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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 32, de 22/10/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 32
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 31
celebrada el martes, 22 de octubre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
-- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 14.1, de 1 de
octubre de 1996 (número de expediente 121/000015) (Página 1319)
-- Proyecto de Ley de medidas de disciplina presupuestaria. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 21.1, de 11 de octubre
de 1996 (número de expediente 121/000016) (Página 1319)
-- Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 18.1,
de 9 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000017) (Página 1319)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 33, de 23 de
octubre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y media de la tarde.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1319)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997
(Página 1319)
Proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria (Página 1319)
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(Página 1319)
En nombre del Gobierno presenta los proyectos de ley el señor
Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo), manifestando que a la gran importancia que siempre han tenido
los debates de leyes de presupuestos en la Cámara se añade la especial
relevancia de los presentes, porque son los primeros presupuestos de una
nueva mayoría parlamentaria, porque se producen en un momento
trascendente en la política económica española y europea y porque han de
ser los presupuestos que consigan que la economía española alcance un
crecimiento sostenido y estable, logrando integrarse en Europa.
A continuación pone de relieve los grandes objetivos de la política
económica española a los que deben responder estos presupuestos.
Considera que, a lo largo de los últimos años, se ha conseguido un
importante consenso en cuanto a la integración en Europa, proceso
comenzado en 1986, y en cuanto a la política social relacionada con las
pensiones públicas y el problema del desempleo. Este último ha sido sin
duda el compromiso electoral del Partido Popular y del Presidente del
Gobierno en el debate de investidura, por lo que es el objetivo principal
de la política económica del Gobierno.
Se refiere a continuación a las consecuencias negativas de los déficit
públicos persistentes y abultados que han conducido a los españoles a la
insuficiencia del ahorro nacional, al desplazamiento de la inversión y
del consumo privados, al aumento de las tensiones inflacionistas y de los
tipos de interés, a la pérdida de competitividad de los bienes y
servicios, al déficit de la balanza de pagos, al aumento insostenible de
la deuda pública y a la pérdida de confianza de los mercados
internacionales. Anuncia que el Gobierno está decidido a cambiar estos
desequilibrios por un marco de estabilidad macroeconómica, sustentada en
la orientación de la política presupuestaria y en las reformas
estructurales que permitan el control de la inflación sin necesidad de
usar una demasiado restrictiva política monetaria que frene el
crecimiento. Manifiesta a continuación su deseo de que el consenso
obtenido en los anteriores objetivos se amplíe también a los instrumentos
de estabilidad macroeconómica, y considera enriquecedoras las
aportaciones de los partidos nacionalistas, deseando, por otra parte, que
ese apoyo se ampliase al resto de las fuerzas políticas, concediendo una
importancia especial a la posición del Grupo Socialista. Asimismo, confía
en que, aunque haya partidos que no compartan las posiciones de
integración en Europa, puedan llegar a un acuerdo tanto en cuanto a la
lucha contra la corrupción, a la ética o a la transparencia en la
utilización del presupuesto, como en cuanto a las medidas de control del
gasto y de calidad de los servicios públicos.
Se refiere, en primer lugar, a las condiciones de partida que ha tenido
que afrontar este Gobierno y a la necesidad de tomar medidas desde un
comienzo para garantizar la estabilidad necesaria de la economía
española, restablecer la confianza de los agentes económicos y afianzar
la credibilidad de su política en los mercados. Opina que los efectos del
aumento de confianza en la economía española han producido un incremento
de la tasa de crecimiento, que ha dado lugar a que el Gobierno presente
hoy unos presupuestos generales para 1997 con el objetivo de un 3 por
ciento de déficit público, imprescindible para que España pueda
integrarse en la Unión Europea.
Pasa a describir el cuadro macroeconómico que acompaña a los
presupuestos. Considera que la reanimación de la economía se ve cimentada
en una notable corrección de los desequilibrios macroeconómicos y en la
progresiva superación de las múltiples rigideces que en el pasado
limitaban las posibilidades de crecimiento no inflacionista. Añade que
esta línea de crecimiento y de recuperación de la economía española
coincide con la que se está produciendo en la mayor parte de los países
de nuestro entorno; en concreto, en los países de la Unión Europea. Basa
esta recuperación en razones políticas y económicas: en razones
políticas, gracias a una mejora clara de la confianza, tanto de los
ciudadanos españoles como de los inversores extranjeros, y a las
expectativas que han permitido un nuevo marco de estabilidad y
normalización política, surgida de las elecciones del pasado 3 de marzo;
y en razones económicas,
gracias a la disminución de los desequilibrios de déficit y de la
inflación. Indica que los datos trimestrales de la contabilidad nacional
ofrecen un perfil ascendente, primero, por la intensidad de la creación
de empleo y, segundo, por la reducción de los tipos de interés, así como
por el contexto internacional favorable, en el que destaca una
históricamente muy baja tasa de inflación en todos los países
industriales y el mantenimiento de la recuperación en el Reino Unido y
Estados Unidos, así como nuevos síntomas de recuperación en Alemania y en
Japón. Añade que, desde el punto de vista del cuadro macroeconómico del
Gobierno, será la demanda interna en 1997 la que se configurará como
motor de la nueva recuperación, el consumo público decrecerá un 0,3 por
ciento y la inversión aumentará durante 1997, previéndose una aceleración
de su crecimiento desde el 4,4 por ciento en 1996 al 6,9 por ciento en
1997, siendo la inversión en bienes de equipo la que presentará un mayor
dinamismo, con un crecimiento previsto del 12 por ciento. Sin embargo, la
inversión en construcción registrará crecimientos más modestos pero
positivos con respecto a 1996.
Manifiesta que, desde el punto de vista del equilibrio exterior, la
balanza de pagos continúa mejorando de forma ininterrumpida a lo largo de
los últimos meses, despejando problemas y tensiones en el frente
exterior. Por otra parte, el déficit comercial se encuentra ya a niveles
históricamente bajos, con un crecimiento sostenido de las exportaciones,
y se verá sobradamente compensado en 1997 por el dinamismo del sector
turístico.
Con respecto a la inflación, considera que en este momento está dando
claras muestras de decrecimiento y se está acercando a los niveles de
convergencia con los países de Europa. Considera una buena noticia el
poder decir que en 1996 no sólo se cumplirá el objetivo del 3,5 sino que
las previsiones más recientes indican que la inflación podrá ser y será
una décima más baja de la prevista, siendo el objetivo de inflación para
1997 de un 2,6 por ciento. Añade que para obtener este objetivo es
esencial la austeridad presupuestaria, el diseño de la política de
ingresos públicos, la continuación de las reformas estructurales, las
políticas de precios regulados y de defensa de la competencia de este
Gobierno y una evolución de los salarios acorde con los incrementos de
productividad. Insiste en que la disminución de la inflación es la mejor
garantía para el mantenimiento del poder adquisitivo de cualquier tipo de
renta, especialmente de las rentas derivadas de pensiones o de las rentas
salariales, y para el aumento de la población activa.
Expone que en este proyecto de Presupuestos Generales para 1997 se
abordan las tareas necesarias para recorrer el todavía importante trecho
que nos separa de los requisitos de convergencia, y considera para ello
necesario reducir el déficit público hasta el 3 por ciento del PIB para
el conjunto de las administraciones públicas y el 2,7 por ciento para las
administraciones centrales. Asimismo considera que, además de cumplir el
criterio de convergencia en términos de déficit y en términos de
inflación, la economía española deberá cumplir su criterio de
convergencia, disminuyendo la relación entre producto interior bruto y
deuda pública.
Por otra parte, considera que se han establecido mecanismos para
controlar el gasto adecuadamente, pero el esfuerzo de reducción es
compatible en estos presupuestos con el objetivo de garantizar la
política de bienestar social y de solidaridad con la que este Gobierno
está comprometido, en particular con las políticas de pensiones públicas,
sanidad pública, educación y vivienda, al mismo tiempo que se mantiene el
esfuerzo público en la creación de infraestructuras y se continúa con la
reforma fiscal, siendo la presión fiscal global la misma.
Pasa a comentar los aspectos concretos de la Ley de Presupuesto y de las
leyes que la acompañan, haciendo hincapié en las medidas para garantizar
el cumplimiento de la ley. Estas medidas buscan cuatro finalidades
concretas: la primera, garantizar un techo global del gasto; la segunda,
la imputación de gastos al ejercicio en que se devengan; la tercera, el
control de los gastos plurianuales, y la cuarta, la extensión del control
a toda la Administración central. Explica que el Gobierno introduce
también mecanismos que garantizan que los recortes del gasto sean
duraderos e incorporados al funcionamiento presupuestario normal.
A continuación pasa a comentar el presupuesto de gastos del conjunto de
las administraciones generales y manifiesta que el esfuerzo de control de
gasto del Estado se centra principalmente en el capítulo de gastos de
bienes y servicios, y también en los gastos de personal. En relación con
estos últimos explicita que el Gobierno es plenamente consciente del
esfuerzo que pide a los funcionarios públicos, pero aclara que este
esfuerzo se les pide no sólo en un marco inflacionista mucho más reducido
que el de 1994 sino para conseguir un objetivo altamente ambicioso, como
es reducir el déficit público al 3 por ciento. Además, estas medidas no
se toman de una manera aislada sino en un conjunto de medidas de carácter
estructural, como la posibilidad de que todos los funcionarios puedan
prolongar voluntariamente su permanencia en la situación de servicio
activo hasta cumplir setenta años de edad.
Añade que la política de restricción salarial, desde el punto de vista
del ahorro considerable del funcionamiento del Estado, está acompañada de
las medidas tomadas por el Gobierno para el funcionamiento de la compra
de bienes y servicios, resaltando la actualización del inventario general
de bienes y derechos del Estado en relación con los bienes inmuebles.
Pasa a comentar el gasto social, destacando que las medidas de bienestar
y solidaridad, que crecen, en la Seguridad Social por encima de la
inflación, obliga a restricciones importantes en otros ámbitos del
presupuesto. Estas medidas se plasman en cuatro decisiones fundamentales:
primero, en el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las
pensiones; segundo, en el crecimiento del gasto en asistencia sanitaria
por encima de las obligaciones que tiene el Gobierno con las comunidades
autónomas; tercero, en el aumento del gasto en educación por alumno; y,
cuarto, en el mantenimiento de los compromisos en vivienda del programa
plurianual establecido con las comunidades autónomas.
Se refiere a continuación a la política de sanidad pública, como otra de
las prioridades presupuestarias del Gobierno, y contempla un conjunto de
gastos en sanidad pública de 3 billones 661.000 millones de pesetas, lo
que representa el 12,2 por ciento del presupuesto. Asimismo, comenta los
gastos relacionados con las políticas de empleo, también objetivo
prioritario del Gobierno, basándose en la moderación salarial y en el
aumento de la actividad, haciendo un especial esfuerzo en las políticas
activas tendentes al estímulo de la actividad productiva y a la atención
preferente de colectivos con dificultades de inserción en el mercado
laboral, y anuncia que el Gobierno introduce medidas de control en el
gasto de las prestaciones por desempleo.
Pasa comentar el capítulo de inversiones, donde se produce una caída del
13,7 por ciento, que considera compatible con el mantenimiento del
esfuerzo inversor en infraestructuras, ya que su disminución está
compensada por la mayor inversión canalizada a través de mecanismos
establecidos en el proyecto de ley de acompañamiento, logrando un aumento
global de la dotación presupuestaria destinada a la política de
inversiones. Hace una especial mención al esfuerzo del Gobierno en la
política de investigación y desarrollo, sobre todo en los programas más
ligados a la investigación de carácter competitivo más próxima al
mercado.
En cuanto a la empresa pública, considera que se produce un cambio
substancial en su modelo de financiación, que se caracteriza por
involucrar al conjunto del sector público empresarial en el saneamiento
de las empresas industriales deficitarias, al tiempo que se abandonan
prácticas claramente ineficaces desde el punto de vista de la gestión y
costosas tanto en términos de empleo como presupuestarios. Esto permite
la total desvinculación de estas empresas del presupuesto, si bien se
mantiene la concesión de aval del Estado. Adicionalmente, en la ley de
acompañamiento, se contempla un conjunto de medidas encaminadas a dotar
de mayor capacidad de gestión tanto a la Agencia Industrial del Estado
como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y a
desarrollar el plan de modernización del sector público empresarial.
Comenta a continuación la política de ingresos, estando orientada, desde
el punto de vista tributario, a conseguir los recursos suficientes para,
en correspondencia con la política de austeridad presupuestaria,
contribuir a la reducción del déficit a los niveles previstos en los
compromisos de convergencia, a potenciar la inversión y el empleo y, en
general, a estimular la actividad económica. Considera imprescindible
para garantizar estos objetivos acometer desde el principio, como ha
hecho el Gobierno, una modernización de las principales instituciones
tributarias, siendo necesario, no obstante, en el contexto presupuestario
de 1997, hacer esta modernización de manera gradual y progresiva. Añade
que los principales objetivos en que descansan las medidas tributarias
son la contención de la presión fiscal, el apoyo al empleo, la mejora de
la competitividad de la economía española, el fomento del ahorro y de la
inversión, la lucha contra el fraude fiscal y la mejora de las relaciones
entre la Administración y el contribuyente, refiriéndose a continuación a
algunas de las medidas tomadas ya por el Gobierno.
Finaliza su intervención solicitando a la Cámara el respaldo a los
Presupuestos Generales del Estado y a las leyes que lo acompañan, porque
con ellos el Gobierno quiere contribuir de manera efectiva al bienestar
de los ciudadanos y a resolver el problema del paro, así como a
garantizar el papel de España en el conjunto de los países más prósperos
y equilibrados.
El señor Borrell Fontelles defiende la enmienda de totalidad presentada
por el Grupo Socialista. Comienza señalando que el proyecto de ley de
presupuestos refleja la quiebra de todas las falsas promesas, la
demagogia fácil, los engaños y las incoherencias con los que el señor
Aznar sembró su camino para llegar al Gobierno. Afirma que frente a las
promesas de bajar los impuestos resulta que los han bajado,
efectivamente, y mucho para unos pocos, concediendo beneficios al mundo
empresarial y financiero que la Hacienda no puede soportar, pero
aumentando paralelamente la presión fiscal en 0,38 puntos del PIB. Al
mismo tiempo, congelan
los sueldos de los trabajadores públicos, reducen drásticamente la
inversión civil, aumentan los costes del sistema de financiación
autonómica y endeudan a las empresas públicas y a la Seguridad Social.
Respecto al nuevo sistema de financiación autonómica señala que siguen
sin conocer su coste y distribución porque este año, por primera vez en
la historia presupuestaria del país, los presupuestos simplemente
contienen una cifra global que nadie explica de dónde procede, ni cómo se
calcula, ni lo que corresponde a cada comunidad.
Por otra parte, para demostrar el aprecio al Parlamento obligan a la
Cámara a discutir la Ley de Presupuestos con otras cuatro leyes más,
restando atención y tiempo al debate presupuestario. Precisamente a la
primera de las dos leyes de acompañamiento la denomina instrumento de
agitación y propaganda, incurriendo en la flagrante incoherencia de
presentar el mismo día un proyecto de ley con la excusa de evitar el
desplazamiento del gasto a ejercicios posteriores y, a continuación, otro
proyecto de ley que trata de desplazar el gasto a los siguientes
ejercicios mediante contratos de obra que imputen a los trece próximos
años las decisiones de inversión. Es decir, que junto a un proyecto de
ley de disciplina presupuestaria remiten otro que bien podría llamarse de
indisciplina presupuestaria. Añade que acaban de debatir un proyecto de
ley que modifica seis artículos de la Ley General Presupuestaria y van a
entrar ahora a discutir otro proyecto que modifica ocho artículos de la
misma ley, y ambos el artículo 61 de la ley citada y de forma
contradictoria entre ambos.
Respecto al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, considera que merecería llamarse de indisciplina
presupuestaria por las brechas que crea en la contratación administrativa
y por las vías que abre a la centrifugación del déficit. El propio
Consejo Económico y Social dictamina que el proyecto no cumple con las
condiciones que debe cumplir una ley de esas características.
Entrando en el examen del proyecto de ley de presupuestos comienza
expresando su acuerdo con los objetivos macroeconómicos de reducción de
la inflación, del déficit que el Gobierno propone, puesto que eran
también los objetivos del Gobierno socialista, objetivos ciertamente
ambiciosos y difíciles de conseguir, pero necesarios. Sin embargo,
respecto al crecimiento previsto del 2 por ciento de empleo no hay nada
en el proyecto que permita avalar dicha previsión. Unicamente existe lo
que denomina una manipulación de los datos de empleo, que permitiría al
Gobierno considerar a finales de 1997 que, con la misma ocupación que
ahora refleja la EPA, se habrían creado 240.000 empleos. En definitiva,
están de acuerdo con los objetivos, pero discrepan en la forma de
conseguirlos.
Piensa que el presupuesto se basa en hipótesis poco razonables sobre la
evolución de ingresos y gastos, suscitándole muchas dudas, que desearía
pudiesen ser aclaradas para poder confiar más en que el objetivo del
déficit pueda cumplirse. Sobre ese particular le preocupa el equilibrio
de la Seguridad Social, ya que tanto las cifras relativas a ingresos como
las de gastos no se corresponden, a su juicio, con la realidad.
En cuanto a los ingresos del Estado afirma que no es cierto que el
Gobierno no suba la presión fiscal toda vez que ésta crece el 0,38 por
ciento. Pregunta por cuánto se va a obtener por privatizaciones, ya que
estima que no es cierto que se vayan a ingresar los 450.000 millones de
pesetas que se dice.
Pero si el presupuesto de ingresos no resulta creíble, mayor aún es, a su
juicio, la falta de credibilidad del presupuesto de gastos. Rechaza en
este sentido el que el crecimiento del gasto sea del 1,7 por ciento para
situarlo por encima del 4,5, agregando que se está pasando realmente de
un presupuesto de gastos a uno de préstamos que, aun así, puede dar lugar
a graves problemas de desequilibrio.
Termina tachando al presupuesto presente de falta de equidad al
distribuir de forma muy desigual entre las administraciones y las
personas el esfuerzo de ajuste necesario y, frente a actitudes pasadas,
muestra su disposición a dialogar para conseguir mejores equilibrios y
que el camino de Maastricht sea más adecuado a la estructura de esta
sociedad.
El señor Anguita González defiende la enmienda a la totalidad de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a los proyectos de ley objeto de
debate. Comienza preguntándose, después de escuchar al Ministro de
Economía y Hacienda y al orador siguiente, si el pueblo español, a través
de sus diputados y sus diputadas, tiene soberanía para poder discutir de
economía o si esta soberanía está ya fuera de las fronteras nacionales.
Manifiesta a continuación que su Grupo está por la construcción europea,
pero no comparte ni los objetivos ni los instrumentos, porque tienen una
visión distinta de la misma. Se pregunta a quién se ha cedido la
soberanía, a qué Parlamento europeo o a qué poder elegido
democráticamente, y se contesta a sí mismo que se ha cedido a una oficina
y a un sistema de bancos centrales no elegidos absolutamente por nadie.
Añade que si se han enajenado las decisiones importantes de política
económica y se ha cedido soberanía sobre las macromagnitudes, será
difícil resolver el problema del paro desde dentro del país.
Por otra parte, considera que los presupuestos generales que presenta el
Gobierno marcan objetivos contradictorios y excluyentes entre sí puesto
que se alejan y se contradicen con los contenidos del Título VIII de
nuestra Constitución; son fiscalmente regresivos y contrarios al espíritu
y a la letra del artículo 31 de la Constitución española; son socialmente
insolidarios y manifiestamente injustos; hipotecan aún más nuestra
economía a un futuro incierto; se asientan sobre bases y supuestos
totalmente inconsistentes y son víctima de una operación de manipulación
contable, por mucho que se ponga en circulación el nuevo y sospechoso
concepto de contabilidad creativa.
Señala que el señor Rato, en su intervención, ha dicho que los dos
objetivos de estos presupuestos eran la creación de empleo estable y la
integración de España en la Unión Económica y Monetaria en los plazos y
con los criterios establecidos por el Tratado de la Unión. Sin embargo,
para el interviniente, estos objetivos se contradicen, porque no se puede
crear empleo y, además, mantener los criterios de Maastricht. Basa esta
afirmación en un informe del Parlamento Europeo aprobado el 28 de junio
de 1995 y titulado «Sobre una estrategia de empleo coherente para la
Unión Europea». Considera que tras la primera contradicción, las demás
vienen por añadidura puesto que basar el despliegue de política
económica, y por ende presupuestaria, en el aprovechamiento de la
recuperación europea es fundamentar una acción de gobierno en un terreno
totalmente movedizo.
Se pregunta a continuación si las medidas de carácter estructural
orientadas a incrementar la capacidad productiva de la economía son
vender a la iniciativa privada los sectores más estratégicos del sector
público o asistir cruzados de brazos ante la creciente ola de
reconversiones, reducciones de plantilla y cierre de industrias y de
empresas. Estima que la acción del Gobierno debería limitarse, en nombre
del mercado, a crear un marco macroeconómico estable que ayudase a
desarrollar eficientemente la iniciativa de los agentes económicos. Sobre
este extremo considera interesante repasar los contenidos específicos de
la Constitución Española y el papel que los poderes públicos tienen en el
desarrollo de la economía. Por otra parte, expone que si el cumplimiento
de los contenidos y plazos de la convergencia del Tratado de la Unión
Europea están en la base de estos Presupuestos Generales, no es menos
cierto que también se utiliza el Tratado de Maastricht como excusa,
coartada y justificación para una política económica injusta e
insolidaria, constatándose esto con claridad al hablar de los pilares del
presupuesto: ingresos y gastos. Explica a continuación las
características de estos dos apartados y hace una especial mención a la
congelación salarial de los empleados públicos que, unida a otras que ya
vienen de épocas anteriores y a incrementos salariales por debajo del IPC
de otros tiempos, los sitúa con un 12,2 por ciento de pérdida de poder
adquisitivo desde 1992. También se refiere al decrecimiento de los gastos
en educación y cultura, que caen en un 2,5 por ciento, con lo que, otro
año más, no se cumplirá la disposición adicional tercera de la Logse, en
la cual se afirmaba que el gasto público en educación sería equiparable
al de los países comunitarios. Asimismo, el gasto en sanidad crece por
debajo del IPC previsto, paralizándose la implantación de la red de
centros de salud, reduciéndose el gasto en hospitales y poniendo en
marcha la privatización del sistema sanitario público. Los gastos
dedicados al desempleo e incapacidad temporal se reducen en un 9,8 por
ciento en términos reales, y considera que se da un último paso para
acabar con el Inem como servicio público de empleo. Respecto a la ayuda
oficial al desarrollo, considera que no sólo se aleja del objetivo del
0,7 por ciento del producto nacional bruto para esta legislatura sino que
en 1997 no se llegará siquiera al 0,35 por ciento. Después de estas
consideraciones, se pregunta en nombre de qué se hacen estos sacrificios,
y la respuesta, según su opinión, es: en nombre de una política
neoliberal propia del pensamiento y la acción política conservadores y en
nombre de una terrible obcecación, como es pretender que la construcción
europea se haga con criterios y plazos estrictamente monetarios,
olvidando la dimensión social y la unión política. Se pregunta qué pasará
después de 1997, puesto que todo se centra en estar en lo que, de manera
propagandística, se viene denominando países de primera, pero su fuerza
política viene planteando hace tiempo que las políticas neoliberales, que
informan la convergencia de Maastricht y las acciones de los gobiernos
conducentes a la misma, están produciendo más desorden económico y
político y menos justicia social. Por otra parte, se considera eximido de
hacer más comentarios ante las últimas declaraciones del Gobernador del
Banco de España sobre los acuerdos entre los gobiernos de Alemania y
Francia en torno a lo que llaman la cooperación reforzada y el objetivo
ya apuntado de obtener superávit en cada ejercicio presupuestario de cada
Estado de la Unión Europea. Insiste en que la convergencia de Maastricht
está sirviendo de excusa para una política económica en beneficio de los
poderes económicos y sociales más reacios al Estado del bienestar e
incluso, al Estado social y democrático de Derecho. Por otra parte,
considera que el
empecinamiento del Gobierno en cubrir como sea el expediente de la
convergencia le lleva a hacer propuestas legislativas que bordean
sentencias del Tribunal Constitucional.
Como última razón para solicitar la devolución de estos presupuestos
expone la incompatibilidad de los mismos con las propuestas y objetivos
que informan la visión alternativa de política económica y social de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su Grupo Parlamentario la
creación de empleo estable es el objetivo al cual hay que supeditar todas
las medidas de política económica. Estima que ha de haber un proyecto de
futuro a medio y a largo plazo, en el que los mecanismos constitucionales
sean utilizados por el Gobierno a fin de crear tejido productivo,
planificar la actividad económica y atender a las necesidades sociales.
Asimismo considera que hay que trabajar para lograr un marco de política
europea que sea el de una auténtica construcción federal, porque la
unidad económica y la unidad política no pueden ir descompasadas. Una
construcción así exige que figuren como objetivos fundamentales de la
convergencia el paro, el gasto social y el Estado del bienestar.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya pide a la Cámara que devuelva al Gobierno,
para su reelaboración, su proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año próximo.
En turno de réplica interviene de nuevo el señor Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía y Hacienda, duplicando los señores Borrell Fontelles
y Anguita González.
Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda.
Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (Número
de expediente 121/000015)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA (Número de
expediente 121/000016)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL
(Número de expediente 121/000017)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como saben SS. SS., el Pleno que ahora comienza, y que se desarrollará a
lo largo de la semana, tiene como puntos del orden del día el debate de
totalidad de las iniciativas legislativas, que por la Mesa y la Junta de
Portavoces se han agrupado para su tramitación conjunta al proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. Para la mejor
ordenación del debate se ha repartido a SS. SS. un guión de los acuerdos
de la Junta de Portavoces que, sintéticamente, consiste en lo siguiente
Se han distribuido los cinco proyectos de ley en dos bloques. El primero,
en el que se centrará el debate en la tarde de hoy y probablemente en la
mañana del miércoles, está constituido por el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, el proyecto de ley de
medidas de disciplina presupuestaria y el de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, que se conoce como ley de
acompañamiento. El segundo, al que se procederá tras la votación de las
enmiendas de totalidad presentadas a estos tres primeros proyectos,
estará constituido por el proyecto de ley de cesión de tributos del
Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias
y el proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
número 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades
autónomas.
Comenzaremos hoy, por tanto, con el primer bloque, que se tramitará y se
debatirá conjuntamente, integrado por el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997, el de disciplina presupuestaria y el de
la llamada ley de acompañamiento, para el que se ha previsto que en la
tarde de hoy se realice, en primer lugar, la exposición por el Gobierno,
en este caso por su Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y
Hacienda, y posteriormente la defensa de las enmiendas de totalidad que
han sido presentadas, y que se defenderán por el orden siguiente: por el
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y por el Grupo Mixto tres
enmiendas de totalidad del señor Rodríguez, de la señora Lasagabaster y
del señor Chiquillo. Hasta ahí llegará el debate de la tarde de hoy.
Continuaremos mañana a partir de las diez de la mañana con las tomas de
posición de los restantes grupos parlamentarios, y se procederá a la
votación de las enmiendas de totalidad que se han presentado a este
primer bloque, al final del debate, que calculamos se pueda producir a
partir de la mitad de la mañana del miércoles, continuando luego con el
segundo bloque en términos semejantes, es decir, con el debate de las
enmiendas de totalidad, toma de posición y finalmente votación.
En consecuencia, comenzando ya con el primer bloque, para la presentación
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, del proyecto de ley
adicional y del de medidas de disciplina presupuestaria que le acompañan,
tiene la palabra el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía, señor Rato Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, tengo el honor
de presentar, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 junto con los de la ley de acompañamiento
y la llamada ley de disciplina presupuestaria.
En primer lugar, quiero destacar el gran relieve que esta Cámara ha
otorgado tradicionalmente a este debate en todas las ocasiones anteriores
y que ha servido para confrontar las grandes opciones de política
económica al máximo nivel parlamentario.
También quiero subrayar, precisamente en este momento, que estos
presupuestos son especialmente significativos, en primer lugar, porque
son los primeros presupuestos de una nueva mayoría parlamentaria;
segundo, porque se producen en un momento de especial relevancia de la
política económica española y europea; y, tercero, porque han de ser los
presupuestos que consigan que la economía española se adentre en un
horizonte de crecimiento sostenido y estable y que, al mismo tiempo, le
permitan cumplir con los criterios de integración en Europa.
Quisiera comentar cuáles son, en opinión del Gobierno, los grandes
objetivos de la política económica española y, por tanto, a los que deben
responder estos presupuestos Para comenzar, es indudable que todos somos
conscientes de que a lo largo de los últimos años se ha producido un
importante consenso, una importante convergencia de posiciones en temas
relacionados con la política económica; por un lado una mayoría muy
amplia de esta Cámara respalda la integración en Europa, desde el proceso
comenzado en 1986, el Mercado Unico y, posteriormente, los procesos de
convergencia que se derivan del Tratado de la Unión Europea. Al mismo
tiempo, también se han producido importantes consensos en política social
relacionados con las pensiones públicas, pero mas allá de estos consensos
concretos en política económica, existe --y aquí si me atrevería a decir
que en la totalidad de las fuerzas parlamentarias y políticas españolas--
un amplio respaldo a que el principal problema económico y quizá político
de la sociedad española es el largo e insatisfecho problema del
desempleo, la alta tasa de paro que tiene nuestro país. Este ha sido, sin
duda, el compromiso electoral de mi partido; ha sido una parte sustancial
del compromiso del Presidente del Gobierno, José María Aznar, en el
debate de investidura, y forma parte del objetivo principal de la
política económica del Gobierno para conseguir un modelo de crecimiento
económico sostenido y estable que, junto con un funcionamiento ético,
transparente y eficiente de las instituciones y de los poderes públicos,
adentre a la sociedad y a la economía española en una etapa de
estabilidad y prosperidad.
He mencionado el consenso sobre la presencia de España en el proceso de
integración europea, y a continuación quisiera resaltar que en este
momento Europa se construye en la estabilidad macroeconómica. No tenemos
que mirar muy lejos para comprender las consecuencias negativas de los
déficit públicos persistentes y abultados; éstos, nos han conducido a los
españoles demasiadas veces a la insuficiencia del ahorro nacional, al
desplazamiento de la inversión y del consumo privados, al aumento de las
tensiones inflacionistas y de los tipos de interés, a la pérdida de
competitividad de los bienes y servicios producidos en España y, en fin,
al déficit de balanza de pagos, al aumento insostenible de la deuda
pública y a la pérdida de confianza de los mercados internacionales.
La economía española ha recorrido este círculo vicioso con demasiada
frecuencia; un círculo vicioso que comienza con expansivas políticas de
gasto practicadas durante muchos años, imposibles de financiar
ordenadamente, que exigen altos tipos de interés para compensar los
desequilibrios y terminan en lo que hoy es nuestra mayor preocupación: la
alta tasa de paro de la sociedad española.
El Gobierno está decidido a cambiar estos desequilibrios por un marco de
estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica, en opinión del
Gobierno, ha de sustentarse en la orientación de la política
presupuestaria y en las reformas estructurales, que permiten el control
de la inflación sin necesidad de usar una demasiado restrictiva política
monetaria que frene el crecimiento. Esta ha sido la política que ha
aplicado este Gobierno desde el principio, desde el comienzo de sus
responsabilidades el 5 de mayo, al abordar un proceso de reforma y de
liberalización de mercados y de saneamiento y modernización del sector
público, que continúa en la política presupuestaria que hoy vengo a
presentar.
Como he dicho, contamos con un amplio consenso parlamentario respecto a
los objetivos europeos, de solidaridad en las pensiones, de lucha contra
el paro, y ahora pretende el Gobierno --desde luego, es mi intención--
que ese consenso se amplíe también a los instrumentos de estabilidad
macroeconómica. Hemos avanzado, y el Gobierno lo reconoce desde el
inicio, en esta dirección con los partidos nacionalistas, que han
enriquecido con sus aportaciones la oferta del Gobierno, pero queremos
que ese consenso se amplíe al resto de las fuerzas políticas. En este
sentido, sin duda no sólo porque representa el primer partido de la
oposición,
sino también porque ha tenido responsabilidades de gobierno en los
ultimas 13 años, es importante la posición del Grupo Socialista. Todos,
ellos y nosotros, sabemos de lo que han sido capaces durante su época de
Gobierno, sabemos de los resultados que han obtenido y espero, en nombre
del Gobierno, que precisamente en este momento, no sólo en este trámite
sino a lo largo del debate de presupuestos en esta Cámara y en el Senado,
podamos conocer los instrumentos que ellos consideran necesarios para
alcanzar el objetivo común de crear empleo e integrarnos en la Europa de
la Unión Monetaria.
