CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 123



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 119



celebrada el martes, 9 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:



--De la Asamblea de Madrid, de modificación de la Ley 4/1980, de 10 de
enero, reguladora del Estatuto de Radiodifusión y Televisión, de la Ley
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, y
de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, reguladora de la televisión privada.

«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 27-1, de 24 de mayo de
1996 (número de expediente 125/000011) (Página 6426)



Toma en consideración de Proposiciones de Ley:



--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 110-1, de 21 de julio
de 1997 (número de expediente 122/000091) (Página 6436)

Página 6422



Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:



--Solicitud, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda
Unida y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre la
gestión de la Expo-92 a través de la Sociedad Estatal Expo-92 y de AGESA
(«Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S. A.») (número de expediente
156/000002) (Página 6445)



Proposiciones no de Ley:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al sistema de
Arbitraje de Consumo. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número
157, de 18 de junio de 1997 (número de expediente 162/000150) (Página 6457)



--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a la
repetición del sorteo de excedentes de cupo del Servicio Militar
Obligatorio celebrado el 12 de noviembre de 1997. «BOCG. Congresos de los
Diputados», serie D, número 208, de 20 de noviembre de 1997 (número de
expediente 162/000177) (Página 6463)



Ampliación de plazo:



--De la Subcomisión dedicada al análisis y seguimiento del proceso de
integración económica y monetaria (número de expediente 154/000011)
(Página 6472)



--De la Subcomisión encargada de la elaboración de un informe que sirva
de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial (número de
expediente 154/000012) (Página 6472)



--De la Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y
radio de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar
al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero
estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y
Televisión aprobados por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren
necesarias (número de expediente 154/000016) (Página 6472)



Propuestas de creación de Subcomisiones:



--Propuesta de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de creación de
una Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas pertenecientes al sector público (número de
expediente 158/000024) (Página 6473)



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro v cinco minutos de la tarde



Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas
(Página 6426)



De la Asamblea de Madrid, de modificación de la Ley 4/1980, de 10 de
enero, reguladora del Estatuto de Radiodifusión y Televisión, de la Ley
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, y
de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, reguladora de la televisión privada
(Página 6426)



Interviene, en primer lugar, en nombre de la Asamblea de Madrid, el señor
Lissavetzky Díez del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que su
grupo no está de acuerdo con la proposición de ley de la Asamblea de
Madrid porque intenta modificar leyes que prácticamente fueron aprobadas
por consenso y se hace con el único objetivo de privatizar el Ente
Público Radiotelevisión Madrid.

Resalta las diferencias ideológicas que existen en la solución económica
del problema: por un lado, los grupos parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida apuestan por una televisión pública y el Grupo Popular
persigue la privatización. Termina su intervención solicitando el voto en
contra de la toma en consideración de la proposición de ley, porque votar
a favor permitiría al presidente de la Comunidad de Madrid llevar a cabo
una privatización que, en su opinión, nadie desea.

En segundo lugar interviene el señor López López, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, que manifiesta que la
proposición



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de ley que se presenta hoy a la Cámara se hace en base al compromiso del
Partido Popular de Madrid en la pasada campaña electoral sobre la
privatización de Telemadrid. Añade que se trata de dar un paso más en el
camino del autogobierno de las comunidades autónomas y tener libertad
para poder optar por cualquier posibilidad de gestión pública, privada o
mixta para sus entes públicos radiotelevisivos. Considera que no se trata
de un debate ideológico sino de un debate de estrategia empresarial en
una empresa pública y no considera muy progresista generar pérdidas por
mantener un sistema de gestión público que le cuesta más dinero al
ciudadano. Por el contrario, opina que hay que gestionar eficazmente las
empresas públicas y permitir a las cadenas autonómicas la mayor eficacia
en su gestión, mediante la entrada de socios privados, porque sólo así se
podrán mantener los puestos de trabajo, se conseguirán una programación
de interés general y una cuota de producción propia superior al 60 por
ciento y se podrán garantizar unos informativos líderes en la comunidad.

En turno en contra intervienen los señores Alcaraz Ramos y Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sabanés Nadal, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Leguina
Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

En turno a favor interviene la señora Mato Adrover, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y López de Lerma i López,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de
la Asamblea de Madrid, se aprueba por 167 votos a favor y 147 en contra.

A petición del señor Presidente, la Cámara aplaude la presencia en la
tribuna institucional del vicepresidente de la República Argentina y
presidente del Senado.




Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6438)



Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
(Página 6438)



En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria interviene el señor Gómez Rodríguez.

Manifiesta que la propuesta de modificación del artículo 101 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se incardina en los principio.s
tributarios de legalidad, capacidad económica, generalidad, igualdad y
progresividad, especificados en el artículo 21 de la Constitución y
vinculados al principio general de igualdad del artículo 14, armonizando
asimismo con el principio de autonomía local del artículo 142, también de
la Constitución española.

A continuación pasa a explicar detalladamente el contenido de su
iniciativa legislativa que se refiere a la Ley de Haciendas Locales que,
cumplimentando la Ley de Régimen Local, creó cinco exacciones
municipales, destacando el Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones
y Obras. Se muestra contrario a la consideración de este impuesto como de
carácter indirecto, calificándolo, de acuerdo con Einaudi, hacendista y
político italiano, de impuesto real para diferenciarlo de los de carácter
personal. Señala que dicho impuesto surge con la intención de dotar de
suficiencia financiera a las maltrechas haciendas locales, gravando a tal
fin una determinada capacidad económica que se pone de manifiesto por la
realización de instalaciones, construcciones y obras. Añade que de la
definición contenida en el artículo 101 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se desprende, «a contrario sensu», que al supeditarse
la producción del hecho imponible a la obtención de la preceptiva
licencia urbanística, la realización de construcciones, instalaciones y
obras que, conforme a la normativa aplicable sobre el régimen del suelo y
ordenación urbana, no requiera tal licencia, como es el caso de los
proyectos de urbanización, no está sujeta a este impuesto.

Reconoce que su texto quizás no sea perfecto, pero su grupo se muestra
abierto a aceptar en Comisión cuantas enmiendas sean necesarias.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Sánchez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Alvarez Gómez, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la Ley
39, de 28 de diciembre de 1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se
rechaza por 149 votos a favor, 163 en contra y una abstención.




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Solicitudes de creación de comisiones de investigación (Página 6445)



Solicitud formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda
Unida y Mixto, de creación de una comisión de investigación sobre la
gestión de la Expo-92 a través de la Sociedad Estatal Expo-92 y de Agesa
(Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S. A.) (Página 6445)



Para presentar la solicitud de creación de una comisión de investigación
interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, quien manifiesta que, tras esperar al informe definitivo
sobre la Expo-92 del Tribunal de Cuentas, su grupo mantiene la iniciativa
que presentó en la Secretaría del Congreso el 20 de junio de 1996 y lo
hacen basándose en una ética civil, en una política de regeneración y
también en la necesidad de dar una mayor fuerza al Parlamento. Alude al
artículo 52 del Reglamento de la Cámara donde se dice que se podrá
acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier
asunto de interés público y que las conclusiones no tienen que ser
vinculantes para los tribunales ni afectarán a ningún tipo de resolución
judicial. Hace una serie de preguntas que demuestran la necesidad de
investigar en la Cámara la gestión de la Expo-92 y considera que en este
caso, más que en ningún otro, se deben asumir las responsabilidades
políticas. No encuentra justificación alguna a la negativa de los grupos
Popular y Socialista a la creación de esta comisión de investigación y
manifiesta la posición de su grupo totalmente contraria a la postura del
Partido Popular de pasar página en temas de tanta trascendencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gimeno
Marín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

En turno de réplica, interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, duplicando el señor Gimeno
Marín.

Continuando el turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ollero
Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la solicitud formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, para la creación de una comisión de
investigación sobre la gestión de la Expo-92, se rechaza por 23 votos a
favor y 290 en contra.




Proposiciones no de ley (Página 6457)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al sistema de
arbitraje de consumo (Página 6457)



En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
proposición no de ley el señor Burgos Gallego, quien manifiesta que el
arbitraje de consumo en España es una institución de naturaleza
contractual y de Derecho privado, basándose en el artículo 51 de la
Constitución, desarrollado por la Ley 26/1984 para la defensa de los
consumidores y usuarios y, posteriormente, por la Ley 36/1988, de
Arbitraje, y por el Real Decreto-ley 636/1993, de 3 de mayo.

A continuación explica las características fundamentales del sistema
arbitral: la voluntariedad, la gratuidad y su carácter vinculante y
ejecutivo. Expone que no es necesario mejorar el ámbito legal o normativo
del sistema arbitral, pero sí en cuanto a su extensión y al conocimiento
de los propios ciudadanos de las posibilidades del mismo, y añade que la
actitud ejemplarizante que han de dar las empresas con participación
pública en ese sentido constituye para el Grupo Popular una exigencia en
la demanda de un creciente nivel de protección de los derechos y
garantías de los consumidores y usuarios. A continuación explica los
beneficios que este sistema arbitral reportaría también a las empresas
que se adhirieran a él puesto que el distintivo oficial significaría una
garantía para el consumidor y redundaría en una mayor confianza en la
calidad de los servicios o productos de las empresas. Para terminar,
muestra la disposición de su grupo a estudiar la enmienda planteada y
espera a que sea presentada por el Grupo Socialista para fijar
definitivamente su postura.

En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso interviene la señora Montes Contreras.

En turno de fjación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, interviene el señor Burgos
Gallego.




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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, se aprueba por unanimidad.




Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se insta al
Gobierno a la repetición del sorteo de excedentes de cupo del Servicio
Militar Obligatorio celebrado el 12 de noviembre de 1997 (Página 6463)



Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso el señor Moya Milanés, que comienza su intervención diciendo que
todos estarán de acuerdo en que sobre el sorteo de excedentes de cupo del
Servicio Militar Obligatorio se ha dicho de todo, pero no se ha hecho
nada respecto a los errores que se cometieron en dicho sorteo. Expone que
todos los medios de comunicación, los grupos parlamentarios e incluso el
propio Gobierno han puesto de manifiesto que el sorteo no estuvo bien
hecho, que no se respetó la igualdad de oportunidades y que fue
discriminatorio porque benefició a unos más que a otros. Opina que si
desacertada fue la realización del sorteo, más desacertada fue la gestión
de la crisis posterior a su realización, intentando desviar la
responsabilidad hacia el asesoramiento de la Organización Nacional de
Loterías, para terminar aceptando que se había producido un error y que
el sorteo no había sido igualitario. Sin embargo, se sorprende de que el
Gobierno lejos de extraer consecuencias y lecciones de ese error haya
decidido mantenerse en el mismo y no moverse ni un milímetro de su
postura inicial, a pesar de la oferta de varios grupos para llegar a
consensuar una fórmula correctora que sirviera para restablecer el orden
vulnerado sin que se vieran lesionados los principios de la defensa
nacional.

Por otra parte anuncia una enmienda transaccional que asume las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por
Iniciativa-Los Verdes que mejoran su proposición no de ley.

En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso intervienen la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Meyer Pleite,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Nadal i Malé, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández de Mesa
Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de informar a la Cámara de la enmienda transaccional
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso a las
enmiendas planteadas, interviene el señor Moya Milanés.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso en los términos resultantes de la enmienda
transaccional, se rechaza por 159 votos a favor y 160 en contra.




Ampliación de plazo (Página 6472)



De la Subcomisión dedicada al análisis y seguimiento del proceso de
integración económica y monetaria (Página 6472)



De la Subcomisión encargada de la elaboración de un informe que sirva de
base para el establecimiento de un nuevo modelo policial (Página 6472)



De la Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y
radio de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar
al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero
estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y
Televisión aprobados por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren
necesarias (Página 6472)



Sometidas a votación las solicitudes de ampliación de plazo de las tres
subcomisiones mencionadas, se aprueban por asentimiento.




Propuestas de creación de subcomisiones (Página 6473)



De la Comisión de Industria, Energía y Turismo de creación de una
subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas al sector público (Página 6473)



Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Industria, Energía y
Turismo de la creación de una subcomisión, se aprueba por 181 votos a
favor, 133 en contra y dos abstenciones.

Para explicación de voto intervienen los señores Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán



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(Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Hernández Moltó, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, y Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Se suspende la sesión a las diez de la noche.




Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:



-- DE LA ASAMBLEA DE MADRID, DE MODIFICACION DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE
ENERO, REGULADORA DEL ESTATUTO DE RADIODIFUSION Y TELEVISION, DE LA LEY
46/1983, DE 26 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL TERCER CANAL DE TELEVISION, Y
DE LA LEY 10/1988, DE 3 DE MAYO, REGULADORA DE LA TELEVISION PRIVADA
(Número de expediente 125/000011)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Va a dar comienzo la
sesión.

Punto I del orden del día: Debate sobre toma en consideración de la
proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, de su Asamblea
regional, de modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora
del Estatuto de Radiodifusión y Televisión, de la Ley 46/1983, de 26 de
diciembre, reguladora del tercer canal de televisión y, a su vez, de la
Ley 10/1988, de 3 de mayo, reguladora de la televisión privada.

La Asamblea de Madrid ha designado para la defensa ante el Pleno del
Congreso a dos de sus miembros, a los que damos la bienvenida y a los que
de inmediato concedemos el uso de la palabra, comenzando por don Jaime
Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista de aquella Asamblea.

Señor Lissavetzky.




El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (Lissavetzky Díez): Gracias,
señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Vengo nombrado por la Asamblea de Madrid para
defender una proposición de ley, una iniciativa legislativa de la
Asamblea de Madrid, con la que mi grupo, el Grupo Socialista, no está de
acuerdo. Por tanto, mi defensa no va a ser excesivamente fuerte, sino
todo lo contrario.

Ha transcurrido mucho tiempo desde que en la Asamblea de Madrid se
aprobara esta iniciativa legislativa con los votos a favor del Grupo
Parlamentario Popular, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara, y con
los votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.

Fue en mayo de 1996 y nos encontramos en diciembre de 1997, por lo que
parece que esta iniciativa legislativa no ha sido demasiado urgente para
el Grupo Parlamentario Popular.

Asimismo, quiero destacar que el actual presidente del Gobierno, José
María Aznar, decía en su debate de investidura que se remitiría a la
Cámara un proyecto de ley que permitiera a las comunidades autónomas que
lo desearan la privatización de sus emisoras de radio y televisión. Por
eso a mí me parece extraño que se adelante ese debate, que veamos hoy
esta iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid y que no hayamos
esperado a que en esta Cámara se trabaje sobre la iniciativa que parece
prometió y que, por la noticias que tengo, está prácticamente redactada
por el Gobierno de la nación.

Nosotros estamos en contra de esta iniciativa por varios motivos. En
primer lugar, porque creo que esta iniciativa legislativa intenta
modificar leyes que prácticamente fueron aprobadas por consenso y se
intentan modificar con un objetivo fundamental: la privatización del Ente
Público Radiotelevisión Madrid; para entendernos, privatizar Telemadrid.

Se modifica el Estatuto de Radiotelevisión Española en su artículo 80,
artículo que da a las comunidades autónomas la posibilidad de gestión de
un canal de titularidad estatal; se modifica la Ley de terceros canales,
que da la posibilidad de disponer de un canal propio de televisión de
carácter público en su totalidad, y se modifica la Ley de televisiones
privadas.

Señorías, yo creo que no es razonable que cuando se está asistiendo a un
debate y existe una subcomisión creada en esta Cámara para definir el
mapa audiovisual español, desde una Asamblea como la de Madrid, aunque
tenga todo su derecho, se intente modificar estas tres leyes para
conseguir un objetivo electoral: la privatización de Telemadrid. Creo que
haríamos un mal servicio si no partiéramos del consenso necesario que
acompañó la aprobación del estatuto, que acompañó la Ley de terceros
canales y, por tanto, tenemos una posición contraria a iniciar la casa
por el tejado, sin poner los cimientos y fijándonos exclusivamente en un
aspecto puntual. Creo que para estas cosas es necesario el consenso,
máxime cuando tenemos un mapa audiovisual que es complejo, que se está
construyendo y cuando estamos hablando de la televisión por cable, la
televisión por satélite, de televisiones locales, etcétera.

Hay dos aspectos que quisiera resaltar que tienen que ver con las
diferencias ideológicas y con la diferente manera de ver la solución
económica que planteaba el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. La
diferencia ideológica está clara; el Partido Popular decía que era
fundamental aprobar esta iniciativa legislativa por razones de tipo
ideológico. Desde el punto de vista



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ideológico, nosotros apostamos por una televisión pública; creemos que la
televisión pública regional es más que una mercancía, más que un servicio
que se pueda medir en términos de coste y beneficio; es un servicio
público esencial y, por tanto, no creemos que el madrileño deba pasar de
ser usuario a ser consumidor, o sea, de ser propietario a ser cliente de
una televisión. Creemos que es necesaria una televisión pública porque es
fundamental que exista un instrumento que sea capaz de producir cultura,
información y participación ciudadana. Creemos que es necesario que estas
televisiones tengan un control democrático que se asegura a través de los
representantes del pueblo que se eligen en las distintas votaciones y,
evidentemente, una televisión privada no tiene ese control democrático
porque son los accionistas del consejo de administración los que
determinan su línea. Creemos, además, que cuando el mapa audiovisual no
está totalmente definido y, repito, aquí existe una subcomisión que lo
estudia, no es prudente hacer estos cambios, saltándonos a la torera lo
que es el conjunto, lo que es la realidad de ese mapa audiovisual
español. Creemos que una televisión pública garantiza la igualdad de los
ciudadanos en el acceso a la información o, al menos, debería
garantizarla, y hay algunos ejemplos que no cumplen esta aseveración,
pero en el plano teórico seguimos pensando que esa garantía de igualdad
de los ciudadanos en el acceso a la información es fundamental. Creemos
que una televisión pública asegura la rentabilidad social mientras que
una televisión privada, por lógica --y no tenemos nada contra las
privadas--, lo que busca es una rentabilidad económica y, por lo tanto,
en una televisión pública se puede fomentar la integración y el
equilibrio territorial mientras que sería que en una televisión privada
aparecieran territorios de la Comunidad de Madrid que no tuvieran ese
sentido comercial o de noticia. Ocurre, asimismo, que países como Estados
Unidos que no parece que sean de los menos liberales, sino todo lo
contrario, mantienen televisiones públicas regionales o federales como es
el Public Broadcasting System que siguen sin privatizar. Creemos, además,
que están en peligro o en juego los puestos de trabajo directos e
indirectos del Ente Público Radiotelevisión Madrid. Queremos, por tanto,
que Telemadrid pertenezca a la sociedad y no queremos que pertenezca a
una sociedad anónima.

Segundo tipo de razones, que tienen que ver con los aspectos económicos:
Telemadrid, como cualquier televisión pública regional, tiene un
presupuesto que está subvencionado en parte con dinero público. El
presupuesto de Telemadrid para este año, en cifras redondas, es
aproximadamente de 17.000 o 18.000 millones de pesetas. Si quitamos los
gastos financieros nos encontraremos con un presupuesto mínimo en torno a
14.000 millones de pesetas. De esos 14.000 millones de pesetas,
Telemadrid ingresa por la vía de la publicidad el 50 por ciento
aproximadamente.

El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, vaya concluyendo, por favor.




El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (Lissavetzky Díez): Voy
terminando, señor presidente.

Es decir, autofinanciación del 50 por ciento. Va a haber 7.000 millones
de pesetas de publicidad. La tarta de la publicidad es finita y, por
tanto, no es creíble que vaya a aumentar. ¿De dónde va a salir el dinero
para que un operador privado se haga cargo de un ente público como
Radiotelevisión Madrid? Parece ser que va a salir de la subvención de
dinero público, de los ciudadanos madrileños. Por tanto, estamos haciendo
la cuadratura del círculo, que no nos ha explicado el Partido Popular en
la Asamblea de Madrid. La cuadratura del círculo es decir que esa
televisión va a ser gratis, pero no lo va a ser. La cuadratura del
círculo es decir que se van a reducir las subvenciones, pero hay 7.000
millones de pesetas como mínimo al año que tendrán que salir de algún
lado, y la cuadratura del círculo es decir que no va a haber reducción de
plantilla.

Por consiguiente, por interés de los trabajadores, por interés de los
ciudadanos de Madrid y deseando que la Comunidad de Madrid no pase a ser
una comunidad de segunda o tercera --Cataluña, Galicia, Andalucía, País
Vasco y Valencia han dicho que no van a privatizar su televisión--, les
pido a SS. SS. que atiendan esta posición del Grupo Socialista de la
Asamblea de Madrid y no voten a favor de la privatización de Telemadrid,
porque votar a favor de esta proposición de ley es permitir al presidente
de la Comunidad de Madrid que lleve a cabo una privatización que nadie
desea.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lissavetzky.

Tiene ahora la palabra el señor López López, del Grupo Parlamentario
Popular de la Asamblea de Madrid.




El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (López López): Señor
presidente, señoras y señores diputados, constituye un gran honor para el
diputado de la Asamblea de Madrid que les habla comparecer ante este
Congreso de los Diputados para evacuar el trámite de presentación y
defensa de la toma en consideración de la proposición de ley que estamos
debatiendo.

Esta proposición de ley es una iniciativa legislativa de la Asamblea de
Madrid, remitida a la Mesa del Congreso el 16 de mayo de 1996.

Previamente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había
remitido a la Asamblea un proyecto de ley que se admitió a trámite el 23
de enero de 1996 y fue aprobado por el Pleno de la Asamblea el 9 de mayo,
al tiempo que delegaba en el diputado señor Lissavetzky y en mí el
honroso encargo de defender su toma en consideración ante sus señorías.




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La ley aprobada por la Asamblea de Madrid trae causa en el mandato que
los ciudadanos de Madrid dieron al Partido Popular en las elecciones
autonómicas del 28 de mayo de 1995, otorgando a los candidatos de dicho
partido la mayoría absoluta en la Asamblea. El Partido Popular de Madrid,
como SS. SS. no ignoran, mantuvo ante los madrileños desde mucho antes de
las elecciones y, desde luego, en su programa y campaña electoral, el
compromiso de privatizar el Ente Público Radiotelevisión Madrid --la
popular Telemadrid, de la que me honro en ser presidente-- en cuanto
fuera posible legalmente.

Cumpliendo esta oferta electoral, el Consejo de Gobierno de la comunidad
de Madrid, presidido por don Alberto Ruiz-Gallardón, a los pocos meses de
constituirse envió el proyecto de ley a la Asamblea para empezar el
trámite de remoción de obstáculos legales que impedían hacer realidad tal
promesa.

Posteriormente, en el discurso de investidura del presidente del Gobierno
español, don José María Aznar, se ofreció la posibilidad de cambiar la
Ley de terceros canales. Por eso hoy solicitamos la admisión a trámite,
solamente la admisión a trámite, de esta iniciativa legislativa aprobada
por la Asamblea de Madrid para que en su día se convierta en ley aprobada
por las Cortes Generales.

Lo que hoy solicitamos, señor presidente, señoras y señores diputados, es
dar un paso más en el camino fecundo del autogobierno de las comunidades
autónomas. Lo que la Comunidad de Madrid quiere para ella y para el resto
de las comunidades es libertad para poder optar por cualquier posibilidad
de gestión pública, privada o mixta, para sus entes públicos
radiotelevisivos. Nada más, pero nada menos.

Las leyes que hoy pedimos que modifiquen SS. SS. impiden que las
televisiones y radios autonómicas puedan elegir libremente el método de
gestión que más interesa a los ciudadanos de su comunidad, porque las
televisiones autonómicas que hoy existen no son iguales, como no lo son
los pueblos a los que sirven. Tienen muchos elementos comunes pero tienen
también grandes diferencias culturales, lingüísticas, estructurales,
financieras y no se pueden gestionar televisiones desiguales con un sólo
método. Por eso pedimos a SS. SS. que se avance en nuestro autogobierno,
concediéndonos la libertad de decidir cómo queremos gestionar nuestras
televisiones y radios según el interés general de nuestros ciudadanos.

Luego, unos mantendrán la gestión pública, otros la privada y nosotros
--si SS. SS. así nos lo otorgan-- elegiremos una gestión mixta aliándonos
con los financieros y con los mejores poseedores de tecnología que
podamos encontrar. Porque, en definitiva, señoras y señores diputados,
las televisiones autonómicas van a tener que realizar importantísimas
inversiones y sufrir muchos cambios tecnológicos si desean subsistir y
mantenerse al ritmo de la competencia. Habrá comunidades que puedan
financiar y proveer de tecnología a sus emisoras y cadenas con cargo a
sus presupuestos, pero otras, y entre ellas la Comunidad de Madrid, no
pueden asumir ese coste de adaptación.

En los dos años y medio que llevamos gobernando nuestro ente público,
hemos reducido el endeudamiento, pero aún tenemos 30.000 millones de
pesetas de deuda que nos consumen intereses. Además hemos dado la vuelta
a la cuenta de resultados y ya estamos en superávit, en beneficios, pero
no podemos invertir más y si no invertimos será imposible entrar en la
televisión digital, como hemos hecho tímidamente con gran esfuerzo, o en
la televisión por cable, como estamos pretendiendo. Así, en corto plazo
estaríamos obsoletos, no más allá de una televisión local. Por eso
precisamos libertad para establecer una estrategia empresarial que
necesariamente pasa por una política de alianzas financieras y
tecnológicas, manteniendo una importante participación y control público
en las sociedades de televisión y radio. Nadie va a obligar a ninguna
emisora a que haga o deje de hacer lo que crea conveniente en su gestión,
pero nosotros queremos tener libertad para poder hacer lo que nuestros
ciudadanos han decidido mayoritariamente en las urnas y que es lo que más
les conviene.

Como verán no traemos aquí un debate ideológico, sino un debate de
estrategia empresarial en una empresa pública. Nuestra visión de la
empresa pública es que, al igual que la privada, debe estar bien
gestionada. Si las leyes impiden realizar una buena gestión, hay que
cambiar las leyes. No es más progresista generar pérdidas por mantener un
sistema de gestión que le cuesta más dinero al ciudadano que si fuera una
empresa privada. Lo progresista es gestionar eficazmente las empresas
públicas y eso es lo que hoy pretendemos con la proposición de ley que
defendemos: permitir a las cadenas autonómicas la mayor eficacia en su
gestión. En el caso de Madrid eso pasa por aliarnos con quienes nos
puedan ayudar a ser más eficaces y adelantarnos al futuro que nos espera.

Sólo así se podrán mantener los puestos de trabajo y, por cierto, nuestra
gestión nos ha permitido no sólo mantener la plantilla, sino también
ampliarla y hacerla más estable. Sólo así se podrá mantener una
programación de servicio público de interés general que la Comunidad de
Madrid nos exige y nos financia mediante meticulosos contratos-programas
anuales que alcanzan a más del 50 por ciento de la programación; sólo así
se podrá mantener una cuota de producción propia superior al 60 por
ciento; sólo así se podrán garantizar unos informativos que son líderes
de audiencia en nuestra comunidad, compitiendo con todas las emisoras
públicas y privadas, por la credibilidad que los ciudadanos nos otorgan
día a día, eligiendo más nuestros Telenoticias por su pluralismo y
objetividad y por su acercamiento a los ciudadanos y a la sociedad
madrileña.

Para mantener esa eficacia es preciso renovarnos y no perder las
oportunidades que se nos presentan y las



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que están por venir. Eso no lo podemos hacer solos, necesitamos socios
privados que nos produzcan valor y sinergias, y eso no nos lo permiten
hoy las leyes cuyo cambio solicitamos a esta Cámara soberana. Todo eso no
es cuestión de ideología, sino de análisis sensato de la realidad. El que
fue presidente de la Comunidad de Madrid en tres legislaturas, hoy
diputado en este Congreso, don Joaquín Leguina, que obviamente no es
sospechoso de estar en connivencia con nuestro planteamiento ideológico,
cuando todavía era presidente de nuestra comunidad, ya aceptó de forma
pública, en concreto el 23 de abril de 1994, que había que dar entrada al
capital privado en Telemadrid para poder subsistir, y él, que creó y
sufrió el ente durante varios años, no hablaba ideológicamente, sino
simplemente de manera muy sensata y realista. Y si los periódicos no
engañan, también el señor Borrell, que tampoco parece compartir nuestros
planteamientos ideológicos, cuando hablaba no pensando partidariamente,
sino en el interés general y con una lógica aplastante, decía el 1 de
junio de 1995 en la prensa que había que dar vía libre a las comunidades
para privatizar sus televisiones. Ninguno de los dos pudieron dar tal vía
libre porque poco después dejaron el Gobierno de la comunidad y luego el
nacional. Sin embargo, aceptando la proposición de ley que defendemos,
SS. SS. tienen hoy la oportunidad de dar a los señores Leguina y Borrell
lo que pedían y, sobre todo, lo que pide muy mayoritariamente el pueblo
de Madrid, entre otros. En su nombre así se lo solicito.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.

¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
El Grupo Mixto repartirá su tiempo entre dos diputados, en primer lugar
el señor Alcaraz y luego el señor Rodríguez.




El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre de los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya para oponernos a esta proposición. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Creo que no es ningún secreto decir que en esta Cámara se atiende con
habitual simpatía las propuestas que vienen de Cámaras autonómicas. En
este caso también se atiende ésta, con el enorme respeto que merece
cualquier propuesta que venga de una de estas Cámaras, pero no es menos
habitual que las proposiciones que nos llegan por esta vía suelen tener
dos requisitos: estar aprobadas por unanimidad, o al menos por amplia
mayoría, no venir solamente de un grupo, y suelen ser cuestiones que
afectan prioritariamente a dicha comunidad autónoma.

Por eso, al no concurrir esta circunstancia, mostramos una primera
sorpresa, pero esto sería lo de menos. Lo que nos causa auténtica
sorpresa es el tema. Con todo el respeto, insisto, a una proposición que
venga de una Cámara autonómica hay que tener en cuenta, y no se nos
oculta, que es una propuesta que está defendida esencialmente por el
Partido Popular y, desde este punto de vista, me atrevería a calificarla
de una proposición fósil. Pese a lo que el digno representante del
Partido Popular ha defendido aquí, entendemos que sí es una propuesta
cargada de ideología, propia precisamente de las épocas del radicalismo
privatizador del Partido Popular cuando estaba en la oposición, postura
que casa bastante mal con las continuadas protestas del Partido Popular a
favor de la televisión pública, que escuchamos, semana sí y semana
también, en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, en la Comisión
de Presupuestos o en este propio Pleno.

Por ello es inevitable que preguntemos el porqué. Por qué llega la
proposición y por qué se debate, además, en este momento. Indicaba el
representante del Grupo Popular en su defensa que era un compromiso del
Partido Popular con los ciudadanos de Madrid, pero también se ha dicho en
esta tribuna que también estaba en el programa que defendía el señor
Aznar. ¿Ha venido aquí, no sé si de parte del señor Ruiz-Gallardón, un
representante del PP de la Comunidad de Madrid a recordarle al señor
Aznar que ha incumplido una propuesta de su programa de Gobierno? Quizá
sea ésa una de las razones. Lo que no entendemos es por qué, si estaba en
el programa del Partido Popular, no viene como proyecto de ley, porque
ello permitiría, hasta cierto punto al menos, la lógica de incardinarlo
en todos los debates que sobre televisión y medios de comunicación
estamos viviendo en esta Cámara.

Por tanto, no podemos sino estar en contra, por las siguientes razones,
al menos. Primera, estamos en un ecosistema informativo muy frágil y de
renovación acelerada y esta proposición introduciría un factor de
distorsión gravísimo. Segunda, ya se ha dicho, está abierto el trabajo de
una subcomisión por el modelo de Televisión Española que, si quiere ser
mínimamente seria, debe contemplar el futuro de la televisión pública de
ámbito estatal en el marco actual de las televisiones públicas globales
incluyendo, por tanto, también las autonómicas. Tercera, ese ecosistema
tiende, cada vez más, a desequilibrarse en favor de las televisiones
privadas. Por tanto, cualquier resquicio que amplíe el protagonismo de
las privadas irá en detrimento de la financiación y del futuro mismo de
la televisión pública en el conjunto del Estado y en las comunidades
autónomas que disponen de ella.

