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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 18/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 40
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 39
celebrada el lunes, 18 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997
(número de expediente 121/000015) (Página 1778)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 41, de 19 de
noviembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 1778)
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (Página 1778)
Títulos I y II. (Página 1778)
El señor Gimeno Marín defiende las enmiendas del Grupo Socialista. Señala
que no se debate únicamente el proyecto de presupuestos sino también
cuatro proyectos de ley más, áe enorme importancia que considera
conveniente que se discutan en profundidad. Lamenta que el Grupo que
apoya al Gobierno no haya hecho un esfuerzo mínimo que se corresponda con
la importancia de los temas que les ocupan para aproximar posiciones.
Afirma que, hasta el momento, sólo se han recogido dos enmiendas, no
estimando lógico que el Grupo mayoritario actúe con una prepotencia que
no se corresponde con la realidad de la Cámara.
Agrega que, aunque los debates en Ponencia y Comisión no hayan servido
para aproximar posiciones, sí les han permitido enterarse de la
existencia de inversiones que no figuran en los presupuestos. Dado que se
ha hablado de financiación extrapresupuestaria exige al Gobierno y al
Grupo que le apoya que informen a la Cámara de todos los proyectos y
acuerdos a que esté llegando el Gobierno, ya que esta Cámara tiene que
conocer y votar dichos acuerdos.
Pregunta qué problemas existen para que no se recojan en los presupuestos
esos acuerdos que tienen repercusiones presupuestarias, colocando a
algunos grupos parlamentarios en situación de inferioridad para afrontar
el debate de las enmiendas y, lo que aún es peor, debilitando a la propia
institución parlamentaria.
Alude, asimismo, a las equivocaciones producidas en Comisión en las
votaciones de algunas enmiendas, dando una imagen que no considera
correcta, ni se corresponde con lo que debe ser este Parlamento.
Se refiere, por último, de manera breve al contenido de las diez
enmiendas presentadas al título I y una al título II, resaltando el
artículo diez del proyecto en el que se viene a reconocer que es muy
fácil que se le escape al Gobierno el tema del déficit, por lo que
establece con carácter provisional para 1997 la posibilidad de que el
Gobierno actúe para corregir dicha situación. Se trata de algo que le
parece razonable, pero ello equivale, a su juicio, dejar sin contenido lo
que hoy se diga en esta Cámara. Consiguientemente debe fijarse un límite
a esa situación y, en tal sentido, va dirigida una de las enmiendas de su
grupo ya que, de otra forma, lo que hoy aprueben no serviría para nada.
Respecto a los desfases de tesorería de la Seguridad Social, fijados en
350.000 millones de pesetas, pide que se acepte la enmienda de su grupo
para cancelar tales desfases al final del ejercicio porque, de no ser
así, empezarían a pensar que no se trata de un desfase de tesorería, sino
de algo más preocupante.
El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haciendo, en primer lugar, un
balance político del debate de los Presupuestos Generales del Estado, al
que considera confuso, sin transparencia y falto de credibilidad en
cuanto a las macro cifras que lo sustentan.
A continuación expone las razones por las que han presentado las
enmiendas 114 y 115 a los apartados 3 y 4 del artículo 11: en primer
lugar, porque incumplen de forma manifiesta el acuerdo sobre pensiones
firmado entre el Gobierno y los sindicatos y, en segundo lugar, porque
opinan que es totalmente falsa la idea de que el sistema público de
pensiones era y es deficitario, cuando en realidad el sistema de
pensiones contributivas tiene superávit. Intentan con dichas enmiendas
sustituir los préstamos por transferencias, ya que durante el año que
viene serán las cotizaciones sociales las que harán un préstamo al
Estado.
El señor Homs i Ferret defiende la única enmienda presentada por su Grupo
a los títulos I y II. Se trata de la enmienda 1.218 en la que proponen,
como cautela, que cuando una administración tome una decisión con
carácter obligatorio que deban aplicar las demás administraciones, se
prevea la correspondiente previsión presupuestaria.
El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) al título II, relacionadas con la distribución
de los fondos públicos para centros docentes, refiriéndose en concreto a
la mejora de la regulación del módulo económico de distribución de los
fondos públicos para el sostenimiento de los centros de educación
concertada.
En turno en contra de las enmiendas interviene, en nombre del Grupo
Popular, el señor Cámara Rodríguez.
Comienza afirmando que es la primera vez que en unos presupuestos se
contienen medidas como las que aparecen en este primer título, porque es
preciso garantizar un techo global de gastos, y este es el primer
objetivo que se garantiza con la incorporación de los artículos ocho a
diez del proyecto de ley. Por primera vez se establece en un presupuesto
que la totalidad de los créditos comprometidos para un ejercicio no
superarán la masa global de los créditos que aprueban las Cortes. Por
otra parte, en este título se limita, de forma taxativa, a siete las
posibilidades del Ejecutivo para incorporar créditos, lo que contrasta
con la laxitud con la que se trataban las incorporaciones de créditos con
anterioridad y que permitían trasladar genéricamente las obligaciones de
ejercicios cerrados a ejercicios posteriores.
Parece que el Grupo Socialista no tendrá inconveniente en retirar esa
actitud a la vista de varias de sus enmiendas. Es por ello por lo que
insiste en la petición que hizo al señor Gimeno en Comisión de que
retiren sus enmiendas.
En cuanto a Izquierda Unida les recuerda el esfuerzo financiero asumido
por el Estado para la financiación de los gastos de la Seguridad Social,
incrementándose la aportación total para 1997 en 178.000 millones de
pesetas, y considerando conveniente que la Seguridad Social obtenga un
préstamo de 155.000 millones de pesetas para equilibrar el presupuesto.
En relación con la credibilidad de estos presupuestos tiene que decir al
señor Saura que son los mercados los juzgadores de esa credibilidad,
aludiendo a datos tan importantes como la bajada de los tipos de interés
que permiten a los españoles acceder a créditos más baratos.
Replican los señores Gimeno Marín, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, duplicando el señor Cámara Rodríguez.
Título III. (Página 1790)
El señor Caldera Sánchez-Capitán, defiende las enmiendas del Grupo
Socialista, manifestando que la decisión del Gobierno de congelar el
sueldo de los empleados públicos constituye una decisión injusta,
contraria a la equidad, e ineficaz para alcanzar los objetivos que el
propio Gobierno se ha marcado. Expone que detrás de este presupuesto hay
múltiples conflictos, quizá, porque el propio Gobierno es el conflicto y
sólo así se explican las graves contradicciones de su actuación. Afirma
que se trata de un Gobierno que no cumple prácticamente ninguno de sus
compromisos electorales y que, bien al contrario, adopta decisiones que
no figuraban en su programa electoral.
Pregunta cómo van a conseguir la Administración profesionalizada con
funcionarios públicos, personalmente motivados y dignamente retribuidos
que prometían, ofreciendo permanentemente el diálogo que ahora no se ve
por ninguna parte, hasta el punto de que en tan poco tiempo han
conseguido agraviar a tanta gente y crear tantos focos de protesta como
los que ocupaban las calles de nuestro país.
Agrega que la decisión adoptada atenta a temas como la razón legal, al
llevarse por delante un acuerdo para el trienio 1995-1997, adoptado en
función de una ley, la 7/90, cuyo mandato el Gobierno no ha cumplido.
Atenta también contra la razón práctica esta medida que no comparte el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) que a punto estuvo de apoyar una
moción socialista, exigiendo al Gobierno que negociara con los
funcionarios la retribución del año 1997. Tampoco se explica cómo en
Euskadi puede ser deseable una subida de sueldos y en este hemiciclo esta
misma decisión se les niega. Sobre este particular considera que el
acuerdo que aquí se adopte ha de afectar al resto de las administraciones
públicas y, por tanto, el Grupo socialista defiende la extensión de la
medida a comunidades autónomas y a ayuntamientos, como siempre han hecho
antes y ahora.
Finalmente pide el apoyo a la enmienda del Grupo Socialista que propone
subir la retribución de la tropa de reemplazo de 1.500 a 7.000 pesetas
mensuales, pidiendo al Grupo Popular que, por una vez, cumpla alguna
cláusula del contrato que ofrecieron a los españoles.
El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este título
III. Comienza con la exposición de las enmiendas relacionadas con la
congelación salarial de los funcionarios. Su Grupo no está de acuerdo en
que con estos presupuestos no se incumpla el acuerdo suscrito entre el
Gobierno y los sindicatos de los empleados públicos y se preguntan si los
otros acuerdos que el Gobierno ha firmado con los sindicatos se van a
cumplir de la misma manera. Manifiesta que la lucha de los empleados
públicos es por algo más que por la mera reducción o congelación
salarial, es porque se les niega el derecho de negociación colectiva.
Asimismo, considera que esta medida es injusta y cobarde, porque se
adopta en un ejercicio distante de las próximas elecciones generales.
Plantea que sus enmiendas pretenden mantener el actual nivel de
eficiencia en los servicios públicos y restablecer el derecho de la
negociación colectiva de los empleados públicos, así como la dignidad de
un Estado, al que consideran incumplidor.
A continuación pasa a glosar brevemente las otras enmiendas con las que
pretenden que tanto las adecuaciones retributivas en función de los
contenidos de los puestos de trabajo, como la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados en el mismo, como las contrataciones de personal
previstas a cargo de los créditos de inversiones, se negocien con los
sindicatos, dando información puntual al Parlamento, a los efectos de
control y seguimiento.
Respecto a la oferta de empleo público pretenden que se cubra el 100 por
cien y no el 25 por cien de las plazas vacantes por reposición de
efectivos y que se corrija un agravio comparativo existente entre las
pagas extras del sector privado y las del sector público. Termina su
exposición aconsejando al Gobierno que negocie y no incumpla sus
compromisos.
El señor Homs i Ferret defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) que mantienen viva, haciendo en primer
lugar unas breves consideraciones en relación a las argumentaciones de
otros grupos parlamentarios, en especial del señor Caldera, del Grupo
Socialista, recordándole que el Gobierno socialista tomó dos veces
consecutivas una decisión equivalente de congelación de las rentas
salariales de los funcionarios públicos. Entiende que las circunstancias
que acompañan a esa decisión se enmarcan en la estrategia de garantizar
la incorporación de España a la Unión Europea y alcanzar un acuerdo en
torno a unos presupuestos que sean restrictivos y permitan reducir el
déficit público. Reconoce que, sin duda, el esfuerzo recae sobre los
empleados públicos, pero considera imposible dar marcha atrás en esta
decisión, puesto que de lo contrario el país no avanzaría en la reducción
de la inflación, en la contención del gasto público ni en los objetivos
de incorporar al país a la Unión Económica y Monetaria. Por estas razones
su grupo va a dar apoyo a esta decisión del Gobierno.
A continuación pasa a defender la enmienda 1.219 que trata de incorporar
la excepción de dos supuestos en cuanto a la limitación del 25 por ciento
sobre las plazas vacantes: en aquellas comunidades autónomas donde deba
desarrollarse la Logse y donde deba desplegarse la policía autonómica,
por lo que propone una enmienda transaccional.
Por el Grupo Mixto, interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme),
para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego al título III,
que están orientadas a incrementar el salario de los empleados públicos
en un 2,6 por ciento --en contra de la congelación salarial que se
propone en el proyecto--, a hacer menos restrictiva la contratación de
nuevo personal de la Administración y a permitir la autonomía de
comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar sus presupuestos y, por
tanto, para fijar los incrementos salariales de sus trabajadores.
En nombre del Grupo Popular, la señora Fernández González comienza
defendiendo la enmienda 1.284 a la letra i) del artículo diecisiete, uno,
por entender que, con la misma, se da una redacción más correcta al
precepto.
En relación con las intervenciones de los enmendantes al título III,
califica de mitin electoral la intervención del portavoz socialista al
pronunciar un discurso demagógico, absolutamente inadecuado, e insensato
por los calificativos que, en ocasiones, imputa al Gobierno, a sus
miembros, al propio Presidente del Gobierno y a la totalidad del Grupo
Popular. Expone que no van a tolerar pacíficamente que, desde los bancos
socialistas, se les dé lecciones de cumplimientos de transparencia, de
honestidad y honradez en la gestión de lo público, porque los socialistas
practicaron justamente lo contrario en los últimos años. El señor Caldera
ha olvidado otros dos acuerdos expuestos aquí reiteradamente por el
Presidente y muchos ministros y que forman un bloque unido, que son los
acuerdos de gobernabilidad y el pacto de investidura. Como quiera que ha
habido transparencia, diálogo y han sido unos acuerdos y unos pactos
públicos, que todo el que quiso conocer los ha conocido, no puede el
señor Caldera hablar ahora de acuerdos invisibles.
Respecto a que detrás de estos presupuestos había muchos conflictos,
tiene que decir que el único conflicto que existe aquí es el que quiere
crear artificialmente el Grupo Socialista. Expone que se trata de unos
presupuestos de centro, de consenso, de diálogo y de acuerdo, y tal
acuerdo lo han conseguido con el Grupo Catalán (Convergéncia i Unió), con
el Partido Nacionalista Vasco, con el Grupo de Coalición Canaria y con no
pocas fuerzas sociales, lo que prueba el talante de un Gobierno que hace
eje fundamental de su política ese diálogo.
Respecto a la petición de subida salarial para los empleados públicos
recuerda, una vez más, que se les está pidiendo un esfuerzo por la
situación económica
en la que estamos, que los socialistas conocen muy bien porque ellos
dejaron el agujero heredado por el Gobierno del Partido Popular. En todo
caso no va a ser un esfuerzo baldío, toda vez que va a servir para
cumplir los objetivos de convergencia y, en consecuencia, poder dar al
país empleo, riquezas, prosperidad y confianza en el futuro, algo que los
socialista no fueron capaces de dar.
En cuanto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, señala que
plantean cuestiones similares a las del Grupo Socialista, por lo que, por
esa no economía procesal, cabe aplicarles los mismos planteamientos y
razonamientos.
Finalmente, respecto a la enmienda transaccional del Grupo de
Convergència anuncia que contara con el apoyo del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Zabalía Lezamiz,
para aclarar al señor Caldera que se trata de dos administraciones
distintas --la Administración vasca y la Administración del Estado-- y de
dos presupuestos distintos. Recuerda asimismo que el Gobierno socialista
logró alcanzar la cifra record del 7 por ciento del déficit público en el
presupuesto del Estado, cuando la Administración vasca está por debajo
del uno por ciento. En cuanto a la acusación del señor Caldera de que en
la Comunidad Autónoma vasca se están subiendo los sueldos y aquí apoyan
al Gobierno para que los congele, manifiesta que están haciendo la
política adecuada en los dos sitios, como lo hizo el Partido Socialista
de Euskadi en los años 1993 y 1994, cuando propiciaron que se congelaran
los sueldos de cargos públicos, incluso de todos los funcionarios y del
personal de la Administración del Estado, por lo que considera que todos
están haciendo política, dependiendo del momento y la situación, y no hay
por qué rasgarse las vestiduras.
En turno de réplica intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Vaquero del Pozo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, duplicando la
señora Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular.
Títulos IV y VIII. (Página 1802)
El señor Cercas Alonso defiende las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza expresando su firme oposición a los presupuestos presentados a
estos títulos por el Gobierno, por considerar que van a lesionar
seriamente a la Seguridad Social. Entiende que se produce una agresión
profunda que daña la estabilidad de la institución y, además, es una
agresión insidiosa porque se compatibiliza con gestos, con palabras y
artículos ornamentales que inevitablemente se llevará el viento. Han
intentado con espíritu constructivo que no cometieran ese error,
ofreciendo una alternativa más sensata en ingresos y gastos, pero no les
han hecho el menor caso. No les van a pedir más gastos, ni menos
ingresos, como hacía el Grupo Popular en similares trances, cuando
estaban en la oposición, sino que ajuste el presupuesto de la Seguridad
Social para que en 1997 la institución no tenga los riesgos que tiene en
estos momentos.
Afirma que en el capítulo de ingresos existe una clara sobreestimación
que el Gobierno se niega a rectificar, mientras que en el capítulo de
gastos se presupuesta temerariamente a la baja, presentando unas cifras
inexplicables. Es un presupuesto totalmente incapaz de materializar los
compromisos asumidos, por lo que de nada valdrá la literatura del título
IV y de nada valdrá lo que está por encima de la superficie en la
Seguridad Social y no tiene los cimientos saneados, y éstos son los
ingresos del sistema.
Si atienden a las enmiendas del Grupo Socialista incrementarán las
aportaciones del Estado a la Seguridad Social en 250.000 millones de
pesetas, con lo que podrán dotar suficientemente las pensiones,
eliminarán los resquicios y las incertidumbres que tienen los
beneficiarios del sistema y, en definitiva, cumplirán con lo acordado en
el Pacto de Toledo.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al título IV, interviene el señor Vaquero
del Pozo, poniendo de relieve que, afortunadamente, en el capítulo de las
pensiones de las clases pasivas, las especiales de guerra y las no
contributivas, el Gobierno no ha continuado con el criterio de congelar
que ha aplicado en las retribuciones de los funcionarios en activo, pero
espera a felicitar al Gobierno a ver si se aprueban sus enmiendas. De las
seis enmiendas presentadas, cuatro pretenden sustituir las cifras
concretas por una fórmula que consiga que tanto las pensiones de
jubilación e invalidez no contributivas, como las contributivas, los
complementos a mínimos de las pensiones de las clases pasivas como las
pensiones no concurrentes del extinguido Sovi, se equiparen al menos al
salario mínimo interprofesional. Las dos enmiendas restantes, la 137 y
139, de adición, pretenden un mismo objetivo y es que tampoco se aplique
el límite máximo de percepción de las pensiones públicas establecido por
el artículo treinta y cinco, además de las referidas en los apartados a),
b) y c) del
punto 7 de dicho artículo, y las que menciona el añadido d) de la
enmienda. La enmienda 174 consiste en crear un fondo total para mejorar
el nuevo PER, dotado con 35.000 millones de pesetas, porque sólo así
podrán incrementarse las jornadas que dicho sistema pueda garantizar para
el conjunto de los censados. Por otra parte las enmiendas 185 y 186 al
anexo II están encaminadas a que se realicen las transferencias
necesarias para garantizar la suficiencia de los gastos del sistema de la
Seguridad Social.
En cuanto al título VIII, cotizaciones sociales, constata con
satisfacción que se mantienen los niveles y que, de momento, el Gobierno
no ha accedido a reducirlos. Opina que si se accediese a rebajar dichas
cotizaciones, se pondría en peligro el nivel de suficiencia financiera,
de las actuales prestaciones del sistema público de protección social, y
aconseja al Gobierno que siga resistiendo las presiones que le vengan en
este sentido. La enmienda número 162 a este título plantea que las horas
extraordinarias no estructurales o debidas a fuerza mayor se coticen a un
60 por ciento, en lugar de al 28,3 por ciento. Estima que la utilización
de la vía de las horas extraordinarias es una solución fácil e incluso
bien aceptada por los trabajadores, pero el objetivo de la creación de
empleo debe ser prioritario. La enmienda 163, referente a los aprendices,
propone acabar con la situación de discriminación de estos contratos,
para lo que la Ley de Presupuestos deberá modificar las disposiciones que
al respecto dictara la Ley 11/1994, y deberá regular positivamente la
nueva situación de equiparación de derechos sociales entre los aprendices
y el resto de los trabajadores.
El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas presentadas al título
VIII por el Grupo Vasco. Estas enmiendas están enmarcadas dentro de la
defensa de los intereses del Cuerpo de Mutilados Invalidos Militares. A
este personal les fueron concedidas pensiones extraordinarias por pasar a
la situación de retirados por inutilidad física para el servicio
producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, pero en su
aplicación se encuentran limitadas por los topes máximos que actualmente
se imponen a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado. Tal y
como está establecido, de llevarlo a la práctica, existirían dos
colectivos de mutilados: unos, beneficiados por la aplicación de las
pensiones extraordinarias, como son los de clase de tropa y suboficiales;
y otros, que no llegan a percibir ni una pensión ordinaria, por
encontrarse la misma por encima de los topes, como son los cuerpos de
oficiales, jefes o suboficiales superiores. Para evitar esas
discriminaciones es por lo que se han propuesto estas enmiendas.
En turno en contra de las enmiendas presentadas interviene el señor
Hernando Fraile. En primer lugar, contesta al portavoz del Grupo
Socialista manifestando que se van a oponer a sus enmiendas, dos de ellas
referidas a la necesidad de adecuar las cifras consignadas en el proyecto
de Ley de Presupuestos como topes de renta para la percepción de
complementos a mínimos por aplicación de los valores utilizados como de
revalorización en 1995 y 1996. Se sorprende de que esto no se haya hecho
en 1996 y disiente de que vaya a suponer un perjuicio para los
pensionistas. En cuanto a la pretensión de eliminar la circunstancia del
trato preferente que tienen las horas extraordinarias estructurales y su
sustitución en virtud de horas no retribuidas, estima que son las partes,
a través del convenio, quienes tienen que determinar si las horas
extraordinarias tienen que ser retribuidas en especie o en tiempos de
permiso.
En contra de las argumentaciones del señor Cercas considera que estos
presupuestos son creíbles y ajustados y asegura que son conscientes de
las dificultades de la Seguridad Social, pero no para el año 1997, sino
de 1996, ya que existe un déficit de 160.000 millones de pesetas del que
el Gobierno socialista tendría que dar explicaciones.
Añade, a continuación, que al Partido Popular le gusta llegar a acuerdos,
cumplir el Pacto de Toledo, aplicar medidas presupuestarias relativas a
la separación de fuentes, al mantenimiento del poder adquisitivo de los
pensionistas, al incremento de las pensiones de viudedad y de orfandad,
en cumplimiento del principio de solidaridad, y pide al Partido
Socialista que aclare cuál es su mensaje realmente.
Contesta a continuación a dos enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) y a seis del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Manifiesta que se oponen a las enmiendas
de Izquierda Unida porque suponen incrementos de gastos, en ningún caso
consignados presupuestariamente, y la situación presupuestaria de
austeridad no lo permite para el próximo ejercicio. Asimismo van a
rechazar las enmiendas que pretenden la equiparación de las prestaciones
a las víctimas del terrorismo con las de invalidez e incapacidad que
tienen su origen en acto de servicio --enmiendas coincidentes con las del
PNV--, porque dejan cuestiones sin solventar, como las relativas a las
prestaciones que se perciben por viudedad y orfandad en el caso de
lesiones y de muerte por causa del terrorismo.
En cuanto a las cotizaciones, el Grupo de izquierda Unida ha presentado
dos enmiendas, similares, en un caso, a la del Grupo Socialista, que
suponen incrementar la presión impositiva, lo que no demuestra que vaya a
crear más puestos de trabajo. Tampoco apoyan el que se equiparen los
derechos sociales del contrato de aprendizaje con el resto de los
contratos laborales, porque perderían precisamente el tratamiento
favorable que tienen este tipo de contratos.
Reitera una vez más que no existen riesgos para las pensiones y, aun
valorando las enmiendas de todos los grupos, anuncia su voto contrario,
tanto a las enmiendas que se refieren al título IV, como al VIII.
En turno de réplica intervienen los señores Cercas Alonso, del Grupo
Socialista; Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, duplicando el señor Hernando Fraile.
Título V (Página 1812)
El señor Martínez Sanjuán defiende las enmiendas del Grupo Socialista al
título V que hace referencia a la deuda pública, avales y créditos del
Estado al conjunto de sus empresas y a la línea crediticia que elabora y
presenta el Gobierno en relación a estos presupuestos, pidiendo
autorización, a través del artículo 42, al Congreso de los Diputados para
que le autorice a endeudarse por dos billones 846.000 millones de
pesetas. Recuerda lo que decía el Grupo Popular a este respecto en años
anteriores sobre que el artículo 42 tenía un segundo apartado en virtud
del cual el límite de la deuda quedaba automáticamente revisado en
función de las necesidades, de las desviaciones y modificaciones
presupuestarias. Todas estas palabras se quedan en nada cuando se
enfrentan con el artículo 42, porque cuando se está en el Gobierno se ven
las cosas de diferente forma. Considera que el Grupo Popular con este
título V está diciendo con toda realidad que su decisión no es asumir los
problemas en el año 1997, sino trasladarlos a ejercicios posteriores. No
asumen las deudas, no asumen los déficit de ejecución, sino que lo
trasladan con una política de avales y de autorización de créditos para
que estas empresas en el futuro puedan resolver sus problemas. El Grupo
Socialista ha enmendado los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete
porque no aceptan como fórmula para resolver los problemas el autorizar
un nuevo crédito, sino que piden que se asuma con cargo al presupuesto de
1997 el déficit de ejecución de un presupuesto alternativo que han
presentado en el Ente Público Radiotelevisión Española por importe de
90.000 millones de pesetas. Tampoco entienden positiva la autonomía de
gestión que recoge la Ley de acompañamiento financiero a las empresas del
sector público, de la SEPI y de la Agencia Industrial del Estado, cuando
a la hora de establecer una línea de créditos y de avales se permite a la
SEPI que pueda prestar y avalar a las empresas por ella participadas, sin
ninguna otra responsabilidad que la de no superar los mil millones de
pesetas. Considera que así no se avanza hacia Maastricht ni se resuelven
los problemas de los españoles.
En defensa de las enmiendas 142 y 143, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al artículo cincuenta de este
título, interviene el señor Saura Laporta. Dichas enmiendas se refieren
al Fondo de Ayuda al Desarrollo. En primer lugar, destaca el
incumplimiento que el Gobierno hace del pacto por la solidaridad, firmado
por el Partido Popular en diciembre de 1995, donde se comprometía a
destinar a la ayuda oficial al desarrollo, el 0,35 por ciento del PIB,
con la perspectiva de alcanzar durante esta legislatura el 0,7 por ciento
y dedicar a partir de 1996 el 20 por ciento como mínimo a programas
sociales básicos de erradicación de la pobreza y al logro de un
desarrollo integral para los pueblos. Las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretenden
disminuir los 80.000 millones de los créditos FAD hasta 35.000 millones
de pesetas y ampliar otras partidas de cooperación al desarrollo.
En turno en contra de las enmiendas presentadas hace uso de la palabra el
señor Soto García, manifestando que el título V regula las operaciones
financieras y, en definitiva, pretende la contención del déficit público
a través de la estabilización de la deuda pública, pilares en los que se
sustenta el conjunto del entramado presupuestario para 1997. Considera,
en contra de las palabras del señor Martínez Sanjuán, que el límite a la
utilización de deuda del Gobierno supone una garantía importante para el
cumplimiento de los criterios de convergencia y, a la vez, obliga a la
aplicación estricta de las medidas de disciplina presupuestaria señaladas
por el Gobierno para conseguir controlar el déficit. Considera que el
cambio en el control y en la estabilización de la deuda pública, frente a
presupuestos anteriores es drástico, aunque el Gobierno es consciente de
la grave situación de la que se parte.
En cuanto a la gestión económico-financiera de Radiotelevisión Española,
considera que debe imponerse
la racionalidad, y el Estado, en vez de pagar sin exigir la disciplina
necesaria, ha optado por avalar la refinanciación de esa deuda por un
importe máximo de 180.000 millones de pesetas. Añade que no son problemas
simplemente de normativa presupuestaria, sino de gestión y de rigor
presupuestario, escasos en los ejercicios anteriores, por lo que tiene
que rechazar las enmiendas presentadas.
Por otra parte, lamenta no coincidir con el señor Saura en cuanto a que
no se hayan cumplido los compromisos en relación con los porcentajes del
PIB para la ayuda al desarrollo y encuentra cierta incongruencia en
reclamar ese porcentaje sobre el PIB y después reducir los 80. 000
millones de pesetas de los créditos FAD.
En turno de réplica intervienen los señores Martínez Sanjuán, del Grupo
Socialista, y Saura Laporta de Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, duplicando el señor Soto García.
Título VI (Página 1817)
Para defensa de las enmiendas presentadas al título VI del proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado intervienen los señores Martínez
Noval, del Grupo Socialista; Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV); Vázquez Vázquez (don Guillerme), y Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto.
En turno en contra y para fijar posición, interviene el señor
Martínez-Pujalte López.
En turno de réplica interviene el señor Martínez Noval, duplicando el
señor Martínez-Pujalte López.
Para una cuestión de orden intervienen el señor Almunia Amann, la señora
Aguilar Rivero y el señor De Grandes Pascual.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al título I que
son rechazadas.
Sometido a votación el dictamen de los artículos uno, cuatro y cinco del
título I, es aprobado por 185 votos a favor, 125 en contra y cuatro
abstenciones.
A continuación se someten a votación los artículos dos, tres, seis, nueve
y once de dicho título, que son aprobados por 169 votos a favor, 143 en
contra y tres abstenciones.
Sometido a votación el artículo siete, es aprobado por 294 votos a favor,
16 en contra y cinco abstenciones.
Sometido a votación el artículo ocho, apartado uno, regla primera y
apartado dos de dicho artículo, quedan aprobados por 294 votos a favor,
17 en contra, y cuatro abstenciones.
Se somete a votación el resto del artículo ocho, que queda aprobado por
167 votos a favor, 143 en contra y cuatro abstenciones.
Se somete a votación el artículo diez, apartados uno, cinco y seis que
son aprobados por 295 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Se somete a votación el apartado cuatro del artículo diez, que es
aprobado por 168 votos a favor, 145 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el resto del artículo diez, es aprobado por 165 votos
a favor, 144 en contra y dos abstenciones.
A continuación se pasa a las votaciones relativas al título II. En primer
lugar, se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
y del Grupo Parlamentario Socialista, que son rechazadas.
Se somete a votación el dictamen relativo al artículo dieciséis del
título II, que queda aprobado por 310 votos a favor, uno en contra y
cuatro abstenciones.
Se someten a votación los artículos trece, catorce y quince, que son
aprobados por 313 votos a favor y dos abstenciones.
A continuación se somete a votación el artículo doce, puntos uno, dos,
tres, cuatro y cinco, que son aprobados con 295 votos a favor, 16 en
contra y dos abstenciones.
Se somete a votación el resto del artículo doce, que es aprobado por 164
votos a favor, 144 en contra y cuatro abstenciones.
Se somete a votación el resto del título II, que es aprobado por 165
votos a favor, 145 en contra y dos abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al título III por el
Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, que
son rechazadas.
Se somete a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que es
aprobada por 174 votos a favor, 23 en contra y 117 abstenciones.
Se somete a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es aprobada por 309
votos a favor y tres en contra.
Se somete a votación el artículo diecisiete, punto cuatro, que es
aprobado por 313 votos a favor y dos en contra.
Se somete a votación el texto del dictamen del artículo veintisiete, que
es aprobado por 185 votos a favor y 130 en contra.
Se somete a votación el resto del artículo diecisiete y artículos hasta
el veintiséis y del veintiocho al treinta y uno, que quedan aprobados por
169 votos a favor, 145 en contra y una abstención.
Se pasa a las votaciones correspondientes al título IV, artículos treinta
y dos a cuarenta y uno.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del
Grupo Socialista, que son rechazadas.
A continuación se someten a votación los artículos treinta y nueve, uno y
cuarenta, uno, dos y tres, que son aprobados por 168 votos a favor y 147
en contra.
Se somete a votación el resto de los artículos, que son aprobados por 293
votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.
Se someten a votación los artículos treinta y dos, treinta y tres y
treinta y seis, que son aprobados por 310 votos a favor y tres
abstenciones.
Se somete a votación el resto del título IV, que es aprobado por 294
votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones.
Se pasa a la votación del título V que comprende los artículos 42 a 50.
En primer lugar, se votan las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario
Socialista, que son rechazadas.
Se somete a votación el dictamen de los artículos cuarenta y cinco y
cuarenta y seis que son aprobados por 168 votos a favor, 145 en contra y
dos abstenciones.
Se somete a votación el dictamen del artículo cincuenta, que es aprobado
por 291 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Se somete a votación el texto del dictamen relativo a los artículos
cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve,
que son aprobados por 312 votos a favor y tres abstenciones.
Se someten a votación los artículos cuarenta y dos y cuarenta y tres, que
son aprobados por 296 votos a favor, y 19 abstenciones.
Se pasa a las votaciones correspondientes al título VI que comprende los
artículos cincuenta y uno a sesenta y siete.
En primer lugar, se someten a votación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y del Grupo Parlamentario
Socialista que son rechazadas.
A continuación se procede a la votación del artículo cincuenta y uno, que
es aprobado por 294 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.
Se someten a votación los artículos cincuenta y dos,uno, cincuenta y
cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, sesenta y seis y sesenta y
siete, que son aprobados por 168 votos a favor, 144 en contra y tres
abstenciones.
Se someten a votación los artículos sesenta y sesenta y uno, que son
aprobados por 168 votos a favor, 142 en contra y cinco abstenciones.
Se somete a votación el punto tres del artículo cincuenta y siete, que es
aprobado por 170 votos a favor, 136 en contra y 19 abstenciones.
Se somete a votación el resto del artículo cincuenta y siete, que es
aprobado por 166 votos a favor, 125 en contra y 24 abstenciones.
Se somete a votación el resto del artículo cincuenta y dos y el artículo
cincuenta y tres, que son aprobados por 294 votos a favor, dos en contra
y 19 abstenciones.
Se somete a votación el párrafo primero del artículo cincuenta y ocho,
que es aprobado por 167 votos a favor, 128 en contra y 20 abstenciones.
Se somete a votación el resto del artículo cincuenta y ocho, que es
probado por 293 votos a favor, dos en contra y 19 abstenciones.
Se somete a votación el resto del dictamen del título VI, que es aprobado
por 294 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones.
Se pasa a la votación del título VIII, artículos ochenta y ocho y ochenta
y nueve. En primer lugar, se someten
a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, que
son rechazadas.
Se somete a votación el punto dos, apartado tres del artículo ochenta y
ocho que es aprobado por 169 votos a favor, 143 en contra y tres
abstenciones.
Se somete a votación el resto del dictamen sobre el título VIII, que es
aprobado por 295 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.
Título VII. Secciones 32 y 33 (Página 1831)
Para la presentación de las secciones 32 y 33 interviene el señor
Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey).
En defensa de las enmiendas presentadas al título VII y a las secciones
32 y 33 intervienen la señora Aroz Ibáñez en nombre del Grupo Socialista,
y el señor Ríos Martínez, en representación del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Les contesta el señor Ministro
de Administraciones Públicas (Rajoy Brey), replicando la señora Aroz
Ibáñez y el señor Ríos Martínez y duplicando el señor Ministro.
Completa el turno de defensa de enmiendas al título VII el señor
Chiquillo Barber, del Grupo Mixto.
En turno de fijación de posiciones, hace uso de la palabra el señor Silva
Sánchez, del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Interviene por
alusiones la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista. Completa el turno
de fijación de posiciones la señora Fernández González, en nombre del
Grupo Popular. Para réplica interviene la señora Aroz Ibáñez, duplicando
la señora Fernández González.
Sección 22 (Página 1847)
Interviene el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey).
En defensa de las enmiendas presentadas a la sección hacen uso de la
palabra los señores Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista y Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En turno en contra de las enmiendas interviene la señora
Fernández González, en representación del Grupo Popular. Replican los
señores Rodríguez Zapatero y Ríos Martínez.
Se suspende la sesión a las doce y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (Número
de expediente 121/000015)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con el orden del día, que consiste
sustancialmente en el debate del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997, articulado y secciones; que continuará
con el proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria; el
proyecto de ley de modificación parcial de la ley orgánica de
financiación de las comunidades autónomas; el proyecto de ley de cesión
de tributos. Y también, naturalmente, tras el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, el de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, que se conoce como ley de acompañamiento.
Los portavoces conocen cuáles han sido las distintas propuestas que han
llevado a la ordenación del debate en la forma que tienen, espero, todos
los grupos parlamentarios, que lleva a que, en primer lugar, comience el
debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997
con la agrupación de sus dos primeros títulos, los títulos I y II, a los
que se han presentado enmiendas por los grupos Socialista, Izquierda
Unida Iniciativa-per Catalunya, Catalán y Vasco.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los
títulos I y II, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Hoy, señor Presidente, va a presidir una sesión que no se producía desde
hacía 24 meses. Hace dos años ya que en esta Cámara no se debaten
enmiendas parciales a un proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado. Además, como ha señalado la Presidencia, coincide con que no sólo
debatimos el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 1997, sino
que debatimos cuatro proyectos de ley más de enorme importancia todos
ellos. Por eso mi grupo cree que es conveniente que se debatan en
profundidad, que no se dé la sensación, señor Presidente, de que estos
proyectos de ley pasan por esta Cámara de cualquier forma, que se
debaten a matacaballo porque, repito, creo que son de enorme
trascendencia e importancia.
Además, pensamos que hoy tenemos que afrontar este debate sin que el
grupo que apoya al Gobierno haya hecho ni siquiera un esfuerzo mínimo que
se corresponda con la importancia de los temas que nos ocupan, no haya
hecho un esfuerzo mínimo para aproximar posiciones. Sólo como ejemplo le
diré, señor Presidente, que a este proyecto de ley el grupo que apoya al
Gobierno sólo ha aprobado por el momento, que yo sepa, dos enmiendas y
media, y digo media porque esa media coincide con una transaccional que
ha hecho el grupo que apoya al Gobierno a enmiendas prácticamente
análogas de unos cuantos grupos. Si, además, analizáramos el texto
concreto y el contenido de las enmiendas aceptadas, veríamos que ese
contenido es de escasa importancia, de escasa relevancia.
Podemos entender que es normal y natural que si las enmiendas fueran de
trascendencia no tendría lógica que el grupo que sustenta al Gobierno las
apoyara porque hemos presentado una enmienda de totalidad y ello implica
y tiene algunas consecuencias. Pero lo que no tiene lógica es que el
grupo mayoritario de la Cámara actúe con prepotencia en el debate de las
enmiendas de estos presupuestos. No tiene ninguna lógica porque no se
corresponde con la realidad de esta Cámara. Pero no sólo es problema que
la realidad de esta Cámara no se corresponda con la preocupación del
grupo que apoya al Gobierno, que consiste en lo fundamental, es decir,
saber que tiene mayoría para sacar adelante el proyecto y para votar en
contra de las enmiendas de la oposición, sino que el grupo que apoya al
Gobierno y el Gobierno deberían hacer el esfuerzo de intentar aproximar
posiciones en muchos de los temas que se van a debatir a partir de este
momento. Por ello, nuestro grupo quiere dejar bien claro --espero que
podamos rectificar a lo largo de este debate--que la situación de
prepotencia del Grupo Parlamentario Popular no se corresponde con la
realidad ni con la importancia de los temas que vamos a debatir.
No se han aceptado enmiendas en la Comisión ni siquiera en el trámite de
Ponencia, pero la verdad es que en los debates de Comisión y también en
los de la Ponencia nos hemos enterado de algunas cosas; no podía ser de
otra manera. Nos hemos enterado de que hay inversiones que, aunque no
figuran en los presupuestos, sí que existen. Esa afirmación de que lo que
no figura en los presupuestos no existe, en esta ocasión parece que
quiebra claramente. Existen inversiones que, aunque no figuran en los
presupuestos, sí que existen. Y, es más, es mejor retirar enmiendas para
que esos proyectos de inversión sí que existan, porque si se mantienen
las enmiendas hemos entendido que en algunos casos, sin embargo, es peor,
porque luego el Grupo Parlamentario Popular, por errores, prefiere votar
posteriormente y mantener posiciones contrarias a dichas enmiendas. Es
más, nos hemos enterado en estos debates que la significación de esas
enmiendas que no se debaten en estos presupuestos, se financian con eso
que se llama financiación extrapresupuestaria --que todos sabemos lo que
es--, pero que la interpretación que el Grupo Popular y el Gobierno están
dando a ese concepto está fuera de lo que es la realidad de los conceptos
normales que se deben considerar en un debate de presupuestos. Esos
conceptos que ustedes plantean en estos momentos nos llevan a exigir del
Gobierno y del grupo que le apoya, que esta Cámara tiene derecho a
conocer --y así lo dijimos en la Comisión-- todos los proyectos y
acuerdos a los que está llegando el Gobierno. Esta Cámara tiene que
debatir, conocer, opinar y votar todos los acuerdos a los que ha llegado
el Gobierno con otros grupos o con otras instituciones. Nosotros creemos
que esto es conveniente.
¿Por qué no plasman ustedes en el texto de estos presupuestos los
acuerdos a los que llegan? ¿Cuál es el problema que tienen para ello?
Nosotros queremos que se debata. Es un principio fundamental de lo que es
el debate presupuestario. Nosotros queremos tener la información que
tiene el Gobierno y la información que tienen otros grupos de la Cámara.
Y queremos, fundamentalmente --por problemas institucionales y por
prestigio institucional--, que esta Cámara tome posición, sea cual sea la
posición que tome el Parlamento. ¿Por qué no dejan a los demás grupos
plasmar su opinión sobre esos acuerdos? ¿Por qué no lo hacen? Es un tema
que deberían ustedes reconsiderar. El Gobierno tiene la obligación de
facilitar esa información y nosotros, que la exigimos en la Comisión, en
estos momentos seguimos sin tenerla.
Si el Gobierno ha llegado a acuerdos con grupos de esta Cámara que tienen
repercusiones presupuestarias, tráiganse a esta Cámara, si no, nos
encontraremos --ya lo dijimos-- en una situación de inferioridad al
afrontar el debate de las enmiendas y posiblemente, lo que es peor, se
debilita la propia institución parlamentaria. Resuélvanlo en este
trámite, si es posible y, si no, en cualquier caso, planteen las
enmiendas correspondientes en el Senado, pero no hurten a las Cámaras una
decisión de estas características. Eso, sinceramente, sería
impresentable, señor Rato.
Si a eso añadimos que al parecer ustedes se han equivocado en la votación
de otras enmiendas que afectan a comunidades autónomas, no se extrañen
del follón que se ha montado. Porque durante las sesiones celebradas la
pasada semana la sensación que se daba es que ustedes retiraban enmiendas
que apoyaban desde fuera del debate parlamentario, mientras que a otras
comunidades autónomas les quitaban enmiendas que sí se debatían en esta
comunidad. La imagen que se ha dado creemos que no es la correcta y la
que corresponde a lo que debe ser este Parlamento, a lo que debe ser la
Cámara. Y no sólo me refiero a enmiendas en las que se ha conocido
públicamente que se han cometido errores, sino a otras enmiendas que
afectan a
otras comunidades en las que el Grupo Popular parece que también se ha
equivocado. Pero ese no es el problema. El problema es la forma en que
ustedes resuelven el problema. Esa es la cuestión que a nosotros nos
preocupa fundamentalmente y que ustedes deberían considerar por prestigio
de la propia institución y porque es conveniente que esta Cámara y todos
los grupos podamos opinar sobre todas las cuestiones y acuerdos a los que
el Gobierno pueda llegar con otros grupos parlamentarios.
Señor Presidente, mi grupo, a los títulos I y II ha presentado, si
incluimos la exposición de motivos, 11 enmiendas; diez al titulo I y
exposición de motivos y una al título II. Los primeros artículos de la
ley de presupuestos tienen que ver, ya se sabe, con el resumen global del
conjunto de los ingresos y gastos y, por ello, mi grupo ya expuso, con
claridad y rotundidad, al defender la enmienda a la totalidad de estos
presupuestos, nuestra discrepancia con dichos artículos. Por ello no
hemos presentado enmiendas parciales a un conjunto de artículos de este
título I, no porque estemos de acuerdo con ellos, sino porque ya se
expuso claramente nuestra posición en la enmienda a la totalidad.
Además, es bien sabido que dichos artículos, a lo largo de los trámites
parlamentarios, raras veces no se encuentran modificados como
consecuencia, como es normal, de enmiendas que se aceptan a lo largo de
la tramitación de este proyecto de ley; aunque también es verdad que no
parece muy probable, por la experiencia que tenemos de los trámites
anteriores, que se vayan a aceptar muchas enmiendas en este proyecto de
ley; en cualquier caso, nos gustaría equivocarnos en esta cuestión.
Hemos presentado una enmienda al artículo tres disminuyendo los
beneficios fiscales, que es la consecuencia lógica de las enmiendas que
hemos presentado al título VI o a otros artículos de este proyecto de
ley, a lo que no me voy a referir detenidamente porque ese debate se
producirá en otro momento. Tampoco me referiré a la enmienda al artículo
seis relativo al Ente de Radiotelevisión Española, por cuanto el debate
respecto a dicho Ente se abordará en profundidad en otro momento. Como
consecuencia de ello hago constar que existen esas enmiendas porque
previsiblemente las vamos a votar en el momento que corresponda; como
consecuencia quiero fijar y dejar bien clara mi posición. No obstante,
quiero referirme fundamentalmente a tres aspectos en el debate del resto
del conjunto de las enmiendas que quedan o que consideramos en los
títulos I y II. En principio, me voy a referir a las normas de
modificación y ejecución de los créditos presupuestarios.
Señores de la mayoría y señor Ministro de Economía, en esto como en
tantas cosas dicen hoy ustedes cosas distintas de las que decían, y en
esta ocasión sin justificación --no sé si la habrá--, porque han tenido
una oportunidad única que difícilmente se va a poder presentar otra vez
en esta Cámara. Consiste en que se tramitan en esta Cámara al mismo
tiempo y en la misma semana tres proyectos de ley que tienen que ver con
la Ley General Presupuestaria, tres proyectos de ley que hablan de temas
que tienen que ver con las modificaciones presupuestarias. Nunca ha
ocurrido; esta vez ocurre y han tenido la oportunidad de intentar
acomodar el conjunto de las cuestiones que se plantean relativas a la Ley
General Presupuestaria, pero no lo han hecho.
¡Qué pronto se han olvidado ustedes de sus apelaciones al Tribunal de
Cuentas! ¡Qué pronto se han olvidado ustedes de las afirmaciones que han
venido haciendo permanentemente y que aún hacemos en esta Cámara cuando
se plantea que las modificaciones presupuestarias deben aplicarse según
los criterios de la Ley General Presupuestaria y no con criterios
anuales, aun siendo estos legales --insistimos en ello, aun siendo estos
legales-- si se recogen en la ley de presupuestos! Pero todo esto que se
decía durante mucho tiempo, resulta que hoy no lo aplican en la práctica.
Mi grupo compartía y comparte la opinión de que hay que limitar al máximo
en las leyes de presupuestos lo que son las modificaciones
presupuestarias en vigor sólo para un ejercicio. Por cierto, fue aprobado
por todos los grupos en la anterior legislatura, en una moción que se
presentó por el Tribunal de Cuentas y en resoluciones que se votaron en
esta Cámara por el conjunto de los grupos. Mi grupo consciente de esa
situación, y el Gobierno anterior, planteó un proyecto de ley general
presupuestaria que, como todos ustedes saben, no fue aceptado, fue
devuelto al Gobierno y, por cierto, en ese trámite de debate
presupuestario también fue devuelta la ley de presupuestos
correspondientes a este año. Y la idea que todos teníamos es que había
que introducir mayor rigor en la gestión presupuestaria. Esa era la línea
fundamental que regía y se planteaba concretamente en el proyecto de ley.
Quisimos haber resuelto el problema y no se pudo por la simple razón de
que se devolvieron los proyectos de ley al Gobierno, como he dicho. La
razón de nuestras enmiendas --por eso estoy explicando esto-- tiene mucho
que ver con esa voluntad política de que no entendemos que en esta ley de
presupuestos --específicamente en ésta-- algunas de las cuestiones que se
introducen, estén sólo en vigor en 1997; creemos que no hacían falta.
Pero no sólo por eso, sino también por el contenido de algunas de las
cuestiones que ustedes plantean en el texto que el Gobierno trae hoy a la
Cámara para su debate.
Han intentado dar una apariencia de mayor rigor, pero están quedando
ustedes al descubierto y no sólo en lo que es el debate de los artículos
que nos ocupan ahora, el ocho, el nueve y el diez, sino que quedan al
descubierto en el conjunto de los artículos que se plantean
en los proyectos de ley que se refieren a la Ley General Presupuestaria.
Ustedes no han avanzado prácticamente, se han quedado en el texto del
proyecto de ley de presupuestos de 1996 y usted lo sabe.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor Presidente.
Comprenderá el esfuerzo y la dificultad del debate, sobre todo con dos
títulos.
El señor PRESIDENTE: Le estoy descontando el tiempo de su natural
posicionamiento general en torno a la ley y al trámite. Puede continuar.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Los planteamientos que venían haciendo hoy ya no se justifican porque la
situación es distinta, y es distinta porque ustedes hoy presentan
distintos proyectos de ley.
¿Tiene sentido hoy hablar de vinculaciones en el artículo ocho del
proyecto de ley cuando hay otros textos de otros proyectos de ley que se
debaten en la Cámara que hablan del tema de las vinculaciones? ¿Por qué
es posible que además la definición que se hace en el texto del proyecto
de ley no coincida exactamente tampoco con la del proyecto de ley que se
tramitará y posiblemente se aprobará posteriormente a este debate? Se
alude a ello en dos proyectos de ley de una forma directa o indirecta; en
esta ley de presupuestos y en la ley de medidas de disciplina
presupuestaria. ¿Qué sentido tiene? Nosotros creemos que esto no tiene
lógica y que diferencia cualitativamente la situación del debate que nos
ocupa en estos momentos. Pero si ustedes quieren hablar de vinculación
presupuestaria, nosotros estamos dispuestos a mantener ese debate, y
estamos dispuestos a ese debate para 1997 y con carácter general en un
nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria. Si lo que ustedes quieren
es que lo que se apruebe en esta Cámara sea lo que realmente va a
ejecutar el Gobierno, nosotros queremos entrar en ese debate y queremos
hablar de rigor presupuestario con ustedes, a ver si nos ponemos de
acuerdo con ese debate dándole el carácter instrumental que por supuesto
tiene que tener cualquier Ley General Presupuestaria.
