Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 58, de 13/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 58
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 55
celebrada el jueves, 13 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-- Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpora al
Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisión
Europea sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del
sector (número de expediente 130/000014) «Boletín Oficial del Estado»
número 28, de 1 de febrero de 1997 (Página 2802)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
-- Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Ucrania, firmado en
Madrid el 8 de octubre de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 80.1, de 22 de noviembre de 1996 (número de
expediente 110/000061) (Página 2831)
-- Acuerdo sobre Transporte Aéreo enter el Gobierno de España y el
Gobierno de Ucrania y Anejo, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 81.1, de 22 de
noviembre de 1996 (número de expediente 110/000062) (Página 2831)
-- Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 82.1, de 22 de noviembre de
1996 (número de expediente 110/000063) (Página 2831)
-- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la
República Islámica de Irán y Anexo firmado en Teherán el 24 de junio de
1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 83.1, de
22 de noviembre de 1996 (número de expediente 110/000064) (Página 2831)
-- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania
relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de información
clasificada y Protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1996.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 84.1, de 22 de
noviembre de 1996 (número de expediente 110/000065) (Página 2831)
-- Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur
y sus Estados Partes, por otra, firmado «ad referendum» en Madrid el 15
de diciembre de 1995, Declaración conjunta, el Acta de la firma y
Declaración aneja. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 85.1, de 25 de noviembre de 1996 (número de expediente 110/000066)
(Página 2831)
-- Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, y Acta final, firmados
en Florencia el 21 de junio de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 86.1, de 25 de noviembre de 1996 (número de
expediente 110/000067) (Página 2831)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones.
(Procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio.) «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie A, número 5.1, de 4 de julio de 1996
(número de expediente 121/000003) (Página 2832)
-- Proyecto de Ley de envases y residuos de envases. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie A, número 17.1, de 4 de octubre de 1996
(número de expediente 121/000011) (Página 2843)
-- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado y la contribución
correspondiente a la Primera Reposición de Recursos. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie A, número 15.1, de 4 de octubre de 1996
(número de expediente 121/000013) (Página 2854)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 2802)
Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpora al
Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisión
Europea sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del
sector (Página 2802)
En nombre del Gobierno presenta el Real Decreto-ley el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado Montalvo), manifestando que, a través de dicho
Real Decreto-ley, se incorpora al derecho español la directiva 95/47/CE
sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión. Esta
directiva de la Unión Europea pretende evitar que el uso de
descodificadores constituya una barrera para el acceso al mercado de la
televisión condicional o de pago de los distintos operadores. Se desea
así permitir
al ciudadano que con un solo descodificador o con descodificadores
compatibles pueda recibir todas las emisiones que se realicen por el
procedimiento de pago a través de descodificador. Con esta norma se
enriquecen las posibilidades del usuario en la recepción de televisión,
se amplía su libertad de elección, al mismo tiempo que se evita el
absurdo de que sean precisos tantos descodificadores como canales de pago
hay en el mercado.
Hace hincapié en que esa finalidad y no otra es la de la directiva que se
incorpora al ordenamiento jurídico español, sin que se pretenda
restringir el derecho de nadie y sí ampliar la libertad de todos. Se
trata de incorporar el principio de redes abiertas que en el ámbito de
las telecomunicaciones inspira toda la legislación comunitaria y que
tiene dos finalidades muy concretas, como son la de defender a los
consumidores y la de la libre competencia. Para favorecer la libre
competencia se procura evitar que puedan generarse abusos de posición
dominante, llegando incluso a crear barreras que dificulten la libertad
de elección de los consumidores. La legislación comunitaria introduce
asimismo una regulación de los descodificadores imponiendo un determinado
modelo o unos determinados requisitos técnicos que faciliten la libre
elección de los consumidores y la libre competencia.
A continuación, alude el señor Ministro a los términos estrictos y
literales de los distintos artículos que integran el Real Decreto-ley,
para el que termina solicitando el voto favorable de los señores
Diputados, afirmando que todo lo demás que se ha dicho sobre esta norma
son valoraciones, siempre libres y legítimas, pero a veces equivocadas y
con frecuencia interesadas.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Pérez Rubalcaba.
Comienza reconstruyendo los avatares de todo tipo que han precedido a la
aprobación de esta norma por el Gobierno, para analizar seguidamente sus
contenidos, sus posibles consecuencias y las circunstancias políticas
que, a juicio de su grupo, han motivado el debate que hoy tiene lugar.
Empezando por la tramitación, recuerda que el 13 de noviembre de 1996 el
Consejo Asesor de Telecomunicaciones dictaminó un proyecto de Real
Decreto por el que se aprobaba el reglamento técnico y de prestación de
servicios de telecomunicaciones por satélite, en desarrollo de la Ley del
mismo nombre. Dicho Real Decreto, que no incluía la trasposición de la
directiva comunitaria, fue informado por el Consejo de Estado el 26 de
diciembre de 1996. Sin embargo, el Consejo de Ministros, en su reunión
del 24 de enero de 1997, decidió alterar sustancialmente el contenido de
esta norma e introducir en ella la trasposición de la directiva
comunitaria. Tal es la magnitud de las modificaciones introducidas que el
Gobierno se ve obligado a repetir la tramitación del Real Decreto y
realizar esta tramitación administrativa en tiempo récord, incorporando,
ahora sí, la directiva de la CEE. No es de extrañar que el propio Consejo
de Estado puntualice que ha examinado el texto dentro del breve plazo
concedido, insuficiente para un tema cuya complejidad requeriría una más
larga meditación.
Añade que el Gobierno se ha empeñado en arropar tan insólita tramitación
administrativa en la bandera de los intereses generales, cuando la
realidad es que trataba de dar respuesta al llamado pacto de Nochebuena,
por el que los derechos del fútbol iban a estar en manos de una
plataforma digital distinta de la auspiciada por el Gobierno,
comprometiendo la viabilidad de ésta.
Examina seguidamente la constitucionalidad del Real Decreto-ley,
recordando el contenido del artículo 86.1 de la Constitución y diversas
sentencias del Tribunal Constitucional en relación con la extraordinaria
y urgente necesidad de la norma, afirmando que la necesidad de
trasposición de la directiva europea no puede obedecer en ningún caso a
circunstancias difíciles o imposibles de prever. Respecto a la limitación
material de la utilización del Real Decreto-ley, menciona asimismo la
sentencia 31/1994, según la cual la regulación de una actividad como la
gestión indirecta de la televisión local por cable afecta directamente al
ejercicio de derechos fundamentales, como son los reconocidos en el
artículo 20.1. a) y d) de la Constitución. Según este pronunciamiento del
Tribunal Constitucional se deriva claramente que el derecho a la creación
de medios de comunicación se encuentra directamente amparado por las
libertades reconocidas en el citado artículo 20 de la Constitución, y la
regulación en este caso de la televisión digital por satélite afecta
directamente al ejercicio de esos derechos fundamentales. Considera, por
tanto, que se trata de una norma que es inconstitucional, que el Grupo
Socialista nunca convalidará con sus votos.
Entrando en el tema de los descodificadores, afirma que no existe una
sola tienda en España, ni siquiera en Europa, donde se venda un
descodificador como el que el señor Ministro acaba de definir,
simplemente porque esos descodificadores todavía no se fabrican. En
cambio, existen en el mercado descodificadores que permiten la
utilización simultánea de hasta quince plataformas digitales, siempre que
los operadores se pongan de acuerdo, y esos descodificadores
funcionan ya en Alemania, Francia e Inglaterra homologados por los
organismos europeos, resultando evidente que su utilización no se podrá
prohibir en España. Pregunta al señor Ministro por qué no dejan de
desinformar a la opinión pública y buscan el acuerdo, como hacen, por
ejemplo, gobiernos tan poco sospechosos como el alemán.
En relación con el tema del IVA y sin entrar en el fondo de la cuestión,
pregunta al señor Ministro por qué no se apoyó hace escasamente dos meses
la enmienda de Izquierda Unida que proponía exactamente lo que ahora se
ha aprobado por el Gobierno.
En definitiva, se trata de una norma que, a su juicio, vulnera un buen
número de directivas europeas, una norma que es inconstitucional y, lo
que es peor, se teme que la aprobaran a sabiendas de que lo era. Cree que
están ante una norma que no tiene otro objetivo que castigar a aquellos
medios de comunicación que se resisten a ser meras correas de transmisión
de las intenciones del Gobierno y que han aprobado simplemente para ganar
tiempo, a sabiendas de que el Tribunal la va a declarar inconstitucional.
Contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado Montalvo),
replicando el señor Pérez Rubalcaba y duplicando el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado Montalvo).
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez (don
Guillerme) y Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, del
Grupo de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo
Vasco(PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida, y la señora Mato Adrover, del
Grupo Popular.
Sometido a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley
1/1997 por 197 votos a favor, 132 en contra y siete abstenciones.
Asimismo se aprueba la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de
ley por 334 votos a favor y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 2831)
Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Ucrania, firmado en
Madrid el 8 de octubre de 1996 (Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por 326 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno
de Ucrania y anexo, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996 (Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por 328 votos a favor y una abstención.
Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992 (Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por 327 votos a favor y una abstención.
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República
Islámica de Irán y anexo firmado en Teherán el 24 de junio de 1996
(Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por 326 votos a favor y tres
abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania
relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de información
clasificada y protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1996
(Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por 324 votos a favor y cuatro
abstenciones.
Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus
Estados partes, por otra, firmado «ad referendum» en Madrid el 15 de
diciembre de 1995, Declaración conjunta, el Acta de la firma y
Declaración aneja (Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidaes Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, y Acta final, firmados
en Florencia el 21 de junio de 1996 (Página 2831)
Sometido a votación, se aprueba por 324 votos a favor y tres
abstenciones.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2832)
Proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones. (Procedente
del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio) (Página 2832)
Interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, para fijar su
posición ante el proyecto de ley y defender las dos enmiendas que
mantiene vivas y que se refieren a la composición de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. Considera fundamental que los órganos
que van a ejecutar decisiones importantes para la vida económica o
cultural del Estado español tengan no solamente una representación
democrática, controlada democráticamente, sino también una representación
territorial. Explica que se trata de que el control sea eficaz, de que la
diversidad esté presente y de que el organismo de control no sea
exclusivamente gubernativo, monopolístico e insensible a la realidad
diversa del Estado español.
En defensa de las siete enmiendas que mantiene vivas el Grupo Vasco
(PNV), interviene el señor González de Txabarri Miranda, poniendo de
relieve, en primer lugar, el esfuerzo de consenso que durante ocho meses
se ha realizado en la Cámara para llegar al dictamen que la Comisión de
Infraestructuras presenta hoy ante el Pleno.
A continuación, explica el contenido de sus enmiendas, poniendo especial
énfasis en la número 32, que es similar a la enmienda 103 del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y que pretende establecer un criterio
básico para que las entidades análogas a Retevisión conozcan, en los
ámbitos autonómicos propios, el reconocimiento que este proyecto de ley
admite y concede a Retevisión en sus respectivas comunidades autónomas.
Concluye su intervención manifestando el apoyo del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV) a estos procesos legislativos conducentes a la liberalización
del sector de las telecomunicaciones, aunque, por otra parte, considera
que existen todavía aspectos que deberían ser considerados por el
Gobierno y por el grupo parlamentario mayoritario en orden a que este
consenso sea más estable y, sobre todo, a que el ámbito legislativo que
se ofrezca a los operadores y a los inversores sea el suficiente y
necesario para que, de una vez, este sector de las telecomunicaciones se
ponga en marcha.
Interviene el señor Recorder i Miralles, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender la enmienda
que mantienen viva al proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones. Pone de manifiesto que el proyecto de ley ha sido
objeto de un larguísimo trámite parlamentario que ha servido para
modificarlo sustancialmente y conseguir un amplísimo consenso, puesto que
se trata de una cuestión de trascendental importancia para el futuro de
la economía de este país, pero incluso de una gran trascendencia social.
Se muestra satisfecho del dictamen de la Comisión porque, en primer
lugar, garantiza una rápida liberalización de la telefonía básica y, en
segundo lugar, no sólo favorece la competencia a través de la concesión
de la segunda licencia a Retevisión, sino también garantiza la apertura
del mercado en diciembre de 1998 y refuerza la transparencia y
objetividad de las interconexiones. Añade que el texto aprobado por la
Comisión recupera el espíritu de la Ley del Cable y favorece el
desarrollo de este servicio portador, que va a tener una gran
trascendencia e importancia en el futuro.
Explica, a continuación, su enmienda 103, que coincide con la enmienda 32
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Alcaraz Masats.
Comienza recordando que el 26 de septiembre de 1996 el Grupo Socialista y
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentaron una
enmienda de totalidad con texto alternativo a este proyecto de ley, que
procedía del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio. Entonces, los dos
partidos hicieron una crítica radical al proyecto, pero dieron diferentes
alternativas. Se criticó la publicación de los reglamentos de la Ley del
Cable y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones antes de que
se empezaran a debatir los proyectos de ley. Pero al final del proceso,
deprisa y corriendo, con nocturnidad y alevosía, el Partido Popular, el
Partido Socialista, Convergència i Unió y el PNV llegaron a un acuerdo
para repartirse la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
marginando a la tercera fuerza política del país, por lo que entiende que
la pelea políticamente apasionada que existe ahora es tan apasionada como
injusta y falsa, porque todo se ha pactado previamente, y la prueba está
en las enmiendas transaccionales entre Partido Popular y PSOE. A
continuación, pasa a explicar el contenido de las enmiendas pactadas
entre ambos partidos, y se refiere asimismo a la privatización de
Retevisión
con el acuerdo del PSOE, puesto que sólo difieren en la forma de
privatizar. Manifiesta que su grupo mantiene su coherencia y no va a
venderse por un plato de lentejas digitales, considerando que se está
tocando fondo de manera inaceptable en el futuro de las
telecomunicaciones de este país, en función de acuerdos en los que no ha
participado, ni participará, si se mantienen sus contenidos, Izquierda
Unida.
El señor García-Arreciado Batanero interviene en nombre del Grupo
Socialista. Comienza contestando a las palabras del señor Alcaraz.
Considera que hasta el momento en que el Gobierno decidió introducir la
crispación en el país y elevar a la categoría política de prioritaria una
serie de sucesos y de actuaciones insólitas, las cosas iban
razonablemente bien o, por decirlo con más precisión, razonablemente mal,
como por ejemplo el trámite parlamentario de lo que hoy es el proyecto de
ley cuyo dictamen tienen que analizar en este Pleno. Reconoce que el
Grupo Parlamentario Socialista no se encuentra incómodo con el texto
final de este proyecto de ley, pero recuerda la desconsideración con la
Cámara que supuso hacer el desarrollo reglamentario de la ley antes de
producirse el texto final.
A continuación, se refiere a las diversas enmiendas presentadas al
articulado y a las enmiendas «in voce» sobrevenidas, como consecuencia de
una iniciativa del Gobierno de publicar una orden ministerial mediante la
cual la competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de regular las tarifas de interconexión quedaba paralizada hasta
diciembre de 1998. Anuncia la retirada de la enmienda 80 al artículo 2º,
salvo en los puntos 5 y 8, y la enmienda número 81 al artículo 3º, salvo
en sus puntos 4, 6.4 y 7. Finaliza su intervención solicitando,
especialmente a los grupos nacionalistas, el voto en contra del segundo
párrafo del punto 5 del artículo 4º.
En nombre del Grupo Popular, interviene la señora Mato Adrover para fijar
la posición de su grupo sobre las enmiendas a la ley de liberalización de
las telecomunicaciones. Muestra su satisfacción y la de su grupo por el
contenido final del proyecto de ley y por el trabajo realizado durante
ocho meses, y anuncia que durante el trámite que queda hasta la
aprobación definitiva seguirán esforzándose para que el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pueda sumarse al consenso.
A continuación, pasa a fijar su posición en relación con las enmiendas
presentadas, dividiendo su exposición en cuatro apartados. En primer
lugar, las referentes a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, donde rechazan las enmiendas del Grupo Socialista. En
segundo lugar, se refiere a la creación del segundo operador global de
telecomunicaciones, y considera una buena noticia el que, en breve, habrá
una oferta diferenciada de telefonía en todo el territorio. Los otros dos
bloques son reformas que modifican normativas ya vigentes, como la LOT y
la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Expone que algunas de las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida en este apartado han sido
tenidas en cuenta en el borrador del proyecto de ley general de
telecomunicaciones, por lo que les solicita que mantengan vivas esas
enmiendas para el debate que tendrá lugar, en breve, en la Cámara.
Manifiesta que han estudiado con gran interés las enmiendas del Grupo
Vasco y la enmienda 103 del Grupo Catalán, pero considera que también
deben presentarse en el futuro proyecto de ley general de
telecomunicaciones. Por último rechaza las enmiendas del Grupo Socialista
a estos dos últimos bloques.
En un segundo turno intervienen el señor García-Arreciado Batanero y la
señora Mato Adrover.
Se someten a votación las enmiendas mantenidas por los grupos
parlamentarios al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones.
Se somete a votación el dictamen desglosado en tres bloques.
Sometido a votación el primer bloque (artículo 1º, puntos 4 y 19;
artículo 2º, puntos 4 y 5; artículo 3º, punto 2, párrafo segundo; y
artículo 4º, punto 2, párrafo quinto), se aprueba por 170 votos a favor,
148 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el segundo bloque (artículo 2º, puntos 7 y 8), se
aprueba por 171 votos a favor, 22 en contra y 127 abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 298 votos a
favor y 21 en contra.
Proyecto de ley de envases y residuos de envases (Página 2843)
Para la defensa de sus enmiendas, interviene el señor Chiquillo Barber,
del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que en el debate que ha tenido
lugar sobre el proyecto de ley se han tomado en cuenta consideraciones y
aportaciones de todos los grupos, con lo que se ha obtenido un texto
acertado, aunque queden algunas lagunas, que confía que se solucionarán
en el trámite del Senado. A continuación, explica las razones que le han
llevado a
mantener las enmiendas números 9 a 18, que desde Unión Valenciana
consideran muy importantes.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
anuncia la retirada de las enmiendas números 64, 65, 69 y 70, y agradece
sobre todo la acogida que ha tenido la enmienda 70, dirigida a la
disposición adicional cuarta.
En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
interviene el señor González de Txabarri Miranda, manifestando que han
presentado siete enmiendas, todas de contenido competencial, entendiendo
que la trasposición de las normativas europeas al ordenamiento legal del
Estado debe recoger el régimen competencial que el Estado se ha dado a sí
mismo y, en su caso, las comunidades autónomas en el ámbito de sus
competencias. Sin embargo, se encuentra con que ninguna de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en Ponencia y en Comisión
han sido admitidas ni consideradas por el Gobierno ni por el grupo
mayoritario. Confía en que sean tomadas en cuenta a través de alguna
enmienda transaccional a lo largo del debate.
Por otra parte, considera importantes dos alteraciones que se han
efectuado en el dictamen que la Comisión presenta a la Cámara. En primer
lugar, la que incorpora una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con el objetivo de reducir un porcentaje en peso
de la totalidad de los residuos de envases generados, alteración con la
que no están en absoluto de acuerdo. Entiende que esta enmienda, que se
incorporó en Comisión, no responde ni a las necesidades de la
trasposición de la directiva, ni a las necesidades del mercado ni a otro
tipo de planteamientos. En segundo lugar, le preocupa también el cambio
de la disposición adicional primera, realizado asimismo en el trámite en
Comisión, de manera que los envases industriales y comerciales no quedan
excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. Concluye manifestando su
acuerdo con el texto inicial remitido por el Gobierno a esta Cámara y
estima que las trasposiciones de las directivas europeas al ordenamiento
legal del Estado deben respetar escrupulosamente los ámbitos
competenciales del Estado de las comunidades autónomas.
El señor Frutos Gras interviene en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y manifiesta que no están muy
satisfechos con el proyecto de ley, aunque siempre es bueno tener una
percha para colgar la ropa. Recuerda que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presentó en su momento dos proyectos de ley, que fueron
rechazados, y que ahora ha presentado una enmienda a la totalidad con
texto alternativo que igualmente ha sido rechazada. En su texto
alternativo intentan asumir directamente los principios que han
conformado el movimiento ecologista español y europeo y que, en su
momento, fueron presentados al Consejo Económico y Social Europeo para
que pudieran ser tenidos en cuenta. No ha sido así, pero sí se han tenido
en cuenta los intereses comerciales y las presiones de las grandes
empresas.
A continuación, pasa a explicar el contenido de su texto alternativo y el
de unas enmiendas basadas en todo el trabajo y movilización social que se
ha realizado durante estos años.
En nombre del Grupo Socialista, interviene la señora Narbona Ruiz, que
estima que el texto que vuelve hoy al Pleno es muy parecido al que hace
tres meses defendía la Ministra de Medio Ambiente, aunque bien es verdad
que con la introducción de algunas mejoras, atendiendo las numerosísimas
enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Al mismo tiempo
constata la enorme terquedad del Partido Popular ante cuestiones
fundamentales en una verdadera política ambiental, puesto que en Bruselas
se apoyan unos postulados que no se admiten en el debate de la Comisión
de Medio Ambiente de esta Cámara.
Anuncia que mantienen vivas sus enmiendas porque no les satisface
totalmente el texto que se somete al Pleno en algunos extremos, como por
ejemplo en lo referente a la reducción del uso del PVC. Considera que
España está quedando como un reducto respecto de la producción y uso del
PVC.
Interviene la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga)
para aclarar algunas dudas a la señora Narbona. Considera que no se puede
plantear un debate general de residuos cuando se trata de la trasposición
de una directiva comunitaria. Asimismo explica que, en contra de lo que
dice la señora Narbona, está apoyada por los catorce países de la Unión
Europea que han transferido esta directiva y en los que no se ha admitido
una limitación, y mucho menos una prohibición, a la utilización del PVC.
Estima que las propuestas del Grupo Socialista son un brindis al sol,
imposibles de cumplir, porque no se pueden aplicar medidas coercitivas
que irían en contra del principio de la libre competencia.
Replica la señora Narbona Ruiz, duplicando la señora Ministra de Medio
Ambiente.
En nombre del Grupo Popular, interviene la señora De Lara Carbó para
indicar la postura que su grupo mantiene en relación con las enmiendas
que
hasta este momento han mantenido los diferentes grupos parlamentarios.
Expone que se han admitido enmiendas que enriquecían el texto final del
proyecto de ley, pero no han podido aceptar otras porque el objetivo de
esta ley es incorporar las normas sustantivas de la directiva
comunitaria. Asimismo otro grupo de enmiendas no han sido aceptadas por
no estar el Grupo Popular de acuerdo con las propuestas que contienen.
A continuación, pasa a contestar brevemente a los diferentes grupos
parlamentarios. Propone una enmienda transaccional al Grupo Parlamentario
Vasco en relación con la disposición adicional segunda. Anuncia asimismo
la aceptación de la enmienda 14 al artículo 4º, de Unión Valenciana, y
presenta una enmienda transaccional consecuente con ella. También acepta
la enmienda 17 del mismo grupo parlamentario y rechaza las enmiendas del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del
Grupo Socialista.
Concluye diciendo que la voluntad del Grupo Parlamentario Popular ha sido
aceptar aquellas enmiendas que enriquecieran el texto y no las que
pudieran suponer desorientación o no respondieran al objeto de la ley,
que era armonizar las normas sobre gestión de envases y residuos de
envases.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de rechazar o aceptar la transaccional propuesta por el
Grupo Popular, interviene el señor González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), quien agradece la enmienda transaccional
y retira las siete enmiendas que mantenía vivas.
Se someten a votación las enmiendas mantenidas al dictamen de la Comisión
sobre el proyecto de ley de envases y residuos de envases.
Se somete a votación el artículo 6º.1 del texto del dictamen, que es
aprobado por 169 votos a favor, 129 en contra y 13 abstenciones.
A continuación, se somete a votación el resto del dictamen, con las
enmiendas incorporadas, que se aprueba por 180 votos a favor, 129 en
contra y dos abstenciones.
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en el
Fondo para el Medio Ambiente reestructurado y la contribución
correspondiente a la primera reposición de recursos (Página 2854)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley
por el que se autoriza la participación de España en el Fondo para el
medio ambiente mundial reestructurado y la contribución correspondiente a
la primera reposición de recursos, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 1/1997, DE 31 DE ENERO, POR EL QUE SE INCORPORA AL
DERECHO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 95/47/CE, DE 24 DE OCTUBRE, DE LA COMISION
EUROPEA SOBRE EL USO DE NORMAS PARA LA TRANSMISION DE SEÑALES DE
TELEVISION Y SE APRUEBAN MEDIDAS ADICIONALES PARA LA LIBERALIZACION DEL
SECTOR (Número de expediente 130/000014)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a empezar con el debate del punto séptimo del orden del día,
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero,
por el que se incorpora al derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24
de octubre, de la Comisión Europea sobre el uso de normas para la
transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales
para la liberalización del sector.
Para la presentación del real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, el Real Decreto-ley de 31 de enero de 1997 que el Gobierno
somete a la convalidación de esta Cámara incorpora al derecho español la
Directiva 95/47/CE sobre el uso de normas para la transmisión de señales
de televisión. Esta directiva de la Unión Europea pretende evitar que el
uso de descodificadores constituya una barrera para el acceso al mercado
de la televisión condicional o de pago de los distintos operadores. Se
desea, mediante la incorporación de esta directiva, permitir al ciudadano
que con un solo descodificador o con descodificadores compatibles pueda
recibir todas las emisiones que se realicen por
el procedimiento de acceso condicional o, lo que es lo mismo, por el
procedimiento de pago a través de descodificador. Se enriquece a través
de esta norma el acervo de posibilidades del usuario en la recepción de
televisión, se amplía su libertad de elección y al mismo tiempo se impide
que quien pretende emplear un procedimiento codificado para hacer llegar
sus señales tenga que suministrar un descodificador distinto e
incompatible del empleado por otros operadores. Se trata, en suma, de
evitar el absurdo de que sean precisos tantos descodificadores como
canales de pago hay en el mercado. Piénsese en el contrasentido que
supondría que para la recepción de cada una de las señales de televisión
que habitualmente recibimos los españoles fuese necesario el uso de un
televisor diferente; los hogares habrían de contar en estos momentos con
un número de televisores, en todo caso, superior a seis.
Esta y no otra es la finalidad de la directiva que el real decreto-ley
incorpora el ordenamiento jurídico español.
No se pretende restringir el derecho de nadie. Se desea ampliar la
libertad de todos. Se quiere, por una parte, permitir que todos los
ciudadanos tengan más fácil acceder a cualquier sistema de
descodificación y, por otra, facilitar que todos los proveedores de
servicios de televisión de pago puedan ofrecer sus programas a todos los
consumidores de televisión de pago, bien a través de descodificadores
distintos, pero compatibles entre sí, o bien a través del llamado
descodificador multiuso o descodificador universal.
Para entender la finalidad de la directiva comunitaria y, por tanto, del
real decreto-ley que incorpora al ordenamiento jurídico español la
directiva es preciso hacer una referencia, aunque sea breve, al principio
que en el ámbito de las telecomunicaciones inspira toda la legislación
comunitaria, que no es otro que el principio de redes abiertas, y el
principio de redes abiertas en materia de telecomunicaciones tiene dos
finalidades muy concretas. Una es defender a los consumidores y otra
favorecer la libre competencia. Para la defensa de los consumidores, la
aplicación del principio de red abierta a la televisión digital por
satélite de pago, la legislación comunitaria y el real decreto-ley tratan
de cumplir dos finalidades, ampliar o facilitar la gama de elección en el
supuesto de que haya varias posibilidades en el mercado y evitar que las
decisiones del mercado puedan traer consecuencias negativas para los
consumidores. Todas SS.SS. recordarán el perjuicio que se causó a los
consumidores por la pugna entre el sistema VHS y el sistema Beta en lo
que se refiere a la reproducción por vídeo. Para evitar que esas
decisiones del mercado puedan perjudicar a los consumidores la
legislación comunitaria se adelanta e impone unos determinados requisitos
y, al mismo tiempo, esta legislación trata de favorecer la libre
competencia.
¿Qué se entiende por favorecer la libre competencia en este caso concreto
de la televisión digital por satélite a través de descodificador o
sistema de pago? Tratar de evitar que puedan generarse abusos de posición
dominante. A este respecto la legislación comunitaria es tributaria de la
legislación norteamericana. Debe recordarse que las autoridades
norteamericanas impusieron la desmembración de la gran compañía
norteamericana de telecomunicaciones AT&T en cinco compañías, porque
había una posición prácticamente monopolística, había permanentemente un
abuso de posición dominante y, por tanto, intervino la autoridad para
dividir por cinco, de manera imperativa, un monopolio que había alcanzado
tal cúmulo de poder que ponía en riesgo la propia libre elección del
presidente de los Estados Unidos. Por eso se decía -y se dice-, en un
país democrático que de estas cosas sabe bastante y, en principio, va por
delante, que nadie puede tener más poder que el presidente de los Estados
Unidos, y con ello se hace referencia a la posibilidad de que desde la
sociedad civil se formen concentraciones de poder que puedan influir o
condicionar excesivamente la libre elección de los ciudadanos.
La defensa de la libre competencia tiene también otra finalidad, que es
evitar que los procesos de integración vertical, en principio legítimos,
sin embargo, puedan llegar a crear barreras que dificulten la libertad de
elección de los consumidores. Por esa razón, cuando hablamos de
televisión de pago, la legislación comunitaria impone tres obligaciones.
Primero, obligación de dar acceso a todos los programadores a través de
un único sistema de descodificación, en condiciones equitativas,
razonables y no discriminatorias. La legislación comunitaria y el real
decreto-ley establecen también que los descodificadores se ajusten a un
determinado tipo estándar, con objeto de garantizar esa libertad de los
programadores y esa libertad de elección de los ciudadanos, e impone
asimismo que los sistemas de transmisión se ajusten a determinados tipos
de estándares.
Para conseguir estas finalidades la legislación comunitaria sobre el
principio de red abierta acude a algunos medios. Por ejemplo, establecer
que determinado tipo de precios deberán orientarse a costes, con objeto
de evitar que a través de un precio que podría resultar abusivo se
distorsione la libre competencia, e impone también a quienes operan en el
mercado el principio de separación de cuentas, para saber exactamente
cómo se pueden fijar los precios con arreglo a costes, eludiendo la
posibilidad de que, mediante subsidios o subvenciones cruzadas, se pueda
disfrazar el precio o los costes de los diferentes servicios que prestan
los operadores. Con las mismas finalidades, la legislación comunitaria
introduce una regulación de los descodificadores, imponiendo un
determinado modelo o unos determinados requisitos técnicos que faciliten
la libre elección de los consumidores y la libre competencia.
Estos son los principios que inspiran la legislación comunitaria. Se
trata de que el gran principio de red abierta se aplique también en la
fase en que vivimos al mercado de la televisión digital por satélite a
través de descodificador o sistema de pago y que el real decreto-ley que
hoy debatimos incorpora al ordenamiento jurídico español.
Voy a hacer ahora un breve repaso de lo que este real decreto-ley
incorpora en términos estrictos y literales. El artículo 1 se limita a
declarar la incorporación al derecho español de la directiva y, a tal
efecto, reproduce unas definiciones, derivadas de otra normativa
comunitaria, que son las del sistema de acceso condicional y la de los
servicios de acceso condicional, y a continuación se refiere a las
especificaciones técnicas que contiene la directiva. En este artículo 1
se crea un registro para conocer el cumplimiento de las especificaciones
técnicas que contiene la directiva e incorpora el real decreto-ley. El
registro tiene la mera finalidad de que se pueda conocer el cumplimiento
de condiciones que, aunque técnicas, son básicas para que pueda operar la
libre competencia en el mercado y para el acceso de los ciudadanos a una
posibilidad real de elección. La inscripción no tiene, pues, carácter
constitutivo y se basa en la autodeclaración del interesado, que debe
acompañar, como es lógico, las certificaciones pertinentes de que cumplen
los requisitos técnicos que impone la directiva e incorpora el real
decreto-ley.
El artículo 2 regula actuación de la Administración en los supuestos en
los que se pueda considerar que existe una situación de abuso de posición
dominante en el mercado. De ahí que el precepto introduzca la obligación
de la Dirección General de Telecomunicaciones de denunciar abusos de
posición dominante, y el artículo 2 lo hace remitiéndose a normas
reguladoras de la competencia. No se le atribuye ninguna competencia
singularizada, sino, simplemente, la obligación de poner en conocimiento
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, en su caso, del
Tribunal de Defensa de la Competencia las situaciones de abuso de
posición dominante que se puedan dar en el mercado.
El artículo 3 armoniza el contenido de la directiva con el régimen de
otorgamiento de títulos habilitantes propio de la normativa española. Se
exige a los operadores algo obvio, que si pretenden emitir por satélite
con tecnología digital, habrán de ajustarse al contenido de las
disposiciones técnicas de la directiva que, por virtud de este
decreto-ley, pasa a integrarse en el ordenamiento jurídico español. Para
ello se establece un sistema de autorización reglada, es decir, no
discrecional. Cumplidos los requisitos técnicos, legales y
reglamentarios, la autorización se otorga automáticamente.
El artículo 4 contiene dos preceptos para la protección de los
consumidores y de los usuarios. Por el primero, se garantiza la
indemnización a éstos en caso de suspensión del servicio por los
operadores de televisión que empleen tecnología digital y cuya recepción
exija contraprestación económica de los usuarios. Ni que decir tiene que
la cuantía de la indemnización es algo perfectamente opinable y que puede
someterse no solamente a discusión, sino a revisión. Por virtud del
segundo precepto, contenido en el artículo 4 y en garantía de los
usuarios, se requiere que los depósitos que estos deban prestar al
operador por el descodificador sean entregados a la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. Con ello se quiere proteger a los usuarios
frente a cualquier situación de insolvencia del operador que impida la
devolución de lo entregado. El esquema que se sigue, tradicional en
nuestro derecho, es el que desde hace tiempo se instauró en materia de
arrendamientos urbanos, está recogido en la vigente Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1994, cuya disposición adicional tercera permite el depósito
de las cantidades entregadas en concepto de fianza arrendaticia a
disposición de la Administración autonómica o del ente público que se
designe.
