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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 137, de 19/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 137
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 132
celebrada el jueves, 19 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 28-1, de 3 de febrero de 1997
(número de expediente 121/000026) (Página 7187)
Modificación del orden del día:
Enmiendas del Senado (continuación.):
--Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva
96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996,
sobre la protección jurídica de las bases de datos. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 90-1, de 31 de octubre de 1997 (número de
expediente 121/000088) (Página 7194)
--Acuerdo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, relativo al
informe de la subcomisión, constituido en su seno, para el estudio de las
reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y
garantizar su viabilidad futura (número de expediente 154/000015) (Página 7196)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 74-1, de 30 de junio de 1997 (número de
expediente 162/000072) (Página 7208)
--Proyecto de Ley de Residuos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 77-1, de 5 de septiembre de 1997 (número de expediente
121/000078) (Página 7219)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 7187)
Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 7187)
Intervienen en el debate sobre las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de derechos y garantías de los contribuyentes los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Fernández Marugán, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día (Página 7194)
El señor Presidente solicita el consentimiento de la Cámara para
modificar el orden del día, con el objetivo de introducir un nuevo punto
relativo al informe de la subcomisión constituida en el seno de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para el estudio de las
reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y
garantizar su viabilidad futura, que es otorgado por asentimiento.
Enmiendas del Senado (continuación.) (Página 7194)
Proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la directiva
96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996,
sobre la protección jurídica de las bases de datos (Página 7194)
Intervienen en el debate sobre las enmiendas del Senado a este proyecto
de ley los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Bayona Aznar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y
Coquillat Durán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes a las
enmiendas del Senado a los proyectos de ley debatidos.
Acuerdo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, relativo al
informe de la subcomisión, constituida en su seno, para el estudio de las
reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y
garantizar su viabilidad futura (Página 7196)
Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el
señor Chivite Cornago. Confía en que los ocho votos particulares
presentados por su grupo sirvan para elaborar el mejor proyecto de ley de
actualización de la legislación que ha de regular el futuro del sector
vitivinícola, resaltando la extraordinaria importancia que en España ha
tenido y sigue teniendo la viña y el vino. A continuación pasa a explicar
cada uno de los votos particulares y manifiesta que es a la ministra a
quien corresponde ahora interpretar adecuadamente la voluntad de todo el
sector e integrar las diferentes realidades regionales, sin dejarse
llevar solamente por las directrices u orientaciones de las grandes
empresas o grupos industriales y financieros. Para terminar anuncia su
voto en contra del informe de la subcomisión por haber presentado ocho
votos particulares que son esencialmente diferentes de las conclusiones
que en él figuran.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber
y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, e Isasi Gómez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Intervienen nuevamente los señores Chivite Cornago y Centella Gómez para
anunciar su voto favorable al informe, rectificando lo manifestado en la
intervención anterior.
Sometidos a votación los votos particulares del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, son rechazados.
Sometido a votación el informe de la subcomisión, se aprueba por
unanimidad.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 7208)
Proyecto de ley general de telecomunicaciones (Página 7208)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen
los señores Rodríguez Sánchez, Chiquillo Barber y Alcaraz Ramos, del
Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Garcia-Arreciado Batanero, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de residuos (Página 7219)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, intervienen
el señor Chiquillo Barber y las señoras Rivadulla Gracia y Lasagabaster
Olazabal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Pérez de
Tudela Molina, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i
Mirallés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En primer lugar, se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas
al proyecto de ley general de telecomunicaciones, que son rechazadas.
Sometidos a votación los diferentes artículos y disposiciones del
dictamen al proyecto de ley general de telecomunicaciones, son aprobados.
En segundo lugar se someten a votación las enmiendas presentadas al
proyecto de ley de residuos y las transaccionales, que son rechazadas.
Sometidos a votación los diferentes artículos y disposiciones del
dictamen al proyecto de ley de residuos, son aprobados.
Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número
de expediente 121/000026)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se reanuda
la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar,
aquéllas que la Cámara Alta ha dedicado al proyecto de ley de derechos y
garantías de los contribuyentes. ¿Grupos que desean intervenir sobre las
enmiendas del Senado a este proyecto de ley? (Pausa.) En primer lugar,
por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, que se
trae en la sesión de hoy al Pleno
de esta Cámara, a fin de analizar las enmiendas que vienen de la Cámara
Alta con el correspondiente mensaje motivado, pone de manifiesto una vez
más la necesidad de la creación de esa Comisión mixta Congreso-Senado
para mejora de estilo y para aspectos técnicos de la obra legislativa,
tal como ha propuesto nuestro grupo y ha recogido el señor presidente de
la Cámara, que lo ha remitido a la Comisión correspondiente; y esa
necesidad se evidencia en las enmiendas que ha presentado el Senado. El
Senado propone 25 enmiendas, de las cuales 14 se refieren a correcciones
gramaticales, acertadas todas --comas, puntos, singulares, plurales--, y
el resto a cuestiones de técnica jurídica. Unas se refieren a la Ley
General Tributaria, que tiene una mención específica en una disposición
adicional, con detalle del número y la fecha. Sin embargo, el Senado en
las diez o doce veces que se nombra a la Ley General Tributaria le pone
el número y la fecha. Me parece una redundancia, pero se puede admitir.
Lo que no comprendo es cómo en la disposición adicional los correctores
no se remitieron al texto enviado por el Gobierno. De esa forma se
habrían evitado el orden que han propuesto.
No estamos conformes con la corrección que ha hecho el Senado en las
disposiciones finales tercera, cuarta, quinta y sexta, que deben seguir
el mismo orden, y es verdad que hay que añadir una nueva que propone el
Senado, que sería la séptima. No cabe la menor duda de que este proyecto
de ley supone un paso importante en los derechos de los ciudadanos. No
vamos a entrar ahora a cantar las bondades de la obra legislativa, que
supone una coordinación con la Ley General Tributaria, preconstitucional
pero actualizada, porque queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por
lograr a favor de los ciudadanos, pero aunque no sea el desideratum, es
un paso importante que nosotros aprobaremos plenamente, salvo en la
numeración que he citado en la disposicióon adicional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario no ha cambiado de opinión sobre este
proyecto de ley. Ya en sus inicios expresó la contrariedad de que las
normas tributarias sean más abultadas, con un proyecto de ley nuevo, de
lo que son en estos momentos.
Estamos, por supuesto a favor de defender los derechos y garantías de los
contribuyentes, como no podría ser de otra forma, pero entendíamos que
este proyecto de ley era insuficiente o, mejor dicho, no era necesario
porque las relaciones entre la Administración y el administrado ya están
reguladas en la Ley del régimen jurídico de las administraciones
públicas, y las relaciones entre la Administración y el contribuyente
tienen su sitio jurídico en la Ley General Tributaria. Por tanto, el
establecimiento de una nueva ley entendíamos que era, en todo caso,
innecesario.
Indudablemente, estamos de acuerdo en que cuanto más se defiendan los
derechos y las garantías de los contribuyentes es mucho mejor para el
sistema tributario y para la sociedad. Incluso presentamos algunas
enmiendas que han sido aprobadas en el trámite en el Congreso. Votaremos
afirmativamente las enmiendas aprobadas en el Senado porque de alguna
forma entendemos que también mejoran el texto.
Como digo, vamos a introducir una ley más en este entramado jurídico
tributario que creemos que no era necesario. Si queremos defender los
derechos de los contribuyentes, lo que hay que hacer es mejorar
precisamente todo este entramado jurídico de leyes. Hay que dar a las
leyes tributarias las garantías que ya están establecidas en la
Constitución con los principios de igualdad, capacidad económica y
progresividad. Ahí es donde tenemos que trabajar y vamos a tener
oportunidad ahora con la reforma del Impuesto sobre la Renta. Ahí es
donde hay que poner el interés y la dedicación, en establecer unas leyes
tributarias justas que, como digo, preserven los principios
constitucionales. La mejor forma de preservar los derechos y garantías de
los contribuyentes es luchar contra el fraude fiscal. Este es otro de los
requisitos que creo que hay que introducir para que podamos redistribuir
precisamente la carga tributaria entre todos los contribuyentes; hay que
luchar contra el fraude fiscal. La mejor forma de preservar los derechos
y garantías del contribuyente es tener una normativa tributaria estable y
racional y no permanentemente cambiante. La mejor forma de tener
preservados los derechos y garantías de los contribuyentes es tener una
Administración que facilite la labor al ciudadano en el cumplimiento de
sus deberes a través de una normativa adecuada, de una gestión
administrativa e inspectora y de un trato personal. Esa es la forma en
que entendemos que deben preservarse fundamentalmente los derechos y
garantías del contribuyente.
En cualquier caso, apoyaremos, como digo, aquellas medidas que han sido
aprobadas en el Senado y que entendemos que, dado que tiene que existir
esta ley, pueden enriquecer y, de alguna forma, mejorar los derechos y
las garantías de los contribuyentes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Sánchez i Llibre, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, cuando este proyecto de ley se debatió en el
Pleno del Congreso de los Diputados, en base a todas la enmiendas que
quedaron pendientes en la Comisión de Economía y Hacienda, nuestro Grupo
de Convergència i Unió ya manifestó su satisfacción por la incorporación
en dicho proyecto de ley de diferentes enmiendas que habíamos presentado.
Entendíamos que estas enmiendas ampliaban y reforzaban justamente el
objetivo del enunciado del proyecto, ya que iban dirigidas a reforzar y
ampliar los derechos y las garantías de los contribuyentes, así como los
derechos lingüísticos de los residentes en las diferentes comunidades
autónomas donde existe más de una lengua oficial.
En el debate que se mantuvo en ponencia se llegó a un consenso entre
todas las fuerzas políticas respecto a reducir el plazo de prescripción
de las diferentes deudas tributarias de los contribuyentes. En el
proyecto de ley se fijaba un plazo entre cuatro y seis años para la
prescripción de las deudas tributarias y debido al mencionado consenso
entre todas las fuerzas políticas se estableció ese plazo de prescripción
en cuatro años. Entendemos que a través de este acuerdo y de este
consenso modernizamos nuestras leyes fiscales, las equiparamos a la
fiscalidad de los diferentes países de la Unión Europea y también, a
nuestro entender, damos una buena noticia a los contribuyentes, en el
sentido de que verán rebajado su plazo de prescripción de cinco a cuatro
años, lo que comportará una disminución de la carga de trabajo de la
Agencia Tributaria.
También hemos trabajado conjuntamente con el resto de las fuerzas
políticas en cuanto a la entrada en vigor de dicha ley. El proyecto
preveía el plazo de aplicación en la prescripción de las deudas
tributarias para el año 2001 ó 2002 y aquí también ha existido un
consenso importante para que dicho plazo sea a partir del 1 de enero del
año 1999. Quizá lo justo hubiera sido a los 20 días de su entrada en
vigor, pero consideramos interesante que a partir del 1 de enero de 1999
exista un plazo de prescripción de cuatro años.
Hemos trabajado también a fondo en los plazos de duración de las
inspecciones, en el sentido de que solamente podrán durar doce meses.
Podría incorporarse un plazo adicional de doce meses más, con lo cual
romperíamos aquí con la tendencia de que una inspección a los posibles
contribuyentes podría tener una duración ilimitada.
A nuestro entender ha existido un flanco, que nosotros pensábamos debatir
en profundidad en el Senado, que era la posibilidad de incorporar una
modificación importante en los tribunales económico-administrativos
regionales en su relación con el Tribunal Económico-Administrativo
Central. Creíamos que este era el momento procedimental en el sentido de
abrir un debate interesante con el Gobierno, a fin y efecto de involucrar
a las diferentes comunidades autónomas para modernizar la legislación de
los tribunales económico-administrativos regionales en su relación con el
Tribunal Económico-Administrativo Central. Es cierto que nuestro grupo,
Convergència i Unió, proponía una fórmula interesante al respecto, aunque
desgraciadamente no hemos podido llegar a un acuerdo en el Senado. Pero
también hay que decir, a continuación, que en estos últimos días nuestro
grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha llegado a un acuerdo con el
Gobierno del Partido Popular --y aquí emplazamos a los demás grupos
parlamentarios que se quieran sumar a esta iniciativa--, en el sentido de
promover, junto con el Gobierno y, repito, con los grupos parlamentarios
que quieran sumarse, un mecanismo parlamentario que permita una
modernización de los tribunales económico-administrativos regionales,
involucrando a las comunidades autónomas que quieran participar en esta
cuestión, para poder llegar a la creación de un convenio entre las
diferentes comunidades autónomas y la Administración Central con el fin
de modernizar estos tribunales.
Creemos, sinceramente, que este convenio entre las comunidades autónomas
y la Administración Central tendría tres ventajas importantes. En primer
lugar, respondería a un principio de comodidad en la exacción de los
tributos al configurar un órgano único para la resolución de las
reclamaciones tributarias, evitando al contribuyente peregrinaciones
absurdas en uno u otro órgano, en función de la naturaleza del tributo.
En segundo lugar, a nuestro entender, dicho convenio de colaboración
favorece y realiza el principio de cooperación entre las diferentes
administraciones tributarias al establecer un órgano único de base
consorcial, integrado por el Estado y las comunidades autónomas
correspondientes a las que interese dicho convenio.
Finalmente, nosotros entendemos que dicha posibilidad aproximaría también
la Administración de justicia al ciudadano, pues todos los recursos
contenciosos contra las resoluciones de este órgano serían resueltos por
el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma
correspondiente.
Por lo tanto, a pesar de que no se ha podido llegar a un acuerdo en el
Senado sobre esta propuesta, que nosotros consideramos un núcleo
fundamental en nuestras enmiendas, pensamos que habría que buscar la
parte positiva de dicho acuerdo. Tenemos todo el año 1998 para plantear
esta iniciativa conjuntamente con el Gobierno --sería importante que se
adhirieran el resto de las fuerzas políticas--, para que finalmente los
tribunales económico-administrativos regionales y el Tribunal
Económico-Administrativo Central pudieran involucrarse en estos convenios
de colaboración con las comunidades autónomas que lo quisieran, con el
fin de modernizarlos, evitar peregrinaciones absurdas y, lo que a nuestro
entender es más importante, acercar realmente la Administración de
justicia al ciudadano.
Por todas estas consideraciones, nosotros votaremos favorablemente las
enmiendas técnicas que se han aprobado en el Senado y, repito,
plantearemos de inmediato esta iniciativa para poder modernizar dichos
organismos administrativos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
don Pedro Antonio Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar dar
las razones, los argumentos, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre lo que se ha venido en llamar ley de derechos y garantías del
contribuyente, que para mí no es en realidad lo que el texto de la ley
hace. Esta ley lo que regula son los derechos y garantías, plazos y
mejoras al mal contribuyente, porque al que compite con la Administración
le facilitamos los plazos y, además, atamos las manos a la propia
Administración.
En relación con las enmiendas del Senado, en principio me gustaría decir
que, ya que reiteradamente intervengo aquí en este tema, deberíamos
proponer al Congreso la creación de un equipo de profesores de gramática
para que no nos tengan que enmendar sistemáticamente. Hay 15 enmiendas de
correcciones gramaticales, lo que es señal de que nuestros senadores
están gramaticalmente mejor preparados que nuestros diputados y, por
tanto, para evitarles trabajo, tendremos que mejorar.
Las enmiendas del Senado se han dirigido fundamentalmente a mantener la
filosofía del proyecto que el Gobierno remitió a esta Cámara. Yo decía,
cuando empezábamos el debate en el Congreso, que aunque la mona se vista
de seda, mona se queda, y eso es lo que nos pasa con este proyecto.
Nosotros decíamos que los dos problemas que tenía hoy la Hacienda pública
eran luchar eficazmente contra el fraude fiscal y lograr un sistema que
sea más equitativo; es decir, que la inmensa mayoría de los ciudadanos,
que cumplen religiosamente con la Hacienda, no se vean perjudicados
frente a los que sí actúan de manera negligente o con el objetivo de
equivocar. El segundo objetivo que yo no entendí de este proyecto
--porque estaba obsesionado con los plazos-- son las ventajas que tiene
traer todo el procedimiento administrativo, que estaba en manos locales y
regionales, a nivel central. Yo no sé por qué es mejor que a nivel
central se organicen las respuestas a toda esa serie de procedimientos o
procesos que se encuentran a nivel de resolución muy amplia donde la
gente conoce lo que es cada uno de los actos que se han producido.
Por tanto, planteamos en la Cámara tres reflexiones sobre este proceso:
primero, ¿por qué se reduce a cuatro años el plazo de las actuaciones de
la Administración y, además, no se produce una reforma de la
Administración tributaria dándole más recursos, organizándola mejor o,
por lo menos, dándole un plazo de carencia, un plazo transitorio, para
que se pueda adaptar? No entendemos por qué esa solución a los problemas
de la Hacienda Pública en la lucha eficaz contra el fraude era reducir
los plazos que ahora mismo tenían para que se declarara caducada en todo
el proceso de una deuda tributaria con la Hacienda pública. Le ponemos
trabas a la Administración tributaria, a toda la acción de la inspección
de Hacienda, pero no le damos recursos para que actúe. ¿A quién
favorecemos con esto? ¿Al erario público? ¿Al interés general? ¿O a los
ciudadanos que no cumplen con su obligación a la hora de declarar a la
Hacienda pública? Nosotros creíamos, por tanto, que esta ley tendría que
tener otro nombre distinto.
Pero es que, además, en lo que era la declaración que la Administración
tendría que hacer para poder asumir un determinado procedimiento, tenía
que introducirse, y además se puso en marcha, aquella interpretación de
extrema complejidad, de tal forma que la Administración tenía que
demostrar a cada contribuyente cuál era el caso de extrema complejidad
para que la Administración tuviera una relación, con lo cual abrimos todo
un proceso de complicación y actuaciones procedimientales contra la
Administración en la aplicación de esa interpretación. Por tanto, los
problemas fundamentales de esta ley, ley de los derechos y garantías del
mal contribuyente por la ayuda que le vamos a dar a éste, no ha sido
mejorado en el trámite del Senado. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
Voy a hacer referencia a las enmiendas que han empeorado el proyecto y
que nosotros vamos a votar en contra.
Se introduce una enmienda al artículo 34.2 del proyecto que se aprobó en
el Congreso, que viene a facilitar lo que son los datos que la
Administración debe dar o aportar en el procedimiento sancionador a cada
persona que se vea afectada, y remite aquí que todos los datos, pruebas y
circunstancias que están en manos de la Administración se tienen que
poner en manos de la persona sancionada cuando se inicia el trámite de
audiencia. Nosotros creemos que lo que esto añade es una complicación en
ese trámite.
En segundo lugar, nosotros no entendemos --y permítanme que en este punto
haga un comentario jocoso-- la enmienda a la disposición final sexta.
Miren ustedes lo que hace el Senado en la disposición final sexta,
fíjense la pervivencia que le quiere dar a nuestra ley. El texto del
Congreso decía: Este Congreso, las Cortes Generales, autorizan al
Gobierno a que, a propuesta del ministro de Economía y Hacienda, se
puedan desarrollar todas las disposiciones para hacer eficaz la ley. ¿Y
saben ustedes lo que ha dicho el Senado? Ha dicho: el Gobierno, al
vicepresidente segundo, ministro
de Economía y Hacienda... ¿Y cuando el ministro de Economía no sea
vicepresidente segundo? ¿Y cuando no sea vicepresidente segundo, sino que
sea vicepresidente primero? Desde luego, es una enmienda de una precisión
legal y de una perdurabilidad en el desarrollo legal tremenda. Yo creo
que, además de una actuación innecesaria, no es bueno que un proyecto de
ley tenga estas matizaciones.
Y nos preocupan todavía más las disposiciones finales sexta y séptima,
que vienen a introducir, en los beneficios que tenemos para el mal
contribuyente, los beneficios para las infracciones de contrabando.
Nosotros no estamos de ninguna manera de acuerdo en que se reduzcan los
plazos a todo lo que es la actuación de represión del contrabando. La
enmienda introducida establece el plazo de cuatro años desde el día de la
comisión del acto de contrabando. Yo no entiendo cuál es la ventaja para
la Administración y por qué queremos proteger a las personas que están
afectadas en expedientes de contrabando. No entiendo por qué. No entiendo
qué ventaja da, ni al erario, ni a la decencia, ni a la honradez, ni a la
equidad en la actuación de nuestra Administración.
En tercer lugar, en la siguiente disposición también introducen las
sanciones que se les van a imponer a estas personas que actúan; se ve que
son contribuyentes los que actúan y son sancionados por contrabando. En
las sanciones también aplicamos esos cuatro años a contar desde el día
siguiente a aquél en que tuvo firmeza la resolución por la que se impone
la sanción.
Por último, en la enmienda a la disposición séptima añaden el artículo 15
de la Ley orgánica de represión del contrabando. Nosotros vamos a votar
en contra.
Hay otras enmiendas que mejoran el texto, que van dirigidas a los
distintos artículos del proyecto, como al artículo 11, que viene a
introducir una precisión, al artículo 12, incluso se introduce otra
pretendida mejora al procedimiento de apremio, que no es ni más ni menos
que una imprevisión del proyecto en origen, y esa actuación la quiere
corregir con esta introducción.
Salvo que en el debate surjan otros argumentos, no vamos a votar a favor
de estos cuatro puntos, y espero que cuando ya esté aprobada esta ley
acometamos lo que es el problema fundamental. El libro de los expertos,
que dice que va a hacer la reforma del IRPF, ha descubierto de golpe y
porrazo los problemas del IRPF, y dice que uno es el ahorro y la lucha
contra el paro y otro es el fraude fiscal. Pues esto es ayudar a los
expertos a que vean cómo se puede no luchar bien contra el fraude fiscal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, permítanme, con su benevolencia y la de todas SS. SS.,
recordar, con respeto y con admiración, a un diputado, a un maestro de
políticos de mi generación, a un gran español, a un hombre de bien que,
con honestidad y con generosidad, defendió en las Cortes sus puntos de
vista, que no eran precisamente los de mi grupo parlamentario. Ese es mi
homenaje personal a un hombre que tuve el privilegio y el honor de
conocer y que se llamó Fernando Abril Martorell. (Aplausos.) Gracias.
Los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, con carácter
previo a fijar su posición en relación con las enmiendas del Senado, han
hecho unas manifestaciones en torno a la valoración que para ellos tiene
este proyecto de ley. Nosotros nos opusimos a él porque siempre creímos
que el fin del mismo no era el de acrecentar los derechos, sino que venía
determinado por una posición de un Gobierno, defendida por un grupo cuya
creencia en lo público no es muy elevada, cuya creencia en la
organización política de la sociedad es de todos conocida, y que ha
transformado estas posiciones doctrinales en normas jurídicas. Este
proyecto de ley dificulta el funcionamiento de la Administración pública,
desarma a la administración tributaria del Estado, impidiendo que pueda
cumplir correctamente sus objetivos.
Para ustedes, fundamentalmente para el Grupo Popular, el mercado
sustituye a cualquier posición ideológica y a cualquier tipo de poderes,
y la igualdad de derechos efectiva se cercena, a la vez que se castra el
contenido de lo político. Este proyecto es, en buena medida, la
materialización de estos principios, y en él se nota cómo el interés
general se subordina a esa tela de araña que constituyen auditores,
empresarios, publicistas, subcontratistas, escuelas de negocios y
políticos neoliberales. Nosotros siempre hemos dicho que era un texto
inmaduro y desequilibrado, que en muchas partes carecía de certeza
jurídica y que el refinamiento jurídico y político no era muy elevado,
puesto que no había sido capaz de encontrar una materialización
medianamente instruida del interés personal.
La pretensión de conseguir derechos individuales no se ha acompañado del
respeto debido a los derechos del resto de los contribuyentes. Y debería
haberlo hecho, aunque sólo fuera por pensar que todos podían hacer lo
mismo.
Las facultades de la Administración se restringen y esto se hace en un
momento en que la preocupación de las ciudadanas y los ciudadanos es
lograr un sistema tributario justo, eficaz y correctamente administrado.
Siempre hemos estado en contra del diagnóstico que subyacía en este
proyecto de ley. Creían sinceramente quienes lo formulaban que la
Administración tributaria del Estado actuaba despóticamente delante de
los contribuyentes, pero nosotros creemos lo contrario. Y los números
cantan. En un gravamen tan
importante como es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el
peso del trabajo dependiente alcanza el 80,81 por ciento, magnitud
profundamente desproporcionada cualquiera que sea la medida que queramos
utilizar. Y ese hecho creemos que se va a agravar a lo largo de los
próximos meses si se consuman los propósitos del Grupo Popular de
introducir una nueva fase en el proceso de hacer regresivo el sistema
tributario español. Y, habiendo ya vaciado la base del impuesto de las
ganancias de capital y de los rendimientos que obtienen los profesionales
y los empresarios, en este momento, se nos anuncia que también las rentas
altas serán objeto de menor tributación.
El periplo se termina, a partir de ahora todas las rentas altas tendrán
impuestos bajos, y esos impuestos bajos se van a poder administrar con un
sistema legal que envilece las potestades y los poderes de la Hacienda
pública.
Aquí hemos analizado con rigor cómo se debe hacer la tarea de la
comprobación inspectora y se han puesto de relieve algunas
circunstancias, que mi grupo hubiera querido que se hubieran analizado
con sosiego, en relación con las reclamaciones económico-administrativas.
El anuncio de una iniciativa conjunta de Convergència i Unió y el PP en
esta dirección solamente me hace pensar que la improvisación del proyecto
ha llegado a todas y cada una de sus fases. Ha habido oportunidad de
analizarlo en ponencia, en Comisión, en el Pleno, en el Congreso y en el
Senado, y estas Cámaras se han limitado a hacer pervivir una regulación
que todos sabemos que es mala. Hemos mantenido un proyecto equivocado y
se ha tenido que recurrir a encontrar una vía, una nueva iniciativa en
una nueva tramitación parlamentaria.
