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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 149, de 15/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 149
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 144
celebrada el miércoles, 15 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:
--De la Asamblea Regional de Cantabria, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 164-1, de 3 de marzo de 1998 (número de expediente 127/000006)
(Página 7871)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar
acerca de las medidas que va a adoptar el Gobierno para asegurar que la
cantidad máxima garantizada de la OCM del aceite de oliva llegue como
mínimo a 1.800.000 toneladas, según el informe aprobado por el Parlamento
Europeo y elaborado por el eurodiputado español Salvador Jové, así como
de las medidas conjuntas a adoptar con el resto de países afectados,
solicitada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto (número de expediente 210/000013) (Página 7882)
Preguntas (Página 7912)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre rehabilitación de
viviendas en Murcia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
144, de 23 de mayo de 1997 (número de expediente 162/000132) (Página 7931)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre incorporación
al Plan de Vivienda de la región de Murcia de actuaciones de
rehabilitación de edificios afectados por el descenso del nivel freático.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 135, de 29 de abril de
1997 (número de expediente 162/000127) (Página 7931)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre formación ocupacional. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 254, de 16 de marzo de 1998
(número de expediente 162/000219) (Página 7939)
Interpelaciones:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad
de mantener a la empresa Tabacalera, S. A., como empresa pública, no
procediendo a su privatización (número de expediente 172/000082) (Página 7948)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general
que va a adoptar el Gobierno para evitar situaciones injustas y
discriminatorias en la reclamación de prestaciones sociales indebidas
(número de expediente 172/000083) (Página 7960)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de vivienda del
Gobierno (número de expediente 172/000084) (Página 7971)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
El señor presidente expresa el sentimiento unánime de la Mesa y de la
Junta de Portavoces, que hace extensivo a la totalidad de la Cámara, por
la muerte del diputado socialista don Ramón Rueda Espinar en trágicas
circunstancias.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía
(Página 7871)
De la Asamblea Regional de Cantabria, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria (Página 7871)
Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía por parte de la Asamblea Regional de Cantabria, los señores
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista; Neira Jiménez, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Argüeso, del Grupo
Parlamentario Popular, todos ellos diputados de la Asamblea Regional de
Cantabria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Ramos,
del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i López, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Blanco García, del Grupo
Socialista del Congreso, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, presentada por la Asamblea Regional de Cantabria, se aprueba
por 301 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento (Página 7882)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar
acerca de las medidas que va a adoptar el Gobierno
para asegurar que la cantidad máxima garantizada de la OCM del aceite de
oliva llegue como mínimo a 1.800.000 toneladas, según el informe aprobado
por el Parlamento Europeo y elaborado por el eurodiputado español
Salvador Jové, así como de las medidas conjuntas a adoptar con el resto
de países afectados, solicitada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto (Página 7882)
Comparece ante el Pleno de la Cámara, en nombre del Gobierno, la señora
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del
Valle-Lersundi). Aprovecha el interés demostrado, no sólo por las Cámaras
sino por la sociedad entera, por el sector del aceite de oliva para hacer
una extensa exposición de lo que es dicho sector en España a nivel de la
Unión Europea y mundial. A continuación pasa a exponer la situación
actual, que viene arrastrada del Reglamento 136/1966 de la Comunidad
Europea, del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 1966, en el que
se estableció una organización común de mercado que regulaba el régimen
de materias grasas, en el que se integran las semillas, frutos
oleaginosos, así como materias grasas de origen vegetal y las extraídas
de pescados y otros mamíferos. Explica que en dicho reglamento se
dedicaba un título entero al aceite de oliva, título que fue aprobado por
una Comunidad a seis, donde existía un auténtico productor, que era
Italia, y un productor testimonial, que era Francia, y en una situación
netamente deficitaria, convirtiéndose la Unión Europea en excedentaria
con la incorporación de Grecia, España y Portugal. Asimismo explica la
OCM actual, que contempla la intervención en los precios y las diversas
ayudas que se conceden a la producción, al consumo y a la utilización del
aceite de oliva en conservas, así como al almacenamiento privado cuando
la situación del mercado comunitario del aceite de oliva así lo requiera,
y el régimen de intercambio con los países terceros. Añade que después de
diez años de período transitorio, cuando España participa por fin de una
manera plena en lo que eran las ayudas totales, en igualdad de
condiciones al resto de los países productores europeos, se encuentra con
que la Comisión plantea modificar radicalmente todo el sistema,
sustituyendo todas las ayudas anteriores por unas ayudas al árbol.
Asimismo explica en qué consiste este nuevo sistema de ayudas que, opina,
supone un elemento totalmente desincentivador de la calidad, de la
producción y, por tanto, del aspecto social de generación de empleo, y
que supondría un perjuicio para el sector, especialmente en algunas zonas
de España en las que existe un gran nivel de paro. A continuación expone
las medidas adoptadas ante esta situación, resaltando la actuación del
eurodiputado señor Jové ante el Parlamento Europeo, que obtuvo el apoyo
unánime de todos los europarlamentarios españoles y de la mayoría
abrumadora de la Cámara europea para su informe, no siendo, sin embargo,
esta línea la seguida en algún parlamento autonómico. Se refiere a la
nueva propuesta de reforma, a debate en el Consejo de Ministros de la
Comunidad, resaltando los aspectos positivos y negativos de la misma,
siendo estos últimos los que impiden que la delegación española pueda dar
su respaldo. Hace un llamamiento a la responsabilidad de la Cámara y
solicita el apoyo a todas las actuaciones del Gobierno de España, puesto
que considera que desde la mayor unidad de todas las fuerzas políticas,
de todas las administraciones y de todas las fuerzas sociales es como
mejor se defiende al sector.
A continuación intervienen los grupos solicitantes de la comparecencia.
En primer lugar lo hace el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y en segundo lugar, el señor Chiquillo Barber
y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pliego Cubero,
del Grupo Socialista del Congreso; Companys Sanfeliu, del Grupo
Parlamentario Popular; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Contesta la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle Lersundi).
Por alusiones intervienen de nuevo los señores Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Pliego Cubero, del Grupo
Socialista del Congreso, cerrando el debate la señora ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se suspende la sesión a las tres de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Preguntas (Página 7912)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Qué está haciendo el Gobierno con los Acuerdos del Parlamento que instan
a actuar al Ejecutivo? (Número de expediente 180/001132) (Página 7912)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo
piensa el Gobierno presentar ante la Cámara el Informe sobre RTVE y su
futuro, en cumplimiento de lo aprobado el 8 de abril de 1997? (Número de
expediente 180/001162) (Página 7914)
Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que
los últimos datos arrojados por la encuesta de población activa y otros
indicadores permiten confiar en una reducción sostenida de los índices de
paro? (Número de expediente 180/001149) (Página 7915)
Del Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que con el Documento
aprobado por la Comisión Europea en la AGENDA 2000 sobre perspectivas
financieras, la Unión Europea va a mantener o incrementar su cohesión
económica y social? (Número de expediente 180/001140) (Página 7916)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno
respecto a las propuestas realizadas por varios países miembros de la
Unión Europea, contribuyentes netos al Presupuesto Comunitario, para
disminuir sus aportaciones al mismo? (Número de expediente 180/001143)
(Página 7917)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno ante la
previsible salida de Cantabria y la Comunidad Valenciana, de las Regiones
Europeas catalogadas como Objetivo número 1 en los Fondos Estructurales
de la Unión? (Número de expediente 180/001144) (Página 7919)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
repercusión tendrá, en la Industria Nacional de la Defensa, la
adquisición de carros de combate «Leopard» a la República Federal
Alemana? (Número de expediente 180/001157) (Página 7920)
De la Diputada doña María Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué razón el Gobierno grava
fiscalmente a las empresas que acogen alumnos en prácticas de Formación
Profesional en la tributación por módulos en el IRFPF? (Número de
expediente 180/001146) (Página 7920)
Del Diputado don José Ramón Calpe Saera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el análisis que hace el
Gobierno en relación a la disminución del gasto farmacéutico producido en
el año 1997? (Número de expediente 180/001155) (Página 7922)
Del Diputado don Benito Jesús Rego Cobo, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuenta el Gobierno con algún
mecanismo que permita la rápida detección y subsiguiente retirada del
mercado de los productos que puedan poner en peligro la salud de los
consumidores? (Número de expediente 180/001156) (Página 7922)
Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha
impulsado o piensa impulsar el Gobierno contra la explotación laboral de
la infancia? (Número de expediente 180/001134) (Página 7923)
De la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuación está
desarrollando el Gobierno para proteger la biodiversidad en el territorio
español? (Número de expediente 180/001150) (Página 7925)
Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Tiene el
Gobierno decidido cuál va a ser el trazado definitivo de la autovía
Lleida-Huesca? (Número de expediente 180/001135) (Página 7925)
Del Diputado don Javier Ignacio García Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece
al Ministerio de Fomento la decisión tomada por la Comisión Europea de
investigar en toda la Unión Europea las tarifas de la telefonía móvil
cuyo objeto es intentar abaratar sus precios? (Número de expediente
180/001153) (Página 7926)
De la Diputada doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene el
Gobierno intención de adoptar alguna medida en relación con las tarifas
de telefonía móvil? (Número de expediente 180/001154) (Página 7927)
De la Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede comprometerse el Gobierno a que
las reformas de la Política Agraria Común (PAC) no afectarán
negativamente a la renta de los agricultores españoles y a la equidad
respecto de los productos del Centro y Este de Europa y del Mediterráneo?
(Número de expediente 180/001145) (Página 7928)
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué consisten las
ayudas articuladas por el Gobierno español con motivo de la parada
biológica extraordinaria del caladero marroquí? (Número de expediente
180/001151) (Página 7929)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de la puesta en práctica de los acuerdos del Consejo de
Ministros Europeo de Pesca de diciembre pasado en relación a las cuotas
obtenidas para las distintas especies que capturan nuestras flotas?
(Número de expediente 180/001152) (Página 7930)
Proposiciones no de Ley (Página 7931)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre rehabilitación de
viviendas en Murcia (Página 7931)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre incorporación
al Plan de Vivienda de la Región de Murcia de actuaciones de
rehabilitación de edificios afectados por el descenso del nivel freático
(Página 7931)
El señor Gil Melgarejo defiende la proposición no de ley del Grupo
Popular. Recuerda que la Región de Murcia se ha visto sometida desde hace
bastantes años al influjo de las inclemencias meteorológicas, siendo
castigada quizá como ninguna otra en España por los caprichos de la
naturaleza. Largos periodos de sequía se han visto interrumpidos por la
aparición de intensas lluvias, que han originado importantes
inundaciones, necesitando del apoyo y la solidaridad de la Administración
Central para paliar los daños de todo tipo producidos.
Una de las manifestaciones más graves de este periodo de sequía fue la
sufrida por el casco urbano de la ciudad de Murcia como consecuencia del
descenso del nivel freático del acuífero que forma su subsuelo, descenso
que alcanzó su punto máximo en septiembre de 1993, llegando hasta los
ocho metros.
Como consecuencia de este descenso se han catalogado hasta ahora unos 120
edificios afectados, la mayoría destinados a viviendas de uso familiar,
exigiendo tan grave problema una respuesta clara orientada a solucionar
la difícil situación social y económica que padecen las familias
afectadas.
Termina señalando que el Grupo Popular estima que el grave Ôproblema
denunciado necesita del apoyo del Gobierno de la nación y, en este
sentido, se ha solicitado al Ministerio de Fomento que incorpore al Plan
de la Vivienda, en la Región de Murcia, un apartado específico para la
rehabilitación de los citados edificios.
El señor Ríos Martínez defiende la proposición del Grupo Federal de
Izquierda Unida, cuyo objetivo es asimismo hacer frente a un problema que
afecta a edificios del centro de la ciudad de Murcia, unos 200
aproximadamente, y a unas 2.000 familias. Señala que el problema ha sido
generado por el descenso del nivel freático en los años 1993 a 1995 en el
curso del río, provocando hundimientos y resquebrajamientos en los
edificios.
En consecuencia, piden el pronunciamiento de la Cámara solicitando del
Ministerio de Fomento que estudie la posibilidad de poner en marcha
medidas de apoyo para desarrollar las actuaciones precisas para hacer
frente a la situación planteada, habida cuenta de que los daños
ocasionados pueden cifrarse entre los 5.000 y 8.000 millones de pesetas.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del Congreso
interviene el señor Ortiz Molina.
El señor Gil Melgarejo interviene a los solos efectos de aceptar o
rechazar la enmienda del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso en los términos resultantes de la
aceptación de los puntos uno y tres de la enmienda del Grupo Socialista
del Congreso, se aprueba por 283 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo
Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 128 votos a favor, 155 en
contra y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso sobre formación ocupacional (Página 7939)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso el
señor Gimeno Marín. En primer lugar muestra su disconformidad con la
reiterada manifestación del Gobierno de que el paro es un problema
importante pero que va bien, y encuentra un sarcasmo que se pueda decir
eso cuando existen 3.2000.000 parados. Por el contrario, opina que el
paro disminuye en cifras tan modestas que, de seguir con la misma
tendencia, sería necesario un plazo amplísimo para resolver el problema.
Destaca el estancamiento de las tasas de actividad y considera que la
política del Gobierno en materia de empleo es meramente contemplativa,
siendo arrastrado, muy a su pesar, al debate suscitado en Europa.
A continuación pasa a analizar brevemente los puntos de la proposición no
de ley, dejando el debate en profundidad para el que se celebrará mañana
con motivo de la comparecencia del Gobierno para informar sobre el Plan
Nacional para el Empleo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Peralta Ortega y
la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero
del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Pérez
Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, se rechaza por 118 votos a favor, 164 en contra y cuatro
abstenciones.
Modificación del orden del día (Página 7947)
El señor presidente, de conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y
según lo acordado por la Junta de Portavoces, somete a la consideración
del Pleno la exclusión del orden del día del jueves del proyecto de ley
por el que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, lo que se aprueba por
asentimiento.
Interpelaciones urgentes (Página 7948)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de
mantener a la empresa Tabacalera, S. A., como empresa pública, no
procediendo a su privatización (Página 7948)
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida el señor Alcaraz Masats,
quien muestra la frontal oposición de su grupo a toda la serie de
privatizaciones que está llevando a cabo la política del Gobierno del
Partido Popular. Considera que éstas no tienen ningún sentido ni antes,
que se dedicaban a reducir el déficit, ni ahora que se dedican a reducir
la deuda y sus intereses, puesto que ya se ha entrado en Maastricht en la
primera velocidad en la construcción del euro. Por otra parte expone que
este Gobierno ha llevado a la perfección la máxima del equipo Solchaga de
que la mejor política industrial es la que no existe y han llegado a la
conclusión de que la mejor empresa pública es la que no existe. Estima
que la situación es tanto más grave cuanto que no hay posibilidad de
recolocación o de ampliación de la actividad productiva del país cuando
el mercado, las multinacionales y la serie de efectos que se puedan
derivar de esa situación acometan con fuerza la estructura productiva del
país.
A continuación pone de relieve el hecho de que frente a la promesa de
transparencia en los procesos de privatizaciones existe una gran
opacidad, hasta el extremo de que en la subcomisión creada al efecto sólo
se analizan los casos de aquellas empresas que ya han sido privatizadas,
dejando a este Parlamento fuera de juego, aunque reconoce que la semana
que viene se va a discutir el tema en tres proposiciones no de ley y en
la moción consecuencia de esta interpelación.
Por último solicita a la señora ministra que aclare el futuro de
Tabacalera, porque de las comparecencias de los señores Alierta, Piqué y
Rato no han sacado nada en claro.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación (De Palacio del Valle Lersundi), quien comienza
agradeciendo el tono y el planteamiento de la interpelación que considera
coherente y lógica con los planteamientos ideológicos del interpelante,
pero que no tienen nada que ver con los criterios del Gobierno del
Partido Popular. Afirma que las privatizaciones se están llevando a cabo,
porque así figuraba en su programa electoral, en base a los criterios de
continuidad del proyecto empresarial en las empresas privatizadas, de
publicidad y concurrencia y de establecimiento de controles, criterios
que pasa a explicar.
A continuación hace un análisis de la situación actual de Tabacalera,
afirmando que el valor de la empresa se ha triplicado desde julio del año
1996, por lo que tiene cada vez más futuro, que garantiza no sólo la
existencia de una empresa fuerte española en el sector del tabaco sino,
además, el porvenir de los más de 6.000 trabajadores que están en este
momento empleados en la empresa.
Concluye su intervención manifestando que la privatización de Tabacalera
está dentro de las privatizaciones que el Gobierno prometió llevar a
cabo, que se ha hecho con toda transparencia y que el control está
garantizado a través del Parlamento, pero una cosa es el control de la
acción del Gobierno y otra la responsabilidad que le corresponde. Añade
que precisamente se habla de privatizar para garantizar los empleos, un
proyecto industrial y que se sigan desarrollando y mejorando las
posiciones de Tabacalera y sus acciones, por lo que no entiende las
críticas del interpelante, salvo que se hagan desde unos apriorismos
ideológicos que se han visto refutados por las realidades económicas de
los países que tuvieron la desgracia de soportarlos.
Replica el señor Alcaraz Ramos, duplicando la señora ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de fijación de posiciones intervienen la señora
Rivadulla Gracia y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; y los señores Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del Congreso,
y Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general que
va a adoptar el Gobierno para evitar situaciones injustas y
discriminatorias en la reclamación de prestaciones sociales indebidas
(Página 7960)
Presenta la interpelación del Grupo Mixto el señor Peralta Ortega, de
Nueva Izquierda. Muestra su preocupación por el anuncio que ha hecho el
Gobierno de la reclamación por la Seguridad Social de 36.000 millones de
pesetas a 87.000 pensionistas que están percibiendo indebidamente el
complemento de mínimos. Se pregunta sobre la coherencia de la
proclamación de un Estado social y el diferente trato dado a las deudas
fiscales y a las deudas por prestaciones sociales, comparando el plazo de
prescripción para unas y otras. Termina su intervención preguntando sobre
las medidas que va a tomar el Gobierno, dejando claro que su grupo está
de acuerdo en que los casos de fraude que se hayan podido producir sean
combatidos adecuadamente, pero para ello considera necesario terminar con
el contexto normativo claramente discriminatorio.
Contesta el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la
Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández), quien considera que el tema se
encuentra a mitad de camino entre lo que realmente
se aprobó que debería ser el sistema de Seguridad Social y lo que
responsablemente se espera de la gestión de dicho sistema. Asegura que
para el Gobierno es un objetivo básico el mantenimiento de un sistema de
Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, objetivo en el que
están implicadas las fuerzas políticas, los agentes sociales, sindicatos
y empresarios, pero en esta tarea es condición indispensable la
aplicación conjunta e inseparable de los principios de legalidad y de
solidaridad social. Afirma que desde 1994, cuando entró en vigor el Real
Decreto-ley de revalorización de pensiones, en el que se regulaban los
complementos a mínimos, se debería haber puesto en marcha el cruce de
declaraciones de rendimientos, o la ausencia de ellos, con los datos de
las declaraciones a Hacienda de los mismos pensionistas, pero no se ha
hecho hasta 1996. Como consecuencia de tal cruce de datos se han
detectado casos singulares de pensionistas que perciben complementos de
mínimos que nada tienen que ver con la imagen dada por el interpelante de
pensionistas que viven rozando los límites de la pobreza.
Considera la comparación del señor Peralta en cuanto al trato diferente
dado por el Gobierno a los ciudadanos con deudas fiscales y a los
ciudadanos con deudas sociales parcial e interesada, porque el
tratamiento que dispensa el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social
a los deudores del sistema público de pensiones es homogéneo, con
independencia del origen de la deuda o de su concepto, y porque se olvida
de que las deudas tributarias generan intereses y el incumplimiento de
las obligaciones fiscales da lugar a imposición de sanciones, cosa que no
ocurre con las percepciones indebidas por complementos a mínimos.
Por último asegura que la devolución de los cobros indebidos no va a
crear situaciones dramáticas a ningún beneficiario y, desde luego, en
ningún caso se van a retirar las pensiones; solamente se pretende evitar
que la conducta irregular de determinadas personas ponga en peligro la
viabilidad del sistema de Seguridad Social, porque si la Seguridad Social
es de todos, hay que admitir también que obliga a todos.
Replica el señor Peralta Ortega, duplicando el señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro de la Presidencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Cercas Alonso,
del Grupo Socialista del Congreso, y Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de vivienda del
Gobierno (Página 7971)
Presenta la interpelación la señora Narbona Ruiz, en nombre del Grupo
Socialista del Gobierno. Comienza su intervención acusando al Gobierno de
incapacidad y demagogia en la política de vivienda, que ha quedado en un
segundo plano gracias a la evolución favorable de los tipos de interés.
Se refiere al proceso liberalizador iniciado con el Real Decreto-ley de
junio de 1996 y culminado con la Ley 7/1997, proceso que, según su
opinión, no liberaliza sino que fortalece los derechos de los
propietarios del suelo, y muestra su total rechazo a la idea de que esa
ley va a abaratar el suelo porque reduce la cesión obligatoria a los
ayuntamientos.
A continuación hace una serie de preguntas al señor ministro sobre la
cantidad de suelo urbanizable que hay en España, el precio del metro
cuadrado, cuánto va a bajar el precio de la vivienda y en base a que
estadísticas, el nivel de gasto anual del ministerio en política de
vivienda previsto durante la vigencia del nuevo plan de vivienda, el
número de viviendas que recibirán ayudas públicas durante el periodo
1998-2001, las principales mejoras en relación con el plan vigente,
cuándo se prevé que entre en vigor el nuevo plan, qué mejora recibe el
tratamiento fiscal de la vivienda en alquiler en el nuevo IRPF y cuánto
se va a ahorrar el Estado al haber modificado y reducido sustancialmente
el gasto fiscal ligado a la desgravación por compra de vivienda.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo. Manifiesta que la señora Narbona en su
interpelación ha hecho un ejercicio de prospectiva; ha basado un conjunto
de afirmaciones en informaciones de prensa, lo que es poco riguroso; ha
planteado un debate sobre el contenido de una ley que acaba de aprobar
esta Cámara; ha defendido el plan de vivienda que corresponde a su época
de Gobierno, y ha intentado hacer una crítica, bastante moderada, del
nuevo plan de vivienda; todo ello al amparo de un conjunto de preguntas
que algunas tienen respuesta y otras no. A continuación contesta algunas
de ellas y termina su intervención reconociendo que el esquema del plan
socialista que ahora termina su vigencia ha dado resultados aceptables en
el transcurso del cuatrienio anterior, pero el cambio de las
circunstancias económicas es de tal magnitud que se ha quedado inservible
y, por lo tanto, hay que ir introduciendo novedades, aunque está de
acuerdo en que no cabe una transición radical de un modelo de plan a
otro.
Replica la señora Narbona Ruiz, duplicando el señor ministro de Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Ortiz
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las once de la noche.
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
comenzar la sesión, que se ha retrasado unos minutos por la prolongación
de la Junta de Portavoces que estaba convocada con anterioridad.
Con carácter previo al orden del día, creo expresar el sentimiento de
toda la Cámara, como lo han hecho por unanimidad la Mesa y la Junta de
Portavoces, al manifestar nuestro pesar por el fallecimiento en trágicas
circunstancias del diputado por Sevilla don Ramón Rueda Espinar,
compañero nuestro que ha ocupado escaño en las filas del Grupo
Parlamentario Socialista en las legislaturas IV, V y VI, militante de UGT
y del Partido Socialista, como ayer se destacaba en Sevilla, hombre de
coherencia con sus ideales. Creo que procede que por el Pleno se
transmita la condolencia a su familia, a su viuda, a sus dos hijas, y
también de manera entrañable y afectuosa al Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
--DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA PARA CANTABRIA. (Número de expediente 127/000006)
El señor PRESIDENTE: El punto I del orden del día es el debate de
totalidad de la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, remitida tras su aprobación por la Asamblea Regional de dicha
comunidad. Para la presentación ante el Pleno de la propuesta de reforma,
por parte de la Asamblea Regional van a intervenir un representante del
Grupo Parlamentario Regionalista, otro del Grupo Parlamentario Socialista
y otro del Grupo Parlamentario Popular .
En primer lugar, tiene la palabra el parlamentario de la Asamblea
Regional don Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario
Regionalista.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA (De la Sierra
González): Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, en
primer lugar, como miembros de la Asamblea Regional de Cantabria queremos
unirnos al dolor de esta Cámara por el fallecimiento del diputado por
Sevilla.
Presentamos a la consideración de todos ustedes una proposición de ley
para la reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, en nombre de nuestra Asamblea Regional. La
iniciativa viene avalada por un amplio consenso social y político, pues
fue aprobada con el voto favorable de todos los miembros del órgano
parlamentario tras un largo trabajo de discusión y de elaboración en el
que se tomó en consideración la opinión y el criterio de todos los
sectores representativos de la sociedad cántabra. En el año 1981, al
aprobar la Ley Orgánica 8/1981 que ahora se pretende modificar, estas
Cortes Generales reconocieron que Cantabria reunía las condiciones y
características necesarias para constituirse en comunidad autónoma de
acuerdo con el modelo de Estado diseñado por la Constitución española.
Tanto desde el punto de vista objetivo, factores geográficos, culturales,
sociales, económicos, etcétera, como desde el punto de vista subjetivo,
suficiente cohesión interna y voluntad expresa de los cántabros de
acceder a su autogobierno, Cantabria se integraba sin dificultad entre
las comunidades autónomas del Estado español. Entre estos factores
existía y existe, sin duda, una tradición histórica matizada desde luego
por la relación permanente con la historia de las regiones vecinas,
fundamentalmente las de la cornisa cantábrica y la meseta de Castilla...
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sierra.
Señorías, les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
Adelante.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA (De la Sierra
González): Gracias, señor presidente.
Decía que entre estos factores existía y existe, sin duda, una tradición
histórica matizada desde luego por una relación permanente con las
regiones vecinas, fundamentalmente las de la cornisa cantábrica y la
meseta de Castilla, pero también por una conciencia de comunidad, de
identidad y de diferencia. Por supuesto, no concebimos a Cantabria ni
planteamos esta reforma desde el absurdo planteamiento comparativo o de
referencia, pretendiendo que Cantabria es más que nadie, mejor que nadie
o con más historia que nadie. Simple y sencillamente en la Asamblea
Regional consideramos que Cantabria reúne los requisitos necesarios para
establecer y ejercer su derecho de autogobierno como comunidad autónoma
en la forma prevista por la Constitución española y que ello es así
también desde el punto de vista de la historia. Por eso
partimos de la premisa de que existen comunidades autónomas con rasgos
históricos más definidos o más acusados y otras con menos. También es
evidente que existen comunidades autónomas más pequeñas y otras más
extensas o con mayor población, unas con más tradición de autogobierno y
otras con menos, y unas con mayor arraigo popular, con mayor conciencia
popular y otras con instituciones menos arraigadas. Pero no existen
comunidades autónomas con más derecho y otras con menos, unas con más
legitimidad y otras con menos, sino que el derecho es el mismo e
idénticos la posibilidad y el ámbito para ejercerlo. Así lo decidió el
pueblo español y así consta de manera indubitada en los artículos 138 y
139 de nuestra Constitución. Sin embargo, nuestro estatuto de autonomía,
al igual que otros estatutos fundamentalmente de comunidades autónomas
uniprovinciales, fue redactado desde la desconfianza en las reales
posibilidades de desarrollo y viabilidad de nuestro autogobierno y, sobre
todo, desde la desconfianza respecto a la consideración que del mismo
iban a hacer nuestros conciudadanos. Hoy esta idea ha sido ya,
afortunadamente, desechada y nuestra autonomía se encuentra plenamente
consolidada tanto en la consideración de las instituciones del Estado
como en la conciencia de nuestros propios conciudadanos.
Fruto de la consideración de todo ello es el texto que ahora traemos ante
ustedes. Como decía al principio, es el fruto de un difícil pero
afortunado consenso muy infrecuente en el planteamiento de este tipo de
iniciativas. Viene por unanimidad de nuestra Asamblea Regional, un
parlamento en el que tienen representación política personas que
acudieron a las elecciones en las listas del Partido Popular, del Partido
Socialista, de Izquierda Unida, de UPCA y del Partido Regionalista de
Cantabria. Es decir, unanimidad de muy diferentes formas de entender la
descentralización y el autogobierno y muy diferentes formas de entender
la política como modo de cambiar la sociedad. Esa idea de consenso es la
primera que quiero transmitirles a todos ustedes. Este consenso, que
servirá sin duda para evitar o reducir en el futuro inútiles discusiones
sobre el método o sobre el medio para centrarnos en los fines y en los
objetivos, no se ha traducido en un texto inarticulado, inconexo,
variopinto, lleno de ambigüedades o de indefiniciones o, lo que es peor,
descompensado o contradictorio. Muy al contrario, yo creo que el texto
que viene a esta Cámara es un texto técnicamente correcto y políticamente
aceptable por todos, sin perjuicio de que todos, como ocurre siempre en
los acuerdos entre posturas distintas, hubiéramos querido un texto
diferente, es total y absolutamente adecuado a la distribución de poderes
establecida en la Constitución española y a los principios de igualdad y
solidaridad que, en nuestra opinión, deben servir y deben presidir el
proceso de consolidación y definición del Estado de las autonomías.
Es más, el texto que viene ahora a consideración de todos ustedes es un
texto que ha tenido en cuenta también la última doctrina de nuestro
Tribunal Constitucional en la distribución de competencias y materias,
así como en la definición y características de las instituciones de
autogobierno. En todo caso, todos ustedes han tenido ya acceso al
contenido del mismo.
Por todo ello, y para finalizar esta breve intervención, sólo me queda
pedirles a ustedes que apoyen la toma en consideración de esta iniciativa
y que, tras los trámites pertinentes, la aprueben por ley orgánica en la
forma que viene a esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Sierra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional de
Cantabria, tiene la palabra el señor Neira Jiménez.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA (Neira Jiménez.):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde el honor de defender en esta Cámara la
proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en nuestra Asamblea
Regional. Lo hago con la convicción de presentar ante ustedes un buen
texto legal trascendente, porque ha de servir con eficacia como marco de
convivencia democrática y base del desarrollo y bienestar del conjunto de
la sociedad de Cantabria.
Se trata de una reforma estatutaria que cumple con creces los requisitos
con que los socialistas la concebimos desde su inicio, una reforma en la
que participase el conjunto de la sociedad civil y no que fuera diseñada
a sus espaldas. La reforma ha contado con la participación, mediante
comparecencia en comisión, de las instituciones y organizaciones
representativas en los ámbitos sindical, empresarial, cultural y social;
sus aportaciones han sido incorporadas por la ponencia en muy alto grado,
pues debía de ser también una reforma fruto del acuerdo político y no
impuesta por la matemática de escaños.
Hoy es motivo de orgullo presentar aquí un texto aprobado por unanimidad
de los cinco grupos parlamentarios que componen nuestra asamblea. Ello ha
sido posible tras un intenso proceso de dos años de debate político en el
que ha prevalecido la voluntad de confluir desde posiciones discrepantes
sobre la intención de imponer las posiciones propias, pero sobre todo
para los socialistas debía ser una reforma realista y equilibrada que
respondiera a las necesidades específicas de la construcción de Cantabria
como comunidad autónoma, y al tiempo nos equiparase en autogobierno con
las demás comunidades en un coherente desarrollo autonómico del Estado.
No podía ser de otra
manera desde nuestra concepción cooperativa, solidaria y cohesionada de
España.
El resultado ha sido a nuestro juicio muy satisfactorio, una reforma que
a fuerza de no ser exclusiva de nadie es patrimonio de todos, útil por
tanto como referencia ineludible de nuestra convivencia democrática.
Una vez desarrollado el estatuto que ahora se reforma, Cantabria será una
comunidad más sólida, más capaz y mejor preparada para responder de modo
eficaz a los problemas de la sociedad. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un
momento, señor Neira.
Señorías, silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA (Neira Jiménez):
No me detendré en los aspectos en que esta reforma coincide con las de
otros estatutos ya aprobadas o en marcha, algunas de gran importancia
como la supresión de las restricciones establecidas en 1981 al
funcionamiento de las instituciones autonómicas, la capacidad de
disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones por el
presidente en determinadas situaciones, el establecimiento del Defensor
del Pueblo cántabro y el Consejo Jurídico Consultivo, la reordenación del
ámbito competencial, según la doctrina del Tribunal Constitucional y la
incorporación de nuevas competencias, sobre todo la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social. Prefiero hacer hincapié en algunos rasgos
específicos de la reforma que la Asamblea Regional de Cantabria somete a
la aprobación de SS. SS.
En primer lugar, la adopción como fórmula de identidad del término
comunidad histórica, que define bien nuestra realidad, mejora
notablemente la denominación anterior de entidad regional histórica, y
sobre todo supera, a nuestro juicio, la conflictiva polémica entre los
términos región y nacionalidad.
La reforma incluye también cierta reordenación de las instituciones, el
cambio de su denominación, Parlamento y Gobierno de Cantabria en
adelante; la definición del Parlamento y la sistematización de la
relaciones entre ambos, Parlamento y Gobierno, en un nuevo capítulo. A
ello se añade la supresión de la Diputación Regional de Cantabria como
organismo suprainstitucional, anclaje en la anterior realidad provincial
y vestigio de un arranque de nuestra autonomía lleno de dudas y
reticencias. Diecisiete años después, consolidado plenamente el mapa
autonómico fruto del proceso de transición democrática, la apuesta de
nuestra tierra por un futuro en comunidad es irreversible. A esta
voluntad política generalizada responde la supresión del artículo 58 del
vigente estatuto que contempla la posibilidad de incorporación a otra
comunidad autónoma limítrofe.
Por último, esta reforma del estatuto de autonomía contiene un notable
incremento del autogobierno de nuestra comunidad. Para los socialistas de
Cantabria éste no ha sido nunca un fin en si mismo, sino un instrumento
para hacer posible la mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos, que depende a su vez y de modo sustancial de la prestación
eficaz y equitativa de los servicios públicos. Por ello, deseo destacar
que la nueva disposición adicional segunda responde a la convicción de
que ha de garantizarse que nuestra comunidad reciba una financiación
suficiente, para que pueda prestar los servicios públicos con garantía de
calidad en un nivel mínimo análogo al del conjunto de España y que en
ningún caso el traspaso competencial pueda suponer una merma en las
condiciones de prestación de los servicios públicos, en especial en el
caso concreto del hospital Marqués de Valdecilla, símbolo en Cantabria de
una sanidad pública de calidad en la que confía toda la sociedad. Sólo
así, con estas cláusulas de salvaguarda en la financiación, creemos
posible que se realicen los principios constitucionales de igualdad y
solidaridad entre las comunidades autónomas.
Termino, señorías, solicitando por lo expuesto su voto favorable a esta
proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria;
un voto que los socialistas deseamos unánime para que reproduzca y
respalde la unanimidad con la que hace unas semanas la aprobamos todos
los diputados y las diputadas de la asamblea regional.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Neira.
Por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional, tiene la
palabra el señor Rodríguez Argüeso.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA (Rodríguez
Argüeso): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía
para Cantabria, cuya toma en consideración debatimos hoy en el Congreso
de los Diputados, está llamada a convertirse con toda seguridad en la más
importante en la actual legislatura autonómica, y dará señal a un
trascendental punto de inflexión en la andadura de Cantabria como
autonomía.
Esta proposición, que renueva los contenidos de la norma fundamental
sobre la que se sustenta el autogobierno de nuestra comunidad autónoma,
es fruto de un valioso consenso alcanzado entre las cinco fuerzas
políticas representadas en la Asamblea Regional de Cantabria, que desde
la lealtad constitucional trabajamos en este proceso con un único
objetivo: aunar al máximo las aportaciones para que la reforma de la
norma institucional básica fuera de todos y para todos.
Los principios generales del que resultará ser el nuevo Estatuto de
Autonomía de Cantabria, son fruto del diálogo, de la negociación y del
convencimiento de todos
los que hemos participado en este proceso, de que el resultado debía ser
plural, estar por encima de intereses partidistas, y ser necesariamente
útil y eficaz para nuestra comunidad autónoma.
El acuerdo, el descubrimiento de puntos en común para resolver lógicas
divergencias, el consenso en definitiva, es una extraordinaria base para
que la ley fundamental sobre la que se desarrolla la construcción de
nuestra comunidad autónoma sea perfectamente sólida, tenga larga vida y
efectividad en el tiempo y responda a las necesidades de la autonomía de
Cantabria. Por esta razón consideramos imprescindible que el consenso que
ha presidido la redacción de la reforma del estatuto en la Asamblea de
Cantabria sea también la clave sobre la que se realice su tramitación en
esta Cámara y en el Senado.
Además, deseo transmitir a SS. SS. que el proceso de renovación de
nuestro estatuto de autonomía ha querido alcanzar un paso más, en el
sentido de que el texto legal recogiera las inquietudes de la sociedad
cántabra, y los ciudadanos y ciudadanas no han sido en modo alguno ajenos
a la reforma de su ley fundamental.
La comisión encargada de la reforma ha contado con la participación
activa de prácticamente todos los sectores sociales, desde la
universidad, el Consejo Económico y Social, organizaciones agrarias y
pesqueras, Cámara de Comercio, sindicatos, organizaciones empresariales,
Federación de Municipios, representación de consumidores, de los medios
de comunicación, organizaciones no gubernamentales, etcétera, todos ellos
han contribuido con sus opiniones y sus propuestas para elaborar una
proposición ambiciosa, patrimonio de todos, capaz de dar respuestas a las
necesidades actuales y futuras de los ciudadanos y ciudadanas de
Cantabria. Es ésta una reforma que recoge la experiencia de una realidad
social y cultural cambiante, inmersa en un constante proceso evolutivo
que necesita adecuar sus cimientos legislativos a las exigencias de una
sociedad moderna, con nuevos planteamientos y apasionantes retos de cara
al futuro.
El contenido de la proposición de ley que ha llegado hasta el Congreso de
los Diputados, es por tanto reflejo no únicamente del sentir unánime de
las fuerzas políticas sino también de las aspiraciones de la sociedad
cántabra que se ha implicado directamente en esta reforma consciente de
su enorme trascendencia. Este sentimiento popular de los cántabros es
consecuencia de su voluntad inequívoca de apostar sin reservas por el
autogobierno, por el incremento continuado y progresivo de la capacidad
de autogestión y por una Administración cada vez más próxima a los
ciudadanos, ya que les facilita la participación y la implicación activa
en el proyecto de construcción regional y nacional.
Quiero compartir con SS. SS. la satisfacción que para la Asamblea
Regional de Cantabria significa que la reforma haya sido gestada desde y
para Cantabria. Su elaboración ha sido extremadamente cuidadosa y ha
estado inspirada en el máximo respeto a la Constitución española que este
estatuto desarrolla, así como a la jurisprudencia ya sentada por el
Tribunal Constitucional. Cantabria alcanza de esta forma el mayor nivel
competencial que nuestra Constitución prevé para las comunidades
autónomas.
Estoy plenamente convencido de que el reformado estatuto de autonomía
será un instrumento eficaz para continuar el enriquecimiento de nuestra
personalidad propia dentro del proyecto común de España y también en el
ámbito de las instituciones europeas, donde las comunidades y regiones
están llamadas a tener cada vez mayor protagonismo.
La asamblea regional, depositaria de la voluntad del pueblo cántabro, ha
adquirido una valiosa experiencia desde el año 1981 en el terreno de la
construcción de la España de las autonomías que nos permite tener la
certeza de que éste es un momento adecuado para reformar el estatuto,
dado el alto grado de madurez que la sociedad y la autonomía cántabras
han alcanzado en este tiempo.
Confiamos en que esta ley orgánica, que ahora inicia sus trámite
parlamentario en las Cortes Generales, quede aprobada en esta legislatura
autonómica y abra así las puertas al perfeccionamiento de una autonomía
plenamente vigorosa y capaz de responder con éxito a las demandas de las
mujeres y los hombres de Cantabria.
Señorías, para concluir mi intervención sólo me resta solicitar su apoyo
a esta propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de Cantabria que
llega avalada por el consenso político y el respaldo social. Su voto
favorable significará el refrendo a la iniciativa que trae a esta Cámara
la asamblea regional; además quisiéramos que ese voto llevase implícita
su voluntad de que este espíritu de acuerdo se mantenga en plena vigencia
durante la tramitación parlamentaria de la reforma de nuestro estatuto:
que lo que hoy traemos en consenso se nos ratifique también en consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Argüeso, con cuya
intervención finaliza la presentación por parte de los representantes de
la asamblea del proyecto de reforma, que viene además avalado por la
presencia en la tribuna institucional del presidente y la Mesa de la
Asamblea Regional de Cantabria, presencia que agradecemos, pues es un
gesto más del interés que se ha revelado esta mañana de toda la asamblea
que por unanimidad nos ha remitido la reforma de su estatuto.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
para anunciar el apoyo decidido a esta proposición y aprovecho para
saludar a las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a todos
los portavoces de las fuerzas políticas que hoy han estado aquí para
apoyar esta propuesta de reforma del estatuto. Este apoyo de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya se produce además, como no puede ser
de otra manera, en la línea defendida en todo el proceso en la comunidad
por nuestro partido hermano Izquierda Democrática Cántabra. Hay que
desear desde luego que en la tramitación que hoy se inicia como ley
orgánica se aceleren los plazos, que el trámite sea lo más rápido posible
y también que al menos no se introduzcan cambios sustanciales. Desde
luego, nosotros nos opondremos a cualquier cambio a la baja que se
pudiera producir en este texto.
En el breve tiempo de que dispongo quisiera solamente destacar cuatro
rasgos fundamentales que hacen que nosotros apoyemos, como decía,
activamente y con decisión esta propuesta. En primer lugar, y ya ha sido
destacado en esta tribuna, como no podía ser de otra manera, por los
diversos intervinientes, porque es el fruto de un consenso activo de las
fuerzas cántabras para profundizar en el autogobierno, ampliando el marco
de la convivencia democrática. Esto que es absolutamente necesario y
positivo para el pueblo de Cantabria, es también un refuerzo para todas
las comunidades autónomas españolas y un camino a seguir por todas ellas.
Desde ese principio de solidaridad apoyamos la propuesta.
En segundo lugar, ese consenso intenta superar cualquier sensación de
postergación; ése ha sido el tono que ha presidido los debates en la
sociedad cántabra y es bueno que aquí se recuerde. El portavoz de Idcan,
señor Berriolope, en el debate de 13 de febrero de 1998 en la Asamblea de
Cantabria decía: Hemos superado la tentación al victimismo, hemos
superado la tentación del agravio comparativo, hemos superado la
tentación de compararnos con no sabemos quién para definir lo que
nosotros queremos para el autogobierno de Cantabria. Creemos que ésta era
una idea cabal, seria y profunda, que de alguna manera explica y
contribuye a avanzar en la identidad cántabra, y que con la aprobación
definitiva de esta reforma del estatuto sin duda saldrá reforzada.
En tercer lugar tienen especial importancia --creo que para todas las
fuerzas, pero desde luego para las nuestras-- las variaciones en el marco
competencial, en definitiva la ampliación del contenido material de la
autonomía. En este sentido hay que prestar una especial atención y dar la
relevancia que merecen las competencias en materia del Insalud, lo cual
va a suponer un reflejo inmediato en el sistema sanitario cántabro. En
definitiva, con competencias en salud, en educación, en empleo, en medio
ambiente o en vivienda la autonomía sirve de marco para la realización
del Estado social de derecho que requiere nuestra Constitución y también
en la Comunidad Autónoma cántabra va a poderse ahora imprimir con más
fuerza. Los poderes públicos no podrán ahora tener ninguna excusa formal
para rehuir sus obligaciones políticas.
El cuarto rasgo que quisiera destacar, en otro orden de cosas pero
estrechamente ligado al anterior, es el desarrollo de la arquitectura
jurídico-política. Se establece un orden jurídico-político más flexible y
vigoroso, ampliando la capacidad de trabajo del parlamento, no limitando
el número de consejeros, creando o desarrollando otras instituciones que
sin duda serán útiles, y sobre todo previendo también la posibilidad de
elecciones anticipadas. En definitiva, se avanza en el camino de la plena
homologación con las fórmulas de la democracia parlamentaria. Aún
podríamos aludir a innovaciones técnicas y conceptuales interesantes,
pero entenderán SS. SS. que limitaciones de tiempo me impiden hacerlo.
Concluyo diciendo que hoy deberíamos felicitar a las fuerzas políticas
cántabras, pero mejor será sin duda felicitar a todo el pueblo de
Cantabria. Hoy es buen día, un día de alegría y esperanza y un día de
futuro. Felicidades, pues, en nombre de Nueva Izquierda, de Iniciativa
per Catalunya y de Izquierda Democrática Cántabra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Por parte de Coalición Canaria mis primeras palabras son de salutación,
de bienvenida y de felicitación a los tres parlamentarios que nos han
presentado, en nombre de la Asamblea Regional de Cantabria, esta
propuesta de reforma de su estatuto de autonomía. Coalición Canaria, como
esa parte que mi grupo representa dentro de la Constitución española, del
sistema parlamentario español, de los que nos denominamos España
periférica, saluda a los representantes montañeses y les da su voto de
apoyo. Nosotros nos movemos en el marco del Título VIII de la
Constitución española como una exigencia propia democrática y vemos que
este texto del proyecto, con los valores que dan sentido de la dignidad
de la política humana, que es el consenso, y que está inmersa toda su
literatura y sus principios en el lenguaje constitucional español de
nuestra Constitución, que está inmerso en un respeto y una separación de
los poderes, nos congratulamos de que la Comunidad Autónoma de Cantabria
tenga su parlamento, tenga su gobierno y tenga su presidente expresado en
una delimitación de esos tres poderes institucionales, y que sea para
beneficio del pueblo montañés, del pueblo cántabro.
Como parte de una España periférica que tiene también representación en
muchas otras partes del Estado español y sobre todo en el continente
latinoamericano, hemos leído con plena satisfacción lo que ha sido la
reforma que han introducido en el artículo 6 del texto de 1981, ya con 17
años. No sólo tienen en cuenta a los residentes en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, a los montañeses que están allí, nacidos o venidos a su
territorio directo, sino el recuerdo entrañable para las comunidades
montañesas o cántabras que están fuera de Cantabria. Esto es sentirse
fundamentalmente solidario. Desde esa misma solidaridad, Coalición
Canaria votará favorablemente la toma en consideración.
Por nuestra parte no hay que mover ni una coma, poner ni quitar nada en
lo que la soberanía democrática popular de la Asamblea de Cantabria nos
trae hoy aquí. Por tanto enhorabuena y que dispongan ustedes de un
instrumento constitucional, democrático y popular en la representación
que tienen del pueblo de Cantabria, para alcanzar los fines que dentro de
España se merecen todos sus ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) , tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente de Cantabria, señorías representantes de su
asamblea regional a quienes saludo cordialmente en nombre del Grupo Vasco
al que pertenezco, quiero anunciarles nuestro voto favorable a la
tramitación de la reforma de su estatuto de autonomía.
Represento a un partido muy defensor de las cotas del autogobierno vasco,
y aplicamos a los demás nuestro mismo criterio. Que cada comunidad
autónoma se articule conforme su capacidad de autoorganización le sugiera
y asuma el nivel de competencias que sus órganos de representación
establezcan. Nos gustaría que este mismo trato de respeto a lo de los
demás, de respeto incluso a la diferencia, fuese aplicado con
reciprocidad.
Así pues, nada tenemos que objetar a la definición que de sí misma hace
la Comunidad de Cantabria, sin duda motivada por un afán de afirmación
tras largos años de pertenencia a Castilla. Tampoco tenemos nada que
observar en cuanto a la articulación institucional que plasma en la
proposición, introduciendo la posibilidad de disolución anticipada de la
asamblea por su presidente, como se ha hecho en otras reformas de
estatutos de autonomía. Igualmente, nada tenemos que decir al nivel
competencial que han decidido asumir sus órganos de representación.
Sí me gustaría manifestar una curiosidad en clave feminista. Esta es creo
la primera proposición de reforma de un estatuto que utiliza el lenguaje
políticamente correcto de dualidad del masculino y femenino todas y cada
una de las veces que se refiere a cargos de representación. Así, se habla
de senadores o senadoras que deberán ser elegidas por la asamblea
regional. Se alude igualmente a los diputados y diputadas de la propia
asamblea, se habla incluso de candidatos o candidatas. Es un lenguaje,
repito, políticamente correcto, feo literariamente y de muy incómoda
lectura, pero hay un matiz que me gustaría preguntar a los representantes
de la asamblea a qué se debe. No ocurre esta dualidad cuando se habla del
presidente de la asamblea o cuando se habla del presidente de la propia
comunidad, y quiero pensar que con esto no se está excluyendo a las
mujeres cántabras de la posibilidad de llegar a tan altas magistraturas.
Concluyo como comencé; el Grupo Vasco va a votar a favor de la
tramitación de la reforma del estatuto y no enmendará el contenido en su
paso por esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar nuestra adhesión a sus palabras de
solidaridad hacia la familia de don Ramón Rueda, estimado compañero en
las tareas legislativas en estas tres últimas legislaturas, y nuestra
condolencia también extensible al Grupo Parlamentario Socialista en estos
momentos de lamento general por su desaparición.
En segundo lugar, quiero manifestar nuestro voto favorable a la toma en
consideración de esta proposición del ley de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria. Como saben SS. SS. perfectamente, nuestra
tradición ante estas propuestas es votar favorablemente en una línea
argumental muy sencilla: todo aquello que desea asumir una comunidad
autónoma y se vea capaz de llevarlo a buen puerto, a buen término para un
mejor servicio a los ciudadanos que integren esa comunidad, nuestro grupo
parlamentario lo apoya sin ninguna fisura.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, quiero que las
primeras palabras del Grupo Federal de Izquierda Unida sean para dar la
bienvenida a los representantes del Parlamento cántabro, que nos
han presentado sus aspiraciones en forma de proposición de ley. Pero,
señorías, quisiera dejar claro el trámite en el que nos encontramos, que
es recoger una proposición elaborada en el Parlamento cántabro y tomarla
en consideración para ser discutida en el Congreso de los Diputados. De
entrada me gustaría hacerles dos manifestaciones relativas a lo que va a
ser la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida. Queremos mejorar
con nuestra participación, con nuestras aportaciones y enmiendas, con la
participación de una fuerza política que se ha presentado a las
elecciones y no ha podido participar en su concreción definitiva, el
techo competencial de la proposición, el papel y el vigor del parlamento
cántabro frente al Ejecutivo, reduciendo el presidencialismo, y una serie
de matizaciones en el texto legal. Vaya por delante que siendo ésta
nuestra previsión, no vamos a cuestionar la toma en consideración de la
proposición en el trámite parlamentario.
Ha dicho antes el portavoz de Coalición Canaria que no hay que mover ni
una coma, pues que le oigan los que le tienen que oír, porque por
desgracia en el trámite parlamentario de las proposiciones que vienen de
las distintas comunidades autónomas, aquí se modifica lo que viene de los
parlamentos. Por tanto, quiero decir a SS. SS. que en el trámite
parlamentario puede haber ajustes y previsiones como mejoras técnicas o
para una adecuación competencial de lo que viene propuesto desde el
parlamento cántabro. Lo estamos viviendo en otros trámites parlamentarios
de otras reformas estatutarias. Por tanto y de entrada este trámite
parlamentario no es el que nos hubiese gustado, no es el que podríamos
haber tenido como máxima, pero creemos que es un buen punto de partida,
porque mejora y amplia el techo competencial de la comunidad autónoma.
Después me referiré a que algunas de las situaciones no las compartimos,
porque creemos que no hay razón para que comunidades autónomas como
Aragón tengan las competencias exclusivas en montes y reforestación, y
Cantabria no las tenga como competencias exclusivas, sino que sólo tenga
el desarrollo legislativo. No entendemos que el Inserso y la gestión
sanitaria sean competencias de gestión y no tengan posibilidad de
desarrollo legislativo en la propia comunidad, como tienen otras
comunidades autónomas.
Creemos que es un importante avance en cuanto al techo competencial
porque va a facilitar que se pueda gestionar un volumen importante de
poder político en manos del pueblo de Cantabria, y creemos también que es
un paso más en la posibilidad de funcionamiento de un parlamento. Los
pactos del año 1992, entre PP y PSOE, y los anteriores, entre UCD y PSOE,
otorgaron un funcionamiento limitado a los parlamentos de ciertas
comunidades autónomas. Esta reforma que viene hoy del parlamento cántabro
va a producir una ruptura con ese funcionamiento tradicional de
limitación del parlamento. El parlamento recupera periodos ordinarios,
funcionamiento, capacidad. Es un elemento positivo.
En todo caso, estoy convencido de que la discusión que pueda producirse
en la Cámara se va a hacer, por parte de Izquierda Unida, desde dos
objetivos fundamentales: uno, mejorar una dinámica que, de partida en la
Constitución, limitaba el modo de acceso de las comunidades autónomas; el
artículo 143 posibilitaba el acceso en cinco años y las comunidades
llamadas históricas, o del 151, que lo pudieron asumir después de ese
concepto, tuvieron una velocidad más rápida. Ha pasado ya una cantidad de
años desde aquella realidad de dualidad, y creemos que debe haber
comunidades autónomas que tengan las mismas posibilidades en derechos,
las mismas posibilidades de acceder a esos niveles competenciales desde
sus propios parlamentos, aunque pueda haber distancias entre unas y otras
en función de las velocidades, las formas, las negociaciones y las
posibilidades que cada parlamento pueda ir teniendo en representación de
su pueblo. No entendemos que, de partida, tengan que establecerse límites
que impidan esa capacidad de actuación de los distintos parlamentos, no
entendemos por qué los estatutos tienen que marcar una limitación de
partida. Al final de todo un proceso, cada uno de los pueblos será el que
marque su capacidad o su velocidad de autogobierno.
En segundo lugar, nuestra filosofía consiste en introducir un modelo de
Estado donde funcione la profundización del autogobierno a la vez que los
elementos de solidaridad. Es verdad que en un estatuto de autonomía no se
deben marcar los funcionamientos posteriores, sino que es fruto de una
discusión legal, tanto en las fórmulas de autogobierno, como en las de
financiación, como en las actuaciones de desarrollo posterior. Incluso es
verdad que, teniendo recogidas competencias los estatutos de autonomía,
las competencias no se han recibido. La anterior reforma de este estatuto
de autonomía dejaba en manos de la comunidad autónoma la competencia de
educación; han pasado unos años y esa competencia aún no la tiene
asumida. A pesar de estar recogida en el estatuto, no se ha llegado a un
proceso de negociación, de valoración, para asumir la competencia. Por
tanto, entendemos que las reformas estatutarias tienen que tener como
objetivo unos techos. Por eso, las enmiendas que Izquierda Unida
presentará en el trámite oportuno tenderán a eliminar esos elementos que
creemos limitativos.
Terminaría con una precisión. No nos parecen mal los términos de
calificación y denominación, el término de comunidad histórica. Es verdad
que aquí alguien la ha explicado como una especie de paso importantísimo.
Que yo sepa, jurídicamente el término se califica así, pero en términos
constitucionales no esperen que la declaración de comunidad histórica
signifique colocarse en un camino intermedio entre comunidades
autónomas y nacionalidad, que define el artículo 2 de la Constitución.
Ustedes han decidido una denominación que me parece bien; espero que aquí
se la bendigan los que mandan y no se la modifiquen los que después
pueden enmendar, y me parecería bien que a quien quiera calificarse así
también en las demás comunidades se le pueda facilitar.
En cuanto a la capacidad de disolución, permítanme que les diga que sería
una posibilidad para que cambien viejas historias que ha tenido esta
comunidad, una fórmula de gobernarse de manera limitada, poco
representativa. Pero esa capacidad pequeña de disolución, en el sentido
de decir: lo disolvemos, pero no puede hacerse el último año, no puede
hacerse en una moción de censura, no puede hacerse en el primer año y,
además, si se disuelve mientras que no se convoquen las próximas, el
cuarto domingo, cuando no sea la primera semana de junio, cada cinco
años, porque coincidan con las europeas, salvo en ese caso, funcionará.
Esta capacidad de disolución permítanme SS. SS. que les diga que es una
limitación estatutaria, el Estatuto de Cataluña no lo tiene y puede
disolver, el Estatuto de Galicia no lo tiene y una ley del presidente da
esa facultad. Aquí lo que se pone es una limitación para que no se pueda
hacer; no es una limitación que da facultad, sino una limitación para que
la capacidad de autogobierno no dé al presidente esa posibilidad de
disolución. Nosotros no compartimos este techo. Sé que no son razones
suficientes.
Por tanto, ante las intervenciones que ha habido, de ilusión de futuro,
quiero decirles a ustedes que es un primer paso que sin duda necesitará
de otros pasos posteriores; que no se quede solamente en este paso, que
es positivo y que lo valoramos así, que se puedan dar sucesivamente otros
pasos, porque será señal de que este país va a un modelo de Estado cada
vez más federal y cada vez menos limitativo para esa idea de comunidades
de primera, comunidades de segunda y comunidades de tercera, que las hay:
comunidades del 151, del 143 mejoradas, que son las que tienen un acceso,
y 143 contenidas, que serían estas. Espero que en el futuro eso no sea
así y seamos todos comunidades autónomas, regiones y nacionalidades con
perspectivas iguales, con sueños de autogobierno iguales en cada uno de
los pueblos.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Jaime Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señores portavoces de la Asamblea Regional de Cantabria, mi más cordial
bienvenida.
Hoy tengo la satisfacción de representar a mi grupo, el Grupo Socialista,
en este debate de toma en consideración de la proposición de ley que
pretende reformar el Estatuto de Autonomía para Cantabria. El Estatuto
para Cantabria vio la luz como ley en diciembre de 1981 y fue modificado
en marzo de 1994, tras los acuerdos autonómicos. En estas dos ocasiones
anteriores tuve también la oportunidad de defender la posición de mi
grupo al respecto. Por esta razón, señorías, quizá tenga una mayor
perspectiva histórica para poder analizar el nacimiento del Estatuto y el
porqué de las modificaciones que hoy se presentan a debate en esta
proposición de ley en esta Cámara.
La reforma que hoy debatimos significa, a nuestro juicio, una
modificación sustancial y absolutamente necesaria del Estatuto de
Autonomía para Cantabria. Afecta tanto a los aspectos institucionales
como a los competenciales, así como también al marco general del régimen
jurídico del propio estatuto. Por tanto, quiero avanzar que si la
modificación es necesaria, desde nuestro punto de vista, y además llega a
esta Cámara aprobada por la unanimidad de todos los diputados de la
Asamblea Regional de Cantabria, la posición de mi grupo no puede ser más
que favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley.
El Estatuto de Autonomía para Cantabria nació, señorías, a nuestro
juicio, con algunos lastres que estaban enraizados con la situación
política del momento. Hace 18 años se buscó una salida posibilista para
Cantabria en el mapa autonómico y así quedó configurado un marco jurídico
que no definía de una manera positiva a nuestra comunidad, sino que, por
el contrario, la seguía vinculando con raíces históricas y culturales de
alguna otra comunidad vecina.
Por eso, vemos con satisfacción que desaparece, como ya se ha comentado
aquí, el artículo 58 del actual estatuto de autonomía, que regula la
posibilidad y el procedimiento de incorporación de Cantabria a una
comunidad limítrofe. Este artículo, a mi juicio, entraña en sí mismo una
desconfianza de futuro en la capacidad de autogobierno de los cántabros y
es un artículo que nos mantenía en una cierta minoría de edad con
respecto al resto de las comunidades autónomas.
Además, la denominación de la propia institución como Diputación
Regional, unido a una exigua capacidad competencial, configuraba una
imagen de continuidad con la institución provincial anterior. No puede
extrañar a nadie, pues, que se pretenda el cambio de la denominación de
las instituciones. A mí personalmente, señorías, me hubiese gustado otra
denominación que entraña probablemente raíces políticas e históricas
centenarias, como es la palabra «junta»; pero no es cuestión ahora, ni
creo que posteriormente, de tener un debate nominalista y creo que se
debe respetar el consenso alcanzado en Cantabria.
El Grupo Socialista entiende que las modificaciones que se pretenden, que
por otra parte lo que intentan es resolver rigideces innecesarias en el
funcionamiento del parlamento y del gobierno, como es el período de
sesiones, el estatuto de los diputados, la capacidad de disolución por
parte del presidente del futuro parlamento, producen una cierta
nivelación con el resto de las comunidades autónomas y están en la línea
de otras reformas estatutarias que está viendo esta Cámara.
En el capítulo de las competencias, en las referidas al transporte
marítimo, en concreto, y a puertos, mi grupo va a presentar dos enmiendas
que aclaren la redacción actual para salvaguardar las competencias
exclusivas del Estado en estas materias sin por ello
--también quiero resaltarlo-- mermar la pretensión... (Rumores.) El
señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
Vaya terminando, señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: ...sin por ello, insisto, mermar la pretensión
competencial que figura en el documento que hoy debatimos.
Quiero centrar la atención de SS. SS. en tres aspectos concretos. Por un
lado, la disposición adicional segunda por la que se insta al Estado a
que en el marco de la Constitución se garantice que las diferencias entre
estatutos no pueden en ningún caso implicar privilegios económicos o
sociales en perjuicio de Cantabria. Yo, señorías, que comparto el
criterio de que no se debe tratar igual a los que son desiguales, de la
misma manera creo que todos debemos entender que decisiones de tipo
fiscal que se toman por comunidades limítrofes no pueden producir
perjuicios a terceros ni efectos frontera de tipo económico.
Como he dicho antes, se cumplen 18 años de vigencia del Estatuto de
Cantabria, y en este período nuestra comunidad ha vivido avatares
políticos --y no es mi intención entrar en ellos ni relatárselos, por
supuesto; no es el momento adecuado-- que, obviamente, han dejado huella
en la política de nuestra región.
Se dice que para muestra sirve un botón. Pues bien, la proposición de ley
de reforma del estatuto introduce la supresión del párrafo tercero del
artículo 51. Lo que se pretende suprimir hace referencia a que los
ingresos de los ayuntamientos, consistentes en la participación de
ingresos estatales, los percibirán a través de la Diputación Regional,
según criterios fijados por las leyes del Estado. Sus señorías pensarán
que este texto es bastante razonable y, por ello, quiero quizá explicar
por qué se pretende suprimir.
Señorías, en un momento determinado, el Consejo de Gobierno de Cantabria
retuvo dichos fondos a los ayuntamientos y estos se vieron obligados a
recurrir a los tribunales de Justicia. La paradoja consistía en que los
ayuntamientos, que fueron los impulsores de la autonomía regional,
contemplaban que ésta se volvía en su contra. Todo concluyó con una
sentencia del Tribunal Supremo por la que se inhabilitó al consejero de
Hacienda, así como con la desconfianza de los grupos políticos y de los
ayuntamientos, que aplauden hoy la supresión de dicho párrafo para que no
se pueda volver a repetir una situación similar con gobiernos venideros.
Señor presidente, acabo refiriéndome a la disposición adicional segunda
en su apartado cuarto, que hace referencia a la transferencia de la
gestión del hospital universitario Marqués de Valdecilla. A SS. SS. les
puede extrañar --y seguramente les extraña-- que en una ley orgánica como
es un estatuto de autonomía se haga referencia a una transferencia
concreta de un hospital.
Para que podamos hacernos todos una idea y una composición de lugar tengo
que decir que este hospital está ejerciendo en Cantabria la docencia para
médicos posgraduados nada menos que desde el año 1928. Por tanto, es
pionero en algo que es común en la actualidad; lo que hoy se conoce como
MIR, que se puso en práctica en España allá por el año 1968, ya se venía
haciendo en Valdecilla nada menos que cuarenta años antes. De esta manera
se pueden hacer idea SS. SS. de la cantidad de especialistas médicos que,
formados en sus servicios, han regado posteriormente España. No tengo que
esforzarme mucho para que se comprenda que hablar de Valdecilla es hablar
de Santander y es hablar de Cantabria. Por tanto, forma parte de nuestra
historia y es una de nuestras señas de identidad. Su cualificación
técnica y humana, la actual y la que tuvo entonces, pasó un bache en la
época en que dependió de la entonces Diputación Provincial y retomó su
prestigio en los años 70, cuando se integra en la red hospitalaria de la
Seguridad Social, en un nivel que comparte con otros cinco o seis
hospitales de otras cinco o seis ciudades españolas. Hoy Valdecilla
recibe enfermos de todos los puntos de España, fundamentalmente del
norte, por ser un hospital de referencia nacional. La pretensión es que
lo siga siendo después de que se produzca su transferencia a la Comunidad
Autónoma de Cantabria, pero lo que queremos evitar es un efecto perverso
e indeseable, cual es que se convierta en un hospital para una población
de un poco más de medio millón de habitantes, perdiendo por tanto su
referencia nacional. Para que en definitiva se pueda mantener en el
futuro su alto nivel asistencial y docente, entiendo yo que figura ese
apartado de la disposición adicional cuarta.
Y ahora sí acabo, señor presidente, con el deseo de que la tramitación de
esta proposición de ley de reforma estatutaria en esta casa lo sea con el
mismo grado de acuerdo con el que viene de Cantabria, agradeciendo a las
fuerzas políticas de Cantabria el acuerdo con el que se presenta esta
proposición de ley estatutaria, reiterando el voto a favor de mi grupo y
solicitando asimismo el voto favorable del resto de los grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blanco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, igualmente el Grupo
Popular del Congreso de los Diputados desea expresar hoy su mayor
condolencia al Grupo Socialista por el fallecimiento de uno de sus
diputados, el señor Rueda.
Señor presidente, para quien, como portavoz de administraciones públicas
del Grupo Popular en esta Cámara, ha tenido el honor de ser ponente de
las diversas reformas estatutarias producidas a lo largo de esta
legislatura es de especial intensidad --se comprenderá-- la satisfacción
de subir a esta tribuna con motivo de la modificación de la norma
institucional básica de mi comunidad autónoma.
Dentro de quince días se cumplen 19 años desde que se puso en marcha el
procedimiento constitucional previsto en el artículo 143, que, a
iniciativa del ayuntamiento de Cabezón de la Sal, fue respaldada por más
de tres cuartas partes de los municipios de la en aquel momento provincia
de Santander. Eran unos momentos, por qué no decirlo, de confusión y
también de división de opiniones en lo que se refería al destino de la
provincia --que entonces se llamaba, repito-- de Santander. Sin embargo,
fue la audacia y la ilusión de muchos lo que hizo posible que se abordara
el asunto con gran visión de futuro.
Cierto es que la integración en otra comunidad limítrofe, o también la
conjunción con otra comunidad cantábrica, al igual que el antiguo Reino
de León, opciones que se barajaron en aquel momento, habría tenido
algunas ventajas. No obstante, a nuestro juicio, estas ventajas son, sin
duda, muy superiores al haberse optado, como así se hizo, por buscar su
propio destino, tomando como referencia no sólo la identidad histórica,
sino también la viabilidad de futuro.
Los que siempre defendimos con pasión, pero también con racionalidad,
esta opción nos sentimos especialmente satisfechos por la plena
consolidación de Cantabria como comunidad autónoma y la asunción de
nuestra autonomía como algo propio, fortaleciéndose progresivamente más y
más la identificación inmensa de las ciudadanas y ciudadanos que habitan
nuestra tierra como cántabras y cántabros. Hoy Cantabria, decía, está
plenamente consolidada como comunidad autónoma, de ahí que con acierto se
intente poner coto a la sensación de provisionalidad que le confería
algún precepto, como el artículo 58, al cual otro portavoz ya se ha
referido.
Esta es la tercera reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, pero
es sin duda la más amplia y también la más importante. Es amplia, en
primer lugar, porque se modifican un gran número de artículos, aun cuando
sólo es eso, es una modificación y no es un nuevo estatuto, porque la
raíz sigue siendo el de 1981. Sin perjuicio de ello, esta reforma, como
decía, es muy amplia, toda vez que se han abordado temas competenciales,
entre los cuales el Grupo Popular da especial importancia a los que se
refieren a la sanidad, al igual que aspectos de carácter institucional,
reforzando el papel de las instituciones y también el principio de
autogobierno. En segundo lugar, es una reforma importante no sólo por lo
que acabo de señalar, sino porque se produce en un clima, hasta ahora
inexistente, de consenso y con la singularidad de que son varios los
partidos de ámbito autonómico que están presentes en la cámara regional.
Todos los grupos han trabajado con sentido de responsabilidad y con
generosidad, logrando un estatuto de todos y para todos, anteponiendo a
los intereses partidistas, a los suyos propios, los intereses de los
cántabros. Por ello quisiera también dar la bienvenida a los diputados
provenientes de la Asamblea Regional, cuya presidencia ostenta el señor
Pajares, y a otros diputados autonómicos y expresarles mi felicitación,
así como a todos los senadores por Cantabria que hoy están presentes en
esta Cámara.
Con gran acierto y a diferencia de anteriores ocasiones, la reforma ha
partido --se ha destacado antes y quiero resaltarlo-- del propio órgano
autonómico, con lo cual alcanza cierta semejanza con la génesis del
proceso que dio lugar al texto de 1981, en el cual, al menos en su
documento inicial, participaron los entonces diputados provinciales,
texto que fue sometido a información pública hace hoy, 15 de abril, justo
18 años, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Provincia.
Ahora de una forma más práctica --y antes se ha resaltado también-- se ha
buscado y se ha logrado la participación de la sociedad, habiéndose
celebrado al efecto sesiones informativas con sectores universitarios,
sindicales, corporativos, sociales, antes de proceder a la elaboración
del texto.