El artículo 5 contiene los requisitos técnicos aplicables a la emisión de
servicios de televisión por cable, por satélite o por redes terrestres.
Este precepto incorpora literalmente el contenido de la directiva
comunitaria. Lo mismo cabe decir del artículo 6 que afecta a la conexión
de interfaz abierto en los aparatos receptores de televisión. El artículo
reproduce literalmente el texto de la directiva.
Igualmente, el artículo 7, que enumera los requisitos aplicables al
acceso condicional a los servicios de televisión digital, reproduce
literalmente el texto de la directiva. Querría destacar el precepto de la
letra c), que transcribe el artículo 4 c) de la directiva, que es, por
así decirlo, el núcleo de la regulación de los descodificadores. En él se
establece una obligación para los operadores de los servicios de acceso
condicional, es decir, en nuestro lenguaje, para los dueños de emisoras
de televisión de pago. Deben permitir --y cito literalmente-- en
condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que los
diversos programadores y entidades de difusión en general puedan hacer
llegar sus servicios de televisión digital, es decir, sus programas, a
los televidentes autorizados mediante descodificadores gestionados por
otros operadores de servicios, con arreglo a las normas de competencia y
especialmente en los supuestos de posición dominante. Este precepto
pretende que el usuario del servicio no deba tener tantos
descodificadores como prestadores de servicio de televisión de pago
existan en el mercado para recibir señales de todos ellos. En una
palabra, se pretende por la legislación comunitaria un descodificador
multiuso o, al menos, la plena compatibilidad entre descodificadores
distintos. Con ello se garantiza, de una parte, el derecho del ciudadano
a acceder a cualquier emisión con un solo descodificador y, de otra, la
desaparición de una barrera que impida
a posibles competidores el acceso al mercado de la televisión recibida a
través de descodificadores. Por lo demás, se confía a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones el cumplimiento de la referida norma y
se establece en beneficio de los usuarios que aquélla --la comisión--
podrá fijar los precios máximos que habrán de pagar los programadores por
la transmisión de sus programas a través de descodificadores
pertenecientes a las entidades de difusión de los servicios de la
televisión de pago.
El artículo 9 se limita a hacer una remisión a la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y particularmente indica que los
operadores de servicios de acceso condicional o de pago no podrán
supeditar la contratación de los servicios a la utilización de sus
propios descodificadores y de sus propios equipos de control de la
facturación. Ello está en la esencia de la normativa aplicable a los
consumidores y usuarios.
El artículo 10 regula el régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido,
que, como saben, se modifica en el sentido de suprimir el tipo bonificado
de que venían gozando los descodificadores hasta el momento actual; tipo
bonificado que solamente se aplica en tres países de la Unión Europea.
La disposición adicional única del decreto-ley se limita a regular el
régimen sancionador, remitiéndose al sistema de sanciones que recoge la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, modificada por otra
de 1992.
La disposición transitoria primera prevé, como no podía ser de otra
manera, unos plazos para la adaptación de los operadores a lo dispuesto
en el presente real decreto-ley.
La disposición transitoria segunda establece que hasta que se instaure el
régimen de libre competencia, el 1º de diciembre del año 1998, el
Ministerio de Fomento, previo informe preceptivo de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, fijará las tarifas de interconexión y
de empleo de los descodificadores, pero estas últimas requieren informe
vinculante de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En conclusión, señorías, el real decreto-ley tiene un doble objeto,
incorporar al derecho español una directiva comunitaria que aplica a la
televisión de pago el principio de red abierta de la legislación
comunitaria y, en segundo lugar, facilitar y ampliar la libertad de
elección de los ciudadanos y con ello hacer posible la libre competencia.
Es un real decreto-ley breve, cuyo contenido acabo de describir y al que
me he referido sustancialmente. Querría concluir haciendo una nueva
alusión a la finalidad que persigue la legislación comunitaria y el real
decreto-ley.
Es una norma en favor de los derechos de los ciudadanos, a los que
garantiza el acceso sin barreras artificiales a la pluralidad de
servicios de televisión de pago que el mercado ofrezca. Es una norma que
asegura a todos los operadores o programadores de televisión de pago su
acceso al mercado televisivo en igualdad de condiciones. Es una norma que
favorece la libre competencia propia de un mercado libre, porque sólo hay
libre competencia si los ciudadanos pueden, sin barreras, elegir
libremente.
Este es el real decreto-ley que el Gobierno somete a la convalidación de
la Cámara, y para ello solicita el voto favorable de sus señorías. Lo
demás, señorías, todo lo demás no está ni en el decreto-ley ni en la
directiva. Son valoraciones siempre libres y legítimas, pero a veces
equivocadas y con frecuencia interesadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra del real decreto-ley? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Presidente, señor Ministro, señor
Vicepresidente, señorías, intervengo ante esta Cámara para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el Real
Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpora al derecho
español la Directiva 95/47, de 24 de octubre, de la Comisión Europea,
sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se
aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Para
hacerlo, comenzaré esta exposición ante SS.SS. reconstruyendo los
avatares de todo tipo que han precedido a la aprobación de esta norma por
el Gobierno en su reunión del pasado 1 de enero, analizando sus
contenidos, sus posibles consecuencias, así como las circunstancias
políticas que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, han motivado
que hoy nos encontremos aquí discutiendo la preceptiva convalidación de
este real decreto-ley.
Empezaremos, pues, por su tramitación. El 13 de noviembre de 1996 el
Consejo asesor de telecomunicaciones dictaminó un proyecto de real
decreto por el que se aprobaba el reglamento técnico y de prestación de
servicio de telecomunicaciones por satélite, en desarrollo de la ley del
mismo nombre. Dicho real decreto, que no incluía en ese momento la
trasposición de la directiva de la Comunidad Europea, de 25 de octubre,
sobre transmisión de señales por televisión, fue informado por el Consejo
de Estado el 26 de diciembre de 1996. Les ruego que retengan estas dos
fechas: 13 de noviembre y 26 de diciembre de 1996. Sin embargo, el
Consejo de Ministros, en su reunión de 24 de enero de 1997, decide
alterar sustancialmente el contenido de esta norma e introducir en ella
la trasposición de la directiva.
Tal es la magnitud de las modificaciones introducidas, que el Gobierno
se ve obligado a repetir la tramitación
del real decreto y hacerlo al tiempo tratando de incorporarse, señor
Ministro, al libro Guinness de los récord, en lo que a velocidad de
tramitación administrativa se refiere. Así el Gobierno envía el nuevo
texto de real decreto, que ya incorpora la directiva, ahora sí, al
Consejo de Estado el mismo día 24 de enero por la tarde, dando a dicha
institución un perentorio plazo de cinco días para el informe, algo por
cierto insólito, como usted sabe, en el funcionamiento del mencionado
Consejo; insólito, señoría. Convoca con 48 horas justas, y un domingo por
medio, para el siguiente lunes, por tanto, al Consejo asesor de las
telecomunicaciones, donde presenta in situ el nuevo texto de real
decreto, en una peculiar sesión en la cual los representantes del sector
audiovisual privado, obviamente incapacitados para hacer la más mínima
sugerencia a una norma que acababan de conocer, votan en contra. Los
representantes del sector autonómico se abstienen, pero, eso así, los
representantes de Radiotelevisión Española presentan un detallado estudio
del nuevo real decreto, que se incorpora plenamente al dictamen. Este
dictamen, emitido el 27 de enero, se incorpora al texto, que en una nueva
versión es a su vez remitido, según consta en el propio dictamen del
Consejo de Estado, la tarde del 27 de enero al Consejo de Estado, que lo
informa el 30 de enero.
En resumen, para no aburrir a SS. SS., 48 horas, domingo de por medio,
para que el Consejo asesor de telecomunicaciones dictamine el decreto y
otras 48 horas para que el Consejo de Estado, la permanente, dictamine el
real decreto. Un plazo de 48 horas que, por cierto, parece gustarles
mucho, porque es lo que tarda la inspección de telecomunicaciones en
entrar en un conocido hipermercado madrileño a la búsqueda de unos
cuantos descodificadores; 48 horas, su plazo preferido.
No es de extrañar, pues, señor Ministro, que el propio Consejo de Estado
puntualice que ha examinado el texto --cito textualmente-- dentro del
breve plazo concedido, insuficiente para un tema cuya complejidad
requeriría una más larga meditación. Fin de la cita. Pero lo importante
es que el decreto se dictamina. Así las cosas, el Consejo de Ministros
puede examinar el 31 de enero, siete días después, un nuevo texto, y en
un nuevo giro aprueba no el texto, una parte del mismo como real decreto
y otra, con algún añadido sustancial que comentaré luego, como real
decreto-ley.
Detengámonos un momento aquí. ¿Qué ha pasado entre el 13 de noviembre,
fecha en que emite el dictamen el Consejo asesor de telecomunicaciones
sobre el texto original de real decreto que no incorporaba la directiva,
y el 24 de enero en que el Gobierno decide incorporar la directiva? O
dicho de otra manera, ¿por qué cuando ya el Gobierno tiene informado
favorablemente un texto de real decreto decide cambiarlo y a una
velocidad insólita, que lleva a ritmos esperpénticos, señor Ministro, el
trabajo normal de las instituciones del Estado, algunas tan serias como
el Consejo de Estado, decide tramitar un nuevo texto de real decreto?
¿Será, como dicen los portavoces gubernamentales, para proteger el
interés general de los consumidores, a los que, por cierto, nadie
consulta en este proceso? ¿Tendrá, por el contrario, algo que ver con el
denominado pacto de Nochebuena, en el que se firma un acuerdo entre las
cadenas de televisión que han adquirido los derechos de fútbol que
conforman nuestra liga nacional? ¿O quizá, por ventura, tendrá algo que
ver con la comercialización de la llamada plataforma Canal Satélite,
anunciada --fíjense qué casualidad-- para el día 30 de enero de 1997?
Pues bien, la respuesta, desgraciadamente, no la podemos encontrar en la
explicación del Gobierno, empeñado en arropar esta insólita tramitación
administrativa en la bandera de los intereses generales. Sin embargo, uno
de sus aliados mediáticos no vacila en destapar la razón de este proceso
cuando, a toda página, titula en su primera edición del día 25 de enero
de 1997, cito textualmente: La plataforma Polanco-Asensio abocada al
fracaso al reservarse el Gobierno la homologación de los
descodificadores. Fin de la cita. Por cierto, tal explosión de júbilo
debió parecer poco pudorosa, porque en la segunda edición se sustituyó la
expresión: abocada al fracaso, por la más piadosa: podría quedar
desbaratada. Y añado más, que el Gobierno, como ha hecho por medio de
algún portavoz cualificado, no trate de cubrirse argumentando la
necesidad de legislar antes de que se produzca la comercialización de
ninguna plataforma para dar seguridad a los ciudadanos, que no lo haga,
porque los planes de la plataforma que en ese momento está saliendo a la
luz son conocidos desde junio de 1996.
En definitiva, señoría, conocían los planes de esa plataforma, lo que no
conocían era lo que iba a suceder el día 24 de diciembre, día de la
denominada significativamente crisis de Nochebuena por algún diario afín
al Gobierno, día en que portavoces gubernamentales calificaron de
traición la actitud de algún empresario de comunicación, lo que no
sabían, señorías, es que los derechos del fútbol iban a estar en manos de
una plataforma digital distinta de la auspiciada por el Gobierno,
comprometiendo, pues, la viabilidad de ésta. Eso es lo que ustedes no
sabían.
Pero en fin, hasta aquí la tramitación, repito, esperpéntica.
Concentrémonos en el texto del real decreto. Examinemos rápidamente su
constitucionalidad, algo que importa mucho en esta Cámara. Es conocido
que el artículo 86.1 de la Constitución permite al Gobierno la
utilización del instrumento del decreto-ley, aunque la misma se somete a
estrictos límites, entre los que destacan, primero, la existencia de una
situación que pueda calificarse como de extraordinaria y urgente
necesidad y, segundo, que en ningún caso afecte al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de
los ciudadanos, regulados
en el Título I de nuestra Constitución, al régimen de las comunidades
autónomas, ni al derecho electoral general. Por otra parte, la
utilización del decreto-ley, como ustedes saben, ha sido objeto de
diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, entre los que
destacan cuatro sentencias que les recomiendo leer: las números 29/82,
6/83, 111/83 y 60/86.
Desde la perspectiva de la concurrencia de la extraordinaria y urgente
necesidad, resulta necesario iniciar el análisis de la adecuación del
decreto-ley con el estudio de la motivación que para su promulgación se
contiene en la exposición de motivos del mismo. Con carácter general, y
sin perjuicio de lo que diré más adelante en relación con el artículo 10
del régimen del IVA, se observa que la única justificación que se
contiene en el preámbulo del decreto-ley en cuanto a la urgencia de la
medida, hace referencia a la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de una directiva de 24 de octubre de la Comisión Europea, no sin
antes reconocer que ya se ha incumplido la directiva, que ya se ha
acumulado un gran retraso por parte del Estado. Por cierto, la directiva
acabó su plazo de trasposición en julio de 1996. En consecuencia, la
necesidad de trasposición de tal directiva no obedece en ningún caso, no
puede obedecer a circunstancias difíciles o imposibles de prever que,
según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deberían calificar
la situación constitutiva del presupuesto habilitante al Gobierno para
promulgar un decreto-ley. Desde esta perspectiva, es evidente que destaca
igualmente la previsión del artículo 10 del decreto-ley, cuyo efecto
práctico --ya lo ha comentado el señor Ministro-- consiste en subir con
carácter general hasta el tipo general del IVA, el 16 por ciento, el
suministro de la llamada televisión de pago.
Respecto a dicho extremo, la utilización, el abuso o la arbitrariedad,
como ustedes quieran, que el mecanismo del decreto-ley ha llevado a cabo,
es evidente, llegándose incluso no sólo a obviar cualquier pretensión de
jusitificación de su carácter extraordinario, sino a reconocer
abiertamente que el único motivo que asiste a tal modificación es que
resulta razonable.
Me preocupa mucho más el segundo requisito, señorías, que es el que se
refiere a la limitación material de la utilización del decreto-ley. Pues
bien, en relación con el decreto-ley que hoy examinamos existe un
importante precedente, que S. S. conoce con toda seguridad, que es la
sentencia 31/94, de enero, sentencia que, como es sabido, permitió, ante
la ausencia de regulación, el desarrollo de la actividad de la televisión
por cable. En dicha sentencia se afirmó expresamente que la regulación de
una actividad como es la gestión indirecta de la televisión local por
cable afecta directamente al ejercicio de derechos fundamentales, como
son los reconocidos en el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución
Española.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional resulta decisivo pues de
él se deriva claramente que el derecho a la creación de medios de
comunicación se encuentra directamente amparado por las libertades
reconocidas en nuestro artículo 20 de la Constitución y que la regulación
de la actividad, en este caso de la televisión digital por satélite,
afecta directamente, en consecuencia, al ejercicio de esos derechos
fundamentales.
En la medida, pues, en que el decreto-ley que hoy se nos trae a
convalidación en esta Cámara abarca, sin duda, aspectos reguladores de la
prestación de servicios de la televisión digital por satélite, puede
afirmarse que su contenido afecta directamente a derechos fundamentales,
conclusión que no se deriva de particulares criterios interpretativos del
Grupo Parlamentario Socialista, sino, como hemos visto, de la propia
consideración de la sentencia que el Tribunal Constitucional ha hecho en
materia de cable, que es completamente paralela, lógicamente, a la
televisión por satélite. Por si cupiera alguna duda, presten atención
SS. SS., así lo reconoce explícitamente el preámbulo del propio real
decreto-ley, al relacionar el contenido del texto con el artículo 20.1.d)
de nuestra Constitución. Es decir, el propio redactor del real
decreto-ley era consciente de que estaba desarrollando un artículo de
nuestra Constitución que afecta a derechos fundamentales.
En resumen, señorías, el texto que examinamos hoy --sobre eso parece que
no hay ninguna duda y bastantes análisis se han hechos estos días en
diferentes medios de comunicación, todos coincidentes-- es
inconstitucional, señores del Gobierno; diría más, es burdamente
inconstitucional. Añado que el Grupo Parlamentario Socialista nunca
convalidará con sus votos el intento de regular por decreto-ley la
tramitación o el desarrollo de nuestros derechos fundamentales, nunca.
Nos parece una cosa extremadamente grave intentar regular por decreto-ley
el desarrollo de los derechos fundamentales.
Pero, en fin, repasemos ahora su contenido. Ya hemos visto la
tramitación, su inconstitucional burda, repito, y vamos a repasar el
contenido empezando por uno de los temas que más se ha discutido estos
días, el de los descodificadores. Debo decir que en su presentación de
hoy el señor Ministro ha clarificado algunas cosas. Como no la conocía,
yo no he tenido más remedio que remitirme a la presentación que hizo él
mismo a la prensa, en concreto cuando dijo --cito textualmente al señor
Ministro--: De la misma manera que los teléfonos de tecnología digital
permiten un simple cambio de tarjeta, los descodificadores deberán
permitir con un cambio de tarjeta pasar de un paquete de canales de una
plataforma a otra sin cambiar el aparato; textual. Loable objetivo, señor
Ministro, yo lo comparto plenamente. Ahora le hago una pregunta: ¿Me
podría decir una sola tienda en España, en Europa; le digo más, una sola
tienda en el mundo donde se venda un descodificador como el que usted
acaba de definir?
Le adelanto la respuesta: No, no me la puede dar, señor Ministro. ¿Sabe
por qué? Porque esos descodificadores todavía no se fabrican. Hoy ha
hecho algunas matizaciones interesantes, yo las haré aquí también.
De ello se deduce entonces otra pregunta. ¿Se puede parar la puesta en
marcha de una televisión digital porque todavía no estén en el mercado
los descodificadores que el Gobierno cree que son los mejores y el Grupo
Parlamentario Socialista también? La respuesta constitucional, señor
Ministro, es no, tanto más --y esto es lo más relevante-- cuanto que
existen descodificadores en el mercado que permiten la utilización
simultánea de hasta quince plataformas digitales, eso sí, siempre y
cuando los operadores se pongan de acuerdo. Estos descodificadores ya
funcionan en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, homologados
por los organismos europeos y es evidente, señor Ministro, que ustedes no
podrán prohibir su utilización en España.
¿Por qué entonces no hacen ustedes como el Gobierno alemán, que ha
recogido en la directiva que acaba de trasponer --la misma que estamos
comentando hoy aquí-- la intención de favorecer el acuerdo entre las
distintas plataformas para el uso de un descodificador compatible? Sin ir
tan lejos, por qué no hacen ustedes caso de la recomendación de Aniel, la
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas, nada sospechosa en este
debate, que solicita textualmente de la Administración que, a la mayor
urgencia, anime a las plataformas emergentes de televisión digital en
España para que lleguen a un acuerdo con el fin de que los usuarios
puedan acceder a las distintas ofertas televisivas digitales utilizando
los codificadores existentes --y añade--, así como los que en el futuro
puedan existir en cualquiera de las dos modalidades anteriormente
citadas. Retenga esto, señor Ministro: dos modalidades, referencia a la
Unión Europea y referencia al acuerdo. Ese es el tema.
En definitiva, señor Ministro, ¿por qué no dejan ustedes de desinformar a
la opinión pública? Porque lo han hecho, usted menos, algunos portavoces,
seguramente menos cualificados, muchísimo más. Porque si no lo hacen,
¿sabe qué podemos pensar? Que están ustedes tratando de sembrar dudas
sobre la viabilidad de alguna plataforma comercial concreta. ¿Por qué no
dicen ustedes a la opinión pública que las cosas son así, que hay dos
tipos de descodificadores aceptados por la Unión Europea, que uno todavía
no se fabrica y que el otro sí, pero exige el acuerdo entre los distintos
operadores? ¿Por qué no buscan ustedes ese acuerdo como hacen, por
ejemplo, gobiernos tan poco sospechosos como el alemán?
Pero hay más, señorías; déjeme comentarle algunos aspectos que me han
llamado la atención en el decreto-ley. Por ejemplo, el artículo 4.1 que
S. S. comentaba, el de los prestadores de los servicios. No lo leo porque
se me está haciendo muy tarde, pero, para que SS. SS. lo entiendan, me
refiero a aquel que dice que si se interrumpe el servicio de la
televisión de pago la empresa indemniza. Le digo una cosa, señor
Ministro, es una loable intención; le digo más --se lo reconozco
públicamente--, lo único que lamento es que no se nos haya ocurrido a
nosotros, se lo aseguro. Tan es así, que estamos pensando traer aquí una
iniciativa, que espero que apoyarán clamorosamente sus compañeros del
grupo mayoritario en esta Cámara, para que esta indemnización se aplique
a servicios como el teléfono, como la luz, como el gas, como la
electricidad, como el transporte público, por qué no si son servicios
esenciales; qué más justificación necesitamos que este artículo. Le
aseguro que nos da mucha rabia que no se nos haya ocurrido a nosotros y
esperamos simplemente contar con el apoyo del Gobierno para su
generalización. (Aplausos.) Me detendré brevemente en el artículo del
IVA, señorías, pero no para entrar en el fondo de la cuestión, que no
quiero. No quisiera, no obstante, dejar de decir que el IVA que se
aplicaba hasta ahora a la televisión de pago (!ojo! a la televisión de
pago, porque usted sabe que los descodificadores que se alquilaban tenían
un IVA del 16 por ciento) era el que con carácter general se aplicaba a
los servicios de ocio, a los parques de atracciones --he leído unas
declaraciones suyas en las que le veo interesado por este tema--,
superior al del libro, por ejemplo, que tiene un IVA superreducido del 3
por ciento.
Pero, en fin, no voy a entrar en el fondo de la cuestión, sino en su
oportunidad. ¿Por qué no se apoyó hace escasamente dos meses la enmienda
de Izquierda Unida que proponía exactamente esto? ¿Por qué no lo hicimos?
Discutimos aquí la Ley de presupuestos. ¿Por qué lo hemos hecho
justamente ahora? Porque reconocerán conmigo que ciertamente parece
rezumar mala intención en el contexto político en el que nos encontramos.
Retengan ustedes, una vez más, dos fechas: la enmienda de Izquierda Unida
del IVA en noviembre, el Decreto-ley de 31 de diciembre. ¿Qué nos queda
en medio, señores del Gobierno? El 24 de diciembre.
Pero sigamos; vayamos al esquema de autorización al que usted se ha
referido. Se impone en el real decreto, señor Ministro, un doble sistema
de autorización: por una parte, se establece --en esto España vuelve a
ser diferente, no sé si a algunos les gustará, a mí no-- un registro en
el mercado de telecomunicaciones para --cito textualmente, usted lo
decía-- conocer el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez
Rubalcaba, le ruego que vaya concluyendo.
El señor PEREZ RUBALCABA: Me queda un poquito, señor Presidente.
El real decreto que desarrolla este decreto-ley regula, por cierto, el
funcionamiento de este registro y establece que la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones tendrá que pedir un informe a la Dirección General
de Telecomunicaciones. Pues bien, en el artículo 3º del Real Decreto-ley
también se dice, y usted lo ha señalado, que la prestación de servicios
de televisión por pago requerirá la autorización. Yo me pregunto, ¿cuál
se pide antes, el registro o la autorización? ¿Por qué dos informes de la
Dirección General de Telecomunicaciones, el del registro y el de la
autorización? ¿Por qué un doble trámite?Es verdad, señor Ministro, que
cabe una interpretación de este texto: cabe imaginar que la segunda
autorización sólo se refiere a aquellos operadores que elevan la señal al
satélite desde España y que, por tanto, utilizan nuestro espacio
radioeléctrico. No me diga que sí, señoría, porque le leo el artículo 1.3
del Real Decreto-ley, en donde se define como sistema de acceso
condicional medios, dispositivos, procedimientos lógicos, todo y, por
tanto, hay una contradicción en el real decreto-ley. Este es el problema,
señoría, porque si hay que interpretar así los servicios de televisión de
pago, la pregunta es: ¿Cómo podrán pedir la autorización aquellos que
eleven la señal al satélite desde fuera de España si no existe un
procedimiento descrito en ninguna norma española? ¿Cómo se podrá hacer?
En definitiva, señorías, ustedes han montado aquí un gigantesco lío,
desde luego nada comparable al régimen transitorio cuyo desciframiento
les aseguro volvería loco al mismo Champollion (les recuerdo: el que
interpretó el jeroglífico de la piedra de Rosetta, para los que no lo
conozcan); le volvería loco. (Risas.-Varios señores Diputados: ¡Ah!--
Rumores.) Por si acaso, no viene mal. Es cosa de humanidades, como quiere
la Ministra de Educación y Cultura. (Rumores.) Y una vez más, señorías,
surgen las preguntas: ¿Por qué una norma tan difícil de comprender, llena
de imprecisiones y, aparentemente, de trámites reglamentarios inútiles?
¿Será el resultado de su precipitado proceso de elaboración o es que
alguien pretende obstaculizar el proceso de autorización de la televisión
digital en España? Me resisto a creer, se lo aseguro, que ésa sea la
intención de un gobierno liberal y comprometido con el desarrollo
tecnológico de España, por más que algunas declaraciones del Secretario
de Estado de Comunicación me lleven a la duda, cuando dice, por ejemplo,
el 24 de enero de 1997, (¡atención!): Hasta junio no habrá televisión por
satélite en España. Me resisto a creerlo.
Termino el contenido no sin antes decir que, a nuestro juicio, esta norma
vulnera un buen número de preceptos comunitarios. Sin duda, el Gobierno
español no se ha limitado a trasponer la directiva, como han hecho todos
los países de Europa; ha ido muchísimo más lejos. Serán, en todo caso,
los órganos competentes de la Comisión y, en su caso, los tribunales de
justicia europeos los que lo dictaminen, aunque cabe legítimamente
preguntarse, señor Ministro, por qué no ha hecho usted lo mismo que el
resto de los países europeos y ha traspuesto literalmente la directiva,
en lugar de elaborar una norma, permítame que le diga, sañudamente
reglamentista. Por qué, por ejemplo, se ha dado a los descodificadores
españoles un plazo de dos meses de adaptación al nuevo sistema, en lugar
de dieciocho, como la directiva alemana que están discutiendo en este
momento en el Parlamento. Por qué en España existe un doble sistema de
autorización que no hay en ninguna parte de Europa. Por qué ustedes se
reservan la homologación de los descodificadores, cosa que no hace ningún
país de Europa. Por qué nuestro Gobierno liberal se ha reservado para sí
el establecimiento de las tarifas de interconexión de los
descodificadores, eso sí, en el régimen transitorio, porque en el régimen
definitivo lo tiene la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones, pero hasta el 1 de enero de 1998 lo tienen ustedes.
¡Curiosa forma liberal de entender el Gobierno!
En resumen, señorías, estamos ante una norma que ha vulnerado la
Constitución y un buen número de directivas europeas. Les diré más, yo
creo que han vulnerado ustedes prácticamente todas las normas que tenían
que respetar. Si acaso, han respetado el Código de Circulación
(Rumores.), y eso suponiendo que el motorista que trajo la norma aquí no
se haya saltado ningún semáforo en el camino. (Risas.-- Rumores.)
Ustedes saben, señorías --y vamos ya al fondo del problema-, que esta
norma es inconstitucional, y, lo que es peor, me temo, señorías, que la
aprobaron a sabiendas de que lo era. Ustedes se presentan al Parlamento
español con una norma inconstitucional debajo del brazo, pidiendo la
complicidad de los representantes de los ciudadanos, para dar
respetabilidad a lo que yo creo, señorías --y lo he demostrado en un
análisis que no he pretendido que sea exhaustivo--, un atropello.
En realidad, estamos ante una norma que, en su estado actual, ni tan
siquiera ustedes van a ser capaces de cumplir, aunque mucho me temo que
eso sea lo que realmente se pretende. Estamos ante una norma que creo,
señorías --y me parece que hasta aquí la evidencia es clara--, no tiene
otro objetivo que perseguir, diría más, que castigar a aquellos medios de
comunicación que se resisten a ser meras correas de transmisión de las
intenciones del Gobierno. Estamos ante una norma que ustedes han aprobado
para ganar tiempo, a sabiendas de que el Tribunal la va a declarar
inconstitucional. La han aprobado sólo, señorías, para perjudicar a los
promotores de una determinada plataforma digital auspiciada por unos
medios que no son todo lo complacientes con ustedes que quisieran y,
naturalmente, para beneficiar a aquellos que, obsecuentes con ustedes,
forman parte de la llamada plataforma gubernamental defendida
reiteradamente por portavoces del Gobierno, incluso por el propio
Presidente. Voy a decirlo
con mucha más claridad. Ustedes han aprobado un real decreto-ley que nada
tiene que ver con el real decreto que estaban preparando en el mes de
noviembre, simplemente porque entremedias se produjo el llamado pacto de
Nochebuena, un pacto en el que vieron que su plataforma de televisión
digital se quedaba sin los derechos del fútbol y que, por tanto, la
plataforma de sus amigos y protectores estaba en peligro comercial.
Por si queda alguna duda, respóndanme a esta pregunta señores del Grupo
Popular: ¿Creen de verdad que estaríamos discutiendo este real
decreto-ley si no hubiera habido el famoso pacto de Nochebuena? (Varios
señores Diputados: ¡No, no, no!) Señorías, les aseguro que, no. ¿De
verdad creen, señores del Gobierno, que se puede hablar en este caso de
defensa de los intereses generales? (Varios señores Diputados: ¡No, no,
no!--El señor Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia,
Alvarez-Cascos Fernández: !Tú no, Alfredo!)
Señorías, ustedes han puesto el poder del Estado al servicio de intereses
particulares y, lo que es peor, ... (Rumores.--Protestas.--El señor
Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia, Alvarez-Cascos
Fernández: !Vosotros, vosotros!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
¡Señorías, les ruego guarden silencio!
El señor PEREZ RUBALCABA: Señorías, les voy a hacer una sugerencia.
(Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento señor
Pérez Rubalcaba. ¡Silencio, señorías!
Puede continuar, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: A los más beligerantes de ustedes les
recomiendo que, si se introducen los dedos en la boca, me pueden dar una
pitada digital, lo cual sería ciertamente ... (Risas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez
Rubalcaba, le ruego no establezca diálogos ni excite la imaginación de
los señores Diputados, le ruego también que vaya concluyendo.
El señor PEREZ RUBALCABA: Repito, señorías. Ustedes --y éste es el
verdadero problema-- han puesto el poder del Estado al servicio de unos
intereses particulares y en contra de otros intereses.
(Protestas.--Rumores.) ¿Cómo si no, señorías, explicar que un gobierno en
el que se sienta algún que otro jurista, algún que otro inspector fiscal,
gentes que se proclaman liberales, gentes que se proclaman amantes del
mercado se hayan comportado como un conjunto de iracundos arbitristas?
(Aplausos.) ¿Cómo si no explicar que usted, señor Ministro, que tiene una
impecable trayectoria democrática se preste a decir que esta norma no va
contra nadie cuando sus portavoces mediáticos el mismo día, según acabo
de demostrar, dicen exactamente lo contrario? ¿Cómo si no explicar que el
Gobierno pase por el bochorno de ver dimitir a la Directora General más
breve de la historia de la Televisión Española por discrepancias con su
empecinamiento digital? (Rumores.) ¿Cómo explicar, señores Diputados, si
no que un miembro del Gobierno inteligente pretenda ofender a los
españoles diciendo que una sola plataforma digital es pluralismo y dos es
monopolio? ¿Cómo si no explicar la incongruencia de exigir públicamente
--ya hemos visto que en la norma, no-- un descodificador que no existe en
ningún país del globo? ¿Cómo si no explicar que se ignore a las
asociaciones de consumidores, se violente al Consejo de Estado y al
Consejo asesor de las telecomunicaciones, se ignore la Constitución, se
transgredan las normas del Derecho comunitario, se desafíe al sentido
común, e incluso a la gramática? ¿Cómo si no explicar que un acuerdo como
el del fútbol, que era expresamente reclamado por los portavoces del
Gobierno algunos meses antes, se haya convertido en una verdadera
obsesión para todo el Gobierno, que ahora está dispuesto a pagar con los
impuestos de los españoles la llamada Liga de las estrellas sólo por
deshacerlo? ¿Cómo si no explicar que el Gobierno español se preste a
hacer de intermediario ante una empresa extranjera para vender los
derechos de nuestra Liga nacional? Porque les recuerdo, señorías, que el
4 de junio de 1996 el portavoz de su Gobierno decía que era
imprescindible un pacto de las emisoras de televisión y también,
textualmente, que el Gobierno no tenía ningún interés en entrar a regular
algo que no es suyo (sic).
Este comportamiento empecinado, señorías, esta obcecación, esta
hostigación no puede ser, a mi juicio, producto de un trastorno
transitorio. Me temo que nos encontramos ante la manifestación evidente
de una mentalidad autoritaria, intolerante (Rumores.), que confunde el
poder democrático con la licencia para realizar el capricho, que no
soporta las críticas ni de la oposición ni de los medios de comunicación
(Protestas.), y que cuando las recibe reacciona con destemplanza, como en
el caso de la famosa amnistía fiscal que ustedes ya se están comiendo
(Continúan las protestas.), o reacciona con la persecución pura y simple.
¿Qué es mejor, señorías, una plataforma digital, como en Alemania; tres,
como en Francia; cuatro, como en Estados Unidos? Esta es una cuestión
que, a mi juicio, no deben dirimir los partidos políticos; ni el Popular,
ni el PSOE, ni los partidos de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez
Rubalcaba, le ruego concluya.
El señor PEREZ RUBALCABA: Me quedan tres minutos, señoría.
