CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1996 VI Legislatura Núm. 43



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 42



celebrada el jueves, 21 de noviembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



-- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997
(número de expediente 121/000015) (final) (Página 2099)



-- Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (número de expediente 121/000017) (Página 2099)



-- Proyecto de Ley de medidas de disciplina presupuestaria (número de
expediente 121/000016) (Página 2175)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 44, de 22 de
noviembre de 1996.)

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SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




Dictámenes de comisión sobre iniciativas legislativas (Página 2099)



Proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(Página 2099)



Título I (Página 2099)



El señor Martínez Noval defiende las enmiendas del Grupo Socialista.

Pide, en primer lugar, a través de la enmienda 127, la supresión del
precepto del artículo 1 que otorga un tratamiento peculiar y singular a
algunas retribuciones en especie, por entender que va a abrir una ancha
brecha por la que se van a introducir otras percepciones ajenas a esas
retribuciones en especie. La enmienda 128 se refiere a una cuestión
largamente debatida durante toda la pasada legislatura y con una relativa
incidencia social, en la medida en que se refiere a la fiscalidad de
personas que tienen mucha presencia y audiencia en la sociedad española,
es decir, los futbolistas de élite o los artistas. Ocurre, sin embargo,
que no se trata sólo de la fiscalidad de esos profesionales, sino también
de otros muchos que han acabado por acogerse al mismo procedimiento,
desde su punto de vista elusivo de la fiscalidad en nuestro país. Por
otra parte, el problema no afecta básicamente a las personas, sino en
gran medida a los clubes al comprometerse éstos en buena parte a hacer
frente a la fiscalidad de esos deportistas profesionales. Recuerda que la
cuestión está abordada con toda claridad en un Real Decreto de 1985 que
regula la relación profesional entre unos y otros y según este Real
Decreto y otro promulgado en el año 1992 queda claro que los beneficios
derivados de la explotación de los derechos de imagen es un concepto
salarial sometido, por tanto, como todas las rentas salariales, al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Quien haya estado
presente en la Cámara en la anterior legislatura, como es su caso, sabrá
que no se trata de una cuestión que se produce ahora «ex novo», sino que
es algo que creían ya suficientemente debatido y zanjado. Sin embargo, se
ven obligados a reabrir la discusión porque, lamentablemente, desde su
punto de vista, el artículo 2.2 introduce un cambio en la legislación que
crea enormes problemas a la Hacienda pública española, no sólo de cara al
futuro, sino también al pasado, en relación con actas levantadas a
algunos clubes de fútbol en los últimos años por no someter a retención
las rentas obtenidas por derechos de imagen de los futbolistas de élite.

Hacia adelante podrá suceder que muchos profesionales de prestigio, como
médicos, abogados, etcétera, al declarar a Hacienda digan que una parte
de sus beneficios no son consecuencia de su trabajo, sino del renombre
adquirido y, en consecuencia, que se trata de derechos de imagen,
abriendo así un portillo enorme para buena parte de las rentas de trabajo
de este país.

El señor Saura Laporta, defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Previamente desea hacer dos breves
consideraciones en torno a este proyecto, afirmando que significa un
claro ataque al principio de seguridad jurídica de las personas y, en
segundo lugar, es profundamente regresivo en lo fiscal y en lo social.

Alude también al dictamen del Consejo Económico y Social con una
valoración muy negativa del texto del Gobierno al que llega a calificar
de técnicamente deplorable, preguntando cómo, a la vista de dicho
informe, el Gobierno no ha retirado o al menos modificado los aspectos
más relevantes del proyecto. Considera que esta actitud del Gobierno y de
los grupos que lo apoyan supone el deslizamiento hacia un cierto
menosprecio al Parlamento, y de ahí que insistan en su petición de que
rectifiquen. Insiste, a continuación, en las ideas antes expuestas sobre
el carácter insolidario y regresivo del proyecto de ley, afirmando que
favorece a unas minorías y perjudica a la mayoría, abriendo además la
puerta al cobro de cánones o peajes sobre cualquier infraestructura que
el Gobierno realice.

Por otro lado, el proyecto hace una apuesta clara y decidida por el
debilitamiento del sector público, todo lo cual justifica las enmiendas
de su grupo parlamentario al proyecto de ley, en concreto al artículo 1,
objeto ahora de debate, al que recuerda que han presentado cincuenta
enmiendas, limitándose a destacar algunas de ellas.

El señor Homs i Ferret, defiende las enmiendas del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). En la primera y más significativa de ellas propone
la reducción del IVA aplicable al transporte en autopista al 7 por
ciento, desde el convencimiento de que es una cuestión que hoy está en
revisión en toda Europa.

Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) el señor Silva Sánchez, refiriéndose a las números 368 y 451 y
contestando de paso a algunas reflexiones del señor Martínez Noval.

Afirma que el derecho de imagen se encuentra regulado en la Ley Orgánica
de 5 de



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mayo de 1982 y es un derecho de la misma naturaleza que otros, como el
derecho moral del autor, que admite, junto a la vertiente moral, la
posibilidad de explotación económica y que es absolutamente diferente de
lo que pueda ser la prestación de servicios y, por tanto, el puro y
estricto arrendamiento de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, lo que
pretende su grupo, junto con el Popular, es dejar resuelto un problema
que se reconoce que existe y, por tanto, ir hacia una mayor seguridad
jurídica. Aclara, por otra parte, que las calificaciones laborales no
vinculan en materia tributaria y así, por ejemplo, la prestación de
alimentos está sometida a rendimientos del trabajo y no es un rendimiento
del trabajo. Recuerda, finalmente, que también los rendimientos del
capital mobiliario están sujetos a tributación, con lo que simplemente
están aclarando el régimen jurídico de esos elementos.

El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Expone que al haber sido defendidas con detalle sus enmiendas en Comisión
se limita a destacar ahora los aspectos más relevantes de las mismas.

Así, respecto al Impuesto de Sociedades, pretenden mejorar aspectos que
no quedaron suficientemente recogidos en la reforma realizada en la
anterior legislatura y, en este sentido, en materia de deducción por
formación profesional, propone su elevación hasta el 10 por ciento para
incentivar a las empresas a la formación de los trabajadores. También
considera necesario incentivar mejor la inversión en material,
concretamente en activos materiales nuevos, para lo que propone deducir
el 5 por ciento de tales inversiones. En relación con las pequeñas y
medianas empresas, postulan que se puedan integrar como tales todas
aquellas cuya cifra de negocio sea inferior a los 500 millones de
pesetas. Concluye haciendo referencia a algunas de sus enmiendas
relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

El señor Vázquez Vázquez (Don Guillerme), del Grupo Mixto, comienza
retirando las enmiendas números 74 y 75, agregando que las restantes a
este título I se refieren a los artículos que proponen la creación de
nuevas tasas o aumento de las ya existentes, proponiendo en todos los
casos su supresión por su carácter regresivo.

La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
presentadas. Alude también al informe del Consejo Económico y Social
sobre la deficiencias del proyecto de ley que hacen difícil el estudio
del mismo. Entrando en la defensa de las enmiendas, menciona, en primer
lugar, las relativas al impuesto sobre la prima del seguro, tachándolo de
impuesto indirecto y regresivo con gran repercusión inflacionista, y algo
similar cabría decir respecto a la creación de nuevas tasas en algunos
sectores importantes que considera perjudiciales. Por ello, mantiene sus
enmiendas pidiendo la supresión de tales preceptos.

En turno en contra de las enmiendas al título I interviene, en
representación del Grupo Popular, el señor Martínez-Pujalte López
Interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Socialista, para la defensa
de algunas enmiendas que habían quedado pendientes.

En turno de réplica, intervienen los señores Martínez Noval, Saura
Laporta, Homs i Ferret y Silva Sánchez, duplicando el señor
Martínez-Pujalte López.




Título II (Página 2116)



Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista a este título,
interviene el señor Cercas Alonso, manifestando que tienen pocas
esperanzas de que sus razones se abran camino en este debate y
simplemente pretenden que se tenga en cuenta lo más significativo. Añade
que en la exposición de motivos se habla ampulosamente de que la ley
pretende introducir la racionalidad y mayores mecanismos de control en el
manejo de los recursos públicos. Considera que si realmente lo desearan,
las enmiendas del Grupo Socialista deberían ser objeto de un examen más
detenido, menos partidista y menos mecanicista en su rechazo, puesto que
algunas de ellas sólo persiguen una mejora técnica.

A continuación pasa a exponer dos enmiendas de fondo que afectan a
situaciones de derechos subjetivos de personas y al funcionamiento de
instituciones claves de la Seguridad Social. Entiende que en este caso
hay una cierta contraposición de principios, puesto que aunque en el
proyecto de ley se hable de la plausible introducción de medidas de
control del gasto, sin embargo, a lo largo del articulado de este título
II se legisla en dirección contraria. Considera que las cautelas del
Derecho administrativo que se han ido consolidando a lo largo de la
historia con el propósito expreso de sujetar a las administraciones
públicas a principios tan relevantes como el de la publicidad de los
actos de la Administración, son sistemáticamente conculcados, puesto que
se pretende la fuga hacia el Derecho privado. No están conformes con la
creencia utópica del Partido Popular de que toda administración pública
es sospechosa o culpable y de que todos los beneficiarios de los
programas públicos del bienestar social son «a priori» defraudadores.

Para su



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grupo, todas estas propuestas del título II provocan una mayor
inseguridad jurídica, una confusión y una opacidad sobre cuáles serán los
impactos en la gestión de los recursos públicos.

A continuación se refiere a las enmiendas presentadas a los artículos
55.2 y 76. Considera que llevar el sistema de procedimiento negociado del
artículo 55.2 al conjunto de la concertación sanitaria no sólo contradice
todas y cada una de las afirmaciones del preámbulo de la ley sobre el
rigor y el mejor uso de los recursos públicos, sino que va en contra
también de la voluntad, tantas veces proclamada, del Partido Popular de
incorporar criterios de concurrencia en lo que hoy es el Sistema Nacional
de Salud.

En cuanto a la enmienda al artículo 76 manifiesta que la han presentado
porque, quizá de una manera inadvertida, se va a deteriorar lo que hoy es
el conjunto de prestaciones que cubre a las víctimas de los actos
terroristas en España. No entienden por qué quienes sufran daños
personales o patrimoniales con ocasión del esclarecimiento o la represión
de los actos terroristas han de quedar fuera del marco protector del
Estado.

En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Vaquero del
Pozo, manifestando que tres de ellas pretenden la eliminación de los
artículos 55, 56 y 58, todos ellos referidos a la sanidad pública.

Considera que con estos artículos de la Ley de acompañamiento el Gobierno
pretende contraponer la eficacia de unos ejecutivos agresivos, que van a
gestionar la salud desde el punto de vista subjetivo y para los que, por
tanto, los requisitos de tipo formal son puros obstáculos, con la
objetividad, la publicidad, la transparencia y el control.

Asimismo, plantea la eliminación del artículo 61 relativo a la
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con el Servicio Nacional de Salud en cuanto a los posibles
fraudes de enfermos, desempleados, subsidiados y pensionistas. Considera
que en el artículo 61, como del 67 al 71, en los que se persiguen
actuaciones posiblemente fraudulentas, esto no se hace realmente, sino
que, desde un punto de vista absolutamente economicista, se pretende
ahorrar el dinero de estas prestaciones por la vía de criminalizar las
conductas de los trabajadores.

Retira la enmienda 269 y plantea el resto de sus enmiendas en cuanto a la
equiparación de los derechos sociales a los extranjeros que trabajan y
viven en España, a los contratos formativos y a la ampliación de las
prestaciones reguladas en el número 11 del artículo 77. Por último,
estima que la descripción del concepto de pensiones públicas que
establece el artículo 80 no hace al caso en la Ley de acompañamiento.

En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), interviene el señor Zabalía Lezamiz, manifestando que las deja
resumidas a dos. Hace hincapié en la que hace referencia al tratamiento
de los minusválidos o discapacitados. Reconoce que varias de las
enmiendas que han presentado en este sentido han sido recogidas y
aprobadas, sin embargo, queda una que le gustaría que se reconsiderara,
porque cree necesario potenciar o favorecer aquellos instrumentos que
hagan posible la contratación de estos colectivos.

Otra de las enmiendas al título II es una vieja reivindicación de su
grupo parlamentario y tiene relación con las cuotas a la Seguridad Social
de todo el personal adscrito a la Munpal. A este respecto propone
suprimir el 8,20 por ciento de cotización a la Seguridad Social del
personal de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Como reconoce que
es un problema que tiene una incidencia recaudatoria importante, plantea
una serie de propuestas al objeto de hacerlo de forma escalonada en
diversos ejercicios.

En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto
y en su nombre, interviene el señor Vázquez Vázquez (Don Guillerme),
manifestando que hacen referencia a los cambios que se proponen en el
proyecto de ley sobre prestaciones por desempleo. Lo hace en consonancia
con lo propuesto en el informe del Consejo Económico y Social porque,
estando de acuerdo con que el trabajador o trabajadora deba solicitar la
baja en las prestaciones por desempleo cuando deje de tener derecho a las
mismas, le parece prudente que se dé un plazo cuando menos de quince días
para cumplir con esa obligación.

Mediante las enmiendas 86 y 87 pretende que se garantice la necesaria
seguridad jurídica en la relación del trabajador o trabajadora con las
agencias de colocación sin fines lucrativos, por lo que, en consonancia
también con el informe del CES, propone que se introduzca una mención al
obligado control por parte del INEM de las comunicaciones de conductas
infractoras que cometan este tipo de entidades. También propone la
supresión de los artículos 70 y 71 por no suponer un avance respecto a la
legislación vigente y por ser de difícil aplicación.

Asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster
Olazábal defiende su enmienda 57 al artículo 80, que se refiere a las
pensiones públicas. Entiende que la técnica utilizada



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en este artículo es defectuosa en cuanto a que el método de enumeración
de instrucciones conduce a lagunas, a inclusión de instrucciones dudosas
y a la caracterización jurídica confusa de las lagunas ya incluidas. Como
razón de fondo hace referencia a la necesaria igualdad que obliga a
considerar incluida en esta categoría de pensiones públicas a aquéllas
cuya financiación descanse en recursos del Estado obtenidos vía
desgravaciones, exenciones y, en general, gasto fiscal. Aduce también
como razones que avalan su enmienda la recomendación del Consejo
Económico y Social, por cuanto que entiende que no debería existir
diferencia de trato entre los trabajadores del sector público y privado
en todos aquellos aspectos en los que la Administración o una empresa
pública intervengan como empresario, y el principio de igualdad contenido
en el artículo 14 de la Constitución.

En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Hernando Fraile.

Replican los señores Cercas Alonso y Vaquero del Pozo, duplicando el
señor Hernando Fraile.




Título III (Página 2125)



El señor Caldera Sánchez-Capitán defiende las enmiendas del Grupo
Socialista. Expone que se trata de un título con más de 35 artículos
relativos al personal al servicio de las administraciones públicas que,
en su opinión, peca de un decreto original y es la ausencia de
negociación con los representantes de los empleados públicos a quienes se
dirigen las múltiples modificaciones normativas que aquí se contienen.

Señala que para su grupo hubiera resultado fácil rechazar este título con
abundancia de argumentos como el informe citado del Consejo Económico y
Social y la ausencia de memoria económica que justifique el impacto
presupuestario que van a tener la mayoría de estas medidas. Pero hay un
problema que les preocupa aún más si cabe, y es la ignorancia hacia los
contenidos de la Ley 7/90, de negociación colectiva. Hay múltiples
materias contempladas en el proyecto sometido a la Cámara que deberían
ser objeto de negociación con los representantes de los empleados
públicos, según la citada Ley del año 1990, y sobre los que se va a
decidir aquí sin que haya existido dicha negociación. De ahí que los
socialistas se encuentren en una posición difícil a la hora de tomar
posición sobre este título y aunque votarán a favor de varios preceptos,
llama la atención del Gobierno para que en los próximos ejercicios
presupuestarios no se adopten decisiones sin diálogo previo, que no es
bueno para nadie.

Concluye mencionando el contenido de algunas de las enmiendas de su
grupo, haciendo especial hincapié en relación con la ampliación de la
edad de jubilación de los funcionarios, reconociendo que existen
argumentos favorables para esta medida, aunque también los hay
importantes en contra de la misma. Anuncia, por tanto, la abstención de
su grupo en este punto, especialmente por la falta de diálogo sobre esta
decisión con los propios empleados públicos y porque el lugar idóneo para
su regulación sería el Estatuto de la Función Pública.

El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza señalando que los
empleados públicos son los auténticos paganos de la convergencia de
Maastricht y a los que su grupo expresa su solidaridad. Seguidamente
expone brevemente el contenido de las diversas enmiendas presentadas por
su grupo a este título.

En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
interviene el señor Zabalía Lezamiz, manifestando que la enmienda
presentada al título III de este proyecto de ley encaja con el resto de
las enmiendas que han presentado referentes al colectivo de minusválidos
y discapacitados, porque entiende que, además de los aspectos fiscales y
laborales, se deben tomar en cuenta también algunas medidas de desarrollo
reglamentario, puesto que no está suficientemente regulado en las medidas
de reforma de la función pública que se establecieron con motivo de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, interviene el señor Vázquez Vázquez (Don Guillerme), manifestando
que son una serie de enmiendas de supresión al título III por estar en
desacuerdo con el procedimiento de utilizar la denominada Ley de
acompañamiento para reformar diversos aspectos relativos al personal al
servicio de las administraciones públicas. Considera que se debería hacer
a través de un proyecto de ley específico y no por esa vía urgente
introducida en esta especie de cajón de sastre en que se está
convirtiendo la Ley de acompañamiento a los Presupuestos.

Para turno en contra de las enmiendas, interviene la señora Fernández
González, del Grupo Popular. Replican los señores Caldera
Sánchez-Capitán, Vaquero del Pozo, Vázquez Vázquez (don Guillerme) y
Zabalía Lezamiz, duplicando la señora Fernández González.

Interviene el señor Núñez Pérez, para presentar una enmienda
transaccional a las enmiendas 995, del



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Grupo Parlamentario Socialista, y 187, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que modifica el texto de la
enmienda 1.325 del Grupo Parlamentario Popular a la sección 35. A
continuación interviene la señora Aroz Ibáñez para anunciar la retirada
de su enmienda 995 y la aceptación de la transaccional. Asimismo, y para
pronunciarse sobre la enmienda transaccional, intervienen la señora
Aguilar Rivero y el señor Homs i Ferret.

Se somete a votación la enmienda transaccional propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular, que es aprobada por 311 votos a favor y tres
abstenciones.

Votaciones correspondientes a la sección 31, diversos ministerios, que no
tiene enmiendas.

Sometido a votación el dictamen de la sección 31, con la incorporación de
la enmienda transaccional del Grupo Popular, se aprueba por 300 votos a
favor, cuatro en contra y 16 abstenciones.

Votaciones correspondientes al apartado del Ente Público Radiotelevisión
Española y otros entes.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.

Sometido a votación el dictamen del apartado Ente Público Radiotelevisión
Española y otros entes, más el preámbulo, se aprueba por 169 votos a
favor y 154 en contra.

Votaciones correspondientes al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto y
Vasco (PNV), son rechazadas.

Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Popular a la
enmienda 368 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se
aprueba por 165 votos a favor, 156 en contra y dos abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.

Sometidos a votación los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 22, 24, 25 y 31 del
dictamen del título I, se aprueban por 168 votos a favor y 156 en contra.

Sometidos a votación los artículos 3, 15, 32, 37 y 46 del dictamen del
título I, se aprueban por 302 votos a favor y 22 en contra.

Sometido a votación el artículo 47 de dicho título I, se aprueba por 303
votos a favor, 20 en contra y una abstención.

Sometidos a votación los artículos 4, 8, 11, 12, 14, 17, 28, 33 y 34 del
título I, se aprueban por 319 votos a favor y tres en contra.

Sometidos a votación los artículos 36 y 6 del título I, se aprueban por
186 votos a favor, 133 en contra y tres abstenciones.

Sometido a votación los artículos 10, 19, 20 y 30 del título I, se
aprueban por 169 votos a favor, 136 en contra y 18 abstenciones.

Sometido a votación los artículos 48, 49, 50 y 51 del título I, se
aprueban por 173 votos a favor, dos en contra y 148 abstenciones.

Sometido a votación el resto del dictamen del título I, se aprueba por
300 votos a favor, 20 en contra y una abstención
Votaciones correspondientes al título II, artículos 52 a 80.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto,
Vasco (PNV), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son
rechazadas.

Sometidos a votación los artículos 55, 59, 61, 69 y 71 del título II, se
aprueban por 168 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones.

Sometidos a votación los artículos 56 y 57 del título II, se aprueban por
169 votos a favor, 20 en contra y 135 abstenciones.

Sometidos a votación los artículos 58, 68, 70, 73 y 80 del título II, se
aprueban por 303 votos a favor y 20 en contra.

Sometido a votación el artículo 66 de dicho título II, se aprueba por 187
votos a favor, dos en contra y 133 abstenciones.

Sometido a votación el artículo 60 del título II, se aprueba por 304
votos a favor, tres en contra y 17 abstenciones.

Sometido a votación el resto del dictamen del título II, se aprueba por
188 votos a favor, 133 en contra y tres abstenciones.

Votaciones correspondientes al título III, artículos 81 a 112. Sometidas
a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.

Sometidos a votación los artículos 83, 94 y 107 del título III, se
aprueban por 186 votos a favor, 137 en contra y una abstención. Sometido
a votación el



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artículo 82.1, del título III, se aprueba por 186 votos a favor, 135 en
contra y tres abstenciones.

Sometido a votación el resto del artículo 82, del título III, se aprueba
por 298 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. Sometido a
votación el artículo 86, del título III, se aprueba por 168 votos a
favor, 19 en contra y 135 abstenciones.

Sometido a votación el artículo 89 del título III, se aprueba por 169
votos a favor, 137 en contra y 18 abstenciones.

Sometido a votación el artículo 105 del título III, se aprueba por 170
votos a favor, 152 en contra y una abstención.

Sometidos a votación los artículos 87, 88, 90, 98 y 99 del título III, se
aprueban por 303 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones.

Sometido a votación el resto del dictamen del título III, se aprueba por
315 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.

Se suspende la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Título IV (Página 2142)



El señor Gimeno Marín defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. Señala que se trata de un título complejo que afecta a
diversas materias, por lo que intervendrán varios portavoces del grupo,
refiriéndose él básicamente a todo lo relativo con la modificación del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y con la introducción de
nuevas formas de contratación sin modificar la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Respecto a las modificaciones de la Ley
General Presupuestaria, muestra su acuerdo con la necesidad de cambiar
algunos aspectos de la misma, pero son partidarios de que se haga a
través de un nuevo presupuesto específico. Por otra parte, no entiende
por qué se suprimen requisitos de publicidad en lo que se refiere al
otorgamiento de las ayudas o subvenciones de determinadas obras.

Finalmente, muestra su preocupación por la decisión del Gobierno de
utilizar la inversión como variable del ajuste fundamental en la
reducción del déficit, que duda, por otra parte, que se consiga con la
fórmula de financiación elegida para estas obras.

El señor Pérez Segura continúa en la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, refiriéndose a las relativas a los artículos
116 a 119 que pretenden modificar la Ley de Haciendas Locales, porque
considera que estos artículos, en términos generales, vulneran la
autonomía de las corporaciones locales, ofreciéndose unas reducciones que
estima contrarias al principio constitucional de autonomía local al
establecer una multitud de tutelas y controles que no están previstos en
la Ley de Bases de Régimen Local. Finalmente, se trata de una nueva
redacción que tiene contenido más propio de normas reglamentarias que de
unas normas con rango de ley. En todo caso, cree que debería irse a una
reforma global de la Ley de Haciendas Locales.

Completa el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista el señor Hernández Moltó, que se refiere a las números 169 a
186, a los artículos 126 y 127, y que tienen que ver con la defensa de la
alternativa socialista bien distinta de la que es el modelo de
reorganización industrial que preconiza el Gobierno y que se pretende
modificar con estas enmiendas. Su discrepancia fundamental tiene que ver
con los mecanismos que considera subterfugios de encubrimiento o
maquillaje de la deuda pública a través de la situación jurídica que se
le concede tanto a la Agencia Industrial del Estado como a la Sociedad de
Participaciones Industriales. Pretenden evitar con sus enmiendas el
escapismo que se puede producir por parte del Gobierno.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone cuatro elementos
políticos generales de rechazo de su grupo a este título del proyecto de
ley, consistiendo, el primero, en la modificación de las normas de
gestión y organización que el Gobierno propone, confiriendo a la
Administración central un menor control y una mayor discrecionalidad a su
actuación.

El segundo elemento es que, en relación a las corporaciones locales, en
el proyecto de ley se contempla toda una serie de aspectos que
incrementan el control y la fiscalización hasta el punto de que no es
exagerado decir que posiblemente en algún caso se incurra en la
vulneración de la autonomía municipal.

El tercer elemento consiste en que, en contra de lo afirmado en este
título, se abre la posibilidad para que cualquier infraestructura sea
financiada, total o parcialmente, mediante peaje o canon.

Por último, el cuarto elemento político de rechazo de su grupo a este
título es porque se posibilita de alguna manera la enajenación
prácticamente total del sector público.

Termina, aludiendo a algunas de las enmiendas concretas a este título en
la línea de los principios generales expuestos con anterioridad.




Página 2094



El señor Homs i Ferret defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). La número 404 tiene por objeto incorporar
en el articulado unos criterios que permitan diferenciar el procedimiento
de concesión de ayudas o subvenciones cuando se otorguen por las
comunidades autónomas o por entidades colaboradoras, suscribiéndose, en
este caso, con la Administración del Estado unos convenios en los que se
fijen los criterios para la distribución y entrega de dichos fondos. Con
la enmienda 406 tratan de que se acepten los criterios que hoy se
reconocen de territorialización en el presupuesto del Estado en cuanto al
plan único de obras y servicios de Catalunya, salvaguardando la
especificidad del mismo.

El señor Zabalía Lezamiz defiende la enmienda de adición presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en relación con las operaciones
financieras de las diputaciones forales vascas. Manifiesta que puede ser
necesario que el Gobierno controle el endeudamiento de los entes
administrativos territoriales, pero no en el caso de las diputaciones
forales vascas, porque en estos momentos, por su nivel de endeudamiento,
cumplen con los criterios de convergencia de la Unión Monetaria y dicho
control entorpece el funcionamiento de las propias diputaciones forales.

El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto,
expone de forma esquemática el contenido de las diversas enmiendas que
tiene presentadas a este título.

En turno en contra a las enmiendas al título IV, interviene, en
representación del Grupo Popular, el señor Cámara Rodríguez. Replican los
señores Gimeno Marín, Pérez Segura y Saura Laporta, duplicando el señor
Cámara Rodríguez.




Título V (Página 2155)



El señor Morlán Gracia defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista al título V, manifestando que el mismo constituye un auténtico
cajón de sastre por la diversidad de materias que regula, además muy
importantes y complejas, produciéndose, a su juicio, a través de este
proyecto, un auténtico vacío en la modificación legislativa de diversas
normas que van a experimentar una profunda transformación de
consecuencias imprevisibles. Renuncia de antemano a tratar todas las
enmiendas que han presentado al título que ya defendiera en la Comisión,
por lo que abundará en general en los aspectos más importantes de las
mismas. Afirma que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular,
siguiendo la más fiel tradición liberal de que el mejor Estado es el que
no existe, tan en serio se lo están tomando que pretenden superar todas
las pruebas que se les pongan por delante.

Entre la materias contempladas en el título, con las que muestra especial
discrepancia, está la constitución de sociedades para la construcción de
infraestructuras, tanto de carreteras como de ferrocarriles y obras
hidráulicas, afirmando que los artículos del proyecto dedicados a este
asunto suponen un auténtico cheque en blanco para que el Gobierno haga lo
que le venga en gana sin ningún tipo de control parlamentario.

Otro bloque de enmiendas hace referencia a la modificación de la Ley del
Medicamento, señalando que no comparten la modificación legal propuesta
que, además, consideran innecesaria.

La señora Uría Echevarría defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV). Señala que se trata de las números 47 y 48 a los artículos
138 y 140, coincidiendo con lo mantenido por el Consejo de Estado en el
informe que acompaña al proyecto. Consideran perturbador que se regule el
transporte de emigrantes y su régimen sancionador aprovechando una ley de
las llamadas de acompañamiento, sin el rango orgánico que se requiere. De
ahí que se limite a solicitar la remisión de un proyecto de ley con el
rango adecuado para que sea debatido en la Cámara con posterioridad.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que el título V de
este proyecto de ley supone un ejemplo de lo que no debe ser una ley de
acompañamiento, que justifica por sí solo el que en el dictamen del CES
se diga que desde el punto de vista técnico el proyecto es deplorable.

De entre sus enmiendas, destaca, en primer lugar, aquellas por las que
piden la supresión del artículo 132 relativo a la modificación de la ley
sobre construcción, conservación y explotación de europistas en régimen
de concesión, manifestando que el Gobierno pone aquí un ejemplo claro de
su política dirigida a incrementar los beneficios más poderosos puesto
que las concesionarias de autopistas van a obtener unos importantísimos
beneficios entre los que destaca la ampliación en veinticinco años del
plazo de concesión. Parece existir una cierta coincidencia al hablar de
un billón de pesetas lo que está en juego. Agrega que dentro de estas
empresas concesionarias están las grandes entidades financieras y
económicas sin que se haga ninguna referencia, por ejemplo, a disminuir
el peaje o invertir en la mejora de las infraestructuras.




Página 2095



También en materia de aguas se propone un nuevo tipo de concesión de
construcción y explotación de obras hidráulicas, abriendo las puertas al
establecimiento de tarifas cuyas cuantías y condiciones se remiten a un
posterior reglamento.




Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales (Página 2165)



En defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, interviene el señor
Griñán Martínez, dando por defendidas las enmiendas a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales en los términos en los que lo fueron
en la Comisión, volviendo a reiterar la necesidad de suprimir la primera
de las adicionales, por considerar que las organizaciones sindicales
agrarias han de ser protagonistas en el diseño integral del sector
agroalimentario.

Se detiene brevemente en las propuestas concretas sobre políticas activas
de empleo, que considera de particular importancia. Manifiesta que su
intención al presentar las enmiendas es añadir a las políticas activas
que en los últimos años se han venido desarrollando en España, con amplio
consenso social y político, otras nuevas que solucionen problemas
concretos muy localizados y específicos.

Considera que el Gobierno no ha cumplido este año con el mandato del
Estatuto de los Trabajadores, que dice que se procederá anualmente a
efectuar el balance de los programas de empleo para que en cada
presupuesto se pudieran incorporar las modificaciones pertinentes, de
acuerdo con la valoración que se pudiera hacer, y se ha limitado a
proponer las mismas medidas de años anteriores.

Por otra parte, manifiesta que hay bastantes datos de la actual situación
económica que deberían hacer reflexionar a todos, como por ejemplo el
paro registrado en el Inem haya crecido estos meses de otoño un 53 por
ciento más que en 1994 y un 74 por ciento más que el año pasado, o que a
30 de septiembre de este año hayan registrado en el Imen 1.039 contratos
indefinidos menos que a 30 de septiembre de 1995, o que haya aumentado
también el paro de técnicos profesionales y titulados superiores en lo
que va de año, etcétera.

Pretenden con sus enmiendas que se puedan afrontar, con el consenso de la
Cámara, problemas concretos como la ordenación de un programa nacional de
formación profesional ocupacional a distancia, un plan de orientación e
información para el empleo en centros públicos de formación reglada, una
experiencia piloto de casas de oficio para trabajadores mayores de 40
años que perdieron el empleo y su cualificación no está demandada por el
mercado de trabajo y un plan de empleo y desarrollo tecnológico para
desempleados con nivel técnico superior.

Termina su intervención poniendo de manifiesto que la oposición
socialista no pretende limitarse a la descalificación ni quiere sembrar
el camino de incertidumbres, sino aprovechar el tirón favorable de una
coyuntura internacional para que el potencial de crecimiento de nuestra
economía sea capaz de generar más empleo.

Interviene, también en nombre del Grupo Socialista, el señor Martínez
Noval, para defender con la máxima brevedad una enmienda que trata de
introducir una disposición adicional nueva en la Ley de Medidas fiscales,
consistente en llevar a la Ley de subrogación y modificación de préstamos
hipotecarios el acuerdo que el Ministro de Economía y Hacienda alcanzó
con los colegios notariales y registrales y con las patronales de las
entidades bancarias. Reconoce que es una iniciativa de Izquierda Unida
que apoyó toda la Cámara, por lo que no entendería su rechazo.

En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Almeida Castro,
anunciando que su grupo ha presentado tres bloques de enmiendas a este
título: unas son de supresión y alcanzan a distintas leyes; otras son de
adición y tienen por finalidad aumentar la capacidad impositiva de los
municipios y darles un mayor protagonismo, lo que ya ha sido debatido en
la tarde de hoy en el título IV; y otras, también de adición, se refieren
a las políticas de igualdad de la mujer.

Manifiesta que, aunque su grupo no es partidario de legislar en las leyes
de acompañamiento de los presupuestos, tampoco están de acuerdo en que se
legislen cuarenta y cinco leyes y que en ninguna se trate de cuestiones
de igualdad de la mujer ni se dé cumplimiento a los compromisos
internacionales.

En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), interviene el señor Companys Sanfeliú, que da
lectura a la enmienda de adición número 448 al proyecto de Ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Manifiesta que han
presentado esta enmienda de adición porque son conscientes de la
situación de crisis por la que está pasando el sector forestal, puesto
que la actual Ley de Montes es de hace cuarenta años, lo que demuestra el
poco interés de los diferentes gobiernos. Entiende que el sector forestal
necesita de una política fiscal propia por su manifiesta singularidad, ya
que los amplios períodos de producción no se pueden comparar con



Página 2096



los de otras actividades económicas. Añade que la rentabilidad económica
muy a menudo es negativa, mientras que a efectos fiscales se considera
como una actividad económica positiva.

A continuación, pasa a analizar toda una serie de dificultades con las
que se encuentra el sector y denuncia la insensibilidad tradicional del
Estado que les sitúa en una posición de inferioridad desde el punto de
vista competitivo con otros países de Europa.

Estima que su propuesta es racional y presenta un sistema simple que no
produzca importantes disfunciones y que incentive las inversiones
productivas en el marco de una selvicultura planificada.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), interviene el señor
Zabalía Lezamiz, manifestando que han presentado cuatro enmiendas a las
disposiciones adicionales, agrupadas en tres apartados. Una de las
enmiendas trata de corregir una discriminación que se da en aquel tipo de
empresas de construcción naval que, de acuerdo con el Real decreto que
reguló la reconversión del sector naval, quedaron fuera de los beneficios
del mismo; otra hace referencia a las cámaras agrarias y pretende quitar
el carácter básico del régimen jurídico de las cámaras agrarias; y las
otras hacen referencia al segundo registro de buques que, según la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, deberían estar situados en
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Considera que los
beneficios que se obtuvieron con aquella Ley se han quedado cortos porque
hay muchos países donde las empresas navieras pueden abanderar sus barcos
sin ningún gravamen ni en renta para los tripulantes ni en obligación
alguna con la Seguridad Social. Estima que se ha de estar en igualdad de
condiciones con las empresas navieras de otros países y, a la vez,
tenemos la obligación de mantener el abanderamiento de nuestras empresas
en territorio nacional. Proponen con sus enmiendas ampliar nuevamente las
bonificaciones al 50 por ciento. En cuanto a la cotización a la Seguridad
Social, plantean una bonificación del 90 por ciento de la misma.

En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, interviene el
señor Rodríguez Sánchez, que propone la supresión de la disposición
adicional sexta, que trata del programa de fomento del empleo que es,
según hace constar el Consejo Económico y Social en su informe, semejante
al que se incluyó en esta misma ley durante los años 1994, 1995 y 1996.

Considera que este programa no demostró eficacia alguna pues la cifra de
contrataciones fue muy escasa, registrando una tendencia descendente y
fomentando la contratación temporal en detrimento del trabajo estable.

También en nombre del Grupo Parlamentario Mixto interviene la señora
Lasagabaster Olazabal para defender dos enmiendas presentadas a las
disposiciones adicionales. La primera pretende la introducción de una
disposición adicional nueva que afectaría a la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, para que
el tratamiento que afecta a los planes de pensiones se hiciera ampliable
a otros sistemas de previsión social. La razón de esta enmienda se
centraría en lo que dijo el Consejo Económico y Social cuando emitió
informe sobre esta Ley, en el que señalaba que la opción que se
establecía en los planes de pensiones debía ser ofrecida con el mismo
tratamiento fiscal a los diversos instrumentos en que pudieran
materializarse los compromisos por pensiones.

La segunda enmienda hace referencia a la disposición adicional novena y
pretende añadir una frase al objeto de garantizar que aquellos bienes que
fueron cedidos a Defensa por los ayuntamientos para su afectación a los
fines de la defensa revertieran a los actuales ayuntamientos. La razón es
que aquello que se cedió en su momento pueda ser de nuevo utilizado por
los propietarios originales.

En turno en contra de las enmiendas, interviene el señor Cámara
Rodríguez. Replican el señor Griñán Martínez y la señora Almeida Castro,
duplicando el señor Cámara Rodríguez.




Proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria (Página 2175)



En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este
proyecto de ley, interviene el señor Gimeno Marín, manifestando que
aunque en principio parecía que el proyecto de Ley de medidas de
disciplina presupuestaria no tenía excesiva importancia, tal y como está
en estos momentos puede significar un giro excesivamente importante en lo
que es la gestión presupuestaria, porque el contenido del proyecto de ley
que hoy se discute no tiene nada que ver, en lo fundamental, con lo que
fue el proyecto de ley que presentó el Gobierno.

Por otra parte, no considera que haya razones de oportunidad ni de
prioridad para presentarlo porque, al mismo tiempo que se tramitaba este
proyecto de ley, se tramitaban otros que también afectaban a la
modificación del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Considera que el Gobierno



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lo que debería traer a esta Cámara sería un proyecto de Ley General
Presupuestaria como el que ya se presentó en la anterior legislatura y
que fue devuelto al Gobierno por no contar con el apoyo de la mayoría de
la Cámara.

Añade que el presente proyecto de ley presenta aspectos manifiestamente
contradictorios con lo que se dice en el proyecto de Ley de
acompañamiento, y no tiene ninguna prioridad porque no ayuda al
cumplimiento de los objetivos de contención del déficit que plantea el
Gobierno.

A continuación, hace una referencia específica a lo que ha sido la
historia de la tramitación de este proyecto, y piensa que, al igual que
hubo un error cuando se presentaron los dos proyectos, porque decían
cosas manifiestamente distintas, ahora se ha introducido otro error con
las enmiendas que se han presentado al proyecto.

Plantea, a continuación, una serie de preguntas y preocupaciones al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre los distintos apartados de
que consta el proyecto de ley. Manifiesta que han presentado un conjunto
de enmiendas desde la perspectiva de conseguir unas propuestas
definitivas y completas en algunos aspectos.

Interviene, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Peralta Ortega para defender las
enmiendas que presentan a este proyecto de Ley de medidas de disciplina
presupuestaria, en las que piden la supresión de los correspondientes
artículos de este proyecto de ley, porque entienden que es un proyecto
incongruente, incoherente y negativo. Incongruente porque el Grupo
Popular ha denunciado con reiteración y con énfasis la falta de control
de los anteriores gobiernos socialistas. Incoherente porque hace
escasamente un año el Grupo Popular presentó en esta Cámara una enmienda
de totalidad con texto alternativo a una Ley General Presupuestaria. Y,
finalmente, es negativo porque el principal problema que tenía la
ejecución presupuestaria era no tener un control parlamentario, y en este
proyecto de ley que nos ocupa no se contiene la menor mención a estas
Cortes Generales.

En turno de réplica interviene el señor Cámara Rodríguez Replican los
señores Gimeno Marín y Peralta Ortega, duplicando el señor Cámara
Rodríguez.

Votaciones correspondientes a los títulos IV y V, disposiciones
adicionales, transitorias, derogatoria y finales de la Ley de
acompañamiento.

Votaciones correspondientes al título IV, que comprende los artículos 113
a 131.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Mixto (señor Rodríguez
Sánchez), son rechazadas.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) son aprobadas.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.

Sometido a votación el artículo 115, es aprobado por 315 votos a favor,
uno en contra y una abstención.

Sometido a votación el artículo 117, apartado uno, 5 y apartado cuatro,
es aprobado por 183 votos a favor, 133 en contra y una abstención.

Sometido a votación el resto del artículo 117, es aprobado por 169 votos
a favor, 132 en contra y 17 abstenciones.

Sometidos a votación los artículos 113, 116, 118 y 119, son aprobados por
169 votos a favor, 145 en contra y cuatro abstenciones.

Sometidos a votación los artículos 114, 120, 121, 122, 125, 128, 129 y
131 son aprobados por 300 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.

Sometido a votación el artículo 123, es aprobado por 169 votos a favor,
17 en contra y 130 abstenciones.

Sometidos a votación los artículos 124, 126, 127 y 130, son aprobados, y
con ellos el dictamen correspondiente al título IV, por 170 votos a
favor, 146 en contra y dos abstenciones.

Votaciones correspondientes al título V, que comprende los artículos 132
a 150.

Sometida a votación la enmienda de la señora Lasagabaster Olazábal, del
Grupo Mixto, es rechazada.

Sometida a votación la enmienda número 44 del Grupo Vasco, es aprobada
por 10 votos a favor, 163 en contra y 145 abstenciones. Sometidas a
votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo
Parlamentario Socialista, son rechazadas.

Sometidos a votación los artículos 137, 141 y 148, son aprobados por 299
votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones.

Sometidos a votación los artículos 136, 143 y 144, son aprobados por 316
votos a favor y uno en contra.

Sometidos a votación los artículos 138 y 145, son aprobados por 301 votos
a favor, uno en contra y 15 abstenciones.




Página 2098



Sometido a votación el artículo 139 es aprobado por 170 votos a favor,
132 en contra y 16 abstenciones.

Sometido a votación el artículo 149, es aprobado por 170 votos a favor,
15 en contra y 133 abstenciones.

Sometido a votación el resto del dictamen correspondiente al título V, es
aprobado por 170 votos a favor, 146 en contra y dos abstenciones.

Votaciones correspondientes a las disposiciones adicionales primera a
duodécima.

Sometidas a votación las enmiendas de la señora Lasagabaster Olazábal y
del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, son rechazadas.

Sometidas a votación las enmiendas 45 y 46 del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), son rechazadas.

Sometida a votación la enmienda 52 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
queda aprobada por 172 votos a favor, 122 en contra y 21 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda número 53 del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), es rechazada.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, son
rechazadas.

Sometidas a votación las disposiciones adicionales primera y décima, son
aprobadas por 168 votos a favor, 144 en contra y cuatro abstenciones.

Sometida a votación la disposición adicional séptima, es aprobada por 171
votos a favor, 16 en contra y 131 abstenciones.

Sometidas a votación las disposiciones adicionales segunda, cuarta y
octava, son aprobadas por 314 votos a favor, uno en contra y tres
abstenciones.

Sometida a votación la disposición adicional quinta, es aprobada por 170
votos a favor, 132 en contra y 16 abstenciones.

Sometida a votación la disposición adicional sexta, es aprobada por 171
votos a favor, dos en contra y 145 abstenciones.

Sometidas a votación el resto de las disposiciones adicionales, son
aprobadas por 298 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones.

Votaciones correspondientes a las disposiciones transitorias primera a
décima.

Sometida a votación la disposición transitoria, con el texto de la
enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda 451
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es aprobada por
169 votos a favor, 143 en contra y cinco abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.

Sometida a votación la disposición transitoria tercera, es aprobada por
315 votos a favor y tres en contra.

Sometidas a votación las disposiciones transitorias quinta y sexta son
aprobadas por 170 votos a favor, tres en contra y 145 abstenciones.

Sometidas a votación el resto de las disposiciones transitorias, son
aprobadas por 300 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones.

Votaciones correspondientes a la disposición derogatoria única.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es
rechazada.

Sometida a votación la disposición derogatoria única, es aprobada por 171
votos a favor, 145 en contra y dos abstenciones.

Votaciones correspondientes a las disposiciones finales primera a octava.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada.

Sometido a votación el dictamen relativo a las disposiciones finales, es
aprobado por 300 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones.

Sometidos a votación la exposición de motivos, el preámbulo y la
autorización a los servicios de la Cámara para la nueva numeración de la
Ley, son aprobados, por 170 votos a favor, 144 en contra y tres
abstenciones.

Votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley de medidas de
disciplina presupuestaria.

Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.

Sometidos a votación los artículos 1 a 3, disposición final y exposición
de motivos, son aprobados por 170 votos a favor, 145 en contra y tres
abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve de la noche.




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Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL
(Número de expediente 121/000017)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Se reanuda la sesión.

De acuerdo con las previsiones que todos conocen, vamos a iniciar la
sesión con el debate del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. El debate se hará por títulos y, de
acuerdo con esta ordenación, los grupos intervendrán, como es habitual,
de mayor a menor, cerrando el Grupo Parlamentario Popular, en un turno
habitual en contra de las enmiendas.

Vamos a comenzar con el título 1.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciamos el trámite de discusión de esta ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social y, a estas horas de la mañana, a mí me
corresponde referirme a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
al título I, con excepción de aquéllas relativas al capítulo que se
refiere a la zona económica de Canarias, que serán defendidas
posteriormente.

En primer término, señorías, y por el orden de los artículos a los que
nuestras enmiendas van dirigidas, quiero defender la primera enmienda, la
número 127, que trata de que se suprima el artículo 1, que, como saben,
supone un tratamiento singular y peculiar de algunas retribuciones en
especie. Somos contrarios, señorías, a que se establezcan
diferenciaciones en ese terreno, porque entendemos que es un precedente
que no va a dar lugar a que se circunscriba a esas circunstancias que se
contemplan en la ley, sino que va a ser una rendija que, al final, va a
acabar en una ancha puerta por la cual se va a particularizar otro tipo
mucho más numeroso y prolífico del que se habla en ese artículo 1, de
retribuciones en especie.

En segundo lugar, señorías, quiero referirme a nuestra enmienda número
128, a la que quiero conceder un tratamiento especial, tanto en tiempo
como en intensidad argumental, por cuanto se refiere a una cuestión muy
debatida a lo largo de toda la pasada legislatura, que tiene una relativa
incidencia social, en la medida en la que se refiere a la fiscalidad de
personas y personajes que tienen mucha presencia y audiencia en la
sociedad española, que en muchos casos pueden ser utilizados como
elementos para ejemplificación de determinados comportamientos en nuestra
sociedad. Se trata de los futbolistas de élite o de los artistas. Es a
esa fiscalidad, que modifica el artículo 2, a la que me quiero referir en
estos momentos, señorías.

Ustedes saben que, desde siempre, ésta ha sido una cuestión muy
controvertida, cómo pagan y cuánto pagan a la hacienda española artistas,
futbolistas, deportistas de todo tipo, pero también, no lo echen en saco
roto, señorías, muchas personas que les acompañan en su profesión y que
no tienen nada que ver con la incidencia social, con el conocimiento,
etcétera. Es decir, aunque estamos hablando de la fiscalidad de los
futbolistas, de los baloncestistas o de los artistas no estamos hablando
sólo de ellos, sino también de muchos otros profesionales que han acabado
por adoptar el mismo procedimiento, desde nuestro punto de vista, elusivo
de la fiscalidad en nuestro país.

Quiero decir también que éste es un problema que, por el peculiar modo en
el que se produce la contratación entre el profesional y los empresarios
para los que trabajan, clubes de fútbol, de baloncesto, etcétera, no
afecta básicamente a las personas sino que afecta más a los clubes, en la
medida en que buena parte de esos contratos está hecho en términos en los
que la fiscalidad de la persona, del deportista, del profesional, se
compromete a hacerla frente la propia entidad deportiva o societaria que
les contrata.

En último término, señorías, es un problema de esas personas con la
hacienda española.

El problema --decía-- viene de antiguo. Está ya presente, en el año 1985,
en el real decreto que reguló las relaciones entre los deportistas
profesionales, los futbolistas profesionales y las entidades deportivas o
societarias --ahora societarias-- que les contrataban. Y en él, señorías,
en el artículo 7.3 está dicho con claridad lo siguiente: En lo relativo a
la participación en los beneficios que se deriven de la explotación
comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en su caso
pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual.

El problema de la tributación de los rendimientos de la explotación de
los derechos de imagen, que ése es el problema de todos estos
profesionales, está abordado sin ninguna duda y con toda claridad en ese
real decreto del año 1985, que regula la relación profesional entre unos
y otros. Pero fíjense que, tal como les he leído, los beneficios que se
deriven de esa explotación de los derechos de imagen estará en su caso
sometido a lo que pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto
individual.

Y en 1992 se produce un acuerdo en el ámbito de la profesión y hay un
convenio colectivo, un convenio colectivo signado, como es obvio, por la
Dirección General de Trabajo y publicado en el Boletín Oficial del
Estado. Ese convenio colectivo, en su artículo 24, aborda



Página 2100



la descripción, la nómina o el catálogo de lo que son conceptos
salariales de los deportistas profesionales, en este caso de los
deportistas futbolistas, que son los destinatarios de esa resolución del
BOE que plasma el convenio colectivo. Ese artículo 24 dice: Los conceptos
salariales que constituyen la retribución de un futbolista profesional
son: prima de contratación o fichaje, prima de partido, sueldo mensual,
pagas extraordinarias, plus de antigüedad y derechos de explotación de
imagen.

Luego, tanto en el decreto de 1985 como en esta resolución del año 1992,
queda claro que los beneficios derivados de la explotación de los
derechos de imagen es un concepto salarial. No podía ser otra cosa,
señorías, desde un punto de vista intuitivo y mínimamente lógico y, por
tanto, por ser un concepto salarial, está sometido, como todas las rentas
salariales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la
inclusión en la base imposible del sujeto pasivo como una renta del
trabajo.

Esta fue la consideración desde entonces de la hacienda pública española,
pero no fue la de los clubes de fútbol que iniciaron una práctica que dio
lugar a las correspondientes acciones inspectoras, como consecuencia de
que las entidades deportivas no retenían, de acuerdo con la norma de
recaudación en vigor, las cantidades correspondientes a esas rentas del
trabajo que procedían de la explotación de los derechos de imagen de los
futbolistas.

Señorías, como consecuencia de esa práctica, que se separaba del
contenido de las leyes en vigor, tal como yo he pretendido transmitirles
precisa y detalladamente, se han producido actas a diversos clubes de
fútbol por cantidades que estos días han aparecido en los medios de
comunicación. No estamos hablando de ninguna cuestión baladí o trivial.

Estamos hablando de 5.000 millones de pesetas, de 1.750 millones de
pesetas, etcétera.

Esta es una cuestión que también ha protagonizado una parte de la
discusión sobre asuntos fiscales en la pasada legislatura. Quien haya
repetido, y ése es mi caso, en esta legislatura y haya estado presente en
esta Cámara en la anterior sabrá que ésta no es una cuestión que se
produzca ahora ex novo, que aparezca en la realidad española en estos
momentos. Ha sido una cuestión ya suficientemente debatida y pensábamos
que zanjada, pero nos vemos en la obligación de volver a reabrir esta
discusión porque, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, el
artículo 2.2 de este proyecto de ley de medidas fiscales introduce un
cambio en la legislación que crea enormes problemas, tanto hacia atrás
como hacia adelante, a la hacienda pública española. Me interesa resaltar
mucho esta cuestión, señorías. No es que esta nueva legislación tenga
exclusivamente una proyección hacia adelante, de futuro, y altere las
condiciones; no, señorías. Crea hacia atrás problemas enormes en relación
con las actas levantadas, que, desde nuestro punto de vista, suponen una
inexplicable desautorización del trabajo inspector paciente, tenaz,
llevado a cabo en los últimos años por los inspectores financieros del
Estado en este incumplimiento de la norma por parte de los clubes de
fútbol, que no sometieron a retención las rentas del trabajo que se
instrumentaban por medio de los beneficios de las sociedades que poseían
los derechos de imagen de los futbolistas profesionales, de los
futbolistas de élite.

Empiezo por el problema hacia atrás. Hablando del problema hacia atrás,
señorías, tengo --espero contar con la benevolencia del señor
Presidente-- que decirles también que la jurisprudencia es muy clara.

Tenemos un caso muy cercano para ser utilizado como ejemplo de lo que va
a ocurrir como consecuencia de la modificación que se produce en el
apartado 2 del artículo 2. Porque, ¿qué es lo que supone el apartado 2.2,
señorías? Simplemente, al decir ese apartado que en el artículo 37 de la
Ley 18/1991, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se abre espacio a un nuevo apartado como renta procedente del capital
mobiliario, como rendimiento del capital mobiliario a los beneficios de
las sociedades de imagen, lo que se está creando es un hecho imponible
nuevo, ni más ni menos. Hasta este momento esas rentas salariales, de
acuerdo con el decreto de 1985, que regula los contratos, y de acuerdo
con el convenio colectivo de los futbolistas profesionales, eran
nítidamente una renta del trabajo, por lo tanto, artículo 24, sometida,
claro está, a retenciones y demás, como lo están las del resto de los
trabajadores, de los profesionales. Sin embargo, se crea un hecho
imponible nuevo, que es el apartado g), el nuevo apartado g), del
artículo 37, que tiene un rótulo que dice: rendimientos del capital
mobiliario. Hate aquí, señorías, que estos beneficios de las sociedades
pasan a ser rendimientos del capital mobiliario.

Yo no sé a ustedes, desde luego a nosotros nos resulta incomprensible
desde el punto de vista conceptual, intelectual. Pero, ¿qué capital
mobiliario hay? Ahí hay una persona que da patadas a un balón, que tiene
unas habilidades, unas destrezas. Eso es un trabajo personal, es la
persona, la fuente y el origen de todas sus rentas. Porque, cuando
hablemos del futuro, me referiré a qué portillo abre esto, en cuanto a la
consideración como rendimientos del capital mobiliario de lo que son
rentas del trabajo de otros profesionales, de otros trabajadores o de
otras personas.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez Noval,
vaya terminando, por favor, en la medida que pueda.




