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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 63, de 26/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 63
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 60
celebrada el miércoles, 26 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 3096)
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política general de vivienda, para garantizar a todos
los ciudadanos el acceso a una vivienda digna (número de expediente
172/000030) (Página 3124)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
materia de drogas (número de expediente 172/000029) (Página 3132)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 3096)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno:
¿Qué explicación da el Gobierno a la falta de adopción de medidas
suficientes e inmediatas para la ayuda a los damnificados por las
recientes inundaciones sufridas en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
(Número de expediente 180/000436) (Página 3096)
Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
importante actividad le impidió al Sr. Presidente del Gobierno estar
presente en el Pleno del Congreso del pasado miércoles, día 19 de
febrero? (Número de expediente 180/000439) (Página 3098)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué ventajas para la
economía española en beneficio de los ciudadanos considera el Gobierno
que se van a derivar del nuevo Plan de Liberalización Económica aprobado
por el Consejo de Ministros del día 21 de febrero de 1997? (Número de
expediente 180/000469) (Página 3099)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué criterios han basado la
propuesta del Sr. López-Amor como Director General de RTVE? (Número de
expediente 180/000435) (Página 3101)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cree el Sr.
Presidente del Gobierno que las recientes declaraciones públicas del
Director General de RTVE se atienen a los principios de objetividad,
neutralidad e imparcialidad que deben caracterizar el desempeño de su
cargo? (Número de expediente 180/000440) (Página 3102)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno
para hacer valer los derechos de la Hacienda Pública en relación a la
proclamada deuda tributaria de los 200.000 millones de pesetas? (Número
de expediente 180/000446) (Página 3104)
Del Diputado don Joaquim Molins i Amat, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene
previsto adoptar el Gobierno en 1997 para dar cumplimiento a la
disminución prevista en los presupuestos de los gastos corrientes en
bienes y servicios y de las transferencias a empresas públicas? (Número
de expediente 180/000467) (Página 3105)
Del Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Ministro de
Administraciones Públicas el nombramiento de numerosos miembros de su
entorno personal en distintos puestos de responsabilidad de las
Administraciones Públicas? (Número de expediente 180/000443) (Página 3107)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la razón de la suspensión de
la publicación en los meses de noviembre, diciembre y enero del Boletín
del Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones
Públicas? (Número de expediente 180/000447) (Página 3108)
Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el
Sr. Presidente del Gobierno que la trayectoria del Sr. López-Amor en el
ejercicio de sus funciones públicas le hacen idóneo para el cargo para el
que fue nombrado por el Consejo de Ministros? (Número de expediente
180/000441) (Página 3109)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
acciones desarrolla el Ministerio de Defensa en relación con el
mantenimiento y preservación del «medio ambiente»? (Número de expediente
180/000461) (Página 3110)
De la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actividades se han
llevado a cabo con las universidades para la formación del Personal
Militar? (Número de expediente 180/000462) (Página 3111)
Del Diputado don Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se están
tomando para la prevención de drogodependencias en las Fuerzas Armadas?
(Número de expediente 180/000463) (Página 3112)
De la Diputada doña María Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar la Ministra de
Educación y Cultura las razones de la dimisión del Director Artístico del
Teatro Real? (Número de expediente 180/000444) (Página 3113)
De la Diputada doña María Jesús Celinda Sánchez García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas va a tomar el Ministerio de Educación y Cultura para que el padre
o madre divorciado/a que no tenga la custodia pueda acceder a las
calificaciones escolares de sus hijos? (Número de expediente 180/000455)
(Página 3114)
Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones tiene el Gobierno para
dilatar la aprobación del Decreto-Ley destinado a paliar los efectos del
temporal en Andalucía? (Número de expediente 180/000445) (Página 3115)
Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué evolución ha
experimentado la morosidad con la Seguridad Social en el sector público
durante 1996? (Número de expediente 180/000456) (Página 3116)
De la Diputada doña María Jesús Sainz García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas
básicas de actuación que se contemplarán en el Tercer Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer que el Gobierno tiene previsto presentar?
(Número de expediente 180/000457) (Página 3117)
De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el alcance de
las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en cuanto a
los medicamentos genéricos? (Número de expediente 180/000458) (Página 3118)
Del Diputado don Mario Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los objetivos del
Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la dotación de recursos en el área
sur de Madrid y la posible construcción de un hospital en el Municipio de
Fuenlabrada? (Número de expediente 180/000459) (Página 3119)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene el Gobierno
previstas medidas conducentes a potenciar desde el punto de vista
formativo, profesional, etc., al Cuerpo de Médicos Inspectores del
Instituto Nacional de la Salud? (Número de expediente 180/000460)
(Página 3120)
Del Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué trazado, coste y plazo de ejecución
señalan los informes y/o preceptos del tren de alta velocidad
Madrid-Valencia, elaborados por el Ministerio de Fomento? (Número de
expediente 180/000437) (Página 3121)
De la Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos vuelos civiles se han
trasladado ya del Aeropuerto de Barajas al de Torrejón? (Número de
expediente 180/000442) (Página 3122)
Del Diputado don Francisco Enrique Camps Ortiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué planes tiene el
Gobierno con referencia a la anunciada Ley de Aeronáutica Civil? (Número
de expediente 180/000464) (Página 3123)
Interpelaciones urgentes (Página 3124)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política general de vivienda, para garantizar a todos
los ciudadanos el acceso a una vivienda digna (Página 3124)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Fernández Sánchez. Considera
inaceptables todas las medidas anunciadas para desregular el mercado del
suelo, siéndolo también para los alcaldes y concejales del Partido
Popular, por lo que da la impresión de que se está ante una operación de
«marketing», que ha creado intranquilidad y preocupación en la sociedad.
Explica que va a centrar su interpelación en la breve reseña ofrecida por
el Consejo de Ministros, en el sentido de que se va a hacer una nueva ley
del suelo para aumentar la cantidad de suelo urbanizable y reducir el
costo de la vivienda. Considera que la puesta en marcha de este segundo
paquete de medidas liberalizadoras insiste en la supresión de facultades
propias de los poderes públicos, en favor de determinados intereses
privados, y van a eliminar la única posibilidad de ordenación racional
del territorio y de crecimiento de las ciudades, medidas que, además,
pueden atentar contra el artículo 47 de la Constitución. Por otra parte,
estima que ya existe suelo urbanizable en un volumen superior a las
necesidades previstas para los próximos años, proporcionando, a
continuación, algunos datos de la Comisión Europea que demuestran, entre
otras cosas, que estamos a la cabeza de Europa en el número de viviendas
vacías, pero en la cola en cuanto a viviendas sociales de alquiler y en
cuanto a ayudas a la vivienda. El problema para Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no es la carestía de viviendas, sino el
precio elevado de las mismas, superior al poder adquisitivo de muchos
españoles, y pone de relieve otros factores que hay que tener en cuenta,
como los cambios en la composición de las unidades familiares, que
precisan viviendas con tipologías diferentes.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo), agradeciendo la oportunidad que le brinda el
interpelante de poder iniciar un debate sobre un problema tan acuciante
como es el del suelo y la vivienda. Niega, en primer lugar, que el
anuncio de las medidas liberalizadoras del Gobierno del pasado Consejo de
Ministros tengan nada que ver con una operación de «marketing». Por el
contrario, considera que está en marcha en España uno de los procesos más
ambiciosos y profundos de reformas estructurales que se hacen en el
conjunto de la economía productiva española. Tampoco está de acuerdo en
que se haya creado intranquilidad, puesto que si algo causa
intranquilidad es precisamente tener la vivienda cara y el suelo escaso.
A continuación expone las características de nuestro país que, según su
opinión, han hecho fracasar el modelo que contiene la actual legislación
del suelo: primero, España es un país grande; segundo, es un país que
tiene la población estancada; y, tercero, es un país que tiene muy baja
densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, lo que hace absolutamente
incompresible que el suelo urbanizable y urbanizado sea escaso y que la
vivienda sea cara. Por tanto, está de acuerdo con el interpelante en
que no es un problema de escasez de viviendas. Asimismo, denuncia la ola
especulativa a que ha dado lugar la vigente legislación, que ha supuesto
una situación social absolutamente insoportable.
Después de hacer una autocrítica, pasa a analizar las causas. Como
solución propone incrementar el suelo en términos de mercado, para que
disminuya su precio y repercuta en el menor coste de la vivienda. Añade
que esta propuesta no es nueva, sino que ya se hizo en 1993 por el
Tribunal de Defensa de la Competencia y, también, por el anterior
Ministerio de Obras Públicas, en el informe que sobre el suelo y
urbanismo elaboró en 1994 una comisión de expertos, en la que estuvieron
representadas las administraciones públicas a los tres niveles -estatal,
autonómica y local-, los promotores públicos y privados, la Federación
Española de Municipios y Provincias y otras instituciones y colegios
profesionales.
Considera que las sucesivas reformas de la legislación urbanística han
incrementado la complejidad del ordenamiento jurídico del sector,
encontrándose el Gobierno con una legislación pendiente de varios
recursos ante el Tribunal Constitucional y rechazada e incumplida
mayoritariamente. Hace un repaso de los efectos negativos que ha
ocasionado esta legislación en el desarrollo de nuestras ciudades, entre
los que cita: primero, la fuerte restricción de la oferta de suelo
urbanizable en condiciones de inmediato desarrollo; segundo, tiempos
reales de tramitación de planes y proyectos notoriamente largos; tercero,
una fuerte discrecionalidad de la administración municipal frente a las
propuestas e iniciativas de los particulares; cuarto, cargas de cesiones
de suelo, en general, excesivas e injustificadas; y, por último, rigidez
de las determinaciones del planeamiento y del sistema de obligaciones y
plazos para su ejecución. Ante todos estos efectos, el Gobierno, dentro
de un primer paquete de medidas liberalizadoras de carácter económico,
aprobó el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, anunciando la reforma
de mayor profundidad a través del proyecto de ley que enviará a la Cámara
para que sea objeto de un amplio debate público.
Finalmente, hace hincapié en que es difícil encontrar un punto de
equilibrio entre el derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos,
desde una perspectiva constitucional, y el proceso urbanístico como
fuente de financiación de los ayuntamientos. Recuerda que es un problema
de elección, ante el que ellos, siempre, optarán por el derecho de los
ciudadanos del acceso a la vivienda, y anuncia que el nuevo plan de la
vivienda se negociará con todas las comunidades autónomas.
Replica el señor Fernández Sánchez, duplicando el señor Ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Morlán Gracia,
del Grupo Socialista, y el señor Ortíz González, del Grupo Popular.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del gobierno en
materia de drogas (Página 3132)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presenta la interpelación
el señor Martinón Cejas. Manifiesta, en primer lugar, que el problema de
la droga es de tal naturaleza que exige una política de Estado, en la
que, para que haya éxito, es necesaria una continuidad y un consenso de
las fuerzas políticas, así como el de toda la sociedad. Sin embargo,
considera que, a veces, desde las filas del Partido Popular no se ha
colaborado mucho en ese sentido, puesto que algunos de sus dirigentes
hicieron responsables a los socialistas del drama social de la droga. De
todas formas, se consiguió el consenso político, plasmándose por último
en el informe de la Comisión Mixta de la pasada legislatura, que fue
aprobado por unanimidad. Añade que, aunque el Delegado del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas ha insistido reiteradamente en que ese
informe parlamentario es su principal referencia, la realidad que se
percibe es bien diferente, por lo que se han visto obligados a presentar
esta interpelación.
En cuanto a las actuaciones del Gobierno, felicita, en primer lugar, al
señor Ministro de Interior por los éxitos policiales en esta materia. Sin
embargo, ve con preocupación la poca atención que se presta a los
servicios altamente especializados del Ministerio de Hacienda en la lucha
contra el blanqueo, así como al fiscal especial, del que tanto hablaron
en otras etapas.
A continuación, analiza el plan de medidas contra la droga, haciendo una
serie de preguntas sobre cómo se van a llevar a efecto. Considera la
prevención como factor prioritario, en lo que están de acuerdo todos los
grupos políticos, pero encuentra insuficiente el trato que se le da en el
plan de medidas que aprobó el Gobierno el 24 de enero, criticando algunos
aspectos de la última campaña publicitaria. Por otra parte, recuerda la
intervención del Delegado del Gobierno anunciando los peligros del
«éxtasis», que sólo sirvió, según el interpelante, para que las
existencias de este producto se acabaran en menos de 24 horas. Opina que
hablar de drogas, a veces, para lo único que sirve es para fomentar la
curiosidad y para aumentar el consumo de la droga. Expone que el plan de
medidas es parcial, no es un plan propiamente dicho e ignora
prácticamente el papel de las comunidades autónomas.
Termina su intervención manifestando que contarán con el apoyo de su
grupo si desde el Gobierno se da un mensaje de confianza a la población
acerca de que la política llevada a cabo ha sido eficaz y que hay
continuidad en la política de drogas porque existe un consenso, que se
debe ampliar a las administraciones públicas y a las ONG, pero no
aceptarán nunca que se haga publicidad política con el dolor de aquellas
personas que han tenido la desgracia de caer en la drogadicción, ni con
el de sus familias.
El señor Ministro de Interior (Mayor Oreja), en nombre del Gobierno,
tranquiliza al señor Martinón en el sentido de que nadie ha abandonado el
consenso, pero no comprende cómo, con una comparecencia en la Comisión
Mixta sobre la Droga fijada para el día 18 de marzo, solicitada por los
distintos grupos políticos, y en la que se iba a explicar con
tranquilidad y sosiego las medidas esenciales de la lucha contra la
droga, se plantee hoy una interpelación que, en un sentido parlamentario,
significa quebrar sustancialmente una política de Estado y de consenso.
Por otra parte, reitera las opiniones del Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, en el sentido de que el informe que se hizo
en la V Legislatura, y que fue aprobado y consensuado en diciembre de
1995, sirvió para configurar el plan aprobado por el Consejo de Ministros
del pasado 24 de enero. Por ello, se pregunta por las razones de fondo
que existen para presentar una interpelación de estas características en
este momento. Si lo que se pretende con la interpelación es compartir
protagonismo político, en un momento determinado, con una proposición no
de ley resultante de esta interpelación, no tendrán ningún inconveniente
en trabajar con el Grupo Socialista en este sentido, pero considera que
esto no justifica la interpelación.
Expone que con el plan de medidas adoptado por el Gobierno se trata
precisamente de mantener una política sostenida en la misma dirección, de
forma que la sociedad perciba que es prioridad del Gobierno y de todos
los grupos políticos abordar esta cuestión. Añade que el Gobierno ha sido
esencialmente fiel al compromiso que en este Parlamento aprobaron todos
los grupos y donde se recogieron todas las medidas más urgentes a
desarrollar durante 1997. Está convencido de que es necesario un conjunto
multilateral de medidas en lo que se refiere a la prevención, a la
asistencia y al control, pero no está de acuerdo con la afirmación del
interpelante acerca de que este es un plan parcial. Por el contrario,
estima que este plan, aunque no es exhaustivo, aborda todas las medidas
de carácter legislativo, de carácter policial, y busca esencialmente la
concienciación de la sociedad.
En cuanto a la referencia que ha hecho el interpelante a la fiscalía,
explica que ésta está representada en dos órganos permanentes: el Consejo
Superior de lucha contra la droga y el Consejo asesor. Pasa, a
continuación, a dar respuesta a las distintas preguntas formuladas por el
señor Martinón y anuncia que ya están preparados los cuatro textos que
abordan las reformas legislativas consensuadas con el Grupo Socialista:
la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la
figura del agente encubierto; dos reglamentos esenciales de lo que son
fondos decomisados, y un control de lo que son materias que pueden
desviarse definitivamente a la generación de drogas; se modifica,
igualmente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que son las entregas
controladas de dinero, cumpliéndose así exhaustivamente el compromiso del
año 1995. Por otra parte, considera que la crítica hecha a una campaña
concreta en cuanto a las medidas de prevención, ha resultado ser la razón
fundamental de la interpelación, quedándose en la anécdota y olvidando el
fondo del asunto.
Por último, manifiesta que están dispuestos al diálogo y al consenso,
pero creen necesario, por coherencia parlamentaria, encontrar el foro
adecuado que, opina, es la Comisión Mixta para el estudio del problema de
las drogas.
Replica el señor Martinón Cejas, duplicando el señor Ministro de
Interior.
En turno de fijación de posiciones, intervienen las señoras Sabanés
Nadal, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Cava de Llano i Carrió, del Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL GOBIERNO A LA FALTA DE ADOPCION DE
MEDIDAS SUFICIENTES E INMEDIATAS PARA LA AYUDA A LOS DAMNIFICADOS POR LAS
RECIENTES INUNDACIONES SUFRIDAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA?
(Número de expediente 180/000436)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: preguntas orales al Gobierno.
Pregunta número 12, que formula al Gobierno doña Rosa Aguilar Rivero, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
¿Qué explicación da el Gobierno a la falta de adopción de medidas
suficientes e inmediatas para la ayuda a los damnificados por las
recientes inundaciones sufridas en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
El Gobierno está terminando la evaluación de los daños provocados por las
inundaciones no solamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía sino en
otras comunidades autónomas como la de Extremadura, la de Castilla-La
Mancha, la de Valencia, que también se han visto afectadas.
Le puedo decir a la señora Aguilar que creo que en muy breves fechas
estarán dispuestos los correspondientes decretos para paliar, en la
medida de lo posible, los daños provocados por esa situación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente del Gobierno, el temporal ha
azotado Andalucía, ya azotada por su política de financiación económica
pactada con Pujol, que perjudica gravemente a nuestra comunidad.
(Rumores.)
Ante la catástrofe que ha recorrido toda Andalucía, señor Aznar, nos
hemos encontrado con que usted y el señor Chaves, la Administración
central y la Administración autonómica, en lugar de dar soluciones se han
dedicado a pelearse. Han tratado como si estuvieran en campaña electoral
la desgracia que por mor del temporal sufría un pueblo, y eso es injusto
y políticamente poco ético.
Desde Izquierda Unida queremos que despeje la incertidumbre, el miedo de
Andalucía a que suceda como ocurrió con los daños que ocasionaron las
inundaciones del año anterior, y es que todavía no se han cobrado las
indemnizaciones. Desde Izquierda Unida queremos que dejen el pulso entre
el Gobierno central y la Junta de Andalucía y se adopten soluciones
eficaces; que el decreto anunciado se cumpla y dé respuesta a los
problemas ocasionados por el temporal a las personas, a sus viviendas, a
sus enseres, en la agricultura, en infraestructuras, a las peonadas
perdidas en el campo, a los puestos de trabajo, a la ruina de muchos
pequeños y medianos agricultores y empresarios. Desde Izquierda Unida
reclamamos colaboración, coordinación y cooperación de todas las
administraciones, y brindamos la de nuestra fuerza política por el bien
de Andalucía.
Señor Presidente, exigimos que el decreto no sea un parcheo, y que no
perjudiquen con su guerra partidista a Andalucía. Señor Aznar, un ruego:
de vez en cuando, al menos, mire hacia el sur. Allí hay un pueblo, el
andaluz, que hoy necesita de una acción permanente, eficaz, responsable y
seria de su Gobierno, que ya se ha demorado en el tiempo. No nos
decepcione con el contenido del decreto y al menos por una vez respóndale
a Andalucía como se merece y como necesita. Es lo que le demanda hoy
Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora Aguilar, lo que le
puedo decir es que no sé lo que harán los demás, que espero que también
cumplan con sus obligaciones, pero desde luego el Gobierno va a cumplir
con las suyas.
Lo que no le parecería ético ni al Presidente del Gobierno ni al Gobierno
en general, por supuesto, sería afrontar un proceso de resarcimiento de
daños sin evaluarlos todos previa y razonablemente. Sobre eso se está
trabajando con intensidad en colaboración con las administraciones. Le he
dicho antes que creo que en muy breves fechas estarán dispuestos los
reales decretos para, en la medida de lo posible, paliar los efectos de
las inundaciones, repito, no sólo en la Comunidad Autónoma de Andalucía
sino, como es obligación del Gobierno, también en aquellas comunidades
autónomas que se han visto afectadas.
Créame, señora Aguilar, que en este momento, momento de obligaciones
presupuestarias enormemente estrictas, de obligaciones presupuestarias
muy rigurosas, de tener la obligación de llegar --aunque S. S. no es
precisamente partidaria de ello-- a cumplir los requisitos para nuestra
entrada en la Unión Monetaria, el Gobierno va a hacer un esfuerzo muy
importante a la hora de paliar esos daños y, por lo tanto, de determinar
esas indemnizaciones. Cuando el Consejo de Estado emita el preceptivo
dictamen, los decretos se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
Eso, señora Aguilar, repito, va a ocurrir dentro de muy pocas fechas, en
el próximo o en el siguiente Consejo de Ministros, como mucho.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO. ¿QUE
IMPORTANTE ACTIVIDAD LE IMPIDIO AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESTAR
PRESENTE EN EL PLENO DEL CONGRESO DEL PASADO MIERCOLES, DIA 19 DE
FEBRERO? (Número de expediente 180/000439)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno don
Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, el miércoles pasado le estuvimos esperando
aquí, porque tenía usted que responder a una pregunta del Diputado señor
Aguiriano, que no contestó. (Rumores.) Yo miré en la agenda del señor
Presidente, no por indiscreción sino porque está en Internet, el propio
señor Presidente lo anuncio urbi et orbi, y vi que esa tarde no tenía
nada apuntado. Luego me enteré de que había visto al señor Durán i
Lleida, espero que para bien. No había fútbol de interés general y, por
tanto, sólo puedo interpretarlo como un desprecio al Parlamento. (Rumores
y protestas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) Es serio, señores parlamentarios: un desprecio al Parlamento.
(Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio y permitan que continúe
el señor Almunia.
Cuando quiera, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Y ese desprecio no fue tanto por la ausencia del
señor Presidente sino por las explicaciones que algunos de sus adláteres
dieron de los motivos de la misma. (Rumores.)
Yo le pregunto al señor Presidente si su programa electoral, que decía
que iba a tratar de hacer del Parlamento el centro de la vida política,
es también en este punto de usar y tirar, como en materia del Director
General de Radiotelevisión Española, o bien si tiene otra explicación que
dar. Si la tiene, por favor, dénosla. (Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, como el
señor Diputado sabe, el Presidente del Gobierno ha comparecido en el 90
por ciento de las sesiones de control parlamentario desde que se inició
esta legislatura. Y como el señor Diputado debería saber, porque ha sido
ministro del Gobierno, el Presidente del Gobierno tiene obligaciones,
actividades que desarrollar que en algún caso, en algún momento concreto,
pueden impedirle la comparecencia a una sesión de control.
A mí, señor Diputado, si en vez de comparecer al 90 por ciento de las
sesiones hubiese comparecido el 10 por ciento de las veces --solamente el
10 por ciento, ausente el 90--, me parecería razonable su pregunta, pero
habiendo comparecido el 90 por ciento de las veces usted debería saber
que, en algún momento, el Presidente del Gobierno puede tener alguna
obligación que le impida asistir a una sesión de control, ni más ni menos
que eso.
Y eso, en alguien que ha sido ministro del Gobierno, me parece bastante
razonable que lo pueda tener en cuenta a la hora de formular sus
preguntas.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Las preguntas de un parlamentario siempre son razonables, lo que no son
razonables son algunas respuestas, señor Presidente. (Rumores y
protestas.)
Su estilo de gobierno lo definió usted mismo mejor que nadie: había un
problema y ya se ha solucionado. Pero el problema al que usted se refería
no se ha solucionado, ni ha solucionado la financiación autonómica, ni ha
solucionado las relaciones de España con Cuba, ni ha solucionado
Radiotelevisión Española, ni ha mejorado la educación de su grupo
parlamentario, ni se puede gobernar así. (Rumores y protestas.)
La pregunta que le formulaba el señor Aguiriano, señor Presidente,
reconozco que era muy incómoda para ser respondida por usted, porque
usted sí conocía la sentencia en relación al señor López-Amor en la que
se habla de abuso de poder cometido por el señor López-Amor. Y,
conociendo la sentencia, no sólo no renunció a su nombramiento sino que
prefirió su persona a otras para ejercer el cargo de Director General de
Radiotelevisión Española. (Rumores.) Y, señor Presidente, conociendo esa
sentencia, conociendo que usted y su Gobierno han nombrado para Director
General de Radiotelevisión Española a una persona que como funcionario
público abusó de su poder, le pregunto: ¿Esos son sus criterios para
nombrar responsables de los órganos públicos? ¿Ese es el respeto que
usted tiene al Parlamento? (Aplausos--Un señor Diputado: ¡Calviño!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, señor
Diputado, como tal vez los hechos son los que mejor documentan las cosas
y las palabras y, puesto que V. S. ha hablado de desprecio, tengo que
reiterarle que he comparecido en el 90 por ciento de las sesiones de
control.
Mire usted, mi ilustre predecesor en el cargo, en la tercera legislatura
no contestó ninguna pregunta; en la cuarta, ninguna pregunta; en la
quinta, ninguna pregunta en los nueve primeros meses, y en la segunda
legislatura en los nueve primeros meses compareció en dos ocasiones para
contestar a dos preguntas, señor Almunia. (Rumores.)
Por tanto, hablando de desprecios al Parlamento, los hechos cuentan
bastante bien lo que son las actitudes de unos y de otros.
En segundo lugar, le tengo que decir, señor Almunia, que en relación con
el nombramiento del Director General de Radiotelevisión Española tanto el
Vicepresidente Primero del Gobierno como la Ministra de Justicia han
explicado lo que es ese nombramiento en nombre del Gobierno, porque aquí
un ministro habla en nombre del Gobierno, y el Presidente del Gobierno
naturalmente respalda el criterio establecido por el Vicepresidente del
Gobierno y por la Ministra de Justicia.
Por otra parte, quiero decirle, señor Almunia, que yo creo que convendrá
usted conmigo en que de todas las políticas desarrolladas por los
gobiernos socialistas durante catorce años no es precisamente la de mayor
éxito la política de personal. (Risas.) Esa les ha hecho famosos a
ustedes en el mundo entero a costa de los intereses de los españoles, eso
sí. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Por tanto, no creo que tengan
ustedes la más mínima autoridad moral para dar lecciones de nombramientos
a nadie, y menos a este Gobierno. (Fuertes aplausos.) ¡A nadie! ¡A nadie!
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): ¡Pero no la tienen, señor
Almunia, no la tienen en general! (Rumores.) ¡No la tienen en general y
menos en Radiotelevisión Española! (Protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VENTAJAS PARA LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SE VAN A DERIVAR DEL NUEVO PLAN DE
LIBERALIZACION ECONOMICA APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 21
DE FEBRERO DE 1997? (Número de expediente 180/000469)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10 que formula al Gobierno el
diputado don Vicente Martínez-Pujalte López del Grupo Popular.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Presidente del Gobierno... (El señor Cuesta Martínez: ¡La legitimidad es
del Parlamento! ¡La legitimidad es del Parlamento.--Fuertes
protestas.--El señor Robles Fraga pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Martínez-Pujalte.
¡Señorías! ¡Señor Cuesta! ¡Señor Robles! ¡Señorías! ¡Señor Cuesta!
Continuamos con el desarrollo del orden del día y con la pregunta que
corresponde al señor Martínez-Pujalte. Les ruego que permanezcan en
silencio para que pueda desarrollarse el trámite.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias.
Señor Presidente del Gobierno, el pasado viernes el Consejo de Ministros
aprobó un plan de liberalización y de impulso de la actividad económica
con el objeto de aumentar la capacidad competitiva del tejido empresarial
y con ello conseguir mayores tasas de crecimiento e incrementos en la
generación de empleo.
