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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 25/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 16
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 15
celebrada el martes, 25 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 625)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-- Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las
telecomunicaciones. («Boletín Oficial del Estado», número 139, de 8 de
junio de 1996) (número de expediente 130/000003) (Página 626)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre recuperación automática de
las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 15.1, de 12 de abril de
1996 (número de expediente 122/000004) (Página 644)
-- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre creación de un
Fondo de Compensación de Pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o
del núcleo familiar y de alimentos. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 18.1, de 7 de mayo de 1996 (número de
expediente 122/000007) (Página 647)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre fondo de garantía de
alimentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
35.1, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 122/000023)
(Página 648)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre creación del Fondo de Garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar
y de alimentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 37.1, de 14 de junio de 1996 (número de expediente 122/000025)
(Página 648)
Proposiciones no de Ley:
-- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición
Canaria y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación en la
Comisión de Presupuestos de una Ponencia que tendrá por objeto recibir la
información de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las
recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara el 6
de abril de 1995, conocidas como «Pacto de Toledo». «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 25, de 17 de junio de 1996 (número
de expediente 162/000035) (Página 656)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una
Ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o
residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España,
así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos
residentes en España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 21, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 162/000030)
(Página 662)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las
Administraciones Locales y en concreto la referida al conocido como
«Pacto Local» (número de expediente 173/000007) (Página 668)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar
el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal (número de
expediente 173/000008) (Página 677)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 17, de 26 de
junio de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 625)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 626)
Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las
telecomunicaciones (Página 626)
Interviene en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo), solicitando de la Cámara la convalidación del
Real Decreto-ley sobre liberalización de las telecomunicaciones.
Manifiesta, en primer lugar, que es urgente eliminar las trabas
existentes que perjudican a la inversión en este sector, preparar el
funcionamiento de las telecomunicaciones para un marco de competencia
efectiva y potenciar el sector español de las telecomunicaciones tanto a
nivel de los fabricantes como de los operadores existentes, y subraya que
el inventario de cuestiones todavía no resueltas, o que lo han sido de
forma inadecuada, obliga a recorrer el camino trazado hasta la plena
liberalización a mayor velocidad que los países que ya han iniciado su
andadura.
Señala que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987,
modificada en 1992, consagró un régimen de monopolio en el servicio
telefónico básico y admitió la competencia en otros servicios de menor
extensión, siendo la Ley de Telecomunicaciones por cable de 1995 un
intento de actualización de la normativa vigente no muy bien conseguido,
por lo que es necesaria una nueva ley de telecomunicaciones para crear
las condiciones en las que deben desarrollarse las telecomunicaciones
españolas del siglo próximo. Como se está muy lejos de lograrlo y los
plazos apremian, es por lo que se presenta el Real Decreto-ley.
El Real Decreto-Ley que se somete a aprobación rompe los impedimentos
para que pueda establecerse la competencia en telefonía; para que se
puedan construir redes y utilizar otras ya construidas; para crear un
segundo operador en el que puedan participar todos los interesados; para
procurar, en un mínimo de tiempo, la consolidación del segundo operador;
para crear la capacidad reguladora necesaria y para alentar a los
interesados en redes de cable.
Añade que el Real Decreto-ley introduce modificaciones en cuatro aspectos
sustanciales, dos acciones de carácter genérico, como modificaciones de
la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y modificación de la Ley
del Cable; y otras dos acciones concretas, como la creación de la
comisión del mercado de las telecomunicaciones y la creación de un
segundo operador de redes y servicios en el entorno de Retevisión. Dicha
configuración permitirá contar con un órgano supervisor de arbitraje y
consultivo, que tendrá por objeto salvaguardar las condiciones de
competencia efectiva en el campo de las telecomunicaciones y velar por la
correcta formación de los precios, informando las propuestas de tarifas.
Por otro lado, las funciones de arbitraje se ejercerán en el doble
sentido de resolución de controversias entre operadores y entre
operadores y usuarios, asesorando, en su faceta consultiva, al Gobierno y
a las comunidades autónomas en los asuntos concernientes al mercado de
las telecomunicaciones.
Por todas estas razones, considera que estamos ante un órgano cuyas
principales características serán estar dotado de autonomía
administrativa, económica, financiera y operativa. De suma importancia
para lograr estos objetivos es la composición y régimen de funcionamiento
de su órgano rector. Como las competencias que se atribuyen a la comisión
son propias de la Administración General del Estado, se hace necesario
que las personas designadas sean, en una primera fase, de total garantía
para la administración delegante. Asimismo, estarán representados los
usuarios, los operadores de redes y servicios y la propia Administración.
A continuación, señala las diferentes normas internas de regulación del
Consejo y el período de su mandato. En cuanto a las funciones que se le
otorgan, son las estrictamente necesarias para lograr el objetivo de
salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las
telecomunicaciones, resaltando, entre otras, el poder dictar
instrucciones vinculantes, cuyo incumplimiento podría dar lugar a
sanciones muy graves, y la potestad sancionatoria indirecta, a través de
la Administración del Estado y del Tribunal de la Defensa de la
Competencia. Anuncia que en la futura ley general de ordenación de las
telecomunicaciones se perfilarán mejor las atribuciones de la comisión y
se añadirán otras nuevas, como la regulación de tarifas, la protección de
datos o la garantía de libertad y secreto de las comunicaciones.
Añade que en lo que afecta a la modificación de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones se introducen seis modificaciones significativas:
la necesidad de abrir a la competencia los servicios finales; la
posibilidad de una competencia leal y efectiva en el mercado de servicios
de telecomunicaciones; la posibilidad de que el Gobierno modifique las
limitaciones a la inversión de capital extranjero en estos servicios
desde el 25 por ciento a una cuantía superior, en función de principios
de reciprocidad; permite la interconexión de las redes y la
interoperatividad de los servicios en condiciones de transparencia, no
discriminación y objetividad, en base a criterios de costes, hasta que
sea efectiva la competencia; sustituye el sistema de tarifas fijas por un
abanico de tarifas fijas máximas/mínimas o precios regulados en función
de la evolución del mercado, y elimina en 1998 la figura del Delegado del
Gobierno en Telefónica.
A continuación, pasa a enumerar las modificaciones a la Ley de
Telecomunicaciones por Cable, que son: otorgar la competencia para la
alteración de las demarcaciones preexistentes a las administraciones que
aprobaron inicialmente la demarcación en vez de otorgársela, en todos los
casos, a la Administración del Estado; introducir la posibilidad de que
el Gobierno, a propuesta de la comisión del mercado de
telecomunicaciones, suprima las limitaciones establecidas en la ley para
que una persona física o jurídica participe en el capital de una o más
sociedades que conjuntamente alcancen más del millón y medio de abonados;
ampliar el plazo de la concesión de quince años hasta un máximo de
veinticinco; suprimir la excepcionalidad de prestar el servicio mediante
sistemas distintos al del cable y hacer frente a las situaciones creadas
antes de la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable.
Resalta en el Real Decreto-Ley el aspecto que se refiere a la puesta en
marcha del segundo operador de telecomunicaciones. Y termina solicitando
la convalidación de las medidas que introduce el Real Decreto-ley
que conseguirán situar a España en condiciones adecuadas en el mercado
comunitario, primero, y mundial, después.
Para turno en contra de la convalidación, interviene el señor
García-Arreciado Batanero, poniendo de relieve la extraordinaria
coincidencia que había entre los planteamientos en política de
telecomunicaciones que hizo el señor Ministro en su comparecencia en la
Comisión de Infraestructuras y los contenidos en el programa electoral
del PSOE. Pero añade que, en realidad, esta coincidencia sólo existe en
la letra grande del contrato, pero no en la pequeña. Considera que el
señor Ministro ha explicado lo que dice el Real Decreto-ley, pero no lo
que no dice, como son las consecuencias políticas, técnicas, financieras
y económicas que se pueden derivar.
A continuación, establece las objeciones que su grupo plantea al
contenido del Real Decreto-ley, dividiéndolas en dos niveles de análisis
distintos: desde el punto de vista jurídico-constitucional y desde el
punto de vista político.
Por otra parte, se sorprende en cuanto a los contenidos o funciones de la
comisión, especialmente de que las funciones de arbitraje entre
particulares tengan que ser a petición de los particulares y las de
asesoramiento a las comunidades autónomas, al Estado, sean de oficio.
Están de acuerdo en que la comisión no sea independiente, aunque
considera que va en contra de la opinión que mantenía el Grupo Popular en
la anterior legislatura. Sin embargo, discrepa en cuanto a que los siete
miembros del consejo rector de dicha comisión sean nombrados a propuesta
del Gobierno, y se pregunta sobre quién va a financiar el mantenimiento
de la comisión y del órgano rector.
Desde el punto de vista jurídico, considera que el segundo operador de
redes y servicios es la única medida que justifica la promulgación de un
Real Decreto-ley, pero estima que el duopolio llega demasiado tarde,
porque ya en diciembre de 1995 se propuso al Grupo Popular la
promulgación de un real decreto que creaba el segundo operador,
considerando imposible que en estos dieciocho meses se pueda crear
realmente ese duopolio. Estima que estas medidas inquietan a los
usuarios, a Bruselas y a los inversores internacionales.
Muestra su satisfacción por el acuerdo del Grupo Popular en cuanto a
tramitar el Real Decreto-ley como una ley, pero manifiesta el rotundo
rechazo jurídico y político del Grupo Parlamentario Socialista a los
contenidos del Real Decreto-ley.
Contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo),
duplicando el señor García-Arreciado Batanero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Mato Adrover, del
Grupo Parlamentario Popular.
Sometido a votación el Real Decreto-ley, es convalidado por 172 votos a
favor, 144 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de
ley, es aprobada por unanimidad, con 317 votos a favor.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 644)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre recuperación automática de las
pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva (Página 644)
El señor Barrionuevo Peña defiende la proposición de ley del Grupo
Socialista, manifestando que la misma tiene como antecedente una moción
presentada en la anterior legislatura por el Grupo Socialista en el
Senado que fue apoyada por la totalidad de los grupos parlamentarios y
que, trasladada al Gobierno, comportó que en septiembre de 1995 éste
incluyera su contenido en el artículo 32 del proyecto de ley de
acompañamiento a la Ley de Presupuestos, pero es bien sabido que este
proyecto siguió la misma suerte que el de presupuestos, es decir, que fue
rechazado por el Congreso y consecuentemente también el artículo 32, en
el que se recogía la moción del Senado, no convirtiéndose, por tanto, en
derecho positivo.
Añade que es propósito del Grupo Socialista recuperar dicha iniciativa y
tratar de que en esta legislatura las modificaciones entonces propuestas
sean por fin aprobadas.
El objeto de la proposición de ley es dar una nueva redacción al último
párrafo del número 1 del artículo 144 del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, en base a la cual los beneficiarios de la
pensión de invalidez en su modalidad no contributiva que sean contratados
por cuenta ajena o que se establezcan por cuenta propia recuperarán
automáticamente en su caso el derecho a dicha pensión cuando
respectivamente se les extinga el
contrato o dejen de desarrollar su actividad laboral. Asimismo, los
beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva
que sean contratados como aprendices recuperarán dicha pensión durante
los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes.
Concluye afirmando el señor Barrionuevo que los objetivos sociales y
políticos de la proposición de ley son, fundamentalmente, primero,
contribuir a crear estímulos para el empleo para un número de personas no
excesivamente amplio, pero sí muy significativo; segundo, perfeccionar
una normativa como la de prestaciones no contributivas, y tercero, tratar
de equiparar a los perceptores de estas rentas de invalidez en su
modalidad no contributiva con los que perciben prestaciones del mismo
carácter en las contingencias de desempleo o de jubilación.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya, y Camps
Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Socialista, es
aprobada su toma en consideración por 288 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre creación de un Fondo
de Compensación de Pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del
núcleo familiar y de alimentos (Página 647)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre fondo de garantía de alimentos
(Página 648)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre creación del Fondo de Garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar
y de alimentos (Página 648)
La señora Rahola i Martinez, del Grupo Mixto, defiende la proposición no
de ley presentada sobre creación de un fondo de compensación de pensiones
en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos,
con el deseo de que, una vez tomada en consideración, se pueda comenzar a
trabajar y dar una respuesta a nivel legislativo realista y pragmática a
la situación de impago de pensiones y de alimentos de los cónyuges
separados, divorciados o que han visto su matrimonio anulado y que tienen
a su cargo hijos menores de edad.