Mi grupo, como otros, señala que la mayor parte de las enmiendas que se
han aceptado en el Senado son de carácter técnico. Hay tres que no lo son
y nosotros nos vamos a oponer a ellas. A la enmienda al artículo 23, con
un nuevo apartado, porque creemos que lo lógico y lo coherente con un
texto que se dice defensor de los derechos y las garantías de los
contribuyentes sería establecer un procedimiento que regulara de forma
precisa, segura e inequívoca el procedimiento de apremio, y aquí no se
hace.
En cuanto a las disposiciones finales sexta y séptima, pensamos que las
infracciones administrativas de contrabando tienen una entidad, tienen un
sentido y una finalidad distinta que las infracciones tributarias, por lo
que no se justifica, en nuestra opinión, la reducción de la prescripción
a cuatro años.
Nos encontramos con infracciones como la exportación ilícita de obras del
patrimonio artístico español, el contrabando de drogas, de
estupefacientes y de armas. Resulta evidente que en estos casos no es
necesario ni conveniente reducir el plazo de prescripción en orden a
proporcionar seguridad jurídica a los contrabandistas. Nosotros no
sabemos en quién están pensando algunos, pero, desde luego, como no lo
sabemos y no somos partidarios de proporcionar esa seguridad jurídica a
los contrabandistas, nos vamos a oponer a las disposiciones finales sexta
y séptima.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Marugan.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor presidente, señorías, con el debate
y votacion de las enmiendas que acompañan al mensaje motivado que hoy nos
remite el Senado, acaba definitivamente la tramitación parlamentaria del
proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, más
conocido como estatuto del contribuyente.
Durante el tiempo en que se ha desarrollado la labor legislativa, algunos
han elogiado el contenido de la misma y otros lo han criticado,
cumpliendo con el deber que tiene la oposición política y la doctrina
hacendística de criticar toda nueva norma tributaria. Sin embargo, yo les
aseguro que esta ley implica un avance muy importante en nuestro sistema
tributario e implica, igualmente, una conquista de derechos poco conocida
para el contribuyente. Por eso, pienso que cuando se apruebe, en el
momento de su aprobación, tanto legisladores como contribuyentes podremos
estar satisfechos. Porque esta ley consagra una serie de derechos básicos
que ninguna autoridad tributaria podrá conculcar y acuerda el cese de
determinadas prerrogativas que dificilmente pueden hoy sostenerse al
amparo de la Constitución. Por ello, esta ley justifica su existencia y
su vigencia y, por ello, podemos decir que el Gobierno ha cumplido su
promesa y que los demás grupos parlamentarios, casi todos, incluido el
Grupo Socialista, han colaborado en que ese cumplimiento sea posible
mediante la facilitación de un consenso en los aspectos básicos o
fundamentales de la misma.
A mí me sorprende lo que se oye decir a algunos portavoces, en contra
incluso de lo que oí decir en ponencia y en Comisión. No se puede decir,
conociendo el Derecho público, que basta con la regulación de la Ley
30/1992 para entender perfectamente consagrados los derechos del
contribuyente, porque muy poco tiene que ver la regulación de los
tributos con la regulación administrativa general, y por ello, el que
diga que basta con la Ley 30/1992, en cuanto a regulación y consagración
de derechos constitucionales mediante ley ordinaria, no conoce la materia
de la que está tratando. Tampoco me explico que se diga aquí, y se queden
tan anchos cuando se dice, que esta ley beneficia a los que no pagan.
Ello, aparte de implicar una cierta demagogia, implica un desconocimiento
de lo que es la aplicación
de los tributos e implica un desconocimiento de cómo funciona la Hacienda
pública y cómo ha funcionado siempre.
Quienes así hablan deberían tener presente que el contribuyente más
inspeccionado es el que declara correctamente sus obligaciones, el que
presenta declaración por los tributos, y éste, que cumple, se ve sometido
a un procedimiento inspector, que hasta ahora podía haber durado cuatro o
cinco años y no uno como establecemos nosotros en el proyecto, y, además,
luego se veía ante los tribunales económico-administrativos durante tres
o cuatro años, teniendo que soportar la ejecución de las sanciones
tributarias si no garantizaba el importe de la deuda y un calvario que
empezaba en el Tribunal Económico-Administrativo y acababa en la Sala de
lo Contencioso, cinco o seis años después, si no en el Tribunal
Constitucional. Este contribuyente que venía declarando y que declaraba,
veía que su patrimonio podía ser enajenado en cualquier momento como
consecuencia de actuaciones inspectoras. Este contribuyente veía que la
Administración anterior no devolvía de oficio con los intereses de
demora; este contribuyente veía cómo todos sus derechos constitucionales
y todas las presunciones de buena fe que se presumían o que tenían que
presumirse en el contribuyente eran sistemáticamente atropelladas. La
responsabilidad de eso correspondía claramente a los gobiernos
anteriores, a los que de alguna forma sí les preocupó la recaudación,
pero nunca, para nada, la consagración de los derechos del contribuyente.
(Un señor diputado: Pesado.--Otro señor diputado: ¡Cállate ya!) Por eso,
...
Señor presidente, pido el amparo de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia ampara al
interviniente. Así que continue, señor Cabrera. (Rumores.) Silencio
señorías.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Dejando a un lado estos pequeños
incidentes poco democráticos, yo quiero decir que agradezco el consenso
mayoritario en cuanto a los cuatro núcleos básicos o pilares de la ley,
que son los artículos 24, 29, 35 y 37.
En el artículo 24 se consigue algo que incrementa tremendamente la
seguridad jurídica, es decir, la reducción del plazo de prescripción a
los cuatro años. Que no se diga que es exclusivamente en beneficio del
contribuyente. También se extingue a los cuatro años el deber de
devolución de los ingresos indebidos por parte de la Administración.
En el artículo 29 se establece, como dije antes, el plazo de inspección
de un año, algo que los contribuyentes venían reclamando porque, aparte
de la dureza que implica el procedimiento de esta acción en cuanto a su
prolongación a cuatro, cinco o más años, era casi necesario recurrir a
tratamientos psicológicos al soportar durante cuatro o cinco años un
procedimiento tributario. En el artículo 23 se establece exclusivamente
un plazo de seis meses en el procedimiento de gestión.
En el artículo 35 se introduce una novedad que a cualquier persona con
sentido común tiene que parecerle importantísima: la suspensión
automática de las sanciones por el mero hecho de presentación de un
recurso o reclamación económico-administrativa. ¿Por qué? Porque hay un
principio constitucional que es el de la buena fe en favor de los
contribuyentes. En consecuencia, no hay que embargar y acabar con el
patrimonio del contribuyente por el mero hecho de que un funcionario
estime que se ha producido un hecho constitutivo de sanción. Por lo
tanto, el mero recurso, y hasta que éste adquiera firmeza, implica la
suspensión automática de la sanción.
El artículo 37 es decisivo, y me explico. Se da una nueva regulación a
las reclamaciones económico-administrativas, de tal manera que, por una
parte, y en consonancia con lo sentido por la mayoría de los grupos
parlamentarios, se aumenta la cuantía de las reclamaciones --se pasa a 25
millones de pesetas en cuanto a cuota y a 300 millones de pesetas en
cuanto a base-- y, por otra parte, se da al contribuyente que así lo
desea la posibilidad de ir directamente al Tribunal
Económico-Administrativo Central, cuando se exceda de estas cuantías,
para así ahorrarse una instancia en vía económico-administrativa. Por
tanto, nos encontramos con que el contribuyente se puede ahorrar año y
medio de resolución en la vía económico-administrativa. Eso, unido a la
mayor competencia que adquieren los tribunales económico-administrativos
regionales por esa cuantía, ya va a implicar una importante
descentralización. En este momento cojo el guante lanzado por el Grupo
Parlamentario de Convergència y manifiesto la conformidad plena con este
grupo respecto a tramitar esa iniciativa relativa a que se coordinen las
posibles actuaciones de tribunales económico-administrativos del Estado
con los tribunales económico-administrativos que, en ejercicio de sus
facultades, puedan crear las comunidades autónomas.
Por último, y para no extenderme más, quiero decir que no son estos
cuatro pilares los únicos avances de la ley. Yo podría citar el artículo
6, relativo a la obligación de informar sobre las nuevas normas año tras
año; el artículo 9, relativo a los acuerdos previos de valoración, un
instrumento novedoso que implica un auténtico contrato entre la
Administración pública y el contribuyente, vinculando a ambas partes, que
tiene precedentes completamente desconocidos en el derecho hispano y, sin
embargo, es un instrumento usado en algunos países europeos; el artículo
12, en cuanto al reembolso de los costes de las garantías; o el artículo
11, sobre la devolución de oficio con intereses. En fin, podríamos seguir
enunciando las innumerables ventajas
y derechos que crea ex novo esta ley. Para quien no quiera reconocerlo,
basta con que eche un simple vistazo a la norma; norma que, además, no ha
estado muy felizmente acompañada en su aprobación y en su tramitación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cabrera, vaya concluyendo.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Ya termino, señor presidente. Gracias.
Porque todos sabemos que, con independencia de la ponencia y de la
Comisión, se ha discutido y se han establecido ciertos aires en el
Congreso en otros asuntos que de alguna manera han influido en que la
norma no fuese más valiente. Por otra parte, es lógico, y siempre ocurre,
que los propios funcionarios de la Administración tributaria sean reacios
a cambios legislativos que impliquen pasar de unos determinados derechos
y obligaciones a otros muchos más liberales o flexibles. Eso siempre
pasa, es lógico, es la inercia administrativa. No obstante, todos debemos
estar plenamente satisfechos porque aquí hoy se va a aprobar un proyecto
de ley muy importante, que los contribuyentes van a apreciar, a valorar y
a aplaudir a partir de los 20 días de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.) MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cabrera.
La votación, señorías, de las enmiendas del Senado al proyecto de ley que
acaban de ser debatidas, se efectuará después del debate de las enmiendas
del Senado al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 96/9 del Parlamento Europeo.
Quiero advertir a SS. SS. que la Junta de Portavoces, en su última
reunión, acordó por unanimidad que se incorporara al orden del día de
esta sesión el debate relativo al informe de la subcomisión, constituida
en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el
estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola
español y garantizar su viabilidad futura. Asimismo acordó por unanimidad
que se produjese este debate una ver concluido el debate del punto VI,
sobre enmiendas del Senado, pero, en cualquier caso, la modificación del
orden del día corresponde al Pleno de la Cámara. ¿Prestan su asentimiento
a que se modifique en este sentido el orden del día.? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.
Por tanto, de acuerdo con lo aprobado por la Junta de Portavoces, después
del punto 41, se debatirá el informe de la subcomisión de Agricultura
sobre el sector vitivinícola español.
ENMIENDAS DEL SENADO (continuación.):
--PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA
96/9/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE MARZO DE 1996,
SOBRE PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS (Número de expediente
121/000088)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir las enmiendas
del Senado al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre protección jurídica
de las bases de datos.
¿Grupos que desean intervenir en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, dado que mi grupo va a votar
favorablemente a todas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Tan sólo hay una enmienda que tiene un rango significativo, puesto que
las restantes son correcciones mecanográficas o de estilo.
La enmienda referida al artículo 7 pretende introducir una nueva
disposición transitoria decimoctava, cambiando la fecha de entrada en
vigor que figuraba en dicha disposición, recogiendo la Directiva
comunitaria, y se va a reflejar en el Derecho positivo español, en la Ley
de Propiedad Intelectual, tan necesaria a la vista de las noticias de
alarma social aparecidas en los últimos tiempos sobre el uso de bases de
datos que puedan tener determinadas entidades o corporaciones. Por tanto,
creemos que es positiva la incorporación de dicha disposición a nuestra
Ley de Propiedad Intelectual para la protección de los datos de las
personas.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar afirmativamente las
enmiendas del Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Como decía, señor presidente, el objeto del
proyecto de ley que viene enmendado por el Senado es incorporar la
Directiva 96/9 a nuestra legislación sobre propiedad intelectual, que es
una de las más avanzadas del mundo, una de las más modernas y que,
sucesivamente, se ha ido perfeccionando a través de la incorporación de
las directivas comunitarias.
Tengo que decir que el texto que salió de esta Cámara es sensiblemente
mejorado respecto al que envió el
Gobierno, y que en su tramitación, en la Comisión de Educación y Cultura,
se incorporaron diferentes enmiendas, la mayoría presentadas por el Grupo
Socialista. No obstante, mi grupo ha mantenido en el Senado cuatro
enmiendas que no han sido aceptadas, lo que lamentamos, puesto que en
alguno de los casos simplemente con una modificación de ubicación, sin
necesidad siquiera de introducir ni una sola coma, se hubiera aclarado la
protección, cuando se refiere a bases de datos y a otro tipo de
colecciones. Creemos que el proyecto hubiera mejorado sensiblemente.
Tampoco se ha aceptado la definición, en el artículo 18, más moderna, más
adecuada con las nuevas tecnologías e incluso más acorde con la
directiva, del concepto de producción. El futuro mostrará quién tenía
razón y si las cautelas que el Grupo Socialista mantenía son razonables o
no.
Dicho esto, señor presidente, simplemente quiero anunciar el voto a favor
de todas las modificaciones hechas por el Senado que, como se ha dicho en
la intervención anterior, aunque afectan a diferentes preceptos, todas
ellas son consecuencia de una sola decisión, decisión que es bastante
lógica, y es que la directiva planteaba su entrada en vigor el 1 de enero
de 1998; pero, como estamos en febrero, su entrada en vigor será el 1 de
abril del presente año. Por tanto, hay una nueva disposición transitoria,
que también apoyamos, que se refiere a que la protección también se
extenderá a las bases de datos que hayan sido elaboradas entre la fecha
inicialmente prevista, el 1 de enero de 1998, y en la que finalmente va a
ser aprobada, para su entrada en vigor, el 1 de abril del presente año.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bayona.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Coquillat.
El señor COQUILLAT DURAN: Muchas gracias, señor presidente.
Concluimos hoy la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de
incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9, sobre la
protección jurídica de bases de datos.
En referencia a las enmiendas del Senado poco queda que añadir. Quizá sea
reiterativo con lo que se ha dicho anteriormente. Son enmiendas
fundamentalmente técnicas, y es necesario introducirlas en una segunda
lectura de este proyecto de ley. Por tanto, tienen el pronunciamiento
favorable del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda a la disposición final única ya se propuso en Comisión con
competencia legislativa plena, como consecuencia de la imposibilidad de
entrada en vigor de la norma el 31 de diciembre de 1997.
La enmienda de adición en la que se añade una disposición transitoria
decimoctava, en el artículo 7º del proyecto, es una consecuencia de lo
anterior. En ella se indica que la protección prevista en esta ley, en lo
que concierne al derecho de autor, así como lo establecido en el artículo
133 de la misma respecto al derecho sui generis, se aplicará asimismo a
las bases de datos finalizadas durante el período comprendido entre el 1
de enero y el 1 de abril de 1998.
Debo añadir, porque no se ha comentado, que subsidiariamente se modifica
en la exposición de motivos y en el artículo 7, en ambos casos, el número
de 3 a 4 las disposiciones transitorias. También hay una modificación en
la numeración de un artículo, el 159, por el 154.
En referencia al propio proyecto de ley en su conjunto, creo sinceramente
que la dedicación al mismo por todos los grupos parlamentarios que han
intervenido en los debates previos que tuvimos y en el debate en Comisión
ha matizado y clarificado sin duda el texto original, dentro de la
evidente complejidad que el proyecto plantea en sí mismo, teniendo en
cuenta la técnica utilizada: incorporación, directamente, en el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
No ha podido haber una concordancia total con respecto a cuatro enmiendas
del Grupo Socialista que quedaron pendientes, que no reabrieron ningún
debate, sino que sencillamente señalaron cuestiones fundamentalmente
técnicas e incluso algunas que, aunque pudieran ser discutibles en su
momento, como comentaré rápidamente al final, con el seguimiento dinámico
que tiene la directiva puedan ser modificadas si algo no fuera adecuado o
correcto; pero siempre han estado avaladas por los técnicos.
Esta es la primera ocasión en la que la directiva se incorpora
directamente al texto refundido, ya que en el caso de las cuatro
directivas anteriores relativas a materia de propiedad intelectual (la
protección jurídica de programas de ordenador, derecho de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de
la propiedad intelectual, la armonización del plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines y, por último, la
coordinación de determinadas disposiciones relativas a derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable) se había
utilizado la técnica legislativa de incorporación al Derecho interno de
las directivas mediante leyes autónomas. La utilización de esta técnica
legislativa fue criticada por el Grupo Parlamentario Popular, entonces en
la oposición. En su desarrollo se ha incidido en aquellos aspectos que
constituyen una novedad, no haciendo referencia a aquellos otros que
suponían una reiteración en lo ya dispuesto en el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual. Sin duda, razones de eficacia y economía
legislativa justifican que la incorporación se haya realizado
directamente en el texto refundido, evitando la proliferación de textos
diferentes y facilitando a los destinatarios el acceso y la utilización
de la normativa actual sobre propiedad intelectual.
La situación de partida se retrotrae al 11 de marzo de 1996, fecha en que
dicha directiva fue aprobada y notificada al Estado español y,
posteriormente, el 27 de marzo de 1996, se publicaría en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. El artículo 16 de la directiva, en
su apartado primero, establece que los Estados miembros pondrán en vigor
las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente directiva antes del
1 de enero de 1998. A pesar de la declaración de urgencia, ha habido un
leve retraso, que se corrige con la enmienda de adición donde aparece la
disposición transitoria decimoctava en el artículo 7 del proyecto. Por
tanto, hoy finalizamos con este proyecto de ley.
El artículo 16, en sus disposiciones finales, en su apartado segundo,
expresa que los Estados miembros notificarán a la Comisión las
disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la
presente directiva. Finalmente, en su apartado tercero, se indica que, al
término del tercer año a partir de la fecha contemplada en el apartado
primero, y en lo sucesivo cada tres años, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe
sobre la aplicación del derecho sui generis por si fuera necesaria la
aplicación de medidas adecuadas, presentando en su caso propuestas
destinadas a adaptar la directiva a la evolución de las bases de datos.
Por tanto, la directiva es dinámica y especifica su adaptación en el
tiempo a este universo cambiante de las bases de datos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Coquillat.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Senado a ambos proyectos de
ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las enmiendas del
Senado a los proyectos debatidos.
En primer lugar, votaciones de las enmiendas al proyecto de ley de
derechos y garantías de los contribuyentes.
Votamos la enmienda al artículo 23.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 167; en contra, 144; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda del Senado al artículo 34.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 298; en contra 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 131; en contra, 179; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas a la disposición final sexta nueva del Senado y a la
disposición final séptima del Senado, que coincide con el mismo número
del Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 168; en contra, 144; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de garantías y derechos
de los contribuyentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 315; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas al proyecto
de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Se votan conjuntamente las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
incorporación al Derecho español de la Directiva número 9/1996 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la
protección jurídica de las bases de datos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor 316.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
--ACUERDO DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, RELATIVO AL
INFORME DE LA SUBCOMISION CONSTITUIDA EN SU SENO, PARA EL ESTUDIO DE LAS
REFORMAS NECESARIAS PARA MODERNIZAR EL SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Y
GARANTIZAR SU VIABILIDAD FUTURA (Número de expediente 154/000015)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el informe elaborado por la subcomisión
para estudio del problema del vino.
En primer lugar, se presentarán los votos particulares suscritos por el
Grupo Socialista, para cuya presentación tiene la palabra el señor
Chivite. (Rumores.) Silencio, señorías.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es una satisfacción para mí estar hoy en esta tribuna y lo es,
en primer lugar, por ser la primera vez que tengo la oportunidad de
hacerlo y porque mi apellido, Chivite, y mi origen, de Cintruénigo, son
dos factores que están íntimamente vinculados a la historia, a la
tradición y a la cultura vitivinícola de Navarra y de España. En segundo
lugar, por hacerlo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para
tratar de aportar, desde nuestra perspectiva, unos criterios que puedan
servir al Gobierno para elaborar un buen proyecto de ley encaminado a
actualizar y modernizar la legislación que regula el sector vitivinícola
español y garantizar su viabilidad futura. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Para no cansar a SS.
SS., obviaré repetir lo que ha sido elemento de consenso entre todos los
grupos, y centraré mi exposición en explicar, razonar y defender los ocho
votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario Socialista en
la Comisión de Agricultura y mantenidos para el debate de hoy. Pretendo
con ello que, aun en el caso más que previsible de que ninguno de ellos
sea aprobado, mi intervención sirva como aportación de contraste para que
la ministra de Agricultura, a la hora de ejercer sus competencias que son
las de elaborar y traer a esta Cámara el mejor proyecto de ley de
actualización de la legislación que ha de regular el futuro del sector
vitivinícola, lo haga de la mejor manera posible.
Antes de pasar a la cuestión que nos ocupa, quiero dejar constancia de un
hecho que a nadie se le escapa, cuál es, y creo coincidir en ello con el
resto de SS. SS., la extraordinaria importancia que en nuestro país ha
tenido y sigue teniendo la viña y el vino; una importancia y
trascendencia en el ámbito histórico, cultural y tradicional. No en
balde, la vitivinicultura ha estado siempre muy ligada a la vida y a las
costumbres de nuestros pueblos.
En el ámbito económico, las cifras son elocuentes y hablan por sí solas.
Según datos referidos al ejercicio 1996, existían en España 6.445
industrias dedicadas a la elaboración y comercialización de productos de
denominación de origen, de las cuales 5.261 eran vitivinícolas y 391.000
millones de pesetas fue el valor de mercado de los productos
comercializados con D.O., de los que 116.000 millones fueron destinados
al mercado de la exportación. Factores de singular relevancia a tener en
cuenta a la hora de modificar la regulación legal de la viña y el vino
son los sociales y medioambientales. El cultivo de la viña y la
elaboración y comercialización de vinos inciden de manera especial en la
creación de empleo, contribuyen de forma decisiva al asentamiento
poblacional y al sostenimiento medioambiental, sobre todo, en muchas
regiones y zonas rurales de España, algunas de ellas con muy pocas o
ninguna alternativa de futuro.
El voto particular 4 que planteamos se refiere a la inclusión de un
apartado referido a la oportunidad temporal de la nueva ley. Mi grupo,
continuando con el proceso ya iniciado por el Gobierno Socialista en
anteriores legislaturas, coincide con el resto de los grupos en la
necesidad de refundir, actualizar, racionalizar y simplificar la
normativa nacional que regula la viña y el vino para, entre otros
objetivos, acompasarla a la realidad internacional marcada por la
mundialización de la economía y la globalización de los mercados,
consecuencia directa de los acuerdos GATT, adaptarla a la normativa
comunitaria, armonizarla con el desarrollo del Estado de las autonomías y
adaptarla a la evolución del sector. Sin embargo, señorías,
coincidiendo en la necesidad , no estamos de acuerdo en la oportunidad.
Teniendo en cuenta que la reforma de la OCM del vino va a iniciar su
debate en la Comisión Europea a partir de marzo, fecha en que está
previsto se dé a conocer la propuesta de reforma, cuyo borrador ya se
halla elaborado, e incluso filtrado, podríamos aprobar una legislación
nacional que quedase obsoleta desde el mismo momento de su nacimiento,
por contemplar aspectos que ya se han regulado o que pudieran resultar
contradictorios con la nueva OCM. Avalando esta tesis, tengo que recordar
a la señora ministra, aunque creo que no es necesario, el informe del
Consejo de Estado que, en su memoria de 1996, aconseja al Gobierno
esperar para reformar la ley 25/1970 al resultado de la reforma de la OCM
del vino. En esa línea de paciencia, prudencia y sensatez es en la que se
orienta nuestro voto particular 1. Quizá fuese más conveniente que la
ministra, junto con sus técnicos y asesores, teniendo presente los
antecedentes existentes en esta Cámara, y sabiendo que cuenta con el
conseno, respaldo y apoyo unánime de todos los grupos, aquí manifestado y
reiterado en legislativas anteriores, centrase ahora todos sus esfuerzos
en dialogar, influir y negociar adecuadamente en Bruselas para conseguir
una OCM vitivinícola favorable para España y evitar que prospere el
actual documento que resulta lesivo a los intereses del sector español,
no vaya a ser que, una vez más, nos quedemos a la cola de la negociación
y, de nuevo, la ministra se vea obligada a encabezar una nueva
manifestación, esta vez la del sector vitivinícola.
Con el voto particular 2 que presenta el Grupo Socialista queremos
completar el informe, haciendo referencia a un pasado muy importante y
floreciente de
las denominaciones de origen. Podemos coincidir en que la Ley 25/1970,
convenientemente modificada y adaptada por los sucesivos gobiernos
socialistas, ha quedado obsoleta, pero debemos admitir que ha resultado
muy operativa para el sector agroalimentario en general y para la
vitivinicultura en particular.
De 1982 a 1996, en el por ustedes calificado nefasto período socialista,
las denominaciones de origen se han triplicado, pasando de 30 a 101, 51
de ellas vitivinícolas. En el mismo período, con los malvados socialistas
en el gobierno, se ha duplicado la superficie cultivada de viña inscrita
en las denominaciones de origen, con 591 hectáreas cultivadas dedicadas a
vinos de calidad producidos en región determinada, los que conocemos como
VCPRD. Las cifras económicas también son muy ilustrativas. De 1990 a
1996, el valor de mercado de los productos agroalimentarios se ha
incrementado en un 130 por ciento, pasando de 170.000 millones a 391.000.