Sin duda, y desde el punto de vista de grupos parlamentarios que hasta
ahora han dicho decididamente que no comparten algunas de nuestras
posiciones respecto a la integración en Europa, creo que puede haber
cuestiones concretas en las que podemos coincidir; no sólo en las que se
refieren a la lucha contra la corrupción, a la ética o a la transparencia
en la utilización del presupuesto, sino también medidas de control del
gasto, de calidad de los servicios públicos y, sin duda, también creo que
esta misma posición puede compartirse con muchos de los grupos o partidos
que integran el Grupo Mixto.
Quiero, en primer lugar, señor Presidente, hacer referencia a las
condiciones de partida que ha tenido que afrontar este Gobierno, que
indudablemente han determinado la necesidad de tomar medidas desde un
comienzo.
El Gobierno, como todos somos conscientes, heredó un presupuesto y ha
tenido que tomar decisiones para garantizar su cumplimiento. El
presupuesto, teóricamente indicaba la consecución de un déficit público
para el conjunto de las administraciones públicas del 4,4 por ciento del
producto interior bruto, y el Gobierno, desde su llegada a
responsabilidades en mayo, ha tenido que tomar medidas para garantizar
ese cumplimiento. La primera, como la Cámara conoce, fue limitar las
disponibilidades de obligaciones, reduciendo, por tanto, el gasto público
en 200.000 millones y, además de ésa, al mes siguiente, el Gobierno se
vio en la obligación de presentar a las Cámaras un real decreto de
crédito extraordinario para financiar obligaciones no reconocidas de
ejercicios anteriores.
Precisamente uno de los proyectos de ley que se debate en este acto, el
de disciplina presupuestaria, tiene su origen en esa afloración de
obligaciones no reconocidas. El Gobierno, que podía sin duda haber
integrado los cinco o seis artículos de ese proyecto de ley en la ley de
presupuestos y en la ley de acompañamiento, se vio obligado a presentar
de inmediato ese proyecto de ley para garantizar la seriedad de las
cuentas públicas españolas, creemos que con acierto, dada la reacción de
confianza de los mercados de capitales.
En cualquier caso, el Gobierno, además de tomar medidas desde el punto de
vista de la restricción presupuestaria para garantizar el cumplimiento
del presupuesto heredado de 1996, también ha tomado medidas de
liberalización de mercados y de reformas tributarias a partir de los
Reales Decretos-leyes de 7 de junio de este mismo año.
Las opciones del Gobierno en estos cinco meses han estado encaminadas a
garantizar la estabilidad necesaria de la economía española, han sido
imprescindibles para restablecer la confianza de los agentes económicos y
afianzar la credibilidad de nuestra política en los mercados; confianza
que, como todos ustedes son conscientes, ya se ha traducido en una fuerte
reducción del diferencial de tipos de interés a largo plazo, que, como
SS. SS. conocen, representa la prima de riesgo de una economía; y si bien
cuando se celebran las elecciones generales del pasado 3 de marzo la
economía española tiene una prima de riesgo de diferencial con Alemania
de 400 puntos, la prima de riesgo hoy al mediodía, era de 176 puntos. Por
tanto, estamos en condiciones de afirmar que en los últimos cinco meses
se ha producido un descenso considerable de la desconfianza hacia la
economía española y también que en los últimos cinco meses se ha
producido un acercamiento de convergencia de la economía española a las
economías más importantes de Europa.
Las medidas aprobadas por el Gobierno, tanto desde el punto de vista de
liberalización como de restricción del gasto, garantizan el cumplimiento
de los presupuestos de 1996, que heredamos del anterior Gobierno y, desde
luego, garantizan el cumplimiento de los presupuestos para 1997. Es más,
los efectos del aumento de confianza en la economía española han
producido un incremento de nuestra tasa de crecimiento, una recuperación
del ritmo de crecimiento, y todas esas cuestiones conjuntamente --el
aumento de estabilidad, la confianza generada por ese aumento de
estabilidad y el aumento de crecimiento-- dan lugar a la posibilidad de
que el Gobierno presente hoy unos Presupuestos Generales del Estado para
1997 que ahora mismo paso a describir y que tienen como consecuencia el
cumplimiento del 3 por ciento en el objetivo de déficit público, que es
el requisito que todas SS. SS. conocen, imprescindible para que España
pueda integrarse en la Europa unida.
Señor Presidente, quisiera ahora describir el cuadro macroeconómico que
acompaña a los presupuestos. Como he dicho, la economía española está
inmersa en una fase de recuperación de la actividad productiva, que se
está traduciendo en una rápida generación de nuevos puestos de trabajo y
en un descenso de las altas cotas de desempleo de que partíamos. La
reanimación de la economía se ve cimentada en una notable corrección de
los desequilibrios macroeconómicos --inflación, déficit público y
dependencia del ahorro exterior-- y en la progresiva superación de las
múltiples rigideces que en el pasado limitaban las posibilidades de
crecimiento no inflacionista. Por primera vez en muchos años, y creo que
esta es una cuestión que todos
debemos valorar, la economía española se encuentra en una fase de
creciente estabilidad macroeconómica, una situación de equilibrio
exterior, pero también de creciente equilibrio interno, con los
desequilibrios corregidos de déficit y de precios, que garantizan la
posibilidad de una recuperación económica sostenida. Es decir, la
economía española, por primera vez en muchos años, se encuentra en
condiciones de garantizar a los ciudadanos que, si perseveramos y
continuamos en políticas de estabilidad macroeconómica, podremos ofrecer
a los ciudadanos españoles crecimientos económicos sostenidos a lo largo
del tiempo, que no tengan que ser frenados bruscamente por crisis de
estabilidad de nuestra economía y que contribuyan a la desaparición o a
la disminución del paro y a la aparición de empleo estable.
De acuerdo con las previsiones del cuadro macroeconómico que acompaña al
presupuesto, la economía española continuará en 1997 en la senda de
recuperación sostenida y equilibrada que hará posible que la tasa de
expansión del producto, es decir la tasa de crecimiento de la economía,
pase de la previsión de finalizar el año 1996 con el 2,3 por ciento a que
el año que viene sea del 3 por ciento.
Esta línea de crecimiento y de recuperación del crecimiento de la
economía española coincide con la que se está produciendo en la mayor
parte de los países de nuestro entorno, y en concreto en los países de la
Unión Europea, cuyas previsiones de crecimiento para 1997 se cifran como
media europea en el 2,5 por ciento. España, en las recientes cifras de
contabilidad trimestral, confirma que el bache de ritmo de crecimiento ya
ha pasado, y en todo caso la economía española, como ya he mencionado, ha
crecido por encima de la media europea. La recuperación está siendo
posible por razones políticas y por razones económicas: por razones
políticas, gracias a una mejora clara de la confianza tanto de los
ciudadanos españoles como de los inversores extranjeros y de las
expectativas que han permitido un nuevo marco de estabilidad y la
normalización política que surge después de las elecciones del pasado 3
de marzo; y por razones económicas, claramente por la disminución de los
desequilibrios de déficit y de inflación a los que he hecho mención.
Los datos trimestrales de nuestra contabilidad nacional nos indican
claramente un perfil ascendente, y en los dos últimos trimestres del año
el crecimiento superará claramente al de los dos anteriores. Podemos
afirmar esto, primero, por la intensidad de la creación de empleo (España
ha rebajado sensiblemente el umbral de crecimiento necesario para generar
nuevos puestos de trabajo y a la vez se está produciendo una mejora clara
en la estabilidad del empleo); en segundo lugar, por la reducción de los
tipos de interés, no sólo a largo, sino a corto, como resultado de las
sólidas expectativas que hoy tiene España de encontrarse entre los países
que se integren en una primera fase de la Unión Económica y Monetaria; y
en tercer lugar por el contexto internacional favorable en el que destaca
especialmente una históricamente muy baja tasa de inflación en todos los
países industriales y el mantenimiento de la recuperación en el Reino
Unido y Estados Unidos, así como nuevos síntomas de recuperación en
Alemania y en Japón.
Desde el punto de vista del cuadro macroeconómico del Gobierno, será la
demanda interna en 1997 la que se configure como el motor de la nueva
recuperación. Se está produciendo una gradual expansión del consumo
privado, y se prevé en 1997 una tasa de crecimiento del 2,7, frente al
2,1 del presente año, que se basa en la mejora de la renta familiar, en
la que se estima un aumento del 2,3, derivado de una más intensa creación
de empleo, junto con el abaratamiento de la financiación de las compras y
una mayor confianza en la calidad y duración de la recuperación
económica. Es importante que SS. SS. recuerden que el consumo privado
representa el 62,5 por ciento del producto interior bruto y, por tanto,
su recuperación es un elemento esencial para la recuperación de la
economía española. De hecho esta mejora del consumo privado ya se está
manifestando en la positiva evolución de algunos indicadores, como el
índice de producción industrial de bienes de consumo, el aumento de las
importaciones de bienes de consumo y las matriculaciones de automóviles.
En contraste, y como consecuencia precisamente de la restricción
presupuestaria en 1996 y 1997, el consumo público decrecerá el 0,3 por
ciento. Sus señorías también deben recordar que el consumo público
representa el 16,1 del producto interior bruto.
La inversión aumentará su dinamismo durante 1997. Se prevé una
aceleración de su crecimiento, desde el 4,4 en 1996, al 6,9 en 1997 y
será precisamente la inversión en bienes de equipo la que presentará el
mayor dinamismo con un crecimiento previsto del 12 por ciento, impulsada
por la rentabilidad de las empresas, procedentes de la mejora de la
demanda y de la moderación de costes, a lo que contribuye, sin duda, la
moderación salarial y la bajada de los tipos de interés.
La inversión en construcción, por su parte, registrará crecimientos más
modestos que la inversión en bienes de equipo, pero registrará
crecimientos positivos respecto al muy modesto crecimiento de 1996 que
será inferior, como ustedes saben, al uno por ciento. Sin embargo, en el
cuadro macroeconómico y las previsiones del Gobierno, la inversión en
construcción crecerá el 3,2 por ciento en 1997, y eso como consecuencia
del mantenimiento del ritmo inversor en infraestructuras del sector
público, de la nueva política de liberalización del suelo y del
considerable descenso del precio de las hipotecas.
Por su parte, desde el punto de vista del equilibrio exterior, la balanza
de pagos ha continuado mejorando de forma ininterrumpida a lo largo de
los últimos meses, hasta registrar en la actualidad un importante
superávit
en el saldo de cuenta corriente y de capital, lo que despeja, como he
dicho antes hablando de la situación española de equilibrio
macroeconómico, cualquier riesgo de que aparezcan a corto y medio plazo,
problemas y tensiones en el frente exterior.
El déficit comercial se encuentra ya a niveles históricamente bajos, con
un crecimiento sostenido de las exportaciones, que pueden crecer incluso
por encima de las importaciones en términos porcentuales en 1996, y el
año próximo este déficit comercial moderado se verá sobradamente
compensado por el dinamismo del sector turístico que aumentará en 1997 el
7,8, consolidando el alto nivel conseguido por el sector turístico
español en los años 1995 y 1996.
Respecto a otro de nuestros desequilibrios tradicionales, la inflación,
que es uno de los desequilibrios que ha impedido a la economía española
su recuperación anteriormente, da en este momento claras muestras de
decrecimiento y se está acercando a los niveles de convergencia con los
países de Europa. Es importante que SS. SS. recuerden que la economía
española, mejor dicho los cuadros macroeconómicos de los sucesivos
gobiernos, han tenido como objetivo de inflación desde 1992, el 3,5 por
ciento; objetivo que han incumplido sistemáticamente todos los años. Pues
bien, en 1996 no sólo se cumplirá el objetivo del 3,5 sino que las
previsiones más recientes indican que la inflación podrá ser y será una
décima más baja de lo previsto. Creo que ésta es una buena noticia, desde
el punto de vista del conjunto de la economía española y todavía lo es
más, si sumamos a esta noticia el hecho de que la inflación subyacente,
es decir aquélla en la que se descuentan los elementos más volátiles, se
encuentra en este momento evolucionando en cotas muy moderadas por debajo
del conjunto de la inflación general, y también si tenemos en cuenta que
se está produciendo en el conjunto de la economía mundial un
encarecimiento de los precios de la energía que, sin embargo, no impide
que la economía española esté reduciendo considerablemente su diferencial
de inflación con el resto de economías europeas.
El objetivo de inflación para 1997 será del 2,6 por ciento. Para obtener
este objetivo es esencial, por un lado y sin duda, la austeridad
presupuestaria, el diseño de la política de ingresos públicos, la
continuación de las reformas estructurales, la política de precios
regulados y las políticas de defensa de la competencia de este Gobierno
y, desde luego, una evolución de los salarios, acorde con los incrementos
de productividad. Es importante, y al menos el Gobierno lo va a hacer en
todas las ocasiones que sea necesario, insistir a la población española
en que precisamente en la disminución de la inflación se encuentra la
mejor garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de cualquier tipo
de renta, especialmente de las rentas derivadas de pensiones o de las
rentas salariales, y que tratar de entrar en un círculo vicioso de
perseguir el mantenimiento del poder adquisitivo a base de altos aumentos
de las negociaciones salariales lo único que ha conseguido, hasta ahora,
es precisamente lo contrario.
En ese sentido --y paso a comentar el último aspecto del cuadro
macroeconómico-- la moderación de las rentas salariales y la
competitividad de la economía española en 1997 nos dan, desde el punto de
vista del empleo --y vuelvo a subrayar que es el objetivo altamente
compartido por toda la Cámara pero profundamente insatisfecho en los
últimos años--, que las perspectivas del empleo para 1997 pueden
reducirse en tres características: aumentará la población activa, lo cual
supone que más españoles se incorporarán al mercado de trabajo en la
confianza de encontrar empleo, especialmente las mujeres; aumentará el
empleo y disminuirá el paro. Las perspectivas del Gobierno son que en
1997, y una vez descontados los efectos estadísticos de la modernización
de la encuesta de población activa, aumente el empleo en 237.700 personas
y, por tanto, disminuya el paro en 144.000 personas, lo cual es una
noticia que nos permitirá que la tasa de paro se sitúe en un punto por
debajo de la de 1996.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que se enmarca en este
cuadro macroeconómico, todos somos conscientes de que no sólo es el
presupuesto de la recuperación económica, sino que además es la llave
para que España forme parte de la Unión Económica y Monetaria. Todos
somos también conscientes de que el esfuerzo presupuestario para formar
parte de la Europa integrada ha de realizarse al 100 por ciento durante
los ejercicios de 1996 y de 1997. Y todos somos también plenamente
conscientes de que durante la vigencia del actual Plan de Convergencia,
tanto en 1993 como en 1994 y en 1995, los déficit públicos se han situado
muy por encima del 6 por ciento del producto interior bruto. Este es, por
tanto, un presupuesto esencial desde el punto de vista de las
posibilidades que tenga España de integrarse en la Europa unida después
del año 1999.
Una de las principales consecuencias de la evolución del déficit público
de los últimos años --y SS. SS. son también conscientes-- ha sido la
explosión de la deuda pública. Probablemente merece la pena recordar que
entre 1991 y 1996 la deuda pública ha crecido 20 puntos, desde el 45,8
por ciento hasta el 67,5 por ciento, es decir, casi 22 puntos. Este alto
nivel de endeudamiento ha generado importantes problemas: la carga de
intereses de la deuda, las tensiones de los tipos de interés y el
alejamiento de nuestros niveles de convergencia necesarios para
integrarnos en Europa.
En este proyecto de Presupuestos Generales para 1997 se abordan las
tareas necesarias para recorrer el todavía importante trecho que nos
separa de los requisitos de convergencia. Para ello es necesario reducir
el déficit público, como ya he mencionado, hasta el 3 por ciento del
producto interior bruto para el conjunto de las administraciones públicas
y el 2,7 por ciento para
las administraciones centrales, lo que constituye sin duda un esfuerzo
considerable, especialmente si nos damos cuenta de exactamente dónde
venimos y, vuelvo a resaltar, el 100 por ciento del esfuerzo
presupuestario habrá que realizarlo durante el ejercicio vigente de 1996
y durante 1997. Para ajustar las finanzas públicas a corto plazo las
dificultades son crecientes y, además, debemos hacerlo repartiendo de
forma equitativa y solidaria los esfuerzos de austeridad.
El marco presupuestario que planteamos se caracteriza, primero, por la
austeridad y el rigor para alcanzar el objetivo de déficit, al tiempo que
permita la disminución por primera vez del ratio de deuda pública sobre
el producto interior bruto. Es decir, en 1997, además de cumplir el
criterio de convergencia en términos de déficit, además de cumplir el
criterio de convergencia en términos de inflación, la economía española
deberá cumplir su criterio de convergencia y que comience a disminuir la
relación entre producto interior bruto y deuda pública. Y precisamente
por los efectos positivos que supone sobre el superávit primario la
disminución del déficit público hasta el 3 por ciento eso es posible, y
así lo presenta el Gobierno.
Por primera vez en la historia reciente presupuestaria española se
plantea un crecimiento del gasto público inferior al crecimiento de los
precios. Es decir, el Estado gastará menos que el año anterior en pesetas
constantes. Por primera vez también se han establecido mecanismos para
controlar el gasto adecuadamente, por lo que el Gobierno puede afirmar
que el presupuesto de gastos de 1997 se va a cumplir. El esfuerzo de
reducción --y he mencionado de austeridad y de rigor-- del gasto público
en 1997 ha de ser compatible, y lo es en estos presupuestos, con
garantizar la política de bienestar social y de solidaridad con la que
este Gobierno está plenamente comprometido, y en particular en las
políticas de pensiones públicas, sanidad pública, esfuerzo en educación
por alumno y mantenimiento de los compromisos públicos en vivienda. Al
mismo tiempo se mantiene el esfuerzo público en la creación de
infraestructuras, se continúa en el presupuesto lo que ya hemos comenzado
de la reforma fiscal y se mantiene la presión fiscal global en España.
Desde estas perspectivas quisiera pasar, señor Presidente, a comentar los
aspectos concretos de la ley de presupuestos y de las leyes que la
acompañan, empezando por las medidas para garantizar el cumplimiento de
la ley. Hubo unos presupuestos, al menos unos en esta Cámara, que fueron
defendidos por el Gobierno de entonces con la frase de que «con que me
los crea yo es suficiente». Pues bien, esa es una frase que no debemos
repetir y que nosotros no tenemos ningún interés en hacerlo.
El principio inspirador de la nueva política presupuestaria del Gobierno
es que las decisiones adoptadas por las Cámaras se apliquen de manera
efectiva, sin que se produzcan desviaciones como consecuencia de un
control insuficiente de las decisiones del Gobierno. Con este fin se han
adoptado una serie de medidas que tienden a reforzar los procedimientos
que aseguran el control y la disciplina presupuestarias, de manera que el
presupuesto aprobado por las Cortes sea una restricción efectiva que
limite cualquier discrecionalidad de las autoridades en el manejo de los
recursos que aportan los ciudadanos. Tanto la ley de presupuestos como la
ley de acompañamiento y la ley de disciplina presupuestaria, ésta
totalmente, contienen las medidas que ahora voy a pasar a comentar y que
buscan cuatro finalidades concretas.
La primera es garantizar un techo global del gasto. Por primera vez
también se establece que el conjunto de créditos comprometidos para 1997
por operaciones no financieras, excluidos los créditos extraordinarios y
suplementos que voten estas Cortes y los créditos generados como
consecuencia de ingresos, no podrán superar la cuantía total de los
créditos que aprueben las Cortes. Quiero resaltar que esta es la primera
vez que una medida de este tipo se incluye en una ley presupuestaria, y
es la primera vez porque hasta ahora la obligación era no superar las
obligaciones reconocidas. Como todas SS. SS. son conscientes, las
obligaciones reconocidas suponen el paso posterior en compromiso de gasto
al de créditos comprometidos. El Gobierno entiende que la garantía de
cumplimiento de la voluntad de SS. SS. debe ser que los créditos
comprometidos no superen los créditos inicialmente aprobados por las
Cortes. En segundo lugar, se limitan taxativamente las incorporaciones de
crédito a siete supuestos en función de circunstancias tasadas y que
claramente se diferencian de las permisividades genéricas que hasta ahora
permitía la legislación en las incorporaciones de crédito. Se reducen las
ampliaciones de crédito de 50 a 27 y se establece claramente una mayor
vinculación del capítulo 2, gastos de bienes y servicios,
correspondientes a obligaciones de tracto sucesivo y la competencia del
Ministerio de Economía y Hacienda para autorizar transferencias entre
créditos que sean vinculantes. Sus señorías han sido conscientes, en
debates anteriores, de que créditos que supuestamente debían estar
comprometidos para pagar obligaciones de tracto sucesivo, como el
teléfono, habían sido incumplidos durante más de un ejercicio, y con
estas medidas tratamos de corregir y de impedir esa posibilidad. Al mismo
tiempo, la ley incluye la obligación del Gobierno del seguimiento
periódico de los créditos comprometidos y su obligación de tomar medidas
de acuerdos de no disponibilidad en el caso de que no se cumpla el
mandato de las Cortes.
El segundo objetivo del conjunto de medidas de las tres leyes de control
del gasto es la imputación de gastos al ejercicio en que se devengan. En
el marco del cumplimiento presupuestario se convierte en necesario que
las cuentas públicas ofrezcan la imagen fiel de la actividad
económico-financiera del Estado, delimitando
claramente el ejercicio al que deben imputarse los gastos, teniendo como
base el principio de devengo, con la finalidad de que no se generen
gastos sin soporte presupuestario, y como consecuencia de ello se
establece, primero, que para imputar en el ejercicio corriente
obligaciones de ejercicios anteriores deberán darse dos condiciones: la
primera, que hubiera crédito disponible en el ejercicio de origen, y la
segunda, la autorización del Ministro de Economía y Hacienda. En segundo
lugar, se regula la necesidad de que los anticipos de fondos sean
cancelados en el ejercicio en el que se conceden mediante su imputación
al presupuesto, excepción hecha de los que se refieren a los fondos
europeos y a las acciones y programas relacionados con ellos. En tercer
lugar, se exige el requisito de existencia de crédito o iniciación del
oportuno expediente para llevar a cabo modificación en la tramitación de
expedientes de obras de emergencia, modificados de obras y declaraciones
de urgente ocupación o de bienes afectados por expropiaciones. Todos
estos temas, como SS. SS. son conscientes, forman parte de toda una
experiencia, en opinión del Gobierno negativa, de ejercicios anteriores y
con estas medidas quedan completamente imposibilitadas prácticas de
aplicar créditos a ejercicios posteriores en los que se produjo la
actividad económica que les dio origen.
El tercer objetivo de las leyes de control del gasto es el control de los
gastos plurianuales. En este sentido, el Gobierno introduce mecanismos
para controlar los efectos que puedan tener sobre ejercicios futuros las
decisiones adoptadas en el transcurso del ejercicio económico, y el
Gobierno asume la responsabilidad de autorizar, por acuerdo de Consejo de
Ministros, la celebración, por un lado, de conciertos y
contratos-programas de duración superior al año y, por otro lado, de
contratos de obra bajo la modalidad de abono total de precios.
El cuarto objetivo de las medidas de control del gasto es la extensión
del control a toda la Administración central. Se establece, por tanto, la
aplicación supletoria a la Seguridad Social del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria y también se regulan las operaciones financieras
de las entidades locales estableciendo límites a su endeudamiento.
Señor Presidente, además de introducir una serie de medidas de control
del gasto que responden a los cuatro objetivos a los que acabo de hacer
mención, el Gobierno introduce también mecanismos que garantizan que los
recortes del gasto sean duraderos y, por tanto, incorporados al
funcionamiento presupuestario normal. Junto a estas medidas, orientadas,
por tanto, a dar a nuestro marco presupuestario el necesario rigor y
control --y aquí es importante, señorías, que destaquemos que nuestro
sistema de control presupuestario, hasta estas medidas, era probablemente
el más laxo de Europa y que si se aprueban los proyectos del Gobierno se
convierte en uno de los más rigurosos--, el Gobierno incorpora decisiones
para garantizar que el recorte de gastos sea permanente. Se aplicará una
nueva política de compras públicas y de gestión de inmuebles --a la que
haré relación después-- para reducir las ineficiencias en el
funcionamiento de la Administración y, en materia de lucha contra la
utilización fraudulenta por parte de los ciudadanos de algunos derechos,
se establece la colaboración de las mutuas patronales en el control de la
incapacidad laboral y se adoptan medidas para un adecuado control de los
beneficiarios de las prestaciones de desempleo.
Paso ahora, señor Presidente, a comentar el presupuesto de gastos del
conjunto de las administraciones generales. Los gastos consolidados del
sector público central, para cumplir el objetivo de déficit público en
contabilidad nacional del 3 por ciento del conjunto de las
administraciones públicas y del 2,7 para las administraciones centrales,
se cifran en un crecimiento del 2,1 por ciento. Es decir, por debajo de
la inflación prevista y, por tanto, con una reducción del gasto público
entre 1996 y 1997 por primera vez en la historia presupuestaria reciente.
Pero en función de las prioridades de solidaridad y de bienestar social,
el conjunto de gastos de la Seguridad Social crecerá por encima de los
precios, es decir, crecerá el 3,4 por ciento. Por tanto, para compensar
ese crecimiento de las políticas de solidaridad, el Gobierno toma la
decisión de que las políticas de gasto del Estado crecerán muy por debajo
de los precios, el 1,7 por ciento, es decir, básicamente muy reducidas
con respecto a las previsiones de inflación del 2,6. Este esfuerzo de
control del gasto del Estado se centra principalmente en el capítulo 2,
gastos de bienes y servicios, y también en los gastos de personal.
Desde el punto de vista de los gastos de personal, señor Presidente,
señorías, el Gobierno solicita del conjunto de los funcionarios públicos
un esfuerzo considerable en la congelación de salarios en 1997. El
Gobierno es plenamente consciente de que este es un esfuerzo
probablemente el más importante que se le pide a un conjunto de
ciudadanos en España, pero valora este esfuerzo también en un marco más
amplio. Primero, es un esfuerzo solidario para garantizar la evolución de
la economía española hacia niveles mayores de prosperidad y de empleo.
Segundo, es un esfuerzo en un marco de inflación altamente reducido como
es el del 2,6 por ciento. Y tercero, es claramente un esfuerzo no
estéril. Y me gustaría explicar a SS. SS. algunas de estas cuestiones.
Si miramos no muy lejos, si miramos hacia atrás, en 1994, podemos
comprobar que la última vez que se les pidió a los funcionarios un
esfuerzo similar la inflación se movía en el 4,5 por ciento; el Gobierno
de entonces fue incapaz de conseguir que la inflación cumpliera su
objetivo del 3,5 por ciento y tuvo un punto más de desviación, y además
el objetivo de déficit era del 6,6 por ciento. Seguramente los
funcionarios aprecian
que este Gobierno les pide un esfuerzo no sólo en un marco inflacionista
mucho más reducido, sino para conseguir un objetivo altamente ambicioso
como es reducir el déficit público al 3 por ciento. Y estoy convencido de
la sensibilidad y del análisis razonable que hagan los funcionarios de la
situación; de que los esfuerzos que este Gobierno les solicita,
comprendiendo lo que supone para ellos, sin embargo, son claramente
esfuerzos que en ningún caso van a ser estériles y que van a suponer una
mejora considerable de la economía española. Para que SS. SS. tengan en
cuenta los efectos tan negativos que puede tener el incumplimiento de la
inflación por parte del Gobierno, en 1995, el Gobierno responsable
entonces no congeló sino que aumentó con la inflación prevista el sueldo
de los funcionarios. Sin embargo, como la desviación de la inflación,
como consecuencia de políticas tributarias y de otro tipo por parte del
Gobierno, fue de casi un punto, los funcionarios tuvieron una pérdida de
poder adquisitivo que prácticamente es la mitad de la que van a tener en
1997.
Pero, además, esta es una medida que no se toma aislada, señorías. Se
toma en un conjunto de medidas de carácter estructural, algunas de las
cuales responden a requisitos de mejora en el funcionamiento y la
eficacia del sector público, como es, por un lado, el ajuste del volumen
de empleo del sector público, según el cual la oferta de empleo público
para 1997 no podrá ser superior al 25 por ciento de la tasa de
reposición, lo cual garantiza que el conjunto de la masa salarial del
sector público de los próximos años se va a moderar y, por otro lado, se
introduce la movilidad geográfica y funcional voluntaria en el sector
público, lo cual también garantiza un funcionamiento más eficiente de los
recursos humanos del sector público.
Pero además de que la medida de congelación de salarios no se toma en un
esquema aislado, sino en un conjunto de medidas de reforma estructural,
también viene acompañada por medidas hasta ahora altamente demandadas por
los representantes de la Función pública, como son que se posibilite a
todos los funcionarios que puedan prolongar voluntariamente su
permanencia en la situación de servicio activo hasta que cumplan como
máximo setenta años de edad --con esta modificación se generaliza una
norma que antes era discriminatoria-- y también se suprime el número
máximo de años en que los funcionarios pueden permanecer en excedencia
voluntaria.
Como he mencionado, señor Presidente, además de la política de
restricción salarial, desde el punto de vista del ahorro considerable del
funcionamiento del Estado, que reduce su crecimiento en gastos al 1,7, se
encuentran las medidas tomadas por el Gobierno respecto al funcionamiento
de la compra de bienes y servicios. Los gastos en bienes y servicios, en
1997, para el Estado sufrirán un recorte del 10 por ciento, en concreto
del 9,9 por ciento. Este ajuste se ve respaldado por un conjunto de
medidas de gestión y control, tanto en el ámbito de la política de
compras como en la gestión de inmuebles, introduciendo figuras ya
consagradas en el ámbito del sector privado pero no utilizadas, hasta
ahora, en el ámbito del sector público.
En este sentido, señor Presidente, señorías, quiero resaltar que no el
próximo sino el pasado Consejo de Ministros, y por tanto ya están en
vigor, el Gobierno ha tomado algunas decisiones, que me parece importante
que la Cámara conozca, con respecto a la gestión de inmuebles.
Para empezar, el Gobierno ha tomado una decisión que quizá sorprenda a
alguna de SS. SS., pero que es una decisión imprescindible, y es la
actualización del inventario general de bienes y derechos del Estado en
relación con los bienes inmuebles. Es decir, a partir de ahora, y en un
plazo no superior a seis meses, el Estado tendrá una ficha por cada uno
de los inmuebles que tiene en propiedad o en alquiler, ficha que hasta
ahora no tenía y que, sin duda, es un elemento esencial para poder tomar
decisiones que a continuación paso a detallar, como es la incorporación
al patrimonio del Estado, para su enajenación o ulterior afectación a
otros organismos, de los bienes liberados o no necesarios para el
cumplimiento de sus fines. También quiero resaltar ante la Cámara que
hasta que ese proceso de actualización del inventario general se haya
producido, el Gobierno aprobó, vuelvo a repetir, en el pasado Consejo de
Ministros, la paralización de nuevas adquisiciones y arrendamientos hasta
que se elabore este inventario.
Señor Presidente, paso ahora a comentar el gasto social. Desde el punto
de vista de las medidas de bienestar y solidaridad, que ya he comentado,
que crecen en la Seguridad Social por encima de la inflación y que, por
tanto, obligan a restricciones importantes en otros ámbitos del
presupuesto, estas medidas de la política económica del Gobierno se
plasman en cuatro decisiones fundamentales. Primero, el mantenimiento de
la capacidad adquisitiva de las pensiones. Segundo, el crecimiento del
gasto en asistencia sanitaria por encima de las obligaciones que tiene el
Gobierno respecto a los acuerdos con las comunidades autónomas. Tercero,
el aumento del gasto en educación por alumno. Y cuarto, el mantenimiento
de los compromisos en vivienda del programa plurianual establecido con
las comunidades autónomas y que suponen 136.000 viviendas en 1997.
Pero, además, estos compromisos de solidaridad y de bienestar social
vienen a reforzarse, por un lado, con el acuerdo que el Gobierno ha
establecido con los sindicatos para la consolidación y racionalización
del sistema de Seguridad Social suscrito por el Gobierno y los
interlocutores sociales; y por otro lado, con la constitución, como
consecuencia del debate de investidura en esta Cámara, de una ponencia
para el estudio del sistema sanitario y su financiación, que esperamos
pueda dar lugar a un amplio consenso de cara al próximo acuerdo de
financiación de la sanidad pública, que deberá estar listo antes de
finales de 1997.
Con respecto a las pensiones, además de la garantía del mantenimiento del
poder adquisitivo, este Gobierno ha comenzado el desarrollo del Pacto de
Toledo que fue un acuerdo, como SS. SS. saben, del conjunto de las
fuerzas parlamentarias de 1995 y ha incorporado a éste un acuerdo con los
sindicatos. Merece la pena meditar o quizá recordar, en este momento, que
la última vez que un Gobierno abordó una reforma de pensiones en esta
Cámara lo hizo con el solo respaldo de su grupo parlamentario y produjo
una huelga general. Algunas apreciaciones de algunos responsables
políticos en el sentido de que sólo los sindicatos han madurado desde
1985 no han dejado de sorprender al Gobierno. Creo que el proceso de
maduración de la sociedad española es probablemente mutuo, y seguramente
es una muestra de la madurez de las personas entender que no sólo los
demás han de moverse, sino que uno también tiene que ser capaz de cambiar
de posición.