No obstante, señor presidente, quisiera resaltar con la máxima sinceridad
que con esta reforma --y que nadie piense lo contrario-- no se solucionan
por sí solos los problemas de Cantabria. Hay todavía problemas pendientes
del Gobierno central desde hace muchos años, como es el caso de los
accesos y de las infraestructuras que aprovechamos para seguir instando
todos los diputados por Cantabria. Sin embargo, esta reforma sí que
constituye el marco idóneo para dar respuesta a las necesidades reales de
los cántabros y también para apostar por una administración más cercana,
más eficaz y más transparente. Esta es la gran base y el gran reto: hacer
que la reforma sirva para legar una mejor Cantabria a las generaciones
futuras, de ahí que consideremos la especial trascendencia que tiene la
transferencia próxima de la enseñanza y el deseo de que ésta revierta no
sólo en una mejora de la calidad educativa, sino también en la
indisoluble conjunción del conocimiento de la cultura propia con el
imprescindible conocimiento de la historia, la geografía y la literatura
de España, que constituyen un acervo común fundamental.
Esta idea me permite enlazar con otro aspecto de mi discurso que quisiera
resaltar. Es ciertamente el estatuto de autonomía la norma excepcional de
la comunidad autónoma, pero al mismo tiempo es también parte del
ordenamiento jurídico estatal en el cual se integra, formando parte, como
así se dice, del denominado bloque de la constitucionalidad. Con ello
quiero resaltar que el Estatuto de Cantabria, al igual que el de las
otras 16 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
encuentran su base y fundamento en la Constitución de 1978. Es éste,
pues, el marco referencial de toda autonomía y lógicamente de todo
proceso de reforma de las mismas.
Desde el Partido Popular, a nivel nacional, estamos convencidos de que
Cantabria es una realidad plural y abierta, de ahí que consideremos que
el desarrollo del autogobierno significa también desarrollar la
Constitución y que ello requiere hacerlo con dosis importantes de
generosidad, apertura y sentido de futuro, pero siempre, repito, dentro
de lo que son los límites constitucionales.
En estos dos años de Gobierno del Partido Popular se ha producido un
notable desarrollo de las autonomías desde la confianza en el sistema
constitucional, de ahí que sea también fundamental que la lealtad de
estas sea recíproca hacia el propio Estado. Una manifestación evidente de
esa confianza hacia Cantabria han sido las transferencias producidas.
Ciertamente, en estos dos años todas las comunidades, desde Cataluña y
Euskadi, las primeras en orden cronológico, a las demás, han recibido
diversas transferencias, pero quizá ninguna comunidad ha sido tan
receptora como Cantabria. Más de la mitad de las materias traspasadas a
las comunidades del artículo 143 han tenido como receptora a Cantabria,
concretamente 29 decretos, y ello no sólo porque estaban pendientes, sino
también porque era voluntad del Gobierno nacional impulsar y completar el
proceso e igualmente por la confianza en un gobierno autonómico que en
estos tres años ha logrado recuperar un valor fundamental, cual es la
normalización institucional y una más que notable estabilidad, que es la
base de la confianza y por tanto del progreso.
Desde esa misma confianza en el pueblo cántabro acogemos, desde el
Partido Popular a nivel nacional, este proceso de reforma estatutaria,
con lo que ello significa que diputadas y diputados de todas las
provincias y comunidades autónomas de España van a dar su voto favorable
a la toma en consideración, ya que, sin perjuicio de la iniciativa de
reforma, han de ser los representantes del pueblo español, único titular
de la soberanía, quienes procedan, tras su detenido estudio, a aprobar la
modificación pretendida.
Ninguno de los decretos de transferencias producidos en estos dos
años a todas las comunidades autónomas han sido discutidos por ningún
partido político.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, concluya, por favor.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señor presidente.
Los procesos de reforma estatutaria, que se están abordando con notable
consenso, permiten afirmar la gran estabilidad que se está logrando en
nuestro sistema autonómico. Cantabria, ciertamente, tenía pendiente
reivindicaciones, sin duda justas, en la profundización del autogobierno.
Con esta reforma, cuya toma en consideración realizamos hoy, creo que
debe ser el momento de evitar la esterilidad del agravio comparativo, la
lucha por la competencia y el victimismo, al igual que debe evitarse en
todas las comunidades autónomas. Cantabria, ciertamente, va a tener
mayores cotas de autonomía, pues eso es lo que se desea y eso es lo que
deseamos, pero no perdamos más tiempo mirando a otros, no perdamos tanto
tiempo en no querer ser menos, pues ahora vamos a ser más iguales y más
homogéneos. Dediquemos toda nuestra energía a lograr que Cantabria vaya
superándose a sí misma y al tiempo siga contribuyendo a una España mejor.
La reforma del estatuto no debe implicar inventar la historia, pues ésta
se construye día a día, y lo que va a suponer de potenciar su identidad,
sus competencias y sus instituciones tiene que revertir en algo inherente
a lo que significa la autonomía y que en ocasiones olvidamos: una mayor
responsabilidad. Una mayor responsabilidad, y concluyo ya, señor
presidente, para con los 500.000 cántabros que habitan los 102 municipios
de la comunidad, pero también una mayor responsabilidad en el peso del
Estado, en la construcción cotidiana de un principio fundamental cual es
el de la solidaridad. Para eso tiene que servir la reforma estatutaria,
para lograr una Cantabria con más solidaridad interna y también para
ocupar un lugar menos secundario en un Estado que debe ser también
solidario y cuya Constitución proclama el principio de igualdad de todos
los españoles.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Medel.
Concluído el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad sobre la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, que ha presentado su Asamblea Regional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 301; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda admitida la propuesta.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:
--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, PARA INFORMAR
ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR QUE LA
CANTIDAD MAXIMA GARANTIZADA DE LA OCM DEL ACEITE DE OLIVA LLEGUE COMO
MINIMO A 1.800.000 TONELADAS, SEGUN EL INFORME APROBADO POR EL PARLAMENTO
EUROPEO Y ELABORADO POR EL EURODIPUTADO ESPAÑOL SALVADOR JOVE, ASI COMO
DE LAS MEDIDAS CONJUNTAS A ADOPTAR CON EL RESTO DE PAISES AFECTADOS,
SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y
MIXTO. (Número de expediente 210/000013)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Comparecencia del
Gobierno ante el Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 203
del Reglamento, para informar acerca de las medidas que va a adoptar para
asegurar que la cantidad máxima garantizada de la organización común del
mercado del aceite de oliva llegue como mínimo a 1.800.000 toneladas,
según el informe aprobado por el Parlamento Europeo y elaborado por el
eurodiputado español don Salvador Jové, así como de las medidas conjuntas
a adoptar con el resto de países afectados, solicitada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Agricultura,
señora De Palacio. (Rumores.) Señorías, quienes hayan de abandonar el
hemiciclo, háganlo ya, y en silencio, por favor. (Pausa.) Señorías,
agradezco la colaboración.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señorías, teniendo en cuenta el interés que durante el último año y pico
está mostrando respecto al sector del aceite de oliva no sólo esta
Cámara, sino también el Senado y otras cámaras autonómicas, pero en
general la sociedad entera, voy a aprovechar esta ocasión para hacer una
exposición más extensa de lo que es el sector del aceite de oliva en
España, a nivel de la Unión Europea y a nivel mundial.
Decir que el origen del cultivo se pierde en el tiempo, coincidiendo y
confundiéndose su expansión con las civilizaciones... (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.
Señor Múgica, señora García-Alcañiz, señor Saavedra, señor Díez Sol,
señor Seco Gordillo, señor Cámara y compañía, que constituyen ya grupo,
por favor, guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Como digo, el origen del cultivo se pierde en el tiempo. Su expansión
coincide y se confunde con las civilizaciones que se desarrollan en la
cuenca mediterránea, y puede decirse que la existencia del olivo se
remonta a muchos milenios. El origen se sitúa en Asia menor hace unos
6.000 años, y de los pueblos antiguos de la zona únicamente asirios y
babilonios lo desconocían.
El olivo cultivado, el olea europaea, procede de la variedad silvestre
olea hrysophilla lam, a través del acebuche u oleastro. El olivo, por
tanto, es un árbol originario de la región geográfica que va desde el sur
del Cáucaso hasta las altiplanicies de Irán, Palestina y la zona costera
de Siria, y se extiende desde Anatolia hacia Chipre, a través de Creta
hacia Egipto, hasta poblar todos los países ribereños del Mediterráneo y
ampliarse por los demás continentes a partir del descubrimiento de
América. Hay que decir que el hábitat del olivo se concentra entre las
latitudes de los 30º y los 45º, tanto en el hemisferio norte como en el
sur, en regiones climáticas de tipo mediterráneo, caracterizadas por un
verano seco y caluroso.
El patrimonio oleícola existente a nivel mundial se estima, según el COI
--Consejo Oleícola Internacional--, aproximadamente entre unos 800 y 850
millones de olivos, de los que unos 750 millones, es decir, el 94 por
ciento del total, se sitúan en los países de la cuenca mediterránea y
ocupan una superficie de en torno a los 8 millones y medio de hectáreas.
Por otra parte, la producción mundial del olivar alcanza una media anual
del orden de los 10 u 11 millones de toneladas de aceitunas, de las que
el 90 por ciento se destinan a la obtención de aceite y el 10 por ciento
se consumen elaboradas como aceitunas de mesa.
Hasta el año 1996 la producción mundial podría estimarse en una media de
en torno a los 2 millones de toneladas al año, concentradas
fundamentalmente en la cuenca mediterránea. Históricamente, la Unión
Europea es, en su conjunto, la primera productora mundial de aceite de
oliva, con una producción media situada entre 1.600.000 y 1.800.000
toneladas, y representa alrededor del 85 por ciento de la producción
mundial.
Merecen destacarse como productores fuera del ámbito de la Unión Europea
los siguientes países: Túnez, que está incrementando su potencial
productivo; Turquía, Siria y Marruecos. La producción mundial fluctúa de
un año para otro, no manifestándose, sin embargo, una tendencia semejante
en el consumo, que
mantiene un crecimiento continuado y sostenido, con una tasa que se
calcula en torno al uno por ciento según el COI.
Si hablamos del olivo en España, hay que señalar que la superficie de
plantación regular en el año 1994 ascendía a 2.177.000 hectáreas, aunque
las últimas estimaciones avanzan a estas fechas una superficie superior a
los 2.250.000, lo que supone el 44 por ciento de la superficie existente
en la Unión Europea, que alcanza una cantidad próxima a los 5 millones de
hectáreas. En la Unión Europea se concentra el 59 por ciento de la
superficie oleícola mundial y supone, dentro de esa superficie oleícola
comunitaria, el 3,3 por ciento, existiendo alrededor de unos 2 millones
de explotaciones con un total de entre 460 y 480 millones de árboles,
según los datos que viene utilizando la comisión.
El cultivo del olivar en España representa el 11 por ciento de su
superficie agrícola. Además, España cuenta con olivares repartidos en
casi todo su territorio, lo que le lleva a la cabeza de la producción de
aceitunas en el mundo, y supone que son 32 las provincias españolas donde
hay olivar y que únicamente tres comunidades autónomas: Galicia, Asturias
y Cantabria, carecen de este cultivo.
Desde el año 1964 hasta el año 1988 el olivar no ha mantenido una
trayectoria uniforme, sino que, al contrario, el olivar disminuye de
manera continuada durante una serie de años, a razón de una pérdida en
torno a unas 10.000 hectáreas de superficie por año hasta que alcanza una
cuota, la más baja en el año 1984, luego se produce una pequeña
recuperación, vuelve a bajar, y a partir del año 1988 mantiene un
crecimiento sostenido que todavía no nos hace alcanzar y recuperar la
superficie inicial que teníamos en el año 1964, en donde el olivar
alcanzaba 2.370.000 hectáreas de la superficie agrícola cultivada en
España.
La variación de superficies del olivar por comunidades autónomas, que
puede ser conocida gracias a las estadísticas que existen respecto a los
años 1943, 1963, 1983 y 1993, no son homogéneas. En Andalucía, donde se
concentra el 60 por ciento de la superficie del olivar español, esa
superficie va en aumento a pesar de que se arrancan importantes
extensiones en la década de los 70, señalando que zonas especialmente
fértiles de sus tierras se destinan fundamentalmente a cultivos
herbáceos, sobre todo en Sevilla. Sin embargo, nuevas plantaciones
realizadas en Jaén, Córdoba y Granada en terrenos adecuados para el olivo
y donde el olivo es quizás la única posibilidad de plantación, compensan
aquel descenso.
También en Extremadura se aprecia un aumento de la extensión, ligero pero
constante, aunque en los últimos años se estabiliza y únicamente se
recupera algo en estos muy próximos años.
En Cataluña, Aragón y Murcia ha habido una reducción importante, casi
cercana a la mitad, como consecuencia de olivares viejos y de otros
situados en terrenos poco adecuados, y únicamente en los años más
inmediatos se ha vuelto a recuperar. Lo mismo podríamos decir de la
región de Murcia, donde la recuperación se adelanta algo, y en la
Comunidad Valenciana.
La superficie del olivar se mantiene constante en Madrid y en Castilla y
León, y en Baleares, Rioja, Navarra y País Vasco la realidad es que se ha
producido un descenso neto que sigue siendo acusado con relación a lo que
son los datos iniciales a finales de los años 60 y principio de los 70.
Los problemas que acabo de señalar tuvieron su momento más crítico en el
año 1972, en que se aprueban una serie de medidas destinadas a la
reconversión, reestructuración productiva del olivar y donde lo que se
pretende es el incremento de la productividad, la disminución de los
costes del cultivo y la creación de plantaciones mecanizables. Ese es el
arranque del intento de modernización de las técnicas y las mejoras del
cultivo del olivar. Desde entonces hasta ahora muchas cosas se han
modernizado y son muchas las cuestiones que han cambiado.
Al día de hoy, para referirnos a lo que es la realidad actual, podemos
dividir la existencia del olivar español en distintas zonas.
Primero, una zona que se podría denominar zona picual, donde predomina la
variedad picual, que ocupa toda la provincia de Jaén; el norte de
Granada, que es la comarca de Iznalloz, y el este de Córdoba, que es la
zona de Bujalance, con una extensión olivarera en torno a las 600.000
hectáreas, muy productivas, y destinadas a la elaboración de aceites que
se caracterizan por su gran estabilidad, alto contenido en ácido oleico y
en polifenoles. Están incluidas las zonas con denominación de origen
Sierra de Segura y Sierra Mágina dentro de esta categoría.
Hay una segunda zona donde predomina la variedad hojiblanca, aunque
también tienen una cierta importancia algunas extensiones de picual,
carrasqueña de Córdoba o picudo, chorrúo y otro tipo de variedades. Con
una extensión de unas 400.000 hectáreas, ocupa la mayor parte de la
provincia de Córdoba, excepto las comarcas de Bujalance y La Carlota, la
comarca de Estepa en Sevilla, en Granada la comarca de Loja y en Málaga
la comarca de Antequera. En esta zona está la denominación de origen
Baena, a la que dan carácter los olivos de la variedad picudo y que se
extiende en unas 35.000 hectáreas de olivar. La variedad hojiblanca es de
doble aptitud, como saben SS. SS.; es decir, que no sólo es adecuada para
la producción de aceite, sino también para la aceituna de mesa, sobre
todo en la especialidad negra.
Existe una tercera zona que se podría denominar la Andalucía occidental,
con algo más de 200.000 hectáreas de olivar, que se extienden entre las
provincias de Cádiz y Huelva, parte de Sevilla y la comarca cordobesa de
La Carlota. Predomina la variedad lechín de Sevilla, hojiblanca, verdial
de huévar, manzanilla serrana,
etcétera. Además, en esa zona tiene gran importancia la aceituna de mesa,
con plantaciones de manzanillo y gordal sevillana, ambas variedades de
gran calidad. Los aceites de la variedad lechín de Sevilla son muy
apreciados.
Una zona cuarta sería la de Andalucía oriental, que incluye la provincia
de Almería, aparte de la de Granada, excepto la zona de Iznalloz, y parte
de Málaga, excepto Antequera. Las principales variedades ahí son lechín
de Granada, verdial de Vélez-Málaga, aloreña y picual de Almería. Ahí
estamos hablando de una superficie de en torno a algo más de 100.000
hectáreas. También calidad extraordinaria en cuanto a su producción de
aceite.
La zona quinta, el oeste, incluye las dos provincias extremeñas y las
zonas productoras de Avila, Salamanca y Zamora. En éstas, el olivar se
sitúa en la cabecera del Valle del Tiétar y las riberas del Duero,
próximas a Portugal. Con una extensión olivera en torno a las 275.000
hectáreas, destacan variedades como la manzanilla cacereña; la manzanilla
carrasqueña, de Badajoz; la morisca; la verdial, de Badajoz, y la
cornicabra. Las dos primeras son especialmente adecuadas para la
elaboración también de aceituna de mesa; en negro, la cacereña, y en
verde, la carrasqueña.
La zona sexta, que es la zona centro, comprende las comunidades autónomas
de Castilla-La Mancha y de Madrid, con 300.000 hectáreas de olivar, donde
predomina la variedad cornicabra, acompañada de la castellana, alfarara y
gordal de Hellín, donde hay que destacar los aceites de cornicabra, que
gozan de un gran prestigio y son demandados no sólo en otras zonas de
España de gran calidad, como puede ser la zona de Cataluña, sino también
en Italia.
La zona séptima, de Levante, abarca las provincias de Murcia, Alicante y
Valencia, con algo más de 80.000 hectáreas de olivar, y existe un amplio
mosaico de variedades, entre ellas la blanqueta, la villalonga, el
changlot real, lechín de Granada, cornicabra también y otras.
La zona octava, valle del Ebro, incluye Aragón, Rioja, Navarra y Alava,
donde la variedad más extendida es la empeltre, acompañada en algunas
zonas por verdeña, farga, royal de Calatayud y otras. Ahí estamos
hablando de una extensión de en torno a las 60.000 hectáreas, que en gran
medida están en regresión, salvo en Aragón fundamentalmente donde se está
recuperando. Se producen aceites de gran calidad, destacando los del Bajo
Aragón, frutados a principios de campaña, dulces y aromáticos a medida
que va avanzando.
La novena zona es la de Tortosa-Castellón, que comprende el Bajo
Ebro-Montsiá de Tarragona y la provincia de Castellón, con una superficie
cercana a las 100.000 hectáreas, con variedades farga, morrut,
sevillenca, empeltre también, y donde la producción se destina a la
obtención de aceites que cuando se controlan adecuadamente plagas como la
mosca se obtienen unas producciones muy afrutadas, de gran calidad, y muy
apreciadas por el mercado.
La décima zona es la de la Arlequina, variedad que, sin embargo, en los
últimos tiempos está siendo cultivada y extendida a otras zonas de
España, pero que hasta ahora se concentraba en Cataluña, excepción hecha
de la zona del Ebro-Montsiá, donde se cultivaban otras variedades a las
que he hecho ya referencia. Ahí estamos hablando de cerca de 100.000
hectáreas, con denominaciones de origen tan afamadas como Las Garrigas o
Siurana.
Decir que la importancia económica del sector para España dentro de la
producción final agraria es vital, es algo que creo que va de suyo.
Recordemos que la Unión Europea es el principal productor y consumidor
mundial de aceite de oliva, con un consumo por encima de 1.400.000
toneladas y con un aumento anual sostenido de casi el uno por ciento,
aumento que se está concentrando no sólo en los países productores, sino
que también se están incorporando países del norte hasta ahora no
productores y no consumidores de aceite de oliva. Hay que señalar que,
dentro de esa cantidad, España es el mayor productor y también uno de los
países donde se está creando en los últimos años un mayor aumento del
consumo.
En España tenemos que señalar, además, que se ha incrementado en los
últimos años de manera importante lo que es el consumo en envases
reducidos, es decir, en envases de un litro, cambiando el tipo de consumo
anterior, que era en grandes envases, incorporándose a un consumo más
selecto y de mayor calidad.
Decir que concretamente, salvo la crisis que se produce en el año
1995-1996 debido a los altos precios del aceite, se recupera de manera
muy importante hace dos campañas y que en este momento el consumo en
España está cercano a las 500.000 toneledas y se puede considerar en
torno a las 480.000 toneladas.
En este apartado del consumo es preciso destacar que, si es importante
producir, igual de importante es encontrar mercados que absorban nuevas
producciones. En este sentido, España apoya todas las actividades del
sector, todas las actividades organizadas desde la Unión Europea, y desde
la propia Administración española se están llevando a cabo distintas
actividades de promoción y de empuje a la exportación en nuestro sector.
Señorías, el consumo de aceite de oliva supone únicamente el 3 por ciento
del consumo humano de grasas a nivel mundial. Por tanto, existe todavía
una amplia posibilidad de aumento de esa capacidad de consumo y unas
amplias posibilidades de futuro para este sector. Relacionado
precisamente con esas posibilidades de aumento de consumo, señalar los
descubrimientos respecto a los efectos benéficos en la salud que tiene el
consumo de aceite de oliva y que en los últimos años han encontrado un
gran avance y una serie
de descubrimientos del máximo interés. En efecto, el aceite de oliva
tiene en su composición una preponderancia de ácidos grasos
monoinsaturados que, junto con la presencia de vitaminas liposolubles y
de antioxidantes, lo convierten en una realidad de efecto beneficioso
para la salud.
La acción positiva en el sistema circulatorio se deriva de que los
aceites vegetales insaturados ejercen una acción protectora en él porque
disminuyen el contenido de colesterol en sangre, procedente de una
alimentación rica en grasas animales y además incrementa la fracción
transportada de las lipoproteinas de alta densidad, que es protectora y
favorece la eliminación del colesterol por vía digestiva, aumentando la
esperanza de vida de sus consumidores. Está demostrado que el riesgo de
muerte por enfermedades coronarias es mucho más elevado en ciudadanos de
países no consumidores de aceite que en nativos de áreas mediterráneas,
que incluyen un elevado porcentaje de aceite de oliva en su dieta.
También es de destacar la acción beneficiosa sobre el sistema digestivo,
pues el aceite de oliva protege las mucosas y evita los efectos de la
hipercloridria, disminuyendo las úlceras gástricas y duodenales; evita la
formación de cálculos biliares, tanto por el aumento del flujo biliar
como por el incremento de las lipoproteinas de alta densidad, por no
hablar de los últimos descubrimientos en cuanto a los efectos
beneficiosos respecto a la osteoporosis o respecto al cáncer.
Las exportaciones totales en esta situación permiten prever, teniendo en
cuenta los últimos descubrimientos científicos en cuanto a los efectos
beneficiosos no sólo de la dieta mediterránea sino especialmente del
aceite de oliva dentro de esa dieta mediterránea, unas perspectivas
importantes de aumento del consumo del aceite de oliva a nivel mundial de
cara al futuro.
Las exportaciones totales españolas hasta hace pocos años suponían
170.000 toneladas de aceite de oliva al año, incluyendo dentro de estas
exportaciones no sólo lo que eran las exportaciones a países terceros,
sino también las exportaciones dentro de la Unión Europea, donde nuestro
principal cliente ha sido, desde hace tiempo, concretamente Italia.Sin
embargo, señalar que en la última campaña 1996-1997 exportamos 409.000
toneladas, donde cabe destacar, de manera muy importante, exportaciones a
terceros países ajenos a la Unión Europea de 60.000 toneladas --una cifra
absolutamente récord y desconocida hasta la fecha-- y exportaciones en el
seno de la Unión Europea por 316.000 toneladas, de las cuales 218.000 son
para Italia. Decir que ya en este momento, en el ámbito de la Unión
Europea, las exportaciones a terceros países están alcanzando y superando
ampliamente lo que son las exportaciones subvencionables que contemplan
los últimos acuerdos del GATT.
Señalar, con otros datos básicos, dentro de lo que supone la realidad del
olivar español en este momento, además de lo que me he referido de la
superficie de los 2.250.000 hectáreas estimadas a fecha de hoy y del
componente exportador, que si el olivar en España supone el 11 por ciento
del total de la superficie cultivada y la producción media de aceituna es
de 3,5 millones de toneladas, como he he hecho referencia hace un
momento, la producción media de aceite virgen en las últimas campañas ha
sido de 629.000 toneladas, desde 1992-1993 hasta la última cosecha. El
número de solicitudes de ayuda a la producción ha sido de 380.000 y puede
pensarse que es en torno a esa cifra el número de explotaciones. El
número de árboles en la última estimación oficial que tuvimos es en torno
a los 215 millones. El valor medio de la producción del olivar es
irregular dada su condición vecera. Sin embargo, en la última campaña ese
valor alcanzó sin subvenciones, sin apoyos, sin ayudas comunitarias,
336.000 millones de pesetas, lo cual supone el 7,54 por ciento de la
producción final agraria, a lo cual habrá que añadir los 170.000 millones
que supondrán las ayudas correspondientes a la pasada campaña.
Sobre esto diríamos poco si no añadiéramos lo que para nosotros consiste
en el dato, si no el fundamental, uno de los básicos dentro del problema
del sector del aceite de oliva, y es que en torno al sector del olivar
estamos hablando de unos 46 millones de jornales, concentrados
fundamentalmente en unas zonas concretas, que son las zonas olivareras,
que en su gran mayoría se caracterizan por el alto índice de paro, por la
falta de alternativas y por constituir, por tanto, el olivar la única
fuente de riqueza real dentro de esos territorios.
Ante este panorama, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es
que el Reglamento 136/1966 de la Comunidad Europea, del Consejo de
Ministros, de 22 de septiembre del año 1966, estableció una organización
común de mercado que regula el régimen de materias grasas, donde se
comprenden las semillas, frutos oleaginosos, así como materias grasas de
origen vegetal y las extraídas de pescados y otros mamíferos.
El citado Reglamento dedica todo el título II al aceite de oliva, y fue
obviamente aprobado en una Comunidad a Seis, donde existía un auténtico
productor (Italia), y un productor testimonial (Francia). La OCM, por
tanto, se hizo prácticamente a la medida de Italia, y de alguna manera,
como se ha dicho en algunas ocasiones, supuso un equilibrio, una
compensación frente a la situación en la que quedaba Italia en otros
sectores. Por tanto, se piensa y se concibe esta OCM en una situación de
una Unión Europea con un único gran productor y con una situación
netamente deficitaria.
La incorporación de Grecia reequilibra un poco la situación y la
incorporación posteriormente de España y Portugal convierte
definitivamente a la Unión Europea en una situación de autosuficiencia,
incluso excedentaria, con capacidad de exportación, que es la situación
actual.
La OCM actual contempla las siguientes cuestiones: Un régimen de precios.
Cada año la Comunidad fija
los precios a nivel mayorista y referidos a una determinada calidad tipo,
concretamente el aceite de oliva corriente de 3,3 grados de acidez. El
precio indicativo de la producción se fija a un nivel equitativo a los
productores, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el volumen de
producción deseado. A partir de ahí, el precio de intervención, que es al
que compran los organismos de intervención y que se fija a partir del
precio indicativo, disminuida la ayuda a la producción y en una cantidad
que tiene en cuenta las variaciones del mercado y los gastos de
transporte de las zonas de producción a las de consumo.
Además de esos precios existe un régimen de intervención, y a partir de
la campaña 1987-1988 las compras por los organismos nacionales de
intervención se realizan únicamente dentro de los cuatro últimos meses de
la campaña de comercialización, es decir, a partir del primero de junio
hasta el 31 de octubre de cada año.
Los organismos de intervención de cada uno de los Estados miembros
compran al precio de intervención el aceite de oliva que se les ofrece.
Para la campaña 1997-1998 el precio de intervención es de 175,16 ecus
cada cien kilos para la calidad tipo, es decir, 294 pesetas. Antes del
período indicado, en casos excepcionales pueden adoptarse medidas
especiales de intervención.
Por otra parte, cuando las condiciones de mercado lo requieren los
organismos de intervención pueden vender en el interior de la Comunidad
el aceite de oliva comprado para ellos. Ello ha supuesto, señorías, que
hasta ahora la intervención ha tenido un coste muy reducido para las
arcas comunitarias.
Hay que destacar además que si para una campaña determinada la producción
de aceite de oliva es superior a la cantidad máxima garantizada fijada,
se reduce automáticamente el precio de intervención de la campaña
siguiente mediante la aplicación del coeficiente que resulta de dividir
la cantidad máxima garantizada por la producción definitiva, con un
límite en la rebaja de un 3 por ciento. Los productos que pueden ser
ofrecidos a la intervención sin limitación cuantitativa son los aceites
de oliva vírgenes. Estos son los aceites obtenidos de la aceituna
únicamente por procedimientos mecánicos y otros procedimientos físicos,
en condiciones sobre todo térmicas, que no impliquen la alteración del
aceite, que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto al de lavado,
decantación, centrifugado y filtración, con exclusión, por lo tanto, de
los aceites obtenidos mediante disolvente y toda mezcla con aceites de
otra naturaleza. Las calidades que se contemplan son la extra --de gusto
absolutamente irreprochable, con una acidez expresada en ácido oleico no
superior al 1 por ciento por cien gramos--, el virgen o fino --de gusto
irreprochable, cuya acidez expresada en ácido oleico no supere el 2 por
ciento--, el corriente y el lampante, cuya acidez expresada en ácido
oleico no supere el 6 por ciento. En cualquier caso, para todos estos
tipos, el contenido máximo en agua e impurezas admitido es del 1 por
ciento.
Además del régimen de intervención, existe un régimen de ayudas. Entre
las ayudas que contempla el actual sistema de la OCM del aceite de oliva
está en primer lugar la ayuda a la producción; ayuda a la producción
otorgada al oleicultor por la producción del aceite de oliva en una
almazara autorizada. La ayuda se aplica en cada campaña para una cantidad
máxima garantizada de aceite de oliva que en este momento es de 1.350.000
toneladas. Sin embargo, esta ayuda, que supone 142,2 ecus por cada 100
kilos de aceite --es decir, 238 pesetas por kilo de aceite producido para
esta campaña 1997-1998--, se recibe de una manera distinta en el caso de
los oleicocultores con producciones inferiores a los 500 kilos. En este
caso, en función del número de olivos y de la media de rendimiento de
aceitunas y de aceite en las últimas cuatro campañas en una zona
homogénea en la que estén ubicados estos olivos, se establece una
prorrata y una cantidad a tanto alzado, cifrándose además el apoyo en 155
ecus cada 100 kilos --es decir, 250 pesetas por kilo--. La ayuda se
concede a toda la producción de la campaña, pero se modula el nivel de la
ayuda en función de la cantidad máxima garantizada para esta campaña; es
decir, que cuando la producción efectiva de una campaña es superior a la
cantidad máxima fijada para dicha campaña, a la ayuda unitaria que deba
pagarse se le aplica un coeficiente que se obtiene de dividir la cantidad
máxima por la cantidad efectivamente admitida para recibir la ayuda,
aunque hay que señalar que los pequeños productores no están penalizados
y, por lo tanto, no ven reducida su cantidad en este sentido.
Señorías, para que se den ustedes cuenta de la incidencia que tiene que
en este momento la cantidad máxima garantizada a nivel de la Unión
Europea sea de 1.350.000 toneladas, y que esa es la realidad actual,
quiero decirles que desde la campaña 1991-1992 ningún año los
oleicocultores han recibido esas 238 pesetas por kilo porque
sistemáticamente todos los años ha habido rebasamientos en el ámbito de
la Unión Europea. Por lo tanto, se han visto afectados por penalizaciones
que han alcanzado en la campaña anterior el 27 por ciento y en esta
campaña la cifra del 36 por ciento según las previsiones de las que se
dispone en el ámbito de la Unión Europea al día de hoy.
La cantidad máxima garantizada puede verse incrementada cuando la
producción efectiva de la campaña anterior haya sido inferior a esa cifra
de 1.350.000 toneladas. Esta diferencia se añade a la cantidad que se
asigna y se aplica a la campaña siguiente. Esta ayuda que debe recibir el
productor puede estirarse también para otras finalidades complementarias
que mejoren las condiciones del sector. Así, de esas 238 pesetas por kilo
en este momento se les detrae un 1,4 por ciento destinado a financiar
acciones de ámbito regional para
mejorar la calidad de la producción oleícola, un 2,4 por ciento para la
elaboración del registro oleícola y un 0,8 por ciento para la gestión de
las organizaciones de productores reconocidas. Se ha retenido también
otro porcentaje de esta campaña destinado a acciones de investigación e
información, encaminadas a promover el consumo de aceite de oliva en toda
la Comunidad.
Además de estas ayudas a la producción, en este momento se contemplan
ayudas al consumo que se conceden a las empresas embotelladoras y de
acondicionamiento y envasado de aceite de oliva reconocidas, que
ascienden a 20 pesetas por kilo de aceite envasado. También hay unas
pequeñas ayudas a la utilización de aceite de oliva en conservas,
destinadas no sólo a promover el consumo del aceite de oliva, sino a
mejorar la calidad de nuestra industria conservera europea. Pueden
existir ayudas al almacenamiento privado cuando la situación del mercado
comunitario del aceite de oliva así lo requiere. La Comisión puede poner
en marcha mecanismos previstos por la reglamentación básica del sector
que permite la celebración de contratos de almacenamiento privado. Este
ha sido el caso en la última campaña. Son contratos que llevan a cabo las
agrupaciones de productores reconocidas y que se elaboran entre dichas
agrupaciones y los propios productores.
El régimen de cantidades máximas garantizadas. Hasta los años 1987-1988
existía en la Unión Europea una prohibición de nuevas plantaciones de
olivos. Sin embargo, en ese momento se cambia ese sistema, estableciendo
una cantidad máxima garantizada que, como he señalado, está cifrada en
1.350.000 toneladas de aceite de oliva, incluido el aceite de orujo, el
cual se contempla en un tanto alzado en el ocho por ciento de la
producción de oliva virgen. Hasta ese momento, lo único que existía era
una limitación en cuanto a las nuevas plantaciones, limitación que para
las producciones españolas arrancaban a partir de las plantaciones
efectuadas con posterioridad a enero de 1984.
La función de esta limitación es plantear un estabilizador presupuestario
y garantizar lo que son unos techos máximos de gasto dentro de la Unión
Europea, de una manera más controlable y distinta y, a la vez,
permitiendo dar salida a las tensiones que se estaban produciendo por
parte de distintos países, que querían aumentar su potencial oleícola y
que, por lo tanto, querían llevar a cabo nuevas plantaciones, que es, por
ejemplo, el caso de España. La Unión Europea en ese momento, a petición
de distintos países, entre otros España, retira la prohibición que
existía hasta ese momento de nuevas plantaciones, plantea la posibilidad
de nuevas plantaciones, autoriza las nuevas plantaciones y establece un
estabilizador presupuestario, basado en un tope de cantidad máxima
garantizada de 1.350.000 toneladas.
Además de estos elementos de regulación, de apoyo del mercado mediante la
intervención y de garantía de rentas de los agricultores, no sólo
mediante la intervención, sino también el sistema de ayudas al que me he
referido, la Comunidad establece nuevas denominaciones de uso obligatorio
para el comercio dentro de los distintos Estados miembros y en los
intecambios de aceite. Así, se establece el aceite de oliva refinado,
aceite de oliva obtenido por el refinado de aceites de olivas vírgenes
cuya acidez no pueda ser superior al 0,5; aceite de oliva, que es una
mezcla de oliva refinado y aceites de oliva vírgen, cuya acidez no puede
ser superior al 1,5; aceite de orujo de oliva crudo, que es el aceite
obtenido por tratamiento con disolventes del orujo de oliva con exclusión
de los obtenidos por el proceso de resterificación; aceite de orujo de
oliva refinado, obtenido por el refinado de aceite de orujo de oliva
crudo con una acidez no superior al 0,5 por ciento y aceite de orujo de
oliva, que es la mezcla de aceite de orujo de oliva refinado y de aceites
de oliva vírgenes, cuya acidez no debe superar el 1,5 por ciento.
La OCM contempla además, en el régimen de intercambio con los países
terceros, un sistema que hasta la entrada en vigor de los acuerdos GATT
consistía en la aplicación a la importación de una exacción reguladora
variable, diferencia entre el precio mundial y el comunitario. La entrada
en vigor de los acuerdos del GATT para el aceite de oliva, el 1 de julio
y el 1 de noviembre de 1995, para importaciones y exportaciones
respectivamente, repercute de la siguiente forma.
Respecto a las importaciones, el mencionado sistema de exacciones
reguladoras variables a la importación se ha sustituido por la aplicación
de una tarifa aduanera. Dicha tarifa deberá reducirse desde su importe
inicial de 155 ecus por cada 100 kilos, a 124 ecus para 100 kilos en el
año 2000; estamos hablando para la aceite de oliva virgen extra. Esta
cifra, sin embargo, en algunos momentos de escasez interna dentro de la
Unión Europea, concretamente debido a la mala cosecha que tuvo España en
los años 1995-1996, fue sensiblemente rebajada para intentar evitar el
incremento desmesurado que se produjo en el precio del aceite en esos
momentos.
En cuanto a las exportaciones, la adopción de los acuerdos del GATT
supone una limitación tanto en las cantidades de aceite de oliva
exportado con ayuda, como en la cantidad de ayuda concedida para exportar
el producto. La reducción deberá ser gradual desde el volumen inicial de
148.000 toneladas y 85,9 millones de ecus, hasta 117.900 toneladas y 55
millones de ecus en el año 2000. Hay que señalar que en la campaña
1995-1996 las exportaciones subvencionadas ya alcanzaron los 136.400
toneladas, y que en la última campaña se ha superado esta cifra. Por
tanto, se empiezan a producir ya exportaciones, al margen de lo que son
las restituciones y las compensaciones que contempla la actual OCM.
Las restituciones de la exportación son unas ayudas concedidas al
exportador para acercar los precios comunitarios
del aceite de oliva a los precios mundiales. Después de la adaptación de
la reglamentación comunitaria a los acuerdos del GATT, la mecánica
operativa de la concesión de la ayuda es la restitución de derecho común
y la adjudicación. Hay que señalar que tanto uno como otro tipo de
restitución son fijados periódicamente por el procedimiento del comité de
gestión, en el ámbito de la Comisión. En los comités de gestión
posteriores al 11 de marzo de 1998 la Comisión ha dejado de conceder
ayudas para adjudicación y derecho común, tal como venía concediendo en
los meses pasados.
Señorías, a esta situación España, sin embargo, se incorpora en el año
1986, pero teniendo que sufrir un período transitorio. En efecto, en el
Acta de Adhesión de España a la Unión Europea se estableció que el
período transitorio para la plena incorporación del sector del aceite de
oliva español a la OCM sería de diez años. Eso explicaba una cuestión de
aproximación de precios. El precio de intervención para España al 1 de
marzo de 1986 se fijó al mismo nivel que el existente en España a
comienzos de la campaña 1985-1986, es decir, antes de su pertenencia a la
Comunidad Económica Europea entonces, hoy Unión Europea, aumentando los
incrementos comunitarios mensuales correspondientes. El Tratado de
Adhesión establecía que el precio de intervención fijado para España se
aproximaría al comunitario cada año al inicio de campaña, aunque ha
sufrido distintas modificaciones. Concretamente, hasta la entrada en
vigor de las modificaciones previstas para la OCM de materias grasas, el
precio existente en España se aproximaría cada año en una vigésima parte
de la diferencia inicial entre dicho precio y el precio común. Es decir,
se aceptó que la equiparación de los precios de España con los
comunitarios se hiciera a lo largo de veinte años, cosa que sin embargo
se acortó a diez años, coincidiendo además, entre otras cosas, con la
entrada en vigor del Acta Unica. Los intercambios mutuos entre España y
la CEE a Diez quedaron liberalizados, aplicándose únicamente el montante
compensatorio de adhesión para compensar las diferencias de precios
superiores, los comunitarios a los españoles, siendo pagados por los
exportadores españoles y percibidos por los importadores comunitarios;
todo ello con el fin de compensar las diferencias entre los niveles de
precios en ambos mercados.
Respecto a las importaciones procedentes de terceros países, España, a
partir de la fecha de adhesión, sustituyó sus derechos arancelarios por
el sistema de exacciones reguladoras internas de la Unión Europea, es
decir el sistema de Prélèvement. La exacción a coaligar en cada caso fue
la comunitaria, disminuida precisamente de ese montante compensatorio de
adhesión al que antes me refería. En cuanto a las exportaciones, se
beneficiaron de las restituciones comunitarias corregidas con el mismo
montante compensatorio.
Por lo que se refiere a la aproximación de ayudas, tengo que señalar que
en el Tratado de Adhesión se especificaba que la ayuda a la producción en
la CEE sólo se concedía a las superficies plantadas en el olivar en
España anteriores al primero de enero de 1984. Pero además de plantearse
esa cuestión, se fijaba que la ayuda comunitaria a la producción de
aceite de oliva en España se iniciaba desde el momento de adhesión, pero
con una aproximación gradual y escalonada a lo largo de diez años, a
partir de una ayuda inicial para el primer año de 12 pesetas por kilo,
muy lejos, señorías, de lo que en este momento supone en tonelada plena
238 pesetas.
Con ese panorama, en el año 1996, España, después de un largo período
transitorio en el sector del aceite de oliva --diez años-- participando
por fin de una manera plena, por segundo año, en lo que eran las ayudas
totales, está en igualdad de condiciones, que hasta ese momento no había
disfrutado, al del resto de los productores europeos, y se encuentra con
que la intención de la Comisión es plantear una modificación radical de
todo el sistema.
En efecto, en la primavera de 1996, el comisario de Agricultura empieza a
hacer circular una propuesta en la que se cambia radicalmente todo el
sistema de ayudas y de soporte al sector del olivar. Las razones que se
esgrimen para llevar a cabo esas modificaciones son la necesidad de
simplificar los sistemas, las OCM, la necesidad de luchar contra el
fraude, que se señala en la propuesta como abultadísimo en el sector del
aceite, las previsibles exigencias dentro de las nuevas negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio y las previsibles existencias de
excedentes en un futuro inmediato en el ámbito de la Unión Europea.
Para corregir todas estas cuestiones, la propuesta de la Comisión
suprimía todo el sistema de apoyos y ayudas, de mantenimiento de precios
en el mercado suprimiendo el sistema de intervención, y suprimía las
ayudas a la producción, tanto las ayudas a tanto alzado a los pequeños
productores como las generales de ayuda a la producción para los
productores de más de 500 kilos, sustituyéndolas por unas ayudas al
árbol, y también suprimía las ayudas al consumo. Las líneas básicas de
las ayudas al árbol consistían en asignar un cupo por países, con un
número de olivos que se podían acoger a la ayuda, y establecer una
cuantía unitaria por árbol, diferente para los distintos países y que se
podía modular internamente en el ámbito de cada uno de los países. En esa
propuesta que plantea la Comisión, a España se le adjudican 166 millones
de árboles, 133 millones para Grecia, 130 millones para Italia, 27
millones para Portugal y 3 millones para Francia. La cuantía unitaria que
se propone para España e Italia es de 4,5 ecus por árbol, 3,5 para Grecia
y 2 para Portugal y Francia. En esencia, la propuesta consistía, por un
lado, en ahorrar fondos para la Unión Europea y hacer una foto fija de lo
que era la situación en ese momento de las producciones de la Unión
Europea.
Señorías, esa propuesta contemplaba, además, unas ayudas para el sector
del olivar español que suponían, como les he dicho, 4,5 ecus por árbol
por un total de 166 millones, lo que ascendía a 125.000 millones de
pesetas para el conjunto del sector olivar. Ante semejante propuesta, se
produjo, tanto por parte de las administraciones (digo las
administraciones, no sólo el Ministerio sino las comunidades autónomas en
general, con alguna excepción que, sin embargo, mostró su solidaridad con
la opinión generalizada) como del sector, una crítica del documento
señalando las siguientes cuestiones.
En primer lugar, si la propuesta de la Comisión planteaba la lucha contra
el fraude, resultaba absolutamente contradictoria, en tanto en cuanto lo
que se hacía era una foto fija con los datos declarados hasta la fecha;
por tanto, si fraude había habido, lo que se hacía era consagrar,
institucionalizar definitivamente ese fraude, sin posibilidad de
revisión.
En segundo lugar, si la propuesta se justificaba en una búsqueda de mayor
simplificación, se señalaba la dificultad de establecer unos rendimientos
por árbol, por cuanto el olivar no es un producto más homogéneo, como
puede ser la producción de cereal u otro tipo de herbáceos, donde unas
mismas tierras con unos mismos climas dan unas mismas producciones; en el
olivar varía la edad del árbol, el marco de plantación, el tipo o la
variedad del mismo y los años en que han sido plantados. Por tanto,
tampoco la simplificación era posible, sino que, al revés, se abrían unos
enormes problemas en ese momento.
Además, planteábamos que si todo eso era así, en España no se podía
hablar de 166 millones de árboles, sino que en ese momento estábamos en
torno a los 200 ò 215 millones de árboles y que la Organización Mundial
de Comercio en ningún caso podría plantear, en principio parecía lógico,
una gran batalla respecto del sistema de ayudas para lo que era el aceite
de oliva, por cuanto el aceite de oliva supone únicamente el 3 por ciento
de las grasas dentro del comercio mundial.
A partir de ahí, señalábamos también que no se contemplaba la ayuda a los
árboles de aceituna de mesa, por cuanto únicamente se contemplaban
aquellos árboles que habían declarado producciones de aceite durante los
últimos años; no se contemplaban los árboles que no eran productivos en
aquella fecha, bien por problemas de la sequía reiterada que habíamos
soportado, bien porque no habían entrado todavía en producción; y
señalábamos que la supresión de precios de intervención era uno de los
elementos fundamentales del mantenimiento de rentas de agricultores y
que, por tanto, podía ser enormemente gravosa.
Pero por encima de todas estas cuestiones, el problema de la ayuda al
árbol, en nuestra opinión, suponía un elemento totalmente desincentivador
de la calidad, de la producción y, por tanto, del aspecto social de
generación de empleo que tiene el cultivo del olivar. La concesión de una
ayuda al árbol podría incitar a un determinado porcentaje de productores
a abandonar unas prácticas culturales máximas del olivar,
desincentivando, por tanto, los puestos de trabajo. Pero, además, podía
llevar a que teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los gastos de
producción dentro del olivar corresponden a la recogida, que es lo que
absorbe mayor mano de obra, podíamos encontrarnos con que de esos 46
millones de jornales, que fundamentalmente se concentran en el momento de
la recolección, podríamos perder varios millones de jornales; pérdida de
jornales que por parte de las administraciones, en función de distintos
estudios que se llevaron a cabo, cifrábamos entre los 7 y los 10
millones, aunque otras organizaciones lo aumentaban de manera muy
importante.
Además de todas estas cuestiones, señalábamos que se deterioraría la
calidad del aceite, que perderíamos competitividad, que perderíamos
ingresos y que, por tanto, supondría un enorme perjuicio; perjuicio
concentrado, señorías, como he dicho antes, fundamentalmente en ciertas
zonas españolas donde, además, hay un alto nivel de desempleo y se
produce un gran nivel de paro.
Ante esas conclusiones, se llevaron a cabo distintas medidas. Por un
lado, un acuerdo entre todas las administraciones, que se formaliza en
Valencia, donde todas las comunidades autónomas, productoras y no
productoras, respaldan la postura del Gobierno en cuanto a la defensa del
sistema de ayudas a la producción y en cuanto al rechazo frontal a
sustituirlo por un sistema de ayudas al árbol.
Se produce, además, en el sector social una unificación en torno a la
llamada mesa de defensa del aceite de oliva, donde se concentran no sólo
lo que son organizaciones profesionales agrarias, sino también sindicatos
de productores, sindicatos agrarios, embotelladores, exportadores,
industriales y almazareros. Así mismo, se inician una serie de acciones
que van desde la actuación diplomática por parte de nuestros embajadores,
hasta la intervención del propio presidente del Gobierno, para evitar que
se pase sin más a discutir una modificación de la OCM que consideramos
enormemente perjudicial y para reclamar que haya el debate sobre un
documento de opciones que contemple no sólo la propuesta de la Comisión,
sino también que se mejore la actual opción.
Así, a finales del mes de octubre, en el Consejo de Agricultura que se
celebra en Bruselas, la delegación española, apoyada por otra serie de
delegaciones, propone la conveniencia de un documento de reflexión, y
ante el apoyo unánime no sólo de los países productores, sino de los
países no productores a esta propuesta, la Comisión acepta llevar a cabo
este documento, que presenta el 12 de febrero de 1997.
A partir de ahí, señorías, se producen distintas discusiones, tanto en el
ámbito del Consejo de Ministros, como en los grupos de trabajo y en el
Parlamento Europeo.
En ese documento de opciones se contemplan dos de ellas: la mejora de la
actual OCM y la ayuda al árbol.
La nota a la que me he referido sigue insistiendo fundamentalmente en los
problemas de control de fraude y en la existencia de excedentes
estructurales de difícil salida.
Respecto a lo primero, la Comisión planteó reiteradamente sus inquietudes
sobre la posibilidad de que se produzcan excedentes estructurales,
mencionando que en España se han realizado nuevas plantaciones que están
produciendo ya y que van a generar unos excedentes estructurales de cara
al futuro. Asimismo, la Comisión dice que el fraude es estructural, es
reiterado y que hay que luchar contra él. Desde esos planteamientos,
todas las delegaciones mostraron su apoyo a la lucha contra el fraude
--España la primera-- y el rechazo a la existencia de excedentes
estructurales. En efecto, si se ve el comportamiento del sector a lo
largo de los últimos años, podemos comprobar que, unos años con otros, no
se produce ningún excedente.
Después de varias discusiones, señorías, se producen una serie de debates
y, concretamente, se concluyen en el otoño pasado los debates sobre el
documento de reflexión en el ámbito del Consejo de Ministros, así como el
debate en el Parlamento Europeo, donde los españoles han tenido una
posición protagonista.
Señorías, en ese sentido, recordarles que en el Parlamento Europeo es un
europarlamentario español, el señor Jové, el que consigue llevar adelante
el informe parlamentario de la propuesta de modificación. Al final, el
informe obtiene un apoyo mayoritario de los europarlamentarios. Hay que
resaltar que la postura unánime de los europarlamentarios españoles,
junto a la postura unánime de algunos grupos, como el Grupo Popular
Europeo, permite esa posición mayoritaria del Parlamento Europeo
respaldando básicamente las posiciones españolas.
En efecto, quiero decir que en ese informe del Parlamento Europeo lo que
se respalda es la supresión de las ayudas a tanto alzado como fuente de
fraude, según denuncia la propia Comisión y, por tanto, el mantenimiento
de una ayuda única a la producción real acorde con la cantidad de aceite
producido. Esa propuesta propone un incremento de la cantidad máxima
garantizada, ajustándola a la suma del consumo comunitario, las
exportaciones medias anuales y un margen de seguridad. Plantea la
propuesta al Parlamento Europeo el reparto de la cantidad máxima
garantizada en cantidades nacionales de referencia. Asimismo, propone la
supresión definitiva de la ayuda al consumo, el mantenimiento de
mecanismos de intervención, medidas para almacenamiento privado y la
creación de un régimen de ayudas especial para la aceituna de mesa.
No voy a entrar a relatarles a todos ustedes, pues es algo que se ha
debatido reiteradamente en esta Cámara, las vicisitudes que este informe
ha soportado en el Parlamento Europeo, puesto que al final fue aprobado
con el apoyo unánime de todos los europarlamentarios españoles --creo que
esto es muy importante resaltarlo-- y de la mayoría abrumadora de la
Cámara europea. Sin embargo, si bien este Congreso de los Diputados
respaldó y apoyó en su sesión plenaria del 25 de noviembre de 1997 estas
conclusiones, esta no ha sido la tónica en otros lugares y concretamente
en algún parlamento autonómico.
Después de esos debates sobre el documento de opciones, la Comisión ha
preparado un nuevo borrador de reforma que ya es una propuesta de reforma
que está a debate en el seno del Consejo de Ministros. Hubo previamente
una filtración en la que se hablaba de mantener la cantidad máxima
garantizada en su ámbito actual de 1.350.000 toneladas, de las que a
España se le adjudicaban 538.000, pero en este momento de lo que estamos
hablando es de la propuesta de la Comisión, de 18 de marzo de 1998, donde
se plantean distintas cuestiones de carácter enormemente positivo, la
primera de las cuales es que se aparca la ayuda al árbol. Además de
aparcarse la ayuda al árbol, se aumenta la cantidad máxima garantizada y
se plantea que los datos no son definitivos, sino que tiene que haber
unos datos definitivos, cuestión que es una de las reclamaciones
españolas. Sin embargo, a pesar de estos aspectos tan positivos, como es
que se aparque la ayuda al árbol y se mantenga la ayuda a la producción
real, esta propuesta ha sido rechazada por la delegación española, por
considerar que no es justa, coherente, equitativa ni equilibrada.
Todo eso es así porque, si bien hay unas bases positivas, ahora me
referiré, al explicar el contenido de toda la propuesta, a los aspectos
negativos que impiden que la delegación española pueda dar su respaldo a
semejante propuesta. La Comisión dice en esta propuesta que estima
necesaria una reforma radical en el sector, pero que no dispone de datos
fiables en la actualidad. En ese sentido la Comisión dice que tiene la
intención de plantear esta modificación hasta la campaña 2001/2002. Lo
que plantea esta propuesta, valedera para los próximos tres años salvo
que sea prorrogada, sería lo siguiente.
Se mantiene la ayuda a la producción, pero se suprime la ayuda a tanto
alzado a los pequeños productores. Por tanto, se mantiene la ayuda a la
producción real con el mismo montante anterior de 142,2 ecus por cada
cien kilos, es decir, 238 pesetas por kilo. De esa ayuda se sigue
retirando el 1,4 por ciento para los programas de mejora de calidad del
aceite de oliva y el 0,8 para las organizaciones de productores
reconocidas, y sin embargo se suprime la retención del 2,4 para la
realización de los registros oleícolas. Por tanto, automáticamente lo que
plantea la nueva propuesta es un aumento del 2,4 por ciento de la ayuda
para los productores de aceituna por kilo, las 238 pesetas que, al no ser
disminuidas en un 2,4, llegarán íntegramente
al bolsillo de los productores. En este sentido, aspecto positivo,
insisto, se mantiene la ayuda a la producción real.
Segunda cuestión, se incrementa la cantidad máxima garantizada desde
1.350.000 toneladas a 1.562.000 toneladas y se distribuye en cantidades
nacionales garantizadas. El cálculo de estas cantidades nacionales
garantizadas se basa, fundamentalmente, en cinco campañas que van de
1992/1993 a 1996/1997. De ellas se excluyen las producciones máximas y
mínimas y se calcula la media entre las tres restantes.
Señorías, aparte de alguna otra cuestión, este es el elemento básico a la
hora de distribuir la cantidad máxima garantizada entre los Estados
miembros. Pues bien, ese reparto atribuye a España una cuota de 625.000
toneladas, a Francia de 3.000, a Grecia de 389.000, a Italia de 500.000 y
a Portugal de 43.900 toneladas. Las 625.000 toneladas suponen para España
149.000 millones de pesetas en concepto de ayuda a la producción para los
oleicultores. En el caso de que algún país supere la cantidad de
referencia, la ayuda se vería reducida proporcionalmente, salvo en el
caso de que la cantidad máxima global de un millón 562.000 toneladas
fuera respetada. Un país que supere su cantidad nacional garantizada
puede beneficiarse, por lo tanto, de las cantidades sobrantes de otros
países que no hayan llegado a cubrir la cantidad asignada. La ayuda se
concedería según la producción real de aceite de oliva, por lo tanto,
como he dicho, se suprimen los pequeños productores. Se suprime el
régimen de intervención, pero se mantiene la posibilidad de establecer
contratos de almacenamiento privado sólo para las agrupaciones de
productores. Se sustituye el registro oleícola por un sistema de
información geográfica. Se suprime la ayuda al consumo. No se incluye la
aceituna de mesa. La ficha financiera se mantiene prácticamente, es más,
plantea, tal y como está, un pequeño ahorro de 90 millones de ecus, y se
limita la concesión de ayudas a las plantaciones existentes antes del 1
de mayo de 1998, por lo tanto, se excluye que se planteen nuevas
plantaciones en el territorio de la Unión Europea.
Señorías, si bien he resaltado los aspectos positivos, tengo que
referirme a los aspectos negativos que contempla esta propuesta de OCM
que estamos discutiendo. En primer lugar, vamos a centrarnos en el
problema de la cantidad nacional garantizada. Señorías, se hace un
reparto de dicha cantidad aumentada, 1.562.000 toneladas, entre los
países. Para hacer ese reparto se utiliza lo que hay, que son las
estadísticas. Y las estadísticas, lamentablemente, nos son enormemente
negativas. Las estadísticas, señorías --y eso es lo primero que tenemos
que saber--, dan exactamente lo que nos han dado, incluso un poco menos.
Porque si se consideran esos cinco últimos años, que son los únicos sobre
los que hay datos totales, se elimina el de mayor producción y el de
menor producción, las estadísticas nos dan 625.000 toneladas totales para
España. Esta cantidad, señorías, para que sepamos exactamente qué
significa, tenemos que compararla con lo que ha venido recibiendo hasta
ahora el sector del olivar, que son 149.000 y pico, casi 150.000 millones
de pesetas.
A partir del año que comenzamos a recibir la ayuda plena, señorías, lo
que han recibido los oleicultores españoles por la producción han sido
67.000 millones de pesetas en la campaña 1993/1994; 111.000 millones en
la campaña 1994/1995; 80.000 millones de pesetas en la campaña 1995/1996
y van a recibir 164.000 millones al cerrar la campaña anterior y en la
campaña actual, según las previsiones, 147.000 millones de pesetas.
Señorías, con todo ello quiero decir que al hablar de toneladas conviene
saber que en este momento en la campaña anterior, con 960.000 toneladas,
los agricultores españoles no cobraron la ayuda plena por las 960.000
toneladas, sino que lo que van a cobrar es la ayuda equivalente a 689.000
toneladas. Esa es la situación actual. Este año, que vamos a producir por
encima del millón de toneladas, los agricultores españoles no van a
cobrar por un millón de toneladas, a razón de 238 pesetas por kilo, sino
que cobrarán la ayuda equivalente a unas 630.000 ó 650.000 toneladas, ya
veremos cuando se cierre. Esto es lo primero que tenemos que saber a la
hora de enjuiciar las 625.000 toneladas que nos han sido asignadas en su
justa medida.
Cuando hay gente que dice que nos quedemos tal cual estamos, sepamos de
lo que estamos hablando. Cuando hay gente que dice que nos quedemos tal
cual estamos, sepamos que en este año que viene estaríamos hablando de,
como mucho, 650.000 toneladas, y previsiblemente, en función del cierre
de los números, del equivalente en aceituna a menos de 650.000 toneladas,
y que respecto al año pasado, que ha sido la cifra récord de España en
cuanto a la recepción de ayudas directas por parte de sus oleicultores,
estamos hablando del equivalente a 689.000 toneladas; 689.000 toneladas,
señorías, en la mejor campaña que hemos tenido.
Señorías, cuando oigo por ahí que la cuota para España tiene que ser de
un millón de toneladas quiero pedirles que me hagan la media según la
cual consiguen un millón de toneladas, y cuando hablamos de media no es
un año único, cuando hablamos de media de producciones hay que hablar de
varios años, porque una media no se hace sobre un año ni sobre dos. En
ese sentido, señorías, podemos plantear que la media se haga sobre tres
años y podemos intentar que se escojan los mejores, pero, a la vez,
escojamos los mejores años con un mínimo criterio objetivo porque si no
todo el mundo va a elegir los mejores años y tampoco las cosas salen tan
exactas como algunos plantean, concretamente ese millón de toneladas que
algunos, yo creo que con gran demagogia y poco rigor, pretenden
plantearnos todos los días, un año justo después de hablar de 600/625.000
toneladas en el Parlamento andaluz.
Porque, señorías, en el Parlamento andaluz --y aquí está, fechado
precisamente hace un año-- se pedía para España entre 600.000 y 625.000
toneladas. Esta es la realidad. Dicho lo cual, para España es inaceptable
la cantidad que nos ha sido asignada. Dicho todo lo cual, España está
luchando y va a luchar para aumentar la cantidad que nos ha sido
asignada, porque esa cantidad se basa en estadísticas. Señorías, insisto,
las estadísticas dan la cantidad que nos han dado, no dan otra distinta,
dan la que nos han asignado, y lo que tenemos que hacer es el difícil
ejercicio de conseguir que, frente a las estadísticas, utilizando una
palabra coloquial digamos que a capón, a ojo de buen cubero, nos den un
tanto más, porque salvo que se hagan unas estadísticas distintas, que
cambiemos los años y cojamos unos años de otra manera, es muy difícil
ajustar unos aumentos; desde luego, el aumento del millón yo lo veo
imposible. Veo posible aumentar, con las estadísticas en la mano,
exigiendo lo que es la realidad del sector productivo español, y aumentar
de manera sensible lo que es nuestra realidad asignada y nuestra cantidad
máxima garantizada; veo posible justificar que cuando a España se le
están asignando 625.000 toneladas, a Italia 500.000 y a Grecia 389.000,
se está infravalorando la realidad productiva española, que está muy por
encima del 40 por ciento, pero lo que no veo posible en ningún caso es,
con un mínimo de rigor, pedir un millón de toneladas, porque no es
cierto, señorías, porque esa no es la media de la producción española.
Eso es lo que yo quiero decir. Cuando hablamos hay que hacerlo con un
mínimo de rigor, y yo les digo que cojan las estadísticas, incluso las
estadísticas que contemplan el año actual. Saben SS. SS., a nada que se
ocupen del sector del olivar, que estas dos últimas cosechas han sido muy
buenas, han sido muy buenas no sólo porque nos ha llovido sino porque ha
cuajado muy bien la flor, porque no ha habido heladas, porque ha habido
unos años especiales con una buena primavera y un invierno muy suave que
han permitido unas producciones extraordinarias. Entonces, hablemos de
realidades. La primera que rechaza de plano las 625.000 toneladas soy yo,
pero entre rechazar de plano las 625.000 toneladas y pedir un millón, un
millón cien, o no sé qué, hay la distancia entre lo que es la sensatez,
la racionalidad, el sentido común y la responsabilidad de lo que es la
pura demagogia barata o el oportunismo. (Aplausos.)
Yo quiero que hagamos aquí en el Congreso un ejercicio de
responsabilidad. Señorías, hagamos un ejercicio de responsabilidad,
porque lo que voy a pedirles una vez más el respaldo y el apoyo para las
actuaciones del Gobierno de España, eso es lo que voy a hacer, puesto que
creo que desde la mayor unidad de todas las fuerzas políticas, de todas
las administraciones y de todas las fuerzas sociales es como mejor se
defiende al sector. Así pues, señorías, cuando hablemos de cifras,
tengamos un mínimo de rigor y sepamos que España, con el sistema actual,
nunca ha recibido más de 689.000 toneladas equivalentes, que recibirán
por la cosecha del año pasado, que fue extraordinaria y que este mismo
año, con más de un millón de toneladas de producción, va a recibir una
cantidad en toneladas equivalentes muy inferior, que seguramente va a
estar por debajo de las 650.000 toneladas equivalentes. Por lo tanto,
sepamos que estamos hablando de unas cuestiones en las que,
lamentablemente para algunos, las cifras les contradicen totalmente y yo
creo que les dejan con un margen absolutamente nulo.
Señorías, no se trata solamente del problema de la cantidad máxima y del
de la cantidad nacional. Nosotros, al hablar de la cantidad máxima
garantizada, entendemos que lo que hace falta es aumentar dicha cantidad
para el conjunto de la Unión Europea. No se trata de que se les quite
cantidad asignada a Italia, a Portugal o a Grecia, sino que lo que hay
que hacer es aumentar la cantidad máxima europea, porque, si se cogen las
estadísticas, se ve que desde hace un par de años, y ya se había dado con
anterioridad, en Europa se produce mucho más que ese 1.562.000 toneladas
que contempla la nueva propuesta de la OCM. Por lo tanto, lo que España
está solicitando es que se aumente la cantidad máxima garantizada del
conjunto de la Unión para dar cabida a lo que es una realidad productiva
española que, desde luego, está muy por encima de esas 625.000 toneladas
que nos han sido asignadas.
Señorías, no se trata sólo de la cantidad máxima garantizada ni de la
cantidad nacional garantizada, sino que hay otra serie de problemas muy
importantes, como los relacionados con el sector de la aceituna de mesa.
Yo sé que a algunos no les importa la aceituna de mesa, incluso parece
que les molesta, y el otro día además en el Parlamento andaluz votaron en
contra de una propuesta apoyando la aceituna de mesa, pero ése es su
problema, ése es el problema del Partido Socialista, que tendrá que
explicar el porqué tiene esa teoría. Desde luego, al Gobierno le preocupa
y mucho la aceituna de mesa, porque son muchos los millones de jornales
que hay en torno a ella. Tenemos que defender la aceituna de mesa, que se
ve enfrentada a una doble competencia. La aceituna de mesa no tiene
ningún tipo de ayuda, ninguno, está compitiendo en los mercados
internacionales, ya que casi el 50 por ciento de nuestra producción se
dedica a la exportación, sin ningún tipo de ayuda, insisto, y con dos
problemas: uno, con la demanda de las ayudas y del precio de lo que es la
aceituna para almazara y, dos, con lo que es la aparición en los mercados
internacionales de otros productores de aceituna de mesa,
fundamentalmente Marruecos y Turquía. Y, o establecemos una una ayuda
específica para el sector de la aceituna de mesa, o, inevitablemente,
toda la aceituna de mesa pasará a convertirse en aceituna de almazara,
perdiéndose, además, un cultivo muy social, porque, como saben
SS. SS., la aceituna de mesa se recoge por el sistema de ordeño, es
decir, a mano una por una, lo cual implica una gran absorción de mano de
obra, como he señalado, con un número en torno a los siete u ocho
millones de jornales, y esto es algo muy importante. Por lo tanto,
señorías, para la delegación española es importantísimo contemplar la
aceituna de mesa. También es muy importante mantener el sistema de
intervención, que es el que garantiza unos niveles de precios. Es verdad
que con un sistema de almacenamiento privado se puede ayudar a mantener
en un momento dado una situación de mercado, pero todos sabemos que la
garantía real te la da el precio de intervención. Todos sabemos que,
además, el aceite, por mucho que hayamos tenido en España dos años de una
cosecha extraordinaria, es un producto vecero y algunas de SS. SS. saben
muy bien que, por ejemplo, las últimas heladas de esta Semana Santa van a
tener efectos en la próxima cosecha. Por tanto, tenemos que saber que el
sistema de intervención no es sólo para garantizar el precio a los
propios productores --que es importantísimo--, sino que es también una
manera --y muy necesaria-- de garantizar una estabilidad a los mercados y
evitar que haya un comportamiento en dientes de sierra. Les recuerdo que
hace tan sólo tres años el aceite valía más del doble de los precios que
tiene en este momento.
Siguiente cuestión: prohibición de mezclas. Señorías, el aceite de oliva
es un producto de calidad. Nosotros no podemos permitir que se sigan
autorizando las mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales,
como se permite en algunos países, para empezar, de la Unión Europea.
Para nosotros, ese es un elemento básico por cuanto es una defensa del
consumidor y del propio productor de cara a evitar tráficos con este tipo
de cuestiones.
En esta situación, les tengo que decir que las gestiones que se han
hecho, se las he contado; las conocían SS. SS., pero las he vuelto a
reiterar. Se ha conseguido evitar un primer documento, que suponía la
ayuda al árbol y 125.000 millones de pesetas para el sector, y estamos
hablando de un documento que mantiene la ayuda a la producción real y que
ya habla de 150.000 millones de pesetas para el sector. Hemos hecho
gestiones con distintos países, con los países productores y con lo
productores, y en este momento todo el mundo en la Unión Europea sabe que
el sector del aceite es un sector importantísimo para los intereses
españoles.
Señorías, dentro de estas modificaciones que queremos conseguir en el
sector del aceite, hay posturas que importan tanto a los otros países
productores como a España. La aceituna de mesa tiene una importancia
capital para Grecia y también para Italia; menor para Portugal o para
Francia, pero para Grecia y para Italia tiene tanta importancia como para
España. El sistema de intervención tiene al menos tanta importancia para
Grecia, para Portugal y para Italia como para nosotros, si no más, porque
nosotros tenemos el patrimonio comunal olivarero, que en un momento dado
puede ser utilizado como instrumento de regulación del mercado, mediante
el almacenamiento, y del que no dispone ningún otro país productor. Si
hablamos de la prohibición de mezcla, lo mismo puedo decir. Ahora, es
obvio que quien ha padecido la sequía ha sido España. Por lo tanto, las
estadísticas, a quien perjudican es a España. Los otros países no han
tenido ese problema de sequía, por lo tanto, no tienen ese problema de
estadísticas. Eso es obvio, señorías. ¿Quiere eso decir que España está
sola, como hay alguna gente que parece que le da enorme satisfacción
hacer ese tipo de comentarios? No quiere decir eso, señorías. El que
España tenga ese problema, de manera diferenciada del resto, no quiere
decir que esté sola ni mucho menos. España en absoluto está sola en este
debate. Tiene una serie de intereses comunes con los otros países
productores, como he señalado. Tiene un problema específico como es el de
la cantidad, como he dicho, que obedece a una situación específica,
única, nuestra, que es el problema de nuestra sequía. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Dentro de la
clasificación meteorológica de esos tres años que cogen para media, sólo
nosotros tenemos dos que son considerados muy secos y uno, seco. Nada más
que nosotros, ellos no han tenido ese problema. Eso es verdad, pero eso
no quiere decir, en absoluto, que España esté sola. Lo que es lamentable
es que a veces haya algunos que parece que lo que quieren es que esté
sola y, para empezar a conseguirlo, quieren retirarse, apartarse, ponerse
enfrente de lo que es el Gobierno, que es quien tiene las
responsabilidades de negociación en Bruselas. Realmente, eso es lo que a
mí me parece lamentable y lo siento profundamente.