Si quieren hablar de vinculaciones y ustedes pretenden enviar un mensaje
de rigor, ¿cómo es que cuando hablan de vinculaciones no aprovechan la
ocasión para por lo menos aceptar algunos de los criterios que nosotros
les proponemos en las enmiendas que les planteamos? Hablen de mayor
vinculación, hablen de mayores vinculaciones de los créditos
presupuestarios, atrévanse ustedes a hablar de algo más de lo que se dice
con carácter provisional para el año 1997; avancen más, pero, en
cualquier caso, pónganse de acuerdo.
Mi compañero de grupo ya les decía que había proyectos de ley que decían
cosas distintas en algunos artículos. Este incorpora una fase más. En
estos momentos, ya no sé si es un problema de Moncloa o Alcalá, o si en
algunos de los dos proyectos se han establecido definiciones diferentes.
Pero si ustedes quieren hablar en profundidad de estos temas, hablemos de
ellos, intentemos plantearlos en los proyectos de ley que ustedes
presentan en estos momentos en la Cámara a su vez.
¿Tiene sentido hablar de las transferencias de crédito previstas en el
artículo setenta del texto refundido? También estamos dispuestos a hablar
de ello, pero no pongan ustedes excepciones, algunas de las cuales ni
siquiera hace falta que se pongan en la ley de presupuestos de 1997
porque ya están resueltas. ¿Es que no está claro ya en el texto refundido
de la Ley General Presupuestaria cuál es la situación de los créditos
ampliables en relación con el tema de las transferencias? ¿No les es
suficiente lo que dice el texto refundido, o simplemente lo que han hecho
ustedes es copiarse el proyecto de ley de presupuestos de 1996, que, como
se tramitan más proyectos de ley, no tiene sentido este año? Yo creo que
es eso lo que les ha pasado, que simplemente se han limitado a copiar ese
proyecto de ley.
Puestos a hablar de temas que tienen que ver con las gestiones
presupuestarias, ¿por qué no se atreven ustedes a hablar de verdad de las
transferencias de crédito que no afecten a créditos incluidos en
diferentes funciones? Plantéenlo ustedes y avancen, porque se puede
plantear ese debate y podemos hablar de programas, de funciones y de
mayores vinculaciones, pero plantéenlo ustedes y podremos discutir en
profundidad de lo que quieren hablar.
No compartimos que al Ministro de Economía se le amplíen las competencias
del texto refundido, porque creemos que sinceramente no hay justificación
para ello, pero la tendencia de sus proyectos de ley --no sólo éste sino
en los demás, y lo iremos viendo-- es que le dan muchas competencias al
Ministro de Economía, algunas enormemente importantes, pero cuando se las
dan al Ministro de Economía a veces se las están quitando ustedes al
Consejo de Ministros, al Gobierno.
Nosotros no entendemos qué razón hay para justificar esos planteamientos
que ustedes están haciendo en estos momentos: incorporaciones de crédito,
temas que hemos discutido y que tienen también que ver con los textos que
se plantean en este proyecto de ley, porque ustedes abordan esos temas
para el año 1997. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que han establecido
un discurso general y ahora van a una práctica que no tiene nada que ver
con su discurso general.
Proponen la suspensión del artículo setenta y tres, pero cuando
establecen las excepciones ponen toda
una relación de excepciones que no sé para qué suspenden ustedes el
artículo setenta y tres. Si no hacía falta, porque lo resolvían ustedes
igual. En cualquier caso, si quieren una mayor disciplina en la gestión
--que ese es su discurso, pero no su práctica, esa no es su realidad--,
acepten nuestra propuesta de que las incorporaciones sólo afecten a los
compromisos de crédito para operaciones de capital; lo dicen nuestras
enmiendas. Acéptenlo ustedes y entonces sí que podremos hablar en
profundidad de algunos de los temas que ustedes, por un lado, plantean,
pero, por otro, no aplican bajo ningún concepto en este debate.
Pero hay un debate específico, señor Presidente, que sí interesa a mi
grupo.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente.
A ustedes se les escapa la situación cuando, en el artículo diez, abordan
algo que algunos pensamos pero que era difícil de plantear. Ustedes, en
el artículo diez, vienen a reconocer que es muy fácil que se les escape
el tema del déficit. Ven tan claro que se les escape que establecen, con
carácter provisional para 1997, la posibilidad de que el Gobierno actúe
para corregir esa situación. Y estamos de acuerdo, parece razonable. Pero
cuando ustedes plantean ese problema, que es de enorme importancia, sobre
todo en la coyuntura actual en la que nos movemos, lo que hacen ustedes
es dejar sin contenido algo que nosotros estamos diciendo hoy en esta
Cámara. Ese es el problema. Y aunque es seguro que en la intención del
Gobierno no está el pensar que lo que se dice en esta Cámara no se aplica
--a pesar de que, en algunas cosas, ya sabemos que lo que no se dice en
esta Cámara sí que se aplica--, que en la intención del Gobierno no está
decidir no disponibilidades sobre el total de lo que estamos aprobando en
esta Cámara, se han olvidado ustedes de poner algún límite al Gobierno.
Por favor, si ustedes establecen no disponibilidades de crédito, pónganle
un límite a esa situación, porque si no, teóricamente, sería posible que
los presupuestos que hoy aprobamos aquí no sirvieran para nada. Nosotros
les proponemos una enmienda que creemos que es razonable. Hagan ustedes
el esfuerzo de considerarla --que no es mucho esfuerzo--, porque lo único
que les planteamos es que esa situación de no disponibilidad tenga un
límite y que venga a esta Cámara para que pueda ser debatida ya que
ustedes siempre han planteado que lo que se aprobaba en esta Cámara no
tenía nada que ver con lo que se ejecutaba. Vengan hoy ustedes aquí a
decir eso y empezaremos a creer que lo que dicen tiene algo que ver con
la realidad y no con un discurso puramente propagandista.
Pero les quiero plantear otro tema de enorme importancia, aunque se va a
debatir en otro momento, que es el de la Seguridad Social, del artículo
once. El portavoz del Grupo Socialista decía en el debate de totalidad
que estamos pasando de un presupuesto de gastos a un presupuesto de
préstamos, y eso es verdad. Hasta podemos entender que esa situación se
dé, porque se da en otros países, y eso es importante. Que hayan hecho
ustedes crecer un 45 por ciento el capítulo VIII del presupuesto del
Estado, de gastos --que es lo que justifica lo que estoy diciendo--,
puede parecer excesivo, pero hasta podría aceptarse y podría entenderse
en una coyuntura específica como la que nos encontramos. Pero cuando eso
se plantea en relación con la Seguridad Social y después de haber firmado
un pacto con los sindicatos para la concreción y la aplicación de los
pactos de Toledo, entonces es cuando nosotros empezamos a preocuparnos. Y
nos preocuparon mucho las declaraciones que hizo el Vicepresidente del
Gobierno y Ministro de Economía sobre estos temas, cuando dijo que no
tenía claro qué eran los complementos ad minimum y si debían ser
financiados por prestaciones no contributivas o por prestaciones
contributivas. Ahí sí que nos empezó a preocupar la situación. Pero a esa
preocupación porque ustedes pasan a un presupuesto de préstamos y no a un
presupuesto de gastos, se nos añadía una preocupación mucho más de fondo.
A ver si, cuando todos nosotros creíamos que los complementos ad minimun
era una situación muy específica que debía ser financiada por los
Presupuestos Generales del Estado --no sé si en un año, pero en varios
años, sí--, resulta que vamos a pasar a una situación en la que, al
final, nos encontremos con un déficit enorme en lo que son las políticas
sociales. Eso sí que nos preocuparía. Por eso, presentamos una enmienda
en la que decimos que las aportaciones del Estado a los complementos ad
minimum sean muchos mayores.
Ya termino, señor Presidente. Y nos preocupa algo más, que ustedes
deberían considerar. Si dicen ustedes que los desfases de tesorería de la
Seguridad Social son de 350.000 millones, si es así, acepten la enmienda
que nosotros proponemos, y es que se cancelen al final del ejercicio.
Porque, si no aceptan ustedes esa enmienda, empezaremos a pensar que no
es un desfase de tesorería, y el problema sería mucho más preocupante. En
cualquier caso, si es que es verdad que estamos hablando de un desfase de
tesorería, acepten nuestra enmienda y no tendríamos ningún problema.
En cuanto al título II, señor Presidente, como se va a debatir en mayor
profundidad cuando se hable de la educación, simplemente diré que hemos
presentado una enmienda a ese título II, concretamente al artículo doce,
que es otro de esos artículos en los que se pone de manifiesto, en
nuestra opinión, señor Presidente, la forma en que el Grupo Popular y el
Gobierno hacen recaer el rigor del ajuste sobre el sector público
educativo y no sobre el sector privado. Esa es la cuestión. No tiene
sentido y no entendemos que se incrementen en un 50 por ciento las
cantidades a percibir de los alumnos
en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos
públicos que se asignan al régimen de conciertos singulares suscritos
para enseñanzas de niveles no obligatorios. Ustedes tienen una percepción
de lo que es equitativo en un presupuesto; nosotros creemos que estos
presupuestos, por éstas y otras razones, no son muy equitativos y, por
ello, en este aspecto, también votaremos en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera, en primer lugar, porque pienso que es obligado, hacer un
balance político de lo que hasta ahora ha sido el debate de los
Presupuestos Generales del Estado en Comisión; un balance político que,
si ustedes me lo permiten, era y es un balance anunciado: ha sido la
crónica de un balance anunciado; ha sido, es, un balance de no
transparencia, de confusión y de parcheo o, tal vez, dicho de otra
manera, se ha dado un espectáculo de cómo no se deben debatir unos
Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno ha sometido conjuntamente, en trámite de urgencia, cinco
leyes importantísimas a debate en el Pleno del Congreso, anunciando ya
que lo que no quería precisamente era el debate; que lo que quería era
sacar propuestas, en muchos casos, contradictorias, en otros casos, que
no eran posible debatir y estableciendo, en todo caso, la negociación
fuera del Parlamento. Posiblemente, la expresión política de este balance
de no transparencia, de este balance de confusión, fue la aparición, en
un determinado momento, en la Comisión de Presupuestos de una sexta ley;
una ley que yo dije que era la ley invisible; una ley en la que el
portavoz de un grupo parlamentario nos dijo que existía una propuesta, un
programa de Gobierno, de inversiones, que ascendía a 140.000 millones de
pesetas, y sólo un grupo parlamentario en aquel momento, el Grupo
Parlamentario Catalán, tenía conocimiento de qué inversiones se iban a
hacer y dónde se iban a hacer. Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán
retiró sus enmiendas, porque sabía de determinadas actuaciones que sólo
el Gobierno y el Grupo Parlamentario Catalán conocían. Es decir, hemos
pasado una semana debatiendo cinco leyes de Presupuestos y una parte
fundamental, importantísima, de las inversiones públicas del conjunto del
Estado español no figuraba en ninguna de las cinco leyes que las
Diputadas y los Diputados estábamos debatiendo en la Comisión de
Presupuestos.
Creo, por tanto, que el reto más importante que el Gobierno tiene en este
debate que se inicia hoy en el Congreso es que explique claramente cuál
es el contenido de esta sexta ley, cuál es el contenido de una ley
invisible; que explique qué distribución geográfica van a tener los
140.000 millones de pesetas de inversiones; que explique qué
distribución, en relación a las políticas que va a efectuar, van a tener
estos 140.000 millones de pesetas; que explique cómo piensa financiar las
inversiones correspondientes a estos 140.000 millones de pesetas; que
explique qué procedimientos va a utilizar para ello.
Es inadmisible, inconcebible, que esta semana se aprueben los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 y los Diputados, las
Diputadas y el conjunto de la sociedad española no sepan cómo, dónde y de
qué manera se va a invertir una cantidad importantísima del presupuesto
en el conjunto del Estado español.
Creo que no es ocioso repetir que el espectáculo que ha significado esta
ley invisible no tenía precedentes en la democracia española desde la
recuperación de la democracia. No había ningún precedente --insisto-- de
una ley invisible pactada a espaldas de este Parlamento que significará
hacer o dejar de hacer actuaciones urgentes en el conjunto del Estado. En
ese sentido hay que decir bien alto que las propuestas, la actuación del
Gobierno, del grupo parlamentario que le da soporte y del resto de grupos
parlamentarios que hoy aparecen formando una mayoría parlamentaria, han
ofendido a la dignidad parlamentaria de este Congreso de los Diputados.
Antes de entrar a defender nuestras enmiendas a los títulos I y II,
quiero señalar un segundo aspecto del balance del debate de los
Presupuestos Generales del Estado. Julio Anguita, en la defensa de la
enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para
1997, dijo que un elemento importante de rechazo es que estos
presupuestos no eran creíbles, que las grandes cifras macroeconómicas que
los presupuestos planteaban para 1997 no se iban a producir. Hoy,
escasamente a 20 días de aquella discusión esto es mucho más evidente. La
economía española durante 1997 no va a crecer el 3 por ciento. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio. Puede
continuar, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Decía que la gran cifra sobre la que se basa todo el Presupuesto General
del Estado 1997, que es el crecimiento del PIB en el 3 por ciento, no se
va a producir. A tres semanas escasas de aquel debate esto es
prácticamente seguro. Y estoy convencido de que cuando estos presupuestos
vuelvan del Senado para un nuevo debate aquí estaremos discutiendo un
papel mojado.
La economía española no va a crecer el 3 por ciento. El consumo interno
no va a crecer el 2,7 por ciento. Por tanto, los grandes números de este
presupuesto
van a caer como un castillo de naipes, con una repercusión fundamental e
importantísima, y es que va a ser necesario entonces un nuevo ajuste. Por
tanto, la aprobación de los presupuestos con las políticas económicas que
el Gobierno nos presenta no supone sólo estar aprobando hoy un
presupuesto de reducción drástica de las inversiones o de la congelación
salarial de los empleados públicos, sino que dentro de tres o cuatro
meses va a obligar a un nuevo ajuste presupuestario, que estamos
convencidos que el Gobierno va a intentar de nuevo que recaiga sobre las
espaldas de los sectores menos favorecidos de esta sociedad. Para
terminar, este es un balance político de confusión, de no trasparencia y
de no credibilidad de las cifras que sustentan los grandes números de
estos Presupuestos Generales del Estado.
En relación a los títulos I y II, nuestro grupo ha presentado dos
enmiendas, las números 114 y 115, a los apartados 3 y 4 del artículo
once. Este artículo hace referencia al sistema de Seguridad Social,
independientemente de que luego se trate en otros títulos o en otras
leyes de este debate. Nuestro grupo ha enmendado estos dos apartados por
una razón fundamental, porque los apartados 3 y 4 del artículo once del
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incumplen de forma
manifiesta el acuerdo sobre pensiones firmado recientemente entre el
Gobierno y los sindicatos, entre el Gobierno y Comisiones Obreras y UGT.
Señorías, hemos asistido durante los últimos años a intentos poderosos
por parte de sectores económicos y financieros de instalar en la opinión
pública la supuesta y falsa idea de que nuestro sistema público de
pensiones era y es deficitario y, por tanto, insostenible, siendo
necesario privatizar el sistema público de pensiones y el sistema público
de reparto que hoy tiene el Estado español. Dicho de otra manera, se ha
intentado, se sigue intentando y se va a seguir intentando decir que
nuestro sistema de Seguridad Social es insostenible porque es
deficitario. La realidad, SS. SS. lo saben, es y ha sido bien distinta.
La realidad es que las cotizaciones sociales en el período 1989/1996 no
sólo no han sido deficitarias, sino que han tenido un superávit de
prácticamente cuatro billones de pesetas, según un estudio reciente del
propio Ministerio de Trabajo; superávit que en este período se ha
aplicado a finalidades distintas de las pensiones contributivas;
superávit que se ha aplicado a financiar la sanidad o las pensiones no
contributivas.
Pues bien, a pesar de que el sistema de pensiones contributivas ha tenido
y tiene superávit, hoy el sistema de la Seguridad Social, desde el punto
de vista contable, aparece deficitario, aparece como deudor del Estado.
En este sentido, el Pacto de Toledo en su primera recomendación, la que
lleva por título «Separación y clarificación de las fuentes de
financiación», afirma que las prestaciones no contributivas se han de
financiar exclusivamente de la imposición general. Posteriormente, el
acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno desarrolla y concreta esta
recomendación diciendo de forma clara que los complementos de mínimos, de
forma gradual, se han de financiar mediante la imposición general.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente. Rápidamente termino.
Decía, pues, que enmendamos el artículo once en sus apartados 3 y 4,
porque de forma sorprendente el proyecto de ley que el Gobierno nos
presenta insiste en la idea de que el sistema de Seguridad Social es
deficitario, y propone un préstamo del Estado a la Seguridad Social por
valor de 155.000 millones de pesetas. Es decir, cuando en 1997 las
pensiones contributivas tienen superávit y prestan dinero al Estado para
financiar pensiones no contributivas, contablemente lo que el Gobierno
nos propone es aumentar la deuda de la Seguridad Social al Estado. Dicho
de otra manera, lo que el Gobierno nos está proponiendo y está haciendo
es reforzar esta falsa idea de que el sistema de pensiones contributivas
es deficitario.
En el apartado 4 el Gobierno sigue en la misma idea, pues también propone
un préstamo de tesorería de como máximo 350.000 millones al sistema de la
Seguridad Social.
Evidentemente, de los argumentos que acabo de señalar se desprende de
forma clara cuál es el sentido de nuestras enmiendas: sustituir los
préstamos por transferencias. La razón, insisto, es clara: el sistema de
pensiones contributivas durante 1997 tiene superávit. Por tanto, si hay
que hacer alguna anotación contable es el Estado quien está en deuda con
el sistema de Seguridad Social. En ese sentido, nuestras enmiendas 114 y
115 lo que intentan es que la contabilidad de los Presupuestos Generales
del Estado reflejen la realidad, que es que durante el año que viene será
el sistema contributivo el que va a hacer un préstamo al Estado. Lo que
no tiene ningún sentido, y si lo tiene es negativo para la viabilidad de
futuro del sistema de Seguridad Social, es que sigamos incrementando las
deudas de la Seguridad Social cuando eso no tiene ningún soporte desde
ningún punto de vista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs i Ferret.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
A estos dos títulos nuestro grupo tiene planteada una sola enmienda, la
1.218, que propone incorporar un precepto a la ley de presupuestos que
sea una cautela, en el sentido de que cuando una Administración tome una
decisión con carácter obligatorio que deban aplicar las demás
administraciones, se introduzca correspondiente previsión presupuestaria.
Se trata, básica y especialmente en el campo de la sanidad, de que cuando
el Gobierno o el Ministerio de Sanidad adopten una disposición normativa
con carácter obligatorio se prevea la correspondiente consignación
presupuestaria. De no hacerse esta salvedad, resultaría que las
administraciones públicas que tienen hoy la competencia en la gestión
sanitaria, deberían cumplir la disposición obligatoria y no tendrían los
créditos ni los recursos necesarios para financiar estas actuaciones
administrativas en el ámbito de la sanidad. Esta disposición ya existía
con anterioridad a 1994, y con el acuerdo que se alcanzó a partir de
entonces, se levantó esa cautela presupuestaria. Por consiguiente,
proponemos incorporarla en la ley de presupuestos.
En el apartado 11, que trata de los créditos a la Seguridad Social,
proponemos añadirle un punto cinco que diga: «El Estado aportará los
recursos necesarios para financiar cualquier incremento de gasto no
previsto en el presupuesto inicial del Insalud, derivado de una actuación
o disposición normativa de obligatorio cumplimiento, aprobada por el
Gobierno o por el Ministerio de Sanidad y Consumo.»
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario no presentó enmiendas al título I, pero sí al
título II, y las ha mantenido después del debate en Comisión.
Estas enmiendas, relacionadas con la distribución de los fondos públicos
para centros docentes, encajan dentro de lo que es la sensibilidad de mi
grupo parlamentario en la mejora del sistema educativo, para lo cual, no
sólo hemos presentado enmiendas a este título, sino también a las
secciones, introduciendo una serie de inversiones que consideramos
necesarias dentro del sistema educativo, así como enmiendas a la ley de
acompañamiento.
El sistema educativo cumple con un fin primordial del Estado. Todo lo que
sea intentar mejorar este sistema educativo, para nosotros es
fundamental. Nuestra enmienda al artículo doce, de los fondos públicos de
centros concertados, pretende la mejora de la regulación del módulo
económico de distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de
los centros de educación concertada. Proponemos eliminar la limitación
del importe destinado a la financiación de los ciclos formativos por las
comunidades autónomas. Proponemos también mejorar el texto, sustituyendo
algunas expresiones que creemos que no están correctamente redactadas. En
este aspecto, es más propio hablar de partidas de módulos y no de
cuantías, y cuando aparece la expresión organización patronal, debería
ser sustituida por organización empresarial, que es un término mucho más
adecuado.
Con respecto a las retribuciones del personal de los centros docentes,
creemos conveniente adecuar el pago a cuenta a los acuerdos laborales de
las organizaciones empresariales legítimas que tienen distintas
plataformas salariales. Las organizaciones sindicales no deben intervenir
en la decisión de los pagos a cuenta, que dentro del abono de salarios...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Zabalía. Señorías, guarden
silencio, por favor.
Continúe, señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que las organizaciones sindicales no deben intervenir en la
decisión de los pagos a cuenta que, dentro del abono de salarios, es
obligación de las empresas, ni ejercer el derecho a la huelga sin contar
con las organizaciones empresariales. También proponemos adecuar la
distribución de la partida «Otros gastos» en la retribución, debiendo
justificarse al final del ejercicio económico y no al finalizar el curso
escolar, dado que en muchos centros no coincide el curso escolar con el
curso académico.
Dentro del artículo 12, proponemos también establecer un nuevo párrafo
para autorizar la posibilidad de financiación de la implantación de
ciclos formativos de grado superior a centros concertados de formación
profesional de segundo grado, de la misma forma que se hace con los de
primer grado.
Estas son, de forma resumida, las propuestas de nuestro grupo
parlamentario en lo que se refiere al título II de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cámara para un turno en
contra.
El señor CAMARA RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, me referiré a
continuación a la posición del Grupo Popular respecto a estos dos
primeros títulos de texto articulado del proyecto de ley de presupuestos.
Comenzaré por manifestar que es la primera vez --aunque a algún grupo le
ha pasado inadvertido-- que en unos presupuestos se contienen medidas
como las
que aparecen en este primer título. Lo dijo el Vicepresidente y Ministro
de Economía y Hacienda, señor Rato, con toda claridad en el debate de
totalidad. Es preciso garantizar un techo global de gasto, y éste es el
primer objetivo de política presupuestaria que se garantiza con la
incorporación, entre otros, de los artículos, ocho, nueve y diez del
proyecto. Por primera vez se establece en un presupuesto que la totalidad
de los créditos comprometidos para un ejercicio presupuestario no
superara la masa global de los créditos que aprueben las Cortes, amén,
como es lógico y como SS. SS. conocen, de los suplementos de crédito y
créditos extraordinarios que, como también conocen SS. SS., tienen su
trámite y aprobación en las Cortes. Hasta ahora, tan sólo operaba una
obligación jurídica de no hacer, por decirlo en términos civilistas, que
consistía y se concretaba en una genérica prohibición de no rebasar las
obligaciones reconocidas. Luego ocurría, sin ninguna duda, que las
obligaciones reconocidas en el iter procedimental que da lugar
posteriormente a la aprobación de un gasto, se producen con posterioridad
al compromiso propio del gasto. (El señor Vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.)
En este título, tal y como aparece en el dictamen de la Comisión, se da
garantía precisamente a que del bloque de las voluntades de todos los que
debatimos el presupuesto, se extraigan también después los compromisos de
ejecución de gasto del Gobierno y no más compromisos que los queridos por
las Cortes. En segundo lugar, en este título se limitan, de forma
taxativa a siete, las posibilidades del Ejecutivo para incorporar
créditos, que contrasta, señorías, con la laxitud con que se trataban las
incorporaciones de crédito con anterioridad y que permitían trasladar
genéricamente las obligaciones presupuestarias de ejercicios cerrados a
ejercicios posteriores, con la consiguiente hipoteca financiera de los
presupuestos corrientes y el incremento paulatino del déficit
presupuestario; laxitud que
SS. SS. del Grupo Socialista no tendrían inconveniente en reeditar a
decir por las enmiendas presentadas por su grupo y que debatimos en
Comisión en su día. En concreto se referían a las enmiendas números
1.172, 1.173 y 1.174 y si me permiten SS. SS., haré una descripción, más
o menos breve y somera, de qué tipos de desatinos pretendían con estas
enmiendas, porque son desatinos. Pretenden eliminar tres reglas, ni más
ni menos, del artículo octavo que se incluía en el proyecto, proponiendo
una nueva redacción al artículo 70 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, y si mal no recuerdo, S. S., señor Gimeno, asentía con la
cabeza cuando decía en aquella Comisión que precisamente si algún
artículo no se ha modificado por parte del proyecto, es el artículo 70.
Entonces, yo quisiera saber qué enmiendas pretendía S. S. que aprobara
nuestro grupo, si una que se refiere a un artículo en el que no existía
modificación de ningún tipo, porque en la ley de acompañamiento se
modifican los artículos 5.º, 78, 71 y 81 de la Ley General
Presupuestaria, y en la de disciplina presupuestaria los artículos 49, 59
a 61, 63, 65 y 74; el artículo 70, no. Luego ésta ya no la podíamos
aprobar, como parece obvio. Se olvidan además de que la propia redacción
del artículo 61, con el que habitualmente se despachan y anatemizan
diciendo que se incluían dos redacciones bien diferentes y
contradictorias dentro de dos proyectos de ley presentados a esta Cámara
para su aprobación, se olvidan, como digo, de que la misma redacción del
artículo 61 es la que se incluía en el proyecto presentado por el Grupo
Socialista antes de finalizar la legislatura anterior, ese artículo 61
con el que ustedes continuamente están haciendo todo tipo de
manifestaciones contradictorias, y lo único que ha hecho el Gobierno en
este caso con el artículo 61 es hacer bueno el dicho de utile per inutile
non vitiatum, es decir, vamos a utilizar aquello que realmente sería útil
dentro del proyecto presentado en su día, si se incorpora sin ninguna
pega y sin ningún tipo de prurito por parte del Gobierno. Eso es lo que
se ha hecho. Se lo dije en Comisión al señor Gimeno, pero siguen sin
escuchar. Sean coherentes y retiren enmiendas que tienen que ver
precisamente con algunos artículos que se han introducido por considerar
que seguían siendo útiles a efectos de dar cumplimiento al objetivo de
control presupuestario que aparece ínsito de la ley de presupuestos.
Retírenla.
Me refería también a la enmienda 1.173. Con esta enmienda suprimen
artículos, de modo que de aceptarse, se eliminarían excepciones que se
refieren, por ejemplo, a la deuda que los gobiernos anteriores
contribuyeron tan generosamente a incrementar. Qué quieren que les diga,
quizás sería mejor no tener que incluir la deuda presupuestaria como
excepciones a incorporaciones de crédito, pero la situación en que quedó
la deuda y el endeudamiento de los Presupuestos Generales del Estado
después de los gobiernos socialistas no permite olvidar, como mínimo, que
la deuda presupuestaria debe incluirse.
En su afán por hacer de los artículos introducidos por el proyecto del
Gobierno algo completamente inútil se dedican a hacer aproximaciones de
inutilidad total o indisciplina, como decían SS. SS. en Comisión, y se
cargan todo, hasta lo útil, y en esto último incluyo lo protagonizado por
la gestión respecto a la deuda y endeudamiento que siguieron los grupos
que anteriormente gobernaron.
Para no aburrir con relación a este grupo de enmiendas, la número 1.174
pretende, ni más ni menos, que dejar plenamente vigente el artículo 73 de
la Ley General Presupuestaria tal y como estaba redactado con
anterioridad para que se puedan efectuar todas y cada una de las
incorporaciones de crédito posibles, limitar tan sólo --con dos
excepciones-- las posibilidades
de declarar no disponibles créditos hasta el 10 por ciento del total de
los mismos.
Ya saben SS. SS. de esta Cámara que en el Grupo Socialista no hay acto de
contricción ni propósito de la enmienda en lo que se refiere a control de
la deuda y al cumplimiento de los objetivos de déficit, les da
exactamente igual que se amplíen por vía de endeudamiento 721.000
millones que ha heredado el Gobierno del Partido Popular o contrataciones
y convenios realizados por teléfono sin ningún soporte presupuestario. En
realidad para ustedes esto tendría cabida dentro de la Ley General
Presupuestaria y, por tanto, consideran que el artículo 73, donde dan por
cierto cabida a todas esas actuaciones a que me refiero, podría seguir
plenamente vigente. Ya digo, ni acto de contricción ni propósito de la
enmienda.
Quería referirme también al artículo once del proyecto, que será objeto
sin duda de debate posterior, con ocasión de la discusión sobre el
Insalud y la Seguridad Social, pero sobre el que quería avanzar, a la
vista de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y Grupo
Socialista, alguna consideración. Izquierda Unida, a través de su
enmienda 114, pretende la sustitución de la redacción del apartado tres
de este artículo otorgando el carácter de aportación del Estado al
préstamo a que se hace referencia. Pues bien, tengan SS. SS. en cuenta
que la financiación de los gastos de la Seguridad Social en lo que es
aportación total del Estado para 1997 se incrementa en 178.000 millones
de pesetas y que la participación en la financiación de la asistencia
sanitaria del Insalud se incrementa nueve puntos porcentuales, lo que
permite avanzar, primero, la separación de las fuentes de financiación
conforme a la naturaleza de protección de la asistencia sanitaria del
Insalud con aportaciones del Estado y simultáneamente libera cotizaciones
sociales para la financiación de prestaciones contributivas y que yo sepa
es justo éste uno de los objetivos que pretende el Pacto de Toledo.
En resumen, y para no cansar, como digo, hagan ustedes números y
comprobarán que la participación de las cotizaciones sociales en la
financiación del Insalud pasa del 14,9 al 5,6 por ciento, rebajándose por
tanto su participación en 319.000 millones de pesetas. Por ello, y
teniendo en cuenta el esfuerzo financiero asumido por el Estado, resulta
conveniente que la Seguridad Social obtenga un préstamo de 155.000
millones de pesetas para equilibrar el presupuesto.
Por lo que respecta a la enmienda 114 lo dijimos en Comisión y no resulta
técnicamente apropiado que los desfases de tesorería se cubran con
aportaciones del Estado, porque el tratamiento que debe dárseles es de
problema financiero y no presupuestario como pretenden SS. SS. Con el
préstamo de 155.000 el presupuesto de la Seguridad Social queda
equilibrado. Este presupuesto se calcula en términos contables de devengo
y no de caja; lógicamente se va a producir un desfase entre el total
devengado y el recaudado, para lo que precisamente está el préstamo de
hasta 350.000 millones del apartado cuatro del artículo once.
Sí quería hacer una última y brevísima consideración sobre algunas
manifestaciones hechas por el señor Saura sobre la credibilidad de estos
presupuestos. Parece que es una manifestación recurrente por parte del
Grupo Socialista y de Izquierda Unida, que hoy no ha hecho el Grupo
Socialista pero sí Izquierda Unida. Yo no sé si es cerrar los ojos a la
evidencia, pero los datos sobre la economía no van como dice S. S.,
aunque más bien parecería que son los que quiere S. S. que ocurran para
tener algún argumento definitivo que esgrimir. Los tipos de interés están
por debajo de lo que estaban ni más ni menos que hace seis meses. Esto es
síntoma de credibilidad; si no la obtiene por parte de SS. SS. sí la está
obteniendo por parte de los mercados. Los mercados, en definitiva, son
juzgadores de cuál es la credibilidad que ofrece el proyecto de
presupuestos presentado por este Gobierno, y es la credibilidad que están
recibiendo los españoles directamente: que pueden acceder a créditos más
baratos, pueden acceder a una vivienda con mayor facilidad de lo que
podían hace tiempo. Luego no es la credibilidad que existe en los
mercados la que se pueda relacionar directamente con las manifestaciones
de SS. SS. Simplemente les rogaría que con alguna responsabilidad,
relacionada con cuál es la marcha de la economía, se fijen en datos
reales, en los datos de credibilidad que ofrecen los mercados y no tan
sólo en las percepciones, a mi juicio interesadas, para que este debate
les salga ahormadito a lo largo de la semana que entramos, que responde
más a necesidades de carácter político que a la pura realidad de los
hechos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Cámara.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, para contestar a la intervención
del portavoz del Grupo Popular. Es cierto que no hemos hecho ninguna
referencia a la credibilidad de estos presupuestos, pero no es que
tengamos ninguna seguridad en la credibilidad de los mismos. Señor
Cámara, es verdad, mi grupo no tiene ninguna credibilidad en estos
presupuestos, y ya que usted me ha invitado a que lo diga, se lo digo.
Totalmente de acuerdo.
Creo que usted no ha entendido el sentido de una parte de mi
intervención. A otras cosas no me ha contestado y santas pascuas, cosa
que me parece normal y no me preocupa mucho más. En cualquier caso, voy a
insistir en algunas de las cuestiones que ha planteado.
Cuando en la intervención hacemos referencia a los artículos ocho, nueve
y diez --aunque el diez tiene una significación especial o una
significación distinta--, quiero decirle y creo que usted lo ha entendido
pero no quiere manifestarlo así, que en esta semana el Gobierno nos
presenta proyectos de ley que tienen que ver con la Ley General
Presupuestaria, varios proyectos de ley tienen que ver con la Ley General
Presupuestaria, y resulta que aun así lo que se plantea es que se
apliquen excepcionalmente durante 1997 una serie de medidas que no tienen
el sentido de la provisionalidad nada más que porque lo dice la Ley. Si
estamos hablando de modificaciones presupuestarias y hemos hablado en
otros artículos de la ley de modificaciones presupuestarias, que algunas
leyes de las que hoy presenta el Gobierno tenían su origen en no se sabe
qué rigor o no rigor presupuestario del anterior Gobierno, pero que luego
se han modificado a lo largo de los trámites que ya hemos pasado --y ya
discutiremos, porque tenemos que discutir posteriormente--, quería decir,
repito, en mi intervención ¿para qué se plantea un régimen específico y
diferenciado para 1997 si ya hay leyes que modifican de manera sustancial
y con carácter general la Ley General Presupuestaria? Eso es lo que le he
querido decir en lo fundamental.
El sentido de las enmiendas que nosotros presentamos es que queremos
definiciones fundamentales y permanentes, aunque tengan vigor durante el
año 1997, para que sepamos con mayor seriedad y mayor profundidad de qué
estamos debatiendo, porque si ustedes quieren rigor nosotros también lo
queremos, y queremos discutir cómo.
Usted me dice que nosotros no planteábamos ninguna modificación en el
artículo 73. No es verdad, sí las planteamos, luego usted no lo ha leído
bien o, sí lo ha leído, ¿por qué no acepta, pues, nuestras enmiendas
--que ustedes seguro que están de acuerdo-- que dicen claramente que sólo
afecten las incorporaciones a los compromisos de crédito para operaciones
de capital? ¿Por qué no lo plantean y aceptan esas enmiendas? ¿O por qué
plantean que no podrán efectuarse transferencias de crédito de
operaciones de capital a operaciones corrientes, sin excepciones, como
plantean ustedes en el texto? Simplemente le planteo eso. Lo que quería
--no sé si le he convencido, parece ser que no-- es que ustedes
plantearan textos más o menos definitivos, aunque tuvieran un carácter
provisional para 1997, porque no hay nada que justifique la temporalidad.
Lo han venido ustedes diciendo siempre; estoy cansado de subir a esa
tribuna para escucharles y decir algo que creo tienen razón. Lo decía el
Tribunal de Cuentas: no hagamos modificaciones presupuestarias para un
ejercicio cuando hay una Ley General Presupuestaria. Simplemente eso le
he querido decir y usted, por supuesto, parece que no ha entendido.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gimeno, termine por
favor.
El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente.
Novedad, novedad hablar del texto global como gran innovación... Es
cierto que ustedes introducen una modificación y ya sabe usted que hemos
votado favorablemente esa parte del texto. Ustedes plantean compromisos
de gasto para establecer los límites y es cierto que hasta ahora eran
obligaciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
¿Que es diferente? Ya lo sabemos, es verdad; pero a ustedes que tanto les
preocupa que lo que se apruebe en esta Cámara sea algo que luego ejecute
el Gobierno para no tener esa flexibilidad que parece tiene el Gobierno,
¿por qué no acepta las limitaciones que ponemos en el artículo diez?
¡Hombre que no pueda modificar todo el Gobierno sin que pase por esta
Cámara! Le planteamos el 10 por ciento de límite; no es algo que pueda
ser obsesivo para que el Gobierno no pueda cumplir los objetivos de
déficit, pero ustedes no contestan a ese tipo de cuestiones.
Hablar de rigor después de lo que ha pasado durante la semana anterior en
el debate de la Comisión de Presupuestos...
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Termino en seguida.
Respecto a lo que ustedes han dicho sobre financiación
extrapresupuestaria, nos tendremos que enterar qué es. Ya nos enteraremos
a lo largo de esta semana. En cualquier caso, vamos a debatirlo, pero no
hablen ustedes de rigor cuando también hablan de financiación
extrapresupuestaria.
El problema que tenemos con el artículo relativo a la Seguridad Social es
que no nos ha resuelto tampoco las dudas. El Ministro de Economía nos
generó unas dudas enormes. ¿Qué pasa con los complementos a mínimos?
Usted me habla de la sanidad. En cuanto a la forma de financiación, ¿qué
pasa con los complementos a mínimos? ¿Sabe usted el volumen que
presupuestariamente significan los complementos a mínimo? ¿Se deben
financiar con los presupuestos o se deben financiar con las prestaciones
contributivas de la Seguridad Social? Usted no ha contestado. Yo le
pediría que contestara, porque lo que nosotros creemos que dice el
acuerdo a que ha llegado el Gobierno con los sindicatos es que los
complementos a mínimos deben ser financiados por los presupuestos no sólo
en un año, ya lo sé. Nosotros creemos conveniente que ustedes nos aclaren
ese aspecto de fondo. Tampoco me ha contestado respecto a los desfases de
tesorería.
Nosotros que aceptamos que sea un crédito del Gobierno, ¿por qué no nos
acepta usted que ese crédito para desfases de tesorería quede cerrado a
final de un ejercicio? El problema que se produce si ustedes no nos
contestan es que nosotros tenemos legitimidad para dudar de la
significación del desfase de tesorería. Nosotros no estamos en contra del
crédito ni del préstamo;
les decimos que dejen bien claro que es un desfase de tesorería porque si
no es así, nosotros no lo vamos a aceptar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para contestar a dos puntos de la intervención de
nuestro grupo a los que ha hecho referencia el portavoz del Partido
Popular.
Ha dicho que estos presupuestos para el Partido Popular sí son creíbles y
que sólo opiniones políticamente interesadas de nuestro grupo hacen que
no aparezcan como creíbles.
Hoy mismo, en un medio de comunicación especializado en economía aparecen
diversas fuentes de información económica --internacionales, estatales,
por sectores-- donde, primero, queda claro ya que durante 1996 el
producto interior bruto del Estado español no va a crecer el 2,3 por
ciento. Además, toda una serie de opiniones --desde la OCDE hasta la
Comisión Europea-- dicen que, de ninguna de manera, durante 1997 el
crecimiento del PIB va a ser del 3 por ciento. Si usted no quiere creer
estas opiniones o estas previsiones, no crea tanto en el mercado Dios
eterno, sino simplemente fíjese en las últimas cifras que conocemos en
relación al número de parados, que aumentó en 40.000 parados más. Por
tanto, durante 1996, a cinco semanas escasas de cerrar el año, no se va a
producir un crecimiento del 2,3 ni del 3 por ciento; hoy, en algunos
medios de comunicación, también aparece la necesidad de nuevos ajustes.
El segundo punto hacía referencia a la Seguridad Social. El señor
portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho muchas cosas --yo estoy
de acuerdo en varias--, pero a la que es sustancial no ha replicado.
Vamos a ver por qué razón, si el sistema de pensiones contributivas
durante 1997 va a tener excedente, dicho de otra manera, si en la
Seguridad Social en el ámbito de las pensiones contributivas, las
cotizaciones sociales van a tener superávit de medio billón de pesetas en
relación a las pensiones, explíqueme usted por qué regla de tres va a
aparecer que contablemente tiene más deuda con el Estado; explíqueme por
qué regla de tres. No me explique todo lo que me ha explicado, no. Las
pensiones contributivas tendrán un excedente de más de medio billón de
pesetas, ¿qué regla de tres aplican ustedes para que, a pesar de que el
sistema tiene superávit, a finales de 1997 va a tener más deuda con el
Estado?
Estamos diciendo simplemente que en función de este superávit y de esta
realidad transformen ustedes el préstamo del Estado a la Seguridad Social
en aquello que debiera ser, en una simple transferencia, y con eso lo
único que están haciendo es no endeudando falsamente el sistema de la
Seguridad Social y, por tanto, no están dificultando la viabilidad
financiera de futuro del sistema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor Cámara, si lo desea, puede intervenir, pero no es necesario que lo
haga. Lo digo para aclarar a S. S. que el turno de réplica, en lo que
hemos estado debatiendo y conviniendo para ordenar el debate, no es la
regla general. Por tanto, la Presidencia asume esa responsabilidad
personalmente, pero agradece que no consuman siempre el turno de réplica
en este debate.
En cualquier caso, tiene la palabra, señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muy
brevemente --y ya verá como es así-- para contestar a los señores Gimeno
y Saura, que son los que han hecho uso de este turno de réplica
excepcional como S. S. dice; pero lo no excepcional es la forma en que se
dirigen al Grupo Popular, en concreto el señor Gimeno, representante del
Grupo Parlamentario Socialista, que insiste en cometer los mismos
errores, en cuanto a los planteamientos políticos, cometidos durante todo
el debate de la tramitación del presupuesto en Comisión.
Esperaba no tener que hacer referencia a lo que ya hice en su día, cuando
usted se afanaba --recuerde-- en buscar en la exposición de motivos de la
ley de disciplina presupuestaria las cosas --que usted no conocía porque
no había leído el texto-- referidas a la motivación que llevaba al
Gobierno a tener que traer a esta Cámara una ley de disciplina
presupuestaria antes de traer a la misma la tramitación completa de una
nueva Ley General Presupuestaria. Se lo voy a recordar. Los 721.000
millones de agujero presupuestario que, sin ninguna duda --sin ninguna--
fueron consecuencia de la forma en que los gobiernos socialistas
anteriores tenían de gestionar el presupuesto público. Si ustedes, de
verdad quieren que se incorporen sus enmiendas, para que el Grupo
Parlamentario Popular tenga que ver cómo esos 721.000 millones de
ejercicios cerrados se transforman en no sé qué cantidad, evidentemente
tendríamos que aceptar las enmiendas, pero, desde luego, no estamos por
ello, porque, en principio, estaríamos perjudicando muy seriamente la
fiabilidad y la credibilidad de los presupuestos, la fiabilidad de la
política presupuestaria seguida por este Gobierno y a eso no vamos a
contribuir, como ustedes contribuyeron durante toda la etapa en que la
deuda, los gastos no productivos se iban incrementando sin ninguna
necesidad.
Para muestra --la tenía porque sabía por donde iban a ir los tiros-- está
la relación de deudas y compromisos de la Dirección General de Costas.
Comprometidos presupuestariamente durante el año 1996, 43 millones de
pesetas, en el documento presupuestario;
compromisos adquiridos por teléfono por parte del Gobierno en la
Dirección de Costas, 4.489 millones de pesetas. Estos son los ejemplos
que llevan a un Gobierno a tener que adoptar --del modo que ustedes
califican de apresurado, pero que nosotros calificamos de urgente y
necesario-- la ley de medidas de disciplina presupuestaria.
Ya que hace usted referencia al Tribunal de Cuentas, no me resisto a
hacer referencia yo también a lo que dicen las Cortes Generales, con la
firma de S. S. como Presidente de la Comisión Mixta de relaciones con el
Tribunal de Cuentas. Si me permite el señor Presidente voy a leer para no
faltar a la redacción literal. Dice que las Cortes Generales consideran
que las cuentas presentadas por el Gobierno en relación al ejercicio de
1992 son poco representativas y reflejan con dificultad la imagen fiel
del sector público; condicionan los ejercicios posteriores en los que se
tendría que realizar un esfuerzo importante para regularizar los déficit
no reflejados. Así pues, no venga dando lecciones justo de lo que no han
sido ustedes capaces de acometer durante los años de latrocinio
presupuestario, que ha sido el baluarte y la forma de gestionar el
presupuesto público.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cámara. Ruego a S. S. que retire
el término latrocinio.
El señor CAMARA RODRIGUEZ: Si S. S. quiere que retire el término
latrocinio, lo retiro.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco.
El señor CAMARA RODRIGUEZ: Pero permítame que lo sustituya. Diré
irresponsabilidad a la hora de gestionar el presupuesto y hacer frente a
los objetivos de déficit y objetivos de deuda.
Al señor Saura quiero decirle que las cifras de paro que usted manifiesta
son esencialmente mejores de las que existían en el año 1992 y que
estamos en términos parecidos a los que existían en el año 1982. Existen
ahora mismo 8.000 parados menos que la media de los diez últimos años.
Usted no citaba la fuente de la mala trayectoria de la economía durante
este ejercicio. Yo sí voy a citar la fuente. El Gobernador del Banco de
España, cuando acudió a esta sede parlamentaria a comparecer a petición
de SS. SS., se refirió a cuáles eran las expectativas que para él se
producían durante el año 1996 y simple y sencillamente mencionó los
términos a que yo he hecho referencia de credibilidad y de cumplimiento
de los objetivos propuestos por el Gobierno. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Pasamos, en consecuencia, al debate sobre el título III, y el orden será
el que hemos anticipado. Por consiguiente, en primer lugar, para defensa
de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señorías, la decisión
de congelar el sueldo de los empleados públicos a juicio del Grupo
Parlamentario Socialista constituye una decisión injusta, contraria a la
equidad e ineficaz para alcanzar los objetivos que ustedes mismos se han
marcado.
Decía un experto en hacienda pública que detrás del presupuesto cualquier
Estado existe un conflicto. Claro, aquel experto fue prudente porque no
conocía a los gobernantes del Partido Popular, no les conocía a ustedes.
Al ausente Gobierno en esta tarde hay que recordárselo. Detrás de este
presupuesto, señorías, hay múltiples conflictos, no hay un solo
conflicto. Mejor dicho, ustedes, señorías, señor Rato --ausente--,
ustedes mismos son el conflicto. (El señor Hernando Fraile: Señor
González, ausente.) Sólo así se explican las graves contradicciones de su
actuación. Constituyen un Gobierno que no cumple prácticamente ninguno de
los compromisos electorales que ofreció (Rumores.) y que bien al
contrario --lo demostraré en mi intervención-- adopta decisiones que no
figuraban en su programa electoral. Me refiero al programa electoral
visible, claro está, respecto al invisible que es el real, supongo que
allí sí figuraba esa adopción de decisiones. (Un señor Diputado: ¡Qué
barbaridad!)
Por cierto, el señor Presidente del Gobierno ha dicho hoy en esta Cámara
que las cosas que prometieron en las elecciones se están cumpliendo a
rajatabla. (Un señor Diputado: ¡Es cierto!) Yo me pregunto qué vara de
medir utiliza el señor Presidente del Gobierno. ¡Cómo se nota, señorías,
que hablaba para una asamblea de adictos! Poco lo hará el próximo sábado,
por ejemplo, en la concentración de los empleados públicos de toda España
que vendrán a Madrid a defender sus derechos. Poco va el señor Presidente
del Gobierno a decir allí que está cumpliendo rigurosamente sus
compromisos electorales. (Un señor Diputado: ¡Demagogo!) Así señorías, de
estas contradicciones surgen los conflictos que se ven ustedes obligados
a arrastrar, dejando en carne viva el verdadero rostro de su política.
Es inevitable, por lo que me toca en este debate, invitar de nuevo aquí,
al hemiciclo, a los fantasmas que ustedes crearon para que sigan
espoleando sus conciencias. ¿No se ahorraban, señorías, 70.000 millones
de pesetas acabando con el despilfarro socialista? (Rumores.) ¿No
arreglaban los problemas del país eliminando los 5.000 altos cargos que
sobraban? (Varios señores Diputados: ¡Claro que sí!) Les invitamos a
hacerlo; háganlo, tomen esa decisión. Fíjense ustedes, dado que la medida
de congelación salarial que se consagra
en el título III de este proyecto de ley para los empleados públicos
dependientes de la Administración central del Estado supone sólo un
ahorro de 80.000 millones de pesetas, compensen la eliminación del
despilfarro socialista, que suponía 70.000 millones según sus cuentas,
con la subida salarial y la cuenta quedará prácticamente a cero. Qué
sencillo ¿verdad? Tanto como cumplir un compromiso electoral que ustedes
no hacen, como es lógico, en esta y en tantas otras cosas. (Rumores.) ¿No
iban ustedes señorías --aquí esta su programa--, a reformar, modernizar y
regenerar la Administración pública? página 127 de su programa. ¿No iban
ustedes, señorías, a conseguir una Administración profesionalizada, con
funcionarios públicos personalmente motivados y dignamente retribuidos?
página 130 de su programa electoral. ¿En qué modo lo piensan hacer,
señorías? ¿A gritos? (Un señor Diputado: ¡Con fondos reservados!) ¿Cómo?