La oposición socialista, como siempre que se adoptan medidas, se ha
puesto nerviosa... (El señor Leguina Herrán: ¡Ya está bien! ¡Ya está
bien!) (Fuertes protestas.) No se sabe si porque estas medidas... (El
señor Aguiriano Forniés: ¡Venga ya!--Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. ¡Señorías! ¡Señor Leguina!
¡Señorías! ¡Señor Leguina! ¡Señorías, ruego guarden silencio y mantengan
el respeto debido a los oradores! Señorías, el respeto a la opinión ajena
es lo que caracteriza a este Parlamento. Les ruego que dentro de las
normas de la cortesía parlamentaria manifiesten, como es natural, su
agrado o desagrado con respeto a esa norma. (Protestas.) ¡Por favor,
señorías! (El señor Ollero Tassara pronuncia palabras que no se
perciben.) ¡Señor Ollero!
Señor Martínez-Pujalte, continúe.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias.
Parece una evidencia que se han puesto nerviosos, no sabemos si porque
estas medidas atentan contra su mentalidad intervencionista, keynesiana,
defensora del gasto público, o es que les sienta mal, quizá por
intenciones políticas, que las cosas vayan bien y que España camine por
la senda correcta. (Protestas.)
El Partido Socialista desde que perdió el poder se ha situado en el
simple ejercicio de la crítica destructiva y
la oposición sistemática. (El señor Aguiriano Forniés: ¡No hay derecho a
eso!--Fuertes protestas.) La pérdida de las elecciones acabó con su...
(El señor Aguiriano Forniés: ¡Es una vergüenza!--Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio. ¡Señorías!
Señor Martínez-Pujalte, aténgase a la cuestión y continúe.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Sí, señor Presidente.
Parece que la pérdida de las elecciones acabó con la capacidad de
iniciativa del Grupo Socialista. (El señor Aguiriano Forniés: ¡Ya está
bien!) Y ante esa falta de alternativas, desde el Grupo Socialista se
recurre cada vez que se adopta alguna decisión al latiguillo de los
amiguetes. Oír esas afirmaciones de amiguetes por parte de personas
sentadas en los bancos de enfrente produce hilaridad y, sobre todo,
sonrojo. (Rumores.) Cuando aún están calientes procedimientos judiciales
sobre el mal uso del dinero público y actitudes de favor para ellos
mismos y para amigos, militantes y cargos públicos socialistas...
(Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les vuelvo a llamar al orden.
Señor Martínez-Pujalte, le ruego que vaya concluyendo y formule la
pregunta.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Tengo dos minutos y medio.
Lo único que están intentando hacer --y concluyo, señor Presidente-- es
el juego a no se sabe quién, sembrando dudas sobre la efectividad de las
medidas y realizando interpretaciones torticeras sobre a quién favorecen.
Por ello, es importante que el Presidente explique en sede parlamentaria
(Varios señores Diputados: No.) qué ventajas para la economía española,
en beneficio de los ciudadanos, se van a derivar del nuevo plan de
liberalización e impulso a la economía aprobado por el último Consejo de
Ministros.
Muchas gracias. (Aplausos y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Diputado, el plan
de medidas de liberalización e impulso de la actividad económica,
aprobado por el Gobierno el viernes pasado, se enmarca en la nueva
política económica puesta en marcha por el Gobierno desde su toma de
posesión.
Como sabe S. S., tres objetivos básicos (la disciplina y consolidación
presupuestaria, la puesta en marcha de importantes reformas en la
Administración y, también, la puesta en marcha también de un profundo
paquete de medidas de liberalización y de reformas estructurales)
mantienen en vigor esa política económica, cuyos resultados están siendo
beneficiosos, según todos los indicadores, para la economía española.
Ya comenzó el Gobierno un programa de liberalización importante en junio
de 1996, al inicio de su andadura como Gobierno, y en 1997 quisiéramos
ver cumplidos, entre otros, varios objetivos. En primer lugar, alcanzar
un crecimiento económico por encima de la inflación, con lo cual España
entraría en un sendero económico de trascendencia y bastante desconocido
en nuestro país. En segundo lugar, que el crecimiento vaya acompañado de
una profunda política de estabilidad y, por consiguiente, de las
políticas que nos deben llevar a cumplir los requisitos para ingresar y
permanecer en la moneda única. En tercer lugar, que ese mismo proceso
vaya acompañado de un importante paquete de reformas estructurales de
dinamización de nuestra economía.
Durante mucho tiempo se ha hablado de reformas estructurales y no se han
hecho, pero este Gobierno se ha decidido a acometerlas y creemos que van
a producir importantes consecuencias en nuestra economía. Sin duda, van a
aumentar la competitividad de nuestras empresas; sin duda van a aumentar
las oportunidades de empleo y sin duda van a aumentar la capacidad de
elección de los ciudadanos, que ya no tendrán que estar sujetos a las
condiciones que les imponen monopolios u oferentes en situación de
privilegio, sino que tendrán una capacidad de elección entre varios
servicios y, en consecuencia también, de exigir estándares y criterios de
calidad mucho más intensos y amplios en la prestación de esos servicios.
En consecuencia, poner en marcha el proceso de modernización y
flexibilización económica va a procurar a España más crecimiento, más
capacidad de elección y bienestar a los ciudadanos y, por supuesto, más
posibilidades de empleo. El Gobierno seguirá activando todas las medidas
para que en España deje de haber situaciones o de monopolio o de
privilegios o aquellas que perturben el interés general.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno. (El señor
Almunia Amann pide la palabra.)
Señor Almunia, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor ALMUNIA AMANN: En base al artículo 72 del Reglamento, para
plantear una cuestión de orden. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, he apreciado, y creo que muchos
Diputados también --y quería saber el criterio de la Presidencia y de la
Mesa--, en la intervención del señor Martínez-Pujalte una voluntad de
abrir debate, al menos con el Grupo Parlamentario Socialista y no tanto
una pregunta al Presidente del Gobierno, salvo en el momento mismo en que
la ha formulado. (Rumores.) Quería saber si estamos en un turno de debate
sobre esas medidas de liberalización que gustosamente estamos dispuestos
a debatir en este mismo momento, con una presencia distinguida del
Gobierno, o si por el contrario estamos en un turno de preguntas de cada
Diputado al Gobierno, que se respete el turno en el que estamos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señorías, el señor Almunia ha planteado una cuestión de orden que viene
siendo suscitada, no de manera formal pero sí de manera latente, en los
últimos Plenos de sesión de control. La Presidencia, tras recabar el
asesoramiento correspondiente de los servicios de la Cámara y consultarlo
con la Mesa, le traslada con mucho gusto las conclusiones, siempre
provisionales, a las que se ha llegado.
No suele haber, y no hay precedentes salvo excepciones, turno de
alusiones o de réplicas en el trámite de preguntas orales, por cuanto
constituye un trámite muy cerrado en el tiempo y en su propia dialéctica
parlamentaria, que implica naturalmente en el ejercicio de la palabra y
de la capacidad de síntesis de SS. SS. los normales posicionamientos
políticos y las naturales contradicciones entre los grupos políticos que
apoyan o están en la oposición al Gobierno. Por tanto, no suele darse
turno de alusiones ni de réplicas y menos aún de contrarréplicas. Este es
el criterio que sostendrá la Presidencia para mantener a su vez este
debate que tiene esa estructura que creemos está suficientemente lograda.
No dude S. S. que si por su parte o por parte de cualquier grupo se
considera que en el ejercicio del derecho de los Diputados a formular la
pregunta y argumentarla puede haber alusiones que conforme al Reglamento
pudieran atentar al decoro o dignidad de un grupo parlamentario, el suyo
o cualquier otro, la Presidencia procurará en su momento arbitrar el
trámite consiguiente para que no queden sin respuesta. (La señora Aguilar
Rivero pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya quisiéramos plantear una cuestión. En la intervención que
acaba de realizar, el señor Martínez-Pujalte ha utilizado la expresión de
los bancos de enfrente cuando en estos bancos hay más de una fuerza
política sentada y entre ellos no sólo está el Grupo Parlamentario
Socialista sino el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que nada tiene que ver con las
valoraciones políticas que él estaba haciendo en su pregunta y desde
luego una fuerza política cuyo comportamiento en este Parlamento es serio
y riguroso. Por eso solicitamos que esa expresión se retire.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
--DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIOS HAN BASADO LA
PROPUESTA DEL SR. LOPEZ-AMOR COMO DIRECTOR GENERAL DE RTVE? (Número de
expediente 180/000435)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden de las preguntas.
Pregunta número 11 que formula al Gobierno don Luis Felipe Alcaraz
Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señor Cascos, dígale al señor Aznar que yo con respecto a este tema ya me
he peleado con usted. Dígale que ya hemos discutido los criterios que se
han seguido con respecto al nombramiento del señor López-Amor, pero le
reitero la pregunta. Supongo que no se le habrá olvidado el programa
electoral.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
El señor Vicepresidente Primero del Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
El señor Alcaraz me formula exactamente la misma pregunta y yo le
contesto exactamente lo que le dije en una respuesta hace 15 días a la
misma pregunta. El Gobierno ha designado para la Dirección General de
Radiotelevisión Española a la persona, por capacidad, prestigio y
competencia, más adecuada para cumplir el programa electoral que en esta
Cámara y en el discurso de investidura nos habíamos comprometido a
desarrollar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señor Cascos, yo le he hecho la pregunta al señor Presidente y hoy no
tenía la excusa que ha dado con respecto a la semana anterior. Hoy sí
podía venir aquí al Pleno, lo que quiere decir que no quiere contestar a
esa pregunta.
Dígale al señor Aznar que está cayendo en la precipitación y que no es lo
mismo iniciativa política que precipitación. Dígale al señor Aznar que
está cayendo en el mito de la supereficacia, en el sentido de que la
eficacia final justifica todos los medios, y que eso es malo. Dígale al
señor Aznar que está cayendo en la erótica del poder (Rumores.) y que eso
conduce a nombramientos rápidos sin pensar las consecuencias e incluso
puede conducir a una cierta impunidad política, es decir que la erótica
del poder puede incluso conducir a la pornografía política. (Rumores.)
Señor Cascos, dígale al señor Aznar que no vale todo. Usted tiene que
decirle: José María, no vale todo. (Risas.) Dígale que él dijo que había
que nombrar a un director general que no perteneciera al PP ni a ningún
otro partido y en función de criterios de profesionalidad. Si ahí hay
criterios de profesionalidad son los de ajuste duro, los de ajuste
presupuestario, pero no otros, señor Cascos. Por lo tanto, dígale al
señor Aznar que puede haber otros criterios, incluso de control político
de la comunicación. Sí hay fuerza moral en este grupo, señor Aznar
--dígaselo así, señor Cascos--, para decirle que es igual mentir que ser
amnésico en política. Su palabra está empeñada. Le damos una solución:
que empecemos a discutir en esta Cámara que el nombramiento del director
general sea de extracción parlamentaria, nombrado por el Parlamento.
Vamos a empezar a discutirlo. Dígale que no gana quien resiste. Ese es un
consejo un poco obsceno del señor Cela. En democracia gana quien resiste
desde la coherencia. Por favor, dígaselo de mi parte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Vicepresidente Primero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Sí, señor Presidente.
El señor Alcaraz sabe que en el Reglamento al que nos sujetamos todos los
Diputados y los miembros del Gobierno, quien tiene la responsabilidad de
contestar es el Gobierno. Por tanto, puede considerar el señor Alcaraz
que no se ajusta a sus aspiraciones, desde el punto de vista del
protagonismo en el debate, quien en nombre del Gobierno contesta la
pregunta, pero no puede deslegitimar ninguna respuesta.
Usted ha recibido respuesta puntual del Gobierno, y hoy se la reitero, se
la reitero con una explicación adicional. Porque usted ya conoce el
programa del Partido Popular. Yo lo he leído en esta Cámara y está
ampliamente difundido. El problema es que usted cree que en la vida
política funciona la propiedad conmutativa y que el orden de los factores
no altera el producto. Nosotros no. Nosotros creemos que en política es
muy importante el orden de los factores. No es lo mismo reformar el
estatuto, y con su reforma nombrar un director general con arreglo a un
procedimiento en el que interviene el Parlamento, que mantener el actual
estatuto y pretender que el nombramiento del director general no se
ajuste a ese estatuto sino a la conveniencia de S. S. El orden de
factores, señor Alcaraz, altera el producto. Nosotros nos hemos
comprometido a hacer esto por su orden. Estamos demostrando la voluntad
de acuerdo y de consenso en todo lo que hace relación a la
Radiotelevisión pública y en particular a la reforma del estatuto. Si
ustedes nos apoyan será un grupo decisivo y determinante para generar el
consenso que permita desembocar en un nuevo estatuto, en el que se recoja
que el nombramiento del director general se aproxima a las posiciones que
usted ha expresado hoy en esta Cámara y que en buena parte comparte el
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON ALFREDO PEREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE LAS RECIENTES DECLARACIONES PUBLICAS DEL
DIRECTOR GENERAL DE RTVE SE ATIENEN A LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD,
NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD QUE DEBEN CARACTERIZAR EL DESEMPEÑO DE SU
CARGO? (Número de expediente 180/000440)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Cree el señor Vicepresidente del Gobierno que las recientes
declaraciones públicas del Director General de Radiotelevisión Española
se atienen a los principios de objetividad, credibilidad e imparcialidad
que deben caracterizar el desempeño de su cargo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, en todas las declaraciones
públicas y privadas que conozco del Director General de Radiotelevisión
Española, en todas ellas, de manera nítida, se expresa el compromiso que,
por otra parte es la voluntad del Gobierno, de garantizar en la
Radiotelevisión pública los principios de objetividad, pluralismo e
imparcialidad que marca la Constitución y que marca el estatuto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente.
Soy consciente de que me arriesgo a una contestación semejante a la que
antes ha dado el Presidente del Gobierno --que usted hurgue en los
pasados de los directores generales-- porque ya he escuchado esta mañana
a su portavoz en la Comisión de Radiotelevisión cómo mentía, es decir,
cómo manipulaba la realidad, que es la peor de las mentiras. (Rumores.)
Pero mi obligación hoy es preguntarle a usted porque, además, estoy
convencido de que alguna vez se percatarán de que tienen que rendir
cuentas aquí como Gobierno y no seguir haciendo de oposición del Gobierno
anterior.
Lo segundo y más importante, también como decía el señor Alcaraz, para
que se lo diga al Presidente del Gobierno, es que nosotros tenemos aquí
una legitimidad que no nos dan ustedes, que nos dan nueve millones de
votos. Cada vez que usted contesta, o el Presidente del Gobierno como lo
ha hecho hoy, están despreciando a nueve millones de españoles. Esa es mi
legitimidad. (Rumores.) Dicho esto, el problema no son sus declaraciones,
señor Cascos, el problema es su trayectoria, el problema es más global.
El señor López-Amor tiene una trayectoria, a mi juicio, incompatible con
la dirección de Radiotelevisión Española porque ha sido condenado por
hurgar en los ordenadores de Hacienda para buscar datos con los cuales
extorsionar a sus compañeros de partido (Rumores.) El señor López-Amor ha
hecho declaraciones faltando gravemente al Partido Socialista y a su
Secretario General; ha mentido sobre el verdadero sentido de la condena
en la Audiencia Nacional, ha obligado a mentir en este Parlamento a la
Ministra de Justicia y, finalmente, sus primeras actuaciones, que se han
recordado esta mañana, son profundamente sectarias.
Por ello, y créame que no me gusta nada, le tengo que pedir, señor
Cascos, que cambie usted al Director General de Radiotelevisión. No me
gusta nada y se lo tengo que pedir por lo que le decía antes, porque es
incompatible ser director de Televisión con mentir; porque es
incompatible ser director de Televisión con el abuso de poder por el que
ha sido condenado; porque es incompatible ser director de Televisión con
insultar gravemente al primer partido de la oposición y, finalmente --y
esto debería importarle mucho más--, porque estoy de acuerdo con usted y
con quienes en su partido reclaman un pacto de Estado para arreglar la
Televisión pública española, para conseguir una salida a la situación por
la que atraviesa, y creo que ese pacto de Estado es incompatible con la
actitud y con el pasado de este director general.
Por todo ello, le pido, señor Cascos, usando la jerga de su Presidente
del Gobierno, que mueva ficha y le cambien. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Sí, señor Presidente.
Señor Rubalcaba, mire usted, el problema entre ustedes y nosotros es tan
fácil o tan complicado de resolver como estén dispuestos a aceptar. Si
ahora discutimos que son las cinco menos veinte y ustedes se empeñan en
decir que son las doce de la noche, no vamos a entendernos nunca. Ustedes
se han caracterizado, cuando no podían con la realidad, por jugar con el
lenguaje. Hoy, ustedes hablan en su lenguaje, para describir una realidad
en función de su lenguaje, y los conceptos que ustedes interpretan de una
manera, nosotros los interpretamos de la contraria. (Protestas.) Sí,
señorías, es un problema de lenguaje, estamos en el Parlamento.
Ustedes, en nombre de la política de empleo, han situado a este país en
la cifra récord de paro y empleo precario (Rumores.), cifra récord, y eso
es empleo; para nosotros, no. Ustedes, en nombre del respeto a los
derechos humanos, encuentran justificaciones calificando de incidentes a
los GAL; para nosotros es un grave atentado contra el Estado de Derecho.
(Rumores.) Sí, señorías, es un problema de lenguaje. Para ustedes,
incidentes, para nosotros graves crímenes; es un problema de lenguaje.
(El señor Belloch Julbe: ¡Qué caradura!) Ustedes dijeron que iban a sacar
a España de la OTAN y la han introducido en la OTAN; es un problema de
lenguaje.
Miren, acaba de hablar su portavoz de desprecio al Parlamento respecto a
la comparecencia de un Presidente que ha venido aquí en el 90 por ciento
de las sesiones de control. Eso lo llaman ustedes desprecio al
Parlamento. Mire usted, imparcialidad y objetividad como la que ustedes
han practicado durante 14 años es lo contrario de lo que van a defender
este grupo parlamentario y este Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO
PARA HACER VALER LOS DERECHOS DE LA HACIENDA PUBLICA EN RELACION A LA
PROCLAMADA DEUDA TRIBUTARIA DE LOS 200.000 MILLONES DE PESETAS? (Número
de expediente 180/000446)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno don
Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para hacer valer los derechos de la
Hacienda pública en relación a la proclamada deuda tributaria de 200.000
millones de pesetas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, gracias, señor Diputado.
Como señaló el Secretario de Estado de Hacienda el pasado mes de enero en
su comparecencia ante la Comisión de Economía, el actual Gobierno está
adoptando todas las medidas posibles en defensa de los derechos
económicos de la Hacienda pública en este asunto que preocupa a S. S.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Señor Presidente, señor Rato, cuando en la
cuesta de enero y al grito de ¡Sabino, a mí, que los arrollo! (Risas.),
ustedes lanzaron la especie de la amnistía fiscal encubierta en favor de
algunos amiguetes del PSOE, aparte de esta especie, perpetraron un
flagrante ataque a la Hacienda pública. Le voy a explicar por qué.
Han dejado ustedes a los pies de los caballos a los abogados del Estado
que tienen que defender ante los juzgados los criterios de que esos
expedientes no están prescritos.
En la comparecencia del señor Costa, que no del señor Rato, en la
Comisión de Economía, el señor Costa repitió hasta 34 veces la palabra
«prescripción» de esos expedientes. ¿Con qué espíritu van a defender los
funcionarios públicos, es decir, los abogados del Estado, ante los jueces
que esos expedientes no están prescritos? No hay, yo creo, en la historia
del Tesoro público español ni un solo caso de ataque con tanta inquina a
los ingresos del Estado. (Rumores.--Protestas.--Risas.)
Pero, ¿por qué han hecho todo esto? (Rumores.--Protestas.) La pregunta
es, ¿por qué han hecho esto? Yo me he dirigido al Gobierno, no a la clac.
(Risas.--Protestas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
Señor Leguina, no se preocupe. Continúe, señor Leguina, y no desperdicie
su tiempo, porque le va contando.
El señor LEGUINA HERRAN: Muchas gracias.
¿Por qué? Porque podían haber esperado a después para hacer la crítica
hacia el pasado. Lo han hecho, creo yo, simplemente, porque utilizan algo
que es inutilizable en la vida, y no sólo en la política, que es: vale
todo; vale todo para atacar al adversario y convertirlo, como ustedes han
hecho desde hace tiempo, en el enemigo con el que hay que acabar, al que
hay que exterminar. Este es el único argumento.
¿Qué han hecho ustedes? Nada. Porque no han hecho sino poner a los pies
de los caballos, repito, a los abogados del Estado; no han iniciado un
solo trámite para la nulidad de pleno derecho del famoso artículo 31 del
reglamento, que es el que está detrás de todo este embrollo que ustedes
han montado. (Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señor Vicepresidente. (Rumores.)
Señorías,...
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
Nosotros hemos actuado, señor Leguina. Por ejemplo, frente a la
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 16 de
diciembre, hoy, si su S. S. se molesta, podrá leer en el Boletín Oficial
del Estado que se ha declarado la lesividad para los derechos de la
Hacienda pública. (El señor Leguina Herrán pronuncia palabras que no se
perciben.--Rumores.) No, no, perdón. Hace usted bien en aplaudir, porque
este Gobierno no va a desistir (Rumores.), y S. S. sabe a lo que me
refiero; este Gobierno no va a dar órdenes de no interponer recursos, y
su S. S. sabe a lo que me refiero. (Rumores.--Protestas.) Por tanto, S.
S. puede estar tranquilo que con este Gobierno no va a
haber instrucciones de no actuar, y S. S. sabe a lo que me refiero. (El
señor Leguina Herrán: ¿A qué? ¡Dilo!--Protestas.--Fuertes
rumores.--Aplausos.--El señor Yáñez-Barnuevo García pronuncia palabras
que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, respeten al orador.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): A la actuación del Gobierno anterior. (El señor
Eguiagaray Ucelay: No había sentencias.--Rumores.)
Déjenme seguir. (Rumores.--Protestas.--El señor Almunia Amann pronuncia
palabras que no se perciben.) Su señoría ha hecho mención --estoy en la
Cámara, señorías, estoy en la Cámara, ¿o me va a censurar también el
señor Almunia?--... (Varios señores Diputados pronuncian palabras que no
se perciben.--Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, respeten al orador. (El señor
Yáñez-Barnuevo pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Yánez, señorías, les llamó al orden, señorías. (Rumores y
protestas.)
Continúe, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Su señoría ha hecho referencia también al artículo
famoso del reglamento, artículo aprobado por el Gobierno anterior ¿Por
qué el Gobierno anterior ni declaró nulo ni modificó el artículo? Yo se
lo voy a decir: porque el Gobierno anterior se había comprometido
políticamente en esta Cámara a una amnistía fiscal, en el año 1991, para
la que era imprescindible ese artículo (Rumores y protestas.) y para que
pudieran entrar en la amnistía fiscal los que... (El señor Leguina Herrán
pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Leguina, usted no sabe nada
de esto porque no estaba, pero lo va usted a aprender en la Comisión de
Investigación. (Rumores.--Aplausos.) Para que la amnistía fiscal que
ustedes votaron aquí, y nosotros no votamos, pudiera aplicarse a los
sujetos que a ustedes les parecía conveniente que se aplicase una
amnistía fiscal, que no eran precisamente a los contribuyentes normales,
hubo que pasar ese artículo, que ustedes ni han declarado nulo ni han
querido corregir. (Rumores.)
Nosotros estamos recurriendo a los tribunales, estamos declarando la
lesividad de los actos de los tribunales que no satisfacen a la Hacienda
pública, y en ningún caso vamos a desistir (Un señor Diputado pronuncia
palabras que no se perciben.) de ninguno de los derechos, y además vamos
a contar la verdad al pueblo español y a esta Cámara.
(Aplausos.--Rumores.--Protestas.--El señor Eguiagaray Ucelay: Ven aquí a
contarlo.--El señor Yáñez-Barnuevo García pronuncia palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
(Rumores.)
Señor Eguiagaray, no interpongan diálogos cruzados entre SS. SS., se lo
ruego. (Protestas.--Rumores.)
Señorías, vamos a continuar. (El señor Eguiagaray Ucelay pronuncia
palabras que no se perciben.)
Señor Eguiagaray vamos a continuar el trámite. (Rumores.--Protestas.)
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIM MOLINS I AMAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN 1997 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
DISMINUCION PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS DE LOS GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS Y DE LAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS? (Número
de expediente 180/000467)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del Diputado don Joaquim Molins
i Amat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, los objetivos del presupuesto, como
usted conoce bien, se podrían resumir básicamente en tres: el control del
déficit, el impulso de la economía y del empleo y el mantenimiento,
incluso la mejora en algunos aspectos, del Estado del bienestar.
El control del déficit en el documento presupuestario del vigente
ejercicio no se realiza por la vía del incremento de los ingresos,
precisamente para no hacerlo incompatible con el segundo de los
objetivos, que es el impulso de la economía y del empleo, sino
fundamentalmente a través de la disminución del gasto. Quiero fijarme en
mi pregunta concretamente en una parte de esa disminución del gasto, la
que viene de la mano del capítulo 2, es decir, del gasto corriente. Los
presupuestos prevén la disminución en 33.000 millones de esa partida.
(Rumores.)
¿Cree usted que puedo continuar, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, si se encuentra inquietado, la
Presidencia lo amparará.
Señorías, si van a abandonar el hemiciclo, momentáneamente seguro, les
ruego que lo hagan con el mayor
silencio para que pueda continuar la intervención del orador.
Prosiga, señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Ya dije, señor Ministro, en el debate presupuestario que ese objetivo es
difícil, pues 33.000 millones menos que en 1996, que quiere decir sobre
un presupuesto de 1995, que después hemos visto que no se cumplió, no es
precisamente un presupuesto fácil de cumplir, particularmente en los
gastos de que se trata, en los que el no tener presupuesto implica no
pagar pero no necesariamente no incurrir en el gasto. El teléfono, el
alquiler de un local, etcétera, dejan de pagarse si no hay partida
presupuestaria, pero no deja de incurrirse en el gasto si no se deja de
llamar o de tener alquilado el local.
Para cumplir con el presupuesto es imprescindible tomar medidas
extrapresupuestarias, y es por ello, señor Vicepresidente del Gobierno,
por lo que le pregunto: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar, qué
actuaciones llevará a cabo el Gobierno en 1997 para dar cumplimiento a la
disminución prevista en los presupuestos de los gastos corrientes en
bienes y servicios y de las transferencias a empresas públicas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Señor Vicepresidente Segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Efectivamente, el Gobierno se ha comprometido para el presupuesto de 1997
a llevar a cabo una muy rigurosa política de control y de crecimiento del
gasto público, en concreto de lo que interesa al señor Diputado, los
gastos corrientes en bienes y servicios, con una caída de casi el 10 por
ciento respecto al año anterior.
Quiero comunicar a S. S. y a la Cámara que el Gobierno con fecha 18 de
octubre ya puso en marcha un acuerdo del Consejo de Ministros para
reubicación y optimización de los bienes inmobiliarios del Estado, que ya
se ha aplicado en dos ministerios y que en concreto en el Ministerio de
Economía y Hacienda puede producir ahorros sustanciales, dentro de las
cantidades en las que nos estamos moviendo, que pueden suponer el 40 por
ciento del coste actual de los alquileres que se pagan y la puesta a
disposición de la Dirección General de Patrimonio de inmuebles por valor
de 5.000 millones de pesetas que permitan sanear el presupuesto concreto
de este ministerio.