En cuarto lugar, no sirve el argumento de dar más competencias a las
comunidades autónomas. Si se quiere dar más competencias a las
comunidades autónomas hágase, pero de manera ordenada y en el conjunto



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de la ordenación del sistema, sin olvidar tampoco las competencias en
trámite, en debate o en ejecución en materia de televisión por cable o de
televisión local, etcétera.

En quinto lugar, la televisión pública juega un papel de servicio público
que podría desaparecer, pero éste que es un debate eterno cuando hablamos
de televisión, en el caso de las televisiones autonómicas adquiere unos
perfiles mucho más concretos, mucho menos abstractos. Se trata ni más ni
menos de que las televisiones públicas, las televisiones autonómicas
construyan día a día la identidad, por no hablar en algunas comunidades
autónomas de lo que eso significa en lengua, cultura, etcétera, más el
cumplimiento íntegro de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución
española. Las privadas, dígase lo que se diga, desde una corriente
ideológica no lo aseguran.

En sexto lugar, la propuesta en caso de aprobarse en aquellas comunidades
autónomas que siguieran el camino, configuraría un monopolio privado o
bien mixto, como aquí se ha dicho, que permitiría la posible negociación
o la presión directa sólo de los gobiernos autonómicos sin un adecuado
control plural y democrático. Curiosa forma, por cierto, de entender el
liberalismo cuando hablamos en esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.




El señor ALCARAZ RAMOS: Inmediatamente, señor presidente.

La única conclusión es que esta proposición resulta inoportuna,
innecesaria y reaccionaria, porque una de dos, o las televisiones
autonómicas funcionan y no hay que modificar el sistema, o no funcionan,
y cuando no funcionen está en la mano en algunos gobiernos del Partido
Popular que todavía están a tiempo de evitar que el Partido Popular se
convierta cada vez más en sinónimo de telebasura.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.

Señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.

El Bloque Nacionalista Galego se va a posicionar de forma contraria a
esta proposición de ley que viene de la Asamblea de Madrid porque nos
parece que se presenta como un ejercicio de autonomía lo que no es más
que un ejercicio de servicio a la privatización, que se puede resumir en
vicios privados pagados con dineros públicos, y esto consideramos que es
así porque en las tres leyes de ámbito estatal que se intentan modificar,
la Ley reguladora del estatuto de radiodifusión, la Ley reguladora del
tercer canal de televisión y la Ley reguladora de la televisión privada
se incide en situar como punto central de la alternativa establecer un
régimen de gestión libre. Por tanto, no se trata de aumentar competencias
autonómicas que sería muy deseable, empezando por la titularidad de los
medios de comunicación públicos o privados que haya en estas comunidades
autónomas, sino de variar la gestión, curiosamente sin cambio de
titularidad, lo cual desde el punto de vista de la iniciativa privada
debía ser uno de los aspectos fundamentales a debatir y más discutible
incluso de la Ley reguladora de la televisión privada.

En segundo lugar, cuando se trata de legitimar sociedades anónimas para
gestionar indirectamente servicios que fueron montados con dineros
públicos realmente estamos recurriendo a amparar la iniciativa privada
con dineros que son de todos los ciudadanos, dineros que, además, se
verán gravemente afectados por la posibilidad de establecer convenios de
colaboración entre entes públicos y privados, y, por supuesto, porque
todas estas televisiones una vez que entren a formar parte de la gestión
libre privada tendrán el régimen de publicidad electoral de las
televisiones privadas. Por fin, pensamos que cuando se modifica la Ley
reguladora de la televisión privada se habla, efectivamente, de la
gestión indirecta del servicio público, lo cual sería lógico en una
iniciativa de carácter neoliberal, pero sin intentar cambiar en todo caso
la titularidad.

En definitiva, señorías, en una época en que hay televisión digital, en
que están liberalizadas las telecomunicaciones, televisión por satélite,
televisión por cable, nosotros pensamos que existe un número
considerablemente elevado de cadenas privadas frente a las públicas, que
no se puede desequilibrar aún más esta balanza de lo que está hoy en día,
y no se puede reincidir en el carácter híbrido de hacer gestión privada
con ayudas públicas. Quien quiera televisiones privadas que las monte con
su dinero y a partir de su propio esfuerzo.

Desde la perspectiva de países como Galicia, Cataluña o Euskadi, que
cuentan con lenguas y culturas propias, pensamos que sería un arma
abierta a mayorías electorales sobre cuestiones que no se pueden dirimir
en función de mayorías o minorías porque son claramente estructurales,
principios sin los cuales no puede existir la nacionalidad. Además, lo
social, lo público y lo estatal, que con estas modificaciones se pondrían
en peligro, deben tener por lo menos un espacio mínimo frente a lo
particular, lo privado y lo oligárquico.

Quiero recordarles que la Constitución, en su artículo 20.3, dice: «La
ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.»



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Este artículo solamente es respetado no sólo si hay medios de titularidad
del Estado o autonómicos, que también son estatales, sino que además
estén gestionados conforme al criterio de que se puedan controlar desde
esta perspectiva. Nada de lo que nos ofrece la iniciativa de la Asamblea
legislativa de la Comunidad de Madrid lo asegura o lo deja perfectamente
a salvo. Por tanto, es una iniciativa que modifica la ley general que
sirve para todos. No se trata de un problema de libertad, de elección de
modelo, se trata de contar con las garantías mínimas de un servicio
público, de titularidad pública y de gestión conforme a ese criterio que
queda establecido en el artículo 20.3 de la Constitución Española.

Por todo esto, vamos a votar negativamente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Leguina. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Un momento, señor
Leguina.

Señora Aguilar, habíamos entendido que el Grupo de Izquierda Unida no
había solicitado turno en contra y el señor Leguina sí lo había
solicitado. (Pausa.)
Discúlpeme, señor Leguina. Para un turno en contra, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intervenir en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida
para fijar nuestra posición sobre la proposición de ley presentada por la
Asamblea de Madrid, que plantea la modificación de la Ley reguladora del
estatuto de radiodifusión y televisión de 1980, de la Ley reguladora del
tercer canal, de 1983, y de la Ley de mayo de 1988, reguladora de la
televisión privada; posición que expresamos ya de antemano es totalmente
contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley, como ya
expusimos en su momento en los debates en el ámbito de la Asamblea de
Madrid.

Como ya dijo nuestro grupo en el debate de la Asamblea de Madrid, habría
que hacer varias reflexiones sobre el método y sobre la posibilidad de
modificar tres leyes que abordan un derecho fundamental y que esta
modificación se impulse desde la Comunidad de Madrid con un claro
objetivo, que han reiterado sistemáticamente sus representantes en la
comunidad, que es la privatización de Telemadrid por motivos
programáticos, ideológicos y económicos, como expresó el señor Beteta en
su intervención de marzo de 1996. Es decir, hoy no estamos debatiendo
aquí una necesidad de adecuación o una reforma legal imprescindible para
un mejor funcionamiento o un mejor desarrollo de la televisión
autonómica, estamos debatiendo sencillamente la privatización de
Telemadrid, señorías, a través de una reforma que, además, plantea dudas
jurídicas en la forma de abordarla. Aunque podríamos considerar que
pudieran solventarse esas dudas, lo cual es muy cuestionable, esta
iniciativa no tiene ni mantiene, como observaban ya nuestros
representantes en la Asamblea de Madrid, las mínimas condiciones
políticas para ser debatida en esta Cámara.

Cuando en abril del año 1996 se debatía esta ley en la Asamblea había la
sensación, expresada por el Partido Popular, de cumplir estrictamente un
compromiso programático, pero se trataba de una proposición que no tenía
o no iba a tener viabilidad, y de ahí, entre otras cosas, los retrasos
que ha venido sufriendo esta ley. Finalmente, la proposición, con las
dudas sobre el método, con las dudas jurídicas y con su inoportunidad
política, ha sido trasladada a esta Cámara y nos podemos encontrar con
que para ser aprobada tenga que contar con los votos de Convergència i
Unió, del Partido Nacionalista Vasco o de Coalición Canaria que, en lo
que conocemos, tienen el concepto de sus televisiones autonómicas como
televisiones públicas, asumiendo también que son deficitarias y que de
momento no piensan cambiar su modelo de gestión. Por tanto, van a apoyar
un modelo para Madrid que no van a aplicar en sus propias comunidades
autónomas.

La representante del Partido Popular ha manifestado que se aprueba la
posibilidad de privatizar, no la privatización. Si leen el debate en la
Asamblea se darán cuenta de que el Partido Popular es claro y explícito
en sus intenciones. Dice: hay que asumir estas modificaciones con
urgencia para proceder a la privatización de Telemadrid. Por otro lado, y
entrando en el fondo de la cuestión, esta ley viene a modificar tres
leyes, sin que en la exposición de motivos ni en el posterior desarrollo
de la reforma entren en el debate que subyace, y no es otro que el modelo
de televisiones públicas y su financiación. Sin embargo, sin entrar en
esta cuestión, se pretende traer aquí una modificación del modelo que las
leyes establecían, planteando a su vez un claro desequilibrio entre
televisión privada y televisión pública, todo ello sin un debate como
sería necesario formular en esta Cámara.

No se trata sólo de permitir que cada comunidad gestione de la forma que
le parezca oportuna la televisión autonómica, no es una cuestión técnica
lo que hoy estamos debatiendo aquí o de marcos de competencias; la Ley
reguladora del estatuto de radiodifusión y televisión establece que la
radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales, cuya
titularidad corresponde al Estado, quien a su vez puede conceder a las
comunidades autónomas la gestión directa de un canal de televisión. Si,
como se ha anunciado aquí, se va a presentar otro texto para regular el
resto de televisiones autonómicas, lo deseable sería que la comunidad de
Madrid no planteara un texto diferenciado y que estas modificaciones
fueran producto del debate real, que afecta en el fondo a todas estas
cuestiones y a



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ser posible con un grado de consenso importante entre todos los grupos
políticos. El Partido Popular altera en la comunidad de Madrid el
concepto de servicio público esencial, y lo hace de tal manera que
distorsiona y enmascara el debate, como si hoy aquí estuviéramos
debatiendo únicamente sobre la posibilidad que cada comunidad tiene de
modificar sus criterios de gestión. El Partido Popular en la comunidad de
Madrid altera el concepto esencial de servicio público establecido y para
producirse esta alteración sería preciso hacer un debate en condiciones
en esta Cámara.

El día 14 de marzo de 1996 el señor Beteta volvía a decir en un debate en
la Asamblea: Mientras ustedes definen la televisión pública como un
servicio esencial, para nosotros la televisión es un servicio de interés
público y, por tanto, sujeto al coste de oportunidad. Nosotros queremos
elegir si es gestión directa o puede ser indirecta y ratificamos, por
tanto, nuestra firme voluntad de proceder a la privatización de
Telemadrid. Nosotros no estamos en contra de la televisión privada;
estamos en contra de privatizar la televisión pública.

Por otro lado, y más allá de estos planteamientos, existe la sospecha
sobre los verdaderos planes del Gobierno regional y del propio Gobierno
en lo que afecta a Telemadrid y que apuntan a la consolidación, que aquí
no se viene a explicar, de un gran grupo multimedia en el que de nuevo
podríamos ver involucrada a Telefónica.

Finalmente, he de decir que para nosotros la existencia de canales
públicos dependientes de las autonomías es un hecho importante, es un
hecho determinante, algo que no podemos dejar de defender y que en el
ámbito de la comunidad de Madrid y de otras comunidades significa, ni más
ni menos, que el cumplimiento de derechos fundamentales reflejados en la
propia Constitución.

Cualquier modificación que como la proposición que hoy se nos presenta en
esta Cámara, altere o pueda alterar de forma esencial conceptos de fondo,
precisaría por lo menos del debate suficiente y el grado de consenso que
inspiraron las leyes que hoy aquí, de forma totalmente precipitada e
inoportuna, pretenden plantearnos.

Solamente decir que nuestro grupo está totalmente en contra de la toma en
consideración de esta proposición ley, rogando a los grupos que tienen
intención de apoyar la toma en consideración que reflexionen sobre el
verdadero objetivo en este momento para desarrollar esta iniciativa, que
no es otro que la privatización de Telemadrid.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ahora sí, tiene la palabra
el señor Leguina.

El señor LEGUINA HERRAN: Señor presidente, señoras y señores diputados,
venimos a debatir aquí la toma en consideración de una proposición de ley
cuyo primer debate tuvo lugar el día 14 de marzo de 1996, hace 21 meses,
en la Asamblea de Madrid. Se ha dicho por el representante de la Asamblea
de Madrid, el diputado don José López y López, que éste era un debate de
gestión económica. Voy a leer unos párrafos que se expusieron en dicha
Asamblea de Madrid ese día.

Se dijo allí por el representante del Consejo de Gobierno: es la primera
vez en la historia de la joven democracia española que un Gobierno
comparece ante la representación de la sociedad para decir que renuncia a
una parcela importante del ejercicio del poder; que pudiendo tener una
televisión pública quiere que la gestionase la sociedad; que pudiendo
tener una posibilidad de dirección, quiere que sea la sociedad quien la
determinase; que pudiendo seleccionar a un compañero de partido para
poner al frente de la dirección de esa televisión, no quiere hacerlo, y
prefiere que sea la propia sociedad quien lo haga. Señorías, decía este
señor, ésta es una renuncia al ejercicio del poder y es, se lo digo
completamente en serio, un hito importante. Ahora bien, el ejercicio de
la libertad a veces asusta. ¿Por qué tienen miedo a la libertad?,
preguntaba retóricamente.

O sea que de gestión nada. Estamos en un debate puramente ideológico. He
aquí una buena síntesis de las posiciones ideológicas de los neoliberales
acerca de la libertad y del servicio público, que pudiendo tener una
posibilidad de dirección, quieren que sea la sociedad quien la determine.

¿Estamos ante un canto a la democracia directa, según la cual se elegiría
por sufragio universal al director de la televisión pública de
referencia? Evidentemente no; se está ante una privatización. Estamos,
asimismo, ante una perversión grave del lenguaje, ante una demagogia que
intenta confundir la libertad con el mercado y a la sociedad civil con el
poder económico. Aquí a la única sociedad que se reclama es a la sociedad
anónima, es decir aquella sociedad anónima que tenga ganas, intereses y
dinero para comprar la televisión que se quiere privatizar.

Se nos pide que cambiemos de un plumazo, en una sola tacada, tres leyes:
el Estatuto de 1980, la Ley de terceros canales, de 1973, y la Ley de
televisiones privadas, de 1988. Señores del Partido Popular y señores que
van a apoyar, según parece, al Partido Popular, ¿creen ustedes que esta
técnica jurídica es mínimamente presentable? Que de tres leyes que están
encajadas perfectamente dentro de un modelo, se toquen varios artículos,
¿creen ustedes que es la forma de legislar de un parlamento serio en
Europa hoy? ¿Cómo van a cometer ustedes semejante disparate? Está bien,
podremos discutir esas tres leyes y algunas más que son necesarias,
porque está sin regular la televisión por cable y la televisión local,
pero manosear de esta



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manera la legislación, ¿creen ustedes que es lo que debe hacer un
parlamento serio? Pues esto es lo que nos proponen hoy, que retoquemos
tres leyes en las Cortes Generales para hacer el favor al señor
Ruiz-Gallardón o a quien corresponda de privatizar la televisión de
Madrid. Esto no es de recibo, señoras y señores diputados, esto es matar
las pulgas a cañonazos, lo cual lleva simplemente a la derrota.

No voy a decir por qué queremos la televisión pública, está bastante
claro. Cuando se discutió durante las campañas electorales por qué la
televisión pública, era evidente que la televisión como producto no es
una mercancía cualquiera, sino que debería ser un instrumento de cultura,
de participación, de información, una escuela de convivencia, en suma un
servicio público. Este servicio público forma parte del Estado social,
Estado del bienestar o como quieran ustedes llamarlo y ese Estado del
bienestar no puede estar dotado exclusivamente a través del mercado.

Por otro lado, la televisión pública debiera garantizar el pluralismo
político, cosa que no tiene por qué hacer una televisión privada y por
último la televisión pública exige, precisamente por las leyes que ahora
se quieren reformar, un control democrático, es decir un control desde la
política y ese control está en el Consejo de Administración y en las
Cámaras correspondientes a través de las comisiones de control de
Radiotelevisión, como ocurre en esta Cámara.

Ese es el quid de la cuestión. Se quiere eliminar todo tipo de control,
pasarlo a la sociedad, anónima naturalmente; es decir, que la sociedad
real, la sociedad civil, a través de los órganos políticos no tengan
ningún alcance sobre este tipo de televisiones privatizadas o
privatizables. A estas alturas de la película, después de unos meses,
porque esto fue en marzo de 1996, sabemos todos bastante bien lo que para
el partido Popular y para su Gobierno significa privatizar, especialmente
en el área de los medios de comunicación. Se privatizó totalmente una
empresa que en principio no tenía vocación de intervenir en los medios de
comunicación a no ser a través de los carriers. Me estoy refiriendo a
Telefónica. Se privatizó e inmediatamente se creó Vía Digital, después se
compró Antena 3 y la semana pasada o hace quince días el presidente de
Telefónica, don Juan Villalonga (que fue nombrado presidente cuando el
Estado tenía más del 20 por ciento de las acciones y cuando el Estado
vendió el 20 por ciento de las acciones milagrosamente sigue de
presidente) anunció, por cierto en Estados Unidos, la voluntad de
Telefónica de crear una sociedad multimedia, filial de la propia
Telefónica. Bueno, ahí estamos, para esto sirve la privatización, porque
indudablemente hay que ser muy ingenuo o muy tonto para creerse lo que va
a hacer Telefónica. No sabemos si esta televisión acabará en esas manos;
yo tengo dudas porque parece que hay contradicciones en el seno del
pueblo, como diría Mao Tse-tung, es decir entre el señor Aznar y el señor
Ruiz-Gallardón; pero desde luego no va a acabar en manos de la sociedad
civil, acabará en manos de alguna sociedad anónima.

Sigo con mi argumento. Estamos ante un proceso de privatización estilo
Partido Popular, que consiste en ceder lo público a manos privadas para
beneficio partidario. Insisto en que creerse que la multimedia que
anuncia Villalonga no vaya a intervenir y manipular la información
política es como creer que el próximo día 6 van a venir los Reyes Magos
de Oriente con sus camellos cargados de juguetes para dejarlos en las
casas de los niños. Como ya somos mayores, nadie en su sano juicio lo va
a creer. Esta es una pieza más de esa operación, una pieza más de
privatización que desequilibra absolutamente el modelo actual, pero que
además lo desequilibra de una tacada, manoseando tres leyes y sin una
discusión en forma y a fondo. Desde luego, se cargan cualquier concepto
--que creo es importante-- de compromiso, de consenso.

Finalmente me dirigiré a ustedes, representantes ilustres de las minorías
que vienen apoyando, quizá sin demasiada fe, a este Gobierno. Detrás de
estas operaciones, señores de Convergència i Unió y del PNV, no hay
ningún proyecto comercial, industrial o empresarial; hay un proyecto
político con un objetivo. Si ese objetivo lo consigue el Partido Popular,
lo que apoyan ustedes hoy y en otras ocasiones sobre este tema, lo van a
lamentar tanto como nosotros lo lamentamos ahora. Están ustedes muy a
tiempo de poner coto a esta barbaridad, que forma parte de una barbaridad
mayor. Pónganle coto ahora y luego no tendrán que arrepentirse. Adviertan
lo que se está jugando aquí, que es a arrasar, y en el arrasamiento --no
se equivoquen--, ustedes están también.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Leguina.

¿Grupos que desean fijar su posición? (La señora Mato Adrover pide la
palabra.)
Señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Señor presidente, si es posible me gustaría
utilizar un turno a favor de la proposición de ley de la Asamblea de
Madrid.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente,
señora Mato, tiene S. S. la palabra para un turno a favor de la
iniciativa.




La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición a favor de la
proposición de ley de la Asamblea de Madrid que se ha debatido hoy en
esta Cámara. A nadie le sorprenderá en el día de hoy que fijemos nuestra
posición favorable a esta proposición de ley. Ya en el discurso de
investidura



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--como recordaba a algún parlamentario el señor Lissavetzky--, el señor
Aznar aludía en esta Cámara, a que el Gobierno iba a remitir un proyecto
de ley de modificación de la Ley del tercer canal, y de algunas otras
leyes hoy por hoy ya trasnochadas, caducadas o fuera de vigor, para
modificar lo que serían las televisiones autonómicas y adecuarlas a la
realidad actual.

A lo largo de la tarde de hoy, se ha hablado fundamentalmente de
Telemadrid. Yo creo que en este debate no hay que hablar de Telemadrid;
estamos en un foro parlamentario diferente. De la privatización de
Telemadrid se hablará en la Asamblea de Madrid; hoy estamos hablando de
otra cuestión. Estamos hablando fundamentalmente de libertad, señor
Leguina, y estamos hablando por supuesto también, señor Leguina, de la
posibilidad de que las comunidades autónomas puedan optar, puedan elegir
lo que crean mejor para sus ciudadanos. Resulta que --como usted bien
sabe-- no es la primera vez que se ha presentado una proposición de este
tipo en la Asamblea de Madrid o incluso en el Senado. Usted leyó un
párrafo de unas declaraciones de algún miembro de este Parlamento que se
dijeron en el Senado en un debate que se pedía la posibilidad de que las
comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, las parlamentos
autonómicos puedan decidir si quieren que su televisión sea pública o si
quieren que la gestión de su televisión esté en manos de una empresa y,
de esa manera, el dinero que se dedica a la televisión se pueda dedicar a
otros intereses preferentes de los ciudadanos, en este caso de los
ciudadanos madrileños. Usted sabe, señor Leguina (y me refiero a usted
porque la primera vez que debatimos este tema --yo lo debatí--, usted era
presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid), hace muchos años que el
Partido Popular lleva defendiendo la posibilidad de que las televisiones
autonómicas --todas las televisiones autonómicas-- no sean privadas, pero
sí pueda ser posible su privatización. Usted sabe que en el año 1992 se
presentó en la Asamblea de Madrid, cuando Telemadrid ya tenía un déficit
de 26.000 millones de pesetas, una proposición solicitando la posibilidad
de que Telemadrid fuera privatizada. Por tanto, no es que sea un problema
económico, que sin ninguna duda lo es para los madrileños, que de sus
impuestos dedican grandes cantidades, miles de millones de pesetas, a
financiar una televisión pública, sino que además es una cuestión de
principio.

Pero no estamos hoy hablando aquí solamente del programa electoral del
Partido Popular, que ciertamente contempla la posibilidad, no de la
privatización, como digo, de las televisiones autonómicas, sino también
de una cuestión de necesidades y de prioridades de los gobiernos
autonómicos. No creo que haya nadie en esta Cámara, y usted se dirigía
especialmente a los grupos nacionalistas, que pueda obligar a una
determinada comunidad autónoma que presenta una proposición de ley por
mayoría absoluta de su Cámara; es decir la mayoría de los madrileños por
boca de sus representantes traen hoy a esta Cámara una proposición en la
que solicitan --no privatizar Telemadrid, que eso no se lee en ningún
momento en la proposición de ley-- la posibilidad de decidir cuál es la
mejor forma de gestión para su televisión autonómica. Creo que hay pocas
cosas mas cercanas y más propias de una comunidad autónoma que su propia
televisión, la televisión de Madrid, la televisión de los madrileños. Lo
que pasa es que ustedes tienen la costumbre de ser muy sensibles a lo que
son los medios de comunicación y de creerse que el poder es propiedad
suyo y no de los madrileños o de los españoles; por tanto, cuando se
habla de una televisión de los madrileños ustedes no piensan en el
bienestar de los madrileños o en lo que ellos querrían, sino que piensan
en lo que ustedes prefieren hacer con esa televisión. En este momento,
señor Leguina, los madrileños, por mayoría absoluta de sus representantes
en la Cámara autonómica, han decidido que se presente en estas Cortes una
proposición de ley que, obviamente, tiene que modificar tres leyes. No
voy hablar tampoco, señora Sabanés, de la técnica jurídica o de las
imprecisiones que pueda tener la proposición de ley que usted presenta,
porque sin ninguna duda podrán ser mejoradas en su debate; lo que sí es
cierto es que esa proposición de ley pretende la modificación de tres
leyes para permitir, para posibilitar, para dar libertad a las
comunidades autónomas de modo que puedan decidir lo que quieren hacer con
su televisión. Si quieren que esté dirigida por manos privadas, sin
costarle una sola peseta a los madrileños, o si prefieren seguir
invirtiendo miles de millones de pesetas en esa televisión.

En cualquier caso, señorías, es verdad que el señor Lissavetzky decía en
el debate de marzo de 1996 --debate que he tenido la oportunidad y el
gusto de leer durante estos días en la Asamblea de Madrid-- que era
inoportuna esta proposición, y también lo ha dicho hoy la señora Sabanés
en esta Cámara. Pero él decía que era un debate inoportuno, en primer
lugar, porque era un debate que no se sustanciaba en la Asamblea de
Madrid, sino que tenía que venir a esta Cámara; y esta Cámara, por
supuesto, iba a votar en contra de ese proyecto porque el Partido
Popular, recién ganadas las elecciones generales --recuerdo--, no tenía
todavía las mayorías suficientes para llevar adelante este proyecto y,
por tanto, iba a ser un ridículo, un desastre y, además, un fracaso de
una proposición aprobada por la mayoría absoluta de la Asamblea de Madrid
del cual se alegraba el señor Lissavetzky, según sus palabras textuales.

Pues, señorías, parece ser que ustedes pensaban que el señor Aznar no iba
a conseguir formar Gobierno y que no iba a poder conseguir los apoyos
parlamentarios suficientes para estar debatiendo en este momento esta
proposición de ley, como lo estamos haciendo. No es así, señorías. No
solamente el señor Aznar está gobernando, no sólo está gobernando



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bien en función de los intereses generales de los españoles, sino que
además hoy se debate una proposición que los madrileños traemos a esta
Cámara.

Señorías, es verdad que hay un anteproyecto de ley, un borrador de
proyecto de ley que va a presentar el Gobierno ante esta Cámara. Un
proyecto de ley que, sin ninguna duda, recoge las previsiones que se
contienen en esta proposición de ley que debatimos. No solamente recoge
la previsión de la posibilidad de privatizar las televisiones
autonómicas, sino que es un proyecto mucho más amplio que facultará a las
comunidades autónomas para tener más posibilidades de gestión en el
ámbito de sus competencias en lo que significa la televisión. Al final
estamos los que apostamos porque las comunidades autónomas puedan decidir
el futuro de sus televisiones y los que apuestan porque sea el Estado el
que siga controlando las televisiones; son dos visiones diferentes de ver
la misma cosa: una, la del que quiere aferrarse al poder y aguantarlo y,
otra, la del que pretende que las comunidades autónomas sean las que
tengan el poder de decisión.

Nosotros, sin duda alguna, creemos que es posible debatir esta
proposición de ley, que es posible admitirla a trámite, porque en el día
de hoy, como ustedes saben, no se aprueba un proyecto de ley, no se
aprueba una ley que permite la privatización de Telemadrid, ni mucho
menos se aprueba ese proyecto de ley; en el día de hoy lo único que
hacemos es admitir a trámite una proposición para que todos nosotros
podamos debatirla y lograr un consenso para sacar adelante la posible
privatización de las televisiones autonómicas. Ahora bien, si llega un
proyecto del Gobierno, que llegará en breve, puesto que ya ha sido
anunciado por el propio Gobierno, no hará más que aunar las dos
proposiciones. También les recuerdo que ustedes saben que en el Registro
de la Cámara hay otra proposición del Parlamento de Canarias en el
sentido de poder privatizar la televisión canaria, y otra serie de cosas
que también se recogerán, por supuesto, en el proyecto de ley que
presentará el Gobierno ante esta Cámara.

Señorías, lamento que, al final, todo se convierta, por una parte, en un
debate sobre la privatización de Telemadrid, debate que no es de esta
Cámara, debate que no se ha planteado en esta proposición de ley y, por
otro lado, lamento que, al final, el Grupo Socialista vuelva al mismo
tema de siempre: no hay un solo debate en que hablemos de
telecomunicaciones, no hay un solo debate en que se hable de comunicación
en el que, al final, no hablemos de Telefónica, y yo siempre lo digo: a
hablar de Telefónica estoy dispuesta siempre; cada vez que ustedes
quieran hablar de Telefónica, hablaremos de Telefónica en esta Cámara.

Pero no tiene mucho sentido que, cada vez que se habla de cualquier tema
que tiene interés para los ciudadanos, ustedes sacan un tema que no tiene
tanto interés para los ciudadanos, porque, al final, los accionistas de
la Compañía Telefónica, que son más de 1.200.000 españoles, por cierto,
estarán muy satisfechos de que la Compañía Telefónica se convierta en una
compañía multimedia y pueda conseguir buenos o grandes beneficios en el
ámbito de la comunicación. En vísperas del siglo XXI, nadie con sentido
común puede decir que las telecomunicaciones y la comunicación no deban
caminar en paralelo, porque no tiene sentido alguno cuando las
tecnologías avanzan a tal velocidad.

En cualquier caso, señorías --y voy finalizando, señor presidente--, lo
que está claro es que la mayoría de las leyes que tenemos en materia de
televisión --y está regulada la televisión local, señor Leguina; está
regulada la televisión por cable y está regulada la televisión por
satélite-- yo diría que no son adecuadas a su tiempo por dos motivos:
primero, porque la tecnología avanza muy deprisa y, segundo, porque este
Parlamento, con el Gobierno socialista, fue, diríamos, perezoso a la hora
de regular y, por tanto, las modificaciones a las leyes llegaron un poco
tarde, cuando el panorama iba más avanzado.

Yo creo que lo importante es que, al final, esta proposición se tome en
consideración; lo importante es que el proyecto de ley que traiga el
Gobierno a esta Cámara se debata por todos los grupos y, por nuestra
parte, desde luego, buscaremos e intentaremos lograr un consenso en
materia de comunicación, como siempre hemos solicitado. Creemos que es
verdad, y lo han dicho en esta Cámara algunos representantes, que en
materia de televisión las cosas se deben sacar...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Mato, le
ruego concluya.




La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente.

Las cosas se deben sacar por consenso. Lo que no se puede hacer es,
porque unos grupos determinados no estén de acuerdo con una posición,
negarse definitivamente a debatir sobre ella y eso es lo que están
haciendo algunos grupos en esta Cámara: negarse a debatir una proposición
que por mayoría absoluta de los madrileños se ha presentado en esta
Cámara.

Señorías, les pido que reflexionen sobre su posición y den oportunidad a
esta proposición de que podamos debatirla en el ámbito de la Comisión,
modificarla en lo sustancial o en lo menos sustancial y conseguir, al
final, junto con el proyecto de ley que remita el Gobierno a esta Cámara,
un texto de consenso que sea viable para todas las comunidades y que
permita, al final, lo más importante: la libertad de los gobernantes
autonómicos, de los parlamentos autonómicos para decidir cuál debe ser el
futuro de su televisión autonómica.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: Muy bien.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, asistimos, por fin, al
debate de esta proposición de ley, que tuvo entrada en esta Cámara hace
año y medio. El comienzo de la legislatura y la densa actividad ordinaria
han postergado este debate que, desde mi grupo, valoramos como un debate
imprescindible. Imprescindible porque, desde una comunidad autónoma, se
propone que modifiquemos determinada legislación estatal, que le impone
un modelo de televisión caduco y caro. Una iniciativa semejante del
Parlamento de Canarias aguarda su turno para una futura toma en
consideración.

La restrictiva legislación reguladora de la televisión autonómica se ha
mostrado incapaz de encajar una nueva realidad tecnológica donde hay
comunidades autónomas, como Cataluña y Euskadi, que gestionan dos canales
de televisión, donde la nueva tecnología digital impone nuevos criterios,
donde el cable empieza a desarrollarse o donde la conexión por satélite
es cada vez más asequible.

El dogma de la televisión como servicio público de titularidad estatal
está roto. La señora Mato Adrover insistió en este aspecto en el pasado
debate de totalidad sobre el proyecto de ley de telecomunicaciones. El
monopolio estatal de los años ochenta es hoy la opción que más choca con
los criterios de liberalización y con el sistema de distribución de
competencias que resulta del artículo 149.1.27 de la Constitución.