El señor MARTINEZ NOVAL: Señorías, ustedes saben, y si no se lo recuerdo
yo, que hace pocos años un personaje de esta sociedad, que no merece la
pena ni citar, planteó un problema en relación con unos derechos



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de suscripción de una empresa que había adquirido, el problema de que los
derechos de suscripción de las acciones de una empresa, cuando se amplía
capital o cuando se toma otra medida societaria de esa naturaleza, no
estaban sometidos por ley a ningún gravamen. La hacienda española tuvo
problemas entonces con esa persona para gravar esos derechos de
suscripción y, como en la ley no había elementos suficientes para
hacerlo, se le ocurrió lo que se le hubiera ocurrido a cualquiera, un
decreto en el cual esos derechos de suscripción se sometían al gravamen,
de acuerdo con los principios de toda la norma, etcétera. Decisión de los
jueces. Ahí está la jurisprudencia. Ese decreto crea un hecho imponible
nuevo y, por lo tanto, como es un hecho imponible nuevo, regulado por ese
decreto, invalida todas las actas de inspección que se habían realizado
con anterioridad. Aquí tienen, señorías, exactamente el mismo caso. Ese
apartado nuevo de rendimientos del capital mobiliario crea un hecho
imponible nuevo y va a invalidar en cualquier juzgado las actas de los
4.500, 1.530, etcétera. Señorías, esto va a ocurrir, va a ser así. Y si
ustedes están seguros de lo contrario, dígannoslo y explíquennos por qué
no va a ocurrir eso. Si no nos lo explican nos quedaremos con la
convicción de que a ustedes les da igual desautorizar, deshacer, tirar
por la borda todo el trabajo inspector que, en relación con estas actas
de los clubes de fútbol, se ha venido haciendo en esos últimos años. Eso
hacia atrás.

Hacia adelante, señorías, ¿ustedes se dan cuenta de lo que supone que una
renta que es del trabajo, se convierta, por mor de este artículo, en una
renta que procede de rendimientos del capital mobiliario, sencillamente
porque se corresponde con unos derechos de imagen que posee una sociedad
de la que no suele ser socio el propio futbolista profesional, sino sus
familiares? ¿Ustedes se dan cuenta de la puerta que se abre con este modo
de entender fiscalmente los derechos de imagen? Déjenme ponerles el caso
digamos más llamativo o pintoresco, no escandaloso. Imagínense el
Presidente del Gobierno --no éste, para no politizar la cuestión, el que
le suceda, y el que suceda a quien le suceda--. No podrá decir, yo creo
que razonablemente, que sus retribuciones como Presidente del Gobierno no
tienen una parte de derecho de imagen. ¿Es que el trabajo del Presidente
del Gobierno no tiene también mucho de imagen? Lo tiene. ¡No lo va a
tener! Pero, como derecho de imagen, ¿qué va a tributar; la parte que
decida hacienda que es derecho de imagen del Presidente del Gobierno va a
tributar como rendimiento del capital mobiliario? ¿De qué capital
mobiliario? Será de su persona, ¿no?
Pues bien, desciendan ustedes hacia abajo del Presidente del Gobierno y
pregúntense, ¿cuantos profesionales abogados, médicos, que tienen nombre
eso que se llama imagen, van a declarar a la hacienda que. una parte de
sus beneficios no son consecuencia de su trabajo, son consecuencia de que
se apellidan y se llaman fulano de tal y tal? Todos sabemos que hay
profesionales que venden su trabajo porque son famosos, tienen prestigio
y a partir de ahora podrán aducir que parte de sus retribuciones no son
rentas del trabajo, no son rentas de actividades profesionales, son
derechos de imagen, de su imagen buena...




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez Noval,
por favor, medio minuto.




El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Presidente.

Y, por lo tanto, señorías, en ese caso estaremos asistiendo a un portillo
enorme que se abre para que buena parte de las rentas de trabajo de este
país escape --y ustedes saben, como yo, que escapan--, a través de los
derechos de imagen, hacia sociedades interpuestas, que son las poseedoras
de esos derechos de imagen, personas que nunca conciden con los
verdaderos generadores de la renta, que son sociedades que están
radicadas en paraísos fiscales y que tributan por transparencia fiscal,
etcétera.

En definitiva, señorías, piénsenlo bien. Este apartado 2 del artículo 2
va a contribuir a desfiscalizar una parte de las rentas del trabajo en
nuestra sociedad. Por eso, señorías, con la benevolencia del Presidente,
he dedicado a esta cuestión casi todo el tiempo que tenía concedido para
hablar de muchas más enmiendas, a las que espero referirme en la
oportunidad de réplica que me conceda el Presidente.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Martínez Noval.

Para la defensa de las enmiendas avaladas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.

Antes de pasar a defender las enmiendas correspondientes a ese título I,
sobre normas fiscales, nuestro grupo quisiera hacer dos breves
consideraciones, globales, en relación al proyecto de ley que el Gobierno
trae hoy a debate a esta Cámara. En primer lugar, este proyecto de ley
significa un claro ataque al principio de seguridad jurídica de las
personas y, en segundo lugar, desde la óptica de los contenidos políticos
de este proyecto de ley, es profundamente regresivo en lo fiscal y en lo
social.

Es muy ilustrativo leer con atención las conclusiones del dictamen del
Consejo Económico y Social sobre el conjunto de este proyecto de ley, y
quisiera destacar tres de las cuatro grandes conclusiones del dictamen
del Consejo Económico y Social. La primera conclusión es que la profusión
y la heterogeneidad de las cuestiones tratadas en el proyecto de ley no
permite



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emitir una valoración global del texto. El Consejo Económico y Social
dice que, ante el galimatías que es este proyecto de ley, no está en
condiciones de emitir una valoración. La segunda valoración del CES es
que, ante la falta de una memoria económica que acompañe al proyecto, no
puede hacer tampoco ninguna evaluación del impacto económico de este
proyecto de ley. Y la tercera conclusión es que, según el CES, este
proyecto de ley es un elemento más de dispersión de las normas
reguladoras de una misma materia, con la consiguiente inseguridad
jurídica. En resumen, las conclusiones del Consejo Económico y Social
son: Que estamos ante un proyecto de ley que es un galimatías que no
permite emitir valoración global, que no se puede evaluar cuáles van a
ser los efectos del impacto económico ante la falta de memoria económica
y que crea una alarmante inseguridad jurídica porque, como ustedes
conocen perfectamente, este proyecto de ley modifica 45 leyes y cuatro
reales decretos-ley. Estas conclusiones no están tratadas de forma
superficial en el dictamen del Consejo Económico y Social. El dictamen
analiza de forma profunda los títulos y los capítulos del proyecto de
ley, hasta el extremo de que, en la página 48, le califica de
técnicamente deplorable.

Llegados a este punto, la pregunta que se impone es: ¿Cómo es que el
Gobierno presenta este proyecto de ley? ¿Cómo es que, a pesar del
dictamen del Consejo Económico y Social, el Gobierno no ha modificado los
aspectos más inaceptables de este proyecto de ley? Y aquí nace la
principal preocupación de nuestro grupo parlamentario: Estamos ante una
voluntad repetida en diversas ocasiones por el Gobierno, por el grupo
parlamentario que lo soporta y por sus aliados políticos de tomar
iniciativas parlamentarias deslizándose en un terreno de un cierto
menosprecio al Parlamento. El primer ejemplo fue la no admisión a trámite
del Real Decreto-ley 7/1996 como proyecto de ley, el segundo ejemplo ha
sido la tramitación de este proyecto de ley, y el tercer ejemplo ha sido
el bochorno que algunos Diputados y Diputadas sentimos aquella noche en
la Comisión de Presupuestos, donde nos enteramos que había otro
presupuesto que no estábamos discutiendo en los documentos
presupuestarios. Es decir, ha habido tres claros ejemplos importantes, en
los que el Grupo Parlamentario Popular, a instancias del Gobierno y de
los socios políticos que forman mayoría parlamentaria, insistimos, se han
deslizado de forma peligrosa hacia un menosprecio del Parlamento y hacia
un intento de hurtar el debate político en esta Cámara. En ese sentido,
lo más importante que queremos decir es que rectifiquen, que no sigan por
esta pendiente; que el Gobierno rectifique y que los grupos
parlamentarios que le dan soporte rectifiquen. Primera idea, este
proyecto de ley significa un ataque al principio de seguridad jurídica de
las personas. Segunda gran idea para nuestro grupo parlamentario, este
proyecto de ley es socialmente regresivo.

En las posteriores intervenciones a los correspondientes títulos, nuestro
grupo parlamentario explicará con detalle por qué decimos que éste es un
presupuesto socialmente regresivo.

Permítanme, como mínimo, situar los cuatros ejes sobre los que vamos a
estructurar nuestro discurso de que este proyecto de ley es socialmente
insolidario. Primero, éste es un proyecto de ley que, siguiendo las
orientaciones de política fiscal del Gobierno, recoge aspectos de
fiscalidad de forma regresiva. Primer eje, es un proyecto de ley
fiscalmente regresivo, que favorece a unas minorías y que prejudica a la
mayoría. Dicho de otra forma, es un proyecto de ley que sigue la línea de
trasvasar renta de la mayoría de la población a una minoría de la
población. La segunda idea es que en algunos títulos y capítulos existen
ajustes, restricciones, penalizaciones, pero absolutamente todas ellas se
producen sobre los sectores sociales menos favorecidos; no hay medidas de
control, de penalización, de restricción, sobre los sectores sociales más
favorecidos, sino precisamente todo lo contrario. La tercera idea es que
este proyecto de ley abre la puerta al cobro de cánones o peajes sobre
cualquier infraestructura que el Gobierno realice, en contra de las
palabras del Ministro de Economía y Hacienda, que dijo que en ningún caso
se iban a contemplar estas posibilidades. La cuarta idea es que este
proyecto de ley hace una apuesta clara y decidida por el debilitamiento
del sector público, hasta el extremo de que, en un capítulo de un
determinado título, del que tendremos la oportunidad de discutir
posteriormente, hay un intento de liquidación del sector público acorde
con la filosofía que atraviesa las tres leyes presupuestarias que estamos
discutiendo, una filosofía de propaganda antipúblico que el Gobierno hace
en todos sus documentos.

Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a situar el conjunto de
enmiendas a los cinco títulos y a las disposiciones adicionales en este
marco político que he intentado, con toda la brevedad que me ha sido
posible, desarrollar.

Entrando en concreto en las enmiendas al título I, sobre normas fiscales,
quisiera, en primer lugar y también de forma muy breve, resumir las
conclusiones del CES. Primera conclusión, una proliferación de tasas, en
ocasiones, sobre servicios públicos necesarios. Ha habido otros debates
en donde se ha dicho que se estaba en contra de que se cobraran las
tasas. Pues bien, en este proyecto de ley hay tasas sobre servicios
públicos necesarios que debería financiar el Estado a través de la
imposición general. Segunda idea, los efectos negativos del nuevo
impuesto sobre las primas del seguro. Tercera idea, la inseguridad
jurídica, de la que hablaba inicialmente, es extremadamente peligrosa en
el tema de las normas fiscales y, especialmente, en el IVA. Estas tres
conclusiones, insisto, no son conclusiones de nuestro grupo
parlamentario, sino del propio Consejo Económico y Social.




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Nuestro grupo ha presentado a este título 50 enmiendas, que orientan una
política fiscal en sentido opuesto a la política fiscal que el Gobierno
desarrolla en este proyecto de ley, enmiendas que van en dirección
opuesta, por lo que nos vamos a oponer a esta política fiscal de
favorecer a una minoría de la población. Voy a señalar rápidamente
aquéllas que considero de mayor importancia.

En primer lugar, presentamos una serie de enmiendas de disminución de los
gastos fiscales indiscriminados por vivienda. No es posible que de los
600.000 millones de pesetas que en estos presupuestos se dedican a
vivienda, más de 400.000 sean gastos fiscales.

Estamos a favor de que existan gastos fiscales para la vivienda, pero lo
que es regresivo es que solamente haya 100.000 millones de pesetas de
política de vivienda directa (sólo 100.000), y estos sí que van dirigidos
a los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad y, en cambio,
se destinan 400.000 a sectores sociales que no son los que necesitan en
primer lugar la vivienda.

Recuerden ustedes que sólo existen...




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Saura, por favor,
vaya finalizando.




El señor SAURA LAPORTA: Voy finalizando, señor Presidente. Insisto en que
sólo se dedican 32.000 millones a la política de alquiler de vivienda. Es
absolutamente injusto que haya exenciones fiscales por valor de 400.000
millones, sólo 100.000 a política de vivienda directa, y sólo 32.000 a
política de ayuda al régimen de alquiler.

En las enmiendas 229 a 236 y 238 planteamos subir el tipo del Impuesto de
Sociedades hasta el 40 por ciento. Creo que fue una propuesta del
programa electoral del Partido Popular. Asimismo proponemos una serie de
enmiendas para reducir las injustificadas y escandalosas exenciones
fiscales de este impuesto.

Señorías, el Impuesto de sociedades en el presupuesto para 1997 contiene
unos gastos fiscales superiores al 43 por ciento. Dicho de otra manera,
en el Estado español el año que viene prácticamente de cada dos pesetas
que se debieran recaudar por este impuesto, se va a dejar de recaudar una
por exención fiscal. Esto no tiene parangón en ningún país de la Unión
Europea.

Les voy a ahorrar explicar la enmienda 219 porque el señor Martínez Noval
lo ha hecho con mucho detalle. Refiriéndose a los efectos hacia el
pasado, hablaba de 4.000 o 1.000; en estos momentos las actas de la
inspección fiscal sitúan en más de 9.000 millones de pesetas el cambio de
fiscalidad de los derechos de imagen. Como decía, el portavoz del Partido
Socialista los efectos hacia el futuro, por lo que ha explicado muy
detalladamente les voy a ahorrar esta explicación.

Proponemos también la supresión del nuevo impuesto sobre las primas de
los seguros. Aquí también el dictamen del Consejo Económico y Social es
de rechazo inequívoco por los efectos inflacionistas, por las
repercusiones directas e indirectas sobre algunos sectores, que van desde
la vivienda hasta el eléctrico, e incluso por el hecho de que los dos
millones de empleados y empleadas públicos que han visto congelado su
salario tienen concertada su asistencia sanitaria con el sector privado y
van a ver incrementado el impuesto. Es decir, no sólo se les congela el
salario sino que además se les impone un nuevo impuesto.

Presentamos también una serie de enmiendas referidas al IVA, en la línea
del dictamen del Consejo Económico y Social, para mejorar el tratamiento
fiscal del IVA en los envases reutilizables. En la enmienda 241
proponemos otra obviedad: que algunos refrescos como la, coca-cola tengan
el IVA normal. No entendemos por qué razón la coca-cola u otros refrescos
han de tener un IVA reducido, y no entendemos por qué hay que beneficiar
a empresas multinacionales importantísimas haciéndoles pagar un IVA mucho
más reducido que el tipo normal. Hay otra serie de enmiendas en las que
proponemos evitar recomponer, echar atrás las medidas de ruptura de la
progresividad de las plusvalías que se han producido como efecto de las
medidas económicas que el Gobierno tomó el pasado mes de junio.

En relación a las tasas, ya he dicho antes que es necesario que haya
tasas para aquellas prestaciones que no sean necesidades de servicio del
Estado, pero lo que no puede ser es lo que el Gobierno ha hecho en este
proyecto de ley. El Gobierno ha atentado contra un principio básico del
sistema tributario, que es la simplicidad. El sistema tributario ha de
ser simple. El Gobierno, en este proyecto de ley, nos vuelve a 50 o 60
años atrás desde el punto de vista de la complejidad del sistema
tributario y no hay nada ni nadie que garantice que el coste
administrativo de la realización y del cobro de estas tasas no va a ser
superior a aquello que se dice que se va a cobrar.

Por otro lado, pedimos la supresión de algunas tasas. Sólo quiero
mencionar dos. Una, la nueva tasa por expedición de permisos de trabajo a
los ciudadanos extranjeros. No nos parece bien una política del Gobierno
en relación a la inmigración, con las dificultades que tienen las
trabajadoras y trabajadores extranjeros para encontrar un puesto de
trabajo, que incluya la exigencia de una tasa. Y, dos, pedimos la
supresión de la famosa tasa de seguridad aeroportuaria. Aquí estamos ante
un ejemplo típico de un servicio que el Estado ha de financiar con la
imposición general. Si hoy aceptamos una tasa aeroportuaria, mañana, por
qué no, pondremos una tasa de seguridad en las calles, una tasa de
seguridad en las montañas y una tasa de seguridad en las playas. La
seguridad un derecho que tienen los ciudadanos, y por este derecho no se
puede cobrar una tasa.




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El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Saura, termine en
medio minuto, por favor.




El señor SAURA LAPORTA: Termino en medio minuto.

Simplemente quiero indicar, señor Presidente, señorías, que desde
determinados sectores económicos y financieros de este país se dice a
menudo que la presión fiscal en el Estado español es muy alta. En este
título relativo a las normas fiscales, yo quiero recordar que hace quince
días Eurostat dio a conocer que el Estado español está siete puntos por
debajo de la media de la fiscalidad de los países de la Unión Europea, lo
que significa un margen potencial de más de cinco billones de pesetas de
ingresos.

Desde el inicio de esta legislatura, la política fiscal de la mayoría de
esta Cámara se ha dirigido a disminuir determinados impuestos de las
rentas del capital, a incrementar los impuestos indirectos y a
incrementar las tasas. Ayer conocimos una decisión que ha tomado el
Gobierno italiano que indica otro camino. Romano Prodi, anteayer, en una
rueda de prensa, explicaba la imposición de una eurotasa. Sí, señor Homs,
la imposición de un impuesto indirecto por el que van a pagar más los que
más tienen. Eso es contrario a lo que ustedes hacen; lo que ustedes han
hecho es que los que más tienen paguen menos. En el Estado español existe
un amplio margen de ingresos desde la fiscalidad. En este momento, quien
está soportando el peso de la fiscalidad en este país son
fundamentalmente los rendimientos del trabajo y, como hemos visto
anteriormente, incluso determinados rendimientos del trabajo se intenta,
por primera vez en este país, que tengan una fiscalidad más beneficiosa
situándolos como capital mobiliario.

Señoras y señores Diputados, por todas estas razones, nuestro grupo
parlamentario ha presentado 50 enmiendas a este título I.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), van a hacer uso
de la palabra los señores Homs y Silva, repartiéndose el tiempo previsto.

Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo tiene cuatro enmiendas vivas a este título, y la 368, junto
con la 448, que hace referencia a los derechos de imagen, serán
defendidas por el señor Silva.

Respecto a las otras enmiendas, quiero anunciar que la número 369 es la
más emblemática, la más significativa de las que mantenemos para el
debate político en esta Cámara, y propone la reducción del IVA aplicable
al transporte en autopistas al 7 por ciento. Esta es una propuesta que mi
grupo plantea al debate parlamentario desde el convencimiento de que es
una cuestión que hoy está en revisión en toda Europa. La Sexta Directiva
europea establece que los conceptos que están sometidos a IVA reducido se
revisen cada dos años, y el año que viene le corresponde a la Comunidad
revisar el anexo H, que es donde se establece el supuesto que da lugar a
la interpretación que propone mi grupo parlamentario de incorporar en
España, para 1997, el IVA reducido para las autopistas. En el anexo H, el
punto 5 recoge claramente que el transporte de personas y de sus
equipajes puede ir por IVA reducido.

La interpretación del alcance de esta referencia del anexo es lo que ha
originado una discusión sobre la posibilidad o no de aplicar el IVA
reducido en España al 7 por ciento.

Lo que sucede, señor Presidente, es que Grecia ya está aplicando el IVA
reducido; Francia, lo está aplicando también sobre una parte de las
tarifas; Irlanda y Gran Bretaña están aplicando el IVA reducido; Holanda
lo ha eliminado y Alemania no paga IVA sobre las autopistas.

Ponemos este tema a debate, porque creemos queEspaña debería continuar en
la direccion en que la Unión Europea está cuestionando este asunto.

Ahora bien, ¿por qué es más significativa esta propuesta en España que en
otro país de Europa? Porque como España tiene un modelo de transporte, de
autopistas, de redes de comunicación por carretera pública, muy distinta
a la de otros países de Europa, se hace más necesario reflexionar sobre
esta medida.

España ha desarrollado un modelo de autovías que son vías de transporte
público, financiadas por los presupuestos públicos, sobre las que no hay
un canon por utilización, no hay un impuesto que grave este canon al
utilizar estas vías; pero sí hay un canon en las autopistas y sobre él
hay un impuesto que grava, con lo cual, tenemos dos realidades muy
diferentes en el ámbito territorial español: una, que hay unas autovías
que no pagan por su utilización y no tienen impuestos y otra, que hay
autopistas que sí pagan y sí tienen impuestos. Por eso creemos necesario
reducir esa diferencia para que no haya esa desigualdad en la utilización
de unas redes con gravamen y con un pago por su utilización, y creemos
conveniente reducir esa gran diferencia que hay hoy entre lo que supone
para el ciudadano utilizar una autovía y una autopista.

Creemos que España debería aplicar también esta revisión que se cuestiona
en Europa y proponemos que para 1997 se adopte el IVA reducido al 7 por
ciento.

Sobre las restantes enmiendas, quiero hacer una referencia muy brevemente
a la número 374 que cuestiona la conveniencia de revisar el sistema de
deducción para el IVA que soportan los agentes de aduanas en los casos de
morosidad. Hay un régimen específico de



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morosidad de impago para el IVA, que no se les puede aplicar a este
colectivo de profesionales cuando no actúan por cuenta propia, por no ser
sujetos pasivos en el pago del IVA, sino que lo hacen por cuenta de
otros, por ser éstos unos intermediarios en el proceso del pago.

Señor Presidente, estas cuestiones seguramente serán objeto de debate y
de discusión en el futuro próximo, puesto que lo han sido anteriormente.

Dejo el uso de la palabra para que el señor Silva defienda las dos
enmiendas restantes.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.

Señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Voy a defender las enmiendas números 368 y 451
muy sintéticamente y, de paso, reflexionar sobre algunas de las
afirmaciones que ha hecho el señor Martínez Noval.

Señorías, el derecho de imagen se encuentra regulado en la Ley Orgánica
de 5 de mayo de 1982 y es un derecho que participa de la misma naturaleza
que otros derechos, como el derecho moral de autor que tiene, por un
lado, una vertiente moral y, por otra parte, admite su posibilidad de
explotación económica, que es total y absolutamente diferente de lo que
puede ser la prestación de servicios y, por tanto, el puro y estricto
arrendamiento de la fuerza de trabajo.

En segundo lugar --ahí sí que queríamos hacer hincapié--, si algo ha
quedado claro de la intervención de S. S. es que ha empezado afirmando
que existía un problema, ha añadido que no existía, para acabar
concluyendo que existe un problema. Lo que pretende mi grupo, en este
caso junto con el Grupo Parlamentario Popular, es dejar resuelto ese
problema, algo que anteriormente no se hizo y, por tanto, constituir, un
punto importante de seguridad jurídica.

Señoría, las calificaciones laborales no vinculan en materia tributaria,
de la misma manera que no se produce a la inversa. Sabe muy bien S. S.

que la prestación de alimentos está sometida a rendimientos del trabajo y
no es un rendimiento del trabajo. Sabe S. S. también que la retribución
de un funcionario no surge de una relación laboral y, sin embargo, tiene
esta calificación de rendimiento de trabajo.

Yo le diría por qué entendemos que es y siempre ha sido un rendimiento
del capital mobiliario, porque tanto el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades como la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, entienden que
son rendimientos del capital mobiliario, entre otras cosas, la cesión de
derechos de propiedad intelectual, la cesión de derechos de propiedad
industrial y los arrendamientos de derechos. No estamos descubriendo nada
nuevo. Obviamente es un rendimiento del capital mobiliario, y si algo
precisamente pretende mi grupo, vinculado con nuestra enmienda número
451, es garantizar, a través de la posibilidad de retención de estos
elementos, el que no se produzcan dislocaciones. En cualquier caso, sí me
gustaría añadir una cosa. Cualquiera que hubiese oído a S. S. pensaría
que en nuestro país los rendimientos del capital mobiliario no están
sujetos a tributación. Gracias a Dios, los impuestos sobre la renta son
impuestos sintéticos y, obviamente, los rendimientos de capital
mobiliario también tributan. No estamos desficalizando absolutamente
nada, estamos aclarando cuál es el régimen jurídico tributario de estos
elementos.

Por lo demás, también querría decir que no desconozco, quizá porque
hayamos bebido de las mismas fuentes, lo que establece el decreto que
regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, que
precisamente no configura, en el apartado de retribuciones, la
participación en los derechos de explotación de su imagen como un
concepto precisamente salarial. En última instancia, es un decreto que
podría vincularnos a todos. En entender que a través de un convenio
colectivo podemos modificar el régimen tributario de determinadas figuras
es algo contrario, en mi opinión, a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria cuando entiende que a través de pacto no se puede modificar el
régimen tributario.

Desde este punto de vista, estimamos que el planteamiento está claro. Mi
grupo, junto con el Grupo Parlamentario Popular y a través de la enmienda
número 451, pretende aclarar la tributación de una figura, una norma de
carácter interpretativo, y precisamente, en la medida en que se establece
la retención hacia el futuro, no se producirán esos quebrantos que S. S.

entiende que podrían derivase para la hacienda pública.

En la enmienda anterior, a la que yo me quería referir, la número 368,
sobre la que existe también una transaccional del Grupo Parlamentario
Popular, igual que en la número 451, pretende mi grupo sentar, de una vez
por todas, la interpretación del antiguo artículo 36.2 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, actual artículo 98.2,
que establece que las cantidades efectivamente satisfechas por los
sujetos obligados a retener se entenderán percibidas, en todo caso, con
deducción del importe de la retención correspondiente, salvo que se trate
de retribuciones legalmente establecidas. Saben SS. SS. que este precepto
ha sido tachado de inconstitucional y que incluso ha obligado a la
Audiencia Nacional a hacer aplicación del artículo 5.º de la ley orgánica
para efectuar una interpretación constitucional de este precepto que no
determinase precisamente la infracción de los artículos 14 y 31 de la
Constitución. Valga la sentencia de 23 de junio de 1995, también otros
tribunales superiores de justicia se han pronunciado en el mismo sentido.

En segundo lugar, habría que señalar que el propio informe sobre fraude
en España, de 1994, establece que la interpretación o el desarrollo
reglamentario de



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este precepto, que se conoce con el nombre de elevación al íntegro,
genera grandes quebrantos en la hacienda pública y situaciones de
enriquecimiento injusto recomendando en su propuesta número 122 la
modificación de precepto correspondiente. La aplicación de este precepto
genera situaciones tan lamentables como la de que en los casos en los que
no se practique la retención, el sujeto perceptor tributa por una
capacidad inferior y el sujeto que retiene se ve obligado a tributar por
una capacidad superior, incluso con la previsión de que después retenga
cantidades al sujeto perceptor, etcétera. Lo que es exigible de una vez
por todas es aclarar la interpretación de este precepto, efectuar una
interpretación del mismo conforme a la Constitución, que no se diferencia
en nada de la interpretación que efectúa la Audiencia Nacional, y salvar
el obstáculo que se ha producido de que no tengamos sentencias del
Tribunal Supremo porque la propia Agencia Tributaria, que no tiene el
mínimo interés en que exista jurisprudencia consolidada del Tribunal
Supremo, no recurra en casación estas sentencias de la Audiencia Nacional
Esta enmienda viene motivada por el imperativo constitucional evidente de
cumplimiento de los artículos 31 y 14 de la Constitución, incluso
podríamos decir del artículo 24, lo que supone, de una vez por todas,
convertir esta presunción en una presunción que se puede derribar a
través de la prueba en contrario, sin que en ningún caso puedan
producirse, de otro lado, perjuicios a la hacienda pública, que cuando
entienda que la falta de retención es culpable, podrá imponer las
sanciones correspondientes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Silva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a intentar resumir el contenido de las enmiendas que nuestro grupo
parlamentario ha presentado a este título I de normas fiscales que fueron
ya defendidas en Comisión con suficiente detalle. Como digo, intentaré
hacer exposición de aquellos aspectos más destacados de estas enmiendas.

Con respecto al Impuesto sobre Sociedades, al cual, como ustedes saben,
señorías, nuestro grupo parlamentario es siempre sensible porque
entendemos que favorecer la fiscalidad de la empresa es uno de los
elementos más importantes, precisamente para propiciar el desarrollo de
las empresas, de la inversión y de la creación de puestos de trabajo,
proponemos mejorar los aspectos que, a nuestro entender, no quedaron
suficientemente recogidos o por lo menos con las dimensiones que nosotros
pretendemos, en la reforma del Impuesto sobre Sociedades que se hizo en
esta Cámara en la legislatura pasada. En este aspecto, creemos que, por
lo que respecta a las deducciones, se podrían mejorar las relativas a la
formación profesional, subiendo esta deducción de la cuota íntegra al 10
por ciento. Creemos que la deducción que existe en estos momentos es
baja, que sería necesario promocionar mucho más la dedicación de gastos a
formación profesional por parte de las empresas; este es uno de los
elementos de competitividad empresarial más importante y, por tanto, todo
lo que se haga por parte de la empresa en aras a dedicar recursos a la
formación de los empleados y de los trabajadores es importante.

También creemos que es necesario incentivar mucho más la inversión en
elementos nuevos del inmovilizado material porque en estos momentos, como
saben SS.SS., las inversiones no son precisamente uno de los aspectos que
están desarrollándose con la intensidad que se debería hacer. Creemos que
hay que incentivar mucho más la inversión empresarial en activos
materiales, y concretamente en activos materiales nuevos. Por eso
proponemos también deducir de la cuota íntegra el 5 por ciento de estas
inversiones, con el fin de dar posibilidades de incentivar las mismas.

Por otra parte, y dentro del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción y
la normativa que se estableció respecto a las pequeñas y medianas
empresas hay algo que debe modificarse, y es precisamente establecer cuál
es la amplitud y capacidad de las pequeñas y medianas empresas en el
sentido de dar unos límites más amplios de los que están en estos
momentos recogidos. Creemos que en el Estado español, cuando hablamos de
pequeñas y medianas empresas, estamos considerando las excesivamente
pequeñas, mientras que hay un extracto de empresas que tienen unas
dimensiones que deberían estar dentro de este concepto de pequeña y
mediana empresa. Por eso queremos ampliar esa consideración, pudiendo
integrarse en las mismas todas aquellas cuya cifra de negocios sea
inferior a 500 millones de pesetas. Con esto daríamos entrada a un
conjunto de empresas de mayor cuantía y, por tanto, podrían acogerse a
aquellos beneficios que están recogidos en el Impuesto sobre Sociedades.

Referente al Impuesto sobre el Valor Añadido también hemos presentado
algunas enmiendas con las que intentamos mejorar algunos aspectos, aunque
entendemos que el Impuesto sobre el Valor Añadido necesita de una reforma
mucho más en profundidad, pero por lo menos a corto plazo pensamos que
hay que dar una solución concretamente al impago de las facturas de los
clientes. Como saben SS. SS., el impago de las facturas de los clientes
no es óbice para que las empresas tengan que declarar las cuotas
repercutidas en las mismas, con lo cual se produce una situación por la
que las empresas no cobran la factura y además tienen que ingresar en
Hacienda la cuota repercutida a sus



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clientes. Este es un aspecto que estuvo bien contemplado y recogido en el
anteproyecto de ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero que, en los
trámites parlamentarios posteriores, cuando la creación del impuesto, en
el año 1993, desapareció del texto de ley. En estos momentos las empresas
se encuentran en una situación en la que deben ingresar en Hacienda las
cuotas repercutidas a sus clientes, independientemente de que cobren o no
esas facturas. Algo se ha mejorado en la última reforma que se ha hecho y
que aparece en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado,
pero creemos que hay que ir más adelante en este aspecto.

Otra de las cuestiones que recogemos con respecto al Impuesto sobre el
Valor Añadido hace referencia a un sector muy concreto que, a nuestro
entender, necesita la equiparación tal como está recogido en el resto de
la Unión Europea. Me refiero al tratamiento del IVA de determinados
bienes en áreas exentas para su consumo, en concreto, los bienes
cotizados en las bolsas de metales. Igual que en el resto de la Unión
Europea los bienes cotizados en bolsas de metales están exentos, también
se debería de recoger esta exención en la normativa del Estado, dándoles
el mismo tratamiento que se da a otros bienes que proceden de áreas
exentas de impuestos, tales como zonas francas y depósitos aduaneros. En
este momento existen dos bolsas de metales en el Estado, una en Bilbao y
otra en Barcelona y este es un aspecto que está motivando una dificultad
de cara a competitividad que tienen con el resto de las bolsas de otros
países europeos, lo que está poniendo en serio peligro el mantenimiento y
la continuidad de las bolsas de metales en el Estado español.

Otro grupo de medidas también relacionadas con el Impuesto sobre el Valor
Añadido hacen referencia a los colegios mayores, colegios menores y
residencias de estudiantes. Esta modificación también la propusimos en
proyectos de ley de presupuestos anteriores y de momento parece que no
hay sensibilidad suficiente como para tenerlo en cuenta. Entendemos que
los colegios mayores y los colegios menores, así como las residencias de
estudiantes, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, deberían de
tener la misma equiparación que los servicios complementarios de
enseñanza y, por lo tanto, los mismos beneficios.

Finalmente, hay otro apartado tributario, al cual hemos presentado
enmiendas, que hace referencia a la Ley de las Haciendas Locales,
concretamente para los centros docentes que ya estuvieron exentos de la
contribución territorial urbana en el 95 por ciento hasta el 31 de
diciembre de 1992. Posteriormente, desde el 1 de enero de 1994, estos
centros recuperaron la exención. Sin embargo, ha habido un problema, más
bien formal que de fondo, y ha sido que el ejercicio 1993 ha quedado al
margen de la recuperación de la exención. Entendemos que no debería de
ser así y proponemos que el efecto de la exención sea con carácter desde
el 1 de enero de 1993, con el fin de paliar esta situación.

Estas son las enmiendas más importantes que quedan vivas del título I, de
normas fiscales, presentadas por nuestro grupo parlamentario y que espero
que obtengan la consideración suficiente de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Zabalía.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha retirado todas las
enmiendas que mantenía a este proyecto de ley.

Pasamos al Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra
el señor Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente, con
brevedad para defender las enmiendas que presentamos a este título I.

En primer lugar, debo decir que en la enmienda número 74 hay un error de
transcripción. La enmienda hace referencia a la supresión del artículo 7,
cuando en realidad se pretendía la supresión del 9, que propone crear un
nuevo impuesto sobre las primas de seguro. En todo caso, la vamos a
retirar. También vamos a retirar la enmienda número 75.

Respecto al resto de enmiendas que presentamos a este título I, hacen
referencia a los artículos que proponen la creación de nuevas tasas o
aumentan la cuantía de alguna de las ya existentes y en todos los casos
proponemos la supresión. Por tanto, no nos oponemos a la existencia de
alguna tasa concreta y puntual, pero sí a la implantación de manera
indiscriminada, tal como pretende la Administración, porque esto desde
nuestro punto de vista tiene un efecto claramente regresivo sobre el
conjunto del sistema fiscal, ya que las tasas no se aplican,
naturalmente, en función del nivel de renta de los ciudadanos, y los
ciudadanos pagan igual cantidad independientemente de sus ingresos, lo
que supone que aquellos con una economía más modesta se vean gravados
proporcionalmente más que aquellos que disponen de rentas más altas.

Nosotros defendemos que los servicios que el Estado presta a los
ciudadanos se financien fundamentalmente vía impuestos con un sistema
fiscal en el que paguen más los que más tienen. Sin embargo, parece que
lo que se va configurando con las sucesivas decisiones del Gobierno es un
sistema en el que se va disminuyendo la presión fiscal sobre las rentas
del capital, que necesita, naturalmente, ser compensado con decisiones
como las que se proponen, la creación de nuevas tasas o impuestos sobre
primas de seguros.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Vázquez.




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Según ha entendido la Presidencia, retira dos enmiendas, las números 74 y
75. (Asentimiento.)
Para la defensa de las enmiendas que mantiene la señora Lasagabaster, del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Con carácter previo deseo señalar, acerca de la consideración de este
proyecto de ley --y ya lo dijimos en su momento en el debate a la
totalidad del mismo--, que mantenemos dos cuestiones que han sido
indicadas también por algún otro portavoz, en concreto el señor Saura,
consideraciones que han sido también recogidas por parte del Consejo
Económico y Social en cuanto a la metodología del proyecto de ley.

Entedemos que este proyecto de ley, tal y como se ha señalado por el
Consejo Económico y Social, en su metodología recoge una disparidad de
materias amplia y, en segundo lugar, carece de una memoria económica, con
lo cual, primero, hace dificultoso el estudio del proyecto de ley y,
segundo, metodológicamente no nos parece lo más adecuado.

Entrando en las enmiendas presentadas y mantenidas en este trámite hacen
referencia al impuesto sobre las primas de seguros, que entendemos que es
un impuesto indirecto, regresivo y que realmente va a tener una gran
repercusión, como se ha señalado en algunos casos, inflacionista.

En relación a las tasas hemos considerado que no va a ser beneficioso la
creación de nuevas tasas en algunos sectores importantes, en concreto las
que hacen referencia a materias de propiedad industrial o a otras, como,
por ejemplo, el transporte. También consideramos incorrecto que se hagan
extensivas a la expedición de permisos de trabajo para extranjeros, por
no hablar de otras cuestiones como la inscripción y publicidad de
asociaciones.

Estamos en contra también de la tasa de la seguridad aeroportuaria, en la
medida en que no se ha producido ninguna mejora en ese servicio y
cuestionamos hasta qué punto ese servicio de seguridad tenga que ser
pagado por los ciudadanos y no de manera general.

Por eso mantenemos esta serie de enmiendas, no a todas las tasas, pero a
la gran mayoría de ellas, y al impuesto sobre las primas de seguros, cuyo
tipo impositivo es del 4 por ciento.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Lasagabaster.

El resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, correspondientes a
la señora Rahola y al señor Chiquillo, han sido retiradas y, por tanto,
pasamos al turno en contra y fijación de posición del Grupo Parlamentario
Popular, a cargo del señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero decir que no podré referirme a todas y cada una
de las enmiendas presentadas a este título tampoco lo han hecho los
propios grupos que las han defendido. Haré referencias genércias, en
algunas me detendré especialmente, y pido excusas si dejo de tratar
alguna de las que los grupos consideran esenciales. También quiero
agradecer, de entrada, el tono del debate sobre el título I de esta ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que es un título
que, al igual que el título VI de la ley de presupuestos y la ley de
cesión de tributos a las comunidades autónomas, que debatiremos mañana,
en principio, componen un conjunto de medidas que suponen una reforma
estructural del sistema fiscal.

Quiero hacer una referencia en relación con el señor Martínez Noval,
porque entiendo que su intervención, centrada sólo en un artículo de esta
ley, supone ya un consenso explícito; explícito porque en el uso de la
palabra que ha hecho desde esta tribuna, ha obviado todo el conjunto de
la reforma estructural del sistema fiscal que suponen estas leyes,
centrándose, única y exclusivamente, en un punto muy específico en la
tributación de algunos rendimientos, tema que ya tuvimos ocasión de
debatir en Comisión, que es el tratamiento como capital mobiliario de los
contratos o de lo que se da en llamar contratos de imagen. Yo me voy a
referir muy poco a este tema, porque entiendo que el grupo proponente de
las enmiendas, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya
ha hecho una intervención técnicamente muy acertada. Simplemente quiero
decirle, señor Martínez Noval, que existía un problema es que aquí no
tributaba nadie, había un problema de elusión fiscal, y lo que nosotros
estamos intentando hacer es que todo el mundo tribute. Estamos intentando
que la Hacienda pública pueda recaudar fondos de una manera coherente, de
una manera razonable por este tipo de rendimiento. No me voy a detener
más en este punto, señor Martínez Noval, porque antes el señor Silva ya
ha tratado el tema desde el punto de vista técnico, pero sí le quiero
decir que hemos hecho un esfuerzo enorme para ofrecer un marco en el que
estos rendimientos tributen.

Señor Martínez Noval, este conjunto de leyes en lo que se refiere a la
fiscalidad o al sistema tributario tienen un objetivo --y el otro día, en
su intervención sobre el título VI de la ley de presupuestos, usted dijo
que era un dogma--; el objetivo es crecer, crear empleo, mejorar el
equilibrio de las cuentas públicas y, además, tienen un objetivo
importante que yo sé que compartimos casi todos los grupos de esta
Cámara, y es que se afrontan una serie de reformas en el IRPF, se rebaja
la presión fiscal en este impuesto, se consigue una bajada sustancial
para todos y cada uno de los contribuyentes y se crea un marco normativo
en el sistema tributario, que permite, según nuestra opinión,



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crecer, crear empleo, consolidar las cuentas públicas. En el título I de
esta ley, al que usted no ha hecho referencia, hay un conjunto de medidas
muy importantes, tanto en el IRPF, como en el IVA, creación del impuesto
sobre las primas de seguros, adecuación del sistema de tasas públicas y
fomento de la zona especial de Canarias.

El portavoz del Grupo Socialista ha obviado todos estos aspectos y se ha
centrado en un punto específico. Yo entiendo que es porque está de
acuerdo en lo sustantivo con nosotros, lo cual le agradezco.

En este título intentamos mejorar una serie de puntos y me voy a referir
a alguno de ellos. Mejoramos en el IRPF el concepto de unidad familiar
con la posibilidad de incluir en ella a los hijos mayores de edad
discapacitados. También intentamos mejorar la tributación de las pequeñas
y medianas empresas, establecemos una reducción en la determinación de
los rendimientos empresariales a las microempresas que tributan en el
sistema de módulos. Hay dos enmiendas --y en esto sí me quiero detener--,
una del Grupo Socialista y otra de Izquierda Unida, que proponen la
eliminación de esa bonificación, proponen la eliminación de la
bonificación del 15 por ciento para las microempresas que tributan por el
sistema de módulos. Votaremos en contra de esas enmiendas, porque
entendemos que hay que cuidar especialmente a las pymes, y en este caso a
las pequeñas, porque son las que tienen una responsabilidad mayor de
crear empleo y son las que tienen capacidad de hacerlo. Evidentemente,
los rendimientos medios de las actividades empresariales para los que
tributan por el sistema de módulos se calcularon en un momento de
especial crecimiento, cuando las pequeñas empresas tenían mayores cuotas
de mercado. Eso ha cambiado y nosotros entendemos que hay que afrontar
una reforma global de la estimación de esos rendimientos, pero
consideramos que lo que hay que hacer ahora mismo es aplicar esa
bonificación que ayude a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a
las pequeñas, porque es necesario que mientras realizamos ese estudio,
que está haciendo la ponencia sobre pymes que se ha creado en la
Administración, se amortigüe la presión fiscal a esas pequeñas empresas.

Es una medida de carácter social y no entendemos cómo el Grupo Socialista
y el Grupo de Izquierda Unida proponen su supresión. Si aprobáramos las
enmiendas de ambos grupos ello supondría un duro castigo para los
pequeños comercios, para las pequeñas actividades productivas
artesanales, que resultaría inexplicable, por lo menos para este
portavoz.

En la sección segunda se avanza en el tratamiento del IVA en las
operaciones comerciales con morosidad. Entiendo la posición del señor
Zabalía, del Grupo Vasco, PNV, en torno a que hay que afrontar una
reforma del IVA que mejore el tratamiento para las empresas que sufren
una morosidad. Comparto el espíritu de la enmienda del señor Zabalía,
pero no podemos aprobarla --ya se lo dije en Comisión-- porque por
razones técnicas no se puede admitir. En ocasiones la morosidad tiene una
provisión contable forfeitaria, y la aprobación de la enmienda del señor
Zabalía supondría una bonificación del IVA, que no es el espiritu de la
enmienda. Nosotros no la podemos aprobar, señor Zabalía, pero tenemos la
voluntad de estudiar una reforma sobre el IVA, con las dificultades de
tesorería que ocasiona este impuesto, en las operaciones que tienen
morosidad.

De todas maneras, señorías, la ley prevé una simplificación con la
eliminación de la autorización administrativa para cuando las empresas
estén incursas en procesos de suspensión de pagos o quiebra. Se introduce
una modificación muy importante: la eliminación de esa autorización
administrativa. El Grupo Socialista tiene otra enmienda diciendo que no
eliminemos la autorización administrativa. Nosotros entendemos que es
bueno eliminarla, que es bueno simplificar los trámites para que las
empresas estén con un mayor equilibrio en ese momento. Se introducen
modificaciones muy importantes para la creación de empresas,
posibilitando la deducción de las cuotas devengadas del IVA con
anterioridad al inicio de las actividades empresariales o profesionales.

El Grupo Socialista también presenta una enmienda limitando esta
posibilidad, que votaremos en contra por razones obvias, porque
entendemos que es bueno crear un marco que propicie la aparición de
empresas, que es lo que permitirá posteriormente crear empleo.

Se crea un nuevo impuesto en esta ley sobre primas de seguro. Está
establecido en toda Europa, señorías. Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca y así hasta catorce países lo tienen establecido, con un tipo
medio del 9 por ciento. El proyecto lo crea con un tipo del 4 por ciento,
que nos parece razonable. Nosotros entendemos que las opiniones
manifestadas por los diversos grupos expresan un cierto consenso en la
creación de este impuesto, pues no ha habido ninguna intervención que se
haya opuesto a ello. Creemos que es un impuesto razonable, que existe en
toda Europea y que nosotros defendemos.

Sobre el tema de las tasas ya debatimos profundamente en la Comisión. Se
han referido al mismo el representante del Grupo de Izquierda Unida y la
señora Lasagabaster. Las tasas estaban desfasadas. Podemos entender que
se diga que es bueno o malo que haya tasas. Creemos que es bueno que
existan tasas como prestación de un servicio público de la Administración
a algunos ciudadanos y nadie lo discute. La contraprestación por el
servicio público que realiza la Administración estaba desfasada y
nosotros lo hemos actualizado en un 8 por ciento. Los señores del Grupo
Socialista proponen que sea el 6 por ciento. No proponen que lo quitemos,
sino que lo hagamos gradualmente. Es una pequeña diferencia, comprensible
por la necesidad de presentar enmiendas. Sin embargo, no es tan
comprensible



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porque si afrontamos una actualización vamos a hacer una que sea real. Se
crean muy pocas tasas nuevas. No se da una complejidad, como se ha
manifestado en la opinión pública. Son muy pocas y, además, por servicios
públicos que está prestando la Administración. Se refería el portavoz del
Grupo de Izquierda Unida a la tasa de seguridad aeroportuaria. Se está
prestando ese servicio y prácticamente existe esa tasa en todos los
países de Europa. Existe esa tasa, señor Saura, porque la Administración
está prestando un servicio a un grupo reducido de ciudadanos con
capacidad económica suficiente. Un señor que realiza un viaje por avión
tiene capacidad para pagar 150 pesetas a fin de compensar el servicio
publico que está prestándole la Administración. No tiene sentido que ese
servicio lo paguen unos señores que a lo mejor no gozan de la misma
capacidad económica que la que tiene el que utiliza el transporte aéreo.

Señor Saura, es una tasa absolutamente razonable. No es regresiva
socialmente como usted manifiesta una y otra vez. De lo que se trata es
de ajustar un servicio público que presta la Administración con una
contraprestación por parte de unos ciudadanos que tienen capacidad para
afrontar.

Quiero referirme, para ir concluyendo, también a una afirmación del
portavoz de Izquierda Unida sobre la ley de acompañamiento en el sentido
de que es muy extensa. Efectivamente, es una ley extensa. Es la primera
ley de acompañamiento que presenta el Gobierno del Partido Popular y es
lógico que en esta ley se contemple un mayor número de aspectos para
poder llevar a la práctica el proyecto que nosotros tenemos y lograr un
conjunto de objetivos compartidos por casi toda la Cámara, como crecer,
crear empleo, estar en la primera división europea. A mí personalmente,
como portavoz de este grupo, me parece una ley amplia, pero lo entiendo,
lo veo razonable en el primer año de nuestro Gobierno. Además, señor
Saura, si aprobáramos las enmiendas que ustedes han presentado, la ley no
sería amplia; sería un compendio fiscal, porque ustedes proponen reformar
a fondo el IRPF, reformar a fondo el Impuesto sobre Sociedades, reformar
a fondo el IVA, reformar a fondo casi todas las leyes. Ustedes nos
proponen que la ley de acompañamiento sea el compendio fiscal. Nosotros
somos más limitados. Hacemos una ley de acompañamiento que nos permite
llevar a la práctica nuestros objtivos.

Decía el señor Saura que instauramos un sistema fiscal complejo. Nosotros
vamos a caminar hacia un sistema fiscal más sencillo porque ése es
nuestro objetivo, pero déjenos tiempo, señor Saura. De entrada, lo que
tenemos que hacer es ajustar los medios de los que disponemos a los
objetivos que tenemos como grupo parlamentario y como partido en el
Gobierno.

También se refería a una serie de medidas que le parecían regresivas.

Señor Saura, quiero decirle que a nuestro grupo no le parece regresiva
una reducción en el IRPF por compra de vivienda, no nos parecen
regresivas unas deducciones familiares en el IRPF por hijos, por
ascendientes, por descendientes, no nos parece regresiva una deducción
por rendimientos de trabajo ajeno; más bien nos parece lo contrario.

Quiero referirme muy brevemente a otras enmiendas. En primer lugar, a las
enmiendas que Coalición Canaria que ha retirado, porque el Grupo
Socialista no ha defendido algunas enmiendas sobre la ZEC, zona especial
de Canarias. Nosotros entendemos que hay que promover, que hay que
estimular sustancialmente, la zona especial de Canarias; de hecho la ley
de acompañmiento contenía un conjunto de medidas para hacerlo posible.

Además, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo de Coalición Canaria para
incluir otras enmiendas que ayudan a conseguir ese objetivo.

Hay un conjunto de enmiendas que Coalición Canaria ha retirado en este
trámite parlamentario, pero que estudiaremos en el trámite del Senado.

Vamos a abrir otras líneas de diálogo con el Grupo de Coalición Canaria
para estudiar algunas enmiendas que también ayuden a promover la zona
canaria.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
por favor, vaya terminando.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

Quiero referirme también a unas enmiendas del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, en primer lugar y de forma expresa a la enmienda
369, que propone la reducción del IVA de las autopistas. Nosotros
compartimos absolutamente el objetivo de esa enmienda, que es abaratar el
coste de los peajes, de las autopistas, lo entendemos perfectamente,
señor Homs. Quiero decirle que estamos totalmente de acuerdo con el
objetivo de abaratar los costes, lo que estamos haciendo es estudiar el
medio para llevarlo a cabo. Estamos estudiando los medios, porque nos
parece que hay diversas fórmulas y no queremos instrumentar la rebaja del
peaje a través de una fórmula que no sea coincidente con la legislación
comunitaria y nos obligue a reformar la dentro de un año o dos. Señor
Homs, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo y, sea en este trámite
parlamentario, a lo largo del día de hoy, sea en el trámite parlamentario
del Senado, este tema quedará resuelto. Señores del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), mi grupo parlamentario y el Gobierno
tienen la voluntad de que esta ley se apruebe con este tema resuelto, y
así de explícito quiero hacerlo constar.

La enmienda 374, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, habla del IVA
en las operaciones de los agentes de aduanas. Ya le dije en el trámite de
Comisión, señor Homs, que compartimos su espíritu y hay que arreglarlo.

Desde el Ministerio de Hacienda están buscando la solución más adecuada y
vamos a seguir buscándola.




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Vamos a presentar dos transaccionales a las enmiendas 368 y 451, como ya
ha manifestado el señor Silva. Ya las tiene la Mesa y ruego que sean
distribuidas para que los grupos puedan fijar su posición.

También quiero referirme a la enmienda 448, que propone una disposición
adicional nueva sobre los rendimientos de las tareas forestales. Mi grupo
también comparte el espíritu de la enmienda presentada por el Grupo
Catalán y estamos buscando una solución para darle un mejor tratamiento.

Quiero concluir, señorías, diciendo que para nosotros esta ley es muy
importante, que para nosotros 1997 es un año especialmente importante
porque es cuando vamos a tener la posibilidad histórica de situarnos
entre los países que crecen, que crean empleo, donde los ciudadanos
tienen una mayor calidad de vida, y los presupuestos y la ley de
acompañamiento crean ese marco para hacerlo posible.

El señor Martínez Noval --y termino con esto-- citaba en su réplica,
cuando hablábamos del proyecto de ley de presupuestos, un documento al
que entiendo que él daba mucha credibilidad --si no es así, no sé por qué
me lo citaba-- que decía que estos presupuestos son la fórmula contable y
jurídica del proyecto económico del Gobierno, cuya prioridad es cumplir
los requisitos de convergencia nominal para crecer, para crear empleo.

Dado que de cumplirse las previsiones de estos presupuestos, lo que es
probable porque son los más creíbles y realistas de los últimos años,
España podrá entrar en la Unión Monetaria, la valoración que merecen ha
de ser necesariamente positiva, máxime cuando las restricciones políticas
y sociales a las que ha estado sujeto el Gobierno no son desdeñables. Son
unos presupuestos absolutamente creíbles, con una ley de acompañamiento
que facilita ese marco; una ley de acompañamiento que va a hacer posible
que España esté entre los países que crecen y que crean empleo. (El señor
Segura Clavell pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Martínez-Pujalte.

Señor Segura, ¿a qué efectos pide la palabra?



El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte, ha
dicho en su intervención que el Grupo Parlamentario Socialista no ha
realizado en este trámite la defensa de dos importantes enmiendas, desde
la óptica del Grupo Parlamentario Socialista, que hacen referencia a la
zona especial canaria, recogida precisamente en la sección sexta del
capítulo IV de este título I.

Yo le agradecería, señor Presidente, invocando su benevolencia, que
permitiese a este interviniente utilizar un breve turno para justificar
nuestra posición al respecto.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Segura.

Va disponer de dos minutos para ello, teniendo en cuenta, como ha dicho
el señor Martínez-Pujalte, que ha sido un debate muy constructivo, pero
le comunico que el señor Martínez-Pujalte también dispondrá de dos
minutos de réplica, si así lo cree pertinente. La Presidencia accede a
ello porque por parte del señor Martínez Noval había sido informada de
ese reparto de tiempo.

Tiene dos minutos, señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en esta modificación que este proyecto de ley propone para la
zona especial canaria, que viene a ser la zona off shore del Estado
español al amparo de la normativa tributaria y económica de la Unión
Europea, el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido dos enmiendas
que fueron aprobadas en su fase de tramitación parlamentaria en Comisión
y mantiene vivas la 146 y la 147 para su tramitación en este Pleno.

Parece razonable que el interviniente anterior por el Grupo Parlamentario
Socialista, nuestro portavoz señor Martínez Noval, dado el número elevado
de enmiendas, no haya hecho referencia alguna. Esto está justificado
esencialmente en función del tiempo, y se lo repito al Grupo
Parlamentario Popular.