Además, quiero comunicar a S. S. que, respecto al funcionamiento del
capítulo 2, los diferentes departamentos ministeriales están aplicando
planes de austeridad que afectan a un mayor control de las
comunicaciones, a una constitución de juntas de contratación, a una
reducción selectiva de gasto en publicaciones y a una reducción de los
gastos en representación institucional, protocolo y viajes oficiales.
Al mismo tiempo quiero comunicar a S. S. que el acuerdo de Consejo de
Ministros encomendando al Ministerio de Economía y Hacienda el diseño de
un nuevo plan de compras públicas ya está en vigor. Espero que durante el
primer semestre de este año la Cámara pueda conocer un nuevo sistema de
compras públicas que permita el control, no sólo en el presupuesto de
1997 sino en los siguientes, de una partida muy importante, que afecta,
por un lado, a la ejecución presupuestaria y, por otro, a la eficacia y a
la calidad del gasto público.
Desde el punto de vista de la empresa pública, como S. S. sabe, se está
produciendo una reforma del funcionamiento interno de las empresas
públicas aplicando criterios de rentabilidad, por un lado, con
negociaciones entre los interlocutores sociales, y para 1997 se está
aplicando una congelación salarial para aquellas empresas públicas que
tienen déficit presupuestario.
Desde el punto de vista de seguimiento y control el marco legal que se ha
aprobado en la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento indica
que a partir de 1997 la capacidad de control interno y de seguimiento del
gasto público será muy superior no sólo en el Estado sino también en la
Seguridad Social y en las empresas públicas, que estarán sometidos a
controles periódicos por parte del Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Ministro, creo que sería bueno --no sé si
le va a dar tiempo en la respuesta; en cualquier caso, procuraré que no
quede con ello, digamos, disminuida su capacidad de respuesta, porque no
la hago con ánimo polémico-- que la Cámara dispusiera de los planes que,
como usted nos dice, el Gobierno tiene previstos para el control del
capítulo 2. Creo que sería bueno --incluso para su necesaria actividad de
control de ese gasto, como responsable del Gobierno en esa materia-- que
tuviéramos conocimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las
unidades de gasto que encierran los capítulos 2 de cada uno de los
ministerios, porque creo que eso le ayudaría a ejercer, insisto, su
propia responsabilidad de control del gasto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins. (El señor
Vicepresidente Primero y Ministro de Economía y Hacienda, De Rato
Figaredo, pide la palabra.)
Señor Ministro, su tiempo ha concluido. Lo lamento.
--DEL DIPUTADO DON EMILIO PEREZ TOURIÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL MINISTRO DE
ADMINISTRACIONES PUBLICAS EL NOMBRAMIENTO DE NUMEROSOS MIEMBROS DE SU
ENTORNO PERSONAL EN DISTINTOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS? (Número de expediente 180/000443)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Pérez Tourino.
El señor PEREZ TOURIÑO: Señor Ministro, como responsable de la acción del
Gobierno en materia de administraciones públicas desde la necesaria
profesionalidad de la Administración pública, explique usted a esta
Cámara su valoración de los nombramientos de numerosas personas de su
entorno personal para distintos puestos de responsabilidad en la
provincia por la que usted es Diputado --el presidente del Puerto, el
director general de Autopistas del Atlántico, el gobernador civil, la
delegada de Cultura, el delegado de Sanidad--, y dígale a esta Cámara si
esos son los criterios que usted defiende, en orden al objetivo de
profesionalización de la Administración pública, compromiso programático
de su Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
La pregunta no deja de ser ciertamente pintoresca. En fin, algo tendré
que responderle, no vaya a ser que usted luego diga que no cumplo con mis
obligaciones democráticas en el Parlamento. La ley obliga o faculta al
Gobierno a hacer determinados nombramientos de personas de confianza.
Cierto es que podíamos haber mantenido a las personas que, en el
ejercicio de esa mismo obligación-facultad, había situado el Gobierno
anterior, pero no parece eso lo más serio y espero que no sea una
pretensión suya. El Gobierno ha hecho esos nombramientos, y créame usted
que lo hemos hecho intentando acertar; el tiempo dirá si nos hemos
equivocado o no. Yo creo que sería bueno --desde luego, para el Gobierno,
pero también para España-- que no suceda con el Gobierno del Partido
Popular lo que, en ocasiones, con muchos nombramientos, ha sucedido a lo
largo de los últimos años. Por tanto, dénos usted un margen de confianza.
Permítame que le diga también que no sé qué entiende usted por personas
de mi entorno, salvo que mi entorno esté formado por 30 millones de
españoles, dada mi característica simpatía, que también puede ser. Muchas
gracias. (Risas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Señor Rajoy, estoy seguro de que los ciudadanos
de Pontevedra entienden y saben quiénes son las personas de su entorno, y
sí conocen los nombramientos que usted está determinando.
Ustedes han catapultado a la dirección de las principales empresas
públicas de este país a personas cuyo principal activo o mérito para la
tarea que se les encomienda, en concreto, es su relación personal de
amistad con el Presidente o con vicepresidentes del Gobierno. No han
dudado en utilizar la única vacante en el consejo del Banco de España
para recompensar servicios políticos prestados; en su ministerio, han
contratado a familiares de miembros de su Gobierno. Pero, señor Rajoy, lo
más sorprendente --por lo menos para este Diputado-- es que el ministro
responsable de la profesionalización de las administraciones públicas, en
su provincia, ha ido literalmente al copo de los principales puestos de
responsabilidad de la Administración periférica del Estado y de la
Administración autonómica en esa provincia. Y le vuelvo a citar los casos
concretos que anteriormente le he mencionado, desde el presidente del
Puerto al gobernador civil, pasando por el director de Autopistas del
Atlántico y terminando por diversas delegaciones de la Xunta de Galicia
en esa provincia. Y lo saben --se lo reitero-- los ciudadanos de
Pontevedra, que conocen bien a cada persona que hace política en su
territorio.
Ha sintonizado usted, en definitiva, con lo peor de la tradición del
conservadurismo y de la derecha en Galicia, con el puro y simple caciqueo
local. Usted tiene que responsabilizarse y responder de la acción de su
Gobierno, en la que es notorio que no hay nada de profesionalización y sí
mucho de amiguismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor Pérez
Touriño, yo podría citar aquí múltiples casos.
A mí no me gusta hacerlo, pero voy a citar sólo uno, el suyo. A usted le
nombró jefe de gabinete de su ministerio su amigo don Abel Caballero y
luego le hizo subsecretario y luego, cuando la fracción del Partido
Socialista de Galicia de la que usted y el señor Caballero forman parte y
ganaron el Congreso, le hicieron a usted Diputado, y la anterior fracción
no le hizo Diputado. Simplemente ese caso. No voy a citar el del delegado
de Gobierno de Murcia, que era el dentista del señor González. (Risas.)
Es que ese es el tema.
Señor Pérez Touriño, el Gobierno tiene la obligación de nombrar personas
de confianza, y eso es lo que hice; he nombrado personas de confianza y
creo que su capacidad y su profesionalidad están fuera de toda duda. Ya
le he dicho antes que espero acertar, señor Pérez Touriño, espero
acertar. Pero este Gobierno no ha hecho, ni más ni menos, que lo que ha
hecho el anterior Gobierno y lo que hace cualquier Gobierno de Europa.
Hay puestos que usted sabe que son políticos y de libre designación, que
se nombran así, y la persona que los nombra es el responsable de la
acción política que luego haga.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA RAZON DE LA SUSPENSION DE
LA PUBLICACION EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DEL BOLETIN
DEL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS? (Número de expediente 180/000447)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno el
Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Administraciones Públicas, ¿cuáles han sido las razones
para la suspensión de la edición y distribución del Boletín interno del
registro central de personal que desde el año 1990 se venía efectuando
mes a mes?
Le ruego --porque obviamente ya se ha producido en el Senado una pregunta
similar-- que no invoque, si es posible, el proceso tardío, incumpliendo
por cierto los plazos de elaboración de las RPT que, como seguramente
sabe el señor Ministro, poco tiene que ver con la edición del Boletín;
por cierto que además algunas ya se habían aprobado incluso antes de esa
decisión y otras están en trámite. Por tanto, espero por parte del señor
Ministro una respuesta algo más convincente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Rodríguez Zapatero, usted me hace esta pregunta o un Senador de su grupo
me hace esta pregunta por la mañana y yo doy una respuesta. Ahora me dice
que diga por la tarde algo distinto de lo que dije por la mañana. Sería
yo un señor muy poco serio. Permítame que diga exactamente lo mismo que
he dicho por la mañana. No puedo decir cuáles son las razones de la
suspensión de la publicación lisa y llanamente porque no se ha producido
tal suspensión de la publicación del Boletín estadístico del registro
central de personal. ¿Qué quiere que le diga? Me lo pone usted muy
complicado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, la verdad es que el señor
Ministro o desconoce la realidad de cómo funciona el Boletín, o no está
diciendo la verdad en este Parlamento.
Aquí está el Boletín mensual que, desde el año 1990, se viene
distribuyendo por todos los ministerios. Es un documento público. Eso que
usted ha exhibido no es más que la edición que se hace cada seis meses,
que es una recopilación de la evolución semestral. Ustedes han suspendido
esto durante tres meses sencillamente por una razón, porque su
explicación ha sido tan escasamente convincente que le da la oportunidad
para una nueva contestación. Lo han suspendido porque los datos que
arroja mes a mes son un goteo que suponen un mazazo para el Gobierno del
Partido Popular, un mazazo porque están ustedes cerca de llegar a los
8.000 niveles de puestos de alta dirección en la Administración. Desde
que el Partido Socialista dejó el Gobierno, sube más de 100 niveles 28,
29 y 30. Y les quiero recordar que ustedes, por activa, por pasiva y por
perifrástica, durante la legislatura pasada en su programa electoral sus
portavoces y el Presidente hoy del Gobierno dijeron que dejarían los
niveles 28, 29 y 30 en 2.265.
Produce ya hilaridad en la Administración pública, en la opinión pública
lo que fue su planteamiento de la reforma de la Administración, lo que
fue su conocimiento de la reforma de la Administración y lo que ha sido
un incumplimiento manifiesto y un engaño a la ciudadanía porque aquello
tenía el mensaje final del despilfarro y del ahorro.
Nosotros no les vamos a decir eso, les vamos a decir que engañaron a los
ciudadanos para crear una falsa imagen de una Administración que
funcione. No siga engañando ahora con la suspensión del Boletín.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, como es natural, yo tengo que decir la verdad y la verdad es
que
el Boletín estadístico del registro central de personal es éste, que se
publica semestralmente y, fíjese, tiene un precio, que hay que rebajar
porque es muy caro, de 2.000 pesetas. Este documento que dice usted que
se entrega al conjunto de los ministerios suele publicarse con una
periodicidad mensual, no siempre, porque desde el año 1990 en numerosas
ocasiones no se ha publicado, y es para el uso interno del Ministerio de
Administraciones Públicas y de dos direcciones generales del Ministerio
de Economía y Hacienda.
Por tanto, cuando tenga usted algún problema o cuando quiera conocer el
tema llámeme por teléfono, que ya sabe usted que yo me pongo, se lo
explico y se ahorra hacer este tipo de comentarios aquí, aunque en
realidad lo que quería comentar era el famoso crecimiento de los niveles
28, 29 y 30. Fíjese usted, en el año 1990, había 4.764. Ustedes
aumentaron el 32,6; en 1991, el 17 por ciento; en 1992, el 9,2; en 1993,
el 11,4; en 1994, el 8,1 y en 1995, el 3,9. Pasaron, de los 3.584, a
7.595. Es evidente que esos funcionarios, que tienen consolidados los
niveles 28, 29 y 30, no pueden ser privados por ley de dichos niveles.
Pero es más, nos encontramos con que en marzo del pasado año, es decir,
inmediatamente después de las elecciones generales, acordaron que con
efecto desde el 1 de enero del año 1997 nada menos que 340 puestos de la
estructura periférica del antiguo Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social pasarían a tener niveles 28 y 29. Así que cuando esto se plasme en
el boletín oficial espero que no vengan ustedes a echarnos la culpa de
que 340 personas, según resolución del Gobierno de los días siguientes a
las elecciones generales del pasado marzo, tengan niveles 28, 29 y 30 y
que sea una responsabilidad de este Gobierno, señor Rodríguez Zapatero.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE LA TRAYECTORIA DEL SEÑOR LOPEZ-AMOR EN
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS LE HACEN IDONEO PARA EL CARGO PARA
EL QUE FUE NOMBRADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS? (Número de expediente
180/000441)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno don Luis
Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que la opinión que le merece al Grupo Socialista el Director
General de Radiotelevisión Española ha quedado perfectamente clara en
preguntas anteriores (Rumores.) y, aunque sé la respuesta del Gobierno,
porque también está muy clara, no me importaría que me la vuelva a
repetir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Aguiriano, evidentemente conoce la respuesta. Sí, el actual Director
General de Radiotelevisión Española tiene toda las condiciones para el
cargo para el que ha sido nombrado por el Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el miércoles pasado, cuando usted hizo mención a la
sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al señor López-Amor
usted mintió a esta Cámara. Que mienta la Ministra de Justicia considero
que es grave; que mienta la Notaria Mayor del Reino me parece todavía
mucho más grave.
Usted dijo que la trayectoria del señor López-Amor era intachable. No me
extraña en absoluto. Usted, no hace mucho tiempo, consideró intachable la
trayectoria del juez Estevill y ahora está en la cárcel. (Un señor
Diputado: ¡Y Roldán!--Fuertes rumores.) Por tanto, su criterio vale lo
que vale, es decir, nada.
Ustedes se han metido en un callejón sin salida. Yo no sé si ustedes
conocían, cuando le nombraron, la sentencia. Ustedes dicen que sí. Yo
creo que no. Ni un Gobierno responsable --ni siquiera ustedes-- es capaz
de nombrar director de una empresa como Televisión Española, tan sujeto a
la crítica desde todos los sectores de la sociedad, a un hombre con los
antecedentes del señor López-Amor. Les aconsejo que salgan del embrollo,
que lo cesen de inmediato o que le obliguen a dimitir; que en el próximo
Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior al mismo esa joya
de portavoz que ustedes tienen, que cree que la libertad de expresión
supone elaborar listas negras de periodistas, informe a los ciudadanos
españoles que tenemos la suerte de que hemos cambiado de director
general. A ver si su Presidente tiene suerte de una vez y a la tercera
acierta.
De todas maneras le quiero decir que a mí personalmente me importa muy
poco que tenga el carné del
Partido Popular o no. Eso no es lo importante. Yo creo que hay un carné
mucho más importante que ustedes no han exigido y que es exigible para
ese puesto, sobre todo a partir de ahora: por lo menos, que sea un
demócrata. (Aplausos.--Protestas.--El señor Robles Fraga pronuncia
palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Robles!
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, ha hecho usted la afirmación de que yo en la anterior sesión
mentí, y no puedo pasarla por alto. No mentí ni en la afirmación de que
el Gobierno conocía la sentencia ni respecto al contenido de la misma.
Su señoría sabe que en toda la parte dispositiva de la sentencia no
consta la palabra condena, lo sabe. Sabe que se trataba de un recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el señor López-Amor y por una
asociación profesional y que la sentencia era parcialmente estimativa del
recurso. No mentí, señoría (El señor Aguiriano Forniés: ¡Sí!--Otros
señores Diputados: ¡No!) No, señoría (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, no establezcan diálogos cruzados.
Señora Ministra, continúe.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Ya le dije en
la anterior sesión que comprendo que no le guste el nombramiento...
Señoría, me ha preguntado. Aunque mi criterio no le valga, le rogaría que
me escuchase, aunque usted no lo tenga en cuenta.
Ya le dije en la anterior sesión, señoría, que comprendía que no le
hubiera gustado el nombramiento del señor López-Amor, pero comprenda que
es decisión del Gobierno y que el Gobierno la ha tomado responsable y
libremente y en uso de sus atribuciones. (El señor Cuesta Martínez: El
recurso es contra una sanción. La sanción es oficial.)
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACCIONES DESARROLLA EL MINISTERIO DE DEFENSA EN RELACION CON EL
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? (Número de expediente
180/000461)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el
Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro de Defensa, ¿podría decirnos qué acciones desarrolla el
Ministerio de Defensa en relación con el mantenimiento y la preservación
del medio ambiente en España?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la preservación del medio ambiente es una preocupación esencial
y de interés prioritario para el Ministerio de Defensa, que está
realizando un gran esfuerzo por potenciar su política medioambiental.
Primero, para el mantenimiento del medio ambiente, existe un proyecto de
real decreto, en virtud del cual se establecerá la cooperación entre el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente para regular el
tratamiento y control de los residuos, la calidad de las aguas, del aire
y de las emisiones a la atmósfera. La nueva regulación prestará, además,
especial atención a la rehabilitación del suelo y a mejorar la calidad
ambiental mediante la reducción de ruidos y vibraciones, el ahorro
energético y el mayor uso de las energías alternativas. Asimismo,
intensificará la cooperación del ministerio en la prevención de los
incendios forestales, labor a la que ya actualmente dedica una importante
atención y en la protección de los terrenos que tiene adscritos. Además,
tiene en proceso de implantación un sistema de gestión medioambiental
uniforme en todo el departamento para asegurar la revisión continua y el
control de los efectos que las propias tareas del ministerio pueden
causar sobre el medio ambiente. Esta política se basará en el desarrollo
sostenible y compatible con las actividades de las Fuerzas Armadas y se
dirigirá a conservar, proteger y, en su caso, recuperar las condiciones
medioambientales. En este campo vigila y protege los parques naturales en
los que se encuentra cualquier instalación del ministerio; coopera en la
detección e identificación toxicológicas de agresivos químicos y
biológicos frente al medio ambiente y a seres vivos y realiza estudios
sobre la biodegradación y eliminación de municiones, pólvoras y
explosivos, para que tengan el menor impacto medioambiental posible.
También realiza una actividad propia y detallada el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial.
Por último, me referiré a las campañas informativas que realiza mediante,
primero, la publicación del libro
Fuerzas Armadas y Medio Ambiente; segundo, con la publicación de vídeos
encaminados a la prevención de la contaminación ambiental, entre ellos
los relativos a campos de maniobras, y a la prevención como opción de
mando contra la contaminación.
Puesto que las acciones en el campo medioambiental son tan numerosas, si
S. S. lo estima conveniente, yo me ofrezco gustosamente para remitirle un
informe ampliatorio de lo que le acabo de contestar sobre la actividad
del departamento en esta materia.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente, muchas gracias, señor Ministro.
Creo que es interesante conocer lo que el Ministerio de Defensa realiza
en materia de conservación y cooperación con el Ministerio de Medio
Ambiente, porque no siempre están bien entendidas las actuaciones de su
ministerio y parece que en modo alguno se preocupa de la conservación de
la naturaleza y de este tipo de actuaciones que se vienen realizando con
el Ministerio de Medio Ambiente, que yo creo que redundan en beneficio de
todos los españoles. Por tanto, agradezco el ofrecimiento de remisión a
este Diputado de esos datos que ha ofrecido el señor Ministro esta tarde.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTIVIDADES SE HAN
LLEVADO A CABO CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL
MILITAR? (Número de expediente 180/000462)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno doña
Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo Popular.
Señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Su señoría sabe y supongo que también comparte que la riqueza más
importante de un país es el capital humano, y he de decir, señorías, que
la media de capacidad de las actitudes y del potencial de los españoles
está entre las más elevadas del resto de los países de nuestro entorno,
es decir, de los países europeos, pero esto, señor Presidente, aunque nos
llene de satisfacción, no es suficiente. El fomento, la ayuda y el
desarrollo de las capacidades individuales debe comenzar en la escuela,
cuyo cometido fundamental es enseñar a aprender. Este trabajo debe
continuar a lo largo de todas las etapas formativas, incluida la
universidad, para enseñar a aprender y a valorar lo que somos; valorar
los aspectos positivos de nuestro entorno personal y colectivo y
fomentar, en definitiva, la autoestima de los españoles; valorar la
conciencia nacional, valorar nuestras Fuerzas Armadas, cuyo fin
primordial es la seguridad nacional, que colaboran en tantos y tantos
servicios en el ámbito civil, como extinción de incendios, normalización
de las zonas después de las inundaciones, lucha contra la droga, y que
contribuyen a llevar la paz en zonas como Bosnia-Herzegovina, Nicaragua y
tantas otras.
En definitiva, señor Ministro, teniendo en cuenta todo lo dicho y en el
ánimo de valorar, hacer valorar e incrementar la conciencia nacional
misma y la conciencia de seguridad nacional, ¿qué actividades se han
llevado a cabo o se van a llevar, tanto en la escuela como en la
universidad, para incrementar e interrelacionar la sociedad civil y la
formación del personal militar?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Pocas palabras pueden encontrar mejor eco en este Ministro que las que
acaba de pronunciar su señoría. Para el ministerio es preocupación
absolutamente prioritaria dotar al conjunto de la sociedad española de la
necesaria conciencia de defensa, lo que pasa, como muy bien ha dicho su
señoría, por concienciar de los valores que tiene la cultura española, en
definitiva la manera de ser de los españoles. Esto, como sabe su señoría,
ha sido preocupación desde la llegada del nuevo Gobierno, que intenta,
primero, que los militares sean buenos militares, que se sientan
orgullosos de ser militares, de ser miembros de uno de los ejércitos más
gloriosos del mundo; segundo, intenta que se pueda transmitir ese caudal
de espíritu, ese caudal de patriotismo al resto de la sociedad civil, que
es uno de los déficit grandes que tiene la sociedad española para poder
desarrollar en plenitud democrática las labores que la defensa exige.
En este sentido, el ministerio ha abordado ya distintas actuaciones. En
primer lugar, la segregación del Instituto de Estudios Estratégicos de
España del Centro Superior de Estudios de la Defensa, para ubicarlo
directamente en las dependencias del órgano central bajo la dirección del
Ministro y poder servir de célula de proyección hacia todos los ámbitos
de la sociedad
española, algunos especialmente cualificados (la escuela, la universidad,
los colectivos afines a las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación
social), y que sean, primero, conscientes y, segundo, sensibles a la
importancia de los problemas que afectan a la defensa nacional.
Además, se ha promulgado recientemente una orden ministerial, de la que
ha tenido puntual conocimiento el Consejo de Ministros, en virtud de la
cual se intenta no sólo continuar con las tareas de elaboración
intelectual de la conciencia nacional, sino muy principalmente con la
proyección de estas tareas al medio social. Asimismo, se dotará a este
Instituto Español de Estudios Estratégicos de un consejo asesor formado
por personalidades relevantes de la sociedad civil, de tal manera que
esta actividad expansiva multiplicadora pueda transmitirse a la mayor
brevedad posible al resto de los estamentos sociales, porque tenemos la
firme convicción de que es la mejor manera de contribuir al futuro de la
defensa de España y, por tanto, al bienestar y la defensa de las
libertades de los españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON HIPOLITO FARIÑAS SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS SE ESTAN
TOMANDO PARA LA PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS EN LAS FUERZAS ARMADAS?
(Número de expediente 180/000463)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno don
Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Popular.
Señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es notorio que la problemática que suscita el uso
indebido de drogas en cualquiera de sus variantes es uno de los
principales problemas que afectan a nuestra sociedad de hoy. Las Fuerzas
Armadas, como reflejo exacto y preciso de esta sociedad, no son una
excepción. Como las encuestas realizadas en el programa del Plan Nacional
sobre Drogas concluyen que los primeros contactos con ellas se mantienen
entre los catorce y los diecisiete años, por tanto antes de su
incorporación a los ejércitos, no cabe duda de que es necesario tomar
medidas dirigidas a mejorar la situación una vez que este ingreso se
produce, ya sea como reclutas o como especialistas o profesionales, y si
bien es verdad que las directrices pueden variar en función de las
transformaciones que sufrirán los ejércitos con la profesionalización de
las Fuerzas Armadas, no lo es menos que resulta una obligación
anticiparse a la problemática de esta tremenda lacra social que afecta a
nuestros reclutas.
Si como afirma el informe aprobado por la Comisión Mixta para el estudio
de la droga en la pasada legislatura la lucha contra el consumo indebido
y la adicción a las drogas es también un termómetro de la capacidad de la
sociedad para desarrollar políticas de solidaridad --y cito
textualmente--, esto debe ser también aplicable y en toda su extensión a
las Fuerzas Armadas. Dentro de estas políticas, las de prevención y
educación parecen ser las más aconsejables, dado que los informes de los
expertos así lo dicen. Así se reconoce también, por otra parte, en el
régimen disciplinario militar y en él podemos encontrar desde faltas
leves hasta faltas graves originadas por el uso indebido de estas
sustancias, pero también es verdad que se puede leer en el mismo texto
que la obligación de proceder disciplinariamente es sustancialmente
distinta del deber de corregir.
En línea y coherencia con lo expuesto anteriormente le pregunto, señor
Ministro, ¿qué medidas se están tomando para la prevención de las
drogodependencias en las Fuerzas Armadas?
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fariñas.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Presidente, señoría,
la exactitud de los párrafos que acaba de leer del informe sobre las
drogodependencias fue constatada ya de antiguo hace años, por las Fuerzas
Armadas, que elaboraron planes experimentales, primero con nivel local y
después con nivel nacional, para luchar contra las drogodependencias,
tiene razón S. S., básicamente en el ámbito de la prevención, que, como
ha dicho, es el que los expertos consideran más eficaz. si bien sus
resultados serán conocidos a largo plazo, pero no sólo en el ámbito de la
prevención, sino también en el de la represión del consumo de drogas como
medida disciplinaria. Por ello este plan experimental que está
desarrollándose a nivel nacional, repito, en el ámbito de los tres
ejércitos, culminará el próximo 23 de mayo. A partir de esa fecha, una
vez recogidas las experiencias de cada uno de los cuarteles generales,
pondremos en marcha el plan de prevención de drogodependencias en todo el
ámbito de las Fuerzas Armadas y será operativo, por tanto, no sólo en el
ámbito nacional, sino aplicable a los tres ejércitos de una manera
uniforme.
Estos planes persiguen básicamente los siguientes objetivos. Primero,
formación y concienciación de los mandos de las graves consecuencias que
supone el consumo de drogas. Segundo, proporcionar información al
personal militar sobre las consecuencias de dicho
consumo. Tercero, fomentar la ocupación del tiempo libre, de actividades
alternativas, con actividades preventivas. Por último, hay una actividad
que es la de impedir el consumo de drogas, y no sólo su consumo sino la
tenencia y sobre todo el tráfico, en buques, unidades y acuartelamientos.
Para completar este programa se realiza anualmente una encuesta sobre
conocimiento y consumo de drogas entre personal de tropa y marinería.
Para realizar estos programas con los más profundos conocimientos que
aconsejen los técnicos ya desde hace años se vienen realizando
actividades en colaboración con distintas entidades no gubernamentales
--permítame citar la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción-- y
también con distintas comunidades autónomas españolas. Todas ellas giran
sobre todo, como ha dicho S. S., en torno a la prevención.
Pero hay algo que me gustaría resaltar de las palabras de su señoría.