Los representantes de la mayoría de la Asamblea de Madrid han dejado
claro en su exposición que no se pueden seguir gestionando las
televisiones en las comunidades autónomas de acuerdo con dogmas de
gestión pública exclusiva impuestos desde la legislación del Estado. La
normativa básica no tiene por qué imponer un modelo de gestión, sino
asegurar un mínimo común que pueda desarrollarse por la legislación
autonómica. La televisión estatal arrastra un déficit de más de 200.000
millones de pesetas y ese patrón es el que ha servido de referente para
las televisiones autonómicas, necesitadas de fuertes inyecciones
presupuestarias. ¿Por qué se impone desde las leyes del Estado un modelo
de gestión que condiciona la política presupuestaria de las comunidades
autónomas?
La radio y televisión autonómicas constituyen instrumentos necesarios
para el desarrollo social, cultural y lingüístico de los distintos
pueblos de España. Ese desarrollo está hoy condicionado por una normativa
que impide que muchas comunidades autónomas creen su televisión y que
impone, a las que ya la tienen creadas, un sistema de titularidad estatal
y de gestión pública directa.

Señorías, en materia de radiodifusión y televisión, en materia de
telecomunicaciones, en general, la legislación de los años ochenta se ha
quedado rancia. Frente a la idea de esos años que preconizaba el carácter
de servicio público esencial de titularidad estatal de las
telecomunicaciones, el mercado único europeo y el desarrollo tecnológico
nos muestra un nuevo marco de las relaciones entre los poderes públicos y
los ciudadanos. El cable, la televisión digital, las comunicaciones por
satélite conforman ahora una nueva realidad que ha dado lugar a una nueva
forma del servicio público. La velocidad de esos cambios quizá nos impida
valorar las características de ese nuevo servicio público y la doctrina
del Derecho administrativo está empezando a construir ese nuevo modelo.

Desde Coalición Canaria creemos que es posible que lleguemos a un
servicio público de carácter objetivo, no vinculando necesariamente a que
uno de los polos de la relación jurídica sea una Administración, sino
vinculando a la directa satisfacción de un interés social y que sea la
Administración la que haya de tutelar ese interés.

Esta reflexión nos sirve para subrayar que la legislación que se pretende
modificar responde a un modelo público hipertrofiado que no se
corresponde con la nueva realidad que la liberalización y el desarrollo
tecnológico imponen. Reconocemos que un modelo de televisión pública
autonómica debe garantizar el control gubernativo y parlamentario del
funcionamiento y de las actividades que incumban al interés público
autonómico, pero eso no requiere, ni mucho menos, que la Administración
haya de gestionar directamente esa radio y televisión, ni que el Estado
haya de ser el titular del servicio.

Los canarios entendemos que, dadas las competencias estatales de gestión
del espectro, debemos regular un nuevo marco en el que el Estado
autorizaría la puesta en funcionamiento de servicios de titularidad
pública autonómica que se gestionarían según el modelo que, en ejercicio
de su autonomía, cada comunidad quiera darse, que obviamente admitiría la
gestión mixta e incluso la privada en el marco de una programación
sometida a control y con un código deontológico a respetar.

Esa es nuestra posición, y por ello vamos a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley y, en su caso, a presentar
diversas enmiendas al articulado que respeten el espíritu de la
iniciativa de la Asamblea de Madrid, pero que apuesten por un sistema más
ambicioso en el que la titularidad del canal o canales sea autonómica y
donde la autorización estatal sea un acto administrativo del Gobierno y
no, como se propone, una ley singular de autorización. Creemos en un
sistema que apueste por una televisión autonómica, que preste un servicio
público objetivo, con independencia de la titularidad de la sociedad de
gestión, que incentive la producción propia para programas específicos



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y que pueda beneficiarse de acuerdos con otras cadenas, públicas o
privadas, para la emisión de programas generales. Creemos, en definitiva,
en la autonomía, autonomía para decidir lo que sea del específico interés
de cada comunidad.

En consecuencia, señorías, señor presidente, reitero nuestro apoyo a la
toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor presidente, señorías, nuestro
grupo parlamentario avanza que va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley que nos remite hoy la Asamblea
de Madrid, y va a hacerlo, en primer lugar, por coherencia con nuestra
trayectoria parlamentaria, que siempre ha venido a dar apoyo a aquellas
iniciativas legislativas que son suscritas por las comunidades autónomas
y que, en uso de la Constitución y de sus propios estatutos de autonomía,
vienen a reforzar su capacidad ante las Cortes Generales de presentar una
proposición de ley, es decir, de mejorar lo que es una norma común en el
conjunto del Estado.

Yo no sé si, entrando en el contenido de esta proposición de ley, al
modificarse, como aquí se ha señalado, aspectos incluso sustantivos de
tres leyes vigentes, la técnica legislativa que nos aporta la Asamblea de
Madrid es la mejor, es la correcta, como algún interviniente, el señor
Leguina en concreto, ha señalado; no lo sé. Yo no me atrevo a decir que
esta proposición de ley viene a manosear la normativa hoy vigente, no me
atrevo a decirlo. Digo que no se trata de decir sí o no a este texto
articulado, sino de tomarlo en consideración, abrir un plazo de
presentación de enmiendas y, por tanto, de trabajar legislativamente
sobre una propuesta de ley, que no sobre una ley, que nos viene de la
Asamblea de Madrid.

En todo caso, fue el Tribunal Constitucional el que desdijo lo que venía
haciendo el Gobierno del Estado, entonces socialista, cuando, a través de
los Presupuestos Generales del Estado, lo que hacía era modificar
artículos de 10, 15, 20 e incluso 30 leyes vigentes, y fue el Tribunal
Constitucional el que le dijo al Gobierno del presidente González que esa
no era una técnica legislativa correcta.

Yo creo que lo que hace aquí la Asamblea de Madrid es correcto desde el
punto de vista de presentación de una nueva orientación de la Ley
reguladora del estatuto de Radiotelevisión, de la Ley reguladora del
tercer canal y de la Ley reguladora de televisión privada, al objeto de
adaptarlas a una situación, que es la que nos propone libre y
autónomamente la Asamblea de Madrid.

Si detrás de esta operación no hay ningún proyecto empresarial,
industrial, comercial, sino que hay un proyecto político, no lo sé. Es
posible que haya otra manera de hacer la política pero, en todo caso, a
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid se les debe aportar cuanto hace
su Asamblea, que para eso la votaron y además con mayoría absoluta.

A mí las libertades también me preocupan; me preocupa su protección y su
ejercicio, pero los electores de Madrid dijeron lo que dijeron, y una
muestra de lo que dijeron está aquí a través de una proposición de ley
que venía ya anunciada en un programa electoral, que también fue votado
mayoritariamente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar afirmativamente a esta toma en
consideración porque la misma, a través de la exposición de motivos y de
su articulado, no reniega de la competencia de disponer las comunidades
autónomas de un canal de televisión propio, sino que reafirma esta
competencia, esa disposición, esa pertenencia de un canal de televisión
pública.

Además, en el marco de las normas básicas del Estado, como no puede ser
de otra manera de acuerdo con nuestra Constitución, de hecho lo que se
hace es incrementar la potestad competencial de las comunidades
autónomas, que podrán escoger entre la gestión directa y la gestión
indirecta o la gestión a cargo de terceros. Y si un grupo parlamentario
nacionalista quiere incrementar el techo competencial, incrementar el
techo de soberanía real tangible de una comunidad autónoma, lógicamente
no se le puede decir que no, desde nuestra perspectiva. Porque, en esa
disyuntiva, es la legislación del Parlamento autonómico, y no la
legislación de las Cortes Generales, del Parlamento estatal, la que
regula ambas opciones, con lo que se aumenta también la capacidad
normativa de las asambleas legislativas autonómicas.

Por otro lado, es indudable que a nuevos tiempos corresponden nuevas
técnicas de gestión. Resulta un tanto extraño criticar que la Asamblea de
Madrid nos proponga un sistema de gestión indirecta de su televisión
pública, cuando aquí, a través de los Presupuestos Generales del Estado,
sin ir más lejos, hemos votado partidas presupuestarias importantísimas
para organismos estatales que tienen la virtud, o quizá para algunos el
defecto, de usar las técnicas privadas siendo Administración pública. ¿Y
por qué utilizan esas técnicas privadas? Porque entienden que es la mejor
manera de gestionar aquello que la Constitución le encarga administrar.

Por lo tanto, no resulta extraño que se acepten y a la vez se practiquen
formas de gestión más próximas a las privadas que a lo público y se
realizase el mismo sistema para las televisiones públicas de ámbito
autonómico, que es lo que viene a suscribir de hecho la Asamblea de
Madrid.

Finalmente, señor presidente, en el caso de la gestión indirecta, si
llega a producirse en la Comunidad de Madrid o en cualesquiera de las
otras comunidades



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autónomas, los requisitos no los dicta el Estado a través del Gobierno,
vía reglamento, o a través de las Cortes Generales, sino a través del
Parlamento autonómico, que es otra manera de hacer autonomía, otra forma
de ejercer la autonomía, en definitiva, es una manera de incrementar la
autonomía de cada una de las regiones y naciones que existen en España.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.

Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley,
procedente de la Asamblea de Madrid, de modificación de las leyes 4/1980,
de 10 de enero, reguladora del Estatuto de Radiodifusión y Televisión,
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, y
10/1988, de 3 de mayo, reguladora de la televisión privada.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 167; en contra, 147.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración.

Señorías, nos acompaña en este momento en la tribuna institucional de la
Cámara el vicepresidente de la República Argentina y presidente del
Senado, don Carlos Ruckauf, para el que ruego un saludo. (Aplausos.)
Muchas gracias.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:



-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE MODIFICACION DE LA
LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
(Número de expediente 122/000091)



El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: toma en consideración de
proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo de Coalición Canaria
sobre modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Les ruego que si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan en silencio,
para que pueda continuar el desarrollo del orden del día. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Gómez Rodríguez.

El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, tras un breve saludo al excelentísimo señor vicepresidente de
la nación hermana, Argentina, presidente también del Senado, por las
vinculaciones históricas que tiene con nuestra tierra española y
especialmente con las islas Canarias, paso a defender la proposición de
ley de modificación del artículo 101 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Esta iniciativa legislativa se incardina dentro de los postulados
teóricos de la ciencia de la Hacienda pública y de los principios
constitucionales armónicos con aquéllos. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gómez.

¡Silencio, señorías!



El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Los
principios son los tributarios referentes a la legalidad, a la capacidad
económica, a la generalidad, a la igualdad, a la progresividad,
especificados en el artículo 31 de nuestra Carta Magna, que nuestro
intérprete supremo de la misma ha vinculado al principio general de
igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución española.

También se armoniza con los principios de autonomía local, dentro del
marco autonómico del artículo 142 de la Constitución española, que dice
--y muchas veces nos olvidamos de ello-- que las haciendas locales
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las
funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, que se
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación en
los del Estado y de las comunidades autónomas.

Nuestra iniciativa legislativa se refiere a la Ley de Haciendas Locales,
que, cumplimentando la Ley de Régimen Local, creó cinco exacciones
municipales, entre ellas, el impuesto sobre construcciones e
instalaciones y obras, al que, por razones de brevedad, desde ahora vamos
a llamar ICO. Asimismo, esta ley vino a legalizar la tasa por licencia de
obras, siempre que no excediese el coste del servicio.

En efecto, el referido artículo 101, tan importante para los municipios,
dice: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un
tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia.

Señorías, dejando a un lado la discusión sobre su carácter indirecto, que
nosotros no compartimos, vemos que se trata de un impuesto de los que el
hacendista y político italiano, Einaudi, calificaría de impuesto real,
para diferenciarlo de los de carácter personal. Real, porque procede del
latín res, de cosa. No intenta,



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dice el fallecido gobernador del Banco emisor de Italia en su obra
Principios de la Hacienda Pública, gravar la renta global de las
personas, sino las distintas rentas netas procedentes de las cosas
capaces de producir rédito. Y señala asimismo que el impuesto real debe
estar localizado en el territorio de la cosa.

La Ley de Haciendas Locales citada le atribuye un carácter voluntario, es
decir, sólo podrán ser exigidos en aquellos municipios cuyos
ayuntamientos respectivos hayan acordado expresamente la imposición del
tributo y hayan aprobado también la correspondiente ordenanza fiscal.

El artículo 102 señala quiénes son los sujetos pasivos y el artículo 103
dice que la base imponible está constituida por el coste real y que la
cuota del impuesto será la que resulte de la aplicación del gravamen del
2 por ciento, si bien los ayuntamientos podrán incrementarlos en una
escala, en función de la población y que llegue al 4 por ciento para los
de más de 100.000 habitantes. El mismo artículo dice que el impuesto --y
esto es lo importante, señores-- se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación y obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia. El artículo 104 regula la liquidación
provisional.

Señorías, el ICO surge, por consiguiente, y hay que fijarse en ello, con
la intención de dotar de suficiencia financiera a las maltrechas
haciendas de las entidades locales, gravando a tal fin una determinada
capacidad económica, que se pone de manifiesto por la realización de
instalaciones, construcciones y obras. Sin embargo, de forma
absolutamente incomprensible, el legislador ha vinculado el hecho
imponible del impuesto citado a un elemento totalmente irrelevante desde
el punto de vista tributario, cual es que las obras obtengan licencia
urbanística. Decimos que este dato es irrelevante por el hecho de que el
fundamento del hecho imponible no puede ser otro que el de los principios
de capacidad económica y de igualdad consagrados en nuestra Carta Magna.

De la definición contenida en el artículo 101 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales se desprende, a contrario sensu, que, al supeditarse la
producción del hecho imponible a la condición de que deba obtenerse la
preceptiva licencia urbanística, la realización de construcciones,
instalaciones u obras que, conforme a la normativa aplicable sobre el
régimen del suelo y ordenación urbana, no requiera tal licencia --tal es
el caso de los proyectos de urbanización-- constituye un supuesto de no
sujeción a este tributo.

Sabido es, señorías, que los proyectos de urbanización conforme a la Ley
del Suelo tienen como única finalidad llevar a la práctica el
planeamiento general del suelo urbano y los planes especiales del suelo
urbanizable. De acuerdo con reiterada jurisprudencia, no es acto de
ordenación, sino de ejecución. Los proyectos de urbanización, con toda su
documentación, memoria y planos, deben especificar las obras de
pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, espacios
libres, red de distribución de agua potable, de riego, contra incendios,
red de alumbrado público, espacios verdes, espacios para los servicios
urbanísticos del plan parcial. Además, deben resolver el enlace con los
servicios generales de la localidad.

Las obras de urbanización generalmente evidencian una importante
manifestación de riqueza. Vuelvo a repetir la frase, las obras de
urbanización generalmente evidencian una importante manifestación de
riqueza. Y, no obstante, no quedan sujetas al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, por el mero hecho de no precisar
de licencia municipal. En cambio, y aquí está la injusticia social, el
ciudadano que perciba el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, y
desee construirse una humilde vivienda deberá tributar por el Impuesto
sobre Construcciones. Lo que no hace el promotor de la urbanización, sí
tiene que hacerlo el que vaya a construir su modesta casa. Y eso que el
promotor dispondrá de una capacidad económica muy alta con relación a la
precaria del trabajador. (El señor vicepresidente, López de Lerma i
López, ocupa la Presidencia.) Así se produce una grave violación del
principio constitucional de igualdad tributaria establecida, como hemos
dicho, en el artículo 31 de la Constitución y en el artículo tercero de
la Ley General Tributaria. La razón de esta incongruencia estriba en el
hecho de hacer depender el hecho imponible del ICO de un dato tan baladí,
desde el punto de vista tributario, como es el otorgamiento de licencia,
y así lo dice la sentencia de 25 de febrero del corriente año, de 1997,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias. La actividad de control que lleva implícita toda
licencia ha de ejercerse en la ejecución de un proyecto de urbanización,
que, de no ser fiel ejecutor del planeamiento urbanístico, debe
rechazarse desde el principio. Por eso, una vez aprobado el proyecto, la
licencia es innecesaria, pues sería absurdo que los servicios técnicos
municipales hubieran de comprobar, por segunda vez, si el proyecto de
urbanización es conforme a las previsiones de planeamiento urbanístico
que viene a ejecutar.

Para terminar, señorías, diré que las numerosas urbanizaciones realizadas
en los diversos municipios españoles lo han sido sin contribuir en nada
al erario municipal, especialmente en los municipios carentes de
infraestructuras urbanas para viviendas o complejos turísticos, en los
que sus propietarios o promotores han obtenido magníficas rentas.

Nosotros no lo discutimos, pero sí pedimos que colaboren con las
haciendas municipales. Es cierto que las rentas obtenidas por esas
urbanizaciones son muy superiores al valor de entrega a la comunidad
pública. Lo que solicitamos es que, de acuerdo con los principios
fiscales enumerados al inicio de esta breve intervención se colabore
eficazmente con las corporaciones locales donde están situadas las
urbanizaciones.




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De todos es sabido que las haciendas locales llevan muchos años con
evidentes déficit. ¿Sería igual la situación de estos municipios si desde
que se inició en nuestro Estado el boom turístico, con sus magníficas y
rentables urbanizaciones, se hubiese exaccionado un modesto tipo de
impuesto municipal del 2 al 4 por ciento? Al desaparecer de la actual
redacción del artículo 101 de la Ley, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales la referencia a la licencia de obras o urbanística
como presupuesto para la realización del hecho imponible del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las obras de urbanización,
que constituyen una importante manifestación de capacidad económica,
quedarán sujetas al citado tributo, lo cual es más equitativo y
congruente con el principio de igualdad y de capacidad.

Quizás, el texto que proponemos en nuestra proposición de ley no sea un
texto perfecto, quizás hubiese sido conveniente haber regulado las obras
menores o las obras hechas por la propia Administración pública, quizá
hubiese hecho falta mayor tecnicismo jurídico, pero para eso está el
trabajo de la Comisión, donde estaremos abiertos a recibir cuantas
enmiendas sean necesarias para conseguir que la Constitución española, en
su cumpleaños, vea que ha sido fructífero y que los municipios puedan
celebrar un motivo de felicitación en estas navidades.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.

¿Algún grupo quiere consumir un turno en contra de esta proposición de
ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Homs, en representación del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).




El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser breve, puesto que la posición de nuestro grupo, señorías, no se
argumenta sobre el contenido de esa proposición de ley que presenta el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y no queremos entrar a discutir
las motivaciones que han impulsado a este grupo a presentar esta
modificación de la legislación vigente, porque quizá pudiéramos
compartirlas.

Las razones por las que mi grupo, señor presidente, no va a tomar en
consideración esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria son simplemente de procedimiento. Nuestro grupo cree que esta
propuesta debería ser contemplada en el análisis más general de una
revisión de la Ley de Haciendas Locales. Hay muchas materias que deberían
ser objeto de revisión en el ámbito de esa normativa legal. Hoy, los
ayuntamientos adolecen de la necesidad de una revisión exhaustiva de
todas las normas que definen la atribución de recursos para financiar sus
actividades, y no sólo esta particular modificación que su grupo nos
plantea, en cuyo fondo y propósito coincidimos, puesto que, de aprobarse,
en su día, permitiría una más equitativa carga tributaria entre los
contribuyentes que promueven determinadas actuaciones en el suelo urbano
de los municipios de este país.

Señor presidente, nuestro grupo no puede aceptar la toma en
consideración, repito, simplemente por razones de procedimiento, porque
debería ser una reforma mucho más general y global la que debería tomar
en consideración esta Cámara. Por eso, quiero transmitir al grupo
proponente que, en el supuesto de contemplar una revisión más general de
la normativa de la Ley de Haciendas Locales, mi grupo coincidirá con el
suyo en impulsar esta reforma que hoy nos propone, pero, simplemente por
esas razones de procedimiento, entendemos que abrir la ley en ese
apartado tan estricto parece priorizar en una materia, que quizá tienen
ustedes razón en querer que esta Cámara tome conciencia de ella, pero hay
muchas otras, de índole más general y de mayor profundidad, que también
deberían ser objeto de consideración por esta Cámara.

Estas, y sólo éstas, son las razones que nos llevan a no aceptar su
propuesta, a pesar de que coincidimos en la motivación y de que en otros
trámites más generales estaremos de acuerdo con ustedes.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Homs.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Fernández.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para fijar nuestra posición ante esta proposición de ley de
Coalición Canaria.

A nuestro grupo le parece oportuna y también necesaria la proposición de
ley para modificar el artículo 101 de la Ley reguladora de Haciendas
Locales, ya que lo que la nueva redacción pretende es aportar una
definición más exacta a este artículo que, de momento, excluye del
Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones de Obras el deber de
tributar por la realización de obras y urbanización.

Es conocido que el derecho a urbanizar tiene la facultad de dotar a un
terreno de los servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento,
para que adquiera la condición de solar, según señala el artículo 23.1
del Real Decreto-ley 1992, de 26 de junio. A su vez, el artículo 24 del
texto refundido de la Ley del Suelo establece que para adquirir el
derecho a urbanizar se requiere la aprobación del planeamiento. Por
tanto, con



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el derecho a urbanizar se obtiene la licencia, conjuntamente con la
aprobación del planeamiento. A la vista de estas redacciones de los
artículos mencionados anteriormente, he de destacar que en ninguno de
ellos se exige el deber de obtener licencia de obras para ejecutar la
urbanización. Al no requerirse licencia de obras de urbanización, no
están sujetos al Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones de obras.

En este sentido, consideramos chocante y contradictorio a la vez que
obras tan importantes como son las de urbanización --estamos hablando de
grandes obras--, por valor de miles de millones en muchas ocasiones, no
tengan ningún tipo de tributación hacia el municipio.

Por eso, nosotros entendemos que la proposición que presenta Coalición
Canaria es correcta y conveniente, en el sentido de que las obras por
urbanización tributen y que los municipios sean los beneficiarios.

También hay que tener en cuenta la nueva redacción de la Ley del Suelo,
que está en discusión en esta Cámara, en la que es posible que se diga
que los ayuntamientos reciban ya la urbanización; ello facilitaría que
los promotores privados tengan que obtener una licencia para ejecutar
obras de urbanización.

Creemos también conveniente, por otra parte, que se clarifique el aspecto
legal, porque hasta el momento existen sentencias judiciales
contradictorias, en el sentido de que hay interpretaciones a favor de que
las obras de urbanización necesiten la obtención de licencia municipal y
hay otras que son contrarias a esta obligación.

Por tanto, nuestro grupo va a apoyar la proposición de ley que presenta
Coalición Canaria.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alvarez.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la iniciativa de Coalición Canaria, sobre
cuya consideración debatimos, responde, a juicio del Grupo Parlamentario
Socialista, al intento de resolver un importante problema que afecta a
las entidades locales, a todas ellas, cual es el de la suficiencia
financiera. Claro es que la proposición de ley, tanto por el objeto de la
modificación como por su contenido, puesto que sólo amplía el hecho
imponible del Impuesto de Construcciones haciendo tributar básicamente a
los promotores de suelo urbano por este impuesto, poco puede hacer por
mejorar la suficiencia financiera de las corporaciones locales y con ella
potenciar su autonomía política. Creemos que representa una tímida
respuesta política, un gesto casi desesperado, ante el retroceso que han
experimentado dichos principios básicos desde que gobierna el Partido
Popular y sobre los que ha de asentarse, a nuestro juicio, el
municipalismo. Es una respuesta cuasi compulsiva, el deseo de hacer algo,
una llamada de auxilio que se presenta bajo los requerimientos de la
equidad y que esconde un varapalo al Gobierno por su política hacia los
entes locales.

El incremento de la dependencia financiera de las corporaciones locales
respecto de otros entes territoriales del Estado recorta, efectivamente,
el grado de autonomía política y convierte a los alcaldes en vicarios del
poder autonómico y central, especialmente
en aquellos municipios con menor renta y con menor riqueza. Desde
hace año y medio, las corporaciones locales han visto recortados los
mecanismos e instrumentos legales y tributarios que les permitían
acercarse a la cuantía de recursos económicos y financieros deseados.

Desde hace año y medio, lejos de avanzar hacia los objetivos de
suficiencia financiera y autonomía política real, se invierte la
tendencia y los ayuntamientos se alejan cada vez más de aquéllos, como
consecuencia de una política cicatera, regresiva, compresora de la
actividad municipal, diseñada y ejecutada conscientemente por el Gobierno
del Partido Popular. Limitados en sus recursos, los ayuntamientos
tenderán a prestar la aquiescencia a quien ostenta realmente el poder
económico, convirtiéndose en poco más que en meros ejecutores de aquellas
obras y servicios que se les quiera financiar por las instituciones que
sí disponen de esos recursos. Con estos planteamientos, volverán a tener
jurisdicción los ministros y consejeros de las comunidades autónomas en
sus respectivos feudos, ya pactados entre ellos, ya disputados, y, en los
comicios municipales, la voluntad de los electores se habrá intentado
mediatizar con conceptos tan queridos y extendidos por el Partido Popular
tales como el de gobierno amigo.

Hace unos días, el Ministerio de Administraciones Públicas difundía un
informe a tenor del cual se observa la escasez de recursos de las
administraciones locales frente al notable avance de la dotación
económica de las comunidades autónomas. En 1997, las corporaciones
locales sólo ejecutarán el 12,9 del gasto público total, apenas tres
puntos porcentuales más que en 1981, y las previsiones cifraban en el 13
por ciento el porcentaje de gasto público que ejecutarán estas entidades
en 1998. Pero tan preocupante como la escasa cuantía del gasto que
administran las entidades locales es la procedencia de los recursos, en
suma la autonomía financiera. Ahí es donde exigimos al Gobierno el
esfuerzo, ahí es donde el Gobierno habrá de cambiar de rumbo. Y la
legitimidad para este cambio nos la da haber defendido los postulados que
habrían evitado la situación actual de las corporaciones locales. Es ahí
donde esta proposición de ley no logrará reducir significativamente estas
dos importantes brechas, abiertas por voluntad expresa del Gobierno con
las modificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y con la Ley del
Suelo, modificada también.




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Es cierto que, formalmente, la iniciativa presentada por Coalición
Canaria se fundamenta en la supuesta violación del principio de equidad
por la redacción actual del artículo 101 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, puesto que, a juicio del grupo proponente, el Impuesto
sobre Construcciones deja sin sujeción algunos supuestos en los que se
realizan obras y construcciones que ponen de manifiesto una importante
capacidad económica de quienes las ejecutan, mientras que grava con el
impuesto otros en los que se exterioriza una limitada capacidad de pago.

No oculta el grupo proponente su preocupación por la suficiencia
financiera de las entidades locales, pero creemos que estas posiciones en
esta Cámara han de ser constantes y aun pertinaces, sobre todo por la
línea de actuación política que se ha trazado desde el Gobierno. Y los
grupos minoritarios que apoyan el Gobierno tienen una importante
responsabilidad en tareas tan cruciales, que afectan al equilibrio de los
poderes territoriales.

Ya en esta legislatura, esta Cámara ha modificado algunas leyes a
iniciativa del Gobierno, con el voto en contra de nuestro grupo
parlamentario; representan no sólo el antecedente claro y nítido de los
problemas que algunos empiezan ahora a notar y dicen que quieren
corregir, sino que, además, en esas modificaciones legales, los
principios en que ahora se apoya la proposición de ley han sido ignorados
e incluso claramente postergados a favor de deudas políticas contraídas
por el Gobierno.

Los debates y votaciones de las modificaciones introducidas en el
lmpuesto sobre Bienes Inmuebles y en la Ley del Suelo han contribuido de
forma importante a fijar la posición del Gobierno en relación con la
suficiencia de recursos y la autonomía política de las corporaciones
locales, expresando al mismo tiempo la escasa dimensión y peso que para
el Partido Popular tienen los principios constitucionales de equidad y
capacidad de pago en el ámbito tributario, por mucho que insistan sobre
ello. Las modificaciones de la Ley del Suelo y del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles han arrastrado a los ayuntamientos a una situación financiera
muy difícil en un contexto de reducción del déficit público, recortando
instrumentos que dotan de capacidad real de acción a los ayuntamientos y
que no han conseguido ni uno solo de los objetivos que afirmaba perseguir
el Gobierno, entre ellos el del descenso de los precios de las viviendas,
debido a la liberalización del mercado del suelo. Es decir, se ha
agravado un problema a través del recorte de recursos económicos y
financieros de las corporaciones locales y, al mismo tiempo, los
ciudadanos no han percibido beneficio alguno. Estimamos que hay
mecanismos eficaces para que el precio de la vivienda se estabilice y
para que los ayuntamientos dispongan de más recursos. En todo caso,
parece oportuno que haya de reconocerse y valorarse la iniciativa de
Coalición Canaria, como gesto, como punto de partida, como cambio de
posición, tímido pero cambio, que expresa al mismo tiempo un matiz de
grado con la posición del Gobierno.

Coincide ahora Coalición Canaria con las posiciones que hemos reiterado
en el Grupo Socialista. Nosotros vincularemos siempre esta posición con
los grandes objetivos ya reiterados, queriendo rescatar para los
impuestos locales, al igual que Coalición Canaria, el principio de
equidad en su doble vertiente de equidad horizontal y vertical, esto es,
que el reparto de la carga tributaria se haga por igual entre todos los
contribuyentes, lo que no significa una igualdad aritmética, como dice la
exposición de motivos de la proposición de ley, sino el tratamiento igual
para los iguales y desigual para los desiguales. Y para ello debe
gravarse a los ciudadanos con arreglo al principio de la capacidad de
pago. Pero la equidad ha de inspirar todo el sistema tributario. No puede
ser una equidad con minúsculas que se afirme sotto voce.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, por
favor, señor Alvarez.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Termino, señor presidente.

Es preciso dotarla de fuerza en nuestro sistema tributario. Creemos que
se ha de avanzar más, creemos que hemos de avanzar mucho más, aunque el
camino que apunta esta proposición de ley ha de valorarse. En términos de
equidad, creemos también que es preciso valorar las aportaciones que los
promotores de suelo urbano habrían de hacer a los ayuntamientos, la
colaboración para desarrollar las ciudades, la incidencia que sobre el
valor del suelo y de la vivienda tiene la legislación urbanística y los
impuestos que soportan los promotores, como consecuencia de la actividad
empresarial que realizan. También aquí queremos abrir el debate y
analizar las consecuencias de las modificaciones introducidas en esta
legislatura.

La proposición de ley, en suma, hemos de reconocerlo, significa un paso
tímido, digno de mencionar sin duda, pero que solamente tendrá efectos
recaudatorios para los ayuntamientos más dinámicos, para los núcleos de
población en expansión urbanística. También tendría otros efectos, y
ocasión habrá si esta Cámara toma en consideración esta proposición de
ley para debatir sobre ellos.

En suma, y para terminar, señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista, que ha venido manteniendo una posición firme en
defensa de la suficiencia financiera y del incremento de autonomía
política para las corporaciones locales, proclama rotundamente que el
sistema tributario ha de anclarse en los principios constitucionales de
equidad, progresividad y capacidad de pago, y celebra en este sentido la
sensibilidad



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que Coalición Canaria muestra con esta iniciativa, valora este paso,
aunque excesivamente tímido, y quiere expresarle al Gobierno una
exigencia irrenunciable: exigirle realmente que profundice en los
importantes problemas que subyacen detrás de esta iniciativa, signo
inequívoco de que cuanto venimos reiterando en el Grupo Parlamentario
Socialista en relación con las corporaciones locales es tan notorio y
patente, sobre todo para quienes tienen en este momento la
responsabilidad de dar respuestas políticas en el ámbito municipal, que
ya alcanza también a otros grupos de esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Alvarez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, como muy bien señala en el primer párrafo de la exposición de
motivos la proposición de ley de Coalición Canaria, el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras se creó con la Ley reguladora de
las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988, por lo cual no deja de
extrañarme que el portavoz del Grupo Socialista, que siempre había
defendido lo que ha dicho el señor Gómez, diga que estamos modificando
una ley que ustedes hicieron. Yo le aconsejaría que leyera el «Diario de
Sesiones» de la Comisión de Economía. El portavoz está debajo de usted y
le puede indicar las cosas que dijo en defensa de este artículo. Por eso
no entiendo muy bien sus argumentos. Esta ley se aprobó en 1988, con el
objetivo de que las corporaciones locales pudieran obtener recursos
económicos por este concepto, sin necesidad de establecer una costumbre
que rayaba la legalidad, que era establecer cuantías por las tasas de
obtención de licencias superiores al coste del servicio.