El Grupo Parlamentario Socialista ha transcrito literalmente y convertido
en enmiendas, por cuanto se identifica con ellos, los contenidos que
elaboró el Parlamento canario en el trámite preceptivo del informe
parlamentario, como consecuencia de la modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias que recoge la sección sexta, a la que estamos
haciendo referencia. En ella se introduce una serie de mejoras de
naturaleza técnica que han sido propuestas por el consejo rector de la
ZEC. Quiero insistir, tal como se hizo en Comisión, en que es un órgano
de naturaleza estatal, no de dependencia exclusiva de la comunidad
canaria, sino de dependencia estatal controlado naturalmente por el
Ministerio de Economía y Hacienda y por las secretarías de Estado
competentes en materia económica y tributaria. La ZEC, como es
coloquialmente conocido, es un órgano en el que el Estado español ha
hecho una apuesta por una singularidad económica, tributaria, generadora
de empleo a buen seguro y mediante la cual se va a estar en condiciones
de competir con las zonas especiales económicas correspondientes de los
restantes países comunitarios. Se situó precisamente en Canarias, entre
otras cosas, por respeto a una tradición fiscal derivada de los puertos
francos y como elemento competitivo, geográficamente hablando, del Estado
más próximo, del portugués, que radica en Madeira.

Los contenidos de las enmiendas son esencialmente técnicos y, obviamente,
no voy a explicarlos. Quisiéramos



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destacar, y con ello termino, señor Presidente, la coherencia del Grupo
Parlamentario Socialista con los planteamientos que nuestro grupo ha
mantenido en el Parlamento canario y con los contenidos que fueron
aprobados por unanimidad, que sorprendentemente el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria ha retirado en esta fase de tramitación y,
sorprendentemente, el Grupo Parlamentario Popular tampoco transcribió a
las Cortes Generales un planteamiento esencialmente técnico, alejado de
todo planteamiento político sectario, que va a mejorar y a lanzar
definitivamente una institución que hasta estos instantes no ha podido
avanzar con la celeridad que esperábamos todos y que demanda todo el
pueblo canario y el pueblo español, habida cuenta de que es una entidad,
repito, patrimonio de todos los españoles que generará empleo en un
futuro.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Segura.

Señor Martínez-Pujalte, ¿quiere replicar ahora o quiere acumularlo para
el cierre de debate?



El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Responderé a todo al final.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.

El señor Martínez Noval tiene la palabra por tres minutos para un turno
de réplica.




El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.

El señor Martínez-Puialte me ha reprochado que haya dedicado excesivo
tiempo de mi intervención al apartado 2 del artículo 2, a la cuestión de
los futbolistas profesionales y su fiscalidad, y poco tiempo al resto de
la norma que estamos discutiendo en este momento, al título I. Fíjese si
será importante que yo creo que es de las pocas veces que se constata que
un Diputado, el caso del señor Silva, añade su intervención a la del
portavoz de Convergéncia i Unió en estas cuestiones para referirse en
exclusiva al apartado 2 del artículo 2; luego, es un asunto relevante. No
estoy criticando la intervención ni del Presidente dándole la palabra ni
del señor Silva interviniendo; me parece muy lógico, lo que quiero decir,
señorías, señor Martínez-Pujalte, es que estamos ante una cuestión que
interesa a toda la sociedad española en la medida en que estamos
regulando muy singular, muy peculiar, muy beneficiosamente --y luego me
referiré a ello-- acerca de un colectivo de personas muy reducido.

Entiendo que el resto de los españoles, a los cuales representamos aquí,
tenga interés en conocer las razones que hay tras ese tratamiento
extraordinariamente favorable y al que a continuación me quiero referir.

Eso no significa, señor Martínez-Pujalte, que estemos de acuerdo con el
resto del título ni que no defendamos nuestras enmiendas. Claro que
estamos en contra de buena parte del título y que defendemos todas
nuestras enmiendas, que usted conoce perfectamente.

El señor Silva me criticaba el que empezase diciendo que había un
problema y que acabara diciendo que el problema subsiste. Sí, y más
grande todavía. El problema lo hay en la medida en que existen más de
cuatro actas levantadas a diversos clubes y tienen casi 9.000 millones de
deuda tributaria de acuerdo con dichas actas. Luego, señor
Martínez-Pujalte, no es cierto lo que usted manifestaba. ¿Aquí no
tributaba nadie? Claro, pero hay 9.000 millones de deuda en actas
levantadas. ¿De qué me está hablando usted? No es que Hacienda desconozca
lo que estaba pasando ahí, lo que ocurre es que había unos
comportamientos elusivos, desde nuestro punto de vista, que dan lugar a
unas actas que, con toda seguridad, señor Martínez-Pujalte, acabarán en
el juzgado.

Señor Silva, no eche en saco roto el argumento que yo expuse. Estudien el
problema que se creó con los derechos de suscripción y qué ocurrió con
las actas que había levantadas por la fiscalidad de los derechos de
suscripción. A nosotros nos preocupa que estas actas se queden en papel
mojado. ¿Son un problema esas actas? Sí, lo son. En este caso son sujetos
pasivos que en realidad no son las personas que deberían soportar esa
fiscalidad, lo comprendo, pero, solvéntese por otra vía; solvéntese a
través del Consejo Superior de Deportes, con ayudas, con subvenciones,
como ustedes quieran llamarlo, pero, para solventar ese problema, un
problema muy peculiar, no creen un problema mayor. Y crean un problema
mayor, porque usted me dice: por su intervención da la impresión de que
los rendimientos del capital mobiliario no tributan. Si; pero, usted y
yo, señor Silva, quisiéramos que todas nuestras retribuciones fueran
rendimientos del capital mobiliario. ¿O no? Claro que sí. Para empezar,
las retenciones serían del 25 por ciento, y hay muchas rentas del trabajo
que, como usted sabe, y es ocioso insistir en ello, soportan retenciones
superiores al 25 por ciento. No me utilice ese argumento, porque yo sé
que los rendimientos del capital mobiliario tributan; pero el problema es
--ya se lo he dicho-- que los rendimientos del capital mobiliario se
integran en la base imponible de unas sociedades que tributan en
transparencia. ¿En dónde? ¿En España? Normalmente, no. Esas sociedades
están radicadas en paraísos fiscales, y ésa es una vía para la elusión,
una vez más, de una parte importante de rentas de esta sociedad, que
queda al margen del gravamen y de la tributación.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez Noval,
termine en treinta segundos, por favor, porque está fuera de tiempo ya y
vamos con bastante retraso.




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El señor MARTINEZ NOVAL: Termino.

El problema de las tasas, a las cuales no me referí. Señor
Martínez-Pujalte, no me traslade de la ley de presupuestos a la ley de
medidas nuestra actitud ante las tasas. Nosotros somos partidarios de la
supresión de tres tasas nuevas que introducen ustedes: la de aeropuertos,
la tasa por inscripción de asociaciones y la tasa de vacunación en
viajeros internacionales. Nos parece que en un caso se trata de un
derecho fundamental, reconocido en el Título I de la Constitución
española; en otro caso, el de la seguridad de aeropuertos, se trata de un
servicio y de un derecho y, además, es muy discutible que el uso, el
disfrute de esa seguridad en los aeropuertos sea un bien exclusivo y
excluyente. Nos parece extraño y discutible y, por eso, en unos casos
modulamos el crecimiento de las tasas y en otros casos nos inclinamos por
su desaparición, como ocurre en el caso de las tres que le he citado.

Gracias, señor Presidente, por su benevolencia.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Martínez Noval.

Tiene la palabra el señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero decirle al señor Martínez-Pujalte que la
conclusión a la que ha llegado en su intervención es que este es un
proyecto de ley excelente. En todo caso --ha dicho--, como es la primera,
es más extensa de lo que él quisiera y nos ha venido a decir que piensa
que en los próximos años va a ser más reducida.

Yo no digo que crea lo que nosotros decimos, que piense igual que
nosotros, pero creo que usted, el Grupo Parlamentario Popular y el
Gobierno, deberían estar un poco preocupados en relación al diagnóstico
que el Consejo Económico y Social hace de este proyecto de ley. El
dictamen del Consejo Económico y Social es una enmienda a la totalidad en
toda regla de ese proyecto de ley. Por tanto, insisto, no nos hagan caso
a nosotros; lean el dictamen del Consejo Económico y Social que, insisto,
dice tres cosas absolutamente brutales. Dice que la profusión de normas
no permite que el CES pueda emitir una valoración global; a continuación,
dice que es imposible saber evaluar el impacto económico de las medidas
y, como tercera conclusión, dice que este proyecto de ley va a tener
repercusiones en la seguridad jurídica. Por tanto, señor
Martínez-Pujalte, pienso que no deberían estar tan satisfechos de este
proyecto de ley.

Voy a replicar a cuatro cuestiones a las que usted ha hecho referencia.

En relación al tema de las tasas, usted ha dicho lo siguiente. Nadie
discute las tasas; incluso ha preguntado: ¿quién puede discutir la tasa
aeroportuaria si está instalada en toda Europá? Voy a leer literalmente
otra vez el dicatamen del CES: El CES quiere manifestar su rechazo a la
proliferación de tasas. Ello contradice el principio de simplicidad que
ha de regir el sistema tributario y nada garantiza que el coste de la
organización administrativa necesaria para su gestión no resulte en
ocasiones superior a los ingresos que genera su recaudación. Como ve,
señoría, sí que hay quien lo discute, y no sólo nuestro grupo
parlamentario; lo discute también el dictamen del CES.

Usted ha dicho que no les pidamos que vayan tan deprisa, que les dejemos
tiempo. Tómense todo el tiempo, pero no hagan como los cangrejos, no
vayan hacia atrás. Y ustedes en este proyecto de ley hacen como los
cangrejos, complican más el sistema tributario y, por tanto, si ustedes
no hubieran ido hacia atrás, su argumento sería válido. Nosotros les
diríamos: tómense ustedes tiempo, pero es que en el poco tiempo que se
han tomado lo que han hecho ha sido ir para atrás.

También ha hecho referencia S. S. a la tasa aeroportuaria y ha dicho lo
siguiente: es que prácticamente en todos los países de Europa esta tasa
existe. Le vuelvo a leer el Dictamen del CES: La valoración de la nueva
tasa de seguridad aeroportuaria es absolutamente negativa. ¿Y sabe usted
por qué? Porque esta tasa --dice el CES-- debe ser prestada por los
poderes públicos sin contraprestación alguna, debiendo tenerse en cuenta,
además, que no se trata de un servicio voluntario para los usuarios, sino
necesario y obligatorio para todos los viajeros. Cuando usted ha dicho
que nadie discute esto, el CES lo discute. Porque, ¿van ustedes a poner
una tasa ferroviaria el año que viene? ¿Van ustedes a poner una tasa
fluvial el año que viene? ¿Cuántas tasas de seguridad van a poner? Por lo
tanto, lo que estamos diciendo es que en aquellos servicios que no son
voluntarios para los usuarios, el Estado tiene la obligación de
financiarlos.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Saura, vaya
finalizando.




El señor SAURA LAPORTA: Finalizo, señor Presidente.




Nosotros hemos presentado tres o cuatro enmiendas de supresión a algunas
tasas y quiero insistir en la eliminación de la creación de una nueva
tasa para solicitar permiso de trabajo para los extranjeros. No nos
parece que esta sea una tasa que tenga efectos recaudatorios importantes,
pero sí nos parece una tasa que dificulta la integración de los
trabajadores y trabajadoras extranjeros en este país.

Y muy rápidamente me referiré a dos cosas más. Tema del impuesto sobre la
prima del seguro. Aquí también me remito al dictamen del CES, que es
negativo, que lo rechaza porque es inflacionista, porque tiene
repercusiones negativas sobre la vivienda. El señor Martínez-Pujalte,



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igual que la exposición de motivos, dice que este impuesto se cobra en
muchos países de Europa. Es verdad, pero usted se ha olvidado de decir
otra cosa: que en estos momentos la Comisión Europea está estudiando
eliminar estos gravámenes, tal y como dice el dictamen del Consejo
Económico y Social. Por lo tanto, en un momento en que desde Europa,
desde la Comisión, se está estudiando eliminar los gravámenes, ustedes
dicen que ponen uno porque en Europa existe.

El último tema es la vivienda. Nuestro grupo no ha dicho nunca que las
exenciones fiscales en materia de vivienda sean regresivas. Han de
existir exenciones fiscales en relación a la vivienda. Ahora bien, ¿qué
es lo que decimos? Que lo que sí es regresivo es la distribución del
dinero que el Estado dedica para 1997 a la vivienda. ¿Por qué? Por lo
siguiente. Sólo hay 100.000 millones de pesetas para promoción de
vivienda pública directa que es la que va dirigida a los sectores más
necesitados, que tiene un tope de ingresos; sin embargo, hay 400.000
millones de pesetas que van dirigidos a otros sectores, sin ningún límite
de ingresos y sin ningún tope en la adquisición de la vivienda. Algunas
de nuestras enmiendas pretenden poner tope en el precio de la vivienda
para facilitar exención fiscal. Pensamos que la aceptación de estas
enmiendas harían más justas e igualitarias las ayudas fiscales a la
vivienda.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Saura. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs, tiene un minuto.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quisiera agradecer a don Vicente Martínez-Pujalte la
declaración que ha hecho en torno a la propuesta que hace mi grupo de
rebajar el IVA a las autopistas. Sin duda, creo que esta es la discusión
más emblemática, la que más va a interesar a toda la población. Estoy
seguro de que todo el país agradecerá que tomemos esa medida y que el
suavizar los peajes en las autopistas será muy bien recibido por toda la
población. Yo creo que la medida es justa. Una parte de los ciudadanos,
cuando utilizan estos servicios, no pagan ningún coste y otros, sí. Por
lo tanto, creo que es justo suavizar esas diferencias.

Usted se ha comprometido públicamente diciendo que el Gobierno --y el
Partido Popular, ha dicho usted-- quiere adoptar esa decisión. Me invita
a que lo hagamos en otros trámites. Ha dicho: en el Senado o a lo largo
de esta mañana. A nuestro grupo le sorprende esa invitación. Lo podíamos
hacer hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, puesto que la sexta
directiva nos lo permite perfectamente. Es más, yo le invito a que el
Gobierno español se sume a la petición de revisar la sexta directiva, en
el anexo h), para poder incorporar, con aplicación para toda Europa, el
IVA reducido a todas las autopistas de Europa. Le repito que hay seis
países que lo están haciendo. Alemania ya no paga IVA, y hay cinco países
más que han adoptado esta medida. Yo le pido que, dado que la sexta
directiva señala que el año que viene se debe revisar el anexo h), España
se sume a esta petición, pero que nos anticipemos en esta Cámara y que ya
lo pongamos en práctica en el año 1997. Los ciudadanos lo verán bien.

Creo que la petición es justa. Usted nos invita a hacerlo en el trámite
del Senado y yo se lo agradezco, pero como me ha dado un poco la
perspectiva de la mañana --ha dicho: y a lo largo de la mañana--, nuestro
grupo esperará por si, a lo largo de la mañana, hay alguna llamada clave,
alguna, digamos, sorpresa al respecto y pudiéramos aprobar eso
solemnemente en el Congreso de los Diputados.

Le agradezco también lo que ha dicho respecto a la revisión del IVA en
torno a los problemas de impago en los agentes de aduanas.

Señor Presidente, retiramos las enmiendas 374 y 367. A lo largo del
trámite del Senado, estaremos pendientes de estas soluciones que nos
ofrecen, pero mi grupo, en cuanto a la enmienda 369, agradece la oferta.

Creo que podemos comprometernos en lo que nos ha dicho el señor
Martínez-Pujalte, con lo que podríamos tranquilizar a la población en el
sentido de que la decisión no se tomará hoy, pero se tomará en el trámite
de esa ley y en ámbito del Senado. Si es así, antes de la votación, mi
grupo procederá a la correspondiente retirada de la enmienda, pero como
usted ha hablado de la posibilidad, y me ha generado la expectativa, de
que a lo largo de esta mañana una llamada clave permita resolver esta
cuestión, vamos a esperar.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Homs.

Señor Silva, tiene la palabra.




El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Este Diputado esperaba que la intervención del señor Martínez Noval le
convenciese de que los rendimientos por cesión o explotación de derechos
de imagen no son realmente rendimientos del capital mobiliario. El señor
Martínez Noval nos ha manifestado una posición, que no podemos dejar de
compartir, que es contraria a la elusión fiscal a través de sociedades
situadas en paraísos fiscales. Señor Martínez Noval, estamos totalmente
de acuerdo, pero lo que no vamos a hacer es derogar la Ley de Sociedades
Anónimas o la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para
conseguir ese objetivo. Obviamente, no tratamos de proteger el fraude en
cualquier circunstancia; que tributen realmente los que son perceptores
de los rendimientos de la explotación de estos derechos de imagen. Hay
que decir también que las tablas de retenciones por rendimientos del
trabajo,



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en algunos casos, dan lugar a retenciones inferiores al 25 por ciento de
los rendimientos del capital mobiliario. En cuanto a lo demás, como decía
anteriormente, no puedo estar más de acuerdo con S. S. en que hay que
actuar contra las compañías radicadas en paraísos fiscales con finalidad
defraudatoria. Algo tendremos que hacer, pero no convertir las cosas en
algo que no son.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Silva.

Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra para cerrar el debate.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve, pero permítanme que me refiera, en primer lugar, a la
intervención del señor Segura. Ha dicho que he dedicado un instante a la
ZEC, a la que se refiere el título I de este proyecto de ley, y lo he
hecho así porque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su
primera intervención, no le había dedicado ni siquiera un instante.

Señor Segura, usted ha dicho, y sé de su sensibilidad por la zona
canaria, que no se ha avanzado hasta ahora. Yo comparto su opinión y mi
grupo parlamentario comparte su opinión: no se ha avanzado nada hasta
ahora. También comparto su opinión sobre que no es un tema canario sino
de todo el Estado español. Pero, señor Segura, reconocerá conmigo que el
Gobierno ha introducido en la ley de acompañamiento una serie de medidas
importantes, muy importantes, para que se avance, y compartirá conmigo,
que el Grupo Parlamentario Popular, en unión del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, ha introducido unas enmiendas, en el trámite de
Comisión, que son muy positivas para que se siga avanzando. Creo que es
un motivo de congratulación de esta Cámara, y de usted también, que se
hayan adoptado esas medidas. Nos dice que se puede ir todavía más allá.

Yo he dicho que vamos a establecer canales de diálogo para ver si se
puede dar otro avance, señor Segura, pero también le digo que seguiremos
avanzando, porque entendemos muy importante dar un marco que permita el
crecimiento de esa zona y la creación de empleo en Canarias.

El señor Martínez Noval dice que si nos interesa mucho o poco el asunto
de los contratos de imagen. Señoría, nos interesa tanto que lo hemos
modificado en la ley de acompañamiento. Y pregunta, ¿por qué razón? Yo le
voy a dar una básica, señor Martínez Noval, y es que, hasta ahora, la
Tesorería pública no había ingresado ni un duro por ese concepto y por
los rendimientos de esos que usted llama artistas, jugadores, etcétera;
ni un duro. Dice que se había devengado, que había unas actas, pero lo
que es dinero en caja, ni un duro. Nosotros hemos dado un marco para
fiscalizar esos rendimientos, hemos dado un marco para recaudar, hemos
dado un marco para que la Hacienda pública no sufra más quebrantos,
porque con la legislación actual eso estaba así.

Dice que ustedes proponen eliminar tres tasas, una de ellas, la tasa de
aeropuertos. Señor Martínez Noval, la tasa de aeropuertos está en todos
los países: Alemania, Austria, Francia, Holanda, Suecia, Suiza, Ucrania,
con cantidades de 678, 762, 722, 446 pesetas. Nosotros hemos puesto 150
pesetas. Coincidirá conmigo, señor Martínez Noval, que las personas que
usan los aviones no son precisamente las que tienen menos capacidad
económica; no es verdad. Y es lógico poner una tasa para un servicio que
se está prestando en los aeropuertos, donde usted y yo vemos, cada vez
que viajamos a nuestras circunscripciones, cómo hay unos policías en unas
cabinas vigilando el paso de las maletas y de las personas; es lógico que
esas personas, a las que se les presta un servicio para su seguridad, de
alguna manera sufraguen el gasto que a la Administración le ocasiona ese
servicio. Nos parece absolutamente razonable y socialmente justísimo.

Además, 150 pesetas para las personas que viajan en transporte aéreo no
nos parece una cantidad como para lanzar aquí las campanas al vuelo; nos
parece una cantidad extraordinariamente razonable.

Proponen la supresión de la tasa por vacunación de los viajeros. Me voy a
referir también a esto. ¿A usted no le parece razonable, señor portavoz
del Grupo Socialista, que un señor que se va a un viaje turístico pague
la vacuna que se le pone para evitarle enfermedades? ¿Le parece que a ese
señor que hace un viaje turístico le pague la vacuna el resto de los
ciudadanos españoles? Señor Martínez Noval, nos parece razonable que en
algunos servicios que presta la Administración se reciba una
contraprestación para evitar que los paguen los ciudadanos con menos
capacidad económica.

El señor Saura, ha basado su intervención en el documento del Consejo
Económico y Social. Yo lo he estudiado, señor Saura, lo tengo en mi poder
y lo he estudiado.

Hay un voto particular que dice que el dictamen expresa una necesaria
reducción del déficit público como principio y en relación con todos los
casos planteados en el anteproyecto, pero se opone a la elevación de
ingresos, sin decir cómo se hace esa racionalización del gasto.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
medio minuto, por favor, que ya estamos fuera de tiempo.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
ir concluyendo.

Cuando se acepta la necesidad, dice, de reducir el déficit, hay que
aceptar sus consecuencias de una manera más explícita, sin que éstas
puedan quedar reducidas



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en el camino fácil --me parece que es el que ha usado usted, señor
Saura-- de la oposición al ingreso. Me parece, señor Saura, que lo que
hay que hacer --y tenemos voluntad de realizarlo-- es una consolidación
fiscal mayor, y nosotros lo que hacemos es ayudar a que se produzca la
consolidación fiscal en todo el título I, de normas tributarias.

Señor Saura, no nos acuse usted de mirar para atrás, porque si alguien
mira para atrás de vez en cuando es su grupo parlamentario. Nuestros
planteamientos son de modernizar España, de crecer, de crear empleo, de
que España esté entre los países más modernos de Europa, entre los países
en los que se crece, entre los países en los que se crea empleo, y desde
luego nuestro objetivo no es mirar atrás, sino que tenemos una mirada en
el futuro, una mirada en el siglo XXI, de la que su grupo algunas veces
adolece.

Muchas gracias. (El señor Saura pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Saura, ¿a qué
efectos?



El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, porque el señor
Martínez-Pujalte ha indicado que yo he dicho que su grupo miraba hacia
atrás, y yo no he dicho esto, sino que ha andado hacia atrás con la
complejidad de tasas que ha puesto; no que miraba, sino que ha andado
hacia atrás.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias por la
aclaración.

Debatido el título I, vamos a abrir el debate sobre el título II de este
proyecto de ley. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la defensa de
las enmiendas presentadas al título II, artículos 52 a 80, por parte del
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, tras el debate que hemos tenido de este
título II en la Comisión de Economía y la constatación de que todos
nuestros argumentos han sido lanzados como si enfrente tuviésemos un muro
de hormigón, comprenderán que pocas esperanzas tenemos de que nuestras
razones se abran camino en este debate en el Pleno, máxime cuando, a
diferencia de lo que expresaba el señor Homs en su última intervención,
también carecemos de esa llamada milagrosa que suele resolver los
problemas de las entendederas de los grupos del partido mayoritario.

Venimos aquí desprovistos, por tanto, de esperanzas y de llamadas, y
simplemente nos agarraremos como un clavo ardiendo a que al menos lo más
significativo de nuestras emniendas, como no pretenden otra cosa que
llenar de contenido los bellos propósitos de la exposición de motivos de
la ley, pueda ser tenido en cuenta.

Recordarán SS. SS. que en la exposición de motivos se habla ampulosamente
de que esta ley pretende, nada más y nada menos, introducir la
racionalidad, como si la racionalidad fuese un elemento que ha estado
ajeno a la vida pública española hasta que llegó el Gobierno del Partido
Popular, y también con no menos ampulosidad pretende, según se dice en
esa literatura, introducir mayores mecanismos de control en el manejo de
los recursos públicos. Si estas fueran realmente, y no las posiciones
antitéticas a éstas, las que estuvieran en la base del ánimo de los
legisladores, sin ninguna duda algunas de nuestras enmiendas deberían ser
objeto de un examen más detenido del que han hecho en Comisión y de un
procedimiento más positivo en su aceptación.

Algunas de nuestras enmiendas, señores del Partido Popular, lo conocen
ustedes e incluso lo han dicho en el trámite de Comisión, forman parte de
un grupo que pretende exclusivamente mejorar técnicamente la ley. Por
ejemplo, nuestra enmienda 153 al artículo 61 trata simplemente de sujetar
la literalidad de la ley a lo que son las competencias estrictas del
consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, no
imponer a este organismo funciones extravagantes que no son propias de un
consejo que no tiene nada que decir en cuanto a la dirección ejecutiva
del Sistema Nacional de Salud. Este es un elemento realmente estrambótico
que se pretende introducir en la legislación sanitaria. Y qué decir de la
enmienda 155 al artículo 71. Se trata exclusivamente de enmiendas
técnicas que mejoran notablemente la redacción confusa que se establece.

A iguales pronunciamientos de carácter técnico, incluso en una vía que
puede dar el paso de allegar recursos adicionales a nuestro, sistema de
la Seguridad Social, responde nuestra enmienda 151 al artículo 59. No
alcanzamos a entender las razones por las que se vota en contra de una
enmienda que lo que pretende es que el procedimiento de deducción y de
compensación de deudas con la Seguridad Socia se extienda a todo lo que
es la deuda tributaria y no sólo a algunos elementos de la misma. En
resumidas cuentas, señorías, al menos estas tres enmiendas deberían ser
objeto de una reconsideración más detallada, menos partidista, menos
mecanicista en su rechazo.

Vamos a hacer, como hicimos en Comisión, un especial hincapié en dos
enmiendas que sí son de fondo porque bien afectan a situaciones de
derechos subjetivos de las personas, bien afectan y van a afectar
notablemente en negativo al funcionamiento de instituciones claves de
nuestra Seguridad Social. No cabe la menor duda de que aquí sí hay una
cierta posición de principios que choca, porque pese a que, como refería



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anteriormente, en el proyecto de ley se hable de la plausible
introducción de medidas de control de gasto, sin embargo, a lo largo del
articulado de este título II vemos que se legisla justamente en dirección
contraria. No estamos encontrando ninguna coherencia entre los grandes
pronunciamientos y las grandes afirmaciones retóricas que establece el
grupo del Gobierno y luego la plasmación en el debate legislativo. Más
bien parece que el incremento de la racionalidad, los señores del Partido
Popular lo cifran exclusivamente en la consideración de que cualquier
huida del derecho público al derecho privado significa una racionalidad
per se. Hay una especie de dogmatismo que no permite siquiera el debate
de la prueba en contrario, sino que, por principio, todo lo que sea huir
de las cautelas del Derecho administrativo, que son cautelas y razones
que han ido consolidándose en la historia de nuestra legislación, a veces
durante décadas, incluso a veces durante siglos, con el propósito expreso
de sujetar a las administraciones públicas a principios tan relevantes
como el de la publicidad de los actos de la Administración, son
sistemáticamente conculcados, puesto que se pretende esa fuga, como digo,
hacia el derecho privado, que es un camino que deja las manos mucho más
abiertas, las discrecionalidades mucho más amplias, las capacidades de
control disminuidas.

Algunas de nuestras enmiendas también están colisionando con la creencia
utópica del Partido Popular de que toda Administración pública es
sospechosa o culpable. Para nosotros, en absoluto. Creemos que esta tarea
inmisericorde de ir achatarrando las administraciones públicas españolas,
también por prejuicios, sólo va a acarrear daños, y normalmente a
aquellas categorías de la población que más necesidad tienen de una
administración pública potente, eficaz y eficiente. Y, desde luego, qué
decir de todos los preceptos que como una especie de contrabando
ideológico y técnico se van incorporando en este título II y que tienen
como única argumentación posible la creencia, también dogmática, de que
todos los beneficiarios de los programas públicos del bienestar social
--sean parados, sean enfermos-- son a priori defraudadores en potencia a
los que hay que seguir incorporando restricciones mayores al ejercicio
del uso de derechos que están consagrados en nuestras leyes.

Este conjunto de propuestas de este título II hacen del mismo que, como
decía algún otro interviniente esta mañana, tras la aprobación de esta
ley, tengamos una mayor inseguridad jurídica, una confusión y una
opacidad sobre cuáles serán los impactos en la gestión de los recursos
públicos y, desde luego, la ausencia de memorias económicas, la ausencia
de un análisis detallado que hubiera permitido un procedimiento de
discusión de estos títulos y artículos, no en esta ley ómnibus, donde
como si fuera el puerto de Arrebatacapas pasan como la división acorazada
Brunete sobre el conjunto del sistema jurídico español modificando más de
53 leyes. Y creo que a veces incluso es difícil que los ponentes del
Partido Popular hayan tenido capacidad de dedicar cinco minutos a
preceptos, como el que a continuación someteré a su consideración, que
tocan elementos nucleares, elementos que se han ido construyendo no en la
etapa del Gobierno socialista, sino con una larga historia en la
Administración pública española, lo que verdaderamente origina un juicio
de frivolidad sobre este título II de la ley digno de mejor fortuna.

Quisiera solamente referirme --porque creo que deberían ustedes
reflexionar-- a sendas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, una
al artículo 55.2, nuestra enmienda número 150, y otra al artículo 76. Nos
hemos referido en diversos trámites al artículo 55.2, a este propósito
del Gobierno de la nación verdaderamente increíble de exonerar al
conjunto de contratación del Sistema Nacional de Salud en todo tipo de
conciertos de las características de concurrencia y publicidad que hoy
están en nuestras leyes. Ustedes pretenden utilizar para toda la
concertación sanitaria, que son algunos cientos de miles de millones de
pesetas, un procedimiento negociado que es excepcional, que aparece con
carácter tasado y restrictivo en la Directiva 95/50 de la Unión Europea,
exclusivamente cuando se trata de que desde las administraciones se
contrate a aquellos elementos que no pueden ser hechos públicos y no
pueden ser concurrenciados por los ofertantes en temas relativos a la
seguridad nacional, en temas relativos a elementos sensibles que impiden
precisamente por su propia naturaleza que sean públicos, que sean
conocidos y que sean concurrenciados. Y lo traen ustedes nada más y nada
menos que al conjunto de la concertación sanitaria, uno de los campos
donde sí se produce una diversidad de oferentes en los distintos
servicios que tiene que contratar la Administración, rompiendo y
contradiciendo todas y cada una de sus afirmaciones, no solamente las del
preámbulo de la ley y las que hablan del rigor y las que hablan del mejor
uso de los recursos públicos, sino la tantas veces proclamada voluntad
del Partido Popular de incorporar criterios de concurrencia en lo que hoy
es el Sistema Nacional de Salud. Miren ustedes por donde, en lo único que
hay concurrencia en el Sistema Nacional de Salud, en lo único donde se
cruzan la oferta y la demanda, que es precisamente en los conciertos que
el Sistema Nacional de Salud solicita al sector privado donde existen
centenares de suministradores, donde existen concursos públicos, ahí
justamente rompen ustedes cualquier principio de concurrencia y de
competencia. No acabamos de comprenderlo, porque no puede haber ninguna
razón solvente para que ustedes lleven a un procedimiento excepcional, a
un procedimiento tasado, a un procedimiento pudiéramos decir casi secreto
y digital, el conjunto de la contratación del Sistema Nacional de Salud.

Yo no soy muy amigo de hacer juicios de intenciones, pero créanme,
señores del Partido Popular, que si



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fuese el Gobierno socialista quien trajera este procedimiento a la Cámara
estarían ustedes ya haciendo todo tipo de cábalas sobre cuáles serían los
intereses espúreos que pueden mover a que se suscite una reforma de este
calibre en la contratación nada más y nada menos que del conjunto de los
convenios que realiza el Sistema Nacional de Salud con la iniciativa
privada y que, como digo, son algunos cientos de miles de millones de
pesetas y en temas como el transporte de enfermos, la hemodiálisis...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor CERCAS ALONSO: En un par de minutos, señor Presidente.

En definitiva, señores del Partido Popular --se lo hemos pedido
reiteradamente--, cuéntennos cuáles son las razones, porque no acabamos
de comprender cómo pueden ustedes agredir de esta forma a una institución
como son los convenios que están rodeados en este momento de una serie de
garantías que con ustedes desaparecen.

En estos dos minutos de benevolencia que le pido, señor Presidente,
porque es un tema importante y porque creo que ustedes, con un mínimo
esfuerzo, deberían comprender las razones del Grupo Parlamentario
Socialista, les diré que hemos presentado una enmienda al artículo 76
porque, quizá de una manera inadvertida, ustedes van a deteriorar lo que
hoy es el conjunto de prestaciones que cubre a las víctimas de los actos
terroristas en España. Ustedes han hecho una nueva redacción en la que
excluyen de la protección a las víctimas que han sido sujetos pasivos, no
directamente por el acto terrorista en sí mismo considerado, sino por las
circunstancias concomitantes que pueden producirse en el esclarecimiento
o en la represión de un acto terrorista. Eso estaba en la legislación
anterior. No acabo de entender por qué se ha tachado del precepto
correspondiente el hecho de que también quienes sufran daños personales o
patrimoniales con ocasión del esclarecimiento o la represión de los actos
terroristas quedan fuera del marco protector del Estado. Es posible que
las personas que pudieran ser excluidas por esta restricción en la
legislación protectora pudieran acudir al artículo 139.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común para que, si no era por fuerza mayor, pudieran
quedar perfectamente cubiertas. Pero todo eso les originaría pleitos,
demoras, inconvenientes, y yo creo que no hay ningún inconveniente
--valga la redundancia-- para que ustedes pudieran hacer una reflexión
adicional a la que han hecho en Comisión y aceptaran esta enmienda número
156 que no tiene ningún interés partidista, que no tiene ninguna
pendencia ideológica ni política, sino que trata simplemente de no poner
inconvenientes a que ciudadanos y ciudadanas españoles que sufren las
consecuencias de la garra del terrorismo puedan tener procedimientos
ágiles, seguros y con rapidez para que los daños que hayan sufrido puedan
ser evaluados e indemnizados.

Nada más. Muchas gracias, señores Diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.

Voy a defender las 19 enmiendas que el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado a este título II de la ley
de acompañamiento. Tres de ellas pretenden la eliminación de tres
artículos, el 55, 56 y 58, todos ellos referidos a la sanidad pública.

Señores del Grupo Popular, ustedes creen que los conciertos de la
prestación sanitaria con entidades privadas y los contratos de
suministros y de servicios no deberían requerir la autorización del
Ministerio y, por tanto, se podrían realizar mediante procedimientos
negociados de adjudicaciones sin necesidad de un concurso público.

También plantean que el control financiero en hospitales y demás centros
sanitarios no se realice ex ante sino que haya un control a posteriori,
simplemente. Por último, plantean que no se aplique la Ley de contratos y
el control de la intervención a las deducciones en la facturación de las
recetas, el gasto farmacéutico, o, por lo menos, que este control de la
intervención sea un puro requisito formal pero que previamente haya
habido toda una actuación de tipo subjetivo para su realización.

Nosotros creemos que con estos artículos de la ley de acompañamiento lo
que pretende el Gobierno es contraponer la eficacia de unos ejecutivos
agresivos que van a gestionar bien la salud, desde el punto de vista
subjetivo, y que, por tanto, lo que son los requisitos de tipo formal, el
control previo, etcétera, son puros obstáculos. Pretenden contraponer la
eficacia a la objetividad, a la publicidad, a la transparencia, y al
control y por esta vía no se resuelven los problemas, sino todo lo
contrario. Esto puede crearles a ustedes, en primer lugar, pero a todos
en general, muchos quebraderos de cabeza. ¿No estamos ya escarmentados de
los escándalos que ha habido por la utilización de los fondos públicos en
el pasado? Esto no son fondos reservados, ni lo van a ser nunca, pero en
el ámbito de la subjetividad puede haber muchos problemas que luego habrá
que justificar. Lo que ha habido hasta ahora en el control previo de los
procedimientos tasados objetivos es un elemento de enorme eficacia para
que la honradez que debe tener la Administración pública no



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sólo exista sino que aparezca. La honradez en las administraciones
públicas, en concreto en la sanidad, es como la de la mujer del Cesar: no
sólo tiene que ser sino también parecer. Nosotros creemos que estos tres
artículos tienen que ser eliminados de la ley de acompañamiento.

Pretendemos añadir la expresión «del principal», en el artículo 59, a
aquellos conceptos retenibles por parte de la administración de la
Seguridad Social en el caso de impago por parte de otras
administraciones, porque entendemos que es excesivo que no sólo se pueda
retener el principal de la deuda sino que se retengan también los
recargos, la demora y las costas. Sabemos que se podría hacer así, pero
nos parece excesivo. Es penalizar unilateralmente este tipo de conceptos
y por eso queremos que se retraiga. No es por ignorancia de nuestro grupo
de que estos conceptos en principio serían también retenibles.

Por otro lado, queremos que se elimine el artículo 61 relativo a la
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con el Servicio Nacional de Salud en los posibles fraudes
de enfermos desempleados, subsidiados y pensionistas. En el artículo 61 y
en los artículos del 67 al 71, se persiguen actuaciones posiblemente
fraudulentas o se precisan los elementos para cumplir todos los
requisitos que puedan dar lugar a la percepción de la prestación por
desempleo, como aquella persecución y sanción de las conductas de los
trabajadores acogidos a las prestaciones por desempleo, o como la
posibilidad que establece el artículo 67 de dar de baja en las
prestaciones por desempleo por no comunicar o no solicitar la baja en el
momento en el que se producen los hechos de pérdida de los requisitos,
por ejemplo. Todos estos artículos, todas estas medidas no creemos que
vengan simplemente a perseguir el fraude, sino más bien, desde el punto
de vista absolutamente economicista que plantea el Gobierno, pretenden
ahorrarse el dinero de este tipo de prestaciones, por la vía de
criminalizar las conductas de los trabajadores.

Pero, al mismo tiempo, no vemos cómo el Gobierno articula medidas para
perseguir realmente el fraude fiscal, por un lado y, por otro lado, el
fraude de los empresarios, que significa la economía sumergida, que de
una forma un tanto eufemística llaman irregular o informal o incluso
alternativa. Nosotros creemos que si alguna ejemplarización se tiene que
producir en este ámbito de la persecución del fraude es precisamente de
aquellas conductas que generan la causa del fraude. Ustedes persiguen con
estas medidas las consecuencias y no las causas. Por eso nosotros
queremos eliminar este tipo de artículos que efectivamente van a
contribuir a introducir más desequilibrios, más desigualdades.

En concreto, incluso para el caso de que efectivamente prospere el hecho
de que se tenga que dar la baja en las prestaciones por desempleo por no
comunicar o no solicitar la baja en el momento, por favor, no introduzcan
la discrecionalidad de que tenga que ser en el momento de producirse el
hecho causal, porque ciertamente esto puede generar muchísimas
situaciones y supuestos de injusticia flagrante, es decir, pueden pagar
justos por pecadores. No nos vale la justificación que se planteaba por
parte del portavoz del Grupo Popular en la Comisión de que esto se
refiere a los supuestos de los trabajadores y desempleados que se van al
extranjero o que se incorporan a la mili, etcétera. ¿Y los que no se van?
¿Y los que van a pagar también por pura negligencia, por puro despiste o
incluso por puro error administrativo en la comunicación, etcétera?
Nosotros pedimos que haya un plazo --hay otro grupo que plantea un plazo
de diez días-- de tres días, que es perentorio, pero que al menos da la
posibilidad de que efectivamente se evite la discrecionalidad
administrativa, tan lesiva siempre para los mismos.

Queda retirada la enmienda 269, en la medida en que efectivamente no ha
prosperado el que se concedan a los sujetos del contrato de aprendizaje
los derechos sociales; lógicamente no queremos que se les excluya también
de la recuperación automática de la pensión de invalidez en el caso que
prevé el artículo 73 y, por tanto, en pura coherencia con el resultado
del debate del proyecto de ley de presupuestos, retiramos la enmienda
269.

Planteamos, por otro lado, que se equiparen los derechos sociales a los
extranjeros que trabajan y viven en el Estado español. Planteamos otras
dos enmiendas para que los contratos formativos recuperen también los
derechos sociales y se equiparen por lo menos al salario mínimo
interprofesional.

Planteamos modificar el número 11 del artículo 77 para la ampliación de
las prestaciones reguladas a lo largo del mismo artículo, que se extiende
a hechos que pudieran dar lugar a procedimientos judiciales sobre los que
no hubiera recaído sentencia firme en la fecha de entrada en vigor de la
ley, y no el término 1 de enero de 1997. Como es obvio habrá una serie de
supuestos en los que sería beneficioso que efectivamente este término
temporal de la ley se modificase en el sentido que nosotros planteamos.

Por último, creemos que la descripción del concepto de pensiones públicas
que establece el artículo 80 no hace al caso en la ley de acompañamiento.

Debe existir una ocasión mucho mejor para precisar qué se entiende por
pensiones públicas en la medida en que va a existir un proyecto de ley,
todavía hoy nonato, sobre racionalización del sistema público de
Seguridad Social; allí tendría mejor cabida y entendemos que adelantarse
en esta ley de acompañamiento ciertamente no es acertado y por eso
pretendemos su supresión.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.




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Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario a este título
II voy a resumirlas en las dos más importantes que me gustaría que SS.

SS. las tuviesen en cuenta, independientemente de que quedan tres
enmiendas concretamente a este título II. Quiero hacer hincapié en dos de
ellas, sobre todo en la que hace referencia a un tema que nuestro grupo
parlamentario ha presentado en diversos proyectos de ley de los que se
están debatiendo estos días, tanto en la ley de presupuestos, como en la
ley de acompañamiento, y que hacen referencia al tratamiento de los
minusválidos o discapacitados.

Tengo que reconocer que varias de la enmiendas que hemos presentado han
sido recogidas satisfactoriamente y han sido aprobadas, sin embargo
quedan algunas, concretamente una, que me gustaría que se reconsiderara
otra vez. Se refiere a este colectivo que, como todas SS. SS. saben,
tiene tantos los problemas de adaptación a la sociedad, a las empresas,
al trabajo. Creemos que es necesario potenciar o favorecer aquellos
instrumentos que hicieran posible la contratación de estos colectivos, y
en base a eso ha sido aprobada una deducción en el Impuesto sobre
Sociedades de 800.000 pesetas para las empresas que contraten a
minusválidos o discapacitados. Sin embargo creemos que hay un aspecto, el
aspecto laboral que ahora nos ocupa, que queda desfasado, porque desde
hace 13 años no se han actualizado ni la subvención ni el porcentaje de
bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. Yo entiendo que es un
momento difícil, entiendo que estamos en un presupuesto austero,
ajustado, que indudablemente esto tiene una repercusión en las cuotas
sociales y en la recaudación de la Seguridad Social, sin embargo creo que
merece la pena hacer un esfuerzo por incorporar a estos colectivos al
mercado laboral, intentando, por lo menos, que sea en igualdad de
condiciones con el resto del personal. Por eso, proponemos una reducción
en las cuotas de la Seguridad Social para las empresas que contraten a
personal con discapacidades. Esas reducciones están establecidas en un 80
por ciento para contratos de trabajadores menores de 45 años, y del cien
por cien si además de ser un trabajador minusválido, tiene más de 45
años. Creemos que el campo de posibilidades de este personal para
integrarse dentro del mundo laboral es muy difícil, y creemos que de esta
forma podríamos incentivar este aspecto.

Otra enmienda a la que quiero hacer referencia, también al título II, es
una vieja reivindicación de mi grupo parlamentario que hace año tras año
en cada una de las posibilidades que tiene, concretamente en la ley de
presupuestos, y es un problema que también tiene relación con las cuotas
de la Seguridad Social. Sabemos que es un problema que tiene un
componente recaudatorio y que en estos momentos es difícil su
planteamiento, pero queremos llamar la atención e intentar buscarle una
solución. El problema es que en su día, cuando se integró todo el
personal adscrito a la Munpal, es decir, el personal que estaba en los
ayuntamientos y comunidades autónomas, al régimen general de la Seguridad
Social, se estableció, mediante una serie de cálculos, un recargo
permanente del 8,20 por ciento para todos los ayuntamientos y comunidades
autónomas. Creemos que respecto a este porcentaje, que en principio no
sólo estaba destinado a compensar esa diferencia por la integración en el
régimen genera sino que también compensaba toda una serie de deudas que
tenían los ayuntamientos en aquel momento con la Seguridad Social, los
cálculos actuariales que se hicieron en aquel momento no son correctos o
por lo menos distan mucho de otros cálculos que también se hicieron en
otros colectivos que se integraron en la Seguridad Social, y
concretamente el de Telefónica. Me gustaría conocer cuáles fueron
aquellos cálculos, porque nada tienen que ver con el que se hizo con la
integración de la Munpal, y, además, esta situación viene a agravar mucho
más el problema financiero que tienen los entes locales. ¿Que,
indudablemente, habría que buscar una solución global de la financiación
de los entes locales? Estoy de acuerdo, habría que buscarla, pero,
mientras tanto, creo que hay que intentar paliar o corregir de alguna
manera las decisiones que se tomaron en su día y que entendemos no son
correctas.

Por eso lo que hacemos es una propuesta de suprimir el 8,20 por ciento de
cotización a la seguridad social, pero como entendemos que éste es un
problema que tiene una incidencia recaudatoria importante, hacemos una
serie de propuestas al objeto de hacerlo de forma escalonada en diversos
ejercicios. Este es el fundamento de nuestra enmienda por la que pedimos
la desaparición de ese 8,20 por ciento hasta el año 2001 con una
reducción anual. Si no se resuelve ahora, habrá que buscar la solución en
otro momento, pero no podemos olvidarnos de que esto sigue incidiendo
peligrosamente en muchos entes locales, en ayuntamientos que tienen un
grave problema de financiación.

Espero que SS. SS. tengan la consideración de estimar este tema como
importante porque es una cuestión general, afecta a todo el Estado y
repercute fundamentalmente en aquellos ayuntamientos que en su día,
cuando se integraron en la Munpal, estaban al corriente en el pago de las
cotizaciones y de las deudas, y hay otros que, no estando al corriente,
en cierto modo son, desde mi punto de vista, los culpables de que se
tomara esta decisión.

Por tanto, señorías, les agradecería que tuvieran en cuenta las
propuestas que hace mi grupo parlamentario en relación con esta enmienda
que hemos presentado.

Nada más. Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto y en su nombre tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.

Hago uso de la palabra para defender las enmiendas que presentamos a este
título II y que hacen referencia a los cambios que se proponen en el
proyecto de ley sobre prestaciones por desempleo. Así, presentamos
enmiendas al artículo 67 del proyecto, las números 84 y 85, y lo hacemos
también en consonancia con lo propuesto en el informe del Consejo
Económico y Social porque nos parece una propuesta acertada. Estando de
acuerdo con que el trabajador o trabajadora deba solicitar la baja en las
prestaciones por desempleo cuando deje de tener derecho a las mismas para
evitar que se puedan percibir prestaciones a las que no se tiene derecho,
sí parece prudente que se dé un plazo cuando menos de 15 días para
cumplir con esa obligación en lugar de la fórmula que se nos propone en
el proyecto: «...en el momento...».

Mediante las enmiendas 86 y 87 pretendemos que se garantice la necesaria
seguridad jurídica en la relación del trabajador o trabajadora con las
agencias de colocación sin fines lucrativos, por lo que, en consonancia,
también con el informe del CES, proponemos que se introduzca una mención
al obligado control por parte del INEM de las comunicaciones de conductas
infractoras que hagan este tipo de entidades.

También proponemos la supresión de los artículos 70 y 71 del proyecto de
ley por no suponer un avance desde nuestro punto de vista respecto a la
legislación vigente y por ser de difícil aplicación si no se clarifica el
modo de hacerlo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto y para la defensa de la enmienda
presentada en su nombre, tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para defender la enmienda 57 al artículo 80 que se refiere al
concepto de pensiones públicas. Las razones que llevan a presentar esta
enmienda son de diversa índole. En primer lugar, por una razón formal,
porque entendemos que la técnica utilizada en este artículo es defectuosa
en cuanto a que el método de enumeración de instrucciones conduce a
lagunas, a inclusión de instrucciones dudosas y a la caracterización
jurídica confusa de las lagunas de las ya incluidas.

La razón de fondo y más importante hace referencia a la necesaria
igualdad que obliga a considerar incluida en esta categoría de pensiones
públicas también a aquéllas cuya financiación descanse en recursos del
Estado obtenidos vía desgravaciones, exenciones y, en general, gasto
fiscal.

Entendemos que, de otra manera, se produciría una situación de privilegio
y competencia desleal en favor de otras opciones. También tiene una razón
esta enmienda --que proviene de una recomendación del Consejo Económico y
Social-- por cuanto que el CES entiende que no debería existir diferencia
de trato entre los trabajadores del sector público y privado en todos
aquellos aspectos en los que la Administración o una empresa pública
intervenga como empresario, lo que alcanza a las materias asistenciales y
de previsión social.

Otra razón es de índole constitucional. Desde la óptica del principio de
igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución, no existen
elementos razonables ni objetivos que permitan dotar al régimen
financiero de aportaciones y prestaciones a las mutualidades de previsión
social de un tratamiento distinto del que disponen los planes y fondos de
pensiones, porque unos y otros están caracterizados por el denominador
común de constituir previsión social complementaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.

¿Turno en contra de las enmienda? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para agradecer las enmiendas presentadas por todos los grupos
parlamentarios al título II. De lo social, de la ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Ya tuvimos en Comisión la oportunidad
de detallar una a una las enmiendas y las justificaciones que nuestro
grupo daba en algunos casos para aceptar algunas de ellas. Quiero
recordar al señor Cercas que de las siete que ustedes presentaban se
aceptaron en aquel trámite parlamentario dos. Por tanto, no creo que
seamos tan frontón como usted dice. También aceptamos algunas de otros
grupos, de Convergència i Unió, del PNV, e incluimos alguna de nuestro
propio grupo que mejoraba el texto. Eso supone que en estos momentos
tengamos un total de 33 enmiendas vivas. Cinco pertenecen al Grupo
Socialista, 17 a Izquierda Unida, después de la que ha retirado, tres al
PNV y siete al Grupo Mixto.

En cuanto a las cinco enmiendas del Grupo Socialista, no he encontrado
nuevas argumentaciones de las que se dieron en su momento en Comisión.

Una de ellas hace referencia al articulo 55, apartado dos, que



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es de supresión --en la que ha insistido también el señor Cercas--,
referida a la posibilidad de que estuviéramos abriendo una vía que
pudiera dar lugar a arbitrariedades y, en definitiva, a procesos de
corrupción. Ha pretendido decir que eso contradice el sentimiento general
de este título II, de lo social, que va precisamente, en uno de sus
aspectos fundamentales, a establecer medidas que luchan contra el fraude
en el régimen de la Seguridad Social. Yo le digo que no, lo mismo que le
indiqué en su día. Creo que este artículo lo único que va a permitir es
mayor fluidez, mayor rapidez en la toma de decisiones, pero en ningún
caso este mecanismo que se establece se aparta de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ni tiene nada que ver con la referencia
que usted ha hecho a la normativa comunitaria y a la europea.

Lo único que se hace es eliminar un trámite de autorización previa, pero
todas las actuaciones de los entes gestores del Insalud van a estar
controladas. Además, establecemos un nuevo sistema de control que no sólo
se remite a la intervención que se realizaba periódicamente, sino que se
efectúa en ese instante mediante un sistema de control permanente
establecido también en el artículo 57: la implementación de un sistema
integrado de contabilidad y de un sistema de vigilancia en la Seguridad
Social. No es un sistema, señor Vaquero, que sea de yuppies. No tiene
nada que ver. Es un sistema, sencilla y sanamente, de mejora de la
gestión. Digo sanamente porque afecta al Insalud y a la sanidad.

También el Grupo Socialista hacía referencia a la ampliación que hemos
hecho del sistema de compensación de deudas referente a algunas
administraciones públicas. Usted pretende ampliar ese sistema de
compensación. Nos gustaría poder hacerlo, pero fíjese que eso implicaría
introducir en este momento modificaciones en el Código Civil y en el
Código Mercantil. En estos momentos hemos pretendido empezar por la base,
no por el tejado. Tenemos detectada una serie importante de morosidad
hacia la Administración pública de administraciones a las que damos
subvenciones y transferencias. Cuando esas administraciones reivindican
determinados ingresos --por ejemplo, la famosa deuda histórica--, tenemos
que ver si esas administraciones tienen deuda con la Seguridad Social o
con otra parte de la Administración central del Estado para poder
establecer sistemas de negociación y de compensación. Esto es lo que se
pretende con este artículo 59. A nuestro juicio, ampliarlo más allá
generaría problemas.

En la enmienda al artículo 71, reforma del artículo 215 del texto
refundido de la Ley de la Seguridad Social, ustedes pretenden hacer una
referencia expresa a un tipo de renta. Nosotros creemos que no porque es
una acumulación de rentas y, a nuestro juicio, se abriría un vacío
jurídico si aceptáramos su enmienda.

Sobre la enmienda al artículo 76, para la ampliación a los hechos de la
investigación, no de las víctimas directas del terrorismo, sólo le quiero
decir lo siguiente. Creo que está perfectamente recogido, no sólo ahora
sino incluso antes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común lo estaba en la ley de presupuestos de 1990 y
fundamentalmente en el artículo 106.2 de la Constitución. Por tanto,
estos artículos, del 76 al 79, que pretenden ampliar la protección a las
víctimas del terrorismo, no afectan a aquellas personas que participan en
el esclarecimiento porque ya estaban afectadas, porque su responsabilidad
y sus derechos estaban ya perfectamente recogidos en el ordenamiento que
en algunos casos redactaron ustedes y nosotros apoyamos.

Estas son, en líneas generales, algunas de las argumentaciones. Como
decía antes, en este título II hemos pretendido progresar en tres
aspectos: mejorar la gestión y la coordinación dentro de la Seguridad
Social, adoptar medidas de lucha contra el fraude y la morosidad e
implementar nuevas medidas protectoras ampliando algunas de las ya
existentes. Para eso, hemos presentado estos 32 artículos.

En el primer bloque en los artículos 52, 53, 55, 57, 62, 65 y 66, se
mejoran y clarifican algunas redacciones legales, se modifican
determinados artículos del texto refundido de la Ley de la Seguridad
Social; se adscribe el Instituto Social de la Marina a la Tesorería
General de la Seguridad Social; se amortiza el inmovilizado de la
Seguridad Social a criterios del Plan general de contabilidad; en el 55
se da la capacidad de negociar sus prestaciones a los centros de gestión
del Insalud, conforme a acuerdos previos y conforme a contratos que
tienen que tener transparencia y concurrencia; se implementan sistemas
integrados de contabilidad; se unifican procedimientos de reservas de
recurso en materia de prestaciones y sanciones por desempleo con el resto
de los procedimientos de la Seguridad Social; se regulan los conceptos
que deben ser excluidos de la base de negociación; se mejora y clarifica
la redacción legal de la regulación del recargo de demora, que estaba
dando lugar a importantes conflictos jurídicos.

