Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 148, de 02/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 148
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 143
celebrada el jueves, 2 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (Procedente del Real
Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto.) «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 83-1, de 26 de septiembre de 1997 (número de expediente
121/000081) (Página 7836)
--Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 74-1, de 30 de junio de 1997 (número de
expediente 121/000072) (Página 7841)
--Proyecto de Ley de Residuos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 77-1, de 5 de septiembre de 1997 (número de expediente
121/000078) (Página 7848)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Costa
Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 156, de 30 de diciembre de 1997 (número de
expediente 110/000152) (Página 7855)
--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de
Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 157, de 30 de diciembre de 1997 (número
de expediente 110/000153) (Página 7855)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Tallinn el 11
de noviembre de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
162, de 26 de enero de 1998 (número de expediente 110/000154) (Página 7855)
--Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en
Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las Reservas y
Declaración que España va a formular al mismo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 165, de 9 de febrero de 1998 (número de
expediente 110/000156) (Página 7855)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José de
Costa Rica el 8 de julio de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 167, de 9 de febrero de 1998 (número de expediente
110/000158) (Página 7855)
--Convenio entre el Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia
a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 14 de
octubre de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 168,
de 9 de febrero de 1998 (número de expediente 110/000159) (Página 7855)
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo el 1 de diciembre de 1997.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 170, de 24 de febrero
de 1998 (número de expediente 110/000160) (Página 7855)
--Tratado de la OMPI, sobre Derecho de Autor, adoptado por la Conferencia
Diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 173, de 4 de marzo de 1998 (número de
expediente 110/000161) (Página 7855)
--Tratado de la OMPI, sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas,
adoptado por la Conferencia Diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de
1996. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 174, de 4 de
marzo de 1998 (número de expediente 110/000162) (Página 7855)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de
noviembre de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
175, de 4 de marzo de 1998 (número de expediente 110/000163) (Página 7856)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España en la
Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 95-1, de 19 de diciembre de
1997 (número de expediente 121/000093) (Página 7856)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 112-1, de 15 de septiembre de 1997 (número de expediente
122/000094) (Página 7859)
Avocación por el Pleno:
--De la Proposición de Ley de modificación del estatuto de radiodifusión
y televisión de la Ley reguladora del tercer canal y a su vez de la de
televisión privada (número de expediente 125/000011) (Página 7861)
--Del Proyecto de Ley reguladora del servicio público de televisión
autonómica (número de expediente 121/000096) (Página 7861)
--Del Proyecto de Ley del servicio postal universal y de liberalización
de los servicios postales (número de expediente 121/000092) (Página 7861)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 7836)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (Procedente del Real
Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto.) (Página 7836)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Alvarez Gómez, del Grupo
Socialista del Congreso, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proyecto de ley general de telecomunicaciones (Página 7841)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán
Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Mato Adrover, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de residuos (Página 7848)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
el señor Pérez de Tudela Molina, del Grupo Socialista del Congreso, y la
señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la
que se modifica la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley general
de telecomunicaciones.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
residuos.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 7855)
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Costa
Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (Página 7855)
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Panamá,
hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997 (Página 7855)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Tallinn el 11
de noviembre de 1997 (Página 7855)
Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en
Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las reservas y
declaración que España va a formular al mismo (Página 7855)
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José de Costa
Rica el 8 de julio de 1997 (Página 7855)
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia a
fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 14 de
octubre de 1997 (Página 7855)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo el 1 de diciembre de 1997
(Página 7855)
Tratado de la OMPI, sobre interpretación o ejecución y fonogramas,
adoptado por la Conferencia Diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de
1996 (Página 7855)
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de
noviembre de 1997 (Página 7856)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales, son aprobados por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 7856)
Proyecto de ley por el que se autoriza la participación de España en la
sexta reposición de recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (Página 7856)
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, interviene el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Segura,
del Grupo Socialista del Congreso, y Souvirón García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
(Página 7859)
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (Página 7859)
Intervienen en el debate de la proposición de ley orgánica los señores
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Marcet i Morera, del Grupo Socialista del Congreso, y Vera Pro, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación por el Pleno (Página 7861)
De la proposición de ley de modificación del Estatuto de Radiodifusión y
Televisión de la Ley reguladora del tercer canal y a su vez de la de
televisión privada (Página 7861)
Del proyecto de ley reguladora del servicio público de televisión
autonómica (Página 7861)
Del proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de
los servicios postales (Página 7861)
El señor presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída
la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final de la proposición de ley y de los dos
proyectos de ley antes reseñados, lo que se aprueba por asentimiento.
A continuación se procede a las votaciones relativas a los puntos octavo
y undécimo del orden del día.
En primer lugar, se somete a votación la enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley por lal que se autoriza la
participación de España en la sexta reposición de recursos del Fondo
Asiático de Desarrollo, que es rechazada por 12 votos a favor, 289 en
contra y cuatro abstenciones.
En segundo lugar, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que es
aprobado por unanimidad.
Asimismo se somete a votación final y de conjunto, por su naturaleza de
orgánica, la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General, que es aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/1992, DE 28 DE
DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 14/1997, DE 29 DE AGOSTO.) (Número de expediente 121/000081)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a
reanudar la sesión con el
punto VI del orden del día, enmiendas del Senado a tres proyectos de ley,
que votaremos cuando finalice el debate del citado apartado.
En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se
modifica la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, proyecto
que deviene del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
(Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley, modificativa de la 37/1992, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en el bien entendido que por tener Canarias un régimen económico
y fiscal exceptuado por ley del régimen general del IVA, consideramos
oportuno destacar aquí que se introdujo en el Senado una enmienda creando
una disposición transitoria nueva, la cuarta, que hace referencia
precisamente a la excepcionalidad, dentro de una de las figuras fiscales
del régimen económico y fiscal de Canarias. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías, mal empezamos. Son SS. SS. no demasiados y parecen con ganas de
hablar. Por favor, silencio. El señor Mardones está haciendo un esfuerzo,
además, fijando su posición desde el escaño.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como venía diciendo, queremos destacar, dentro de nuestro apoyo genérico
a todas las enmiendas del Senado, una específica que introduce una
disposición transitoria cuarta que hace especial referencia al Impuesto
General Indirecto Canario, dentro de nuestro régimen fiscal propio del
Archipiélago, para ver los efectos de la renuncia al régimen de la
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
que se relaciona con estas dos figuras, tanto la del IVA como la del
Impuesto General Indirecto Canario.
Vamos a votar favorablemente todas estas enmiendas porque nos parecen
acertadas y garantizadoras con esta referencia expresa y explícita.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señor Zabalía, por el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Anuncio también el voto favorable de mi grupo parlamentario a las
enmiendas del Senado a este proyecto de ley por la que se modifica la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consideramos que la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto
14/1997, de 29 de agosto, ha permitido a los grupos parlamentarios
introducir mejoras en el texto inicial y, en concreto, nuestro grupo
parlamentario presentó dos enmiendas que hacen referencia, una, a la
problemática que se origina cuando los bienes de procedencia comunitaria
están almacenados en depósitos francos y salen al consumo nacional y, la
segunda, a la responsabilidad subsidiaria de los depósitos distintos de
los aduaneros para el control de los pagos tributarios por el abandono de
los bienes de estos depósitos. Ambas enmiendas han sido incorporadas al
texto del proyecto de ley, la primera en el trámite del Congreso y la
segunda en el trámite del Senado, y creemos que esta modificación es
importante y favorece al colectivo de empresas que se dedican al
almacenamiento de bienes en depósitos francos y también a las que se
dedican al almacenamiento de bienes en depósitos distintos de los
aduaneros. Consideramos que el texto ha quedado suficientemente mejorado
y nuestro grupo parlamentario anuncia que votará a favor de las enmiendas
aprobadas en el Senado.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Tiene la palabra el señor Homs, por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a dar también su apoyo a todas las modificaciones que
nos propone el Senado en este texto de proyecto de ley que modifica el
Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto a una cuestión muy puntual a la
que nuestro grupo va a votar en contra, toda vez que la modificación que
nos proponen desde el Senado viene a rectificar un aspecto que ya se
trató en el debate de la Ley de acompañamiento, en el reciente trámite de
los presupuestos para este año. Se trata, señor presidente, del punto
nueve, sobre el que ya aprovecho la oportunidad para anunciarle nuestro
deseo de solicitar votación separada de los dos apartados. ¿Por qué
razón? Porque en el primer punto, señorías, venimos a modificar lo que ya
aprobamos por unanimidad en el Congreso de los Diputados en el debate
anterior y que hace referencia al tratamiento del IVA sobre los forrajes
en al agricultura. Nuestro grupo entiende que la cuestión es muy técnica
y tiene su sofisticación y su complejidad. Por ello la rectificación que
ha hecho el Senado viene a corregir, a nuestro entender de forma
inexacta, lo que se acordó por unanimidad en el Congreso en el debate de
la ley anterior.
Proponemos que el punto que hace referencia a la modificación del
artículo 78 se rechace y, en cambio, que se acepte la modificación que se
plantea en el apartado dos, número 2º, que corrige el artículo 104 de la
Ley del Impuesto del Valor Añadido. Con ello vamos a dar satisfacción a
una inquietud muy generalizada en el campo, y en relación con el contexto
europeo vamos a situar los intereses propios del país en concordancia con
lo que deben ser los principales competidores que tiene España, que son
los franceses. A su vez, dentro de esta rectificación se resuelve también
de forma satisfactoria el tratamiento del IVA sobre el aceite, sector que
hoy está muy preocupado, y con ello le damos un trato favorable, como
debe ser. Con esa rectificación, suprimiendo el apartado dos, número 3º,
del artículo 78 de la ley 37/1992 y manteniendo el apartado dos, número
2º, del artículo 104, tanto el sector del aceite como el del forraje en
el ámbito del campo van a tener un adecuado tratamiento del IVA en sus
actividades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Ríos, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, siempre que
discutimos las enmiendas del Senado nos encontramos con una visión de
segunda lectura que mejora en unos casos los textos y en otros los
precisa.
Este diputado quiere manifestarles la preocupación por la forma de
modificación y de improvisación legal que estamos teniendo. Hace apenas
tres meses aprobamos una Ley de acompañamiento que tomó unas decisiones,
fueran estas acertadas o equivocadas, sobre la distribución del IVA. En
apenas tres meses volvemos a hacer otra modificación de aquella
modificación ¿Qué seguridad jurídica o de actuación podemos tener si esta
es la forma de actuar? Además, en las enmiendas del Senado se propone una
entrada en vigor diferente para cada uno de los puntos; para uno es el
primero de enero y para otro a partir de abril de 1998. Así no se puede
actuar en ninguna figura impositiva, no es forma de hacerlo.
Nos parecen bien algunas de las enmiendas que vienen del Senado, por
ejemplo la aportación del apartado ocho en su punto 3º, que modifica el
apartado sexto del anexo de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido,
que es una precisión a lo que aquí se aprobó sobre la forma de hacer
recaudadores o inspectores de Hacienda a las personas que dirigen las
áreas y depósitos, puesto que van a ser las que van a garantizar que la
persona que use los depósitos en los distintos puertos ha pagado el
impuesto. Además se dice aquí que la persona que dirige el área o
depósito tomará las medidas para acreditar que el usuario haya hecho la
liquidación a Hacienda y, si no, para que se haga el ingreso de cuotas a
la Agencia Tributaria. Aceptamos esa enmienda porque amplía nuestro
espectro recaudatorio haciendo funcionarios a otras personas, pero no nos
parece positiva la modificación que se hace en el número 3º del apartado
dos del artículo 78 de la Ley del Valor Añadido de 1992, fundamentalmente
porque es contraria a esta modificación que hace el Senado al apartado
dos, número 2º, del artículo 104. En un caso se excluyen todas las
subvenciones financiadas con cargo al Feoga, por tanto todas las que
pueden recibir los distintos agricultores, organizados o no en
cooperativas, pero al final son los que las van a recibir, puesto que les
van a cobrar el impuesto de cada subvención que reciban, y este caso es
contrario al que se propone en este artículo 78, donde sí se incluyen a
efectos del pago del IVA todas las subvenciones que están sujetas a lo
que puede ser vinculación directa al precio de las operaciones. Señor
presidente, la presentación de enmiendas en el Senado es positiva en
cuanto que mejoran el texto, pero me gustaría trasladarles a los grupos
parlamentarios y al Gobierno la preocupación de que no podemos estar
variando permanentemente cada mes o cada tres meses las decisiones que
tomamos y mucho menos en figuras impositivas.
Hay otra enmienda, de adición de un apartado diez a ese proyecto de ley,
que recoge todo lo que son elementos complementarios que se distribuyen
con los periódicos (los CD-Rom, vídeos, etcétera), en función de que
tengan una relación máxima del 75 por ciento de los ingresos que puedan
proporcionar por esa venta. Aunque no lo vemos muy claro, no tenemos
grandes reticencias a esta propuesta, pero sepamos que estamos ligando
estos productos al IVA superreducido al 4 por ciento y desde luego no hay
conexión entre lo que pudiéramos llamar productos de primera necesidad y
los vídeos y las promociones que se distribuyen a través de los
periódicos con el consiguiente complemento de precio y que pueden ser
adquiridos por los ciudadanos en los distintos quioscos.
Se añade también un punto once, que modifica el artículo 124 de la Ley
del IVA, en el que tienen cabida los titulares de explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras para poder beneficiarse de
este régimen especial de la agricultura durante un período mínimo de tres
años.
En todo caso, señor presidente, pediremos votación separada, al igual que
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), para poder diferenciar el voto
según la voluntad que tenemos de impedir esta modificación que el Senado
ha hecho en cuanto al artículo 78 y al artículo 124, a cuya enmienda
sobre su apartado diez hacía referencia, es decir, la modificación del
artículo 91.dos.1.2º de la Ley 37/1992.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alvarez
Gómez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la
posición respecto a las enmiendas introducidas en el Senado a este
proyecto de ley.
Deseo recordar brevemente que esta Cámara acordó en su día la
convalidación del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, y su
tramitación como proyecto de ley. En la propia exposición de motivos se
señalaban los aspectos sustantivos que se pretendían modificar, que
hacían referencia a la adaptación de nuestra legislación, en primer
lugar, a la decisión tomada por el Consejo de la Unión Europea el 17 de
marzo de 1997 para evitar que las empresas que prestan servicios de
telecomunicación se encuentren en inferioridad de condiciones para
competir y que progresivamente se reduzca la recaudación por este
impuesto. En segundo lugar, se planteaban modificaciones para que los
agentes de Aduanas pudieran recuperar el impuesto que hubiesen satisfecho
por cuenta de los importadores en los supuestos en los que estos no
hubiesen procedido al reembolso del impuesto pagado. En tercer lugar, las
modificaciones se referían a las liquidaciones tributarias practicadas
con ocasión del abandono de determinados bienes del régimen de depósito
distinto de los aduaneros y, en cuarto lugar, se abordaba, aunque no por
este orden, la modificación del impuesto aplicable al servicio de
transporte de viajeros, que se traduce en una rebaja del tipo de gravamen
en el Impuesto sobre el Valor Añadido del 16 al 7 por ciento, con la
consiguiente disminución del precio final pagado por los usuarios de las
autopistas.