Señorías, se está trabajando --insisto-- para hacer esas modificaciones
de mejora de común acuerdo con los otros países productores y para
solucionar nuestro propio problema, nuestro problema específico de
sequía, que es la complicación de, contra unas estadísticas que dan unos
resultados, conseguir otras distintas cogiendo unos determinados períodos
de años o sencillamente haciendo valer la producción de estos dos últimos
años diferentes para que nos den una ayuda suplementaria por la sequía.
Las razones por las cuales la realidad productiva no irrumpe en España
hasta la campaña pasada son varias. Es verdad que en parte es por las
nuevas plantaciones, pero sólo en parte; en gran medida es por la mejora
de las técnicas de cultivo dentro de los olivares tradicionales. Cuando
sus señorías se pasean por muchos de nuestros campos de olivos pueden ver
que se ha instalado el riego por goteo en unos olivos centenarios. Eso
son mejoras; también lo son la mejor utilización de los fitosanitarios,
la mejor lucha contra las plagas como la de la mosca, los mejores
sistemas de abonos, el mejor tratamiento, las mejores podas. Todas estas
cosas han mejorado la capacidad
productiva de nuestro olivar tradicional, además de la incorporación de
nuevas plantaciones que a pesar de todo nos mantienen lejos de lo que era
nuestra superficie hace no tanto para un olivo, sólo 30 años, en los que
estábamos hablando de casi 100.000 hectáreas más de las que tenemos
ahora.
Señorías, hay que luchar para conseguir todas esas mejoras que han sido
enmascaradas por una sequía prolongada y yo me temo que por unas
prácticas de algunos de nuestros cultivadores que no eran las mejores
como, por ejemplo, vender las aceitunas en el árbol sin cobrar la ayuda
como otros países de la Unión Europea --y tengo pruebas de ello-- porque
allí pagaban la ayuda plena y en España todavía no --estoy hablando del
largo período transitorio--, con lo cual parte de nuestra producción no
se reflejaba durante muchos años en nuestras estadísticas sino en otras
estadísticas. (Rumores.) Una vez más tenemos que conseguir convencer de
que por problemas de mejora de cultivo, por realidades de nuevas
plantaciones, pero también porque hemos recuperado una situación
climatológica favorable, la producción española es muy superior a la que
nos otorga la media estricta aplicada en ese período, en el que insisto
sólo hay un año muy húmedo, que es la última campaña, que se elimina por
el método utilizado, lo mismo que el año más seco, que era el más
perjudicial. En eso estamos trabajando, en eso vamos a trabajar,
convencidos de que vamos a conseguir, como a lo largo de este tiempo,
nuevas mejoras. Insisto, señorías, en que durante estos dos años se han
conseguido mejoras sustanciales, hemos ido avanzando sistemáticamente y
en estos meses que nos quedan de negociación en el seno del Consejo de
Ministros vamos a seguir avanzando. Lo único que pido es un poco de
responsabilidad al hablar de cifras, un poco de responsabilidad al hablar
de objetivos, un poco de responsabilidad al dar un respaldo a quien tiene
que negociar en Bruselas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): En primer lugar van a
intervenir los grupos solicitantes de la comparecencia, el Grupo Federal
de Izquierda Unida y el Grupo Mixto, y luego los demás grupos que deseen
fijar posición en el debate, de mayor a menor.
El señor Centella, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna
un tanto sorprendido por la intervención de la ministra y con toda
sinceridad tengo que manifestar que en algunos momentos he llegado a
sentir la sensación de que el Gobierno venía a este debate a tomarle el
pelo a esta Cámara. Lo digo con toda rotundidad porque venir aquí a estas
alturas a explicarnos las diferencias entre la aceituna hojiblanca y la
aceituna picuda es una verdadera tomadura de pelo. Es posible que a la
ministra se le hayan trastocado los papeles y lo que nos haya leído sea
parte de una intervención que tenía preparada para una conferencia en
algún centro escolar o en algún otro sitio. Con toda sinceridad creo que
ha sobrado toda esa explicación que, repito, en esta Cámara a estas
alturas suena a tomadura de pelo, máxime cuando lo que se le pedía a la
ministra era que compareciese para explicarnos su estrategia en la
defensa del futuro de nuestro olivar. (El señor Isasi Gómez: ¡Al asunto!)
No se preocupe que ya llegaremos.
Señorías, cuando Izquierda Unida solicitó la comparecencia del presidente
del Gobierno para debatir la situación de la reforma de la OCM del aceite
de oliva lo hicimos, como tantas otras veces, para brindar la oportunidad
de fortalecer la postura de nuestro país. Sin embargo, el presidente del
Gobierno no ha querido aparecer en este debate. El .presidente del
Gobierno no solamente ha despreciado a esta Cámara sino, lo que es más
grave, ha despreciado, ha dado la espalda a uno de los principales
problemas que tiene ahora nuestro país. En estos momentos difíciles en
los que no podemos quedarnos en simples declaraciones de principios, en
estos momentos en los que entendemos que ha llegado la hora del
compromiso concreto, el presidente no puede obviar el debate, no puede
dar la espalda, sino que tiene que asumir personalmente la importancia
del problema que tratamos. Con esta actitud, señorías, no es este debate
el que se devalúa, es el presidente del Gobierno el que sale devaluado;
un presidente que demuestra que no quiere asumir responsabilidades, un
presidente que se esconde detrás de su ministra de Agricultura, como
también se escondió durante la visita del comisario Fischler hace un año;
un presidente que no ha querido desvelarnos su estrategia negociadora
porque, como ha quedado en evidencia, no la ha tenido. Señorías,
rechazando el presidente del Gobierno protagonizar el debate de hoy ha
evidenciado claramente cuáles son sus intereses, cuáles son sus
prioridades. Ha dejado bien claro el presidente del Gobierno que no asume
la defensa del futuro del olivar como un problema de Estado, ha tratado
--como se dice en nuestra tierra-- de escurrir el bulto, pero lo que
ha conseguido es que quede todavía más en evidencia su silencio, que
quede más en evidencia su despreocupación por este tema.
Señorías, afrontamos este debate con decepción por la postura de un
presidente que hoy ha demostrado que no es el que se merece este país,
pero también lo afrontamos con indignación porque vemos que existe
cinismo político en quienes llevan meses diciendo que situaban entre sus
prioridades la defensa del olivar pero, a la hora de la verdad, se
esconden más preocupados por proteger su imagen personal que por defender
los intereses de nuestra tierra. Con toda sinceridad, apostamos por el
éxito de este debate como lo hemos hecho cada vez que hemos traído a esta
Cámara la reforma
de la OCM del aceite de oliva, y lo hacemos porque sabemos muy bien lo
que nos jugamos, porque sabemos muy bien que serán los más débiles
quienes perderán si al final triunfa el proyecto de reforma que en estos
momentos pretende imponer la Unión Europea. Por eso nos indigna aún más
contemplar el desprecio de un presidente del Gobierno que no se
compromete, que no es capaz de plantar cara desde esta tribuna a las
intenciones de la Unión Europea. Tenemos que denunciar --porque es
nuestra impresión y nuestra preocupación en estos momentos, todavía más
después de la intervención de la señora ministra-- que existen acuerdos
ocultos. Tenemos la impresión de que a estas alturas ya se ha vendido el
futuro de nuestro olivar. Tenemos la preocupación de que existen estos
acuerdos ocultos y, desde esta perspectiva, puede ser que el Gobierno
haya facilitado datos que a nuestro modo de ver son bajos. Solamente
desde esta situación entendemos que el presidente del Gobierno se esconda
y tenga que ser una vez más la ministra de Agricultura quien tenga que
asumir una responsabilidad que en este momento le debe corresponder al
presidente del Gobierno. Pero no se preocupen. Nuestro pueblo, nuestra
gente sabe esperar, sabe tomar nota y estén ustedes seguros de que en
próximas campañas, cuando el señor Aznar venga a pedir el voto por
nuestra tierra, desde todos los pueblos y ciudades le preguntarán por qué
no quiso participar en el debate sobre la postura de España frente a la
OCM del aceite de oliva.
Señorías, como decía, estamos en un momento decisivo para el futuro del
olivar --lo hemos repetido una y mil veces-- y la señora ministra nos ha
dado hoy una lección que yo creo que correspondía a otro foro pero que
representa la historia de las diferencias respecto del aceite de oliva.
Pero también tenemos que admitir que algo ha fallado. La ministra no
quiere reconocer que se ha quedado sola. La realidad es que solamente el
comisario portugués mostró sensibilidad hacia nuestra postura. Lo peor es
que no solamente existe un documento sino la petición del trámite de
urgencia, en lo que la propia ministra se quedó sola; una petición de
trámite de urgencia que sería la evidencia de que nuestro país se
encuentra en el más completo de los aislamientos en este debate. Esto lo
tendrán que explicar no solamente el Gobierno sino los comisarios
europeos, a los que se ha visto muy poco por tierras olivareras. Nosotros
tenemos que denunciar que el papel de los comisarios europeos ha sido
pobre, muy poco eficaz y muy poco activo. Solamente a última hora han
realizado lo que en nuestra tierra se llama una faena de aliño y han
intentado salvar en veinticuatro horas la cara de una postura muy poco
eficaz y sobre todo muy poco valiente. Estamos en una situación en la que
el fantasma que la señora ministra, hace una semana, decía que no existía
ha tomado cuerpo. Estamos ante ese fantasma que ya tiene forma de
documento, que ya tiene forma de acuerdo, y la realidad, por muchas
cifras que barajemos, es que al final los olivareros italianos pueden
recibir 258 pesetas por kilo que en cifras reales pueden llegar a más de
300, que los griegos pueden recibir 218 y que nuestros olivareros no van
a recibir más de 150 pesetas por kilo de aceite de oliva. (El señor
Madero Jarabo: No es verdad.)
Señorías, como he dicho, sabemos muy bien quién es el que va a perder si
al final no conseguimos frenar la reforma de la OCM del aceite de oliva.
Ya se ha dicho aquí que en el aire están 46 millones de jornales y 30.000
empleos fijos. Sabemos muy bien que aquí no van a perder los grandes
especuladores, aquí no van a perder los grandes propietarios; aquí
quienes van a perder son los que no tienen otra forma de vida que el
trabajo en el olivar, el trabajo en el aceite de oliva. Por eso la
pretendida reforma del olivar significa para España jugarse no solamente
un futuro económico sino la forma de vida de gran parte de su población.
La reforma va mucho más allá de una simple cantidad. La reforma elimina
esa red de seguridad que es el llamado precio de intervención y también
prohíbe la plantación de nuevos olivos en el territorio comunitario a
partir del 1 de mayo de 1980. De esta manera va a ser mucho mejor negocio
producir aceite de oliva en Italia y en Grecia que en España; o lo que lo
mismo, el olivar español va a ver muy mermada su capacidad para generar
riqueza, para generar empleo. Pero la reforma también tendrá
consecuencias como la subida del precio del aceite al consumidor, ya que
al desaparecer las ayudas al consumo, y mientras que se ha eliminado el
precio de intervención, lo normal es que caigan los precios en la
producción y aumenten los precios en el consumo, pues estamos ante un
sistema en el que la producción de aceite tiene unos dientes de sierra y
un año se puede producir más de lo que demanda la población y otro año,
al contrario, se puede producir menos. Por tanto, si se elimina el precio
de intervención, bajarán los precios en origen y subirán en el mercado.
Todo esto es más inexplicable cuando la Unión Europea es el mayor
productor de aceite de oliva del mundo. Nosotros solamente le encontramos
una explicación, y es que esa Europa, que con tanta euforia ustedes
ayudan a construir, en este momento tiene un gran interés en la
estabilidad del Magreb; estabilidad que no significa más que tranquilidad
para los países de la Unión Europea. Se va a intentar subvencionar a
Turquía, a Marruecos y a Túnez, que ya cuentan, como se ha dicho, con
planes que están incluso subvencionados por la propia Unión Europea, para
conseguir cierta estabilidad que dé tranquilidad a esta Europa que
ustedes están tratando de construir con tanta euforia.
Por todo esto, señorías, nosotros nos hemos comprometido con la lucha de
nuestro pueblo, con la lucha de un pueblo que sabe muy bien lo que se
juega. Por eso nos comprometemos y apoyamos con rotundidad la huelga
general que ya está convocada en las zonas
olivareras. Hoy es necesario repetir a ustedes, repetir al Gobierno y
repetir al Partido Popular que se equivocan si quieren jugar el papel de
reventar la huelga --ya se equivocaron cuando lo intentaron el 27 de
febrero de este año-- y que se equivocan si se sitúan enfrente del pueblo
que hoy tiene asumida la convocatoria de la huelga general. En estos
momentos la huelga general es un hecho como muestra de civismo; una
huelga general que no va contra nadie que no se sitúe enfrente de ella;
una huelga que va en favor, en defensa de nuestro olivar. Por eso, como
ya le dije el otro día, señora ministra, se equivoca y además es una
irresponsable cuando intenta dividir a la población, cuando intenta
insinuar que la huelga general sería contra la población a la que tantas
veces se le ha pedido la ayuda. Al contrario, es esa población que lleva
meses, que lleva tiempo apoyando al sector del olivar, la que tiene
derecho a ser protagonista en nuestra huelga general. Ya le dije el otro
día que usted ha viajado por Andalucía pero se ha enterado muy poco de lo
que piensa la gente. Y no podemos negar, ni ustedes ni nosotros, el
derecho a participar en esta huelga general a todos los trabajadores y
trabajadoras de Andalucía, a las amas de casa y a los estudiantes, que
llevan meses defendiendo el aceite de oliva no sólo como un medio de vida
sino como una cultura y una seña de identidad de nuestro pueblo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Centella, vaya
concluyendo, por favor.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Señora ministra, señores del Partido Popular, la huelga general ya está
convocada, la huelga general ya es un hecho, y a ustedes les queda en
este momento elegir situarse junto a su pueblo o frente a su pueblo, pero
tengan ustedes claro que este pueblo tiene memoria --ya se lo he dicho--
y ahora, igual que aquel 28 de febrero de 1980, sabrá recordar y poner a
cada uno en su sitio. Digo que la huelga general ya es inevitable porque
la situación merece una respuesta contundente a la Unión Europea, pero
también es inevitable la huelga general porque en estos momentos el
sector no se ve respaldado por un presidente del Gobierno que, como hoy
ha quedado claro, se niega a asumir que estamos ante una cuestión de
Estado. Por todo ello, repito, a pesar de esos intentos, la huelga
general, esa huelga general pacífica, solidaria del campo y de la ciudad,
solidaria de la industria y de la universidad, va a ser una realidad en
la que nuestro pueblo va a demostrar que tiene capacidad cívica y que
tiene la valentía, que no ha tenido hoy el presidente del Gobierno, para
plantar cara a la Unión Europea. Nosotros sabemos muy bien dónde vamos a
estar el día de la huelga general; vamos a estar con nuestro pueblo.
Ustedes quizás ese día estén contratando a falsos folklóricos, a gentes
venidas de fuera que repitan al pueblo: Andaluz, ésta no es tu huelga,
andaluz abstente. Quizás ustedes jueguen este papel que ya jugaron en
otra época y acaben siendo, al final, los más fieles aliados del
comisario Fischler y de los que quieren acabar con nuestro olivar. Es
evidente que ahora estamos en el momento de la verdad, donde no valen
cobardías y donde solamente vale luchar por la defensa del olivar. Aquí
estamos enfrentados los que queremos apostar por el futuro del olivar y
los que están dispuestos a sacrificar el mismo por intereses estratégicos
ajenos por completo a nuestra tierra. Nosotros sabemos por quiénes
optamos. Nosotros hemos optado por defender el olivar como fuente de
riqueza, por defender el olivar como fuente de empleo, como elemento de
política medioambiental; nosotros hemos optado por defender el olivar
como elemento de desarrollo rural y, en definitiva, por defender al
olivar como un instrumento de cohesión económica y social.
Usted, señora ministra, ya que el presidente no ha querido dar la cara y
se ha escondido una vez más, debería explicar aquí, porque no lo ha
hecho, para qué nos pide la unidad. Usted no puede venir aquí una y otra
vez a pedir unidad y no explicarnos para qué. Nosotros le pedimos que
explique --lo que no quiso hacer el otro día el presidente-- la
estrategia que va a seguir para evitar el aislamiento de nuestro país,
para evitar que al final se haga realidad el trámite de urgencia; su
estrategia para conseguir, en definitiva, una OCM del aceite de oliva que
sea beneficiosa para los intereses de nuestro país. Eso es lo que usted
hoy tenía que haber explicado en su más de hora y cuarto de intervención,
en lugar de habernos dado una lección magistral que estaba fuera de todo
lugar. En caso contrario, la conclusión que nosotros sacamos de este
debate es que usted ya ha vendido el futuro del olivar; la conclusión que
sacamos es que usted ya ha dado por perdida la batalla (Rumores.) y ha
vendido el futuro de nuestro olivar. En este caso, el comisario Fischler
y ustedes nos van a tener en contra, y no solamente a nosotros sino que
van a tener en contra a todo el pueblo andaluz, a todo el pueblo
extremeño, a todo el pueblo que vive del olivar, que le va a demostrar en
esa huelga general que no está dispuesto a ceder, por intereses ajenos a
nuestra tierra, ni a sus pretensiones ni a las de la Unión Europea.
(Rumores.)
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Centella.
También como proponente de la comparecencia y en nombre del Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. Quiero hacerle
constar que voy a repartir el turno con la compañera del Grupo Mixto,
Mercé Rivadulla,
para fijar la posición de nuestro grupo respecto al tema que hoy nos
ocupa.
Señora ministra, gracias por la importante documentación que nos ha
aportado, aunque creo que se podía haber ahorrado una parte del discurso
si nos hubiera remitido un anuario estadístico actualizado de muchos de
los temas que ha apuntado en la extensa primera parte de su intervención.
Voy a obviar esas cuestiones estadísticas de producción, de hectáreas
dedicadas al cultivo del aceite, de exportaciones, de salud, de dieta
mediterránea, el informe de las cualidades positivas para la salud del
aceite, etcétera, incluso algunas cuestiones en las que coincido
plenamente con usted y que han llegado al final de su discurso como es la
importancia que tiene el sector del aceite, la realidad social, económica
y medioambiental que este sector tiene en gran parte de las comunidades
del Estado español, sobre todo en Andalucía y Extremadura, pero también
en comunidades como la valenciana en que, aunque en menor medida, también
tiene su importancia la producción agraria total de este sector tan
estratégico y fundamental para el conjunto de la economía y de la
agricultura española. Quisiera hablar un poco de lo que es la realidad de
este sector en el conjunto de los nuevos aires que se mueven en la
reforma de la política agrícola comunitaria en el seno de la Unión
Europea.
Vaya por delante, en primer lugar, que ese apoyo que usted ha solicitado
siempre lo ha tenido de Unió Valenciana en esta cuestión y en el conjunto
de las cuestiones agrarias, aunque hayamos puesto encima de la mesa
algunos puntos de discrepancia fuerte, incluso de disconformidad en
algunos de los planteamientos o de la manera en que usted los ha enfocado
en la negociación ante la Unión Europea. Ya manifestó la propia consejera
de Agricultura, en la reunión que usted ha mencionado de Valencia, que
hace falta esa actuación conjunta, ese lobby no sólo en defensa del
aceite español sino del conjunto de la agricultura mediterránea, que
usted sabe que es la que está en juego. En el documento de la Agenda 2000
está en juego no sólo el aceite, que es uno de los capítulos de ese libro
tan amplio, sino la agricultura mediterránea en su conjunto, por las
decisiones que se están tomando. Después del informe Jové aprobado en el
Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 1997, tres meses después, el 18
de marzo de 1998 se dio un paso adelante en la Comisión respecto a la
Agenda 2000 que nosotros pensamos que tenemos que parar. Para ello espero
que haya sido para lo que ha pedido unión, no para defender el olivar
español en su conjunto, que es muy importante, sino para parar ese
documento de Agenda 2000 que parece que va a significar un ataque frontal
a la agricultura mediterránea.
Si hablamos de aceite creo que habría que comentar alguna cuestión, como
usted bien conoce, del sector del aceite valenciano que, dentro de esa
pequeña porción que significa en el conjunto del Estado, va a ser uno de
los perjudicados por el régimen de ayudas, como ha comentado algún
portavoz. Mientras otros países de la Unión Europea con este nuevo
sistema de ayudas van a recibir hasta 240 pesetas por kilo por las
decisiones de Bruselas, un agricultor valenciano o un agricultor español
dedicado al aceite va a recibir poco más de 145 pesetas por kilo. Ese
dato está ahí, pero creo que es importante hablar del aceite respecto a
lo que usted ha dejado caer un poco de refilón, el tema de Italia. Usted
ha reconocido que Italia sale ganando y ha dicho que para compensar
algunas cuestiones que en materia agrícola no había salido tan
beneficiada en los últimos años. Yo creo que Italia nunca ha salido
perjudicada en ninguna cuestión agrícola cuando la decisión se ha tomado
en la Unión Europea. Pero si respecto del aceite sale ganando Italia, sus
intereses se han reconocido y se contempla su producción por compensar
alguna pérdida anterior, nosotros nos preguntamos cuándo se va a
compensar a los productos agrarios españoles, a los productos agrarios
mediterráneos como fruta, vino, tabaco y aceite. Hay muchas cuestiones
por las que nos deberían compensar por los largos, tortuosos y
sacrificados períodos transitorios, etcétera. Nosotros pensamos que ya es
hora de que la agricultura mediterránea sea considerada en el seno de la
Unión Europea. Las decisiones parece que están tomadas y esa euroeuforia
en materia económica que está en la calle, sobre todo en su Gobierno, que
así lo ha hecho correr por todo el Estado español, creo que es
euroescepticismo en lo que afecta a cuestiones agrarias. En lo económico
vamos a ser muy pronto europeos, pero en lo agrario no somos tan europeos
porque la Agenda 2000 puede ser la puntilla definitiva a la agricultura
mediterránea, incluido por supuesto el tema que hoy nos ocupa.
Estamos un poco aislados. No vamos a poder ejercer el derecho de veto,
tampoco el de bloqueo porque a Italia la han compensado, Grecia no sale
mal parada y Portugal tampoco. Estamos dispuestos a seguir haciendo ese
frente común en defensa de la agricultura mediterránea en su conjunto,
que puede ser hipotecada con este documento de la Agenda 2000 que, como
muy bien su título dice, es por una unión más fuerte y más amplia, pero
le falta un subtítulo que podía ser para dar la puntilla definitiva a la
agricultura mediterránea. Lo que sí le quiero transmitir a usted como
ministra, para que se lo traslade al jefe del ejecutivo español que hoy
no está aquí en una cuestión tan importante, es que intente mediar ante
las grandes instancias de la Unión Europea, ante el propio presidente de
la Comisión Europea para que, mediante una gestión directa, bloquee
definitivamente o cambie sustancialmente este documento de la Agenda 2000
porque la agricultura mediterránea sale muy mal parada en cuanto a sus
productos básicos --aceite, frutas y hortalizas-- por la financiación que
se le va a dar. Mientras
los productos continentales tienen apoyo total y absoluto al cien por
cien, los típicos productos agrarios mediterráneos, los producidos en
concreto en la Comunidad Valenciana van a salir mal parados por un
documento que va totalmente en su contra. Por tanto, le pido a usted como
ministra y a su presidente que haga esa gestión directa porque este
documento no puede salir aprobado como tal, ya que no sólo será la
batalla del vino la que se perderá, se perderán otras batallas en la
agricultura mediterránea, y al final se conseguirá acabar definitivamente
con la agricultura mediterránea. Le pido firmeza, contundencia, porque el
apoyo lo tiene, pero empléelo con firmeza ante la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, creo francamente que en su intervención de hoy no ha
estado muy acertada. Me parece que no le han aconsejado bien los que le
han dicho que viniese hoy con el uniforme de bombera echando aguas para
una temperatura tan elevada. No ha sido este el discurso que esperábamos
hoy. Hemos tenido ocasión de debatir mucho sobre el aceite de oliva. Todo
el mundo tiene estos datos, los hemos visto en Comisión y en Pleno, y
creo que hoy lo que se estaba esperando aquí, señora ministra, era que
usted nos dijera qué acciones va a emprender para salir de este
atolladero. Nos hubiese gustado que usted nos dijera que ya tiene los
datos preparados, que tiene un informe exhaustivo para presentar a la
Comisión para el Consejo de Ministros sobre el número de hectáreas que
efectivamente tiene nuestro país, la producción real, las hectáreas que
se han puesto en regadío y los olivos se están regando en la actualidad,
y decidir de una vez por todas el número de olivos que tenemos en nuestro
país. Nosotros decimos que hay 230 millones cuando la Unión Europea está
diciendo que tenemos solamente 166 millones.
Señora ministra, yo creo que lo primero que debería hacer su gobierno
(comparto las opiniones de los compañeros que me han precedido, creo que
es un tema que se sale del ámbito competencial de un solo departamento
ministerial y tiene que ser del conjunto del Gobierno-- es hacerle
evidente a la Unión Europea que se están incumpliendo todos los acuerdos
del Consejo jumbo, que se está modificando una OCM de un país
mediterráneo sin tener en cuenta lo que se había comprometido la Unión
Europea de mantener los mismos principios que propiciaron las otras
reformas y, sobre todo, señora ministra, creo que hay que decir que con
este presupuesto no podemos hacerlo. Por mucho que se quite la ayuda al
consumo, por mucho que se quite la ayuda a los pequeños productores a
tanto alzado, manteniendo un presupuesto no neutro sino descendente, no
podremos hacer frente a un incremento de producciones que, como usted ha
evidenciado a través de los datos que ha dado, si hemos pasado de 544.000
a 1.000.000, que son las que se van a producir, y aún no están en
producción las nuevas plantaciones, no se puede hacer, como ya dije en
Comisión, la cuadratura del círculo. Es de auténtico escándalo que en el
colegio de comisarios y en el Consejo de Ministros no se vea la flagrante
discriminación que hay en cuanto a los productos mediterráneos. Cómo
puede ser que los productos continentales pasen de cuatro billones 80.000
millones en el año 2.000, a cinco billones 330.000 millones en el año
2.006, cuando los productos mediterráneos van a pasar de un billón 24.000
millones, a un billón 16.000 millones, lo que no significa un incremento
sino que decrece, y si tenemos en cuenta la inflación, decrece mucho. Lo
primero que hay que decir es que no estamos con la línea financiera. Con
este presupuesto ya nos podemos poner boca abajo, que no vamos a poder
hacer absolutamente nada.
Por otra parte, señora ministra, cuando en los nuevos reglamentos
comunitarios están introduciendo el concepto de modulación, y además el
artículo 4º del reglamento a que me estoy refiriendo, dice que los
estados miembros podrán modular cuando el empleo de mano de obra no
alcance los límites fijados por los propios estados miembros, si vemos
que esta reforma va a incidir sobre 46 millones de jornales, y si dice
que el ahorro que van a tener estos estados miembros cuando reduzcan las
ayudas, porque no generan empleo, vayan a medidas agroambientales, ¿cómo
puede ser que haya tal incoherencia y tal contradicción en la política
comunitaria y no se ve que esta reforma va a tener graves repercusiones
medioambientales? Esta reforma entra en clara contradicción con el
reglamento que está proponiendo la Comisión Europea en la Agenda 2000. Es
una cosa absolutamente evidente.
No me voy a extender más sobre estas cuestiones porque las hemos tratado
muchísimo, pero quiero decir que tal como se está produciendo esta
reforma ayuda muy poco a aquellos ciudadanos y ciudadanas de Europa que
estamos por más Europa, que queremos una Europa mejor, que queremos que
Europa se forme bajo parámetros de más democracia y más participación. El
Parlamento Europeo emite un informe con el que todos estamos de acuerdo,
y aquí se personifica en un comisario que no le faltaba más que venir con
cuernos y rabo. La personificación que se ha hecho del comisario Fischler
es tremebunda. Aunque ese señor no es sólo ese señor, son todos los
intereses que están funcionando, pero la forma ha sido tremenda.
Como conclusión, señora ministra, a usted y a su Gobierno les corresponde
rehacer el frente de los países mediterráneos. Italia ha salido
beneficiada con el aceite. Muy bien. No ha tenido sequía y aumentan
ciento y pico mil toneladas. Pero Italia ha de tener en cuenta que hay un
paquete que es la Agenda 2000 en la que nos jugamos todos los productos
mediterráneos, nos jugamos fondos estructurales y de cohesión muy
importantes, y estamos todos en el mismo barco.
A usted y a su Gobierno les corresponde parar esta reforma. No podemos
hacer esta reforma hasta que no tengamos los datos en la mano, a lo que
el propio Gobierno se comprometió. A usted le corresponde también, señora
ministra, recomponer el frente interno. Usted no puede decir que la
huelga general no va a ser beneficiosa. Las organizaciones profesionales
agrarias tienen derecho a convocar una huelga general, porque lo que es
malo para el sector del olivar va a ser malo también para los otros
sectores sociales que viven fundamentalmente en las zonas rurales y viven
de la solución que se dé al problema del olivar.
Por otra parte, señora ministra, ha acertado cuando ha dicho que, aparte
de las ayudas comunitarias, tenemos un gran potencial. Yo creo en ello.
Soy de Lleida y tenemos una zona estupenda para producir aceite que es
Les Garrigues. Hay aquí compañeros diputados que supongo ya tienen en su
casa el aceite del año. Es una fiesta cada año cuando llega el nuevo
aceite, la gente comienza a valorar que es un producto de gran calidad y
tenemos mucha potencialidad; pero si nuestros aceites salen con una ayuda
de 149 pesetas por kilo, e Italia sale con 258 pesetas, por mucho que
queramos competir, será difícil. Por tanto, señora ministra, a usted le
corresponde también ir preparando ya políticas de modulación, porque si
esta OCM no sale como tiene que salir, no puede ser que una cantidad
máxima garantizada que va a ser insuficiente, vaya a parar a
explotaciones especulativas que nada tienen que ver con las zonas
tradicionales de cultivo y harán que se tengan que reducir forzosamente
aquellas cantidades garantizadas a los agricultores profesionales, a las
explotaciones familiares agrarias y a aquellas explotaciones que tienen
en cuenta parámetros de calidad y de empleo.
Por tanto, señora ministra, tiene usted mucho trabajo. Yo le aliento a
que continúe con fuerzas, le aliento a que no rompa el frente interno y
le aliento, sobre todo, a que reconstruya y recomponga el frente
mediterráneo, que nos va a hacer mucha falta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rivadulla.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra, en primer lugar quiero
agradecerle la lección magistral que nos ha leído sobre el aceite, tanto
en su versión histórico-literaria como en su versión estadística.
Me va a permitir que vaya directamente a la situación en que se encuentra
actualmente la reforma de esta OCM. Señora ministra, lo que está
ocurriendo con esta reforma es la crónica de un despropósito anunciado.
Usted ha fracasado en este proceso de negociación y ha llevado al aceite
de oliva a una situación insostenible social y políticamente.
(Rumores.--Un señor diputado ¡Qué barbaridad!) Usted no puede ser una
española más que ingenuamente se suma a las manifestaciones; usted es la
responsable de resolver este problema, y su gran irresponsabilidad ha
sido en vez de negociar, hacer folklore, y eso en política se paga, en la
Unión Europea más, y además lo van a pagar miles de ciudadanos, que en
zonas rurales de comunidades autónomas de España, la única alternativa
que tienen es el aceite de oliva. Ese es el problema, señora ministra. Su
política de gestos, su torpeza en la negociación enfrentándose a todo y a
todos nos ha llevado a esta situación y podemos afirmar en este punto y
momento que los intereses de España están fuera de la propuesta de
reforma que le recuerdo han aprobado 17 sobre 20 comisarios del colegio
de la Unión Europea. Es insoportable políticamente la manera en que usted
ha dilapidado el capital político que ha tenido. Jamás un Gobierno ha
tenido más apoyo en un tema sectorial como éste. (Rumores y
protestas.--El señor Madero Jarabo: Ni una vez han votado a favor.--El
señor Pascual Monzó pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor. Señor
Pascual, silencio, por favor.
El señor PLIEGO CUBERO: No perderé el hilo conductor del discurso, a
pesar de las voces del grupo.
Señora ministra, miles de hectáreas de olivar tradicional, miles de
familias, miles de pequeños y medianos agricultores y decenas de pueblos
tienen su futuro seriamente amenazado por la nefasta negociación que
usted está haciendo en Europa. Yo no sé si a usted le supone alguna
reflexión personal. ¿A usted le dice algo que desde todos los sectores
estén criticando la nefasta negociación y pidiendo que el presidente del
Gobierno se haga cargo de ella para intentar salvar algo los muebles?
(Rumores.) Le voy a leer brevemente un trocito del editorial de un diario
poco proclive al filosocialismo, de ABC, que dice lo siguiente: Cuando la
política no se entiende como el arte de hacer posible lo necesario,
cuando se recurre al populismo encabezando manifestaciones y repartiendo
mercancías en las plazas mayores, cuando se trata de desviar hacia
terceros reivindicaciones
que van dirigidas a uno mismo, se intenta ocultar cierta pobreza, ya de
recursos argumentales, ya de bagajes dialécticos. Esto lo dice el ABC,
que insisto, desconfío de sus tendencias prosocialistas en este tema. (El
señor Madero Jarabo: Se refiere a Chaves.) Señora ministra, ha hecho
usted un discurso donde dice que se ha avanzado en bastantes cuestiones
positivas en estas propuestas que hay sobre la mesa. Le haré algunas
preguntas. ¿Que se suprima la intervención pública es un avance positivo
por el efecto que va a tener en los precios? (Rumores.) ¿Que se supriman
las ayudas al consumo es un avance positivo? ¿Que no se prohíban las
mezclas es un avance positivo? Que no haya aumento de las fichas
financieras, que era un elemento clave del documento Jové y de los
acuerdos de la Mesa del Aceite --se pedía aumento de la cantidad máxima
garantizada, le recuerdo, con la dotación presupuestaria
correspondiente-- ¿le parece un elemento positivo? ¿Que se dividan las
ayudas por países y a los cuatro países productores les den el 100 por
cien y a España el 65 por ciento es un avance positivo? ¿Que un kilo de
aceite producido en España vaya a cobrar gracias a su gestión si así se
ultima 150 pesetas, mientras el aceite del resto de los países
productores va a estar en torno a 250 lo considera un avance positivo?
Señora ministra, usted ha seguido y está siguiendo una estrategia
equivocada tipo Mambrú se fue a la guerra; sigue usted instalada en su
misma dialéctica; sirva como ejemplo la última reunión del Consejo de
Ministros, el día 31 de marzo, donde a usted le cuelan un gol para que el
dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reforma se haga por
la vía de urgencia, y al día siguiente, el 1º de abril (el 1º de abril,
después de la reunión del Consejo de Ministros; no antes sino después, el
1º de abril), sólo se le ocurre mandar una carta al ministro de
Agricultura inglés, donde protesta, sobre todo --dice--, porque no se ha
metido en esa vía de urgencia el resto de los temas de la Agenda 2000 y
sí el aceite.
Señora ministra, en abril de 1997, en una visita de Fischler a España,
con los consejeros de las autonomías afectadas, usted le pidió que ligara
a la Agenda 2000 el aceite de oliva; en octubre de 1997 dijo que había
que desvincularlo porque era negativo para los intereses de España; en
abril de 1998 dice que hay que ligarlo. Es que usted varía de posición
por trimestres, señora, ministra, varía con carácter trimestral en un
tema muy importante, y con esa postura errática no se puede llegar a
ningún sitio.
Señora ministra, si la reforma del aceite de oliva se va a hacer de
manera provisional para tres años, creemos que en este punto y momento no
hay ninguna razón para aprobar estas reformas provisionales que afectan a
la naturaleza definitiva de la OCM y que no van a tener recorrido ni
vuelta atrás dentro de tres años; en términos económicos --eso lo sabe
usted mejor que yo, como mínimo--, no hay razón política alguna para
optar por esa vía, salvo que los intereses de España estén dentro de la
reforma.
Le quiero dejar claro cuál es la posición del Grupo Parlamentario
Socialista. Sólo sería aceptable una reforma si no se acepta el cupo por
países y se aumenta la cantidad máxima garantizada. Señora ministra,
hablaba usted de un acuerdo en el Parlamento andaluz de 1.550.000
toneladas, ¡y en el Congreso de los Diputados, porque ésa fue la cifra
que, en mayo de 1996, apoyó la Mesa del Aceite! ¿Usted sabe que en el
informe Jové, que usted defiende y que se aprobó en el Parlamento Europeo
en diciembre de 1997, esa cifra estaba aumentada a 1.800.000 toneladas,
señora ministra, la ha apoyado usted su grupo parlamentario y el nuestro?
¿Qué tipo de argumento utiliza usted?
Además, hay algo grave. Usted tiene neurosis obsesiva con la Junta de
Andalucía. Le voy a decir una cosa. Ha dicho que hace unos días el
Parlamento andaluz aprobó una proposición en la que el Grupo
Parlamentario Socialista votó en contra de ayudas a la aceituna de mesa.
Lamento tener que decírselo así, señora ministra, pero está mintiendo en
el Congreso. (Rumores y protestas.) Eso es rotundamente falso. Lo que se
aprobó, señora ministra, por mayoría absoluta con los votos del PSOE, de
Izquierda Unida y del Partido Andalucista, es una proposición de los tres
grupos para que las ayudas a la aceituna de mesa estén dentro de la OCM
del aceite de oliva. El PP, en su legítimo derecho, planteó que tuviera
una ayuda específica al margen y fue votada en contra por la mayoría
absoluta de la Cámara. Usted, como ministra del Gobierno de España, puede
hacer las apreciaciones políticas que estime oportunas pero no puede
mentir; usted está obligada a decir la verdad, y luego opine al respecto.
(Aplausos.)
En segundo lugar, de ninguna manera es aceptable la supresión de la
intervención, porque el efecto sobre los precios sería calamitoso. Ese es
un punto clave que compartimos, señora ministra. Los precios están por
debajo de las 300 pesetas y en caída; si se suprime la intervención esa
caída, al desaparecer al red, posiblemente no tenga tope por abajo; pero
no se equivoque, el problema no es que el patrimonio comunal olivarero
tenga almacenes para poner el aceite en almacenamientos privados, esto ya
va de suyo, el problema es si no hay donde llevar el aceite a un precio
de referencia en un mercado que controlan cuatro, en el que venden 4.000
y el precio lo controlan cuatro, señora ministra. No es cuestión de
depósitos de almacenamiento, es cuestión de control del mercado de los
precios que varía con criterios no de mercado, como cuando hace un año o
dos se puso a 700 pesetas y ahora está por debajo de las 300. Por tanto,
no confunda usted el tema. (Rumores.) En tercer lugar, señora ministra,
sobre las ayudas a la aceituna de mesa, podemos discutir si están dentro
de la OCM, que es lo que nosotros defendemos. Voy a
presentar una petición de comparecencia en la Comisión y podremos ir
avanzando si como espero no tarda usted tanto como con la última que le
hice, que fue en julio de 1997 y la hemos celebrado el día 7 de abril, en
Semana Santa de 1998.
En cualquier caso, señora ministra --y voy finalizando--, en términos
políticos creemos que las única salida es que el presidente del Gobierno
se haga cargo de esta negociación; que ponga sobre la mesa todos los
instrumentos políticos necesarios para conseguir dos cosas: que esta
reforma no salga adelante en los términos planteamos, o que los intereses
de España que acabo de explicitarle queden íntegramente dentro de la
propuesta de reforma. Desde todos los sectores, señora ministra, le están
pidiendo que se haga cargo de esto el presidente del Gobierno. Reflexione
usted, a ver cuál es la causa. Nosotros no convocamos huelga general, la
vamos a apoyar (Rumores.) porque creemos que la situación es de
extraordinaria dificultad; vamos a apoyar la huelga general y los paros
que convoca el sector progresista de la Mesa del Aceite. (Continúan los
rumores.)
Señora ministra, le voy a decir dos cosas para terminar. Si usted está
preparando el escenario final de la reforma para que la gente se lo pueda
tragar con lo que hay escrito y unas pocas toneladas más que usted
consiga, vendiéndolo luego como una negociación heroica que nunca los
tiempos conocieron, sepa que nos va a tener en contra, no va a ser
aceptable por este grupo. (Rumores.) En segundo lugar, no podemos entrar
en Europa con unos recursos que no sean suficientes para cubrir las
producciones españolas. Creemos que las ayudas a la OCM del aceite de
oliva son ayudas sociales, no de mercado. Nosotros no defendemos al
olivar ni al aceite de oliva; defendemos a los miles de personas que con
dignidad, con su esfuerzo y su trabajo viven en torno a él. Por tanto, si
hay escasez de recursos habrá que repartir los recursos escasos con
criterios sociales, de tal manera que las personas, las miles de familias
que realmente viven del olivar y que no tienen otra alternativa que el
olivar, tengan garantizadas sus rentas y no tengan que optar por la
salida --a usted no le gusta que se la diga, pero yo se la voy a repetir
siempre que intervenga-- de coger la maleta, como ya hicieron antes.
(Rumores y protestas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pliego.
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señora ministra, quiero agradecerle la extensa y
pedagógica intervención que ha expuesto a lo largo de esta mañana, y
después entrar en el tema que nos trae hoy aquí, que es básicamente la
modificación de la OCM del aceite, pero también de alguna manera la
modificación y la aplicación de la Agenda 2000, porque son dos temas que
a nuestro entender van íntimamente ligados.
Hemos debatido ya en innumerables ocasiones la aplicación de la reforma
de la OCM del aceite, y seguramente continuaremos en un próximo futuro.
Si el acto que hoy realizamos sirve para dar a conocer un excelente
producto como es el aceite o para incitar a un mayor consumo, seguramente
lo podremos dar por bien empleado.
Una vez dicho lo anterior, cuando se sube de forma reiterada a esta
tribuna para debatir una posición sobre el mismo tema y los resultados
son los que son, se tiene la sensación de cierta impotencia, y eso
seguramente no es bueno.
Imagínense lo contradictorio que puede ser que el Congreso de los
Diputados apruebe por unanimidad y de forma repetitiva una serie de
medidas consideradas de mínimos para el sector sin que estos acuerdos
aparentemente produzcan efecto alguno. ¿Qué credibilidad democrática nos
puede ofrecer el colegio de comisarios que propone una modificación de la
OCM del aceite que nada tiene que ver con la propuesta que el Parlamento
Europeo aprobó por mayoría amplia? ¿Qué tipo de control democrático se
puede realizar sobre unos comisarios que están empeñados en organizar el
sistema productivo de la Unión Europea sobre una base tan frágil y poco
documentada como la Agenda 2000? ¿Qué posibilidades de éxito puede tener
una supuesta política agrícola que convierte a los empresarios agrarios
en simples receptores de subvenciones como resultado de la aplicación de
una pretendida política autoliberal basada en la teórica necesidad de la
contabilización de los productos agrarios?
Mi pregunta, señora ministra, es clara: ¿Es posible la competitividad
real de las producciones agrarias en un mercado abierto donde los
distintos sectores productores parten de realidades extraordinariamente
diferentes y en donde el dumping social, el dumping medioambiental, el
dumping fiscal son el común denominador de la economía de nuestros más
directos competidores? ¿Será posible poder competir con estados donde la
estructura agraria, la extensión media de las explotaciones son hasta
cien veces superiores a la media del Estado español? ¿Es que los costes
en maquinaria, fertilizantes, impuestos y en electricidad nada tienen que
ver con nuestro sistema productivo?
Lo que el sector se pregunta muchas veces sin encontrar la respuesta
adecuada, es: ¿Por qué estamos empeñados en castigar de forma sistemática
a la agricultura y a la ganadería del Estado español que por sus
características tienen que hacer las previsiones siempre a largo plazo y
obligarla a adaptarse ahora a una tercera reforma en menos de 13 años? Se
tuvieron
que adaptar a la PAC de 1985, a la reforma de 1992, y ahora a la reforma
de 1998.
Si estas propuestas de modificación de la política agraria comunitaria
prosperan, ¿qué tendremos que producir? ¿Qué agriculturas obtendrán las
mejores rentas? Con toda seguridad, y a juzgar por las propuestas que
tenemos encima de la mesa, éstas no serán las más competitivas, las que
produzcan mejor calidad a mejor precio, serán aquéllas cuyos productos
tengan un interés especial para los estados con gobiernos influyentes que
logren la mejor OCM para sus producciones.
Personalmente, señora ministra, creo que en este momento se cometen tres
graves errores por parte de la Unión Europea y el Gobierno se tendría que
pronunciar de una forma clara. Primero, es una barbaridad modificar la
política agraria comunitaria antes de que se haya logrado la aplicación
íntegra de la reforma de la PAC del año 1992, así como el total
cumplimiento del Consejo jumbo, de 1993. Segundo, es absolutamente
improcedente que se presente una propuesta que sólo prevé la financiación
de la agricultura atlántica o continental y no contempla la totalidad de
los sectores productivos. Tercero, es inexplicable que la Unión Europea,
que está negociando en nombre de todos los estados miembros, presente
propuestas restrictivas para nuestra agricultura antes del inicio de las
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, no aprovechándose
la cláusula PAC existente y, sobre todo, cediendo posiciones antes
iniciar la negociación.
Resumiendo, creo queda claro que no hay un modelo de política agraria
comunitaria para el futuro, y si ustedes me presionan más, de forma
especial no hay un proyecto de política agraria a partir del año 2006. En
consecuencia, tengo la sensación de que se trata de desestabilizar el
campo, el de unos países más que el de otros, para que la gente termine
yéndose y se puedan dedicar los presupuestos agrarios a otras necesidades
de la Unión Europea.
De hecho, sobre la bondad de la Agenda 2000 ya han opinado diferentes
personajes, entre ellos, por ejemplo, el ministro de Agricultura
portugués, Fernando Gómez de Silva, afirmaba que las propuestas de la
Agenda 2000 en materia agraria son fruto de una política anticohesión que
consolida una línea equivocada, ya que anuncian objetivos que luego no se
ven reflejados en las propuestas y fijan políticas prioritarias que no
tienen el respaldo presupuestario adecuado. Lionel Jospin, presidente del
Ejecutivo galo, dice: estoy en profundo desacuerdo con las propuestas de
reforma. El ministro de Agricultura francés, Le Pensec, dice que la
Agenda 2000 se apoya sobre el error de análisis y de orientación, y el
ministro de Agricultura alemán dice: nos opondremos de forma absoluta a
la aprobación de la Agenda 2000.
¿Qué se logrará con la aprobación de las reformas que están inspiradas en
la Agenda 2000, como por ejemplo la OCM del aceite? Pues básicamente que
situemos en condiciones difíciles a los sectores productores, no en
función de su calidad o de su competitividad sino del tratamiento que
reciban de la OCM correspondiente. En el caso del aceite, la cuota de
650.000 toneladas para el Estado español puede representar, como se ha
dicho por anteriores comparecientes, que un olivarero español reciba
bastante menos dinero por kilo de aceituna producido que el recibido por
un griego o un italiano.
Por tanto, se está produciendo una distorsión del mercado, una distorsión
--si me permiten-- interesada, fruto de un tratamiento diferenciado para
un mismo problema. De no ser así, en vez de poner tanto interés en la
restricción a la producción, a través de la producción máxima garantizada
por Estado, se debía poner más énfasis en la prohibición tajante de las
mezclas, que es una manera de reducir la presencia del producto de mala
calidad en el mercado, en la potenciación del consumo de un producto tan
importante desde el punto de vista sanitario y dietético hacia países que
hasta ahora no son grandes consumidores o en la potenciación de la
calidad de un producto unificando de forma clara las calidades que se
tienen. ¿Por qué se habla de una reforma de carácter transitorio hasta el
año 2001 y en cambio no son transitorias las medidas que se aplican en
los cereales, en la leche y en la carne, previstas en la modificación de
la Agenda 2000? De hecho, personalmente me cuesta entender la bondad de
una propuesta que aboga por la neutralidad financiera de las producciones
mediterráneas, entre ellas el aceite, frente a un aumento del gasto
previsto para los cultivos herbáceos, carne, leche y cereales, que tienen
un incremento de más de 3.000.000.000 de ecus.
¿Por qué, mientras se propone congelar las ayudas al aceite, por ejemplo
los grandes cultivos tendrán un incremento del 14,24 por ciento entre el
año 2003 y 2006, la leche tiene previsto un incremento de casi el 64 por
ciento entre el año 2000 y el 2006 o el vacuno prevé crecimientos en
torno al 69 por ciento? ¿Esta es la equidad que propone Fischler?
¿Alguien se cree que sobre esa base se puede construir un futuro
cohesionado y sólido, o se pretende la desaparición de la agricultura,
sobre todo la mediterránea, que como sector productivo se le puede
reservar un papel absolutamente secundario de carácter conservacionista y
medioambiental y siempre supeditado a la capacidad presupuestaria de cada
momento? A la Unión Europea tal vez le interesan otras cosas, por ejemplo
el señor Leon Brittan tiene otros intereses que no son exactamente los
que tenemos nosotros, o le interesa que estemos debatiendo sobre si son
100.000 ó 200.000 toneladas más de aceite y no entremos en el nudo del
problema, que es la Agenda 2000 y las negociaciones que se han abierto
con la Organización Mundial del Comercio. Quizá no interese que en este
momento estemos hablando
de eso, o quizá tampoco interese que en este momento comencemos a hablar
del nuevo mercado transatlántico, en qué situación va a quedar la actual
negociación con la Organización Mundial del Comercio en materia agraria,
o la necesidad imperiosa que en este momento tienen los propios Estados
Unidos de hablar de agricultura de forma inmediata, y queda clara su
posición --así lo dicen-- de que toda discusión deberá comprender la
liberalización total del comercio agrícola. Por tanto, el tema que
debemos debatir en el futuro no será solamente el del aceite, que es muy
importante, sino un tema que va más allá: si la liberalización absoluta
no se hace en buenas condiciones, el sector agrario se encontrará en una
situación difícil. Este tema tendremos que analizarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Companys, le ruego
concluya, por favor.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, concluiré en cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No, en cinco minutos no, señor
Companys, en menos de cinco minutos, por favor.
El señor COMPANYS SANFELIU: En tres minutos, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha demostrado su especial interés en el tema
del cultivo del olivo porque hace grandes aportaciones al equilibrio
territorial, social y medioambiental, en concordancia con las líneas
maestras de la política de la Unión Europea. Lo preocupante es la
cicatería, la doble barra de medir que dificulta poner sobre la mesa un
verdadero proyecto agrario para los próximos diez años. Tengo la
impresión --y me gustaría estar equivocado-- de que en el fondo, como he
dicho antes, no estamos tocando el núcleo de la cuestión y, por tanto, se
debería considerar si la bondad de la modificación de la Agenda 2000
tiene que incorporar también la voluntad de la negociación global del
tema agrario.
La propuesta de modificación de la OCM del aceite no es buena, como
tampoco lo fue la que se presentó en relación con el tema del vino, y es
injusta, como la de las frutas y hortalizas, cuya revisión los propios
franceses ya han pedido. Por tanto, a nuestro grupo la propuesta no le
gusta por injusta, pero sobre todo porque no forma parte de un proyecto
global, y nos parece inadecuada la prisa en la aprobación de esta Agencia
2000, por la pésima estrategia negociadora que se está empleando, ya que
antes de comenzar a negociar renunciamos, sin que nadie nos lo pida, a la
preferencia comunitaria, estamos renunciando a la cláusula de paz y, por
lo tanto, adelantamos propuestas antes de que se haya comenzado a
negociar, entrando en un proceso de liberalización de precios que puede
afectar de forma definitiva a una agricultura europea sin haber definido
antes de una manera clara qué papel va a jugar en el futuro. Exigimos
competitividad en el sector y paralelamente le obligamos a unos
sobrecostos, ya sea por estructura de explotaciones, por impuestos, por
Seguridad Social o por seguridad medioambiental.
En poco tiempo, señora ministra --no tengo más--, he intentado no sólo
poner de manifiesto el error de la propuesta de la reforma de la OCM del
aceite, sino la falta de un proyecto agrario comunitario, creíble a corto
plazo, y la inexistencia de ese proyecto hasta el año 2000. La estrategia
del Gobierno español, a mi entender, pasa por oponerse radicalmente a una
negociación sectorial, tema por tema, y apostar, si finalmente hay que
reformar la PAC, por una solución que contemple el conjunto de la
problemática y presente propuestas con tratamientos iguales a
problemáticas parecidas. La situación no es fácil y, a nuestro entender,
sobrepasa al propio Ministerio de Agricultura. Por tanto, entendemos que
la construcción europea tiene que apoyarse sobre una base, sobre un
proyecto global y no en función de los intereses sectoriales en cada
momento. Por ello, señora ministra, la problemática que tenemos encima de
la mesa y la forma en que se ha enfocado, además de su presencia activa
--que personalmente le reconozco--, necesita la ayuda de todo el
Gobierno, y de forma especial del presidente del Gobierno, para que
realmente se involucre, si queremos unos resultados que no pongan en
peligro el futuro del sector.
Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad. Muchas gracias,
señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Companys.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías., Coalición Canaria
toma la palabra aquí, por boca de este portavoz, bajo un planteamiento de
solidaridad. Bien es sabido --lo ha recordado la señora ministra en
relación con determinadas comunidades autónomas-- que en la Comunidad
Autónoma de Canarias no existen plantaciones económicas del olivar. Pero
nosotros tenemos el problema de la producción del plátano, por el que
tantas veces hemos apelado a la solidaridad de la Cámara. La OCM costó
trabajo conseguirla y sobre ella la Organización Mundial del Comercio ha
trazado unas nubes que es necesario llevar a feliz término con el apoyo
de todos los grupos políticos y la gestión inteligente y permanente del
Gobierno.
En esa línea de la solidaridad intervengo aquí. En primer lugar, porque
también estos dos productos, el aceite de oliva y el plátano, hace muchos
años, lamentablemente, escaparon al control de su comercialización por
parte española, y ese tema se está reflejando
muchas veces debajo de la mesa en el aceite de oliva en la negociación
política, oficial o diplomática, porque quienes controlan ese comercio
europeo y mundial del aceite de oliva no son empresarios españoles, sino
empresarios italianos, holandeses o de alguno de los grandes holding o
consorcios comerciales que están aquí, y esa es una figura importante.
Dicho esto, nosotros queremos, por solidaridad con el sector y para
apoyar la línea del Gobierno, responder a lo que nos ha solicitado aquí
la señora ministra de Agricultura: apoyo y respaldo. Apoyo y respaldo lo
va a tener por parte de mi grupo, señora ministra, pero con las
exigencias en que usted prácticamente ha situado este problema: con
sensatez y responsabilidad. Porque a este diputado, en su experiencia
agraria, haciendo seguimientos estadísticos, no le salen las cifras, como
a usted, señora ministra, de determinadas cantidades muy exorbitantes que
se sitúan en el campo de la utopía de la producción, en este momento y en
los próximos tres años, de aceite de oliva en España. Por tanto, estamos
manejando una horquilla en la que nos encontramos con dos cifras
inadmisibles, ni 625.000 toneladas por debajo que nos han puesto ni más
de un millón de toneladas que alguien, con los visos que quiera tener,
está diciendo. Flaco servicio le está haciendo, yo diría que mucho más
grave o tan grave como la cifra inferior, quien está planteando cifras
imposibles real y estadísticamente. Pero hay que decirle al mismo tiempo
con ese rigor al señor Fischler y a la Comisión que, dado que ellos han
aplicado una cifra --y secundo la política del Gobierno y de la señora
ministra--, tenemos que refutar, no darlo por definitivo, el dato
estadístico que nos ha llevado, en esa fórmula matemática de las medias,
a que nos hayan asignado la cantidad máxima garantizada de 625.000
toneladas de producción de aceite de oliva a España, que apliquen el
mismo rigor estadístico, porque no solamente se producen variaciones
climatológicas, como se ha señalado aquí por la señora ministra, de años
de sequía frente a años húmedos que dan esas producciones altas; es que
sencillamente, también lo ha recordado la señora ministra y parece que
hay que decírselo a los estadísticos de la Comisión, estamos hablando de
una especie botánica que tiene el carácter de vecero, de año y vez. Por
tanto, series estadísticas de tres años no nos sirven; cualquier
matemático con conocimientos de botánica o de biología refutaría y
rechazaría esas cifras porque no son significativas, no se pueden aplicar
en periodos de cinco años, descontando el de máxima y el de mínima
cosecha, quedándonos por tanto con una fracción de tres, y aplicársela a
un año vecero como si se la estuviéramos aplicando a una especie vegetal,
a la producción cárnica o a la producción láctea, que no tienen esos
flujos y reflujos de los años veceros de año y vez.
Por esta razón, señora ministra, nosotros apoyaremos, porque es una carta
de garantía, que es la que al final gana en los foros europeos, llevar
las cosas con sensatez, sentido común y responsabilidad, porque esa es la
mejor oferta que le podemos hacer en este momento al campo español
fundamentalmente y al sector olivarero. Cuando se trata de defender 46
millones de jornales, hay que situarlos precisamente en la exigencia de
ese rigor.
Nosotros, por tanto, nos congratulamos, señora ministra, de que en la
gestión del Gobierno se haya conseguido hacer desaparecer la amenaza de
la ayuda al árbol, porque a nosotros, en nuestra producción agraria
canaria como es la del plátano, una ayuda al árbol nos parecía demencial,
porque es lo más contrario a la productividad, es lo más contrario a la
calidad, a las exigencias que todo buen agricultor, con su honestidad
profesional, tiene que estimular para no cargar los vareos del olivar con
unos daños que se sumen al del carácter vecero de año y vez, para que ese
olivo deje de producir una cantidad de aceituna al año siguiente, y estas
cuestiones se reflejan precisamente en la política social, si es que
algún grupo político la quiere defender, pero esa política de jornales no
se defiende presentando lo imposible. Por tanto, señora ministra, estamos
de acuerdo con no aceptar por debajo las 625.000 ni ponernos en la utopía
incumplible que nos puede desacreditar por falta de seriedad.
Como digo, nos congratulamos de que se haya conseguido llevar la ayuda a
la producción y nos congratulamos, señora ministra, de que se recurra a
instituciones para evitar esos excedentes estructurales y, si los hay,
que tengan salida a la exportación. Tenemos organismos, como es el
Patrimonio Comunal Olivarero, que pueden ser muy útiles en su inteligente
aplicación en el momento actual para que, junto con mecanismos de
intervención, hagan una propia fiscalización interna del sector, porque,
a fin de cuentas, esto es la política de la OCM. Y aquí no tendría más
remedio que coincidir con lo que ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió): que esto se contemple
también dentro del contexto de lo que se trata de hacer con la política
agraria, con la reforma de la PAC dentro de la Agenda 2000, porque,
claro, cuando se nos quiere colocar una ampliación hacia el Este y
meternos 100 millones nuevos de ciudadanos, cuyo carácter económico
estructural es fundamentalmente la producción agrícola de carne, leche y
cereales, se le está viendo el plumero al señor Fischler. Y eso lo digo
con toda responsabilidad, pero también con la libertad que me da el
formar parte de un partido de oposición a ese señor en lo que tenemos que
decirle claramente.
Por lo demás, hay que luchar contra el fraude y, sobre todo, contra las
mezclas. Y que mire el señor Fischler hacia los países, los holding o las
empresas que controlan la comercialización y observe quién es el que hace
el fraude de la mezcla en el enlatado o en la conserva, que busque por
otras latitudes dónde se está produciendo ese fraude para que después no
nos
venga a nosotros con una cifra de producciones máximas europeas.
Por tanto, y con esto termino, señor presidente, nos parece también
acertada y muy diplomáticamente positiva, señora ministra, la línea de
que no se trata de agredir a Grecia, con sus 300.000 toneladas, o a
Italia, con sus 500.000 toneladas, sino de que se aumente el techo de la
casa. No se trata de que en una casa de pisos unos tengan el techo más
alto y otros más bajo, sino que sencillamente se trata de que el tejado
suba para que haya una flexibilidad y una cabida en la cantidad máxima
garantizada y que ese 1.562.000 toneladas que se ha fijado como cantidad
máxima europea sea el listón alto que se suba, para que todos los demás
que tengan capacidad y autorregulación en la producción y aumento, ya que
no se impiden aumentos dentro de unos controles de la superficie del
olivar, puedan hacerlo así.
Señora ministra, estas razones son las que muy brevemente, y para no
consumir más tiempo en este debate, mi grupo ha querido manifestar a esta
Cámara y a todos los grupos, porque entiende también que presentarnos
ante la Unión Europea con un Parlamento sólido en todas sus fuerzas
políticas, con un debate que queda reflejado en el «Diario de Sesiones»,
con ese sentido de cohesión y de solidaridad es lo que más influye desde
un punto de vista de seriedad política y parlamentaria. Aquí no venimos a
sacar ninguna pancarta, sino sencillamente a sacar la inteligencia del
rigor del discurso dialéctico, con seriedad y con responsabilidad. Señor
ministra, el Gobierno tiene a Coalición Canaria para ese apoyo y ayuda
que nos ha pedido, un apoyo y una ayuda plenamente garantizada en esa
línea de actuación y, por supuesto, en el reflejo social de lo que sean
otras cuestiones que están implícitas, y que también aprovecho para
apoyarlas, como es el tema de la aceituna de mesa. Afortunadamente, el
Gobierno español y usted han mirado hacia ese capítulo y han convencido
al señor Fischler, ya que parece que algunos sectores lo estaban
despreciando, dada la importancia que tiene incluso de imagen para
España.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
En el día de hoy, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que
es 15 de abril, Izquierda Unida hace un planteamiento exclusivo de atacar
personalmente al presidente Aznar, en lugar de hablar --como creo que
hubiera sido lo adecuado-- del futuro del olivar. Además --oído lo que se
ha dicho--, se trataba simplemente de hacer una proclama de huelga
general, en el caso del señor Centella, y de un vergonzante no pero sí a
favor de la huelga y, en definitiva, de olvidarse, por parte del señor
Pliego, de que en la huelga se está o no se está. Nuestro partido ha
manifestado claramente que en esta huelga en concreto no está. Su
partido, y el gobierno de la Junta de Andalucía podían decir, con
rotundidad, que está en la huelga porque cree que deteriora al Gobierno
de la nación, pero no andar con posturas semivergonzantes de querer
estar, pero no estar, y aprovecharse de las circunstancias. En ese
sentido, veo mejor la postura del señor Centella de manifestar claramente
lo que piensa sobre este tema. Han dedicado --sobre todo el señor
Centella-- una larguísima retahíla, pura y simplemente, a desprestigiar
al presidente del Gobierno. Si el señor Centella releyera el «Diario de
Sesiones» y la retahíla de cosas que ha dicho, realmente creo que se
daría cuenta de que está equivocado, y planteamos una cosa para que quede
claro frente a la sociedad. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.) La postura del Gobierno ha quedado claramente
manifestada por la ministra de Agricultura. El Gobierno ha dicho que no
está dispuesto a aprobar la propuesta. Si el Gobierno ha manifestado con
rotundidad que no está dispuesto a aprobar esta propuesta porque la
cantidad asignada es inaceptable, porque no contempla la aceituna de
mesa, porque no prohibe las mezclas y porque elimina la intervención, ¿a
santo de qué venir una y otra vez a decir que existen acuerdos ocultos,
que ya todo está cerrado, que se está intentando vender el muñeco, que se
está intentando vender al olivar? No tiene ningún sentido esa
manifestación. Esa manifestación es posible hacerla si la postura del
Gobierno fuera una postura difusa, una postura ambigua, pero de las
palabras de la señora ministra de Agricultura no se puede deducir en modo
alguno que, en esta materia, el Gobierno de España esté manteniendo una
postura ambigua. Está defendiendo con rigor los intereses y ustedes
tienen --tanto el señor Centella como el señor Pliego-- un interés
especial en buscar el desprestigio también de la ministra, en acusar a la
ministra de que está sola, de que en el sector no quieren que ella siga
llevando las negociaciones y que todo el sector cree que la ministra ha
fracasado en sus negociaciones. Pues bien, es una manifestación alegre
que hacen ustedes, pero habría que preguntar: ¿Por qué, si esto es así
--y según ustedes es la verdad--, el sector del plátano, el sector del
vino, el sector de la leche, el sector del girasol piden insistentemente
a la ministra que se comporte en la defensa de esos sectores como lo ha
hecho en la defensa del sector del olivar? ¿No será al contrario de lo
que ustedes están pensando? (Aplausos.) Desde el principio, desde junio
de 1996, han cogido una retahíla de argumentos y, se avance o no se
avance en el tema de la reforma, se modifiquen o no se modifiquen
cantidades, se modifiquen o no se modifiquen
las normas, ustedes repiten una y otra vez las cifras; incluso repiten
las cifras de jornales cuando no se corresponden con el millón de
toneladas de este año. No sé si sabrán (podrían preguntar y a lo mejor se
enteraban) que lo que un jornalero puede recoger de media en una
cuadrilla está entre 145 y 150 kilos por día. Dividan un millón de
toneladas entre 145 kilos por día y verán que no se llega a la cifra de
42. Son más de 60 millones de jornales los que se obtienen en la
recogida. Y trabajen con claridad. Desde junio de 1996 hasta ahora no
estamos ante la misma foto fija. Desde junio de 1996 hasta ahora ustedes
(primero empezó a hacerlo el Grupo Socialista; detrás ha entrado también
Izquierda Unida en la misma dinámica) han querido transmitir que el
proceso estaba cerrado, y lo han querido transmitir una y otra vez. En
este año llevan ya transmitiendo que el proceso está cerrado en cuatro
ocasiones. Están acusando a la ministra de no negociar, cuando resulta
que la fase de negociación empieza ahora. La fase de negociación no
empezó en junio de 1996, la fase de negociación empieza cuando hay un
documento aprobado por el Colegio de Comisarios, que ya ha sido sometido
al Consejo de Ministros y que ha sido sometido al Parlamento Europeo. A
partir de ahí empieza la fase de negociación. Por tanto, están
transmitiendo intencionadamente al sector y a la población una alarma
innecesaria, por parte del señor Centella, alegando que existen acuerdos
ocultos --lo cual es falso--; por parte del Grupo Socialista y de la
Junta de Andalucía, en esta materia también, queriendo transmitir
continuadamente que el proceso está cerrado. El proceso estaba cerrado a
primeros de marzo, cuando se iba a elaborar el documento por el Colegio
de Comisarios; el proceso estaba cerrado el día 31 (le recuerdo al señor
Centella que el consejero de la Junta de Andalucía advirtió el día 29,
antes de que se reuniera el Consejo de Ministros, que la reforma se iba a
aprobar el día 31, a toda prisa, para crear innecesariamente alarma) y
vuelven ustedes a decir que el proceso está cerrado. Realmente el proceso
está abierto y el Gobierno va a seguir defendiendo de forma eficaz, como
hasta ahora, la situación del olivo.
Para dejar las cosas claras, cuando estaban en riesgo los salarios y los
jornales era cuando se propugnaba una reforma basada en la ayuda al
árbol, porque se estimaba, con sentido común por parte de todos, que si
la ayuda iba a ser igual, hubiera o no hubiera cosecha, se hubieran hecho
o no los trabajos, se iba a reducir el trabajo, no se iba a coger la
cosecha, sobre todo en el olivar menos productivo.
Cuando la Comisión Europea ha optado por la ayuda a la producción, no
tiene sentido volver a hablar una y otra vez de pérdidas de jornales,
porque no es real. La penalización no opera nunca con pérdida de jornales
por una razón muy fácil, porque no se sabe el resultado de la
penalización hasta que no ha acabado la campaña, y en esta campaña en la
que va a haber penalización, en la que ha habido la cosecha más excesiva,
no se ha perdido un solo jornal y se va a recibir menos cantidad de la
que se recibiría en caso de que se aprobara la reforma tal cual está
formulada por el Colegio de Comisarios.
Están creando alarma innecesaria intentando convencer a los pueblos de
que se van a arrancar los olivares, de que se van a abandonar los
cultivos, de que los pueblos se van a ver deshabitados. En este aspecto,
y usted lo ha dicho, señor Pliego, hay miles de hectáreas en peligro,
miles de agricultores, centenares de pueblos. ¿Entonces, cómo explica las
inversiones en este año, en este momento, en el olivar? ¿Cómo explica que
se continúe invirtiendo dinero en el olivar? (La señora Leiva Díez
pronuncia palabras que no se perciben.) No estoy hablando de comprar,
señora Leiva, los precios de la tierra van por otro lado, no tienen nada
que ver, estoy hablando de invertir en el olivar. ¿Cómo explica, señor
Pliego, que se sigan plantando olivos en Jaén? Cuando digan las cosas,
háganlo con sentido común. De lo que tenemos que hablar aquí es del
futuro claro del olivar. (Rumores.)
Señor Pliego, usted plantea como postura del PSOE que no se acepte el
cupo por países. Bien, es una postura, y yo le pregunto: ¿este criterio
lo vamos a aplicar a todos los productos españoles? Tendremos que
ponernos de acuerdo en si vamos a defender este criterio para la
totalidad de los productos, porque le recuerdo que hay muchos productos
españoles para los que el cupo europeo no es perjudicial.
Usted plantea no a la intervención, pero tampoco dramaticemos (y lo ha
dejado claro la ministra) el tema de la intervención en España.
Evidentemente, no puede desaparecer de golpe y porrazo la intervención
pública, eso está claro. Ahora, con un período adecuado y con una
financiación adecuada, España no está en las peores condiciones en el
tema de la intervención, aunque ya ha dejado claro la ministra que no
está de acuerdo con la desaparición de la intervención.