Expresa su posición favorable a las proposiciones de ley que en el mismo
sentido han presentado los Grupos Socialista y de Izquierda Unida,
agregando que la que personalmente defiende está en sintonía con lo que
su partido ha defendido siempre, procurando dar protección a las familias
de hecho constituidas por parejas con o sin hijos que, sin estar unidas
por vínculos matrimoniales, constituyen un núcleo familiar perfectamente
definido.
Con la creación de este fondo pretenden cubrir las necesidades más
perentorias de las familias sin recursos económicos y que no reciben
puntualmente la prestación económica a que tienen derecho. El fondo se
dirige preferentemente a subsanar las dificultades y las situaciones de
grave desequilibrio económico sufrido por beneficiarios o beneficiarias
de alimentos para su subsistencia. Se dirige también muy especialmente a
las personas mayores sin hijos menores que atender pero que han quedado
en una situación de grave desequilibrio económico respecto al cónyuge o
pareja que tenía ingresos.
Termina haciendo alusión a la recomendación 869/1979 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa en apoyo a la proposición de ley.
El señor Jover i Presa defiende la proposición de ley del Grupo
Socialista sobre fondo de garantía de alimentos, afirmando que la misma
tiene unos objetivos muy similares, diría que casi idénticos a la
defendida por la señora Rahola, si bien en cuanto al contenido varían
bastante. Sin embargo, ambas coinciden en lo fundamental, como es la
necesidad de crear un mecanismo que haga frente a las dificultades
teóricas, a veces o en la mayoría de los casos prácticas, que genera el
cobro de pensiones de alimentos, bien sean declarados en convenios
reguladores aprobados posteriormente por el juez, bien sea en sentencias
directamente dictadas por el Poder Judicial en supuestos de separación,
divorcio, nulidad o también en procesos de filiación o de alimentos.
Señala que muchas veces estas obligaciones no son satisfechas por las
personas obligadas a hacerlo y consecuentemente se crea una grave
situación de necesidad en algunos casos, sobre todo para el cónyuge a
cuyo cargo han quedado los hijos.
Agrega el señor Jover que hasta fechas relativamente recientes su grupo
pensaba que las medidas previstas en el Código Civil y también en el
Código Penal debían ser suficientes para resolver estos problemas, pero
la experiencia ha demostrado que no es así y
que, pese a los múltiples instrumentos procesales de que se dispone para
hacer frente a esta situación, el problema de impago de pensiones de
alimentos sigue existiendo. En consecuencia, se hace necesario regular
dicha situación y hacerlo, tal como piden las tres proposiciones de ley
objeto de debate, mediante la creación de un fondo público por el que el
Estado garantice el pago de las pensiones de alimentos cuando los
obligados a hacerlo no hayan cumplido.
Concluye exponiendo el contenido material de la proposición de ley, a la
que califica de moderada, posibilista y prudente, esperando que merezca
el apoyo de la Cámara.
La señora Almeida Castro defiende la proposición de ley en nombre del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando que
con ella no se pretende ningún protagonismo en la Cámara, sino solucionar
un grave y viejo problema como es la gravísima situación por la que
atraviesan muchas familias monoparentales, la mayoría de ellas
encabezadas por mujeres, aunque puede darse algún caso individualizado.
Considera que esta obligación viene derivada de la Recomendación 869/1979
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de los compromisos
adquiridos en la Conferencia de Pekín. Se refiere también al Defensor del
Pueblo, quien en una entrevista reciente mencionó las numerosas denuncias
de mujeres que, tras conflictos matrimoniales y sentencias favorables en
las que se les reconocen pensiones alimenticias, se quedan en la calle.
Manifiesta que el Gobierno, la oposición y el conjunto de todos los
grupos tienen la obligación de solucionar este problema. No pretende que
su proposición sea la mejor, sino simplemente cree que es la más justa,
porque considera la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista
como insolidaria con las mujeres, puesto que sólo se pide que se paguen
los alimentos de los hijos menores. Por otra parte, estima que el Código
Penal no soluciona el problema, puesto que un gran número de jueces dicen
que la prisión por deuda no existe en nuestro ordenamiento.
Termina asegurando que en este momento se tiene que tomar en
consideración esta proposición de ley por justicia, por solidaridad y por
eficacia tributaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y las señoras Solsona i Piñol, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz García, del
Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la señora Rahola, es rechazada
por 161 votos en contra, 147 a favor y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista del Congreso, es rechazada por 163 votos en contra y 147
a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
es rechazada por 164 votos en contra, 144 a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 656)
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV), de Coalición Canaria y
Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación en la Comisión de
Presupuestos de una ponencia que tendrá por objeto recibir la información
de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las
recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara el 6
de abril de 1995, conocidas como «Pacto de Toledo» (Página 656)
Para la defensa de la proposición no de ley intervienen en turno conjunto
un representante de cada grupo parlamentario suscriptor de la iniciativa.
Por el Grupo Popular, interviene la señora Montseny Masip, que considera
que la Ponencia debe estar ubicada en el seno de la Comisión de
Presupuestos porque los problemas estructurales que puedan afectar al
sistema de la Seguridad Social tienen un contenido económico importante.
Presenta una enmienda «in voce» en la que propone sustituir «de las
medidas que el Gobierno adopte» por «de las medidas que el Gobierno
proponga en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas
por el Pleno de la Cámara». Considera más acertado hablar de propuestas,
que no de medidas adoptadas, para seguir los criterios que estableció el
Ministro de Trabajo en su comparecencia.
Termina su intervención reiterando el compromiso firme del Presidente del
Gobierno y del Ministro de Trabajo sobre el mantenimiento de las
pensiones y del poder adquisitivo de las misma y la propuesta de diálogo
con todas las fuerzas sociales.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
interviene el señor Vaquero
del Pozo, que apoya firmemente la constitución de esta Ponencia porque
reúne los requisitos de método para el seguimiento de la aplicación del
Pacto de Toledo. Aunque considera que en la proposición no de ley había
algunas cuestiones que era necesario aclarar y matizar, se da por
satisfecho con la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Popular. Sin
embargo, pone de relieve que no sólo se trata de que haya un consenso con
los partidos que suscribieron el Pacto de Toledo, sino que debe haberlo
también con los agentes sociales. En este aspecto no considera
satisfechas sus expectativas y aprovecha la ocasión para decir que a los
agentes sociales no les avala solamente el poder fáctico que ellos
tengan, ni la concesión que los grupos de esta Cámara vayan a hacer
respecto a la negociación con el Gobierno, sino que su poder y la
necesidad de contemplar sus aspiraciones viene avalada porque son la
representación de la voluntad de intereses colectivos protegidos por la
Constitución.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) interviene el señor Olabarría
Muñoz, afirmando su posición positiva en relación a esta proposición no
de ley. Considera que el Pacto de Toledo no resuelve los graves problemas
del sistema público de Seguridad Social y sistema complementario privado,
ni siquiera define el modelo claro de sistema de Seguridad Social
español, por lo que se debe continuar con el trabajo de desarrollo de las
propuestas del Pacto de Toledo en una auténtica definición de aquello que
se pretende reformar en múltiples ámbitos. Estima que hay que seguir
avanzando en la clarificación de los flujos financieros, en la
reconducción de los múltiples regímenes que existen en el sistema de
Seguridad Social, en el fortalecimiento de los sistemas complementarios
libres del sistema público, en la flexibilización de la estructura
normativa de la jubilación y en la superación de seguros anacrónicos como
el de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Añade que las quince propuestas de resolución del Pacto de Toledo no son
más que indicaciones genéricas o conceptuales que sirven de fundamento
para continuar trabajando y hace hincapié en la distribución de
competencias en el ámbito de la Seguridad Social entre la Administración
del Estado y las comunidades autónomas con título competencial
suficiente.
Termina manifestando su esperanza en que se pueda ir, entre todos,
solucionando los graves problemas que existen todavía en el sistema
público de Seguridad Social.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interviene el señor
Mardones Sevilla, haciendo suyos los argumentos que han expuesto los
anteriores intervinientes. Considera que un cambio de legislatura y de
Gobierno no excluye el espíritu de consenso del Pleno del día 6 de abril
de 1995, por lo que considera necesaria la creación de una ponencia que
permita no sólo la recepción de los documentos que mande el Gobierno
sobre los problemas estructurales que existen en nuestra Seguridad Social
y las medidas correctoras de los mismos, sino todas aquellas otras
medidas de índole presupuestaria o asistencial de la Seguridad Social.
Por otra parte, está de acuerdo con el señor Olabarría en cuanto al
problema de distribución de competencias en el ámbito de la Seguridad
Social entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el
señor Homs i Ferret, manifestando que una iniciativa firmada por cinco
grupos políticos debería ser tomada en consideración por representar a
una parte importante de la soberanía popular.
Considera que con esta proposición no de ley se trata de dar continuidad
a un compromiso político alcanzado en la anterior legislatura. Estima que
el Pacto de Toledo debe cumplirse estrictamente y que es al Gobierno a
quien le compete aplicarlo en todos sus extremos, desarrollando los
puntos básicos de aquel compromiso alcanzado entre todas las fuerzas
parlamentarias. Añade que el espíritu de esta iniciativa es instrumentar
una ponencia que, en un tema de tan alta sensibilidad política, pueda
trabajar con el espíritu de consenso que dio contenido al Pacto de
Toledo. Se dirige especialmente al Grupo Socialista pidiéndole que no
cuestione el Pacto de Toledo en ninguno de sus puntos.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cercas Alonso, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley por 188 votos a
favor, siete en contra y 115 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una
Ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o
residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España,
así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos
residentes en España (Página 662)
La señora Fernández Sanz defiende la proposición no de ley del Grupo
Socialista, manifestando que
con ella se pretende avanzar en el estudio de la situación de los
españoles que viven fuera de España, de los inmigrantes --sean
comunitarios o extracomunitarios-- y de los refugiados. A continuación
expone los tres objetivos que el Grupo Socialista persigue con esta
ponencia: en primer lugar, conocer mejor la realidad de estas personas;
en segundo lugar, establecer las prioridades sobre las materias que hay
que legislar; y en tercer lugar, establecer una puesta en común entre la
ponencia y los parlamentarios que en ella trabajen con los órganos de
participación de estos colectivos, para proponer a la Cámara aquellas
actuaciones que sean símbolo de libertad, de respeto, de integración y de
solidaridad. Esta ponencia intenta trabajar intensamente durante un año y
ser un observatorio para examinar las actitudes de la sociedad española
ante los inmigrantes. Se refiere a continuación al año 1995 como el Año
Internacional de la Tolerancia, de las Naciones Unidas, y al futuro año
1997 como el posible Año Europeo contra el Racismo, propuesta que está
bloqueada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea por el veto del
Reino Unido. Confía en que la propuesta de esta ponencia demuestre el
interés de nuestro país y de Europa en estos temas y permita desbloquear
esta actitud.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular interviene el señor Jordano Salinas, considerando que las
políticas sobre inmigración, emigración, asilo y asistencia a refugiados
y desplazados por hechos de guerra deben ser políticas de Estado y no
pueden ser objeto de controversia entre partidos con representación
parlamentaria. Este Parlamento sentó las bases de una política estatal en
relación a los extranjeros en España mediante la aprobación, el 9 de
abril de 1991, de una proposición no de ley, con el voto favorable de
todos los grupos y la abstención de Izquierda Unida. Considera que la
política en relación a la inmigración en España se ha basado en los
principios de la más amplia igualdad de derecho de los extranjeros con
los españoles y en la limitación de entradas, que permite una integración
gradual del extranjero, la lucha contra la inmigración ilegal y contra
situaciones de explotación laboral, así como la protección rápida y
efectiva de los refugiados, pero considera que ha fallado la
modernización y adecuación de las infraestructuras administrativas para
la acogida de extranjeros.
