la razón en cuanto a que el tema es
muy importante, a que está exigiendo una reforma y a que estamos
insatisfechos. ¿Qué ocurre, que usted no quiere reconocerle al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida el que pueda promover esta iniciativa y
hay que esperar a que la promuevan ustedes o sus socios? Mire usted,
ustedes y sus socios pueden perfectamente admitir a trámite, enmendar en
la línea en que ustedes quieren e iríamos avanzando tiempo. A no ser que
haya un derecho de prorrogativa o un derecho de preferencia de
iniciativa, por sus razones de coalición, que nos impida ir avanzando en
la reforma de la legislación.
Hasta ahora, no ha dado usted ni un sólo argumento sobre el fondo de la
cuestión. Y sobre el fondo de la cuestión yo le tengo que decir a usted
que no sólo es que no estemos de acuerdo en lo que es la interpretación
extensiva de la Constitución con todo el acervo de libertades que
contiene y en su profundización, es que no estamos de acuerdo ni siquiera
en el concepto de justicia. Usted reduce la justicia pura y sencillamente
a la funcionarización de la resolución de un conflicto e ignora usted la
cantidad de valor moral, y en consecuencia de frustración, que hay debajo
de una situación de arbitrariedad, se sea natural de Ciempozuelos o sea
natural de Gambia.
Está usted haciendo una discriminación y, además, le voy a decir más,
esta discriminación la hacen ustedes con frecuencia cuando se trata
precisamente de los menos favorecidos, a los cuales ustedes miran con
lupa para saber quién está residiendo legalmente o no, si trabajan en El
Maresme o si están cuidando fresas en Almería. Ahora, si se trata de un
jeque o se trata de un delincuente internacional, ni siquiera se busca
cuáles son sus antecedentes, aunque estén lavando dinero, dinero sucio,
en la Costa del Sol.
Detrás de esta Ley de asistencia jurídica gratuita hay conflicto en
cuanto a la discriminación por razón del origen, pero también hay un
profundo conflicto de clase, porque quienes sufren el perjuicio de estas
limitaciones no son todos los extranjeros en general, sino extranjeros
muy particularmente.
Usted dice: no, no, la prueba de nuestra generosidad es que en el ámbito
penal sí reconocemos este derecho. ¿Es que todas las situaciones de
conflicto que pueda tener un ciudadano extranjero, no residente
legalmente en España, se reducen al ámbito penal? Le voy a poner ejemplos
encima de la mesa. Situación de conflicto familiar: ciudadano extranjero
que, en un momento determinado, quiere --y por qué no-- discutir acerca
de la custodia de unos hijos --da la pequeña casualidad de que el
matrimonio ha sido contraído fuera de aquí-- cuya madre, por las razones
que fuera, se los ha traído a España y los quiere recuperar. Esta
situación se está dando todos los días y este ciudadano no tiene derecho,
en el ámbito del Derecho de familia --valga la redundancia-- a gozar del
servicio de asistencia jurídica gratuita. Lo mismo le diría si en un
momento determinado se ha producido una adopción ilegal como consecuencia
del tráfico, lamentable pero que se da, en cuanto a determinadas
criaturas, y la familia natural del país de origen que quisiera de verdad
reclamar aquí y no tuviera la suficiencia de recursos se queda
absolutamente indefensa.
¿Qué le voy a decir a usted en el tema del Derecho laboral?
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, me temo que tiene que ir
concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo en seguida, señor presidente.
Puede estar perfectamente en situación de hasta ilegal --entre
comillas--, si usted quiere, y estar siendo
objeto de una auténtica explotación que merece una protección, porque no
creo que, por el hecho de ser ilegal, le hayamos reducido a la condición
de esclavo sin ninguna clase de derechos. Hasta en el tema de
arrendamientos, señor Cárceles --y por qué no--, ¿qué estorba que podamos
ampliar la tutela del Estado, que es todavía mucho más que la tutela
judicial, a todo aquel que, en un momento determinado, pida amparo ante
algo tan importante como son nuestros tribunales? ¿Qué les estorba a
ustedes? Les estorba pura y sencillamente una cosa: sus pactos
específicos con la minoría catalana, parece ser, pero yo estoy convencido
de que la minoría catalana no participa de este criterio. No les hagan
ustedes regalos que son regalos envenenados. Esos pactos les llevan a
hacerles algunos gestos de preferencia en lugar de decir con un mínimo de
racionalidad y de sensatez: la mejora que está siendo suscitada por todos
es buena, vamos a ponernos a la labor y vamos a dejarnos de estas
tonterías de politiquería de ver quién se apunta o no el tanto. Oiga
usted, si está usted dispuesto a asumir que esta proposición de ley vaya
adelante, Izquierda Unida retira la firma con tal de que vaya adelante y
le permite a usted el que la hubiera presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Señor Cárceles Nieto.
El señor CARCELES NIETO: Señor presidente, señor Castellano, creo que el
razonamiento que nos hace en la Cámara no es el más feliz ni el más
ingenioso de S. S., que lo es, porque, según su criterio y según su forma
de ver las cosas, la Ley de extranjería incidiría solamente en aspectos
formales respecto al derecho fundamental de las personas.
Comprenderá S. S. que la ley tiene que observar el más elemental
principio de legalidad, porque sería una gran paradoja que se regulara en
contradicción sobre la legalidad de las cosas. Otra cosa es que S. S.
pretendiera una reforma de la Ley Orgánica 7/1985 y dijera que España es
un país abierto, donde puede venir todo el mundo para disfrutar de los
derechos y libertades que en el sistema español benefician a todas las
personas, ya que entonces estaríamos en otro supuesto. Sin embargo, S. S.
no ha ofrecido ningún dato del Derecho comparado. ¿Qué pasa sobre este
particular en los países civilizados? ¿Son bienes protegidos
universalmente, de manera indiscriminada o lo son con algunas reservas y
reparos? Y no es porque se tenga algún prejuicio o frustración sobre la
dignidad de la persona. Su señoría no ha sido muy preciso cuando de una
manera algo demagógica nos dice: ¿Qué más le da a S. S. regular esto
correctamente, es que si una persona, en su condición de ilegal, tiene
una pena de muerte, por no tener reciprocidad en un tratado internacional
no podría tener derecho a asistencia gratuita? Eso no es así, señor
Castellano, y tenemos que empezar el debate ajustándolo a cuál es la
extensión de esa protección de bienes jurídicos y de personas. Esa
protección lo es en cuanto a la dignidad de la persona; en materia de
Derecho penal, toda. Cualquier ciudadano español tiene exactamente los
mismos derechos que cualquier persona que resida ilegalmente en el país a
los efectos de materia penal y los tiene también respecto al Derecho
administrativo en relación con su situación.
No se trata, señor Castellano, de una preferencia por un socio
parlamentario, de ninguna de las maneras. Su señoría no ha leído la
proposición de ley que ha presentado el Grupo Catán (Convergència i
Unió). No se parece en nada a la que presenta S. S., que, de manera
indiscriminada, quiere proteger universalmente derechos y libertades, lo
que no puede ser por el mero y elemental principio de organización y
legalidad de que no podemos legislar contra Derecho y, en definitiva,
contra legalidad. De manera que no se trata de hacer distingos, de
preferencias, ya que S. S. sabe que goza de todas mis simpatías y ni mi
grupo parlamentario ni yo tenemos ningún prejuicio en que prospere
cualquier iniciativa de S. S., con la que coincido en muchas cosas, sino
de que esto no puede ser como S. S. lo plantea. Ya digo que participamos
de su inquietud, pero en el marco adecuado. Tendrá que haber un orden
social con el que podamos funcionar. Un Estado, una nación, no es una
cosa dinámica, que se mueve sin saber con qué precisión o con qué
límites, porque si no tendríamos un proceso de organización anárquico, en
el que no sabríamos dónde empiezan y terminan las cosas y el campo de
protección, ni tendría mucho sentido el Derecho, tal y como lo concebimos
no solamente en España, sino en los países más civilizados. De manera que
no se trata de un capricho.
Su señoría decía que lo que propone no tiene ningún reparo en el orden
social, político ni económico. En el orden social y político, salvo
aspectos técnicos de legalidad, no tendría reparos, pero en el económico,
sí. En España hay 200.000 inmigrantes y la Ley Orgánica 7/1985 dice que
si esa persona es detectada, deberá expulsársela inmediatamente. Con ese
proceder, difícilmente podríamos regular que se protejan los bienes
jurídicos que esa persona tiene en este país de una manera clandestina.
Por tanto, se trata de una situación de contradicción que tiene un final
imposible, pero no solamente aquí, sino en cualquier otro país. No puede
hacerse una imputación de ley de embudo al Gobierno o a nuestro país, si
la mayoría de la Cámara participa de la posición que yo defiendo,
basándose en que son las personas que más necesitan la protección, porque
estas personas que necesitan más la protección son las que entran
ilegalmente al país y crean una serie de problemas de los que el Estado
español no tiene que hacerse cargo. Otra cosa bien distinta son la
excepciones que regula
la propia ley, como es la situación de carácter administrativo del que
pueda tener un precontrato y respecto a lo cual me parece que la postura
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) es muy diferente de la que
plantea S. S. y sí puede hacerse más extensiva esa protección, pero no en
los términos y condiciones que S. S. dice. De manera que difícilmente se
puede hacer extensiva a un residente ilegal en el país cualquier defensa
en el ámbito jurisdiccional de los bienes jurídicos a proteger de las
personas, salvo en los dos aspectos que hemos indicado que quedan
salvados y que están constitucionalmente ordenados y acoplados al
precepto del artículo 10.1 de la Constitución española.
Por tanto, señor Castellano, participando de su inquietud, tengo que
decirle que no podemos llegar a la protección universal indiscriminada
sobre las personas que residen ilegalmente en España, porque para hacerlo
habría que cambiar el ordenamiento en materia de extranjería. Pero ello
no es posible tal y como lo entendemos o como lo ha entendido el
Parlamento español, no sólo el Grupo Parlamentario Popular ni el Gobierno
al que sustenta este grupo de la Cámara, sino también otros grupos de
oposición. Habrá leído
S. S. los antecedentes parlamentarios de esta iniciativa y habrá visto lo
que decía en aquel entonces el señor Barrero, del Grupo Socialista, sobre
esta materia. Por eso hay que jugar no solamente con lo posible para
asegurar que la calidad en la prestación de un servicio público quede
garantizada, sino también con la regulación de ese orden social según
quiera definirlo cada país.
Por todas estas razones, señor Castellano, lamentándolo mucho, no podemos
dar satisfacción a S. S. votando a favor de esta iniciativa. Sin embargo,
como hemos dicho que participamos de esa inquietud, sí estamos abiertos a
otras iniciativas que puedan ir en la dirección de ampliar, por extensión
a la circunstancia por la cual un residente se encuentra ilegalmente a
nuestro país, la posibilidad de disfrutar mejor de los bienes jurídicos a
proteger.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cárceles.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra la señora
Almeida, por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Partido Democrático de la Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, queremos decir que vamos a apoyar la propuesta que Izquierda
Unida hace sobre este tema.
Además queremos decir que nos ha sonado muy mal lo que hemos oído decir
al representante del Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que nos
parece que ninguna persona es ilegal; toda persona que nace tiene donde
esté todos los derechos por el hecho de ser persona. Podrá encontrarse en
una situación administrativa irregular, pero esto no le priva de ninguno
de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando hablamos de personas
extranjeras que están en nuestro país, tenemos que decir que no podemos
permitir que sean explotadas ni que se abuse de sus derechos, sea cual
sea su situación administrativa, y si para defender esos derechos que les
hemos dado todos los ciudadanos y que les ha dado la Carta Universal de
Derechos Humanos tienen que tener justicia gratuita, nosotros apoyamos
que la tengan porque si no es una hipocresía. A los delincuentes, aunque
estén en situación irregular, les ponemos abogados, les metemos en la
cárcel, les hacemos cumplir y les ponemos luego en la calle o les
mandamos a su país, pero cuando son explotados aquí por gente que dice
que tiene derecho y les quitan sus derechos, les pueden quitar sus
posesiones y les niegan un alquiler, cometiendo una infracción reconocida
por el Código Penal, si no les damos la oportunidad de que se defiendan,
estamos haciendo una sociedad que no respeta los derechos democráticos.
Vamos a partir de la base de que antes de ser ilegales, si son personas
enfermas, tendrán derecho a la atención sanitaria, y que antes de ser
ilegales son personas que tienen derecho a que se les respete su libertad
y a defenderla y, por lo tanto, tienen derecho a contar con justicia
gratuita.
Este grupo ha presentado también reformas a la Ley de extranjería para
que no sea una ley de policía, sino que sea una ley de integración de
derechos. En esa propuesta también reconocemos el derecho de los
extranjeros a tener aquí la asistencia jurídica gratuita cuando no tengan
medios, como en el caso de los españoles, sean el número que sean, porque
nos parece que dejarlos desatendidos es hacernos partícipes de la
ilegalidad, cómplices de los que explotan y no defensores en cualquier
situación de los derechos que hemos obtenido.
Por eso, y con este criterio, vamos a apoyar la propuesta de Izquierda
Unida, que nos parece que va en la dirección de conseguir una integración
de derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
El señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley de modificación del artículo 2 de la Ley 1/1996 que
propone el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende homologar los
derechos de los ciudadanos españoles con los de los inmigrantes
extranjeros a efectos de asistencia jurídica gratuita, aun cuando sean
inmigrantes ilegales. Pensamos que
esto es un gran acierto porque los inmigrantes ilegales serán los que más
precisen en muchos casos este cambio de tipo judicial.
El sustrato en el que se apoya la modificación es compartido plenamente
por el Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, pensamos que la
categoría persona es anterior a la categoría ciudadano, y si se trata de
homologar estas dos categorías en lo que tienen que ver con derechos
humanos fundamentales que recoge nuestra Constitución, debe hacerse sin
paliativos de ninguna casta. También hay una homologación de inmigrante
legal o ilegal con español a los efectos de una tutela judicial efectiva,
que pasa por el derecho a una asistencia jurídica gratuita cuando no se
tienen los medios suficientes.
Por lo tanto, señorías, pensamos que es muy importante suprimir el inciso
de la ley que dice que reside legalmente en España. Es más, nosotros
consideramos que, de salir adelante esta proposición de ley, cosa que nos
alegraría, además de decir para litigar, debería decir: o acudir a
cualquier procedimiento administrativo arbitral. Es cierto que no es
imprescindible un abogado para acudir a cualquier procedimiento
administrativo arbitral, pero en el caso del grupo social que se está
contemplando, el de los inmigrantes sin medios, el desconocimiento del
sistema legal hace que en la mayoría de los casos sea necesaria la
asistencia del abogado, razón de más para apoyar esta proposición de ley
de modificación que presenta Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria hemos visto que estamos reproduciendo aquí un debate
que ya a finales del año 1995 tuvimos en la Cámara con motivo del
proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que había presentado el
Gobierno del Partido Socialista y que su ministro de entonces, señor
Belloch, había defendido en esta Cámara. Entonces se produjo un debate
entre el portavoz en aquel momento de Izquierda Unida, señor López
Garrido, y el portavoz socialista, señor Barrero. Nosotros apoyamos la
enmienda transaccional que se propuso y la posición del Gobierno
socialista por entender que estábamos ante un problema cuyas
consecuencias de alcance jurídico había que medir muy bien. (Rumores.)
Por favor, quiero que me dejen hablar.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz. Señor Gimeno. (Pausa.)
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Estábamos ante un problema de un alcance jurídico, económico y social que
incluso entraba en las recomendaciones que la Unión Europea, a través del
tercer pilar, viene realizando sobre este problema de la inmigración.
Allí se discutió --y esto es lo que trae hoy en esencia la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-- si del artículo
2,a) de la Ley 1/1996 se suprimía la expresión que residan legalmente en
España. Pues bien, mi grupo quiere fijar su posición en los siguientes
puntos.
Un Estado democrático de Derecho es un Estado de legalidad. Nosotros
estamos de acuerdo, por supuesto, en la defensa de los principios que
conforman los derechos humanos en cualquiera de los terrenos en que se
planteen. Pero hay un principio que tiene que primar, y es el de
legalidad. El residir legalmente en un territorio es un principio que
afecta a todos, a los ciudadanos propios del Estado y a los inmigrantes,
en cualquiera de las condiciones en las que se solicite una tutela
judicial efectiva.
Respecto de este derecho, cuando se discutió en 1995 la Ley 1/1996 ya se
dejó bien claro que se aceptaban los planteamientos para cubrir esta
asistencia gratuita en los casos de demanda penal y de derecho de asilo
para aquellos inmigrantes residentes en el territorio que no tuvieran
medios económicos. Y hasta el día de hoy, junto a detalles que nosotros
vamos a mirar con agrado cuando se trate también de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que, a nuestro
juicio, no modifica este apartado a) e intenta avanzar en unos derechos
que son socialmente bien recibidos, queremos manifestar otro punto: a
nuestro juicio, este derecho no es un derecho fundamental en el texto
constitucional, ni siquiera aunque se vincule con la tutela judicial
efectiva. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señora Mendizábal, señor Vázquez. (Pausa.)
Gracias, continúe.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que no se trata de un derecho explícitamente fundamental, aunque
pueda relacionarse con la tutela judicial efectiva, ni siquiera en este
caso. Sin embargo, hay un hecho importante y es que el Defensor del
Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad sobre este
aspecto de la Ley 1/1996, que sido aceptado a trámite por el Tribunal
Constitucional, aunque todavía no se ha producido resolución alguna.
Podíamos aquí adoptar una postura fácil y decir: vamos a evitar el
desaire de que diga el Tribunal Constitucional que es necesario modificar
este tema. En ese caso, prefiero que se el Tribunal Constitucional el que
le diga a esta Cámara modifíquese. En este momento tengo que velar
por una soberanía de la Cámara que está en entredicho ante el Tribunal
Constitucional, y prefiero esperar a que el Tribunal Constitucional vea
esta cuestión. No quiero precipitarme a prejuzgar una sentencia del
Tribunal Constitucional que desconozco en sus propios extremos, ni
generar un nuevo derecho que, como ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, pudiera tener connotaciones de otro tipo.
Señor presidente, por estas consideraciones de sensatez, de sentido común
y de principio de legalidad, mi grupo va a votar en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Castellano nos propone hoy en nombre de su grupo la
modificación de una ley que se encuadra dentro de la definición del
Estado social de Derecho. En concreto, el principio recogido en el
artículo 119 de la Constitución por el que se establece que la justicia
será gratuita en todo caso para quienes acrediten carecer de recursos
económicos suficientes para litigar por sus propios medios.
El grupo al que pertenezco, cuando se tramitó esta ley en la legislatura
pasada, intentó una regulación lo más amplia, lo más garantista posible
para que nadie se quedase privado por falta de medios de poder ejercitar
su derecho a la tutela judicial efectiva. Cierto es que nuestro grupo no
presentó enmiendas a la definición del artículo 2,a) pero sí lo hizo el
Grupo de Izquierda Unida y en toda la tramitación apoyamos lo que
defendía a este respecto el diputado señor López Garrido. Por tanto,
coherentemente con lo entonces sostenido, vamos a apoyar ahora esta
iniciativa.
Además, el artículo 13 de la Constitución al establecer que los
extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el
presente título en los términos que establezcan los tratados y las leyes,
hace referencia en concreto al artículo 24, precepto fundamental que en
ninguno de sus dos apartados se circunscribe a derechos propios de los
ciudadanos. En el apartado 1, para el acceso a los recursos, dice: todas
las personas, y en el apartado 2 las garantías las circunscribe a todos.
Es decir, no se hace referencia a ciudadanía ninguna. Por tanto, nos
encontramos ante un derecho que sí es de configuración legal, pero ante
el que el legislador no es del todo libre.
Se da además la circunstancia de que en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en la que tiene implantación el partido al que
pertenezco, se está a punto de firmar un convenio entre el Consejo Vasco
de la Abogacía y el departamento de Justicia en el sentido que propone la
iniciativa que hoy nos presenta el señor Castellano. Aunque no tenga base
exacta en la ley, se quiere hacer una interpretación extensiva del
apartado segundo del artículo que se pretende modificar cuando dice que,
en todo caso, la gratuidad se reconocerá a quienes acrediten
insuficiencia de recursos para litigar. Nos parece que este fin loable
que persigue la Administración vasca se conseguirá mejor si se cambia la
redacción del texto de la ley. En contra de lo que se ha dicho por parte
de otros portavoces, creemos que los principios constitucionales nos
llevan más a la aceptación que al rechazo de la iniciativa y que, además,
se trata de una exigencia de trato humano digno a los menos favorecidos,
lo que es un credo para el partido al que pertenezco.
Por tanto, mi grupo votará a favor de la iniciativa que nos ha traído el
señor Castellano.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es de todos sabido que el fenómeno inmigratorio ha sido contemplado hasta
ahora por nuestras leyes fundamentalmente desde la perspectiva del
control de estos flujos y no cabe ninguna duda de que debe ser abordado y
será abordado a partir de ahora desde la perspectiva de garantizar una
mayor integración, respeto y atribución del derecho de las personas
inmigradas, de los ciudadanos de otros países que habitan en el nuestro.
Y, para garantizar la mayor integración de esas personas que han venido a
nuestro país con una voluntad de permanencia, la atribución de derechos,
no pura y únicamente sociales sino cabría incluso contemplar derechos de
naturaleza política, es un elemento absolutamente esencial.
Lo que nos ocupa en el día de hoy es precisamente saber cuál debe ser la
atribución o el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva,
vinculado con el derecho a la asistencia jurídica gratuita a estos
extranjeros, en unos casos residentes legales y en otros en una situación
de residencia ilegal, porque como muy bien señalaba don Pablo Castellano
la ilegalidad no cabe predicarla de la persona sino, en cualquier caso,
de la situación.
Mi grupo es perfectamente consciente de este problema y por eso, con
fecha 6 de marzo de este año, ha sido presentado en el Registro del
Congreso de los Diputados, y SS. SS. lo han visto publicado en los
diarios oficiales, una proposición de ley orgánica de medidas para
favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes. Hay que
poner de manifiesto que en
esta proposición de ley se produce una notable ampliación --entendemos
nosotros-- del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los
residentes en España, tanto en situación legal como ilegal. Respecto de
los residentes en situación legal se produce una equiparación absoluta
con los ciudadanos españoles, sin hacer depender esta equiparación de
leyes especiales o de lo dispuesto en tratados internacionales y del
principio de reciprocidad. Pero también hay que decir que se produce una
ampliación de la atribución del derecho a asistencia jurídica gratuita de
aquellos residentes en España que están en situación de ilegalidad,
porque no sólo se mantiene, como se produce en la legislación vigente,
este derecho a asistencia jurídica gratuita ante la jurisdicción penal
sino que se amplía en el ámbito administrativo y
contencioso-administrativo, no ya a las solicitudes de asilo, como se
produce en la Ley 1/1996, sino también respecto de aquellas situaciones
que pueden provocar una sanción o una resolución de expulsión.
Mi grupo está abierto a otros planteamientos. Nos preguntamos, como podía
preguntarse don Pablo Castellano, si un residente ilegal que está durante
cuatro o cinco meses dedicado a cualquier trabajo, a la recogida de la
fruta por ejemplo, y al que después le es negada la prestación, no va a
poder gozar de este derecho a asistencia jurídica gratuita para
reclamarlo en la jurisdicción laboral o en la jurisdicción civil. Lo que
sí tiene en cuenta mi grupo, señorías, y es lo que va a determinar
nuestro voto en contra a la toma en consideración de la proposición de
ley presentada, es que el derecho a la asistencia jurídica gratuita de
los residentes en situación de legalidad no puede en modo alguno
desconectarse del resto de atribución de derechos a estos residentes
ilegales. Entendemos que un debate pura y exclusivamente singular no es
el marco idóneo para contemplar cuál debe ser la atribución específica de
derechos de estos residentes. No puede desconectarse una solución
respecto de la asistencia jurídica gratuita de la que podría producirse,
por ejemplo, en el ámbito de la asistencia sanitaria, de la educación o
laboral.
Reiterando lo que he manifestado, estamos abiertos, atendidas las
situaciones ante problemas reales que pueden dejar en una situación de
absoluta indefensión a estas personas, repito, estamos obviamente
dispuestos a tratar estos temas en el ámbito del debate de la proposición
de ley que hemos presentado, respecto a la cual el portavoz del Grupo
Popular ha manifestado que será objeto de votación favorable. Tan es así
que en Cataluña, en estos momentos, las comisiones de asistencia jurídica
gratuita están prestando esta asistencia jurídica gratuita a los
residentes extranjeros, con independencia de su situación de legalidad o
de ilegalidad. Por tanto, entendiendo que el ámbito idóneo no debe ser el
de efectuar un debate pura y exclusivamente singular de un derecho
específico sino el de status del residente en situación de ilegalidad,
atendiendo además a cuál debe ser su situación en relación con los
residentes legales, es por lo que vamos a efectuar --con la boca pequeña,
desde luego-- este voto en contra a la toma en consideración de la
proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva. (Rumores.) Señorías,
ruego guarden silencio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Alvaro Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero fijar la
posición manifestando que nuestro grupo va a votar favorablemente la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Con carácter previo, quisiéramos poner en valor la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que, como han recordado muchas de
SS. SS., significó un paso cualitativo importante en el reconocimiento y
desarrollo de un derecho constitucional básico. Significó, asimismo, que
esta Cámara convirtiera en ley algo que había surgido de la propia
Cámara, por recordar, por ejemplo, la moción de 10 de mayo de 1994 que
impulsaba al legislador a dar contenido y desarrollar el artículo 119 de
nuestra Constitución. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cuesta.
Señor Hernando, señor Cárceles, señor De Luis. (Pausa.) Gracias,
señorías. Gracias, señor Fuentes.
Puede seguir, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Efectivamente, la Cámara reguló en el año 1995
un derecho fundamental. Se pasó, como decía en aquella ocasión el
diputado Jordi Pedret, del beneficio de pobreza o del patrocinio de
pobres, antaño así denominados, al cumplimiento del artículo 119 de la
Constitución española, al derecho a la justicia gratuita, al derecho de
tutela judicial efectiva, como instrumento que hace verosímil el derecho
de defensa, todo lo cual refuerza la idea de servicio público de la
justicia. En aquella ocasión se logró un importante consenso; se amplió
el ámbito del derecho a la justicia gratuita, no sólo la asistencia
técnico-jurídica, sino también la pericial, actuaciones notariales,
etcétera; se amplió el número de beneficiarios potenciales en virtud de
la situación económica --el doble del salario mínimo interprofesional,
pudiendo llegar por vía excepcional al cuádruple-- y también se ha
ampliado a los extranjeros en el orden penal, aun cuando no residan en
España.
Es verdad que, ya en aquel momento, en el debate parlamentario, nos
planteábamos si, hablando de un derecho fundamental, reconocido en
convenios internacionales, había o no que hacer una distinción en la
condición de la persona, es decir, si era o no relevante, para reconocer
un derecho, la condición de nacional o de extranjero; si eso condicionaba
o no la aplicación de este derecho. Recuerdo que entonces Izquierda Unida
presentó la enmienda 99, que pretendía una solución similar a lo que es
la proposición de ley que hoy nos ocupa. ¿Qué ocurrió? Que todas SS. SS.,
todos los grupos estuvieron de acuerdo con la solución que dimos, una
transacción que implicó la retirada de la enmienda número 99 de Izquierda
Unida. ¿Por qué? Porque ampliamos en el orden contencioso-administrativo
el derecho de asistencia jurídica gratuita en los supuestos de asilo.
Introdujimos en aquella ocasión una modificación importante, que es la
contenida en el apartado f) del artículo 2 de la Ley vigente, cuando
dijimos que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden
contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa --he
ahí la modificación que se introducía--, los ciudadanos extranjeros que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Es decir, que en este
supuesto ya ampliábamos y eliminábamos el requisito de la residencia
legal o de la condición de ciudadano comunitario.
Pues bien, la práctica viene demostrando que a la hora de sostener los
derechos de los ciudadanos y, sobre todo, a la hora de ejercer la defensa
ante consecuencias que provienen, por ejemplo, de la aplicación de la Ley
de extranjería, de sanciones en el orden contencioso-administrativo, nos
encontramos con que, en ocasiones, la negación del principio de justicia
gratuita puede generar una indefensión al extranjero y una violación
importante, no sólo del tenor de nuestra Constitución, sino también del
tenor de los tratados y convenios internacionales. Y esta duda aumenta
por el hecho de que la jurisprudencia constitucional permite, en los
precedentes al menos, albergar serias dudas. Hasta tal punto que ahora el
portavoz de Convergència i Unió nos recordaba cómo a este problema se le
está dando una solución práctica por parte de los colegios de abogados y
de las comisiones de derechos humanos que existen en la organización
colegial y, por supuesto, por parte de la comisión de justicia gratuita
de algunas comunidades autónomas; esto es cierto. Y, si se está dando una
solución en la línea que plantea esta proposición de ley, parece
razonable que concluyamos diciendo que lo que se defiende en la
proposición es atinado, o al menos debería ser acogido por esta Cámara
como elemento de reflexión capaz y susceptible de impulsar un
planteamiento de reforma legislativa en esta línea. (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio. (Pausa.) Adelante.
El señor CUESTA MARTINEZ: Hablaba el portavoz de Convergència i Unió de
la experiencia de Cataluña y decía: ya no se precisa el requisito de la
residencia legal. No entiendo por qué ustedes se quedan más cortos que
los planteamientos que se dan en el Colegio de Abogados de Cataluña o en
el seno de los movimientos progresistas a los que ustedes dicen
pertenecer en el ámbito de la justicia.
Yo quiero ilustrar a la Cámara con un dato, y es que en Oviedo, por
ejemplo, la comisión de justicia gratuita de Asturias tiene desde hace
tiempo el criterio de considerar residente en la práctica, aunque
legalmente no lo sea, a cualquier extranjero que se vea afectado en
procedimientos de obtención de la residencia o relativos a la extranjería
en el orden contencioso-administrativo. Y desde esta perspectiva, por lo
tanto, se amplían incluso las previsiones y las posibilidades de la ley.