Dice también la exposición de motivos del Grupo de Coalición Canaria que
el legislador, es decir, los diputados que componían la Cámara en 1988,
ligaron incomprensiblemente el hecho imponible con la obtención de una
licencia urbanística. Yo creo que esa afirmación de que era
incomprensible ligar ambos conceptos no es del todo cierta, y me
explicaré.

Cuando en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos
101, 102 y 103, se fija el hecho imponible, los sujetos pasivos y la base
imponible del impuesto indirecto (por cierto, señor Gómez, ustedes en su
proposición de ley siguen manteniendo que es un impuesto indirecto, no un
impuesto que grava según la capacidad económica, sino que grava un hecho
cierto, la construcción u obra) se hace de una manera coherente entre sí,
dándole una determinada estructura al impuesto.

En el artículo 101 se señala que queda gravada toda construcción que
exija licencia. En el 102, que el sujeto del impuesto es el propietario y
sustitutivamente el que pide la licencia. Y en el 103, que la base del
impuesto la constituye el coste real; coste real que, por cierto, se fija
y se pone de manifiesto cuando se pide la licencia. Desmontar esta
estructura del impuesto exigiría otra definición exhaustiva, al menos,
del hecho imponible y de la base del impuesto.

Dice el artículo 101 que propone el grupo de Coalición Canaria que el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo
indirecto, cuyo hecho imponible está constituido por la realización,
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra. Hasta aquí el texto de Coalición Canaria es exactamente igual al
actual artículo 101. Pero a partir de ahí Coalición Canaria elimina en su
proposición de ley la frase que consta en la legislación actualmente
vigente, y es que se exija la obtención de la correspondiente licencia.

Esto, por pequeña que parezca la corrección, puede tener una enorme
trascendencia, que me gustaría que considerara también el Grupo
Socialista.

¿Qué es una construcción, instalación u obra que no exige licencia?
¿Poner un cuadro en la casa es una construcción, instalación u obra a la
que le vamos a aplicar el impuesto? ¿La reforma de una pequeña
instalación eléctrica o la instalación del gas natural en una casa la
vamos a gravar también con el impuesto? Multitud de sujetos que realizan
pequeñas obras en su casa se verían obligados a tributar y, además,
¿quién fijaría posteriormente la base del impuesto? El artículo 103, como
antes decía, señala que la base la constituye el coste real y efectivo de
esa construcción, instalación u obra. ¿Cómo se fijará ese coste si no se
exige la licencia para la modificación? Sus señorías entenderán que
podría suceder que todavía se extendiera más la costumbre de hacer
pequeñas obras sin factura.

Estoy seguro de que la voluntad del grupo proponente no es hacer tributar
cualquier reforma, y así lo ha manifestado el señor Gómez en esta
tribuna. Además, y el señor Gómez lo sabe, se podría estar poniendo en
enormes dificultades a la gestión de este impuesto por parte de los
ayuntamientos. Si se quisiera gravar cualquier obra, estaríamos creando
nuevos miles de contribuyentes y una complicación enorme en la gestión
del impuesto. Por otro lado, podría darse la paradoja incluso de que la
nueva redacción del artículo 101 pudiera estar dando cobertura a obras
ilegales. Si se realizara una obra ilegal por alguno de los motivos
sobradamente conocidos --viviendas en terrenos no urbanizables, edificios
que incumplen algún requisito, etcétera-- y ese señor pagara el impuesto,
al cual no se le exige que obtenga licencia, podría haber una cobertura
legal que le eximiera de cualquier responsabilidad, aunque no hubiera
obtenido la correspondiente licencia.




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No parece razonable que un ayuntamiento pudiera dictaminar la
paralización de una obra, o incluso la demolición, y, por otra parte,
pudiera exigir un impuesto sobre la misma. Para que una construcción sea
considerada como objeto del gravamen, es absolutamente necesario, con la
estructura actual del impuesto --y luego me referiré a eso--, que haya
obtenido licencia o que al menos esté en disposición de obtener la
correspondiente licencia.

Por otra parte, si de lo que aquí se trata, como ha explicado el señor
Gómez, es de hacer tributar a las obras de urbanización que no están
incluidas en el artículo 101 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, considero que puede entenderse que la aprobación por parte del
ayuntamiento de uno de esos proyectos es equivalente al otorgamiento de
una licencia de obras y, en consecuencia, cabría aplicar por analogía a
estos supuestos el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Esta hipótesis que yo sostengo en la tribuna ya la mantuvo el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón en la sentencia de 20 de marzo de 1995.

Decía: Un proyecto de urbanización, si bien no está requerido de licencia
en sentido estricto, está exigido de aprobación por el ayuntamiento, lo
que conlleva una actividad de control de la observancia de la legalidad
urbanística equivalente al del otorgamiento de la licencia, por lo que es
subsumible en el hecho imponible del impuesto en cuestión, máxime cuando
se contempla la ejecución de obra con abstracción de que se haya o no
obtenido licencia. O sea, que podría estar incluido el supuesto que el
señor Gómez mantenía en esta tribuna como motivo para la reforma del
artículo 101. Por eso en mi opinión, señorías, podemos plantearnos un
reforma del impuesto, podemos trabajar para que el impuesto de
construcciones, instalaciones u obras tenga otra estructura distinta,
pero yo creo que esa nueva regulación de este impuesto habría que hacerla
--y eso lo mantenía el señor Homs en su intervención-- en la reforma
global de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, además, después
de aprobar la ley de tasas que ya se encuentra en este Parlamento. Hay
una tasa por licencia que una cierta relación tiene con este impuesto,
máxime cuando dicha tasa por obtención de licencia de construcción fue el
origen de la creación de este impuesto.

En gravar hechos que producen riqueza, nosotros estamos de acuerdo, señor
Gómez; en gravar un proyecto de urbanización, podemos estar de acuerdo;
en evitar inequidades tributarias, estamos absolutamente de acuerdo. Yo
creo que éste es un impuesto indirecto; es un impuesto que no tiene nada
que ver con la capacidad económica, como refleja la exposición de motivos
del grupo proponente; es un impuesto que grava un hecho imponible cierto
y le grava independientemente de cuál sea la renta del sujeto, ¿pero
estamos de acuerdo en evitar inequidades tributarias?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señor
Martínez-Pujalte, por favor.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy terminando.

En no dañar la construcción de viviendas sociales, estamos de acuerdo; en
no aumentar el fraude fiscal, en conseguir un impuesto sencillo y de
fácil gestión y, por supuesto, en dotar a los ayuntamientos de
financiación suficiente también mi grupo está de acuerdo. Yo entiendo que
esta proposición no es para dar una financiación adicional a los
ayuntamientos, es para hacer un impuesto más lógico. Eso es lo que
plantea el grupo proponente, no conseguir unos dineros adicionales para
las arcas municipales. Mi grupo está de acuerdo en que hay que afrontar
una reforma que dé a los ayuntamientos financiación suficiente. Esos son
los principios de una reforma.

Mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición
de ley, aunque --eso sí se lo digo, señor Gómez-- nosotros adquirimos el
compromiso de estudiar el texto que propone Coalición Canaria y, sobre
todo, los argumentos que usted ha señalado en esta tribuna. Me parece que
gravar algunas actividades urbanísticas, eliminando del impuesto
cualquier clase de obras que realizan las administraciones públicas,
podemos afrontarlo en una reforma que mi grupo se compromete a estudiar,
junto con ustedes, desde ahora mismo, pero nosotros entendemos que abrir
en este momento un trámite legislativo para un proyecto de ley que no
reúne las condiciones necesarias de consenso y de estudio sería
precipitado. Por eso vamos a votar en contra, pero le reitero, señor
Gómez, nuestra buena disposición para que, en la reforma de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, o antes, nos pongamos a estudiar
para dotar a este impuesto de una estructura interna distinta y que grave
el hecho que usted señalaba.

Muchísimas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Martínez-Pujalte.

Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria,
sobre modificación de la Ley número 39, de 28 de diciembre de 1988,
reguladora de las Haciendas Locales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 149; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida.




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SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:



-- SOLICITUD, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION
SOBRE LA GESTION DE LA EXPO 92 A TRAVES DE LA SOCIEDAD ESTATAL EXPO 92 Y
DE AGESA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION DE ACTlVOS, S. A. (Número de
expediente 156/000002)



El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Solicitud de creación
de una comisión de investigación, formulada por los Grupos Parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, sobre la gestión de la Expo 92 a
través de la Sociedad Estatal Expo 92 y de la Sociedad Estatal de Gestión
de Activos, S. A.

Para la presentación y defensa de la solicitud, tiene la palabra el señor
Alcaraz. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la
Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor,
abandonen en silencio el hemiciclo quienes así lo deseen. (Pausa.)
Por favor, señor Hernández Moltó, señora Rubiales, señor De Grandes.

Señor Alcaraz, cuando quiera.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.

El 20 de junio de 1996 el Grupo Federal de Izquierda Unida presentó en la
Secretaría de este Congreso una iniciativa de cara a la constitución de
una comisión de investigación que, consecuentemente, investigara las
cuentas de la Expo y la gestión de la empresa denominada Agesa. Hemos
retenido esta iniciativa hasta que el Tribunal de Cuentas ha elevado el
informe definitivo sobre la Exposición de 1992, y los objetivos que
señalábamos de cara a investigar políticamente la Expo han sido
confirmados como justificables en función de este informe definitivo.

Desde el punto de vista de la ética civil, desde el punto de vista de una
política de regeneración y también desde el punto de vista de la
necesidad de que esta Cámara tenga el vigor suficiente, hemos mantenido
esta iniciativa. Pero pensamos, señor presidente, que no hacen falta
argumentos solemnes a la hora de justificar la iniciativa.

En el artículo 52 del Reglamento de la Cámara se dice que se podrá
acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier
asunto de interés público, tal como el PSOE pide una comisión de
investigación para que se analice la compra del grupo chileno Enersis por
Endesa, ni más ni menos ni menos ni más. Porque se trata,
fundamentalmente, de despejar responsabilidades políticas. También dice
el artículo 52 del Reglamento que en absoluto las conclusiones de una
comisión de investigación tienen que ser vinculantes para los tribunales
ni afectarán a ningún tipo de resolución judicial. Por tanto, se trata de
realizar un trabajo político que en ningún otro sitio ni en ningún otro
momento puede tener lugar, excepto en esta Cámara.

De hecho, y está en el «Diario de Sesiones» de la Comisión mixta, el
diputado José Luis Centella, para demostrar que esto era así, hizo 23
preguntas que no pudieron ser contestadas por la señora presidenta del
Tribunal de Cuentas, con lo cual se demostraba que hace falta un trabajo
que no puede hacer la Comisión mixta, como se verá mañana; que no pueden
hacer, porque tienen otro ámbito, los tribunales de justicia y que sólo
puede hacer esta Cámara si no quiere hacer dejación de sus
responsabilidades políticas. Pensamos que es preciso despejar estas
responsabilidades. ¿Por qué no han de despejarse? ¿Qué es lo que ha
pasado aquí para que no se pueda elucidar la serie de responsabilidades
políticas que se deducen de un informe definitivo del Tribunal de Cuentas
que señala muy serias irregularidades que han relanzado, sin duda, un
debate o un escándalo social, me atrevería a decir, y que están generando
una polémica casi interminable? ¿Qué tipo de transición es la que no ha
terminado para que haya de nuevo un corte desde la amnesia política? ¿Por
qué razón? Nosotros, señorías, no lo comprendemos.

Nadie ha asumido la responsabilidad política en otros casos, que
conocemos en esta Cámara de sobra, que los tribunales han sentenciado, y
parece que es una especie de mala suerte para unos pocos que asumen la
sentencia, e incluso la cárcel, desde un cierto y mal encajado, por así
decirlo, patriotismo de partido. Esta vez sí tendríamos que ver aquí las
responsabilidades políticas y olvidarnos de otros ámbitos, tal como
señala el artículo 52 del Reglamento de la Cámara. Se pueden ampliar esas
veintitrés preguntas para demostrar que sólo aquí se puede investigar
este asunto. Por ejemplo, Telemundi: ¿por qué se pagaron 6.500 millones
en comisiones por razones de gestiones comerciales o por buscar
participantes en la Expo que en absoluto está justificado? ¿A quién se
pagaron? ¿Por qué esas cuentas se persiguen hoy en Suiza y en Holanda?
¿Por qué se hizo este contrato? ¿En función de qué justificación? Habría
que investigarlo, señorías, ¿sí o no?
El señor Betés, presidente de Agesa, ha dicho ante el escándalo social, y
ahí queda el titular sin contestación: la Expo se podría haber hecho tres
veces más barata. ¿Por qué no analizar los sobreprecios? ¿Por qué no
analizar políticamente esta especie de orgía de sobreprecios que se ha
producido? ¿Por qué no ven el 42 por ciento de asignaciones a dedo que
han hecho con respecto a la contratación? ¿Por qué no investigarlo
políticamente? No entendemos la negativa.




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Por ejemplo, señorías, don Alberto Cabello Pavón, ex director del
departamento de auditoría interna de la Expo 92, en julio de 1996 dijo
que en la Expo ha habido doble contabilidad y doble archivo de la
documentación. ¿Por qué no vamos a investigar llamando a este señor para
ver si esto es así o no? ¿Cuál es la razón de que políticamente no
podamos nosotros intentar despejar responsabilidades? No entendemos la
situación, señorías.

Por ejemplo, también, ¿por qué se han producido unas indemnizaciones
millonarias a una serie de cargos de la Expo 92, sin ninguna
justificación ni norma legal ni posiblemente fiscal que las ampare? ¿Está
justificado investigar esto si o no? Si es no ¿por qué razón no hay que
investigar esto desde el punto de vista de la responsabilidad política?
¿Por qué no investigar lo que ha denunciado el señor Olivencia, que ha
dicho que tenía una oposición irreconciliable con el señor Pellón de cara
a conocer las auditorías internas de la Expo, que no conocía nunca de
manos del señor Pellón y ni siquiera las conocía parcialmente? ¿Por qué
razón no analizamos esta situación que se ha denunciado públicamente y
que incluso figura en las alegaciones al informe provisional del Tribunal
de Cuentas? ¿Por qué no analizamos la propia constitución de Agesa? ¿Por
qué no se hicieron de inmediato las cuentas de la Expo y se dijo: esto se
ha perdido? El señor Betes dice que de cara al año 2000, teniendo en
cuenta la liquidación que ha de producirse, las pérdidas estarán en torno
a 160.000 millones de pesetas. ¿Por qué no investigamos entonces la causa
de que se sobrevalorarán los activos hasta una cantidad que roza el 90
por ciento de su valor real? ¿Por qué no investigamos esto desde el punto
de vista de la responsabilidad política? ¿Me quieren dar SS. SS. algún
tipo de explicación?
La explicación que se ha dado es que lo que pedimos es extemporáneo; es
decir, algo que está fuera del tiempo y de la actualidad. También nos ha
dicho otro portavoz autorizado del Partido Popular que hay que pasar
página ya con respecto a Filesa y a la Expo; se nos ha dicho también
esto. Titular bastante grueso, señorías, bastante difícil de tragar y de
explicar.

Nosotros pensamos que no tiene justificación que hoy, aquí, en este
momento, el Partido Popular y el Partido Socialista vayan a votar juntos
contra la creación de esta comisión de investigación. Y hay que ver lo
paradójicas que son las cosas, si el Partido Popular llega a votar con
Izquierda Unida sería la pinza, pero como el Partido Popular va a votar
con el partido Socialista Obrero Español se llama responsabilidad de
Estado. ¿Comprenden SS. SS. lo humorístico del caso? Pues bien, no es una
responsabilidad de Estado, es una pinza de Estado por razones que no
conocemos la que se constituye aquí para que este Parlamento sea
puenteado y pierda autoridad de cara a una investigación que está
suscitando un gran escándalo social.

Las propias declaraciones, tanto del PSOE como del Partido Popular, y voy
terminando, señor presidente, nos dejan ver que no se tienen en pie las
argumentaciones en contra de la constitución de esta comisión de
investigación. El Partido Socialista ha dicho: reto a alguien que pueda
demostrar que el PSOE se ha llevado una peseta. Pues bien, si esto es
así, déjennos investigar ¿o es que hay miedo? Déjennos que este
Parlamento, a través de la creación de esta comisión, investigue las
cuentas de la Expo desde el punto de vista de la responsabilidad
política.

El PSOE ha intentado decirnos que la Expo se creó como locomotora de
Andalucía; esto lo ha dicho tanto el señor González como el señor Pellón.

En la última encuesta de población activa el paro en Andalucía está en el
32,6 por ciento.

Se nos ha dicho también, señor González, que la Expo era una excusa
inmejorable para realizar inversiones que, si no, no se hubiesen hecho de
ninguna manera. No es cierto. Se han concentrado las inversiones hasta el
año 2000 fundamentalmente en los años 1991 y 1992, y a las pruebas me
remito con datos oficiales. En 1995, por ejemplo, Sevilla, a la que
siempre se refieren SS. SS. del Partido Socialista, ha pagado en todo
tipo de impuestos, directos e indirectos, en 1995 y 1996, 330.000
millones cada año. Las inversiones cerradas para el año 1995 son de
11.000 millones y para el año 1996 de 12.000 millones. Se están
comprimiendo en 1991 y 1992 las inversiones y reduciendo muchísimo, con
respecto a lo que está aportando Andalucía en su conjunto, estas
inversiones de cara al año 2000.

También se nos ha dicho que investigar la Expo es tanto o más que
perjudicar y desconfiar de Andalucía. No, señorías; que nadie se envuelva
en la bandera de Andalucía para intentar impedir una investigación que
nosotros pensamos que está justificada. Incluso un miembro del Partido
Popular ha llegado a decir una frase absolutamente estomagante del
Partido Andalucista; ha dicho que criticar la Expo es dárselo calentito a
los catalanes. Una frase viscosa.

Desde ese punto de vista pensamos que otra serie de cosas que ha dicho el
Partido Socialista siguen justificando esta creación. Si el Partido
Socialista dice que no se puede quitar a Olivencia de la posible
responsabilidad, si el Partido Socialista dice que el señor Arenas ha
hecho pingües negocios en la Expo de 1992, tanto más razón para que
investiguemos las cuentas de la Exposición de 1992.

El Partido Popular, desde luego, no tiene ningún tipo de justificación,
un Partido Popular que dijo que iba a apoyar la creación de esta comisión
de investigación y que de golpe y porrazo cambia el sentido de la cosas y
dice que es extemporánea y que hay que pasar la página, con un señor
Pujol que constantemente saca la tapadera cada vez que ocurre un caso de
estos para tapar lo que no huele excesivamente bien.

Señores del Partido Popular, me permitirán SS. SS. que les diga que se
pasan el día dándole bofetadas a la página de la historia --hay que pasar
esta página, hay



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que pasar la otra--, seguramente por la teoría que el señor Serra
esgrimió en la Comisión de Defensa. El señor Serra dijo que la transición
había terminado con el ascenso al poder del señor Aznar, por tanto, que
cabían nuevas amnesias, nuevas amnistías, nuevos cortes epistemológicos
entre el pasado y el presente de esta democracia.

En función de eso, en este país hay un olor tremendo a punto final con
respecto a temas de enorme importancia, punto final que nosotros no vamos
a suscribir en ningún caso, pero que empieza a aparecer en esta emergente
pinza de Estado que ustedes hoy aquí, PSOE-Partido Popular, están
inaugurando.

No pedimos nada extraordinario. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Silencio, señorías.

Vaya terminando, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Crear una comisión de investigación es algo muy
normal para cualquier asunto de interés público, según dice el artículo
52 del Reglamento. Por tanto, les ruego a SS. SS. que nos expliquen,
desde el Partido Popular, desde Convergència i Unió y desde el Partido
Socialista Obrero Español, por qué razón no se crea la que pedimos, por
qué razón nos salimos de la normalidad. Ustedes mismos acaban de
presentar la petición de creación de una comisión de Investigación para
analizar la compra del grupo Enersis en Chile, y es un tema de menor
interés público, se conoce mucho menos, casi no se conoce públicamente
hablando; sin embargo, han presentado ustedes la creación de esa comisión
de investigación que yo me atrevo a decir que nosotros, desde Izquierda
Unida, posiblemente apoyemos, como siempre venimos apoyando toda
investigación que se realice en función de la necesidad de cómo se emplea
el protagonismo público de esta Cámara, de enorme importancia para el
país.

Señorías, no estamos de acuerdo con la posición del Partido Popular. Nos
parece que han frustrado muchas expectativas y han roto su propia
palabra, palabra que incluso han empleado públicamente. Desde ese punto
de vista ustedes tendrán que explicar esta razón extemporánea y esta
nueva pasada de página que están anunciando aquí. No están pasando
ustedes página, señores del Partido Popular, están ustedes rompiendo el
libro. ¿Hasta cuándo este otoño patético? ¿Empezamos de nuevo la
democracia? ¿No terminó la transición? ¿Se acuerdan ustedes de los
compromisos de regeneración ética y política que hicieron durante toda la
legislatura anterior y durante la campaña electoral? ¿Por qué se ha
olvidado esto? Les ruego que nos lo expliquen, señores del Partido
Popular.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Alcaraz.

¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y
señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a ser la de votar negativamente a la propuesta
de creación de una comisión de investigación presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario
Mixto, y ello por dos motivos principales. Me explicaré.

En primer lugar, porque nuestro grupo parlamentario entiende que, en el
caso de que prosperara esta iniciativa de aprobar la creación de una
comisión de investigación sobre la Exposición Universal de Sevilla del
año 1992, significaría, entre otras cosas, fiscalizar, investigar y
enmendar el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas, que ya ha
fiscalizado alguna de las sociedades. En segundo lugar, entendemos que,
en el caso de que prosperara esta iniciativa, degradaríamos, con los
votos favorables a la creación de dicha comisión, al Tribunal de Cuentas
como institución, de acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica del año
1982, del mes de mayo, relativa al Tribunal de Cuentas, donde queda
explícitamente definido que el supremo órgano fiscalizador de las
cuentas, de la gestión económica del Estado y del sector público, es
única y exclusivamente el Tribunal de Cuentas.

Por estos motivos nuestro grupo parlamentario entiende que no procede
investigar lo que ya ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas. Ya se ha
debatido y se seguirá debatiendo en profundidad en la Comisión Mixta
Congreso-Senado todo aquello relacionado con el Tribunal de Cuentas. Lo
que sí procede, a nuestro entender, es pedir ampliaciones y aclaraciones
en esa Comisión Mixta sobre aspectos no fiscalizados por el Tribunal de
Cuentas que, a criterio de los diferentes grupos parlamentarios, no hayan
quedado suficientemente explicitadas y poderlos conocer mejor.

Les adelanto, señoras y señores diputados, que nuestro grupo
parlamentario va a solicitar mañana, en la reunión de la Comisión Mixta,
una serie de aclaraciones respecto a la sociedad Telemundi, así como
proponer en votación que sea fiscalizada la sociedad Agesa desde finales
de 1992 --que como saben SS. SS. perfectamente es la sociedad
continuadora de la Expo 92, que cambió de denominación y objetivos--, con
el fin de obtener, con esa fiscalización de Agesa desde los años 1993 a
1996, la fotografía definitiva de cuáles son los estados financieros de
la Exposición Universal a 30 de diciembre de 1996.

Señoras y señores diputados, hay también un aspecto importante que
refuerza nuestro voto negativo a dicha iniciativa y es que dicho informe,
realizado por el



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Tribunal de Cuentas, ya está en poder de los tribunales, concretamente en
la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Delitos Monetarios. Alguno de
estos juzgados ya ha empezado a trabajar y a realizar actuaciones
recientemente. El fiscal jefe anticorrupción ha solicitado diferentes
comparecencias como consecuencia de una posible comisión de delitos, como
apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos.

Asimismo hemos podido constatar, a través de los diferentes medios de
comunicación, que dicho juez ha solicitado sendos informes periciales y
el nombramiento de tres interventores judiciales para que, en función del
informe que ya está en poder del juzgado, poder
realizar dictámenes sobre once aspectos, de los que, para no
extenderme en la intervención, solamente destacaré dos: los informes
solicitados a instancia del juez relacionados con las comisiones cobradas
por la empresa Telemundi y las dos comisiones rogatorias --una en Suiza y
otra en Holanda-- sobre los fondos y las cuentas corrientes de la
sociedad Telemundi AG y Telemundi de Europa BV.

Por estas dos cuestiones principalmente nuestro grupo parlamentario
entiende que no procede investigar un asunto que está perfectamente
fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, que no deja de ser el órgano
supremo fiscalizador de todas las cuentas del Estado. Entendemos también
que no procede investigar esta cuestión porque es tradición en nuestro
Grupo Parlamentario, señor Alcaraz, no porque el señor Pujol intente
tapar absolutamente nada. Entiendo que quizá su frustración personal
debido a esta iniciativa no prospere, al no funcionar en este caso
concreto la pinza con otros aliados parlamentarios, ha hecho que usted
meta en esta cuestión al señor Pujol. El señor Pujol, así como otros
líderes de la Coalición, sí ha
tenido que ver con la gobernabilidad del Estado a través de los
diferentes pactos parlamentarios, pero
no tiene nada que ver con este aspecto. Lamento que hoy, ante la
frustración de S. S. porque no vaya a prosperar esta iniciativa, le meta,
repito, en esta cuestión.

De todas formas, señor Alcaraz, señoras y señores diputados, no me
gustaría terminar esta intervención sin manifestar nuestra profunda
decepción porque, a pesar de que el objetivo principal de la constitución
y realización de la Expo 92, que era la elaboración de la Exposición
Sevilla 92, se cumplió con éxito brillante, bastamente, una vez conocido
cómo se llegó al cumplimiento de ese objetivo: los errores en las
previsiones de ingresos, las desviaciones en un 60 por ciento de los
costes de las inversiones, las comisiones excesivas y sin justificación,
las contrataciones directas, las indemnizaciones millonarias e
innecesarias, las pérdidas de miles de millones, en definitiva, las
conclusiones que ha remitido a esta Cámara el Tribunal de Cuentas, que
son una prueba de una gestión poco eficiente y poco profesional, llegamos
a la triste conclusión de que se manejaron los fondos públicos en la
Exposición 92 con excesiva alegría.

Por todas estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario va a votar
negativamente la iniciativa presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida y por el Grupo Mixto.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor presidente, señoras diputadas y señores
diputados, cuando uno sube a esta tribuna para manifestarse sobre la
creación de una comisión de investigación como la que propone Izquierda
Unida en la Cámara en este momento, tiene la sensación de que repite algo
ya hecho en otras ocasiones; uno tiene la impresión de que los
socialistas estamos todavía en el Gobierno, sobre todo si cuando mira al
banco azul no ve a ningún ministro; uno podría tener esa imagen de que en
este momento estamos repitiendo algo que ya se ha hecho. Evidentemente,
cuando uno lo piensa mejor sabe que el que está en el Gobierno, en el
banco azul, es el Partido Popular. Y es en este momento cuando se tiene
que hacer políticamente la reflexión de que lamentablemente estamos
terminando el año como lo empezamos, señores del Grupo Popular, señor
presidente; que lo estamos haciendo con una estrategia del Gobierno en la
que se fomenta la crispación, y en esa estrategia es en la que ustedes,
señores de Izquierda Unida, caen a veces. Ese es el problema.

Señor Alcaraz y señores del Grupo Popular, quiero decirles algo muy
importante.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Gimeno, el debate
se produce a través de la Presidencia, no directamente de diputado a
diputado; le recuerdo el Reglamento.




El señor GIMENO MARIN: Perfectamente, señor presidente.

En mi opinión, hoy parece que lo que discutimos también son las reglas
del juego democrático, porque asistimos a algo que se ha repetido en
distintas ocasiones; asistimos a una especie de serial en el que, en
ocasiones, se filtran determinadas informaciones del Tribunal de Cuentas,
y siempre hay alguien que presta su entusiasmado apoyo parlamentario, y
siempre ocurren los mismos hechos. Luego nadie ha filtrado el informe y,
conforme pasa el tiempo, aparecen muchas voces. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor
Gimeno.




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Señor Vázquez, no es necesario que la Presidencia observe su presencia
hoy. Guarde silencio, por favor. Muchas gracias.

Puede continuar, señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor presidente.

Asistimos a algo que se repite, y algunos pensábamos ingenuamente que el
Gobierno se dedicaría a gobernar y la oposición a ser la oposición del
Gobierno, pero, mira por donde, el Gobierno hace de oposición de la
oposición en múltiples ocasiones y, a veces, parte de la oposición hace
de oposición de la oposición, y eso es lo que creo que no preocupa a su
propuesta de comisión de investigación, sino que trastoca el
funcionamiento democrático de lo que debe ser esta Cámara. Ese es el
planteamiento y, fíjese, siempre coincide: filtraciones, denuncias
judiciales, iniciativas parlamentarias y, al final, pasa lo que pasa: hoy
debatimos en este Pleno lo que en otras ocasiones se debatía de otra
forma y que en esta ocasión yo creo que no debería debatirse. Creo que
todavía tienen ustedes la oportunidad de retirar su propuesta.

Señor Alcaraz, no venga aquí a decir que hay un acuerdo del PP con el
PSOE. ¿Usted se lo cree de verdad? ¿Se cree alguien que exista un acuerdo
del PP con el PSOE? Es imposible; sólo se lo pueden creer algunos de
ustedes, porque lo que existe, les guste a ustedes o no les guste, con
ingenuidad o no, es una coincidencia de una estrategia política en la que
ustedes caen. Ese es el problema que se plantea. Si antes no tenía ningún
sentido la pinza a la que hacían ustedes referencia, ninguno; si antes la
pinza entre ustedes y el Partido Popular contra los socialistas no tenía
ningún sentido, hoy sería un absurdo.

Pero es que, a veces, las imágenes valen más que muchas palabras, y la
imagen de lo que aquí se ve, de lo que se ve en esta Cámara hace pensar
que esa pinza entre ustedes y el PP existe en cuanto a la estrategia
política del PP; es cierto, y le digo que no nos preocupa en absoluto el
tema de la comisión de investigación tal como lo plantea usted. Fíjese,
el Grupo Socialista quiere que se aclare en profundidad --y ahora mucho
más-- lo que ha sido la gestión de la Expo, pero con una diferencia:
nosotros seguimos confiando en los gestores y ustedes sueñan con cosas
raras que no se deducen de los informes que se tienen hoy. Políticamente
no tiene sentido una comisión de investigación de la Expo; digan lo que
digan, no tiene sentido. Por cierto, no es la primera vez que se vota en
una Cámara en España una comisión de investigación de la Expo. Ya se votó
en el Parlamento andaluz una comisión de investigación de la Expo y salió
con los votos de Izquierda Unida y del Grupo Popular. ¿Y saben ustedes
por qué creemos que no tiene sentido? Fundamentalmente por razones
políticas. No compare usted una comisión de investigación con otra de las
que ha planteado antes; no tiene nada que ver. Una comisión de
investigación sólo tiene sentido como instrumento de control al Gobierno;
no tiene otro. Léase usted lo que dicen todos los tratadistas sobre este
asunto. Si es un debate ya muy manido; si la realidad es ésa.