En cuanto a la emigración, estima que existe en la sociedad española la
sensación de que las administraciones públicas en su conjunto no han
respondido a las demandas mínimas de nuestros emigrantes. La enmienda que
presenta el Grupo Popular a esta proposición no de ley pretende poner de
manifiesto que la propuesta que se hace en la proposición no de ley
comprende el estudio conjunto, en una misma ponencia, de la situación de
los españoles en el extranjero, de los emigrantes extranjeros en nuestro
país y de los refugiados, cuando se trata de tres realidades distintas
que merecerían un estudio diferenciado. No obstante, en aras del
consenso, el Grupo Popular estaría dispuesto a retirar su enmienda si el
grupo proponente aceptara incluir en el texto que la ponencia que se cree
tenga como punto de partida las líneas marcadas en la proposición no de
ley en relación a la situación de los extranjeros en España y en la
moción sobre políticas para los españoles emigrantes y residentes en el
exterior aprobadas por este Parlamento en 1991.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las
señoras Urán González, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario
Popular.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad la proposición no de ley
del Grupo Socialista, con 294 votos.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 668)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las
administraciones locales y en concreto la referida al conocido como
«Pacto Local» (Página 668)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propugnando un pacto local que
sitúe a los municipios con un mayor protagonismo en un modelo de Estado
diferente y que profundice en la realidad que emanaba de la Constitución
de 1978. Basa la defensa de su moción en los mismos criterios que expuso
en la interpelación de la semana pasada, cuyo principal objetivo era
resaltar ante el Gobierno y ante las fuerzas políticas la necesidad de un
debate y una reflexión sobre los municipios, y añade que disponen de un
estudio detallado de las competencias municipales y del pacto local,
realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas, entrando a
analizar área por área las competencias que habían sido solicitadas por
la propia Federación de Municipios y Provincias. Añade que este trabajo
se ve reforzado con la declaración solemne
en el debate de investidura sobre la necesidad y el compromiso de un
pacto local, compromiso que ha quedado tan sólo en unas medidas de
competencias en el suelo y en una reducción del poder municipal.
Pasa a concretar la propuesta de la moción, basándose en las enmiendas
que los distintos grupos presentaron. Concluye diciendo que lo que
intentan con su moción es lograr un acuerdo que esté a disposición de
quien debe administrar como Gobierno y de quien gobierna en las
comunidades autónomas, y sirva como compromiso de las fuerzas políticas
para lograr un mayor protagonismo de los municipios y de los entes
locales.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen los
señores López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular, y
Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de
la aceptación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Popular y
Socialista, es aprobada por 273 votos a favor, 13 en contra y cuatro
abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal (Página 677)
El señor Barrero López defiende la moción manifestando que la
interpelación presentada por su grupo la semana pasada no nace como
consecuencia de un debate sobre política judicial, que no es posible
porque este Gobierno lleva apenas cincuenta días en su función, ni
tampoco como consecuencia de una crítica a decisiones del Gobierno, sino
de una preocupación, y es la de que el nuevo Código Penal se cumpla. Para
ello considera necesario adoptar rápidamente una serie de medidas que el
Grupo Socialista ha tenido a bien presentar a la Cámara.
Anuncia que su grupo va a aceptar una enmienda de Izquierda Unida en el
sentido de variar la formulación de plazos preclusivos que aparecen en la
moción diciendo «de manera inmediata» en lugar de los tres meses y seis
meses. Sin embargo, teme que más tarde tengan que quejarse de que no es
posible cumplir un mandato imperativo de carácter parlamentario.
Solicita, en primer lugar, la presentación de un proyecto de ley
reguladora de la responsabilidad penal del menor; en segundo lugar, un
cambio que adecue el recurso de casación del ámbito penal a las
necesidades que se derivan de este Código Penal. Asimismo considera
fundamental que existan nuevas plazas que permitan que las audiencias
provinciales se hagan cargo del mucho trabajo que van a tener como
consecuencia de que los delitos más graves ya no son competencia de un
órgano unipersonal de carácter penal, sino de los tribunales colegiados.
Considera necesaria la implantación de equipos de apoyo, fundamentales a
la hora de enjuiciar determinados delitos, y el conocimiento por el juez
de la situación económica del penado. Todas estas medidas tienen que
tenerlas los jueces encima de la mesa para que su enjuiciamiento sea
correcto. Hace una referencia al diseño de una nueva estructura y planta
de los tribunales de menores y solicita la remisión a la Cámara de un
proyecto de ley de ejecución de penas que el propio Consejo General del
Poder Judicial demandó a la Cámara cuando era vocal la Ministra de
Justicia.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene la señora
Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez,
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ollero
Tassara, por el Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 152
votos en contra, 131 a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al orden del día, vamos a proceder a la toma de
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de un nuevo
Diputado.
Don José Alarcón Molina, en sustitución de don Miguel Ramírez González,
¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ALARCON MOLINA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
En consecuencia, don José Alarcón Molina ha adquirido la condición plena
de Diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO, DE LIBERALIZACION DE LAS
TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 130/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Convalidación o
derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de
junio, de liberalización de las telecomunicaciones.
Para la exposición del contenido del Real Decreto-ley tiene la palabra,
en nombre del Gobierno, el Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, antes de entrar en el análisis detallado del Real Decreto-ley
querría sentar una primera reflexión. Debemos ser conscientes de que
vivimos en una etapa crucial para el desarrollo futuro de las
telecomunicaciones en España. Tres tareas deben emprenderse con urgencia:
es necesario eliminar las trabas existentes que perjudican a la inversión
en este esencial sector productivo; tenemos que preparar el
funcionamiento de las telecomunicaciones para un marco de competencia
efectiva, y hay que potenciar el sector español de las telecomunicaciones
tanto a nivel de los fabricantes como de los operadores existentes.
En estas circunstancias, a poco más de año y medio de la fecha
comunitaria de liberalización plena, se acentúa la preocupación del
Gobierno al repasar el inventario de cuestiones todavía no resueltas o
que lo han sido de forma inadecuada. Ello nos obliga hoy a recorrer el
camino trazado hasta la plena liberalización a mayor velocidad que los
países que ya han iniciado su andadura, si queremos estar bien colocados
en la línea de salida.
El Decreto-ley es un primer paso importante para después avanzar hacia un
marco jurídico cierto, preciso, que despeje en un corto período de tiempo
todas las incertidumbres actualmente existentes que condicionan el sector
o coartan su expansión, al paralizar o impedir la inversión nacional y
extranjera.
La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, modificada en
1992, consagró un régimen de monopolio en el servicio telefónico básico y
admitió la competencia en otros servicios de menor extensión. Respecto a
las infraestructuras de telecomunicaciones, que sirven para prestar los
diversos servicios, no declara su monopolio directamente, pero las
vincula a los servicios de monopolio. Ello ha impedido el desarrollo
autónomo de las infraestructuras y también su empleo, una vez desplegadas
por el territorio nacional. Así, operadores de servicios nominalmente
liberalizados no pueden cursar otras redes que las de operadores de
servicios en régimen de monopolio o en régimen de concesión preferente.
(Rumores.) De esta manera, la capacidad de inversión, que hubiera podido
encauzarse hasta la creación de redes modernas, independientemente de la
que tienen los operadores en monopolio, se ha visto desalentada.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio o procedan a la
preparación de las iniciativas que son de su responsabilidad bien en la
parte de atrás del hemiciclo, bien en los pasillos o en los despachos.
Con toda sinceridad, señorías, se han recibido muchas quejas en la
Cámara, a través de la Presidencia, por el enorme murmullo que, sin que
SS. SS. sean conscientes de ello, se produce por los, sin duda, atinados
pero no menos numerosos comentarios que se hacen a lo largo de la
intervención de un orador. Les puedo garantizar que esto es así. En
beneficio de todos, y sobre todo por respeto al orador, procuren en lo
sucesivo despachar los asuntos de su competencia fuera del hemiciclo
mientras interviene el ponente.
Muchas gracias.
Puede continuar, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas Gracias,
señor Presidente.
La Ley de Telecomunicaciones por cable de 1995 representó un intento de
actualización de la normativa vigente, no muy bien conseguido. Podría
afirmarse que se concibió, originalmente, como una ley para la televisión
por cable. La mayoría de sus artículos se refieren a servicios de
difusión, con una cobertura territorial limitada por demarcaciones. Sin
embargo, se incorporaron referencias a otros servicios, como el
telefónico básico, que comparte pocas prestaciones con el de difusión de
señales de televisión. Se abrió así un campo de aplicaciones confuso, que
ha generado incertidumbre y en el que padece la seguridad jurídica. La
situación desalienta a inversores potencialmente interesados en el
desarrollo de redes y de servicio de cable.
Es necesaria una nueva ley de telecomunicaciones y es necesario construir
los órganos y crear las condiciones en las que deben desarrollarse las
telecomunicaciones españolas del siglo próximo. Estamos lejos de
ello, pero los plazos apremian y obligan a tomar las medidas posibles con
la urgencia que requiere nuestra situación.
Lo que se recoge en el Decreto-ley es el paquete urgente que agota lo
posible ahora. Con ello, queremos ir abriendo la situación; adelantar la
adaptación de los operadores establecidos a la situación competencial
real; comenzar desarrollando, mediante su ejercicio, la capacidad
reguladora que es esencial para la competencia y ofrecer a los inversores
interesados un marco claro y un horizonte despejado para sus decisiones.
Al otro lado del planteamiento progresivo que concebimos y que consiste
en pasar rápida pero gradualmente de la situación actual a la futura, se
ofrece la opción de una liberalización total e inmediata que algunos
propugnan. Sin embargo, estudios solventes sobre la competencia en
telecomunicaciones indican que los nuevos operadores entrantes, en un
mercado dominado por uno ya establecido, competirán entre sí más que con
el operador principal. Se supone que la tasa de mercado que pueden captar
deben repartírsela, ya que, en condiciones de competencia leal, se estima
que el operador principal perderá una parte del mercado relativamente
fija e independiente del número de competidores. En países del tamaño del
nuestro, la tasa de mercado disponible para competidores es suficiente
para un segundo operador y dudosa para la consolidación de un tercero.
De abrirse total e inmediatamente el mercado a todos, cabe imaginar una
situación en la que operadores con gran capacidad para perder dinero en
el empeño, entre quienes se pueden contar los grandes operadores
establecidos como dominantes en sus propios países, estarán dispuestos a
desalojar a los demás competidores, resistiendo más pérdidas durante más
tiempo que los demás, en una labor de desgaste que podría incluso
envilecer al mercado.
Eventualmente, Telefónica pudiera entender ahora que la situación sería
más cómoda contando con una competencia dispersa y en conflicto. Pero su
posición en un mercado poco regulado, frente a la fortaleza y capacidad
de grandes potencias económicas, aconsejan un mínimo de prudencia en el
lanzamiento de la competencia. La experiencia más contrastada corresponde
a países que han abierto sus mercados a la competencia mediante la
creación de un segundo operador durante un período inicial.
El Decreto-ley que se somete a aprobación rompe los impedimentos para que
pueda establecerse la competencia en telefonía; para que se puedan
construir redes y utilizar otras ya construidas; para crear un segundo
operador en el que puedan participar todos los interesados en invertir en
telecomunicaciones en España; para procurar, en un mínimo de tiempo, la
consolidación de este segundo operador de forma que represente un
estímulo eficaz y un complemento a la acción de Telefónica; para crear la
capacidad reguladora necesaria y para alentar a los interesados en redes
de cable, aumentando la seguridad con la que pueden considerar sus
inversiones a la vista de la multiplicidad de servicios que podrán
prestarse a su través.
El Decreto-ley introduce modificaciones en cuatro aspectos sustanciales.
Se trata, en definitiva, de establecer dos acciones de carácter genérico:
modificaciones de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y
modificación de la Ley del Cable; y otras dos acciones concretas:
creación de la comisión del mercado de las telecomunicaciones y creación
de un segundo operador de redes y servicios en el entorno de Retevisión.