Además en ese ámbito colegial se ha creado recientemente --hablo de hace
15 días-- una comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de
Oviedo, por dar otro ejemplo, para demostrar e ilustrar a la Cámara cómo
la realidad práctica es la de acoger este planteamiento y no la de ir a
otro formalista y cicatero que deniegue cualquier concepción dinámica del
Derecho, es decir, cualquier idea en sí transformadora o modificadora de
la ley.
Hablaba de la jurisprudencia constitucional. Estamos en un terreno
importante. El artículo 119 de la Constitución sobre la justicia gratuita
es un instrumento del artículo 24 de los derechos de tutela efectiva
judicial y del derecho de defensa. Nosotros así lo entendimos ya en la
exposición de motivos de la Ley 1/1996, que hoy nos ocupa. Efectivamente,
el Tribunal Constitucional viene sentando afirmaciones que al menos deben
merecer una consideración y una reflexión de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, vaya concluyendo, por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: La sentencia del Tribunal Constitucional
115/1987, de 7 de julio, nos habla de que también las leyes deben ser
interpretadas de la forma más favorable para la efectividad de los
derechos fundamentales...
El señor PRESIDENTE: Señor Posada, no se subleve.
El señor CUESTA MARTINEZ: ...y de conformidad con la Constitución, y hace
mención también a la sentencia del Tribunal Constitucional 34/1983.
La sentencia 115/1987, de 7 de julio, nos dice: De nuevo ha de recordarse
aquí el tema de la igualdad de trato de extranjeros y españoles y la
homogeneidad de tratamientos de unos y otros que la Constitución reconoce
respecto a ciertos derechos y garantías en los que se incluye, según ha
dicho la sentencia del Tribunal
Constitucional 93/1985, de 30 de septiembre, el derecho a la tutela
judicial efectiva y, por ello, las garantías judiciales vinculadas al
ejercicio de los derechos fundamentales.
Podría seguir ilustrando a esta Cámara con jurisprudencia constitucional;
sin embargo, excúsenme de no entretenerme. No obstante, el propio
Tribunal Constitucional, en sentencia 94/1993, dice: Finalmente debe ser
respetado el mínimo esencial de garantías de procedimiento que enuncia el
artículo 13 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de
1966 y los artículos 13, 19 y 24 referidos a la Constitución española;
este último precepto, el artículo 24, es plenamente aplicable a los
extranjeros, como declararon las sentencias 99/1985, fundamento jurídico
segundo, y 115/87, fundamento jurídico cuarto. He aquí ejemplos claros de
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos llevan necesariamente,
al menos, a reflexionar sobre la utilidad de admitir a trámite una
proposición de ley que nos parece acertada. Y no nos parece, lo digo con
todos los respetos, coherente ni acertada la actitud del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que presenta en esta Cámara una proposición
orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración de
los inmigrantes, la cual, en su artículo 4º, dice literalmente: Todos los
extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos económicos para
litigar tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales
condiciones que los españoles ante el orden jurisdiccional penal y ante
el orden contencioso-administrativo, así como en vía administrativa en
los procedimientos relativos a la solicitud de asilo o procedimientos
sancionadores que puedan conducir a su expulsión. He aquí, con la
negativa que se nos anuncia, una clara incoherencia. Ustedes votan en
contra de una iniciativa que coincide en paralelo con lo que la Cámara
tiene que debatir hoy y que va a discutir en el futuro, cuando estudie
esta proposición. Nosotros votaremos aquí a favor de esta toma en
consideración, con independencia de que sea mejorable, porque creemos
que, efectivamente, el Derecho no debe ser estático y menos a la hora de
plantearnos el desarrollo de derechos fundamentales. Ahí debe haber una
permanente voluntad, vocación y acción dinámica.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del artículo 2,
párrafo a) de la Ley 1/1996, de fecha 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 137; en contra, 157; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
--CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al siguiente punto del
orden del día, la Junta de Portavoces ha estimado conveniente que
sometiéramos al Pleno la siguiente declaración institucional con motivo
del Día internacional de la salud y seguridad laboral. Dados los
preocupantes niveles de siniestralidad laboral en España, superiores a
los existentes en otros países de la Unión Europea y en clara
contradicción con la voluntad de esta Cámara expresada, entre otras
iniciativas, en la reciente aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y considerando que la persistencia y la evolución de aquellos
niveles revelan la necesidad de fomentar una firme conciencia social en
torno a la posibilidad y necesidad de reducir la siniestralidad laboral,
inaceptable por su tremendo coste en vidas humanas, el Congreso de los
Diputados, consciente de esa realidad y decidido firmemente a su mejora,
hace un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los agentes
económicos y sociales, e insta a todas las administraciones públicas a
aunar esfuerzos en pro de una mejora en este terreno, esencial en la vida
cotidiana de millones de mujeres y hombres de nuestro país.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.):
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE REDUCE A 15 AÑOS EL
REQUISITO DE COTIZACION, EN RELACION CON LA PENSION DE ORFANDAD, EN EL
SUPUESTO DE QUE EL SUJETO CAUSANTE NO SE ENCUENTRE EN ALTA O SITUACION
ASIMILADA A LA DE ALTA EN EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO (Número de
expediente 122/000138)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, POR LA QUE SE
MODIFICAN DETERMINADOS REQUISITOS PARA EL COBRO DE LAS PENSIONES DE
ORFANDAD (Número de expediente 122/000147)
El señor PRESIDENTE: Dentro del punto primero del orden del día, pasamos
a debatir las dos proposiciones de ley coincidentes del Grupo
Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
los requisitos para el cobro de las pensiones de orfandad.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para su
presentación el señor Cercas. (Rumores.) Señor Zabalía, señor Ollero,
señor de Luis, de nuevo; señor Barrionuevo y, cómo no, señora Mendizábal,
que tanto habla y que no escucha a la Presidencia. Señora Mendizábal, por
tercera vez, silencio, por favor. (Rumores.) Cuando quiera, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me cabe el honor y tengo la satisfacción de
presentar a la Cámara la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista que propone que se reduzca a quince años el requisito de
cotización en relación con la pensión de orfandad, en el supuesto de que
el sujeto causante no se encuentre en alta o en situación asimilada a la
de alta en el momento del fallecimiento. Dicho en otras palabras, mi
grupo pretende que puedan causar pensión de orfandad un conjunto no muy
amplio, pero sí significativo, de niños y de jóvenes españoles que cuando
les falta la madre o el padre, o cuando les falta ambos progenitores, no
pueden causar sus derechos a pensión de orfandad porque el causante no
tenía la cotización requerida, que es nada más y nada menos que la de
veintidós años. Sus señorías podrán comprender que matemáticamente es
casi imposible que el causante menor de cincuenta años pueda dejar a sus
huérfanos el derecho a la pensión de orfandad en el supuesto de que en
ese momento no estuviese en la situación de alta o asimilada a la de
alta.
Con esta proposición pretendemos recuperar los argumentos y las
posiciones que defendimos con motivo de la Ley 66/1997, que introdujo la
posibilidad de que se causaran este tipo de pensiones en los supuestos de
carencia del alta, pero se sujetó a ese plazo de veintidós años tras una
enmienda transaccional que propuso el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), puesto que el proyecto del Gobierno llegó a la
Cámara con la exigencia de que fuesen treinta años de cotización. En
aquel momento nuestro grupo ya defendió la coherencia de que, al igual
que ocurre con las pensiones de jubilación en estos supuestos, el
requisito de cotización se situara en 15 años, no en 30, como pretendía
el Gobierno, y no en 22, como finalmente consiguió la enmienda de
transacción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Subo a la tribuna, señorías, convencido y esperanzado de que nuestras
razones se van a escuchar esta tarde y van a ser aceptadas en el momento
decisorio de la votación. El pasado 21 de abril se discutió en la Cámara
una proposición similar referida a las viudas y en aquel momento nadie
pudo argüir desde la tribuna del Congreso de los Diputados ninguna razón
contraria de peso. Es más, algunos grupos parlamentarios que son
decisorios en este tipo de debates votaron a favor y algún otro votó en
contra bien que afirmando, como hizo el representante de Convergència i
Unió, que no sólo no tenía ningún inconveniente, sino que compartía
absolutamente todas las razones que movían a nuestra iniciativa.
Las razones son muy sencillas, señorías, y son básicamente dos: la razón
de equidad, porque no parece sensato que si con 15 años un cotizante a la
Seguridad Social puede causar la pensión de jubilación aunque no esté en
alta, no pueda dejar, con 15 años de cotización, pensiones de orfandad.
Tampoco entendemos por qué no puede dejar pensiones de viudedad, pero eso
ya fue debatido la semana pasada. Hay una elemental razón de igualdad de
trato, y si para causar la pensión de jubilación se exigen 15 años, no
acabamos de entender por qué el ordenamiento jurídico somete a un
requisito agraviado a la población de huérfanos del país. Es más, si
hubiera que conjugar razonablemente el fondo de equidad, que es el
sustrato de la protección social de nuestro sistema de pensiones,
tendríamos que pensar en requisitos no más agravados para los huérfanos,
sino menos gravosos para los huérfanos que para los jubilados, porque si
algún estado de necesidad es protegible es precisamente el de los niños o
jóvenes que pierden a su padre, a su madre o a ambos progenitores.
No podemos entender que, una vez que la Seguridad Social española ha
eliminado el requisito cualificado del alta o de la situación asimilada
al alta para prestaciones como la jubilación, lo mantenga y más grave
para los huérfanos que, como es lógico, son los sujetos más dignos de
protección entre todas las situaciones imaginables. Esta tarde nadie
discutirá aquí, como no se hizo la semana pasada, estas razones de
equidad, pero sí parece que la semana pasada, y quizá hoy, se discutan
razones de oportunidad.
Pues bien, señorías, el examen de la oportunidad de una norma exige
responder a una elemental pregunta: ¿es el momento de aprobar esta norma?
Nosotros afirmamos taxativamente que este es el momento. De nada vale
traer la historia de la Seguridad Social para tirarla como arma
arrojadiza en el sentido de que, como llegó a decirse y consta en el
«Diario de Sesiones», carecen de legitimidad nada más y nada menos que
los diputados que en algún momento de la historia de España pudieron
hacer estas proposiciones y no las hicieron. Es tan absurdo el argumento
que quitaría legitimidad a toda la Cámara. Nadie podría establecer
ninguna iniciativa parlamentaria porque per se todas las iniciativas
parlamentarias pretenden regular ex novo situaciones que nunca antes
fueron reguladas en la historia de la Seguridad Social. En nuestro caso
particular, incluso en este sentido, como les decimos, fuimos
adelantados.
¿Por qué es este el momento? Vamos a dejarnos de triquiñuelas y
argumentaciones capciosas para entrar
a fondo, porque sí son discutibles --¿cómo no?-- los argumentos de
oportunidad. Señorías, es oportuno en este momento porque la Seguridad
Social tiene que evolucionar al mismo ritmo que la realidad social. La
Seguridad Social española, en sus textos básicos del año 1974, incluso en
sus precedentes de los años 1963 y 1966, incorporaba el requisito, la
exigencia del alta, porque era una Seguridad Social pensada para una
sociedad distinta de la actual. Aquella Seguridad Social se anclaba en
dos a prioris, que eran ciertos entonces pero que han dejado de ser
ciertos casi cuarenta años después. La Seguridad Social se anclaba en el
principio de que los trabajadores tenían carreras de seguro ciertas y
estables y que normalmente las mujeres no formaban parte de la población
laboral.
Lo cierto es que hoy los trabajadores, y mucho más cuando conjugamos el
genérico quienes incorporamos a las trabajadoras, tienen carreras de
seguro que ni son ciertas ni son estables y puede que, a diferencia de lo
que ocurría hace cuarenta años, sea bastante usual que la madre o el
padre que fallece estén en un momento en el que no estén en alta o en
situación asimilada al alta. Antes, la estructura laboral española hacía
prácticamente inconcebible esta situación, puesto que habría otro tipo de
precariedades sociales, pero las carreras de seguro se iban
perfeccionando de forma estable e indubitable.
En segundo lugar, este es el momento y no antes porque si bien es cierto
que todas estas prestaciones, las de muerte y supervivencia, no fueron
objeto de tratamiento en la ley 26/1985, o no fueron objeto de
contemplación en el Pacto de Toledo, o no fueron objeto de regulación en
la ley de racionalización y mejora de la Seguridad Social, lo cierto es
que todo ello estaba en el sobreentendido de que toda la acción
protectora derivada de la muerte y supervivencia necesitaría un
tratamiento uniforme y armónico, pero ha sido el Gobierno actual, el
Gobierno del Partido Popular el que quebró este principio y trajo con la
ley de acompañamiento de este año la supresión del requisito de alta para
la pensiones de orfandad y de viudedad pero con el requisito de 30 años
de cotización. Si no se hubiera regulado para nada y no se hubiera
sometido a un requisito agraviado de 30 años de cotización, posiblemente
mi partido hubiera esperado al consenso político, al consenso social para
haber visto en su conjunto las pensiones de muerte y supervivencia. Pero
el Gobierno del Partido Popular, sin consultar a los firmantes del Pacto
de Toledo, y apuntándose o tratando de apuntarse un éxito
propagandístico, eliminó el requisito de alta, pero sometiéndolo a unas
condiciones que solamente hacían útil la nueva prestación a efectos
publicitarios, porque con 30 años de cotización prácticamente ninguna
viuda, prácticamente ningún huérfano sería sujeto activo de la
protección.
En consecuencia, señorías, este es el momento; se ha abierto la
posibilidad de que se causen estas pensiones con cotizaciones aun sin que
haya alta o situación asimilada a la de alta, y es por tanto incongruente
que mantengamos cotizaciones diferenciales para los huérfanos respecto de
los jubilados.
En tercer lugar, este es el momento, señorías, porque si España va bien
para una clase de españoles, precisamente los que no están más
necesitados, si España va bien y se están produciendo acumulaciones de
renta y de capital, y si España va bien para que se produzcan un día sí y
otro también y se anuncien reformas fiscales que van a significar cientos
de miles de millones de pesetas para determinadas familias españolas, no
cabe la menor duda de que la Seguridad Social puede gastar unos cientos
de millones de pesetas, que es lo que moderadamente significará esta
nueva prestación, para dar satisfacción a esas escalas de españoles, los
huérfanos que por un requisito burocrático y administrativo no tienen
derecho a la pensión de orfandad.
Nos parece absolutamente inconcebible que se comparen épocas en las que
la Seguridad Social perdía cotizaciones o estaba en situación de agobio
con situaciones en las que la Seguridad Social puede permitirse
perfectamente, sin que se dañen sus datos fundamentales, dar un salto
adelante en una de las lagunas de protección más clamorosas que tiene
nuestro sistema.
No hay ninguna razón, salvo que, como ocurre frecuentemente, tengamos una
política de geometría variable y no tengamos ningún inconveniente en
afirmar y en suscribir, en aprobar normas que llevan decenas, centenares
de miles de millones de pesetas a quienes tienen rentas del trabajo,
rentas del capital, plusvalías adquiridas en el mercado especulativo de
la Bolsa, y nos neguemos a unas modestísimas pensiones de orfandad a
niños o a jóvenes a quienes les falta el padre o la madre. De modo,
señorías, que todas las razones nos dicen que ha llegado el momento;
estamos en disposición y sólo falta la voluntad política y la
sensibilidad social para sacarlo adelante.
Quiero decirles también, señorías, para que no quepa nungún argumento,
para que no haya ningún burladero donde esconder la responsabilidad de
los diputados que hoy tomen opinión sobre el debate, que ese argumento de
que ya se arreglará en la futura ley de acompañamiento, que fue el que se
adujo la semana pasada, en nada empece (en una ley tan simple como esta,
de artículo único) para que, por trámite de urgencia o de lectura única,
la tuviéramos aprobada en un plazo de semanas.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Termino, señor presidente.
La ley puede perfectamente estar en vigor mucho antes de la ley de
acompañamiento y, a sensu contrario, si lo que se pretende es que no
ocurra a mitad
del ejercicio un cambio del ordenamiento de la pensión de orfandad,
ningún inconveniente hay, basta una enmienda de cualquier grupo
parlamentario en el trámite de consideración de la proposición para que
se ponga la entrada en vigor el 1 de enero de 1999.
Concluyo señor presidente. Estoy seguro de que no habrá razones de fondo
en esta tribuna y de que no se explicitarán las auténticas razones. Las
auténticas razones, señorías, no serán tanto por lo que aquí se ha dicho,
sino por quién lo ha dicho; no serán tanto por la proposición de ley sino
por quién ha tomado la iniciativa. La iniciativa la ha tomado la
oposición, el Partido Socialista e Izquierda Unida en la que veremos a
continuación. Pero no debe ser ése el criterio que guíe y mucho menos en
un ámbito donde todos tenemos identidad de propósitos y donde no alcanzo
a comprender por qué las iniciativas de la oposición, aun cuando son
razonables y fundadas como las de esta tarde, son votadas negativamente
por la única razón de que vienen de los bancos de la izquierda.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Vaquero tiene la
palabra para la presentación de la proposición de ley por la que también
pretende la modificación de determinados requisitos para el cobro de las
pensiones de orfandad.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que Izquierda Unida plantea hoy es sólo,
en parte, repetición de la jugada de aquella que el pasado martes
planteaba en esta misma Cámara respecto a la mejora de las pensiones de
viudedad y justo en el mismo sentido, esto es, reducir a 15 años el
requisito del período de cotización a la Seguridad Social que debe haber
efectuado el causante fallecido de las pensiones de orfandad. En este
sentido, nuestra propuesta es coincidente con la que acaba de defender el
Grupo Parlamentario Socialista, al menos hasta esta parte.
También en esta ocasión el punto de partida es la ley 66/1997, de 30 de
diciembre, es decir, la ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para este ejercicio 1998 que, en el punto dos de su
disposición adicional decimotercera, plantea la modificación del artículo
175, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, en el sentido de dar un importante salto legislativo al reconocer
que no es necesario estar en situación de alta o asimilada al alta para
acceder a la pensión de orfandad, sino que también causan pensión de
orfandad los causantes que, en el momento del fallecimiento, no estaban
en alta o en situación asimilada, siempre y cuando hayan cotizado, al
menos, 22 años. En este caso, nuestra propuesta es reducir de 22 a 15
años. Las razones que manifestamos en su día para esa misma modificación
en la pensión de viudedad valen aquí y, por tanto, no vamos a repetirlas,
las consideramos reproducidas a estos efectos.
Pero a ello nosotros añadimos que, en los casos de la pensión de
orfandad, la ley de acompañamiento mejora también el aspecto de ampliar
los supuestos para devengar el derecho a la percepción de la pensión de
orfandad a aquellos que, realizando un trabajo retribuido, lucrativo,
percibieran una retribución inferior al 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, lo cual es un avance, pero, bajo nuestro punto de
vista, insuficiente, pues vincula injustificadamente el devengo final de
la pensión de orfandad a determinadas rentas del beneficiario, y esto no
sólo es una incompatibilidad injusta, sino discriminatoria con respecto a
otras pensiones, por ejemplo, la de viudedad. Evidentemente, nosotros
también suscribimos el criterio de que las prestaciones por muerte y
supervivencia deberían tener una legislación común, unitaria, que podría
evitar perfectamente estas discriminaciones. En todo caso, hemos
preferido metodológicamente plantearlo por separado porque así está
legislado en estos momentos.
Junto a estos extremos que quisiéramos se viesen modificados, se añade el
hecho de que la ley 24/1997, de 16 de julio, la que racionaliza y
consolida el sistema de la Seguridad Social, mejoraba también la
situación anterior ampliando la edad de los beneficiarios de la pensión
de orfandad a los 21 y a los 23 años en los supuestos de ser huérfanos de
uno o de dos progenitores respectivamente.
Sin embargo, al mismo tiempo, los defectuosos mecanismos transitorios que
contempla esa ley hacen que su aplicación implique situaciones
discriminatorias en función del cumplimiento de edad. Ello es algo que
merece también, bajo nuestro punto de vista, la consideración de ser
modificado para evitar estos efectos discriminatorios por la aplicación
práctica del período transitorio. Por ello hemos hecho esta proposición
de ley en la que se contemplan estas tres modificaciones. Nuestra
proposición viene a consistir, por tanto, en lo siguiente: primero, una
regulación de los supuestos definitivos. El artículo 175.1 y 2 de la Ley
General de la Seguridad Social, que contempla el derecho de pensión de
orfandad a los beneficiarios de los causantes fallecidos tanto si están
en alta como si no lo están, o en situación asimilada al alta, siempre
que hayan cotizado 15 años y hasta la edad de 21 años, si son huérfanos
de un progenitor, o de 23, si lo son de los dos. Estos límites de edad no
serán de aplicación --diría el apartado 2-- a los beneficiarios
incapacitados para el trabajo.
En segundo lugar, se esclarece la transitoriedad en el sentido siguiente:
de un lado, los límites de edad serán de aplicación a partir del 1 de
enero de 1999 y, mientras tanto, el límite de edad para los huérfanos de
un sólo progenitor será de 19 años desde la entrada en vigor
de la ley 24/1997; no así en el caso de los huérfanos de dos
progenitores, que sería de 21 años.
Durante 1998, sin embargo, los límites de edad serían de 20 y de 22 años
respectivamente. Estos límites serán de aplicación a los que, a la
entrada en vigor de la ley 24/1997, siguiesen percibiendo la pensión de
orfandad, se les hubiese extinguido la misma, o no se les hubiese
reconocido el derecho por haber cumplido los 18 años si en dicha fecha
cumplen los límites de edad. En todos estos supuestos la pensión de
orfandad no se extinguiría por el cumplimiento de la edad que en cada
ejercicio constituya el límite de edad si en el ejercicio económico
siguiente cumple los requisitos exigidos.
Esto es lo que nosotros planteamos porque creemos que puede evitar
confusiones en detrimento de los derechos que en último término se
reconocen ya pero que, en cualquier caso, por los mecanismos que
entendemos defectuosos, implican dificultades de aplicación y, por tanto,
merma de esos derechos. Así, esta disposición transitoria que
introducimos creemos que aclara la transitoriedad a satisfacción de
quienes se hayan visto sorprendidos por esta ampliación de derechos justo
cuando el cumplimiento de edad no haya coincidido con el período de
entrada en vigor de la ley.
Permítanos, señorías, que les encomiemos la toma en consideración de
esta proposición de ley más allá de su total o parcial coincidencia con
su contenido, pues si las razones de equidad, de justicia y solidaridad
la avalan por sí mismas y con ellas coinciden en términos generales, la
coincidencia o no con los términos exactos que aquí contemplamos es algo
que puede resolverse en el trámite parlamentario a través de sus
enmiendas. En todo caso, no nos valen las razones que ya argumentaron
algunas de SS. SS. en el pasado debate respecto de la proposición de ley
de la pensión de viudedad, en el sentido de que existía un compromiso
para modificarla en el próximo trámite de la próxima Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.
Señorías, lo que es justificable si lo hace la mayoría parlamentaria no
puede posponerse en función de que sean los grupos de la oposición los
que lo plantean. Desde nuestro punto de vista, esa es una merma de la
democracia, de los mecanismos democráticos y participativos, es una
concepción --y perdónenme el uso de una palabra tan de moda últimamente--
jacobina de la política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
¿Ningún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Señor Peralta, por el Grupo Mixto, tiene la palabra para fijar posición.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada, al debatir sendas proposiciones de ley de los
mismos Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, tuvimos
ocasión de manifestar nuestra solicitud de que se atendiera la unidad que
en la sistemática de la Seguridad Social tienen las prestaciones por
muerte y supervivencia y que comprenden tanto las prestaciones de
viudedad como las de orfandad, y que aquellas proposiciones de ley que
debatíamos la semana pasada relativas exclusivamente a las pensiones de
viudedad fueran complementadas con la tramitación conjunta de las
proposiciones de ley relativas a las pensiones de orfandad. Hoy, con
satisfacción, contemplamos que esta Cámara está examinando las
proposiciones de ley de los mismos grupos relativas a las pensiones de
orfandad y, por tanto, resuelto este pequeño incidente en cuanto a la
tramitación necesariamente conjunta de prestaciones únicas, en cuanto al
fondo del asunto, desde Nueva Izquierda tenemos que decir lo mismo que
decíamos en el debate anterior. Si hay prestaciones de la Seguridad
Social, cual es el caso de las pensiones de jubilación o las pensiones de
incapacidad absoluta para las cuales se considera que no es necesario el
alta si se tiene una carencia de 15 años, con mucha mayor razón parece
que debe aplicarse el mismo tratamiento cuando son prestaciones como la
de muerte y supervivencia que plantean situaciones de necesidad
imprevistas y, posiblemente, de mayor gravedad.
Por tanto, señorías, desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
manifestamos nuestra posición favorable a la toma en consideración de
estas proposiciones de ley que entendemos que deberían tramitarse junto
con las prestaciones de viudedad, posición contraria que se manifestaba
el pasado día por parte de grupos que anunciaban que darían respuesta a
este problema a través de la ley de presupuestos o de la ley de
acompañamiento para el año que viene. Son posiciones que, en definitiva,
señorías, suponen un atentado a lo que es la tramitación parlamentaria
ordinaria. La tramitación parlamentaria ordinaria permite discutir, con
un procedimiento ordinario, las posiciones de los distintos grupos y no
mezclado en el conjunto de la política presupuestaria del Estado y con
notables restricciones en cuanto a la posibilidad de enmiendas y de un
debate ordenado y en profundidad, como requiere todo lo que sea reforma
de la Seguridad Social.
Por tanto, desde Nueva Izquierda nos permitimos solicitar que por parte
de todos los grupos se atienda esta petición de una tramitación ordinaria
en un tema, sin lugar a dudas, importante y que nosotros consideramos que
merece y requiere una solución urgente.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
También desea intervenir el señor Vázquez, dentro del Grupo Mixto.
Adelante.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo brevemente para decir que el
Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en
consideración de las proposiciones de ley presentadas por los grupos
Socialista y Federal de Izquierda Unida. Ambas iniciativas hacen
referencia a la misma cuestión, que es la necesidad de modificar la Ley
General de la Seguridad Social en lo relativo a determinados requisitos
para el cobro de las pensiones de orfandad. Una modificación que, desde
nuestro punto de vista, es necesaria y que, de alguna manera, se engarza
con la discusión de la semana anterior respecto al cobro de las pensiones
de viudedad.
Nosotros creemos que, aunque no sea discriminatorio, no parece
comprensible que se exija un período de cotización de 22 años para causar
derecho a la pensión de orfandad en el supuesto de que el causante no
esté en situación de alta o asimilada al alta. En el caso de jubilación
se exigen 15 años para tener derecho a la prestación y, en el caso de
invalidez, no ya 22, sino 15 en aplicación de normas recogidas en el
artículo 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social.
Respecto a la condición de que los huérfanos ganen menos del 75 por
ciento del salario mínimos interprofesional para seguir percibiendo
pensión hasta los 21 ó 23 años, también es incomprensible que este
requisito se solicite a los huérfanos cuando no se solicita, por ejemplo,
a las viudas, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día la
incorporación al mercado laboral se produce cada vez más tarde y la
realización de trabajos por parte de personas entre 18 y 21 años se
corresponde normalmente con contrataciones que reportan muy pocos
beneficios económicos. En todo caso, conviene reseñar que las pensiones
de orfandad y de viudedad forman parte del mismo grupo de prestaciones,
las denominadas de muerte y supervivencia.
En cuanto a la elevación de la edad que se produjo en la ley 24/1997, se
creó una discriminación de derechos en función del momento del
cumplimiento de la edad. Las personas que percibían una pensión de
orfandad en el año 1997 y cumplieron los 18 años de edad en este año, si
los cumplieron antes del 5 de agosto de 1997 no se les prorrogó la
pensión, y si los cumplieron después del 5 de agosto sí se les prorrogó
hasta los 21 ó 23 años. Por eso, desde nuestro punto de vista, es
adecuada la disposición transitoria que presenta el Grupo Federal de
Izquierda Unida para evitar esta discriminación que se produce.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente a ambas
proposiciones de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señor Caballero, por el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Vasco, PNV, para fijar nuestra
posición en relación con las dos proposiciones de ley que se han
presentado, por parte del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, con el
fin de variar el contenido de la disposición adicional decimotercera,
dos, de la Ley de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, de
30 de diciembre de 1997, que establecía el derecho a la pensión de
orfandad aunque el causante no se encontrase, en la fecha del
fallecimiento, de alta o en situación asimilada al alta. Mediante estas
dos proposiciones de ley se trata de reducir a 15 años el requisito de
cotización fijado en 22 años, con el fin de asimilarlo con el período
mínimo exigido para acceder a la pensión de jubilación, alegando razones
de equidad.
Indudablemente lo aprobado en la ley de acompañamiento de los
presupuestos de 1998 ha supuesto ya un notable avance sobre la situación
anterior, no subordinando el reconocimiento del derecho a la pensión a un
requisito ya desaparecido en otras pensiones del sistema. También es
cierto que el período de cotización establecido, de 22 años, origina una
situación de cierta injusticia y discriminación por analogía con otros
beneficiarios de pensiones, dado que la normativa regula, en relación con
las pensiones de viudedad, las previsiones para estas pensiones.