Desgraciadamente, la iniciación en el consumo de drogas ilegales en
nuestro país se produce con anterioridad de la llegada de la edad
militar. Por tanto, no es ahí donde se genera, sino que ahí se sufre,
como en cualquier otro ámbito de la sociedad española, el consumo de un
uso generalizado, pero, hay que decirlo, no mayoritario en nuestra
juventud. Esperamos que como consecuencia de la implantación de estos
programas disminuya el consumo de drogas no sólo en la sociedad española,
sino sobre todo en las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DOÑA MARIA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR LA MINISTRA DE EDUCACION Y
CULTURA LAS RAZONES DE LA DIMISION DEL DIRECTOR ARTISTICO DEL TEATRO
REAL? (Número de expediente 180/000444)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno doña
María Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Socialista.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el próximo 11 de octubre está prevista la inauguración
del Teatro Real. Va a ser, sin duda, el hecho cultural más relevante que
se produce en mucho tiempo. Pero a sólo siete meses de la reapertura ha
dimitido el máximo responsable de la programación del teatro, su director
artístico, Stéphane Lissner. El señor Lissner fue nombrado por el
anterior equipo socialista y ratificado por usted debido a su gran
cualificación y prestigio internacional. Su marcha ha desencadenado la
renuncia de otros prestigiosos artistas, hasta el punto de que hoy la
programación inaugural está en el aire. Este es el resultado de su
gestión en diez meses de Gobierno.
Señora Ministra, ¿por qué dimitió Lissner?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozuelo.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en efecto, el pasado día 3 de febrero el señor Lissner comunicó
formalmente a la comisión ejecutiva de la Fundación Teatro Lírico su
deseo de cesar como director artístico del Teatro Real, y conforme a las
condiciones de su contrato, esta comunicación tiene carácter de preaviso
y será en el plazo de los próximos seis meses cuando, de manera total y
efectiva, deje de estar a cargo de sus funciones. Las razones las ha
explicado el propio señor Lissner y ha hablado de que eran personales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señora Ministra, los hechos son tozudos. Ustedes
han desmontado la estructura organizativa y el programa de inauguración
del Teatro Real. El resultado de su gestión en diez meses de Gobierno es
éste. Primero, la dimisión de Lissner como director artístico, espantado
por la injerencia permanente de su equipo ministerial. Segundo, la
renuncia de Lorin Maazel, que iba a dirigir Parsifal, la obra más
emblemática del programa prevista para el 18 de octubre. Tercero, la
renuncia de René Jacobs, con el que ya no contaremos para dirigir Così
fan Tutte. Y cuarto, la renuncia de José Luis Gómez, que aún siendo
miembro del patronato, no va a dirigir La vida breve, de Falla, la obra
con la que ustedes habían exigido al director artístico que inaugurara el
Real el 11 de octubre. ¿Con que van a inaugurar ahora, señora Ministra,
el Teatro Real? ¿Con La Revoltosa? ¿Qué han hecho en estos diez meses en
el Real además de expulsar a la gerente Elena Salgado, espantar al
director artístico, señor Lissner, y ahuyentar a los artistas contratados
para la inauguración? Explíqueme, señora Ministra, qué ocurre, por qué
este desastre.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozuelo.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que vamos a hacer, señoría, es acabar con el fracaso de una
gestión que ha determinado que las obras del Teatro Real cuesten cuatro
veces más de lo presupuestado y que el plazo de su inauguración se dilate
nada menos que siete años. Eso es lo primero que vamos a hacer.
(Aplausos.) Por tanto, señoría, para el 11 de octubre está prevista la
inauguración del Teatro Real. Como sabe S. S., lo que ustedes habían
previsto era abrirlo en el año 1992 coincidiendo con la celebración de
Madrid capital cultural de Europa. No fue en el 92, no fue en el 93, ni
en el 94 ni en el 95 ni en el 96. Cuando yo me hice cargo del ministerio
la fecha prevista era el 18 de octubre de 1997. Me comprometí en esta
Cámara a hacerlo así y así se hará, señoría, pero no el 18 sino el 11 de
octubre. Tenemos el honor de contar ya con la presencia de Sus Majestades
los Reyes y además la inauguración se hará con una ópera española, con un
director español y con el Orfeón Donostiarra, con quien ya contamos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS CELINDA SANCHEZ GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS VA A TOMAR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA PARA QUE EL PADRE
O MADRE DIVORCIADO/A QUE NO TENGA LA CUSTODIA PUEDA ACCEDER A LAS
CALIFICACIONES ESCOLARES DE SUS HIJOS? (Número de expediente 180/000455)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno doña
María Jesús Celinda Sánchez García, del Grupo Popular.
Señora Sánchez.
La señora SANCHEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la memoria del Consejo General del Poder Judicial del
año 1995 da una cifra de 119.800 procesos de familia registrados en todo
el territorio nacional. Si a esta cifra le sumamos los datos de este
mismo organismo desde el año 1985, es decir, en tan sólo una década,
tendríamos un total de 790.000 parejas en procesos de divorcio o
separación; parejas que en una gran mayoría tienen hijos en edad escolar
y cuya custodia, como es lógico, por resolución judicial, es otorgada a
una de los cónyuges. Son hombres y mujeres que por una serie de
circunstancias dan por finalizados los lazos afectivos y de convivencia
con la pareja, pero no así con sus hijos, ya que las relaciones de cariño
y responsabilidad filial son un proceso in tempore, como todos conocemos.
Ahora bien, el cónyuge que no obtiene la custodia tampoco tiene derecho
al conocimiento de sus calificaciones escolares, privándole de un
seguimiento lógico en el desarrollo y evolución de esos hijos en la etapa
estudiantil, siendo privados, por tanto, del derecho a participar en una
educación responsable y en su desarrollo y maduración como personas, algo
que los artículos 14 y 39.3 de nuestra Constitución recogen de forma
inequívoca. Ante esto, las asociaciones de padres y madres separados han
venido solicitando reiteradamente la duplicidad de esas notas para
acceder a dichas calificaciones, algo que ni siquiera necesitaba esfuerzo
económico o dotación presupuestaria; más bien era cuestión de
sensibilidad y sentido común, algo que, como todos sabemos, brillaba por
su ausencia en la anterior etapa de Gobierno socialista. Afortunadamente,
con la llegada al Gobierno del Partido Popular, han visto atendidas sus
justas y humanas reivindicaciones a través del Ministerio de Educación y
Cultura, en respuesta a mi pregunta de fecha 3 de febrero de 1997. Señora
Ministra, quiero transmitirle, en nombre de esas madres y padres que han
sido escuchados, su satisfacción y agradecimiento por la sensibilidad
demostrada hacia su problema.
Por todo lo anteriormente expuesto, mi pregunta es la siguiente: ¿Qué
medidas va a tomar el Ministerio de Educación y Cultura para que el padre
o madre divorciados que no tengan la custodia puedan acceder a las
calificaciones escolares de sus hijos?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, por insólito que parezca, lo cierto es que al llegar al
ministerio me encontré con el problema de que el padre y la madre
separados que querían las calificaciones escolares de sus hijos no tenían
derecho a tenerlas me encontré con que un problema que parecía en
principio tan sencillo no se había resuelto. No estaba prevista ninguna
fórmula para que el padre o la madre separados o divorciados que no
tuvieran a su cargo la custodia de sus hijos pudieran tener sus
calificaciones escolares.
Es cierto, señoría, que la Administración no tiene competencia para
regular los derechos que se derivan de las relaciones familiares, entre
ellas de la paterno-filial, y no puede, por tanto, dictarse ninguna
disposición de carácter general que pretenda regular las relaciones de
los padres o madres separados con los centros de enseñanza, pero sí, en
cambio, puede la Administración --la Administración educativa en este
caso
ya lo ha hecho--, en uso de su capacidad organizativa, dictar normas
internas a los centros de enseñanza que están bajo su dependencia
directa.
Naturalmente estamos, y en las instrucciones así se dice, en primer
término, a lo que dispone la sentencia judicial de separación o divorcio,
y en el caso de que la sentencia no contenga declaración expresa sobre si
el padre o la madre han sido privados de la patria potestad, se entiende
que ambos tienen derecho a conocer la calificación escolar de sus hijos
directamente en el centro en el que éstos estudien.
Por tanto, señoría, la respuesta a su pregunta es que el Ministerio de
Educación y Cultura ha cursado ya instrucciones a los centros en el
sentido de que las calificaciones escolares de los alumnos cuyos padres
se encuentren en esta situación les sean entregadas en boletines
duplicados a ambos padres directamente por el centro, con dos
condiciones: primera, que el padre o la madre interesado así lo solicite
y, segunda, que se adjunte la prueba de no haber sido relevado del
ejercicio de la patria potestad.
Creemos, señoría, que con ello se resuelve un problema que afectaba a
numerosas familias y se avanza un paso más en el proceso para que el
padre o la madre separados, que ya tienen bastantes problemas derivados
del propio hecho de la separación, puedan participar de su derecho y de
su obligación de ser corresponsables de la educación de sus hijos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES TIENE EL GOBIERNO PARA
DILATAR LA APROBACION DEL DECRETO-LEY DESTINADO A PALIAR LOS EFECTOS DEL
TEMPORAL EN ANDALUCIA? (Número de expediente 180/000445)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Socialista.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Arenas, según la nota que me han dado, parece que será usted el que
me conteste. Me alegro que sea así porque es usted andaluz. Señor Arenas,
es una pregunta muy seria, de muy poca frivolidad y que tiene que ver con
las necesidades imperiosas que existen en Andalucía para solventar los
problemas de estragos a que han dado lugar las inundaciones en aquella
comunidad.
Desde el 15 de diciembre la Junta y el Gobierno central están de acuerdo
en la valoración, a pesar de lo que decía el Presidente Aznar. ¿De qué
estamos hablando, señor Arenas? Estamos hablando de intentar paliar las
enormes dificultades que en este momento tienen aquellas personas que han
perdido viviendas y enseres. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera, en
Cádiz, más de 300 personas; en Chiclana y Los Barrios, más de 100; en
Córdoba, en Palma del Río, más de 60; en Sevilla, en Cantillana, más de
500; en Lora del Río, más de 90. Estamos hablando de cosas serias, señor
Arenas. Ha habido más de 400 municipios con daños graves en sus núcleos
urbanos. Sólo en la provincia de Málaga ha habido más de 100 carreteras
cortadas, y algunas, señor Presidente, permanecen cortadas con graves
efectos y graves daños para el sector turístico. Por ejemplo,
Granada-Motril permanece cortada. Ha habido daños graves, gravísimos, en
cultivos y en ahogamiento de ganado. Por ejemplo, en Huelva se ha perdido
la primera cosecha de fresas.
Señor Arenas, unos han cobrado. El decreto para Cantabria ha salido hace
dos semanas y lo celebramos. Celebramos que el decreto para Cantabria
haya salido el 15 de este mes. Pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué
los andaluces tienen que esperar, señor Arenas?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, la pregunta que me formula el señor Diputado nada tiene que
ver con la que aparece en el orden del día. Al final, me pregunta por qué
los andaluces tienen que esperar. Pero intentaré contestar a las dos, si
le parece al señor Presidente.
En la primera parte pregunta el señor Diputado: ¿Qué razones tiene el
Gobierno para dilatar la aprobación del decreto-ley destinado a paliar
los efectos del temporal? Le contesto con otra pregunta: ¿En qué se basa
para decir que se está dilatando? Primera pregunta.
En cuanto a la segunda pregunta quiero decirle al señor Diputado que
contesto como uno de los ministros de los seis ministerios que se ocupan
del decreto, no en mi condición de andaluz, aunque orgullosamente presumo
de esa condición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo.
Señor Barrero, tiene la palabra.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Arenas, hace usted bien en sentirse
orgulloso por ser andaluz. Además, tenía que sentirse orgulloso por ser
ministro que ayude a Andalucía, y puede hacerlo a partir de ahora.
Señor Presidente, hay dos razones fundamentales: una, se lo he recordado,
no hago agravio de ello. Hace dos semanas han aprobado el decreto para
paliar los daños de las inundaciones en Cantabria, no hago agravio,
repito; obviamente, nos felicitamos por ello.
Segundo, en circunstancias similares, y respecto a las inundaciones de
noviembre de 1989, el Gobierno socialista hizo el decreto el 1 de
diciembre de 1989, en 15 días. Y hablo de 1989, año en el que se produjo
una situación similar a la que se ha producido en enero y diciembre de
este año. Señor Arenas, es un tema serio. No se puede...
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo, señor Barrero, concluya.
Muchas gracias, señor Barrero.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, con toda sinceridad, no entiendo la pregunta del señor
Diputado y, pese a sus gestos, quiero hacer una advertencia.
Dicen ustedes en la Cámara --usted esté tranquilo, que ha sido siempre un
Diputado riguroso-- que el Gobierno y el Grupo Popular se dedican a
hablar del pasado y de su gestión, y ha hecho usted referencia a un
decreto del Gobierno socialista del año 1989 --la ha hecho usted--,
poniéndolo como ejemplo. En este asunto --y se lo digo con todo el cariño
que le profeso--tiene usted una ignorancia bastante notable. El decreto
para paliar los daños del temporal importante para Andalucía no se
produjo en el año 1989; se ha producido el año pasado. Estúdielo, se ha
producido el año pasado. Y tengo que decirle, señor Presidente, que el
año pasado ese decreto tuvo una tramitación de 40 días, que es lo que el
señor Diputado debe conocer antes de formular la pregunta.
En segundo lugar, yo estoy orgulloso de mi condición de ministro y de
andaluz, pero mi obligación es defender los intereses generales de todos
los españoles. Me preocupan las inundaciones en Andalucía; me preocupan
en Extremadura; me preocupan en Castilla-La Mancha; me preocupan en
Cantabria; me preocupan en Valencia; me preocupan en Asturias. Si a usted
sólo le preocupan en Andalucía, temo que llegaré a la conclusión de que
la pregunta de hoy no es más que una continuación de la batalla
político-partidista que se ofrece a diario desde Andalucía. Una batalla
político-partidista que está haciendo mucho daño a esa Comunidad
Autónoma.
Para finalizar, voy a hacer dos consideraciones al señor Diputado. La
primera, pregúnteme el próximo día --pregúntemelo-- qué dotación ha dado
el Gobierno este año. El año pasado fueron 12.000 millones --12.000
millones, señorías--, vamos a ver cuál es la de este año, con los mismos
daños. Pregúnteme el próximo día cuánto da el Gobierno frente a los 7.000
millones de la Junta de Andalucía.
Termino haciéndole una recomendación: no sigan haciendo daño a Andalucía
por intereses partidistas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿QUE EVOLUCION HA
EXPERIMENTADO LA MOROSIDAD CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR PUBLICO
DURANTE 1996? (Número de expediente 180/000456)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 que formula al Gobierno don Juan
Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Albendea, tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, no es necesario ponderar la
importancia que el Gobierno ha prestado al desarrollo del Pacto de
Toledo. El primer hito en esa línea lo constituye el discurso de
investidura del Presidente Aznar, y tiene una firme continuidad en el
acuerdo suscrito el 9 de octubre de 1996 entre el Gobierno y las dos
centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras.
Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo es la lucha contra la
morosidad para que exista un efectivo cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social. No es sólo una obligación legal, sino también
ética, apoyada en el principio de solidaridad, principio con el que debe
estar especialmente comprometido el sector público, y, sin embargo,
parece ser que algunas comunidades autónomas son especialmente
recalcitrantes en la morosidad en cuanto a sus deudas con la Seguridad
Social.
Me preocuparía, como Diputado andaluz, que la Junta de Andalucía
continuara siendo la más morosa, pues a finales de 1995, de los 99.000
millones del total de deuda de las comunidades autónomas, 62.000
millones, es decir dos tercios, correspondían a Andalucía. Tengo
entendido que a finales de 1996 la morosidad de la Junta representaba un
tercio, nada menos, del total del sector público.
En base a todo ello, y para que me lo confirme, señor Ministro, le
pregunto: ¿qué evolución ha experimentado la morosidad con la Seguridad
Social en el sector público durante 1996?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, quiero agradecerle al señor Diputado su pregunta porque
comparto su preocupación, que en el fondo pasa por los ingresos de
nuestro sistema de protección social. La verdad es que me parece que
desde el Gobierno, y creo que también desde todas las fuerzas políticas,
habría que denunciar esas dobles conductas; unas conductas que pasan por
exigir permanentemente que se mantengan las pensiones, que se incremente
la cuantía de las mismas anualmente para que aumente la capacidad
adquisitiva de los pensionistas. Pero hay políticos y gobernantes que
entienden que esas conductas son compatibles con otras muy distintas: que
lo primero que no se pague o lo último que se pague sea la Seguridad
Social. Hay que decir que aquellos que están muy satisfechos con la
situación de morosos en relación con la Seguridad Social no están
contribuyendo en absoluto a la tranquilidad de nuestros mayores y al
mantenimiento del propio sistema.
Como sabe S. S., en su momento se ofrecieron datos sobre la morosidad
pública a finales de 1995. Esos datos ascendían a 267.000 millones de
pesetas. Para mí es muy satisfactorio comunicarle que a lo largo de 1996,
y con las medidas que hemos adoptado, se ha producido una reducción que
nos lleva a que en este momento sean 152.000 millones de pesetas. En
consecuencia, se ha reducido en más de 115.000 millones de pesetas la
morosidad pública durante 1996. Tenemos la esperanza de que esta cifra
sea notablemente reducida en el ejercicio de 1997, puesto que supone uno
de los elementos claves para que cumplamos con el déficit previsto en los
Presupuestos Generales del Estado.
La cuantía más importante del conjunto de los morosos a la Seguridad
Social, teniendo en cuenta todas las administraciones, se refiere a las
comunidades autónomas, la segunda a los ayuntamientos, a la
Administración central una parte, y también a las diputaciones.
Lamentablemente, tengo que confirmarle que todavía la comunidad de
Andalucía es la primera en cuanto a su deuda, como he comunicado por
escrito a instancias de preguntas parlamentarias, y que debe más de
51.000 millones de pesetas. Sería muy positivo que la Junta de Andalucía
y otras comunidades pagaran la deuda a la Seguridad Social para
tranquilidad de los pensionistas y para soporte de nuestro sistema de
protección social.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS
BASICAS DE ACTUACION QUE SE CONTEMPLARAN EN EL TERCER PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LA MUJER QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO PRESENTAR?
(Número de expediente 180/000457)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26 que formula al Gobierno doña
María Jesús Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular. La señora
Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace unos meses usted expresaba en la Comisión Mixta, con
gran satisfacción del Grupo Popular, la idea de que la lucha por la
igualdad de oportunidades, junto con el empleo, constituía objetivo
prioritario del Gobierno. Nuestro grupo comparte con usted la idea
expresada constantemente de la necesidad de la aplicación de la extensión
del principio de igualdad en todas las acciones y programas del Gobierno.
Pero también conoce y coincide de nuevo con usted en señalar la necesidad
que en estos momentos existe en nuestro país de seguir elaborando planes
de igualdad para evitar que la desigualdad continúe. La igualdad real
sigue siendo todavía un objetivo a alcanzar, y vemos esa desigualdad en
distintos ámbitos, en los ámbitos del empleo, social, cultural y
político.
Uno de los compromisos que asumió el Gobierno fue precisamente la
elaboración y aprobación por el Consejo de Ministros del tercer plan de
igualdad de oportunidades en el mes de marzo. Nuestro grupo confía en que
el marco de referencia de este plan sea precisamente el IV Programa de
Acción Europeo y la plataforma de acción de la IV Conferencia de Pekín.
Estando, por tanto, próxima la fecha --estamos a las puertas del mes de
marzo--, desearíamos escuchar de S. S. cuáles son las líneas básicas de
actuación que contendrá el tercer programa de igualdad de oportunidades,
reconociendo las limitaciones de los tres minutos que tiene para su
respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Dos minutos y medio, señora Sainz.
El señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, intentaré contestar en dos minutos quince y no arriesgarme
con la Presidencia.
Quiero agradecerle a la señora Diputada la cuestión que me plantea en el
día de hoy, y confirmarle que,
efectivamente, el Gobierno va a cumplir su compromiso en cuanto a la
presentación del tercer plan de igualdad de oportunidades.
Como ha dicho la señora Diputada, sería muy conveniente que este plan de
igualdad de oportunidades tenga como base el IV Programa de Acción
Comunitaria y la Conferencia de Pekín.
Prácticamente, el tercer plan de igualdad de oportunidades está
finalizado en su elaboración, y en él se han tenido muy en cuenta las
opiniones de las comunidades autónomas. Es muy grato señalar a S. S. que
tuvimos una fructífera discusión en Barcelona, hace 48 horas, con todas
las comunidades autónomas, y que prácticamente todas ellas apoyaron los
contenidos del tercer plan de igualdad de oportunidades. Hubo una
disconformidad, de totalidad diría yo, desde la comunidad de Andalucía y
algunas discrepancias puntuales desde la comunidad extremeña y desde la
comunidad de Castilla-La Mancha. Pero el resto de las comunidades ha
apoyado el contenido de este plan, que también se está discutiendo con
las organizaciones no gubernamentales.
¿Cuál es el gran reto del tercer plan de igualdad de oportunidades?
Caminar y avanzar para que la igualdad de derecho se convierta de verdad
en la igualdad de hecho. Señorías, sabemos que todavía existen
discriminaciones. Las que más me preocupan son las que se dan en el
terreno formativo-educativo y en las condiciones laborales. En este
aspecto laboral no es sólo una responsabilidad del Gobierno, sino que
también quiero invitar a los sindicatos y a las organizaciones
empresariales para que examinemos las discriminaciones salariales en el
marco de la negociación colectiva. Me gustaría que este tercer plan de
igualdad de oportunidades llevara el subtítulo «Mujer y empleo», porque
realmente no vamos a hablar nunca de igualdad real si no se dan iguales
condiciones a la hora de poder acceder al empleo y en el desarrollo del
mismo.
El plan tiene muchas innovaciones, las grandes áreas se dedican a
educación, salud, economía y empleo, poder y toma de decisiones, imagen y
medios de comunicación, medio ambiente, violencia, exclusión social,
cooperación y mujeres rurales. Permítame también que le exprese la
satisfacción de que, por primera vez, la problemática de la mujer en el
ámbito rural aparece como apartado en el plan. A mí me parece que es en
el ámbito rural donde se producen todavía las grandes discriminaciones.
Se van a producir innovaciones muy importantes en algunos programas
referidos a las mujeres mayores de 40 años en el ámbito rural, y vamos a
modificar también todo lo que significan los sistemas de evaluación.
El Gobierno desea que haya un amplio consenso parlamentario en torno al
tercer plan de igualdad de oportunidades, y desde luego quiero implicar a
todas las organizaciones sociales y muy especialmente a las comunidades
autónomas y a los ayuntamientos en su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
EL ALCANCE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO EN CUANTO A LOS MEDICAMENTOS GENERICOS? (Número de expediente
180/000458)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno la
Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo Popular.
La señora Fernández de Capel tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el ámbito de la sanidad se ve con expectación positiva
la política iniciada por su Ministerio de favorecer la oferta, por parte
de la industria farmacéutica, de la comercialización de genéricos. El
genérico es aquel medicamento comercializado una vez que ha caducado su
patente original, que se vende sin marca comercial y que da al
prescriptor una idea de la actividad farmacológica que este producto
lleva.
En los países con una industria farmacéutica importante, como son los
Estados Unidos por ejemplo, ocupan hasta el 30 por ciento del total del
consumo farmacéutico, y la tendencia internacional es a incentivar su
uso, alcanzando un alto porcentaje de participación en el mercado
farmacéutico, como ocurre en Dinamarca o en Alemania.
El genérico, si se fabrica bajo una norma de buena manufactura --y de eso
hemos hablado antes en este Parlamento--, y tiene la adecuada
bioequivalencia con el original, es legítimo y presenta algunas ventajas,
como la de denominación común internacional y su mejor clasificación
terapéutica.
Los precios de referencia con relación a las marcas comerciales deberán
tener un descenso del coste que a la larga va a beneficiar o debería
beneficiar al usuario de la sanidad, es decir, al consumidor, y éste es
un factor a considerar ante un aumento tan alarmante del gasto como el
que sufre España en materia farmacéutica.
Vemos que las exigencias de claridad del uso de productos de principios
activos, de excipientes, etcétera, que se requieren desde su Ministerio
en la fabricación de genéricos de calidad, no de tapadillo en aventuras
hospitalarias poco rigurosas de mal recuerdo en esta
Cámara, nos sitúan ante una actuación política seria y, por qué no
decirlo, valiente, que estaba recogida en nuestra legislación y que se
esperaba.
Nosotros hemos dicho en esta Cámara que para que una política de
genéricos funcione es necesaria la colaboración de los sectores y estar
alerta en la política de I + D, y así lo vemos reflejado en las
actuaciones que observamos, donde vemos cómo se han cuidado esos
aspectos.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, le ruego que lea la
pregunta. Ha concluido su tiempo.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor Ministro, ¿cuál es el alcance
de las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en cuanto
a medicamentos genéricos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de Capel.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
La verdad es que es muy difícil decir más de lo que dijo S. S. en una
intervención tan documentada y certera sobre esta cuestión. Es verdad que
en España tenemos un gasto farmacéutico preocupante, un porcentaje del
gasto sanitario total en productos farmacéuticos superior a la media
europea, y que eso nos ha obligado a propiciar una serie de medidas
tendentes a controlar este crecimiento de gasto. De ahí el llegar a
acuerdos con la industria farmacéutica para que hiciera aportaciones a
partir de crecimiento del gasto superior a 2,6 por ciento, reducción de
márgenes de las oficinas de farmacia y de los almacenes de distribución
para abaratar también por esa vía la factura farmacéutica, y otra de las
medidas importantes que se han adoptado en los últimos tiempos, en
defecto de una regulación adecuada de esta cuestión, es justamente la
introducción en España, dar carta de naturaleza a estos medicamentos
genéricos tan bien definidos por su señoría, principios activos que han
perdido la protección de la patente pero cuya eficacia, seguridad y
bioequivalencia está garantizada con los requerimientos adecuados para
que no suponga ningún perjuicio para los usuarios, y todo eso
comercializado bajo la denominación común internacional.
Además, como sabe S. S., se introdujo también en nuestra legislación el
principio de los precios de equivalencia para completar esta intención de
los genéricos, con la posibilidad de que la Administración señale un
precio máximo a esos principios activos a partir del cual, cualquier otro
que hubiera en el mercado tendría que ser financiado por los usuarios.
Se ha acometido esta normativa, y esperamos que con eso España salga de
una situación realmente limitada en esta cuestión, porque hasta ahora
mismo los genéricos apenas representaban el 1,7 del consumo, y nos
podamos ir acercando paulatinamente a esos porcentajes a que se refería
su señoría.
La normativa que hemos desarrollado en aplicación de estos principios
legales se ha hecho de acuerdo con la industria farmacéutica, por lo cual
esperamos que este año puedan entrar en el mercado aproximadamente cien
genéricos, y que en cinco años consigamos que la factura de los genéricos
ascienda a 300.000 millones, lo cual puede suponer aproximadamente un
ahorro para el Sistema Nacional de Salud, en esos cinco años, de 75.000
millones de pesetas, que es ya una cifra muy significativa, sin merma de
la calidad de este servicio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MARIO MINGO ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO SOBRE LA DOTACION DE RECURSOS EN EL AREA
SUR DE MADRID Y LA POSIBLE CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL EN EL MUNICIPIO DE
FUENLABRADA? (Número de expediente 180/000459)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de don Mario Mingo Zapatero, del
Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, desde hace varios años, y en
distintos foros, se han barajado diversas alternativas con el fin de
paliar la insuficiencia sanitaria en el área nueve de la Comunidad
Autónoma de Madrid, entre otras la construcción de un hospital en
Fuenlabrada.