La comisión del mercado de las telecomunicaciones se configura como un
ente público con personalidad jurídica propia, independiente del Estado y
plena capacidad de obrar pública y privada. Dicha configuración, junto
con otros aspectos que después se verán, permitirá contar con un órgano
supervisor de arbitraje y consultivo, de máxima independencia, de alta
cualificación profesional sujeto, en el desempeño de sus funciones,
únicamente a la ley y a la revisión de sus actos por la jurisdicción
competente. En efecto, se trata de un órgano supervisor, ya que tendrá
por objeto salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el
campo de las telecomunicaciones y velar por la correcta formación de los
precios, informando las propuestas de tarifas.
Por otro lado, ejercerá las funciones de arbitraje en un doble sentido:
resolución de controversias entre operadores y resolución de conflictos
entre operadores y usuarios. En su faceta consultiva asesorará al
Gobierno y a las comunidades autónomas en los asuntos concernientes al
mercado de las telecomunicaciones.
En definitiva, estamos ante un órgano cuyas principales características
serán: estar dotado de autonomía administrativa, económica, financiera y
operativa; ser independiente de presiones políticas e intereses
económicos; actuar con transparencia en los procesos de toma de
decisiones; ser capaz de mantener un diálogo fluido con los operadores y
con los consumidores de servicios; estar dotado de un equipo profesional
multidisciplinar de alto nivel y sujeto a procesos de capacitación
permanente y revestir una naturaleza flexible como para responder rápida
y adecuadamente a los cambios tecnológicos y del mercado.
De suma importancia para lograr esos objetivos de máxima independencia y
plena capacidad de obrar es la composición y régimen de funcionamiento de
su órgano rector. En efecto, la comisión estará regida por un consejo
compuesto por un presidente, un vicepresidente y cinco consejeros. Habida
cuenta de que las competencias que se atribuyen a la comisión son
competencias propias de la Administración General del Estado, se hace
necesario que las personas designadas sean en una primera fase de total
garantía para la Administración delegante. Se ha optado por reservar al
Gobierno
la decisión sobre su nombramiento. No obstante, y como no podría ser de
otro modo, el Gobierno velará para que en dicho consejo estén debidamente
representados todos los intereses de la sociedad relacionados con el
mundo de las telecomunicaciones. Así, estarán representados los usuarios,
los operadores de redes y servicios y la propia Administración. Esta
configuración inicial deberá ser mejorada y perfeccionada.
Para salvaguardar la independencia de los miembros del consejo se ha
optado por fijar su mandato por un período de seis años, superior al de
una legislatura, y excepcionalmente los cargos del primer vicepresidente
y dos de los consejeros serán sólo por tres años. También, en aras a la
salvaguarda de su independencia, se ha ideado un elenco cerrado de causas
objetivas para su cese. De ahí que aun cuando la designación sea directa
por el Gobierno, una vez nombrados no dependerán de él para mantenerse en
sus cargos. Son, en sustancia, inamovibles.
Otra cuestión muy importante es la relación jurídica del personal que
preste sus servicios en la comisión, que al ser una relación de carácter
laboral pierde las características de subordinación y jerarquía
administrativa que definen a la función pública y, por otro lado, permite
a la comisión elegir su personal entre los sectores de mayor competencia
técnica, dentro del sector público y del sector privado.
En cuanto a las funciones que se le otorgan éstas son las estrictamente
necesarias para lograr el objetivo de salvaguardar las condiciones de
competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones. Debe
resaltarse, entre otras, el poder de dictar instrucciones vinculantes
cuyo incumplimiento podría dar lugar a sanciones muy graves. Debe
resaltarse también la potestad sancionatoria indirecta, a través de la
Administración del Estado y del Tribunal de la Defensa de la Competencia.
En el marco de un decreto-ley no se podía llegar más lejos.
En el futuro, es decir, en la futura Ley General de Ordenación de las
Telecomunicaciones se perfilarán mejor las atribuciones de la comisión y
se añadirán otras nuevas, como la regulación de tarifas, la protección de
datos o la garantía de libertad y secreto de las comunicaciones.
En lo que afecta a la modificación de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones se introducen seis modificaciones significativas.
Primera, la necesidad de abrir a la competencia los servicios finales, es
decir, el servicio telefónico básico, el télex y el telegrama y los
servicios portadores de telecomunicación que, hasta la fecha, se
prestaban en régimen de monopolio. Ello posibilitará la entrada inmediata
en el mercado de dichos servicios de un segundo operador y posteriormente
de otros operadores.
Segunda modificación: posibilitar una competencia leal y efectiva en el
mercado de servicios de telecomunicaciones, evitando que por vía
indirecta los titulares de las redes, que a su vez son prestadores de
otros servicios, puedan falsear las condiciones de mercado con prácticas
abusivas basadas en una posición dominante. Se trata, en definitiva, de
establecer condiciones asimétricas entre los operadores en relación con
la posición de dominio del mercado que cada uno ocupe.
Tercera, establecer la posibilidad de que el Gobierno modifique las
limitaciones a la inversión de capital extranjero en estos servicios,
desde el 25 por ciento a una cuantía superior, en función de principios
de reciprocidad.
Cuarta, permitir la interconexión de las redes y la interoperatividad de
los servicios en condiciones de transparencia, no discriminación y
objetividad, y en base a criterios de orientación a los costes hasta que
sea efectiva la competencia. A falta de acuerdo entre las partes,
resolverá la comisión del mercado de telecomunicaciones.
Quinta, sustituir el sistema de tarifas fijas por un abanico de tarifas
fijas máximas/mínimas o precios regulados en función de la evolución del
mercado.
Y, sexta, la desaparición en 1998 de la figura del Delegado del Gobierno
en Telefónica.
Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones por Cable son las
siguientes: primero, otorgar la competencia para la alteración de las
demarcaciones preexistentes a las Administraciones que aprobaron
inicialmente la demarcación en vez de otorgársela en todos los casos a la
Administración del Estado. Se pueden aquí fortalecer las competencias de
las comunidades autónomas en el ámbito de su territorio.
Segundo, introducir la posibilidad de que el Gobierno, a propuesta de la
comisión del mercado de telecomunicaciones, suprima las limitaciones
establecidas en la ley para que una persona física o jurídica participe
en el capital de una o más sociedades que, conjuntamente, alcancen más
del millón y medio de abonados.
Tercero, ampliar el plazo de la concesión de 15 hasta un máximo de 25
años. Esta ampliación se establece teniendo en cuenta el volumen de las
inversiones necesarias y las correspondientes amortizaciones.
Cuarto, supresión de la excepcionalidad de prestar el servicio mediante
sistemas distintos al del cable.
Y, quinto y último, hacer frente a las situaciones creadas antes de la
entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Su resolución
se podrá hacer caso a caso a la luz de lo establecido por las sentencias
del Tribunal Constitucional.
El último gran aspecto del Real Decreto-ley, señorías, es el que se
refiere a la puesta en marcha del segundo operador de telecomunicaciones.
No se oculta a SS. SS. que la creación de este segundo operador
constituye una opción estratégica que forma parte del objetivo de
introducción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. De
optarse por la solución de no crear un segundo operador, el aumento de la
competencia sería
menor. Por otra parte, el segundo operador va a permitir introducir en el
mercado varias redes alternativas existentes y canalizar una fuerte
corriente de inversión y empleo, potenciando una oferta amplia y variada
de servicios lo que, en última instancia, beneficiará a consumidores y
usuarios en muchos sectores del mercado.
Las experiencias de los países de mediana dimensión muestran que estos
objetivos se han conseguido, rompiéndose la situación de monopolio,
bajando los precios, fomentando la inversión y ampliando la oferta de
servicios con importantes ventajas para los ciudadanos y las empresas.
Los ejemplos de Gran Bretaña y de Australia muestran que se trata de una
estrategia experimentada. En suma, la creación de un segundo operador
español de redes y servicios persigue, como primer objetivo, dotar a
nuestro país de un sector de telecomunicaciones abierto a la competencia,
moderno y eficaz, como una de las bases de una sociedad avanzada de
servicios.
La consecución de dicho objetivo, partiendo de una situación de
sobrerregulación y de monopolio absoluto y dilatado durante más de 70
años, exige una serie de medidas correctoras transitorias tendentes a
atenuar esta situación de dominio absoluto de la infraestructura y del
mercado, de forma que sea posible una competencia efectiva desde el
inicio. Dicha competencia efectiva producirá también un efecto de
estímulo sobre el primer operador, como ya se ha demostrado con éxito en
el caso de las telecomunicaciones móviles. Han bajado los precios de las
dos compañías que operan en el sector, están creciendo ambas más allá de
lo previsto y están aumentando sus beneficios a pesar de las
espectaculares rebajas de precios.
Señorías, estas primeras medidas que introduce el Real Decreto-ley, cuya
convalidación sometemos hoy a la consideración de la Cámara, buscan
encauzar un proceso equilibrado de liberalización. No es un equilibrio
fácil porque están en juego muchos intereses legítimos de signo
contradictorio o, al menos, de signo distinto, pero es un camino que
conseguirá situar a España en condiciones adecuadas en el mercado,
comunitario primero y mundial después, de las telecomunicaciones, y, por
tanto, colocará a España en la sociedad de la información que es,
señorías, la sociedad del futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el señor
García-Arreciado Batanero.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, hace escasamente una semana, en su
comparecencia en la Comisión de Infraestructuras, tuve la satisfacción de
decirle, señor Ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la
extraordinaria coincidencia que había entre los planteamientos en
política de telecomunicaciones que hizo usted con carácter general y los
planteamientos contenidos en nuestro programa electoral.
Los años que lleva uno en esta Cámara me hicieron tener la precaución de
advertirle que la conformidad era con las grandes letras del contrato que
usted nos estaba ofreciendo en la Comisión de Infraestructuras, y que a
la hora de leer la letra pequeña del contrato tendríamos ocasión de
identificar los puntos de encuentro o desencuentro entre la realidad de
la política que ustedes hacen y la realidad o la virtualidad de la
política que nos predican.
Como estamos en telecomunicaciones, usted ha hecho hoy un ejercicio
magistral de una de las tecnologías más avanzadas en telecomunicación,
que se llama la realidad virtual. Consiste en envolver al usuario en una
realidad ficticia que él mismo crea y controla por medios acústicos, por
medios táctiles o por medios sonoros. Usted ha creado aquí, en el entorno
de la explicación del Real Decreto-ley, el ambiente que le convenía. Ha
explicado lo que dice el Real Decreto-ley.
Es imposible discutirle ni debatir sobre lo que dice el Real Decreto-ley,
pero no ha explicado lo que no dice el Real Decreto-ley o las
consecuencias políticas, técnicas, financieras y económicas que se pueden
derivar de este Real Decreto.
Afortunadamente me llega la información de que su grupo parlamentario
está dispuesto a tramitar después ese Real Decreto como un proyecto de
ley, con lo cual es posible que nos podamos ahorrar el recurso de
inconstitucionalidad que iba a anunciar. Pero tenemos gravísimas
objeciones al contenido del Real Decreto, que se pueden establecer en dos
niveles de análisis distintos. Desde el punto de vista
jurídico-constitucional no hay ni una sola de las exigencias o de los
límites que el artículo 86.1 establece al uso por el Gobierno del
instrumento legislativo del Real Decreto que no sea sistemáticamente
vulnerada en el texto del mismo. Y en el aspecto político, nos parece que
establecen ustedes un duopolio nominal, desequilibrado en favor de un
segundo operador de redes y servicios que se pretende crear y en contra
de un operador actualmente funcionando que constituye la empresa de
telecomunicaciones de Europa mejor gestionada, en productividad de líneas
por empleado, que es la más internacional de nuestras empresas, que da
empleo a 60.000 trabajadores y que administra inversiones de más de
600.000 pequeños inversores. Y lo hacen ustedes de forma gratuita, lo
hacen ustedes impidiendo a Telefónica de España operar hasta el año 2000,
mientras el segundo operador que se pretende crear se posiciona en el
mercado. Sirva un ejemplo citado por S. S. para mostrar la falsedad o la
inutilidad de este planteamiento. Se ha referido usted al buen desarrollo
de los servicios en telefonía móvil automática, a la competencia entre
MoviStar y Airtel, que se ha producido en términos beneficiosos, sin que
a nadie se le hubiera ocurrido
prohibir a MoviStar dar sus servicios durante 24 meses hasta que se
consolidara Airtel, como ustedes pretenden hacer ahora con Telefónica.