En cuanto a la lucha contra el fraude, se establece la comprobación
administrativa de las auditorías presentadas al INEM por las agencias de
colocación --señor Vaquero, no tenga problema, las agencias de colocación
van a estar controladas, lo mismo que las mutuas de trabajo en sus
actividades--; se establece un control financiero permanente en
hospitales y centros sanitarios del Insalud, señor Cercas; se establece
un sistema de compensación de deudas entre las administraciones, a lo que
ya hemos hecho referencia antes, de lucha contra la morosidad, con el
cual se prevé compensar en el próximo año cerca de 67.000 millones de
pesetas; se regula la necesidad de estar al corriente del pago de las
obligaciones con la Seguridad Social de las empresas que reciben
subvenciones públicas, señor



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Vaquero; se amplía la colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con el Sistema
Nacional de Salud en la incapacidad temporal. Este asunto a usted le
preocupa, pero le quiero decir que no sólo no le tiene que preocupar sino
que le tiene que alegrar, porque si tiene usted en cuenta el tiempo que
permanecen las personas que acuden al Sistema Nacional de Salud en baja
temporal producto de estas incapacidades temporales, nos damos cuenta que
está cinco veces por encima de lo que permanecen en tiempo de baja cuando
el control lo establecen las mutuas. Eso se debe muchas veces, como usted
sabe, señor Vaquero, a que no hay un diagnóstico por parte de los
médicos, aunque las listas de espera también influyen y tienen una
determinación especial en este asunto.

Se introduce la obligación de solicitar la baja de las prestaciones desde
el momento en que se pierde el derecho --y esto hace referencia a varias
enmiendas que han presentado distintos grupos--, porque debe ser en ese
momento. No deben tenerse en cuenta olvidos que en algunos casos, señor
Vaquero, pueden ser de tres días, pero que también pueden ser de un mes o
de dos meses; nadie establece el asunto. Yo creo que cuando está reciente
es cuando se sabe que se va a perder el derecho y, por tanto, es en ese
momento cuando hay que solicitar la baja. Además, si no, estaríamos dando
lugar a determinadas situaciones como viajes o salidas al extranjero, que
en algún caso podrían al final producir un mal mayor.

Se incompatibiliza la percepción de subsidio por desempleo con la
percepción de otras rentas. El objetivo de esto es subsidiar realmente a
quien lo necesita, señor Vaquero. No se pretende perseguir a nadie.




El señor VlCEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, le
ruego vaya concluyendo.




El señor HERNANDO FRAILE: No se pretende perseguir a los más necesitados,
sino precisamente lo contrario, que los más necesitados no tengan
problemas en tener sus subsidios y que cada vez éstos puedan ser mayores.

En cuanto a las nuevas medidas protectoras se amplían algunas de las ya
existentes. Vamos a estudiar la enmienda del Grupo Vasco (PNV), referida
al tema de los minusválidos, aunque creo que el 70 y el 90 por ciento
cubre de alguna forma, en el tema de cotizaciones, la bonificación. Yo sé
que ustedes pretenden ampliarlas. Vamos a evaluarlo.

En cuanto al tema de la Munpal, sí tengo que decirle, señor Zabalía, que,
según nuestros estudios, eso produciría en estos momentos un importante
quebranto a la Seguridad Social, que creo que no nos podemos permitir.

Extendemos la protección y derechos concedidos por maternidad biológica a
los casos de adopción en el artículo 72.

También garantizamos el derecho de la invalidez en su modalidad no
contributiva a aquellas personas que acceden a un puesto de trabajo por
cuenta propia o ajena, tratando de evitar problemas de fraude que se
producían ahora, señor Vaquero, porque había algunas personas que por
miedo a perder esta pensión no contributiva no declaraban su situación.

Se extiende la cobertura de la Seguridad Social a extranjeros que
desarrollan actividad en nuestro país. Es cierto que no se extiende a
aquellos con los que no se tiene convenios, pero se extiende a una gran
parte de los trabajadores extranjeros y animamos a que nuestro Gobierno
llegue a esos convenios y acuerdos con otros países.

Contempla la posibilidad de que el gran inválido ingrese en una
institución pública y le da preferencia a cambio de renunciar a ese 50
por ciento del incremento.

Amplía y mejora las prestaciones a las víctimas del terrorismo.

Modifica el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de julio, y sucesivas
leyes presupuestarias eliminando la referencia a las pensiones otorgadas
por la Munpal integradas ya en el Régimen General e incluyendo los
subsidios de garantías de ingresos por mínimos de la Lismi.

En cuanto a la enmienda que nos ha planteado la señora Lasagabaster, yo
le animo a que ese tipo de iniciativas las presente también en la
subcomisión que está tratando el sistema complementario de las pensiones.

Yo creo que es en ese marco donde sus demandas serían más escuchadas.

Conocemos el problema. Lo tenemos detectado. Queremos darle una solución.

Pero nos parece que ese problema que usted plantea en su enmienda tiene
otro marco y ese otro marco de referencia, a nuestro juicio, es la
subcomisión que está estudiando los sistemas complementarios de
pensiones.

Por mi parte nada más, señor Presidente.

Gracias a todas sus señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.

Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.

Ahora voy a intervenir con mucha mayor brevedad y aunque es cierto que
los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, y es evidente que el
esfuerzo que hemos hecho en la reiteración de nuestros argumentos no ha
recibido ni siquiera una contestación coherente dado lo que se ha
respondido desde la tribuna, en este turno de réplica voy a intentar
vencer la resistencias auditivas del



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portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, para no dejar
cerrados todos los caminos a la esperanza, confío, señor Hernando, en
que, de aquí al Senado, ustedes lean con detenimiento nuestras enmiendas
y nuestra justificación. Y, señor Hernando, ustedes no deben tener
argumentos poderosos para oponerse a ellas cuando su respuesta nada tiene
que ver con las preguntas que se le han hecho desde la tribuna. Si usted
tuviese respuesta para esas preguntas, no me cabe la menor duda de que S.

S. la habría expuesto en su turno.

Yo le he preguntado clarísimamente cuáles son las razones para que, en
esta modalidad de procedimiento negociado, ustedes elijan un camino que
evita la publicidad y la concurrencia. Su señoría me dice que está la
intervención. Estaría bueno que cientos de miles de millones no fueran
intervenidos. Pero no estamos hablando de la intervención, estamos
hablando de la concurrencia. ¿Por qué ustedes no quieren que concurran
las empresas a la hora de conseguir un concierto, a la hora de conseguir
la prestación de unos servicios del Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué
no quieren ustedes la publicidad, no la de la intervención sino la de la
opinión pública, la de la oposición y la del resto de las empresas del
sector? Usted utiliza el método Dahrendorf y contesta lo que le da la
gana. Contésteme a esas preguntas o reflexione si no es más coherente el
Grupo Parlamentario Socialista diciendo que no hagan el alarde de que hay
más controles; déjenlo como estaba. Pongan ustedes más controles. Pero,
por lo menos, si lo que hacen es eliminar los controles, no se pongan la
medalla de que ustedes vienen a establecer la transparencia, la
credibilidad, la concurrencia, cuando hacen justamente lo contrario.

Y qué decirle, señor Hernando, y con esto termino, señor Presidente, de
nuestra enmienda al artículo 156. Es una enmienda que afecta a un grupo
muy reducido, pero muy significativo, de ciudadanos españoles. ¿Por qué
eliminan ustedes la referencia a que puedan ser objeto de daños en los
momentos de esclarecimiento y de represión del terrorismo? Si ustedes
están de acuerdo con la redacción que propone el Grupo Socialista y
concreta los supuestos protegibles, ¿por qué no votan favorablemente esta
enmienda? ¿Hay alguna razón para que no la voten o es simplemente la
terquedad de un grupo parlamentario que hace exactamente en todos los
terrenos, en éste también, exactamente lo contrario de lo que pregona, de
la propaganda que hace?
Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cercas.

El señor Vaquero tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.

Afortunadamente no me va a invadir la melancolía, porque el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular siempre empieza lo mismo, agradeciendo las
enmiendas que luego no aprueba; por lo menos, en el caso de mi grupo no
ha aprobado ni una sola, mientras que a otros grupos, al final, les
aceptan algunas enmiendas. No me va a invadir la melancolía, repito. Yo
voy a seguir manteniendo lo mismo.

Yo no he pronunciado la palabra yuppie. Yo creo que el nuevo control,
como ustedes lo llaman, en el tema de la sanidad va a permitir,
ciertamente, que los gestores (no sé si serán yuppies o ejecutivos
agresivos, como yo he enunciado) hablen en primera persona siempre: yo
contrato, yo deduzco, yo concierto, y luego que vengan los controles. Eso
es precisamente lo que el sistema anterior no permitía; había que
atenerse a unas normas muy objetivas que facilitaban que, efectivamente,
hubiera concurrencia, por un lado, pero, por otro, hubiera una
transparencia y una apariencia también, no solamente existencia, de
honradez, de honestidad, por parte de los gestores públicos.

Señor Hernando, sobre la morosidad de las administraciones públicas, no
mencione usted que hay administraciones públicas que reivindican la deuda
histórica para decir que, por lo menos, se debe compensar con que paguen
los recargos, las demoras y las costas, cuando también ustedes se cargan
las enmiendas respecto a la deuda histórica. Por favor, no mencione la
soga en casa del ahorcado.

Respecto al regateo del desempleo a los trabajadores, a mí me parece que
hay un auténtico regateo por su parte, es decir, un pretender aminorar
todo el dinero que puedan en las prestaciones al desempleo, incluso para
aquellos que, despistados, en el momento en que se produce un cambio de
situación, no cumplen los requisitos; a ellos, como se han despistado, se
les quita la prestación por desempleo. Por tanto, no digan que para el
futuro va a haber prestaciones por desempleo para quien lo necesite. Por
lo menos, digan que va a haberla para quien lo necesite, excepto para los
despistados. Eso sería más exacto por su parte.

Señor Hernando, efectivamente los Sipe van a estar controlados, pero el
Inem va a estar vacío de contenidos. Hay una auténtica dejación
administrativa de las competencias del Inem. ¿Qué es lo que le va a
quedar al Inem, si lo único que le queda, que va a ser la concesión y la
gestión de las prestaciones por desempleo, próximamente va a estar
depositado en las comunidades autónomas, posiblemente en el INSS u otra
entidad administrativa de la Seguridad Social? Lo malo de esto es que no
hay un diseño previo, sino una dejación administrativa en entes que no
son administrativos.

Me gustaría acabar diciendo que, efectivamente, el principio de
reciprocidad está obsoleto. Tiene que acabarse esa invocación por parte
de la Administración a este principio de reciprocidad, sobre todo cuando
se trata de derechos sociales de los trabajadores extranjeros. En este
sentido, lamentamos que no se apruebe nuestra enmienda, porque sería una
magnífica



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ocasión la que nosotros brindamos al Gobierno para que, efectivamente, se
avance algo más en estos derechos sociales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.

Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.

No es una cuestión de resistencia auditiva, eso habría que decírselo
también a usted, porque yo ya le he argumentado por activa y por pasiva,
en Comisión y en Pleno, lo mismo y no lo voy a hacer por tercera vez, ya
lo he hecho dos veces, señor Cercas, y yo creo que usted está
confundiendo el sentido de su enmienda con lo que usted pretende. Yo
entiendo que su grupo tenga problemas con esto de la corrupción, entiendo
que los tenga, y que ahora ustedes intenten trasladar lo que ha sido una
etapa a otra, pero no es así. Eso no es lo que pretende este artículo,
que no va en contra de la concurrencia, no va en contra de la
transparencia; lo único que elimina es una autorización administrativa
previa, no que no haya concursos. Este artículo lo único que pretende es
adaptar las necesidades de los centros administrativos a la situación
real de esos centros administrativos y no seguir con la dependencia
orgánica de una decisión administrativa que viene de la Administración
central y que lo único que hace es entorpecer esas decisiones y que las
obras y los servicios se paralicen y se ralenticen. No se preocupe usted,
es decisión de este grupo parlamentario y del Gobierno luchar contra la
corrupción y velar para que esas situaciones no se produzcan de la misma
forma que se han producido en el pasado. Yo estimo que ustedes nos ayuden
a ello, me alegra que aleguen que presentan este tipo de enmiendas en ese
sentido, aunque quizá hubiera venido mucho mejor otro tipo de enmiendas,
si se hubieran hecho mucho antes. Por tanto, lo que usted plantea no es
razonable.

En cuanto a la ampliación de los derechos que ustedes pretenden, tengo
que decir que ya están contemplados. ¿Por qué vamos a tener que regular
en una ley de acompañamiento algo que ya está regulado? Está
perfectamente controlado, perfectamente establecido y no hace falta
volverlo a regular. Ya están garantizados los derechos por los daños que
se produzcan a aquellas personas que participan en el esclarecimiento de
hechos terroristas. Eso es así.

Sobre las palabras del señor Vaquero, tengo que decirle que siempre
insisten en lo mismo. Parece que distinguen lo que es el fraude e
intentan, de forma maniquea, derivar que el fraude del pequeño, el fraude
de un determinado tipo de personas no es fraude y el otro sí. No es así;
el fraude es fraude, venga de la persona que venga. No me diga usted que
cuando un señor pierde un derecho a la prestación y se le pide que
comunique que ha perdido ese derecho en el momento lo que se pretende es
perseguir a un determinado sector social. Eso es absurdo y tampoco se
arreglaría con su enmienda de dejar un plazo de tres días. No es un
problema de olvido y tal y como usted lo plantea entendemos que es
necesario. ¿Cuándo conoce un señor o una señora que pierde su derecho? En
el mismo momento que pierde el derecho. ¿Y cuándo pierde el derecho?
Cuando cambian sus circunstancias familiares o sus circunstancias
laborales y lo que tiene que hacer es comunicarlo, cumplir con sus
obligaciones legales. No hay persecución a nadie ni restricción de los
derechos pasivos de nadie, señor Vaquero. Sigo lamentando no tener
argumentos para poder aceptar sus enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor Hernando.

Enmiendas al título III, artículos 81 a 112, ambos inclusive.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el presente título, personal al servicio de las
administraciones públicas, se presenta complejo, abigarrado. Baste decir,
como ha indicado el señor Presidente, que nos estamos refiriendo a cerca
de 35 artículos. Y, en nuestra opinión, peca de un defecto original, que
tiene que ver con la ausencia de negociación sobre su contenido con los
representantes de los empleados públicos, justamente el conjunto de los
empleados públicos a quienes se dirigen las múltiples modificaciones
normativas que aquí se contienen. No porque el Gobierno diga que negocia,
esto se convierte en una realidad; los representantes de los empleados
públicos están expresando su queja y su disgusto por la ausencia de este
proceso negociador.

Para el Grupo Parlamentario Socialista hubiera resultado bastante
sencillo negar el pan y la sal a los promotores de este proyecto de ley,
negándonos a aprobar la mayoría de los artículos que se someten ahora a
la consideración de SS. SS. Además, podríamos hacerlo con abundancia de
argumentos, como hizo el señor Borrell en el trámite del debate de
totalidad, por ejemplo, con citar el informe del Consejo Económico y
Social al que también ha hecho referencia el señor Saura aquí esta
mañana. Hay algo que nos preocupa bastante y es la ausencia de una
memoria económica que justifique el impacto presupuestario que van a
tener la mayoría de las medidas que aquí se aprueban. Hubiera sido muy
interesante, porque a nadie se le oculta que las decisiones que se
contienen en este título van a tener impacto y trascendencia
presupuestaria, que para que pudiéramos tomar una posición clara los
grupos



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parlamentarios, esa memoria económica hubiera acompañado al proyecto de
ley.

Este título III tiene otro problema que nos preocupa más aún, si cabe, y
es --ya lo dije con motivo del debate del proyecto de ley de
presupuestos-- su ignorancia hacia los contenidos de la Ley 7/1990, de
negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo de
los empleados públicos, donde, por hacer un recordatorio a SS. SS, se
determina como objeto necesario, imperativo de negociación, entre otras
materias, por ejemplo, la preparación y diseño de los planes de oferta de
empleo público --sobre los que este título III adopta provisiones--, la
clasificación de puestos de trabajo, determinación de programas y fondos
para la acción de promoción interna, formación, perfeccionamiento,
determinación de prestaciones y pensiones de clases pasivas, sistemas de
ingreso, promoción profesional de funcionarios públicos, todas aquellas
materias que de algún modo afecten al acceso a la función pública, su
carrera, retribuciones, Seguridad Social o condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos, así como aquellas otras de índole económica,
prestación de servicio sindical, asistencial, etcétera, que, de acuerdo
con el preámbulo de la Ley 7/1990, que les he citado, como consecuencia
de la especial naturaleza de estas materias y, además, de la prevalencia
que debe tener la soberanía popular manifestada en esta Cámara; es
obligación inexcusable del Gobierno transformar el contenido de esa
negociación en proyectos de ley que después, como es lógico, merecerán o
no la aprobación de estas Cámaras, tanto del Congreso de los Diputados
como del Senado. Pero el Gobierno tiene la obligación de transformar en
proyecto de ley el resultado de la negociación con los representantes de
los empleados públicos en las materias que he indicado. Y esto no se ha
hecho, se ha ignorado por completo. Antes de la presentación del presente
proyecto de ley, no se ha producido el proceso negociador exigido por
esta Ley que he mencionado en repetidas ocasiones.

He hecho una amplia enumeración de las materias que deben ser negociadas,
no de forma caprichosa, sino porque precisamente, en el proyecto que
estamos discutiendo, se adoptan decisiones sobre todos estos títulos.

Además --y para acabar con esta parte de mi intervención--, si no fuere
suficiente con el contenido de la Ley de 1990, el Gobierno --en nuestro
marco jurídico hay un principio de sucesión en las obligaciones muy
claro-- y las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras, CSIF y
Confederación Intersindical Galega adoptaron acuerdos, con vigencia para
el trienio 1995-97, sobre multitud de materias. Entre ellas, los
criterios aplicables en la política de empleo público durante ese trienio
1995-97; medidas concretas que afectan al desarrollo de carrera y
promoción de funcionarios públicos, formación, oferta de empleo,
criterios sobre carrera administrativa, etcétera. Sobre todas ellas
también se toman aquí decisiones, sin haberse desarrollado previamente la
negociación preceptiva.

Por eso, señorías, los socialistas nos hemos encontrado en una situación
difícil a la hora de tomar posición sobre este título. Comprendemos que
muchos de los preceptos recogidos se refieren a cuestiones que necesitan
desarrollo; eso es cierto. Por lo tanto, nosotros hemos procurado adoptar
una posición constructiva, que permita la aplicación de estos preceptos y
no paralice el desarrollo de las medidas necesarias; pero siempre con ese
dilema de la falta de legitimación original, al no haberse producido la
negociación con los representantes de los empleados públicos. Por ello,
vamos a votar a favor de bastantes de estos preceptos, pero con esta
llamada de atención al Gobierno, pidiéndoles que en los próximos
ejercicios presupuestarios no se adopten decisiones sin diálogo previo,
porque eso no es bueno para nadie. Sin embargo, ha sido imposible que
pudiéramos aceptar los criterios que se recogen en algunos puntos y hemos
presentado varias enmiendas. Votaremos a favor de las de otros grupos
parlamentarios, especialmente de Izquierda Unida, cuando lo que se
contempla en el título III se aleje, a nuestro juicio, de los contenidos
de esos acuerdos adoptados entre el Gobierno y los sindicatos para el
trienio 1995-97.

Paso a explicar nuestras enmiendas. En nuestra enmienda al artículo 82,
uno, pedimos que sea suprimido porque, tal y como está redactado en el
proyecto de ley, impide la reasignación de funcionarios sometidos a
planes de empleo, puesto que lo que desea el Gobierno es permitir que las
vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las convocatorias
para ingreso de nuevo personal no precisen de la realización de un
concurso previo entre quienes ya tuvieren la condición de funcionarios. A
nuestro juicio, repito, esta provisión impide la reasignación de
funcionarios que han sido previamente sometidos a planes de empleo, con
lo que se daña a ese colectivo de funcionarios. Por tanto, ustedes
deberían tomar en consideración esta enmienda.

Hemos presentado otra enmienda al artículo 83, porque, hasta ahora, el
período máximo para la permanencia en la situación de excedencia
voluntaria era de quince años, debiéndose solicitar el reingreso antes de
esos quince años, y en el proyecto de ley que nos envía el Gobierno se
elimina ese período máximo, lo que supone, a nuestro juicio, un trato de
favor para determinados cuerpos que pueden optar al reingreso en el
servicio activo próxima la edad de jubilación.

Quiero detenerme, señorías, en el artículo 86 del proyecto, porque regula
una materia de singular importancia. Ya dije el pasado lunes, en el
debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que el
Partido Popular cumplía pocos de sus compromisos electorales. Tengo que
reconocer que, en este caso, se da una de las raras excepciones, porque
el PP, efectivamente, comprometió en su programa elevar la edad de



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jubilación para los funcionarios públicos, con carácter voluntario, a los
setenta años, y así lo regula el artículo 86 de este proyecto de ley. Mi
grupo parte de la base de que existen argumentos favorables y contrarios
a esta medida y que toda decisión, como es lógico, entraña un riesgo,
máxime una decisión de esta naturaleza, que puede suponer una alteración
del statu quo, del equilibrio actual en el seno de la función pública.

Hay razones favorables, porque las especiales circunstancias que
atravesamos (la lucha contra el déficit público, la senda de convergencia
que nos hemos trazado), aconsejan prolongar la permanencia en el servicio
activo de los funcionarios, pudiendo, además, las administraciones
públicas aprovechar --y no es menor esta razón, es muy importante-- los
conocimientos, experiencia y facultades de estos servidores públicos. Al
mismo tiempo, en ejercicios anteriores, hay que recordar que, para
determinados colectivos, se ha ido prolongando la edad de jubilación, por
lo que razones de equidad aconsejarían tomar la medida.

Sin embargo, también hay argumentos en contra, y muy poderosos, señorías;
aquellos que tienen que ver con el mercado de trabajo; el estrechamiento
que, sin duda, va a provocar esta medida en la oferta de empleo público;
entre las condiciones restrictivas que se plantean en este proyecto de
ley sobre la tasa de reposición de las bajas de funcionarios en la oferta
de empleo público y el alargamiento de la edad de jubilación de los
funcionarios, prácticamente va a ser muy difícil que el empleo público
pueda crecer el próximo año y, seguramente, en los años siguientes. Al
mismo tiempo, esto supondrá una señal de desesperanza para determinados
grupos de edad que se encuentran ahora en proceso de formación y que
puedan albergar esperanzas de entrar en la Función pública; también sería
un elemento negativo; así como las excepciones que el propio artículo
recoge para con aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas
de jubilación y para los cuales no se amplía la edad voluntaria a los 70
años, sino que se sigue manteniendo en los 65. Pero, por encima de todo,
hay una razón básica en contra de la adopción de esta medida y es que no
existe en esa memoria que debía acompañar al proyecto de ley una
justificación del impacto que va a provocar esta medida en el empleo
público.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, le
ruego vaya concluyendo.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Acabo, señor Presidente.

En todo caso, nosotros, poniendo en la balanza el conjunto de estos
argumentos, nos vamos a abstener en este punto, por una razón esencial:
porque no se ha producido el diálogo sobre esta decisión con los
empleados públicos y porque además éste no parece el lugar idóneo para
regularlo, que sería el estatuto de la función pública que el Gobierno ha
prometido.

En el artículo 94, se regula una extraña situación de excedencia
voluntaria, llamada por incompatibilidad, para el personal estatutario
fijo del Sistema Nacional de Salud que se incorpore a las plantillas de
personal de las entidades que se constituyan, en aplicación del Real
Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas
de gestión en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Nos oponemos a
esta extraña figura, en primer lugar, porque no sabemos aún qué tipo de
entidades se van a crear al amparo del real decreto-ley que he mencionado
y el Gobierno no nos lo explica. ¿Serán sólo públicas esas entidades? En
ese caso, podríamos discutir esta medida, que entraña cierto privilegio.

Pero, ¿habrá también entidades privadas para gestionar el Sistema
Nacional de Salud? Entonces, ¿por qué crear una situación de privilegio
para este personal durante tres años, no de excedencia, como dice el
texto, sino de reserva de plaza, puesto que en la excedencia voluntaria
se pierde la plaza y aquí, no? Para nosotros resulta muy extraña esta
provisión, aunque nos imaginamos que alguna utilidad tendrá y en algo
habrán pensado los redactores del proyecto. Necesitamos que se nos
explique.

Me quedan dos enmiendas, señor Presidente --y acabo--, las números 161 y
162, a los artículos 105 y 107, acerca de las cuales nos causa extrañeza
que aún no hayan sido incorporadas al dictamen del proyecto de ley,
seguramente debido a la cerrazón del Grupo Popular, que debe considerar
una muestra de mal gusto dar la razón a la oposición, aunque sólo sea por
una vez. Yo creo que éste es un mal camino para el diálogo parlamentario,
y verán ustedes por qué. Porque el artículo 105 del proyecto adscribe 10
plazas servidas por notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles a la Dirección General de Registros y del Notariado. Hasta
ahí todo es normal. Nosotros admitimos la necesidad de que haya
readscripción o adscripción de registradores y notarios a la dirección
general. Lo que creo que es inadmisible, señorías, es que quienes sean
objeto de la misma mantengan su régimen retributivo propio, que todos
sabemos que es el régimen de arancel...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, le
ruego concluya.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Acabo, señor Presidente.

... y, como todo el mundo sabe, el régimen de arancel parece incompatible
con la adscripción a la Dirección General de Registros y del Notariado,
salvo que allí se vayan a elevar a escritura pública o formalizar
determinados actos jurídicos. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que
puedan seguir manteniéndolo? Es para nosotros un misterio.

La última enmienda se dirige al artículo 107 y propone incluir un nuevo
apartado en el que se recoja que



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las pensiones de orfandad del régimen de clases pasivas del Estado,
extinguidas a la entrada en vigor de esta ley --que, como saben ustedes,
amplía la edad de los beneficiarios, de 18 a 21 años--, en función de
preceptos modificados por la misma serán revisadas de oficio y
reconocidas con efectos de la fecha de entrada en vigor de la ley si los
beneficiarios reúnen los requisitos exigidos.

Tal y como está redactada la norma, señorías, los beneficiarios que se
encuentren en esta situación deberían solicitar la aplicación de la misma
en el caso de que su pensión hubiera sido declarada ya extinguida. Por
otra parte, sería preciso interpretar si esta modificación afecta a las
pensiones ya extinguidas. Nuestra enmienda soluciona ambos problemas y,
como nos resulta inimaginable que no compartan ustedes este criterio y
permitan que, por la aplicación de la ley, pueda darse la injusticia de
que queden beneficiarios quienes se les haya extinguido el derecho que no
insten su reconocimiento, esperamos su aprobación, considerando que el
rechazo en Comisión fue simplemente un error, porque, de lo contrario, el
empecinamiento en no dar su brazo a torcer adquiriría ya tintes un tanto
dramáticos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, desde la solidaridad de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con los empleados públicos, que
son los auténticos paganos de la convergencia de Maastricht, vamos a
defender las enmiendas a este título III de la ley de acompañamiento, y
la primera de ellas se refiere al tema de las pagas extraordinarias.

Nosotros pretendemos que en el artículo 81 se sustituya el término
«servicios prestados» por el de «tiempo en activo», pues éste incluye,
entre las retribuciones, las vacaciones, las bajas médicas, las
licencias, etcétera, y el otro, no.

También proponemos añadir en el artículo 81, al final del epígrafe b), el
término «calculada hasta el último día de su situación en activo», en
coherencia con lo mismo. Nosotros creemos que las pagas extraordinarias
en el sector público ya están suficientemente castigadas. De hecho,
presentamos una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
que no fue admitida, en este sentido, para que se incluyeran otros
conceptos que no están en las pagas extraordinarias y que vienen a hacer
ahora mismo de las pagas extraordinarias de los empleados públicos
aproximadamente la mitad de las retribuciones de una mensualidad normal.

Entendemos que esto es manifiestamente mejorable, pero que, en cualquier
caso, por lo menos, al arbitrarse estos términos se contemple mínimamente
la imputación de vacaciones, de bajas médicas y de licencias en el tema
de las pagas extraordinarias.

Dos enmiendas al artículo 82 tratan de introducir también modificaciones
respecto a la oferta de empleo público. La modificación del artículo 82.1
pretende que las plazas dotadas que no puedan ser cubiertas con los
efectivos del personal existente constituyen la oferta de empleo público
de la Administración del Estado, y ello precisamente para evitar la
discrecionalidad en la gestión del empleo público.

La eliminación del apartado 2 del artículo 82 pretende que la oferta de
empleo público no quede a criterios de coyuntura económica y que se
sujete en todo caso siempre a la necesidad de cobertura del servicio,
pues lógicamente la oferta de empleo público no es caprichosa. La no
amortización de las plazas que quedan vacantes no es caprichosa, es en
función de que exista por lo menos la misma eficacia administrativa para
los servicios públicos que prestan las administraciones públicas, y esta
idea es la que estamos defendiendo en el fondo.

La supresión del apartado 3 del artículo 82 pretende cerrar la
posibilidad de que las administraciones públicas puedan autorizar
convocatorias de concursos de provisión de puestos de trabajo dirigidos a
funcionarios destinados en áreas, sectores y departamentos que se
determinen, para evitar compartimentación administrativa y agravios
comparativos entre destinos. De no prosperar esta enmienda,
alternativamente tenemos otra que propone añadir «... en la relación de
puestos de trabajo...», para que, por lo menos, haya este tipo de
control, con la misma finalidad.

La supresión del apartado 4 del artículo 82 pretende no dejar la
adscripción de funcionarios que ocupen puestos no singularizados a otros
con el mismo procedimiento de provisión, nivel, complemento específico,
dentro de la misma localidad, en manos de las instancias inferiores al
ministro correspondiente. No creemos que explicitar estas razones en la
justificación de la enmienda, que en el fondo obedecen a la experiencia
que todos tenemos, vaya en detrimento de aceptar la enmienda. Sentimos
que al Grupo Popular le moleste su contenido pues lo único que pretende
es evitar un uso represivo de la medida. Todos sabemos utilizar
eufemismos, pero lo que queremos es que se entienda el fondo de la
cuestión y no la forma.

Con la eliminación del artículo 86 nos oponemos, y vamos a votar
lógicamente en contra de este artículo en el caso de que no prospere
nuestra enmienda, a la prolongación de la situación de activo de los
funcionarios públicos más allá de los 65 años, ya que ello es contrario a
la creación de empleo y a lo que sería nuestra línea de trabajo, que es
el reparto del empleo.

Esta mañana mismo hemos oído en esta Cámara, por parte del portavoz del
Grupo Popular en el título I, que, a veces, nuestro grupo mira hacia
atrás. Pues bien señorías, estamos ante un supuesto en el que, de
modificarse



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la cláusula legal, que establece que la edad de jubilación es a los 65
años, estaremos adoptando una medida que mira hacia atrás, hacia el siglo
XIX y no hacia el siglo XXI. No entendemos cómo a estas alturas, cuando
todo el mundo está empezando a trabajar la idea del reparto de trabajo
como una de las salidas a las dificultades que tienen los sistemas
productivos desarrollados para la generación de empleo, no entendemos,
repito, cuando se está barajando esta fórmula de reparto de trabajo, que
se venga con fórmulas que retrasan, en todo caso, la generación de
puestos de trabajo, por la vía de evitar que haya nuevos puestos de
trabajo en instituciones, en segmentos que garantizan que periódicamente
se van generando nuevos puestos de trabajo en nuestra sociedad.

Proponemos dos enmiendas a dos problemas muy sentidos por los empleados
públicos: la funcionarización del personal laboral, añadiendo un artículo
nuevo en la sección segunda de título III, una solución concreta para
agilizar la promoción interna del paso de un cuerpo a otro dentro de las
escalas de las distintas administraciones públicas.

Con la supresión del artículo 92 pretendemos que no se faculte al
Ministerio de Justicia para tener en su plantilla un número concreto de
jueces, magistrados, secretarios judiciales y médicos forenses, pues esta
materia ya se trata en otro proyecto de ley en trámite parlamentario, por
lo que allí tendrá su ubicación adecuada.

En la modificación al artículo 95, tratamos de asumir el criterio del
valor hora aplicable al personal estatutario de la Seguridad Social.

Tratamos de suprimir el artículo 97 respecto a la Seguridad Social, pues
ya existe una intervención de la Seguridad Social. Entendemos innecesario
que se cree ahora una especialidad de auditoría y contabilidad en el
cuerpo de gestión de la Administración de la Seguridad Social.

Estamos de acuerdo con la integración propuesta en el artículo 98 la
escala de conductores y de taller del Parque Móvil Ministerial y del
cuerpo de mecánicos conductores del Ministerio de Defensa, pero queremos
suprimir el párrafo que dice que dicha clasificación no podrá suponer
incremento de gasto público, ni modificación del cómputo anual de las
retribuciones totales de cada uno de los integrantes de la escala y
cuerpo referidos. A mí me parece que este párrafo no obedece sino al celo
de evitar incrementos del déficit, pero siempre pivotando ese celo sobre
los cuerpos de abajo. Hemos propuesto en otras enmiendas que se eviten
los dobles sueldos, como lo que supone el cobrar por asistencia a los
consejos de administración, etcétera. Eso no se ha admitido, sin embargo,
a la hora de hacerles justicia a determinados cuerpos inferiores de la
Administración --porque lo que se plantea en este artículo de la ley de
acompañamiento es la equidad--, se pretende que eso no signifique
incremento de retribución alguna. Nosotros consideramos que esto es una
cicatería del Gobierno, que debería ser manifiestamente mejorable en este
trámite parlamentario. Por eso presentamos esta enmienda.

La enmienda al artículo 99 trata de extender el beneficio recogido para
el personal laboral que ocupaba puestos de trabajo reservados a
funcionarios o los que hubieran adquirido esta condición en virtud de
pruebas selectivas convocadas antes de la fecha de entrada en vigor de la
Ley 23/1988 a los que estén en la misma situación pero con posterioridad
a dicha fecha, puesto que desde entonces ha llovido bastante y hay una
serie de supuestos a los que se les debería, lógicamente, extender los
beneficios de este artículo 99.

Tratamos de suprimir en el artículo 102 unas gratificaciones por
servicios extraordinarios para las que no existen razones objetivas y que
provocan agravios comparativos. Finalmente, pretendemos también suprimir
el artículo 105 pues no entendemos cómo se puede compatibilizar la
inscripción en la Dirección General de Registro y de Notariado de los
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles y, al mismo
tiempo, mantener el régimen retributivo del arancel. No entendemos cómo
eso se va a llevar a efecto, tampoco nos lo aclara la ley, pero,
ciertamente, estimamos que puede constituir un procedente administrativo
bastante negativo para la Función pública.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene
la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo parlamentario tiene una enmienda al título III de este
proyecto de ley que encaja con el resto de las enmiendas que hemos
presentado referentes al colectivo de minusválidos y discapacitados. Como
antes he defendido en otras áreas, además de los aspectos fiscales y
laborales que deben tomarse para regular unas condiciones adecuadas para
la integración de este colectivo en la sociedad, pensamos que, junto a lo
establecido para su incorporación a la Función pública, deben adoptarse
algunas medidas más bien de desarrollo reglamentario puesto que no está
suficientemente regulado en la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de
la Función pública. Como saben SS. SS., esta ley no está suficientemente
desarrollada y mientras se pone en marcha el estatuto de la Función
pública es necesario regular reglamentariamente algunas cuestiones.

Concretamente en el capítulo que hace referencia a la incorporación de
este colectivo de minusválidos de la Función pública, es necesario
incorporar algunas aclaraciones, como son concentrar las plazas
reservadas para minusválidos, adaptar las pruebas selectivas a las
peculiaridades de este colectivo, o preparar



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a los candidatos discapacitados a estas pruebas selectivas. Se trata de
contemplar un tratamiento específico para este colectivo para que pueda
adaptarse de la misma forma y en iguales condiciones que el resto de las
personas que quieren acceder a cargos de la Función pública.

Este es el objetivo de la enmienda, que no tiene contenido económico ni
repercusión alguna en el déficit público, y que lo que hace simplemente
es recoger algunos aspectos que pueden equiparar, o por lo menos
compensar a los minusválidos o discapacitados cuando pretenden acceder a
la Función pública. Espero que esta enmienda tenga la consideración
necesaria por parte de sus señorías.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.

Voy a defender con brevedad las enmiendas que presenta el Bloque
Nacionalista Galego a este título III. Presentamos una serie de enmiendas
de supresión y con ello expresamos nuestro desacuerdo con el
procedimiento de utilizar la denominada ley de acompañamiento para
reformar diversos aspectos relativos al personal al servicio de las
administraciones públicas. Con ellas expresamos nuestra disconformidad
con el procedimiento que se sigue, con la forma, aunque no tanto con el
fondo.

Nos parece que para abordar las cuestiones que se pretenden reformar se
debería hacer a través de un proyecto de ley específico y no por vía
urgente, introducido en esta especie de cajón de sastre en que se está
convirtiendo la ley de acompañamiento a los presupuestos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

Para turno en contra de las enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Fernández González.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a tratar de dar respuesta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
a una serie de enmiendas que se han presentado al título III de la
denominada ley de acompañamiento, del proyecto de ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Voy a tratar de agrupar las
enmiendas presentadas por los diversos grupos políticos y evitar las
reiteraciones en mi respuesta a las mismas, dentro de aquel grupo de
enmiendas coincidentes de los distintos grupos parlamentarios.

Empezaré por decir que el Grupo Parlamentario Mixto, a través del
representante del Bloque Nacionalista Gelego, presenta enmiendas que yo
calificaría en su totalidad, y casi sin excepción, de supresión de todo
el articulado contenido en el título III. Ni siquiera se admite tal como
figura en el propio preámbulo de la ley de medidas, que existen
disfunciones y necesidades que hay que corregir, y el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular aprovechan la presentación y el apoyo parlamentario
de este texto legal para dar respuestas a regulaciones insuficientes que
perjudican a los funcionarios públicos en nuestro país. Lo que se
pretende a través de este proyecto de ley es dar una mejor regulación y
corregir errores y agravios comparativos, que en no pocas situaciones se
producen derivados de la aplicación de los textos legales vigentes, y que
nosotros proponemos corregir. No podemos compartir la filosofía que anima
al Grupo Parlamentario Mixto de vaciar de contenido, artículo tras
artículo, todos aquellos que aparecen contemplados de forma unitaria y
sistemática dentro de este título III del proyecto de ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Por lo que se refiere a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Vasco, que defendió el señor Zabalía tanto en la Comisión como hoy en el
Pleno, he de decir que no la vamos a aceptar, no porque rechacemos la
pretensión, sino porque entendemos que no es adecuado el tratamiento
legislativo en esta ley y en este momento. Su Señoría conoce
perfectamente, porque así se ha anunciado por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, que se está trabajando en la actualidad en la
redacción del estatuto de la Función pública. Sabe también S. S. que
cuenta con la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular y con el apoyo
del Gobierno, para que el acceso a la Función pública de minusválidos
disminuidos físicos o discapacitados pueda tener lugar en el desarrollo
reglamentario al que S. S. apela. Rechazar la enmienda en este momento,
no quiere decir, ni mucho menos, rechazar el planteamiento que anima la
presentación de la enmienda de su grupo parlamentario.

Por lo que se refiere al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha presentado un buen número de
enmiendas a este título III, hay discrepancias de fondo entre las tesis
de las enmiendas defendidas en Comisión y en el Pleno por el citado grupo
y el criterio del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que le
apoya. Se debe modificar el artículo 81 en el sentido de que el derecho a
la percepción de pagas extraordinarias aparece vinculado a servicios
prestados. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya pretende la sustitución de esta expresión por servicios en
activo. Nos parece que es más adecuado el concepto servicios



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prestados ya que el tiempo en activo agrupa conceptos tales como
vacaciones, bajas médicas o licencias no retribuidas que distorsionan el
concepto final de paga extraordinaria a efectos de cómputo y, por tanto,
de percepción. Rechazamos su enmienda porque el artículo 81 mejora la
percepción final de las retribuciones de los funcionarios públicos.

Respecto al artículo 82, uno, que también ha sido criticado y objeto de
enmiendas por algún grupo, el Grupo Parlamentario Popular estima que, tal
como está redactado, se evitan rigideces que en los últimos años han
demostrado que perjudican a la organización y funcionamiento de la propia
Administración pública española. El artículo 82, uno, dice que las
vacantes para ingreso de nuevo personal no precisarán de concurso previo
entre quienes ya tengan la condición de funcionario. Creemos que había
una excesiva rigidez para el buen funcionamiento de los servicios
públicos, por lo que proponemos esa modificación.

En el artículo 82, dos, al defender su enmienda, el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha hecho
referencia a que no entiende que la oferta pública de empleo aparezca
ligada a dos parámetros: a la coyuntura económica y a las necesidades de
servicio de la Administración. Tratar de obviar ambos conceptos, tratar
de prescindir de ambos parámetros no parece que es hacer un debate
desajustado de la realidad. Su señoría sabe perfectamente, porque se ha
incidido en los diversos trámites parlamentarios que han precedido a este
debate plenario, que la decisión por la cual el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular apoya el no incremento de las retribuciones
salariales de los empleados públicos en nuestro país ha sido una decisión
difícil, pero la única posible. Razones de coyuntura económica, de
convergencia; criterios, en definitiva, de marco económico y de
necesidades de servicio de la propia Administración, son elementos
indisociables que han de ser tenidos en cuenta inexcusablamente a la hora
de fijar, a través de los textos legales correspondientes por parte de la
Administración, qué oferta pública de empleo es posible y sostenible
desde el punto de vista económico. Por tanto, rechazamos la enmienda de
supresión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Este mismo grupo enmienda el artículo 82, cuatro, y alega que la facultad
que se otorga al secretario de Estado para la Administración pública, a
los subsecretarios, delegados del gobierno o gobernadores civiles para
que puedan adscribir a determinados funcionarios que ocupen puestos no
singularizados --lo dijo anteriormente y ha iniciado hoy al defender la
enmienda--, puede dar lugar, tal como aparece en el proyecto, a un
mecanismo represivo. Yo tengo que manifestar nuevamente mi asombro y el
del Grupo Parlamentario Popular --se lo dije en Comisión--, porque nos
parece que la justificación de la enmienda es absolutamente
desafortunada. Podrá haber otros criterios en los que S. S. pueda basarse
para tratar de convencernos sobre la bondad o no de la modificación del
precepto, pero si se alega que facultar a la secretaría de Estado para la
Administración pública, a los delegados del gobierno y gobernadores
civiles para que puedan adscribir a determinados funcionarios a un
trabajo en un puesto singularizado es un mecanismo represivo, se debería
explicar mejor porque, tal como aparece justificado en la enmienda, ni lo
podemos aceptar ni comprender.

Sin duda alguna, la novedad mayor de este título III --todos los grupos
parlamentarios convendrán en ello-- es el cumplimiento de un compromiso
que el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular y el propio
Gobierno han asumido desde hace tiempo respecto a la ampliación de la
edad de jubilación de los funcionarios públicos en nuestro país. Como
S.S. SS. conocen perfectamente, con la legislación vigente los
funcionarios públicos en España en los diversos niveles de la
Administración pública, ya sea el estatal, autonómico o local, tienen un
tope de edad de jubilación que está en los sesenta y cinco años. El
proyecto de ley, concretamente en su artículo 86, contempla --y aparece
desarrollado en disposiciones adicionales-- la ampliación de la edad de
jubilación de los funcionarios públicos a los setenta años. Es una medida
positiva. En su día invocamos en su defensa que no pocos funcionarios en
nuestro país se encuentran a la edad de sesenta y cinco años en un punto
de culminación de sus saberes, de su carrera profesional y
administrativa, donde pueden prestar un servicio inestimable a los
ciudadanos en el desempeño de las tareas públicas. Por tanto, nosotros
defendemos la bondad de la medida de ampliar la edad de jubilación de los
funcionarios públicos hasta un máximo de setenta años.

No creemos que esto sea incompatible con la previsión de reponer un 25
por ciento a través de oferta pública de empleo, porque la experiencia
nos dice que en años precedentes ha habido bajas por jubilación dentro de
la franja de edad que pretendemos corregir, pero no pocas también por
incapacidad o voluntarias por determinados incentivos de algunas
administraciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego que vaya concluyendo.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

Por lo que se refiere a un artículo que ha sido enmendado por no pocos
grupos parlamentarios, que es el 105 del título III del proyecto de ley,
quiero reiterar las explicaciones que dimos en el trámite de Comisión.

Sus señorías saben perfectamente que se trata de una medida de naturaleza
singular. Estamos hablando de diez plazas en la Dirección General de los
Registros y del Notariado, en el Ministerio de Justicia, servidas



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por notarios y registradores que se proveerán por concurso de méritos. La
justificación de supresión que hace el Grupo Parlamentario Socialista es
que entiende que no es adecuada esta previsión. El Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida alega que no entiende cómo notarios y registradores
pueden prestar servicios y mantener su régimen retributivo propio, que es
el de arancel. Yo voy a tratar de explicar, una vez más, lo que manifesté
en el seno de la Comisión correspondiente. Sus señorías saben
perfectamente que la situación que se trata de regular a través de este
artículo 105 de la ley de medidas de acompañamiento no quiere decir que
no esté en funcionamiento y sea de aplicación en la actualidad. Lo que se
pretende con esta redacción es dar un marco de mayor estabilidad y
seguridad a un proceso absolutamente singular y, además, poner en
evidencia la supresión del cuerpo de letrados, que no se pretende volver
a crear. Se pretende dar un tratamiento a una situación que se presta por
parte de determinados registradores y notarios que tienen el régimen
retributivo de arancel, pero a los que no se les compatibiliza ninguna
otra retribución pues siguen teniendo el régimen retributivo propio de
arancel. A través del turno que se establece en la Dirección General de
los Registros y del Notariado, los trabajos de diez notarios que pasen en
comisión de servicios a prestar labores de asesoramiento y de emisión de
dictámenes serán realizados por otros compañeros y los titulares
detraerán de su arancel una parte porcentual que permita retribuir a
aquellos compañeros que pasan a la Dirección General de los Registros en
comisión de servicios.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego concluya.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.

Esta medida, tal como aparece preceptuada en el artículo 105, no le
supone ni una sola peseta a las arcas públicas. Supone, por contra, tener
la garantía en la emisión de dictámenes y asesoría de un cuerpo, que no
creo que SS. SS. quieran poner en entredicho, donde la calidad y la
dedicación están suficientemente acreditadas dentro del derecho privado
y, desde luego, en nuestro país.

En síntesis, señorías, ésta es la respuesta que el Grupo Parlamentario
Popular da a las enmiendas que han presentado los diversos grupos
parlamentarios. Yo pido a SS. SS. que aquéllas que no han sido
contestadas de forma exacta y puntual, como quiera que hay reiteraciones,
saquen derivaciones de los planteamientos generales que mi grupo
parlamentario ha hecho y puesto que traté de dar respuesta a todas
aquellas enmiendas que han presentado los diversos grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.

El señor Caldera tiene la palabra.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.

Tiene que ser muy breve mi turno de réplica por cuanto no he sido
contestado prácticamente en ninguno de mis argumentos por la portavoz del
Grupo Popular; argumentos que tienen que ver con la necesidad, a la hora
de regular materias tan importantes como las que se contemplan en este
título, el cumplir el mandato tanto de la ley del año 1990, como de los
acuerdos del Gobierno con los representantes de los empleados públicos.

Hubiera sido muy interesante que se hubiera trasladado a la Cámara el
resultado de esta negociación, porque seguramente bastantes previsiones
de las que vamos a adoptar nacerían con mayor legitimidad. Sólo me voy a
referir a dos puntos que ha tocado la señora portavoz del Grupo Popular.

En cuanto a la jubilación, debo corregirla. Yo creo que sí va a tener
efectos la ampliación de la edad de jubilación en la oferta de empleo
público. Es lógico considerar que el hecho de ampliar la edad de
jubilación en cinco años a partir del próximo ejercicio, va a permitir
que la Administración pública disponga del mantenimiento de una serie de
puestos de trabajo que, de otro modo, al quedar vacantes necesariamente
podrían entrar en el marco global de la oferta de empleo público, aunque
ésta ya viene dotada en el proyecto de ley con una restricción bastante
grande. Por tanto, sí hay reincidencia directa, que es lo que nos lleva a
nosotros, dentro de la ponderación que he intentado hacer entre
argumentos favorables y contrarios, a abstenernos en la votación de este
punto.

Por último, en relación con los notarios, es extrañísima la explicación
que se nos da. Yo sigo sin entenderlo, porque si es una medida de
carácter singular y específica no se deben arrumbar las normas generales.

Si es una medida especial, nosotros seguimos sin entender de qué manera
se va a garantizar el salario de estos profesionales a través de un turno
que les van a completar el resto de sus compañeros, ingresándoles su
salario mientras están destinados en la dirección general a través del
mecanismo que se arbitra aquí. Yo creo que es un procedimiento bastante
extraño, bastante irregular y bastante falto de sentido común. Mejor
sería establecer una regulación de servicios especiales, pagar con cargo
a la Dirección General de los Registros y del Notariado, Ministerio de
Justicia, los salarios de estos profesionales, igual que los de cualquier
otro funcionario, y eliminar esa situación tan extraña que se nos plantea
y que nos sigue provocando bastante perplejidad.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera.

El señor Vaquero tiene la palabra.




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El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, hay discrepancias de fondo entre las explicaciones que nos
ha dado la portavoz del Grupo Popular y la posición que nosotros
manifestamos a través de las enmiendas. Nosotros no entendemos que el
concepto de pagas extraordinarias quede mejorado porque se excluyan del
mismo cuestiones como las vacaciones, las licencias, etcétera. No es que
mejore el concepto; lo que mejora es la reducción del déficit público, su
objetivo economicista en cualquier caso. Y nos hubiera gustado que a fuer
de sinceridad se nos diese esa explicación por parte del Grupo Popular y
no que se mejora el concepto, porque esa razón, con todo respeto, no la
entendemos ni la aceptamos.

En cualquier caso, nosotros creemos que el artículo 82 pretende evitar
rigideces. Sí, efectivamente, pero las rigideces a las que alude la
portavoz del Grupo Popular pretendían evitar la discrecionalidad. Por
tanto, hay una confrontación entre rigideces o flexibilidad, también
flexibilidad de la Administración pública, vuelta con la palabra
flexibilidad, y discrecionalidad. Nosotros planteamos que la oferta de
empleo público no se atenga a criterios de coyuntura económica; sí a
necesidades de cobertura del servicio. No sé si se nos ha entendido o nos
habremos explicado mal, pero yo creo que quizá la portavoz no nos ha
entendido cuando decía que no aceptábamos los dos criterios. No los
aceptamos porque, en el fondo, entendemos que lo que prima ahí de nuevo
es un criterio economicista, es decir, que se supedita la cobertura
completa de la oferta de empleo público a las posibilidades que la
coyuntura económica vaya determinando en cada momento, y nosotros creemos
que el criterio supremo es la eficacia de los servicios públicos y no la
eficacia supeditada a si hay dinero para poder pagarla en cada momento.

Posiblemente no haya sido afortunada la justificación de nuestra enmienda
respecto a la adscripción de funcionarios cuando habla del mecanismo
represivo, pero lo que sí es verdad es que eso le ha permitido a la
portavoz del Grupo Popular no contestar al fondo de la cuestión y
justificarse; por lo menos podría haber hecho lo mismo que en el caso de
otras muchas enmiendas nuestras que no ha mencionado en absoluto.

Lamentamos que nuestra falta de pericia en este tema haya propiciado
algún término que haya dado motivos para que usted se fuera por esta vía
sin contestar realmente.

Respecto al aumento de la edad de jubilación entendemos que va a ser
lesivo para el progreso de los derechos sociales en general, porque eso
genera precedentes que, sin duda alguna, tenderán a extenderse al campo
de la actividad empresarial privad --seguro que esto será un precedente
en el futuro-- y, al mismo tiempo, genera una Administración pública con
cachava que no va a ser generadora de empleo. Nosotros creemos que hay un
efecto muy negativo que debería evitarse, porque la Administración
pública, la Función pública es uno de los elementos ciertos de creación
de empleo.

Acabo, señor Presidente, diciendo que respecto al artículo 105, sobre la
compatibilidad del arancel con la adscripción de notarios y registradores
a la dirección general correspondiente, las explicaciones que se nos dan
no solamente no nos sirven sino que todavía nos llenan más de perplejidad
y de preocupación. Va a ser un precedente injustificable. Ni siquiera se
justifica porque esto no vaya a suponer ni una sola peseta de incremento
para las arcas públicas. ¿Sabe usted para qué se retribuye con dignidad a
los funcionarios públicos? Para que dependan solamente de la Función
Pública, para que no dependan de nadie que sea ajeno a ella. En este caso
no entendemos que se haya comprendido la función de las retribuciones
públicas y que se articule una justificación de este tipo por parte de la
portavoz del Grupo Popular.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.

Señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente, para
decir que con nuestras enmiendas de supresión lo que queremos expresar es
que no estamos de acuerdo con la forma en que se abordan estas cuestiones
relativas a los empleados públicos. No discutimos cuestiones de fondo.

Nosotros apoyaríamos aquellas cuestiones que beneficiasen a los empleados
públicos si el método con que se abordasen estas reformas fuese otro pero
no así.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

Señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente, para manifestar que
nuestro grupo parlamentario retira la enmienda número 55. Creo que la
portavoz del Grupo Popular nos ha dado satisfacciones suficientes y
garantías de que esto se va a resolver en el momento en que se trate el
proyecto de ley de estatuto básico de la Función pública. Este puede ser
el momento adecuado y, como digo, retiramos la enmienda número 55 de este
título III.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

Señora Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente.




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En primer lugar quiero agradecer al Grupo Parlamentario Vasco la retirada
de la enmienda. Ello supone que nuestras explicaciones han sido la
garantía que les ha llevado a poder retirarla, toda vez que compartimos
la filosofía, pero entendíamos que este no era el trámite parlamentario
ni el momento adecuado para su inclusión.

Por lo que se refiere a la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, reiteramos la discrepancia. Usted
conoce perfectamente que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido
desde hace no poco tiempo la ampliación de la edad de jubilación. Su
señoría hace una referencia, que pretende ser cariñosa, a que se puede
llenar la Administración de funcionarios con cachava. Lo que queremos con
esta medida es que no se desperdicien talentos ni personas, funcionarios,
hombres y mujeres, que con 65 años todavía pueden prestar muy buenos
servicios a la Administración pública en España. Eso es lo que nos anima.