Todos ellos podrán tener, legítimamente o no, un modelo de televisión
digital, pero ese modelo no podrá imponerse y mucho menos desde el
Boletín Oficial del Estado. Nuestra obligación es permitir que sean los
consumidores los que, con su elección, decidan; nuestra obligación es
permitir que haya una regulación de televisión digital que permita a su
vez que todo aquél que quiera poner una plataforma, la ponga. Una
regulación para todos, no contra algunos. Y nuestro deber es velar por la
salud de las televisiones públicas, por su supervivencia, por la calidad
de sus emisiones, por la imparcialidad de sus informaciones. Unas
televisiones públicas que, si así lo estiman sus responsables, deberán
poder participar en esta aventura digital; es más, en algunos casos, creo
que deberían obligadamente hacerlo.
Voy a hacer un esfuerzo por comprenderles, señorías, un esfuerzo final;
me quedan dos minutos. Ustedes reclaman medios de comunicación
obedientes, dóciles y sumisos. (Rumores.) Y se entiende, porque lo que no
se puede negar a este Gobierno es sumisión, docilidad y obediencia hacia
quienes les mandan. (Rumores y protestas.)
Voy a leerles una cita de uno de los diarios que a ustedes les jalean.
(Protestas.) Déjenme. No sé, en justicia, si decir si es un diario
gubernamental o decir más bien que se trata de un gobierno mundial, pero
la voy a leer. (Risas.) Cito textualmente. Día 30 de diciembre. Se
pregunta el editorialista: Señorías, ¿qué puede hacer el Gobierno ante el
pacto de Nochebuena? Y se contesta: Tratar de sacar una legislación
complementaria, para lo cual no podría contar con el apoyo de Pujol, pero
sí con el de Izquierda Unida o, lo que sería más práctico, impedir la
utilización del fútbol como palanca de la televisión de pago. ¿Les suenan
a ustedes estas directrices políticas? (Rumores.) ¿No les parece una
sorprendente capacidad de predicción? Hay muchísimas más, señorías.
(Rumores.) Ustedes se han presentado aquí con el triste cometido de pedir
la convalidación de una norma hecha, señorías, para castigar a los grupos
de comunicación no alineados y compensar a los afines. (Risas.) Han
exhibido, señorías, a lo largo de las últimas semanas, un palmarés de
autoritarismo y de extremismo. Han creado inseguridad política,
incertidumbre empresarial, crispación ciudadana. (Rumores.) Desde hace
unos días, señorías, los españoles saben que el fiscal puede llamar a su
puerta si se opone a los deseos de este Gobierno. (Rumores.) Y ustedes me
dicen que no ordenaron al Fiscal General del Estado. Yo le creo, señoría,
le creo y añado: Muchísimo peor. Muchísimo peor. (Rumores.) Termino ya.
Lo que vamos a votar dentro de unos instantes es la convalidación de un
decreto-ley que todos sabemos que es inconstitucional. Vamos a votar la
convalidación de una norma que es incompatible con la legislación
europea; vamos a votar la convalidación de una norma que es ridícula por
su reglamentismo. Pero eso, señorías, no es lo peor. Este no es el
verdadero problema. Ningún decreto-ley, ninguno, ni éste, en su actual
redacción, va a impedir que en España operen aquellos grupos de
comunicación que lo quieran hacer, porque les ampara la Constitución y
les ampara el Derecho comunitario. Eso, ustedes lo saben, señorías. Ese
no es nuestro problema, se lo aseguro. Lo grave, lo verdaderamente grave
es que nos disponemos a votar una determinada forma de hacer política.
Una forma de hacer política que cree lícito perseguir al medio de
comunicación que no se doblega, una determinada forma de hacer política
que se permite crispar y dividir a la sociedad para extraer presuntos
réditos electorales (Rumores.), una forma de hacer política que practica
la intolerancia y que se muestra dispuesta a utilizar cualquier resorte
del Estado para atemorizar a sus oponentes. El Grupo Parlamentario
Socialista no va a convalidar con sus votos esa política, señorías.
(Rumores.) Una política que mañana puede dirigirse contra cualquiera que
ose decirle que no a este Gobierno. De eso hablamos hoy aquí, señorías.
Estamos hablando de un problema de libertad, en este caso de un problema
de libertad de expresión. Puede haber grupos parlamentarios que, aun a
sabiendas de todo esto, se sientan forzados, por responsabilidad, a votar
afirmativamente para lo que consideran legítimamente que es un mal mayor:
la apertura de una crisis parlamentaria, aunque es evidente que esa
apertura sólo sería responsabilidad del Gobierno conservador. Puede haber
otros grupos parlamentarios que crean honestamente que es necesaria la
trasposición de la directiva; nosotros, también. En todo caso, lo que
solicito, a unos y a otros, es que, cuando menos, fuercen a este Gobierno
a tramitar este decreto-ley como proyecto de ley y a que dicha
tramitación se haga por trámite de urgencia. Les pido que, con su voto,
no consumen un atropello y les pido, a su vez, que, con su voto, permitan
que nuestro país disponga de una ley adecuada a la Constitución, una ley
respetuosa con nuestras normas comunitarias y, sobre todo, una ley
respetuosa con la libertad de elección de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos prolongados.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Rubalcaba.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Es una pena, señoría, que haya terminado haciendo un mitin y no un debate
parlamentario. (Rumores y protestas.) Es triste porque, habitualmente, en
los mítines se tiene muy poca memoria. Usted ha hablado
aquí de muchas cosas que no tienen nada que ver con el real decreto-ley,
y lo lamento. Ha hablado aquí de una determinada forma de hacer política
y ha contado usted una historia, pero ha empezado la historia a la mitad.
La historia hay que empezarla mucho antes. Y vamos a ver cómo en esa
historia se dan una serie de casualidades que, puestas juntas, producen
una decisión política que sí debe ser sometida a enjuiciamiento y a
valoración de esta Cámara.
En esta historia hay varias casualidades, que empiezan mucho antes de las
elecciones de junio del pasado año. La primera casualidad es que la Ley
reguladora del IVA, de 28 de diciembre de 1992, seis meses antes de las
elecciones de 1993, coloca a los descodificadores un IVA reducido, el 6
por ciento. Solamente tres países de la Unión Europea, Francia, Austria y
Grecia, colocan el IVA reducido, que está pensado para los productos de
primera necesidad.
Hay una segunda casualidad en esta historia, señoría: tres meses antes de
las elecciones de junio de 1993, las normas que regulan los
descodificadores, y que figuran en el proyecto de real decreto que el
Gobierno de entonces somete, el 15 de marzo de 1993, al Consejo asesor de
telecomunicaciones, concretamente en sus artículos 28, último párrafo, y
32, también último párrafo, desaparecen del texto que publica el Boletín
Oficial del Estado. Lo que se regulaba en un proyecto de real decreto,
dando todas las competencias al entonces Ministro de Obras Públicas,
desaparece casualmente en el texto que se publica en el Boletín Oficial
del Estado y los descodificadores carecen de regulación en el
ordenamiento jurídico español, con lo que se crea una situación de
alegalidad. Segunda casualidad de esta historia. Segunda casualidad.
Tercera casualidad. Tres meses antes de las elecciones de marzo de 1996,
y por virtud de dos leyes aprobadas por esta Cámara simultáneamente --en
diciembre de 1995--, la televisión por satélite deja de ser servicio
público, mientras que la televisión por cable queda incluida en el
concepto de servicio público. En el marco de ambas leyes --satélite y
cable-- ya entonces estaba en marcha un mismo proyecto empresarial,
aunque doble, por otra parte, legítimo. El primero requería la ausencia
de cortapisas; fuera el concepto de servicio público. El segundo requería
un acuerdo con la Compañía Telefónica para explotar su red de cable en
régimen de monopolio; bienvenido sea entonces el concepto de servicio
público. Una brillante casualidad.
Cuarta casualidad. Dos días antes de las elecciones del 3 de marzo de
1996 --dos--, el primero de marzo de 1996, el Consejo de Ministros adoptó
un acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29, por el que
se aprobó la operación de concentración de empresas entre Telefónica y
Canal +. Para comprender el alcance de esta decisión, hay que referirse
al acuerdo de Telefónica y Canal + de 26 de julio de 1995. Señorías,
ustedes que piden transparencia, acuerdo secreto al que ni siquiera pudo
acceder en su integridad el Tribunal de Defensa de la Competencia!
(Rumores.)
Y aquí, señorías, hay que hacer un paréntesis para que la Cámara
entienda, continúe entendiendo, cuál es la historia completa de este
proceso. Cuando hablamos de una red de cable englobamos cuatro elementos
básicos: la red en sentido físico, los contenidos, el sistema de
descodificación y el servicio de atención al abonado. En el acuerdo
Telefónica-Canal +, Telefónica, monopolio controlado por el Gobierno
plenamente entonces, se reservaba la red, pero la ponía a disposición de
Canal +, de un grupo privado. Y, además, ponía a disposición de Canal +
otros tres elementos. Ese acuerdo secreto significaba lo siguiente:
primero, que Telefónica, es decir, el Gobierno de entonces, elige un
proveedor, Canal +, y lo nombra jefe de compras, con el evidente
perjuicio para el resto de las empresas programadoras y con el privilegio
de disponer de los 2.500 millones de pesetas diarios de cash flow que
tiene Telefónica. (Rumores.) Significa también, señorías, que Telefónica,
controlada por el Gobierno y empresa que en muchos aspectos tiene una
tecnología punta, cede a Canal + todas las decisiones sobre el sistema de
descodificación. Y significa, finalmente, que Telefónica, controlada por
el Gobierno y empresa con casi 16 millones de clientes, cede una vez más
a Canal + ni más ni menos que el servicio de atención al cliente,
elemento básico, como es sabido, para que los clientes sean fieles.
Señoría, éste es probablemente el acuerdo más inmoral de la historia de
la democracia española. (Aplausos.) Porque nadie, ningún gobierno
(Aplausos.), ningún gobierno en la historia de la democracia española se
ha atrevido a poner un monopolio público a disposición de los intereses
de un grupo privado que defiende intereses legítimos. Por ello no es
criticable el grupo privado y sí el Gobierno de entonces. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
De las prisas del último Gobierno del Partido Socialista para aprobar el
acuerdo de concentración de empresas, que había criticado duramente el
Tribunal de Defensa de la Competencia, de esas prisas se produjo una
serie de consecuencias, señoría. El Tribunal de Defensa de la Competencia
consideró improcedente el acuerdo de concentración de empresas entre el
Gobierno y una empresa privada. En el orden jurisdiccional civil, la
conducta fue calificada como constitutiva de competencia desleal. En el
orden contencioso-administrativo, el fiscal se sumó a la pretensión de
suspensión de la efectividad del acuerdo del Consejo de Ministros. Y en
el orden comunitario, la Comisión Europea la consideró como un supuesto
atentatorio contra la Ley de la competencia.
Señoría, ésta es la primera parte de toda la historia. Y cuando usted
cuente la historia, cuente la historia completa, porque ustedes, como
Gobierno, sí legislaron y sí actuaron a favor de un grupo privado que les
era particularmente favorable. Y este Gobierno (Aplausos.)
está defendiendo con esta normativa la libertad de los ciudadanos y la
libertad de los consumidores. Porque lo que este Gobierno no va a
aceptar, señoría, es que los intereses generales se defiendan desde los
intereses de un grupo privado. En una democracia, los intereses generales
los define el Gobierno y los definen las Cámaras y nadie más, y lo que
apruebe esta Cámara y lo que aprueba el Gobierno tiene la presunción de
legitimidad, señoría. Todo lo demás es, sí, favorecer, no ya intencionada
o implícitamente, sino explícitamente los intereses de un grupo privado.
Usted ha hecho un juicio de intenciones en su intervención y a mí me
gustaría realizar otro tipo de debates. Y yo le invito a usted a hacer un
debate sobre los hechos, no sobre las intenciones. Si se quiere, un
debate sobre las razones, no sobre las intenciones. Por eso, le decía a
S. S. que ha terminado usted haciendo un mitin.
Yo le digo que me discuta estos hechos, estos, no otros. Es un hecho que
el 23 de noviembre de 1995 el diario oficial de las Comunidades Europeas
publicó la Directiva 95/47 sobre el uso de normas para la transmisión de
señales por televisión, fecha en la que entró en vigor; eso es un hecho.
Es un hecho que el artículo 8 de la directiva da a los Estados miembros
un plazo de nueve meses, plazo excepcionalmente breve en la práctica
comunitaria, que habitualmente oscila entre un año y dos para incorporar
directivas comunitarias; da un plazo de nueve meses para incorporarla a
los ordenamientos jurídicos nacionales. Es un hecho que tal plazo de
nueve meses venció el 23 de agosto de 1996, tres meses después de la
entrada en funciones de este Gobierno. Es un hecho que los
descodificadores actualmente existentes en distintos países de la Unión
Europea son anteriores a esa directiva, todos, son anteriores a esa
directiva. Es un hecho que, por carta de 16 de enero de 1997, el
Comisario de la Competencia, señor Van Miert, se dirigió, en nombre de la
Comisión, al Gobierno español denunciando el incumplimiento de la
obligación de incorporar la directiva al ordenamiento jurídico español.
Es, por tanto, también un hecho que España no había dado cumplimiento a
su obligación de incorporarla y el Estado español podía incurrir en
responsabilidad. Es un hecho que la directiva --y cito literalmente--
considera deseable que las normas comunes para la transmisión digital de
señales de televisión por satélite se elaboren antes de la introducción
en el mercado de los servicios vinculados a la televisión digital por
satélite. Fin de la cita. Es un hecho, señoría, que en España había
proyectos inmediatos para introducir descodificadores distintos en el
mercado de la televisión digital de pago por satélite, al amparo de una
situación de alegalidad creada por ustedes. Es un hecho que esta suma de
hechos definen un panorama de urgencia que, en aras de evitar la
responsabilidad del Estado español, viene a resolver el decreto-ley que
hoy se somete a la convalidación de esta Cámara. Es un hecho que la
directiva que el decreto-ley incorpora, literalmente, tiene como
propósito
--y vuelvo a citar textualmente-- favorecer eficazmente la libre
competencia y con ella la libre elección por los ciudadanos de la oferta
que consideren más atractiva. Es un hecho que para alcanzar tal objetivo
resulta necesario un descodificador técnicamente capaz --cito de nuevo
textualmente la directiva-- de garantizar que todos los proveedores de
servicios de televisión de pago puedan en principio ofrecer sus programas
a todos los consumidores de televisión de pago en la Comunidad Europea.
Es un hecho, finalmente, en consecuencia, que la garantía que exige la
directiva para favorecer a los ciudadanos sólo se alcanza si los
descodificadores que se pongan en el mercado son compatibles entre sí o
tienen la calificación de descodificador multiuso.
Señoría, comete usted un gravísimo error. Los descodificadores no se
venden. Nadie va a un supermercado a comprar un descodificador. Se
suscribe uno a un paquete de canales y le dan el descodificador, pagando
adicionalmente para poder verlos. De lo que trata la legislación de la
Comisión Europea, señoría, es de separar claramente el negocio de los
canales de televisión del negocio de los descodificadores. Lo que quiere
la legislación comunitaria es que el descodificador pueda llegarse a
vender como un electrodoméstico, para que, con cualquier descodificador
que se compre, se puedan ver todas las ofertas de televisión.
Señoría, cuando la Comisión Europea pone en vigor una normativa, no
pregunte al Gobierno español cuál es la capacidad técnica. La directiva
comunitaria recoge unos requisitos técnicos que hoy la técnica está en
perfectas condiciones de aportar. Lea usted las recientes declaraciones
de los responsables de las grandes multinacionales, algunos de los cuales
se comprometen a tener en el plazo de dos meses el descodificador más
perfecto posible, que, como sabe S. S., es el que contiene el sistema
Multiscript, que es el que permite el multiuso y la plena compatibilidad
con respecto a cualquier plataforma digital que haya no solamente en
España sino en la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego concluya.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, termino. Termino con unas referencias a cuestiones que ha
planteado S. S., cuestiones formales.
Señoría, sabe usted --lo debería saber, porque han estado muchos años en
el Gobierno y han aprobado muchos decretos-leyes-- que las circunstancias
de urgencia y de extraordinaria necesidad corresponde apreciarlas al
Gobierno, bajo el control del Tribunal Constitucional y, eventualmente,
bajo el control político
de esta Cámara. Y es abrumadora la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional dando una interpretación laxa, muy amplia y muy flexible
para que los gobiernos puedan utilizar los decretos-leyes para hacer
frente a circunstancias de urgencia. Aburriríamos a la Cámara señalando
la cantidad de sentencias que han declarado la plena constitucionalidad
de decretos-leyes cuando se había impugnado su urgencia o extraordinaria
necesidad. Ese es un concepto jurídico indeterminado y cuando se dan
circunstancias de urgencia y de necesidad que el Gobierno aprecia está
plenamente justificado el decreto-ley, de acuerdo con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
Los plazos a los que se refiere S. S. El decreto-ley se va a tramitar
como ley; ampliémoslos. Pero el problema de España, señoría, no es el de
Alemania. España no tenía colocados, a Dios gracias, descodificadores
digitales para la televisión de pago. Por tanto, la amplitud de los
plazos es absolutamente irrelevante. Absolutamente. Lo que hace el
decreto-ley es, por si hubiera habido en esa situación de alegalidad 100,
200, 400, 2.000 ó 3.000, dar un plazo razonable para que esos
descodificadores se adapten a la directiva comunitaria, señoría. Usted
habla del decreto-ley, yo hablo de la directiva comunitaria. Porque el
decreto-ley, en el terreno de los descodificadores, reproduce
literalmente la directiva comunitaria y no añade ni una mínima
prescripción nueva.
Y termino, señorías. Todo lo que usted ha dicho sobre las autorizaciones
y las certificaciones, todo eso, es una argumentación jurídica destinada
no sé a qué finalidad, porque no tiene ningún sentido. El régimen de
autorización, en el ordenamiento jurídico español, implica justamente la
existencia de un sistema liberalizado. Se trata de autorizaciones
regladas y, por consiguiente, cumplidos los requisitos técnicos que
establecen los reglamentos y las leyes y la directiva comunitaria, la
autorización se concede. El registro tiene única y exclusivamente la
finalidad de poder conocer, por autodeclaración del interesado, que se
cumplen las prescripciones técnicas. No hay ninguna restricción y ninguna
limitación.
Señor Presidente, concluyo.
Señoría, usted tendrá que demostrar, en el terreno de los hechos y en el
terreno de los requisitos técnicos, que este decreto-ley no favorece la
libertad de elección de los ciudadanos. Usted tendrá que demostrar que
este decreto-ley no favorece la libre competencia, porque todo lo que en
él se dice, al reproducir una directiva comunitaria y al ampliar la
libertad de elección de los ciudadanos, está en la mejor tradición del
Estado de Derecho y en la mejor tradición de la legislación de la Unión
Europea.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Empezaré muy brevemente por las primeras
consideraciones del señor Ministro, no sin antes advertirle que aquí no
se viene a hablar de nuestra política, sino de la suya. Acostúmbrense de
una vez. (Rumores.) Porque ayer, en la sesión de control parlamentario,
me parece que tuvimos 15 preguntas y en las 15 los señores del Gobierno
hablaron de lo nuestro. No, no. Hablen de lo suyo, que están gobernando.
No inflen pecho en su casa, gobiernen. (Rumores.) Voy a otra cosa. Señor
Ministro, empiezo por la nota que le habían preparado sus servicios, que
entiendo que se la han preparado un poco mal. Los descodificadores en
España, hoy, pagan el 16 por ciento de IVA, el alquiler. Por tanto, no me
diga nunca más que pagan el 6, se lo he dicho antes al señor De Grandes.
Lo que paga el 6 es el servicio de televisión por pago, igual que el
resto de los servicios de ocio; como los parques de atracciones, y más
que los libros. Por tanto, no entren por ahí, porque no es verdad lo que
están diciendo. No es verdad. Compruébelo cuando llegue al Ministerio.
Segundo. Los descodificadores de los que habla, del decreto. Entérese
bien. Ese decreto del año 1993, si no recuerdo mal, no desarrolla esta
ley; desarrolla la Ley de televisión por satélite del año 1992. Y no
habla de estos descodificadores, sino de los analógicos, que no son
digitales; no tienen nada que ver con esto.
¿Sabe usted por qué no se sacó ese decreto? Porque se aprobó la ley de
liberalización de la televisión por satélite. Por eso no se sacó, porque
el Gobierno español estaba ya discutiendo en la Comisión Europea una ley
que iba a hacer innecesaria esa regulación, ya que iba a haber que
regular los digitales. (Rumores.) Sí, señorías. Si ustedes, en lugar de
leer tanto un periódico como el que leen, leyeran los informes del
Ministerio se darían cuenta de que es así, porque la acusación que usted
acaba de hacer aquí era portada de un periódico nacional hace escasamente
dos semanas. Lean el BOE y el informe de los técnicos, no los periódicos.
Así no meterá la parta como hoy aquí.
Señoría, no se define servicio público a la televisión por cable porque
haya una ley de liberalización en Europa que lo impide. Y usted lo sabe
perfectamente. Por tanto, no saque consecuencias de legislar a favor de
nadie por eso. Es trasposición. Nosotros, sí. Literal de la directiva.
Por tanto, de esas cosas de las que usted habla, del pasado, le han
informado mal.
Sobre el tema de cablevisión, yo creo que ustedes, después del concurso
de televisión por cable de Sevilla, mejor no debieran hablar. Sobre
inmoralidades o sobre lo que hicieron los ayuntamientos. Mejor no debían
hablar.
Me ha preocupado mucho, por cierto, su concepción de Telefónica. Cuando
usted dice que Telefónica al servicio del Gobierno, me ha preocupado
muchísimo. Al mismo tiempo, ha sido clarificador. He entendido qué hace
Telefónica en la plataforma digital del Gobierno;
lo he entendido bien. Porque su concepción es que Telefónica está en
manos del Gobierno. No sé si ahora, después de privatizar, seguirá en
manos del Gobierno. La mía, no, señoría. La mía, no. Por tanto, de ese
acuerdo pregunte al ex presidente de Telefónica que, por cierto, sigue
trabajando en la casa. ¡Algo bueno habrá hecho!
De toda su argumentación me quedo con lo más importante. Yo niego que
haya habido trato de favor a nadie, lo niego, pero ése no es el debate de
hoy. Lo que usted ya nunca podrá negar es que no ha legislado contra
nadie, porque todos los argumentos han ido dirigidos contra un grupo de
comunicación. Ya nunca lo podrá decir. Usted hoy aquí ha sido tan claro
como sus portavoces mediáticos. Usted ha reconocido que efectivamente
está legislando contra alguien. Yo niego los privilegios. Le voy a decir
lo que hicimos: privatizar la cadena de medios de comunicación del
Estado. Mire a ver a quién han ido esos periódicos. Le voy a decir lo que
hicimos: pasar de un canal de televisión estatal y público a tres canales
privados y a ocho canales públicos autonómicos. Eso es lo que hicimos. Y
le voy a decir más: no tiene ningún mérito. Nosotros sólo instamos al
fiscal a actuar contra un periódico en nuestros trece años de Gobierno.
¿Sabe contra quién? Contra el que defendía el terrorismo. No tiene ningún
mérito. Es puramente el respeto de la democracia. Pero ustedes, en nueve
meses, han hecho un decreto-ley contra un medio de comunicación que les
es no favorable, se han saltado a la torera la Constitución, el Derecho
comunitario y han violentado unas cuantas instituciones del Estado.
(Rumores.-- Aplausos.) Eso, señorías, sí tiene un mérito. Tiene un mérito
autoritario. Y déjeme que le diga más. (La señora Villalobos Talero
pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Tranquila, tranquila! Usted, al
Estatuto del Diputado.
Déjeme que le diga más. Vamos a hablar de Europa, porque nuestro panorama
mediático es muy parecido al de Europa, señoría. En Alemania, hay un solo
canal de televisión de pago, que casualmente está en la plataforma
digital que hay en Alemania y que casualmente tiene el fútbol codificado;
la liga alemana. En Francia hay tres plataformas pero un solo canal de
televisión de pago, que fue el primero que puso la plataforma digital y
que casualmente tiene el fútbol de pago. Vamos a Inglaterra, donde hay un
solo canal de pago, que tiene la plataforma digital y tiene el fútbol
codificado. ¿Y usted ha visto a los gobiernos alemán, francés o inglés
actuando contra esa situación de lo que ustedes llaman monopolio? ¿No
será que los gobiernos alemán, francés e inglés son respetuosos con el
Estado de Derecho y con la libertad de expresión y ustedes no? ¿Por qué
ustedes actúan aquí contra una situación que es formal, real y
empresarialmente idéntica a la que existe en Europa? ¿Sabe por qué?
Porque quienes están así no les gustan a ustedes. Esa es la razón y no
hay otra. No venga usted a hablar de monopolios, no me hable usted de que
uno sale primero y otro después, porque con la telefonía móvil nadie
planteó eso en España. ¿Es que se dijo a Telefónica que esperara hasta
que saliera Airtel? No se dijo nada. Se puso en marcha el proceso y
punto. Eso es lo que hacen los gobiernos liberales. Eso es estrictamente
lo que hacen los gobiernos liberales.
Aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de si el Gobierno favorece o no
favorece a un grupo de comunicación. No se escude usted en los
monopolios, porque no es verdad, señoría, porque la situación alemana,
francesa e inglesa --y podría seguir y hablar de Italia-- es idéntica a
la española. Ustedes están legislando contra un grupo de comunicación y
eso es muy grave.
Le tengo que decir más. Ustedes tienen un proyecto. ¿Cómo que no? El 26
de diciembre, sus portavoces mediáticos, que han largado sin cuento estos
días, nos hablan de que el Gobierno hizo un proyecto de control, un
proyecto de cambio de los medios de comunicación, que se le ha ido a
pique; nos hablan de que el gran perdedor del llamado pacto de Nochebuena
es, sin duda, el Gobierno. ¿Es el perdedor? ¿Pero no estábamos hablando
de los intereses generales, señorías?
Esto está publicado en los medios de comunicación y nadie lo ha
desmentido, porque no se puede desmentir. Pero voy a acabar refiriéndome
a los temas de fondo que son los que me preocupan. A mí me preocupa no un
determinado proyecto empresarial, no (Varios señores Diputados: ¡No, no!)
No me preocupa porque, entre otras cosas, ustedes no lo van a poder
impedir; no me preocupa. Y es más, le digo una cosa: si se llega a un
acuerdo, tanto mejor, pero los acuerdos no se imponen a golpazos, no se
imponen a mamporros. Para llegar a un acuerdo no se puede utilizar el
BOE, la inspección de telecomunicaciones; eso no es razonable, eso no es
legítimo en un Estado democrático (Protestas.) A mí me preocupa otra
cosa: me preocupan el autoritarismo y la intolerancia de los que ustedes
han hecho gala en todo este proceso, eso es lo que me preocupa.
(Rumores.) Y le voy a decir más, me preocupa porque no hace sino
demostrar algo que ya conocíamos y que, además, se ha sentido en otros
ámbitos de la vida política. Pregúntele usted a alguna cadena privada de
televisión por qué ha salido algún comentarista. No sé si el señor Aznar
cenó en Nochebuena angulas o langostinos, no lo sé, pero sí sé lo que
piensa el director de un medio de comunicación que tuvo que sufrir los
modos autoritarios de este Gobierno.
Este es un Gobierno que tiene una historia. En este Gobierno hay un
Presidente que hizo listas negras cuando era Presidente del Gobierno de
Castilla y León. (Varios señores Diputados: ¡No, no!-- Protestas.--
Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Sí, señorías, y se las voy
a leer. Listas negras, ¿me dejan? (Un señor Diputado: ¡Léelas!--
Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señoría.
¿Les excita? Las leo. Listas negras, señorías, con alusiones personales,
con alusiones a la vida de los periodistas, si están casados, si salen
con uno o salen con otro, si son anti PP, si son pro PP, si son listos,
si son tontos. Esto está aquí publicado, y aquí están las listas.
(Protestas.-- Un señor Diputado: ¡Será El País!). No, no, este no es El
País, señoría. No, este es un periódico regional de Castilla y León del
que no voy a hablar. (Rumores.) Tranquilos, señorías, háganme caso.
El señor PRESIDENTE: Señorías, no establezcan diálogos cruzados con quien
está en el uso de la palabra.
El señor PEREZ RUBALCABA: Si es que hay más. Si es que ya en el año 1994
desde el Partido Popular se dirigían faxes a los directores de los medios
informativos en los que, entre otras cosas, se decía eso de: A pesar de
todo, puedes decirle al director de la cadena que vamos a ganar las
elecciones. Y añadía: y que llore. Por eso hablaba yo de iracundo, porque
es iracundo.
Es que hay más, señorías. Es que en un diario muy conocido de este país
se publicó hace tres días que el director de la plataforma del Gobierno
parecía que era un emboscado del felipismo. ¿Sabe lo que ha pasado? Que
ha durado tres días (Rumores.) Es el director más breve de todos, ha
durado siete días. Se le nombró, a los cuatro días alguien dijo que era
felipista y a los tres días se lo cargaron. ¿Saben cómo se llama eso,
señorías? Se llama caza de brujas (Protestas.-- Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.) Y podría seguir, pero voy a acabar ya. De eso me
interesaba hablar aquí. También de la autonomía de la política, pero de
eso tendremos tiempo de hablar, de la autonomía de la política, de quién
manda, porque déjeme que le diga una sola cosa, señor Ministro, la peor
derrota de la democracia, la peor, es que gobierne quien no se presenta
a las elecciones, ésa es la peor, créame, y de eso hablaremos aquí.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!-- Aplausos.) Termino ya, señorías.
Ustedes no lo han hecho bien. (Un señor Diputado: ¡Sosiégate!) Si estoy
muy sosegado, si los que están excitados son ustedes. Ustedes no lo han
hecho bien, señorías.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Treinta segundos, señor Presidente.
Ustedes ya no podrán decir nunca que no han gobernado contra alguien,
porque no es verdad y usted lo ha reconocido en esta tribuna. Ustedes han
sido intolerantes y autoritarios y usted lo sabe, señor Ministro, porque
usted personalmente no lo es.
Le voy a decir una cosa: en este país algo no marcha bien. Cuando un
empresario --que no es, por cierto, santo de mi devoción-- no se atreve a
ir a la presentación de una empresa que es suya por miedo al Gobierno,
algo, señor Ministro, le aseguro que no funciona bien en este país.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, se va usted del debate y lo lamento mucho. (Rumores.) Usted se
ha ido deliberadamente del debate porque los argumentos que tienen
ustedes contra el real decreto-ley son muy escasos. Mire usted, tiene que
quedar absolutamente clara una cosa, que usted se empeña en diluir. Los
intereses generales de este país los van a definir el Gobierno legítimo y
las Cámaras legítimamente elegidas por el pueblo español. No se van a
definir desde ninguna plataforma ni desde ningún grupo de comunicación.
(Un señor Diputado: ¡Ahí! ¡Ahí!) Que quede absolutamente claro.
(Aplausos.)
Y añado, señoría, que usted, con una ligereza asombrosa, acusa al
Gobierno de vulnerar la Constitución, la legislación comunitaria, las
leyes, los reglamentos. De acuerdo con sus afirmaciones, señoría, hemos
violado todo lo violable. A este Gobierno, hasta el momento, no le han
declarado inconstitucional ninguna norma, no le han suspendido ninguna
norma (Risas.) ¡Claro! ¡Claro! Señoría, es que usted, en esas
afirmaciones, no hace un juicio político. Usted está sustituyendo la
opinión de los tribunales, del Tribunal Constitucional, que apreciará
--en el supuesto de que ustedes se atrevan a presentar el recurso de
inconstitucionalidad-- si el real decreto-ley es o no inconstitucional.
(Rumores.) Y desde luego, para este Gobierno, ningún fiscal se ha sumado
a ninguna suspensión ni, por supuesto, a este Gobierno nadie le ha podido
decir, desde la defensa de la competencia, que ha hecho un supuesto
ilegal de concentración de empresas, como a ustedes. (Rumores.) Habla
usted de la situación en otros países europeos y se refiere a los
acuerdos. ¡Pero haga usted la pregunta lógica! ¿Qué ha ocurrido en
Alemania y qué ha ocurrido en Francia? Allí nadie exigía más del 50 por
ciento; por eso es posible llegar a acuerdos. (El señor Pérez Rubalcaba:
Tienen el cien.) No es cierto. (Rumores.) En Alemania ha habido un
acuerdo para poner un descodificador único en el mercado; por eso no se
alquilan los descodificadores, se venden. Y en Francia han llegado a un
acuerdo para poner un único
descodificador. (El señor Pérez Rubalcaba: Hay un acuerdo.) ¿Por qué no
se ponen de acuerdo, técnicamente, todos los interesados? Que se pongan
de acuerdo. (El señor Pérez Rubalcaba: Un acuerdo, no un decreto-ley.)
Aquí no ha habido posibilidad de llegar a ningún acuerdo. (Rumores.)
Concluyo, señor Presidente. Afirmaciones rotundas y afirmaciones
gratuitas, sin razones y sin demostraciones, no conducen a nada. El
radicalismo de su intervención no conduce a nada. Lo que sí va a poner de
relieve la votación en el día de hoy, señoría, es que están ustedes solos
(Rumores.), porque sí están ustedes a favor de un grupo determinado de
comunicación y han gobernado ustedes a favor de un grupo determinado de
comunicación. (Protestas.)
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Ministro. (El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra.--
Rumores y protestas.)
Señor Pérez Rubalcaba, tendrá una intervención exclusivamente de un
minuto y el Ministro cerrará este debate, ahora o al final del turno,
como considere más oportuno.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muy brevemente, señoría. ¡Que a estas alturas
usted venga a decir que no hace lo que le dicen! Le podría abrumar a
recortes de periódicos donde se marca claramente la estrategia del
Gobierno, que ustedes siguen paso a paso. (Fuertes protestas.) De eso
hablaremos otro día.