En cuanto a la ayuda a la aceituna de mesa, ustedes la piden. Yo lamento
que por el juego del Parlamento de Andalucía ustedes votaran una
proposición en concreto sobre la desaparición de la ayuda a la aceituna
de mesa, pero la realidad es que la votaron. ¡Qué le vamos a hacer!;
haberlo hecho de otra forma.
Para finalizar, habría que decir que si se quiere apostar por el futuro
hay que hablar de futuro; si se quiere apostar por el futuro no tiene
ningún sentido hacer una relación de huelga general, que no es tal,
porque es una huelga muy localizada, con una posición del 28-F. Le
recuerdo, señor Centella, que este partido se llamaba Alianza Popular el
28 de febrero y que ni estaba en el Gobierno ni participó en el
referéndum sobre la autonomía andaluza. Por tanto, no trate de ligar
demagógicamente cosas que no tienen nada que ver.
Ha planteado una serie de cuestiones que no logro entender. Usted dice
que los olivareros italianos van a llegar de las 238 pesetas a las 300.
¿Usted no se ha enterado de que al desaparecer la ayuda a los pequeños
agricultores, la ayuda forfait por árbol, no es posible acreditar otra
cosa que la producción real? ¿No se ha enterado de que eso ya ha
desaparecido, o están todavía con el papel que hicieron en junio de 1996?
Ya no es posible, en toda la Unión va a regir la producción real, no la
ayuda supuesta de los productores de menos de 500 kilos; por tanto no es
posible que usted haga esa alegación. Diga usted que es posible, de
acuerdo con las cantidades máximas garantizadas por país, que los
productores españoles tengan una penalización y los italianos no, pero no
diga que va a haber un fraude en Italia que va a llevar de 238 a 300
pesetas cuando eso no es posible. Era posible antes, con el sistema
anterior.
Finalmente, señor Companys, no creo que deba ser tan catastrófico o tan
pesimista en la evolución del futuro. La agricultura de calidad europea
no tiene competencia con ninguna agricultura del mundo. Esa agricultura
de calidad europea, siempre que se trabaje adecuadamente, va a tener un
futuro despejado. Lleva usted razón en que los agricultores europeos
sufren una carga de diferenciales de costos con el resto de otros países
por unas rigideces administrativas, fiscales, laborales o sociales del
mercado europeo, de la sociedad europea, y que evidentemente eso hay que
compensarlo, pero, si se trabaja bien en la agricultura y ganadería
europea, hay un futuro despejado y un mercado que siempre va a pedir unos
productos de calidad, y la única zona del mundo que tiene capacidad para
llegar a ese mercado de calidad es precisamente la europea. No existe
futuro, no existe empleo, no se crea riqueza, no se crean puestos de
trabajo con cultivos subvencionados de productos que no tienen valor.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, vaya concluyendo,
por favor.
El señor JORDANO SALINAS: Pero creo que podremos avanzar claramente en la
negociación en el futuro de una agricultura de calidad en Europa y de
intentar compensar esos diferenciales de costes que nos imponen
determinadas rigideces.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá
Pastor): Gracias, señor Jordano.
Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora ministra de
Agricultura. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
Sí, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, he sido aludido y contradicho,
y en virtud del artículo 73 solicito la palabra, ya que lo que ha hecho
el portavoz del Grupo Popular no ha sido una toma de posición, sino un
turno en contra de nuestra intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En estos debates no hay turnos en
contra, la Presidencia ha escuchado antes desde el despacho su
intervención y la del señor Pliego. No hay turno en contra y no ha habido
alusiones. (El señor Pliego Cubero pide la palabra.) Al señor Pliego le
diría lo mismo.
El señor CENTELLA GOMEZ: Quiero que conste en acta nuestra protesta por
la denegación de la palabra. (El señor Pliego Cubero pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: El señor Companys muy amablemente me ha pedido
explicación de dos temas y yo estaría encantado en hacerlo en este
momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero es una pregunta retórica.
El señor PLIEGO CUBERO: Si no lo considera oportuno, me parece bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no tiene la palabra.
Señora ministra, cuando guste.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que algunos intervinientes han
ofrecido a lo largo de sus intervenciones. Eso como criterio general. En
segundo lugar, quiero señalar que algunos intervinientes, concretamente
el señor Companys, la señora Rivadulla, también el representante de Unión
Valenciana, señor Chiquillo, y el señor Mardones han hecho referencia al
problema de la Agenda 2000 de manera global y al tratamiento totalmente
asimétrico, desequilibrado, que se contempla en esa Agenda 2000 entre lo
que son los denominados productos mediterráneos y los productos
atlánticos o continentales.
Como muy bien saben SS. SS., ese fue uno de los ejes de la intervención
que tuve en el Consejo de Ministros último cuando se presentó por parte
de la Comisión el paquete agrario de la Agenda 2000. Una de las
cuestiones más graves que tiene la Agenda 2000 es precisamente el
terrible desequilibrio que genera en su desarrollo entre los productos
mediterráneos, que se ven totalmente marginados, y los productos
continentales. Como se ha señalado a lo largo de las intervenciones,
concretamente la del señor Companys, es cierto que se mantiene una
neutralidad presupuestaria, incluso una pequeña disminución --también lo
ha dicho la señora Rivadulla-- para los productos mediterráneos,
calculando que habrá una inflación, lo que querrá decir de facto una
disminución del apoyo a estos sectores, mientras que se contemplan unos
incrementos importantísimos porcentualmente y en términos absolutos para
los tres grandes sectores: herbáceo, vacuno y leche, denominados
continentales o atlánticos. Esa es una manera de construir una Europa
hemipléjica, de construir una Europa desequilibrada y --como dije en el
Consejo de Ministros-- no es a eso a lo que debemos jugar, desde luego no
es a eso a lo que juega España y el Gobierno español, que por lo que
apuesta es por lo contrario, por una Europa en la que no haya
discriminación entre sus ciudadanos, no haya discriminación entre sus
países, no haya discriminación entre los cultivos de los distintos países
y no haya discriminación entre los distintos sectores. Eso es algo básico
y quiero resaltarlo porque así ha sido señalado por más de un
interviniente.
Señorías, entrando uno por uno, voy a contestar a los distintos
intervinientes.
Señor Centella, en primer lugar, hay un punto en el cual coincido con S.
S., y es que estamos en un momento decisivo para el sector del olivar. A
partir de ahí, de lo que ha señalado hoy S. S. en su intervención --no
así en otras ocasiones en que hemos tenido grandes puntos de
coincidencia-- discrepo radicalmente, porque, para empezar, el presidente
del Gobierno, señor Aznar, sí ha participado ya para estas fechas en lo
que es el debate del sector del aceite de oliva, y le recuerdo que ha
sido la primera vez que un presidente del Gobierno de España se ha
ocupado de un sector agrario en las discusiones en el seno de la Unión
Europea.
En segundo lugar, es el Gobierno, en su conjunto, el que está actuando en
esta cuestión, no soy sólo yo, lo cual no quiere decir que no sea yo
personalmente quien tiene las mayores responsabilidades, que esa es otra
cuestión. Es obvio que es responsabilidad del Gobierno en su conjunto,
pero esa responsabilidad, en última instancia, es mía, como titular del
Ministerio de Agricultura.
Tengo que decirle que no hay ningún acuerdo oculto. Se empecinan en decir
periódicamente que hemos pactado algo, y no hay ningún acuerdo oculto,
señoría. En toda esta cuestión he hablado con absoluta lealtad; a todas
SS. SS. les he mantenido informados en el ámbito más privado, en
reuniones que hemos tenido, y en el ámbito público a lo largo de las
múltiples comparecencias que he tenido tanto en el Congreso como en el
Senado con los representantes, con los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.
Los comisarios europeos, y por supuesto el señor Oreja y también el señor
Marín, trabajaron para conseguir unas mejoras en esta OCM; hicieron su
trabajo y por tanto también rechazo la afirmación de que no hayan hecho
nada. Según lo que plantean, parece que aquí nadie ha hecho nada,
señorías, y no es cierto. Insisto en que se han conseguido muchas cosas.
No estamos hablando de ayuda al árbol, estamos hablando de ayuda a la
producción, que hemos aumentado porque estamos tratando ya de 150.000
millones para el sector, y todavía hay que mejorar muchas cosas más.
Hay una cuestión en la que voy a entrar un poquito más, aunque creí que
había quedado lo suficientemente clara. Se empecinan en hablar de que un
cultivador de aceituna de Italia o de Grecia va a recibir 300 pesetas,
mientras que uno de España va a recibir 150. Eso lo dice el representante
de Izquierda Unida, lo ha dicho también el representante socialista y me
parece que algún otro portavoz. Primero, tengo que decirles, señorías,
que ningún oleicultor europeo puede recibir más de 238 pesetas
equivalentes, es decir, 142,2 ecus por cada cien kilos, menos el 1,4 que
he señalado para la investigación y el 0,8 para las organizaciones de
productores, y eso son las 238 pesetas por kilo y por productor. En la
hipótesis de que no haya superación, eso es el máximo que puede recibir
cualquier oleicultor europeo.
Segundo, señorías, no se produce sistemáticamente una peor situación del
oleicultor español respecto a los otros oleicultores, es decir, los
productores de Italia, de Portugal o de Grecia no van a recibir la ayuda
plena, ni sistemáticamente los productores españoles van a tener una
penalización del 35 por ciento; por tanto, no digan cosas que no son
ciertas, porque las estadísticas están aquí, estos son los hechos y eso
es de lo que hay que hablar. Ahora vamos a hablar con hechos, vamos a
hablar con realidades.
Lamentablemente tuvimos diez años de período transitorio, no obtuvimos
ayuda plena y recibimos por sistema mucha más discriminación que la que
vamos a tener ahora, y mientras tanto les recuerdo que aquí en España se
lleva a cabo una modernización tremenda del sector, se aumentan las
plantaciones, se aumentan los cuidados de la cosecha, etcétera, y ahí sí
que estuvimos discriminados durante diez años, sistemáticamente. Y
hablando de los últimos años, voy a decir que en el año 1991-1992
hubiéramos obtenido más con el futuro sistema, incluso sin subir la
cantidad, y hay que conseguir subir esa cantidad. En 1992-1993, en
1993-1994, en 1994-1995 y en 1996-1997 también. Sólo hubiéramos recibido
menos en la campaña anterior. Porque en esos años, en los que en muchos
de ellos tuvimos menos de 625.000 toneladas en España, hubiéramos tenido
una ayuda plena que no la recibimos, ya que hubo penalizaciones del 3,
del 10, del 10, del 9 y del 27. Por eso digo que vamos a hablar con
propiedad. Y le voy a decir otra cosa: durante algunos años, Italia
hubiera tenido más penalización que nosotros; en otros no, ya que hubiera
tenido la ayuda plena.
Con todo esto le quiero decir que la discriminación no actúa
sistemáticamente respecto a España, sino que dependerá de las cosechas,
señoría. El problema es --y ahí coincido con S. S., lo que pasa es que yo
lo digo de una manera objetiva y S. S. me parece que a veces comete algún
que otro exceso-- que nuestra media está sesgada por una situación de
sequía. Estamos discriminados en función de la situación de sequía.
¿Saben por qué los de otros sectores piden que se haga lo mismo con
ellos? Pues porque esa es la situación de los cerealistas, esa es la
situación de los que cultivan nueve millones de hectáreas de cereal en
España, que tuvieron la suerte, la oportunidad o lo que se le quiera
llamar de que se negociara su OCM con el anterior Gobierno, y tuvieron la
desgracia de que les cogieran unas medias que también se vieron afectadas
por la sequía. Lo que ocurre es que el anterior Gobierno no dijo ni media
palabra. El anterior Gobierno ni tan siquiera protestó cuando daban a
España el menor rendimiento en cereal de toda la Unión Europea.
(Rumores.) Estamos hablando del sector que ocupa a mayor número de
agricultores españoles, que están discriminados sistemáticamente por
culpa de la ineficacia y de la falta de actuación del anterior Gobierno.
(Rumores.) Señorías, dejémoslo sencillamente, como digo, en falta de
actuación del anterior Gobierno, pero esa es la realidad. Y lo que
precisamente estamos intentando con el aceite es que no vuelva a suceder
lo que les pasó a ustedes con los cereales; es decir, que no se nos
aplique la estadística pura y dura, sino que en función de que hemos
tenido una situación meteorológica adversa --y es cierto, ahí están todos
los gráficos y todos los análisis del Instituto Meteorológico, que los
tienen en Bruselas, enviados por este Gobierno, ya que el anterior no
dijo nada-- se modifique lo que son los datos fríos estadísticos. En eso
es en lo que estamos trabajando.
De todas formas, tienen que reconocer que esto no es fácil, sobre todo
teniendo en cuenta que los anteriores gobernantes no nos lo han dejado
fácil, porque si se hubiera conseguido para el sector cereal, ahora
tendríamos la mitad del camino hecho, pero lamentablemente fue al revés,
lo que se hizo es no decir ni media palabra, callarse, aceptar y decir
que estaba bien. (Rumores.--Un señor diputado del Grupo Popular: Es que
no se enteraban.) Pues sí, el problema es que a lo mejor no se enteraban
o les parecía todo bien. (Rumores.) La mejor manera de no perder una
batalla es no darla, y eso es lo que hacia el anterior Gobierno. Cuando
se protesta, se lucha y se intentan conseguir mejoras, se consiguen o no,
y yo sé que cuando planteo ciertas cosas corro el riesgo de no
conseguirlas, pero estoy segura de que sobre lo que hay ahora en la mesa
vamos a lograr mejoras que corrijan ese problema de la sequía y den
cabida a lo que es una situación equilibrada de la realidad productiva
del olivar español en el conjunto del olivar europeo.
Lo que no se puede hacer es seguir angustiando a la gente, generando
verdadero temor al decirles que van a arrancar no sé cuantos millones de
olivos. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Ahora
no me estoy dirigiendo a S. S., porque S. S. no lo ha dicho, pero se lo
he oído a algún otro portavoz. No se puede decir que se van a arrancar no
sé cuanto millones de olivos, porque no es verdad. (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): A partir de ahí, lo que hay que decir a la gente es la
verdad y la realidad, ya que es la manera más sensata de seguir adelante
y conseguir lo mejor para nuestro sector olivarero, que al final es de lo
que se trata.
Señor Centella, todo el alegato de la huelga general es su discurso y yo
lo respeto. Yo respeto plenamente --y lo he dicho cuando me lo han
preguntado-- la decisión de las organizaciones convocantes, están en su
derecho, es un derecho constitucional y no tengo nada que objetar; me
pregunta mi opinión y yo digo que no coincido, pero he dicho sólo eso, ni
más ni menos. Creo que hay otras maneras de plantear un disgusto, un
rechazo o una protesta que no es la huelga general, y es lo único que he
dicho y reitero en este momento.
Lo que sí tengo que añadir es que cuando afirma que hemos vendido el
futuro del olivar, señoría, ese es un juicio de intenciones muy grave, y
yo le agradecería que lo retirara, porque francamente aquí nadie ha
vendido nada. Se puede acertar más o menos, pero yo no creo que los que
aquí nos sentamos, los que aquí estamos en ningún momento hayamos vendido
nada a nadie. Me parece realmente lamentable que lleguemos a este tipo de
discursos. (Aplausos.) Al portavoz de Unión Valenciana, señor Chiquillo,
agradecerle el apoyo. Lo de la Agenda 2000 se lo he dicho. Nada más que
un pequeño comentario referente a la diferencia de ayudas. Creo que ha
quedado bastante claro que no va a haber una discriminación sistemática,
sino que eso jugará unas veces en un sentido y otras en otro, pero hay
que conseguir que no se juegue más veces en contra nuestro que en contra
de otros. En eso es en lo que estamos luchando, para reequilibrar esa
situación es para lo que estamos intentando modificar esas estadísticas e
introducir el factor sequía.
Discrepancias con la consejera el otro día no se las he oído, al
contrario, lo que hubo por parte de la consejera fue apoyo. Sí quiero
rectificar un pequeño error, y es que antes he dicho que habíamos
acordado esa medida unánime en Valencia, y fue en una reunión de la
sectorial en Madrid, en Valencia la reiteramos el otro día.
A la señora Rivadulla agradecerle también su intervención. Coincido
plenamente con lo que ha dicho de la Agenda 2000. Hay algún matiz en
algún sitio, pero en general, en lo que ha planteado, tiene toda la
razón. Uno de los problemas es que hay que conseguir romper la ficha
financiera en la OCM del aceite, totalmente de acuerdo. Y también estoy
de acuerdo con lo que ha dicho luego el señor Companys: hacer la reforma
antes de la reforma es una cuestión de tergiversar o de desequilibrar lo
que debiera ser el desarrollo lógico de todo este tema.
Ya he dicho lo de Italia y España, creo que ha quedado suficientemente
explicado. Nadie va a cobrar más de 238 pesetas por kilo, y luego he
dicho que eso no juega sistemáticamente en contra de nadie, sino en
función de cuáles son las cosechas y cuáles son las realidades. Los datos
dan que nos hubiera venido muy bien en muchos momentos haber dispuesto de
una situación semejante. Es más, España, en su momento, no ahora pero
hace tres años, pidió que se hicieran cantidades nacionales; el
responsable español entonces le pidió al comisario, hace casi tres años,
repito, en el otoño de 1995, que se hicieran cantidades nacionales, lo
mismo que se había hecho con el algodón y se había hecho con otra serie
de sectores.
Para terminar con el asunto de las desigualdades tengo que decir que el
productor de algodón en España unas veces cobra más ayuda o menos que el
griego, por ejemplo, depende de las cosechas, pero no siempre juega en
contra o a favor, depende también de las situaciones. Insisto en que esto
pasa en otros productos y lo que hay que intentar es que no genere un
desequilibrio sistemático en contra de un país concreto. De eso es de lo
que se trata.
Al portavoz socialista le voy a decir que, en cuanto a variación de
posiciones, para confusión la de su grupo, en donde algunos importantes
representantes en el sector agrario han dicho por escrito que eran
partidarios de la ayuda al árbol. Eso sí que es grave, porque ahí estamos
en cuestiones esenciales: ayuda al árbol o ayuda a la producción. Ahí
estamos hablando de divisiones importantísimas, y estamos hablando de que
eso lo ha dicho no un portavoz de un pueblo concreto, sino que lo han
dicho personas que han tenido unas responsabilidades máximas precisamente
en el sector agrario en gobiernos anteriores.
Señoría, aquí siempre ha habido una postura muy clara, y es que nosotros
entendemos que el sector del aceite hay que modificarlo. De manera
general hemos dicho, antes de que se planteara la Agenda 2000, antes de
hacer dicha Agenda, antes de la reforma de la reforma, que había que
terminar dicha reforma respetando además los acuerdos Jumbo. Eso lo hemos
dicho, señorías, y en eso hemos coincidido con gran parte de esta Cámara.
Otra cosa que hemos dicho también es que, una vez que ya se plantea toda
la cuestión, se trata de conseguir una buena reforma.
Pero, señorías, hay que ser realistas: este año existe una penalización
de más del 35 por ciento del sector del olivar y el año anterior hubo una
penalización de más del 27 por ciento en el mismo sector. Además de todo
esto, en Europa no sólo nosotros producimos aceite de oliva. Esto quiere
decir que, al final, de lo que se trata es de conseguir una buena reforma
para España y no tanto de si se hace ahora o si se hace dentro de equis
tiempo, entre otras cosas porque hay sectores españoles a los cuales les
urge el que haya una solución para ellos, por ejemplo, el sector de la
aceituna de mesa; a esos sí que les urge, y mucho. Yo, desde luego, lo
que sí que creo que corre prisa, y lo he dicho desde hace tiempo, es que
se supriman las ayudas a los pequeños productores, es decir, las ayudas a
tanto alzado a los productores de menos de 500 kilos, que según dice la
propia Comisión son fuente de fraude en gran medida y son el origen de
las distorsiones que hay.
Lo que también he repetido reiteradamente es que es necesario aclarar de
una vez por todas las cifras reales de producción en la Unión Europea. A
partir de ahí, señorías, hace falta discutir con tiempo suficiente esta
reforma, y nunca he querido poner plazos, sin excluir fecha alguna, para
obtener unos resultados adecuados a lo que son los intereses del sector
olivarero español.
Señoría, cuando habla del control de los mercados y de los precios en el
sector del aceite de oliva, no puedo por menos que acordarme de lo que ha
pasado en el sector comercializador del aceite oliva español
lamentablemente en los últimos años. Y ahí quien tiene la responsabilidad
es quien no supo hacer entonces lo que había que hacer, cuestión sobre la
que, cuando se ha producido una situación semejante en un sector como es
el azucarero, este Gobierno sí ha sabido hacer lo que había que hacer,
cosa que otros no supieron llevar a cabo en un sector como el del aceite
de oliva. (Aplausos.) Yo creo, señorías, que cada uno tiene que saber un
poco cuáles son sus propias responsabilidades antes de mencionar cierto
tipo de cuestiones. (Rumores.) En lo que respecta al presidente del
Gobierno, antes he hecho referencia a ello y no hace falta que lo repita.
Lo de la maleta, señoría, es sencillamente un cliché que nada tiene que
ver con la realidad. (La señora Leiva Díez: ¡Ya, ya!) Los oleicultores
españoles y los jornaleros que están en los sectores olivareros españoles
lo único que ven es que cada día hay más jornales, hay más trabajo y hay
más posibilidades en el sector; eso es lo que ven día a día, y no tiene
nada más que comprobar los comportamientos de jornales, los
comportamientos de trabajo y los comportamientos del sector de cara al
futuro. Hay que buscar mejoras con la reforma actual, pero, cuando se
termine, yo le garantizo que no se va a perder ni un solo jornal. Además,
nuestro sector tiene un porvenir por delante absolutamente
garantizado, a pesar, insisto, de problemas como el del control, en gran
medida, de la comercialización del aceite de oliva en nuestro país.
Le puedo dar un dato sobre cuál era la posición de otros gobiernos.
Coosur es un instrumento porque sigue siendo una empresa pública, ¿saben
SS. SS. que nunca se había ocupado Coosur de exportar aceite fuera de
España? (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!) Pues esa era la
preocupación de otros responsables respecto a lo que debe de ser la
vocación exportadora de Coosur y de lo que es el sector olivarero español
en general. Había otros que protestaban sencillamente porque querían
esperar a que nos viniesen a comprar el aceite a España y que apostaban
por ello, y además no importaba, no pasaba nada; era igual que el control
de la comercialización del sector aceitero no estuviera en manos
españolas, como yo creo que hubiera sido bueno, sino que mayoritariamente
estaba en manos extranjeras que no tenían nada ver con lo que eran los
intereses concretos de sectores españoles, que quizá hubiera servido en
algún momento.
Al portavoz de Convergència i Unió, señor Companys, quiero agradecerle su
intervención. Tiene toda la razón en cuanto a lo que supone que el
colegio de comisarios apruebe de manera mayoritaria una propuesta que no
tiene nada que ver con lo que había aprobado, también de manera
abrumadoramente mayoritaria, el Parlamento Europeo. Es uno de los
problemas que tiene en este momento la Unión, que también ha señalado la
señora Rivadulla, y que entre todos los países tenemos que intentar
solucionar.
En cuanto a la competitividad de nuestra agricultura, sabe S. S. que
comparto su preocupación, fundamentalmente para ciertos sectores, para
otros no, porque en algunos somos enormemente competitivos. Ayer, por
ejemplo, apareció la noticia de que el sector de vinos de marca el año
pasado ha aumentado en un 25 por ciento las exportaciones; estamos
hablando de un sector que representa más de 500.000 millones de pesetas.
Y también el sector de frutas y hortalizas, que este año ha batido un
récord. Es decir, hay sectores que tienen menos dificultades, como los
herbáceos continentales, pero hay otros, como el algodón, el tabaco o el
ganadero, donde tenemos gravísimos problemas. A nuestros agricultores y
ganaderos se les exigen unas condiciones de producción que les suponen
dificultades superiores a las de los agricultores o ganaderos de otros
países competidores, y eso genera problemas de competitividad.
Ya hemos hablado de la reforma de la reforma, del desequilibrio
mediterráneo y de la neutralidad financiera. Agradezco su apoyo, lo mismo
que agradezco al señor Mardones su preocupación por la comercialización.
En cuestión de estadísticas, tiene toda la razón también. Y al señor
Jordano le agradezco igualmente su intervención.
Quiero concluir con algo que mi grupo y yo consideramos muy importante.
Se me ha acusado hoy de mentir, y es algo gravísimo, sobre todo cuando la
acusación es falsa. Lo que pasa es que las falsedades, como las mentiras,
tienen las patas muy cortas. Tengo aquí el texto contra el que votó el
Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que voy a leer. La propuesta
de resolución del Grupo Popular a la que votaron en contra, decía lo
siguiente: «El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a una reforma
de la OCM del aceite de oliva basada en los siguientes puntos». A unos
votó que sí y a otros que no el Grupo Parlamentario Socialista, y dentro
de esos puntos votó que no al siguiente: «Ayuda de carácter específico a
la aceituna de mesa».
Señorías, es muy grave acusar de mentir a alguien en el Congreso de los
Diputados, sobre todo cuando se falsea la realidad y se falta a la
verdad. Yo, en el terreno personal o en el político, por sistema no
utilizo la mentira. Aunque les parezca imposible, les aseguro que se
puede hacer política sin mentir, y es como pienso seguir haciendo
política y como mi partido, y por eso estoy en él, entiende que hay que
hacer política, a pesar de que comprendo que desde algunos bancos se
puedan plantear cuestiones como esta.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.--El señor Centella Gómez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.
¿Con qué motivo pide la palabra, señor Centella? (Rumores.) La
Presidencia, si hay una solicitud de palabra, pregunta a aquel que la
solicita con qué finalidad lo hace y en base a qué artículo del
Reglamento. Ya sé que en el Reglamento está casi todo comprendido.
Tiene la palabra el señor Centella, pero le pido que indique en base a
qué artículo la solicita.
El señor CENTELLA GOMEZ: Por si no lo sabe, señor presidente, por el
artículo 73.1.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya sabe que los debates que se
regulan por el artículo 203 son debates tasados y que se cierran con la
intervención de la señora ministra. Señora ministra, le ruego que no
abandone la sala, porque no hemos levantado la sesión. Todavía la
Presidencia no ha decidido si da la palabra, y si da la palabra, la
señora ministra cerraría el debate.
Decía que es un debate tasado y, por tanto, no hay intervención
posterior. En todo caso, puesto que la Presidencia entiende que puede
haber habido alusiones, el señor Centella tiene la palabra por un minuto.
Cerrará la señora ministra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Menos de un minuto, señor presidente.
Simplemente quiero dejar claro algo
que parece que ha quedado difuso en las intervenciones, y es que
Izquierda Unida solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno
porque entendíamos que era su responsabilidad comparecer
(Rumores.--Varios señores diputados: ¡Vaya alusión!), y ha sido el
Gobierno el que ha decidido que no sea su presidente el que comparezca.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Eso no son alusiones, señor
Centella. Creo que las ha habido, pero eso no lo es. Muchas gracias,
señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: No le escucho bien, señor presidente, dado el
griterío que tengo enfrente. Vuelvo a reiterar mi protesta, porque
entiendo que se me ha negado la palabra. (El señor Pliego Cubero pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pliego, ¿en base a qué pide
la palabra?
El señor PLIEGO CUBERO: En base a cualquier artículo que me ampare, señor
presidente, para contestar a la señora ministra las alusiones personales
que me ha hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra por un minuto.
El señor PLIEGO CUBERO: Señora ministra, yo creo que es un tema de menor
relevancia, pero en un minuto se lo aclaro, al menos para que la
descripción de los hechos sea exacta. Usted ha dicho que el Grupo
Parlamentario Socialista en el Parlamento andaluz votó en contra de
ayudas a la aceituna de mesa, y eso, señora ministra, no es cierto.
(Rumores.) Hubo un debate sobre el aceite de oliva donde los cuatro
grupos parlamentarios con representación en el Parlamento andaluz
plantearon propuestas de resolución; tres grupos por mayoría absoluta,
PSOE, Izquierda Unida y PA plantearon que haya ayudas a la aceituna de
mesa dentro de la OCM del aceite de oliva y lo votaron por mayoría, y la
propuesta del PP fue rechazada. Por tanto, es rotundamente falso cuando
se afirma que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de las
ayudas a la aceituna de mesa. Eso se entiende hasta en primer curso de
preescolar. (Varios señores diputados: Esas no son alusiones.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia no tiene por qué
dar la razón a todas y cada una de SS. SS., que no tienen ni la situación
ni la consideración de escuchar el debate desde sus escaños. Aquí se ha
hablado de que se ha falseado la verdad, por eso le he dado la palabra,
y, por tanto, lo mínimo que pido es un poco de cortesía y de respeto,
señor Madero.
La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, S. S. podrá decir lo que quiera, pero yo he leído
textualmente, y además voy a hacer entrega de la redacción a la
presidencia para que conste en las actas de este Congreso de los
Diputados en contra de qué voto su grupo el otro día en el Parlamento de
Andalucía. Decía exactamente: El Parlamento de Andalucía manifiesta su
apoyo a una reforma de la OCM del aceite de oliva basada en los
siguientes puntos. Es decir, la OCM se basa en los siguientes puntos: una
ayuda de carácter específico a la aceituna de mesa. Eso es lo que he
dicho yo que los compañeros del grupo de S. S. inexplicablemente votaron
el otro día en contra en el Parlamento andaluz, digo inexplicablemente
porque he de confesar que todavía no he comprendido a qué obedecía, salvo
que en esta política de demagogia y de sectarismo que están desarrollando
en esta cuestión votan que no porque sencillamente lo hemos propuesto
nosotros.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá
Pastor): Gracias, señora ministra.
El orden de debate esta tarde será el siguiente: a las cuatro se reanuda
el Pleno y se tratará, en primer lugar, la formulación de preguntas al
Gobierno. Una vez finalizado el apartado de las preguntas, se pasará al
debate y votación de las proposiciones no de ley que esta mañana no han
podido ser tratadas, y después de la votación de las proposiciones de ley
pasaremos a las interpelaciones.
Se suspende la sesión.
Eran las tres de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿QUE ESTA HACIENDO EL GOBIERNO CON LOS ACUERDOS DEL PARLAMENTO QUE INSTAN
A ACTUAR AL EJECUTIVO? (Número de expediente 180/001132)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Disculpen el retraso, pero la Mesa debía atender al presidente del Senado
canadiense. (Rumores.) No es lo más coherente con la tradición británica
esta impuntualidad y, por tanto, reitero las disculpas.
Sin más, reanudamos la sesión pasando al punto IV del orden del día:
preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 6, que formula al Gobierno doña Rosa Aguilar Rivero,
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, ¿qué está haciendo el
Gobierno con los acuerdos del Parlamento que instan a actuar al
Ejecutivo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Planteada la pregunta así, tan genéricamente, le tengo que decir que el
Gobierno procura atender siempre, como es lógico, todos los
requerimientos del Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Aznar, usted y su Gobierno son maestros a
la hora de usar datos y porcentajes, a la hora de hacer lo malo bueno,
aunque, al final, antes o después, se le acaba viendo el plumero. Por
eso, en un intento de enredar, después podrá ofrecerme datos o
porcentajes, pero ya le digo de antemano que hay 50 informes que llevan
esperando incluso años y que hay 251 preguntas del año 1997 sin responder
por su Gobierno.
Pero hablemos de lo que está pasando en este Parlamento, que no es ni más
ni menos que su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, está votando a
favor de cosas con las que no está de acuerdo para evitar las derrotas
políticas del Gobierno. (Rumores.) Y cuando el Parlamento aprueba y llega
la hora de actuar por parte de su Gobierno, usted incumple, y eso
significa una falta total de respeto a este Parlamento, significa golpear
el sistema democrático y el Estado de Derecho y significa ni más ni menos
que engañar a la sociedad.
Y es que, señor Aznar, usted, que es muy de derechas, como lo está
demostrando con la política que está practicando, lo que pretende es
vaciar de contenido este Parlamento para reforzar la potestad de su
Gobierno. (Rumores.) Pero, además, señor Aznar, le digo que su grupo, el
Grupo Parlamentario Popular, está actuando de mala fe, porque sabiendo
que el Gobierno no va a cumplir los acuerdos del Parlamento, está votando
a favor de ellos en este Congreso, y eso se demuestra con las
manifestaciones que ha hecho últimamente el ministro de Trabajo, que se
ha declarado en rebeldía en relación con un acuerdo que ha tomado por
unanimidad este Congreso de los Diputados y que ya ha anunciado que el
Gobierno no va a cumplir; un acuerdo que afecta a las prejubilaciones de
los trabajadores autónomos y de los regímenes especiales de la Seguridad
Social. Pero hay más, hay acuerdos incumplidos por su Gobierno en
relación con la píldora abortiva; su Gobierno tiene incumplidos acuerdos
en relación con la incapacidad temporal de los trabajadores fijos
discontinuos y su Gobierno tiene incumplidos acuerdos en relación con la
no utilización por la Administración pública de las empresas de trabajo
temporal.
Señor Aznar, corrija su actitud y la de su Gobierno; cumpla los acuerdos
del Parlamento, respete a este Congreso de los Diputados y, señor Aznar,
menos fachada y más democracia. (Protestas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. Silencio, señorías.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada, espero
que su señoría respete, como es lógico, nuestros argumentos, los del
Gobierno, igual que éste respeta, como es natural y lógico también, los
de S. S.
Si S. S. tiene alguna pregunta en concreto sobre alguna resolución, puede
hacerla directamente al presidente del Gobierno o al ministro de Trabajo;
naturalmente lo que no puede hacer es plantear una cuestión de
incumplimiento en términos genéricos y luego decir al Gobierno que no dé
los datos que obran, como es lógico, en poder del Gobierno.
Señoría, esta Cámara ha aprobado 73 proposiciones no de ley, de las que
están cumplidas el 75 por ciento; 312 proposiciones no de ley en
Comisión, de las que se ha cumplido el 63 por ciento; 33 mociones
consecuencia de interpelación, de las que se ha cumplido el 64 por
ciento, y 49 resoluciones del debate del estado de la Nación, que están
cumplidas en un 84 por ciento. Este Gobierno ha contestado a 17.000
preguntas escritas en el año 1997, entre el Congreso de los Diputados y
el Senado. Por lo que se refiere a las propuestas de su Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, hay diez aprobadas en Pleno, cumplidas
el 70 por ciento; 97 aprobadas en Comisión, cumplidas el 44 por ciento, y
14 mociones consecuencia de interpelación, de las que se ha cumplido el
57 por ciento.
Es evidente que se cumplen las cosas a lo largo de una legislatura, y
puedo decir que el Gobierno seguirá atendiendo, como es lógico, los
requerimientos en las distintas vertientes, mociones o proposiciones no
de ley que aprueba esta Cámara. Si hubiese alguna dificultad en alguna
moción concreta, el Gobierno está a su disposición, porque para cumplir
algunas tiene que pedir los correspondientes informes y estudios que
hagan viable la ejecución de las propuestas que se aprueban. Y si hubiese
alguna dificultad, se planteará ante el Parlamento.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUANDO
PIENSA EL GOBIERNO PRESENTAR ANTE LA CAMARA EL INFORME SOBRE RTVE Y SU
FUTURO, EN CUMPLIMIENTO DE LO APROBADO EL 8 DE ABRIL DE 1997? (Número de
expediente 180/001162)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14 que, en sustitución de la señora
Aroz, formula, por nueva pregunta, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
portavoz adjunto del Grupo Socialista. (Fuertes rumores.)
Silencio, señorías. Señor Arqueros.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Muchas gracias.
No hace mucho tiempo, en unas llamadas «Propuestas para gobernar»,
comprometían ustedes para cuando llegaran al Gobierno lo siguiente: Vamos
a liberar Radiotelevisión Española. (Una señora diputada pronuncia
palabras que no se perciben.) Han oído ustedes bien, señorías: Vamos a
liberar Radiotelevisión Española. Lo que no dijeron fue que el ejército
de liberación nacional (Rumores.) lo iban a pagar las familias españolas
a razón de 20.000 pesetas al año por ver televisión. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.--Protestas.--Rumores.) Y si los
coroneles de ese ejército, como el señor Buruaga, cobran 35 millones de
pesetas al año, es lógico que Televisión Española esté como está en estos
momentos.
Como hemos descubierto sus intenciones, señoría, usted va a negar la
propuesta del Gobierno para una tasa de 20.000 pesetas. Pero le voy a
decir por qué: porque no pueden hacerlo. Porque no dispone de mayoría
suficiente en este Parlamento para hacerlo, no porque no tuviera
intención de ello. Y el otro día, en la subcomisión de Radiotelevisión,
el señor López-Amor lo dejó meridianamente claro: habló de los modelos de
financiación que él apoyaba y sólo puso el ejemplo, según él, del pago
que se hace en la mayoría de los países de Europa, por parte de las
familias, de un canon de 20.000 pesetas de media por tener y ver
televisión. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.--Protestas.) Mire usted, será este Parlamento quien impida --y
dé tranquilidad a las familias españolas-- que ustedes apliquen esta
tasa. Pero su intención es ésa. Lo que tenemos que hacer es discutir
rápidamente ese informe para impedir, entre otras, estas cosas que
ustedes quieren hacer. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Caldera.
Silencio, señorías.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, espero
que el señor diputado haga la pregunta. (El señor Caldera Sánchez-Capitán
pide la palabra.--Protestas.--Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento,
señor Caldera.
Confieso que se crea una situación de cierta perplejidad porque las
preguntas presentadas con antelación...
La señora LOPEZ I CHAMOSA: ¡Si está por escrito! ¡Que la lea!)
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Chamosa! ¡Señora Chamosa! Señorías, no
desvirtuemos el debate con incidentes innecesarios.
Digo que las preguntas, cuando están formuladas con anterioridad, es
decir presentadas la semana anterior, las conoce el Gobierno. No
obstante, conoce la Cámara que, como he dicho en la introducción, esta
pregunta es nueva, se ha sustituido y se ha aceptado por la Junta de
Portavoces esta mañana. Si el señor Caldera, al que veo dispuesto, quiere
leer la pregunta, adelante.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, parece mentira que el
presidente del Gobierno ignore tan profundamente el Reglamento. Esa
pregunta se presentó ayer y, en consecuencia, el Gobierno ha tenido mucho
tiempo para leerla. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: No se trata sólo de cuándo se va a
presentar la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, ¿quiere utilizar su turno en segunda
argumentación?
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: No, señor presidente, la doy por
formulada y, por supuesto, ruego que se me conceda el resto del tiempo
para el final.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno. (Pausa.--Protestas.)
¡Silencio, señorías!
No hay dificultad en leerla: ¿Cuándo piensa el Gobierno presentar ante la
Cámara el informe sobre Radiotelevisión Española y su futuro, en
cumplimiento de lo aprobado el 8 de abril de 1997?
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Cuando esté terminado,
señor presidente. (Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Caldera. (Rumores.--Protestas.)
Un momento, señoría.
Señorías, ruego silencio a ambos lados del hemiciclo, que no incluye el
sector central.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, decía que me parece
una falta democrática de respeto a quien interpela y al conjunto de la
Cámara. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) De
acuerdo. Cuando esté terminado. Pero lo importante es esa preocupación
que tienen las familias españolas.
Ahora le pregunto a usted, señor Aznar: ¿Ustedes han considerado
seriamente establecer esa tasa? Desmiéntalo o afírmelo. Usted no la puede
establecer porque no dispone de mayoría suficiente en este Parlamento
para ello. (Rumores.--Protestas. Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) ¡Es su estilo! Los globos sonda, a ver si
cuelan; a ver si se distrae la atención de la opinión pública y pueden
incorporarlo. Todo cuadra: una reforma fiscal que disminuirá los ingresos
de las administraciones públicas y, por lo tanto, menos gasto y menos
servicios.
Usted está perdiendo la credibilidad día a día. (Rumores.--Protestas.)
Usted ha mentido mucho. (Varios señores diputados pronuncian palabras que
no se perciben.) Sí, señorías. E igual que hacen esto hizo cuando
declaró, por ejemplo, en el año 1995, que iba a prohibir a sus alcaldes
que contrataran a familiares. ¡Qué ironía, señor Aznar!
(Rumores.--Protestas.--Aplausos.) Y se han convertido usted y su partido
en expertos en el acarreo de familiares y de contratación en las
administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo. Muchas gracias.
(Rumores.--Aplausos.)
Silencio, señorías.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Señorías, es posible que a este lado de la Cámara tengamos algún problema
de credibilidad, pero créame que nos consolamos cuando miramos al lado de
enfrente (Aplausos.--Protestas.) y encontramos una gran ventaja para
nosotros.
Contestando a la pregunta, señoría, y no haciendo juicios de intenciones,
le quiero decir que me gustaría que el informe estuviese terminado, y no
ha podido ser así, entre otras razones, porque desgraciadamente la
situación que encontramos en Radiotelevisión Española era bastante peor
de lo que pensábamos.(Rumores.) Señor presidente, quiero decir que deseo
personalmente una Radiotelevisión pública sustentada en un modelo viable,
y lo que está claro es que el actual modelo es sencillamente inviable. Se
está trabajando en ello, pero con independencia de lo que se llaman
juicios de intenciones, el Gobierno, que puede estudiar o que puede
recibir informes que analicen distintas alternativas para alcanzar un
modelo viable de Radiotelevisión pública al servicio de todos los
españoles, puede tener documentos en los que se hable de distintas
probabilidades, que tiene que estudiar y analizar. Una de esas puede ser
el canon al que se ha referido el señor diputado.
El Gobierno no tiene ninguna intención, aunque le moleste al señor
diputado, de establecer ningún canon, pero no porque en esta Cámara tenga
uno o dos diputados de más o de menos, sencillamente porque nunca ha
tenido esa intención, entre otras cosas porque los impuestos altos y los
muchos impuestos es una argumentación y una política típicamente
socialista (El señor Yáñez-Barnuevo García: Eso es mentira.--Protestas.)
que no vamos a discutir. Nos dedicamos a bajar el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a los trabajadores y asalariados españoles.
Gracias, señor presidente (Aplausos.)
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL
GOBIERNO QUE LOS ULTIMOS DATOS ARROJADOS POR LA ENCUESTA DE POBLACION
ACTIVA Y OTROS INDICADORES PERMITEN CONFIAR EN UNA REDUCCION SOSTENIDA DE
LOS INDICES DE PARO? (Número de expediente 180/001149)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21 que formula al Gobierno el
diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Señor Hernando. (Rumores.)
Un momento. ¡Señora Chamosa! ¡Señora Chamosa!
La señora LOPEZ I CHAMOSA: No he dicho nada ahora. (Risas.)
El señor PRESIDENTE Espero, espero. Guarde silencio, señoría, por favor.
Adelante, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Resulta evidente que los cambios económicos y presupuestarios, las
reformas estructurales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
junto al diálogo social y los acuerdos políticos, han provocado una
situación de estabilidad política, económica y social en
nuestro país que favorecen y están favoreciendo la creación de empleo.
Los datos de la encuesta de población activa de 1996 señalaban que se
habían creado 400.000 nuevos puestos de trabajo y 170.000 de ellos eran
empleos netos. La de 1997 señala que se han creado 370.000 nuevos puestos
de trabajo, 340.000 de ellos netos. Además, al finalizar 1997, señorías,
nos encontramos con que nuestro país ha alcanzado cifras récord en número
de activos, con 16.200.000 activos, y también en ocupados, con
12.950.000. Además, señorías, la reforma laboral ha permitido triplicar
el número de contratos indefinidos mejorando la estabilidad de nuestros
empleados. España creó la mitad de empleo durante 1997 del que se creó en
toda Europa y mientras que el crecimiento de nuestra economía fue del 3,4
por ciento, el de nuestro empleo fue del 2,9, que es una de las tasas de
intensidad de crecimiento más altas que nunca ha tenido nuestro país.
Además, los datos del INEM cerraban 1997 con 2.075.000 parados, que es
también nuevamente una cifra que se remonta a 1982 para conocer el número
de parados registrados, y el número de afiliados a la Seguridad Social
estaba en los 13.100.000 empleados.
Estos datos avalan que se está teniendo una situación de crecimiento de
empleo sostenido. Sin embargo, señor presidente, es indudable que el paro
sigue siendo el principal problema de este país y es un problema
dramático para muchas familias españolas. Por ello, señor presidente, le
preguntamos si cree el Gobierno que los últimos datos arrojados por la
encuesta de población activa y otros indicadores permiten confiar en una
reducción sostenida de los índices de paro también durante 1998.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, creo sinceramente que va a continuar el proceso acelerado de
creación de empleo en España que ahora es, aproximadamente, de 1.000
empleos netos diarios y que, consecuentemente, va a producirse aún más
una caída de las tasas de desempleo, de paro en nuestro país.
Permítame S. S. que le ofrezca algunos datos. En términos de encuesta de
población activa la tasa de desempleo en nuestro país ha bajado del 20
por ciento; está en este momento en el 19,8 por ciento, dato que no se
producía, desgraciadamente, desde hace muchos años. La tasa de paro en
mujeres es del 27 por ciento y la tasa masculina es del 15 por ciento.
En el mes de enero, según la encuesta de población activa, el paro
descendió en 77.700 personas y hubo 44.600 ocupados más. Naturalmente hay
que esperar los datos de los tres meses del primer trimestre para saber
si esa tendencia se consolida y el Gobierno espera que sea así. En
términos de paro registrado, en el primer trimestre hubo un descenso de
36.529 parados, en el mes de marzo ha sido de 28.000 parados y de marzo
de 1997 a 1998; es decir, en términos interanuales, el paro ha descendido
en 188.300 personas. La tasa es exactamente del 12,5 por ciento de paro,
que es la más baja desde 1981.
Señorías, en el primer trimestre de este año ha habido 291.275 nuevas
altas en la Seguridad Social, de las cuales al régimen general
corresponden 277.000. En el mes de marzo han sido 137.000. El total de
afiliados a la Seguridad Social en este momento es de 13.320.000, que es
el más alto de nuestra historia. En los dos últimos ha habido un millón
de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.
Por lo que se refiere a la contratación indefinida el primer trimestre ha
supuesto 260.000 contratos indefinidos; en porcentaje eso significa el
9,32 por ciento de toda la contratación y de todo el empleo que se ha
realizado. Son 170.000 más que en el mismo mes del año pasado y, por
tanto, es un incremento de la tasa del 190 por ciento. Los contratos
estables e indefinidos se han triplicado en nuestro país.
En conclusión, el Gobierno cree que es posible que se mantenga ese
crecimiento duradero del empleo, siempre que perdure la estabilidad
económica, siempre que se continúe en el camino de las liberalizaciones y
las reformas, siempre que se siga apostando por el diálogo social y
siempre que sepamos aprovechar correctamente los impulsos que el plan de
empleo presentado ante la Unión Europea va a deparar también a la
economía española.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE CON EL
DOCUMENTO APROBADO POR LA COMISION EUROPEA EN LA AGENDA 2000 SOBRE
PERSPECTIVAS FINANCIERAS, LA UNION EUROPEA VA A MANTENER O INCREMENTAR SU
COHESION ECONOMICA Y SOCIAL? (Número de expediente 180/001140)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señor ministro de Asuntos
Exteriores, ¿considera el Gobierno
que con el documento aprobado por la Comisión Europea en la Agenda 2000,
sobre perspectivas financieras, la Unión Europea va a incrementar o
mantener su cohesión económica y social?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor presidente.
El Gobierno considera que se va a lograr que la Unión Europea mantenga
los actuales niveles de cohesión social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor ministro, no entiendo qué es lo que le hace
pensar a usted que se van a mantener los actuales niveles de cohesión
económica y social.
Señor Matutes, la única categoría de gastos sacrificada en toda la Agenda
2000 es la cohesión económica y social. Mientras aumentan los gastos
administrativos, las políticas internas, los gastos en la agricultura, a
pesar de las reformas de la PAC y las políticas externas, disminuye la
cohesión económica y social en un 1,4 por ciento, según los datos de la
Agenda 2000 aprobada por la Comisión Europea. Si atendemos además a que
el techo de créditos de pago pasa del 1,23 en 1999 al 1,3 por ciento del
PIB comunitario en el 2006, entenderemos que supone una grave disminución
de recursos para los actuales quince Estados miembros; por tanto, está
muy por debajo de lo pactado en Edimburgo en 1992 y con cargo exclusivo,
señor Matutes, como usted bien sabe, a las políticas de cohesión.
Señor Matutes, el Gobierno del señor Aznar ha convertido en un ideal la
situación lograda por el Gobierno socialista en 1992. La cohesión
económica y social negociada entonces y las perspectivas financieras
derivadas de la misma han dado unos frutos magníficos para España, que
ahora va a ver truncado el incremento y esos frutos que ha producido la
cohesión económica y social.
Ante la Agenda 2000, señor Matutes, no existe ni una sola iniciativa
española que mejore las actuales propuestas de la Comisión. El Grupo
Parlamentario Socialista quiere creer que el Gobierno del Estado español
está haciendo sus deberes, que está haciendo su trabajo, que no está
entretenido sólo sacando pecho ante países más ricos, más poderosos
económicamente que España, con mejor coyuntura económica que España en el
momento actual.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa. Ha concluido su tiempo.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
lo único que no entiendo es que el señor Costa no entienda una afirmación
tan sencilla y tan fácil de demostrar como la que he hecho y me pregunto,
ciertamente, si bebemos de las mismas fuentes.
Las propuestas de desarrollo, ya no sólo las de la Agenda 2000, aprobadas
por la Comisión el pasado 18 de marzo mantienen las cifras propuestas en
la primera comunicación del mes de julio, si bien --y quizá ahí está su
error-- actualizadas a precios de 1999. La intención de la Comisión es
clara: mantener la dotación global para las políticas estructurales y de
cohesión en términos relativos al nivel previsto para 1999, es decir, un
0,46 del producto nacional bruto de la Unión, lo que supone, en términos
absolutos, que las cifras todavía van a ser muy superiores; será un 0,46,
como le digo, del producto nacional bruto comunitario que corresponde
exactamente a 287.000 millones de euros, en precios de 1999. De este
montante de 287.000, 240.000 millones de euros aproximadamente, señoría
--y esos son datos incontestables que incluyen los 21.000 millones
afectados al Fondo de Cohesión--, estarán a disposición de los Estados
miembros actuales; los 47.000 millones restantes están previstos para los
nuevos Estados miembros y para los países candidatos. Obsérvese que en la
Agenda 2000 las cifras aparecían en ecus y ahora aparecen en euros y,
probablemente, ahí radica el error de S. S.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Antes de pasar a la pregunta 16, del señor Estrella, también dirigida al
ministro de Asuntos Exteriores, quiero comunicar a la Cámara, como se
había anticipado, que nos visita en la tribuna institucional el
presidente del Senado de Canadá acompañado de seis miembros de dicha
Cámara, senadoras y senadores, para los que les ruego un saludo.
Bienvenidos. (Aplausos.) Muchas gracias.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO
RESPECTO A LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR VARIOS PAISES MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA, CONTRIBUYENTES NETOS AL PRESUPUESTO COMUNITARIO, PARA
DISMINUIR SUS APORTACIONES AL MISMO? (Número de expediente 180/001143)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 que formula al Gobierno el
diputado don Rafael Estrella Pedrola del Grupo Socialista.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en los años pasados España ha impulsado en la Unión
Europea un modelo de Europa, un proyecto de Europa que, al mismo tiempo,
convenía y era la mejor defensa de los intereses de España. Así se hizo
en los Acuerdos de Maastricht, se consolidó en las perspectivas
financieras de Edimburgo, etcétera.
Recientemente, en la reunión del Ecofin de York, varios países que son
contribuyentes netos al presupuesto comunitario (Alemania, Austria,
Suecia, Holanda) han planteado su deseo y su petición de que se rebaje su
contribución, de que se extienda la fórmula del cheque británico.
Naturalmente, de aceptarse, supondría una seria amenaza al proceso de
cohesión e incluso a la propia ampliación, e iríamos hacia
larenacionalización de las políticas. Para un país como España, que
recibe el 55 por ciento de los fondos de cohesión, es ocioso decir su
importancia. No hemos oído la opinión del Gobierno, no hemos visto
ninguna reacción de Gobierno y es lo que queremos conocer.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
presidente.
La opinión del Gobierno al respecto se ha dejado oír en todos los medios
de comunicación y, desde luego, en esta Cámara tantas veces como ha hecho
falta. Naturalmente, no podía ser otra que la de que el Gobierno, por
principio, es contrario al establecimiento de todo mecanismo de
corrección de las aportaciones netas de los Estados miembros, ya que tal
mecanismo no está previsto en absoluto en los Tratados de la Unión
Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor ministro, da la impresión de que a la
expresión España va bien --que no se lo cree nadie en este país-- algunos
están intentando sacarle partido fuera y tomar ventaja.
Si la opción es entre que el ministro de Economía vaya sacando pecho ante
una coyuntura económica positiva o vaya de pedigüeño, cuando otros que
también tienen una coyuntura económica positiva van de pedigüeños,
estamos con que el ministro vaya de pedigüeño; desde luego, preferimos
eso. Tenga por seguro que va a tener nuestra solidaridad y nuestro apoyo
y que no haremos una oposición miserable y mezquina; eso corresponde al
pasado. Le vamos a pedir que dejen lo coyuntural y la inconsistencia.
Esta mañana, uno de sus socios parlamentarios decía que el Gobierno no
tenía un proyecto agrario europeo. Yo creo que el Gobierno lo que no
tiene es simplemente un proyecto europeo. Y sin proyecto europeo, señor
ministro, no hay una política exterior conocida y, por lo tanto, no hay
la base necesaria para un consenso sólido como el que deseamos practicar
y como el que nosotros hemos practicado cuando estábamos en el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor ministro de Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Yo me temo que
aquí el señor diputado se lo guisa y él mismo se lo come. Una cosa es que
el Gobierno no tenga proyecto, que sí lo tiene, y otra es que algún señor
diputado todavía no se haya enterado.
En todo caso, sobre el debate de los saldos netos, que es a lo que se
refiere su pregunta, la propia Comisión ha subrayado que es técnicamente
complejo y, por ello, políticamente estéril, por lo que la posición del
Gobierno es la que le he manifestado con toda claridad. La complejidad
deriva de razones varias, como la existencia de múltiples conceptos de
saldos netos o los problemas contables derivados de la dificultad de
atribuir gastos e ingresos por países con los actuales sistemas de
contabilidad nacional.
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la Comisión presentará en el
próximo mes de noviembre una valoración sobre el funcionamiento del
sistema de recursos propios hasta la fecha, y ése será el momento de
plantear el debate sobre cualquier cambio. Tenga en cuenta que España no
se opone a una revisión del sistema de los recursos propios que tuviera
como objeto precisamente modular la aportación de los Estados miembros
para acomodar estas aportaciones a su prosperidad relativa.
Una de las disposiciones del protocolo de cohesión económica y social se
hace eco precisamente de la intención de tener más en cuenta la capacidad
contributiva de los distintos Estados miembros en el sistema de recursos
propios, así como el de estudiar la forma de corregir que los Estados
miembros menos prósperos puedan prescindir de los elementos regresivos
que existen en el actual sistema de recursos propios.
Si España consiguió en su momento anular la regresividad del IVA
precisamente aplicando este principio, es evidente que no podría aceptar
hoy mecanismos correctores que incorporen regresividad al sistema actual.
Por el contrario, España, como le decía, sí estaría dispuesta a debatir
la introducción de un nuevo recurso de carácter progresivo, como el del
producto nacional bruto, por ejemplo, ponderado por la renta per cápita
comparada con la media comunitaria de cada país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO ANTE
LA PREVISIBLE SALIDA DE CANTABRIA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA DE LAS
REGIONES EUROPEAS CATALOGADAS COMO OBJETIVO NUMERO 1 EN LOS FONDOS
ESTRUCTURALES DE LA UNION? (Número de expediente 180/001144)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno don
Jaime Blanco García, del Grupo Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, recientes informaciones de distintos medios de
comunicación sitúan a las comunidades autónomas de Cantabria y de
Valencia fuera del objetivo 1 de la Unión Europea, según informes de la
propia Unión Europea. Me gustaría saber cuál es el criterio del Gobierno
al respecto del futuro de estas comunidades autónomas dentro o fuera del
objetivo 1.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
con mucho gusto voy a contestar a la pregunta de S. S., el señor Blanco.
La lógica inherente al principio de cohesión económica y social es la de
que, al ser las acciones estructurales un instrumento de la política de
convergencia real, es decir, para ir igualando las rentas regionales más
bajas a las medias comunitarias, las ayudas disminuyen e incluso pueden
cesar cuando este objetivo se va alcanzando. Y en esa línea van, en
efecto, las reformas de la Comisión Europea impulsadas recientemente por
la comisaria competente, la señora Wulff Mathies, y el director regional
del Feder, que, por cierto, es el español Eneko Landaburu.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Señor ministro, si lo que se desprende de sus
palabras es que en las estadísticas del año 1995, que por cierto es un
año en el que estaba gobernando el Partido Socialista, el nivel de renta
ha aumentado por encima del 75 por ciento de estas comunidades autónomas,
le agradezco el piropo. De todas maneras, no creo que usted le haya
querido dar este sentido a sus palabras, sino, muy al contrario, de ellas
lo que se desprende es más preocupación de la que traía antes de conocer
su respuesta.
Señor ministro, si hay una reducción de inversiones reales por parte del
presupuesto del Estado español y si a la vez hay una reducción de los
fondos estructurales, está claro que la brecha se va a abrir con respecto
a estas dos comunidades, la cántabra y la valenciana, en la cohesión con
el resto de las comunidades españolas.
Señor ministro, me parece que ustedes sacan pecho en plan sindicalista,
valga la expresión entre comillas, en algunos temas, por ejemplo el del
aceite, y se pliegan en otros, y no tienen una posición global de
negociación como Gobierno que quiere contribuir a la construcción de la
Unión Europea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
yo no he querido decir otra cosa que lo que he dicho, y no necesita de
interpretación. Cuestión distinta es que al parecer el señor Blanco no se
entera.
En todo caso, lo que le decía y le repito es que el objetivo de las
acciones estructurales es el de ir igualando las rentas regionales más
bajas hacia las medias comunitarias, debiendo ser a medida que se
logra, creo yo, un motivo de satisfacción, pues demuestra los
resultados positivos de una política estructural.
De momento, lo que hay son unas propuestas de la Comisión Europea, del
español Eneko Landaburu, a quien S. S. debe conocer, director general del
Feder, y de la comisaria Wulff Mathies; sin embargo, ello no significa
que vayan a quedar desasistidas del objetivo 1, sino más bien al
contrario. En primer lugar, al dejar de ser elegibles para el objetivo 1,
resultan elegibles para el objetivo 2, en el que el criterio del
desempleo jugará un papel muy importante.
En segundo lugar, estas regiones en buena parte, gracias a la
insistencia del Gobierno español al respecto en la línea de que dichas
regiones no podían quedar desasistidas bruscamente del objetivo número 1,
se podrán beneficiar también durante un período transitorio de seis años
del objetivo número 1 en régimen transitorio. De aquí que, por lo tanto,
durante este período de seis años vayan a beneficiarse simultáneamente
del objetivo 1 y del 2, del que seguirán disfrutando con carácter
permanente.
Y en tercer lugar, y para terminar, quiero recordar que estas regiones
pueden beneficiarse también del Fondo de Cohesión, con lo cual no sólo no
quedan desasistidas, sino más asistidas de lo que anteriormente estaban.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
REPERCUSION TENDRA, EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE LA DEFENSA, LA
ADQUISICION DE CARROS DE COMBATE «LEOPARD» A LA REPUBLICA FEDERAL
ALEMANA? (Número de expediente 180/001157.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, señor ministro de Defensa, hace unas semanas se producía un
acuerdo importante entre el canciller Kohl y el presidente del Gobierno
español para la adquisición de un número importante de carros de combate
Leopard para el Ejército de Tierra. Este acuerdo ha recibido importantes
críticas desde diferentes sectores de la opinión pública, quizá porque no
se supiera que culminaba un proceso iniciado hace años por el Gobierno
socialista y rematado por el Gobierno del Partido Popular. La diferencia
que existe en el acuerdo al que se pretendía llegar con el Gobierno
socialista y el acuerdo alcanzado con el Gobierno del Partido Popular era
que, mientras entonces esa inversión de 300.000 millones de pesetas
aproximadamente no tenía ningún tipo de repercusión en la industria
española de la defensa, en el momento actual se ha conseguido por parte
de este Gobierno que esa inversión tenga importantes retornos y
repercusión en la industria nacional de la defensa. De forma que, cuando
antes estaba previsto el cierre de una empresa tan significativa para
España y para la industria de la defensa como es la Empresa Nacional
Santa Bárbara, hoy es el día en que prácticamente todos sus centros
tienen garantizado su futuro y su viabilidad, afortunadamente por la
gestión realizada en este caso concreto para la adquisición de los carros
de combate Leopard.
Por eso, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular desea saber la
repercusión que tendrá en la industria nacional de la defensa la
adquisición de carros de combate Leopard a la República Federal Alemana,
desde el punto de vista de la inversión, de los puestos de trabajo
directos e indirectos que se mantendrán o crearán con este importante
acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Como S. S. ya sabe, el Consejo de Ministros en su sesión de 20 de febrero
de este año autorizó al ministro de Defensa para iniciar actuaciones
conducentes a la adquisición de 219 carros de combate Leopard 2E y 16
carros de recuperación Leopard 2ER, así como la puesta en funcionamiento
de ambos sistemas de armas.
Como ha dicho S. S. hay un claro cambio en las condiciones que marcan
esta adquisición. Se había firmado en 1995 un memorándum de entendimiento
en el que no se concretaba básicamente ningún aspecto de la adquisición y
dejaba un vacío que durante estos meses, a través de las pertinentes
negociaciones, hemos tratado de rellenar, estableciendo por el Consejo de
Ministros en la sesión citada las condiciones que entendemos benefician a
nuestros intereses nacionales en general y muy en particular a la
industria española. Estas condiciones son haber fijado presupuesto máximo
(317.000 millones de pesetas), haber fijado un retorno mínimo del 80 por
ciento de este importe que acabo de citar, que debe ser actividad directa
en la industria española en más de un 60 por ciento en la construcción
del carro y en el 20 por ciento restante en retornos indirectos por medio
de compras en el exterior. Además, se fija la importantísima cláusula de
que el contratista sea una empresa española.
Para cumplir el citado acuerdo el Ministerio de Defensa ya ha
seleccionado como empresa contratista principal a la firma española Santa
Bárbara Blindados, SBB. Asimismo, ha comunicado estas condiciones del
consejo a las firmas extranjeras Krauss Maffei y Mak como respectivos
dueños de la propiedad intelectual y fabricantes en Alemania de los
carros de combate, al objeto de que presenten un plan urgente de
colaboración con la citada empresa española, que permita la confección de
una oferta y del plan industrial. A este respecto, el programa Leopard
aportará una importante carga de trabajo al conjunto de Santa Bárbara, y
muy en particular a las fábricas de Trubia, de Oviedo y de Granada.
En definitiva, señoría, estamos en un momento en que se ha avanzado
notablemente en el programa. Quedan pendientes unas negociaciones entre
las empresas que acabo de citar y que, una vez finalizadas, permitirán
dar los pasos oportunos para la puesta en marcha del mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO VALCARCE GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE EL GOBIERNO GRAVA
FISCALMENTE A LAS EMPRESAS QUE ACOGEN ALUMNOS EN PRACTICAS DE FORMACION
PROFESIONAL EN LA TRIBUTACION POR MODULOS EN EL IRPF? (Número de
expediente 180/001146).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno la
diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor presidente.
¿Por qué razón, y por primera vez, el Gobierno grava fiscalmente a las
empresas que acogen alumnos en prácticas de formación profesional en la
tributación por módulos en el IRPF?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valcarce.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
El Gobierno nunca ha pretendido gravar ni penalizar de ninguna manera a
aquellas empresas que acogen alumnos en prácticas de formación
profesional. Al contrario, lo que pretende el Gobierno es estimular a las
empresas que de una forma activa están colaborando en la formación de
nuestros jóvenes en los centros de trabajo.
Le agradezco a su señoría que haga esta pregunta porque me da la
oportunidad de aclarar aquello que en la redacción de la orden del
Ministerio de Hacienda de 13 de febrero ha dado lugar a confusiones. Por
eso, el ministro de Hacienda ha firmado una orden que se publicará en los
próximos días en la que pone claramente de manifiesto que ni ha existido
ni va a existir ningún tipo de gravamen a las empresas que contraten
alumnos de formación profesional.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario recibe con satisfacción que, por fin, el Gobierno
tenga la voluntad firme de rectificar y también que la haya expresado
aquí en la Cámara. Sin embargo, señora ministra, usted es altamente
responsable de la alarma que se ha generado entre los empresarios
españoles que vienen colaborando durante más de diez años con la
administración educativa para decidir acoger en sus empresas a los
alumnos que hacen las prácticas de formación profesional.
Usted sabe que en la nueva formación profesional la formación en las
empresas es indispensable para obtener su título correspondiente, pero
también sabe que es indispensable para que nuestros jóvenes puedan
acceder al mercado de trabajo. Acerca de esa orden ministerial, que nunca
debió publicarse si el Gobierno hubiera hecho caso a la alarma que se
produjo, señora ministra, su departamento ha reconocido que advirtió al
Ministerio de Economía para que no sacase adelante esa norma. Sin
embargo, usted tendrá que preguntarse sobre su capacidad política y la de
su departamento para obligar a rectificar al Ministerio de Economía. Hoy
al fin se hace, pero algo se ha quebrado; se ha quebrado algo muy
importante: el clima de confianza indispensable para que las empresas y
la administración educativa sigan colaborando para prestigiar de verdad
la formación profesional. Ahora usted tiene dos tareas a realizar: la
primera es la de rectificar y la segunda la de recomponer el clima de
confianza con las empresas, que es indispensable para el bien de la
formación profesional. Usted tendrá que hacerlo a menos que su
preocupación por la formación profesional no sea nada más que pura
retórica.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señoría, no había posibilidad de crear alarma social porque la orden
hablaba de personal asalariado y los alumnos de formación profesional no
son personal asalariado. Pero tiene razón su señoría en que la redacción
era desafortunada y podía dar lugar a dudas; por eso, el ministro de
Hacienda ha firmado una orden en la que dice claramente: no se computará
como personas asalariadas a los alumnos de formación profesional que
realicen el módulo obligatorio de formación en los centros de trabajo.
Por tanto, señoría, en absoluto hay una marcha atrás, sino una aclaración
de unas interpretaciones incorrectas; jamás el Ministerio de Hacienda
pretendió gravar esta cuestión, sino hacer una redacción aclaratoria de
las dudas que se han podido suscitar, y ya la ha hecho. Los alumnos de
formación profesional nunca han sido personal asalariado, y le agradezco
a su señoría que me haga la pregunta, porque es ocasión y lugar de
aclarar esta cuestión. No es sólo que el Gobierno no quiera gravar a las
empresas que cogen alumnos de formación profesional; el Gobierno quiere
aprovechar esta oportunidad para expresar su agradecimiento a los miles
de empresarios que están acogiendo a los alumnos en práctica de formación
profesional. Hay miles de pequeñas y medianas empresas que lo hacen y que
realizan una labor fundamental en la formación de nuestros jóvenes. Por
eso, quiero animarles a que sigan haciéndolo en el marco del nuevo
programa de formación profesional, en el que se intensifica su
participación y su colaboración en beneficio de las oportunidades de
empleo; para ello pueden contar con la absoluta garantía de que el
Gobierno no sólo no les penaliza sino que les respalda.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Educación y Cultura.
--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON CALPE SAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ANALISIS QUE
HACE EL GOBIERNO EN RELACION A LA DISMINUCION DEL GASTO FARMACEUTICO
PRODUCIDO EN EL AÑO 1997? (Número de expediente 180/001155)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
diputado don José Ramón Calpe Saera, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Señor Ministro, el pasado 31 de marzo el señor
subsecretario de su departamento informó a la Comisión de Sanidad y
Consumo de esta Cámara de que a lo largo de 1997 el Ministerio de Sanidad
había adoptado una serie de medidas de diversos tipos para contener el
crecimiento del gasto farmacéutico. Unas medidas eran de tipo
estructural, como la modificación de los márgenes comerciales de las
oficinas de farmacia y de los almacenes distribuidores de productos
farmacéuticos o la política de fomento a la fabricación, registro y
prescripción de medicamentos genéricos. Otras medidas, que podríamos
calificar de instrumentales o de gestión y que se aplicaron en el ámbito
interterritorial del Insalud, fueron el establecimiento de programas de
uso racional del medicamento en las gerencias de atención primaria y
áreas de salud, la elaboración de boletines farmacoterapéuticos en las
áreas de salud o la introducción de terminales autónomos informáticos en
atención primaria. Finalmente, otras medidas eran de carácter coyuntural
como el acuerdo que se firmó con Farmaindustria el 1 de agosto de 1996,
que fue sustituido por el suscrito el pasado 22 de enero del presente año
de 1998. Gracias a estas medidas la evolución del gasto farmacéutico del
Sistema Nacional de Salud durante 1997 experimentó una notable
desaceleración respecto del incremento que se había producido en los
ejercicios inmediatamente anteriores.