Fíjese, en esa comisión de investigación que ustedes plantean --le voy a
dar más razones-- no tendrían más información de la que se tiene hoy,
información que es bastante exhaustiva: la que presenta el Tribunal de
Cuentas y la que sin duda va a circular por los tribunales y por los
juzgados, sin ningún tipo de dudas. Pero no es por eso por lo que decimos
que no a una comisión de investigación, que comisiones de investigación
sobre este tema ya le he dicho que ha habido en el Parlamento de
Andalucía, lo que pasa es que ustedes quieren que se digan cosas que no
se dicen ni siquiera en el informe del Tribunal de Cuentas, ni siquiera
en los juzgados. Por cierto, como sin duda sabe S. S., la Fiscalía forma
parte del Tribunal de Cuentas, y sabe que no ha estimado la conveniencia
de ningún procedimiento jurídico-penal. Lo que sí hay, como ha informado
la presidenta del Tribunal de Cuentas, es una valoración distinta sobre
las pérdidas contables de la Expo, y ahí sólo tenemos que defender la
opinión que hemos mantenido por una razón muy simple, porque el Tribunal
de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador, de acuerdo con nuestra
Constitución, y no nos queda otro remedio a todos los grupos de esta
Cámara que aceptar esa decisión, no tenemos otra posibilidad. (Aplausos.)
Señor presidente, ¿qué sentido político tiene investigar unos hechos que
ocurrieron de 1985 a 1992, con unos gobiernos de un partido que hoy está
en la oposición; hechos que han sido investigados y debatidos hasta la
saciedad también en esta Cámara y ante la opinión pública, y que han dado
lugar a comisiones de investigación en otros parlamentos, fiscalizaciones
del Tribunal de Cuentas, actuaciones judiciales, etcétera?
Traduciendo al lenguaje parlamentario algunas de las cosas que se han
dicho estos días en los medios de comunicación diré: señores de Izquierda
Unida, reflexionen; el señor González ya no es presidente del Gobierno;
los socialistas no estamos en el Gobierno, ni siquiera el señor González
es presidente del Grupo Socialista; reflexionen, porque su estrategia
política no la puede entender nadie, ya que estamos hablando
políticamente. Al Grupo Socialista no le preocupa que se investigue en
profundidad, pero hoy hablamos políticamente desde esta tribuna.

Les digo algo muy simple: léanse lo que dicen los tratadistas políticos
sobre este tema de la comisión de investigación, es un instrumento de
control al Gobierno, no sólo para información general; información
general, sí, pero para controlar al Gobierno. Esto está dicho ya por
todos los sitios, en todos los debates y en todos los manuales de Derecho
político.

Les voy a decir algo que creo es importante, porque aquí el debate es más
profundo que lo que es la comisión



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de investigación. Señor presidente, en mi opinión, lo que se está
cuestionando aquí es al Tribunal de Cuentas. Repitiendo y parafraseando
una expresión que se ha hecho popular en esta Cámara, pero de otra forma:
manda narices que los socialistas tengamos que venir a esta Cámara a
defender un informe del Tribunal de Cuentas que ha sido utilizado para
calumniarnos, y que tengamos que defender al Tribunal de Cuentas. ¡Tiene
narices la cosa!
El problema es muy grave porque hay grupos en esta Cámara, y entre ellos
el Grupo Popular, que están poniendo en cuestión la independencia
técnica, el carácter suficiente de la información que el Tribunal
suministra a las Cortes Generales y la propia posición de supremacía
garantizada constitucionalmente al Tribunal de Cuentas. Y esa posición
que ha sido manifestada por la Mesa de esta Cámara a través de un informe
de la Secretaría General del Congreso de los Diputados se está poniendo
en cuestión en el debate de hoy en este Pleno. El Grupo Parlamentario
Popular, señor Alcaraz, da la sensación de que hoy vota que no a la
Comisión de Investigación, pero léase usted las propuestas de resolución
que presenta mañana en la Comisión del Tribunal de Cuentas, léaselas
usted para saber la estrategia de ese grupo parlamentario.

Permítame que le diga, señor presidente, y se lo traslado a la Mesa, que
podemos asistir a una auténtica vergüenza parlamentaria, y podemos
asistir a ella si la Presidencia y la Mesa de esta Cámara o la mayoría de
la misma no lo impide. Y lo digo no por el debate de la comisión de
investigación, que no tiene nada que ver con este problema, sino por un
problema de inconstitucionalidad. Este debate es un debate falso. El
Grupo Popular ha dicho que va a votar en contra de la comisión, pero hace
propuestas a esta Cámara que pretenden violentar la voluntad y la
independencia del Tribunal de Cuentas.

Le señalo una perla, señor presidente, porque al final la responsable es
esta Cámara y su Mesa. Por ejemplo, mañana el Grupo Popular viene a esta
Cámara a proponer nada más y nada menos que el Tribunal de Cuentas
reconsidere su posición sobre si existe delito penal. (Rumores.) Eso es
lo que viene a proponer a esta Cámara un partido que sostiene al
Gobierno, y eso es insostenible, no es admisible porque es
inconstitucional, es cuestionar un fundamento básico del ordenamiento
constitucional que es nuestro Tribunal de Cuentas. (Aplausos.)
Les diré más. No sólo plantean eso ustedes, sino que propugnan que los
Servicios Jurídicos del Estado, que igual que la Fiscalía están en el
Tribunal de Cuentas, exijan responsabilidades civiles a gestores de la
Expo. Pero si están los Servicios Jurídicos del Estado, que actúan con
auténtica independencia técnica, dentro del Tribunal, no pueden ustedes
demandar al Tribunal de Cuentas que reconsideren su posición, no pueden
hacerlo desde el punto de vista constitucional; ni pueden pedirle al
Tribunal de Cuentas lo que le solicitan mañana en la Comisión Mixta.

¿Saben ustedes qué es lo que le piden? Que vengan a esta Cámara
relaciones de particulares y de empresas privadas que han percibido
ingresos en los contratos con la Expo. Eso es imposible.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Gimeno, estamos
tratando una propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre una
comisión de investigación, no sobre lo que va a suceder mañana en una
Comisión. (Rumores.) Aténgase, por tanto, al objeto del debate y vaya
terminando.




El señor GIMENO MARIN: Sí, señor presidente y voy terminando. La
intervención era sobre un problema de fondo que existe en el debate que
se está produciendo. En un debate y en una estrategia que se marca, que
eleva la crispación política y que pone en cuestión el funcionamiento
democrático en esta Cámara. La forma de tratar este debate es por un
planteamiento muy sencillo que le digo al portavoz de Izquierda Unida:
rectifiquen, porque los progresistas de este país no entienden lo que
hacen ustedes. (Rumores.) No lo entienden, se lo digo de verdad. En
cualquier caso, bajo su responsabilidad, no hagan de tontos útiles de una
estrategia que se marca desde los bancos de la derecha.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--El señor Alcaraz Masats
pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gimeno.

Señor Alcaraz ¿a qué efectos solicita la palabra?



El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, para cuando corresponda, ahora
o después, de acuerdo con el artículo 73, le pediría un turno de réplica
porque la intervención ha sido en contra y en torno a diez veces se ha
referido a este portavoz por su nombre. En último lugar, quiero decir que
eso de tonto me parece una referencia que no vamos a admitir sin
contestar, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Alcaraz, citarle
no comporta la réplica pero, obviamente, ha sido replicado en alguno de
sus argumentos. Para eso exclusivamente, tiene tres minutos.




El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.

No hay que ponerse dramático, señor Gimeno. No está en juego la
democracia como usted ha dicho. Es más, debates como éste hoy aquí,
vivos, son los que recuperan la democracia y regeneran la ética civil de
este país, que está en entredicho. La transición terminó



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en 1976 o 1977 y allí se produjo la amnesia y la amnistía. Ya no hay más
amnesia, ya no hay más amnistías posibles.

También siento mucho, señor Gimeno, que no haya salido un andaluz a
defender las posiciones que usted ha defendido allí gallardamente.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.




El señor ALCARAZ MASATS: Lo siento, porque el señor González y otros
representantes del Partido Socialista han intentado envolverse en la
bandera andaluza para procurar parar esta investigación, cosa que, con la
ayuda del Partido Popular, van a conseguir en este acto parlamentario de
hoy.

En primer lugar, señor Gimeno, es cierto que el PSOE ya no está en el
poder en el Estado español; en Andalucía, sí. (Rumores.) En segundo
lugar, usted dice que las comisiones de investigación sólo se crean para
investigar a quien está gobernando. ¿Recuerda que tanto usted, señor
Gimeno, como yo hemos participado en una comisión de investigación sobre
la financiación de los partidos políticos? ¿Usted no sabe que el artículo
52 del Reglamento de esta Cámara dice que se puede crear con respecto a
cualquier tema de interés público? En tercer lugar, usted ha dicho que se
va a investigar la fecha 1985-92 y que esa fecha ya ha pasado. No, señor.

Se creó Agesa y la crearon ustedes. Agesa tendrá que estar pagando dinero
hasta el año 2000 y Agesa ha dicho que por una serie de irregularidades,
esa Expo que costó el triple de lo previsto y el triple de lo regular,
tendrá que pagar en torno a 160.000 millones de pesetas hasta el año
2000. Luego no ha prescrito nada, no ha pasado ninguna página, ni hay que
quitar ninguna hoja más a un libro bastante deteriorado en cuanto a los
programas de regeneración que se anunciaron, señor Gimeno.

Usted traía una intervención preparada para el caso de que el Grupo
Popular apoyara a Izquierda Unida. (Rumores.) Así la traía usted
preparada y de pronto se sube usted a la tribuna y trata de cambiarla
sobre la marcha, intentando poner a Izquierda Unida junto al Partido
Popular, ¡Claro, como en la OTAN! ¡Claro, como en la reforma laboral.

¡Venga, por Dios! Ustedes tienen más medios de comunicación que nosotros
y eso de la pinza lo explayan ustedes, pero hoy la pinza la están
formando ustedes junto al Grupo Popular. (Rumores.--Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Voy a seguir hablando,
señor presidente, no tema usted que me atore ni me atranque, a pesar de
que me están interrumpiendo constantemente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Sólo en el tiempo que
le ha concedido el señor presidente, del que ya se está pasando en 18
segundos.

El señor ALCARAZ MASATS: Pero descuénteme los segundos que me están
frenando, señor presidente. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Adelante, señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Y usted acaba de dar otro argumento, señor
Gimeno, un argumento de fondo con respecto a la técnica de investigación
y con respecto a lo que es el sistema procedimental del Tribunal de
Cuentas y, consecuentemente, de la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas. Usted ha dicho: ¿Cómo puede el Tribunal de Cuentas investigar
las cosas que ustedes están pidiendo en las resoluciones? Y tiene razón
el señor Gimeno. Nosotros hicimos 23 preguntas en la Comisión Mixta y nos
dijo la señora presidenta: Esto no es posible elucidarlo aquí, esto
necesita otro foro. Y así va a pasar mañana porque efectivamente tiene
usted razón, sólo en una comisión de investigación como la que ustedes
han pedido para analizar la compra de Enersis por Endesa se pueden
investigar ciertas cuestiones y llevarlas al tema de las
responsabilidades políticas.

Por tanto, señor Gimeno, no ha dado ni un solo argumento, su único
argumento ha sido el tono exaltado y nervioso. (Rumores.--Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Alcaraz.

Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Alcaraz, de nervioso nada. Digo que de nervioso nada y que, por
supuesto, me he preparado la intervención, aunque no he dicho todo lo que
tenía preparado, eso es verdad. Sin embargo, por lo que usted ha venido
diciendo le quiero indicar varias cosas. Ya noto dónde le duele el pie.

Ya veo que lo que le preocupa es la mayoría andaluza, ya lo he visto. Ya
he visto que por ahí le dolía y que, de alguna manera, justificaba la
comisión de investigación porque los socialistas gobernamos en Andalucía.

Ese es un argumento que ha dado, pero yo creo que es erróneo. (Rumores.)
Sí, ha dicho usted que los socialistas todavía gobernamos en Andalucía y
es verdad (La señora López i Chamosa: ¡Y por muchos años!), pero para mí
ése no es argumento suficiente. Además, me plantea otro tema y lo compara
con otras comisiones de investigaciones, alguna que fue presidida por
quien ahora preside la Cámara, como la Comisión de investigación y de
estudio --perdón, formaba parte de la Comisión aunque no la presidía-- de
la financiación de los partidos políticos. Fíjense ustedes, los
socialistas estábamos en el Gobierno y aunque este tema afectaba a
elementos



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fundamentales del funcionamiento democrático, aquella Comisión, de alguna
manera también pretendía hacer propuestas a la Cámara y al Gobierno sobre
temas fundamentales del funcionamiento del sistema. Sin embargo, repito,
no tenía nada que ver con ésta.

Pero aún le diré más. Se puede hacer y nos quiere comparar con otra
comisión de investigación que se plantea, y le vuelvo a insistir en que
el que está en el Gobierno es el Partido Popular. Eso es evidente y
obvio, aunque el Partido Popular en sus estrategias, a veces parece que
quiere hacer de oposición de la oposición. (Rumores.) Y no tiene nada que
ver esa comisión de investigación con ésta, pero le diré más. Incluso
cuando el Reglamento de la Cámara o la Constitución establecen la
posibilidad de comisiones de investigación sobre asuntos de interés
público general, los estudiosos dicen que es para mejorar la información,
pero también dicen a continuación que las comisiones de investigación
están para controlar al Gobierno y que existen también comisiones de
estudio y otras comisiones para tener más información. (Rumores.) Y se
las podría citar. Señor presidente, si me lo permite le empiezo a citar a
catedráticos que hablan de este tema, luego se lo facilito, de verdad,
señor Alcaraz, que lo tengo aquí pero no quiero entretener a sus
señorías.

Señor Alcaraz, el problema vuelve a ser que la imagen que ustedes dan con
este tipo de propuestas, cuando los socialistas no estamos en el
Gobierno, les guste o no les guste, es la de que participan en una
estrategia que no es de ustedes, es la estrategia de los bancos de la
derecha. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gimeno.

Señor Ollero, el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) ha
solicitado a la Presidencia poder intervenir porque en el momento del
turno de fijación de posiciones estaba ausente, pero si usted desea
intervenir ahora, le concedería la palabra. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señor
Ollero, por dejarme el turno.

La verdad es que desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), hemos estudiado este tema con la imparcialidad que nos
puede dar el hecho de que vayamos a examinar, a analizar un informe del
Tribunal de Cuentas como lo hacemos con todos los informes del Tribunal
de Cuentas, y porque creemos que, además, esto no es un debate ni una
polémica sobre ninguna región en concreto, sino que estamos hablando de
un tema que para nosotros es de Estado como fue la Exposición Universal
de Sevilla del año 1992, y, desde luego, después de todo lo que hemos
visto, hemos oído y hemos analizado, mi grupo parlamentario está de
acuerdo en que la mejor fórmula para llegar al conocimiento de la
realidad es una comisión de investigación.

A la vista del informe que conocemos del Tribunal de Cuentas, a la vista
de las irregularidades sobre la gestión de las sociedades estatales
creadas con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, la
conclusión más benévola que podemos sacar es que no se utilizaron
adecuadamente los fondos públicos dedicados a este acontecimiento.

En ese caso, ¿por qué está justificada una comisión de investigación?
Esta reflexión la hemos hecho en innumerables ocasiones, cada vez que en
esta Cámara se han presentado solicitudes en el sentido de crear una
comisión de investigación, y salvo el hecho de que
sean para asuntos de interés público, como establece el artículo 52
del Reglamento del Congreso, el resto de los razonamientos son
consecuencia de la trascendencia política de los hechos que se han puesto
de manifiesto. En este caso a través de un documento tan importante, un
documento tan trascendental para este Parlamento como es o debe de ser
por lo menos un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que,
desde luego, no es infalible, pero sí es el instrumento con el que nos
hemos dotado para controlar la administración correcta de los dineros
públicos, y, por tanto, sus informes deben ser el apoyo para la toma de
decisiones en el ámbito de este Parlamento.

Por tanto, partiendo de la fiabilidad razonable de los informes de
fiscalización del Tribunal de Cuentas, que por lo menos para mi grupo
parlamentario la tienen, llegamos a la conclusión en el caso de las
sociedades públicas del V Centenario de que al menos existieron
irregularidades en la gestión del dinero público destinado a este evento.

Por citar algunos de los hechos más significativos, se observa en primer
lugar que a la finalización de la Exposición Universal de Sevilla no se
adoptó la decisión de disolver las sociedades de acuerdo con sus
estatutos de constitución. En segundo lugar, la mala gestión
económico-financiera ha ocasionado mayores pérdidas, es decir, se ha
necesitado más dinero público que el que hubiese sido necesario de haber
gestionado las empresas públicas con criterios de rigor, trasparencia y
legalidad. En tercer lugar, de las actuaciones irregulares de sus
gestores, al margen de que hayan sido premeditadas o no --no nos metemos
en eso--, se desprenden consecuencias negativas para las cuentas del
Estado en contraposición a la rentabilidad que ha supuesto para algunos
particulares, suministradores, entidades financieras y para ciertas
personas de estas empresas. Finalmente, nos encontramos con activos
sobrevalorados, desvíos en las inversiones de hasta un 135 por ciento de
lo presupuestado, comisiones pagadas sin soportes documentales,
contrataciones irregulares de personal, pago de sobresueldos e
indemnizaciones al margen de la normativa laboral vigente, contratos de
suministros y servicios adjudicados sin concurso público y un largo
etcétera.




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Si repasamos las declaraciones de los diversos representantes del
Gobierno y de los grupos parlamentarios y vemos las intervenciones en las
dos sesiones celebradas en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas,
incluso en la sesión de hoy, nadie puede dudar de que la gran mayoría
hemos criticado con dureza e indignación estos hechos puestos de
manifiesto en los informes de fiscalización.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), entendemos que no es
suficiente denunciar los hechos y pasar página porque no beneficia al
sistema democrático ni da respuesta al derecho de los ciudadanos a
conocer la verdad de lo ocurrido. Los ciudadanos tienen el derecho a
conocer cómo se han administrado los dineros públicos manejados por los
administradores de la Expo Universal, tienen el derecho a conocer si han
existido comportamientos delictivos o responsabilidades políticas. Este
derecho no podemos negarlo ni ocultarlo ni desviarlo hacia soluciones
para salir del paso por algún interés partidista; tampoco vale alegar que
ya se está investigando desde el ámbito judicial. No es nuestra
competencia la vía civil o penal; tampoco es excluyente, como ha quedado
patente en otros casos similares en los que han convivido comisiones
parlamentarias de investigación y procesos judiciales sobre los mismos
hechos. En cualquier caso, no queremos una comisión de investigación para
analizar la actuación del Tribunal de Cuentas, ni siquiera nos interesa
discutir sobre la adecuada ejecución del estado de cuentas para saber si
el resultado contable es el que se desprende del informe de fiscalización
o puede ser otro si aplicamos criterios y principios contables
diferentes. No es tanto, en este caso, el que se haya perdido dinero en
un proyecto de la envergadura que supuso la Expo 92, que no se montó como
negocio aunque sí estaba previsto conseguir un resultado equilibrado. Lo
que nos preocupa es la no utilización rigurosa del dinero público, que se
hayan tenido que destinar muchos más recursos públicos de los que
hubiesen sido necesarios de haber gestionado con eficacia; que, además,
esta gestión se haya realizado en muchos casos al margen de la legalidad;
que se haya podido beneficiar premeditadamente a terceros; que lo que
debería de haberse liquidado en 1993 continúa creando déficit públicos,
valorados hasta el año 2000 en 160.000 millones de pesetas. Esto es lo
que verdaderamente nos preocupa, esto es lo que queremos que se
esclarezca. ¿Cómo se pueden esclarecer estos hechos? Desde luego, no
convirtiendo a la Comisión del Tribunal de Cuentas ni a ninguna otra
comisión permanente en ningún instrumento de investigación a través de
las comparecencias de personas relacionadas con estas sociedades
públicas. En este sentido, ya se ha manifestado la Secretaría General de
la Cámara, a través de su informe, dejando claro que no proceden
comparecencias en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas con objeto
distinto a una fiscalización. Por tanto, o se crea una comisión de
investigación que aclare los hechos o nos olvidamos de lo que ha pasado
hasta que se pronuncien los tribunales. Lo que no podemos hacer es
denunciar, acusar, utilizar políticamente el informe del Tribunal de
Cuentas y no querer llegar al fondo de la verdad desde el ámbito
político. Se puede alegar que, cumpliendo con la normativa reguladora
sobre el procedimiento de utilización de los informes de fiscalización,
habría que esperar a la finalización de los trámites parlamentarios con
las propuestas de resolución que apruebe la Comisión Mixta
Congreso-Senado, y lo vamos a hacer mañana. Esto no invalida este debate
ni desautoriza la competencia de la Comisión Mixta sino más bien refuerza
el criterio de los miembros de la Comisión para establecer sus propuestas
de resolución. Les puedo confirmar que mi grupo parlamentario ha
presentado seis propuestas de resolución a este informe de fiscalización
y una de ellas es proponer la creación de una comisión de investigación.

En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
coherente con lo que ha manifestado en ocasiones anteriores, apoyará
cualquier iniciativa parlamentaria que se dirija al esclarecimiento de
los hechos y al conocimiento de responsabilidades, y creemos que la
comisión de investigación que proponen los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida y Mixto es la más adecuada. En consecuencia, anunciamos
el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a la creación de esta
comisión de investigación.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Zabalía.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, la propuesta que hoy
viene aquí de creación de una comisión de investigación la entendemos
fundamentalmente como un mensaje, el mensaje de que hay que llegar hasta
el final en la investigación sobre la Expo, que hay que destapar todo lo
ocultado y que hay que conseguir que todos los ciudadanos sepan cuánto
costó la Expo, por qué, para qué y, en su caso, para quién. Es un mensaje
que nuestro grupo suscribe absolutamente y lo ha demostrado con los
hechos, porque en la propuesta de la creación de la comisión de
investigación se nos dice que, con motivo de unos datos publicados en
estos días --en buena parte consecuencia de la labor de nuestro grupo--
surge la necesidad de investigar parlamentariamente. Nosotros venimos
investigando parlamentariamente esto desde 1987, hace diez años. No se
nos ocurre ahora decir que es necesario investigarlo. Llevamos
investigándolo muchísimo tiempo. También el Grupo de Izquierda Unida
empezó a investigarlo en 1986, en que formuló su primera iniciativa.

Además, lo hemos investigado con



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continuidad, a diferencia del Grupo de Izquierda Unida. Nosotros venimos
presentando hasta un total de 345 iniciativas, más de nueve veces más que
las de Izquierda Unida, de manera ininterrumpida, desde el año 1987 hasta
éste. Cuando acabó la Expo, cuando hubo aquel debate de marzo de 1993
sobre Río Cocón con el señor Pellón, no nos plegamos y dijimos: hasta
aquí hemos llegado. Ese mismo año, en el debate de presupuestos, porque
sabíamos ya lo que era Agesa
--no lo hemos aprendido ahora-- llamamos a comparecer en la Comisión
de Presupuestos al presidente de Agesa y le hicimos decir que Agesa era
una sociedad estatal que tenía un presupuesto de 1.000 millones de
pesetas al año, 600 de ellos para personal, y que perdía 30.000 millones
de pesetas ese año. Le hicimos volver en 1994 a la Comisión de
Presupuestos. Ustedes no le llamaron; nosotros sí. Volvió y explicó que
esa sociedad, con 1.000 millones de presupuestos y 600 millones para
personal, había perdido 30.000 millones más. Hemos ido denunciando lo que
era Agesa año tras año en nuestra investigación parlamentaria. Nosotros
no tenemos que decir que vamos a crear una comisión de investigación
interna en el partido; la tenemos hace muchísimo tiempo y hemos echado
muchísimas horas de trabajo.

Desde su grupo se ha dicho en estos días que nos iban a hacer la prueba
del 9. ¿La prueba del 9? Nosotros hemos pasado la prueba del 90. Señor
Alcaraz, su grupo ha solicitado en estos 11 años, porque ustedes
empezaron en 1986, seis informes. Dele a la base de datos que está muy
bien instalada y a nuestra disposición. Nuestro grupo, 90. Y además nos
los hemos leído. Noventa informes leídos dan para mucho. Dan para que en
la comparecencia del señor Betés del otro día, que la pidió nuestro
grupo, no el suyo, nuestro grupo planteara 27 preguntas que hicieron que
en esa mañana se supiera más sobre la Expo que en los siete años
anteriores. Por ejemplo, esa mañana se enteró
S. S., que no lo sabía, que había costado 160.000 millones, dato que hoy
ha esgrimido aquí triunfalmente. Lo sabe porque nosotros llamamos al
señor Betés, al que S. S. no llamó. Y porque supimos hacerle las
preguntas que había que formularle, porque los informes los pedimos y los
leemos. Por tanto, aquí, de colgarse medallas, con calma, con
tranquilidad y por orden. No venga ahora a perdonarnos la vida, señor
Alcaraz. No es así.

Lo hemos hecho con continuidad, por tanto aquí no hay pacto ninguno. A mí
me hubiera gustado que S. S. hubiera planteado más iniciativas
parlamentarias sobre la Expo porque en los últimos años ha hecho tres, y
que hubiera estado el día de la comparecencia del señor Betés y le
hubiera preguntado, pero S. S. tenía otros compromisos parlamentarios y
no pudo estar. Fue una pena. El señor Centella demostró que había leído
los periódicos de esos días y lo hizo dignamente. (Risas.)
Si nosotros no apoyamos hoy esa comisión de investigación es por una
razón muy simple, señor Alcaraz: porque consideramos que no es la
iniciativa más eficaz para llegar hasta el final en el esclarecimiento de
la Expo. Así de fácil. Ese planteamiento suyo, muy de su grupo, de que
fuera de la comisión de investigación no hay salvación, no es así. No es
verdad que cabe la disyuntiva de una comisión de investigación u olvidar.

No vamos a olvidar. Nuestro problema es que esa solicitud que hemos hecho
para mañana, estas cuestiones que pedimos que se investiguen, señor
Alcaraz, no da tiempo para investigarlas en tres meses, porque ustedes
dicen aquí que la comisión de investigación funcione tres meses. Nuestro
grupo está por abrir todas las comisiones de investigación que hagan
falta, pero no está por una cosa. ¿Sabe S. S. por cuál? No está por
cerrar en falso ninguna comisión de investigación. Y una comisión de
investigación sobre la Expo en tres meses, con la que hay montada, se
cierra en falso. Sus señorías se hacen unas fotos, salen muy bien en la
televisión y se acabó. No llegamos al final porque para eso hace falta
contestar a lo que preguntamos aquí y en tres meses ni S. S. ni nadie
contesta a ello.

Vamos a pedir que se fiscalice Agesa y que el Tribunal de Cuentas actúe
ahora libre de las limitaciones que él mismo ha señalado en su
fiscalización anterior, porque el Tribunal de Cuentas no se encuentra en
este momento en la misma situación en que estaba en la fiscalización
anterior. Señor Alcaraz, tiene un archivo óptico reparado porque nuestro
grupo y no el suyo presentó una proposición no de ley en esta Cámara, la
cual se aprobó por unanimidad. Ese día hubo pinza con el PSOE. Fíjese que
cosas pasan en la vida, el PSOE votó a favor. Se va a encontrar unos
activos desinflados. El señor Betés ya ha dejado bien claro que los
activos están en los huesos. Se los va a encontrar perfecto para poder
enterarse de verdad de lo que hay ahí. Va a tener a su disposición a
Agesa y no le va a pasar lo que le sucedió la vez anterior, que preguntó
en Agesa por el que más sabía de las inversiones de la Expo y le dijeron
que estaba enfermo, y cuando los fiscalizadores se lo encontraron unos
días después y le preguntaron por su salud, el buen hombre puso cara de
asombro y dijo que disfrutaba de una salud de hierro y que nunca había
faltado de su despacho. Eso no le va a pasar ahora. Por tanto, va a poder
fiscalizar muy bien.

Señor Alcaraz, tiene usted razón en que es lamentable ver que haya
andaluces que se envuelven en la bandera de Andalucía para decirnos a S.

S., a mí y a tantos otros que hacemos esto porque se trata de Andalucía y
que si fuera Cataluña no lo haríamos, aunque no deja de ser sintomático,
y me lo reconocerá, que quien ha salido aquí a hablar por el Partido
Socialista no haya sido un andaluz. No hay andaluces en el Partido
Socialista que tengan cara para venir aquí a decir lo que dicen allí,
porque es una vergüenza. (Protestas.-



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-Aplausos) Por lo tanto, nos queda ese consuelo, que por lo menos ningún
paisano nuestro ha venido aquí a hacer el papelón, ninguno. (El señor
García-Arreciado Batanero: ¡Descarado!)
Por lo demás, contra las comisiones de investigación no tenemos
absolutamente nada y, desde luego, señor Gimeno, me preocupa que S. S.,
en presencia del señor Recoder, que es uno de los expertos que tenemos
sobre comisiones de investigación y que ha publicado cosas muy
interesantes sobre ello, diga y repita que los tratadistas aseguran que
las comisiones de investigación sirven sólo para controlar al Gobierno.

No diga S. S. disparates, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Ya
nuestra propia Constitución, que algo sabe de esto, dice que sirven para
cualquier tema de interés público, y si S. S. lee a cualquier tratadista
que tenga un poquito de idea enseguida se lo encontrará.

Puestos a investigar, yo he ido a la biblioteca y, por ejemplo, Ricardo
Medina Rubio, en su libro del año 1994 --un libro fresquito, lo tiene
usted ahí--, le explica perfectamente cuál es la función de las
comisiones de investigación y, desde luego, no se le ocurre decir que
sólo sirven para controlar al Gobierno. Eso es un perfecto disparate.

Hoy en día los tratadistas dicen que las comisiones de investigación
están perdiendo cada vez más su fuerza inicial como control del Gobierno
porque ya tenemos debates de investidura, la moción de confianza y la
moción de censura, y las comisiones de investigación ya no sirven para
eso. Ahora sirven para atraer la atención de la opinión pública. Y señor
Alcaraz, si usted justifica la petición de una comisión de investigación
porque resulta que la opinión pública ha tenido conocimiento de unos
datos, S. S. me está diciendo que no hace ninguna falta una comisión de
investigación porque la opinión pública está ya prevenida. Para eso sirve
una comisión de investigación, para que la opinión pública se entere de
algo que no sabía y se sobresalte con esas fotos, con esas
comparecencias, etcétera. Esa es la realidad. Lo difícil es mantener
abierta una comisión de investigación hasta llegar al final de la Expo, y
quien le habla algo sabe de ese asunto porque ha trabajado sobre el
particular, en sólo tres meses.

La doctrina actual, la que alegremente citaba el señor Gimeno, me temo
que un poco de oídas, dice las siguientes cosas sobre las comisiones de
investigación. Por ejemplo, el señor Pérez Ugena --este es otro artículo
que tiene usted en la biblioteca-- dice sobre las comisiones de
investigación que han perdido los elementos que las identificaban como
instrumento de control parlamentario. Cuando se crean, su constatada
inutilidad ha vaciado en el día de hoy su contenido; su constatada
inutilidad. Eso es lo que nuestro grupo no quiere, que desprestigiemos a
esta Cámara generando en los ciudadanos unas expectativas que se van a
ver absolutamente defraudadas, porque nosotros, en serio, no podemos
decir que esto que pedimos aquí lo podemos hacer en una comisión de
investigación en tres meses. No es verdad, ni tenemos los medios para
hacerlo ni tenemos en ese tiempo posibilidad de llegar al final.

En el mismo artículo que le citaba, analizando comisiones de
investigación recientes de esta Cámara, porque el artículo es reciente,
se dice que los grupos parlamentarios han pactado que se haga una especie
de levantamiento de acta de sus trabajos al haberse renunciado a emitir
conclusiones, dado el fracaso que supuso la ronda de comparecencias. Las
comparecencias --dicen los tratadistas-- no sirven absolutamente para
nada.

Señor Alcaraz, nosotros hemos hecho comparecer aquí al señor Alejandro
Martínez, entonces presidente de Agesa, le hemos preguntado en esta
Cámara si tenía un contrato blindado y nos ha dicho que contestaría por
escrito. ¡Fíjese que asombro, que contestaría por escrito! Nos contestó
por escrito y dijo que no. Luego se ha descubierto que no sólo él sino
toda una lista que ha salido en los periódicos, la mayoría de ellos
funcionarios en servicios especiales, cobraron millones y millones de
blindajes.

Otro letrado de esta Cámara, porque los letrados de esta Cámara escriben
y publican, en este caso Nicolás Pérez-Serrano Jáuregui, se ha preguntado
en un artículo de lo siguiente: ¿qué ocurre si alguno de los que
comparece en estas comisiones se permitiera el lujo de mentir a las
Cortes cuando expone su criterio? ¿Tiene el Parlamento alguna clase de
protección penal? El que miente en un tribunal, como ha tenido que hacer
un juramento previo acaba siendo un delincuente por perjurio, pero en
este caso... El se pregunta, ¿hay que crear un delito de falsedad en
documento parlamentario? Aquí se miente impunemente en una comparecencia
y no tenemos ningún recurso para evitarlo; un juez, sí, nosotros, no. Por
tanto, es absolutamente absurdo lanzarse al vacío de esa manera.