En el pasado mes de agosto se constituyó, a instancia del propio
Ministerio de Sanidad, una comisión de trabajo formada conjuntamente por
miembros del Insalud y de la Consejería de Salud, con el fin de estudiar
la situación sanitaria en la zona sur de Madrid. El informe del
mencionado grupo de trabajo se ha conocido recientemente, este mismo mes
de febrero. Sus conclusiones, señorías, son definitivas. Mientras la
media en todo el territorio de la comunidad de Madrid es de 2,07 camas
por mil habitantes, en el mencionado área nueve la cifra cae
dramáticamente, alcanzando 1,17 camas por mil habitantes. En consecuencia
se requiere incrementar ostensiblemente, duplicar en la
práctica el número de camas hospitalarias para hacer frente a las
necesidades de los municipios de Fuenlabrada y Leganés. Sólo así se
lograría alcanzar lo que para el Grupo Parlamentario Popular es hoy un
objetivo prioritario: garantizar a más de 300.000 personas una asistencia
sanitaria satisfactoria y, desde luego, equipararla con la que en este
momento se ofrece al resto de los ciudadanos de la comunidad de Madrid.
Para conocer la naturaleza y el alcance de las medidas que piensa adoptar
su Ministerio, le formulo, señor Ministro, la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los objetivos del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la dotación
de recursos en el área sur de Madrid y la posible construcción de un
hospital en el municipio de Fuenlabrada?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como S. S. conoce --y veo que lo conoce muy bien--, desde el punto de
vista de la ordenación sanitaria la zona sur de Madrid comprende los
municipios de Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Alcorcón y Parla;
localidades que al haber tenido un enorme crecimiento de la población en
los últimos años padecen una insuficiencia de servicios sanitarios, a
pesar de la construcción en años no muy lejanos de los hospitales de
Móstoles, Getafe, Leganés y ahora Alcorcón.
Especialmente, como bien señalaba S. S., el hospital de Leganés soporta
una de las mayores presiones asistenciales del Insalud. Por ello, la
construcción de un nuevo hospital en el municipio de Fuenlabrada, que
tiene más de 160.000 habitantes, ha sido una demanda ampliamente
requerida y defendida por los ciudadanos y las sucesivas corporaciones
municipales durante los últimos años.
En 1991, un equipo formado por representantes del Ministerio de Sanidad,
la Comunidad Autónoma y el Insalud, realizó un estudio de necesidades de
la atención especializada en esa área nueva, pero hasta mayo de 1996 no
se había desarrollado ninguna de las iniciativas propuestas por esa
comisión.
Desde nuestro llegada al Gobierno fuimos conscientes de que había que
afrontar sin demora este problema, y el Insalud, junto con la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, constituyó, en
noviembre de 1996, una comisión de estudio para la ampliación de los
recursos hospitalarios del área nueve. Desde esta fecha hasta el mes de
enero, en que se han entregado las conclusiones, la comisión realizó un
exhaustivo estudio de planificación, teniendo en cuenta las múltiples
variables que inciden en este tema.
Tras el examen de las distintas opciones, el grupo de trabajo constató la
necesidad de construir un nuevo hospital en Fuenlabrada y al mismo tiempo
incrementar en 41 camas el hospital Severo Ochoa. El acuerdo del Insalud
es acometer la construcción de ese nuevo hospital en Fuenlabrada, de 300
a 400 camas, con una inversión de 6.000 a 8.000 millones, y hacer esa
ampliación del de Leganés. Previsiblemente las obras darán comienzo en
1998 y durará tres años la construcción de ese hospital.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL GOBIERNO
PREVISTAS MEDIDAS CONDUCENTES A POTENCIAR DESDE EL PUNTO DE VISTA
FORMATIVO, PROFESIONAL, ETCETERA, AL CUERPO DE MEDICOS INSPECTORES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD? (Número de expediente 180/000460)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 que formula al Gobierno don
Antonio Gutiérrez Molina, Diputado del Grupo Popular.
Señor Gutiérrez Molina, tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, recientemente hemos tenido ocasión de
escucharle en una prestigiosa tribuna pública un decálogo, que
compartimos, que pretende la eficacia global, no solamente de la Sanidad
sino del Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, señor Ministro,
equidad frente a monopolio, agilidad frente a burocracia, capacidad de
elección frente a imposición, apertura frente a rigidez, autonomía de los
centros hospitalarios frente a dirigismo, creación de estímulos frente a
un funcionalismo mal entendido, eficiencia frente a un control riguroso,
expectativas frente a derrotismo, responsabilidad aceptada frente a esa
superflua tentación de un reparto de culpas. Todo ello no solamente es un
magnífico decálogo, sino un auténtico programa de gobierno sanitario que,
ilusionadamente, señor Ministro, cuenta con nuestro apoyo desde estos
bancos.
Sin embargo, estimo, señor Ministro que, para ello, es fundamental contar
con la suma de muchos esfuerzos; contar con profesionales numerosos,
ejemplares, creo que hasta ahora poco utilizados, como son los
profesionales del Cuerpo de Inspección del Sistema Nacional de Salud del
Instituto Nacional de la Salud.
Creemos, señor Ministro, sin ningún afán corporativo ni reivindicativo
sino sencillamente por la propia excelencia y optimización del Sistema
Nacional de Salud y de sus recursos, que es necesario abrir unas
perspectivas, ampliar unos caminos de formación, ampliar unos capítulos
de capacitación suficientes, en resumidas cuentas de dignidad
profesional, que hagan de ellos algo más que custodios de sellos o de
volantes.
Por ello, señor Ministro, sabedor de que desde su Ministerio se comparten
estas inquietudes, aprovecho la sesión de control al Gobierno para
preguntarle si tiene previstas medidas conducentes a potenciar, desde el
punto de vista formativo, profesional, etcétera, al Cuerpo de Médicos
Inspectores del Instituto Nacional de la Salud.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Molina.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Agradezco a S. S. el apoyo, personal y de su grupo, a la política
sanitaria que estamos desarrollando, que aspira a la consolidación del
Sistema Nacional de Salud, pero también a su modernización y a su mejora.
Ciertamente, la inspección es un elemento clave de cualquier aparato de
gestión y nuestra preocupación está en aprovechar mejor esa inspección de
que disponen los servicios sanitarios.
La inspección del Insalud realiza funciones de control y evaluación de
las prestaciones sanitarias en sus diferentes vertientes, entre las
cuales cabe destacar la evaluación, auditoría y control de la asistencia,
tanto en los centros propios como en los concertados; la instrucción de
expedientes disciplinarios; el control de la incapacidad temporal, y
otras importantes funciones.
Entre las distintas iniciativas que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
puesto en marcha para potenciar la actividad inspectora dentro del
Insalud, destacan, en primer lugar, las dirigidas a reforzar la
consideración administrativa en el seno de la organización y, en segundo
lugar, las encaminadas a adjudicarle funciones y cometidos adecuados a su
importancia y preparación. Ello ha quedado patente en el Real Decreto
1.893/1996, de estructura básica del Ministerio, donde la inspección
sanitaria tiene dependencia única y directa de la presidencia ejecutiva
del Instituto.
La potenciación de las actividades de carácter inspector implica no sólo
la adopción de estas medidas, sino también otras de carácter formativo y
de promoción profesional, tendentes todas ellas al impulso y motivación
del personal destinado a desarrollarlas. Vamos a corregir la denominación
obsoleta de este cuerpo y le estamos dotando de recursos materiales,
especialmente informáticos, que elevarán el grado de eficacia en su
trabajo, permitiendo un ágil y fluido intercambio de información. Al
mismo tiempo, nos estamos preocupando de su formación continuada, a cuyos
efectos se han programado cursos sobre valoración y control de riesgos en
la Escuela Nacional de Sanidad, mientras que en la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo se impartirán otros sobre la gestión de la
incapacidad temporal para valoración de incapacidades y calidad
sanitaria.
Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE TRAZADO, COSTE Y PLAZO DE EJECUCION
SEÑALAN LOS INFORMES Y/O PROYECTOS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD
MADRID-VALENCIA, ELABORADOS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO? (Número de
expediente 180/000437)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 que formula al Gobierno don José
María Chiquillo Barber, del Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué trazado, coste y plazo de ejecución señalan los
informes, estudios y/o proyectos del tren de alta velocidad
Madrid-Valencia, elaborados por su Ministerio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Ministerio de Fomento, en el presente año 1997, licitará el
estudio informativo para la conexión en alta velocidad en el triángulo
Madrid-Valencia-Alicante, tal y como está previsto en los Presupuestos
Generales del Estado.
Sin duda, sabe S. S. que la Generalidad Valenciana hizo un estudio de
trazado sobre el enlace de Madrid-Valencia en alta velocidad. Este
estudio está desarrollado a una escala 1:50.000, y, para poder llegar a
más concreciones, es preciso hacer estudios a escala 1:20.000 y 1:5.000.
En cualquier caso, de acuerdo con los costes que actualmente tiene la
inversión en alta velocidad, en un cálculo hecho grosso modo, como no
podía ser de otra manera, unir Madrid-Valencia en sistema de alta
velocidad alcanzaría un coste mínimo de 300.000 millones de pesetas y,
probablemente, un coste máximo de 400.000 millones de pesetas. Pero hasta
que se concluya el estudio informativo que tiene que licitar el
Ministerio de Fomento en el presente año 1997 no será posible llegar a
mayores concreciones, porque precisamente el estudio informativo es el
estudio preliminar y básico para llegar a conclusiones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Le estaban haciendo alguna indicación, porque, al dar la espalda a la
Presidencia, no se le escucha bien por el micrófono y, por tanto, en el
resto de la Cámara. Lo digo para una futura respuesta.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la verdad es que está pendiente ese estudio, pero ha
habido datos e informaciones, a las que ha tenido acceso el Diputado que
les habla, que tratan de una propuesta que parece que es la que el
Ministerio ve con mejores ojos y que es la que avala una alta velocidad
Madrid-Valencia por Albacete.
Los sectores económicos valencianos, por la importancia que tiene esta
antigua reivindicación de la alta velocidad Madrid-Valencia, aconsejan,
por agilidad, por rapidez y por mayor defensa de los intereses de la
exportación y de una vía de comunicación rápida y ágil Madrid-Valencia,
que este tren de alta velocidad circule de Valencia a Madrid por Cuenca,
porque sería de duración inferior en una hora al trazado que iría por
Albacete; significaría hacer en una hora y media, vía Cuenca, Valencia y
Madrid.
Por tanto, por razones socioeconómicas, le solicito que tenga en cuenta
las reivindicaciones de la Cámara de Comercio, del puerto autónomo de
Valencia, de diversos colectivos de exportación y de diversos colectivos
socioeconómicos valencianos, que reclaman esta inversión como prioritaria
para el relanzamiento socioeconómico de la Comunidad Valenciana y que
aconsejan la alta velocidad Madrid-Valencia por Cuenca por razones obvias
y evidentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Ministro, ¿quiere replicar al Diputado?
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, creí que se había agotado mi tiempo.
El señor PRESIDENTE: Le quedaban 30 segundos.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, los
estudios a los que S. S. se refiere son, de momento, puramente
especulativos. No tienen ninguna base científica auténtica. La escala con
la que se han hecho esos estudios es absolutamente insuficiente para
determinar cuál es el mejor trazado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GARCIA-HIERRO CARABALLO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTOS VUELOS CIVILES
SE HAN TRASLADADO YA DEL AEROPUERTO DE BARAJAS AL DE TORREJON? (Número de
expediente 180/000442)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno doña
Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo Socialista.
Señora García-Hierro.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor Presidente, señor Ministro, el
pasado mes de diciembre anunciaba usted en diversos medios de
comunicación que la solución a la congestión del Aeropuerto de
Madrid-Barajas era la utilización conjunta de Barajas y la Base de
Torrejón. Con ello podrían superarse las 50 operaciones/hora o llegar
aproximadamente hasta las 60, según los datos de que disponemos y a los
que usted hacía referencia. A día de hoy, sólo una compañía, Aerolíneas
Navarras, se ha acogido a dicho plan.
Por ello, pregunto: ¿Cuántos vuelos civiles y número de pasajeros han
atendido diariamente desde el 10 de febrero como consecuencia del
traslado de operaciones de Barajas a Torrejón?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Hierro.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
En respuesta concreta le digo que hay dos vuelos diarios que cubren las
líneas aéreas de Navarra y, para vuelos ocasionales, la compañía Gestair,
que, como sabe, es una compañía de aerotaxis. Hasta el momento, ésta es
la utilización que se está realizando de la pista de Torrejón y
probablemente en los futuros meses se incrementará el tráfico, como
consecuencia de la renegociación que para el próximo año hay que realizar
en Bruselas sobre la distribución de slots entre las distintas compañías
aéreas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ministro.
Señora García Hierro.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: No me esperaba otra respuesta, puesto
que conocemos sobradamente que el interés mostrado por el señor Ministro
en poner en funcionamiento Torrejón era una decisión errónea, yo creo
que, permítame decirlo, precipitada y
sustentada en criticar al anterior Gobierno, en lugar de asumir las
responsabilidades de los fallos que en los últimos meses su equipo ha
venido cometiendo; parecía querer mostrarse, en una campaña de imagen,
como una persona eficaz, que iba a encontrar una solución inmediata, una
solución mágica. Alguno de sus más estrechos colaboradores, en el diario
ABC decía: Será un acontecimiento histórico que ni tan siquiera se
hubiera pensado hace unos meses la utilización de la Base de Torrejón
para usos civiles. Tenemos aquí el acontecimiento histórico: dos vuelos
diarios, entre ellos, ocasionalmente, un aerotaxi. Y ustedes, en lugar de
escuchar las voces de los expertos y de los organismos internacionales,
que les desaconsejaban dicha medida, por razones económicas, por razones
técnicas, por razones medioambientales, y sobre todo por razones de
seguridad, continuaron adelante. Siguieron instando, presionando a las
compañías para que trasladaran los vuelos a Torrejón. El resultado es
que, como no es rentable económicamente, el famoso colapso de Barajas no
se puede resolver con algo que no es una solución.
Por lo tanto, le incito a que rectifique y tenga en cuenta que la
anterior gestión en situaciones iguales o similares era bastante mejor.
Rectificar, señor Ministro, es de sabios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Hierro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, es
extraordinariamente peligroso y ya se ha puesto de relieve aquí esta
tarde hacer preguntas parlamentarias sobre la base de titulares de
prensa. Yo la reto a usted a que encuentre unas declaraciones literales
mías grabadas donde yo dijera que la utilización de la pista de Torrejón
de Ardoz era la solución para descongestionar Barajas. En todo momento
dije que era una medida moderada, limitada, para descongestionar de algún
modo las horas punta, entre las siete y las nueve de la mañana, que es
cuando se concentra el mayor número de slots. Primer punto.
Segundo, la decisión errónea, señoría, no es poner a disposición de las
compañías aéreas una nueva pista de aterrizaje; ésa en ningún caso es una
decisión errónea. La verdadera decisión errónea es haber dejado colapsar
Barajas, que es responsabilidad de su Gobierno. Porque Barajas está
colapsado, no tiene margen para distribuir más slots y, por consiguiente,
no tiene capacidad para digerir un mayor número de vuelos. Poner a
disposición unas instalaciones provisionales, de carácter adicional, a lo
que es hoy el Aeropuerto de Barajas, señoría, es encontrar una solución
de emergencia, cosa que ustedes fueron incapaces de hacer; no solamente
dejaron colapsar Barajas, sino que, además, no encontraron ninguna
solución de emergencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO CAMPS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLANES TIENE EL GOBIERNO
CON REFERENCIA A LA ANUNCIADA LEY DE AERONAUTICA CIVIL? (Número de
expediente 180/000464)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno, por
sustitución del señor Camps, el señor Carreño Rodríguez-Maribona.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias.
Señor Presidente, señor Ministro, es fundamental una base legislativa
acorde con los tiempos actuales para solucionar los temas de navegación
en Torrejón, Barajas y demás aeropuertos españoles.
La actual legislación de aeronáutica civil, la Ley de Navegación Aérea,
tiene ya más de treinta años de vigencia y en este período la aviación
civil ha experimentado un boom, una enorme transformación, desde la
liberalización --y, como consecuencia de ella, la importancia creciente
del sector privado-- a las normas legislativas, desde la Constitución a
las comunitarias. Por ello, gran parte del contenido de la legislación
aérea, de aquella Ley, está claramente caduco. A esto se une el que el
Gobierno --no éste, sino el anterior-- ha incumplido, desde 1987, el
plazo máximo de un año que el mandato nada menos que de una ley orgánica
le fijaba en 1986, para actualizar la normativa legal.
De ahí que formulemos la siguiente pregunta: ¿Qué planes tiene el
Gobierno actual con referencia a la anunciada ley de aeronáutica civil?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, le agradezco la pregunta, que es no solamente oportuna, sino, yo
diría, doblemente oportuna. Oportuna por la cuestión en sí misma y
oportuna porque coincide con otra pregunta del Grupo Parlamentario
Socialista.
Esta es otra de las cuestiones cuya respuesta pone de relieve la
brillante gestión que realizaron los gobiernos socialistas en todo lo que
afecta a lo que podríamos denominar navegación aérea y tráfico
aeroportuario. La Ley actualmente vigente es del año 1960. En el año 1986
se aprobó una Ley orgánica que regulaba la jurisdicción penal en materia
de delitos de tráfico aéreo
y en esa Ley se contenía un mandato al Gobierno, entonces, socialista,
para que, en el plazo de un año, enviara al Congreso de los Diputados un
proyecto de ley que regulase, en términos modernos, la navegación aérea.
No solamente incumplió ese mandato de un año, sino que incumplió dos
mociones subsiguientes, aprobadas, una, por esta Cámara y otra, por la
Alta Cámara, por el Senado. Hasta el momento, no existe esa ley de
navegación aérea.
Yo le diré que hace dos meses que trabaja en el Ministerio de Fomento, en
el seno de la Dirección de Aviación Civil, un equipo técnico, que está
redactando un proyecto. De acuerdo con los informes y los datos que ellos
me suministran, ese primer borrador de proyecto de ley --enormemente
complejo, técnicamente imprescindible-- estará terminado hacia el mes de
junio-julio, de tal manera que pueda entrar en esta Cámara en el segundo
semestre del presente año 1997.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Al haberse aplazado la pregunta formulada por el señor González de
Txábarri, que hacía el número 14, concluye así el trámite de preguntas
orales al Gobierno, constitutivo del punto quinto del orden del día.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE POLITICA GENERAL DE VIVIENDA, PARA GARANTIZAR A TODOS
LOS CIUDADANOS EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA (Número de expediente
172/000030)
El señor PRESIDENTE: Corresponde el debate de las interpelaciones
contenidas en el punto sexto del orden del día, presentadas, con carácter
de urgencia, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. De
acuerdo con la decisión de la Junta de Portavoces, se tramitará en primer
lugar la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política general de vivienda, para
garantizar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor Fernández.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a proceder a la defensa de esta interpelación que hacemos al
Gobierno, sobre las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de
suelo y vivienda.
En principio, quiero constatar que este último Consejo de Ministros ha
sido un tanto atípico o poco clarificador, porque da la impresión de que,
más que un Consejo de Ministros para tomar decisiones sobre asuntos
concretos, ha sido un consejo para hacer una operación de marketing, para
vender un producto que huele muy mal, señor Ministro. (Rumores.) Sí, de
verdad. Todas estas medidas que ustedes van anunciando para desregular
aún más el mercado del suelo, yo creo que son bastante inaceptables,
incluso para sus propios seguidores, incluso para los alcaldes y
concejales del Partido Popular. Por eso digo que me da la impresión de
que estamos ante una gran operación de marketing, para intentar vender
algo que es bastante difícil de conseguir. No obstante, a pesar de que
sean meras declaraciones, lo que sí es cierto es que han creado
intranquilidad y una preocupación grande en todos aquellos sectores de la
sociedad que tienen alguna implicación con el suelo y la vivienda.
No me negará, señor Ministro, que, aún sin reponernos todavía de la
medidas que ustedes llaman liberalizadoras, que adoptaron en el Real
Decreto-ley de 7 de junio de 1996, vuelven ustedes con la caballería a
seguir pisoteando sobre la maltrecha situación en que han dejado a los
ayuntamientos, a los ciudadanos y a la propia Ley del Suelo. No se
olvide, que esto es importante.
Señor Ministro, voy a centrar mi intervención sobre la documentación que
tengo, la reseña del Consejo de Ministros, ya que, a través de ella,
entiendo que el Gobierno y su ministerio tienen intención de desarrollar
las medidas que afectan al suelo y a la vivienda. No voy a hacer uso de
lo publicado, porque en este sentido las descortesías de usted y de su
ministerio son continuas, continuas filtraciones a la prensa, y este
Parlamento y los parlamentarios somos los últimos que nos enteramos sobre
lo que quieren hacer. Por tanto, reitero que me voy a centrar en esta
breve reseña que ustedes han facilitado, en el sentido de hacer una nueva
ley del suelo, para aumentar la cantidad de suelo urbanizable y, según
dicen, para reducir su impacto sobre el costo de la vivienda, y también
aquellas otras medidas como un nuevo plan de vivienda y algunas más.
Nosotros entendemos que la puesta en marcha de este segundo paquete de
medidas liberalizadoras en la línea ya iniciada en junio pasado insiste
en la eliminación de facultades propias de los poderes públicos, en favor
de determinados intereses privados, sin que pueda deducirse un beneficio
para la mayoría de los ciudadanos, al tiempo que existe el riesgo de
incurrir en un alto coste en términos sociales y territoriales. El
elemento común de las medidas anunciadas tiende a redefinir el concepto
de servicio público, dejándolo en su más mínima expresión.
En espera de que el Gobierno cumpla esta amenaza, y otras, como la
reforma del mercado de trabajo, este
conjunto de medidas que, junto a la anterior, pretende entregar la
dirección de la economía a la iniciativa privada y a su ánimo de lucro,
otorgando a los grandes conglomerados financieros el poder real de la
sociedad. Así ocurre con las medidas de política del suelo y urbanismo,
que no responden a los problemas y necesidades de la población y van a
eliminar la única posibilidad de ordenación racional del territorio y del
crecimiento de las ciudades, medidas que además pueden atentar contra la
misma Constitución, en su artículo 47, en el caso del suelo, que mandata
a los poderes públicos para que regulen la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación. También
mandata el citado artículo la participación de la comunidad en las
plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos.
La desregulación del uso del suelo se hace con la idea de aumentar la
oferta del suelo, ustedes lo entienden así, para favorecer la
construcción de viviendas y reducir su precio. También parece ser que lo
hacen para mejorar de esta forma el acceso de la población a las mismas.
Nosotros entendemos que es un profundo error que parte del
desconocimiento de este problema, por cuanto ahora ya existe suelo
urbanizable en un volumen superior a las necesidades previstas para los
próximos años. De esto ya hemos tenido ocasión de hablar; quizás yo por
lo menos no he sabido transmitir esta idea, aunque en este sentido está
bastante documentado, y creo que tendrán la misma información que yo.
Nos parece que ustedes no abordan el problema de una forma correcta.
Partimos del convencimiento de que existe suficiente suelo urbanizable;
partimos también del convencimiento de que existen más de dos millones y
medio de viviendas desocupadas en este país y que los problemas se
podrían arreglar de otra manera.
Pensamos que las medidas que ustedes anuncian, que el Partido Popular
anuncia, que el Gobierno anuncia suponen el abandono de la inexcusable
función pública del urbanismo y dejan fuera de la posibilidad de acceso a
la vivienda a las capas sociales más necesitadas. Nosotros rechazamos
rotundamente la idea de que la libre iniciativa privada pueda resolver
con equidad el problema de la vivienda y de la ordenación de la ciudad.
Señor Ministro, vemos con preocupación que a este Gobierno le falta rigor
en la toma de decisiones y que no quiere mirar a nuestro entorno europeo,
por lo menos en este terreno. Ustedes sí miran a nuestro entorno europeo
para otros asuntos: convergencia, Maastricht, ese juguete nuevo que yo
creo que puesto en sus manos es bastante peligroso.
Yo voy a intentar facilitarles algunos datos que demuestran que el
problema del alto precio de la vivienda en España no es la falta de
suelo, ni incluso la falta de viviendas construidas.
De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea, la relación
media entre viviendas y hogares es de 107 viviendas por cada 100 hogares.
En Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda, se constata un déficit global
de viviendas. En este déficit no está incluida España. Le voy a facilitar
algún otro dato como ejemplo. En España, con una población aproximada de
39 millones de habitantes, tenemos censados 12 millones de hogares y 17
millones de viviendas. Por tanto, nos corresponden 142 viviendas por cada
100 hogares. Y tenemos 57 viviendas vacías por cada 1.000 habitantes.
Creo que hay que tener en cuenta estos datos a la hora de intentar ver
las soluciones que tiene este problema.
Hay otros datos que también avalan que el número de viviendas en la
década de los ochenta a los noventa no ha decaído, sino que ha seguido
creciendo, incluso por encima del crecimiento de la población. El
incremento de la población en España en la década 1981-1991 ha sido de
1.327.000 habitantes, un 3,6 por ciento; el incremento de unidades
familiares, 1.375.000, 12,9; y el incremento de la oferta de vivienda,
2.428.000, un 16,5. Un crecimiento de población del 12,9 y un crecimiento
de la vivienda del 16,5. Con ello volvemos a constatar que viviendas hay,
que estamos creciendo por encima de nuestra media; más, teniendo en
cuenta que la media en la Unión Europea es el 8,6; estamos prácticamente
al doble. Por eso, este dato avala que el crecimiento del proceso
edificatorio ha estado por encima de la demanda y se constata que no es
que no haya viviendas, sino que su precio es elevado y es superior al
poder adquisitivo de muchos españoles y españolas.
También hay otros factores que se deberían tener en cuenta y son los
cambios en la composición de las unidades familiares, ya que en este
momento se produce una disminución, cada vez mayor, de los componentes de
la unidad familiar y precisan viviendas con tipologías diferentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
Sólo quiero constatar que el crecimiento de familias con un solo
componente es notable y que, por tanto, la tipología de la vivienda
debería ser distinta. Y también reiterar, si me lo permite el señor
Presidente, que estamos a la cabeza de la Unión Europea en número de
viviendas vacías, 57 por cada mil habitantes; los primeros en viviendas
por hogar, 142 por cada 100 habitantes; que el incremento de la oferta en
los últimos años es del 16,5; que estamos a la cola de Europa en cuanto a
viviendas sociales de alquiler, 2 por ciento, señor Ministro, frente al
36 por ciento de los Países Bajos, por ejemplo; que estamos a la cola de
Europa en cuanto a ayudas a vivienda, en España no llegamos
al 1 por ciento del PIB, frente al 2,80 de Francia, o al 5,81 del Reino
Unido; y que, ante esta situación, en vez de intentar superarla, ustedes
lo que proponen son nuevas medidas y todas ellas de carácter regresivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Sánchez.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, yo quiero, en primer término, agradecerle la oportunidad de su
interpelación y, por tanto, la ocasión que da de iniciar un debate, que
necesariamente ha de ser largo y que va a durar buena parte de la
legislatura, sobre un problema tan acuciante como es el del suelo y el de
la vivienda.
Puede usted tener la certidumbre de que el anuncio de las medidas
liberalizadoras del Gobierno del pasado Consejo de Ministros no tiene
nada que ver con una operación de marketing, y muy pronto tendrá usted
ocasión de comprobarlo. Creo que está en marcha en España uno de los
procesos más ambiciosos y más profundos de reformas estructurales que se
hacen en el conjunto de la economía productiva española.