Son tres tipos de medidas las que nos proponen ustedes. La creación de
nuevos organismos, la modificación de la Ley de Ordenación de 1987, con
la modificación posterior del año 1992, creo recordar, y la modificación
de la Ley del Cable. De la comisión del mercado de telecomunicaciones
únicamente queremos decir que nada avala la urgente necesidad,
establecida por el artículo 86.1, para crear este organismo en un
instrumento legislativo del rango del Real Decreto-ley, máxime porque ese
mismo Real Decreto-ley da un plazo de tres años para publicar el
organigrama y las funciones de la comisión del mercado que ustedes
pretenden crear por este trámite de urgencia. Si a eso unimos los cinco
meses, como mínimo, que llevará la tramitación como ley de este Real
Decreto-ley, se subraya el argumento de que no existen las razones de
urgente necesidad contenidas en el artículo 86.1 de la Constitución
española.
En cuanto a los contenidos o funciones de esta comisión, nos sorprenden
dos en particular: que las funciones de arbitraje entre particulares
tengan que ser a petición de los particulares y las de asesoramiento a
las comunidades autónomas, al Estado, sean de oficio. Nos parece que
alguien ha confundido la pluma y nos parece más razonable que el
asesoramiento al Estado o a las comunidades sea a petición de ellos y la
intermediación en las posiciones de conflicto entre los diferentes
agentes del cable, por ejemplo, sea de oficio.
Políticamente nos gusta que la comisión no sea independiente, a pesar de
la machacona insistencia que ustedes tuvieron durante tres años en
relación a que la no existencia de una comisión de expertos independiente
deslegitimaba al Estado en su intervención en el mercado de las
telecomunicaciones; es más, en la propia referencia del Consejo de
Ministros mantienen ustedes que la comisión es independiente.
No nos gusta que los siete miembros del consejo rector de dicha comisión
sean nombrados a propuesta del Gobierno, y en el trámite parlamentario
como proyecto de ley pretendemos introducir la extracción parlamentaria
de parte de los miembros del consejo rector y de la comisión.
Quisiéramos que nos explicara cómo se financia, con cargo a quién se
financia el mantenimiento de la comisión y del órgano rector, porque sólo
los siete altos cargos que ustedes crean en régimen de incompatibilidad
de altos cargos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, un momento, por favor.
Señorías, les insisto en la necesidad de mantener el silencio. Yo les
invitaría a SS. SS. a que contemplaran, a través del monitor de
televisión, cuál es el grado de murmullo que llega a alzarse desde los
escaños cuando SS. SS. se animan a trabajar en el hemiciclo lo que a lo
mejor pueden despachar fuera de él. Les ruego encarecidamente que guarden
silencio. Puede continuar, señor Diputado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Insoportable, oiga, que diría Forges.
Nosotros quisiéramos saber quién va a financiar la comisión y el consejo
rector, porque sólo los siete altos cargos que ustedes crean costarán no
menos de 125 millones al año, con lo cual los 200 millones que han
ahorrado ustedes en total con la supresión de altos cargos públicos,
verdaderamente quedarían reducidos únicamente a 75.
Segundo operador de redes y servicio. Desde el punto de vista jurídico es
la única medida que justifica la promulgación de un real decreto-ley. Así
se lo hicimos saber, me consta, no sólo mi grupo parlamentario, sino
otros grupos parlamentarios de la Cámara. Políticamente, señor Ministro,
¿qué nos parece? Que el duopolio llega quizá demasiado tarde. En
diciembre de 1995 se les propuso a ustedes la promulgación de un real
decreto-ley que creaba el segundo operador. Se les dijo además que la
privatización del capital se produciría en torno al mes de junio, con lo
cual sería el nuevo Gobierno el que tendría la decisión, al parecer ya
tomada por ustedes, de expulsar al BBV y a La Caixa de los accionistas de
este segundo operador, para favorecer a un grupo financiero estrechamente
vinculado con su partido político. Pero aún así, ustedes rechazaron la
solución y, sin embargo, ahora copian literalmente el contenido del
decreto, salvo la fecha de liberalización de los servicios finales y de
los servicios portadores, que en nuestro decreto, tal como recoge la
Unión Europea, era dentro de 18 meses, en 1998, y ustedes lo anticipan
ahora mismo a la fecha de entrada en vigor del decreto, en su caso, de la
ley. Y el duopolio, que ya iba muy ajustado en los timing que se
proponían desde el Gobierno anterior, ahora resulta verdaderamente
difícil que fructifiquen. Lo introdujo Inglaterra en el año 1982, creando
Mercury como segundo operador frente a British Telecom. Catorce años
después, en el año actual, Mercury controla 200.000 circuitos principales
en Alemania, mientras British Telecom controla 26.600.000 circuitos
principales. Ustedes quieren poner a competir Telefónica, que tiene una
red troncal de más de un millón de kilómetros de fibra óptica, 900.000
circuitos interurbanos, más de 45.000 circuitos internacionales, con
Retevisión, que tiene 46.000 kilómetros de circuitos analógicos, que es
la prehistoria de la tecnología en telecomunicaciones, 162.000 kilómetros
de circuitos digitales, que es una fase tecnológicamente más avanzada, de
34 megabits por segundo, que es también cuasi la prehistoria en
telecomunicaciones, y solamente 40.000 kilómetros de circuitos digitales
de 140 megabits; es decir, capaces de soportar servicios de banda ancha y
la transferencia asíncrona de información.
Como usted comprenderá, a pesar de su esfuerzo de retrasar la entrada de
Telefónica en la competencia del
mercado de telecomunicaciones, la diferencia de instrumentos
tecnológicos, la diferencia de «know how», la diferencia de capacidad de
recursos humanos y técnicos hacen que, a pesar del exagerado --por
decirlo en términos piadosos-- sesgo que el Decreto-ley tiene amparando a
Retevisión y al grupo financiero que resultará adjudicatario con la
máxima seguridad de esta concesión, resulta imposible pensar que en estos
dieciocho meses se pueda crear realmente ese duopolio.
¿Por qué impiden entonces ustedes que Telefónica pueda dar servicios de
banda ancha hasta veinticuatro meses después de resuelta la concesión en
las demarcaciones? Considerando que el reglamento del cable no está
hecho; considerando que las demarcaciones no están aprobadas;
considerando que los reglamentos técnicos tampoco están elaborados;
considerando que los concursos no están no ya resueltos, sino ni tan
siquiera convocados, uniendo a eso los 24 meses de carencia que ustedes
introducen, van a impedir que antes del año 2000 Telefónica pueda dar
servicios de banda ancha. Van a impedir ustedes que siete millones y
medio de familias españolas, cuyos hogares ya están pasados con fibra
óptica por Telefónica, puedan tener acceso en el plazo de unos pocos
meses a servicios avanzados de banda ancha. Me lo está usted impidiendo a
mí; se lo está usted impidiendo a los miembros de esta Cámara, a los
españoles, a las empresas, a todas aquellas empresas o bien personas que
tienen la red troncal de Telefónica a menos de doscientos metros de su
domicilio, faltando únicamente el contrato del bucle de abonado. (El
señor Robles Fraga: Sí es posible.)
¿Cómo es posible, señor Michavila, que usted diga, entre otras cosas, las
tonterías que dice hoy en la prensa? ¿Cómo es posible que ustedes
paralicen el proceso de modernización de este país, de incorporación a la
sociedad de la información, y lo hagan en nombre de la competencia
fastidiando al usuario? Sí, ustedes perjudican a los usuarios; ustedes
perjudican a los pequeños accionistas de Telefónica; ustedes han cesado,
sin explicación ninguna, a un excelente gestor de Telefónica, con la
consiguiente protesta de los grandes inversores que no encuentran razón
ninguna para el cese que se ha producido. No es en nombre de la
competencia, al menos entendida la competencia como instrumento al
servicio del mercado y de la satisfacción de los bienes y servicios en
cantidad y en calidad que se deben de ofrecer a los usuarios.
Yo lamento tener que afirmar desde esta tribuna que este decreto-ley es
el primer pago de una hipoteca que ustedes tienen con poderes
financieros, que van a conseguir introducirse en este mercado de
competencia porque ustedes amarran a Telefónica, porque ustedes le
impiden operar.
Pero no solamente eso. Meten ustedes una disposición transitoria en la
cual dan una amnistía a los ayuntamientos del Partido Popular, que
después de la fecha de entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones
por Cable, el 26 de diciembre, han convocado concursos de adjudicación de
servicios de cable, en clara vulneración del contenido del artículo 86.1
de la Constitución, que excluye de las materias que se pueden regular por
decreto-ley aquellas que afectan a derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos, contenidas en el Título I de la Constitución, y ustedes lo
están haciendo, porque están modificando la Ley de Telecomunicaciones por
Cable y, por tanto, la prestación del servicio por cable, reconocido por
el Tribunal Constitucional como un derecho y libertad fundamental por
decreto-ley.
Pero, además de eso, dicen ustedes que la concesión será por diez años
más el tiempo necesario para la finalización de las inversiones.
Cualquier demarcación medianamente compleja tardará no menos de seis u
ocho años en conseguir que el cable llegue a los extremos más alejados de
esa demarcación.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego vaya concluyendo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy terminando, señor Presidente.
Cinco o seis años para finalizar las inversiones, diez años de concesión
que ustedes le otorgan, y ahora, como impiden ustedes con su modificación
de la ley que el Ministerio que usted dirige pueda crear demarcaciones y
convocar concursos en las demarcaciones que al 1.º de enero de 1998 no
estén constituidas, ¿sabe usted qué puede ocurrir, señor Ministro? Por
eso le preguntaba el otro día quién había hecho este Real Decreto, no con
motivo de ofenderle, como usted se dio por ofendido, sino porque no me
cabe en la cabeza que ni el Consejo de Estado, ni ningún abogado del
Estado, de mínimo rigor, haya leído y autorizado este Real Decreto ¿Sabe
usted qué va a ocurrir? Que, por ejemplo, en Sevilla, donde, sin concurso
siquiera, se ha adjudicado a dedo una licencia... (Un señor Diputado: En
la Expo.) (La Expo fue un triunfo, para su pesar.) ... se ha convocado un
concurso del cable y el ayuntamiento no va a tener ningún interés en
constituirse en demarcación, porque ya tiene adjudicada su concesión de
cable. Como el Ministerio, con la modificación que ustedes introducen, no
puede forzar a la constitución de esa demarcación, no habrá concurso de
cable y como no habrá concurso de cable, Telefónica, que sólo puede
operar dos años después del concurso de cable, se quedará posiblemente
sin poder operar en Sevilla, y en Madrid, y en Barcelona, y en Valencia y
en Santander y en Jerez y en la parte más cremosa del mercado de las
telecomunicaciones.
Esas cosas nos inquietan, señor Ministro, inquietan a Bruselas y por eso
usted se marcha mañana a Bruselas a explicarle al señor Comisario Van
Miert las incertidumbres que ustedes introducen con este Real Decreto.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego concluya.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: E inquieta a los inversores
internacionales, como hemos tenido ocasión de ver recientemente en Nueva
York, porque tienen arriesgadas centenares de miles de millones de
pesetas de fondos de inversión de Estados Unidos en Telefónica.
Esta gente sí piensa estas cuestiones y los que le han hecho a usted el
decreto, señor Ministro, parece no haberse detenido a analizar durante
unos minutos las consecuencias de las modificaciones que ustedes
introducen, a alguna de las cuales me he referido y no a la mayoría de
ellas.