Déjeme que le diga una cosa. ¿Por qué no han hecho ustedes lo que
Alemania, Francia e Inglaterra? ¿Por qué no han traspuesto la directiva,
sin más, y luego han buscado un acuerdo entre las distintas plataformas
para utilizar el mismo descodificador? ¿Por qué no han dicho ustedes
públicamente --que es verdad-- que había otros descodificadores
homologados en Europa distintos de aquel que usted define y que todavía
no se fabrica? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Sabe por qué? Lo dicen sus
portavoces mediáticos: para sembrar dudas sobre un determinado proyecto y
sobre su viabilidad comercial. Porque ustedes, y ya hablan por usted con
mucha más claridad, aunque hoy usted ha sido explícito, están luchando
contra alguien, a favor de otros que son sus amigos, los que les
defienden (Rumores.), y lo que es peor, señoría, los que les mandan.
(Rumores.) Espero que, por lo menos, haya quedado claro el debate de los
descodificadores y ya no puedan ustedes nunca más decir que no hay dos
tipos de descodificadores homologados por la Unión Europea o funcionando
en la Unión Europea. Pero déjeme usted decirle que no me ha podido
aclarar por qué ustedes legislan distinto que en Alemania, en Francia o
en Inglaterra. ¿Por qué? Deme una sola razón, si la situación es
idéntica. Yo tengo que sospechar, no me queda más remedio, que es por
favorecer a alguien, y eso es justamente lo que estamos debatiendo aquí.
Termino, señoría, diciéndole una cosa más: vamos a presentar un recurso
de inconstitucionalidad, aunque la ley se tramite como proyecto de ley,
porque estamos ante una cuestión muy de fondo. Le repito que nosotros
nunca aceptaremos que ningún Gobierno regule los derechos fundamentales
por decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo le
rogaría que expusiera usted los hechos como son. En Europa todos los
descodificadores que existen son anteriores a esta directiva. Ningún país
ha incorporado a su ordenamiento jurídico esta directiva. Alemania la
tiene en tramitación, como nosotros. Hay un proyecto de ley tramitándose
en el Parlamento alemán. Los descodificadores a los que la directiva se
refiere son los mismos a los que se refiere el decreto-ley, señoría.
Porque en materia de descodificadores el decreto ley... (El señor Pérez
Rubalcaba: Diga usted que existen dos)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, no interrumpa.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): No es un
problema de uno ni de dos. Es un problema técnico: que los
descodificadores o sean compatibles entre sí o sean multiuso. Eso es lo
que viene a decir la directiva, y eso es lo que se ha hecho en Europa. Y
en Europa, cuando se ponga en vigor la directiva comunitaria, se tenderá
al objetivo al que tiende la legislación, que es separar el negocio de
los canales de televisión del negocio de los descodificadores, señoría,
porque eso es lo único que garantiza el libre mercado y la libre elección
de los consumidores. Eso es lo que pretende la directiva, eso es lo que
pretende este Gobierno y eso es lo que no se pretendía al colocar
descodificadores cerrados en el mercado español
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Ministro de Fomento.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Bloque Nacionalista
Galego para fijar la posición sobre el real decreto-ley que hoy se
debate.
El Real Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero, que presenta el Gobierno para
su convalidación o no por el
Congreso, en su exposición de motivos afirma que el fin del mismo es
garantizar el derecho del ciudadano a recibir información plural,
garantizar la libertad de elegir y decidir a través de qué medio recibe
la información, evitar, en definitiva, el monopolio informativo. Trata de
incorporar a la legislación española las directrices emanadas de la
Directiva 95/47 de la Comunidad Europea. Trata, pues, de regular para
garantizar la libre competencia entre empresas y la libre elección del
ciudadano en un tema tan importante como es la televisión digital, un
sector que todos juzgan como estratégico, sea desde el punto de vista
económico o informativo.
Esta declaración de intenciones puede considerarse aceptable por el
Bloque Nacionalista Galego, porque si para nosotros hay algo fundamental
es el respeto al pluralismo informativo. (Rumores.) El señor PRESIDENTE:
Un momento, señor Vázquez.
Señorías, les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Exactamente. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Fernández! Les ruego a los señores que están
en las escaleras del hemiciclo que terminen de salir.
Señor Vázquez, puede continuar.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Decía que si hay algo fundamental para nosotros es el respeto al
pluralismo informativo, el respeto al derecho de los ciudadanos a una
información libre y veraz que les permita decidir con conocimiento de
causa, algo de lo que, por cierto, no andamos muy sobrados ya en este
momento.
En este sentido el real decreto-ley presenta algunos aspectos llamativos
como el afán regulador de este sector, lo que es, desde nuestro punto de
vista, contradictorio con la filosofía que defiende el Gobierno en otros
campos donde se niega a regular nada, donde defiende más bien el
liberalismo a ultranza. Incluso parece interesante la idea de que el
ciudadano no tenga que disponer de más de un descodificador para acceder
a los servicios que ofrecerá este nuevo servicio de televisión.
A nosotros también nos parecería bien --cosa que no se hace-- que el
Gobierno tratase de garantizar un espacio para el sector televisivo
público en general, y más en concreto para el sector televisivo público
autonómico, y garantizase la presencia del pluralismo lingüístico y
cultural del Estado a través de los operadores. Sin embargo, tras la
invocación de la defensa de los intereses de los ciudadanos, aparece una
guerra sin cuartel entre dos grandes grupos de comunicación, con sus
intereses propios. Con este real decreto-ley el Gobierno parece regular
con la esperanza de favorecer a uno frente a otro. Así, por ejemplo, la
aplicación del tipo general del IVA a los servicios de radiodifusión y
televisión de pago parece una decisión destinada más a perjudicar a uno
de los contendientes que a mejorar la recaudación de las arcas públicas,
cosa con la que nosotros no estaríamos de acuerdo.
Al margen de la intencionalidad política del Gobierno, este real
decreto-ley se trae a esta Cámara, como ya es habitual, con
precipitación. El propio Consejo de Estado hace referencia en su dictamen
a la precipitación con que debe emitir sus informes, insuficiente para
meditar convenientemente sobre un tema de tanta complejidad. Hace
asimismo referencia a la conveniencia de separar lo que concierne a la
incorporación de la directiva comunitaria de lo que representa el
reglamento técnico y a otros aspectos que ponen de manifiesto el
apresuramiento del Gobierno.
Tampoco parece ser objeto de este real decreto-ley garantizar un espacio
para las televisiones públicas. La plataforma que apoya el Gobierno desde
luego no lo garantiza.
Más grave aún, desde nuestro punto de vista, es que no se garantiza
tampoco la igualdad de oportunidades para aquellas televisiones públicas
de comunidades autónomas con lengua y cultura propias. Las comunidades
autónomas no van a tener capacidad alguna de control sobre este tipo de
televisión.
Para el Bloque Nacionalista Galego el real decreto-ley no es
satisfactorio. En todo caso, nos vamos a abstener en la votación por el
importante vacío legal en lo referente a las competencias autonómicas,
porque tal y como está planteada la cuestión en este momento, con un
grado de crispación tan importante, donde lo que menos prima es un debate
sereno, tomar opción a favor o en contra del real decreto-ley significa
en la práctica ponerse al lado de una u otra opción en disputa, y en ese
juego nosotros no estamos dispuestos a entrar porque no es el juego, hoy
por hoy, de la inmensa mayoría de la sociedad gallega.
En todo caso, vamos a votar favorablemente su tramitación como proyecto
de ley, y en ese marco participaremos positivamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre de Unió Valenciana para fijar posición en el debate que hoy nos
ocupa. Comentábamos en la última fila de los escaños que hemos asistido a
un debate encerrado --ya que estábamos hablando de codificadores y
descodificadores--, hemos asistido a una discusión un tanto extraña, y el
Grupo Parlamentario Mixto se ha planteado incluso el pedir una comisión
de investigación para que, ya que no hemos podido ver quiénes eran los
verdaderos interlocutores en el comienzo de este agrio debate, pudiéramos
saber qué intereses o qué cuestiones estaban detrás de la cortina, ya que
a algunos se nos escapa quiénes son los verdaderos personajes de esta
primera parte del debate.
Pensamos que el objetivo básico de la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 1/1997 es incorporar al ordenamiento jurídico español la
Directiva 95/47, de 24 de octubre, de la Comisión Europea, sobre el uso
de normas para la transmisión de señales de televisión. Esa es una
cuestión evidente. Unió Valenciana comulga con cierta parte de la
exposición de motivos, incluso con algunos artículos. Sin embargo,
pensamos que hay muchos artículos inconcretos, algunos que están
encerrados y que no adivinamos cuál es su verdadera intencionalidad.
También echamos en falta algún que otro artículo para aclarar cuestiones
que ni se tocan en el real decreto que se va a convalidar en el día de
hoy, a la vista de las posiciones que se han manifestado en la prensa por
los grupos parlamentarios.
Como esquema básico de partida, la necesidad de normas comunes para la
transmisión digital de señales de televisión por satélite para favorecer
la libre competencia creo que nos une a todos los grupos parlamentarios,
sobre todo si se tiende con esto a garantizar al ciudadano información
plural, evitar abusos, favorecer las innovaciones, pero sobre todo
garantizar la libertad de elección de información que cada ciudadano
quiera recibir en su domicilio. Sin embargo, ¿se ha elegido el
instrumento legislativo adecuado? Es una duda que queda encima de la
mesa. ¿Puede un gobierno imponer sus criterios sobre televisión digital
por decreto? Podemos afirmar que la técnica del real decreto-ley ya
indica cierta imprevisión y urgencia y, como algunos han dicho, prisas
--entre comillas--; improvisación, en definitiva, casi siempre
incompatible con las decisiones consensuadas y dialogadas que en tan
delicada materia --por los intereses que hay en juego, y son muchos,
variados y multimillonarios-- es aconsejable buscar por todas las vías.
El hecho de que la Directiva 95/47 que hoy incorporamos debió trasponerse
en el plazo de 9 meses --cuyo plazo concluyó en julio o agosto de 1996--
no justifica, desde nuestro punto de vista, un real decreto-ley. Y
también se ha hecho una cierta advertencia, que algún medio de
comunicación recogía, en el sentido de que la propia Comisión Europea
parece que ha manifestado que la normativa española sobre televisión
digital puede vulnerar en algún extremo la normativa comunitaria y puede
quedar en suspenso hasta que Bruselas no la homologue. Hay incluso
antecedentes. En el ánimo de la Unión Europea está presente el
antecedente de una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que
falló contra Bélgica porque pensaba que en la trasposición de una
determinada norma se entra en cuestiones que se separan de lo que
contiene la propia directiva, regulando cuestiones técnicas o
administrativas, cosa que se produce en este real decreto que hoy estamos
debatiendo.
Desde Unió Valenciana consideramos que, independientemente del posible
pacto que creo va a imperar en el mundo empresarial, el sentido común en
esta Cámara aconseja mantener una imparcialidad por parte de todos, pero
sobre todo por parte del Gobierno, hacia la plataforma que hay
funcionando y sobre las dos o más plataformas que pudieran surgir: la que
emite de acuerdo con la normativa europea desde el 31 de enero y la que
se está gestando y parece que tiene ciertos problemas de entendimiento
interno.
Todos deberíamos mantener una actitud en términos positivos de apoyo a
las dos plataformas si asumimos una clara voluntad liberalizadora y nos
la creemos. Considerando las inversiones ya realizadas y las que están
anunciadas, máxime cuando está en juego el mundo audiovisual español y la
libertad informativa, es necesario el diálogo ahora más que nunca, y debe
actuarse con exquisita flexibilidad por parte del Gobierno y por parte de
todos los interlocutores que están en esta mesa de negociación, o que
deben estar, sin excluir a nadie. Y ello aconseja la tramitación como
proyecto de ley, que solicito formalmente en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego que concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente.
El trámite como proyecto de ley permitiría elaborar una ley flexible,
concreta, no intervencionista, donde no pierda ningún sector implicado y
ganen en libertad, información y cultura todos los ciudadanos del Estado
español que están viendo encerrado todo este interesante debate. Pensamos
que algunos deben dar marcha atrás, no tengan tantas prisas y entre todos
hagamos una ley para todos, no un real decreto contra uno, que es lo que
parece que se ve en el fondo del real decreto que hoy estamos debatiendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri. ( El señor Mauricio Rodríguez pide la palabra.) No
me pareció que el Grupo de Coalición Canaria hubiera pedido la palabra,
pero disculpen en todo caso. El señor Mauricio, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El señor
MAURICIO RODRIGUEZ: Efectivamente, hemos pedido la palabra porque en un
debate de estas características, aunque no haya mucho que aportar, sí
es imprescindible fijar posición y no esquivarlo. La posición del Grupo
de Coalición Canaria es de apoyo al texto del decreto que nos presenta el
Gobierno y también a la solicitud de tramitación como proyecto de ley.
Entendemos que es un debate de extraordinaria importancia, que todos
deberíamos realizarlo en el marco de máxima serenidad y responsabilidad,
porque se trata de regular cuestiones tan importantes como los derechos
de usuarios y consumidores, el problema de que no haya una situación de
dominio de mercado de ningún grupo, de que exista el ejercicio de la
libertad y de la competencia y que, en definitiva, los derechos de los
ciudadanos y el derecho a la información quede preservado. Yo creo que a
nadie se le escapa --y la pasión que este debate parlamentario ha tenido
en su primera parte lo demuestra-- que estamos ante un debate de
particular importancia porque se trata de regular cuestiones del poder de
la comunicación y de la información. Ningún parlamentario --es un
elemento de reflexión importante-- puede esquivar el reflexionar sobre
que en el mundo de las sociedades democráticas el poder de la información
ha ido tomando un carácter ascendente, convirtiéndose, sin duda alguna,
en uno de los poderes decisorios de la sociedad. No es un poder
independiente y al margen, es uno de los poderes claves de la sociedad
democrática moderna y de futuro, y esa tendencia ascendente no tiene
quizás los controles, las limitaciones necesarias que cualquier poder
democrático exige, el autocontrol y el control por la propia sociedad y,
en este caso, por el Parlamento. En esa línea, nosotros creemos que
entrar en la regulación de este proyecto de ley, si se aprueba hoy por la
Cámara, nos permitirá corregir y modificar algunas de las cuestiones que
aparecen en el decreto, pero en principio, repito, deben preservar que no
haya situaciones de dominio de mercado y que estén garantizados los
derechos de usuarios y consumidores. Nosotros creemos que el debate tiene
el peligro de convertirse en un debate partidista, de propaganda y
retórico, con descalificaciones que tengo que decir, en nombre de mi
grupo, que no nos han gustado. No es nada bueno para este Parlamento
empezar a hablar de cacerías de brujas, de persecuciones, de formas
nuevas de autoritarismo y cosas por el estilo; me parecen gesticulaciones
exageradas, de sproporcionadas y que sólo reflejan el peligro al que
todavía no hemos llegado, pero al que podríamos llegar, de que los grupos
parlamentarios se conviertan exclusivamente en infantería de poderes que
están fuera de este Parlamento. No sería nada bueno que el Parlamento y
los grupos parlamentarios perdieran su capacidad de autonomía de decisión
en lo político, elemento de reflexión permanente en debates que hemos
tenido en años anteriores, y que fuéramos simplemente los órganos de
transmisión de las opiniones que los grupos de comunicación puedan
legítimamente expresar. Eso es peligroso, y cuando aquí se habla de los
voceros, de los editoriales, de los poderes mediáticos y de que nos dan
las instrucciones, tengo que decir que mi grupo no las va a recibir, y
como pequeño grupo supongo que tiene las mejores condiciones para pedir
que los grupos grandes tampoco reciban instrucciones de nadie; ni van a
recibirlas ni deben recibirlas.
Al final, la posición que debemos fijar es que este proyecto de ley
permita, en primer lugar, una cierta tregua en esta lucha descarnada de
poder que hemos presenciado en los últimos meses, y que esa tregua
conduzca a un cierto proceso de negociación y acuerdo. Si todos estamos
de acuerdo en los principios de la necesidad de neutralidad del poder
político en este asunto, de impedir situaciones de dominio en el mercado
y de defender los intereses de los ciudadanos, seguro que nos podremos
poner de acuerdo si nos alejamos de los intereses inmediatos de las
plataformas comerciales que, por una parte, son legítimos pero que, por
otra, no representan, sin duda, sino intereses parciales y no generales.
Por eso el Grupo de Coalición Canaria sólo quiere introducir la necesidad
de que empecemos a hablar de un desarrollo del proyecto de ley de manera
sensata, por consenso, por acuerdo, buscando la cultura de consenso que
ha sido tradicional en los grupos parlamentarios de esta Cámara en los
últimos años y que intentemos evitar que este asunto siga en la línea de
confrontación, de lucha descarnada, de descalificaciones y de insultos en
la que en este momento estamos.
No nos gustaría seguir en esa cuestión porque eso producirá, en primer
lugar, sin duda alguna, perjuicios económicos importantes a los grupos
que están luchando y disputándose esta cuestión. En segundo lugar, puede
producir retrocesos tecnológicos en la sociedad española al no garantizar
y consolidar grupos de comunicación sin duda necesarios en este debate de
la comunicación a escala internacional. Pero lo más grave --y con esto
termino-- es que puede producir deterioros en las relaciones democráticas
de este Parlamento y en las relaciones del Parlamento con la sociedad.
Quisiera advertir que a pesar de que dicen que este asunto está
produciendo una enorme crispación, mi opinión es que crispación social
ninguna. Como todas las luchas de poder por arriba, a los que están en la
batalla les da la impresión de que esto tiene un enorme efecto social.
Los ciudadanos españoles, con muy buen criterio, me parece a mí, observan
este asunto con bastante prevención, con bastantes reservas y sin ninguna
duda no se sienten involucrados ni con un grupo ni con otro, sino que
sólo esperan que sus derechos, sus libertades y sus garantías queden
perfectamente preservadas. Por tanto, no hay crispación social, lo que
hay es una crispación de lucha de poder popular por arriba que desde
luego no ayuda nada al debate democrático.
Por eso, señorías, el Grupo de Coalición Canaria va a apoyar el decreto.
Entiende que como marco es un
excelente documento para empezar a discutir, que puede ser mejorable y
que aspira a que las mejoras se produzcan por consenso y mediante
acuerdo. Sería bueno para el sistema democrático, sería bueno para el
control de los grupos de comunicación, sería bueno para que no existieran
situaciones de monopolio ni de dominio de mercado, sería bueno para la
sociedad democrática que este asunto saliera definitivamente en el mejor
cuadro de consenso y acuerdo, ya que este Parlamento ha dado muestras
anteriormente de gran responsabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor González de Txabarri
tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
La verdad es, señorías, que el Grupo Parlamentario Vasco se encuentra un
tanto con el pie cambiado, con el pie cruzado en este debate. Hemos
asistido en las últimas semanas en los medios de comunicación, en eso que
se llama ahora la opinión publicada, a una serie de debates que parecía
surgían en torno a este real decreto-ley que el Gobierno nos presenta
para su convalidación. Sin embargo, de la lectura de los contenidos que
esta iniciativa legislativa presenta difícilmente se pueden concluir
tantas trascendencias y tantas derivadas en el seguimiento del debate.
Para este portavoz ha sido realmente difícil explicar en su partido, ante
la gente que se le ha acercado a preguntar sobre la posición que el Grupo
Parlamentario Vasco iba a adoptar en relación a este tema, cuáles son los
contenidos reales que están recogidos aquí y compararlos con la directiva
europea que se trata de trasponer al ordenamiento del Estado. Sin
embargo, señor Presidente, los debates han ido por otros derroteros y han
dejado en evidencia una serie de circunstancias que sí quisiéramos
destacar aquí, lamentando que no se encuentre presente el señor Pérez
Rubalcaba; siguiendo una indicación suya del otro día, quizá algún amable
compañero le pueda decir en los pasillos que nos gustaría que las
posiciones fueran compartidas, fueran escuchadas y fueran debatidas de
verdad en esta Cámara, porque si no estamos hablando a humo de pajas,
estamos haciendo escenificaciones y los debates se hacen imposibles,
transgrediendo, además, la propia legalidad del Estado de Derecho. Si los
portavoces se marchan cuando los grupos intervienen, difícilmente se
puede establecer un debate y se habla, además, de memoria en relación a
las posiciones de otros grupos. Agradezco, en consecuencia, la presencia
del señor Ministro que atentamente escucha las posiciones de los demás
grupos, y lamento que habiendo realizado el portavoz del Grupo Socialista
una intervención tan dura no se encuentre en este momento en el debate.
Por ello indico, en primer lugar, que nos encontramos con el pie cruzado,
con el pie cambiado y entendemos que debe centrarse el debate en los
contenidos del decreto que el Gobierno presenta para su convalidación en
esta Cámara. Se ha hablado de la cuestión de la constitucionalidad, sobre
si es constitucional o no el procedimiento que el Gobierno ha utilizado
en la presentación de esta iniciativa, y dado que el propio señor
Rubalcaba ha indicado en su intervención que cada uno debe hablar de lo
suyo y no cada uno de lo del vecino, quisiera contar una experiencia que
tuve en esta Cámara, que no se me olvidará, que fue la primera votación
que conocí como Diputado hace ahora cinco años, en el año 1992. Se
trataba de votar en esta Cámara la ley de seguridad ciudadana --recordará
el señor Presidente de la Cámara cuánto debate hubo aquí sobre la
constitucionalidad de los contenidos de esa ley--. El Grupo Socialista,
el Gobierno socialista, del que el señor Pérez Rubalcaba era Ministro,
sostenía con vehemencia la constitucionalidad de aquella ley. No fue eso
lo que los tribunales de este Estado dijeron en su momento. Es una
experiencia que comento en función de lo que pueda servir.
Creo que estos debates deben centrarse en otros contenidos. Al final la
máxima preocupación que sostienen los grupos que no están de acuerdo con
los contenidos de este real decreto-ley es si es constitucional o no lo
es; cada uno deberá sostener sus posiciones, existen órganos arbitrales
que así lo determinan. Centrarse en exceso en los procedimientos, en la
historia, en todos estos argumentos que están un poco alrededor de lo que
es el contenido central del real decreto-ley, creo que hace ver la
inconsistencia de los que tienen que recurrir a esto para poder expresar,
con vehemencia, sí, pero con pocos argumentos --desde nuestra
perspectiva--, el objeto fundamental del debate que nos ocupa.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco, que anuncio que va a convalidar este
real decreto-ley (e indico una segunda experiencia de las últimas
semanas, y es que encuentra dificultades para incluir enmiendas en el
propio texto, en su comparación con la directiva comunitaria), entendemos
que el objeto del debate debe centrarse en dos puntos: el primero, en el
que se garantice al ciudadano con eficacia el derecho a recibir
información plural y evitar en el sector televisivo situaciones de abuso
de posición dominante y, el segundo, favorecer las innovaciones
tecnológicas, mejorando la calidad en la oferta y en los precios por los
servicios prestados. Es lo que recoge el real decreto-ley en su
exposición de motivos y son objetivos plenamente compartidos por el Grupo
Parlamentario Vasco.
Entendemos que desde esta perspectiva el debate ha trascendido; los
contenidos que hoy ha presentado el Gobierno poco tienen que ver con la
argumentación que en su contra se ha realizado desde esta Cámara, por lo
que quisiéramos hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios a leer
lo que pone el real decreto-ley
y no a levitar o marcharse por unos derroteros que poco tienen que ver
con los contenidos del real decreto-ley.
Nos llama la atención, señor Presidente, que en las últimas semanas,
desde ese nefasto 24 de diciembre que se cita como fecha clave de todo
este proceso, se están generando una serie de dinámicas, en las que lo
empresarial y lo político se alejan, no se encuentran, y entendemos que
en un Estado como el nuestro, que debe estar tan preocupado por las
inversiones, por la generación de empleo, por la generación de riqueza,
que estas dos perspectivas lleven tanto tiempo sin encontrarse es una
situación nefasta --horrenda diría yo-- porque incide directamente en la
vida de los ciudadanos y, además, incide con relevancia en aspectos
sustanciales de niveles de calidad de vida y de servicios.
Ahora que hemos superado el carnaval, tan propicio al guirigay, y estamos
inmersos en la cuaresma cristiana, austera y penitente, quizá sea el
momento de dejar las caretas a un lado y enfrentarse a los verdaderos
retos que el sector de las telecomunicaciones va presentando en este
Estado y que tantas dificultades estamos observando para su puesta en
marcha y su operatividad.
Señor Ministro, decíamos al señor Presidente de Retevisión, en su
comparecencia del martes en esta Cámara, que el tiempo es un valor, y
están pasando demasiados meses. Usted, desde su experiencia de Gobierno,
puede indicar que ocho meses tampoco son demasiados, pero el tiempo es un
valor a tener en cuenta; los trenes están pasando con demasiada rapidez y
existen, por parte de todos, excesivos recelos que impiden que el debate
se centre y se encuentren los puntos de acuerdo, en lo político y en lo
empresarial, para que un sector tan importante pueda encontrar los raíles
a través de los cuales, en lo digital o en lo analógico, pueda ir
funcionando. Observamos excesivo celo en la discusión, excesivos recelos
y también --y lo queremos indicar-- excesiva intervención en alguno de
los aspectos. Quienes defendemos el principio de intervención mínima en
asuntos que debe resolver el mercado y la sociedad, hemos asistido, en
consecuencia, a un debate que entendemos que no es nada edificante para
el conjunto de los ciudadanos que, al final, están haciendo una lectura.
(Rumores.) ¿Qué es lo que están diciendo los ciudadanos?: Mirad cómo cada
grupo parlamentario, cómo cada grupo político, está defendiendo sus
intereses particulares y cómo no se atiende al interés general.
(Rumores.) Creo que es un espectáculo lamentable que los políticos
responsables, todos en conjunto --y nosotros asumimos nuestra parte de
autocrítica-, quisiéramos manifestar, porque es un ejercicio poco
edificante lo que está sucediendo. Pero el ciudadano que asiste desde
fuera y sin tener intereses concretos en un lado u otro de la discusión,
saca genéricamente esta conclusión: cómo los unos defienden a los suyos y
los suyos a los unos. Yo creo que es el espectáculo más lamentable que la
clase política pueda dar en su... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(López de Lerma i López): Un momento, señor González de Txabarri.
Por favor, señorías. (Rumores.) Señor Vázquez, por favor. (Rumores.)
Señorías, por favor. Gracias.
Puede continuar, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Estamos, pues, señorías, ante la trasposición de una directiva de la
Unión Europea que incide directamente en los mercados, en un momento
concreto de toma o de retoma de posiciones empresariales en el sector,
que está siendo, en nuestra opinión, excesivamente contaminada por los
agentes políticos. Estaría bien que cada uno retomase sus posiciones
políticas: que los liberales fueran liberales, que los socialdemócratas,
socialdemócratas, que los que entienden y predican entre los ciudadanos
que hay que intervenir más en la acción del Estado lo hagan, que aquellos
que defienden el principio de intervención mínima actúen en coherencia
con sus propias posiciones y que los grupos políticos no se conviertan
aquí en defensores de posiciones empresariales sin tener en cuenta otra
serie de consideraciones que son fundamentales.
Dado que se han hecho a lo largo del debate una serie de manifestaciones
en torno al grupo Prisa, sí quisiéramos manifestar desde el Grupo
Parlamentario Vasco respecto a esas posiciones de monopolio que ha
conocido en los últimos años en el mercado, que entendemos que este grupo
ha sido un grupo beligerante, que es un grupo beligerante con posiciones
que defendemos desde el Grupo Parlamentario Vasco y desde el Partido
Nacionalista Vasco, como es la concepción de un Estado plurinacional, de
un Estado pluricultural, de un Estado plurilingüe, y que es muy
beligerante un grupo en monopolio con posiciones que en democracia se
pueden defender y sostener y que este grupo no comparte. Difícilmente,
señor Presidente, desde el Parlamentario Vasco podríamos dar apoyo a unas
situaciones no ya sólo de monopolio, con las que no estamos de acuerdo,
sino que en segunda derivada son además beligerantes y beligerantes en
extremo con posiciones que son fundamentales para el Partido Nacionalista
Vasco. Desde una pretendida ilustración, desde una pretendida
intelectualidad, desde posiciones que miran por encima del hombro a
aquellos que opinan distinto y sustentan posiciones políticas diferentes,
en democracia no se puede actuar con la arrogancia, con la suficiencia,
con el desprecio que se actúa desde dichas tribunas, y mucho menos
además, señorías, hacerlo desde el monopolio.
Hablaba el señor Rubalcaba de caza de brujas. Ahora que está presente en
el debate, señor Rubalcaba, desde el Partido Nacionalista Vasco
quisiéramos indicarle
que si de caza de brujas estamos hablando en los últimos meses en
relación a estos temas, la caza de brujas es la que produce y genera el
grupo Prisa en relación al nacionalismo vasco ... (El señor Pérez
Rubalcaba: A Prisa.) Se lo digo a usted. Lo digo desde esta tribuna, que
la caza de brujas que se conoce en los últimos meses ... (El señor
Almunia Amann pronuncia palabras que no se perciben.) Se lo digo al grupo
Prisa desde aquí, desde esta tribuna. (Rumores.) ¿Existe libertad de
expresión, señor Presidente?.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): El señor Presidente le
ampara, pero le recuerda que está fuera de tiempo, señor González de
Txabarri. Por lo tanto, vaya finalizando.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quiero terminar, señor Presidente,
afirmando una consideración que entiendo fundamental al término de este
debate y es que, dado que se ha hablado de caza de brujas, desde el
Partido Nacionalista Vasco quisiéramos indicar que la caza de brujas que
se ha conocido en los últimos meses en relación al nacionalismo vasco en
general, al Partido Nacionalista Vasco en particular y a alguno de sus
máximos dirigentes, es la caza de brujas que se ha generado, que se ha
activado y que se ha dirigido desde grupo Prisa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Recoder. (Rumores.)
Por favor, señorías, hay señoras y señores Diputados que me hacen llegar
que no oyen, debido al ruido existente en el hemiciclo. Señor Clotas, por
favor. (Pausa.)
Gracias, señorías.
Señor Recoder, cuando quiera.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, le agradezco su amparo.
Señorías, sirvan mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) para anunciar el voto favorable de nuestro
grupo parlamentario a la convalidación de este Real Decreto-ley 1/1997
que, a su vez, incorpora al derecho español la Directiva 95/47, de 24 de
octubre. Vamos a votar favorablemente su convalidación porque va a ser
tramitado a continuación como proyecto de ley y, por tanto, permitirá
corregir el texto que ha sido remitido originalmente por el Gobierno a la
Cámara, que ha sido aprobado por el Gobierno. También vamos a votar
favorablemente porque nos parece no sólo razonable, sino también
necesario, que se legisle sobre el fenómeno tecnológico y de comunicación
de las nuevas modalidades de televisión avanzada y de alta definición.
Además, que se realice a través de una normativa que proteja el derecho
de acceso a la información, que favorezca el derecho de opción de los
ciudadanos, que evite los abusos de posición dominante e impida las
situaciones de monopolio. Y si ello no fuera motivo suficiente para
legislar --que lo es--, existe, además, una obligación derivada
directamente de nuestra pertenencia a la Unión Europea, como es la de
trasponer la correspondiente directiva, una directiva que precisamente
tiene como objeto principal garantizar los derechos ciudadanos y evitar
las situaciones de monopolio.
Que se haya optado por la vía del real decreto-ley, por la vía de la
urgencia, para aprobar la parte más sustancial de esta normativa --ya se
ha visto en anteriores fases de este debate que ha sido ciertamente
acalorado--, constituye y ha constituido uno de los principales elementos
de debate en la batalla mediática y política que se viene generando en
este país alrededor de la televisión digital desde hace cierto tiempo.
Esta decisión nos parece justificada, porque ante la inminente aparición
en el mercado del primer operador de televisión digital es preciso
legislar. Además, creemos que si hay alguna duda sobre la
inconstitucionalidad de esta norma, del real decreto-ley, por el hecho de
ser un real decreto-ley y utilizar la vía de urgencia, con la tramitación
del texto como proyecto de ley, esta posible inconstitucionalidad
desaparecería.
También creemos que más vale legislar tarde que no hacerlo, aunque somos
conscientes de que legislando tarde o, lo que es peor, in extremis, se
corre el peligro de aparecer ante una parte de la opinión pública como el
elefante que entra en la cacharrería; se abre también la puerta a
interpretaciones malintencionadas sobre la tardía vocación reguladora
gubernamental y se da pie a que haya quien llegue a pensar que se legisla
para fastidiar a alguien o que se utiliza también el Boletín Oficial del
Estado contra alguien, lo que, dicho sea de paso, nuestro grupo
parlamentario cree que no es cierto. Algo de esto está ocurriendo y quizá
se podría haber evitado si las cosas se hubieran hecho de otra forma y,
sobre todo, si se hubieran hecho con mayor antelación. Ello --y no ignoro
que se me pueda tachar de una cierta buena fe-- habría contribuido a
evitar, de entrada, uno de los focos principales de crispación política
que de nuevo, y lamentablemente, se ha instalado en la vida política
española y que no nos cansaremos de repetir que no conviene a nadie.
Pero no vale la pena recrearse en lo que habría sucedido si las cosas se
hubieran hecho de otra manera. Lo cierto es que estamos ante una norma
cuya aprobación es urgente; es más, nadie puede aducir que no sea urgente
aprobarla, nadie que crea que hay una serie de derechos individuales que
hay que proteger ante la inminente aparición de la televisión digital.
El contenido de este real decreto no es amplio pero sí es sustancioso.
Una parte nos parece bien y, por tanto, nuestro grupo parlamentario la
puede asumir, pero otra no y, por consiguiente, la quisiéramos cambiar y
mejorar. Por ello, formalmente, y tras su convalidación, solicitamos que
se tramite como proyecto de ley y, por tanto, que se vote y se acuerde
por la Cámara la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley.