En concreto, las pensiones contributivas representan el 26,5 por ciento
del presupuesto consolidado para 1997, es decir, 7,9 billones de pesetas,
con un incremento de 400.000 millones de pesetas. Quiero resaltar, porque
ha sido objeto de debates en esta Cámara y fuera de ella, que el Gobierno
de José María Aznar presenta a las Cortes un presupuesto con un aumento
de 400.000 millones de pesetas en pensiones contributivas que llegan casi
a los 8 billones de pesetas del conjunto de los gastos del Estado. Quizás
esta es una noticia que no por esperada deja de ser importante desde el
punto de vista político y que espero que permita a la sociedad española
adentrarse en debates políticos más constructivos y menos maniqueos que
algunos de los que hemos tenido que sufrir en el pasado.
En segundo lugar, con el fin de asegurar no sólo la capacidad adquisitiva
de las pensiones, sino el mantenimiento del equilibrio financiero del
sistema, cobran vital importancia otras medidas contenidas en el
mencionado acuerdo de consolidación y racionalización del sistema de
seguridad social. Primero, se establece la separación de prestaciones y
de su financiación, según se conceptúen como contributivas, que se
financiarán por cotizaciones, o universales o no contributivas, cuya
financiación se realizará por el Estado, compromiso electoral claro de mi
partido, y también de otros sin duda. En segundo lugar, se acercarán las
cotizaciones a los salarios reales de una manera gradual y dando como
garantía, sin duda, el menor impacto posible en los costes empresariales.
En tercer lugar, se acuerda también, señor Presidente, incrementar hasta
15 años el período utilizado para el cálculo de la base reguladora de la
pensión y se modifican los porcentajes a aplicar en función de los años
acreditados como cotizados. Y en cuarto lugar, se acuerda mejorar las
pensiones de viudedad en aquellos casos en que constituyen garantía de
supervivencia y aumentar el límite de edad para el percibo de las
pensiones de orfandad, también compromisos electorales del Partido
Popular.
Paso ahora, señor Presidente, a comentar la política de sanidad pública.
Se configura claramente, como he mencionado antes, como otra de las
prioridades de la política presupuestaria del Gobierno y contempla un
conjunto de gastos de 3 billones 661.000 millones de pesetas y representa
el 12,2 por ciento del presupuesto. La financiación de la asistencia
sanitaria del Insalud se realiza en 1997 fundamentalmente con la
aportación del Estado. El Estado aportará casi el 92 por ciento del
presupuesto de la sanidad pública --el 91,9 por ciento--, lo que supone
un incremento de 383.000 millones en la aportación del Estado a la
sanidad pública, además de incrementos que mencionaré posteriormente. Y
las cotizaciones sociales únicamente aportarán el 5,6 por ciento de la
financiación de la sanidad pública. De esta manera se va materializando
el compromiso contenido en el Pacto de Toledo y, desde luego, el
compromiso electoral del Partido Popular de que la financiación de la
sanidad se separe de la financiación de las prestaciones contributivas.
El objetivo prioritario en el cálculo de la financiación de la sanidad
pública es por parte del Gobierno, como no podía ser de otra manera, el
cumplimiento del acuerdo de financiación del sistema de sanidad del 21 de
septiembre de 1994. Por tanto, el crecimiento del gasto del Insalud, en
términos homogéneos, crecerá igual que la previsión de producto interior
bruto, es decir, el 6 por ciento. Además, como he mencionado en dos
ocasiones anteriores, el Gobierno ha tomado algunas decisiones para
aportar más recursos a la sanidad pública: la primera, 44.000 millones
adicionales como consecuencia de la restricción en los salarios del
personal sanitario; la segunda, 26.000 millones como consecuencia de los
acuerdos que el Gobierno ha establecido con la industria farmacéutica, y
a esto habrá que añadir las consecuencia de los acuerdos que el Gobierno
va a establecer con los colegios farmacéuticos en la minoración de
márgenes. También desde el punto de vista de garantía de la eficacia del
funcionamiento de la sanidad pública, el Gobierno introduce en estas
leyes modificaciones sustanciales para garantizar el uso de genéricos y,
por tanto, la racionalización del gasto farmacéutico.
Paso ahora a comentar, señor Presidente, los gastos relacionados con las
políticas de empleo. En el marco de las actuaciones de empleo es objetivo
del Gobierno ayudar a la senda de consolidación del crecimiento del
empleo, apoyada en la moderación salarial y en el aumento de la actividad
y haciendo un especial esfuerzo en dedicar grandes recursos a las
políticas activas tendentes al estímulo de la actividad productiva y a la
atención preferente de colectivos con dificultades de inserción en el
mercado laboral. En este sentido, en el
presupuesto de 1997 se dedican 363.000 millones de pesetas a políticas
activas. Además, y hay que recordarlo, dentro del conjunto de su política
económica, en el pasado mes de junio el Gobierno tomó medidas para
incentivar la contratación de parados de larga duración en situaciones de
especial conflicto, como son parados con más de 45 años o minusválidos, y
también para favorecer el empleo en las pequeñas y medianas empresas. El
Gobierno va a dedicar a la cobertura de las situaciones de desempleo 1,53
billones de pesetas, lo cual supone un esfuerzo lo suficientemente
considerable --menor que el que se ha realizado en el año 1996 como
consecuencia de las previsiones del aumento del empleo-- como para que no
sólo permita el mantenimiento sino el aumento de la cobertura del número
de parados cubiertos por el seguro de desempleo. Al mismo tiempo, el
Gobierno introduce medidas de control en el gasto de las prestaciones de
desempleo. Las más importantes, con un nuevo régimen de sanciones en
cuanto a la renovación de la demanda de empleo, comparecencia para cubrir
las ofertas de empleo, rechazo de dichas ofertas y participación en
programas. El Gobierno extiende a todo el período de duración de la
percepción de la prestación por desempleo la necesidad de cumplir el
requisito de carencia de rentas y de tenencia de responsabilidades
familiares.
Quisiera pasar ahora, señor Presidente, a comentar brevemente el capítulo
de inversiones. En el capítulo VI se produce una caída del 13,7 por
ciento que es compatible con el mantenimiento del esfuerzo inversor en
infraestructuras, ya que su disminución es más que compensada por la
mayor inversión canalizada a través de mecanismos establecidos en el
proyecto de ley de acompañamiento, logrando un aumento global de la
dotación presupuestaria destinada a la política de inversiones. Con este
planteamiento se alcanza, por un lado, el objetivo de la consolidación
presupuestaria y, por otro, mantener el esfuerzo inversor público que
hace una contribución positiva al crecimiento económico, pero también
supone una modernización de las infraestructuras de la sociedad española.
El elemento común de todas estas nuevas fórmulas de financiación que
plantea el Gobierno en la ley de acompañamiento es implicar al sector
privado y a los usuarios en la financiación de las infraestructuras, con
el consiguiente efecto multiplicador sobre la formación bruta de capital
en la economía y también utilizar los recursos procedentes de
privatizaciones para con ellos colaborar a la política de dotación de
capital público del sector público.
Es evidente que España presenta un importante déficit de capital
acumulado en infraestructuras, y por ello el esfuerzo es necesario y debe
ser compartido por el conjunto de la sociedad española utilizando todos
los posibles instrumentos del sector público. Esta ley de medidas
contiene una disposición de carácter general, que es la regulación de
contrato de obra bajo la modalidad de abono total de precio, y una serie
de fórmulas específicas que cubren los sectores más importantes de la
inversión en infraestructuras. En concreto, se dedican a carreteras
40.000 millones, a través del capítulo VIII; a infraestructuras
ferroviarias, 60.000 millones, también a través del capítulo VIII: a
infraestructuras hidráulicas y medioambientales, 45.000 millones, a
través del capítulo VIII, totalizando 147.000 millones de pesetas. Quiero
resaltar que estas medidas, como también las que se refieren a la
regulación del contrato de obra de modalidad de abono total de precio,
tendrán el control del Consejo de Ministros, como he mencionado
anteriormente.
Quiero referirme, señor Presidente, al esfuerzo del Gobierno en la
política de investigación y desarrollo. Se ha realizado un importante
esfuerzo inversor en esta política cuyos recursos aumentan respecto de
1996 en un 17,5 por ciento, situándose en 225.000 millones de pesetas en
políticas para incentivar la investigación y el desarrollo, que entiende
el Gobierno que están claramente ligadas al proceso de modernización
estructural de la economía española y que desde todos los puntos de vista
revierten en la mejora de la competitividad de la economía y de las
empresas españolas. No es, por lo tanto, casualidad que los programas más
beneficiados sean aquellos más ligados a la investigación de carácter
competitivo más próxima al mercado, como es el caso del programa de
investigación y desarrollo tecnológico, al que se dota con 84.000
millones de pesetas --un 63,6 por ciento más que en 1996--, y del fondo
nacional de investigación y desarrollo, a través del cual se movilizan
recursos procedentes de otros sectores por cuantía muy superior a su
dotación.
Desde el punto de vista de la política de la empresa pública, se produce
un cambio sustancial en el modelo de financiación de la empresa pública
que se caracteriza por involucrar al conjunto del sector público
empresarial en el saneamiento de las empresas industriales deficitarias,
garantizando la aportación de los recursos necesarios, al tiempo que se
abandonan prácticas que han probado claramente su ineficacia desde el
punto de vista de la gestión y que son costosas tanto en términos de
pérdida de empleo como en términos presupuestarios. Ello permite la total
desvinculación de estas empresas del presupuesto, si bien se mantiene la
concesión de aval del Estado que se venía estableciendo en ejercicios
anteriores.
Adicionalmente, el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
de orden social, es decir, la ley de acompañamiento, contempla un
conjunto de medidas encaminadas a dotar de mayor capacidad de gestión
tanto a la Agencia Industrial del Estado como a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales y a desarrollar el plan de modernización del
sector público empresarial.
Paso ahora, señor Presidente, a comentar la política de ingresos. Desde
el punto de vista tributario, el diseño del presupuesto de ingresos se
orienta a conseguir los recursos suficientes para, en correspondencia con
la política de austeridad presupuestaria, contribuir a la reducción del
déficit a los niveles previstos en nuestros compromisos de convergencia,
a potenciar la inversión y el empleo y, en general, a estimular la
actividad económica. Para garantizar estos objetivos resulta
imprescindible acometer desde el principio --y así lo ha hecho el
Gobierno-- una modernización de nuestras principales instituciones
tributarias, aunque en un contexto presupuestario como el de 1997 esa
modernización debe realizarse de manera gradual y progresiva, lo que no
ha impedido al Gobierno tomar medidas de inmediato tanto en estos
presupuestos como en decisiones anteriores que afectan a nuestro sistema
tributario. En este sentido, los principales objetivos en que descansan
las medidas tributarias que ya ha tomado y que toma el Gobierno son los
siguientes: La contención de la presión fiscal, introduciendo medidas de
mejora en nuestro sistema tributario; apoyar el empleo y mejorar la
competitividad de la economía española; fomentar el ahorro y la inversión
y contribuir a la reducción y a la lucha contra el fraude fiscal y a la
mejora de las relaciones entre la Administración y el contribuyente,
mejorando las condiciones de éste frente a la Administración.
Desde el punto de vista de la política de ingresos de 1997, se prevé una
cifra de ingresos no financieros del Estado de 16,09 billones de pesetas,
lo cual supone un incremento de ingresos del 6 por ciento respecto a la
liquidación del año 1996. Por tanto, supone un mantenimiento de la
presión fiscal. El Gobierno ha renunciado a que las principales figuras
tributarias contribuyan a la estabilidad del presupuesto y, por tanto,
como SS. SS. saben, no se produce ningún aumento de las grandes figuras
de nuestro sistema tributario. Ni el IRPF ni el Impuesto de Sociedades ni
el IVA han visto elevados sus tipos o modificados los principales
parámetros que inciden en la carga fiscal que soportan los
contribuyentes. Es más, coincidiendo con el nuevo acuerdo sobre
financiación autonómica, el Gobierno, en cumplimiento de su programa
electoral, simplifica el número de tramos del IRPF desde 18 a 10 y lo
hace, además, reduciendo la presión fiscal que soportan los
contribuyentes con una ligera disminución de la cuota a pagar por este
impuesto para el conjunto de ellos y, especialmente, para los de menor
nivel de renta, introduciéndose una reducción en la cuota íntegra de
3.000 pesetas para los contribuyentes que declaran hasta dos millones de
pesetas.
Quiero resaltar, señor Presidente, que en debates celebrados durante la
campaña electoral, y sobre todo en debates de la pasada legislatura se
insistió muchas veces en esta Cámara que era imposible simplificar el
IRPF sin producir aumentos de la tributación para algún contribuyente, y
una vez más el Gobierno del Partido Popular ha demostrado que eso no era
así. Hemos cumplido nuestra obligación de disminuir y de simplificar el
IRPF y, al mismo tiempo, producir una ligera disminución de la presión
tributaria sobre los contribuyente, y continuaremos haciendo cosas que
hasta ahora se nos había dicho que eran imposibles.
Sin embargo, como he señalado, el Gobierno se encuentra comprometido con
un paso mucho más profundo en la modernización de nuestro sistema
tributario, con el objetivo de garantizar las exigencias de la política
económica y, en particular, la prioridad básica de la sociedad española,
que es la creación de empleo. En este sentido me voy a referir a algunas
de las medidas que el Gobierno ha tomado anteriormente, algunas de las
cuales también tienen su reflejo en este proyecto de ley de presupuestos.
La primera, que ya fue tomada en el Decreto-ley del pasado 7 de junio,
supone la reducción en un 15 por ciento del rendimiento neto de las
actividades a las que resulta de aplicación la modalidad de signos,
índices y módulos de la estimación objetiva para estimular la inversión y
la creación de empleo, es decir, principalmente el tipo de impuestos que
afecta a las pequeñas y medianas empresas, que ya experimentó una
reducción, como digo, del 15 por ciento el pasado 7 de junio para 1996,
reducción que se mantiene durante el ejercicio de 1997.
El Gobierno, como SS. SS. saben, modificó el cómputo del personal
asalariado en régimen de módulos para que los trabajadores contratados
por tiempo indefinido, hasta el 31 de diciembre de este año, continúen en
plantilla con el objetivo de no penalizar la contratación de
trabajadores. El Gobierno permitió, hasta el 31 de diciembre del presente
año, como SS. SS. saben, una deducción a los contribuyentes que
desarrollen actividades empresariales o profesionales de un millón de
pesetas por trabajador contratado de manera indefinida que sea mayor de
45 años o minusválido. El Gobierno igualmente ha tomado durante el mes de
junio medidas importantes para la internacionalización de la empresa
española. Y también en el mes de junio, y forma parte de nuestra política
presupuestaria, el Gobierno aprobó la reducción del Impuesto de
Sucesiones para la transmisión de las empresas familiares hasta el 95 por
ciento, con las condiciones que se detallan en la ley, siendo la
principal el mantenimiento de esas empresas en poder de los familiares
durante diez años, así como la exención del Impuesto de Sucesiones para
la vivienda familiar inferior a 40 millones de pesetas.
Desde el punto de vista del fomento del ahorro y la inversión, el
Gobierno ha tomado medidas en el pasado mes de junio para facilitar el
aumento del ahorro individual, entendiendo que el sistema español que
gravaba el ahorro no sólo nos alejaba de las medias europeas de políticas
sobre esta cuestión, sino que al
mismo tiempo obligaba a los pequeños ahorradores españoles a enfrentarse
con el dilema de no poder tomar sus decisiones de ahorro sobre la
rentabilidad. En ese sentido es importante recordar que la medida del
Gobierno contiene un mínimo exento de 200.000 pesetas que afecta al 40
por ciento de los declarantes de plusvalías y con un tipo del 20 por
ciento, que es un tipo similar al de los países de nuestro entorno.
El Gobierno introduce en el proyecto de ley de presupuestos para 1997 la
revisión de algunas de las tasas correspondientes a servicios no
esenciales, de modo que el Gobierno claramente quiere discriminar y
seleccionar de forma más justa el reparto de la carga tributaria y, en
consecuencia, la financiación de determinadas actividades que realiza el
sector público y que como consecuencia del desfase de la inflación
estaban siendo cada vez más financiadas por el conjunto de los
contribuyentes. El Gobierno quiere garantizar que, en el caso de estos
servicios no esenciales, sea el beneficiario efectivo y no el conjunto de
los contribuyentes quien soporte los gastos de funcionamiento de la
Administración.
En esta misma línea se reforma la fiscalidad del seguro en consonancia
con la regulación existente en los países de nuestro entorno, gravando
las operaciones de seguro y capitalización realizadas en España por
entidades aseguradoras españolas o extranjeras. No obstante, ese es un
gravamen de sólo el 4 por ciento, uno de los más bajos de la Unión
Europea.
Es importante destacar también que en este proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, y por primera vez en muchos
años, no se revisa el peso de la tributación en los hidrocarburos, lo
cual supone una caída de hasta dos pesetas por litro que, sin duda, no
sólo tiene efectos beneficiosos desde el punto de vista de la inflación,
sino que también los tiene desde el punto de vista del consumo de los
ciudadanos.
Adicionalmente, se elevan los pagos a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades con el objetivo de garantizar una mayor correlación entre el
momento de la obtención de la renta y el del pago de impuestos. Quiero
resaltar a SS. SS. que será a las grandes empresas a las que se les exija
una mayor contribución a este crecimiento de pagos a cuenta, con un
aumento del 25 por ciento en los pagos que realizaban hasta ahora.
Todas las medidas anteriores son compatibles con el objetivo de
contención de la presión fiscal y garantizan que el conjunto de los
ingresos no financieros del Estado crezca en una tasa similar al producto
interior bruto, es decir, el 6 por ciento.
Es importante mencionar algunas medidas que se incluyen en el proyecto de
ley de presupuestos y que, por un lado, vienen a mejorar y a facilitar la
relación entre los contribuyentes y la Administración tributaria y, por
otro lado, suponen una lucha contra el fraude. Entre las primeras quiero
mencionar que se han elevado las cuantías que determinan la obligación de
declarar hasta 1.200.000 pesetas para el caso de declaraciones
individuales y hasta 1.250.000 pesetas en el caso de declaración
conjunta. Asimismo, quiero anunciar que es compromiso y voluntad del
Gobierno que durante el ejercicio de renta de 1997 todas las personas y
contribuyentes que lo deseen podrán solicitar de la agencia estatal de la
administración tributaria la elaboración de su declaración.
Desde el punto de vista de la lucha contra el fraude fiscal y para
garantizar la coordinación entre el catastro y el registro de la
propiedad, se incluye lo que podríamos denominar un NIF de inmuebles, un
documento de identificación fiscal que permita luchar contra el fraude en
las transmisiones inmobiliarias.
Por último, señor Presidente, quiero destacar algunas otras medidas como
son la exención de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por la entrega gratuita o por precio inferior al normal
de mercado que de sus propias acciones o participaciones efectúen las
sociedades a sus trabajadores en activo, siempre que la oferta se realice
para todos los trabajadores en idénticas condiciones y la cantidad
entregada sin contraprestación no supere las 500.000 pesetas. Con esta
medida el Gobierno pretende favorecer el acceso de los trabajadores a la
titularidad de las acciones de las empresas en las que trabajan y su
participación efectiva en los resultados de las mismas.
También quiero mencionar la exención de la tributación de las pensiones
de incapacidad de los funcionarios cuando esta se haya causado en virtud
de lesión o enfermedad que en el Régimen General de la Seguridad Social
hubieran sido catalogadas de invalidez absoluta, con el objetivo de
garantizar una mayor equidad y en cumplimiento de una sentencia del
Tribunal Constitucional que tuvo causa en un recurso presentado por el
Grupo Popular en la oposición contra una decisión del Gobierno anterior.
En resumen, señor Presidente, el Gobierno presenta para 1997 su primer
presupuesto, un presupuesto que contribuye de manera decisiva --y desde
luego, no entorpece, como en ocasiones anteriores-- a la recuperación
económica y a la creación de empleo. Desde el punto de vista de la
confianza que los españoles tienen en la recuperación económica y el
aumento de sus expectativas de recuperación en el futuro, el presupuesto
que ha presentado el Gobierno es claramente decisivo, tanto en sus
aspectos de austeridad y rigor como de contribución a la modernización de
infraestructuras de la sociedad española o en sus aspectos de
solidaridad. Las bajas de tipos de interés, no sólo dentro de nuestro
país sino desde el punto de vista del conjunto de los tipos de interés a
largo plazo de los mercados y capitales, indican la recepción del
presupuesto por parte de los ciudadanos.
Es un presupuesto claramente orientado a mantener las políticas de
integración y de bienestar social en
pensiones, sanidad, educación y vivienda principalmente; es un
presupuesto que goza de la credibilidad suficiente como para que hoy la
economía española sea considerada como un candidato firme a integrarse en
los procesos de integración monetaria y económica europea; en un
presupuesto que contiene la coherencia y el rigor necesarios para
combinar nuestro programa político con las necesidades de los españoles,
no aumentando la presión fiscal, garantizando su cumplimiento,
resolviendo satisfactoriamente los problemas de solidaridad a los que he
hecho mención y, también, manteniendo la inversión en infraestructuras;
es, claramente, un presupuesto equilibrado entre los instrumentos y los
objetivos; es un presupuesto realista, que exige principalmente un
esfuerzo interno a la Administración y que, además, plantea reformas
estructurales y duraderas. Es, por tanto, señorías, un presupuesto
necesario y un presupuesto de futuro; es el mejor presupuesto para hacer
lo que los españoles nos demandan en este momento y seguramente muchos de
ustedes pensarán que es el presupuesto que debería haberse realizado hace
algunos años.
En cualquier caso, con este presupuesto se acaba un período de
inactividad y quizá de incapacidad para resolver coherentemente los
problemas, se abre una nueva etapa de rigor y de consenso y se plantean
cuestiones y soluciones que hasta ahora algunos habían calificado de
imposibles. Es, sin duda, un presupuesto con el que este Gobierno no sólo
quiere contribuir de manera efectiva al bienestar de los ciudadanos y a
resolver los problemas que desde hace mucho tiempo nos afectan, como es
el problema del desempleo, sino también a garantizar el papel de España
en el conjunto de los países más prósperos y equilibrados. Por todo ello,
y en nombre del Gobierno, solicito a la Cámara el respaldo al presupuesto
y a las leyes que lo acompañan.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Como ya he anticipado, al proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado y a las otras dos leyes que estamos debatiendo se han presentado
enmiendas de totalidad, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Borrell.
(Rumores.) Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, se dice, y se dice con razón, que el presupuesto es el núcleo
duro de la política, porque en sus cifras se reflejan todas las
contradicciones y las ambiciones de una sociedad y contra esas cifras se
estrellan, más pronto que tarde, toda la retórica y todas las falacias
electorales, y esto es, señor Aznar, lo que le ha pasado a usted.
Su proyecto de presupuestos refleja la quiebra de todas las falsas
promesas, la demagogia fácil, los engaños y las incoherencias con las que
sembró usted su camino a La Moncloa. (Rumores.-- Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.) Sí, señorías. Veo que están ustedes tan
asilvestrados como en la oposición. (Risas.-- Protestas en los bancos del
Grupo Popular.) El Señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Señorías, es el momento de recordar sus
promesas de bajar los impuestos y las cotizaciones sociales --¿eran cinco
puntos, verdad, señor Rato?--, de incrementar el esfuerzo inversor
añadiendo siempre algo más de lo que proponíamos nosotros. Si decíamos
400.000 viviendas, ustedes proponían 500.000, y naturalmente seguían
siendo insuficientes. De mantener el gasto social y, al mismo tiempo,
reducir el déficit. Conviene recordar cómo todo se arreglaba suprimiendo
el despilfarro de un Gobierno al que ustedes acusaban de comprar votos
con el pan del PER. ¿Lo recuerda, señor Arenas? (Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.-- La señora Martínez Saiz: ¡Los fondos reservados!)
Y de pagar apoyos vendiendo españa en trozos del IRPF, como debe recordar
sin duda el señor Fraga que recurrió la cesión del 15 por ciento y ahora
se rompe las manos aplaudiendo la cesión del 30 por ciento.
No le voy a recordar, señor Aznar, su fábula electoral de los 5.000 altos
cargos, porque ya está usted bastante desprestigiado con ello, pero será
difícil quitar de la memoria la imagen de algunos que ahora son ministros
suyos yendo a los cenáculos de la burguesía emprendedora a reprochar...
(Protestas.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor BORRELL FONTELLES: Yendo a los cenáculos de la burguesía
emprendedora a reprochar el voto cautivo del sur perezoso para acabar
viendo al señor Arenas aumentar un 15 por ciento el PER un año de
lluvias. (Una señora Diputada: ¡Las comisiones de Obras Públicas!)
Señorías, han bajado ustedes los impuestos. Los han bajado y mucho para
unos pocos. Han concedido beneficios al mundo empresarial y financiero
que la Hacienda pública no puede soportar. Han aumentado la presión
fiscal, señor Rato, 0,38 puntos del PIB. Congelan los sueldos de los
trabajadores públicos. Reducen drásticamente la inversión civil. Aumentan
el coste del sistema de financiación autonómica. Endeudan a las empresas
públicas y a la Seguridad Social. (Rumores.) Y
todo ello, señorías, es tanto más grave cuando este año debería ser el
año en que el presupuesto reflejase una ambición colectiva, la ambición
de este país de formar parte de la Unión Monetaria europea, que mi
partido ha impulsado y comparte, y esta voluntad y este esfuerzo debería
ser compartido por el conjunto de las administraciones y de los
ciudadanos. No es esto lo que usted hace con su presupuesto, señor Aznar,
sino todo lo contrario. No hubiera usted debido adoptar medidas
regresivas que hacen al sistema fiscal más injusto y al presupuesto más
endeble, ni embarcarse apresuradamente en un nuevo sistema de
financiación autonómica cuyo coste y distribución seguimos todavía sin
conocer. Porque se habrán dado cuenta, señorías, que este año por primera
vez en la historia presupuestaria de este país el presupuesto no contiene
ninguna información sobre la financiación que corresponde a cada
comunidad. Todo lo que tenemos es una cifra, una simple cifra global sin
que nadie nos explique de dónde procede ni cómo se calcula. Pero si hemos
de creernos a la vez los anuncios que su partido, señor Aznar, publica en
la prensa andaluza y lo que dice su gente desde Canarias hasta Murcia, su
invento no cuesta menos de un billón de pesetas. (Varios señores
Diputados: ¡Hala!) ¿No cuesta un billón? ¿Pues por qué no nos cuentan
cuánto cuesta? (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Porque en
los anuncios que ustedes pagan dicen que Andalucía podrá recibir --se
curan en salud-- 476.000 millones de pesetas. Andalucía es el 30 por
ciento del sistema de financiación autonómica. Por tanto, más o menos un
billón y medio. (Rumores.) Ya supongo que no será un billón. Pero,
señorías, entonces ¿cuánto es? Porque si todos dicen que van a ganar más
que nadie y ustedes garantizan que nadie va a perder (aunque sea una
falacia creer que todos podemos ganar contra todos), el sistema tiene un
coste y ustedes lo ocultan. Señorías, la verdad es que es una curiosa
manera de convertir al Parlamento en el centro de la vida política, como
usted anunciaba en su retórica electoral, suprimiendo del documento
presupuestario la información sobre la financiación autonómica y
publicándola en anuncios pagados en los periódicos. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Aaah! ¡Aaah!) Eso me suena a...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Borrell.
Señorías, ¡guarden silencio! ¡ Señor Arqueros!
Señor Borrell, puede continuar.
El señor BORRELL FONTELLES: Decía que eso me sonaba al sonido emitido por
un animal utilizado para transportar. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, le llamo al orden.
Sus señorías guardarán silencio durante la intervención del orador.
(Rumores.) ¡Señor Robles, le llamo al orden!
Si quieren manifestar su agrado o desagrado lo harán al menos cuando el
orador termine el párrafo y lo harán con educación y con cortesía, y el
señor Borrell no necesitará faltar a los Diputados porque el Presidente
está aquí para defenderle. (Aplausos.) Puede continuar.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Les decía que seguramente para demostrar su aprecio por el Parlamento
obligan hoy a la Cámara a discutir la ley de presupuestos y otras cuatro
leyes más, quitando atención y tiempo al debate presupuestario.
Empecemos por la primera de las dos leyes de acompañamiento, aunque ya
les anticipo que le dedicaré la escasa atención que su importancia
merece. Esta ley, señorías, no es nada más que un instrumento de
agitación y propaganda. Discutirla de forma específica no tiene otro
interés que hacer aquello que decía un gran pensador alemán, de raza
judía, de aspecto desaliñado, cuando manifestaba que lo importante no es
la realidad sino la percepción que se tenga de ella. Ustedes aplican al
pie de la letra este pensamiento tratando de crear una percepción de la
realidad que justifique el decreto-ley de crédito extraordinario gracias
al cual se han construido un cómodo colchón para 1996 y 1997. No sabemos
cuánto nos costará en términos de fondos de cohesión comunitarios. Y lo
han hecho ustedes manipulando a la Intervención, como le han recordado
los propios interventores, ¿verdad señor Rato?
No voy a caer en la trampa de dedicar minutos preciosos a discutir si el
mes de enero es o no hábil a efectos contables, pero sí debo decirles que
sus buenas intenciones, suponiendo que lo sean, no resuelven el problema
que les preocupa y que ciertamente es un problema genuino, tal que el de
cómo tratar los gastos creados por situaciones de emergencia o cómo fijar
los justiprecios de las expropiaciones. Son temas interesantes, pero su
análisis me llevaría demasiado tiempo. Ya lo haremos en las enmiendas
parciales. Y si quieren ustedes discutir de verdad los problemas
presupuestarios de nuestra legislación, traigan una alternativa a la Ley
General Presupuestaria que nosotros trajimos y que ustedes nos
devolvieron con la ayuda de Convergència i Unió.
Déjenme ahora solamente que les señale la flagrante incoherencia que
tiene presentar el mismo día un proyecto de ley con la excusa de evitar
el desplazamiento del gasto a ejercicios posteriores y, a continuación,
otro proyecto de ley que trata de desplazar el gasto a los siguientes
ejercicios mediante contratos de obra que imputen a los trece próximos
años las decisiones de inversión o sustituyendo transferencias para
compensar pérdidas de empresas públicas con el aval del
Estado. Hay algo de kafkiano, con efe de KafKa (Risas.), en debatir
primero un proyecto de ley de disciplina presupuestaria y luego otro
proyecto de ley que, cual homenaje que el vicio rindiera a la virtud,
bien podría llamarse de indisciplina presupuestaria.
Pero fíjense, señorías, hasta qué punto este proyecto de ley no es sino
un instrumento de agitación y propaganda y hasta qué punto es
«casquiana», esta vez con ese (Rumores.), la actividad legislativa del
Gobierno, que acabamos de debatir un proyecto de ley que modifica seis
artículos de la Ley General Presupuestaria. Y vamos a entrar ahora a
discutir otro proyecto de ley que modifica ocho artículos de la Ley
General Presupuestaria, y entre ellos ambos, ¡pásmense, señorías!, está
el mismo artículo 61, que modificamos dos veces seguidas de forma
contradictoria en dos proyectos de ley consecutivos.
Señor Rato, ¿cuál de los dos artículos 61 le gusta a usted? (Risas.) el
que acabamos de ver en este proyecto de ley o el que veremos en el
siguiente proyecto de ley. (Risas.) No, no se crean que sea la repetición
del mismo, que sería disculpable, sería un exceso de celo, es que son
distintos y hasta contradictorios. ¿Cómo puede explicarse que dos
proyectos de ley distintos traigan redacciones distintas de un mismo
artículo? ¿Con cuál nos quedamos, señor Rato? ¿O es que las leyes las
hacen unas en Moncloa y otras en Alcalá y los redactores de las mismas no
hablan entre ellos?
En cualquier caso, entremos en el proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Este proyecto, como les decía, merece
denominarse de indisciplina presupuestaria, por las brechas que crea en
la contratación administrativa y por las vías que abre a la
centrifugación del déficit. Pero, en realidad, todo el proyecto es un
ejemplo de indisciplina con respecto a lo que debe ser una ley de
acompañamiento del presupuesto, cuyo contenido debe estar limitado
prudentemente en función de los ritmos de tramitación de esta ley. Para
apoyar la enmienda a la totalidad, no tengo más que leerles lo que dice
el Consejo Económico y Social en su informe. Dice que esta modificación
fragmentaria de muy diversas y distintas leyes que ustedes hacen no se
ciñe a los criterios de estricta necesidad y, por ello, el texto sometido
a dictamen no cumple con las condiciones que debe cumplir una ley de
estas características. Y sigue diciendo el Consejo que tampoco tiene una
memoria económica que cuantifique mínimamente el efecto de sus medidas, y
que, por tanto, no se puede saber en qué medida están de acuerdo con la
politica económica de sus presupuestos. Esto lo dice el Consejo Económico
y Social y nosotros hacemos nuestra esta crítica y pedimos la devolución
del proyecto al Gobierno.