Asimismo, nos parece que no se puede olvidar que nos encontramos frente a
una casuística algo variada que quizá hubiese exigido un estudio más
profundo del tema que estamos debatiendo hoy. Por todo ello, y aun
valorando el avance obtenido hace unos meses, pero reconociendo que
existe una situación discriminatoria y, además, también por similitud y
coherencia con lo que la semana pasada votó este grupo parlamentario en
relación con la variación propuesta sobre las pensiones de viudedad, el
Grupo Vasco va a votar a favor de la toma en consideración de estas dos
proposiciones de ley.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
El señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
Quiero posicionarme, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), en relación a estas dos iniciativas, una del Grupo
Socialista y otra del Grupo de Izquierda Unida. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) No voy a entrar en el
contenido material de las dos iniciativas, que ha sido suficientemente
justificado por los portavoces, y es evidente que nuestro grupo
parlamentario, de la misma manera que coincidió con el contenido material
de las proposiciones de ley que se
debatieron en el pasado Pleno, también coincide con el contenido material
de estas dos iniciativas. Por tanto, repito, no voy a entrar en estas
consideraciones, pero sí quiero justificar, y que la Cámara lo entienda,
nuestro voto negativo a esta toma en consideración, y para ello me voy a
permitir recordar dos cuestiones, situándonos previamente en una
consideración: que es evidente que en 1997, con la ley de presupuestos
para este año, se iniciaba un proceso de mejoras, tímidas si quieren,
respecto al tratamiento de este tipo de prestaciones.
Seguramente todos nos podemos sentir insatisfechos del alcance real de
estas medidas, porque siempre estamos hablando --creo que alguien lo ha
dicho-- de cantidades de dinero realmente escasas y que probablemente
constituyen sumas modestísimas en las economías de las personas que se
pueden ver beneficiadas. Por consiguiente, situamos este debate en un
contexto de mejora tímida de este tipo de prestaciones, pero, por otra
parte, a nadie se le escapará, y especialmente al señor Cercas --yo soy
nuevo en esta legislatura y él lleva bastantes más años que yo de
diputado--, que el compromiso de un grupo parlamentario en un presupuesto
es un compromiso que se desarrolla a lo largo del ejercicio del mismo.
Usted, señor Cercas, sabe que nosotros llegamos a un acuerdo con el Grupo
Parlamentario Popular y con el Gobierno para introducir una serie de
mejoras respecto a la previsión que hacía el proyecto inicial que había
presentado el Gobierno y que eso nos obliga a nosotros a procurar que
durante ese ejercicio no se introduzcan nuevas modificaciones, como digo,
por coherencia con aquello que votamos en diciembre del año pasado. Por
esta coherencia que el señor Cercas conoce --se pudo beneficiar de ella
en la anterior legislatura--, nosotros no podemos votar la toma en
consideración de su iniciativa. El compromiso político que asumimos en
este debate, como el que asumimos en el debate que se celebró el día 21
de abril, es el de introducir estas modificaciones en el presupuesto de
1999, en el debate parlamentario que se produzca en diciembre de 1998.
Este es nuestro compromiso, y el señor Cercas puede confiar en nuestra
palabra.
Una segunda cuestión. Hoy el debate está teniendo un tono muy civilizado,
muy razonable, y estoy seguro de que al final del mismo vamos a continuar
en esta línea, por lo que nuestro grupo se muestra especialmente
satisfecho. Hemos tenido cinco o seis debates en el Pleno de la Cámara
sobre aspectos que afectan a la Seguridad Social, y el conjunto de los
grupos hicimos un gran esfuerzo para ser capaces de consensuar, a través
del Pacto de Toledo, un desarrollo del sistema público de pensiones que
pudiese garantizar su subsistencia en el futuro, y eso pasaba por que
dejásemos de utilizar la Seguridad Social como un espacio privilegiado de
confrontación partidista. Nos parece que, más allá de las legítimas
posiciones que cada grupo desea mantener, del papel que tiene que jugar
el Gobierno y del papel que tiene que jugar la oposición, debemos ser
capaces de introducir mejoras legislativas con una actitud en la que la
demagogia no sea el terreno en el que transcurra este debate político. A
nuestro entender, la Ley de Racionalización del Sistema de la Seguridad
Social cumplía los requisitos del Pacto de Toledo, pero, por su propia
definición, era una ley en transformación, y yo diría que acelerada; es
más, la Cámara se ha dotado de instrumentos, como es la subcomisión que
ha de hacer el seguimiento del Pacto de Toledo, donde todos deberíamos
ser capaces de plantear nuevos retos para consolidar el sistema público
de pensiones y para resolver aquellas situaciones en relación con
determinadas prestaciones en las que es necesario el sentido común y el
sentido social que deben caracterizar la actuación de esta Cámara. Por
tanto, no tan sólo nuestro compromiso en relación al presupuesto de 1999
de introducir buena parte del contenido material de estas proposiciones
no de ley, sino nuestro compromiso de recuperar el consenso que permitió
asumir el Pacto de Toledo y nuestro compromiso de utilizar el marco
parlamentario que tenemos, que es la subcomisión de seguimiento del mismo
para impulsar las modificaciones legislativas que sean necesarias en la
línea del consenso que ha reclamado el señor Cercas. Lógicamente, nuestro
grupo recoge el guante y acepta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Con la venia, señor presidente.
Señorías, yo quiero agradecer con toda sinceridad el tono que se ha
venido suscitando en este debate, muy especialmente al señor Cercas y al
señor Vaquero, porque creo que es bueno que los asuntos de Seguridad
Social, por su delicadeza, se estudien con sobriedad.
He ido tomando notas de algunas de las cosas que ha dicho el señor
Cercas, y tengo que decirle que yo creo que desde esta tribuna el grupo
parlamentario al que tengo el honor de representar escucha todas las
razones, de verdad, y no es que haya razones contrarias a que prosperen
las dos iniciativas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida y
por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque sean básicamente muy
distintas. En principio, ustedes plantean una cuestión que hubiera podido
ser acumulada a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista la pasada semana, puesto que lo que realmente se solicita en
esa iniciativa es reducir de 22 a 15 los años de cotización para un
determinado beneficiario tanto de pensión de viudedad como de orfandad en
el supuesto de que el causante no estuviere en situación de alta en el
momento del fallecimiento.
El señor Vaquero va bastante más allá y pretende una modificación a fondo
de lo que se plasmó en la Ley de Consolidación y Racionalización de la
Seguridad Social, que es un tema mucho más controvertido, por una razón:
si usted pretende cambiar las medidas transitorias que vienen reguladas
en el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social y pretende
eximir la incompatibilidad que quedó reflejada en el texto al decir que
una pensión de orfandad sería incompatible cuando el beneficiario
obtuviera por renta de trabajo un 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, además de la reducción de 22 a 15 años, lo que tengo
que decirle, señor Vaquero, es que las pensiones de orfandad son
acumulables a la pensión de viudedad hasta el cumplimiento de los años
establecidos en la ley. Y si encima usted pretende quitar esa
incompatibilidad que puede generar un trabajo, podría ser que en una
unidad familiar en la que se produjera el fallecimiento del causante, su
cónyuge supérstite, en virtud de esta pensión de viudedad y de las
pensiones de orfandad, tuviera más recursos económicos que cuando el
padre causante o el pater familias vivía y, por tanto, percibía sus
propios ingresos. Eso sería contradictorio con el actual espíritu de la
Seguridad Social.
Al señor Cercas, que ha empleado la palabra triquiñuelas, le digo que yo
creo, de verdad, que nosotros no estamos aquí para debatir triquiñuelas,
que este no es el momento oportuno para estudiar todo esto y que nuestro
compromiso, como ha dicho el representante de Convergència i Unió, es
estudiar bien el coste económico que puede suponer tanto la aprobación de
la iniciativa que plantean ustedes hoy como la de la semana pasada.
Porque, señor Cercas, usted ha hablado de equidad, y yo le pregunto si
hay mayor equidad que la responsabilidad del Gobierno de vigilar el
equilibrio financiero de las arcas de la caja única que controla la
Tesorería General de la Seguridad Social. Yo creo que esa es la mayor
equidad. Si en 1965 cada 4,5 cotizantes sostenían un pensionista y hoy,
en 1998, cada 2,5 pensionistas sostienen una pensión de jubilación o de
invalidez --y además estamos en momentos en los que la expectativa de
vida, no de una forma súbita pero sí paulatina, se va alargando--, las
arcas de la Seguridad Social tienen que garantizar una mayor viabilidad
en cuanto al tiempo de pago de pensiones de viudedad, de jubilación, de
invalidez, de orfandad, etcétera, y la gran equidad del Gobierno, como
ustedes hicieron en muchos de esos aspectos en su momento, es garantizar
ese equilibrio. Lo creo con toda convicción.
Señor Cercas, recuerdo que en la pasada legislatura ustedes rechazaron
algunas inciativas legislativas de otros grupos parlamentarios atendiendo
al presupuesto financiero de cada uno de los ejercicios de la Seguridad
Social y a ese equilibrio financiero que mandata el Pacto de Toledo. No
hay nada que nos pudiera satisfacer más. Pero, señor Cercas, en este
momento, cuando esa expectativa de vida se prolonga día a día, los
avances científicos en materia sanitaria para nada garantizan que dentro
de escasos años no haya una mayor expectativa de vida. Creo que debemos
ser cautelosos, y lo digo con todo respeto y reconocimiento. Yo hacía
estas reflexiones esta mañana en la Comisión de Política Social y Empleo,
y entre todos debemos estudiarlas mediante ese diálogo que hemos empleado
hoy aquí. Eso es muy bueno para el futuro del sistema de la Seguridad
Social, y conviene estudiar cada una de las consecuencias.
Según tengo entendido, en este momento hay aproximadamente unas 350
solicitudes de pensiones de viudedad para esos supuestos en que el
causante no estaba en situación de alta. Pero ese no es el número
definitivo, y a mí me gustaría que en alguna ocasión los grupos de esta
Cámara tuvieran la valentía de subir a esta tribuna y darnos las gracias;
reconocer de verdad, en lugar de reñirnos continuamente, los esfuerzos
que ha realizado el actual Gobierno. Porque, señor Cercas, ¿quién ha
desarrollado el Pacto de Toledo? ¿Quién ha mejorado de verdad las
pensiones de viudedad y de orfandad? ¿Quién ha legislado por primera vez
que se incrementen las pensiones de jubilación y de invalidez con arreglo
al IPC previsto? Y además sin reabsorber en cuanto a esas previsiones del
IPC, con lo cual, los jubilados tienen hoy garantizados unos puntos de
más en la viabilidad de su poder adquisitivo respecto de las pensiones
¿Quién ha traído iniciativas a esta Cámara por parte del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para promover las reformas de formación
profesional, de formación ocupacional, de formación profesional
continuada y la reforma laboral pactada entre los agentes sociales?
¿Quién ha presentado un Plan plurianual de empleo para fomentar la
ocupación? ¿Quién ha presentado a Europa, y ha sido felicitado, un Plan
de empleo para fomentar dicha ocupación? Señor Cercas, alguna cosa hará
bien el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno Popular, y nos gustaría
también que alguna vez nos regalaran los oídos y nos lo dijeran, porque
no todo puede ser malo.
Para concluir, quiero decir que agradezco el tono constructivo de este
debate y al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió su postura, ya que
ha puesto de manifiesto que votará igual que el Grupo Parlamentario
Popular. Queda nuestro compromiso formal para que, en la próxima ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden social que acompañará al
proyecto de ley de presupuestos del año 1999, tengamos ese estudio
económico tan importante y poder plantearnos en serio el reconocimiento
para estos casos en los que no se da el supuesto de alta o situación
asimilada al alta, y que --todo sea dicho de paso-- desde el año 1985 a
1996 nunca fue reconocido; que podamos ver la viabilidad de reconocerlo
en un plazo de cotización de quince años, incluso para estos supuestos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre la toma en
consideración de las proposiciones de ley debatidas.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Socialista por la que se
reduce a 15 años el requisito de cotización en relación con la pensión de
orfandad, en el supuesto de que el sujeto causante no se encuentre en
alta o situación asimilada a la de alta en el momento del fallecimiento.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 306; a favor, 148; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida por la que
se modifican determinados requisitos para el cobro de las pensiones de
orfandad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 147; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CONCEPTO DE
SOCIEDAD ESTATAL Y EMPRESA PUBLICA (Número de expediente 162/000152)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones no de
ley.
En primer lugar, del Grupo Popular sobre el concepto de sociedad estatal
y empresa pública. Para su presentación, tiene la palabra el señor
Cámara. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente,
señorías, me van a permitir que comience diciendo que el simple hecho de
que hoy se debata esta cuestión en el Pleno de la Cámara constituye de
por sí una buena noticia. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Cámara.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señor
Jover, señor Pascual, por favor, guarden silencio.
Puede continuar, señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que constituía de por sí una buena noticia el que se debata aquí
hoy esta cuestión y no porque el autor de la propuesta sea el Grupo
Popular, porque esto sería tremendamente pretencioso, sino porque la
formulación de la proposición no de ley viene precedida de un trámite que
pasó por esta Cámara de forma inocente, como ya lo calificara el portavoz
socialista, en su día, en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Entre otras cosas, y por este acto, pretendemos hoy dotarle de mayor
relevancia de la que habitualmente le dispensa esta Cámara al Tribunal de
Cuentas. Nos referimos a uno de los infrautilizados instrumentos
regulados en el artículo 12 de la Ley de creación de dicho Tribunal
de Cuentas, Ley Orgánica 2/1982, que es el que regula la elaboración de
mociones o notas por parte del Tribunal. Pues bien, la autorización de
este trámite de moción o de nota tiene a nuestro juicio una gran
importancia y se materializó en dos mociones presentadas en la Comisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas el pasado 5 de mayo.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Cámara.
Señorías, les ruego guarden silencio. Es imposible seguir el debate ni
para el diputado que está interviniendo ni para los diputados o diputadas
que tienen que seguirlo.
Continúe, señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Decía que la moción, presentada en
su día por la entonces presidenta del Tribunal de Cuentas, tuvo una
presentación inocente, más inocente por su repercusión, que en nuestra
opinión fue poca, que la que tiene de forma material, que pensamos que es
mucha. Fíjense, señorías, que lo que pretende nuestro grupo hoy es,
simple y sencillamente --y espero que así lo reconozca y lo apoye el
resto de los grupos parlamentarios--, reconocer la importancia de la
figura del Tribunal de Cuentas no sólo como un emisor de informes de
fiscalización, sino como emisor de este tipo de notas y de mociones para
hacer valer su función fiscalizadora --que por cierto realiza por
delegación de las Cortes-- y otra más olvidada y relevante a la que
debemos conceder mayor importancia de la que actualmente tiene, que es la
establecida en el artículo 28.6 de la Ley de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas. En dicho artículo se fija exactamente que el Tribunal de
Cuentas elevará, en todo caso, a las Cortes Generales cuantas mociones o
notas considere convenientes, proponiendo las medidas conducentes a la
mejora de la gestión económico-financiera del sector público.
Es por ello por lo que, para finalizar la primera parte de mi
intervención, quiero saludar muy positivamente esta iniciativa que tuvo
en su día el Tribunal de Cuentas y animarle a que prosiga en esta otra
faceta más asesora que fiscalizadora, persuadidos no sólo de su
importancia sino de su utilidad, que además sirva, entre otras cosas,
para rejuvenecer la imagen del Tribunal de Cuentas y permita a esta
Cámara extraer positivas enseñanzas de quien tiene atribuidas
constitucionalmente tan altas función y especialización.
Como el movimiento se demuestra andando, señorías, vamos al fondo de la
proposición no de ley.
Como punto de partida, nuestro grupo quería efectuar dos premisas que el
Grupo Popular considera esenciales para enfocar adecuadamente la cuestión
sobre el concepto de sociedad estatal y de empresa pública. En primer
lugar, hay que establecer la necesidad de conocer con nitidez el ámbito
de lo que es el sector público empresarial y, en segundo lugar, que toda
actividad pública que suponga una actividad económica debe estar
sometida, sin excepciones, al principio de rendición de cuentas.
Obviamente, para que la segunda de las propuestas se pueda hacer
realidad, es preciso conocer el alcance del sector público.
Nadie duda de estar en presencia del sector público cuando se trata de un
ayuntamiento, de una consejería de una comunidad autónoma, de un
ministerio, de un organismo autónomo o de un ente público de Derecho
privado o de Derecho público, como tampoco nadie duda de que, cuando se
acuerda esta personificación pública, se ha de someter su actividad
económica al proceso de rendición de cuentas ante el Tribunal. Sin
embargo, el panorama se vuelve ciertamente difuso y poco clarificador al
adentrarnos en el sector público empresarial, en el ámbito de lo más
comúnmente denominado como empresa pública o, si se quiere en términos
jurídico-presupuestarios, en el ámbito de los entes que forman parte del
artículo 6.1 de la Ley General Presupuestaria.
¿Qué es lo que dice la Ley General Presupuestaria sobre lo que son
empresas públicas o lo que no lo son? El criterio que establece es el de
participación mayoritaria o, lo que es lo mismo, se consideran públicas
las empresas cuya participación en el capital societario sea mayoritario,
entendiendo por mayoritaria la participación en el capital superior al 50
por ciento. Con este criterio es con el que viene caminando el Tribunal
de Cuentas, viene caminando la Intervención General de la Administración
del Estado y venimos caminando todos en general. Y porque deseamos que se
pondere por el Gobierno la necesidad de replantearse este criterio, que
nos parece insuficiente al día de hoy, es por lo que queremos que
aparezca expresamente definido en el texto de la proposición no de ley
--y me refiero ahora a una de las enmiendas presentadas, en concreto la
del Bloque Nacionalista Galego-- que lo que debe realizar el Gobierno es
un estudio en el que se contemple la posibilidad de otros criterios
distintos a éste que debe estar en desuso, que es el criterio de
participación mayoritaria, por lo que no creemos que sea necesario. Es
más, creemos necesario que aparezca y por lo tanto no estamos de acuerdo
con la propuesta que hace el Bloque Nacionalista Galego.
Con relación al criterio, lo cierto y verdad, señorías, es que se ha
revelado insuficiente por la propia evolución de la realidad
económico-financiera del panorama empresarial español. Se puede decir que
tan sólo ostenta dominio efectivo en una sociedad participada por
acciones aquel socio que tenga una participación mayor del 50 por ciento.
Parece obvio que no es así en todos los casos. Piénsese, por ejemplo, en
cualquier grupo industrial español o en cualquier entidad bancaria
importante.
Resulta indudable que pequeñas participaciones porcentuales en grandes
masas patrimoniales, como este tipo de grupos al que me refería, otorgan
verdadero dominio o posición de dominio en la empresa de que se trate.
Por eso, la ley mercantil, la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo
185, explicita el concepto de participación estableciendo una presunción
que consiste en entender participadas todas las sociedades que posean
derechos sobre el 20 por ciento del capital, con excepción de las
empresas que cotizan en Bolsa, cuyo porcentaje se convierte en el 3 por
ciento.
Este criterio, que ya fue expuesto en la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas por el portavoz del Grupo
Socialista en su día, señor Gimeno, es indicador de algo. Si bien el
concepto no permite ser utilizado para conceptualizar jurídicamente lo
que es empresa pública o no, sí que sirve con toda claridad para entender
que al menos la ley mercantil establece una cautela de transparencia
superior, en el caso de que haya participaciones inferiores al 50 por
ciento. Esto queda reafirmado en el artículo 200 del mismo cuerpo
normativo, en el que se establece la necesidad de que aparezca en la
memoria anual la denominación y domicilio de las sociedades que posean
directa o indirectamente el 20 por ciento o el 3 por ciento, según se
trate de sociedades cotizadas o no.
Este, señorías, puede ser un criterio, que no consideramos ni válido ni
no válido, sino un criterio aplicado en la Ley de Sociedades Anónimas, en
concreto para la formulación de cuentas anuales. Hay otros criterios, que
fueron esbozados por la presidenta del Tribunal de Cuentas en aquella
Comisión, como los provenientes de la Unión Europea, en los que se
entiende que son empresas públicas aquellas en las que los poderes
públicos pueden ejercer directa o indirectamente una influencia dominante
en razón de la propiedad o la participación financiera o de las normas
que rijan la sociedad de la que se trate. Nosotros lo que proponemos es
que el Gobierno establezca un criterio que tenga en cuenta las
consideraciones que hemos hecho hasta ahora y que no se base
exclusivamente en la participación
mayoritaria y abunde en el dominio efectivo como el que vengo refiriendo.
Esta es nuestra pretensión, que no es ni más ni menos que ninguna
manifestación de actividad económica proveniente del Estado quede
excluida del control por parte del Tribunal de Cuentas.
También quisiera mencionar que en la proposición no de ley y en la moción
que en su día planteó el Tribunal de Cuentas se hace referencia, y no por
casualidad, a dos conceptos que no son equivalentes. No es equivalente
hablar de sociedad estatal y de empresa pública. Dentro de las sociedades
estatales se incluyen todas las que tienen participación del Estado y,
sin embargo, empresas públicas son todas aquellas sociedades estatales y
sociedades de otras administraciones que tienen participación de la
Administración pública, entendiendo también por administración pública a
los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autonómas.
Y para complementar este marco de transparencia, instamos al Gobierno
para que, tras las modificaciones normativas que sean necesarias, todos
los años se pueda disponer de un inventario, conforme al criterio que se
establezca, de todas las sociedades estatales y empresas públicas de
todas las administraciones. En este punto sí que es verdaderamente
importante la referencia a todas las administraciones, para poder llegar
a conocer el sector público que se nos antoja más difuso y más difícil de
clasificar, que es el de otras administraciones distintas a la estatal,
donde quizás lo más difícil no sea comprender si estamos en presencia de
una empresa pública o no, sino de qué participación pública se trata en
cada una de estas situaciones.
Por cierto, que los miembros de la Comisión Mixta para las relaciones con
el Tribunal de Cuentas, en los dos últimos ejercicios económicos o en los
dos últimos años, ya hemos recibido este inventario por conducto de dicha
Comisión a solicitud de los grupos. Lo que nosotros hacemos es instar al
Gobierno para que esto se produzca de manera inmediata. También tengo que
decir que este inventario lo hemos recibido no hace ni 15 días y les
aseguro, señorías, que su volumen, su contenido no es pequeño y que da
buena luz sobre quién es quién en el ámbito empresarial público español.
No quisiera finalizar sin hacer referencia a la enmienda del Grupo
Socialista, en la que se propone la sustitución del primer punto del
texto de nuestra proposición por otro que coincide plenamente con la
propuesta de resolución que en su día se presentó en el trámite de
Comisión. Yo ya manifesté en aquella Comisión que, cuando el Grupo
Socialista había expuesto criterios precisos --el criterio de la ley
mercantil en concreto lo aportaba el señor Gimeno en su día sobre esta
cuestión y del que, por cierto, ya he hablado yo--, además reclamaba
mayor concreción del Tribunal de Cuentas en su moción, porque lo cierto
es que la moción del Tribunal no concretaba qué criterio podría ser el
relevante para diferenciar entre lo que es empresa pública y lo que no, y
acabé diciendo que nos parecía insuficiente la propuesta que había
planteado, porque entendíamos que solamente se remitía al Gobierno para
que se leyera o estudiara la propuesta que hacía el Tribunal de Cuentas y
determinara dónde había que modificar la norma y dónde no. Como entonces,
nos sigue pareciendo que la propuesta estaba bien, aunque es
insuficiente, pero, insisto, nos sigue pareciendo correcta, porque
creemos sinceramente que la propuesta, tal y como la hemos formulado, es
más concreta que la que presentó en su día el Grupo Socialista y que hoy
plantea, que busca más audazmente un criterio distinto al de
participación mayoritaria y que recoge todas las cuestiones planteadas
por los grupos en su día, por lo que nos gustaría que se adhirieran a la
proposición. Para que no surja el desacuerdo por motivos gramaticales, lo
que sí hacemos es sugerir que se transaccione un texto, del que ya hemos
estado hablando con diversos portavoces parlamentarios, seguros de que
así la propuesta obtendrá el respaldo que yo creo debe ser unánime de
esta Cámara y que salga definitivamente aprobada por unanimidad.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
A esta proposición no de ley han sido presentadas enmiendas por parte de
los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta iniciativa que hoy debatimos fue presentada en el registro
de la Cámara por el Grupo Parlamentario Popular el día 6 de junio de
1997, hace ya casi un año. Nuestro grupo entiende que no había ninguna
necesidad de tramitarla en este Pleno, salvo por no sé qué intención,
seguramente buena, del Partido Popular de no considerar suficientemente
válido un acuerdo de esta Cámara que se produjo en la Comisión Mixta del
Tribunal de Cuentas, como ha recordado el portavoz del Grupo Popular, y
sí probablemente querer considerar válido el resultado de esta
iniciativa, que no cabe la menor duda de que lo va a ser, siendo ésta en
el fondo y casi en su literalidad igual al espíritu del texto que ya
aprobó la Comisión Mixta hace solamente unos meses, el 30 de septiembre
de 1997.
En aquella fecha, el Grupo Popular pretendió que el resto de los grupos
--concretamente Convergència i Unió, su aliado-- retiráramos las
propuestas de resolución aprobadas para dar entrada en el Pleno a esta
proposición no de ley, y la mayoría, entonces, consideró
que no era oportuno que prevaleciera una iniciativa del Grupo Popular
cuando el contenido de la moción, sobre sociedades estatales y empresas
públicas, fue suscrito por todos y suscitó un consenso total. La lectura
del «Diario de Sesiones» de esa sesión de la Comisión Mixta --del 30 de
septiembre-- avala estas palabras mías. Ante tal unanimidad entonces, no
acierto a comprender el sentido de esta iniciativa, salvo que el grupo
parlamentario del Partido Popular haya decidido que sólo él puede instar
al Gobierno o que éste sólo se sienta políticamente obligado a cumplir
las resoluciones del Parlamento cuando proceden del Grupo Parlamentario
Popular, y no cumpla las recomendaciones del Parlamento cuando proceden
de una mayoría que en aquel momento se nucleó en torno a grupos de la
oposición y que resultó ganadora en una votación.
Este es el caso que nos ocupa y hago esta introducción porque, desde el
punto de vista del contenido y del fondo, no puedo por más que estar tan
de acuerdo como lo estuvimos en la celebración de aquella sesión de la
Comisión Mixta. Insisto en que el «Diario de Sesiones» expresa tal
unanimidad sobre lo que estamos debatiendo hoy aquí que quizá sea éste el
origen de mi introducción sobre la innecesariedad, pero, a pesar de ella,
sería básicamente imposible que nuestro grupo no tratara de conseguir,
con enmiendas incluidas, una formulación que finalmente hiciera que la
aprobación de esta proposición no de ley fuera, lógicamente, por
unanimidad, como también ocurrió en la Comisión Mixta.
El fondo del debate no es más que un cambio de criterio sobre qué es una
empresa pública a partir de que la realidad económico-financiera ha
cambiado notablemente en los últimos años. Determinadas lagunas legales
han permitido que se hayan hecho interpretaciones distintas y haya habido
discrepancias entre la Intervención General del Estado y el propio
Tribunal de Cuentas en cuanto a la conceptualización. A esto queremos
todos los grupos darle respuesta. Si miramos la legislación, podemos ver
que incluso el Tribunal Supremo ha adelantado formulaciones que van más
en la dirección de lo que se propone --en la moción entonces aprobada y
ahora en esta proposición no de ley-- y, por lo tanto, no voy a emplear
tiempo en relatar lo esencial de una moción con la que estamos de acuerdo
y que está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, pero
sí en hacer un pequeño resumen de la posición política de nuestro grupo
en este momento.
Señorías, estamos ante una moción cuyo contenido obtuvo el consenso de
todos los grupos parlamentarios y que llega ahora en forma de proposición
no de ley presentada por el Grupo Popular, incorporada a un debate sobre
empresa pública, privatizaciones, que --permítanme que les diga,
señorías-- uno tiende a pensar que sólo hará falta para aquellas empresas
públicas de ámbito inferior al estatal por la aceleración del proceso
privatizador del actual Gobierno, que --por la declaración de alguno de
sus miembros-- hace pensar que dentro de poco no habrá tanta necesidad de
saber los límites conceptuales sobre cuándo una sociedad es pública,
sencillamente, porque quizás haya poco de donde tirar respecto de esos
límites.
Dicho esto, nuestro grupo también formó posición política sobre el fondo
de esta cuestión en la Comisión Mixta tantas veces aludida y apoyó la
resolución que se aprobó por mayoría. Por lo tanto, primero, mi grupo
mostró su conformidad con lo expresado en la moción del Tribunal de
Cuentas sobre la necesidad de establecer nuevos criterios que superen el
rígido de mayoría absoluta para la consideración de empresa pública,
puesto que este criterio, dada la realidad económico-financiera de
nuestro entorno, no tiene ya mucho sentido.
Segundo, nuestro grupo constata que existen discrepancias,
contradicciones e indefiniciones legislativas en cuanto a lo que
significa mayoría entre la Intervención General de la Administración del
Estado y el propio Tribunal de Cuentas, lo cual pone de manifiesto la
necesidad de modificar la legislación y establecer criterios más acordes
con la situación actual.
Tercero y último, nuestro grupo va un poco más allá en sus peticiones y
sus posiciones cuando hemos pedido al propio Tribunal de Cuentas que
concrete más el contenido de sus propias mociones en el sentido de
determinar el significado del control o dominio efectivo, poniendo en
paralelo todo lo que la Ley de Sociedades Anónimas dice sobre
participaciones. Así pues, nuestro grupo, en coherencia con la posición
ya mantenida, ha presentado una enmienda (a la que ha hecho referencia el
portavoz del Grupo Popular, con la que dice estar de acuerdo en su
contenido, pero que en la literalidad va a proponer una transaccional
para incorporarla a su texto) de sustitución del punto número 1, que
coincide literalmente con lo aprobado mayoritariamente en la Comisión
Mixta, y espero que el resto de grupos, en concordancia con lo
manifestado entonces, apoyen esta enmienda. En todo caso, estamos
dispuestos a estudiar el texto concreto de una posible enmienda
transaccional para que salga aprobada por unanimidad --no puede ser de
otra manera-- y con el respaldo de prácticamente todos los grupos
parlamentarios esta proposición no de ley que, aunque consideramos que es
innecesaria, no podemos votar contra ella, sino más bien, todo lo
contrario, porque el fondo cuenta con nuestro acuerdo.