No tengo conciencia, señoría, de haber incurrido en ninguna descortesía
con esta Cámara. He comparecido en varias ocasiones ante la Comisión de
Infraestructuras y todo lo que el ministerio va haciendo, todo lo que el
Gobierno va haciendo a propuesta del ministerio, está en el programa que
tuve ocasión de describir en mi primera comparecencia ante la citada
Comisión de Infraestructuras del Congreso.
Ha hecho usted referencia a la intranquilidad que ha creado el anuncio
hecho por el Gobierno de empezar un proceso de liberalización del suelo.
Yo diría, señoría, que si hay alguna intranquilidad es la actual
intranquilidad de un país que, sin justificación ninguna, tiene vivienda
cara y suelo escaso. En anteriores debates sobre el mismo tema, tuve
ocasión de poner de relieve cuáles son las características de nuestro
país para comprender hasta qué punto ha fracasado el modelo que contiene
la actual legislación de suelo.
Señoría, primero, España es un país grande, el segundo país más grande de
Europa; segundo, es un país que tiene la población estancada; y, tercero,
es un país que tiene muy baja densidad de habitantes por kilómetro
cuadrado. En estas circunstancias objetivas, es absolutamente
incomprensible que el suelo urbanizable y urbanizado sea escaso y que la
vivienda sea cara, porque los efectos del modelo actualmente vigente,
señoría, son los siguientes: hay suelo urbanizable y urbanizado escaso y
la vivienda en España es muy cara; no es que no haya vivienda, señoría,
es que las que hay son muy caras. Usted comprenderá que un precio medio
en España de 180.000 pesetas por metro cuadrado es un precio inasequible
para una gran mayoría de españoles. Y ya no le quiero decir si nos
trasladamos a grandes capitales, como Madrid o Barcelona, donde el precio
medio del metro cuadrado está por encima de las 250.000 pesetas.
Por tanto, no es un problema de escasez de viviendas. El problema es que,
porque hay poco suelo urbanizable y urbanizado, la repercusión del coste
del suelo sobre el precio de la vivienda es altísimo y, consecuentemente,
la vivienda es extraordinariamente cara. Pero, señoría, además de escasez
de suelo y de viviendas caras, el modelo actual ha producido el más alto
incremento del coste de la vivienda que ha registrado España en toda su
historia. La ola especulativa a que ha dado lugar la vigente legislación
es tan descomunal que vivimos una situación absolutamente insoportable
desde el punto de vista social. Le interrogo a usted, si me lo permite:
¿No le produce intranquilidad que hoy la sociedad española esté
ofreciendo a nuestros jóvenes contratos precarios de trabajo e
imposibilidad de acceder a una vivienda, bien sea de alquiler bien sea de
propiedad, por los precios que tanto el alquiler como la propiedad
tienen? ¿No le produce una profunda preocupación social esta situación?
Señoría, yo empezaría por hacer una autocrítica. La situación actual es
negativa. Veamos las causas por las que la situación actual es negativa.
Si describimos la situación actual como paradisíaca y la reforma que
propone el Gobierno como algo demoníaco, señoría, no nos podemos
entender, porque negar la realidad es lo único que no se puede hacer. No
hay viviendas asequibles, señoría. No hay suelo urbanizable y suelo
urbanizado en grado suficiente. La repercusión del coste del suelo sobre
el precio de la vivienda es la repercusión más alta de la Unión Europea.
Esas circunstancias de hecho no se pueden discutir, porque son datos que
están en todos los informes especializados. No me los invento yo,
señoría. Están en todos los sitios donde usted quiera buscarlos. Son
datos indiscutibles.
Hay una cosa que yo recuerdo frecuentemente en este tipo de debates. Es
un pensamiento del filósofo Ortega y Gasset que dice que España es el
único país en donde se discute el dato. No discutamos el dato, señoría,
nuestra juventud no tiene viviendas asequibles. No discutamos el dato, el
suelo tiene una alta repercusión sobre el coste de la vivienda. Esos son
los datos y, por tanto, las causas de una situación que a usted y al
Gobierno nos resulta absolutamente insatisfactoria. Vamos a tratar de
encontrar una solución, señoría.
Puedo decirle a S. S. que una vía de solución --no pretendo tener ni el
monopolio de la verdad ni el monopolio de la razón-- es incrementar el
suelo en términos de mercado, poner más suelo urbanizable en el mercado
para que disminuya su precio y repercuta en menor medida sobre el coste
de la vivienda. Desde esa perspectiva, la reforma de la actual
legislación sobre el suelo es hoy ampliamente compartida por todos los
sectores sociales. Esta necesidad no es algo que ponga de relieve este
Gobierno. En 1993, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en un
informe sobre las medidas necesarias para eliminar el daño que al sistema
económico venían causando las situaciones de monopolio y para favorecer
la libre competencia en los servicios, planteó ya la urgencia de cambiar
con un enfoque liberalizador la legislación estatal de suelo. También el
anterior Ministerio de Obras Públicas reconoció dicha necesidad en el
informe que sobre el suelo y el urbanismo en España elaboró, en 1994, una
comisión de expertos, constituida al efecto por la iniciativa del
departamento, en la que estuvieron representadas, no sólo todas las
administraciones públicas a los tres niveles, estatal, autonómico y
local, sino también los promotores públicos y privados, la Federación
Española de Municipios y Provincias y otras instituciones y colegios
profesionales.
La realidad es que las sucesivas reformas de nuestra legislación
urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del
ordenamiento jurídico al multiplicar innecesariamente las intervenciones
administrativas en las distintas fases del desarrollo urbano y, lo que es
más grave, las cotas de discrecionalidad del sistema, de forma tal que
unidas a la limitación artificial de la oferta del suelo, ha contribuido
decisivamente a dificultar las operaciones de urbanización y posterior
edificación, haciendo imprevisible su coste e impidiendo una adecuada
programación de las actividades empresariales en este sector productivo,
con el consiguiente encarecimiento del producto final, en particular de
la vivienda.
El actual Gobierno se encontró, por tanto, con una legislación en materia
de suelo extraordinariamente compleja, pendiente de varios recursos ante
el Tribunal Constitucional, mayoritariamente rechazada y ampliamente
incumplida. Esta legislación ocasionaba efectos muy negativos para el
desarrollo de nuestras ciudades, entre los que cabe citar: primero,
fuerte restricción de la oferta de suelo urbanizable en condiciones de
inmediato desarrollo, que ha conducido en la mayoría de los casos a
situaciones monopolísticas con la consiguiente elevación de los precios
del suelo antes de su transformación, en los últimos años hasta el 43 por
ciento del precio total de la vivienda. Segundo, tiempos reales de
tramitación de planes y proyectos notoriamente largos debido a la
multiplicación de trámites intermedios, innecesarios en la mayoría de los
casos, pero que encarecen también el producto final, que es la vivienda.
Tercero, una fuerte discrecionalidad de la Administración municipal
frente a las propuestas e iniciativas de los particulares, con la
consiguiente incertidumbre que se refleja siempre en mayores costes.
Cuarto, cargas de cesiones de suelo en general excesivas e injustificadas
en determinados casos, que se trasladan, como es lógico, al producto
final. Por último, rigidez de las determinaciones del planeamiento y del
sistema de obligaciones y plazos para su ejecución que, por otra parte,
se incumplen en una inmensa mayoría de los casos.
Como respuesta inicial ante esta situación, el Gobierno, dentro de un
primer paquete de medidas liberalizadoras de carácter económico, aprobó
el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, que estableció las siguientes
medidas: reducción de las cargas de cesión del suelo del 15 al 10 por
ciento en general y total en determinados supuestos de suelo urbano.
Segundo, la unificación de todo el suelo urbanizable en una sola clase de
suelo. Tercero, la posibilidad de desarrollar el actual suelo urbanizable
programado directamente por los particulares sin necesidad de concurso.
Cuarto, una reducción de plazos y trámites en la tramitación y aprobación
de instrumentos de planeamiento y gestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor
Presidente, concluyo en seguida.
Estas son las medidas moderadas y limitadas que necesariamente han de
producir efectos limitados y que ponen simplemente en marcha un proceso.
La reforma de mayor profundidad llegará a través del proyecto de ley que
está a punto de concluirse a nivel de borrador, que ha sido anunciado en
el paquete de medidas liberalizadoras y que va a ser objeto de un amplio
debate público, porque el Gobierno tiene el propósito de repartir este
anteproyecto de ley a todos los sectores interesados, empezando por la
Federación Española de Municipios para que, durante un tiempo razonable,
pueda hacer las alegaciones y proponer las reformas que estime oportunas.
El proyecto no se plantea, en ningún caso, menoscabar la acción
urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá siempre la
dirección del proceso, sin perjuicio del respeto a las iniciativas de los
particulares que se produzcan en el marco fijado por el planeamiento,
pero sí pretende que se establezcan reglas claras y se limite la excesiva
discrecionalidad que ha venido siendo fuente de notorias irregularidades
y corrupciones. El proyecto, señoría, sí realiza una profunda reforma
estructural, porque califica de urbanizable todo aquel suelo que leyes o
el planeamiento no declaren especialmente protegido.
La futura ley no privará a la administración de la posibilidad de
formación de patrimonios públicos de suelo, que pueden ser un instrumento
eficaz para la regulación del mercado del suelo. No obstante, tal como se
ha constituido en los últimos años, no es la única solución para
conseguir un abaratamiento de los precios del suelo. Es necesario que la
iniciativa privada,
con una mayor oferta de suelo, pueda poner en el mercado viviendas a
precio asequible.
Señoría, una última consideración, no es que sean términos antitéticos,
pero tampoco es fácil encontrar un punto de equilibrio entre el derecho a
la vivienda que tienen los ciudadanos desde una perspectiva
constitucional y el proceso urbanístico como fuente de financiación de
los ayuntamientos. En ocasión anterior he dicho que si este Gobierno
tuviera que optar entre el derecho al acceso a la vivienda de los
ciudadanos y la financiación de los ayuntamientos, optaría, sin duda
alguna, por lo primero. Su señoría tendrá que optar también, porque no es
fácil encontrar un punto de equilibrio y el Gobierno y esta Cámara
tendrán que afrontar el problema de la financiación de los ayuntamientos,
pero no se olvide usted de que en la situación en la que estamos hay un
problema de opción: o elegimos el derecho de acceso a la vivienda o
elegimos el actual sistema de financiación de los ayuntamientos con cargo
a los procedimientos urbanísticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego concluya.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Concluyo ahora
de verdad, señor Presidente.
Señoría, no tenga usted preocupación por el plan de la vivienda. El plan
de la vivienda nuevo se negociará con todas las comunidades autónomas. Ya
sabe usted que la Administración central no conserva competencias en
materia de vivienda. Lo que sí hay es una partida presupuestaria que nos
permite subsidiar los créditos hipotecarios. Con esa partida el
Ministerio de Fomento, en el año 1996, ha movilizado un billón de
pesetas, que ha ido directamente a la construcción de viviendas
protegidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
El señor Fernández Sánchez tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me acaba de decir S. S. que no ha incurrido en ninguna
descortesía en este asunto. Yo reitero que cuando nos enteramos por la
prensa de que está redactando una nueva ley del suelo y se publica el
borrador; cuando un Diputado intenta conseguirlo pero no lo consigue, yo
creo que eso sí es una descortesía, señor Ministro. Esas filtraciones
interesadas son una descortesía. También tengo entendido que en el Senado
se negó la posibilidad de informar cada tres meses sobre el plan de
vivienda. Cuando las instituciones reclaman esa información, lo normal es
que se facilite.
El señor Ministro nos habla mucho de la especulación y nos ofrece como
medida para frenarla poner más suelo a disposición de los operadores; en
este caso estamos hablando de suelo rústico. Yo no sé si el señor
Ministro tiene constancia de que estas medidas se toman en algún país de
nuestro entorno. Yo solamente recuerdo que en la época del franquismo, en
los años 50, 60, ó 70, todos veíamos cómo afloraban edificios en los
campos, en cualquier sitio, inconexos, sin dotaciones, sin servicios;
servicios que los actuales ayuntamientos democráticos están dotando.
Todas esas carencias y necesidades de esa política de vivienda
desafortunada que nos tocó vivir no se han cubierto todavía. Yo no sé si
esa información la tiene el señor Ministro. Supongo que como tiene
concejales y alcaldes, también lo sabrá.
Habla S. S. de especulación, pero todavía no he oído ninguna palabra para
frenar a los especuladores. ¿Tiene intención de meterse con los
especuladores, señor Ministro? ¿Solamente se va a meter con los
ayuntamientos, o con medidas tales como incorporar suelo rústico? ¿No le
preocupan los especuladores? ¿No tiene medidas para frenar la
especulación, metiéndose de verdad con aquellos que hacen negocio con el
suelo, que posiblemente estén más cerca de usted que de nosotros? Yo creo
que eso es una realidad también constatable.
Ha hablado el señor Ministro de que, dentro de estas medidas, intenta
facilitar el acceso a la vivienda de aquellos sectores que tienen muchas
dificultades, como pueden ser los jóvenes. Los jóvenes tienen muchas
dificultades, pero en este momento el Gobierno puede adoptar una buena
medida para la juventud, como es la modificación de la Ley de contrato
temporal. Lo menciono porque usted lo ha sacado a relucir. Puesto que
ustedes tienen en este momento el poder para modificar estas cosas,
podrían empezar por modificar la Ley de contrato temporal y facilitar que
nuestra juventud tenga unos puestos de trabajo más estables. Pero no
podemos olvidar otra serie de medidas que se pueden tomar, como son las
ayudas directas a la adquisición de vivienda, ayudas directas que tengan
en cuenta las rentas, porque ayudas indirectas ya tenemos: de 700.00
millones, aproximadamente el 70 por ciento son ayudas indirectas. Si en
las ayudas indirectas no se tiene en cuenta el poder adquisitivo de
aquellos que las perciben, malamente se va a conseguir que estas personas
que no tienen el mismo salario que usted o que yo puedan acceder a la
vivienda. Creo que ahí tiene un camino que puede emprender.
Le quiero hacer alguna pregunta. No sé si alguien en su Ministerio se ha
parado a mirar cuántos miles de millones ha entregado a la especulación
solamente con declarar legislación básica el artículo 2 del Real
Decreto-ley de 7 de junio y darle un carácter retroactivo. Hay unos
cuantos miles de millones. He hecho un cálculo y me salen bastantes.
Esperemos que, a través de
algunos recursos que interpongan aquellos ayuntamientos que se niegan a
poner en práctica el Real Decreto-ley de 7 de junio, tengamos la suerte
de evitar que el dinero público pase, de esta manera tan aberrante, a
manos de los especuladores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Voy terminando, señor Presidente.
También me gustaría, si es posible, que se preocupe usted de saber cuánto
suelo no urbanizable se ha incorporado al mercado desde el 7 de junio. Es
una estadística que nos puede interesar a todos y sería conveniente tener
datos.
Vemos con una cierta perplejidad --yo me alegro-- que algunas comunidades
autónomas, en lugar de incorporar las medidas del Real Decreto-ley de 7
de junio, lo que están haciendo es rechazarlas. Algunas comunidades
autónomas muy cercanas a ustedes, en vez de disminuir el aprovechamiento
de los ayuntamientos, lo que han hecho ha sido acordar que se mantenga en
el 15 por ciento, con lo cual, señor Ministro, le auguro que vamos a
tener en el futuro enfrentamientos bastante serios entre ustedes,
nosotros, muchos ayuntamientos y, como decía antes, también con algunos
de sus compañeros.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no tengo ningún inconveniente en distribuir el borrador de la
ley del suelo cuando esté hecho. Si ha leído alguna filtración, lo que le
puedo asegurar es que no es el borrador de la ley del suelo que el
Gobierno va a distribuir, por consiguiente, no puedo darle a usted un
borrador que no está concluido. Las filtraciones interesadas no las hace
el Ministerio. Se podrán hacer por otra vía, pero no las ha hecho el
Ministerio.
Usted sabe, señoría, que en mi comparecencia ante la Comisión de
Infraestructuras anuncié que este Gobierno trataría de hacer una nueva
ley del suelo. Por tanto, fui cortés con la Comisión de Infraestructuras
al exponer el plan gubernamental. Cuando tenga concluido el borrador se
distribuirá ampliamente a todas
SS. SS., a todas las organizaciones sectoriales y a todas las
administraciones públicas. No tengo conciencia, señoría, de haber
incurrido en descortesía. Si hubiera incurrido sería de una manera no
premeditada y, en ese caso, mis disculpas.
En cuanto a la especulación, es absolutamente lógico y que lo haga S. S.,
es todavía más lógico. Lo que es sorprendente es que no se pregunte usted
por qué hay especulación. ¿Por qué se produce la especulación, señoría?
La especulación se produce cuando un bien es escaso, que es lo que usted
me ha negado en su primera intervención. Si hay especulación sobre el
suelo es porque el suelo es escaso. Si el suelo fuera abundante en el
mercado no habría especulación, se lo aseguro. Como no hay especulación
sobre los cepillos de dientes. ¿Conoce usted algún especulador que
especule con ese tipo de productos? No, porque el mercado regula los
precios de manera correcta. El suelo es un producto singular
--estoy de acuerdo con S. S. en cuanto a ese concepto-- que requiere
una cierta regulación. El mercado del suelo no será nunca un caso de
mercado perfecto, estamos de acuerdo, y por eso hará falta siempre un
cierto tipo de regulación. Pero hay algo que hoy nadie duda excepto
ustedes: que hace falta más suelo urbanizable en el mercado. Ya veremos
el procedimiento para ponerlo en el mercado, pero eso, señoría, no lo
duda nadie. No discuta ese dato porque no nos podremos entender.
Señoría, este Gobierno ha hecho por la vivienda más que cualquier otro
gobierno. Simplemente con haber conseguido una rebaja de los tipos de
interés, como ha logrado en nueve meses, se ha dado más ayuda a la
adquisición de viviendas que con todo un conjunto de medidas anteriores,
durante muchísimos años. Esa es la ayuda indirecta más importante que se
ha producido en los últimos tiempos. Por otra parte, tengo que decirle
que en el Ministerio hay un mecanismo de ayuda directa. La subsidiación
de los tipos de interés, señoría, es un mecanismo de ayuda directa en el
que se tiene en cuenta el nivel de renta, porque de otra manera sería
profundamente injusto.
Yo comprendo que, ante determinado tipo de medidas, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos puedan tener una posición negativa e,
incluso, puedan llegar a una actitud de rechazo. Tienen unos intereses
concretos que defender en virtud de sus programas de actuación municipal.
Lógico. La diferencia entre un gobierno y un parlamento es que no definen
intereses sectoriales o locales, sino intereses generales. Por eso hemos
de producir aquí un debate entre todos y hemos de encontrar, si es
posible, un mecanismo de acuerdo entre todos. A mí no me resulta
atractivo, personalmente me produce un cierto rechazo, hacer una gran
confrontación ideológica en la resolución de un problema tan grave como
es el del eje suelo-vivienda.
Yo estoy abierto a que todos propongamos soluciones que conduzcan a un
abaratamiento efectivo del coste de la vivienda, pero, señoría, eso
empieza por no negar que la vivienda es cara en España. Si negamos que la
vivienda es cara en España es como si no existiera el problema. El suelo
urbanizable es escaso y la vivienda es cara, y la repercusión del suelo
sobre el coste de la vivienda, insisto, señoría, es muy alta.
Una vez que estamos de acuerdo en esas premisas --que hoy no discute
nadie y por eso me sorprende
que S. S. las discuta--, busquemos la mejor solución. Sí le digo que
países que no tienen problema de vivienda, con características no iguales
pero parecidas a España, grandes y con poca densidad de habitantes por
kilómetro cuadrado, tienen una legislación de suelo absolutamente liberal
en el sentido de que favorecen la aportación de suelo urbanizable al
mercado y por eso tienen unas viviendas a precios mucho más asequibles.
Nuestro modelo ha tenido una experimentación de muchos años. El modelo
actual no es distinto del que se puso en marcha en 1956. Hay una solución
de continuidad entre el modelo que se inicia con la Ley del Suelo del año
1956 y el modelo actualmente vigente. No ha habido ruptura de ese modelo
en ningún momento. Y con ese modelo hemos llegado a la situación en la
que estamos. Vamos a tratar de salir de ella, pero no adoptemos actitudes
apriorísticas, meramente ideológicas, desconectadas de los datos de la
realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra, en nombre del Grupo Socialista, para fijar la posición
respecto a esta interpelación que ha presentado el Grupo de Izquierda
Unida sobre política de vivienda, a raíz de este plan de liberalización y
de reformas estructurales que ha presentado el Gobierno.
Señor Ministro, tengo que hacer, en primer lugar, una previsión que puede
ser necesaria o, al menos, conveniente: todavía está pendiente ver qué
sucede con el Tribunal Constitucional, no solamente con la sentencia en
relación con la anterior Ley del Suelo, sino también ver de qué manera el
Ministerio hace frente a esta sentencia del mes de julio de 1996 sobre el
tema competencial, a quién compete legislar en materia de suelo cuando se
trata de transferencias hechas a todas las comunidades autónomas. Sin
lugar a dudas, éste es uno de los elementos importantes que hay que tener
en cuenta a la hora de diseñar cualquier política de suelo, porque
depende de lo que diga el alto Tribunal.
Entrando ya en el propio plan que ustedes diseñan, desde nuestro punto de
vista contiene una serie de medidas que, aunque usted dice que no son las
definitivas porque todavía están en fase de borrador dentro del
Ministerio, cuando uno lee en la prensa y en los medios de comunicación
el borrador del proyecto de ley, observa cierta coincidencia, mucha
sintonía. Es un borrador filtrado o con algún topo, como decía ayer la
señora Ministra de Medio Ambiente; es un borrador que obedece bastante al
esquema que usted tiene de lo que ha de ser el futuro del suelo en este
país. Y ese borrador nos plantea a nosotros muchas dudas, porque, si
hacemos caso de lo que usted ha comentado y de lo que se señala en el
texto, nos encontramos con una situación como la que hay ahora en España,
en la que este espíritu liberalizador que ustedes empezaron en el mes de
julio del año pasado trajo una serie de datos curiosos a finales del mes
de diciembre, curiosos porque contradicen todos los argumentos en los que
se habían apoyado: que el plan de vivienda ha tenido éxito y ha cumplido
con creces todas sus previsiones.
Se está hablando de viviendas financiadas y nos encontramos con que a 31
de diciembre de 1996, de acuerdo con esos datos oficiales, hay un 69,5
por ciento del total de viviendas que podrían ser financiadas y que se ha
financiado el 57,1 por ciento de actuaciones en materia de suelo. En
resumen, que el conjunto vivienda-suelo en las actuaciones financiadas
tiene un tanto por ciento sobre el montante total de objetivos fijados
del 67,8 por ciento. Si usted quiere comparar estas cifras con las
anteriores --a veces ustedes dicen que es bueno comparar y traerlo a
colación, como ha pasado a lo largo de la tarde de hoy--, nos encontramos
con que en el plan de vivienda de 1992-1995 las viviendas financiadas
supusieron el 120 por ciento de los objetivos del plan. En modo alguno
quiero decir que todo estaba bien hecho, pero sí es cierto que en este
aspecto el plan de vivienda se cumplió con creces. No puedo decir lo
mismo de ustedes si analizamos la situación a 31 de diciembre de 1996,
porque ese plan de vivienda se ha cumplido en unos porcentajes
francamente exiguos y, desde luego, nada concordantes con lo que ustedes
han defendido durante todo este proceso.
Con independencia de ello, usted ha hecho referencia a que los tipos de
interés han bajado. Efectivamente han bajado, lo cual podría haber
incidido en el precio del suelo y en el precio de la vivienda, pero no ha
sucedido eso. Posiblemente usted me dirá que hay que esperar los
resultados a medio y a largo plazo porque ahora es demasiado pronto. Yo
sí he tenido tiempo estos días de leer algunas declaraciones de
responsables en materia inmobiliaria, como la del presidente de la
Asociación de Promotores y Constructores Inmobiliarios que venía a decir
que, estando de acuerdo con su idea de que era bueno que hubiera mucho
suelo urbanizable, cuanto más, mejor, veía que a corto plazo estas
medidas no iban a producir ningún beneficio, y que a medio y a largo
plazo ya veríamos.
Si una de las personas que puede estar más interesada, que le gusta mucho
el borrador que ustedes han elaborado --no sé si es proyecto, filtración
interesada o qué-- si una de las personas que puede estar más interesada
hace esa afirmación, como es lógico yo me veo en una posición un tanto
dudosa en cuanto a que ustedes y los que ustedes apoyan se crean que este
proyecto
de ley que van a presentar efectivamente va a suponer una mejora de los
precios para abaratar el suelo de la vivienda y el precio del suelo.
Dentro de ese proceso continúan con un segundo paquete liberalizador en
el que nos llama la atención que existe una preocupación por el qué dirán
los propietarios. A los propietarios ustedes les dan todo tipo de armas
para hacer lo que les venga en gana en el proceso del desarrollo
urbanístico de todas las políticas de suelo. Está claro que eso choca un
poco con lo que ha de ser una política de suelo que imagino que, de
acuerdo con ese borrador de proyecto de ley que no existe públicamente,
lo que está significando es que las administraciones (comunidades
autónomas y ayuntamientos) algo tendrán que decir. Lo que no puede ser es
que ustedes vengan diciendo que los ayuntamientos y las comunidades
autónomas van a tener una facultad determinante en el desarrollo
urbanístico y al mismo tiempo digan que los propietarios son los que van
a tener que pisar el acelerador para que eso salga adelante. Parece que
parten de una filosofía curiosa: Vamos a dejar tranquilos a los
propietarios y que hagan lo que quieran. Nosotros, los ayuntamientos y
las comunidades autónomas, con el suelo público, haremos lo que tengamos
que hacer, pero vamos a dejar a los propietarios que hagan lo que
quieran.
Señor Ministro, queremos que quede constancia de que nosotros no estamos
en contra de los propietarios. Nosotros lo que planteamos es que exista
un equilibrio entre los derechos legítimos que pueden tener los
propietarios y los derechos legítimos que tiene la colectividad a través
del ayuntamiento y de las comunidades autónomas. Y eso, en este borrador
de proyecto de ley que no existe, parece que está en duda y la verdad es
que lo veo con muchísimos interrogantes a la hora de analizarlo con
cierto detenimiento.
Usted ha planteado también el tema del suelo urbanizable. Yo no sé si
aquí hay una confusión de los conceptos urbanizable y urbanizado. Estoy
convencido de que en España existe suficiente suelo urbanizable para
acometer cualquier política de vivienda que se precie de ser una política
encaminada a atender las necesidades de los ciudadanos y conseguir que
existan viviendas dignas en este país. Lo que no existe es suelo
urbanizado porque los costes de urbanización son los que gravan de mayor
manera los costes de suelo y los costes definitivos de la vivienda. Ahí
sí que puede haber eso que ustedes llaman un encarecimiento o que al
suelo urbanizado se le puede deber el encarecimiento del suelo en un
momento determinado, aunque tampoco es que sea la medida más válida a la
hora de evaluar cuál es el elemento más importante que incide en el valor
del suelo. Ahí sí que puede haber algo de cierto. Pero yo niego la mayor.