Pero si eso no les bastara como razón genérica, quiero dejar constancia
de nuestra oposición a algunos aspectos concretos de este proyecto de
ley, como es la reducción de los módulos del IRPF, los incrementos
elevados de las tasas, que no son sino impuestos indirectos encubiertos
(ustedes llegan a gravar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias), la modificación de los regímenes jurídicos de la SEPI y de
la Agencia Industrial del Estado, de la Ley de Aguas y de Contratos de
las Administraciones Públicas que permiten, entre otras cosas, la
contratación directa, sin concurso ni publicidad, de toda la concertación
sanitaria, que es un sabroso mercado de 130.000 millones de pesetas, o
permiten también que las subvenciones a las nuevas entidades que van a
gestionar los hospitales del Insalud estén exentas de requisito de
publicidad.
Estamos en contra de esos contratos de obra diferidos a 10 o a 13 años
porque no harán sino comprometer todavía más los 15 o 20 próximos años,
aumentarán el coste de las obras, reducirán la competencia y ni siquiera
servirán, que es para lo que ustedes las quieren, para demorar la
contabilización de la inversión y reducir el déficit presente, pues
tendrán que imputar el coste de la obra cada año que se ejecute, si
quieren cumplir los criterios contables del SEC. Y tampoco creemos que
aumentar 25 años más el plazo de concesión de las nuevas autopistas sea
un atractivo para nuevas concesiones, porque la aritmética enseña que el
valor añadido neto del proyecto prácticamente no se modifica con los
retornos a 75 años, por pequeña que sea la tasa de actualización que
ustedes utilicen. ¡Ah!, pero eso sí, para las que ya están construidas;
para las que están a punto de expirar las concesiones, aquí hay un
sabroso negocio que la Bolsa ya ha descontado. Y puede ser una ocasión
para que veamos hasta qué punto ustedes son capaces de establecer
equilibrios coherentes entre el interés público y las expectativas de
beneficio privado. Nada más sobre esta ley, señorías.
Entremos de nuevo en lo que de verdad nos trae aquí hoy, que es la ley de
presupuestos de 1997. Señorías, quiero dejar claro al Gobierno que
estamos de acuerdo con los objetivos macroeconómicos de reducción de la
inflación y el déficit que ustedes proponen. Eran también nuestros
objetivos. Son ambiciosos y difíciles de conseguir; pero son necesarios.
Se sitúan en la parte alta de las expectativas positivas sobre la
recuperación de la economía europea y de la actividad interna propiciada
por la baja de los tipos de interés, que es una condición necesaria pero
no suficiente.
Estamos convencidos de que para reducir el déficit, antes de nada, hay
que crecer, y el presupuesto público que, a diferencia del presupuesto de
una familia, está en relación interactiva con la economía nacional, tiene
que ayudar a este crecimiento. Pero tememos y creemos que el suyo no lo
hace.
El crecimiento del 2 por ciento de empleo mantiene la elasticidad de los
dos últimos años; pero no hay nada en su presupuesto que permita avalar
tal previsión. Lo único que hay, señor Rato, es una modificación, más
bien valdría llamarla manipulación de los datos de empleo, por la cual el
Gobierno podría considerar, a
finales de 1997, que, con la misma ocupación que ahora refleja la EPA, se
habrían creado 240.000 empleos. Este es un tema importante, señorías,
porque dicen ustedes que el empleo es su mayor preocupación y, sin duda,
debe serlo, porque es el mayor problema de nuestra sociedad. Pero en
política de empleo ustedes confían en que éste se producirá simplemente
por el efecto conjunto del crecimiento, por una parte, y la
desfiscalización de las rentas del capital, por otra; se impulsa el
ahorro, éste aumenta la inversión y ésta crea empleo. No es sino el
discurso de la más pura ortodoxia paleoliberal, por la cual se supone que
los que están peor, no están lo suficientemente mal como para que tengan
ganas de trabajar, y los que están mejor, no están lo bastante bien como
para que puedan ahorrar y que hay que alterar esos desequilibrios para
conseguir que se crezca. Señorías, hoy sabemos que pueden convivir
perfectamente los aumentos de la riqueza con una reducción del empleo, y
que al desfiscalizar al capital es más seguro que aumente la desigualdad
que no que aumente el empleo. Y todos los consejos europeos han dicho que
hay que intervenir activamente en el mercado de trabajo, porque el
crecimiento sólo no crea empleo suficiente. Pero constatamos que, por muy
grande que sea su preocupación, en este terreno, su presupuesto no tiene
innovación alguna.
Es muy optimista creer en un 2,7 de consumo privado; es muy optimista
creer en un 12 por ciento los bienes de equipo; es muy optimista, más
todavía, creer que la inversión crecerá un 3,2; es muy difícil creerlo.
El consumo no arranca como ustedes dicen y la congelación salarial de los
funcionarios y el recorte de las inversiones no van a ayudar; más bien lo
contrario. Conviene recordar que ahorramos para invertir, pero invertimos
para consumir, y de nada sirve invertir para producir si no hay
expectativa de consumo sobre lo que se produce, y no las hay todavía, y
quizás las haya menos con sus medidas un tanto malthusianas. Pero,
créanme, comprendemos que ustedes tienen la obligación de ser optimistas,
y nosotros no les vamos a aguar la fiesta. Tenemos dudas, las mismas que
comparte cualquier analista bien informado, pero les aseguramos que
colaboraremos para obtener este crecimiento, porque, si no lo
conseguimos, el déficit será todavía mayor.
Estamos de acuerdo, pues, en los objetivos, lo repito e insisto, pero,
señorías, con la misma energía y contundencia, quiero decirles que
discrepamos en la forma de conseguirlos y que ni siquiera creemos que su
propuesta consiga alcanzarlos de forma permanente, sostenible y
equitativa.
Me permitiré criticar su presupuesto, porque es mi obligación, desde un
triple punto de vista: primero, cuán creíble es; segundo, cuán posible es
mantener, año tras año, su misma receta presupuestaria y, tercero, cuán
equitativo es. Y les aseguro que me gustaría estar equivocado en muchas
de las críticas que les voy a hacer; que ojalá tengan ustedes razones
para convencerme; que yo les voy a preguntar, y espero, señor Rato, que
en sus respuestas aporte información suficiente para que salga de aquí
con una mayor fe sobre el presupuesto que la que tenía al entrar.
Al entrar por esta puerta pensaba, y pienso, que su presupuesto se basa
en hipótesis poco razonables sobre la evolución de ingresos y gastos;
utiliza términos de comparación creados ad hoc; ubica partidas de gasto
en capítulos que no se corresponden con su naturaleza económica; anticipa
ingresos; difiere gastos y centrifuga el déficit entre los distintos
agentes del sector público. Suscita muchas dudas; me gustaría que me las
aclarase para que, al salir de aquí, pudiese decir que confío más que
antes en que el objetivo de déficit puede conseguirse.
No seré exhaustivo, porque no tengo tiempo, por muy benevolente que sea
el Presidente, pero por eso mismo intentaré ser concreto, esperando
respuestas concretas.
Señor Rato, empecemos por lo que más nos preocupa, que es el equilibrio
de la Seguridad Social. Reconocen ustedes un déficit del 0,2 por ciento
del PIB, 155.000 millones de pesetas, que cubren con un préstamo del
Estado sin intereses y, por supuesto, con pocas esperanzas de devolución.
Pero la Seguridad Social prevé un incremento de sus ingresos por
cotizaciones de ocupados del 7,7 por ciento. Miramos la memoria de la
Seguridad Social y vemos que opinan que crecerán las retribuciones un 3,2
por ciento y los asalariados un 2,7. Esto quiere decir, señorías, que,
según la memoria de la Seguridad Social, la recaudación por cotizaciones
no podría crecer más de un 6, eso sin descontar la congelación de los
asalariados laborales del sector público. Es lo que dice la memoria de la
Seguridad Social, señor Arenas. Y uno piensa: bueno, el señor Rato tendrá
otra previsión. Y sin duda la tiene; tiene otra en el libro amarillo; la
consultamos y resulta que es más pesimista que la Seguridad Social. Según
el Gobierno, crecerán los asalariados un 2,6 y su retribución un 2,8. Eso
quiere decir que no pueden recaudarse por cotizaciones más de un 5,5 por
ciento, y ustedes prevén mucho más, un 7,7. Esto quiere decir que hay un
déficit latente por menores ingresos de entre 110.000 y 150.000 millones
de pesetas.
Pero si miramos la parte del gasto, vemos que ustedes creen que las
pensiones contributivas van a crecer un 5,4 por ciento. En los dos
últimos años crecieron un 9, y ustedes calculan esta tasa modesta
suponiendo una tasa de sustitución del 0,8, que es la mitad de la
históricamente registrada. Alguna razón tiene que avalar su hipótesis.
Explíquenosla, porque, si no la hay, tienen ustedes 85.000 millones de
gasto más del que presupuestan en pensiones. Y si miran el gasto en
incapacidad laboral, ustedes esperan que baje un 12 por ciento; el año
pasado bajó un 2; ustedes creen que bajará seis veces más; algo tiene que
haber que avale la
hipótesis, porque, si no lo hay, ustedes tienen 40.000 millones de
pesetas de gasto más del que presupuestan. En su conjunto, si lo que digo
tiene alguna verosimilitud, y ojalá me la quite usted, le faltan 250.000
millones a la Seguridad Social, con lo cual su déficit no sería el 0,2,
sino el 0,5.
Pero hay más, señor Rato. Usted sabe que los ingresos de la Seguridad
Social están en términos de derechos devengados, no de caja, y para eso
apuntan ustedes en el presupuesto un préstamo, adicional al anterior, de
350.000 millones de pesetas para cubrir la diferencia caja devengo, pero,
¡oh, casualidad!, este préstamo no aparece consolidado en el conjunto de
las Administraciones públicas, aunque aparezca en el capítulo VIII del
presupuesto del Estado. Señor Rato, ¿para qué sirve este préstamo? ¿Para
compensar variaciones de tesorería que se anulan al final del año? Si es
así, no tendría que aparecer en el capítulo VIII del Estado. ¿O sirve
para consolidar un déficit estructural que aumenta el endeudamiento de la
Seguridad Social? Si es así, entonces nuestra preocupación es todavía
mayor, porque las cifras ya son muy preocupantes. Tranquilícenos, díganos
que sus previsiones son buenas, que el desfase de tesorería se cubrirá a
final de año, porque usted sabe muy bien, señor Rato, que las pensiones
no se pagan con cheques de buena voluntad y tampoco se pagan con derechos
reconocidos, se pagan con cash, y si usted no convierte un derecho
reconocido en dinero líquido (Rumores.) --sí, dinero quiero decir--, no
podrán pagar las pensiones.
Señorías, sus explicaciones deben ser convincentes, porque si no lo son
nos tememos que, al mismo tiempo que se hacen fotografías, se están
socavando los cimientos del sistema. Por eso mismo les anticipo que
pediremos que haya una mayor aportación del Estado a la Seguridad Social.
Porque, dígame, señor Rato: ¿es o no es verdad que la aportación del
Estado para complementos de mínimos disminuye de una forma drástica,
bajando desde una cuantía el año pasado cercana a los 215.000 millones de
pesetas hasta prácticamente 15? ¿Es así, o no es así? Es así. Y eso
quiere decir que el Estado deja de aportar a la Seguridad Social, en
contra de la lógica del Pacto de Toledo, unos recursos equivalentes al
déficit implícito que tememos que tenga.
Veamos los ingresos del Estado. Usted dice que no sube la presión fiscal,
que en su programa decían que estaría constante y que no sube. Y apoya su
argumento en que los ingresos crecen, como el PIB, un 6 por ciento. Señor
Rato, eso no es cierto. La presión fiscal crece 0,38, porque para
calcularla hay que sumar los capítulos I, II y III del presupuesto y las
cotizaciones sociales. Lo demás no cuenta para nada en presión fiscal. Y
si hace usted este cálculo (lo podemos hacer juntos, si usted quiere,
después) verá como es un 0,38 y no un 0 como usted propone.
Creemos que les faltan unos 300.000 millones de pesetas de ingresos en
1996 y en 1997, y nos tememos que no han calculado correctamente el
impacto del nuevo sistema de tributación de plusvalías, pero que esta
pérdida de recaudación la compensan porque la nueva tarifa simplificada
no ha recogido toda la deflactación de la anterior tarifa para corregir
la progresividad en frío causada por la inflación.
Señor Rato, ¿puede usted garantizarnos que, de acuerdo con sus promesas y
argumentos, con la nueva tarifa todos los contribuyentes pagan menos en
términos reales que con la anterior? Sí, ya sé que pagan menos; pero la
pregunta es: ¿en términos reales? ¿Ha limpiado usted la progresividad en
frío, o ha aprovechado la excusa de la simplificación para tener una
bolsa de recaudación adicional, que no sale de sus promesas de corregir
este efecto?
Pero, allá ustedes con sus previsiones. Dicen que las van a obtener y les
creemos. Hay, sin embargo, un punto donde nos gustaría más información.
¿Cuánto van a obtener por privatizaciones? ¿Cuánto este año y cuánto el
año que viene? Usted dice 450 el año que viene. No es cierto. No es
cierto si lo que han dicho los comparecientes en las comisiones lo es,
porque todo a la vez no puede ser cierto. Usted tiene 450 en el
presupuesto de ingresos del Estado, que provienen 115 de aportaciones de
la SEPI, pero el presidente de la SEPI dijo que la SEPI iba, a su vez, a
efectuar privatizaciones. Y si suman las privatizaciones de la SEPI y las
del patrimonio, y restan los 115 que se transfieren del uno al otro,
salen 800.000 millones. Si me equivoco, díganmelo, porque no nos gusta
que vacíen ustedes a tanta velocidad el arcón de las joyas de la abuela.
Demasiado aprisa. Explíquenos: ¿son 450 o son 800? ¿Son 450 en el Estado
y cuántos más en la SEPI? Aunque la verdad, señorías, es que cada vez que
ustedes hablan de privatizaciones, cada vez que su parlanchín Ministro de
Industria habla sobre el tema... (Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Borrell, vuelvo a encarecerle que no empleé calificativos o
términos peyorativos, para ningún Diputado.
El señor BORRELL FONTELLES: Es una forma cariñosa de dirigirse a quien
habla mucho. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Deje los cariños para otra ocasión, señor Borrell, y
los calificativos y palabras peyorativas.
El señor BORRELL FONTELLES: Está dicho con todo el cariño al señor Piqué,
a quien sí debo reprocharle, con igual cariño, que cada vez que habla
consigue que suba el precio de lo que quiere comprar y baje el precio de
lo que quiere vender. (Aplausos.) Y a este ritmo, señorías, nos va usted
a salir muy caro.
(Risas.) En fin, creemos que venden demasiadas empresas.
Y también me gustaría que me explicara cuál es el ingreso que pretenden
obtener con el 3 por ciento del impuesto sobre saldo de balances
actualizados. Nos han dicho que son 175.000 millones de pesetas. Si eso
es así, su presupuesto de ingresos por sociedades disminuye un 4,4 por
ciento, que es muy raro. Explíquenos, por favor, qué impacto tiene en
esta caída de recaudación el efecto, que ya se produce en 1997, de la
actualización de balances.
Todo eso dibuja un escenario lleno de dudas, pero, como le he dicho,
estamos dispuestos a creer que tienen ustedes más información que
nosotros y que sus previsiones son las buenas, y las tomaremos como punto
de partida de nuestras alternativas.
Vamos al presupuesto de gastos. Su falta de credibilidad, señor Rato, es
todavía mayor. La tasa de crecimiento del gasto no es del 1,7 por ciento,
porque usted se ha fabricado un término de comparación ad hoc, lo compara
usted con algo que no es ni el presupuesto inicial, ni la previsión de
liquidación, sino el presupuesto inicial que resulta de la prórroga, al
que han añadido, para que la tasa de variación sea más baja, casi 500.000
millones de pesetas de ampliaciones durante el ejercicio, de los cuales
171 son intereses pasados de 1997 a 1996, gracias a un cambio de criterio
contable que bienvenido sea, porque nos ayuda a rebajar la presión sobre
el gasto el año que viene.
Pero si hace usted las cosas bien y quita estos casi 500.000 millones,
entonces la tasa de crecimiento no es del 1,7 sino del 4,5; y si cuenta
usted los capítulos I a VIII, como tendría que hacer, ¿por qué han puesto
en el capítulo VIII un montón de gasto al que llaman préstamo? Si hacen
las cosas de acuerdo con la realidad y no de acuerdo con cómo les
gustaría llamarlas, entonces, señoría, la variación del gasto es del 6
por ciento; el 6, no el 1,7.
¿Quizá sea por eso, señor Rato, por lo que en el libro amarillo este año
sobre el capítulo VIII de gastos del presupuesto del Estado, que crece un
45 por ciento, no hay ni una sola línea de explicación? ¿O es una
casualidad que del capítulo que crece un 45 por ciento no haya, a
diferencia de otros años, ni una sola palabra? Eso sí, podemos enterarnos
extensamente de la reforma fiscal irlandesa de 1982 (Risas.), que tiene
sin duda una enorme importancia para lo que estamos discutiendo, y
consumimos páginas y páginas aprendiendo cómo se calcula el déficit
estructural, pero no hay ninguna aplicación de tan sabios métodos a
conocer cuánto varía el déficit estructural en su presupuesto. Pues sí,
el 45 por ciento de crecimiento del capítulo VIII.
Están ustedes pasando de un presupuesto de gastos a un presupuesto de
préstamos, y no se lo reprochamos tampoco demasiado, porque, a fin de
cuentas, todo el mundo lo hace y este año quizá sea necesario hacerlo.
Pero claro, cuando entramos en los capítulos concretos, señoría, y me
habla usted de rigor en el capítulo II, un capítulo al que ustedes
quieren confundir (otra vez el viejo pensador alemán --que, por cierto,
no se llamaba Carlos--) y crear una percepción equivocada de la realidad,
diciendo que eso es despilfarro, hay que decir que ustedes bajan el
funcionamiento de los centros y los comedores escolares más de un 10 por
ciento; que ustedes bajan, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, las
comunicaciones postales, que nos acaban de reprochar que necesitan entre
1.500 y 2.000 millones al año y le ponen 350.
Así todo. Miles de ejemplos que demuestran que este capítulo es un
brindis al sol, algo que no va a resistir la realidad y no va a servir
más que para deteriorar los servicios públicos y acumular impagados.
En cualquier caso, señorías, es poco dinero, y por aquí no puede haber
graves problemas de desequilibrio. Donde los hay, y gordos, es en la
inversión, que ustedes disminuyen extraordinariamente, pero lo hacen de
dos maneras: una, la que luce en el presupuesto, con la bajada global del
crédito; la inversión civil, señorías, baja casi un 20 por ciento, en
Cataluña baja un 45 por ciento (lo digo a efectos de apoyos
parlamentarios) (Risas.); la militar se mantiene constante; la civil baja
casi un 20 por ciento. Pero lo que más me preocupa es que baja también el
coste de todos los proyectos de inversión. Y yo puedo entender que bajen
ustedes los proyectos de inversión que están todavía por contratar, pero
no puedo entender que bajen el coste de un proyecto de inversión que está
a punto de terminar. No puedo entender por qué la presa de Rialp costará
8.000 millones menos de lo que está contratada, o que la presa de Itoiz
costará 10.000 millones, creo recordar, menos de lo que está contratada.
¿Qué pasa, las van a hacer más pequeñas, señoría? (Risas.-- El señor De
Grandes Pascual: No hay comisiones.--Varios señores Diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Borrell, le ruego vaya concluyendo, ya lleva 35 minutos.
El señor DE TORRES GOMEZ: No te enteras.
El señor PRESIDENTE: Señor De Torres, guarde silencio.
El señor BORRELL FONTELLES: Es posible que no me entere, señoría. He
venido aquí a enterarme, a preguntar y esperar que de las respuestas del
señor Rato consiga enterarme. Le aseguro que no me sabrá mal, en
absoluto, como le decía antes, salir de aquí
con más confianza en el presupuesto de la tenía cuando he entrado.
Por ejemplo, en investigación y desarrollo, acaba de decirnos, señor
Rato, que sube mucho. ¿Sabe por qué? Por los 20.000 millones del proyecto
del avión de combate europeo. Todo lo demás baja. Sólo sube ese proyecto:
20.000 millones. Sí, sube, pero sube exclusivamente por esta razón.
Voy más aprisa. Ayuntamientos. Dicen ustedes que sube un 6 por ciento. No
es cierto. Sube un 3,7. Verifíquelo.
Comunidades autónomas. ¿Cuánto sube el nuevo sistema con respecto al
anterior? En mi opinión, el 11 por ciento que luce el presupuesto se
reduce a un 6,5 por ciento, en el mejor de los casos. Pero, dígannos,
tienen la gran ocasión ¿cuánto cada comunidad? ¿Qué diferencia entre este
sistema y el anterior? ¿Cómo sigue la evolución? ¿Es el ITAE? ¿Es el PIB?
¿Qué ITAE utilizan ustedes, porque en la documentación que ronda por ahí
aparece un ITAE que nada tiene que ver con el que ustedes reflejan en el
presupuesto?
Empresa pública. Aquí, señor Aznar, si me permite parodiarle con el mejor
de los ánimos, recordaré una frase suya ya famosa que decía: Había un
problema y ya lo he resuelto. (Risas.) Yo creo que lo que usted quiere
decir con eso es: Había un problema y lo he cambiado de sitio. (Risas.)
Porque tenía usted un problema de financiación en el presupuesto y lo ha
quitado del presupuesto para convertirlo en endeudamiento centrifugado de
las empresas y entes públicos. Teníamos un problema y lo seguimos
teniendo. Lo que pasa es que lo tenemos en un sitio más caro. Las
empresas públicas recibían un billón; ahora reciben 400.000 millones. ¿Me
puede explicar, señor Rato, sólo un ejemplo, cómo hará Renfe para cubrir
los 63.000 millones de pesetas menos que va a recibir con respecto al
contrato-programa? Ustedes dicen: mejora de gestión. Explíquenme... (Un
señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) (El Ave es el
único tren que en este momento gana dinero, señoría). Explíquenme qué
mejora de gestión se va a producir para ahorrar 63.000 millones de
pesetas.
Voy más rápido todavía, señorías, y entro en algo que me parece muy
importante: la sostenibilidad. (Un señor Diputado: ¿Qué...?) La
sostenibilidad, que las cosas se puedan mantener en el tiempo.
(Risas.--Aplausos.) señorías, no me distraigan que me queda poco tiempo.
El señor PRESIDENTE: Concéntrese en su exposición y no conteste a las
intervenciones de sus señorías. (Rumores.) Guarden silencio, señorías.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, un presupuesto no puede agotarse en un solo año, no puede dejar
los problemas sin resolver para el año siguiente hasta hacerlos
insolubles. Este presupuesto, señorías, suponiendo que nos lo pudiéramos
creer, sólo lo podemos aplicar una vez. ¿O es que acaso vamos a congelar
en 1998, otra vez, los sueldos de los empleados públicos? ¿O es que vamos
a volver a reducir la inversión? ¿O es que vamos a volver a vender las
empresas que habremos vendido este año? ¿O es que vamos a deteriorar otra
vez los servicios públicos? ¿O es que vamos a volver a congelar la
aplicación de leyes progresistas en justicia y educación? ¿O es que vamos
a demorar otra vez el cumplimiento de las normativas europeas en materia
de medio ambiente? ¿Es eso lo que ustedes piensan que haremos en 1998?
¿No, verdad? Pues explíquennos qué piensan hacer en 1998. (Rumores.)
¿Quizá van a volver a poner otra vez el impuesto del 3 por ciento sobre
activos para compensar el coste de la regularización? ¿O de qué manera
van a compensar el coste creciente de la financiación autonómica? ¿Con
qué ingresos? ¿O con qué reducción de gastos de las políticas públicas?
El tercer problema es el de la equidad. No creemos que este sea un
presupuesto equitativo, señor Rato, porque distribuye de forma muy
desigual entre las administraciones y las personas el esfuerzo de ajuste
necesario; y no es equitativo por la combinación que hace usted de sus
políticas fiscales y retributivas. Al mismo tiempo que congelan ustedes
los sueldos de centenares de miles de trabajadores de rentas muy
modestas, a las personas que obtienen plusvalías importantes en el corto
plazo a través de acciones inmobiliarias o bursátiles les bajan el tipo a
la mitad. Congelan los sueldos de gente que gana 150.000 pesetas al mes y
bajan a la mitad la tributación de las personas que obtienen ganancias
especulativas a través de inversiones inmobiliarias y financieras.
Regularizar balances, señor Rato, que tiene efectos inflacionistas,
costará el doble de lo que se ahorra congelando el sueldo de los
empleados públicos, pero lo costará cada año a partir de ahora. Y todo lo
que se ha ahorrado usted recortando en educación, cortando la Logse de
una forma radical, o en justicia o en cultura, todo eso es menos de lo
que le ha costado a la hacienda pública, no los coloquios públicos del
señor Piqué, sino la emigración de capital desde cuentas corrientes hasta
fondos de inversión.
Señor Rato, creo que debe usted negociar con los funcionarios. Dice que
viene aquí a decirnos que lo pasarán muy bien con la congelación; pues
dígaselo a ellos. Negocie, cumpla el pacto del 94, vaya a verles, negocie
y trate de llegar a un acuerdo, porque creemos que estos trabajadores ya
pagaron un precio de ajuste y es injusto hacerlo recaer de nuevo sobre
ellos.
Tampoco es equitativo su presupuesto, porque los complementos de mínimos
los van a pagar este año los cotizantes de la Seguridad Social, que no
tienen más obligación de ser solidarios que el resto de los mortales.
Hace usted que paguen prácticamente el 95 por ciento de una prestación
que ustedes han calificado como prestación no contributiva y, por tanto,
no debe recaer sobre un colectivo específico de la sociedad. Y lo mismo
pasa con el desempleo. Y fíjese, cuando hablamos de educación --y usted
ha pasado por encima de la educación, porque sabe que aquí tiene un
problema muy grave este presupuesto-- debo decirle que el Grupo
Socialista lamenta que la educación pública pague el pato del ajuste, que
la educación pública vea disminuida su inversión, sus gastos de
funcionamiento; que no se podrán construir más que tres institutos el
próximo año; que los comedores escolares, que los gastos de
funcionamiento caen en picado y, al mismo tiempo, la enseñanza privada
aumenta un 4,5 por ciento. Y cuando lo digo, señorías, no es para
despertar ninguna confrontación entre la educación pública y la privada
(Algunos señores Diputados: ¡No, no!); no. Es para que sepan ustedes
--que quizá no lo sabían-- que tratan de forma muy desigual al alumno de
la enseñanza pública que al de la privada (Rumores.), y que todas las
políticas de igualdad de este presupuesto están cercenadas de raíz.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Rumores.)
Sólo dos cosas más, señor Presidente. Hay otro problema de equidad muy
grave, que es el problema que surge de los distintos ritmos de incremento
de la financiación de las distintas administraciones. Un niño de Castilla
y León el año que viene recibirá para financiar la educación en su
conjunto un poco menos que este año; y la educación pública, bastante
menos que este año. Pero un niño de Galicia, que tiene la educación
transferida, va a recibir un 6,5 por ciento más. A igualdad de
competencia ustedes financian de forma muy distinta las diferentes
administraciones, y eso recae de forma muy desigual en los ciudadanos que
son, a fin de cuentas, los destinatarios de lo que estas administraciones
hagan, y eso nos preocupa porque tendríamos que repartir por igual este
esfuerzo. ¿Por qué una administración, a igualdad de competencia, tiene
que aumentar el doble que otra, o cuatro veces más que otra? ¿No es este
el año para en vez de hacer inventos disparatados sentarse a negociar y
discutir y establecer un sistema de financiación transitorio que reparta
por igual en todas las administraciones el esfuerzo necesario? Si así lo
hiciéramos liberaríamos los 80.000 millones que, como mínimo, calculamos
que faltan para pagar las pensiones que se hacen desde la Administración
central del Estado, que también hace cosas para los ciudadanos.
Este es un tema muy importante, señor Rato, sobre el cual le pido que
piense, porque si alguna vez nos llega usted a explicar cuánto cuesta el
sistema de financiación autonómica, le rogaré que piense si este año no
debería usted asignar mejor los recursos.
La última observación concreta, la sanidad. Aquí debo reconocer que
ustedes aplican un crecimiento homogéneo entre competencias. Es
complicado leer el documento presupuestario, pero cuando se hace y se
piden explicaciones aparece un crecimiento corregido por una desviación
en el PIB que aplica al cien por cien el sistema de financiación de 1994.
No diga usted que da más que este sistema, porque no lo hace. ¡Dígame
dónde da usted una peseta más en este presupuesto que lo que resulta del
pacto de financiación de 1994! No están ni siquiera los 60.000 millones
de pesetas que reclamaba Cataluña y que el Gobierno socialista estuvo
dispuesto a dar en los ajustes que ustedes rechazaron; dígame dónde
están. Porque nos preocupa enormemente el sistema de salud. Nos preocupa
porque estamos muy orgullosos de él. Nos cuesta tres billones 650.000
millones de pesetas, y esto, señorías, son 10.000 millones de pesetas al
día. Pero esto son 250 pesetas por español y día; es decir, por lo que
cuesta un refresco en una cafetería de mediano postín, este país tiene un
sistema de sanidad pública eficiente, que es la argamasa social que nos
da cohesión, que hemos creado nosotros y que nos gustaría que ustedes
mantuvieran. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Rumores.) Lo
hemos desarrollado nosotros en los 14 años de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, vaya concluyendo.
El señor BORRELL FONTELLES: Es verdad que no hay ningún sistema privado
que por 250 pesetas al día pueda garantizar la cobertura de riesgos que
tiene el sistema público de sanidad español, ninguno. Es un sistema
eficiente que garantiza solidaridad y eficacia y nos preocupa que de
«bareada» en «bareada» se lo acaben ustedes cargando.
Acabo ya, señor Presidente. Muchas gracias, por su atención. Espero sus
respuestas, señor Rato, porque de verdad al Grupo Socialista le gustaría
poder confiar en este presupuesto y conseguir un 3 por ciento del
déficit, pero creemos que se puede reestructurar el presupuesto para
hacerlo más eficiente, más equitativo y más sostenible. Tenemos sin duda
ideas que le podemos aportar, si usted las quiere. No queremos, como
hicieron durante años, pedir al mismo tiempo más gastos, menos ingresos y
menos déficit. Con eso se pueden ganar premios de retórica, pero no se
sirve al interés general del país.
Nosotros estamos dispuestos a dialogar con ustedes para conseguir mejores
equilibrios, para que el camino de Maastricht sea más adecuado a la
estructura de esta sociedad y para ello, con su respuesta, espero en la
réplica poder contribuir a hacerlo.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
La enmienda de totalidad que se expondrá en segundo lugar es la del Grupo
Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la palabra el
señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para defender nuestra enmienda a la
totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene;
una enmienda que supone la petición de devolución al Gobierno de los
citados presupuestos. Pero, señorías, una vez que he escuchado desde mi
escaño la intervención del señor Ministro de Economía y Hacienda y la
intervención siguiente, no tengo más remedio que hacer una reflexión a
todos y cada uno de los Diputados y Diputadas que conforman esta Cámara.
Los parlamentos nacieron como consecuencia del debate de los
presupuestos; era una manera de que la soberanía nacional, que reside en
los pueblos, pudiera controlar el dinero de los contribuyentes, en qué se
gastaba, qué objetivos se perseguían; en definitiva, hacer en nombre del
pueblo el control del gasto y del ingreso. Este Congreso de los
Diputados, junto con el Senado, conforman las Cortes Generales que
representan al pueblo español, en el cual radica la soberanía.
Y la pregunta que yo les lanzo, señorías, uno a uno y una a una, es:
¿este debate que está teniendo lugar es en verdad un debate cuyo alcance
sirva para que toda la soberanía que está en esta Cámara pueda ejercerse?