Asimismo, el punto número 2 de la proposición no de ley es de nuestra
aprobación porque coincide literalmente con uno de los puntos de la
moción del Tribunal de Cuentas, concretamente con la recomendación
segunda.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, es sintomático del momento de
confusión que estamos viviendo el hecho de que haya propuestas, que
vienen incluso de órganos del Estado, que implican debatir el concepto de
sociedad estatal y empresa pública frente a lo que es la empresa privada.
Convendría tener en cuenta esta perplejidad porque la lectura de la
Constitución española parece estar rebasada por acontecimientos que ponen
en entredicho su vigencia y su actualidad.
Efectivamente, el artículo 136 de la Constitución española recuerda que
la función del Tribunal de Cuentas es la de fiscalizador de cuentas y
gestión económica del Estado, así como del sector público, conforme a los
principios genéricos de legalidad, eficacia y economía. El artículo 128
nos recuerda que se reconoce la iniciativa pública en la actividad
económica. Mediante ley se podría reservar al sector público recursos y
servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo
acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés
general, que viene a ser más completado todavía y más obsoleto, teniendo
en cuenta la situación actual del artículo 131 que nos advierte que el
Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y
de la riqueza y su más justa distribución. Por tanto, si la Constitución
española fuese plenamente respetada, está claro que habría un sector
público empresarial definido frente a un sector privado, lo cual fue
tradicional no ya en los últimos años sino incluso en la etapa anterior
del franquismo.
De esta manera nos vemos obligados en este momento a empezar a forzar el
idioma para hacer una definición conceptual que, inevitablemente, va a
llevar a la confusión. Ya estamos habituados en esta Cámara a que se
llame a las televisiones privadas servicio público, a que la sanidad
privada o la escuela privada puede ser también un servicio público o una
escuela pública o a que se hable en el terreno de las telecomunicaciones
y del sector energético de interés general cuando se trata de unos
servicios públicos claros pero privatizados, y vemos a la compañía
Telefónica que es un servicio público pero privatizado ¿Qué le queda al
control del Estado sobre la toma de decisiones en esta sociedad o qué
grado de control tiene sobre Gas Natural, que es un servicio público
stricto senso, aunque no esté al servicio del interés general o qué va a
pasar con Tabacalera y así sucesivamente?
El tema clave, querámoslo o no, con cualquier definición que se haga va a
ser la titularidad de capital, es cierto que en mayor o menor medida,
pero para que haya una titularidad jurídica de la empresa que se pueda
llamar pública tiene que haber el correlato de la titularidad de capital.
Si no, lo que vamos a inventariar es algo que será inexistente, sobre
todo al paso que lleva el señor Rato, o vamos a hacer una operación de
incalculables consecuencias semánticas confusionistas.
Este fue el motivo que nos llevó a eliminar del punto 1 (sobre todo si lo
iba a hacer el Gobierno; no es una cosa que corra por cuenta de un
organismo más o menos interesado en debatir las cosas con cierto rigor
técnico) lo que se refiere a que no se base exclusivamente en la
titularidad pública mayoritaria, en el capital social. Mayoritario no es
solamente el 51 por ciento del capital, sino también el que tiene
prioridad frente al resto de los accionistas, por lo menos con el núcleo
duro, y esto fue lo que nos llevó a eliminarlo. No partamos de
apriorismos y dejemos claro o no pongamos en entredicho que la
titularidad pública de acciones es fundamental para definir una empresa
como pública o privada.
Curiosamente, en el punto 2 de la proposición que nos presenta el Grupo
Popular se habla de diferencia de sociedades estatales y empresas
públicas, pero no se quiere hacer algo que sí está apareciendo con mucha
profusión y que intentábamos dejar claro en nuestro punto 2 con la
adición de: empresas públicas y empresas privadas participadas para el
inventario, porque las puede haber y ser empresas privadas, así como de
fundaciones públicas y privadas declaradas de interés social.
Sería muy interesante que esta Cámara y la opinión pública conociesen
cuál es el funcionamiento de fundaciones que incluso llegan a llamarse
fundaciones públicas de Derecho privado --esto sí que es el
desideratum--, pero ya que lo vamos a admitir en la legalidad vigente,
por lo menos que sean transparentes desde el punto de vista contable,
igual que cantidad de fundaciones que están declaradas de interés social.
Si se admitiera el punto 2, podríamos participar de la tesis de que hay
un interés en controlar el funcionamiento de aquellas entidades que
tienen dinero público jugando no sabemos si en interés general o en
interés privado.
Este es el motivo de nuestras enmiendas. También quiero decir que vemos
mejorado el punto 1, aunque no se acepte nuestra enmienda de supresión,
en la medida en que se circunscribe a las ansias del Tribunal de Cuentas
esta clarificación. Pero seguimos echando de menos en el punto 2 que el
inventario contemple la nueva casuística que se está creando, porque lo
que ahí se enumera o va a ser inexistente, si la política de
privatizaciones continúa así, o será algo puramente virtual que no existe
en la realidad práctica. Lo que nosotros sí contemplamos, vaya si existe,
es que sería interesante que se controlase contablemente en lo que afecta
a la inversión de dinero público.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar
favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Popular respecto a una proposición no de ley en la que se insta al
Gobierno a enviar a esta Cámara los criterios de definición y
delimitación sobre los conceptos de sociedad estatal y empresa pública,
así como también las modificaciones normativas necesarias que permitan la
elaboración y publicación anual de un inventario de sociedades estatales
y empresas públicas de las diferentes administraciones públicas.
Nuestro grupo parlamentario es de la misma opinión del portavoz
socialista, en el sentido de que este es un debate repetido, que ya se
produjo en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en la que todos los grupos aprobamos por unanimidad instar al
Gobierno para que presente al Congreso de los Diputados las
modificaciones legislativas necesarias de acuerdo con las propuestas
presentadas por el Tribunal de Cuentas.
De todas formas, este debate también se produce en el momento oportuno y,
aunque sea por un efecto de duplicidad, es interesante que el Gobierno
recoja el sentido de las dos propuestas, tanto la de la Comisión Mixta
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, como la proposición no de
ley que pienso que vamos a aprobar la mayoría de los grupos
parlamentarios.
Por nuestra parte, en este estudio que el Congreso de los Diputados va a
instar al Gobierno creemos que es interesante que se recojan todos
aquellos aspectos que puedan delimitar y decidir cuáles son los conceptos
legalmente de sociedad estatal y de empresa pública, teniendo como base
no sólo el criterio de participación mayoritaria en el capital social,
sino también el criterio del ejercicio del control o dominio efectivo,
directo o indirecto, por parte de la Administración general del Estado,
de las comunidades autónomas y de las entidades locales o por parte de
los organismos autónomos y otras entidades públicas de ellas dependientes
en el sentido definido por el Derecho mercantil y el Derecho comunitario.
También nuestro grupo está interesado en incorporar los criterios de
vinculación a aplicar a las sociedades gestoras de servicios públicos o
aquellas que hayan suscrito convenio con las administraciones públicas,
en las que dichas administraciones ostenten como mínimo una participación
del 5 por ciento del capital social y tengan la facultad de designar
todos o una parte de los organismos de dirección, fijando a tal fin
criterios identificados explícitos que eviten interpretaciones
divergentes sobre la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas,
y que también que queden perfectamente reflejados los órganos de control
externos de las comunidades autónomas sobre los plazos y procedimientos.
Asimismo, entendemos lógica la enmienda presentada por el Grupo
Socialista respecto a que quede más identificada la proposición no de ley
en el sentido de que se inste al Gobierno a enviar al Congreso de los
Diputados dicho estudio.
Por todos estos motivos nuestro grupo va a votar favorablemente la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señoras y señores diputados, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ya manifestó en el debate que tuvimos en la Comisión Mixta
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que compartíamos las
preocupaciones que exponía el mismo, originadas fundamentalmente por algo
que el propio portavoz del Grupo Popular expresaba en su intervención,
que era el hecho evidente de que, por haber considerado hasta ahora a
efectos de fiscalización y a otros efectos como empresa pública solamente
aquella que tiene más del 50 por ciento en poder del Estado, se escaparon
y se siguen escapando a la fiscalización de todo tipo la gestión de
fondos cuantiosos muy importantes en participaciones que son inferiores
en porcentaje, pero que sin embargo son muy superiores a otras empresas.
Por poner ejemplos que todos conocemos, los casos que suceden con
empresas como Endesa, como Telefónica, como Tabacalera, como Inespal, en
donde un punto de participación en su capital es mucho mayor que multitud
de empresas públicas que sin embargo sí tienen control por parte del
Tribunal de Cuentas.
También compartimos que, como se ha dicho por otros intervinientes, no es
un problema del 50 por ciento sino de quién tiene la mayoría dentro de
todos los participantes en algunas empresas, y eso es especialmente
significativo en otro tipo de negocio, como es el bancario, donde con un
uno por ciento se puede ser presidente y controlar la actuación de un
banco. Lo que pasa es que es verdad que llega muy tarde. Quiero recordar
que el diputado que suscribe, en nombre de mi grupo, presentó una
proposición de ley el 16 de septiembre de 1996, que se discutió el 25 de
febrero de 1997, que hacía referencia, entre otras cuestiones,
al intento de control sobre la venta de las empresas públicas, se refería
también a este mismo problema: a cómo controlar, por parte de esta Cámara
y de quien corresponde en cada momento, la gestión de esos ingentes
recursos que, en ocasiones, estaban en estas empresas.
Pero es verdad que, al paso que vamos, y si se cumplen las promesas del
señor Aznar, dentro de un par de años sólo nos quedarán en el ámbito
estatal: Hunosa, Renfe relativamente, y poco más. Con lo cual, si
seguimos a este paso, haciendo un ejercicio intelectual de lo que debería
ser, puede que tenga utilidad en otro momento, ya que, como cíclicamente
suele suceder en economía, hay unos períodos en que se venden empresas
públicas y otros períodos de recesión donde lo público tiene que hacerse
cargo del fracaso de lo privado, y ése fue el origen del sector público
actual. Como usted sabe muy bien, tanto en el caso de Hunosa, como en el
de Inespal, como en el de Astilleros, cuando vinieron los tiempos
difíciles el papá Estado tuvo que hacerse cargo de ellos. Por tanto, en
previsión de posibles inversiones necesarias en un futuro para recomprar
algunos sectores y saber qué se hace, por ejemplo, cuando se apuesta por
apoyar a una empresa de automóviles con casi 50.000 millones para que
sobreviva, o cómo controlar la gestión de los recursos para apoyar
determinadas empresas, es importante que haya una decisión sobre esta
cuestión.
En otros países europeos se tienen unos criterios que son más
cuantitativos que cualitativos, en función del volumen de recursos. Es
decir, no es lo mismo una empresa con 50 ó 100 millones de pesetas, tiene
su importancia en otros ámbitos más reducidos, como puede ser el ámbito
municipal, en el que también se da este tipo de situaciones, donde se
busca el pequeño truco de que los municipios tengan sólo el 49 por ciento
para escapar al control de los propios municipios.
Por tanto, creo que es importante esta discusión y el Tribunal de Cuentas
ha metido el dedo en la llaga en un tema importante, pero, insisto, en el
ámbito estatal, al paso que vamos, no sé si llegara a tiempo para el
control de Hunosa. Quizá podríamos esperar a que el Gobierno, si tiene
las ideas tan claras, fuera un poco más allá de esta declaración genérica
que --insisto-- compartimos, pero no hemos escuchado ninguna idea
novedosa sobre cómo creen ustedes que se puede regular el control de este
tipo de fondos públicos
Por tanto, anuncio que, si se mejora con alguna enmienda transaccional,
estaríamos dispuestos a apoyarla, porque apoyamos el espíritu, pero,
desgraciadamente, dudamos mucho que tenga alguna utilidad práctica o real
si no cambian mucho las cosas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Ha sido presentada una enmienda transaccional por parte del grupo
proponente a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el
Grupo Mixto. Entiendo que ningún grupo parlamentario se opone a la
presentación de esta enmienda transaccional y que se acepta por los
grupos que han presentado las enmiendas, con lo cual éstas desaparecen de
la votación.
Por tanto, procederemos a votar la iniciativa en los términos
resultantes de la transaccional admitida por los grupos enmendantes.
Muchas gracias señorías.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la
votación de la proposición no de ley del Grupo Popular, sobre el concepto
de sociedad estatal y empresa pública, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 298.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REMITIR UN PROYECTO DE LEY DE NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS DEL ESTADO
(Número de expediente 162/000073)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista por la
que se insta al Gobierno a remitir un proyecto de ley... (Rumores.) Como
decía, proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que se insta al
Gobierno a remitir un proyecto de ley de navegación aérea y aeropuertos
del Estado.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Segura, en nombre del
grupo proponente. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el 16 de diciembre de 1996, en el Boletín
del Congreso de los Diputados se publicó la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista que hoy ha sido incluida en esta sesión
plenaria. La motivación por la cual instamos al Gobierno a la elaboración
de una nueva ley de aviación civil se recoge, en parte, en algunos de los
contenidos de la exposición de motivos de la misma.
Señorías, de todos es suficientemente conocido que la Ley Orgánica 1/1986
disponía que el Gobierno remitiese
a las Cortes Generales un proyecto de ley para la puesta al día de la Ley
de Navegación Aérea. La entrada posterior del Reino de España en las
comunidades europeas, la inserción posterior, a su vez, en una serie de
organismos internacionales, fue aconsejando una serie de cambios de
naturaleza reglamentaria para adaptar las directivas y reglamentos
comunitarios al ordenamiento jurídico aeronáutico español, de tal forma
que, a partir del año 1987 en adelante, órdenes ministeriales, reales
decretos, reales decretos-ley, circulares internas, etcétera, es decir,
disposiciones de muy diferente índole, fueron trasponiendo al
ordenamiento jurídico español todo un conjunto de medidas que el Reino de
España iba incorporando, por un lado, como consecuencia de la suscripción
de acuerdos internacionales y, por otro lado, con la adaptación de las
políticas liberalizadoras del transporte aéreo de pasajeros y mercancías
que la Comisión Europea iba adoptando.
Señorías, en la anterior legislatura, en la V, el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a través de la Dirección General
de Aviación Civil, había venido trabajando en un primer borrador de
anteproyecto de ley que respondía a estas preocupaciones y que se había
circulado, a través de la Dirección General de Aviación Civil, a las
diferentes direcciones generales de los distintos departamentos
ministeriales afectados por el tema.
En consecuencia, la aprobación de una nueva ley que regule todos los
aspectos relativos al transporte aéreo, a la navegación aérea y a los
aeropuertos, cuya gestión corresponde al Estado, resulta en estos
momentos de suma importancia, dado que un buen número de disposiciones de
la vigente Ley de Navegación Aérea, que procede del año 1960, se oponen
actualmente a la legislación comunitaria o resultan totalmente obsoletas,
con el fin precisamente de clarificar adecuadamente el marco legal
existente, sin perjuicio de que, a través de la trasposición de
directivas, como he dicho, o de la aplicación directa de reglamentos
comunitarios, se haya podido hasta ahora ir resolviendo el problema
planteado por la referida discrepancia entre el reglamento interno
español y la legislación comunitaria.
Señorías, esta proposición no de ley que en estos momentos comenzamos a
debatir en esta sesión plenaria tiene una fundamentación que se remonta a
julio del año 1960. En julio de 1960 se publica la aún hoy vigente Ley de
Navegación Aérea y no se les escapa a ninguna de SS. SS. que la
complejidad tecnológica del mundo de la aeronáutica, unida a las
derivaciones que la misma origina, aconsejan acometer el esfuerzo de
actualización de una forma progresiva que permita, en un plazo no
excesivamente largo, adoptar y adaptar la normativa vigente a las
circunstancias que rigen en la actualidad, al mismo tiempo que se
garantice la adecuación de dicho fin a lo dispuesto por el actual
ordenamiento jurídico constitucional.
Señorías, nosotros fundamentamos la necesidad de una nueva ley de
aeronáutica civil en muchas razones que iremos exponiendo una a una, al
menos las más relevantes. En primer lugar, la propia Constitución
española dejó obsoletos muchos de sus contenidos y derogó otros muchos de
sus artículos, dejando que un importante número se siguiera aplicando
bajo la fundada duda de su constitucionalidad. Así, ya en el año 1986,
como he indicado, mediante la Ley Orgánica 1/1986, se produjo la
supresión ni más ni menos que de la jurisdicción penal aeronáutica que
estuvo en vigor hasta aquel momento. Es decir, se produjo la supresión de
un mecanismo penal y procesal que se aplicaba exclusivamente en la
navegación aérea, naturalmente inconstitucional por cuanto violaba
preceptos básicos de nuestro ordenamiento constitucional. Esta derogación
de la parte jurisdiccional de la ley penal y procesal de la navegación
aérea de 1986 ya puso de manifiesto las dificultades que implicaba la
aplicación del principio de unidad jurisdiccional de la Constitución, la
resistencia y la lentitud en la modificación de la legislación
aeronáutica vigente.
En segundo lugar, debemos recordar que, en la propia Constitución, los
artículos 148 y 149 pretenden determinar las competencias del Estado y de
las comunidades autónomas, dando origen a situaciones absolutamente
nuevas e inéditas en la historia de la aviación civil, de la aviación
comercial española, y dando origen pertinentemente a una rica
problemática que a su vez ocasionó el Real Decreto del año 1981, en el
que se fijaban, en términos generales, las competencias en los
aeropuertos públicos, y después, en los años siguientes, sendas
sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo, a pesar de las cuales
han quedado pendientes soluciones conformes con la realidad actual y los
estatutos de las comunidades autónomas, creando situaciones totalmente
inéditas --repito-- en la historia de la aviación civil española.
En tercer lugar, a la vez que se va produciendo un cambio normativo en el
tiempo, la actividad aeronáutica, prácticamente monopolizada por el
sector empresarial público, antiguamente en el transporte, pasa en los 10
ó 15 últimos años de un crecimiento espectacular en la demanda turística
y en la demanda de nuevos servicios de todo género, a una multiforme
actividad como es la actual, que origina cuantitativa y cualitativamente
nuevos problemas que afectan tanto a la seguridad como al desarrollo del
sector industrial aeronáutico, que han de ser afrontados por una
estructura administrativa y con un cuerpo jurídico que necesariamente
debe ser adaptado a la realidad actual.
En cuarto lugar, como fundamentación de esta proposición no de ley y en
paralelo a la ley referenciada --la ley del año 1960-- desde su entrada
en vigor, las transformaciones estructurales de la administración
aeronáutica española han sido notables. ¿Quién no recuerda que desde el
año 1960 hasta el año 1977 la administración
aeronáutica española estaba en manos del antiguo Ministerio del Ejército
del Aire? ¿Quién no recuerda que a partir del año 1977 se creó el
Ministerio de Transportes? ¿Quién no recuerda que a partir de la ley de
presupuestos del año 1990 se crea el organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales, que asume las competencias gestoras en el ámbito aeronáutico,
actúa como regulado y el regulador descansa en departamentos como la
Dirección General de Aviación Civil, la Secretaría de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de
Fomento? Es decir, que desde el año 1960 hasta nuestros días no solamente
ha sido modificada la estructuración administrativa española, sino que la
incorporación de nuevos contactos, de nueva normativa, de nuevas
realidades han ido haciendo que la realidad gestora, la realidad
comercial vaya por delante de la realidad jurídico-administrativa.
En quinto lugar, y por si fuese poco la exposición que estamos llevando a
cabo como fundamento de nuestra proposición no de ley, debemos recordar
el impacto de las decisiones que adopta la Comisión Europea en las
políticas aeronáuticas. Es cierto que durante muchos años fue nulo, pero,
a partir de la sentencia del Tribunal Europeo que se conoció como la
relativa a nuevas fronteras, y con la que se inició una actividad
normativa tendente a la liberalización del transporte aéreo por
aplicación específica del Tratado de Roma, se produjo un cambio.
Suficientemente conocidos en España, porque aquí se han mencionado en
reiteradas ocasiones, han sido los llamados I, II y III paquetes de
políticas de liberalización del tráfico aéreo, que han sido un conjunto
de medidas gubernamentales, de órdenes ministeriales secuenciadas en el
tiempo y tendentes a vertebrar todo un conjunto normativo que permite
adecuar la vida comercial en la aeronáutica española, en la industria
aeronáutica per se y en la industria del transporte a la realidad de la
Unión Europea.
En sexto lugar, los contactos, cada vez más estrechos, entre las
autoridades aeronáuticas de los países de la Comunidad Europea --valga
como ejemplo la CEAC y la organización internacional Eurocontrol-- son
una clara manifestación de lo que estoy indicando. La generalización a
todos ellos de una misma normativa ha venido a poner de manifiesto el
desfase entre las estructuras administrativas aeronáuticas españolas y la
realidad europea.
De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista estime que ésta es una ley
compleja y que, igual que en estos momentos está planteando que el
Congreso de los Diputados se dirija al Gobierno instando a que se elabore
una nueva Ley de Aviación Civil, sabe que el Partido Popular está
trabajando en ella, ya que se trata, como digo, de una ley muy compleja,
que, naturalmente, requiere consultas y planteamientos amplios y
diversos. También el Grupo Parlamentario Socialista, en la V legislatura,
se dirigía al Gobierno haciendo este planteamiento y nos consta que
existía un proyecto de ley que dio una serie de pasos, pero la disolución
de las Cortes produjo su detención. Sabemos que en estos dos años el
Gobierno actual va dando pasos sucesivos, precisamente de cara a la
elaboración de una nueva ley, de acuerdo con los criterios
gubernamentales, que, previsiblemente, en algunos de sus contenidos se
diferenciarán de los que mantenía el Gobierno anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, concluya, por
favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el día de hoy una
enmienda, que retiramos en estos instantes a efectos de que se someta a
votación exclusivamente nuestra proposición no de ley, pero en esa
enmienda hemos querido indicar los contenidos que deben inspirar el
proyecto de ley que el Gobierno tiene que remitir. Estos contenidos
pueden ser tanto una normativa reguladora del ámbito aeroportuario en
materia de planificación, proyecto, autorización y construcción de nuevos
aeropuertos, como un bloque de disposiciones sobre materia de servicios
de transporte aéreo o como disposiciones relativas al medio ambiente
relacionado con el transporte aéreo, sus infraestructuras y sus
instalaciones; debe contener también un régimen jurídico de los
operadores aéreos en los diferentes tráficos; debe también contener un
régimen jurídico de la Inspección General Aeronáutica, infracciones
aeronáuticas de la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos;
debe también contener toda aquella regulación que se precise para una
clara definición de la utilización del dominio público aeroportuario, de
las servidumbres aeronáuticas en aeródromos, helipuertos y aeropuertos;
se debe diferenciar por primera vez en nuestro ordenamiento el aeródromo
del aeropuerto del helipuerto y, naturalmente, es fundamental que recoja
una regulación del ámbito competencial de las comunidades autónomas en
materia de servicios aeronáuticos y la incorporación al ordenamiento
jurídico español de normativa comunitaria actualmente en aplicación en
España.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, concluya, por
favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Con esos contenidos y, obviamente, con otros muchos más, esta es una ley
que hará un gran servicio a un sector en crecimiento exponencial
espectacular en nuestro país, el sector aeronáutico. De ahí que nuestra
propuesta de resolución sea que, en el plazo de un año, el Gobierno
dirija a la Cámara un nuevo proyecto de navegación aérea o de aeronáutica
civil que reemplace
al actualmente en vigor, que deriva de julio de 1960.
Nada más, señor presidente. Gracias por su benevolencia; gracias, señoras
y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que me ha alegrado escuchar esta parte de la intervención
del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura, en la que
ha anunciado que retira la autoenmienda, es decir, la enmienda que el
Grupo Parlamentario Socialista había presentado a su propia iniciativa
anterior. Así como la iniciativa anterior era concisa, concreta e
implicaba un mandato de la Cámara al Gobierno para que remitiera a esta
Cámara un proyecto de ley reguladora de la navegación aérea y de la
administración de los aeropuertos del Estado, me sorprendió, al ver la
enmienda a su propia iniciativa, que pasaba de tener un párrafo a tener
prácticamente diez y de tener un plazo de seis meses a un año, lo cual
está indicando también que hay dificultades para entender qué se puede
hacer de seis meses a un año.
Se ha retirado, pues, esta enmienda, que nos parecía que era en algunos
elementos, no solamente el del período de un año a seis meses,
contradictoria con su anterior propuesta, y hay algunos antecedentes en
la Cámara que han tratado de explicarse y otros que no se han explicado
ni siquiera en el mandato del anterior Gobierno, como la razón por la que
el anterior Gobierno no cumplió la Ley Orgánica 1/1986, que había
ordenado que en el plazo de un año el Gobierno presentara ante la Cámara
un proyecto. La explicación que se dio fue que en 1986 se acababa de
incorporar España a la entonces Comunidad Económica Europea y se decía
que había que esperar a las directivas, reglamentos, etcétera, de la
después Unión Europea sobre los aspectos de la navegación aérea y
aeropuertos nacionales.
Efectivamente, es un mundo complejo, tanto que, incluso en los diez
nuevos apartados que el Partido Socialista presentaba en su autoenmienda
a su iniciativa original, se quedaba fuera, por ejemplo, un aspecto, que
es el de las profesiones aeronáuticas, del que no se decía nada. Y si
vamos a regular el sector de la aeronáutica y de la aviación civil, se
deberían regular también, entre otras cosas, las profesiones
aeronáuticas, las concesiones de títulos, las academias y las
habilitaciones para el comando y mando de aeronaves civiles de uso
comercial. Esto lo ha reconocido también el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista como prueba de la complejidad de esta materia.
Existiendo, como lo ha anunciado aquí, en la Cámara, el ministro de
Fomento, señor Arias-Salgado, en este momento competente en esta materia
de transporte aéreo, un borrador de una ley necesaria y adaptada a las
circunstancias, y dado que se retira esta enmienda compleja del Grupo
Parlamentario Socialista y mantiene su propuesta original, nosotros vamos
a votar a favor de esta propuesta original porque nos parece conveniente,
oportuna y necesaria y esperamos que permita después, con el proyecto que
traiga el Gobierno, el enriquecimiento de todas las facetas. Porque hay
que tener en cuenta que el propio derecho tradicional español ha venido
distinguiendo muy claramente lo que es una reglamentación del vuelo
aeronáutico --y así estaba concebida la antigua Dirección General de
Aviación Civil--, de aviación civil, de lo que eran los requisitos, que
se han trasladado al organismo autónomo AENA, cuando se creó, dentro del
mundo de las infraestructuras del transporte, que en algunos aspectos
está más relacionado con competencias urbanísticas, con competencias de
licencias de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de la propia
Administración central del Estado, dado que se trata de proyectos de
infraestructura tremendamente costosos, complejos y complicados, que
generan particularidades que están dentro de otros campos legislativos.
Por esta razón, señor presidente, y por entender que es más sensato, sin
abundar en más razones, porque todos los antecedentes ya han sido
expuestos desde los debates de 1986, vuelvo a decir que, retirándose la
enmienda a su propia iniciativa, del Grupo Socialista, nosotros vamos a
votar favorablemente la propuesta inicial.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo también va a apoyar la proposición no de ley en su texto
original. No lo hubiese hecho en el caso de que hubiese prosperado la
autoenmienda de sustitución que presentaba a su proposición el Grupo
Socialista.
Deben dejarse bien claros unos conceptos que la exposición de motivos ya
determina. La Ley orgánica 1/1986 disponía la remisión a las Cortes de un
proyecto de ley para la puesta al día de la Ley de Navegación Aérea.
Dicha ley no se presentó, porque había muchos cambios en las directivas y
se prefirió esperar a que dichos cambios se hubiesen asentado bien.
Tardaron mucho, porque fue en la legislatura 1993-96 cuando se
inició el primer borrador de anteproyecto de la ley que en aquel momento
preparaba el Gobierno de entonces. También se decía, cuando se presentó
la proposición no de ley, en diciembre de 1996, que en aquellos momentos
resultaba de suma urgencia la modificación de la ley de 1960. Se
reconocía que, a pesar de las urgencias, se podía ir funcionando con los
reglamentos y directivas que iban saliendo y se pedía que en el plazo
máximo de un año se trajese a las Cortes la ley nueva. Pasó el año que
entonces se pedía y no hubo ninguna urgencia en que esta proposición se
viese antes del transcurso de dicho periodo de tiempo.
Ahora llega a la Cámara en buen momento, pero lo hace cuando algunos
grupos tienen borradores, supongo que incluso el portavoz del Grupo
Socialista hoy, por cuanto en su enmienda de sustitución expone una serie
de argumentos que ya están prácticamente recogidos en esos borradores.
Incluso en el título de la autoenmienda que ha sido retirada se habla de
un proyecto de ley de navegación aérea o de aeronáutica civil, que,
curiosamente, es el título del borrador de la ley que en estos momentos
se está preparando. Porque un borrador que existe, con fecha de junio de
1997, dice exactamente borrador de ley de aeronáutica civil.
Por lo tanto, conociendo la existencia de dicho borrador, que ya estaba
en funcionamiento el estudio del nuevo proyecto de ley, es oportuno en
estos momentos el debate que hemos hecho. Dar un año de plazo para que se
presente, estando avanzados los estudios, facilita que nosotros podamos
apoyar dicho proyecto para que pueda llegar en ese plazo y nuestro grupo
va a apoyar la proposición no de ley, eso sí, en su texto inicial, como
lo conocía la Cámara, antes de esta enmienda que ha sido retirada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley en la
que se insta al Gobierno a que ponga en marcha de forma inmediata la
actualización de una ley que permita ordenar el conjunto de la red
aeroportuaria. Las cosas de palacio, señor Segura, me parece que van muy
despacio, porque el tráfico aéreo en conjunto, incluidos los
profesionales que en él trabajan, los aeropuertos, a veces parecen más el
caos de estas películas tipo Aeropuerto que un orden adecuado a los
tiempos que corren. Tenemos una ley de antes del Jumbo, por ejemplo, del
Boeing 747; no se había previsto en ese momento que pudieran aterrizar,
volar y todas las infraestructuras necesarias, aparatos de este calibre.