Respecto al señor Caldera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
en cuanto a la ampliación de la edad de jubilación, quisiera decirle que,
como usted sabe, se trata de una medida voluntaria. Es muy difícil poder
medir con exactitud qué número de funcionarios públicos en nuestro país,
a 1 de enero de 1997, se van a acoger voluntariamente a la ampliación de
la edad de jubilación. Lo que le puedo decir es que, sobre la base de
precedentes y de años anteriores, nosotros estimamos que no hay razón
para que exista una mutación total en las causas ni en los porcentajes de
jubilación; y en años anteriores se han dado no pocas jubilaciones por
incapacidades o acogiéndose a determinados supuestos de jubilaciones
voluntarias.

En relación con el artículo 105, lamento no tener claridad en la
explicación, porque ustedes repiten los argumentos como si no hubiésemos
avanzado nada en el debate parlamentario, ni en Comisión ni en la propia
sesión plenaria de hoy. Estamos hablando de algo que existe, de una
regulación a la que nosotros pretendemos añadir una mejor base legal.

Señor Caldera, entendemos que las situaciones singulares, que no son
seguramente las que justifican la mayor parte de las leyes, también deben
ser tenidas en cuenta en determinados preceptos de la ley, por aquello de
la seguridad jurídica que a S. S. sin duda le sonará.

Por lo que se refiere al portavoz de Izquierda Unida, quiero decirle que
no hay ni un duro de gasto para la Administración, que se trata de dar
cobertura a algo que sin duda es vocacional. Su señoría sabe
perfectamente que en la actualidad ya no hay cuerpo de letrados de la
Dirección General de los Registro y del Notariado y entendemos que los
dictámenes y las resoluciones se deben seguir haciendo por registradores
y por notarios. Lo único que se pretende a través de la redacción del
105, que no es extraña ni irregular ni atípica, es que quien de forma
voluntaria pretenda prestar este servicio lo pueda hacer en comisión de
servicios a través de los acuerdos a que llegue, en el seno del propio
cuerpo y de la dirección general, con el resto de colegas y compañeros.

La sociedad y desde luego la Administración pública en España se
benefician de los dictámenes de este cuerpo, cuya alta cualificación
jurídica y profesional --que no creo que SS. SS. pongan en entredicho--
puede redundar en beneficio de todos.

Esta es la explicación que, por enésima vez, el Grupo Parlamentario
Popular trata de dar a la redacción del artículo 105 de la ley de
medidas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: señorías, vamos a proceder a la votación o
votaciones correspondientes. En primer lugar, votaremos aquellos puntos
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que quedaron
pendientes tras los debates y votaciones del día de ayer. Después
votaremos los tres títulos que esta mañana se han debatido del proyecto
de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Comenzamos, pues, por las votaciones del resto del proyecto de ley de
presupuestos. Por los Grupos Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya se presentaron enmiendas numeradas como 995 y 187
respectivamente a todas las secciones. Sin embargo, se ha presentado una
enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular para cuya lectura
doy la palabra al señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, a las enmiendas 995, del Grupo Parlamentario Socialista, y
187, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda transaccional para
modificar el texto de la enmienda 1325 de nuestro grupo a la sección 31.

La enmienda modifica el texto que introducía en la sección 31 esta
enmienda 1325, que proponía una baja equivocada a los efectos de dotar la
aportación destinada a HOLSA de acuerdo con el convenio de 3 de marzo de
1993. En concreto, la baja afectaba al concepto 744, es decir, a la
Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa). Ahora se pretende
sustituir esta baja por otra que afecte al programa 633, al artículo 63,
que se refiere a la inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios.

Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

La señora Aroz tiene la palabra.




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La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista acepta esta transaccional que permite resolver un
error que, como se ha demostrado y comprobado, no era un error técnico,
como ayer sugirió el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, sino que
viene a corregir un error político que se había producido en el trámite
de la Comisión de Presupuestos cuando la mayoría decidió que para
resolver un problema se creaba otro, que era el de reducir la dotación
presupuestaria en 1.210 millones de pesetas destinada a la autopista
Asturias-León.

El Grupo Socialista se congratula, con la retirada de su enmienda
correspondiente, la 995, de poder facilitar la resolución de este
problema, que se produjo dentro de la negociación extrapresupuestaria en
la Comisión de Presupuestos. Al mismo tiempo que nos congratulamos de que
haya rectificado, tenemos que decirle al portavoz de Convergència i Unió
que no se puede intentar enmendar un problema de secretismo a través de
un engaño a la Cámara, porque no estábamos ante un... (Rumores y
protestas. El señor Homs i Ferret pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: señorías, guarden silencio. Respeten el turno; el
portavoz de Convergència i Unió tendrá la palabra luego.

Continúe, señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: No estábamos ante un error técnico, señorías, sino
ante un error político que requería que su rectificación se hiciese a
través de los cauces reglamentarios y a través de la transparencia.

Gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
para pronunciarse en relación a la enmienda transaccional propuesta por
el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.

Quiero manifestar, en nombre de nuestro grupo parlamentario, que
aceptamos la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular en un
acto de buena voluntad política, ya que se trata solucionar un problema
que se había ocasionado como consecuencia de una enmienda, equivocada
políticamente, presentada por el Grupo Popular y suscrita con su voto por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nosotros, con esa
buena voluntad política, queremos paliar los efectos de esa equivocación
del grupo que apoya al Gobierno y que estaba respaldado en esa idea y en
ese objetivo por Convergència i Unió. Por tanto, vamos a aceptar la
enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular; nos mueve a
hacerlo la buena fe, el gesto y la voluntad política.




El señor PRESIDENTE: Los restantes grupos tienen oportunidad de
pronunciarse en relación con la admisión o no a trámite, que ha de ser
unánime, de la enmienda transaccional. Para ello tiene la palabra el
señor Homs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, mi grupo acepta esta propuesta
que, como se ha dicho, corrige un error. Yo ayer no dije de qué
naturaleza era el error; yo dije que era un error. (Risas.) Ahora, señor
Presidente, yo le solicito que requiera a la portavoz del Grupo
Socialista para que retire las expresiones que ha utilizado: engaño y
secretismo. (Rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: señorías, guarden silencio.




El señor HOMS I FERRET: Señorías, todo lo que se hace en esta Cámara con
luz y taquígrafos no es engañoso ni secreto, con lo cual, si ella ha
querido decir otra cosa, sea otra cosa, pero de todo lo que se hace en
esta Cámara con luz y taquígrafos no puede quedar constancia de que es
secreto y engañoso. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario se opone a la admisión a
trámite y, por tanto, tras la retirada de las enmiendas del Grupo
Socialista y de Izquierda Unida y la admisión de la transaccional, a su
votación? (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)
¿El señor Núñez se opone a la admisión? (El señor Núñez Pérez hace signos
negativos.)
¿A qué efectos pide la palabra? Le quiero prevenir, señor Núñez, que el
Presidente ha llamado a los restantes grupos para la admisión o no de esa
enmienda. Resultaría muy chocante que fuera el grupo proponente de la
transaccional quien fuera a no admitir la tramitación de la enmienda. Si
es a otro efecto, le tengo que señalar, señoría, que no es momento de
reabrir un debate, salvo que S. S. quiera hacerlo.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, creo que las palabras de los
portavoces, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, merecen, por lo menos, una aclaración
del contenido de la enmienda y del porqué; no quiero decir la réplica.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: señor Núñez, S. S. ha leído la enmienda
transaccional; los portavoces de los grupos que tenían enmiendas han
expresado el sentido de su retirada; el señor Homs ha expresado el
sentido de la aceptación de la transacción y no cabe mayor debate



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que expresar, si S. S. no se opone, con el voto lo que cada cual opina de
esta enmienda. Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Se somete a votación la enmienda transaccional.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 311; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional propuesta
por el Grupo Parlamentario Popular.

Votación relativa a la sección 31, diversos ministerios, que no tiene
enmiendas y, por tanto, al dictamen correspondiente a la sección 31, con
la incorporación de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo
Popular que acaba de aprobarse.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 300; en contra, cuatro; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la sección 31.

En el apartado correspondiente al Ente Público Radiotelevisión Española y
otros entes, mutuas de accidentes de trabajo, etcétera, se han retirado
las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco y permanecen vivas una
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y varias enmiendas
agrupadas del Grupo Socialista.

Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 154; en contra, 168.




El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda 751,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Votación sobre las enmiendas del Grupo Socialista del Congreso.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 135; en contra, 186; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación de la enmienda 994, que el Grupo Socialista formula y mantiene
al estado de ingresos y gastos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 134; en contra, 186; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda.

Votación del dictamen de entes públicos y otros, más el preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 169; en contra, 154.




El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen de los
entes públicos mencionados y el preámbulo.

Comenzamos las votaciones de las enmiendas y el texto del dictamen del
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
también conocida como ley de acompañamiento.

Se han debatido, como recordaba a SS. SS. al comienzo, tres títulos, el
primero de los cuales alcanza de los artículos 1 a 51, en el que
permanecen vivas --retiradas ya las enmiendas del Grupo Mixto firmadas
por el señor Chiquillo y la señora Rahola-- las enmiendas de la señora
Lasagabaster, que las ha agrupado en cuatro bloques. En primer lugar,
enmiendas, 60, 63, 67 y 71, de la señora Lasagabaster.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 158; en contra, 164; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 61 y 62.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, nueve; en contra, 297; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 64.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322, a
favor, 24; en contra, 167; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 65, de la señora Lasagabaster.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, nueve, en contra, 165; abstenciones, 146.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 65.

Resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, siete; en contra, 315; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de la
señora Lasagabaster.

Dentro de las enmiendas del Grupo Mixto, subsisten las del señor
Rodríguez Sánchez, que sometemos a votación en dos bloques. En primer
lugar, las enmiendas números 77, 80, 79 y 82.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 156; en contra, 166; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del señor Rodríguez, salvo las números 74 y 75, que
han sido retiradas.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 23; en contra, 297; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Habiendo sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV). Votamos, en primer lugar, la enmienda número 54.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 144; en contra, 162; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 37 y 38.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 30; en contra, 161; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 11; en contra, 310; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 10; en contra, 311; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En las
notas de la Mesa y de la Presidencia figura que, a la enmienda 368, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se ha presentado una
transaccional formulada por el Grupo Parlamentario Popular, a cuya
votación procederemos, si se admite a trámite. Como saben SS. SS., para
proceder a la votación, tiene que ser admitida a trámite. ¿Algún portavoz
se opone? (Pausa.)
Sometemos a votación la transaccional del Grupo Parlamentario Popular en
relación a la enmienda 368, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 165; en contra, 156; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Votación relativa a la enmienda número 369, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
¿Señor Homs?



El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, se ha manifestado desde la
tribuna por el portavoz del Partido Popular que la enmienda en cuestión,
la número 369, que hace referencia a la reducción del IVA al 7 por ciento
en las autopistas, se incorporaría en este trámite, a lo largo de esta
mañana, o en el Senado. No ha podido ser esta mañana y, por consiguiente,
como hay un compromiso expreso, manifestado desde la tribuna, de que se
podrá tomar esa medida en el Senado, nuestro grupo no la somete ahora a
votación, en aras a buscar la redacción oportuna e incorporarla en el
trámite del Senado. Por tanto, la retiramos en estos momentos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Retirada la enmienda número 369, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
pasamos a la votación de



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las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, votamos un bloque
constituido por las enmiendas números 214, 215, 219, 222, 223, 228, 231,
245, 246, 248, 249 y 250.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 155; en contra, 168; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación de la enmienda número 240, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 19; en contra, 170; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votación de las restantes enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 19; en contra, 300; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Enmiendas del Grupo Socialista del Congreso. En primer lugar, votación de
un bloque que contiene las enmiendas 128, 130, 131, 127, 141, 142, 145,
146 y 147.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 153; en contra, 167; abstenciones, tres.




El Grupo Canario ha hecho notar que existe un error en relación al
artículo 49 del dictamen, en el que tendrían que figurar las palabras «no
elaboradas». Prima facie, este es un simple error material que no parece
necesario someter a votación.

Votamos el título I desglosando la votación en diversos bloques. En
primer lugar, el que afecta a los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 22, 24, 25
y 31.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 168; en contra. 156.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

El segundo bloque está constituido por los artículos 3, 15, 32, 37 y 46.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 302; en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas números 138 y 140, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 135; en contra, 186; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las restantes enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 135; en contra, 167; abstenciones, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista al título I.

Pasamos a la votación del dictamen correspondiente al título I, artículos
1 a 51.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

El tercero, exclusivamente por el artículo 47.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 303 en contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El cuarto, por los artículos 4, 8, 11, 12, 14, 17, 28, 33 y 34.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 319; en contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos ahora el texto del dictamen correspondiente a los artículos 36 y
6.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 186; en contra, 133; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos antes citados.




Página 2139



Votación del texto del dictamen relativa a los artículos 10, 19, 20 y 30.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 169; en contra, 136; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votación relativa a los artículos 48, 49, 50 y 51.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 173; en contra, dos; abstenciones, 148.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto del dictamen relativo al título I.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 300; en contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.

Pasamos a votar las enmiendas y el dictamen del título II, que comprende
los artículos 52 a 80.

En primer lugar, la enmienda número 57, de la señora Lasagabaster, del
Grupo Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 26; en contra, 164; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Enmiendas del señor
Rodríguez, del Grupo Mixto. En primer lugar, las numeradas como 88 y 89.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 24; en contra, 299.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del señor Rodríguez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 141; en contra, 164; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del señor
Rodríguez.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar, enmienda
número 49.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322, a
favor, 11; en contra, 163; abstenciones, 148.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.

Enmienda número 51.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 10; en contra 295; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 50, del Grupo Vasco.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 11; en contra, 162; abstenciones, 148.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. En primer lugar, las enmiendas 257, 258, 259, 262 y 266.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 154; en contra, 170.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 261, 265, 270, 263 y 264.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 20; en contra, 169; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Retirada la enmienda 269, pasamos a votar las restantes enmiendas del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 21; en contra, 303.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
de Izquierda Unida al título II.

Enmiendas del Grupo Socialista. Votamos, en primer lugar, las números 150
y 156. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)



Página 2140



Señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: señor Presidente, solicitamos votación separada
de la 150.




El señor PRESIDENTE: Comenzamos en consecuencia por la votación de la
enmienda número 150.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 157; en contra, 166; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 151.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 130; en contra, 171; abstenciones, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 153.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 134; en contra, 170; abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 155.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 135; en contra, 187; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 156, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 150; en contra, 170; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Pasamos a votar el dictamen correspondiente al título II, recuerdo,
artículos 52 a 80. En primer lugar, votamos el bloque relativo al texto
de los artículos 55, 59, 61, 69 y 71.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 168; en contra, 154; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

En segundo lugar, el texto relativo a los artículos 56 y 67.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 169; en contra, 20; abstenciones, 135.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Texto relativo a los artículos 58, 68, 70, 73 y 80.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 303; en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votación relativa al texto del artículo 66.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 187; en contra, dos; abstenciones, 133.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación sobre el artículo 60.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 304; en contra, tres; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Resto del dictamen correspondiente al título II.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 324; a
favor, 188; en contra, 133; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el texto del
dictamen del título II.

Votaciones relativas al título III, que comprende los artículos 81 a 112.

Se han retirado las enmiendas de la señora Rahola, del Grupo Mixto.

Perviven, del mismo grupo, las del señor Rodríguez. En primer lugar, las
que van numeradas como 91, 98, 103 y 114.




Página 2141



Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 155; en contra, 168; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 90, del señor Rodríguez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 22; en contra, 170; abstenciones, 132.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del señor Rodríguez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 20; en contra, 303; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del señor
Rodríguez.

Se ha retirado también la enmienda número 55, del Grupo Vasco (PNV).

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, las numeradas
como 284, 287, 275, 276, 277 y 292.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 153; en contra, 170; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, en segundo lugar, las enmiendas numeradas como 281, 285, 287,
288, 290 y 283.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 19; en contra, 171; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 19; en contra, 300; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada las restantes enmiendas el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar las números 160, 161 y
162.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 152; en contra, 170; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 157, 158 y 159, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 134; en contra, 169; abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación sobre el dictamen del título III, artículos 81 a 112. En primer
lugar, el texto relativo a los artículos 83, 94 y 107.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 186; en contra, 137; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen relativo a esos
artículos.

Texto relativo al artículo 82.1 exclusivamente.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 186; en contra, 135; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen en relación al
punto 1 del artículo 82.

El resto del artículo 82 es el que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 298; en contra, 19; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto relativo al resto del
artículo 82.

Votación en relación al artículo 86.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 168; en contra, 19; abstenciones, 135.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto relativo al artículo 86.




Página 2142



Votación relativa al artículo 89.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 169; en contra, 137; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Votación relativa al artículo 105.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 170; en contra, 152; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación relativa a los artículos 81, 92, 97 y 102.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 303; en contra,18; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículos 87, 88, 90, 91, 98 y 99 del texto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 303; en contra, dos; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto relativo a los artículos
citados.

Resto del dictamen correspondiente a título III.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 315; en contra, cuatro; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen relativo al
título III.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.




Eran las dos y diez minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se
reanuda la sesión y comenzamos con el debate de las enmiendas presentadas
al título IV, artículos 113 a 131.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, iniciamos el debate de las enmiendas al título IV que, como
toda la ley, presenta la complejidad de referirse a distintas materias.

Por eso, el Grupo Socialista solicita de la Presidencia que lo tenga en
cuenta y sea benevolente ante la dificultad de los temas y la posibilidad
de que intervengan varios portavoces del Grupo Socialista.

Los temas a que me voy a referir tienen que ver fundamentalmente con la
modificación del texto refundido de la Ley General Presupuestaria --las
modificaciones que se introducen en el proyecto-- y, aunque en este caso
no es modificación, con la introducción de nuevas formas de contratación
en el proyecto de ley de medidas fiscales, que en este caso concreto no
modifican la Ley de Contratos de las administraciones Públicas sino que,
como digo, se trata de establecer nuevas formas de contratación. Me voy a
referir a las enmiendas que ha presentado mi grupo en relación con estas
materias por cuanto algunas de las cuestiones que se suscitaban antes del
trámite de Comisión se han incorporado al proyecto de ley de medidas de
disciplina presupuestaria como consecuencia de enmiendas del Grupo
Popular, que ha retirado artículos de este proyecto de ley para pasarlos
al de medidas de disciplina presupuestaria.

Se modifica el artículo 81, apartados 4, 5 y 6 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria que, en lo fundamental, se refiere a las
subvenciones, cuestión que ha sido objeto de interés, no sólo en los
debates de esta Cámara sino también por el Tribunal de Cuentas en las
distintas decisiones que ha tomado al analizar las Cuentas Generales del
Estado de los sucesivos años. En tal sentido, a mi grupo le parece
conveniente que se aborden estos temas, aunque como ya saben SS. SS. y
especialmente los portavoces del Grupo Popular, nosotros somos
partidarios de que se presente un proyecto de Ley General Presupuestaria.

En cualquier caso, creemos que éste es uno de los temas que hay que
afrontar y, en tal sentido nos parece positivo que se aborde el control
de todo lo que es público, también en los temas relativos a las
subvenciones.

Nos parecen bien las referencias que se hacen a los beneficiarios de la
subvención; nos parecen bien las bases que se establecen reguladoras de
las subvenciones y nos parecen bien todos los criterios que se establecen
sobre publicidad, concurrencia y objetividad. En todos esos aspectos nada
tenemos que decir, incluso nada tenemos que decir respecto a algunas de
las excepciones que se señalan en el propio texto del proyecto de ley.

Sin embargo, no acabamos de entender y por supuesto no compartimos (no
sólo ocurre en este tema sino que también ha sucedido en lo referente a
los temas sanitarios, y con anterioridad a este debate se ha debatido un
tema parecido) la necesidad de que se retire el requisito de la
publicidad, en lo que se refiere



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al otorgamiento de las ayudas o subvenciones, cuando tengan por objeto
financiar a las entidades que se pueden crear al amparo del Real
Decreto-ley de 17 de junio de 1996 que, aunque es verdad que está en
vigor y se refiere a la habilitación de nuevas formas de gestión del
Instituto Nacional de la Salud, también es cierto que está todavía en
tramitación en esta Cámara, como proyecto de ley. Al estar en vigor,
permite que el proyecto de ley haga alguna referencia al mismo, pero me
parece una precipitación excesiva que, sin que se haya terminado de
tramitar ese proyecto de ley en esta Cámara, se introduzcan esas
fórmulas.

Me preocupa porque aparte de que en estos momentos no tengo claro si
incluso será contrario el texto del proyecto de ley a las normas de la
Comunidad Económica Europea y a las directivas de la misma, en cualquier
caso no compartimos que se retire ese requisito de la publicidad. Aunque
se establecen los otros requisitos, en una materia de esta envergadura,
de la importancia que tiene la gestión de los centros hospitalarios del
Sistema Nacional de Salud, nos parece realmente negativo y peligroso
desde el punto de vista de la concepción de la gestión de estos centros.

No entendemos para qué necesita el Gobierno que se articulen fórmulas al
margen de los requisitos de publicidad, no lo entendemos, no lo
compartimos y los mismos temores que suscitaba al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista esta mañana este tipo de fórmulas, es evidente
que al Grupo Socialista, y a mí personalmente, se nos plantean los mismos
problemas relativos al tema de la gestión de los hospitales.

Si ustedes no reconsideran su posición tendremos que seguir observando
cómo avanza este tipo de planteamientos, pero le adelanto que el sentido
de la enmienda donde planteamos la supresión de ese apartado concreto
tiene que ver con un problema de concepción, de fondo. Nosotros no
compartimos lo que podría ser, de acuerdo con ese decreto, aunque el
Ministro de Sanidad ha dicho cosas distintas y a veces contradictorias,
que articula la posibilidad de gestión privada de centros hospitalarios,
que nosotros no compartimos, en principio. En cualquier caso, ése es el
sentido de nuestra enmienda.

A continuación, me voy a referir específicamente al tema de los contratos
de obra que aparecen con el título de contrato de obra bajo la modalidad
de abono total del precio. Señorías, me parece que el Gobierno, para
resolver algunos problemas que se le plantean, ha ideado fórmulas que
alguien podrá entender que son muy imaginativas, pero, en mi opinión, son
unas fórmulas que, aparte de tener dudas de que puedan ser aplicadas en
la práctica --yo personalmente las tengo--, creo que es una solución
desastrosa a los problemas que el Gobierno quiere resolver.

El Gobierno tiene un problema, que compartimos todos, de contener el
déficit --eso es cierto--, que da lugar a una articulación en los
presupuestos que hemos debatido en esta Cámara; pero al mismo tiempo que
se plantea el problema de la necesidad de contener el déficit,
lógicamente, se tiene que plantear sus prioridades a la hora de definir
los ajustes. Por otro lado, se plantea el problema obvio de cómo se
mantiene un grado de infraestructuras a determinado nivel, que no nos
aleje de los países centrales de la Comunidad; pero vuelvo a insistir, en
su preocupación por el problema de las infraestructuras, lo resuelven de
forma desastrosa. Las inversiones reales de los presupuestos sufren un
recorte muy importante, que no tiene un impacto neutral sobre la economía
y el empleo, eso lo sabemos todos, y además entendemos que va a suponer
una paralización del sector de la construcción y una reducción de los
empleos asociados al mismo que estimamos será del orden de 35.000
millones, en 1997.

Pero lo más preocupante de la decisión del Gobierno de utilizar la
inversión como variable del ajuste fundamental en la reducción del
déficit es que nos coloca en una situación muy por debajo del escenario
de las inversiones mínimas que se contemplan en el Plan Director de
Infraestructuras. Ello puede originar a corto plazo la reaparición de
cuellos de botella en nuestras redes de comunicación e infraestructuras
ambientales que operan, lógicamente, en contra de la competitividad del
territorio español.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno, le
recuerdo que S. S. ha expresado la voluntad de compartir el tiempo del
Grupo Socialista con otro Diputado de su grupo y prácticamente ha
consumido ya el tiempo de que disponen.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, aunque estoy convencido de la
buena intención de su Presidencia, simplemente quiero indicar que el tema
de que estamos hablando afecta a modificaciones sustanciales del régimen
de funcionamiento de las administraciones públicas en las formas de
contratación. El tema es de enorme importancia. Ya sé que ha pasado un
poco desapercibido, no para S. S. pero sí posiblemente para el conjunto
de la Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Soy plenamente
consciente, pero le ruego concluya.




El señor GIMENO MARIN: Pido un poquitín de benevolencia. Voy a intentar
avanzar rápidamente, señor Presidente.

Las fórmulas que plantea el Gobierno en este proyecto de ley, consisten,
en lo fundamental, en un contrato de obra que se financia por la
iniciativa privada y que se paga, lógicamente, al término de la obra,
cuando se entrega a la Administración bajo las fórmulas que se
establezcan en la contratación. Pues bien, señorías, ¿qué pasa con el
principio de riesgo y ventura y el



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principio del carácter esencial del precio y la certeza del mismo? En mi
opinión, es claramente contradictorio con el planteamiento en sus
formulaciones. No se regula un sólo contrato, se regulan dos contratos:
el de obra y el de obra pública, claramente diferenciados en los párrafos
primero y segundo. Sí. Les parecerá extraño, pero es así. Estoy
convencido que sí; ya tendremos ocasión de discutirlo.

¿Dónde está, en este caso, la situación de funcionamiento del mercado?
Con estas fórmulas eliminan ustedes absolutamente a los competidores del
mercado de la obra pública. ¿Quién va a poder concurrir, como no sea una
entidad financiera con sus empresas constructoras? Es prácticamente
imposible que se pueda concurrir de otra forma. No creo que a los
empresarios de la construcción les pueda entusiasmar con carácter general
la idea.

¿Qué me dicen ustedes de la significación que tienen los costes en estas
fórmulas que se plantean? Esta fórmula de financiación ¿es más barata que
las fórmulas tradicionales? A mí me parece que difícilmente lo puede ser.

Analicen la capitalización de los intereses y de la inflación a cinco o
diez años que se plantean, hagan un cálculo y verán si este tipo de
contratación en estos momentos contribuye o no a la contención del
déficit. Se rompe el principio de existencia de crédito para poder tomar
la decisión inversora, lo cual creo que es una quiebra de uno de los
principios fundamentales que tiene en estos momentos el texto de la Ley
General Presupuestaria.

Para evitar el problema del déficit la única ocurrencia que plantea el
Grupo Popular, supongo que por indicación del Gobierno, es que se
necesite informe favorable del Ministro de Economía, al que se le da
todas las competencias para decidir sobre estas formas de contratación.

Por la enmienda que han introducido ustedes todas las funciones, todas
las competencias las tiene el Ministro de Economía.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno, le
ruego concluya.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, voy terminando ya.

¿Qué hacemos con las facultades de dirección de obra y de supervisión de
la Administración en estas fórmulas de contratación? ¿Quién asume la
titularidad de las expropiaciones? Son problemas que no tienen solución
en la formulación que ustedes plantean, por lo que entiendo que, desde el
punto de vista real, va a ser imposible que se apliquen en la práctica.

En cualquier caso, suponen una quiebra que pone en peligro también, en mi
opinión, la lucha contra el déficit y principios fundamentales, como la
existencia de crédito, que hasta ahora se planteaban en nuestra
legislación. Por todo ello, mi grupo no acepta ese planteamiento y por
eso ha presentado las enmiendas a las formas de contratación que se
establecen en este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.

Señor Pérez Segura.




El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, señorías, apelando a su
benevolencia, pero muy brevemente.

Nuestro grupo ha presentado sendas enmiendas a los artículos 116, 117,
118 y 119 de la ley de acompañamiento, que pretenden modificar la Ley de
Haciendas Locales. Entendemos que estos artículos en términos generales
vulneran la autonomía de las corporaciones locales, proponiéndose a
través de ellos una reforma precipitada e irreflexiva de determinadas
potestades financieras que afectan a dichas corporaciones. Para mayor
abundamiento, hemos de decir que la redacción actual es contraria al
principio constitucional de autonomía local, al establecer multitud de
tutelas y controles que no están previstos en la Ley de bases de Régimen
Local ni se justifican por posibles vulneraciones graves que hubieran
podido cometerse en algunas corporaciones locales a los intereses
generales del Estado, únicos controles y tutelas que admite el Tribunal
Constitucional. Además, esta nueva redacción que se pretende dar a la Ley
de Haciendas Locales no es congruente con el texto primigenio de dicha
ley, ya que tiene un contenido más propio de normas reglamentarias y no
de una norma legal.

Las medidas de disciplina financiera en relación con el mundo local
afectan al estrato de la Administración que menos repercute en generación
de déficit público, que está cifrado en el 0,2 por ciento sobre el PIB, o
sea, una verdadera minucia en relación con el conjunto de la
Administración. Si el problema del endeudamiento afecta prioritariamente
a la Administración central, y muy especialmente también a las
comunidades autónomas, ¿por qué se desvía --y es una pregunta que se hace
nuestro grupo-- la restricción hacia las corporaciones locales a través
de medidas que decretan de facto un estado de excepción en materia
financiera a la Administración local? Creemos que puede ser ilustrativo
hacer un breve repaso de cuáles son estas medidas, aunque el tiempo,
seguramente, no me lo permitirá. Alguna de ellas ya se ha corregido por
enmiendas del propio Grupo Popular, la que hace referencia al límite de
la asunción de deuda a corto plazo, que estaba fijado, como ustedes
conocen perfectamente, en el 35 por ciento, pero que en un principio, en
el proyecto de ley, se pretendía rebajar al 25 por ciento. En la enmienda
ya aprobada en Comisión este límite está fijado en el 30 por ciento,
según las indicaciones o según el interés que han tenido las
organizaciones municipalistas que se han dirigido a todos los grupos.

También establece determinadas limitaciones en cuanto



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al órgano que puede solicitar el endeudamiento por parte de las
corporaciones locales. El órgano puede ser el Pleno del Ayuntamiento,
puede ser el alcalde, y en todo caso se limita a las facultades del
propio alcalde para poder concertar este tipo de operaciones crediticias.

Hemos de decir, a modo de colofón, que afirmaciones atribuidas al
Gobierno en los medios de comunicación y en los círculos municipalistas,
como pueden ser que el Ministerio de Economía quiere poner coto a la
deuda de los ayuntamientos o de las diputaciones, que el Gobierno
pretende un ajuste de cuentas con los ayuntamientos, o que el Gobierno
pretende también poner bajo sospecha las cuentas de los ayuntamientos,
representa un clima generalizado de desconfianza hacia estos ente
locales. Esta especial relación viene confirmada por la inexistencia de
consultas previas a las organizaciones municipalistas, con anterioridad a
la redacción de la ley de acompañamiento, del contenido de los artículos
a que nos estamos refiriendo; hemos visto --y hemos hecho referencia
anteriormente-- que estos contactos se han producido a posteriori y han
posibilitado la mejora de dicha ley.

Las restricciones en la autonomía financiera municipal, que son el núcleo
de estos artículos de modificación, son compartidas por el Secretario de
Estado de Administraciones Territoriales, don Jorge Fernández Díaz, en su
comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas en el período
facultado para ello en este trámite parlamentario. Coincidimos en algunas
de sus argumentaciones, pero también coincidimos en una apreciación que
él hizo de que si era censurable el nivel de endeudamiento a que habían
llegado algunas administraciones locales, también era censurable --y lo
digo entre comillas, porque es una transcripción literal-- la reforma
tipo parcheo que se está haciendo con esta ley de acompañamiento en la
Ley de Haciendas Locales. En todo caso, se tendría que ir a una reforma
global de dicha ley. Entendemos que esto puede provocar apelaciones en el
sentido de que el Grupo Socialista en su momento podía haber iniciado la
reforma de esta ley como así se hizo en Comisión por parte del Grupo
Popular, pero en todo caso estaremos preparados, y en turno de réplica le
daremos la contestación correspondiente si ha lugar.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Gimeno Marín pide
la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Gimeno, cuando empieza la intervención S. S. me habla de compartir el
tiempo, y yo daba por supuesto que después de haber consumido S. S. los
diez minutos tan sólo iban a hacer uso de la palabra dos diputados, que
es lo habitual. Si son tres diputados y S. S. me lo dice, empiezo a
contar previamente el tiempo. El señor Hernández Moltó puede intervenir,
va a intervenir por tres minutos, pero rogaría que estas cosas se
advirtiesen a la Presidencia, porque llevan ustedes consumidos en este
momento como Grupo Socialista dieciséis minutos de un turno de diez.

El señor Hernández-Moltó tiene la palabra, y le rogaría que no se
excediese de tres minutos.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente. Para
corresponder a su magnanimidad, que nunca dudábamos se iba a producir,
intervendré desde el escaño, fundamentalmente para defender las enmiendas
que van desde la número 169 a la 186, y que se corresponden con los
artículos 126 y 127. Ya tuvimos ocasión de presentarlas al grupo
parlamentario mayoritario con ocasión del debate en Comisión, y tienen
que ver con la defensa de nuestra alternativa, bien distinta de lo que es
el modelo de reorganización industrial que preconiza el Gobierno y que se
pretende modificar con estas enmiendas.

Nuestra discrepancia fundamental, y por eso lo haré en términos muy
generales, tiene que ver con nuestra disconformidad, que queremos poner
de manifiesto a través de estas enmiendas, con los mecanismos, con lo que
entendemos como subterfugios de encubrimiento, maquillaje de deuda
pública a través de la capacidad de endeudamiento, de esa situación
jurídica que se le concede tanto a la Agencia Industrial del Estado como
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dos agencias cuyos
artículos 126 y 127 pretenden fundamentalmente poner a punto estos
instrumentos de privatización.

Discrepamos seriamente de las consecuencias que esto puede determinar
porque defendemos un modelo distinto. Ayer, el portavoz del Grupo Popular
en materia de industria, como viene siendo habitual no se entera casi
nunca de nada, no entendía que nuestro modelo está perfectamente
determinado con lo que ha venido siendo la línea de conducta del
Ministerio de Industria en los años anteriores, desde que se produjo una
reordenación, una reestructuración de las agencias industriales, del
propio SEPI, de la propia Agencia Industrial del Estado, precisamente
para darle un contenido bien distinto del que en este momento pretendería
el Gobierno.

Por tanto, con estas enmiendas que, repito, defenderé en treinta
segundos, no consumiré mucho más tiempo, pretendemos evitar ese escapismo
que se puede producir por parte del Gobierno del propio presupuesto, toda
vez que esa capacidad de endeudamiento de las empresas perturba,
distorsiona, encubre lo que es la situación de endeudamiento y de déficit
público de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, hay otro conjunto de enmiendas que llamamos en su momento
enmiendas de cautela, toda vez que teniendo escasa confianza en que
fueran aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular pretendíamos, si no
lo eran, que en cualquier caso se reforzaran los mecanismos de control y
de información que en las



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nuevas iniciativas del sector público empresarial pudieran producirse.

Por eso cada enmienda va con su correspondiente cautela, una a más y otra
simplemente para que se refuercen los mecanismos de información.

También hay otro conjunto de enmiendas que tiene que ver con unas
licencias que se conceden a la Agencia y a la SEPI fundamentalmente
dirigidas a que no cumplieran determinado tipo de requisitos, la Ley de
Contratos de las administraciones públicas, que nos parecía poco
oportuno, pero en cualquier caso, repito para acabar con la intervención,
se referían a la defensa de una alternativa, de un modelo de diseño, de
gestión del proceso de las empresas del sector público empresarial
claramente distinto al del Gobierno. Con esto queríamos evitar el efecto
dañino, perturbador consistente en que el endeudamiento encubierto en que
pudieran caer estas agencias afectara al desequilibrio de las cuentas del
Estado.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias por su benevolencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó.

Señor Gimeno, a efectos posteriores, si hay algún turno en contra,
rogaría que interviniese tan sólo uno de SS. SS. por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, si efectivamente quieren proceder a la réplica
del turno en contra.

En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor
Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.

Este título, como SS. SS. saben, habla de las normas de gestión y
organización y en sus diferentes artículos aborda diversas cuestiones,
materias muy dispares. Previamente a explicar, aunque sea de forma breve,
el contenido de las enmiendas concretas, quisiera enumerar cuatro
elementos políticos generales de rechazo de nuestro grupo parlamentario a
este título.

El primer elemento político general es que en la modificación de las
normas de gestión y organización que el Gobierno nos propone se confiere
a la Administración central una mayor laxitud, un menor control y una
mayor discrecionalidad, es decir, las posibilidades de actuación del
Gobierno serán mucho mayores que en la actualidad, con menor control
parlamentario y con mayor discrecionalidad. El segundo elemento político
es que, en cambio, contradictoriamente a esto, en relación al
funcionamiento de las corporaciones locales, en el proyecto de ley se
contemplan toda una serie de aspectos que incrementan el control y la
fiscalización, hasta el punto de que creo que no es exagerado decir que
posiblemente algunos de estos artículos que hacen referencia a las
corporaciones locales incurren en vulneración de la autonomía municipal.

El tercer elemento es que en contra de lo que el propio Ministro de
Economía y Hacienda había dicho, en el sentido de que en ningún caso en
la ley general de presupuestos y en la ley de acompañamiento se
posibilitaría la creación de peaje o canon para obras de infraestructura,
en este título en concreto se abre la posibilidad para que cualquier
infraestructura sea financiada total o parcialmente con peaje o con
canon. Y el cuarto elemento político de rechazo de nuestro grupo a este
título es el hecho de que en él se facilita, se posibilita de alguna
manera la alienación prácticamente total del sector público. He dicho
esta mañana que en toda la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en
la ley de acompañamiento existe una gran propaganda contra lo público, y
en concreto en este título existe una serie de disposiciones que lo que
hacen es facilitar de alguna manera la liquidación del sector público.

Yendo en concreto a algunas de las enmiendas, quisiera empezar por el
artículo 124. Anteriormente el señor Gimeno ha hecho mención a él, pero
este es un artículo para nosotros también muy importante. Es el artículo
que habla de los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del
precio. En definitiva, nos encontramos ante la posibilidad de contratar
obras financiadas inicialmente por la empresa privada a pagar con
posterioridad por el sector público. Se dice que el pago será único, pero
que podrá ser pagado en cómodos plazos de hasta 10 años, si no recuerdo
mal, con los correspondientes intereses, y puede ser --y esto es lo
grave-- financiado total o parcialmente por peaje o canon que las
empresas concesionarias impongan al usuario. Nuestro grupo ha presentado
una enmienda de supresión a este artículo, entendiendo que es necesario y
que es deseable que la iniciativa privada colabore en la financiación de
las obras públicas y de las infraestructuras públicas. En todo caso,
entendemos que la instrumentación de esta participación del capital
privado en la financiación de obras públicas ha de ser objeto de una
reflexión y de un debate sereno, tranquilo y, a ser posible, consensuado.

Esto no es lo que ha hecho el Gobierno. En primer lugar, lo que el
Gobierno hace en este proyecto de ley es diferir en el tiempo el pago de
obras de infraestructura, y en segundo lugar, según el artículo 124, el
Gobierno tendrá la posibilidad de adjudicar obras de infraestructuras sin
tener existencia de crédito ni consignación presupuestaria.

Además, en este punto quería resaltar otro aspecto. En el anteproyecto
que el Gobierno remitió al Consejo Económico y Social el artículo 124
sólo tenía siete puntos. Finalmente, el proyecto de ley que entró en el
Congreso tiene ocho puntos. La novedad del octavo punto es la
introducción de esta posibilidad de financiación mediante la imposición
de canon o peaje, insisto, en contra de un cierto compromiso solemne, o
por lo menos público, pues el propio Ministro de Economía



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y Hacienda manifestó que no habría posibilidad, por ejemplo, de cobrar el
canon hidráulico. Pues bien, entre el primer anteproyecto y el proyecto
que entró en el Congreso ha aparecido un nuevo punto 8 en el artículo 124
que, insisto, posibilita la creación de un canon hidráulico, como existe
en Cataluña, o peajes en otras obras de infraestructuras.

Por tanto, en relación a este artículo 124, nuestro grupo pide su
supresión porque existirán problemas de control, porque no hay garantías
--creo que el señor Gimeno también hacía referencia a ello-- de cómo se
va a realizar esto y por las repercusiones negativas sobre los ciudadanos
que el propio CES indica en su dictamen.

Paso a defender la enmienda 299. Sus señorías saben que el Real Decreto
10/1996, del pasado mes de junio, posibilitaba la creación de nuevas
entidades para gestionar --se decía-- de nuevas formas el Insalud. En el
momento del primer debate parlamentario nuestro grupo ya expresó su
rechazo a este real decreto-ley. En el proyecto de ley de acompañamiento
el Gobierno da un paso más en una dirección que nuestro grupo cree
equivocada. El paso que da el Gobierno es que para la concesión de ayudas
o subvenciones a estas entidades no será necesaria la publicidad. Nos
parece absolutamente incomprensible y sorprendente la forma de
desarrollar el compromiso que el Presidente del Gobierno, señor Aznar,
adquirió en el tercer o cuarto párrafo de su discurso de investidura. El
compromiso era que quería desarrollar una acción de Gobierno
transparente, y decía que la transparencia no es una cuestión de forma
sino de contenido. Pues bien, ustedes nos traen hoy una disposición por
la cual eliminan la publicidad, insisto, de las ayudas o subvenciones a
entidades que van a gestionar una parte de la sanidad pública. Esto no lo
entendemos y, si lo queremos entender, aún nos parece peor, sobre todo
porque las subvenciones serán importantísimas. Para la creación de estas
entidades se ha utilizado el argumento de mejorar la eficiencia del
sistema. Hoy quisiera recordar aquí, una vez más, que el inicio del
desarrollo de estas entidades no es transparente, no es eficiente, es
opaco, pero quería recordar sobre todo que sin transparencia no hay
eficacia. Si me lo permiten, diré más, sin transparencia se cae a menudo
en las corruptelas. Por tanto, nos gustaría que, aceptando esta enmienda
o presentando una transaccional, ustedes pudieran rectificar unas
posibles prácticas que en absoluto van a tener que ver con la eficacia.

Posteriormente hay un bloque de artículos, tres o cuatro, que hacen
referencia a la Administración local. He dicho al inicio de mi
intervención que, contradictoriamente con las disposiciones que el
proyecto de ley prevé para la Administración central que, insisto,
aumentan la laxitud o la falta de control sobre el Gobierno central, en
estos cuatro artículos el proyecto de ley incrementa las medidas de
control y de fiscalización sobre los ayuntamientos. Anteriormente se ha
puesto toda una serie de ejemplos, pero la reflexión política que les
quería hacer es que ustedes saben perfectamente, como nosotros, que hoy
la situación financiera de los ayuntamientos es delicada, grave. En
ningún caso puede el Gobierno en este proyecto de ley dejar de dar una
respuesta a la situación financiera grave de los ayuntamientos sino, por
el contrario, intentar incrementar las medidas de control y de
fiscalización. Hoy, los ayuntamientos, las corporaciones locales no
necesitan mayores controles ni fiscalizaciones; lo que necesitan es una
mejora de la financiación municipal, que --y en eso podría coincidir con
ustedes-- ha estado postergada durante muchos años. En todo caso, no nos
parece justo que en este proyecto de ley se utilicen dos raseros
distintos para desarrollar las competencias de la Administración central
y de la Administración local.

Quisiera acabar mi intervención con un último aspecto. He dicho también
que las tres leyes presupuestarias están atravesadas por una propaganda
contra lo público.

En este título, en concreto en el artículo 120, se sientan las bases para
facilitar la alienación del patrimonio del Estado. Incluso diría que se
puede leer una cierta clara voluntad política de facilitar la liquidación
del patrimonio público sin control y sin planificación. Hasta tal punto
esto es así que este artículo establece, por ejemplo, la posibilidad de
enajenar un inmueble para podérselo alquilar posteriormente, incluso se
abre la posibilidad de hacerlo en régimen de leasing. Estas opiniones no
son sólo mías sino que están recogidas en el dictamen del Consejo
Económico y Social, y luego en la réplica las podría desarrollar más. Es
decir, este artículo abre la posibilidad de que se pueda vender un
patrimonio que posteriormente se puede volver a alquilar.

En resumen, señorías, señor Presidente, quiero manifestar nuestro rechazo
a los artículos que he mencionado de este título que --insisto-- tienen
cuatro elementos políticos: la disminución de los elementos de control y
de transparencia del Gobierno; el aumento del control y la fiscalización
de las administraciones locales; el que se abra la puerta, en contra de
lo que el Gobierno se comprometió, a la posibilidad de la financiación de
las infraestructuras con cobro de peajes o cánones, y el que este título,
en concreto el artículo 20, va a facilitar de forma muy rápida la
enajenación de patrimonio público sin control y sin planificación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.




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A este título hay dos enmiendas de mi grupo parlamentario y quisiera
argumentar brevemente los contenidos que proponen.

La enmienda 404 tiene por objeto incorporar en el articulado unos
criterios que permitan diferenciar el procedimiento de concesión de
ayudas o subvenciones cuando se otorguen por la comunidad autónoma o por
entidades colaboradoras. Simplemente se trata de que cuando las
subvenciones se distribuyan y se entreguen a través de las comunidades
autónomas, éstas suscriban con la Administración del Estado unos
convenios donde se fijen los requisitos para la distribución y entrega de
dichos fondos. Parece conveniente que la ley ampare la posibilidad de
establecer estos convenios cuando las subvenciones, por razón de las
competencias que tienen las comunidades autónomas, se distribuyen a
través de éstas. Creemos, señor Presidente, que este artículo
113.Siete.5, donde proponemos añadir este principio, permitiría abrir un
proceso de singularidad en la distribución de las subvenciones cuando se
realizan través de las comunidades autónomas. Por eso proponemos añadir
en dicho apartado la siguiente redacción: «Cuando la distribución y
entrega de los mencionados fondos públicos a los beneficiarios se efectúe
a través de las comunidades autónomas, se suscribirán con éstas los
correspondientes convenios donde se fijen los requisitos para la
distribución y entrega de los fondos citados». Con ello creo, señor
Presidente, que permitimos incluso que las propias administraciones
autonómicas asuman de una forma más directa la responsabilidad en los
criterios de distribución y asignación de las subvenciones y no sean,
pura y simplemente, unas meras pagadoras y distribuidoras de los fondos.

La enmienda 406 tiene otra finalidad mucho más singular pero también
substantiva e interesante. Se trata de afectar los criterios que hoy se
reconocen de territorialización en el presupuesto del Estado en cuanto al
plan único de obras y servicios de Cataluña. Se trata del único plan de
obras y servicios unificado hoy existente; no hay ninguno más. Señorías,
proponemos salvaguardar la especificidad de este plan único de obras y
servicios que, como ustedes saben --y si no se lo comento--, está
participado y nutrido por fondos que proceden de la Administración
central del Estado, de la propia comunidad autónoma y de las
diputaciones. Se trata, pues, señorías, como les indicaba, de
salvaguardar el carácter específico de este plan, único en su naturaleza
como plan de ámbito autonómico no provincial, elaborado por una comunidad
autónoma, la catalana. Proponemos incorporar en el artículo 114.9. del
proyecto de ley de presupuestos la siguiente redacción: «Las aportaciones
del Estado al Plan Unico de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) con
cargo a las diferentes secciones del Programa de Cooperación Económica
local del Estado serán territorializadas anualmente en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado». Se trata, pues, de que en la
citada ley se singularice, se determine y se territorialice este plan,
que es el único que existe. Si hubiera otros planes en el ámbito
territorial también lo mencionaríamos, pero como sólo existe éste, con
esta naturaleza, proponemos que se singularice en los presupuestos.

Señor Presidente, yo creo que ambas enmiendas tienen como finalidad
avanzar en la mejora de la racionalización del comportamiento del sistema
de nuestro Estado de las autonomías. No tienen complejidad jurídica ni
económica. No conllevan incremento de gasto de ninguna naturaleza.

Simplemente clasifican, hacen más transparente el mecanismo
presupuestario de asignación de recursos. Creo que Izquierda Unida podrá
apoyar las dos enmiendas, puesto que hace muy poco tiempo argumentaba las
suyas con ánimo de dar más transparencia a la gestión pública
concretamente en el ámbito de las administraciones locales. Yo creo que
estas dos enmiendas persiguen esta finalidad. Por tanto, animo a todos
los grupos a apoyar estas dos enmiendas.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Homs.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición a este
título. No intentamos corregir el texto, pero sí queremos encajar un tema
que quizás, en principio, pueda parecer que no tiene relación con lo que
es una ley de presupuestos. Yo creo que esto suele ser habitual. Pero
entendemos que éste es un problema que está dentro de lo que son las
normas de gestión y organización de las administraciones públicas. Me
refiero, concretamente, a las operaciones financieras de las diputaciones
forales vascas.

Las diputaciones forales vascas tienen un problema de gestión,
fundamentalmente, que está relacionado con el doble control externo que
tienen para poder realizar operaciones de endeudamiento. Creo que en un
momento como éste, en el que el Gobierno tiene que controlar el
endeudamiento de los entes administrativos territoriales, es necesario
que este control esté suficientemente garantizado. Yo pienso que no es el
caso preciso de las diputaciones forales vascas por su nivel de
endeudamiento, porque en este momento cumplen totalmente con los
criterios de convergencia de la Unión Monetaria. Se entorpece el
funcionamiento de las propias diputaciones forales, como digo, por este
doble control externo al que están sujetas. Esto proviene precisamente de
la insuficiente adaptación de la Ley de Haciendas Locales a la Ley de
Territorios Históricos.




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Por esta última ley a las diputaciones forales se les dio capacidad para
emitir deuda pública. Sin embargo, después, con la Ley de Haciendas
Locales se ha visto quebrada esta situación, de forma que en estos
momentos las diputaciones forales, como entes superiores de las
administraciones locales, tienen más control que éstas. Mientras que las
administraciones locales solamente necesitan de un doble control, del
Gobierno y de las diputaciones, sin embargo, las diputaciones forales
tienen tres controles. Por una parte están sus juntas generales, que son
las que tienen que dar el permiso para ese nivel de endeudamiento a
través de la aprobación de sus presupuestos correspondientes; está
también el Gobierno vasco, a propuesta del Consejo vasco de finanzas
públicas y, finalmente, otro tercer nivel, que es la Dirección general de
haciendas territoriales, del Ministerio de Economía y Hacienda.

En estos momento se está produciendo una situación que yo creo que lo que
está haciendo es entorpecer gravemente todo el proceso de endeudamiento
de unas entidades que están demostrando que, además, tienen capacidad de
mantener un nivel que está comprobado que difícilmente otras
administraciones públicas puedan alcanzar, como digo, por el nivel de
endeudamiento que tienen. Creo que este es un problema al que deberíamos
darle una solución. Nuestro grupo parlamentario propone que la solución
venga a través de esta ley, pero, desde luego, estaríamos abiertos a
cualquier otra solución que se nos proponga en esta Cámara y que sea
efectiva, que sea racional, que sea eficaz y, por supuesto, creíble en el
sentido de que se va a llevar a efecto. Estamos abiertos porque creemos
que lo importante es buscar una solución a esta situación y, en este
aspecto, estaré encantado de escuchar las aclaraciones, explicaciones o
compromisos que desde el Grupo Parlamentario Popular me puedan ofrecer al
efecto. Creo que, al final, todos entendemos que esta es una situación a
la que hay que dar solución, además así quedó patente en el debate que
tuvimos en Comisión al respecto, y lo que nos gustaría es ver la forma de
poder dar una salida a una situación que ha venido determinada porque en
un momento claro y preciso no se solucionó como correspondía, que era
adaptando la Ley de Haciendas Locales a la Ley de Territorios Históricos.

Este es el motivo de que nosotros hayamos presentado esta enmienda, que,
como digo, encaja dentro de lo que es la gestión de las administraciones
públicas. Para nosotros es un tema muy importante, es vital, porque en
estos momentos está constriñendo de forma grave el endeudamiento de las
diputaciones forales del País Vasco. Yo les pido que busquemos una
solución, si puede ser consensuada, mejor, para dar una salida definitiva
a este problema que tienen las diputaciones forales vascas.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.

Intervengo, con brevedad, para defender las enmiendas presentadas por el
Bloque Nacionalista Galego a este título IV. En la enmienda número 122
planteamos la supresión del artículo 120 del proyecto de ley porque
propone modificar la Ley del Patrimonio del Estado para la venta de las
acciones de las empresas públicas y, además, para hacer posible el cambio
de titularidad por el alquiler de los inmuebles de uso administrativo.

Esta enmienda es coherente con nuestra postura contraria a la
privatización de las empresas públicas, algo por lo que el Gobierno
parece que apuesta a fondo y que a nosotros nos parece que va a traer
consecuencias negativas y visibles a no muy largo plazo. Además, el
Gobierno parece tener la clara intención de sustituir la titularidad por
el alquiler de los inmuebles de uso administrativo, y lo va a hacer sin
que haya un adecuado proceso de información y transparencia sobre los
planes concretos que piensa llevar a cabo.

En nuestra enmienda número 123 proponemos la supresión del artículo 124
porque establece la posibilidad de una nueva modalidad de contrato de
obra, el abono total del precio, el llamado modelo alemán. Esta modalidad
pretende evitar el gasto público y hacer que aparezca como reducido el
déficit a corto plazo, pero, desde luego, va a ser un modelo que va a
ayudar a justificar la instalación de peaje en las infraestructuras que
se van a realizar a través de esta fórmula y, además, desde nuestro punto
de vista va a favorecer a las grandes empresas constructoras en perjuicio
de aquellas empresas con menor dimensión, que se verán incapaces de
competir teniendo que afrontar la financiación previa de las obras a
realizar.

En la enmienda número 124 proponemos la supresión del punto 3, del
artículo 127, en el que se propone que la Agencia Industrial del Estado
pueda vender sus participaciones accionariales, en coherencia con nuestra
postura de mantener el sector público empresarial.

Presentamos la enmienda número 126 en coherencia con la enmienda anterior
número 123.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intentar ser lo más rápido que pueda, pero la verdad es que las
intervenciones del Grupo Socialista



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no permiten cierta celeridad en la respuesta. Lo digo por la cantidad de
manifiestaciones que han hecho. En todo caso lo intentaré.

La enmienda número 164, del Grupo Socialista, hacía referencia al
criterio de territorialización de subvenciones, concretamente, y decían
que estaban de acuerdo con las disposiciones que se habían introducido en
el artículo 81 enmendado a ley general presupuestaria. ¡Hombre, cómo no
van a estar de acuerdo! El hecho de que el artículo 81 aparezca en esta
ocasión en la ley de medidas de acompañamiento obedece a la exclusiva
razón de que cuando se debió incorporar en el año 1995, con ocasión de la
ley de presupuestos que ustedes presentaron a la Cámara, no lo
introdujeron. Por esa razón existía la laguna en relación al carácter de
entidades beneficiarias con respecto a las subvenciones que el Gobierno y
nuestro grupo ha tenido que incorporar, primero, en el proyecto de ley y
después, como ustedes saben, con alguna otra enmienda de nuestro grupo
para que esa laguna jurídica desapareciera.