A lo largo del camino parlamentario recorrido por el proyecto de ley,
respecto de esta última cuestión no sólo no hemos oído ni un argumento
sólido y convincente que permita razonablemente pensar que va a quedar
sin efecto el procedimiento de infracción que la Comisión ha abierto a
España por la aprobación de un tipo de gravamen reducido para los
automovilistas usuarios de las autopistas, sino que además el proyecto de
ley ha ido sirviendo de escoba para recomponer y arreglar distintos
problemas de legalidad fiscal ocasionados por el Gobierno merced a su
fecundidad legislativa y su fobia al pasado reciente, origen, como todos
sabemos, de todos los males. En efecto, ni en la tramitación de este
proyecto de ley en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso ni en
el Senado el Grupo Popular ha encontrado argumentos en los que pueda
apoyarse el Gobierno para defender la adecuación de esta norma al
apartado 5 del anexo H de la Directiva 92/77 del Consejo.
Ya hemos reiterado hasta la saciedad que estando de acuerdo en la
conveniencia y oportunidad de rebajar el precio del peaje de las
autopistas, estaríamos plenamente satisfechos si el Gobierno o el Grupo
Popular aportaran razones jurídicamente sólidas para hacer valer nuestros
intereses. Se agota el trámite parlamentario y solamente se han dado
argumentos meramente admisibles que no hacen sino reiterar en el vacío la
legalidad de la medida adoptada. Nos preguntamos si cuando los
indicadores macroeconómicos son buenos, cuando los tipos de interés
continúan descendiendo y cuando el ciclo expansivo de la economía parece
estable en los países occidentales puede creer el Gobierno que la
oposición política y el Grupo Parlamentario Socialista pueden inventarse
y crear los obstáculos que le impiden tomar una decisión equilibrada y no
conflictiva en este asunto. Quizá fuese más sencillo que el Gobierno nos
explicara en qué consisten los obstáculos y las dificultades que le
nublan la razón y le llevan a plantear conflictos de los que vamos a
salir malparados. Ni el mejor fórceps jurídico puede asimilar la
prestación de un servicio de transporte con la utilización de un bien
demanial sujeto a concesión administrativa como medio de trasladarse
alguna persona de un lugar a otro con diversas finalidades. Menos
eficacia tendrá si es exclusivamente un fórceps jurídico-fiscal.
El Gobierno del Partido Popular ha preferido sobrevolar sobre el asunto,
haciendo oídos sordos en todo el trámite parlamentario a algunas líneas
de acción política sugeridas desde nuestro grupo, soluciones más
equilibradas y menos conflictivas, y, tomada la decisión con la
aprobación del Real Decreto-ley 14/1997, ha creído que la actitud autista
le sitúa en el ámbito doméstico en una posición sólida, mientras mira de
reojo la legislación de otros países de la Unión Europea. Para mejorar el
texto y corregir estas situaciones complicadas es para lo que no ha sido
útil la tramitación como proyecto de ley, que trae causa del citado Real
Decreto-ley 14/1997. En el trámite parlamentario de este proyecto de ley
el Grupo Parlamentario Popular se ha dedicado, más que a ponderar la
legalidad de la medida, a tapar algunas goteras ocasionadas por la
frenética y alocada carrera por modificar la denostada legislación que
las mayorías socialistas en el Parlamento habían aprobado, de tal manera
que los problemas apuntados en la exposición de motivos, razón
fundamental del real decreto-ley, han pasado a una discreta posición.
Así, el apartado nueve del texto remitido por el Senado modifica el
número 3º del apartado dos del artículo 78 de la Ley 37/1992 y modifica
el tercer párrafo del número 2º, apartado dos, del artículo 104. Se
modifican así las bases de cálculo para la aplicación de la regla de
prorrata e introducen en el denominador las subvenciones no vinculadas
directamente al precio de los bienes y servicios que reciban los
empresarios. Ello ocasiona graves problemas en algunos sectores y
empresas que reciben subvenciones y también originaba problemas en el
sector agrario en relación con las subvenciones percibidas de la Unión
Europea en la política agraria común.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alvarez, por favor.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Voy terminando, señor presidente.
El trámite en el Senado pretende resolver el problema relativo al sector
agrario, pero manteniéndose sin resolver con la nueva redacción del
artículo 104, apartado dos, el problema con respecto al resto de los
sectores o actividades, conforme fue redactado por la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1998. Ello ha
ocasionado al propio tiempo que el Grupo Parlamentario Popular haya
introducido en el texto una disposición transitoria, la quinta, lo que ya
ha ocasionado las quejas de los sectores y de las empresas afectadas, y
creemos que el texto es insuficiente para dar una solución eficaz al
problema. En la Ley 65/1997, de Presupuestos Generales del Estado para
1998, se recoge el criterio del coste de los elementos que se venden
conjuntamente con diarios, revistas o libros, y se modifican el artículo
78.dos.3º. y el artículo 91.dos. 1.2º. de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. La misma fecundidad
legislativa y los mismos tics relativos al pasado reciente obligaron al
Grupo Parlamentario Popular en el Senado a arreglar con la escoba la
deficiente modificación acometida por el citado artículo de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, recogida en el punto diez
del artículo único del texto remitido por el Senado, que al propio tiempo
exige la introducción de otra disposición transitoria, la sexta, en este
proyecto de ley.
Con estos hechos nada irrelevantes, y termino, señor presidente --nada
irrelevantes, por cierto, para muchas actividades empresariales y para
muchos sectores--, no es necesario insistir en la gravedad de la dinámica
en la que ha entrado el Gobierno. Esta fecundidad legislativa nos puede
dejar a todos estériles y vacíos, a los ciudadanos y a los empresarios;
impotentes ante una Administración, la tributaria, incapaz de controlar
todos los efectos más importantes de las normas que elabora, normas cuya
vigencia se extiende a períodos de tres meses en una legislación
tributaria de suma complejidad incluso para la propia Administración, a
cuyos funcionarios más especializados se pone en dificultades para
interpretar la norma vigente, mostrando claramente que se están
conculcando o limitando al menos los principios de seguridad jurídica y
de simplicidad. ¿Dónde está el acercamiento de la Administración al
ciudadano? ¿Dónde están los equilibrios entre los poderes o facultades de
la Administración y los derechos de los administrados? Su gran estatuto
del contribuyente puede ser una buena encuadernación con la que subyugar
a los creyentes, pero sus magníficas recetas parecen pensadas para que
las apliquen otros, pues la práctica legislativa de este Gobierno nos
trae proyectos de ley como éste que hoy termina su trayecto parlamentario
dejándonos a quienes ejercemos la oposición política una amarga sensación
al comprobar los avisperos jurídicos, domésticos y externos en los que
nos mete este Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez Gómez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Uno caería en la tentación inmediata de dar respuesta a la grandilocuente
intervención del portavoz socialista, sobre la que bastaría argumentar
con dos reflexiones muy claras. La primera, que el Senado...
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, no se le oye nada.
El señor ORTIZ GONZALEZ: La primera, que el Senado es una Cámara de
segunda lectura y actúa dentro de su legítima competencia constitucional
dando nueva redacción a las normas en el marco de la lógica de todo
proceso legislativo, que siempre es susceptible de perfección. Me parece
que fue Kierkegaard quien dijo que el ser humano llega a la verdad por
aproximaciones sucesivas. Esto es lo que sucede también en la
argumentación parlamentaria. La segunda reflexión es que las normas
fiscales o están conectadas con la realidad, y la realidad es cambiante,
o pierden su sentido. Consiguientemente, señor Alvarez Gómez, no se
rasgue las vestiduras porque el Senado introduzca modificaciones cuando
estas son sensatas, lógicas y tienen sentido.
Dicho esto, señor presidente, no quiero reabrir el debate del real
decreto-ley del que trae su causa este proyecto de ley, centrándome, como
ha hecho el portavoz socialista, en el tema controvertido y convertido en
monografía de la tributación de los servicios de peaje de las autopistas.
Sería volver a incidir en un conjunto de obviedades y de puras
recordaciones si se alude a que en el debate de la Ley de acompañamiento
se mandató al Gobierno para que produjera la rebaja del peaje de las
autopistas en un 7,7 por ciento, aproximadamente, bien mediante el
retoque de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido o bien mediante
otra mecánica de subvenciones. El Gobierno, legítimamente autorizado para
optar o para elegir, prefirió un retoque del IVA del peaje de las
autopistas. El portavoz socialista sigue recordando que, a su juicio, en
el famoso anejo H de la Sexta Directiva del Impuesto sobre el Valor
Añadido no figuran los servicios de transporte de viajeros y aduce un
conjunto de razones jurídicas que van fundamentalmente en la línea de
entender que una cosa es el contrato de transporte y otra el servicio de
peaje de las autopistas. Esto es así, pero la argumentación del Gobierno
y la que yo mismo le di en el debate en Comisión es que se ha utilizado
una asimilación,
se ha utilizado el concepto de analogía lícito en materia jurídica y se
ha entendido, en buena lógica, que se encuentra una solución en la
asimilación de la prestación del servicio de peaje a las autopistas al
contrato de transporte. Con ello se da solución a una problemática, la
del IVA del peaje de las autopistas, que, como sabe bien el señor Alvarez
Gómez, es controvertida y tiene todos los tratamientos en los países de
la Unión Europea, desde el tipo cero hasta la exención e incluso el tipo
bonificado. Consiguientemente, el Gobierno reitera las razones que en su
momento expuso y las que expusimos los portavoces en Comisión por
entender que esto está resuelto favorablemente, y si no apelo al
testimonio de los que utilizan nuestras autopistas de peaje.
Al margen de este tema, que de ninguna manera es monográfico en esta ley,
hay que referirse a las enmiendas que ha introducido el Senado en el
trámite correspondiente. Con independencia de alguna mejora técnica, la
que se recoge en el apartado 8 del artículo único, se ha incorporado una
enmienda del Grupo Nacionalista Vasco, que ya se formuló en Comisión, que
aborda el problema de la responsabilidad solidaria en los depósitos
aduaneros mediante la adición de un párrafo según el cual, para
posibilitar la exigencia de esta responsabilidad, será necesario que haya
un requerimiento o una liquidación que condicionará la salida de la
mercancía del depósito aduanero.
En cuanto al artículo 9, en el Senado se aborda el problema de las
subvenciones, fundamentalmente el problema de las subvenciones agrarias,
tanto las vinculadas a los precios como las no vinculadas a los precios,
naturalmente teniendo presente la modificación que ello comporta respecto
a dos preceptos importantes de la Ley del IVA, por una parte el artículo
78 y, por otra, el artículo 104, que regula la regla de prorrata. Aunque
con las dos modificaciones introducidas en el Senado creo que se da
solución al problema de la prorrata --en definitiva estamos en presencia,
si me permiten la expresión, de la trampa que significan las exenciones
en el IVA porque automáticamente se trata de cuotas no deducibles, con lo
cual la aplicación de la regla de prorrata es menos favorable que la
exención o la no inclusión en la base de la subvención--, atendiendo las
razones del Grupo de Convergència i Unió y atendiendo las razones
coincidentes de otros grupos, mi grupo va a reconsiderar en la votación
el capítulo referido al artículo 78 y va a volver al texto que salió de
esta Cámara con ocasión de la Ley de acompañamiento. Consiguientemente,
el artículo 78 de la Ley del IVA quedará, al ser desestimada como
suponemos esta enmienda, en los mismos términos que quedó modificado como
consecuencia de la Ley de acompañamiento.
El resto de las enmiendas introducidas en el Senado están llenas de
profundo sentido y razón. En la que hace referencia a los libros,
periódicos y revistas y aquellos elementos que les acompañan, el Senado
lo único que hace es retocar el precepto y adecuarlo a las circunstancias
actuales, en el bien entendido de que se trata de seguir manteniendo la
aplicación del tipo reducido del IVA del 4 por ciento. Las demás
enmiendas apenas merecen mención.
El señor PRESIDENTE: Por eso vaya concluyendo, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Acabo, señor presidente.
Son enmiendas de carácter técnico y se refieren a la coordinación entre
los regímenes de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen específico de la agricultura, ganadería y
pesca, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Con estas modificaciones se completa este proyecto de ley y es obvio
decir que el Senado ejercita su condición de Cámara de segunda lectura y
su legítimo derecho a mejorar el texto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
--PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente
121/000072)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley modificativo del Impuesto sobre el Valor Añadido y
habiéndose fijado la votación de tales enmiendas para el final de la
tramitación del punto VI, de todas las enmiendas del Senado, pasamos al
siguiente proyecto de ley afectado por tales enmiendas del Senado, que es
el general de telecomunicaciones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Comenzamos por el Grupo de
Coalición Canaria. Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Con respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, un sinnúmero de
ellas, sobre las que afortunadamente el mensaje motivado de la Cámara
Alta nos simplifica la intervención dado que ha dejado de citar
expresamente todas aquellas que están fundamentadas en una cuestión
gramatical, de estilo o puramente de corrección técnica, me permito
centrarme en la valoración y en la fijación de posición de mi grupo en la
votación de las mismas, que adelanto que van a ser todas favorablemente
votadas, porque entendemos que deben serlo enmiendas como la dirigida al
artículo 22 en el Senado, que da una explicitación técnica y de garantía
jurídica en el nuevo apartado 3, que va a permitir determinar,
en la aplicación reglamentaria en su momento, que las obligaciones
impuestas a los operadores dominantes sean también exigibles a los
operadores del servicio de telefonía móvil; también la enmienda dirigida
al artículo 26, donde los principios aplicables a los precios de
interconexión serán dirigidos a los operadores de los servicios móviles,
aunque no tuvieran la condición de dominantes en ese sector.
La enmienda al artículo 46 establece la aprobación del órgano competente
del Ministerio de Fomento para aprobar el proyecto técnico de instalación
de una red de telecomunicaciones de un operador al que sean exigibles
obligaciones de servicio público. Se nos había pasado en esta Cámara
incluir que no solamente deberá tener la declaración de utilidad pública,
sino algo derivado de lo mismo, como habíamos tenido ocasión de ver
recientemente en la Comisión de Justicia e Interior y también en este
Pleno en el proyecto de ley de lo contencioso-administrativo, actualmente
en trámite en el Senado, para ver los efectos que se derivan en la
legislación oficial de una declaración pública conexa con la expropiación
forzosa. Era necesario que esto se reconociera aquí.
En cuanto a la enmienda dirigida al artículo 52, es importante en unas
telecomunicaciones, tanto en el régimen oficial como en el régimen de las
empresas privadas, para evitar espionaje industrial o cualquier otra
desviación ilícita de la información, que se tengan en cuenta las
características del cifrado, de los mensajes en cifras, en cualquiera de
los órdenes técnicos que se puedan efectuar y en los controles que
corresponden a la Administración.