Nos parece que la ley es adecuada. Nosotros mismos presentamos una
proposición no de ley en junio del año pasado instando al Gobierno lo
mismo. Previamente la había presentado el Grupo Socialista. Y parece que
en el Ministerio está durmiendo, como otras cosas, el sueño de los justos
un anteproyecto, una propuesta de proyecto que podría ser interesante,
que se podría tener en cuenta en el momento de elaboración de la ley.
Por tanto, por toda una serie de razones que se han expuesto, de
necesidades objetivas de todo tipo, necesidades de las infraestructuras,
de los aeropuertos, de la navegación aérea, de la seguridad, del medio
ambiente, del urbanismo, de la especulación que se instala normalmente
alrededor de los aeropuertos, nosotros vamos a dar nuestro voto
afirmativo a esta proposición no de ley, de la misma forma que lo
hubiéramos dado si la enmienda hubiese prosperado. En todo caso, ya
tendremos ocasión en el momento de redactar la ley de hacer nuestras
propuestas concretas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Frutos.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la iniciativa que trae hoy el Grupo Socialista a esta Cámara no
es nueva. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que ya la Ley
orgánica 1/1986, de 8 de enero, como han dicho otros portavoces,
establecía que el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la fecha de
promulgación de esa ley, sometería a las Cortes Generales un proyecto de
ley por el que se actualizara la ley 48/1960, sobre navegación aérea.
Pese al tiempo transcurrido, once años, desde la terminación del plazo
que la citada ley establecía, el proyecto de ley todavía no ha sido
aprobado por los gobiernos anteriores, no pudiendo, por tanto,
cumplimentarse el mandato que la mencionada ley contenía de someterlo a
las Cortes Generales. Incluso, el Pleno del Senado, en su sesión de 1 de
diciembre de 1994, aprobó una moción por la cual se instaba al Gobierno
para que presentase en las Cortes Generales un proyecto de ley de
aeronáutica civil, que fue aprobada por unanimidad y --si no recuerdo
mal-- fue promovida por el señor Segura.
Además de esta moción, y asimismo en la pasada legislatura, debe
recordarse el mandato efectuado al Gobierno de remitir al Congreso de los
Diputados una ley de ordenación del transporte aéreo que adaptase nuestra
legislación a la comunitaria y que fue consecuencia de la resolución que
en el debate sobre el estado de la Nación de ese año propuso el Grupo
Parlamentario Popular y que el Congreso aprobó por unanimidad en el mes
de abril de 1994. Estos son mandatos que ningún gobierno anterior pudo
llevar a cabo, bien sea por la complejidad que entraña el tema o bien por
un poco de desidia.
Sin embargo, desde la toma de posesión de este Gobierno, desde el
principio se estableció la necesidad de estudiar la regulación
aeronáutica de acuerdo con una política liberalizadora, con la
participación de profesionales y expertos de todas las áreas. Quiero
recordar que incluso, en la interpelación urgente del Grupo Socialista
del día 11 de diciembre de 1996, el señor ministro de Fomento puso de
manifiesto ya la necesidad de disponer de una ley de navegación aérea
nueva, que pusiera fin a la dispersión y a la obsolescencia que tiene
ahora la normativa vigente y que, por tanto, pudiera hacer frente a las
necesidades actuales, recogiendo en un marco flexible lo que puede
preverse que va a ser la evolución de la aviación civil y del transporte
aéreo.
Del análisis de los diferentes ámbitos que comprende la aeronáutica civil
se ha detectado una fuerte carencia legislativa y una insuficiencia de
regulaciones sectoriales para la realidad aeronáutica actual en España,
debidas a la ausencia de desarrollo de muchos de los aspectos
fundamentales de la vigente Ley del año 1960 y de su escaso desarrollo,
unido a acontecimientos como son, y lo ha dicho bien el portavoz
socialista, la Constitución española, nuestra incorporación a la Unión
Europea y a Eurocontrol, el desarrollo de las disposiciones de la CEAC,
las diversas modificaciones normativas llevadas a cabo en el seno de la
OACI y la acción sobrevenida de la liberalización mundial y los propios
compromisos derivados de todo este nuevo marco normativo. Todo esto ha
conducido a la necesidad de poner remedio ordenadamente a esta situación,
lo que ha sido largo tiempo demandado por el sector aéreo de este país.
Por todo ello, se hace necesario --así lo creemos desde nuestro grupo--,
y el Ministerio de Fomento está trabajando ya en ello, establecer un
conjunto legislativo aeronáutico adecuado, que regule las actuales
situaciones jurídicas expuestas en la navegación aérea, los operadores
aeronáuticos, la industria y aeropuertos, entre otros y, por encima y
sobre todo, el establecimiento de la seguridad aeronáutica que debe
presidir el sector.
Agradezco sinceramente al portavoz socialista que haya retirado la
enmienda que se había presentado hoy, pues de alguna manera
desnaturalizaba esta proposición no de ley, ya que se pasaba de una
iniciativa que abordaba temas puramente formales, como es el plazo de
tiempo en la presentación de este proyecto de ley, a entrar en su
contenido. Y esto nos parecía, si no poco serio, al menos extemporáneo,
sobre todo porque, si ustedes tenían claro lo que debe prever la ley,
primero, ¿por qué no la presentaron cuando gobernaban? Y, segundo, si no,
lo que se debe hacer es esperar a que el Gobierno presente su proyecto de
ley y si entonces no les gusta ya tendrán tiempo en los trámites
parlamentarios de debatir su contenido, porque para eso están.
En definitiva, y acabo, señor presidente, nuestro grupo va a apoyar la
proposición no de ley, aunque en su momento gobiernos y mayorías
anteriores no quisieran hablar nunca de plazos. Vamos a dar nuestro voto
afirmativo, a pesar de la complejidad que conlleva redactar un proyecto
de ley de este nivel, porque sabemos que éste es un Gobierno que hace los
deberes, que da la cara y que, sobre todo, asume sus responsabilidades.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pons.
Vamos a proceder a la votación de la proposición. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no
de ley del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a remitir un
proyecto de ley de navegación aérea y aeropuertos del Estado, en sus
propios términos, al haberse retirado la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLITICA GENERAL, OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS DE FUTURO Y PROPUESTAS SOBRE LAS LINEAS FERROVIARIAS DE ALTA
VELOCIDAD EN EL ESTADO ESPAÑOL (Número de expediente 173/000078)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de las interpelaciones debatidas en el último Pleno.
En primer lugar, la del Grupo Mixto, que, a propuesta del señor
Chiquillo, se formula sobre política general, objetivos, estrategias de
futuro y propuestas sobre las líneas ferroviarias de alta velocidad en el
Estado español.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Unió Valenciana para defender la moción
consecuencia de interpelación presentada la semana pasada sobre la
política general, objetivos, estrategias de futuro y propuestas sobre las
líneas ferroviarias de alta velocidad en el
Estado español y la configuración de la futura red nacional de alta
velocidad, que tuvo lugar el pasado miércoles y que sirvió para dejar
constancia, en sede parlamentaria, en el «Diario de Sesiones», de que en
el Ministerio de Fomento hay dudas y ciertas indefiniciones sobre las
líneas de alta velocidad que se van a impulsar, cuáles deben priorizarse
y cuáles no, y cómo se van a financiar en el período 1999-2007. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En
materia de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, decíamos hace
una semana que no cabe ni debemos permitir la improvisación y que es
necesaria sobre todo una planificación adecuada para poder cumplir los
objetivos que tanto en el Plan director de infraestructuras como en
materia de infraestructuras en general se requiere en cuestiones de tan
vital importancia.
Coincidíamos la mayoría de grupos en la extraordinaria importancia de las
infraestructuras en el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Es más,
a nuestro juicio, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad
desempeñan, en las regiones que las tienen, tanto en España como en la
Unión Europea, un papel básico en el sistema económico, proporcionando
accesibilidad y permeabilidad a los territorios, favoreciendo la
movilidad de las personas, haciendo posible el abastecimiento de recursos
para el desarrollo de la actividad humana y mejorando la calidad
ambiental y el nivel de vida.
Señalábamos también la pasada semana que el reto europeo supone una
integración efectiva en política económica, cultural, social y, por
supuesto, en materia de infraestructuras y transportes. En nuestra
argumentación indicábamos que, tras la decisión del Gobierno español de
diciembre de 1988, hace casi 10 años, de adoptar el ancho de vía europeo
para las nuevas líneas de alta velocidad, dentro del Plan de transporte
ferroviario, dando prioridad a los ejes Madrid-Córdoba-Sevilla en 1992, y
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa más recientemente, se daba un
paso muy importante, que debía ir acompañado de otras medidas y de otros
impulsos inversores. Esta decisión establecía que con posterioridad se
fijarían otros ejes prioritarios: la Y vasca, la nueva línea
Madrid-Valladolid, el eje del Guadarrama y la línea de alta velocidad
Madrid-Valencia. Después, han surgido otras y legítimas reivindicaciones,
como es el tramo Córdoba-Málaga, pero lo bien cierto es que mucho se ha
hablado en los últimos 10 años de la línea de alta velocidad
Madrid-Valencia --en estos últimos 10 años más de una docena de estudios
e informes--, pero su impulso definitivo para que se haga una realidad
este proyecto todavía no ha llegado.
Sin ánimo de hacer memoria histórica, sólo me referiré a dos iniciativas
aprobadas durante la VI Legislatura, en la que nos encontramos en estos
meses de actividad parlamentaria, y más concretamente al pasado año,
1997, ya con el Gobierno del Partido Popular en la Moncloa.
En el debate de política general de junio de 1997, se aprobó una
propuesta de resolución en la que el Congreso de los Diputados instaba al
Gobierno a considerar prioritarios, por su carácter estratégico, en
materia de infraestructuras, en el arco mediterráneo, unos determinados
proyectos e iniciativas, y en concreto uno de ellos, que recibió un apoyo
casi unánime de esta Cámara, era el trazado de alta velocidad
Madrid-Valencia. Recientemente, el pasado 15 de abril, el señor Aznar
contestó en esta Cámara a una pregunta sobre el grado de cumplimiento de
las propuestas aprobadas en el citado debate de política general en junio
de 1997, concretamente el celebrado los días 11 y 12 de junio de dicho
año, señalando que se habían cumplido los acuerdos apoyados por la Cámara
en un 84 por ciento. Pues esta iniciativa que he leído ante todas SS. SS.
es una de las que conforman el 16 por ciento de los incumplimientos del
Gobierno central, en concreto del Ministerio de Fomento. Pero el
incumplimiento también se da en una proposición no de ley del Grupo
Popular, por la que se instaba al Gobierno de la nación a lograr los
fondos de la Unión Europea para el proyecto de alta velocidad
Madrid-Valencia. Y ahí es donde desde enero de 1997 se produce una serie
de hechos cronológicos del proyecto que, sin ánimo de ser muy exhaustivo,
podemos comentar rápidamente.
Ya en el año 1997 se contrata un nuevo estudio sobre la alta velocidad
Madrid-Valencia, que tarda 10 meses en ser realizado; posteriormente, 14
empresas valencianas ofrecen a Zaplana cofinanciar la obra; después se
produce esta proposición no de ley, en la que se insta al Gobierno a
conseguir fondos de la Unión Europea para que el proyecto de alta
velocidad Madrid-Valencia se contemple desde las instancias de la Unión
Europea; a continuación, se argumenta que la alta velocidad
Madrid-Valencia podría llegar incluso al importante proyecto de terra
mítica y unir Valencia y Albacete con Madrid, así como Alicante y Murcia;
luego, a finales del año 1997, se crea una fundación por el tren de alta
velocidad con el consenso de un amplio sector de empresarios de la
Comunidad valenciana para apoyar este importante proyecto; y ya en el año
1998, ante las Cortes valencianas, el presidente de la Generalitat
valenciana, señor Zaplana, se compromete a que las obras de la alta
velocidad Madrid-Valencia comiencen en la próxima legislatura, aunque no
sabemos si en la próxima legislatura autonómica, que iría de 1999 al
2003, o en la estatal, que iría del 2000 al 2004. Además, el propio
programa electoral del Partido Popular, igual que el de otros partidos de
ámbito estatal, afirma, en concreto en la página 48, que en la
legislatura 1996-2000, en esta VI Legislatura, se prestaría una atención
preferente a la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona y
Madrid-Valencia, así como que se impulsaría el proyecto de la Y vasca.
Abundando en esta cuestión, el programa del Partido Popular en la
Comunidad Autónoma Valenciana respecto a esta línea proponía entre sus
cien primeras actuaciones de Gobierno el impulso de la alta velocidad
Madrid-Valencia y su, entre comillas, compromiso en trabajar con firmeza
para hacerlo una realidad. Como decíamos en el debate de la interpelación
la semana pasada, somos conscientes del obstáculo más importante de este
proyecto, su financiación. En general, lo es de todos los proyectos de
alta velocidad de los que se viene hablando y trabajando en el conjunto
del Estado. La financiación, repito. Por eso, en nuestra moción
pretendemos conseguir fondos europeos, según decía la proposición no de
ley aprobada en la Comisión de Infraestructuras a instancias del Grupo
Popular, y facilitar los cauces para la participación privada en la
financiación de tan alto y gran proyecto, de acuerdo con las resoluciones
del Plan director de infraestructuras aprobado en diciembre de 1995. Pero
sobre todo reivindicamos el compromiso político de impulsar el proyecto
para hacerlo realidad, porque es necesario conectar, por vía de alta
velocidad, el Estado español con los grandes proyectos europeos de alta
velocidad. La importancia del proyecto exige un apoyo incondicional de
todos los sectores económicos y sociales. En el caso de la Comunidad
Autónoma Valenciana, ese consenso incondicional está conseguido, lo que
se requiere es el apoyo del Gobierno y su voluntad política clara, con
plazos y sin improvisaciones.
Uno de los numerosos informes sobre alta velocidad que se han hecho por
parte del Ministerio, en colaboración con la Generalitat valenciana,
establece que ese corredor Madrid-Valencia es, a nivel nacional, uno de
los principales ejes de transporte, tanto por su dinamismo como por su
volumen de tráfico. Desde el punto de vista ferroviario presenta un gran
potencial de crecimiento, siempre que cuente con unas adecuadas
infraestructuras que permitan ofertar unos servicios de calidad,
competitivos con otros modos de transporte.
El PDI 1993-2007, que fue aprobado por el Gobierno en marzo de 1994 y
ratificado por esta Cámara en diciembre de 1995, contempla el
establecimiento de una nueva línea de alta velocidad para tráfico
exclusivo de viajeros que una Madrid con Valencia. Esta concepción
permitirá extender sus beneficios a un importante número de poblaciones,
especialmente del litoral mediterráneo: Murcia, Alicante, Valencia y
Castellón, casi 11 millones de ciudadanos. Esta nueva línea de alta
velocidad, al igual que el resto de las que se configuran en la futura
red nacional de alta velocidad, sería financiada con participación de
capitales privados, según recoge el propio Plan director de
infraestructuras.
Las conclusiones de los diversos informes que se han elaborado hasta el
día de hoy ponen de manifiesto, en concreto, que esta línea de alta
velocidad Madrid-Valencia, por el grado de conocimiento que se tiene
hasta la actualidad y los análisis realizados, tendría una rentabilidad
financiera no excesivamente alta; sin embargo --como señala uno de los
informes--, merece la pena recalcar cómo dichos análisis proporcionan
valores razonables por su rentabilidad económica y social. Por lo tanto,
en las conclusiones claras y rotundas --no sólo de este informe de enero
de 1995, sino de otros que se han contemplado-- se ha puesto de
manifiesto la viabilidad de establecer una conexión ferroviaria en alta
velocidad entre Madrid y Valencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chiquillo, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a concluir, señor presidente, y a fijar la
posición respecto de las enmiendas que se han presentado en un mismo
turno.
Lo que pretendemos en Unió Valenciana con esta moción que hoy sometemos a
la consideración de esta Cámara es dar un impulso a las líneas de alta
velocidad, para conseguir que sean modernas, operativas y competitivas.
Por ello solicitamos, en concreto, un compromiso político para impulsar
la alta velocidad Madrid-Valencia como transporte de pasajeros en el
corredor de alta densidad que constituye el eje Madrid-Comunidad
Valenciana-Madrid-arco mediterráneo.
En primer lugar, quiero agradecer el espíritu constructivo de las cuatro
enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios a la iniciativa de
Unió Valenciana, pero tan sólo puedo ofrecer una enmienda transaccional
--que posteriormente entregaré a la Mesa-- a la enmienda de modificación
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a la moción que he
defendido en estos momentos. Se refiere al párrafo segundo, porque el
párrafo primero de la moción presentada por Unió Valenciana quedaría en
los mismos términos. El párrafo segundo señala: En tal sentido, que desde
el Ministerio de Fomento se agilicen..., y la enmienda transaccional que
ofrezco al Grupo Parlamentario Socialista consistiría en añadir: e
impulsen los estudios... --el resto continuaría igual--; y en la última
frase de ese párrafo segundo, después de canalice la participación de
capitales privados de acuerdo con el PDI 1993-2007, añadir una coma y el
siguiente texto: en concreto, los siguientes proyectos y actuaciones: el
proyecto ferroviario de alta velocidad Madrid-Valencia, agilización de
las obras y estudios del trazado Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa, agilización de los estudios de la denominada Y vasca, decisión
sobre la alternativa a adoptar en el eje Madrid-Valladolid, análisis y
decisión a adoptar sobre la conexión con Portugal y el estudio de
viabilidad del eje Córdoba-Málaga. En ese sentido, ofrecemos esa enmienda
transaccional al Grupo Parlamentario Socialista, al párrafo segundo,
manteniéndose el párrafo primero tal como aparece en la moción que en su
día presentó y hoy ha defendido Unió Valenciana en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
A esta moción han sido presentadas enmiendas por parte de los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida, Popular y Mixto.
En primer lugar, para la presentación y defensa de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado
una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Mixto,
Unió Valenciana, en el sentido de considerar que para las necesidades de
desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma Valenciana, del
País Valenciá, no es necesaria una inversión con unos recursos económicos
tan altos como el tren de alta velocidad. Es decir, nuestro grupo
defiende la necesidad de la mejora de las infraestructuras ferroviarias
para adecuarlas a las necesidades de los territorios, pero la defiende
desde la velocidad alta, modernizar las infraestructuras existentes para
que así se pueda hacer no sólo la adecuación de una comunidad autónoma,
sino de todas las comunidades autónomas del Estado español. Defendemos
esto porque, señorías, desde hace mucho tiempo, y no se nos escapa a
ninguno de nosotros ni de nosotras, las inversiones en los trenes de alta
velocidad han reducido la inversión para el mantenimiento y la mejora de
las redes ferroviarias prácticamente a mínimos, que no han servido para
que podamos tener una infraestructura ferroviaria adecuada y que no van a
redundar en el beneficio que necesitamos precisamente para lo que se
defendía desde esta tribuna: el desarrollo socioeconómico de los pueblos
del Estado español, y tanto lo necesita la Comunidad Autónoma Valenciana
como el resto del Estado.
Por tanto, nuestro grupo parlamentario plantea que es preferible y
necesario --y las tendencias europeas van precisamente en este sentido--
defender la inversión en infraestructuras ferroviarias de velocidad alta,
que además en estos momentos ya se podrían estar desarrollando si se
hubieran adecuado los tendidos ferroviarios. Estamos utilizando trenes
que pueden alcanzar desde los 220 a los 250 kilómetros por hora, pero que
tienen una infraestructura ferroviaria que sólo les alcanza para poder
funcionar a 80 kilómetros por hora. Si se hubieran diversificado las
inversiones en la modernización de esta infraestructura, hoy estaríamos
hablando de una situación totalmente diferenciada. No sólo es la
necesidad de mejorar e invertir sino también el impacto medioambiental
que suponen los tendidos de alta velocidad y que han sido denunciados por
nuestro grupo y por nuestra organización desde el principio de la
construcción de las vías de alta velocidad. No hemos reivindicado nunca
estos trenes por su alto coste económico y por el alto coste
medioambiental que tenían. En realidad, si adecuásemos las vías y en
concreto la vía Madrid-Valencia, Valencia-Madrid adecuándola al
desarrollo de un tren de velocidad alta, estaríamos hablando del mismo
desarrollo socioeconómico, de la misma utilización y de la misma
necesidad que permitiría conectar también con los demás proyectos que se
están desarrrollando en el resto de Europa y que por ese alto coste
económico no se están adecuando y tendiendo no solamente hacia la
velocidad alta --220 ó 250 kilómetros hora-- sino a otro sistema de
infraestructura ferroviaria que permite utilizar todavía mucho más las ya
existentes.
Si nuestro país no quiere perder este tren, debe impulsar ya no grandes
proyectos con un alto costo económico, sino los proyectos que son
realmente viables económicamente y que pueden hallar en la sociedad el
mismo respaldo que puedan encontrar estas grandes obras de
infraestructura ferroviaria, sin olvidar que no sólo tenemos que hablar
del transporte de viajeros, si realmente queremos hacer un desarrollo
económico de las zonas, sino de que las inversiones en infraestructuras
ferroviarias tienen que estar dirigidas a reducir los tiempos en el
transporte de viajeros, pero al mismo tiempo potenciar y mejorar también
las líneas para el transporte de mercancías y que así podamos
reequilibrar la utilización de este tipo de infraestructuras.
La enmienda de sustitución que hemos presentado va en la línea de que se
adopten las medidas urgentes para la adaptación a velocidad alta de las
líneas ferroviarias Valencia-Madrid y Alicante-Valencia-Madrid. Es
necesario para el desarrollo del País Valenciano, de la Comunidad
Autónoma Valenciana, pero también lo es que con un menor coste en la
inversión por la adaptación se plantee la mejora de otro tipo de
infraestructuras e incluso de otras líneas que puedan unir más y mejor
todavía nuestra comunidad con el resto y el centro del Estado español.
Por tanto, señorías, desde Izquierda Unida creemos honradamente que es
mejor plantear aquello que va a redundar en beneficio de toda la sociedad
valenciana y del desarrollo de nuestra comunidad, pero al mismo tiempo
también de toda la sociedad, desde un punto realista, respetuoso con el
medio ambiente y que pueda mejorar por el menor coste que esto tiene no
solamente las infraestructuras ferroviarias en cuando al transporte de
viajeros, sino que además también puede mejorarlas en cuanto al
transporte de mercancías.
No hay que olvidar que ya está en marcha el Euromed Valencia-Barcelona
que, aunque no es el tren de alta velocidad, sí ha mejorado las
conexiones con Cataluña y, por tanto, un tren de similares
características, sin necesidad de una inversión tan alta como el tren de
alta velocidad, puede mejorar las conexiones de Alicante con Madrid y
sería mucho más beneficioso y realizable para poder llevar a buen término
lo que se quiere plantear desde la moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Fernández, al que le rogaría que al
final de su intervención expresase si acepta o no la transaccional que le
ha ofrecido el señor Chiquillo.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el miércoles pasado cuando se debatía la interpelación que está
en el origen del debate de la discusión que hoy tenemos en torno a esta
moción, el ministro reprochaba a un miembro de mi grupo parlamentario que
no se leía los «Diarios de Sesiones» y yo, que sí lo hago, mostraba mi
desconcierto porque mientras el ministro se convertía en un devoto del
Plan director de infraestructuras , esos «Diarios de Sesiones» a los que
nos remitía recogen manifestaciones de miembros de su grupo parlamentario
en los que envían directamente ese Plan director de infraestructuras a la
jubilación.
No voy a recriminar ahora al ministro que recupere para la vida laboral
el Plan director de infraestructuras, pero sí voy a seguir su consejo de
leer con atención los «Diarios de Sesiones», y el del miércoles pasado
recoge las palabras del ministro que decía que la sociedad española, y
por tanto la sociedad valenciana, había optado por tener una buena red de
infraestructuras de carreteras y una buena red de aeropuertos, en
detrimento del ferrocarril. La lógica más elemental dice que si se opta
es porque hay una propuesta, y en este caso sería una propuesta
programática del Partido Popular que fue quien ganó las elecciones. Por
tanto, me he acercado otra vez a ese vasto e ilustrativo documento que es
el programa electoral del Partido Popular en materia de ferrocarril y,
además de lo relativo a la potenciación de la velocidad alta, la
modernización de las cercanías y una serie de generalidades todas ellas
enmarcadas en la excelencia de la gestión, se incluyen grandes acciones
de vertebración territorial de la red ferroviaria, no con ánimo
exhaustivo sino enunciativo porque podría haber más, como son la variante
de Guadarrama, la variante de Pajares, la variante de Reinosa y el
desdoblamiento de La Encina-Alicante.
En materia de alta velocidad, que es la que nos ocupa, que citaba antes
el señor Chiquillo, dice: Apoyo a la red de alta velocidad y, entre otras
cosas, comenta: En esta legislatura se prestará atención preferente a la
línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, y Madrid-Valencia
(Madrid-Valencia, en negrita, y aunque no conozco los arcanos del PP en
materia de simbología, eso debe querer decir que es una prioridad dentro
de la prioridad), y se estudiará la incorporación de la Y vasca.
Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que para ser la opción que ha
sido sacrificada en aras de la carretera y de los aeropuertos no está
nada mal, porque aquí prácticamente se promete todo. Por tanto, quien ha
optado no han sido los ciudadanos, quien ha optado ha sido el Gobierno.Yo
no sé si el Gobierno ha optado por la carretera, que creo que tampoco,
pero sin duda ha optado una vez más contra el ferrocarril y contra su
propio programa electoral. Primero, se promete todo, y todo a la vez, y
cuando no puede cumplirse se dice que los ciudadanos han optado.
Entendemos que el programa electoral no marca las directrices de la
política de infraestructuras, en este caso de infraestructuras
ferroviarias del partido del Gobierno, porque sencillamente no se puede
cumplir y el Gobierno no lo cumple; tampoco el PDI, que unas veces se
convierte en una especie de catecismo laico de las infraestructuras del
Gobierno y otras se le remite directamente al Imserso. Por tanto
tendremos que pensar que en materia de infraestructuras el Gobierno se
rige bien por ese acta de septiembre del año pasado, en la que el
ministro decía: no os comprometáis con ferrocarril, que ahí vamos mal,
bien por los «Diarios de Sesiones» a los que el ministro nos remite,
porque es verdad, nos remite a los «Diarios de Sesiones».
Señorías, yo tengo aquí la comparecencia del secretario de Estado de
Infraestructuras del 14 de octubre de 1997, donde nos dice cuál es la
política en materia de ferrocarril del Gobierno popular. Dice: ¿Tenemos
los miles de millones que hacen falta? En este momento no lo sé. Como
todavía no es el momento de la decisión sino que esto ha de salir a
información pública, cuando esto se decida, llegará la hora de la verdad.
O bien esta otra perla, cuando dice: Se dijo desde el primer momento que
el Gobierno asumía esto de la Y vasca, y lo único que hago es decir que
con 36.000 millones no se puede hacer ni el Madrid-Guadarrama ni todas
esas cosas.
Lo que sucede es que, mientras transcurren los estudios informativos,
pasará otro año y tendremos otro presupuesto y discutiremos ese problema
a fondo. Es decir, al parecer, de lo que se trata ser es de ganar tiempo
y poner cantidades insignificantes en cada obra pública, en este caso del
ferrocarril que se pretende hacer en este país.
En el caso concreto de la alta velocidad, un corredor considerado
prioritario en esta legislatura, en 1997 no hay absolutamente ninguna
peseta para esa inversión. En 1998, hay 150 millones de pesetas para una
inversión que se calcula en torno a los 400.000 millones de pesetas y
mientras tanto se distorsiona el asunto con un informe de la empresa
Ineco, propugnado por el Gobierno, en virtud del cual se considera que no
es viable el corredor en alta velocidad y que hay que hacerlo en
velocidad alta.
Señorías, la alta velocidad es considerada por los usuarios como un tren
de alta calidad por su rapidez, y desde la Comisión de la Unión Europea
se le considera también como un instrumento de integración
dentro de la Unión. Por lo tanto, no se puede hacer un estudio de
viabilidad de unas coordenadas estrictas económico-financieras, desde una
posición técnico-económica de coste-beneficios sin considerar no
solamente los ingresos derivados de la explotación de la línea sino los
beneficios sociales a los que antes aludía el señor Chiquillo.
Es verdad que son muy cuantiosas las inversiones que hay que comprometer.
Por eso el PDI, que ha rehabilitado el ministro, considera la necesidad
de la financiación mixta, y dentro de la financiación pública se
incluiría no solamente la del Estado sino la de entes territoriales y la
financiación de la Unión Europea.
El pasado miércoles el ministro nos decía que se estaba convirtiendo
patrimonio público empresarial, vía privatizaciones, en patrimonio
público de infraestructuras, porque parte de las cantidades de las
privatizaciones se estaban invirtiendo por el gestor de infraestructuras
en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, pero naturalmente el ritmo de
enajenación, de liquidación del patrimonio público empresarial es
extraordinariamente rápido y, sin embargo, el avance de esa línea lleva
un ritmo extraordinariamente lento. Pocas pesetas se podrán comprometer,
procedentes de esa dilapidación del patrimonio público empresarial, en
las líneas de alta velocidad y desde luego en la línea Madrid-Valencia,
con el ritmo que lleva el Gobierno, absolutamente ninguna.
Por eso, señorías, como el señor Carreño decía el otro día que el PDI no
priorizaba, y es verdad, pero ustedes sí han priorizado, sí han puesto en
este programa electoral lo que querían hacer con toda rapidez, nosotros
vamos a ayudarles a que por una vez lo cumplan. Les vamos a ayudar
apoyando, en este caso, la moción del señor Chiquillo con la transacción
que nos ha propuesto y nosotros aceptamos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Había previsto iniciar mi intervención, y lo mantengo, diciendo que la
moción, que trata sobre política general, objetivos, estrategias de
futuro y propuestas sobre las líneas ferroviarias de alta velocidad en el
Estado español, se limitaba a la línea de alta velocidad Madrid-Valencia.