Por tanto, señor Ministro, mostrando mi satisfacción por el acuerdo de su
grupo parlamentario --a la fuerza ahorcan-- de tramitar el Decreto-ley
como una ley, tengo que manifestar el rotundo rechazo jurídico y político
del Grupo Parlamentario Socialista a los contenidos del Real Decreto-ley
que, por supuesto, vamos a votar en contra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Su señoría ha realizado una serie de reflexiones --por llamarlas de
alguna manera-- sobre el Real Decreto-ley que no tienen nada que ver ni
con el texto del Real Decreto, ni con la realidad que subyace, ni con la
intencionalidad del Gobierno a la hora de redactarlo y someterlo a
convalidación de esta Cámara.
La cuestión fundamental es saber cómo se sale razonablemente bien de un
régimen de monopolio en la telefonía básica, sin perjudicar al monopolio,
como empresa, porque ha de competir en el mercado, movilizando inversión
e incorporando tecnología moderna y favoreciendo los intereses de los
ciudadanos. Eso es lo que persigue este Real Decreto-ley.
Usted podrá criticar la solución, pero frente a esa solución debería
usted proponer otra alternativa, lo que no ha hecho en absoluto. Y le voy
a demostrar por qué no lo ha hecho y por qué ha introducido una
permanente contradicción con el único y exclusivo objeto de criticar el
Real Decreto-ley.
La respuesta a la gran cuestión de cómo se sale de un monopolio no tiene
más que tres posibles caminos: o se va a una liberalización gradual y
controlada, breve en el tiempo, de infraestructuras, de redes y de
servicios. Esto implica introducir una competencia limitada en el tiempo.
O se va, por el contrario, a una liberalización plena e inmediata, y
habría que ver, entonces, las consecuencias que padecería Telefónica. O
bien se mantiene el régimen de monopolio hasta que la legislación
comunitaria nos imponga la liberalización inmediata y total.
No hay más caminos señoría. Y lo que para ustedes era un buen modelo hace
un año se ha convertido en una solución demoníaca un año más tarde. Su
argumentación carece, en todo caso, de fundamento. Me voy a permitir
contestarle a las principales críticas que usted ha hecho al Real
Decreto-ley.
Primero, usted ha querido demostrar que el duopolio en telefonía móvil
digital se ha producido, ha tenido éxito, ha funcionado sin ningún tipo
de limitaciones; falso, señoría. A Telefónica se le ha impuesto la
congelación de tarifas de la telefonía analógica y, por consiguiente, ya
se ha introducido una limitación a la actividad del monopolio. Porque,
señoría, no se puede salir de un monopolio sin introducir limitaciones,
es imposible. Y usted podrá criticar unas u otras limitaciones, pero sin
limitaciones es imposible salir del régimen de monopolio. Y lo han hecho
todos los países, de una manera o de otra, por un camino o por otro, pero
lo han hecho todos los países.
En segundo lugar, ha criticado la urgencia de la comisión reguladora. Ha
negado usted que sea urgente la constitución de esa Comisión reguladora.
Yo le diría que no es que sea urgente, es que es urgentísima, porque ya
hay conflictos. No hay más que un duopolio en telefonía móvil digital y
ya hay conflictos entre Telefónica y Airtel. Imagínese usted si es
necesaria o no la comisión. Pero, además, la legislación comunitaria y el
Comisario Van Miert nos exigen la puesta en marcha de esa comisión
reguladora, para que nosotros podamos proteger los convenios
internacionales de nuestra compañía telefónica. Porque la Comisión
Europea no autoriza el Convenio de Unisource mientras no introduzcamos la
comisión reguladora. Y, como es necesario que ese convenio de Telefónica
con otras empresas europeas se produzca cuanto antes, es urgente poner en
marcha la comisión reguladora.
Dice usted que no entiende por qué el arbitraje, que como facultad tiene
la comisión reguladora, debe hacerse a petición de las partes
interesadas. Señoría, porque hay sobrada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional señalando que no es posible, en el marco de la
Constitución Española, el arbitraje obligatorio. Y, como no es posible el
arbitraje obligatorio, es imprescindible que las partes soliciten el
arbitraje voluntario. Es una limitación constitucional que está, por otra
parte, en la propia naturaleza del arbitraje. No debe haber arbitrajes
obligatorios, las partes se someten a arbitraje voluntariamente y,
entonces sí, la resolución de la comisión reguladora será vinculante.
Pero eso es doctrina del Tribunal Constitucional, no invención del Real
Decreto-ley.
Dice usted que el duopolio llega tarde. Le decía antes que resulta
pintoresco que hace un año el duopolio fuera imprescindible y 12 meses
después el duopolio llega tarde. Si es un afán de criticar o de provocar
un
debate que pueda interesar a la Cámara, le puedo pasar el argumento, pero
la inconsistencia es evidente.
Dice usted que se constituye este duopolio y hace usted un «razonamiento»
--y lo vuelvo a poner entre comillas-- que, con perdón, señoría, es
absolutamente infumable. Porque si usted piensa que el duopolio se pone
en marcha por la presunta vinculación del Partido Popular con un grupo
financiero, yo le diría a usted cuál es la vinculación que S. S. tiene
con el otro grupo financiero. Y con eso, señoría, no hemos arreglado
nada, no hemos discutido nada constructivamente y no hemos ilustrado a la
Cámara. Sencillamente, es el tipo de argumentación rayano, señoría --y
perdón por la expresión--, en la pura tontería.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor
Presidente. El éxito del duopolio británico es el éxito razonable que
puede tener una fórmula opinable como es el duopolio.
Mire usted, en Gran Bretaña bajaron los precios, lo que benefició a los
consumidores y, además, se saneó la British Telecom, y hoy es la empresa
más competitiva que existe en el mercado de las telecomunicaciones en el
ámbito comunitario, como consecuencia de la existencia del duopoplio; es
decir, que el duopolio fue un gran servicio que el Gobierno inglés le
hizo precisamente a la British Telecom, y ése es el argumento que usted
debería haber tenido en cuenta.
Concluyo, señor Presidente. Los 24 meses que se introducen como plazo
para que Telefónica pueda operar en los servicios de telecomunicación por
cable es un plazo máximo, señoría. El decreto-ley es prudente y ha
previsto la posibilidad de rebajar ese plazo según la naturaleza de la
demarcación de que se trate, porque hay demarcaciones en las que la
puesta en marcha de la competencia va a exigir los 24 meses y otras
demarcaciones en las que no será necesario esperar los 24 meses, pero en
todo caso, señoría, estamos discutiendo y hace usted una tragedia por una
diferencia de 15 meses. En la ley suya se establecía un plazo de nueve
meses y ahora fijamos un plazo de 24 meses. Hacer una tragedia y un drama
a la griega por 15 meses de diferencia, señoría, me parece una
argumentación que es una broma.
Y, señoría, no hay ninguna amnistía para los ayuntamientos. Usted
interpreta mal esa disposición transitoria. Esta disposición transitoria
recoge doctrina del Tribunal Constitucional que, como usted sabe, dijo
que en una situación de alegalidad los ayuntamientos tenían capacidad
para adjudicar concesiones de cable, y eso es exactamente lo que pretende
resolver la disposición transitoria de este decreto-ley, reconduciendo a
un marco de legalidad todas y cada una de las adjudicaciones que se
hicieron en esa situación de alegalidad. Y le añadiría: no se establece
un plazo de 10 años para todas esas concesiones. Usted ha leído mal la
disposición transitoria. Se habla de un plazo máximo, y se dice que se
resolverá caso por caso y se dará un plazo distinto a cada caso, según
las inversiones efectivamente producidas.
Por tanto, una vez más es una decisión prudente, que quiere reconducir a
una situación de legalidad una situación caótica de alegalidad creada por
SS. SS. durante el Gobierno socialista.
Señor Presidente, con ello concluyo. Señorías, el Real Decreto-ley es el
producto de la incapacidad y de las ojeras ideológicas de un Gobierno que
fue incapaz de poner en marcha seriamente un proceso de liberalización de
las telecomunicaciones que en España ya está llegando tarde, y que
nosotros hemos debido acudir a un Real Decreto-ley para poner en marcha
algo que deberían haber puesto en marcha ustedes hace ya varios años. La
legislación comunitaria, la más importante, está en vigor desde hace
varios años, señoría, y las medidas de su Gobierno fueron, hasta la Ley
del Cable, prácticamente nulas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor García-Arreciado tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Subimos el tono del debate, señor Ministro? Lo vamos a subir. El fracaso
y la incapacidad del Gobierno socialista se empiezan a manifestar en el
año 1987, cuando separa el operador Telefónica del regulador, que también
era la misma compañía Telefónica, situación generada por un Gobierno al
que usted pertenecía: el regulador y el operador eran el mismo, y tenemos
que esperar hasta 1987 para que se cree un órgano regulador, que es la
Administración del Estado, y un operador que tiene que seguir las
instrucciones de ese órgano regulador. Pero, además, el fracaso
socialista en la materia consiste en tener en órbita dos satélites
Hispasat con 24 transpondedores, con la oposición frontal de su grupo
parlamentario al proyecto Hispasat. El fracaso es la creación de
Retevisión, que en estos momentos da cobertura a la primera cadena en el
99 por ciento del territorio, a la segunda cadena en el 95 y a las
privadas en más del 85 por ciento. El fracaso continúa por la Ley de las
Telecomunicaciones por Cable que liberaliza, no sólo los servicios como
en toda Europa, sino también las infraestructuras, o la ley del satélite
que liberaliza las telecomunicaciones por satélite, o la ley de la
televisión local, a la que ustedes se opusieron frontalmente, o la ley de
los terceros canales que ustedes quieren ahora privatizar y que es
también una ley del Gobierno socialista, o al hecho de que las
televisiones privadas no existían en 1982, tras períodos de gobierno en
los que usted había estado, y ahora existen y están asentadas. El fracaso
del Gobierno
socialista consiste en haber pasado de 8 millones de líneas telefónicas
analógicas en 1982 a 16 millones de líneas telefónicas, el 74 por ciento
de las cuales son digitales, en el presente año, y todas las centrales de
conmutación con tecnología digital.
No tiene nada que ver lo que yo he dicho ni con la realidad ni con las
intenciones del Gobierno en el Real Decreto-ley. Le voy a poner un
ejemplo más de la desmesura, del abuso que se ha cometido con el Real
Decreto-ley en lo referido a la dudosa urgencia y necesidad del mismo.
Establecen ustedes que el delegado del Gobierno en Telefónica
desaparecerá el 1 de enero de 1998. No sé yo qué sentido, urgencia o
necesidad tiene incluir en un real decreto-ley que dentro de 18 meses ya
no habrá delegado del Gobierno en Telefónica.
¿Cómo se sale de un régimen de monopolio para entrar en un régimen de
competencia? Pues como hemos salido. La LOT declaraba en monopolio los
servicios portadores, los servicios finales, los servicios de valor
añadido y todos los servicios en telecomunicaciones. No hay monopolio ni
en el servicio de valor añadido ni en la telefonía móvil automática ni en
los v-sat --aquí hay una competencia restringida, bien es cierto-- ni en
la conmutación de datos ni en radiobúsqueda ni en grupos cerrados de
usuarios, que se llaman redes trunking, etcétera. En todo eso, señor
Ministro, hemos pasado del monopolio a la competencia sin decretos leyes,
sin maniatar a nadie, sin paralizar el mercado, sin perjudicar a los
usuarios.
Dice usted que la urgencia de la comisión reguladora viene dada porque ya
hay conflictos. Y Secretaría General de Comunicaciones, y Dirección
General de Telecomunicaciones, y Tribunal de Defensa de la Competencia
que los resuelvan. En todo caso, no nos hemos negado a la creación de una
comisión del mercado de telecomunicaciones. Lo que hemos dicho es que no
nos parece lo suficientemente urgente para que se incluya en un real
decreto-ley. Que se tramite como ley y posiblemente estaremos de acuerdo.
El arbitraje es con carácter obligatorio, voluntario, por sentencia del
Tribunal Constitucional. Nos parece muy bien, pero también será entonces
voluntario para las comunidades autónomas. Y ustedes dicen que no, que el
asesoramiento --no es arbitraje, es asesoramiento--, en definitiva, que
meter las narices en las comunidades autónomas no es a petición de las
mismas, sino de oficio de la comisión nacional del mercado.