¿A gritos? ¿Y el diálogo? ¿No eran ustedes, señoras y señores Diputados,
de la derecha me refiero, los campeones del diálogo? ¿No decían, al
menos, en su pertinaz propaganda electoral: Somos los campeones del
diálogo? ¿No oyen ustedes el ruido de la calle, donde los funcionarios
defienden sus intereses? (Varios señores Diputados: ¡No, no!) No ¿verdad?
¿No lo oyen? Ya lo notamos. Pues lo oirán, no se preocupen, y de forma
cada vez más intensa de aquí al sábado, en que finalizará la
concentración de los empleados públicos españoles en Madrid para defender
sus justos intereses. (Rumores.) Me pregunto, y deberían hacerlo ustedes
también, porque es un hecho de salud política que les beneficiaría, cómo
es posible que en tan poco tiempo, señorías, hayan conseguido agraviar a
tanta gente y crear tantos focos de protesta que ocupan las calles del
país. ¿Cómo es posible? (Rumores.) Han decidido congelar los sueldos de
los empleados públicos en un año en que las previsiones de crecimiento
económico son muy importantes, según ustedes, según su máquina de
calcular. Podían haber decidido, al contrario, no disminuir los ingresos
de la Hacienda pública con regalos fiscales a quienes obtienen rentas de
capital, por ejemplo, a quienes tributan por módulos, por ejemplo, o
haber eliminado los altos cargos sobrantes; cinco mil eran los que
ustedes prometían eliminar. Pero no, que paguen sus caprichos, --porque
esto es un capricho, señorías-- aquellos que ustedes consideran más
débiles frente a los que sí saben hacerse los fuertes.
Su decisión atenta además contra la razón legal, señorías. Ustedes se
llevan por delante un acuerdo para el trienio 1995-97 adoptado en función
de una ley, la Ley 7/1990, cuyo título fíjense es el siguiente:
Negociación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, cuyo artículo 32, me
veo en la obligación de recordar, dice: Serán objeto de negociación en su
ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada
Administración pública las siguientes materias: a) El incremento de
retribuciones de los funcionarios y del personal estatutario de las
administraciones públicas que proceda incluir en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado. b) La determinación y aplicación de
las retribuciones de los funcionarios públicos. ¿Ustedes han cumplido la
ley? (Varios señores Diputados: Sí, sí.) No; no, señorías. Ustedes no han
cumplido la ley de 1990, donde se ordena, por mandato aprobado por esta
Cámara, que han de negociar el incremento de retribuciones y la
determinación y aplicación de las retribuciones de los funcionarios
públicos. Ustedes han hecho gracia de ello y se han saltado a la torera
una ley aprobada por este Parlamento.
Con su actitud, señorías, niegan el derecho a la negociación colectiva de
los servidores públicos, que lo son de todos los españoles, e incumplen
además el pacto sobre incrementos retributivos; segundo incumplimiento.
Y es que por mucho que el aparato de agitación y propaganda del señor
Rato --como recordó el señor Borrell en la intervención de totalidad--
que impulsa al Gobierno pretenda lo contrario (Rumores.), hay un capítulo
VI que, amparado en la ley del año 1990 que he citado, figura así en el
acuerdo Administración-representantes de los empleados públicos: Uno. Las
retribuciones de los empleados públicos para el 96 y el 97 experimentarán
un incremento, según la previsión presupuestaria, del crecimiento del IPC
para dichos ejercicios. ¿Dónde está el cumplimiento de este acuerdo?
¿Dónde está? ¿Dónde está, señorías? En ningún sitio. Se tendrá --es
verdad que dice el acuerdo--, además, en cuenta el grado de cumplimiento
de las previsiones y compromisos sobre las que se hubiera basado el
incremento retributivo del ejercicio anterior; la previsión de
crecimiento económico y capacidad de financiación de los Presupuestos
Generales del Estado determinada en función de la previsión de déficit
del conjunto de las administraciones públicas; valoración del aumento de
productividad del empleo público y evolución de salarios y del empleo del
conjunto del país. Se dice además, señorías. Pero ¿nos ha explicado el
señor Rato la interacción de todas estas variables que he descrito para
concluir de ellas necesariamente que del próximo ejercicio se ha de
derivar, como medida, la congelación de las retribuciones de los
empleados públicos? No. No, señorías. Ha mirado para otro lado. Le ha
dado vergüenza que le digamos la verdad. (Rumores.) El crecimiento
económico, según ustedes, va a ser muy importante, y la previsión de
déficit público, la otra gran variable que habría de enmarcar el
incremento retributivo para el año 1997, no ha de padecer, señorías,
porque suban los salarios de los empleados públicos, ya que padece en
mayor medida, en mucha mayor medida, con sus decisiones fiscales que
quitan ingresos a la Hacienda pública.
También atenta contra la razón práctica esta medida. Aquí está el señor
Homs que lo podrá ratificar. No
la comparten ni sus socios. A punto ha estado de venirse abajo una de las
señas de identidad de estos presupuestos --para, según el señor Rato, dar
muestras de austeridad-- cuando el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió estuvo a punto, estuvo a un palmo de apoyar nuestra moción exigiendo
al Gobierno que negociara con los funcionarios, en cumplimiento de un
mandato legal, las retribuciones del año 1997. Sólo fortísimas y
explícitas presiones suyas, del Grupo Parlamentario Popular, impidieron
que Convergència i Unió pudiera apoyar la moción del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, le ruego concluya.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Concluiré en pocos minutos, señor
Presidente.
No se explica cómo en Euskadi, señorías --me dirijo a los representantes
del Partido Nacionalista Vasco-- puede ser deseable una subida de
sueldos, políticamente correcta, y sin embargo aquí, en este hemiciclo,
esa misma decisión se nos niega. ¿Como es posible que hoy el
Vicelehendakari anuncie una subida del 1 por ciento en las retribuciones
complementarias y del 2,6 por ciento en la masa salarial del conjunto de
los empleados públicos? ¿Lo que allí es bueno, deseable y aceptable
políticamente aquí se niega? Deberán explicar por qué. Señorías, ¿cómo es
posible que la Generalitat de Catalunya esté dispuesta, por pública
manifestación de sus representantes, a dialogar con sus funcionarios y
aquí sus Diputados lo impidan? ¿Cómo es posible eso? No es nuestra misión
hacer un control de legalidad, pero sí de racionalidad, y éste demuestra
la escasa entidad, señorías, señores del Grupo Parlamentario Popular, de
sus razones. Decisión, por tanto, injusta, falta de equidad e ineficaz,
porque difícilmente cumplirán sus objetivos de incremento del consumo de
las familias españolas congelando los ingresos de millones de ellas.
Señorías, no hagan tanta propaganda; no hagan tanta propaganda.
(Rumores.) Su Gobierno únicamente ahorra 80.000 millones de pesetas con
esta medida. Pero es verdad que el acuerdo que aquí adoptemos ha de
afectar al resto de las administraciones públicas. Nosotros defendemos la
extensión de esta medida a comunidades autónomas y ayuntamientos. Siempre
lo hemos hecho, señorías, antes y ahora. Por tanto, no vamos a alentar
veleidad alguna respecto al cumplimiento de lo que aquí se decida. Vamos
a cumplir esta decisión. Por si no fuera suficiente el Tribunal
Constitucional, una vez más, lo ha dejado claro.
Señorías, la razón de que nosotros apoyemos esta medida estriba en que
esta decisión cae dentro del título competencial de la dirección de la
actividad económica general y porque en este supuesto la norma es básica
de acuerdo con el artículo 149.1.13 de la Constitución y no en virtud,
como parece pensar el Partido Popular, señora Fernández, del principio de
jerarquía normativa.
Llamo la atención de forma especial a los representantes del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Nacionalista Vasco, porque es
muy interesante lo que se dijo en la Comisión de Presupuestos. ¿Qué
socios se buscan ustedes? Yo creo que buscan ustedes unos socios
parlamentarios a quienes les traiciona el subconsciente. Porque el Grupo
Parlamentario Popular piensa que no nos ofrece duda alguna --y cito
textualmente-- el principio de jerarquía normativa, como tampoco nos
ofrece ninguna duda la definición que el artículo diecisiete hace del
sector público estatal, etcétera. ¿Creen ustedes que existe jerarquía
normativa entre el Estado y las comunidades autónomas? Yo creo que no.
Habrán de explicarnos ese desliz. ¿O es que se piensa de verdad que esto
es así?
Señorías, vamos a votar favorablemente también la enmienda 122, de
Izquierda Unida, que propone incompatibilizar la retribución por
asistencia a reuniones de consejos de administración de empresas con
capital público de los altos cargos. ¿Por qué, señorías? ¿Por qué vamos a
apoyar esta enmienda? Porque nos gusta la coherencia. (Rumores.) Y como
ustedes prometieron con gran exhuberancia, una vez más, eliminar esa
retribución, ¡hora es de cumplirla! Página 36 de su programa electoral.
Según ustedes, los criterios de selección de los directivos y miembros
del consejo de administración se guiarán por la profesionalidad. ¿Estaban
ustedes pensando, señorías, en los consejos en los que iba a tomar
asiento el señor Rodríguez, en su profesionalidad para sentarse en
determinados consejos de administración de empresas públicas? ¡Cumplan de
una vez alguno de sus compromisos! (Rumores.) Tienen la posibilidad de
hacerlo votando a favor de la enmienda 122, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que nosotros apoyaremos. No lo van a hacer ¿verdad? No
lo votarán, ¿verdad? Un engaño más en su hoja de servicios. ¡Qué
historial, señorías! (Protestas.)
Haré referencia ahora, y con esto termino (Rumores), a otra importante
enmienda del Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Una importante enmienda del Grupo
Socialista que dejará, señorías, al descubierto, una vez más --y serán
decenas durante este debate--, la subasta de despropósitos que constituía
su programa electoral. Una subasta de despropósitos, señorías. (Rumores.)
Porque recuerden lo que decían ustedes en la página 252 de su programa,
que leo a continuación. El servicio militar obligatorio --decían--
atraviesa una grave crisis en nuestro país.
Por eso se dijeron ustedes: Vamos a dar un empujoncito a ver si se cae
del todo. ¡Qué perspicacia, señorías! ¡Qué visión de futuro!
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, le ruego que resuma y concluya la
defensa de la enmienda.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Termino, señor Presidente. No se
contentaron con ello. En la página 253, decían: Incrementaremos la
retribución de la tropa de reemplazo hasta alcanzar gradualmente el 50
por ciento del salario mínimo interprofesionaI; ¿Cumplen su promesa? Por
supuesto que no. Y esto que humorísticamente alguno de mis compañeros ha
llamado perjurio electoral, ¿quién lo paga? (Rumores.) Porque, señor
Rato, señores del Gobierno, señores del Grupo Popular, esto no puede ser
gratis. Siguen ustedes comportándose con grandes dosis de soberbia cuando
deberían acercarse a la humildad. (Protestas.) No puede ser gratis, no se
puede frustrar la buena fe de los electores impúnemente. Por eso les
damos la oportunidad de tapar sus vergüenzas. (Rumores.) Apoyen la
enmienda sensata, razonable, del Grupo Socialista, que propone subir esta
retribución de la tropa de reemplazo de 1.500 a 7.500 pesetas mensuales.
Por una vez, señorías, cumplan alguna cláusula del contrato que
ofrecieron a los españoles. Podrían contestarnos que esta enmienda es un
capricho nuestro o que responde a una finta política para poner al
descubierto sus engaños. No, señorías. El programa electoral del Partido
Socialista --que nosotros sí cumplimos-- (Rumores.) comprometía la
potenciación y extensión del sistema...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, concluya o me veré en la necesidad de
retirarle la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, sólo me queda media
página. Nuestro programa electoral comprometía la potenciación y
extensión del sistema de gratificaciones para los militares de reemplazo
a fin de que el servicio militar no suponga gasto añadido a las familias.
O aún podían argumentar, por último, para rechazar nuestra enmienda, la
repercusión de la misma en el déficit, pues lógicamente supone mayor
gasto. Es verdad, 22.000 millones junto con las retribuciones de
objetores de conciencia que cumplen la prestación social sustitutoria.
Pero les decimos el modo de financiarlo. No actuamos como ustedes; no
jugamos al palé, como les dije en Comisión. Presentamos un presupuesto
alternativo: mayores ingresos, retiren regalos fiscales en plusvalías o
módulos, obtengan un máximo aprovechamiento de los fondos comunitarios,
por cierto, no apoyando recortes para fondos estructurales en el
Parlamento Europeo en el debate de presupuestos, como han hecho los
eurodiputados del Partido Popular. Así tendrán dinero para subir de 1.500
a 7.500 pesetas mensuales para soldados y objetores. Ya ven, no tienen
escapatoria, señorías. (Rumores.) La enmienda o el bochorno de un fraude
más que añadir a su historial, aunque estamos tan acostumbrados a ver
cómo ustedes no hacen lo que dicen y no dicen lo que hacen que toda
capacidad de asombro por nuestra parte y por la de muchos ciudadanos
españoles ha desaparecido ya.
Gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
En este clima parlamentario el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya va a intentar exponer la defensa de las
veinte enmiendas al título III del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 1997, siete de las cuales están
referidas lógicamente al gran debate de este título que sin duda alguna,
señorías, es: los salarios de los empleados públicos, la congelación
salarial que este proyecto pretende realizar para 1997. Nosotros
pretendemos que haya un incremento salarial del 2,6 por ciento conforme
al IPC previsto, así como la adopción de una cláusula de revisión
salarial automática para el caso de que el IPC real exceda del previsto
por la diferencia entre ambos, revalorizándose a su vez la masa salarial
resultante. En este sentido van las siete enmiendas a las que me refería
antes.
Más allá de la algazara, de la discusión innecesaria, me gustaría que
reprodujésemos hoy un debate reflexivo. A ello voy a dedicarme. El Grupo
Parlamentario Popular sostiene que no se incumple el acuerdo entre el
Gobierno y los sindicatos de los empleados públicos que se suscribió el
30 de septiembre de 1994 y que está en vigor hasta el 31 de diciembre de
1997. Veamos: ¿Es o no cierto que la evolución de los precios es más que
satisfactoria, incluso que se prevé que la inflación a finales de año
pueda ser no un 3,5 por ciento, sino un 3,3 por ciento, dos décimas
menos, por tanto?
¿Es o no verdad que en los últimos años se ha crecido satisfactoriamente,
incluso se prevé un crecimiento del 3 por ciento de nuevo para 1997,
según el Instituto de Estudios Económicos, que califica dicha previsión
de creíble, mientras que por otro lado el crecimiento de 1996 va a ser
cercano al 3 por ciento? ¿No es verdad también que la productividad de la
Función pública ha sido incrementada en estos últimos años un 1,34 por
ciento y ello debido fundamentalmente a la restricción en la oferta de
empleo público, a pesar de que somos uno de los países de la Unión
Europea con menos funcionarios, con menos empleados públicos, tanto si
comparamos este dato con los habitantes en general
como con la población activa? ¿No ha crecido el empleo en 1996 un 1,4 por
ciento reduciéndose siete décimas el paro? ¿No se ha reducido un punto la
participación salarial del sector privado en el producto interior bruto,
en especial en los últimos años, gracias a la moderación salarial? ¿No se
ha reducido el poder adquisitivo de los salarios de los empleados
públicos mientras tanto, desde 1993 hasta finales de este año, un 11,2
por ciento, pese a ser de un 14 a un 40 por ciento menor el peso salarial
de los empleados públicos en nuestro país que en los distintos países de
la Unión Europea? Si todos estos datos son reales, si ustedes no pueden
desmentir estos datos, entonces los empleados públicos han cumplido sus
compromisos del acuerdo del 30 de septiembre de 1994. Los empleados
públicos han hecho sus deberes. El Gobierno, con esta propuesta, no.
Tenemos una de estas cuatro alternativas: o el Gobierno niega que estos
parámetros sean, y no otros, a los que se condicionaba en el acuerdo el
incremento de las retribuciones de los empleados públicos, o niega que
sean ciertos estos parámetros, en cuyo caso se nos está engañando desde
la estadística oficial, o el Gobierno no se responsabiliza de las
obligaciones contraídas por su predecesor, negando los principios más
elementales del derecho, o simplemente, el Gobierno incumple el acuerdo.
¿Cuál de estas hipótesis es la real? ¿Con cuál se quedan sus señorías?
Señores del Grupo Parlamentario Popular y de los que apoyan la propuesta
del Gobierno de congelación salarial de los empleados públicos, el
Gobierno ha firmado pomposamente con los sindicatos otros acuerdos, el de
pensiones, el del nuevo PER, el AEPSA. ¿Van a cumplirlos, señores del
Partido Popular, como este acuerdo? El Gobierno pretende romper
unilateralmente el acuerdo, sin previa negociación con los sindicatos, al
menos respecto a este punto, infringiendo con ello el mandato
constitucional y el de la Ley 7/1990, de la negociación colectiva,
también existente para los empleados públicos, desarrollado
legislativamente gracias a la huelga general del 14 de diciembre de 1988.
La lucha de los empleados públicos no es sólo por una injusta congelación
salarial, que por cierto es reducción y no sólo congelación, si se mira
desde el punto de vista del poder adquisitivo. La crispación y desánimo
de dichos empleados es por algo más que por la mera reducción o
congelación salarial; es porque se frustra de nuevo su mayoría de edad
como ciudadanos trabajadores, a los que se les está reconocido por ley un
derecho de negociación colectiva que ahora se les niega. No discutan
entre ustedes, señorías, señores del Partido Popular y del Partido
Socialista, si son 80.000 ó 200.000 millones de pesetas los que el
Gobierno pretende ahorrarse con esta congelación salarial. Eso es lo de
menos. Lo más llamativo es que, sean los que sean, son parte tan sólo de
las consecuencias de reducción de ingresos fiscales que Hacienda va a
realizar en función de las medidas fiscalizadoras que el Gobierno planteó
para el tratamiento de las plusvalías de los fondos de inversión
colectiva y de los beneficios fiscales al capital en la actualización de
balances.
Todo ello hace que esta medida no esté justificada ni siquiera con la
necesidad de contribuir a reducir el déficit para llegar a la
convergencia, que si no, ¿cómo se adoptan medidas de minoración de los
ingresos del Estado? Todo ello hace también que esta medida sea injusta,
pues siempre se hace repercutir las mayores reducciones en los mismos. No
sirve como justificación de este Gobierno, señorías, el que otro Gobierno
de su principal oponente, el Partido Socialista, haya hecho la misma
congelación salarial hace tan sólo tres años, en 1994. Ni estaba
justificada antes, ni está justificada ahora, pues dicha medida perjudica
el nivel de eficacia de los servicios públicos, por la vía de
desincentivar la prestación de dichos servicios por parte de los
empleados públicos que deben hacerlo. Y si me permiten, señorías, una
pequeña recriminación, esta medida es políticamente cobarde, pues se
adopta en un ejercicio distante de las próximas elecciones generales;
como fue el anterior, se congeló en 1994, justo después de unas
elecciones generales, se congela ahora para 1997, cuando todavía faltan
dos o tres ejercicios para las próximas elecciones generales. Hay una
especie de alevosía y de nocturnidad añadida a la culpabilidad.
Por tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya hemos presentado estas enmiendas que pretenden, en todo caso,
mantener el actual nivel de eficiencia en los servicios públicos y
restablecer el derecho de la negociación colectiva de los empleados
públicos, así como la dignidad de un Estado que está siendo un patrón
incumplidor. Señores del Gobierno, señores de los grupos que apoyan esta
medida, negocien con los empleados públicos, con sus sindicatos
representativos, y no les pidan, imponiéndoselo, más sacrificios a estos
trabajadores.
Brevemente glosamos otras enmiendas que consideramos de igual
importancia. Por un lado, proponemos que tanto las adecuaciones
retributivas en función de los contenidos de los puestos de trabajo, como
la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el
grado de consecución de los objetivos fijados en el mismo, como las
contrataciones de personal previstas a cargo de los créditos de
inversiones, se realicen no discrecionalmente, sino que al menos se hagan
con control sindical, en un caso, con previa negociación y en el otro,
con la entrega de los contratos a los sindicatos y a su vez que exista
una información puntual al Parlamento, a los mismos efectos de control y
de seguimiento.
La enmienda 117 y la disposición adicional nueva, número 24, pretenden
también...
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Como decía, estas enmiendas pretenden que las modificaciones de las
retribuciones complementarias se negocien con los sindicatos. La misma
transparencia y potenciación de la participación social pretende el
requisito de la negociación colectiva planteado en la enmienda número
128, de adición, al artículo veintiuno, uno, para la aplicación
individual de la productividad y las gratificaciones por servicios
extraordinarios. Para eliminar cualquier discrecionalidad en la
adjudicación de la productividad, otras enmiendas establecen que la
productividad nunca sea en función de la jerarquía o el nivel del puesto
de trabajo y que, a su vez, dicha productividad no sea excluida para los
interinos, al estar vinculados sus perceptores a la condición de
funcionarios de carrera.
Respecto a la oferta de empleo público, Izquierda Unida, con nuestra
enmienda número 116, pretendemos que se cubra el 100 por ciento y no el
25 por ciento de las plazas vacantes por reposición de efectivos, pues
esta medida, de aprobarse, va a perjudicar el nivel de prestación de
servicios de la función pública. De enorme importancia son también, bajo
nuestro punto de vista, dos enmiendas que pretenden evitar el blindaje
explícito, o cualquier otro tipo de blindaje de los contratos en el
sector público, a través de fórmulas como la productividad para los altos
cargos o los dobles sueldos que significan las retribuciones por
asistencia a reuniones de órganos colegiados de administración de
empresas con capital o control público. Finalmente, la enmienda número
126 pretende corregir un agravio comparativo existente entre las pagas
extras del sector privado y las del sector público, introduciendo en
ellas el complemento de destino, a fin de acercar la cuantía de las pagas
extraordinarias al salario mensual percibido.
Mucho nos tememos, señores del Partido Popular, que a su flamante
Gobierno le ha salido un duro escollo que junto a los mineros asturianos
y a otros empleados de empresas públicas, tarde o temprano, les va a dar
a ustedes un serio disgusto. Negocien ahora que están a tiempo, negocien
y no incumplan y congelen unilateralmente, que les irá mejor, que nos irá
mejor a todos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Quiero hacer unas breves consideraciones antes de intervenir para
defender, en nombre de mi grupo, la enmienda que tenemos viva a este
título, a raíz de las argumentaciones que han expuesto otros portavoces,
especialmente el portavoz del Partido Socialista en relación a todo el
contenido de este título III.
Señor Caldera, sabe perfectamente que las medidas que contempla este
título han sido adoptadas por el Gobierno y puestas a consideración de
esta Cámara, y la medida de congelación salarial es una medida a la que,
una vez adoptada por el Gobierno, por razones de política general y de
políticas presupuestaria, mi grupo ha aceptado dar apoyo. El señor
Caldera sabe que el Gobierno socialista tomó dos veces consecutivas una
decisión equivalente de congelación de las rentas salariales de los
funcionarios públicos. No es ésta la primera vez que la Cámara tiene la
responsabilidad de aprobar o no aprobar una decisión de esta naturaleza
adoptada por el Gobierno. Nuestro grupo entiende que las circunstancias
que acompañan esa decisión se enmarcan en la estrategia de garantizar la
incorporación de España a la Unión Europea y alcanzar un acuerdo en torno
a unos presupuestos que sean restrictivos y nos permitan reducir el
déficit público. Sin duda, hacemos descansar ese esfuerzo en el personal
de la Administración pública, lo cual, quizás, está en el terreno de lo
opinable; es de las medidas que en todo caso tendrá muchos argumentos a
favor y otros muchos también en contra. Nuestro grupo entiende que ahora
no podemos retrotraer esa decisión. Si obligáramos al Gobierno a cambiar
esta medida, entraríamos en una quiebra de imagen ante la sociedad,
estaríamos incorporando un elemento que distorsionaría quizás uno de los
puntos más fundamentales del marco económico del año 1997, y no
quisierámos entrar en desestabilizaciones en cuanto al presupuesto
público ni tampoco en la repercusión e incidencia que ello tendría en
cuanto a las retribuciones salariales en la economía privada.
El año 1977 va a ser un año de rentas moderadas, de actualización de
rentas moderadas. No podrá ser de otra forma, puesto que, de lo
contrario, el país no avanzaría en la reducción de la inflación, no
avanzaría en la contención del gasto público, no avanzaría en los
objetivos de incorporar el país a la Unión Económica y Monetaria. Sólo y
exclusivamente por estas razones nuestro grupo ha mantenido su posición
de aceptar esa decisión, que es una decisión del Gobierno, no de nuestro
grupo parlamentario, pero a la que vamos a dar el apoyo que merece en
esta Cámara.
En cuanto a la enmienda número 1.219, la única viva a este título,
quisiera dar algunas explicaciones para justificarla. Señorías, se trata
de que en el presupuesto se contempla la limitación del 25 por ciento
sobre plazas vacantes como el límite máximo que se puede convocar de
nuevas plazas de personal en varios ámbitos de las Administraciones
públicas. Nuestro grupo considera que esta limitación del 25 por ciento
sobre las plazas vacantes es una limitación que no debería operar en
determinadas circunstancias. Básicamente,
entendemos que no debería operar en la aplicación de la Logse, que es uno
de los supuestos, ni en el desarrollo de la policía autonómica, que es el
otro supuesto. Si hemos de aplicar la ley (creo que todas
SS. SS. entienden que la ley se hace para que se aplique y esta Cámara
hace las leyes para que se apliquen), si la Logse es una ley que, en sí
misma, se debe aplicar y desarrollar en el año 1997, no se puede mantener
esa limitación del 25 por ciento de plazas vacantes, porque no se podrán
crear las plazas necesarias para entenderla y aplicarla durante el
próximo año. Por tanto, mediante la enmienda número 1.219 --quizás la
redacción es excesivamente abierta y genérica-- proponemos unas
determinadas excepciones. El hecho de que esta enmienda fuera votada
negativamente por el Grupo Popular en la Comisión, ha dado pie a que
nuestro grupo reflexione un poco más sobre su contenido y planteamos,
señor Presidente, una transaccional a dicha enmienda, con el ánimo de
alcanzar en esta Cámara un acuerdo; transaccional que, tan pronto
termine, señor Presidente, acercaré a la Presidencia para que la conozca.
Se trata, señorías, de que incorporemos estos dos supuestos: el supuesto
de que ese límite no opere en aquellas comunidades autónomas en las que
se deba desarrollar la Logse y en aquellas comunidades autónomas donde se
deban desplegar la policía autonómica. En la comunidad autónoma a la que
pertenezco, si se debe desarrollar el modelo autonómico, sólo por la
obligación legal que tenemos de desarrollar el modelo autonómico, no
podríamos cumplir el límite del 25 por ciento. Por eso proponemos a la
Cámara que se añada al artículo diecisiete punto cuatro, un párrafo que
diga lo siguiente: Asimismo no será de aplicación el cómputo de plazas de
nuevo ingreso a que se refiere el párrafo anterior a aquellas comunidades
autónomas a que se refiere el apartado dos de la disposición final
primera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, en relación a la determinación del número de
plazas para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes, así como a
aquellas comunidades autónomas que deban efectuar un despliegue de los
efectivos de policía autonómica en su territorio en relación a la
cobertura de las correspondientes plazas para el desarrollo de su modelo
policial.
En estos dos supuestos, especialmente en estos dos --entendemos que
existe una evidencia clarísima de que si hay que cumplir la ley no se
podría desarrollar porque vulneraríamos el límite del 25 por ciento--,
proponemos esta transaccional a nuestra enmienda 1.219, con el ánimo de
que el Grupo Popular y también los demás grupos parlamentarios,
especialmente el Grupo Socialista, puedan dar apoyo a esa enmienda que
proponemos.
Nuestro grupo no va a utilizar el turno de réplica a las intervenciones
que han hecho los demás portavoces sobre toda la problemática que
acompaña al título III. Somos conscientes del alcance de las medidas que
se toman en este proyecto de ley de presupuestos. Como hemos hecho en
otras ocasiones con gobiernos de otro signo político que han tenido que
tomar decisiones equivalentes, con el riesgo que ello supone siempre,
cualquiera que sea el signo político de Gobierno que las tome, nuestro
grupo va a mantener su posición porque creemos que es mucho mejor en
estos momentos para el clima general del país, para la ordenación de la
economía y para el desarrollo del presupuesto del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Zabalía, por el Grupo Vasco (PNV).
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Aunque mi grupo no ha presentado enmiendas a
este título, me permito solicitar de la Presidencia que pueda contestar a
alguna de las cuestiones que se han planteado por otro grupo
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Si no le importa, señor Zabalía, podrá hacerlo una
vez haya consumido su turno el Grupo Mixto, que sí ha presentado
enmiendas y por tanto es prioritario en su exposición, y después lo harán
los grupos que deseen fijar su posición.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender las enmiendas
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego al título III del proyecto
de ley de presupuestos generales del Estado. Esas enmiendas están
orientadas a incrementar el salario de los empleados públicos en un 2,6
por ciento, por tanto son contrarias a la congelación salarial que se
propone, a hacer menos restrictiva la contratación de nuevo personal de
la Administración y a permitir la autonomía de comunidades autónomas y
ayuntamientos para fijar sus presupuestos y, por tanto, para fijar los
incrementos salariales de sus trabajadores.
Los presupuestos para 1997 están condicionados, desde nuestro punto de
vista, por un objetivo claramente monetarista y también por el llamado
Tratado de Maastricht, y buscan una reducción del déficit público a un
máximo del 3 por ciento del producto interior bruto para 1998 y a su
práctica eliminación en el horizonte del 2000. El Gobierno opta para
cumplir con este objetivo, entre otras medidas, por la congelación
salarial de los empleados públicos. En realidad opta por disminuirles los
salarios reales porque el coste de la vida, como todos ustedes saben,
seguirá subiendo mientras que los salarios no lo harán. Lo hace, además,
saltándose el compromiso firmado entre la Administración
y los sindicatos, compromiso que preveía los aumentos salariales para el
año 1997. Utiliza, además, una vía que desde nuestro punto de vista ya se
reveló como ineficaz en anteriores congelaciones salariales, que ya
demostraron que no resuelven el problema del déficit público. Hay que
recordar que en 1994 tuvo lugar la última congelación decretada por el
Gobierno anterior, con los escasos resultados en el sentido a que me
refiero.
Se lleva con estas medidas también a los empleados públicos a una pérdida
continuada del poder adquisitivo, que en los últimos años alcanza el 11
por ciento. Provoca la desmotivación profesional y va en contra del
objetivo de conseguir una administración pública eficaz que dé servicio a
los ciudadanos de una manera adecuada. Además, es una medida
indiscriminada y, por tanto, mucho más perjudicial para los empleados
públicos con un nivel salarial más bajo. Está claro que es una medida que
afecta más a aquellos empleados públicos que ganan 100.000 o 150.000
pesetas que a los que perciben 200.000 o 250.000 o cantidades mayores. Es
una medida que para buscar el ahorro público contradice otras que desde
nuestro punto de vista tomó el Gobierno en sentido contrario. El ahorro
que consigue la Administración con ella trata de compensar la pérdida de
ingresos que va a sufrir la Hacienda Pública como consecuencia de medidas
fiscales tomadas el pasado mes de junio y que favorecían desde luego a
las rentas del capital.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego cree que la congelación salarial
de los empleados públicos es una medida injusta, porque estos
trabajadores ya vienen sufriendo constantes recortes en los salarios en
los últimos años, y es ineficaz porque el problema del déficit no se va a
resolver por esa vía. Por eso planteamos que a estos empleados se les
suba su salario en un 2,6 por ciento en el año 1997, en función del IPC
previsto, para lo cual presentamos una serie de enmiendas al título III.
Además, el texto del proyecto de ley, en su artículo diecisiete, apartado
cuatro, establece también medidas excesivamente restrictivas para la
contratación de nuevos empleados públicos. Con la enmienda número 948 que
presentamos proponemos eliminar las expresiones concretas que aparecen en
el texto relativas a la convocatoria de nuevas plazas en la
Administración pública, respetando, desde luego, una formulación
genérica, que ya figura en el texto original, y que dice que durante 1997
las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se
concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren absolutamente prioritarios. Esto a nosotros nos parece
suficiente para conseguir el objetivo de prudencia en la contratación de
nuevo personal en la Administración pública, pero sin que resulte tan
restrictivo como lo que propone el proyecto de ley, que de alguna manera
impediría cubrir las necesidades de algunos servicios.
Mediante la enmienda número 949 proponemos la supresión del apartado
cinco del artículo diecisiete, porque al establecer en la normativa el
carácter de básico de la denominada congelación salarial lo hace
obligando a las comunidades autónomas y ayuntamientos al cumplimiento de
tal norma. Nosotros expresamos de esta manera nuestra opción en defensa
de la autonomía de las comunidades y de los ayuntamientos a la hora de
elaborar sus presupuestos. Naturalmente, si en el ejercicio de esa
autonomía optasen por la vía de la congelación salarial, sería una opción
absolutamente legítima, pero la imposición uniformizadora que propone el
proyecto de ley va en contra de la capacidad de decisión de las
comunidades autónomas y resulta incoherente con los nuevos márgenes de
autonomía fiscal que para las mismas se propone introducir y que están
siendo objeto de discusión en esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a comenzar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, con la defensa
de una enmienda que nuestro grupo parlamentario ha mantenido viva para su
debate y votación en la sesión correspondiente al debate plenario del
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Obvio es decir que
si se mantiene viva es porque la enmienda no ha obtenido los votos
suficientes para ser incorporada al dictamen sobre el articulado del
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
La enmienda a la que estoy haciendo referencia, como SS. SS. sin duda
conocen, es la 1.284, que es de modificación al artículo diecisiete, uno,
letra i), del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Saben
SS. SS. que a lo largo del artículo diecisiete del proyecto de ley, como
en ejercicios anteriores, se hace referencia a lo que constituye el
sector público estatal, y se pasa a hacer la enumeración correspondiente
de las Administraciones de las comunidades autónomas, organismos de ellas
dependientes, corporaciones locales, órganos constitucionales del Estado,
entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social, y en el apartado
i) concretamente, que es el objeto de la enmienda, se hacía en el
proyecto referencia a las sociedades mercantiles públicas que perciban
subvenciones de explotación con cargo a los presupuestos públicos o
con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al
sector público.
La enmienda persigue la finalidad de acomodarse a una nueva filosofía
que, como SS. SS. conocen perfectamente, ha introducido el Gobierno y
apoya el Grupo Parlamentario Popular, por lo que a sociedades públicas se
refiere. En gobiernos socialistas precedentes, había la técnica y la
táctica de hacer aportaciones a las empresas públicas deficitarias a
través de lo que se llamaba subvenciones a la explotación. Como SS. SS.
saben, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han cambiado este
criterio por el de capitalizar a las empresas en la medida de lo posible.
Es decir, en lugar de tratar de beneficiar mediante subvenciones de
déficit a la explotación, se trata de capitalizarlas a través de las
correspondientes aportaciones de capital.
Si la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no se introdujese,
paliando la redacción inicial que sólo hacía referencia al concepto de
subvenciones a la explotación al entender del Grupo Parlamentario Popular
el artículo diecisiete quedaría deficientemente concebido, toda vez que
el denominador común y el espíritu que persigue en su configuración
conjunta pretende que se rijan por igual todas aquellas sociedades, entes
y entidades que constituyen el sector público que perciban aportaciones
públicas por cualquier vía que provenga de los Presupuestos Generales del
Estado. Entendemos que es más correcta la redacción que presentamos en la
enmienda a la que hice referencia, para que el no incremento en las
retribuciones salariales no tenga vías de escape que permitan desvirtuar
algo que pretendemos concebir de forma unitaria, de acuerdo con el
concepto presupuestario de ajuste y esfuerzo que concibe el Gobierno y
que apoya nuestro grupo parlamentario.
Dicho esto, y defendida la enmienda que ha quedado viva, espero que con
más fortuna en la sesión plenaria de hoy que la conseguida en el seno de
la Comisión de Presupuestos, voy a pasar a hacer alguna referencia a las
intervenciones del resto de los portavoces parlamentarios.
En primer lugar, y por su orden, voy a tratar de dar réplica, espero que
con fortuna, a lo que ha sido un perfecto mitin electoral del portavoz
socialista. Ha elegido su escenario, en el que él se encontró
absolutamente cómodo en este debate presupuestario, y que fue el discurso
del mitin, el discurso facilón, el discurso demagógico y el discurso, si
me permite la calificación, absolutamente inadecuado e insensato por los
calificativos que en ocasiones imputó al Gobierno, a sus miembros, al
propio Presidente del Gobierno y a la totalidad del Grupo Parlamentario
Popular. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien. Muy bien!)
Señor Caldera, no vamos a tolerar, al menos pacíficamente y con
resignación, que desde los bancos socialistas se nos den lecciones de
cumplimientos, de transparencia, de honestidad y de honradez en la
gestión de lo público. No lo vamos a tolerar con resignación, porque
ustedes han practicado justamente lo contrario en los últimos anos. Y así
les ha ido. Ahí les han colocado los ciudadanos de este país: en la
oposición. Si ustedes hubiesen sido tan pulcros, tan cumplidores y tan
escrupulosos, seguramente estarían ocupando el banco azul y no la
oposición, que es donde se coloca uno cuando no tiene la confianza de los
ciudadanos, cuando los ciudadanos depositan su confianza en otra opción
política en la que llevo militando muchos años y de la que yo
personalmente me siento absolutamente orgullosa. Le puedo asegurar que ni
este proyecto presupuestario ni ninguna iniciativa parlamentaria, desde
que tomó posesión el Gobierno del Partido Popular, nos ha causado ni
sonrojo, ni bochorno, sino legítimo orgullo, porque hemos cumplido
escrupulosamente el mandato. Le voy a explicar, para su colección
particular, los mandatos que cumple el Gobierno y el grupo parlamentario
que apoya a este gobierno.
Ha hecho referencia al programa electoral del Partido Popular, y me
parece muy bien porque era un buen programa, no como el de ustedes que
les colocó en la oposición. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien. Muy
bien!) Pero no sé por qué usted ha obviado otros dos acuerdos que para el
Partido Popular y, sin duda para el Gobierno, porque yo lo he oído aquí
al propio Presidente y a muchos ministros en innumerables ocasiones,
forman un bloque unido y que son los acuerdos de gobernabilidad y el
pacto de investidura. Como quiera que ha habido transparencia, ha habido
diálogo y han sido unos acuerdos y unos pactos públicos, que han conocido
todas aquellas personas que quisieron conocerlos, no se trata, señor
Caldera, de acuerdos invisibles. Se trata de un bloque constituido por
nuestro programa electoral, por los acuerdos de gobernabilidad y por el
pacto de investidura que, fruto de un acuerdo histórico y respecto al que
seguramente necesitaremos distancia suficiente para poder elogiarlo en
sus justos términos, ha conseguido el señor Aznar en esta Cámara, y sobre
la base de esos acuerdos históricos con fuerzas nacionalistas de nuestro
país, ha llegado legítimamente a ocupar el Gobierno de nuestra nación.
Usted dice --y voy a recordar exactamente sus palabras-- que detrás de
todos los presupuestos había un conflicto, y que detrás de estos
presupuestos había muchísimos conflictos. El único conflicto que existe
aquí es el que quiere crear artificialmente el Grupo Parlamentario
Socialista. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular podemos decir
con absoluta satisfacción, señor Caldera, que son unos presupuestos de
centro, de consenso, de diálogo y de acuerdo. Ustedes tendrán que saber
por qué son los únicos o casi los únicos que se quedan fuera del proyecto
presupuestario que ha presentado el Gobierno a la Cámara. Hemos concitado
el acuerdo de Convergència i Unió, hemos
concitado el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco, hemos concitado el
acuerdo del Grupo de Coalición Canaria y hemos concitado el acuerdo de no
pocas fuerzas sociales. Ha habido importantes encuentros, y no
desencuentros, que prueban el diálogo y el talante de un Gobierno que
hace eje fundamental de su política ese diálogo y ese acuerdo en una
sociedad tan controvertida y tan difícil, y ha habido acuerdos en los que
son ustedes los únicos que se quedan solos. Doce autonomías y siete
partidos políticos, señor Caldera, han llegado a un buen acuerdo
autonómico. Ustedes no. El Gobierno y los sindicatos han llegado a un
acuerdo en desarrollo del Pacto de Toledo en el tema de las pensiones,
aquel tema que ustedes ponían en solfa en la precampaña y campaña
electoral. Pues ha habido un acuerdo en este país, y creo que se puede
constatar y subrayar con satisfacción.
Ustedes se empeñan en que subamos los impuestos en España y nos tildan de
hacer regalos a las pequeñas empresas por tener una desgravación del 15
por ciento en los módulos. Yo creo que ustedes deben explicar más porqué
dicen que es un regalo envenenado y de esto se deben enterar mejor los
ciudadanos de este país. Porque dentro de la política de austeridad
presupuestaria y de esfuerzo que caracteriza a este proyecto de
presupuestos generales del Estado, dentro de ese esfuerzo, que usted
censure que en un sector que crea empleo y puestos de trabajo en este
país, como son las pequeñas y medianas empresas en España, haya habido
una rebaja en su fiscalidad y que usted lo califique, a tontas y a locas,
como un regalo que hace el Gobierno sin atenerse a razón, a mí,
sinceramente, me cuesta bastante seguirle en sus planteamientos. Como me
cuesta también seguirle bastante en sus planteamientos, señor Caldera,
cuando está haciendo referencia a la subida salarial de los empleados
públicos.
Ustedes plantean una subida salarial del 2,6 por ciento para el Gobierno,
para los altos cargos y también para los empleados públicos en nuestro
país. La tesis del Grupo Parlamentario Popular y del propio Gobierno, y
así lo ha constatado el Ministro de Economía y Vicepresidente Segundo
cuando ha presentado los presupuestos en esta Cámara, se ha dicho una y
mil veces, es que se está pidiendo un esfuerzo a los empleados públicos,
que ese esfuerzo es solidario porque el Gobierno y los altos cargos, como
no podía ser de otra forma, van a practicar la misma no subida salarial
que se va a establecer, seguramente con la aprobación de esta Cámara,
para los empleados públicos en este país. Usted sabe perfectamente, señor
Caldera, que a un Gobierno le resulta muy incómodo y seguramente muy
difícil adoptar medidas de austeridad y de esfuerzo, y a cualquier
Gobierno le gustaría estar en disposición económica de poder decirles a
los empleados públicos que van a tener un incremento en sus retribuciones
a lo largo de todo el año 1997. Pero es que la situación económica en la
que estamos es la que es, y ustedes de eso saben mucho. Ustedes saben,
por ejemplo, el agujero económico que han dejado y que ha heredado el
Gobierno del Partido Popular. Ustedes saben mucho del despilfarro que han
hecho en el gasto corriente y que, como consecuencia, tenemos que hacer
un esfuerzo importantísimo de austeridad presupuestaria para poder
reducir ese gasto corriente exagerado que ustedes han propiciado en los
últimos años.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Usted sabe muy bien también que es preocupación de este Gobierno y de
este grupo parlamentario conseguir una modernización y profesionalización
de la administración pública en España. Dentro de esos criterios de
profesionalización y de modernización, señor portavoz socialista, ha
presentado el Gobierno la ley que por fin va a redistribuir y a poner en
su sitio adecuado, después del desarrollo autonómico y local, lo que es
la administración periférica. Ustedes pudieron hacerlo durante trece años
y no han presentado un estatuto de la Función pública --trabajo del que
está ocupándose el actual Gobierno--, ni han hecho tampoco un desarrollo
y un ajuste de la Administración periférica. Por tanto, dar lecciones tan
gratuitamente como usted nos las pretende dar e intentar imputarnos caos
y desórdenes en la Administración, que sólo son imputables a quienes
gobernaron con anterioridad, señor Caldera, al menos a mí me resulta
llamativo, paradójico y un tanto equivocado en sus precisiones.
Desde luego estamos convencidos de que con este proyecto presupuestario,
y concretamente en este capítulo, estamos pidiendo un esfuerzo que no va
a ser baldío, sino que va a ser el marco necesario para cumplir lo que
ustedes nunca cumplieron, los objetivos de convergencia y, en
consecuencia, poder dar a este país lo que ustedes tampoco pudieron dar:
empleo, riqueza, prosperidad y confianza en el futuro. Señor Caldera,
tampoco fueron capaces de darlo, porque los ciudadanos así han
respondido.
A las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que plantean
cuestiones similares a las del Grupo Socialista en cuanto al incremento
salarial, por economía procesal --y no se tome como falta de deferencia--
se podrán aplicar los mismos razonamientos y planteamientos, quitadas las
imputaciones personales que tan calurosamente vertió el señor Caldera en
su intervención, y las argumentaciones que he hecho a lo largo del debate
de todo este título.
La enmienda transaccional que explicaba el representante del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), en
los términos que la ha defendido y presentado, contará con el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados del Grupo
Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Zabalía, para una toma de posición muy breve.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, porque no tenía intención de intervenir, pero las
manifestaciones del señor Caldera hacen necesario que diga algunas
precisiones y le haga algunas aclaraciones que sé que conoce, pero que
obvia conocerlas en aras al discurso.
Señor Caldera, estamos hablando de dos administraciones distintas: la
Administración vasca y la del Estado; estamos hablando de dos
presupuestos distintos: el presupuesto del Estado y el presupuesto de la
Administración pública. Por cierto, presupuesto del Estado en el que
ustedes lograron alcanzar la cifra récord de déficit público del 7 por
ciento, mientras que nosotros estamos por debajo del 1 por ciento, en
este caso en el 0,3 por ciento. Luego estamos hablando de situaciones
totalmente distintas. Pero todavía hay más. Nos acusa de que subimos los
sueldos en la comunidad autónoma vasca y que aquí apoyamos al Gobierno
del Partido Popular, que los ha congelado. Nosotros estamos haciendo
política en el País Vasco y en el Estado, y estamos haciendo la política
adecuada en cada uno de los dos sitios. Pero es más, ustedes también lo
están haciendo, señor Caldera, porque su partido en la Comunidad Autónoma
del País Vasco propició que en los años 1993 y 1994 se congelaran los
salarios de cargos públicos; incluso en el año 1994 se congelaron los
salarios de todos los funcionarios y del personal de la Administración
del Estado; ustedes, señor Caldera, del Partido Socialista, su Partido
Socialista en Euskadi.
Por tanto, tiene que saber --y no haga demagogia-- que aquí todos estamos
haciendo política, dependiendo del momento y la situación y por eso nadie
hasta ahora se rasgaba las vestiduras. Pero parece ser que ustedes se
olvidan de que, en su momento, durante tantos años, también nosotros
tuvimos la buena voluntad --voy a contestar con la mayor brevedad
posible, señor Presidente--, cuando ustedes gobernaban, de apoyarles, y
entonces no se quejaban. Por tanto, señor Caldera, sea consciente y sea
más exacto en sus manifestaciones. Entérese bien de cómo están
funcionando las cuentas públicas en el País Vasco y verá entonces que
allí hay posibilidades de hacer cosas que nosotros sabemos que aquí no se
pueden hacer hoy.
Creo que con eso dejo suficientemente claras algunas explicaciones que yo
pensaba que usted ya conocía; pero, de todas formas, si no lo sabe, creo
que ahora ya sí.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
El señor Caldera y el señor Vaquero tienen un turno de réplica de tres
minutos. No quiero tener que recordar a la Cámara cuál ha sido el exceso
de tiempo en sus intervenciones iniciales. Por tanto, a los tres minutos
les retiraré la palabra.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Zabalía, efectivamente, en el año 1994 se adoptó una decisión que
fue armónica para todas las administraciones públicas. Sólo he querido
poner de manifiesto el hecho de que hacer política, con consecuencias
diversas, sobre un mismo colectivo, que son los empleados públicos, no
nos parece procedente. Nada más, no he querido decir otra cosa. En el año
1994 se congelaron los salarios en la Administración del Estado y en el
resto de las administraciones. Ahora llama la atención que se congelen
aquí los salarios y no se haga en algunas administraciones de comunidades
autónomas. Es lo único que he dicho.
Con respecto a la intervención del señor Homs, quiero decir que,
efectivamente, el Gobierno socialista tomó una decisión en un marco
absolutamente distinto, señorías; no tiene nada que ver el marco actual
con el de entonces, por cuanto el crecimiento económico y la variable
déficit eran muy distintas a las que existen ahora. En todo caso,
simplemente recordando que ha habido un acuerdo del Gobierno con los
representantes de sus empleados posterior a aquel tratamiento de
congelación de retribuciones, simplemente por ese hecho, se debería
respetar aquella decisión.
Por último, el señor Homs dice que es en virtud de alcanzar la
convergencia por lo que ellos aceptan esta medida. Me parece loable la
búsqueda de la convergencia; simplemente he dicho, con abundancia de
argumentos, cómo hay otros caminos para conseguirlo.