Esa era al menos la moción presentada por el Grupo Mixto y por eso me ha
sorprendido esta autoenmienda.
Desde 1988, y hablo por tanto de políticas ferroviarias sobre alta
velocidad en el Estado español, está aprobada como prioritaria la línea
de alta velocidad Madrid-Barcelona. Evidentemente los proyectos de
grandes obras públicas requieren fundamentalmente plazo, tiempo para su
definición previa, con el estudio informativo previo, con las cada vez
más polémicas decisiones sobre el trazado, con las cada vez más polémicas
y difíciles aprobaciones del estudio de impacto ambiental, pero lo cierto
es que en 1996 el AVE Madrid-Barcelona no andaba.
Como SS. SS. conocen, el Plan director de infraestructuras tuvo un largo
debate en esta Cámara, desde su presentación el 20 de abril de 1994 hasta
su debate y aprobación en diciembre de 1995 por amplio consenso. En lo
referente a infraestructuras ferroviarias prevé una inversión superior a
tres billones de pesetas, de los cuales, entre el 35 y el 40 por ciento
debe financiarse con recursos ajenos o complementarios de los que
procedan de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a proyectos
de alta velocidad incluía el itinerario Madrid-Barcelona-frontera
francesa, el de la Y vasca y el Madrid-Valencia. Se señala en el citado
Plan director de infraestructuras que a la financiación complementaria
deben contribuir tanto otras administraciones públicas como capital
privado.
¿Qué se ha hecho durante 1997? Por la Unión Europea se han definido 14
proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte, entre los
que se incluyen Madrid-Barcelona-Montpellier y Madrid-Vitoria-Dax. Pero
la Unión Europea no resuelve la financiación de esos proyectos, sino que
recomienda su financiación mixta pública y privada.
¿Qué se ha hecho por el Congreso de los Diputados? Como conclusiones del
debate de política general en torno al estado de la Nación, el 24 de
junio de 1997, la conclusión número 6 insta al Gobierno a considerar
prioritarios, por su carácter estratégico en materia de infraestructuras
en el arco Mediterráneo, el trazado de alta velocidad --alta velocidad no
velocidad alta-- Valencia-Madrid.
¿Qué se ha hecho por el Gobierno y el Ministerio de Fomento? En primer
lugar, modificar aquellos proyectos prioritarios de 1998 y sólo iniciados
--insinuados, diría yo-- por el Gobierno socialista del ferrocarril
Madrid-Barcelona, pasándolos de ancho Renfe a ancho europeo. En segundo
lugar, crear el ente Gestión de Infraestructuras Ferroviarias,
encomendarle la construcción del AVE, y dotarlo económicamente para
acelerar la gestión, gestión imprescindible, básica e inicial; todos los
trámites previos a la contratación de las obras; continuar las obras en
aquellos tramos que se estaban iniciando, modificando los proyectos,
cambiándolos a ancho europeo. Estos resultados de la alta velocidad dada
por el Ministerio de Fomento se plasmarán en la adjudicación de todos los
tramos de este itinerario dentro del año actual.
En cuanto al Madrid-Valencia, es natural que en el programa de las
elecciones autonómicas de la Comunidad Autónoma Valenciana viniera el
ferrocarril de alta velocidad Madrid-Valencia. Estoy seguro de que
también venía la terminación de la Nacional III Madrid-Valencia, estoy
también seguro de eso.
En cumplimiento de ese programa electoral de la comunidad autónoma, en
cumplimiento del programa electoral del Partido Popular, en cumplimiento
de las conclusiones aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación
el 24 de mayo de 1997, hoy, antes de que haya pasado un año, está en
marcha el estudio informativo del tren de alta velocidad Madrid-Valencia,
requisito imprescindible, básico y primero para definir el trazado, su
coste, su viabilidad y su financiación. Esta, al ser mixta, puede
solucionarse como sugirió el ministro de Fomento durante el debate de la
interpelación la semana pasada: modificando --modificación que está en
estudio-- la Ley de ordenación de los transportes terrestres, a fin de
permitir el sistema concesional en el transporte por ferrocarril, como
ocurre en el transporte por carretera.
Por todo lo expuesto el Grupo Popular plantea al Grupo Mixto la enmienda
que reitera el acuerdo de este Congreso para que considere el Gobierno
prioritaria la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, ni más ni menos,
y como consecuencia de este acuerdo, que ratificaríamos hoy, que,
concluido el estudio informativo, insisto condición previa evidente, y
definida la financiación, se incluya la obra en el programa de
inversiones del Ministerio.
Esperamos que esta solución realista dentro del plan de inversiones del
Ministerio de Fomento sea aceptada por el grupo proponente.
No sé si es posible comentar la postura del Grupo Popular sobre la
enmienda transaccional que acepta el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría dispone
de tiempo para hacer la intervención que le parezca oportuno.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: La enmienda transaccional del Grupo
Socialista amplía la moción presentada, limitada al Madrid-Valencia, al
resto. Hace una relación exhaustiva de todos los proyectos de alta
velocidad y evidentemente se trata de establecer un plan de
infraestructura ferroviaria que encaja plenamente en la segunda moción
que veremos a continuación.
La postura del Grupo Popular es rechazar la propuesta del Grupo Mixto,
incluida la transaccional del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Carreño.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente quiero manifestar, en primer lugar, el interés con el que
hemos seguido el debate de la interpelación en su día y la moción
presentada hoy por el Grupo de Unión Valenciana; interpelación y moción
que nos ha parecido muy documentada, sin lugar a dudas, porque se trata
del grupo que comparte el Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana
con el Partido Popular. Ya que no tiene acuerdo, tal como se ve a tenor
del debate que se ha producido, sobre las infraestructuras que se
consideran básicas para la Comunidad Autónoma Valenciana, es evidente que
al menos tiene conocimiento de la realidad, necesitada de mejoras, de
nuestra comunidad en materia de infraestructuras.
Dicho esto, tenemos que indicar, señorías, que en Nueva Izquierda no
compartimos la necesidad y la prioridad que en la moción se plantea a los
trazados de alta velocidad. En nuestra opinión, debería articularse un
discurso distinto que partiera, en primer lugar, de reconocer el carácter
prioritario del transporte por ferrocarril con carácter general y se
mandatara al Gobierno a dotarlo de los fondos adecuados. Mientras no se
haga eso, nos encontraremos con una realidad, que es a la que estamos
asistiendo en estos momentos, y es que la ejecución de cualquier trazado
de alta velocidad implica el que inmediatamente desaparecen fondos para
el mantenimiento, en nuestra opinión imprescindible, y para la
modernización urgente y necesaria de toda la red, siempre sobre la base,
insisto, señorías, del carácter prioritario que tiene el transporte por
ferrocarril. Esta visión global es la que, en nuestra opinión, no existe
en esta moción que se nos presenta por el Grupo de Unión Valenciana, ni
siquiera con la enmienda transaccional que ha sido planteada en relación
con la enmienda del Grupo Socialista.
Hemos presentado una enmienda que pretende que se garantice ese carácter
prioritario y estratégico del transporte por ferrocarril y que en el
marco de esa prioridad real, dotándola de fondos adecuados, se ejecuten
aquellos proyectos que se comprometen a nivel europeo. Y sólo en ese
marco puede llevarse a cabo una política de cohesión y una política
estatal coherente con los tiempos y con las realidades de nuestro país.
Si bien es verdad que el Grupo Popular se encuentra hoy preso de
manifestaciones electorales y de compromisos verbales, no creemos que
esta situación se pueda mantener por más tiempo. Seguir hablando al día
de hoy de estudios de viabilidad o de estudios informativos, etcétera,
sólo sirve para continuar, por el Grupo Popular, manteniendo la confusión
de que va a hacer algo que el conjunto de los valencianos sabemos que no
entra de ninguna manera en sus proyectos. Sin embargo, entendemos que
políticamente es una salida que desde la oposición, a nivel del Estado,
en la Comunidad Autónoma Valenciana y nos gustaría también que desde los
socios del Partido Popular allí, debemos
contribuir cuanto antes a desenmascarar, para que cada uno asuma el papel
que le corresponde; en este caso, el del Partido Popular es el de crear
falsas ilusiones y así pretender ocultar una realidad, la de la Comunidad
Autónoma Valenciana, necesitada de importantes inversiones en
infraestructuras.
Gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Las dos mociones que presenta el Grupo Socialista y Unión Valenciana, del
Grupo Mixto, tratan un tema de verdadero interés, porque es la
vertebración del Estado a través de infraestructuras de comunicación, y
éste es un tema importante.
Nuestro grupo no ha presentado enmiendas a esta moción, ni a la del Grupo
Socialista, porque nos parece que es un debate que debe producirse en un
foro donde verdaderamente vayamos a dejar absolutamente claro cuáles son
las prioridades que debe tener el Gobierno a este respecto. El debate
adecuado debe realizarse precisamente en el próximo que vamos a tener
sobre el estado de la Nación. Ahí es donde nuestro grupo parlamentario
presentará la propuesta a este respecto. Sin embargo, esto no es óbice
para que estudiemos con detenimiento las propuestas que hacen otros
grupos parlamentarios, como en esta ocasión.
Hay que dejar constancia de que para nosotros el vigente Plan director de
infraestructuras está tocado por los incumplimientos que se han producido
y que afectan al Gobierno. No voy a decir ya de quien es la
responsabilidad, si del Gobierno anterior o de éste; en este momento está
gobernando el Partido Popular y, por tanto, él es el responsable de los
incumplimientos que se puedan dar en dicho plan.
Por eso, nuestro grupo parlamentario tiene especial interés en dejar
constancia, en todos los debates parlamentarios que hagan referencia a
infraestructura ferroviarias, de nuestra preocupación por el proyecto
ferroviario conocido como Y vasca. Este proyecto ferroviario fue asumido
por la Administración central a través del Plan director de
infraestructuras y reconocido en Europa, en la Cumbre de Corfú, como uno
de los ejes prioritarios en el recorrido
Burdeos-Vitoria-Valladolid-Madrid. Pero no sólo eso, el proyecto
ferroviario de la Y vasca es una parte esencial del denominado eje
atlántico de comunicaciones. El eje atlántico necesita urgentemente
modernizar sus infraestructuras tanto viarias como de ferrocarril,
portuarias y aeroportuarias. Es absolutamente necesario para el
desarrollo económico de la cornisa cantábrica modernizar sus
infraestructuras de comunicación enlazando con Portugal y con la zona
atlántica del Estado francés. Por eso, mi grupo parlamentario presentó, y
se aprobó en el pasado debate del estado de la Nación, la necesidad de
negociar las condiciones de cofinanciación y el inicio de las obras,
dando carácter prioritario al problema de infraestructuras de esta parte
de eje atlántico europeo; y que se concrete --se decía además--
temporalmente el compromiso del Gobierno para la conexión con Europa por
ferrocarril a través de la frontera de Irún con ancho europeo,
vertebrando de esta forma el eje atlántico de Euskadi, Cantabria,
Asturias y Galicia, así como la conexión con Portugal a través de las
Fuentes de Oñoro. Esta propuesta será nuevamente presentada, como he
anunciado, en el próximo debate sobre el estado de la Nación, esperando
que el Gobierno tome el compromiso de priorizar las infraestructuras
ferroviarias del eje atlántico.
Por lo demás, nuestro grupo parlamentario apoyará todas aquellas
iniciativas que recojan esta propuesta siendo, por otra parte,
respetuosos con las iniciativas y las prioridades de otros grupos
parlamentarios, pero dejando constancia de que no podremos apoyar,
sintiéndolo mucho, aquellas iniciativas que no recojan nuestras
prioridades. En este caso anunciamos que en estas dos mociones
presentadas por el Grupo Socialista y por Unión Valenciana nuestro grupo
se va a abstener.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar que nosotros no vamos a dar apoyo a la moción que se
presenta. Vemos su buena intención; buena intención que ya quedó
reflejada y apoyada por nuestra parte en el debate en su momento de
política general en el Pleno del Congreso.
Creemos que la redacción de la moción, si se hubiese limitado a instar al
cumplimiento de aquella resolución aprobada, hubiese sido aceptable e
incluso hubiese podido agilizar --lo pide--, impulsar los estudios
informativos. Ahora bien, en el resto del texto se pide que se
comprometan los plazos estimativos, se gestionen fondos europeos para
financiación. ¿En base a qué? ¿En base a qué proyecto, si todavía se
están realizando, iniciando los estudios informativos? Por tanto, no
creemos que el texto de la moción sea coherente con lo que en su día se
aprobó. En todo caso, es un elemento de buena intención, que nosotros
creemos acertado, y cualquier otra iniciativa con una redacción más
coherente tendría nuestro apoyo. Está bien que se agilicen los estudios
informativos porque no queremos
que pase lo que sucedió con la autovía Madrid-Valencia y sí que se pueda
llegar pronto a un proyecto en relación con este asunto.
Se habla también de que la participación de capitales privados sea de
acuerdo con el PDI, pero éste no fijaba exactamente la forma en que debía
hacerse esa participación e incluso no fue ratificado por esta Cámara,
quien no votó el texto del PDI, sino unas resoluciones, algunas
contradictorias entre sí. Por tanto, nosotros, al votar
desfavorablemente, no estamos en contra de la resolución inicial aprobada
por el Pleno del Congreso, pero no vemos aceptable la moción que se nos
presenta, y menos aún con la incoherencia de la enmienda que se acepta.
No estamos en contra de ninguna de las obras que se presentan en el
añadido, entre ellas la Y vasca, que hace tiempo que todos tenemos
asumido que es una de las prioritarias. Pero, como decía, me parece
incoherente que en una moción cuyo primer párrafo se dedica a la alta
velocidad Madrid-Valencia en concreto, y que dice: y en tal sentido, con
lo que el sentido es el relativo a Madrid-Valencia, se añadan toda la
serie de obras que se crean oportunas. Esto es una incoherencia y, por
tanto, ni aun con la enmienda podemos apoyar la moción que se nos ha
presentado.
Nada más. Muchas gracias. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
Señor Chiquillo, diga lo que desee brevisimamente.
El señor CHIQUILLO BARBER: Le garantizo que van a ser treinta segundos,
señor presidente.
Si el problema del voto de CiU es la expresión: en tal sentido, que se
retire de la enmienda transaccional, de forma que quedase: que desde el
Ministerio de Fomento se agilicen e impulsen. La agradecería el voto
favorable puesto que yo retiro la expresión: en tal sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Chiquillo.
Damos por entendido que todos los grupos parlamentarios aceptan la
presentación de la transaccional y, por tanto, que el Grupo Parlamentario
Socialista retira las enmiendas planteadas. A continuación realizaremos
la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor
PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por el señor Chiquillo, sobre política
general, objetivos, estrategias de futuro y propuestas sobre las líneas
ferroviarias de alta velocidad en el Estado español, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 113; en contra, 166; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DE COMUNICACIONES
FERROVIARIAS Y POR CARRETERA (Número de expediente 173/000079)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre política de
comunicaciones ferroviarias y por carretera.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el señor Morlán, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Vicepresidente
Marcet i Morera ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por favor, señorías, circulen
con celeridad y guarden silencio.
Cuando quiera, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista presenta esta moción,
consecuencia de la interpelación formulada al ministro de Fomento sobre
política de comunicaciones en materia de ferrocarriles y carreteras, a la
vista de que la intervención del señor ministro el miércoles pasado no
introdujo ninguna circunstancia, ningún hecho remarcable que satisficiera
las pretensiones de nuestra interpelación. Es más, por el contrario, lo
que el ministro hizo fue introducir un elemento de inquietud y de duda
que demostró que le daba lo mismo que no existiera un objetivo claro y
preciso, ninguna directriz, ninguna ordenación de lo que tiene que ser
una planificación; le daba lo mismo que los ciudadanos y ciudadanas de
España desconozcan si se va a hacer o no su carretera, su ferrocarril en
un plazo determinado; le daba lo mismo, igual que al Grupo Popular y al
Gobierno, que las decisiones en política de inversiones en
infraestructuras se adopten con carácter aleatorio, partidario y para
atender las peticiones de los regentes y los regidores del Partido
Popular en el territorio nacional a nivel municipal o autonómico. Y lo
menciono porque el señor ministro dijo en su intervención el otro día
concretamente lo siguiente: Ustedes querrían una serie de documentos
intermedios entre el Plan director de infraestructuras y los anexos de
inversiones. Están en su derecho de opinar que esos documentos
intermedios son necesarios. En un momento determinado yo también pensé
que lo eran, pero ahora ya no lo pienso, porque eso limitaría la
capacidad de discreción que tendrían y que tienen a la hora de atribuir
inversiones a las obras
que interesan a su propio partido, como se desprende de la famosa acta de
29 de septiembre de 1997, que nadie quiere tener en cuenta, que nadie
quiere aceptar, que nadie quiere reconocer, pero que existe y que,
curiosamente, lo que hace, conforme se van pronunciando los diversos
cargos de la Administración pública en el Ministerio de Fomento, es ir
adquiriendo cuerpo, y lo que consta en ella es lo que se está haciendo. Y
eso, como es lógico, al Grupo Socialista le preocupa.
Por eso, señorías, lo que planteamos es una moción breve, genérica, una
moción en la que --ya que coincidimos con ustedes por una vez en que el
Plan director de infraestructuras es un referente para ustedes, para
nosotros es algo más, pero indudablemente también lo es-- intentamos que
ustedes, que el Gobierno, asuman el reto de coger el documento, de
retomarlo, de analizarlo, de estudiarlo, de ver qué medidas son las que
hay que llevar a cabo para que se produzca en España una adecuada y
correcta cohesión territorial, un adecuado y correcto equilibrio y
cohesión social y con la finalidad también de que se arbitren las
fórmulas y los mecanismos de financiación de todas las obras públicas,
concretamente, en ferrocarril y carreteras que son necesarias en España
en los próximos tiempos.
No establecemos plazos especiales que no sean perfectamente asumibles.
Decir que en seis meses pueden ofrecer ese documento no es proponer
ninguna barbaridad; decir que en seis meses pueden traer aquí un
documento que está perfectamente elaborado
--costó mucho hacerlo, costó mucho discutirlo en esta Cámara, costó
mucho aprobarlo y ahora se trataría de retocarlo, de ponerlo encima de la
mesa y empezar a trabajar sobre él-- no creo que sea ninguna barbaridad.
Esta iniciativa es buena porque trata de recoger un documento fruto del
acuerdo de todos los grupos políticos. Y después haríamos lo que ustedes
querían cuando se aprobó el plan; haríamos lo mismo que ustedes
pretendían: planes sectoriales, actuaciones sectoriales. Para ello les
damos un plazo más largo. Les decimos: como puede ser más complejo, como
puede tener alguna dificultad mayor, ustedes disponen de todo el año
1998, de aquí a final de año, para elaborar un plan general de carreteras
en el que no solamente se contemple el plan de autovías, como pretenden
en la enmienda que plantean, sino otro tipo de iniciativas y de
actuaciones que tienen que ver con la red de gran capacidad que existe en
España, con los acondicionamientos, con aquellas actuaciones que tiene
que haber en la red básica del Estado para mejorar la calidad de esas
carreteras, para mejorar la circulación por ellas y la comunicación entre
todas las ciudades de España. Y también pensamos en una actuación en el
medio urbano, que es buena para facilitar el tráfico en las ciudades,
para permitir y posibilitar que los ciudadanos circulen mejor por las
ciudades y supone una actuación también importante, porque el volumen de
carreteras que se ha hecho en España en los últimos tiempos es elevado y
esas carreteras se deben conservar y explotar.
Solicitamos un plan que acoja ese tipo de actuaciones; no creo que sea
ninguna barbaridad, así como tampoco es excepcional el tiempo que se
marca; es un planteamiento amplio, generoso, es tan genérico, tan global
que podrían perfectamente aceptar esta pretensión.
Nosotros proponemos en un segundo punto de la moción otra serie de
actuaciones que tienen que ver con lo que ha de ser la política
ferroviaria a desarrollar en este país en los próximos tiempos. También
decimos que tienen todo el año 1998; no les ponemos ni tres, ni cuatro,
ni seis meses; establecemos todo el año 1998 a partir de este momento.
Les pedimos que nos digan qué es lo que quieren hacer en alta velocidad.
En la moción anterior se ha hablado de unos proyectos concretos de alta
velocidad, que responden a una serie de actuaciones que vienen recogidas
en el PDI, salvo la última Córdoba-Málaga, sobre la que solicitábamos su
viabilidad, pero el resto, todas están incluidas en el Plan director de
infraestructuras como una de las actuaciones a contemplar en los próximos
años en el desarrollo de la alta velocidad.
Queremos que ustedes nos digan qué es lo que piensan de las cercanías,
qué medidas piensan adoptar para mejorar su calidad, que es alta; para
mejorar sus trazados, que son buenos y para mejorar todo el material
móvil que tienen en la red.
Queremos que nos hablen del largo recorrido, de sus ventajas, de sus
inconvenientes, de sus posibilidades, de su mejora. Queremos que se hable
del desarrollo del transporte de mercancías como uno de los elementos
importantes para el desarrollo de las comunicaciones y para el tránsito
de mercancías entre las diversas ciudades de España y qué importancia hay
que darle a esta forma de transporte en nuestro sistema ferroviario.
Queremos que se renueven y que se electrifiquen las vías y que se
conserve la red. No estamos poniendo cantidades, no estamos exigiendo
financiación, sino que ustedes indiquen cuáles son las medidas que el
Gobierno cree que deben formularse en estas áreas que he comentado.
Queremos que ustedes nos digan cuáles son sus directrices, que las
traigan aquí, las estudiemos, las analicemos y las debatamos. Queremos
saber cuál es su red ferroviaria y en qué se concreta. Queremos saber de
qué manera ustedes están atentos a las necesidades que tienen los
ciudadanos en las comunicaciones ferroviarias.
Sí es cierto que a esta moción se ha presentado una serie de enmiendas y
que una de ellas --creo recordar que de Nueva Izquierda-- afecta a un
aspecto que habría que incorporar a este punto tercero, que hace
referencia a los soterramientos. Efectivamente no figuran aquí, quizá
porque en los términos de renovación y conservación de red nosotros
estamos hablando des
de la perspectiva de englobarlos. Pero no nos importa que los
soterramientos se incluyan también como una adenda a este texto, por lo
que aceptamos la propuesta que se nos hace desde Nueva Izquierda, y que
se incluyan como un punto más.
Eso sí, les pediríamos que fueran prudentes; les pediríamos que no
fueran tan generosos como son y les voy a poner un ejemplo. Estando de
acuerdo con el soterramiento en Cádiz, que lo estamos, nos gustaría que,
puesto que a nosotros se nos ha acusado de dilapidar al llevar a cabo el
tren de alta velocidad y que gastábamos mucho por kilómetro, no nos
vinieran ahora a plantear un soterramiento cuyo precio por kilómetro
cuesta cinco veces más que el kilómetro del AVE. ¿No hay alguna fórmula
de compatibilizar parte del soterramiento con el trabajo en trinchera
para abaratar ese soterramiento?
Hagan ustedes planteamientos lógicos y coherentes con la política que
ustedes han llevado a cabo de control del gasto. ¿Que ustedes quieren
acometer este tipo de obras, que son costosas, y lo sabemos? Acométanlas,
pero sean prudentes y cautos en el gasto y no hagan lo que están haciendo
aquí o lo que pretenden hacer en Cádiz, porque queriendo soterramiento
queremos compatibilizarlo con la trinchera, queremos abaratar su coste y
no es bueno que ese tipo de obras se plantee tal y como lo están haciendo
ustedes.
En definitiva, señorías, decimos en estos dos puntos de la moción que se
lleve a cabo el diseño de lo que ha de ser la política ferroviaria del
Gobierno del Partido Popular; que ustedes la planteen y que con nuestras
aportaciones se complemente, y eso sobre la base de un documento que
todos nosotros elaboramos en esta Cámara. Retómenlo y verán cómo
consiguen un consenso importante que permitirá a los ciudadanos tener un
horizonte claro respecto a qué es lo que va a pasar con sus
comunicaciones, con su desarrollo, con su equilibrio territorial y
social, en los próximos tiempos en este país. Y no tendremos que estar al
albur de decisiones partidarias, de decisiones correspondientes a jefes
locales, provinciales o a cualquier representante institucional del
Partido Popular que tenga el capricho de hacer una obra en función de
esas presiones sociales --que señalan en el acta famosa-- que dicen que
tienen ustedes a la hora de hacer carreteras y no hacer ferrocarriles.
Entiendo que estos puntos de la moción, con la generosidad y el talante
con el que están planteados, podrían asumirlos ustedes perfectamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, por favor, señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor presidente, paso al último punto que es
más breve y acabo.
Por último, planteamos un tercer punto que consiste en suspender la
licitación de las obras que ustedes han llevado a cabo por el denominado
modelo alemán. Y a pesar de que el señor ministro decía el otro día que
no sabíamos, tanto el secretario de Estado como yo, cuál era ese modelo
alemán, lo sabemos. Y sabemos que lo que hace es obligar a compromisos
próximos presupuestarios con cantidades que ahora ustedes no quieren
incorporar en los presupuestos. Paralicen esa forma de adjudicación,
incluyan partidas presupuestarias para acometer esa obras, con las que
estamos de acuerdo, y, aceptando la enmienda que ha planteado Izquierda
Unida, hagan todo lo posible para que quede perfectamente explícito y
concreto cuál es el compromiso presupuestario, cuál es el crédito
presupuestario que ustedes van a utilizar para hacer frente a estas obras
una vez que se suspendiera la utilización de este modelo para su
acometimiento.
Pienso, señor presidente, señorías, que la iniciativa que planteamos con
esta moción es sólida, es una iniciativa rigurosa, una iniciativa que da
pie a que se produzca un debate sobre lo que ha de ser el transporte y
las comunicaciones en este país y una iniciativa que, sin lugar a dudas,
conseguirá que exista por parte de todos los grupos políticos un nivel de
consenso importante.
Hay algunas otras enmiendas, como la que plantea el Bloque Nacionalista
Galego y otras de Nueva Izquierda que vamos a aceptar, si bien indicando
al portavoz del Bloque que la aceptaremos en tanto en cuanto corrija
algunas expresiones. Porque las carencias son gravísimas, pero yo creo es
mejor decir que son graves; cambiar el término es bueno y nosotros se lo
agradeceríamos. En segundo lugar, sí nos gustaría que no se hiciera
constancia expresa de cada una de las comunidades autónomas en las que
ustedes piensan que hay carencias, porque creo que aquí faltan algunas y
no sería bueno nominar unas y no nominar todas.
Por ello, señor presidente, señorías, con mi intervención ofrezco la
posibilidad de iniciar un debate muy serio en este Parlamento, la
posibilidad de llevar a cabo una discusión rigurosa sobre el futuro de
las comunicaciones en España y la necesidad de que el Partido Popular y
el Gobierno del Partido Popular fijen de forma clara y nítida cuál es su
actitud respecto a las comunicaciones y transportes en este país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i
Morera): Gracias, señor Morlán.
A esta moción han presentado enmiendas el Grupo de Izquierda Unida, dos
el Grupo Mixto y el Grupo Popular.
En primer lugar y para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Con brevedad, nuestro grupo quiere manifestar, en primer lugar, que hemos
presentado una enmienda al último punto de la moción del Partido
Socialista porque, si bien nosotros no compartimos la utilización del
modelo alemán --en cuyo análisis coincidimos, pues es un modelo que
simplemente dilata los problemas en el tiempo y lo que hace es trasladar
la deuda a sucesivos gobiernos, sean del signo que sean, por lo que no
creemos que sea un modelo serio--, hemos introducido un matiz entendiendo
que tampoco es conveniente paralizar algunas de las obras adjudicadas y
solicitamos que se habiliten créditos extraordinarios para evitar su
paralización.
En cuanto a la moción con carácter general, coincidimos con su espíritu,
es decir coincidimos con la crítica en el sentido de que creemos que el
Partido Popular no se ha atrevido a presentar un plan, a corto o medio
plazo, para saber cuáles son exactamente sus prioridades, quizá porque,
en mi opinión, ha caído en algo en lo que se suele caer fácilmente cuando
se gobierna, en el terreno de las promesas. La prueba la acabamos de
tener hace escasos minutos, cuando se ha votado la moción anterior, que
nuestro grupo ha votado en contra. Es muy fácil prometer la alta
velocidad en Málaga, en Valencia, en Huelva; incluso hay quien se pelea
para que por su pueblo pase el futuro tren de alta velocidad, por ejemplo
en Segovia o Avila, cuando todavía ni siquiera se ha propuesto un trazado
definitivo; se ha incluido también la Y vasca, todas ellas propuestas que
serían muy interesantes en muchos casos si los recursos del Estado fueran
ilimitados, sobre todo para nosotros que creemos en el ferrocarril como
medio complementario, como medio todavía con futuro. Nos movemos en un
terreno fuera de la realidad y lo que estamos produciendo es bastante
frustración en muchas comunidades autónomas, pues en muchos sitios llevan
ya diez y quince años esperando ver cumplido algún día esa supuesta
aspiración que se va induciendo desde los propios partidos políticos en
cada campaña electoral.
Por tanto, vamos a votar a favor de esta moción fundamentalmente por eso,
porque plantea la exigencia de que se diga claramente cuáles van a ser
las propuestas para los próximos dos o tres años, por lo menos, las
prioridades del Partido Popular como partido que apoya al Gobierno, que
las asume el propio Gobierno y sus socios de apoyo parlamentario. Creemos
que es necesario ese debate para despejar este continuo tejer y destejer
de promesas que, insisto, conducen nada más que a la frustración.
Entendemos que el PDI tampoco es el instrumento ideal, es un documento
con un inicio bastante riguroso en su elaboración, pero después de una
campaña electoral se le fueron colgando las diversas peticiones del
oyente. Por tanto, nuestra postura respecto al PDI es de relativo
escepticismo, pero es verdad que, como está casi todo, también hay que
coincidir con él.