Nosotros pensamos que hay suficiente suelo urbanizable, porque los 589
municipios que existen en este país de más de 20.000 habitantes
clasifican en sus planes de urbanismo vigentes como suelo urbanizable
175.000 hectáreas aproximadamente, que viene a equivaler al 70 por ciento
de las 255.000 hectáreas de superficie urbanizada existente hoy en las
ciudades españolas. Estos datos los debe tener en su poder o al menos en
su Ministerio porque están recogidos en el informe sobre disponibilidad
de suelo urbanizable elaborado por la comisión de expertos de urbanismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente, pero apenas tengo
posibilidad de atender a todos los planteamientos que se hacen en este
momento.
Volviendo al suelo urbanizable, creo que es un elemento a considerar,
señor Ministro. Esto de que todo suelo sea urbanizable menos lo protegido
puede dar lugar, por ejemplo, a que en Aragón el suelo urbanizable de
Monegros venga a satisfacer las necesidades de vivienda de Zaragoza,
porque en Monegros sí que hay suelo urbanizable, pero en Zaragoza no. Se
está en una especie de despropósito cuando se quiere desregular de tal
manera el suelo, que llega un momento en que ya no sabes a qué carta
jugar. Es imposible que con este tipo de medidas que ustedes plantean
sobre el suelo, la vivienda y el derecho que todos los españoles tenemos
a tener una vivienda digna se evalúen los elementos con la suficiente
nitidez o claridad. Creo que ha habido precipitación en la elaboración de
estas medidas y espero a la moción que presentará Izquierda Unida para
debatir sobre cuáles son los aspectos más fundamentales a considerar en
lo que nosotros entendemos que el Gobierno debe de actuar para llevar a
cabo una política de suelo encaminada a conseguir un mayor volumen de
medidas, sobre todo de protección oficial, viviendas protegidas por las
que no creo que ustedes estén muy preocupados. A partir de ese momento
empezaremos todo un proceso, como usted ha dicho, señor Ministro, de
debate sobre cuál es el futuro de la vivienda y del suelo en España en el
que nosotros vamos a participar muy gustosamente, en el que vamos a
plantear nuestras alternativas, en el que vamos a hacer nuestros
ofrecimientos sobre cuáles son las salidas más idóneas para sacar
adelante este problema y veremos dónde está el punto de encuentro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya.
El señor MORLAN GRACIA: Ahora mismo concluyo, señor Presidente.
Sin embargo, como tengamos el mismo éxito que el obtenido con el Real
Decreto de 7 de junio de 1996, la verdad es que los pasos que vamos a dar
van a ser en falso y no me gustaría que fuera así por el bien de todos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
El señor Ortiz tiene la palabra.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En este turno de fijación de posición es obvio que mi grupo acepta en su
integridad los planteamientos que ha hecho el señor Ministro; lo
contrario sería verdaderamente sorprendente. Pero no sólo por
coincidencia con el Gobierno al que apoyamos, sino por convicción.
Lo que ha dicho el señor Ministro en una síntesis muy telegráfica sería:
Tenemos un modelo de normativa de suelo arrastrado desde el año 1956 que
ha conducido a unos resultados que son claramente inaceptables.
Consiguientemente hay que plantearse en términos autocríticos el cambio
sustancial de ese modelo.
Evidentemente, entre el caos que supondría la liberalización absoluta y
el intervencionismo también absoluto de los últimos catorce años, hay una
vía media, que es en la que sin duda se está moviendo el Gobierno. Este
es el hecho fundamental y ésta es la afirmación fundamental que yo quiero
hacer en el inicio de esta muy breve intervención, aunque quisiera
establecer matizaciones a cosas que se han dicho.
La primera es la referencia al Tribunal Constitucional. Es cierto que hay
seis recursos de inconstitucionalidad y que el fallo de estos seis
recursos se va demorando, pero hay algo incuestionable, que supongo que
es el punto de partida que ha tomado el Gobierno. Hay competencias
clarísimas del Estado sobre las cuales se debe construir, y no sobre
otras, cualquier proyecto de ley. El artículo 149.1, 8.ª y 18.ª, atribuye
al Estado competencia en el establecimiento de régimen urbanístico del
derecho de propiedad y en materia de valoraciones y expropiaciones. Si el
proyecto no invade estos títulos competenciales, que son clarísimamente
del Estado, es imposible que haya una fricción con el criterio que siente
definitivamente el Tribunal Constitucional al respecto.
Igualmente, para abordar el problema con conciencia y realismo, hay que
partir de los datos y éstos dicen que en España falta suelo urbano, por
descontado, pero falta también suelo urbanizable, en el sentido de suelo
urbanizable transformable a corto plazo en urbano, porque en definitiva
el suelo urbanizable es aquel que tiene vocación de transformación en
urbano pero en un plazo razonable. En el informe de la comisión de
expertos que se elaboró durante el mandato del Gobierno socialista se
establece una ratio que quiero recordar y que dice que hace falta suelo
urbanizable por dos veces y media las necesidades previsibles de vivienda
en los próximos diez años. Con este ratio, que es el que valora la
suficiencia o insuficiencia de suelo urbanizable, es evidente que en
España en estos momentos, como ha dicho el Ministro y como es obvio, no
hay suelo urbanizable suficiente.
Respecto al plan de vivienda en vigor hay que decir que todavía no
estamos en un plan de vivienda cuyo autor sea íntegramente el Partido
Popular y que se haya construido sobre los postulados, los principios y
los criterios de la política de vivienda del Partido Popular, tal y como
se estableció en nuestro programa electoral y tal y como son los
compromisos electorales del partido. Estamos en la continuidad, con los
retoques que ha sido posible acometer, del plan de vivienda 1992-95.
En lo que concierne al cierre del año 1996 no sé qué datos ha manejado el
señor Morlán; los que tengo yo son otros. En el año 1996 se han destinado
recursos a política de vivienda por un total de 930.000 millones de
pesetas, nivel prácticamente análogo o incluso levemente superior al del
año 1995 porque a una primera asignación que arranca de la etapa
socialista de 680.000 millones de pesetas, se han agregado, como
consecuencia afortunada de la baja de los tipos de interés, 250.000
millones de pesetas. Por consiguiente, se ha aplicado un nivel de
financiación incluso levemente superior al de año 1995.
Concluyo, señor Presidente, para no abrir este debate que, por otra
parte, tiene siempre los mismos protagonistas que decimos siempre las
mismas cosas, porque, en definitiva, lo que nos separa son dos modelos de
sociedad y dos modelos distintos de política de vivienda y de política de
suelo. En definitiva, estamos asistiendo al final afortunado, por obra y
gracia del Gobierno del Partido Popular, de un modelo de política de
suelo y de política de vivienda cuyos resultados a la vista están y que
en materia de suelo no pueden ser peores. El suelo ha pasado de incidir
el 25 por ciento en el precio final de una vivienda en 1985 al 43 por
ciento en 1994, superando con ese 43 por ciento el coste de la
construcción. En el precio final de una vivienda cuesta más en este país
el suelo que los ladrillos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortiz.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE DROGAS (Número de expediente 172/000029)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno
en materia de drogas.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados que han tenido la
gentileza y amabilidad de permanecer hasta estos momentos en esta sala,
señor Ministro, el problema de la droga es de tal naturaleza que exige
una política de Estado y, para que tenga éxito, resulta necesario que
haya continuidad en la línea básica de esa política, pues se trata en
general de actuaciones a medio y largo plazo.
De esta forma el consenso se convierte en algo fundamental, algo esencial
en esta política de Estado. No se trata sólo de un consenso entre fuerzas
políticas. Debe alcanzar este consenso a toda la sociedad. Pero el
consenso entre las fuerzas políticas es fundamental, es esencial para
poder garantizar esa continuidad, básica en la política a realizar;
política que se lleva a cabo, que se desarrolla no sólo desde la
Administración central del Estado, no sólo desde el Gobierno de la
nación, sino que se realiza también desde las comunidades autónomas y
desde los ayuntamientos.
A veces desde las filas del Partido Popular no se ha colaborado mucho con
que esta política sobre drogas sea una política de Estado. El señor
Trillo, hoy Presidente de esta Cámara, decía no hace mucho: los
socialistas son los responsables del drama social de la droga. En el año
1990 el entonces jefe de la oposición y hoy Presidente del Gobierno,
señor Aznar, decía que la labor del Gobierno en los últimos años ha
favorecido el tráfico y el consumo de drogas en España. Son frases del
pasado. Y pese a esas frases, pese a las frases de algunos, el consenso
político sí se ha logrado. Se ha ido forjando desde hace muchos años en
España, se trabaja así en la Unión Europea y se ha plasmado por última
vez en el informe de la Comisión Mixta de la pasada legislatura. Informe
--le recuerdo, señor Ministro-- que fue aprobado por unanimidad. Ese
consenso tan trabajosamente alcanzado y logrado queremos que continúe
existiendo.
El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha insistido
reiteradamente en que ese informe parlamentario es su principal
referencia, es el marco en el cual desea desarrollar su actuación
política. La realidad que percibimos es otra bien diferente. Por eso
hemos presentado esta interpelación. Y también la hemos presentado porque
sin duda es conveniente que en esta Cámara se hable de cuál es la
política de drogas. Hablemos de ella, discutamos de ella y avancemos en
el consenso. El consenso no queda establecido de una vez para siempre. El
consenso hay que mimarlo, que trabajarlo cotidianamente.
Las actuaciones del Gobierno parece, sin embargo, señor Ministro, que hoy
se deslizan, que cada día se deslizan más hacia un terreno donde será
difícil la coincidencia. Hagamos un repaso. Hablemos de lucha contra el
narcotráfico y el blanqueo de capitales. En primer lugar, quiero empezar
felicitando al señor Ministro por los éxitos policiales en esta materia.
Rara es la semana que no tenemos una magnífica noticia por la aprehensión
de un importante alijo o del desmantelamiento de una banda. Creo que ésas
son magníficas noticias que a todos nos proporcionan alegría. Sin
embargo, nos causa preocupación que la atención que se presta a esta
materia en el plan de medidas de lucha contra la droga, aprobado el
pasado 24 de enero por el Gobierno, que la atención, insisto, que se le
presta a esta materia ocupe más de la mitad de las páginas de ese plan.
Echamos de menos la alusión a los servicios altamente especializados del
Ministerio de Hacienda en la lucha contra el blanqueo, así como la
ausencia de alusiones al Fiscal especial, del que tanto hablaron ustedes
en otras etapas.
En ese plan de medidas se habla de poner en marcha la oficina central
nacional que, debo recordarle, existe desde 1967 y con similares
funciones a las que hoy ustedes pretenden asignarle. Nos parece bien
y alabamos todo esfuerzo que se haga en mejorar la coordinación de
los servicios del Estado, pero parece que eso no se puede hacer desde la
Dirección General de la Policía, en particular desde la Comisaría General
de Policía Judicial. El reciente incidente entre la Guardia Civil y el
Servicio de Vigilancia Aduanera en Cádiz pone de manifiesto que hay un
problema y que es urgente abordar la solución a esa falta de
coordinación.
En el plan de medidas se habla de tres tipos de unidades policiales. Por
un lado, se refieren a la policía de proximidad, cuyas imágenes ya hemos
visto en televisión. En cualquier caso, se vincula a un modelo de
seguridad ciudadana más amplio que el estrictamente referido a la
drogadicción, cuando no debe asociarse de forma exclusiva, ni siquiera
prioritaria, como hace este plan del Gobierno, a la drogadicción.
Aumentaría así la marginación y dificultaría la integración de los
toxicómanos, algo por lo que tanto hemos trabajado. Se habla de las
unidades especiales, que ya existen, me temo que haya voluntad de
aumentar el nivel de persecución del pequeño traficante y, le repito, se
corre el peligro de aumentar la marginación y dificultar la integración.
Por último, el plan de medidas se refiere a la creación de unidades de
droga y crimen organizado. ¿Cómo se van a nutrir estas nuevas policías, o
policías que ya existen, a las que se les pretende dar mayor relevancia?
¿Se va a ampliar la plantilla? ¿Se va a reducir la plantilla de otras
unidades policiales para aumentar la de éstas? ¿Cómo se va a hacer esto,
señor Ministro?
Un editorial del diario ABC indicaba el pasado lunes, hace dos días: En
el mismo momento en el que se hacen públicos los datos que confirman el
aumento de la inseguridad en Madrid, la Jefatura Superior de Policía
ordena que 160 agentes abandonen la vigilancia de las calles para servir
de escoltas a personalidades. Por eso, si en la creación de estas
unidades, señor Ministro, hay algo más que propaganda, le ruego, por
favor, que lo explique.
En lo que se refiere a la asistencia, poco se dice en el plan de medidas.
Nos tranquiliza comprobar que el Partido Popular ha renunciado ya a su
antigua idea de
crear centros específicos para la atención de menores y que la ha
sustituido por la de programas para menores.
En el plan aprobado por el Gobierno se habla de un convenio con el Inem
--magnífica noticia--, pero parece también obligado tener que formularle
algunas preguntas. ¿Se ha firmado ya ese convenio? Se habla de 5.000
plazas. ¿Cuál es el plazo para esas 5.000 plazas? ¿En cuánto tiempo se
pretenden cubrir? ¿Qué papel se asigna a las empresas en ese convenio?
¿Cuándo se va a firmar de nuevo, ya que caducó hace casi ya un año el
convenio firmado entre la delegación del Gobierno, las organizaciones
empresariales y los sindicatos?
Pasemos a la prevención. La prevención es, señor Ministro, prioritaria.
Todos los grupos políticos lo decimos, lo dicen todos los que tienen algo
que ver con este problema, me parece que lo dice toda la sociedad. Sin
embargo, en el plan de medidas que aprobó el Gobierno el 24 de enero,
sólo se dedican dos páginas y media a la prevención, de un total de
veintiocho páginas que tiene el plan. Además de hablar, ¿qué es lo que
hace hoy el Gobierno en materia de prevención? Pensamos que el ejemplo
más claro de lo que el Gobierno hace es la campaña navideña, que ha
llenado el país de vallas publicitarias, de anuncios en la radio, en la
televisión, de folletos repartidos en los supermercados. Le recuerdo la
frases más espectaculares de aquella campana: «Tener un hijo te cambia la
vida. Perderlo, aún más. Evita las drogas. Dialoga con él. Colabora con
nosotros. Ministerio del Interior». He hecho un resumen, porque esta
campaña publicitaria, en contra de lo que yo tengo entendido sobre
publicidad, tiene tal cantidad de mensajes que permítame, señor Ministro,
intente resumirla.
El objetivo de la campaña no ofrece dudas: debe haber más diálogo
familiar, se pretende propiciar el diálogo en el seno de la familia.
Estamos totalmente de acuerdo. Es bueno. El destinatario de la campaña no
está tan claro. En el plan aprobado por el Gobierno se dice que esa
campaña tiene como destinatario a la opinión pública en general; sin
embargo, quien lea la publicidad llegará a la conclusión de que los
destinatarios de esa campaña son las madres y los padres de este país.
Los medios usados para la difusión del mensaje publicitario son de tal
naturaleza (vallas publicitarias, televisión, radio, folletos, etcétera)
que quienes van a leer esa publicidad no sólo son los padres, también son
los hijos; son los jóvenes de este país, jóvenes a quienes esta campaña
trata como objetos y no como sujetos, no como protagonistas del problema.
Se les dice a los padres que dialoguen con sus hijos para no tener que
sufrir el día de mañana las consecuencias de que su hijo caiga en la
drogadicción. No se les dice a los padres: dialoga con tu hijo para que
tu hijo no tenga que sufrir. Se les dice: dialoga con tu hijo para no
tener que sufrir tú el día de mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martinón, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTINON CEJAS: Así lo haré, señor Presidente.
El diálogo, señor Ministro, es cosa de dos, y se ha olvidado una parte:
la que toma la decisión. ¿Se ha consultado esta campaña con asociaciones
juveniles? Nuestra información es que lo jóvenes no están nada
satisfechos con ella. ¿Cómo se va a evaluar esta campaña de prevención?
¿Está prevista la evaluación? ¿Qué criterios se van a usar? Esta es una
campaña cruel para los padres. Los que han tenido la desgracia de que sus
hijos caigan en el mundo de la droga ya se autoinculpan. Hoy ha venido el
Gobierno a recordarles o a insinuarles que son culpables, a decirles
públicamente que son culpables, a que se sientan aún más culpables. Esta
es una campaña que mete miedo.
En el informe de la Comisión parlamentaria, señor Ministro, decíamos que
había que reducir las fantasías sociales sobre la droga. Esta campaña no
reduce las fantasías sociales: las aumenta. La frase con la que acaba,
que dice: «Colabora con nosotros. Ministerio del Interior», es inaudita.
Es una llamada a la captación de simpatía y apoyo político más que una
llamada a la prevención. No se puede pedir a nadie que hable con su hijo
para, de ese modo, colaborar con el Gobierno. El diálogo familiar no es
una forma de colaboración con éste ni con ningún otro Gobierno. No
vendría mal que los responsables del Gobierno recuperaran la campaña
realizada por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), que
pretendía fomentar el diálogo en el seno de la familia. Creo que es un
ejemplo a imitar.
No puedo, por el poco tiempo que me queda, dejar de recordar la
intervención del delegado del Gobierno anunciando los peligros del herbal
éxtasis, que sólo sirvió, señor Ministro, para que las existencias de
este producto se acabaran en menos de 24 horas. Hablar de drogas no es
hacer prevención sobre drogas; hablar de drogas, a veces, para lo único
que sirve es para fomentar la curiosidad y para aumentar el consumo de la
droga.
Los jóvenes son hijos, pero son algo más que hijos: son personas que
cuentan con libertad para elegir y, desde los poderes públicos, debemos
contribuir a que elijan ser libres y no a que elijan ser esclavos del
mundo de la droga. No será con políticas paternalistas como lo
consigamos.
Este plan de medidas, señor Ministro, es un plan de medidas parcial, no
es un plan propiamente dicho, es un conjunto de medidas aisladas, es un
plan que prácticamente ignora el papel de las comunidades autónomas. El
señor Ministro ha repetido varias veces --y me parece que le han
informado mal-- que en este plan se crea un fondo de bienes decomisados.
Me permito recordarle
que ese fondo fue creado en una ley aprobada en esta Cámara a finales del
año 1995, hasta tal punto de que el pasado año el propio Gobierno
repartió el dinero que ya había en el fondo antes de aprobar el plan de
medidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martinón, le
ruego concluya.
El señor MARTINON CEJAS: Me queda muy poco. Le prometo, señor Presidente,
que acabo en breves minutos.
Yo creo que donde se pone más de manifiesto el afán publicitario del
Gobierno en política de drogas, que a veces tiene carácter tragicómico,
es en este número de la revista Proyecto Hombre, señor Ministro. En el
número correspondiente a septiembre del año pasado aparece en la
contraportada de la revista una especie de anuncio del Plan Nacional
sobre Drogas en el que figura una foto del delegado del Gobierno. No sé
si esto habrá que inscribirlo en la política de prevención, en la de
represión del tráfico o en la rehabilitadora.
Nos gustaría, y concluyo ya, que desde el Gobierno se diera un mensaje de
confianza a la población acerca de que la política que llevamos en este
país es eficaz, que hay continuidad en la política de drogas porque es la
única forma de que sea eficaz, que el consenso, señor Ministro, exige
diálogo, que es necesario un consenso amplio que debe alcanzar a las
Administraciones públicas y a las ONG.
Tendrán nuestro apoyo, lo hemos dicho muchas veces y se lo repito esta
noche, si vuelven al consenso, al respeto auténtico del contenido del
informe parlamentario de la pasada legislatura, sin campañas de
propaganda política. Les pedimos que vuelvan al consenso. Nunca
aceptaremos, debe entenderlo, señor Ministro, que se haga publicidad
política sobre el dolor de aquellas personas que han tenido la desgracia
de caer en la drogadicción y sobre el dolor de las familias que han
sufrido esa adversidad.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martinón.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoras y
señoras Diputados, no se preocupe, señor Martinón, nadie se ha salido del
consenso, absolutamente nadie en lo que se refiere a iniciativas por
parte del Gobierno ni del grupo que lo soporta.
No sé si comprende bien, por el contrario, señor Martinón, el hecho de
que el Grupo Socialista, sabiendo que existía una comparecencia en la
Comisión Mixta sobre la droga con fecha 18 de marzo, solicitada por
distintos grupos políticos, como el Popular y el Socialista, veinte días
antes de la celebración de esa Comisión en la que se iba a explicar con
tranquilidad y con sosiego, exactamente igual que hoy, las ideas y las
medidas esenciales en la lucha contra la droga, planteara una
interpelación que, como usted bien sabe, en un sentido parlamentario,
significa quebrar sustancialmente una política de Estado y de consenso.
Si el Gobierno no hubiera anunciado una medida de esta naturaleza, si no
hubiera habido una comparecencia prevista, entendería muy bien que se
presentara una interpelación por parte de su grupo. Pero, existiendo una
fecha, existiendo una voluntad de todos los grupos políticos para que se
pudiera plantear un debate sereno y sosegado sobre la cuestión, los que
tienen que explicar fundamentalmente las razones de la interpelación son
precisamente ustedes.
Durante la cuarta legislatura fue preciso plasmar en un documento las
necesidades que los partidos políticos que configuraban las Cámaras
consideraban oportunas para una eficaz lucha contra la droga, basada en
tres pilares esenciales: la prevención, la rehabilitación y las medidas
de control. Este informe se produce en la quinta legislatura, que fue
aprobado y consensuado en diciembre de 1995 y sobre el que le reitero
--exactamente igual que el delegado del Gobierno en el Plan-- que
fundamentalmente ha servido para configurar el plan aprobado por el
Consejo de Ministros del pasado 24 de enero.
Por eso la pregunta a la que usted tendría que responder es sobre las
razones de fondo por las que usted presenta una interpelación de estas
características en este momento, sin ni siquiera haber comentado este
tema con el delegado del Plan Nacional sobre Drogas. ¿Es que se quiere,
de alguna forma, romper una cierta imagen de consenso y de acuerdo en
este tema? ¿Es que acaso se quiere demostrar que en Interior, salvo en
terrorismo, no hay otra política de Estado, que ni en la inmigración ni
en la droga hay política de Estado? ¿Es que se quiere, de alguna manera,
compartir protagonismo político, en un momento determinado, con una
proposición no de ley resultante de esta interpelación, para que
trabajemos juntos? Pues, si es lo tercero, le aseguro que no tenemos
ningún inconveniente en trabajar en la proposición que ustedes planteen a
resultas de esta interpelación. Pero le quiero decir que todo esto no
justifica la interpelación, señor Diputado.
Un plan integral, un plan de choque no es una propaganda; de lo que se
trata precisamente es de que se avance en la concienciación, no en la
propaganda; de lo que se trata precisamente, a través de este plan, es
hacer, del diálogo y del consenso entre los partidos políticos, la base
sustancial en la lucha contra la droga. Porque no ha habido tampoco una
espectacularidad en la presentación del plan, como usted dice. Lo que hay
es un esfuerzo de concienciar a una sociedad de que un Gobierno toma una
prioridad en una política
de estas características. Fundamentalmente de lo que se trata es de no
caer en el error que se comete en la lucha contra la droga no dar
vaivenes; precisamente, mantener una política sostenida en la misma
dirección, de un modo permanente y constante, de forma que la sociedad
perciba que hay un esfuerzo, que hay una prioridad del Gobierno y de
todos los grupos políticos a la hora de abordar esta cuestión.
Por eso, fíjese que ni siquiera le voy a recordar en la tarde de hoy lo
que ha podido significar el respaldo, desde múltiples asociaciones, de
este plan, porque yo no voy a utilizar a las asociaciones que luchan
contra la droga para defender, partidariamente, una posición de gobierno
frente a su posición, porque eso sí que significaría, sin ninguna duda,
estar quebrando el instrumento principal que debe caracterizar una lucha
basada en el diálogo, en el consenso y en el acuerdo. A lo que sí le
animo --y estoy a su disposición para dárselo-- es a que lea el dossier
de prensa, exhaustivo, de los elogios y de las consideraciones que ha
merecido este plan, por la mayoría de las asociaciones que han tomado
posición en esta cuestión.
El Gobierno ha sido esencialmente fiel al compromiso que en este
Parlamento aprobamos todos los grupos y donde se recogían las medidas más
urgentes a desarrollar durante 1997. Qué duda cabe que en un plan de
estas características no se pueden recoger todas las medidas; pero en
este plan sí se plantean todas las prioridades y los ejes esenciales.
Cuando usted dice que hay una prioridad en la actuación de lucha desde el
punto de vista policial me recuerda cuando, a la hora de abordar el tema
del terrorismo, muchas veces se escucha el comentario de que hay una
obsesión policial para luchar contra el terrorismo, y no tiene ningún
fundamento. Tiene exactamente el mismo fundamento que cuando, a la hora
de abordar el fenómeno del terrorismo, hay quienes están diciendo que se
pone prioridad sólo en la opción policial, cuando todos sabemos que son
fenómenos que, por su complejidad, exigen ser abordados desde muchos
ángulos y desde muchas perspectivas. De ahí, señor Diputado, que no hace
falta que me convenza de que es necesario un conjunto multilateral de
medidas, en muchísimas facetas que afectan a la droga: en lo que se
refiere a la prevención, a la asistencia y al control.
Usted dice que es un plan parcial. Desde luego no es un plan exhaustivo,
pero aborda todos los pilares esenciales; aborda todas las medidas de
carácter legislativo, aborda todas las medidas de carácter policial;
aborda el conjunto de medidas que, sin duda alguna, en el área de la
prevención y la asistencia se tienen que tomar en consideración. Usted
dice que es un plan insuficiente. Ya se lo he dicho: un plan de choque y
de medidas urgentes tiene que buscar esencialmente la concienciación, la
capacidad de perseverar en el tiempo y la exigencia de que no haya
vaivenes en una política de estas características.
Usted dice: No hay referencia a la fiscalía en este proyecto. Mire usted,
la fiscalía está representada en dos órganos permanentes que se
encuentran protagonizados por la delegación del Gobierno: el consejo
superior de lucha contra la droga y el consejo asesor. Quiero decirle que
el consejo asesor --que eso es lo importante de la fiscalía-- se ha
convocado dos veces y el consejo superior, una vez desde mayo de 1996. En
ocho meses, en tres ocasiones. De 1994 a 1996 fueron convocados en dos
ocasiones ambos consejos, es decir, en dos años, dos veces.
Lo que no podemos decir a la fiscalía es lo que debe hacer, y a ese
efecto voy a recordarle lo que significa una fiscalía general, porque la
fiscalía en la lucha contra la droga tendrá su autonomía para funcionar,
su dirección y sus propios proyectos. Lo único que nosotros le decimos es
que esté usted seguro de que los órganos donde participa la fiscalía, los
hechos lo demuestran, están teniendo la celeridad y la continuidad
suficiente en la reunión para que usted tenga toda la tranquilidad de la
participación de la misma en esta lucha.
Con respecto a los medios materiales --usted lo sabe bien--, hubo dos
plantes de los fiscales por falta de medios materiales y humanos en su
mandato. Nosotros, en estos momentos --pregunte usted en la fiscalía--
estamos cursando esas peticiones de la fiscalía general para que, a
través de la ley del fondo --sé muy bien que existía un fondo, lo que no
existía era un reglamento que tenía que ser aprobado en marzo de 1996, y
que lo vamos a aprobar urgentemente--, esas necesidades materiales, en la
medida de lo posible, serán subsanadas en un tiempo relativamente breve.
Quiero decirle que la cumbre interministerial, que no se reunía desde
1991, el 6 de marzo tendrá su primera reunión, y que, en definitiva, en
todos los órganos intergubernamentales la celeridad de convocatorias y de
reuniones están siendo sin duda alguna agilizadas por el propio delegado
del Gobierno, está siendo una demostración de capacidad de esfuerzo para
poder regular y coordinar todo el funcionamiento del conjunto de las
administraciones del Estado.