La enmienda al artículo 76 trata de dar unas garantías a los funcionarios
que realizan los servicios de inspección, así como a los responsables de
las empresas privadas que hacen la prestación del servicio o de
explotación de las redes.
Quiere destacar mi grupo que va a prestar su apoyo no solamente
aritmético sino político a la enmienda a la disposición adicional sexta,
que va a permitir al Consejo de Ministros transformar la naturaleza
jurídica de la entidad pública empresarial de la red técnica española de
televisión, convirtiéndola en sociedad mercantil. Creemos que es un
detalle de una significación no puramente de Derecho civil o mercantil,
sino de un calado político importante.
Con la disposición adicional undécima nueva que se ha introducido aquí,
creemos que es importante dar unas garantías jurídicas a los servicios de
telecomunicación en materia de infraestructuras con respecto a la
legislación actualmente vigente.
Finalmente, las disposiciones transitorias cuarta y octava y la nueva
disposición adicional undécima, esta última para permitir figurar de
manera explícita al servicio de correos y de telégrafos, contemplan la
posibilidad de participar mayoritariamente en sociedades vinculadas a
este sector. Creemos que la enmienda a la disposición transitoria cuarta
introduce un ordenamiento en las competencias de la cúpula gubernamental,
lo que en nuestro texto era solamente una atribución al Consejo de
Ministros para fijar los precios y recargos, competencia que en verdad
estaba atribuida por ley y por tradición a la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos del Gobierno.
Dicho todo esto, termino, señor presidente, haciendo una valoración
positiva de este importante proyecto de ley, del que mi grupo quiere
destacar lo siguiente. Es un buen proyecto técnico --lo dijimos en
noviembre durante el debate--, hace una trasposición de la directiva
comunitaria muy ajustada al espíritu y la letra de la misma y se ha
perfeccionado en su aclaración para seguridad jurídica de los usuarios.
De todas formas, ya dijimos en noviembre que teníamos unos peros y unas
reservas que hacer sobre el alcance y la valoración política del mismo.
Esto, afortunadamente, se ha podido corregir en los trámites tanto de
ponencia, Comisión y Pleno de esta Cámara como del Senado. Yo quiero
destacar aquí, señor presidente, el entendimiento que mi grupo ha tenido
tanto con el Ministerio de Fomento y sus técnicos como especialmente con
el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz la señora Mato, a
la que quiero agradecer personalmente, en nombre de mi grupo, la
comprensión y aceptación de lo que planteábamos y que se reflejó en el
artículo 42, en el que se hace una extensión de nuevas obligaciones de
servicio público distintas al servicio universal y obligatorio, el
sentido de cohesión territorial que hay que dar a través de las nuevas
tecnologías y servicios como en la sanidad, la educación y la cultura y
que, en su momento, se pueda desarrollar reglamentariamente. Quiero
destacar fundamentalmente la disposición adicional décima, que contempla
algo muy valorado en Canarias y por mi grupo parlamentario: la
especificidad, la lejanía y la insularidad, hechos reconocidos en nuestra
Constitución y en el ordenamiento jurídico.
Por estas razones, señor presidente, y porque nos encontramos satisfechos
de este importante texto que va a dar cobertura y armazón a lo que es una
moderna ley de telecomunicaciones que dará justificación a cualquier otra
innovación técnica, pero con un sentido moderno de Estado y de la
Administración pública que lo tiene que tutelar, vamos a votar
favorablemente.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente las enmiendas que
remite el Senado a este proyecto de ley de telecomunicaciones, que
constituyen en
su conjunto pequeños retoques que inciden en este proceso de
liberalización del sector, tanto desde la perspectiva de la
competitividad facultando a los distintos operadores la actuación en el
sector en condiciones debidas, como desde la perspectiva competencial
fijando con mayor precisión las competencias de las comunidades autónomas
en materias de industria, en temas como la homologación, la normalización
o la certificación, y en materias de comunicación social, delimitando
estos dos campos tan cercanos con mayor precisión, conforme a la
legislación en vigor. Así, por ejemplo, las funciones de inspección y
sanción sobre los medios de comunicación social competen a las
comunidades autónomas. En el ámbito propio de los contenidos de esta ley,
el Grupo Parlamentario Vasco entiende razonables las matizaciones que el
Senado ha introducido en materia de interconexión, fijando las
condiciones en las que las mismas deben producirse entre los distintos
operadores, así como los principios aplicables a los precios de
interconexión a los operadores de servicios móviles. En consecuencia,
dado que compartimos los contenidos de las enmiendas que remite el
Senado, vamos a votarlas favorablemente en su conjunto.
Al igual que ha hecho el señor Mardones, no quisiera terminar sin
agradecer al Grupo Popular la receptividad que ha tenido con las
propuestas que este grupo parlamentario ha presentado a este proyecto
tanto en el Congreso como en el Senado, así como al ministro de Fomento
por el planteamiento en relación con este tema y por haber encontrado las
leyes básicas en un sector tan delicado y en el que tantas inversiones se
están proyectando y realizando, fijando unas reglas mínimas que permitan
que los distintos operadores que van a ser introducidos en este sector o
que están funcionando puedan encontrar el marco normativo debido para
que, con suficiente transparencia, se fomente la competitividad. Creo,
señor presidente, que es un buen marco de relación entre grupos
parlamentarios el que ha conocido la tramitación de este proyecto de ley,
por lo cual nos alegramos y felicitamos tanto al Grupo Popular como al
Ministerio de Fomento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente las enmiendas que
se han introducido en el trámite del Senado a este proyecto de ley
general de telecomunicaciones, numerosísimas enmiendas que de alguna
forma constituyen una enmienda a la totalidad pero de carácter gramatical
del texto que aprobamos en su momento en esta Cámara. Y vamos a votar
estas enmiendas valorando el hecho de que damos un paso ya definitivo
para aprobar este proyecto de ley y, con ello, un paso importante en lo
que constituye el largo proceso de liberalización de las
telecomunicaciones en este país. Este es un proceso que hemos defendido
desde siempre con ahínco y con convicción desde estos escaños, porque lo
considerábamos absolutamente necesario e imprescindible para no perder el
tren del futuro. Obviamente era un proceso que venía obligado en parte
por las exigencias de nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero
también era un proceso cuya conclusión va a reportar un sinnúmero de
beneficios para los ciudadanos y las empresas.
No nos hemos cansado de repetir a lo largo de este debate --y hoy lo haré
una vez más, aunque sea por última vez-- que la introducción de la
competencia en este sector comporta --de hecho ya lo está comportando--
un notable y muy positivo impacto en la competitividad de las empresas,
pero también un impacto notabilísimo en la vida cotidiana de los
ciudadanos, en primer lugar, porque van a ser ya considerados como
clientes de las empresas de servicios de telecomunicaciones, cosa que en
el pasado no siempre ha sido así, sino más bien lo contrario, pero
también porque van a beneficiarse de la aparición de un sinnúmero de
nuevos servicios de telecomunicaciones que van a llegar a sus hogares y
que en cierta forma van a cambiar su vida haciéndosela más cómoda y más
fácil, y todo ello en unas condiciones de precio que serán seguramente
inmejorables y, desde luego, reducidas en relación con los precios
actuales, algo que sólo se puede dar en una situación de mercado abierto
como el que vamos a tener. También quiero destacar que con la aprobación
de esta ley vamos a disponer finalmente de una ley muy similar a aquellas
de las que se están dotando los países de la Unión Europea, los países de
nuestro entorno, una ley que va a contribuir también a disminuir, a hacer
menor el gap telecomunicacional que tradicionalmente nos ha separado de
Europa.
Para terminar, señor presidente, y entrando también en el capítulo de los
agradecimientos, quiero destacar y hacer patente, como lo han hecho otros
grupos parlamentarios, la gratitud de nuestro grupo por el talante
negociador y abierto que hemos encontrado tanto en el Grupo Parlamentario
Popular como en la Secretaría General de Telecomunicaciones y el propio
Ministerio de Fomento. También quisiera felicitar al Ministerio y
felicitarnos todos los grupos de la Cámara porque con esta ley culminamos
un proceso que ha sido largo y farragoso, al cual hemos dedicado
muchísimas horas, y que ha contribuido a tejer ese armazón legislativo en
materia de comunicaciones que hoy, repito, culminamos con la aprobación
de esta ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Con este acto termina hoy aquí un largo camino de debate en torno a una
ley clave y fundamental de cara a la organización de la sociedad de la
información, con vistas al siglo XXI. Nuestra tristeza radica un poco en
el hecho de que esta ley de enorme importancia va a pasar ante la opinión
pública sin pena ni gloria, habiéndonos robado el protagonismo, por
ejemplo, la portería que se rompe en un partido de fútbol y cosas por el
estilo. Como digo, esta ley que organiza la sociedad del siglo XXI pasa
casi a la clandestinidad en su debate ya que no se conocen las
consecuencias de enorme importancia que va a tener sobre la vida pública
y cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este
país. Es la enorme tristeza que tenemos todos los que hemos participado
durante muchísimo tiempo en el debate de esta ley que nosotros no
compartimos. Lo decimos de manera rotunda aunque serena porque nos parece
que esta organización de la sociedad de la información, que se está
haciendo en España de cara al siglo XXI, es radical en el sentido de que
convierte en mercancía, directamente en mercancía, mucho más allá que en
otros países del entorno, lo que sin duda es un derecho, un derecho a la
sanidad, a la educación, a lo que en muchos casos se ejerce como
monopolio por el Estado o en lo que, en todo caso, el Estado se reserva
una parte muy importante, no privatizándolo todo bajo el sesgo de que se
trata de una estrategia de liberalización, para controlar en algún
sentido la aplicación, por ejemplo, del llamado servicio universal. En
esta ley el servicio público decae y en su seno se contempla un servicio
universal de telecomunicaciones raquítico, lo menos que se despacha en
botica, como tuve ocasión de demostrar desde la tribuna a la hora de
hablar de lo que ha hecho el resto de los países de la Unión Europea.
Aquí se ha llegado al extremo más radical de privatización y
liberalización, lo que contrasta seriamente con nuestras ideas y de ahí
las cien enmiendas que, junto a la enmienda de totalidad, interpuso a
esta ley el Grupo Federal de Izquierda Unida. Al mismo tiempo, esta es
una ley que ofrece al Gobierno la posibilidad de una enorme
discrecionalidad, de una casi total discrecionalidad. No sabemos cuántos
reglamentos va a tener que desarrollar el Gobierno a partir de esta ley,
desde luego más de uno y más de diez, lo cual nos lleva a la
consideración de que no es posible admitir esta enorme discrecionalidad
en manos del Gobierno a la hora de desarrollar una ley de enorme
importancia.
A la hora de modernizar los componentes del servicio universal nosotros,
junto a algún otro grupo, habíamos introducido una enmienda para que, por
ejemplo, lo que se conoce como Internet se inscribiera en el seno del
servicio universal como un servicio adecuado para estar en las escuelas,
en la universidad, en la Administración del Estado a todos los niveles,
cosa que se ha rechazado de una manera que a nosotros nos parece poco
meditada y que deja ver que el servicio público, el servicio universal
que se contempla en la ley es de mínimos y en absoluto responde a las
necesidades... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, sobre todo en los graderíos altos. Silencio, señor Gortázar.
Continúe, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Seguramente están hablando de la portería de
fútbol, señor presidente.
Decía que ese servicio universal en absoluto se corresponde con las
necesidades de organizar el servicio de la información que, de cara al
siglo XXI, no debe ser un servicio fracturado, un servicio distinto
--vamos a decirlo directamente y ahorramos palabras-- para ricos y pobres
o para territorios ricos y territorios pobres o para distintos
territorios en función de lo que suponga el denominado precio asequible.
El denominado precio asequible y la calidad son dos elementos que tampoco
se contemplan de manera adecuada en este proyecto de ley que hoy, acto
contiguo, pasará al Boletín Oficial del Estado. No aparecen determinadas
las características concretas de la calidad adecuada y el precio
asequible y, por tanto, nosotros no compartimos ese texto legal que hoy
se va a aprobar aquí por una mayoría a la que sí se ha consultado, no así
al resto de la Cámara, por lo menos en lo que concierne a los
representantes del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Nos parece que tampoco se recogen de manera adecuada las garantías de los
usuarios; no tienen la defensa que nosotros consideramos que debieran
tener de cara a la prestación de este servicio de enorme importancia.
Nosotros dijimos en su momento que era una ley que no tenía el consenso
adecuado. Realmente va a salir con los votos de la mitad de la Cámara y
quizá con menos si no los traducimos a escaños en función de la ley
D'Hondt. No va a salir con la mayoría de los votos de esta Cámara en
cuanto votos populares; va a salir con pocos votos. Además, el hecho de
que se haya corregido a fondo el texto, aunque sea a partir de variantes
superficiales, gramaticales y de estilo, demuestra que hasta cierto punto
era una ley improvisada en su redacción. Tenía un cierto grado de
improvisación que se demuestra en el hecho de que se hayan interpuesto
aproximadamente cien enmiendas por el Grupo Popular, que es el que
sostiene y a veces soporta al Gobierno, lo que prueba la falta de madurez
de la redacción de la ley. Por tanto, poco consenso y falta de madurez en
su redacción, junto a las cuestiones de contenido que he relatado
anteriormente, son las razones que nos llevan a no dar nuestro voto
positivo a las
cien enmiendas que vienen del Senado, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Víctor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, cuando se inició el trámite de este proyecto
de ley, el Grupo Socialista dijo que le parecían muy bien los objetivos
pero que no estaba en absoluto de acuerdo con el contenido. Teníamos la
esperanza de que a lo largo de su tramitación estas circunstancias
variaran, pero tras las enmiendas del Senado mucho me temo que todo ha
quedado igual, si no incluso un poco peor. De dos tipos son las razones
que justifican nuestro rechazo a las enmiendas del Senado. De un lado, en
su aspecto más formal, hay que afirmar que es inaudito lo que ha pasado
con el debate de este proyecto de ley en el Senado. La señora Mato no se
ha cansado de decir que este proyecto de ley llevaba mucho tiempo en el
Congreso --nueve meses-- y que había sido objeto de un profundo debate
que había permitido el consenso de algunos grupos políticos, como se ha
visto en estos intercambios florales que ha habido en la primera hora de
la mañana, para alcanzar un texto en el que el Grupo Socialista no ha
tenido ninguna participación. Y ha quedado fuera no por lo que ustedes
dicen de vez en cuando respecto a que no sabemos aceptar que no somos
Gobierno o a que estuvimos catorce años en el Gobierno y no hicimos una
ley de este tipo, que creo que son actitudes y exageraciones demagógicas
impropias de alguien que tiene la responsabilidad de gobernar y que las
plantea cuando no tiene otra cosa que decir a las críticas que se
formulan desde la oposición.