Respecto a la vinculación de nuestro partido a otros grupos financieros,
qué más quisiéramos, señor Arias-Salgado, qué más quisiéramos que hubiera
habido algo de esto. Desde luego, no ha habido ningún Botín en la
historia reciente de la democracia que le haya dicho a nuestro Gobierno
lo que tiene que hacer, ni cuándo tiene que hacerlo, ni por qué tiene que
hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: En unos instantes.
El duopolio bajó los precios en Inglaterra, sí señor, y produjo 65.000
desempleados. Y además lo introdujeron en 1982, con 14 años, para adaptar
ese duopolio a la situación de competencia. Como le digo, al final de
esos 14 años Mercury gestiona 200.000 líneas principales y British
Telecom, además de ser compañía pionera en el mundo, más de 26 millones y
medio de líneas principales en el Reino Unido.
Respecto a que no es importante rebajar el plazo de nueve meses que había
antes a 24 meses porque, además, ustedes prevén la posibilidad de que la
comisión del mercado de telecomunicaciones pueda rebajar este plazo caso
por caso, pues peor me lo ponen. Están ustedes deslegalizando un plazo
legal de nueve meses, igual que están deslegalizando el tope del millón y
medio de usuarios que pueden estar abonados a un operador, que también
puede ser modificado a criterio de la Comisión del Mercado de Valores,
cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe
taxativamente, por la técnica del real decreto-ley, introducir, bajo
ningún punto de vista --dice--, medidas deslegalizadoras.
Sobre la amnistía me dice usted que la cláusula transitoria es
consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que me
faltaba por escuchar, señor Ministro. Lo que el Tribunal Constitucional
dice es: Pero lo que no puede el legislador es diferir sine die, más allá
de todo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen las
demoras, la regulación de una actividad --como es en este caso la gestión
indirecta de la televisión local por cable-- que afecta directamente al
ejercicio de un derecho fundamental, como son los reconocidos en el
artículo 20.1, a) y b), de la Constitución Española. Ponga usted esto en
relación con el artículo 86.1 de la Constitución, que dice que en ningún
caso se podrán tocar derechos, deberes y libertades del Título I de la
Constitución en una norma con rango de real decreto-ley, y sostenga
usted, si puede, en su tercera intervención, a la que por desgracia no
puedo responder, lo que hacen con esta amnistía. ¿Sabe lo que va a pasar
con esta amnistía? Que hay 700 operadores de televisión que se van a
encontrar con una concesión de mínimo, como le he explicado antes,
dieciséis o dieciocho años sin ir a concursos, sin contraprestación
alguna y, además, si tienen mala fe --y según las leyes de Murphy lo que
puede ocurrir, ocurre, es decir, que tendrán mala fe--, impidiendo a
Telefónica actuar en esas demarcaciones que son las más jugosas.
Nada más, señor Presidente. Gracias por la paciencia que ha tenido en
esta segunda intervención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Señor Ministro, para un brevísimo turno de cierre de este debate, en el
que se entiende además consumido el turno a favor.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchísimas
gracias, señor Presidente.
Yo nunca he negado que ustedes hayan legislado, señoría. Lo que ocurre es
que han legislado mal y al final hay que modificar esas leyes para poder
salir razonablemente bien de una situación de monopolio, que ustedes
simplemente no han resuelto.
Segundo: Hay que demorar la supresión efectiva de la delegación del
Gobierno en Telefónica por dos razones. Primero, porque la delegación del
Gobierno tiene unas funciones que el Ministerio de Fomento no puede
asumir en relación con los usuarios a plazo inmediato. Y en segundo
lugar, porque no es tan fácil como usted cree, señoría, poner en marcha
una comisión reguladora del mercado de las telecomunicaciones, que exige
desde la transferencia de expedientes administrativos hasta la
constitución de una infraestructura de asesoramiento multidisciplinar,
enormemente compleja de montar. Probablemente, la puesta en marcha de esa
comisión reguladora llevará no menos de doce meses. Por consiguiente,
prever la desaparición de la delegación del Gobierno el 1 de enero de
1998 es simplemente una medida de prudencia.
Tercero: Usted confunde --lo comprendo, no es jurista-- el arbitraje con
el asesoramiento, que no tienen nada que ver, y como no tiene nada que
ver el arbitraje con el asesoramiento, su argumentación simplemente
carece de sentido; no se tiene de pie desde el punto de vista jurídico,
ni siquiera a los meros efectos dialécticos.
Habla usted de las declaraciones del presidente de un determinado grupo
financiero. ¿Quiere que repasemos la hemeroteca y veamos las
declaraciones que, allá por los principios de los años ochenta, hacían
otros presidentes de grupos financieros? Podemos repasar la hemeroteca,
señoría; podemos repasarla. Va a haber muchas más declaraciones en apoyo
al Gobierno de S. S. que al Gobierno del Partido Popular.
Y señoría, aquí no se deslegaliza. El arbitraje que como función debe
ejercer la comisión reguladora exige, necesariamente, una regulación de
urgencia. Eso no implica para nada deslegalizar, ni tampoco es
deslegalizar resolver caso por caso --y con ello concluyo, señor
Presidente-- los problemas planteados por la desidia legislativa de su
Gobierno hasta la promulgación de la Ley del Cable.
Mire usted, señoría, por mucha lectura literal que quiera hacer de la
sentencia del Tribunal Constitucional, jurídicamente significa una cosa
sólo: las adjudicaciones hechas por los ayuntamientos antes de la entrada
en vigor de la Ley del Cable son simplemente legales y no se pueden
perjudicar los derechos adquiridos por los adjudicatarios. Se lo digo a
S. S. porque hay ayuntamientos socialistas que han hecho esas
adjudicaciones antes de la entrada en vigor de la Ley del Cable;
adjudicaciones, señoría, que son, desde un punto de vista jurídico,
plenamente legales. Eso es lo que significa la sentencia del Tribunal
Constitucional y no otra cosa. Por consiguiente no insista usted. Es
mucho mejor reconducir hacia un marco de legalidad todas esas situaciones
creadas al amparo de una situación de legalidad que dejarlas a su aire en
un mercado loco y caótico como el que han creado ustedes con la Ley de
Televisiones Locales, que no es objeto de este debate pero que tendrá que
serlo en esta Cámara porque realmente han sido ustedes incapaces de
reconducir a la legalidad una situación caótica de plena ilegalidad. Esa
es la eficacia de las leyes que su Gobierno ha propuesto a esta Cámara y
que han salido adelante con su mayoría.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, intervengo muy brevemente para
explicar nuestra posición en relación con este proceso de intereses
contrapuestos y contradictorios, según las palabras del propio señor
Ministro de Fomento.
Desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego nos tenemos que
expresar en términos de cierto estupor porque, efectivamente, cuando se
habla de libre concurrencia en el debate al que estamos asistiendo, se
nos tiene que hablar de un monopolio de carácter dual. Cuando se habla de
igualdad de trato está subyacente la promoción de un grupo determinado
vinculado al aparato del Estado hoy por hoy, como es Retevisión, u otro
muy vinculado a los Gobiernos anteriores, como puede ser Telefónica. Y
cuando se habla de liberalización se reconoce que, en todo caso, el
Estado tiene que actuar en función de empresas públicas más o menos
privatizadas y que, por tanto, no puede prescindir de un cierto grado de
reglamentación de este tipo de temáticas. Y por fin, cuando se habla de
internacionalización, se nos dice que es inevitable cierto proteccionismo
si queremos mantener una cierta dosis de autonomía en un tema tan
importante como el de las telecomunicaciones.
En definitiva, señorías, estamos hablando de una guerra de intereses
oligárquicos que es así de clara porque no se quiere reconocer que cuando
menos el Estado tendría que garantizar, con todo tipo de colaboración,
las infraestructuras de las telecomunicaciones, las redes básicas, y
discutir después la pluralidad de los servicios que se iban a ofertar a
través de ellas.
Pero, en relación con el decreto que nos ocupa, nosotros queremos
expresar nuestra preocupación por
que a través de un decreto-ley se vayan a modificar aspectos de la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones, precisamente para
poder asegurar una competencia plena a concesiones, que serán muy
paralegales o que es interesante legalizar, de los ayuntamientos por
encima de un poder competencial de las comunidades autónomas, que debía
estar garantizado por ley, aunque tuviese que tener, lógicamente,
determinado tipo de requisitos de carácter de servicio público. Pensamos
que es grave que en el terreno de las telecomunicaciones no se garanticen
los derechos lingüísticos de las comunidades que están integradas en el
Estado español y determinado tipo de características de servicio público.
Piensen ustedes lo que puede pasar con redes de telecomunicación por
cable cuya concesión está dada exclusivamente por corporaciones locales.
Vamos a llegar a un grado de atomización peligrosísimo, sobre todo en
países como Galicia donde no existe un poder político suficiente para
hacer una reglamentación de servicio público clara.
En definitiva, señorías, no entendemos tampoco cómo un decreto que se
presenta en nombre de la liberalización establece la gubernamentalización
más descarada a través de una comisión del mercado de telecomunicaciones,
que es un apéndice del Gobierno. En todo esto vemos graves
contradicciones y preferíamos que se enfrentase radicalmente el problema
de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que se modificase con todo el
equipo en este Congreso de los Diputados y que se pudiese dar pie a un
debate sobre el papel de las comunidades autónomas en esta cuestión de
tanta gravedad para el futuro de todas ellas y, en definitiva, del Estado
español. Por tanto, nuestra posición será contraria, sobre todo por
farragoso, por contradictorio y por posibilitar que los ayuntamientos
vayan a actuar por libre.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria,
al fijar su posición en la convalidación de este Real Decreto-ley de
liberalización de las telecomunicaciones, se sitúa en lo que es un
proceso dinámico, abierto ya hace años por disposición de los compromisos
que el Gobierno español, como miembro de la Unión Europea, ha aceptado de
las normativas comunitarias, y así hemos podido ver cómo se han llevado a
cabo en las legislaturas pasadas, cuando lo debatimos aquí y por las
decisiones del Gobierno socialista en estos últimos años,
liberalizaciones en el campo del desmontaje de los monopolios. Empezamos
primero con Campsa, todo el monopolio del arrendamiento de los productos
petrolíferos, y posteriormente se pasa al desmontaje del monopolio de la
telefonía móvil. En el campo del monopolio arrendatario de petróleos, la
antigua Campsa, ya se concreta de alguna manera dado que hay que dar una
distribución de cuotas de mercado en razón de lo que llamaríamos
operadores, es decir, los refinadores, las refinerías instaladas en el
territorio español por distintas empresas privadas que van accediendo a
ese mercado y se compatibilizan, incluso se entra en el campo de la
distribución minorista en las estaciones de servicio. Y ahora llegamos a
las telecomunicaciones por este imperativo de la normativa de la Unión
Europea. Nosotros creemos que este Real Decreto-ley está en esa línea y
por esa razón fundamental, que ahora explicaré en detalle, Coalición
Canaria va a votar favorablemente la convalidación del mismo.
Creemos que se han tratado tres aspectos fundamentales de garantía. En
primer lugar, como bien ha señalado, y en esto participamos del criterio
sistemático que ha manifestado el señor Ministro, desmontar un monopolio
no es una operación fácil. O se hace un desmontaje rápido, y se pueden
producir consecuencias indeseables o perversas; o se puede optar por un
desmontaje paulatino y ordenado, que creemos que es el que hace el Real
Decreto-ley y va a permitir que se introduzcan dos operadores; o se puede
hacer con el mantenimiento del monopolio, que se nos agoten los plazos y
que en un momento determinado se nos encienda la luz roja por imperativo
de la normativa comunitaria de Bruselas. Entonces haríamos las cosas mal
y a destiempo y no podríamos liberalizar con calidad de servicio para el
usuario público, que es lo que aquí interesa, porque en el fondo hace
falta que el usuario normal español se encuentre con una competencia
libre, sana y transparente que le permita el acceso a un mercado moderno
en el que no podemos perder el ritmo.