Santamaría Pastor habla de la limitadísima utilidad de las comisiones de
investigación. Medina Rubio, al que antes citaba, dice textualmente: Las
comisiones de investigación, tal y como son actuadas, frustran lo que el
pueblo espera de las instituciones; aparecen así con un carácter
accesorio falto de eficacia. No queremos colaborar a alimentar esta
situación. Si estuviéramos convencidos de que con la comisión de
investigación llegábamos al final, le puedo asegurar que encantados de la
vida votábamos con ustedes sin miedo a las pinzas ni a los pinzos. García
Morillo recuerda, por ejemplo, que es delito no comparecer en una
comisión de investigación, pero no es delito no declarar.

Nos encontramos, además, ante una situación que ustedes han obviado. Ya
he dicho antes que la comparecencia del señor Betés marca una nueva etapa
a la investigación de la Expo y a ustedes que han presentado esto meses
antes les trae sin cuidado. Ustedes se enteran



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ese día de que en vez de haberse perdido 30.000 millones, como decía el
Tribunal de Cuentas, se han perdido 160.000. ¡Se enteran ustedes ese día
y siguen tan tranquilos pidiendo lo mismo! Pero ha ocurrido otra cosa,
señor Alcaraz; se han abierto unas diligencias judiciales. Si en 1993
nuestro grupo hubiera aceptado una comisión de investigación no se
hubieran abierto esas diligencias judiciales, hubiéramos enterrado el
tema de la Expo por los siglos de los siglos. Hubiera sido el auténtico
punto final. Afortunadamente no lo hicimos. Hemos seguido y en este
momento hay abiertas unas diligencias judiciales. ¡Fíjese usted que cosa!
Esa situación no es irrelevante.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Ollero, vaya
terminando.




El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor presidente.

El señor Recoder, que ha publicado un comentario al artículo 26 de la
Constitución, nos dice que, en efecto, las comisiones de investigación no
serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones
judiciales, pero precisamente ese redactado refleja la convicción de que
la investigación parlamentaria y la actuación judicial tienen puntos en
común.

No digo que esto sea un motivo para no realizar la comisión; yo digo que
es un motivo para reflexionar sobre su oportunidad. Podemos seguir
leyendo tratadistas, de estos que antes nos invitaban a leer. García
Morillo otra vez: En efecto, una comisión de investigación no puede
impedir las diligencias judiciales, modificarlas ni revocarlas, pero
desde luego aceptarlas, lo que se dice aceptarlas, es indudable que ha de
hacerlo. Es inevitable y se trata de un asunto que habría que plantearse
con cierta tranquilidad. Por ejemplo, se lo plantea con cierta
tranquilidad el propio Pérez Ugena: La apertura de una investigación
parlamentaria y de un sumario judicial sobre unos mismos hechos puede
producir resultados contradictorios, descoordinaciones o interferencias.

Como S. S. sabe muy bien, en Francia esto es imposible hacerlo, pero
sabrá también que el artículo 138 del Tratado de Maastricht --y siento
mentarle la bicha, señor Alcaraz-- señala, respecto al Parlamento
Europeo, que se podrá hacer una comisión temporal de investigación, salvo
que de los hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional,
hasta tanto concluya el procedimiento jurisdiccional, porque --y esto es
lo que la doctrina señala-- cuando alguien está procesado, tiene derecho
a un debate contradictorio, tiene derecho a defensa y a asesoramiento de
letrado. En una comisión de investigación los debates no tienen ese
carácter contradictorio y una serie de personas se van a ver expuestas a
que se hable de ellos y de su conducta sin poder ejercer derechos
fundamentales. Son temas complicados que, insisto, no justifican que se
diga no, pero me remito al artículo reciente de Cristina Rodríguez
Poarasa, Actividad parlamentaria y procedimiento judicial, que invita a
pensárselo un poco.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Termine, señor Ollero,
por favor.




El señor OLLERO TASSARA: Termino, señor presidente.

Nuestro grupo, que con su tenacidad ha conseguido que algún día sea
posible el esclarecimiento definitivo de la Expo, sin minusvalorar al
Tribunal de Cuentas (que actúa por delegación de esta Cámara y
difícilmente, por tanto, lo que esta Cámara le encargue puede ser algo
que atente a nada) y dejando al Poder Judicial que lleve a cabo su misión
propia, va a seguir trabajando e investigando para que se aclare la Expo.

Somos muy modestos, sólo pretendemos eso, no pretendemos que nos den el
premio Ondas.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Ollero.

(El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Señor Alcaraz, ¿a qué efectos?



El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, tanto por el artículo 73, en
cuanto que he sido sucesivamente contradicho, cuanto porque el señor
Ollero ha dicho dos cosas que son absolutamente inciertas. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Alcaraz, la
Presidencia siempre desea actuar con neutralidad --supongo que no siempre
lo consigue, y esto deben ustedes valorarlo--, pero deberá aceptarme lo
siguiente. En su intervención, señor Alcaraz, ha consumido tanto tiempo
para defender la propuesta de su grupo como para dirigirse al Grupo
Parlamentario Socialista, y para dirigirse al Grupo Parlamentario
Popular. Obviamente, ha habido un debate entre el señor Gimeno y usted,
pero no ha pedido la palabra en ningún momento el señor Ollero, que en su
momento y con menos tiempo que el sumado por usted en sus dos
intervenciones, ha consumido el turno en contra y además ha
contraargumentado.

Se cierra el debate y se llama a votación. (El señor Alcaraz Masats
pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Alcaraz, no hay debate con la Presidencia. No tiene usted la
palabra. El señor Ollero ha centrado su intervención, en un tiempo
superior a la mitad, para argumentar en contra y además con uso de
doctrina, el objeto de su propuesta y, obviamente, ha contradicho algunos
de los argumentos que usted había expuesto. No hay uso ni aplicación del
artículo 73. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)



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Señor Alcaraz, no tiene la palabra. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor ALCARAZ MASATS: Que conste en acta mi protesta. Acato su
resolución, pero... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la solicitud, formulada
por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto, para la
creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la Expo'92.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 23; en contra, 290.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la creación de la Comisión de
Investigación solicitada.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL SISTEMA DE
ARBITRAJE DE CONSUMO (Número de expediente 162/000150)



El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día, proposiciones no de ley.

En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular relativa al sistema
de arbitraje de consumo. Para su presentación ante el Pleno, tiene la
palabra el señor Burgos Gallego.

Señorías, les ruego guarden silencio y a quienes deseen abandonar el
hemiciclo que lo hagan en silencio.

Cuando quiera, señor Burgos. (El señor vicepresidente Fernández-Miranda y
Lozana ocupa la Presidencia.)



El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el arbitraje de consumo en nuestro país es
una institución de naturaleza contractual y de Derecho privado que se
configura básicamente como un contrato por el cual el consumidor o
usuario, por una parte, y quien le presta bienes o servicios de cualquier
régimen, por otra, acuerdan atribuir a un colegio arbitral, designado por
la Administración competente, la obligación de resolver una controversia
surgida o susceptible de surgir entre ellos con eficacia vinculante y
ejecutiva.

El arbitraje de consumo encuentra sus fundamentos jurídicos positivos en
el artículo 51 de la Constitución española y fue desarrollado por la Ley
26/1984, general para la defensa de los consumidores y usuarios,
posteriormente, por la Ley 36/1988, de Arbitraje, y básicamente se ha
desarrollado con posterioridad en el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
mediante el cual el Gobierno, en uso de sus competencias, desarrolló y
reguló con detalle el objeto del arbitraje de consumo, la constitución y
funciones de las juntas arbitrales, el perfeccionamiento del convenio
arbitral, el procedimiento mismo del arbitraje de consumo, el laudo
arbitral e incluso el anagrama del propio sistema arbitral de consumo.

Las características fundamentales de este sistema arbitral que lo hacen
extremadamente eficaz para proteger a los usuarios y consumidores son, en
primer lugar, la voluntariedad del mismo, derivada de su propia
naturaleza contractual y de Derecho privado, que le otorga unas ventajas
de rapidez y simplicidad que le constituyen en un medio muy eficaz de
resolución de conflictos, en directa competencia con la jurisdicción y
con el arbitraje común.

En segundo lugar, y como una característica igualmente fundamental, la
gratuidad del sistema arbitral de consumo, una gratuidad establecida no
por la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios, sino por la
propia disposición adicional primera de la Ley de Arbitraje, y recalcada
después por el Real Decreto 636/1993, antes citado.

Una tercera peculiaridad sería su carácter vinculante y ejecutivo, puesto
que obliga a las partes a pasar por lo estipulado, incluidos los propios
árbitros, una vez que aceptan el nombramiento de la junta arbitral;
impide que los jueces y tribunales entren a conocer de las cuestiones
sometidas a arbitraje y, además, el laudo otorgado goza de la presunción
de cosa juzgada en los términos del artículo 1252 del Código Civil. Este
instrumento del sistema arbitral de consumo es rápido y simple. El propio
colegio arbitral dispone de un máximo de cuatro meses, solamente
prorrogables por acuerdo expreso de las partes. El carácter
unidireccional, al ser un mecanismo puramente al servicio del consumidor,
le confiere una garantía de eficaz protección de derechos de los usuarios
y de los consumidores.

En definitiva, y por simplificar, hoy día en España el arbitraje de
consumo no sólo es un instrumento barato, sino generalmente gratuito; es
rápido, por la brevedad de los plazos de tramitación y emisión del laudo
y es sencillo, puesto que está descargado de todo formalismo y
susceptible solamente de anulación por unas causas muy determinadas y
contempladas en el artículo 45 de la Ley de Arbitraje. Se constata, por
tanto, que es un instrumento válido, y así lo atestiguan algunos datos
que se manejan para evaluar la eficacia del mismo; por ejemplo, las
solicitudes de arbitraje de consumo aumentaron en el bienio 1995/96 en
más del 77 por ciento, habiendo sido admitidas a trámite prácticamente el
95 por ciento de las mismas. El sistema arbitral cuenta en nuestro país
con más de 33.000 empresas adheridas, con un incremento del 35 por ciento
sobre el año 1995, en que se incorporó al sistema en



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bloque todo el sector asegurador. Cerca del 95 por ciento de los
procedimientos duraron menos de dos meses. La cuantía media de las
reclamaciones es superior habitualmente a las 100.000 pesetas, aunque
algunas demandas llegaron incluso a superar los 30 millones. De todas
estas reclamaciones se estimaron en beneficio del consumidor, más del 60
por ciento de los laudos, y algo muy importante, señorías, prácticamente
el cien por cien de los laudos fueron cumplidos por las partes
voluntariamente.

Por tanto, desde el Grupo Popular entendemos que no hay que mejorar el
ámbito legal o normativo en que se desenvuelve el sistema arbitral de
consumo, no hay que establecer unas mejoras en cuanto a las
características definitorias de este sistema arbitral que, además, le
confiere una situación mucho más ventajosa que en cualquier otro país de
la Unión Europea; pero sí hay mucho que hacer, señorías, y es el objeto
de nuestra proposición no de ley, en cuanto a su extensión y en cuanto al
conocimiento por los ciudadanos de las posibilidades del mismo. Una
responsabilidad clara de las administraciones públicas consiste
precisamente en incrementar los efectos positivos y en garantizar la
consolidación y extensión de este sistema de arbitraje de consumo. La
actitud ejemplarizante que han de dar las empresas con participación
pública constituye para el Grupo Parlamentario Popular una exigencia en
demanda de un creciente nivel de protección de los derechos y garantías
de consumidores y usuarios.

El Partido Popular y el grupo parlamentario que le representa en esta
Cámara no ha escatimado esfuerzos en esta dirección, y así lo está
plasmando en multitud de iniciativas parlamentarias y gubernamentales en
todos los ámbitos de nuestro ordenamiento, como corresponde a una
política de consumo que constituye un principio informador de nuestro
ordenamiento jurídico y de todas las actuaciones, por tanto, no solamente
de la Administración sino también de todos sus instrumentos, empresas
públicas prestadoras de bienes y servicios incluidas.

Creemos, señorías, que la voluntariedad de la adhesión que propugna el
sistema arbitral de consumo resulta plenamente compatible con la voluntad
de las administraciones públicas de promover la adhesión a este sistema
arbitral de consumo de aquellas empresas de titularidad pública o
aquellas empresas privadas que hayan asumido, de alguna manera, la
prestación de un servicio público en aras, en primer lugar, de reforzar
la propia legitimidad del sistema y, sobre todo, de ahondar en el
compromiso del sector público de nuestro país de incorporar como una de
sus prioridades básicas la satisfacción de los usuarios.

¿Y qué propugnamos? Propugnamos extender este sistema arbitral de consumo
a empresas públicas que hasta ahora se han mantenido al margen. No quiero
realizar un enunciado exhaustivo de las mismas, pero simplemente a título
de ejemplo deseo explicar lo conveniente que sería para los usuarios y
consumidores de este país que grandes empresas como Tabacalera, como la
Empresa Nacional de Autopistas, como la Compañía Trasmediterránea, como
Paradores de Turismo, como la propia Corporación Bancaria de España,
Argentaria, o todas las empresas suministradoras de gas o electricidad en
este país o las propias compañías de transporte aéreo, como Iberia,
Binter, Aviaco, las propias Aerolíneas Argentinas, etcétera, se
incorporaran a este sistema. De esta manera conseguiríamos extender de
forma francamente espectacular el nivel de protección de derechos y
garantías de los consumidores, que es en definitiva lo que nos ha traído
hoy aquí con esta proposición no de ley.

A estas empresas públicas y a través de la actuación de la Administración
del Estado, no les pedimos que hagan algo que a ellas mismas no les puede
resultar también beneficioso. ¿Por qué beneficia esto también al sector
empresarial, ya sea éste público o privado? Porque el distintivo oficial,
señorías, que puede ostentar el industrial o el empresario por su
adhesión al sistema arbitral de consumo, constituye una etiqueta oficial
cuya exhibición mejora, sin duda alguna, la imagen de seriedad y
credibilidad de nuestras empresas, y esto va a redundar en una mayor
confianza en la calidad de sus servicios, de sus productos, de cara al
consumidor. El distintivo oficial es una garantía para el consumidor y
para el usuario de que la oferta que va a recibir de un servicio
adicional, rápido y eficaz, como es el sistema arbitral de consumo, va a
incrementar sus propias posibilidades ante un mercado.

Señorías, si realmente, como nosotros creemos, la relación de consumo
justifica en último término en el ámbito de la Unión Europea --y ojalá
que fuera la única--, la creación de un mercado único, avanzar en la
protección de los consumidores y usuarios también es avanzar en la línea
de definición de un mercado al servicio de los consumidores, al servicio
de los ciudadanos, constituyendo la auténtica dimensión y el reto europeo
que tenemos ante nosotros.

El Grupo Parlamentario Popular es receptivo a aquellas propuestas que
otros grupos han trasladado a la Mesa en orden a presentar alguna
enmienda y, si el señor presidente lo estima oportuno, esperaremos a su
presentación para fijar definitivamente nuestra posición.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.

A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la
señora Montes.




La señora MONTES CONTRERAS: Gracias, señor presidente.




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Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para defender la enmienda presentada por mi grupo a la proposición no de
ley del Grupo Popular sobre el sistema arbitral de consumo.

El sistema arbitral de consumo, que fue puesto en marcha y desarrollado
por el Gobierno socialista, está regulado por el Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo. Pretende satisfacer la necesidad tanto de los consumidores
como de los empresarios para resolver las reclamaciones de aquéllos a
través de mecanismos extrajudiciales que sean simples, rápidos, eficaces
y sin costes. El sistema es voluntario para las partes, que cuentan
siempre con la opción de la justicia ordinaria; por esto es importante la
voluntad de adhesión de las empresas.

Con el establecimiento de este sistema nuestro ordenamiento jurídico se
situó entre los más completos de los países de nuestro entorno al crear
un mecanismo de acceso a la justicia que garantiza una mejor protección
de los derechos de los consumidores y usuarios en sus reclamaciones. El
sistema arbitral de consumo permite, además, evitar el uso de la justicia
ordinaria, consiguiendo disminuir su carga de trabajo.

La voluntariedad del sistema exige la colaboración y participación de las
diferentes administraciones públicas, de las asociaciones de
consumidores, de las asociaciones empresariales y de las propias
empresas, en aras del desarrollo e implantación del sistema. Su
implantación se inició con una fase experimental en 1986, que dio como
balance una buena aceptación de este mecanismo de arbitraje por los
agentes sociales y económicos, así como el reconocimiento de su eficacia
por el estamento judicial.

Con este mecanismo se da cumplimiento al mandato del artículo 51.1 de la
Constitución española, cuando establece que los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses de los mismos. La vía arbitral supone una solución más
inmediata y eficaz que el proceso judicial para resolver ciertos
conflictos de intereses entre partes sin merma de las garantías que se
les deben reconocer.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
entiende que las administraciones públicas, deben tener la
responsabilidad de incrementar y garantizar la consolidación de este
sistema de arbitraje de consumo en tanto supone dar cumplimiento al
mandato constitucional y, por tanto, estamos de acuerdo con el espíritu
de la proposición no de ley que hoy nos ocupa. Lo que mi grupo duda es
que el Gobierno del Partido Popular asuma dicho compromiso, porque una
cosa es hacer propaganda y otra bien distinta es asumir la
responsabilidad de plasmar en medidas concretas las ideas que, con
carácter general, todos podemos compartir. No puede ser de otra manera,
ya que en la mayoría de los casos suponen un mandato constitucional.

En materia de consumo, como en tantas otras, el Partido Popular no tiene
ningún pudor en afirmar que la defensa de los consumidores es un objetivo
de este Gobierno, mientras que al mismo tiempo presenta un anteproyecto
de ley, como es el de las condiciones generales de contratación, con el
que se pretende trasponer una directiva europea cuyo objetivo es la
defensa y la protección de los consumidores y usuarios, que justamente lo
que hace es restringir la protección que actualmente existe en nuestro
ordenamiento jurídico mediante la modificación de la legislación
hipotecaria, de forma que se elimina la publicidad de los registros, se
encarece el coste para el usuario de las notas simples, etcétera, como
pone de manifiesto el informe que el Consejo de Estado ha emitido sobre
este anteproyecto de ley.

Respecto a la voluntad que tiene este Gobierno para consolidar el sistema
arbitral de consumo, también tenemos dudas, ya que en 1996 la única
actuación que se realizó con este fin fue una campaña de publicidad que
duró un solo día. No parece que el compromiso con el sistema arbitral
fuese en absoluto un objetivo.

En 1997 nos encontramos con una situación similar. El Gobierno convoca un
concurso para una campaña publicitaria sobre el sistema arbitral de
consumo, que se publica en el «BOE» el 8 de octubre; su adjudicación se
publica el 18 de noviembre y debe estar terminada el 15 de diciembre.

Tenemos, por tanto, que preguntar al Gobierno si ese es todo el esfuerzo
que va a hacer para consolidar el sistema: no hacer nada durante todo el
ejercicio presupuestario, para convocar un concurso de forma apresurada y
no dar así la imagen de falta de compromiso con el tema que darían si
dejaran de gastar los 35 millones que figuran para esta partida. Para el
Grupo Socialista esta no es una forma adecuada de consolidar el sistema
arbitral de consumo.

Centrándonos en el texto de la proposición no de ley, mi grupo tiene que
manifestar que naturalmente compartimos la voluntad de adhesión de las
empresas públicas y de las concesionarias de servicios públicos al
sistema arbitral de consumo. Nosotros lo hicimos cuando gobernábamos,
porque si estamos defendiendo un sistema de arbitraje que sea más ágil,
económico y rápido, parece lógico que lo impulsemos en aquellas empresas
en las que tenemos capacidad de decisión. Por ello lo impulsamos en su
día y conseguimos la adhesión de importantes empresas públicas, como son
Renfe, Correos y Telefónica, pero tenemos que decir que la proposición no
de ley no aporta nada nuevo en este sentido. Es una simple declaración de
intenciones que, siendo compartida, necesita que el Gobierno se lo tome
en serio y concrete. Necesita un compromiso
real, que realmente lo hagan si creen en lo que están diciendo.

Porque, ¿cuántas nuevas empresas se han adherido desde que llegaron al
Gobierno? De lo que se trata es de conseguir la adhesión de las empresas.

Por



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ello, mi grupo aporta una serie de puntualizaciones para que las
declaraciones se hagan realidad.

Con nuestra enmienda tratamos de establecer los mecanismos mediante los
cuales se consiga que las empresas públicas y privadas, concesionarias de
un servicio público, se adhieran. En el caso de las empresas públicas,
son los consejeros de la Administración del Estado en los consejos de
administración los que deben promover la adhesión al sistema arbitral.

Para ello el Gobierno deberá darles las instrucciones para que sean ellos
quienes presenten y promuevan el acuerdo de adherirse al sistema arbitral
de consumo. En el caso de las empresas privadas que sean concesionarias
de un servicio público, el Gobierno puede conseguir su adhesión por el
sencillo mecanismo de introducir, entre los criterios para la
adjudicación de los contratos de gestión, el criterio de adhesión al
sistema arbitral de consumo. Todo ello deberá realizarse en el período de
un año. De esta forma creemos que se adquiere un compromiso real en un
tiempo también real y que no se quede en simple declaración de
intenciones, lo cual redundará, sin duda, en beneficio del sistema
arbitral de consumo y, en definitiva, en beneficio de los consumidores,
que es el objetivo que debemos perseguir en cualquier política de consumo
que pongamos en marcha. De esta forma, aun manteniendo la voluntariedad
de adhesión para las empresas, el Gobierno pone de manifiesto su voluntad
de adhesión al sistema arbitral de consumo en las empresas en las que
realmente tiene capacidad de decisión y, por otro lado, se reforzará la
imagen de calidad de los servicios públicos y, por tanto, la satisfacción
de los usuarios.

Por todo ello, esperamos el apoyo de la Cámara.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montes.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Recuerdo que cuando en la III Legislatura tuvimos el debate para la
aprobación definitiva de la Ley de Arbitraje, la que después sería la ley
36/1988, nos vimos en la obligación de justificar el desarrollo que había
que hacer del artículo 31 de la Ley 26/1984, general de defensa de los
intereses de los consumidores y usuarios. Cuando el desarrollo
legislativo viene a finiquitar todo este proceso con la aprobación por el
Gobierno, en 1993, del Real Decreto 636, y a desarrollar las
disposiciones primera y segunda de la Ley de Arbitraje, había una serie
de sectores en los que los usuarios y los consumidores se encontraban
cada vez con una mayor dinámica de reclamaciones ante las propias
empresas. Se había hablado de actividades dentro del mundo del
transporte, de la actividad de la propiedad intelectual y,
fundamentalmente, de los seguros privados. ¿Qué estaba ocurriendo? Que un
cambio fundamental en la ley de lo contencioso-administrativo estaba
simplificando trámites de recursos que habían venido siendo tradicionales
para los ciudadanos dentro de la Administración civil del Estado, y con
motivo del cambio legislativo se pasó prácticamente a una judicialización
de los mismos. Ese es el problema que ha terminado por producir en los
juzgados y en la Sala de lo contencioso-administrativo un colapso por el
número de asuntos contencioso-administrativos allí llevados.

Esta iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Popular es buena.

Nosotros la vamos a apoyar con nuestro voto, por entender que tiene que
haber en las empresas públicas, y en las que tengan capital estatal, una
línea de conducta que trascienda a los otros sectores que no tienen
presencia de capital, o de delegados del Gobierno, que tenga carácter
ejemplarizante, para que no recurran a la vía judicial y de lo
contencioso-administrativo, sino a lo que viene siendo práctica habitual
en la Unión Europea, que vayan a una vía extrajudicial sobre todo en
reclamaciones de los consumidores en artículos de venta, en el campo de
seguros privados y de las empresas de servicios y de transporte, que eso
es lo que en el fondo hay aquí.

Como disponemos de todo el fundamento legal y jurídico, como bien ha
recordado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos todos
los instrumentos para poder actuar; falta un aumento de la intensidad
ejemplarizante del propio Gobierno, de la Administración, en aquellas
empresas en las que tiene presencia. Tanto el texto de la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley, como de la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, a juicio de
este portavoz de Coalición Canaria, son perfectamente armonizables y
ensamblables, porque el párrafo primero de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista es exactamente igual que el párrafo único que
trae el proyecto del Grupo Parlamentario Popular. Unicamente añade dos
cuestiones que a nuestro juicio son positivas: poner el plazo máximo de
un año, porque si no esto quedaría ad kalendas graecas una vez más. Hay
que ponerle tiempo a lo que tiene que ser un ejemplo de empresas
estatales o de presencia de capital público, que son las dos
clasificaciones que trae el proyecto de iniciativa, es decir, tanto a
aquellas empresas que tienen la titularidad privada y que hayan asumido
cualquier mecanismo de prestación de un servicio público para el sistema
de arbitraje, como a las otras empresas estatales (se añade en la
enmienda socialista) en cuyo capital participe el Estado. Esto también
nos parece positivo porque es complementario, y digo esto por lo que ha
manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de brindarse a la
consideración de la enmienda.




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Si hay aceptación por parte del Grupo Parlamentario Popular, lo
votaríamos favorablemente, porque la segunda parte de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista instrumentaliza la forma de esta
ejemplaridad con las instrucciones que el Gobierno debe dar a sus
delegados o representantes del capital estatal en estas empresas y que
aquellas empresas de servicio que, no siendo estatales o de capital
estatal, sí tienen concesiones estatales, precisamente ahora que estamos
hablando de privatización de empresas públicas, sobre todo de servicios,
que puedan incorporarse a utilizar la técnica del arbitraje, que nos
parece la de menores costes, ya que no colapsa la jurisdicción
contencioso-administrativa ni hace penoso al contribuyente, al consumidor
la vía de los pasillos de los juzgados.

Por estas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente la
iniciativa, que nos gustaría acomodar a la enmienda, a nuestro juicio
sensata, del Grupo Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Vasco, al igual que el Grupo de Coalición Canaria, ha
visto con satisfacción la iniciativa presentada por el Grupo Popular, ya
que, en efecto, cuando el artículo 51 de la Constitución insta a los
poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los
legítimos intereses económicos de los mismos, no cabe pensar que está
excluyendo a estos mismos poderes públicos de participar en esta
promoción de garantía de los derechos de los consumidores. En la
normativa actualmente existe ya está prefijada la posibilidad, puesto que
el artículo 11 del Real Decreto de 3 de mayo de 1993 ya establece la
regulación cuando la reclamación se dirija a una entidad pública
vinculada a una Administración pública. En todo caso, nos parece bien
venida la iniciativa que ahora presenta el Grupo Popular, si bien creemos
que solamente incluye la mención a las empresas públicas y no dice nada
respecto de la propia Administración, que también ofrece servicios
públicos a los consumidores. Parece que también debería ser posible
plantear reclamaciones directamente sobre ella y así lo viene sosteniendo
la doctrina más autorizada que hemos tenido ocasión de examinar a la hora
de preparar esta intervención.

Además, nos cabe la satisfacción de decir que, en una ponencia referida a
los segundos encuentros internacionales sobre justicia alternativa,
organizados por la Dirección de Consumo del Gobierno vasco ya en el año
1990, el ponente, Manuel Balín López, se pronunció ya a favor de esta
iniciativa. La verdad es que otra cosa resultaría algo extraña no
solamente frente a los empresarios, sino frente a los propios
consumidores. ¿Cómo se les va a convencer de que cumplan los mandatos de
la Constitución, artículo 51, y los de la Ley General de los Consumidores
y Usuarios cuando uno de los principales prestadores de servicios no se
somete a esta posibilidad? Es más, creo que la iniciativa debiera instar
al Gobierno a hacer una oferta pública de adhesión al sistema lo que, no
cabe duda, resultaría una actuación muy convincente de las bondades del
procedimiento con respecto a los sectores empresariales a los que se
dirige.

Por todo lo que he manifestado, nos parece que el texto de la iniciativa,
probablemente mejorado por las enmiendas, resulta ineludible para la
propia credibilidad del sistema y, por tanto, votaremos a favor.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: El artículo 51 de la Constitución española afirma
que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores
y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la
salud y los legítimos intereses de los mismos. Este principio
constitucional de nuestra Carta Magna, de la que acabamos de conmemorar
el XIX aniversario, se ha ido configurando y desarrollando en distintas
ocasiones a lo largo de estos años, tal y como recoge la proposición no
de ley objeto de debate en su exposición de motivos. Pero fue con la Ley
de Arbitraje, de 5 de diciembre de 1988, y especialmente con el Real
Decreto 636/1993 de 3 de mayo, cuando el mandato constitucional pudo
verse al fin perfectamente regulado.

El Real Decreto 636/1993, en su artículo 2.º, define que el sistema
arbitral de consumo tiene como finalidad atender y resolver, con carácter
vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de
los consumidores y usuarios en relación a sus derechos legalmente
reconocidos, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de
la judicial.

Para conocer de las solicitudes de arbitraje presentadas por las
asociaciones de consumidores y usuarios, se constituyeron las Juntas
Arbitrales de Consumo de ámbito estatal, autonómico, provincial o
municipal, según proceda, de conformidad con el artículo 3.º del ya
mencionado Real Decreto.

Este sistema de contratos entre consumidores y usuarios y de los
prestadores de bienes y servicios que se someten voluntariamente en caso
de conflicto al laudo, la decisión de la Junta Arbitral competente, se ha
demostrado a lo largo de los años como un sistema



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eficaz que aporta muchas ventajas y que tiene el valor añadido de no
incrementar innecesariamente la judicialización de los conflictos.

Mi grupo parlamentario votará favorablemente esta proposición no de ley
por compartir plenamente el objetivo que la misma se propone. También
consideramos, tal como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, que la
enmienda que presenta el Grupo Socialista no sólo no contradice la
proposición, sino que la complementa. Por tanto, nuestro voto también es
favorable.

La proposición no de ley intenta incentivar que las empresas estatales o
aquellas de titularidad privada que prestan un servicio público se
adhieran al sistema de arbitraje. Para poner un ejemplo de lo que a mi
grupo parlamentario le es propio, diré, a modo ilustrativo, que la Junta
Arbitral de Cataluña ha conocido 3.218 reclamaciones desde noviembre del
año 1993 hasta ahora. Probablemente, muchas de estas cuestiones que en su
día fueron objeto de arbitraje, y sobre las que se ha dictado el laudo
correspondiente en un plazo máximo de tres meses, se habrían visto
relegadas al olvido o, en el mejor de los casos, dirimidas en los
juzgados, pero sin duda la vía judicial en estos procesos es menos
eficaz, ya que es más costosa y más lenta.

En consecuencia reiteramos nuestro voto favorable y confiamos en que esta
iniciativa parlamentaria sea acogida por las empresas públicas y privadas
que prestan servicios públicos con el mayor entusiasmo. Hacemos votos
para que en el plazo más breve posible las empresas que prestan servicios
públicos hagan compatible la voluntariedad de adhesión al sistema de
arbitraje con el sometimiento al mismo, posibilitando de esta manera que
los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tengan implementado el
sistema que se ha demostrado más eficaz y eficiente para dar
cumplimiento, como he dicho al principio, al mandato del artículo 51 de
nuestra Constitución.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo también va a votar, como el resto de la Cámara, a
favor de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario
Popular para instar a las empresas del sector público y a otras empresas
que presten también servicios públicos a que acepten las resoluciones de
la Junta de Arbitraje y de Consumo.

Nuestro grupo va a votar favorablemente por lo que significa de respaldo
al ciudadano, que muchas veces se siente como el David que se tiene que
enfrentar al Goliat de las empresas públicas y también, como se ha dicho
por otros grupos, a la Administración. Todo esto cuando en nuestro país
todavía existe una tradición que demuestra que al ciudadano le cuesta
mucho presentar cualquier tipo de reclamación, cualquier tipo de recurso,
lo que se empeora porque las empresas públicas son reticentes a la hora
de aplicar estas resoluciones de las Juntas Arbitrales de Consumo. Es
más, a nosotros esta iniciativa nos parece que en cierto modo es débil,
por cuanto que no es ejecutiva, y estamos viendo la posibilidad de
presentar alguna propuesta que sea ejecutiva y que vaya más allá de una
simple proposición no de ley.