Señora representante del Partido Popular, ¿por qué dice S. S. que un
mitin es algo facilón? Mire usted, su compañero de escaño, señor
Alvarez-Cascos, los prepara mucho, los prepara muchísimo. No debe ser
algo tan fácil dar un mitin; no debe ser algo tan fácil, creo que es algo
relativamente complicado.
Yo he venido aquí a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y a solicitar a ustedes que expliquen una decisión de
gobierno. A ustedes no les han elegido para hacer oposición a la
oposición; ustedes no han sido elegidos para criticarnos, sino,
teóricamente, para aplicar su programa y responder del mismo ante el
Parlamento, en este caso, el Congreso de los Diputados. Por tanto, S. S.,
cuando no tiene razones, busca circunloquios y se sale del marco del
debate.
¿Qué tiene que ver todo lo que usted ha dicho sobre el pacto de
financiación autonómica, sobre el pacto de pensiones --que discutiremos
después, lo veremos a lo largo de este debate--, con la medida (que
prudentemente ha retirado, a la que no ha hecho ninguna referencia) de
congelación de salarios de los empleados públicos en un año en el que el
crecimiento económico va a ser elevado y en el que el control del déficit
se garantiza. Y yo no digo que haya que subir los impuestos, no; digo que
no hay que bajarlos por una decisión injusta e ineficaz.
Por último, no será tan facilón el discurso cuando yo no confundo algo
tan serio como el título competencial, señoría, que atribuye la
Constitución a cada entidad, en este caso comunidades autónomas y Estado,
con la jerarquía normativa. Ya sé, señor Zabalía, que son entidades
distintas. ¿Cómo es posible aceptar entonces que ambas se regulen por la
jerarquía normativa? Un poco de coherencia, por favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Su señoría no ha aludido a las enmiendas que hemos presentado respecto al
incremento de la oferta de empleo público y a su no congelación o
restricción, ni las ha mencionado, ni las ha contraargumentado. Yo no
debo deducir, sin embargo, que vayan a aceptar ustedes estas enmiendas
--desmiéntannos y estaremos muy satisfechos-- que hacen alusión a la
discrecionalidad en el reparto de las productividades y de las
gratificaciones que pretenden evitar los dobles sueldos y el blindaje de
los contratos.
Para nosotros esto tiene mucha importancia, porque, cuando se habla
precisamente de congelación salarial, por esta vía puede ser que esa
congelación salarial se aplique a la inmensa mayoría y, mientras tanto,
unos pocos sigan teniendo incrementos salariales por la puerta falsa, por
la puerta pequeña. Por eso nosotros hemos introducido también este año
especialmente esta clase de enmiendas. Y quisiéramos que hubiera control
sindical y parlamentario de este tipo de instituciones salariales en la
función pública. No nos ha contestado y nos gustaría obtener una
respuesta, a ser posible, en positivo.
Señora Fernández, ha dicho que se está pidiendo un esfuerzo a los
empleados públicos. Eso no es cierto, señoría. Se les está imponiendo un
esfuerzo. Si ustedes quieren pedir el esfuerzo, dialoguen con los
empleados públicos y sus sindicatos, hablen con ellos, negocien como es
su obligación legal. Así se les pedirá, no se les impondrá. Por cierto,
si finalmente se realiza esa negociación, como sería el deseo
posiblemente de los empleados públicos de este grupo, sin duda alguna, de
la inmensa mayoría de los ciudadanos, que tendrían más tranquilidad y más
confianza en su Gobierno y en este Parlamento, no tengan ningún miedo en
enmendarla. Aquellos consejos que, vengan de donde vengan, plantean
sostenerla y no enmendarla en función de mantener una imagen por parte
del Gobierno, no son ciertamente, desde nuestro punto de vista,
recomendables. Rectificar es de sabios. Señorías, rectifiquen, negocien
con los empleados públicos y no cometan de nuevo este error que podríamos
pagarlo todos por la vía de un detrimento de los servicios públicos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a tratar de responder, y lo haré en orden inverso,
porque lleva razón el portavoz de Izquierda Unida respecto a dos
cuestiones que planteó en su intervención y a las que yo no hice
referencia en la contestación.
Su señoría sabe perfectamente --porque, sin duda, ha seguido el debate en
el seno de la propia Comisión-- que dentro de este título III para el
Grupo Parlamentario Popular y para el propio Gobierno que envía el
proyecto a las Cámaras hay muchos aspectos importantes, pero hay dos
fundamentales: el no incremento en la retribución
salarial de los empleados públicos del Gobierno y de los altos cargos y,
por otro lado, el que no exista un incremento de la oferta pública de
empleo, donde aparece cifrado en esa barrera del 25 por ciento de la
reposición efectiva. Para nosotros forma un elemento de conjunto dentro
de ese criterio de austeridad, de ajuste y de esfuerzo.
Desde luego S. S. decía que no tuviésemos miedo. Entiendo que se refería
más al Gobierno, pero como grupo parlamentario yo recojo la indicación de
rectificar. Señoría, no tenga ninguna preocupación. Cuando nos
equivoquemos y tengamos que rectificar, así lo haremos, pero denos S. S.
también la posibilidad de creer, cuando estamos en lo acertado y en lo
adecuado, como es en la concepción de este presupuesto --no nos pida
usted rectificar, porque estamos convencidos--, que este es el
presupuesto de centro, de consenso y el que necesita España para generar
empleo y confianza de los mercados internacionales.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Caldera, yo no sé qué
problemas tiene con la jerarquía normativa y con la norma básica. Parece
que cogió una especie de regusto a esa expresión y la repite una y otra
vez en sus sucesivas intervenciones. Yo desde la tribuna creo que no he
hecho ninguna referencia ni al artículo 149.1.13 ni tampoco a ninguna
normativa básica.
Pero me llama la atención que S. S. se asombre de un planteamiento de no
incremento en la retribución salarial de los empleados públicos cuando
--y tengo que hacer referencias, porque los datos, señor Caldera,
conforman los antecedentes más inmediatos de nuestra propia historia
española-- en gobiernos anteriores --gobiernos socialistas-- se optó por
la vía de la congelación salarial y no se cumplió ningún parámetro ni se
presentaron como unos presupuestos diferentes ni austeros ni ajustados, y
con un crecimiento económico, como se vio al acabar el ejercicio,
bastante considerable. Yo me pregunto: ¿cómo es posible que, practicando
esas políticas económicas tan incoherentes, pidiendo esfuerzo a los
funcionarios y no incrementando sus retribuciones con crecimientos
económicos relativamente aceptables, nos impute a los demás, que queremos
cumplir con los objetivos de convergencia, que queremos recobrar la
confianza internacional y que queremos tener una economía saludable y
saneada, decisiones que ustedes han apoyado desde esos bancos y que
gobiernos anteriores han practicado?
Y desde luego, señor Caldera --y con ello finalizo, señor Presidente--,
por repetir una cosa no se convierte en verdad. Señor Caldera, por
repetir una cosa muchas veces uno se convierte en pesado, pero no puede
aspirar a que se convierta en verdad. Y usted repite incesantemente que
el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular estamos dando carta de
naturaleza al incumplimiento de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos. Y
usted sabe que eso no es cierto, señor Caldera, usted lo sabe, porque
todos los años en el debate más importante que se produce en el
Parlamento, en el debate presupuestario, la propia autonomía política, la
propia autonomía decisoria del Gobierno y de los grupos parlamentarios
que discuten y aprueban el presupuesto, entre sus aspectos o competencias
está el establecer o no y, en su caso, a través de qué incremento
porcentual, la retribución salarial.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.
Y usted sabe que ese acuerdo que invoca tenía una disposición que usted
lee, pero también tenía otras disposiciones que usted no lee, porque sabe
perfectamente que se ligaba la posible subida salarial a la marcha de la
economía en nuestro país y a los parámetros y criterios de déficit
público y de otros criterios de convergencia. Y conforme a ese espíritu,
y también a la literalidad de ese acuerdo que usted invoca, el Gobierno
no está incumpliendo acuerdo alguno, está, insisto, adoptando una
decisión difícil, pidiendo esfuerzo y practicando, señor Caldera,
austeridad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Para la lectura de la enmienda transaccional propuesta, tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda que proponemos consiste en añadir un nuevo párrafo al final
del punto cuatro del artículo diecisiete, con el siguiente texto:
Asimismo, no será de aplicación el cómputo de plazas de nuevo ingreso, al
que se refiere el párrafo anterior, a aquellas comunidades autónomas al
que se refiere el apartado segundo de la disposición final primera de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, en relación a la determinación del número de plazas para el
acceso al cuerpo de funcionarios docentes, así como a aquellas
comunidades autónomas que deban efectuar un despliegue de los efectivos
de policía autonómica en su territorio, en relación a la cobertura de las
correspondientes plazas para el desarrollo de su modelo policial. Si se
acepta dicha enmienda transaccional, señor Presidente, mi grupo retiraría
la enmienda 1.219.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Pasamos al debate de los títulos IV y VIII, que se agrupan para su debate
conjunto. Han presentado enmiendas a los títulos IV y VIII los Grupos
Parlamentarios Socialista, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Vasco (PNV).
En consecuencia, siguiendo el orden del debate, para la defensa de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
tomo la palabra para oponerme, con firmeza pero también con espíritu
constructivo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a los
presupuestos que presenta el Gobierno en estos títulos tan relevantes que
se refieren a los ingresos y a los gastos en pensiones de la Seguridad
Social. Esta ha sido nuestra actitud al redactar las enmiendas, ha sido
también nuestra actitud al defenderlas en Comisión, así será en este
debate plenario y así será en el debate de la Sección 60, y es muy de
lamentar que haya sido desatendido este talante constructivo en los
trámites precedentes. Esperemos que no sea este el devenir de los
actuales y de los que sigan a éste.
Señores del Partido Popular, tenemos que oponernos con firmeza porque
estamos convencidos de que estos presupuestos van a lesionar seriamente a
la Seguridad Social. Sin duda, el portavoz del Grupo Popular me va a
responder diciendo que cómo se puede afirmar tal cosa si en este título
IV no se retrocede nada
respecto a la situación anterior y el Gobierno se compromete en el mismo
a mantener los beneficios y la capacidad adquisitiva de las pensiones.
No es ninguna afirmación baladí la que yo les hago, señores Diputados de
la mayoría, por la muy evidente razón de que, cuando se daña un edificio,
se daña en mayor medida si la agresión la sufren los cimientos de la
institución, con independencia de que se toque o no se toque la parte
visible del edificio, que es este título IV. Este es el caso de este
titulo y de estos presupuestos. La agresión es profunda, porque daña la
estabilidad de la institución y, además --ustedes me permitirán que lo
diga con respeto pero con firmeza--, es una agresión insidiosa, porque se
compatibiliza con gestos, con palabras y con artículos ornamentales que
inevitablemente se llevará el viento, como se lleva el viento todo lo que
carece de sentido y peso específico, aunque coyunturalmente aún van
ustedes a poder cubrir, al menos por unos meses, los designios de
entretener a los que frivolizan sobre la Seguridad Social, aún van
ustedes a poder engatusar a los crédulos o van a alimentar los argumentos
de los que cobran por echarles incienso.
Hemos intentado con espíritu constructivo que no cometan este error. Les
hemos ofrecido una alternativa más sensata en ingresos y gastos para
minimizar el riesgo de sus cifras. No nos han hecho el menor caso, a
pesar de que son totalmente conscientes de la situación en la que vive la
Seguridad Social y en la que va a vivir el próximo ejercicio. Nosotros lo
vamos a intentar otra vez de nuevo. Vamos a darles nuestros argumentos
esta tarde, a ver si conseguimos minimizar los riesgos que ustedes
suponen para la Seguridad Social.
Desde luego, si nos atuviéramos a un estricto sentido partidista, que es
lo que hacían ustedes en similares trámites a los de hoy cuando estaban
en la oposición, les pondríamos enmiendas de más gasto en el título IV
para congraciarnos con los beneficiarios del sistema y menos cotizaciones
en el título VIII para halagar a los contribuyentes, todo ello al
servicio de la funesta idea de que no importan los daños con tal de que
reviente el Gobierno.
Nosotros, que no tenemos ningún afecto a este Gobierno, pero que sí
tenemos un gran afecto a la Seguridad Social, a la que queremos sólida y
saneada para que siga siendo el insustituible sistema de redistribución
de rentas entre personas, generaciones y territorios que nosotros hemos
consolidado y extendido en nuestros años de Gobierno, tenemos vedada
tamaña irresponsabilidad. No les vamos a pedir más gastos ni les vamos a
pedir menos ingresos. Les vamos a pedir que ajusten el presupuesto de la
Seguridad Social para que en 1997 la institución no tenga los riesgos que
tiene en estos momentos.
No voy a utilizar mucho tiempo para demostrarles que sus previsiones de
ingresos son pura quimera, porque ustedes ya lo han confesado
paladinamente. Sus cálculos se basan en aplicar unos incrementos en el
número de nuevos cotizantes y en la cotización media que, además de ser
contradictorios, según la documentación que manejemos (la que viene del
Ministerio de Economía o la que viene del Ministerio de Trabajo),
colisionan con las evidencias (que hemos tenido ocasión de discutir en
las comparecencias y en Comisión) que suministra la historia
presupuestaria de la Seguridad Social y todos los estudios rigurosos que
hay en ella. No voy a discutirles los incrementos del número de
cotizantes o de la cotización media porque, con ser relevante a estas
alturas del debate de hoy y serlo más mañana después de la comparecencia
del señor Ministro de Trabajo en el Senado, hay otro debate aún más
significativo. Lo más significativo es que esos incrementos se aplican
sobre una previsión de ingresos para 1996 que ustedes acaban de anunciar
que no se va a producir. Estos anuncios, que no son ya estimaciones, sino
que son la constatación de que ustedes no están recaudando conforme a las
previsiones de la documentación presupuestaria, no tienen paradójicamente
ninguna consecuencia práctica a la hora de rectificar los números, el
cifrado de los presupuestos.
Espero, aunque no desespero de volver otra vez a revivirlo, que vuelvan a
hablar de la herencia recibida, cuando ustedes son ya los responsables de
la gestión presupuestaria de 1996. Bien saben ustedes que nos estamos
refiriendo no a unos pocos miles de millones de pesetas, sino a unas
cifras muy serias, muy preocupantes, que yo no voy a cuantificar, porque
no quiero llevar agua a otros molinos. Pero, inevitablemente, tenemos la
obligación de advertirles de la situación y de exigirles el cumplimiento
de sus obligaciones, que es tanto como decir que afloren el problema, que
cambien las cifras de los presupuestos de 1997 y alleguen los recursos
necesarios para resolver ese problema. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
Si no nos escuchan, y ya es la tercera vez que lo decimos en este debate,
suya y sólo suya será la responsabilidad, pues ustedes son el Gobierno de
España y de ustedes depende la salud de la Seguridad Social, que
necesita, mucho más que de ruedas de prensa hablando de herencias
recibidas, de poner remedio a los problemas que pueda tener la
institución; que necesita más de actos de gobierno que de sesiones
fotográficas, porque ustedes parece que saben más de sesiones
fotográficas que de tomar las responsablidades del Gobierno en sus manos.
De modo que creo que SS. SS. comprenderán que, cuando empezaba mi
discurso afirmando las graves insuficiencias de este presupuesto y de
nuestra oposición al mismo, no era por mor de un ejercicio rutinario de
la oposición de oponerse en todo al Gobierno, sino por el compromiso
serio con la institución y con el deseo de poder ayudarles a rectificar
sus cifras de ingresos y gastos; y gastos también, título IV de la ley de
presupuestos, porque, desgraciadamente, hay más
cuestiones que acarrean inquietud al Grupo Parlamentario Socialista. Si
en el capítulo de ingresos existe una clarísima sobreestimación, que
ustedes se resisten a rectificar, en el capítulo de gastos ustedes
presupuestan temerariamente a la baja. Los créditos que ustedes tienen
previstos en incapacidad temporal y en pensiones serán claramente
insuficientes el próximo ejercicio. En pensiones les van a faltar no
menos de 80.000 millones de pesetas, aplicando las tasas de relevo y de
sustitución que dicen todos los técnicos y todos los estudios
disponibles. Las cifras que ustedes presentan, señores de la mayoría, son
inexplicables. Hoy volverán otra vez a argumentamos que van a cuadrar las
cifras con mejoras en la gestión. Vamos a pasar por alto que ustedes
puedan conseguir rebajar en una quinta parte los gastos de incapacidad
temporal respecto a las series históricas de la Seguridad Social. En
pensiones, señores del Grupo Popular, no hay mejora de gestión posible
para cerrar el agujero de 80.000 millones que ustedes han dibujado en los
presupuestos; es imposible. No habrá necesidad de decirles, tomando sus
propias palabras, que ustedes han reiterado un presupuesto tras otro sus
elogios sobre los estudios técnicos de la Seguridad Social, sobre la
cualificación de los funcionarios que sirven en las entidades gestoras y
en los servicios comunes, que han estado empeñados en mejoras de la
gestión, en los mismos programas de mejora de gestión que ustedes
presentan. No cabe ninguna posibilidad humana de que en esos programas se
incremente la cifra, nada más y nada menos que de 80.000 millones de
pesetas, de dinero necesaria para que ustedes tengan crédito suficiente
para reconocer y pagar todas las obligaciones que tienen con los
pensionistas españoles.
Estamos, pues, en presencia, señor Presidente, de un presupuesto que va a
ser totalmente incapaz de cumplir los compromisos asumidos. De nada nos
valdrá la literatura del título IV, señores del Grupo Popular; de nada
nos valdrá lo que está por encima de la superficie en la Seguridad
Social, si no tiene los cimientos saneados, y los cimientos son los
ingresos del sistema. Ahí es adonde quería llegar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Ustedes han firmado en abril de 1995, con el
conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara, el Pacto de Toledo.
Muy brevemente tengo que decirles que nosotros acudimos no reticentes
sino, por el contrario, felices, a suscribir un pacto con la derecha
española, pero con la idea, que ya reiteré en esta misma tribuna, de que
un día ustedes deberían pagar el precio de esa foto que nos hicimos en la
primavera de 1995.
El Pacto de Toledo, se lo recuerdo brevemente (continuaremos en la
sección 60 hablando de estas cosas), significaba un doble compromiso
político; por una parte, no cambiar el actual sistema de reparto por otro
de capitalización y, en segundo lugar, sostener financieramente las
posibilidades del actual sistema de reparto. Ustedes tienen hoy que pagar
la foto del Pacto de Toledo sosteniendo financieramente el sistema de
pensiones, los compromisos del título IV del proyecto de ley. Pero,
señores del Grupo Popular (seguiremos discutiéndolo en la sección 60,
repito, no tengo tiempo ahora de desgranar todos los argumentos), ustedes
saben que han retrocedido relativamente en las contribuciones y en las
transferencias que el Estado realiza a la Seguridad Social; han
retrocedido, incluso de una manera vergonzante, haciendo una presentación
de los presupuestos donde no hablan de la financiación de los
complementos de mínimos; han retrocedido nada más y nada menos que en
250.000 millones de pesetas. Ustedes deben 250.000 millones de pesetas a
la Seguridad Social. Si hacen caso de nuestras enmiendas e incrementan
las aportaciones del Estado a la Seguridad Social en esos 250.000
millones de pesetas, podrán dotar suficientemente a las pensiones,
eliminarán los resquicios y las incertidumbres que tienen los
beneficiarios del sistema y, al mismo tiempo, corregirán el paso atrás,
de naturaleza histórica, que se contiene en estos presupuestos, en virtud
de los cuales, en contra de lo que dice el Pacto de Toledo, las
aportaciones del Estado, en lugar de avanzar, retroceden porcentualmente,
en lugar de ir contribuyendo cada vez más a subvenir a las necesidades
del pilar contributivo, retroceden y dejan que las cotizaciones cada día
tengan nuevas cargas indebidas. Si no lo hacen así, señores del Grupo
Popular, al menos deberían tomar en consideración enmiendas concretas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, termine, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Termino ya, señor Presidente. Medio minuto.
Las enmiendas números 1.183 y 1.184, que pretenden que algunas decenas de
miles de españoles no puedan a quedar fuera de las pensiones mínimas
porque no han actualizado, conforme al IPC, las rentas de referencia para
los complementos de mínimos en Seguridad Social y en Clases Pasivas.
Rectifiquen eso, porque son muchos miles de economías domésticas las que
se van a ver agredidas por las cifras presupuestarias . Y hágannos caso,
también, en la enmienda número 1.207, rectificando la cotización en
cuanto a las horas extraordinarias.
Si así lo hacen, prestarán un servicio al sistema de la Seguridad Social;
si así no lo hacen, señores del Grupo Popular, cada día más se irán
convirtiendo en un peligro real y evidente para nuestro sistema público
de pensiones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cercas.
Para la defensa de las enmiendas a estos dos títulos presentadas por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al iniciar la defensa de las enmiendas que el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya realiza al título IV del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, poníamos
de relieve, en la Comisión de Presupuestos, que afortunadamente en el
capítulo que nos ocupa, el de las pensiones de las clases pasivas, las
especiales de guerra y las no contributivas, el Gobierno no ha continuado
con el criterio de congelar que ha aplicado a las retribuciones de los
funcionarios en activo. Pero en esta ocasión, aquí en el Pleno, no vamos
a felicitarnos de que al menos a los que han pasado a la situación de
pasivo no les cojan como paganos de la reducción para llegar a la
convergencia nominal y les revaloricen las pensiones sobre la base del
2,6 por ciento de incremento del IPC previsto. Digo que no nos vamos a
felicitar por ello, pues puede pasarnos que luego el portavoz del Grupo
Popular no sea capaz de observar la ironía de nuestras palabras y se lo
apunte como un mérito a la sensibilidad social que adorna a su Gobierno.
Para felicitar a su Gobierno, estaremos a la espera de si se aprueban o
no las enmiendas que presentamos.
Además, mientras el título IV que nos ocupa plantea la revalorización del
2,6 por ciento de las pensiones de las clases pasivas, al mismo tiempo se
plantea en el artículo ochenta y seis del proyecto de ley de
acompañamiento la prolongación de la permanencia en activo de los
empleados públicos más allá de la edad de jubilación a los 65 años, por
lo que, de no prosperar la enmienda que hemos presentado en este sentido,
el Gobierno se va a ahorrar también una cantidad por esa vía, puesto que
el incremento del 2,6 por ciento se realizará a menos pensionistas, justo
a aquellos que hayan elegido prolongar su servicios en la Función pública
superada esa edad. En este sentido, nunca se remata a gusto de todos y
las medidas del Gobierno no son tan generosas como parecían.
De las seis enmiendas presentadas por mi grupo, cuatro pretenden
sustituir las cifras concretas por una fórmula que consiga que tanto las
pensiones de jubilación e invalidez no contributivas como las
contributivas, los complementos a mínimos de las pensiones de las clases
pasivas como las pensiones no concurrentes del extinguido SOVI, se
equiparen, al menos, al salario mínimo interprofesional. Esta es una
aspiración de la izquierda y de los sindicatos de clase, antigua, a la
que no renunciamos. Nosotros somos así de tozudos, de empecinados, diría
yo. Pero también lo es con nosotros la Constitución que, mientras no se
modifique, sigue diciendo en su artículo 41 que los poderes públicos
tienen la obligación de procurar pensiones dignas a los ciudadanos a
través de un sistema público de pensiones. Pensiones dignas. ¿Resulta
atrevido o fuera de tono solicitar que dicha dignidad sea al menos la del
salario mínimo interprofesional? ¿Por qué el criterio que sirve para el
salario no sirve para la pensión? ¿Dónde está el punto de dignidad?
Nosotros creemos que no resulta atrevido, sino todo lo contrario, muy
oportuno. Creemos que es lo menos en que podríamos establecer el límite
de las pensiones por debajo. Por ello esperamos que estas enmiendas sean
tenidas en cuenta por la sensibilidad social de los miembros de esta
Cámara. Lamentamos que ni siquiera el Grupo Socialista haya apoyado en
Comisión esta pretensión nuestra. A través de su argumentación allí
expuesta conocemos que se trata de no incurrir en la contradicción de
solicitar incrementos de gasto o rebajas de ingresos, como lo hacía la
oposición del Gobierno anterior que ustedes apoyaban. Pero esa
coherencia, permítanme que les diga, señores del Grupo Socialista, está
fuera de lugar, sobre todo cuando se trata de tener que elegir entre la
coherencia que exige la coyuntura de empezar a ser de nuevo oposición y
la exigencia que nos plantea a todos el texto constitucional respecto a
la dignidad mínima de las pensiones. Les pido a ustedes y al conjunto de
SS. SS. que reflexionen sobre la cuantía indigna de nuestras pensiones y
obren en consecuencia.
Las dos enmiendas restantes, la 137 y 139 de adición a los artículos
treinta y cinco y treinta y ocho, Cuatro, pretenden un mismo objetivo:
que tampoco se aplique el límite máximo de percepción de las pensiones
públicas establecido por el artículo treinta y cinco, además de las
referidas en los apartados a), b) y c) del punto Siete de dicho artículo,
las que menciona el añadido d) de nuestra enmienda que dice: «Pensiones
extraordinarias del régimen de clases pasivas del Estado originadas por
incapacidad o inutilidad física en acto de servicio o como consecuencia
del mismo, sus normas limitativas se considerarán como extraordinarias,
siendo su importe máximo de percepción, por la propia pensión o en
concurrencia con cualquier otra a la que se tuviera derecho, el 200 por
cien del límite establecido con carácter general.» Lo mismo sucede para
los límites de la revalorización establecida en el artículo treinta y
ocho. No es justo que en lesiones similares, todas ellas al servicio de
la nación, unos perceptores reciban un tratamiento tan diferenciado
respecto de los otros.
Defendemos también aquí la enmienda 174, que pretende crear una nueva
disposición adicional con el fin de consolidar y mejorar el nuevo PER, o
el Aepsa, o como lo llamen desde ahora, consistente en crear un
fondo total dotado con 35.000 millones de pesetas, porque sólo así podrán
incrementarse las jornadas que dicho sistema pueda garantizar para el
conjunto de los censados, salvo que se pretenda depurar el censo, en cuyo
caso, lógicamente, no estaríamos de acuerdo y por ello pretendemos hacer
esta salvaguarda con la enmienda 174.
Hemos presentado a su vez dos enmiendas, la 185 y la 186, al anexo II,
Créditos ampliables, para que se realicen las transferencias necesarias
para garantizar la suficiencia de los gastos del sistema de la Seguridad
Social, pues nos tememos que hayan realizado alegremente el cálculo de
ingresos por cotizaciones que va a realizar la Seguridad Social en
función del incremento del empleo, que también es muy optimista, y del
incremento salarial que, después del paradigma que ustedes como patronal
de los empleados públicos están ofreciendo al conjunto de la patronal
privada, nos tememos que va a moderarse este ejercicio en exceso. Ello,
junto con las regulaciones de empleo que seguirán a las privatizaciones y
otros factores, nos hace temer, justificadamente, que sus previsiones de
ingresos son muy optimistas y por ello puede sobrevenir una insuficiencia
financiera a la que no vendrá mal proveer de este fondo que planteamos en
nuestra enmienda.
Pasamos con esto al título VIII. Cotizaciones sociales.
Una vez que hemos constatado con satisfacción que se mantienen los
niveles de cotizaciones sociales en general y que de momento el Gobierno
no ha accedido a reducir las cotizaciones, pese a que lo ha pedido
insistentemente la patronal y otros ámbitos de la derecha económica y
política, volvemos a reiterar nuestro argumento de que si se accede a
rebajar dichas cotizaciones se pondrá en peligro el nivel de suficiencia
financiera de las actuales prestaciones del sistema público de protección
social que, por cierto, no son excesivamente cuantiosas como para
entender que cubran el mínimo de dignidad --ya lo he dicho-- exigido por
la Constitución para la cuantía de las pensiones y demás prestaciones
públicas.
Y dado que se pretende, según el cuerdo Gobierno-sindicatos que
desarrolla el Pacto de Toledo, separar las fuentes de financiación de las
prestaciones contributivas de las no contributivas de una forma que no
deja muy amarrado cuáles van a ser las aportaciones del Estado para
cubrir el conjunto de ambas prestaciones, el mantenimiento de los
actuales niveles de cotización es indispensable y no sería justificable
una reducción de cotizaciones sociales que, basada en los posibles, pero
decrecientes, superávit de la financiación de las contributivas, vaciaría
de contenido el compromiso de constitución del fondo de reserva. Ya de
por sí va a ser muy difícil llenar el contenido de dicho fondo, al menos
en la cuantía necesaria, para que el plazo previsto por el acuerdo sirva
para evitar incrementos de las aportaciones del Estado para mantener el
nivel de prestaciones actuales ya recortado, por cierto, aunque
gradualmente.
Si se redujeran las cotizaciones sociales, se estaría preparando, desde
nuestro punto de vista, un nuevo recorte de las prestaciones. Estaríamos
recortando en el año 1997 las futuras prestaciones, en concreto las
pensiones, para volver a recortar de nuevo cuando se vieran manifiesta y
palmariamente las insuficiencias del sistema. El Gobierno debe seguir
aguantando las presiones que vengan en este sentido sin caer en la
tentación de dar en una próxima reforma del mercado de trabajo, anunciada
para su desarrollo a lo largo de 1997, una satisfacción, un caramelito, a
nuestra enfurruñada patronal. Más allá del hecho coyuntural de que el
Gobierno quede bien, mal o regular, el mantenimiento del actual nivel de
las cotizaciones sociales es imprescindible para garantizar el futuro del
sistema público de las pensiones y el cumplimiento del acuerdo
Gobierno-sindicatos en esta materia.
Las dos enmiendas que presentamos a este título VIII se explican por sí
mismas. Una se refiere a las horas extraordinarias y otra a los
aprendices. En la enmienda número 162 se plantea que las horas
extraordinarias no estructurales o debidas a fuerza mayor en vez de
cotizarse al 28,3 por ciento se coticen a un 60 por ciento. Creemos que
debe desincentivarse la realización de horas extraordinarias en las
empresas, y como consecuencia de encauzar las necesidades de su lización
de mano de obra sobrevenida en la creación...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vaquero, vaya terminando,
por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, acabo enseguida.
Lógicamente, la utilización de la vía de las horas extraordinarias para
resolver estos problemas es una solución fácil e incluso bien aceptada
por los trabajadores, sobre todo cuando se ha abusado de la moderación
salarial, como en este último período, propiciada por las políticas de
ajuste permanente que los Gobiernos sucesivos vienen aplicando como
consecuencia de los planes de convergencia. Pero el objetivo de la
creación de empleo debe ser prioritario, debe ser la prioridad número uno
de nuestro Estado, y por eso nosotros proponemos esta medida para
desincentivar las horas extraordinarias no estructurales o de fuerza
mayor.
En la enmienda 163 se pretende sustituir la redacción del proyecto de ley
por la siguiente: «A partir del 1 de enero de 1997, los contratos de
aprendizaje devengarán los mismos derechos sociales que cualquier otro
tipo de contrato. A tales efectos, la cotización a la Seguridad Social y
demás contingencias protegidas para todos los trabajadores, se realizará
conforme a
las normas previstas en el presente artículo ochenta y ocho, Dos de esta
Ley.»
Desde la reforma del mercado de trabajo, que realizara la Ley 11/1994,
los titulares de este tipo de contratos vienen siendo discriminados del
resto de los trabajadores al ser excluidos de determinados derechos
sociales. A fin de acabar con esta situación, la ley de presupuestos
deberá modificar las disposiciones que al respecto dictara la citada Ley
11/1994 y deberá regular positivamente la nueva situación de equiparación
de derechos sociales entre los aprendices y el resto de los trabajadores.
De esta forma, el compromiso que el Presidente Aznar realizó en su
discurso de investidura se verá facilitado en el aspecto de las
cotizaciones sociales por las previsiones que al respecto realice la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, de forma complementaria a
la regulación que para el futuro pueda realizarse más completa y acabada.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), para la defensa de sus enmiendas
al título IV, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario sólo ha presentado enmiendas al título IV, no
al título VIII. Estas enmiendas se enmarcan dentro de la defensa de los
intereses de un colectivo, como son el colectivo de miembros que
pertenecen al Cuerpo de Mutilados Inválidos Militares.
Hemos presentado enmiendas a este capítulo, que son de aspectos
laborales, y también hemos propuesto enmiendas a las normas tributarias
en el título VI del mismo.
Estas enmiendas, como digo, hacen referencia a la problemática que tiene
un colectivo muy concreto y ya suele ser habitual que nuestro grupo
parlamentario intente mejorar las condiciones de este personal a través
de los distintos Presupuestos Generales del Estado. A este personal les
fueron concedidas pensiones extraordinarias por ser la causa de pasar a
la situación de retirados la de inutilidad física para el servicio
producido en acto de servicio o como consecuencia del mismo. La
aplicación de estas pensiones y su percepción se encuentran limitadas por
los topes máximos que anualmente se imponen a través de la ley de
Presupuestos Generales del Estado. Esto quiere decir que, de llevarlo a
la práctica, tal y como está establecido, existirían dos colectivos de
mutilados, uno, beneficiado por la aplicación de las pensiones
extraordinarias, ya que percibe una gran parte de la misma como son los
de clases de tropa y suboficiales, y otro, que no llega a percibir ni una
pensión ordinaria siquiera por encontrarse la misma por encima de los
topes, como son los cuerpos oficiales, jefes u oficiales superiores.
Además de esto, también existen otras discriminaciones entre estas dos
clases dentro del cuerpo, y para evitar estas discriminaciones es por lo
que nosotros hemos presentado estas dos enmiendas que espero tengan
aceptación por parte de los demás grupos parlamentarios. Veremos la otra
parte de las normas tributarias cuando debatamos el título VI, en donde,
como digo, de la misma forma intentaremos mejorar la situación de este
colectivo de inválidos y mutilados militares.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para contestar y agradecer, en nombre de mi
grupo, las enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios
al título IV, que trata de la distribución y de los gastos de las
pensiones públicas, y el título VIII, que trata de los ingresos del
Estado obtenidos a través de las cotizaciones sociales, precisamente para
dar servicio a las pensiones públicas.
El Grupo Socialista ha sido el primer grupo que ha intervenido esta tarde
presentando sus enmiendas --enmiendas que, en un principio, uno podría
pensar que se refieren a todo el articulado de estos títulos, pero que no
son más que tres enmiendas--, dos de ellas referidas a la necesidad de
adecuar las cifras consignadas en el proyecto de ley de presupuestos como
topes de renta para la percepción de complementos a mínimos, por
aplicación de los valores utilizados como de revalorización en 1995 y
1996. A nosotros nos ha sorprendido que esto que ahora presenta el
Partido Socialista no se hubiera hecho en 1996 porque si se hubiera hecho
en 1996 no tendríamos que arrastrar esta no implementación a los
presupuestos para 1997. Pero tengo que disentir con su señoría en que
esto vaya a suponer un perjuicio para los pensionistas. Más bien, todo lo
contrario, señor Cercas, porque las pensiones para 1997 sí experimentan
la revalorización general de las pensiones de 1996 --que estuvo incluida
en la cláusula de garantía-- y la prevista para 1997. Todo ello equivale
a que, mientras la cuantía de las pensiones se revaloriza en 1997 el
1,044, en aplicación de la inflación correspondiente a 1996, y el 1,026,
correspondiente a 1997 respecto de los valores de 1995, ambos acumulados,
el requisito para acceder a tales derechos sólo queda condicionado a la
no percepción de rentas habidas en 1995, incrementadas en 1,026. Se
entendió que al ser este un sistema restrictivo, precisamente por esta
circunstancia restrictiva de derechos, debía de partirse de los
presupuestos de 1995 y no del presumible incremento de 1996 que, por
cierto, su Gobierno, como le he dicho antes, no hizo.
En otro orden de cosas y ya hablando de las cotizaciones, ustedes
presentan unas enmiendas en las que pretenden, simplemente, eliminar de
alguna forma la circunstancia del trato preferente que tienen las horas
extraordinarias estructurales y su sustitución en virtud de horas no
retribuidas. A nuestro juicio, si implementamos una mayor cotización a
estas horas extraordinarias estructurales, estaremos tomando partido por
una de las opciones que tienen que tener en cuenta y determinar las
partes. Son las partes, a través del convenio, señor Cercas, quienes
tienen que determinar si al final las horas extraordinarias tienen que
ser retribuidas en especie o en tiempos de permiso; por lo tanto, no
entendemos razonable que ahora se plantee esta cuestión.
No obstante, usted, en ese tono moderado y equilibrado que utiliza, ha
vuelto a poner en solfa los presupuestos referentes a la Seguridad
Social. A mí me hubiera gustado aprovechar para contestarle mañana, en el
debate de la sección 60, pero voy a intentar hacerlo ahora. Usted, en ese
tono moderado al que acostumbra, repito, ha dicho que con estos
presupuestos se dañan los cimientos de las instituciones, que la
previsión presupuestaria es una previsión insidiosa, que lo que se
pretende es engatusar a los crédulos, que supone una presupuestación
temeraria, que es un peligro para el sistema público y, por último, que
se va a lesionar a la Seguridad Social. Señor Cercas, no es así. Estos
presupuestos son creíbles, estos presupuestos son ajustados. Somos
conscientes de las dificultades de la Seguridad Social, pero no del año
1997 del año 1996. Ya hemos visto cómo, en el informe del Interventor de
la Tesorería de la Seguridad Social, se dice que ya para el año 1996
existe un déficit de 160.000 millones de pesetas, déficit del que usted,
señor Cercas y su Gobierno tendrían que darnos explicaciones, porque no
responde más que a una disminución del crédito que se realizó en enero de
este año y que supuso reducir el crédito a la Seguridad Social de 444.000
millones de pesetas a 276.000 millones de pesetas, es decir, 168.000
millones de pesetas que redujeron ustedes en cumplimiento del acuerdo de
no disponibilidad de 800.000 millones de pesetas de diciembre de 1995.
Por tanto, son ustedes los que han estado poniendo en peligro el sistema
de la Seguridad Social. ¿O es que acaso ustedes no sabían que había que
pagar una paga extraordinaria conforme a la revalorización? ¿O es que
ustedes no preveían que también los pensionistas tienen derecho a cobrar
una paga extraordinaria en el mes de diciembre? Si tenían previsión de
todo eso, ¿por qué redujeron el crédito en 160.000 millones de pesetas?
No voy a pensar que lo que ustedes querían era poner en una dificultad
más y añadida al Gobierno que a ustedes les iba a suceder.
Nosotros hemos firmado un acuerdo con los agentes sociales. Es lo que
usted llama salir en las fotos, que a usted parece ser que le preocupa.
Yo ya sé que la foto que a ustedes les gusta, en el tema de pensiones y
en el diálogo con los agentes sociales, es la de la huelga general que se
produjo en la anterior reforma del sistema de Seguridad Social y de
pensiones. A nosotros nos gusta otra cosa; a nosotros nos gusta llegar a
acuerdos con ustedes; a nosotros nos gusta cumplir el Pacto de Toledo; a
nosotros nos gusta aplicar medidas presupuestarias ya, este año,
relativas a la separación de fuentes, al mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas, al incremento de las pensiones en
viudedad y en orfandad, en cumplimiento del principio de solidaridad, con
el cual se imbuye todo el principio y todo el Pacto de Toledo en su
conjunto. Eso es, señor Cercas, lo que nosotros pretendemos a través de
estos presupuestos. Yo les ruego que en el Partido Socialista aclaren
cuál es el mensaje; aclaren si el mensaje es realmente ese que usted
dice, pero con la boca chica, del acuerdo, del espíritu constructivo,
pero que, luego, a la vista de su discurso apocalíptico, no se sostiene.
Nosotros hemos previsto un incremento de 286.000 millones de pesetas para
el gasto en pensiones el próximo año, y eso, señor Cercas, lo hemos hecho
y consignado en los presupuestos generales contemplando todos los
incrementos de gasto que se prevén para el próximo año. Y, además, señor
Cercas, hemos previsto complementarlo a través de las cotizaciones;
también a través de la mejora de la gestión. Yo entiendo que ustedes no
crean que es posible la mejora de la gestión. Sería iluso que ustedes
creyeran que se puede mejorar la gestión de la Seguridad Social, porque,
si no, habría que preguntarles por qué no lo han hecho antes.
Indudablemente, ustedes consideran que este es el sistema único y
exclusivo, el que ha existido hasta marzo de 1996. Nosotros creemos que
no. Nosotros creemos que se puede mejorar la gestión y que, de esa forma,
vamos a incrementar e implementar los ingresos.
Se prevé un incremento medio, señor Cercas, y vamos a cumplir las
previsiones, del 4,4 por ciento en las cotizaciones, incremento de media,
unas suben más que otras, pero la cotización general sólo tiene un
incremento del 2,6 por ciento, porque pretendemos ajustarnos a la
inflación. Por cierto que en los dos últimos años el incremento medio fue
del 10 por ciento. También creemos que va a aumentar la población
cotizante, y lo va a hacer porque hemos hecho unas previsiones de
creación de empleo. Vamos a cumplirlas, esperamos cumplirlas y esperamos
también que su grupo nos apoye para cumplirlas y que cada vez más
españoles accedan al mercado laboral y que cada vez
haya más cotizantes. Señor Cercas, le brindo la oportunidad de apoyarnos
para conseguirlo.
Otros grupos han presentado enmiendas: el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), dos, y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, seis
enmiendas. Las dos del Partido Nacionalista Vasco son similares a otras
presentadas a los mismos artículos por Izquierda Unida y, por tanto, me
van a permitir que las trate conjuntamente.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
casi todas ellas suponen incrementos de gasto --en ningún caso
consignados presupuestariamente-- no previstos; incrementos de gasto que
no suponen, a nuestro juicio, cumplimiento de ningún acuerdo. Dos de
ellas pretenden la equiparación de las pensiones no contributivas que se
perciben del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez al
salario mínimo interprofesional. Nosotros desearíamos de verdad que se
pudiera llegar a esa posibilidad. Quizá tendríamos que preguntarnos
previamente si creemos adecuado equiparar en estos dos casos esa
situación a la de los activos que tienen el salario mínimo
interprofesional. Pero después de ese debate estoy con usted en que sería
deseable. Lo que ocurre es que la situación presupuestaria de austeridad
no lo permite para el próximo ejercicio.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando, vaya terminando,
por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Termino, señor Presidente.
Como tampoco lo permite el tema de la equiparación de las prestaciones a
las víctimas del terrorismo con las de invalidez e incapacidad que tienen
su origen en actos de servicio, que en este caso coinciden con las
enmiendas del PNV. Y no las vamos a apoyar porque dejan determinadas
cuestiones sin solventar, como las relativas a las prestaciones que se
perciben por viudedad y orfandad en el caso de lesiones y de muerte por
causa del terrorismo. Por tanto, estas enmiendas nos parecen incompletas.
Y más incompletas al suponer un incremento del gasto, por lo que las
vamos a rechazar.
En el tema de las cotizaciones también el Grupo de Izquierda Unida ha
presentado dos enmiendas en un caso similar a la del Grupo Socialista,
pero no igual indudablemente, con la que se pretende incrementar los
tipos de las horas extraordinarias no estructurales. A nuestro juicio
esto supone incrementar la presión impositiva y no está demostrado que
ello vaya a crear más puestos de trabajo. Sólo es una medida de tipo
recaudatorio y por tanto no la vamos a apoyar, como tampoco podemos
apoyar que se equiparen los derechos sociales del contrato de aprendizaje
con el resto de los contratos laborales porque perderían precisamente el
tratamiento favorable que tiene este tipo de contrato, lo que permite a
muchos jóvenes en estos momentos, gracias a esas condiciones, acceder al
mercado de trabajo.
Solamente quiero decir que no existen riesgos para las pensiones. Se lo
reitero al señor Cercas una vez más. También quiero decir al resto de los
grupos que valoramos sus enmiendas, pero en este caso tenemos que
rechazar tanto las que se refieren al título IV como al VIII.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
He decidido, sin merma de atenerme lo más posible al reparto de tiempo
que se está haciendo en este debate de presupuestos, subir a la tribuna
para un turno de réplica. No solamente por la cantidad de recursos que
estamos discutiendo, sino por la vacuidad de los argumentos que estamos
oyendo, me parece que merecía la pena singularizar un poco más el debate
en este turno.
Mal está, señor Hernando, que ustedes den la callada por respuesta; no
respondan ni en las comparecencias, ni en la Comisión, ni en el Pleno a
las cuestiones que se les plantean en asuntos de tal relevancia. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Mal está que ustedes sean incongruentes a la hora de contestar y salir
por los cerros de Ubeda, pero lo que ya rompe cualquier tipo de cortesía
y de rigor parlamentario es que utilicen su turno para hacer la oposición
a la oposición y para salir creyendo que son ustedes los últimos que
hablan para poner en solfa no ya los presupuestos de 1997, sino lo que se
discutieron en la Cámara.
Empezaré precisamente por allí, señor Hernando. Si en España no ha habido
presupuestos en 1996 no ha sido porque el Gobierno socialista no los
presentara en la Cámara. Pobre argumento es el suyo cuando arguyen que
determinadas insuficiencias en la Seguridad Social se deben a que no hubo
presupuestos en 1996. ¿Quiénes, sino ustedes, son responsables de que no
haya habido presupuestos en 1996? ¿Cómo puede usted, sin que se le caiga
la cara de vergüenza, argumentar con ese tipo de reflexiones, con ese
tipo de aproximaciones? ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía
vengan ustedes hablando de las posibles dificultades que pueda tener la
tesorería de la Seguridad Social, habiendo gestionado ustedes desde el
segundo trimestre de este año el presupuesto de la Seguridad Social, y
nos pidan cuentas a la oposición sobre la realidad de la recaudación? De
la recaudación, señor Hernando, de una recaudación que fue prevista en
junio de 1995, cuando la economía española crecía al 3 por ciento y
era mucho más moderada que la que ustedes hacen ahora cuando tienen ya
datos de recaudación de 1996, que es la base de sus estudios
presupuestarios, y que sabiendo que no es correcta la mantienen contra
viento y marea.
Por tanto, señor Hernando, no puedo por menos que protestar, no solamente
por el fondo de sus contestaciones, que son vacuas, que no tiene el más
mínimo sentido de la oportunidad. ¿Cómo puede usted decir que es un
beneficio el que ustedes hacen a los pensionistas no aceptando nuestras
enmiendas, que restituyen la base de cálculo de comparación de las rentas
para tener posibilidad de acceder a los complementos de mínimos? ¿Pero
cómo es posible que se pueda decir tamaña barbaridad desde la tribuna del
Congreso de los Diputados, si precisamente es justamente lo contrario de
lo que usted dice? Al no actualizar la renta de referencia, decenas de
miles de pensionistas no van a tener derecho a cobrar pensión de mínimos,
y ustedes lo dicen. No puede ser por ignorancia. No puedo imaginar que un
Diputado de la nación española hable con ese tipo de ignorancia. Creo más
bien en el ejercicio de la simulación, de hablar sabiendo que lo que se
dice ni es verdad ni es congruente ni viene a cuento.
Señor Hernando, usted, en el colmo de sus contradicciones, nos dice que
las dificultades de la Seguridad Social vienen de que en 1996, en un
presupuesto que vuelvo a decirle que no existió porque ustedes lo
impidieron, había un préstamo de 276.000 millones en lugar de los 444.000
millones que hubo en el año 1995.
¿Sabe cuánto presupuestan este año en ese préstamo, y no me gusta esa
técnica de situar en préstamos lo que son atenciones no contributivas?
Pues ustedes no presupuestan ni siquiera los 276.000 del presupuesto
prorrogado, sino 155.000 millones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
mego vaya concluyendo.
El señor CERCAS ALONSO: ¿Cómo puede usted argüir que eran insuficientes
los créditos si ustedes presupuestan a la mitad, incluso, el crédito?
Mire usted cómo son los cuadros de los créditos que tuvo la Seguridad
Social. Los azules, que son los suyos, son la mitad que los rojos, que
son los nuestros. Pero no solamente en los créditos, que sería lo de
menos. Lo importante es que la aportación del Estado a la Seguridad
Social, que venía creciendo el 12 por ciento en todos los ejercicios de
la anterior legislatura --los azules, que son los suyos--, crece sólo el
5 por ciento, por debajo del crecimiento de la renta nacional del próximo
año. Todo esto va a acarrear dificultades muy serias a la Seguridad
Social en 1997. Cuando dentro de un año estemos hablando aquí, ¿volverá
usted a hablar de la herencia recibida?
Procure, señor Hernando, ser más riguroso. No crean ustedes que los tonos
constructivos y las ofertas de diálogo y de negociación que se les hacen
desde el Grupo Socialista, precisamente para sacar adelante a esta
institución en los momentos de dificultad, van a significar un silencio
por nuestra parte cuando se produzcan, como se han producido esta tarde,
argumentaciones e intervenciones del fondo y con la forma que usted ha
utilizado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cercas.
Señor Vaquero, tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señor Hernando, al negar la posibilidad que plantean nuestras enmiendas
de equiparar las pensiones al salario mínimo interprofesional o el tema
de las víctimas del terrorismo, no ha contestado en el sentido de que no
sean razonables nuestras peticiones, sino que la situación no lo permite.
Sin embargo, sí permite la situación que nos gastemos cada segundo al año
dos millones y medio de pesetas en armamento, pero no equiparar las
pensiones al salario mínimo interprofesional. Los razonamientos en este
sentido habría que matizarlos y fundamentarlos más, porque pueden
resultar incluso insultantes para aquellos que perciben pensiones que no
son suficientemente dignas.