No podemos eludir, pues, en el informe la referencia que la Ley 25/1970,
que ahora se pretende reformar, no sólo regula los productos
vitivinícolas, sino también las otras denominaciones de origen de
productos agroalimentarios. Por tanto, su reforma afectará no sólo a los
productos vitivinícolas, sino en igual medida al resto de productos
agroaliementarios que ella regula.
El voto particular número 3 hace referencia a las cuestiones
problemáticas. La creación de la subcomisión ha servido para producir un
amplio debate en el que han participado, junto con los grupos políticos,
los representantes del sector, cuyas comparecencias quiero agradecer, en
nombre de mi grupo, por lo valioso de sus aportaciones. Teniendo en
cuenta que no estamos debatiendo un proyecto de ley, sino un
informe-propuesta, parece obvio que en el mismo se recojan, al igual que
se ha hecho en otras subcomisiones, las distintas cuestiones
problemáticas que se han planteado como elementos sobre los que había que
incidir en la nueva reforma, en caso de llevarse a cabo. No sirve de
nada, o de muy poco, recibir en sede parlamentaria a los sectores y
escuchar sus comparecencias, si luego los análisis y propuestas, que de
forma más o menos mayoritaria exponen, cuando no coinciden con los
planteamientos del grupo que sustenta al Gobierno, no son recogidas ni
siquiera de manera resumida en el informe final.
El voto particular 4 corresponde a un elemento de disenso entre los
grupos. En el informe final que hoy llega a esta Cámara se establece que
debe ser una sola ley la que regula el sector vitivinícola. Desde nuestro
grupo proponemos que la nueva regulación se realice según dos normativas
diferenciadas: una, para el sector vitivinícola, y otra, de máximo rango
legislativo, para las denominaciones de origen y consejo reguladores,
incluido vinos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CHIVITE CORNAGO: Lo siento, señor Presidente.
Proponemos que la regulación vitivinícola se centre en aspectos básicos,
teniendo en cuenta que la normativa europea es amplia y de obligado
cumplimiento para España como Estado miembro, y desde el respeto a las
amplias competencias que en materia de agricultura tienen las comunidades
autónomas.
Con nuestro voto particular número 5, consecuencia de lo anterior,
proponemos sustituir el texto del informe por otro orientado a que la
nueva normativa sobre el vino no se ocupe de las denominaciones de
origen. Nuestra propuesta va encaminada a que el vino, en todo lo que se
refiere a origen y calidad, sea desarrollando en un texto independiente y
de máximo rango legal sobre denominaciones de origen, junto con el resto
de productos agroalimentarios. Esta proposición se basa en la defensa de
la filosofía, que creo que todas SS. SS. compartirán conmigo, de que el
vino es un producto alimenticio, básico en nuestra rica y variada dieta
mediterránea y, en consecuencia, pretendemos que sea legislativamente
regulado junto con el resto de alimentos característicos de nuestro país
y de nuestra dieta, incorporando incluso la figura de los productos
artesanos y tradicionales de carácter alimentario. Sin duda alguna, esta
regulación permitirá suavizar barreras que hoy en día, por ser
considerado como una simple bebida alcohólica, afectan a la promoción del
vino y reducen paulatinamente su consumo.
En nuestro voto número 6, abundando en lo anterior, presentamos una
alternativa a la del informe, y es que toda la materia de denominaciones
de origen, de indicaciones geográficas y otras denominaciones
tradicionales, tanto de productos vitivinícolas como de otros productos
agroalimentarios, sea recogida en una normativa independiente, desde
luego armonizando todo ello con la legislación europea y autonómica. Las
denominaciones de origen, a nuestro juicio, deben seguir siendo entidades
de derecho público, porque no sólo constituyen elementos económicos y de
importancia relevante, sino que en ellas confluyen además aspectos
cualitativos, históricos y culturales que las convierten en un auténtico
patrimonio público ligado a la tradición y a las raíces culturales de
nuestro país, por lo que debe asegurarse que los nombres de las
denominaciones de origen sean protegidos como bienes pertenecientes al
común. En la nueva regulación legal de las denominaciones de origen,
desde nuestra óptica creemos que debe darse un fuerte protagonismo a los
consejos reguladores, a quienes corresponde gestionar las denominaciones,
velar por la garantía de origen, la calidad en el proceso de
transformación y la comercialización, así como la promoción del consumo
de los productos amparados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, le
ruego concluya.
El señor CHIVITE CORNAGO: Lo siento, señor presidente. Le ruego me dé un
poco más de tiempo.
La nueva ley debe otorgar a los consejos reguladores personalidad
jurídica suficiente y amplias competencias y autonomía para su
funcionamiento. En estos consejos reguladores deben tener representación
todos los agentes económicos afectados, acorde con su relativa
importancia económica, pero, por tratarse también de aspectos
cualitativos, se deberá asegurar la presencia de las minorías. Los
consejos reguladores deben configurarse como entidades de derecho privado
y deberán velar por el cumplimiento de las normas vigentes, tanto
comunitarias como nacionales, autonómicas y de régimen interno de los
propios consejos. No se puede argumentar una reforma basada en la
liberalización para, contradictoriamente, implantar un control férreo de
la Administración, lo que supone una falta de reconocimiento a la
capacidad de control y gestión de los consejos reguladores, de manera que
la pretendida liberalización no es sino el primer paso encubierto hacia
el desmantelamiento de los consejos reguladores.
En nuestro voto particular número 7 la diferencia respecto al informe es
que nuestra propuesta contempla que los consejos reguladores puedan optar
a ser o no organizaciones interprofesionales dependiendo de su
desarrollo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, S.
S. debe concluir de forma inmediata.
El señor CHIVITE CORNAGO: Voy concluyendo, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, no, debe
concluir ya de forma inmediata, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: A la ministra le corresponde ahora interpretar
adecuadamente la voluntad de todo el sector, de todo él: de los
agricultores, de los elaboradores, de los comercializadores y de los
consumidores, integrar las diferentes realidades regionales y atender la
diversidad del sector, y no sólo guiarse de la voluntad y seguir las
directrices, orientaciones de las grandes empresas o grupos industriales
y financieros que operan en el sector.
En resumen, nuestro grupo va a votar negativamente el informe de la
subcomisión por haber presentado ocho votos particulares que son
esencialmente diferentes de las conclusiones que en él figuran.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chivite.
¿Grupos que desean fijar su posición ? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy
breve, pero antes quiero comunicarles que vamos a repartirnos el tiempo
los dos compañeros del Grupo Mixto.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para dar mi apoyo al
informe-propuesta que hoy se nos eleva aquí por esta subcomisión, que ha
hecho un trabajo que hay que reconocer que ha sido intenso, ha habido
multitud de comparecencias y creo que se ha llegado a unas conclusiones
dignas de elogio, por cuanto que hay voluntad seria y firme de defender
este sector de gran importancia para el Estado español, para diversas
comunidades que viven enteramente dedicadas a la explotación del viñedo
en una superficie que, en el conjunto del Estado, supera el millón
cuatrocientas mil hectáreas.
De este conjunto de conclusiones, pasaré muy brevemente a recordar alguna
de ellas y la importancia que tiene el sector vitivinícola, no sólo en lo
que es la producción agraria total, sino la gran importancia social y
económica que representa en diversas comarcas que se dedican como
monocultivo a esta explotación.
Creo que el objetivo recogido en la conclusión número 2 de conseguir que
España sea el líder mundial de vitivinicultura es un gran objetivo, pero
nos va a suponer grandes esfuerzos. Unos esfuerzos que, indudablemente,
además de que hoy aprobemos este dictamen, informe, propuesta y las
conclusiones incluidas en el mismo, pasan por hacer un frente común de
todos los grupos parlamentarios, desde el amplio consenso, para conseguir
ese objetivo. Pero, en primer lugar, tenemos un gran obstáculo, que es la
OCM del vino. Creo que ahí debemos, por sentido de responsabilidad, hacer
todos los grupos nuestra aportación, desde las comunidades autónomas con
competencias en materias relacionadas con el vino, para conseguir que el
sector vitivinícola sea respetado por una OCM que --como se recoge en la
propuesta número 6-- no contemple iniciativas, no incluya propuestas que
vayan en contra de los intereses de la agricultura vitivinícola española.
Por tanto, desde la óptica valenciana, una comunidad donde el sector del
vino tiene una importancia relevante, queremos dar nuestro apoyo, aportar
nuestro grano de arena para que las conclusiones que se recogen en este
informe sean llevadas a la práctica, haya sentido común, haya un amplio
consenso y tengamos ya la mirada puesta en esa OCM del vino que es el
gran obstáculo que tenemos que superar por el bien de este sector tan
importante para la economía y para la agricultura española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Mixto, asimismo, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda queremos
reconocer el trabajo que ha realizado la subcomisión, así como también
agradecer a los comparecientes el que han hecho conjuntamente con los
diputados y diputadas de esta Cámara.
De cualquier manera, creo que todos somos conscientes de que el estatuto
de la viña, el vino y los alcoholes debía reformarse, pero, visto que la
Comisión Europea a finales de 1998 podría estar en condiciones de avanzar
una nueva propuesta de reforma de la OCM del vino, quizá sería prudente
en estos momentos posponer el proyecto de ley hasta tener delante la
nueva OCM.
En segundo lugar, señorías, quisiéramos decir que desde Iniciativa per
Catalunya y Nueva Izquierda creemos que debe haber un texto que regule
todos los aspectos vitivinícolas además de las denominaciones de origen
del vino y, por otra parte, lo que son denominaciones de origen de otros
productos agroalimentarios. Creemos que el vino debe tener una
consideración específica en esta normativa.
Estamos absolutamente de acuerdo en que no consten en el texto de la ley
las bebidas espiritosas y en que, además, sea tajante el texto de la
subcomisión en relación con la chaptalización. Creo que sobre esto no
podemos dar para nada un paso atrás.
De cualquier manera, quiero decir que no compartimos el delirio
liberalizador en relación con las denominaciones de origen. Pensamos que
las denominaciones de origen están cumpliendo un papel importantísimo en
la calidad y son un patrimonio histórico y cultural y que, por tanto,
tienen que ser instituciones de derecho público.
En relación con los consejos reguladores, también pensamos que debe haber
un mayor equilibrio en cuanto a sus componentes. Nosotros creemos que la
representatividad debe estar basada en criterios económicos y sociales y,
por tanto, que no sólo debe estar basada en el producto, sino también en
los productores. Este es un asunto que nos hemos encontrado muchas veces
en materia de regulación de normativa sobre productos agrícolas y creemos
que ese equilibrio no se debe romper. Y, por otra parte, se deben
garantizar de una manera más rotunda los derechos de las minorías.
En relación con los votos particulares del Partido Socialista, estaríamos
en condiciones de votar favorablemente los puntos 1 y 7, nos abstendremos
en el resto, y creemos que el punto que se refiere a la problemática es
de tal ambigüedad que, a nuestro entender, debería haberse considerado
como un preámbulo o exposición de motivos, pero nunca como un voto
particular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria valora muy positivamente este informe que ha hecho la
subcomisión que ha estudiado este importante sector en la economía
española y quiere decir que lo va a votar positivamente en todos y cada
uno de sus puntos. No vamos a votar favorablemente las propuestas de
resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
que quiero decir solamente una cuestión puramente doctrinal.
No se puede plantear generar dos grandes pilares legislativos, uno en
base al viñedo y al vino y, otro, en base a las denominaciones de origen,
como ha propuesto el portavoz socialista. No, aquí está todo trabado, es
un cuerpo doctrinal, porque, cuando se quiera hacer una disposición que
regule las denominaciones de origen, habrá que estar invocando
contínuamente de dónde proceden, porque no habrá garantía de
denominaciones de origen si no hay una garantía de las calidades del
viñedo y del vino, como producto obtenido del mismo.
Se recogen aquí aspectos fundamentales que me permiten decir que el
informe tiene en este trato parlamentario necesidad y oportunidad. Se
reconoce que ha sido necesario, pero después se critica que sea oportuno,
porque se dice que puede quedar obsoleto cuando la Unión Europea regule
la nueva OCM del vino. Vamos a madrugar esa nueva OCM del vino y para eso
está este informe, porque nos podemos encontrar con que los negociadores
españoles no tengan un documento de referencia para su doctrina de
defensa y que tampoco lo conozcan otros países con los que vamos a entrar
en una competencia tremenda, como es el caso de Alemania. Ojo con
Alemania en la dinámica que está imprimiendo a sus viñedos, a sus vinos y
a sus denominaciones de origen, porque lo van a meter en la Agenda 2000 y
la presencia y la fuerza alemana nos puede perjudicar mucho por el
sistema que ellos tienen en la producción de sus vinos, fundamentalmente
en las denominaciones de origen del Rhin y del Mosela.
Por tanto, aquí hay que tener la garantía de que vamos a disponer de un
criterio fundamental. El viejo estatuto de la viña, del vino y de los
alcoholes de España, de 1970, efectivamente está obsoleto, aunque fue una
gran pieza. Hoy hacemos aquí un primer cambio doctrinal: que el nuevo
dictamen no se ocupe ni del alcohol ni de las bebidas espiritosas; era
necesario separarlas de ahí. Después tenemos lo que van a ser las
garantías de reparto de competencias entre la Administración central del
Estado y las comunidades autónomas. De ahí que nos parezca muy importante
la redacción
que en la conclusión número 7 trae el informe sobre la viticultura.
Canarias ha querido mantenerse al margen, por las razones que ahora voy a
explicar y que se han recogido en la conclusión número 12; pero es
necesario que haya un reparto de competencias entre la Administración
central del Estado y las comunidades autónomas para los nuevos cupos
globales de plantación. Esto es muy importante para mantener una relación
calidad-cantidad, y no olvidemos que España es el primer país productor
de vinos de la Unión Europea y también el primero en cuanto a su
superficie agraria dedicada a este cultivo.
Pues bien, creemos que esta es una garantía importante, y aquí se inserta
la posición que ha mantenido la Comunidad Autónoma de Canarias y que la
subcomisión ha recogido acertadamente. Nosotros decimos: manténgasenos
fuera del cupo global por las siguientes razones: una, por no perjudicar
al resto de las plantaciones peninsulares en los cupos de reserva; pero
hay otra específica de Canarias, que es nuestra regulación singular ante
la Unión Europa a través del denominado Poseican, es decir, el programa
de opciones específicas por la lejanía e insularidad del archipiélago
canario, dadas las peculiaridades de nuestros mostos, dada la
peculiaridad de que el cultivo del viñedo es el que ocupa la mayor
superficie agraria de Canarias, porque en este momento el 10 por ciento
de la superficie agraria útil canaria está dedicada al viñedo. Las
directivas comunitarias y las resoluciones de los reglamentos del año
1987 no han sido de aplicación en Canarias porque es deficitaria, no
tiene que recibir subvenciones por arrancar viñedos, por exceso de
producción, que no la tiene. Unicamente queremos una defensa de esta
producción frente a la penetración por las leyes del mercado, porque aquí
nos vamos a encontrar un enemigo de la producción vitivinícola española
--por eso me parece que es oportuno que estemos discutiendo esto y lo
fijemos en un documento--, que es la Organización Mundial del Comercio.
Si nos someten a un mercado, después de los acuerdos del GATT y de los
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, les quiero advertir,
como diputado canario, sobre todo a las regiones peninsulares grandes
productoras de vino, que no se vean ustedes con los nubarrones con los
que nos estamos viendo los canarios con el mercado del plátano, que,
teniendo una buena OCM que estamos tratando de defender, la presión, a
través de los lobbies norteamericanos, de la Organización Mundial del
Comercio nos la puede desvirtuar. Vamos a mantener unos documentos con
unos criterios doctrinales de lo que queremos hacer en política agraria
de producciones, de viñedos, de vinos y de los derivados de los mismos.
Por tanto, desde Canarias nosotros decimos que damos por bienvenida esta
disposición de la conclusión número 12, no perturbamos los cupos globales
que puedan administrarse a nivel de la península, y vamos a exigir lo que
queremos y a estar a la expectativa. A partir del momento en que este año
los parlamentos nacionales de la Unión Europea ratifiquen el Tratado de
Amsterdam, Canarias invocará la modificación que se ha hecho de región
ultraperiférica, y, como región ultraperiférica, la Unión Europea le dirá
que cumple el requisito de no tener excedentes de producción, no produce
un exceso ni se beneficia de primas de arranque de viñedo y, por tanto,
no perturba el mercado.
Desde esta posición, mi grupo se suma a apoyar este magnífico informe,
que creemos muy positivo; pero vuelvo a decir que madruguemos para que no
nos hagan después un traje de talla inferior a la OCM del vino que
deseamos, porque los socios europeos, franceses, italianos y alemanes,
tienen que disponer ya de un conocimiento de la posición española para
que no prevalezca la suya y nos ocurra el calvario que estamos pasando
con el aceite de oliva.
Por tanto, con este dictamen Coalición Canaria se siente satisfecha,
señor presidente, y lo va a votar favorablemente en todos sus puntos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se ha apoyado
el informe elaborado por la subcomisión constituida para el estudio de
las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola del Estado
español y garantizar su viabilidad futura; y lo hemos apoyado por estar
sustancialmente de acuerdo con el contenido de las conclusiones recogidas
en el mismo.
Desde el Partido Nacionalista Vasco creemos que la importancia
socio-económica del sector vitivinícola en el Estado merecía el esfuerzo
de consenso desarrollado por los distintos grupos parlamentarios en esta
subcomisión y esperamos que, en el futuro, se mantenga esta misma línea
en el desarrollo de las distintas herramientas legales y del marco
jurídico que necesita el sector para conseguir los objetivos que se
marcan en este informe, y posibilitar la modernización del sector
vitivinícola. Destaco este punto porque, con carácter general, quisiera
dejar patente la disconformidad del Grupo Vasco con los procesos de
elaboración de normativas que usualmente sigue el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que tan sólo consulta a las
comunidades autónomas cuando los textos legales son definitivos o tienen
ya un esquema definido. En este sentido, reivindicamos, por tanto, la
incorporación de las comunidades autónomas al proceso desde su gestación,
y no cuando el mismo se halle en una fase avanzada.
La línea de trabajo que se ha impuesto en la elaboración de este informe
puede ser una referencia válida a la hora de abordar los procesos
legislativos por parte del Ministerio. Por cierto, resulta lamentable la
ausencia de la ministra en este debate.
Otro aspecto que quiero señalar hace referencia a ciertas tendencias a
imponer el carácter básico de determinados contenidos de la futura
normativa, apelando a la competencia general del Estado en materia de
ordenación general de la economía, lo cual contraviene las competencias
exclusivas en materia de agricultura que tienen determinadas comunidades
autónomas. El Partido Nacionalista Vasco quiere dejar claro que no va a
apoyar ningún desarrollo normativo que, bien de forma explícita o
soterrada, contenga dichos elementos. Por ello, también estamos en contra
de algunos de los votos particulares emitidos por el PSOE. Por ser más
concreto, si en el desarrollo legislativo que elabore el Gobierno español
actuaciones, tanto en ciertos regímenes de autorizaciones como
transferencia de derechos de plantación así como del régimen sancionador,
quedan reservadas al mismo, entenderemos que se vulnera de lleno el
ámbito competencial de las comunidades autónomas, yendo en contra de la
más mínima lógica en su ejecución y no lo apoyaremos. En este sentido,
entendemos que, por ejemplo, las autorizaciones para la transferencia de
derecho de plantación debe ser una competencia clarísima de cada
comunidad autónoma.
En cuanto a las denominaciones de origen supracomunitarias como Rioja,
entendemos que la legislación deberá estar abierta a su gestión a través
de convenios entre las comunidades autónomas que las forman, sin la
tutela del ministerio. Tal posibilidad ya se ha establecido por el
Tribunal Constitucional para los espacios naturales protegidos y pensamos
que es más adecuado respetar en estos casos la competencia autonómica en
denominación de origen sin desplazarla al Estado, por el hecho de
compartir una denominación, estableciendo mecanismos de coordinación y
colaboración, reservando al Estado la facultad de actuar cuando no se
produzca tal colaboración entre comunidades autónomas y en caso de
divergencia entre éstas.
Sobre la potenciación de las subzonas dentro de las denominaciones de
origen, desde el Grupo Vasco EAJ-PNV demandamos una legislación abierta y
flexible en esta materia, sobre todo en lo referente al etiquetado. A
este particular, señorías, me parece oportuno comentar cómo en la
legislación italiana sobre denominaciones de origen vínicas, por otro
lado una de las más modernas de Europa, se permite a un productor de vino
de una denominación de origen con distintas subzonas, aun siendo
suprarregionales, la libertad de elección de acogerse a su subzona o al
conjunto de la denominación en el etiquetado y publicidad de sus vinos.
Entendemos que este modelo de actuación debe recogerse en el futuro texto
legal y en ningún caso debería estar tutelado por el Ministerio.
Finalmente, vuelvo a insistir en nuestro apoyo global al acuerdo
alcanzado en el informe de la subcomisión para la modernización del
sector vitivinícola del Estado, deseando que el grado de consenso
alcanzado en el mismo pueda mantenerse en el posterior desarrollo
legislativo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i
Unió, es para mí una satisfacción intervenir en este momento, en nombre
de mi grupo, con motivo de la presentación de las conclusiones de la
subcomisión sobre la modificación del estatuto de la viña y del vino. La
propuesta que hoy traemos a la aprobación de la Cámara es el resultado de
un amplio debate, con aportaciones de todos los sectores. Se trata, no
obstante, de una propuesta abierta, como no podía ser de otra manera.
Ateniéndonos a la complejidad del tema, a la posiblidad de que existan
modelos alternativos y no por ello peores, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado unos votos particulares en los que defiende
otras alternativas con las que podríamos o no estar de acuerdo; por
tanto, es el resultado de su preocupación por el tema y eso les honra,
aunque nosotros creemos que hubiera sido más interesante que, sobre todo
en el núcleo básico de las conclusiones, que sin duda van a encontrar una
mayoría amplia, hubieran podido aprobarse por unanimidad.
Legislar para el conjunto de la actividad del Estado español en un tema
tan específico como éste no va a ser fácil, teniendo en cuenta las
características peculiares de cada una de las zonas, teniendo en cuenta
las competencias claras de las propias comunidades autónomas, la
necesaria presencia del sector a través de las denominaciones de origen y
de los consejos reguladores y que toda esa legislación no puede estar en
contradicción con la normativa comunitaria, y sobre todo hay que tener
claro que la legislación es para asegurar la calidad, y ésta ha de ser
capaz de no constituirse en un elemento distorsionador de los equilibrios
comerciales. Por tanto, como se puede observar, no es fácil llegar a una
conclusión, sobre todo si tenemos en cuenta que la sensibilidad de los
diferentes grupos parlamentarios no es la misma en los mismos temas.
Hemos recibido a numerosos comparecientes de todos los sectores, con
problemas y soluciones bien diferenciadas, hemos debatido, hemos
filosofado sobre la
conveniencia o no de hacer referencia al artículo 149.13 de la
Constitución y declarar algunos temas de carácter básico y por tanto
entrar en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas;
hemos analizado si es o no conveniente intensificar la presencia pública
en el control del proceso de producción, elaboración y comercialización,
o si por el contrario habría que profundizar más en la capacidad de
autorregulación del propio sector; se han presentado propuestas en las
que se pedía la inclusión de todos los temas que hacen referencia a la
denominación de origen en una ley propia y, a pesar de la complejidad, yo
creo que se ha llegado a un consenso general de que la ley que hoy
estamos modificando, el estatuto de la viña, del vino, que fue aprobado
en el año 1970, jugó un papel muy importante como ordenador del sector y
que, junto con las disposiciones que lo han desarrollado, ha permitido el
crecimiento y la consolidación del mismo.
Los tiempos y las situaciones han cambiado, y en estos momentos es
imprescindible que esa normativa se adecue a nuestros días y a los
cambios que se han producido en los últimos años con la redistribución
competencial de las comunidades autónomas y de una forma especial con la
incorporación de España a la Unión Europea. Si a ello le añadimos la
enorme competencia en la que el sector está inmerso, la presión de la
Organización Mundial del Comerio por lo que hace referencia a la apertura
de los mercados de la Unión Europea al resto del mundo y las dificultades
en aprobar una OCM que sea adecuada para los intereses de España, nos
damos cuenta de la necesidad de hacer una relectura del estatuto, que,
por cierto, ya se ha modificado en diferentes ocasiones, aunque siempre
como resultado del trato discriminatorio que daba a nuestros propios
productores frente a nuestros más directos competidores. Recuerdo que
intervine personalmente en la modificación del estatuto hace unos años
por lo que se refiere al enriquecimiento de los mostos y a la prohibición
del riego de viñedo, pero en fin, eso ya es historia.
¿Qué es lo que, a nuestro entender, pretende la subcomisión en sus
conclusiones? Básicamente se destaca la necesidad de la modificación del
estatuto, a pesar de que en este momento aún no se ha aprobado la OCM del
vino y por tanto no se sabe a ciencia cierta las repercusiones que va a
tener la aplicación de la nueva OCM y de la Agenda 2000. Esa modificación
ha de ser respetuosa con las competencias propias de las comunidades
autónomas, así como trasponer y unificar toda la normativa existente y
emanada de la Unión Europea. Ha de facilitar la competitividad del
sector, y por tanto la nueva normativa ha de ser capaz de actualizar la
legislación, teniendo en cuenta que la viabilidad del sector pasa por la
capacidad de competir en un entorno comercial de ámbito mundial. Por
consiguiente, ha de quedar absolutamente claro que ha de protegerse el
vino a través de su definición, que ésta ha de ser clara y que sólo se
puede denominar así al producto obtenido exclusivamente por la
fermentación de la uva, y por tanto la prohibición de la chaptalización.