Por todo ello, señor ministro, le pregunto cuál es el análisis que hace
el Gobierno sobre la disminución del gasto farmacéutico producido en el
año 1997.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Calpe.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor diputado, nuestro análisis coincide básicamente con el que ha hecho
su señoría. Efectivamente, en 1997 el gasto farmacéutico del Sistema
Nacional de Salud experimenta una desaceleración y frente a un
crecimiento del 11,36 por ciento en 1996, se queda en un 5,42 por ciento
en 1997. En el caso del Insalud las cifras son ligeramente más
favorables. Frente a un crecimiento de 11,57 por ciento en 1996 se llega
a un crecimiento del 4,62 por ciento en 1997. Esto se debe a la
aplicación de medidas en relación con la industria farmacéutica, con la
distribución y con los servicios médicos. Con la industria farmacéutica
llegamos a un acuerdo más ventajoso que el que existía anteriormente, no
sólo porque sus aportaciones tienen lugar en mayor cuantía, sino porque
tienen una naturaleza desincentivadora por el hecho de que esas
aportaciones se producen a partir de crecimientos del gasto farmacéutico
del 2,6 por ciento. Se redujeron los márgenes de las oficinas de farmacia
y de los almacenes de distribución en dos y un punto respectivamente y se
trabajó con los servicios médicos del Sistema Nacional de Salud,
específicamente nosotros en el caso del Insalud, aumentando la
información de que disponían los profesionales médicos con guías
farmacoterapéuticas y elaborando protocolos entre atención primaria y
atención especializada y con la colaboración de las sociedades
científicas para el tratamiento de las patologías más prevalentes.
En el año 1998 nos proponemos seguir por este camino. El acuerdo con la
industria farmacéutica se ha mejorado sensiblemente y en el año 1998 su
aportación va a ser del orden de 40.000 millones. Además, como sabe S.
S., se va a introducir una lista negativa y van a empezar a hacerse
sentir en el mercado los medicamentos genéricos cuya legislación se
introdujo en 1996, y en 1998 confiamos en que estén ya significativamente
presentes en el mercado. Con estas tres medidas esperamos conseguir en
1998 un ahorro de 65.000 millones en el conjunto del Sistema Nacional de
Salud. Eso va a exigir también que continúe ese trabajo con los servicios
médicos de los sistemas de salud, porque en definitiva ellos son
decisivos para esta contención del gasto, y vamos a seguir con nuestra
política de mejorar la información de los profesionales médicos y de
hacer cursos entre ellos para el uso racional del medicamento. Confiamos
en que con todas estas medidas mantengamos un crecimiento razonable del
gasto farmacéutico, algo muy importante para el Sistema Nacional de
Salud.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON BENITO JESUS REGO COBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUENTA EL GOBIERNO CON
ALGUN MECANISMO QUE PERMITA LA RAPIDA DETECCION Y SUBSIGUIENTE RETIRADA
DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA SALUD DE LOS
CONSUMIDORES? (Número de expediente 180/001156)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
diputado don Benito Jesús Rego Cobo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Rego.
El señor REGO COBO: Gracias, señor presidente.
El Gobierno cuenta con mecanismos de probada eficacia que hacen posible
la detección y la subsiguiente retirada del mercado de productos de uso y
consumo que pueden suponer un riesgo grave e inmediato para la salud y
seguridad de los consumidores. Es frecuente que la inspección de
productos no sea fruto de una programación previa, sino que se debe hacer
frente ante una situación imprevista que genera un riesgo concreto,
actual y localizado, es decir, las denominadas alertas alimentarias.
Señor ministro, en nuestro país la red de alerta alimentaria se empieza a
utilizar en el año 1987, aunque su sistematización data de 1991. El
objetivo de la red de alerta consiste en evitar que cualquier producto
alimentario del que se conozca o sospeche un riesgo potencial o real
llegue al consumidor final pudiendo comprometer su salud, pero también es
cierto que la seguridad alimenticia no se puede quedar exclusivamente en
la red de alerta. Por ello, señor ministro de Sanidad y Consumo, le
pregunto: ¿cuenta el Gobierno con algún mecanismo que permita la rápida
detección y subsiguiente retirada del mercado de los productos que puedan
poner en peligro la salud de los consumidores?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rego Cobo.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, los mecanismos o procedimientos que permiten la rápida detección
y la consiguiente retirada del mercado de los productos que pueden poner
en peligro la salud de los consumidores incluyen actuaciones de control
del mercado interior que desarrollan las administraciones sanitarias
autonómicas; el diseño y ejecución por parte del Ministerio Sanidad y
Consumo de programas de prospección de mercado orientados a la
identificación y evaluación de nuevos riesgos y que por su novedad y
falta de antecedentes no pueden incluirse dentro de los programas de
control e inspección convencionales; el control sobre los productos de
consumo humano procedentes o destinados a países no pertenecientes a la
Unión Europea, que se realiza a través de los servicios de sanidad
exterior dependientes del Ministerio de Sanidad y Consumo, y un sistema
coordinado en el intercambio rápido de información, también conocido como
red de alerta alimentaria.
Esta red de alerta está constituida como una red nacional de puntos de
contacto, información y notificación en la que participan las autoridades
sanitarias de las comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el Ministerio de Defensa y la Federación de
industrias de alimentos y bebidas. Está integrada dentro de la red
comunitaria de la Unión Europea y está coordinada por la Dirección
General de Salud Pública y su objetivo es evitar que cualquier producto
alimentario del que se conozca o sospeche un riesgo potencial o real
llegue al consumidor. Además, dentro del sistema coordinado de
intercambio rápido de información, se han establecido circuitos de
notificación específicos para las comunicaciones relativas a la detección
de sustancias prohibidas, como el clembuterol o sustancias similares, y
para las incidencias en materia de publicidad medicalizada de productos
alimenticios.
Finalmente, quiero señalar a SS. SS. que a los riesgos vinculados a los
alimentos deben sumarse otros relacionados con aspectos medioambientales
y, en particular, con sustancias y/o preparados químicos peligrosos. En
consecuencia, puede concluirse que contamos con mecanismos y
procedimientos altamente eficaces que permiten la rápida detección y la
consiguiente retirada del mercado de los productos que pueden poner en
peligro la salud de los consumidores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADéS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA
IMPULSADO O PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO CONTRA LA EXPLOTACION LABORAL DE
LA INFANCIA? (Número de expediente 180/001134)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, que formula al Gobierno el
diputado don Carles Campuzano i Canadès, del Grupo de Convergència i
Unió.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la explotación laboral infantil constituye una evidente
lacra que afecta a todos los países en vías de desarrollo. Los informes
hablan de más de 250 millones de niños entre cuatro y catorce años que
realicen algún tipo de trabajo y, de estos, cerca de 120 millones que lo
hacen en condiciones extremas. Esta situación ha provocado que más de
setecientas ONG de todo el mundo hayan impulsado la marcha mundial contra
la explotación laboral infantil, con la perspectiva de la celebración de
la reunión de la OIT a principios del próximo mes de junio, para intentar
restablecer
una nueva convención internacional sobre esta materia.
A nosotros nos gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno ante la
perspectiva de esta reunión del mes de junio y, en general, sobre las
iniciativas que piensa impulsar para luchar contra esta explotación
laboral infantil.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Agradezco en nombre del ministro de Trabajo esta pregunta que nos permite
hablar, como decía S. S., de una lacra mundial que preocupa realmente a
la Organización Internacional del Trabajo y que va a desarrollar esta
conferencia en junio de 1998.
Como sabe S. S., el Gobierno ha impulsado una serie de medidas, unas de
policía laboral y otras más bien en relación con la dimensión social del
problema, intensificándose en relación con las primeras el control a
través de la Inspección de Trabajo; son medidas que ya se tomaron desde
julio de 1996, nada más llegar al Gobierno. Además, hay otro tipo de
medidas que han llevado a la conclusión siguiente. Se han inspeccionado
375.000 empresas en el año 1997, actuándose en 430 ocasiones,
presentándose 140 infracciones y se han aplicado unas sanciones de más de
73 millones de pesetas, que afectaban a 180 menores en trabajos ilegales.
Por otra parte, tenemos las medidas de dimensión social, puesto que el
problema tiene una gran implicación en ese terreno. Hay muchas
situaciones, fundamentalmente de marginalidad social, que llevan también
a que en trabajos en los que realmente no existe una relación laboral,
como, por ejemplo, en el caso de trabajos familiares en establecimientos
agrícolas y comerciales e industriales, donde no existe tal relación
laboral o no hay remuneración o no existe un empresario porque es el
padre y no puede ser sometido a una sanción, cuesta llegar a determinar
estas situaciones; por eso prestamos especial atención también a través
de la Inspección de Trabajo a todas las denuncias que se presentan en el
sector de la agricultura en empresas familiares y atendemos de una manera
muy especial las denuncias por absentismo escolar.
Podría decirle, por otra parte, que el Ministerio de Trabajo y el Comité
español de la Unicef han firmado un convenio marco; estamos prestando
subvenciones con cargo a la asignación del IRPF desde el año 1997 para
detectar todo este tipo de problemas en casos de economías sumergidas,
donde hay también verdaderos problemas, o en casos de estacionalidad, que
son muy difíciles de detectar, de investigar y de asignar
responsabilidades, y concretamente el Gobierno ha convocado en los días
29 y 30 de abril unas jornadas especiales sobre trabajo infantil para
suscitar esta atención de la opinión pública ante el convenio de Ginebra.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Agradecemos esta información que hace referencia a las actuaciones en el
marco del Estado español, pero el sentido de nuestra pregunta también la
situaba en el terreno internacional.
Según entiende nuestro grupo la posición de desarrollo del Estado
español nos puede permitir perfectamente jugar un papel activo en el seno
de la reunión de Ginebra de este mes de junio para conseguir que el mayor
número de Estados posible se sume a este nuevo convenio. Nos parece que
esta debe ser una prioridad del Gobierno, como también nos parece que el
plan de acción a nivel mundial de lucha contra el trabajo infantil, que
se asumió en Oslo en octubre de 1997, debe concretarse en los criterios
de actuación de la política de cooperación al desarrollo del Gobierno.
Finalmente y lo más importante es que en el mes de abril de 1997 se hacía
pública una iniciativa del Gobierno americano, del presidente Clinton,
que comprometía a ONG, a sindicatos y a grandes empresas norteamericanas
en la lucha contra la explotación laboral infantil. Nos parece que el
Gobierno, más allá de estas actuaciones realizadas en el seno de nuestras
fronteras, debía ser imaginativo y audaz y ser capaz también de
comprometer a las empresas españolas en su presencia exterior en no ser
cómplices de esta verdadera lacra. Esperamos contar para esto con la
complicidad y la actuación del Gobierno en la reunión de junio y en los
próximos meses.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señora ministra, brevemente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): A nivel
internacional hay tres actuaciones: en primer lugar, las jornadas del 30
de abril que ya he señalado; en segundo lugar, España colabora en la
marcha internacional contra la explotación y prepara también esta campaña
de sensibilización mundial, que en España será del 3 al 17 de mayo, y, en
tercer lugar, ya se ha organizado la campaña de sensibilización de la
OIT, con la cooperación del Comité Español de Ayuda al Refugiado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA DE LARA CARBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACION ESTA
DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO
ESPAÑOL? (Número de expediente 180/001150)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno la
diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, el Convenio sobre diversidad biológica
firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente en Río
de Janeiro en 1992 plantea como objetivo el conocimiento y la
conservación de la biodiversidad en su conjunto, para lo cual se propone
su utilización sostenible, es decir, su utilización de un modo y a un
ritmo que no ocasione su disminución a largo plazo. El convenio fue
ratificado por el Gobierno español el 21 de diciembre de 1993. Parte del
articulado del convenio para la diversidad biológica debe ser
desarrollado a través de una estrategia que deben elaborar los gobiernos
de los países firmantes. En dicha estrategia los distintos países deberán
establecer no sólo el diagnóstico de la biodiversidad y la identificación
de los procesos que ocasionan su pérdida sino también las directrices
para su adecuada conservación.
Si tenemos en cuenta que las especiales características físicas y de
posición geográfica de nuestro país hacen que tanto la Península como las
islas sean un territorio privilegiado respecto a biodiversidad, podemos
afirmar sin lugar a dudas la enorme importancia que tiene en España tanto
su conservación como su utilización sostenible. Pese a ello, nada hizo el
anterior Gobierno en sentido positivo para mantener esta biodiversidad, y
por ello le pregunto a la señora ministra de Medio Ambiente, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular: ¿qué actuación está desarrollando el
Gobierno para proteger la biodiversidad en el territorio español?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Precisamente el instrumento fundamental es la elaboración de esa
estrategia nacional de biodiversidad, señoría, en la que han colaborado
las comunidades autónomas, los ayuntamientos, expertos y científicos del
sector académico, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y
empresarios; estrategia que está prácticamente finalizada y que contiene,
por una parte, un diagnóstico de la situación de la biodiversidad en
España y, por otra, una serie de medidas a desarrollar para protegerla y
conservarla. Se presentará próximamente a la conferencia sectorial de
Medio Ambiente, así como al Consejo asesor.
El objetivo de dicha estrategia es crear un marco de actuación y
determinar la líneas básicas con unas medidas concretas, que
fundamentalmente afectan a los siguientes sectores. Por una parte, está
una actuación in situ, como es la que tomamos a través de la política de
protección de espacios naturales consolidando la Red Natura 2000. En
segundo lugar, una conservación ex situ, adecuando la legislación, por
ejemplo, de la cría en cautividad y procesos de reintroducción en el
territorio español de especies amenazadas. En tercer lugar, se regulan
los recursos genéticos a través de autorizaciones administrativas de
recursos genéticos españoles. En cuarto lugar, se regula la investigación
y la cooperación internacional a través de la creación de un centro
europeo de biodiversidad en Sevilla, que tendrá como primera actuación,
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, el
programa Araucaria, con una inversión de más de 3.000 millones de
pesetas, fundamentalmente para actuaciones de biodiversidad en
Hispanoamérica. En quinto lugar, se constituye en España también, en
Sevilla, la sede Biotrade (Biocomercio), centro internacional de
articulación de los equilibrios entre los países en vías de desarrollo y
la industria de la biotecnología de los países industrializados. En sexto
lugar, trabajamos en biotecnología de los países industrializados junto
con el programa MAB de la Unesco. En séptimo lugar, se crea una red
coordinada de centros de investigación para articular la política más
conveniente en materia de conservación de biodiversidad, y, por último,
estamos reexaminando los mecanismos de evaluación de impacto ambiental
para que en el futuro causen menos daños a todos los ecosistemas y a la
biodiversidad en general.
Como ve, señoría, estas son unas sencillas muestras de lo que a través de
la estrategia de biodiversidad se va a potenciar y que reflejan, pienso
yo, el interés y el esfuerzo del Ministerio de Medio Ambiente por la
protección, la conservación y la defensa de la biodiversidad, en la que
España es realmente la más rica de todos los países de la Unión Europea.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL
GOBIERNO DECIDIDO CUAL VA A SER EL TRAZADO DEFINITIVO DE LA AUTOVIA
LLEIDA-HUESCA? (Número de expediente 180/001135)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, que formula al Gobierno el
diputado don Ramón Companys i Sanfeliu, del Grupo de Convergència i Unió.
Señor Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace unos días aparecía en un periódico de Lleida, El
Segre, una información en la que afirmaba que los técnicos del Ministerio
de Fomento estaban estudiando los posibles trazados para la construcción
de la autovía Lleida-Huesca. Las posibilidades son múltiples, desde el
desdoblamiento a la construcción de una vía paralela u otros trazados que
nada tienen que ver con la actual N-240 entre Lleida y Huesca.
Usted sabe, señor ministro, que lo primero que se hace después de
alcanzar el compromiso por parte de la Administración actuante respecto a
la construcción de una vía de comunicación es dar a conocer a los
afectados la solución técnica de la obra, o sea, el trazado, los accesos,
etcétera. Como en este momento existe cierta incertidumbre en la zona
como consecuencia del desconocimiento de la solución que el Ministerio
piensa adoptar, es por lo que este diputado le pregunta: ¿tiene el
Ministerio decidido cuál va a ser el trazado definitivo de la autovía
Lleida-Huesca? Y, en caso de que la decisión no esté tomada formalmente,
¿qué posible hipótesis de trabajo cuenta con más posibilidades?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Yo querría tranquilizar en primer término a todos los ciudadanos de la
zona que puedan sentirse intranquilos por el futuro trazado de la autovía
LLeida-Huesca y querría hacerlo porque en estos momentos todavía no se ha
concluido el estudio informativo, que es el documento básico que nos
suministrará la posibilidad de las diversas alternativas existentes.
Cuando ese estudio informativo esté concluido se someterá a información
pública y, por tanto, todos los ciudadanos, movimientos ciudadanos,
ayuntamientos, etcétera, podrán presentar las alegaciones pertinentes.
Como es lógico, los servicios del Ministerio no tienen posiciones ni
apriorísticas ni dogmáticas. Se evaluará el impacto ambiental, el coste,
el tiempo que pueda llevar la construcción de la autovía y en función de
todas esas coordenadas finalmente se propondrá un trazado para el cual se
buscará siempre el máximo respaldo de los ciudadanos y de las
instituciones locales, porque es criterio del Gobierno y del Ministerio
de Fomento en particular no construir infraestructuras en contra de la
opinión mayoritaria ni del parecer de las instituciones territoriales de
la zona de que se trate.
Lo que sí querría trasladar a S. S. es que el estudio informativo lleva
un cierto retraso porque su elaboración tiene precisamente, como sabe su
señoría muy bien, una cierta complejidad. Se trata de un trazado de 116
kilómetros y, por consiguiente, según me informan los servicios técnicos,
se va a solicitar ocho meses más de tiempo para poder concluir con mayor
rigor el estudio informativo y poder presentar a información pública las
diversas alternativas de trazado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS I SANTFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiero agradecerle la información que nos ha dado y
pedirle al Ministerio que dé prioridad absoluta a los estudios necesarios
que sirvan de base para tomar la decisión adecuada sobre el trazado, que
a nuestro entender no tendría que ser sensiblemente diferente al actual
de la N-240, y que permitan a las comarcas y a los municipios planificar
su desarrollo con cierta antelación.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.
El señor Ministro de Fomento no desea hacer réplica.
--DE DON JAVIER IGNACIO GARCIA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL
MINISTERIO DE FOMENTO LA DECISION TOMADA POR LA COMISION EUROPEA DE
INVESTIGAR EN TODA LA UNION EUROPEA LAS TARIFAS DE LA TELEFONIA MOVIL
CUYO OBJETO ES INTENTAR ABARATAR SUS PRECIOS? (Número de expediente
180/001153)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 25, que formula el
diputado don Javier Ignacio García Gómez, del Grupo Popular.
Señor García Gómez.
El señor GARCIA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el último año se ha producido un fuerte incremento de los
usuarios de la telefonía móvil en la Unión Europea. Tengo entendido que
la Unión Europea ha promovido una encuesta sobre los servicios de
telefonía móvil que tiene en cuenta, entre otros, a los operadores que
cubren este servicio, no habiéndose propiciado hasta la fecha ninguna
medida
oficial por parte de la Unión Europea. Teniendo en cuenta los datos
contenidos en la encuesta, algunos Estados miembros se habrían dirigido a
la Comisión con el fin de que esta gestionara con los operadores que
actúan en estos Estados miembros la reducción de las tarifas,
equiparándolas a las comunicaciones entre teléfonos fijos.
Dado el interés del usuario sobre las tarifas, le hago la siguiente
pregunta: ¿qué opinión le merece al Ministerio de Fomento la decisión
tomada por la Comisión Europea de investigar en toda la Unión las tarifas
de la telefonía móvil, cuyo objeto es intentar abaratar sus precios?
Gracias, señor presidente y señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Gómez.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
La posición de la Comisión Europea tiene su origen en un estudio de
detalle que hizo la misma sobre los mercados británico y belga. De ese
estudio sacó dos conclusiones: primera, las tarifas finales de las
comunicaciones de teléfono fijo a teléfono móvil eran
desproporcionadamente superiores a las tarifas de comunicaciones de
teléfono fijo a teléfono fijo, hasta seis veces superiores; segunda, las
tarifas de interconexión que se utilizan de teléfono fijo a teléfono fijo
son muy inferiores a las que se usan cuando intervine una terminal móvil.
En este último caso las tarifas son hasta 14 veces superiores.
Yo diría que el mercado español tiene dos rasgos muy diferenciados. En lo
que afecta a las tarifas finales de comunicaciones, en las que están
involucradas terminales móviles, son las más bajas de Europa, excepción
hecha de las escandinavas, y tenemos el mercado probablemente más
eficiente de la Unión Europea. Por el contrario, y es la otra cara de la
moneda, las tarifas de interconexión cuando interviene un terminal móvil
se encuentran entre las más altas de Europa y de ahí la necesidad de
adoptar algunas medidas.
Como quiera que existe una segunda pregunta que en mayor medida solicita
concreción sobre esta cuestión, le diría que, con carácter general, el
Gobierno ha actuado en dos grandes líneas. Primero, ha eliminado riesgos
e incertidumbres, ha dado las reglas del juego para un mercado libre y
competitivo y hoy, gracias a esas reglas del juego, los operadores
empiezan a tener los beneficios que derivan de economías de escala. En
segundo lugar, ha adoptado una serie de medidas concretas que se mueven
en dos planos. Unas veces implican intervención directa en las tarifas,
como es el caso de la reciente rebaja de fijo a móvil, y otras veces ha
puesto las bases para incrementar la competencia. Esto es susceptible de
concreción y tendré ocasión, señoría, si me lo permite, de hacer
referencia con mayor singularidad en la respuesta a la siguiente
pregunta.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ISABEL DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿TIENE EL GOBIERNO INTENCION DE ADOPTAR ALGUNA MEDIDA EN RELACION CON LAS
TARIFAS DE TELEFONIA MOVIL? (Número de expediente 180/001154)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno la
diputada doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora Díez de la Lastra.
La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, es cierto, volvemos a incidir en telefonía
móvil, tema por otra parte bastante sensible al presidente de esta
Cámara.
Existen en la actualidad más de cuatro millones de teléfonos móviles con
una cuota del 10 por ciento sobre el total de las líneas instaladas.
Desde 1994, en que se concedió la licencia al segundo operador de
telefonía móvil, este segmento del mercado ha sido el que más ha notado
el efecto de la introducción de la competencia en la reducción de los
precios. Aun así, la Comisión Europea, como se ha dicho anteriormente, ha
recomendado recientemente que los precios del servicio de telefonía móvil
sigan equiparándose a los de las comunicaciones convencionales entre
teléfonos fijos. Es por lo que le pregunto: ¿tiene el Gobierno intención
de adoptar alguna medida en relación con las tarifas de telefonía móvil?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Díez de la Lastra.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Para responder a su pregunta, señoría, a efectos expositivos es bueno
distinguir dos tipos de comunicaciones, porque están sujetos a regímenes
distintos. De una parte, tenemos las comunicaciones, por así decirlo, de
teléfono fijo a teléfono móvil y, por
otro lado, las comunicaciones que tienen su origen en un terminal móvil,
bien sea hacia uno fijo o bien sea hacia otro móvil. En el primer
supuesto, comunicaciones de fijo a móvil, el usuario en el mercado
español apenas tiene capacidad de elección, porque todavía no se ha
introducido competencia en lo que se llama el bucle local, que es el
acceso directo a su domicilio, y porque no existe ninguna fuerza en el
mercado que sea capaz de presionar a la baja las tarifas en este ámbito.
Por esa razón, la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
puede intervenir directamente y fijar este tipo de tarifas. A este
respecto ha hecho lo siguiente. El pasado 14 de marzo, la Comisión
delegada, a propuesta del Ministerio de Fomento, redujo las tarifas de
fijo a móvil en un 13 por ciento, calificando por primera vez las tarifas
fijadas como máximas; por tanto, no cabe superarlas. En segundo lugar, se
ha iniciado ya el expediente para regular los mecanismos de selección y
preselección en este tipo de comunicaciones. Eso permitirá que los
operadores no creen márgenes artificiales que permitan intermediar a
terceros. Ahí había un problema de si existía o no una laguna legal, en
el caso de Retevisión, si operaba o no la obligación de los operadores de
telefonía móvil de prestarle facilidades de interconexión. Eso se va a
solucionar en muy breve plazo, en un sentido positivo naturalmente.
Finalmente, se van a adoptar, antes del primero de diciembre del presente
año, que es la fecha en que se inicia el proceso total de liberalización
de las telecomunicaciones en España, las medidas necesarias para que
todos los operadores de telefonía fijen sus tarifas, y por tanto su
facturación, en segundos. Queremos hacer esto por la vía del diálogo y
del acuerdo con los distintos operadores telefónicos. Prácticamente los
operadores de telefonía fija están ya en camino de implantarlo en muy
breve plazo, Retevisión ya factura por segundos y nos queda el diálogo y
el acuerdo con los operadores de telefonía móvil.
En lo que afecta finalmente a las comunicaciones que tienen su origen en
un terminal móvil, bien sea hacia... El señor
PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Quiero aclarar a la diputada que ha intervenido que todos estos móviles a
los que se refería el señor ministro están absolutamente prohibidos en el
hemiciclo y que, aunque bajen las tarifas, seguirán estando prohibidos.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANA ISABEL LEIVA DIEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE COMPROMETERSE EL GOBIERNO A QUE
LAS REFORMAS DE LA POLITICA AGRARIA COMUN (PAC) NO AFECTARAN
NEGATIVAMENTE A LA RENTA DE LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES Y A LA EQUIDAD
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS DEL CENTRO Y ESTE DE EUROPA Y DEL MEDITERRANEO?
(Número de expediente 180/001145)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno la
diputada doña Ana Isabel Leiva Díez, del Grupo Socialista.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el artículo 39 del Tratado de Roma garantiza un nivel de
vida equitativo a la población agrícola, en especial mediante el aumento
de la renta individual. El acuerdo del Consejo de Ministros de la Unión
Europea, de 1994, aprobó una declaración con motivo de los acuerdos de
Marraquech, que decía: Las reformas de las OCM mediterráneas pendientes
se realizarán con un tratamiento equivalente a las organizaciones comunes
de mercado continentales. Teniendo en cuenta estos aspectos, ¿puede
comprometerse el Gobierno a que las reformas de la política agraria común
no afectarán negativamente a la renta de los agricultores y ganaderos
españoles?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Leiva.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
El Gobierno se compromete a realizar cuantas gestiones sean necesarias
para garantizar el nivel de renta de nuestros agricultores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señora ministra, hay otro elemento a tener en
cuenta en la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, que introdujo un
criterio fundamental, el criterio de cohesión. Ahora es el mejor momento
para velar por su cumplimiento. Ministra, nosotros no les vamos a llamar
pedigüeños; cohesión con las políticas agrarias de estructuras y de
mercados.
El 18 de marzo se aprobaron por la Comisión Europea las propuestas de
desarrollo de la Agenda 2000 y en estas propuestas se observa que España
no ha negociado
lo suficiente. En los últimos años los presupuestos eran crecientes en
todos los sectores; en los presupuestos de los años 1999 a 2006 las
ayudas a los productores agrarios españoles se ven congeladas en el caso
del vino, del aceite de oliva y del tabaco e incluso disminuyen un 2,6
por ciento en frutas y hortalizas. Con respecto a reformas de mercados,
descienden los precios de garantía de los cultivos herbáceos, del sector
vacuno de leche y del vacuno de carne. Ministra, los principios de
cohesión tienen que estar presentes en estas nuevas reformas; cohesión
entre hombres dedicados al sector agrario o ganadero y al resto; entre
productos continentales y mediterráneos, y entre los territorios del
norte y sur de Europa.
Ministra, usted se está mostrando ineficaz en las negociaciones, incapaz
de lograr acuerdos con otros países y ha practicado una política europea
en la que han sobrado gestos y faltado criterios. Cambie, ministra, y
consiga alianzas estratégicas para profundizar en la construcción europea
desde la perspectiva de la cohesión económica y social.
El señor PRESIDENTE: Señora Leiva, ha concluido su tiempo. Muchas
gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, hablando de cambios, convendría que S. S. se los aplicara,
porque le oigo las mismas frases tanto aquí en el Pleno como en la
Comisión, en cualquier ocasión en que se hable de la Agenda 2000, del
aceite de oliva o de lo que sea. Señoría, sería mucho más enriquecedor
para todos, para esta Cámara y para el desarrollo de los sectores que
hiciera un esfuerzo --yo comprendo que a lo mejor es difícil para su
señoría-- por variar algo su discurso, que está siendo un disco rayado.
La Agenda 2000 --lo dije el otro día en la Comisión-- plantea una serie
de reformas en las OCM, y no sólo respecto a las llamadas continentales,
sino en algún caso también para las ya denominadas mediterráneas. He
reiterado que fuimos once los países --no sólo España-- que en el último
Consejo de Ministros, celebrado en Bruselas hace quince días, mostramos
nuestro rechazo respecto a las propuestas de la Comisión. No sólo fue
España quien no vio recogidas en esas iniciativas sus peticiones y sus
intereses, sino que once países comunitarios hicimos un discurso bastante
parecido en varios sentidos. Primero, en el sentido de la inoportunidad
de la reforma respecto a los grandes sectores; una reforma que plantea
rebajar los precios, facilitar los mercados a terceros países y que se
presenta antes de iniciar las negociaciones en el seno de la Organización
Mundial de Comercio. Segundo, respecto a la insuficiencia de la directriz
presupuestaria, cuestión que S. S. hace unos meses, en la Comisión, me
echaba en cara, preguntándome cómo España se había quedado sola
denunciando la insuficiencia financiera para respaldar unas políticas
equilibradas entre productos mediterráneos y continentales, e incluso
dentro de éstos. Me alegro de que ahora S. S. rectifique, porque en otra
Comisión otro portavoz del Grupo Socialista ha rectificado, y cambie de
posición.
Tercero, por el desequilibrio entre productos mediterráneos y productos
continentales, para los que reclamamos un mayor equilibrio, y porque, en
general, plantea problemas a la hora de establecer, ya hablando de
sectores concretos, las compensaciones en cuanto a bajadas de precio y,
por tanto, en cuanto a las garantías efectivas de la renta de nuestros
agricultores.
Por todo ello, señoría, la postura de la delegación española, junto con
otros diez países, insisto, es enormemente crítica respecto a esas
reformas, y espero que a lo largo de los próximos meses seamos entre
todos capaces de llevar a cabo las mejoras necesarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE CONSISTEN LAS
AYUDAS ARTICULADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL CON MOTIVO DE LA PARADA
BIOLOGICA EXTRAORDINARIA DEL CALADERO MARROQUI? (Número de expediente
180/001151)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Pregunta número 23, que formula al Gobierno el diputado don Carlos
Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el actual acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos, que tiene una vigencia de cuatro años, finaliza el
próximo 1º de noviembre de 1999. En él se contempla una parada biológica
durante los meses de septiembre y octubre de cada año. Sin embargo, tanto
en 1997 como en 1998 se ha fijado, de forma casi unilateral por parte del
Reino de Marruecos, una parada biológica extraordinaria de dos meses más
durante marzo y abril.
Está claro que tenemos que distinguir entre dos paradas biológicas: una
de ellas, la contractual, la que figura en el convenio y, la otra, la
extraordinaria, la que fija, como decíamos, de forma casi unilateral, el
Reino de Marruecos. Este diputado comparte modestamente la
opinión del Gobierno en tanto que la parada biológica contractual no debe
ser de ningún modo subvencionada. ¿Por qué no? Porque la parada
biológica, en definitiva, responde a una conservación y a una
preservación de los stock y por tanto es una limitación a la pesca;
limitación a la pesca que todas las pesquerías españolas, por desgracia,
tienen de una manera u otra en forma de limitación de cuotas de pesca.
Si la flota cefalopodera de Marruecos tuviera derecho a esta subvención
en la parada contractual, otras pesquerías, como puede ser la bacaladera,
que ha sufrido una reducción traumática de más de cien parejas a once en
estos momentos y que sólo pueden faenar menos del 50 por ciento de los
días del año, o el Gran Sol, donde solamente se puede faenar durante 238
días, deberían tener el mismo derecho a pedir la subvención contractual
de Marruecos. Consideramos que la parada extraordinaria de los meses de
marzo y abril, que afecta a más de 1.200 tripulantes y a más de cien
barcos, debe ser subvencionada. Sabemos que la Unión Europea pretende
impedir que la parada biológica sea subvencionada. Por eso, señora
ministra, le preguntamos en qué consisten las medidas que ha adoptado el
Gobierno para paliar los problemas que puede ocasionar la parada
biológica extracontractual que ha fijado Marruecos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, la última parada biológica extraordinaria ha sido
prácticamente unilateral; no así la del año pasado, cuando hubo un
acuerdo entre las partes, porque, en efecto, el caladero no estaba en muy
buenas condiciones, ni lo estaba tampoco cuando se ha procedido a esta
última parada.
Tengo que decirle que distinguimos claramente entre lo que aparece en el
acuerdo de pesca y las paradas extraordinarias. En ese sentido, se
plantea conceder ayudas a los armadores y tripulantes de buques pesqueros
que hubieran obtenido y utilizado hasta las fechas correspondientes
licencias de pesca para los dos primeros trimestres de 1998, en las
modalidades de cefalópodo y arrastre de merluza negra, al amparo del
acuerdo vigente.
Por el Ministerio de Trabajo se conceden ayudas de 105.000 pesetas
mensuales a los tripulantes, ayudas que tienen carácter de anticipo a
cuenta en aquellos casos en que los tripulantes accedan al derecho a
percibir prestaciones por desempleo; una ayuda extraordinaria a los
tripulantes que no tengan derecho a prestaciones por desempleo, por un
importe equivalente al de sus cuotas de Seguridad Social correspondientes
al mismo período que se aplicará al pago de las citadas cuotas, y una
ayuda extraordinaria a los armadores afectados por la suspensión de
actividad por un importe equivalente a las cuotas empresariales
correspondientes al período de inactividad de aquellos de sus tripulantes
que quedasen en suspensión de empleo, así como de aquellos que, teniendo
suspendida su relación laboral, no accedieran al derecho a percibir
prestaciones por desempleo. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.) Las citadas ayudas se aplican al pago de dichas cuotas a
la Seguridad Social.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede
una ayuda económica extraordinaria a los armadores afectados por la
suspensión de la actividad de acuerdo con los importes máximos fijados en
el baremo de la prima de inmovilización temporal recogida en el
Reglamento 3699/1993, de la Comunidad Europea, de 21 de diciembre, por el
que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la
acuicultura, la transformación y la comercialización de los productos.
Lo que se consigue con estas ayudas es paliar los problemas partiendo de
la base de que al final estas paradas extraordinarias, aunque tienen esa
categoría y no están contempladas en el acuerdo, también tienen un efecto
beneficioso en los recursos puesto que durante ese tiempo se produce
indudablemente una recuperación de los propios caladeros,
fundamentalmente de los cefalópodos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DE LA
PUESTA EN PRACTICA DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS EUROPEO DE
PESCA DE DICIEMBRE PASADO EN RELACION A LAS CUOTAS OBTENIDAS PARA LAS
DISTINTAS ESPECIES QUE CAPTURAN NUESTRAS FLOTAS? (Número de expediente
180/001152)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del diputado del Grupo
Parlamentario Popular, don Luis Marquínez Marquínez.
El señor Marquínez tiene la palabra.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, acabo de escuchar la respuesta a la antepenúltima
pregunta que hablaba de gestos y actuaciones
en Europa. Pues bien, quisiera decirle que muchos más gestos y muchas más
actuaciones como las de usted en Europa necesitan ahora mismo los
sectores pesquero y agrícola españoles. Digo esto porque mi pregunta va
destinada a que nos aclare la valoración del Gobierno sobre un tema muy
importante.
La señora ministra sabe que el pasado Consejo de Ministros europeo de
pesca, que se celebró en diciembre, adoptó una serie de acuerdos y
decisiones que afectaban de forma importante a la flota pesquera
española, flota que faena --fíjese usted la importancia que tiene, lo
digo para quien no esté inmerso en estos temas-- desde el norte de
Escocia hasta Gibraltar en zonas tan importantes como los caladeros
rusos, zonas NEAFC, Lituania, Estonia, etcétera y que captura especies
muy importantes tanto para el consumo español como para otras
posibilidades, como son los intercambios. Con estos acuerdos no sólo se
generan cuotas para nuestra flota sino también posibilidades de
intercambio para otros caladeros y otras flotas que lo necesiten, motivo
por el que se le da esa posición a nuestra flota.
Repito, señora ministra, la importancia de la actuación en Europa de
nuestro Gobierno y de esas decisiones. Por tal motivo le pregunto, señora
ministra, cuál es la valoración que hace el Gobierno de la aplicación de
esos acuerdos para la flota pesquera española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marquínez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
La valoración que hace el Gobierno de estos acuerdos es altamente
positiva. Son datos y resultados contantes y sonantes por cuanto que en
el último Consejo no sólo se ha conseguido mantener los TAC y las cuotas
asignadas a España, sino que, en algunos casos, hemos conseguido
mejorarlas y las disminuciones han sido prácticamente nulas,
correspondientes a lo que se llamaban cuotas papel, es decir, aquellas en
las que no había un soporte real de capturas.
Le voy a dar algunos datos. En caballa en aguas del Atlántico, nuestra
cuota asignada se ha incrementado en un 16 por ciento, es decir, 4.100
toneladas más. Esto supone una magnífica noticia para las flotas del
Cantábrico y de Galicia, especialmente para las artesanales. Por primera
vez se ha hecho el reparto del TAC de jurel en la zona norte. En las
aguas del oeste de la Unión Europea se consolida la posición española y
en ese reparto, a pesar de que durante años anteriores no se había hecho
uso de esa posibilidad de pesca, se consolidan 31.000 toneladas para la
flota española; toneladas que, como muy bien ha dicho S. S., podrán
servir en un momento dado para hacer intercambios con otros países
respecto de otras especies que tienen un mayor interés para nuestra
flota, como pueden ser el rape o la merluza.
En cuanto al stock de merluza en las aguas del Cantábrico, Galicia,
Portugal y golfo de Cádiz, frente a unas propuestas de drásticas
reducciones, se ha conseguido, gracias a la aprobación de zonas de veda
para la prohibición de las reclutas y aumentos en el tamaño de las mallas
para incrementar la selectividad de las artes de pesca, limitar esas
reducciones a sólo un 5 por ciento. En cuanto al rape, únicamente sufre
la reducción de la llamada cuota papel, a la que me refería hace un
momento, en las zonas VIII C y IX A, manteniéndose en las demás.
El Consejo también aprobó los reglamentos que distribuyen las cuotas de
captura en aguas de Noruega, Islas FerÜe, Groenlandia, Letonia, Estonia,
Lituania, Polonia, Rusia y en las zonas NAFO y NEAFC. En cuanto al
bacalao, ha habido una reducción en aguas de Noruega y Svalbard de
alrededor de un 16 por ciento, motivada por la reducción de existencias
de esta zona, pero en el resto se ha mantenido tal cual.
Por último, por primera vez se ha adoptado a nivel comunitario las
recomendaciones de ICCAT dada la incorporación de la Unión Europea a este
organismo y España, miembro del ICCAT hasta ahora, ha obtenido la mayor
cuota de atún rojo, el 34 por ciento, y del pez espada, del 83 por
ciento. En resumen, es un resultado altamente positivo porque se produce
un incremento en cuotas como la caballa, una magnífica cuota en jurel y
se mantienen prácticamente las otras cuotas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora ministra,
se acabó su tiempo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REHABILITACION DE
VIVIENDAS EN MURCIA. (Número de expediente 162/000132)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE INCORPORACION
AL PLAN DE VIVIENDA DE LA REGION DE MURCIA DE ACTUACIONES DE
REHABILITACION DE EDIFICIOS AFECTADOS POR EL DESCENSO DEL NIVEL FREATICO.
(Número de expediente 162/000127)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Del debate del punto del orden
del día correspondiente a las preguntas orales, tal como se ha indicado
esta mañana, vamos a pasar al debate del punto III del orden del día
sobre proposiciones no de ley. En primer
lugar, y en un debate conjunto, se van a discutir la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre rehabilitación de viviendas en
Murcia y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre incorporación al plan de viviendas de la región de
Murcia de actuaciones de rehabilitación de edificios afectados por el
descenso del nivel freático.
Para la exposición de su proposición no de ley por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Me van a permitir que inicie esta intervención con una cita que estoy
convencido que conocen, por lo menos en contenido, que ayudará a entender
la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular presenta para
su aprobación. Me refiero al diccionario enciclopédico Larousse que
define el manto freático o capa freática: capa acuífera subterránea es el
manto freático que tiene poca profundidad y está formado por la
filtración de las precipitaciones que alimenta a los pozos y manantiales.
El manto freático es el que se ubica en los depósitos detríticos o
permeables superficiales y se mantiene en equilibrio con la superficie
del terreno, ya que la alimentación se realiza directamente por toda la
superficie del manto. Su nivel piezométrico, su presión hidrostática
acusa mucho las variaciones climáticas, y tanto puede alcanzar la
superficie en épocas de lluvia como agotarse por completo durante la
estación seca. Los pozos clásicos se alimentaban normalmente de mantos
freáticos hasta una profundidad máxima de cien metros, pero muchos de
estos mantos fueron agotados debido a un régimen de sobreexplotación.
Así es como se define en el diccionario enciclopédico Larousse la capa
freática y esta definición se puede considerar como la más adecuada a una
situación que ha vivido y sigue viviendo la ciudad de Murcia, porque ha
padecido las consecuencias descritas anteriormente a causa de la ruptura
del equilibrio entre la capa freática y la superficie del terreno. Las ha
padecido porque la ciudad de Murcia se encuentra situada en una extensa
depresión que se ha dado en llamar el valle del Guadalentín-Segura y que
constituye el denominado sistema acuífero de las vegas media y baja del
Segura con unas características geotécnicas que las hacen diferenciarse
en cuatro niveles, cada uno de ellos con sus propias peculiaridades y
especificidades geológicas bien delimitadas.
El nivel freático está situado en el casco urbano de Murcia a una
profundidad que depende de la zona y varía entre uno y nueve metros, y su
descenso en terrenos de características geotécnicas como las que reúne
este acuífero produce lo que los técnicos denominan la subsidencia
general del terreno. Esto puede tener unas manifestaciones a veces
espectaculares, como ha ocurrido en la ciudad de Méjico, en donde desde
el siglo pasado el nivel del terreno ha descendido entre ocho y nueve
metros, como también está sucediendo en algunas zonas costeras de
California. En el casco urbano de la ciudad de Murcia el fenómeno no es
tan importante, es de menor cuantía, pero ya se han producido importantes
efectos perniciosos sobre edificios e infraestructuras.
Señor presidente, señorías, para entender en toda su magnitud la grave
situación que se ha producido en la ciudad de Murcia, considero necesario
hacer una breve exposición de motivos que van a complementar los ya
contenidos en la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. La región de Murcia se ha visto sometida desde
hace ya bastantes años al influjo de las inclemencias meteorológicas y ha
sido castigada, quizá como ninguna otra en España, por los caprichos de
la naturaleza. Largos períodos de sequía se han visto bruscamente
interrumpidos por la aparición de intensas lluvias que han originado
importantes inundaciones, que han necesitado, a su vez, del apoyo y la
solidaridad de la Administración central para poder paliar los numerosos
daños de todo tipo que se han producido. Todavía están vivas en la
memoria y en la retina de todos los habitantes de la región de Murcia las
graves inundaciones de los años 1987 y 1988, y si bien es cierto que
posteriormente varios municipios de la región han sufrido la misma y
desgraciada situación, es un hecho cierto que esos años y esos hechos
dieron paso a uno de los peores períodos de sequía que ha padecido la
región de Murcia, un período tan largo en el tiempo como intenso en sus
manifestaciones, que se extendió hasta bien pasado el año 1995.
Una de las manifestaciones más graves que causó este período de sequía
fue la que sufrió el casco urbano de la ciudad de Murcia como
consecuencia del descenso del nivel freático del acuífero que forma su
subsuelo. Fue a partir del año 1993 cuando se constató el descenso de
dicho nivel, descenso que en el transcurso de unos pocos meses comenzó a
adquirir dimensiones preocupantes, alcanzando su máximo en septiembre de
1995, con descensos medios de ocho metros.
Las causas que produjeron este descenso son claras y manifiestas. En
primer lugar y como causa principal, la prolongada sequía. Además, a esta
prolongada sequía se le sumó la necesidad de crecimiento de la ciudad y
la necesidad, por tanto, de invadir zonas que hasta ese momento habían
sido de riego, la huerta de Murcia. La presión urbanizadora avanzó hacia
la periferia y de esta manera lo que hizo fue restar bocas de
alimentación a este acuífero. También --hay que decirlo-- ha habido
extracciones indiscriminadas, con diversos fines, como por ejemplo la
situación que vivieron los agricultores de la huerta de Murcia ante la
disyuntiva de seguir cultivando o conformarse con lo
que la naturaleza les estaba proporcionando, que era esa intensa sequía.
Se optó por la subsistencia y se autorizó la apertura de ciertos pozos
llamados de sequía, unos consentidos por la Administración y autorizados
por la misma y otros --también hay que decirlo-- sin esa autorización.
Para evitar situaciones de desertización, para que la ciudad de Murcia no
se convirtiera en un erial, se optó en aquella época, en los años 1993 a
1995, por la apertura de pozos para riego de sus calles, de sus parques y
sus jardines. Finalmente, también se produjeron extracciones
incontroladas por los particulares con distintos fines.
Esas causas produjeron una serie de efectos, fundamentalmente dos. En
primer lugar, la producción de asientos de cimentación de determinados
edificios y, en segundo lugar, daños sobre elementos de urbanización:
calles, pavimentos, vallas, conducciones enterradas, separación de aceras
con respecto a edificios, etcétera. Señorías, señor presidente, y sin
ánimo alguno de crear alarmismo, es espectacular pasear por ciertas zonas
de la ciudad de Murcia y comprobar a simple vista cómo el descenso del
terreno es una realidad. Se ven, a simple vista, repito, separaciones de
peldaños exteriores, de aceras, de edificios colindantes y otras
manifestaciones propias de esta situación.
Aunque estos efectos se han producido durante mucho tiempo de forma
silenciosa, al contrario que otras grandes catástrofes --como pueden ser
los tifones, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, etcétera--,
son de igual dimensión o características que los producidos por éstas y
participan del mismo origen: alteraciones meteorológicas y consiguiente
producción de cambios climáticos que, a su vez, pueden generar
catástrofes naturales, como catástrofe natural es sin duda el efecto
directo que ha provocado esta prolongada sequía sobre el nivel freático
del subsuelo de la ciudad de Murcia. También he referido anteriormente
que esos efectos se han visto agravados de manera indirecta por la
intervención del hombre en su intento, eso sí, de paliarlos en la medida
de lo posible con la apertura de pozos de sequía, unos --repito--
autorizados y controlados, otros ilegales y descontrolados.
El resultado de estos efectos producidos por este descenso es que hasta
ahora se han catalogado unos ciento veinte edificios que se han visto
afectados, unos pertenecientes a las instituciones y organizaciones
públicas y privadas, otros, la mayoría, edificios de viviendas de uso
familiar. El grado de afectación de los edificios y viviendas es variable
y desigual. Se ha tenido que recurrir en dos casos, por parte de las
autoridades competentes, a la declaración de edificio en ruinas con el
consiguiente desalojo del mismo por parte de los propietarios e
inquilinos y su posterior derribo. En otros casos, en la mayoría, la
afectación de los cimientos de los edificios ha producido grietas en las
viviendas y en la fachada, inclinación y separación de los edificios
cuando originariamente su construcción había sido indudablemente sin
solución de continuidad, caída de azulejos en las viviendas, puertas y
ventanas desencajadas, etcétera. Conviene decir, para mejor conocimiento
de este problema, que estos edificios afectados tienen una antigüedad que
oscila entre diez y veinticinco años, lo que quiere decir que, en su
mayoría, no son antiguos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil, vaya concluyendo, por
favor.
El señor GIL MELGAREJO: Sí, gracias, voy concluyendo.
Este grave problema exige una respuesta clara que debe estar orientada a
solucionar, por un lado, la difícil situación social y económica que sin
duda padecen las familias afectadas y, por otro, a buscar soluciones
estructurales para poder prevenir situaciones como ésta. Todo ello,
además, sin menoscabo de la necesidad de realizar, por parte de la
Administración, actuaciones prácticamente caso por caso mediante el
estudio geotécnico correspondiente, ya que cada edificio presenta unas
características singulares, sabiendo que la situación actual de los
edificios afectados ni es dramática ni ofrece peligrosidad inmediata ni
menoscabo para la seguridad de los usuarios.
En cuanto a las posibles soluciones, unas son de corte estructural y
pasan por la recuperación de la superficie epigeométrica de la ciudad de
Murcia, aunque felizmente hay que manifestar también aquí que, desde el
año 1995 hasta ahora, España en general ha disfrutado de un período de
lluvias --la región de Murcia no ha sido ajena a esas bienvenidas
lluvias, claro que no en la medida deseada por nuestra parte-- que ha
producido, al día de hoy, que el nivel freático se encuentre en la misma
situación en que se encontraba en los años 1991-1992. Ha sido
precisamente este hecho el que ha posibilitado, por otro lado, que se
sellaran los pozos de sequía durante este período, autorizados en su día,
con la indudable repercusión que ello tiene en la recuperación del
acuífero. Pero, además de actuar sobre estos pozos de sequía y de
perseguir las extracciones privadas descontroladas, está claro que la
solución pasa por recuperar el acuífero mediante lo que los técnicos
llaman recarga del acuífero.
En cuanto a la problemática concreta, y con estoy voy terminando, señor
presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, termine en un minuto, señor
Gil.
El señor GIL MELGAREJO: ... de cada edificio afectado, he de manifestar
lo siguiente: que desde que la actual administración local y regional
tuvo conocimiento del problema y del drama humano que se estaba sufriendo
por parte de las familias que vivían o viven en los edificios afectados,
se pusieron en marcha
absolutamente todos los dispositivos y todas las medidas posibles, dentro
del ámbito de sus respectivas competencias, para, por un lado, conocer la
realidad de esta nueva patología y, por otro lado, buscar la solución al
problema que se había originado.
Por otra parte, tengo que decir que, además, desde el primer momento se
constituyeron comisiones de seguimiento, formadas por todas las
administraciones y expertos, y subcomisiones de carácter técnico que
tenían, entre otras funciones, la de informar día a día, momento a
momento, de la situación que se producía en el subsuelo de la región.
Además, señor presidente, señorías, tengo también que manifestar, en
último lugar, que cuando las administraciones local y regional, y también
el colectivo de afectados, estimaron que este grave problema podía
necesitar de la solidaridad y del apoyo del Gobierno de la nación, el
Grupo Parlamentario Popular se mostró, desde el primer momento, sensible
y receptivo a esta demanda, como sensible y receptivo ha sido y ha estado
el ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.
Y si se ha solicitado al Ministerio de Fomento que incorporara al plan de
la vivienda de la región de Murcia un apartado específico, como dice la
proposición no de ley que se va a debatir a continuación, presentada por
Izquierda Unida, de actuaciones de rehabilitación, con cuatro apartados,
A, B, C y D, eso ya está en marcha y lo sabe el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida que va a presentar y a exponer a continuación esta
proposición. Y sabe perfectamente que esas demandas que solicitan están
en marcha. Pero se han puesto en marcha desde la potestad de quien le
corresponde: desde el Gobierno regional, que es el que tiene asumidas las
competencias en materia de vivienda. También se han puesto en marcha los
estudios y los mecanismos necesarios para poder conocer con exactitud los
grados de implicación del agente causal, tanto lo que la naturaleza ha
tenido que ver como lo que la mano del hombre ha tenido que ver.
Señorías, creo que todo tiene importancia en este problema, pero lo
principal es paliar las necesidades de índole social, económica...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil, lleva seis minutos por
encima de su tiempo. Termine, por favor.
El señor GIL MELGAREJO: Termino inmediatamente, señor presidente.
Termino diciendo que las soluciones hasta ahora dadas y las previstas por
las distintas administraciones son --estoy convencido de ello-- el
principio del fin de este grave problema que afecta a la ciudad de
Murcia.
Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia; muchas gracias a
todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil.
Para la defensa de su iniciativa sobre esta misma cuestión, por parte del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, el objetivo de la
iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida es hacer frente a un
problema que afecta fundamentalmente a edificios del centro de la ciudad
de Murcia, a unos 200 aproximadamente, y a unas 2.000 familias. El
problema ha sido generado porque el descenso del nivel freático en los
años 1993, 1994 y 1995, a 14 metros, en el curso del río --un río que fue
encauzado en un momento determinado manteniendo niveles freáticos muy
altos--, ha provocado hundimientos, resquebrajamientos en los distintos
edificios. Pero unos daños causados a unas viviendas en los años 1994 y
1995 no pueden tener hoy como respuesta, después de explicar todo lo
explicable en esta Cámara, pedir al Ministerio de Fomento que estudie la
posibilidad de poner en marcha medidas de apoyo para desarrollar
actuaciones que hagan frente a la situación. Esa no puede ser la
conclusión. La conclusión tiene que ser que, dentro de un plan de
rehabilitación de viviendas, haya una partida y se haga frente a las
demandas, porque las viviendas no pueden estar destrozadas. Dicen que en
algunas no hay daños inminentes. Pues bien, algunas viviendas han
desaparecido, las que eran antiguas han caído y han desaparecido y, claro
está, ya no pueden caerse. Han desaparecido. Lo lógico es que la persona
que vive en una casa quiera que se tapen los agujeros, que las grietas
desaparezcan y no vivir así cuatro, cinco, seis o siete años.
¿Cuál es el planteamiento de mi grupo? Mi grupo tiene como objetivo hacer
frente a una demanda presentada a todos los grupos parlamentarios de la
Cámara con representación en nuestra región con fecha 11 de diciembre del
año 1996. En diciembre del año 1996, los afectados estaban organizados
por comunidades de propietarios, porque estos daños no son únicamente en
una vivienda, sino en todo el edificio, un edificio que se ve afectado
desde la parte baja, desde los sótanos, pasando por la zona del
entresuelo, donde están los negocios, hasta la parte de las viviendas.
Ellos pedían, primero, poder usar el consorcio de seguros y, por lo
tanto, que el daño ocasionado por el nivel freático fuese entendido como
un fenómeno natural y, al igual que los ciudadanos que son afectados por
inundaciones o al igual que los ciudadanos que son afectados por sequía
en el campo, poder tener acceso a esas compensaciones de los seguros. En
segundo lugar, que haya partidas de ayuda a fondo perdido y no solamente
pedir préstamos. ¿Por qué? Porque muchas de esas familias están pagando
los préstamos de la adquisición de la vivienda y, si ahora tienen que
invertir en mejorarlar, tienen que pedir otros nuevos préstamos. No es un
problema, por tanto, de pedir puntos a los créditos, sino de dar
subvenciones a fondo perdido para
que las comunidades hagan frente a esa realidad, y esa realidad necesita
que se vacíen los bajos y que se inyecte el hormigón y el cemento,
evitándose así que pueda producirse un daño mayor.
Miren ustedes, ha llovido, el nivel freático ha subido, pero no se crean
que aquí ocurre como en los barcos. Las casas no han subido porque el
nivel freático haya subido; el nivel freático hoy es alto y no se
producirán nuevos hundimientos de viviendas, pero las que están hundidas,
las que han caído, ésas no se han levantado, porque el problema de la
edificación no se basa en un principio de flotación, sino que es un
problema diferente.
Por tanto, nosotros, ante esta petición de los afectados, de las
asociaciones, lo que pudiéramos llamar grupos de vecinos organizados por
comunidades de propietarios, proponíamos dos cosas. Por un lado, que,
dentro de la rehabilitación de viviendas, hubiera una atención especial,
que por cierto la hay para la aluminosis, un efecto que está provocado
por los cementos en malas condiciones, por llamarlo de alguna manera, y
que afectó a viviendas de la misma clase que éstas, viviendas de calidad
o viviendas que tienen una calidad regular y que han tenido un efecto
determinado. Hay una partida presupuestaria, con una cuantía de equis
dinero, para hacer frente a la aluminosis en el país. Es una cifra de
miles de millones, no son cuatro pesetas o 414 millones de pesetas, sino
que se trata de una cifra de miles de millones, porque, además, los daños
están evaluados desde la comunidad autónoma y no hay que hacer más
estudios. Yo tengo aquí, por ejemplo, tres o cuatro de los estudios que
se han hecho y unos son geotécnicos, otros de valoración, etcétera. En
fin, los daños están en torno a los 5.000 u 8.000 millones de pesetas. Si
la respuesta es que en la partida presupuestaria del municipio hay 50
millones, que en la partida presupuestaria de la comunidad autónoma puede
haber para el año próximo 215 millones de pesetas para solucionar esta
cuestión, tendrán que pasar muchos años, unos 20, para que puedan hacer
frente a las deudas o a las actuaciones que sean necesarias. Por eso,
nosotros proponíamos que hubiese una partida específica, que no estuviera
incluida en la de rehabilitación, es decir, no englobada, sino separada.
Para rehabilitación y aluminosis, una cuantía y para afectados del nivel
freático, otra cuantía. Es decir, que hubiera una especificidad. También
proponíamos en nuestra iniciativa que se hiciese frente a un convenio
entre la comunidad autónoma, los municipios y el Ministerio de Fomento.
¿Por qué hacíamos referencia a esto? Mientras los grupos parlamentarios
nos reuníamos con los afectados en el mes de febrero de 1997, hace más de
un año, y nos comprometíamos los tres portavoces que hoy estamos
hablando, a presentar una proposición conjunta --cosa que tuvimos que
hacer en el mes de abril, porque no había forma de concretarla sobre todo
con el Partido que soporta al Gobierno-- nos contestan en el mes de
abril. ¿ Y saben lo que nos contesta por escrito el Ministerio en el mes
de abril? Nosotros le preguntábamos cuál era la cuantía que debe
incrementar el Ministerio de fomento al plan de vivienda de la región de
Murcia para hacer frente al tema del nivel freático. Le preguntábamos si
se estaba elaborando un protocolo de colaboración de carácter plurianual,
y qué reformas legales se podían hacer para entender como una catástrofe
natural el nivel freático. Y la contestación fue la siguiente: primero,
los recursos presupuestarios impiden la creación de un crédito
extraordinario para hacer frente a ese problema; segundo, esto es
competencia de la comunidad autónoma; tercero, los acuerdos específicos
que los promuevan, y ya veremos si llegamos. No es posible que esta sea
la respuesta. Por eso, el 17 de abril presentamos esta proposición para
que la Cámara le diga al Gobierno que no basta con decir que esto es cosa
de otros, sino que, por decirlo de alguna manera, tiene que mojarse en el
barro e implicarse en la solución del problema. Para ello debe
comprometer a todas las administraciones, porque es un mandato
constirucional la colaboración, la cooperación, la coordinación de las
administraciones públicas. Porque el ciudadano tiene que arreglar la
vivienda, pero llega el ayuntamiento y le dice: esto no es cosa mía,
tiene que ir a la comunidad. Llega a la comunidad, y ésta le dice: no es
cosa mía, es del Ministerio. Va al Ministerio y le dice: esto no es cosa
mía. ¿De quién será? No hay manera de encontrar quién puede hacer frente
a ello. Por eso proponíamos la idea de ese protocolo de colaboración. Es
una realidad que está pasando hoy, no es un invento. Hay que hablar con
las 2.000 familias y ver los 200 edificios para darse cuenta del
problema, después de cinco años.
¿Cuál sería el planteamiento de Izquierda Unida? Muy prudente. Fíjese si
es prudente que ni siquiera llega a lo que hace dos semanas aprobó el
Senado, que fue una orientación al Gobierno para que invierta un dinero
extraordinario en el tema del nivel freático, que cifra en una cantidad
determinada. Aquí ni siquiera le ponemos cuantía. Le venimos a plantear,
primero, que se haga esa línea específica y, segundo, que se redacte el
convenio en donde se recojan subvenciones a fondo perdido del 40 ó 50 por
ciento. Por cierto, esto no lo he dicho yo, sino que lo dijo S. S., lo
dijo el alcalde de Murcia y lo dijo la Comunidad Autónoma: se iba a
subvencionar a todos los afectados con el 40 ó el 50 por ciento del gasto
de la vivienda. Pero ha pasado el tiempo y las promesas se tienen que
cumplir porque la gente luego se pregunta cómo hacer frente a la
situación. Por tanto, subvención a las comunidades de propietarios para
hacer frente a las obras y actuar sobre cada una de las personas que
puedan estar afectadas. No se pueden repilotar los bajos de cada edificio
si los
comercios y los negocios que están funcionando no paran. Un protocolo
entre las tres administraciones. En resumen, medidas del Ministerio de
Fomento.
Otra propuesta que hacíamos es que hubiese un entendimiento para que se
pudieran considerar los efectos del nivel freático como una catástrofe y
poder así recurrir a la compensación del fondo de seguros. Es verdad que
esta posibilidad no afecta al Ministerio de Fomento, sino al de Medio
Ambiente. Esas eran las dos patas que tenía nuestra propuesta.
Si hoy la Cámara se inclinara por un pronunciamiento similar al que
propone el Grupo Popular, que es una incentivación al Gobierno, más la
concreción que estamos haciendo, y hay enmiendas concretas presentadas
por el Grupo Socialista, podríamos hacer un pronunciamiento en donde,
cediendo todos, pudiera actuar el Gobierno. Lo que no es posible es que,
habiendo pasado un año desde que se presentan las iniciativas, la parte
conclusiva de este debate sea que se mantengan las ayudas de
rehabilitación o que se estudie la posibilidad de poner en marcha medidas
de apoyo para desarrollar actuaciones. Si esa es la conclusión, es como
mi hijo Roque, que a los cuatro años dijo «albercoque». No es posible que
esta sea la conclusión del debate.
En todo caso, señoría, lo que sí le quiero decir es que existe
desconfianza y hay gente que incluso se siente engañada cada vez que oye
una previsión o una posibilidad de actuación. Tengo que reconocer que en
los presupuestos de la comunidad hay una previsión para que, dentro de
los 414 millones de pesetas de rehabilitación, una parte, 245 millones,
se destinen a estas tareas. Insisto en que con eso no hay para arreglar
más que una o dos de las actuaciones. Si cada año realizamos una o dos
actuaciones, algunos ciudadanos recibirán esas mejoras cuando sus hijos
estén en condiciones de heredar las viviendas, y eso no es bueno porque
estamos dando largas a los ciudadanos, y un Parlamento vivo como éste, un
Parlamento activo para impulsar al Gobierno y para controlarlo, debe ser
efectivo en las cosas que propone, para ver que lo que acuerda tiene un
seguimiento efectivo en el tiempo para los ciudadanos, porque si no son
brindis al sol, y brindar al sol se hace en otro sitio y no en el
Parlamento.
Nada más, señor presidente; nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
A la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Ortiz Molina.
El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a estas alturas del debate no les voy a cansar reiterando
explicaciones que ya se han dado. Creo que los dos diputados que me han
precedido en el uso de la palabra han explicado con todo lujo de detalles
en qué consiste este fenómeno tan negativo que se ha producido en la
ciudad de Murcia por la bajada del nivel freático. En cualquiera de los
casos, creo que un análisis muy sencillo evidencia cuál es la situación.
Aquí la causa del fenómeno que se ha producido no es otra que la bajada
del nivel freático, y la consecuencia ha sido una catástrofe natural en
los edificios afectados que se centra fundamentalmente en el movimiento
de estructura de los mismos.
Estoy de acuerdo en que son más de 200 los edificios afectados, parece
que es un criterio muy general, y que el daño o la restauración del daño
está evaluada en más de 8.000 millones de pesetas. Se pueden barajar
muchas cifras, pero en cualquiera de los casos esa es la cifra que baraja
el Consejo de política territorial, gestionado en este caso por un hombre
del Partido Popular, con lo cual no deberíamos entrar en ese tipo de
elementos tan objetivos, tan contundentes y tan indiscutibles. No es que
yo quiera venir aquí a defender, porque no me corresponde, la actuación
del Ayuntamiento de Murcia, gestionado por el Partido Popular, ni
siquiera a defender la gestión del gobierno regional, llevada a cabo
también por el Partido Popular, pero sí me gustaría llamar la atención
del diputado Gil Melgarejo en el sentido de que no sea más papista que el
Papa. Es verdad que somos diputados, que estamos en el Parlamento
nacional, él está en su papel de defender al Gobierno de la nación, pero
no nos engañemos, una catástrofe de este nivel, con ese coste económico,
no está al alcance del gobierno regional, aunque esté gestionado por el
Partido Popular y yo sea del Partido Socialista, ni tampoco del
ayuntamiento, aunque sea del Partido Popular y yo del Partido Socialista.
Es verdad que las competencias en materia de vivienda están transferidas,
pero esta no es una actuación normal dentro del campo de la vivienda,
sino que es una catástrofe de carácter natural e insisto en que está más
en la órbita de la responsabilidad del Gobierno de la nación.
Este fenómeno se produjo allá por los años 1992 y 1993 y alcanzó su
momento álgido en el año 1995, en el que fue evidente el daño que se
produjo. Quiero recordar que estamos en el año 1998, que ya han pasado
años, además el Partido Popular lleva tres años gobernando con diferentes
gobiernos en la región de Murcia, y aquí, en la nación, lleva más de dos.
Y se viene ahora, al cabo de dos años, y en eso coincido con el diputado
de Izquierda Unida, a hacer este brindis al sol con esta proposición no
de ley que se nos propone, sobre todo en su parte resolutiva, porque la
exposición de motivos, al haber sido copiada de la proposición no de ley
de Izquierda Unida, es bastante más acertada que la parte resolutiva.
Fíjense si somos poco exigentes, no ya los murcianos sino los diputados
que representamos a los murcianos en este debate, que solamente
pediríamos voluntad política para dar solución al problema. Lo digo para
no perder el tiempo ni generar ilusiones vanas haciendo discursos que no
conducen a ningún sitio. Desde hace ya dos o tres años, por parte del
Partido Popular se están haciendo declaraciones, estudios, se tomando
medidas, etcétera.
Fíjense si el problema es conocido que ya en el mes de julio del año 1996
el señor Aznar dice que ha ordenado al ministro de Fomento que tome
medidas para evitar los efectos de la bajada del nivel freático. El señor
Aznar se dirige al alcalde de Murcia en el mismo mes del año 1996
diciendo que se tiene una actitud de solidaridad por parte del Gobierno
de la nación y que da instrucciones precisas al ministro de Fomento. En
noviembre de 1996, el señor consejero de Política Territorial de Murcia,
del Partido Popular, se pronuncia evaluando los daños en 5.000 millones,
posteriormente ha hecho una evaluación de 8.000 millones. Hace algunos
meses coincidimos en una reunión de afectados diputados de Izquierda
Unida, diputados del Partido Popular y yo mismo, y allí el diputado del
Partido Popular --y estoy hablando de enero de 1997-- nos decía que se
estaba a la espera de concretar un plan plurianual entre el Ayuntamiento
de Murcia, la comunidad autónoma y el Ministerio de Fomento para que se
concedieran ayudas a los afectados.
No solamente hay declaraciones, sino que incluso hay debates
parlamentarios. Me refiero a un debate que en el mes de febrero de 1997
tuvo lugar en el Senado, donde un senador del Partido Popular, el señor
Bris Gallego, decía exactamente: Esta es una actuación que en este
momento está siendo objeto de estudio dentro de las protegibles entre el
Ministerio de Fomento, la Administración municipal y la Administración
autonómica. Es más, decía: Esa negociación, que posiblemente se lleve a
cabo en poco tiempo, deberá estar incluida, en parte por lo menos, en los
presupuestos del año 1997. Pues ni en 1997 ni tampoco en 1998. Llevan dos
o tres años tomando medidas y hoy se nos vuelve a proponer que se estudie
la posibilidad de tomar medidas para dar solución al problema. ¿Qué
medidas venían tomando los últimos dos o tres años? ¿Acaso las medidas
para hacer un catafalco a la ciudad de Murcia? Siempre hemos creído que
las medidas eran para dar solución al problema.
También llevan dos o tres años diciendo que van a estudiar, que es lo
mismo que nos proponen hoy: que van a estudiar. Pues, o son ustedes malos
estudiantes porque llevan dos y tres años estudiando sin ningún resultado
o, sencillamente, nos han estado engañando y han dicho que iban a
estudiar y luego no estudiaban. Yo no sé si son malos estudiantes o nos
engañan o quizá no son ni tan siquiera conscientes de que ésa es la
apariencia que tiene lo que están haciendo. Yo no digo que sean ni una
cosa ni la otra porque es posible que ustedes no tengan conciencia,
quizás por ese principio acaban de descubrir una inversión de conceptos
creando un nuevo principio logístico, haciendo una serie de análisis casi
siempre en sentido inverso. Quizás ustedes estén convencidos de que si a
España le va bien, a la región de Murcia le debe ir bien y, en
consecuencia lógica, a los afectados por la bajada del nivel freático
también les tiene que ir bien. La situación no es ésa. Deberíamos ir a
situaciones de mayor seriedad.
Aquí tienen ustedes un estudio de la Universidad de Murcia, Instituto del
Agua; otro estudio, que no hemos encargado los socialistas, que se ha
realizado a instancias populares de la región de Murcia; otro estudio del
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia; otro estudio del Colegio de
Ingenieros de Murcia; es decir, los estudios están hechos y las medidas
para dar solución al problema están claras: hay que invertir más de 8.000
millones de pesetas para que el problema que tenemos alcance un mínimo de
solución. Les voy a decir más: nadie se atreve a decir que ésta es la
evaluación final, porque el nivel freático --como decía el diputado de
Izquierda Unida-- se está recuperando, pero nadie garantiza que esa
recuperación no vaya a producir de nuevo un movimiento estructural en los
edificios con nuevos daños. Eso también es posible.