También ha hecho referencia el señor Saura a la supresión del
antepenúltimo párrafo del artículo 81, relativo a la exclusión de la
publicidad a la que aludían SS. SS. La supresión de la publicidad que
introduce el artículo 113.7 de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social para las ayudas o subvenciones que
financien las entidades que se puedan crear al amparo del Real Decreto
10/1996 --que, como bien hacía referencia el señor Saura, trata de las
habilitaciones de nuevas formas de gestión del Insalud-- según nuestra
opinión, no supone una limitación a las garantías de gestión de las
subvenciones, ni mucho menos supone una limitación al carácter de
transparencia que debe primar en la gestión del sector público en contra
del sector sanitario, ya que supone un caso especial de creación de
entidades de derecho público sometidas, en principio, a las normas
reguladoras de las fundaciones sin ánimo de lucro y destinadas a
gestionar el servicio público sanitario, y la garantía radica en la
propia garantía que deben ofrecer los órganos donde vayan a acogerse las
subvenciones, que van a ser ni más ni menos que las comunidades autónomas
y el Estado. Parten ustedes de una desconfianza que puedo entender en
principio razonable por mor de lo que viene siendo la tónica en otra
forma de gestionar el presupuesto público y la asistencia sanitaria en
España, que, desde luego, no es la que lucirá en la gestión a desempeñar
y que ya desarrolla el Gobierno del Partido Popular. Entiendo lógica la
desconfianza que pueda surgir de las señorías del Partido Socialista y de
Izquierda Unida, pero créanme que es una desconfianza que no tiene, en
principio, visos de realidad por las razones que he expuesto.

La enmienda número 163 está referida a lo que ellos denominan nueva
figura de contrato de obra con abono total. Reconozcan que cuando se
apercibieron de que no era ninguna novedad el contrato con abono total
del precio de la obra pública fue en Comisión, y que fue en aquel momento
cuando descubrieron que el artículo 100.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ya incluía esta modalidad de contrato de obra
de precio total que, como ustedes se habrán apercibido ya, fue un
proyecto presentado por el Grupo Socialista, cuando gobernada, en la
legislatura anterior. Por tanto, da la sensación que se apercibieron en
el trámite de Comisión de la nueva existencia de este contrato de obra
bajo la modalidad de abono total del precio que se contempla, como digo,
en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que cuenta, señorías, con un innegable surtido de ventajas que
la Administración quiere aprovechar. Luego si ya la figura era de su
paternidad indiscutible --permitan que lo diga así--, lo que habrá que
ver es de qué forma se articula, porque con la simple dicción del
artículo 100.2 no hay manera de desarrollar ni de poner en práctica este
contrato de obra, puesto que tampoco hay un desarrollo reglamentario al
día de hoy, por la reciente aprobación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de esta modalidad contractual. Ustedes han
dicho que no les parece bien en ningún caso esta modalidad de pago del
precio, pero tampoco han dicho de qué forma desarrollarían la propia
modalidad que se introduce. Con esto ocurre como con los retoños que no
se sabe cómo reconocer, y lo único que han hecho ustedes ha sido
someterlos a la disciplina de la inclusa considerando que no tienen
ninguna viabilidad, si bien la paternidad, como digo, es exclusivamente
suya, y este Gobierno lo único que ha hecho ha sido darle cuerpo y dar
una regulación normativa que le permita ser útil y gozar de las ventajas
que indudablemente tiene.

Pareciera además, al decir del Grupo Socialista, como si con la simple
regulación de esta modalidad, sin haber entrado en vigor, se fueran a
producir no sé qué tipo de catástrofes en la contratación administrativa
y en concreto en la génesis o generación de infraestructuras en España.

Quiero recordarles que esto es una paternidad suya, y ustedes todavía, al
día de hoy y en este momento, no lo han regulado, ni siquiera lo han
intentado ni han ofrecido de qué modo regularían esta modalidad. Esta
modalidad trata de avanzar además simple y sencillamente en la línea de
experiencias similares realizadas en países de nuestro entorno, de donde
intuyo además las sacaron ustedes, y sin duda también les pareció bien en
aquella ocasión.

Las ventajas de abonar el precio total de la obra cuando se recibe de
conformidad con la administración contratante son varias, y alguna
quisiera comentar. En primer lugar, permite optimizar sin ningún género
de dudas la utilización de los compromisos futuros que se regulan en el
nuevo artículo 61 de la Ley General Presupuestaria, que, por cierto,
cuando estaba regulado conforme a la redacción del virtual



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antiguo artículo 61, en sus dos últimos años apenas tuvo utilización,
porque, como SS. SS recordarán, o reconocerán por mejor decir, es difícil
que una obra pública de las dimensiones de las que se han acometido en
los últimos años en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, tenga
una duración de dos años, sino que es más bien cierto que las duraciones
son superiores a los dos años y, por tanto, este artículo 61, al menos en
ese sentido, requería de una nueva regulación que hiciera más útil la
utilización de los créditos comprometidos y los compromisos futuros que
lo que en la actualidad existía con la antigua redacción virtual, como
digo, del artículo 61.

Por otro lado, aunque no debiera ser necesario recordarlo por la cantidad
de catástrofes que parecería iba a provocar al menos en cuanto a la
financiación, la incorporación a la legislación del desarrollo de esta
modalidad de pago, se mantienen, cómo no, todas las actuaciones
preparatorias previas a la percepción del contrato de obra pública. Por
cierto, señor Gimeno, sabe usted que el contrato de obra y el contrato de
obra pública es lo mismo, lo digo porque antes dudaba con la cabeza, y
sabe que los contratos administrativos lo son nominados o innominados,
pero el contrato de obra es el contrato de obra y sabe que llamar
contrato de obra a algo distinto al de obra pública no obedece a ningún
sentido.

El contrato de obra, sea pagado mediante precio total o a través de
certificaciones de obras, como hasta el momento se venía haciendo, va a
tener la misma tramitación en su fase preparatoria que hasta ahora, es
decir, los pliegos de condiciones económico-administrativas van a tener
que seguir siendo aplicadas del mismo modo, se va a tener que aprobar el
expediente del mismo modo que se hacía hasta ahora, los procesos de
licitación, como usted imaginará, serán exactamente iguales, con la
diferencia de la forma de adjudicación en función de qué tipo y de qué
porcentaje o de qué cantidad estemos hablando en el precio de licitación,
y el transcurso de la ejecución, excepto en lo que se refiere al pago,
será distinto. Además, al trasladar todos los pagos a la finalización de
la obra, se vincula de un modo mucho más efectivo el gasto público
efectuado por la Administración con su finalidad, ya que se adquieren con
recursos públicos obras y se posibilita que se entreguen inmediatamente
al fin público para el que fueron previstas.

Por otra parte, en cuanto al criterio de registro contable, que quería
traerlo a colación porque el señor Borrell hizo referencia a las serias
dificultades y a las incongruencias que tendría con respecto al registro
contable y hacer bueno el principio de devengo en el registro de las
operaciones financieras de la Administración, he de decir que es justo
con esta modalidad de pago con la que se consiguen plenamente hacer
válido el principio de devengo en el registro contable de las
obligaciones de la Administración. En el presupuesto de la Administración
se recogen exclusivamente derechos de cobro y obligaciones de pago. No se
recogen ni pagos, ni cobros, sino obligaciones y derechos.

Lo que se hace con el registro al finalizar la obra pública es, ni más ni
menos, que hacer válido el principio de devengo. ¿Por qué? Porque hasta
el momento con las certificaciones de obra lo que se hacía es registrar
las operaciones en función de un principio estricto de caja. Como se sabe
las certificaciones atendían al principio de constituir un pago a cuenta
del resultado liquidatorio final de la obra pública.

En este caso ocurre todo lo contrario. En el momento que se entrega su
buen fin, de conformidad con la Administración, lo que se hace es dar
virtualidad jurídica y práctica al principio de devengo en cuanto al
registro de las obligaciones contables por parte de la Administración.

A más a más, como le gusta decir al señor Ríos, al que hoy no veo por
aquí, la finalización de la obra corre a cargo del contratista. Esto, en
principio, puede tener indudables ventajas de carácter financiero en el
sentido de no permitir, por la propia necesidad de la Administración de
recoger las obras públicas, que existan continuas modificaciones a los
proyectos de obra en función de las necesidades. El que va a estar
absolutamente necesitado de entregar la obra pública en el plazo y los
términos explicitados en el contrato de obra va a ser el propio
contratista, que se va a ver conminado para poder cobrar a entregar la
obra a satisfacción de la Administración.

Otra cosa razonable es que digan que el anterior Gobierno no ha sido
capaz de utilizar este tipo de contratación. Esto puedo entenderlo,
porque lo que sí está siendo acreditado hasta el momento es la especial
dificultad que tenían gobiernos anteriores para poder hacer frente a
algunos de los compromisos --de ello hablaremos con ocasión de la ley de
disciplina presupuestaria-- y por eso se cargaban de compromisos futuros,
sin que hubiera posibilidad de financiarlos. Por tanto, es lógico el
temor de SS. SS., incluso el temor esgrimido por el portavoz de Izquierda
Unida, pero descuiden porque la gestión de los fondos públicos, en lo que
respecta a compromisos futuros, se puede hacer de otro modo, siguiendo la
máxima de comprometer tan sólo aquellos gastos con los que se puede uno
comprometer. Basta tener un cierto orden y disciplina a la hora de
controlar los gastos que se van ejecutando y cuáles son los créditos a
los que tenga que hacer frente en el futuro, para que este tipo de
desasosiego de SS. SS. desaparezca.

Quiero pasar muy rápidamente, señor Presidente, a los artículos 116, 117
y 118, con relación a las medidas adoptadas en el proyecto de ley sobre
la financiación de las entidades locales, de los ayuntamientos. El Grupo
Socialista decía que podía entenderse que, en cierto modo, se vulneraban
la autonomía local y que, incluso, se habían adoptado estas medidas de un
modo precipitado e irreflexivo.

Quiero llamar la atención sobre que como única justificación las
enmiendas llevan ese genérico llamamiento



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a la no vulneración de la autonomía local y sepan SS. SS. que este
llamamiento genérico, lo pueden hacer extensivo al Grupo Popular. Con la
introducción de estos artículos no hay ninguna intención de vulnerar la
autonomía local. Lo único que se hace es una transposición lógica y
sistemática de las inquietudes de la Unión Europea con respecto a la
situación de endeudamiento, porque es cierto, señor Saura, que la
situación de la financiación de las entidades locales es, como mínimo,
preocupante.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente.

Entienda que también es necesario introducir a las corporaciones locales,
dentro de las competencias que tiene el Estado, en una filosofía de
control del endeudamiento. Créanme, al menos en lo que respecta al
endeudamiento a corto plazo, que hacer una diferencia de 5, 25 o 30 por
ciento, incluso no tiene por qué ser determinante, pero sí crean que
ínsita en esta articulación de las medidas sobre endeudamiento municipal
(que, como digo, no contraviene, sino todo lo contrario, las competencias
en materia local que tiene el Estado) trata de introducir a las
corporaciones locales en una filosofía distinta a la propia que crea
endeudamiento porque, como dijimos en Comisión --y SS. SS. lo
reconocerán--, son no pocas las veces en las que las corporaciones
bancarias (he hecho referencia a la dificultad que tienen habitualmente
los ayuntamientos para devolver sus préstamos a corto plazo, por ejemplo,
operaciones de tesorería) convierten habitualmente a los ayuntamientos
--y entiéndase con la mayor de las reservas-- en defraudadores de la
normativa sobre endeudamiento por razón de esta imposibilidad de hacer
frente a sus compromisos más inmediatos y situaciones de endeudamiento a
corto plazo trasladarlas continuamente a largo plazo. En esta filosofía
es en la que se trata de introducir a las entidades locales.

Por último, y de verdad, quería hacer referencia a las enmiendas 404 y
406, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) con las que estamos
plenamente de acuerdo, porque tratan de dar fiel reflejo normativo a lo
que es una situación perfectamente razonable en el caso de la Comunidad
Autónoma de Cataluña y, por tanto, les daremos nuestro voto favorable.

También quería dar respuesta puntual al compromiso que nos pedía el Grupo
Vasco (PNV) con relación a su enmienda número 56. Es cierto, y así lo
manifesté en la Comisión, el firme compromiso de nuestro grupo en
entender --es así y lo pueden constatar por las manifestaciones continuas
de nuestro grupo aquí y en el País Vasco-- que las diputaciones, forales
al día de hoy tienen una regulación especial en el ámbito de la comunidad
autónoma que no se corresponde con la regulación de la Ley de Bases de
Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales, cuyo tratamiento les otorga
una situación de entidades locales de carácter ordinario, por decirlo de
algún modo, cuando bien es cierto --y yo creo que todas SS. SS. lo
compartirán-- que las, diputaciones forales como mínimo tienen una
caracterización de entidad local al menos especial por su carácter foral.

En concreto, esta tarde --puedo comentarlo en este foro-- las Juntas
Generales de Vizcaya se reúnen para atender una proposición del Grupo
Nacionalista en dichas Juntas sobre la proposición a estas Cortes
Generales para iniciar un proceso de regulación, modificación o
adaptación de la legislación de territorios históricos en la Comunidad
Autónoma del país Vasco a la ley de Bases de Régimen Local y a la Ley de
Haciendas Locales, para la que pueden contar con toda nuestra
colaboración en el País Vasco, y si se materializa, como así lo
esperamos, dicha proposición, sepan que cuentan también con nuestro apoyo
para llevar, en función de lo que se decida en el Parlamento Vasco o en
las Juntas Generales de los territorios históricos, la iniciativa que
vaya a corresponder sobre modificación de la actual caracterización
jurídica de las diputaciones forales como entidades locales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.

Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, a pesar de las recomendaciones
de la Presidencia, le pediría --voy a ser muy breve-- que pudiera
intervenir, aunque sólo sea por cortesía, también mi compañero de Grupo,
sólo uno de los tres y yo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno, S. S.

dispone de tres minutos para su turno de réplica.




El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente.

Contestándole muy brevemente, señor Cámara, en principio yo le
recomendaría, porque creo que es muy interesante, el debate que entre
todos los teóricos administrativas se ha producido sobre la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. El último libro sobre
comentarios de la ley editado por Civitas es enormemente interesante para
ver todos los matices y todos los problemas que se han producido sobre el
campo de aplicación en lo que se refiere al contrato de obra y al
contrato de obra pública. Sin embargo, le voy a decir otra cuestión, ya
que no es esa la más importante en este caso.

En la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como usted sabe,
se reguló también una forma de contratación, que no es nueva, uno es el
contrato de



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concesión de obra pública, que usted lo conocerá. Sin embargo todos los
expertos entienden que ese contrato, que está bastante más regulado que
la nueva figura que hoy traemos a debate a esta Cámara, necesita una
mayor concreción para poder ser aplicado. Ya sé que los tiempos que
corren actualmente, no sólo en este país sino en otros, el servicio
público, que es lo que ha estado en boga durante mucho tiempo, ahora lo
está menos, y sabemos que la ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ha tenido que adaptarse a las directivas de la Comunidad
Europea. Lo que yo digo es que la forma en que ustedes regulan en esta
ley el contrato de obra y obra pública, o como quiera llamarlo, me es
igual, no tiene nada que ver con las figuras existentes en la Ley de
contratos de las Administraciones Públicas, porque introducen
modificaciones sustanciales. Tan es así que no modifican la ley. No han
introducido ustedes esta figura contractual en la ley. Yo entiendo que lo
hagan. Lo que yo les digo es que esta figura hay que regularla más para
que pueda ser aplicada, porque si no tiene defectos enormes para su
aplicación.

Es más, el planteamiento que define fundamentalmente este contrato, no es
el del precio que usted dice. En absoluto. No lo comparto. Lo que lo
define fundamentalmente es la financiación de la obra y su titularidad
durante todo el tiempo que se realiza. Y otro aspecto fundamental que la
define es que ese contrato no figura en la gestión presupuestaria durante
mucho tiempo.

El problema que produce, y que da miedo desde el punto de vista
financiero y desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, es
saber cómo se articulan los mecanismos, porque si no va a llegar un
momento en que vamos a tener un problema muy serio de déficit. No es que
estemos en contra manifiestamente, estamos en contra de que se regule
como está regulándose. Nos gustaría celebrar un debate en profundidad
sobre este tema. No digo en este momento. Por eso nuestra propuesta es de
supresión, para poder avanzar en este tipo de fórmulas.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.

Tiene la palabra el señor Pérez Segura.




El señor PEREZ SEGURA: Gracias, señor Presidente.

Lamento que no hayamos podido entrar en profundidad en el debate relativo
a la modificaciones la Ley de Haciendas Locales que contiene esta ley,
por haber dedicado casi todo el tiempo disponible al famoso artículo 124,
que también tiene su interés.

Nosotros queremos dejar bien claro lo siguiente. La opinión del Gobierno
y el grupo que le sustenta es meter en vereda a los ayuntamientos. Esta
es la reducción a la mínima expresión pero que ilustra cuál es la
posición del Gobierno. Si bien es cierto, y se ha manifestado por otros
grupos, que las finanzas municipales tienen sus problemas, también es
cierto que con controles, con tutelas, tratando a los ayuntamientos y
diputaciones como menores de edad, no se arregla. Además, hemos de
evaluar cuál es la incidencia del problema cuál es la aportación de los
ayuntamientos al déficit: el 0,2. Además hay un dato muy importante, que
es el que manifiesta la voluntad de este segmento de la administración de
corregir sus problemas de deuda: El proceso de desaceleración que desde
el año 1991, y son datos del Banco de España, se viene produciendo. Tan
sólo entre junio de 1995 y junio de 1996 la deuda creció el 3,56 por
ciento, cuando la tasa de inflación es el 3,6 por ciento. Es su mismo
argumento, el de que los Presupuestos Generales del Estado crecen menos
que la inflación. Por lo tanto, no entiendo por qué meter en vereda, no
entiendo por qué limitaciones, nuestro grupo no entiende que esta Cámara
tenga que convertirse en la gran interventora de las Haciendas Locales.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Segura.

Tiene la palabra el señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias señor Presidente.

Simplemente tres consideraciones. Primera. En relación a la incorporación
que ustedes hacen en el artículo 113 respecto a que no sea necesaria la
publicidad en el otorgamiento de subvenciones para las nuevas entidades
que se crean en el Real Decreto 10/96, no entendemos la razón. No
entendemos porqué subvenciones que serán importantísimas para financiar
la sanidad pública no pueden ser transparentes. No es un problema de
desconfianza, es un problema de que posiblemente una modificación de
estas características requiere por parte del Gobierno un razonamiento
previo. No lo da y usted tampoco lo ha dado ahora. Qué razón les mueve a
no dar publicidad a estas subvenciones. Si me lo explica, retiro la
enmienda, pero nadie hasta ahora me lo ha explicado. Por lo tanto, no es
un problema de desconfianza, sino de racionalidad. No sabemos qué razón
mueve al Gobierno, y no queremos hacer juicio de intenciones, porque si
lo hacemos sería peor. En todo caso, quiero insistir en que la
transparencia en las subvenciones de estas características es un elemento
fundamental de la eficacia. Si no hay transparencia, no hay eficacia y,
muchas veces, cuando no hay transparencia lo que se producen son
corruptelas. Insisto, si nos explica la razón, retiraremos la enmienda,
pero si no, por los razonamientos que hemos expuesto, mantendremos
nuestra enmienda.

En relación con el famoso artículo 124, el señor Gimeno ha argumentado ya
una parte de las razones por



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las que también nuestro grupo se opone al mismo. Pero yo quiero insistir
en el punto 8. En el primer anteproyecto, el Ministro de Economía dijo
solemnemente que el Gobierno no iba a financiar las obras públicas con
cánones o peajes, y desde la remisión del primer anteproyecto al Consejo
Económico y Social hasta su entrada como proyecto en esta Cámara apareció
un nuevo punto 8, señorías, que significa o puede significar un cambio
sustancial de la financiación de las infraestructuras en este país. Y la
pregunta que surge es: ¿Esto lo hemos de discutir de rondón? ¿Es que no
tienen la obligación de venir aquí y decir cómo piensan financiar en el
futuro las inversiones públicas? ¿Qué va a pasar con las obras
hidráulicas, qué va a ocurrir con las autopistas? Lo que no se puede
hacer es introducir por la puerta trasera un punto 8 en un artículo tan
discutido como éste, para el que tenemos uno o dos minutos para
discutirlo, que significa o puede significar un cambio fundamental y
brutal en la financiación de las infraestructuras públicas.

En cuanto al tercer y último punto, relativo a las haciendas locales, es
necesario comparar las medidas de gestión que el proyecto de ley prevé
para la Administración central, que son, insisto, medidas de mayor
laxitud --antes he citado una, las subvenciones no serán públicas--, con
otro tipo de medidas que ustedes adoptan para incrementar la
fiscalización sobre las haciendas locales. Usted decía que hay muchos
ayuntamientos que están endeudados. Es cierto. El señor Gimeno ya le ha
replicado que el nivel de endeudamiento de la Administración local en
relación con el general de las administraciones públicas es muy bajo.

En todo caso, permítame que le formule estas preguntas: ¿Qué medida han
tomado ustedes en este proyecto de ley para mejorar la situación
financiera de los ayuntamientos? Posiblemente no me va a poder contestar,
por lo que le haré otra pregunta: El impuesto sobre circulación, que
desde el punto de vista financiero es importantísimo para los
ayuntamientos, lleva dos años sin actualizar. Nuestro grupo ha presentado
una enmienda para la actualización de este impuesto. ¿Por qué la votan en
contra? No supone un aumento de la presión fiscal, ni siquiera supone
recuperar la pérdida que ha sufrido este impuesto en estos dos últimos
años. Si reconoce que los ayuntamientos tienen una situación financiera
grave, ¿por qué en lugar de tomar medidas como ésta ponen más
dificultades al desarrollo de la gestión de los ayuntamientos?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.

El señor Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Después de las manifestaciones del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular he entendido que conocen el problema, lo entienden y están en
disposición de buscar una solución. Como lo importante es buscar
soluciones, independiente de que se haga a través de otro trámite,
estamos en disposición de retirar la enmienda porque hasta ahora el Grupo
Popular nos está dando muestras de cumplir con todos aquellos compromisos
que ha adquirido con nuestro grupo parlamentario. Por consiguiente, en
aras a esa buena voluntad, promesas y cumplimiento de los acuerdos,
nuestro grupo parlamentario retira esta enmienda número 56.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

El señor Cámara tiene la palabra.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Gimeno, está claro que ustedes no están dispuestos a admitir la
paternidad del retoño que significa el que se introduzca esta nueva
modalidad --nueva para ustedes; para nosotros, su modalidad--. Insisto,
en que lo único que intentamos es hacer buenas modalidades contractuales
que a ustedes les parecieron convenientes en su día y que la
Administración que gobierna el Partido Popular quiere que se utilicen
plenamente porque tienen sus ventajas. Entonces, reconozcan la paternidad
y denle apellidos.

Si ustedes no están de acuerdo con esta figura, de obra total del precio,
no están de acuerdo en cómo se regula, como mínimo, debieran introducir
en el debate cuáles son las bases sobre las que ustedes la regularían y,
en este sentido, S. S. no ha hecho ni una sola indicación. Los indicios
que tiene nuestro grupo sobre cómo lo regularían ustedes son ninguno, y
no sólo eso, sino que en la propia motivación de sus enmiendas --se lo
recuerdo, señor Gimeno-- sólo dicen que no están de acuerdo con la figura
contractual, negando sin ninguna duda la paternidad y nada más.

Con respecto a la financiación municipal, no se trata de meter en vereda
a los ayuntamientos, ni muchísimo menos, salvo que S. S. entienda que
cada vez que el Estado regula competencias, o regula la norma básica que
ha de regir en los ayuntamientos, como el Plan General de Contabilidad,
que ni siquiera tiene rango legal normativo, o los planes rectores para
entregar las cuentas públicas al Tribunal de Cuentas, vulnera la
autonomía de los ayuntamientos y, por esa razón, que se está metiendo en
vereda a los mismos. ¡Hombre!, cada vez que se regula, cada vez que el
Estado hace uso de las competencias que tiene sobre bases de régimen
local no se está metiendo con los ayuntamientos, sino haciendo uso de
potestades normativas que le son propias, y que no lo son de las
comunidades autónomas ni



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de las corporaciones locales, precisamente para dotar de carácter básico
aquella regulación, de forma que se entreguen cuentas públicas de una
forma coordinada, que los planes generales de contabilidad de todos los
ayuntamientos sean los mismos, etcétera. Luego, no hay ánimo de meter en
vereda, salvo lo que comenté de introducir a los ayuntamientos y
entidades locales en una filosofía de financiación de su gasto público
diferente, de forma que no existan los problemas de financiación --en los
que estamos todos de acuerdo-- que actualmente tenemos.

Al señor Saura quiero decirle que no hay ninguna intención de meter de
rondón ninguna forma de financiación de la obra pública. Ahí están; está
hasta la octava consideración.

También preguntaba de qué modo piensa el Gobierno Popular solucionar los
serios problemas de endeudamiento que tienen las corporaciones locales.

Le diré que de manera completamente distinta, por ejemplo, a como
solucionarían los impagos SS. SS. de Izquierda Unida, y lo digo por
algunas de las enmiendas que presentan como nuevas disposiciones
adicionales.

Le quiero recordar que su grupo ha presentado alguna enmienda curiosa a
las disposiciones adicionales, como, por ejemplo, introducir un nuevo
impuesto sobre viviendas desocupadas o prohibir el uso del coche a los
ciudadanos de una ciudad que tuvieran el cuajo de no pagar, por las
razones que fueran, el impuesto de circulación. No creo que ésta sea una
forma razonable o sustitutoria de otras medidas para resolver los
problemas de financiación municipal, pero, en fin, estamos abiertos a
todo y, en el momento de explicar sus enmiendas a las disposiciones
adicionales tendremos ocasión de discutir estas curiosas formas de
contener la falta de ingresos y los desajustes presupuestarios en las
corporaciones locales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.




A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas al
título V, artículos 132 a 150.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, este título V comprende los capítulos correspondientes a la
acción administrativa en materia de inversiones públicas, en materia de
transportes, en materia educativa y sanitaria, en telecomunicaciones, en
energía, en aguas, en meteorología, en metales preciosos y en cambio de
moneda. Me he permitido enumerarlos para que quede mayor constancia del
contenido del mismo, del excesivo número de materias que comprende, de la
complejidad y disparidad de las mismas, del abuso que se hace a través de
este proyecto de ley respecto a la modificación legislativa de diversas
normas que con la aprobación y aplicación de estos textos van a
experimentar una profunda transformación de consecuencias imprevisibles.

Este título V es un auténtico cajón de sastre --no lo voy a calificar de
esperpento para que el señor Ortiz no me diga que no se puede dar esa
calificación-- por la diversidad de materias que regula. Aunque no voy a
entrar en todas y cada una de las enmiendas que se han presentado, porque
ya se hizo en Comisión, sí voy a hacer referencia a lo más destacado de
ellas y a la genérica contestación que el señor Ortiz tuvo el gusto de
darme en Comisión.

Decía el señor Ortiz que era lógica la diferencia de criterios que había
entre los planteamientos del Grupo Popular y los del Socialista, porque
obedecían a dos concepciones absolutamente distintas, basándolo en que
nosotros demonizábamos lo privado y el Grupo Popular, fiel ángel guardián
de las esencias más puras y destacadas de la convivencia de lo público y
lo privado, nos ofrece la piedra filosofal del buen hacer en gestión de
infraestructuras.

En la sesión de ayer y contestando a doña Cristina Narbona, el señor
Ortiz ya matizaba esa apreciación demonizadora, ya bajaba un poco el
tono, sobre la actitud del PSOE respecto a lo privado, diciendo que
teníamos que demonizar por demonizar. Ustedes, el Grupo Popular, y el
Gobierno están dando buenas muestras de hasta dónde llega su «cariño»
--entre comillas-- a lo público. Les gusta tanto lo público que han
creado una comisión liquidadora de parte de lo público, a la que ustedes,
eufemísticamente, llaman de privatizaciones. Están introduciendo en la
gestión de lo público --y perdonen la reiteración de este término-- el
síndrome de la anorexia. Para ustedes, siguiendo la más fiel tradición
liberal, el mejor Estado es el que no existe, y, desde luego, se lo están
tomando muy en serio; pretenden superar todas las pruebas que se les
pongan en medio.

Señor Ortiz, si usted observa --seguro que lo ha hecho-- el tipo de
enmiendas que hemos presentado a este título V y a qué artículos han ido
dirigidas, podrá observar que hay aspectos del mismo que no hemos
comentado ni hemos pedido su supresión. Por ejemplo, en la acción
administrativa en materia de transportes, la única variación que
introducimos es añadir un párrafo tendente a perfeccionar el texto de la
norma respecto a las subvenciones al transporte aéreo para residentes en
Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, para que haya una mejor garantía en
cuanto a la calidad del servicio.

No decimos nada respecto a la acción administrativa en materia educativa
No decimos nada en materia de telecomunicaciones o en materia de energía,
y tampoco decimos nada respecto a ese otro tipo de acciones



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administrativas de menor importancia, a las que he hecho referencia al
inicio de mi intervención.

¿Dónde centramos nuestra atención, y de manera muy crítica, además, señor
Ortiz? En aquellos aspectos del título V --y no es que defendamos a
ultranza lo público respecto a lo privado-- en los que apreciamos que la
regulación que se plantea no es oportuna. Prima de manera casi abusiva la
iniciativa privada, regulando de forma tan genérica cuál va a ser la
intervención privada en la creación de infraestructuras de carreteras y
ferrocarriles, que introduce dudas muy razonables y fundamentadas sobre
la transparencia y claridad en la gestión. De ahí que las acusaciones de
opacidad que ayer se oyeron en esta Cámara, que hacía la señora Narbona,
sean ciertas, las comparto absolutamente.

Distinguía el señor Ortiz, en su intervención en Comisión, entre la
acción administrativa en materia de inversiones y transportes y el resto
de las acciones administrativas reguladas. En su primer bloque de
enmiendas, el Grupo Socialista pide la supresión de los artículos 132,
sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas en
régimen de concesión; del artículo 133, sobre gestión directa de la
construcción y explotación de determinadas obras públicas; del 134, que
es infraestructura ferroviaria, y del artículo 135, que es la atribución
al ente gestor de infraestructuras ferroviarias de la administración de
infraestructuras.

¿Por qué planteamos su supresión? Por muchas y diversas razones, que en
gran medida expusimos en la Comisión, sin que hubiera respuesta concreta
alguna por su parte. Sólo se justificó el rechazo a estas enmiendas en
razón a lo que he comentado al principio, en razón al diferente modelo de
gestión de infraestructuras, pero para nosotros las dudas siguen
existiendo.

No entendemos, y nadie lo ha explicado, por qué razón primero se procede
a otorgar la concesión de la construcción, conservación y explotación de
la autopista y después se constituye la sociedad adjudicataria de la
concesión, en los plazos y condiciones que se indican en el pliego de
condiciones administrativas de la convocatoria de la concesión.

¿De verdad creen ustedes que éste es el camino correcto? ¿Alguien puede
pensar que esa fórmula es clara, es transparente, que no hay opacidad
alguna? ¿De qué nos hubieran acusado ustedes si hubiéramos redactado este
texto en cualquier proyecto de ley? Seguro que el término ocultismo, el
calificativo de falta de transparencia o que no se quería que exista
ningún tipo de control por el Parlamento hubieran sido las apreciaciones
más suaves en cualquiera de sus intervenciones.

No entendemos, y nadie lo ha explicado, qué razones han motivado que no
se hayan aplicado los artículos 282 de la Ley de Sociedades Anónimas y
185 del Código de Comercio. El artículo 185 del Código de Comercio (lo
leí en la Comisión, pero creo que es bueno que quede constancia de él en
el «Diario de Sesiones» de este Pleno) dice lo siguiente: El capital
social de las compañías, unido a la subvención, si la hubiere,
representará, por lo menos, la mitad del importe del presupuesto total de
la obra.

Las compañías no podrán constituirse mientras no tuvieren suscrito todo
el capital social y realizado el 25 por ciento del mismo.

Quiere decir que con la no aplicación de este artículo ustedes están
abriendo una brecha muy importante en la configuración de las sociedades.

Lo que sí parece claro es que lo que pretenden ustedes es que surjan
sociedades tan anónimas y tan atípicas que no necesiten para su
constitución el desembolso de capital alguno. A eso ustedes lo llaman
claridad y se enfadan con nosotros cuando decimos que hay opacidad. Se
puede dar el caso de que cualquier ciudadano pueda presentarse a un
proceso de adjudicación de la concesión de una autopista y, una vez
obtenida la concesión, se constituya en sociedad anónima, sin una peseta.

¿Eso es lógico? ¿Es transparente? ¿Es honesto políticamente? ¿Es defender
los intereses generales, señor Ortiz? ¿Qué intereses quieren proteger o
qué intereses quieren que entren en este mercado que ustedes abren por la
puerta falsa?
No entendemos, y nadie lo ha explicado, por qué razón va a haber
anticipos reintegrables a las concesionarias, si observamos el conjunto
de todo el artículo que ustedes están regulando en este proyecto de ley
de acompañamiento. ¿Están admitiendo ustedes que la sociedad
concesionaria puede no ser solvente económicamente y que, por lo tanto,
imagino que el Estado, o sea con cargo a los impuestos de todos los
españoles, va a hacer frente, a través de estos anticipos reintegrables,
a la financiación de la obra adjudicada, para que después el
concesionario devuelva el dinero al Estado? Eso suponiendo que haya
beneficios en la concesión. ¿Esta es la defensa que ustedes hacen de lo
público? Me temo que no es la forma más adecuada de defender los
intereses de los ciudadanos y, desde luego, los intereses del conjunto
del Estado.

Tampoco estamos de acuerdo con esa posibilidad de ampliación de la
concesión hasta 75 años. Al Grupo Socialista le da la impresión de que,
en ese equilibrio económico-financiero que se quiere mantener con la
empresa concesionaria, el plato de la balanza correspondiente a ésta va a
pesar más que el del Estado.

Permítame, señor Ortiz, que le formule una pregunta. ¿Esto supone que se
va a liberalizar el peaje durante un tiempo determinado en algún o
algunos tramos de autopista? Eso sería bueno y correcto saberlo, porque,
indudablemente, abre un cúmulo de posibilidades que pienso que deben
aclararse en esta Cámara.

No compartimos en absoluto la constitución de esas sociedades para la
construcción de infraestructuras, tanto de carreteras como de
ferrocarriles y obras hidráulicas. Estos artículos suponen para nosotros
un



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auténtico cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que le venga en
gana. Aprueba sus estatutos, de acuerdo con lo que dicen en el texto, sus
convenios de colaboración, administración, centros de sociedad estatal,
sin ningún tipo de intervención parlamentaria.

El mero hecho de aprobar una determinada cantidad en el capítulo VIII, de
activos financieros, de los Presupuestos Generales del Estado --a lo que
usted hizo referencia ayer--, en absoluto supone que las Cortes tengan la
posibilidad de llevar a cabo un seguimiento más preciso de los programas,
proyectos, prioridades, objetivos, etcétera, de la política del Gobierno
en materia de infraestructuras, salvo que ustedes quieran que eso sea
así. En ese caso, lo que imagino que pretenderán es que nos enteremos lo
mínimo posible.

Pensamos que se va a producir una paralización de las inversiones --se lo
dije en la Comisión--, ya que, a pesar de que se pueda aprobar su
constitución con estos presupuestos, hay muchos aspectos que hay que
concretar. Esta circunstancia, si usted recuerda, la reconoció el propio
Secretario de Estado en su comparecencia de Presupuestos. Dudamos que el
funcionamiento de estas sociedades permita ejecutar lo presupuestado en
inversiones para 1997.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya
concluyendo.




El señor MORLAN GRACIA: Iré más rápido, señor Presidente. Voy a concluir
enseguida.

En el segundo bloque de enmiendas, voy a hacer referencia solamente a la
modificación de la Ley del Medicamento, con el ánimo de no abusar de la
atención de SS. SS., desde luego, atendiendo a los requerimientos que me
hace el señor Presidente y dado que ayer la señora Narbona ya fijó la
posición respecto a las enmiendas que hacían referencia a materia de
aguas.

No compartimos la modificación de la Ley del Medicamento que se pretende
porque pensamos que es innecesaria, ya que la especialidad farmacéutica
genérica ya es posible en el marco de la ley actualmente existente. Tal y
como viene regulada la financiación pública de los medicamentos, no se
garantiza la adecuada información del paciente y el sistema puede
resultar muy poco equitativo. No entendemos la urgencia de esta reforma y
la manera en que se hace, si tenemos en cuenta que hay constituida en
esta Cámara una subcomisión encargada del estudio de las posibles
reformas a introducir en el Sistema Nacional de Salud para su
consolidación y mejora. Yo recuerdo, señor Ortiz, que en esta Cámara cada
vez que se tocan temas sanitarios, cada vez que se plantea algún tipo de
iniciativa legislativa por algún grupo, enseguida el portavoz del Grupo
Popular siempre dice lo mismo: no, porque hay funcionando una comisión y
esa comisión tiene que entender, aclarar y debatir cualquier tipo de
circunstancia o de modificación que se quiera hacer. Por eso, no
entendemos que en este momento se plantee con semejante urgencia una
modificación de la Ley del medicamento en este proyecto de ley.

Todo ello, señorías, señor Presidente, justifica el mantenimiento de las
enmiendas a este título V, que, aunque sabemos el camino que va a llevar
--que va a llevar el que ha llevado el resto del proyecto de ley--, nos
permite fijar, negro sobre blanco, en el «Diario de Sesiones» nuestro
criterio y nuestras dudas muy razonables sobre una serie de medidas de
cuyas consecuencias negativas, desgraciadamente, hablaremos en los
próximos tiempos, y no nos queda más remedio que asumir sus
responsabilidades, pues ésta es su concepción sobre la forma de gestionar
lo público.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. Gracias también a
los portavoces de los demás grupos que han aceptado esta alteración del
orden reglamentario.

La defensa que voy a hacer es la referida a las enmiendas 47 y 48, que
aluden a los artículos 138 y 140 de la ley que estamos debatiendo. Es
extraordinariamente sencillo defender estas enmiendas, ya que basta la
mera referencia a lo sostenido por el Consejo de Estado en el informe que
acompaña al texto del proyecto. El dictamen urgente de este alto órgano
consultivo considera perturbador que se regule el transporte de
emigrantes y su régimen sancionador aprovechando una ley de las llamadas
de acompañamiento, cuando se está pudiendo incidir con la ley que regula
el régimen referido a los derechos de los extranjeros en España, que es
una ley con rango orgánico, en una norma que no lo es. Ocurre además que
se trata de trasponer una directiva Schengen, pero se hace con la mera
literalidad del texto acordado en sede europea, sin que se aproveche para
ulteriores desarrollos, que podrían resultar muy convenientes.

Por tanto, las enmiendas del Grupo Vasco se circunscriben a solicitar que
se saque de la ley estos textos y que, aunque sea con el mismo contenido
que debiera ser ampliado y mejorado, se traiga el proyecto de ley, con el
rango que sea adecuado, a la Cámara, con posterioridad.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría. Su señoría no ha mencionado específicamente la enmienda 44,
pero sigue viva.




La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, la doy por defendida en sus
propios términos.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.

Este título V de la ley de acompañamiento, que lleva por título: de la
acción administrativa, creo que es un ejemplo de lo que no debe ser la
ley de acompañamiento. Este título motiva entre otros el hecho de que el
dictamen del CES haya dicho que este proyecto de ley es, desde el punto
de vista técnico, deplorable. Piensen ustedes que el artículo 148 de este
proyecto de ley habla de la modificación de la Ley 3/1985, de metrología.

Como ustedes saben, la metrología es la ciencia que tiene como objeto el
estudio de los sistemas de pesos y medidas. Y en este proyecto de ley
podemos encontrar incorporaciones de definiciones como la siguiente: qué
se entiende como unidad legal de medida, qué se dice que son las
derivadas del sistema internacional de unidades adoptado por la
Conferencia General de Pesas y Medias; o ésa que, en el apartado primero
del artículo 148, dice que las personas o entidades que se propongan
fabricar, importar, comercializar, reparar o ceder en arrendamiento los
instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida a que se refiere el
artículo 7.º, se inscribirán en el registro de control metrológico, en
los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

La pregunta es: y esto ¿qué tiene que ver con la ley de presupuestos?
¿Qué tiene que ver esto?
Estamos en un título reducido en el que se habla, un artículo tras otro,
de la metrología, de las infraestructuras ferroviarias, de los metales
preciosos, de las infraestructuras hidráulicas, del cambio de moneda
extranjera en establecimientos públicos, de las concesiones a las
autopistas. Esto me recuerda aquella frase de aquel personaje de Antonio
Machado, Antonio Mairena, que decía: Ateme usted esa mosca por el rabo.

Yo creo que si Antonio Mairena viera este título, diría: Atenme ustedes
esa mosca por el rabo. Un título, insisto, en el que se habla de todas
estas cosas.

Voy a entrar, de todas maneras, a defender las enmiendas a tres o cuatro
apartados o bloques de este título. En primer lugar, las enmiendas de
supresión que hacemos al artículo 132, relativo a la modificación de la
ley sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas en
régimen de concesión. La modificación que el Gobierno nos propone es un
ejemplo claro de la política del Gobierno, de esta política de la que yo
he insistido hoy en decir, y hace quince días lo hice en la Comisión, que
es una política dirigida a incrementar los beneficios de los más
poderosos. Con la modificación que ustedes proponen, los concesionarios
de autopistas de peaje van a obtener unos importantísimos beneficios,
entre ellos, hay que destacar la ampliación en 25 años del plazo
concesional. En diversas revistas especializadas ha aparecido cuál puede
ser la cuantificación de estos beneficios que van a obtener las
concesionarias con esta prórroga de la concesión. Parece que hay una
cierta coincidencia en que estamos hablando de un billón de pesetas. Y la
pregunta es: con esta modificación de este artículo, señores del Gobierno
y señores del Partido Popular ¿quién gana y quién pierde? ¿Quién está
detrás de las empresas concesionarias de autopistas en este país? Detrás
están, sin duda alguna, las grandes entidades financieras y económicas. Y
¿a cambio de qué se les da esto? No hay ni una sola referencia, por
ejemplo, a disminuir el peaje o a invertir en mejora de las
infraestructuras.

Por tanto, en este apartado queda, una vez más, claro que el Gobierno
opta por beneficiar a los grandes poderes económicos de este país. En
este mismo artículo, el Gobierno nos propone que, además, en el caso de
que estas empresas concesionarias tengan algún problema, el Estado hará
frente a los préstamos para estas empresas concesionarias. Todo un
ejemplo de la relación económica que el Gobierno establece con estas
empresas concesionarias.

También quisiera hacer referencia al bloque de los artículos 145, 146 y
147, relativos a la acción administrativa en materia de agua. De nuevo,
en el artículo 145, se propone un nuevo tipo de contrato de concesión de
construcción y explotación de obras hidráulicas, que abre las puertas al
establecimiento de tarifas cuyas cuantías y condiciones se remiten a un
posterior reglamento que la propia ley anuncia y también a las
condiciones concretas de cada una de las partes.

A nuestro entender, estos tres artículos no son necesarios. No lo son
porque las materias a las que hacen referencia ya están reguladas tanto
en la Ley de contratos del Estado como en la Ley de Aguas. En todo caso,
las nuevas regulaciones que el Gobierno nos propone y que remiten a
posteriores disposiciones sólo se pueden entender desde una voluntad
política del Gobierno de disminuir de forma importante la inversión
pública en infraestructuras hidráulicas en los años sucesivos y de ceder
esta inversión a manos privadas. Evidentemente, esto conlleva la
posterior financiación por los usuarios. En este sentido, me permito
recordar que también en el dictamen del CES se advierte --y cito
literalmente-- sobre las importantes repercusiones que este artículo
puede tener sobre las facturas del agua que tendrán que pagar los
consumidores, por el hecho de que, de conformidad con lo que se establece
en el apartado seis del artículo 145, las tarifas incluirán, entre otros
gastos, la recuperación de la inversión y el coste del capital. Así pues,
el Consejo Económico y Social sigue afirmando que las repercusiones sobre
la tarifa deben determinarse en función de las limitaciones



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ya establecidas en el artículo 106 de la Ley de Aguas.

Para terminar este bloque, nuestro grupo quiere denunciar también el
hecho de que, mientras que el Gobierno ha anunciado la paralización del
Plan Hidrológico Nacional, por la puerta de atrás está modificando la Ley
de Aguas, está modificando la financiación de las infraestructuras
hidráulicas y está modificando el papel de la inversión privada en estas
infraestructuras. Eso sí, el Gobierno sigue repitiendo que tiene una
clara voluntad de consensuar la política hidráulica.

Y quisiera hacer referencia, para acabar este título, a los artículos 134
y 135, que autorizan a que el Gobierno cree un ente público, el llamado
GIF, gestor de infraestructuras ferroviarias. El objeto de este ente
público en el propio título aparece, si no contradictorio, disperso. Por
un lado se dice que el objeto del gestor de infraestructuras ferroviarias
será la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias. Y en el
artículo 135, que tiene tres líneas, además se dice que el gestor de
infraestructuras ferroviarias podrá también ocuparse de la conservación y
de la administración de la infraestructura ferroviaria. Llega a decir que
Renfe, en función de eso, deberá pagar al gestor de infraestructuras
ferroviarias un canon. Y podríamos decir: Si para eso tenemos Renfe, si
en Renfe ya existe una sección de mantenimiento y administración de las
infraestructuras ferroviarias. ¿Por qué crean ustedes un gestor de
infraestructuras ferroviarias? Podríamos discutir con ustedes si es
correcto que se constituya desde el punto de vista de creación de nuevas
infraestructuras. Podría ser aceptable. Pero en ningún caso entendemos
por qué quieren complicar más la gestión, no entendemos qué objetivos
persiguen al trasladar de Renfe, que ya es una empresa pública, la
conservación de las infraestructuras ferroviarias al GIF.

En cualquier caso, nuestro grupo ha presentado a estos dos artículos dos
enmiendas de supresión. En primer lugar, porque pensamos que el organismo
que ustedes pretenden crear permanece fuera del control parlamentario y
que el tema de la construcción, de la explotación, de la conservación de
las infraestructuras ferroviarias es de tal importancia que ha de estar
sometido a control parlamentario. En segundo lugar porque, tal como
ustedes describen o definen las funciones del gestor de infraestructuras
ferroviarias, es seguro que una buena parte de las inversiones, que
teóricamente se deberían realizar el próximo año, por valor de 60.000 o
70.000 millones de pesetas, y algunas pueden afectar a compromisos de los
gobiernos anteriores pero también de este Gobierno, van a quedar
paralizadas.

Estamos convencidos, con lo que dice este proyecto de ley, que la
creación de este ente público y la asignación al mismo simplemente va a
significar un aplazamiento, un diferimiento de inversiones de
infraestructura ferroviaria.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego vaya concluyendo. (Una señora Diputada: ¡Eso!)



El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor Presidente. De todas maneras
quisiera recordar que estoy en los diez minutos; lo digo por el eso.

El último argumento sería que con la propuesta que ustedes hacen
incrementan la complejidad de la gestión.

En resumen, las razones por las que nosotros hemos presentado estas
enmiendas y por las que nos oponemos políticamente al conjunto del título
IV son, primero --insisto--, porque es un galimatías, un ejemplo de lo
que no se debe hacer, pero también porque afecta fundamentalmente a tres
políticas clave, desde el punto de vista de la inversión del Estado: a la
concesión y conservación de autopistas, a la regulación de la política
hidráulica y a la regulación de las inversiones en infraestructura
ferroviaria.

Esto no se puede hacer en un proyecto de ley de estas características.

Son debates que requieren tiempo, serenidad y llegar a un consenso. Y de
ninguna de las maneras pensamos que el Gobierno puede producir cambios
tan importantes en las inversiones que he mencionado para que en un
debate como éste se opere un cambio fundamental en la financiación de las
infraestructuras.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.

Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para defender la enmienda 72, que hace referencia al artículo
132 del proyecto que estamos debatiendo. La razón de la presentación de
esta enmienda se centra en la famosa posibilidad de ampliar el período de
las concesiones a 75 años. Nos preocupa especialmente esta ampliación en
aquellos supuestos de concesiones ya existentes, especialmente en
aquellas concesiones --valga la redundancia-- que tienen un plazo no
superior a seis años para que expiren. La ampliación supondría unos
perjuicios graves respecto a posibles planificaciones, posibles
situaciones a posteriori de que terminara esa concesión.

En concreto, voy a hablar, como pueden suponer, de una cuestión política
que hace referencia a las relaciones en materia de infraestructuras entre
el Gobierno central y la Comunidad Autónoma del País Vasco. En su
momento, en la primera transferencia, que fue de



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carreteras, porque el artículo 32 de la Comunidad Autónoma del País Vasco
hace referencia a que estas competencias lo son de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, se transfirieron todas las carreteras al Gobierno Vasco
--y, a posteriori, el Gobierno Vasco lo hizo a las diputaciones--, pero
quedaron pendientes las autopistas. Esa situación se produjo por una
cuestión puramente técnica, en la medida en que las comunidades
autónomas, en concreto la del País Vasco, eran muy recientes y los avales
del Estado eran difícilmente sustituibles porque la banca extranjera
tenía sus dudas, dicho coloquialmente. Así pues, esa transferencia no se
hizo por meras cuestiones técnicas, como constará en el actual Ministerio
de Fomento.

Curiosamente, de manera anecdótica, esto lo podrá saber el Ministerio,
puesto que la persona que firmó esa transferencia era el señor
Arias-Salgado, que ocupaba ese Ministerio, con el primer consejero, el
señor Lasagabaster.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Desde entonces, no se ha podido hacer
esa transferencia de autopistas, por no se sabe qué razones, y lo que era
en su momento una cuestión técnica pasó a ser, al parecer, una cuestión
política. Hoy por hoy, no existe ninguna duda de que esas transferencias
corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco y no hay problemas
técnicos, con lo que están pendientes. Si en este momento se produjese
una ampliación de la concesión de esas autopistas --y repito, faltan
apenas seis años en uno de los casos, la A-VIII, y, en otro de los casos,
catorce años-- se estaría produciendo un grave perjuicio a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en concreto a las diputaciones forales, que son
las competentes para conocer de esta materia porque, dado el escaso plazo
que queda para su expiración, se está realizando una serie de estudios y
negociaciones para ver cómo se puede configurar a posteriori este tema.

Ya digo que es una cuestión especial, pero no es menos cierto que aprobar
este artículo sin haber consultado respecto de las concesiones ya
existentes a la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni siquiera en este
caso concreto, podría suponer graves perjuicios para la ciudadanía. Por
eso, hemos presentado la enmienda y hemos solicitado que se apoye.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.

Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Me propongo dividir en dos bloques este turno de oposición a las
enmiendas, por una razón de homogeneidad. En el primero haré referencia a
las enmiendas que conciernen a los capítulos I y II, acción
administrativa en materia de inversión pública y en materia de
transportes, y en el segundo, a los capítulos III a VII, que se refieren
a otras materias: educativas, sanitarias, telecomunicaciones, energía y
otras.

En el primer bloque los temas fundamentales son los que conciernen a la
modificación de la ley de autopistas, la gestión directa de la
construcción y explotación de obras públicas o la infraestructura
ferroviaria con la creación del gestor de infraestructura ferroviaria. Se
han presentado enmiendas fundamentalmente orientadas a la supresión con
carácter general, tales como las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista 188 a 191 y las del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya 319 a 325.

El señor Morlán, que me ha aludido nominal y personalmente múltiples
veces convirtiendo su turno de defensa de enmiendas en una especie de
turno de oposición, me ha hecho el honor de no calificar este título de
esperpento, como hizo en Comisión. Es verdad, sólo lo ha llamado cajón de
sastre. No está mal. Vamos progresando, querido compañero de tareas
parlamentarias. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, sin
utilizar epítetos sustantivos análogos a éstos, ha venido a decir algo
parecido respecto al conjunto de la ley de acompañamiento.

Voy a hacer una breve reflexión sobre la valoración que merece, desde el
punto de vista jurídico global, este título. Quiero decir que no hay que
atar ninguna mosca por el rabo, señor portavoz de Izquierda Unida,
simplemente hay que aplicar la doctrina constitucional. Después de una
bien conocida sentencia del Tribunal Constitucional, que estableció la
ilicitud de utilizar la específica y formal ley de presupuestos para
abordar otro tipo de modificaciones normativas, hacía falta un proyecto
de ley autónomo, y esto es lo que es la ley de acompañamiento, no sólo en
esta legislatura --que ha iniciado con muy buen pie el Partido Popular y
el grupo que le apoya-- sino en legislaturas anteriores con el Gobierno
socialista. Que haya alguna heterogeneidad en las materias no es
sorprendente, porque realmente estamos viviendo en los tiempos de la
paneconomía, es decir, todo tiene que ver con la economía y todo tiene
que ver directa o indirectamente con los presupuestos. Su señoría se
rasga las vestiduras por la heterogeneidad de la ley de acompañamiento,
pero después echa en falta en ella algunas cosas.

No quiero, señor portavoz socialista, querido señor Morlán, reiterar el
debate de ayer por la tarde en el que, a propósito de la sección 17,
Ministerio de Fomento, estaban subyaciendo todos los mecanismos que crea
la ley de acompañamiento para intentar armonizar la inversión pública y
la inversión privada. Desde la perspectiva de completar la inversión
pública con la inversión privada, por un lado; por otro, de aportar un
nuevo de modelo de gestión de infraestructuras y, en tercer lugar,
plantear un nuevo modelo respecto a los fines del patrimonio público, es
evidente



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que el Partido Popular no suscribe la frase que usted le atribuye de que
el mejor Estado es el que no existe. No la puede suscribir. Sí suscribe
otra, señor Morlán: dar a la sociedad lo que es de la sociedad y al
Estado lo que es del Estado o, si se quiere, por contraste con los trece
años que acabamos de sufrir el conjunto de los españoles, reducir el peso
del Estado. Y le doy un dato casi tan viejo como esta Cámara. En el año
1982 el peso del sector público en el PIB era el 34 por ciento y en el
año 1995, está entre el 50 y el 51 por ciento. ¡Ya está bien del
crecimiento del Estado! Ya es hora de que se apele a la sociedad y a la
iniciativa privada para afrontar problemas como el de la infraestructura,
mucho más en un ejercicio económico, en un año presupuestario que está
necesitado de evidente austeridad para dar cumplimiento a objetivos
internacionales de España absolutamente indiscutibles.