En cuanto a las restricciones, que algunas tendrán que existir en el
ámbito de asegurar las garantías de origen, control y mejora de la
calidad, deben adaptarse al máximo a los regímenes de autorregulación.
Me voy a resistir a la tentación de analizarlo con más profundidad, y voy
a hacerlo porque la mayoría de nuestras propuestas, sobre todo su
filosofía, han sido incluidas en el acuerdo que hoy vamos a someter a
votación.
Durante los días que hemos estado debatiendo y analizando con la
presencia de diferentes personajes del sector hemos visto los distintos
conceptos de producción, de elaboración, de comercialización y de
calidad, y en esa voluntad de hacer una normativa moderna y ágil quizá no
hemos tratado de un tema que a nuestro grupo le parece importante, que es
el tema de la fiscalidad. Ya sé que en este momento los especialistas en
el tema pueden llegar a la conclusión de que en una ley que trate sobre
el vino, sobre el funcionamiento y la producción, no se tiene que hablar
de algo tan importante como la fiscalidad, pero evidentemente ésta va a
jugar un papel muy importante en el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le
ruego vaya concluyendo.
El señor COMPANYS SANFELIU: Sí, señor presidente.
De hecho, en este momento en que todos los países están intentando hacer
productos de calidades parecidas, evidentemente es importante la
armonización en temas de carácter fiscal. Pedir comprensión y
sensibilidad al Ministerio de Hacienda, como mínimo, es quimérico. Ya
estamos adelantando en ese tema; por ejemplo, este año, con la aprobación
de los presupuestos, ya se ha llegado a una equiparación del IVA en el
consumo de la uva en verde y la destinada a la producción de vino, o en
el tema de la manzanilla. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario
entiende que es bueno que, como mínimo, conste en las actas esta
sensibilidad del sector, y que el propio Ministerio de Hacienda esté
atento, porque evidentemente va a ser difícil que nuestro sector pueda
competir si no tenemos una fiscalidad homologada con la de nuestros
países competidores.
Con toda seguridad, las líneas que hemos marcado en esta propuesta son
positivas. Vamos a dejar encima de la mesa un trabajo que creo bien
hecho, y, aparte de que en este momento pueda dar la impresión de que no
hay unanimidad, lo cierto es que en la subcomisión seguramente llegamos a
más acuerdos que en el momento del debate en este Pleno, por lo que
esperamos que este trabajo sea una buena herramienta para que el
Ministerio presente lo antes posible un proyecto de
ley que pueda salir de este Congreso con el mínimo número de enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo se va
a abstener tanto en los votos particulares como en el texto del dictamen,
y lo va a hacer preocupado ante una falta de acuerdo que va siendo
demasiado repetida en los temas agrarios.
Desde la responsabilidad tenemos que hacer una llamada al acuerdo, al
consenso en los temas agrarios, porque o cambiamos el clima existente en
estos momentos en la Comisión de Agricultura o el sector lo va a pasar
bastante mal en las OCM de los temas agrarios que nos quedan en el
futuro. Por tanto, desde esa llamada al acuerdo nuestro grupo cree que es
muy importante retomar el consenso. Para nosotros, y desde todos los
puntos de vista, es el momento oportuno de hacer modificaciones
legislativas, las que sean necesarias, para adaptar nuestras leyes a unas
realidades socioeconómicas y jurídicas del Estado español, en especial a
la realidad autonómica, que obviamente no existía en el año 1970.
También queremos dejar claro que nos parecía --y nos parece-- un acierto
la constitución de una subcomisión que realizase este trabajo que hoy
traemos a la Cámara. Este trabajo ha significado, como ya se ha dicho,
una oportunidad para aproximarse al conocimiento de un sector, de una
materia sobre la que creemos que es necesario legislar. Es bueno que el
sector haya entendido que existe en el legislativo una alta sensibilidad
en relación con el futuro del sector vitivinícola, de gran importancia
para la economía y el futuro de este país.
Otra cosa evidente --aunque al final los resultados no hayan sido los que
hubiésemos deseado-- es que es muy importante el trabajo realizado y que
hay que comprobarlo en la actas y los informes aportados. El informe ya
señala que España posee la mayor extensión de vino del mundo, con una
superficie cultivada de casi un millón y medio de hectáreas, es decir,
400.000 más que Italia y 500.000 más que Francia. Nuestro Estado exportó
en 1996 casi ocho millones de hectolitros con un valor de 153.000
millones de pesetas.
Al discutir las conclusiones del trabajo sobre el futuro del sector
vitivinícola, tenemos que reiterar, una vez más, la importancia de este
sector, tanto por su peso en el sector agrario como en el conjunto de la
economía, así como por la capacidad que tiene para fijar la población en
el medio rural, evitando el despoblamiento de amplias regiones del
Estado. Asimismo
--no debemos olvidarlo--, por ser un sector con un importante nivel
de empleo.
Igualmente, hay que recordar las grandes posibilidades que tiene la vid
de contribuir a la protección y defensa del medio ambiente, sin
menospreciar el papel que juegan nuestros vinos en la configuración de un
producto turístico de calidad. Producto turístico de calidad sobre el que
sustentar la imagen de prestigio de nuestra principal industria. De esta
manera, entendemos que por la importancia que tienen los vinos en nuestro
país son, en muchos casos, nuestros mejores embajadores, tanto dentro de
la Unión Europea como respecto a terceros países.
Repetir que España debe ser líder mundial en viticultura sólo es plantear
una obviedad. Lo que es determinante en estos momentos es exponer las
medidas que tenemos que alcanzar para llegar a tal objetivo. En ese
sentido, dotar al sector de las herramienta legales y del marco jurídico
para que se pueda impulsar una modernización que permita afrontar el
próximo siglo con las mejores posibilidades de competir en un mercado
cada vez más agresivo deben ser nuestros principales objetivos. Para
ello, las administraciones deben estimular la competitividad de los
productos vitivinícolas españoles mediante las ayudas pertinentes y las
campañas de promoción adecuadas, recordando siempre que la mejor forma de
promoción es la presentación de un producto de calidad y las aperturas de
mercados, todavía hoy reticentes a nuestro producto. Por eso estamos de
acuerdo con la necesidad de relacionar el concepto de vino como alimento
básico de la dieta mediterránea. Para nuestro país es importante que el
concepto vino se reserve exclusivamente al producto obtenido por
fermentación alcohólica de uva fresca o de mosto de uva, debiendo
alcanzar una graduación mínima, y no se deben admitir otros medios de
obtención de mostos naturales que los derivados de la vid.
Nosotros entendemos también que es necesario profundizar en mecanismos de
participación y de control de las nuevas plantaciones por parte de las
comunidades autónomas, de manera que se garantice la objetividad y se
eviten los tratos discriminatorios. El objetivo de fomentar las
variedades autóctonas hace necesario prever que se disponga del material
de certificación de determinadas variedades cuya plantación sea de
interés en algunas regiones.
Señorías, desde esta perspectiva queremos decir que al sector
vitivinícola le esperan tiempos difíciles y duros si no conseguimos que
se comprenda en Europa la necesidad de una OCM del vino que no vaya en
contra de este sector, de una OCM del vino que no se utilice para
compensar a terceros países. Por tanto, repetimos que en este caso como
en otros muchos casos la unidad es un valor en sí misma, y si tuviésemos
una normativa nos daría más fuerza para evitar una OCM contraria a
nuestros intereses. Si hubiera ya un camino recorrido, sería mucho más
difícil que nos hicieran retroceder,
porque, como decíamos en otro debate, la reforma de las distintas OCM que
pueden afectar a productos mediterráneos no son unas propuestas aisladas,
sino que forman parte de una estrategia comunitaria común que está
centrando los recortes presupuestarios en dichos productos mediterráneos,
mientras que está impidiendo la aplicación de esos mismos recortes a la
agricultura nórdica. Nosotros entendemos que una normativa legal debe ser
también un instrumento más para reforzar la postura española en la
defensa de una OCM del vino de acuerdo con nuestros intereses.
Nuestro compromiso queremos que quede aquí reflejado. A partir de ahora
nos parece que es el momento de que todos asumamos esta responsabilidad
para que seamos capaces, si ello fuera posible, de alcanzar acuerdos en
el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo
Popular y del sector vitivinícola español quiero comenzar agradeciendo a
toda la Cámara, y en especial a los grupos parlamentarios que apoyaron en
su día la creación de esta subcomisión, la sensibilidad demostrada hacia
un sector productivo español muy emblemático. Por primera vez en este
Congreso de los Diputados, repito, se creó una subcomisión específica
para estudiar y analizar los problemas concretos de un sector
socioeconómico de nuestro país.
Señorías, la actual legislación que regula el sector vitivinícola español
se redactó a finales de los años sesenta, la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, denominada Estatuto de la vid, el vino y los alcoholes. Por
tanto, estamos una ley de más de 27 años, una ley preconstitucional,
soportada por los sucesivos gobiernos socialistas que, a pesar de su
absoluta obsolescencia, de la incompatibilidad, en muchos casos, con la
legislación comunitaria y de la permanente demanda del propio sector, no
tuvieron la voluntad ni la valentía política de afrontar una reforma
legislativa que, por otra parte, se pedía a gritos por todos.
El Grupo Popular, consciente de que el actual estatuto es absolutamente
incompatible con la realidad del contexto en que hoy el sector productor,
transformador o comercializador se tiene que mover dentro de Europa y en
el resto del mundo, así como su empeño y el de la ministra de Agricultura
para que el sector vitivinícola español sea líder mundial, queremos
afrontar el nuevo milenio aportando una nueva herramienta legal, un nuevo
marco legal que sirva para impulsar su modernización, de tal manera que,
junto a las excepcionales características de nuestros vitivinicultores,
nuestras uvas y nuestros vinos y además por el hecho de ser el país del
mundo con mayor superficie vitícola y uno de la más antigua tradición
vitivinícola, comencemos el nuevo siglo liderando mundialmente este
sector y frenando la agresiva competencia que se está desarrollando desde
otros continentes.
Conscientes de la gran importancia y de los legítimos intereses del
propio sector, en ocasiones contrapuestos, así como de la trascendencia
de los cambios que nos proponemos hacer, iniciamos una nueva fórmula para
legislar basada en el diálogo y en la participación de las fuerzas
políticas y del sector con carácter previo, abriendo y provocando un gran
debate nacional en el Congreso de los Diputados a través de la creación
de una subcomisión específica.
Señor presidente, durante los últimos nueve meses han comparecido en esta
Cámara, a través de dicha subcomisión, la directora general de Política
Alimentaria, la propia ministra de Agricultura, así como más de 35
expertos y representantes de organizaciones agrarias, comunidades
autónomas, el sector profesional, transformador y comercializador,
representantes de embajadas, representantes de consejos reguladores y de
la Confederación de Cooperativas de España. Oídos estos más de 35
comparecientes y analizados los diferentes informes y documentos puestos
a disposición de la misma, la mayoría de los grupos hemos llegado a las
siguientes conclusiones en las que se deberá basar el proyecto de ley que
redactará finalmente el Ministerio de Agricultura.
En primer lugar, señorías, queremos reafirmar que el sector vitivinícola
es de importancia capital en España, no solamente por su peso en el
sector agrario y en el conjunto de la economía, sino también por su
capacidad para fijar la población en el medio rural, evitando tanto el
despoblamiento como ayudando a crear empleo, por mantener y potenciar
nuestra cultura y costumbres históricas más antiguas, por proteger y
defender el medio ambiente y por contribuir, señorías, al prestigio de la
imagen de España, tanto en la Unión Europea como en los países terceros,
mediante nuestras exportaciones de vinos.
Asimismo, pretendemos impulsar el liderazgo mundial del sector español,
teniendo en cuenta el potencial vitivinícola y sus características, las
condiciones de suelo, clima, prácticas de cultivo, elaboración y
envejecimiento. Para conseguir tal objetivo, por una parte se debe dotar
al sector de las herramientas legales y del marco jurídico que resulten
capaces de impulsar su modernización con vistas al próximo siglo y, por
otra parte, las administraciones competentes deben estimular la
competitividad de los productos vitivinícolas españoles mediante las
oportunas campañas de promoción.
Señorías, la importancia y especificidad del sector vitivinícola han
merecido desde 1932 --repito, desde 1932-- que su regulación esté
concretada en un solo texto legal. La reforma del estatuto vigente, por
tanto,
creemos que debe concretarse también en un único texto legal, una especie
de constitución de la viña y del vino que sirva de referente en toda
España y cuyo ámbito se extienda a todos los aspectos de la viticultura,
incluida la protección de los vinos de calidad. Teniendo en cuenta los
objetivos que se persiguen, la nueva ley no debe ocuparse de los
alcoholes ni de las bebidas espiritosas, ni tampoco debe ocuparse de
otras denominaciones de origen correspondientes a diferentes productos
agroalimentarios.
Por otra parte, queremos reforzar, señorías, la posición española para
que sirva de referente precisamente a la hora de elaborar y de aprobar la
nueva OCM del vino; queremos ser un referente en nuestra oposición al
enriquecimiento de los vinos con sacarosa. No queremos, como lo venimos
manifestando desde hace varios años, que se sigan fabricando brebajes con
azúcar de remolacha. Por ello lo manifestamos desde esta tribuna, al
igual que lo venimos manifestando en todos los foros a lo largo y ancho
de la geografía nacional.
Señorías, en España se han perdido en los últimos años más de 350.000
hectáreas de plantación de viñedos, unas subvencionadas y otras
simplemente abandonadas. Con el fin de que no se pierda ni una sola
hectárea más de viñedo en este país --que es el primero en superficie
vitivinícola, como hemos dicho-- proponemos una novedad importante, como
es la creación de una reserva nacional de derechos de replantación que el
Gobierno, junto con las comunidades autónomas, redistribuirán dentro del
territorio español.
Igualmente, la nueva normativa deberá definir las indicaciones de calidad
relacionadas con los plazos de elaboración referentes a las menciones de
crianza y reservas, estableciendo unos mínimos comunes denominadores para
todas las denominaciones de origen.
Al mismo tiempo, afirmamos el convencimiento de que en la gestión de las
denominaciones de origen hay que liberalizar, dar capacidad jurídica
propia, conceder libertad de autorregulación, sin tutelas administrativas
en todos y cada uno de los asuntos que son, en un Estado moderno, liberal
y progresista, potestad de la propia sociedad y de los agentes económicos
y sociales implicados en el sector. Cada denominación de origen,
señorías, se regirá por un reglamento aprobado por la Administración, y
en aquellas denominaciones de origen que afecten a más de una comunidad
autónoma, corresponderá al Ministerio de Agricultura.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le ruego
vaya concluyendo.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Por todo ello, proponemos que en cada denominación de origen exista un
consejo regulador con personalidad jurídica propia y en régimen de
derecho privado, encargado de las funciones económicas también de
carácter privado. En este sentido, la composición de los consejos
reguladores se fijará con criterios de representatividad económica, de
forma paritaria, entre el sector productor y comercializador y siempre
garantizando una representatividad y presencia adecuada de las minorías.
Igualmente, se fomentará la creación de consejos reguladores
interprofesionales en cada denominación de origen, que asumirán las
funciones propias del Consejo Regulador y las establecidas en la Ley
38/1994.
Señorías, el nuevo estatuto de la viña y el vino, además de garantizar
las mejores calidades de nuestros vinos, debe servir también para
conseguir el más alto índice de confianza de los consumidores internos y
del exterior. Para ello es imprescindible dejar de ser juez y parte,
abordando de una vez por todas la separación de funciones entre lo
privado y lo público para que estas funciones no estén solamente
sustentadas en la buena fe de quien hasta ahora ostentaba ambas
competencias, y en este sentido proponemos que la administración
competente ejerza las funciones de carácter público a través de los
representantes de éstas en los consejos reguladores que formarán la
comisión de control del Consejo Regulador, mediante los cuerpos de
veedores e inspectores de quienes dependan orgánicamente. Las funciones
públicas consistirán en el control del cumplimiento del reglamento de la
denominación de origen, la inspección y el régimen sancionador.
Señor presidente, estas son las conclusiones básicas y principales a las
que ha llegado la subcomisión, tras haber oido al sector y a las
comunidades autónomas y haber debatido sobre todo ello los distintos
grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Ahora corresponderá al
Ministerio de Agricultura, en base a estas conclusiones, elaborar el
proyecto de ley correspondiente al nuevo estatuto de la viña, el vino y
la protección de la calidad de los productos derivados.
Señorías, quiero concluir como comencé, agradeciendo a la ministra de
Agricultura el haber impulsado este nuevo estilo de legislar apoyado en
el diálogo y la participación. Asimismo, quiero agradecer el apoyo y
colaboración expresa de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió,
PNV, Coalición Canaria y Unión Valenciana, sin cuya positiva actitud y
permanente defensa de los interese generales del sector no hubieran sido
posible estas positivas conclusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Isasi, le
ruego concluya.
El señor ISASI GOMEZ: Señora ministra, señor presidente, misión cumplida.
(Rumores.) Señor presidente, si me permite, quisiera fijar en un minuto
la posición respecto a los votos particulares.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Debe hacerlo S. S.
de forma brevísima y concluir de forma inmediata.
El señor ISASI GOMEZ: Brevísimamente, señor presidente.
Respecto a los votos particulares presentados por el Grupo Socialista,
una vez más autoexcluido del consenso de la práctica totalidad de esta
Cámara, fijaré la posición de mi grupo brevemente.
El primer voto particular se refiere a la oportunidad o no de afrontar
esta reforma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Isasi, le
ruego que haga un análisis conjunto de los votos particulares. Su señoría
ha agotado ya el tiempo reglamentario.
El señor ISASI GOMEZ: No es más que este punto, y el resto en otro
bloque.
Quiero decir que hay unanimidad de todos los comparecientes en la Cámara
en cuanto a la oportunidad de la reforma del estatuto. Estamos hablando
de una ley de hace 27 años. Por otra parte, quiero decir que el Grupo
Socialista no define cuándo hay que abordar esta reforma; hace una serie
de consideraciones pero no se compromete y no define su postura.
Respecto a los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo,
no podemos aceptarlos, puesto que ofrecen un nuevo modelo, distinto al
que unánimemente se ha acordado en la subcomisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente. (El señor Chivite
Cornago, pide la palabra)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, ¿a
qué efectos solicita la palabra?
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, para aclarar el sentido del
voto del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. un
minuto. Le ruego que no se exceda y que se limite estrictamente a aclarar
el sentido del voto de su grupo.
El señor CHIVITE CORNAGO: Creo que me va a sobrar la mitad. Muchas
gracias.
Para aclarar el sentido del voto del Grupo Parlamentario Socialista
quiero manifestar que, siendo críticos con el contenido del informe de la
subcomisión, como ha quedado patente y manifiesto en la intervención y en
los ocho votos particulares que he defendido hace un momento, anunciamos
nuestro voto favorable al mismo, reservándonos al posterior trámite
parlamentario del proyecto de ley en el que traduciremos en enmiendas
concretas nuestras propuestas, para tratar de aportar las alternativas
que mejoren el resultado final.
Señora ministra, tiene nuestro consenso. Comience a trabajar ahora en
Europa. (Aplausos.--El señor Centella Gómez, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella, el
señor Chivite, pidió la palabra para expresar una posición distinta a la
que defendió en su turno de defensa de los votos particulares.
Tiene S. S. un minuto también. Le ruego que intervenga de forma tan
escueta como lo ha hecho el señor Chivite.
El señor CENTELLA GOMEZ: Me va a sobrar la mitad también.
Simplemente quiero saludar el consenso alcanzado y manifestar que nuestro
grupo va a votar favorablemente, agradeciendo, además, que sea posible en
este momento alcanzar la unanimidad de la Cámara. Igualmente, quiero
agradecer la responsabilidad de todos los grupos y felicitarnos porque
hoy se puede iniciar un buen camino en el trabajo de la Comisión de
Agricultura.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella. (El señor Isasi Gómez, pide la palabra.)
No, señor Isasi, no hay más usos de la palabra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al debate
que acaba de finalizar sobre el informe de la subcomisión que ha
estudiado el problema del vino.
En primer lugar, se someten a votación los votos particulares del Grupo
Socialista. La primera votación afecta a los puntos 1 y 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 134; en contra, 166; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 y 7.
Votamos el resto de votos particulares del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 128; en contra, 163; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes votos particulares
del Grupo Socialista.
Votación del acuerdo de la Comisión en relación con el informe.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Al ser todos los votos favorables al acuerdo de la
Comisión sobre el informe, queda así aprobado por unanimidad. (Aplausos.)
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Número de expediente
121/000072)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día, dictámenes de
Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Como saben SS. SS., son dos: al proyecto de ley general de
telecomunicaciones y al proyecto de ley de residuos. Se van a debatir de
seguido y las votaciones correspondientes se celebrarán al finalizar el
debate de los dictámenes de ambos proyectos y, por tanto, al finalizar el
desarrollo del punto VII.
Debate sobre del dictamen de la Comisión al proyecto de ley general de
telecomunicaciones. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Para la defensa de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer
lugar, el señor Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor. Señor Fernández de Trocóniz, señor
Aguirre, despejen la parte central del hemiciclo. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra brevemente para informar de que mantenemos las nueve
modestas enmiendas al proyecto de ley de telecomunicaciones que están
destinadas básicamente a que la ley contemple tres aspectos fundamentales
que desde nuestro punto de vista, sin discutir ya el terreno de la
liberalización y la privatización, irían encaminadas, en primer lugar, a
dejar claro que el marco competencial de las comunidades autónomas es en
este aspecto importante para vincular el problema de las
telecomunicaciones al territorio y a la sociedad concretos. En este
sentido van nuestras enmiendas a los artículos 1.1 y al 61.1.
En segundo lugar, las que van destinadas a recalcar el servicio
universal, que tiene que ser un servicio no discriminatorio para ninguna
zona geográfica. Por tanto, incidir en el aspecto de la cohesión
territorial y social. Para nosotros, como Bloque Nacionalista Galego,
toda la transformación de la tecnología TRAC nos preocupa de una forma
especial, ya que es fundamental para que las zonas rurales de nuestro
país no queden discriminadas. A este aspecto van destinadas las enmiendas
al artículo 3,b) 3,c), 37.1,a) y 54.2.
En tercer lugar, hay algo muy importante que va vinculado a que el
problema de las telecomunicaciones no se puede contemplar sin la base
lingüística y cultural a la que deben de servir, no solamente en cuanto
al funcionamiento de oficinas comerciales que deberían de estar abiertas
al público utilizando nuestra lengua, sino también en cuanto a las
garantías de que a través de todo tipo de telefonía vamos a poder ser
atendidos en las lenguas propias de cada una de las nacionalidades que
integramos el Estado español. Se trata de no convertir a los ciudadanos
de ciertos territorios del Estado en objetores de conciencia, que tengan
que estar haciendo valer sus derechos continuamente y siempre como
discrecionalidad y como caso aparte, cuando lo normal sería que fuésemos
atendidos en nuestra lengua. En este sentido van las enmiendas al
artículo 11.2 y al artículo 70.2.
Nada más. Solamente quiero decir que el resto de las enmiendas de los
grupos parlamentarios que fueron aceptadas mejoran sensiblemente el texto
y, por tanto, la inmensa mayoría va a contar con nuestro voto favorable.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
En segundo lugar, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para dar por defendidas las
enmiendas de los números 1 a 38, presentadas en su día, en su totalidad,
a diversos artículos de la ley que hoy nos ocupa, tendentes todas ellas a
conseguir aprovechar la ocasión de esta reforma legislativa para que se
puedan crear las condiciones de una verdadera política autonómica en
materia de telecomunicaciones que desarrolle la sociedad de la
información.
Las tareas de administración de las telecomunicaciones establecidas en la
actualidad en la LOT, que van a ser modificadas en gran parte por esta
ley que hoy nos ocupa, van a tener que definirse de nuevo a la luz de las
disposiciones de la Unión Europea, que es preceptivo, pero nosotros
entendemos que se pierde una ocasión para que participen plenamente las
comunidades autónomas del Estado español. En estas materias deben tomar
parte activamente, junto con la Administración
general del Estado, el resto de las administraciones públicas, en
particular las comunidades autónomas. En esta línea van las enmiendas
números 1, 2 y 3, pero también el resto de ellas van implicadas en esta
filosofía. El Estado debe quedar como garante de la aplicación de la
libre competencia en el sector de las telecomunicaciones, por el que
apostamos indudablemente, pero se tienen que redefinir las funciones de
la autoridad estatal de telecomunicaciones y pensamos que en las tareas
de esa autoridad deben participar activamente las comunidades autónomas.
Las tareas de planificación de las telecomunicaciones actualmente la ley
las reserva al Estado, pero así se pierde una oportunidad para que las
comunidades autónomas participen y lo hagan de una manera activa.
Pensamos, y así es el mandato de la Unión Europea, que las regiones
europeas deben involucrarse y participar plena y activamente en el futuro
de las telecomunicaciones. Por tanto, doy por defendidas estas enmiendas
que, en líneas generales, mantienen el planteamiento que las comunidades
autónomas han tenido hasta el momento, ya que en esta ley se pierde una
ocasión para que participen activamente en la ordenación y reglamentación
de las telecomunicaciones.