A mí me sigue preocupando que, por ejemplo, para ir de Gijón a San
Antolín de Ibias, todavía el sábado pasado, se tarden tres horas y media
por carretera, que es lo mismo que se tarda en ir desde Oviedo a Madrid
con un poco de celeridad. Me preocupa saber por qué modelo de
comunicaciones apostamos, cómo mejoramos las comunicaciones internas de
las propias comunidades autónomas y cuándo vamos a plantearnos seriamente
un plan que contemple los modos de transporte no aisladamente, sino que
estimule el transporte combinado, que sitúe el peso del transporte por
mercancías y de viajeros por ferrocarril en parámetros europeos, del 20 ó
25 por ciento y, sobre todo y fundamentalmente, cuántos recursos está
dispuesto este Gobierno, y el que venga, a aportar anualmente para el
esfuerzo complementario que hay que hacer en algunos de estos modos de
transporte.
Insisto en el abandono de la red básica ferroviaria que se ha producido
desde hace más de 10 años y que continuamos en esa misma situación. El
señor Abril Martorell reconocía en alguno de esos debates mantenidos en
1997 en esta misma Cámara que con los recursos que había era imposible
abordar todas esas grandes promesas, aunque automáticamente se veía
desautorizado por su propio partido intentando recuperar el espíritu de
las promesas.
Por lo tanto, nosotros seguimos exigiendo un debate serio sobre
comunicaciones y seguimos exigiendo también al Gobierno que se moje y que
diga cuál va a ser realmente el esfuerzo presupuestario que va a hacer y
que cambie la tendencia.
Debo reconocer también que el señor ministro introdujo el otro día una
primera reflexión con la cual podemos coincidir. En Europa se va ya por
otros derroteros en materia ferroviaria, se apuesta por los trenes
pendulares, por poder circular a 200 ó 260 kilómetros por hora cuando la
orografía la permite y cuando no adaptarse. Porque, señoras y señores
diputados, el problema es de tiempos, no de prometer grandes velocidades.
Con promedios de velocidades comerciales de 120 kilómetros por hora en
transporte de viajeros el ferrocarril es competitivo ya con la carretera
en cualquier recorrido radial desde Madrid. Por otro lado, hay que
competir con servicios y con precios, que es otra de las cuestiones que
no se están abordando.
Por ello, considero que puede ser un punto de inflexión si entre todos
somos capaces de resituar el debate y no seguir compitiendo por el yo
quiero una carretera más y dos huevos duros más, que es el debate en el
que nos situamos permanentemente. Sé que es clamar en el desierto, y más
cuando se acercan las elecciones autonómicas y municipales. Anuncio que
tengo una colección de recortes de prensa, desde hace 10 años, de todas
las promesas que se han ido haciendo por distintas fuerzas políticas, y
creo que sería muy interesante comparar cómo en este momento estamos de
nuevo en la misma situación.
Termino, por tanto, anunciando también que nuestro grupo presentará de
nuevo este debate, pero intentando llevarlo a terrenos más concretos, a
resolver los problemas del norte-noroeste. Al día de hoy todavía no se
tiene claro cuál es el trazado de la variante del Guadarrama, pero
mientras llegan esas grandes variantes, que en todo caso tardan seis,
siete u ocho años en construirse, hay que continuar comprando material
para trenes de viajeros de cercanías y para trenes de mercancías y, sobre
todo, hay que gestionar --insisto-- mucho mejor el tráfico de mercancías
por ferrocarril, que sigue invirtiendo solamente un 30 por ciento de los
tiempos en el viaje y el resto se pierde en problemas de gestión, de
puesta a disposición de vagones y demás cuestiones.
El ferrocarril es viable si conseguimos resituar el transporte de
mercancías en unos parámetros del 20-25 por ciento, que permite obtener
ingresos para mantenerlo, y resuelve un problema muy importante que se
está produciendo, que es el gran deterioro de las infraestructuras recién
terminadas en autovías. Este año se han dedicado ya más de 100.000
millones solamente para conservación. Si seguimos a este ritmo, tendremos
que invertir nuevamente miles de millones en autovías que prácticamente
tienen dos años, pero porque elegimos el modelo-escaparate. En Alemania
salen más caras las carreteras, pero duran 10-15 años más, y con muchos
menos gastos de mantenimiento. Aquí elegimos el camino fácil de aparentar
que abrimos grandes vías, grandes caminos, pero sus defectos
estructurales, como ha pasado en Andalucía, se ven en muy poco tiempo.
Esto mismo es válido para el ferrocarril. Hay que apostar, primero, por
corregir pequeños defectos y no crear otros nuevos, como se han producido
entre Avila y Salamanca, en que, a pesar de gastar dinero en intentar
hacer algunas mejoras, por querer ahorrar en gastos de personal, han
montado un sistema casi antediluviano que prácticamente obliga a los
trenes a detenerse en cada estación, con lo que se incrementan también
los tiempos de viaje.
Insisto, creo que hay que invertir más, pero también hay que echar
bastante más imaginación y esfuerzo en la gestión de los recursos. Espero
que algún día consigamos entrar de verdad en un debate serio. Quizá el
mejor momento sea el debate presupuestario, porque, como siempre se dice,
lo que no está en los presupuestos no existe, por muchas declaraciones y
muchas proposiciones no de ley que aprobemos aquí.
Por tanto, anuncio nuestro voto con esos matices, en el sentido de que
nuestro grupo no tiene entre sus prioridades la alta velocidad, pero sí
creemos conveniente que al menos el Gobierno nos diga qué es lo que va a
hacer, porque, después de dos años, todavía no lo hemos escuchado en esta
Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Santiso.
Para presentar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer
lugar, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la discusión que hoy abordamos como
resultado de la moción presentada por el Grupo Socialista es, desde
luego, muy interesante. Llevamos un tiempo esta semana y la anterior
hablando de infraestructuras, en concreto de infraestructuras
ferroviarias, resultando a veces estas discusiones, aparte de
interesantes, esclarecedoras, sobre todo, y tengo que decirlo así delante
de todos ustedes, esclarecedoras del papel que, en materia de este tipo
de infraestructuras, se le reserva a algunas comunidades autónomas, como
por ejemplo la de Galicia, ¡qué curioso!
Discutimos, por tanto, acerca de la política del Gobierno sobre
infraestructuras y asimismo sobre qué planes o qué modelo tiene el
Gobierno en esta materia. Así pues, estamos hablando entonces de
cuestiones muy importantes: de posibilidades de desarrollo económico, de
equilibrio entre los territorios del Estado, de cohesión social,
etcétera. Y precisamente en el texto del PDI se hacía una afirmación, que
desde luego el Bloque Nacionalista Galego comparte, y que decía que con
infraestructuras modernas no se garantiza el desarrollo económico de un
determinado territorio, pero sin esas infraestructuras el desarrollo
económico es imposible. A nosotros nos parece importante que el Gobierno
cuente, por tanto, con un plan concreto de actuaciones sobre esta
materia, en el que fije cuáles son sus prioridades, cuál es el modelo,
qué esfuerzos presupuestarios han de hacerse, etcétera, ya que,
efectivamente, es necesario invertir en infraestructuras porque ésta es
una apuesta de futuro.
En consecuencia, ese plan general es necesario y es deseable, pero
también es necesario y deseable que dicho plan se concrete en algo, en
una forma de garantizar el equilibrio territorial, la cohesión social de
la que hablábamos y que, por tanto, permita poder desarrollar las
potencialidades que existen en los distintos territorios, porque, señoras
y señores diputados, después de años de aplicación de distintos planes de
infraestructuras, resultan demasiado evidentes los desequilibrios que
persisten en esta materia en los distintos territorios del Estado.
En el transcurso del debate de la interpelación que precedió a esta
moción se hizo referencia a déficits de infraestructuras que afectan a
diversas comunidades, se hizo referencia a las dificultades de
comunicación entre diversas comunidades periféricas y el centro,
deficiencias de las que no dudamos. Sin embargo, como ustedes comprenden,
y más a la luz de los debates habidos, no puedo dejar de referirme a la
Comunidad
Autónoma de Galicia para asentar la afirmación de que es preciso que el
Gobierno cuente con un plan de infraestructuras, pero que es necesario
que ese plan contemple las carencias y resuelva los desequilibrios
existentes.
La Comunidad Autónoma de Galicia, señoras y señores diputados, quedó
excluida de cualquier actuación seria en materia de conexión por
carretera en el denominado primer plan de carreteras. Aún hoy, en abril
de 1998, las autovías que conectarán con la meseta no se concluyeron.
Podemos también constatar en qué situación se encuentra la conexión con
el Cantábrico o con Portugal o las comunicaciones interiores, pero es
que, si las actuaciones contempladas en carreteras fueron tardías
respecto a otras zonas del Estado, lo que resulta altamente preocupante
es que en materia ferroviaria no se contemplaban ni se contemplan
actuaciones referidas a la conexión ferroviaria de Galicia con el
exterior o a la mejora y adecuación de su red interior, esto dicho todo
de una manera cuando menos seria. Y esto le preocupa sobremanera al
Bloque Nacionalista Gallego. Para nosotros, la red ferroviaria tiene una
importancia fundamental para potenciar las posibilidades de desarrollo
económico, más aún teniendo en cuenta nuestra situación geográfica.
Podíamos hablar de un solo aspecto, podíamos hablar de puertos, pero no
voy a cansar a SS. SS. con una exposición sobre esta materia, cuando
ustedes saben perfectamente que para tener puertos competitivos, son
imprescindibles las redes ferroviarias.
La política del Gobierno parece orientarse con claridad hacia las
comunicaciones por carretera, dejando el desarrollo ferroviario en un
segundo plano. En este sentido, el Gobierno trataría de centrar algunos
esfuerzos en modernizar algunos ejes ferroviarios, dejando fuera de
actuación otros y, desde luego, al tiempo, condenando a languidecer o a
la desaparición pura y simple de muchas líneas.
Por eso, nosotros presentamos esta enmienda a la moción del Grupo
Socialista, una enmienda que pretendía añadir al punto 3 el siguiente
texto: Asimismo, el Gobierno presentará un plan de actuación específico
para resolver las gravísimas carencias de las infraestructuras
ferroviarias en algunas comunidades autónomas --Galicia, zonas de
Castilla y León, Extremadura, Aragón, etcétera-- para adecuarlas a las
necesidades y potencial de uso y como forma de equilibrar con mínimos el
territorio del Estado. Esta enmienda pretende insistir en lo que
afirmábamos anteriormente, que se concreten esas necesidades. En una
comunidad autónoma como la de Galicia, señoras y señores diputados, se
requiere un verdadero plan --un plan que no existe-- de actuación en
materia de ferrocarril que prevea la conexión mediante alta velocidad o
velocidad alta con el resto del Estado y Portugal; que modernice las
líneas interiores en lo que se refiere a trazados, electrificación, doble
vía (y hablo de esto, de trazados, de electrificación y de doble vía, no
estamos hablando de otras cuestiones), de manera que por lo menos se
reduzcan algo los tiempos de viaje, hoy muy por debajo de cualquier
velocidad competitiva; que instaure, por ejemplo, servicios de cercanías
o modernice el ferrocarril de vía estrecha. Un plan, por lo tanto,
necesario para conseguir disminuir el desequilibrio existente hoy en
materia ferroviaria y caminar hacia un mayor equilibrio interterritorial.
Nosotros estamos dispuestos a aceptar que el texto de nuestra enmienda se
modifique en el sentido expuesto por el portavoz socialista, lo que desde
luego no va a cambiar nuestra opinión. En Galicia, las carencias en esta
materia son cuantitativa y cualitativamente gravísimas y con poca
equiparación --puestos ya a equiparar-- con las de otros territorios del
Estado. En todo caso, nosotros aceptamos la modificación de ese texto y
vamos a votar favorablemente la moción que discutimos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Vázquez.
En segundo lugar, y dentro también del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Subo a esta tribuna para intervenir, en nombre de
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, en este debate consecuencia de
la interpelación de la semana pasada que, lógicamente, debe tener una
continuidad entre los argumentos que allí se expresaban y los que esta
noche aquí se indiquen. En mi intervención de la semana anterior trataba
de caracterizar --a grandes rasgos y simplificando, sin duda, las
múltiples cuestiones de las que podríamos hablar-- la política de
infraestructuras seguida por el Gobierno del Partido Popular desde tres
rasgos fundamentales que para nosotros eran básicamente negativos. En
primer lugar, la visión de las infraestructuras más como una ocasión
permanente e importante para que algunos hagan un negocio privado que
como un servicio público al servicio de todos los ciudadanos, al servicio
de la vertebración territorial y al servicio de políticas de solidaridad;
en segundo lugar, la ausencia de una visión global como un elemento
ordenador del territorio y, en tercer lugar, el olvido del ferrocarril
--como se ha puesto de manifiesto también en intervenciones que ha
habido en el debate anterior-- respecto de la política en carreteras.
De estos tres rasgos se deducen algunas consecuencias. Sin necesidad de
abundar demasiado, citaría solamente cuatro. En primer lugar, la
incertidumbre en la aplicación del Plan director de infraestructuras. Eso
sigue apareciendo; incluso en la enmienda que plantea el Partido Popular
a la moción vuelve a haber una indefinición, una cierta abstracción, se
queda en un cierto limbo político y técnico sin saber exactamente qué
valor, más allá del puramente indicativo, se le da a este Plan director
de infraestructuras, que aunque no guste en todos sus términos es, hoy
por hoy, el único existente que puede servir para ordenar las
infraestructuras terrestres. En segundo lugar, la relegación de la
integración del ferrocarril en los cascos urbanos, que en algunos
lugares, como luego indicaré, es preocupante. En tercer lugar, el uso y
abuso del sistema de pago aplazado, que va a servir --como entendemos que
es manifiesto-- para retrasar los problemas de financiación --no para
resolverlos--, con el enriquecimiento, eso sí, de grandes conglomerados
bancarios y de constructoras y el encarecimiento global de las obras que
se acometen con este sistema llave en mano. En cuarto lugar, la
preferencia casi obsesiva por las autopistas de peaje, sin que sea cierto
--como dijo el ministro de Fomento en su intervención en el debate de la
interpelación-- que siempre existen vías paralelas suficientemente
adecuadas para que pueda discurrir el tráfico sin necesidad de tener que
acabar en esas vías de peaje. Una muestra sencilla, la más evidente y
clamorosa, es la prórroga reciente a la concesión de algunas autopistas
claves, como la A-4 y la A-7.
Por eso, en líneas generales estamos de acuerdo con el texto de la moción
y, lógicamente, vamos a votar favorablemente, tanto más cuanto que, si he
entendido bien, el Grupo Socialista acepta todas nuestras enmiendas.
Estas enmiendas pretenden completar el texto de la moción en tres
sentidos concretos: en primer lugar, detallar las prioridades en las
actuaciones, no sólo que la planificación que se haga sea una enumeración
más o menos cuantificada de actuaciones, sino que también se indiquen las
prioridades, que exista un calendario, entre otras cosas, porque sólo así
se van a poder evaluar los criterios y los valores políticos subyacentes,
tales como servicio público, protección medioambiental, vertebración
territorial, etcétera. En segundo lugar, incluir una alusión a la
importancia del estudio y desarrollo sobre la integración del trazado
ferroviario en cascos urbanos, incluyendo, en su caso, el soterramiento
de vías. Es cierto que no toda mala integración actual en cascos urbanos
requiere de un soterramiento, sí que es cierto que en algunos casos,
sobre todo en grandes ciudades, va a ser necesario ese soterramiento.
Necesidad, por otro lado, urgente de ciudades muy importantes como
Alicante y otras, en las que el trazado actual divide la ciudad, impide
el desarrollo urbano y es una fuente permanente de molestias y de
peligros para los vecinos. En tercer lugar, incluir un nuevo apartado
instando al Gobierno a revocar los recientes acuerdos de prórroga en
concesiones para autopistas de peaje, en especial --como decía antes-- la
A-4, que crea graves problemas a Cádiz, y la A-7, que frente a exigencias
de diversos colectivos, frente a problemas planteados ya directamente con
importantes crispaciones por acuerdos de algunos ayuntamientos que
incluso impiden el tráfico de vehículos por la carretera paralela a la
nacional 332, pese al acuerdo tomado por mayoría en las Cortes
valencianas, pese a todo ello, ha visto prorrogado su carácter de pago,
una dificultad evidente para la vertebración del arco mediterráneo, muy
particularmente del País Valenciano, y un elemento, como digo, de
crispación, que necesita además o reclama continuamente de nuevas
inversiones públicas. Hace apenas unos días se anunciaba un convenio
--aunque todavía desconocemos en su profundidad todo su contenido-- entre
el Ministerio de Fomento y la Consellería de Obras Públicas de la
Generalitat valenciana por el que se van a tener que invertir otros
70.000 millones de pesetas en obras, variantes, etcétera, relacionadas
con la carretera nacional 332, porque, como decía, no es cierto que sea
una vía parangonable mínimamente a las ventajas y facilidades que ofrece
la autopista de pago.
A nuestro entender, esto resumiría, en un debate que sin duda tendremos
ocasión de seguir abordando tanto en la Comisión de Infraestructuras como
probablemente en este Pleno, un tema clásico, porque las insuficiencias
son muchas. Bienvenido sea, en cualquier caso, este debate, y ojalá se
aprobara la moción que se ha presentado con las enmiendas aceptadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Hay también una enmienda, como se ha señalado, del Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
El Plan director de infraestructuras tenía aspectos muy importantes,
recogía casi exhaustivamente las necesidades y peticiones en todas las
comunidades autónomas en infraestructuras no sólo ferroviarias y de
carreteras, sino portuarias, aeroportuarias e hidráulicas. Tenía una
inversión global desde el año 1993 --y recalco el año 1993-- al 2007 de
18,7 billones de pesetas, y anual media de un billón 250.000 millones de
pesetas. No priorizaba las obras, esto quedaba pendiente de los distintos
planes sectoriales, entre ellos el Plan hidrológico nacional --con gran
retraso e incumplimiento de la Ley de Aguas-- y el segundo Plan de
carreteras, que debió ser la continuación del primero, cuya conclusión
debió haber ocurrido el 31 de diciembre de 1991 y debió haberse iniciado
el primero de enero de 1992.
La resolución 45, aprobada al debatir el Plan director de
infraestructuras en este Parlamento, resaltaba que la capacidad de
financiación del Plan determina la viabilidad práctica del mismo. Se
aprobaron, como se ha citado en la moción anterior, bastantes
resoluciones o propuestas, 56 de las 187 presentadas, y el propio
ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el 10 de
octubre de 1995, al presentar el plan,
decía que la inversión en 1996 en carreteras disminuyó fuertemente porque
así estaba previsto en los presupuestos y debía marcar un límite
inferior.
En el debate sobre el estado de la Nación celebrado en junio de 1997, y
en lo referente a infraestructuras ferroviarias y de carreteras, quiero
señalar lo que hemos aprobado: seis resoluciones referentes a
infraestructuras que muy brevemente voy a recordar. Decían así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener sus compromisos en
relación con las infraestructuras prioritarias, en particular variantes
de Guadarrama y Pajares. Insta al Gobierno a que en el arco mediterráneo
se lleven a cabo con carácter prioritario los siguientes proyectos e
iniciativas: el ferroviario Valencia-Aragón-Francia por Canfranc y el
trazado de alta velocidad, AVE, Valencia-Madrid, además de la autovía
Sagunto-Somport y autovía Madrid-Valencia, la famosa Nacional-III. Insta
al Gobierno a que resuelva los problemas de déficit infraestructural en
la cornisa cantábrica, incluyendo la conexión con Portugal a través de
Fuentes de Oñoro. Insta al Gobierno a que cumpla los plazos y compromisos
adquiridos respecto al proyecto de la ÔY' ferroviaria vasca. Insta al
Gobierno a que en el seno de la Comisión hispano-francesa se acelere el
estudio de las conexiones ferroviarias transfronterizas.
Decía que el Plan director de infraestructuras es un magnífico documento
orientativo, esquema director absolutamente valioso sobre las necesidades
en infraestructuras, pero contundente sobre la ineludible necesidad de
encontrar fórmulas para su financiación con la colaboración de las
distintas administraciones públicas y del capital privado. Este Plan
director, iniciado --repito-- con retraso y sin financiación,
coincidiendo desde 1996 con un muy importante esfuerzo y restricción
presupuestaria españoles, ha servido de orientación y de guía para
mantener un alto nivel en inversiones en infraestructuras de carreteras,
con fórmulas complementarias como son las autovías de peaje allí donde la
red nacional tiene una vía alternativa y donde la demanda de tráfico
requiere ya una vía de gran capacidad. Así, se han puesto en marcha 440
kilómetros de autopistas de peaje con 250.000 millones de inversión;
autovías incluidas en el Plan director de infraestructuras que tendrían
que demorarse en su ejecución y pago debido a las medidas de política
económica y que se adelantan en cuanto a ejecución, si bien no en cuanto
a pago conforme al llamado modelo alemán.
Hemos aprobado por este Congreso, en las leyes de Presupuestos de 1997 y
1998, cien mil millones de pesetas cada ejercicio por el denominado
modelo alemán, que mejoran la red en diez comunidades autónomas, entre
las que están Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, cuya
adjudicación se ha tramitado y que se abonarán dentro de los presupuestos
del Estado a partir del año 2001 y hasta el 2005.
En Galicia se ha firmado recientemente un convenio de mejora de la red
ferroviaria entre el ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia, y,
siguiendo en la relación en cuanto a infraestructura ferroviaria, se han
puesto en marcha las recomendaciones del Plan director de
infraestructuras en cuanto a financiación con el ente gestor de
infraestructura ferroviaria. Se han puesto en marcha las resoluciones
aprobadas por el Congreso en el debate del estado de la Nación que antes
he mencionado, a saber: los estudios informativos de las variantes de
Guadarrama y Pajares, el estudio informativo del AVE Madrid-Valencia, los
estudios informativos del itinerario Madrid-Barcelona-Francia e
inmediatamente el concurso de proyectos y obras. En resumen, las
inversiones del Ministerio de Fomento se mantienen en 1997 y 1998 en un
nivel casi del uno por ciento.
Para finalizar, comentando los cuatro puntos de la moción del Grupo
Socialista, quiero decir al punto primero que es sencillamente imposible
redactar en seis meses un nuevo plan director de infraestructuras. El
Plan director de infraestructuras, revisado y debatido por este Congreso,
es un documento de referencia válido de cara a la planificación y
orientación de las actuaciones en materia de carreteras y ferrocarriles.
El punto segundo de la moción del Grupo Socialista es sencillamente
imposible de cumplir. Es imposible ejecutar en seis meses, redactar en
seis meses un plan general de carreteras. Quiero recordar, como ya lo he
hecho en el debate de la semana pasada al ver la interpelación, que la
disposición adicional 49 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, de diciembre de 1997, aprobada por este Congreso,
modificó el artículo 5º de la Ley de Carreteras en el sentido de incluir
el término «programa» como un instrumento diferente del de planes, para
que el ministerio de Fomento pueda acordar la ejecución de actuaciones o
de obras. De acuerdo con ello, tiene en elaboración, como ha anticipado
el ministro también la semana pasada, un programa de vías de gran
capacidad cuya presentación solicitamos en nuestra enmienda.
Por otra parte, la conservación y explotación de carreteras es una labor
ineludible y ordinaria --así se llama incluso por el Ministerio y por las
Administraciones públicas: conservación ordinaria-- de la Dirección
General de Carreteras, y siempre está condicionada a los recursos que a
ella se asignen, incluidos en esos programas de conservación y
explotación unos muy importantes como son los de seguridad vial. Un plan
sectorial por su complejidad demoraría la presentación y ejecución.
Voy a comentar también el punto 3, que habla del ferrocarril. Es
absolutamente preciso que un plan o programa sectorial tenga previamente
resueltas las soluciones jurídicas a su financiación que, como ya
señalamos en cuanto al ferrocarril y en el Plan director de
infraestructura, ascendía a más de 3,5 billones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Carreño, vaya
concluyendo.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: En cuanto al punto 4, y termino
rápidamente, es sencillamente imposible de cumplir. Este Congreso ha
aprobado en los años 1997 y 1998, y figura detallado en el anejo de
inversiones, las obras cuya financiación está en los Presupuestos
Generales del Estado.
Por todo ello, proponemos nuestra enmienda a la moción del Grupo
Socialista y, caso de no ser aceptada, votaríamos aquélla en contra. Ante
una posible votación por puntos, en el punto 3 tenemos que reiterar lo
que decimos en el punto 1 de nuestra enmienda, y es que en el desarrollo
del Plan director de infraestructuras como documento de referencia se
definan las actuaciones ferroviarias compatibles con las posibilidades
financieras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Carreño.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran fijar la posición en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a complacer al Grupo Socialista, porque vamos a votar
negativamente su moción, ya que no es más que una moción para no ganar,
al estar planteada en unos términos que nosotros no podemos apoyar.
Voy a ser reiterativo con el tema del Plan director de infraestructuras.
Para nosotros, y quede bien claro, el Plan director de infraestructuras
fue y es un buen instrumento de trabajo, pero no podemos aceptar que se
diga, dentro de un planteamiento lógico y coherente, como decía el señor
Morlán, que es el resultado de un conjunto o fruto de aportaciones
formuladas por todos los grupos políticos. Eso no es verdad, y lo diré
muchas veces, si es que me lo hacen decir. El Plan director de
infraestructuras es un documento aprobado en Consejo de Ministros del
Gobierno socialista el 4 de marzo de 1994, y en esta Cámara se presentó
el año 1995. Aquí se aprobaron resoluciones, no el PDI. Por tanto, el PDI
es un documento que allí se quedó, y es un gran documento para empezar a
trabajar, si es que se quisiese establecer una revisión del mismo. En
todo caso, con otra redacción del punto 1 de la moción, nuestro grupo
hubiese podido considerarlo favorablemente.
Tampoco se puede decir que no ha sido desarrollado con la elaboración de
diversos planes sectoriales, tal como recogiera el propio PDI, pero es
que el desarrollo no lo hizo el Gobierno autor del PDI, que durante dos
años podía haber hecho alguna redacción; se inventó los planes-puente y
con ellos hacía lo que quería, lo mismo que está pasando en estos
momentos, que se determinan las obras según convenga.
Por tanto, nosotros, en el caso de que se elaborase, podríamos retomar un
nuevo PDI con lo que se decía en el punto 1, teniendo en cuenta que si
este PDI que se elaborase lo tiene que ratificar el Congreso de los
Diputados, en seis meses no puede realizarse.
Por último, hay una pirueta en el punto 4, cuando pide la suspensión de
licitación de las obras acogidas al denominado modelo alemán, con la
rescisión de los contratos de las obras no sólo licitadas sino también
adjudicadas. Hay que tener en cuenta que aquel PDI, dentro de las
posibilidades de financiación, si no hablaba de sistema alemán, sí
hablaba de formas de pago consistentes en abono total al finalizar la
obra, que es la definición técnica del sistema.
Para acabar, una injerencia dentro de algo que ya ha citado el portavoz
de Izquierda Unida, señor Santiso, en el tema de la conservación. Es una
cosa que dentro de los posibles planes que se tengan en cuenta habrá que
considerar muy mucho, porque si todas las autovías y carreteras que en
los últimos años se realizaron en España están en las condiciones en que
está la autovía Zaragoza-Madrid, que yo uso muchas veces, verdaderamente
los presupuestos de conservación tienen que ir delante de cualquier otro.
Es lastimoso y me daría vergüenza ser titular de una cartera que en su
momento permitió que la calidad de aquella carretera fuese la que
actualmente tiene.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sedó.
Señor Morlán, a efectos de reiterar, aunque S. S. ha aludido a ello en su
intervención, qué enmiendas piensa aceptar o rechazar de las presentadas,
tiene la palabra.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, presidente.
Lo que sucede es que el señor Sedó ha introducido una referencia a lo que
yo he dicho que creo que necesita alguna explicación por mi parte, porque
no estoy de acuerdo con ello. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): señor Morlán, sabe usted que
no es posible.
El señor MORLAN GRACIA: No se preocupe, señor presidente, que tiempo
habrá de ratificar lo que he dicho y rectificar al señor Sedó.
Señor presidente, como quiera que es una moción a la que se incorporan
enmiendas de Nueva Izquierda, de Izquierda Unida y del Bloque
Nacionalista Galego,
en las condiciones en las que he establecido mi intervención creo que no
es posible que se vote por separado. Por tanto, no puedo aceptar las
enmiendas del Grupo Popular, y acepto las enmiendas de los grupos que he
dicho, Nueva Izquierda, izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Morlán.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo
Socialista sobre política de comunicaciones ferroviarias y por carretera
en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a
favor, 132; en contra, 150; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA POSICION
DEL GOBIERNO RESPECTO AL FUTURO DE RTVE Y ESPECIALMENTE EN RELACION A LA
DEUDA ACUMULADA Y EL SISTEMA DE FINANCIACION (Número de expediente
173/000080)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la
posición del Gobierno respecto del futuro de Radiotelevisión Española, y
especialmente en relación a la deuda acumulada y el sistema de
financiación.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente y con la máxima
brevedad.
Voy a presentar la moción que el Grupo Federal de Izquierda Unida
presenta como consecuencia de la interpelación que la semana anterior
defendimos aquí en este Pleno y a la que por parte del Gobierno contestó
el señor Alvarez Cascos. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Tenemos preocupaciones estructurales con
respecto al futuro de Radiotelevisión Española y también preocupaciones
de última hora, algunas de las cuales intentamos soslayar en función de
la votación que aquí hoy se produzca. Las dos últimas preocupaciones que
tenemos van referidas la tema del canon, que se anunció como globo sonda
o a través de un sondeo que sin duda se realizó con algunas personas y
personalidades de este país cercanas al mundo de los medios
audiovisuales, y nuestra segunda gran preocupación radica en el
funcionamiento inestable, poco ágil, que está teniendo la subcomisión que
trata del futuro de la radio y la televisión pública, del modelo de
financiación que tienen que adoptar a partir de ahora y de cómo se enjuga
la deuda acumulada por parte del Estado para con la radio y la televisión
pública, que asciende a la cantidad de 590.000 millones de pesetas.