Desde esta perspectiva se entiende que digan --y naturalmente que
nosotros rechacemos-- que el proyecto no es oportuno y que se prima la
iniciativa privada. No, señor; no se prima la iniciativa privada, se
completa la iniciativa pública con la iniciativa privada. Vuelve a
insistir en el argumento de la opacidad. No quiero reiterar los
argumentos de ayer por la tarde, porque no son del caso, con una vez que
se empleen ya vale. Mucho menos se nos puede acusar de que pretendemos
proteger determinados intereses, que vamos a ignorar la mecánica y la
filosofía de la sociedad anónima, aceptando --no se de dónde lo ha
sacado-- algo así como sociedades anónimas sin capital o con capital
insuficiente; o que detrás de la prolongación hasta 75 años (repito,
hasta 75 años, porque no se establece el carácter imperativo, supongo que
no tengo que recordárselo) lo que se persigue sencillamente es un triple
objetivo: por una parte, poder reducir los peajes; por otra, hacer
atractivo el mercado, si quiere que utilice esta expresión de las
autopistas de peaje; y, finalmente, adaptarse a la situación de nuestro
mapa de posibles autopistas. Las autopistas que se pueden construir en
este país por estar ubicadas en zona de topografía extraordinariamente
complicada tienen un coste y, consiguiente, un período de amortización y
de reversión al Estado notablemente más largo que las autopistas de la
primera generación a las que respondía la ley del año 1972.

No podemos aceptar --reitero lo que decíamos ayer de que están vivos
todos los controles, el parlamentario y los internos y externos de la
Administración pública-- que con esta fórmula de la ley de acompañamiento
se reduce el control parlamentario y mucho menos que se va a producir una
paralización de las inversiones. ¡Si justamente lo que se consigue es lo
contrario! Lo que se persigue es completar las inversiones públicas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado en un año crítico, en un
año difícil, con inversiones en forma de apelación al sector privado.

En esta línea se entiende que rechacemos las enmiendas de supresión,
fundamentalmente del Grupo Socialista, de Izquierda Unida, del Grupo
Mixto y la que formula la señora Lasagabaster, específicamente orientada
a que no se pueda aumentar el período de concesión de las autopistas. He
de reconocer que ha planteado un problema que supongo que tiene alguna
entidad. Sólo puedo decirle, en primer lugar, que no es del caso, aunque
entiendo su preocupación, y, en segundo lugar, que no mezcle las churras
con las merinas. Una cosa es que se pueda prolongar el período de
concesión de las autopistas y, otra, que se cuestione si esa competencia
es autonómica o estatal y que este dilema se resuelva con 50, 75 años o
los que sean de período de concesional. En definitiva, se trata de que se
restablezca, que se pueda operar con un equilibrio económico financiero
en las concesiones suficientemente estimulante para que se constituyan
sociedades concesionarias de autopistas.

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha formulado dos enmiendas, las
números 47 y 48. Debo decirle que no podemos aceptar la enmienda 47. Es
un compromiso de España en el seno de la Unión Europea absolutamente
ineludible, hace falta una norma legal que tenga en cuenta que los
españoles que van a la Unión Europea ya no son emigrantes y que tenga en
cuenta también que hay unas garantías, unas fianzas en este tipo de
transportes que son suficientes. Lo que persigue el precepto es liberar
ese tipo de garantías y restricciones. En cambio, sí vamos a aceptar la
enmienda 47 por entender que la supresión del precepto que postula está
de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y seguramente habrá
aspectos cuya regulación será mejor en una norma específica para la
materia que en la ley de acompañamiento.

Y paso al segundo bloque de enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ortiz, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy a hacer un esfuerzo por acabar, señor
Presidente, pero son muchas.

Las que se refieren a la ley del medicamento, tanto del PSOE como de
Izquierda Unida, postulan la inconveniencia de la normativa que incorpora
la ley de acompañamiento. Quiero decir que esta normativa es necesaria,
ya que ni la Ley del medicamento ni su normativa de desarrollo contemplan
definición de la especialización farmacéutica genérica, que no es
discriminatoria y que no es nula, puesto que no contraviene, como se
pretende, la directiva 65/65 de la Comunidad Económica Europea; y lo
mismo respecto a los apartados dos, tres y cuatro de este artículo 142 a
que se refieren estas enmiendas.

En cuanto a la creación de una nueva modalidad de contrato administrativo
--a esto ha hecho amplia referencia el portavoz de Izquierda Unida--,
quiero decir que, el hecho de que no se acomode al cuadro establecido de
contratos en el marco de la contratación administrativa,



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no es un impedimento para establecer un régimen jurídico autónomo para
figuras contractuales especiales, siempre que se cumplan las debidas
garantías. Baste citar como ejemplos de contratos autónomos y de
contratos nuevos los de concesión de autopistas y las fórmulas de
contratación que se contemplan en la Ley de aguas para instalaciones de
desalinización de agua, marina o salobre. Por otra parte, la motivación
de la enmienda es errónea, pues la repercusión de los costes de la obra
pública prevista en el artículo 106 de la Ley de aguas, a pesar de la
denominación de canon, es un supuesto típico de tributo hidráulico, que
se puede encuadrar dentro de lo que la Ley General Tributaria denomina
tasas.

Otro tanto se puede decir --aunque el portavoz socialista no ha hecho
referencia a ello, seguramente por falta de tiempo-- respecto a las
enmiendas que formula en relación a las delegaciones de las
confederaciones hidrográficas que se prevén en el ámbito competencial
recordándole que, así como está prevista la delegación interorgánica
dentro de cada administración, no sucede lo mismo con la delegación
intersubjetiva del ejercicio de competencias entre órganos de la
Administración central del Estado y organismos autónomos.

Lamento no poder referirme a todas y cada una de las enmiendas
presentadas. Quiero concluir, señor Presidente, retomando de la primera
parte de mi intervención lo fundamental de este título, que es la nueva
regulación de la acción administrativa en materia de inversiones
públicas. En definitiva, de lo que se trata es de armonizar la inversión
pública con la inversión privada, sin ningún género de privilegios, sin
ningún género de beneficios para terceros. Se ha aludido en esta tribuna,
por el portavoz de Izquierda Unida...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ortiz, le
ruego concluya.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Acabo en un minuto, señor Presidente.

Se ha aludido a la cifra de un billón de pesetas. Yo no sé de dónde ha
sacado esa cifra. En todo caso, le preguntaría en qué tiempo, porque
resulta que el período concesional de una autopista es largo y, de las
autopistas de la primera generación, de la ley del año 1972, algunas de
ellas hace sólo dos o tres años que han empezado a entrar en el tramo de
curva de beneficios. Consiguientemente, hagan acusaciones con fundamento
y no utilicen argumentos que no tienen base alguna.

En definitiva, lo público más lo privado. Este es el esquema del nuevo
modelo de gestión de infraestructuras del Partido Popular que preside
esta ley de acompañamiento.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortiz. (El señor Morlán Gracia pide la palabra.)
Señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a tratar de replicar brevemente a la contestación que me ha dado el
señor Ortiz, que realmente no ha sido muy prolija y extensa respecto a lo
que yo le he planteado. El traía la contestación a todo el conjunto de
enmiendas, pero no ha respondido a lo que yo le he formulado.

En cuanto a lo público más lo privado, habrá que redactar otros artículos
distintos a los que vienen contemplados en este proyecto de ley, porque
si no, en esa balanza a la que ha hecho referencia, indudablemente, prima
más lo privado que lo público y, desde luego, se incrementan
considerablemente las posibilidades de beneficios de los sectores
privados respecto a lo público.

Señor Ortiz, no ha hablado para nada de las consecuencias de los
artículos 132, 133, 134 y 135. Lo único que ha dicho ha sido que en modo
alguno se contemplaba que las sociedades anónimas estuvieran
descapitalizadas. Yo no sé qué es lo que usted piensa, pero el artículo
132 del proyecto de ley establece: Dicha sociedad estará al régimen que
los pliegos establezcan, sin serle de aplicación los artículos 282 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 185 del Código de
Comercio. Es decir, que el artículo 185 del Código de Comercio no se le
aplica a esta sociedad, como tampoco se le aplican los mínimos que exige
el Código de Comercio para constituir las sociedades anónimas. El
afirmar, como yo he hecho, que puede darse el caso no es ninguna
barbaridad. Desde luego, puede ser un elemento importante a la hora de
valorar por qué razón solicitamos que estos artículos sean suprimidos y
desechados en este texto.

Usted no suscribe que el mejor Estado es el que no existe, pero actúa
como si fuera verdad. Usted no tiene ningún inconveniente, señor Ortiz,
en utilizar las grandes palabras y las grandes frases, en hablar de la
sociedad y del Estado queriendo distinguir entre sociedad y Estado,
cuando la sociedad está en el Estado. Aquí no vivimos los de la sociedad
en un sitio y los del Estado en otra. En principio, pienso que todo la
sociedad forma parte de un Estado y, en este caso concreto, del Estado
español. Por ello no acabo de entender, salvo que quieran ustedes
tergiversar un poco el contenido de estas palabras, por qué razón
distinguen ustedes entre Estado y sociedad a la hora de evaluar su
actitud política hacia la gestión de infraestructuras. Lo que ustedes
están haciendo en este proyecto de ley va, desde nuestro punto de vista,
en la dirección menos aconsejable y es que el mejor Estado para ustedes
es el que no existe, el que no establece ningún tipo de trabas. Y ustedes
lo están haciendo con la aplicación de las normas contenidas en esta ley
de acompañamiento.

Nosotros seguimos manteniendo, señor Ortiz, a pesar de que usted diga lo
contrario, que existe una reducción



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importante del control parlamentario desde el momento en que ustedes
posibilitan la constitución de unas sociedades estatables, pero después,
cuando se analiza el contenido de su conjunto patrimonial, se da uno
cuenta de que puede perfectamente darse un menor control en la gestión de
estas infraestructuras que estando en la órbita de lo público, del
ministerio correspondiente, del Ministerio de Fomento. A mí no me ha
convencido en absoluto que se pueda producir, como usted dice, el mismo
control parlamentario en el funcionamiento de estas sociedades en cuanto
a sus objetivos, su financiación y su sistema de funcionamiento.

En el tema del medicamento, al que usted también ha hecho referencia,
señor Ortiz, yo le vuelvo a preguntar: ¿Para qué crean ustedes una
subcomisión en esta Cámara? Cuando hay que introducir una modificación
importante que a ustedes les interesa, le dan el carácter de urgente, la
incluyen en el proyecto de ley de acompañamiento, y les importa un rábano
el que exista esa subcomisión. Esas cosas hay que discutirlas en la
subcomisión, esas cosas hay que plantearlas partiendo del principio de
que lo que intenta esa subcomisión es consensuar la política sanitaria de
este país. Y lo que están ustedes haciendo con este tipo de medidas es
desvirtuar el objetivo y el futuro de esta subcomisión.

Respecto a las confederaciones hidrográficas me tengo que remitir a lo
que dijo ayer la señora Narbona, que con muy buen tino y criterio le
contestó perfectamente sobre esa posibilidad que tenían las
confederaciones hidrográficas de entrar a formar parte de sociedades
mixtas con capital privado para una mejor gestión. Tal y como ustedes lo
están regulando, no creo que las confederaciones hidrográficas tengan un
futuro muy prometedor.

Con esto, señor Presidente, creo que doy contestación a lo que ha dicho
el señor Ortiz, persona con una gran facilidad de palabra pero vacía de
contenido a la hora de plasmar sus apreciaciones sobre las enmiendas del
Grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.

Señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.

El señor Ortiz decía que nuestro grupo se rasgaba las vestiduras ante la
profusión de normas de este proyecto de ley. El señor Ortiz y el Grupo
Popular no deberían estar preocupados porque nosotros nos rasgárabamos
las vestiduras --que no nos las hemos rasgado--, pero tal vez si que
deberían estar preocupados por el hecho de que el dictamen del Consejo
Económico y Social diga literalmente que este proyecto de ley tiene una
deplorable técnica jurídica. Señor Ortiz, cómo será este proyecto de ley
que un dictamen de las características del CES --y suelen ser dictámenes
muy diplomáticos-- pone estas tres palabras seguiditas: «deplorable
técnica jurídica». No esté preocupado por lo que nosotros decimos, pero,
por lo menos, sea receptivo a esta calificación que hace el CES de su
proyecto de ley. Pero es que el CES dice más. ¿Sabe usted, señor Ortiz,
qué dice el CES en la primera conclusión? Que la profusión y
heterogeneidad de este proyecto de ley hacen que el CES sea incapaz de
emitir valoración global. ¿Le parece a usted que se puede decir más? Es
una enmienda a la totalidad. Por tanto, no somos nosotros solos.

El señor Ortiz decía: Ustedes se quejan de que hay muchas cosa pero
añaden otras. Mire usted, metidos en que hay muchas cosas, creemos que es
más importante --como después hará mi compañera Cristina-- hablar de
cuestiones fundamentales en relación a la igualdad de oportunidades de la
mujer que llenar páginas y páginas del proyecto de ley hablando de cuáles
han de ser las unidades básicas para medir los metales preciosos, por
ejemplo. Este es un problema de prioridades. Ustedes pasan páginas y
páginas hablando del sistema de unidades, modifican los artículos de la
ley de metrología y hablan de qué va a pasar en los establecimientos
públicos para el cambio de moneda extranjera. Evidentemente ustedes y
nosotros tenemos prioridades políticas distintas.

Para acabar, tres cuestiones más. Primera, el señor Ortiz decía: Es que
el Partido Popular plantea el tema de las infraestructuras como la
complementariedad entre la inversión pública y privada. Ahí no hay ningún
problema, discutamos esto. Pero en los artículos que ustedes incorporan
en esta ley lo importante no es esto. ¿Sabe usted qué es lo importante?
Que en este proyecto de ley ustedes abren todas las puertas para que la
financiación de todas las infraestructuras pueda ser pagada
exclusivamente por los usuarios, al margen de la imposición general. Esto
es lo relevante políticamente, y esto es nuevo, señor Ortiz. El propio
dictamen del CES, cuando habla de las infraestructuras hidráulicas, es
contundente. Hasta ahora, en el Estado español las tarifas en relación al
consumo del agua tienen unas limitaciones que marca la ley de aguas, y
ustedes, con las modificaciones que plantean en el proyecto de ley, van a
hacer posible unos incrementos de las tarifas del agua que van a tener
repercusiones muy negativas sobre los consumidores. Por tanto, el
problema de fondo de las infraestructuras no es la participación de
capital privado y capital público. La novedad que ustedes introducen por
primera vez es que, a partir de este proyecto de ley, una concesionaria
que construya una infraestructura hidráulica va a poder cargar en el
usuario la financiación de toda esta infraestructura.

Para terminar, el señor Ortiz añade: El señor Saura dice que las
concesionarias van a ganar un billón de pesetas, ¿y esto de dónde lo
saca? Y a continuación el



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señor Ortiz, dice: Ampliamos a veinticinco años la concesión porque
algunas concesionarias tienen problemas y hay que hacer atractivo el
mercado. Yo le pregunto, señor Ortiz: ¿Usted piensa que el Gobierno puede
presentar un proyecto de modificación de ampliación de veinticinco años
de la concesión sin un solo número, sin una memoria económica, que hace
que el dictamen del CES diga que es imposible saber los impactos
económicos, que no se pueden evaluar, porque el Gobierno no ha presentado
una memoria económica? ¿No considera usted que ampliar el plazo de
concesión por veinticinco años merecería como mínimo una multiplicación?
¿Cuál es el fundamento económico que el Gobierno tiene para hacer esa
ampliación? ¿Dónde está? Quien primero debe fundamentar la ampliación es
el Gobierno. Cuando el Gobierno no fundamenta esa ampliación, hace
posible que analistas, especialistas o medios de comunicación hagan sus
evaluaciones. Ustedes no han presentado la memoria económica porque la
memoria económica que se desprendería de esta ampliación posiblemente
podría estar justificada para algunas concesiones, pero para la mayoría
de las concesiones no podrían justificarlo. Por eso no presentan la
memoria y por eso, a pesar de que usted diga que hay que hacer más
atractivo este mercado, detrás de este mercado están las entidades
financieras y económicas más importantes de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.

Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente quiero decirle al señor Ortiz, que comparto con él la
afirmación de que esta cuestión tiene una cierta entidad. Lo que no
comparto es su apreciación de que esta Diputada confunde churras con
merinas. Digamos que son dos cuestiones que aparecen entrelazadas.

Convendrá S. S. conmigo que no es lo mismo que haya una transferencia de
autopistas con plazo fijo, que expira el año 2003 o el 2011, a que la
transferencia, amparada en esta ley, pudiera serlo de unas autopistas con
un contrato de concesión ampliado 25 años. Sin esta ley esto no se podría
hacer. Con esta ley, ustedes lo pueden hacer. Por eso digo que son dos
cuestiones diferentes, pero entrelazadas.

Apelando a lo que usted ha dicho, me acojo a su afirmación de que esto no
es imperativo, de que todo es estudiable y de que el plazo es hasta un
máximo de equis años, con lo cual espero que se estudie y espero que no
se realice.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con la brevedad que obliga tener que responder a tres o
cuatro interlocutores, antes de que el señor Presidente me llame al
orden.

Al portavoz socialista, señor Morlán, quiero decirle, sin hacer ninguna
disquisición jurídica, que la referencia a la Ley de Sociedades Anónimas
o al artículo 185 del Código de Comercio, en cuanto que se establece la
no aplicación, en absoluto quiere decir la no aplicación. Cualquier
jurista que sepa leer --estoy seguro de que su S. S. sabe leer un texto
legal-- entiende que no es lo mismo decir que no se aplica un precepto en
absoluto a que no se aplica necesariamente o que no se aplica en todos
sus límites. Lo que es evidente es que ninguna lectura de ningún texto
puede significar que se pueda constituir, como ha sugerido, una sociedad
anónima sin capital. Eso es un puro dislate que no ha pasado por la mente
de ningún legislador, y menos por el Partido Popular.

El señor Morlán sabe perfectamente qué se quiere significar cuando se
dice más sociedad y menos Estado. Naturalmente, usted es sociedad y yo
también, pero, de alguna manera, somos Estado. Lo que se quiere decir es
que hace falta dar más juego a la sociedad y menos a la burocracia (no sé
si le vale la burocracia como sinónimo de Estado), o menos a la
Administración. Me reitero en el dato que le he dado. Cuando en los
últimos 14 años se ha pasado del 34 por ciento del PIB que absorbía al
sector público, al 51 en el momento presente, se entiende claramente de
qué se está hablando.

No sé qué relación puede haber entre la creación de la existencia de una
subcomisión sanitaria como condicionante para que el legislador no pueda
abordar en el futuro ningún tema sanitario mientras no se produzca el
pronunciamiento de semejante subcomisión. Esto sería tanto como convertir
a la subcomisión en legislador, asumiendo un papel que no le corresponde.

Finalmente, no veo qué pecado puede haber en que las confederaciones
hidrográficas puedan participar en sociedades y que pueda haber
sociedades mixtas, si se hace con los controles adecuados en el respeto a
la Ley General Presupuestaria, a la Ley de Contratos de las
administraciones públicas y, sobre todo, señor Morlán, al sentido común y
a la honestidad, que es un tema muy importante. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Al portavoz de Izquierda Unida le tengo que decir que, como jurista,
deploro que diga el Consejo Económico y Social que el proyecto tiene
graves fallos de técnica jurídica. Como jurista lo deploro. Ni lo afirmo,
ni lo niego; ni lo desmiento, ni lo dejo de desmentir. Simplemente añado
dos cosas: la primera, que aquí no estamos para hacer tratados de
derecho, sino leyes, leyes que sirvan para gobernar y para traer el
bienestar a los españoles. Y la segunda, que críticas de esta naturaleza



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tuvieron su momento procesal oportuno, como no se le oculta a nadie, en
el trámite de totalidad.

No se trata, señor portavoz de Izquierda Unida, de financiar todas las
infraestructuras a cargo del usuario, pero tampoco se trata de que se
financien todas las infraestructuras sólo con impuestos. La ciencia de la
hacienda inventó --S. S. lo sabe-- la teoría de los servicios públicos
indivisibles y los servicios públicos divisibles. En los indivisibles el
método y el esquema de financiación es el impuesto, es la fiscalidad,
pero en los servicios públicos divisibles puede convivir perfectamente la
fiscalidad general con las tasas, con las contribuciones especiales, con
las figuras tributarias, algunas de las cuales están previstas ya en
nuestra Ley de Aguas, puesto que S. S. se ha referido a un nuevo tipo de
contrato en relación con obras hidráulicas.

Finalmente, respecto a la ausencia de memoria económica en lo que
concierne a la ampliación del período concesional de las autopistas, no
hay memoria económica por algo muy sencillo, porque la Ley lo que
establece es la posibilidad --no lo establece con carácter imperativo--
de que se pueda ampliar el período concesional en 25 años más --25 años
más según los casos, porque no todas tienen 50-- hasta un total de 75
años. Cuando se utilice esa posibilidad será el momento de requerir y de
exigir esa memoria económica, que, coincido con usted, es inexcusable,
pero entonces, no ahora.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.

Pasamos al debate de las disposiciones adicionales así como de las
transitorias, derogatoria y finales --sólo estas últimas tienen
enmiendas-- y, por tanto, al debate agrupado de todas ellas, para lo
cual, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Socialista.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por dicho grupo, tiene la
palabra el señor Griñan.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, dando por defendidas las enmiendas a las
disposiciones adicionales, transitorias y finales en los términos en los
que lo fueron en la Comisión y volviendo a reiterar la necesidad de
suprimir la primera de las adicionales, por considerar que las
organizaciones sindicales agrarias han de ser protagonistas en el diseño
integral del sector agroalimentario, quisiera detenerme brevemente en un
aspecto que entendemos de particular importancia. Me refiero a las
propuestas concretas sobre políticas activas de empleo. Lo hago, eso sí,
con pocas esperanzas de que la mayoría pueda ser receptiva a estos
programas, puesto que tanto en Comisión como esta misma semana aquí en el
Pleno la respuesta ha sido el voto en contra, pero la poca confianza que
podamos tener en la aritmética parlamentaria no disminuye en absoluto
nuestro convencimiento de que lo que estamos planteando es del interés
general, puesto que simplemente ofrecemos a SS. SS. nuestra colaboración
para mitigar algunos efectos del desempleo en determinados grupos
sociales.

Señorías, hace 48 horas solamente les decía desde esta misma tribuna que
pretendemos colaborar en conseguir un objetivo común, como es la creación
de empleo; que no pensamos utilizar las cifras de paro como garrote
político en la contienda partidaria; que el empleo es un objetivo de la
sociedad en su conjunto y que, por tanto, lejos de cualquier sectarismo,
sería bueno que pudiéramos todos aportar propuestas que hicieran que todo
empleo posible fuera una oportunidad real para los hombres y mujeres de
España que lo buscan. Esta es nuestra intención al presentar las
enmiendas, añadir a las políticas activas que en los últimos años se han
venido desarrollando en España con amplio consenso social y político
otras nuevas que solucionen problemas concretos muy localizados y muy
específicos.

Tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1994 se estableció,
creo recordar que en la disposición adicional tercera, que anualmente se
procedería a efectuar un balance de los programas de empleo para que en
cada presupuesto se pudieran incorporar la modificaciones pertinentes, de
acuerdo con esta valoración que se pudiera hacer. Este año, sin embargo,
no se ha hecho así. El Gobierno se ha limitado a proponer las mismas
medidas de años anteriores, sin añadir novedad alguna. Creo que el hecho
es en sí mismo criticable, porque si bueno es tener constancia en la
aplicación de las políticas activas y también es buena la rectificación
que ha hecho el Gobierno en alguna de ellas, como ocurre, por ejemplo,
con el PER, lo que ya resulta menos bueno, por no decir absolutamente
censurable, es no añadir nada de nada, lo cual, se lo digo con claridad,
significa una de estas dos cosas: o que a pesar de sus críticas cuando
estaban en la oposición, todo estaba hecho y bien hecho antes de estos
presupuestos, o que, si no es así, si ustedes consideran que las críticas
de entonces estaban fundadas, nada absolutamente está hecho después de
estos presupuestos.

Hay bastantes datos de la actual situación económica que, sin embargo,
deberían hacernos reflexionar a todos. Que el paro registrado en el Inem
haya crecido estos meses de otoño un 53 por ciento más que en 1994 y un
74 por ciento más que el año pasado debería merecer alguna reflexión. Que
a 30 de septiembre de este año hayan registrado en el Inem 1.039
contratos indefinidos menos que a 30 de septiembre de 1995, debería
merecernos alguna reflexión. Que haya aumentado también el paro de
técnicos profesionales y titulados superiores en lo que va de año nos
debería llevar también a alguna reflexión. Que la jornada media pactada
en convenios en agosto de 1996 sea la misma que por ejemplo en agosto de
1990 merecería también alguna reflexión. Que la intermediación del Inem,
que



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llegó al 12 por ciento en 1995, se haya reducido este año al 10 por
ciento merece también alguna reflexión.

Señorías, pretendemos que nuestras enmiendas puedan afrontar problemas
concretos con el consenso de toda la Cámara. Les hablo de cuatro
programas muy concretos: la ordenación de un programa nacional de
formación profesional ocupacional a distancia; un plan de orientación e
información para el empleo en centros públicos de formación reglada; una
experiencia piloto de casas de oficio para trabajadores mayores de 40
años, que perdieron el empleo y cuya cualificación no está demandada por
el mercado de trabajo, y un plan de empleo y desarrollo tecnológico para
desempleados con nivel técnico superior.

Termino ya. Como pueden ver SS. SS., la oposición socialista no pretende
limitarse a la descalificación o al grito; tampoco quiere sembrar el
camino de incertidumbres. Quiere que podamos aprovechar el tirón
favorable de una coyuntura internacional. Quiere que el potencial de
crecimiento de nuestra economía sea capaz de generar más empleo.

Señoras y señores Diputados de la mayoría, como oímos reciente y
frecuentemente a su jefe de filas, les toca a ustedes mover pieza.

Háganlo, pero, por favor, no se enroquen.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.

El Grupo Socialista ha pedido compartir el turno. Para ello, tiene la
palabra el señor Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor Presidente, por su
benevolencia.

Quiero defender con la máxima brevedad una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista que trata de introducir una disposición
adicional (nueva) en la ley de medidas fiscales, consistente en llevar a
la Ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios el acuerdo
que el Ministro de Economía y Hacienda alcanzó con los colegios
notariales y registrales y con las patronales de las entidades bancarias,
con la AEB y con la CECA.

Señorías, no entenderíamos el rechazo a nuestra enmienda en la medida en
la que en su momento la limitación a las comisiones a pagar por la
cancelación de los préstamos hipotecarios fue apoyada por el conjunto de
la Cámara. Había sido, hay que decirlo por honestidad intelectual y
política, una iniciativa de Izquierda Unida que apoyó toda la Cámara. En
aquella ley la limitación de las comisiones bancarias se redujo a
aquellos préstamos hipotecarios instrumentados a través de tipos de
interés variable. El Ministro de Economía ha alcanzado un feliz acuerdo
con las patronales bancarias, con los colegios notariales y registrales,
y no entenderíamos que no se introdujera también en esa ley del año 1994
la limitación de las comisiones que las entidades financieras cobran a
los clientes cuando se produce una cancelación anticipada de la hipoteca,
siendo el instrumento financiero el tipo de interés fijo, que es lo que
el Ministro de Economía pactó con ellos. Por qué no llevar también a la
ley esa limitación en el caso de tipos de interés fijo en préstamo
hipotecario. Eso es lo que defiende la nueva disposición adicional que, a
través de esa enmienda, defiende el Grupo Parlamentario Socialista.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya serán defendidas por la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha presentado tres bloques de enmiendas a este título. Unas son
de supresión y afectan a distintas leyes, y precisamente porque creemos
que deben tener un mayor criterio de especialidad, una mayor importancia,
no deben ser leyes que quiten protagonismo a aquellos que tienen que
participar en su elaboración. Otro grupo de enmiendas, de adición, tiene
por finalidad aumentar la capacidad dispositiva de los municipios y
darles un mayor protagonismo, lo que ya ha sido debatido en la tarde de
hoy en el título IV.

El otro grupo de enmiendas de adición se refiere a algo de lo que se ha
hablado muy poco en esta Cámara a lo largo de la discusión
presupuestaria, que son las políticas de igualdad de la mujer. Por no
existir un organismo integrador de todas esas políticas y estar
distribuidas en cada una de las secciones que se han tratado, no han
tenido una entidad suficiente y no han quedado reflejadas en la
elaboración presupuestaria, a pesar de que afectan al 50 por ciento de la
población, constituido por las mujeres. Esto nos parece muy importante
cuando ya ha pasado un año desde que se celebró la Conferencia de Pekín,
cuando el año pasado la prórroga de los presupuestos les quitó
protagonismo, cuando se había adquirido unos compromisos internacionales
aprobados en la plataforma de acción y los mismos no tienen reflejo
presupuestario de ningún tipo y además no existe legislación que permita
introducirlos en las disposiciones presupuestarias. Por eso, cuando unas
disposiciones adicionales afectan a 45 leyes y ninguna se refiere a la
mujer, aunque no nos gusta que se legisle como acompañamiento a los
presupuestos, ya que debía haber una legislación anterior, queremos que
por lo menos exista el compromiso legislativo de poder incluir alguna vez
estas políticas de igualdad en los presupuestas para dar cumplimiento a
la obligación. Por eso hemos presentado las enmiendas 347 a 353, en las
que desde el punto de vista de la



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igualdad, aunque hayamos formulado otra al Instituto de la Mujer, dentro
de las pocas competencias que le quedan, hemos planteado unos temas que
nos parecen importantes, después de los compromisos internacionales
adquiridos no sólo en Pekín sino también en la Conferencia de El Cairo,
en la Conferencia de Río, en una serie de organismos con motivo de
conferencias internacionales que han hecho ver la necesidad de apostar de
una forma firme y decidida por las políticas de igualdad.

Por eso, en primer lugar, solicitamos un rango superior para el Instituto
de la Mujer, y no lo digo yo ahora. Fíjense que se ha unido el Ministerio
de Trabajo con el de Asuntos Sociales, tienes que ir buceando en Trabajo
para encontrarte con Asuntos Sociales, desviarte por la derecha para irte
al Instituto de la Mujer y cuando llegas te encuentras con que no tiene
ninguna competencia para poder hacer la legislación que deseamos. Por lo
tanto, nosotros creemos que se le debe dar rango de secretaría de Estado
para que, dependiendo de la Presidencia de Gobierno, tenga capacidad de
organizar las políticas de igualdad, que derivan además del artículo 9 de
la Constitución. Con ese rango le dotaríamos de una entidad política de
cara al avance.

Otro de los temas que planteamos es que en el plazo de tres meses se
elabore una ley para dar eficacia a lo que se llama el observatorio
permanente de la publicidad. Precisamente la directiva comunitaria de
publicidad y la Ley General de Publicidad están intentando proteger la
dignidad de la mujer, pero no hay ningún elemento de defensa que pueda
tener mayor rango. Por eso decimos: legislen sobre esto, porque es
voluntad política. Ustedes dirán: ya lo haremos, pero es que, mientras no
haya un compromiso, no habrá una exigencia, y lo que queremos es, por lo
menos, el compromiso escrito, para poder decirles: señores, si se han
comprometido en tres meses, háganlo. Y luego ya les diremos que figure en
los presupuestos y que pongan dinero, pero, así, perdemos otro año.

Además del año pasado, perdemos éste; para el año 2000 quedan tres años y
todavía estamos intentando elaborar la política para, después, ver cómo
la dotamos. Me parece que esto denota un atraso y una falta de voluntad
política.

Otro de los asuntos sobre los que queremos un compromiso legislativo es
la creación de un fondo de garantías de las pensiones de alimentos y de
las pensiones compensatorias. Hoy día esa es una clave de la feminización
de la pobreza, cuando existe un compromiso internacional de luchar
precisamente contra esa feminización de la pobreza. Las familias
monoparentales, el impago de alimentos están produciendo una desigualdad
que creemos que está afectando fundamentalmente a las mujeres, y esto
requiere una legislación.

Y luego hay veces que creamos derechos, pero no tenemos medios para
ejercerlos. Estamos muy preocupados por la salud de las mujeres, pero no
tenemos asistencia ginecológica en los centros de atención primaria; no
hay estas especialidades, no hay medios, con lo cual las listas de espera
en este campo son tremendas. Las consultas de planificación familiar no
están en las cercanías de las instituciones de asistencia primaria, con
lo cual las jóvenes no reciben la suficiente información, no se les dan
los medios, no hay información sobre las enfermedades de transmisión
sexual, y todo esto está alejando la propia salud de las mujeres. Por
tanto, hay que acercar esa asistencia a estos centros y hay que
regularlos para que tengan los medios necesarios.

No le voy a hablar de la interrupción del embarazo; vamos a admitir que
no se ha reformado la ley, pero hay unos derechos que están garantizados
en esa ley para poder interrumpir el embarazo. Sin embargo, conseguir hoy
que la sanidad pública haga una interrupción del embarazo equivale a
dejar sin efecto los derechos de las mujeres --derechos que están en la
ley--, bien porque hay personal objetor o porque a las mujeres no se les
garantiza ser atendidas por personal no objetor, están haciendo renuncia
a derechos reconocidos en la leyes, y eso es porque no hay una voluntad
política de regular este tema. No estamos planteando otra vez --que lo
plantearemos-- la necesidad de que la libertad de decisión de la mujer
esté en nuestras leyes; estamos hablando de la dificultad de las mujeres
para ejercer sus derechos por la ineficacia política de una
Administración que no le da los medios.

Otra de las cuestiones que planteamos como una medida adicional es
regular, en la Inspección de Trabajo, la figura de una vigilante de la
igualdad, sobre todo en lo relativo a la conducta sexual, al acoso
sexual. Además, esto deriva de la Comisión de la Comunidad Europea que
elaboró la directiva de protección de la dignidad de la mujer y el hombre
en el trabajo. Al no tener una vigilancia, al no ser una actividad de las
que encauce directamente la Inspección de Trabajo con un personal
especializado, este tema, que podía ser asumido de una forma más eficaz,
no se resuelve y por eso nosotros, queremos que haya un compromiso
legislativo sobre esta figura.

Para terminar, hablando de políticas de igualdad, quiero tratar el asunto
tan prometido cuando se pasa del Gobierno a la oposición o de la
oposición al Gobierno de la ley de parejas de hecho que permita la
igualdad de derechos entre las relaciones afectivas que no pasen por los
papeles, pero que pasen por los mismos sentimientos y, además, con la
opción sexual elegida por cada uno para tener su proyecto de unión
afectiva. La falta de cumplimiento de este compromiso está creando
desigualdad en la sociedad, está marginando a una serie de personas que
tienen el mismo proyecto de aportación y, sin embargo, su caso no ha sido
reflejado.

Ya le digo que no nos gusta legislar acompañando a los presupuestos, pero
no nos gusta que se legislen 45



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leyes y que en ninguna se traten cuestiones de igualdad, y que en ninguna
se dé cumplimiento a los compromisos internacionales. Hasta el año 2000,
que parece que es un siglo mágico, a las mujeres nos quedan escasamente
tres años para cambiar nuestra política y, desde luego, con
acompañamiento o sin acompañamiento, como no se cumplan estas leyes,
todavía entraremos en el año 2000 pensando si tenemos que ir de juzgado
en juzgado reclamando las pesetas de alimentos de nuestros hijos o si
todavía tendremos que esperar meses y meses para que nos hagan una
revisión ginecológica, dadas las listas de espera, que ustedes han
apurado muchísimo, pero en estas estamos: las apuradas más bien somos
nosotras que las listas de espera.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha presentado una
enmienda, para cuya defensa tiene la palabra el señor Companys.




El señor COMPANYS SANTFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) presentó y defiende la enmienda de adición número 448, al
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
que tiene el siguiente redactado: «Las rentas plurianuales de fincas
forestales se considerarán como rentas irregulares por el período de
producción medio de la especie, determinado en cada caso por la
administración forestal competente. Además de los gastos contabilizados
de acuerdo con la normativa vigente, se aplicará una reducción genérica
del 90 por ciento del valor de los ingresos de la venta de la madera en
pie, en concepto de gastos de anteriores ejercicios. Las rentas,
incluidas las subvenciones, de las fincas forestales, gestionadas de
acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes o
planes de repoblación forestal vigentes y aprobados por la administración
forestal competente, quedarán sujetas pero exentas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.» Hemos presentado esta enmienda de adición
porque somos conscientes de la situación de crisis que está pasando el
sector forestal. No es un problema coyuntural, no es un problema que haya
sobrevenido en este momento; es el resultado de la inexistencia de una
auténtica política forestal. Por ejemplo, la actual Ley de Montes es del
año 1957, de hace 40 años, hecho que demuestra el poco interés de los
diferentes gobiernos que no han creído necesario poner al día la
legislación al respecto.

La Unión Europea tampoco ha tenido una política forestal, ya que, si bien
se incluyó el corcho en el Tratado de Roma, nada se dice sobre la madera,
lo que demuestra que, al menos de una forma oficial, no existe una
política forestal. Ha sido en la reforma de la PAC donde, por primera
vez, se ha dado un paso importante en el apartado de medidas de carácter
medioambiental, en la línea de la protección de los montes y en la clara
voluntad de favorecer la reforestación de los mismos, no tanto porque se
crea en la necesidad de la reforestación sino como resultado de la
voluntad de reducir excedentes productivos, trasladando hectáreas de
superficie del sector agrícola al sector forestal.

¿Por qué entiende nuestro grupo que el sector forestal necesita de una
política fiscal propia? Básicamente, por su manifiesta singularidad. Sus
amplios períodos de producción no se pueden comparar con otras
actividades económicas, porque la mayor parte de los bosques del Estado
español tienen un período de producción que está entre los 60 y los 120
años, y sólo un cinco por ciento de la superficie corresponde a especies,
como el chopo o el eucalipto, que tienen períodos inferiores a los 20
años.

La rentabilidad económica muy a menudo es negativa, ya que mientras por
una parte y a efectos fiscales se considera la actividad forestal como
una actividad económica positiva, por el mero hecho de que en
determinados ejercicios anuales se pueden generar algunos ingresos
económicos por aprovechamientos forestales, lo cierto es que los gastos
de mantenimiento, en los muchísimos años en que no hay ingresos, no son
deducibles; de ninguna de las maneras se pueden deducir de los ingresos,
porque éstos no existen. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa
la Presidencia.)
Existen dificultades en cuanto a la competitividad, debido a que los
aprovechamientos forestales se ven sometidos a fuertes restricciones de
tipo legal y material, son de difícil acceso y, a menudo, en zonas de
protección, en zonas limítrofes, con núcleos habitados, etcétera, a la
vez que expuestos durante su larga vida a la realidad de los incendios
forestales. Otro hecho que dificulta la rentabilidad del sector forestal
es el de estar sometida a un fuerte nivel de controles administrativos,
como son los permisos de corta, de construcción de caminos, de cambios de
uso o de uso de especies vegetales, mientras, que, por otra parte, a
diferencia de la mayoría de los sectores productivos, el forestal es sin
duda el más agradecido, el que ofrece a la sociedad, cada día y de manera
gratuita, importantes y básicas prestaciones, como pueden ser la
prevención de la erosión; la lucha natural contra la desertización, uno
de los problemas más importantes en el mundo, no solucionado ni tan
siquiera a nivel de Estado español; la prevención de las inundaciones, al
actuar los bosques como una inmensa esponja en el momento de las grandes
precipitaciones, retrasando y minorando los efectos de las grandes
avenidas; del paisaje, del hábitat, de las especies naturales de la flora
y de la fauna, de la biodiversidad; la fijación del anhídrido carbónico



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que entre todos producimos, así como la constante producción de oxígeno,
alimento vital para todos.

La insensibilidad tradicional del Estado nos sitúa en una posición de
inferioridad de condiciones, desde el punto de vista competitivo, con
otros países de Europa, ya que la fiscalidad que se aplica sobre las
rentas forestales en el caso de Gran Bretaña e Irlanda es de exención
genérica del IRPF, y en el caso de Alemania las rentas extraordinarias
están prácticamente exentas.

Para gestionar adecuadamente los montes es preciso ordenarlos, lo cual
requiere una adecuada planificación y un compromiso a largo plazo de
realización de diversos gastos de inversión. Por ese motivo, entendemos
que hay que encontrar una solución de carácter fiscal, ya que el actual
modelo de renta irregular no debiera de aplicarse a sistemas productivos
cuyas actividades son superiores a los cinco años. Si partimos de que un
bosque, de que un árbol, necesita una media de 90 años, el actual sistema
supone un trato perjudicial e injusto hacia el sector selvícola. El
actual sistema no reconoce los gastos que se han realizado en los muchos
años que no ha habido ingresos, castigando las explotaciones forestales
en que se realizan trabajos de mejoras pretendiendo hacer una correcta
gestión forestal, ya que en los años en que no se producen ingresos pero
sí gastos de gestión no se pueden deducir ni justificar fiscalmente esos
gastos, según el criterio del actual impuesto.

Que alguien me explique cómo un propietario, en el momento que toma la
decisión de talar un bosque, cómo calcula, para la deducción de los
gastos de inversión, la plantación, los cuidados culturales, las limpias,
los tratamientos fitosanitarios, etcétera, que ha desembolsado a lo largo
de los últimos 90 años. ¿O es que alguien pretende que se guarden las
facturas de principio de siglo? Por este motivo, hemos intentando ser
racionales y presentar un sistema simple que no produzca importantes
disfunciones y que incentive las inversiones productivas en el marco de
una selvicultura planificada. Hemos presentado soluciones fiscales
diferentes, según se trate de fincas con planes de gestión o no. El
titular de una explotación que se acoge a un plan técnico de gestión
forestal se compromete con la Administración a llevar a cabo una gestión
determinada, lo que equivale a la aceptación, por su parte, de un
contrato social y generacional, por el cual debe estar sujeto a un
tratamiento diferenciado, más beneficioso que el que se aplica de forma
general.

Para terminar, pensamos que nuestra propuesta, aparte de ser necesaria y
justa, da cumplimiento también al punto 4, sobre propuestas del informe
relativo a incendios forestales que se realizó en el Senado. Hemos
escuchado esta mañana la intervención del portavoz del Grupo Popular, que
se ha comprometido a estudiar el tema con el máximo interés. Sabemos del
interés del Ministerio de Agricultura. Ayer, la Ministra de Medio
Ambiente se comprometió también a estudiar la viabilidad de la propuesta
que nosotros presentamos. Esperamos que se encuentre una solución justa,
que será buena para la mejor gestión del medio natural.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Companys.

A este apartado de las disposiciones adicionales, transitorias y finales
tiene también presentadas enmiendas el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Para su defensa, tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo ha presentado cuatro enmiendas a las disposiciones
adicionales, que las voy a agrupar en tres apartados.

Por una parte, hay una enmienda que trata de corregir una discriminación,
pensamos, que se da en aquel tipo de empresas de construcción naval que,
de acuerdo con el real decreto que reguló la reconversión del sector,
quedaron fuera de los beneficios del mismo. Eran empresas que, en la
fecha de la promulgación de este real decreto, no disponían de
autorización para la construcción de buques de acero de más de 100
toneladas de registro bruto. En esta situación, las empresas que no
cumplían este requisito han quedado exentas de los beneficios para la
reconversión naval, sobre todo en los recursos de los fondos de
reconversión para financiar jubilaciones anticipadas. Creemos que esta
normativa, que afecta --como digo-- a un grupo no grande, es cierto, de
empresas que se encuentran en esa situación, produce una discriminación
que nosotros pensamos que hay que corregir. Este es el interés de la
enmienda que hemos presentado.

Otra enmienda a las disposiciones adicionales hace referencia a las
cámaras agrarias. Con esta enmienda pretendemos quitar el carácter básico
que regula el régimen jurídico de las cámaras agrarias. Las cámaras
agrarias, como SS. SS. saben, cumplieron en un momento determinado una
función, pero a través del tiempo y con el desarrollo del sistema
administrativo, con el desarrollo del Estado de las autonomías, donde
existen comunidades autónomas con competencias dentro de los sectores
agrario y pesquero, las cámaras agrarias han perdido ya su razón de ser.

Entendemos que seguir reguladas con carácter básico impide que sean
asumidas por las comunidades autónomas con competencias en agricultura y
no les permite que puedan desarrollar las funciones propias que en estos
momentos requiere el sector agrario. Pensamos que hay que normalizar esta
situación. Es una situación que entendemos está impidiendo de alguna
forma un desarrollo mucho más armónico, mucho más actualizado, mucho más
eficiente del sector agrario, en donde ya



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las comunidades autónomas tienen capacidad para llevar adelante este
desarrollo. Ese carácter básico de regulación del régimen jurídico de las
cámaras agrarias es un impedimento para ello, por tanto, proponemos la
supresión del carácter básico de la Ley 23/1986, del 24 de diciembre.

Otro grupo de enmiendas que hemos presentado a las disposiciones
adicionales hacen referencia al segundo registro de buques. Como saben
SS. SS., la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establecía
el registro especial de buques y empresas navieras, que debería estar
situado en territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Podrían
solicitar su inscripción aquellas empresas navieras que tuviesen en
Canarias el centro efectivo de control de la explotación o, en su
defecto, un establecimiento o representación permanente en Canarias. Como
consecuencia de esta ley entró en vigor el desarrollo del llamado
registro canario, a través de las modificaciones del régimen económico y
fiscal de Canarias, cuyo título VII consagra el registro especial de
buques y empresas navieras. Con este registro, que yo creo es importante,
se establecía un régimen fiscal especial y un régimen de cotizaciones a
la Seguridad Social, con el fin de poder equiparar este registro a la
situación que en otros países y con otros abanderamientos, tienen los
buques y empresas navieras. Estas bonificaciones estaban establecidas en
un principio dentro de la normativa del Impuesto sobre la Renta en el 15
por ciento de los rendimientos íntegros del trabajo personal que hubiesen
devengado en ocasión de navegación realizada en buques inscritos en este
registro, por una parte y, por otra parte y en relación con la Seguridad
Social, se establecía una bonificación del 50 por ciento de la cuota.

Posteriormente y a través de leyes de presupuestos y de acompañamiento,
se modificaron y establecieron algunas mejoras en las cuantías de estas
deducciones, elevándose al 25 por ciento en el Impuesto sobre la Renta y
al 70 por ciento la bonificación en la Seguridad Social, en vez del 50 y
el 15 que tenían establecidas anteriormente. Pero así y todo, estos
beneficios han quedado cortos, porque hay muchos países, concretamente el
más utilizado por nuestras empresas navieras el de Madeira, donde se
puede uno abanderar sin ningún gravamen en renta para los tripulantes ni
en obligación alguna de relación con la Seguridad Social. Esto,
indudablemente, da dos alternativas a nuestras navieras: abanderarse
fuera, con lo que ello significa de pérdida para la Administración del
Estado en cuanto a impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, o
dejarles en una situación que si no pueden hacerlo por otras cuestiones
como puede ser que necesitan la bandera española por tener el tráfico
reservado a banderas de pabellón nacional o porque tienen unos
tripulantes españoles fijos, supone un costo que les hace imposible poder
atender a indemnizaciones pactadas en convenio. La cuestión es que no les
queda más remedio que sacar los buques al extranjero. Creemos que es
necesario corregir esta situación. Necesitamos estar en igualdad de
condiciones con las empresas navieras de otros países, estamos también en
la obligación de mantener el abanderamiento de nuestras empresas en
territorio nacional y, desde luego, sabemos que el registro canario no ha
conseguido resolver este problema. Por tanto, nuestras enmiendas van en
esa línea, y para ello proponemos ampliar nuevamente las bonificaciones
al 50 por ciento, que habían quedado restringidas. En cuanto a la
cotización a la Seguridad Social proponemos una bonificación del 90 por
ciento de la misma. Creemos que esto no va a hacer más que poner en las
mismas condiciones, como digo, a las empresas navieras del Estado. Esa es
la propuesta desde nuestro grupo parlamentario.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Zabalía.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto el señor
Rodríguez tiene en primer lugar la palabra.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

La enmienda que presentamos pretende la supresión de la disposición
adicional sexta de este proyecto de ley. El programa que se propone de
fomento del empleo es, según hace constar el mismísimo Consejo Económico
y Social en su informe sobre este proyecto de ley, semejante al que se
incluyó en esta misma ley durante los años 1994, 1995 y, por tanto, 1996.

Proponemos su supresión ya que no demostró eficacia alguna, pues la cifra
de contrataciones derivadas de este programa de fomento fue muy escasa y
registra una tendencia descendente. Sigue fomentando la contratación
temporal en detrimento del trabajo estable, contratación temporal que ya
alcanza en este momento el 35 por ciento del total de asalariados.

La medida de fomento del empleo, que se propone en esta disposición
adicional sexta parece rutinaria y destinada a aparentar que algo se
hace, aunque sea en el terreno del trabajo temporal, pero no es una
medida eficaz para conseguir que el paro disminuya, por lo que
sinceramente mejor es suprimirla.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez. Para
defender sus enmiendas, tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Intervengo para defender dos enmiendas
presentadas a las disposiciones adicionales. La primera pretende la
introducción de una disposición adicional nueva que afectaría a la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros
privados. Con esta



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enmienda se pretende introducir una disposición transitoria para que el
tratamiento que afecta a los planes de pensiones se hiciera ampliable a
otros sistemas de previsión social. La razón final, independientemente de
la justificación que aparece en la propia enmienda, se centraría en lo
que dijo el Consejo Económico y Social cuando emitió su informe sobre
este proyecto de ley, en el que señalaba que la opción que se establecía
en los planes de pensiones debía ser ofrecida con el mismo tratamiento
fiscal a los diversos instrumentos en que pudieran materializarse los
compromisos por pensiones.

La segunda enmienda hace referencia a la disposición adicional novena, en
la cual se añade al último párrafo una frase al objeto de garantizar que
aquellos bienes que fueron cedidos por los ayuntamientos para su
afectación a los fines de defensa reviertan a los actuales ayuntamientos.

La justificación tiene toda su lógica. Pretende que aquello que se cedió
en su momento pueda ser de nuevo utilizado por los propietarios
originales, que en el fondo son los ciudadanos que están inscritos en un
ayuntamiento.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.

¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Debo decir para
comenzar que no voy a hacer referencia a aquellas disposiciones que ya
fueron objeto de defensa por parte de nuestro grupo con ocasión de los
distintos títulos de este proyecto de ley, que son en concreto las
adiciones tercera, cuarta, quinta y décima; a las enmiendas 208, 209 y
210, del Grupo Socialista; a la 341, de Izquierda Unida, a las que se ha
referido el señor Martínez Pujalte, y a la 451, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que fue objeto de una transaccional por parte de
nuestro grupo y que leeré a SS. SS. por si acaso no tuvieron ocasión de
conocerla. Se trata de una disposición transitoria nueva que diría lo
siguiente: La obligación de retener sobre los rendimientos del capital
mobiliario establecida en el párrafo segundo de la letra g) del artículo
37.3 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, sólo será aplicable para los períodos impositivos
iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Tampoco haré referencia a la adicional sexta, que ha comentado en esta
ocasión el portavoz del Grupo Mixto, porque fue defendida en su momento
por el señor Hernando; a la séptima, defendida por la señora Fernández; y
a la octava, por el señor Ortiz.

Quisiera agradecer al señor Griñán el tono constructivo de que ha hecho
gala a lo largo de su intervención y transmitirle, del mismo modo que
hizo el señor Hernando durante la suya, que estamos abiertos a todas las
posibilidades que hacía mención S. S. y que serán objeto de prudente
estudio por parte de nuestro grupo. Esperamos alcanzar, junto con su
colaboración, un acuerdo sobre las materias a que hacía referencia.

Insisto que agradezco el tono constructivo empleado por S. S.

En cuanto a la disposición adicional primera, quiero decir al Grupo
Socialista que no es cierto que se limite la participación de importantes
organizaciones agrarias ni se fija un mínimo de representatividad para
participar como miembro de la OIA --organización interprofesional
agraria--, porque el artículo 4.º.2, que no es objeto de modificación con
motivo de esta ley, lo único que regula es la garantía de pertenencia a
la OIA de toda organización de ámbito nacional que acredite representar
al menos al 5 por cierto y, si lo admite el conjunto, incluso pueden
participar las organizaciones con menor representatividad. Por tanto,
entendemos que carece de justificación y vamos a rechazar su enmienda.

Téngase en cuenta, además, que en los casi tres años de vigencia de la
ley ninguna organización interprofesional agraria ha presentado solicitud
de reconocimiento, lo que pone de relieve la falta de eficacia de la ley
por su falta de acomodo con la realidad social de este tipo de
organizaciones.

Respecto a la disposición adicional novena, cuya supresión pretende
Izquierda Unida, no comprendemos por qué no se hizo referencia a ella por
parte su portavoz. Lo digo por la importancia intrínseca de la propia
disposición. Sí quería hacer referencia a la literalidad de su emnienda,
ya que señala que los bienes imnuebles ocupados por el Ministerio de
Defensa tienen origen en su mayoría en cesiones de los entes locales.

Quería recordar que esto no es correcto porque si bien es cierto que
existen bienes afectados a defensa que proceden de entes locales, en
contra se debe señalar que son minoría en lugar de mayoría.

En segundo lugar quiero señalar que gran parte de las cesiones fueron
hechas a título gratuito y sin condiciones; sin ningún tipo de condición
modal que pudiera restringir en el futuro la disposición de tales bienes
por parte de defensa. Además, hay que tener en cuenta la existencia
previa de la ley de Gerencia de Infraestructura de la Defensa, que
prohíbe taxativamente la entrega sin contraprestación de bienes imnuebles
afectados a defensa, aunque sí permite la negociación con estos entes
públicos por razones de carácter urbanístico.

Por otro lado, el Grupo Mixto propone, en la línea de la enmienda de
Izquierda Unida, la mención explícita de los bienes cedidos por los
ayuntamientos para su afectación a los fines de la defensa, que no podrán
ser enajenados por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa sino que
revertirán a los ayuntamientos.

En estos supuestos, señorías, se pueden producir dos casos obviamente.

Primero, que se trate de una mera cesión de uso, en cuyo caso no se
habría adquirido la titularidad dominical del bien, por lo que en ningún



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caso podrá ser enajenado. Una segunda posibilidad es que se trate de
bienes donados, por tanto sujetos a condición resolutoria, cual sería
dejar de afectar tales bienes a los fines de la defensa y en este caso,
el derecho de los ayuntamientos estaría suficientemente garantizado por
las estipulaciones del contrato de donación, razones por las que las
consideraciones hechas por el Grupo Mixto resultan, a nuestro juicio,
innecesarias.