Me parece conveniente poner de manifiesto que quien ha estado debatiendo
este texto tanto tiempo --nueve meses, como he dicho antes-- ha
presentado en el trámite del Senado 141 enmiendas a un proyecto de ley de
85 artículos y varias disposiciones transitorias y adicionales,
tramitándose además este proyecto de ley en el Senado por vía de
urgencia, es decir, veinte días de tramitación, sin que haya habido
tiempo material para analizarlo con un mínimo rigor. Y por mucho que se
diga que se trata de mejoras gramaticales, de redacción o técnicas, lo
que se ha puesto de manifiesto en las intervenciones que se han producido
hasta ahora es que de eso, nada de nada; que ha habido variaciones
sustanciales, modificaciones y cambios de terminología. Como ustedes
saben, señorías, cambiar un verbo por otro, cambiar una frase por otra,
aunque a primera vista pueda parecer que no tiene ninguna trascendencia,
sí que la tiene para hacer una interpretación rigurosa cuando hay
conflicto de intereses.
En el Senado se tenía que haber hecho el debate con sosiego y con
tranquilidad, en un trámite normal, y aquí nos encontramos ahora con 141
enmiendas que allí se han aprobado. Me gustaría saber si este
comportamiento del partido que soporta el Gobierno es serio; me gustaría
saber qué escándalo hubieran montado ustedes si nosotros hubiéramos hecho
algo por el estilo. Si hubiéramos presentado 141 enmiendas en el Senado,
ustedes habrían abandonado la Cámara, estoy seguro, porque no entenderían
que a una ley de esas características se presentara un número semejante
de enmiendas.
Me da la impresión, señorías, de que para ustedes el debate parlamentario
es un calvario que tienen que padecer, y lo llevan con la mejor actitud
que pueden, pero no es sin duda lo que más les gusta hacer, por lo que
han querido correr en la tramitación de esta ley con la finalidad de
sacar adelante un texto que está efectivamente consensuado con la mitad
de la Cámara, que va a tener un apoyo de los grupos que han hecho sus
aportaciones y que va a salir adelante muy a pesar nuestro y, desde
luego, muy en contra de nuestros criterios.
Por otro lado, nosotros no podemos avalar con nuestro voto el fondo y el
contenido de un proyecto de ley que vuelve a esta Cámara con las mismas
inexactitudes, con las mismas atipicidades, con los mismos planteamientos
que cuando salió.
En primer lugar, difiere muchísimo la regulación del servicio universal
que planteamos nosotros de la que se recoge en el proyecto de ley. Si lee
nuestras enmiendas verá que la amplitud de su contenido es notable, y me
gustaría que ustedes hubieran reconsiderado en el contenido del proyecto
de ley el servicio universal de otra manera. Vi el otro día cómo el señor
presidente del Gobierno y a la señora ministra de Educación utilizaban
Internet para comunicarse desde una escuela de niños de un pueblecito de
Teruel y demostrar que por su parte existe voluntad de que llegue a la
escuela un servicio universal en condiciones. Señorías, así no. El
servicio de Internet, o en general el servicio de acceso a la información
en línea, desde nuestro punto de vista tiene que ser universal y no
servicio obligatorio. Financiarlo, como pretenden hacerlo ustedes, con
cargo a los presupuestos es un error; no va a poder financiarse de esa
manera, y esa imagen idílica que han planteado ustedes, esa voluntad de
que haya Internet en las escuelas, no tiene mucho que ver con lo que va a
suceder en el futuro. Me da la impresión de que forma parte de una
campaña eminentemente publicitaria. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un
momento, señor Morlán.
Señor Martínez Sanjuán, ahí se está formando un corrillo. Si fuera tan
amable de trasladarlo fuera del hemiciclo. (Pausa.) Gracias, señorías.
Adelante, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Decía, señora Mato, que es inadmisible que esta
experiencia piloto que ustedes han puesto en marcha no haya tenido una
generalización y una contemplación en esta ley en el sentido de mostrar
su preocupación porque tenga un sistema de financiación igual que el de
telefonía básica. Plantear en estos momentos que el servicio universal
está basado en la telefonía básica es un error muy serio, muy grave y que
no responde al futuro; responde a lo que ha sucedido hasta este momento
en este país, que es considerar el teléfono como uno de los elementos
básicos de nuestra comunicación, sin pensar que esta ley tiene que mirar
hacia el futuro. Desde nuestro punto de vista, sí tendría que haber
comprendido dentro del servicio universal todo lo que sea Internet,
concretamente como un elemento de comunicación y de transmisión de
información y de datos entre los ciudadanos, que con independencia de su
territorio y de sus capacidades económicas tienen perfecto derecho a
ello, o deberían tenerlo en nuestra opinión. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Este proyecto de ley
debe trasponer las directivas comunitarias, debiera trasponerlas; ya ha
traspuesto parte, y cuando se traspone la parte y no se traspone el todo
nos encontramos con lagunas muy serias. Tenemos lagunas en materia de
interconexión, tenemos lagunas en materia de separación de cuentas, en
todo lo que está relacionado con la numeración, tenemos lagunas con
muchos aspectos que contribuirían a gozar en este país de unos servicios
de telecomunicación acordes con los que se están generando en el resto de
la Unión Europea.
Para nosotros no es una buena ley, señorías. Creemos que guardan para sí
un importante desarrollo reglamentario. Es incomprensible que ustedes,
que dicen que no lo son, sean tan intervencionistas. Esta ley se va a
tener que desarrollar por cien reglamentos. La capacidad que tiene el
Gobierno para hacer lo que le venga en gana es inaudita; y no pensamos
que sea la mejor forma para desarrollar el funcionamiento, el contenido,
la financiación o hacer llegar a los ciudadanos esos servicios de
telecomunicación que ustedes han planteado. Permítame una frase: ustedes
son de la escuela del Conde de Romanones: nosotros vamos a hacer la ley
aquí, en el Parlamento, y el Gobierno va a hacer lo que le dé la gana e
los reglamentos. Esa fórmula no creo que sea la más adecuada para llevar
a cabo el desarrollo normativo de un marco tan importante como el de las
telecomunicaciones.
Por último, da la impresión de que ustedes se olvidan de los usuarios, de
los consumidores. En esta materia tan compleja, tan difícil, en esta
materia que está sufriendo una transformación tecnológica continua, sería
necesario --como nosotros propusimos y ustedes no aceptaron-- que hubiera
un estatuto del consumidor, del usuario, en el que se le garantizaran
cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, que viera
recogidas cuáles son sus perspectivas, que viera recogido qué puede hacer
y qué va a pasar con los medios de telecomunicación. Ustedes eso no lo
han hecho.
Con este texto que aprueban hoy vamos a ser beligerantes; no nos gusta
nada y vamos a estar vigilantes, porque entendemos que su aplicación, en
modo alguno debe menoscabar los intereses y los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas de este país.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra
posición favorable a la aceptación de las enmiendas presentadas por el
Senado a la Ley general de Telecomunicaciones. Mis primeras palabras,
como no puede ser de otra manera, tienen que ser para felicitar a los
portavoces en el Senado por el trabajo que han realizado en un breve
espacio de tiempo, puesto que la ley se ha tramitado en el Senado por
procedimiento de urgencia, para incorporar las mejoras que han
considerado convenientes, fundamentalmente en materia gramatical, como
dice la memoria que nos ha llegado del Senado, así como algunas otras
aportaciones que sí tienen un carácter más de fondo, y que sin duda han
conseguido mejorar el texto que había salido del Congreso.
Señorías, pocas veces encontraremos un proyecto de ley como éste que
estamos debatiendo hoy para su aprobación definitiva, en el que todos los
portavoces, al menos los portavoces del Grupo Popular, hayan hecho tanto
esfuerzo para lograr un consenso. No digo que el consenso se haya
conseguido, pero diálogo no ha faltado con ningún grupo parlamentario de
esta Cámara. Lo cierto es que en aras a ese consenso este texto ha
sufrido muchísimas modificaciones mediante enmiendas transaccionales con
todos los grupos parlamentarios --a algunos grupos se les han ofrecido,
pero no lo han aceptado--; esas enmiendas transaccionales han conseguido
que el texto se haya redactado de nuevo en el Senado, puesto que había
muchas modificaciones gramaticales por las innumerables incorporaciones
de sugerencias de otros grupos parlamentarios.
Este proyecto de ley que presentó el Gobierno es eminentemente técnico
--como decía el señor Morlán-- para incorporación de directivas
comunitarias.
Las directivas comunitarias se incorporan porque son de obligado
cumplimiento y después los grupos parlamentarios en el Parlamento
legítimamente tienen que adaptar esas directivas parlamentarias al
entorno español, al entorno de competencia española.
Estamos en una etapa diferente, creo que ustedes todavía están con el
chip del siglo XX, nosotros ya estamos en el siglo XXI.
(Rumores.--Aplausos.) Digo eso porque cuando ustedes hablan de la
liberalización de las telecomunicaciones y de una ley general, pretenden
hacer una ley como hicieron con la LOT, una ley que no se adaptaba en
absoluto al tiempo real, una ley que ya nació obsoleta, una ley que nació
muerta y hubo que modificarla; cada dos años, cada año o cada seis meses
había que hacer un reglamento, un decreto, otra nueva ley para
modificarla. Esta ley, sin embargo, es una ley del siglo XXI, es una ley
del futuro, mira al futuro y mira a una etapa liberalizada, una etapa
diferente.
Esta ley que ha sido aprobada por la mayoría de las dos Cámaras, y digo
la mayoría de las dos Cámaras porque se ha aprobado por mayoría simple de
esta Cámara y por mayoría absoluta en el Senado, representa absolutamente
los intereses de los ciudadanos que han elegido a los grupos
parlamentarios que han votado esta ley. Este proyecto culmina un proceso
de liberalización que empezó con la llegada del Partido Popular al
Gobierno. Empezó con el real decreto de liberalización de las
telecomunicaciones que dio paso a que haya dos operadores de telefonía
fija y en breve habrá un tercer operador de telefonía fija; dio paso a
que se pusieran en marcha los concursos de cable que van a proporcionar
más operadores de telefonía y también nuevos canales de televisión; se
dio paso al desarrollo de la televisión por satélite, que es una
televisión de pago en competencia, de la que antes no disponíamos, y
también se previó la total liberalización, a partir del año 1999, junto
con un tema muy importante que es la creación de una autoridad
independiente, como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Todas estas cosas han dibujado un panorama distinto al que existía con
anterioridad. Recuerden ustedes que no estábamos en el vagón de cola de
Europa, sino que incluso estábamos pendientes de acogernos a la moratoria
que daría lugar a que la liberalización de las telecomunicaciones en
España llegará ya bien entrado el siglo XXI. Por tanto, señorías, el
avance en año y medio ha sido considerable y todos los grupos hemos
aportado para que esto fuera así. En cualquier caso, este Gobierno ha
actuado no con precipitación, sino con diligencia.
Mi grupo parlamentario ha presentado unas enmiendas, repito, para adaptar
y acotar las directivas que están incorporadas en esta ley. Todos los
grupos parlamentarios presentaron enmiendas. Comentaba el señor Morlán el
precedente que suponía. Se habían presentado 140 enmiendas que, como todo
el mundo sabe son gramaticales, y como he dicho --también lo sabe todo el
mundo si ha seguido los debates en esta Cámara-- responden única y
exclusivamente a la adopción de las enmiendas transaccionales que se han
pactado con otros grupos para mejorar la redacción final.
Siempre que un proyecto de ley viene del Gobierno en una cierta etapa,
la denominada del rodillo, y no se introduce modificación alguna,
obviamente no hay que presentar ninguna enmienda en el Senado, porque no
se ha modificado en absoluto y el proyecto se queda como estaba. Si una
ley viene por otro procedimiento, el del consenso, el del diálogo, el de
la tolerancia, que es el que predomina en el Grupo Popular... (Rumores.)
en ese caso obviamente la ley se tiene que modificar y, por tanto, hay
que adaptar el lenguaje a las distintas enmiendas que se plantean.
En cualquier caso, señorías, la memoria le falla algunas veces al Grupo
Socialista, porque en la anterior Ley del Suelo, la del año 1990, se
presentaron más de 300 enmiendas por el propio Grupo Socialista y,
además, hay que recordar que 250 artículos fueron anulados por el
Tribunal Constitucional. Una ley que se presentó por el Gobierno
socialista, repito, que fue enmendada con más de 300 enmiendas por el
mismo Grupo Socialista, y al final el Tribunal Constitucional anuló en su
mayoría los 250 artículos de esa ley.
Por tanto, señorías, creo que en algunas ocasiones es mejor estarse
callado y colaborar a que las leyes salgan de la mejor manera posible,
sobre todo cuando estamos hablando de mejoras gramaticales. Yo no
entiendo que SS. SS. se opongan hoy a las 140 enmiendas gramaticales que
se han presentado para mejorar el texto. Entendería que se opusieran a
las enmiendas de fondo que se hayan presentado en el Senado y que a
ustedes no les parezcan bien, pero los senadores también tienen derecho a
incorporar modificaciones en la ley, como SS. SS. saben.
En cualquier caso, es importante que una ley, aunque a ustedes no les
guste, si la acepta las mayoría de esta Cámara y se va a aprobar,
tratemos todos juntos de que salga lo mejor posible. Por tanto me
gustaría que reflexionaran y votaran favorablemente a las enmiendas que
son puramente gramaticales, enmiendas técnicas que en absoluto afectan
para mejorar ni para empeorar el fondo de la ley, pero sí modifican la
forma que quedaría mucho más clara para los futuros legisladores y para
todos los ciudadanos.
Señorías voy a ir finalizando no sin antes señalar tres cuestiones. Esta
ley es una ley de futuro, una ley para el Siglo XXI, es una ley que, en
primer lugar, recoge lo que es la competencia. En España hoy ya tenemos
competencia. Tenemos competencia en telefonía, tenemos competencia en los
distintos servicios de telecomunicaciones y la competencia, además, la
notan los ciudadanos, la notan en la calidad de los servicios, la notan
en la oferta de servicios, la notan en las tarifas
de los servicios. Creo que todos los políticos deberíamos buscar el
interés de los ciudadanos, y los ciudadanos, sin ninguna duda, están
contentos hoy con la competencia que ha traído la liberalización de las
telecomunicaciones.
En segundo lugar, esta ley que consagra la competencia --es una ley hecha
para la competencia, para un período de competencia--, también garantiza
el servicio universal. Por mucho que ustedes se empeñen en minimizarla,
garantiza un servicio universal de telecomunicaciones cuya definición es
exactamente la misma en toda Europa. Quiere decir esto que todos los
europeos, los europeos de cualquier país tenemos exactamente garantizado
el acceso, a través del servicio universal, para los mismos servicios de
telecomunicaciones.