Señor presidente, señorías, fundamentalmente señores del Partido Popular,
insisto en que hay que ir a una toma de posición en este debate que, si
fuera posible, diera un poco de luz al final del túnel.
Yo también he apoyado gobiernos, incluso he estado gobernando. Sé que
aquí, en un debate parlamentario, concretar actuaciones específicas puede
ser muy difícil, y quizás sería más correcto orientar la actuación del
Gobierno, pero orientarla en algún sentido. Si cuando han copiado la
exposición de motivos de la exposición de motivos de la proposición de
Izquierda Unida hubieran seguido copiando y hubieran copiado también la
parte resolutiva, estaríamos hablando de cosas concretas. A mí me parece
que Izquierda Unida concreta demasiado, y quizá no sea bueno.
Por eso, desde el Partido Socialista hemos tratado de hacer una enmienda
a la proposición del Partido Popular, donde, sin entrar en la exposición
de motivos, que nos parece correcta, creemos que deberíamos, sin ir al
detalle, orientar la acción del Gobierno para que pueda concretar
actuaciones específicas que den de verdad solución al problema. Además,
debemos tener presente que el acuerdo que tomemos quizá debería ir más
allá del problema que en estos momentos tenemos en Murcia. ¿Por qué?
Porque mañana el mismo problema se puede producir en otro sitio y sería
bueno sentar unas bases y unos instrumentos que permitieran al Gobierno
actuar con más diligencia en posibles nuevos casos que se produzcan.
En ese sentido, proponemos, por una parte, algo que ya está establecido,
que está asumido, que es una política
del Gobierno, y es que en el nuevo plan de viviendas se mantenga cuando
menos el mismo nivel de ayudas que había establecido en el plan actual
para rehabilitación de viviendas. Digo esto, señorías, porque nos da la
impresión de que el Gobierno de la nación en el nuevo plan quieren
recortar esas ayudas a la rehabilitación, y sería bueno que se
mantuvieran.
En segundo lugar, proponemos que, dentro de esa política de
rehabilitación, dentro de lo que es el plan general de actuación en
materia de vivienda, se cree una figura específica para viviendas que sea
preciso rehabilitar como consecuencia de catástrofes naturales, tal y
como la que se ha producido en Murcia, y proponemos que se prevea una
actuación del Gobierno subvencionando el 50 por ciento de las inversiones
que
sean precisas.
Finalmente --aquí es donde creo que somos ecuánimes, responsables desde
el Partido Socialista al hacer esta propuesta que hacemos--, en tercer
lugar, no hablamos de una actuación concreta en Murcia, decimos que por
el Gobierno de la nación se concrete con las distintas administraciones
--administración regional, Gobierno regional de Murcia, ayuntamiento de
Murcia-- un plan de actuación urgente; que se concrete, si así se estima
oportuno, en un convenio, pero que permita una actuación urgente en la
que concurran las tres administraciones para tratar de dar solución al
problema.
Algo que no hemos escrito, pero que recomendamos, es que el Gobierno de
la nación reciba a la comisión de afectados para tomar plena conciencia
de la dimensión de ese problema, y digo específicamente el Gobierno de la
nación porque me consta que el Gobierno regional y el propio ayuntamiento
de Murcia ya han recibido a los afectados. Esa es la propuesta que
hacemos desde el Partido Socialista.
Insisto, creemos que es una propuesta razonable, que es una propuesta
sensata, perfectamente asumible por el grupo que apoya al Gobierno y
desde luego, aunque es un compromiso concreto para el Gobierno, este
compromiso no va más allá de lo que es su responsabilidad política en
este caso.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías. Muchas gracias.
(Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ortiz
Molina.
¿Algún grupo parlamentario, que no haya participado hasta ahora en el
debate, quiere fijar su posición en el mismo? (Pausa.)
Entonces, el señor Gil Melgarejo tiene la palabra para indicar si acepta
o no la enmienda presentada en su iniciativa por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor Presidente.
Primero, quiero agradecer el tono y la forma en la que se han manifestado
tanto el portavoz del Grupo de Izquierda Unida como el portavoz del
Partido Socialista. Me va a permitir un minuto para expresar concisamente
lo siguiente: sabemos que el diagnóstico está hecho y sabemos que lo que
se necesita es un tratamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Melgarejo, como S. S.
conoce muy bien, este turno es exclusivamente para indicar si acepta o no
la enmienda.
El señor GIL MELGAREJO: En cuanto al primer punto, aceptamos, no una
enmienda de sustitución, sino de adición de los puntos a) y c). No el
punto b), porque estamos seguros de que la competencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdone, señor Gil Melgarejo, no
estamos hablando ahora de la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
El señor GIL MELGAREJO: No, no. Estamos hablando del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El Grupo Socialista, si la
Presidencia no tiene mal el texto, habla de tres puntos numerados, no con
letras. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que: 1, 2
y 3.
El señor GIL MELGAREJO: Exactamente, señor presidente. Pero se ha
presentado como enmienda de sustitución al texto de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, conmino al Grupo
Parlamentario Socialista a que esa enmienda sea de adición, no de
sustitución, de los puntos a) y c), no del b), por no tener el Gobierno
de la nación, concretamente el Ministerio de Fomento, las competencias
que se derivan de ese segundo apartado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Su señoría indica que, si el
Grupo Socialista está dispuesto a que su enmienda de sustitución se
convierta en una enmienda de adición, usted aceptaría el punto 1 y 3 de
su propuesta.
El señor GIL MELGAREJO: Así es, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ortiz Molina, ¿acepta usted
la propuesta del señor Gil Melgarejo?
El señor ORTIZ MOLINA: Señor presidente, el Grupo Socialista acepta la
conminación (Risas.) --como me filtran por aquí detrás-- del Grupo
Parlamentario Popular en el sentido de aceptar los puntos números 1 y 3.
Es una pena que no acepten también el 2, porque el acuerdo sería mucho
más completo, pero más vale esto que nada. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Silencio, señorías.
En los términos que han aparecido en el debate, lo que se someterá a
votación es el texto de la iniciativa del Grupo Popular, con la adición
de los puntos 1 y 3 de la enmienda del Grupo Socialista.
Pasamos a las votaciones correspondientes. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las
proposiciones no de ley, comenzando por la del Grupo Parlamentario
Popular, sobre rehabilitación de viviendas en Murcia, en los términos
resultantes del debate, de la aceptación de parte de las enmiendas del
Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 283; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Se somete a votación la proposición no de ley de Izquierda Unida, también
sobre incorporación al Plan de Vivienda de la región de Murcia de
actuaciones de rehabilitación de edificios afectados por el descenso del
nivel freático.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 128; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE FORMACION OCUPACIONAL. (Número
de expediente 162/000219)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre
formación ocupacional.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el señor Gimeno, en
nombre del Grupo Socialista. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio y que
abandonen el hemiciclo u ocupen sus escaños.
Señor Gimeno, puede comenzar.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo para presentar una
proposición no de ley sobre formación ocupacional que pretende aportar
una iniciativa sobre un tema parcial, pero sin duda importante, de un
debate ...(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): ¡Señorías, les ruego silencio!
Un momento, señoría.
Puede continuar, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, les recuerdo que estamos en un debate de enorme trascendencia,
según decimos en esta Cámara y también fuera de ella. Estamos hablando
nada más y nada menos que del primer problema que preocupa a la sociedad
española, y a la europea, y no lo parece. Y digo que no lo parece porque,
señorías, hace un momento hemos oído hablar, en las preguntas que se han
formulado al Gobierno, a algún portavoz del Grupo Parlamentario Popular
de la situación del empleo y del paro en España. No me ha extrañado lo
que hemos escuchado, porque estamos acostumbrados a oírlo en distintas
ocasiones, pero uno se queda sorprendido de cómo es posible que desde el
grupo que apoya al Gobierno y desde el propio Gobierno --así lo
contestaba el presidente del Gobierno--, se hable como si tuvieran la
sensación de que esto del empleo y del paro va bastante bien. Y siempre
se añade una coletilla, al final dicen: el problema es muy importante,
pero va bien. Pues no, el problema no va bien y ese es el asunto que
debería centrar la atención de esta Cámara y de la sociedad en su
conjunto, lo que sin duda, esto último, sí ocurre. La sociedad en su
conjunto plantea y entiende que los problemas del paro y del empleo son
problemas de enorme importancia.
Y es cierto que estamos debatiendo esta proposición no de ley en una
semana en la que va a haber un debate de enorme importancia sobre el
empleo, puesto que el Gobierno, a petición de grupos de esta Cámara y de
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, va a presentar el plan de
empleo, según se había comprometido, a nivel europeo y de esta Cámara. Y
ese debate, que sin duda alguna se producirá mañana y que es de enorme
importancia, de alguna manera me evita a mí hacer algunas
consideraciones, porque creo que procederá más hacerlas en el debate de
mañana que en el de estos momentos. (Rumores.) Gracias, señor presidente,
pero no conseguimos que fijen la atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno, yo me
conformaría con que guardasen silencio sus señorías.
El señor GIMENO MARIN: Yo también, señor presidente. Muchas gracias.
En cualquier caso y sin pretender introducir datos ni el debate que se va
a producir mañana, sí quiero manifestar que estamos cansados ya de
escuchar del Gobierno que la situación del empleo va bien, aunque el
problema del paro sigue siendo muy importante. Y sobre todo lo hace cada
vez que aparece un nuevo dato de paro registrado o de la encuesta de
población activa, aunque esta última normalmente les gusta menos, ya que
los datos de paro son más elevados. Porque decir que el problema del paro
va mejor, cuando estamos hablando de 3.200.000 parados, según la encuesta
de población activa, la verdad es que es un sarcasmo.
La realidad es que los datos de que se dispone no nos permiten tener una
visión optimista de la evolución del empleo en España y mucho menos
compartir la autosatisfacción del portavoz del Grupo Popular y del
Gobierno en esta materia.
El año 1997, les guste o no, no ha sido un buen año para el empleo. No lo
ha sido. Por ejemplo, la mejora de los datos claves que nos permiten
vislumbrar un futuro de cuál es la relación entre la elasticidad de
crecimiento económico y el empleo se ha empezado a truncar en el año
1997, y ustedes lo saben perfectamente. Saben que en estos momentos, a
pesar de que la economía crece mucho, el empleo, la ocupación no crece
tanto, y ustedes saben también que otros años ha sido el revés. Eso es un
problema que les debería preocupar y no parece que les esté preocupando.
En 1998, la situación será parecida y habrá que ver cómo evoluciona para
obtener un análisis más completo de esta materia.
El problema es que el paro disminuye en cifras muy modestas para la
importancia del problema. Disminuye en cifras tan modestas que si con la
tendencia que tenemos actualmente pensábamos resolver el problema, vemos
que no se va a resolver ni en muy largo plazo. Eso es lo que debería
preocupar al Gobierno, a los grupos que le apoyan y, por supuesto, al
conjunto de esta Cámara.
Hay que destacar, además, que las tasas de actividad se encuentran
estancadas desde hace tiempo y prácticamente la actividad en este país no
crece, a pesar de que la población activa que existe en España viene
disminuyendo a lo largo de 1997 y de que nuestra tasa de actividad está
por debajo de las medias europeas, muy especialmente en el caso de las
mujeres. Ustedes lo deberían saber y deberían decir toda la realidad de
la situación. Y la realidad de la situación es que, a pesar de ese
crecimiento económico importante, todavía hay muchas personas en este
país, en España, que ni siquiera intentan trabajar por la simple razón de
que no encuentran una oportunidad de trabajo satisfactoria para lo que
pretenden en estos momentos.
La política del Gobierno es una política contemplativa en materia de
empleo y en este momento ese tipo de políticas no sirve. No sirve con
utilizar los mismos instrumentos que siempre se han utilizado; ya no es
suficiente. Y no es suficiente dejar lo que ha venido ocurriendo ni
esperar que el crecimiento económico resuelva el problema del empleo. Hay
que conseguir que el crecimiento económico se traduzca en un mayor
crecimiento del empleo, en el máximo posible, pero para eso hacen falta
políticas de empleo mucho más imaginativas que las que desarrolla el
Gobierno. Las políticas de empleo se han convertido en el eje central del
debate político, es verdad, pero es muy a pesar del Gobierno, porque el
eje de ese debate político se ha fijado fuera de este país, se ha fijado
en Europa, y el Gobierno ha sido arrastrado a ese debate muy a su pesar y
muy a pesar de algunas de las intervenciones poco satisfactorias que
sobre este tema se han tenido en Europa.
De los contenidos prioritarios de las políticas de empleo --mañana se
debatirá mucho más de ello y de las políticas activas--, uno de ellos
tiene que ver con la formación ocupacional. Y en ese contexto quiero
analizar y exponer la presente proposición no de ley a la consideración
de la Cámara. Debería considerar el Gobierno y los grupos que le apoyan,
fundamentalmente el grupo que le sostiene, que algunas de las políticas
de empleo que en otros momentos tenían un sentido determinado, con el
crecimiento que existe actualmente, deberían tener un significado
totalmente diferente. Para que se me entienda mejor, las políticas de
empleo, tal como se desarrollan ahora, unas se neutralizan con otras, y
es más que dudosa su eficacia en algunos supuestos. Por ejemplo, se están
financiando políticas de empleo con el encarecimiento de los costes
indirectos del factor trabajo y no se sabe cuál es la incidencia de ese
encarecimiento del coste del factor trabajo sobre el empleo pero, sin
duda alguna, existe, si es que alguien cree en el mercado.
En cualquier caso, a pesar de ese tipo de situación, lo que es evidente
es que la experiencia de los últimos años nos lleva a pensar sobre todo
que el sistema de financiación del tema que nos ocupa por cuotas de la
formación profesional ocupacional tiene efectos negativos que hay que
corregir. No quiero entrar en otro tipo de planteamientos, como son las
cuotas para el desempleo, que sobrepasan enormemente lo que es el
contenido de las prestaciones de desempleo. Pero las cuotas de formación
profesional, que en estos momentos están pagando las empresas y los
trabajadores, de alguna manera encarecen también lo que es la situación o
el coste del factor trabajo. Por un lado, nos encontramos con que cuando
hay más paro, y como consecuencia mayor necesidad de recursos para la
formación, por el carácter cíclico de este tipo de políticas, al
disminuir la ocupación disminuyen los recursos con esa finalidad y, sin
embargo, cuando se crea más empleo, como podría considerarse que es el
caso actual, resulta que hay más recursos pero menos necesidades porque
hay menos paro. Hay que afrontar ese tipo de contradicciones y hay que
atreverse a resolver.
Estamos en un momento, en una situación económica en la que podríamos y
deberíamos abordar ese tipo de planteamientos y de políticas.
Por otro lado, como las cuotas de formación profesional lo son sobre los
salarios de los trabajadores, estamos encareciendo el coste del factor
trabajo y reducimos el ámbito sobre el que se aplica la solidaridad.
¿Bajo qué criterio y por qué? ¿Tienen que ser únicamente los trabajadores
los que financien la formación de personas que no están trabajando en
este momento? ¿Por qué no se analiza y se considera la posibilidad de que
no sean sólo los trabajadores que están en las empresas, sino el conjunto
de los ciudadanos? ¿Por qué no se analiza y se diferencia entre lo que es
personal que trabaja en las empresas y personas que están desempleadas
que no trabajan en las empresas? Porque si analizáramos en profundidad
ese tipo de realidades nos encontraríamos con que estamos desarrollando
políticas que de alguna manera, encareciendo el factor trabajo, generan
más dificultades para buscar empleo. En nuestra opinión, en el caso de
los desempleados la solidaridad debería extenderse al conjunto de los
ciudadanos y no tal y como se está planteando en estos momentos.
El portavoz del Grupo Popular podrá alegar que la situación viene de
antes. Ya lo sé, pero con una diferencia fundamental y clara: antes no
había crecimiento económico y había mucho más paro. Es totalmente
diferente; ya lo discutiremos. El problema que se plantea es que ustedes
no han hecho nada en políticas activas de empleo a este respecto. Se han
quedado quietos. Esa es la realidad.
En cualquier caso, analicemos cada uno de los puntos de la proposición no
de ley, aunque, como digo, supongo que mañana habrá ocasión de debatir
más en profundidad todo este tipo de políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
En principio, la propuesta que hacemos es, primero, que la formación
profesional ocupacional del Inem se financie con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado; que se diferencie claramente la formación continua
de trabajadores en las empresas de lo que es la formación de los
trabajadores parados. Segundo, que, como consecuencia, se reduzca a la
mitad el tipo actual de cotización correspondiente a la formación
profesional, destinándose íntegramente los recursos recaudados por este
concepto a la financiación de la formación continua, porque los otros
recursos deberían provenir de los Presupuestos Generales del Estado, pero
no de las cuotas de formación profesional. Tercero, establecer una
planificación de recursos para formación ocupacional de desempleados de
aquí al año 2002 en la que se incluya el compromiso de ofrecer en ese
plazo a todos los jóvenes en paro y a todos los desempleados adultos en
paro de larga duración la oportunidad formativa de reciclaje, de
prácticas laborales de empleo, de orientación e inserción profesional,
conforme a lo establecido en las directrices para el empleo de 1998,
aprobadas por resolución del Consejo del 15 de diciembre de 1997, como
consecuencia del Consejo Europeo de Luxemburgo. Y, cuarto, y me dirijo
fundamentalmente al PNV y a otros grupos nacionalistas, que consideren
que este tipo de planteamiento simplificaría la posibilidad de políticas
que existen sobre formación ocupacional, porque, de conformidad con las
comunidades autónomas, se podría establecer el criterio de distribución
territorial de los recursos de formación profesional ocupacional,
teniendo en cuenta que la base de composición del mismo habría de ser la
tasa general de desempleo así como las correspondientes al paro juvenil y
al paro de larga duración de cada una de las distintas comunidades
autónomas. Nosotros creemos que eso simplificaría y resolvería algunos de
los problemas que existen sobre esta materia con alguna comunidad
autónoma.
Señor presidente, ese sería el contenido de la proposición no de ley e
invito al Grupo Popular y a los demás grupos a que consideren la
posibilidad de tenerla en cuenta, porque sería coherente con una política
que realmente creara políticas imaginativas para generar las condiciones
para crear más empleo en este país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.
A esta proposición no de ley no han sido presentadas enmiendas. Por
tanto, ¿desea algún grupo parlamentario fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Tal como se ha puesto de manifiesto en la intervención del señor Gimeno,
la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista toca un asunto
de la máxima actualidad. De hecho, estos días es objeto de un amplio
debate en nuestro país, en la medida en que el Gobierno ha presentado un
proyecto muy deficiente, en nuestra opinión, incompleto, de Plan nacional
de empleo, que ha sido duramente contestado por las organizaciones
sindicales y que va a ser objeto de un amplio debate social durante las
próximas semanas y los próximos meses.
En ese marco, el debate que se nos plantea acerca de la formación
profesional ocupacional afecta, sin lugar a dudas, a un elemento muy
importante en cualquier política de empleo, especialmente en el ámbito de
la Unión Europea, tal como se reconoce a partir de la
Cumbre Europea de Luxemburgo. No cabe la menor duda de que las propuestas
del Grupo Parlamentario Socialista son, nos atrevemos a decir,
interesantes. Que la financiación de la formación profesional ocupacional
deje de correr por cuenta de empresarios y trabajadores y pase a ser una
actividad que se financie por cuenta de los Presupuestos Generales del
Estado implica, desde luego, garantizar una dotación presupuestaria
adecuada, que no esté sujeta a los ciclos que caracterizan la actividad
económica y, por tanto, también el empleo, que es la fuente de
financiación actual de la formación profesional ocupacional, y garantiza,
por otra parte, que el coste de la formación profesional ocupacional no
recaiga exclusivamente sobre empresarios y trabajadores, sino que afecte
al conjunto de la sociedad. Nos parece que estos son objetivos
importantes y positivos.
Desde ese punto de vista, creemos que es útil que se asuma esta
proposición no de ley y se utilice como un punto de partida para
encontrar una solución adecuada. Nos parece que es interesante plantearse
objetivos ambiciosos de la formación profesional ocupacional, como se
contempla en el punto tercero de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.
En todo caso, queremos decir que, en nuestra opinión, al apoyar esta
proposición no de ley, lo hacemos, no tanto por considerarla cerrada,
sino como un punto de partida para buscar un adecuado respaldo en las
organizaciones sociales, especialmente en las sindicales, con vistas a
conseguir que este tema, que sin lugar a dudas forma parte importante de
un plan nacional de empleo, pueda ser finalmente contenido concreto de
una propuesta y de una apuesta de ese tipo, que tenga, a diferencia de lo
que ha planteado el Gobierno en la actualidad, el adecuado respaldo
político y social de nuestra sociedad, que haga fe y que corresponda a la
importancia de ese problema en nuestro país, muy por encima de los
parámetros europeos.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos escuchado con atención la exposición que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha realizado de la proposición que hoy se
presenta. Efectivamente, como decía el señor Gimeno, el tema es muy
importante. Desde la formación política que represento, la importancia la
tiene, evidentemente, por el contenido de fondo, que es el grave problema
del desempleo, pero tiene dos variantes, como bien sabrán: por un lado,
el contenido en sí, sobre cuál es la mejor propuesta para conseguir
fondos destinados al problema del desempleo o, mejor dicho, al
instrumento de la formación como medio para obtener empleo; pero no se le
ocultará que hay otra variante, que es la cuestión competencial.
Lógicamente, esto parte de un tema clave, que es lo que se llama el
bloque sociolaboral del Estatuto de Gernika de 1979. Y este es un tema
que lleva enquistado muchísimo tiempo; en concreto, esta materia, lo que
se llama políticas activas, por no decir las pasivas, que crea mayor
complicación, ya desde el año 1987 se viene reclamando con un cierto
énfasis.
Señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que este tema
puede facilitar la consecución de esta transferencia. Tenemos bastantes
dudas, y lo digo muy sinceramente, porque en esta propuesta se han
planteado algunas cuestiones, pero quedan otras muchas en el aire. Y
tenemos recelos, por no decir sospechas, de que esto pueda dar lugar a
que al final desluzca, si me permiten la expresión, lo que es el hecho
diferencial que existe, en concreto, en el artículo 12.2 de nuestro
Estatuto de Gernika.
Ciertamente, hablar de unidades de actuación, como aparece en la
exposición de motivos, hablar de distribuciones territoriales, sin hacer
referencia a esos hechos competenciales muy concretos y muy distintivos,
nos produce unos ciertos recelos. Creemos que lo que se debiera hacer es
no llevar más allá este tema de la transferencia del Inem. Tenemos el
amparo competencial; la ejecución laboral del artículo 12.2 ampara tanto
la formación profesional ocupacional como la continua. Creemos que la
transferencia al Inem sin las famosas cuotas no es posible, porque no
significaría más que una mera transferencia monetaria, que es lo que
vemos que no tiene que ser lo que se denomina el estatuto de autonomía o
lo que se denomina, desde nuestro punto de vista, el ejercicio de la
autonomía. Y creemos, además, que se puede transferir porque, hoy por
hoy, la financiación de esas formaciones no pertenece a la unidad de la
caja única, por mucho que se quiera dar la visión de que es la caja única
o que tiene algo que ver con ella. Por eso señalamos que en este momento
no vamos a poder votar favorablemente porque, de las expresiones que
aparecen en esa proposición, aun admitiendo la buena fe de los criterios
del Grupo Socialista para tratar de sacar adelante este tema, creemos que
lo de hoy debiera haberse realizado hace mucho tiempo: transferir el
INEM, las políticas activas y, aunque muchos digan que no, también las
pasivas y, en concreto, el tema que nos ocupa hoy, la formación
profesional ocupacional, y a través de las cuotas. No entramos en el
contenido de fondo, si las cuotas son o no la mejor manera para conseguir
liberarnos de ese problema del desempleo, pero sí creemos que nuestra
especificidad, perfectamente descrita en el artículo 12.2, requiere que
se transfiera el INEM con las cuotas. No obstante, vuelvo a repetir que
hay expresiones que no nos gustan, pero las dejamos en el aire y
votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Hacía el portavoz del grupo parlamentario proponente de la iniciativa,
señor Gimeno, una especie de invitación a los grupos que apoyamos al
Gobierno para buscar una justificación en esta fijación de posiciones. Yo
lo hago con mucho gusto, primero, en línea con el compromiso que tenemos
con el Gobierno, aunque resulte obvio volver a decirlo aquí. Pero también
quiero hacer una explicación lo más objetiva posible o, al menos,
subjetiva desde el punto de vista de este portavoz, que da argumentos
dialécticos, porque vamos a votar en contra de esta toma en
consideración.
Estamos hablando de unas cifras que se acercan a los 144.000 millones de
pesetas para 1998 para todo el plan de formación, cuando la legislación
de la formación profesional ocupacional viene recogiendo, junto al Fondo
Social Europeo --participación nada desdeñable, como sabe el señor
Gimeno, porque debemos estar, según mis datos, en cifras aproximadas para
el año 1998 a los 56.000 millones de pesetas, que es casi un 39 por
ciento de este volumen total de inversiones mencionado--, un
planteamiento político de filosofía social que viene a decir que la
aportación mayor tiene que venir de la cuota empresarial y laboral que se
aporta al sistema. Esto no se ha hecho de una manera caprichosa, al menos
en la experiencia de este diputado, si no que se trataba de vincular al
propio sector contribuyente en la financiación mayor al sector de la
cuota empresarial y laboral para que, de alguna manera, actuaran como
fiscalizadores de su propio sistema. Porque una formación profesional
ocupacional, y más dirigida --con la buena intención que yo veo en el
fondo de la propuesta del Grupo Socialista y que reconozco--, nos
llevaría, de aceptarla, a una cuestión puramente financiera y gravosa
para los Presupuestos Generales del Estado. Porque si se trata de
sustituir que, junto a una aportación o suma que va de un 8 por ciento,
con cargo hoy día a los Presupuestos Generales del Estado, a un 53 ó 52
por ciento con cargo a la cuota profesional y lo llevamos a pesetas
reales, estamos hablando, señor Gimeno, de 77.000 millones de pesetas. Y
me pregunto si con un plan de convergencia que nos exige la Unión Europea
para la estabilidad y la llegada al euro y con los planes de
restricciones del gasto público, cargamos a los Presupuestos Generales
del Estado 77.000 millones de pesetas, vamos a hacer dos daños que mi
grupo no está dispuesto a apoyar aquí: por un lado, esta incidencia en el
déficit público en los Presupuestos Generales del Estado y, por otro, que
yo diría mucho más importante --aunque usted haya invocado la situación
económica para meternos en esta financiación de los Presupuestos
Generales del Estado--, no podemos apoyarlo porque romperíamos esa
filosofía tradicional de fondo que hemos entendido las fuerzas políticas
que era necesaria para que el propio sistema que se beneficia --el
empresario y el trabajador-- sea autovigilante del programa que está
incidiendo sobre él. Y si rompemos esa vinculación solidaria porque lo
pagan también, estaríamos haciendo un flaco servicio a esta idea.
Hay otra cuestión más --y con esto termino, señor presidente-- que le
lleva a mi grupo a oponerse a esta iniciativa: hay una correlación de la
comisión sectorial con las comunidades autónomas. No digo más que con el
Consejo del INEM en que los sectores representados en este mismo órgano
deberían opinar sobre qué les parece una modificación de este tipo hecha
en Cámara parlamentaria. Ellos tendrán sus portavoces, los representantes
sociales que hay en el Consejo del INEM, pero no quiero sustituirlo desde
el punto de vista parlamentario. Aquí, desde luego, me llamo a la parte
como miembro de mi formación política en una comunidad autónoma, en
Canarias, donde se la puede soslayar con un acuerdo que tomáramos aquí si
aceptáramos su propia iniciativa. Es decir, llévese a que opinen también
los representantes en la conferencia sectorial de empleo de las
comunidades autónomas con el departamento del Ministerio de Trabajo para
ver qué opinan de la cofinanciación que les iba a tocar de aceptarse esta
propuesta. Por tanto, y por respeto a este ámbito de la soberanía de las
comunidades autónomas y lo que está dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, estaríamos, de aceptarlo, incumpliendo lo que dice el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria que obliga a establecer estos
criterios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para ver
cuál es la participación porcentual de nuestras comunidades aquí.
Por estas razones, y sin más extensión, señor presidente, mi grupo se
opone a esta iniciativa y por ello votaremos en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley sobre formación ocupacional presentada
por el Grupo Socialista, mediante la que se pretende que la formación
ocupacional del INEM se financie con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado reduciendo a la mitad el tipo actual de cotización
correspondiente a la recaudación de la cuota de formación profesional que
ingresan los empresarios junto con las cotizaciones sociales
mensualmente, y que en estos momentos supone el 0,70 por ciento
de la masa salarial, proposición que estamos debatiendo en estos
momentos, aun admitiendo importantes aspectos positivos en la misma,
presenta algunos interrogantes al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En primer lugar, nos planteamos su oportunidad dado que en estos momentos
está en estudio y debate la tramitación sobre la reforma del Impuesto
sobre la Renta y, por otro lado, tenemos pendiente precisamente para el
Pleno de mañana el debate del plan de acción de empleo de 1998 dentro de
cuyas políticas activas de empleo, para mejorar la capacidad de inserción
laboral, hay que considerar la formación ocupacional. Pretender que la
formación ocupacional del INEM se financie con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, reduciendo por otro lado la mitad de la cuota del
0,70 por ciento de la masa salarial con la que se financia actualmente,
tiene el aspecto positivo de reducir las cargas sociales y, por
consiguiente, el efecto de mejorar la productividad. Por otro lado,
reduce los recursos globales de financiación pública de la formación
ocupacional que, por consiguiente, deberán ser provistos en base a otros
recursos en un momento en el que está en tramitación la reforma de la
renta y consecuentemente existen incógnitas sobre la recaudación de
ingresos públicos en el Estado.
Asimismo, una vez más, desde esta proposición no de ley en relación con
la formación ocupacional, se trata el problema de su financiación y la
distribución territorial de la misma, dejando de lado la mejora de los
planes y de su gestión y, por consiguiente, no abordándola en su
globalidad. Además, desde el Partido Nacionalista Vasco, no podemos ni
debemos olvidar que existe un conflicto País Vasco-Estado no resuelto
sobre estos temas. Ahí está la reivindicación vasca de la transferencia
del INEM en los términos marcados por el Estatuto de Guernica con la
singularidad estatutaria que el mismo tiene en estos temas sociales,
expresada por unanimidad desde el Parlamento vasco y continuamente
solicitada desde el Gobierno vasco.
Esta proposición no de ley no aporta sustancialmente nada nuevo respecto
a este tema que pueda ayudar a resolverlo y a facilitar el cumplimiento
del contenido social del Estatuto de Guernica que suponga salvar la
situación actual de incumplimiento del compromiso histórico que supuso la
negociación y la aprobación del Estatuto de autonomía del País Vasco.
Teniendo en cuenta que el contenido de esta proposición no de ley
presenta un tema muy de fondo, desde el Grupo Vasco entendemos que se
debe estudiar muy detenidamente, para lo cual pensamos que hubiese sido
deseable, como se ha hecho en otros casos, crear una comisión de estudio
que examinase el tema dentro del nuevo escenario de la renta,
estudiándolo de forma global dentro de la financiación de las políticas
de empleo.
Por todo lo dicho, el Grupo Vasco valora, por un lado, los aspectos
positivos que contiene esta proposición pero, al mismo tiempo, teniendo
en cuenta los interrogantes que hemos planteado, no la puede apoyar, por
lo que nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar la posición del grupo Parlamentario Catalán en
relación a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Es evidente
que el conjunto de portavoces, así como el señor Gimeno en su
intervención inicial, han situado el tema. Coincidimos en la existencia
del problema y en la necesidad de que el conjunto de las
administraciones, especialmente la Administración central del Estado,
movilicen el máximo de recursos posibles para hacer frente al problema
del paro. También es evidente que todos estamos de acuerdo en que sólo el
crecimiento económico no nos garantiza la creación de empleo y la
disminución del paro, por lo que se necesitan políticas activas, una
acción de las instituciones públicas en el mercado, para crear las
condiciones que puedan permitir crear ocupación. Y en las políticas
activas forma parte ya del acervo común de todos nosotros la necesidad de
impulsar acciones específicas de formación, y de formación especialmente
pensada para los desempleados o para aquellos colectivos que tienen
dificultades de inserción. Desde este punto de vista, creo que, en la
mayoría de los planteamientos que todos estamos haciendo, podríamos
coincidir. Pero también --y creo que ha iniciado el debate la señora
Lasagabaster-- es evidente que este elemento tiene otra perspectiva que
constituye la necesidad de descentralizar las políticas activas en
materia de ocupación. En 1998, buena parte de las políticas activas
dependientes del INEM, en el caso de Cataluña, van a depender ya de la
Generalitat de Catalunya. Esta es una medida que avanza en una línea que
a nosotros nos satisface.
Desde hace ya tiempo, la formación ocupacional era gestionada, entre
otros, por el Gobierno de la Generalitat, pero de manera escandalosa hay
una cuestión pendiente. Estoy seguro de que alguna ilustre diputada del
Grupo Socialista coincidirá conmigo en que es escandaloso que aún
tengamos pendiente la participación de los gobiernos, como el de la
Generalitat, en la gestión de los recursos del Forcem. Es un verdadero
escándalo que hoy los gobiernos autonómicos no tengamos ningún tipo de
participación en estos recursos esenciales. No puede estar justificado,
en ningún caso, que sólo los agentes sociales puedan participar en el
diseño de las prioridades de los mismos. Nos parece que esta es una
cuestión pendiente y nos hubiese
gustado que hoy el Grupo Socialista nos hubiese planteado la posibilidad
de entrar en este debate porque, insisto, estoy convencido de que
ilustres diputados suyos coincidirían con nosotros.
La proposición no de ley introduce otros criterios, introduce un debate
en el que pudiera coincidir nuestro grupo, el de la reducción de las
cotizaciones sociales. Pero nos parece que hoy esta propuesta está
planteada de manera precipitada y poco meditada. El propio señor Gimeno
hablaba en su intervención de la necesidad de analizar en profundidad
muchísimas de las consecuencias que tiene hoy la asignación de recursos o
ver cómo conseguir unos recursos para desarrollar estas políticas
activas, y estoy de acuerdo con él. Seguramente tenemos que generar un
debate respecto a si queremos realmente reducir cotizaciones sociales, si
queremos reducir los costes no salariales del trabajo y cómo lo debemos
hacer.
El señor Mardones hablaba de un coste directo del presupuesto de 77.000
millones de pesetas y es evidente que si planteamos una reducción del
presupuesto a través de la cuota empresarial, de la cuota del trabajador,
también debemos plantear de dónde generamos los recursos para poder
financiar estas políticas activas. La propuesta del Grupo Socialista no
plantea esta cuestión. Tampoco plantea a fondo, ligado con el debate
sobre la participación de las comunidades autónomas en los Forcem, el
debate principal sobre cómo el conjunto de políticas activas, el conjunto
de políticas laborales del Estado en su globalidad, tienen una mayor
participación de las comunidades. Son estos elementos, la precipitación,
la poca meditación, la falta de análisis en profundidad y la falta de
referencias de incardinación autonómica de la propuesta, los que llevan
al Grupo Parlamentario Catalán a votar en contra de la misma,
entendiendo, eso sí, que es necesario avanzar en el debate sobre la
reducción de los costes sociales, especialmente de los costes no
salariales de las rentas de trabajo.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán, como ya lo ha planteado
al Gobierno del Estado en recientes conversaciones sobre el Plan de
empleo y como supongo que mañana se planteará en el debate sobre este
mismo Plan de empleo, va a continuar insistiendo en conseguir esa
convergencia del Estado español en esta materia con el resto de Estados
de la Unión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley del Grupo Socialista nos propone que reformemos
el sistema de financiación de la formación de los trabajadores
subdividiendo la financiación de la formación profesional ocupacional,
por un lado, que a partir de ahora se haría con cargo a la fiscalidad
general, y la formación continua, que seguiría financiándose con cargo a
la cotización de los empresarios y los trabajadores en base al actual de
formación profesional. Esto implica una reducción a la mitad, según la
misma proposición no de ley, de la actual cotización por formación
profesional y, por tanto, una minoración de los ingresos de la Seguridad
Social de unos 77.000 millones, más o menos, al tiempo que una rebaja de
un 0,30 por ciento de lo que actualmente tienen que cotizar los
empresarios y de un 0,05 por ciento de lo que cotizan los trabajadores.
No estamos de acuerdo por varias razones. Primero, porque todo lo que
afecta al sistema público de la Seguridad Social debe atenerse al Pacto
de Toledo y, por tanto, debe ser primero consensuado por las fuerzas
políticas que suscribimos el citado pacto y, segundo, con los sindicatos
y la patronal. ¿Qué piensan los sindicatos de esto? Ciertamente no se ha
producido el proceso de negociación de esta reducción de las
cotizaciones. Hasta la fecha, que sepamos, el acuerdo era dejar en
suspenso la ampliación de la recomendación número ocho del Pacto de
Toledo, que habla de la reducción de las cotizaciones sociales, siempre
que sea posible y que se consensúe, decía, más o menos, la recomendación.
Izquierda Unida, que estuvo en contra del acuerdo y de la ley que
desarrolla el Pacto de Toledo, sin embargo con este punto estaba de
acuerdo. En coherencia, ratificamos hoy la necesidad de mantener las
cotizaciones sociales como están y de negociar cualquier reforma con los
agentes sociales. Los sindicatos lo han manifestado por escrito y a la
opinión pública; han manifestado el rechazo a este tipo de modificación.
Izquierda Unida también está de acuerdo con los sindicatos, en este caso,
en rechazar este tipo de reforma.
En segundo lugar, porque se resentiría el sistema de financiación de la
formación profesional ocupacional, ya que se reducen unos 77.000
millones, hasta ahora ciertos, y se canjean por una planificación
indeterminada de los recursos públicos. Señorías, Izquierda Unida
prefiere el pájaro en mano y no los ciento volando. El negocio es ruinoso
y sobre todo en esta época en que las reformas fiscales son regresivas,
es decir, se recortan las posibilidades presupuestarias y financieras del
erario público. En estas condiciones quién nos dice que, presupuesto a
presupuesto, no va a verse afectada a la baja la financiación para la
formación profesional en algún que otro ejercicio presupuestario. Llama
la atención que sea el Grupo Socialista, que nos invita a otras
formaciones políticas a hacer un frente común contra la reforma de IRPF,
quien plantee ahora una reforma que manifiesta precisamente una confianza
un tanto ciega en la fiscalidad general. Ya lo dijo San Ignacio de
Loyola, señorías: en tiempos de desolación,
no hacer mudanza. Ustedes nos proponen un riesgo innecesario; no vamos a
asumir el peligro que esta proposición no de ley entraña.
En tercer lugar, porque tampoco estamos de acuerdo con la filosofía de la
exposición de motivos cuando dice que por tener estas cotizaciones
sociales un carácter anticíclico es necesario reducirlas para potenciar
el empleo. Esta es la filosofía de la patronal. Así, además, lo han
manifestado ustedes, que están de acuerdo en este tema con la patronal.
Pero es errónea no sólo porque sea una filosofía de derechas, sino por
varias cuestiones: porque ese carácter anticíclico lo tendrían no sólo
las cotizaciones para la formación, sino todas las cotizaciones sociales
en su conjunto. Por tanto, según eso, habría que reducir las cotizaciones
sociales en su conjunto. Se abre un portillo, se brinda una justificación
para ahondar una línea que puede abrir boquetes importantes en la
financiación del sistema público de la Seguridad Social.
En cuarto lugar, porque no tiene en cuenta que las cotizaciones sociales
son parte del salario, salario indirecto, salario diferido, y la
reducción de las cotizaciones sociales, en un país cuyos costes laborales
son un 78 por ciento de la media de la Unión Europea, no es justificable.
En quinto lugar, porque se cae en el determinismo y en el chantaje de los
planteamientos económicos neoliberales. No hay otra salida económica
--los gurús económicos han hablado-- para crear empleo, para financiar
políticas activas en este caso, que propiciar un aligeramiento de los
costes salariales. Sin embargo, señorías, nosotros opinamos, y somos
tozudos en esto, que hay otras posibilidades. No es este el momento de
hablar, este no es el momento de esta discusión; mañana en el debate
sobre el empleo tendremos ocasión de hablar de otras posibilidades de
crear empleo sin reducir los costes salariales innecesariamente, con el
peligro que entraña.
En sexto lugar, porque, en definitiva, la reducción de las cotizaciones
sociales y el pase de la financiación de prestaciones sociales o
políticas activas, con cargo a la Hacienda pública, que pagamos todos, es
un trasvase de rentas, por pequeño que sea.
En plata. Esos 77.000 millones ustedes están proponiendo que dejen de
pagarlos los empresarios y que los paguen en buena parte los
trabajadores. Justo en el mismo porcentaje en que las rentas salariales
son las que más contribuyen a soportar la carga impositiva de la
fiscalidad general. Y eso es trasvase de rentas del trabajo al capital,
como se dice en lenguaje clásico. Para nosotros, inaceptable.
Por todas estas razones, nos oponemos, con los sindicatos, a esta
reforma. Seguro que hay buena intención por parte del proponente, incluso
razones de Estado, de oportunidad política, para contribuir a desbloquear
situaciones autonómicas difíciles. Pero ni siquiera por esta parte arde
el puro. De hecho, ya se lo han dicho esta tarde en la Cámara algunos
representantes de esas situaciones autonómicas difíciles. Al menos para
Izquierda Unida sigue vigente la necesidad de mantener determinadas
políticas en manos del Estado y sobre todo la financiación y la caja
única de la Seguridad Social. No es la salida mantener esta unidad de
caja única de la Seguridad Social e ir trasvasando prestaciones al ámbito
de la Hacienda para que así la financiación de estas prestaciones entre
en el juego de la financiación autonómica. Esa no es la salida, no
estamos de acuerdo.
Señorías, con las cosas de los trabajadores no se juega y menos sin su
consentimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez
Corgos.
El señor PEREZ CORGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, uno de los principales problemas que tiene la sociedad
española y la sociedad europea en general es el problema del desempleo,
un problema al que el Gobierno del presidente José María Aznar y el
Gobierno al que apoya el Grupo Parlamentario Popular le da una especial
importancia. Es cierto también que el crecimiento económico no es una
condición suficiente para la creación de empleo. Todos recordamos épocas
de crecimiento económico en torno al 6 por ciento en las que asistíamos a
una terrible destrucción de empleo. Esta importancia que tiene el
desempleo para las sociedades actuales nos lleva también a la conclusión
de que uno de los mecanismos, uno de los instrumentos más importantes que
tenemos para luchar precisamente contra el desempleo es la formación
profesional en general y la formación profesional ocupacional en
particular. La utilización de este instrumento es una actitud no
solamente española sino también de toda Europa, y así ha quedado puesto
de manifiesto en la cumbre europea sobre el empleo, en la cumbre
extraordinaria de Luxemburgo que se celebró los días 20 y 21 de noviembre
del pasado año 1997. A partir de ahí hemos empezado a hablar de una
población desempleada a la que hemos denominado colectivo cumbre y entre
la que se encuentran los jóvenes y los parados de larga duración.
La preocupación del Gobierno al que apoya el Grupo Parlamentario Popular,
el grupo parlamentario al que represento, ha venido manifestándose a lo
largo de toda esta legislatura en varias ocasiones. Recientemente, el 4
de marzo de 1998, mi grupo presentaba ante la Comisión Mixta para la
Unión Europea una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para incorporar las directrices de la
cumbre de Luxemburgo y adoptar medidas generadoras de empleo. Por su
parte, el presidente
del Gobierno, en su comparecencia ante esta Cámara para explicar las
conclusiones de la Presidencia de la cumbre de Luxemburgo, manifestaba
que España había adquirido y asumido el compromiso de aplicar esas
directrices que se habían establecido en la cumbre de Luxemburgo.
Centrándonos ya en la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, proposición no de ley que vamos a votar en
contra, tengo que decir que la cuota que se recauda en concepto de
formación profesional debe contribuir no sólo a la formación continua en
el marco de garantizar o procurar la estabilidad en el empleo, sino
también a la formación de los desempleados, actuando como una cuota de
solidaridad entre los trabajadores empleados y los empresarios hacia los
trabajadores que están desempleados. Lo importante realmente es que los
recursos que se destinan a la formación profesional ocupacional y a la
formación profesional continua, procedan de cuotas, procedan de los
Presupuestos Generales del Estado o procedan de los impuestos, sean unos
recursos crecientes, unos recursos que en términos reales sean crecientes
y que los procedentes de los Presupuestos Generales del Estado actúen
como efecto colchón cubriendo los déficit o las variaciones negativas que
se produzcan en la recaudación de la cuota de Seguridad Social. Y estas
dos situaciones se han dado en los tres últimos años. Así, la aportación
vía impuestos a la formación profesional ocupacional y a la formación
profesional continua durante el año 1997 ha crecido un 5,1 por ciento en
relación con el año 1996; en el año 1998 creció un 13,7 por ciento con
respecto al año 1997 y por lo que se refiere al conjunto de las políticas
activas, han crecido, en el presupuesto de 1998, un 35 por ciento. Por lo
tanto, la inversión ha crecido por encima del IPC real, por encima del
IPC previsto y, por supuesto, por encima de la recaudación que se
preveía.
La reducción del 50 por ciento de la cuota que ustedes proponen en su
proposición no de ley nos lleva a hablar de una cifra de 77.000 millones
de pesetas. Para 1998 está prevista una recaudación por cuota del orden
de los 155.000 millones de pesetas; por lo tanto, el 50 por ciento supone
77.000 millones de pesetas, que va a afectar muy poco a los costes sobre
el empleo y va a afectar muy poco porque donde realmente se podría notar
sería en las grandes empresas, pero ustedes saben que solamente tres
millones de españoles están empleados en empresas de más de 50
trabajadores. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas, los
autónomos, que tienen dos, tres o cuatro trabajadores y que son la
inmensa mayoría del tejido empresarial español, poco lo iban a notar.
Por otra parte, como decía el señor Mardones, aprobar la proposición no
de ley que ustedes proponen nos llevaría a optar entre una doble
disyuntiva. Por una parte, incrementar el déficit público, porque habría
que aportar vía impuestos esas cantidades, esos 77.000 millones, o bien
no acudir a un incremento del déficit público y reducir prestación de
servicios, de servicios públicos precisamente.
También piden ustedes que exista con las comunidades autónomas el
criterio de distribución, que, según el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, nos obliga a establecer esos criterios
de conformidad con las comunidades autónomas. Otra cosa es que esos
criterios objetivos haya que redefinirlos a partir del programa nacional
de empleo para el año 1992. Pero el criterio objetivo que se está
siguiendo en estos momentos es de participación proporcional al número de
trabajadores desempleados que perciben prestaciones de desempleo o que no
las perciben.
En cuanto a establecer una planificación de los recursos de la formación
profesional para desempleados desde ahora al año 2002, tengo que decirles
que el Consejo General de Formación Profesional ha aprobado ya el segundo
plan nacional de formación profesional, que tiene en cuenta estas
directrices y que establece una perspectiva de planificación económica a
medio plazo, que tendremos que discutirla en el debate de los próximos
Presupuestos Generales del Estado.
Ya ha quedado suficientemente explicado el peligro de la ruptura de la
unidad de caja. Estas son las razones que nos llevan a votar en contra de
la proposición no de ley que han presentado. En consecuencia, anuncio el
voto en contra del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Corgos.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista sobre formación ocupacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a
favor 118; en contra, 164; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento,
y considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, someto al Pleno de
la Cámara la exclusión del orden del día programado para el próximo
jueves del proyecto de ley por el que se aprueba la modificación del
Convenio Económico entre
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que figuraba como punto 40 de
dicho orden del día.
¿Lo aprueba el Pleno por asentimiento? (Asentimiento.) Muchas gracias.
INTERPELACIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA NECESIDAD
DE MANTENER A LA EMPRESA TABACALERA, S. A. COMO EMPRESA PUBLICA, NO
PROCEDIENDO A SU PRIVATIZACION. (Número de expediente 172/000082)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día, interpelaciones.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre la necesidad de mantener a la empresa Tabacalera, S. A. como
empresa pública, no procediendo a su privatización.
Para la presentación de la interpelación ante el Pleno, tiene la palabra
el señor Alcaraz, si es que le dejan. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.--Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, puede
comenzar.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, nosotros vamos a plantear hoy de
manera mucho más singular, porque nos referimos a una empresa en
concreto, nuestra protesta y nuestra frontal oposición a esta especie de
orgía de privatizaciones que preside en este momento la política del
Gobierno Aznar. Ha habido distintas etapas en la privatización de
empresas a las que seguramente aludirá la señora ministra, a la que le ha
tocado hoy en este Congreso hacer el papel de mala, porque esperábamos la
respuesta del señor Rato o del señor Piqué. Son privatizaciones de
distintas empresas que nunca han tenido justificación. Entre 1985 y 1992
se iniciaron 40 procesos de privatización y muchos de ellos a precio
desfavorable, puesto que eran empresas que no tenían beneficio y que, en
todo caso, tenían rentabilidad social. Posteriormente, las
privatizaciones se hicieron para la reducción del déficit, mucho más ...
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un
momento, señor Alcaraz.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Puede continuar, señoría.
El señor ALCARAZ MASATS: Otro tipo de privatizaciones se ha hecho para
reducir el déficit, teniendo en cuenta que ha sido uno de los indicadores
de convergencia para entrar en la primera velocidad a raíz de la
construcción del euro.
Este tipo de privatizaciones ni siquiera ya se puede realizar, puesto que
el dinero que entra en caja por las privatizaciones no se puede dedicar a
reducir el déficit, tal como ha prescrito la Unión Europea; sin embargo,
ahora se dedica a reducir la deuda y sus intereses. En todo caso no tiene
ninguna justificación ni antes ni ahora. ¿Por qué razón? Porque ya hemos
entrado, desde su punto de vista, en Maastricht, en la primera velocidad
en la construcción del euro. Ya no corre ninguna prisa esta especie de
orgía de privatizaciones que estamos sufriendo; ya no tiene ningún
sentido. Ustedes han sido los primeros de la clase, han vendido todo lo
que había que vender, muchas veces, incluso sin tener en cuenta qué
respuesta de mercado podía haber. Y le ruego a la ministra que no me
aduzca que el mercado está respondiendo bien, que se están comprando
acciones porque yo no le estoy hablando desde el punto de vista de
mercado, sino desde los intereses territoriales, sociales y laborales a
los que ahora me referiré. Por tanto, no me diga que estamos vendiendo
bien la empresa porque eso no me interesa para nada; a usted sí le
interesa, pero a la sociedad mucho menos que a usted.
Hemos entrado en la primera velocidad; por tanto, ya no tiene
justificación vender como se está haciendo deprisa y corriendo una
empresa de las características de Tabacalera. Ustedes están vendiendo
simplemente por esta inercia dogmática, por este dogmatismo neoliberal
que les lleva a una especie de política thatcheriana, pero mucho más
radical que la etapa de privatizaciones, por ejemplo, que contempló la
política de la señora Thatcher. Ella privatizó mucho, es cierto que con
consecuencias sociales y laborales muy serias, pero no privatizó a la
velocidad con la que ustedes están procediendo a la venta de empresas
públicas, muchas de ellas con beneficios, sino que lo hizo a lo largo de
8 ó 10 años y ustedes lo están efectuando en el horizonte de dos años y
con una velocidad que al cabo de poco tiempo sólo quedará, según ha dicho
el señor Piqué, Hunosa en el horizonte del año 2000.
¿Que más está pasando, señora De Palacio? Aunque ya sé que usted me va a
leer aquí lo que crea usted que corresponde con esta situación y no va a
entrar en las preguntas que posiblemente yo voy a hacerle ahora. Esta
ocurriendo que ustedes lo están vendiendo todo en una etapa alcista de la
economía; están generando una situación con respecto a la recaudación del
IRPF, según la cual vamos a dejar de recaudar unos 600.000 millones de
pesetas -- con el 11 por ciento de baja con respecto al bruto que se
ingresa por IRPF salen exactamente 600.000 millones de pesetas--; están
generando ustedes una situación que no va a tener respuesta racional
posible y que va a suscitar la confrontación social más seria de la
historia de este país cuando llegue la etapa recesiva a medio plazo.
Ya no van a tener nada que vender, ya no va a haber ningún ingreso por
ese terreno; tendremos unos ingresos por impuestos que no darán para
pagar ciertos gastos sociales. A partir de ahí con una política económica
que frena el índice de precios de consumo, que crea cierto desarrollo en
la creación económica pero que no crea empleo, no sé a dónde quieren
llevarnos a parar. Ahora usted estará pensando: para entonces ya veremos,
para entonces a lo mejor nosotros ya no estamos en el Gobierno y que
otros arrostren con las consecuencias. Este es el problema de fondo;
nosotros venimos aquí de antemano a decirles que ustedes están haciendo
una barbaridad.
No me hable de esa acción dorada, tipo francés, que ustedes han
inventado, porque más bien más que una acción de oro es una acción de oro
alemán, lo menos que se despacha en botica, con ninguna seguridad de cara
a la posibilidad de la penetración de las multinacionales y solamente con
un horizonte de vigencia de ocho años. Cuando se habla del futuro de un
país y de la situación laboral y social de un país, no basta con que
usted me diga ahora que durante ocho años va a tener efecto esta golden
share, que por cierto es absolutamente limitada. Por lo tanto, son
justificaciones, si es que desde ese punto se van a exponer desde esta
tribuna, que no tienen en ese sentido ningún peso, ninguna solidez
argumental.
Todavía hay más, señora ministra. Ustedes han llevado a la perfección la
máxima del equipo Solchaga: la mejor política industrial es la que no
existe. A partir de ahí han llegado a la conclusión de que la mejor
empresa pública es la que no existe; pero todavía no han llegado a la
conclusión de que el mejor ministro de Industria es el que no existe y el
que no cobra, consecuentemente. A esa conclusión no han llegado todavía.
Nos encontramos con un Gobierno que lleva dos años de rodaje sin plan
industrial. Ustedes han hecho, como ya se ha debatido en esta Cámara y
conocen nuestra posición, un plan de modernización de la industria de
este país, modernización como sinónimo de privatización, eso es lo único
que conocemos. Por lo tanto, la situación es tanto más grave puesto que
no hay posibilidad alguna de recolocación o de ampliación de la actividad
productiva del país cuando el mercado, las multinacionales y la serie de
efectos que se puedan derivar de esa situación acometan con fuerza contra
la estructura productiva de este país.
Aún hay otra característica en esta privatización, señora De Palacio.
Ustedes prometieron aquí hasta la saciedad que su diferencia con respecto
a privatizaciones anteriores iba a estar en la transparencia del proceso,
y desde luego hay muchísima opacidad, muchísima oscuridad; tanto es así
que la subcomisión que en esta Cámara se ha creado solamente analiza los
casos de aquellas empresas que ya han sido privatizadas, y no hay
oportunidad alguna de debatir los temas.
Cuando vino aquí la primera vez el señor Alierta y le hicimos una serie
de preguntas, no contestó, no anunció cuándo se iba a privatizar, ni cómo
se va a privatizar, ni cuánto, ni tampoco las consecuencias laborales; no
anunció las consecuencias sobre posibles segregaciones, no anunció si se
iba a cerrar alguno de los cuarenta y siete centros y, ahora ya, ayer
mismo, antes de ayer, se han vendido un montón de acciones y este
Parlamento está fuera de juego.
Todavía podemos discutir algo de este proceso entre esta semana y la que
viene, pero sin muchas posibilidades de que se pueda oír la voz rotunda
de alguno de los grupos que proponer no privatizar o mantener un paquete
suficiente de acciones, para que no se deriven consecuencias graves como
se pueden dar por la privatización que ustedes han acometido.
Es cierto que la semana próxima --y por eso nosotros hemos insistido
hasta la saciedad que esta semana se viera el tema y, al final, hemos
logrado colocar esta interpelación por la vía de urgencia-- se van a ver
cuatro mociones: tres en forma de proposición no de ley, entre ellas una
de Izquierda Unida, y la moción consecuencia de esta interpelación, pero
ya será tarde para muchas cosas. Por eso le decía, señor presidente, que
aquí no hay ningún tipo de transparencia, ninguna posibilidad de debatir
democráticamente temas que, sin duda, van a afectar a esta situación.
No hay ningún blindaje real para la penetración de las multinacionales.
El empuje de Philip Morris, de Reynold, de otra serie de empresas de una
enorme fuerza no se puede parar, ni con esa acción dorada, ni mucho menos
cuando pase el plazo de ocho años que contempla el horizonte temporal de
esta golden share. Y cuando las multinacionales entren aquí, trasladarán
a otros países la producción donde el coste laboral sea menor y comprarán
aquí cuotas de mercado, como han hecho con otra serie de marcas. Y ya
hemos perdido cuotas de mercado, aunque Tabacalera siga teniendo
beneficios con respecto a Philip Morris, en un pasado próximo.
Por tanto, ustedes están jugando con fuego en la etapa alcista de la
economía; incluso en el momento en que ustedes anuncian la creación de
370.000 puestos de trabajo se proyectan movilizaciones y huelgas
generales. Figúrense lo que ocurrirá en la etapa recesiva sin nada que
vender, con gastos impositivos mucho menores y con una creación de empleo
--empleo temporal que es el que ustedes crean ahora-- muchísimo menor.
Nosotros pensamos, señora De Palacio, que ese 25 por ciento de reducción
del personal que ustedes han anunciado, relativo a 6.500 trabajadores, y
esa reducción --y hay estudios en los que se puede ver como el de Solomon
Brothers o el de Santander Investment-- entre 7 y 11 centros de trabajo
de los 47 existentes es algo que no se podrá soportar desde el punto de
vista de la estructura laboral y productiva de este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Voy terminando, señor Presidente.
Estamos hablando de una empresa que ustedes mismos hace muy pocos meses
declararon de interés público especial en el Consejo de Ministros. Se
trata de una empresa que recauda al año aproximadamente 550.000 millones
en impuestos. Estamos hablando de una empresa que, cuando privatice sus
servicios, no va a poder asegurarlo. En todo caso, le pregunto cómo se va
a asegurar que esa recaudación de impuestos se va a hacer con la misma
agilidad con que se viene haciendo en los momentos actuales. Cómo van a
poder evitar ustedes también --porque siempre ha sucedido así en el
proceso de privatización de otras empresas en el marco europeo-- que
aumente el contrabando de tabaco en España cuando, a través de la empresa
pública y de los últimos procesos y planes que se han hecho, hemos
reducido bastantes puntos el contrabando de tabaco en el último período.
Yo le quiero preguntar, señora Ministra, si en este sentido ustedes
piensan mantener en algún grado, aparte de ese control mínimo que se
contiene en la acción dorada, un cierto control, teniendo en cuenta la
importancia de esta empresa en el paquete accionarial; si ustedes van a
obligar a los posibles compradores a que presenten planes de inversión,
planes sociales y laborales, sin que haya ninguna segregación, ni se
creen filiales de empresas, sin que se pueda vender después alguna parte
de lo que integra hoy el conjunto de Tabacalera. En definitiva le ruego,
señora De Palacio, y termino, señor Presidente, que nos aclare usted por
fin algo; que nos diga algo en concreto del futuro de esta empresa.
Quizá por última vez tengamos la oportunidad en el Congreso de los
Diputados de enterarnos de algo cierto y concreto. El señor Alierta no
nos ha dicho nada; el señor Piqué menos; el señor Rato cero. Esperemos
que esta interpelación consiga alguna respuesta con respecto al futuro de
los trabajadores, al futuro de los centros de trabajo, al futuro de esta
empresa --que debiera ser de matriz española pero es una multinacional de
enorme importancia-- y a si de verdad se va a blindar el futuro de la
misma no en sólo ocho años y con un blindaje mínimo sino para el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra
de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz, quiero agradecer el tono y el planteamiento de su
interpelación, que es lógica y coherente con su posición ideológica, pero
obviamente sus criterios no tienen nada que ver con los del Gobierno y
del Partido Popular.
Señorías, estamos hablando, al hilo de la privatización de Tabacalera, de
una crítica global al programa de privatizaciones del Gobierno. Lo cierto
y verdad es que el Partido Popular en su programa electoral llevaba
precisamente el punto de privatizaciones.
Además de ello, el Gobierno el 28 de junio de 1996, en cumplimiento de
esos compromisos asumidos en el programa electoral y reiterados por el
presidente del Gobierno en la Cámara en el debate de investidura, aprobó
un programa de modernización del sector público empresarial del Estado
donde precisamente se proponía la privatización de gran parte de dicho
sector. Ese acuerdo establecía por primera vez unos criterios generales,
que son los que se deben seguir y se están siguiendo sistemáticamente en
todos los procesos de privatización, porque no nos olvidemos, señor
Alcaraz, de que la privatización de Tabacalera ya se inició antes y ahora
estamos continuándolo. Esos criterios son: la continuidad del proyecto
empresarial en las empresas privatizadas, cuestión básica para el
Gobierno; la publicidad y la concurrencia, precisamente para garantizar
la transparencia del proceso, a lo que S. S. ha hecho referencia y en lo
que voy a insistir; y el establecimiento de controles, que antes habíamos
reclamado, que no existían y que hemos incorporado, tales como la
participación de la Intervención General de la Administración del Estado,
del Tribunal de Cuentas y del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
En cuanto a transparencia, en el caso concreto de Tabacalera, lo mismo
que en los otros, se han respetado todos los planteamientos en tanto que
se va a hacer la privatización a través de una oferta pública de venta,
que es una garantía de publicidad y libre concurrencia. La Sociedad
Estatal de Participaciones Patrimoniales ha depositado la correspondiente
documentación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en ella
se incluyen todos los detalles. Además, ha sido consultado, como era
lógico, el Consejo Consultivo de Privatizaciones, creado al efecto, que
ha informado favorablemente el proceso. Así, ha estimado que en las
actuaciones realizadas por la Seppa en la operación de privatización de
Tabacalera se han respetado los principios de publicidad, transparencia y
libre concurrencia, informe dado a conocer el pasado 23 de marzo, del que
he hecho una cita textual.
Es más, dentro de ese informe del Consejo Consultivo había un único pero,
que era una mínima parte de ese accionariado que se había reservado en
principio a los estanqueros. Sencillamente, ante esta objeción planteada
por el Consejo Consultivo el Gobierno decidió retirar este tramo especial
reservado.
La Intervención General de la Administración del Estado informó también
favorablemente el 20 de marzo de este mismo año mediante el expediente
correspondiente.
El debate que hoy se plantea pone de manifiesto la capacidad de control
de la actuación del Gobierno, cuestión que yo creo que es positiva,
porque ha habido otras ocasiones en que se ha procedido a llevar a cabo
privatizaciones cuando las Cortes estaban disueltas, y consideramos que
no es adecuado.
También, como muy bien ha señalado S. S., aunque ha omitido que era a
iniciativa del Grupo Popular, ha comparecido el señor Alierta para
informar en la Comisión correspondiente de todos estos extremos. Por lo
tanto, hay absoluta trasparencia y los máximos controles, insisto, con
notables avances, por ejemplo, porque se reducen los gastos derivados del
proceso de privatización de una manera importante, ya que las comisiones
soportadas en los tramos institucionales, tanto nacional como extranjero,
del 3 por ciento, que era lo que había venido rigiendo en las
privatizaciones de los años 1994 a 1995, en el caso de esta privatización
se van a reducir al 1,65 por ciento. Estamos hablando de un ahorro en
torno a los 4.500 millones de pesetas para el erario público, pero además
hay que destacar el número de pequeños ahorradores que van a convertirse
en accionistas de Tabacalera, ya que, como muy bien sabe su señoría, el
62 por ciento --es decir, unos 60 millones de acciones-- se ha reservado
para ese tramo minorista, amén del 1,3 por ciento para trabajadores de la
propia empresa. Ni que decir tiene, porque supongo que S. S. lo sabe
perfectamente, que la demanda de tabacaleras ya ha sido ampliamente
superada con las peticiones de estos días inmediatos.
Por consiguiente, existe una trasparencia garantizada a través de todos
los sistemas que se han respetado escrupulosamente y que han sido
impuestos por el propio Gobierno; trasparencia garantizada por la forma
en que se está llevando a cabo, pero también control del Parlamento,
partiendo de una base, señoría, y es que la responsabilidad de las
privatizaciones es del Gobierno, no de esta Cámara. Lo que tiene que
hacer esta Cámara es el control de la acción del Gobierno, pero la
responsabilidad no puede ni debe el Gobierno transferirla a esta Cámara,
sino que lo que le corresponde a esta Cámara es el control de la acción
de Gobierno, pero no las decisiones del Gobierno, que las toma de manera
autónoma, cumpliendo el programa electoral del Partido Popular y el
programa de investidura del presidente del Gobierno. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Señoría, dígame
qué servicios de carácter público presta Tabacalera. Se ha referido a la
cuestión de la lucha contra el contrabando, pero no es a través de
Tabacalera como se controla la lucha contra el contrabando, señoría. No
voy a extenderme en la cuestión de la ley de ordenación del mercado de
tabacos, pero sabe S. S. que lo que se contempla en ella es que sólo
quede el monopolio en el sector minorista, y se mantiene ese monopolio
porque los estanqueros son quienes prestan un servicio de carácter
público. Por eso es por lo que hemos mantenido y se va a mantener,
previsiblemente con el respaldo mayoritario del Parlamento, este
monopolio. Señorías, es el Estado y no Tabacalera quien ejerce a través
de las redes de expendeduría de tabaco y timbre el monopolio del comercio
al por menor, y es ahí donde se lleva a cabo el control de productos como
el tabaco, con notables repercusiones --como ha señalado, y en eso tiene
razón su señoría-- tributarias y aduaneras, al margen de los problemas de
tipo sanitario asociados con el tabaco. Es cierto que Tabacalera continúa
siendo responsable de la distribución al por mayor de los efectos
timbrados y esta especial relación de la empresa con el Estado es una de
las razones que justifican la aprobación del Real Decreto 552/1998, de
aplicación del régimen de autorización administrativa previa a
Tabacalera.
La lucha contra el fraude, insisto, no se hace a través de Tabacalera.
¿Quién participa ahí? La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia
Aduanera, es decir, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El
contrabando perjudica a Tabacalera, al Estado, a los estanqueros, a los
ciudadanos en su conjunto, pero no es Tabacalera quien lucha contra el
contrabando. Creo, señoría, que el Gobierno está demostrando y está
poniendo sobre la mesa una serie de éxitos notables en la lucha contra el
contrabando. Por ejemplo, hasta mayo de 1996 el consumo de tabaco rubio
de contrabando aumentó de manera continuada hasta alcanzar el 13,5 por
ciento del consumo total, cifra que se reduce al 9 por ciento en febrero
de 1998. Quiere ello decir que ha habido un gran avance. En términos de
recaudación esta reducción del contrabando está suponiendo unos ingresos
superiores a 35.000 millones de pesetas más por impuestos. Este es el
resultado de acciones directas frente al contrabando de tabaco, entre las
que destacan operaciones que puedo citar, como la operación llamada
Montaña, que ha impedido la entrada desde Andorra de más de cien millones
de cajetillas anuales.
Señoría, se ha referido a la pérdida de puestos de empleo. Lo que es
cierto es que el 25 por ciento de reducción de la plantilla de Tabacalera
se ha producido entre los años 1988 y 1996. En 1988 tenía una plantilla
de 8.474 empleados y en 1996 únicamente quedaban 6.465 empleados, es
decir, se ha reducido en más de 2.000 trabajadores, y eso, señorías, con
una titularidad pública. Por lo tanto, nada tiene que ver la titularidad
pública o privada con el mantenimiento o no de puestos de trabajo. Se lo
digo de Tabacalera, pero se le puedo decir de otro tipo de empresas. Si
vemos lo que ha sucedido con el INI en los últimos años, entre el año
1983 y el año 1996, la plantilla a comienzos de 1983 era de 105.000
empleos y a finales de 1996 era de menos de 41.000. Por tanto, se había
producido una reducción de más del 50 por ciento del empleo a lo largo de
estos años en un sector que era público. Insisto, no es un problema de
titularidad pública o privada; es un problema de viabilidad de empresas,
es un problema,
de verdad, de competitividad. Señorías, para que mantengan todos los
puestos de trabajo lo primero que tienen que hacer las empresas es ser
viables con esas plantillas y llevar a cabo una acción de labor
empresarial.
Dice S. S. que no hay política industrial por parte de este Gobierno. Lo
que pasa, señoría, es que este Gobierno entiende que la política
industrial no se hace a través de una industria pública. La política
industrial, en un país desarrollado y a finales del siglo XX, nadie
sensatamente puede plantear que se hace a través del sector público. Se
hace a través de unas condiciones económicas globales, que son el marco
adecuado para el desarrollo de un sector industrial potente y
diversificado. En eso estamos y no tiene más que ver las estadísticas del
crecimiento industrial a lo largo de este año y medio de Gobierno del
Partido Popular, que ha sido espectacular. Sabe S. S. que en el último
año ha superado el 7,4 por ciento, si no recuerdo mal.
Señoría, eso es lo que hace a un sector industrial ser fuerte. Sí que hay
una política industrial por parte de este Gobierno y hay cantidad de
medidas de todo tipo que son las que están dando estos resultados. Esto
no se produce de repente y como por ensalmo, sino debido a una política
coherente, económica e industrial de manera específica por parte de este
Gobierno, que está permitiendo no sólo el crecimiento de las industrias
sino el crecimiento del empleo en el sector industrial con mucha más
fuerza que en ningún otro sector, y, si no, cójase usted las encuestas de
la EPA, cuyos resultados hace bien poco hemos hecho públicos, y lo tendrá
clarísimo.