Dicho esto, y dejando claro nuestro voto a favor, que esperamos sea
complementado con la aceptación por el Grupo Parlamentario Popular de la
enmienda que presenta el Grupo Socialista, queremos mostrar nuestra
preocupación por el hecho de que tenga que ser el Grupo Parlamentario
Popular el que presente una proposición no de ley para llamar la atención
del Gobierno sobre algo que debería llevarse a cabo por voluntad propia.

Nosotros, ya lo hemos dicho otras veces, creemos que al grupo que
sustenta al Gobierno no le corresponde hacer este tipo de iniciativas, no
le corresponde tener que recurrir a una proposición no de ley para llamar
la atención del Gobierno sobre algo que debía hacer el Gobierno sin que
su propio grupo le llamase la atención. Esto indica que, o bien fallan
los canales de comunicación entre el Partido Popular y su Gobierno, o es
que el Gobierno no le hace caso al Partido Popular y tiene que recurrir a
ampararse en el resto de la Cámara para que, al final, el Gobierno asuma
este compromiso.

Por otra parte, si ustedes lo que buscan es simplemente una imagen, una
foto, creo que eligen el camino menos adecuado, porque con este tipo de
iniciativas lo que dejan en evidencia son las lagunas, los fallos del
Gobierno, que, repito, no tiene que esperar a que ustedes presenten esta
iniciativa, sino que debía estar haciéndolo ya, cumpliendo ya con esta
obligación.

Por tanto, creemos que su iniciativa, aparte de ser aceptable,
aplaudible, también es una llamada de atención a su propio Gobierno, y,
en cierto modo, un tirón de orejas a un Gobierno que está haciendo agua
en este sentido. En definitiva, esperamos que al menos este debate sirva
para que el Gobierno asuma su responsabilidad, para que el Gobierno
comprenda que no puede dejarse desamparado al ciudadano, al consumidor, y
que lo que hoy es una proposición no de ley sea asumido por el Gobierno,
una vez aprobado, espero, por unanimidad de esta Cámara, sea una realidad
y el ciudadano encuentre amparo cuando se tenga que enfrentar a ese
monstruo que son muchas veces las empresas públicas.

Nada más, muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.

Señor Burgos, tiene S. S. la palabra para expresar la aceptación o no de
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario desea intervenir para mostrar, en primer lugar, su
satisfacción por la sensibilidad demostrada por todos los grupos
parlamentarios, incluso aquellos que nos niegan el derecho a traer
iniciativas a esta Cámara, y, cómo no, aceptar las tres pequeñas
aportaciones que hace el Grupo Parlamentario Socialista. Las
consideramos, de alguna manera, superfluas, pero en aras del
entendimiento que corresponde plasmar hoy aquí en esta Cámara, después de
las manifestaciones de los grupos, mi grupo parlamentario no tiene ningún
inconveniente en poner un plazo de un año para la puesta en marcha de
estas medidas, porque no pretendemos en absoluto escudarnos en una
cuestión menor para plasmar, realmente, y con eficacia aquello que el
Grupo Socialista no fue capaz de hacer en sus años de Gobierno.

Con respecto a la propuesta de enmienda del Grupo Socialista de dar
instrucciones a los miembros representantes de la Administración del
Estado, entendemos que no podría ser de otra manera que como se plasma
aquí. Indudablemente, intentaremos que sea con más éxito que el que
ustedes obtuvieron, porque tres empresas públicas de 300 no parece haber
sido una eficaz actuación.

Sobre la última cuestión, señor presidente, de que entre los criterios
para la adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos se
establezca la adhesión, nos parece igualmente obvio, puesto que es la
única fórmula que existe realmente de comprometer aquellas empresas
privadas que tienen alguna concesión de servicio público.

Por tanto, lo aceptamos en aras de ese consenso y por el impulso político
que esta Cámara tiene que dar a una cuestión como ésta, que no se agota
en las empresas estatales, sino que pretendemos que se haga extensiva
también a las empresas autonómicas y municipales del sector público.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Burgos, como
la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista es de
sustitución, a efectos de aclarar el objeto de la votación posterior, se
introduciría el concepto: «en el plazo máximo de un año», que plantea el
Grupo Parlamentario Socialista, y se añadirían los dos párrafos finales
al texto propuesto por el Grupo Parlamentario Popular. (Asentimiento.)
Gracias, señor Burgos.

Señora Montes.

La señora MONTES CONTRERAS: Hay que introducir «en el plazo máximo de un
año» y, en la tercera línea, «empresas en cuyo capital participe el
Estado».




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señorías.

Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Popular relativa al sistema de arbitraje de consumo, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda por el grupo proponente.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 310.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad del Pleno.




-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
LA REPETICION DEL SORTEO DE EXCEDENTES DE CUPO DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO CELEBRADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente
162/000177)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de Ley del Grupo Socialista por la
que se insta al Gobierno a la repetición del sorteo de excedentes de cupo
del servicio militar obigatorio celebrado el pasado 12 de noviembre de
1997.

Para su presentación, tiene la palabra el señor Moya. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.-- Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños, por
favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Gracias, señor presidente.

Señorías, sobre el sorteo de excedentes de cupo del servicio militar
todos creo que podrán convenir conmigo en que se ha dicho todo y de todo,
pero también todos podrán convenir conmigo en que no se ha hecho nada
respecto a la natural corrección de errores que se han cometido. Si
hubiera que hacer una revisión o un repaso de la lista de errores de
bulto cometidos en la celebración de ese sorteo, lista reiterada por los
medios de comunicación durante bastantes días, se podría simplificar
esencialmente en una sola característica: el reconocimiento por parte de
todos los medios de comunicación, por parte de todos los grupos
parlamentarios y a la postre, incluso, por parte del propio Gobierno, de
que el sorteo no estuvo bien hecho, de



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que el sorteo no respetó la igualdad de oportunidades, de que el sorteo
fue discriminatorio porque benefició a unos más que a otros.

La característica esencial que debe tener un procedimiento de sorteo, yo
diría que casi la única, es que sea neutral, que guarde el equilibrio de
oportunidades entre todos y que no beneficie a unos más que a otros.

Estamos en vísperas de un sorteo de Navidad y todos podrían imaginarse
qué ocurriría si, al término de ese sorteo, el día 23 de diciembre, se
descubriera que algunos décimos que llevaran algunos españoles tuviesen
más valor, o estuviesen más privados, o tuviesen una mayor posibilidad
que otros décimos de otros españoles. Yo supongo que el escándalo sería
mayúsculo. Eso, trasladado al terreno del sorteo de la mili, es lo que ha
ocurrido, sencillamente. Por otra parte, se ha traslucido,
lamentablemente, también una imagen de Administración no precisamente
moderna cuando, disponiendo de todos los medios a su alcance, se han
cometido esos errores tan de bulto en un procedimiento tan sencillo de
realizar.

Y ¿qué ha ocurrido después? Si desacertada ha sido la realización del
sorteo, yo creo que casi lo ha sido más la gestión o el manejo de la
crisis posterior a la realización del sorteo, porque durante cuarenta y
ocho horas el Gobierno estuvo enrocado en su propia posición de negar que
hubiese habido discriminación. Posteriormente se trató de desviar la
responsabilidad hacia el asesoramiento de la Organización Nacional de
Loterías. Finalmente, se acabó reconociendo que se había producido un
error, que el sorteo no había sido igualitario y que, por tanto, había
habido una cierta discriminación, que el Gobierno trataba de minimizar.

Sorprendentemente, frente a esa aceptación del error, el Gobierno, lejos
de extraer consecuencias y lecciones de ese error, ha decidido mantenerse
en él, ha decidido no dar ningún paso, en ninguna dirección, para moverse
un milímetro de esa inicial posición. Ha intentado incluso más,
establecer un cierto consenso entre los grupos, pero un consenso falso,
porque, en definitiva, era un consenso en torno al error, un consenso en
torno a mantener la situación como estaba, sobre la base de los
perjuicios derivados de una posible repetición del sorteo.

Como grupo mayoritario de la oposición y tengo que decir que otros grupos
también, en las sucesivas reuniones que hemos mantenido con el Gobierno y
entre los distintos grupos, hemos tenido la mano tendida para que el
Gobierno pudiera haber ofrecido un gesto en alguna dirección, alguna
fórmula correctora, algo que sirviera para restablecer el orden vulnerado
sin que los principios de la defensa nacional se vieran lesionados por un
procedimiento inadecuado. La verdad es que no se ha producido nada de
eso, estamos en la misma situación que el día en que se celebró el
sorteo, en cuanto a la decisión del Gobierno: reconocimiento de error,
pero no hay enmienda por parte del Gobierno con respecto a su propia
decisión.

Eso supone, ya digo, que, desde el punto de vista de lo esencial de un
sorteo, se ha vulnerado su naturaleza fundamental. El Grupo Socialista
estaba obligado a presentar una iniciativa parlamentaria, una proposición
no de ley, que tratase de corregir esa situación, por otra parte abiertos
al resto de los grupos parlamentarios para que pudiesen estudiarse
fórmulas que, de una manera más consensuada, corrigiesen de alguna forma
el problema que se nos había planteado. En lugar de ello, nos hemos
encontrado con que el Gobierno, como digo, no se ha movido de su
situación. En cuanto al resto de los grupos, en nuestro caso hemos
presentado una iniciativa y otros dos grupos parlamentarios, enmiendas a
esta iniciativa. Por el contrario, la única reacción del Grupo Popular de
la que hayamos tenido constancia, porque fue una reacción pública, una
declaración ante los medios de comunicación, fue la de acusar a la
oposición de que la posición del Grupo Socialista y de otros grupos
bloqueaba el proceso de profesionalización, lo retrasaba, por lo que nos
colocaba, de alguna manera, en la responsabilidad de sus propios errores.

Nosotros entendemos que ésta no es una manera de resolver un problema, no
pueden desviarse responsabilidades ni hacia el Organismo Nacional de
Loterías ni hacia los grupos de la oposición, hay que asumir los propios
errores, aunque indudablemente habrá que tratar de minimizarlos. En este
sentido, mi grupo ha estado dispuesto a ofrecer algunas fórmulas que
corrigieran esta situación con el menor daño posible, pero no ha habido a
ello ninguna atención por parte del Gobierno. En consecuencia, mi grupo
ha presentado una proposición no de ley en los términos que ustedes ya
conocen de la repetición del sorteo. Sin embargo, también sensibles a la
demanda de otros grupos parlamentarios tratando de minimizar los efectos
perjudiciales que pudiera tener una fórmula de esta naturaleza, si se
entendiese de una manera excesivamente rigurosa, hemos sido conscientes
de que las enmiendas presentadas por Izquierda Unida o por Iniciativa-Los
Verdes ayudan a mejorar nuestra proposición no de ley. No voy a explicar
aquí sus enmiendas porque, por cortesía parlamentaria, entiendo que deben
ser los propios grupos enmendantes los que deben hacerlo, pero les avanzo
--y lo he hecho privadamente con los propios portavoces-- que son dos
enmiendas que mi grupo ve de buen grado y que trata de refundir en un
único texto, en una única enmienda transaccional, de la que también
tienen conocimiento los dos grupos y que yo dejo ahora a la Presidencia
de la Cámara. El contenido de las enmiendas de los grupos protagonistas
de su propia iniciativa, por cortesía parlamentaria, entiendo, repito,
que deben ser ellos quienes lo expliquen; yo contestaré, aceptando de
antemano las enmiendas presentadas y ofreciendo una transaccional
simplemente a efectos de hacer una síntesis entre las mismas.

Nada más y muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moya.

Si es tan amable, pase ya el texto de esa propuesta transaccional, para
que pueda ser repartida entre todos los grupos de la Cámara.

A la proposición no de ley defendida por el señor Moya se han presentado
dos enmiendas, una por parte del Grupo Mixto, firmada por la diputada
doña Mercé Rivadulla, y otra por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds con
la buena intención de corregir un desaguisado. Yo creo, señorías, que el
Gobierno debería enviar una carta a los objetores e insumisos de nuestro
país agradeciéndoles su posición, porque no quiero ni pensar qué hubiese
sucedido si, además, hubiesen estado los más de 100.000 objetores en el
sorteo este tan desafortunado.

Señorías, que se produjo un sorteo que no respetaba la igualdad de
oportunidades no lo decimos nosotros; expertos en estadísticas y en
matemáticas lo han dicho y así ha salido recogido en los medios de
comunicación. Concretamente, el profesor Francisco Michavila, catedrático
de matemáticas aplicadas de la Universidad Politécnica de Madrid,
aseguró, tras un primer análisis, que las posibilidades de salir que
tenían todos los números no eran las mismas. El profesor Javier Portela
dijo que está claro que no todos los números tenían las mismas
probabilidades. Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que se había
actuado con transparencia y con buena fe, pero reconoció también que el
procedimiento empleado para el sorteo puede ser técnicamente imperfecto.

Realmente, creo que hay consenso en que se produjo una clara desigualdad
de oportunidades, que el Gobierno tiene la posibilidad de corregir. Pero
quisiera decir que no entiendo cómo el Gobierno optó por el sistema de
sorteo cuando tenía una posibilidad clara, que era la de la reforma del
reglamento de reclutamiento del servicio militar. Tenía la posibilidad de
hacer más suave ese reglamento, que se endureció en los últimos años,
para que pudiesen entrar en las prórrogas por estudio y en aquellas
exenciones por cargas familiares o por residencia en el extranjero, con
lo cual muchos jóvenes no hubiesen entrado en este sorteo y, por tanto,
no se les tendría que haber contado como excedentes de cupo.

Es cierto que nuestro grupo está a favor de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista, pero --y así lo hemos manifestado en
nuestras enmiendas-- consideraríamos también una injusticia y un agravio
que los jóvenes que resultaron excedentes de cupo tuviesen que volver a
entrar en este sorteo. No nos parece que estos jóvenes tengan que
cargarse con la responsabilidad de una Administración que ha actuado de
forma irregular y cuyo no buen funcionamiento les ha perjudicado.

Creemos, y así lo habíamos presentado en la proposición no de ley en la
Comisión de Defensa, que debería realizarse un nuevo sorteo, pero del que
quedasen excluidos estos jóvenes que ya quedaron como excedentes de cupo,
respetando, eso sí, que aquellos que realmente quisieran hacer el
servicio militar tuviesen la posibilidad de hacerlo.

De cualquier manera, quiero centrar mi intervención en el segundo punto
de nuestras enmiendas, que es que debería ser la última vez que el
problema de excedentes se solventa a partir de un sorteo. Creemos que el
sistema debe ser aquel que esté basado en la racionalidad y en la equidad
y que debería tener en cuenta, sobre todo, cuestiones como los jóvenes
que demandan prórrogas por estudio, que se pudiesen acoger. Se deberían
ampliar los criterios de otorgar esas prórrogas de sostenimiento de la
familia, las de segunda clase por estudios y las de cuarta clase para
residentes en el extranjero. Pensamos también que se deberían ampliar el
cuadro médico de exclusiones para hacer el servicio militar, así como los
criterios para la exclusión por tener que atender a necesidades
familiares. Y por último, señorías, el reglamento debe cambiar el
concepto de silencio negativo por el de silencio positivo, que es lo que
rige ya en el contexto de las administraciones públicas.

Señorías, es cierto que hay una larga lista de enfermedades que deberían
eximir de la prestación del servicio militar. No quiero entrar en su
explicación exhaustiva, pero, por ejemplo, están todas aquellas
relacionadas con procesos diabéticos, que requieren una dieta y un
seguimiento que se hace realmente difícil poderlo llevar a cabo en los
establecimientos militares; y otras enfermedades. Asimismo, la
concurrencia de varias enfermedades deberían poder eximir del servicio
militar.

Nosotros pensamos que este problema que se ha suscitado y que el Gobierno
ha solventado de una forma tan superficial y tan ligera a través de un
concurso, además de haber habido un sorteo e imperfecto, lo podríamos
solucionar.

Yo quiero solicitar del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno que
aproveche este debate que se está realizando hoy en la Cámara para
corregir este error. Demandaría al Grupo Popular que aprovechase para
corregir este error, a pesar de la comprensión, entre comillas, que ha
recibido por parte de Convergència i Unió, que se ha echado atrás en las
declaraciones que hizo al día siguiente de que se hubiese producido el
sorteo. Por eso les digo, señorías, que, a pesar de esa comprensión que
han encontrado en Convergència i Unió y en otros grupos de esta Cámara,
aprovechen este debate para poder corregir este error. Con eso se daría



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respuesta a una situación de no igualdad de oportunidades que se ha
planteado, respetaríamos el derecho de que aquellos que quieren hacer el
servicio militar lo hagan y también respetaríamos el derecho de aquellos
que en este momento ya se consideran excedentes de cupo y han empezado
una vida completamente en libertad en lo civil, a lo mejor realizando
unos estudios que tenían pendientes o gozando ahora mismo de un contrato
de trabajo.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, se ha echado en falta por parte del Gobierno una reacción
rápida que al día de hoy todavía no se ha producido en esta Cámara y que
es que, a partir de lo que el propio Gobierno llamó un incidente
--nosotros entendemos que no fue un incidente, sino un error lamentable,
producido por no garantizar en el sorteo de excedentes de cupo esa
igualdad de oportunidades--, este Gobierno, cualquier Gobierno, tendría
la obligación de comparecer con urgencia en la Cámara, al día siguiente
de reconocer ese incidente, entre comillas, para explicar a todos los
españoles, especialmente a los jóvenes, qué es lo que pasó y plantear las
correcciones oportunas. Eso es lo que se debería haber hecho, pero,
lamentablemente, al día de hoy, el Gobierno no ha dado ninguna
explicación en esta Cámara, es decir, a los representantes de la sociedad
española. Es verdad que nos ha convocado a los portavoces al Ministerio,
y yo se lo agradezco, pero el Ministerio no es la sede de la voluntad
popular. La sede de la voluntad popular está aquí, reside en esta Cámara
y es aquí donde se debería haber informado de inmediato, con urgencia.

Tal vez si se hubiese hecho con esa urgencia se hubiese podido reparar
con mucha más facilidad este que consideramos nosotros, Izquierda Unida,
un lamentable error, el cual, efectivamente, ha puesto en peligro la
igualdad de oportunidades, los derechos de los jóvenes a la hora del
sorteo del excedente.

Por lo tanto, vaya por delante esta crítica clara y rotunda, que entiendo
que ningún Gobierno puede tener este comportamiento a la hora de asumir
este incidente, no dar explicaciones ni soluciones sobre lo que ellos
llaman incidente y nosotros un error lamentable.

Señorías, ustedes saben que en el debate que tuvimos sobre la
convalidación del decreto del excedente, Izquierda Unida manifestó con
claridad, y por eso nos abstuvimos en esa convalidación, que no nos
convencía la fórmula del sorteo para el excedente de cupo. Entendíamos y
seguimos entendiendo que lo más sensato es hacer trabajar a las oficinas
de reclutamiento y, con la información objetiva que hay en ellas,
conociendo la realidad familiar, de educación y médica de los jóvenes,
solucionar el excedente de cupo mediante este sistema objetivo. No
prosperó. Se prefirió la idea del sorteo, con nuestra abstención, pero
nunca se nos ocurrió pensar que ese sorteo terminaría con una falta de
solvencia total, en una sociedad moderna y democrática, ya que un sorteo
que realice la Administración de un Estado moderno tiene que garantizar
obligatoriamente ese principio de igualdad. Nunca hubiéramos podido
pensar que se pudiera producir este tremendo error, que, desde luego,
dice poco de la solvencia, de la gestión de cualquier Ministerio
encargado de este sorteo, en este caso del Ministerio de Defensa.

A partir de este reconocimiento de que se ha realizado un sorteo sin
plenas garantías y que efectivamente ha dañado los intereses generales de
los sorteados, Izquierda Unida inmediatamente presentó una primera
iniciativa, que era la de petición de comparecencia del ministro de
Defensa en la Comisión de Defensa para solicitarle explicaciones y
después una proposición no de ley, a debatir en la Comisión de Defensa
también, para plantear una corrección de esta irregularidad, corrección
que pasa lógicamente en nuestro texto, y es parte de la enmienda que
hemos presentado al texto del Grupo Socialista, por la necesidad de
repetir el sorteo sobre la base de respetar los 16.000 jóvenes que ya han
sido excedentes de cupo y hacer un nuevo sorteo en el que se plantee que
el vacío que cree el nuevo excedente de cupo se amplíe con más
profesionalización, es decir, aumentando la profesionalización.

En este sentido van las enmiendas que hemos presentado. Finalmente, damos
el visto bueno a la transaccional, porque entre otras cosas planteamos en
su punto final que las próximas veces que haya que fijar el excedente de
cupo se objetivice en relación a la situación laboral o a la dependencia
económica y médica de los jóvenes. Siempre será mucho más justo que el
propio sorteo. A partir de esta filosofía, hemos presentado esta
enmienda, una enmienda que finalmente se puede transaccionar, con la
esperanza de que los representantes del pueblo español estamos aquí
fundamentalmente para resolver problemas. Si todos y todas entendemos que
se ha producido un problema, unos con más intensidad, otros con menos,
unos llamándolo incidente, otros llamándole error grave, lógicamente
tendremos que buscar soluciones. No se puede mirar para otro lado. No se
puede reconocer que hay un incidente y decir que no ha pasado nada, que
ya vendremos el próximo año con más suerte y que mientras tanto se cree
una situación de desigualdad.

Por lo tanto, nosotros esperamos que el conjunto de los grupos busque esa
transacción del voto favorable para resolver esto y dar tranquilidad. En
estos momentos, señorías, lo único que faltaba al período de transición
--un período de transición, difícil, complicado



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para cualquier Gobierno-- del ejército obligatorio al ejército
profesional era este incidente o esta irregularidad, llámenlo ustedes
como quieran. En este difícil período de transición habría que haber
buscado la resolución integral de los problemas que crea esta transición.

No solamente ésta del excedente de cupo, tenemos el excedente de los
objetores de conciencia, tenemos el problema de los insumisos. ¿No habrá
que buscar una fórmula para dar una solución integral al problema? Pues
bien, se mira para otro lado. El ministro de Defensa, con estas
actuaciones, en el fondo, yo no sé si será un ferviente partidario de la
insumisión o de la objeción de conciencia, porque realmente lo que está
haciendo es disparar como nunca la objeción de conciencia. Desde luego,
desde lzquierda Unida, las últimas cifras que se dan sobre la objeción de
conciencia nos parecen magníficas. Estamos encantados de que al final de
este año se vaya a alcanzar la cifra de 130.000 objetores de conciencia,
un 43 por ciento más que el año pasado; es decir, a 30 de octubre de este
año ya se tenía la misma cifra de objetores de conciencia que en todo el
año 1996. Es una noticia que a nosotros nos llena de satisfacción, porque
entendemos que los jóvenes están viendo con claridad --y están
comportándose así-- que es el tiempo de avanzar hacia soluciones que
permitan acabar con la mili obligatoria e ir hacia este servicio
profesional de la Defensa.

En este período de transición y a la altura en que estamos, nosotros
tenemos que calificar con un suspenso la gestión que está haciendo el
Ministerio de Defensa; suspenso porque no está resolviendo bien este
período de transición y porque no está buscando la solución en su
integridad. Este es un problema, pero no menor que el excedente de la
objeción de conciencia y no menor que el de las personas que siguen
encarceladas por ser insumisos. No menor, a la misma altura, con la misma
magnitud y, por lo tanto, hay que buscar esa solución integral.

Con el ánimo de intentar hacer ver a todos que sería muy negativo que
esta Cámara mirase para otro lado y reconociendo la mayoría de los grupos
políticos que se ha cometido un error, esperamos de la bondad y de la
sabiduría del conjunto de los grupos que, a partir de ese reconocimiento,
sin mirar para otro lado y respetando --como hace la enmienda
transaccional-- el excedente de cupo ya realizado de los 16.000 jóvenes,
se haga un sorteo nuevo y se busque una fórmula que permita resolver el
error cometido por el Gobierno, por la Administración.

Muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Meyer.

¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Es cierto que el Ministerio de Defensa, con la fórmula que planteó para
el sorteo del excedente de cupo, ha cometido un error, que nos ha llevado
a una situación de embrollo, pero lo verdaderamente grave en este momento
es cómo salimos del embrollo. En primer lugar, el Ministerio de Defensa
no puede buscar complicidades políticas para arropar su error y salir del
embrollo. Es una responsabilidad que corresponde exclusivamente al
Ministerio de Defensa y a sus asesores áulicos, que aconsejaron un
sistema que, después, los estadísticos matemáticos, por el cálculo de
probabilidades y las leyes del azar, han puesto en cuestión; cuestión que
lleva a una situación de menoscabo, de ver lesionado un principio de
igualdad de oportunidades en un sorteo que, para un grupo de conscriptos,
de llamados al servicio militar obligatorio, significa nada más y nada
menos que hacerlo o no hacerlo, estar nueve meses de cuartel o estar
nueve meses en su casa, sin esta obligación, en su puesto de trabajo, en
sus actividades normales civiles.

¿Y cómo salimos de esta situación? Todas las fórmulas que hemos venido
exponiendo ante el ministro de Defensa, con un sentido de cooperación
limpia políticamente pero sin asumir responsabilidades que los grupos
parlamentarios no tenemos, era casi un muestrario de soluciones, malas,
porque no hay una solución de salida que sea, digamos, de lectura
positiva. Hay que irse a la teoría de la solución menos mala, la que
menos daño haga, individual y colectivamente, a lo que después diré de
los intereses generales.

Estamos trabajando en una comisión para diseñar un nuevo modelo de
Fuerzas Armadas, en el sentido de su plena profesionalización, y nos
encontramos en la situación transitoria, pero que está tutelada por el
acuerdo parlamentario de julio de 1991. Esa es la norma que está vigente
y la que se trata ahora de adaptar con esta situación.

Colocada la situación de este embrollo, ¿qué ocurre? Que hay una serie de
conscriptos que pueden considerarse perjudicados, y ¿a qué vía recurren?
A la contencioso-administrativa o a que haya una fórmula de un nuevo
sorteo. Y hecho un nuevo sorteo, ¿qué puede ocurrir? Nosotros habíamos
propuesto una fórmula que, dentro de las malas, entendíamos que
perjudicaba menos, que era el reconocimiento de los derechos adquiridos a
los que ya habían obtenido la exclusión del servicio militar por el
excedente de cupo; porque si a éstos no se les reconociera una nueva
fórmula de sorteo, lo que sí tendría seguro la Administración, el
Ministerio de Defensa, es que se le presentarían unos miles de recursos
contencioso-administrativos de señores que, habiéndoseles indicado en un
sorteo público que quedaban excedentes de cupo, ahora se les dice que no.

Si se repite el sorteo en la forma que nosotros insinuamos al señor
ministro de Defensa, en el sentido de



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que se respeten estos derechos, que se haga un sorteo nuevo metiendo
todas las bolas a ver qué pasa, habrá una resultante y es que el
contingente de tropa necesario se verá alterado. No ya alterado por la
situación
real de los objetores de conciencia --dejando aparte los insumisos,
porque éste es un tema que se deriva de la objeción--, que reduce el
objetivo de fuerza y el contingente de soldados, tropa y marinería que
tiene que garantizar este objetivo de fuerza. Llegado a esta situación,
señorías, o se opta por la defensa de los derechos individuales de las
personas, de los conscriptos que han salido supuestamente perjudicados
por el error técnico del sorteo, o se opta por un interés general de la
defensa.

Cuando nosotros debatimos aquí el acuerdo base en junio de 1991, se hizo
en aquel modelo de Fuerzas Armadas de ejército mixto una adscripción al
principio del bien común de la defensa. Si se hiciera una nueva
adscripción de excedente de cupo, duplicando la cifra actual --que sería
el techo máximo sobre los actuales, aunque la fórmula que Coalición
Canaria propuso al ministro de Defensa era más reducida--, se alteraría
el contingente de fuerza. ¿Y esto qué produce? Esto produce una situación
de deterioro del principio de seguridad de la defensa con el modelo
actual de Fuerzas Armadas; es decir, no se podría cubrir el contingente
necesario para que el objetivo de fuerza que garantiza el principio de
defensa de España se pudiera cumplir. Como ven ustedes, nos movemos en un
terreno de auténtico embrollo.

Coalición Canaria lo que ha querido, a la vista de las enmiendas
presentadas, y sin menoscabo del derecho individual de cualquiera de los
mozos que no haya entrado en el beneficio del excedente de cupo, es que
se pueda presentar el recurso contencioso-administrativo pertinente. Y
allá el Ministerio. Yo no tengo que dar fórmulas ni a la jurisdicción
contencioso-adminsitrativa ni al Ministerio de Defensa. Ellos tienen un
cargo, un sueldo y una responsabilidad; por tanto, que se lo endosen a
ellos, pero no a esta Cámara ni a ningún grupo parlamentario.

Dicho esto, con un sentido de política de Estado, de garantía de la
defensa nacional fundamentada en el contingente de fuerza, de tropa y
marinería que tiene que tener, nosotros hacemos la adscripción de nuestro
voto en este momento. Entiendo que algunas enmiendas recogen el principio
que Coalición Canaria había planteado de respeto a los derechos
adquiridos. Pero hay otras enmiendas que, siendo lógicas y sensatas,
están más en el pronunciamiento que en su día haga la Comisión Mixta
Congreso-Senado sobre el nuevo modelo de Fuerzas Armadas que en este
error, lío y embrollo del dichoso sorteo que hizo el Ministerio de
Defensa para determinar los excedentes de cupo. En esta línea, por tanto,
debemos tener al menos un principio de racionalidad de lo que al final
tenemos que defender: un interés general, un bien común de la defensa
nacional, que se sustenta sobre una cifra cuantitativa del contingente
que tiene que prestar el servicio militar obligatorio hasta que
desaparezca, en la línea de nuestro apoyo a la más rápida
profesionalización al cien por cien, sin que el Gobierno pueda dejar
pasar plazos y años que llevan a un deterioro, cada vez más evidente, con
el aumento de la objeción. Porque podemos llegar en estos próximos seis
años a una situación impresentable de nuestras Fuerzas Armadas y a una
situación de inseguridad en los objetivos de defensa encomendados, si es
que estamos hablando de cosas serias y nos lo creemos; porque si no,
habría que cerrar el cuartel. En esta línea, señor presidente, entendemos
que debe prevalecer el interés general, el bien común, fundamentalmente,
y las necesidades de la defensa.

No vemos una fórmula, con la repetición del sorteo, que saque de este
embrollo y no cree una situación más complicada, porque no podemos sumar
a un error otro error, sobre todo cuando se traslada a la política de
defensa nacional.

Quiero decir bien claro, para que el grupo que soporta al Gobierno lo
traslade al Ministerio de Defensa, que esto se acabó. No puede haber una
repetición de la insensatez, que nos ha llevado a este debate, cuando
estamos hablando, nada más y nada menos, que de las Fuerzas Armadas
porque la Constitución les encomienda la garantía fundamental de la
defensa del Estado, y ésa es una cuestión muy seria. El Ministerio no
puede ni escenificar un sorteo, como si fuera el de Navidad, con los
niños de San Ildefonso, y si lo hace así, que lo haga bien, porque no
puede haber una repetición. Que haya verdaderamente un propósito de
enmienda del señor ministro de Defensa diciendo que esto no volverá a
ocurrir, que se instrumentalizarán los sistemas de sorteo que tengan la
plena garantía, aleatoria y estadística, de igualdad de oportunidades
para todos; que haya criterios tomados con normalidad, como siempre se
hicieron en nuestras Fuerzas Armadas cuando hubo excedentes de cupo, y
que eso lleve también, porque se recoge en alguna de las enmiendas que
deben ir a la iniciativa de la Comisión, a que si hay que imponer
criterios de excedentes por cuestiones sanitarias, elevar los parámetros
de exclusiones por defectos físicos; por cuestiones familiares, al ser
sostenedores de la economía familiar; de puestos de trabajo conseguidos
adecuadamente en su momento cronológico, que se haga así.

Por estas razones, señor presidente, viendo que no hay otra solución y
pensando en un interés general, al que nos adscribimos, de la defensa y
de la garantía del Estado por el contingente de tropas, nosotros no vamos
a apoyar esta proposición no de ley ni ninguna de sus enmiendas, y
algunas de ellas las defenderíamos en el momento oportuno, cuando la
Comisión redacte su informe.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.