En función de estas dos preocupaciones, y a pesar de lo que pueda pensar
algún grupo, fundamentalmente el que tiene minoría mayoritaria, nosotros
creemos, y así lo hemos considerado, que esta moción es absolutamente
necesaria; no es redundante, no es superflua. Necesaria por dos o tres
razones con respecto al canon, en principio.
Pensamos que aunque es cierto que el señor presidente del Gobierno, en
alguna ocasión, quizá tal vez con la boca un poco chica, a media voz, y
tal vez quizá también a media luz, ha dicho que no se iba a aplicar el
canon, ahora habría que hacerlo con luz y taquígrafos y votando en este
Pleno, porque lo que sí sabemos seguro es que el mensaje no ha llegado,
no ha empapado de manera clara a la sociedad española y se sigue pensando
que se va a cobrar un canon o tasa de unas 20.000 pesetas al cabo del año
a través del recibo de la luz o por cualquier otro medio directo o
indirecto. La sociedad sigue pensando esto y ello tiene dos consecuencias
que, a nuestro juicio, no son en absoluto queridas: la primera, que cree
que está indefensa a la hora de una nueva tasa, de un nuevo impuesto
--así se piensa que es la medida-- y, en segundo lugar, tiene una
incidencia negativa en el prestigio de la radio y de la televisión
pública y en el apoyo social que dicha radio y televisión pública tienen
que tener de cara al futuro; apoyo público, apoyo social que no pueden
perder en esta recta final, en la que podemos conseguir --a pesar de las
dudas que venimos arrastrando en el último período-- un pacto de Estado
para el futuro de Radiotelevisión Española.
Se me podrá aducir que eso ya se ha dicho, y es verdad que se ha dicho en
respuesta a una pregunta que se le hizo al señor Aznar, pero no corren
los tiempos para que nos creamos lo que se dice simplemente; últimamente
los políticos estamos a punto de no cumplir ya ni los años. Lo que se ha
dicho tiene que ser votado porque no se cumple nada de lo que se dice, de
lo que se anuncia, de lo que se publica en los titulares de los medios de
comunicación escritos, orales y audiovisuales. Por tanto, queremos que se
vote, que quede firme. En ese sentido, el primer punto de la moción
intenta que ni la deuda acumulada que hay que pagar ni el sistema de
financiación se basen en un canon, en una tasa, y que no se pueda cobrar
ni por medio directo ni indirecto, a través del recibo de la luz o de
cualquier otro medio.
El segundo tema que nos preocupa es la subcomisión. De cara al
funcionamiento no hay que poner ninguna objeción; al funcionamiento tal
como se aprobó en este Pleno, con el horizonte temporal que concedió a
esta subcomisión. Pero nosotros queremos aportar la documentación que
falta para que los materiales necesarios dinamicen y den rigor a su
trabajo. Por tanto, solicitamos que ese trabajo sobre modelos de
financiación realizado por el ente y que se ha remitido al Gobierno, sea
a su vez remitido al seno de la subcomisión. También solicitamos que ese
documento comprometido por el Gobierno de cara a emitir su opinión sobre
el diagnóstico y de cara al futuro, cómo debe ser el criterio, el diseño
de la radio y la televisión pública, se remita definitivamente, dentro
del plazo más breve posible, al seno de la subcomisión.
Ya le dijimos el otro día al señor Alvarez-Cascos que no es lógico que la
subcomisión se esté arrastrando. Entre una cita, la anterior, en la que
comparecieron los jefes de informativos de Radio Nacional y de Televisión
Española, y la próxima cita, que la vamos a tener mañana, ha pasado un
mes y 18 días. No entendemos a qué viene esto cuando hay que conseguir
otra serie de comparecencias y, al mismo tiempo, llegar a un documento
consensuado antes de que termine el actual período de sesiones, a finales
del mes de junio.
Por tanto, solicitamos que esto también se apruebe, con lo que se
demostraría la voluntad perceptible y necesaria para poder seguir
gastando --no voy a utilizar el verbo que usé la vez anterior, en que
dije perdiendo-- el tiempo necesario en esta subcomisión de cara a
alcanzar a lo largo del mes de junio el pacto de Estado, en el que, según
se dijo desde esta tribuna en el debate correspondiente, todos estamos
comprometidos.
Esperamos del resto de los grupos que comprendan nuestra preocupación.
Comprendemos también que algún grupo nos diga que no hacía falta esta
moción, pero ya no confiamos en la palabra de nadie y queremos que se
vote. Por eso hemos presentado esta moción, que tiene otra virtualidad.
Hasta cierto punto es modesta porque al final, de cara a los trabajos de
la subcomisión, nosotros damos una última oportunidad y en los tres
puntos que se van a someter a votación al final del debate no hemos
presentado ningún tema que pueda incidir, que pueda puentear, que pueda
sustituir los trabajos de la subcomisión. No lo hemos hecho; confiamos
todavía no en la palabra de nadie, sino en lo que se votó aquí: que de
cara al mes de junio se den las reuniones suficientes para llegar el
consenso necesario para alcanzar ese pacto de Estado.
Por tanto, esta moción que hoy defendemos aquí tiene esa buena fe de
fondo: que no intenta anular, sustituir, puentear la subcomisión que creó
este Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
A esta moción han sido presentadas enmiendas por parte de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Popular y Mixto.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE GUTIERREZ DEL ALAMO: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve al fijar la posición del Grupo Socialista a esta
moción presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida. Nosotros hemos
presentado a esta moción, consecuencia de interpelación, una enmienda de
adición, porque, aunque estamos de acuerdo con los tres puntos de la
moción, es decir, que se decida en esta Cámara que no se aprobará un
canon para financiar la televisión pública y la exigencia de los dos
informes, mi grupo entiende que hay un tercer informe que es fundamental
para los trabajos de esta subcomisión.
Hay un informe del jefe de la Oficina Presupuestaria del presidente del
Gobierno, informe que hemos conocido a través de los medios de
comunicación, en el que se expresan opiniones muy preocupantes sobre la
situación actual de la televisión y sobre el futuro de la misma. Nosotros
entendemos que el señor Barea ha lanzado muchos globos sonda que no se
convierten en decisiones del Gobierno, pero pueden convertirse. Por eso,
nosotros queremos que la subcomisión tenga esta información, que es una
información relevante.
Señores diputados, la subcomisión lleva trabajando cinco o seis meses; la
subcomisión trabaja lánguidamente, oyendo comparecencia tras
comparecencia, sin llegar a ninguna solución. Sin embargo, el informe del
señor Barea --por tanto, un informe del Gobierno-- llega a conclusiones
definitivas sobre la situación de televisión, en las que habla del exceso
de trabajadores, de la estructura inadecuada de Televisión, de los
desmesurados costes de producción, por no hablar de un dato que nos
preocupa sobremanera: establece una deuda para finales de 1998 de 825.000
millones de pesetas y no de 600.000, como estamos barajando. Esto, junto
al modelo de financiación que establece entre un 60 y un 70 por ciento de
fondos públicos y un 30 y un 40 por ciento de publicidad, y hablando
concretamente del canon o las alternativas que da al futuro de
televisión, como hablar del cierre o de la venta de activos de televisión
o de una reestructuración salvaje, nos parece muy preocupante.
Si a esto unimos la política de comunicación general del Gobierno, que
rompe con el pluralismo político, con el pluralismo informativo, tanto en
los medios de comunicación públicos como en Radiotelevisión y en Efe,
como en aquellas empresas como Antena 3 --estos días hemos visto el
segundo asalto a Antena 3 con el pase del señor Buruaga como jefe de
informativos --,
vemos la política de amedrentamiento de las televisiones o de los medios
de comunicación que no les son afines, como lo que está pasando con
Telecinco.
En fin, la política de comunicación del Gobierno, junto con la que están
siguiendo los gestores de televisión, nos preocupa sobremanera. Este
informe da muchas claves de la posición del Gobierno y, por tanto,
apoyando y votando positivamente la moción presentada por Izquierda
Unida, nosotros entendemos que un elemento fundamental de estos trabajos
es la presentación a la subcomisión del informe del jefe de la Oficina
Presupuestaria.
Y les diré más, señores diputados. El Grupo Parlamentario Socialista irá
mañana a la reunión de la subcomisión para estudiar el futuro de
televisión, pero será a la última que asista si los informes que se piden
hoy en esta Cámara no están disponibles para todos los grupos
parlamentarios el día de la próxima sesión de la subcomisión de control.
Creemos que es fundamental que se aporten estos informes para que no
sigamos perdiendo el tiempo y poder tener en el mes de junio un pacto
entre todos los grupos sobre el futuro de televisión.
Pero yo les diría más. Creo, señores del Partido Popular, que o cambian
su política de manipulación y de mala gestión en la subcomisión
(Rumores.--Aplausos.) de televisión o será muy difícil llegar a acuerdos.
Señores del Partido Popular, hay que remontarse al tardofranquismo para
encontrar una situación (Continúan los rumores.) como la que tenemos en
estos momentos en televisión. Por tanto, nuestro grupo exige la
presentación del informe para continuar los trabajos, pero también exige
un cambio en la política de manipulación de Televisión Española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peñalosa.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace una semana considerábamos un poco extemporánea la
interpelación al Gobierno sobre Radiotelevisión Española, máxime cuando
están abiertos los trabajos de la subcomisión parlamentaria constituida
para definir su futuro. No encontrábamos el beneficio que reportaba la
interpelación en orden a resolver la situación del ente público.
Efectivamente, los problemas económicos, los problemas de financiación y
los problemas de endeudamiento son muy importantes en Radiotelevisión
Española. Por eso, entre otras cosas, hemos creado una subcomisión
parlamentaria específicamente destinada a abordar estos problemas. Pero,
desde nuestro punto de vista, no es lo más adecuado acortar el camino que
tenemos que recorrer con iniciativas parciales que proponen acuerdos a la
Cámara y compromisos al Gobierno y que tendrían todo su sentido en el
seno de la subcomisión, pero que no lo tienen tanto fuera de ella y que,
en todo caso, pueden desvirtuar su finalidad y el propósito que se
persigue con un ámbito de discusión como el elegido.
Menos adecuado aún es buscar excusas para exhibir las discrepancias,
amenazar con el abandono o extender el pesimismo sobre las posibilidades
de éxito de este trabajo. Incluso menos aún utilizar estos mecanismos
para tratar de representar las esencias más puras del servicio público,
al que parece querer defenderse en régimen de exclusividad, cuando esto
no responde a los apoyos reales a Radiotelevisión Española, como todo el
mundo sabe.
Pues bien, señorías, la moción que nos ocupa plantea tres cuestiones. En
relación con la primera, el canon, nosotros creemos que ya no hay margen
para dudar a estas alturas sobre las posibilidades de establecimiento de
un canon para financiar a Radiotelevisión Española. En primer lugar,
porque ningún grupo parlamentario ha abogado por este sistema.
Naturalmente, tampoco el Grupo Parlamentario Popular, que lo ha hecho
explícitamente por el mantenimiento de un sistema de financiación mixto
y, por tanto, con un doble origen de los recursos, en la publicidad, en
la comercialización de sus productos y en los Presupuestos Generales del
Estado. En segundo lugar, porque el director general de Radiotelevisión
Española ha hablado del canon en la subcomisión parlamentaria como uno
más de los instrumentos, de las alternativas de financiación de las
televisiones públicas europeas, que, efectivamente, siguen ese
procedimiento en muchos casos, pero sin decantarse en ningún momento por
él. El acta de aquella sesión, por su literalidad, es concluyente a este
respecto a pesar de la tergiversación interesada que de sus palabras se
ha realizado en algunas ocasiones durante los últimos días. Hoy mismo
hemos tenido ocasión, en la Comisión de Control Parlamentario de
Radiotelevisión Española de escuchar del director general la reiteración
de este criterio y hemos demostrado también la artificialidad de este
debate. En tercer lugar, porque en contra del canon se ha manifestado
ante la Cámara el vicepresidente primero del Gobierno sin un resquicio de
duda que pueda alimentar la desconfianza o la incertidumbre. Finalmente,
y por si todo ello fuera poco, el mismo presidente del Gobierno ha
rechazado también esa posibilidad, en esta misma Cámara, contestando a
una pregunta de la oposición. A toda luz y a toda voz; no escatime usted
energía, señor Alcaraz.
Por todo ello, el primer punto de la moción está más que despejado, por
más que alguien lo quiera alargar en el tiempo sembrando cierta alarma
social. Pero nosotros queremos decir, sencillamente, que ese problema no
existe ni está en la voluntad de nadie.
El punto número dos de la moción solicita la remisión a la subcomisión
parlamentaria de un informe, elaborado por el Gobierno, descriptivo de
los problemas de Radiotelevisión Española en los términos del acuerdo que
en su día adoptó el Pleno. En este sentido, la contestación se la daba la
semana pasada el vicepresidente primero del Gobierno, ante el Pleno, a un
miembro de esta Cámara. No se ha incumplido ningún plazo porque éste no
existía en el acuerdo, se han explicado las razones por las que este
informe todavía no se ha enviado, y este informe yo creo que no
compromete en modo alguno el curso de los trabajos de la subcomisión,
aunque quiero manifestarme aquí abiertamente favorable a que contemos, a
la mayor brevedad posible, con él.
Pero el afán recopilatorio de la moción de Izquierda Unida no termina
aquí, y en el tercer punto se pide al Gobierno un nuevo documento sobre
los diversos sistemas de financiación que yo creo que, de alguna forma,
al menos sintética, ya fueron expuestos por el director general de
Radiotelevisión Española en su comparecencia del pasado 3 de marzo. Tal
vez en el terreno de lo práctico, señor Alcaraz, hubiera sido un
procedimiento sin duda más sencillo el de registrar en la subcomisión la
solicitud de ese material de trabajo, como hicimos otros grupos pidiendo
documentos de muy diversa índole en el momento que acordamos abrir un
plazo para ello.
Ante este panorama y el debate de la pasada semana, las enmiendas a la
moción que podríamos haber presentado hubieran tenido que ver, como usted
bien presumía, con la innecesariedad de los objetivos o con la
redundancia de los planteamientos. Pero como no nos oponemos a niguna de
las tres cuestiones que se recogen en la moción, hemos optado hoy por
hacerle estos comentarios y por presentar una enmienda de modificación
que, desde nuestro punto de vista, ajusta mejor los objetivos que se
pretenden en su moción. Incluso, el punto tercero de nuestra enmienda
recoge con una mayor amplitud los deseos de información expresados en la
enmienda de adición del Grupo Socialista, puesto que en nuestro caso se
hace referencia a cualquier documento y no a uno solo concreto, que puede
ser perfectamente incluido en aquella expresión. Por lo tanto, creo que
esa enmienda del Grupo Socialista podría ser perfectamente retirada.
Para lo que sí ha servido esta moción, como sucediera en la ocasión
precedente, es para que los mismos vuelvan a abundar en la misma
estrategia que ya conocemos, en la de erosionar permanentemente a
Radiotelevisión Española; en esa estrategia de utilizar a Radiotelevisión
Española como una excusa inacabable para atacar al Gobierno. Ni una sola
propuesta positiva, ni una sola contribución a la solución de los
problemas que ellos mismos crearon. Tan solo una profunda
irresponsabilidad y una crítica infundada y sin base real alguna.
De nuevo hoy los socialistas han hecho el discurso de la descalificación
general, ese discurso pintoresco, increíble de los planes del Gobierno en
materia de televisión, que de nuevo colma el despropósito y hace que sus
críticas y sus ataques tampoco se sostengan esta noche ante este Pleno,
ni en relación con los antecedentes, que en muchos años y con muchísimo
empleo de manipulación sería imposible rebasar, ni en relación con la
realidad de las cosas hoy en la consideración que Radiotelevisión
Española merece a la mayoría de los españoles desde los dos últimos años.
Contrariamente a lo que se dice, a lo que acabamos de escuchar, es el
socialismo que hemos experimentado en España el que no garantiza la
pluralidad en Radiotelevisión Española. Cuando el ente público ha dejado
de serles políticamente provechoso lo vapulean con saña y lo descalifican
todo, sin reparar en los medios, sin sonrojarse y sin escrúpulos hacia la
verdad, como han hecho en el caso del canon, simplemente mintiendo,
tratando de obtener una ventaja política y difundiendo una falsa
intención del Gobierno que machaconamente le asignan una y otra vez.
Señorías, si algo ha quedado claro de la pasada semana y de ésta, es que
el Gobierno ha mostrado su interés por lograr un acuerdo respecto a los
problemas de Radiotelevisión Española. Ha expresado su deseo inequívoco
de hacer viable el nuevo modelo de radiotelevisión pública frente al
modelo actual y ha afirmado su respeto a la decisión que soberanamente se
adopte en este sentido en el Parlamento. Creo que esto debe quedar fuera
de toda duda. Por eso, ahora la pelota está en nuestro tejado, en nuestra
capacidad para acordar el nuevo modelo, el tamaño y la fórmula de
financiación que impida futuras descompensaciones entre los ingresos y
los gastos que han desembocado en la situación de endeudamiento actual.
Mientras alcanzamos ese acuerdo se están adoptando ya por la dirección
general numerosas medidas para mejorar la cuenta de resultados, que no
voy a reseñar en este momento puesto que parece que cuando hablamos de
Radiotelevisión Española tenemos una cierta vocación de nocturnidad, a la
que yo tampoco quiero contribuir.
Termino, señor presidente. Nosotros expresamos aquí nuestro optimismo
respecto al resultado final de este empeño y, una vez más, nuestra mejor
disposición para lograrlo y votaremos a favor de la moción de Izquierda
Unida si escuchamos de su portavoz la aceptación de nuestra enmienda.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peñalosa.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Alcaraz Ramos.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Para Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya este debate no tiene ningún
sentido si no se recuerda previamente que no es el primer debate, uniendo
la interpelación con el que esta noche celebramos, ni, sin duda, será el
último. Si fuera el primer debate, el escenario probablemente sería otro.
Deberíamos confiar todavía en la responsabilidad del Gobierno y de la
mayoría que lo sustenta para salvaguardar y promover la radiotelevisión
pública. Desgraciadamente, no es así, no puede ser así.
La credibilidad del Gobierno en esta materia ha hecho crisis y esa
impresión no se movió un ápice tras escuchar la intervención del
vicepresidente primero del Gobierno la semana pasada. Al revés, arrojó
todavía más dudas sobre el futuro con ese concepto difuso, pero
preocupante de la Radiotelevisión Española viable.
El problema es instalar este debate en el momento político actual, no en
una abstracción pura. Ese momento político actual, a nuestro modo de ver,
tiene las siguientes características. En primer lugar, pese a los empeños
del portavoz del Grupo Popular se aprecia un deterioro galopante de
Radiotelevisión Española, con un director general en minoría en el
consejo de administración en algunas ocasiones y con justas críticas
permanentes por el control político y por la falta de pluralismo. En
definitiva, por la quiebra de aquello que es la razón de ser del servicio
público.
En segundo lugar, por la presentación en esta Cámara y por el anuncio por
parte de responsables ministeriales de proyectos que ampliarán el campo
de acción de la televisión privada, rompiendo el ya más que precario
equilibrio y sin aclarar su posibilidad de financiación futura.
En tercer lugar, como reiteradamente ya se ha hecho mención, por la
existencia de una subcomisión que prácticamente no ha empezado a andar en
sentido político, hay que decirlo claramente, por las renuencias y
bloqueos del Partido Popular. Esa subcomisión, que empezó aprobándose con
ilusión creo que por todos los grupos de la Cámara, era el terreno
propicio para la corresponsabilización de todas las fuerzas políticas,
para hacer real una política de consenso, una política de Estado, como a
veces se dice, en todo lo referente a Radiotelevisión Española,
singularmente en lo relativo a una financiación estable y a un nuevo
marco jurídico. Pero no hay voluntad real de que esa subcomisión llegue a
materializar esa idea de corresponsabilización que la hizo posible. Y ahí
hay que reiterar de nuevo que no ha llegado el tantas veces solicitado
informe del Gobierno (El señor presidente ocupa la Presidencia.). Y no
hubo en la intervención del señor Alvarez-Cascos dato alguno relevante
que explique por qué no ha llegado. El único dato relevante es que no
existe.
Por tanto, mantener la entelequia de una subcomisión que, como decía el
portavoz del Partido Popular, pone la pelota en nuestro tejado, significa
algo así como que todos los grupos de la oposición, todos los grupos
parlamentarios en definitiva, siendo optimistas, nos responsabilizamos de
lo que pueda suceder; menos los que tienen la mayor responsabilidad, los
que tienen la responsabilidad en la gestión actual que determina también
la realidad del trabajo de la subcomisión en el futuro, y los que tienen
la responsabilidad de traer una propuesta en los próximos Presupuestos
Generales del Estado que, como no estarán ligados con aquello que la
subcomisión haya debatido, porque no ha debatido nada sobre ese tema y no
lo va a hacer, van a tener la capacidad de señalar el marco financiero
real, más allá de las bonitas palabras que aquí podamos oír. Incluso, los
trabajos de la subcomisión pueden colapsarse por cualquier propuesta que
hagan el Gobierno o el grupo mayoritario de la Cámara, por cualquiera de
las vías reglamentarias o legales que tiene permitidas. Incluso se puede
colapsar de facto, como estamos viendo, el trabajo real de la subcomisión
por una mera filtración; o bien la subcomisión puede morir en silencio.
Nosotros no vamos a ser cómplices del Partido Popular, no vamos a dar un
balón de oxígeno al Gobierno con una apariencia de subcomisión
fantasmagórica. Señores del Partido Popular, señores del Gobierno, se les
acaba el tiempo. Este es el contexto real de la moción.
También quiero decirle al grupo proponente que la moción está bien y que
la vamos a votar; pero estando bien se mueve en unos tonos grises que
hubiéramos preferido que cambiara a un color de mayor compromiso. Y vamos
a votarla en coherencia con posiciones anteriores, porque hemos mantenido
la conveniencia de ese consenso como un requisito indispensable para
salvar la radiotelevisión pública. Sin embargo, el problema es que esa
coherencia, basada en posiciones anteriores, encuentra ya un obstáculo y
es que las posiciones anteriores, las nuestras y las de otros grupos,
seguramente tendrán que cambiar porque está cambiando aceleradamente el
escenario. Si me lo permiten SS. SS. también vamos a votarla para premiar
la credulidad del portavoz del grupo proponente, que seguramente es la
única persona del país que cree que en junio se va a alcanzar un pacto de
Estado.
En este marco se situaban nuestras enmiendas. Tres enmiendas que
pretendían, en primer lugar, coincidiendo con otras, que se remitiera el
informe de la Oficina Presupuestaria. No insistiré en ella, podría
incluso considerarse que está implícito en la propia moción. Lo grave, en
todo caso, es tener que pedirlo cuando lo queremos todos, no deja de ser
paradójico. Por otro lado, el Gobierno tampoco ha acabado de aclarar su
opinión sobre el valor que otorga al informe. Porque no sólo está en el
informe el canon, hay otras cuestiones sobre las que no se ha abierto la
boca por parte del Gobierno, y algunas de esas otras cuestiones son
también muy preocupantes.
En segundo lugar, una enmienda también presentada por Nueva
Izquierda.-Iniciativa per Catalunya pretende
instar al Gobierno a que no dé pasos para modificar más el panorama
audiovisual. Francamente, en este caso al menos, no entiendo que no se
acepte. Es una premisa básica para que las decisiones sobre
Radiotelevisión Española tengan coherencia y sirvan de algo, que estén
enmarcadas en el conjunto del panorama audiovisual. No tiene sentido que
Radiotelevisión Española trate de definir un futuro que no tenga nada que
ver con el del resto de las televisiones que operen en el Estado español.
En tercer lugar, y creo que es hoy la más relevante políticamente, una
enmienda que trata de evitar, por omisión, que se dé una cobertura a la
sospechosa omisión del Gobierno al no enviar el informe a la subcomisión.
En este sentido, nuestra enmienda pide que se marque un plazo explícito
al Gobierno, el plazo de un mes. Que nadie diga que un mes es poco tiempo
porque el Gobierno ha tenido muchos meses antes de que la subcomisión
empezara su andadura.
Por tanto, pedimos en esa enmienda que, si no llega ese informe, la
subcomisión detenga sus trabajos, que no se convierta en un engaño para
nosotros y para los ciudadanos, porque los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a saber los compromisos reales de cada cual. Si no, seguiremos
unos meses, dos meses --tampoco va a ser muy grande el sufrimiento--, en
un seminario muy interesante sobre televisión, asistiremos a ataques
cruzados. Mientras el Gobierno preparará los Presupuestos Generales del
Estado para 1999 y seguirá adoptando las decisiones estratégicas en el
marco televisivo sin acordarse de que esa subcomisión existe.
En definitiva, o se acepta esa idea o nos encontramos ante un panorama en
el cual llegará un momento en que el Gobierno dirá que o se aceptan las
propuestas que formulan desde la responsabilidad de la deuda acumulada y
que no hay una propuesta alternativa
--porque los demás grupos no la hemos presentado debido a que se
trabaja en la subcomisión-- o la culpa la tendrá la oposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, concluya, por favor.
El señor ALCARAZ RAMOS: Inmediatamente, señor presidente.
El Gobierno dirá que o se aceptan o la culpa la tendrá la oposición, se
seguirá hablando del pasado, se echarán las culpas al pasado y la
televisión española viable se convertirá en un servicio público inviable.
Desde luego, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya no va a jugar a esa
ceremonia de la confusión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Algún otro grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muy brevemente, señor presidente.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Señorías, la posición de nuestro grupo siempre ha sido la misma.
Los diferentes portavoces, ya desde la IV Legislatura, desde el momento
en que empezaron a caer los ingresos publicitarios como consecuencia de
la pérdida del monopolio, anunciaron que en el futuro nos podríamos
encontrar con un espectáculo desolador. Mi grupo parlamentario ha venido
reclamando sistemáticamente en todos los debates presupuestarios de los
últimos seis ejercicios la adopción de medidas estables y definitivas
sobre la financiación de Radiotelevisión Española. Nuestra reclamación
nunca fue atendida por el Gobierno, ni antes ni ahora.
Quisiera hacerles una reflexión simple, muy sencilla. El Gobierno y los
grupos parlamentarios no deberíamos contribuir, con nuestras actitudes,
nuestras acciones y nuestras omisiones, al deterioro de Radiotelevisión
Española, al deterioro de la subcomisión que está trabajando y que tiene
la misión de buscar un nuevo modelo para la radiotelevisión pública de
cobertura estatal y deberíamos intentar no hacer de Radiotelevisión
Española un instrumento de confrontación y de desgaste político. Lo hemos
dicho en repetidas ocasiones, lo hemos dicho cada vez que hemos tenido
oportunidad de ello.
Coincido con otros grupos en que es difícilmente justificable la no
remisión a este Parlamento y a la subcomisión del documento sobre el
estado de Radiotelevisión comprometido por el Gobierno.
Por ello, más que buscar novedad en cuanto a los contenidos de la moción
y de la enmienda presentada, creemos que una moción como ésta puede
reforzar en todo caso la confianza de la sociedad en los temas que
plantea, que son la no utilización de tasa o canon para sostener el marco
de financiación estable para Radiotelevisión Española y que se facilite a
la subcomisión que estudia el nuevo modelo de radiotelevisión pública, de
cobertura estatal, los materiales necesarios para su trabajo, que
incluyen tanto el informe comprometido por el Gobierno como los
diferentes informes que pueden haberse realizado o se realicen, lo que
alcanza al informe elaborado por la Dirección General de Radiotelevisión
Española y, en todo caso, al informe Barea, si es que realmente existe.
Por todo ello, señorías, nuestro grupo votará a favor.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burballa.
El señor Alcaraz, para aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
La moción contiene sólo dos propuestas: en primer lugar, que se apruebe
la no utilización del canon y, en segundo lugar, el intento de dinamizar
una subcomisión que, si nos descuidamos, puede entrar en un período de
eutanasia activa. Como pensamos que esas dos voluntades u objetivos
permanecen en las enmiendas que, a través de mejoras técnicas, introduce
el Partido Popular, no tenemos inconveniente en aprobarlas.
Creo que tiene razón la señora Conde cuando añade a los dos documentos
que nosotros pedimos, la petición de un tercer documento: el procedente
del señor Barea, como representante de la Oficina Presupuestaria. Y como
creemos que esa petición está englobada en esa enmienda que se ha
presentado como mejora técnica, cuando se dice que hay que remitir
cualquier documento o informe formal u oficial que pueda obrar en su
poder (en el del Gobierno), en relación a los modelos de financiación,
pensamos que este tema queda cubierto. Por lo tanto, a los informes que
pedimos del señor López-Amor y del señor Alvarez-Cascos habrá que sumar
el documento de Barea y así matamos tres pájaros de un tiro y queda la
cosa bastante congruente.
Una de las enmiendas del Grupo Mixto va en esta misma dirección que acabo
de argumentar y las otras dos pensamos que quizás tengan razón si,
andando el tiempo, no se rectifican ciertas orientaciones. Nosotros
intentamos hacer un último esfuerzo para que la subcomisión tenga
sentido. Por lo tanto, llegará el momento en que habrá que debatir estas
otras dos enmiendas en esta Cámara, pero pensamos que éste no es el
momento oportuno.
Por lo tanto, aceptamos las enmiendas de mejora de contenido, que también
engloban la petición de la señora Conde.
El señor PRESIDENTE: La engloban, pero no acepta la enmienda de la señora
Conde.
Vamos a proceder a la votación. Se vota en los términos de la aceptación
de la enmienda del Grupo Popular.
Votación de la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la
posición del Gobierno respecto al futuro de Radiotelevisión Española y
especialmente en relación con la deuda acumulada y el sistema de
financiación, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Popular por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a
favor, 260; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobada la moción en los términos
antedichos y se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cuarenta minutos de la noche.