Señorías, Tabacalera, en cuanto al porvenir de sus empleados, ha
anunciado, primero, que pretende llegar a un acuerdo con los trabajadores
para continuar adaptando la plantilla a las necesidades reales de la
empresa mediante bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas, que en
todo caso serán voluntarias. Por tanto, de lo que se trata es de hacer lo
más competitiva y viable posible esta empresa; una empresa que ha dicho
que en los últimos años había perdido cuota de mercado --y tiene toda la
razón-- por una política errónea y equivocada desde el sector público. En
vez de dedicarse a internacionalizar la empresa Tabacalera manteniéndose
en un sector que dominaba y conocía, lo que pretendió fue una
diversificación yéndose al sector agroalimentario, que, lamentablemente,
ha resultado al final ser un fiasco y no ha sido, ni mucho menos,
interesante ni rentable para el sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señora
ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Sí, señor presidente.
Es en este momento cuando Tabacalera está obteniendo y recuperando cuotas
de mercado. Ha aumentado su facturación, que estaba estancada desde el
año 1992. Se ha roto la tendencia de la pérdida de cuota de mercado en el
área del cigarrillo. El valor de la empresa se ha triplicado desde julio
del año 1996 y en el área de cigarros puros Tabacalera se ha convertido
en la primera compañía a nivel mundial. Por tanto, Tabacalera tiene cada
vez más un futuro que garantiza no sólo la existencia de una empresa
fuerte española en el sector del tabaco, sino además el porvenir de los
más de 6.000 trabajadores que están en este momento empleados en esta
empresa.
Señorías, además de todo esto, tengo que señalar aquí cuestiones que
afectan más directamente a mi Ministerio, como es el acuerdo establecido
entre Tabacalera y Cetarsa, que garantiza durante al menos un período de
cinco años que se siga manteniendo la compra por parte de Tabacalera de
lo que son los transformados de Cetarsa, cuestión muy importante para
garantizar el futuro de esta última.
Señoría, es un debate ideológico. Ha dicho muy bien --tiene toda la
razón-- que no se puede reducir déficit con el dinero de las
privatizaciones, pero es que, señoría, este Gobierno nunca ha privatizado
para reducir déficit. No es esa la razón. Sencillamente, este Gobierno ha
privatizado porque está dentro de su programa electoral, porque no cree
que la política industrial se ha de hacer desde un sector público
industrial, sino que se hace desde unas premisas económicas y un marco
para la industria española que permita su desarrollo y su competitividad.
Precisamente por eso, porque no entendemos que la función del sector
público sea estar en ciertos sectores industriales, estamos llevando a
cabo esas privatizaciones.
Me dice --y voy concluyendo, señor presidente-- que las respuestas del
mercado son magníficas y ahí están. Me habla de cuando venga el momento
de la depresión o de la recesión económica. Señoría, si somos capaces de
mantener como estamos manteniendo un crecimiento como el actual, con una
inflación contenida gracias a aumentar las tasas de ahorro y de
competitividad, estamos garantizando un crecimiento estable y duradero,
lejos de las fluctuaciones que lamentablemente han caracterizado los
ciclos anteriores. Por tanto, señoría, yo no creo que ese sea el
problema. Me habla de las etapas recesivas a largo plazo, me habla del
problema del IRPF, pero no estamos en ese debate. Comprendo que desde sus
postulados ideológicos me haga ese tipo de planteamientos, pero S. S.
sabe muy bien que sus postulados ideológicos últimamente tienen bastantes
pocos seguidores, porque han demostrado que no son, ni mucho menos, los
más adecuados para procurar la mayor riqueza, el mayor bienestar y el
mayor nivel de empleo real para los ciudadanos.
Concluyo diciendo que la de Tabacalera es una privatización dentro del
conjunto de privatizaciones que
el Gobierno está llevando a cabo y que se ha hecho con toda la
transparencia, igual que se han venido haciendo las anteriores y se
proseguirá en el futuro; que el control está garantizado a través del
Parlamento y que se está produciendo, pero una cosa es el control de la
acción del Gobierno y otra cosa es la responsabilidad, que corresponde al
Gobierno y que el Gobierno ejerce.
Señorías, precisamente se está hablando de privatizar para garantizar los
empleos, de privatizar garantizando un proyecto industrial, de privatizar
para garantizar que se sigan desarrollando y mejorando las posiciones de
Tabacalera y sus valores. Por ello no entendemos ni comprendemos las
críticas que ha planteado su señoría, salvo --y eso lo explica todo--
desde unos apriorismos ideológicos que, lamentablemente o gracias a Dios
--yo creo que ha sido bueno--, se han visto totalmente desechados y
refutados por las realidades económicas de los países que en su momento
tuvieron la desgracia de soportarlos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señora De Palacio, cuando no se tienen argumentos se intenta atacar los
principios (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!), pero me parece que en
Francia ustedes, concretamente Chirac, llevaba 14 puntos de diferencia a
favor de la derecha, y la unidad de izquierdas --socialistas y
comunistas--, con Jospin practicando una política de unidad, los barrió a
ustedes por mayoría absoluta. (El señor De Lapuerta Quintero: Y así les
va.) Me parece que Schroeder le va a ganar a Kohl, por lo menos ya le ha
ganado en la Baja Sajonia. Por tanto, si a ustedes les queda este
reducto, amárrenlo bien, y esta política no es lo mejor para andar
unidos, y lo van a ver mañana en el debate del Plan nacional de empleo,
al cuerpo social del Estado. Ustedes van a ir Cardiff solos como la una.
En consecuencia, no me hablen ustedes de qué es lo que está en vigencia
en estos momentos en Europa, porque quedan ustedes como los últimos de
Filipinas, hablando de tabaco.
A usted no le da tiempo a afinar, señora De Palacio, porque le dan los
encargos sobre la marcha, y de paso --primer error y primer punto--, he
de decirle que el señor Alierta compareció en la Comisión de Economía a
petición de Izquierda Unida y del Partido Socialista Obrero Español, no
del Partido Popular.
Segundo punto. Usted dice: desde la lógica de sus planteamientos está
bien que usted diga esas cosas. Mire usted, en este momento, el
porcentaje de empresa pública que tiene España es la mitad de la media
del porcentaje que tiene el resto de los países de la Unión Europea.
¿Comprende lo que le quiero decir?
Tercer punto. Usted dice: nosotros hicimos un programa electoral y lo
estamos desarrollando. Y yo le digo que ustedes también metieron en el
programa electoral la privatización de Radiotelevisión Española y acaban
de decir que no la van a privatizar porque es de interés general y presta
un servicio muy importante para la cohesión social y territorial. O sea,
que ustedes cambian, pero en este caso, ¿por qué no? No me hable de
coherencia cuando ustedes la están rompiendo a diario. Léase su programa
electoral: la privatización de La Segunda y la reducción al mínimo de La
Primera. Por lo tanto, no me hable de coherencia ni de cumplimiento de
programas electorales porque no los están cumpliendo.
Y luego me dice, como dándome una información al paso, casi de cita de
autoridad, que tienen ustedes el informe positivo del Consejo Consultivo
de Privatizaciones. ¿Saben ustedes quién está al frente de ese Consejo?
Don Luis Gamir. ¿No recuerda usted la posición de don Luis Gamir expuesta
aquí respecto a las privatizaciones y a la acción dorada que debieran
llevar las privatizaciones? Primero, decía que había que privatizarlo
todo, hasta la Giralda, y luego que nunca habría que emitir ni siquiera
la versión francesa light de la golden share. Ese es quien está al frente
del Consejo Consultivo de Privatizaciones; luego no me lo ponga usted
como cita de autoridad, señora De Palacio, porque han puesto ustedes a la
zorra a guardar las gallinas. Así pues, para mí no tiene ningún sentido
esa cita que usted hacía.
Señora De Palacio, ustedes han puesto a la venta una joya. Por cierto,
que por el anuncio de televisión no se sabe si venden ustedes barcos o
tabaco. Han puesto a la venta una auténtica joya; una joya que recauda
cada diez años más de tres billones de pesetas en impuestos, que entran
directamente en las arcas del Estado, y que ha tenido en un plazo de diez
años unos beneficios superiores a 100.000 millones de pesetas, de los
cuales el Estado se ha llevado la parte correspondiente a su
accionariado, últimamente, al 52,4 por ciento. ¡Pues claro que el mercado
responde bien, por favor, claro que responde bien!, porque en el fondo
ustedes están generando una situación en la que hemos pasado de la etapa
del pelotazo a la etapa del bolsazo, lo que llamaría el señor Rojo
finamente la llamarada especulativa. Naturalmente que en este caso
interesa muchísimo comprar acciones de Tabacalera, pero por esa misma
razón que interesa comprar acciones de Tabacalera --usted me lo ha puesto
a huevo--, interesa que el Estado se quede con las acciones de
Tabacalera. ¿O no es lógico este razonamiento que le acabo de hacer,
señora De Palacio, en función de los dividendos que da Tabacalera? Y si
no tenía sentido especial de interés general Tabacalera, ¿por qué ustedes
lo declararon así en el Consejo de Ministros? Yo creo que usted
no domina el tema, porque sí es de interés general Tabacalera, por
razones de interés laboral, es decir, de interés social: son 6.500
trabajadores, más 350 que hay también enganchados eventualmente y todos
los que trabajan a nivel indirecto. Váyase a Gijón, váyase a Cádiz, que
tiene un 40 por ciento de paro, y analice usted la cohesión territorial,
la función territorial -- ya no hablo sólo de la social -- que tiene
Tabacalera en Cádiz, en Gijón, en Sevilla, en Málaga, en Alicante o en
cualquier otro sitio. ¿Cómo que no es de interés general una empresa que
tiene beneficios por los que se recaudan impuestos por más de 110.000
millones de pesetas al año y que tiene 6.500 trabajadores ubicados en 47
centros de trabajo? Me parece que no sabemos a veces muy bien lo que
decimos.
Lo más grave es que no se atienen a la realidad. Usted sabe que en cada
pueblo siempre hay una iglesia, un estanco y la sede de algún partido.
Pues eso también es de interés general, que haya un estanco y una
distribución capilar diseminada en España, y usted sabe como yo que si
ustedes generan esta privatización sin el blindaje suficiente, las
multinacionales entrarán en contradicción con la venta de este servicio
de distribución capilar que tienen los estancos en este país. Usted lo
sabe como yo y creo que desde hoy lo va a saber mejor.
También es grave, señora De Palacio, que no demuestren ustedes cariño por
las empresas. Tabacalera se creó en España hace 360 años. Al producirse
un movimiento económico que generaba el trasiego de tabaco, el Estado vio
que esta empresa era de gran interés, y a partir de ahí surgió la
necesidad de generar materia prima y se generó un gran entorno de
expendedores, de transportistas y de trabajadores de todo tipo. Usted
desconoce todo esto y, por tanto, las consecuencias que este tipo de
privatización a ultranza y dogmática va a tener respecto de la estructura
de Tabacalera.
Yo puedo decirle que el contrabando incluso puede reducirse más, cosa que
ahora no va a ser posible en función de los intereses privados. Si
ustedes hubiesen puesto fecha de caducidad en cada paquete de tabaco, la
estructura del contrabando se hubiese reducido todavía más. Es cierto que
en el último periodo ha tenido un bajón muy importante, pero está en el 9
ó 10 por ciento, por encima de la media europea. Este porcentaje podría
bajar teniendo en cuenta previsiones, enmiendas parciales que hemos
interpuesto en esta Cámara y que no han tenido ningún éxito en los
debates correspondientes.
Termino, señora ministra, hablándole del empleo. Usted confunde empleo
con contrato. No están creando ustedes 370.000 empleos anuales, señora De
Palacio. Ustedes comprenden y conocen que se firman 370.000 contratos
anuales, pero no es lo mismo, y le agradezco que por lo menos usted haya
hablado de la encuesta de población activa, que es el único criterio
homologable en toda Europa, porque la nota que yo he visto del Ministerio
de Trabajo habla otra vez del Inem y del paro registrado, que es el 13
por ciento, cuando lo único homologable en Europa es el 20 por ciento de
paro estadístico. Esa es la cifra real: 3.250.000 parados. Y que usted
venga a decir aquí que el problema del empleo no es un problema real en
este país es una auténtica barbaridad. El 20 por ciento de paro, teniendo
en cuenta que en Europa estamos en el 10 por ciento, es una aberración
estructural, señora De Palacio, que no se corresponde con esa especie de
ciclo eufórico que ustedes están generando a través de ciertos medios de
comunicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Alcaraz, le ruego que
concluya, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
¿Cómo que no tiene nada que ver la titularidad con el empleo? ¿Ha
observado usted, señora De Palacio, que cuando a una empresa se le mete
un expediente de regulación de empleo ese mismo día suben sus acciones en
la Bolsa? ¿Se ha percatado usted de ese pequeño detalle? ¿Se ha percatado
de que ante cada una de las privatizaciones que ustedes han hecho, muchas
veces sin anunciarlas, han anunciado previamente una reducción del
personal, un expediente de regulación de empleo o un proceso de extinción
de contratos? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Saque usted una
estadística de cómo las empresas, cuando pasan de titularidad pública a
titularidad privada, reducen una media de entre el 30 y el 40 por ciento
de su plantilla a medio plazo. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Ya que
son muy aficionados al tema de la estadística, saquen esos números
concretos que usted puede utilizar aquí tranquilamente y verá que no le
miento. ¿Cómo que no tiene nada que ver cuando el proceso de
privatización de Tabacalera conlleva la reducción del 25 por ciento de la
plantilla? Y en el proceso de cinco u ocho años, eso es una entrega del
mercado español a medio plazo. Usted lo sabe perfectamente porque ya ha
pasado con otras marcas o productos --Gillette y compañía-- y sabemos de
sobra cómo están actuando las multinacionales en este país, sin ninguna
ley que impida el funcionamiento que tienen en este momento. ¿Cómo puede
decir que no influye la privatización en el tema del empleo si nada más
anunciarse el proceso de privatización se ha paralizado la construcción
de las plantas de Gijón y Alicante? Algo tendrá que ver, señora De
Palacio. Yo creo que usted sabe que tiene mucho que ver, que cada vez que
han anunciado una privatización ha ido acompañada de una reducción
drástica de la plantilla, entre el 20 y el 30 por ciento, ampliable a
medio plazo.
En resumen, señora De Palacio, no coincido con su intervención, no sólo
por razones ideológicas sino por
razones de visión europea o de matriz europea. En Europa las empresas
públicas existen en un porcentaje mucho mayor que aquí y las empresas
públicas de interés general o que ejerzan cierto tipo de servicio público
o sean de servicio público siempre tienen un control accionarial muy
fuerte por parte del Estado. Como digo, no se trata de razones
ideológicas --usted intenta situarme en el pasado--; es que usted tiene
que pasearse un poco más por Europa y constatar los datos que le estoy
dando a ver si son verdad o son mentira, señora De Palacio. Le repito que
no me hable de coherencia, porque ustedes no la están llevando a feliz
término; ni hay transparencia ni privatizaciones urbi et orbi --por lo
menos no afectan a alguna empresa que le he citado anteriormente, por
razones de un interés que no voy a calificar aquí hoy--, ni existe un
aprecio real de esta cultura laboral, social y de tipo industrial que ha
generado durante los últimos 360 años Tabacalera. Ustedes a medio plazo
la van a entregar y van a entregar la cuota del mercado español de
tabaco.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, los que me parece que no terminan de ver qué es lo que pasa en
Europa son ustedes ¿De verdad creen que el señor Blair lo que quiere es
la empresa pública y desarrollar y aumentar el sector público en Gran
Bretaña? No es así. Hasta los partidos socialistas europeos lo entienden
así, y la prueba está, entre otros, en el Partido Socialista Obrero
Español, que procedió durante los últimos años a múltiples
privatizaciones --cuestión que criticamos no porque se privatizara, sino
por cómo se hizo, porque entendíamos que hacía falta más transparencia y
lo dijimos reiteradamente y cuando nos ha tocado a nosotros hemos puesto
en marcha las medidas que considerábamos entonces necesarias--. Hoy no
apuestan por eso, porque el empleo en el sector industrial no depende de
quién es el titular de la empresa o de la industria, sino de que la
industria o la empresa sea competitiva o no. La prueba está en que en
España desde 1983 hasta 1996 se pierde más del 50 por ciento del empleo
del sector público industrial, entre otras cosas porque no se consiguió
que esas empresas fueran mínimamente viables, porque no se llevaron a
cabo las medidas adecuadas, y, sin embargo, lo que sí hubo fue una gran
pérdida de puestos de empleo y de riqueza, así como de sectores completos
de nuestra industria.
Respecto a lo de la empresa declarada de interés general, se lo he dicho.
He hecho referencia al Real Decreto 552/1998, de 2 de abril, donde se
trata de la aplicación de un régimen de autorización administrativa
previa a Tabacalera, entre otras cosas porque Tabacalera continúa siendo
responsable de la distribución al por mayor de los efectos timbrados.
Aparte de eso, como muy bien ha dicho S. S., se mantiene el sistema de la
acción de oro o golden share, que entendemos es una garantía suficiente.
Su señoría habla de la rentabilidad o no rentabilidad de Tabacalera para
los ciudadanos y para el erario. Le diré, primero, que los impuestos
especiales del tabaco no dependen de que Tabacalera sea de titularidad
pública o privada, no tiene nada que ver; tiene que ver con cuáles son
los impuestos en sí, con cuánto es la venta y con la lucha contra el
contrabando y esta última se está llevando a cabo desde donde hay que
hacerlo, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un
éxito más que notable y, como muy bien ha reconocido S. S., estamos ya en
torno al 9 por ciento, cuando hace dos años partíamos del 13,5. Vamos a
seguir disminuyendo, porque todavía sigue siendo alto, ahí coincido con
usted, vamos a seguir trabajando en ese terreno, pero se ha hecho ya
mucho, hemos bajado del 13,5 al 9 por ciento, se ha bajado en un 33 por
ciento, que no es una cifra pequeña.
En cuanto al Plan de empleo, la huelga y demás, el Plan de empleo que
presenta España es el que se acordó y responde a lo que se había
formulado al respecto en el seno de la Unión Europea.
Señoría, me he referido a la EPA y lo que dice es que estamos por fin por
debajo del 20 por ciento, que nos hallamos en el 19,5 por ciento.
Señoría, esos son los hechos, esos son los datos reales. Incluso con la
EPA, además del paro registrado, en donde estamos un poco por encima de
los dos millones, en 2.000.030, si no recuerdo mal, estamos hablando de
una creación de empleo importantísima y mantenida en estos últimos dos
años, con un crecimiento en torno al 3,5 por ciento. No es un crecimiento
como los que ha habido en otros momentos, muy superiores, pero es
equilibrado y duradero, con una inflación en este primer trimestre del
0,1 y en la interanual del 1,8, teniendo un crecimiento del 3,5 y con una
tasa de generación de empleo del 2,9. ¡Qué más quiere, señoría! Todo eso
gracias a una política de liberalización y de ruptura de las trabas al
desarrollo, a la capacidad de generar riqueza de los distintos sectores
en España, de empuje y apoyo a nuestro tejido empresarial e industrial,
que es donde se ha producido el mayor crecimiento en empleo y económico
en el último año, de manera espectacular. Ahí es donde hay que seguir
trabajando, lo que implica flexibilización y liberalización de la
economía, y en eso es en lo que estamos. Hago un inciso. Tengo que decir
que tenía razón, no fue Partido Popular; rectifico, fue Izquierda Unida.
En ningún momento he dicho que el empleo no es un problema real. ¿Cómo
voy a decir eso? Señoría, búsquelo en el «Diario de Sesiones». No he
dicho eso, en absoluto. No le quepa ninguna duda, precisamente
es el principal problema que tenemos encima de la mesa. Así lo cree el
Gobierno y por eso estamos apoyando todo lo que son políticas que
conducen a generar empleo. Le recuerdo que en este momento y en Europa
somos los responsables de haber generado el 50 por ciento del empleo que
se creó el año pasado, en términos absolutos, y en términos
relativos,como muy bien sabe S. S., también estamos a la cabeza.
Se hace una privatización con todas las garantías y con transparencia,
desde la responsabilidad del Gobierno, en cumplimiento del programa
político del Partido Popular con el que ganó las elecciones y del
programa de investidura que defendió el presidente del Gobierno en la
sesión de investidura. Señorías, en esta política de privatizaciones
donde es verdad que Tabacalera no es más que un jalón, estamos
consiguiendo una participación y una incorporación espectaculares de los
pequeños ahorradores a las rentas variables. Eso va acompañado de medidas
que adoptamos en su momento de manera inmediata en cuanto al tratamiento
de las plusvalías, porque apostamos por una economía dinámica, porque no
podemos seguir como hasta hace bien poco con la gente esperando 15 años
en la renta fija. Lo que hay que dar es una mayor posibilidad a los
ahorradores, precisamente para participar con un mayor dinamismo en todas
esas posibilidades de generar unas rentas en el mercado de rentas
variables. Los que entran en los pequeños tramos son ahorradores con
vocación de mantenerse ahí, de estabilidad. No se trata de llamaradas
especulativas, ni mucho menos. Lo que se está consiguiendo es un gran
capitalismo popular, cosa absolutamente necesaria en España, que hasta
ahora apenas se había producido y que nos equipara a otros países
europeos.
El debate de privatizaciones, evidentemente, es un debate ideológico
entre S. S. y la postura del Gobierno, pero tengo que decirle que el
Gobierno se encuentra muy cómodo en él. Es una política que entienden y
respaldan los españoles, que respaldaron en su momento con su voto y que
ahora respaldan participando en bolsa, en esas privatizaciones. El
Gobierno entiende que lo que necesita nuestro sector industrial --¡vaya
si tenemos una política industrial!, ¡vaya si lo saben los sectores
industriales!, no tiene S. S. más que hablar con ellos-- es un entorno
adecuado para que se desarrollen las industrias. Lo que se debe mantener
dentro del sector público y que en ningún momento se puede privatizar son
servicios sociales básicos tales como la sanidad o la educación, y por
eso estamos apostando. Estamos apostando, además, por una economía
equilibrada que permita la financiación a largo plazo y reduzca el
endeudamiento público que tiene este país que ya empezaba a ser muy
costoso; estamos apostando por todas esas políticas sociales con las
cuales estoy segura estamos de acuerdo todos los aquí presentes.
Señorías, rechazo lo planteado, garantizo que se está haciendo con toda
la transparencia; que obedece a una política del Gobierno que está dando
unos resultados económicos y de generación de empleo magníficos, en la
cual vamos a seguir manteniéndonos; que se van a mantener los servicios
públicos tales como educación o sanidad; y que, frente a la intervención
en el resto de los sectores, apostamos sencillamente por la regulación.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministra.
¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
La verdad, señora ministra, es que ahora se ha despachado usted a gusto.
Ha hecho S. S. un alegato ideológico que, desde mi punto de vista, está
absolutamente desfasado con relación a los aires que están corriendo en
Europa. Si en este país no está pasando no es por la bondad de su
programa, sino por la falta de acuerdo de las izquierdas. Espero que este
asunto se pueda resolver en breve tiempo y los ciudadanos y ciudadanas de
este país puedan tener un Gobierno que responda a sus intereses.
Usted ha hecho ese alegato en línea con la política de su Gobierno. Una
política que va hacia el adelgazamiento del Estado porque están
descapitalizando el Estado, vendiendo las empresas públicas más
rentables, como es el caso de esta empresa emblemática, Tabacalera, y
están haciendo una política fiscal que está también descapitalizando al
Estado y que tendrá graves consecuencias sobre el gasto social y sobre el
gasto público. Ya que ha hablado de educación y sanidad, señor ministra,
quiero decirle que su política liberalizadora, profundamente
liberalizadora, tendrá muy graves repercusiones sobre la escuela y la
sanidad públicas.
Vamos a hablar de lo que toca, que es Tabacalera. Usted ha venido a decir
que su proceso de privatización ha sido impecable y transparente desde el
punto de vista técnico y que, debido a la función de control, nosotros
debemos estar al tanto sobre todo de que este proceso sea transparente y
técnicamente correcto. El caso es que se ha producido la liberalización
de Tabacalera, ha empezado ya la venta de las participaciones el día 13 y
que acabará el día 24 sin que en este Parlamento haya habido un debate
sobre la conveniencia o no, por mucho que eso esté en el programa del
Partido Popular. Se ha hecho este proceso de privatización a espaldas de
los sindicatos del sector que, con muchísimo sentido común, se habían
dirigido al Gobierno no en contra de la privatización total, pues estaban
a favor
de una privatización parcial dentro de un plan ordenado. Ustedes han
hecho caso omiso de estas propuestas de los sindicatos.
Estábamos hablando, señoría, de una empresa viable. Lo que teníamos que
hacer era garantizar un plan de viabilidad. Efectivamente, de entre las
proposiciones no de ley que se van a ver la semana próxima en el Congreso
hay una de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya en la que se insta al
Gobierno precisamente a eso, a que se mantenga un tanto por ciento de
participaciones en manos del Estado, a que antes de la privatización se
elabore un plan de viabilidad de la empresa que garantice los puestos de
trabajo y el tejido industrial de esos cuarenta y seis centros de trabajo
que hay en el Estado de los cuales uno, muy importante, está en
Tarragona.
Señora ministra, nos gustaría saber qué va a pasar con el patrimonio
histórico-artístico que está en manos de Tabacalera. ¿Va a continuar en
manos de Patrimonio del Estado? Me gustaría que usted me contestara a esa
pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Rivadulla, le recuerdo
que tiene que repartir su tiempo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Acabo, señor presidente.
Señora ministra, no le quepa la menor duda de que la acción de control
que ahora no nos han dejado hacer la vamos a efectuar próximamente para
ver qué repercusiones va a tener sobre el empleo y sobre el tejido
industrial esta privatización tan feroz que usted está haciendo sobre un
sector tan importante para nuestra actividad económica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rivadulla.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, la primera observación que
quiere hacer el Bloque Nacionalista Galego es cómo se puede hablar de
rigor cuando se inicia el proceso de privatización de las acciones del
Estado en Tabacalera, precisamente cuando aún no está consumado el
proceso legal que la posibilita. Cabe decir que mañana se aprueba
definitivamente la ley de ordenación del mercado de tabacos que, que se
sepa, es una ley fundamental para poder hacer la privatización total y
desregular totalmente el sector. Es una auténtica tomadura de pelo que
demuestra que una cosa es la política institucional y otra cosa es la
realidad económica y quién la maneja, cuando se está produciendo este
hecho --las acciones a la venta-- y no está aprobada en el Congreso de
los Diputados la ley que posibilita inicialmente la privatización de un
monopolio y de un estanco de tabaco. Hablar de rigor a mí me parece
increíble en este caso, porque es incluso una prueba contundente de la
falta de rigor democrático que existe en las instituciones, por lo menos
del Estado español, yo ya no sé si de Europa.
En segundo lugar, la responsabilidad del Gobierno, señora ministra.
Cuando se habla de responsabilidad hay que tener en cuenta las propias
palabras. El Gobierno dice que hay garantía de compra de la producción
durante cinco años a los productores de tabaco. Es una prueba evidente de
que existe el lógico miedo y la sensata constatación de ver, después de
esos cinco años, quién pone el aval de que ese tabaco, en concreto
extremeño, va a ser comprado en una economía plenamente liberalizada en
relación con terceros países. Por lo tanto, yo creo que es una conducta
un poco irresponsable.
En tercer lugar, la cuestión de Tabacalera como producción y como centro
de trabajo. ¿Quién garantiza que una empresa privada va a mantener los
puestos de trabajo, no solamente la regulación de plantillas, con las
prejubilaciones que ya nos anuncia? ¿Hay alguna medida legal para poder
garantizarlo con el actual contexto de liberalización plena, con la
desregulación laboral que estamos viviendo en el Estado español? Por lo
tanto, garantías, ninguna. La promesa de que van a ser 1.800 trabajadores
los que van a ir a su casa con prejubilaciones o jubilaciones anticipadas
es solamente una promesa. A partir de que sea privada, no hay garantía
ninguna, ni siquiera control de este Parlamento.
Y después la cuestión de los estancos. El señor Rodrigo Rato dijo: 25.000
estancos ahora frente a 180.000 puestos de venta. Usted, que es
extremadamente liberal, tiene que entender que no es posible mantener un
sector regulado en el estanco al por menor y desregulado totalmente por
arriba, porque los que mandan son unos, no otros. Al final, esto va a ser
residual en los pueblos, donde no haya otro tipo de cosas y para lo que
usted dijo: para los timbres que, por cierto, están en alarmante
retroceso. Ahí el Gobierno fue muy inteligente. ¿Para qué nos vamos a
meter con ellos si es una base electoral que puede ser nuestra y que
progresivamente irán desapareciendo como tales estanqueros en la práctica
de la economía de mercado?
Señora Loyola de Palacio, responsabilidad, poca. A mí no me preocupa
mucho lo que hacen en Europa, pero lo que sí le digo es que todos los
Estados europeos del centro están dejando un espacio para el control del
Estado, porque entre otras cosas hacen una transnacionalización muy
jerarquizada. En la transnacionalización Alemania es Alemania, Francia es
Francia y el Estado español se dedica a vender una gran empresa
transnacional española, anunciada con música de La Misión por televisión.
Yo no sé si eso tiene alguna connotación
de que vamos a conquistar de nuevo América o si vamos a hacer el ridículo
más espantoso entregando otra joya de la Corona a transnacionales.
La irresponsabilidad es tan grande que el señor presidente de Tabacalera
nos anunció que le traían sin cuidado los activos inmobiliarios de
Tabacalera, que desconocía el montante por ese capítulo. ¿Usted piensa
que esto es responsabilidad? Y aun así, la empresa pública, con un gestor
al servicio de lo privado, llega a ser una gran transnacional y con
ganancias suculentas. Imagínese si estuviese en manos de un Estado
responsable y a favor de la economía pública. Yo creo que sería un éxito
total.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Hoy nos traen de nuevo un tema que hemos debatido muy recientemente y
para nuestra sorpresa no agradable ni desagradable, peor. Parece que es
el sostenello y no enmendallo.
A nosotros nos preocupan, señores del Gobierno --y pongo poco énfasis en
decir señores del Gobierno por lo que después diré--, los ingresos del
Estado, los 600.000 millones; nos preocupan los 6.500 trabajadores
directos; nos preocupan los 15.000 productores; nos preocupa, en
definitiva, que podamos mantener estos ingresos, que podamos defender el
tejido industrial, que podamos defender la producción. Por todo ello,
hemos hecho un esfuerzo muy en la línea de otros grupos grupos y acorde
con estas ideas mediante una proposición de ley en la que instamos al
Gobierno a que mantenga un porcentaje suficiente en el capital social de
Tabacalera que permita la defensa de los intereses del Estado en general
y, en particular, el mantenimiento del actual tejido industrial y de la
producción.
Hacemos esto porque tenemos una desconfianza muy grande. Ha hablado la
señora ministra de que el Gobierno ejerce sus responsabilidades, nos lo
ha dicho textualmente. Pues bien, lo que nosotros le exigimos ahora al
Gobierno es precisamente responsabilidades, que no son pocas sino muchas,
porque de claridad, señora ministra, poca. Una vez más el vicepresidente
segundo del Gobierno ha vuelto a engañarla. Igual que ocurrió con el
famoso tema del azúcar, que usted se enteró por la prensa de cómo le
vendían al Banco de Santander, aquí la ha enviado a responder una
cuestión que dudo mucho que conozca. En Tabacalera hemos encontrado
conexiones extrañas, alguna de las cuales voy a mencionar aquí, mientras
que podemos debatir otras más adelante. No conocía la conexión segoviana,
pero a lo mejor me llevo una sorpresa y resulta que dicha conexión
existe.
En el proceso de privatización de empresas públicas, de algunas de ellas
en general pero de ésta muy en particular, estamos asistiendo a una
especie de magia, en donde algunos de los gestores que tienen una gran
habilidad como broker, habilidad demostrada, consiguen en el plazo menor
de un año triplicar el valor de las acciones, como por ejemplo don
Cesáreo Alierta. Pero don Cesáreo Alierta ha hecho milagros mayores, los
hizo con el grupo Torras, por ejemplo, cuando el señor De la Rosa
consiguió elevar sus acciones, que estaban prácticamente en quiebra, y
multiplicarlas por tanto que acabó fijándose el grupo KIO, historia cuyo
desenlace conocemos todos. También conoce y ha intervenido en algunas
cosas más. Yo sé que el señor Rato sabe mucho más de esta cuestión de lo
que pueda saber usted. Le puedo preguntar, debido a que tenemos mucho
interés, por la relación que pueda existir entre Beta-Capital y
Tabacalera, qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho hasta ahora
Beta-Capital, si ha intervenido o no en los fondos de pensiones de
Tabacalera, si va a acabar interviniendo en el proceso y se va a quedar
con un paquete mayoritario de acciones. Después le puedo preguntar quién
es el dueño de Beta-Capital, por si resulta que quien ustedes saben; el
mismo que es presidente de Tabacalera, nombrado en estos momentos a
petición de un Consejo de Ministros, a lo mejor acaba siéndolo por un
consejo de administración, porque una cosa es la legalidad y otra la
ética política, que son cosas muy diferentes. Es sobre eso sobre lo que
le estamos preguntando, señora ministra. Le queremos preguntar, como ya
hemos hecho por cierto con muy poco éxito, qué pasa con Renta 4, con FG
de Inversión o con otro grupo de empresas, de las cuales no nos interesa
conocer algunos patrimonios de presidentes de empresas sólo por
conocerlos, sino por la influencia que pueden ejercer, y de hecho
ejercen, en los procesos de privatización.
Para que un proceso de privatización sea libre y transparente, como
ustedes dicen, y tenga la claridad de la que ustedes presumen, no puede
haber condicionantes ni oscuridades de esta naturaleza. Precisamente es
eso, señora ministra, señores del Gobierno, lo que nosotros queremos que
nos aclare. Yo estoy seguro de que el señor Rato puede escribir una tesis
doctoral sobre esta cuestión, pero mucho me temo que usted no va a ser
capaz de hablar ni siquiera un minuto del tema, que es precisamente el
fondo de la cuestión. No se puede presumir de una claridad que realmente
no existe. Una cosa es privatizar para defender mejor los intereses
públicos y prestar un mejor servicio a los ciudadanos y otra cosa muy
distinta es privatizar para servir intereses puramente privados o de
grupos. Tenemos muchas incógnitas todavía por despejar. No quiero avanzar
ninguna más, aunque lo podría hacer justificadamente. Por ir con paso
firme, lo que le pedimos
es claridad sobre estas cuestiones porque no hemos obtenido nada de eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, le ruego
concluya.
El señor AMARRILLO DOBLADO: Termino, señor presidente.
Ustedes hablan mucho de la gestión anterior, pero yo le puedo decir que
con los presidentes anteriores no existía la angustia terrible que tienen
en estos momentos los 6.500 trabajadores, inquietud enormemente
justificada. ¿Por qué? Porque de lo mejor que se les está hablando es de
una reducción de 2.000 puestos de trabajo con voluntarios, entre
comillas. De lo mejor que se les está hablando es de cerrar una serie de
fábricas y centros que no hemos conseguido todavía saber cuáles son. Lo
único que explica don Cesar Alierta es que no tiene una bola de cristal
para podernos decir qué centro se va a cerrar.
Oscuridades sobre oscuridades, hemos pedido la clarificación del
patrimonio, y no ha habido manera de saberla. Desconocemos cómo están los
solares en los asientos de balance, algunos de ellos históricos en los
centros de las poblaciones, y no sabemos cuál va a ser su futuro. Se nos
dice algo tan peregrino --consta en el «Diario de Sesiones», está escrito
y publicado y lo puede usted leer-- como que al presidente de Tabacalera
no le interesa mucho saber si los solares se van a revalorizar o no.
Tendría que utilizar una palabra un tanto fuerte, pero no me gusta
hacerlo.
Nosotros ahora le decimos al Gobierno: tenemos este problema, lo estamos
debatiendo ahora y lo volveremos a debatir la próxima semana. Tengan la
cautela ante tal desmadre y ante tal situación de conservar un número
mínimo de acciones para que después no nos tengamos que arrepentir de lo
que pueda pasar en el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, concluya, por
favor.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señor presidente.
Hubiera deseado que hubiera respondido el vicepresidente segundo del
Gobierno que es el que conoce la cuestión, porque de esto sabe muchísimo.
A lo mejor ha venido el vicepresidente primero del Gobierno a echarle una
mano. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar
quiero felicitar la acción del Gobierno porque, cumpliendo con el
programa del Partido Popular, está llevando a cabo una serie de
privatizaciones, entre las que se encuentra la que estamos debatiendo
hoy, Tabacalera, dentro de nuestra política económica de liberalización
de la economía nacional. Tengo que disentir de los portavoces que han
intervenido porque la privatización de Tabacalera se está llevando de
forma ejemplar y modélica. Como responsable de la privatización, quiero
felicitar al Gobierno en nombre de mi grupo por ser consecuente con el
programa electoral y por actuar de forma ejemplarizante en la forma de
desarrollarlo.
Señorías, aquí se han dicho cosas muy duras. Entre otras, se ha acusado
al presidente de Tabacalera de no dar explicaciones en la comparecencia
de la pasada semana en la Comisión de Economía y Hacienda. Tengo que
decir que el presidente de Tabacalera respondió a todas las cuestiones
que se plantearon. Dijo qué iba a pasar con el ERE, con el expediente de
regulación voluntaria de empleo y cuántos trabajadores --porque
Tabacalera conoce su plantilla-- podrían acogerse voluntariamente a la
jubilación anticipada o a las bajas incentivadas, porque no se despide a
nadie, no se echa a nadie a la calle. No metan el miedo en el cuerpo a la
gente en las distintas provincias donde hay fábricas de Tabacalera,
diciendo que van a ir a la calle. No les hacen ningún favor a aquellos
que, en teoría, dicen ustedes que están defendiendo. Señorías, el
presidente de Tabacalera dijo muy claro que la empresa no tiene previsto
cerrar ninguna fábrica o centro en ninguna provincia. ¿Por qué lo
reiteran ustedes una y otra vez? Ya lo manifestó de forma clara el
presidente de Tabacalera. Vuelvo a repetir, no metan ustedes miedo a los
trabajadores.
En cuanto al patrimonio histórico-artístico, también quedó claro. El
presidente de Tabacalera expresó que recientemente se había aprobado que
este patrimonio se cedía por valor de una peseta al Archivo de Indias
porque, con arreglo a la tradición de Tabacalera, era lo más adecuado.
Señorías, muchas veces no comprendo sus planteamientos. El señor portavoz
del Grupo Socialista nos echaba en cara continuamente en las
comparecencias del presidente de Cetarsa y del presidente de Tabacalera
que no había un acuerdo para asegurar el aprovisionamiento de Cetarsa a
Tabacalera. Ahora que se acaba de celebrar ese acuerdo el pasado día 10
de marzo entre el presidente de Cetarsa y el presidente de Tabacalera, en
el que se asegura un aprovisionamiento del 40 ó el 50 por ciento de la
producción de Cetarsa a Tabacalera durante cinco años, el señor portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto nos dice que esa es una conducta
irresponsable. Pónganse ustedes de acuerdo a la hora de criticar porque
cada uno critica cosas distintas. ¿Qué va a pasar después de cinco años?
Hay un seguro de cinco años para que los agricultores puedan organizar
sus producciones y sus inversiones a medio plazo.
¿Es mucho peor eso que la incertidumbre de cada año vender sus cosechas?
No lo sé, a lo mejor algún portavoz piensa que sí. Yo creo que no y que
se ha firmado un acuerdo ejemplar entre las dos empresas.
La mayor viabilidad futura de la empresa es la política que está
aplicando el Partido Popular desde que llegó al Gobierno. Ante una
empresa endogámica, encerrada en sí misma, un barco a la deriva que no
tenía una política expansiva y que perdía cuotas del 5 por ciento en el
mercado nacional, hemos visto cómo ha parado la disminución de cuota del
mercado y cómo la empresa se ha volcado totalmente al exterior. Eso,
señorías, se dijo la semana pasada. Parece que se les ha olvidado y que
sufren amnesia temporal. Se calcula que van a entrar a participar en la
empresa unos 300.000 accionistas, entre ellos muchos trabajadores de la
empresa. Muchos votantes de los partidos de la izquierda van a comprar
acciones de Tabacalera, no lo verán tan grave ni tan difícil cuando ellos
mismos las compran.
Señor Amarillo, en sus intervenciones predice siempre catástrofes. Ahora
bien, como le salen mal porque nunca le dan resultado y al final le tengo
que echar en cara que sus vaticinios nunca se cumplen, lo ha dejado un
poco, pero ahora sigue usted a piñón fijo sembrando dudas en todas sus
intervenciones. Diga usted las cosas claras, no puede sembrar dudas a
diestro y siniestro en todas las intervenciones que S. S. realiza en el
Parlamento. Si tiene algo que alegar, ahí están los juzgados de guardia,
y si no, no lo vuelva a repetir. Es impresentable su actitud: «Yo sé, hay
no se qué, qué tiene que ver...» Siempre estamos igual. Les guste o no,
ustedes tienen un pasado muy reciente y podemos hablar de muchas empresas
cuando ustedes eran responsables del Gobierno, podemos hablar de
anteriores presidentes de Tabacalera que venían de altos cargos del
Gobierno de Felipe González, podemos hablar de todas las cosas que
hicieron, podemos hablar del presidente de Focoex, Germán Calviño;
podemos sacar muchas cosas, pero no queremos que se gobierne un país
mirando atrás y mirando siempre las cosas mal hechas. El Partido Popular
quiere gobernar mirando al futuro, mirando adelante, gestionando bien,
haciendo bien las cosas y defendiendo los intereses de los españoles como
corresponde.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Pascual, le ruego
concluya.
El señor PASCUAL MONZO: Señorías, si el presidente de Tabacalera ha dado
explicaciones respecto a la actuación de la empresa, hoy el Gobierno ha
dado explicaciones sobre la responsabilidad del Gobierno. La
transparencia y la claridad de este proceso son indudables. La ministra
lo ha expuesto de forma clara y contundente.
Señorías, aquí se hablaba de que el Gobierno no ha dado explicaciones.
Ustedes, señores de la oposición, me recuerdan a los malos estudiantes
que tienen un examen, no estudian y la noche anterior tienen que
pasársela empollando para sacar el examen adelante. El proceso de
privatización de Tabacalera se sabía desde hace mucho tiempo. Ya en el
mes de noviembre, en la comparecencia del presidente de Tabacalera se
habló de él. Desde entonces ustedes no han tenido a bien presentar otras
iniciativas y, de repente, para el próximo martes tenemos una moción de
Izquierda Unida, una proposición no de ley de Izquierda Unida y una
proposición no de ley del PSOE, todo ello sobre Tabacalera, todo de
golpe.
Señorías, ustedes tienen sus cupos aquí, en el Pleno, para presentar
iniciativas, podían haberlo hecho anteriormente. Si no lo han hecho, ha
sido responsabilidad suya, porque tanto desde Tabacalera como desde el
Gobierno, cada vez que se ha pedido, se ha comparecido y a las pruebas me
remito, como en el día de hoy.
Quiero felicitar al Gobierno por la transparencia, la claridad y la
forma en que ha llevado adelante la privatización de Tabacalera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pascual.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL
QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR SITUACIONES INJUSTAS Y
DISCRIMINATORIAS EN LA RECLAMACION DE PRESTACIONES SOCIALES INDEBIDAS.
(Número de expediente 172/000083)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la interpelación del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general que va a
adoptar el Gobierno para evitar situaciones injustas y discriminatorias
en la reclamación de prestaciones sociales indebidas.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Permítame, señor vicepresidente --que al parecer
es usted quien va a contestar a la interpelación--, que por razones
personales e institucionales celebre su recuperación a efectos de
actuación en esta Cámara. Después de conocer que ha estado llevando a
cabo actuaciones fuera del Parlamento, no deja de ser bueno para la
normalidad democrática que esté usted ya recuperado y pueda comparecer
ante esta Cámara para defender la posición del Gobierno en relación con
las reclamaciones, las interpelaciones o las iniciativas de la oposición.
Señor vicepresidente, es además particularmente significativo que esta
comparecencia coincida con un momento en el que se está retransmitiendo
un partido
de fútbol importante --eso que usted declaraba que era de interés
general-- y que, sin embargo, usted esté hoy aquí para hablar de un tema
que, desde el punto de vista de un Estado social, es, sin lugar a dudas,
mucho más importante como es el tema que nos ocupa en esta interpelación,
que surge a raíz del anuncio que se lleva a cabo por parte de los
responsables de la Seguridad Social de que alrededor de 87.000
pensionistas de este país, precisamente los que tienen rentas más bajas,
pensiones que no alcanzan los mínimos y que por eso tienen derecho a
percibir el complemento de mínimos, han percibido indebidamente
prestaciones durante los últimos años y van a ser objeto, sujetos
pasivos, de reclamación por parte de la Seguridad Social de una cantidad
total en torno a unos 36.000 millones de pesetas, con una media
aproximadamente de 500.000 pesetas por cada pensionista.
Este anuncio, señor vicepresidente, ha creado sin lugar a dudas
preocupación. Estamos hablando de una prestación, el complemento de
mínimos, que hoy día, en la actualidad es percibido correctamente, en
principio, por un número significativo de pensionistas de nuestro país,
cerca del 34 por ciento de los pensionistas de este país perciben esa
prestación, el complemento de mínimos. Con relación a ese volumen
importante de población, la Seguridad Social filtra la noticia de que
87.000, un número significativo, está percibiendo indebidamente esa
prestación y que se les pueden reclamar en torno a 500.000 pesetas por
las cantidades atrasadas que han percibido indebidamente.
Sin lugar a dudas, insisto, es un tema que ha suscitado preocupación y
créame, señor vicepresidente, que le agradezco que usted, con la
autoridad política que tiene, comparezca aquí, ante esa Cámara, para dar
respuesta a este tema y desearía que fuera una respuesta adecuada.
Para ello, desde Nueva Izquierda, señor vicepresidente, le vamos a
plantear el problema en unos términos que parten de esa realidad
concreta, de esos anuncios llevados a cabo por las autoridades de la
Seguridad Social, pero pretendemos trascender el tema y plantearlo en
unos términos que permitirán, en nuestra opinión, contemplar
adecuadamente la realidad.
Señor vicepresidente, nuestro país, de acuerdo con la Constitución, se
proclama como un Estado social. Esta es una proclamación con el máximo
nivel normativo, una proclamación constitucional. Señor vicepresidente,
¿cree usted que hay coherencia cuando se afirma el Estado social y, sin
embargo, se establecen discriminaciones entre los deudores al Estado? En
concreto, ¿cree usted coherente, señor vicepresidente, con esa
declaración de Estado social, que los que deben al Estado social por
prestaciones sociales tengan un plazo de prescripción de cinco años y
quienes deben a ese Estado social por incumplimientos fiscales tengan un
plazo de prescripción de cuatro años?
Esa es la realidad normativa en este país, realidad normativa que supone
una clara diferenciación como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo
por este Gobierno, del que usted es vicepresidente, y que ha rebajado el
plazo de prescripción de deudas por incumplimientos fiscales a cuatro
años y, sin embargo, mantiene el plazo de prescripción a quienes deben al
Estado por prestaciones sociales en cinco años. Eso da lugar a que se
puedan reclamar cantidad más cuantiosas en este caso, por ejemplo, a
pensionistas de cuantías mínimas y que, sin embargo, quienes han
defraudado al Estado en cuantías muy importantes --basta pensar, y créame
que no hay ninguna segunda intención, por ejemplo, en el tema de primas
únicas, etcétera--, cientos de millones de pesetas, esas personas tienen
un plazo de prescripción de sólo cuatro años y, por tanto, el plazo y la
cantidad que les puede reclamar el Estado es inferior, notablemente
inferior, un 20 por ciento inferior. ¿Es eso coherente, señor
vicepresidente, con la proclamación de un Estado social? ¿Es, señor
vicepresidente, coherente con la proclamación de un Estado social que,
cuando se tramitan los expedientes para el cobro de esas deudas, el
Estado establezca determinados mecanismos y previsiones normativas que
facilitan el que las deudas fiscales puedan quedar impagadas y, sin
embargo, las deudas sociales, cualquiera que sea la causa --dice
literalmente la ley--, siguen manteniendo el plazo de prescripción de
cinco años?
Esa, señor vicepresidente, es la realidad hoy en este país, como
consecuencia de una actuación de este Gobierno. La Ley de Acompañamiento
a la de presupuestos para este año 1998 explícitamente abordó este tema
sobre la base de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que decía que
el plazo de prescripción de cinco años de las deudas sociales quedaba
reducido a tres meses cuando había habido negligencia por parte de la
Administración.
Esa realidad jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo ha sido
anulada por una actuación de este Gobierno que en la Ley de
Acompañamiento ha dicho que el plazo de prescripción es de cinco años,
cualquiera que sea la causa que ha motivado esa demora. Señor
vicepresidente, ¿esa realidad normativa actual de nuestro país es
coherente con esa proclamación constitucional de un Estado social? En esa
realidad, señor vicepresidente, se produce este anuncio de que la
Seguridad Social descubre 87.000 perceptores indebidos de complementos de
mínimo y abre un expediente para reclamarles, en total, 36.000 millones,
y a cada uno de ellos, como media, medio millón de pesetas. Sin lugar a
dudas, señor vicepresidente, es usted plenamente consciente de lo que eso
supone para personas que están percibiendo cantidades en torno a 40.000 ó
50.000 pesetas mensuales, que se les reclamen, según anunciaba el
secretario de Estado, 6.000 pesetas mensuales, que se les descontarían de
su prestación.
Esa realidad, señor vicepresidente, a quienes tienen un criterio social
coherente con el carácter y el calificativo del Estado que da nuestra
Constitución --y estoy convencido de que usted y el Grupo Popular lo
tienen--, les tiene que resultar preocupante.
A nosotros, señor vicepresidente, nos gustaría saber qué medidas va a
tomar este Gobierno para que, dejando claras --y quiero dejarlo claro, en
nombre de Nueva Izquierda, desde esta intervención inicial-- aquellas
circunstancias, aquellos supuestos, aquellos casos concretos de fraude
que se hayan podido producir, sean combatidos adecuadamente; pero
combatirlos adecuadamente, señor vicepresidente, requiere terminar con
este contexto normativo claramente discriminatorio, muy poco coherente
con el calificativo de Estado social. En este caso concreto, señor
vicepresidente, creemos que se deben tomar todas las medidas que
garanticen que habrá una comprobación exhaustiva de la realidad de los
hechos y que habrá una plena garantía de los derechos y de la realidad
económica de las personas afectadas. Nos gustaría, señor vicepresidente,
que, con la autoridad que tiene usted, dé una cumplida respuesta a esta
interpelación de Nueva izquierda.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor vicepresidente primero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, quiero comenzar
con tres agradecimientos al interpelante: en primer lugar, porque, en
nombre de su grupo, me ha deseado la recuperación. Después de haber
escuchado algunas declaraciones anteriores a Semana Santa, creí que lo
que me imponían era cama y cuarentena. Por tanto, en este caso, celebro
que la posición definitiva sea justamente la de celebrar la recuperación
y plantear la interpelación en el tono que S. S. la ha desplegado desde
esta tribuna. En segundo lugar, mi agradecimiento --que usted comparte
conmigo-- porque el partido que en estos momentos se está televisando lo
puedan ver los ciudadanos españoles sin tener que pagar por sentarse
delante de un televisor; cuestión que en algún momento fue altamente
polémica y veo que hoy es un principio compartido también por su grupo.
El tercer agradecimiento es por la importancia y la oportunidad de traer
este debate a esta Cámara, que convierte de nuevo al Congreso en el foro
de un importante debate sobre nuestros pensionistas.
Creo que el tema que hoy nos ocupa, señorías, se encuentra a mitad de
camino entre qué es lo que realmente aprobamos que fuera el propio
sistema de Seguridad Social y qué es lo que responsablemente se espera de
la gestión de nuestro sistema de Seguridad Social. Al mismo tiempo es un
debate antiguo, porque la disyuntiva que podría derivarse de los
distintos enfoques que S. S. y el Gobierno pueden tener de esta materia,
plantea otra vez el debate en torno a la utilización demagógica de lo que
significa gestión responsable del sistema y garantías de pervivencia del
sistema, porque, desde nuestro punto de vista, una y otra cosa van
estrechamente relacionada y a veces da la sensación que para algunos la
definición del sistema de Seguridad Social garantiza por sí misma su
estabilidad futura, con independencia de cuáles sean los criterios que se
apliquen en su gestión. Por eso, la primera y principal reflexión de
fondo que querría hacer esta noche es, respecto a la lucha contra el
fraude en todas las percepciones, pero en particular en la percepción
indebida de complementos por mínimos, ¿estamos de parte de la ley o
estamos de parte de quienes infringen y vulneran esta ley? Porque si no
aplicamos la legalidad, la pregunta siguiente es: ¿Cómo podemos asegurar
que la percepción de prestaciones corresponde a quienes cumplen los
requisitos establecidos para ello? ¿O cómo podemos cuantificar su importe
para garantizar el mantenimiento del sistema?
Señorías, el mantenimiento de un sistema de Seguridad Social para todos
los ciudadanos que garantice prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad es un objetivo básico para nuestro Gobierno y es
un objetivo --no debemos olvidar-- en el que estamos implicados no sólo
las fuerzas políticas, sino también los agentes sociales, sindicatos y
empresarios, especialmente los primeros, que han firmado los acuerdos
previos que han dado lugar a las disposiciones que luego ha aprobado este
Parlamento.
Todos conocemos que en esta tarea también es básica la aplicación
conjunta e inseparable de los principios de legalidad y de solidaridad
social: de legalidad porque para que la percepción de las prestaciones
corresponda a quienes reúnan los requisitos establecidos para ello hay
que acogerse a lo establecido en una ley; y de solidaridad porque para
permitir el acceso a la protección social a quienes la tienen
verdaderamente reconocida y la sienten como una necesidad, también esa
necesidad tiene que estar reconocida como derecho a percibir esa
cobertura.
Estos dos principios se aúnan cuando, para evitar situaciones irregulares
en el cobro de pensiones, se verifica, por quien corresponde, que se
cumple la normativa que regula el cobro de los complementos por mínimos.
Estas cantidades, señorías, tienen una fundamentación meridianamente
clara, y ésta desaparece cuando los pensionistas perciben otros
rendimientos que exceden de las cuantías establecidas cada año en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para tener derecho a este
complemento adicional, que para 1998 es de 822.824 pesetas.
Una vez en vigor la actual regulación de los complementos a mínimos en un
Real Decreto de revalorización
de pensiones para el año 1994, se debería haber puesto en marcha el cruce
de declaraciones de rendimientos, o la ausencia de ellos, con los datos
de las declaraciones de Hacienda de los mismos pensionistas. Es lo que
desde el año 1994 preveía la norma.
Durante los ejercicios 1994 y 1995, aunque así se establecía, nunca se
realizó este procedimiento tan fácil y sencillo; tan fácil desde el
momento en que sólo es necesario el estudio de datos y documentos que ya
obran en poder de la Administración. De este modo, es a partir de 1996
cuando se han comenzado a cruzar los datos aportados por los perceptores
en sus expedientes con los datos de las declaraciones de Hacienda para
determinar los supuestos en que exista la prevención de que el
pensionista, o bien no los ha declarado, o bien los ha falseado.
Como consecuencia de tal cruce de datos con el Ministerio de Economía y
Hacienda y con las Haciendas Forales, se han detectado casos singulares
de pensionistas que perciben complemento de mínimos rebasando ampliamente
los límites legales establecidos para su percepción, tan singulares que,
frente a la concepción que se quiere establecer del pensionista que vive
rozando los límites de la pobreza, el Gobierno se ha encontrado
perceptores de mínimos en una situación bien distinta. Podría darle un
ejemplo, uno entre miles, porque hay muchos, el de un pensionista que
tenía un patrimonio de mil millones de pesetas en letras del Tesoro y
cobraba el complemento a mínimos.
Señorías, el problema no lo crea la ley. El problema que ustedes
denuncian tiene su origen en que no se
realizó en la anterior etapa este control, sino que se continuaron
realizando pagos indebidos, y hoy se nos piden explicaciones sobre unos
pagos indebidos que no realizamos nosotros. Si el control se hubiera
realizado a tiempo, en su momento, los pensionistas hoy no se verían
obligados a estas devoluciones. Sin embargo, ustedes quieren plantear
ahora la cuestión como una agresión a los pensionistas.
Ha hablado usted del conjunto de pensionistas que tienen derecho a la
percepción a mínimos, y a lo mejor en esta escalada de crítica demagógica
hasta pueden pensar que está en peligro el futuro de las pensiones de los
siete millones de pensionistas. Pues la realidad no es esa, señorías. No
lo es, porque la pretendida generalización de la medida afecta, como
usted ha dicho, a 87.000 pensionistas, que son el 3,5 por ciento de los
pensionistas con derecho a complemento a mínimos y, a su vez, en relación
con el colectivo total, el 1,18 por ciento del conjunto total de
pensionistas españoles.
Por lo tanto, son casos singulares, aislados y en porcentajes mínimos.
Pero lo que sí es general y no singular es el beneficio de esta medida.
Lo que se percibe ilegalmente por unos, supone reducir las posibilidades
económicas del sistema para otros, los que verdaderamente necesitan la
cobertura y sobre todo los que tienen derecho legalmente a ella. Es muy
importante reseñar que la ley que nos obliga no está buscando un ahorro
de las cantidades dedicadas a protección social, lo que está permitiendo,
y no es tan difícil, es utilizar debidamente los recursos de la Seguridad
Social.
El Ministerio de Trabajo no ha anunciado, como dicen en su interpelación,
el inicio de actuaciones contra más de 87.000 pensionistas, se ha
limitado a cumplir la ley, porque entiende que la mejor garantía para
conservar e incrementar el poder adquisitivo de las pensiones es luchar
contra el fraude en su percepción. Por eso, se va a mantener durante
1998, como no podía ser de otra forma, el control anual sobre el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para percibir el
complemento a mínimos. Estos requisitos, establecidos anualmente en la
Ley de presupuestos, son explicados individualmente a los pensionistas en
la misma comunicación en la que la entidad gestora notifica la
revalorización de las pensiones. Por lo tanto, no falta información. Está
garantizado que todos los perceptores de complementos a mínimos conozcan
cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en materia de
Seguridad Social. Por consiguiente, no se puede alegar desconocimiento
por los interesados. Además, en su día, en los centros de atención e
información de la Seguridad Social, se fue informando a los pensionistas
perceptores de complementos por mínimos sobre la obligación de declarar
sus rentas de 1996 antes del 1 de marzo de 1997 y en los años posteriores
va a continuar ofreciéndose esta información.
Yo no sé el nivel de datos que el diputado interpelante tiene del
conjunto de los 87.000 pensionistas afectados, yo no sé si ustedes saben
con mucho detalle quiénes forman este colectivo, pero son las personas
que han visto regularizada su situación durante el año 1997, habiéndose
retirado o disminuido, según los casos, el importe de sus complementos a
mínimos. Y no han sido elegidos aleatoriamente, sino que,como ya he
explicado, surgen del cruce informático con los datos de las
declaraciones del IRPF efectuadas por los propios beneficiarios ante el
Ministerio de Economía y las Haciendas Forales. Y esto se ha hecho con
todos los pensionistas, de modo que la regularización ha tenido como
punto de partida datos globales, no responde ni a criterios territoriales
ni a criterios sectoriales.
Es verdad que las cuantías reclamadas como consecuencia de estos
controles son los 36.000 millones de pesetas que ha citado su señoría,
que corresponden al período de 1995 a 1997. Por lo tanto, puede
afirmarse, para trasladar mensajes tranquilizadores, que en las sucesivas
campañas de control de mínimos, entre ellas la de este año de 1998, ya no
van a aparecer datos de superior relevancia cuantitativa o cualitativa,
porque el problema venía arrastrado de los años en los que no se hizo
este cruce de datos.
De paso, señoría, conviene precisar que no es el Gobierno el que efectúa
consideraciones acerca del carácter
debido o indebido de la percepción, ni el carácter indebido de una
percepción se establece arbitrariamente por el Gobierno. Lo hace la
normativa aplicable, que determina qué percepciones no reúnen los
requisitos exigidos para ser consideradas debidas o correctas, dándose la
circunstancia de que esta normativa, como ya he dicho anteriormente, data
de 1993 y debió empezar a aplicarse en el año 1994, lo establece la Ley
General de la Seguridad Social y los sucesivos decretos sobre
revalorización de pensiones de cada año.
Finalmente, en su interpelación --y usted ha dedicado una buena parte del
tiempo a insistir en ello-- se afirma que este Gobierno aplica distintos
raseros a los ciudadanos con deudas frente al Estado, según se trate de
incumplimiento de obligaciones fiscales o de prestaciones sociales
indebidas. Mire usted, señoría, la comparación que ha hecho es parcial e
interesada. Parcial, porque el plazo de prescripción de cinco años
establecido en el artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social
para el reintegro de prestaciones indebidas guarda estrecha relación y es
idéntico al plazo fijado en el artículo 21 del mismo texto legal como de
prescripción para el cumplimiento de la obligación de cotizar. Esta es la
equivalencia que tiene planteado el sistema legal.
El tratamiento que dispensa el ordenamiento jurídico de la Seguridad
Social a los deudores del sistema público de pensiones es, por lo tanto,
un tratamiento homogéneo, con independencia del origen de la deuda o de
su concepto. En cambio, usted se olvida de que las deudas tributarias
generan intereses, y el incumplimiento de las obligaciones fiscales da
lugar a imposición de sanciones, cosa que no ocurre con las percepciones
indebidas por complementos a mínimos, porque la cuantía reclamada es
estrictamente la percibida indebidamente, sin que genere reclamación de
los intereses correspondientes ni la imposición de sanciones añadidas.
¿Sigue S. S. insistiendo en que hay una discriminación en el supuesto del
cobro indebido?
Además, se disfruta de un procedimiento especial de reintegro en un plazo
de hasta cinco años mediante descuentos de las prestaciones
proporcionales a su cuantía y sin que tampoco este pago aplazado genere
intereses. Por tanto, este tratamiento, en su conjunto, no tiene parangón
en el ámbito fiscal. No proponga usted la equiparación porque está
perjudicando a los pensionistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor vicepresidente, vaya
concluyendo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Termino, señor presidente.
En lo que se refiere a la caducidad, creo que hay en la interpelación y
en su discurso alguna imprecisión, porque dice que no decae por ninguna
negligencia de la Administración y habla de la prescripción de los tres
meses por sentencia de los tribunales. Mire usted, no. La afirmación que
hace no es exacta, porque en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero,
en el artículo 3.1, se establece que el plazo durante el cual debe recaer
la oportuna resolución administrativa es de tres meses desde el acuerdo
de revisión de la entidad gestora, y si no recae en tres meses, ha
prescrito. Por tanto, su información no es correcta. En la realidad no
existe ese problema.
En conclusión, señor presidente, no puede afirmarse que la normativa
vigente en el ámbito de la Seguridad Social merezca la calificación de
discriminatoria en comparación a la vigente en el ámbito fiscal.
Como epílogo, si ustedes se mantienen en la postura de apoyar estas
conductas irregulares, quiero añadirles un elemento de tranquilidad. La
devolución de los cobros indebidos no va a crear situaciones dramáticas a
ningún beneficiario y, desde luego, en ningún caso se van a retirar las
pensiones. Ahora bien, me gustaría que esta interpelación sirva para
reflexionar. La medida debatida pretende únicamente evitar que la
conducta irregular de determinadas personas ponga en peligro la
viabilidad del sistema de Seguridad Social. Al luchar contra el fraude
fiscal se están salvaguardando los intereses de los pensionistas que
cumplen con la ley y de quienes cotizan con sus ingresos. Por tanto,
reflexionemos, porque es responsabilidad de todos, especialmente de las
fuerzas políticas, para terminar con la sensación de impunidad de
aquellos que defraudan a la Seguridad Social.
Señorías, si la Seguridad Social es de todos, admitamos que también
obliga a todos. (Aplausos.) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
vicepresidente.
Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, contestando a sus agradecimientos, créame que desde
Nueva Izquierda nunca le hemos deseado a usted cama y cuarentena, nunca.
Es más, le consta que hemos pretendido que compareciera usted en esta
Cámara y que diera explicaciones. Además, lo hacíamos con acierto, porque
oyéndole a usted tengo que decirle que resultan más tranquilizadoras sus
declaraciones aquí que otras. Por ejemplo, hoy leo que ayer decía usted
que el PSOE perdió la vergüenza, las elecciones y su líder; sin lugar a
dudas, palabras mayores. Hoy creo que usted ha estado más prudente, esa
prudencia y discreción a la que usted apelaba para sus compañeros del
Partido Popular asturiano, que decía usted que se dedicaban a mandar el
recado a voces. La discreción es la virtud de los que saben que tienen
razón.
Yo creo que usted no tiene razón, señor vicepresidente; no tiene usted
razón. Fíjese si no tiene razón que usted ha pretendido hacer una
interpelación exclusivamente --si me permite la expresión, y soy
abogado-- en términos leguleyos. Ha citado un decreto del año 1996. ¿Cree
usted que ese decreto está vigente hoy, cuando hay una ley de
acompañamiento de 1998 que dice que, cualquiera que sea la causa, para la
prescripción son cinco años? ¿Se atrevería usted a decir que ese decreto
está vigente hoy? Seguro que no. Eso lo han hecho ustedes, señor
vicepresidente, porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que decía
que cuando hay negligencia de la Administración el plazo de prescripción
es de tres meses. Ustedes aprueban una ley de acompañamiento que dice:
cualquiera que sea la causa, hoy, en este país, el plazo es cinco años.
Créame, señor vicepresidente, después de esa reflexión a la que usted
apela, que yo creo que es una reflexión para todos --yo estoy dispuesto a
reflexionar; además, creo que mi participación en el Pacto de Toledo en
relación con la Seguridad Social acredita que estoy dispuesto a
reflexionar--, no sólo para la oposición, todos tenemos que reflexionar;
también el Gobierno. Hay que reflexionar porque, desde una perspectiva
estrictamente leguleya, a usted le viene muy bien decir que hay que
situarse de parte de la ley o defendiendo a quienes incumplen la ley.
Yo le he dicho a usted, señor vicepresidente, que allí donde haya fraude
se combata adecuadamente; yo ya le anuncio que en mi interpelación no se
va a decir que quienes han cometido fraude no paguen; no tenga esa
preocupación, señor vicepresidente, porque ése no va a ser un punto de
nuestra moción. Pero, en la medida en que sabe, aparte de por otros
motivos, por el cargo que ocupa, de temas legales, sabe que la ley más
importante en este país es la Constitución. Y cuando se habla de un
Estado social, señor vicepresidente, yo le pregunto a usted: ¿es
coherente que el deudor por prestaciones sociales tenga un plazo de
prescripción de cinco años y el deudor por deudas fiscales, cuatro? Usted
me dice: es que el régimen jurídico es distinto; no hay sanciones para
los pensionistas. ¿Usted cree que eso es verdad, señor vicepresidente?
¿Usted puede decir aquí, en la tribuna, que la famosa Lisos, la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social, no prevé sanciones para
pensionistas que cometen fraude? ¿Está en condiciones de afirmar eso,
señor vicepresidente? Otra cosa es que no se apliquen en la realidad,
pero ¿cree usted que la ley no contempla sanciones? No, señor
vicepresidente, usted sabe que eso no es verdad. Lógicamente, la ley
también prevé sanciones y hace bien; yo le digo que hace bien. Lo que no
está bien es que haya un tipo distinto, plazos distintos de prescripción
según sea el tipo de deuda.
Luego ya le ha salido la vena y ha hablado del tono demagógico que se
utiliza en esta interpelación, a pesar de que usted comenzaba hablando
del tono con el que yo había hablado. Y ha dicho que había un sesgo
interesado. ¿Qué intereses, señor vicepresidente, defiende usted
manteniendo esa diferenciación? ¿No será que está defendiendo a quienes
incumplen sus obligaciones fiscales? Su Gobierno ha rebajado el plazo de
prescripción para esos señores a cuatro años, y para los deudores por
incumplimientos sociales, cinco años. ¿A quién defiende este Gobierno del
que usted forma parte, señor vicepresidente? ¿Qué intereses está
defendiendo el Gobierno con esa actuación?
Ha dicho usted, señor vicepresidente, que lo que pasa es que no se cumple
la ley, que no se cumple la ley de 1994, de 1995, etcétera. Es una
operación muy sencilla de hacer: cruzar los datos informáticos. ¿No sería
más sencillo establecer una equiparación en los plazos de prescripción?
Porque fíjese usted, señor vicepresidente, si era sencillo hacer eso que
ustedes, para las deudas fiscales, ya lo han hecho, y cuando había un
plazo de prescripción de cinco años, ustedes lo han rebajado a cuatro. En
el caso de las deudas sociales, para las que la operación era exactamente
igual de sencilla, ustedes no lo han hecho. No lo han hecho.
Por tanto, señor vicepresidente, que le quede claro que desde Nueva
Izquierda no vamos a defender la percepción indebida de prestaciones
sociales. Y ese no va a ser un punto de esta moción, ya se lo digo por
anticipado. Pero nos parece poco adecuado que se mantenga un marco legal
que establece una discriminación en perjuicio de los deudores por
incumplimientos sociales, frente a los deudores por incumplimientos
fiscales. Nos parece que eso revela, señor vicepresidente, una gestión de
ese Gobierno de determinados intereses. Con claridad, con la misma
claridad con la que usted nos ha acusado a nosotros, tengo que decirle
que esa actuación que ha llevado a cabo su Gobierno responde a la defensa
de determinados intereses.