Por otro lado, no se nos ha contestado con razonamientos adecuados a que
no se pueden incrementar los tipos de las horas extraordinarias no
estructurales o por fuerza mayor. Si es verdad que no está demostrado que
impliquen crecimiento del empleo, tampoco está demostrado lo contrario.
¿Por qué no empezar a practicar para demostrarlo en un sentido o en otro?
Quisiera preguntarle al señor Hernando a qué se refería el Presidente
Aznar cuando en su discurso de investidura hablaba de reformar el
contrato de aprendizaje, si no se refería a introducir los derechos
sociales de los que ahora carecen los aprendices. Si era esa la reforma a
la que aludía el Presidente Aznar, ¿por qué no se acepta la enmienda que
hemos planteado? Tampoco se nos ha contestado satisfactoriamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Cercas, ha vuelto a utilizar su tono inquisitorial y acusatorio. El
contenido de los presupuestos de 1996 es básico para plantear los de
1997. Lamento que le moleste que hablemos de los presupuestos de 1996. No
es que haya insuficiencias, como dice S. S., es que
ustedes hicieron un recorte. Eliminaron 168.000 millones, señor Cercas, y
lo hicieron sabiendo que eso creaba un déficit y un agujero, sabiendo que
creaba dificultades de tesorería al Gobierno que les sucediera --incluso
al suyo, si hubieran tenido la oportunidad de ganar las elecciones--, de
llegar a final de año pudiendo pagar las obligaciones que se tienen
contraídas. Ese es todo el problema.
Entiendo que le moleste que se evidencien los agujeros y los déficit,
pero es la historia de este país. El año pasado no se aprobó el
presupuesto que ustedes presentaron porque no quiso la mayoría de esta
Cámara. Lamento que no lo entienda como razonable, pero así es la
democracia. No siempre se puede tener razón, y no siempre, señor Cercas,
tiene usted razón, aunque lo pretenda.
Lo que ha planteado en su enmienda es la compatibilidad de las pensiones
en el tema de complementos de mínimos. En estos casos beneficia y no
perjudica, por ser derechos restrictivos y no aplicables por este
Gobierno, precisamente a esos pensionistas a los que usted pretende
defender. No les defiende con su enmienda. Al revés, los perjudica, señor
Cercas. Le pido que, dentro de su rigor intelectual, admita tener dudas y
entender los argumentos que otras personas le dan. Entiendo que para
usted es muy difícil. Ya sabemos que sólo usted está en posesión de la
verdad.
Ha hablado S. S., presupuesto tras presupuesto, de un crecimiento del 12
por ciento en los gastos de la Seguridad Social. Se lo pregunté en la
Comisión de Presupuestos y se lo repito aquí: ¿cree de verdad que, año
tras año, tiene que crecer el presupuesto de la Seguridad Social en un 12
por ciento? Dígalo, y si no cállese o explique si su grupo ha firmado o
no un acuerdo como el Pacto de Toledo, que supone un crecimiento moderado
en el gasto de los últimos años. ¿Qué supone moderar ese crecimiento? Que
este año nos vayamos al 6 por ciento. Estamos hablando del tema de la
separación de fuentes. Por eso usted no entiende que este año se haya
reducido el préstamo al que hacía referencia. Es cierto que es menor
respecto al previsto el año pasado, pero porque en esa separación de
fuentes existen otras fuentes para complementar esos ingresos. Por tanto,
deje de crear alarma entre los pensionistas, señor Cercas, que ya está
bien.
En cuanto al tema de los aprendices, defendido y mantenido por el señor
Vaquero, yo sólo quiero decirle lo siguiente. Usted sabe que la reforma
laboral la ha planteado este Gobierno, y que ha invitado a los distintos
sectores y agentes sociales a avanzar en el camino de esa reforma
laboral. Se les ha dado autonomía y no se ha entendido que fuera
necesaria la presencia del Gobierno en esa mesa. Están los agentes
sociales, sindicatos y empresarios, negociando sobre cómo debe ser la
reforma laboral. Nosotros tenemos nuestro modelo, ¡claro que tenemos
nuestro modelo!, pero le aseguro que vamos a respetar los acuerdos a los
que lleguen los agentes sociales, tanto en el contrato de aprendizaje
como en el resto de la contratación y de la reforma laboral.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HERNANDO FRAILE: En este mismo momento.
Lo que deseamos nosotros es que esos acuerdos se agilicen y se realicen
cuanto antes; acuerdos que contribuyan a disminuir la precariedad en el
empleo, a garantizar el futuro de muchos jóvenes y el acceso al empleo de
muchos jóvenes españoles que necesitan un sistema y una reforma laboral
que no es la que hemos venido teniendo a lo largo de estos dos últimos
años.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Vaquero. (El señor Cercas
Alonso pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Hernando.
¿Qué desea, señor Cercas?
El señor CERCAS ALONSO: El señor Hernando me ha hecho una pregunta, y
solicito al señor Presidente la posibilidad de responderle para que no
quede reflejado en el «Diario de Sesiones» que no tengo respuesta a esa
pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, sabe
perfectamente que no podemos apurar eternamente las réplicas y
contrarréplicas, y precisamente en este debate en el que el acuerdo entre
los grupos parlamentarios es llevar a su expresión mínima el turno de
réplicas.
El señor CERCAS ALONSO: No le estoy pidiendo la palabra para una réplica,
sino para contestar en veinte segundos a una pregunta que me ha hecho el
señor Hernando.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En veinte segundos,
señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: En veinte segundos, señor Presidente.
Puedo decirle al señor Hernando que el Grupo Parlamentario Socialista no
pretende, como él dice, que la Seguridad Social crezca el 12 por ciento
todos los años. He argumentado en la tribuna, y lo reitero, que lo que
queremos que crezca el 12 por ciento es la aportación del Estado a la
Seguridad Social, porque si crece menos la aportación del Estado a la
Seguridad Social que el conjunto del sistema, se retrocede, que es lo que
ocurre este año, que retrocede la aportación finalista
del Estado respecto al conjunto de los gastos y, por tanto, no se cumple
el Pacto de Toledo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cercas.
Pasamos, a continuación, a la defensa de las enmiendas presentadas al
título V. Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista y el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Entramos a discutir, señorías, el título V del proyecto de ley de
presupuestos, así como el anexo III y, lógicamente también, la sección
6.ª, a la que este grupo parlamentario no ha presentado enmiendas, sí a
determinados artículos del título V y del anexo III.
Este título que abordamos a continuación hace referencia a todo lo que es
la deuda pública, avales y créditos del Estado al conjunto de sus
empresas y a la línea crediticia que elabora y presenta el Gobierno en
relación a estos presupuestos. Yo diría que son las muletas de un
presupuesto en el que, definido en su artículo dos que el Gobierno piensa
gastarse 30,4 billones de pesetas y que va a recaudar por la vía de
impuestos, tasas e ingresos patrimoniales del orden de 27 billones de
pesetas, le hacen falta del orden de tres billones, concretamente dos
billones ochocientos y pico mil millones de pesetas, para cerrar y
cuadrar el presupuesto. Para ello, pide autorización, a través del
artículo cuarenta y dos, al Congreso de los Diputados para que le
autorice a gastarse y endeudarse por aproximadamente dos billones
ochocientos cuarenta y seis mil millones de pesetas.
Repasando lo que ha sido el debate parlamentario de estos últimos años,
cogiendo al azar cualquier intervención de los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular referido al título V, de la deuda pública y de los
niveles de crédito, uno no puede por menos que recordar esa frase popular
que decía: quién te ha visto y quién te ve, se decía Bernabé. Yo diría,
en este caso, PP. ¿Por qué? Porque les voy a recordar a SS. SS. una frase
que he cogido al azar, simplemente leyendo un debate presupuestario.
Hace unos años nos decían a los socialistas desde esta misma tribuna:
Ustedes quieren tener más poderes que los antiguos monarcas absolutos y
por ello, en las sucesivas leyes de presupuestos, se autoriza el
incremento de la cifra de la deuda por un importe máximo que se señala,
mas no creamos que tienen un techo anual, sino que ese techo sólo opera
un día, el 31 de diciembre, con lo que se pueden endeudar sin límite los
primeros 364 días del año o incluso, en el ejercicio siguiente, los otros
364 días. Su artículo sobre la deuda --nos decían-- tiene un segundo
apartado, en virtud del cual el límite de la deuda queda automáticamente
revisado en función de las necesidades, de las desviaciones y
modificaciones presupuestarias, es decir, no existe límite ni siquiera
para un solo día.
Pues bien, señores del Partido Popular, esa crítica tan fuerte, esa línea
tan extraña, esa forma de llevar adelante las cuentas públicas está
íntegramente recogida en el artículo cuarenta y dos. Todas las buenas
palabras, todos los elementos de control presupuestario, toda la
filosofía de disciplina presupuestaria que nos han venido contando en los
títulos I y II queda absolutamente por los suelos cuando uno se enfrenta
al artículo cuarenta y dos. Posiblemente las cosas son como siempre han
sido, y cuando se está en el Gobierno se ven de diferente forma, señores
del Partido Popular, a como las veían en la oposición. ¿Por qué? Porque
al solicitar a esta Cámara ese límite de dos billones ochocientos mil
millones de pesetas que les permitamos endeudarse automáticamente nos
dicen que se puede saltar a lo largo del año, que se puede modificar en
función de las desviaciones presupuestarias o de los menores ingresos y
que, en definitiva, ese nivel es una cifra orientativa a comienzo del
ejercicio que se puede variar a lo largo de todo el año. ¡Cómo han
cambiado las cosas desde que les oíamos decir a sus portavoces esas
frases tan lapidarias que he citado en ejercicios presupuestarios
anteriores!
¿Por qué ha cambiado sensiblemente la filosofía de este título V? ¿Por
qué hemos pasado de un presupuesto que responde y da solución a las
circunstancias y a los problemas que surgen en el quehacer político,
administrativo y económico del conjunto de las administraciones públicas
a un modelo presupuestario, a un modelo financiero, un modelo que, en
definitiva, traslada los problemas del ejercicio de 1997 a los ejercicios
posteriores?
Es verdad que todos apoyamos, por lo menos nuestro grupo parlamentario,
los criterios de convergencia, aunque hemos dicho que hay diferentes
caminos para poder llegar a ese criterio de convergencia, a ese nivel del
3 por ciento del déficit público. Pero ustedes, al trasladarnos este
presupuesto, este título V, nos demuestran y nos dicen en toda la cruda
realidad que su decisión no es asumir los problemas en el año 1997, sino
trasladarlos a ejercicios posteriores.
Comparando, señorías, lo que fue ese presupuesto non nato del año 1996
con el actual, he podido comprobar que en los niveles de autorización de
avales para deuda y nuevos créditos del conjunto del Estado a las
diferentes empresas de la Administración donde tiene una representación
el Estado, pasamos de 225.000 millones de pesetas de autorización de
avales a 525.000 millones de pesetas al conjunto de las empresas
públicas, porque no asumen algo que nosotros hemos defendido y hemos
apoyado, y lo hacemos con
nuestras enmiendas, y es que el Estado en el presupuesto tiene que asumir
la responsabilidad de determinadas decisiones que algunas veces pueden
ser impopulares. Por ejemplo, se observa que con esta política de avalar,
de prestar, con esta política de diferir la resolución de los problemas
están difiriendo la solución de los déficit de ejecución de determinadas
empresas públicas, de Radiotelevisión Española, para ejercicios
posteriores. No asumen las deudas, no asumen los déficit de ejecución,
sino que los trasladan con una política de avales y de autorización de
créditos para que estas empresas en el futuro puedan resolver sus
problemas, porque este Gobierno o el que venga detrás tendrá que resolver
esos avales que ha puesto en circulación a través de los créditos que
soliciten las empresas públicas para que no computen básicamente en el
déficit de ejecución del presupuesto de 1997.
Por eso, señorías, hemos enmendado estos artículos, fundamentalmente el
cuarenta y seis y el cuarenta y siete, diciendo que no aceptamos como
fórmula de resolver los problemas de un ente público como Radiotelevisión
Española, que va a tener un presupuesto y un déficit de ejecución, de
gestión a lo largo de 1997, autorizar un nuevo crédito, no asumiendo la
resolución de los problemas del ente público durante el ejercicio de
1997.
Por eso, señorías, no creemos que la solución, la respuesta a los
problemas de las empresas públicas, en este caso concreto de
Radiotelevisión Española, sea la de la posibilidad de que se endeude
hasta un nivel de 180.000 millones de pesetas. Lo que hemos pedido
nosotros a través de una enmienda es que se asuma con cargo al
presupuesto del Estado de 1997 el déficit de ejecución de un presupuesto
alternativo que hemos presentado en el ente público Radiotelevisión
Española por un importe de aproximadamente 90.000 millones de pesetas.
Tampoco entendemos --y de antemano le expongo nuestro punto de vista al
portavoz del Grupo Popular, que me contestará-- que la autonomía de
gestión que recoge la ley de acompañamiento financiero para las empresas
del sector público, de la SEPI y de la Agencia Industrial del Estado, sea
positiva, cuando a la hora de establecer una línea de créditos y de
avales se permite a la SEPI que pueda prestar y avalar a las empresas por
ella participadas sin ninguna otra responsabilidad que la de que no
superen los 1.000 millones de pesetas. Entendemos que los créditos
concedidos desde la SEPI a las empresas por ella participadas superiores
a 1.000 millones de pesetas son de la suficiente cuantía como para que el
Consejo de Ministros, para que el Gobierno permita su autorización.
Por último, señor Presidente, hemos enmendado toda esta política
presupuestaria que no entendemos, que no avalamos, porque, en definitiva,
el título V no hace más que dar respuesta, cifrada y numérica, a una
filosofía que no asume los problemas del conjunto de las empresas
públicas y de determinados entes de la Administración, tratando de
establecer un paréntesis en su gestión, avalando, prestando, no asumiendo
la responsabilidad de los problemas y trasladando la solución de los
problemas, asumiendo o trasladando la responsabilidad y la gestión del
déficit futuro a ejercicios posteriores. Así no se avanza hacia
Maastricht, así no se resuelven los problemas de los españoles y así
entendemos que tenemos un presupuesto camuflado y maquillado que les
quedará muy bonito, darán ustedes botes de alegría, darán confianza a los
mercados, pero que realmente no es más que un fraude presupuestario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado al artículo cincuenta de este
título, que hace referencia al Fondo de Ayuda al Desarrollo,
concretamente a los créditos FAD, dos enmiendas, las números 142 y 143.
En primer lugar queremos destacar el incumplimiento que el Gobierno hace
del pacto por la solidaridad firmado por el Partido Popular en diciembre
de 1995, en el que se comprometía a destinar a la ayuda oficial al
desarrollo el 0,35 por ciento del producto interior bruto, compromiso
éste en la perspectiva, según firmó el Partido Popular, de alcanzar
durante esta legislatura el 0,7 por ciento del producto interior bruto
para la ayuda oficial al desarrollo y dedicar, a partir de 1996, como
mínimo el 20 por ciento a programas sociales básicos de erradicación de
la pobreza y el logro de un desarrollo integral para los pueblos. Pero
yendo en concreto al artículo cincuenta que regula la dotación de los
créditos FAD, en estos presupuestos, al igual que en los de los dos
últimos años, se consigna una partida de 80.000 millones de pesetas para
créditos FAD; se mantiene sorprendentemente la misma previsión económica
cuando estamos asistiendo a una tendencia a la reducción de los mismos,
debido, en parte, a la reutilización de los reembolsos de créditos
anteriores y, en parte, también a la limitación de los países
susceptibles de recibir créditos FAD tras los recientes acuerdos del
Helsinki. Piensen, SS. SS., por ejemplo, que en estos momentos países
como Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay o Venezuela ya no pueden
ser países receptores de créditos FAD. Es decir, el Gobierno mantiene en
el proyecto de presupuestos una consignación presupuestaria de 80.000
millones de pesetas cuando sabe a ciencia cierta que no se va a cumplir.
Piensen SS. SS. que en el año 1995, de los
80.000 millones de pesetas presupuestados, sólo se utilizaron 35.000
millones de pesetas y que en 1996 la tendencia es la misma. En octubre de
este año sólo habían sido aprobados 10.000 millones de pesetas. Por lo
tanto, a nuestro parecer, se trata de ajustar a la realidad la cuantía de
los créditos FAD, disminuyendo la excesiva dependencia del presupuesto
total de ayuda oficial al desarrollo, que es un instrumento de difícil
planificación como el FAD.
Por otro lado, esta disfunción entre las partidas presupuestadas y la
realidad ha sido el principal factor de incumplimiento de las ayudas en
materia de cooperación y solidaridad, tanto en 1995 como en 1996. Por
otra parte, nuestro grupo plantea que esta disminución de los créditos
FAD ha de significar la posibilidad de recuperar recursos económicos para
dotar otros programas de cooperación para el desarrollo, programas que
están infradotados en el actual proyecto de ley, algunos de los cuales
incluso sufren un importante retroceso en relación a las consignaciones
presupuestarias de los años anteriores.
En este sentido, queremos destacar negativamente el hecho de que no haya
un incremento en el proyecto de ley actual de los fondos en el programa
de subvenciones a las ONG o que el Partido Popular rechace la subvención
a la coordinadora estatal de las ONG.
En resumen, señoras Diputadas y señores Diputados, queremos constatar el
incumplimiento del pacto por la solidaridad, firmado por el Partido
Popular, en el que se comprometía a destinar a ayuda oficial al
desarrollo el 0,35 por ciento del producto interior bruto y, por otro
lado, queremos decir que para que como mínimo se aplique este 0,28 por
ciento que el Gobierno dice que quiere aplicar es necesario situar en sus
justos términos los créditos FAD, incrementando otros programas de
cooperación al desarrollo. Si no se hace así, si no se resitúa la ayuda a
los créditos FAD y se incrementan otros programas de cooperación, en la
primavera de 1998, cuando se publiquen los datos finales de ayuda oficial
al desarrollo de 1997, estamos convencidos que el Partido Popular habrá
conseguido también en materia de solidaridad otro récord histórico, pero,
en este caso, un mínimo.
Nuestras enmiendas, y por eso las planteamos, las números 142 y 143,
pretenden --insistimos-- disminuir los 80.000 millones de pesetas hasta
los 35.000 millones de pesetas y ampliar otras partidas de cooperación al
desarrollo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Turno en contra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Soto García.
El señor SOTO GARCIA: Señor Presidente, señorías, el título V del
proyecto de ley de presupuestos que, como muy bien ha dicho el señor
Martínez Sanjuán, regula las operaciones financieras, es la síntesis de
los objetivos básicos de estos presupuestos. En definitiva, estamos
hablando de unos presupuestos que fundamentalmente pretenden la
contención del déficit público, a través, en este caso, de su resultado
como es la deuda pública.
La reducción del déficit público y la estabilización de la deuda son uno
de los pilares donde se sustenta el conjunto de todo el entramado
presupuestario para 1997. En este sentido, se contempla en el artículo
cuarenta y dos del proyecto de ley un límite cuantitativo en el saldo de
deuda vivo de la misma, entre el primer día del ejercicio y el 31 de
diciembre de 1997, este límite para la utilización de deuda por el
Gobierno supone una garantía importante para el cumplimiento de los
criterios de convergencia de Maastricht y, a la vez, obliga a la
aplicación estricta de las medidas de disciplina presupuestaria señaladas
por el Gobierno para conseguir controlar el déficit público previsto. Por
tanto, señor Martínez Sanjuán, el que ustedes no cumplieran lo que las
leyes de presupuestos continuamente hablaban en relación con el límite de
deuda y en relación, consecuentemente, con el déficit público, entiendo
que no debe hacerle pensar seriamente que nosotros no vamos a cumplir
estos límites, cuando otros nos tienen que examinar dentro de poco más de
un año. Sea usted, por lo menos, serio en los planteamientos, dado que
ustedes han incumplido sistemáticamente lo que ahora nos quieren negar
que cumplamos los demás.
En este apartado del control y la estabilización de la deuda pública el
cambio frente a presupuestos anteriores es drástico, señor Martínez
Sanjuán. No quiero volver a recordar a SS. SS. que en los últimos seis
años ha aumentado la deuda del Estado nada más y nada menos que en 22
puntos porcentuales; estamos --en el conjunto de las administraciones--
en el 67,5 por ciento, en estos momentos. Tampoco quiero recordar a
SS. SS. las repercusiones tan graves que estos enormes y --como bien
decía el Vicepresidente, señor Rato-- explosivos incrementos de la deuda
han tenido, por ejemplo, en la carga de intereses de la misma a lo largo
de los últimos ejercicios, en las tensiones en los tipos de interés
--tienen ustedes los datos encima de la mesa-- y, en general, en la
inestabilidad de nuestra economía en los últimos años frente al resto de
las economías europeas. Ahí están las cuatro devaluaciones que ha tenido
que contemplar nuestra economía, en los últimos años, señor Martínez
Sanjuán, y las repercusiones en lo que usted también ha calificado como
garantía ante los mercados.
El Gobierno es consciente de esta situación tan grave de partida en los
presupuestos del año que viene y, por tanto, ha procedido a resolverla
mediante el control máximo de emisión al que acabo de hacer referencia,
con la previsión de que los gastos financieros no van a incrementarse más
allá del 1,8 por ciento, a la
vista de la tendencia claramente descendente de los tipos de interés, lo
cual entiendo que es consecuencia directa --entre otras razones, no cabe
duda-- de la solidez con que los mercados financieros observan la marcha
de nuestra economía.
Otra novedad que incluyen estos presupuestos en relación con este título
V de operaciones financieras es que, como muy bien ha citado el señor
Martínez Sanjuán, no se contempla para 1997 la asunción por el Estado de
deuda de ningún ente o sociedad. El motivo es obvio: la necesidad de
contención de este gasto público y el requerimiento de una disciplina
presupuestaria, de la que no siempre han hecho gala determinados entes
públicos y determinadas sociedades públicas. Además de esta razón básica
y precisamente para el caso del Ente Radiotelevisión Española, que ha
citado expresamente el señor Martínez Sanjuán, era necesario poner orden
y rigor en la gestión presupuestaria del Ente, que año tras año ha venido
enjugando sus déficit crecientes y desmesurados con cargo a las
transferencias de los presupuestos del Estado.
La racionalidad debe imponerse en la gestión económico-financiera de
Radiotelevisión y el Estado, en vez de pagar sin exigir esa disciplina
necesaria, ha optado por avalar la refinanciación de la deuda del citado
Ente por un importe máximo de 180.000 millones de pesetas. De este
importante aval y de la responsabilidad y buen criterio de la gestión de
Televisión Española dependerá su saneamiento financiero y su buena
gestión, en definitiva, dependerá que nos acerquemos a esos límites de
déficit público que todos estamos persiguiendo.
Señor Martínez Sanjuán, no quiero entrar en la dinámica que usted nos
metió a todos en la Comisión de Presupuestos con graves acusaciones y
determinadas palabras truculentas como fraude presupuestario y demás.
Simplemente le digo que aquí hay una opción distinta de gestión de
determinados activos financieros y de determinadas operaciones
financieras, como es el sistema de avales, y dudo mucho que usted, por
mucho que insista, nos vaya a poder demostrar que es una traslación de
déficit a ejercicios futuros dado que, desde luego, si mantenemos la
tesis de ustedes de que tenemos que enjugar las deudas de los entes
públicos y otras sociedades públicas directamente a través de los
Presupuestos Generales del Estado, estaremos en la misma dinámica en que
ustedes nos han metido en los últimos años, y ahí están los porcentajes
de incremento de la deuda pública que he citado. Por tanto, modere sus
palabras, si es posible, en cuanto a la calificación de este instrumento
financiero, que no deja de ser original aunque ustedes también lo tenían
en buena parte, y vamos a ver si con la racionalidad en la gestión de
esas empresas públicas, con la modernización en la gestión de esas
empresas públicas y de los entes a los que usted ha hecho referencia, se
puede saldar la gestión final con un menor endeudamiento, con un menor
déficit público, que es de lo que se trata.
En cuanto al tema de los avales no le voy a decir más. Yo creo que en los
diferentes problemas que los ejercicios futuros nos puedan traer
tendremos todos responsabilidad si después de las medidas disciplinarias
de carácter presupuestario que el Gobierno ha traído a esta Cámara no
somos capaces en este Parlamento, entre esta Cámara y el propio Gobierno,
de controlar eficazmente que esos déficit no se disparen. Por tanto, no
son de carácter problemas simplemente o de normativa presupuestaria, sino
de gestión y de rigor presupuestario; rigor y disciplina presupuestaria
que han sido escasos en los ejercicios anteriores, por no decir que ha
habido una ausencia clamorosa en los últimos años.
En cuanto a la enmienda que usted ha planteado sobre el tema de que el
Gobierno debe autorizar las operaciones concretas cuando excedan de 1.000
millones de pesetas, ya le expliqué en la Comisión que la SEPI estaría
prácticamente entorpecida en su funcionamiento si tuviera que estar
esperando continuamente la autorización de Consejo de Ministros cuando
las autorizaciones de operaciones concretas excediesen de 1.000 millones
de pesetas. El programa general de esas autorizaciones evidentemente lo
va a conocer el Gobierno y lo autorizará, entiendo yo, en su caso; por
tanto, la propia operativa y filosofía de autonomía de funcionamiento, de
autonomía financiera de la SEPI una vez que el Consejo de Ministros y
esta Cámara autoricen todas las operaciones que en estos momentos estamos
dilucidando, es la que precisamente hay que reconocer a la SEPI y para
hacerla eficaz obligatoriamente hay que respetarla.
En cuanto al resto de las enmiendas entiendo que deben ser rechazadas, ya
que en el tema de Radiotelevisión Española ha quedado más que claro que
la disciplina y el rigor presupuestario debe ser previos al aval que
pueda aportar el Estado, deben estar previamente señalizados por parte de
los gestores de Radiotelevisión Española; por tanto, entendemos que es
incompatible con ese rigor presupuestario que continuamente estemos
abonando con cargo a los presupuestos del Estado sus déficit de
funcionamiento y de explotación. También he contestado negativamente a la
enmienda de que el Gobierno dé la autorización a estas operaciones hasta
1.000 millones de pesetas, sobre todo en relación con la SEPI. Asimismo,
debo rechazar la enmienda al anexo III en relación con la autorización de
crédito al Gobierno para Radiotelevisión Española.
Respecto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en relación con los fondos para el desarrollo, ya hemos hablado
en la Comisión detenidamente sobre este aspecto. Lamento no coincidir con
el señor Saura en que no se hayan cumplido los compromisos en relación
con los porcentajes del PIB para la ayuda al desarrollo. Estamos en un
presupuesto que, efectivamente, como usted sabe, es
muy restrictivo y, por tanto, tenemos toda una legislatura para poder
llegar a los límites de ese cumplimiento. No ponemos más dinero del que
ya poníamos en otros años, pero tampoco menos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Soto, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor SOTO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
En cualquier caso, le diré que hay cierta incongruencia en reclamar ese
porcentaje sobre el PIB y después reducir los 80.000 millones de pesetas
que teóricamente son créditos FAD para ayuda al desarrollo. Insisto en
que los créditos FAD tienen una doble finalidad tan importante que no
podemos rechazarlos de plano, como ustedes pretenden. Está claro que en
ejercicios anteriores no se han cumplido los límites presupuestarios que
se imponían en los distintas leyes de presupuestos para los créditos FAD.
También está claro que el Secretario de Estado de Comercio y pymes ha
establecido unas claras preferencias en la comparecencia sobre cómo va a
ejecutar estos créditos FAD y la exigencia de que se van a cumplir los
límites máximos de 80.000 millones que están incluidos en el presupuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Soto, le
ruego que concluya.
El señor SOTO GARCIA: Concluyo.
De lo que se trata, en definitiva, señor Saura, es de que hagamos mucho
más eficaz la gestión de los créditos para ayuda al desarrollo, que los
objetivos sean mucho más claros y el seguimiento de resultados mucho más
evidente. Con eso habremos conseguido mayor incremento de ayuda al
desarrollo y, por otro lado, algo tan importante como incrementar la
presencia en el comercio exterior de nuestras empresas, vía créditos FAD.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soto García. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muy brevemente, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Popular, señor Soto, me ha pedido que sea moderado,
y lo soy, pero lo que no me puede pedir es que sea un alma cándida, señor
Soto. El Grupo Popular va a disciplinar los presupuestos, va a amarrar el
déficit y la deuda, pero nos piden en el artículo cuarenta y dos que les
demos autorización para que se endeuden en dos billones 846.000 millones
de pesetas este año. Manifiestan que si no alcanzan los créditos
presupuestarios previstos debemos dejarles incrementar eso dos billones
846.000 millones. Si tengo que hacer gastos adicionales por nuevos
créditos extraordinarios o leyes propias, déjenme incrementar los dos
billones 846.000 millones. Les dejamos que gasten lo necesario, pero no
nos digan que son absolutamente disciplinados. Les dejamos que gasten lo
que ustedes quieran, pero digan cuánto van a gastar fuera de presupuesto
con ese mecanismo extrapresupuestario que ustedes han ideado y puesto en
marcha este año para financiar obras públicas, carreteras, regadíos,
embalses, etcétera. Les dejamos que se endeuden en lo que ustedes nos
dicen, pero si las empresas a las que van a avalar en vez de resolver su
problema de la cuenta de resultados van trasladando los créditos, por
cierto muchos de ellos avalados por el Estado para ejercicios posteriores
y no los van a poder pagar este año ni el siguiente, sólo hay dos
soluciones: que los termine pagando al final el conjunto del Estado, con
más deuda, con lo cual se difiere a ejercicios posteriores, o la otra
alternativa, que parece es la que ustedes han decidido, no se si de
Radiotelevisión Española o de otras, que es vender estas empresas
públicas para hacer caja y no tener que pagar las deudas.
Mire, señor Soto, esa es la presupuestación que se incluye en el título
V. Realmente, no nos podrán convencer de que esto es disciplina
presupuestaria, que es ajustar toda la filosofía presupuestaria en
función de una ortodoxia o una forma aceptable de asumir y de
responsabilizarse de los problemas que tiene este país. (Un señor
Diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Martínez Sanjuán. Señor Saura, también
muy brevemente.
El señor SAURA LAPORTA: Simplemente, tres razonamientos en contra de la
argumentación del portavoz del Grupo Popular.
Primero. Es claro que el proyecto de ley que presenta el Gobierno del
Partido Popular incumple el pacto por la solidaridad que el Partido
Popular firmó en diciembre de 1995. Esto es evidente. Firmó que durante
1997 la ayuda oficial al desarrollo se situaría en el 0,35 por ciento del
producto interior bruto, y está situado en los papeles --luego veremos
que ni eso-- en el 0,28 por ciento. Ciertamente estamos en un presupuesto
restrictivo, pero ciertamente también las cantidades que se destinan a
cooperación y desarrollo son muy pequeñas; por tanto, no era imposible,
ni mucho menos, sino que era perfectamente factible haber cumplido el
compromiso que, insisto, el Partido Popular firmó.
En segundo lugar, el 0,28 que ustedes ponen en su proyecto de ley no se
va a cumplir. Nuestras enmiendas no son incongruentes. Lo que ustedes
hacen, y perdonen, es intentar confundir, política y económicamente
engañar. ¿Por qué? Porque ustedes dicen el
0,28, y ¿sabe por qué no se va a cumplir el 0,28? Porque los 80.000
millones de créditos FAD que se presupuestaron el año pasado y el otro no
se han cumplido y no se van a cumplir el año que viene. Lo sabe
perfectamente. Por dos razones. Primera, porque existe la reutilización
de los créditos desembolsados. Segunda e importantísima, porque ha habido
unos acuerdos en Helsinki, y esos acuerdos hacen que países como
Argentina, Chile, Méjico y otros hoy no sean susceptibles de recibir
créditos FAD. Por tanto, colocan 80.000 millones porque saben que no se
van a utilizar, e insisto, en abril de 1998 ustedes van a conseguir el
mínimo histórico en solidaridad de este país desde hace mucho tiempo.
Nuestras enmiendas no son incongruentes. Nuestras enmiendas están basadas
en los compromisos que todos los partidos firmamos, ustedes incluidos, y
en la realidad de que es una falacia decir que van a destinar 80.000
millones de pesetas a créditos FAD. No van a llegar ni a 50.000. Hace
tres semanas ha habido información de que en octubre de este año
solamente se han aprobado 10.000. ¿Cómo se van a gastar ustedes 80.000
millones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor Soto.
El señor SOTO GARCIA: Señor Martinez Sanjuán, no se exceda usted, por
favor. Los límites de créditos, tal como establece la ley de
presupuestos, están ahí, por tanto no vamos a superar esos límites que el
propio presupuesto establece. No venga usted diciendo que vamos a
trasladar déficit a otro lado; en todo caso, el déficit que viene en el
presupuesto será el que se cumpla y, además, con límite máximo, de
acuerdo con el artículo cuarenta y dos que usted ha citado.
En cuanto a la cuestión de las cantidades asignadas para operaciones
extrapresupuestarias, están consignadas exactamente las que se van a
dedicar a esas partidas con financiación extrapresupuestaria --como usted
la llama--, pero también con parte de financiación presupuestaria. Por
tanto, esos dos conceptos están perfectamente delimitados en el
presupuesto y con las medidas de disciplina presupuestaria que se van a
aprobar en esta Cámara dentro de escasas horas, no hay posibilidad de que
podamos irnos fuera de los límites que nos está marcando la ley de
presupuestos y la ley de medidas de disciplina presupuestaria. No tenga
usted tanto pesimismo. Además, su pesimismo no lo comparte nadie, excepto
su grupo, por una razón muy sencilla; porque los mercados han dado ya el
beneplácito desde hace unas cuantas semanas a cómo vamos a gestionar el
presupuesto. Por consiguiente, si los mercados, que son destinatarios
directos de lo que usted está hablando, de financiación
extrapresupuestaria, dudo mucho que vayan a pensar que no vamos a ser
disciplinados, precisamente porque a los mercados les preocupa
fundamentalmente el déficit público que ustedes han ido generando y que
nosotros tratamos de encauzar de una forma drástica pero segura. Señor
Martínez Sanjuán, confíe en estas medidas del Gobierno, ya que no confía
en los presupuestos.
Por último, creo que los problemas no los vamos a transferir. Los
problemas, muy graves, usted lo sabe, nos los hemos encontrado y vamos a
tratar de resolverlos de forma absolutamente definida y concreta, con los
presupuestos y con las leyes de acompañamiento.
Señor Saura, lamento decirle que diferimos en cuanto a cómo se debe hacer
la ayuda al desarrollo. Nosotros tenemos dos instrumentos fundamentales.
Uno, es la ayuda directa a las ONG y la gestión directa que hacen los
organismos públicos de la ayuda al desarrollo y otro, son los créditos
FAD en los que, obviamente, somos intermediarios para esa cooperación al
desarrollo. Si usted pretende incrementar las ayudas a las ONG, tengo que
decirle que podemos compaginar ambos instrumentos perfectamente y que, en
cualquier caso, con porcentajes o no de compromisos adquiridos, le diré
que con lo que se ha incluido en los presupuestos de este año para ayuda
al desarrollo podemos sentirnos satisfechos si efectivamente se cumple en
los límites que en estos momentos figuran en el presupuesto.
Confío, a pesar de su pesimismo, en que las palabras y las aseveraciones
del Secretario de Estado de Comercio y pymes en relación con los créditos
FAD se cumplan y no me ponga el ejemplo de este año, porque usted sabe
que este año ha sido atípico por muchos motivos, entre otras cosas por
motivos electorales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del título VI de la ley, al
que han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, señores
Rodríguez y Chiquillo; el Grupo Vasco; el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió); el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo
Parlamentario Socialista que será el primero en intervenir. (Rumores.)
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Martínez
Noval. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. Ruego a las Diputadas y Diputados que se
encuentran en la última fila de escaños que guarden silencio y en otro
caso opten por abandonar el hemiciclo y trasladarse a los salones de
atrás que, sin duda, estarán más cómodos para charlar y permitirán un
desarrollo más ágil del Pleno y más respetuoso para el orador.
Cuando quiera, señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el título VI de la ley de presupuestos, que se refiere a normas
tributarias, por mor de la jurisprudencia constitucional y por las
circunstancias que estamos
viviendo en relación con las modificaciones que se han producido
recientemente en normas fiscales importantes como los Reales
Decretos-leyes 7/1996 y 8/1996, también como consecuencia del trámite
paralelo con esta ley de presupuestos de la ley de cesión de tributos y
de medidas fiscales complementarias, todos esos hechos y circunstancias
nos llevan a que las normas tributarias en esta ley de presupuestos
tengan una presencia bastante escasa y las modificaciones que se
produzcan no sean de calado importante.
Lo que ocurre, señorías, es que a pesar de esa reducida importancia de
las normas tributarias en la ley de presupuestos sí está clara y bien
inequívoca la impronta que el Gobierno del Partido Popular ha aplicado en
materia fiscal desde que ha ocupado las responsabilidades de Gobierno.
Sin duda que la ley de presupuestos incluye modificaciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto de Sociedades, de
los impuestos indirectos, como el de Actividades Económicas, del Impuesto
sobre los Vehículos de Tracción Mecánica. En todos esos casos, queda la
impronta del Gobierno del Partido Popular que pudiera resumirse en un
principio que atraviesa todas las modificaciones desde el inicio hasta el
final: beneficio para los menos y perjuicio para los más. Ese es el
principio que está latente en todas las modificaciones que de esas leyes
fiscales, a las que me he referido, se incluyen en los presupuestos del
Estado.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista frente a esa realidad ha
presentado enmiendas a buena parte de los artículos cincuenta y uno a
sesenta y siete y a la disposición adicional decimoctava, señor
Presidente, a la que también me quiero referir para que posteriormente no
sea objeto de debate. En todos esos casos, o en la mayor parte de ellos,
el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas para tratar, en
primer lugar, de volver a la situación anterior al Decreto 7/1996 en
particular, de manera que todas aquellas cuestiones que en este proyecto
de ley son coherentes con el contenido de aquel decreto han sido objeto
de una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Dejamos bien claro, una vez más, que no nos gusta la modificación que ese
famoso decreto ha producido en la norma fiscal y hemos dejado en su
momento nítido a qué obedecen las razones de nuestra enemistad con ese
cambio en las normas, porque --insisto-- ese cambio significa nada más y
nada menos que el beneficio de los menos y el perjuicio de los más.
Sin embargo, hay también algunas otras modificaciones, señorías, que no
tienen que ver con ese Real-Decreto y que nos resultan incomprensibles en
la medida que introducen en las normas fiscales españolas algunas
novedades que son de difícil explotación. Por ejemplo, señorías, ¿por qué
se reduce del 10 al 5 por ciento el porcentaje de retención en el caso de
incrementos patrimoniales cuando el sujeto pasivo es un no residente? No
hay explicación al hecho. Ya sé que el portavoz del Partido Popular me va
a decir que le someto a un examen y que esta no es una Cámara para
someter a nadie a examen, sino para el pronunciamiento político, pero
creo que es un pronunciamiento político pedir que se nos explique por
qué. ¿Por qué razón hay que reducir del 10 al 5 por ciento ese porcentaje
de retención? ¿Por qué hay que reducir de 20 a 10 años el período en el
cual ese incremento de patrimonio quedaría exento como consecuencia de la
posesión del sujeto pasivo no residente durante ese período. Tiene que
haber razones suficientes y fácilmente comprensibles para que eso sea así
y tiene que haber razones económicas, tienen que ser razones de
oportunidad. No hemos escuchado una sola razón convincente en todo este
intervalo en el que este proyecto está siendo objeto de trámite en el
Congreso de los Diputados.
En segundo lugar, señorías, mi grupo parlamentario ha enmendado todas
aquellas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento discriminatorio
de los intereses de la mayoría de ciudadanos españoles y también espero
que el portavoz del Partido Popular pueda explicarnos a qué se debe. En
concreto, ¿a qué se debe que las deducciones familiares no sean objeto de
actualización, de acuerdo con el índice de precios al consumo que se
prevé para el año 1997, es decir, con el 2,6 por ciento? ¿Cuáles son las
razones? Dígannoslas, no las sabemos. ¿Por qué las deducciones
familiares, por qué las deducciones de rentas procedentes del trabajo no
se actualizan y por qué se actualiza los gastos deducibles de los
rendimientos del capital mobiliario?
El artículo cincuenta y tres, señorías, del proyecto de ley de
presupuestos que se olvida de aumentar el 2,6 por ciento las deducciones
familiares, las de los hijos, etcétera, las deducciones por rentas del
trabajo, incluye, sin embargo, un cambio en la norma muy curioso: eleva
de 28.000 a 29.000 pesetas, es decir, incrementa el 3,5 por ciento, los
gastos deducibles que se pueden restar de los rendimientos del capital
mobiliario. Uno se pregunta --y creo que con cierta razón-- qué habrá
llevado al Gobierno a aumentar las deducciones del capital mobiliario y a
no aumentar las deducciones de las rentas del trabajo. La respuesta
parece sencilla y está enmarcada en ese principio que yo decía al inicio
que atraviesa de punta a cabo todos los cambios normativos que en materia
fiscal ha realizado este Gobierno.
¿Por qué, señorías, no se incrementa el mínimo exento en el 2,6 por
ciento? No vemos ninguna razón para que no sea así, y esa es la causa
originaria de las enmiendas que en esos artículos cincuenta y cuatro y
cincuenta y cinco hemos presentado para ser discutidas y votadas.
Señorías, en coherencia con nuestras propias posiciones en esta materia,
nosotros presentamos enmiendas destinadas a todas las tarifas, no sólo
las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. He ahí una
incoherencia en la posición y en la propuesta del Gobierno, que es
actualizar las tarifas
del Impuesto sobre la renta, no las deducciones; dicho de otro modo,
negarse a actualizar otras tarifas de otros impuestos, por ejemplo, las
del Impuesto de Actividades Económicas. Nosotros presentamos una enmienda
para actualizar esas tarifas al 2,6 por ciento, incluso para actualizar
también las tarifas del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Los ayuntamientos que llevan un tiempo con este impuesto congelado tienen
problemas financieros, señorías, y en estos momentos tampoco habría
razones de peso para no demandar del Gobierno esa actualización de un
impuesto que tanta importancia tiene para las arcas municipales.
Señorías, quiero también referirme a una enmienda que tiene una
incidencia considerable en términos de empleo. Todas las modificaciones
en materia fiscal tienen incidencia en materia de empleo, pero ésta lo
tiene sobremanera y de modo muy especial. Me estoy refiriendo a nuestra
enmienda número 1.198, que trata de volver a la situación anterior al
Decreto 12/1996. Les recuerdo que es el famoso decreto en el que al
Gobierno le sobrevino el descubrimiento de un supuesto agujero
presupuestario, lo que justificó y dio lugar al cambio en la normativa
fiscal, en particular al cambio en los impuestos especiales sobre
alcoholes y bebidas alcohólicas. En ese real decreto, que modificaba la
Ley del año 1992, tuvo lugar una brutal subida de la fiscalidad que grava
determinado tipo de bebidas alcohólicas; en concreto, señorías, se
produjo un incremento de la fiscalidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, le ruego que concluya.
El señor MARTINEZ NOVAL: Como digo, hubo un incremento de la fiscalidad
del 25,5 por ciento de los alcoholes que se destinan a la fabricación del
brandy. Señorías, ustedes saben que hay ciertas zonas de España en las
que la producción de brandy tiene una importancia muy considerable, que
hay muchos empleos, muchos puestos de trabajo pendiendo de la incidencia
en el mercado de esta bebida alcohólica. Nosotros enmendamos ese artículo
del Real Decreto-ley 12/1996 para volver a la situación anterior.
Señorías, yo dije en Comisión y lo repito aquí que si al Gobierno le
resulta insostenible, desde el punto de vista recaudatorio, la reducción
del 25,5 por ciento del aumento de fiscalidad al cero por ciento, tienen
ustedes la posibilidad de presentar una enmienda transaccional a la
nuestra para que todos estemos de acuerdo en modular, en graduar ese
incremento de la fiscalidad en dos, tres o cuatro años. No estamos en
contra de que aumente esa fiscalidad; estamos en contra de que se haga de
una sola vez, de una vez por todas, y que ese hecho tan brusco dé lugar a
una reducción importante del consumo de una bebida de la que pende
--reitero una vez más-- una parte importante de empleos en zonas muy
concretas de la geografía española. Por tanto, señorías, vuelvo a
reiterar nuestro ofrecimiento para que una enmienda transaccional pueda
modular, rebajar o reducir la fiscalidad al 6, al 8 por ciento, ese
incremento del 25,5, y que a lo largo de los años vayamos tratando de
hacer compatibles las necesidades recaudatorias del Gobierno con la mejor
coyuntura del brandy en el mercado español.
Señorías, nosotros tenemos también enmiendas que tratan de reducir el
incremento de las tasas desde el 8 por ciento hasta el 6 por ciento.
Tampoco abogamos por un incremento cero ni por un incremento del 2,6 por
ciento de acuerdo con la inflación prevista. Somos conocedores de las
dificultades que los ingresos públicos tienen en el ejercicio de 1997 y,
por tanto, lo único que hacemos es modular en 2 puntos ese incremento de
las tasas que ustedes proponen en el presupuesto.
Por último, señorías, quiero poner de manifiesto otra extrañeza ---que
además tiene como consecuencia la enmienda número 1.200, del Grupo
Parlamentario Socialista, al artículo sesenta y seis del proyecto de
ley-- producida porque ustedes actualicen la base imponible sobre la
tributación sobre el juego. No vemos que haya en estos momentos ninguna
necesidad de que se produzca en esos términos. Es una extrañeza que en su
momento quedó sin explicación.
Esto es todo lo que yo tenía que decir, señor Presidente, señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo había presentado seis enmiendas a este título, pero hay
cuatro, las números 144, 145, 146 y 147, que han decaído porque eran
enmiendas a un antiguo artículo cincuenta y uno, que se ha suprimido a
través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto,
sólo quedan vivas las enmiendas números 176 y 840 bis.
La enmienda 176 pretende añadir un nuevo artículo al título VI, capítulo
I, sección 3.ª, relativa a impuestos locales. Esta enmienda va en el
sentido de actualizar el cuadro de tarifas regulado en la Ley 39/1988,
relativo al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Como ustedes
saben, este es un impuesto que está congelado, desde hace dos años, es un
impuesto, como se ha dicho anteriormente, importantísimo para los
ayuntamientos. Nuestra propuesta es actualizar este impuesto, de tal
manera que no quede obsoleto desde el punto de vista de su importancia
económica, quedando claro que no se trata,
en ningún caso, de un incremento de presión fiscal sino, simplemente, del
mantenimiento de la presión fiscal.
La segunda enmienda que queda viva, la número 840 bis, pretende la
supresión del apartado tres del artículo cincuenta y seis. Este apartado
hace referencia a la actualización de los coeficientes previstos en el
artículo 15 del Impuesto sobre sociedades y es consecuencia y desarrollo
de la aplicación del Real Decreto-ley 7/1996, al que nuestro grupo ya se
opuso y planteó una enmienda de devolución en el trámite parlamentario
del mes pasado, porque era un real decreto-ley que, como también se ha
dicho, significa una desfiscalización de las rentas del capital.
Coherentemente con la posición que nuestro grupo ha mantenido
anteriormente, planteamos hoy también la supresión del apartado tres de
este artículo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender
la enmienda número 1.230, tiene la palabra el señor Homs, porque entiendo
que las otras están retiradas. ¿Es así, señor Homs?
El señor HOMS I FERRET: Efectivamente, señor Presidente.
En relación con esta enmienda, la única que queda viva, quisiera
argumentar con brevedad que la presentación de la misma se fundamenta en
el interés del grupo parlamentario que represento en dar un trato
singular a los gases licuados derivados del petróleo cuando se utilizan
en determinados servicios públicos de transporte. Se trata, señorías, de
que los gases licuados derivados del petróleo, cuando se utilicen en
determinados servicios públicos, tengan un trato fiscal distinto. Parece
absurdo que la propia Administración se grave a sí misma cuando ofrece
servicios públicos y estos servicios públicos utilizan unos determinados
carburantes que, por cierto, son aquellos que menos contaminan. Por esa
razón justificamos el revisar la fiscalidad; porque estos carburantes son
los que menos contaminan. En los últimos años estamos asistiendo a una
sustitución y una transformación, por parte de los grandes ayuntamientos,
de los autobuses que consumían esos carburantes que contaminan tanto y
que ahora utilizan esos gases licuados, que son los que no contaminan.
Creemos que cuando la Administración pública hace ese esfuerzo y el
servicio público incorpora esa transformación y utiliza esos productos
que no contaminan, debería la propia Administración pública no someter al
mismo gravamen del impuesto especial que en otras circunstancias. Esta es
la motivación de la enmienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado al título VI, normas
tributarias, tres enmiendas que han quedado vivas del trámite de
Comisión. Dos de ellas están relacionadas con el colectivo, al que antes
he hecho referencia, de militares inválidos y mutilados de guerra. Estas
enmiendas pretenden mejorar el tratamiento de estos pensionistas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y para ello proponemos
que se consideren rentas exentas del Impuesto sobre la renta las
pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de funcionarios de la
Administración pública, siempre que esta incapacidad provenga de acto de
servicio. De la misma forma, también proponemos que se consideren exentas
las pensiones como consecuencia de lesiones o mutilaciones de la guerra
civil. Estas son las enmiendas que hemos presentado referentes al
colectivo de militares inválidos de guerra.