¿Cuáles son los aspectos, desde nuestra perspectiva, que se deberían
modificar durante la tramitación parlamentaria? Son varios. En primer
lugar, y por lo que se refiere a las cantidades que deben pagar quienes
abonen a una cadena que ofrezca televisión con esta tecnología, es
admisible que la --para entendernos-- fianza que entregan al operador
deba depositarse en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Entendemos que ello constituye una garantía para el abonado,
especialmente ante las posibles vicisitudes que pudiera sufrir la empresa
que presta este servicio. Para el operador también constituye una
garantía del buen uso del descodificador en el caso de que no lo vendan y
lo alquilen. Estableciendo un paralelismo es un sistema similar al que se
viene utilizando en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, no nos
parece lógico y no tiene precedente en los servicios de primera
necesidad, es decir, en el agua, el gas, el teléfono, que se obligue al
operador a resarcir a los usuarios, en caso de la suspensión de la
prestación del servicio, por el doble de lo que debieran pagar durante el
tiempo de interrupción o en el momento en que éste no se preste
correctamente. Es una exigencia que, repito, no tiene paralelo en
servicios de primera necesidad y, a nuestro parecer, la televisión no lo
es. Además, es una exigencia peligrosa por cuanto estamos hablando de una
tecnología nueva, insuficientemente experimentada y, por tanto, con un
cierto componente de riesgo.
En segundo lugar, coincidimos con el decreto-ley en lo que se refiere a
los requisitos aplicables al acceso condicional a la televisión digital.
Para entendernos
--y huyendo del lenguaje del real decreto-ley, que ciertamente es un
lenguaje para iniciados-, señalamos los requisitos que deben cumplir los
descodificadores. Hay que evitar a toda costa que la posible existencia
de más de una plataforma digital haga necesario tener en casa más de un
descodificador. De ello depende que el acceso a todas las alternativas de
contenidos sea más fácil y menos costoso para el ciudadano, sin olvidar
que la incompatibilidad de los descodificadores de las distintas
plataformas podría constituirse como un freno cierto a la competencia.
Además, creemos que el uso de un descodificador común es conveniente para
los operadores en tanto en cuanto va a reducir los costes de inversión de
estas mismas empresas. Por tanto, desde todas las perspectivas pero,
sobre todo --fundamental para nuestro grupo parlamentario--, desde el
interés general, es conveniente la compatibilidad.
Después de sentar este principio, tengo que decir que estoy de acuerdo
con lo que han manifestado anteriores intervinientes de que lo
conveniente, lo razonable hubiera sido y sería un acuerdo entre las
empresas interesadas en este negocio, con el fin de utilizar un
descodificador común que permitiera la facturación independiente de cada
una de ellas e, incluso, con todas las características de opacidad, lo
que es posible. Digo que es posible, aunque, de momento, parece que no lo
es, entre otros motivos porque nadie sabe exactamente cuántas ni cuáles
van a ser las plataformas digitales y quién las integrará. Pues bien, la
solución que propone el real decreto-ley para resolver esto, que es clave
en el desarrollo de la televisión digital, consiste en imponer a la
plataforma que comercialice el descodificador la obligación de permitir a
los otros programadores llegar a los televidentes a través de su
descodificador, lo que plantea el problema de las tarifas de acceso que,
según se dice en el real decreto-ley, en caso de desacuerdo serán fijadas
por el propio Ministerio de Fomento hasta diciembre de 1998 y, luego, por
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
A nuestro grupo nos resulta difícil entender si el informe que debe
emitir la Comisión es vinculante para el Ministerio, como, si no recuerdo
mal, se dice en la transitoria segunda, y también nos resulta difícil
entender por qué esta competencia no se da directamente a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. Creemos que esta es otra cuestión que
se debería aclarar durante la tramitación parlamentaria del real
decreto-ley.
En tercer lugar, se prevé que el operador deberá facilitar al usuario un
contador cuando el precio que deba pagar se haga derivar del uso en
tiempo del descodificador. Todo apunta que esta parte del real
decreto-ley se está refiriendo a lo que coloquialmente se conoce como el
pay per view, pero, en cierta forma, no se adapta a las exigencias del
pay per view, que se basa en la unidad de uso y no en el tiempo de uso;
es decir, que el usuario, el televidente, no paga por el tiempo que ha
visto un programa, sino por el hecho de haberlo visto, aunque, al cabo de
un cuarto de hora, suponiendo que estuviera viendo un partido de fútbol
de pago, se cansara de ver el partido porque su equipo favorito estuviera
perdiendo el match y decidiera cerrar el televisor, como sucede a veces.
Entendemos que también esta parte del real decreto-ley se debería adaptar
a lo que son las normas que usualmente rigen esta modalidad de televisión
que conocemos por pay per view y, por tanto, habría que matizar el
carácter y el contenido de esta parte del real decreto-ley.
El cuarto punto de desacuerdo se refiere a los plazos de adaptación. Los
plazos que la disposición transitoria primera fija para cumplir las
previsiones del real decreto-ley, es decir, para solicitar la
inscripción, la autorización o para sustituir los descodificadores ya
instalados, yo no diré que son imposibles de cumplir, pero sí que son
exiguos, por lo que deben ampliarse. Creemos que ello no perjudicará a
nadie y permitirá a los proyectos empresariales en marcha ponerse al día
en un plazo también razonable; y voy repitiendo la palabra razonable
porque es un término que quizá no era
propio de nuestro Derecho pero que desde este real decreto-ley lo va a
ser porque se utiliza con profusión.
Pues bien, señor Presidente, señorías, éstas son para nosotros las
principales cuestiones del real decreto-ley que hay que cambiar, y no
digo que sean las únicas, pero sí son las primordiales, las que nos
parecen más necesarias y que deberían tratarse en su posterior debate
como proyecto de ley. Sinceramente creo que el trámite parlamentario del
proyecto derivado del real decreto, además de servir para mejorarlo,
puede ser útil también para relajar el debate alrededor de esta cuestión
y situarlo en sus justos términos, para recuperar la cordura y eliminar
el desconcierto del ánimo de tantos ciudadanos interesados en el tema que
tienen la sensación de que se está jugando con sus intereses, pero que se
sienten incapaces de entender lo que realmente se está discutiendo por lo
exagerado y desproporcionado de la polémica en relación con la
potencialidad incluso, si quieren ustedes, de la influencia política y de
negocio que hay detrás de la televisión digital o que puede tener la
televisión digital, que está por ver, y que va a tener un durísimo
competidor de aquí a muy poco tiempo, cuando las redes de cable empiecen
a ser una realidad en nuestras principales ciudades.
Por tanto, la polémica generada alrededor de la televisión digital es
demasiado importante como para que no se resuelva con un mínimo de
racionalidad. Nuestro grupo parlamentario no puede garantizar el
resultado del diálogo, pero sí podemos garantizar que va a haber diálogo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Recoder.
Por Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, los miembros de
Izquierda Unida estamos curados de espanto, pero asistimos relativamente
sorprendidos a este debate que se ha producido al principio de la mañana.
Daba la impresión de que era un debate de investidura, no sabemos bien si
era el señor Arias-Salgado o el señor Pérez Rubalcaba el presunto
investido, pero se ha hablado de todo y no del contenido mismo del
decreto, y en todo caso adelantando quizá la batalla que aparece más o
menos enmascarada. A nuestro juicio, se están cruzando dos batallas que
confunden y que desvían el interés que debería ser normal de los partidos
políticos, la guerra mediática y la guerra comercial. La principal
batalla que se está dando y de manera ciertamente obscena es la de
intentar controlar como sea, aunque se produzcan procesos de
concentración, el poder de la comunicación. Se está intentando no poner
por encima de toda la argumentación política y el programa la decisión
que puedan adoptar en su momento los ciudadanos, sino fundamental y
previamente controlar la información, como sea, caiga quien caiga y
aunque se produzcan en el proceso dialécticas de concentración. Y en esta
batalla por el control mediático que poco a poco la gente irá
desentrañando, descodificando, los partidos políticos que han entrado en
ella están dando un triste espectáculo, porque están desplazando la
soberanía popular del lugar de la argumentación política y programática
con la idea de que los ciudadanos van a ser captados, cautivos del poder
de los medios de comunicación en manos de unos cuantos partidos
políticos.
También interfiere la guerra comercial, la posible distribución del
mercado. En esta guerra comercial se olvidan hasta las limitaciones del
mercado posible. Yo creo que hay muchos propietarios, muchos empresarios
que por las noches se dirán en qué guerra nos estamos metiendo, y cada
día que pase será más difícil volver atrás en un momento en que ahí está
Francia en el proceso que empieza ahora, y fundamentalmente los que se
han citado aquí, Alemania y antes Inglaterra, que no permiten lo que se
está ofreciendo de manera engañosa en el debate de la guerra comercial.
Desde ese punto de vista, con el interés comercial, de pronto el debate
se alinea de una manera o de otra, y se está sustituyendo el auténtico
debate y el que nos ha traído aquí, singularmente el del decreto, por una
pelea comercial que no nos debe interesar a nosotros, representantes de
la soberanía popular o de intereses contradictorios pero en todo caso
populares en el seno de la sociedad, y se está también interfiriendo la
guerra mediática.
Se han puesto sobre la mesa fundamentalmente tres argumentos: primero,
el de inconstitucionalidad; segundo, el de que había cierta inquina en el
Gobierno a la hora de redactar la norma de cara a retrasar la dialéctica,
la dinámica comercial de una de las plataformas o de uno de los grupos
empresariales; y tercero, el de que también se atacaba cambiando el IVA,
la proporción del IVA a cobrar a la televisión codificada.
Respecto a la inconstitucionalidad, nosotros nos hemos leído todas las
sentencias del Tribunal Constitucional que existen, y prácticamente en
todas ellas se nos viene a decir que hay que establecer una distinción
entre el derecho fundamental a la información y los instrumentos, los
medios, incluso los medios de comunicación que sirven como cauce para
preservar este bien fundamental. Por tanto, hay que distinguir entre el
bien fundamental a preservar y los instrumentos utilizados. Desde ese
punto de vista habría que establecer aquí por lo menos una duda, si
estamos ante la comunicación y la información o los instrumentos a través
de los cuales se canaliza ésta. Se ha utilizado también el argumento de
la urgencia a la hora de decir que el decreto era inconstitucional. Por
cierto que se ha dicho aquí de manera rotunda, como si fuésemos nosotros
el Tribunal Constitucional. No somos el Tribunal Constitucional todavía.
Hay sentencias del 4 de febrero de 1982 y del 2 de diciembre de 1983 que
dicen que la urgencia del decreto se marca desde la visión del poder
político y del Parlamento, en el que también recae la posibilidad de
argumentar la urgencia o no. Por tanto, si unimos las sentencias del
Tribunal Constitucional a que vamos a pedir (y ya lo pedimos desde ahora)
que se tramite como proyecto de ley, nos caben muchísimas dudas, en
función de las sentencias, de que pueda haber aquí un problema de
inconstitucionalidad. Si lo hay, ya lo veremos, pero nos ha parecido que
en muchos casos ha habido mucho más ardor que rigor o, como dicen los
abogados, mucha excepción dilatoria en este tema que ocultaba otros que
están en el decreto y que brevísimamente se han debatido aquí.
El otro argumento es que con el decreto la intención del Gobierno es
retrasar la marcha de la plataforma Canal Satélite y de estos
empresarios. Yo no sé la intención del Gobierno ni voy a entrar en ella,
lo que sí sé es que esto, si es así, se puede corregir en las enmiendas,
como aquí ha dicho incluso el Grupo de Convergència i Unió, pero yendo de
verdad a las contrataciones que se están haciendo, al ritmo en que están
acudiendo los abonados a esa plataforma, y teniendo en cuenta los
arreglos, las mejoras a las que hay que proceder de cara a homologar el
descodificador, no nos salen las cuentas. El cerebro del descodificador
es cierto que sólo lo pueden fabricar tres o cuatro empresas en Europa,
pero el resto de los elementos se puede hacer fácilmente en empresas
españolas, de capital español. Por tanto, viendo el nivel de abonados y
el nivel de capacidad técnica para aportar descodificadores, no creemos
que se retrase ninguna plataforma. Pero si esto fuera así, estamos
dispuestos a interponer las enmiendas necesarias en la ampliación del
arreglo de los descodificadores para que, si hubiera alguna intención en
el Gobierno de retrasar, no se pueda producir. Por tanto, es un argumento
que se ha utilizado de manera acalorada, a veces histérica, que no tiene
sentido técnico.
Respecto al IVA, saben SS. SS. que no sólo de cara a los presupuestos de
este año sino de tres años anteriores, nosotros hemos planteado que la
televisión codificada, máxime cuando no tiene un servicio público real en
sus contenidos --pornografía, televisión basura, etcétera--, no es un uso
primordial, por tanto, no era el adecuado el IVA del 7 por ciento,
anteriormente del 6 por ciento. Lo hemos venido manteniendo en los tres
últimos años. Por ello no se nos puede acusar de oportunistas en ningún
caso o de que tenemos cierta inquina hacia algunas de las empresas. La
prueba de que tampoco hay un perjuicio serio en este momento es que la
repercusión que va a hacer Canal Satélite en la contratación con el nuevo
IVA es sólo de 130 pesetas aproximadamente, lo que quiere decir que había
un gran margen previo. Si se repercute tan poco, quiere decir que había
margen previo por la ganancia y porque el dinero de los depósitos se ha
estado negociando, se ha estado utilizando, porque se permitía en función
de la ley. No creemos que en este caso haya problemas serios, y por eso
lo venimos planteando en los tres últimos años. Estamos ante la
posibilidad de utilizar de otra manera 7.000 millones de pesetas.
Nosotros creemos que estos 7.000 millones de pesetas no deben destinarse
al déficit público; no. No deben absorberse en esta carrera precipitada
de cara a la integración en la primera velocidad de Maastricht. ¿Por qué
no dedicarlos a reducir el tipo de IVA en bienes de primera necesidad,
que actualmente tienen un 3 ó un 4 por ciento, como por ejemplo el pan
común, la leche, los huevos, fruta, libros, periódicos o revistas que no
contengan publicidad extensa? ¿Por qué no se dedican esos 7.000 millones
no a absorber déficit público sino a estos artículos de primerísima
necesidad?
Sí hemos de decir que el Gobierno improvisa en el tema de los
descodificadores. Yo sé que todos estamos --unos más que otros-- en una
carrera en función de las nuevas tecnologías y en función de la falta de
previsión de empresarios y gobernantes --de los anteriores gobiernos y de
éste-- y que el Gobierno también se contradice respecto al IVA. Esto es
cierto, esto no se puede negar. De pronto el Gobierno parecer haber
descubierto los temas de comunicación y puede dar la impresión de que
entra en este tema de la comunicación como un elefante en el museo del
Prado. Ya sucedió anteriormente, cuando desde despachos del partido pero
de cara a los gobiernos municipales se dijo que adelante, que a la
carrera, que el que más pudiera, como los colonos en el Oeste, en función
de las redes del cable, de la instalación y de las licencias. Una serie
de partidos vimos que esto había que detenerlo, y lo hicimos con una ley
de telecomunicación por cable que se aprobó en los estertores de la
anterior legislatura. Algo de esto estamos haciendo, con mucha menos
importancia, de cara a que no haya abusos de dominio en esta carrera de
la ley del más fuerte. Y no entiendo las quejas que se cruzan ahora
porque hubo --y aquí se ha dicho-- recursos de todo tipo, a nivel de la
Comisión europea, con respecto al acuerdo Canal + Telefónica, que daban a
entender que no se puede permitir en esta carrera la ley del más fuerte.
Pero a nuestro juicio el PSOE exagera de manera apasionada. El PSOE
confunde los debates y me parece que se está equivocando. Esta es mi
opinión. El PSOE exagera porque se mete en la guerra mediática, teniendo
en cuenta que los procesos de concentración se van a dar por intereses
comerciales y se alinea en una trinchera que no nos corresponde a ninguno
de los partidos políticos, a menos que se esté buscando, como he dicho,
intereses de control informativo de ahora en adelante. Yo creo que la
izquierda no debe seguir ese camino. La izquierda debe ver que los
caminos de la concentración, que abortan la pluralidad y que afectan muy
de
lleno a la democracia, son los que hay que combatir y no situarse bien de
cara a los medios de comunicación, aunque se concentren, para ganar más
votos en las próximas elecciones. Eso no debe hacerlo la izquierda. Se ha
exagerado mucho, se ha entrado en la guerra comercial y se ha dado la
impresión de que se tenía mono de La Moncloa, síndrome de abstinencia. Se
ha llegado a calificar de estalinismo a todos aquellos que votaran este
decreto, a lo que no hemos contestado abruptamente, y no lo vamos a
hacer. Que nadie tema, que no voy a hablar aquí de bozales, que cada cual
diga lo que quiera, pero hay que medir un poco mejor lo que se dice,
porque el debate es comercial y de control de la comunicación, y ahí le
corresponde un papel a la izquierda y no otro.
Izquierda Unida va a actuar tranquilamente, sin dejarse presionar por
nadie, desde su independencia y desde su proyecto. Izquierda Unida tiene
un proyecto escrito. Quien quiera ver nuestros pasos hoy, mañana y
pasado, que vea lo que está escrito. Está escrito desde cuatro puntos de
vista: servicio público universal (yo ya junto lo de público y lo de
universal), empresas públicas (defensa de lo público), defensa del
interés general y defensa de la pluralidad política y social. Lo hemos
escrito todo y lo vamos a publicar para que no haya improvisaciones, como
hacen otros acusando a los demás de barbaridades. Hemos publicado la ley
de televisión local por ondas, la ley de telecomunicaciones por cable, la
ley anti-trust en la legislatura anterior y muy reelaborada la vamos a
presentar el miércoles que viene en esta Cámara. Hemos publicado nuestra
alternativa a Radiotelevisión Española. Tenemos un proyecto claro de
liberalización de las telecomunicaciones --que vamos a ver dentro de un
par de horas en esta Cámara-- hicimos una ley con texto alternativo
frente al acuerdo PSOE-PP, del que ahora hablaré, y tenemos una
alternativa clara frente a PSOE y PP contra la privatización de
Telefónica y Retevisión.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Alcaraz, por
favor, vaya terminando.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente, pero es que por ejemplo el
señor Pérez Rubalcaba consumió tres veces su tiempo ¿Me permite un poco
más?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Sí, pero vaya
terminando.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, voy terminando.
Lo hemos demostrado esta misma semana, la semana de las
telecomunicaciones en el Congreso. Anteayer compareció el presidente de
Retevisión y le dijimos que no estábamos de acuerdo con el pacto PP-PSOE
para la privatización de Retevisión, pacto firmado en la ley que vamos
discutir en un par de horas. Anteayer compareció en esta tribuna el señor
Pérez Rubalcaba y pidió que los cinco consejeros del Estado permanezcan
en el consejo de administración de Telefónica. Votamos a favor porque
coincide con nuestros presupuestos y era justa su proposición. Ayer
hicimos una pregunta al Presidente del Gobierno, que no se dignó
contestar y lo hizo el señor Alvarez-Cascos, en el sentido de que no
estamos de acuerdo ni con el proceso ni con los contenidos ni con la
persona que se ha nombrado como Director General de Radiotelevisión
Española. Y hoy vamos a votar a favor de este proyecto y vamos a pedir
que se tramite como proyecto de ley. Pero hoy no termina aquí el debate.
Este decreto es mínimo para lo que vamos a discutir dentro de un par de
horas, que es ni más ni menos, lo sabe el señor Arias-Salgado muy bien,
toda la liberalización de las telecomunicaciones. Desde la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones hasta la privatización de Retevisión,
el cambio ya en muchos aspectos de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones y el cambio sustancial de la Ley del Cable que
habíamos pactado en la legislatura anterior es lo que vamos a discutir
dentro de un par de horas. ¿Y saben ustedes a qué nos oponemos? Y lo voy
a demostrar desde esta tribuna, como ayer hacía el señor Alvarez-Cascos
en otro tema, al acuerdo firmado por PP y PSOE. Nos oponemos rotundamente
desde nuestra propuesta, no desde una etérea, no desde una fervorina, no
desde una improvisación, sino desde un texto que hemos presentado en esta
Cámara y que hemos visto cómo consensuaban más bien en la matriz del PP
que en la de PSOE un tema de enorme importancia, estratégico sin duda,
como es el de la liberalización de todas las telecomunicaciones.
Termino, señor Presidente, diciendo que nosotros plantearemos las
enmiendas que correspondan para, si ha habido alguna intención --que no
entramos en intenciones-- de retrasar, que no se produzca el retraso; si
ha habido alguna intención de entorpecer, que no se produzca, de forma
que el decreto-ley sea absolutamente objetivo. Lo vamos a plantear así.
Pero queremos plantear también otra cosa. Mientras se tramita este
proyecto de ley, ¿por qué no se enfrían las cabezas, incluso las cabezas
de los empresarios? ¿Por qué no les damos un viaje por Alemania o
Inglaterra? ¿Por qué no los llevamos a Francia a ver como se está en
trámite en las dos y media plataformas digitales? ¿Por qué no enfriamos
las cabezas incluso de cara a sus propios intereses? ¿Por qué no les
decimos que no son posibles dos plataformas digitales? ¿Por qué no les
decimos que no son negocio dos plataformas digitales? ¿Por qué no les
decimos que no vamos a permitir --desde nuestra fuerza, claro--, en esta
Cámara, que una plataforma se imponga frente a otra en un proceso de
concentración? ¿Por qué no se lo decimos? ¿Por qué no les explicamos que
cada día que pasa es más difícil el acuerdo? ¿Por qué no les explicamos
que dentro de un año, cuando haya cien antenas parabólicas
mirando al Astra en las casas de este país será muy difícil meter otra
antena parabólica mirando al Hispasat? El Hispasat va en el eje
Brasil-Coruña y el otro en el eje del canal de Suez, cada antena
parabólica va a mirar a un lado y ya no será posible ¡ojo! ni el acuerdo
ni el negocio. ¿Por qué no les decimos eso a los empresarios y al
Gobierno? Efectivamente hay una plataforma que dice que quiere retener el
65 por ciento. Vamos a convencerles de que no hay negocio, de que hay que
ir a una plataforma plural donde los abonados que se produzcan, que no
van a ser tantos como se ha dicho, incluso en función de las condiciones
económicas de este país, repercutan de manera adecuada en la construcción
lógica que queremos hacer de cara a tecnologías de futuro. Nosotros
planteamos que esto se puede hacer.
Señores de Convergència i Unió, que habéis lanzado la misma idea,
Convergència i Unió o Izquierda Unida vamos a ser determinantes en este
proceso, o los dos juntos. ¿Por qué en los próximos dos meses, mientras
se tramita la ley, no sentamos a todo el mundo y ante una jarra con agua
muy fría les decimos que ni es posible por razones tecnológicas, ni es
posible por razones comunicativas, ni es negocio lo que están haciendo?
¿Por qué no les explicamos que no deben producirse los procesos de
concentración, uno frente a otro, en una lucha que va a ir en contra de
la democracia y en contra de la pluralidad? Ese es el reto que tenemos y
lo que se ha establecido es una carrera partidista que oculta la
auténtica verdad.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Alcaraz
Masats.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación
con el Real Decreto 1/1997.
Mucho se ha hablado ya, a través de todos los medios de comunicación,
sobre este decreto-ley que hoy trae el Gobierno para su convalidación, y
considero que es positivo que por fin se celebre este debate. Es
positivo, además, porque el Grupo Socialista ha emprendido una campaña
--una cruzada, como les gusta decir a ellos-- en la que hemos podido oír
de todo. (Fuertes rumores.) Tranquilícense, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías,
respeten al orador.
La señora MATO ADROVER: El Grupo Socialista, en su empeño por defender a
muerte los intereses de un único grupo de comunicación, a costa de
cualquier cosa y de cualquier persona, se ha quedado solo. Pero no hablo
únicamente de que se haya quedado solo en esta Cámara, se ha quedado solo
y se ha alejado de la sociedad. En realidad creo que han estado tantos
años alejados de la sociedad --trece años exactamente-- que no han sido
capaces de volver a ella. Pues bien, señorías, esta soledad les ha hecho
emprender una nueva estrategia, que no sé si definir como de pincel fino
o como de brocha gorda; en cualquier caso es una estrategia que supone el
ataque contra todos y ante todos. Creo, señorías, que es dura la soledad
si ustedes la eligen de esa manera.
Esta misma mañana, de forma tendenciosa, se ha atacado burdamente al
actual Gobierno con acusaciones falsas e impropias de un grupo
parlamentario que tiene el apoyo de varios millones de españoles y que,
al menos, debería mantener el rigor que el respeto a esos votantes y a
todos los ciudadanos exige. Señor Pérez Rubalcaba, me sorprende que no se
haya sonrojado usted con las cosas que ha dicho aquí esta mañana; mayor
cinismo no cabe. ¿Cómo puede usted hablar de utilización de las
instituciones del Estado, después de trece años de constantes abusos?
(Rumores.) ¿Quiere usted que le cuente historias, quiere usted que le
ponga algún ejemplo? (Varios señores Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Sí! ¡Sí!) Solamente les voy a poner un ejemplo porque, si
no, la lista sería tan larga que el Presidente seguramente me llamaría al
orden para que dejara la tribuna. (Rumores.) ¿Quieren historias de
fiscales? Les diré: Un grupo de policías y un fiscal instaron y lograron
que un juez aplicara la legislación antiterrorista a un miembro del PP.
¿Historias de uso del aparato del Estado contra derechos fundamentales?
Hablemos del GAL. ¿Historias de abusos? Hablemos de Filesa. (Un señor
Diputado del Grupo Parlamentario Socialista: De López-Amor. Rumores.)
¿Historias de manipulación de medios? (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
La señora MATO ADROVER: ¿Historias de manipulación de medios? Su ex apoyo
mediático: utilización de Radiotelevisión Española como instrumento de
propaganda del Partido Socialista. (Fuertes protestas.-- Aplausos.)
Señorías, en el año 1993 --según se recoge textualmente en el documento
firmado por Radiotelevisión Española cuando la dirigía el señor Candau--
se incrementó el presupuesto de Radiotelevisión Española en 26.000
millones de pesetas --que se dice pronto--, por motivos políticos, por
ser año electoral, para mantener la audiencia. (Rumores y protestas.) ¡Si
eso no es una utilización de un medio de comunicación al servicio de un
partido político, díganme ustedes qué es eso!
Pero, señorías, no es ésa la cuestión. Estamos hablando del decreto-ley
que esta mañana se ha presentado en esta Cámara por el Gobierno, un
decreto que
apuesta por la liberalización real --y digo real-- de los servicios de
telecomunicaciones. De la intervención del Ministro se desprende la
necesidad de incorporar esa directiva. España estaba obligada a hacerlo
--como ha recordado alguno de los intervinientes-- antes del 23 de agosto
de 1996. (Rumores.) España, por tanto, estaba incumpliendo una parte de
sus obligaciones comunitarias desde esa fecha. Ahora bien, señor Pérez
Rubalcaba, nadie puede dudar de que los daños derivados de la no
trasposición eran escasos, por no decir inexistentes, mientras no
estuviera en funcionamiento en nuestro país un servicio digital al que le
fueran aplicables. La inminencia de la puesta en marcha de la primera
plataforma digital española hace imprescindible la incorporación urgente
de estas normas; de ahí la urgente y extraordinaria necesidad de
incorporar esta directiva.
Señorías, el Derecho comunitario obliga al Estado español no sólo a
incorporar las disposiciones de la directiva, sino a establecer las
medidas adecuadas que aseguren el cumplimiento y la eficacia de las
reglas europeas. ¿Qué significa esta disposición? ¿Qué consecuencias
inmediatas tiene? Sencillamente la exigencia de establecer sistemas de
control y sanción. De esta forma se establece un registro en el que
obligatoriamente deben inscribirse los operadores. Este registro no tiene
más finalidad que controlar que se cumplan las especificaciones técnicas
establecidas en la directiva. De ahí también la obligación de una
autorización previa para la prestación de los servicios de televisión
digital, con el fin de que las autoridades españolas puedan comprobar el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que deben cumplir estos
servicios. Todo ello, señorías, en garantía de los derechos de los
usuarios y de los ciudadanos. ¿Qué pasa con el Grupo Socialista? Parece
que tampoco le gustan en este caso los sistemas de control y de sanción,
aunque sean para proteger y sean en beneficio de los usuarios de los
servicios de televisión digital.
Señorías, en España tenemos hoy reguladas todas las formas de televisión:
la televisión privada, la televisión por cable, la televisión por
satélite, la televisión autonómica, la televisión local, y faltaba una
regulación de la televisión digital, que sin duda debía plantearse antes
de su puesta en marcha. ¿Quién puede sostener que es positiva la
regulación de todas las modalidades de televisión salvo la digital? ¿Es
que tienen ustedes algún interés en que no se regule? ¿Acaso creen que
sin regulación se podrá mantener más tiempo un monopolio que parece que
les da algún dividendo? (Rumores.) Es cierto que hasta ahora el Gobierno
anterior nos tenía acostumbrados, sobre todo en materia de comunicación,
a que la legislación fuera por detrás de la realidad. Pero en este caso
el Gobierno del Partido Popular ha optado por regular los mercados antes
de su nacimiento y de su puesta en marcha. Con ello evitará posibles
efectos no deseados y protegerá, como he dicho, los derechos de todos: de
los empresarios, de las empresas y de los ciudadanos. Para entendernos,
nosotros queremos legalidad en telecomunicaciones. Ustedes optaron por la
alegalidad reinante, dando, por cierto, todo el trabajo del mundo a los
tribunales.
Señorías, otros artículos del real decreto suponen una garantía de la
defensa del consumidor; garantía que tiene amparo constitucional. El
artículo 4, por ejemplo, establece la obligación de resarcimiento a los
usuarios por suspensión de servicio digital y, con ello, la obligación
del prestador de constituir un depósito. La constitución de esta fianza
en una caja de depósitos responde a la obligación de indemnización y se
ha considerado imprescindible y absolutamente ajustada al ordenamiento
jurídico como garantía de los derechos básicos de los consumidores.
Queremos evitar, señores, nuevas PSV. Queremos evitar que los españoles,
los ciudadanos, los usuarios tengan que pagar por los errores de las
empresas.
La directiva, señorías, también exige que el acceso de terceros a la red
digital se haga en condiciones equitativas, razonables y no
discriminatorias, lo que significa que las tarifas deben respetar este
principio y ser objetivas. Estos principios han sido trasladados a todos
los sectores en los que existe el riesgo de situaciones de monopolio.
¿Son ustedes partidarios, acaso, de que no se regulen las tarifas y de
que no se cumplan las condiciones equitativas, razonables y no
discriminatorias para consolidar un monopolio también en la televisión
digital?
En cuanto a las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones
por parte de los operadores y para la adaptación o sustitución de los
descodificadores de uso digital, quiero decir que son razonables, dada la
necesidad de un descodificador universal que facilite la libertad de
elección del ciudadano. No cabe duda que el consumidor, que al final es
el que paga el descodificador, tiene derecho a comprar, a través de ese
descodificador, todo lo que se ofrezca en el mercado y no sólo lo que un
grupo empresarial quiera ofrecerle. Señorías, están ustedes
contraponiendo el privilegio de una empresa a ofrecer una serie de
servicios con el derecho de los ciudadanos a elegir entre todas las
ofertas del mercado. Nosotros, desde luego, entre privilegios de una
empresa y derechos de los españoles, nos ponemos siempre en el lado de
los derechos de los ciudadanos. (Varios señores Diputados: ¡Bien!)
Vamos a ir al IVA, señor Pérez Rubalcaba. En cuanto a la subida del tipo
del IVA tengo que manifestar, en primer lugar, que la televisión de pago
estaba ajustada a un tipo de IVA menor del que corresponde a este tipo de
servicios, suponiendo la natural merma del presupuesto del Estado.
Digámoslo claro. La experiencia de la televisión de pago demuestra que se
trata de un negocio de alta rentabilidad y parece imprescindible alterar
su privilegiado --privilegiado, repito-- status fiscal. No tiene sentido
que tales servicios de pago, que recaen sobre contribuyentes de rentas
medias y altas y que propician altas rentabilidades a su proveedor,
paguen un tipo de gravamen reducido, propio de servicios vinculados a
perceptores de bajas rentas o a servicios esenciales como pudiera ser la
educación. Convendría saber cuáles son las razones que alegó en su día
algún grupo parlamentario de esta Cámara para mantener privilegios. Desde
luego el interés general no era lo que les guió.
Señorías, no es la primera vez que un portavoz del Grupo Socialista --ya
lo hacían cuando estaban en el Gobierno--, actúa sin ninguna objetividad
y, sobre todo, anteponiendo el interés de una empresa determinada a lo
que deben ser las reglas de juego para todo lo que es el futuro de las
telecomunicaciones en España. No es la primera vez que, por intereses
particulares, tratan de condicionar el futuro de las telecomunicaciones.
Quiero recordarles, como ya lo ha hecho el Ministro, que ya lo hicieron
con el cable, legislación que sufrió un retraso considerable --retraso de
años--, no sabemos exactamente con qué finalidad, aunque sí que lo
imaginamos. Posteriormente, cuando esa legislación no podía retrasarse
más, aprobaron y apoyaron una operación que suponía entregar una empresa
de control público a una determinada empresa privada para que realizase
un negocio también privado. Esto fue así y entonces no les guiaba el
interés general. ¿Qué interés les guiaba entonces? Podrían explicarlo hoy
en esta Cámara. Nadie pudo entonces entender esa decisión, como tampoco
puede ahora nadie entender su posición, salvo que la misma, como
entonces, responda a una estrategia, inconfesable por supuesto. Sería
bueno que, de una vez por todas, ustedes, señores del Partido Socialista,
explicaran en esta Cámara cuáles son los condicionantes, ajenos a estas
cuestiones, que les hacen siempre mantener una posición contraria a la
liberalización de las telecomunicaciones, a la existencia y prestación de
estos servicios en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos y les
impide poner por delante de cualquier otra cuestión el interés general de
los españoles.