Esta prohibición va en contra de la dinámica de la Unión Europea, en
virtud de la cual se pretende hacer llegar la sociedad de la información
a todos los ciudadanos europeos. La ordenación del territorio, donde las
comunidades autónomas tienen tanto que decir, abarca de pleno la
planificación de las telecomunicaciones. Por tanto, debería conseguirse
con esta ley, y no se aprovecha, una mayor implicación de las comunidades
autónomas en este importante terreno de futuro de cara a la sociedad de
la información del siglo XXI y se debería dar un impulso al papel de las
regiones en materia de telecomunicaciones. No olvidemos que la Comisión
Europea está llevando a cabo una labor orientada a incentivar la
participación de las regiones en las tareas de promoción de la sociedad
de la información, a fin de que jueguen el papel de catalizador e
impulsor de proyectos de implantación y aplicación de los servicios
avanzados de telecomunicación, en estrecha colaboración con los
diferentes agentes económicos presentes en el propio territorio
autonómico, verdaderos beneficiarios de su desarrollo.
Por tanto, desde este planteamiento y con la solicitud que manifestamos
en la enmienda número 2 de adecuar esta ley a la realidad pluricultural y
plurilingüística del Estado para que las lenguas del Estado español sean
plenamente involucradas en este proceso, mantenemos estas enmiendas y
solicitamos que, por respeto al Estado autonómico y a las lenguas del
Estado español, sean aceptadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Para la defienda de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Alcaraz
Ramos.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que necesitaría bastante más tiempo del que puedo disponer
en este momento, fundamental para argumentar la defensa de las enmiendas
de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, porque la falta de
generosidad de la mayoría de la ponencia ha sido, en este caso,
abrumadora; de 66 enmiendas solamente se aceptó una, y además era una
cuestión prácticamente de estilo. Por tanto, no me referiré a las
enmiendas de tipo técnico, a las mejoras en la tramitación
administrativa, aunque en algunos casos entendemos que nuestras enmiendas
contribuirían a incrementar la seguridad jurídica.
A nuestro modo de ver, lo peor del texto, tal como finalmente llega
aquí, es el mantenimiento de la filosofía inspiradora. El artículo 2
supone respecto de la legislación anterior la devaluación del concepto de
servicio público y, dado el contexto en el que se escribe ese artículo 2
en el conjunto de la ley, puede convertir el servicio universal en mera
retórica. Contra ello hemos defendido diversas enmiendas,
fundamentalmente la 352 y la 372.
Otra cuestión importante y a la que ya se han referido anteriores
portavoces es las desigualdades posibles, relacionando el nivel económico
con la ausencia de funciones reales atribuidas a comunidades autónomas y
ayuntamientos. Además de argumentos ya citados aquí en el marco del
desarrollo en la Unión Europea, hay que insistir en que las
telecomunicaciones en la sociedad contemporánea y futura se van a
convertir en un factor básico para el autogobierno material de nuestras
regiones y nacionalidades. Por tanto, privarles de una capacidad de
intervención política mucho más amplia supone devaluar, en realidad, ese
autogobierno. De nuevo, aquí tampoco se han aceptado, primero por la
ponencia y después por la Comisión, enmiendas nuestras que trataban de
reforzar ese protagonismo de comunidades autónomas y ayuntamientos,
fundamentalmente la 375, la 377 o la 405.
Por otra parte, no se ha avanzado lo suficiente en lo que entendemos que
es una deficiente defensa de los usuarios, algo que pretendíamos evitar
con las enmiendas 356, 403 y 407, estas dos últimas dirigidas también a
garantizar que los usuarios podrán recibir todo lo relativo a la
información y servicio respetando estrictamente el pluralismo lingüístico
del Estado español. Más grave aún es que no se hayan adoptado
previsiones, en apoyo a las telecomunicaciones, para los sectores más
desfavorecidos, como pretendíamos con nuestra enmienda 382, en línea con
la legislación de numerosos Estados europeos.
Igualmente, debo reiterar que el texto no ha recogido las enmiendas 388 y
417 que hubieran facilitado el
acceso a redes por parte de organizaciones no gubernamentales y otras
organizaciones civiles sin ánimo de lucro cuyo servicio a la comunidad
podrían prestarlo, en ocasiones, en mejores condiciones si tuvieran un
mejor acceso a estos medios.
Finalmente, debo volver a defender en este trámite la enmienda 418 que
posibilitaría comprometer esta ley con una modernización de sectores
claves como la educación, la salud o la investigación, un tipo de
modernización no guiada por puros intereses mercantiles.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Entiendo, señor Alcaraz que ha defendido también las enmiendas suscritas
por el señor Saura. (Asentimiento.) Muchas gracias.
Enmiendas de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna
para enfatizar de una manera simbólica la importancia que da Coalición
Canaria a este proyecto de ley de las telecomunicaciones.
A nadie se le oculta nuestra condición, reconocida en el Tratado de
Amsterdam, de región ultraperiférica. Un mundo que sociológicamente es
una aldea global unida por las telecomunicaciones hace que estas partes
periféricas o ultraperiféricas de Europa, y en este caso concreto de
España, como es el Archipiélago Canario, tengamos una dependencia que nos
hace tener en alta estima lo que es el mundo y las necesidades de
servicio de las telecomunicaciones.
En noviembre pasado, cuando Coalición Canaria votó en contra de las
enmiendas de totalidad al proyecto de ley del Gobierno, lo hacía en razón
de un compromiso político al apoyar la investidura del señor Aznar como
presidente del Gobierno, esperando encontrar en el Grupo Parlamentario
Popular eco a una serie de posicionamientos expresados en enmiendas que
presentó Coliación Canaria. Así ha sido. Llega hoy viva a este Pleno la
enmienda 270, después del debate en Comisión en que habíamos mantenido
tres enmiendas. En este momento hacemos una valoración positiva muy
importante del proyecto que debatimos. A nuestro juicio, el dictamen
mejora fundamentalmente los servicios de autoprestación que en este caso
las administraciones y organismos públicos deben prestar. El régimen de
prestación de servicios obligatorios queda mejor definido en el nuevo
texto con la participación de la comunidad autónoma en el procedimiento
de designación de aquellos operadores, cuando los servicios no superen el
ámbito geográfico de la correspondiente comunidad autónoma. Quiero
agradecer, en presencia del ministro de Fomento, la receptividad que ha
habido para entender que, siendo una comunidad autónoma archipielágica y
a esas distancias, fuera de las costas y del territorio español
peninsular, era no sólo un deber constitucional sino de sentido común
dentro del arte de legislar con esta racionalidad.
Políticamente valoramos de forma positiva lo que el artículo 3 del
proyecto reconoce en el texto remitido por el Gobierno, que es trabar
todo el territorio estatal a través de un sistema de telecomunicaciones.
Según percibimos en Canarias los transportes aéreos o marítimos, las
comunicaciones nos traban el territorio, es decir lo unifican en aquello
que la geografía hizo disperso. Creemos que el nuevo proyecto, y también
nuestras enmiendas, mejora fundamental y sustantivamente las competencias
entre el Estado y las comunidades autónomas, haciendo compartimentar
pero, al mismo tiempo, dando competencias que en algún momento fueron
exclusivas del Estado.
Señor presidente, Coalición Canaria valora positivamente el Título III
del proyecto, es decir, las obligaciones del servicio publico. Quiero
destacar la posibilidad de que el Gobierno de la nación declare como
obligatorios aquellos servicios que, no pudiendo ser garantizados por el
mercado, sean necesarios por razones de interés general. Es una posición
fundamental para nosotros y que ha sido acogida favorablemente por el
Gobierno y su departamento, señor ministro. No podemos estar al albur de
que una economía de mercado privara al Archipiélago Canario de estos
recursos. El Gobierno, en un compromiso de auténtica política solidaria y
subsidiaria de Estado, hace la declaración de interés general.
Finalmente, valoramos de forma positiva el informe previo de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, para que pueda imponer nuevas
obligaciones de servicio público sin que medie ninguna excepcionalidad,
incorporándolo a los principios de Estado como, por ejemplo, son la
defensa, la seguridad del Estado, los sistemas de policía, la lucha
contra el crimen organizado, lo sanitario y lo educativo
fundamentalmente, porque es reconocer un hecho cultural y de cohesión
territorial. Coalición Canaria quiere destacar muy especialmente la idea
de cohesión territorial que da sentido a la frase constitucional de que
España es la patria común de los españoles. Eso se tiene que realizar
fundamentalmente a través de lo que se llama el Estado y ser ejecutado
por el Gobierno, el central y el autonómico.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria hace un principio
irrenunciable de la política legislativa del Estado para contemplar la
singularidad del hecho diferencial ultraperiférico e insular canario. En
el debate del estado de la Nación, del pasado junio, el Pleno de la
Cámara aprobó una resolución que quiero destacar, por la que instábamos
al Gobierno a tener en cuenta este hecho diferencial insular y
ultraperiférico, reconocido en la Constitución, ahora en el Tratado de
Amsterdam, para adecuarlo a la política legislativa del
Estado y a la acción ejecutiva del mismo --no solamente legislar sino
ejecutar--, y el sector por antonomasia que nos mueve a este principio es
hoy el de las telecomunicaciones. Nosotros hacemos que este principio
tenga valor primario, tanto en el Tratado de la Unión Europea como el
estatus de Canarias en la Ley de Régimen Económico y Fiscal.
Por estas razones, porque el mundo del transporte y de las
telecomunicaciones viene a dar, con lo que el proyecto trae en su
disposición adicional décima, una satisfacción al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, ya que va a permitir que haya unas actuaciones
concretas en nuestro archipiélago, en el cuadro nacional de atribuciones
de frecuencias y en los planes técnicos nacionales de radiodifusión y
televisión, propiciando algo verdaderamente sentido, querido y deseado,
la integración entre las islas y la integración entre el archipiélago
canario y el territorio peninsular, anuncio que retiramos nuestra
enmienda número 270 y hacemos esta suscripción, dejando para un posterior
entendimiento con el Grupo Parlamentario Popular, a través de las
negociaciones de pacto y de la receptividad que nos viene mostrando el
señor Arias-Salgado como ministro de Fomento del Gobierno del señor
Aznar, dentro de nuestra comisión de seguimiento, aquellas otras
cuestiones de matiz que son causa de desarrollo de la ley, a través de
sus decretos y órdenes ministeriales ya específicos para el territorio
canario, y entendiendo que este ambiente de cooperación y colaboración
solamente es positivo para dos cuestiones conceptuales que se llaman
España y Canarias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa tiene la palabra el señor Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Estamos terminando el debate acerca de una ley absolutamente
fundamental. En este sentido, agradecemos la presencia del señor
ministro, que va a dedicarle el tiempo necesario. Es una ley de enorme
importancia que, sin embargo, no suscita el interés público, el interés
de la gente, ni siquiera el interés de la Cámara. Estamos hablando de
cómo se organiza la sociedad de la información en el futuro próximo en
este país y de cómo se organiza, a nuestro juicio de manera inadecuada,
una ley general de telecomunicaciones que regula el núcleo fundamental de
la sociedad de la información, que va a afectar a la vida cotidiana de la
gente, a la transmisión de la voz, de la imagen, de los datos, del correo
electrónico, que va a afectar a todo el mundo y, sin embargo, es un
debate absolutamente --me van a permitir SS. SS. que exagere el
adjetivo-- clandestino. En este hemiciclo es más importante dar una
revolera simbólica o un pase de pecho, para salir en todos los medios de
comunicación, que estar seis o siete meses trabajando intensamente en una
ley importantísima y criticando un giro totalmente negativo por parte del
Gobierno con respecto a lo que debiera ser un servicio público esencial
con un servicio universal adecuado. Entre los diputados que han estado
trabajando se encuentra el señor García-Arreciado, quien por cierto
dentro de pocas fechas dejará esta Cámara para ocuparse de otros
cometidos a partir de ahora. Ha sido un trabajo intenso el suyo, que yo
saludo en esta intervención, porque efectivamente el trabajo que hemos
realizado todos es de enorme importancia, aunque absolutamente anónimo de
cara a la opinión pública. Nosotros pensamos que de cara al texto
definitivo de esta ley, que se va a parecer mucho al que va a salir de
este Pleno, no se ha perseguido el consenso, ni siquiera se ha perseguido
el contacto con ciertos grupos, no ha habido ni un sólo contacto con el
Grupo de Izquierda Unida. En este sentido sale bastante debilitada, con
poco consenso cuantitativo aunque tenga mayoría absoluta, pero, desde
luego, con muy poco consenso cualitativo. Esta ley no sale con los apoyos
suficientes teniendo en cuenta las consecuencias importantes que tiene
para la población y teniendo en cuenta que debería durar mucho tiempo
según la apuesta que hiciera el Gobierno de cara a la configuración de
las telecomunicaciones en España.
Parece ser que el Gobierno no tiene las cosas claras, no tiene el modelo
de telecomunicaciones claro, no apuesta claramente y, cuando apuesta,
sobrepasa los límites de lo que se está haciendo en toda Europa en este
momento y sobrepasa los consejos y las preocupaciones que ha denotado la
Comisión Europea. Sin embargo, en muchos de los aspectos, en muchos de
los detalles de lo que va a ser el funcionamiento diario de las
telecomunicaciones, el Gobierno no apuesta y lo remite todo a un
reglamento posterior. A nosotros se nos ponen los pelos de punta, señor
ministro, señoras y señores, cuando pensamos que esta ley puede ser
duradera no por lo que dice, sino porque el reglamento va a ser el
auténtico campo de batalla de las novaciones y renovaciones que
experimente y sufra esta ley; reglamento que van a hacer ustedes de
manera unilateral y en absoluto de manera dialogada o, en todo caso, de
manera debatida. Por tanto, no estamos de acuerdo ni con el contenido ni
con el posicionamiento ni con el funcionamiento ulterior que va a tener
esta ley. La discrecionalidad que se arroga el Gobierno es enorme en una
ley de importantísimo contenido.
Intentaré hablar, desde un punto de vista más político que técnico, de
dos críticas fundamentales que nosotros hacemos al texto de la ley
porque, a nuestro juicio, supone un giro involutivo con respecto a la
Constitución, un giro involutivo muy serio, de consecuencias
que andando el tiempo se va a ver que pueden ser graves. También se trata
de una ley poco avanzada, una ley hasta cierto punto retrógrada con
respecto a los desarrollos que a temas similares se han dado en otras
leyes europeas, en otros parlamentos de las distintas naciones europeas.
Quiero resumir estas dos críticas hablando de que falta sensibilidad
social en esa ley, en la ley general de telecomunicaciones, tal como la
conciben el Partido Popular, el Gobierno y los socios que en esta ley se
integran a la hora de votarla. Falta sensibilidad social y falta
sensibilidad a la hora de ver que se está abriendo una brecha social y
territorial en este país, que afecta a muchos terrenos, entre ellos a
este fundamental de la configuración de la sociedad de la información. Se
está abriendo esa brecha de manera creciente y de manera precipitada, con
poquísima sensibilidad social y territorial.
Con respecto a la Constitución, que es una Constitución que en el fondo
intentaba recoger el espíritu del llamado Estado del bienestar, una
Constitución que se hizo por consenso y que en muchos de sus artículos
recoge la necesidad de corregir la lógica salvaje del mercado desde una
tutela democrática, desde un control democrático por parte del Estado,
esta ley se salta a la torera ese espíritu y a veces incluso también la
letra. Se la salta a la torera y entra en un camino, en una radicalidad,
en la que no ha entrado ninguna de la otras leyes europeas. Ni en
Austria, ni en Holanda, ni en Francia, ni en muchos otros sitios se ha
entrado en esta radicalidad. Ustedes están llegando al extremo en el que
actualmente pueden estar Inglaterra y Suecia, pero ni Inglaterra ni
Suecia tienen nuestras condiciones económicas, ni en Inglaterra,
concretamente, se ha llegado a esta liberalización total que en el fondo
para ustedes es una privatización absoluta, radical, tal como lo están
haciendo ustedes en esta ley en razón de los plazos que se han dado para
lo que ustedes denominan liberalización. La señora Thatcher en
Inglaterra, a partir de 1984, comenzó un proceso. En estos momentos,
cuando se termine de aprobar esta ley y realicen ustedes algunas de las
ventas que tienen anunciadas, vamos a tener el mismo paisaje formal, el
mismo paisaje legal, pero, en absoluto, el mismo paisaje social y
territorial ni el mismo nivel de vida todos. Esta ley es tanto más
injusta cuanto que se intenta comparar a situaciones que no se han
gestado de la misma manera que la española, como las de Inglaterra o
Suecia.
No sé por qué se sigue este modelo si no es porque ustedes tienen una
concepción extraliberal, absolutamente radical del protagonismo del
mercado con respecto a la tutela democrática que tiene que establecer el
Estado en lo que deben ser servicios públicos, servicios esenciales como
éste que hoy aquí estamos tratando.
Desde ese punto de vista, ustedes realizan una privatización absoluta, y
en el seno de esa privatización total se cargan el servicio público y
conciben un servicio universal de mínimos; un servicio universal
absolutamente anémico, raquítico que va a ampliar esta brecha social y
territorial. Esto, además, lo agudizan --cuando en Europa, efectivamente,
se está haciendo una crítica a la inversa-- estableciendo un equilibrio
no adecuado entre el operador dominante y los emergentes. No hay un
equilibrio adecuado y se ha generado una competitividad desenfrenada que
va a incidir en la gravedad que contiene la aplicación de esta ley a
partir de de pocas semanas. Absolutamente todo para el mercado y nada
para la sociedad, nada para la tutela --vuelvo a decir tutela, y aquí hay
muchas comillas-- para el control democrático por parte del Estado.
Nosotros hemos presentado cien enmiendas, de las cuales prácticamente no
se ha recogido ninguna; alguna de ellas se ha embutido en un totum
revolutum con respecto a las enmiendas de otros grupos. En todo caso, son
poquísimas y no tocan nunca aspectos importantes y mucho menos esenciales
de la concepción de izquierda transformadora que nosotros tenemos con
respecto a este servicio público esencial.
Presentamos una serie de enmiendas que resumen nuestra posición; por
ejemplo, la enmienda número 50 al artículo 2, porque pensamos que no sólo
hay una involución con respecto a la Constitución, sino que incluso puede
haber una especie de reforma encubierta en cuanto al espíritu y casi la
letra del artículo 128 de la misma, que dice que se puede reservar el
Estado el control de lo que puede ser la aplicación de servicios públicos
o servicios esenciales de la sociedad. Ustedes no dejan absolutamente
nada, en contraposición con lo que se está haciendo en gran parte de los
países europeos, empezando por Francia, que el Estado siempre tiene una
participación que condiciona, si no determina, la actuación de estas
empresas que aplican un servicio público que se dirige a conseguir el
servicio universal.
Hablo de otras enmiendas, también de manera brevísima. Nosotros queremos
añadir que no se pueda realizar ningún tipo de discriminación geográfica
en tarifas o precios, tal como se recoge en nuestra enmienda número 99.
En Francia, en Holanda, en otros países, se avanza mucho más de cara a
que no se dé esta discriminación en tarifas o en precios en función de la
distribución geográfica de los abonados, de la gente en general. También
planteamos la necesidad de que la asequibilidad se conceptúe de manera
mucho más rigurosa, desde el punto de vista de que esta asequibilidad con
respecto a los precios, etcétera, no suponga ninguna discriminación
geográfica de tarifas o precios por cada operador, que haya una fijación
de tarifas máximas, llamadas gratuitas a números de urgencias, consultas
de guía gratuita desde teléfonos públicos, etcétera, cosa que ustedes no
recogen, cuando en otros países se está aprobando y se está ejerciendo
una especie de desconexión blanda en favor de los usuarios, tal como
ocurre en Francia, en Italia o en Portugal.
En la enmienda número 143 --y termino, señor presidente-- nosotros
hablamos de la necesidad de un plan de extensión de las infraestructuras
de telecomunicaciones para garantizar, de forma prioritaria, los
servicios de telemedicina, por ejemplo, en todos los centros sanitarios
públicos, la conexión de todos los centros públicos de enseñanza,
bibliotecas públicas y redes de banda ancha, así como la interconexión de
todas las administraciones públicas, embajadas y consulados, para un
mejor servicio a los ciudadanos, tal como corresponde, marcando los
límites que se crean oportunos en el tiempo, las necesidades del futuro y
la configuración de la sociedad de la información, en base a un servicio
universal adecuado que contenga estas previsiones.
Por lo tanto, señor ministro, no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho
la tramitación ni cómo se ha obviado, desde el principio, la posibilidad
de un consenso en ciertos aspectos fundamentales ni con el giro
involutivo que realiza esta ley con respecto a los contenidos de esa
Constitución que reflejaba, de una manera o de otra, el Estado del
bienestar, y tampoco estamos de acuerdo en que esta ley sea la menos
social de todas las leyes y de todas las prácticas que se están haciendo
en Europa con respecto a los servicios generales de telecomunicación.
Esto es un paso atrás, son ustedes más papistas que el Papa, van mucho
más allá y en mucho menos tiempo que la señora Thatcher. Ustedes tienen
de centro lo que yo de obispo, señor ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
En lo que con bastante probabilidad es mi despedida, si no del escaño
todavía, al menos de esta tribuna (a la que es más que probable que no
vuelva a subir para defender los planteamientos de mi grupo
parlamentario), quiero agradecer las palabras del señor Alcaraz y,
también, mostrarles a todos ustedes la satisfacción que me ha producido
estar 16 años en esta casa --casi la mitad de mi vida profesional--, el
respeto que tengo por todos, la amistad que siento por muchos y la
admiración que también siento por algunas de SS. SS. Han sido años muy
importantes. Hay en mi tierra una vieja canción que dice que me ayuden a
despedir, que despedirme no puedo, porque despedirme de ti es despedirme
del cielo. Puede tener la aceptación del desgarro que siente quien hoy
les habla, que siente quien canta esa canción, por decisiones dolorosas
que uno se ve obligado a tomar. Pero reconduzcamos mi intervención al
asunto que nos trae hoy aquí.
Cuando el 13 de noviembre pasado nos oponíamos desde el grupo
parlamentario a la toma en consideración del proyecto de ley, lo hacíamos
argumentando las razones de nuestra posición que, de forma muy
simplificada, se pueden resumir en la afirmación de que los objetivos
ambiciosos --y compartidos por nosotros-- que constan en la exposición de
motivos, e incluso en la memoria que acompaña al proyecto, no encuentran
acomodo en el texto articulado y han resultado no tener más alcance real
que el de haber servido de retórica en la decoración del discurso del
señor ministro en el acto de presentación del proyecto al Parlamento.
La aportación del desarrollo de las telecomunicaciones al objetivo de
mantenimiento de la cohesión territorial y social de España no queda
garantizada --ni mucho menos-- una vez concluidos los trámites en
ponencia y en Comisión, y en algunos supuestos la aceptación de enmiendas
por el grupo que apoya al Gobierno han contribuido, incluso, a empeorar
sensiblemente el texto del proyecto. Me quiero referir en concreto a una,
como muestra de a dónde llega la prodigalidad con la que el Gobierno
renuncia a competencias exclusivas y además importantes. En el artículo
5, cuando se habla de los servicios para la defensa nacional y la
protección civil en los ámbitos de seguridad pública, se dice que el
Ministerio de Fomento mantendrá relaciones de cooperación con el
Ministerio del Interior y con los órganos responsables de las comunidades
autónomas con competencias en la materia cuando éstas lo soliciten.
Estamos hablando de seguridad nacional, de protección civil, y la
colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas solamente se
puede producir, con la enmienda introducida, cuando éstas lo soliciten.
Tiempo tiene el Gobierno en el Senado de desfacer entuerto tan
injustificable y tan incomprensible, como limitar la iniciativa de parte
de funciones del Gobierno en materias tan sensibles como la defensa
nacional y la protección civil.
El desarrollo de unas condiciones de competencia efectiva que redunden en
beneficio de los ciudadanos, incrementando la calidad y disminuyendo el
precio de los servicios, tampoco es un objetivo que se pueda considerar
garantizado en la redacción actual del proyecto; más bien puede
predicarse del mismo lo contrario, porque el complejísimo sistema de
desarrollo reglamentario establecido, la impúdica capacidad discrecional
que el Gobierno se reserva, la invasión que se produce en los ámbitos
competenciales de la Comisión del Mercado y un régimen transitorio
descaradamente intervencionista y oscuro constituyen algunos de los
instrumentos con los que el Gobierno dificulta siempre, obstaculiza a
menudo e impide cada vez que puede, el desarrollo de un mercado
competitivo
que se dice perseguir, y la verdad es que se perseguirá pero a muerte.
Pero el afán intervencionista de la ley, que la recorre desde la cruz
hasta la raya, se diluye, tiene una solución de continuidad, un
lamentable olvido, un sesgo político darwinista cuando se refiere a las
obligaciones de servicio público en general y de servicio universal en
particular. En este terreno, que justifica como ningún otro la
intervención del Gobierno en defensa de unos derechos que no pueden ser
garantizados porque no son reconocidos por el mercado (derechos tales
como la comunicación, la información o el acceso a tecnologías y
servicios imprescindibles para el desarrollo adecuado de personas y
territorios), que es donde el Gobierno debiera intervenir, ahí
precisamente el proyecto recula, los redactores se atenazan, el culto al
mercado se sublima y la interpretación de las directivas se hace con el
más restrictivo de los criterios. Y una ley que dice ser, de manera
solemne, vanidosa y cursi, en su exposición de motivos legislación del
siglo XXI, nos introduce en el mismo con un servicio universal que tiene
las mismas prestaciones de que disfrutan los ciudadanos españoles desde
hace una década, ni una más, y posiblemente algunas menos, por la
alarmante caida en la calidad que se viene produciendo en la prestación
de algunos servicios telefónicos básicos, por más que el Gobierno, al
negarnos los informes de calidad correspondientes, intente ocultarlo al
Parlamento.