Sin embargo, el Gobierno no se ha contentado con eso. El Gobierno y los
grupos parlamentarios --porque es cierto que en este tema también se ha
mejorado mucho el proyecto enviado por el Gobierno-- quisieron ir más
lejos. No sólo quisieron el servicio universal, que es un servicio
universal europeo que todos los europeos tenemos garantizado exactamente
igual, sino que han decidido fijar unos servicios obligatorios y unas
obligaciones de servicio público para todos los españoles. Además, es un
contrato flexible que se introduce en la ley a medida que haya
innovaciones tecnológicas, y todas SS. SS. saben que las
telecomunicaciones están avanzando muy deprisa; por tanto bueno será que
haya algún procedimiento para que no haya que modificar la ley cada vez
que se produce un avance tecnológico sino que el Gobierno pueda
directamente decidir, porque haya una demanda social sobre un nuevo
servicio, que ese servicio sea obligatorio prestarlo para todos los
ciudadanos a través de todos los operadores que operen en España.
Fundamentalmente, y además así consta en la ley, se hace referencia a la
sanidad, a la educación y a la cultura.
Señorías, como digo, esta ley se aparta de lo que estábamos acostumbrados
en esta Cámara, es una ley que --me explico-- nace con tendencia a que
sea duradera. Se pretende que sea una ley general y una ley que se
desarrolle obviamente por los reglamentos y por el Gobierno para que no
tenga que estar modificándose como pasó con la LOT, y sea una ley en la
que pueda fiarse el sector de las telecomunicaciones, en la que se pueda
confiar y pueda producir inversiones.
Finalizo, señorías, no sin antes agradecer a todos los grupos
parlamentarios el esfuerzo que han realizado para que esta ley salga
adelante y llegue a buen término, como creo que ha llegado. Creo,
señorías, que hoy es un día en el que debemos felicitarnos todos los
grupos parlamentarios, los que han colaborado a la mejora de este texto
con sus aportaciones y también los que no han tenido voluntad política ni
altura de miras suficiente para hacerlo. A partir del día de hoy vamos a
contar con una ley que, sin ninguna duda, se ajusta al tiempo real; como
he dicho es una ley de futuro, está abierta a las innovaciones
tecnológicas y es acorde con los tiempos de liberalización y competencia,
exigidas tanto por la Unión Europea como por el Derecho comunitario.
También está dirigida a proporcionar un mejor servicio a los usuarios,
que podrán disfrutar de mejores y más baratas telecomunicaciones. Si en
esta ocasión ustedes también votan en contra de esta ley, ésa es su
responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
--PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS. (Número de expediente 121/000078)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de residuos. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos llegan del
Senado a este proyecto de ley de residuos que ya termina su andadura
parlamentaria. Haciendo una valoración genérica y global, creemos que es
un aceptable proyecto de ley, ley de residuos en el futuro inmediato, que
sin dar plena satisfacción a las aspiraciones de posiciones más
ecologistas, otras más reglamentistas, otras más de realismo técnico, sí
viene a recoger tanto el espíritu y la letra de las directivas
comunitarias --y así lo hemos entendido en los debates en ambas Cámaras--
como lo que debe ser un paso muy importante para metas más
complementarias en el futuro.
Creemos que ha sido acertada la reconsideración en el Senado de la
enmienda al artículo número 3 para modificar el concepto de
almacenamiento que tenía nuestro texto del Congreso, acentuando en este
caso la característica de la temporalidad de los depósitos y las
exclusiones que han de tener.
También destaco, entre estas enmiendas del Senado, la dirigida al
artículo 9 para someter a autorización el traslado de industrias o
actividades de residuos peligrosos. Está dentro de un grupo de enmiendas
que vienen a dar una aclaración explícita sobre todo para garantizar la
seguridad jurídica de las partes implicadas en todo proceso de
generación, almacenamiento y tratamiento de los residuos.
Igual diríamos de la enmienda dirigida al artículo 27, donde el Senado ha
hecho un perfeccionamiento de las competencias de las comunidades
autónomas. La Administración autonómica --ya lo dijimos aquí en
los debates durante la tramitación en la Cámara, en ponencia y en
comisión-- tiene un papel destacado, junto con la Administración local,
para la ejecución de este concepto legal. Dentro de una legislación
general del Estado son las comunidades autónomas, cuyas competencias
están reconocidas en sus estatutos, y los ayuntamientos, en el ejercicio
de las potestades del régimen de Administración local, los que tienen que
actuar de manera muy directa; por tanto la ley tiene que hacer este
reconocimiento, y creemos que el perfeccionamiento de facultades que se
confieren en las enmiendas del Senado al artículo 27 las viene a
satisfacer plenamente.
Finalmente, dado el abanico amplio de enmiendas del Senado quiero
destacar la que ha creado la nueva disposición adicional séptima, que
modifica la Ley de envases y residuos de envases para dar algo muy
importante y que destacaba precisamente en mis primeras palabras: la
seguridad jurídica del tratamiento fiscal de los envases. Esta figura del
tratamiento fiscal de los envases, y que los grandes productores tengan
la obligación de concursar en determinadas circunstancias empresariales
de prevención, da garantías técnico-jurídicas a este necesario e
importante proyecto de ley.
Por estas razones, señor presidente, y por las observaciones que hicimos
en lo referente al tratamiento de estos residuos en las áreas insulares,
fundamentalmente para los archipiélagos de Baleares y Canarias, por la
generación de los mismos, por las dificultades territoriales, por la
fragmentación insular del territorio de tratamiento y las necesarias
ayudas de la Administración, como esto quedó perfectamente reflejado nos
sentimos hoy satisfechos al votar favorablemente estas enmiendas y en su
conjunto todo el texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar con su voto las enmiendas que el
Senado ha introducido y remitido a esta Cámara en este proyecto de ley de
residuos. Nos encontramos con una serie de enmiendas que presentan
modificaciones técnicas por un lado, de redacción, competenciales, y las
propiamente referidas a los contenidos del proyecto de ley precisamente
en la línea de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco sostuvo en
los debates y trámites en esta Cámara. Entendemos que es razonable el
trabajo de peinado y relectura, en clave lingüística, que el Senado está
haciendo en los proyectos de ley que esta Cámara remite a la Cámara Alta,
pues con la redacción que aquí se presenta el proyecto de ley gana en
precisión y en rigor. Algunas enmiendas que no encontraron suficiente
apoyo en los trámites de esta Cámara, han gozado de mejor consideración
en la Cámara de las autonomías, en orden a facultar a las comunidades
autónomas para elaborar sus prioridades de actuación a partir de los
suelos contaminados que padecen y para determinar, asimismo, la forma en
que deberán limpiar y recuperar dichos suelos contaminados. Otras
enmiendas que presenta el Senado tienden a reforzar la seguridad jurídica
de los procedimientos que pone en marcha este proyecto de ley, y en
particular el tratamiento fiscal de los envases.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que las enmiendas
que el Senado ha introducido a este proyecto de ley mejoran el texto en
la orientación que este grupo parlamentario ha sostenido, y por ello
señor presidente, contarán con el voto positivo del Grupo Parlamentario
Vasco.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente las enmiendas
introducidas por el Senado a este proyecto de ley de residuos. No lo
podíamos hacer de otra forma porque la inmensa mayoría de las enmiendas
básicamente tienen un contenido de carácter técnico, y en los otros
casos, en aquellas enmiendas que no tienen ese carácter tan técnico,
entendemos que el Senado ha introducido mejoras en el proyecto de ley,
incluso algunas eran absolutamente necesarias dada la redacción de algún
precepto que salió de esta Cámara.
Con la votación de hoy vamos a dar un paso definitivo para aprobar la
trasposición de esta directiva del año 1991, una trasposición que ya
desde el primer momento, desde el debate de totalidad, nuestro grupo
parlamentario calificó de acertada, aunque también dijimos en ese momento
que era necesario introducir modificaciones, incluso algunas importantes
para que este proyecto de ley pudiera satisfacer las expectativas que se
habían depositado en el mismo. Esas modificaciones no se han introducido
en el Senado, se introdujeron en el Congreso, fundamentalmente en el
debate en Comisión, y se referían, por un lado, a adecuar mejor el propio
texto del proyecto de ley a la directiva, por ejemplo invirtiendo las
prioridades del proyecto y situando en primer lugar la prevención de la
producción de residuos, que es el objeto principal de la política de
residuos de la Unión Europea, como establece también el propio Tratado de
la Unión. También se corrigieron algunas cuestiones conceptuales, como la
referencia al tratamiento de los residuos urbanos. Se modificó,
mejorándolo
sustancialmente, todo el apartado relativo a las definiciones; por
ejemplo, la definición de valorización, de suelos contaminados, o de
almacenamiento, ésta corregida en el Senado acertadamente también, o de
residuos no peligrosos. En el capítulo de gestión de residuos se
introdujo el principio de suficiencia complementario al de proximidad,
establecido también en la normativa comunitaria para la eliminación de
residuos. Se ha mejorado el tratamiento de los suelos contaminados, y
para finalizar quiero destacar la nueva disposición final que se
introdujo en el debate del Congreso, y que desde este grupo parlamentario
ha constituido uno de los aspectos más novedosos del texto que
aprobaremos finalmente en relación al texto del proyecto de ley que
aportó el Gobierno a la Cámara.
Como saben SS. SS., pero quiero subrayarlo una vez más, esta disposición
final obliga al Gobierno a presentar en el plazo de un año un proyecto
que establezca un tributo o ecotasa con carácter finalista afectado al
tratamiento de los aceites industriales o lubricantes. Ello supone desde
nuestra perspectiva (y quiero subrayarlo como grupo parlamentario
impulsor de esta modificación, aunque también debo decir que no hemos
sido los únicos que lo hemos impulsado, y obviamente apoyado), extender
el principio de quien contamina paga y avanzar en el diseño de una
política medioambiental más eficaz, una política que tiene en cuenta el
instrumento que supone la fiscalidad para conseguir dichos fines
medioambientales. También establece dicha disposición final que el
Gobierno deberá establecer un sistema de devolución, depósito y retorno
de pilas usadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Termino,
señor presidente, reiterando nuestro voto favorable a las enmiendas del
Senado y manifestando nuestro convencimiento de que vamos a tener una
buena ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario está convencido de que cuando sale
del Congreso de los Diputados una ley hacia el Senado, en el Senado no se
va a mejorar sino que en algunas ocasiones incluso se tiende a empeorar.
Está claro que las enmiendas presentadas en el Senado, y que han sido
recogidas en el texto que hoy tenemos en esta Cámara, no han mejorado,
según nuestro criterio, la redacción que ya salió del Congreso y que,
desde nuestro punto de vista, tiene deficiencias y carencias bastante
importantes. No se ha mejorado su redacción en el sentido de mantener el
hecho de no querer introducir dentro del texto legislativo la
financiación tan necesaria para que se puedan llevar a cabo realmente los
planes de residuos y el plan nacional de residuos. Ha quedado sin
modificar que los ayuntamientos con población inferiores a 5.000
habitantes, mancomunadamente o de manera aislada si así lo prefieren,
tengan la obligación de hacer la recogida selectiva, dejando a un número
bastante numeroso de municipios de nuestro Estado fuera de la legislación
básica de residuos y sin obligación de hacer recogida selectiva, cuando
además son estos ayuntamiento los que lo tienen mucho más fácil, puesto
que son ayuntamiento de zonas rurales, donde se puede utilizar mucho
mejor la recogida selectiva que en las grandes urbes o en los grandes
municipios.
Se ha mantenido también sin modificar en este texto legislativo una
enmienda que se introdujo en el Congreso dando la posibilidad de que el
personal laboral haga labores de inspección, existiendo un informe del
letrado de la Cámara en el que se nos dice que no tendrán valor
probatorio las actas de inspección que levante el personal no
funcionario. Se ha mantenido en el Senado, no se ha querido modificar y
nos podemos encontrar con que tendremos personal laboral haciendo labores
de inspección y después habrá que enviar a un funcionario para que su
inspección tenga realmente carácter probatorio y se pueda multar o abrir
expediente sancionador a la empresa infractora.
Por tanto, señorías, no hemos mejorado el texto, y según nuestro criterio
se ha empeorado. Se ha empeorado cuando hablamos en el artículo 3 letra
n) en una nueva redacción de lo que significa almacenamiento. Señorías,
si el almacenamiento lo modificamos sacando fuera de él precisamente las
instalaciones, el lugar de producción de los residuos, las dejamos
excluidas, si tampoco hablamos de las estaciones de transferencia y sólo
y exclusivamente hablamos de que un tiempo inferior a dos años, o seis
meses para los residuos peligrosos será almacenamiento, estamos dejando
fuera un número importante de lugares en los que no vamos a regular de
qué manera van a estar almacenados residuos hasta dos años o casi hasta
dos años, residuos que aunque no sean peligrosos pueden producir algún
tipo de contaminación precisamente por ese almacenamiento. Por tanto,
señorías, esto no es una mejora, es un empeoramiento de la ley. Si a esto
añadimos las modificaciones que se han establecido en el artículo 19,
todavía la dejamos bastante peor.
Para terminar, señorías, cuando se trae al Congreso una ley de estas
características, se aprueba posteriormente en el Senado y estamos en el
último trámite, la sorpresa no puede ser más ingrata cuando vemos que se
aprovecha el trámite en el Senado para modificar la Ley de envases y
residuos de envases cuando todavía no está ni siquiera aplicada. Estamos
en la fase de desarrollo reglamentario y no aplicándose la ley ya la
modificamos. No vamos a entrar a valorar si la modificación
que se establece es buena o no, sencillamente el método utilizado no es
el correcto. Estamos otra vez, y es algo que el Grupo Parlamentario
Popular ha criticado siempre, aprovechando una ley para modificar otra.
Que tiene relación, de acuerdo, pero no es lo más conveniente ni el
método más adecuado para que una Cámara pueda discutir con tranquilidad
aquellas cosas que consideran necesarias que se modifiquen. Es más,
señoría, si se hubiera hecho caso a este grupo parlamentario en la Ley de
envases y residuos de envases, probablemente esta modificación no se
hubiera tenido que introducir, hubiera quedado reflejada ya en la ley.
Hay algo que desde nuestro punto de vista es importante: no podemos ir
dejando modificaciones aisladas en otros textos legislativos porque
aplicarlas después suele ser siempre mucho más difícil o complicado. Las
personas, cuando tienen que buscar el texto legislativo en el que se
tienen que basar para aplicar cualquier cosa, no pueden estar utilizando
más de un texto; necesitan uno donde lo encuentren todo. Eso es algo que
se nos está reclamando constantemente y parece ser que a pesar de las
críticas efectuadas por el Partido Popular en otras épocas, ellos mismos
han escogido este camino para seguir haciendo este tipo de
modificaciones.
Nos parece que una ley tan reciente no debería ser motivo de reforma en
tan corto espacio de tiempo. Es más, si la visión del Grupo Parlamentario
Popular es para el siglo XXI, ha debido tenerla desde hace poco tiempo
porque si no, en abril de 1997 ya las hubiera hecho.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
El señor Pérez de Tudela, por el Grupo Socialista.