Hay otra enmienda que propone modificar el tratamiento que se da en el
artículo cincuenta y ocho al pago fraccionado del Impuesto sobre
Sociedades. En el proyecto de ley, se establece que el porcentaje
aplicable en los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades a realizar durante el año 1997 quede establecido de la
siguiente forma: un tipo del 18 por ciento para la modalidad prevista en
el artículo 38.2 de la Ley 43/1995, que es el supuesto generalmente
aplicable, la base del pago a cuenta es la cuota bonificada a ingresar,
minorada en las deducciones por inversiones y retenciones del último
período impositivo; y el tipo de gravamen, generalmente de un 25 por
ciento, para la modalidad establecida en el artículo 38.3 de la Ley
43/1995, que, según dispone la propia ley, es opcional, debiendo el
sujeto pasivo manifestar dicha opción mediante la correspondiente
declaración causal.
La ley de presupuestos, hasta aquí, no hace otra cosa que cumplir con lo
dispuesto en el punto 4 del artículo 38 de la ley que antes he
mencionado: La cuantía del pago fraccionado será el resultado de aplicar
a la base prevista, en los dos apartados anteriores, el porcentaje que se
establezca en la ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, y
sin modificar lo establecido en la ley, elimina la posibilidad de optar
por el segundo de los métodos de cálculo del pago fraccionado para
empresas cuyo volumen de operaciones sea superior a 1.000 millones de
pesetas y a las que se ha impuesto dicho método de forma obligatoria.
Esta obligatoriedad implica la necesidad de calcular la base imponible
teórica de los períodos finalizados a 31 de marzo, a 30 de septiembre y
30 de noviembre, y todo ello de acuerdo con las normas contenidas en la
Ley 43/1995, y contando para ello con un plazo máximo
de 20 días. Como pueden suponer, señorías, en ese plazo es prácticamente
imposible poder hacer los cálculos que establece la normativa. La
complejidad que ello supone hace que sean inviables estos sistemas. Por
tanto, el carácter de deuda tributaria atribuido al pago fraccionado
condiciona la necesidad de calcular el mismo de forma precisa, por lo que
nosotros intentamos corregir y dar facilidad para que este tipo de
empresas puedan realizar los pagos a cuenta de una forma lógica y
razonable, por lo cual hemos presentado esta enmienda al título VI.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo con brevedad para defender la enmienda número 968, presentada
por el BNG, al título VI de este proyecto de ley. Con esta enmienda
proponemos la supresión del artículo cincuenta y tres del proyecto,
cincuenta y dos del dictamen, artículo que establece un incremento en la
reducción de los rendimientos del capital mobiliario en la declaración
del IRPF, y lo hacemos no tanto porque intente introducir un tratamiento
favorable a los perceptores de rentas por capital, sino porque ese mismo
trato no se propone para aquellos que sólo reciben rentas por trabajo. En
el artículo 53 se propone modificar la deducción por rendimientos de
capital mobiliario y, sin embargo, no se alteran, respecto del valor de
1996, las deducciones por situación familiar, por trabajo dependiente,
por alquiler de vivienda o por gastos de enfermedad. Porque nos parece
discriminatorio respecto a las rentas del trabajo proponemos su
supresión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad para defender la enmienda número 26, al
artículo sesenta, que hemos mantenido a este título VI y que se refiere
al Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. En ella
solicitamos que en la actualización de los valores catastrales del IBI
correspondiente a 1997, de naturaleza rústica, se aplique un coeficiente
cero. Valorando la grave situación por la que atraviesa el sector agrario
y, en particular, las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y
Andalucía, donde por problemas de sequía y otras adversidades
climatológicas el sector agrario está pasando momentos difíciles,
pensamos que podía ser tenida en cuenta esta propuesta de mantener un
coeficiente cero, de manera que no se incrementara este valor catastral
en la actualización del IBI rústico. Por eso hemos mantenido esta
enmienda número 26 con la petición de que sea respaldada mayoritariamente
por los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo al título VI, a lo que yo
querría unir también la defensa que en este momento vamos a hacer de
algunas disposiciones adicionales, aunque las votemos posteriormente, que
son la tercera, la undécima, la duodécima, la decimotercera, la
decimocuarta, la decimoctava y la decimonovena, así como para manifestar
nuestra opinión en torno a la enmienda número 994, del Grupo Socialista
sobre el estado de ingresos.
Se refería el señor Martínez Noval a la impronta que tienen las normas
tributarias contenidas en el articulado de la ley de presupuestos. Las
normas tributarias, como usted muy bien decía, están unidas también al
resto de los textos legislativos que componen toda la tramitación de
estos días: la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, la ley de cesión de tributos, donde hay muchas referencias a
normas fiscales, y también los reales decretos que aprobamos en su día y
alguno todavía se encuentra en trámite parlamentario, en concreto en el
Senado, como el 8/1996. La impronta de estas leyes, señor Martínez Noval,
no es, como usted dice una y otra vez, beneficio para unos y perjuicio
para otros. La impronta que tienen estas leyes no es otra que un marco
que facilite el crecimiento y la creación de empleo. Se lo estamos
diciendo una y otra vez a SS. SS. en esta Cámara. No es otro el objetivo
del Partido Popular que crear desde el Gobierno un marco que facilite el
crecimiento, que facilite la creación de empleo. El Gobierno tiene la
voluntad firme, en estas normas tributarias, como en el resto de las
leyes y de las disposiciones fiscales, de reducir el déficit y de
controlar la inflación sin que deje de crecer la economía en tasas
suficientes que permitan la creación de empleo. Somos firmes en la
política económica y, además, fuertes en el control del gasto público
porque queremos tener unos presupuestos creíbles que transmitan confianza
y que además no aumenten la presión fiscal.
En el trámite de Comisión ya dijimos que el déficit de todas las
administraciones públicas debe situarse en el 3 por ciento del producto
interior bruto. Para ello nosotros hacemos una previsión de déficit de la
Administración central del Estado de un 2,5 por ciento del producto
interior bruto. Es un objetivo no fácil, es un
objetivo que supone un gran esfuerzo, y los señores del Grupo Socialista
lo deben tener claro porque los déficit que ellos han arrastrado en los
últimos años son el 6,97 en 1993, el 6,3 en 1994 y el 6,6 en 1995. Es un
objetivo que exige esfuerzos. Es el esfuerzo que nosotros queremos hacer
con este presupuesto. Es un presupuesto que quiere hacer ese gran
esfuerzo de consolidación fiscal sin producir ningún estrangulamiento que
ponga en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Además,
como SS. SS. saben, sin disminuir en absoluto los gastos que conforman
los pilares de la sociedad del bienestar: las pensiones, la sanidad.
También se ha querido abordar el control del déficit por el lado de los
gastos y no por el de los ingresos. Por eso en este presupuesto no se
aumenta la presión fiscal individual, lo que tiene que pagar cada
individuo por los principales impuestos: IRPF, Sociedades, IVA, etcétera.
Es más, se rebaja de alguna manera la presión fiscal para las pequeñas y
medianas empresas en régimen de módulos. De ello hablaremos el próximo
día en la ley de acompañamiento. Ustedes proponen suprimir esa rebaja en
la estimación de los rendimientos para las pequeñas y medianas empresas.
Se rebaja algo la tarifa del IRPF; se rebajan los impuestos especiales,
porque ustedes, cuando estaban en el Gobierno, año tras año subían el
Impuesto de hidrocarburos con el IPC, y este año nosotros lo mantenemos
constante.
Hemos hecho un presupuesto donde las cifras de ingresos que figuran son
creíbles. También en esto creo que ustedes tendrán recuerdos históricos,
porque en los últimos cinco años de Gobierno socialista, hasta 1995, que
es cuando se tiene presupuesto cerrado, la diferencia entre los ingresos
previstos y los reales arrastraba un déficit que superaba 1,5 billones.
El estado de ingresos era absolutamente increíble. Las cifras de este año
son realistas y acertadas. Asi lo han señalado técnicos y organismos
independientes. Las modificaciones tributarias que se recogen en el
título VI congelan la presión fiscal y no modifican los tipos de las
grandes figuras impositivas.
Señor Martínez Noval, no quiero hacer un análisis de todo el texto
legislativo, que ya tuvimos ocasión de debatir en la Comisión. No quiero
volver sobre lo mismo. Pero sí quiero hacer algunas referencias a la
intervención que usted ha tenido. Vuelve S. S. a decir, como es evidente,
que sus enmiendas tienden a volver a la situación anterior a los reales
decretos-leyes y (alguno tramitándose como proyecto de ley en el Senado);
reales decretos-ley y que han dado un resultado positivo. Me dice usted
que no le gustan. Contra los gustos no hay nada escrito. Yo tampoco puedo
hacer que las normas tributarias le gusten a usted. Yo digo que son las
normas tributarias que necesita la sociedad española; que son las normas
tributarias que los agentes económicos aceptan; que son las normas
tributarias que conceden a este presupuesto una credibilidad enorme; que
son las normas tributarias que hacen conseguir que los tipos de interés
bajen, que la inflación se contenga, que se cree un marco suficiente para
que la economía crezca y para que en España se pueda crear empleo. Dice
usted que no las entiende. Yo no puedo hacer nada contra el
entendimiento.
Ha hecho referencia a una enmienda suya relativa a la actualización
monetaria de las deducciones familiares. Señor Martínez Noval, usted ha
defendido con mucho ímpetu la actualización monetaria de las deducciones
familiares. Esa actualización monetaria se aprobó cuando estábamos
debatiendo la Ley de cesión de tributos. Las deducciones familiares se
han actualizado en la Ley de cesión de tributos. Hay que refrendar ese
artículo en el Pleno y creo que S. S. lo votará favorablemente, porque
con dos enmiendas, una del Grupo Catalán de Convergència i Unió y otra
del Grupo Popular, hemos actualizado las deducciones familiares.
La enmienda 1.198 no pretende otra cosa que derogar una parte del Real
Decreto-ley 12/1996. No quiero volver sobre esa discusión. Saben de sobra
SS. SS. que esa parte de subida impositiva en el real decreto-ley tuvo su
origen en un agujero económico, en un desfase económico producido durante
los años de gobierno socialista. (Rumores.) Ustedes se pondrán como
quieran pero esos son los hechos.
Dice que no me referí a la enmienda 1.200 en el trámite de Comisión.
Nosotros entendemos que esa tasa, que está pendiente de una decisión
judicial, debe permanecer constante. Nosotros pensamos que es preferible
congelar este año la subida de dicha tasa.
Pido a SS. SS. que si me olvido de alguna enmienda me perdonen, porque
hay varias y el tiempo se acaba.
A las dos enmiendas de Izquierda Unida vamos a votar negativamente. Ya
explicamos las razones en el trámite de Comisión. Pretenden dejar
derogada implícitamente una parte del Real Decreto 7/1996, que es la
actualización de los activos que nosotros consideramos importante.
Quiero referirme a la enmienda que ha defendido el Grupo Catalán de
Convergència i Unió. Entendemos la filosofía de la enmienda que pretende
favorecer el transporte público conteniendo la inflación y protegiendo el
medio ambiente, tal como dicen en la justificación, pero proponemos al
Grupo Catalán de Convergència i Unió seguir estudiando esta enmienda en
el trámite del Senado para darle una mejor redacción. Si la mantienen la
votaremos negativamente, pero ofrecemos entablar conversaciones para
darle una redacción conveniente en el Pleno del Senado.
En cuanto a las enmiendas que ha defendido el señor Zabalía, del PNV, hay
dos que vamos a votar negativamente. Ya lo dijimos en el trámite de
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Señor Zabalía, hay dos enmiendas que hacen referencia a un artículo que
nosotros suprimimos. Creemos que esas dos enmiendas no tienen sentido.
Sobre la tercera enmienda, la que habla del pago a cuenta de sociedades,
compartimos su filosofía por la dificultad que tienen algunas sociedades
en tributar por los resultados del ejercicio en curso. Pero la redacción
que ustedes proponen, estableciendo dos tipos de pagos a cuentas, dos
forfait, dependiendo del volumen de la sociedad, no vemos que sea el
mecanismo adecuado para corregir ese punto. Señor Zabalía, queremos
volver a estudiar su enmienda en el trámite del Senado porque compartimos
la filosofía aunque el texto no nos gusta.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Para una breve réplica tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias. señor Presidente. Sólo le quiero
contestar tres cosas al señor Martínez-Pujalte.
En primer lugar, cuando él se refiere a mi afirmación, para
contradecirla, de que todo lo que hay en el cambio de normas fiscales del
proyecto del Gobierno es beneficioso para los menos y perjudicial para
los más, y me dice que lo que hay es la pretensión de crear un marco para
facilitar el crecimiento y la creación de empleo, le tengo que decir que
eso es un dogma. No me contradice usted que beneficien a los menos y
perjudiquen a los más, lo que me está diciendo es que eso es necesario
para crear riqueza, para que sea posible el crecimiento y para la
creación de empleo. Yo le digo, señor Martínez-Pujalte, que eso que dice
usted es un dogma y le reconvengo a que piense que eso no es ninguna
afirmación que tenga que ver ni con la ciencia ni con la experiencia
política ni con la experiencia de muchos gobiernos, sino que se trata,
lisa y llanamente, de un dogma en el que usted cree, que para que haya
crecimiento y empleo tiene que haber poca fiscalidad para las rentas
altas y mucha fiscalidad para las rentas bajas.
En segundo lugar, usted presume de que este año mantienen los impuestos
sobre los hidrocarburos, y yo le voy a decir por qué los mantienen porque
tienen una incidencia considerable en el IPC, señor Martínez-Pujalte; o
si no ¿por qué crean un impuesto indirecto nuevo, que es el impuesto
sobre las primas de seguros? ¿Por qué ustedes lo hacen sin preocupación
ninguna porque aumente el precio de las primas de seguro? Pues muy
sencillo también, señor Martínez-Pujalte: porque no está presente en la
cesta que sirve para el cálculo de la evolución del índice de precios al
consumo.
En tercer lugar, señor Martínez-Pujalte, no vuelva a insistir otra vez en
que no han aumentado ustedes la presión fiscal. La han aumentado, y no lo
decimos nosotros, lo dice un grupo de opinión que se llama Instituto de
Estudios Económicos. ¿Le suena algo esto de Instituto de Estudios
Económicos? (El señor Martínez-Pujalte López: Sí.) Bueno, pues ellos
dicen que la presión tributaria del Estado, que se define --dicen ellos,
con razón-- como la suma de impuestos directos e indirectos en relación
con el PIB, se elevará al 17,5 por ciento frente al 17,3 por ciento del
año 1996. Basta ya de desconocer lo que va a ocurrir, señor
Martínez-Pujalte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval. El señor
Martínez-Pujalte tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muy breve, señor Presidente, muchas
gracias.
Señor Martinez Noval, creo que usted confunde lo que es un dogma con lo
que es un objetivo. Ojalá eso fuera un dogma y lo pudiéramos llevar a la
práctica. Crecer y crear empleo no es un dogma, es un objetivo que
tenemos, que queremos conseguir y al que van encaminadas todas y cada una
de las medidas del Gobierno. Creo que usted a lo mejor confunde sus
deseos de que no lo consigamos, para podérnoslo echar en cara, con que
ese objetivo sea bueno. Es un objetivo bueno.
Me habla usted de la experiencia. Desde luego, nosotros experiencia de
Gobierno tenemos poca, llevamos seis meses, ustedes tienen más, y los
resultados también son palpables en el paro, en el crecimiento, en la
presión fiscal. Señor Martínez Noval, sobre experiencia creo que tiene
usted el debate perdido.
También se refiere usted a las primas de seguro. Hemos puesto un impuesto
en las primas de seguro, lo discutiremos cuando debatamos el texto de la
ley de acompañamiento. Es un tema que está en toda Europa. Sin embargo,
hemos rebajado la presión sobre los hidrocarburos, lo que evidentemente
tiene un efecto antiinflacionista que agradecen los ciudadanos, porque la
contención de la inflación es el elemento más justo en la sociedad. No
hay impuesto más justo que una inflación baja, señor Martínez Noval.
También me habla de la subida de la presión fiscal y me lee sólo un trozo
de la publicación que usted tiene. Lo que dice esa publicación, señor
Martínez Noval --que por casualidad la tengo-- es que la presión fiscal
permanece prácticamente igual, y dice que la presión fiscal de la
Administración central, entendida como la suma de impuestos directos,
indirectos y cotizaciones sociales, llega al 30 por ciento del producto
interior bruto, y el año anterior era del 29,7, prácticamente igual, y
que la presión tributaria del Estado, definida como la suma de impuestos
directos e indirectos frente al producto
interior bruto, se sitúa en el 17,5, y el año anterior era del 17,3. Como
ve, la publicación da la razón a los argumentos que nosotros hemos
defendido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, como ya he tenido ocasión de
comentar de manera informal en este mismo hemiciclo, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que debiera pasarse ahora a las
votaciones de los títulos debatidos y que el siguiente debate, dentro de
la ordenación prevista, que es el del título VII del proyecto de ley de
presupuestos y las secciones 32 y 33, es decir, el debate sobre la manera
en que los presupuestos que ha enviado el Gobierno a esta Cámara
contemplan todas las materias ligadas a la financiación de los entes
territoriales, dada su trascendencia política y particularmente de cara
al año 1997, debiera realizarse mañana y no en una sesión nocturna que
desgraciadamente tendría muy poca presencia aquí dentro y muy poca
atención fuera de esta Cámara.
Creemos que este Parlamento debe asumir con seriedad el papel de debatir
los presupuestos generales del Estado y que la forma de asumirlo con
seriedad sería, a nuestro modo de ver, que el debate probablemente más
importante de todos los que vamos a celebrar en los presupuestos
generales del Estado tuviese lugar mañana en buenas condiciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señorías, efectivamente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me
ha planteado y ha planteado a otros portavoces la posibilidad de
suspender la sesión tras las votaciones o de postergar el debate que está
previsto a continuación sobre el título VII y las secciones 32 y 33,
entes territoriales y Fondo de Compensación Interterritorial. Consultados
los restantes portavoces, he tomado la decisión de mantener la previsión.
He de decir que lo hago no sólo porque así es el parecer mayoritario de
los portavoces consultados, señor Almunia, sino también por una razón que
creo deben ponderar sus señorías. La ordenación del debate ha sido
discutida y acordada por la Junta de Portavoces, que ha sido seguida de
una reunión de la Presidencia con los servicios de la Cámara y con los
representantes de todos los grupos parlamentarios que han estado
representados en su caso a nivel de portavoz adjunto, portavoces de
presupuestos e incluso algún otro representante de la Mesa, y a ello
obedece el orden del debate que se les ha repartido. Fue un acuerdo
adoptado absolutamente por unanimidad.
Creo que con independencia del juicio político que SS. SS. pueden hacer
en todo momento con toda libertad, la primera regla de la seriedad, señor
Almunia, es que mantengamos las previsiones del orden del día por respeto
a lo que han sido las previsiones de todos los grupos parlamentarios y
también del Gobierno.
En consecuencia, vamos a continuar después de la votación con el título
VII, la sección 22. El Pleno no se prolongará más allá de lo que nos haya
dado tiempo a debatir hasta las doce y no más de las doce y media de la
noche. (El señor Almunia Amann y la señora Aguilar Rivero piden la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, he escuchado con atención sus
palabras, pero siento no poder compartir sus razonamientos. El debate
parlamentario de los presupuestos es el más importante que celebra esta
Cámara a lo largo de todo el año, y el debate que se debe producir a
continuación, en cuanto votemos los seis títulos debatidos hasta ahora,
es el más importante de la discusión de los presupuestos para 1997. Era
imposible que previésemos cuando se trataba de ordenar el debate a qué
hora de la tarde de hoy iba a poderse celebrar el correspondiente al
título VII, de las secciones 32 y 33. Dado que ahora sí lo sabemos creo
que sería una decisión de sentido común político y de respeto por este
Parlamento no celebrar ese debate en ausencia de la inmensa mayoría de
SS. SS., sino celebrarlo mañana en buenas condiciones, de modo que este
Parlamento pueda decir al final de la semana que de verdad ha debatido
los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Hemos creído entender de las palabras del señor Presidente que ha
consultado a los grupos parlamentarios a efectos de mantener las
previsiones o cambiarlas. Nosotros queremos poner de manifiesto que
nuestro grupo parlamentario no ha sido consultado y damos públicamente la
opinión del grupo. Creemos conveniente proceder a la votación, suspender
la sesión e iniciar la sesión de mañana con el debate, que nos parece
extraordinariamente importante y que no debiéramos hurtar su conocimiento
a la sociedad, sobre financiación autonómica y financiación municipal.
Esa es la opinión de nuestro Grupo Parlamentario. No sé si han sido
consultados los demás Grupos. (El señor De Grandes Pascual pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, me veo obligado a
intervenir. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor DE GRANDES PASCUAL: Quiero recordar al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que hay un viejo principio que dice que nadie
puede ir contra sus propios actos.
Este debate no se ha ordenado de forma caprichosa. Este debate se ha
ordenado de acuerdo con el Gobierno, con previsiones de su tiempo, con
comparecencia motu propio y a petición no de la oposición, sino del
propio Grupo Parlamentario Popular. Se han hecho previsiones de
ordenación, de acuerdo con todos los grupos de la Cámara. No ha sido
discrecional ni oportunista. En este instante no podemos aceptar su
propuesta por razones que S. S. conoce. No por razones caprichosas, sino
por previsiones, de acuerdo con la ordenación hecha por su propia señoría
y a petición expresa suya. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con la
petición que se expresa. (Aplausos)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea dejar
constancia de su posición o basta con la consulta que han realizado la
Presidencia y la Mesa? (Pausa.)
En ese caso, no voy a entrar, señor Almunia, sobre las razones expuestas
por S. S., porque comparto absolutamente sus razonamientos sobre la
importancia del debate presupuestario. Precisamente por ello, y porque es
el debate, como S. S. ha señalado, si no el más importante del año uno de
los más importantes, coincido con el señor Almunia e invito a las
Diputadas y Diputados a que estén presentes en el debate que continuará a
la votación que empezamos.
Señorías, a efectos de respetar las segregaciones de voto que se han
solicitado por los distintos grupos parlamentarios, ruego a los señores
portavoces que se acerquen un momento a la Presidencia para que puedan
tener SS. SS.. totalmente claro cuáles son los bloques de enmiendas y de
artículos que se van a votar separadamente. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la votación de los siete
títulos que hemos debatido hasta esta hora. Son los títulos I, II, III,
IV, V, VI y VIII.
Votaremos en primer lugar el título I. Quiero que sepan SS. SS. que para
facilitar las votaciones y sea menor el tiempo en el que ya nos vamos a
emplear a fondo esta noche y en los sucesivos días hemos acortado los 15
segundos que normalmente transcurren en la cuenta atrás de la votación a
diez segundos. Lo digo para que estén SS. SS. muy pendientes. Es una
decisión de la Mesa acordada para agilizar las votaciones.
Vamos a comenzar, en primer lugar, con las votaciones correspondientes al
título I del proyecto de ley de presupuestos, empezando por la enmienda
1.218, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (El señor
Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, esta enmienda estaba retirada.
El señor PRESIDENTE: No se había notificado formalmente a la Mesa, pero
lo agradezco.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título I.
En primer lugar, votamos separadamente la enmienda 1.170.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 143; en contra, 167; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas 1.171 y 1.176, del Grupo Socialista del
Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 141; en contra, 168; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas ambas enmiendas. Resto de las
enmiendas del Grupo Socialista al título I.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 143; en contra, 167; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de las enmiendas.
Votación de las enmiendas 114 y 115, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 147; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comenzamos la votación del dictamen, en primer lugar, con la votación de
un primer bloque de los artículos uno, cuatro y cinco.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 185; en contra, 125; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los tres preceptos citados.
Votación sobre los artículos dos, tres, seis, nueve y once.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 169; en contra, 143; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. Se entienden aprobados sin
perjuicio de las correcciones numéricas que se hagan en relación con la
aprobación o no de enmiendas de los artículos uno a seis.
Votación del artículo siete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 294; en contra, 16; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo ocho, apartado uno, regla primera, y apartado
dos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 294; en contra, 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobados los preceptos
citados.
Resto del artículo octavo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 167; en contra, 143; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del artículo octavo.
Votación del artículo diez, apartado uno; diez, apartado cinco y diez,
apartado seis.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 295; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los preceptos citados del artículo
diez.
Votación del apartado cuatro del artículo diez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 168; en contra, 145, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 10, apartado cuatro.
Resto del artículo diez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 168; en contra, 144; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del artículo diez.
Votaciones relativas al título II, artículos doce a dieciséis de la ley.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, a
favor, 11; en contra, 285; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).
Enmienda número 1.180, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 144; en contra 167; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Dictamen sobre los artículos doce a dieciséis.
En primer lugar, votamos separadamente el artículo dieciséis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 310; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen relativo al artículo
dieciséis.
Votación respecto de los artículos trece, catorce y quince.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 313; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen de los
artículos trece, catorce y quince.
Votación respecto del artículo doce punto uno, punto dos, punto cuatro y
punto cinco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 295; en contra, 16; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos del dictamen referidos
al artículo doce, salvo el resto del artículo doce, que sometemos a
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 164; en contra, 144; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen relativo al resto del
artículo doce.
Votamos el resto del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 165; en contra, 145; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del título II.
Votaciones relativas al título III, artículos diecisiete a treinta y uno
de la ley.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
del señor Rodríguez, separando en una primera votación las enmiendas 948
y 949.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 24; en contra, 289; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 948 y 949 del señor
Rodríguez, del Grupo Mixto.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 145; en contra, 164; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto.
Votación sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Efectivamente, vamos a proceder a
segregar, en primer lugar, una votación sobre las enmiendas números 116,
al artículo diecisiete, punto cinco, y 123.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 22; en contra, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad
números 119, 121, 126, 128, 129, 130, 131 y 132.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 28; en contra, 200; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las citadas enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 143; en contra, 163, abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La enmienda 1.219, única que quedaba viva de las presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán, se ha retirado. Se sustituye por la transaccional
que vamos a votar más adelante. ¿El señor Homs quiere leerla ahora?
El señor HOMS I FERRET: No tengo inconveniente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: En su momento, señor Homs. Vamos a votar antes otras
enmiendas. Muchas gracias.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 145; en contra, 167; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
Enmienda 1.284, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 174; en contra, 23; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Homs, vamos a someter a votación la enmienda transaccional. Ruego a
S. S. que lea el texto.
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.
Para poder consensuar dicha enmienda transaccional se ha corregido,
brevemente, el texto inicialmente propuesto, que pasaría a tener la
siguiente redacción. Se añade al artículo diecisiete, punto cuatro, un
párrafo que dice lo siguiente: Asimismo, no será de aplicación el cómputo
de plazas de nuevo ingreso a que se refiere el párrafo anterior a las
administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, en relación a la determinación del número de plazas
para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes, así como a aquellas
comunidades autónomas que deban efectuar un despliegue de los efectivos
de la policía autonómica en su territorio, en relación a la cobertura de
las correspondientes plazas para el desarrollo de su modelo policial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 309; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el dictamen, que comprende los artículos diecisiete
a treinta y uno. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, pedimos votación separada del
artículo diecisiete, punto cuatro.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el artículo diecisiete, punto
cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 313; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Procedemos a votar el texto del dictamen sobre el articulo veintisiete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 185; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del artículo diecisiete y artículos hasta el veintiséis, y del
veintiocho al treinta y uno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 169; en contra, 145; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos referenciados del
dictamen.
Comenzamos las votaciones correspondientes al título IV del proyecto de
ley, artículos treinta y dos a cuarenta y uno.
Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 29; en contra, 155; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En primer lugar las enmiendas 137 y 139.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 23; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las citadas
enmiendas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 25; en contra, 168; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las restantes
enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 144; en contra, 168; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas del
Grupo Socialista.
Sometemos a votación el dictamen --insisto-- de los artículos treinta y
dos a cuarenta y uno. En primer lugar, separadamente los artículos
treinta y nueve, uno, y cuarenta, uno, dos y tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 168; en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobados los artículos
referidos. (Rumores.)
Votamos el resto de los artículos treinta y nueve y cuarenta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 293; en contra, 19, abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobados los artículos
referenciados. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Les ruego que los comentarios que hagan SS.
SS no interfieran la libre decisión de los parlamentarios (Risas.) y en
uno y otro sector de la Cámara no contribuyan a la confusión, que ya de
por sí genera tan complejo sistema de votaciones.
Vamos a votar los artículos treinta y dos, treinta y tres y treinta y
seis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 310; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobados.
Votamos el resto del título IV
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 294; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el texto del
dictamen sobre los restantes artículos.
Pasamos a la votación del título V, que alcanza a los artículos cuarenta
y dos a cincuenta. Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 21; en contra, 291; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 146; en contra, 166, abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las enmiendas
del Grupo Socialista.
Sometemos a votación el dictamen sobre el título V. En primer lugar, los
artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 168; en contra, 145; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de los dos artículos
referidos.
Sometemos a votación el texto del dictamen del artículo cincuenta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 291; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el texto del dictamen relativo a los artículos cuarenta y
cuatro, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 312; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobados.
Votación de los artículos cuarenta y dos y cuarenta y tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 296; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a las votaciones correspondientes al título VI, que comprende los
artículos cincuenta y uno a sesenta a siete.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 968, del Grupo
Parlamentario Mixto, propuesta por el señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, seis; en contra, 287; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, nueve; en contra, 287; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Emniendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar, votamos
separadamente la enmienda número 866.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, ocho; en contra, 273; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Restantes enmiendas del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 27; en contra, 284; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).
Enmienda número 1.230 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) que es la única subsistente. (El señor Homs y Ferret pide la
palabra.) ¿Señor Homs?
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, al comienzo de las votaciones
he entregado un papel a la Mesa indicando dos enmiendas que se retiraban.
Una de ellas es ésta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs. Así lo ha hecho. Disculpe su
señoría.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 22; en contra, 172; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 142; en contra, 168; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a proceder a la votación del texto del dictamen.
En primer lugar, separadamente, el texto del artículo cincuenta y uno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 294; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación relativa a los artículos cincuenta y dos, uno, cincuenta y
cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, sesenta y seis y sesenta y
siete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 168; en contra, 144; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votación sobre el texto del dictamen respecto de los artículos sesenta y
sesenta y uno. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 168; en contra, 142; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobados. Votación del
punto tres del artículo cincuenta y siete. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 170; en contra, 126; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Resto del artículo 57. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 166; en contra, 125, abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Resto del artículo cincuenta y dos y
artículo cincuenta y tres. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 294; en contra, dos; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobados.
Votación sobre el párrafo uno del artículo cincuenta y ocho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 167; en contra, 128; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado.
Resto del artículo cincuenta y ocho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 293; en contra, dos; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del artículo cincuenta y
ocho.
Votación sobre el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 294; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el resto del
dictamen.
Pasamos a votar el título VIII, artículos ochenta y ocho y ochenta y
nueve.
En primer lugar, votaciones sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Primera votación sobre la enmienda número 162, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 23; en contra, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 163, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 21; en contra, 283, abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 163, de Izquierda Unida.
Votación relativa a la enmienda 1.207, que es la única que permanece viva
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, a
favor, 129. en contra, 167, abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la citada enmienda del Grupo
Socialista.
Votaciones sobre el dictamen del título VIII, artículos ochenta y ocho y
ochenta y nueve. Primera votación sobre el punto dos, a su vez, apartado
3, del artículo ochenta y ocho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 169; en contra, 143; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del dictamen sobre el título VIII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 295; en contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen relativo al
título VIII.
Debate relativo al título VII del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, al que seguirán las secciones 32, Entes
Territoriales, y 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
Al título VII han presentado emniendas los grupos parlamentarios Mixto,
Izquierda Unida y Socialista.
Para la presentación de las secciones que se han agrupado con el título
VII, tiene la palabra el Ministro de Administraciones Públicas, señor
Rajoy. (Rumores.)
Silencio, señorías. Vuelvo a recordarles que se van a debatir ahora,
conjuntamente, el título VII de la ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1997 y las secciones 32, Entes Territoriales, y 33, Fondo de
Compensación Interterritorial. Se producirán luego las intervenciones
de los grupos que anteriormente cité como enmendantes.
El acuerdo de la Junta de Portavoces incluía el compromiso del Gobierno
de limitar también su tiempo de intervenciones --compromiso asumido
voluntariamente por el Gobierno, puesto que a ello no le obliga el
Reglamento-- para que no excedan, en términos generales, de diez minutos.
Se lo recuerdo al señor Rajoy en el momento de darle la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente. Intentaré ceñirme al tiempo que me ha marcado.
Señoras y señores Diputados, voy a proceder a la presentación conjunta,
tal y como ha dicho el Presidente, del título VII de la ley de
Presupuestos Generales del Estado y de las secciones 32 y 33 de los
mismos, que recogen fundamentalmente, como todos los señores Diputados
conocen, las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas y
corporaciones locales. No voy a reiterar --creo que no hace al caso-- uno
por uno todos los artículos del título ni las partidas de las secciones,
sino sólo los aspectos más significativos de dicllo título y secciones.
Dividiré mi exposición en tres partes: la que hace referencia a la
financiación de las comunidades autónomas; la que regula la de las
corporaciones locales, y haré un apartado especial sobre la sección 33,
que, como es sabido, recoge la normativa sobre el fondo de compensación
interterritorial.
Comienzo, pues, en primer lugar, con la financiación de las comunidades
autónomas, cuyos aspectos más significativos son los siguientes: asciende
a un total de 2 billones 513.244 millones de pesetas, repartidos entre
los capítulos 4, 2 billones 496.395 millones de pesetas, y capítulo 7,
16.949 millones de pesetas.
Se recogen en estos capítulos diversas subvenciones que voy a leer con
suma brevedad. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Para contratos-programa, concretamente,
ferrocarriles de Cataluña, de Valencia y Consorcio Regional de
transportes de Madrid; para actuación urbanística: Consorcio de Santiago
de Compostela; para financiar servicios específicos o singulares: policía
de Cataluña; para coste de traspasos de servicios: traspasos a Melilla y,
luego, en el capítulo 4, contratos-programa para el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid: convenios de inversión, Metro de Barcelona, Metro
de Valencia y Metro de Madrid; inversiones especiales en la provincia de
Teruel, 1.800 millones de pesetas, actuación compensatoria, esta última,
al estar Teruel en una situación de renta que le haría acreedor al FCI,
pero está excluido Aragón del mismo. Estas últimas partidas
presupuestarias son partidas del capítulo 7 y no del 4, como por error
señalé con anterioridad.
La partida más importante, como todos los señores y señoras Diputados
conocen, sin duda alguna, es la destinada a la aplicación del nuevo
modelo de financiación autonómica, que importa una cantidad de 2 billones
363.626,6 millones de pesetas. Además, hay otra partida, que supone una
novedad importante del nuevo modelo de financiación autonómica, dotada
con 10.000 millones de pesetas, para la puesta en marcha del artículo 15
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que, como
todos los señores y señoras Diputados conocen, se había incumplido, a
pesar de ser un mandato legal desde su aprobación, en el año 1980.
Como saben, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, donde se aprobó por mayoría el modelo de financiación
autonómica, se creó un grupo de trabajo para poder aplicar este artículo
15 de la Lofca y, por primera vez, el Gobierno introdujo en los
presupuestos una cantidad que asciende, como he señalado, a 10.000
millones de pesetas. Asimismo, hay una partida de 87.735 millones de
pesetas para la liquidación de la PIE de años anteriores. En esta
cantidad se integran el 2 por ciento de la PIE que no se incluyó en las
entregas a cuenta, más 46.005 millones de pesetas para liquidar el
procedimiento vigente para la corresponsabilidad fiscal con los datos que
hoy día existen.
El grueso del presupuesto, como he señalado, son los 2 billones 363.626
millones de pesetas que constituyen la cantidad que aporta la
Administración central del Estado a las comunidades autónomas, a los
efectos de que elaboren sus presupuestos para el año 1997. Como ustedes
podrán observar, el crédito presupuestario no se divide entre comunidades
autónomas, sino que se esperará a que éstas acepten o no el nuevo modelo
de financiación para hacerlo en su día. El presupuesto contempla como
fecha el 31 de diciembre del año 1996 para su aceptación, pero se ha
acordado la presentación de una enmienda, por parte del Grupo Popular,
para ampliar este plazo a un mes después de la aprobación de la Lofca y
de la ley de cesión de tributos, teniendo en cuenta que la fecha
previsible de aprobación de estas dos leyes será la del 27 de diciembre y
no parece razonable obligar a las comunidades autónomas a aceptar el
nuevo modelo entre el 27 y el 31 de diciembre del año en curso.
Pues bien, las comunidades autónomas que no acepten el modelo percibirán
las mismas cantidades que recibían en el año 1996, incrementado PIB
nominal o ITAE, según cual de estos dos factores prevalezca; y si lo
aceptan, recibirán PIB nominal, incrementado ITAE, si bien se distribuirá
su consignación presupuestaria en tres partes: una, el 15 por ciento del
IRPF con capacidad normativa; otra, el 15 por ciento del IRPF sin
capacidad normativa; y el resto será, lógicamente, el resto de PIE, es
decir, la participación en los ingresos del Estado, cantidad levemente
mayor, en este segundo caso, que la que percibirían, en el caso de no
aceptar el modelo, porque hay una previsión de que el
IRPF crezca por encima del PIB nominal o, en su caso, del ITAE.
En cualquier caso, a pesar de que no figura en los Presupuestos Generales
del Estado la distribución por comunidades autónomas, es lo cierto que a
los efectos que antes he señalado se han remitido a las comunidades
autónomas las cantidades que tienen que incorporar a su presupuesto de
ingresos, en el supuesto de que acepten el modelo, y también en el
supuesto de que no lo hagan, como es perfectamente entendible. Creo que
también es entendible que la cantidad de que estamos hablando es el 98
por ciento a cuenta del cien por cien que será, lógicamente, el
presupuesto total de ingresos que por esta vía tendrán las comunidades
autónomas.
Paso a exponer ahora con suma brevedad los aspectos que hacen referencia
a la financiación de las corporaciones locales, que es otro de los temas
importantes que se recogen en esta sección 32. Como todas las señoras y
señores Diputados saben, tradicionalmente en esta sección 32 se vienen
recogiendo para las corporaciones locales tres programas de gastos, que
son los que contienen las previsiones de gastos destinadas a cumplir con
los compromisos y obligaciones legales de carácter financiero con las
haciendas locales. Son los siguientes. Primero, que es el más importante,
el programa 912.A donde se incluyen las transferencias a corporaciones
locales por participación en los tributos del Estado, en el que se
contienen los créditos destinados a satisfacer las entregas a cuenta del
ejercicio en curso, de la participación en los tributos del Estado de las
diputaciones o entes vinculados y de los ayuntamientos, y la liquidación
definitiva del año 1996 en este caso.
En segundo lugar, el programa 912.C, otras aportaciones a las
corporaciones locales, en el que se contienen los créditos destinados a
la compensación de beneficios fiscales concedidos por las leyes, las
aportaciones en concepto de subvenciones al transporte público colectivo
urbano, las ayudas nominativas a favor de ciertos entes territoriales
--caso de la ciudad de Ceuta-- y las asignaciones presupuestarias para
satisfacer eventualmente las obligaciones derivadas de sentencias
judiciales.
Por último, el programa 011.A., Amortización y gastos financieros de la
deuda pública nominada en pesetas, que contiene los créditos destinados a
satisfacer las obligaciones de reembolso de créditos de las corporaciones
locales en las que se subrogó el Estado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16.1 de la Ley 9/1983, de 13 de julio, como consecuencia de los
acuerdos alcanzados el año 1981 en relación con el saneamiento del sector
local.
A todo ello resta añadir el crédito consignado en el programa 513.B a
favor de la entidad metropolitana del transporte de Barcelona y el
contenido en la rúbrica general, transferencias entre subsectores, con la
finalidad de compensar a la Seguridad Social la integración en el régimen
general del personal del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A.
mediante el pago de anualidades hasta un número total de siete a partir
del ejercicio de 1993.
Creo que los temas más importantes y que a mi juicio merecen algún
comentario son los siguientes. Primero, como he señalado antes, la
partida más importante es la que hace referencia a la entrega a cuenta a
favor de los municipios por su participación en los conceptos tributarios
de los capítulos I y II del presupuesto de ingresos del Estado no
susceptibles de cesión a las comunidades autónomas. Importa la cantidad
de 760.059.500.000 de pesetas, lo que supone un aumento del 6,69 por
ciento respecto al presupuesto de 1996. En realidad lo único que se está
haciendo en este proyecto de presupuestos es cumplir el acuerdo al que se
llegó en su día con la Federación Española de Municipios, y que la
cantidad aportada por el Estado a estas corporaciones locales suba en
función de la evolución del PIB nominal desde el año original.
Lo mismo sucede con las entregas a cuenta a diputaciones y cabildos por
su participación en los ingresos de los capítulos I y II del presupuesto
del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las comunidades
autónomas. Experimenta una subida del 5,82 por ciento e importa la
cantidad de 413.642.100.000 de pesetas. Aquí ha habido algunas
modificaciones. La regla general ha sido el incremento en función de la
evolución del PIB desde el año de origen, 1994, pero se han tenido en
cuenta los ajustes por integración en la PIE de las comunidades autónomas
uniprovinciales, de su participación en los tributos del Estado, que es
el caso de Madrid y Cantabria, y del fondo de asistencia sanitaria en la
PIE de Andalucía y Baleares.
También hay una partida importante, que es la liquidación definitiva de
la participación en los ingresos del Estado de las corporaciones locales
correspondiente a ejercicios anteriores, que es una simple operación
matemática, como saben los señores Diputados, que importa 68.788
millones. Como partidas que experimentan un alza importante, hay que
destacar la compensación de los beneficios fiscales concedidos a las
personas físicas o jurídicas en los tributos locales como consecuencia de
normas legales del Estado, que experimenta un ascenso del 348,75 por
ciento, y también experimenta un ascenso importante del 512 por cien la
compensación a las corporaciones locales con centrales hidroeléctricas y
térmicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Voy
concluyendo, señor Presidente.
Hago una breve alusión al Fondo de Compensación Interterritorial. La
sección 33 del presupuesto recoge
los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial para financiar
proyectos de inversión en los territorios de las comunidades autónomas
que son partícipes del mismo y que son las que ustedes ya conocen. Son
aquellas comunidades autónomas cuya renta relativa es inferior al 75 por
ciento de la renta media de las regiones de la Unión Europea.
En cuanto al importe global, como dato más significativo señalar que, por
primera vez desde el año 1992, en el que se fijó como cuantía para el
Fondo la de 128.844,9 millones, se descongela la misma y pasa a ser de
más de 133.000 millones, concretamente 133.244,9 millones de pesetas.
Ustedes saben que la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial del
año 1990 decía que el mismo no podría tener una dotación anual inferior
al 30 por ciento de la inversión pública que para cada ejercicio haya
sido aprobado por los Presupuestos Generales del Estado. Según acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de enero de 1992 esta
cifra sería del 35 por ciento. Por tanto, según las reglas anteriores, la
cantidad debería ser de 92.939,6 millones, pero el Gobierno ha decidido
no sólo mantener la cantidad fijada en el año 1992 sino que además el
Fondo de Compensación experimenta una subida de la cantidad a la que
antes he hecho referencia.
En cuanto a la distribución del importe para las Comunidades se hace en
función de lo que señala el artículo 4 de la Ley 29/1990, que todos
ustedes ya conocen y que, por tanto, creo que no es necesario que les
recuerde aquí.
Termino, señor Presidente, lamentando que, siendo un debate tan
importante, no esté aquí el señor González ni el resto de la inmensa
mayoría de los Diputados del Partido Socialista. Si es tan importante no
sé por qué no están presentes hoy en mi exposición. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Se han presentado al título VII y a las secciones 32 y 33 enmiendas por
los Grupos Parlamentarios Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Aroz,
para la defensa de las enmiendas.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna con
la sensación de estar participando no en una sesión nocturna, sino en una
sesión de nocturnidad (Rumores.), porque con nocturnidad y a toda prisa
vamos a debatir y a aprobar el título VII y las secciones 32 y 33, donde
se recoge una de las reformas más importantes que se van a producir en
esta legislatura, la reforma del sistema de financiación de las
comunidades autónomas.
Alguna ventaja, en todo caso, debe tener esta sesión de nocturnidad, y es
que con una cierta tranquilidad en el hemiciclo quizá el señor Ministro
de Administraciones Públicas pueda atender mínimamente los argumentos y
las razones del Grupo socialista. (Rumores.)
Señor Ministro, de la presentación que ha hecho de esta reforma debo
decirle que no le he entendido ni una palabra. Lo ha hecho usted de
carrerilla y con poca convicción. Debo decirle que si esta es la forma en
la que ha explicado y ha negociado la reforma que propone el Gobierno, no
debe asombrarle que haya tenido tan poco éxito, el éxito exclusivamente
en sus propias filas.
Debo decir, con toda seriedad --tómelo con seriedad, señor Ministro--,
que este debate viene acompañado de una situación de conflicto
autonómico, fruto del sistema que se pretende imponer y de otras
decisiones posteriores que han puesto de manifiesto --podemos decirlo
ya-- que la política autonómica del Gobierno del Partido Popular es
improvisada, irresponsable e ineficaz para gestionar la realidad
autonómica de España.
Mientras celebramos este debate parlamentario, fuera de las Cámaras hay
un clima de tensión, de desconfianza y de emulación entre las distintas
comunidades autónomas. Pretenden que aprobemos en este Parlamento un
sistema que antes de nacer ya tiene partida de defunción, señor Rajoy.
¿De qué debemos debatir hoy aquí, de la cesión del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que está en el sistema, que en teoría se
va a aprobar, o de la cesión de impuestos especiales, que no está en el
sistema, pero que en estos momentos centra el debate en las comunidades
autónomas? Dígalo usted. El sistema acordado hace menos de dos meses, el
23 de septiembre, a nadie le parece ya suficiente, porque se ha puesto en
marcha una dinámica de agravio comparativo que puede llevarnos a una
espiral sin fin de demandas y reivindicaciones.
Se ha diseñado un sistema de financiación como moneda de cambio de las
necesidades de gobierno del Partido Popular. Esa es la lógica de las
decisiones que se toman cada día. Eso conlleva a la improvisación en las
reformas, eso conlleva el desequilibrio en el sistema de financiación
autonómica. En un mes, señor Rajoy, se inventaron el modelo. En 24 horas
inventaron e incorporaron al acuerdo mecanismos esenciales en un modelo
de responsabilidad fiscal, como son los mecanismos de nivelación de
ingresos, pero no se atreven, porque no son de recibo, a incorporarlos en
los proyectos legislativos que estamos debatiendo en esta Cámara. No
figuran ni en la modificación de la Lofca, ni en la segunda ley que
estamos debatiendo en esta Cámara.
En definitiva, señor ministro, se quiere reformar todo el sistema de
financiación de las comunidades autónomas en función de sus pactos
concretos, en muchos casos secretos, que han establecido, caso por caso,
con cada uno de sus socios, contra la opinión de dos fuerzas
parlamentarias de esta Cámara que, juntas,
suman más votos que todos los demás que están apoyando este sistema. Se
hurta al parlamento un debate serio, el de los presupuestos, cuando se
tramita, con la oposición del Grupo Parlamentario Socialista, por un
procedimiento especial, casi de urgencia. En esta Cámara hemos debatido
proyectos de ley mucho menos importantes, pero que requerían consenso,
según el Grupo Socialista, como leyes fiscales, como la reforma de la Ley
General Tributaria o la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que han estado
seis meses en esta Cámara, señor Ministro, porque el Grupo Socialista
quería consenso.
La única conclusión de la situación creada y de las reformas que ustedes
impulsan es que o bien el Gobierno no tiene proyecto, o bien este
Gobierno no tiene convicciones. O las dos cosas a la vez, señor Ministro.
Porque nadie puede creer que las decisiones que están tomando ustedes
sean la política autonómica de un partido que dice que tiene un proyecto
para España. Nadie puede creerlo, porque el desconcierto es general y
nadie sabe a dónde vamos.
Para el Estado de las autonomías los riesgos y la falta de convivencia
son evidentes, sin dramatismos, si siguen ustedes por un camino que puede
llegar a que se considere que las diferencias son un trato privilegiado,
o bien si se intenta la uniformidad, bien sea como emulación o como
reacción. No se trata de dramatizar, pero tampoco de frivolizar, porque
hay ejemplos en la Unión Europea donde hay problemas intercomunitarios
serios, que debemos tener presentes y evitar a toda costa.
Los socialistas no queremos sacar ventaja de esta situación. Ustedes
están proclamando que los socialistas queremos desgastar al Gobierno con
la cuestión económica. Se equivocan. Eso se lo dejamos a ustedes. Es lo
que hicieron en la pasada legislatura. Nosotros no vamos a seguir ese
camino. Por el contrario, les ofrecemos colaboración, porque entendemos
que del funcionamiento del Estado de las autonomías depende en buena
parte nuestro futuro común. Por ello le ruego, señor Ministro, que
atienda y entienda con seriedad nuestras críticas a la reforma y la
oferta que le ha hecho de diálogo y consenso Felipe González, el
Presidente de nuestro Grupo Parlamentario, que ustedes han despachado con
frivolidad y malos modos.