¿Quieren que hablemos de fútbol? Pues hablamos. (Rumores.) Nosotros
queremos que todos los aficionados al fútbol, los que tienen altos
ingresos, los que tienen ingresos medios y los que tienen bajos ingresos
y no pueden pagar una televisión de pago, puedan disfrutar de partidos de
fútbol en abierto y, por supuesto, los días en que pueden verlo. Así de
claro. Apostamos por los ciudadanos y en este caso por los ciudadanos
menos favorecidos. ¿Es que ustedes me vienen a decir que hubieran querido
que los once millones de espectadores que tuvo el Madrid-Barça hubieran
visto todos el partido pagando? Si es así, díganlo en esta Cámara.
(Fuertes rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López):
Señora Mato, por favor, vaya finalizando. (Continúan los rumores.)
Requiero el silencio de sus señorías.
Señora Mato, cuando quiera.
La señora MATO ADROVER: Señor Rubalcaba, parece que su paso por el
Gobierno les ha hecho a ustedes ponerse --y es bastante triste-- al lado
de los poderosos (Protestas.), o quizás es que ustedes ahora son los
poderosos. (Rumores.--Aplausos.) Señorías, es necesario que existan unas
reglas de juego de presente y de futuro que garanticen la estabilidad.
Hay que afrontar las situaciones con seriedad, y eso es lo que está
haciendo el Gobierno del Partido Popular (Rumores.) No más parcheos, no
más autorizaciones bajo cuerda, no más privilegios, ni los de antes ni a
partir de ahora. Estamos hablando, señorías, de comunicación, y ya
sabemos que ustedes, señorías del Partido Socialista, son muy sensibles
al control de estos ámbitos. Siempre lo han sido. Trece años de Gobierno
socialista avalan esta afirmación.
El objetivo de cualquier Gobierno debe ser incentivar la iniciativa
privada, de manera que se realicen inversiones que supongan creación de
puestos de trabajo. El objetivo del Gobierno y de los legisladores debe
ser ofrecer seguridad jurídica y reglas de juego estables. Señor Pérez
Rubalcaba, ¿cómo puede usted hablar de dos plataformas digitales que son
un monopolio y de una plataforma que es pluralismo? Se lo explico. No es
imprescindible que haya dos plataformas para que haya pluralismo y, sin
embargo, sí puede haber monopolio con una sola plataforma. Si se cautiva
y se captura el mercado a través de la tecnología, sin ninguna duda nos
encontraremos ante el monopolio de un medio de comunicación.
(Rumores.--Un señor Diputado: ¡El ABC es pluralismo!) Señorías, termino
diciendo que nosotros no tenemos nada que objetar a que cualquier empresa
privada, en el marco de la ley, establezca sus estrategias y sus
compromisos, pero sí estamos absolutamente en contra de otorgar
privilegios a empresas privadas en contra de los ciudadanos. Por encima
de cualquier privilegio de empresas privadas está siempre el interés
general. Si algunos sectores consideran conveniente acudir a los
tribunales, porque entienden que el decreto-ley excede de sus
competencias, lo harán sin duda. Yo les anuncio que, como ha señalado el
Ministro, este decreto-ley se ajusta en todos sus postulados a la más
exquisita neutralidad y a la defensa exclusiva de los intereses de todos
los ciudadanos.
El 20 de septiembre de 1995 --y fíjense ustedes en la fecha-- en esta
misma Cámara les dije que mi grupo nunca iba a defender intereses
privados contra intereses privados o frente a intereses privados. En eso
ustedes son los especialistas. Nuestro grupo y el Gobierno
del Partido Popular únicamente estamos al servicio de los intereses
generales. Les pido que hagan un esfuerzo para no enturbiar el proceso de
liberalización de las telecomunicaciones para el año 2000 que por fin el
actual Gobierno está impulsando.
Señor Presidente, señorías, ya termino. Este debate en sede parlamentaria
es consecuencia de la transparencia buscada por el Gobierno. Hay aspectos
del mismo que según incluso el Consejo de Estado se podrían regular por
decreto. El Gobierno optó por el decreto-ley, porque quiere oír al
Parlamento y explicar su opinión en esta Cámara. Para completar y rematar
esa voluntad, el Gobierno y el Grupo Popular no han tenido inconveniente
en aceptar su tramitación como proyecto de ley. (Un señor Diputado: ¡Lo
ha dicho Pujol!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
Señor Ríos, por favor. Señor Alcaraz, señor Jover, por favor.
La señora MATO ADROVER: Más limpieza, señorías, más claridad, más
transparencia es imposible.
Muchas gracias (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Mato.
Finalizado el debate procederemos a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las
votaciones, en primer lugar, de la convalidación o derogación del real
decreto-ley debatido y su eventual tramitación como proyecto de ley si
resulta convalidado, y posteriormente de los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que constituyen el
punto octavo del orden del día.
Comenzamos con la votación sobre la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero, que acaba de debatirse.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a
favor, 197; en contra, 132; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 1/1997.
Votación que se ha solicitado por diversos grupos parlamentarios sobre la
tramitación como proyecto de ley del decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a
favor, 334; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la tramitación como
proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/1997.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE ESPAÑA Y UCRANIA, FIRMADO EN
MADRID EL 8 DE OCTUBRE DE 1996 (Número de expediente 110/000061)
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE UCRANIA Y ANEJO, FIRMADO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 1996
(Número de expediente 110/000062)
--CONVENIO SOBRE LOS EFECTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS ACCIDENTES
INDUSTRIALES, HECHO EN HELSINKI EL 17 DE MARZO DE 1992 (Número de
expediente 110/000063)
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
ISLAMICA DE IRAN Y ANEXO, FIRMADO EN TEHERAN EL 24 DE JUNIO DE 1996
(Número de expediente 110/000064)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
RELATIVO AL INTERCAMBIO Y SALVAGUARDA RECIPROCA DE INFORMACION
CLASIFICADA Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 14 DE OCTUBRE DE 1996 (Número
de expediente 110/000065)
--ACUERDO MARCO INTERREGIONAL DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL MERCADO COMUN DEL SUR Y SUS
ESTADOS PARTES, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 15 DE
DICIEMBRE DE 1995, DECLARACION CONJUNTA, EL ACTA DE LA FIRMA Y
DECLARACION ANEJA (Número de expediente 110/000066)
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR
UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE UZBEKISTAN, POR OTRA, Y ACTA FINAL, FIRMADOS
EN FLORENCIA EL 21 DE JUNIO DE 1996 ( Número de expediente 110/000067)
El señor PRESIDENTE: El punto octavo del orden del día incluye los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales, que, al no tener enmiendas, vamos a pasar a votar.
Votación sobre el Tratado de amistad y cooperación entre España y
Ucrania, firmado en Madrid el 8 de octubre de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 326; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno
de Ucrania, y anejo, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen sobre el
citado convenio.
Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República
Islámica de Irán, y anexo, firmado en Teherán el 24 de junio de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 326; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen relativo
al acuerdo mencionado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania
relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de información
clasificada y protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 324; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus
Estados partes, por otra, firmado ad referendum en Madrid el 15 de
diciembre de 1995, declaración conjunta, el acta de la firma y
declaración aneja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen.
Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, y acta final, firmados
en Florencia el 21 de junio de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 324; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen relativo
al acuerdo mencionado.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES.
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO.) (Número de
expediente 121/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, dictámenes de
Comisión sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, debate sobre el
dictamen de la Comisión de Infraestructuras sobre el proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones, procedente a su vez del Real
Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.
Para la defensa de sus enmiendas tiene en primer lugar la palabra el
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, muy brevemente me dirijo a la Cámara para
fijar nuestra posición nuevamente en relación con el proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones y solamente para incidir en un
punto que hace referencia a las enmiendas que hemos mantenido vivas --en
concreto son dos, que se refieren a la composición de la Comisión del
Mercado
de las Telecomunicaciones--, y lo hacemos así no con la esperanza de que
podamos obtener un apoyo parlamentario, sino por la necesidad de que se
valore y se calibre de una vez por todas que sería muy importante que los
organismos y los órganos de carácter decisorio en cualquier extremo de la
vida que afecte al Estado español, y concretamente aquellos que tienen
una importancia vital desde el punto de vista económico o cultural,
estuviesen sometidos a un criterio de control democrático y de
representación... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor
Rodríguez.
Señorías, señor Nadal, les ruego que guarden silencio, porque es
imposible si no atender a la intervención del señor Rodríguez.
Cuando quiera, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que es fundamental que los organismos o los órganos que van a
ejecutar decisiones importantes para la vida económica o cultural del
Estado español tuviesen no solamente una representación democrática,
controlada también democráticamente, sino asimismo territorial, en el
sentido de cómo está constituido el Estado español, que sin duda tendrá
que ir inexorablemente camino de un reconocimiento de su realidad
plurinacional, de su realidad diversa en el terreno cultural. Por estas
razones mantuvimos dos enmiendas vivas, que se refieren a la composición
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Hoy por hoy, tal como se recoge en el proyecto de ley, está claro que es
un apéndice gubernamental, aunque sus miembros hayan sido designados a
través de un acuerdo de partidos con representación importante en este
Congreso de los Diputados. Está claro que sería muchísimo mejor que se
tratase de una designación del Congreso de los Diputados y que fuese
sancionada después por el Gobierno, con lo cual ya podría haber acuerdos
parlamentarios más o menos mayoritarios y más o menos democráticos y
sometimiento al control de esta Cámara.
En segundo lugar, debería haber una representación de carácter
territorial que correspondiese a las comunidades autónomas que tienen
lengua y cultura propias, con lo cual sería una comisión compuesta por
siete miembros de representación directa de este Congreso de los
Diputados y por otros siete miembros que representarían a estas
comunidades autónomas con lengua y cultura propias, designados,
lógicamente, por sus parlamentos autonómicos.
Por tanto, señorías, se trata de que el control sea eficaz, de que la
diversidad esté presente y de que no nos veamos abocados a que el
organismo de control sea exclusivamente gubernativo, monopolístico y no
sensible a la realidad diversa del Estado español.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Vasco (PNV), en defensa de sus enmiendas, tiene la palabra
el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco ha mantenido vivas siete enmiendas a este
proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones y, en
consecuencia, dado que en origen comenzamos presentando veinticinco,
valoramos --y lo queremos hacer constar-- el esfuerzo de consenso que
durante ocho meses se ha realizado en esta Cámara para llegar al dictamen
que la Comisión de Infraestructuras presenta hoy ante el Pleno de esta
Cámara. En un tema de tanta trascendencia política y de tantas
repercusiones, como hemos podido observar en el último debate que hemos
conocido en esta Cámara, conviene subrayar también que los grupos
parlamentarios mayoritarios, con otros grupos territoriales, han sido
capaces de ponerse de acuerdo en los aspectos básicos en torno a los
cuales se va a nuclear la realidad legislativa del tema de las
telecomunicaciones, precisamente en esa perspectiva que indicábamos en
nuestra intervención anterior de generar empleo, de posibilitar
inversiones, de sentar las bases de esa sociedad cibernética del siglo
XXI que se nos anuncia.
El Grupo Parlamentario Vasco, como digo, ha mantenido siete enmiendas. La
enmienda 16 hace referencia a la reforma de la LOT, que en opinión del
Grupo Parlamentario Vasco no se actualiza con suficiencia y, en
consecuencia, se propone en esta enmienda la adición de un nuevo apartado
para que no queden excluidos del uso de las redes corporativas de las
telecomunicaciones de las comunidades autónomas los usuarios de los
servicios, porque, paradojas de la vida, los usuarios de estos servicios
son precisamente las mismas comunidades autónomas. Se da una
circunstancia paradójica y muy curiosa en la actual redacción de la LOT,
que en este aspecto, en nuestra opinión, ha quedado obsoleta, al
liberalizar el sector y permitir el uso de estos servicios en general,
tanto a los titulares públicos como a los privados, y curiosamente, por
entender que la titularidad es estatal, sólo los usuarios que utilizan
redes de las comunidades autónomas, que todavía son públicas, son los que
quedan excluidos de los usos de estos servicios. En todos los trámites,
en todas las reuniones en que hemos manifestado esta discriminación, que
en nuestra opinión no tiene sentido alguno, no hemos conocido respuesta
alguna a esta enmienda, que lo que solicita es la equiparación de todos
los titulares de redes, ya sean públicos o privados, y que por esta
redacción, curiosamente, entre los públicos no se haga discriminación
hacia los titulares de estas redes que son de las comunidades autónomas,
que son públicas, a no ser que en algún sitio se indique
que existen diversas clases de titulares públicos, circunstancia que
desconocemos.
La enmienda número 17 tiene otra perspectiva. Pretende trasladar las
medidas ONP, de oferta de red abierta y de competencia en el mercado de
los servicios, coincidente con algunas enmiendas que mantiene vivas el
Grupo Socialista, que se concretan en la obligación de la puesta a
disposición de las redes de los operadores de los servicios portadores a
favor de aquellos que lo soliciten con título suficiente. Entendemos que
en un momento en el que se están trasladando directivas europeas con
urgencia, como en el debate anterior, es fundamental tomar en
consideración esta normativa de la Comunidad Europea relativa a las ONP.
En relación a la enmienda número 25, que hace referencia a las
demarcaciones, intenta dibujar en el tiempo la prefiguración que se va a
dar en el tema de las telecomunicaciones. Si el mercado de las
telecomunicaciones se liberaliza el 1 de enero de 1998, hay que realizar
ahora --no se deje para después lo que ahora se puede hacer-- las
previsiones necesarias para el establecimiento de nuevas o diferentes
demarcaciones a partir de esta fecha. Dado que el artículo 2 de la Ley
del cable, vigente, reconoce las competencias en dichas materias a las
comunidades autónomas, en coherencia con lo allí recogido debiera
añadirse, en nuestra opinión, un nuevo artículo con la redacción que
presenta en esta enmienda el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
La enmienda número 29 hace referencia a la 16, que he defendido al inicio
de esta intervención solicitando la reforma del artículo 10.6 de la LOT
(están relacionadas las dos enmiendas), y contempla la posibilidad de la
interconexión de dichas redes.
Señor Presidente, de las siete que mantiene vivas el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), la fundamental y en la que debe establecerse un criterio
básico es en la enmienda 32, con contenidos similares e idénticos a la
número 103, que mantiene viva el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para que las entidades análogas a Retevisión
conozcan, en los ámbitos autonómicos propios, el reconocimiento que este
proyecto de ley concede a Retevisión en el ámbito de sus respectivas
comunidades autónomas y, en consecuencia, se otorgue título habilitante a
las entidades públicas autonómicas existentes prestadoras de los
servicios portadores para la prestación de los servicios finales,
incluida la telefonía básica.
Para concluir, señor Presidente, la enmienda número 34 solicita que se
contemple la posibilidad de creación de órganos homónimos de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones en comunidades autónomas con
competencias en arbitraje, reglamentación, tarifación y potestad
sancionadora en medios de comunicación social y cultural, siguiendo la
propuesta de las Directivas europeas, aquí también, 13/96 y 92/44, que
prevén la posibilidad de existencia de distintos organismos de
reglamentación y de arbitraje en un mismo Estado.
Habiendo defendido estas siete enmiendas, señor Presidente, quiero
indicar, para concluir, que el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) apoya
decididamente estos procesos legislativos conducentes a la liberalización
del sector de las comunicaciones; que acoge con agrado el clima de
trabajo que ha existido en los últimos ocho meses en esta Cámara para
dictaminar hoy, en Pleno, este dictamen de la Comisión con contenidos
suficientemente consensuados, con amplio consenso parlamentario; y que
estima que existen todavía aspectos que debían de ser considerados por el
Gobierno, por el grupo parlamentario mayoritario, para que este consenso
sea más estable y, sobre todo, para que todos estos procesos puedan
realizarse en la sociedad con suficiente autonomía; que el ámbito
legislativo que se ofrezca a los operadores, a los inversores, sea el
suficiente, el necesario, para que, de una santa vez, este sector de las
telecomunicaciones arranque en este Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, subo de nuevo a
esta tribuna, esta vez para defender nuestra enmienda, que se mantiene
viva, al proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
Quiero decir que estamos entrando en la última fase de la tramitación
parlamentaria de un proyecto de ley que, a su vez, deriva del Real
Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las
telecomunicaciones, proyecto que ha sido objeto, como queda de
manifiesto, de un larguísimo trámite parlamentario que ha servido para
modificarlo sustancialmente, diría yo, hasta hacerlo irreconocible.
El texto que aprobó la Comisión la semana pasada es fruto de un amplísimo
consenso y, a su vez, fruto también de un intenso, pausado y a menudo
díficil debate --a nadie se le ocultará que han sido casi ocho meses los
que hemos estado debatiendo de una forma u otra este proyecto de ley--,
pero hemos mantenido el debate que un proyecto de ley de esta
transcendencia requería, porque, como ha puesto de manifiesto el anterior
interviniente, el señor González de Txabarri, estamos ante una cuestión
de transcendental importancia para el futuro económico y social de este
país. Nos sentimos especialmente satisfechos por haber impulsado y
forzado, junto con otros grupos parlamentarios, la tramitación del real
decreto-ley como proyecto de ley. Todos los grupos parlamentarios que
hemos participado
en este debate estamos satisfechos de ello e incluso, como dije la semana
pasada en el debate en Comisión, creo que lo está el propio Grupo
Parlamentario Popular.
En líneas generales, el texto que ha salido de la Comisión es altamente
satisfactorio, en primer lugar, porque garantiza algo que para nosotros
era fundamental: una rápida liberalización de la telefonía básica, que,
de hecho, constituía el principal caballo de batalla para este grupo
parlamentario. Acertadamente, el Gobierno ha renunciado a la moratoria
que le permitía alargar esta liberalización hasta el año 2003, que se ha
concretado para el mes de diciembre del año 1998, aunque, a partir del 1
de diciembre de dicho año, los operadores de cable van a tener la
posibilidad de prestar este servicio sobre su propia red.
En segundo lugar, creemos que es satisfactorio porque favorece la
competencia en telefonía básica no sólo a través de la concesión de la
famosa segunda licencia a Retevisión, sino también porque, como decía
hace un momento, garantiza la apertura del mercado en diciembre de 1998 y
refuerza la transparencia y objetividad de las interconexiones, aspecto
éste en el cual hay una nota negra producida en los últimos días
--concretamente, el famoso sábado 1 de febrero, cuando sucedieron
muchas cosas--: la orden ministerial que quitaba la capacidad de regular
las interconexiones hasta diciembre de 1998 a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y la situaba en el Ministerio de Fomento, aspecto
que, quizá porque no ha sido suficientemente explicado, este grupo
parlamentario de momento no entiende y, por tanto, tampoco comparte.
En tercer lugar, estamos ante un proyecto de ley, ante un texto aprobado
por Comisión que recupera algo importante: el espíritu de la Ley del
cable y favorece el desarrollo de este servicio portador que va a tener
también una gran transcendencia e importancia en el futuro. El texto
aprobado por Comisión elimina las restricciones excesivas a la entrada
del capital extracomunitario en las redes de cable. Este grupo
parlamentario siempre ha creído que impedir la entrada de capital
extracomunitario, en unos porcentajes importantes, a las inversiones en
cable va a traer como consecuencia que no va a haber inversiones en cable
porque en nuestro país no existe, por parte de quien lo pudiera hacer, la
disposición de invertir en estas redes por compromisos que existen en
otros ámbitos de las telecomunicaciones.
El dictamen de la Comisión elimina los privilegios que el real decreto,
que convalidamos en el mes de junio, concedía a los concursos convocados
durante la tramitación del anterior proyecto de ley, cuestión que
entendíamos se debía corregir. Manifestamos asimismo nuestra satisfacción
por que así haya sido y se conduzca a estas redes de cable a un régimen
transitorio similar al que se establecía con carácter general para todas
las redes de cable existentes antes de la entrada en vigor de la anterior
ley y, por tanto, desaparecen los privilegios.
Se favorece el desarrollo del cable --como decía antes-- garantizándole
la posibilidad de prestar telefonía en una fecha próxima. Por último, nos
sentimos satisfechos porque se refuerzan, de forma muy notable, las
competencias del regulador, es decir, a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones se la dota de mayores competencias, por ejemplo, en el
ámbito del otorgamiento de títulos para la prestación de servicios de
telecomunicaciones; se le atribuye la responsabilidad de velar por la
libre competencia, de controlar el cumplimiento de las obligaciones de
servicio público, de resolver los conflictos entre operadores en materia
de interconexión y de acceso y uso del espectro radioeléctrico, cuestión
que va a ser importante y decisiva para el futuro de las redes de
telecomunicaciones, el control de los procesos de concentración de
empresas, informar las propuestas de tarifas, fijar precios máximos de
interconexión, instar la inspección técnica, el registro general de
operadores; también se modifica el procedimiento de designación de sus
miembros introduciendo algo que diversos grupos de la Cámara queríamos
--nosotros también--, como es la participación parlamentaria en este
proceso; se la dota de medios y patrimonio y también se refuerza su poder
introduciendo como infracción muy grave el incumplimiento de sus
acuerdos.
Señor Presidente, señorías, como decía al principio, mantenemos una sola
enmienda que coincide con la número 32 del Grupo Parlamentario Vasco. Es
una enmienda que presentamos in voce en el trámite de Comisión y que
pretende legalizar las entidades públicas autonómicas prestadoras de los
servicios portadores que se utilizan como soporte de servicios de
difusión para que presten servicios finales, excluida la telefonía
básica. Se trata de aquellas entidades existentes, tanto en Cataluña como
en el País Vasco, que están transportando desde hace tiempo la señal de
las televisiones autonómicas, señal que, como saben ustedes, en el resto
del Estado y para el resto de cadenas, transporta Retevisión. Ante la
inminencia de la liberalización de los servicios portadores, ante el
proceso liberalizador en el ámbito de las telecomunicaciones en el que
estamos inmersos, no podemos dar la espalda a la realidad y mantener
estas dos entidades en una situación anómala.
Esto es todo, nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tienen la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: ¡Lo que es la política, señor Presidente! Vamos
a debatir lo que era un decreto y ahora es un proyecto de ley de enorme
importancia
estratégica, que afecta a la estructura profunda del futuro, las
telecomunicaciones y, sin embargo, esta ley no ha suscitado el debate
total, global, cósmico, del pequeño decreto anterior.
El 26 de septiembre de 1996, el Partido Socialista e Izquierda Unida
presentábamos una enmienda de totalidad con texto alternativo a este
proyecto de ley, que procedía del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.
Entonces, los dos --Partido Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-, hicimos una crítica radical al proyecto de ley; radical, pero
con alternativas, aunque no parecidas, ya que el PSOE iba por su parte y
nosotros, en función de lo que se conoce, por la nuestra. Y ambos
criticamos algo que había ocurrido ese mismo día, el 26 de septiembre, y
el día anterior: la publicación del reglamento de la Ley del cable y del
reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Es
decir, que incluso antes de que se empezara a debatir el proyecto de ley
se aprobaban reglamentos para una ley como la Ley del cable, que se
reformaba profundamente en este proyecto de ley, y para la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, que, al final del proceso, aparece con
unas competencias que en absoluto tenía al principio, porque, junto a la
publicación del reglamento de funcionamiento de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, deprisa y corriendo, con nocturnidad y
alevosía a nuestro juicio, PP, PSOE, Convergència i Unió y PNV llegaron a
un acuerdo para repartirse esta Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, y así está integrada: tres miembros, procedentes del
Partido Popular; dos, procedentes del PSOE; uno, procedente de
Convergència i Unió y, otro, nombrado por el Partido Nacionalista Vasco.
La tercera fuerza política del país queda desplazada de un contubernio
--puesto que ni siquiera se nos avisó-- que marca el funcionamiento --y
de aquí nuestra primera enmienda al proyecto-- de cara al futuro de todas
las telecomunicaciones de este país. La Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones que han pactado PSOE, PP y los otros dos partidos es
el gobierno de las telecomunicaciones de este país para el siglo XXI.
El señor Rubalcaba no está aquí, pero ruego al señor García-Arreciado que
le traslade un comentario: el decreto anterior, el Real Decreto-ley
1/1997, que hemos debatido al principio de esta jornada, tiene también un
hilo conductor, y es que está gobernado por la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y ellos han ocultado que son parte importante de
esa Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por tanto, el debate
que hemos tenido anteriormente es falso en una parte muy importante,
políticamente falso, porque inmediatamente llegó a nuestras manos el
acuerdo PP-PSOE (mostrando un documento a la Cámara.). Es la letra del
ordenador de ustedes, no es la del nuestro, y se trata de un acuerdo
total, no de un decretito cualquiera. Se trata de un acuerdo sobre la
ordenación estratégica de las telecomunicaciones para el siglo XXI,
adelantando incluso las reformas que se van producir como consecuencia de
la Ley general de telecomunicaciones que vamos a empezar a discutir
dentro de unos días. De pronto, nos encontramos con que hay una pelea
fantasma, políticamente apasionada, tan apasionada como injusta y falsa,
con respecto a algo que es fundamental y que se ha pactado previamente, y
aquí está la prueba, aquí están las enmiendas transaccionales pactadas
entre PP y PSOE.
La primera cuestión es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En el pacto desaparece una enmienda fundamental del PSOE, una enmienda
sin la cual no se puede hablar claramente de la extracción democrática de
la Comisión. Desaparece la enmienda, parecida a la nuestra, que
mantenemos y que yo defiendo en este momento, según la cual, lo mismo que
ocurre en el caso del Consejo General del Poder Judicial o del consejo de
administración de Radiotelevisión Española, es el Congreso de los
Diputados quien nombra la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Esa enmienda desaparece en el pacto y las barbaridades que dijo el señor
García-Arreciado contra la extracción digital o dedocrática de esa
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se convierten en luna de
miel; la luna de hiel se convierte, de pronto, en luna de miel. Después
nos dice que la pinza la tenemos nosotros con el Partido Popular.
¡Hombre!, hay que echarle menos cara a la situación política. Yo sé que
nada de esto que estoy diciendo ahora va a salir en los medios de
comunicación, pero ahora sí estamos debatiendo un tema de fondo, estamos
debatiendo la estrategia de telecomunicaciones y hay acuerdos PP-PSOE. Me
da hasta risa.
La segunda enmienda que pactan PP y PSOE, ni más ni menos que la segunda
enmienda, señorías, cambia profundamente la Ley de Telecomunicaciones por
cable que habíamos pactado todos los grupos de la Cámara excepto el
Partido Popular. En esta negociación el Partido Popular se lleva el gato
al agua y mete en su matriz discursiva al Partido Socialista en función
del reparto que se han hecho de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, entre otras cosas, eliminando el límite del millón y
medio de abonados para evitar tentaciones de concentración. Y ésta es
nuestra segunda gran enmienda, no aceptamos que se quite de la Ley de
Telecomunicaciones por cable esta enmienda que han pactado PP y PSOE con
nocturnidad y alevosía.
Posteriormente, se introduce otra serie de enmiendas a la Ley de las
Telecomunicaciones que adelantan la posición de ambos grupos respecto a
lo que puede ser la Ley general de las telecomunicaciones. Si lo que se
adelanta es esto, señor Presidente, vamos a quitar, con nuestra oposición
radical, el concepto actual de servicio público universal. Esto va a
suceder si se adelantan acontecimientos de acuerdo con el pacto que se
ha suscrito ahora y ese pacto persiste en el futuro, porque entonces el
servicio universal se va a reducir a la telefonía básica pero siempre que
sea asequible. Asequible ¿a qué? ¿A intereses comerciales? No se dice. Ya
veremos con el transcurrir del tiempo qué tipo de pactos se van a
suscribir en función del documento que se ha elaborado con respecto a
este debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le rogaría que fuera concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Es que estoy defendiendo muchas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Ya sé que tiene muchas enmiendas.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, porque veo que no les interesa a SS.
SS. que les diga la verdad.
Finalmente, hay otro aspecto que nos parece grave. El martes también
comparecía el Presidente de Retevisión. Se pide la privatización de
Retevisión, como mínimo, el 51 por ciento para configurar el segundo
operador de telecomunicaciones ya con licencia de telefonía básica. Hay
un acuerdo prácticamente total y el propio Presidente de Retevisión
saludó la posición del PP y PSOE respecto a la forma de privatizar, a
nuestro juicio muy mal, Retevisión. Nos podemos encontrar --y cito aquí
al señor García-Arreciado-- con que, en función de la participación
extranjera que puede tener Retevisión, que incluso podría tener
Telefónica de otra parte teniendo en cuenta cómo están funcionando France
Telecom y Deutsche Telekom, estas empresas fortísimamente participadas de
dinero público en Francia y en Alemania, inviertan --así se dice para
Retevisión-- mucho en Retevisión, lo que quiere decir que empresas
participadas por Francia y Alemania van a decidir en cierto grado, según
se vean las inversiones posteriormente, la estrategia de
telecomunicaciones de este país, que, de forma improvisada e
irresponsable, está privatizando Retevisión con acuerdo del PSOE. En el
proceso que había del 40 por ciento para Telefónica, se quedó en el 20,9
y ahora también se intenta privatizar este 20,9; por cierto, que en la
privatización de Telefónica Internacional, donde el Estado tiene el 23,7
por ciento, también hay acuerdo total entre PSOE y Partido Popular. Sólo
difieren en la forma de privatizar, en que sea más o menos transparente y
en que el concurso sea más o menos restringido. Yo creo que me explico,
¿no? Porque está firmado, están los acuerdos sobre la mesa.
Con independencia de que ahora ustedes se peleen, que se van a pelear,
con independencia del teatro que montaron en la Comisión tanto en el tema
de Retevisión como en el proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones, en cuanto al fondo --he aquí el escrito suscrito por
ustedes-- están absolutamente de acuerdo.
Nosotros mantenemos nuestra coherencia, no nos vamos a vender por un
plato de lentejas digitales y, naturalmente, decimos que en este caso sí
se está afectando de manera inaceptable el futuro de las
telecomunicaciones en este país, en función de acuerdos en los que no ha
participado Izquierda Unida, ni participará si se mantienen sus
contenidos, que afectan muy de lleno incluso a leyes anteriores, que han
tenido nueve meses de vigencia como la Ley del cable, que hicimos por un
amplísimo consenso de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, un breve escorzo inicial antes de la
intervención porque, entre la pasión de responder al señor Alcaraz y el
deber de referirme al asunto que aquí nos trae hoy, yo tengo que tomar la
opción de referirme al proyecto de ley que vamos a discutir, y le quiero
agradecer al señor Alcaraz la fidelidad absoluta con la que sigue mis
intervenciones. Yo creo que es mi mejor lector, el único lector y, desde
luego, de los pocos escuchas leales y fieles que tengo. No llevo la
pretensión hasta el extremo de que me pague un 50 por ciento por el
copyright, porque, como buen comunista, pienso que usted creerá en la
propiedad intelectual, no en las demás; también podríamos compartir esa
propiedad intelectual aunque no es éste el tema.
Lo que nos trae aquí es que hubo un tiempo tan reciente, que hasta la
señora propia Mato puede recordar, antes de que el Gobierno decidiera
hacer a los españoles el regalo de Navidad de introducir la crispación en
el país y elevar a la categoría política de prioridad una serie de
sucesos y de actuaciones insólitas, que nunca han debido pasar de las
páginas pares de los periódicos más humildes del país; antes de ese
tiempo, como digo, que es muy reciente, hubo otro en el que algunas cosas
iban razonablemente bien, o razonablemente mal, por decirlo con más
precisión, que yo creo que es lo más que se le puede pedir a este
Gobierno, que las cosas vayan razonablemente mal.
Una de las cosas que iban razonablemente bien, de las pocas que iban
bien, era el trámite parlamentario de lo que hoy es el proyecto de ley
cuyo dictamen tenemos que analizar en este Pleno. El trabajo de los
grupos parlamentarios y la cordura perdida del Gobierno han permitido que
la Cámara, en vez de embestir, reflexione y que, entre todos y con más
tiempo, hagamos mejor lo que unos pocos quisieron hacer solos y en un
trámite muy apresurado, porque el principio de lo que hoy es este
proyecto de ley fue malo, fue bronco; la pretensión del Gobierno era la
misma que la de hoy:
convalidar el real decreto y anular cualquier posibilidad de trámite
parlamentario. Como dije entonces y ahora repito, a la fuerza ahorcan, el
Gobierno cuenta los votos y tiene la necesidad imperiosa de aceptar de
mala gana el trámite parlamentario de la ley.
Pero, aun así, en el caso que nos ocupa, el Grupo Parlamentario
Socialista no se encuentra incómodo con el texto final de este proyecto
de ley. Mantenemos, pero queda para la memoria de los desaciertos del
Gobierno, la desconsideración tenida con la Cámara de hacer el desarrollo
reglamentario de la ley antes de que se haya producido el texto final, no
ya del conjunto de las Cámaras sino ni siquiera del Congreso de los
Diputados.
Quedan flecos pendientes, algunos referidos a cuestiones técnicas y,
otros, a cuestiones de hondo calado político sobre las cuales tengo el
deber de informar a la Cámara sobre las razones de nuestro desacuerdo y
las justificaciones en las que pretendemos amparar las soluciones que
ofrecemos. De una manera breve, me voy a referir a ello. Al artículo 1º
hemos retirado nuestra enmienda 79, pero existen dos enmiendas in voce,
consecuencia de la iniciativa del Gobierno de publicar una orden
ministerial, ya citada, mediante la cual la competencia de la Comisión
del Mercado de regular las tarifas de interconexión queda paralizada
hasta diciembre de 1998. Es la competencia sustantiva, las tarifas de
interconexión son la base sin la cual es imposible hablar de
liberalización de las telecomunicaciones. No se puede hablar de ellas sin
que una autoridad independiente del Gobierno establezca las tarifas de
interconexión. Esa competencia, que había sido introducida entre las de
la comisión, a propuesta nuestra, asusta al Gobierno en un instante que
se puede situar en el entorno de la Navidad pasada, como muchas cosas, y
el Gobierno da marcha atrás. Da marcha atrás hasta el extremo insólito de
que una estructura creada, que consolida gastos del capítulo I del orden
de 1.000 millones de pesetas --700, en el mantenimiento de la estructura,
y unos 200, en los salarios de los miembros que forman esa comisión--, se
queda desposeída de sus competencias básicas hasta diciembre de 1998.