Hemos pretendido, señor presidente, corregir las lagunas, insuficiencias
y errores presentando y defendiendo nuestras enmiendas con una serie de
argumentos que no han sido oídos, quizá ni tan siquiera han sido
escuchados por el grupo que apoya al Gobierno. Hoy, naturalmente, no
pretendemos que nos oiga, ni que nos escuche, ni mucho menos que responda
con argumentos en contra de nuestras razones, sólo pretendemos expresar
ante la Cámara y dejar constancia en su «Diario de Sesiones» de nuestra
disconformidad con los contenidos del proyecto, disconformidad que nace,
sorprendentemente, de una identificación casi total con la exposición de
motivos del proyecto y que se transforma en creciente desacuerdo conforme
avanza el articulado del mismo.
Hemos querido impedir el intervencionismo injustificado de la
Administración en los procesos de desarrollo de estos servicios,
estableciendo claramente los supuestos en los que esa intervención sea
necesaria y razonable, lo cual ocurre, a nuestro criterio, y a salvo de
otro mejor, cuando sea preciso contrarrestar el abuso de posición
dominante de un agente en el mercado o cuando por razón de la existencia
de recursos escasos, como el espectro o los números, se requiera una
gestión eficaz de esos recursos.
Hemos querido facilitar el desarrollo de un mercado competitivo y
beneficioso para los usuarios --la competencia no es un bien en sí mismo,
sino sólo si traslada sus ventajas a los usuarios--, pretendiendo que la
ley reconozca el derecho a negociar libremente las tarifas y condiciones
de interconexión, elemento sustantivo en la liberalización del mercado y
sin el cual todo es absolutamente mentira e irrelevante, por lo menos en
el período de nacimiento y de desarrollo de esos mercados, que es el que
esta ley está encaminada a ordenar, y que esos acuerdos tengan sujeción a
la autoridad de la Comisión del Mercado, lógicamente en aquellos
supuestos que resulten contrarios a la competencia o lesivos al interés
general.
Hemos tratado en nuestras enmiendas de superar algunas indefiniciones muy
peligrosas para los usuarios más débiles; indefiniciones referidas a lo
que se entiende por calidad determinada del servicio universal o por
precio asequible del servicio universal, porque si no llenamos de
contenido ambos conceptos, junto a otros a los que no me voy a referir,
es más que probable que las leyes del mercado los vampiricen hasta
dejarlos reducidos a una mera declaración de intenciones. Por eso hemos
pretendido, señor presidente, que las características de las prestaciones
de cada uno de los servicios universales sean establecidas por real
decreto del Ministerio de Fomento, y esos reales decretos deberán estar
referidos, a nuestro criterio --y único, insisto, porque el Gobierno y el
grupo que lo apoya no tienen criterio sobre esto--, a las siguientes
condiciones mínimas: describir las características del correspondiente
servicio, con sus facilidades asociadas, especificaciones técnicas y
operativas relevantes y calendario de implantación, para que sean
compromisos aprehensibles por los ciudadanos, para que se pueda juzgar o
no el cumplimiento de los mismos. Creemos que también los parámetros de
calidad de servicio con el que los operadores deben prestarlo y la
descripción de los métodos y medidas de la calidad y su calendario de
implantación, así como el plan de inspecciones, deben estar contenidos en
el real decreto que establezca las características mínimas de cada uno de
los servicios universales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Y, por supuesto, la estructura
tarifaria y las tarifas correspondientes a los diferentes servicios. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia)
Y la calidad determinada ¿qué es? Hemos querido dar algunas ideas al
respecto. En primer lugar, los decretos a los que me he referido deben
tener características relativas a dos niveles de calidad: uno, exigible a
nivel estadístico, para juzgar el grado de cumplimiento por el operador
de las obligaciones establecidas en el real decreto que desarrolla el
servicio y que permita, por tanto, la contrastación estadística por el
Gobierno del servicio, y otro nivel referido a las relaciones
contractuales
entre el operador y el usuario que permita a éste establecer si con él
particularmente, no ya a nivel estadístico, el operador está cumpliendo
las obligaciones que tiene, por no referirnos a una calidad inicial del
sistema de acceso a la red telefónica básica de 35.600 bits por segundo.
Sin embargo, especial relevancia para el servicio universal tiene el
contenido concreto de la difusa expresión precios asequibles. ¿Qué es
precio asequible? ¿Es único en todo el país? ¿Es el mismo para todos o es
diferente? Nosotros hemos querido introducir una definición de mercado,
señoría, ya que estamos tan instalados en el mismo. Les proponemos que
cuando el mercado de las 20 ciudades más pobladas de este país encuentre
el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda y, por tanto,
establezca un precio competitivo y rentable para los operadores e
interesante para los usuarios, el precio asequible será, como máximo, el
125 por ciento de la media de esos mercados.
Por tanto, estamos refiriéndonos al mercado, un mercado que dice cuál es
el precio de un servicio en los sectores más cremosos y rentables del
mercado, pero traslademos también ese precio a los sectores con menos
poder económico y menos cremosos del mercado, porque si no a la sierra de
Ancares, como a la de Madrid, no llegan las telecomunicaciones, señoría,
ni con polvorones, no llegarían nunca o llegarían a precios absolutamente
impagables por los ciudadanos.
Hay una cosa que se llama sociedad de la información que ustedes
desconocen por completo en esta ley, ni se refieren a ella. No tienen
percepción del fenómeno sociocultural más potente que ha ocurrido en el
último tercio del siglo XX, que está explotando, que va a producir unos
cambios en las pautas de comportamiento familiar, de ocio, cultural, de
estudios, que va a introducir tal transformación en las pautas generales
de comportamiento de la sociedad que --digo yo-- debería estar recogido
en la ley, siquiera como nosotros lo decimos. Hágase un libro blanco
sobre el desarrollo del nacimiento de la sociedad de información en
España y, como consecuencia de ese libro blanco, un plan director para
que esta Cámara, para que el Gobierno al menos, tengan algo que decir
sobre el fenómeno cultural más potente y revolucionario, en el buen
sentido de la palabra, del último tercio del siglo XX. Pues ni se
enteran.
Tampoco se enteran de que Internet es el fenómeno económico más potente
de finales del siglo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le ruego
concluya
.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: En tres años ha pasado en España de
tener 100.000 usuarios a 1,5 millones, que crece al 110 por ciento
acumulativo anual, que dentro de muy poco tiempo tendrá siete millones de
usuarios y que llevar Internet a los centros de enseñanza, que llevar
Internet a las universidades, que llevar Internet a las bibliotecas, a
los centros de información no es descabellado, es una exigencia de esta
ley, pero ustedes no acaban de entender la importancia de este proceso.
Algo debió aprender el señor Aznar cuando fue a inaugurar un congreso
mundial de Internet, donde supongo que diría que en España Internet mejor
que en ningún sitio, que cuarto y mitad, que el que más y que aquí paz y
después gloria. Pero hoy rechazan ustedes aquí que Internet --en un
tiempo prudencial como es lógico, no pasado mañana-- pueda estar en el
servicio universal. Ustedes hacen una ley en la que vienen a decir que el
progreso no es posible para todos, que el que quiera lujos que se los
pague.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
García-Arreciado, S. S. debe concluir.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Concluyo, señor presidente.
Habla exclusivamente de mercado, de eficiencia, de mercancía. Nosotros
hablamos de derecho, de equilibrio, de solidaridad, de desarrollo y de
progreso. Es una ley de profundísimo contenido político que ustedes han
pretendido enmascarar en el supuesto carácter técnico de la ley. Una ley
de 80 artículos a la que se han presentado 418 enmiendas no es una ley
técnica, señorías, es una ley política que marcará, lo veremos en estas
votaciones, la línea que separa las fuerzas de progreso de esta Cámara y
las fuerzas de reacción también de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Arreciado.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Entramos hoy en una nueva fase del debate del proyecto de ley general de
telecomunicaciones que, como saben SS. SS., se trata de algo tan
importante como la trasposición de una directiva comunitaria y también se
trata de un proyecto de ley que unifica una legislación muy prolífica y
dispersa en materia de telecomunicaciones. Nuestro grupo parlamentario
entiende que todo ello nos va a situar en una mejor posición para
enfrentarnos al entorno de competencias que se acerca a pasos agigantados
en este ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata, señor presidente, señorías, de dar hoy un paso más en este
proceso de liberalización de las telecomunicaciones
que desde este grupo parlamentario, desde estos bancos, siempre hemos
defendido como algo absolutamente necesario y positivo; algo positivo
para los ciudadanos de nuestro país, que van a tener mejores servicios,
van a experimentar una reducción de precios, van a obtener una diversidad
de la oferta de productos y, por tanto, van a poder sentirse más
satisfechos como usuarios y, sobre todo, algo que también nos parece
fundamental, van a ser finalmente tratados como clientes.
Asimismo, estamos convencidos de que este proceso va a tener un
componente muy importante en la mejora de la competitividad de nuestras
empresas, de nuestros sectores productivos. Tendremos en muy poco tiempo
un mercado tan abierto como el resto de la Unión Europea, y la opinión de
nuestro grupo parlamentario es que no nos interesa en absoluto
resistirnos a este proceso.
Llegado a este punto, y sin entrar a rebatir opiniones vertidas por
anteriores intervinientes, quisiera citar también, porque creo que es de
justicia y absolutamente necesario, todo el tiempo que hemos perdido en
avanzar en este proceso de abrirnos a la competencia, obsesionados, como
estuvimos en el pasado y no hace demasiado tiempo, en la protección del
monopolio y, consecuentemente, por ello dedicados a frenar la
competencia. No voy a extenderme al respecto, pero deseo mencionar en
este debate de hoy el período transitorio hasta el año 2003, que se
negoció en su momento para evitar que pudiera entrar antes la competencia
telefónica, período transitorio gracias a Dios superado ya en este
momento por negociaciones posteriores; o la obsesión que existió hace muy
poco tiempo en esta Cámara, en la anterior legislatura, para evitar que
el cable pudiera suponer la puerta de entrada a la competencia
telefónica; o bien la prima a la telefonía móvil que se impuso y que
todos sabemos que, por decisiones superiores, de Bruselas, ha sido
superada.
Con todo ello, señor presidente, quiero decir que nuestro grupo
parlamentario va a apoyar, una vez más, este proyecto de ley, rechazando
en el trámite de hoy las enmiendas que quedan vivas de Comisión, porque
estamos convencidos de que con él nos situamos a las puertas de tener una
legislación muy similar a la que tiene el resto de países de la Unión
Europea.
No quisiera acabar mi intervención sin referirme a quien me ha precedido
en el uso de la palabra, don Jenaro García-Arreciado, persona con la cual
hemos discrepado a menudo, hoy una vez más, pero también hemos
coincidido, y cuando la aritmética parlamentaria lo ha hecho
imprescindible, nos hemos llegado a poner de acuerdo; después de debates,
a veces intensos, farragosos, en los que ninguno de nosotros ha querido
renunciar a sus puntos de vista, hemos llegado, repito, a acuerdos, y
esos acuerdos han sido facilitados por el talante personal de don Jenaro
García-Arreciado, a quien le deseo lo mejor en su nueva responsabilidad.
Quiero decirle que deja un buen recuerdo en la Cámara, estoy
absolutamente convencido de ello, y sobre lo que no tengo ningún tipo de
duda es de que deja muy buen recuerdo en este grupo parlamentario, donde
los diputados que hemos tenido ocasión de tratar más directamente con
usted en los temas que citaba hoy S. S., el señor Alcaraz también, y yo
la semana pasada manifestaba mi frustración en la Comisión, en esos temas
que hemos coincidido en definir como muy importantes para la sociedad,
pero que nos parece que no interesan a casi nadie, todos los diputados
que nos hemos encontrado con usted en esos debates creo que podemos
sentirnos orgullosos de contar con su amistad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, venimos en el día de
hoy a aprobar la ley general de telecomunicaciones, una ley que hemos
debatido con ustedes hasta la extenuación. Yo creo que últimamente más de
la cuarta parte del tiempo lo hemos dedicado a hablar precisamente sobre
telecomunicaciones en esta Cámara. Lo que pasa es que, como siempre, en
estos temas de telecomunicaciones nosotros hemos apostado por tratar de
lograr el máximo acuerdo, por tratar de lograr el máximo consenso;
consenso que parece que en el día de hoy no vamos a alcanzar en su
totalidad, fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, porque el
centro de confrontación de algún grupo parlamentario de la oposición ha
sido siempre, y lo está siendo, la comunicación y, en segundo lugar,
porque algunos grupos parlamentarios tienen una concepción de las
telecomunicaciones radicalmente distinta del modelo que defiende el
Gobierno del Partido Popular, que es considerar a las telecomunicaciones
como servicios públicos esenciales de titularidad estatal sujetos a
concesión y, por tanto, a control del gobierno. Por consiguiente, tanto
si ustedes tienen ese modelo como si su estrategia es la que vienen
manteniendo últimamente, el acuerdo es prácticamente imposible por mucho
que hablemos y durante muchos meses, como ha pasado con esta ley, porque
para que haya acuerdo entre dos, desde luego los dos tienen que tener
interés en que exista ese acuerdo.
En cualquier caso, sí quería agradecer la intervención del portavoz de
algún grupo parlamentario, especialmente del señor Rodríguez, que, aun
habiendo mantenido sus enmiendas y habiéndolas defendido esta mañana, ha
anunciado su apoyo a la casi totalidad de esta ley, porque yo creo que es
bueno que se intente conseguir el máximo consenso en el apoyo a esta ley.
Señorías, aunque algunas personas de algún grupo parlamentario de la
oposición no les guste hablar de la
agilidad de la Administración, yo tengo que decir que hoy se puede hablar
de tiempo récord --obviamente, no en la aprobación de esta ley, porque el
Gobierno envió esta ley a esta Cámara en el mes de junio, o sea, que han
pasado nueve meses desde su presentación, y al día de hoy estamos
aprobándola en este Pleno--, porque en sólo un año y medio hemos
recuperado años y años perdidos. Eso es lo que yo llamo progreso, señor
García-Arreciado; progreso es recuperar el tiempo perdido en un solamente
un año y medio. Esta ley es la culminación de un proceso que comenzó con
llegada del Partido Popular al Gobierno, por decisión de la mayoría de
los ciudadanos que nos otorgaron su confianza, y que se traduce en cinco
cuestiones fundamentales.
En primer lugar, la incorporación de directivas europeas y adaptación de
la normativa en nuestro país. Este proyecto de ley que debatimos culmina,
como digo, este proceso. Las aportaciones de otros grupos parlamentarios
han permitido que, al final, contemos con un texto que, ajustado a las
directivas --porque se ajusta absolutamente a las directivas--, es
respetuoso, como no podía seer de otra manera, con la distribución
competencial de nuestro país y también, cómo no, con la situación tanto
tecnológica como económica del mismo. Alguien podrá seguir discutiendo
matices --y ahí las enmiendas que todavía se mantienen para el Pleno de
hoy--, pero el hecho cierto e incuestionable es que llevábamos un retraso
terrible y en sólo un año y medio, en lo que significa el terreno
normativo, se ha avanzado muchísimo, lo que era absolutamente
imprescindible para dar confianza a los inversores en telecomunicaciones
y también a los operadores. Hoy, España, si me lo permiten, es europea y
antes no lo era, y buena prueba de ello es la aprobación de esta ley en
el día de hoy.
En segundo lugar, y también en tiempo récord
--además eso lo pueden comprobar los españoles--, ya existe
competencia. Basta ver la televisión, observar la extraordinaria campaña
publicitaria desplegada por el primero y el segundo operador de telefonía
para comprobar que la competencia ya no está en las leyes, sino en la
calle. En este momento , los españoles, las familias españolas, las
empresas, incluso los organismos públicos, hacen sus cuentas para ver
quiénes de los que ofertan esos servicios les ofrecen mejores precios y
mayor calidad. Hemos pasado muchos años oyendo hablar de la competencia y
hoy la competencia es una auténtica realidad que se palpa con las palmas
de la mano.
En tercer lugar, el proceso de competencia y de liberalización ha
preservado, señorías de Izquierda Unida y señores del Partido Socialista,
lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental es que esté
garantizado el servicio universal de telefonía básica, independientemente
de que éste sea o no rentable para los operadores que compitan. Este
proyecto de ley del Gobierno no sólo fija un servicio universal idéntico
al que se establece en todos los países de Europa, sino un servicio
universal que ampara a todos por igual, un servicio universal que,
además, se ha establecido en esta ley que tenga un concepto dinámico y
revisable. Todos sabemos que las telecomunicaciones avanzan muy deprisa
y, si hablamos de calidad, en el día de hoy no sabemos qué servicios nos
van a demandar los ciudadanos, por ejemplo, el año que viene. Porque
probablemente los ciudadanos soliciten el año que viene un servicio que
ni siquiera hoy en día conocemos. Por tanto, señor García-Arreciado, la
bondad fundamental de esta ley es que refleja un concepto de servicio
universal ágil, dinámico y revisable por este Gobierno o por cualquier
otro gobierno que pudiera sucedernos, puesto que esta ley tiene afán de
continuidad. No se pretende que sea una ley que dure poco tiempo, sino
que es una ley general, que fija los principios básicos, que
posteriormente se desarrollarán y que servirá para muchos años en un
período de liberalización de las telecomunicaciones.
Además, se han fijado por el Gobierno, señorías --y en la tramitación con
otras fuerzas políticas se han incrementado--, los servicios obligatorios
y otras obligaciones de servicio público que deberán cumplir los
operadores para prestar un mayor servicio a los ciudadanos de toda
España, sin ninguna distinción, porque esta ley ampara a todos los
ciudadanos, no está hecha para unos sí y para otros no. Todos los
ciudadanos van a ser ciudadanos de primera y esta ley les ampara para
ello. Se han incrementado, además, estos servicios y obligaciones de
servicio público en sanidad, en educación y en cultura, y, al ser una ley
revisable que podrá ampliar los servicios que se engloban dentro del
servicio universal en función de la evolución tecnológica, de la demanda
de servicios o por consideraciones de política social o territorial, se
irán incrementando y mejorando los servicios para los ciudadanos, eso sin
ni siquiera tener en cuenta la competencia.
La definición que se da en la ley del servicio universal --y perdonen que
me extienda un poco más porque es un punto muy importante, y muchos
portavoces han recogido especialmente y han mencionado el Título III,
porque precisamente el Gobierno y el Grupo Popular han tenido mucho
cuidado en que, al final, sea el que llegue más a los ciudadanos, porque
tenemos especial interés en que llegue a todos-- garantiza que los
usuarios tengan un servicio eficiente, seguro y asequible. Además, al
incluir en la definición del servicio universal el acceso a la red, se
está dando a los usuarios la posibilidad de acceder no sólo al servicio
de telefonía vocal, sino a todos los servicios que puedan ser
suministrados por las redes telefónicas. Por ejemplo, cada ciudadano
puede acceder a los servicios de información interactivos y on line,
incluido Internet, con tal de que tenga un ordenador y un contrato con un
proveedor de los servicios.
Sobre la línea telefónica, como todos ustedes saben, se prestan ya
servicios como, por ejemplo, el banco en casa, telecompra e información
en línea. Por tanto, nosotros creemos que debe concederse una prioridad
absoluta a la instauración de un servicio universal auténtico en todo el
territorio español y, en especial, en las zonas menos favorecidas. Todo
ello solamente puede lograrse mediante una definición realista y
alcanzable del servicio universal.
En cuarto y último lugar, el gobierno socialista, durante trece años, fue
incapaz de dotar a este país, con su mayoría parlamentaria --que la
tenía--, de un órgano independiente que velara por la competencia y por
el funcionamiento leal en el mercado de las telecomunicaciones. Y fueron
incapaces --y estoy segura que no fue por incompetencia-- por falta de
voluntad política. Hoy, ese órgano, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, es una realidad aprobada y puesta en marcha por
consenso de toda la Cámara. Un consenso tanto sobre su composición como
sobre sus competencias y que debatimos hace escasos meses. Ese grupo
parlamentario que, como digo, no tenía voluntad política, y algún otro,
pretende modificar en esta ley las competencias de un órgano que hemos
aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas hace escasos meses.
Nosotros creemos que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es
un órgano que está funcionando bien y, por tanto, debemos mantenerlo en
estos momentos como está, y la ley general de las telecomunicaciones no
tiene por qué venir a modificar un status de un órgano que ha sido
aprobado, como digo, por consenso de toda la Cámara hace escasos meses.
Señorías, esta ley viene a culminar este proceso del que hablamos. Un
proceso de liberalización. No es una ley reglamentista; no es una ley de
450 artículos, como las que le gustan al Grupo Socialista; es una ley
liberalizadora, hecha para una etapa diferente. Una etapa de pluralismo,
una etapa de competencia. Es una ley en la que se incorporan los
principios básicos contenidos en las directivas; principios básicos sobre
telecomunicaciones que ya están aprobados en toda Europa; será una ley
dinámica y se desarrollará en sus previsiones por la vía reglamentaria,
con agilidad y con posibilidades de adaptarse a las circunstancias de la
sociedad española. Estas circunstancias no son sólo tecnológicas --a las
que me he referido--, sino también económicas, porque si hablamos de
precio asequible, yo no soy partidaria de que una ley se haga tan
reglamentista como para poner el precio, sobre todo porque esto podría
perjudicar, al final, a los ciudadanos, porque quién sabe cómo estará la
situación dentro de unos años y cuál será el precio asequible para dentro
de unos años. En cualquier caso, señor García-Arreciado, usted compartirá
conmigo que, por ejemplo, el precio de las viviendas, el precio de los
créditos hipotecarios hoy es mucho más asequible de lo que lo era en la
época del Gobierno socialista. Por eso digo que el concepto de precio
asequible habría que debatirlo con mucho cuidado y que no creo que sea
objeto de esta ley. Además, señorías, la competencia --como también he
dicho y no me canso de repetir-- mejora y reduce los precios, mejora la
calidad y produce mayores servicios para todos los ciudadanos.
Estas son, señorías, realidades. ¿Se pueden discutir conceptos? Por
supuesto. ¿Se pueden discutir matices? Por supuesto. Pero las realidades
son incuestionables y, además, lo son porque así lo perciben todos los
ciudadanos y toda la sociedad española en este momento.
Si me permiten, quiero manifestar que, cuando llegó el nuevo Gobierno,
las telecomunicaciones eran la gran asignatura pendiente en el desarrollo
de los sectores competitivos de futuro de nuestro país. Hoy, con la
aprobación de esta ley, es una asignatura que todavía no está
definitivamente resuelta, pero que ha pasado ya muchos exámenes. Hemos
pasado el examen de la normativa europea, incorporándola; hemos pasado el
examen de privatizaciones ejemplares, con amplia respuesta de los
ciudadanos; hemos pasado el examen de la competencia, porque hoy ya es
una realidad y hemos pasado el examen demostrando que nuestra voluntad no
es intervencionista, creando la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. En definitiva, una asignatura pendiente se ha
convertido en un reto de futuro sobre decisiones políticas, realidades
concretas y acuerdos parlamentarios a los que todavía están ustedes a
tiempo de sumarse en el día de hoy.
Señoras y señores diputados, finalizo diciendo que, en el día de hoy, un
adversario político, que tiene ideas distintas, pero al que nunca he
visto como un enemigo, se despide después de un período muy largo como
diputado de esta Cámara. En nombre de mi grupo parlamentario, quiero
reconocerle su dedicación, su esfuerzo y sus aportaciones, tanto cuando
pertenecía al grupo mayoritario de esta Cámara, que estaba en el
Gobierno, como ahora que pertenece al primer grupo de la oposición. No
tengo ninguna duda sobre la buena fe que ha guiado el trabajo del señor
García-Arreciado en esta Cámara. Estoy convencida de que siempre hemos
sido leales adversarios, que nunca enemigos, porque el único enemigo
común que tenemos todos es aquél que niega la libertad, que niega la
convivencia, el diálogo e incluso el debate parlamentario. Queremos
aprovechar esta ocasión para desearle lo mejor para su futuro y que tenga
mucha suerte y buen hacer si se le encomiendan otras responsabilidades
públicas. Señor García-Arreciado, cuénteme entre sus adversarios
políticos, pero espero que también me cuente entre sus amigos.
Muchas gracias. (Aplausos)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato. (El señor García-Arreciado Batanero, pide la palabra.)
¿A qué efectos solicita la palabra, señor García-Arreciado?
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Hay uno muy evidente, que es el de
poder agradecer las palabras de las que he sido objeto, y otro, político,
también muy evidente: se ha usado el turno de fijación de posiciones como
turno en contra de mi grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para agradecer las
justas palabras que respecto a S. S. se han pronunciado aquí, tendría
usted el uso de la palabra; para utilizar un turno en contra de la
fijación de posición de los grupos parlamentarios, no. Creo que se ha
tratado de una fijación de posición estricta, no coincidente con la
postura que S. S. representa, pero que se ha atenido al reglamento. Por
tanto, si S. S. desea hacer uso de la palabra para agradecer los elogios,
la tiene; si es para utilizar un turno de réplica, no la tiene.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy a renunciar a utilizar el turno
de réplica, ya que S. S. hace esa interpretación que no coincide con la
mía, pero se trata de un tema menor.
No obstante, quiero agradecer las palabras, tan sinceras como exageradas,
que han pronunciado sobre mi persona Ana Mato y Luis Recoder. Ambos
pertenecen al grupo de personas que no sólo merecen mi respeto, que no
sólo tienen mi amistad, sino que admiro personalmente. Luis tiene ahora
pocos años más de los que yo tenía cuando hace 16 años entré en esta
Cámara y Ana posiblemente bastantes menos, y los dos tienen por delante
un escenario que les deseo repleto de éxitos e, igual que ellos a mí me
incluyen en el grupo de sus amigos, esperemos que en el futuro podamos
seguir manteniendo la relación de amistad que siempre hemos mantenido, a
pesar de sostener dialécticas desde esta tribuna, con planteamientos, la
mayoría de las veces discrepantes con Ana Mato, alguna vez menos
discrepantes con Luis Recoder.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Si me lo permite, quiero decirle que las palabra que ha escuchado no han
sido, en ningún caso, exageradas, y personalmente quiero resaltar lo que
ha sido su relación con la Presidencia en sus numerosas intervenciones,
que mantienen el estilo que SS. SS. han destacado con respecto a su
comportamiento como portavoz de su grupo.
--PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS (Número de expediente 121/000088)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, a
continuación, al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de
residuos, al cual han sido presentadas enmiendas por los grupos Mixto,
Izquierda Unida y Socialista.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo, en nombre de Unión Valenciana, para defender la única
enmienda que mantenemos viva para el debate de hoy respecto al proyecto
de ley de residuos, que introduce la Directiva 91/156, sobre la materia
de residuos, que es la enmienda número 2, al artículo 4, apartado
tercero. Este artículo establece que las entidades locales serán
competentes para la gestión de los residuos urbanos en unos términos con
los que nosotros mostramos cierta discrepancia, y por eso mantenemos esa
enmienda de modificación a este artículo 4, apartado tercero.
La Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos
urbanos, tras definir en su artículo 2 su ámbito de aplicación, establece
una cláusula general residual dentro de este ámbito, en la letra g), en
general para todos aquellos residuos, según el Real Decreto 1.163/1986,
de 13 de junio. Señala que corresponde a las comunidades autónomas
formular planes de gestión de residuos en su ámbito territorial, que
serán de obligado cumplimiento para las entidades públicas y privadas.
El artículo 26 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, señala como
servicio público obligatorio en todos los municipios la recogida de
residuos y en los de más de 5.000 habitantes el tratamiento de los
mismos. En la Comunidad Valenciana, comunidad de la que procedo, los
ayuntamientos que tienen competencias en materia de eliminación de
residuos sólidos urbanos, aquéllos con más de 5.000 habitantes, no las
han ejercido en su inmensa mayoría, y ha sido la Generalitat Valenciana,
en colaboración con las diputaciones, la que en casi todos los casos ha
proyectado y construido las infraestructuras. Es evidente que la
terminología autorizada en la norma no se ajusta a lo propugnado por la
Unión Europea en cuanto a la gestión de residuos urbanos, ya que se
omiten los términos tratamiento, valorización, reciclaje, de tal forma
que los ayuntamientos con este texto podrán recoger, transportar y
eliminar, pero no valorizar ni tratar los residuos. De otra parte, se ha
puesto de manifiesto en el período de vigencia de la Ley 7/1985, de bases
de régimen local, que los ayuntamientos no han ejercido las competencias
en materia de eliminación de residuos, muy por el contrario, han
aparecido más vertederos incontrolados. Las posibilidades económicas de
los ayuntamientos, junto con el resto de exigencias técnicas para
construir y explotar estas instalaciones, hacen difícil que puedan
ejercerlas. También hay que añadir que las directivas comunitarias
promulgan la autosuficiencia
en el tratamiento de los residuos, pero no la proliferación de vertederos
que, aun siendo controlados, incrementan el impacto ambiental. Eso es lo
que se deduce del nuevo texto, la posibilidad de proliferación de
vertederos, uno por cada ayuntamiento. Véase la definición de
eliminación.
El Plan integral de residuos de la Comunidad Autónoma Valenciana,
recientemente aprobado por el Parlamento autonómico valenciano, no
propugna esta filosofía, sino aunar a los ayuntamientos en áreas de
producción, buscando que unas instalaciones den servicio a toda la
generación de residuos de un grupo de ayuntamientos, pero nunca se
señalan instalaciones para cada municipio individualizado.
Es destacable igualmente que si las comunidades autónomas pueden
planificar en materia de residuos urbanos y ello conlleva un esfuerzo
económico, una y otra cosa pueden diluirse si se produce esta
modificación de competencias que condicionan la planificación. De hecho,
el Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado
inicialmente, expuesto a información pública hasta septiembre pasado y
que ahora está en pleno rendimiento, contempla una planificación general
para solucionar el problema de los residuos urbanos municipales con cargo
a los presupuestos de la Generalitat, en función de las competencias
asumidas plenamente.
El texto de esta ley deja el Plan autonómico valenciano indefenso y con
pocas posibilidades de éxito al abundar en una gestión que ya ha
demostrado hasta el día de hoy que no soluciona los problemas planteados
a nivel municipal. Por tanto, mantenemos nuestro texto de modificación
que paso a leer para que quede claro cuál es el planteamiento de las
comunidades autónomas: Las entidades locales serán competentes para la
gestión de los residuos urbanos en los términos establecidos en esta ley
y en las que, en su caso, dicten las comunidades autónomas. Corresponde a
los municipios, como servicio obligatorio, la recogida y transporte, así
como el resto de operaciones de gestión en ausencia de ley o plan de las
comunidades autónomas y en los términos de las leyes de éstas, si es que
existen.
Por tanto, desde el ámbito de la Comunidad Valenciana, donde existe un
Plan integral de residuos, pensamos que si se mantiene el texto tal y
como figura en el proyecto que hoy debatimos, se hace un flaco favor a la
recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, intervengo, en nombre de
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, para defender las enmiendas que
no se han aceptado en el trámite de dictamen de la Comisión.
Mi grupo entiende que esta ley significa un avance que llega con mucho
retraso. Recordemos que la Directiva comunitaria es de 1991, lo que
supuso para el Estado español la condena del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea por su inaplicación.
En segundo lugar, quisiéramos manifestar que lamentamos que esta ley
vuelva a ser una ley del bloque de derechas. No es una ley de consenso
porque prácticamente no se ha aceptado ninguna de las enmiendas que
plantean el Partido Socialista, Izquierda Unida y Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
En cuanto a su contenido, consideramos que faltan medidas concretas para
la prevención y reutilización y que no hay un compromiso para su
cumplimiento. No se establecen compromisos ni porcentajes de reducción ni
de producción de residuos. No queda tampoco resuelta la necesidad de
recoger la materia orgánica separadamente del resto de los residuos
municipales y su recuperación por sistemas prioritarios de compostaje y
biometanización.
La ley, señorías, opta por la proliferación de las incineradoras cuando,
a nuestro entender, éstas deberían ser sólo para las materias residuales
tras la aplicación de las tres erres: recuperación, reutilización y
reciclaje.
Finalmente, lamentamos que la propuesta de Iniciativa per Catalunya-Els
Verds y Nueva Izquierda, por la que se establecía la obligación del
productor de acogerse a un sistema de depósito, devolución y retorno para
aquellos productos tóxicos, no se haya incorporado al texto del dictamen,
es un grave error que complicará y hará menos eficaz la gestión de
residuos municipales.
Por todo ello, señorías, señor presidente, manifestamos que nos
abstendremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Como primera consideración a este proyecto de ley de residuos,
señalaremos que ya al inicio del trámite observamos que había
determinadas matizaciones, puntualizaciones o correcciones que se habían
realizado desde el departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente del Gobierno vasco, que habían sido recogidas.
No obstante, consideramos que este proyecto de ley presentaba importantes
carencias que habían sido constatadas anteriormente, tales como la
inexistencia de objetivos concretos en materia de producción y gestión de
residuos, y todo ello en concordancia con los principios establecidos por
la estrategia comunitaria en esta materia. También observamos que había
una ausencia de referencia alguna a tratamiento diferenciado de aquellos
flujos de residuos considerados
prioritarios a nivel europeo y que por su especial problemática requerían
y requieren un tratamiento específico.
Hemos presentado una serie de enmiendas que mantenemos vivas en este
trámite, algunas de las cuales tienen como misión establecer precisiones
con respecto a los ámbitos competenciales que corresponden a las
comunidades autónomas. Alguna otra enmienda --como ha señalado el
portavoz, señor Chiquillo-- hace referencia a las obligaciones de los
entes locales en relación con el tratamiento de los residuos. En
concreto, lo que propugnábamos era la incorporación del almacenamiento y
la valoración de tales residuos, no limitándose exclusivamente a la
recogida, transporte y, en su caso, eliminación.
Por último, quería señalar alguna cuestión concreta, como podía ser el
artículo 39, respecto de la adopción de determinadas medidas cautelares.
Creíamos que no era necesario esperar a que existiera el inicio de un
procedimiento sancionador, porque en algunos casos existen situaciones
verdaderamente de urgencia que requieren la posibilidad de poder iniciar
trámites y adoptar medidas cautelares de absoluta necesidad en esos
procedimientos y en esos momentos.
En cualquier caso, también creíamos que en ese artículo había que añadir
no solamente la posibilidad de adoptar, sino también de exigir, lo cual
permitiría llegar al cumplimiento de tales medidas que lo único que deben
pretender es eliminar esos supuestos de problemática medioambiental y de
residuos. Parece necesario tener la facultad no sólo de adoptar, sino
también de exigir con los medios necesarios para que se eviten esas
situaciones de urgencia y, por supuesto, aquellas situaciones que han
requerido el inicio de un procedimiento sancionador.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Señor presidente, señorías, estamos discutiendo
hoy, en esta Cámara, una ley básica que tendría que venir a cerrar el
ciclo de residuos, completando la Ley de Envases y Residuos, que se
aprobó hace unos meses y que en estos momentos está en fase de desarrollo
reglamentario. Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ya fijó su posición con respecto a esta ley en el trámite de
enmienda de totalidad con texto alternativo que presentamos. La
aplicación de una directiva europea no significa que tengamos que
renunciar a alcanzar objetivos más amplios y ser más ambiciosos en un
tema en el que llevamos un retraso considerable, como es el de los
residuos sólidos.
Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley, cuyo debate hoy hoy
terminamos en esta Cámara, no va a solucionar los problemas que tiene la
generación de los residuos sólidos ni va a solucionar los problemas que
se plantean a la hora de reciclar, reutilizar o recuperar. Desde el
proyecto de ley del Gobierno, lo que se plantea es más bien dejar hacer a
las comunidades autónomas, sin tan siquiera pretender coordinar de una
manera efectiva, fijándose objetivos generales en el proyecto de ley. No
se puede, con la excusa de que las competencias son de las comunidades
autónomas, dejar hacer sin establecer, desde una ley básica, un mínimo
que desarrolle, para todo el Estado, las condiciones en las que por lo
menos se debe aplicar esta ley en todas las comunidades autónomas.
No significa que haya que ir a máximos, hay que ir a mínimos que, al
menos, intenten unificar determinados criterios y, a partir de ahí, cada
comunidad autónoma tendrá que regular y establecer sus propios objetivos,
que incluso pueden ser mucho más ambiciosos. Pero eso no puede nunca
impedir que el Gobierno, que el Estado central, que la Administración
tenga que plantearse objetivos generales para todo el Estado.
Las enmiendas que mantiene nuestro grupo parlamentario están enlazadas
con el concepto que nuestro grupo ha defendido y sigue defendiendo en
cuanto a lo que deben ser las definiciones que debe contemplar la ley
básica para que tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando. No
podemos hablar de prevención, tal y como lo establece el texto del
Gobierno, cuando ni tan siquiera nos planteamos que prevenir también es
que se puedan sustituir unos productos por otros que sean menos
contaminantes.
Señorías, esto no modifica para nada el fondo de la ley y, sin embargo,
no se ha querido admitir. No podemos hablar exclusivamente de
valorización, porque para nosotros es algo tan importante como la
recuperación. Si hablar de valorización significa, al mismo tiempo,
incineración, no estamos valorizando; sencillamente estamos quemando y,
por tanto, es mucho más concreto y específico referirse a recuperación,
porque estamos intentando recuperar, añadiéndole un valor a lo
recuperado, para que se pueda reutilizar.
Cuando el texto del Gobierno habla de eliminación está pensando en el
vertido; señorías, eliminación no es vertido, porque da la casualidad de
que un residuo, cuando ya no es posible que se pueda ni reciclar ni
recuperar ni reutilizar, no se elimina, está ahí. Por tanto, en todo
caso, de lo que tendríamos que hablar es de una disposición final, que
tendría que recomendar los mínimos vertidos posibles y, además, en un
depósito controlado.
Lo que a nuestro grupo le ha llamado poderosamente la atención es cuando
hemos intentado conseguir que en el texto básico que ha presentado el
Gobierno de esta ley de residuos, que se hable de recogida selectiva en
origen. Señorías, si no precisamos en el texto que la recogida selectiva
ha de ser en origen, estamos realizando una recogida selectiva
inexistente; sólo se
puede hacer recogida selectiva en origen. Las plantas de transformación o
de almacenamiento no podrán hacer nunca una separación adecuada si no ha
habido recogida selectiva en origen, porque, al final, tendremos
contaminada la materia orgánica y será imposible que podamos utilizarla
para compostaje y que la calidad de éste permita que se utilice, con
todas las garantías y la fiabilidad, para la recuperación de suelos y
para el abono y utilización por los agricultores. Si en estos momentos no
es rentable el compostaje es, precisamente, porque al grupo de gente que
tendría que estar utilizándolo le parece que no es fiable, ya que no hay
una recogida selectiva en origen que garantice que la separación de la
materia orgánica está hecha adecuadamente, sin otro tipo de contaminación
u otros materiales de residuos.
Estamos perdiendo la oportunidad, en el texto del Gobierno y no aceptando
las enmiendas que ha presentado nuestro grupo, de que quede claro cuál es
la definición que se da a una tecnología limpia. El texto del Gobierno
habla de tecnología menos contaminante, pero ahí caben muchísimas
interpretaciones. Habría que haber definido, y todavía hubiéramos estado
a tiempo de hacerlo en este proceso, qué es una tecnología limpia y por
qué se debe de aplicar.
Nuestro grupo plantea que ha de prohibirse la incineración y,
fundamentalmente, la de los residuos tóxicos y peligrosos. Señoría,
creemos que la ley no solamente no viene a clarificar cuáles son las
definiciones en cuanto a recogida, recogida selectiva, gestión,
almacenamiento, valorización, eliminación, etcétera, sino que,
posiblemente, puede propiciar interpretaciones diferentes por las
comunidades autónomas.
Mantenemos también que las competencias administrativas que se dan no son
claras. Con la intención de mantener el respeto a las competencias de las
comunidades autónomas, terminamos por no tener muy claras las
delimitaciones de esas competencias y, por tanto, a nuestro criterio, el
texto del Gobierno introduce más dudas que claridad; de ahí las enmiendas
que hemos presentado en esta materia.
Además, nuestro grupo parlamentario no comparte que se puedan transferir
o remitir residuos de unas comunidades a otras, ni a través del
territorio del Estado a otros territorios de la Unión Europea o de la
Unión Europea hacia nuestro país. Estamos convencidos de que, a pesar de
que en el texto del Gobierno figura la prioridad o la necesidad de que
haya una gestión que tenga el principio de proximidad y autosuficiencia,
los artículos que lo regulan precisamente indican que podemos hacer
transferencias de unas comunidades a otras, de unos Estados a otros de la
Unión Europea. Los residuos no son una mercancía, los residuos son
residuos y, de verdad, si queremos creer que el principio de proximidad y
autosuficiencia se tiene que aplicar, señorías, tendríamos que establecer
mecanismos que permitieran que la gestión se hiciera en cada territorio,
a no ser con excepciones suficientemente documentadas.
Creemos que es necesario introducir muchísimas más competencias de las
que se han incluido, pero con mucha más claridad de lo que se ha hecho en
el texto del Gobierno.
Algo que no compartimos es que el Gobierno solamente pueda fijarse, tal
como queda en su texto, objetivos de reducción para los planes nacionales
de residuos, dejando que lo especifiquen los planes de residuos de las
comuninades autónomas. Si a esto añadimos no establecer criterios ni
objetivos dentro de la ley, al final tendremos la suma de objetivos que
se marca el Gobierno sin haber hecho un estudio ni una planificación para
todo el territorio del Estado. Esa no es la forma de hacer los planes de
residuos, sino fijar los criterios desde la propia ley y, a partir de
ahí, negociar, que no imponer como se nos ha venido diciendo hasta ahora,
con las comunidades autónomas para fijar con ellas los objetivos que
corresponden a cada una. Pero esto tendría que estar ligado a la
financiación, que ha quedado muy mal parada en esta ley, para que se
puedan llevar a cabo los planes de residuos, tanto el estatal como el de
las diferentes comunidades autónomas.
Se ha negado la posibilidad de que exista un fondo ambiental, donde se
establezcan los impuestos, las ecotasas, las exenciones fiscales, como
quieran llamarlo, con carácter finalista, para que se pudiera
redistribuir hacia las comunidades autónomas y se elaborasen los planes
de residuos, tanto los autonómicos como los nacionales. Si lo dejamos sin
financiación y para que las comunidades autónomas sean las que tengan que
implantar determinados impuestos, ecotasas o como se regule, ellas podrán
hacerlo o no, con lo cual no se pondrán en marcha los planes de residuos.
Queda muy bien y el papel es muy sacrificado, pero a la hora de la verdad
no se han fijado criterios ni objetivos, y sólo se ha conseguido que
dentro de un año nos traigan un proyecto de ley para exigir una
recaudación sobre los aceites usados y lubricantes. No hemos conseguido
más y se ha perdido la oportunidad de solucionar un problema que va a
impedir que, aunque se hagan planes de residuos muy bonitos y con
objetivos ambiciosos, no podamos ponerlos en práctica por falta de
recursos económicos.
Estas son las razones fundamentales por las que nuestra formación
política no está de acuerdo con el texto que ha presentado el Gobierno.
Según nuestro criterio, a pesar de que ha sido un asunto muy debatido en
esta Cámara, no hemos conseguido modificar aspectos fundamentales de la
ley. Los avances que se han producido en el trámite precedente han sido o
mínimos o no han aportado más. Estamos convencidos de que este Gobierno
se ampara en las competencias de las comunidades autónomas en materia
medioambiental para inhibirse de sus responsabilidades. Nuestro
grupo parlamentario no está dispuesto a aceptar que, bajo el pretexto de
no querer imponer, se dejen las cosas sin legislar adecuadamente.
Nosotros no queremos imponer, pero sí negociar, en un tema como el de los
residuos, o marcar unos objetivos de reducción, porque, si no, ni se va a
cumplir la prevención, ni se va a cumplir el reciclaje, ni se va a
cumplir la reutilización. Va a ser mucho más fácil incinerar, con los
problemas medioambientales y de salud que genera --porque qué vamos a
hacer con las cenizas que produce la incineración, que no hay forma de
eliminarlas-- con el riesgo medioambiental grave y para las salud que
conlleva para las personas.
Desde luego, con esta ley no vamos a favorecer lo que se dice como
principio, porque todo lo que se está regulando va encaminado a que sea
mucho más barato hacer un vertido --y además no se va a supervisar los
vertidos incontrolados-- y a que sea más barato el incinerar, que el
recuperar, el reciclar y el reutilizar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez de Tudela.
El señor PEREZ DE TUDELA MOLINA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, tenemos sobre la mesa, con la carpeta cerrada y los deberes
mal corregidos, el proyecto de ley de residuos. Debo decirles que los
socialistas llegamos a este trámite con insatisfacción, después de
constatar que el trabajo realizado en todo el trámite de la ley no ha
servido para aproximar posiciones y criterios entre el Grupo Socialista y
el grupo que sustenta la acción de Gobierno, por lo que tenemos que
reiterar en el Pleno de la Cámara nuestras objeciones a este proyecto de
ley. Es un proyecto que insatisface no sólo a los socialistas, pues ayer
mismo pudimos constatar la preocupación de los gestores de residuos en el
foro del Club Español de Residuos y, si hubieran escuchado las
inquietudes de aquel colectivo de personas interesadas y afectadas --y
allí estaban ustedes, personas que no se dirá que sean precisamente del
área socialista--, se hubieran percatado de la necesidad de incorporar
nuestras propuestas a este proyecto de ley.
El Gobierno ha puesto de manifiesto una vez más la nula voluntad que
tiene de legislar de manera eficaz y ambiciosa en materia medioambiental,
esta vez en materia de residuos. Con este proyecto de ley el Gobierno se
limita a trasponer de forma muy restrictiva la Directiva comunitaria de
1991, y ni tan siquiera, porque no recoge adecuadamente el principio de
proximidad y de ninguna manera el de autosuficiencia, sin considerar
además los cambios que se han producido en estos siete años, tiempo en el
que se han venido revisando algunos de sus principios y se han
establecido orientaciones que los gobiernos deben tener en cuenta.
Señoras y señores del Grupo Popular, ustedes traen hoy una propuesta que,
tanto en las definiciones como en los criterios, es obsoleta y además
tampoco es adecuada en la medida que no garantiza, en absoluto, el
cumplimiento de sus objetivos en el conjunto del territorio español, ya
que, con la excusa del respeto por las competencias de las comunidades
autónomas, eluden su responsabilidad, sin considerar que el contenido de
una ley básica --y fíjense que se lo dicen los letrados de esta casa--
debe establecer aquellos mínimos que se consideran de obligado
cumplimiento, dejando a la responsabilidad de las comunidades autónomas,
la posibilidad de incrementar esos niveles de exigencia y especificidad
en la gestión. Pero el Grupo Popular, el Gobierno y el Ministerio de
Medio Ambiente en particular sufren la obligación de legislar en esta
materia, y lo hacen con desgana, procurando obviar la asunción de
compromisos y marcando líneas de exigencia incómodas de hacer cumplir.
Ustedes saben --y si no se percatan de ello la cuestión es grave-- que en
el trámite de la ponencia se han limitado a dejar constancia de las
enmiendas que asumían de los partidos nacionalistas para poder dar vía
libre a la ley y han despachado las propuestas del Grupo Socialista, de
Izquierda Unida y del Grupo Mixto sin ninguna consideración ni discusión.
Tampoco acertamos a comprender esa no exigencia por parte del Grupo de
Convergència i Unió, que da soporte al Gobierno, en aquellos temas que
hemos propuesto y que por necesarios, en muchos casos, los contempla ya
la Ley catalana de 1993. Da la sensación de que hay una cierta
despreocupación por lo que pueda ocurrir en el conjunto del Estado, sin
darse cuenta de que lo que en el suceda afectará de manera inexorable a
Cataluña.
Ante la postura constructiva del Grupo Socialista
--y no me vale eso de que el proyecto de ley no tiene por qué ser
bueno o malo en función de que se acepten o no las enmiendas de la
oposición, pues se trata de una cuestión objetiva--, ante la postura con
la que los socialistas hemos indicado los defectos que hay y las
propuestas de enmienda, su insensibilidad medioambiental, o cuando las
orejeras no les dejan ver la amplitud del campo, ha hecho inútil el
trabajo y el esfuerzo del Grupo Socialista por colaborar en la redacción
de una ley de residuos ajustada a la normativa comunitaria y adecuada a
las necesidades de nuestro país. Ustedes se han limitado a pasar el
trámite de la manera más inocua posible, procurando obviar su
responsabilidad de Gobierno en lo que respecta a la gestión de los
residuos de este país.
Ahora, aunque someramente, haré referencia a las cuestiones más
importantes que hemos planteado y cabe señalar. El concepto de
valorización no se puede ver como algo genérico que incluye cualquier
tipo de tratamiento; se debe tener en cuenta que hay distintas formas de
valorización y que ésta se debe llevar a cabo
con la prioridad de la valorización de los materiales, la necesidad de
introducir la definición de mejor tecnología disponible, así como
explicar los aspectos que se deben tener en cuenta para determinar cuál
es esa tecnología disponible.
Otro aspecto fundamental que se debe considerar es la prevención e
incorporar la estrategia establecida por la Unión Europea de distinguir
claramente la valorización de materiales de la valorización energética,
con prioridad para la primera, evitando el totum revolutum que se
desprende de la propuesta del Gobierno. Se debe establecer los cauces y
mecanismos que garanticen la cooperación entre administraciones y la
adecuada financiación para garantizar el éxito de la propuesta
legislativa en la gestión de los residuos.
Un aspecto básico para garantizar el éxito de la gestión de los residuos
urbanos que no se contempla en el proyecto del Gobierno, que hoy se
somete a votación, es el de la recogida selectiva en origen. A nadie se
le escapa que, si no se realiza la separación en origen de los materiales
orgánicos y fermentables, se hace prácticamente imposible la valorización
de materiales. Y esa propuesta, la de hacer como mínimo la separación en
origen de dos fracciones, la materia orgánica y el resto, el Grupo
Popular no la considera ni la admite.
Ante esto, uno se pregunta qué interés demuestra el Gobierno en hacer una
adecuada gestión de los residuos en nuestro país y no cabe otra respuesta
que ninguno. El Gobierno y el partido que lo sustenta han adoptado una
postura de dejadez que, lamentablemente, sufriremos en el futuro con una
merma en nuestra calidad de vida y el deterioro de nuestro entorno.
Para garantizar esa recogida selectiva en origen con la mayor comodidad
posible y para poder retirar en el futuro la selva que contenedores que
hoy invaden nuestros pueblos y ciudades, es imprescindible adecuar la
legislación urbanística para conseguir que las nuevas edificaciones
incorporen sistemas de recogida selectiva y buscar fórmulas de adecuación
para el actual parque de viviendas.
Tampoco se asume la responsabilidad de la elaboración de planes
nacionales de residuos, obligación que se declina en favor de, entre
comillas, el escrupuloso respeto por las competencias autonómicas. Es una
postura que ha merecido el requerimiento de la Comisión Europea para que
en el plazo de un mes el Ministerio de Medio Ambiente explique por qué no
disponemos ya del plan nacional de residuos sólidos urbanos.