Cuando haya que actuar sobre el fraude social, señor vicepresidente,
usted contará con nuestro respaldo, pero, desde luego, sabiendo que es
una cuestión que afecta, como usted dice, a millones de pensionistas que
perciben complementos de mínimo, no nos parecerá de ninguna manera
adecuado que se diga que hay 87.000 de ellos, sin saber quiénes (La
señora Fernández González: Claro que se sabe.), que están cobrando
indebidamente, y que se les va a reclamar hasta medio millón de pesetas.
¿A quiénes, señor vicepresidente? Porque hay millones de ciudadanos a
quienes les entra la duda razonable de si, como consecuencia de que la
Administración no hacía esas cosas sencillas que usted dice que había que
hacer, van a ser sujetos pasivos de esa reclamación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Peralta, concluya, por
favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor presidente. Gracias.
Créame, señor vicepresidente, que en esos temas, con un talante distinto,
con un talante más acorde con el criterio social que proclama la
Constitución, habría que actuar de otra manera, y combatiendo el fraude,
sin lugar a dudas, señor vicepresidente. Ya lo dijimos en el Pacto de
Toledo todos los grupos de esta Cámara, combatiendo el fraude, hay
maneras de actuar. Ustedes tratan al fraude fiscal de una manera más
beneficiosa que al fraude social. Ese criterio y ese comportamiento de
ustedes no lo compartimos en Nueva Izquierda, y en la moción que
presentaremos, dando por supuesto el combate contra el fraude,
pretenderemos que se haga en términos al menos de equiparación con los
otros deudores.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias,señor Peralta.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, señor Peralta, de
nuevo, gracias por aceptar la primera persona del plural en la que yo
hacía la invitación a la reflexión, porque yo hablé en primera persona
del plural y, por lo tanto, incluía al Gobierno. Celebro que S. S.
también se haya sentido incluido en la reflexión y esto nos permita
avanzar en el camino en el que su propia moción abra esas fórmulas de
compatibilidad entre la razonable preocupación de una interpretación
legal correcta y el compromiso de todos de luchar inequívocamente contra
el fraude fiscal y el fraude en la Seguridad Social.
Usted me ha acusado de hacer una intervención leguleya, y yo no lo he
interpretado en sentido peyorativo, entre otras cosas porque, como no
pertenezco al mundo del Derecho y de las leyes, tengo por éste muchísimo
más respeto. Ya sabe usted eso de que en casa del herrero, cuchillo de
palo; los ingenieros nos vemos de otra manera más desconsiderada y
displicente que vemos a los demás en ese sentido del respeto reverencial
hacia otras profesiones. Y no lo he interpretado en sentido peyorativo
porque usted, suponiendo que yo me hubiera equivocado, me ha dejado del
lado de la tranquilidad. Es mejor equivocarse por exceso en el
cumplimiento de la ley que venir aquí como Gobierno a tener que explicar
que uno no es demasiado celoso en el cumplimiento de las leyes.
Reconocerá usted que, entre una de las dos situaciones, usted me ha
colocado en la más favorable. Discrepamos. Usted tiene un punto de vista
interpretativo distinto del que yo, en nombre del Gobierno, le acabo de
ofrecer, pero, en todo caso, me coloca del lado del exceso de celo en el
cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, le agradezco esa crítica, porque
la otra hubiera sido mucho más preocupante desde el punto de vista del
cumplimiento de las obligaciones en el marco del Estado de Derecho.
En todo caso, creo que ese decreto de 1996 está en vigor y que la ley de
acompañamiento lo que hace es completar las lagunas del ordenamiento
jurídico vigente en este momento. Esa es mi interpretación. Y además, al
hacerla, estoy proclamando la voluntad del Gobierno de que así sea en la
realidad el efecto práctico de la institución de la prescripción. Esa es
nuestra interpretación. Porque lo que no puede hacer usted es una
interpretación de la ley a su modo y luego una crítica por una aplicación
de la ley hecha por la interpretación a su modo. Eso no lo puede hacer
usted al mismo tiempo. Hágame una crítica o la otra. Porque yo le digo
que me cite un caso en el que este Gobierno haya pedido intereses o haya
puesto sanciones por cobro indebido. Cíteme sólo un caso. Si hay un caso,
usted puede venir aquí a criticarnos. Pero no diga usted que el Gobierno
puede poner eso y venir a criticarnos porque lo pueda poner. Eso será a
su juicio. Desde nuestro punto de vista, el cobro indebido genera la
obligación de devolverlo en cinco años sin intereses y sin sanciones. Y
ésta es la realidad sobre la que estamos debatiendo, no la hipótesis
sobre la que a S. S. no le gustaría que el Gobierno estuviera actuando.
Pero, en todo caso, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para
decir que, si hiciéramos eso, sería un riesgo grave para todos los
pensionistas.
Esta tribuna y estos minutos de que disponemos no permiten el detalle y
yo invito a su señoría a que, en contacto con los servicios de la
Seguridad Social, como entidad gestora, le den el detalle completo. Usted
me pregunta: ¿quién tiene que devolver más de 500.000 pesetas? Hay más de
400 pensionistas que tienen rentas declaradas y comprobadas de más de
15.000.000 de pesetas. Antes le cité el caso más alto, pero hay más de
400 pensionistas localizados con nombres y apellidos que declaran una
renta a Hacienda de más de 15.000.000 de pesetas. Y, además, están
cobrando el complemento a mínimos. Estoy seguro de que usted no defiende
eso. Ni a los que cobran entre 10 y 15 millones, o entre ocho y 10
millones, o entre seis y ocho millones, o más de dos millones de pesetas.
¿Sabe usted cuántos pensionistas declaran ingresos de más de dos millones
de pesetas al año? Más del 30 por ciento de esos ochenta y tantos mil.
Calcule usted: veintitantos mil pensionistas a los que usted ha
representado aquí en sus preocupaciones declaran a Hacienda ingresos de
más de dos millones de pesetas. Convengamos que para esos no se ha hecho
el complemento a mínimos.
Y como pienso que la interpelación está cargada de buena intención y de
sentido de la solidaridad, creo que, si a lo largo de estos días,
cruzamos nosotros información, igual que hacen las haciendas forales y
Economía y Hacienda con la Seguridad Social, vamos a acercar mucho las
posiciones para esa moción que se va a discutir el martes que viene.
En todo caso, señoría, por lo que valga, yo ofrezco la aportación del
Gobierno para intentar acercar posiciones.
Y nada le gustaría más al Gobierno que poder compartir la votación el
próximo martes.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la Secretaría de Estado para la Seguridad Social y el señor
vicepresidente hoy en esta Cámara han exhibido un trofeo de caza mayor,
el descubrimiento de un perceptor de complementos por mínimos a la
pensión de la Seguridad Social que tiene un patrimonio de 1.100 millones
de pesetas. Hoy también se nos da el dato de que 400 tienen más de 15
millones, lo que significa --me he permitido el lujo de hacer el
cálculo-- un 0,005 por ciento del conjunto de los pensionistas de este
país. En general, esto significa un total de la exigua cifra de un 3,5
por ciento de irregularidades en la percepción de esta prestación.
Lo que pasa es que esta noticia en la opinión pública es posterior a la
que también facilitaba la Secretaría de Estado, de unos 87.000
pensionistas a los que se va a reclamar la devolución. Y para cuando la
opinión pública se entera de que el fraude es tan sólo de un 3,5 por
ciento, ya está creada la sensación de un fraude abultadísimo, la
convicción social por tanto inducida de que hay que meter mano a estos
pensionistas defraudadores y que hay que meter mano también a los que
incumplen los requisitos y las normas de las invalideces, etcétera.
Con todos los respetos, esto se llama manipulación de la opinión pública.
Hay que denunciar, por tanto, esta actitud de desprestigio de
determinadas prestaciones de la Seguridad Social en las que se inscribe
el hecho. Por cierto, desde los Presupuestos Generales del Estado de
1997, justo los de este Gobierno, se ha reducido desde 200.000 millones
de pesetas a 16.000 la aportación del Estado a los complementos por
mínimos, mientras que tanto el acuerdo como la Ley de desarrollo del
Pacto de Toledo obligan a que este concepto sea íntegramente financiado
con cargo a la Hacienda del Estado, como prestación no contributiva que
es.
¿No tendrá esto que ver, este retroceso en la financiación, con la
denuncia manipuladora por parte del Ministerio del supuesto fraude
masivo? ¿Quizá podríamos aventurarnos a pensar que están ustedes
justificando un futuro recorte de esta prestación? Ya lo veremos. No
queremos pensar mal. Simplemente, lo cierto y verdad es que se ha
desprestigiado esta institución y seguimos culpabilizando a un segmento
tan importante como el de nuestros pensionistas, a través de unos casos
que, en definitiva, por singulares, son insignificantes.
Izquierda Unida ya ha dicho en este hemiciclo que está en contra de todo
fraude, pero hay defraudadores y defraudadores y en esto la interpelación
tiene absoluta razón. Y ustedes meten en el mismo saco a quienes
defraudan, porque su pensión es de miseria. ¿O no hay pensiones de
miseria en este país, de 40.000, 50.000, 60.000 pesetas? Justo éstas a
las que se refieren los complementos por mínimos. O incluso quien
defrauda sin saber a ciencia cierta si lo que da la Seguridad Social se
lo da porque tienen derecho a ello o no. Y quienes defraudan con
asesoramientos de abogados, con ingeniería fiscal, para incrementar sus
cuantiosos beneficios empresariales o simplemente especulativos.
Sin embargo, a los defraudadores fiscales --aquí ha habido una polémica
muy interesante y me quedo con la versión del interpelante--, se les ha
dado facilidades, se les rebaja el plazo de la prescripción a cuatro años
y se les habilita un mecanismo de caducidad de las acciones por parte de
Hacienda para reclamar las deudas. Pero por lo que se refiere a los
deudores con la Seguridad Social ustedes endurecen los criterios del
Tribunal Supremo, los endurecen, mantienen los cinco años de prescripción
y les niegan la caducidad, incluso en el caso de que el cobro indebido
haya sido por culpa de la Administración. Ustedes emplean una vara de
plumas para azotar acariciando a los deudores ricos y una vara de olivo
sobre las espaldas de los que cobran pensiones que, por definición, no
llegan a los mínimos. Ese es su concepto de justicia social. Ahí hay una
manifestación clara.
Sin embargo, lo más chocante del caso, y no ha salido todavía esta tarde
en el debate parlamentario, es que la Administración de la Seguridad
Social es, en último término, quien ha dado lugar a este cobro indebido.
Ha habido fraude, pero, en último término, más que fraude, lo que ha
habido es negligencia por parte del Gobierno. Y me explico. El artículo
5.5 del Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, no es de 1996, no, es de este
año, y establece que la Administración de la Seguridad Social podrá en
todo momento requerir a los perceptores de los complementos por mínimos
una declaración de los ingresos percibidos durante el año anterior. Y no
lo ha hecho a tiempo, dejando, por tanto, que se produjese esta
situación. Aparte de que esta misma disposición establece como rentas de
referencia la ridícula cantidad anual de 805.900 pesetas. Aspectos de la
normativa, en este caso de este real decreto, manifiestamente mejorables,
que convendría revisar y que espero que en la próxima moción que nos
presente el interpelante estén comprendidos, porque, entre otras cosas,
Izquierda Unida tiene prevista una proposición no de ley para discutir en
comisión sobre estos aspectos. Por supuesto, si es preciso adelantar el
debate para la moción, estaremos dispuestos a contribuir a que estos
aspectos de la modificación legislativa
y de la filosofía de actuación gubernamental salgan para delante la
próxima semana en la moción.
En cualquier caso, políticamente, este Gobierno está mostrando su
verdadero carácter de derecha pura y dura, y en este sentido se les está
viendo el plumero.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ciertamente ha sido una agradable sorpresa
contar con la compañía inestimable del señor vicepresidente primero del
Gobierno. Sin duda, dedicado él a los asuntos de interés general, esta
tarde estará aquí porque él mismo considera el que nos trae a este debate
de interés general. Creo que algo ha dicho en su intervención y ésta es
la única afirmación del señor vicepresidente que se tiene en pie de todo
lo que hemos oído las señoras y señores diputados. Ha sido muy aplaudido
por sus bancos, sin duda porque tanto los diputados del Partido Popular
como el propio señor vicepresidente del Gobierno están más movidos aquí
por criterios de partido que por un conocimiento profundo de lo que el
grupo interpelante ha traído esta tarde.
Usted ha construido, señor vicepresidente, un conjunto de falaces
argumentos y lamentablemente --y digo que lamentablemente porque sin duda
usted no ha hecho el discurso, simplemente ha leído lo que le han
escrito-- los ha redondeado con un tono ampuloso y paternalista, con lo
cual ahora, sin pretenderlo, mi réplica va a tener que ser una réplica en
la que sus argumentos queden a la altura de sus conocimientos.
Obviamente, si todo se construye a partir de la falacia de que ustedes
son los paladines de la lucha contra el fraude, que ustedes se han
limitado exclusivamente a hacer una aplicación rigurosa del artículo 45
de la Ley General de la Seguridad Social y que, por tanto, quienes les
interpelan y quienes intervienen en el Parlamento con iniciativas en
contra de esa actitud poco menos que somos unos guerrilleros contra la
estabilidad del sistema y contra el buen sentido en la aplicación de las
leyes, todo eso se viene abajo, señor vicepresidente, si hubiera tenido
el pequeño conocimiento de que, en contra de lo que ha dicho S. S.,
ustedes no aplican una vieja ley de la Seguridad Social o del anterior
Gobierno, ustedes aplican una ley que ustedes han creado ad hoc. Nuestra
oposición, y creo que la del grupo interpelante, no es porque ustedes
hagan una u otra aplicación de la ley. Por supuesto que ustedes tienen
que aplicar esa ley. El problema, señor vicepresidente, es que esa ley la
han construido ustedes ad hoc. ¿Y qué dice esa ley? ¿Qué dice el artículo
45 de la Ley General de la Seguridad Social, por primera vez en la
historia de España, señor vicepresidente del Gobierno? No pudo el
anterior Gobierno construir esas realidades que usted ha dicho, que poco
menos que ha dejado flotando en la Cámara que fue negligente en la
aplicación de la ley. En el artículo 45, anterior a su modificación en la
Ley de Medidas Fiscales y de Orden Administrativo de este año, no
existían las previsiones de que se podía ir con cinco años de
retroactividad a exigir unos cobros indebidos, incluso por errores de la
Administración.
Señor vicepresidente del Gobierno, por la boca casi siempre muere el pez
y suele aflorar la verdad. Ustedes hablan de 80.000 defraudadores y nos
hemos enterado, como muy bien le han hecho las cuentas desde el Grupo de
Izquierda Unida, que está usted hablando de una mínima parte y que
incluso esa mínima parte, rectificando lo que ha dicho el diputado de
Izquierda Unida, puede ser por errores de su Administración. Incluso en
ese pensionista que, con 15 millones, cobra el complemento de mínimos,
posiblemente no haya un ánimo defraudatorio, sino simplemente sean
errores de su Administración, errores que tienen que ver con el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y errores --como le diré a
continuación, que de eso tendremos ocasión de hablar en la Cámara-- del
cruce con otras pensiones públicas. En contra del pecho que saca usted en
este debate, no es cierto, no lo es, señor vicepresidente del Gobierno,
que sean de igual trato unos territorios de España que otros. Pregunte a
quienes le han hecho las notas si han cruzado ustedes las pensiones de la
Seguridad Social con las pensiones públicas de algunas comunidades
autónomas españolas, que hay gentes cobrando mínimos de pensión y
pensiones millonarias de sistemas públicos de comunidades autónomas que
siguen pacíficamente cobrando el complemento de mínimos. (El señor
Hernando Fraile: ¿De dónde?--Rumores) ¿De dónde? Si lo saben ustedes
mejor que yo, y, si no, bastante pecado tienen por no saber estas
cuestiones siendo Gobierno. (Rumores.--Un señor diputado: Han sido
ustedes.--Otro señor diputado: Por la boca muere el pez.)
Señor vicepresidente, no es cierto que se haya limitado usted a aplicar
la ley, usted ha cambiado la ley. Y usted la ha cambiado, ustedes,
diputados del Grupo del Partido Popular, ustedes la han cambiado como
siempre lo suelen hacer: con un diseño político de geometría variable.
Usted no se dedica habitualmente a estas cosas, se dedica a otras cosas,
entre otras a insultarnos a los socialistas cada vez que le pete.
(Rumores.) Pero si hubiera estado usted aquí en la última sesión de
control al ministro de Trabajo, hubiera visto que en una situación
semejante a la que debatimos esta tarde, con los mismos argumentos,
llegaban a la situación contraria. Estábamos en la última sesión de
control discutiendo si era lógico que se hubiera modificado la
jurisprudencia administrativa en función de
una serie de jurisprudencia, en unificación de doctrina de los tribunales
superiores de justicia. (El señor Hernando Fraile: Del Tribunal Supremo.)
Del Tribunal Supremo. Y, en virtud de esa jurisprudencia del Tribunal
Supremo, ustedes se veían obligados a una interpretación restrictiva a
los pensionistas.
Señor vicepresidente, por si no lo sabe se lo advierto esta tarde, lo que
hizo el anterior Gobierno era nada más y nada menos que, ante la laguna
legal que había del tratamiento de la prescripción, seguir las pautas de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establecía --en ese debate
que han tenido ustedes con el diputado interpelante-- que, como en el
artículo 45 no había ningún plazo que señalara la prescripción de las
deudas de los beneficiarios con la Seguridad Social, se aplicaba por
analogía el del artículo 43, que era tres meses de retroactividad del
ingreso de las prestaciones en las cuentas corrientes de los
pensionistas.
El Gobierno anterior, precisamente porque era unánime la doctrina del
Tribunal Supremo, no pudo nunca hacer esa operación que han hecho ustedes
de reclamar 36.000 millones, aunque para ello previamente tuvieron
ustedes que hacer una modificación. Porque lo cierto y verdad es que en
España la inmensa mayoría de los pensionistas que cobran complemento de
mínimos lo hacen por errores o por ignorancia y no por mala fe.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Concluyo, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, no es verdad que ustedes se hayan
limitado a aplicar la ley, no es verdad que los gobiernos anteriores
tuvieran una negligencia culpable en la aplicación de la ley. (Rumores.)
No es ni siquiera verdad que ustedes vayan a mantener esta doctrina en el
futuro. Hay iniciativas en la Cámara y hay posiblemente mayoría en esta
Cámara para que se libere al ordenamiento jurídico español de una
obligación tan odiosa, que ya ha sido comentada. ¿Cómo es posible que el
ordenamiento jurídico español sea más cruel --es la palabra justa que hay
que aplicar-- con la gentes humildes, los pensionistas de 50.000 pesetas
al mes, a los que condenan ustedes casi de por vida, porque muchos son
octogenarios, a que vivan con 35.000, con 30.000 pesetas al mes, mientras
que a los grandes defraudadores de la Hacienda pública les han rebajado
ustedes los tiempos de prescripción?
Señor vicepresidente del Gobierno, se lo digo con toda generosidad, debe
documentarse mejor, debe saber que detrás de esas cifras puede haber un
núcleo pequeño de defraudadores, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y
ciudadanas de este país que, ignorantes de la ley o ignorantes de
decisiones administrativas, hechas por error de las propias entidades
gestoras, venían cobrando pensiones humildísimas, que ustedes en este
momento les han recortado. Y como eso es así, y como la inmensa mayoría
de los diputados de esta Cámara, incluidos los del Partido Popular que a
usted le aplauden, tendrán casos en sus circunscripciones que tienen poco
que ver con esos defraudadores millonarios, ustedes terminarán cambiando
su criterio, quizá no por virtud, pero sí por necesidad, porque habrá
mayoría en esta Cámara para terminar con una ley, la que ustedes hicieron
en la ley de acompañamiento, que causa sonrojo y vergüenza no solamente a
una persona de izquierdas, sino también a las personas de derechas, que
las hay, decentes. (Aplausos.) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Cercas.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, señorías, permítanme empezar
esta intervención agradeciendo, en un tono moderado, que mantendré a lo
largo de mi intervención, el también tono moderado, al menos del
interpelante, que ha demostrado no sólo ser una persona respetuosa con
los distintos grupos y compañeros parlamentarios de esta Cámara, sino
también dominar las materias de que hace gala en sus intervenciones.
Cuestión distinta es que respetando sus argumentos, evidentemente, como
ya ha quedado puesto de manifiesto por las palabras del vicepresidente
primero del Gobierno, no podamos compartirlos desde el Grupo Popular.
También quiero agradecer el tono, cómo no, del portavoz interviniente del
Grupo de Izquierda Unida. Sabe el señor Vaquero que nos separa mucho en
esta materia. Usted ya no cree en el Pacto de Toledo; nosotros lo
seguimos defendiendo a capa y espada; ustedes aprovechan cualquier
oportunidad para intentar que quiebre más nuestro sistema de Seguridad
Social; nosotros aprovechamos cualquier oportunidad para seguir
consolidando ese sistema en beneficio de la pervivencia del mismo y de
las generaciones futuras. Por lo tanto, hemos de entrar en plena
contradicción y hacer un pormenorizado seguimiento, argumento tras
argumento, de sus manifestaciones. Tal vez nos llevaría a acabar el día
de hoy desde esta tribuna en esta Cámara, y seguro que no me lo va a
permitir el presidente.
En cambio, señorías, no puedo permitir, en modo alguno, ciertos tonos que
se han utilizado en esta Cámara por parte del único portavoz al que hasta
ahora no he hecho referencia. Si el tono de su discurso da la calidad de
sus argumentos, permítame que le diga que el tono de su discurso ha sido
más bien bajo. Porque, señoría, lo que no se puede venir a hacer, desde
esta tribuna, es irresponsabilidad y demagogia. Y aunque es verdad que el
señor Cercas nos tiene bastante acostumbrados a ello siempre que
interviene en materias
tan sensibles como ésta, debería abandonar en algún momento ese discurso
que no beneficia nada ni al conjunto de los pensionistas ni, en este
caso, a los pensionistas más desfavorecidos, a los que nos estamos
refiriendo en el debate de esta tarde.
Señor Cercas, su tono es bajo porque su desconocimiento es amplio. Usted
no puede venir a esta Cámara hace 15 días a decir que no quería ni oír
hablar de las sentencias del Tribunal Supremo, por cierto tan unánimes
como las que hoy ha hecho referencia, en unificación de doctrina,
casación en unificación de doctrina, y pedirle nada menos al Gobierno,
como le pedía usted, que no hiciera caso administrativamente del
contenido de las sentencias que dicta nuestro Tribunal Supremo. O sea,
usted le llama al Tribunal Supremo en auxilio cuando le interesa y, en
cambio, es capaz de venir hoy aquí y decir todo lo contrario: que el
Tribunal Supremo siempre debe ser tenido en cuenta por esta Cámara, debe
ser tenido en cuenta por los políticos, debe ser tenido en cuenta por el
legislador y debe ser tenido en cuenta por el Gobierno. Pero se olvida de
una a su juicio seguro que será pequeña diferencia, pero si sus
conocimientos fueran más densos y amplios se daría cuenta de que no es
así.
En el debate que tuvimos hace 15 días en esta Cámara hablamos de
resoluciones administrativas, que debían acompasarse evidentemente a los
designios o disposiciones de nuestro Tribunal Supremo. Hoy estamos
hablando de que hay un Gobierno valiente y eficaz, que fue capaz de hacer
una ley de acompañamiento, una disposición normativa legal, para que el
Tribunal Supremo ya no tuviera que interpretar, de manera no unánime --y
no diga lo que no es--, sino bastante distinta, una norma en la que
existía una clarísima laguna legal al respecto. Por lo tanto, no hablemos
ya de situaciones parejas, no llame usted al Tribunal Supremo en su
auxilio cuando le interesa, porque las situaciones son muy diferentes, y
no un leguleyo, pero sí cualquier persona que hubiera leído un poco sobre
el tema se hubiera dado cuenta de la gran diferencia que existe. Porque
es verdad que de lo que estamos hablando hoy aquí es del complemento a
mínimos, de las pensiones más bajas, ya que, si no, no tendrían derecho.
Pero estamos hablando, y eso S. S. lo sabe y no lo dice, de las pensiones
más bajas, porque también son aquellos que menos cotizaron en su momento,
que menos esfuerzo de cotización hicieron y que, en cambio, por la propia
solidaridad del sistema, se les da un complemento para que tengan un
mínimo vital de subsistencia. Por tanto, es muy lógico que entonces
tengan que tener una incompatibilidad con las rentas, ya sean salariales
o del capital. Y esa incompatibilidad, señor portavoz del Partido
Socialista y señores portavoces que le han precedido en el uso de la
palabra, está vigente desde el año 1993 porque, ¿me quiere decir, señor
Cercas, tal y como ha acusado usted a este Gobierno, cómo podríamos, si
la modificación legal la hemos hecho nosotros en este año, empezar a
pedir de manera retroactiva cuantías a pensionistas desde el año 1993 si
no tuviéramos una apoyatura legal? La teníamos y la hicieron ustedes. Si
hoy se arrepienten, no es nuestro problema, pero la realidad es muy
tozuda y los hechos también, señor Cercas. Es la legislación que ustedes
hicieron entonces con el real decreto de desarrollo del año 1996 que, por
cierto, señor Peralta, está completamente en vigor, complementado con la
norma con rango de ley que hay ahora y que justamente es la que se ha
limitado simple y llanamente a aplicar el Gobierno del Partido Popular.
Ustedes fueron los padres de la norma y fueron los que la dejaron
huérfana en su aplicación y lo que no pueden pretender ahora es colocar a
unos padres adoptivos o intentar que la aplicación de la misma sea
responsabilidad únicamente de aquellos que encontraron la situación tal y
como ustedes la dejaron.
Por tanto, señor Cercas, no haga aquí demagogia ni afirmaciones
absolutamente irresponsables, porque no es cierto ni que se perjudique a
las capas más humildes de nuestros pensionistas ni que se haya dado
situación discriminatoria alguna. No es cierto que estemos hablando de
que ahora van a quedar pensionistas con 35.000 pesetas de cuantía al mes,
como ha dicho usted, prácticamente hasta el final de sus días. Dígalo
todo, de cuantía de pensión, pero, si ha sido retirado el complemento a
mínimos será que tendrán otras rentas por encima del mínimo legal que se
establece cada año en el real decreto de revalorización, al que ha hecho
usted referencia, señor Vaquero.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Camps, termine, por
favor.
El señor CAMPS DEVESA: Voy terminando, señor presidente.
Por lo tanto, no diga usted que se van a quedar con esa pensión como
queriendo decir que será la única fuente de ingreso de renta que tengan
esos pensionistas. Y al menos, cuando suba a esta tribuna, simplemente
para honrarla por todos los que han pasado por ella, debería usted decir
claramente que no cabe hablar de 35.000 pesetas como única fuente de
renta, porque usted sabe perfectamente que tiene que haber otras rentas
que son incompatibles con la anterior, puesto que si el pensionista sólo
tuviera derecho a esas 35.000 pesetas de pensión, nunca hubiera perdido
el complemento a mínimos, ya que simplemente, y no de manera graciable
por el Gobierno del Partido Popular, la ley, la que hicieron ustedes, lo
impediría.
Por ello, señorías, no hablemos de discriminación ni de maltrato y no
hablemos de situaciones límite para los pensionistas ni de situaciones
dramáticas a las que están llamados bajo el Gobierno del Partido Popular.
Hablemos de lucha contra el fraude, del cumplimiento de la ley, del
mantenimiento y de la pervivencia de nuestro
sistema de pensiones, señorías, porque de eso es justamente de lo que se
estaba hablando hoy aquí. Y tal vez así, recogiendo también el guante,
como ha hecho el vicepresidente del Gobierno, desde el Grupo
Parlamentario Popular podamos llegar a puntos de encuentro con las
personas sensatas, responsables y dialogantes en esta materia, que nos
lleven a una mejora en realidad de nuestros pensionistas más
desfavorecidos, como son los que perciben el complemento a mínimos. Pero,
señorías, ¿saben que este debate no se estaría produciendo hoy aquí si el
Gobierno anterior hubiera cumplido en el año 1993 su propia ley? ¿Saben
que no existirían 36.000 millones que reclamar si se hubiera cumplido por
el Gobierno anterior su propia ley? ¿Y hay mayor fraude, señores del
Partido Socialista, que hacer una ley para no cumplirla? A mí se me hace
difícil entender que pueda existir. Si ustedes hubieran cumplido
diligentemente con sus propias leyes, hoy no existirían 36.000 millones
que reclamar, porque no habría existido un pago indebido por parte de la
Administración. Pero le voy a decir más. Usted dice: puede haber error o
negligencia de la Administración, y eso no debe ser el propio pensionista
el que lo deba de pagar, porque es la Administración la que ha podido
cometer ese error o negligencia. Señor Cercas, la Administración no, los
responsables de la Administración. ¿O sirve la Administración en genérico
para que ya no existan responsabilidades de nadie? Los responsables de
aquella Administración que no solicitó, mediante la aplicación de la ley,
la devolución de lo cobrado indebidamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya en veinte segundos,
por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Justamente aquel responsable era el Gobierno socialista, y si hubiera
error o negligencia fueron justamente los negligentes los que han hecho
que exista hoy en día una negligencia en la Administración que nos ha
costado a todos los españoles, o al menos a los pensionistas, 36.000
millones de pesetas. Esperamos, con la ley en la mano, poder recuperarlo
para beneficio de todos los pensionistas y para la pervivencia del
sistema. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas
gracias, señor Camps.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DE VIVIENDA DEL
GOBIERNO. (Número de expediente 172/000084)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la última
interpelación, en este caso del Grupo Socialista, sobre política de
vivienda del Gobierno.
Para su defensa tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señoras y señores diputados, señor presidente,
señor ministro, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para interpelar al Gobierno en materia de política de vivienda y suelo.
Lo primero que quiero decir es que esta es un área de la actuación del
Ejecutivo donde la incapacidad y la demagogia del Gobierno han quedado
mejor camufladas por una coyuntura económica de favorable evolución de
los tipos de interés, que seguramente ha hecho dejar en un segundo lugar
en muchas familias la preocupación por el acceso a la vivienda y, por
tanto, por la política de vivienda. Sin embargo, hay que denunciar esa
incapacidad y esa demagogia en este momento en que proliferan los
titulares con interpretaciones absolutamente falsas, tanto sobre la Ley
del Suelo, recién aprobada, como sobre el futuro plan de vivienda.
Incapacidad, señor ministro, en la medida en que ustedes heredaron un
plan de vivienda consensuado a finales del año 1995, que no han sido
capaces de que alcance sus objetivos ni en el año 1996 ni en el año 1997.
En ambos ejercicios, a pesar de haber prolongado el cómputo de
actuaciones financiadas más allá del mes de enero --tanto en el año 1996
como en el año 1997, ustedes han dado datos del ejercicio anterior,
recogidos durante el propio mes de marzo del año sucesivo--, no han
cumplido en ninguno de los dos supuestos con los objetivos establecidos
en términos de viviendas financiadas. Eso significa, señor ministro, que
entre 1996 y 1997 ustedes han dejado de financiar aproximadamente 100.000
viviendas entre los dos años, respecto a los objetivos de 1996 y de 1997.
Señor Ministro, en esta misma Cámara, hace aproximadamente un año, el
señor Aznar anunció que para 1997 los objetivos del Gobierno en materia
de política de vivienda eran la financiación de algo más de 180.000
viviendas de protección oficial. No han alcanzado ustedes más que una
cifra de 140.000, cosa que no es de extrañar, si tenemos en cuenta que
hasta el mes de agosto no fueron ustedes capaces, por un problema
absolutamente fácil de solucionar, de comenzar a firmar convenios con las
entidades de crédito, por lo que el año pasado no hubo un solo préstamo
concedido a viviendas de protección oficial antes del mes de septiembre.
No es de extrañar que de septiembre hasta marzo sólo hayan alcanzado
ustedes algo más del 80 por ciento de lo previsto para 1997. Incapacidad
y demagogia, señor ministro, porque hemos tenido que escuchar en estos
últimos meses, yéndonos más atrás respecto a la Ley del Suelo desde 1996,
en primer lugar que ustedes iban a liberalizar el mercado del suelo. Lo
comenzaron a liberalizar con el decreto-ley de junio de 1996, lo
siguieron liberalizando con la Ley 7/1997 y han culminado la
liberalización con la ley aprobada recientemente en esta Cámara. Hemos
repetido en numerosas ocasiones que esa ley no liberaliza, sino que
fortalece los derechos de los propietarios del suelo y, por tanto, no es
la reforma estructural que posibilita
el abaratamiento del suelo. Pero eso, naturalmente, es opinable desde
distintas ópticas políticas; lo que ya es menos opinable es que se diga
que esa es una ley que va abaratar el suelo, por ejemplo porque reduce la
cesión obligatoria a los ayuntamientos. Supongamos que esa rebaja de la
cesión obligatoria abaratara el suelo pero, señor ministro, con la ley
que se ha aprobado, el coste efectivo de la cesión de suelo a los
ayuntamientos puede ser incluso superior al que se producía antes con una
cesión del 15 por ciento del suelo bruto, cuando ustedes han llegado al
final a un texto en el que la cesión es del 10 por ciento y, en el caso
de que las comunidades autónomas así lo establezcan, con los costes
adicionales de la urbanización del mismo, es decir el equivalente,
aproximadamente, a una cesión del 18 por ciento del suelo bruto. Esta no
es más que una de las muchas afirmaciones que esta tarde me gustaría que
usted pudiera corregir contestándome a diez preguntas muy sencillas --yo
diría que elementales-- para un ministro responsable en materia de
vivienda, partiendo de lo que son sus propias afirmaciones.
Según ustedes --comienzo por la Ley del Suelo-- el suelo en España se va
a abaratar porque va a aumentar el suelo urbanizable. Analicemos qué es
lo que se sabe de verdad respecto de esa ecuación. En primer lugar, señor
ministro, contésteme a la pregunta de cuánto suelo urbanizable hay en
España actualmente, a qué fecha se va a referir en su cómputo, cuántas
viviendas se pueden edificar en el suelo urbanizable que hay en España y,
por supuesto, si eso le parece poco o mucho. En segundo lugar,
contésteme, respecto de esa cifra que me va a dar de suelo urbanizable
actualmente computable, cuánto va a aumentar el suelo urbanizable en
España porque, señor ministro, el artículo 9, que definitivamente ha
quedado en el texto de la Ley del Suelo, se refiere a las condiciones
para que un suelo se considere no urbanizable, y son tales que en
realidad no es cierto en absoluto ese axioma que ustedes defendían de que
lo bueno es que toda España fuera urbanizable, salvo excepciones en caso
de protección específica del suelo. Eso no ha quedado así en la ley,
aunque ustedes expliquen lo contrario a los medios de comunicación. El
artículo 9 establece que además de las causas relativas a la protección
específica del suelo, es el planeamiento municipal, como no podía ser
menos, el que establece dónde termina la línea que marca el suelo
urbanizable y lo diferencia del suelo no urbanizable. A pesar de eso le
pregunto, señor ministro, ¿cuánto va a aumentar el suelo urbanizable en
España partiendo de la cifra por la que antes le preguntaba?
En tercer lugar, ministro, ¿cuál es el precio medio del metro cuadrado de
suelo urbanizable en España? ¿Sobre qué datos me va a contestar? ¿Qué
informes estadísticos se publican sobre el precio del suelo en España? Y
a partir de ese precio medio, dígame qué estima que va a suceder en
cuanto a la bajada del precio del suelo que ustedes nos anuncian; dígame
de qué datos parte, dónde se publican esos datos y a partir de ahí, qué
estimación hace.
En cuarto lugar, ya que hablamos de precio, y he visto que usted ha
declarado a los medios de comunicación que espera una rebaja del precio
de la vivienda en los próximos años, me gustaría que eso lo dijera
también aquí en el Congreso, donde ni siquiera su portavoz se ha atrevido
a hacer una afirmación tan osada, porque la repercusión de esta Ley del
Suelo sobre el precio de la vivienda, señor ministro, lamentablemente no
va a ser ésa, sino posiblemente la contraria. En cualquier caso, señor
ministro, ¿cuánto va a bajar el precio de la vivienda y en base a qué
estadísticas? Porque usted se mueve de las estadísticas que publica el
Ministerio de Fomento al IPC que publica el INE según le conviene, y yo
creo que hay que jugar limpio, y si se habla de bajadas de precio,
díganos en base a qué estadísticas y con qué compara la bajada de
precios.
En quinto lugar, señor ministro, me confieso muy sorprendida al haber
leído, después de la conferencia sectorial de vivienda, que según usted
la política de vivienda iba a comportar un nivel de gasto presupuestario
anual en política de vivienda del orden de 110.000 millones de pesetas.
Dígame si efectivamente ese es el nivel actual de gasto del Ministerio de
Fomento en política de vivienda. Todos sabemos que lo es, pero dígamelo
usted y dígame cuál va a ser el nivel de gasto anual previsto durante la
vigencia del nuevo plan de vivienda.
En sexto lugar, señor ministro, si es posible díganos algo que todavía no
saben las comunidades autónomas, que volvieron de la conferencia
sectorial con un borrador que todavía lo es, porque aún no conocen las
comunidades autónomas el texto definitivo que va a aprobar el Gobierno,
puesto que hubo cambios de última hora. En cualquier caso, lo que no
sabemos es cuál va a ser el número de viviendas que recibirán ayudas
públicas durante el período 1998-2001. Díganos si esto es posible.
En séptimo lugar, díganos cuáles son las principales mejoras del nuevo
plan de vivienda respecto al vigente. Y aquí no me haga trampa, señor
ministro, porque el decreto de 28 de diciembre de 1991, como puede usted
imaginar, lo conozco bastante bien y he tenido ocasión de analizar y
comparar artículo a artículo el decreto en vigor con el proyecto de
decreto que usted propone, y la verdad es que si los medios de
comunicación recogen, por ejemplo, como una innovación del futuro plan de
vivienda, que va a haber una subvención a fondo perdido del 5 por ciento
en los supuestos de primer acceso a la vivienda, le recomiendo que mire
los artículos 6 y 15 del decreto que está en vigor, porque esa subvención
a fondo perdido, que usted anuncia como una innovación, ya existía.
Precisamente el hecho de que ustedes la hubieran quitado del texto que
llegó hasta la conferencia sectorial de vivienda fue una de
las razones por las que no sólo las comunidades autónomas socialistas,
sino también varias de las comunidades autónomas del Partido Popular,
pidieron que se reintrodujera la subvención a fondo perdido del 5 por
ciento. Luego, si me va a hablar de mejoras, tenga en cuenta que los dos
textos los tengo aquí delante y puedo decir lo que mejora y lo que
empeora.
En octavo lugar, señor ministro, ¿cuándo prevé que entrará en vigor el
Plan 1998-2001?. Como digo, a estas horas las comunidades autónomas
todavía no tienen el texto definitivo y no parece que hayan llegado
ustedes a un acuerdo económico con el Ministerio de Economía y Hacienda
sobre el gasto efectivo que va a suponer la política de vivienda. En fin,
quedan algunas cosas por hacer. Mucho nos tememos que, tal y como
anunciamos desde el Partido Socialista antes de la conferencia sectorial,
más hubiera valido seguir trabajando en aquellos puntos que podían ser
mejorables del futuro plan de vivienda y que el plan de vivienda empezara
a todos los efectos el año 1999 porque, de verdad, será cuando comience,
por mucho que se llame plan 1998-2001.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Narbona, le ruego que
vaya resumiendo y concluyendo, por favor.
La señora NARBONA RUIZ: Voy resumiendo. Estoy ya en la pregunta número
nueve y son sólo diez.
Gracias, presidente.
Dos preguntas nada más, ministro, porque tendremos ocasión de volver a
hablar de fiscalidad de la vivienda en el IRPF y de algunas cosas que no
nos parecen oportunas en el mismo. Sólo le voy a hacer las dos últimas
preguntas al respecto. La novena es qué mejora recibe el tratamiento
fiscal de la vivienda en alquiler en el nuevo IRPF. Creo recordar que en
su programa electoral algo se dijo al respecto.
En décimo lugar, señor ministro, y con esto concluyo, ¿cuánto se va a
ahorrar el Estado al haber modificado y reducido sustancialmente el gasto
fiscal ligado a la desgravación por compra de vivienda? Hay un cálculo
aproximado puesto que hay una cláusula de salvaguardia para que aquellos
que se vean perjudicados, que no van a ser uno ni dos, sigan acogiéndose
al sistema en vigor. Pero, va a haber un ahorro. Quiero preguntarle si
usted conoce ese ahorro, si existe una estimación. Y quiero que a
continuación me diga si ese ahorro del Estado va a ser reasignado para
aumentar los recursos disponibles para la política de vivienda.
Señor ministro, le agradezco que, siendo la hora que es, procure
contestarme y algunas de las cosas que se dicen en los medios de
comunicación podamos oírlas en el Parlamento directamente de su boca y
podamos también contrastarlas con nuestra opinión.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Narbona.
Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, dada la hora, señora Narbona, voy a procurar ser lo más breve
posible. Su señoría ha hecho en esta interpelación estas cuatro cosas. En
primer lugar, ha hecho un ejercicio de prospectiva --está usted en su
derecho de hacerlo-- sobre lo que va a ocurrir en el futuro en el mercado
de la vivienda. Como es una cuestión de prospectiva, dejemos a los
futurólogos que se ocupen del futuro. En segundo lugar, ha basado usted
un conjunto de afirmaciones en informaciones de prensa que me atribuyen
unas u otras opiniones, lo que es poco riguroso para plantear una
interpelación. En tercer lugar, ha planteado un debate sobre el contenido
de una ley que acaba de aprobar esta Cámara. Creo que es poco oportuno
volver a discutir los preceptos de una ley que ha estado nueve meses en
debate en esta Cámara. En cuarto lugar, ha defendido usted su plan de
vivienda, el que corresponde a su época de Gobierno, y ha intentado hacer
una crítica, digamos que bastante moderada, del nuevo plan de vivienda,
como si fuera exactamente una copia del plan suyo que usted tanto ha
defendido. En eso consiste su interpelación, señoría, al amparo de un
conjunto de preguntas, algunas de las cuales sabe muy bien que tienen
respuesta y otras no.
La política de vivienda tiene varios instrumentos, y uno de ellos es lo
que hemos denominado convencionalmente el plan nacional de vivienda.
Entendemos que el plan nacional de vivienda tiene un carácter
instrumental, no puede ser un fin en sí mismo, es un instrumento al
servicio de algo que es la accesibilidad a la vivienda, y lo que hay que
valorar es la realidad social, y en esa realidad social el factor
fundamental para valorar los resultados de la política es la
accesibilidad a la vivienda. En esto, señoría, permítame que le diga que
el Gobierno del Partido Popular gana por goleada al Gobierno del Partido
Socialista, por goleada, y lo voy a intentar demostrar.
La accesibilidad a la vivienda tiene tres elementos principales: el
precio, el coste de financiación y el esfuerzo familiar que se hace para
adquirir la vivienda. El precio que paga el usuario, el comprador, medido
por el precio de metro cuadrado construido, es lo que se realiza en el
Ministerio de Fomento desde el año 1987, en que ustedes iniciaron las
series estadísticas. En el tiempo que lleva este Gobierno ejerciendo sus
funciones, el precio de la vivienda ha crecido por debajo del IPC, y muy
claramente en el año 1997, de acuerdo con el índice del precio de la
vivienda, ésta ha subido el 1,6 por ciento y el IPC el 2 por ciento en el
año 1997. Pero es que, cuando ustedes gobernaban, entre
1987, año en que empieza la serie, y 1995, el precio de la vivienda
creció más de un cien por cien, señoría. Entre 1995 y 1997, que coincide
exactamente con el período de Gobierno básicamente --menos el año 1995--
del Partido Popular, en conjunto, el precio de la vivienda ha crecido el
3,4 por ciento, bastante por debajo del IPC en los dos años principales
de referencia. Admítanme que en materia de precio de vivienda nos
pongamos aquí un cinco a cero. Ya que es tarde futbolística, no
prescindamos de esa terminología, que siempre es agradable.
Pero vamos al coste de financiación, en el que lo fundamental es el tipo
de interés. Aquí, en la comparación, yo diría que cinco a cero es poca
goleada; tendríamos que poner casi un diez a cero. Fíjese, señoría, que
en los noventa los tipos de interés, como consecuencia de una determinada
política gubernamental, se han movido en torno a un 15 por ciento. En
estos momentos, tratándose de créditos hipotecarios fijos, nos movemos en
el entorno del 6 por ciento y está todavía mucho más bajo que si se
tratara de créditos variables, que hoy no suponen riesgo por una política
de estabilidad monetaria de gran éxito.
Si ya atendemos, señoría, al esfuerzo familiar, es decir, a la parte de
renta que una familia dedica a la adquisición de la vivienda, permítame
que aquí nos apuntemos por lo menos otros cinco goles, por lo menos otros
cinco goles. En 1991 el esfuerzo familiar, la parte de renta familiar que
había que dedicar a la adquisición de la vivienda, ascendía al 58 por
ciento. Cuando llega este Gobierno, está en el 34 por ciento, y en menos
de un año y medio la hemos bajado en seis puntos. Y eso tiene unas
causas, naturalmente: la fuerte bajada de los tipos de interés y también
la estabilidad de precios que afecta fundamentalmente a los costes de
producción y de promoción de la vivienda. Pero estas causas son, a su
vez, efecto de una política económica, dentro de la cual tiene sentido
una política de vivienda. Porque lo que no se tiene de pie, señoría, es
desvincular la política de vivienda del conjunto de la política económica
del Gobierno. Eso es un error y conduce a resultados muy negativos, como
condujo en su época, justamente para resolver el problema principal, que
es la accesibilidad a la vivienda.
Por tanto, señoría, en los últimos 18 meses de la acción de este Gobierno
la accesibilidad a la vivienda de todos los ciudadanos españoles, y por
consiguiente de los de rentas más bajas, ha mejorado de manera
espectacular. Eso es lo que da credibilidad a este Gobierno y al plan de
vivienda que este Gobierno va a poner en marcha.
Por lo demás, me ha hecho muchas preguntas; es muy tarde, ya las iremos
contestando en el debate de la moción y más adelante. Le podría dar unos
pocos datos para no hacerme excesivamente prolijo.
Le rogaría que no dijera que se han dejado de realizar 100.000 viviendas,
porque usted sabe a ciencia cierta que es falso, y a mí no me gusta
entrar en debate sobre datos falsos; usted lo sabe. Uno se puede
equivocar en los juicios de valor; uno se puede equivocar al medir o
interpretar las estadísticas; pero no se puede utilizar datos falsos y
decir que este Gobierno ha dejado de construir o de favorecer la
construcción de 100.000 viviendas en los dos años, porque es una falsedad
que no se tiene de pie y, además, enrarece los debates y no tiene
sentido.
Los datos reales los sabe usted muy bien, y se los puedo resumir. Para el
año 1996 había previstas 141.000 actuaciones --y redondeo las cifras a la
baja-- y este Gobierno hizo 174.000 actuaciones; en el año 1997 estaban
previstas 135.000 actuaciones y este Gobierno hizo 144.000 actuaciones;
para el bienio 1996-1997 estaban previstas un conjunto de 277.000
actuaciones y este Gobierno hizo 318.000. El compromiso de nuestro
programa electoral era 1.200.000 actuaciones en ocho años. Vamos
cumpliéndolas, señoría. Por tanto, no me diga usted que se han dejado de
construir 100.000 viviendas.
Si desagregamos estas cifras, le diría que en conjunto el número de
actuaciones se ha incrementado en un 14,65 por ciento; si hablamos de
viviendas de régimen especial, se han hecho un 46 por ciento más de las
previstas; si hablamos de las viviendas rehabilitadas en áreas de
rehabilitación integrada, se han hecho un 139 por ciento más de las
previstas; si hablamos de los recursos movilizados, frente a una
previsión de un billón 300.000 millones de pesetas, este Gobierno ha
movilizado financiación por valor de un billón 600.000 millones de
pesetas.
En consecuencia, no se han dejado de financiar 100.000 viviendas respecto
de las previstas en el bienio, sino que en el período 1996-1997 se han
financiado 40.707 actuaciones más de las previstas, movilizándose 293.000
millones de pesetas más de los inicialmente proyectados.
En el orden de la ejecución presupuestaria, señoría, y con ello termino
porque si no mi intervención se haría excesivamente prolija, quiero
decirle lo siguiente. En el año 1991, sobre un crédito inicial de 79.000
millones de pesetas, ustedes dejaron de gastar 16.463 millones; en el año
1992, sobre un crédito inicial de 77.000 millones, ustedes dejaron de
gastar 21.000 millones; en el año 1994, sobre un crédito inicial de
78.000 millones, ustedes dejaron de gastar 6.000 millones; en el año
1995, sobre un crédito inicial de 78.000 millones, ustedes dejaron de
gastar 3.200 millones. Pues bien, el crédito inicial en el año 1996, que
corresponde a unos presupuestos prorrogados, es de 78.000 millones; es el
crédito inicial y está en los presupuestos de la Cámara. En el año 1997,
primeros presupuestos de este Gobierno, el crédito inicial es de 85.000
millones y en el año 1998, segundo presupuesto de este Gobierno, el
crédito inicial es 92.000 millones. Como esto es fácilmente comprobable
en la Cámara, señoría, creo que no merece la pena discutir.
Quiero concluir con un último dato: fíjese, señoría que en España, desde
hace más de 20 años, nunca, ni en la época de la expansión económica de
1989-1991, se han edificado tantas viviendas en España como en el año
1997. Si ponemos en 1989 el índice cien, en 1997 sale un índice de ciento
diez. Es el más alto de los últimos veinte años. Las estadísticas están
elaboradas con la documentación que ustedes dejaron en el Ministerio. Son
estadísticas serias, son encuestas bien hechas y con buenos analistas que
trabajan en el Ministerio de Fomento. Por tanto, son datos suministrados
por los servicios técnicos, no elaborados por este ministro.
Querría concluir diciéndole simplemente que el esquema del plan que ahora
termina su vigencia, el que ustedes hicieron, ha dado unos resultados muy
aceptables en el transcurso del cuatrienio en que ha estado en vigor,
pero el cambio de las circunstancias económicas es de tal magnitud que
ese plan es en gran medida inservible y, por tanto, hay que ir
introduciendo novedades.
Lo que le puedo aceptar, y deberíamos estar todos de acuerdo, es que no
cabe una transición radical de un modelo de plan a otro. Nosotros hemos
dado en parte continuidad a lo que ustedes plantearon en aquello que
consideramos más útil y en parte lo hemos roto tratando de introducir
algunas fórmulas nuevas. De todas, señoría, la más importante es una
previsión, no es ni siquiera una fórmula inmediatamente aplicable, y es
la de que hay que empezar a cambiar el sistema, porque las circunstancias
económicas permiten cambiarlo hacia una ayuda mucho más personalizada y
mucho más breve en el tiempo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor ministro, no sé si vivimos en mundos
diferentes o universos paralelos, pero de lo que estoy completamente
segura es de que usted vive en el mismo mundo que el presidente de su
Gobierno, y él en esta Cámara hace aproximadamente un año anunció 180.000
viviendas como objetivo del Plan de vivienda en 1997, señor ministro.
Está escrito en los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara. Ahora me dice
usted que el programa de 1997 era nada menos que de 50.000 viviendas
menos de objetivo de lo que dice el presidente de su Gobierno. Entre
ustedes aclararan las cosas.
Ninguna de las cifras que me ha dado de objetivos y de cumplimiento son
idénticas a las que ustedes reparten a las comunidades autónomas en las
conferencias sectoriales, y esto sí me parece grave, señor ministro.
En primer lugar, quiero recordarle que en el Senado le pedimos hace
tiempo que cada tres meses informara a la Cámara del cumplimiento del
Plan de viviendas. Se lo vamos a volver a pedir ante semejante
disparidad, no sólo por lo que dice el presidente del Gobierno que quizá
en un exceso de entusiasmo hacia el debate del estado de la Nación
anunció sin consultar con su ministro de Fomento nada menos que 50.000
viviendas protegidas más. Olvidemos esto porque posiblemente no es lo más
significativo, pero a los consejeros de vivienda les gustaría que las
cosas que dice usted aquí en el Congreso se parecieran a las que aparecen
en los cuadros que se reparten en la conferencia sectorial. Por eso le
vamos a pedir en la moción que traiga a la Cámara una información más
concreta y más sistemática de la política de vivienda.
En segundo lugar, señor ministro, tampoco parece que estemos en el mismo
mundo en cuanto al seguimiento de la ejecución presupuestaria. Me voy a
referir sólo a lo que ha sucedido en el último ejercicio en el Ministerio
de Fomento, Dirección General de la Vivienda, donde había un crédito
inicial próximo a los 100.000 millones de pesetas entre subsidios y
subvenciones. Dado que el mismo era insuficiente --y nosotros así lo
denunciamos en el trámite de enmiendas al presupuesto--, porque había en
el año 1997 un pico del comportamiento de los compromisos adquiridos en
los distintos programas de vivienda y los números rojos eran importantes,
ustedes aplicaron el año pasado a la Dirección General de Vivienda 24.000
millones de pesetas procedentes de los recursos que no se gastaron en
carreteras. Así terminó el año 1997, elevando ese gasto en torno a los
100.000 millones de pesetas que usted anunciaba como novedad para el
próximo plan, aumentándolo en 24.000 millones de pesetas para, a pesar de
eso, en estos momentos, según sus servicios, tener deudas con las
entidades de crédito y con las comunidades autónomas por un valor próximo
a los 20.000 millones de pesetas.
Usted me habla de los compromisos del programa electoral del Partido
Popular. Estos, en cuanto a política de vivienda, se referían a un nivel
de gasto anual de 200.000 millones de pesetas, pero en un determinado
contexto de tipos de interés y de comportamiento del déficit público.
Parece que nos hemos quedado en la mitad. Yo le he preguntado antes que
cuántas viviendas se van a financiar, puesto que con el mismo gasto no
cabe duda de que ustedes podrían hacer más o menos el doble. A eso no me
ha contestado, supongo que porque todavía no ha terminado de aclarar los
números con el ministro de Economía y Hacienda.
Señor ministro, le decía que no hiciera usted trucos con las
estadísticas, porque cuando usted dice que el año pasado ha subido la
vivienda un 1,6 por ciento coge el dato de las estadísticas del
Ministerio de Fomento que un buen día dejamos en marcha, pero me lo
compara con el IPC y eso no vale. Porque, señor ministro,
en todos los meses hasta hoy desde que ustedes gobiernan ni uno solo el
IPC general ha sido inferior al IPC vivienda. Ultimo fax que puede usted
ver en los teletipos: inflación IPC de este mes, cero por ciento, una
décima más en vivienda; pero así está desde 1996. Ya que usted habla de
todos los comportamientos históricos, le diré que desde 1991 todos los
años el IPC vivienda ha crecido por debajo del IPC general; no son
estadísticas del Ministerio de Fomento. Vamos a no mezclar las cosas. Si
me lo quiere comparar con el índice de precios al consumo, compáremelo
con lo que dentro de él mide la evolución del precio de la vivienda,
porque, si no, estará haciendo trampa.
Menos mal que ha reconocido que el Plan de vivienda anterior no fue mal
del todo. Porque si ustedes dicen ahora según sus datos que el año pasado
superaron en un 14 por ciento ese escenario, 50.000 viviendas menos que
las que decía el señor Aznar, se da la circunstancia de que el Plan de
vivienda anterior superó en un 20 por ciento unas previsiones iniciales
que en su momento ustedes tacharon de electoralistas, de falsas,
etcétera. Usted ha reconocido, y se lo agradezco, que el Plan de vivienda
anterior no fue tan mal; es más, ustedes ahora sacan uno nuevo y me
reconoce que se parece bastante al anterior; se parece muchísimo. El
problema es que ustedes empeoran varias cosas, y voy a decir lo que
empeoran, porque cuando se habla...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Narbona, hágalo con
mucha brevedad, por favor.
La señora NARBONA RUIZ: Estoy terminando.
Ustedes empeoran la rehabilitación. Todas las ayudas a la rehabilitación
son peores, y hemos tenido un debate hoy en la Cámara donde ha quedado
sentado que al menos eso lo van a corregir, porque no hay una sola ayuda
a la rehabilitación prevista en el nuevo Plan de vivienda que no sea peor
que la que está ahora mismo en vigor. Ustedes les ponen techo a los
presupuestos protegibles, rebajan las subvenciones a determinadas
figuras, rebajan la subvención a los gastos de urbanización. Toda la
rehabilitación está peor tratada en el nuevo decreto que en el anterior.
En las ayudas para suelo, señor ministro, baja usted la subvención
equivalente del 15 al 10 por ciento. En los plazos de los préstamos
correspondientes a urbanización se pasa de seis años a cuatro años. En la
vivienda de promoción pública, cofinanciable con las comunidades
autónomas, baja usted la subvención del 40 por ciento en el caso de
viviendas públicas en alquiler al 30 por ciento, y en el caso de
viviendas públicas para compra pasan del 30 al 20 por ciento. Esto, señor
ministro, significa que han hecho ustedes cambios que desde el punto de
vista técnico no los vamos a criticar, pero que para ello no hacía falta
un nuevo Plan de vivienda. Si se trataba de aplicar en lugar de las
subvenciones a los tipos de interés, como se ha hecho hasta ahora, una
subvención a la cuota completa del préstamo, ése es un cambio técnico
absolutamente lógico y oportuno en la actual coyuntura de tipo de
interés, pero no es un nuevo Plan de vivienda, señor ministro. Por lo
tanto, en nuestra moción tendremos en cuenta los aspectos que, no
habiendo sido todavía aprobado dicho Plan por el Consejo de Ministros,
pueden ustedes mejorar y deberían hacerlo. Como digo, esta tarde la
Cámara ya ha tomado ejemplo de algunas cuestiones.
Por último, señor ministro, usted me dice que no es riguroso que yo le
pregunte por afirmaciones que usted hace fuera de esta Cámara. Creo que
lo que no es riguroso es que usted las haga fuera de esta Cámara, señor
ministro. Porque, si usted anuncia al país a través de los medios de
comunicación, salvo que lo desmienta, que el precio de la vivienda o el
precio del suelo van a bajar y cuando viene aquí me dice que no hagamos
futuribles, me parece que en este caso es usted, señor ministro, el que
es muy poco riguroso. En lo que unos y otros decimos en esta Cámara puede
haber discrepancias de opinión, pero deberíamos basarnos en algo que
responda a nuestras propias convicciones y a los datos de que disponemos.
Por consiguiente, señor ministro, no haga trampas, léase bien el nuevo
decreto, léase el decreto en vigor y sobre todo mejore el Plan de
vivienda antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros. (Aplausos.) El
señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Narbona.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Creo que tiene
usted una notable confusión sobre lo que es el IPC vivienda, el precio de
la vivienda, el IPC vivienda nueva, el IPC vivienda usada, etcétera. Al
hablar del IPC usted ha sumado el precio de vivienda nueva y usada. Le
digo que, si usted suma vivienda nueva y usada, los precios están
ligeramente por encima de la inflación. Pero se trata de hablar de la
vivienda nueva --la vivienda nueva, señoría, que es la que hemos de
juzgar, aquella a la que se refiere el plan--, cuyo precio ha crecido por
debajo del IPC. Además, usted confunde dos cosas: el precio de la
vivienda con lo que se llama el IPC vivienda. El IPC vivienda es el
conjunto de gastos adheridos a la propiedad de la vivienda y tiene poco
que ver con el precio de la vivienda. El precio de la vivienda nueva, de
acuerdo con las estadísticas que se hacen en el Ministerio de Fomento y
que son las mejores de España, ha crecido por debajo del índice de
precios al consumo. Ese es un dato de la realidad; por tanto, los precios
de la vivienda han bajado. Usted sabe que en la mayor parte de las
comunidades autónomas los precios en términos reales de la vivienda han
bajado y, en cambio, han subido significativamente en las comunidades
autónomas turísticas,
porque ha habido una presión mucho mayor que la demanda que no ha podido
ser atendida por falta de parque de vivienda. La realidad es que el
precio de la vivienda ha bajado, señoría. Hoy no hay nadie que sostenga
que el precio de la vivienda nueva ha subido por encima del IPC, nada más
que usted. Nadie lo sostiene porque no se tiene de pie en ninguno de los
datos que constan en las estadísticas serias, léase sociedades de
tasación, léase Ministerio de la Vivienda. Lo que pasa es que mucha gente
se equivocó a principios del año 1997, cuando se auguraron fuertes
subidas en el precio de la vivienda y se ha encontrado con que no ha
subido.
He hecho pocas declaraciones, porque hago muy pocas, entre otras razones
porque difícilmente los periódicos que han de resumirlas pueden
reflejarlas adecuadamente. Lo que he dicho es que el objetivo que
persigue la Ley del Suelo es abaratar el suelo al incrementar la oferta,
y ello, finalmente, deberá repercutir en una presión a la baja del precio
final de la vivienda. Eso es lo que he dicho; no he dicho otra cosa. Y no
he hecho futurología, he dicho que el objetivo de la ley es ése. Esa es
la afirmación que he hecho en esta Cámara diez o doce veces, no ahora, no
en unas declaraciones de prensa. Esa es la que he hecho porque es la que
se tiene de pie. Por eso le digo que hacer interpelaciones sobre la base
de frases entrecomilladas y resumidas por necesidades periodísticas
sacadas de los medios de comunicación me parece una forma de control del
Gobierno muy poco seria. (Aplausos.) Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
¿Algún grupo desea aún fijar posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero recordar a esta Cámara que ya el año pasado, en abril de 1997, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó una interpelación
de estas características al ministro de Fomento porque nos preocupaba la
situación de la vivienda. Nos preocupaba esa demanda social que no se ve
satisfecha con los actuales planes, no ya con el previsible plan que en
otro momento podremos discutir, sino con el plan ya en vigor. Presentamos
aquella interpelación porque entendíamos que había una insuficiencia en
ese Plan y había una cierta parálisis del Gobierno en su política de
vivienda.
Después de un año el Gobierno todavía no ha presentado ese plan
alternativo, por lo menos este Parlamento lo desconoce. Lo único que
conocemos son declaraciones de prensa. Es decir, no hay nada tangible, no
hay un documento que haya pasado por el Congreso de los Diputados, pero
sí hay numerosas declaraciones, señor ministro. Yo creo que los medios de
comunicación no se inventan declaraciones; yo no voy a entrar en su
contenido, pero hay muchísimas. Nos gustaría que, en vez de estar
vendiendo esa idea de que todas éstas son medidas --por otra parte
futuribles-- tendentes a abaratar el precio de la vivienda, hubiese
hechos reales y constatables.
Como se ha hablado tanto de ese nuevo Plan de vivienda que parece ser que
en algún momento llegará a esta Cámara, nuestro grupo parlamentario había
pedido la comparecencia del ministro en Comisión para este próximo lunes,
lo que va perdiendo virtualidad por su intervención de hoy en la Cámara.
De todos modos, se había despertado en mí el interés por conocer ese
nuevo Plan de vivienda y por eso, quizá de manera un tanto ingenua, lo
solicité por escrito a su Ministerio, con el fin de contar con ese
borrador que, lo mismo que es de utilidad para el Ministerio, podría
serlo para los grupos de la oposición. Como digo, lo solicité por escrito
y la verdad es que me sorprendí mucho cuando su Ministerio me contestó
que no existía ningún borrador de Plan nacional de vivienda 1998-2001.
Esta es la contestación de su Ministerio, exactamente de la Dirección
General de Vivienda.
Yo no quiero suscitar polémica, pero no es la primera vez que surge el
debate de si el Ministerio oculta o no datos a la oposición. En este
caso, posiblemente no se trata de ocultar datos, ya que es un borrador
que tiene todo el mundo, que circula por todos los sitios, pero no es
entendible que un diputado pida un borrador que existe y se le niegue el
derecho a tenerlo y deba conseguirlo de otra manera. No sé si al ministro
le interesa el asunto, pero a mí me parece que, cuando menos, es un tanto
chocante.
Nos parece muy bien la interpelación que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, que viene a reavivar este debate sobre política
de vivienda. Dadas las circunstancias de parálisis a que me refería
anteriormente este asunto puede reavivar o interesar en mayor medida al
Gobierno.
Me he tomado la molestia de ver qué decía el Partido Popular en su
programa de gobierno con respecto a la vivienda y la verdad es que
compartimos algunas cosas. El programa electoral del Partido Popular dice
que el problema de la vivienda es uno de los más graves de la sociedad
española, afirmación que compartimos totalmente. Era el problema más
grave de la sociedad española en 1996 y en 1998 sigue siéndolo. Dice
también que el gasto en vivienda absorbe más del 40 por ciento de la
renta familiar. Esto era en 1996, pero yo creo que, a pesar de que el
ministro ha dicho antes que en este momento el gasto de la renta familiar
puede ser del 34 ó 36 por ciento, sigue siendo muy aproximado a ese 40
por ciento de 1996. Ya que el programa habla de especulación del suelo,
la verdad es que no he notado que
se haya tomado ninguna medida al respecto; creo que el ministro de
Fomento no ha tomado ninguna medida tendente a frenar la especulación,
ninguna en absoluto. Hay declaraciones, intención de hacer otras cosas,
pero ninguna de eliminar este grave problema, que yo creo que es el
mayor. Frenar la especulación en este momento sería lo más deseable, una
necesidad que debiera ser compartida por todos los grupos de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Fernández, concluya, por
favor.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Concluyo.
No quiero hablarle de datos periodísticos, pero sí quiero decirle que lo
importante es lo que contienen los Presupuestos Generales del Estado, que
sí son datos oficiales, y en este caso el total de inversiones de obras
para vivienda es un 0,52 por ciento del presupuesto del programa de
inversiones 431.A. Creo que es significativa la voluntad de este Gobierno
para solucionar el problema de la vivienda; si destina el 0,52 por ciento
de su presupuesto para solucionarlo, creo que no lo van a conseguir
nunca. O destinan más dinero o no se podrá solucionar este problema.
Hay otro dato que es también muy interesante, que es el programa de
viviendas a iniciar directamente por parte del Ministerio en los
presupuestos de 1998 y, sorprendentemente, no hay ninguna. Esto es lo que
dicen los Presupuestos Generales del Estado; no hay ninguno, cero. Me
refiero a ejecución directa. Por lo tanto, señoría, yo creo que este
Gobierno tiene poca voluntad de acometer este problema ni de solucionarlo
tampoco.
Nada más, muchas gracias. (El señor Ortiz González pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Señor Ortiz, antes no me había pedido la palabra. Si ahora insiste, se la
concederé.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Ante la intervención del representante de
Izquierda Unida, no tengo más remedio que intervenir, si cuento con su
licencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Intervenga.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy a referirme a dos temas muy concretos, a los
que ha hecho alusión el portavoz de Izquierda Unida.
Uno se refiere a los objetivos del programa electoral del Partido
Popular, y alguna autoridad tengo en el tema porque tuve ocasión de
elaborar los borradores de esos objetivos. El primero era acometer
1.200.000 actuaciones en dos cuatrienios. El nivel de lo que se está
haciendo está rebasando las 150.000 actuaciones por año, según los datos
que ha dado el señor ministro. El segundo objetivo era acometer una
política de suelo coherente con este objetivo y luchar contra la
especulación. Ahí está la Ley del Suelo, publicada en el Boletín Oficial
del Estado el día de ayer exactamente, donde está el instrumento para
luchar contra la especulación, desde nuestra filosofía y desde nuestra
ideología, que es aumentar la oferta de suelo disponible, en lugar de
luchar contra la especulación con medidas intervencionistas.
El tercer objetivo era hacer una política de fomento y de incremento del
alquiler. Ahí está la Ley de Fondos de Inversión Inmobiliaria, aprobada
en esta Cámara y pendiente de su debate en el Senado, y las medidas de
fomento de la política de alquiler en el borrador de decreto a que hacía
referencia el señor Fernández.
El cuarto punto era incrementar los objetivos en materia de
rehabilitación, y como ha tenido ocasión de indicar el señor ministro,
los objetivos de rehabilitación en áreas integradas han aumentado en
1.750 actuaciones con respecto a las previsiones.
El objetivo más importante de todos era lograr que la renta familiar
disponible no fuera absorbida en más del 25 ó 30 por ciento, tanto por la
vía de acceso en propiedad como por la de alquiler. Y reitero el dato que
ha dado el ministro de que el esfuerzo familiar en vivienda ha bajado del
56 por ciento en que se situaba en el año 1991, en la última etapa del
PSOE, al 28 por ciento, por tanto, perfectamente en la franja del
objetivo del programa electoral del Partido Popular.
Finalmente, recuerdo a don Julián Fernández una asignatura que debía
conocer. Las viviendas de promoción pública, es decir, aquellas en las
que el Estado actúa como promotor, están olvidadas ya desde los viejos
tiempos de la Unión de Centro Democrático. En la etapa del Gobierno
socialista, en toda la etapa anterior, las viviendas de promoción
pública, aquellas en las que el Estado actúa como promotor, son mínimas,
y son los datos que figuran en los Presupuestos del Estado, porque la
filosofía de este Plan de vivienda y del anterior es que la vivienda es
objeto de una promoción de carácter privado, mediante medidas de fomento
o de estímulo o subsidiación de intereses. La imagen del Estado promotor
sólo aparece en los programas cuasisoviéticos de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ortiz. Hemos
conseguido llegar a las once de la noche. Vamos a suspender la sesión
hasta mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las once de la noche.