Harían bien los señores consejeros en irse al Caribe, como Curro, porque
hasta diciembre de 1998 los ciudadanos de este país van a estar pagando
1.000 millones de pesetas todos los años por nada. Y eso lo ha hecho el
Gobierno ¿por qué? Porque se reserva la competencia de ordenar por real
decreto la estructura y competencias de la comisión del mercado de las
telecomunicaciones. Y se resiste a ceder esas competencias. Para
conocimiento de los portavoces de CiU y de PNV, quiero decir que ni en la
comisión del mercado ni en la del sistema eléctrico hay la más mínima
reserva del Gobierno, o a favor del Gobierno, para introducir por
reglamento los desarrollos de la comisión. Cito esto porque uno de los
elementos que llevaron a los señores González de Txabarri y Recoder a
mostrar el apoyo conceptual a una enmienda que yo había presentado, y que
hoy mantengo in voce, pero a votar en contra en la comisión, era la
solemne afirmación de que tanto en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores como en la del sistema eléctrico tenía esos mismos límites por
parte del Gobierno. No es cierto, la señora Mato no dijo la verdad y, por
lo tanto, los señores González de Txabarri y Recoder se pueden sentir
aliviados, porque no hay precedente ninguno en esas dos comisiones que
permita al Gobierno desarrollar sus estructuras, como no puede ser menos.
Son personas de cualificadísima situación en el sector, de altísimos
conocimientos, de prestigio muy acreditado y que no permitirían --y no sé
cómo lo están permitiendo en este caso-- el trato de menores de edad, a
quien es preciso decir cómo se tienen que estructurar, cuándo tienen que
ejecutar sus competencias y cuáles, de las reconocidas en ley, no es
conveniente que las pongan en vigor porque hay alguien con más sabiduría,
con más experiencia, en este caso, el Ministro de Fomento, que las
rescata.
Por lo tanto, defiendo una enmienda a los apartados 4 y 9 del artículo
1º. En la primera defiendo la competencia de la comisión para establecer
su estructura interna y en la segunda pretendo que la Cámara limite la
facultad del Gobierno de desarrollar por decreto o por reglamento la
estructura de la comisión, no las funciones, que eso nos parece
razonable.
Hay una transferencia importantísima de competencias de la Administración
central del Estado y de la periférica a un nuevo órgano que se crea. Esa
transferencia no se puede producir convulsivamente a las cero horas del
día indicado; iría contra la razón. El Gobierno puede --debe tener-- y
tiene nuestro apoyo para regular por decreto o por reglamento las
funciones de la comisión, pero no la estructura.
Al artículo 2º, retiramos la enmienda 80, salvo en los puntos 5 y 8. Es
un artículo que modifica la actual LOT, cuyos contenidos sustanciales
compartimos desde el principio, fusila o copia un proyecto del anterior
Gobierno y solamente mantenemos para su votación por la Cámara los puntos
5 y 8 de nuestra enmienda.
¿Qué dice el punto 5 de nuestra enmienda? Que se mantenga el artículo
15.4 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que permite al
Gobierno mantener cinco consejeros en el Consejo de Administración de
Telefónica; permite que los tenga, no les fuerza. Ustedes, de manera
irresponsable, a mi criterio, deciden sacar por completo al Gobierno de
la capacidad de influir en decisiones estratégicas importantes. No lo
compartimos, pero no es eso. El artículo no les obliga a ustedes a tener
cinco consejeros. Dice que el Gobierno podrá tener cinco consejeros. No
cierren ustedes esa posibilidad.
El sector cambia no por días, sino por horas. Puede ser preciso en un
instante dado. No sabemos cómo se va a comportar una empresa
absolutamente en manos de capital privado en un marco regulador que
además
desconocemos. Ayer se debatió hasta la saciedad de esto. Nadie lo ha
hecho. Ninguno de los países de nuestro entorno lo ha hecho. No
renunciemos nosotros a algo que gobiernos de cuyo prestigio y experiencia
no se puede dudar --cosa que no se puede predicar del actual Gobierno de
España, por el poco tiempo-- han decidido mantener.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego vaya concluyendo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: En unos minutos, señor Presidente.
Hay quien dice que todavía hay algunos compañeros de clase del señor
Aznar que no están bien situados. Yo no me lo creo. Por si acaso, aquí
tienen ustedes cinco posibilidades. No ustedes o nosotros, los que
estemos, que eso es lo de menos, el pueblo español, que ha construido con
sus tarifas, año a año, sin subvención pública ninguna esta compañía, no
puede ser expulsado de quien representa sus intereses generales, del
consejo de administración. La señora Mato decía ayer triunfantemente que
estaba muy bien porque había un millón de españoles accionistas en
Telefónica. Hasta el día 21 somos 40 millones de españoles accionistas en
Telefónica. Nos pertenece y estamos representados en ella por el
Gobierno. Recapaciten ustedes. Es una decisión insólita en los países de
nuestro entorno y que debilita la capacidad del Gobierno por defender,
llegado el caso --y el sector, como digo, cambia a una velocidad
impresionante--, intereses generales, que no van a ser representados ni
por los consejeros de la banca ni por los supuestos independientes que
han nombrado ustedes. Por lo tanto, mantenemos los puntos 5 y 8 de la
enmienda 80, al artículo 2.
En el artículo 3, retiramos nuestra enmienda 81, salvo en sus puntos 4,
6.4 y 7. En el punto 4 no me voy a extender. En la Ley se fijaba el plazo
concesional en 15 años, ampliables por cinco y cinco hasta el máximo
establecido por la LOT, simplemente con la petición del concesionario.
Ustedes lo elevan a 25, introduciendo una rigidez innecesaria. Puede
haber, primero, concesionarios a los que no les esté dando los resultados
esperados y antes de los 25 años deseen retirarse del negocio; segundo,
puede haber, porque la ley lo permite, cambio en las demarcaciones
territoriales del cable, incumplimientos de los contratos, de los plazos
y de las prestaciones convenidas en la concesión del cable y ustedes...
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le agradecería que
resumiera. Ya sabe que el Pleno de hoy tiene aún dos puntos más y, siendo
de todo interés la argumentación relativa a las enmiendas, le pediría una
capacidad de síntesis que permitiera terminar el Pleno antes del
almuerzo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Agradezco al señor Presidente la
caridad que tiene por considerar de interés lo que vengo diciendo y voy a
hacer un esfuerzo muy grande por resumir, señor Presidente.
No se amarren ustedes. Tal como está, son 25 años también, pero a los 15
años hay la posibilidad de una reflexión, por las dos partes. Y ustedes
quitan esa posibilidad de reflexión, creyendo que así aumentan las
garantías empresariales del concesionario. Posiblemente no sea así en
algunos casos y tendremos que lamentarlo.
Mantenemos también los puntos 6.4. y 7 del artículo 81, sobre cuyos
contenidos no me extiendo en exceso. Unicamente me quiero referir, para
terminar, señor Presidente, a dos cuestiones. Una, en el segundo párrafo
del punto 6 del artículo, introducen ustedes la necesidad de que los
operadores de cable, hasta diciembre de 1998, es decir por un plazo de 11
meses, si quieren dar telefonía básica la tengan que dar sobre su propia
infraestructura, desde el punto de terminación de la red hasta el de
conmutación, hasta la central de conmutación más próxima. A continuación,
introducen ustedes, en transacción con una enmienda de CiU, que, no
obstante, deberán garantizarse las conexiones necesarias para que
cualquier usuario pueda llamar, sea la compañía que sea cuyos servicios
utilice, a cualquier otro usuario. El resultado de estas dos cosas es
absolutamente contradictorio, señora Mato.
Por ejemplo, si usted vive enfrente de mí y está apuntada a Telefónica y
yo me quiero apuntar a la compañía operadora de cable, usted puede estar
controlada por una central de conmutación distinta de la que me conmuta a
mí, absolutamente posible por la distribución de las centrales de
conmutación en la ciudad. Si las centrales son digitales --y lo son el 60
por ciento de este país; el 40 por ciento, no--, no hay más problema,
pero si son analógicas yo no la puedo llamar a usted por teléfono, salvo
que haya un cable específico para mí, que conecte mi central, si es
digital, con la suya, analógica. Esto, aparte de que la pretensión de que
va a estimular la inversión es de catón, por once meses ¿quién se va a
meter en inversiones de miles de millones para atender la red de
distribución y el bucle de abonado? Es insostenible, es contradictorio
con la directiva de red abierta, tan citada por el señor Ministro hace
breves minutos, desde esta misma tribuna, y es contradictoria con el
artículo 7º de la Ley del Cable, que ustedes no han enmendado, que da al
operador la opción de elegir entre utilizar sus propias infraestructuras
y construirlas, o utilizar las existentes. En la disposición transitoria
segunda, decimos que no, que la opción que les damos en el artículo 7º
nos lo hemos pensado mejor diez minutos después y ya no es una opción, es
una obligación que se impone.
Termino, pidiendo, especialmente a los grupos parlamentarios
nacionalistas, el apoyo a la votación en contra del segundo párrafo del
punto 5 del artículo 4º. Este artículo permite que Retevisión, segundo
operador
de este país, cuando esté en funcionamiento, subarriende el servicio de
la telefonía básica a otras empresas en determinados territorios del
Estado. La objeción primera ya la he explicado, no voy a predicar más en
el desierto. La Ley de Contratos de Administraciones Públicas, referidos
a concesiones de prestación de servicio público, prohíbe tajantemente la
cesión o el subarriendo del elemento sustantivo de la concesión, y el
elemento sustantivo por el que hemos creado Retevisión es la telefonía
básica. Pero, al margen de eso, suprimamos entre todos lo de «en
determinados territorios», o tenga el Grupo Parlamentario Popular la
valentía de decir en qué territorios está pensando. Porque, si no está
pensando en ninguno, suprimir ese inciso final no limita en absoluto la
capacidad del precepto y nos dejaría a todos en una situación de mayor
equidad en cuanto a esa posibilidad que, repito, me parece difícil desde
la Ley de Contratos de las Administraciones del Estado.
Quedan algunas otras disposiciones y algunas otras enmiendas nuestras, de
las que la Mesa hará relación a la hora de las votaciones, pero, por no
abusar más de la extraordinaria paciencia tenida por la Mesa conmigo,
renuncio a defender en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición sobre las
enmiendas a la ley de liberalización de las telecomunicaciones.
Primero, quiero hacer un inciso previo. Señor García-Arreciado, hablar de
liberalización de telecomunicaciones siempre le supone a su grupo mucha
tensión; algún día convendría que explicaran en esta Cámara el motivo.
Señorías, no se empeñen ustedes, porque en España no existe crispación.
La hubo, y mucha --yo la recuerdo perfectamente--, pero fue antes de
marzo de 1996. La única crispación que existe en este momento es la que
tienen en su propio partido, en fechas precongresuales. (Rumores.) La
tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley, señorías, me
permite hoy mostrar mi satisfacción y la de mi grupo --como ya lo han
hecho otros grupos parlamentarios--, tanto por el contenido final de este
proyecto como por el trabajo realizado durante estos ocho meses, sin
perjuicio de que, en los trámites que quedan hasta la aprobación
definitiva en esta Cámara, vayamos a seguir haciendo todos los esfuerzos
para que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida también pueda sumarse
a este consenso. Como siempre, en esta materia, que consideramos cuestión
de Estado, nuestro grupo ofrece diálogo a todas las fuerzas políticas,
porque creemos que la liberalización de las telecomunicaciones debe
contar con el apoyo de todos.
Voy a dividir la exposición, muy breve, en cuatro apartados diferentes.
En primer lugar, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Estamos metidos de lleno en un proceso de liberalización en el marco de
la legislación comunitaria y, para que funcione un mercado libre, es
necesaria la existencia de un árbitro, especialmente importante en un
sector tan complejo como es el de las telecomunicaciones. La tramitación
de este real decreto-ley como proyecto de ley ha permitido dar una
configuración definitiva a la comisión del mercado de las
telecomunicaciones y concebirla dotada de todas las facultades que debe
reunir un órgano de esta naturaleza. Esta comisión tendrá las más amplias
competencias de arbitrio en el sector de las telecomunicaciones, pero lo
que nadie podrá negar --y también lo ha reconocido el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista--, porque es lo lógico en el actuar de un ente
público que inicia su andadura --como ya ocurrió con la Comisión Nacional
del Mercado de Valores--, es la necesidad de graduar ordenadamente la
transferencia y la asunción de estas competencias en un proceso
controlado, que tendrá una duración máxima limitada a la fecha de la
liberalización plena. Señorías, el compromiso de contar con una autoridad
independiente reguladora de las telecomunicaciones es evidente. Se le ha
dotado de una estructura necesaria y operativa, se le está dotando
también de medios económicos para que asuma sus funciones y, por tanto,
se le ha dotado de un calendario lógico, sin improvisaciones y con total
respeto a la normativa vigente.
Por eso, señorías, no consideramos oportunas las enmiendas que propone el
Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas que, además, he de decir que se
han planteado con posterioridad a la existencia de un consenso sobre este
punto.
En cuanto al régimen de incompatibilidades, mantenemos la necesidad de
un régimen específico, para que la comisión sea realmente independiente.
No es una cuestión de tener incompatibilidades de los altos cargos, sino
de que no puedan ser juez y parte. Los miembros de la comisión no pueden
prevalerse de aquello que han conocido por el ejercicio de su mandato, y
por eso se les fija un plazo adicional para incorporarse al sector. Por
lo que se refiere a la estructura, estamos hablando de un ente
prácticamente idéntico, señor García-Arreciado, a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, y es la estructura lógica para un ente de esas
características. Además, su sistema de nombramiento establece un diálogo
entre las distintas fuerzas políticas y un acuerdo entre ellas para
garantizar su neutralidad.
Para cerrar este apartado, quiero reiterar el deseo de mi grupo
parlamentario de que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya también
pueda sumarse al consenso en la creación de un órgano que, como decía el
señor Alcaraz, es tan importante para el sector de las telecomunicaciones
y para el desarrollo en esta materia.
El segundo gran bloque lo constituye la parte correspondiente a la
creación del segundo operador global de telecomunicaciones. El martes, ya
tuvimos oportunidad de escuchar en esta Cámara que, en breve, habrá una
oferta diferenciada de telefonía en todo el territorio. Yo creo que eso
es una buena noticia y que también todos los grupos parlamentarios hemos
colaborado, con nuestro consenso, a que esto sea una realidad. No creo
que se pueda hablar de retrasos. En cualquier caso, creo que es bueno que
este segundo operador esté en funcionamiento lo antes posible.
Los otros dos bloques son reformas que modifican normativas ya vigentes,
la LOT y la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Alguna de las enmiendas
de Izquierda Unida a esta ley de liberalización de telecomunicaciones han
sido tenidas en cuenta por nuestro grupo parlamentario y ya han sido
incluidas en el borrador del proyecto de ley general de
telecomunicaciones. Creemos que es ahí donde deben incorporarse. Por
tanto, solicito al Grupo de Izquierda Unida que mantenga esas enmiendas
para el debate del proyecto de ley general de telecomunicaciones, que se
realizará en breve en esta Cámara.
En cuanto a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, también
consideramos que tienen gran interés y las hemos estudiado con muchísimo
cuidado. Solamente creemos que su posible incorporación debe realizarse,
no en este proyecto, sino en el proyecto futuro que vamos a debatir en
esta Cámara de la ley general de telecomunicaciones.
En cuanto a la enmienda 103, del Grupo catalán (Convergència i Unió), que
coincide con la 32, presentada por el Grupo Vasco, también podrá
incorporarse en el proyecto de ley general de telecomunicaciones,
haciendo posible lo que hoy es, por otro lado, obvio, y es que mediante
una autorización las instalaciones afectas a los centros territoriales
puedan, en el momento de la liberalización, ser destinadas a la
prestación de servicios de telecomunicación.
Por ello, solicitaría a esos grupos la retirada de estas enmiendas a este
proyecto de ley y su mantenimiento para futuros debates sobre esta
cuestión.
En relación con el resto de las enmiendas, que mantiene y ha defendido el
Grupo Parlamentario Socialista, como ya se ha destacado en los debates en
Comisión, creemos que no es oportuno incorporarlas a este consenso, ya
que son poco ajustadas al espíritu de consenso que hemos venido
manteniendo durante estos días. Se trata, señor García-Arreciado, de que
haya la máxima liberalización, se trata de garantizar la existencia de
competencia, se trata de que se utilicen al máximo las infraestructuras
del país, tanto las de redes privadas, como las de determinados
territorios. Se trata de que se creen nuevas infraestructuras. Y no se
preocupe, señor García-Arreciado, que va a poder usted hablar por
teléfono conmigo siempre que lo desee. Se trata, al final, de que España
ocupe en telecomunicaciones la primera velocidad de Europa. Se trata de
ir avanzando, de fijar unas reglas de juego estables que permitan
inversiones millonarias que conllevarán la creación de puestos de
trabajo.
En cuanto a Telefónica, me remito a mi intervención del martes en esta
misma Cámara. No insistan ustedes en convencer a la sociedad de que no
hay garantías de servicio universal. No solamente hay una medida, sino un
conjunto de medidas que garantizan el servicio universal de la Compañía
Telefónica. La presencia de consejeros no aporta ninguna garantía más e
introduce, sin embargo, todas las dudas sobre la intención real de
privatización. Creemos, además, que el decreto de la golden share es un
elemento suficiente para el fin que ustedes persiguen.
No vamos a aceptar, por tanto, estas enmiendas que se han presentado hoy
en la Cámara, como ya expliqué detalladamente en la Comisión. No
obstante, me comprometo a seguir trabajando por lograr un consenso amplio
también en la aprobación de la futura ley general de telecomunicaciones,
a la que reiteradamente he hecho mención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor
García-Arreciado Batanero pide la palabra.)
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: ¿No hay réplica, señor Presidente?
Se han opuesto a mis enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos, señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
La señora Mato me dice que las enmiendas se han producido con
posterioridad a un pacto. Es verdad, lo he dicho. Son enmiendas
sobrevenidas, pero sobrevenidas, lo subrayo, por la insólita actitud del
Ministerio de promulgar una orden ministerial que viola gravísimamente
uno de los aspectos sustantivos del pacto que se estaba fraguando. Esta
es una opinión compartida por todos los grupos de esta Cámara. Y, si no
es en este trámite, en otro momento habrá que volver las cosas a su
sitio.
Yo les quiero leer el punto 7 del artículo 2º, tal como ha quedado: El
Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, podrá establecer los
supuestos de aplicación
de tarifas máximas, fijas o mínimas. El artículo 1º, en su punto i),
establece clarísimamente que es una competencia de la comisión.
Nuestra enmienda dice que el Gobierno, y la Comisión en el ámbito de sus
competencias, podrán regular las tarifas máximas o mínimas de
interconexión. Por tanto, me parece que está situada tan en el dominio
del sentido común que únicamente el prejuicio y actitudes que no se
pueden explicar pueden llevar al rechazo de esta enmienda.
En cuanto a la golden share, señora Mato, está literalmente en el
contrato del Estado con Telefónica; se la podían haber ahorrado ustedes.
Pero el día que algún gobierno lo utilice en una compañía que cotiza en
los principales mercados financieros del mundo se hundiría
espectacularmente, como usted sabe muy bien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor García-Arreciado, no voy a insistir en el tema de Telefónica.
Telefónica tiene garantizada la cobertura del servicio universal para
todos los usuarios, y lo tendrá en el futuro. Ya le dije el otro día que
usted creo que no vale para pitoniso y en cualquier caso no le va a salir
bien su oferta a los ciudadanos de que el servicio universal no está
cumplido.
Es cierto que la golden share ni siquiera haría falta, porque el contrato
cumple todas las condiciones necesarias para garantizar el servicio, pero
aún así hemos querido dar una medida más para dotar de confianza a los
ciudadanos y que el servicio universal esté garantizado en la Compañía
Telefónica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Señorías, les ruego la máxima celeridad al volver a sus escaños para
proceder a las votaciones de este proyecto, al objeto de intentar
terminar con el orden del día antes de una sesión de tarde.
Vamos a proceder, señorías, a las votaciones de las enmiendas que han
mantenido los grupos parlamentarios al dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, procedente
del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, tres; en contra, 190; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 10; en contra, 165; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Vasco
(PNV).
Enmiendas del Grupo Catalán
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 28; en contra, 166; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se desglosan en dos bloques. El primero, que pasamos a votar,
incluye las enmiendas números 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59,
64, 66 y 68.
Comienza la votación (Pausa.).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 146; en contra, 168; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas citadas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 22; en contra, 170; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Socialista, agrupadas a su vez en dos bloques. En
primer lugar, votamos la enmienda número 80.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 147; en contra, 171; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 129; en contra, 190; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Pasamos a la votación del dictamen, desglosado a su vez en tres bloques.
La primera votación a la que procedemos comprende el artículo 1º, puntos
4 y 19; el artículo 2º, puntos 4 y 5; el artículo 3º, punto 2, párrafo
sexto; y el artículo 4º, punto 2, párrafo quinto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 170; en contra, 148; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos referidos del texto
del dictamen.
Artículo 2º, puntos 7 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 171; en contra, 22; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del artículo y
párrafos referidos.
Se somete a votación el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 298; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
dictamen de la Comisión al proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones.
--PROYECTO DE LEY DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (Número de expediente
121/000011)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el proyecto de ley de envases y
residuos de envases.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene en primer lugar la palabra el
señor Chiquillo, por el Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
Rogaría a los señores Diputados que están obstruyendo el pasillo que
dejen pasar al señor Chiquillo a la tribuna para defender sus enmiendas.
Igualmente ruego a quienes deseen abandonar momentáneamente el hemiciclo
que lo hagan con la máxima celeridad.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la brevedad que aconseja el señor Presidente, creo que en el trámite
que nos ocupa es importante valorar que desde el texto original que se
sometió a debate allá por el mes de octubre hasta el dictamen definitivo
que hoy nos ocupa se ha producido en el trámite del Congreso un amplio
debate, se han tomado en cuenta consideraciones que, con la mejor
voluntad, habíamos aportado todos los grupos, y ha salido un texto que, a
pesar de que hay un cierto compromiso en algunas cuestiones y va a ser
reformado en el Senado, tiene en líneas generales puntos de especial
importancia y creo que de acierto, aunque aún quedan alguna lagunas y
algunas cuestiones que esperemos que el trámite del Senado pueda
resolver. Los objetivos básicos compartidos por gran parte de esta
Cámara debían ser el eje de esta ley, porque son los ejes actuales de la
política europea en materia de gestión eficaz de residuos: la reducción,
la reutilización, el reciclaje y la recuperación. Creo que la ley, que
empezó siendo poco ambiciosa, y así la definíamos, ha dado un paso
adelante en alguna cuestiones que hacen un texto más asumible que el que
se presentó en octubre de 1996 en esta Cámara gracias a la trasposición
de la Directiva comunitaria 94/62, y creo que se han dado unos pasos
firmes e importantes en esta materia tan importante vinculada con el
medio ambiente.
Hemos mantenido las enmiendas y en algunas de ellas se ha alcanzado un
amplio consenso para mejorar este texto, y es de agradecer la buena
voluntad que ha habido por parte de los ponentes de todos los grupos y el
tratamiento que se ha dado a todas las iniciativas, su valoración y la
aceptación de muchas de ellas. Voy a explicar muy brevemente el porqué
del mantenimiento de las enmiendas números 9 y 17, que Unió Valenciana
considera muy importante que se adicionen a esta ley. Desde la propia
exposición de motivos nosotros consideramos que debía incluirse y
mantenerse la preocupación por la educación ambiental. La justificación
que nosotros mantenemos es que la educación ambiental, tal como aparece
reconocida en acuerdos y recomendaciones de organismos internacionales,
tendría que haber sido reconocida en el articulado de esta ley, y por eso
mantenemos estas enmiendas 9 y 17, porque pensamos que es fundamental la
colaboración activa del ciudadano. Debe concienciarse al ciudadano,
porque sin la concienciación difícilmente mejoraremos nuestro entorno
natural y nuestra calidad de vida, y la protección del medio ambiente y
la gestión eficaz de los residuos es parte básica de esa política
medioambiental y es un deber de los ciudadanos, a los cuales se les tiene
que involucrar ya en este texto normativo.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Mantenemos las enmiendas números 10, 11 y 12.
Se ha llegado a cierto grado de consenso a través de una enmienda
transaccional
--enmienda número 14-- respecto al reciclado, que pensamos que es muy
importante. Mantenemos la enmienda 15, por cuanto consideramos que la
incineración tiene que ser selectiva, es importante este adjetivo. La
enmienda número 17 ha sido aceptada en su integridad y se refiere a la
participación de los consumidores; dicha participación tiene que
recogerse en esta comisión mixta que contempla la ley. En lo que se
refiere a la enmienda 18, ahora mismo hago entrega de una enmienda
transaccional a mi propia enmienda, para que en el texto normativo las
referencias al territorio nacional vengan recogidas como territorio del
Estado español. Me gustaría que quedara claro el compromiso manifestado
por algunos grupos parlamentarios de que en la disposición adicional
primera se contemple la petición de un colectivo muy importante de
empresarios muy comprometidos con el medio ambiente. En la disposición
adicional primera del texto presentado en octubre se recogía su petición
de que quedaran excluidos del ámbito de aplicación de lo establecido en
el artículo 6º los envases industriales o comerciales, pero en el
dictamen definitivo ha caído esa exclusión. Esperemos que en el trámite
del Senado sea recogido y que entre todos los sectores implicados podamos
dar contenido a una ley que es muy ambiciosa, porque es compromiso de
todos los ciudadanos el participar en una cuestión tan importante como el
medio ambiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, señor Presidente, para anunciar que retiramos las enmiendas
que manteníamos para debate en este Pleno números 64, 65, 69 y 70. Quiero
agradecer, sobre todo con respecto a la enmienda número 70, dirigida a la
disposición adicional cuarta, la favorable acogida que en el Grupo
Popular y en los grupos que la han apoyado ha tenido para corregir el
genérico con que se expresaban dos comunidades autónomas llamándolas
indeterminadamente islas, cuando en la Constitución Española son las
comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Creo que era un justo
reconocimiento y por esas razones nos damos plenamente por satisfechos y
retiramos, por tanto, las enmiendas al haber sido recogidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señorías, en uso de las facultades que el Reglamento concede a la
Presidencia, voy a restringir al máximo los tiempos de intervención y les
rogaría a los portavoces que, comprendiendo las razones de interés
general que a ello me llevan, colaboraran con la Presidencia para
sintetizar sus intervenciones.
Tiene la palabra, por el Grupo Vasco (PNV), el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. No le
quepa la menor duda de que seguiremos sus sugerencias.
Voy a manifestar brevemente la posición que el Grupo Parlamentario Vasco
ha sostenido en relación a este proyecto de ley de envases y residuos,
cuya base es la transposición al ordenamiento legal del Estado de la
Directiva europea 94/62.
Nosotros hemos apoyado la transposición de esta directiva en los términos
en los que el Gobierno remitió a la Cámara una iniciativa de
transposición con unos contenidos determinados. Presentamos siete
enmiendas, todas con contenido competencial, entendiendo que la
transposición de las directivas europeas al ordenamiento legal del Estado
debe de recoger el régimen competencial que el Estado se ha dado a sí
mismo y, en su caso, las comunidades autónomas en el ámbito de sus
competencias. Y nos hemos encontrado, señor Presidente, señora Ministra,
a lo largo del debate con la circunstancia paradójica de que habiendo
sido el único grupo que ha apoyado los contenidos formales de esta
directiva y de esta transposición al ciento por ciento con el Gobierno y
con el grupo mayoritario ninguna de las enmiendas, ni en ponencia ni en
Comisión, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco han sido
admitidas ni por el Gobierno ni por el grupo mayoritario. Por las
noticias que tengo, parece que van a ser tomadas en consideración a
través de una enmienda transaccional a lo largo de este debate,
circunstancia de la que me alegro.
Queremos manifestar, señor Presidente, que han existido dos alteraciones
que consideramos importantes a lo largo del debate en Comisión y, en
consecuencia, en el dictamen que la Comisión de Medio Ambiente presenta a
esta Cámara en el día de hoy. Una primera, la que incorpora la propuesta
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el objetivo de
reducir un porcentaje en peso de la totalidad de los residuos de envase
generados en un 10 por ciento, concretando, en opinión del Grupo
Parlamentario Vasco, en exceso un porcentaje que en su caso debiera
remitirse o al programa nacional que el propio proyecto anuncia o a los
programas que las comunidades autónomas, en su caso, pusieran en marcha.
Entendemos que esta enmienda que se incorporó en Comisión no responde ni
a las necesidades de las transposición de la directiva ni a las
necesidades del mercado ni a otro tipo de planteamientos. Nos parece que
es una enmienda omnicomprensiva, de un porcentaje genérico, voluntarioso,
pero reduccionista, cuantitativo pero nada diferencial en lo cualitativo.
Manifestamos por ello
nuestra postura distinta en relación a esta enmienda introducida en el
dictamen de la Comisión.
En segundo lugar, queremos indicar la preocupación que nos produce el
cambio de la disposición adicional primera, realizado también en trámite
en Comisión, de manera que los envases industriales y comerciales no
quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. El Grupo
Parlamentario Vasco entiende que los envases de los residuos citados ya
se vienen reciclando sin problemas específicos y, por lo que concierne a
la Comunidad Autónoma Vasca, de manera modélica y ejemplar. Si pasaran a
ser intervenidos por un sistema integrado de gestión, en dicho proceso se
produciría una intermediación innecesaria que encarecería sustancialmente
un volumen importante de plástico reciclado que ya conoce circuitos
establecidos con suficiencia.
Por ello, señor Presidente, para concluir, manifestamos nuestro acuerdo
con el texto inicial remitido por el Gobierno a esta Cámara; manifestamos
que las transposiciones de las directivas europeas al ordenamiento legal
del Estado genéricamente deben respetar escrupulosamente los ámbitos
competenciales del Estado de las comunidades autónomas, de las
instituciones locales, que no se pueden utilizar estas transposiciones de
directivas para alterar los órganos competenciales; y manifestamos
nuestra preocupación por estos dos puntos que el dictamen de la Comisión
alteró en relación con los contenidos originales presentados por el
Gobierno.
En caso de que a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco se
presentara algún texto transaccional por parte del Grupo mayoritario, el
Grupo Parlamentario Vasco, con sumo gusto, retiraría sus enmiendas
previamente a la votación final de este dictamen, por el que felicitamos
al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, señora Ministra, podría empezar diciendo que ya tenemos un
proyecto de ley y que menos da una piedra; lo que pasa es que este
proyecto de ley todavía es un proyectillo. Es una transposición de la
Directiva 94/62 de la Comunidad Europea, una transposición de mínimos de
lo que es ya una directiva de mínimos.
No estamos muy satisfechos, aunque siempre es bueno tener una percha para
colgar luego la ropa. Esta percha la vamos a utilizar tanto como nos sea
posible desde la sociedad, con todo el movimiento social y especialmente
el movimiento ecologista, al cual debemos, en lo fundamental, las
aportaciones de futuro que se han hecho en el terreno del medio ambiente,
en el terreno de la ecología, porque son los que avanzan cuestiones,
plantean problemas, denuncian situaciones, proponen toda una serie de
elementos que luego conforman, al menos en gran parte, lo que han sido
nuestras propuestas, y luego van avanzando hacia la construcción de un
futuro que no sea la continuación de la degradación del medio ambiente,
tal y como continúa produciéndose en estos momentos concretos.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó en su momento dos
proyectos, uno en la anterior legislatura y otro ya en ésta, que
naturalmente fueron derrotados, mayoritariamente derrotados, debo decir
que prácticamente por toda la Cámara tanto el anterior proyecto como
también éste.
En esta ocasión hemos presentado una enmienda a la totalidad con texto
alternativo, que también ha sido derrotada. En esta enmienda a la
totalidad, ya afinando y precisando mucho más, entrando un poco en el
pragmatismo parlamentario, hemos intentado asumir o continuar asumiendo
directamente los principios que han conformado el movimiento ecologista
español, el movimiento ecologista europeo, y que en el momento del inicio
del debate sobre la directiva europea fueron presentados al Consejo
Económico y Social europeo para que pudiera ser tenido en cuenta. De aquí
deriva una directiva de mínimos, porque no se tuvo en cuenta en aquel
momento lo que planteaban las organizaciones ecologistas, sindicales,
ciudades de Europa, en un intento serio para conducir este grave
problema. Se tuvieron más en cuenta los intereses comerciales, los
intereses de las grandes empresas y las presiones de las grandes
empresas, de lo cual, naturalmente, nosotros no podemos alegrarnos,
porque ahora cada país y en concreto España tiene una transposición de la
directiva europea de mínimos, que contenta en lo fundamental todo lo que
han sido las reivindicaciones y las propuestas de la gran patronal del
sector y, muy en concreto, de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, es decir, de la CEOE.
Nosotros hemos hecho, por tanto, dos borradores: un texto alternativo a
la propuesta del Gobierno y unas enmiendas basadas en todo este trabajo y
en toda la movilización social que se ha realizado durante estos años; es
decir, que no trabajamos ni hemos trabajado en el futuro. Aceptar en lo
fundamental nuestra propuesta hubiese significado incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico una ley impositiva de carácter ambiental con
medidas fiscales y financieras; condiciones sobre la fabricación y
comercialización de los envases; sistemas para asegurar el retorno de los
envases y para incorporar los residuos de envases al ciclo productivo; un
sistema de etiquetado que hubiera permitido al ciudadano, al consumidor,
conocer qué es lo que estaba gastando en cada momento concreto; una
estandarización de modelos de envases y un marcaje de los productos que
permitiera la educación de la gente, favoreciendo
un consumo responsable. Es lo que hemos planteado, junto a otras cosas
que, finalmente, hemos traducido en enmiendas concretas o enmiendas
transaccionales junto con otro grupo en concreto. ¿Qué tenemos a partir
de todo ese trabajo, de toda esta ardua tarea, de todo este largo proceso
aquí, en esta Cámara? ¿Qué tenemos ahora, después de 15 borradores que
todavía duermen el sueño de los justos en el Ministerio de Medio Ambiente
actual? ¿Qué tenemos después de un largo trámite parlamentario, 15
borradores, después de no tener nada, de no haber ninguna ley y después
de no cumplir los plazos? Tenemos un proyecto de ley que no establece
claramente las prioridades para alcanzar el objetivo de prevenir y
reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y de la gestión
de los residuos de envases; tenemos un proyecto de ley que no concreta
medidas de prevención de la cantidad y toxicidad de los residuos de
envases, se ha arrancado el 10 por ciento y vamos a ver, porque tendremos
que continuar batallando, qué puede suceder en el futuro en el Senado; no
contempla objetivos concretos de reutilización de envases; los objetivos
de reciclado son muy insuficientes y no aseguran la reducción de
residuos; se desvirtúa el auténtico concepto de reciclaje, continúa
desvirtuándose en el proyecto de ley; se potencia...