Señor ministro, la reforma que se pretende imponer introduce en el
sistema de financiación de las comunidades autónomas un modelo de
corresponsabilidad fiscal. Creo que hay una coincidencia generalizada
entre todos los partidos políticos y en buena parte de los expertos que,
ante la revisión preceptiva para el próximo quinquenio, debía darse un
paso adelante en la corresponsabilidad fiscal que se inició con un primer
paso en la revisión anterior. El sistema que tenemos, que arranca de la
Lofca, se ha ido perfeccionando en cada una de las revisiones que hemos
efectuado, pero hay que decir a la hora de pensar en nuevos pasos, pasos
diferentes, que el sistema ha funcionado bien y que ha permitido la
descentralización del gasto público de una manera ordenada. Hemos hecho
una descentralización absolutamente espectacular en pocos años. En 1983
el gasto público de las comunidades autónomas era el 6 por ciento; ahora
tenemos un nivel de descentralización similar al de los estados
federales, un 24 por ciento. Ya saben que cuando se habla de federalismo
se habla del famoso 50, 25, 25; estamos a nivel de los estados federales.
Lo hemos hecho con este sistema de una manera ordenada.
Además, el sistema ha permitido desarrollar el autogobierno de las
comunidades autónomas y corregir desequilibrios y desigualdades
territoriales, y España --y debe ser un motivo de satisfacción para
todos-- es hoy un país de los de mayor equilibrio en la Unión Europea
junto con Suecia, Holanda y Finlandia, y ello desarrollando tres
principios que están en el sistema: la suficiencia, la solidaridad y la
autonomía financiera. Y es verdad que este tercer aspecto de la autonomía
financiera, contenido en el artículo 156 de la Constitución, es el de
menor desarrollo en el sistema. Existe una dependencia financiera
importante de las comunidades autónomas respecto a la Administración
central, y este es el nuevo paso que hay que dar en el perfeccionamiento
del sistema.
Señor ministro, señores del Partido Popular, el modelo que se ha elegido
es un mal modelo, y yo debo decir que lo primero que hay que aclarar en
un debate es que no hay un solo modelo de corresponsabilidad fiscal. La
propaganda del Gobierno está tratando de decir: nosotros traemos la
corresponsabilidad fiscal. No, señor Rajoy, ustedes traen un modelo de
corresponsabilidad fiscal con el que no estamos de acuerdo, primero,
porque la descentralización recae únicamente en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y esto tiene un efecto dispar en la
autonomía financiera de las comunidades autónomas y reduce la capacidad
distributiva de un impuesto clave en la redistribución de la renta en
España. Ustedes han renunciado a otros modelos que existen en Europa y
que recaen sobre lo que podríamos llamar una cesta de tributos, que
además lo habían planteado de manera razonable algunas de las comunidades
con las que ustedes han negociado; con alguna han llegado a un acuerdo,
con otra no. Lo había planteado la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo
había planteado la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ustedes no han
atendido sus razones. Ustedes han elegido una mala fórmula para la cesión
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cesión de la tarifa
con capacidad normativa. Vamos en dirección contraria a la armonización
fiscal de la Unión Europea; conlleva competencia y deslocalización. No lo
digo yo, señor Rajoy, lo dice el señor Maciá Alavedra, Consejero de
Finanzas de la Generalitat de Cataluña, y es contradictorio con lo que
hacen, porque ustedes están proponiendo que aprobemos aquí la capacidad
normativa, la
competencia fiscal entre las comunidades autónomas, y ustedes están
poniendo un recurso a las comunidades que legítimamente hacen uso de su
competencia. Pero también es una incongruencia en las comunidades
gobernadas por el Partido Popular, porque al mismo tiempo que han apoyado
o han firmado esta propuesta, están pidiendo que en el Fondo de
Compensación Interterritorial se les compense los perjuicios que les va a
ocasionar a las comunidades limítrofes esa deslocalización, que es una
realidad, porque en dos meses 23 empresas de las comunidades que rodean
al País Vasco se han dirigido hacia esa comunidad.
Parece un juego de despropósitos, señor Rajoy, pero no, es la política
autonómica del partido que nos gobierna.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, le
ruego vaya concluyendo.
La señora AROZ IBAÑEZ: Sí, señor Presidente, pero como usted sabe
debatimos el título VII y las secciones 32 y 33, así que le ruego que sea
un poquito benevolente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, soy
plenamente consciente de lo que estamos debatiendo, igual que su señoría.
Le ruego que no se exceda en el tiempo que ha sido acordado por los
distintos grupos parlamentarios.
La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero insistir en algo fundamental, señorías. No hay un único modelo de
corresponsabilidad fiscal, no hay una única fórmula de descentralizar el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el modelo del 15 por
ciento era otro. Tampoco hay una única forma de capacidad normativa,
porque la contenida en la actual Lofca es una y la que existe en los
países federales, mucho más razonable que la que ustedes proponen, es
otra. Como usted sabe bien en Alemania se discuten y se aprueban en su
Senado, en el Bundesrat, los elementos correspondientes a los impuestos
compartidos.
Ustedes, señor Rajoy, nos proponen un mal modelo, que no han discutido
con nadie, un modelo, podríamos llamar, exótico, porque es una mala
imitación del modelo canadiense, mal copiado y peor acabado, porque uno
de los problemas fundamentales, señor Rajoy, no es el de la capacidad
normativa, no es la fórmula que han elegido en el IRPF es, sobre todo, la
falta de mecanismos adecuados para garantizar los ingresos y la
nivelación de los servicios en las comunidades autónomas, porque
cualquier modelo de corresponsabilidad fiscal lleva acompañándole
mecanismos de nivelación de ingresos, pues inevitablemente la autonomía
financiera conduce a la desigualdad en los ingresos en las comunidades
autónomas. Y los mecanismos que ustedes han introducido, con nocturnidad
también, en 24 horas porque alguno de sus presidentes autonómicos
protestó son mecanismos confusos, insuficientes y al margen del cuerpo
legal.
Por ello, le digo que no pueden levantar las cautelas que nosotros
introdujimos en el modelo del 15 por ciento del IRPF, los famosos topes,
sin que ustedes aseguren antes cómo van a resolver ese problema de
diferencias en los ingresos que conlleva la autonomía financiera si no
han introducido los mecanismos adecuados.
Una consideración más. Ustedes hacen una venta de su modelo en términos
de ganancia, pero le reclamo la explicación pendiente, que usted no ha
hecho, de cómo se distribuyen, porque el problema no es cuánto gana el
conjunto, tampoco cuánto gana cada uno, sino si esa ganancia va a
mantener o no la equidad en el reparto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, le
ruego concluya.
La señora AROZ IBAÑEZ: Acabo, señor Presidente.
El problema tampoco es si se gana más, ¿no estamos hablando de un
problema de dependencia financiera, señor Rajoy? ¿No se justifica en
términos de aumentar la autonomía financiera? Eso se llama estructura de
los ingresos, no es un problema de suficiencia.
Acabo, señor Presidente, señor ministro, reiterándole nuestra propuesta,
y haciéndole una consideración última: avanzar en un modelo de
corresponsabilidad fiscal significa hacer compatibles la autonomía y la
igualdad, la autonomía y la equidad. Ustedes no garantizan esto. Además
usted debe entender que cualquier avance autonómico requiere consenso; el
desarrollo del Estado de las autonomías requiere consenso y ese es el
sentido de nuestras enmiendas: parar el desarrollo legislativo, prórroga
del sistema actual hasta la aprobación por consenso de uno nuevo.
Cometen ustedes un grave error al intentar imponer esta reforma con la
opinión contraria de los socialistas, pero estamos a tiempo de
rectificar, estamos a tiempo y estamos en el lugar adecuado, el
Parlamento, para debatir las leyes que reforman el sistema de
financiación de las comunidades autónomas. Atiendan ustedes, señor
ministro, nuestra oferta de diálogo que es real y sincera, porque el
problema es real, los problemas financieros de su sistema son reales y
hay muchas voces en la sociedad que están pidiendo que nos sentemos a
dialogar.
Le insisto en que no se puede romper impunemente, sin consecuencia, un
consenso político que afecta a un consenso básico en nuestro país como es
el de la estructura del Estado, porque este consenso básico afecta y
puede afectar a la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos
españoles.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Aroz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que esta
tarde ha primado más ese viejo refrán de no dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy. Eso es lo que nos ha hecho seguir después de la
votación con el debate de este título y de esta sección. Yo le diría al
señor ministro que también podía servir para la discusión política que
tenemos hoy aquí, y es: no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Y si
hoy se puede mejorar lo que estamos discutiendo, aceptando algunas de las
consideraciones, sería bueno. Sería bueno porque para este país no es
positivo vender un acuerdo de distribución de la financiación entre los
entes territoriales en función de: quien apoya al que manda sale
beneficiado y el que no, sale perjudicado.
Además, creo que nos equivocamos cuando planteamos la idea de una
discusión de financiación de entes territoriales en función de la
comunidad del PP, la comunidad del PSOE, la comunidad de Convergència,
porque las comunidades autónomas no son ni del PSOE ni del PP ni de
Convergència, mucho más cuando están gobernadas todas ellas en coalición,
incluido el Gobierno del país que tiene una situación de apoyo
parlamentario.
Por tanto, sería bueno que lo que primara fuese la distribución de los
recursos que hay en todo el Estado entre todos los elementos que componen
el Estado. Por eso sería bueno ampliar algo que ha sido un acuerdo de
partida positivo, que ha sido un avance en función de lo que en principio
se estaba discutiendo, y es bueno porque será mucho más estable en el
futuro en la medida en que tenga el consenso de todos los entes
territoriales que componen el Estado, llámese comunidades autónomas, y de
las fuerzas políticas que le amparan. No es bueno que la mitad de España
se lo imponga a la otra mitad, no es bueno, aunque les suponga salir
adelante hoy. Y mientras sí encuentro cómo se va a distribuir el Fondo de
Compensación Interterritorial (si ustedes tuviesen paciencia les podría
ir diciendo los recursos que van a ir, por ejemplo, a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, y sé que de 133.000 millones a
Castilla-La Mancha van a ir 9.688 millones), me vengo al programa de
financiación de las comunidades autónomas y, por más que miro, sólo veo:
A las comunidades autónomas, dos billones 363.000 millones. ¿Pero cuánto
a cada una? Y dicen: ¡Ah! Interprételo usted. ¿Cuándo lo vamos a
interpretar, señor ministro? ¿Mañana, pasado, dentro de un año, dentro de
tres meses, al final? Sería bueno que lo supiéramos, porque al final,
¿sabe lo que estamos dando? Recursos. Dice: Léase usted el acuerdo que
hemos aprobado. Mire usted, pues me leo el acuerdo y sigo igual. Todavía
no lo puedo sacar.
Por ejemplo, ¿es posible que intentáramos buscar una situación que
recogiera cinco nuevas vertientes, además de la corresponsabilidad
fiscal? Fíjese, yo creo que es bueno que haya autonomía financiera, es
bueno que los parlamentos tengan capacidad de autonomía financiera; pero
a la vez que hay autonomía financiera debe existir en todo el Estado un
marco de armonización para esa autonomía financiera, cuál es el máximo y
el mínimo, el equilibrio; en el IRPF ya sé que es el 20 por ciento, el 20
por ciento más o el 20 por ciento menos, ya no nos ponemos de acuerdo en
si eso significa tres puntos arriba o tres puntos abajo, según quién
pueda subir o bajar. ¿Pero no podemos hablar a la vez de un mínimo de
elementos que han sido aplazados? Por ejemplo, ¿por qué no facilitamos el
que pueda haber nuevos impuestos en las comunidades autónomas? El
artículo 9 de la Lofca lo podría facilitar. Por ejemplo, ¿por qué no
actualizamos las variables? Creo que sería bueno que pudiéramos utilizar
una actualización de las variables, porque está siendo utilizada la
población del año 1988. Hay comunidades que han crecido y otras no. Por
ejemplo, la población de la comunidad a la que yo pertenezco, mire usted
por dónde, ha tenido la suerte o la desgracia de crecer en 100.000
habitantes. Nos van a aplicar ustedes la financiación del año 1988 de
aquí al 2001. Usted me dice: Es que la comunidad ha venido y ha aceptado
eso. Hombre, conforme se negocia esto, te compenso por aquí, te compenso
por allá, al final o tragas o te quedas fuera; incluso las que se han
quedado fuera tendrán que entrar a discutir y a negociar. Por eso, cada
mano tendida que le den, señor ministro, no la rechace; es bueno
negociarlo, es bueno discutirlo, porque incorporado uno más, aunque sea
pequeño y sea poco, es positivo para la estabilidad de ese modelo de
financiación, no vaya a ser que en un año tengamos que modificar todo el
kiosko que ustedes están intentando montar.
Pero sería bueno que la nivelación sea real y para el año 1997, no para
el año 1998, y que la distribución de esa nivelación sea más o menos
prefijada. Dicen: creamos una comisión que va a culminarlo y después
veremos cómo se distribuyen, y hemos puesto 10.000 millones de pesetas.
Es verdad, no había 10.000 millones de pesetas en todos los años
anteriores. Ya tenemos 10.000 millones de pesetas. ¡Ya me dirá qué nivela
y cómo nivela! Por ejemplo, sería bueno que le diéramos estabilidad al
FCI. Ustedes han incrementado un dinero, 4.400 millones de pesetas, y han
modificado la Ley del Fondo de Compensación. ¿Por qué? Porque marcaba un
porcentaje, y ustedes han ido al 50 por ciento. Pero, ¿es graciable para
este año? ¿Va a tener estabilidad para el futuro? ¿Va a ser al año que
viene el 75 por ciento? ¿Qué nivel de inversión? ¿Por qué no establecemos
otro nivel que sea más real que la inversión nueva para el FCI, con un
compromiso de corrección
de desequilibrio? Esa es la solidaridad, los recursos que vamos a dar
para corregir los desequilibrios entre las distintas comunidades
autónomas. ¿Por qué no buscamos una garantía de esa estabilidad? ¿Por qué
no damos claridad a la compensación de las que se queden por debajo del
90 por ciento de la financiación? Por ejemplo, ¿por qué no le damos una
respuesta a la deuda histórica de comunidades como Extremadura y como
Andalucía? El año pasado, cuando discutimos aquí los últimos
presupuestos, ustedes estaban en un lado, y sería bueno mantener una
mínima relación positiva. No vale decir que en los presupuestos nos
llevamos esto y después discutiremos lo otro. Eso para la comisión mixta.
Inclusive la financiación de la sanidad. Por qué no decimos claramente el
dinero que va a ir a cada una, en lugar de dejarlo ahí mezclado, diciendo
ya veremos, pues la Generalitat dice que se va a llevar 27.000; no, se va
a llevar 32.000. Ya estamos como en el tema de la financiación: 3.000 más
7 más 12 más 19 más 29. No sabemos al final qué se ha llevado con las
enmiendas que hemos introducido. ¿Por qué no lo dejamos nítidamente
puesto?
En suma, ¿sería posible con estas precisiones mejorar la propuesta? Esas
son las cuatro enmiendas que hemos presentado al capítulo II de
comunidades autónomas, en las que pedimos: actualización de variables,
fijar el FCI, recuperar el FCI del año 1989. Diez mil millones de pesetas
se quitaron a las comunidades autónomas para hacer un crédito
extraordinario. Hay una sentencia según la cual van a tener ustedes que
pagarle a una comunidad ese dinero y a las demás no. Se los quitaron de
los fondos que tenía en el año 1989.
¿Y por qué no nos planteamos unos municipios fortalecidos, unos
municipios con recursos suficientes, unos municipios que tengan
posibilidad de financiación, que hagan frente a la deuda que tienen, a la
capacidad actual y al futuro que pueden tener, un mayor protagonismo
municipal? Le hemos presentado un paquete de siete u ocho enmiendas: una,
aumentar el dinero que distribuyen a los municipios en 35.000 millones de
pesetas. La verdad es que los municipios crecen menos que las comunidades
autónomas. Si ustedes han tenido que buscar el apoyo en comunidades
autónomas, es lógico que ustedes hagan crecer por ahí. Pero es que creo
yo que la distribución del poder --ustedes mismos lo han anunciado-- debe
pasar por ese proceso de acercar el poder a los ciudadanos y apostar por
los propios municipios, incrementando sus propios recursos. ¿Por qué no
destinar a la refinanciación de la deuda mayores recursos que los que
ponen ustedes aquí? Hay dinero aquí, en los presupuestos, lo que pasa que
es escaso. No pueden decir que la enmienda que nosotros proponemos es
descabellada, pero dígame por qué estas cifras sí lo son. ¿Porque son
exactas, porque las hemos medido, porque las hemos estudiado, simplemente
porque hay ayuntamientos que no atenderemos, otros que sí atenderemos? Le
hemos propuesto, por ejemplo, otra forma de financiar los municipios no
basada solamente en las grandes ciudades, y le hemos propuesto otra
distribución distinta hasta de las variables. Pueden estar equivocadas,
pero me gustaría que se respondiera a las propuestas que hacemos. Porque
no nos quedamos solamente en criticar su propuesta, le hacemos enmiendas
para mejorar su propuesta, incluso puntual y parcialmente. Le estamos
sistemáticamente tendiendo la mano a una mejora de su proyecto y de su
propuesta. También usted me podría preguntar: ¿y qué están ustedes
dispuestos a dar? En función de las enmiendas que nos admitan en la
propia discusión, veremos lo que hacemos.
¿Por qué no estamos, por ejemplo, atendiendo dentro de la deuda sanitaria
la herencia que han recibido las diputaciones provinciales, que tienen
hospitales, que se han incorporado a la red del Insalud, por qué unas
comunidades van a recibir unos dineros y otras no, por qué el Insalud no
lo va a poder distribuir? ¿Por qué no hacemos frente a los pagos
mensuales de los propios municipios en el mismo porcentaje que las
comunidades autónomas? ¿Por qué, si no se lo pagamos mensualmente y se lo
aplazamos, no le damos los intereses, como cuando le pasa al Estado, que
es al revés? En suma, ¿por qué no buscamos medidas para paliar y apostar
por un fortalecimiento de los propios municipios?
Señor Presidente, creo que sería bueno que la distribución de los dineros
entre lo que pudiéramos llamar estructura territorial del Estado fuese lo
más consensuada posible. Ustedes pueden decir que han hablado con todos
los grupos; ustedes pueden decir que lo han intentado, pero yo quiero
decirle que lo han intentado, pero poco. Han informado, eso es verdad.
Tengo que reconocer que a nosotros nos han estado informando
sistemáticamente, en cada paso daban. Pero, ¿basta con informar? ¿No es
posible, aunque sea con una trompetilla, abrir un poquitín para escuchar
lo que pueden proponer otros?
Podremos estar equivocados en un 50 por ciento. Podemos aceptar que nos
hemos equivocado en un porcentaje, pero ¿en el 100 por ciento? ¿Esto es
todo o nada, no es posible mover una coma? ¿Esa es la idea que ustedes
tienen de un modelo de Estado? ¿Ustedes creen que se puede negociar, una
vez discutidos los cuartos, otro proceso de distribución competencial?
¿Cómo es posible? Hemos distribuido los dineros, no hemos dicho qué se va
a tener de aquí al año 2001, y ahora, si queréis, discutimos si te damos
las catedrales o te quitamos la cultura; si te damos la pesca interior o
exterior. ¡Hombre!
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, espero que los 14 o 15 segundos
que llevo excedidos en el tiempo no lleguen al minuto.
En todo caso, la relación bilateral es buena siempre y cuando se enmarque
dentro de un acuerdo general. En la distribución de la financiación
territorializada que hemos hecho de los 784.000 millones que se pueden
territorializar, hay comunidades que van a incrementar el 50 por ciento
de su inversión, mientras otras lo ven disminuir. Y aquí se ve cómo se ha
hecho el acuerdo. Por ejemplo, Canarias, de 14.000 millones pasa a
23.000. Sube el 60 por ciento. ¿Hay otras que bajan? Azares de la vida.
Otro ejemplo, financiación de los municipios. Municipios canarios, el 49
por ciento; los demás, el 39 por ciento. Dígame usted que eso pasa porque
le apoyan, porque son sus amiguetes, pero así no es posible que hagamos
un modelo de Estado ni un modelo de financiación de la estructura
territorial y municipal del Estado.
Lo que le estamos proponiendo, y con esto termino, señor Presidente, son
modificaciones a la propuesta que ustedes hacen, que se puede solucionar
de aquí al Senado, de aquí a que vuelva. Fíjese, no queremos que se
utilice la estructura fuera de la propia discusión parlamentaria, pero es
posible, y lo que pueda hacer hoy no lo deje para mañana; no espere a
modificarlo después. Se podría hacer aquí, se podría hacer en este viaje,
se podría hacer en esta discusión, y, en función de esa discusión, creo
que el marco de estabilidad que conseguiríamos con esa propuesta sería
bueno, sería mucho mayor que el que ahora mismo tiene. Con independencia
de que al final se pueda recoger más o menos.
No le pedimos, por tanto, que pare el tren. Yo no llego a pedirle lo que
le ha pedido la portavoz del Grupo Socialista, que se aplique para el año
1997 el sistema de financiación y que discutamos durante el año 1997.
Antes de ponerlo en marcha, ultime todas las posibilidades de discusión
en la distribución de financiación. Y aquí hay unas enmiendas. Pueden
aceptar cinco, tres, dos o ninguna. O aceptarlas a medias. O transar. ¿O
es que aquí solamente se transa con quien se quiere transar? Desde luego,
si la transacción es que ponemos 6.000 millones en el articulado, en una
disposición adicional, pero no decimos cómo los vamos a pagar, va a ser
difícil. En todo caso, hasta en ese sentido estamos dispuestos a
escucharles.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con la brevedad que creo hace al caso, voy a contestar a la señora Aroz y
al señor Ríos, lamentando que ahora no es que esté ausente el señor
González sino que también está ausente el señor Almunia, después de la
que organizó aquí con ocasión de que el debate no se retrasase hasta el
día de mañana. Eso demuestra
--al menos parece que demuestra-- lo que les importa a los señores
Almunia y González el famoso asunto de la financiación autonómica, con el
cual ha comenzado usted su intervención diciendo que no ha entendido una
palabra. (La señora Aroz Ibáñez pronuncia palabras que no se perciben.)
Dice que no ha entendido una palabra, y yo no juzgo su inteligencia, creo
que ya la ha juzgado usted y que todos los señores Diputados se han dado
cuenta del asunto.
Dice que el modelo tiene poco éxito. Tendrá poco éxito entre ustedes,
porque éste es un modelo que de quince comunidades autónomas lo han
apoyado doce, y además hay dos comunidades autónomas, el País Vasco y
Navarra, que han manifestado, aunque no les afectaba, su conformidad en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como también lo hicieron
Ceuta y Melilla, y en el último debate celebrado en el Senado, durante la
última semana, estuvieron a favor del modelo el Partido Popular,
Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, que
no le afectaba pero la Senadora de Eusko Alkartasuna dijo que le parecía
un avance importante en financiación de las autonomías, el Partido
Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, y también tuvo una intervención
favorable, aunque quería ir más lejos, el representante de Unión
Valenciana. Tendrá poco éxito en su casa, pero la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas y de los partidos políticos no opinan lo mismo que
usted. Usted habla de que aquí se está organizando un conflicto
autonómico, que es justo lo que ustedes están intentando que se organice:
un conflicto autonómico.
Dicen que nosotros queremos imponer un modelo de financiación autonómica
¡Hombre! Los que quieren imponer un modelo de financiación autonómica son
ustedes, porque resulta que al final ustedes no quieren que sea el modelo
que aprueba la inmensa mayoría, sino que el modelo de financiación
autonómica sea el del año pasado que era el suyo, que, por cierto, no lo
habían pactado, porque creo recordar que en la última reunión del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, la prórroga del 15 por ciento salió
adelante con los votos del Gobierno y Convergència i Unió, como a buen
seguro recordará usted. Dice que en un mes hemos inventado el modelo,
pero es que teníamos un antecedente. El modelo era el mismo que propuso
el señor Nadal en las elecciones autonómicas de Cataluña, el candidato
del Partido Socialista en aquellas elecciones: 30 por ciento con
capacidad normativa, como usted a buen seguro recordará.
Luego hace un comentario diciendo que se hurta el debate. Yo he
participado en múltiples debates en el Congreso y en el Senado sobre la
financiación autonómica. Yo vengo aquí siempre que se me llama. Ustedes
me preguntan siempre que quieren. Yo vengo y les respondo apacible y
tranquilamente. Dígame otra cosa.
No me diga que se le hurta el debate, por lo menos no diga que se lo
hurto yo.
También dice que el Gobierno no tiene proyecto. ¡Es fantástico! ¿Y el
suyo? Porque claro, el Gobierno ha presentado un modelo. Lo han aprobado
doce comunidades, como he dicho, y partidos políticos. Ustedes no han
presentado un modelo y le dicen al Gobierno que ha aprobado un modelo,
que por cierto está siendo objeto de crítica por ustedes, que no tiene
modelo ¿Y dónde está su modelo? Ustedes tienen quince. Desde ese punto de
vista tienen más, porque tienen uno en cada comunidad autónoma.
En cuanto al desconcierto general, mire usted, el desconcierto es el
suyo, porque todas las demás fuerzas políticas ya están en un modelo, las
comunidades autónomas están en un modelo y ustedes no están en ningún
sitio. Están diciendo que hay que volver al modelo anterior.
Dice que los socialistas no quieren sacar ventaja de este asunto. Eso no
se lo cree nadie, señora Aroz. Están haciendo lo imposible para intentar
sacar ventaja de este asunto, y luego ofrecen colaboración. Yo le acepto
la colaboración: voten el modelo. Y, sobre todo, no presionen a sus
comunidades autónomas para que no voten el modelo. Yo con esa
colaboración ya me conformo.
Hace unas disquisiciones sobre la corresponsabilidad. Dice que es una
mala fórmula. Era la del señor Nadal. Habla de que hay otras formas de
corresponsabilidad. Sin duda que las hay. Me gustaría saber cuál es la
del Partido Socialista.
Dice que no hay mecanismos de nivelación. Hasta tal punto hay mecanismos
de nivelación que hay la garantía mínima, la garantía del 90 por ciento y
la garantía del 90 por ciento al final del quinquenio de la financiación
por habitante.
Luego siguen haciendo declaraciones y eslóganes: hay un conflicto, no se
ponen de acuerdo, no tienen proyecto, cuánto cuesta, el modelo es
exótico. Yo creo que aquí ya sabemos todos lo que está sucediendo. Fíjese
lo que le importa a su grupo el modelo de financiación. ¡Si ni está
--como le dije antes-- el señor Almunia! (La señora Aroz Ibáñez: Ni el
Gobierno. Está usted solo.) Es la demostración de la confianza que tiene
el Gobierno en mi persona; por eso estoy solo aquí. (Risas.--Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.) En fin, señora Aroz, muy poco serio.
Más seria ha sido la intervención del señor Ríos que, sin embargo, me va
a permitir que le diga una cosa en cuanto al consenso y a la negociación.
Además, sabe el señor Ríos que tengo razón y lo va a reconocer, aunque no
sea públicamente sí al menos en su fuero interno. Es difícil, señor Ríos
--luego le diré una cosa--, llegar a un acuerdo con ustedes en materia
autonómica, porque, ¿se acuerda usted lo que sucedió cuando se debatió el
Estatuto de Aragón recientemente en esta Cámara? No me parece normal que
ustedes no hayan considerado necesario presentar ni una sola enmienda al
Estatuto de Aragón cuando allí estaba la cesión del régimen económico de
la Seguridad Social, cuando allí estaba el régimen de concierto para
Aragón. No me parece normal, señor Ríos. Yo intenté consensuar con usted
y presentamos cuarenta enmiendas. Como usted dice: ¿no es posible mover
ni una coma del Estatuto de Aragón?
Hombre, alguna probablemente podría moverse. Esos antecedentes dificultan
muchas cosas. Tengo que decir que lo que usted ha dicho aquí me ha
parecido muy sensato y muy razonable. Sobre todo constato un hecho del
que ya era conocedor: que ustedes se han opuesto al modelo por las formas
y sobre todo por razones diferentes a las del Partido Socialista. Ustedes
son partidarios de una mayor corresponsabilidad fiscal de la cesión del
IRPF, e incluso lo dice su programa electoral. Probablemente hubieran
querido dar un paso más del que ha dado el Partido Popular y otras
fuerzas políticas que le han acompañado en este nuevo modelo de
financiación. El Partido Socialista no sabemos lo que quería exactamente;
probablemente lo averigüemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): En cualquier
caso, hay cuatro temas importantes: la modificación de las variables, a
la que usted hacía referencia; la nivelación, sobre la que dice que le
parece una cantidad exigua; cree que el Fondo de Compensación
Interterritorial debía tener una estabilidad en su crecimiento y, al
mismo tiempo, hace referencia a una mayor claridad en la compensación del
90 por ciento.
Sobre el tema de las variables, era muy difícil modificarlas sin que se
generase una tensión entre comunidades autónomas. La nivelación y la
estabilidad del FCI, sin duda, son asuntos sobre los que se puede hablar.
Respecto a la claridad en la compensación del 90 por ciento, yo,
sinceramente, lo veo bastante claro. No sé si usted quiere que le dé
alguna explicación un poco más amplia. En cualquier caso, si hay
oportunidad, luego se la daré. En fin, nosotros no nos negamos, siempre y
cuando usted tenga en cuenta que se ha llegado a un acuerdo con doce
comunidades autónomas que este partido no cree que sea lógico ni
razonable incumplir ni romper. De todas formas, sus aportaciones, sin
duda alguna, pueden ser estudiadas, y de hecho así lo haremos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
La señora Aroz tiene la palabra, por tres minutos.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Seguimos, evidentemente, con un diálogo de sordos. Solamente quiero hacer
dos precisiones, señor ministro, y plantearle algunas cuestiones.
Sobre el diálogo, debo insistir en que no lo ha habido; ustedes no han
buscado el consenso con el Partido Socialista. No estamos ante una
revisión quinquenal más que podía tratarse en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, sino ante una reforma profunda que se tramita con
modificación de leyes acordadas, con consenso político y parlamentario.
Segunda puntualización. Se equivoca usted, señor ministro. Mi compañero
el señor Joaquim Nadal no proponía la cesión del 30 por ciento sino del
40 por ciento del IRPF, pero no de su modelo, sino del modelo Lofca del
modelo que estaba en vigor en la legislatura pasada. El 30 por ciento no
es el 15 por ciento multiplicado por dos, señor Rajoy; es otro modelo el
que ustedes nos proponen.
Tercera. Grado de autonomía financiera de las comunidades autónomas:
¿Usted puede explicar, señor ministro, el grado de corresponsabilidad, el
grado de autonomía financiera que va a significar para las comunidades
autónomas? ¿Es homogéneo? ¿No es verdad que hay comunidades que van a
tener un porcentaje de autonomía financiera de un 40 por ciento, como
Andalucía y Galicia, mientras que Cataluña va a tener un 93 por ciento?
¿Le parece que esa divergencia en la autonomía financiera entre
comunidades autónomas va a aportar estabilidad al modelo? Explíquelo, por
favor.
Algo mencionaba el portavoz de Izquierda Unida sobre las sospechas de
parcialidad, y le digo que las hay. Ustedes son rigurosos en el
cumplimiento de las previsiones estatutarias de determinadas comunidades
autónomas. ¿Por qué no son rigurosos en el cumplimiento de otras
previsiones estatutarias de determinadas comunidades autónomas? ¿Por qué
ustedes no aceptan las reivindicaciones, las aspiraciones estatutarias
legítimas de Andalucía y Extremadura en relación a la deuda histórica que
ha sido aprobada por unanimidad en las respectivas comisiones mixtas de
transferencias? ¿Por qué ustedes tampoco han aceptado la actualización de
las variables, de la que hablaba el portavoz de Izquierda Unida, que
perjudica, casualmente, sobre todo a la comunidad de Andalucía hasta un
volumen de 400.000 millones de pesetas, por no haber actualizado la
variable población para el próximo quinquenio? ¿Sabe usted que reduce su
financiación per cápita a la comunidad de Andalucía 6.000 pesetas por
habitante, con el sistema que proponen?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, le
ruego concluya.
La señora AROZ IBAÑEZ: Sí, señor Presidente.
Dos peticiones de explicación. El señor Presidente del Gobierno se
comprometió en esta Cámara, en el debate de investidura, a la
trasparencia. En las sucesivas peticiones que hemos hecho en relación a
las características y a los efectos del sistema se nos ha ido remitiendo
al debate presupuestario. Estamos en él. Señor Rajoy, conteste usted, dé
las explicaciones que le pide mi grupo. En primer lugar, cuáles son las
previsiones del coste del modelo para el próximo quinquenio, cuál es la
distribución de ingresos por comunidad autónoma para el año 1997. Y,
señor Rajoy, cuáles son los contenidos de los acuerdos con los grupos que
apoyan al Gobierno, al margen del sistema de financiación ordinario.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aroz.
Señor Ríos, por tiempo máximo de tres minutos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, creo que la discusión
comparada es buena si la queremos utilizar para todo. Lo cierto y verdad
es que cuando se plantea una discusión abierta a mil sitios podemos decir
si se ha producido o no. Ustedes no han discutido con nosotros el modelo
de financiación. No lo han discutido, nos han informado. No han trabajado
nuestras propias propuestas. Y no es bueno que la negociación, señor
ministro, se haga en súbanse a mi tren que ya les daremos asiento. No es
bueno. Ni siquiera cuando se nos dice: para un pacto autonómico, ¿qué
vais hacer en Aragón? Discútase en Aragón, señor ministro. No hubiera
pasado nada.
Por eso le acepto a usted que hay enmiendas que nosotros hubiésemos
votado a favor si se hubiesen podido votar una a una, pero las votamos en
su conjunto. Hubiera sido bueno ese consenso por aquello de: no hagas en
un sitio cosas distintas de las que puedas hacer en otro, para que
defendamos lo mismo en cada sitio. Nosotros hubiéramos estado dispuestos
a discutir de Aragón, de Murcia, de Extremadura y de cualquier sitio.
Pero eso es otra cosa. Eso es la discusión del pacto autonómico sobre
reformas estatutarias, competencias, funcionamiento de parlamentos,
etcétera. Ustedes preveían discutir de Aragón para después utilizarlo de
ejemplo para otro sitio. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí
estamos hablando de la distribución de los dineros para el año 1997, a no
ser que yo me haya podido equivocar. Y nosotros les hemos propuesto cosas
concretas, enmiendas concretas: para ampliar los recursos del Fondo de
Compensación, para ampliar los recursos del Fondo de Nivelación, para
trasponer y aplicar las variables actualizadas del año 1995, para recoger
la deuda histórica de Andalucía y Extremadura --que pueden ustedes
negociar después--, para recoger todos los dineros también de la deuda
sanitaria, para los propios municipios. En suma, lo que les hemos dicho
son nombres y apellidos.
En todo caso, por aquello de sumar (en la escuela aprendí a sumar hasta
un número determinado), Izquierda Unida ha obtenido 2.600.000 votos, el
Partido Socialista, 9.400.000; suman 12 millones de votos. Todo lo demás
que usted ha sumado no alcanza 12 millones de votos. Ya que sus socios
dicen que están de acuerdo con otro modelo, que lo quieren modificar, que
quieren otros impuestos, por ejemplo IVA, en fase minorista, impuestos
especiales, otros impuestos, en suma, ¿qué estabilidad tiene un acuerdo
que al día siguiente, sin haberse aprobado, se está diciendo que lo van a
modificar por parte de los que lo han apoyado? ¿No sería bueno dotar de
estabilidad a todo el proceso?
Y en cuanto a los municipios, sobre lo que no me ha respondido, ¿no sería
bueno buscar una fórmula distinta que dé respuesta a los municipios
grandes, a los medianos y a los chicos? ¿Que le den recursos, que les den
capacidad de actuar, que no estén asfixiados con la soga al cuello? Esas
son las propuestas que les hemos hecho. Y de paso, si usted quiere,
también discutimos de la Lofage.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
De paso podemos discutir de mil leyes, incluso de las que pueden
presentar ahora; de la negociación de la función pública o de la oferta
pública de empleo. De todo lo que usted quiera, pero como a mí me
enseñaron: olivica que he comío, huesecico al suelo. Así que al tajo
empecemos por esto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ríos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad intervengo ahora, ya que antes no he dicho nada sobre
los municipios. Probablemente demandar mayor asignación presupuestaria
para un municipio o simplemente solicitar el incremento de cualquier
partida presupuestaria no es difícil o, dicho de otra forma, es fácil,
pero estamos ante un presupuesto, como el señor Ríos sabe, muy rígido,
muy austero y las partidas presupuestarias que experimentan un ascenso
significativo son sólo tres: pensiones, sanidad y entes territoriales.
Dentro de los entes territoriales la partida que hace referencia a los
ayuntamientos experimenta una subida del 6,62, mientras que en
diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales es del
5,82. En un presupuesto que sube el 1,7 comprendo que al señor Ríos le
parezca una cantidad poco significativa, pero tiene que comprender
también que puede haber criterios diferentes a los que él ha mantenido.
Creo que los municipios tienen una asignación presupuestaria razonable y,
por otra parte, es la misma que se ha pactado en su día con la Federación
Española de Municipios para un período de cinco ejercicios comprendido
entre los años 1994 y 1999. Naturalmente podíamos tomar una decisión para
que en lugar de subir el 6,82 o el 5,82 subiese el 10, el 12 ó 14, pero
es lo cierto que el Gobierno --como es sabido y no es momento de hacer
ahora este debate-- ha adoptado la decisión de presentar un presupuesto
bastante austero para este año y creo que dentro de esa austeridad no son
precisamente los entes locales los que salen peor librados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo para
mantener en el debate de hoy la enmienda que hemos presentado a este
título VII, no sin recordar lo que ha acontecido en el Senado respecto a
la posición de Unión Valenciana en relación al modelo de financiación, y
hemos mantenido una enmienda que debatiremos el jueves en la reforma de
la Lofca. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Vaya por delante --como muy bien ha dicho el Ministro-- nuestro apoyo a
ese nuevo modelo de financiación como copartícipes del gobierno
autonómico valenciano, pero no como un punto y final, sino como un punto
y seguido. Consideramos positivo ese avance en la corresponsabilidad
fiscal del 15 y 30 por ciento en los años 1997 y 1998, pero no nos
conformamos con ese paso dado y querríamos que esa corresponsabilidad
fiscal, ese nuevo modelo de financiación que avanzaba hacia el
federalismo fiscal lo plasmamos en esa enmienda que mantenemos para el
debate de la Lofca que veremos el próximo jueves, a fin de hacer
extensivos los acuerdos o conciertos económicos a aquellas comunidades
que así lo soliciten. Este tema será motivo de debate el próximo jueves,
pero quería terciar en la intervención del señor Ministro, a quien
agradezco su presencia a estas horas de la noche.
La intervención de Unión Valenciana es para mantener esta única enmienda
al título VII relativa a los entes territoriales, con especial referencia
a los entes supramunicipales, a las áreas metropolitanas, en este caso al
Consell Metropolitá de l'Horta. Hay un acuerdo del parlamento valenciano,
un acuerdo reciente de todos los grupos parlamentarios, un compromiso del
Consejero de Economía de la Generalitat Valenciana en el sentido de
solicitar que el Consell Metropolitá de
l'Horta, el Area Metropolitana de Valencia tuviera una consignación
presupuestaria para inversiones y otro tipo de contabilidad
presupuestaria en los presupuestos del año 1997. Este acuerdo logrado en
el parlamento valenciano supongo que lo conocerá el Ministro y, por lo
que hemos visto en el debate en Comisión, esta enmienda sobre la
financiación del Consell Metropolitá de l'Horta, en plano de igualdad con
otras áreas metropolitanas del Estado español, la actual Area
Metropolitana de Madrid y la extinta de Barcelona, tiene sentido y todo
su fundamento en plano de igualdad y de justicia con estas dos realidades
metropolitanas que subsisten en el Estado español junto a la realidad
metropolitana de la ciudad de Valencia.
Nuestra enmienda pretende obtener financiación para este Consejo, para el
Consell Metropolitá de l'Horta, que agrupa a 44 municipios en condiciones
similares a estas dos grandes áreas metropolitanas del Estado que sí son
reconocidas expresamente en este artículo setenta del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado. Esta realidad metropolitana que es
Valencia y sus 44 municipios soportan los efectos de un área
metropolitana que tiene que reconocerse que presta y da unos servicios a
esa realidad que componen 44 municipios. Nosotros consideramos, y así lo
hemos mantenido en diversos debates presupuestarios donde el Partido
Popular cuando estaba en la oposición sí entendía el fondo de la
reivindicación, que es absurdo ignorar la realidad del Area Metropolitana
de Valencia que supone el Consell Metropolitá de l'Horta, venido a menos
--es verdad--, pero mientras se mantenga esta figura creo que es justo
solicitar esta financiación para aquellas actividades y servicios, pocos,
pero que se prestan.
La realidad no puede ser olvidada ni desconocida y muchos menos
desconsiderada. Son casi 1.300.000 ciudadanos que componen esta realidad
metropolitana, un transporte público colectivo, la Empresa Municipal de
Transportes, el Consorci Valencià de Transports y los Ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana que sí tienen una consignación por primera vez en
estos presupuestos, pero que no recogen cuál es el sentir de esos
servicios y atenciones que este Consell Metropolitá de l'Horta da
--repito-- a más de 1.250.000 ciudadanos. Hay unos servicios de
saneamiento de aguas, de residuos sólidos y tratamiento de aguas
residuales, cuestiones de infraestructuras viarias y de planeamiento
urbanístico. Esas son las condiciones y circunstancias que avalan la
presentación y mantenimiento de esta enmienda número 27 al título VII,
porque consideramos que el Consell Metropolitá de l'Horta debería ser
visto en plano de igualdad como una realidad metropolitana que durante
muchos años no ha sido tenida en cuenta y pensamos que el Partido
Popular, porque así lo recogen sus compromisos electorales, sí lo va a
tener en cuenta.
Pensamos que el Grupo Parlamentario Popular en consonancia con el
compromiso que le une con los ciudadanos de la provincia de Valencia y,
sobre todo, con el Area Metropolitana de Valencia debería estimar esta
enmienda número 27 para financiar el Consell Metropolitá de l'Horta y
situarlo en plano de igualdad con otras realidades metropolitanas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo cree que en el debate de esta noche --no emplearé más de dos
minutos-- sobraba el dramatismo que la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista le ha puesto. Entendemos que no es un sistema, una política
autonómico-financiera improvisada, irresponsable, ineficaz e insolidaria.
Tengo que reconocer que su grupo es tremendamente solidario, ya que ha
estado aquí arropada por sus compañeros del Partit dels Socialistes de
Catalunya que la han acompañado para llevar la cruz que le ha tocado
soportar durante diez minutos o un cuarto de hora. En cualquier caso, el
sistema que defiende el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), que en este momento coincide con el Gobierno, en absoluto es un
sistema insolidario. Si antes de nacer, como decía S. S., tiene la
partida de defunción, participa de una cualidad de la que participamos
todos los organismos, los vivos y los no vivos; sistemas de aquí a la
eternidad pueden quedar para las películas, porque no quedan para el
sistema de financiación. Desde ese punto de vista, nos hubiésemos quedado
en el Código de Hammurabi, pero gracias a Dios los sistemas evolucionan.
En cualquier caso, queremos decir que el sistema no es un sistema
impensado. Si ha leído usted el Libro Blanco verá que no hay ningún
apartado, ninguna fracción del sistema de financiación pactado que se
trae aquí que no esté avalado por alguna afirmación de los expertos del
Libro Blanco. Le recomiendo que lo compruebe.
En segundo lugar, tampoco es un sistema insolidario, entre otras cosas
porque a la solidaridad contribuyen obviamente los fondos europeos, el
Fondo de compensación, el Fondo de nivelación y la inversión directa que
efectúa el Estado. En cualquier caso, pueden ustedes ofrecer diálogo y
negociación y lo que al menos mi grupo no estaría dispuesto a aceptar, es
a
que impongan un sistema de veto; eso se lo podemos garantizar.
Para acabar, le diría que no mezclemos la convivencia pacífica de los
españoles con el sistema de financiación. Imagino que a S. S. le ha
traicionado el subconsciente y ha empleado esta frase que se suele
aplicar a otros elementos mucho más graves, pero repase el «Diario de
Sesiones», y verá que ha hablado precisamente que en pro de esta
convivencia pacífica debiéramos consensuar más el sistema de
financiación, la convivencia pacífica, los amigos de la convivencia
pacífica, sobre todo lo pacífico que eran para otros elementos. En
cualquier caso, yo creo que ya se lo ha dicho el señor Ministro, pero
póngase de acuerdo con sus compañeros del Partit dels Socialistes de
Cataluña, porque obviamente no está diciendo lo mismo que ellos.
Muchas gracias. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, solicito la palabra con arreglo
al artículo 71.3, que habla de cuando la alusión afecta al decoro o
dignidad de un grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene tres minutos para un turno
por alusiones.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
La alusión del portavoz de Convergència i Unió afecta al Partit dels
Socialistes de Catalunya. Unicamente quiero decirle, señor portavoz de
Convergència i Unió que he estado mucho más apoyada de lo que ha estado
usted en su intervención, ya que usted en la defensa de su apoyo a la
reforma que pretende imponer el Partido Popular, solamente ha contado, y
esto sí que es significativo, con el Partido Popular. Que lo sepan en
Cataluña.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición de su
grupo, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de responder, sin duda alguna de forma complementaria y
seguramente innecesaria porque el Ministro ha hecho uso de la palabra en
ocasiones, para dar satisfacción a los interrogantes que se han planteado
sobre todo desde el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, dado el
interés y la viveza del debate que desde el Grupo Parlamentario
Socialista se quería para este título VII y para estas dos secciones
referidas a entes territoriales, como grupo parlamentario nos creemos en
la obligación al menos de colaborar a que la portavoz en la materia del
Grupo Parlamentario Socialista trate de entender algo dentro de los
planteamientos que hace el Gobierno y que apoya el Grupo Parlamentario
Popular.
Hemos tenido ya, señora Aroz --lo recordará sin duda--, un intenso debate
en el seno de la Comisión de Presupuestos respecto a las enmiendas
presentadas por su grupo y a filosofía de fondo que, tras las enmiendas
presentadas por su grupo, a nuestro parecer se entendía y justificaba.
Voy a hacer una síntesis muy rápida pero tratando de captar el
denominador común de las enmiendas que ustedes han presentado. En primer
lugar, por lo que se refiere a la financiación de los ayuntamientos, en
los que curiosamente se ha centrado el debate (es muy importante en las
comunidades autónomas, pero no debemos dejar de prestar atención a un
apartado importante, que son los ayuntamientos españoles) cuando el
Gobierno establece en el proyecto de presupuestos la cantidad, a través
de la cual los ayuntamientos participarán en los tributos del Estado, nos
encontramos con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que
reduce la participación de todos los ayuntamientos de España en 5.000
millones de pesetas, y cuando ávidos vamos a encontrar dónde se ubican,
sin duda en un alarde de solidaridad muy propio de ustedes esos 5.000
millones de pesetas que detraen a todos los ayuntamientos de España, nos
encontramos que lo colocan en gastos diversos.
La verdad que no entendemos nada, porque tan pronto hablan ardorosamente
del pacto local como tan pronto trasquilan, de forma importante
--afortunadamente, me permitirá S. S. que haga desde aquí ese juicio de
valor-- pero la enmienda que avala y presenta el Grupo Parlamentario
Socialista intuyo que no va a tener el apoyo mayoritario de esta Cámara,
aunque deben saber los ayuntamientos de España, porque es muy importante
que dentro de un presupuesto austero, donde se hace un importante
esfuerzo presupuestario y el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y
otros grupos que apoyan el proyecto del Gobierno en esta Cámara a través
de la cantidad que se establece, tratan de hacer esa importante
colaboración con el esfuerzo que hacen los ayuntamientos en la prestación
de servicios y en atender a las demandas ciudadanas. Usted y su grupo
parlamentario, por el contrario, recortan en 5.000 millones de pesetas la
participación de los ayuntamientos de España en los tributos del Estado.
Nos encontramos, por otro lado, que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida (y esto nos da un poco la medida de que estamos acertados en ese
punto medio, donde se está en el centro y donde se busca y se propicia el
acuerdo y el consenso) trata de incrementar en 35.000 millones de pesetas
la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado. Eso
señorías,
dentro del marco presupuestario que hemos diseñado y dentro de esos
parámetros de austeridad, de esfuerzo en algunos casos, y de no
incremento en otros, sin duda alguna, no lo podemos apoyar desde nuestro
grupo parlamentario.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida también se presentan muchas
enmiendas que pasan por la sustitución de los criterios y los porcentajes
a la hora de distribuir los recursos entre los ayuntamientos.
Hacen una apuesta, seguramente muy legítima, pero que nosotros no
compartimos y, por tanto, no apoyamos esas enmiendas. Ustedes, con una
redistribución de los coeficientes, tratan de primar a ciudades de
pequeño número de habitantes y dicen, respecto a las ciudades de mayor
número de habitantes, aunque sin duda, SS. SS. saben que están obligadas,
por definición, a prestar mayores servicios y de atenciones precisamente
por el número de habitantes, que prefieren no primar el incremento de
esas ciudades --es que realmente no se incrementa por cambiar los
porcentajes-- y prefieren fijar su atención en otras de 20.000 habitantes
o de menos entidad.
También desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se plantea una
aportación en cuantía significativa para que las haciendas locales paguen
las deudas financieras, y creo que SS. SS. lo cifran en 50.000 millones
de pesetas. Desde luego, no compartimos esta forma de financiación ni la
filosofía y el trasfondo de esta enmienda, que trata de colaborar con las
haciendas locales en el pago de su deuda financiera en los dos ejercicios
precedentes. No nos gusta la figura, no entendemos muy bien por qué este
compromiso y su singularidad y, en definitiva, no apoyaremos esa enmienda
en las correspondientes votaciones.
Por lo que se refiere a la financiación autonómica, la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha dicho que no entendía nada, que no compartía
el modelo, que no tenía apoyos y que esto era un drama casi en la
sociedad española. Quiero reiterar, como Grupo Parlamentario Popular, los
criterios a que ha hecho referencia el señor Ministro de Administraciones
Públicas. No sé si ustedes --y lo veíamos al inicio de la tarde en este
debate--, a fuerza de repetir algo que no es verdad, confían en que se
convierta en verdad, pero esto debe ser una estrategia, puede ser un
eslogan con más o menos fortuna, pero, desde luego, no es un debate
veraz.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
terminando.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ustedes saben perfectamente que el apoyo es prácticamente unánime en
torno al modelo de financiación que defiende el Gobierno y que apoya el
Grupo Parlamentario Popular, que apoyan siete partidos políticos, que
apoyan doce comunidades autónomas y que otras, a las que no les afecta,
igualmente lo apoyan. Uno gira rápidamente la vista atrás y se acuerda de
aquel sistema de financiación donde la cuestión estribaba en la
participación en el 15 por ciento, y el acuerdo era entre una comunidad
autónoma, la catalana, y un Gobierno, el socialista, y ahí se acabó el
acuerdo. Resulta cuando menos paradójico que traten de examinar a los
demás de lo que ustedes suspendieron clamorosamente. Este es un buen
acuerdo --y SS. SS. creo que lo saben-- porque no podemos admitir de
forma resignada y tranquila que doce presidentes de comunidades
autónomas, señorías, no quieran lo mejor para sus habitantes y para el
futuro y desarrollo de sus respectivas comunidades, estén gobernadas por
el Partido Popular o no estén gobernadas por el Partido Popular. Hay doce
presidentes de comunidades autónomas que están defendiendo los intereses
legítimos de sus comunidades, y ustedes tratan de establecer un debate
falso y hacer extensiva la soledad que sólo a ustedes les corresponde,
porque son los que no se aclaran ni comparten ni apoyan ni explican ni
dan alternativa. Las enmiendas a que hace referencia el Grupo
Parlamentario Socialista, señora Aroz, consisten una paradoja más.
Ustedes dicen: Como no nos gusta el sistema, pese a que casi somos los
únicos a los que no nos gusta ese sistema, tratamos de penalizar a todas
las comunidades autónomas que sí aceptan y valoran el sistema diciendo
que el año 1997 tendrá que ser un año de transitoriedad obligada porque
hay que buscar un nuevo consenso y un nuevo modelo.
Señoría, cuando menos, convendrá conmigo que el sistema de trabajo y el
planteamiento resulta tan injusto como demagógico y, desde luego, poco
creíble para todos esos ciudadanos de las diversas comunidades autónomas
que quieren tener un nuevo modelo de financiación, porque van a mejorar
su calidad de vida y van a tener una capacidad de decisión muy
importante, participando en algo que llevaba el Partido Popular en su
programa electoral, y que seguimos defendiendo, como es la
corresponsabilidad fiscal, sin duda, una asignatura pendiente en el
desarrollo del Estado de las autonomías en nuestro país, que ustedes no
fueron capaces de aprobar, que les estamos dando la oportunidad de llegar
a un acuerdo, a un diálogo y a un consenso, y que son ya muy pocos en
España los que niegan el nuevo sistema de financiación autonómica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández. (La
señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
Sí, ¿señora Aroz?
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, la portavoz del Grupo Popular no
ha hecho un turno de defensa de sus enmiendas, sino un turno en contra de
las enmiendas del Grupo Socialista. (Rumores y Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, por favor, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, no ha utilizado el turno
en contra y ha fijado posición, pero es evidente que, en realidad, lo que
ha hecho ha sido un turno en contra, y de acuerdo con el artículo 73.1,
todo Diputado que sea contradicho en sus afirmaciones, tiene derecho a un
turno de réplica.
Tiene la palabra la señora a Aroz durante tres minutos. (Rumores.)
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora portavoz del Grupo Popular, no sé cómo se atreven a hablar de las
corporaciones locales. Ustedes tienen una visión estrábica de la
estructura de nuestro Estado; ustedes han mirado con muy buenos ojos a
las comunidades autónomas en este proyecto presupuestario; ustedes han
mirado con muy malos ojos a las corporaciones locales; ustedes han
presentado un proyecto de ley, que no se ha corregido, que merma los
ingresos de las corporaciones locales pues no se actualizan las tarifas
de los impuestos locales, del Impuesto de Actividades Económicas o del
Impuesto de Circulación.
Nosotros hemos presentado una enmienda, es verdad, que recorta en 5.000
millones de pesetas los ingresos de las corporaciones locales en su
conjunto, pero se corrigen de otra manera; estamos aplicando algo a lo
que usted hacía referencia al principio: austeridad. El mismo esfuerzo
para todas las Administraciones públicas.
Visión estrábica del Estado. En el proyecto de ley de medidas fiscales
ustedes han presentado un conjunto de preceptos que recortan
espectacularmente la autonomía financiera de las corporaciones locales;
las convierten casi en menores de edad. Es un tratamiento bien desigual
respecto al que proponen para las comunidades autónomas.
Dice la portavoz del Grupo Popular que su intervención es complementaria
a la del Gobierno. Quiero aprovechar, señora Diputada, para decirle que
puede responder a lo que no ha querido responder el señor Ministro: las
cinco cuestiones que yo he planteado en mi segunda intervención, hacia
las que ha manifestado un auténtico desdén el Ministro cuando no ha
contestado absolutamente a nada. (Rumores y Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
La señora AROZ IBAÑEZ: ¿Puede usted contestar, señora portavoz del
Partido Popular, cuáles son las razones por las que se oponen a nuestra
enmienda de medidas de compensación, asignaciones de nivelación para las
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, con arreglo a los
acuerdos de sus respectivas comisiones de evaluación, a las que ustedes
han dado la callada por respuesta, porque no se han dignado ni fijar
posición respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista?
Por último, señora Fernández, estamos en el Parlamento de España, donde
van a modificar ustedes leyes de consenso político y parlamentario.
¿Puede usted decirme que la modificación que se introdujo en la
legislatura pasada, en relación al IRPF, en el sistema de financiación,
modificó algún tipo de leyes? ¿Cree usted que es comparable el acuerdo
que se hizo entonces en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el
que pretenden ustedes, que modifican una ley de desarrollo autonómico,
como es la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas,
aprobada por consenso en este Parlamento en 1980?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aroz. Señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Quisiera comenzar mi intervención señalando
una precisión. El Grupo Parlamentario Popular en estas secciones y en
este título no había presentado enmiendas. Me extraña la intervención de
la señora Aroz porque cuando subimos a la tribuna para hablar sobre los
títulos precedentes no sé si ella estaba distraída, cuando hemos
defendido enmiendas, lo hemos hecho, y cuando no, hemos fijado posición
en último lugar, como corresponde al grupo parlamentario que apoya al
Gobierno.
Su señoría sabe que es casi imposible fijar posición sobre todas y cada
una de las enmiendas. Las suyas por otro lado, son tan reiterativas y tan
poco novedosas que resulta bastante fácil simplificar porque todas se
reducen a lo mismo: no nos gusta su acuerdo de financiación y queremos un
consenso. Lo decía en mi intervención. A pocos no les gusta ni comparten
nuestro acuerdo de financiación autonómica para el próximo quinquenio,
pero ustedes tampoco presentan una alternativa ni dan posibilidades de
trabajo diferentes más que la crítica sistemática y el rechazo a algo
que, fruto del consenso y del acuerdo, consiguió este Gobierno, y apoyan
muchos grupos en esta Cámara.
Me decía usted que no es justa la imputación que nosotros realizamos
respecto a los ayuntamientos, pero a renglón seguido usted reconoce que
meten un tijeretazo de 5.000 millones de pesetas a todos los
ayuntamientos de España. ¡Ah! Pero usted dice: es que nos gustaría
habilitar, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la
subida de los impuestos locales. Pues esto también es importante que se
sepa y se conozca. Ustedes quieren posibilitar a los ayuntamientos para
que a través de la base que les da la Ley de Presupuestos Generales del
Estado puedan subir la presión fiscal. Anoto que el Partido Socialista
quiere que se reduzca el sistema de módulos y también quiere
que los ayuntamientos y los ciudadanos paguen mucho más.
Paradójicamente, señora Aroz, no se puede decir lo mismo y lo contrario y
pretender convencer.
A lo largo de esta tarde hubo compañeros suyos en el debate que nos
trataban de convencer de que la no subida de retribuciones salariales a
los empleados públicos --en el esfuerzo de austeridad que pide el
Gobierno y que apoyan muchos grupos parlamentarios-- era dentro de los
parámetros de configuración de este presupuesto, que es especial, que es
de acuerdo y de consenso y que es el que necesita este país para salir
adelante y tener un futuro estable y prometedor, cosa que ustedes no
hicieron con anterioridad. No se puede decir que se recortan 5.000
millones a los ayuntamientos para hacer una política de austeridad y
cuando nosotros defendemos la congelación salarial manifiesten ustedes
que ahí no les gusta aplicar la austeridad porque les parece mucho más
bonito molestar a los grupos parlamentarios que apoyan esa enmienda.
Seguramente es más fácil lo contrario que decir que no va a haber
incremento retributivo, pero no se puede jugar con los conceptos a gusto
de cada uno: austeridad en esto sí, austeridad en esto no.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
terminando.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy finalizando señor Presidente.
O son unos presupuestos austeros en su conjunto, y así están concebidos,
o no se puede predicar la austeridad en una partida presupuestaria y en
un artículo concreto y determinado y pretender el despilfarro y la
generosidad presupuestaria en otras partidas del propio presupuesto.
Creo que la coherencia es una premisa que se predica de este presupuesto
y no se hace así, señora Aroz, en las emniendas que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista, que son, como digo, reiterativas, que
nacen de una soledad preocupante y casi nadie en la sociedad española
entenderá las premisas que ustedes defienden y el lío en que nos
pretenden meter. Sólo son ustedes los que se han metido en ese lío
solitario. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Vamos a pasar al debate de la sección 22: Administraciones Públicas. El
señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, procuraré ajustar mi intervención a la recomendación de diez
minutos que se me ha hecho con anterioridad, y utilizaré estos diez
minutos para proceder a presentar ante las señoras y señores Diputados el
proyecto de presupuestos del Ministerio de Administraciones Públicas y de
los organismos adscritos al mismo: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) y Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(Muface), que constituyen la sección 22.
Este proyecto, como es obvio, responde a las líneas generales de la
política económica del Gobierno y, por tanto, se inspira en la austeridad
y el rigor como parámetros que garantizarán el acceso en nuestro país al
club de los países de cabecera en la Unión Europea. Austeridad y rigor
que invitan a un esfuerzo considerable para gestionar mejor con menos
recursos, lo cual constituye un desafío que este ministerio asume
pensando en los intereses generales de España. Probablemente la
Administración pública del futuro debe acostumbrarse a convivir con
presupuestos restrictivos que permitan estimular la creatividad y la
imaginación de los responsables políticos al servicio de los ciudadanos.
Ciertamente, cuando no se pierde de vista la peseta como unidad de medida
del coste en la actividad administrativa y cuando se plantean los
proyectos en clave de colaboración y cooperación, es más fácil, a la hora
de acertar, relacionar la actuación pública con el interés de los
ciudadanos.
Pues bien, estos criterios han inspirado la elaboración del proyecto de
presupuestos del Ministerio de Administraciones Públicas, de forma que la
razonable reducción que se opera en casi todos los conceptos se ve
compensada con el incremento que experimenta el presupuesto de Muface,
haciendo bueno el objetivo del Gobierno de mantener y cuando sea posible
incrementar los gastos sociales, ya que es función, y no pequeña, del
sector público contribuir a la solidaridad y a la equidad en un mundo
complejo en el que las solas fuerzas del mercado, sin elementos
correctores, no garanticen el equilibrio social.
Señoras y señores Diputados, los objetivos básicos del ministerio podrán
cumplirse en el marco presupuestario que ahora presentamos. En efecto, el
proyecto de Lofage, que ya está desde la semana pasada en el Senado,
traerá consigo una sustancial racionalización de la Administración
periférica del Estado. Ya disponemos también de un modelo de financiación
autonómica asentado sobre la solidaridad y la responsabilidad. Asimismo,
las transferencias a las comunidades autónomas se suceden con normalidad
en el contexto de la Administración única. Por su parte, va a potenciarse
la participación de las comunidades autónomas en los asuntos relacionados
con la Unión Europea, mediante el otorgamiento de rango legal a la
conferencia sectorial que se ocupa de estos asuntos. En el mismo contexto
de Administración única se está impulsando, desde el Ministerio de
Administraciones Públicas, el pacto local, a la vez que, a pesar de las
restricciones presupuestarias, se realiza un considerable esfuerzo de
cooperación económica con las corporaciones locales.
En lo que respecta a la organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, se está
procediendo a una considerable reducción de las estructuras
administrativas para adecuarlas a las necesidades de la sociedad. Se ha
comenzado a trabajar para dar cumplimiento al mandato constitucional del
Estatuto de la Función pública y, en el marco de un nuevo modelo de
relaciones con los ciudadanos, se están promoviendo las bases para la
reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a la vez que se potencia la
formación como elemento estratégico de la reforma administrativa. En
definitiva, se está apostando claramente por fundamentar la reforma
administrativa y la cooperación interadministrativa de acuerdo con el
marco constitucional y con las necesidades de sus auténticos
protagonistas, que son los ciudadanos.
Pues bien, estos objetivos tendrán cumplida respuesta al amparo del
presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas que en sus
aspectos más concretos paso a exponer a las señoras y señores Diputados.
Quizá debiera comenzar, sin embargo, llamando la atención sobre el hecho
de que la traducción presupuestaria de las líneas de acción que he
mencionado no refleja, en muchos casos, la trascendencia de la actividad
del departamento. Esto se debe al hecho de que muchas de las políticas
del Ministerio de Administraciones Públicas se instrumentan mediante el
impulso de medidas normativas, reformas institucionales, mecanismos de
cooperación técnica, etcétera.
El Ministerio cuenta con dos secretarías de Estado, como es sabido: la
Secretaría de Estado para la Administración Pública y la Secretaría de
Estado para las Administraciones Territoriales, además de la
subsecretaría, como unidad gestora de los servicios comunes del
departamento, así como los organismos autónomos Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) y Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (Muface). El ministerio y los dos organismos autónomos
adscritos al mismo intervienen en una serie de programas presupuestarios,
nueve en total, que son los siguientes. No voy a detallarlos, porque
haría excesivamente prolija mi intervención. Simplemente quiero señalar y
hacer una breve referencia a los más importantes.
El primer programa 121.A, dirección y servicios generales de la
Administración general, administra y gestiona la Subsecretaría del
departamento. El programa 121.B, dirección y organización de la
Administración pública depende de la Secretaría para la Administración
Pública, a quien le compete, en apoyo al Ministro, la dirección, impulso
y gestión de la política del Gobierno relativa a la organización y
modernización de la Administración general del Estado. La formación del
personal de la Administración pública, 121.C, es un programa del INAP al
que se le atribuye la coordinación, control y, en su caso, la relación de
cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de
la Administración del Estado. El apoyo a la gestión administrativa de la
Jefatura del Estado, programa 121.D, es administrado y gestionado por la
Subsecretaría, y tiene como objetivo lograr la necesaria armonización en
el régimen del personal que presta sus servicios en la casa de Su
Majestad el Rey en puestos de carácter civil. El desarrollo de la
organización territorial del Estado y sus sistemas de colaboración es uno
de los programas que gestiona la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, y persigue impulsar y desarrollar la
colaboración interadministrativa entre las tres esferas, central,
autonómica y local, en que se vertebra el Estado de las autonomías, en
cuanto que tal colaboración permita el logro progresivo de un mayor grado
de cohesión y de eficacia en el funcionamiento del mismo. La Muface, la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, gestiona los
programas del mutualismo administrativo en lo referente tanto a
prestaciones económicas como a la asistencia sanitaria. Tiene como
finalidad la protección social de los funcionarios incluidos en su campo
de aplicación, que se presta con independencia de los otros dos
mecanismos de cobertura que configuran dicho régimen, constituidos por el
de derechos pasivos y el de prestación por hijo a cargo. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La cooperación economía local del Estado es el segundo programa de la
Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. Recoge un
conjunto de actuaciones dirigidas básicamente a mejorar el sistema de
financiación para las infraestructuras y equipamientos de las
corporaciones locales, dentro de un marco general de financiación de los
entes territoriales. La integración de la cooperación económica local del
Estado, en un esquema general del funcionamiento de las administraciones
públicas, supone la toma en consideración de las variables
socioeconómicas financieras con relevancia territorial, a fin de poder
canalizar convenientemente la aportación económica del Estado en las
inversiones de las corporaciones locales. El desarrollo del programa
contempla, por tanto, el seguimiento de las acciones públicas relativas
al cumplimiento de los principios constitucionales que afectan a los
entes territoriales y la participación en la elaboración de políticas de
planificación y desarrollo territorial, dentro del ámbito de competencias
de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. En el
proyecto de presupuestos generales se contempla una partida de 19.894
millones para este programa, entre cuyos conceptos y subconceptos
quisiera destacar los planes provinciales e insulares de obras y
servicios, con un total de 3.357 millones; los programas de acción
especial, 2.847 millones; la red viaria local, 2.257 millones; otros
sectoriales, 4.195 millones y la dotación complementaria de
infraestructuras, que se acuerda entre la FEMP y el Ministerio de
Economía,
5.468 millones. Por último, el programa donde se encuentran las
transferencias entre subsectores, 800.X, y cuya única finalidad es dar
traducción práctica a las transferencias que el Ministerio envía al INAP.
Para finalizar quiero hacer algunos comentarios sobre el presupuesto. La
sección 22, en cuanto se refiere al departamento y organismos, está
inmersa, al igual que el resto de las secciones, en las restricciones
generales de este presupuesto de 1997, restricciones que ya conocen SS.
SS., con el consiguiente reflejo en la mayoría de los conceptos
presupuestarios de la misma y con la excepción de los referidos a los
gastos de personal, inversiones reales, así como a las prestaciones
económicas y asistencia sanitaria al mutualismo administrativo. El
presupuesto presenta para el Ministerio y sus organismos autónomos, INAP
y Muface, y gastos que ascienden a 194.613,8 millones de pesetas,
desglosado de la siguiente manera. El MAP, 29.846,6 millones de pesetas,
que supone una disminución del 13,7 respecto del presupuesto ajustado o
disponible; el INAP, 1.967 millones, con una relación del 1,1 por ciento
respecto al ajustado o disponible; la Muface, con un presupuesto de
162.799,7 millones, que es el 83,7 por ciento del total del presupuesto
del Ministerio y de sus organismos autónomos y que presenta un incremento
del 10,9 por ciento como consecuencia de los incrementos producidos en
los dos programas en que participa, que son las prestaciones económicas y
la asistencia sanitaria al mutualismo administrativo. Globalmente, si se
analiza conjuntamente el departamento y sus organismos autónomos,
podríamos decir que hay un incremento del presupuesto del 6,1 en relación
al presupuesto ajustado o disponible como consecuencia de los ajustes
señalados tanto en el departamento como en los organismos autónomos.
En definitiva, se trata de un proyecto de presupuesto que presenta para
los entes que configuran la sección 22 las siguientes características. En
primer lugar, un estancamiento en los gastos de personal como
consecuencia del no incremento de las retribuciones para el año 1997, por
las razones que han sido debatidas aquí en la tarde de hoy. En segundo
lugar, los gastos corrientes de funcionamiento han experimentado un
importante descenso, como consecuencia también de las restricciones
presupuestarias que ha establecido el Gobierno y de la opinión que tiene
el Gobierno sobre los presupuestos generales de este año que supone la
exigencia de esfuerzos no solamente a algunos colectivos sino, y en
primer lugar, al propio Gobierno. Las subvenciones a las corporaciones
locales, pese al descenso que han sufrido, han supuesto para el
departamento la realización de un gran esfuerzo, toda vez que creemos que
tenemos que compartir las inversiones con estas entidades para dotarlas
de los elementos que permitan mejorar la calidad de vida a nuestros
núcleos rurales. Por último, y como cuarta nota del presupuesto, quiero
destacar que el crecimiento producido en la mutualidad de funcionarios en
determinadas partidas como subsidios por incapacidad, ayudas de
protección sociosanitaria y gastos de farmacia y de asistencia médica
ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno de hacer efectivos, como
dice la Constitución, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos,
especialmente los de los más necesitados y desprotegidos.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministros.
Han sido presentadas enmiendas a la sección 22 por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Socialista.
Para la defensa de las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que escuchando al señor Ministro, y el escaso entusiasmo que
por alguna razón ha puesto en la explicación de la sección 22 del
presupuesto de las Administraciones públicas, dudaba si era por lo
avanzado de la hora o por lo escasamente atractivo del presupuesto de
esta sección. Dejemos al menos la cuestión en una especie de equilibrio,
porque seguramente algo de ambas habrá para esa lectura inevitablemente
apresurada que nos ha hecho el señor Ministro.
Ciertamente teníamos bastante interés en aproximarnos a esta sección,
como a alguna otra del presupuesto para este año, dado que pensábamos que
se plasmarían algunos de los postulados básicos que el Partido Popular
había venido transmitiendo en esta Cámara, en la opinión pública y en su
programa electoral, en relación con su gran reforma de la Administración
pública. Conocido el presupuesto, analizados los programas, las
cantidades, los objetivos, las memorias, en aras de ser benevolentes
desde el Grupo Socialista, que sabe muy bien el señor ministro que es
nuestro talante, vamos a poder pensar que este es un presupuesto de
transición y que en otro momento será cuando plasmen, si es que pueden,
sus objetivos, porque si no señorías, hemos de concluir que el Grupo
Popular desconocía profundamente lo que es la Administración general del
Estado, desde luego, porque de aquellos postulados que se habían venido
planteando no queda absolutamente nada en el contenido de esta sección,
que debería tener un grado de referencia para plantear esos contenidos.
Es más, me atrevo a decir que algunas de las cosas que se han planteado,
como determinados cambios, etcétera, lamentablemente no van a producir
los efectos que se han puesto de manifiesto. Se ha invocado creo que en
alguna ocasión la Lofage, lo hace la memoria y se hizo ya en el debate en
Comisión. El Grupo Socialista ha puesto de manifiesto que quizá
lamentablemente --y la responsabilidad a lo
mejor va más allá del Grupo Popular y del Gobierno-- hemos hecho una ley
más de organización que de funcionamiento. El Gobierno y el Grupo Popular
han impulsado, para mal en mi opinión, una ley que repite otra vez, hasta
la saciedad, todo el debate de la organización y de la estructura y que
aborda poco lo que más necesita la Administración pública, lo que más
innovación necesita, lo que más mejoras exige, que es el funcionamiento.
Se ve que eso no está en la preocupación del Gobierno porque no hay
prácticamente ninguna referencia sustancial, básica, salvo alguna
retórica, en lo que afecta a la mejora de la calidad de los servicios,
dentro del conjunto de las administraciones públicas, ciertamente
deberían ser un objetivo básico de su ministerio. Es comprensible que su
ministerio tenga en estos momentos elementos fundamentales de la acción
del Gobierno, como es todo el debate en torno al problema autonómico,
pero no es menos cierto que la mejora de la calidad de los servicios
públicos, el funcionamiento de los servicios públicos, el funcionamiento
de los servicios públicos debería ocupar una parte mucho más importante
del presupuesto.
Hemos oído también por boca del Ministro --y aparece reflejado en la
memoria y en las cifras-- hablarnos mucho de dinero, de pesetas, en la
primera de la intervención, y muy poco de los ciudadanos, muy poco de los
contribuyentes y muy poco de los servicios públicos, y ciertamente este
ministerio, esta sección, por tanto, es la encargada de que la relación
entre la Administración del Estado y los ciudadanos tenga unos cauces de
funcionamiento adecuados.
Resulta también chocante que en la memoria de objetivos aparezca --y
además se dedica a ello una parte importante de la misma-- todo lo
relativo al principio de negociación colectiva y al diálogo entre la
Administración y los sindicatos. La verdad es que la acción del Gobierno
ha puesto de manifiesto que lejos estaba que ese fuera uno de los
objetivos básicos. Han puesto patas arriba su propio presupuesto, su
propia memoria de objetivos, antes de que lo haya aprobado esta Cámara,
porque insisto en que el Ejecutivo ha demostrado no ya que haya aumentado
o no la retribución de los empleados públicos, sino que ni siquiera se
haya sentado a negociar con ellos la posibilidad o no del aumento
retributivo. Y le quiero subrayar, porque lo hemos debatido en muchas
ocasiones y seguramente lo conoce, que ciertamente no hay, en estos
momentos, el mejor clima en el ámbito de la Función pública y de las
administraciones del Estado como consecuencia de su actitud negativa.
Se ha aludido también a algunas de las reformas que la verdad es que no
aparecen plasmadas en la memoria de objetivos, sobre todo del tamaño de
la Administración. Desde luego no es este el momento ni el lugar para
hablar de la cuestión de los altos cargos. Ya señalé anteriormente que el
Partido Popular ha demostrado, una de dos, o que decían muchas cosas poco
sensatas anteriormente o que desconocían profundamente la Administración
del Estado. Pero le voy a recordar, señor ministro, que en ese proceso al
que ha aludido, y que sabe que seguimos con celo desde el Grupo
Socialista, tiene usted pendiente y ha incumplido ya el plazo de la
reforma relativa a los organismos públicos.
Le advertimos desde el Grupo Socialista que la tendencia parece ser
preocupante, por lo menos por muchos de los anuncios, incluso de las
medidas o de algún ente que aparece en los presupuestos que ustedes han
presentado y que previsiblemente vayan a resultar aprobados en esta
Cámara. Sería muy preocupante, muy llamativo y abundaría mucho más en la
reflexión que ha venido haciendo el Grupo Socialista si hubiera un
resultado en esa dirección, como ha venido produciéndose en alguna otra
dirección que también conoce el señor Ministro y que obviamente debería
ser, en cierta medida, ámbito de su responsabilidad como garantía del
celo teóricamente, si es que había algún programa electoral del Partido
Popular en materia de administraciones públicas, porque fíjese que los
datos presupuestarios que ha remitido el subsecretario de su ministerio a
este Diputado ponen de manifiesto algo significativo que, desde luego,
deja en un lugar complicado, muy en entredicho, algunas de las cosas que
se están diciendo, que han dicho algunos miembros del Gobierno y que
usted ha anunciado.
Resulta, señor ministro, que el presupuesto del personal eventual para el
año 1997, según sus papeles y su proyecto, aumenta. Aumenta el
presupuesto del personal eventual, aumenta el presupuesto del personal de
confianza, bien sea de asesores, de secretarias u otro tipo de personal
que tiene la cualidad distintiva de que no requiere la condición de
funcionario. Debe ser de las pocas cosas que aumentan en este
presupuesto, porque están ustedes con el timbre de la austeridad. Es poco
creíble y es una cosa simbólicamente importante, porque en el debate
histórico en esta Cámara ustedes dieron --iba a utilizar una expresión
poco cortés parlamentariamente--, ustedes insistieron enormemente en este
tema, y nos encontramos con que en relación con el presupuesto de 1995, o
con el de 1996 --me da igual la comparación--, aumenta el presupuesto del
personal eventual en algunas decenas de millones. Puede que la austeridad
sea en medios materiales para que trabajen los empleados públicos, los
funcionarios, seguramente para que la Administración sea más ineficaz,
seguramente para que los medios informáticos no avancen lo necesario para
prestar servicios adecuados, pero el presupuesto para el personal
eventual aumenta en este ejercicio. Este papel está remitido por el
Subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas; por tanto,
sería muy extraño que fuera refutado aunque sea de manera no oral, sí con
gestos, por algún señor Diputado del Grupo Popular, porque entonces es
que el Gobierno remite los datos equivocadamente, cosa que no
dudo, porque antes de hacer esa afirmación evidentemente se han
solicitado. Por tanto, austeridad para los empleados públicos; sí,
señoría, austeridad para su funcionamiento y para su sueldo, pero
austeridad para que los altos cargos dispongan de más personal eventual,
no.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Zapatero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Por tanto, creo que hay elementos
sustanciales de la credibilidad del contenido presupuestario que afectan
de manera muy determinante al Ministerio de Administraciones Públicas.
La última alusión que quisiera hacer para justificar nuestra enmienda
--no voy a defender la única que tenemos individualizada, que es la
transferencia de 20 millones a la Confederación de asociaciones de
vecinos, porque imagino, después de la Comisión, la suerte que tendrá la
misma-- es decir, simplemente que también hay una carencia en lo que es
ya más estrictamente el ministerio, que es lo relativo al pacto local. Yo
sé que es difícil una instrumentación adecuada y un reflejo claro en el
contenido de la memoria de los objetivos, pero mucho nos tememos que está
siendo, desde la existencia del nuevo Gobierno y a la luz de lo que hemos
visto en los presupuestos, uno de los elementos más olvidados y
seguramente más necesario, porque no todo va a ser un proceso únicamente
de transferencia a las comunidades autónomas, creo que los municipios
vertebran esencialmente el Estado y que, lógicamente, debería haber en
este presupuesto algo más audaz, más ambicioso, con el objetivo de
conseguir el pacto local, aunque seguramente su traducción
económico-presupuestaria sea más complicada de lo que pudiera ser una
presentación de la memoria de objetivos. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar
defender el bloque de nueve enmiendas que hemos mantenido a esta sección.
Una de ellas pretende una distribución nueva por programas, de manera
diferente a la propuesta del Gobierno, manteniendo la misma cifra; hemos
mantenido la cifra que el Gobierno había trabajado, pero proponiendo una
distribución diferente. Las otras van dirigidas a elementos concretos.
Por un lado, a fomentar la participación, que es la enmienda 567; a
incrementar las transferencias a la Federación Española de Municipios,
que es la 568; a incrementar la formación de nuestros cuadros de la
Administración, máxime cuando se está hablando de un proceso de
profesionalización de la Administración pública y de un proceso de mejora
de la gestión; a unir el programa que se destina al personal al servicio
de la Jefatura del Estado al programa de servicios generales; a
incrementar todo el volumen de dinero que se destina a las comisiones de
coordinación; a incrementar a corporaciones locales 20 millones de
pesetas. Por otro lado, presentamos una enmienda que significa la
incorporación de una transferencia a la Confederación de Asociaciones de
Vecinos.
En todo caso, hemos presentado estas enmiendas
-- y es su filosofía-- fundamentalmente por dos razones. Una, porque es
una mala propuesta presupuestaria la que presenta el Gobierno, y no
porque sea difícil buscar y seguir cada uno de los objetivos. Si
hubiéramos hecho el ejercicio de leer en los distintos programas algunos
de los objetivos que se marca el Gobierno, desconoceríamos cuál es el
volumen de recursos humanos que se destina, cuál es la actuación que se
va a derivar, cuál es la fórmula para conseguirlo. Y en algunos de ellos
hay una precisiones un tanto fabulosas: mejorar la gestión de los
servicios públicos, reduciendo el volumen de personal y de los recursos
que se destinan a los mismos. Esa es la cuadratura de la propuesta.
Cuando decía que estaban mal presupuestados, no se crean SS. SS. que es
por un artilugio de debate parlamentario. No. Es que los números no
cuadran, no suman lo que proponen, y sobre todo, hay unas previsiones
presupuestarias que este Diputado no entiende. Por poner un ejemplo, hay
un programa que destina un volumen de 400 millones de pesetas en capítulo
de personal y luego propone sólo 5 millones de pesetas en cuotas sociales
y derechos pasivos. ¿Cómo es posible que con 400 millones en gastos de
personal solamente haya 5 millones para cuotas sociales y derechos
pasivos? ¿Qué pasa? ¿Que no vamos a pagar las cotizaciones sociales, que
nos las van a dar gratis o simplemente que no hemos previsto que tengamos
que cumplir esa función? En las previsiones de Seguridad Social hay 5
millones de pesetas y la suma total es 5 millones quinientas mil pesetas.
Pero vamos a gastar en productividad para 436 millones de pesetas en
gastos de funcionarios 65 millones de pesetas, el 15 por ciento (de eso
sí que no nos hemos olvidado), el 15 por ciento en gratificaciones y
productividades y en cuotas sociales apenas podemos pagar la de uno o dos
funcionarios. Pero esto no sucede sólo en un programa. En la Secretaría
de Estado de Función Pública, resulta que para 1.700 millones de pesetas
en funcionarios gastamos 105 millones en cuotas sociales; aproximadamente
el 5 por ciento. Nos han hecho una rebaja de cotización. Podríamos seguir
así con todos y cada uno de los programas.
En suma, en la presupuestación que ustedes han hecho, no suman los
números conforme van poniendo el subconcepto con el concepto y con el
artículo. En el
primer programa, que es servicios generales y subsecretaría, dice: cuota
de la Seguridad Social, 141 millones de pesetas; total: 218 millones de
pesetas. Porque lo hemos añadido, no sé por qué. La verdad es que lo que
ustedes nos han dado aquí es una joya de números. Se les pueden haber
caído. Mire usted, yo he hecho así, y nada, que no aparecen los números.
La verdad es que no me podía haber guiado de estos datos para hacer las
enmiendas. Comprenderá usted que he tenido que buscarlos por otro lado.
Se me podrá decir que nosotros hacemos lo fácil, que es incrementar el
gasto. Pero todos, todos. Si yo le dijera a S. S. que hemos presentado
una enmienda de adición de 10.000 millones de pesetas; hemos dicho que
vamos a tener un remanente de tesorería de 10.000 millones de pesetas y
vamos a gastar 10.000 millones más. Por tanto, entiendan SS. SS. que el
objetivo de nuestras enmiendas es corregir las desviaciones que tiene la
propuesta presupuestaria del Gobierno. Primero, habla de introducir
profesionalización y no invierte los recursos necesarios para lograr una
Administración más profesional, más ágil y más rápida. Habla de agilizar
los trámites administrativos, pero no sabemos cuál es la propuesta que
van a hacer para ello ni cómo van a destinar hacia ella unos recursos
determinados. Eso sí, respecto a la Administración periférica y la
simplificación, vamos a esperar a que se desarrolle la Lofage y los seis
meses que se han dado ustedes para ver cómo se hace. Esperaremos a ver
cómo se termina. Hablan ustedes de la coordinación en un Estado moderno,
que es el elemento más importantes. Tendremos competencias compartidas,
tendremos competencias exclusivas que necesitarán el apoyo de todas las
administraciones. Por tanto, la coordinación es la piedra angular de una
Administración moderna. Además de simplificar, sin ser ágil, tiene que
haber una coordinación entre todas las vertientes de su propia
Administración.
Creemos que en su propuesta presupuestaria hay dos grandes olvidos: uno,
la necesidad de ese pacto local y de trabajar por el mismo, y, dos, el
fomento de la participación y una incorporación de la información para
ello.
Hemos creído que nuestra enmienda a la totalidad podía cifrarse en la
adición de un programa específico dedicado a la participación y a la
agilización administrativa, un incremento del dinero que se destina a
formación, un incremento de la cooperación local y una mayor precisión en
lo que significan las comisiones de coordinación. Fundamentalmente, ése
es el objetivo de nuestras enmiendas.
La verdad es que en cuanto a la distribución de estos programas se nos
podrá decir: ¿por qué ha agrupado estos programas y no ha hecho otros?
¿Por qué une el mutualismo, tanto en prestaciones como en asistencia, en
un solo programa? Fundamentalmente porque creemos que así nos ahorramos
gastos que ustedes tienen y que habían anunciado que iban a acometer.
Por ponerles un ejemplo, dentro de sus previsiones presupuestarias,
ustedes tienen aproximadamente 14 altos cargos, 100 millones de pesetas.
Salvo un alto cargo, ustedes han hecho una propuesta de altos cargos
bastante limitadita. Han dicho que iban a hacer mucho, pero después han
reducido, aunque no sé si 14 altos cargos serán muchos o pocos para un
ministerio que tiene un volumen de recursos bastante pequeñito y cuya
mayor tarea es la de las transferencias a los entes territoriales.
En todo caso, se han dotado de recursos para buscar lo que significa el
fomento, la coordinación y la ilusión de la Función pública en la acción
de la propia Administración, que es bastante limitada. La verdad es que
será difícil que el ejemplo de mano dura y no negociación sea la terapia
y la medicina que los funcionarios y los empleados públicos puedan
entender para colaborar con este Gobierno. La verdad es que brilla por su
ausencia ese objetivo que ustedes se habían marcado de luchar por una
política de incompatibilidades buena y por una política de simplificación
de la Administración.
En un canto de declaración de intenciones, ustedes dijeron: incorporemos
criterios de gestión privada a la Administración, pero tenemos que pagar
con recursos de la Administración pública, y como les han faltado
recursos, a cada alto cargo lo han nombrado miembro de un consejo de
administración para completar unas dietas de unas 100.000 o unas 50.000
pesetas, según sea.
Respecto al ejemplo de incompatibilidad y dedicación en la actuación de
los altos cargos y a la gestión privada incorporada a la Administración
pública, que ustedes han incorporado con esta propuesta presupuestaria y
estos números, la verdad es que o anunciaron que se apretarían el zapato
más de lo que en realidad lo han hecho o los compromisos que ustedes
adoptaron no los han podido cumplir.
En todo caso, señorías, para economizar a esta hora de la noche, que es
una hora buena, porque ya se ha ido Cenicienta y aquí puede aparecer el
príncipe, solicitamos de ustedes que nos admitan algunas de las enmiendas
que han sido aportadas por nuestro grupo parlamentario.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una referencia concisa y rápida a la totalidad de las
enmiendas que han presentado los Grupos Parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida.
Llama la atención la primera enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, que es de totalidad
a toda la sección 22, cuya justificación o motivación dice que se observa
una inadecuación de la distribución por programas y capítulos a las
previsiones y necesidades del Ministerio de Administraciones Públicas y,
de forma muy singular, a los planes de modernización de la administración
pública y a la mejora de calidad de los servicios. Dice igualmente que
tampoco se contienen previsiones adecuadas para el desarrollo de los
múltiples ámbitos de negociación.
A nosotros nos resulta bastante paradójico y cuando menos llamativo que
un grupo parlamentario que ha apoyado hasta bien poco a los gobiernos
precedentes no haya sido capaz de realizar, con éxito o si él, porque ni
siquiera lo había planteado, una ley de organización y funcionamiento de
la Administración del Estado. Esta iniciativa se está tramitando en la
actualidad, como está indicando la señora Rubiales, pero ha sido
presentada por el Gobierno del Partido Popular, porque usted sabe
perfectamente, señoría, que cuando finaliza un período de sesiones las
iniciativas presentadas anteriormente lógicamente decaen. Se pretende así
culminar una reforma cuya realización no había sido posible hasta el día
de la fecha y sobre todo dar una nueva definición y un nuevo tratamiento
a algo importante como es la Administración periférica del Estado,
tratando de colaborar en esa no duplicidad en la prestación de servicios
a la que aspiran los ciudadanos y que lógicamente exigen de las diversas
esferas de la Administración pública.
Tampoco se había presentado el estatuto de Función pública, que sin duda
es una asignatura pendiente y en cuya iniciativa está trabajando el
actual Gobierno, como el otro día se declaraba en esta misma Cámara.
Todos ellos son elementos que colaborarán a una buena marcha de la
Administración y desde luego a redefinir no pocos papeles de la
Administración periférica, de la local y de la de las diversas
comunidades autónomas.
Entre las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se propone también una enmienda de
totalidad con una propuesta alternativa por la que la agrupación de
programas que hacen a la propuesta que se contiene en el proyecto de ley
presupuestaria introduce un nuevo programa que pretende la agilización de
la Administración y el fomento de la participación como tarea
prioritaria. Nosotros hemos observado que a lo largo de las diversas
enmiendas que presenta y que ha defendido en comisión y en Pleno, el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya trata de
fomentar la participación sistemática de organizaciones ciudadanas y de
comunidades en el seno de la propia administración. Señorías, estamos de
acuerdo en que efectivamente la participación es un valor, la
dinamización de la Administración sin duda alguna también lo es y la
participación de los ciudadanos en la cosa pública es inexcusable y se
debe tender a ello, pero no entendemos ni desde luego compartimos esa
proliferación de organizaciones y de cauces un tanto artificiales que
ustedes pretenden introducir y dotar presupuestariamente a través de una
sucesión de enmiendas que presentan a la sección 22 de este proyecto
presupuestario.
Tratan también, justificando la defensa y el apoyo al pacto local, de
establecer una enmienda, concretamente la 568, por la que se pretende
incrementar una transferencia a la Federación Española de Municipios y
Provincias. En el debate en comisión ya habíamos hecho referencia a esta
cuestión. Aparece una cantidad presupuestaria importante y significativa,
que creo recordar eran diez millones de pesetas. Desde el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se pide un
suplemento mayor. Dentro de los propios parámetros de este presupuesto,
desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que no es posible y que
ese esfuerzo adicional o de suplemento de crédito que se pide no es
acorde con la composición y la sintonía genérica de este proyecto de ley
de presupuestos generales del Estado.
Se trata también de justificar por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, incorporando al programa 121.A todas las actuaciones del
programa 121.D, en un afán de ahorrar burocracia y de hacer una actuación
más coordinada dentro del Ministerio, en el seno --dice-- de una unidad
especializada, pero en la enmienda justifique en qué unidad está pensando
ni qué eficacia se va a derivar de esa reagrupación a la que S. S. se
refiere en la justificación de la enmienda.
En definitiva a nosotros nos parece --y no hemos presentado ninguna
enmienda desde el Grupo Parlamentario Popular a la sección 22-- que todos
los programas presupuestarios del Ministerio de Administraciones
Públicas, comparando de forma global el presupuesto consolidado de todo
el ministerio e incluyendo la Muface y el Instituto de la Administración
Pública, suponen un incremento del 6,1 por ciento, además de otro
incremento nada desdeñable en el capítulo 6, de inversiones, ya que en el
proyecto que presenta el ministerio, sin duda alguna queriendo colaborar
a ese esfuerzo de mayor agilidad, mayor prestación y mejores servicios a
los ciudadanos, hay un paquete informático importante que tiende
justamente a esa mejora en la prestación de servicios.
Por lo que hace referencia a un argumento que se utiliza de forma
recurrente, que ya salió en el debate correspondiente de la Comisión de
Presupuestos, cuando el portavoz de Izquierda Unida menciona el diálogo,
el consenso y el acuerdo necesario sobre todo con los sindicatos y con
las fuerzas sociales, he de responderle lo que dijimos en aquel momento y
queremos repetir en esta sesión plenaria. No tenga ningún medio S. S.
porque el diálogo es fluido, es permanente y va a seguir siéndolo en lo
sucesivo, en el futuro, puesto que a todos nos interesa que haya ese
diálogo necesario, ya
que hacer una administración de espaldas a los empleados públicos o sin
contar con la complicidad, si S. S. lo quiere interpretar así, sin el
apoyo y la colaboración de los empleados públicos no sería una buena
administración. Como estamos seguros de que lo vamos a conseguir y que
ése va a ser el objetivo, pasando siempre por el diálogo y por el
entendimiento, con independencia de aspectos concretos a los que ha hecho
referencia también el portavoz socialista, señor Rodríguez Zapatero,
respecto, una vez más, a la congelación salarial de los empleados
públicos, quiero reiterar que se ha pedido ese esfuerzo en un presupuesto
de unas condiciones especiales y dentro de un marco de ajuste y de
austeridad presupuestaria. Sin embargo, estamos seguros de que es el
mejor presupuesto posible dentro de estos parámetros. Por ello pedimos el
esfuerzo y el sacrificio de compartir las premisas, los instrumentos, la
filosofía, las secciones, el articulado y los créditos que se contienen
en el proyecto del Gobierno, y desde el Grupo Parlamentario Popular sin
ningún género de dudas todo esto se apoya porque estamos convencidos de
que es el mejor presupuesto posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Rodríguez Zapatero, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Como ha habido alguna réplica a los
argumentos, querría comentar tres cosas en tres minutos.
En primer lugar, respecto a la Lofage ha subrayado que ciertamente el
resultado final no va a ser muy satisfactorio. Creo que globalmente la
Administración del Estado cambia poco con la Lofage; cambia la
administración periférica y ciertamente para ir a un modelo mucho más
complejo, mucho más confuso, en el que desde el punto de vista del Grupo
Socialista se ve un acomplejado repliegue del Estado.
En segundo lugar, una de las partes del hilo conductor que ha sustentado
la enmienda de totalidad es el desconocimiento de la Administración del
Estado, del que ustedes han hecho gala, viendo sus posiciones históricas,
sus programas y sus discursos, más o menos inflamados de pasión. Le voy a
dar un ejemplo porque incluso cuando ya gobernaban han hecho gala de ese
desconocimiento profundo. En estos momento hay un órgano --si es que se
puede decir que lo hay, porque desde luego no existe un órgano-- que es
la comisión de asesoramiento para las privatizaciones, cuya naturaleza
jurídica es imposible de articular o de conocer, sencillamente porque es
un órgano que ustedes creen haber creado y no han creado, porque no
existe jurídicamente.
Le voy a decir más. El desconocimiento llega también al punto de que ni
siquiera sus propios ministerios, cuando están anunciando los concursos y
licitaciones, conocen cuál es el organigrama de la Administración del
Estado. Fíjese que el Ministerio de Fomento sigue sacando los concursos
como Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y debieran de poner
desde el Ministerio de las Administraciones Públicas un poco más de
diligencia para, en un tiempo razonable, ya llevan seis meses, conocer
cómo funciona la Administración General del Estado, cómo es un
procedimiento administrativo de creación de un órgano o no creación de un
órgano. Yo creo que han tenido un tiempo razonable, incluso hasta para
que se asuma que hay denominaciones de ministerios que han cambiado,
porque parece que aún el Gobierno no se ha enterado.
El señor PRESIDENTE: El señor Ríos ha pedido otro turno. Tiene la
palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
Se pueden rebatir las propuestas que hacemos y posiblemente tendrá todo
el razonamiento apoyado con datos. Nosotros hemos agrupado un programa
que va dirigido a la Jefatura del Estado, que depende orgánicamente,
según el programa de objetivos del subsecretario, y lo hemos ubicado
donde el subsecretario está, en el programa de servicios generales. Nos
ahorramos un personal eventual que gestiona eso. No es mucho, pero ahí
están metidos los 438 de Función pública.
Hemos hecho propuestas concretas que van dirigidas a criterios sobre cómo
participar en la Función pública. Hemos hablado de la puesta en marcha de
oficinas de información y de promover o incrementar la participación en
la toma de decisión, tanto de los empleados públicos como de los usuarios
de los propios empleados públicos, en el seno de las propias oficinas de
la Administración. Hemos propuesto incrementar la previsión de gestión en
la formación de las propias organizaciones sindicales. Ejemplo que
funciona con la formación ocupacional, ejemplo que funciona con un sin
fin de procesos de formación. Es decir, son partícipes del propio INAP en
la gestión de cursos las propias organizaciones representativas de los
funcionarios. Esa es nuestra propuesta. Incrementar la participación de
los que toman decisiones de manera funcionarial como empleado público,
del político que decide y también de los propios usuarios. Esa es la
línea de todas nuestras propuestas. No es una obsesión por el momento la
participación. Creo que no se está produciendo hoy una participación
activa en la Función pública. No lo entienda solamente para la
negociación de los problemas salariales o de oferta pública. No me
refiero a eso. Me refiero, en general, en toda la evolución de la Función
pública, porque tendrá que reconocer que todavía hay distancias entre los
ciudadanos en general y las decisiones de la propia Administración. Por
eso ustedes hablan de agilizar las
decisiones administrativas. No dicen si va a ser con silencio
administrativo, positivo o de otra manera. Ustedes se plantean unos
determinados objetivos. Esas son nuestras enmiendas.
Son muy prudentes y muy modestos nuestros incrementos presupuestarios.
Eso sí, esta vez tenemos muy medido de dónde los sacamos: Del artículo
63, que es modernizar y mejorar las oficinas que ustedes tienen. Van a
gastarse 934 millones en oficinas, documentación y preparación. Nosotros
detraemos de ahí una parte pequeñita y la destinamos a otra materia. Otra
cosa es que no se quiera acometer y se pueda rebatir. Pero el objetivo
está claro, así como de dónde sacamos el dinero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Las enmiendas relativas a las disposiciones adicionales, transitorias y
finales, que finalizarían el debate del proyecto de ley, las
tramitaremos, para no exceder de las doce y media, mañana a primera hora,
tras reabrir la sesión a las nueve y media de la mañana.
Se suspende la sesión. Buenas noches.
Eran las doce y veinte minutos de la noche.