El señor PEREZ DE TUDELA MOLINA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, aunque no esté presente la señora ministra y tiene excusa para
ello, me permitirán que la mantenga presente en mi intervención.
Al ver el proyecto de ley de residuos que vuelve del Senado, en un primer
momento he tenido la tentación de retomar el texto de mi intervención en
el Pleno de la Cámara del día 19 de febrero para ver si a base de
insistencia tenía mayor fortuna. Después, he considerado la oportunidad
de una intervención de carácter pedagógico para contribuir a un mayor
conocimiento del tema por parte de los responsables del Partido Popular y
de la señora ministra en particular. Pero he desistido porque viendo la
disfunción que existe entre lo que se anuncia y lo que se legisla, el
tiempo del que dispongo en esta intervención sería insuficiente. Quede
claro que la capacidad de entendimiento no se la niego a nadie; la prueba
la tenemos en que la señora ministra en la última reunión de ministros de
Medio Ambiente de la Comunidad ha comprendido la importancia de la
gradación de las formas de tratamiento de los residuos que se ha
sintetizado en esa definición de las tres erres. Es una parte de la
lección, insuficiente, pero por algo se empieza. Lástima que estos
aprendizajes no los aplique de manera adecuada en este proyecto de ley,
lástima, porque si lo que dice se lo creyera y lo hubiera aplicado, la
ley estaría en mejores condiciones para dar una respuesta adecuada a las
necesidades que tiene planteadas nuestro país en esta materia.
Ni el Gobierno ni el Ministerio ni el Partido Popular quieren asumir la
responsabilidad y el compromiso de hacer las cosas bien hechas, y no lo
quieren asumir porque como les decía el 19 de febrero, ustedes sufren la
obligación de legislar en esta materia. Lo hacen con desgana y quieren
obviar la asunción de compromisos. En definitiva, no quieren establecer
exigencias incómodas de hacer cumplir. Este Gobierno se limita a pasar el
trámite de trasposición de la normativa europea minimizando los efectos
de su aplicación y declinando su responsabilidad en las comunidades
autónomas y municipios. Digamos que aplican aquello de que cada palo
aguante su vela, pero sin tener vela para cada palo, y lo que hacen es
repartir el velón en trozos sin importarles si los portantes se manchan
de cera o que queman.
Señoras y señores del Partido Popular, en materia de residuos lo que en
una parte se haga repercute e importa al todo. Por ello es tan importante
que esa ley de bases garantice el cumplimiento de sus objetivos en el
conjunto del territorio español, garantía que por su falta de
responsabilidad esta ley no nos proporciona. En el trámite del Senado se
han hecho algunas rectificaciones, pero en el meollo de la cuestión
seguimos igual.
Hoy se aprobará, con los votos del Partido Popular y sus socios de
Gobierno, una ley que no da solución a los problemas que tenemos
planteados; una ley que no es progresiva ni progresista en el respeto con
el medio ambiente, aunque de todas formas tengo que decirles que de esas
pequeñas modificaciones alguna les vamos a votar; una ley en la que
continúan sin aceptar las definiciones de tecnología limpia y mejor
tecnología disponible; una ley en la que persisten en considerar el Plan
nacional de residuos como la suma de planes de las comunidades autónomas,
con lo que lo más cercano a una actuación coherente en el conjunto del
territorio español es como una quiniela, en la que el acierto es más
fruto del azar y la casualidad que de la lógica; una ley que no tiene
consideración con los principios básicos de prevención, que no actúa de
manera decidida para conseguir que se minimice la producción de residuos;
una ley que no se plantea la recogida selectiva en origen y la valoración
adecuada de los materiales; una ley que no garantiza el cumplimiento de
sus objetivos de gestión de los residuos en el conjunto del territorio
español; una ley en la que en su
capítulo IV, dedicado a instrumentos económicos en la producción y
gestión de residuos, ha adquirido un mínimo sentido cuando se incorporó,
in extremis, una transacción a las enmiendas de los grupos Socialista,
Izquierda Unida y Catalán (Convergència i Unió), y digo que ha adquirido
sentido porque lo que se ha hecho es introducir esa mínima referencia a
la incorporación de una figura impositiva, aunque sólo sea para aceites
usados. Este aspecto de la introducción de impuestos especiales con la
referencia explícita a la incorporación de la tasa sobre aceites usados,
apareció en prensa como la cuestión estrella, la única, quizá, que llamó
la atención, y a la que, viéndose ustedes obligados a aceptar, se sumó el
Gobierno, la ministra, intentando dar la impresión a la opinión pública
de que se trataba de una novedosa aportación del Gobierno a la ley,
cuando la realidad es que esa solución minimalista se sacó con fórceps,
se introdujo con calzador; una ley en la que el Gobierno persiste en
obviar la obligatoriedad, introduciendo, de manera persistente y
continuada, las expresiones «se podrá hacer», «se podrá establecer»,
etcétera, con lo que crean una situación de inseguridad, diferencia y
discrecionalidad inaceptables.
Continuamos en una situación de no adecuación o de, como mínimo,
adecuación insuficiente a la normativa comunitaria. Desde 1991 hasta 1998
han transcurrido siete años, período en el que han pasado cosas. La
Comunidad Europea ha tomado acuerdos y resoluciones que debemos adoptar,
acuerdos y resoluciones que debemos cumplir y querer cumplir. Pero su
insensibilidad medioambiental les lleva a limitar su acción legislativa y
de Gobierno a pasar este trámite de la manera más inocua posible,
obviando su responsabilidad de Gobierno en lo que respecta a la gestión
de los residuos de este país.
El martes día 24, al leer la prensa, nos encontramos con la fotografía de
la señora ministra de Medio Ambiente y un titular que decía que Europa se
compromete, España incluida, a reducir la basura orgánica y su depósito
en vertedero al 35 por ciento en el año 2016. Se reflejaba también en la
noticia el tema de los vertederos, como una cuestión preocupante sobre la
que se tiene que actuar. Con esta ley podríamos actuar, tanto en el
programa de reducción de residuos como sobre la adecuación y sustitución
del vertedero y el depósito de residuos en ellos, además de hacer la
previsión de cobertura de las necesidades económicas para llevar a cabo.
Pero el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y el Partido Popular
prefieren obviar el problema, prefieren la declaración grandilocuente,
como la señora Ministra, alabando las llamadas tres erres y, como quien
no quiere la cosa, decir que no sabe cuántos vertederos hay en España,
desconocimiento que no nos escandalizaría si se hubiera producido el
anuncio y el compromiso de la realización de un estudio sobre las
dimensiones del problema para abordar la solución adecuadamente, y no
como hizo la señora ministra, que lo despachó pasando el mochuelo a los
ayuntamientos.
Permítanme, señora ministra, señores del Partido Popular, que les
recuerde una vez más la necesidad de incorporar la recogida selectiva en
origen si queremos conseguir la reducción del depósito de materia
orgánica en vertedero, tal como han acordado los ministros de Medio
Ambiente de la Comunidad. Pero este sistema ustedes no lo han querido
asumir, aunque sepan, como nosotros, que en los residuos, una vez
mezclados, es prácticamente imposible conseguir la separación de la
materia orgánica y la consiguiente valorización de materiales, situación
que obliga a la incineración si se quiere evitar ese inadecuado depósito
en vertedero. Un sistema el de la incineración al que ustedes parecen
tener una especial querencia, sistema que debería quedar reservado para
aquellos materiales que no pueden tener mejor valorización que la
energética.
Señoras y señores del Partido Popular, se lo anunciábamos el 19 de
febrero desde esta tribuna; la Comisión Europea hizo un requerimiento
para que el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno, explicara por qué
no disponemos ya del Plan nacional de residuos sólidos urbanos. Ha pasado
más de un mes. ¿Se ha dado la respuesta? ¿Se ha hecho el Plan de gestión
de residuos sólidos urbanos? ¿Se tiene el calendario de ejecución del
plan? Yo creo que la respuesta, respecto de si han obrado en
consecuencia, es obvia: no. Hacerlo hubiera comportado la adecuación de
la ley y la aceptación de las propuestas socialistas en este sentido, y
es obvio que no ha sido así, tanto en lo que respecta al Plan nacional
como a las cuestiones de reducción en la producción de residuos y en la
reducción en el depósito de vertedero. Ha quedado claro y evidente que
ustedes no quieren asumir la responsabilidad que comporta gobernar en
esta materia.
Para terminar, aunque vamos a votar a favor de esa adicional séptima
introducida en el trámite del Senado, querría referirme a ella sin entrar
en la valoración del contenido de la misma, como ha hecho la señora Urán
porque, permítanme que les diga, que no es forma ni manera que en una
enmienda adicional, a la vuelta del Senado, sin condiciones suficientes
de estudio, se introduzca nada menos que una modificación a otra ley, la
ley de envases y embalajes, una ley que no tiene todavía el reglamento de
aplicación correspondiente, con lo que en la práctica podríamos decir que
no está en vigor. Lo correcto hubiera sido hacer un trámite de
modificación de la ley. Con esta forma de actuar, señores --créanlo
ustedes--, creamos confusión.
Señoras y señores del Partido Popular, no se lo tomen a mal. Como les
decía el 19 de febrero, el Grupo Socialista tiene muy claro lo que es la
responsabilidad de gobierno y lo que pretende con la propuesta que
plantea. Sepan que lo que queremos en este caso respecto del medio
ambiente, como en cualquier otro tema,
es aportar nuestros esfuerzos para encontrar las mejores soluciones a los
problemas que tiene planteados este país, porque tenemos muy claro --cosa
que ustedes en su momento no supieron demostrar ni ahora, por lo que se
ve, compartir-- que la responsabilidad de Gobierno se ejerce desde el
Gobierno y desde la oposición.
Muchas gracias, señor presidente y señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez de Tudela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la votación dentro de unos momentos de las enmiendas
procedentes del Senado al proyecto de ley de residuos culmina la puesta
al día de la legislación de residuos en España y la incorporación de la
Directiva 21/56, de 18 de diciembre, cuyo plazo de trasposición, marzo de
1993, había sido ampliamente rebasado. Culmina, por tanto, señorías, la
puesta al día de la legislación sobre residuos, como he dicho, iniciada
ya en el año 1993 en una comparecencia del señor Borrell, entonces
ministro responsable de Medio Ambiente, ante la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente cuando afirmó textualmente: La ley
marco de residuos en la que deberíamos anticipar la norma relativa a
aceites usados y envases y embalajes está terminada y podría venir ya a
esta Cámara si no fuera por el compromiso que nos hemos autoimpuesto de
consensuarla con las comunidades autónomas. En el año 1993, cuando el
señor Borrell nos indica que existe ya la ley marco de residuos, sin
embargo el Partido Socialista, entonces en el Gobierno de la nación, no
fue capaz de consensuar el proyecto de ley marco con las comunidades
autónomas ni fue capaz de traer a esta Cámara el proyecto de ley que
tanto necesitaba España. Ha tenido que ser el Gobierno del Partido
Popular el que haya traído ante esta Cámara ese proyecto de ley. Nos
llega de nuevo enriquecido con algunas enmiendas que ya han mencionado
los representantes de los otros grupos parlamentarios sobre las que voy a
pasar por encima, pero quiero decir que son enmiendas que aportan mejoras
técnicas y homogeneizan los apartados del texto.
Quiero destacar solamente, señorías, la enmienda que crea una nueva
disposición adicional séptima, en la que se dota de mayor seguridad
jurídica al tratamiento fiscal de la Ley 11/1997 a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido, e incidir en un punto en el que no han incidido
los demás portavoces respecto a los planes empresariales de prevención de
residuos de envases, que será uno de los principales instrumentos que se
van a poner en marcha para hacer efectiva la primacía del principio de
prevención y garantizar la consecución del objetivo de reducir el 10 por
ciento en peso de la totalidad de los residuos de envases generados, tal
como se establece en la Ley de envases y residuos de envases. Anuncio,
por consiguiente, el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a las
enmiendas procedentes del Senado.
No quiero terminar mi intervención sin indicar, señorías, que creo que el
proyecto de ley que hoy vamos a aprobar aquí cumple una serie de
objetivos, objetivos que, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, son
esenciales. Entre esos objetivos quiero destacar que se traspone la
directiva marco comunitaria; se incorporan a nuestro régimen jurídico
algunos principios básicos de la política comunitaria de gestión de
residuos; se actualiza nuestra legislación en materia de residuos ya que,
hasta ahora, las medidas legislativas eran puramente correctoras; se
introducen en la gestión ciertos principios inspiradores de la Directiva
IPPC sobre control integrado de la contaminación; se cubren vacíos
jurídicos existentes y se aborda el problema de los suelos contaminados.
Estos son, señorías, los objetivos que creemos fundamentales de ese
proyecto de ley y que, además, tiene unas características con unas
connotaciones especiales. Se trata de un proyecto de ley mínimamente
intervencionista, abierto a la sociedad, en el que se introducen
elementos de libre mercado con fines ambientales, abriendo la posibilidad
de generar empleo en el sector de gestión de los residuos, valorización
de materiales de segundo uso y tecnologías de gestión y ahorro. Se trata
de un proyecto ambicioso en materia medioambiental, tecnológicamente
moderno y realista en sus planteamientos; un proyecto de ley, señorías,
que contempla la realidad española de un Estado descentralizado, de un
Estado de las autonomías, en el que las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, que son los que poseen las competencias en la gestión de
residuos, son los que deben establecer esos objetivos cuantitativos de
reducción, reutilización y reciclaje que tanto echan en falta los señores
diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo
Socialista, y deben establecerlos en sus propios planes autonómicos y
locales. Este es, señorías, nuestro criterio puesto que creemos que, de
otra forma, podría ser inconstitucional e invadir competencias de las
comunidades autónomas.
Estamos, señorías, ante una ley marco para el siglo XXI que actualiza
normas obsoletas y anacrónicas del año 1975 y en la que se contempla la
gestión de los residuos de forma integral. Creo sinceramente que en
nuestro país va a existir, sin lugar a dudas, un antes y un después en la
gestión de los residuos a partir de la aprobación de este proyecto de
ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Debo advertir a la Cámara, y de manera especial a los señores y señoras
portavoces, que vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas del
Senado a los tres proyectos de ley y a continuación a las votaciones por
asentimiento, al no haberse presentado enmiendas, de los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre los convenios internacionales
reseñados en el orden del día, pasando luego al dictamen de la Comisión
del proyecto de ley de reposición de recursos del Fondo Asiático de
Desarrollo, que tiene una enmienda, e inmediatamente a la tramitación
directa y en lectura única de una proposición de ley que tiene carácter
orgánico. Por tanto, en términos de razonable seguridad, la votación que,
insisto, tiene carácter orgánico, no se produciría en ningún caso antes
de media hora, pero no puedo garantizarlo, dadas las previsiones del
debate. Lo digo a efectos de la composición de lugar de los distintos
portavoces para la correspondiente votación orgánica.