Dicho de otra manera, ¿el pueblo español, a través de este debate, de sus
Diputados y sus Diputadas, tiene soberanía para poder discutir de
economía? ¿O esa soberanía ya está entregada? Una parte de la misma está
fuera de las fronteras nacionales. Dicho de otra manera, ¿para qué sirve
este debate? ¿Sobre qué tenemos capacidad de decidir después en la
votación si existen los criterios y plazos de convergencia de Maastricht,
que vienen como una horma a este debate que tenemos aquí? ¿Ejercemos el
debate de la soberanía nacional o ejercemos el debate de algo que ya
viene desde fuera? Y, naturalmente, el que les habla a ustedes, en nombre
de su grupo federal, está por la construcción europea. Pero, señorías, si
los criterios de convergencia vienen marcando ya los límites en los que
este debate se inscribe, la fuerza política a la que yo represento en
este momento no está de acuerdo con los contenidos y los instrumentos que
el Gobierno maneja, pero tampoco con los objetivos que el Partido
Socialista comparte con esta fuerza que está aquí (señalando los bancos
del Grupo Popular). Nosotros, al contrario, ni compartimos objetivos ni
compartimos instrumentos; lo hacemos desde una filosofía alternativa,
desde otra visión de la construcción europea.
Señorías, hemos cedido soberanía, ¿a quién? ¿A qué gobierno europeo? ¿A
qué parlamento europeo? ¿A qué poder elegido democráticamente? Los hemos
cedido a una oficina y a un sistema de bancos centrales no elegidos
absolutamente por nadie. ¿Qué hemos llevado? ¿Qué hemos enajenado?
Simplemente las decisiones importantes de política económica.
Recuerdo un debate aquí con el señor González, señalándole que hemos
tenido soberanía sobre las macromagnitudes y la macropolítica económica;
sin embargo a la hora del paro tenemos que resolverlo aquí. ¿Cómo, si
hemos entregado ya los instrumentos fundamentales para poderlo combatir?
Y en tercer lugar cedemos soberanía, ¿a beneficio de quién? Desde luego
no de los trabajadores.
Hecha esta consideración a todos y cada uno de los escaños que ocupan
Diputados y Diputadas para que sepamos realmente, llenos de realismo, en
qué discusión estamos, cuál es nuestra capacidad para debatir sobre los
ingresos y los gastos, quiero empezar hablando de las siete razones que
nos mueven para decir no a estos presupuestos.
Para empezar los presupuestos generales que presenta el Gobierno marcan
objetivos contradictorios y excluyentes entre sí como después voy a
demostrar. En segundo lugar, la propuesta del Gobierno se aleja y se
contradice con los contenidos del Título VII de nuestra Constitución,
Economía y Hacienda, y recuerdo artículos 128, 129, 130, 131 y 132. En
tercer lugar, estos presupuestos son fiscalmente regresivos y, por tanto,
contrarios al espíritu y a la letra del artículo 31 de la Constitución
Española (que creo que está para algo esa ley de leyes). En cuarto lugar,
estos presupuestos son socialmente insolidarios y manifiestamente
injustos. Se alejan y cuestionan los artículos 40 y 41 de nuestra Carta
Magna. En quinto lugar, estos presupuestos hipotecan aún más nuestra
economía a un futuro incierto.
Señorías, dejémonos ya de engañarnos, vamos a debatir aquí en calidad en
este momento que dentro de unos meses la tercera fase de la Unión
Monetaria es la entrada en un túnel angosto en el que no hay señales de
longitud y de salida. Puro azar, pura suerte, pura casualidad. Y es el
momento de repetir, por tanto, que a diferencia de estos escaños
(señalando los bancos del Grupo Socialista), ni compartimos los
instrumentos ni compartimos el objetivo.
En sexto lugar, estos presupuestos se asientan sobre bases y supuestos
totalmente inconsistentes. Los deseos se imponen a las realidades, a las
realidades estadísticas, a las realidades contables y a las realidades
económicas. Y la última razón: estos presupuestos son víctima de una
operación de maquillaje y de manipulación contable que no dejan de serlo,
es decir, que no dejan de ser manipulación contable, por mucho que se
ponga en circulación el nuevo y sospechoso concepto de contabilidad
creativa. Hay que ver lo que hay que escuchar: ¡contabilidad creativa! A
los números que encarnan cantidades reales, mensurables y medibles se les
aplica creación, la contabilidad creativa. ¡Hay que ver cómo se cambian
los nombres para expresar lo que en román paladino se llama siempre
manipulación contable!
El Gobierno en la presentación de los presupuestos objeto de este debate
dice proponerse la consecución de dos objetivos. El primero, tal y como
figura en la presentación de los presupuestos, es crear intensamente
empleo. El segundo, conseguir la integración de España en la Unión
Económica y Monetaria en los plazos y criterios establecidos por el
Tratado de la Unión. El señor Rato en su intervención de esta tarde ha
ido más allá que el propio libro. Ha dicho crear empleo estable. Yo he
tomado nota. Pues bien, yo lo incorporo a mi intervención. Si el señor
Rato ha intervenido, como no podía ser menos, como ministro, en
representación del Gobierno, se compromete a que estos presupuestos
ayuden a crear empleo estable y, además, que faciliten el acceso a la
moneda única.
Pues bien, señorías, estamos ante el hecho central de este debate. No
tengamos velos ideológicos ni mentiras piadosas. Estos objetivos se
contradicen. No se puede crear empleo y, además, mantener los criterios
de Maastricht. No se puede tener una cosa y otra. Seguir el debate,
obviando, porque se está de acuerdo con los objetivos, esta cuestión
fundamental; es transformar el debate simplemente en una sesión aburrida
y tediosa. Porque --insisto en nombre de nuestro grupo parlamentario-- no
es posible crear empleo manteniendo los criterios y plazos de
convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht.
El 28 de junio de 1995 el Parlamento Europeo aprobaba un informe
titulado: Sobre una estrategia de empleo coherente para la Unión Europea.
En él se dice lo siguiente. Primero, el coste deflacionario que entraña
atenerse a los límites del 3 por ciento del déficit respecto del
presupuesto y al 60 por ciento respecto a la deuda es mucho más alto que
lo que generalmente se calcula. Y a mayor deflación mayor desempleo y
desde luego mayor incidencia negativa sobre pequeñas y medianas empresasy
trabajadores autónomos.
Segunda idea que reflejaba el informe. Si se pretenden conseguir los
objetivos de la Unión Monetaria en torno a la reducción del porcentaje de
deuda en los tiempos previstos por el Tratado, el efecto depresor para el
conjunto de los países de la Unión Europea, exceptuando los tres países
últimamente incorporados, representará una disminución anual del 1,95 por
ciento del producto interior bruto. Tercera idea. Según diversos estudios
encargados por la Comisión, los efectos sobre el empleo pueden suponer la
disminución de diez millones de puestos de trabajo. Cuarta conclusión del
informe. Un incremento de los recursos propios, vía aportación de los
gobiernos nacionales, tendría que financiarse mediante una imposición más
elevada o mediante un mayor endeudamiento de cada Estado, todo ello en
abierta contradicción con los criterios neoliberales que informan la
política del Gobierno y los contenidos del Tratado de Maastricht.
Por otra parte, señorías, recuerden que la propuesta de endeudamiento
comunitario tampoco goza de ningún respaldo, porque recuerden lo que
ocurrió con el informe del señor Delors y la propuesta de quince millones
de empleos, propuesta en aquel famoso informe que fue tirado a la
papelera. Quinta conclusión. Tampoco podemos confiar en el aumento de la
inversión pública o de la inversión privada para generar empleo. En el
primer caso --me refiero a la inversión pública--, por los recortes que
tiene la misma; tal es el caso de la reducción drástica a la inversión
pública en estos Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, la
inversión privada no parece despegar gran cosa. Y es que el objetivo del
empleo no existe en el horizonte del Tratado de la Unión Económica y
Monetaria. Y no hay mejor prueba de lo que estamos afirmando que el
recordatorio del destino sufrido por los planes de empleo presentados por
los señores Delors y Santer.
Bien señorías, vista la primera contradicción, la insalvable
contradicción de que hablar de Maastricht y hablar de empleo no son dos
cosas que se puedan mantener, que una excluye a la otra, las demás
contradicciones vienen por añadidura. Dice el Gobierno que basar el
despliegue de política económica, y por ende presupuestaria, en el
aprovechamiento de la recuperación económica europea, es simplemente
fundamentar una acción de gobierno en un terreno totalmente movedizo.
Estamos en el terreno de los futuribles; la imaginación es grande, cada
uno puede diseñar un futuro, es cuestión de colocar cifras y jugar con
ellas con mayor o menor habilidad y es un futuro inseguro e irreal. Para
1996 se espera que, en promedio, la Unión Europea crezca un escaso 1,5
por ciento, con un profundo debilitamiento en Francia y Alemania,
principales locomotoras europeas. En todo caso, según los datos de la
Comisión Europea, las perspectivas a corto plazo apuntan a un
mantenimiento del elevado nivel de desempleo actual en torno al 11 por
ciento de la población activa.
Los datos de nuestra contabilidad nacional nos hacen pensar en que es
difícil que la economía crezca un 3 por ciento en 1997. Pero lo más
importante es que incluso cumpliendo las optimistas perspectivas del
Gobierno, la tasa de paro en 1997 afectará al 21,5 por ciento de la
población activa. Incluso el moderado crecimiento existente se distribuye
de forma regresiva. Los salarios pierden participación en la renta
nacional, de forma que en los últimos cinco años, entre 1990 y 1995, los
costes laborales unitarios reales han disminuido en España un 6,5 por
ciento y según las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado,
en 1996 disminuirán al final del año un 0,9 por ciento y un 1 por ciento
en 1997.
Por tanto, y siguiendo la argumentación del señor ministro, ¿cuáles son
las medidas --porque así figuran en el libro-- de carácter estructural
orientadas a incrementar la capacidad productiva de la economía? ¿Vender
a la iniciativa privada los sectores más estratégicos del sector público?
¿Asistir cruzados de brazos ante la
creciente ola de reconversiones, reducciones de plantilla y cierre de
industrias y de empresas o limitarse simplemente, en nombre del mercado,
a crear un marco macroeconómico estable que ayude a desarrollar
eficientemente la iniciativa de los agentes económicos?
Sería importante que sobre esta cuestión se repasen los contenidos
específicos de la tan mencionada por mí Constitución Española y el papel
que los poderes públicos tienen en el desarrollo de la economía. Y sería
interesante recordar, solamente para tomar tierra de realidad, lo que ha
ocurrido en la industria española entre 1985 y 1995: pasar del 28 por
ciento al 21,5 por ciento del peso de la misma en el producto interior
bruto. Mantener, como dice el señor ministro, que reducir el desempleo de
manera significativa pasa ineludiblemente por un mayor ritmo de
crecimiento, así sin más, es confiar en el poder mágico de una
formulación desmentida ya por los hechos. Ya no se crea empleo a partir
de una cifra mágica del 2,5 por ciento del crecimiento.
Los últimos años, las experiencias de la realidad concreta, vienen
demostrando que los crecimientos económicos no conllevan necesariamente
la creación de empleo, y que cuando ésta se produce en términos tímidos,
apenas notables, lo hace en el empleo en precario. Un dato, el último.
Los datos de septiembre de este año nos indican que de todo el conjunto
de contrataciones solamente el 3,9 por ciento fue indefinida.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, si el cumplimiento de los
contenidos y plazos de la convergencia del Tratado de la Unión Europea
están en la base de estos presupuestos generales, no es menos cierto que
también se utiliza el Tratado de Maastricht como excusa, coartada y
justificación para una política económica injusta e insolidaria. Y ello
se ve con claridad al hablar de los pilares del presupuesto: ingresos y
gastos.
El presupuesto, en su apartado de ingresos, está marcado por las
siguientes características: fiscalmente regresivos y de impacto negativo
sobre la recaudación. Han rebajado los impuestos a las rentas del
capital, especialmente con la ruptura de la progresividad fiscal en las
plusvalías y la actualización de los balances. La imposición directa está
soportada básicamente por los asalariados. Han subido los impuestos
indirectos sobre el tabaco y sobre el alcohol. Se han creado nuevas tasas
en la ley de acompañamiento. La actualización de balances para años
futuros supone una cuantiosa merma de ingresos fiscales, y aunque para
1997 se pretende paliar con el 3 por ciento del llamado peaje, no deja de
ser en el futuro una disminución de ingresos. Y quisiéramos que el señor
Ministro de Economía y Hacienda nos clarificase si sus declaraciones
acerca de que suponía un beneficio para los empresarios en torno a los 3
billones de pesetas es cierto.
El gasto fiscal, que asciende para 1997 a más de 3,8 billones de pesetas,
nada menos que el 27,4 por ciento de recaudación está previsto en este
tributo. No se trata de cuestionar todo gasto fiscal, sino alertar de que
buena parte del mismo es dudoso en relación a su eficacia social y
económica. La reducción por aportaciones a planes de pensiones es
fuertemente regresiva. Para 1997 están presupuestados 85.447 millones de
pesetas por este concepto. El gasto fiscal en vivienda, 618.609 millones,
pensamos que debe ser revisado, el que se refiere al IRPF con criterio de
renta. Se están produciendo bonificaciones para segunda residencia y
viviendas de alto precio. El gasto fiscal en el Impuesto sobre Sociedades
está evaluado en 627.820 millones de pesetas, el 42,55 por ciento de su
previsión de ingresos. No existen estudios que justifiquen la eficacia
económica de este gasto fiscal.
El presupuesto, en su referencia a gastos, tiene las siguientes
características. El gasto público decrece, en términos reales, en un 0,8
por ciento. Es de destacar la caída de la inversión pública en un 16 por
ciento, aproximadamente unos 150.000 millones de pesetas. Las inversiones
previstas en infraestructuras para el transporte por carretera casi
duplican la inversión destinada a la infraestructura ferroviaria;
mientras la inversión en infraestructura de la Dirección General de
Carreteras alcanzará los 313.382 millones de pesetas, la inversión de la
Dirección General de Ferrocarriles sumará unos 46.860 millones de
pesetas. En el ferrocarril se invertirá un 15 por ciento de lo que está
previsto invertir en carreteras. Esta distribución de las inversiones en
infraestructuras mantiene la dificultad de alcanzar un reparto
ecológicamente adecuado de transporte entre los diferentes modos.
Los empleados públicos, unos dos millones, sufren una congelación
salarial que, unida a otras que ya vienen de otras épocas y a incrementos
salariales por debajo del IPC de otros tiempos, los sitúa con un 12,2 por
ciento de pérdida de poder adquisitivo, desde 1992.
Los gastos en educación y cultura caen un 2,5 por ciento; así, el gasto
público educativo del conjunto de las administraciones públicas
permanecerá estancado alrededor del 4 por ciento del producto interior
bruto. Esto significa que un año más --otro año más, no es el primero,
porque viene de atrás--, no se cumplirá con la disposición adicional
tercera, punto uno, de la Logse, en la cual se afirmaba que el gasto
público en educación será equiparable al de los países comunitarios. En
tal caso, la convergencia --esta convergencia sería importante--,
supondría acercarnos al 6 por ciento del producto interior bruto.
El gasto en sanidad crece por debajo del IPC previsto. Mientras se
paraliza la implantación de la red de centros de salud, se corta el gasto
en hospitales y se pone en marcha la privatización del sistema sanitario
público. Comparando los gastos, consecuencia de las
competencias medioambientales, dispersas antes en varios ministerios, con
los presupuestados para el recientemente creado Ministerio de Medio
Ambiente, hay una reducción cercana al 25 por ciento.
Los gastos dedicados al desempleo e incapacidad temporal se reducen en un
9,8 por ciento, en términos reales. La tasa de cobertura por desempleo ha
descendido 13 puntos entre 1992 y 1995, situándose hoy en día cercana al
50 por ciento. Y, perdonen SS. SS. nuevamente, leamos el artículo 41 de
nuestra Constitución, a ver lo que dice sobre esto.
En el gasto en pensiones, el Gobierno no ha respetado su compromiso con
las centrales sindicales y ha reducido la aportación del Estado, de
232.000 millones, a 16.000, en la partida destinada a garantizar las
pensiones mínimas, trasladando a las cotizaciones sociales esa carga, lo
cual pone en peligro el sistema público.
Se da un último paso para acabar con el Inem, como servicio público de
empleo. Se reduce su presupuesto en un 20,1 por ciento y se prevé a
través de la ley de acompañamiento un nuevo vaciamiento de competencias.
El gasto en I+D aparenta un importante crecimiento que no es tal, puesto
que se trata de hacer frente a los compromisos de pago derivados de la
aportación española a los programas aeronáuticos europeos que no se
realizaron desde 1995; es decir, se recoge en presupuesto para 1997
gastos duplicados por las anualidades correspondientes a 1996 y 1997.
Drásticos recortes en subvenciones a empresas públicas y otros entes
públicos por encima del 20 por ciento.
Respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, no sólo se aleja del objetivo
del 0,7 por ciento del producto nacional bruto para esta legislatura,
sino que en 1997 no llegaremos siquiera al 0,35 por ciento, cifra
comprometida por el Partido Popular al firmar el Pacto de Solidaridad con
la plataforma del 0,7 por ciento.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como queda demostrado por
las cifras, el capítulo de ingresos y gastos refleja lo que dijimos al
comienzo de nuestra intervención: estamos ante unos presupuestos
fiscalmente regresivos y, por tanto, injustos y en abierta contraposición
con el artículo 31 de nuestra Constitución y, además, injustos
socialmente por el aumento de la carga impositiva sobre las capas
populares, amén del descenso de inversiones que impulsarían la economía y
las prestaciones sociales.
La pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿En nombre de qué ese
sacrificio? La respuesta es doble. En nombre de una política neoliberal
propia del pensamiento y la acción política conservadoras y en nombre de
una terrible obcecación, pretender que la construcción europea se hace
con criterios y plazos estrictamente monetarios, olvidando la dimensión
social y la unión política. Bien es cierto que esa obcecación la
comparten ustedes con otros grupos de esta Cámara.
En estos presupuestos no hay ninguna alusión a las previsiones para 1998
y años siguientes. Es el fin de la historia. ¿Qué va a ocurrir a
continuación? Todo se centra en estar en lo que de manera propagandística
se viene denominando países de primera. Son ya multitud las voces que
vienen sumándose a lo que nuestra fuerza política viene planteando hace
tiempo, que las políticas neoliberales que informan la convergencia de
Maastricht y las acciones de los gobiernos conducentes a la misma están
produciendo más desorden económico, menos justicia social y más desorden
político; que, con estas políticas neoliberales, el marco del futuro para
nuestros jóvenes es más que inquietante. Por primera vez en muchas
décadas las generaciones futuras van a vivir peor que sus padres, menos
trabajo, más inseguridad laboral y menos derechos sociales.
Es ya sabido, como veníamos anunciando, que el acceso a la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria, si se consigue, no es sino el inicio
de una fase muchísimo más dura, de mayores costes sociales, sin
compromiso alguno en cuanto a la creación de empleo. ¿Dónde está el
compromiso de empleo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿En qué sectores? ¿De qué manera?
Nunca se habla de eso. Se tapa, se oculta. Solamente se habla de lo bien
que estaremos si llegamos a la tercera fase de la Unión Monetaria.
Las últimas declaraciones del Gobernador del Banco de España, los
acuerdos entre los gobiernos de Alemania y Francia en torno a lo que
llaman la cooperación reforzada y el objetivo ya apuntado de obtener
superávit --ya se habla incluso no de ir al déficit cero, sino de obtener
superávit en los ejercicios presupuestarios de cada Estado de la Unión
Europea-- nos eximen de que comentemos más cosas.
Señorías, las políticas neoliberales, que por mor de la convergencia de
Maastricht se han venido realizando en España durante los últimos años,
culminan en estos presupuestos en una auténtica manipulación contable que
intenta, mediante lo que se conoce como contabilidad creativa, hacer una
operación cosmética que permita superar el trance de 1997. Primero, se
desplazan hacia años posteriores la contabilización y el devengo del
gasto.
Así, el artículo 124 de la ley de acompañamiento crea un nuevo tipo de
contrato para la realización de obras públicas, por el que éstas se
pueden conceder sin consignación presupuestaria y se pagan al final de la
obra, lo que se llama llave en mano, lo cual significa dilatar para años
posteriores la aparición del gasto. No se reconocen las deudas de
empresas o entes del sector público, que ascienden a un valor de 525.000
millones de pesetas (Renfe, Radiotelevisión Española), pero a
continuación se les permite concertar empréstitos para pagar la deuda.
¿Consecuencia? Estos gastos van a aparecer más adelante. Se adelantan
ingresos. Se eleva el tanto por ciento de sociedades, que se cobra por
adelantado. Para 1997, supondrán unos 100.000 millones
de pesetas, lo cual significa también que se dejarán de percibir al año
siguiente. Se computan como ingresos que reduzcan el déficit las
cantidades obtenidas por la venta del sector público --y la gran
contradicción que ha habido en el último debate no es que se esté en
contra de que se privatice, sino que ustedes privatizan muy aprisa,
aunque en el fondo, se comparte esa filosofía--. Obviamente, eso no es
una reducción del déficit, sino solamente la financiación inmediata del
mismo, quedando el déficit estructural para más adelante. Y todo ello
conducente a las siguientes consecuencias: los déficit reales aflorarán
en años venideros y ello supondrá, por los compromisos contraídos con la
convergencia de Maastricht, un plan de ajuste añadido a los necesarios
planes de ajuste tendentes al superávit; la hipoteca más allá de la
convergencia de Maastricht para hacer una mínima política de
redistribución, en atención a las necesidades sociales más perentorias.
En resumen, estamos ante el ajuste permanente. Ajuste, ajuste y ajuste.
No solamente va a haber ajuste, como S. S., señor Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Hacienda, ha dicho aquí esta tarde, para los
años 1996 y 1997. El ajuste va a ser permanente hasta que, si se llega,
puedan estar todos los países teniendo superávit. Pero la convergencia de
Maastricht también está sirviendo de excusa, de coartada y de tapadera
para una política económica en beneficio de los poderes económicos y
sociales más reacios al Estado del bienestar e incluso al Estado social y
democrático de Derecho.
Se ignora la lucha contra el fraude fiscal, se mantiene una agresión
constante a lo público, el paroxismo privatizador es evidente en la
acción del Gobierno, se detraen recursos de la sociedad para drenarlos
hacia la iniciativa privada sin ninguna contrapartida, se privatizan las
ganancias del sector público y se socializan las pérdidas del mismo, se
escamotea la proyección de futuro más allá de 1997; es como si no hubiese
nada después de la tercera fase de acceso a la moneda única.
Por otra parte, en el final de mi intervención, el empecinamiento del
Gobierno en cubrir como sea el expediente de la convergencia le lleva a
hacer propuestas legislativas que bordean sentencias del Tribunal
Constitucional. El proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social modifica 53 leyes, crea un impuesto, un impuesto sobre
la prima de seguros, recargando con un 4 por ciento algunos, como el de
automóviles, accidentes en la vivienda o el seguro agrario, y además crea
9 tasas; todo ello sin olvidar la práctica abusiva de legislar en meses
anteriores a través de la publicación de varios decretos-ley, disminución
de imposición a las plusvalías, actualización de balances, suelo,
etcétera.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en los tiempos que corren,
en los que la inseguridad de la ciudadanía crece cada día como
consecuencia del paro, la precariedad, las reformas laborales, unos
presupuestos como éstos son una injusticia flagrante y de una
insolidaridad manifiesta con la mayoría de la población. Esta injusticia
y esta insolidaridad se justifican con el argumento mesiánico de la
tierra prometida de Maastricht. Ni siquiera esto es así. Los datos de
este presupuesto entran en competición, en cuanto a trucos y
manipulaciones, con los otros gobiernos de la Unión Europea y esta
competición de disparate se hace en nombre de un objetivo mágico: 1999.
Los ingresos falsos, los gastos diferidos, la carga fiscal sobre las
capas más desfavorecidas, las congelaciones salariales, el
desmantelamiento del sector público industrial y del sector público de
servicios y la ausencia de compromiso alguno sobre la creación de empleo
estable caen sobre una atónita ciudadanía a la que, a cambio de tanto
sacrificio, se le promete un futuro de gran rentabilidad. ¿Dónde? ¿En la
otra vida?
Queda una última razón para solicitar la devolución de estos
presupuestos: la incompatibilidad de los mismos con nuestras propuestas,
con los objetivos que las mismas pretenden cumplir y con los valores que
informan nuestra visión alternativa de política económica y social.
Primero, porque para nuestro grupo parlamentario la creación de empleo
estable es el objetivo al cual hay que supeditar todas las medidas de
política económica. Como el sábado, la economía se ha hecho para el
hombre y no al revés. Segundo, porque, consecuentemente, los ejes básicos
de una política económica alternativa serían los siguientes: Creación de
tejido productivo; fortalecimiento de un sector público dinámico que,
basado en el concepto de desarrollo ecológico y socialmente sostenible,
permita dar cumplimiento a su función redistributiva y garantice el
acceso de toda la ciudadanía, en calidad y cantidad de servicios
públicos. Una política económica basada en la gestión de la demanda y en
la utilización del presupuesto como instrumento de política económica, y
no sólo como instrumento de política monetaria.
Una política fiscal de carácter eminentemente progresivo, que erradique
el fraude. Los elementos y parámetros de un marco macroeconómico estable
(déficit, inflación) deben ser relativizados, sin olvidar, en absoluto,
sus tendencias; deben supeditarse en su evolución al ritmo de actividad
económica, evitan cualquier coste deflacionista. Ha de haber un futuro y
un proyecto de futuro a medio y largo plazo en el que los mecanismos
constitucionales sean utilizados por el Gobierno, a fin de crear tejido
productivo, planificar la actividad económica (artículo 38 y 131 de la
Constitución) y atender a las necesidades sociales. Y hay que trabajar
para un marco de política europea que sea el de una auténtica
construcción federal. La unidad económica y la unidad política no pueden
ir descompasadas. Europa, en estos momentos, va camino de ser un gigante
monetario, ni siquiera económico, y un enano
político. Una construcción así exige que figuren como objetivos
fundamentales de la convergencia el paro, el gasto social y el Estado del
bienestar.
Por estas razones, señorías, por las que he expuesto anteriormente y por
la reflexión con la que inicié mi intervención, nuestro grupo
parlamentario pide a la Cámara que devuelva al Gobierno, para su
reelaboración, su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
año próximo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anguita.
Señor Vicepresidente del Gobierno, para réplica.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Anguita; gracias, señor Borrell, por su intervención.
Quiero agradecer al señor Anguita, como líder de Izquierda Unida, su
participación y su intervención, en lo que supone de interés del debate.
En ese sentido, creo que voy a tener que hacer dos contestaciones
radicalmente distinta. Una, obligatoriamente, es una contestación sobre
política económica; la otra va a ser una repetición de las comparecencias
de altos cargos. En cualquier caso, yo no puedo evitarlo. El tono del
debate lo fijan los interlocutores de los grupos parlamentarios y se
entienden perfectamente las distintas estrategias, probablemente
consecuencia de las distintas posiciones.
El señor Anguita ha planteado, primero, una argumentación general sobre
que los compromisos europeos españoles suponen una entrega de soberanía y
una pérdida de control democrático. Yo no creo que los compromisos
internacionales que acepta este Parlamento suponga una pérdida de
soberanía, puesto que la soberanía radica aquí. Y, señor Anguita, cada
vez que aprobamos aquí los convenios internacionales estamos
comprometiendo nuestra legislación interna, en muchísimos temas. Por lo
tanto, no comparto con S. S. que solamente cuando hablamos de integración
europea estemos haciendo algo distinto de lo que hemos hecho cuando hemos
planteado muchos convenios internacionales.
Seguramente S. S. no considerará, por poner uno muy relevante, que ser
probablemente el país del conjunto de la OIT que más acuerdos sobre la
OIT ha aceptado suponga una pérdida de soberania. Le pongo un ejemplo que
seguramente es cercano a sus posiciones, y me permitirá que lo haga así.
Podría hacer lo mismo con la Organización Mundial de Comercio y podría
hacer lo mismo, y lo hago sin duda, con la integración europea.
La existencia de bloques económicos a nivel regional es un hecho en el
que estamos viviendo. España puede y debe debatir y tomar decisiones
sobre si quiere o no pertenecer a ese tipo de bloques, con su soberanía.
No olvide, señoría, que los órganos de decisión de la Unión Europea son
órganos en los que está presente claramente el Gobierno de España, que
refrenda sus decisiones en esta Cámara, que somete al control de esta
Cámara y del Parlamento europeo las decisiones, tanto del Consejo como
del Ecofin, y que, por lo tanto, al mismo tiempo, la Comisión, como
consecuencia del Tratado de la Unión, está cada vez más sometida al
Parlamento europeo.
Es cierto que, en un proceso de integración de estados soberanos,
tendremos mucho que debatir y mucho que aportar sobre los nuevos
mecanismos de control y el perfeccionamiento de los que vivimos aquí. Sin
duda. ¿Que el viejo Parlamento español, acostumbrado a tener un Gobierno
sin comunidades autónomas, tiene hoy que compartir competencias con
comunidades autónomas que tienen sus propios parlamentos? Sin duda. ¿Que,
en un proceso tan importante, históricamente tan único, como el de la
integración europea, el Parlamento español, y como el Parlamento español
el resto de los parlamentos europeos, tendrán que perfeccionar sus
sistemas de control y que debemos hacer un claro esfuerzo para aumentar
la capacidad y la relación de nuestras comisiones mixtas? Sin ninguna
duda. Pero, señoría, pretender que el único control democrático es el que
conocemos, sin que esta Cámara sea capaz de evolucionar acorde con los
tiempos, no lo comparto.
Dice S. S. que hemos cedido soberanía. Insisto, ¿en beneficio de quién?
No hemos cedido soberanía. Estamos, voluntariamente y con la soberanía
popular, en un proceso de integración europea. También dice S. S. que los
objetivos de la integración y, por tanto, los objetivos del presupuesto,
que yo reconozco que coinciden con esos objetivos, son contradictorios, y
ahí introduce un criterio que ya he tenido ocasión de debatir en la
Comisión Mixta con su portavoz y que seguramente va a dar lugar a muchos
debates en esta Cámara, y es el concepto de ajuste permanente. Señoría,
no estoy de acuerdo con usted, no vamos camino de un ajuste permanente,
vamos camino de la estabilidad macroeconómica, que es distinto.
Vivir en inestabilidad macroeconómica, saber a pocos años vista las
restricciones de nuestro comercio exterior, es decir, el crecimiento de
las importaciones mucho más rápido que el de las exportaciones y la falta
de competitividad de nuestra economía, nos lleva al ajuste permanente.
Cuando nuestros diferenciales de interés con los países con los que
comerciamos --y no hemos de olvidar que el 60 por ciento de nuestro
comercio lo realizamos con la Unión Europea--, cuando nuestros
diferenciales de precios, cuando los diferenciales de inflación en los
que viven nuestros ciudadanos, son considerables en relación con los de
nuestros competidores, vamos camino del ajuste permanente.
Pero cuando estamos acercándonos, como en este momento España está
acercándose, a niveles de estabilidad macroeconómica, que ya ha
conseguido en el sector exterior y que debe conseguir en el sector de
precios y en el déficit público, no estamos entrando en el ajuste
permanente, señoría, sino en la estabilidad macroeconómica, que, en el
mundo en que vivimos, es el único camino para el crecimiento sostenido y
estable.
Es verdad, sin duda, que vivimos en un mundo globalizado, pero queremos
vivir en un mundo globalizado, queremos comerciar con el Tercer Mundo,
queremos abrir nuestras fronteras a las posibilidades de otros países,
queremos tener la posibilidad de que nuestros consumidores puedan comprar
productos de todo el mundo, queremos dar a nuestros ahorradores la
posibilidad de colocar su ahorro donde les parezca, queremos tener un
mundo abierto y, en ese mundo abierto, el ajuste permanente es lo que nos
queda de las épocas de los desequilibrios, de las épocas de las políticas
de déficit público constante, que, antes o después, llevaban y han
llevado a este país y a otros muchos a crisis económicas y a ajustes
permanentes.
Por tanto, no coincido con su señoría. No vamos a vivir en un mundo
perfecto; los ciclos económicos van a existir y seguramente tendremos
unos años con más dificultades que otros, pero a mí no me cabe duda de
que si tenemos una economía más flexible y tenemos una economía menos
inflacionista nos alejamos de los ajustes para entrar en un período de
crecimiento sostenido y estable, con sus problemas.
Después, S. S. --y también el señor Borrell-- introduce el criterio de la
contabilidad creativa. Seguramente ése es un criterio recurrente en este
momento. En Europa, como consecuencia de ejemplos de otros países, está
de moda que todo el mundo busque contabilidades creativas. Yo no creo que
en este presupuesto la haya; no creo que nosotros, en este presupuesto,
estemos haciendo modificaciones sustanciales en los conceptos de ingresos
y gastos. Ha puesto usted un ejemplo --y también lo ha puesto el señor
Borrell-- diciendo que estamos anticipando ingresos. ¿Es que alguna de
SS. SS. pretende que desaparezca el proceso de pagos a cuenta que se
realiza en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que se
realiza en el Impuesto sobre Sociedades? Estoy seguro de que no. ¿Es que
no es bueno que se acerque la relación entre el hecho imponible y el
momento económico? Es verdad que este Gobierno propone que las grandes
empresas aumenten un 25 por ciento sus pagos a cuenta, creemos que lo
pueden hacer y que lo deben hacer, pero no me digan ustedes que eso es
anticipar ingresos, porque tendrían que utilizar el mismo argumento con
el IRPF o con el resto de las empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
Por tanto, no estamos anticipando ingresos; estamos definiendo una
política de pagos, y es una política que otro gobierno puede variar, pero
no es una política de un solo año. Cada cual define su política
tributaria. Nosotros entendemos que las empresas que facturan más de
1.000 millones de pesetas deben hacer un esfuerzo del 25 por ciento en
acercar el momento del pago al momento económico del beneficio. Puede
haber señorías que no estén de acuerdo con esto, que no deben hacer ese
esfuerzo, ésa es una posición política como otra cualquiera.