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego que vaya concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: Voy a intentarlo, señor Presidente.
Se potencia la incineración mediante un engañoso concepto como el de
valorización energética; no garantiza, en otro orden de cosas, el control
de la gestión de los residuos municipales por parte de las entidades
locales y públicas; no contempla la participación ciudadana, es decir,
consumidores, asociaciones vecinales, movimiento ecologista,
organizaciones ecologistas, ni tan siquiera se tiene en cuenta, porque no
se ha sentado, creo, ni una sola vez con el consejo asesor de medio
ambiente; no asegura el pago de los costes ecológicos por parte de sus
directos responsables ni establece ninguna ecotasa; no garantiza el
derecho de los consumidores a poder escoger una compra sin generar
residuos. Por tanto, es totalmente insuficiente y es un proyecto de ley
anclado en el conservadurismo, en el pasado y que no tiene una
perspectiva de futuro para hacer frente a los gravísimos problemas que
también en España tenemos en estos momentos concretos. Por tanto, el
proyecto de ley no nos satisface.
Es una ley que, bajo un concepto encubierto de incineración, deja la vía
abierta para quemarlo casi todo, concepto de incineración que nosotros
combatimos; una ley repleta de indefiniciones, sin incentivos fiscales
para realizar una gestión responsable; una ley que no asegura la
continuidad de todos aquellos sistemas de depósito, reutilización y
reciclaje que ya han demostrado su eficacia en muchos municipios y
sectores y que, por cierto, dan participación a todo un sector social que
ya ha tenido una larga experiencia en estos temas.
Nuestra postura fue desde el principio la de consensuar lo más
ampliamente posible enmiendas absolutamente necesarias para conseguir un
texto con unos criterios ambientales mínimos y que tuviera la voluntad de
resolver el problema de los residuos. Hemos mantenido varias reuniones
con los miembros del Consejo asesor de medio ambiente, organizaciones
ecologistas y con el Grupo Parlamentario Socialista, con el cual hemos
hecho una serie de enmiendas transaccionales que defendemos y sobre las
que no me voy a extender porque son bastantes.Hemos intentado --y termino
ya definitivamente-- regular de manera jerarquizada, según orden de
prioridades, las diversas opciones en la gestión de los residuos. Hemos
intentado que la incineración fuera sólo una medida de tratamiento de las
fracciones residuales finales del volumen de residuos generados. Hemos
establecido medidas concretas de prevención, reutilización y reciclaje
con plazos concretos de ejecución y compromisos más ambiciosos de
reducción. Hemos planteado una serie de medidas que, repito, no voy a
reiterar.
El resultado de todo el conjunto de propuestas que hemos hecho en la
Comisión, de nuestros trabajos con el movimiento social, con el
movimiento ecologista que hemos obtenido en ese trámite de tres meses es
prácticamente el mismo proyecto de ley que nos envió el Gobierno en su
momento. Ha habido sólo mínimas modificaciones. Se ha incorporado la
enmienda de reducción del 10 por ciento del volumen total de residuos, se
han planteado límites a la concentración de metales pesados en los
envases, algunas indicaciones muy genéricas sobre marcaje indicativo del
sistema al que está acogido cada uno de los envases, algunas actuaciones
de investigación y desarrollo, y nada más. Por lo tanto, a partir de
aquí, ya de cara al debate que se va a producir en el Senado, ¿qué vamos
a hacer? Vamos a intentar con nuestras propuestas continuar batallando y
vamos a hacer un último intento en la redacción de enmiendas para la
tramitación de la ley en el Senado. De esta forma, a las enmiendas no
incorporadas al dictamen que ha llegado a este Pleno añadiremos todas
aquellas enmiendas que hagan del sistema de depósito el sistema
obligatorio de gestión de los residuos de envases porque este sistema
permite aumentar notablemente el porcentaje de reciclaje de envases, así
como reducir su fracción desechable. En definitiva, continuaremos
trabajando, señora Ministra, señoras y señores Diputados, con los que
hemos trabajado hasta ahora, con las organizaciones y asociaciones de
carácter cívico, de carácter ecologista que están planteando desde hace
mucho tiempo una serie de alternativas a todos los problemas. En
definitiva, continuaremos intentando,
a partir de la percha que representa esta ley de envases y residuos de
envases, poder seguir trabajando en la ampliación, junto con el
movimiento social, pero, al mismo tiempo, trayendo en cada momento las
iniciativas parlamentarias que sean precisas para intentar mejorar un
primer texto que tenemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Narbona. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, el texto que vuelve hoy al Pleno de la Cámara
es muy parecido al que hace tres meses defendía la Ministra de Medio
Ambiente. Se han introducido algunas mejoras, pocas, pero algunas de
ellas significativas. Se han atendido, por tanto, parte de las
numerosísimas enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, pero
precisamente en el debate sobre estas enmiendas en Comisión hemos tenido
la ocasión de constatar la enorme terquedad del Partido Popular ante
cuestiones que son fundamentales para una real voluntad de política
ambiental. Y eso no lo decimos nosotros, no es una valoración que hagamos
desde el Partido Socialista; es una valoración que se puede hacer
simplemente comprobando que el mismo día 19 de diciembre, en que
estábamos votando las enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, la
señora Ministra de Medio Ambiente participaba en Bruselas en un Consejo
de Ministros de Medio Ambiente en el cual se aprobó un documento que
contiene algunas cuestiones que indican un camino absolutamente diferente
que el que mientras tanto estaba defendiendo en la Comisión de Medio
Ambiente la portavoz del Grupo Popular. Así nos encontramos con que la
Ministra --de la que ya conocemos su vocación europeísta-- estaba
prestando su apoyo, como Ministra de Medio Ambiente del Gobierno de
España, a un documento sobre estrategia de política de residuos donde se
dice claramente que los Estados miembros deben establecer objetivos
cuantitativos en cuanto a la reducción en origen de los residuos y que
también deben reducir la presencia de sustancias peligrosas en el flujo
de residuos. Sustancias peligrosas, señorías, son lo que el Parlamento
Europeo llama metales pesados y PVC, por ejemplo. Eso la Ministra de
Medio Ambiente español lo estaba aceptando en Bruselas y lo estaba
rechazando la portavoz del Partido Popular a la misma hora y el mismo
día. Y también se estaba aceptando en Bruselas una jerarquía entre las
formas de gestión de los residuos que, manteniendo la prioridad absoluta
a favor de la reducción en origen, ordenaba los tratamientos de los
residuos poniendo por delante claramente la preferencia por la
recuperación de materiales frente a la recuperación de energía. Esto, que
en estos momentos es un elemento básico de la política europea, también
venía rechazado en el debate en la Comisión de Medio Ambiente en cuanto a
las enmiendas presentadas por los distintos grupos. Por supuesto en el
documento europeo firmado ese día se dice claramente que los Estados
miembros y los agentes económicos tienen la responsabilidad de reducir
gradualmente al mínimo aquellas fracciones residuales de las basuras que
tengan que ser llevadas a la incineración o a un vertedero.
Pues bien, efectivamente, a pesar de esa terquedad del Partido Popular,
conseguimos, con la voluntad política de la mayoría de los grupos
presentes en la Comisión, que venciera la enmienda correspondiente al
establecimiento de un objetivo del 10 por ciento de reducción en origen
de los envases (una propuesta que estaba en el texto socialista y que
otros grupos presentes en la Comisión apoyaron), objetivo que es
completamente asumible y que es lo mínimo que debemos seguir manteniendo,
porque está indicando una voluntad clara de hacer precisamente lo que
--aunque la Ministra lo denominó en su momento un brindis al sol-- no
parece que siguiera considerándolo un brindis al sol cuando se sentó en
Bruselas la misma mañana del día 19.
Hay otras modificaciones que se han introducido en el texto del proyecto
de ley que significan la aceptación --y en este caso la aceptación plena
por parte del Partido Popular-- de algunas de nuestras enmiendas que
habían sido rechazadas inicialmente pero que hoy día se han incorporado
al texto; por ejemplo, el objetivo intermedio en materia de reciclaje y
de valorización a dos años vista de la aprobación del proyecto de ley.
Entendíamos que este objetivo podía garantizar un mayor control del
proceso de aproximación a los objetivos de la directiva y ha sido
introducido, así como la posibilidad de que la Administración central
pueda hacer un seguimiento eficaz de los sistemas de gestión integrada de
los residuos y algunas otras cuestiones de cierta importancia en relación
con las características técnicas de los envases.
Sin embargo, mantenemos nuestra insatisfacción respecto del texto que
hoy viene a votación al Pleno, por lo tanto mantenemos vivas nuestras
enmiendas. De verdad, señora Ministra, nos gustaría confiar en que usted
cambiara de actitud, cambiara de actitud el Partido Popular en la
tramitación de esta ley y lo demostraran en el Senado. Porque usted sabe
perfectamente que está perdiendo credibilidad como Ministra de Medio
Ambiente, está agotando el crédito inicial que se le ha concedido por
parte de la sociedad española y está todavía a tiempo de demostrar que
puede cambiar de opinión, que puede seguir introduciendo algunas
modificaciones en el texto que hoy va a ser objeto de votación y después
en el Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Narbona, vaya
finalizando, por favor.
La señora NARBONA RUIZ: Sí, señor Presidente.
Déjeme que le recuerde que seguimos manteniendo una discrepancia con el
tratamiento que ha dado el Partido Popular en el texto a la deseable
reducción del uso del PVC. El uso del PVC no es algo que rechacemos por
capricho algunas organizaciones ecologistas o algunos partidos políticos.
Basta que vea usted los documentos del Parlamento Europeo, a los que me
he referido antes, y por supuesto la experiencia de la gran mayoría de
los países de nuestro entorno. Es algo asumido con un debate muy abierto
y muy vivo en todas las sociedades occidentales y aunque usted se empeñe
en no tenerlo en cuenta, en estos momentos ya hay numerosas empresas
embotelladoras de agua que voluntariamente han aceptado abandonar el PVC,
como lo han aceptado varias cadenas de alimentación, y se está generando
un movimiento de ciudades españolas que se unen a las más de trescientas
ciudades europeas que se declaran libres de PVC.
Señora Ministra, usted ha dicho en alguna ocasión que no se deja influir
por nadie. Yo creo que es por nadie de los que se comprometen de verdad
con el medio ambiente, porque vemos sus posiciones muy próximas a las de
determinados grupos de interés; por cierto, grupos de interés que
comparten con el Presidente del Gobierno, con el señor Aznar, la misma
empresa de comunicación. Hemos tenido ocasión de saber que la empresa
multinacional que defiende los intereses del PVC en España es la que
organiza la jornada de trabajo del Presidente Aznar y del equipo de
Gobierno en Alemania, y, señora Ministra, la verdad es que los resultados
del viaje a Alemania no han sido tan satisfactorios como para que ustedes
se fíen, en este caso, de esta empresa multinacional.
España está quedando como un reducto respecto de la producción y del uso
del PVC, pero no se trata sólo del PVC; España ha asumido en ámbitos
internacionales determinados compromisos de reducción en la utilización
de sustancias organocloradas y eso sí es una prioridad que usted, como
Ministra de Medio Ambiente, debería tener la ambición de mantener.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Narbona, le
ruego que finalice.
La señora NARBONA RUIZ: Usted tiene otras prioridades pero, por lo que se
refiere a la política de residuos, nosotros vamos a seguir manifestando
nuestra absoluta insatisfacción y, por tanto, vamos a mantener la
enmiendas que se llevaron a Comisión y a defenderlas en el Senado. Dése
cuenta de que, aunque usted siga manteniendo las mismas tesis, la
sociedad española camina, con más información, en un sentido que se
aparta cada vez más de lo que el Gobierno del señor Aznar llamaba su
prioridad de política ambiental.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Narbona. (La señora Ministra de Medio Ambiente, Tocino Biscarolasaga,
pide la palabra.)
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, como he sido reiteradamente aludida, pediría tener la
posibilidad de aclarar, de forma breve, algunas dudas que parece que
tiene la señora Narbona. Podría parecer que ella tiene razón si no
hubiera una réplica.
Quiero decirle, señora Narbona, que no puede ser que cada vez que usted
hable en esta Cámara intente plantear un debate general de residuos,
porque aquí estamos hablando de la trasposición de una directiva
comunitaria. Usted, que hoy parece declararse antieuropeísta --achaca a
la Ministra ser europeísta como con desprecio--, debería saber que no hay
ninguna falta de coherencia en los planteamientos y que la Ministra de
Medio Ambiente del Reino de España, a quien usted ha aludido, no
solamente no se ha sentido sola en estos debates, sino que está apoyada
por los otros catorce países de la Unión Europea que, por delante de
nosotros, han transferido esta directiva comunitaria, y en ni uno de esos
países se ha admitido una limitación, y mucho menos una prohibición, a la
utilización del PVC y ni siquiera existe ese porcentaje de reducción que
S. S. esgrime.
Señora Narbona, usted, que parece que no es europeísta, debería saber que
la política medioambiental es fundamentalmente política europea y, por
tanto, debería saber que en la ley en envases no existe esa prohibición
en ningún otro país, ni siquiera la limitación. La limitación del 10 por
ciento, que, en la presentación en esta Cámara, dije que era un brindis
al sol, lamento tener que decirle que es nuevamente un brindis al sol,
aunque en el primer trámite de este proyecto de ley ustedes hayan
aceptado esa limitación. Y le voy a decir, señora Narbona, por qué es un
brindis al sol.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Ministra, por
favor, termine.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor Presidente.
Quiero decirle que en su proyecto, es decir, en la enmienda, en ningún
momento se dice cuáles van a ser las medidas concretas para exigir esa
reducción, es decir, ni para conseguir aclarar de forma efectiva cómo van
a aplicar el 10 por ciento, ni para exigir responsabilidades en el caso
de que no se cumpla. No me gusta hacer leyes que sean brindis al sol. En
cambio, sí considero --y fue
el criterio de este Gobierno-- que ese criterio de reducción debe
aplicarse en cada una de las comunidades autónomas a través del
desarrollo reglamentario, porque no tiene el mismo desarrollo una
comunidad autónoma que otra. Y con las comunidades autónomas con menor
desarrollo económico que puedan necesitar elevar su consumo y, por tanto,
consuman más, ¿qué hacemos, señora Narbona? ¿Les prohibimos que aumenten
su desarrollo económico u obligamos a las comunidades ricas a que no
consuman más productos para hacer una media en la reducción de envases?
Le digo más, señora Narbona: ¿usted se cree que reducir...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señora
Ministra, concluya en quince segundos porque, de acuerdo con lo que ha
avanzado el señor Presidente de la Cámara, hemos reordenado el debate y,
por tanto, ya está fuera de tiempo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, yo comprendo que es un problema de tiempo, pero también le
puedo decir que entre las prioridades éste es uno de los temas que no
deben quedar sin contestación. Procuraré ser muy breve, señor Presidente.
Quiero decirle que, por ejemplo, ni siquiera en todos los envases cabría
reducir el 10 por ciento. ¿Usted cree que en un yogur así de pequeño hay
que reducir un 10 por ciento y, en cambio, le parece suficiente que en
embalajes de juguetes reduzcamos sólo un 10 por ciento, señora Narbona?
Le puedo dar otro argumento más: usted, que cree que solamente usted
defiende el medio ambiente
--desde que se ha marchado del Ministerio evidentemente-- y que es
tan ecologista, ¿usted se ha planteado que puede inducir a utilizar el
tan temido PVC si usted obliga a fabricantes, por ejemplo, en el sector
del vidrio, en bebidas, a reducir todavía más su envase, que no pueden
hacerlo? Les obligaría a que para reducir el porcentaje de envase al 10
por ciento que usted quiere tendrían que consumir PVC.
Luego, señora Narbona, seamos realistas. Como dije desde un principio, en
mi postura, que es la del Gobierno, reduzcamos un 10 por ciento o más
según las necesidades de cada comunidad autónoma, pero no hagamos de una
ley un reglamento porque, si no, España volverá a dar la imagen que daban
con el Gobierno socialista de que en este Parlamento se hacen leyes que
ya, de entrada, se sabe que son brindis al sol porque no hay ningún tipo
de posibilidad de aplicar medidas coercitivas, puesto que, además, en
este caso concreto, estaríamos jugando contra el principio de la libre
competencia que, lamento decirle, España es Europa y, por tanto,
europeísta usted o no, tiene la obligación de cumplir la libre
competencia.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--La señora Narbona Ruiz pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Ministra.
Señora Narbona, tiene exactamente dos minutos, no más.
La señora NARBONA RUIZ: No se preocupe, señor Presidente, que yo no me
excedo del tiempo. Señora Ministra, Dinamarca es Europa, que yo sepa.
Véase, por favor, qué es lo que está haciendo en Dinamarca en relación
con el PVC el ministro que se sienta con usted en Bruselas, porque hay un
plan para reducir en un 85 por ciento el uso del PVC en los envases y
toda otra serie de medidas que allí sí que la industria ha sido capaz de
acordar con el Gobierno, y no como aquí que se lo plantean desde un punto
de vista bastante distinto.
Y por favor, señora Ministra, la enmienda que se ha aprobado no dice que
se reduzca un 10 por ciento en cada uno de los tipos de envases. Mírese
por lo menos lo que pasa por el Parlamento. Se dice en total, en volumen
total y, por supuesto, no se trata de limitar a nadie, sino de establecer
unos mínimos.
Cuando yo le he hecho referencia al documento que usted aprobó con el
resto de los ministros el día 19 de diciembre, estoy aludiendo a un
documento europeo. Luego no presuma de europeísta. Estar en Europa no es
sólo reducir el déficit público, que es lo único en donde usted se siente
muy europeísta. Para ser europea en política ambiental tendría usted que
creerse el documento que aceptó el día 19 de diciembre, y si no se lo
cree, no presuma usted ni de Ministra de Medio Ambiente, ni de
europeísta. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!.--Aplausos.--La señora
Ministra de Medio Ambiente, Tocino Biscarolasaga, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Ministra, tiene
la palabra por un minuto.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente. La verdad es que habrá otras personas que puedan ser
presumidas. No presumo de nada. Si tengo que presumir de algo... (Varios
señores Diputados: ¡No! ¡No!) Si tengo que presumir de algo es de horas
de trabajo, señora Narbona.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¡Señorías! ¡Señorías!
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Si tengo que
presumir de algo es de horas de trabajo, es de lo que me siento muy
orgullosa de presumir, y de que también hoy el índice de precios al
consumo esté en la situación en la que se encuentra. Pero no estamos en
un debate de economía.
Mire, tan conozco al ministro, con el que he estado hace unos días en
Nairobi, que le puedo decir que está planteando este tipo de reducciones
de cara al futuro. Y quien está hablando ahora mismo no se ha negado a
plantear ese tipo de reducciones. Lo que le digo a usted, señora Narbona,
es que hay que plantearlo en el momento procesal adecuado, y no es en una
ley de envases donde tiene que plantearse una política de residuos que
usted y su Gobierno durante 14 años tenían que haber hecho. (Rumores.) El
señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¡Señorías, por favor!
¡Señorías, por favor! (Pausa.) Señora Ministra, prosiga.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Y no que
llevamos, señora Narbona, 14 años y todavía no hay ni una ley básica de
residuos en este país, que ya estamos nosotros en disposición de
presentar próximamente. Por tanto, vuelvo a reiterarle que yo no he
esgrimido el argumento de europeísta. Usted parece como que me lo ha
querido echar a la cara, como que no asumo con coherencia los documentos
que firmamos. Precisamente porque estoy apoyada por todos los demás
ministros, España va a tener una ley de envases que será similar a la que
otros catorce Estados comunitarios han aplicado por delante de nosotros,
porque usted, señora Narbona, durante los dos años que estuvo no la dio
tiempo de aplicar esta ley (Rumores.), trasponiendo la directiva, que es
lo que ha hecho este Gobierno en menos de ocho meses.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Ministra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna a finalizar el trámite del proyecto de ley
de envases y residuos de envases en el Congreso de los Diputados, para
indicar la postura del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas
que hasta este momento han mantenido los diferentes grupos
parlamentarios.
El Grupo Popular ha admitido enmiendas en ponencia y Comisión, aquéllas
que creemos enriquecen el texto final del proyecto de ley, y que han
supuesto aportaciones positivas a la finalidad de prevenir o reducir el
impacto sobre el medio ambiente que puede originar la gestión de los
envases y residuos de envases.
Otro grupo de enmiendas no podemos aceptarlo, ya que desde el Grupo
Popular entendemos que esta ley debe incorporar las normas sustantivas de
la directiva comunitaria. Esto es, aquellas que, de acuerdo con el
Derecho español, deben venir cubiertas por el principio de reserva de
ley, dejando para un posterior desarrollo reglamentario aquellas otras
que por su carácter contingente no deben quedar sujetas a dicha reserva.
Finalmente, un tercer grupo de enmiendas no vamos a aceptarlo por no
estar de acuerdo con las propuestas que contienen.
Brevemente voy a indicar nuestra postura respecto a lo que han expuesto
los distintos grupos parlamentarios. Empezaré por las enmiendas
presentadas por el Partido Nacionalista Vasco. Efectivamente, el Estatuto
de Autonomía del País Vasco atribuye a los territorios forales unas
competencias exclusivas, y establece que asimismo les corresponderá el
desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, en las
materias que el Parlamento vasco señale. En concreto, las competencias a
que nos estamos refiriendo han sido delimitadas en la Ley del Parlamento
vasco de 25 de noviembre de 1983, que regula las relaciones entre las
instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los
órganos forales de sus territorios históricos, modificada por la Ley de
16 de julio de 1993.
Por ello, proponemos la siguiente enmienda transaccional: Disposición
adicional segunda. Organos forales de los territorios históricos.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco las competencias que
en esta ley se atribuyen a las comunidades autónomas podrán ser
ejercitadas por los órganos forales de sus territorios históricos, de
acuerdo con lo establecido en el estatuto de autonomía y, en su caso, en
la legislación de la citada comunidad autónoma.
Respecto a las enmiendas presentadas por el representante de Unión
Valenciana, señor Chiquillo, aceptamos la enmienda número 14 al artículo
4, que añade al título del artículo «y el reciclado». Entendemos que es
una aportación positiva al texto de la ley y que concuerda con la
filosofía del Grupo Popular al considerar la reutilización y el reciclado
al mismo nivel como formas deseables de valorización no perjudiciales
para el medio ambiente.
Al aprobar esta enmienda, el Grupo Popular presenta una transaccional
consecuente con ella, que consiste en añadir «y reciclado» en el título
del capítulo II, por coherencia con la enmienda que aceptamos.
También vamos a votar favorablemente la enmienda 17 del mismo Grupo
Parlamentario, que incluye en la Comisión Mixta que se crea en la
disposición adicional quinta a las asociaciones de consumidores y
usuarios de mayor representatividad a nivel estatal.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
inciden en objetivos de prevención o reducción de la producción de
residuos muy ambiciosos pero, dada la situación actual, poco realistas,
voluntaristas y difícilmente alcanzables.
Tampoco el objetivo que plantean de reducir el PVC considera las
consecuencias ni las posibilidades reales
de sustituirlo en este momento, ni el impacto en la industria nacional y
en el precio de los envases españoles frente a los de sus competidores
europeos. Todo ello sin esperar las conclusiones del estudio técnico que
debe elaborar una comisión de expertos. A la vista de estas conclusiones,
el Gobierno del Partido Popular decidirá sobre el PVC.
Las enmiendas del Grupo Socialista adolecen, de entrada, y en opinión de
nuestro grupo, de graves carencias de técnica legislativa, pues tienen
una redacción extensa y fuertemente reglamentista. La señora Narbona no
se ha dedicado a defender sus enmiendas, sino que solamente ha destacado
un par de logros que se han introducido, en su opinión, en el proyecto de
ley. De todas formas, no voy a contestarla, por brevedad de tiempo,
porque ya ha sido contestada debidamente por la señora Ministra. Pero sí
voy a analizar, aunque sea brevemente, el conjunto de enmiendas
transaccionales que han presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y el Grupo Parlamentario Socialista; un conjunto de enmiendas
transaccionales en las que hay proposiciones...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Lara, vaya
terminando, por favor.
La señora DE LARA CARBO: Sí, señor Presidente, pero tengo que contestar
el sentido del voto del Partido Popular.
En algunas de las transaccionales que han presentado ambos grupos
conjuntamente se solicita al Gobierno que en unos plazos comprendidos
entre seis y doce meses presente una serie de programas: un programa de
prevención de la generación de residuos de envases; un programa de
medidas de apoyo y fomento del sector cooperativo; programas y dotaciones
económicas para los programas de sensibilización e información ciudadana;
un programa para promover el uso de materiales reciclables en sus
suministros; se hacen previsiones en relación con los envases acogidos al
sistema de depósito, con tres folios de precisiones; se habla de
instalaciones de incineración solamente para residuos de envases; se
habla de valorización ecológica y un largo etcétera, hasta el punto de
que incluso presentan enmiendas transaccionales con las enmiendas de
otros grupos parlamentarios que ya se han incorporado al texto del
proyecto de ley. Creo que ha sido una locura de enmiendas, que les ha
llevado a querer enmendar todo lo que no debía enmendarse.
Para finalizar, no puedo dejar de reflexionar ante SS. SS. sobre el
énfasis puesto por el Grupo Parlamentario Socialista en algunos aspectos
de sus enmiendas a este proyecto de ley, cuando durante su etapa de
Gobierno hemos conocido 14 borradores de lo que iba a ser un decreto-ley,
vía normativa --por cierto cuestionada aquí esta mañana--. Debe ser que
desde la oposición, señores socialistas, tienen o creen tener las ideas
más claras sobre la correcta gestión de los envases, porque si no podían
haber presentado un proyecto de ley o un decreto-ley para trasponer la
directiva que hoy vamos a aprobar.
En definitiva, señor Presidente, señorías, la voluntad del Grupo
Parlamentario Popular ha estado abierta a aceptar aquellas enmiendas de
los demás grupos que suponen un enriquecimiento del texto, no aceptando
aquellas que pudieran suponer desorientación o no respondían al objeto de
la ley: armonizar las normas sobre gestión de envases y residuos de
envases.
Si SS. SS. aprueban el texto resultante, estén seguros de que están
haciendo posible que España se incorpore a la normativa europea en este
campo con una ley oportuna, útil y realista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Lara.
El señor Recoder tiene la palabra por dos minutos.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, este portavoz es
consciente de que la hora es un tanto intempestiva, pero quiere llamar su
atención sobre un proyecto de ley que tiene una gran importancia, que va
a tener una gran trascendencia social en la vida cotidiana de los
ciudadanos, de la industria, del comercio y que, por tanto, entendemos
que merece que dediquemos, aunque sea muy brevemente, una intervención de
este grupo parlamentario para fijar nuestra posición sobre las enmiendas
que hoy se someten a nuestra consideración.
Les aseguro, señor Presidente, señorías, que el impacto social y
económico que va a tener esta ley el día que entre en vigor va a ser muy
superior al de la televisión digital, que ha ocupado esta mañana casi
tres horas de debate en este Pleno, debate en el que he tenido la ocasión
de defender la posición de nuestro grupo parlamentario. Por eso creo que
es importante que hablemos de ello.
A pesar de ello, a pesar de que creo que va a ser un proyecto con una
grandísima trascendencia social, seguramente porque tiene una comprensión
compleja, ya que es difícil imaginar la repercusión práctica de lo que
dice el texto del proyecto o porque es un tema que no deja lugar a un
debate acalorado, su tramitación ha pasado especialmente desapercibida en
la Cámara, lo que yo lamento especialmente y creo que todos los
portavoces de la Comisión de Medio Ambiente lamentan, pero ¡qué le vamos
a hacer!
Entrando en el tema de mi intervención, las enmiendas que en esta fase
del debate consideramos lo son a un texto, el que ha aprobado la Comisión
de Medio Ambiente a finales de diciembre, que desde nuestro punto de
vista mejora, y no nos cabe ninguna duda, el proyecto de ley que en su
momento remitió el Gobierno a la Cámara intentado trasponer la
correspondiente
directiva comunitaria. Desde nuestra perspectiva este texto es mejor,
puesto que se han incorporado toda una serie de aspectos que refuerzan el
contenido medioambiental del proyecto y lo hacen más eficaz. Es por ello
que no mantenemos ninguna enmienda viva en este trámite. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) A pesar de eso quiero destacar algún
aspecto que me parece trascendental. Quiero destacar la introducción del
objetivo de reducción de al menos el 10 por ciento en peso de la
totalidad de los residuos de envases generados en el plazo aproximado
--dice el proyecto de ley-- de cuatro años y al que se ha referido la
señora Narbona y también la Ministra. Esta novedad es fruto de una
enmienda de este grupo parlamentario coincidente con la de otros grupos
parlamentarios y tiene por objeto que las administraciones públicas y la
industria hagan un esfuerzo para reducir el volumen de envases y
embalajes que ponen en el mercado. Por tanto, es una enmienda que
requerirá un esfuerzo de las distintas administraciones públicas y de la
industria para hacer posible su cumplimiento.
En cualquier caso quiero dejar claro que nuestro grupo parlamentario no
puede coincidir con las lecturas negativas que se han hecho de esta
enmienda, de este nuevo texto por parte de algunos sectores sociales que
defienden posturas que si las compartiéramos evidentemente no habríamos
presentado esta enmienda ni habríamos favorecido su aprobación.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, le ruego que concluya. Se lo
recomiendo vivamente.
El señor RECODER I MIRALLES: Concluyo ahora mismo, señor Presidente.
No podemos compartir la afirmación de que este objetivo de reducción
implique que todos y cada uno de los envases y embalajes puestos en el
mercado se van a tener que reducir en un 10 por ciento, simplemente
porque ello es absolutamente imposible. Hay empresas que han hecho un
gran esfuerzo, quizá no por motivos medioambientales sino por motivos
económicos, y no pueden reducir más. En cambio sólo hace falta acercarse
a las estanterías de cualquier supermercado para darnos cuenta de que sí
hay muchísimo terreno por recorrer y hay cantidad de envases y embalajes
que lo primero que hace el consumidor cuando llega a su casa es tirarlos
a la papelera. Es en ese terreno en el que podemos avanzar.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que nuestro grupo parlamentario
entiende que con la enmienda que fija unos objetivos intermedios el
proyecto de ley ha quedado notablemente mejorado y, por tanto, no vamos a
votar favorablemente las enmiendas que quedan vivas en este trámite del
debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular una enmienda
transaccional a las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), concretamente a la
de la disposición adicional segunda.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri a efectos de rechazar o
aceptar la transacción.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) agradece al Grupo Popular la enmienda
transaccional presentada a lo largo de este debate, que es
omnicomprensiva en relación a las siete enmiendas que mantenía vivas el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) para este debate, proponiendo la
inclusión en el proyecto de ley de una disposición adicional segunda
nueva para que la trasposición de esta directiva europea, el ámbito
competencial en relación a estas materias quede salvaguardado y no se
usen estas trasposiciones para alterar los ámbitos competenciales
establecidos. En consecuencia, dado que se trata de una redacción
omnicomprensiva, retiramos las siete enmiendas y aceptamos el contenido
de la enmienda propuesta, agradeciéndoselo especialmente al Grupo
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas al dictamen
de la Comisión sobre el proyecto de ley de envases y residuos de envases
y, posteriormente, al dictamen de la Comisión sobre el último proyecto de
ley que figura en el orden del día.
Comenzamos, por tanto, las votaciones sobre las enmiendas que aún
subsisten al dictamen de la Comisión al proyecto de ley de envases y
residuos de envases, y a su vez lo haremos votando en seis bloque las
enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo Mixto.
Primera votación, sobre la enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 20; en contra, 163; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 293; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la enmienda.
Enmienda número 18, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 130; en contra, 168; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 13, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 13; en contra, 170; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 14 más la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 181; abstenciones 129.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la referida enmienda.
Resto de enmiendas que aún subsisten del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 143; en contra, 165; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del señor
Chiquillo.
Enmienda transaccional, a la que se ha hecho referencia, aceptada por el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y retiradas el resto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda
transaccional.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En primer lugar, un bloque constituido por las enmiendas
números 102, 110, 113, 117, 145, 146 y 148 más la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 13; en contra, 297; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El segundo bloque lo integran las enmiendas números 91, 95, 96, 116, 122,
125 y 127.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 14; en contra, 169; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 139; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las restantes
enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en dos bloques. El primero
está constituido por las enmiendas números 23 y 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 129; en contra, 168; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 141; en contra, 168; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
Votamos ahora el dictamen. En primer lugar, de forma separada, el
artículo 6.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 169; en contra, 129; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el artículo 6.1 del
dictamen.
Resto del dictamen con las enmiendas incorporadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 180; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN EL
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL REESTRUCTURADO Y LA CONTRIBUCION
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REPOSICION DE RECURSOS (Número de expediente
121/000013)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el dictamen de la Comisión
sobre el proyecto de ley por la que se autoriza la participación de
España en el Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado y la
contribución correspondiente a la primera reposición de recursos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 311.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, el dictamen queda aprobado por
unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.