Déjenme que les diga ahora, de antemano, que se pueden ahorrar la
cantinela de lo que podía haber sido y no fue. Ya es hora de que asuman
su responsabilidad. Llevan casi dos años en el Gobierno y, más allá de
mandar, aún no han asumido la responsabilidad de gobernar. Este país
necesita de un Gobierno responsable, firme y dialogante, maneras muy
distintas de las que practica el Grupo Popular con su táctica del globo
sonda, para que la ciudadanía asuma el menos malo frente a lo propuesto
por el Gobierno, en detrimento de lo que es posible y deseable en
beneficio de los ciudadanos; práctica lamentable a la que nos está
acostumbrando este Gobierno y de la que podríamos poner ya demasiados
ejemplos.
Los Presupuestos Generales del Estado deberían establecer anualmente las
partidas presupuestarias correspondientes, clarificando la extrema
vaguedad de la propuesta del Gobierno respecto de sus obligaciones con
las comunidades autónomas y los municipios. Además, se debe aplicar, no
como ocurre en estos momentos con los presupuestos de 1997 para atender
los planes nacionales en vigor, que aún no se ha transferido, la partida
correspondiente a las comunidades autónomas. Esta es otra propuesta
desestimada en la que se intenta clarificar la acción y la
responsabilidad del Gobierno, determinando qué es lo que se debe hacer y
eliminando esas expresiones condicionales en las que se dice: podrá
hacer, podrá establecer, etcétera, que crean inseguridad y
discrecionalidad.
En la figura de la autogestión por parte de los productores de residuos,
éstos deben tener un plan de reducción en la generación de residuos y una
plena adecuación a los planes municipales, autonómicos y generales. En la
recogida selectiva se debería establecer la obligatoriedad de todos los
municipios de llevar a cabo en origen y establecer los plazos de
adaptación de esta normativa. Debemos marcar plazos para la aplicación de
los planes de gestión, un horizonte para elevar nuestra autoexigencia en
la mejora de la calidad en la gestión de los residuos. Se debe establecer
claramente la exigencia a los productores de residuos peligrosos de
constituir un seguro de responsabilidad civil.
Consideración aparte merece el capítulo IV, denominado pomposamente
instrumentos económicos en la producción y gestión de residuos; capítulo
en el que se aprecia claramente la falta de voluntad del Gobierno de
establecer una política de gestión de los residuos acorde con los
criterios de la Unión Europea. A pesar de las reiteradas manifestaciones
públicas que se hacen desde el Ministerio, y se ha insistido en la
importancia de los impuestos ambientales y la voluntad de crear ecotasas,
en el texto remitido por el Gobierno a esta Cámara no había ninguna
indicación al respecto. La rectificación en este punto --que hoy resulta
ser noticia respecto de la ley en los medios de comunicación como una
aportación importante--, aunque exigua, ha venido forzada, in extremis,
por las propuestas de Convergència i Unió, el Grupo Socialista e
Izquierda Unida, con una transacción del Grupo Popular al constatar que
en este punto, refiriéndonos exclusivamente a aceites usados,
Convergència i Unió no transigía y exigía mantener su enmienda aunque
fuera con un planteamiento que tanto minimiza la propuesta inicial. Queda
por ver si, como en otras ocasiones, se incorporan enmiendas para hacer
prosperar el proyecto
y después queda, como vulgarmente se dice, en agua de borrajas. En esta
materia, el Gobierno socialista les dejó preparada una propuesta en el
año 1995 y ustedes no la han querido considerar. ¿Lo harán ahora?
En materia de suelos contaminados se debía hacer una definición más
exhaustiva y establecer mecanismos para garantizar su recuperación.
Respecto de la inspección y vigilancia, responsabilidad administrativa y
del régimen sancionador, quería apuntar que se debían reforzar las tareas
de inspección y establecer el principio de colaboración entre
administraciones, así como confirmar los criterios establecidos para la
prohibición de la entrada de residuos en el Estado español.
En el camino hacia la prevención es imprescindible la participación en el
control y vigilancia por parte de los trabajadores de las empresas y de
los ciudadanos en general. En la gestión de residuos peligrosos también
se debería establecer el criterio de responsabilidad objetiva y la
constitución de fianza.
Me permitirá, señor presidente, que termine diciendo que nos encontramos
en el momento de someter a aprobación un proyecto de ley que por la
cabezonada del Gobierno y del partido que lo sustenta, con la
colaboración de algunos grupos políticos, nos encontramos, decía, con un
proyecto que no responde a las necesidades de este país en la gestión de
los residuos, que no tiene en consideración los principios básicos de
prevención, que no actúa para minimizar la producción de residuos, que no
plantea la recogida selectiva en origen y la valorización adecuada de los
materiales y no garantiza el cumplimiento de sus objetivos de gestión en
el conjunto del territorio español.
Permítanme dejar constancia, como cuestión de orden, de que mantenemos
vivas todas las enmiendas transaccionales con Izquierda Unida para que
pasen a votación.
Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias por su
atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez de Tudela.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria, desde el momento en que iniciamos el trámite de este
proyecto de ley, con las observaciones que a través de algunas enmiendas
habíamos presentado --y que fueron prácticamente recogidas por la
ponencia y, después por la Comisión-- quiere en este momento hacer una
valoración positiva del mismo porque se ha mejorado substancialmente en
el trámite de ponencia y de Comisión. Por esa razón, vamos a votarlo
favorablemente.
Vamos a votar en contra de las enmiendas que han presentado los otros
grupos porque entendemos que en el texto y el contexto del proyecto de
ley están recogidos los aspectos fundamentales, admitiendo --qué duda
cabe-- que en toda materia ecológica, en toda materia de tramitación de
residuos, habrá que regirse por el principio de que lo mejor es enemigo
de lo bueno, porque para perfeccionismos tendríamos todavía mucho papel
en blanco para poder escribir todo lo que quisiéramos. Hay que actuar
acorde con la realidad económica y la realidad tecnológica de lo que el
país puede absorber; pero también hay que tener prudencia porque no hay
solamente unos endosos a presupuestos y a legislación estatal del
Gobierno central, promovidos por él mismo ante este Parlamento, sino de
las comunidades autónomas ante sus parlamentos, igual que las
competencias que este proyecto de ley da a la Administración local.
En primer lugar, nosotros entendemos que el proyecto de ley ha hecho una
trasposión correcta y normalizada de la directiva comunitaria, como
vemos, desde que se impuso en 1991.
En segundo lugar, creemos que la ley supone un avance positivo en la
prevención de la producción de los residuos, tema que había que abordar
de alguna manera. Hay que prevenir y no encontrarnos ante el hecho
consumado del residuo --cómo lo digerimos, cómo lo transformamos, cómo lo
atendemos--; hay que tener precaución para evitar la producción de esos
residuos indeseables, con los costes añadidos que esto conlleve.
También queremos hacer una valoración positiva de una figura que va a
tener su desarrollo en el tiempo, y cuyo comportamiento todos vamos a
seguir, que son los planes de residuos, tanto a nivel estatal y
autonómico como local.
Coalición Canaria, dado el voto favorable que va a dar al proyecto,
quiere hacer en su valoración dos observaciones importantes para nuestro
archipiélago canario, fundamentalmente, que se derivan de la disposición
adicional tercera. Nosotros queremos agradecer aquí tanto al Gobierno, en
la persona de la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, como al
Grupo Parlamentario Popular la acogida que se da a la España periférica
--o ultraperiférica, como es el caso de Canarias en el Tratado de
Amsterdam--, a estas comunidades archipielágicas e insulares, como son
Baleares y Canarias, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla. Nos
encontramos con algo que no existe en el territorio español peninsular,
que son los costes de transporte para la eliminación de residuos, por no
existir en los archipiélagos, ni en Ceuta y Melilla, estaciones
transformadoras o estar muy limitadas. Concretamente, en el caso de
Canarias, no existe nada más que una planta de transformación de vidrio
para reciclaje en Gran Canaria;
en Tenerife, por las refinerías del grupo Cepsa, hay una estación
transformadora de aceite usados. Tanto Baleares como Canarias se
encuentran en una situación de tensión territorial por su uso turístico,
por el abuso de la construcción. Con el nuevo proyecto de la ley del
suelo ya hemos puestos límites para evitar una degradación por la alta
producción de residuos creados, debido a la presencia de un contingente
turístico que utiliza servicios que generan residuos muy por encima de
los de la población habitual. Démonos cuenta que, por ejemplo, en el caso
de Canarias, sobre una población de derecho estimada en 1.600.000
habitantes, al cabo del año han pasado por allí unos 10.000.000 de
turistas que generan residuos, lo que supone un coste añadido que se ha
recogido en esta disposición adicional tercera para la financiación del
transporte de residuos, y es justicia que yo lo reconozca aquí y muestre
mi agradecimiento.
La segunda condición objetiva de nuestro apoyo --y que afecta a
Canarias-- está en la disposición adicional sexta, dado que, al hacerse
una distribución de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas, como en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria, tenemos
también unas competencias intracomunitarias que el propio Gobierno de la
comunidad autónoma transfiere a las instituciones locales,
fundamentalmente, a los cabildos insulares. La figura del cabildo insular
queda aquí plenamente garantizada como órgano competente para la gestión
de residuos, porque precisamente lo tiene encomendado dentro de lo que es
la legislación específica canaria por lo que denominamos planes insulares
de residuos sólidos. Esta figura queda, por tanto, reconocida en la ley
como hecho insular y por el hecho de la lejanía, porque si no estaríamos
haciendo una utopía, dado que comunidades autónomas como la canaria no
podrían sobrellevarlo.
Se ha presentado una batería de enmiendas cuyo espíritu, de alguna
manera, recoge el proyecto de ley. Posiblemente muchas comunidades
autónomas, como es el caso de la canaria, se salen más de este margen,
pero con la colaboración en los planes que permite la ley se puede llevar
a cabo.
Finalmente, cada comunidad autónoma, y a ello se compromete Coalición
Canaria, ha de hacer la pedagogía de esta ley, porque es necesario un
grado de receptividad y de responsabilidad social a través de los medios
de opinión pública que pueden hacer las instituciones para que los
ciudadanos tomen conciencia de que es necesario un comportamiento
adecuado con el espíritu y la letra de esta ley para hacerla plenamente
realizable.
Por estas razones, porque entendemos que da un grado de satisfacción,
porque creemos que es un avance positivo y porque ha sido mejorado en
todo el trámite, señor presidente, Coalición Canaria votará
favorablemente el texto de este proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley, que, como es sabido, constituye la trasposición de
una directiva del año 1991, una trasposición que nuestro grupo ya
manifestó en el debate de totalidad que le parecía bastante acertada, no
obstante ha sido objeto de una serie de enmiendas de nuestro grupo
parlamentario, concretamente 19, ya que también manifestábamos, con
ocasión del debate de totalidad, que entendíamos que este proyecto era no
sólo mejorable sino que incluso era necesario hacerlo así y en algún caso
era imprescindible.
Como decía, nuestro grupo parlamentario presentó al debate 19 enmiendas
que han corrido una suerte yo diría que bastante satisfactoria: ocho de
ellas han sido incorporadas íntegramente al texto remitido por la
comisión a este Pleno, ocho han sido objeto de transacción y tres fueron
retiradas en fases previas.
La conclusión del debate de Comisión y de nuestras aportaciones entiendo
que es positiva. El texto ha quedado satisfactoriamente mejorado y se ha
perfeccionado en algunos aspectos, haciéndolo más acorde con el texto de
la propia directiva, como sucede en el artículo relativo al objeto y
ámbito de la ley, donde se han invertido las prioridades del propio
proyecto y se ha situado en primer lugar la prevención en la producción
de residuos. También objeto de las enmiendas incorporadas en el trámite
de ponencia y Comisión se han corregido algunas cuestiones de tipo
conceptual, como la referencia a los residuos urbanos; se han mejorado
algunas definiciones, como la de valorización, puesto que el proyecto
definía este concepto incluyendo la incineración con recuperación de
energía, pero no exigía la satisfacción de los requisitos de calidad en
materia de poder calorífico de los residuos, rendimiento de las
instalaciones y energía obtenida, y también se han mejorado las
definiciones de suelo contaminado, almacenamiento y residuos no
peligrosos.
En el capítulo de gestión de residuos se ha incorporado el principio
comunitario de suficiencia, complementario al principio de proximidad
establecido también en la normativa comunitaria para la eliminación de
los residuos, y, por lo que se refiere a los suelos contaminados, se ha
incorporado algo que es novedoso en nuestra legislación pero que en
ningún caso es ajeno a la legislación de otros países de la Unión
Europea, como es la exigencia de responsabilidad subsidiaria al
propietario de los suelos contaminados aunque no ostente la posesión de
los mismos. También se ha incorporado la posibilidad de que las funciones
de inspección puedan ser realizadas por entidades públicas empresariales
que se nutran de personal laboral, por tanto, que no sea imprescindible
que este personal tenga la cualificación de personal funcionarial. Por
último, se ha incorporado una nueva disposición final, polémica en su
momento, que nuestro grupo parlamentario entiende que posiblemente supone
la principal novedad del texto que aprobará hoy este Pleno en relación
con el proyecto de ley que trajo el Gobierno en su momento. Esta
disposición final, a la que se han referido los anteriores
intervinientes, incorpora la obligación para el Gobierno de que, en el
plazo de un año, establezca un régimen tributario afectado a la gestión
de aceites industriales o lubricantes y haga efectivo el principio de que
quien contamina paga, y un régimen tributario que será gestionado por el
Gobierno pero que repercutirá en las comunidades autónomas que ejercitan
las competencias de gestión. En este mismo plazo de tiempo el Gobierno
establecerá un sistema de devolución, depósito y retorno de pilas usadas.
Entiende nuestro grupo parlamentario, como uno de los grupos proponentes
de esta solución, que con su incorporación al texto del proyecto de ley
éste queda notablemente mejorado y por primera vez se introduce en
nuestro ordenamiento jurídico lo que se viene a denominar en lenguaje no
sólo técnico, sino incluso coloquial, la ecotasa. Se abre un camino, una
vía que entendemos que ha de dar muchos resultados, de hecho es una vía
que ha sido muy positivamente explorada por otros países de la propia
Unión Europea, como es la aplicación de la fiscalidad a funciones
medioambientales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la votación, dentro de un momento, del proyecto de ley de
residuos, y a falta del trámite del Senado, culmina la puesta al día de
la legislación de residuos en España y la incorporación de la directiva
31/156, de 18 de diciembre, cuyo plazo de trasposición, marzo de 1993, ha
sido ampliamente rebasado. Primero fue la Ley sobre Envases y Residuos de
Envases, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de abril de
1997; luego, el Real decreto por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos;
posteriormente, el Real decreto sobre incineración de residuos
peligrosos. Creo que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto al día la
legislación sobre residuos. Quiero decir con esto, señorías, que el
Ministerio de Medio Ambiente ha hecho los deberes, los suyos y todos los
que quedaron pendientes durante la anterior etapa del Gobierno
socialista. En la anterior etapa --aquí se ha indicado varias veces-- se
hicieron muchos borradores --indudablemente debían existir muchos
borradores--, pero no se pasó de borradores a anteproyectos de ley y a
proyectos de ley. Ha tenido que venir el Gobierno del Partido Popular
para poner al día la legislación de residuos. (Rumores.) Por si ustedes
no lo recuerdan, señorías, el 24 de noviembre de 1993, en una
comparecencia del señor Borrell, de quien dependían entonces los aspectos
medioambientales, dijo textualmente: La ley marco de residuos, de la que
deberíamos anticipar la norma relativa a aceites usados y a envases y
embalajes, está terminada. Podría venir ya a la Cámara si no fuera por el
compromiso que nos hemos autoimpuesto de consensuarla con las comunidades
autónomas.
¿Qué pasó, señores diputados, desde noviembre de 1993 hasta el año 1996?
¿No pudieron ustedes consensuarla con las comunidades autónomas? ¿O será
tal vez, señores diputados, que sus borradores no les convencían ni
siquiera a ustedes y ahora que están en la oposición presentan como texto
alternativo y en forma de enmiendas lo que no se atrevieron ustedes a
presentar como anteproyecto o proyecto de ley? Sería buena una reflexión
en este sentido, después de oírles reiteradamente hablar de lo malo que
es el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno.
Han indicado los portavoces del Partido Socialista y de Izquierda Unida
que faltan objetivos cuantitativos de reducción, de reutilización y de
reciclaje en el proyecto de ley. Sin embargo, señorías, olvidan ustedes
que España tiene un Estado descentralizado, que España es un Estado de
las autonomías y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen
competencias transferidas en la gestión de residuos y son ellas las que
deben establecer esos objetivos cuantitativos en sus propios planes
autonómicos y locales. Creemos que, de otra forma, podría incurrirse en
inconstitucionalidad y podrían invadirse competencias de las comunidades
autónomas.
Sí deseamos que se fijen esos objetivos de reducción, de reutilización y
de valorización, pero contemplando la realidad y las posibilidades
ciertas, sin limitarnos a declaraciones de intenciones, como hacen
ustedes en sus enmiendas.
Respecto al impuesto sobre residuos y el fondo ambiental, el quinto
programa de acción comunitaria en materia de medio ambiente considera
necesaria la utilización de instrumentos económicos, en especial de
carácter tributario, para fomentar medidas destinadas a proteger el medio
ambiente. Por ello, a priori, no existen motivos para rechazar, desde el
punto de vista ambiental, cualquier propuesta que tenga como objetivo
implantar este tipo de instrumentos fiscales.
No obstante, existe una serie de interrogantes que es preciso resolver.
Las comunidades autónomas tienen competencias tributarias en materia de
impuestos ambientales siempre y cuando no graven hechos imponibles
previamente sujetos por un tributo estatal o local. La creación de un
impuesto estatal supondría impedir a las comunidades autónomas el
establecimiento de impuestos semejantes por su parte.
Tampoco está resuelto el interrogante de si se trataría de un impuesto
sobre emisiones, es decir, gravando el hecho contaminante, o sobre
productos, gravando la utilización de materiales o bienes potencialmente
contaminantes. ¿Sería un impuesto finalista? Ello podría suponer una
opción peligrosa, en la medida en que sólo sirviera para generar mayor
burocracia.
De otro lado, la entrada en vigor de la ley de envases y residuos de
envases va a suponer una financiación adicional para acometer inversiones
públicas vinculadas a sistemas de gestión de residuos. Por ello, y en
definitiva, la creación de un tributo ambiental en materia de residuos
creemos que exige dar respuesta a una serie de cuestiones de gran
trascendencia jurídica y económica, y las propuestas socialistas y de
Izquierda Unida no aportan solución alguna a todos estos interrogantes
que hay establecidos. Por ello, nuestro voto a sus enmiendas será
negativo.
Sí hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). No es que hayamos aceptado la enmienda de
Convergència, sino que les hemos propuesto una transaccional, como ha
explicado el señor Recoder. Pero esta enmienda se refiere sólo a un tipo
de residuos, los aceites usados, que ya se están gestionando en España
desde hace mucho tiempo, que ya se están reciclando, y que ya estaban
recibiendo unas subvenciones del Ministerio, es decir, a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado. Repito, hemos llegado a esta enmienda
y dentro de un año, después de su entrada en vigor, el Gobierno
presentará un proyecto de ley para establecer la fiscalidad para este
tipo de residuos.
Creemos, señorías, que el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar es
ambicioso en materia medioambiental, tecnológicamente moderno y realista
en sus planteamientos, con absoluto respeto al reparto competencial, y en
el que han participado las comunidades autónomas, las entidades locales y
los agentes implicados en ella.
Además, el proyecto de ley es aplicable a todo tipo de residuos. Aborda
el difícil problema de los suelos contaminados, obliga a los agentes
económicos, productores y gestores a que conozcan en todo momento los
residuos que están generando y de los que son responsables, y abre la
posibilidad de formalizar acuerdos voluntarios y convenios de
colaboración como instrumentos jurídicos de posible uso para cumplir
algunas obligaciones establecidas en el proyecto de ley.
Se habilita al Gobierno a fin de establecer normas para los diferentes
tipos de residuos y se establece la recogida selectiva de residuos para
municipios de más de 5.000 habitantes en el año 2001.
En fin, señorías, es un proyecto que pretende estar abierto a la sociedad
civil y en el que se introducen elementos de libre mercado con fines
ambientales, abriendo la posibilidad de generación de empleo en el sector
de gestión de residuos, valorización de materiales de segundo uso y
tecnologías de gestión y de ahorro. De otro lado, hay que indicar que el
proyecto de ley destaca por la voluntad de limitar el intervencionismo a
lo estrictamente necesario.
Termino, señorías, agradeciendo el apoyo que prestan al proyecto de ley
los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Nacionalista
Vasco, Catalán (Convergència i Unió) y Unión Valenciana, varias de cuyas
enmiendas han sido admitidas y han enriquecido el texto de este proyecto
de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora de Lara.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las
votaciones de los dictámenes que se han debatido a los dos proyectos de
ley. Sinceramente quiero anunciarles que van a ser largas y enjundiosas.
Por tanto, procuremos entre todos, con el silencio y la colaboración
segura de SS. SS., que no sean, además de largas, complicadas.
Votamos en primer lugar las enmiendas al proyecto de ley general de
telecomunicaciones, comenzando por las del Grupo Mixto. En primer lugar,
las números 151 y 154, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 152; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 20; en contra, 298, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 150.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 138; en contra, 170; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 152.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 136; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 153.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, seis; en contra, 173; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 156.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, cinco; en contra, 312; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 157 y 158.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319;
a favor, seis; en contra, 171; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Chiquillo. En primer lugar, las números 275, 278,
279, 280, 281 y 282.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 151; en contra, 168; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 285, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 152; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 276, 277, 283, 294, 298, 289, 290, 300 a 310.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, siete; en contra, 312; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 287, 284 y 288.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, seis; en contra, 315.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 273.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, siete; en contra, 171; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, cinco; en contra, 170; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Alcaraz Ramos. En primer lugar, la 371, junto a la
372, 373, 374, 379, 381, 382, 383, 385, 398, 400, 401, 405, 406, 409, 411
y 416.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 151; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 380, 384, 386, 387, 389, 399, 402, 403, 404, 410, 412,
413, 414, 415 y 418.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, cinco; en contra, 314; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Alcaraz Ramos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, cinco; en contra, 171; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura Laporta. En primer lugar, las 352, 353, 354,
355, 356 a 365 y 368.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 149; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas,
Enmiendas 366 y 367.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, cinco; en contra, 316.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, cinco; en contra, 171; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, pasamos a las del Grupo Federal de Izquierda Unida, comenzando
por la 50 a 55, 58 a 67, 69 a 81, 83, 86, 88, 92, 95, 99, 101, 102, 105,
109 a 114, 116 a 118, 120, 127, 128, 142 y 144 a 148.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 151; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 56, 84 y 107.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 19; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 18; en contra, 173; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 160, junto a la 167,
199, 207, 211 a 215, 217 a 220, 223, 224, 226, 230 a 233, 235, 238, 239 y
246.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 149; en contra, 169; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 165, 166, 168, 175 a 183, 185, 187, 205, 206, 221, 222,
227 a 229, 236, 237, 244, 245, 247, 248 y 249.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 137; en contra, 181; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 135; en contra, 170; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, los artículos
4, 19, 32, 48, 74, 78, 79, 80, 81 y disposiciones adicionales primera,
tercera, cuarta, quinta y sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 312; en contra, 5; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 43, 49, 56, 63, 64, 66 y 76.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 302; en contra, dos; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 304; en contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima,
octava y novena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 300; en contra, 14; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición transitoria duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 171; en contra; 17; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de disposiciones transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 318; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones finales y anexo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 301; en contra, 14; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 8, 9, 12, 23, 27, 29, 33, 34, 36, 45, 46, 47, 51, 84 y 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 170; en contra, 145; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 35,
37, 39, 40, 41, 42, 68 a 73 y disposiciones adicionales segunda y
séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 170; en contra, 145; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 30, 52, 53 y 67.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 168; en contra, 133; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 54.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 169; en contra, 145; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 77.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 182; en contra, 134; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 6, 27 y 44.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 187; en contra, tres; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición adicional novena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 169; en contra, 16; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 1, 2, 3, 5, 15, 21 y 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 169; en contra, 14; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 82 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 302; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de articulado, disposiciones y exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 169; en contra, 16; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Finaliza así la votación de las enmiendas y el dictamen al proyecto de
ley general de telecomunicaciones. Pasamos a las enmiendas y al dictamen
del proyecto de ley de residuos.
En primer lugar, se somete a votación la enmienda número 2 del señor
Chiquillo, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, siete; en contra, 183; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Alcaraz números 114, 116 y 117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, cinco; en contra, 312, abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 110, 113, 115, 118 a 127, 132, 133, 137, 139 a 148, del
señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 153; en contra, 167; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 108 y 109.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 128.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 19; en contra, 170; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, cinco; en contra, 169; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 26, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 138; en contra, 179, abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 28, también de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 19; en contra, 300; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, seis; en contra, 299; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, las números 173, 174, 178, 180, 193, 202, 207, 221, 222,
224, 228, 235 y 243.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 16; en contra, 170; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 149; en contra, 167; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, las números 56, 63, 68, 71, 73, 87, 97 y 99.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 136; en contra, 170; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 150; en contra, 168; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Transacciones mantenidas en el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley de residuos.
En primer lugar, los artículos 8, 24, 29, 31 y 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 170; en contra, dos; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposiciones adicionales segunda, cuarta, quinta y sexta, disposición
transitoria segunda y disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 169; en contra, tres; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 2, 6, 13, 21, 22, 27, 28 y 32 a 39 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 168; en contra, 133; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición transitoria primera, disposición derogatoria y anexo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 301; en contra, uno; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del articulado y disposiciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 167; en contra, 146; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 170; en contra, 146; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobada la exposición de motivos y
con ello concluidas las votaciones y el orden del día.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.