También quería hacer referencia brevemente a las enmiendas de Izquierda
Unida relativas al presupuesto de gastos fiscales, a las que tampoco hizo
referencia S. S., pero, si me lo permite, yo sí la haré. Ya reconocen la
importancia de evaluar económicamente los gastos fiscales asociados a los
tributos locales; sin embargo, no es posible aceptar dicha enmienda
porque la Constitución exige exactamente evaluar los beneficios fiscales
del Estado, no los de las administraciones locales ni los de las
comunidades autónomas. Es cierto que esto podría ir contra la autonomía
local, y en esa línea no estamos; además, en una posición eminentemente
práctica, la carga es inasumible por el Estado, si se tiene en cuenta que
lo imprescindible en este momento es realizar la primera labor que está
sin acometer al día de hoy que es consolidar el presupuesto de gastos
fiscales del Estado, mejorar su metodología y su análisis, que es una de
las labores que ya ha comenzado a acometer el Gobierno del Partido
Popular.

Quería hacer mención explícita a una serie de medidas que pretenden, de
carácter claramente confiscatorio. Me van a permitir que las califique
más propias de un Estado de carácter policial y ciertamente inauditas,
propuestas por un grupo de su línea ideológica. Consisten en que el
Gobierno cree un impuesto sobre viviendas desocupadas y en otra que los
propietarios de vehículos que no paguen el Impuesto de Circulación no
puedan hacer uso libremente de su vehículo por las ciudades de España.

Realmente, creemos que se les ha ido la mano. La virtualidad jurídica de
los procedimientos de recaudación, y S. S. lo conoce perfectamente porque
es una reconocida jurista, busca precisamente seguridad jurídica en
defensa de los intereses de los ciudadanos y de los vecinos. Lo que
ustedes pretenden, salvo que justifiquen otro tipo de interés, es el puro
terror administrativo. Ya digo, creo sinceramente que se les fue la mano.

Además pretenden, y aquí haré referencia expresa a las enmiendas a que se
ha referido la señora Almeida, adicionar medidas sobre un proyecto de
protección de las prestaciones ginecológicas y sobre interrupción del
embarazo. Sobre esto, debo decir en principio que, en la cartera de
servicios de atención primaria se contempla el servicio de información y
seguimiento de métodos anticonceptivos, que se oferta en todas las áreas
de salud, estando en programas y protocolos de salud que son consensuados
con el nivel especializado y especifican aquellos problemas que deben ser
derivados a ginecología. Otra cosa es que a S. S. no le parezca
suficiente que esté garantizado este servicio en todas las áreas de salud
y deba, ser otro el tratamiento a recibir, pero el hecho es que en el
momento actual ese tipo de prestaciones no debe tener ninguna deficiencia
en cuanto a la obtención del servicio por las mujeres de España.

Respecto a la necesidad de que exista personal no objetor para prestar
servicios de interrupción del embarazo, lo que solicitan, a nuestro
juicio, interfiere --no digo perjudica, digo interfiere-- de algún modo
en el derecho constitucional de la libertad de conciencia. Además, la
propuesta que ustedes hacen, en nuestra opinión, aborda en términos muy
rígidos este asunto y entendemos que podría suponer el inicio de un
conflicto importante entre los profesionales sanitarios. El grupo
enmendante parece olvidar que el derecho a la objeción de conciencia es
un derecho de todos, no sólo de los facultativos de la medicina, ya que
también incluye personal de enfermería, auxiliares de enfermería,
etcétera. Consideramos que se puede provocar algún tipo de conflicto tal
y como está redactada la propuesta del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre todo por su rigidez, creemos
sinceramente podría incrementar más lo problemas en vez de solucionarlos.

Con relación a las medidas referidas al avance en materia de igualdad en
derechos civiles, fiscales, laborales y de Seguridad Social que se
deriven de las uniones de hecho, creo sinceramente que equivocan el foro
de debate y, además, la problemática que suscita bien merece otro tipo de
debate y no el propiamente presupuestario. Es así y usted lo ha
reconocido. Por tanto, háganos la caridad de transmitir a su grupo que
sea en otro debate y en otro foro donde se debatan estos temas, sin
perjuicio de que aquí hagamos una referencia en el sentido de decirle,
como mínimo, que su enmienda no contribuye del todo a solucionar
problemas que puedan referirse a las uniones de hecho y, por tanto, creo
que merece un tratamiento pormenorizado, más completo del que se ofrece
en la enmienda presentada por su grupo.

Lo mismo le digo en lo referente al observatorio permanente de
publicidad, al que sí quería hacer una consideración para decirle, en
primer lugar, que en nuestra opinión no es exacta la motivación en que
ustedes basan la justificación de dicha enmienda, por lo menos no del
todo exacta. Dicen que no son eficaces los medios para impedir realmente
las agresiones que las mujeres sufren desde las imágenes publicitarias
atentatorias contra la dignidad. El observatorio de publicidad está dando
resultados satisfactorios, y si bien es cierto que de una manera más bien
lenta, por lo menos este Diputado tiene la sensación de que las cosas son
de otro modo a como eran hace unos años. Yo creo que esto ya empieza a
ser evidente, sin que ello sea óbice, como no, para que tales imágenes
puedan ir correspondiéndose cada vez más con la realidad social.




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Por tanto, entienda que es una prioridad absoluta y firmemente
manifestada por el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y tendrá el tratamiento que la problemática merece, sin
perjuicio de que considero que al menos el observatorio permanente de
publicidad sí está dando algunos frutos y es justo reconocerlo.

Respecto al Instituto de la Mujer, quería hacer referencia a que en el
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuración de los
departamentos ministeriales, se crea dicho instituto en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, atribuyéndosele las competencias fijadas
hasta el momento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al
Ministerio de Asuntos Sociales, donde queda incardinado. En el Real
Decreto 1888/1996, 2 de agosto, se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y paso a decirle sin más las
competencias de la Secretaría General de Asuntos Sociales que aparecen en
este real decreto. Se dice que la promoción y fomento de las condiciones
que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de
la mujer en la vida política, cultural, económica y social, son
actuaciones que se enmarcan directamente en el ámbito del Instituto de la
Mujer, dando una correcta y completa respuesta al mandato constitucional
citado y a los objetivos perseguidos con la creación del instituto. He
leído textualmente lo que el Real Decreto 1888/1996 atribuye al Instituto
de la Mujer en su nueva configuración dentro de la estructura orgánica
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Para finalizar, señor Presidente, me referiré a la supresión de la
disposición final cuarta que pretende el Grupo Socialista. Proponen que
no se cree un órgano colegiado interministerial cuyas funciones serían el
análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos del sector
público estatal, entendiéndose éste en un sentido muy amplio, y del coste
de los mismos, así como proponer su racionalización.

La razón alegada en la enmienda del Grupo Socialista para la supresión de
la disposición haría completamente imposible acometer la reforma dentro
del plan de recursos humanos, por lo que consideramos que, como mínimo,
está deficientemente motivada, justificada o redactada. Por tanto,
consideramos que sería más conveniente que la retiraran SS. SS. porque
justamente perjudica el objeto pretendido por el plan de recursos
humanos.

Para finalizar definitivamente, deseo hacer una breve referencia a la
modificación de la Ley 2/1994, sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios. señoría, se ha conseguido, como usted sabe y ha
hecho referencia, un reciente acuerdo al que ha llegado el Gobierno con
los presidentes de la Asociación de la Banca y Cajas de Ahorro que han
asumido voluntariamente la limitación de las comisiones por novación y
subrogación de préstamos hipotecarios. Por consiguiente, en nuestra
opinión, no es necesario dotar de rango de ley a una modificación que ha
sido voluntariamente aceptada por el sector y de la que ya los españoles
pueden disfrutar.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cámara.

Señor Griñán.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con mucha brevedad. Señor Cámara, agradezco su respuesta y espero que el
sentido del voto del grupo de la mayoría respalde las palabras de su
portavoz.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Griñán.

Señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Cámara, la verdad que he advertido antes de iniciar mi intervención
que iba a dedicarme a este tipo de enmiendas porque en la discusión del
título IV nos habíamos referido a la autonomía municipal. Es verdad que
tenían importancia para nosotros, además cuando hemos hablado de la
devolución de los terrenos o de los edificios militares usted ha
resaltado que muchos eran donaciones municipales, no todos, es verdad,
pero en todo caso son aspiraciones municipales para convertirlos en
centros de cultura o dedicarlos a ordenación de la ciudad desde el punto
de vista urbanístico. Hay una pretensión de devolución sobre esos
terrenos no para disponer de ellos y evaluarlos económicamente sino para
realizar una reordenación urbanística, que es muy importante para muchos
municipios carentes de espacios. Nuestras enmiendas iban dirigidas a tal
fin, pero lo hemos querido plantear dentro de una gran disposición de
autonomía municipal, porque creemos que debe ser así.

Sobre lo que ha mencionado acerca de la labor confiscatoria de algunos de
nuestros impuestos, como el de viviendas desocupadas, le diré que, de
verdad, no queremos confiscar las viviendas desocupadas. Decimos que si
alguien no da utilidad social y constitucional a las viviendas
desocupadas que posea para cubrir una elemental necesidad que hay en la
población, se le imponga una fiscalidad; que se le haga responsable de no
utilizarlas socialmente. Incluso, aunque no lo hemos desarrollado porque
estamos hablando de la posibilidad de legislar sobre ello, que esa
disponibilidad pueda suponer beneficios para los propietarios si ofrecen
los alquileres de las viviendas a precio bajo. No tiene sentido
confiscatorio, sino de utilidad pública y social, que creemos tan
importante constitucionalmente como la propiedad de las viviendas.

Gravar al propietario de un vehículo cuando no pague tampoco tiende a la
confiscación. Estamos hartos



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de una sociedad, de unas ciudades hechas sólo para los vehículos,
ocupadas por ellos y encima sin colaboración a la vida presupuestaria
municipal. En ese sentido, queríamos dar ese castigo a quien no es
racional con la corresponsabilidad ciudadana, pero no tenemos ningún
espíritu confiscatorio ni nos vamos a quedar con los vehículos de la
gente por el hecho de que no paguen el impuesto de circulación; sólo se
trata de un reproche social.

A otro punto no me ha contestado mucho. Nosotros no pedimos la atención
primaria en los centros de salud. Precisamente pedimos la asistencia
ginecológica que me dice que no hay. Efectivamente, hay información sobre
planificación familiar, pero no la hay sobre enfermedades de transmisión
sexual, así como tampoco asistencia ginecológica que las mujeres
necesitan para su salud.

También nos ha dicho que hemos ofrecido soluciones muy drásticas. Al
revés, pedimos que ustedes legislen; en todas nuestras enmiendas les
estamos diciendo que en el plazo de tres meses ustedes regulen una serie
de situaciones. Precisamente en ese plazo queremos ver sus leyes para
estudiar qué enmiendas presentamos; no hemos hecho nosotros la ley, les
estamos dando plazos.

Cuando me ha contestado sobre el Instituto de la Mujer... Haré una breve
pausa pues veo que el portavoz del Grupo Popular está ocupado.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No se preocupe. Usted siga.




La señora ALMEIDA CASTRO: Siguiendo con lo del Instituto de la Mujer, yo
sé las competencias que tiene, de verdad que hemos leído el decreto y
sabemos que es una dirección general dentro de la Dirección General de
Asuntos Sociales. Lo que estamos diciendo es que, como todo lo
relacionado con los temas de la mujer está muy descentralizado en
organismos de las comunidades autónomas, la visión global de las
políticas de igualdad y de los compromisos internacionales se conseguiría
mejor precisamente con un organismo de mayor entidad. Nosotros hemos
entendido que una secretaría de Estado dependiente de la Presidencia
sería lo más indicado para tener esa visión global de elaboración de
políticas, porque para la concreción diaria ya están las comunidades
autónomas. Por eso hemos hecho esa otra oferta.

En cuanto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, nosotros
tampoco lo hemos regulado. Hemos dicho que hay dos derechos que se tienen
que cumplir. Yo no le he dicho que no se cumpla el de la libertad de
conciencia, pero frente a ese derecho también está el de las mujeres a
ejercer lo que está reconocido en las leyes. Yo le he dicho que contraten
un personal no objetor, que hagan un tipo de ofertas para esa prestación
sanitaria, porque si no las mujeres nos quedamos sin derechos por ejercer
otros el suyo. Yo no quiero quebrar la libertad de conciencia; otra cosa
es ya la de la señora que limpia la habitación de la mujer que ha
abortado. Si no va a barrer, amparada en la cláusula de conciencia,
porque en esa habitación hay una mujer que ha abortado --como ya está
ocurriendo--, entonces ya tendríamos que plantear la no regulación de ese
derecho que hemos pedido. En cualquier caso, lo que queremos es
garantizar un derecho reconocido por la ley que las mujeres no pueden
ejercer.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Lo que hemos querido --y creo
que lo hemos hecho, no sé si mejor o peor--, en este caso, es no defender
todas las enmiendas a las adicionales que proponíamos, sino dar
importancia a las que se referían a las políticas de igualdad, porque nos
ha parecido que, en esta discusión presupuestaria, las mujeres hemos
pintado muy poco. Se ha hablado de pesetas y nosotros creíamos que era
importante que afrontáramos el horizonte de las políticas de igualdad con
una voluntad política mucho más firme. Por eso, dando por reproducidas y
sabiendo cuál es el contenido de nuestras enmiendas, hemos hecho hincapié
en esta cuestión.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Almeida.

Señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero pedir disculpas a la señora Almeida por la
descortesía que ha hecho que tuviera que suspender momentáneamente su
intervención.

Con relación al Instituto de la Mujer, sinceramente, creemos --y estará
de acuerdo con nosotros-- que no es un problema de elevación de rango. Me
parece que las inquietudes, legítimas, que tiene su grupo y usted
personalmente sobre el Instituto de la Mujer se deben a que entienden que
no se le ha dotado de eficacia suficiente para resolver problemas
ineludibles de desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres, y
estoy convencido de que, con tal de que fuera eficaz, no sólo le bastaría
el Instituto de la Mujer, sino cualquier otro nivel desagregado inferior.

Por tanto, yo le rogaría que antes de hacer manifestaciones --del tipo
que sea-- esperara a ver cómo se van desarrollando las actuaciones por
parte del Instituto de la Mujer, que ahora tiene una dirección distinta a
la de hace seis meses.

Señora Almeida, la vuelvo a animar a que no sustraiga los problemas, tan
importantes, que usted plantea de un debate tan prosaico y tan soso como
el de los presupuestos. Al menos con su intervención y con mi pequeña
aportación creo que sí se le ha dado alguna importancia a los debates
sobre la mujer, que espero sepa reconocer.

Al señor Griñán le quería comentar, brevemente, que lo que ha manifestado
este portavoz en relación con



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sus propuestas ha sido precisamente su intención de hacer un seguimiento
fiel de las mismas, en este momento y en el futuro, pero que, desde
luego, no son incardinables en el momento presupuestario en que nos
encontramos. En ese sentido se pronunciará este portavoz y el resto de su
grupo con su voto.

Por último, quiero hacer una breve referencia a la enmienda 448, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque antes no la
hice y espero que me disculpe su portavoz. Entendemos perfectamente las
inquietudes de su grupo, pero permita que le diga que será con
posterioridad al debate presupuestario cuando podamos iniciar ese debate.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cámara.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA (Número de
expediente 121/000016)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluido el debate sobre el
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
vamos a iniciar el debate sobre las enmiendas al proyecto de ley de
medidas de disciplina presupuestaria.

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista
tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciamos ya el tercer proyecto de ley en este agotador debate. Supongo
que será el último proyecto de ley del día de hoy, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Esa es la previsión del orden
del día, señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Aunque es un proyecto de ley que en principio
apareció con un sentido, yo diría, de no excesiva importancia en el
conjunto de los proyectos de ley que se tramitaban en esta Cámara, quiero
manifestar que tal como está hoy, en estos momentos, a debate en esta
Cámara puede significar un giro excesivamente importante en lo que es la
gestión presupuestaria. Y lo digo porque el contenido del proyecto de ley
que hoy discutimos no tiene nada que ver en lo fundamental con lo que fue
el proyecto de ley que presentó el Gobierno.

Nosotros dijimos entonces, y mantenemos ahora, que por razones de
oportunidad no tenía mucho sentido la elaboración de este proyecto de
ley, el Gobierno entendió que sí, y así lo presentó en la Cámara.

Nosotros creíamos que no había razones de oportunidad porque, al mismo
tiempo que se tramitaba este proyecto de ley, se tramitaban otros que
también afectaban a la modificación del texto refundido de la ley general
presupuestaria, especialmente el proyecto de ley de medidas fiscales que
se viene conociendo como ley de acompañamiento. Nosotros creíamos y
creemos que el Gobierno debe traer a esta Cámara un proyecto de ley
general presupuestaria, que es un objetivo de la anterior legislatura y
que a finales del año anterior se presentó y fue devuelto al Gobierno
porque no contó con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Este proyecto de
ley presentó una originalidad en su contenido, y es que había aspectos
manifiestamente contradictorios entre lo que en él se decía y lo que se
decía en el proyecto de ley de acompañamiento, porque se daban
redacciones distintas a un artículo específico del proyecto, al artículo
61 del texto refundido de la ley general presupuestaria.

Pues bien, si no hay razones de oportunidad, porque creemos que se podía
haber traído un proyecto de ley general presupuestaria, tampoco creemos
que tenga carácter de prioridad ninguno de los aspectos que se
consideraban; y digo que se consideraban porque algunos hay que discutir
ahora en mayor profundidad. Y no es prioritario porque este proyecto de
ley no ayuda al cumplimiento de los objetivos de contención del déficit
que plantea el Gobierno. Desde el punto de vista del Gobierno puede
mejorar aspectos de la gestión presupuestaria --todos podremos coincidir
o no o desear que mejore la gestión presupuestaria--, pero, en cualquier
caso, lo que afecta al déficit no tiene nada que ver con el articulado de
la gestión presupuestaria, sino con las normas de contabilidad para el
cómputo de los déficit que se aprueban a nivel europeo. Eso lo saben SS.

SS., pero aun así presentaron este proyecto de ley. En mi opinión, podían
haber presentado otros aspectos. ¿No es más importante el tema de las
modificaciones presupuestarias que lo que se regulaba en el proyecto de
ley? En mi opinión podía ser bastante más importante. ¿O no hay otros
aspectos como el análisis del cumplimiento de los objetivos de los
programas que se podía haber introducido también como fundamental en la
modificación del texto refundido? ¿O no sería más importante hablar del
control interno y financiero? El Gobierno decidió que no, que todos estos
aspectos posiblemente llegará un día en que vengan en un proyecto de ley
general presupuestaria y los podremos discutir, y presentó un proyecto.

Quiero hacer una referencia específica a lo que ha sido la historia
--breve, pero historia en cualquier caso-- de la tramitación de este
proyecto para llegar a una conclusión que quiero que SS. SS. me aclaren,
sobre todo el grupo que apoya al Gobierno, porque tengo la impresión, al
inicio de mi exposición, de que se ha cometido otro error por parte del
Gobierno en el momento en que nos encontramos ahora de este proyecto de
ley. Hubo un error cuando se presentaron los dos proyectos de ley porque
decían cosas manifiestamente distintas. Pues yo creo que ahora se ha
introducido



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otro error con las enmiendas que se han presentado al proyecto. Lo digo
porque la modificación cualitativa de lo que plantean es suficiente como
para pensar que afectaría al conjunto de la gestión presupuestaria, y
entonces vamos a ver si es un error o no, porque si no fuera así el
problema sería mucho más importante.

Cuando presentaron este proyecto, el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista decía que era un instrumento de agitación y propaganda.

También dijimos en otros debates que era una justificación formal de una
operación de maquillaje que se buscaba el Gobierno para tener una especie
de colchón presupuestario para funcionar en los años 1996 y 1997. Pues
bien, analicemos la cuestión. Atienda, señor Cámara, que es muy
importante para ver si me lo puede aclarar, porque como el Gobierno no
está no me lo va a poder aclarar y no se va a enterar de lo que le voy a
decir. Pida a sus compañeros que le dejan tranquilo para que me escuche.

El proyecto de ley de disciplina presenta una redacción del artículo 61
que decía: Punto 1, modificación del artículo 61 del texto refundido: «La
autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se
subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
Presupuestos Generales del Estado». Totalmente de acuerdo, no hay ninguna
innovación especial, ya era así. Punto 2: «Podrán adquirir compromisos de
gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se
autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio».

Luego viene todo lo demás. El proyecto de ley de medidas, que es lo que
ustedes introducen como enmienda a este proyecto de ley, decía --y ahora
dice este proyecto de ley-- en el punto primero lo mismo, pero en el
punto segundo no. En el punto segundo ustedes han suprimido: «siempre que
su ejecución se inicie en el propio ejercicio». Menuda diferencia. La
diferencia no sólo afecta a lo que les ha venido preocupando en la
tramitación de estos proyectos de ley, que eran las nuevas formas de
contratación. El contrato al que hemos hecho referencia antes les
preocupaba que se adecuara a la legislación presupuestaria, y no me
extraña, porque era inviable totalmente, desde el punto de vista legal,
si no se introducían modificaciones en la ley general presupuestaria, en
mi opinión, y aunque ustedes lo regulaban en el proyecto de ley de
medidas y decían que no necesitará la certificación de crédito para poder
celebrarse --que lo decían--, lógicamente había que introducir alguna
modificación en el texto refundido de la ley general presupuestaria.

Para resolver el problema del contrato ustedes introducen la modificación
en el artículo 61, pero es que ese artículo no se refiere sólo al
contrato, sino a todas las formas de contratación administrativa de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en eso les quiero
insistir. Sus señorías, que se habrán dado cuenta de la diferencia
esencial que existe entre una y otra cosa, sabrán que viene a querer
decir que sólo es posible la inversión plurianual si la decisión se toma
para que se ejecute en el mismo ejercicio, y como consecuencia tiene que
haber crédito presupuestario. Lo digo como principio general. Tal como
está ahora ya no es necesario, pero fíjese que ustedes con ese
planteamiento han abierto una puerta enorme para que se cuelen por ella
muchas otras cosas. Ese es el planteamiento que les hago, porque quiero
que me digan ustedes si están en un error o no, o si estoy yo en un
error.

Lo que nos preocupa es lo siguiente. Ustedes permiten, por ejemplo, que
puedan adquirirse compromisos de gasto para varios ejercicios económicos
a través de contratos de obra, de suministro, de consultoría, de
contratos para trabajos específicos y concretos no habituales de las
administraciones, de convenios con comunidades autónomas, de decisiones
sobre inversiones y transferencias de capital, sin que en el momento de
la decisión exista crédito presupuestario. Ustedes han abierto la puerta
para que eso sea posible, y justo este proyecto de ley surge con la
voluntad política al revés. Lo que pretendía el proyecto de ley original
es que eso no fuera así. El proyecto de ley original tenía la bondad de
pensar que, como había contradicciones entre la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y la ley general presupuestaria, había que
incorporar una mayor rigidez presupuestaria a la contratación de las
administraciones públicas. Ustedes para resolver un problema han
generado, en mi opinión, un problema muchísimo mayor, porque ahora se
puede contratar de todas las formas posibles sin existir crédito
presupuestario. En inversiones plurianuales es posible, señor Cámara.

Piénselo y léaselo. Ustedes dicen eso en la nueva redacción que plantean
en los textos que vienen del Gobierno. Si esto es así, este proyecto de
ley significa un cambio sustancial en lo que es la gestión
presupuestaria, y yo no sé cuál es la voluntad política del Gobierno en
este momento.

Es más, ustedes deberían haber modificado la exposición de motivos porque
ya no tienen ningún sentido algunas de las cosas que se dicen. ¿Me quiere
decir qué significa el punto quinto de la exposición de motivos, que
plantea una de las justificaciones de este proyecto y dice: gastos
derivados de convenios o contratos programa con incidencia presupuestaria
en uno o varios ejercicios sin cobertura presupuestaria? Lo acaban de
abrir ustedes ahora.

En cualquier caso, señor Presidente, mi grupo ha presentado un conjunto
de enmiendas que entendían, desde la perspectiva que nosotros hemos visto
la tramitación de este proyecto de ley, que había que hacer unas
propuestas más definitivas y más completas a algunos aspectos. Nosotros
creíamos y creemos que era un buen momento para hacer una regulación más
completa, puesto que a ustedes les preocupaban tanto los contratos
programa. Pero ustedes no han ido a una regulación más completa; han ido
prácticamente a una situación



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parecida a la que existía. Yo creo que deberían conocer la propuesta que
nosotros hacemos para los contratos programa, porque desde el punto de
vista de la gestión presupuestaria es mucho más correcto hacer un
planteamiento en que se acuerde no sólo el órgano que decide, que ustedes
también lo deciden, sino los mecanismos y las cautelas para que pueda
controlarse todo el proceso del objetivo del contrato programa. Pero
ustedes han metido las nuevas regulaciones de contratación que se
establecen en el texto refundido de la ley general presupuestaria y han
montado un lío.

Pero aún les diré más. Ustedes deberían estar dispuestos a que en esas
nuevas formas de contratación administrativa se establecieran unos
mecanismos de desarrollo del control mayor que los de hasta ahora, porque
ustedes no establecen ninguno sino que vienen a decir: Hágase como en los
contratos programa, pero de los contratos programa no dicen nada, con lo
cual nos encontramos con vacíos importantes, desde el punto de vista de
la gestión, pero con modificaciones también excesivamente importantes
como para que sean lógicas y consecuentes con lo que ustedes dicen. Como
yo no creo que ustedes lo hagan tan mal, díganme que esto no es lo que
quiere decir este proyecto de ley, pero les aseguro que lo que han puesto
ustedes aquí es lo que dice.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gimeno.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente voy a defender las diversas enmiendas que presenta nuestro
grupo parlamentario a este proyecto de ley de medidas de disciplina
presupuestaria.

Como saben SS. SS. después del debate en Comisión, la práctica totalidad
de las enmiendas de nuestro grupo piden la supresión de los
correspondientes artículos de este proyecto de ley. Ello lo hacemos
porque entendemos que éste es un proyecto de ley que no dudamos en
calificar de incongruente, incoherente y negativo. Incongruente,
señorías, porque si ustedes han denunciado con reiteración y con énfasis
que se había producido por parte de los anteriores gobiernos socialistas
una auténtica rotura de cualquier tipo de control del presupuesto, cómo
se explica que se pueda restablecer la normalidad con un proyecto de tan
escaso contenido, de sólo tres artículos. No tiene explicación.

Es un proyecto claramente incoherente, señorías. Basta pensar que en
noviembre del año pasado, hace escasamente un año, el Grupo Popular
presentaba en esta Cámara una enmienda de totalidad con texto alternativo
a una ley general presupuestaria. ¿Qué ha pasado en el transcurso de este
año para que todo el texto referido a una ley general presupuestaria haya
quedado reducido escasamente a tres artículos?
Finalmente, decimos que es un proyecto negativo porque el principal
problema que tenía la ejecución presupuestaria era no tener un control
parlamentario. Estas eran palabras literales del propio Grupo Popular en
la justificación de esa enmienda de totalidad. Decían, y cito
literalmente: De nada servirían las disposiciones legales si quedaran en
manos del Ejecutivo potestades tan formidables y discrecionales que le
permitieran, dentro de la más absoluta legalidad, ejecutar un presupuesto
radicalmente distinto al aprobado por las Cortes Generales. Pues bien,
señorías, en este proyecto de ley que nos ocupa no se contiene la menor
mención a estas Cortes Generales, con lo cual el principal problema que
en principio existía que era la ejecución de un presupuesto sin control
parlamentario, este proyecto de ley lo viene a agravar. Y es negativo no
sólo por eso, señorías, sino porque este proyecto de ley, junto con los
otros cuatro que están tramitando simultáneamente y que contienen también
modificaciones parciales de la normativa presupuestaria, en definitiva
viene a agravar una práctica legislativa anterior de ir modificando el
marco de control presupuestario mediante reformas parciales. Esa
práctica, señorías, debilita y perjudica el propio control
presupuestario.

Señorías, con este proyecto de ley se constata el cambio que ha
experimentado el Grupo Popular pasando de la oposición al Gobierno; un
cambio muy significativo. Se constata también su actual vocación de
eludir cualquier tipo de control de este Parlamento sobre la ejecución
del presupuesto. En nuestra opinión, sólo cabe interpretar este proyecto
de ley como un intento por parte del Grupo Popular de buscar
desesperadamente una salida a sus reiteradas denuncias de agujeros en la
gestión de los anteriores Gobiernos, pero a su vez mantener prácticamente
sin tocar la anterior normativa, y eso quisiéramos creer que no es con la
voluntad de repetir el mismo tipo de conducta.

Nada más. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.

Para un turno en contra de las enmiendas, en nombre del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Peralta, voy a empezar por hacer referencia a sus últimas
manifestaciones para decirle, con todo cariño, que con ocasión del debate
del título I de la ley de presupuestos, que ya se ha incorporado a la
legislación vigente de este Estado, se añadan los artículos ocho, nueve y
diez de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1997, en la
que entre otras cosas



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precisamente se trata de dar virtualidad práctica a una de sus
inquietudes, que es que los créditos presupuestarios y autorizados por
esta Cámara sean los mismos, con excepción de los suplementos de crédito
y créditos extraordinarios que, como su señoría sabe, tan sólo pueden ser
aprobados y defendidos en el seno de esta Cámara. Eso es justamente lo
que los artículos ocho, nueve y diez pretenden en el título I de la ley
de presupuestos, donde, como su señoría debería saber, se introducen tan
sólo siete excepciones para incorporar créditos. Es decir, del año 1997 a
ejercicios posteriores no se van a poder incorporar créditos al
presupuesto, de modo que no se van a poder transferir como hasta el
momento ocurría y como es la realidad que dio lugar entre otras, señor
Gimeno, y como hablamos en Comisión, a la ley de disciplina
presupuestaria que debatimos en este momento en la Cámara. Sí que me
sorprende que esta vez no hayan hecho referencia a la ley de disciplina
haciendo ese juego fácil de palabras y denominándola como de indisciplina
presupuestaria, que agradezco en lo que significa porque supone que al
menos la consideración que tenían sus señorías del proyecto en el trámite
de Comisión ha cambiado y ya no lo califican de indisciplina sino que
siguen manteniendo al menos su auténtica y genuina denominación de
disciplina presupuestaria.

Veo también que no se conmovieron ustedes, como yo imaginaba, con las
explicaciones que se dieron en Comisión y siguen insistiendo. Ante su
insistencia no queda más que repetir que junto con la comparecencia de
altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda y de Administraciones
Públicas, el debate de totalidad y el discurso que hizo en este sentido
el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
el debate en Comisión y el que se produce en estos momentos es la cuarta
vez que oigan posiblemente, y lamentablemente no escuchen, lo que al
Gobierno le ha movido a presentar este proyecto de ley.

Insisten ustedes también a lo largo de esta tarde, señor Gimeno, en no
aceptar paternidades. Este proyecto de ley de medidas de disciplina
presupuestaria es también obra suya, del mismo modo que lo es el artículo
102 y aquel tan traído y llevado contrato de abono total del precio. Son
ustedes sus auténticos protagonistas, porque lo son de la herencia que
dejaron al Gobierno del Partido Popular, que ha obligado a presentar, con
carácter extraordinario, esta ley de medidas de disciplina
presupuestaria. Insisto, señor Peralta, como lo hice en su día en
Comisión a su compañero de partido el señor Ríos y al señor Gimeno, que
ya en la exposición de motivos el Gobierno se manifiesta en el sentido de
que si bien es cierto que se incorporan modificaciones normativas a la
ley general presupuestaria, no es menos cierto que la firme intención del
Gobierno es presentar un texto, a la mayor brevedad posible, que
introduzca todas las modificaciones a las que hacía referencia el señor
Gimeno, que sin duda son necesarias, y las que no ha hecho referencia el
señor Peralta pero alguna se le ocurriría a la ley general
presupuestaria. No tengan dudas de que a lo largo no sé si de este
período de sesiones o cuándo, pero a la mayor brevedad posible se tratará
en el seno de esta Cámara una nueva ley general presupuestaria. Lo digo
porque es un compromiso que viene recogido en la exposición de motivos y
que algún carácter normativo tiene y espero que lo reconozcan sus
señorías.

El Gobierno heredó un presupuesto prorrogado, el de 1995, y ha tenido que
tomar decisiones para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, el
presupuesto teóricamente tenía como objetivo la consecución de un déficit
para el conjunto de las administraciones públicas del 4,4 por ciento del
producto interior bruto. Visto como estaban las cosas en abril, se han
tenido que tomar medidas como la ley de medidas de disciplina
presupuestaria. A pesar de todo, este objetivo de déficit del 4,4 por
ciento tengan la seguridad sus señorías de que se va a cumplir. Y no sólo
eso, sino que no deja de ser otra de las medidas incorporadas por el
Gobierno, como fue aquella tan discutida y objeto de dos solicitudes de
comparecencia en que el señor Borrell suspendía injustamente a los altos
cargos que pasaban para explicar el acuerdo de no disponibilidad de
200.000 millones de pesetas en las primeras medidas tomadas por el
Gobierno. Insisto también en atribuir paternidad a este acuerdo de no
disponibilidad a sus señorías del Grupo Socialista. Como saben,
inmediatamente se adoptó el Real Decreto 12/1996 porque se aprobaba un
crédito extraordinario que ha sido mencionado prácticamente por todos los
portavoces de nuestro grupo y al que ustedes sistemáticamente han ido
haciendo referencia, pues era necesario financiar obligaciones no
reconocidas de ejercicios anteriores por importe ni más ni menos que de
721.000 millones de pesetas o 721.000 millones de errores, como usted
quiera denominarlo, señor Gimeno, que fueron aflorando según los
ministros de este nuevo Gobierno del Partido Popular iban tomando las
riendas del, si se me permite, potro desbocado que constituían los
agujeros en que se concretaba la herencia del Partido Socialista.

El primer objetivo de política presupuestaria consiste en poner coto al
crecimiento desordenado del gasto público, y se garantiza, como dije al
principio respondiendo al señor Peralta, con la introducción de estos
tres artículos al título I. Entiendan que esto es un núcleo organizado de
medidas de carácter presupuestario de los cinco proyectos de ley que
durante esta semana --y ya finalizamos-- hemos estado debatiendo. En este
punto daré por reproducidos los argumentos utilizados con ocasión del
debate al título I.

El segundo objetivo del conjunto de medidas se garantiza con esta ley de
medidas de disciplina presupuestaria que consiste en posibilitar el
cumplimiento, entre otros, del principio de devengo, con el que a alguno
se le llena la boca y que tampoco se pudo acreditar



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durante la gestión anterior para garantizar que los gastos tengan su
imputación en el ejercicio en el que se devengan. Se trata, sin más, de
que las cuentas públicas se ofrezcan en términos de fiscalización de la
actividad económica patrimonial, su imagen fiel en terminología más
propia del Tribunal de Cuentas que de esta Cámara, pero en terminología
en definitiva de carácter presupuestario. Para ello se delimita
claramente el ejercicio al que deben imputarse los gastos, con el fin de
que no se generen sin soporte presupuestario. A este fin se establece, en
primer lugar, que para imputar obligaciones anteriores en el ejercicio
corriente se deberán dar dos condiciones. La primera, que hubiera crédito
disponible --premisa que puede parecer obvia, pero tan obvia como
incumplida por gobiernos anteriores--, con el fin de que dejen de
generarse estos agujeros a los que me refería. La segunda, la
autorización del Ministro de Economía y Hacienda.

En segundo lugar, se establece la necesidad de que los anticipos de
fondos, tan frecuentemente utilizados en gobiernos anteriores, sean
cancelados en el ejercicio en el que se conceden, exceptuándose, como no
podía ser de otro modo, por el tracto que experimentan, los fondos
europeos.

En tercer lugar, se exige acreditar la existencia de crédito para llevar
a cabo modificaciones en la tramitación de obras de emergencia,
modificados de obras y declaraciones de urgente ocupación en los procesos
de expropiación forzosa.

Por otra parte, haré referencia a una de sus más exacerbadas críticas,
señor Gimeno, con respecto a este proyecto. Era absolutamente necesario
implementar medidas de control de los gastos plurianuales, introduciendo
mecanismos para controlar los efectos que puedan tener sobre ejercicios
futuros las decisiones adoptadas por los gobiernos de hoy con respecto a
los ejercicios que fueran a aprobarse por los gobiernos de mañana. El
Gobierno, lo que hace en este caso, con ocasión de la aprobación de esta
ley, es responsabilizarse de autorizar, por medio de acuerdos del Consejo
de Ministros, la celebración de conciertos y contratos-programas de
duración superior al año y, por otro lado, de contratos de obra bajo la
modalidad tan debatida de abono total del precio.

Lógicamente, parten sus señorías de la desconfianza en el sistema
instaurado por ustedes en el control de los créditos comprometidos y de
los créditos para años futuros, pero permitan que la filosofía que se
incorpore con ocasión de la ley de disciplina presupuestaria sea la de
que la autorización del Consejo de Ministros sea suficiente, por ser la
más alta institución de carácter ejecutivo del Estado, y la que garantice
que cuando se comprometan ejercicios futuros los créditos presupuestarios
tengan la autorización suficiente, y cuando haya que hacer frente a las
obligaciones de pago --por ejemplo los contratos de obra total del precio
en contrato de obra pública--, exista realmente el compromiso de gasto
asumido y se pueda, por tanto, hacer frente al mismo, de forma contraria
a como ocurría hasta el momento.

Acepten, por lo menos, que este Gobierno pueda acertar allí donde ustedes
se equivocaron. Se equivocaron, señorías, en lo que se trata de control
del presupuesto, se equivocaron en el rigor al presupuestar, se
equivocaron en el rigor al ejecutar el presupuesto y se equivocaron en el
rigor al liquidarlo. Permitan, por lo tanto, que este Gobierno pueda
acertar. Para ello están las medidas que se incluyen en esta ley de
disciplina.

Esta ley, además de introducir medidas de control del gasto, introduce
mecanismos para garantizar que los recortes del gasto sean duraderos y,
por tanto, se incorporen a las rutinas presupuestarias. No duden de que,
entre otras razones, el hecho de traer este texto de disciplina
presupuesta de forma urgente, como ustedes señalaban --y estamos de
acuerdo--, sin necesidad de esperar a la presentación de un texto
concreto a la Ley General Presupuestaria, obedece en principio a atajar
las inercias administrativas que, de hecho, se producen dentro de la
Administración española con ocasión de la forma en que durante trece años
largos se venía ejecutando el presupuesto público. Se trata de atajar de
modo inmediato, a través de esta ley, estas inercias perniciosas en
nuestra opinión y, que, por tanto, había que acometer. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Cámara.

Guarden silencio, por favor, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Para acabar, señor Presidente, porque veo que ya he pasado del tiempo,
con ocasión del debate del título I hice referencia --se acordará, señor
Gimeno-- a lo que el Tribunal de Cuentas decía con relación a la Cuenta
General del Estado del año 1992, así como el dictamen que se aprobó por
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Básicamente decían que las cuentas presentadas por el Gobierno reflejan
con dificultad la imagen fiel del sector público y, más importante que
esto, que condicionaban los ejercicios posteriores, en los que se tendría
que realizar un esfuerzo importante para regularizar los déficit no
reflejados. Esto es lo que dicen las Cortes, y no dudo que sus señorías
estén de acuerdo. Además, creo que el párrafo es suficientemente
expresivo de lo que aparece en la exposición de motivos, por lo que creo
que perfectamente podría sustituir a la propia exposición de motivos de
la ley de disciplina presupuestaria. Lo que hace este Gobierno, sin más,
y el Grupo Popular lo apoya sin fisuras, es recoger el envite y,
responsablemente, hacerse cargo de este esfuerzo que las Cortes solicitan
del Gobierno.




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Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cámara.

Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, para contestar, desde el escaño,
a la intervención del señor Cámara, que, por cierto, no me ha resuelto
las dudas fundamentales que tenía.

Me vuelve usted a hablar de las razones por las que el Gobierno presentó
este proyecto de ley, y yo le tengo que decir que, este proyecto de ley
no tiene nada que ver con lo que trajo el Gobierno a la Cámara. Para que
me entiendan sus señorías y no sólo usted, señor Cámara, con el proyecto
de ley actual se van a poder contratar lapiceros y encargarlos para el
año que viene, sin que haya partida presupuestaria en este ejercicio, y
usted no me resuelve ese problema.

¡Si no le estoy hablando del Gobierno! Le estoy diciendo que han abierto
ustedes la puerta, y creo que por error, porque si no es por error hay un
giro copernicano en lo que es la gestión presupuestaria. Le estoy
diciendo que en la contratación administrativa normal, no sólo en la de
obra, en todas, en las de suministros, en todas las que regula la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, cuando vino este proyecto de
ley a la Cámara, se exigía que hubiera partida, crédito presupuestario, y
que la decisión se tomara para ejecutarla en el propio ejercicio
económico. ¡Si es de cajón, si tenía que ser así! Sin embargo, ahora ya
no es así, y eso es lo que me preocupa. Porque ustedes, con la excusa de
las nuevas formas de contratación, no nos resuelven el problema, lo
resuelven al revés. No es que haya dicho que la ley no sea de
indisciplina, señor Cámara, la ley había pasado de ser de disciplina, que
le llaman ustedes, a indisciplina, pero ahora estamos ya en una orgía
presupuestaria, se lo aseguro. Ahora la situación empieza a ser
preocupante --salvo que ustedes den marcha atrás en el Senado--, si es
que van a aceptar el texto tal y como está. Yo estoy convencido de que
ustedes lo van a cambiar en el Senado, ya lo veremos. Vamos a verlo y aún
volveremos a debatir en esta Cámara.

Usted, que le preocupa tanto lo que le ha dicho el Tribunal de Cuentas,
ha tenido la oportunidad, en esta Cámara, de votar en contra de la cuenta
del Estado y, que yo sepa, no lo ha hecho. Es cierto que el Tribunal de
Cuentas hace muchas recomendaciones a la Comisión y esta Cámara se las
hace al Gobierno. En eso estamos. Ahora ustedes gobiernan y resulta que
establecen criterios mucho más flexibles que los que existían
anteriormente.

Ese es el problema que nos preocupa en estos momentos, señor Cámara, que
esto no tiene nada que ver con lo que vino a la Cámara. No tiene nada que
ver. Han cambiado ustedes sustancialmente el concepto de la gestión
presupuestaria que había, pero no sólo eso, con las nuevas formas de
contratación también han cambiado, total y sustancialmente, lo que es el
régimen de las contrataciones de las administraciones públicas. Esa es la
cuestión y ése es el debate que queríamos aclarar y que usted todavía no
nos aclara suficientemente. Estoy convencido de que en el Senado se
seguirá debatiendo, y ya veremos si cuando vuelva otra vez a esta Cámara,
si es que se modifican en el Senado, podemos volver a hablar de esto o
no.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gimeno.

Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Cámara, sinceramente le agradezco el cariño con el que me ha
contestado, pero le tengo que decir que sería más correcto que me diera
razones. Y le voy a pedir muy pocas, de verdad, muy pocas.

¿Quiere usted decirme qué ha pasado con todo el texto alternativo de la
Ley General Presupuestaria que tenían ustedes no hace más de un año, y
que queda reducido a tres artículos en este proyecto de ley?
Segundo. Ustedes hace un año decían que el principal problema que tenía
la ejecución presupuestaria en nuestro país era la ausencia de control
parlamentario, ¿qué pasa con el control por el Parlamento en este
proyecto de ley? ¿Cómo es posible que no haya la menor referencia al
control del Parlamento sobre la ejecución del presupuesto?
Finalmente, señor Cámara, dice usted que la oposición hemos cambiado, que
ya no hablamos de indisciplina presupuestaria, que aceptamos que ésta es
una ley de disciplina presupuestaria. ¿Qué quiere que le diga, señor
Cámara? ¿Precisamente en estos presupuestos pretende usted constatar eso?
¿No es verdad que se han hecho acuerdos sin dotaciones presupuestarias?
¿Es verdad o no, señor Cámara? Así de sencillo. Porque nos consta que se
han llevado a cabo acuerdos políticos sin que aparezca la consignación de
crédito adecuado. Eso ha aparecido reflejado en los medios de
comunicación y tenemos ocasión de constatarlo precisamente en la
tramitación de estos presupuestos del Estado. ¿Qué quiere usted que le
diga, señor Cámara?
En su intervención se ha empeñado en hablar de las paternidades de ese
descontrol presupuestario que usted imputaba al Grupo Socialista o a los
anteriores gobiernos socialistas. A mí me parece oportuno recordarle,
señor Cámara, que, junto a las paternidades, que desgraciadamente en
ocasiones hay que investigar, están también las maternidades, que suelen
ser más evidentes. Desde luego, de este proyecto de ley y del descontrol



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presupuestario que conlleva, la de ustedes es evidente.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.

Tiene la palabra el señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Peralta, contesto brevemente a su intervención. La calidad, como
usted bien conocerá, la mayoría de las veces, por no decir todas, poco
tiene que ver con la cantidad, y el número de artículos del proyecto de
ley de disciplina presupuestaria obedece a la necesidad urgente, como
dije y repito, de eliminar rápidamente las inercias que durante catorce
años de gobierno socialista habían provocado el desfase presupuestario
que dio lugar a la presentación y aprobación del Real Decreto 12/1996.

Insisto en recordarle que los artículos 8, 9 y 10 del título I --no me
cansaré de insistir en esto-- pretenden justamente lo que su señoría
dice: que sean las Cortes Generales las únicas habilitadas para
establecer los límites sobre los que se puede comprometer el presupuesto
público, y eso queda plenamente garantizado con los artículos 8, 9 y 10
presentados por el Gobierno.

Señor Gimeno, ustedes siempre parten de la desconfianza propia de quien
ha visto fracasar progresiva, paulatina y continuamente las políticas
sobre control del presupuesto, sin admitir que puede haber otras formas
de gestionar el presupuesto público que traigan como consecuencia éxitos
sobre el control del déficit presupuestario y no los fracasos a los que
nos tenían acostumbrados los gobiernos a la hora de gestionar el
presupuesto. No haré referencia a un castizo refrán que tiene mucho que
ver con el planteamiento que usted hace porque, sin duda, la Presidencia
me ordenaría retirarlo de inmediato, pero, como digo, hay un castizo
refrán que hace referencia a lo que en unos se reconoce y en otros no,
sobre los males producidos no reconocidos en sus señorías y los males no
reproducidos y que no se reproducirán, no le quepa ninguna duda, en los
gobiernos del Partido Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Cámara.

Habiendo concluido el debate de este proyecto de ley, vamos a proceder a
las votaciones de todos los aspectos que han sido debatidos esta tarde,
tanto del primer proyecto de ley como de este segundo. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los títulos de la ley de acompañamiento que se han
debatido desde la última votación y que son el IV, el V, las
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, y las
enmiendas y dictamen correspondiente al último debate sobre el proyecto
de ley de medidas de disciplina presupuestaria.

En consecuencia, comenzamos votando las enmiendas y el dictamen
correspondientes al título IV de la ley de acompañamiento que comprende
los artículos 113 a 131. Se han retirado las enmiendas que la señora
Rahola, del Grupo Mixto, había presentado. Votamos las que restan,
presentadas por el señor Rodríguez, en dos votaciones.

En primer lugar, la enmienda número 122.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, tres; en contra, 170; abstenciones, 136.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del señor Rodríguez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 133; en contra, 170; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

La enmienda que subsistía del Grupo Vasco (PNV) ha sido retirada y
también algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), manteniéndose solamente las 404 y 406, que pasamos
a votar.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 146; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, la 296 y la 315.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 14; en contra, 299; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 304, 305, 307, 308, 311, 317, 294 y 295, del Grupo de
Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 15; en contra, 170; abstenciones, 132.




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El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 147; en contra, 169; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.--Varios señores Diputados: ¡Sí! ¡Sí! ¡No!
¡No!)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 146; en contra, 167; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Señorías, a estas alturas del debate de esta semana todos estamos muy
cansados ya que, a pesar de que en algunas ocasiones hay quien no ve a
sus señorías, están todos aquí. En cualquier caso, lo que más confunde a
las personas, a todos las Diputadas y Diputados que han de votar, son los
comentarios en voz alta sobre síes o noes, que no proceden. Pueden
confundir también la utilización de estos mecanismos de votación de la
Presidencia, y yo les rogaría que no procedieran a ese tipo de
exclamaciones. Atiendan a sus portavoces si lo desean y, por favor, no
produzcan más síes o noes en voz alta.

Dictamen sobre el título IV, que vamos a proceder a votar en siete
apartados.

En primer lugar, votamos el dictamen en relación con el artículo 115.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 315; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.

Dictamen relativo al artículo 117, apartado uno.5 y apartado cuatro.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 183; en contra, 133; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados el apartado uno.5 y el apartado
cuatro.

Resto del artículo 117.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 169; en contra, 132; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del artículo 117.

Votación en relación con el dictamen de los artículos 113, 116, 118 y
119.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 169; en contra, 145; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos citados.

Votación respecto del dictamen, que hace referencia a los artículos 114,
120, 121, 122, 125, 128, 129 y 131.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 300; en contra, 14; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votación relativa al artículo 123.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 169; en contra, 17; abstenciones, 130.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación relativa a los artículos 124, 126, 127 y 130.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 146; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados esos artículos y con ellos el
dictamen correspondiente al título IV.

El título V comprende los artículos 132 a 150. Han sido retiradas las
enmiendas del Grupo Mixto, permaneciendo viva solamente una, defendida
por la señora Lasagabaster, que con el número 72 procedemos a votar.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 142; en contra, 162; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




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Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). En primer lugar, la número 47.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 301; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda del Grupo Vasco número 44.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 10; en contra, 163; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda del Grupo Vasco número 48.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 153; en contra, 165.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La enmienda que subsistía del Grupo Parlamentario Catalán ha sido
retirada y pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, las números
325, 326 y 332.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 15; en contra, 298; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda número 327, del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 15; en contra, 169; abstenciones, 133.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 148; en contra, 169; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
de Izquierda Unida.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las números 188, 189,
190, 196 y 197.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 148; en contra, 170.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 191 a 195, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 133; en contra, 168; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 198, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 133; en contra, 182; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votaciones relativas al dictamen del título V.

En primer lugar, votamos el dictamen relativo a los artículos 137, 141 y
148.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 299; en contra, 15; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos mencionados del texto
del dictamen.

Votación relativa a los artículos 136, 143 y 144.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 316; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votación relativa a los artículos 138 y 140.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 301; en contra, uno; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículo 139.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 132; abstenciones, 16.




Página 2184



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Artículo 149.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 16; abstenciones, 133.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Restante texto del dictamen, correspondiente al título V.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 146; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado así el dictamen relativo al título V.

Votaciones sobre las enmiendas y el dictamen de las disposiciones
adicionales primera a duodécima. Subsisten las enmiendas del Grupo Mixto,
señora Lasagabaster, números 73 y 58, que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, ocho; en contra, 294; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 125, del señor Rodríguez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, tres; en contra, 302; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), números 45, 46, 52 y 53.

(El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
Señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, pedimos votación separada de
las enmiendas 52 y 53.




El señor PRESIDENTE: ¿Pueden votarse unidas?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: No, señor Presidente, separadas.




El señor PRESIDENTE: Votación relativa a las enmiendas 45 y 46, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, ocho; en contra, 296; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda número 52.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 172; en contra, 122; abstenciones, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la enmienda número 53.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, nueve; en contra, 283; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

De las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
subsistía la 448, que ha sido retirada.

Pasamos, en consecuencia, a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, votando, en primer lugar, la
341 y la 333.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 148; en contra, 166; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 342 y 347 a 353, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 15; en contra, 171; abstenciones, 132.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas a las disposiciones adicionales, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 13; en contra, 300; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las enmiendas números
206 y 211.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 131; en contra, 184; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas números 205, 199, 200 y 201.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 136; en contra, 168; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 146; en contra, 169; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas restantes del Grupo
Socialista a las disposiciones adicionales primera a duodécima, cuyo
dictamen pasamos a votar.

En primer lugar, el texto correspondiente a las disposiciones adicionales
primera y décima.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 168; en contra, 144; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones adicionales
primera y décima.

Votación del texto de la disposición adicional séptima.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 171; en contra, 16; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional séptima.

Votación relativa a las disposiciones adicionales segunda, cuarta y
octava.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 314; en contra, uno; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de las disposiciones
segunda, cuarta y octava.

Texto del dictamen relativo a la disposición adicional quinta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 132; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Disposición adicional sexta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 171; en contra, dos; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional sexta.

Sometemos a votación el resto de las disposiciones adicionales, según el
texto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 298; en contra, 14; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.

Pasamos a votar las disposiciones transitorias primera a décima. En
primer lugar, la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular
sobre la enmienda 451, del Grupo Parlamentario Catalán, que añade una
disposición transitoria. En consecuencia, si no hay oposición para su
tramitación de ningún grupo de la Cámara, la votaremos.

Votamos la disposición con el texto transaccional.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 169; en contra, 143; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Votación de las enmiendas 351 y 354, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 14; en contra, 301; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida.

Votación de la enmienda subsistente del Grupo Socialista, numerada como
207.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 135; en contra, 169; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votaciones correspondientes al dictamen de las disposiciones
transitorias.

Votamos, en primer lugar, el texto relativo a la disposición transitoria
tercera.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 315; en contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación relativa al texto de las disposiciones transitorias quinta y
sexta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, tres; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones mencionadas.

Resto del dictamen en relación a las disposiciones transitorias.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 300; en contra, dos; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen en relación a
las disposiciones transitorias.

Pasamos a votar la disposición derogatoria única, a la que todavía queda
pendiente una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el número
213.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 134; en contra, 167; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Texto del dictamen de la disposición derogatoria única.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 171; en contra, 145; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen de la
disposición derogatoria única.

Disposiciones finales primera a octava. Subsiste una enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con el número
355, que pasamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 13; en contra, 300; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votación sobre el dictamen relativo a las disposiciones finales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 300; en contra, uno; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen relativo a las
disposiciones finales.

Vamos a votar la exposición de motivos, el preámbulo y la autorización a
los servicios para la nueva numeración de la ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 170; en contra, 144; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos, el
preámbulo y la mencionada autorización.

Con ello, concluimos las votaciones relativas a la llamada ley de
acompañamiento y pasamos a votar las enmiendas y el dictamen del proyecto
de ley de medidas de disciplina presupuestaria.

En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, numeradas como 3, 5, 4 y 6.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 145; en contra, 170; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 145; en contra, 170; abstenciones, tres.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación del dictamen, artículos 1 a 3, disposición final y exposición de
motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 170; en contra, 145; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Aunque sus señorías no estén todos tan cansados, voy a suspender la
sesión ahora, para que podamos continuar mañana a partir de las nueve y
media de la mañana.

Señorías, las votaciones de mañana, pues son dos proyectos de ley --uno
de ellos de carácter orgánico--, se realizarán a partir de las once de la
mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las nueve de la noche.