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Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Nadal.




El señor NADAL I MALE: Señor presidente, yo creo que, en determinados
momentos, subir al estrado resulta bastante incómodo. Hoy es uno de
aquellos días incómodo, por lo que prefiero quedarme aquí. A mi insigne
compañero del Grupo Popular le recomiendo que suba a defender una cosa
que realmente tiene difícil defensa, a no ser que nos planteemos las
cosas desde la perspectiva de los derechos individuales.

Nosotros advertimos al señor ministro y a los compañeros diputados del
Partido Popular que, aunque el sorteo en su conjunto parecía ser
correcto, que lo es, a partir del momento en que aparecían dos actos
administrativos separados, uno de ellos, el primero, lo era, y el segundo
creaba una distorsión y, por tanto, un desequilibrio entre la gente que
estaba dentro del sorteo.

La verdad es que no esperábamos que el propio ministro de Defensa
reconociera la dificultad del sorteo, que había habido un error técnico
en el segundo acto administrativo; no esperábamos que lo hiciera. Pero, a
partir del momento en que lo hizo, nosotros consideramos que lo
consecuente e inmediato, tal y como se lo dijimos, era que produjera
rápidamente la nulidad del acto administrativo, el proceso de lesividad y
que se realizara un nuevo sorteo, evitando así los derechos adquiridos.

Sea por la razón que sea, la realidad es que el tema que hoy nos trae al
Congreso podía haberse solucionado en los días siguientes al sorteo. Lo
que ocurre es que hoy, días después del planteamiento que se ha hecho,
difícilmente tiene solución; pero difícilmente tiene solución, tanto si
repetimos el sorteo como si no lo repetimos. Tiene difícil solución
porque repetir el sorteo, tal y como plantean los compañeros del Grupo
Socialista, significa que 16.000 personas que son excedentes de cupo
tienen que volver a entrar en el sorteo y tienen unos derechos
adquiridos. Por tanto, el Grupo Socialista se ha visto obligado a cambiar
su perspectiva inicial y a admitir una enmienda transaccional del Grupo
de Izquierda Unida en la que se indica lo que todos decíamos en un
principio, y es que estas 16.500 personas excedentes de cupo tenían que
estar fuera de un próximo sorteo.

Pero es que hoy nos encontramos con un segundo tema, y es que las
restantes personas que han recibido la notificación y la obligación de ir
al servicio militar, tienen asignado en la comunidad autónoma
correspondiente su lugar de destino, y si ahora volvemos a proceder al
sorteo de estas personas nos encontramos inevitablemente con que los
derechos adquiridos que estos también tienen serán perjudicados (Varios
señores Diputados: ¡No, no!)
Jurídicamente hablando, tan legítimos son los derechos de los que están
fuera de un sorteo que ha sido incorrecto, como jurídicamente son
protegibles aquellas personas que tienen adjudicado su destino. Dicho de
una manera o de otra, el embrollo que se ha producido en el Ministerio de
Defensa, por querer escenificar, como ha dicho el compañero Mardones, un
acto ha sido absolutamente negativo, contraproducente y, además, ha
deprestigiado al Ministerio de Defensa.

Y ahora ¿qué hacemos? Esta es la pregunta. ¿Se repite el sorteo en las
condiciones pactadas, propuestas por el Grupo Socialista con la enmienda
transaccional, y perjudicamos los derechos adquiridos de los que están
fuera del sorteo y aquellos que tienen asignado un lugar o no lo
repetimos?
La cuestión en estos momentos es que la mayoría de las personas que han
tomado una decisión, es decir, aquellas que han resultado afectadas por
el sorteo, lo tienen impugnado ante los tribunales. Y lo que no puede
solucionarse ahora políticamente es un error matemático. A la clase
política se le pueden pedir muchas soluciones, pero lo que no se puede
solucionar, hoy por hoy, es el error matemático. La propuesta nuestra
consiste en que se espere a ver qué deciden los tribunales
contencioso-administrativos respecto a las personas, si suspenden
individualmente la adscripción o si suspenden el sorteo en su totalidad.

(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Es que usted
quiere ir a la mili?
Señor presidente, lo que sí quisiera advertir hoy al Grupo Popular para
que, si puede ser, lo transmitan al Ministerio de Defensa, es que después
de lo que ha sucedido en este mes de noviembre, lo que es evidente es:
primero, que el Ministerio de Defensa no ha tenido una respuesta
inmediata a un error que era solucionable al día siguiente de haberse
cometido. Segundo, que el Ministerio de Defensa hoy no tiene una solución
que dar a los jóvenes, para el supuesto de que los tribunales suspendan
el sorteo en su totalidad o lo suspendan individualmente. No la tiene. Y,
tercero, que hoy el Ministerio de Defensa no tiene una solución inmediata
para lo que se va a producir inevitablemente. Ustedes han propuesto que
el ejército profesional entre en funcionamiento en el año 2003, el Grupo
Socialista ha dicho que en el año 2001, Convergència i Unió está hablando
del 2002 e Izquierda Unida está hablando del año 2000. Señores del
Gobierno del Partido Popular, no llegamos al 2000. El incremento de las
objeciones de conciencia es tan elevado y se va a producir tal incremento
que no vamos a tener soldados para cubrir el año 2000.

Ya que no han sido capaces de dar una respuesta al sorteo, ya que no
tienen la respuesta para lo que puede suceder si los tribunales de
justicia suspenden el sorteo o la adscripción individual, desde
Convergència i Unió les instamos a que tengan la solución, y la presenten
a este Congreso, al incremento galopante de los objetores de conciencia
ya que no van a tener suficientes soldados para cubrir las necesidades en
el año 2000 y mucho menos en el 2003. La broma, que ya es popular



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en este Congreso, de decir que lo cubriremos a través de policías de
seguridad, que no se haga realidad porque entonces sí que el ridículo
sería monumental para el ejército español y el Ministerio de Defensa y no
se podrían cumplir los compromisos internacionales contraídos por el
Gobierno español con Europa.

Ya que el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo de Convergència i Unió
apoyan justamente que se aguante esta situación, que se deviene
insostenible por momentos, hagan el favor de tener preparadas las
soluciones necesarias para que se tengan cubiertas, con garantías
suficientes, las necesidades del Ministerio de Defensa, de la defensa del
Estado, en el año 2000, porque no llegamos.

Piensen que el año 1998, en el que se pretenden celebrar unos fastos
importantes para conmemorar unos hechos relevantes será recordado como el
año en que por primera vez se tuvieron dificultades para cubrir un
ejército, por el desmembramiento de los sorteos, por las incorrecciones
continuas y por los fracasos en la aplicación de medidas urgentes. Este
será el gran problema de 1998. Será de difícil solución, complicado de
contemplar en el año 1999 y no llegaremos al 2000.

Les insto a que, con independencia de la Comisión Mixta para la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, propongan de forma inmediata
soluciones a cosas que van a pasar en el 2000 y que aún están a tiempo de
arreglar.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nadal. Por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Nadal, a las duras y a las maduras, y por pleno
convencimiento de respaldo a un Gobierno democrático, legítimamente
elegido, que el Grupo Parlamentario Popular apoya en su integridad; sólo
y exclusivamente por propio convencimiento de las actuaciones que hasta
este momento está llevando a cabo, con ese espíritu y sentido el Grupo
Parlamentario Popular sube hoy a la tribuna para enjuiciar la proposición
no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, que desde su
exposición de motivos se equivoca en el planteamiento general del sorteo
de excedentes de cupo para el año 1998.

Parten ustedes de una sola zona de lo que ha sido en su conjunto el
sorteo de excedentes. Se refieren exclusivamente a que el sorteo sobre
excedentes de cupo del servicio militar obligatorio, celebrado el día 12
de noviembre, no ha estado rodeado de las máximas garantías de
neutralidad ni se ha asegurado la plena igualdad de oportunidades. Esto
no es cierto, no se ajusta a la realidad. Y no se ajusta, señor Moya,
porque ha habido un estricto cumplimiento del principio constitucional de
igualdad. (Algunos señores diputados: ¡no, no!)
Para ello, señor Moya, baste considerar que el acto administrativo se
concreta en el procedimiento para designar los excedentes de reemplazo
del año 1998. El primero de ellos cumple el mencionado principio de
igualdad, porque adopta un mecanismo que garantiza la plena igualdad de
oportunidades de todos los componentes del reemplazo para ser declarados
excedentes, dado el carácter aleatorio del procedimiento en su conjunto,
que ustedes mismos han utilizado en otras ocasiones.

La decisión de optar por el sorteo tradicional se debió al carácter de
urgencia, ya que el sorteo y la asignación de destinos tenían que ser
realizados a mediados de noviembre para poder respetar los plazos de
incorporación en el año 1998. Ustedes proponen dos cuestiones muy
concretas. La primera, proceder a la repetición del sorteo de excedentes
de cupo del servicio militar obligatorio, celebrado el día 12 de
noviembre, ya que en su procedimiento no se cumplieron los máximos
requisitos de neutralidad e igualdad de oportunidades para todos los
afectados; principio de igualdad que está perfectamente garantizado con
la adjudicación del número aleatorio en un procedimiento que se inicia el
30 de octubre. Y a dejar en suspenso la realización de actuaciones
posteriores que, por su naturaleza, guarden relación con este proceso de
selección y cuya configuración traiga causa de actuación precedente. Es
decir, han salido elegidos excedentes de cupo 16.442 jóvenes y un total
de 148.900 han sido sorteados esa misma noche para ocupar sus destinos en
los distintos lugares de las ciudades de España. ¿Habrá que suspender
también la asignación de destinos que se ha realizado con 148.900 jóvenes
en cada una de las circunscripciones españolas? ¿O habrá que volver a
meter en el bombo a esos 16.442 jóvenes que han salido excedentes de cupo
en relación con las probabilidades que han existido?
Se ha hablado --y entro a contestar al señor Meyer-- de una pregunta
formulada al presidente del Gobierno en sede parlamentaria.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): señor Fernández de Mesa, esto no
es un turno en contra. Por lo tanto, no haga alusiones personales, porque
si no la Presidencia tendría que conceder la palabra de nuevo.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero decir que el presidente del Gobierno ha estado aquí
presente contestando a una pregunta parlamentaria y que el propio
ministro de Defensa compareció, a petición propia, al día siguiente para
explicar en el Congreso de los Diputados lo que había acaecido en el
sorteo del pasado día 12 de noviembre.




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Pero quiero decir también que se han manejado cifras falsas --se han
reiterado en la Cámara y en declaraciones públicas-- en las que se dice
que un 50 por ciento más de posibilidades han tenido unos jóvenes que
otros de ser exonerados del cumplimiento del servicio militar Esta cifra
es radicalmente falsa. La máxima probabilidad existente ha sido del 15,07
por ciento y la mínima del 8,22 por ciento. Por lo tanto, habría una
diferencia del 6,85 por ciento.

Respecto a las enmiendas presentadas, quiero decir que no se trata de
tener en cuenta en exclusividad el sorteo del día 12 de noviembre. Se
trata de tener en cuenta, en su globalidad, el conjunto de acciones que
han llevado a cabo a determinar los excedentes de cupo del año 1998.

Simplemente voy a poner un ejemplo. Fuese cual fuese el sistema que se
hubiera empleado para el sorteo de excedentes, hay una situación muy
clara y es que si se hubiera determinado que a partir del número 1 todos
los que salieran, hasta el 16.442, serían los excedentes de cupo, unos
habrían tenido el cien por cien de probabilidades y otros el cero por
ciento. Sin embargo, en virtud de la adjudicación de un número aleatorio
que se determina el día 30 de octubre, nadie podrá decir que no se ha
cumplido el principio de equiprobabilidad y equiproporcionalidad de todos
los excedentes que han resultado elegidos en el sorteo.

Se habla, señorías, de que en sucesivas ocasiones se tengan en cuenta la
realidad laboral, la realidad social, familiar y económica. Ya se ha
dicho aquí que, efectivamente, se tendrán en cuenta. Pero habrá que
analizarlas bien y en profundidad; habrá que tener en cuenta la realidad
laboral que se tiene y se pretende plantear; habrá que ver si aquellos
que tengan un contrato de trabajo se les exime del cumplimiento del
servicio militar o aquellos que no lo tengan todavía, se les penaliza más
por no tenerlo. Habrá que analizar muy en profundidad cuáles son las
razones de exención que nos tendremos que plantear a partir del año que
viene. Se ha dicho también que el sorteo hubiera podido ser perfectible,
pero en modo alguno se puede afirmar ni se puede aceptar que haya habido
incumplimiento de la igualdad de oportunidades para los 165.342 mozos del
reemplazo del año 1998. Esto es más justo que haber llamado a 22.000
jóvenes más para realizar el servicio militar pudiendo haber habido
excedentes de cupo, como se hizo en los años 1994 y 1995.

Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Empezaba mi intervención diciendo que este grupo
parlamentario está a las duras y a las maduras. Hemos oído durante estos
días todo tipo de afirmaciones contrarias hacia la idoneidad o no del
sorteo realizado y sobre la limpieza o no del mismo. De la misma manera
que hemos aceptado las críticas que se han realizado, permítanme que
también podamos hacer referencia a las maduras desde esta tribuna. En una
carta que dirige el catedrático de análisis matemático Rodríguez Salinas,
de la Real Academia de las Ciencias, al señor ministro de Defensa, le
dice: Señor ministro, me voy a referir al sorteo de la mili para
informarle que, como consecuencia de que se asignaron aleatoriamente los
números a los mozos, el proceso íntegro del sorteo fue justo. Y termina
diciendo que, precisamente, el error cometido por los que han dicho que
el sorteo fue injusto ha sido debido a que no han tenido en cuenta dicho
hecho, seguramente desconociendo que para calcular la probabilidad de un
suceso es esencial toda la información que se tiene sobre él, y ellos no
han tenido en cuenta que los números fueron asignados aleatoriamente.

En estos momentos, de todas las propuestas que se han realizado, ninguna
mejoraría la situación actual, no sólo teniendo en cuenta las
adjudicaciones de destino y los mozos de reemplazo, sino también teniendo
en cuenta no sólo los intereses de las Fuerzas Armadas, no sólo los
intereses de la defensa nacional, sino los intereses de todos los
españoles. Es cierto que está creciendo la objeción de conciencia, y es
algo que está protegido por la ley. Se han presentado hasta este momento
72 recursos en el Ministerio de Defensa contra el sorteo de excedentes de
cupo, pero es una responsabilidad de todos los miembros de esta Cámara y
de todos los grupos políticos conseguir la plena profesionalización de
las Fuerzas Armadas, en un plazo que el Gobierno ha establecido en el año
2003 y que otros grupos políticos pretenden adelantar. Habrá que tener en
cuenta la necesidad del incremento presupuestario en el Ministerio de
Defensa, y habrá que tener en cuenta la realidad de las Fuerzas Armadas,
y las necesidades de tener el contingente cubierto, para que sean
plenamente operativas para las misiones nacionales e internacionales a
las que hacia referencia el señor Nadal.

Señoras y señores diputados, el Gobierno tiene la gran responsabilidad de
llevar adelante la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas. El
Grupo Parlamentario Popular respalda esa actuación, pero todos los grupos
parlamentarios en la ponencia y en la Comisión Mixta somos responsables
de que llegue a buen término esa plena profesionalización. Cualquier
entorpecimiento, cualquier actitud que pueda distorsionar el objetivo
final que a todos nos compete en este momento, que es llevar a buen
puerto la plena profesionalización, estará restando esfuerzos y estará
llevando a que no se pueda garantizar ni el contingente actual ni los
plazos que nos hemos fijado.

Termino, señor presidente, diciendo que el Grupo Parlamentario Popular
votará en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Fernández
de Mesa.

El señor Moya tiene la palabra exclusivamente para informar a la Cámara
del contenido de la enmienda transaccional que plantea a las que han
presentado los otros dos grupos.




El señor MOYA MILANES: Muchas gracias, señor presidente.

Como ya avancé anteriormente en mi intervención, aceptamos las dos
enmiendas que se han presentado por parte de los dos grupos, pero hacemos
una transaccional única, recogiendo el espíritu y la letra prácticamente
de las dos, tratando de dar satisfacción a ambas, porque entendemos que
en ambos casos se pretende salvar la situación de los ya beneficiados por
el sorteo realizado y, al mismo tiempo, prever una situación de futuro en
relación con medidas y criterios más objetivos que eviten la repetición
de un sorteo.

Al resto de los grupos les agradezco el apoyo moral a la iniciativa,
aunque hubiese preferido que fuese un apoyo real más acorde con su propio
discurso de esta misma tarde.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moya.

El señor Meyer ya ha indicado que aceptaba la enmienda transaccional y la
señora Rivadulla también, por lo que pasamos a la votación del texto de
esta enmienda transaccional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista por la que se insta al Gobierno a la repetición del sorteo de
excedentes de cupo del servicio militar obligatorio, celebrado el pasado
12 de noviembre de 1997, en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda transaccional por el grupo proponente y el enmendante.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 159; en contra, 160.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley. (Rumores.)



AMPLIACION DE PLAZO:



-- DE LA SUBCOMISION DEDICADA AL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE
INTEGRACION ECONOMICA Y MONETARIA (Número de expediente 154/000011)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de someter a la aprobación o rechazo
de la Cámara la propuesta que constituye el punto V del orden del día, y
por ser de la misma naturaleza, quiero someter a votación, si es posible
por asentimiento de la Cámara, la prórroga del funcionamiento de algunas
subcomisiones, tal y como ha acordado la Mesa esta mañana a propuesta de
las comisiones correspondientes.

En primer lugar, se propone la prórroga hasta el próximo día 9 de abril
de 1998 del plazo para el funcionamiento de la subcomisión dedicada al
análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria,
constituida en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.

¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.




-- DE LA SUBCOMISION ENCARGADA DE LA ELABORACION DE UN INFORME QUE SIRVA
DE BASE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL (Número de
expediente 154/000012)



El señor PRESIDENTE: También se somete a aprobación una prórroga hasta el
próximo día 30 de junio de 1998 del plazo de funcionamiento de la
subcomisión encargada de la elaboración de un informe que sirva de base
para el establecimiento de un nuevo modelo policial, constituida en el
seno de la Comisión de Justicia e Interior.

¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.




-- DE LA SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE TELEVISION Y
RADIO DE TITULARIDAD PUBLICA Y COBERTURA ESTATAL, A LOS EFECTOS DE DOTAR
AL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) DE UN MARCO FINANCIERO
ESTABLE Y PROPONER LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LA RADIO Y
TELEVISION APROBADOS POR LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, QUE SE CONSIDEREN
NECESARIAS (Número de expediente 154/000016)



El señor PRESIDENTE: Asimismo, se solicita la ampliación hasta el próximo
día 30 de junio de 1998 del plazo de funcionamiento de la subcomisión
dedicada al estudio para dotar al Ente Público Radiotelevisión Española
de un marco financiero estable y proponer las modificaciones del Estatuto
de Radio y Televisión.

¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.




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PROPUESTAS DE CREACION DE SUBCOMISIONES:



-- DE LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO DE CREACION DE UNA
SUBCOMISION PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACION Y
RECONVERSION DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO (Número de
expediente 158/000024)



El señor PRESIDENTE: Dentro del punto V del orden del día figuraba la
propuesta de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de creación de
una subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.

Me aclaran los letrados que de acuerdo con la resolución de la
Presidencia al amparo de la cual se pretende crear esta subcomisión, no
hay debate previo, pero sí puede haber explicación de voto. En
consecuencia, vamos a proceder a la votación y luego daremos turno de
explicación de voto.

Se somete a votación la propuesta de la Comisión de Industria, Energía y
Turismo de creación de una subcomisión para el seguimiento de los
procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes
al sector público.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 181; en contra, 133; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la creación de la subcomisión
referida.

Para explicar su voto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños o
abandonen en silencio el hemiciclo --el Pleno continúa todavía--, para
que puedan tomar la palabra aquellos grupos que quieran hacer uso de su
derecho a la explicación de voto.

Silencio, señorías. Cuando quiera señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados. El voto del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió a la iniciativa venida de la Comisión de Industria y
Energía para la creación en el Pleno del Congreso de los Diputados de una
subcomisión que analice el proceso de privatización y modernización de
sector público empresarial español, así como también el seguimiento de
los procesos de reconversión que están llevando a cabo todas las
industrias públicas españolas, ha sido, como ustedes habrán podido
comprobar en el resultado de la votación, favorable. Voto favorable por
varias cuestiones. En primer lugar, porque ésta ha sido una iniciativa
que nuestro Grupo Parlamentario (Convergència i Unió) ha venido
proponiendo a lo largo de los últimos 30 meses. Y digo 30 meses para que
no exista duda al respecto, ya que a nuestro entender ha sido un proceso
maratoniano para que, finalmente, la votación de una propuesta de
subcomisión que analizara los procesos de privatización y reconversión
del sector público empresarial español ha surgido a lo largo de esos
últimos 30 meses, concretamente desde el mes de julio del año 1995. Han
tenido que pasar varias votaciones, entre ellas la que realizó el Pleno
del Congreso de los Diputados cuando en el debate del sector público
empresarial en la pasada legislatura, siendo ministro el señor
Eguiagaray, ya prosperó una iniciativa de este calibre, también a
propuesta de Convergència i Unió, aunque nunca llegó a ver la luz la
propuesta definitiva de creación, ya que en el mes de marzo del año 1996
se disolvieron las Cortes.

Tuvo que llegar el Gobierno del Partido Popular para que también nuestro
grupo parlamentario, Convergència i Unió, iniciara otro mecanismo a
través de la Comisión de Industria para poder conseguir que fuera
realidad la creación de una subcomisión a tales efectos y que fuera
posible analizar los procesos de privatización y reconversión del sector
público empresarial español. Justamente en diciembre del año 1996 se
presentó esta iniciativa en la Comisión de Industria, que también fue
aprobada, y es al cabo de un año, es decir en diciembre de 1997, cuando
finalmente viene a este Pleno dicha iniciativa, que nosotros hemos votado
favorablemente por dos motivos. En primer lugar, porque fue una
iniciativa de nuestro grupo parlamentario. En segundo lugar, porque
entendemos que este mecanismo permitirá darle más claridad, más
objetividad y más transparencia a todo aquel proceso de privatización
proveniente de un acuerdo del Consejo de Ministros del año 1996, en el
sentido de que el Gobierno hizo público un plan de modernización del
sector público empresarial español, que hasta la fecha ha ascendido a 1,7
billones de pesetas.

Tenemos un gran trabajo para lo que resta de legislatura, ha habido
muchas empresas que se han privatizado, quedan pendientes también algunos
procesos importantes y sinceramente pensamos que a través del trabajo de
la subcomisión y de los grupos parlamentarios que se quieran incorporar a
la misma podemos hacer una labor objetiva, clara, ágil y transparente.

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha
votado favorablemente la creación de esta subcomisión que analizará los
procesos de privatización y reconversión del sector público empresarial
español.




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Muchas gracias, señoras y señores diputados y señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Sánchez i
Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, con mucha brevedad y simplemente para
explicar nuestro sí, que es un sí muy crítico, en el sentido de que esta
subcomisión parte de un acuerdo in voce prácticamente de todos los
grupos, que se realizó al inicio de la Comisión de Industria, y después
nos vimos sorprendidos por el cambio de actitud del Grupo de Convergència
i Unió, puesto que mientras aparentemente, al principio, estaban en la
idea de crear una subcomisión que realmente siguiera, si no en tiempo
real sí de manera razonable, los procesos de privatización para que
hubiera de verdad un control de estos procesos, nos encontramos en estas
fechas navideñas con que no podremos controlar ya la venta de Telefónica,
no podremos controlar ya la venta de Inespal ni el acuerdo o la venta de
Aceralia --antes Corporación Siderúrgica Integral--, Endesa y otras
pequeñas empresas que ya están fuera del alcance de cualquier comisión
parlamentaria. Si esta subcomisión puede servir para cambiar esta
realidad de las cosas, bienvenida sea, pero si va a seguir la misma
dinámica actual, debería convertirse en una comisión notarial que
simplemente levante acta de, en opinión del Gobierno, lo bien que vende
las empresas y, en opinión de la oposición, lo mal que lo están haciendo,
descapitalizando a nuestro Estado en sectores estratégicos, perdiendo la
posibilidad de incidencia en temas tan importantes para el empleo y para
la industria como son la siderurgia, las telecomunicaciones y otros
aspectos importantes de la vida económica de nuestro país.

Espero que dentro de 10 o 15 años no tengamos que oír, como siempre, qué
mal lo hicieron los anteriores.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir con mucha brevedad, dada la hora de la noche y la
audiencia del propio Pleno, y veo gestos de agradecimiento y
reconocimiento de todos los presentes, cómo no. En cualquier caso, mi
grupo parlamentario se siente obligado a dar su explicación de voto para
evitar una mala interpretación de lo que pudiera parecer una paradoja, el
que un grupo de la oposición vota en contra de la constitución de una
subcomisión de seguimiento para el proceso de privatizaciones, toda vez,
además, que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha insistido en
múltiples ocasiones en la necesidad de reforzar los mecanismos de control
y de incrementar los niveles de transparencia en el proceso de
privatización que se estaba llevando por parte del Gobierno.

Además, tenemos que evitar una paradoja añadida, desde el punto y hora en
que este Grupo Parlamentario Socialista hace ya casi dos años votó a
favor de la constitución de una comisión de estas mismas características,
propuesta entonces por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y aprobada con los votos del entonces mayoritario Grupo
Parlamentario Socialista. Eso sí, en aquel momento se aprobó, por parte
del Grupo Socialista y por parte del entonces Gobierno socialista, la
conveniencia de que se pusiera en marcha una comisión, repito, de las
mismas características que inicialmente la bienintencionada iniciativa de
Convergència i Unió pretendiera que viera la luz en esta Cámara.

Pero es evidente que las circunstancias han cambiado y que aquel grupo
parlamentario mayoritario y aquel Gobierno socialista ya no es hoy el que
gobierna en España y después ha aparecido otra mayoría; una mayoría que
hace año y medio llevó también a Convergència i Unió, ya en ese momento
aliado de otro grupo mayoritario, a presentar una iniciativa similar.

Pongo las fechas porque no creerán que el tema ha ido con prisas, desde
septiembre de 1996 estamos a diciembre de 1997. En aquel momento,
Convergència i Unió presentó su iniciativa. Unos días después,
precisamente mañana cumple un año, en el seno de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, se debatió aquella iniciativa, y cuál no
sería nuestra sorpresa cuando frente a una iniciativa que nosotros
habíamos compartido, que incluso previamente a su debate habíamos
apoyado, nos encontramos otra iniciativa desnaturalizada y absolutamente
mutilada por las enmiendas que el Partido Popular presentó y que
evidentemente consiguió en aquella comisión.

Nosotros estamos absolutamente en contra no de una subcomisión, sino de
esa subcomisión, que es una pura ficción, una pura ceremonia de la
confusión. Es una comisión que probablemente por la dignidad del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió no ha querido retirar, y
probablemente estoy interpretando indebidamente su posición política,
pero convendrán conmigo tirios y troyanos en que esta iniciativa nada
tiene que ver con la iniciativa que pretendía Convergència i Unió y a la
que, evidentemente, como recordaba el señor Santiso, nos sumábamos todas
las fuerzas políticas.

Nos encontramos con una iniciativa para salir del paso. Cómo será que
hasta la propia Mesa del Congreso, con su presidente, Secretaría General
y letrados al frente, devolvieron la iniciativa a la Comisión asombrados
por lo que era simplemente lo que en matemáticas se llamaría el conjunto
vacío, era una subcomisión sobre la nada.




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Se dice de seguimiento. Yo diría que es más de acompañamiento. Es una
especie de comisión eco, ni siquiera es rueda de prensa, señor Santiso;
es una comisión que viene a recoger exclusivamente los acuerdos que el
Consejo de Ministros haya ya recitado con mayor o menor fortuna en las
ruedas de prensa.

Por tanto, en ese camino que no nos esperen. Ahí, desde luego, que no nos
acompañen. Ya, puestos a tener cortinas de humo, con nuestro inefable
Consejo Consultivo de Privatizaciones tenemos bastante como para que en
este momento, además de una ONG, vayan saliendo organizaciones hermanas
que hagan la tarea al Gobierno.

Simplemente queríamos hacer esta intervención para evitar que cualquier
sorprendido estudioso dentro de algunos años no entendiera cómo el Grupo
Parlamentario Socialista ha votado clara y rotundamente en contra de la
constitución de esa subcomisión.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernández Moltó.

Finalmente, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Peón Torre.




El señor PEON TORRE: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para explicar el voto favorable de nuestro
grupo a esta creación de la subcomisión, iniciativa que ya fue aprobada
en la Comisión de Industria, y para hablar también de coherencia, como
han hecho algunos grupos de la Cámara.

Nuestro grupo también pretende ser coherente. Ya en la legislatura
anterior apoyamos la iniciativa a la que se ha referido algún otro
interviniente, con el Gobierno socialista, en el sentido de crear no una
subcomisión, entonces era una ponencia, pero sí me gustaría recordar que
ese acuerdo de la Cámara, que se produjo con el apoyo del Grupo Popular,
nunca se pudo llevar a la práctica porque pasaron los meses y, al final,
se disolvió la legislatura anterior sin que ese acuerdo de la Cámara se
llevara nunca a efecto. Ahora la diferencia es que ese consenso entre la
mayoría de los grupos sí se lleva a efecto y sí vamos a ver cómo se
produce la existencia en el mundo real de ese instrumento de control;
instrumento de control que, como cualquier otro, puede ser mejorable, que
como cualquier otro puede merecer muchos juicios. En cualquier caso,
estimamos que siempre será un instrumento más eficiente para garantizar
su fin que aquel que no existía antes, que aquel que nunca llegó a
existir antes en procesos de privatización que supusieron muchísimos
recursos públicos puestos en manos de estos procesos; hablamos de 2
billones de pesetas y de más de 70 empresas, insisto, en la legislatura
anterior, sin estos instrumentos que ahora se ven tan ineficaces o tan
insuficientes.

Por otra parte, agradecemos alguna postura que hemos escuchado, aunque
sea crítica, en el sentido de confiar en el resultado de los trabajos de
esta subcomisión que hoy se crea con los demás instrumentos, porque no es
el único, hay más instrumentos. La propia Ley de enajenación de
participaciones públicas, de 5 de marzo de 1995, del Grupo Socialista,
con la que se ha venido funcionando hasta ahora, no desaparece, sigue
siendo un instrumento de control, de transparencia, como existía antes, y
se añaden otros. Se ha añadido el Consejo Consultivo de Privatizaciones,
se ha añadido el propio Plan del Gobierno de modernización y
privatización, que contempla unos cauces, unos procedimientos, en
definitiva unos fines que pueden ser evaluables, existe la Intervención
General, el Tribunal de Cuentas y ahora existe también esta subcomisión
de privatizaciones. Insisto, seguramente es mejorable el instrumento,
pero nos sorprende que precisamente el único grupo que muestra su voto
contrario, el más exigente, sea aquel que en la legislatura anterior le
parecía suficiente control la sola existencia de la Ley de enajenación de
participaciones públicos.

Señorías, por remitirme al anuncio de brevedad, creemos que no es justo
hacia el trabajo que está realizando la Comisión de Industria, no es
justo hacia el trabajo que realizan los grupos que apoyan hoy la creación
de esta subcomisión, decir que esto es una falacia o una tomadura de pelo
o que no nos va a poder permitir controlar los procesos de
privatización...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peón, no es un turno de
réplica, es de explicación de voto.




El señor PEON TORRE: Termino ya, señor presidente.

En la Comisión de Industria, durante año y medio, llevamos analizando
todos los días cada uno de los procesos de privatización de este
Gobierno, 26 comparecencias en año y medio. Además de eso, ahora ponemos
en marcha esta subcomisión y estoy convencido de que también va a
resultar muy positiva para garantizar la transparencia, la concurrencia y
la objetividad, que creo que en todo caso no se produjo en años
anteriores.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peón.

Finalizada la parte del orden del día prevista para la sesión de esta
tarde noche, el Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las diez de la noche.