Se ha referido usted a la falta de colaboración con las ONG y comunidades
autónomas. Respecto a las comunidades autónomas, se han mantenido desde
hace ocho meses tres reuniones interautonómicas en las que se ha fijado
la distribución del capítulo 4 de los presupuestos del plan nacional, y
se ha elaborado un documento sobre criterios de homologación de programas
de prevención, con la aprobación de todas las comunidades autónomas. En
las ONG existe una comisión mixta ONG-delegación del Gobierno y se
mantienen contactos permanentes con estas organizaciones. Quiero
recordarle la valoración que las ONG han hecho de ese plan de medidas
urgentes en la lucha contra la droga.
Señor Diputado, usted sabe muy bien que la coordinación policial es uno
de los elementos claves en esta
cuestión. Es tan urgente la mejor coordinación de los tres cuerpos que la
semana pasada se han mantenido más reuniones con el Vicepresidente
Segundo para trabajar en lo que significan actitudes que hay que corregir
de falta de coordinación de esas Fuerzas. Si a usted le preocupa, a mí me
preocupa mucho más.
Es evidente que el Servicio de Vigilancia Aduanera es un cuerpo que goza
de todo nuestro respaldo, porque sin duda alguna está demostrando una
agilidad y una respuesta enormemente eficaz para abordar esta plaga
contra la que hoy tenemos que luchar entre todos, que se llama droga. De
ahí que haya múltiples ejemplos desde esta oficina central nacional,
donde también existen funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, y
es normal y es bueno que en estos momentos esté adscrito a la Comisaría
de Policía Judicial, porque tiene que haber una coordinación, y nos ha
parecido que precisamente la policía podía desempeñar esa función y que
había que ponerla en marcha y que era esencial para la coordinación
policial en ese terreno. En estos momentos yo estoy seguro que esa
colaboración a través de esa oficina es el mejor modelo de todos los
posibles, el mejor, porque evidentemente tiene que haber un cuerpo, que
es probablemente el que ha tenido más experiencia durante más años en
este tema, que ha tenido una mayor especialización en el mismo y que está
demostrando sin duda una efectividad, como usted mismo ha reconocido.
Podría darse el supuesto de que en estos meses no hubiera habido ninguna
operación significativa pero, como usted ha reconocido, ha habido
importantes operaciones, lo que significa que hay que dar confianza a la
actual organización de las Fuerzas de Seguridad del Estado en esta
materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Termino, señor Presidente.
En el ámbito asistencial, en el ámbito de reinserción, probablemente
tendré ocasión en la réplica de explicarle exactamente, detalladamente,
el número de convenios que se han firmado y el número de convenios que
están en estos momentos preparados para la firma, y le daré una respuesta
exhaustiva de la situación exacta de cada uno de ellos.
En definitiva, señor Diputado, si en el año 1995 el informe expresaba una
necesidad imperiosa de abordar unas reformas legislativas, ya están
preparados los cuatro textos que usted sabe que han sido dialogados con
ustedes: la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la
figura del agente encubierto; lo que deben significar dos reglamentos
esenciales de lo que son fondos decomisados, y lo que significa un
control de lo que son materias que pueden desviarse definitivamente a la
generación de drogas. Y también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se
modificará lo que son las entregas controladas de dinero. Es evidente que
cumple exhaustivamente esas medidas normativas que eran el gran
compromiso del año 1995.
Le quiero volver a decir que en las medidas de prevención --en ese
planteamiento que usted hace, que al final ha terminando siendo la razón
fundamental de la interpelación, la crítica a una campaña concreta,
cuando realmente estamos en una interpelación sobre el conjunto de las
medidas que en un plan está presentando el Gobierno-- al final nos
quedaremos en ese terreno, probablemente en la anécdota, y no estaremos
yendo al tema de fondo. Usted sabe que la prevención no depende del
número de páginas que se plantea en un plan de estas características y
usted sabe que en lo que significa, en general, en lo que son asistencias
--y lo demostraremos con el número de convenios que han sido suscritos--,
hay una prioridad por parte del Gobierno.
Señor Diputado, yo, como verá usted, no he venido hoy más que simplemente
para decirle que para consenso, le aseguro, al Gobierno en esta materia
no le va a ganar; que en diálogo no le va ganar tampoco al Gobierno. Lo
que hace falta, en ese sentido, es la coherencia parlamentaria de
encontrar el foro adecuado para plantearse en esos términos que se
enuncian los objetivos finales de los grupos políticos.
La comparecencia permite un debate más sosegado, no en competencia
política y partidaria. Ese es el foro. Precisamente lo que demuestra esa
voluntad es la posición del Grupo Popular y del Gobierno de comparecer en
esa Comisión. Yo creo que usted, quizá, tendría que haber explicado las
razones de fondo de por qué presenta en el día de hoy esta interpelación.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, señor Ministro, ¿por qué
presentamos la interpelación? Porque queremos. El Gobierno no
pretenderá... Yo ya sé que el Gobierno está instalado en la oposición a
la oposición, pero hasta ese extremo, señor Ministro, no. La hemos
presentado.
Usted me podría reprochar, si he tenido un tono favorecedor o no del
consenso, si he estado colaborando a la crispación en este tema, pero no
puede reprocharme que haya hecho una interpelación en nombre de mi grupo
parlamentario. Porque el objeto de la interpelación no es poner al
Gobierno contra las cuerdas --y permítame que emplee esta expresión, no
se me ocurre otra--. No se pretende eso; se quiere hablar aquí de este
asunto.
Le agradezco mucho su disponibilidad a consensuar el contenido de la
moción. Tenía la duda de retirar la
petición de comparecencia que hemos hecho en la Comisión pero, a la vista
de su actitud, parece que es mejor que continuemos hablando en la
Comisión.
Usted ha calificado este plan que ha aprobado el Gobierno de un plan de
choque. No se dice que sea un plan de choque en la documentación. En
ningún momento se ha hablado de un plan de choque. Se ha presentado como
el plan de medidas de lucha contra la droga.
Ha hablado de vaivenes. Siempre le ha gustado mucho al actual delegado
del Gobierno reprochar a las administraciones socialistas que teníamos
vaivenes. Sinceramente, señor Ministro, de la etapa socialista, tan
larga, ha habido épocas en las que cualquiera de nosotros en esa materia
nos podemos sentir muy orgullosos y sin duda de otras, en las que nos
tendremos que sentir algo menos orgullosos; pero vaivenes en lo que es la
línea básica de la política no ha habido. Yo podría decir que el Partido
Popular ha tenido vaivenes cuando una semana insiste mucho en hablar de
menores, porque hay un caso en Murcia lamentable, pero un caso, lo que
define cuál es el discurso político del Gobierno en materia de drogas. A
la semana siguiente hablan mucho de prevención; a la semana siguiente
hablan mucho del fiscal; a la semana siguiente se habla mucho de no sé
qué. Eso también da una imagen de vaivén. Pero yo no pretendo reprocharle
eso. Le puedo garantizar que la coordinadora de organizaciones no
Gubernamentales que intervienen en drogadicción no conocieron el plan
antes de que ustedes lo hicieron público. Lo han conocido, como todo el
mundo, a través de la prensa.
Sobre medidas legislativas, totalmente de acuerdo, señor Ministro. Sería
incluso cuestión de analizar otro tipo de medidas legislativas, no sólo
la del agente colaborador, la del agente encubierto, no sólo la entrega
vigilada de dinero, sino que quizá también valga la pena trabajar en la
posibilidad de regular y mejorar el sistema de escuchas telefónicas, así
como las reglas de conexión en el procedimiento judicial, de modo que la
celebración de macroprocesos se produzca cuando resulte totalmente
inevitable; pero parece que la experiencia aconseja que no vendría mal
huir de eso.
Yo le he insistido en que el fondo ya existía, porque por dos veces,
señor Ministro, usted ha dicho que se creaba. Lo dijo en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros, y lo dijo el pasado miércoles
aquí, en contestación a una pregunta que le hizo la portavoz de su grupo
en esta materia.
Magnífico lo de la coordinación policial, señor Ministro. Yo me he
atrevido (alguna experiencia tengo en coordinación policial, de mucho
menor rango e importancia que la suya) a mostrarle algunas dudas acerca
de que desde un cuerpo se pueda coordinar a ese cuerpo y a otros cuerpos,
pero si usted lo consigue, magnífico. Sólo queremos que haya
coordinación.
Yo le he hecho algunas preguntas a las que usted no me ha respondido,
pero esto no es un examen al Gobierno. Me parece muy razonable que usted
no tenga a mano las respuestas a todas las preguntas que yo le he hecho.
Sin duda habrá otra ocasión donde podamos aclarar más el contenido del
plan. Y le garantizo que no pretendo ganarle al Gobierno en consenso, en
absoluto; no pretendo ganarle al Gobierno en casi nada, y en consenso
tampoco. Sólo pretendo que el Gobierno y el Partido Popular se pongan a
la altura de mi grupo en el consenso. No ganarles a ustedes, ni que
ustedes nos ganen, sino simplemente que se pongan a nuestra altura. Es
una exigencia de todos, de nosotros mismos, y me parece que de la
sociedad española.
Gracias. (Algunos señores Diputados: Muy bien, muy bien.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martinón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Sinceramente, señor Martinón, ustedes son muy libres de plantear este
debate en términos de interpelación, pero en el contenido del mismo yo
creo que se demuestra que con seguridad había otras fórmulas, otros
instrumentos --simplemente en los comentarios, en el diálogo-- sin
necesidad de llevarlos al margen de lo que es la comparecencia, que con
seguridad hubiesen sido más fructíferos y hubieran permitido en ese
terreno que sus ofertas constructivas pudieran haber sido contempladas
con más claridad y con más nitidez.
Ahora, ustedes son muy libres. Lo que evidentemente usted no me puede
impedir es que diga que la técnica parlamentaria siempre ha sido
esencialmente una manera de decir que en determinadas políticas lo que
había era un debate partidario. Yo quiero decir que en ese terreno jamás
he visto una interpelación en materia de terrorismo, y si una política de
Estado es tal, lo que tiene que producirse es exactamente en todos los
cauces y en todas las formulaciones correspondientes. Es evidente que, de
la misma manera que si hay una política antiterrorista no hay
interpelación, no debe haberla antes de que la comparecencia ofrezca las
razones para ella. Yo le sigo diciendo que no me parece el instrumento
adecuado. Usted tiene el perfecto derecho a mantener ese criterio, y yo
tengo el perfecto derecho de sostener que no me parece que sea el
instrumento para definir más y mejor lo que es estrictamente una política
de Estado.
Yo le vuelvo a decir que en estos ocho meses se han producido 300
subvenciones a ONG por un importe de 425 millones. En convenios con
comunidades autónomas y corporaciones locales, con los recursos
procedentes de la ley del fondo (claro que existía una ley del fondo y
claro que existían unos fondos en ese sentido) se han suscrito 12
convenios por un importe de
93 millones. En subvenciones a comunidades autónomas con cargo a la
delegación del plan nacional en la lucha contra la droga, se han
producido en 17 comunidades autónomas, que han recibido 3.327 millones.
En pago a organismos internacionales al Grupo Pompidou, se ha producido
un envío de 27,5 millones y que en el convenio con la FAD hay un importe
de 7,5 millones.
Usted me preguntaba por otros convenios con otras administraciones.
Quiero decirle que el convenio entre el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Sanidad, está firmado; que el convenio en el INEM, esas
5.000 plazas para drogodependientes a las que usted hacía referencia,
está preparado para la firma; que el convenio con el Insalud, en lo que
significa la distribución de metadona, está preparado para la firma; que
el convenio con Instituciones Penitenciarias, en lo que significa la
comunidad terapéutica en Soto del Real, que viene a significar la primera
experiencia, difícil, por cierto, pero que vale la pena trabajar en ella,
y en lo que se significan penas alternativas, está preparado para la
firma, y que el convenio con sindicatos y CEOE, en el ámbito laboral, al
que usted hacía referencia en la comparecencia del Delegado, de 27 de
junio, también está preparado para la firma. Con lo cual, señor Diputado
--ya ve usted que estoy absolutamente seguro y convencido que en este
terreno-- si hay voluntad, si la autenticidad de una política de estado
se define por los hechos, esté usted seguro que hay camino para que
trabajemos coordinada y conjuntamente todas las fuerzas políticas.
Nadie sabe afrontar del todo un problema tan complicado y tan complejo
como la droga. No hay ninguna campaña perfecta. Toda campaña se puede
colocar de un lado y de otro. Se la puede colocar en una posición
positiva o negativa. Cualquier decisión en este terreno se tiene que
afrontar desde una humildad necesaria, desde el Gobierno y desde la
oposición. Ese es el talante con el que afrontamos esta tragedia que
asola a muchas familias en la sociedad española. Nadie quiere abordarlo
desde la prepotencia. Todos somos pocos e insuficientes para abordar esta
cuestión, esa es la disposición del Gobierno.
No entremos en el pequeño detalle. Es una lucha que sin duda exige
acertar en las directrices esenciales, en lo que significa el esfuerzo
permanente, y en eso coincido con S. S. Nadie quiere hacer propaganda.
Queremos hacer una labor de concienciación sobre un problema que seguro
merece la pena y que, una vez más, lo diré aquí, para su grupo y para
todos los grupos exige el concurso de todos. Confiemos que lo den y
espero que sea de verdad una política de Estado. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, voy
a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para establecer nuestra posición inicial
en el tema de política sobre drogas, si bien es cierto que nuestra
posición final y también un análisis en mayores niveles de profundidad de
la situación y del desarrollo de políticas más concretas, lo expresaremos
en el momento de la presentación de la moción.
El tema que debatimos hoy tiene una enorme importancia e impacto, no sólo
en los contenidos específicos de lo que veníamos hablando sino también en
la forma en que entre todos seamos capaces de trasladar a la sociedad las
distintas actuaciones en los diferentes proyectos. En este contexto
nuestro grupo considera esencial mantener todos los esfuerzos posibles y
por todas las partes para mantener básicamente el consenso en materia de
drogas.
Es evidente que este esfuerzo por el consenso institucional ha exigido en
estos años, y va a exigir en el futuro a todos los grupos, muchos
esfuerzos, teniendo en cuenta, además, que en ocasiones, como en nuestro
caso, pudiéramos tener la percepción de que existen necesidades objetivas
para establecer otros ritmos, otras prioridades y, sobre todo, otros
equilibrios entre las diferentes actuaciones. No obstante, y por encima
de todos nosotros seguimos valorando el consenso institucional como la
vía para resolver, aun partiendo de posiciones no exactamente iguales por
parte de todos los grupos que conformamos esta Cámara.
Nosotros creemos que puesto que se ha presentado esta interpelación es
necesario iniciar nuevos debates que permitan realmente equilibrar y
afrontar, con el menor grado de dramatismo posible, cuestiones que deben
constituir realmente nuevos objetivos en el futuro o redefinir aquellos
conceptos o acciones que desde la evaluación de las diferentes políticas
aplicadas pudiéramos considerar susceptibles de mejora.
En ese contexto nuestro grupo quiere expresar hoy aquí --y lo hemos
venido manifestando en las comisiones-- la enorme preocupación por el
poder creciente y la situación de ganancias económicas en las
organizaciones criminales, que ha tomado tal proporción que pueden llegar
a poner en serio riesgo los fundamentos de las instituciones y el propio
Estado de Derecho, incluso en nuestro marco europeo.
A pesar de todos los esfuerzos y medidas legislativas, recursos, planes y
acciones, para contrarrestar tales efectos, deberíamos empezar a
considerar, en términos objetivos y sin dramatismo, el fracaso que están
representando los esfuerzos realizados en función de la creciente
situación económica de estas estructuras del
narcotráfico, reconocido por las autoridades policiales y penitenciaria;
esto nos preocupa.
Esto no nos debería llevar a cuestionar el trabajo concreto que se viene
desarrollando, pero sí a una reflexión sobre la eficacia real de las
políticas en vigor, no sólo en nuestro Estado sino en un marco más
global, y situarnos en profundizar realmente en la búsqueda de soluciones
alternativas, como ya se están planteando un número creciente de
parlamentos a nivel europeo, para lo cual, por ejemplo, nuestro grupo
entendería muy positivo que a través del observatorio próximo a
constituir y del ya existente a nivel europeo se efectuara una rigurosa
evaluación de los costes y beneficios que desde el punto de vista social,
sanitario y económico tienen las políticas y estrategias instauradas en
aplicación de los convenios de las Naciones Unidas de 1961, de 1971 y
1988, como elemento científico de análisis y de rigor que inspirara el
diseño global y de futuro de la política sobre drogas.
También nos parecería importante, en ese mismo marco de obsevación, que
se consideraran y evaluaran, por este mismo mecanismo, los resultados
positivos obtenidos a través de las políticas de reducción de riesgos en
las experiencias asumidas por diferentes Estados europeos y que
básicamente se están estructurando en diferentes niveles, pero de forma
básica en la administración de sustancias de sustitución, en la
despenalización parcial de la venta de cannabis y sus derivados y en la
distribución rigurosamente controlada de la heroína. Todo ello para poder
concluir en la necesaria armonización de las legislaciones de todos los
Estados europeos y en acciones y planes que tengan una perspectiva más
global.
Verdaderamente nosotros consideramos que se debe de introducir
sensatamente esta reflexión y estos debates para no reducir las políticas
de drogas a actuaciones de los diferentes gobiernos más o menos
acertadas, mejor o peor presentadas; se debe estudiar situación creciente
de poder y la forma de contrarrestarlo sin descartar ninguna solución a
priori y saber sensatamente trasladar a la sociedad un nuevo debate y una
nueva situación en el tema de las drogas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sabanés, le
ruego vaya concluyendo.
La señora SABANES NADAL: Y me atrevería a plantear que desde esta
perspectiva deberíamos de ser capaces de encontrar puntos de encuentro
para la moción que signifiquen, más que iniciar elementos de
confrontación, conducir un debate que es necesario, pero que nos permita
también desde el consenso redefinir tanto el Plan Nacional sobre Drogas,
como las diferentes actuaciones con un mayor nivel de armonización en el
contexto europeo y en el equilibrio de las diferentes acciones, desde la
experiencia que nos ofrece el trabajo ya realizado, el que se está
realizando y las evaluaciones que deberíamos ir incorporando.
Por todas estas circunstancias que veníamos planteando, es evidente que
nos movemos en un problema en el que hay que tener en cuenta la capacidad
del narcotráfico para generar nuevas situaciones con mucha más rapidez de
la que somos capaces de contrarrestar. Por tanto ello nos obliga, a
nuestro modo de ver, a hacer una adecuación continua de los
planteamientos y para ello nuestro grupo va a seguir manteniendo siempre
que la vía del consenso, el rigor y la visión global coordinada con otros
Estados constituirán elementos imprescindibles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Cava de Llano tiene
la palabra.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, créanme que después de
escuchar muy atentamente la intervención del representante del Grupo
Socialista subo a esta tribuna con dos sentimientos, tristeza y asombro.
Tristeza, porque, por desgracia, de las palabras y de la intervención del
representante del Grupo Socialista, intuyo, deduzco que pudiera anunciar
la ruptura de una política de consenso que ha dominado siempre en las
cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, en materia de droga.
Asombro, porque, sinceramente, no entiendo qué ha pasado. Puede ser que
haya habido consignas por parte del Grupo Socialista de atacar por
cualquier motivo al equipo de Gobierno, pero yo creo que usted, señor
Martinón, a quien conozco por sus intervenciones moderadas siempre en la
Comisión Mixta, debería haber rechazado estas consignas y haber dicho que
usted no se prestaba a ellas.
Yo pienso que no es usted quien ha puesto al Gobierno contra las cuerdas,
como usted ha dicho, es su partido quien le ha puesto a usted contra las
cuerdas al hacerle venir aquí a representar un papel inaudito en esta
Cámara, que es presentar una interpelación en una materia como son las
drogas. La democracia significa discrepancia, pero también significa
acuerdos, acuerdos en determinados temas que exceden, que
sobredimensionan la política de partido, como son el terrorismo o las
drogas. Usted tenía que haber explicado a su partido que cuando en el año
1990 se creó la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la
droga se le dio precisamente un carácter de estudio y este carácter se le
dio intencionadamente. Se dijo que esa Comisión de estudio lo era
queriendo expresar dos motivos: uno, la importancia del problema,
reconocida por la sociedad española, y, otro, la eliminación del ánimo
polémico, es decir, del ánimo de confrontación.
En prueba de ese consenso usted sabe mejor que yo, porque usted presidía
la Comisión Mixta, que al terminar la pasada legislatura se elaboró un
informe con el consenso de todos los grupos políticos, en el que ante la
insuficiencia de las medidas existentes en ese momento, se acordó el
compromiso de elaborar y poner en marcha entre todos los grupos políticos
una serie de medidas. Después de efectuar un análisis riguroso, esas
medidas salieron.
Pues bien, ¿qué ha hecho ahora el Gobierno? El Gobierno ha hecho dos
cosas, ha cogido ese conjunto de medidas anunciadas y descritas en el
informe de la Comisión Mixta para el estudio de la droga y ha cogido el
programa del Partido Popular en las pasadas elecciones, y con eso ha
elaborado un plan de choque aprobado en el Consejo de Ministros del 24 de
enero último. Quiero recordarle que nosotros durante la campaña electoral
dijimos que si el pueblo español nos otorgaba su confianza, haríamos de
la lucha contra la droga uno de los ejes principales de la acción de
Gobierno, utilizando todos los mecanismos necesarios para, sin merma de
los derechos constitucionales, poder conseguir mejores resultados, porque
se ha demostrado que es necesario conseguir mejores resultados. No me
hace falta hablarle de la desilusión que ante la sociedad creó, por
ejemplo, la sentencia del caso Nécora, no atribuible de ningún modo,
lógicamente, a la actuación del Tribunal Supremo, sino a que las pruebas
obtenidas no fueron lo suficientemente concluyentes para conseguir la
sentencia que la sociedad esperaba.
Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que ha hecho el Gobierno, presentar
un plan de medidas en el que se insertan las de tipo normativo, de
prevención, de asistencia, de rehabilitación, de coordinación policial,
de cooperación exterior, medidas en las que se habla precisamente de la
necesidad de esa publicidad, en la que quizá no estamos absolutamente de
acuerdo con el señor Martinón. El señor Martinón entiende que el problema
de la droga hay que silenciarlo. Nosotros entendemos que no, que hay que
hacer unas enormes campañas de difusión. Nosotros queremos que se hable
de la droga en los colegios, en las fábricas, en los institutos, en los
mercados, porque el problema de la droga es lo suficientemente serio para
que la gente lo conozca, para que la gente esté bien informada. ¿Qué a
usted no le gustan las campañas de publicidad que se han hecho? Lo
lamento mucho. Lo importante es hacerlas, lo importante es que se mueva
la conciencia social y que la gente entienda que ese paraíso ficticio de
las drogas conlleva un infierno.
Ha hablado de la ley del fondo y la ley de blanqueo. Efectivamente, la
ley del fondo y la ley de blanqueo se hicieron en la pasada legislatura.
Tampoco presuma usted de que fuera por iniciativa del Grupo Socialista,
sino que se trataba precisamente de trasponer al derecho interno unas
directrices que emanaban de convenios internacionales suscritos por
España.
No voy a debatir las medidas, porque mucho mejor de lo que lo pudiera
hacer yo lo ha explicado el Ministro. Además, usted y yo tuvimos ocasión
de hablar de esas medidas en el debate que tuvimos en televisión. Si
usted me dice que esas medidas ya estaban anunciadas, sí, efectivamente
ya lo estaban, pero constituían una declaración de intenciones y ahora
esas intenciones son las que se van a poner en práctica, pero déjenoslo
hacer, por favor, no presenten unas interpelaciones que son
extemporáneas, debido a que hay una comparecencia, solicitada por sus
señorías, prevista para el día 18 de marzo, del Ministro del Interior
para explicar el paquete de medidas aprobadas en el Consejo de Ministros.
No presenten interpelaciones que resultan improcedentes, porque da la
triste sensación de que intentan desenterrar el hacha de guerra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cava de
Llano, le ruego vaya concluyendo.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Sí, señor Presidente.
Eso es peligroso. Yo no he venido aquí a hacer sangre, no he venido a
hacer confrontaciones, pero usted ha hecho unas críticas al señor Aznar,
al señor Robles, al señor Trillo, y ha hablado de política de vaivenes.
No quisiera hacerlo, pero si me obliga a ello tendré que hablar de
incumplimientos, de medidas anunciadas que no se han cumplido; no
quisiera hablarle, si no me obliga, de los bandazos que ha dado su
Gobierno en política de drogas; no quisiera hablarle de los traslados
fantasmagóricos del Plan Nacional de Droga de un ministerio a otro; no
quisiera hablarle de la reforma Ledesma del año 1983 y de la
contrarreforma modificando la graduación de las penas que se imponían en
su momento; no quiero hablarle de la tardanza de la modificación del
Código Penal que no se hizo hasta el año 1992, cuatro años después de la
Convención de Viena; no quiero hablarle de la tardanza en adecuar la
legislación española al Convenio de Schengen. No quiero hablarle de todas
estas cosas, pero no me obligue usted a ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cava de
Llano, le ruego concluya.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Termino diciendo que bajo su Gobierno,
señores del Grupo Parlamentario Socialista, hubo consenso a pesar de sus
vacilaciones y de sus vaivenes. Queremos que bajo el nuestro siga
habiendo consenso. Necesitamos su ayuda y la de todos los grupos
políticos para atajar tan grave problema. Estoy segura que la tendremos,
pero, si no están dispuestos a ello, les anuncio que el Gobierno, con
ayuda del resto de los grupos parlamentarios, pondrá en marcha estas
medidas porque tenemos una
fuerte aliada, la sociedad española, que quiere soluciones y no
demagogia, que quiere efectividad y no polémicas estériles que obedecen
no a sólidas razones sino, y perdónenme, a fuertes rabietas motivadas por
los éxitos del Gobierno en materia de política de drogas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cava de Llano. (El señor Martinón Cejas pide la palabra.)
Señor Martinón, ¿con qué motivo pide S. S. la palabra?
El señor MARTINON CEJAS: Le pido la palabra, señor Presidente, porque
doña María Luisa Cava de Llano ha hecho una alusión expresa a mi persona,
diciendo que mi grupo parlamentario me ha puesto contra las cuerdas, que
me ha obligado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor Martinón,
permítame un momento.
Está usted invocando alusiones. Su señoría ha sido protagonista de la
interpelación; por lo tanto es razonable que haya sido mencionado a lo
largo de la intervención de la señora Cava de Llano, que ha fijado
estrictamente la posición del Grupo Parlamentario Popular, que,
obviamente, no es coincidente con la de S. S. y la de su grupo
parlamentario. No ha lugar a un turno por alusiones.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, es que no me ha permitido que
acabe la frase.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martinón, le
he entendido perfectamente y no tiene S. S. el uso de la palabra.
Muchas gracias.
El señor MARTINON CEJAS: Pero no me ha escuchado, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Sí le he escuchado.
Señor Martinón, ha invocado alusiones, le he entendido y no tiene S. S.
el uso de la palabra.
Muchas gracias.
El señor MARTINON CEJAS: No me ha escuchado el contenido, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martinón, no
insista. Le he oído y le he escuchado, las dos cosas.
Muchas gracias.
Finalizado el orden del día, el Pleno se reanudará mañana a las nueve de
la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.