Lo que más me ha sorprendido, y continúo en los argumentos de S. S. que
ha tocado temas similares con el señor Borrell, es el tema de las tasas.
¿De verdad, SS. SS., ambos grupos parlamentarios, creen que es justo que
actividades del sector público que están sujetas a tasas y que, por
tanto, se supone que deben ser financiadas por los usuarios, porque se
entiende que no son actividades esenciales que deban sufragar el conjunto
de los contribuyentes, debemos sistemáticamente dejar que ese principio
desaparezca? ¿Es que el hecho de que, desde 1988 a 1996, la inflación
haya crecido un 14 por ciento no quiere decir que, en este momento, en la
mayor parte de las tasas españolas lo que estamos haciendo es que el
contribuyente general las pague, beneficiando a los que tendrían que
pagarlas? ¿Y eso SS. SS. dicen que es un impuesto indirecto encubierto?
Sinceramente, puedo entender que haya un concepto político que diga que
no deben existir tasas, que da igual los bienes de que hablemos, sean
indispensables o no, que todos deben ser pagados por los contribuyentes;
ésa es una posición que entiendo, no la comparto, pero la entiendo. Pero
si existen tasas, señorías, tendremos que adecuarlas como adecuamos los
impuestos, Porque, entonces, a algunas de SS. SS., que se pasan la vida
hablando de la necesidad de tener un sistema tributario equitativo, de
repente les ha entrado un afecto por los usuarios de tasas que no se
puede entender. Yo comprendo que quieran ustedes criticar la política de
ingresos del Gobierno; al fin y al cabo, es el papel de la oposición,
pero, por favor, en el tema de las tasas, seamos un poco rigurosos.
Hemos creado algunas tasas nuevas. ¿Algunas de SS. SS., por ejemplo,
pensarán que en las empresas que piden licencias para películas, deben
ser sufragados los gastos en que la Administración incurre por el
conjunto de los contribuyentes? Vale. Es una posición normal. Nosotros
creemos que deben ser sufragados por esas empresas. Pero si alguno de
ustedes opina que no, que esas empresas deben ser sufragadas por el
conjunto de los contribuyentes, es una posición política como otra
cualquiera. Lo que es importante, si ustedes me permiten, es que SS. SS.
se aclaren si quieren que existan tasas o no, y después que identifiquen
en qué temas les interesan, porque, desde luego, si queremos que en este
país existan tasas --y después discutiremos cuáles deben existir o no--
de lo que no cabe duda es que habrá que actualizarlas, salvo que queramos
financiar las tasas a costa de todos los contribuyentes,
y eso me parece el peor de los caminos tributarios posibles.
Dice S. S. que el Tratado de Maastricht y todo lo que es el proceso de
integración europea no garantiza el empleo estable. Señoría, lo que no
garantiza el empleo estable es la inestabilidad macroeconómica y España
es un ejemplo, por desgracia, de libro. Tenemos la mayor cantidad de
empleo precario y somos un país que, en los últimos años, ha sufrido la
mayor cantidad de desequilibrios. ¿Qué más desequilibrio hay que tener
que devaluar cuatro veces en tres años? ¿Qué mayor muestra de
desequilibrio económico es que un país tiene que acudir a tener que
variar la cotización de su moneda porque no puede mantener los
equilibrios con el exterior? Ese ha sido nuestro problema. Y no creamos
que ese desequilibrio no tiene nada que ver con la reacción de nuestro
mercado laboral.
En ese sentido, creo que las experiencias nacionales e internacionales
nos indican que la estabilidad nos conduce mucho más al empleo estable.
Lo he dicho en mi primera intervención y lo reitero ahora: Las
modificaciones que se han introducido en España en el mercado laboral,
las moderaciones salariales, han llevado a un efecto muy beneficioso, y
es que en este momento podemos crear empleo en un umbral menor del
crecimiento económico, y eso es bueno para todos; sin duda que es bueno
para todos. Creamos empleo antes en el ciclo y ello beneficia al conjunto
de las personas que encuentran empleo en ese momento.
Dice S. S. que la posición del Gobierno es que la inversión pública no
crea empleo y que sólo debemos apoyarnos en la inversión privada. No, no
comparto para nada eso. El Gobierno hace un esfuerzo, criticado por
algunos de ustedes, por usted y por el señor Borrell, supongo que por el
Grupo Izquierda Unida y por el Grupo Socialista, sobre cómo ha decidido
el Gobierno financiar la inversión en infraestructuras este año; pero el
Gobierno es plenamente consciente del papel que debe jugar el sector
público en la creación de infraestructuras, y también que, en muchas de
esas infraestructuras, iremos jugando un papel en combinación con el
sector privado, llámese con financiadores, llámese con usuarios, pero sin
duda que el sector público debe jugar un papel y un papel decisivo en la
creación de infraestructuras.
Su señoría ha dicho que vivimos en un futuro inseguro e incierto. En
España hemos conseguido que el futuro sea menos inseguro y menos
incierto, en opinión de todo el mundo, en los últimos meses, y
seguramente, si nos comparamos, en los últimos años. La economía española
es una economía con más solvencia, los ciudadanos españoles --y ustedes
me disculparán que haga alusión a las encuestas-- están contestando
sistemáticamente que ven el futuro económico con más tranquilidad, y lo
ven con más tranquilidad probablemente porque los ciudadanos españoles se
tranquilizan cuando ven menos inflación, y yo estoy convencido de que los
ciudadanos españoles se tranquilizan cuando saben que los objetivos de
gasto del sector público son más moderados y que el Gobierno está
decidido a reducir el déficit público.
Ha mencionado S. S. --y en esto coincide con algunos comentarios del
señor Borrell-- el tema de los efectos sobre los ingresos de la
actualización de balances. El Gobierno ha tomado la decisión de que los
balances se actualizaran con un impuesto del 3 por ciento, y después
ambos me han insistido en qué sucede a partir de 1998. La experiencia de
las anteriores actualizaciones españolas de balances nos indican que los
efectos de la actualización de balances sobre la reinversión compensan
con creces la actualización de balances, y no hay ninguna serie que
indique la caída del Impuesto de Sociedades. Sus señorías pueden decirme
que creen no va a ser así en esta ocasión. Tengo que decirles que son
prácticamente los únicos que lo creen, es una discusión sobre creencias,
pero la experiencia empírica no demuestra para nada esa situación.
Se discute sobre la posibilidad de que el sistema que el Gobierno ha
elegido para inversiones, la contribución por parte de inversiones
extrapresupuestarias, no es satisfactoria. Nosotros creemos que sí lo es,
y en ese sentido también me sorprende la posición del Grupo Socialista,
porque una de las últimas medidas del Gobierno socialista que se aprobó
en esta Cámara fue el Plan rector de infraestructuras, y en el mismo se
indica que del total de infraestructuras previstas, el 30 por ciento --el
30 por ciento, repito--, tendrán que ser financiadas
extrapresupuestariamente. El Gobierno plantea el 15 por ciento. No sé si
S. S. votó ese artículo del Plan rector de infraestructuras, pero el
Grupo Socialista tuvo que haberlo votado, y no es bueno que estemos aquí
ante operaciones de oposición de oficio, porque tengo que decirles que si
ustedes consideran que es malo que el 15 por ciento de la inversión
pública se haga por fórmulas extrapresupuestarias, no es posible que eso
se compadezca con la posición hace menos de doce meses de su grupo y del
Gobierno que su grupo respaldaba. Por tanto, no hagamos oposición de
oficio, por lo menos no la hagamos cuando hemos sido Gobierno durante
trece años y hasta hace seis meses; deben darse un poco plazo para hacer
oposición de oficio, pero recuerden lo que ustedes mismos han propuesto a
la sociedad española: de 18 billones, cinco y pico, casi seis, de
financiación extrapresupuestaria. Ese va a ser el camino, me parece que
es un camino razonable, mi grupo lo respaldó y lo pone en práctica; en
ese sentido no coincido con las críticas que se han hecho.
Respecto a los empleados públicos, se insiste en que el Gobierno plantea
un sacrificio --el Gobierno lo reconoce-- y se nos pide diálogo. El
Gobierno está demostrando bastante capacidad de diálogo. ¿No suficiente?
Seguramente no suficiente. Yo creo que un Gobierno debe tener siempre
intenciones de tener más
capacidad de diálogo, pero creo --y vuelvo a reiterar-- que en este
momento se pide a los funcionarios públicos un sacrificio en un contexto
inflacionista, el menor en comparación con cualquier posición anterior, y
desde luego la de 1994 y, además, se pide en un esfuerzo que vale la
pena, porque es pedir sacrificios salariales para dejar el déficit
público en el 6,6 por ciento yo me pregunto qué creerán ustedes que
piensan de ustedes los funcionarios, y ahora ya me dirijo al Grupo
Socialista, si ustedes les pedían sacrificios del 4,5 por ciento para que
el déficit público no se moviera respecto al año anterior. Sin duda
estarán ustedes legitimados, pero no veo que tengan ustedes demasiada
razón detrás para pretender que, pidiendo un esfuerzo para llevar el
déficit al 3 por ciento, se pueda criticar esa medida.
Hemos hecho, señor Anguita, una revisión de la ayuda al tercer mundo.
Considera el señor Anguita que no cumplimos el objetivo planteado, es
verdad, pero planteamos ahora créditos realistas, y estamos comprometidos
con aumentar esa política dentro de un margen de restricción
presupuestaria y también buscando interlocutores más solventes,
interlocutores que demuestren cada vez más la existencia de una sociedad
civil completa.
Plantea el señor Anguita el hecho de que se piden sacrificios. Primero,
señor Anguita, el Gobierno no está pidiendo grandes sacrificios a la
sociedad, ha pedido sacrificios a los funcionarios, está pidiendo
sacrificios que algunos grupos parlamentarios consideran imposibles de
cumplir en el Capítulo 2. Ya lo veremos. Pero respecto a la política de
pensiones, la política de sanidad, la política de vivienda, la política
de educación, el aumento de la presión en los grandes impuestos, no
considero que el Gobierno esté planteando sacrificios, está pidiendo
sacrificios al Estado. Es el Estado, es el sector público el que en este
presupuesto se somete a sacrificios muy importantes, hasta el punto de
que nuestros antecesores dicen que no seremos capaces de realizarlos.
¿Son quizá demasiado ambiciosos los presupuestos? Yo creo que no. Yo creo
que son plenamente posibles y que hay margen para que esa política se
pueda desarrollar, pero no se están planteando sacrificios a la sociedad
española en términos de la integración social, de la solidaridad, ni
tampoco en términos de los impuestos básicos que pagan los españoles.
No se está construyendo Europa, señor Anguita, desde criterios
monetarios. No es así. Los criterios monetarios o, mejor dicho, la
integración monetaria se produce como consecuencia del mercado único. Si
queremos que el mercado único, es decir que esos 380 millones de
consumidores den toda su capacidad al crecimiento económico, tenemos que
hacer una integración económica real lo más efectiva posible, y es
indudable que una integración con una moneda única, que evite lo que
pueden ser diferencias constantes de estabilidad en los cambios, y que
evite, además, distorsiones en los tipos de cambio, es un paso
significativo para que todos los europeos vivamos en un conjunto
económico y político más integral, pero no son criterios monetarios.
Es indudable que hay un cambio de política económica. Es indudable que se
está definiendo que la estabilidad macroeconómica y el sector público se
mantengan en criterios moderados de crecimiento y que el déficit público
se sitúe en criterios moderados para poder ser financiado. Esta es una
posición política que S. S. puede no compartirla, pero no estamos
hablando exclusivamente de criterios monetarios, ni del fin de la
Historia.
Creo que lo he dicho en esta Cámara y ahora lo reitero, que éste es
probablemente el primer presupuesto de una nueva política presupuestaria.
Sus señorías se sorprenden y dicen: todo esto que ustedes plantean ahora
no lo vamos a poder hacer. ¡Lo vamos a poder hacer! Y, además, lo vamos a
poder hacer durante varios años porque ése va a ser uno de los requisitos
de la estabilidad macroeconómica. Por eso, a veces, me sorprende que haya
grupos parlamentarios que dicen que coinciden en los objetivos y no en
los instrumentos. Ahí sería importante definir en qué instrumentos están
pensando. Cómo van a conseguir la estabilidad macroeconómica. Los grupos
parlamentarios que quieran un 3 por ciento de déficit para 1997, me
gustaría que me explicaran si creen que el gasto público agregado puede
crecer más del 2,1, porque si lo dicen, se equivocan. No tendrán un
déficit público del 3 por ciento.
Además, me gustaría que me dijeran, en caso de que el gasto agregado
crezca el 2,1, dónde debe realizarse, en su opinión, la política de
intensificar la reducción del gasto. Eso son opciones. Me gustaría que
aquellos que dicen compartir los objetivos, también compartieran, por lo
menos, la racionalidad de los instrumentos, porque, cuando nos acercamos
al gasto público y decidimos que crezca el 2,1, si al mismo tiempo
queremos que las pensiones y la sanidad se mantengan, tenemos que tomar
una serie de decisiones, algunas de las cuales, vuelvo a repetir, estaban
anticipadas en decisiones del Gobierno anterior, como es el Plan rector
de infraestructuras.
No es el fin de la Historia, es efectivamente una nueva política
presupuestaria. El gasto público va a ser un gasto moderado, que va a
satisfacer a los ciudadanos, en el que tiene que primar la eficacia y en
el que seguramente nos vamos a encontrar con fórmulas de participación de
la iniciativa privada, por un lado en la financiación de infraestructuras
y, por otro, en la prestación de servicios.
Nosotros planteamos algunas en estos presupuestos, como es, por ejemplo,
el control de la incapacidad laboral transitoria o de la incapacidad
temporal, y puede haber grupos que nos digan: no estamos de acuerdo con
esa participación, pero el que diga que no está de acuerdo me gustaría
que nos dijera cómo pretende controlar el déficit en esa incapacidad.
Sobre el proceso de privatización, S. S. dice que privatizamos muy
aprisa. El señor Borrell ha hablado de las joyas de la corona (Rumores.)
que es una vieja frase suya; perdón, las joyas de la abuela, no es
institucional, simplemente lo mantenemos a nivel familiar.
Creo que no privatizamos muy deprisa. Estamos planteando un proceso de
liberalización económica. Indudablemente el Estado está cambiando sus
activos de unos intereses a otros, y nosotros apostamos por eso.
Es verdad --y me extenderé después-- que planteamos un nuevo sistema de
financiación de la empresa pública, pero es que --y es bueno que esta
Cámara reflexione, y desde luego yo voy a contribuir a ello-- tenemos que
saber qué ha sucedido en la empresa pública española, porque todo el
mundo tiene legitimidad para decir lo que quiera, faltaría más, pero hay
que tener también solvencia, y me parece que las cifras de la empresa
pública --que pasaré a comentar en la parte que se parece más a una
comparecencia de los altos cargos-- son muy ilustrativas sobre la
solvencia de cada quién en este debate. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien! Rumores.)
Es verdad que se modifican, y ahí también coinciden, aunque con menos
solvencia, si se me permite, las dos posiciones. La ley de acompañamiento
es una ley ambiciosa. El CES nos critica en los mismos términos que
criticaba la ley anterior, lo que pasa es que este Gobierno, lo he dicho
antes, tiene que hacer el cien por cien del esfuerzo de convergencia.
Entonces, aquellos que no compartan el programa de convergencia
seguramente tienen derecho a decirnos qué prisa tenemos, pero aquellos
que comparten el programa de convergencia, lo han hecho, y no han sido
capaces de cumplir ni el uno por ciento, tendrían que darnos un margen
para que tuviéramos posibilidad de llevarlo a cabo. (Aplausos.) Además, y
aunque después tengamos que entrar en una fase de comparecencia de los
altos cargos, si SS. SS. quieren les leeré los párrafos completos de lo
que el CES decía en las leyes anteriores, que por cierto no conseguían
que nos acercáramos ni un porcentaje a los criterios de convergencia.
No creo que estemos aumentando la inseguridad de los ciudadanos en el
futuro, no lo creo; creo que al revés, creo que los ciudadanos españoles,
como el resto de ciudadanos europeos, pero especialmente los españoles
tuvieron una experiencia terriblemente amarga en el último ajuste como
consecuencia de los desequilibrios que se fueron acumulando en la época
de déficit presupuestarios crecientes. Creo que las cifras que he dado de
que la deuda pública creció entre 1991 y 1996 más de 21 puntos demuestra
hasta qué punto la política presupuestaria es la responsable de que
hayamos vivido en una situación muy inestable económicamente, con cuatro
devaluaciones y que, indudablemente, según vayamos corrigiendo esa
sensación, según vayamos corrigiendo esa realidad, los ciudadanos viven
en un ambiente más estable.
Es indudable que los ciudadanos ven que sus perspectivas de ingresos, sus
perspectivas de empleo, de capacidad adquisitiva, de ahorro y sus
perspectivas de tipos de interés que pagan, son cada vez más favorables
para ellos, y en ese sentido no coincido con la apreciación de S. S.
sobre la inseguridad de los ciudadanos.
Dice S. S. que hay una política alternativa. Coincido con S. S. en que
hay que tener políticas de tejido productivo, pero si no tenemos bajos
tipos de interés, si no tenemos políticas cada vez más activas en el
mercado laboral, si no tenemos una situación de negociación social y de
consenso social, si no somos capaces de internacionalizar a nuestra
empresa, si no estamos mejorando la competitividad de nuestras
exportaciones, ¿qué potenciación del tejido productivo vamos a hacer?
¿El papel del sector público industrial va a ser el que dinamice el
sector productivo español? ¿El sector público español va a detraer de los
presupuestos las cantidades de dinero que requieren hoy las nuevas
tecnologías y va a dejarlas de aplicar a las políticas colectivas? No
coincido con S. S. Si en los años cincuenta o sesenta existía una
política industrial activa por parte del sector público, respondía a una
carencia de ahorro nacional e internacional que no podía financiar otras
operaciones, pero vivimos en un mundo absolutamente distinto. En este
momento, 100.000 millones semanales del ahorro de las familias españolas
van a la bolsa en este país. Estamos hablando de participaciones de tres
millones de pesetas como mucho en los fondos de inversión, por tanto
estamos hablando del pequeño ahorro. Se está produciendo un aumento de la
capacidad de ahorro de los ciudadanos. Existen instrumentos que tenemos
que perfeccionar como es el mercado de capitales. Ahí hay una fuente de
prosperidad y de financiación en la que el sector público no tiene por
qué jugar, tiene que hacer otras cosas que sólo puede hacer él. En eso
creo que el papel industrial del sector público sin duda puede existir en
políticas concretas de investigación y desarrollo, en políticas de
proyectos muy concretos, pero caminamos y estamos ya inmersos en una
situación en la que una gran parte de la actividad industrial proviene
del sector privado y del mercado de capitales.
Agradezco al señor Anguita su intervención y sus posiciones; he tratado
de contestar al mayor número de sus cuestiones.
En el caso del Partido Socialista no puedo contestar a una alternativa,
porque no me la han planteado. Han dicho que coinciden con los objetivos,
pero no me han dicho cuáles son sus instrumentos. Supongo que no pueden
ser los mismos que antes porque con los instrumentos de antes no se
cumplían los objetivos; por tanto, entenderé que están a la búsqueda de
unos instrumentos. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Hoy el
señor Borrell --entiendo perfectamente
que el líder del Partido Socialista no haya querido hacerlo-- ha salido a
la búsqueda de unos instrumentos. Espero que esa búsqueda sea corta y sea
fructífera, pues deben ustedes buscar esos instrumentos, porque si
ustedes siguieran gobernando nadie tendría la menor confianza en que este
país se integrase en la Unión Económica y Monetaria. Ninguna. (Un señor
Diputados ¡Muy bien! Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En ese
sentido entiendo que la avidez de datos del señor Borrell se refiere a la
búsqueda de esos instrumentos.
Era todo perfectamente previsible, porque he estudiado las
comparecencias, y el señor Borrell me ha planteado otra vez las mismas
preguntas que ha planteado en todas las comparecencias de altos cargos.
Tengo que entender que no han quedado enterados o que simplemente
pretenden continuar con las mismas preguntas, da igual lo que les
contestemos. En cualquier caso, lo único que puedo contestarles es lo que
ya le han contestado. En ese sentido no es un dialogo de sordos, pero les
reiteraré las contestaciones cuantas veces me haga usted la misma
pregunta y le reiteraré las mismas contestaciones que le han dado mis
compañeros. Por tanto, empezaremos por el principio.
El señor Borrell, el Grupo Socialista dice, y lo ha dicho varias veces,
que no sabe cuál es la base de cálculo de este presupuesto. Es muy fácil,
señor Borrell. La base de cálculo de este presupuesto, el presupuesto del
que partimos, se lo hemos dicho, se lo vamos a reiterar y me temo que
vamos a estar contestando a esta pregunta todo el tiempo, pero el «Diario
de Sesiones» tiene mucha paciencia. Es el presupuesto prorrogado, más el
Real Decreto 1/1996 con la dotación para Sanidad, administraciones
territoriales, actuaciones de personal, más los intereses de la deuda
pública, más la actualización de pensiones de clases pasivas, menos el
acuerdo de no disponibilidad de 28 de diciembre. Ese es el presupuesto
que nosotros estamos considerando.
Podrían decirnos que sólo deberíamos considerar el presupuesto
prorrogado, que no deberíamos tener en cuenta el aumento de pensiones, ni
el aumento de retribución de los funcionarios, ni el acuerdo de no
disponibilidad de 28 de diciembre. Creemos que eso no tiene sentido
económico. Ahí vuelve a plantear el señor Borrell, sin duda con ganas de
que le reiteremos en la seguridad, que hay 500.000 millones que son del
capítulo 8 y que no pueden sumarse. Ya se lo han dicho en las
comparecencias, pero no me importa repetírselo, al fin y al cabo para eso
estamos aquí. Yo le repito a usted lo que sea, pero si me pregunta lo
mismo que pregunta a mis compañeros, en este tema y en otros le tengo que
contestar lo mismo.
Pasamos ahora a la Seguridad Social. Fíjese que lo he traído preparado,
porque es que era tan claro que iban ustedes a ir por sus mismas
preguntas, que da igual. Lo lamento, porque el resto de Diputados, sobre
todo los que han ido a la Comisión de Presupuestos, dirán: esto ya es
mucho, dos veces. (Rumores.--Aplausos.--Un señor Diputados ¡A ver si se
enteran!)
Empecemos por las dudas del señor Borrell sobre el crecimiento de las
cotizaciones. El presupuesto de la Seguridad Social para 1997
efectivamente establece que la cifra prevista de cuotas de ocupados para
1997 supone un incremento del 7,68 por ciento; es decir, pasa de siete
billones 71.000 millones a siete billones 614.000 millones. Este
incremento se debe a la variación en el número de cotizaciones, 2,1 por
ciento de incremento, y a la variación de la base media de cotización,
3,6 por ciento de incremento, lo que supone un total del 5,7. La
diferencia entre este 5,7 y el 7,68 total previsto se debe al efecto en
la recaudación de otros conceptos que no son homogéneos en el tiempo, es
decir que no todos los años se pueden cuantificar igual. Estos conceptos
en 1997 son los siguientes, y usted ya lo sabe, porque se lo han contado:
Uno, cotizaciones resultantes del programa de mejora de gestión destinado
a intensificación en la reducción de la morosidad y en la lucha contra el
fraude. Dos, cotizaciones adicionales de la Munpal. Tres, ingresos
resultantes de derechos reconocidos pendientes de cobro. Cuatro,
cotizaciones por horas extraordinarias. Cinco, cotizaciones resultantes
de la recaudación en vía ejecutiva. Seis, cotizaciones derivadas de la
integración en el sistema de la Seguridad Social.
Puedo entender como estrategia parlamentaria que S. S. pregunte lo mismo
para ver si hay alguna diferencia, lo que ya me parece más grave es que
trate de transmitir la sensación de que no hay garantía en la Seguridad
Social española, pues con los errores de presupuestación del presupuesto
de 1996, del que ustedes son responsables, tendrían ustedes que tener un
poquito de cuidado, Ustedes, por ejemplo, para estrenarse, redujeron el
préstamo a la Seguridad Social a capón de 440.000 millones a 276.000.
¿Qué esperaban ustedes, que el Gobierno siguiente no pudiera?
Presupuestaron mal un mayor gasto de 170.000 millones y una menor
recaudación y, sin embargo, nosotros estamos pudiendo porque estamos
siendo capaces de gestionar su presupuesto, si usted me lo permite, mejor
de lo que ustedes lo hubieran hecho. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien! Aplausos.)
Señor Borrell, el préstamo de Tesorería a la Seguridad Social de 350.000
millones, que ya se lo han explicado, figura como gasto del Estado pero
no como ingreso en el presupuesto de la Seguridad Social, y para el
cálculo de las necesidades de financiación del presupuesto consolidado se
descuenta el importe correspondiente a este préstamo en operaciones
internas.
Sobre las preguntas de Seguridad Social, me falta una, es el tema de la
minoración a mínimos de las pensiones, y creo que el señor Anguita lo ha
mencionado también. Hasta el año 2000 --y en el Pacto de Toledo se
reconoce-- no está tomada la decisión de cuál
será el carácter si contributivo o no de la compensación a mínimos de las
pensiones. Nosotros entendemos que ésa es una contribución que debe ser
financiada en este momento por cuotas contributivas porque, al mismo
tiempo, como he dicho en mi intervención, separamos claramente las
fuentes de financiación entre la Sanidad, que es una prestación
universal, y las pensiones contributivas, que son una prestación
contributiva. En ese sentido, si su grupo parlamentario considera que
antes del año 2000 hay que llevar a cabo una definición sobre los
complementos a mínimos, estaremos dispuestos a escucharlo, pero nuestra
posición la conocen desde todas las comparecencias, pero está visto que
le han encontrado ustedes gusto a esto de las comparecencias y quieren
ustedes repetirlas también en el Pleno.
Voy a ir por orden, porque, según le he dicho, como ya era absolutamente
previsible, vamos a entrar ahora en otro tema. Su señoría ha mencionado
en una parte de su intervención las dificultades que tiene este Gobierno
con los interventores. No tenemos ninguna. Hemos heredado una situación,
una situación que llegó a ser extraordinariamente explosiva, porque hubo
un Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos que molesto con la
reacción de los interventores, llegó a calificarlos de alborotadores
callejeros. Reconocerá usted que nos los hemos encontrado encantados de
la vida con sus jefes políticos, porque llamar a la gente alborotadores
callejeros y tener dos huelgas de interventores es un récord de las
administraciones socialistas que nadie va a superar.
Es cierto que los interventores han escrito una carta en la que
claramente dicen: primero, que ellos no son responsables de las
obligaciones no reconocidas porque los gestores las ocultaban --los
gestores las ocultaban--; que los nuevos gestores las afloran y ellos las
validan. Los interventores están para validar las cosas, salvo cuando son
alborotadores callejeros como los calificó alguien que usted y yo
conocemos de cerca. (Aplausos.)
La carta la tengo aquí. Yo también la he leído, si quiere le leo los
párrafos, claramente lo dicen y en un párrafo dicen algo que me atañe a
mí personalmente y es que no los he recibido todavía. Tienen razón y pido
disculpas públicamente, lo haré pronto y me encontraré con que las
dificultades que se generaron en la gestión que dio lugar a dos huelgas
de interventores, caso único en la Administración española todavía no se
han resuelto. Llevamos cinco meses, indudablemente deberíamos haberles
resuelto, pero las resolveremos sin llamar a nadie alborotador callejero,
me parece que era la palabra.
Se nos ha dicho que exageramos con los altos cargos. El Gobierno no puede
estar más satisfecho, se lo voy a decir más que satisfecho agradecido de
abrir este debate, porque el Gobierno estaba un poco en una situación,
como diría yo, preocupada, porque el 23 de febrero pasado, del año 1996,
es decir justo a una semana del cierre de la campaña electoral el
Gobierno anterior toma una decisión que ni siquiera pasa por Consejo de
Ministros, por la que realmente se crea una situación que podríamos
llamar en términos privados de blindaje de los altos cargos. (Rumores.)
Si, si, se la voy a leer porque es muy divertida. Hasta esa fecha, en que
alguna persona sin buena intención podría pensar que el Partido
Socialista creía que no podía perder las elecciones, cuando un alto cargo
dejaba de serlo tenía que encontrar un puesto correspondiente a su grado
personal, quiere decir que si era titulado había que encontrarle un
puesto de titulado. A partir de esa fecha el puesto debe ser de igual
nivel y similar retribución en el mismo municipio y si no existe puesto
vacante disponible se creará uno. (Prolongados rumores.) Les aseguro que
es el BOE del 23 de febrero de 1996, léanlo ustedes. Si ustedes
consideran que es mucha cara dura ya sabrán ustedes a quien tienen que
ponerla. (Continúan los rumores.--Aplausos.)
Les aseguro que cuando el nuevo Gobierno se enfrenta a la reducción de
altos cargos, que sin duda no ha sido suficiente, y espero que nos
inciten a más, es la primera vez en trece años que se reducen los altos
cargos; hasta ahora crecían siempre, ahora se empiezan a reducir y
ustedes nos dicen que no es suficiente. Se ha reducido el 30 por ciento
de directores generales y el 15 por ciento de subdirectores generales.
Ustedes dicen que hay que hacer más. No sé si nos incitan. Vamos a hacer
más, pero nos encontramos con el problema de que para reducir el coste de
los altos cargos el real decreto que heredamos de SS. SS. era un problema
serio. Ahora que el Grupo Socialista, entendemos que rectificando de esa
decisión tomada sin pasar por Consejo de Ministros, por unos secretarios
de Estado, nos pide que intensifiquemos la reducción del coste de los
altos cargos, no le quepa a usted ninguna duda de que lo haremos. Señor
Borrell, le agradecemos profundamente y entendemos que será una
instrucción directa del jefe de filas para decirle que semejante cosa hay
que modificarla; estudiaremos si jurídicamente es modificable y
encontraremos sin duda el respaldo en el Grupo Socialista, que mañana
seguramente tendrá bloqueadas... (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Continúo. He mencionado el tema del 15 por ciento que este Gobierno
decide hacer de inversión pública extrapresupuestaria, y he dicho que
estamos siguiendo un criterio que fue además de consenso y que ahora, de
repente, parece que la oposición de oficio ya exige que se olviden
ustedes de todo. No hace falta. Se nos insiste en algo que también creo
que fue objeto de una larga comparecencia del Jefe de la Oficina
Presupuestaria del Presidente en la Comisión de Presupuestos explicando
cómo se compatibilizan ambas cuestiones. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: ¡Barea!) Incluso creo que calificó con notas a los que
le preguntaban,
no muy buenas (Risas.), pero yo no soy profesor de nadie y por tanto no
voy a calificar a nadie. Voy a repetir los argumentos que se dieron, que
seguramente tendremos que repetir sine die. Yo comprendo que éste no
responde a un debate de una enmienda de totalidad a los presupuestos,
pero cada grupo plantea lo que quiere, señorías. Ustedes son muy dueños
de elegir lo que quieren hacer, pero ahora lo que no voy a cometer yo es
la descortesía de no contestar. (Aplausos.--Risas.)
El momento en que se contrae la obligación, de acuerdo con el principio
de devengo, es cuando la obra se entrega. En ese momento es cuando el
compromiso se hace efectivo y corresponde contraer la obligación. La
diferencia entre suficiencias presupuestarias y los compromisos de gasto
derivados del modelo de pago aplazado es que el SEC y la contabilidad
pública distinguen en el criterio de devengo según se trate de bienes y
servicios, transferencias de renta u operaciones de capital. Cuando se
trata de bienes y servicios, es decir, el caso de una carretera, se
contabiliza en el momento en que el bien pasa de un agente a otro. Es
decir, la empresa privada entrega la obra a la Administración. Las
aportaciones del Estado a Renfe son transferencias de renta que se
contabilizan en el momento en que sufre la obligación de pago. Esto ya se
lo habían explicado a ustedes, pero yo vuelvo a insistir. Si ustedes
quieren les leemos las comparecencias cuantas veces las necesiten para
rellenar el tiempo hasta que encuentren cómo coincidir en los
instrumentos.