Votaciones correspondientes al punto VI del orden del día, cuyo debate
acaba de concluir, enmiendas del Senado a tres proyectos de ley. En
primer lugar, votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado al
proyecto de ley modificativo de la ley reguladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (El señor Ortiz González pide la palabra) Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor presidente, con independencia de insistir
en la votación separada de la enmienda del Senado que se refiere al
artículo 78 de la Ley del IVA, quería pedir que se incorporara una
corrección, que consiste en que en el texto que salió del Pleno del
Senado se omitieron las palabras «párrafo 3º» de acuerdo con la enmienda
planteada en el trámite de Comisión. En definitiva, de lo que se trata es
de que no se modifique todo un apartado, sino el párrafo 3º de ese
apartado. Me parece, señor presidente, para su tranquilidad, que hay
acuerdo de los distintos portavoces de los grupos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Parece que, en efecto, hay acuerdo en el resto de los grupos
parlamentarios para incorporar esa corrección, de acuerdo con su
aclaración.
Sometemos a votación el artículo único, apartado nueve.1, es decir, el
referido al artículo 78, dos, 3º de la Ley del IVA y la disposición
transitoria quinta.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, dos; en contra, 299; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación también sobre el artículo único, apartado diez, que afecta al
artículo 91, dos, 1.2º de la Ley del IVA y disposición transitoria sexta.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 171; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Apartado nueve.2, que afecta al artículo 104, dos, 2º de la Ley del IVA.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 302; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Apartados ocho y once y disposición transitoria cuarta.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 170; en contra, tres; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley modificativo de la Ley
del IVA.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 181; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado.
Votamos ahora conjuntamente, en una sola votación, todas las enmiendas
del Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 168; en contra, 132; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de residuos.
En primer lugar, la relativa al artículo 9, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 182; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas al artículo 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 303.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Artículos 10 y 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 292; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 167; en contra, 134; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmiendas al artículo 3, párrafo n).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 167; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmiendas a los artículos 2º.2, primer párrafo; artículo 3, párrafo p);
artículo 4.3; artículo 15; artículo 22, párrafo 2; artículo 27.l, primer
párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 166; en contra, 123; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de residuos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 292; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado
al proyecto de ley de residuos.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA, HECHO EN MADRID EL 23 DE OCTUBRE DE 1997. (Número de expediente
110/000152)
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
PANAMA, HECHO EN PANAMA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1997. (Número de expediente
110/000153)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESTONIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN TALLINN EL 11
DE NOVIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000154)
--CONVENIO NUMERO 141 DEL CONSEJO DE EUROPA RELATIVO AL BLANQUEO,
SEGUIMIENTO, EMBARGO Y DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1990, ASI COMO LAS RESERVAS Y
DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO. (Número de expediente
110/000156)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, HECHO EN SAN JOSE DE
COSTA RICA EL 8 DE JULIO DE 1997. (Número de expediente 110/000158)
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE TAILANDIA
A FIN DE EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y DE PREVENIR LA EVASION Y EL FRAUDE
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 14 DE
OCTUBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000159)
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
ORIENTAL DE URUGUAY, HECHO EN MONTEVIDEO EL 1 DE DICIEMBRE DE 1997.
(Número de expediente 110/000160)
--TRATADO DE LA OMPI, SOBRE DERECHO DE AUTOR, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA
DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996. (Número de expediente
110/000161)
--TRATADO DE LA OMPI, SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS,
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 20 DE DICIEMBRE DE
1996. (Número de expediente 110/000162)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PANAMA, HECHO EN PANAMA EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000163)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar al punto VII del orden del
día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales, directamente para someterlos a votación que, en virtud
de las facultades que a la Presidencia concede el Reglamento, se va a
efectuar por asentimiento del Pleno.
Tratado de extradición entre España y Costa Rica. ¿Se entiende aprobado?
(Asentimiento.) Gracias, señorías.
Tratado de extradición entre España y Panamá. ¿También aprobado?
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Acuerdo entre España y Estonia para la promoción y protección recíproca
de inversiones. ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Gracias.
Convenio número 141 del Consejo de Europa. ¿Se entiende aprobado?
(Asentimiento.) Gracias.
Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y Costa
Rica. ¿También se entiende aprobado? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
Convenio entre España y Tailandia de doble imposición y para evitar la
evasión y el fraude fiscal. ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Gracias.
Convenio de Seguridad Social entre España y Uruguay. ¿Se entiende
aprobado? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor. ¿Queda aprobado?
(Asentimiento.) Se aprueba.
Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.
¿También se entiende aprobado? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Acuerdo de inversiones entre España y Panamá. ¿Se aprueba?
(Asentimiento.) Queda aprobado.
Muchas gracias, señorías. Se entienden aprobados por asentimiento todos
los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los convenios
internacionales que figuraban en el orden del día.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA
SEXTA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO ASIATICO DE DESARROLLO. (Número de
expediente 121/000093)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del mismo orden del día: Dictamen de la
Comisión para el proyecto de ley por el que se autoriza la participación
de España en la sexta reposición de recursos del Fondo Asiático de
Desarrollo.
Antes de pasar a la tramitación de la única enmienda presentada, que es
una de Izquierda Unida, vuelvo a advertir a SS. SS. de que, al haber
decaído del orden del día los puntos IX y X, debates de totalidad de
convenios internacionales y debate de totalidad de la proposición de ley
orgánica modificativa del Poder Judicial, por no haber tenido enmiendas
de tal carácter, al finalizar este punto, el VIII, pasaremos directamente
al último, que es la tramitación directa y en lectura única de una
proposición de ley orgánica.
Señorías, sinceramente, de lo único que puedo advertirles es de que
dentro de un cuarto de hora podríamos votar. Puede ser después, pero
desde luego en un cuarto de hora puede producirse la votación que, con
carácter orgánico, afecta al punto XI.
Para la defensa de la enmienda de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos. (Rumores.) Silencio, señorías.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar
defender y convencer de la enmienda que Izquierda Unida mantiene viva
para este debate en Pleno. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) Nos encontramos ante la aprobación de una
reposición de recursos al Fondo Asiático de Desarrollo de nuestro país.
La primera vez que nuestro país participó en dicho fondo fue en febrero
del año 1986 y la verdad es que la evolución de estos recursos que van
dirigidos, según el articulado de la ley, a lo que pudiéramos llamar
fondos FAD, fondos de ayuda al desarrollo, en este momento se han
reducido y, mientras en la anterior reposición nuestro país aportó 3.200
millones de pesetas, 3.296 para ser más exactos, en esta reposición
actual nuestra participación apenas está cifrada en 1.600 millones de
pesetas; es decir, reducimos los recursos con los que nuestro país
participa en ese proyecto del desarrollo de una zona como es la asiática.
Pero el objetivo de nuestra enmienda va dirigido fundamentalmente no a
los efectos que los fondos de ayuda al desarrollo tienen en cuanto al
retorno, que también surgió en el debate de la Comisión si el volumen de
retorno era mayor o menor. Tenemos que decir que el 38 por ciento de esta
ayuda al desarrollo revierte en nuestro país, es decir, es dinero que
nuestras empresas invierten allá y que al final vuelve a nuestro propio
país en forma de beneficio. El objetivo de nuestra enmienda es hacer
verdad en nuestra ley, en hacer eficiente una mentalidad que desde hace
tiempo viene funcionando en estos criterios de ayuda al desarrollo, y es
el viejo adagio de, en lugar de dar un pez, enseñar a pescar, para que
así no dependan de nuestro país y de nosotros para desarrollarse.
Por tanto, nosotros pretendemos añadir un punto cuarto para que estemos
dando recursos a la capacidad de desarrollo de ese país, para que ese
país mañana esté en mejores condiciones, haya evolucionado y haya
conseguido capacidad de actuación. Por eso nuestra enmienda pretende que
los recursos que España dote garanticen su participación en lo que
pudiéramos llamar la comisión que gestiona a la hora de decidir el pago
de las contribuciones, esta comisión en la que nuestro país tiene una
presencia en ese directorio ejecutivo, que esté condicionado al no
agotamiento de recursos naturales. Hay países cuya única aportación de
desarrollo está siendo agotar o esquilmar sus escasos recursos y así
conseguir dinero. Como les damos el dinero en función de que alguna
empresa nuestra participa allí, estamos condicionando esa previsión de
futuro, de tal manera que en lugar de ayudar al desarrollo estamos
limitando su desarrollo en el futuro, puesto que pan de hoy puede ser
hambre de mañana si no se produce un desarrollo racional y equilibrado de
los recursos naturales, sino que van agotándolos.
El segundo objetivo es que los recursos --y esto es importante cuando
hablamos de países en vías de desarrollo-- no sean instrumentos de lo que
pudiéramos llamar familias gobernantes o familias dirigentes de los
países y los recursos vayan, de verdad, a la capacidad productiva de esos
países, que vayan ligados a la generación de empleo en esos países, al
reconocimiento de los derechos legales, para que no pase lo que está
pasando ahora en Asia, que se ha caído su moneda y estamos teniendo una
evolución de la inmigración, una resituación de los inmigrantes en sus
países de origen, puesto que empiezan a devolver a la gente que estaba
trabajando en esos sitios. Por tanto, los recursos que damos tienen que
ser para crear una capacidad productiva en esos países, lo que genera un
empleo; para que ese empleo tenga las garantías sociales que tiene en
todos los países, que tenga calidad en función de su relación y garantía,
una relación sindical. En suma, que Izquierda Unida plantea que en los
criterios de cooperación multinacional de nuestro país se desarrollen
teniendo en cuenta una orientación, una filosofía, un posicionamiento:
dar recursos para que ese país genere capacidad de actuación por sí
mismo.
En Comisión se me dijo que todos estos criterios que nosotros añadíamos,
toda esta orientación a la capacidad endógena de esos países, a que
puedan generar su propia realidad productiva --no diversificación que les
haga dependientes de nosotros--, a que su realidad productiva actual se
mejore, se estructure y se consolide, a que no agoten sus recursos
naturales, a ligar las ayudas a las condiciones de vida de los pueblos y,
por tanto, a su capacidad y calidad de empleo, ya está recogido en la
Resolución 247, que se aprobó por votación el 22 de mayo de 1997. Este
diputado, porque se lo dijo una persona a la que tiene una cierta estima,
se ha leído la Resolución 247 y, miren por donde, por más que he buscado,
de esto no habla nada. En esta resolución se habla de cómo se hacen las
contribuciones, de cómo conceder los créditos, de cómo deben ser
seleccionados y aprobados por el banco de acuerdo con los reglamentos del
Fondo Asiático, de los instrumentos de contribución, de los plazos de los
pagos, pero, por más que he leído, no he encontrado estas orientaciones a
las que me refería para que el Congreso, al aprobar estos dineros,
oriente al Gobierno sobre cómo actuar. Por tanto, cabe entender que el
Congreso, al aprobar este proyecto de ley, está autorizando al Gobierno a
un volumen de recursos. Nosotros queremos dar un paso más: de acuerdo con
ese volumen de recursos --que, insisto, se ha reducido de 3.200 millones
en la quinta reposición a mil seiscientos y pico en esta reposición--,
orientar el carácter de la ayuda al desarrollo.
Estoy convencido de que la argumentación es un avance en propuestas. A
nuestro grupo siempre se le dice que cuando salimos aquí decimos no. Hoy
decimos sí y, además, de una manera determinada: decimos cómo gastarlo.
La Cámara puede decir que no, que se siga haciendo como hasta ahora. Pues
bien, sería un criterio, una posición, pero nosotros queremos que el
Congreso, además de dar los recursos al Gobierno, le diga la orientación
que les debe dar para conseguir que, de verdad, vayan a la ayuda al
desarrollo y que no retornen a nuestro país, por muy necesarios que sean
para nosotros.
En todo caso, vamos a ver la evolución del debate en el Pleno, puesto que
en Comisión nosotros tampoco nos opusimos a esta autorización al
Gobierno, sino que, como digo, les dimos estas orientaciones. Si el Pleno
adopta una posición similar a la nuestra y aprueba nuestra enmienda,
fabuloso; si no, persistiremos en ello puesto que en las materias
relativas a estas vertientes de carácter social y medioambiental también
nuestro trabajo es persistente.
Nada más. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
¿Turno en contra de la enmienda? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar la posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Segura.
El señor PEREZ SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con
este proyecto de ley de reposición de fondos para el Fondo Asiático de
Desarrollo. Nuestra posición, señor presidente, va a ser la de votar
favorablemente el proyecto de ley, pero ello no obsta para que podamos
hacer algunas consideraciones que ya se han manifestado desde la tribuna
por otros grupos. Entendemos que cabe hacer estas consideraciones desde
el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo y
también, cómo no, desde el punto de vista comercial.
Desde el punto de vista financiero, porque observamos una tendencia
notable y constante a la baja de las aportaciones a estos organismos
multilaterales por parte del Gobierno. En este caso concreto, la
disminución de la aportación es muy notable: en otras reposiciones
alcanzaba el 0,78 por ciento del total de la aportación, y en la que
ahora nos ocupa, la sexta, esta aportación es, en relación al conjunto,
de sólo el 0,50 por ciento, importando la cantidad de 1.670 millones de
pesetas, frente a los 3.296 del año 1998.
¿Cuál es la argumentación que se hace para dar sustento a esta
disminución? Por una parte, estrictamente técnica, ajustar las
aportaciones a nuestra participación en el capital del Banco Asiático de
Desarrollo y, por otra, hacer un ajuste a las disponibilidades
presupuestarias de nuestro país en relación con este tipo de operaciones
de cooperación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Desde el punto de vista administrativo, hay una argumentación que deja
perplejo a nuestro grupo, que es utilizar la rebaja y las aportaciones
como mecanismo de presión al Banco Asiático de Desarrollo, dada la escasa
presencia de nacionales españoles en los organismos de tipo
administrativo y gerenciales de esta entidad financiera regional; por
decirlo de otra manera, la escasa presencia de españoles en la sede
central del Banco Asiático de Desarrollo en Manila.
Desde el punto de vista comercial, nuestro reparo sería que el retorno a
nuestro país en concepto de pagos acumulados o recibidos por las empresas
españolas en relación con el total contribuido por España a esta entidad
financiera es muy pobre: sólo del 38 por ciento.
Una vez hechas estas consideraciones, que no son suficientes para no dar
apoyo a esta reposición, tratándose también de un proyecto de ley con
unas características de Estado que no se le ocultan a nadie, queremos
pronunciarnos muy concretamente sobre la enmienda de Izquierda Unida,
porque no podemos disimular la simpatía que nos motiva el espíritu de la
enmienda, pero recalcamos aquí en el Pleno lo que ya dijimos en su día en
la Comisión: entendemos que en las líneas estratégicas, en los objetivos
operativos de esta reposición encaja suficientemente el legítimo interés
del Grupo de Izquierda Unida de que estos fondos sirvan para el
desarrollo sostenible del área que nos ocupa, que no es otra que la de
los países asiáticos, una región que es objetivo importante para España,
pero que está inmersa en una crisis importante. Nosotros insistimos en
que en los objetivos estratégicos de esta reposición ya se tienen en
cuenta una serie de elementos para la concesión de los créditos: el
crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo humano,
incluso el concepto de mujer en el desarrollo, y la protección del medio
ambiente. Por tanto, creemos que la adopción final de estos
objetivos subraya la importancia que se atribuye a las cuestiones
sociales y medioambientales y al concepto subyacente de crecimiento
equitativo y sostenible, lo que, dado el carácter eminentemente técnico
de esta ley, cuyo objetivo jurídico es estrictamente financiero, nos
lleva a no poder votar favorablemente esta enmienda y sí votar
favorablemente el texto del proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Souvirón
García.