Tengo aquí una frase que voy a leer porque creo que es ilustrativa sobre
lo que cada cual piensa en cada momento. Es una frase de un alto cargo
del Gobierno anterior sobre el tema de la colaboración o no de los
precios, de los usuarios en los precios. Dice: Déjeme que le diga --no es
de quien parece--, finalmente, que nadie ahorra lo que es gratis, que
nadie ahorra lo gratuito, que los mecanismos de precios hace mucho tiempo
que se han inventado para ser aplicados para racionalizar el consumo de
cualquier cosa, y no veo por qué ese elemento no se puede aplicar también
en el campo de la agricultura o en cualquier otro de los factores de
producción. Esta es una frase dicha por el entonces Ministro de Obras
Públicas, el 25 de mayo de 1994. Creo que es una frase ilustrativa sobre
lo que se pensaba. Lo importante es que se mantengan las mismas
concepciones, por lo menos durante un plazo de caducidad. Ya he aludido
alguna vez a la necesidad de que mantengan ustedes en su discurso
político un plazo de caducidad, como los alimentos, porque ni siquiera
llegan ustedes a ese término medio. (Aplausos.)
Señor Borrell, me ha planteado usted la empresa pública, las joyas de la
abuela, etcétera. Creo que es importante que esta Cámara sepa lo que ha
sucedido en este país con la empresa pública. Respecto a asunciones de
deuda, entre 1983 y 1996 se ha asumido deuda en la empresa pública por
valor de 2 billones 436.000 millones de pesetas, a lo que hay que añadir
230.000 millones de Radiotelevisión, 21.000 millones de Tabacalera,
29.000 millones de Caja Postal y 28.000 millones del COOB. Si a eso
añadimos Rumasa, no con la contabilización del Grupo Popular, sino con la
de Patrimonio del Estado, son 750.000 millones. Es decir, en asunción de
deuda, bajo su gestión han asumido deuda --han tenido pérdidas-- por 3
billones 500.000 millones de pesetas en la empresa pública, a lo que hay
que añadir lo que hayan sido transferencias de capital y lo que hayan
sido transferencias corrientes, y han producido ustedes una pérdida de
70.000 empleos sólo en la Agencia Industrial del Estado.
Desde luego, reconozco que todo Diputado tiene perfecta legitimidad para
opinar de lo que quiera, pero el Grupo Socialista sobre empresa pública
debería ser un poco más responsable, porque el efecto de ustedes sobre la
empresa pública ha sido una auténtica catástrofe. (Rumores.) Y yo espero,
en aras de esa búsqueda de instrumentos a la que están ustedes ahora
destinados, que cuando el Gobierno plantee en esta ley, por ejemplo, que
los trabajadores de las empresas deficitarias en 1997 también tengan una
congelación salarial, aunque sea en recuerdo de esos 3 billones 500.000
millones de pesetas y de esos 70.000 empleos perdidos, ustedes lo
respalden, y que cuando el Gobierno plantee que algunas empresas, en este
momento, en la Agencia Industrial del Estado que ustedes consideraban
irrecuperables puedan pasar a situaciones de mercado, ustedes las
respalden y no hagan política no ya de oficio sino demagógica.
Pero sigamos con la empresa pública. ¿Cómo se financiaba a la empresa
pública con los gobiernos anteriores? Es importante. Ya que ustedes lo
plantean, la Cámara lo debe conocer, como lo ha conocido. Hasta el año
1996 las empresas con beneficios, a través del INI, financiaban a las
empresas con pérdidas y, además, el Estado asumía deuda. En el año 1996
encuentran ustedes el mejor de los mundos. La SEPI, que tiene beneficios,
otorga dividendos al Estado que contabilizan en el déficit y el Estado
asume deuda de la Agencia Industrial del Estado que no contabiliza el
déficit. ¡Estupendo, era un mundo sensacional! Lo que pasa es que, claro,
es un truco que no ha podido durar mucho tiempo. (El señor Borrell
Fontelles hace signos negativos.) Bueno, señor Borrell, puede usted
menear la cabeza lo que quiera. Y nosotros planteamos una fórmula
distinta. Separamos lo que es la financiación del Estado de la empresa
pública. Entendemos que la empresa pública debe, como hacen estos
presupuestos, por un lado, financiar y reducir la carga del préstamo
histórico del INI, que lo hace en 250.000 millones, y además aportar
230.000 millones en un lado y 60.000 millones, en otro, a la Agencia
Industrial del Estado. Porque nosotros pretendemos que las empresas de la
Agencia Industrial del Estado no estén
condenadas a ser deficitarias para siempre, sino que puedan contribuir al
beneficio nacional, convirtiéndose muchas de ellas en empresas rentables
y en empresas posibles en el mercado. Y esperamos la ayuda del Grupo
Socialista para conseguirlo.
Y continúo con la inversión pública: la Agencia Industrial. Sería bueno
que el Grupo Socialista --no tendré yo la presunción de decir que no se
hablan entre ustedes-- supiera que en febrero de este año los ministros
entonces responsables firmaron un acuerdo de aportaciones del Estado a la
Agencia Industrial del Estado. En términos globales, la aportación de
recursos a la Agencia Industrial del Estado era de 116.000 millones de
pesetas, de los cuales 66.500 millones ya estaban previstos en el
convenio-marco firmado el 23 de febrero por el Gobierno anterior, y
nosotros planteamos una reducción, por tanto, de 50.000 millones de
pesetas en su previsión. Y la voy a explicar. Por un lado, el ahorro de
la congelación salarial, que va a ser difícil y que ahí espero, cómo no,
la contribución de los que han perdido 3 billones 500.000 millones en
asunción de deuda en la empresa pública española, y también en la
reducción de 2 puntos de los tipos de interés.
Con respecto a Renfe, señoría, quisiera recordarle que las transferencias
corrientes se reducen con respecto a las presupuestadas en 1996 en 33.000
millones de pesetas, según el informe económico-financiero de 1996 hecho
por su Gobierno. Aumentan, sin embargo, las transferencias de capital en
3.000 millones de pesetas y hay que contabilizar, en nuestra opinión, la
inversión en infraestructura ferroviaria de 60.000 millones. Pero sin
duda el Gobierno tiene la intención de plantear una renegociación del
contrato programa de Renfe porque, primero, en este año vence el convenio
y, segundo, existen claras razones desde el punto de vista de los tipos
de interés para plantear que las aportaciones por las deudas deben ser
distintas. Y ahí esperamos la colaboración de SS. SS.
Paso ahora, cómo no, al tema de las comunidades autónomas. Su señoría me
pide, le pide al Gobierno que anticipemos el reparto de la financiación
por comunidades. ¿Su señoría me puede contestar si van ustedes a darle
permiso a las comunidades regidas por socialistas para que puedan
acogerse al nuevo sistema? (Rumores.) No hay permiso ¿no? Pues entonces
se les aplica el sistema anterior, pero me temo que no va a ser en
beneficio. Ustedes sabrán. (Un señor Diputado: ¿Cuánto cuesta?) Se lo
hemos dicho. La base para el año 1997 es la de 1996. Por tanto, no hay
aumento de gastos para el Estado. Es verdad que prevemos mecanismos de
solidaridad. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 4.400 millones que aumentamos el
Fondo de Compensación Interterritorial que ustedes tenían congelado desde
el año 1993; 10.000 millones de pesetas que dedicamos al desarrollo del
artículo 15 de la Lofca, que ustedes nunca habían desarrollado. Y además
planteamos tres garantías. Desde el punto de vista de que ninguna
comunidad autónoma recibirá menos dinero del que recibe ahora, se
garantiza el 90 por ciento del crecimiento de la financiación al
crecimiento de la media y que el 90 por ciento de la financiación per
cápita también se garantiza. Ustedes pueden enmendar eso y decir que no
lo cumplamos. Nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. ¿Pero cuántas
comunidades autónomas estarán en esa situación? Ustedes que han gobernado
tanto tiempo a lo mejor lo saben. (Rumores.) Ustedes han dejado a algunas
en mala situación respecto a la financiación per cápita, sin duda. A lo
mejor, ustedes que han gobernado tanto tiempo nos lo pueden decir.
Nosotros tenemos la impresión de que no va a ser el número de comunidades
que ustedes han dejado, sino que van a mejorar, porque el crecimiento de
la financiación de las comunidades autónomas va a tener capacidad de
gestión y capacidad también normativa.
Tengo que pasar, con disculpas al señor Presidente, a la segunda parte de
las comparecencias de altos cargos. (Rumores.) ¡Qué le vamos a hacer!
Pero si ustedes preguntan nosotros les contestamos. Voy a ir más deprisa
porque ustedes han dicho que el cuadro macroeconómico es voluntarista. Es
una posición como otra cualquiera pero no estoy seguro de que se sustente
en la evolución trimestral de los datos. En cualquier caso usted ha dicho
que tenemos la obligación de ser optimistas. Entiendo que en ese sentido
interpreta usted que el cuadro macroeconómico del año que viene es
posible, aunque usted lo considera en la banda más ancha. Hace usted bien
en considerarlo posible.
Respecto a la evolución de los ingresos, señor Borrell, ya se lo han
dicho y yo se lo reitero. Por ejemplo, en la evolución del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas tenga usted en cuenta el ritmo de las
devoluciones. Nosotros --ya se lo hemos dicho-- hemos adelantado la
gestión de las devoluciones. Estamos devolviendo 42.500 millones de
pesetas que ustedes estaban retrasando y, en términos homogéneos, el
crecimiento del IRPF --si descontamos que en el año 1996 se están
anticipando devoluciones y, por tanto, se está incrementando el gasto en
ese año-- es del 6 por ciento. Y lo mismo sucede en el IVA, que pasa del
8 por ciento al 7,9 por ciento, teniendo en cuenta la evolución de las
cotizaciones.
Al tema de la actualización de balances he contestado anteriormente.
Respecto a la deflactación de la tarifa les hemos explicado --y lo vuelvo
a reiterar en la Cámara, ya he dicho esto en mi primera intervención--
que hemos simplificado a diez tramos y hemos reducido la tarifa para
todos los contribuyentes, en especial para los que tienen rentas menores
a dos millones de pesetas, introduciendo una disminución de 3.000 pesetas
en la cuota íntegra. Me pregunta S. S.: Si hubiéramos mantenido la tarifa
anterior y hubiéramos deflactado, ¿qué se hubiera
producido? No es fácil comparar porque en este momento hay ocho tramos
menos. Pero según las estimaciones de la Agencia Tributaria, el 85 por
ciento de los contribuyentes sale más beneficiado con el sistema actual
que con la mera deflactación y el otro 15 por ciento sale igual. Y da la
simple casualidad de que ese 15 por ciento está en la parte alta de las
rentas porque la disminución de las 3.000 pesetas en la cuota íntegra
produce ese efecto.
Entramos ahora en los efectos de la política de incrementos patrimoniales
del Gobierno que, según usted, es la que justifica todo el cambio de
política tributaria. Debe ser porque este año van a declarar muchas más
personas que cuando ustedes gobernaban (Rumores.) Porque ¿saben ustedes
cuántas personas declaraban en al año 1994, que es el último del que hay
datos? Cuatrocientas mil personas, con una cuota de 295.000 millones. Y
este resultado da una cuota líquida estimada de 46.000 millones de
pesetas. El 20 por ciento de 295.000 millones es más de 46.000 millones
de pesetas. Es verdad que nosotros introducimos un mínimo exento de
200.000 pesetas. Por tanto, no pueden ustedes decir, con una recaudación
líquida estimada de 46.000 millones de pesetas, que cualquier
modificación en las rentas de capital va a producir grandes cambios
porque ¿quién declara rentas de capital en este país hasta que ustedes
han gobernado, que son los últimos datos que hay? (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Muchas, sí; bueno no tantas,
400.000 personas, ya se lo he dicho. Pero le voy a describir qué 400.000
personas. El 40 por ciento tienen plusvalías menores a 200.000 pesetas y
el 80 por ciento tienen plusvalías menores al millón de pesetas.
Comprendo que puede ser un debate útil el que ustedes quieren plantear
desde el punto de vista de las reuniones de partido y de los mítines,
pero aquí no nos lo pueden decir porque les vamos a contestar siempre lo
mismo, y ustedes lo saben. En este país, lo que hemos hecho al modificar
la legislación de rentas de capital es darle al pequeño ahorrador la
misma oportunidad que tiene el grande, que es elegir en función de la
rentabilidad y no de los impuestos. Y sobre esta monstruosidad, según
ustedes, que es la que practican todos los países de la Unión Europea, le
digo lo mismo que le dije la anterior vez que debatí este tema con
ustedes. Me gustaría saber si se atreven a decir que la van a variar, que
si ustedes ganan las elecciones vamos a volver al sistema anterior, por
el cual el paso del tiempo exonera a cualquier plusvalía y nos alejamos
completamente del mundo civilizado. Nadie tiene ese sistema en el mundo
civilizado, por lo menos en la Unión Europea.
En ese sentido puedo entender que digan que les gusta más que la gente
con plusvalías menores a 200.000 pesetas, menores a un millón de pesetas,
tome sus decisiones sobre ahorro en función de los impuestos y no de la
rentabilidad; nosotros queremos que sólo tome decisiones en función de la
rentabilidad la gente que no está sometida al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Es una posición política como otra cualquiera.
Económicamente, insostenible, pero políticamente cada cual mantiene lo
que quiere. Pero no me digan ustedes que estamos afectando a los grandes
movimientos de plusvalías porque saben que no es verdad. A lo mejor en
esa búsqueda sobre cómo concilian coincidir con los objetivos y con los
instrumentos se ven obligados a decirlo en algún sitio en el que no
tengan que confrontarse con nosotros, porque si no les tendremos que
decir una y otra vez que el 80 por ciento de las plusvalías que se
declaran en este país en el Impuesto sobre la Renta son menores de un
millón de pesetas y el 40 por ciento menores de 200.000 pesetas que, por
cierto, ahora van a estar exentas.
No sé si me queda algo de la comparecencia de altos cargos que S. S. haya
introducido para dar sensación de que había mucho número por aquí y mucha
confusión. Si me queda algo S. S. me disculpará; comprenda que esto
empieza a ser un poco largo.
Señor Borrell, le agradezco mucho su intervención, como no podía ser de
otra manera. Comprendo que una alternativa económica, después de no haber
cumplido ningún año el déficit público del Programa de Convergencia, no
se improvisa en cinco meses. Espero que ustedes sean capaces de
desarrollarla y tendrán toda nuestra ayuda. (Rumores.--Aplausos.) Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Ruego a quienes porten algún artefacto de telefonía móvil que lo dejen
fuera. Sea de donde fuere, es igual. La telefonía móvil no tiene sitio en
el hemiciclo en ninguno de los lados.
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, señorías, el Gobierno no
tiene límite en el tiempo de intervención. La oposición sí, pero me acojo
a la benevolencia del Presidente. (Rumores.)'
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio y respeten al orador,
entre otras cosas porque si guardan silencio podrá exponer en menos
tiempo todo lo que desea.
El señor BORRELL FONTELLES: Pierde usted el tiempo, señor Rato, si quiere
convertir este debate en un debate personal. Aquí estamos para discutir
una enmienda a la totalidad al presupuesto que usted ha presentado. De
eso hemos venido a hablar.
Le hemos hecho preguntas y usted ha contestado unas sí y otras no, pero
hemos venido a hablar del proyecto de presupuestos que presenta su
Gobierno, y cualquier intento de hablar sobre lo que pasó por la
cabeza o en la realidad a uno o a otro, hace unos años, no es de interés
para el debate de hoy. El interés del debate de hoy --otro día lo
hablamos si quiere usted-- es saber si sí o si no la presión fiscal sube
el año que viene, y eso usted no me lo ha contestado.
Respecto a las comparecencias, usted ha dicho hoy aquí en el debate que
no subía la presión fiscal. Yo le he dicho: Sí sube, 0,38 por ciento.
¿Debo entender de su respuesta que mantiene que no sube? Pues está usted
en un error y el país lo tiene que saber. Los impuestos y las
cotizaciones de acuerdo con sus previsiones suben el 0,38. Es lo que me
interesa que quede claro en este debate: su proyecto sube la presión
fiscal. Fíjese que ni siquiera se lo reprocho, simplemente le pido que lo
constate.
En segundo lugar, le he preguntado que cuánto crecía el gasto público y
le he dicho que en términos homogéneos crecía no el 1,7 que usted
argumenta. Usted me replica diciendo que yo digo que no sé cual es el
presupuesto de comparación. Sí lo sé, lo sé muy bien, lo cuenta el libro
amarillo: es el que resulta de la prórroga más 470.000 millones de
pesetas que añaden ustedes, que no es el presupuesto inicial y, por
tanto, no debe ser objeto de comparación con el otro presupuesto inicial.
No me diga que no sé qué presupuesto base de comparación usan. Claro que
lo sé. Lo que le reprocho es que usan uno construido ad hoc, porque ni es
el inicial, ni es la previsión de cierre. Y por eso le sale 1,7, porque
aumentan la base para que crezca menos. Si quitan eso de la base les
crece el 4,5, y eso usted no lo ha desmentido. Ha hecho un dribbling
dialéctico para hacerme decir lo que no he dicho. Y le he dicho más: que
si computan los capítulos 1 a 8, porque el 8 está lleno de cosas que
llaman préstamos pero no lo son --en cualquier caso, tendrán ustedes que
financiarlo, emitir deuda para pagarlo--, decrece usted el 6, y eso
tampoco lo ha desmentido usted y de eso hemos venido a hablar señor Rato.
En cuanto a la Seguridad Social --le contesto porque quisiera que el
debate sirviera para algo--, lo único que me ha dicho es que la
estimación que le he citado como referencia es verdad y que la diferencia
entre una cosa y otra son atípicos. Ingresos que provienen de una mejor
gestión. Magnífico. Ya sabemos a qué se debe la diferencia: mejor
gestión. Pero no me ha dicho nada sobre el cálculo del mayor gasto en
pensiones por la tasa de reposición que usan; de eso ni media palabra.
¿Debo entender que sí, que tengo razón yo y hay 80.000 millones de
pesetas más de gasto previsto? Tampoco me ha dicho por qué razón suponen
ustedes un ahorro seis veces mayor que este año en la invalidez temporal
¿Qué debo entender? ¿Que hay o no hay un déficit encubierto? ¿Me dice
usted que el préstamo de 350.000 millones es meramente de tesorería y que
no se va a consolidar a final de año? Si es así, no entiendo qué pinta en
el presupuesto de gastos del Estado. No debería estar ahí. Si está es
porque es una autorización que da este Parlamento para que se consolide
al final del ejercicio.
Usted no me resuelve las dudas y yo me quedo con ellas. No sabemos muy
bien cuál será el déficit de la Seguridad Social. Lo que sí sabemos,
señor Rato, porque usted lo ha dicho aquí, en la tribuna --y supongo que
quedará reflejado en la opinión--, es que para ustedes los complementos
de mínimos son prestaciones contributivas. Pues bien, éste es el
documento que han firmado con los sindicatos. Y en este documento han
firmado ustedes que los complementos de mínimos tienen naturaleza no
contributiva. Página 5. (Rumores.) En la página 5 de un documento que
firman con los sindicatos dicen que tienen naturaleza no contributiva y
el Ministro Vicepresidente del Gobierno viene a las Cortes a decir que
sí, que son contributivos. Pasa como con el artículo 61, ¿cuál vale? Por
cierto, ¿cuál vale? Los dos, valen los dos. ¡Estupendo! Valen los dos.
(Rumores.) Dicen cosas distintas pero valen los dos. Debe ser como el
acuerdo con los sindicatos. Valen los dos. Con los sindicatos se dice que
son no contributivos y en las Cortes se dice que son contributivos.
Magnífico. ¡Todo un ejemplo de seriedad! ¿Qué vale, el acuerdo con los
sindicatos o la palabra del Vicepresidente del Gobierno en las Cortes?
¿No les parece a ustedes que es una pregunta políticamente relevante?
¿Que este país tiene derecho a saber si cuando firman diciendo que una
cosa es blanca al día siguiente no se puede venir a las Cortes a decir
que es negra? ¿No le parece esto más relevante que una frase de hace años
sobre los interventores?
Sobre la Seguridad Social quizá tenga ocasión de rectificarse a sí mismo
en la réplica a la réplica, pero nos quedamos sabiendo menos de lo que
sabíamos cuando hemos venido aquí.
Le voy a contar qué es lo que hacen ustedes con la empresa pública:
cambiar el problema de sitio, pura y simplemente. Porque lo que ustedes
hacen es financiar con la venta de activos o con el incremento de pasivos
de la SEPI el endeudamiento de las empresas que se produce como
consecuencia de la supresión de transferencias presupuestarias.
Consolidando balances es lo mismo. Hay una diferencia, y es que
haciéndolo como lo hacen quitan del presupuesto un gasto que como tal
subiría el déficit y quitan un ingreso que como tal no computaría en el
déficit, y lo dan directamente por fuera del presupuesto. ¿Esto es una
contabilidad imaginativa? ¡Pues sí! ¿Se lo reprocho? ¡Pues no!
Simplemente le digo que el problema estaba en un sitio y lo han puesto en
otro a efectos de lucir un déficit menor. ¿Saben qué consiguen con eso?
Una tercera parte de la reducción del déficit que luce su presupuesto
procede de este artificio contable, de los 250.000 millones de pesetas
que enajena la SEPI para financiar las deudas de las empresas que antes
financiaba el presupuesto. Así de claro. ¿Cuánto privatizan: 800.000 o
450.000 millones? Tampoco me lo ha contestado usted, pero yo
le voy a hacer las cuentas. Ustedes hablan en el presupuesto de 450.000
millones de privatizaciones que proceden de patrimonio del Estado. El
Presidente de la SEPI, que ha estado aquí en las comparecencias famosas,
dice que la SEPI va a privatizar a su vez una cantidad, parte de la cual
la traspasa al Estado, 115.000 millones de pesetas, y el resto se lo
queda --dice-- para financiar empresas deficitarias que no han recibido
aportaciones del presupuesto. Pues bien, si ustedes suman los 450.000
millones de pesetas del presupuesto y los 460.000 millones que dice la
SEPI que va a privatizar y que no están en el presupuesto y le restan los
115.000 millones que uno le da al otro, les quedan 795.000 millones de
pesetas de privatizaciones entre los dos. ¿O no es así? Si no es así,
explíquemelo, y es la segunda oportunidad que tiene usted de hacerlo.
¡Pues claro que es así! Salvo que su presupuesto o el Presidente de la
SEPI no digan la verdad, el resto es aritmética. Setecientos noventa y
cinco mil millones de menos activos. ¿Y qué más da menos activos que más
pasivos? Al final el balance es el balance, y ustedes quitan del
presupuesto lo que no les conviene que luzca a efectos de déficit
maastrichtiano, porque los ingresos que lo compensarían no computarían a
efectos de ese déficit. No nos tomen por más tontos de lo que somos.
Cuenta nos damos y no hacemos nada más que decirlo, pero no vengan aquí
sacando pecho y diciendo que reducen el déficit por arte de
birlibirloque, de golpe y plumazo, porque lo hacen así, con las joyas de
lo que usted prefiera, de la monarquía o de la abuela. En este caso son
más bien del Estado español y de todos nosotros.
De eso es de lo que teníamos que hablar. Sobre la Seguridad Social yo
espero que quede constancia y que los sindicatos mañana pregunten qué
clase de papel han firmado con ustedes. Y las dudas siguen subsistiendo
sobre cómo se recauda y cuánto se gasta. Sobre la empresa pública creo
que está ahora más clara la pregunta ¿Son 450.000 o son 795.000 millones?
Sobre la financiación del déficit de las empresas, por fuera del
presupuesto. No me diga usted que el capítulo II es un esfuerzo de ahorro
y que nadie se sacrifica salvo el Estado; nadie, salvo el Estado. Es una
dialéctica muy típica de quien cree que Estado y sociedad están
enfrentados, de los que quieren enjaular al ogro filantrópico. Pero
¿quién es el Estado, señorías? ¿Un cartero es Estado? Pues parece que ése
se aprieta el cinturón. ¿Un cartero no es un ciudadano? Los niños de los
colegios, que van a recibir un 20 por ciento menos de gasto, qué son:
¿Estado o sociedad? No existe un Estado distinto de la sociedad. Cuando
dice usted que el Estado se aprieta el cinturón, pero que los ciudadanos
no, parte de esta dualidad, típica de la gente profundamente de derechas
a las que el Estado les sobra, y lo caricaturizan y lo presentan como un
ogro filantrópico o como una pantalla ante los ciudadanos que va en
contra de todos ellos a la vez, pero no diga usted que sólo el Estado
sufre el ajuste, porque detrás de cada peseta de ajuste hay un ciudadano.
Y podría replicarle a un montón de cuestiones más, pero no crean ustedes
que todo ha ocurrido en los últimos seis meses como si entre su Gobierno
y el nuestro mediara la distancia que va de la Edad de Piedra al siglo
XXI. Han encontrado un país dotado de mecanismos de redistribución
extraordinariamente eficientes.
He criticado sus medidas fiscales; creo que merecen crítica, pero estoy
dispuesto a aceptar que el tratamiento fiscal de las plusvalías puede ser
mejorado introduciendo más progresividad. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Que
caduquen al cabo de un tiempo? Pues mañana firmamos usted y yo un
proyecto de reforma extendiendo hasta el infinito la duración de la
tributabilidad de una plusvalía. Es verdad, las plusvalías viejas no
tributaban porque se quería primar el ahorro estable y se quería tener en
cuenta el paso del tiempo, pero no me diga usted que no es verdad que una
plusvalía grande, importante, obtenida especulativamente, rápidamente por
un señor de renta alta, antes tributaba al 45 por ciento como mínimo y
ahora tributa al 20 por ciento. ¿Es o no es así, señor Rato? (El señor
Homs i Ferret: Hoy no hay rentas altas.) ¿No hay rentas altas? Todo
depende de con quién la compare usted. El 80 por ciento de los
contribuyentes declara menos de 3 millones de pesetas; explíqueles lo que
es una renta alta.
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BORRELL FONTELLES: Pero, señor Rato, podemos mejorar la
tributación de las plusvalías, si usted quiere. Podemos mejorar la
tributación de las plusvalías para hacerla más progresista. Pero usted
estará de acuerdo conmigo en que se ha producido una emigración de
capitales desde cuentas corrientes hasta fondos de inversión y esto
significa una pérdida neta para la Hacienda pública, porque antes estaban
sometidas a una retención y ahora no.
Pero le insisto en que aquí hemos venido a hablar del futuro; al menos
nosotros hemos venido a
hablar del futuro. Y usted me ha reprochado en su intervención que
no le he hablado de las alternativas que se pueden plantear para hacer
este presupuesto mejor, para ofrecer a la sociedad española un camino
hacia Maastricht que sea más equitativo y más eficiente. Pues existen, y
podemos hablar de ellas si usted está dispuesto a plantear un presupuesto
que mejore el que ha presentado.
Nosotros creemos que la inversión no puede disminuir tanto. Por cierto,
¿a qué le llama usted financiación extrapresupuestaria? No será a los
150.000 millones, ¿verdad? Porque esos están en el presupuesto. Esos no
son extrapresupuestarios; ¿cómo van a serlo si están en el presupuesto?
Será otra cosa, pero esos no
son extrapresupuestarios; faltaría más. Luego esa relación del 15 por
ciento no sé de dónde viene; usted estará hablando de otras fuentes de
financiación.
Hace falta invertir más; hace falta no deprimir las rentas salariales de
los empleados públicos por una razón de equidad e incluso por una razón
de equilibrio macroeconómico. Porque, es verdad, hubo un tiempo en el que
también pedimos sacrificios a los empleados públicos. ¿Sabe qué pasaba
entonces? El PIB caía porque España estaba sumida en la recesión europea
provocada por la reunificación alemana, y ahora vamos a crecer al 3 por
ciento. Entonces se perdían puestos de trabajo a miles, y ahora se van a
crear 240.000. Entonces teníamos que aportar al desempleo un billón de
pesetas, y ahora con 250.000 millones cubrimos el problema. Entonces la
economía iba mal, y ahora parece que puede ir mejor. Esa es la
diferencia. Hacía falta pedir un sacrificio a todos y ahora no es
necesario pedírselo solamente a algunos.
Unas rentas salariales mantenidas en el sector público; más inversión;
una mayor estabilidad de la Seguridad Social con aportaciones del Estado
que nos ofrezcan más garantía; 25.000 millones más para la educación, de
la cual usted no ha dicho ni media palabra en su respuesta, ni media
palabra sobre la educación; 25.000 millones más para reponer el gasto al
mismo nivel que estaba en 1996, el mismo; cubrir los agujeros que hay en
Justicia y en Cultura que anulan la funcionalidad de muchos servicios.
Esas son cosas que creemos que este presupuesto debe recoger para hacerlo
más eficiente, más equitativo, para acompañar mejor el crecimiento que
nos proponemos conseguir.
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, concluya, por favor.
El señor BORRELL FONTELLES: Concluyo, señor Presidente.
Esto junto al contrato programa de Renfe, porque es imposible que Renfe
ahorre 60.000 millones de pesetas. Todo ello significa una movilización
de recursos adicionales que oscilan en el entorno de los 400.000 millones
de pesetas que hemos de encontrar y podemos encontrar.
Estoy haciendo, señor Rato, lo que usted nunca hizo. Usted nunca diseñó
la menor alternativa en su crítica. He revisado sus intervenciones en los
Plenos. Nunca hubo la menor alternativa. Una crítica absolutamente
destructiva. Nosotros estamos intentando ofrecer una alternativa que
mejore su presupuesto. (Rumores.) Les aseguramos que del diálogo puede
salir una mejoría notable.
Podemos ofrecer, como le digo, un mantenimiento de rentas, un incremento
de la inversión, una mayor Seguridad Social por una estabilidad
financiera más acorde con los déficit implícitos que usted no me ha
aclarado que no existan; mantener Renfe, Justicia y Educación. Esto es
posible obtenerlo si estamos dispuesto a aplicar el sistema tributario de
una forma que garantice el cumplimiento de las normas más eficientemente.
Señor Rato, usted no va a cambiar el sistema de tributación de las
plusvalías. Yo se lo propongo. Si lo que quiere es que no caduquen con el
tiempo; pues que no caduquen con el tiempo, pero que tributen a un tipo
progresivo, que no sea independiente la tributación de la cuantía de la
renta de la persona. Pero ya que tiene usted hoy un tipo constante,
proporcional, que se aplica a todas las plusvalías cualquiera que sea su
cuantía y que se puede calcular de forma automática e instantánea cada
vez que se realiza una plusvalía de un fondo de inversión, donde hay 20
billones de pesetas de ahorro, aplique usted inmediatamente una retención
a cuenta de la misma. Es un mero ejercicio informático. Cada vez que se
venda una participación en un fondo aplique usted una retención a cuenta.
Eso le va a dar, como mínimo, 150.000 millones de pesetas.
Modifique la tributación de las plusvalías o no, pero modifique la
tributación por módulos en IRPF. Eso puede dar, seguro, 40.000 millones,
porque ustedes estiman un gasto fiscal superior. Suprima la deducción del
5 por ciento por inversión en sociedades y la deductibilidad pendiente de
beneficios arrastrados del pasado, que le puede dar una cantidad mayor.
Aplique fondos comunitarios hasta el límite de los fondos de cohesión.
¿Es usted consciente que no los usa todos, que deja como mínimo 70.000
millones de pesetas de fondos de inversión que no se usan, que no siguen
el ritmo pactado en Edimburgo? Aumente la inversión hasta saturar toda la
posibilidad de uso de fondos comunitarios. Son 70.000 millones de
pesetas.
Usted me dirá que faltan 30.000 millones más, que es la aportación
española, y yo le digo que esta aportación se recupera fiscalmente de
forma automática, porque por cada peseta de inversión que usted pone en
circulación, por mayores ingresos fiscales y por menores costes sociales
del desempleo que ahorra, obtiene automáticamente 35 céntimos. Setenta
que pone Europa, 30 que ponemos nosotros a través del sistema fiscal.
Puede usted invertir 100.000 millones de pesetas más sin afectar al
déficit.
Luego, reparta usted de forma equitativa el esfuerzo entre todas las
administraciones, que una no suba un 6,50, otra un 3,50 y otra caiga un
15 por ciento. Por una vez haga usted un reparto equitativo y declare una
moratoria en la aplicación de sus inventos fantasiosos en materia de
financiación autonómica, de la cual seguimos sin saber, comunidad por
comunidad, cuánto cuesta. Suspéndalo por un año. Aplique un criterio de
esfuerzo igual. Con ello puede obtener una redistribución de recursos
entre el conjunto de las administraciones que le permite cuadrar un
desplazamiento de ingresos de unas partidas a otras. Son líneas
generales, no se tome las cifras al pie de la letra, pero tómese el
espíritu positivo y constructivo de los que, desde la oposición, queremos
hacer ésta sin subir a la tribuna olvidándonos de sumar, porque, señor
Rato, nuestro intento y nuestro deseo no es tanto recordar la frase
afortunada que se dijo hace cinco años, que no va a servir de nada para
construir el futuro de este país, sino ver qué posibilidades hay de
mantener, con el mismo déficit, un presupuesto más eficiente, más justo
para centenares de miles de asalariados; más eficiente para acompañar el
crecimiento porque tenga más inversión; más justo porque construya mejor
el futuro con mayor gasto en educación, en justicia, en las cosas que
preparan a una sociedad. Es posible; hablémoslo, háblelo usted con los
funcionarios, veamos si en las enmiendas parciales podemos obtener esos
recursos que nos faltan para cuadrar unos gastos adicionales que no son
un despilfarro ni una liberalidad de un Estado depredador, sino maneras
más eficientes de utilizar los recursos colectivos.
No me diga usted, señor Rato, que la aplicación de una retención a cuenta
a las plusvalías inmobiliarias o mobiliarias choca con ninguna norma de
equidad fiscal ni con ningún problema de gestión; no hay ninguno. Si
quiere, puede. Cobrará más; más aprisa, habrá menos fraude y tendrá usted
más recursos. Todo lo que le he dicho es posible, pero es un ejercicio de
buena voluntad para que el debate sirva para tener unos presupuestos que
nos lleven a Maastricht, quizá por otro camino, pero seguramente por un
camino mejor.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Tiene la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Rato, pienso que, en lo sucesivo, su señoría...
Esperaré que termine de hablar con el señor Ministro de Trabajo, a ver si
sigue mi consejo. Tranquilos, terminen; terminen de hablar. (Risas.)
Decía, señor Rato, que en lo sucesivo, y para que el debate mejore, no
debiera S. S. contestar a dos portavoces, porque le puede pasar lo que a
aquel que hablaba a churras y a merinas, que se dirigía a una
confundiéndola con la otra. Su señoría se ha dirigido a mí, invocando mi
nombre y además con el gesto, en relación con determinadas afirmaciones
que no he hecho yo, sino el anterior Diputado que ha intervenido en
nombre del Grupo Socialista. Pongamos algunos ejemplos. Su señoría se ha
cebado sobre el tema de tasas, y lo único que yo he dicho aquí es que
nueve tasas han sido creadas por el proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.
Punto. No he enjuiciado nada. En todo caso, eche esa filípica al señor
Borrell, pero no a mí. Esa es una confusión por intentar contestar a dos.
En segundo lugar, S. S. ha planteado que, en cuanto al 0,7 por ciento, el
Gobierno está buscando interlocutores solventes. ¿Es que con los que
firmó el Partido Popular el 0,7 por ciento no eran solventes? ¿Han
descubierto ustedes que no son de fiar?
En tercer lugar, S. S. plantea que la inversión pública no ha decaído.
Hagamos memoria. En estos últimos debates, año tras año y
fundamentalmente desde el año 1990, su grupo y el nuestro planteábamos al
Grupo Socialista que, en cuanto a la inversión pública, no llegaba nunca
al 5 por ciento del producto interior bruto. Efectivamente, en 1990 era
el 4,9 por ciento, en 1995 era el 3,3, pero, ahora mismo, ustedes están
por debajo del 3 por ciento en lo presupuestado para 1997 y, a partir de
ahí, con la confusión que ha tenido al contestar al señor Borrell y
contestarme a mí, yo le pido que me conteste a algo que he dicho en esta
tribuna y sobre lo que no he oído respuesta. Yo me consideraría
satisfecho con que simplemente me dijera sí o no.
Señor Rato, sí o no. ¿El compromiso con los sindicatos se ha incumplido
en la medida en que se han reducido las aportaciones para garantizar las
pensiones mínimas, pasando de 232.000 millones a 16.000 millones, sí o
no?
Señor Rato, cuando he planteado el tema del fraude fiscal, yo quería
saber si estaban dispuestos a erradicar el fraude fiscal, y ahí van por
delante dos medidas: por ejemplo, derogando las modificaciones últimas de
la Ley General Tributaria o dándole potestad sancionadora a la Agencia
Tributaria, ¿sí o no?
En tercer lugar, señor Rato, la cuestión del desempleo y la incapacidad
temporal ha visto cómo los fondos han disminuido en un 9,8 por ciento, y
está en la atención en un 50 por ciento. ¿Sí o no son estos datos
correctos?
En cuanto a la educación, el dato que yo he dado es que ha bajado y que,
desde luego, se incumple la disposición adicional tercera, apartado
primero, de la Logse, y que todavía estamos a bastantes puntos de la
convergencia en esto con Europa.
Señor Rato, ¿es cierto que ha disminuido las aportaciones al INEM en un
20,1 por ciento y que hay un vaciamiento de competencias en esas leyes
que acompañan al debate de presupuestos?
Señor Rato, ¿es cierto, sí o no, que el gasto fiscal global, de cuya
capacidad para generar empleo hay más que dudas, asciende a 3,8 billones
de pesetas?
Señor Rato, ¿es cierto, sí o no, que las inversiones en medio ambiente
han sido reducidas a un 25 por ciento?
Señor Rato, ¿es cierto, sí o no, que, conculcando el artículo 31 de
nuestra Constitución, la carga fiscal está recayendo sobre los salarios
más que sobre los impuestos directos, aunque también la soportan los
impuestos directos, por supuesto, el IRPF? Hay una carga fiscal
regresiva, ¿sí o no?
¿Es cierto, señor Rato, que pueden beneficiarse del gasto fiscal en
vivienda determinado tipo de viviendas, de segunda residencia o lo que se
califica ahora como viviendas de alto standing?
¿Es cierto, sí o no, que la inversión en I+D no ha crecido, sino que se
coge la que no se hizo en el año anterior?
¿Es cierto, señor Rato, sí o no, que a Renfe y a Radiotelevisión Española
se les dice sobre sus deudas que contraigan un crédito que después va a
pasar a las futuras cuentas del Estado?
Sobre estos datos concretos nos gustaría escuchar rotundas aseveraciones,
negando o afirmando, por parte del señor Vicepresidente del Gobierno.
Pero S. S. --y se lo agradezco muchísimo-- ha comenzado su intervención
trayendo aquí el tema clave. Y el tema clave trata acerca de nuestra
disponibilidad, de cuál es el futuro que nos espera en los próximos años
sobre la cuestión de Maastricht y la tan traída y llevada cesión de
soberanía. Veamos.
Su señoría ha planteado aquí que estamos construyendo un mercado único.
Yo había entendido que lo que se quería construir era Europa, no
solamente un mercado único; que, evidentemente, construir Europa
significa un mercado único y algo más, si no, no hay una construcción
europea. Pero un mercado único, señor Rato, que adolece de las siguientes
cuestiones: no hay una hacienda pública europea, no hay un presupuesto
europeo digno de tal nombre y, el mayor de los contrasentidos, no hay una
política fiscal común en toda la Unión Europea. Eso no es forma de
construir un mercado único.
Pero sigamos. ¿Se cede o no se cede en soberanía? ¿O es que lo que se
hace aquí, como dijo alguna vez otro interviniente hace años, es poner en
común las distintas soberanías? Y en esa puesta en común de las distintas
soberanías, señor Rato, cuando lleguemos a la tercera fase de la moneda
única, ¿quién es el encargado de velar por la política monetaria? ¿Dónde
fue elegido? ¿En qué elecciones? ¿En qué Parlamento? Ese sistema de
bancos centrales y el Banco Central Europeo, elegidos, desde luego, fuera
de las urnas, ¿es quien puede administrar la soberanía que de aquí hemos
entregado a Europa? Es un auténtico contrasentido. Si hubiese un gobierno
europeo, si hubiese un parlamento europeo con esas competencias,
podríamos decir que trasvasábamos soberanía de legitimidad a legitimidad.
Pero, ¿quién es, quiénes son los que hacen la política monetaria o la
política económica?
Estamos, señorías, ante un gigantesco acto de planificación burocrática.
Esos bancos que observan siempre la palabra planificación con
desconfianza, a pesar de que la planificación democrática está recogida
en la Constitución Española, repito, artículos 38 y 131, están aplicando
una política económica a la mayor honra del mayor y más burocrático acto
de planificación que se ha conocido en los últimos años, y además, erre
que erre, hay que llegar al 3 por ciento, hay que llegar al 60 por ciento
en estos plazos, caiga quien caiga. Y se basa en un criterio que S. S.
explicita aquí y que demuestra la gran diferencia ideológica que nos
separa, y que honra quizá este debate, y sobre la que tenemos que seguir
hablando. Habla de que la garantía para el empleo es la estabilidad
económica: estabilidad económica, estabilidad de las macromagnitudes, el
déficit, la deuda pública y la inflación. Señor Rato, la inflación en el
fondo no es ni más ni menos que una lucha por la apropiación del
excedente. El empresario que tiene que subir los sueldos lo repercute
sobre el producto final, y en esa lucha por el excedente está la
imposibilidad de que pueda haber nunca una inflación cero, mientras
exista determinado sistema económico. Es decir, es una contradicción en
el propio sentido, en el inicio de la argumentación, que no pueda haber
estabilidad perfecta mientras haya lucha de intereses.
De la misma manera, la creación de empleo vía inversión pública o
privada. La inversión pública supone allegamiento de recursos que vienen
de los Presupuestos Generales del Estado, y el costo de los mismos sería
distinto si los que trabajan o realizan esas obras no tuviesen un Estado
que les garantizase determinados salarios mínimos, determinados
incrementos salariales o determinados deslizamientos. Es decir, que
dentro de la posibilidad de que se pueda crear empleo, iniciativa pública
o privada, hace falta que no exista Estado y, por tanto, hace falta el
empleo en precario, que es condición sine qua non, porque significa la
disponibilidad de la mano de obra y de la mano asalariada para que no
pueda crear una serie de necesidades, de derechos adquiridos, que van
enrolándose, vía deslizamientos, en aquello que el Estado tiene que
soportar.
Por tanto, eso de que la estabilidad económica garantiza de por sí el
empleo no solamente se puede anular o controvertir por lo que estoy
diciendo, sino que es la experiencia. ¿Dónde está el empleo en otros
países que tienen unas macromagnitudes más bajas que las que tiene
España? Yo he citado aquí un estudio aprobado por el Parlamento Europeo,
S. S. no ha hecho ningún caso del mismo; además, sus resoluciones son
clarísimas: no es posible crear empleo, y el poco empleo que pueda
crearse es siempre en precario, y un empleo en precario no es solamente
un atentado contra los derechos humanos y la propia Constitución
Española, un empleo en precario significa que tampoco puede accederse a
esos famosos fondos de pensiones privados, porque no pueden pagar todos
los meses. Y significa más: un empleo en precario significa poca demanda,
poca capacidad adquisitiva y, por tanto, poca capacidad de generar
tensión económica, porque por vía de la deflación no podemos llegar a la
creación de empleo si no hay creación de riqueza.
¿Cesión de soberanía? Sí que la ha habido. Ahora mismo, estos
presupuestos que S. S. trae, aparte de las motivaciones ideológicas que
su grupo representa, son también presupuestos compelidos por una
necesidad imperiosa de llegar al 3 por ciento del déficit, y al servicio
de eso no les pagan ustedes a dos millones de funcionarios la subida
salarial, y además en todas las comparecencias, señoras y señores
Diputados, los distintos ministros de ese Gobierno comienzan diciendo la
santa invocación: debido a Maastricht. Pues claro, debido a Maastricht
también; si no existiese Maastricht, yo creo que habría que inventarlo
para los intereses de algunos, pero existe y, por tanto, existe la
necesidad de tener que atemperar las cifras macroeconómicas a los
contenidos y a los plazos que se diseñan en el Tratado de Maastricht.
Porque, señor Rato, ¿cómo vamos a compaginar los artículos sociales más
importantes de la Constitución Española con la convergencia de
Maastricht? ¿A cuántos años va a producirse la obligación de los poderes
públicos de hacer una política orientada al pleno empleo; el caso de que
haya una Seguridad Social que atienda a la gente especialmente en los
casos de desempleo? ¿Cómo vamos a plantear que se tenga una vivienda
digna, lo cual significa un allegamiento de recursos y, por tanto, a
veces, un determinado endeudamiento? ¿Cómo vamos a cumplir todos los
contenidos, si estamos constreñidos porque hay que llegar a la
estabilidad, al mar muerto de la estabilidad económica de las
macromagnitudes? Y todo desarrollo, todo incremento de la economía
necesita de la vida. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nunca han
planteado aquí que les sean indiferentes las macromagnitudes. No puede
haber una economía rectamente entendida dejando que se desboque la
inflación o dejando que se desboque el déficit. Pero de ahí a supeditarlo
todo, absolutamente todo, hasta la creación de empleo, a que de manera
rígida, planificada burocráticamente, tengan que cumplirse tales
macromagnitudes, hay una diferencia abismal, que es lo que está diciendo
Izquierda Unida. Inflación y déficit son como los caballos de un coche,
que hay que llevar embridados, pero dándoles cierta alegría para generar
la capacidad económica que, en última instancia, origina empleo, que es
lo que debe estar en el frontispicio de toda acción política, por lo
menos así lo diseña la Constitución.
Señor Rato, cuando S. S. preguntaba: quiénes creen ustedes que puede
crear empleo, ¿el sector público? Yo he dicho allí, sí. Y quiero
afirmarlo con especial rotundidad en este hemiciclo, en donde estas cosas
se dicen en voz bajita: Sí, confiamos en el sector público como el único
capaz de generar un impulso económico que ponga a este país hacia
delante. Creemos en el sector público. Dudamos que la iniciativa privada
sea capaz de gestar las grandes corporaciones industriales que nuestro
país necesita. Sí, creemos en el sector público. Pero no en el sector
público que pueda estar adocenado. Queremos un debate sobre la política
de privatizaciones, y esto lo hemos venido manteniendo aquí, pero ni el
Gobierno anterior ni ustedes lo han debatido. Yo propongo el debate.
Vamos a debatir sobre el sector público, sobre su eficacia, sobre su
capacidad, sobre su escuela de gestión para hacer directivos que puedan
entender perfectamente cuál es la capacidad del sector público, porque
esta fuerza política cree vehementemente en el sector público. Y no
asumimos ni asumiremos el desmantelamiento de nuestro tejido industrial y
del sector público en aras de no sé qué cosas, cuando estamos en un país
que está de la mitad para abajo en cuanto a sector público.
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Por tanto, señor Rato, S. S. ha cuestionado la afirmación mía del ajuste
permanente. Claro, hagamos una cuenta rápida: imaginemos que llegamos al
compromiso de 1997-1999, harto dudoso, pero que llegamos; y llegamos con
unos presupuestos que han enmascarado el déficit. Habrá que hacer un
ajuste para paliar los efectos del déficit enmascarado; habrá que seguir
haciendo ajustes, primero, para llegar al déficit cero y, después, para
llegar al superávit. Pero, una vez que esto se consiga, resulta que el
acuerdo entre Alemania y Francia pone en marcha la cooperación reforzada,
por la cual determinados países, que tienen un nivel mayor, pueden ir de
una manera mucho más rápida tirando del resto: ajuste más ajuste. Nos
espera, por lo menos, una década de ajuste permanente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Señor Vicepresidente, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Trataré, señor Anguita, de no coincidir en ninguna contestación para no
incurrir en errores. Entendí que S. S. incluía su referencia a las tasas
en un aumento de impuestos. Si no es así, lamento haber hecho referencia
al tema.
No he dicho para nada --y, si lo he dicho, ha sido una mala manera de
expresarme-- que considere que los interlocutores con los que nosotros
tratábamos --que, por otra parte, eran los interlocutores con los que
trataban todos los grupos políticos, según tengo entendido-- sobre la
plataforma del 0,7 no fueran solventes. Lo que he dicho es que el
Gobierno en estos presupuestos ha hecho un esfuerzo de presupuestar la
partida referente a la ayuda del Tercer Mundo de manera realista, no con
una partida simbólica
y un crédito ampliable, porque nos parece un rigor presupuestario mejor,
y que estamos buscando que los proyectos que se asignen a ONG tengan cada
vez mayor respaldo social. No me refiero para nada a la plataforma del
0,7 que tiene todo mi respeto. Es verdad que en este año no podemos
cumplir el objetivo del 0,7, y S. S. lo pone de relieve.
Yo no comparto la apreciación de S. S. de que sólo debemos computar el
esfuerzo presupuestario de la inversión. Entendemos que el esfuerzo
extrapresupuestario de la inversión debe ser computado, y en ese sentido
se mantiene la inversión pública en 1997.
Desde el punto de vista del fraude fiscal --le voy a contestar primero a
las preguntas concretas--, la potestad sancionadora de la Agencia
tributaria tiene que estar sometida al control de los tribunales. En este
momento la Agencia Tributaria, como usted sabe, puede imponer sanciones,
pero en ningún caso son firmes si los contribuyentes recurren y avalan.
La incapacidad laboral transitoria nosotros entendemos que puede caer,
porque creemos que hay un fraude en ella, y es una de las reformas
estructurales que introducimos en la ley de acompañamiento, otorgando a
las mutuas la posibilidad de gestionarla. Pensamos que por ahí podemos
caminar en una dirección en la que el servicio público de la incapacidad
laboral temporal --que es como se llama ahora, no transitoria-- pueda ser
eficazmente administrado en beneficio de quien lo necesita y en contra
del crecimiento del fraude.
La caída del Inem es como consecuencia del aumento del empleo. Lo he
mencionado en mi primera intervención al hablar de que hay, me parece
--hablo de memoria en este momento--, un billón 500.000 millones
previstos en cobertura de desempleo que, como consecuencia de la caída de
la tasa de desempleo en 144.000 personas, va a suponer una mejora de la
cobertura de los desempleados.
No hay un vaciamiento de competencias, pero sí hay un proceso en las
políticas activas de acuerdos con las comunidades autónomas que, como S.
S. yo creo que también conoce, a partir de la existencia de oficinas
privadas de colocación sin fines de lucro, se estaba produciendo una
dualización de esfuerzos entre las administraciones territoriales, las
administraciones periféricas y la Administración central, que nosotros
estamos tratando de subsanar, manteniendo siempre una coordinación
nacional para las políticas de empleo a nivel nacional.
No le puedo dar en este momento la cifra exacta de los gastos fiscales,
no creo que pueda llegar a tres millones, pero se la daré a S. S.
inmediatamente, puesto que no me es difícil de conseguir.
Las inversiones en medio ambiente caen, salvo que contabilice S. S. los
45.000 millones que se plantean a través de la inversión
extrapresupuestaria, en cuyo caso no caen.
Efectivamente, el Gobierno va a avalar la deuda de Radiotelevisión
Española, pero la aportación en el presupuesto es la que figura de 11.000
millones.
Después, el señor Anguita plantea algo que yo no he dicho pero que me
alegro que reitere, y es que no estamos hablando sólo de un mercado
único, sino de una integración política, en política exterior, en
política interior, en el pilar europeo de defensa, en política cultural,
en política de medio ambiente. No estamos hablando sólo de cuestiones
mercantiles, si S. S. las entiende así, pero es indudable que juegan un
papel importante en la integración europea, y S. S. también lo ha
reconocido.
Dice que no hay una hacienda europea única; que no hay un presupuesto
comunitario europeo único ni una política fiscal única. Es cierto, no lo
hay, y estamos construyendo una integración europea a través de los
Estados.
Su señoría puede pretender, y es muy dueño de ello, que hubiera un
proceso distinto, lo que no sé es si es realista pensar en ese proceso
distinto. Si no, en cualquier caso, estamos en un proceso de integración
europea en que se están produciendo importantes homogeneizaciones en
muchos temas.
Sobre la cesión de soberanía, me reitero en lo que le he dicho antes.
Creo que se cede soberanía por parte de la soberanía nacional; se toman
decisiones que se debaten en este Parlamento, y yo entiendo que vamos a
tener que hacer un claro esfuerzo en el trabajo parlamentario que se
refiere al trabajo europeo, sin duda. Creo que ha comenzado con la
comisión mixta, pero creo que en este momento es una de las grandes
cuestiones que debemos afrontar, no sólo en este período de sesiones,
sino en esta legislatura y en las siguientes. Cada vez se van a decidir
cosas más importantes desde el punto de vista de los españoles en Europa
y, por tanto, este Parlamento tiene que tener una información y una
presencia creciente, y ahí se abre un campo de nuevas actividades de este
Parlamento. Por ponerle un ejemplo, S.S dice que el Gobernador del Banco
Central Europeo no lo ha elegido nadie democráticamente. Y al del Banco
de España tampoco. Lo elige el Gobierno. Democráticamente, entiendo que
no ha sido elegido en las urnas. Eso es lo que le he entendido al señor
Anguita. Es decir, no es un miembro de esta Cámara, no tiene un control
democrático directo, no se presenta a unas elecciones. Pero igual de
democrático que es el nombramiento del Gobernador del Banco de España que
elige el Gobierno, según una ley aprobada por estas Cortes, va a ser el
nombramiento del Gobernador del Banco Central Europeo por una ley que nos
afecta a todos los europeos, y tendrá que rendir cuentas democráticamente
a los parlamentos. Por tanto, no veo contradicción. Si la elección de
nuestro Gobernador del banco central es democrática, y yo afirmo que lo
es, no veo contradicción en que el Gobernador del Banco Central Europeo
sea elegido, como lo va a ser,
por los gobiernos, de la misma manera que el Gobernador del banco central
lo es aquí. Pero, además, estarán presentes en el consejo del Banco
Central Europeo los gobernadores de los bancos centrales. Por tanto, va a
ser un proceso de control democrático nuevo. Si
S. S. lo plantea así, estoy de acuerdo, pero no tenemos por qué negar ese
control democrático.
Su señoría considera que estamos sometidos a una planificación. Yo no lo
creo. Otra cosa es que estemos en un proceso de homologación de teorías
económicas o de posiciones económicas.
Su señoría ha dicho que la estabilidad macroeconómica no produce la
reducción de la inflación. La experiencia empírica demuestra lo
contrario. En este momento, los países con menores niveles de inflación
son claramente los más estables. Estamos asistiendo en Estados Unidos, en
Canadá, en Europa, en España sin duda, en Finlandia, con inflacciones
menores al 0,5 por ciento, a un proceso de caída de la inflación en los
países industriales como consecuencia de las políticas de estabilidad.
Por tanto, no creo que se produzca lo que S. S. ha descrito.
Y sobre el pleno empleo, que es un debate que nos lleva mucho más lejos
de donde estamos hoy, ¿cuáles son en todo el mundo los países más
cercanos al pleno empleo? Meditemos sobre ello. ¿Cuales son los países
que tienen tasas de desempleo menores al 6 por ciento? ¿Cuales son los
países que están reduciendo el empleo de larga duración? ¿Cuáles son los
países que han reducido el número de semanas o de meses que una persona
tarda en encontrar un empleo? Veámoslo. Hay países en los que suceden
cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero veamos dónde se
están produciendo económicamente ese tipo de situaciones.
No comparto con S. S. que la estabilidad esté reñida con el crecimiento.
Creer que vamos a generar más crecimiento a base de utilizar política de
calentamiento de la demanda, no responde a la realidad. No digo que el
sector público no vaya a crear empleo, directa o indirectamente, sin duda
lo va a crear. Lo que no comparto con S. S. es que el protagonismo en la
actividad industrial del futuro vaya a estar en el sector público. Creo
que el sector público tiene otros protagonismos. La actividad industrial
va a estar mucho más centrada alrededor del mercado de capitales que
moviliza hoy recursos imposibles de movilizar por el sector público.
En cuanto a la cooperación reforzada, este Gobierno, como el anterior,
está en contra de cualquier cooperación reforzada dentro de la Unión
Europea, que suponga la existencia de una Europa de dos niveles en el
funcionamiento de las instituciones.
Con respecto al señor Borrell, ha dicho que es un debate personal.
Perdón. La carta de los interventores es usted el que la ha citado. Me
citaban a mí. Hablar de los interventores no lo entiendo como un debate
personal. Si S. S. lo entiende así, nunca más hablaré de los
interventores, porque no tengo intención de plantear debates personales.
Los debates ya son suficientemente entretenidos sin introducir cuestiones
personales.
El señor Borrell me plantea el debate de la presión fiscal. No
introduciré yo la presión fiscal individual que S. S. ha defendido tantas
veces, pero sin duda la podría introducir y no se produce ninguna
modificación importante en los tributos básicos. La presión fiscal en un
país es el conjunto de ingresos en relación con el PIB, no los ingresos
tributarios, señor Borrell. En cualquier caso, es un debate que, si S. S.
quiere, podemos plantear.
En cuanto a la presión tributaria, le he explicado a S. S. que las
principales figuras, como es el IRPF y el IVA, que tienen aparentemente
crecimientos superiores al crecimento del PIB, se producen como
consecuencia del juego de las devoluciones que está siendo bastante más
acelerado en este ejercicio, y en ese sentido creo que es una buena
técnica tributaria el que adelantemos las devoluciones a los ciudadanos
en este ejercicio.
El capítulo VIII no computa, señor Borrell. Por tanto, se lo vuelvo a
reiterar, ya se lo hemos reiterado, y en ese sentido no quisiera seguir
insistiendo, pero podemos estar en ello todo el tiempo que quiera.
Sobre el tema de la Seguridad Social, no crea S. S. que en esto y en otra
cosa que voy a decir trato de introducir que no acepto sus ofertas de
contribución, pero en estos debates de detalle hay que tener un poco de
cuidado, porque el cálculo del efecto de sustitución de pensiones, que
tanto preocupa a S. S., en la página 216 del informe económico-financiero
de la Seguridad Socia, dice claramente que es el 1,62. El Gobierno quiere
tender a que llegue al 0,8, pero lo que dice es que es el 1,62. Por
tanto, en ese sentido S. S. debería quedarse satisfecho. Me preocupa más
que S. S., cuando lee el acuerdo con los sindicatos --que por cierto, es
el acuerdo del Pacto de Toledo--, sobre un tema tan concreto como los
complementos a mínimos, de repente deje de leer en el segundo párrafo. Me
preocupa, porque podría interpretar que S. S. no quiere que la Cámara
sepa todo lo que dice el acuerdo de complementos a mínimos, y eso no está
bien, señor Borrell. Yo comprendo que la prisa del debate..., pero me
permitirá usted que yo lea el segundo párrafo. El segundo párrafo dice
claramente: Transcurridos cuatro años desde la firma del presente
acuerdo, se analizará la ubicación de los complementos a mínimos dentro
del sistema de financiación. Nosotros estamos sosteniendo que en este
presupuesto, para garantizar la diferencia de fuentes de financiación
entre sanidad y pensiones contributivas, los complementos a mínimos se
consideran contributivos. Sin duda, en este acuerdo hay dos
posibilidades: una, la fijación en el año 2000 del criterio definitivo y,
otra, la fijación en este año. Pero leamos el conjunto de los acuerdos
que decimos.
Los préstamos de tesorería --señor Borrell, se lo he dicho, creo que se
lo he reiterado, se lo vuelvo a reiterar--
de la Seguridad Social, claro que tienen que formar parte del presupuesto
aunque al final no formen parte del conjunto del gasto consolidado, y ésa
es la realidad de cómo funcionan los préstamos a la Seguridad Social de
tesorería.
Sobre la industria pública, usted dice que cambiamos el problema de
sitio. En cualquier caso, donde no puede estar el problema es donde
ustedes lo dejaron. En la industria pública de lo que se trata es de
resolver un problema que ustedes no han sido capaces de resolver, y
entiendo que ahora tendremos que intentar resolverlo nosotros, y ya le he
invitado a que tome usted posiciones sobre las cuestiones que se plantean
ya en este presupuesto, como es el tema de la congelación salarial.
En cuanto a las privatizaciones, el presupuesto prevé unas
privatizaciones de 450.000 millones y además la SEPI hará un préstamo de
230.000 millones a la Agencia Industrial del Estado y amortizará deuda
del antiguo INI por 250.000 millones; pero no todas estas cantidades
tienen que proceder obligatoriamente de privatizaciones, pueden proceder
de dividendos y, por tanto, a lo largo del año iremos viendo cuáles son
las previsiones. Ustedes preveían en 1996 unas privatizaciones por valor
de 500.000 millones de pesetas que todavía no se han producido.
Su señoría dice --y esto ya nos lleva muy lejos, y yo creo que en este
trámite no es fácil entrar en ello-- que los sacrificios que ustedes les
pedían a los funcionarios eran en un momento de crisis. Me permitirá S.
S. que recuerde que si ustedes hubieran cumplido sus presupuestos,
seguramente esa crisis hubiera sido bastante más suave, porque si ustedes
hubieran cumplido sus presupuestos este país tendría veinte puntos menos
de deuda pública. Por tanto, ése es un debate en el que seguramente
tendremos más ocasiones de hablar del pasado, aunque yo creo que
probablemente hablaremos del futuro cada vez más.
Me hace una oferta en plusvalías. Estoy dispuesto a que usted plantee las
enmiendas que usted quiera, yo las estudiaré con todo detalle, pero la
deducción por inversiones en el Impuesto sobre sociedades no está; este
año no hay deducción por inversiones, el 5 por ciento no está, porque el
Gobierno no lo ha planteado. Si quiere usted, plantéelo en las enmiendas,
señor Borrell, pero reconózcame usted que no está. Lo que quiero decirle
es que en estos debates de detalle puede correr el riesgo, como le ha
pasado con la Seguridad Social, de que alguna cosa se le pase por alto.
Hombre, calificar de invento fantasioso un sistema de financiación
autonómica que pretende que las comunidades autónomas se financien por
las recaudaciones de los impuestos cedidos y del IRPF, es mucho para el
Grupo Socialista, porque le recuerdo que el sistema anterior estaba
basado en parte en esa financiación. Por tanto, ustedes pueden no
coincidir con nosotros en que haya competencia normativa. Bien; es un
debate. Pueden ustedes coincidir con nosotros en que la haya en los
impuestos cedidos y no en el IRPF; pero no entiendo que consideren
ustedes fantasioso un sistema que es la evolución natural del anterior,
en el que se da capacidad normativa a los impuestos cedidos, que por
cierto creo que ahí estamos todos de acuerdo, y se da capacidad normativa
al IRPF en el tramo autonómico, que antes era del 15 por ciento y que
ahora va a ser del 30 por ciento. Seguramente es una diferencia
insalvable políticamente, sobre todo si no hay otras diferencias que
exhibir, que quizás es lo que a ustedes les suceda, pero de fantasioso
nada. Si queremos tener debates sosegados, señor Borrell, vamos a hacer
calificativos sosegados. El modelo de financiación autonómica natural de
evolución en este país es que los impuestos cedidos sigan siendo cedidos
y que el IRPF siga siendo la base de complementariedad de la PIE.
Cualquier otra cosa sería una novedad, que tampoco sería fantasiosa, pero
sería una novedad, como la que proponía, por cierto, una comunidad
autónoma de ustedes, que era otra cosa absolutamente distinta, pero que
nunca calificaré de fantasiosa; pero la evolución natural del sistema de
financiación autonómica es utilizar los impuestos cedidos y el IRPF. A
partir de ahí ustedes pueden decir que han cambiado de opinión o que en
este momento no les conviene nada encontrar un acuerdo con el Gobierno en
este tema políticamente. De forma partidaria lo puedo entender; no sé si
lo entiendo tanto desde otros puntos de vista, pero veremos cómo
transcurren las cosas.
Esa frase final de que hay otro camino para Maastricht y es el mejor,
señor Borrell, permítame que le diga que cuando estaban ustedes llevando
el volante no íbamos en ese camino. Es estupendo que lo encuentren ahora.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.-- El señor
Borrell Fontelles pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor Borrell,
ya sabe que ha concluido el debate. No hay un nuevo turno. Lo siento,
señor Borrell. (El señor Almunia Amann pide la palabra.) Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, se trata de leer ante el Pleno
de la Cámara un texto que ha sido cuestionado por el señor Vicepresidente
del Gobierno. Es una cuestión que creo que merece ser debatida.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, si se trata de un texto que
efectivamente se ha manejado durante el debate, la sola lectura del texto
puede producirse. Le ruego, señor Borrell, que no exceda de la lectura
del texto sabe que se han colmado con creces las posibilidades
reglamentarias en este turno.
El señor BORRELL FONTELLES: ¿No puedo añadir ningún comentario? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Borrell, por favor.
El señor BORRELL FONTELLES: Dice: Complementos de mínimos. Las
prestaciones complementarias de las pensiones contributivas, cuando éstas
no alcancen la cuantía que se fije en cada momento como pensión mínima
del sistema --en cada momento-- tendrán naturaleza no contributiva.
(Varios señores Diputados desde los bancos del Grupo Popular: Siga,
siga.) Transcurridos cuatro años desde la firma del presente acuerdo, se
analizará la ubicación de los complementos de mínimos dentro del sistema
de financiación.
Dentro de cuatro años veremos lo que son, pero ahora son no
contributivas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Borrell.
El Pleno se reanudará mañana a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.