El señor SOUVIRON GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha mantenido la enmienda que
tuvimos ocasión de discutir en la Comisión de Economía. Y el Grupo
Parlamentario Popular también va a mantener la posición que sostuvo en
aquella ocasión, que fue rechazarla.
El Fondo Asiático de Desarrollo es un acuerdo multilateral que suscriben
numerosos países, y precisamente esos países fundadores son los que
establecen los objetivos a perseguir en el acto al que se adhieren los
países que luego van incorporándose a él. Antes de cada nueva reposición
se vuelven a discutir objetivos concretos, que son los que se persiguen
con esa nueva aportación de fondos. Antes de esta sexta reposición se han
hecho efectivos, como criterios que hay que seguir con la misma, los de
desarrollo económico, disminución de la pobreza, desarrollo humano,
participación de la mujer en el desarrollo y respeto al medio ambiente.
Nos parece que con estos criterios se garantiza suficientemente que los
fondos que se van a aportar van a tener el destino que se pretende, y
también que se va a facilitar el respeto al medio ambiente. Es por eso
por lo que creemos que la enmienda de Izquierda Unida, que es loable en
sus objetivos, indiscutiblemente viene a rizar el rizo de una forma
innecesaria, y precisamente por innecesaria la vamos a rechazar.
Por lo demás, vamos a apoyar el dictamen de la ponencia y, por tanto, el
proyecto de ley, porque desde el Grupo Parlamentario Popular
sustentaremos siempre la participación del Reino de España en programas
de cooperación al desarrollo, en proyectos de solidaridad entre países y
todas aquellas acciones que faciliten la presencia española en las
diversas zonas del mundo.
Los dos portavoces que han intervenido se han referido de alguna manera a
lo que consideran una disminución de la aportación española a estos
fondos. Nosotros también vemos acertada esta disminución en
cuanto que es coherente con los criterios mantenidos en la negociación,
que pretendían la obtención de una mayor cuantía de fondos por parte de
países no donantes y una mayor contribución significativa de los países
regionales, lo que supone también una mayor implicación de los países
concernidos en el futuro del fondo.
Por otra parte, también creemos que es importante esta disminución de
fondos como símbolo por cuanto hay algunos asuntos pendientes que tienen
que ver precisamente con la posición del Gobierno de España en el fondo.
Creemos que, como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, la tasa de retorno es baja. Yo sé que este discurso no le
parece bien al representante de Izquierda Unida, pero si los demás países
están en ese juego es conveniente que también nosotros lo estemos.
Por otra parte, es conveniente mejorar la relación entre la contribución
del Reino de España al fondo y su participación en el capital, que es
tanto como decir en las decisiones del propio fondo. Y, en cuanto a una
mayor participación de los funcionarios, entendemos que es una forma de
presencia indudable del Reino de España.
En definitiva, vamos a rechazar la enmienda de Izquierda Unida por los
argumentos expuestos y vamos a apoyar el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE
REGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000094)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Souvirón.
Concluido el debate de la enmienda de Izquierda Unida al dictamen de la
Comisión sobre el proyecto de ley de reposición de recursos del Fondo
Asiático de Desarrollo, y decaídos los puntos noveno y décimo del orden
del día, pasamos al punto undécimo, tramitación directa y en lectura
única de la proposición de Ley orgánica de modificación de la de Régimen
electoral general.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano, en primer lugar.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Intervengo con mucha brevedad. Ya en la toma en consideración de esta
proposición de ley todos los grupos parlamentarios coincidimos en la
necesidad de esta iniciativa, de unificar a través de esta modificación
electoral las próximas elecciones locales y autonómicas en buena parte
del territorio del Estado español y las europeas. Aparte de reafirmar
nuestra posición favorable, tan sólo el señor Ríos en su intervención en
aquella toma en consideración manifestaba una duda que creo que es
interesante; decía que estamos mezclando diferentes elecciones y que
existe el riesgo de que alguna de ellas pierda sus propias
características. Es evidente que en ese sentido las elecciones europeas
seguramente van a quedar más subsumidas en el debate que a nivel estatal
van a generar las elecciones municipales.
Por tanto, desde el apoyo a esta iniciativa, desde la perspectiva de la
racionalidad del proceso electoral, del ahorro para los partidos
políticos y para el propio Estado y, quizá, para los ciudadanos también,
hemos de reflexionar sobre la necesidad de ser capaces de, entre todos,
las instituciones y los partidos políticos, mantener el sentido genuino
de unas elecciones que son muy importantes, como son las elecciones al
Parlamento europeo. A menudo nos quejamos de la falta de transparencia,
de control democrático de las instituciones comunitarias y, seguramente,
esta mezcla de elecciones no ayuda en esta línea. Pero consideramos que
el ahorro y la economía para los ciudadanos valen la pena para esta
unificación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
De nuevo, el señor Ríos, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, nosotros vamos a
apoyar esta propuesta que se hace necesaria porque tenemos una situación
complicada en nuestro país. Las elecciones municipales funcionan cada
cuatro años y, según las últimas reformas, que fruto de los pactos del
PSOE y del PP se introdujeron en los estatutos de autonomía, se fijaban
en el último domingo del mes de mayo, pero como cada cinco años hay
elecciones europeas y cada cuatro legislaturas, cuando hacen veinte,
vienen a coincidir. Iríamos a un proceso electoral en el que tendríamos
una situación muy chocante --por llamarlo de alguna manera-: el último
domingo de mayo tendríamos elecciones municipales y autonómicas y el
primer domingo de junio, quince días después o una semana después,
tendríamos elecciones europeas. ¿Qué cristiano aguanta ese movimiento? ¿O
qué capacidad de movimiento administrativo, de elección de mesa, elección
de interventores, campañas electorales...? Esta sería una situación
complicadísima de mantener y de argumentar.
Se lo digo desde la óptica de que a nosotros nos gustaría diferenciar
cada proceso electoral. No es lo
mismo invitar a los ciudadanos a pedir el voto para un tipo de
construcción europea, con unos candidatos europeos, que pedir el voto
para algo tan concreto como es la gestión del municipio, que debía ser el
pilar del modelo de Estado más cercano al ciudadano, o la política
autonómica, que viene a fomentar el desarrollo del autogobierno de los
distintos pueblos.
Por tanto, la economía en los procesos electorales es lo que nos invita a
apoyar este proceso para esta vez, sabiendo que esto va a volver a
suceder --y esa es la reforma que hacemos en el régimen electoral
general-- cada cuatro legislaturas europeas y cada cinco legislaturas
municipales; volverá a suceder, dentro de veinte años, esta coincidencia.
En todo caso, ya dije en la discusión de la toma en consideración que
veíamos con preocupación esta cierta unidad de discurso. Lo vamos a
intentar romper como fuerza política, pero, como discurso institucional,
permítanme que les diga que en quince días va a ser muy difícil que
podamos entrar en esa diferenciación. Pero me da la impresión de que
después de veinte años de Constitución nuestro pueblo ya está
suficientemente maduro como para saber quiénes son las personas que mejor
le pueden representar en las instituciones europeas, quiénes en la vida
municipal y quiénes en la vida autonómica, por mucho que a los que no
tengamos suficientes votos nos guste tener más; intentaremos mejorar y
tengan por seguro que pondremos mucho empeño en poder mejorar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet i Morera.
El señor MARCET I MORERA: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
intervenir con toda brevedad para, en primer lugar, felicitarme de que la
iniciativa de este grupo, por boca de este portavoz en la toma en
consideración, de que esta proposición de ley se tratara en trámite de
lectura única debido a la brevedad y a la simplicidad de su contenido,
haya sido aceptada por todos los grupos parlamentarios.
Quisiera señalar, como ya dijimos en la toma en consideración, que nos
mueven dos órdenes de cosas para dar nuestro voto favorable a esta
proposición de ley. Por una parte, algo que ya se ha señalado, que es el
buscar el mayor ahorro posible en esta coincidencia de citas electores
que se produce sólo cada 20 años. Lo digo a efectos de las dos
intervenciones anteriores que hacían referencia a la posible confusión de
elecciones o de mensajes electorales en unas elecciones municipales y
europeas. Evidentemente esta coincidencia temporal se produce sólo cada
20 años y parece lógico que se produzca no con una confusión de procesos
electorales, pero sí con una coincidencia en el tiempo, en el momento,
porque sería ilógico que se realizaran dos contiendas electorales con 15
días de diferencia. Este es uno de los aspectos, el aspecto del ahorro en
el gasto electoral.
Sin embargo, también decía en la toma en consideración, y lo reitero
ahora, que había un segundo argumento tanto o más importante que el
primero, como es el de la participación electoral. Sin duda, con 15 días
de distancia entre una contienda electoral y otra la participación
electoral se resiente. La segunda de las elecciones, en este caso las
europeas, vería mermada su participación electoral, dada la brevedad, el
corto espacio de tiempo entre una contienda electoral y otra, en un país
como el nuestro, donde hay una profusión de celebración de elecciones
debido a los diversos niveles que debemos elegir, dada la estructura de
nuestro Estado. Por tanto, nos parece que también por esta razón, la de
buscar una mayor participación electoral, es buena esta solución que
todos los grupos parlamentarios hemos acordado para que haya una
coincidencia cuando se produce esta confluencia, cada 20 años, entre las
elecciones municipales y las europeas. Por eso, nuestro grupo va a dar su
voto favorable al texto de esta proposición de ley, tal y como fue tomada
en consideración hace escasamente 15 días. Por tanto, va a contar también
con el voto favorable en este momento de su aprobación definitiva.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marcet.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Vera Pro.
El señor VERA PRO: Muchas gracias, señor presidente.
Poco más se puede decir acerca de esta proposición de ley en la que
coincidimos todos los grupos de esta Cámara. Y coincidimos no sólo en el
fondo, sino también en la forma de llevarla a cabo.
Los portavoces que han intervenido con anterioridad ya han expuesto las
razones de esta coincidencia de criterios, aunque apuntaré alguna más.
Para el Grupo Parlamentario Popular no es razonable mantener una doble
convocatoria electoral que, por estricta aplicación de la ley, tiene que
celebrase en un plazo de 20 días. Y no es razonable pensando en los
electores, pensando en la Administración, pensando en los partidos
políticos, pensando en las juntas electorales, en las oficinas del censo
y en otros organismos que participan en estos procesos y también pensando
en el propio procedimiento electoral.
Como decía muy bien el señor Marcet, esto supone aumentar el cansancio
que a los electores produce una dispersa convocatoria electoral en muy
breve espacio de tiempo e incide negativamente en la participación.
También se aumentan los gastos para el Estado con una doble campaña
institucional y dos jornadas electorales en muy corto espacio de tiempo y
a las arcas de los partidos políticos, como todos comprendemos, no les
viene nada bien ni, en definitiva, al propio procedimiento electoral,
porque se solapan los plazos contenidos en una y otra convocatoria.
Imagínense que el día de reflexión o el mismo día de la jornada electoral
se pudieran estar publicando encuestas o que los partidos políticos
pudieran estar celebrando actos de precampaña electoral de cara a las
elecciones europeas.
Nuestro grupo piensa que cualquiera de estas razones es más que
suficiente por sí misma para justificar la reforma que hoy se propone,
una pequeña pero al mismo tiempo sustancial reforma, como ya tuve
oportunidad de decir en su toma en consideración. Dije que era pequeña
porque no se trata de modificar ningún artículo de la Ley Electoral, sino
simplemente de introducir una nueva disposición adicional, que va a
permitir que, en los años en que coincidan las elecciones municipales y
autonómicas con las europeas, podamos garantizar su celebración conjunta
y simultánea. Sin embargo, es una reforma sustancial porque la
introducción de esta disposición adicional hace pensar en la necesaria
adecuación a la misma de algunos estatutos de autonomía. Se ha recordado
que en el año 1991 se procedió a la reforma de siete estatutos de
autonomía para introducir en su articulado, como fecha de celebración de
las elecciones, la del cuarto domingo del mes de mayo. Por tanto, todo
hace pensar que es necesario abordar esas reformas estatutarias. De ahí
la urgencia en la tramitación de la proposición de ley que hoy se somete
al Pleno y en la que quiero destacar, una vez más, la unanimidad y el
consenso logrado. Precisamente, ha sido el convencimiento sobre la
necesidad de la reforma y la racionalidad de la solución que en ella se
brinda lo que ha contribuido a lograr no ya el consenso suficiente, sino
la unanimidad de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vera.
AVOCACION POR EL PLENO:
--DE LA PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE RADIODIFUSION
Y TELEVISION DE LA LEY REGULADORA DEL TERCER CANAL Y A SU VEZ DE LA DE
TELEVISION PRIVADA. (Número de expediente 125/000011)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, les comunico que la Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, acordó proponer al Pleno la avocación de una proposición y
dos proyecto de ley, que paso a someterles a su aprobación.
La primera es la proposición de ley de modificación del estatuto de
radiodifusión y televisión de la Ley reguladora del tercer canal y a su
vez de la de televisión privada. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la
deliberación y votación final de la proposición de ley referida?
(Asentimiento.) Muchas gracias. Se entiende aprobada la propuesta de
avocación.
--DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION
AUTONOMICA. (Número de expediente 121/000096)
El señor PRESIDENTE: La segunda hace referencia al proyecto de ley
reguladora del servicio público de televisión autonómica. ¿Acuerda el
Pleno recabar para sí la deliberación y aprobación final del proyecto de
ley? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. Se entiende aprobada.
--DEL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACION
DE LOS SERVICIOS POSTALES. (Número de expediente 121/000092)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, también la avocación del proyecto de ley
del servicio postal universal y de liberalización de los servicios
postales. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias. Se entiende
también aprobada la propuesta de avocación.
Pasamos entonces a las votaciones correspondientes a los puntos octavo y
undécimo del orden del día.
Proyecto de ley por el que se autoriza la participación de España en la
Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo. Votamos,
en primer lugar, la enmienda de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 12; en contra, 289; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 304.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno.
Pasamos al punto undécimo y último del orden del día, proposición de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Se ha tramitado en lectura única y, en consecuencia, y de acuerdo con el
artículo 150.3 del reglamento, sometemos a votación final sobre el
conjunto del texto y, por tanto, con naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 305.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno del
Congreso.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.