En el artículo 1.º del Real Decreto-ley nos parece acertada la creación
de una comisión del mercado de telecomunicaciones. Nos hubiera preocupado
tremendamente que se hubiera liberalizado el mercado de las
telecomunicaciones sin un organismo interpuesto de regulación y de
garantía con tres funciones fundamentales que aquí se señalan. En primer
lugar, salvaguardar las condiciones de la competencia, porque también es
muy peligrosa la competencia entre dos, ya que pasaríamos de un monopolio
a un oligopolio, en el que se hace una segmentación de los mercados y se
lo reparten por acuerdo de precios. Tenemos un antecedente que hay que
tener en cuenta. Los buenos deseos que se especificaron en el espíritu y
en la letra de las disposiciones que desmontaron el monopolio de Campsa
no se han reflejado en la política de precios al consumidor de
combustibles en estaciones de servicio, ya que pese a la diversidad de
marcas parece que se han puesto de acuerdo en la fijación de los precios
unitarios, sea cual sea la distribuidora que suministra combustible a
cualquier vehículo en España. En segundo lugar,
la correcta formación de precios. Creemos que la comisión del mercado de
las telecomunicaciones debe, al menos en los primeros años, tutelar,
dirigir y orientar la correcta formación de los precios, para evitar
efectos de reparto de mercado que perpetúen los males del monopolio los
oligopolios de dos operadores o concesionarios. En tercer lugar, creemos
que es de modernidad operativa que haya un órgano no judicial de
resolución arbitral de los conflictos.
En el artículo 2, señorías, se produce un avance en algo que era
necesario: adaptar a una realidad latente tanto la Ley de 1987, como la
que la reformó en el año 1992, la ordenación de las telecomunicaciones.
La modificación de la Ley 42 de 1995, que vino a regular las
telecomunicaciones por cable, se hace también de modo imperativo. Debemos
tener perfectamente regulada la Ley de Telecomunicaciones por vía
satélite, pues ya hemos visto lo que ha pasado en la desregulación de la
telefonía móvil, que ha ido penetrando en las cuotas de mercado y de
utilización, pues es donde está el futuro la telefonía vía satélite. A
veces, el legislador se queda por detrás de los avances tecnológicos, por
lo que hay que evitar que el mismo entorpezca el avance y la aplicación
de toda la tecnología que hoy día se encuentra detrás de este sistema.
Entendemos --y este es el tercer punto de apoyo a la convalidación-- de
sentido común que el Gobierno, al conceder el segundo operador de
telecomunicaciones, se lo adjudique no a una nueva entidad que pudiera
surgir, sino a una que ya estaba formada. Creo que este fue un mérito del
Gobierno anterior cuando en 1988 aprobó la Ley 37 por la que se creaba el
ente público de Retevisión y que fuese sobre el marco de Retevisión, con
unas nuevas condiciones legales, sobre el que mediante una aplicación de
contrato de gestión de servicio público se utilice la figura jurídica de
este ente público para adjudicarle directamente la licencia de segundo
operador de telecomunicaciones y que se haya hecho de una manera
distinta, de forma que no pueda dar origen a un contencioso ante
Bruselas, como se hizo con la telefonía móvil: a Telefónica no se le
cobró la concesión y a Airtel se le cobró más de 80.000 millones de
pesetas. Eso sí que llama poderosamente la atención. Ahora creo que se ha
hecho de una manera más limpia, más equilibrada, más equitativa, sin
exonerar a Telefónica de un depósito para la concesión, y a una compañía
privada como Airtel, en la que también hay intereses financieros, se haya
cubierto su concesión previa una exigencia de depósito que ya veremos qué
se dice del mismo en el contencioso ante Bruselas.
Por todas estas razones, señorías, y por dar racionalidad a algo que no
puede pararse, en aras de la brevedad, vamos a dar nuestro apoyo a la
convalidación de este Real Decreto-ley de las telecomunicaciones.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco va a dar su voto favorable a la
convalidación de este Real Decreto-ley, que presenta el Gobierno, en
relación a la liberalización de las telecomunicaciones, y lo va a dar,
básicamente, porque los aspectos sustanciales sobre los que se estructura
este Real Decreto-ley coinciden con posturas clásicas mantenidas por el
Partido Nacionalista Vasco.
En un primer bloque, el Gobierno crea la comisión del mercado de las
telecomunicaciones como un órgano que se pretende independiente a los
efectos de la regularización del sector, con unas funciones determinadas.
En la tercera parte del Real Decreto-ley se fomenta y se prevé la
liberalización del mercado, la creación del segundo operador, con la
privatización de Retevisión, postura que ha sido defendida por el Partido
Nacionalista Vasco, con la peculiaridad, señor Ministro, de que se da el
segundo título habilitante a este ente de Retevisión. Entraré después en
los detalles en relación a esa matización. Y en el cuerpo del Real
Decreto-ley se fomentan una serie de medidas en relación a la
liberalización y al fomento de la competencia en el sector. En conjunto,
son medidas que el Partido Nacionalista Vasco no puede más que favorecer
y aprobar.
Las reticencias por parte del Grupo Parlamentario Vasco están en la
metodología de trabajo, por una parte, y en los matices competenciales
que este Real Decreto-ley nos presenta. En la metodología de trabajo,
porque en relación a la puesta en vigor de este Real Decreto-ley el
Ministerio ha sido coherente con las posiciones que el Partido Popular ha
manifestado a través de sus programas electorales en la propia campaña
electoral, ha sido coherente con trabajos previos que desde el Ministerio
anterior se venían desarrollando, y sin embargo no se han visto
reflejadas las posturas de otros grupos como la del Grupo Parlamentario
Vasco que, a través de las mismas legítimas oportunidades, ha podido
exponer sus posiciones en relación a estos temas. Seguramente estaríamos
en una posición mucho más limpia y mucho más segura en este momento si,
previa la puesta en vigor de este Real Decreto-ley, el Gobierno hubiera
tenido oportunidad de conversar y transar sus posiciones con distintos
grupos parlamentarios, porque el acercamiento hubiera sido inmediato y, a
través de los matices, se hubiera podido llegar a un texto de real
decreto-ley en el cual se recogieran posturas que reflejaran también la
mayoría de esta Cámara.
Insisto, señor Ministro, en que nosotros estamos de acuerdo en el fondo
del Real Decreto-ley. Estamos a favor de la liberalización del sector,
estamos a favor de la
introducción de competencias en este sector. Vemos bien que haya un
órgano independiente en relación a su regularización y que se privatice,
por un lado, Retevisión, y que, por otro lado, en lo que es el mercado de
telecomunicaciones, se ponga a Telefónica en su sitio. Nos sigue llamando
la atención la postura del Grupo Socialista que sigue defendiendo
Telefónica por encima de cualquier otra consideración. Lo hemos padecido
en legislaturas anteriores, intentando centrar la postura del Gobierno y
del Grupo Socialista, y en este momento nos encontramos con posturas que
entendemos que desde el Gobierno son razonables de mantener.
En relación a la comisión del mercado de las telecomunicaciones, el Grupo
Parlamentario Vasco entiende que debe ser un órgano independiente, como
se dice en la exposición de motivos. Quizás haya cierta incoherencia al
indicar que este órgano, que se pretende independiente en la exposición
de motivos, venga íntegramente nombrado por el Gobierno o por el
Ministerio. Existen ahí ciertas disfuncionalidades, ciertas incoherencias
que probablemente habría que ajustar, al igual que las funciones que se
otorgan a esta comisión del mercado de las telecomunicaciones que en su
redacción, entendemos, han sido realizadas de una forma holística, de la
forma más general en su propio planteamiento, sin tener en cuenta que
existen administraciones competentes con relación a estos mismos temas y
que se podían matizar dichas funciones. Nosotros creíamos que con la
puesta en vigor de la Ley de Telecomunicaciones, en la legislatura
anterior, aquella discusión semántica entre lo que son telecomunicaciones
y lo que son medios de comunicación social había quedado superada. Vemos
que en la redacción de este Real Decreto-ley el hilo conductor de aquella
discusión no ha sido suficientemente reflejado.
En relación a la privatización de Retevisión como segundo gran núcleo de
este Real Decreto-ley, digo con claridad que estamos a favor de dicha
privatización. Existe la dificultad añadida de que es el propio decreto
el que da el título habilitante como segundo operador a Retevisión en su
conjunto, y sería interesante articular fórmulas para que otros
operadores, operadores regionales, puedan encontrar ámbitos de
colaboración con Retevisión, a los efectos de que la constitución de este
segundo operador tenga, tanto desde la dimensión política como desde la
dimensión empresarial, la suficiente masa crítica como para que podamos
constituir un mercado de telecomunicaciones potente, con dos operadores,
en lo que se llama ahora el duopolio, pero en la consideración de que
hacen falta empresas potentes que generen confianza de cara a la
inversión. Entendemos que existen, desde el Derecho mercantil --usted
mismo, señor Ministro, lo anunció ayer, en el Senado--, fórmulas para
poder abordar estas situaciones y esperemos que se puedan encontrar.
En el centro de los contenidos del Real Decreto-ley, encontramos un totum
revolutum de medidas que inciden en la liberalización del sector; algunas
más afortunadas, otras con las que estamos en clara discrepancia. Yo
participo de la intervención del portavoz socialista, en el sentido de
que aquellas posturas clásicas en esta Cámara del Grupo Parlamentario
Popular han sido recogidas en el Real Decreto-ley, quizá con excesiva
beligerancia. Yo creo que se podía haber sido más inteligente en la
redacción de estos artículos del Real Decreto-ley, con el fin de
buscar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González de Txabarri.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Señor González de Txabarri, le ruego que vaya concluyendo.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Como decía, en el sentido de
encontrar eso que el señor Ministro decía en su intervención, ese
equilibrio de liberalización entre intereses contradictorios. Yo creo que
el señor Ministro lo ha reflejado con mucha claridad en su intervención.
Existen intereses contradictorios en este sector y hay que buscar un
equilibrio de liberalización. Quizás alguno de los contenidos de ese
tronco central del Real Decreto-ley tampoco encuentra, en nuestra
opinión, ese punto razonable de equilibrio, pero, en el conjunto, son
matices, señor Presidente, son posturas que comparte el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV). Creemos que pueden existir bases de acuerdo
entre distintos operadores para que ese título habilitante concedido en
este Real Decreto-ley a Retevisión pueda encontrar fórmulas desde el
Derecho mercantil.
Entendemos que el Gobierno debiera responder en el momento de la
convalidación de este Real Decreto-ley a dos preguntas clave: la primera,
dado que aquí ya no se puede hablar de tendencias de forma genérica de
cara a la liberalización sino que la liberalización se está produciendo
de iure, yo creo que hay que responder a la pregunta de con qué fecha.
Esa es la pregunta a la que el Gobierno debe contestar, porque de cara
tanto a los inversores como a los propios grupos parlamentarios es una de
las claves que hay que resolver: la clave temporal; es decir, en qué
espacio, en qué escenario --como se dice ahora-- nos encontramos de cara
a esa liberalización. Y la segunda sería la de si el proyecto legislativo
por parte del Gobierno en esta legislatura se agota con este Real
Decreto-ley o van a existir fórmulas, dentro de esta misma legislatura,
para tender hacia la liberalización, hacia la libre competencia en este
sector, ordenando la anterior Ley de Telecomunicaciones con los
contenidos de este Real Decreto-ley. Estas son dos de las preguntas en
nuestra opinión razonables que el Gobierno aborde en este debate.
Existe un tercer punto, señor Presidente --para terminar por mi parte--,
en el sentido de plantear cuál es la postura del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV) en relación,
una vez convalidado, en su caso, este Real Decreto-ley, a su tramitación
como proyecto de ley. Nosotros entendemos las razones de urgencia del
Gobierno para poner en vigor este Real Decreto-ley. Que se cree esta
comisión del mercado de las telecomunicaciones y que se privatice
Retevisión son razones de urgencia para incidir en el mercado de una
forma distinta y clara. Las asumimos y las mantenemos y entendemos,
además, que el que se tramite como proyecto de ley puede tener una cierta
incidencia en sectores concretos económicos e incluso políticos; son
razones que, en nuestra opinión, hay que comprender y clarificar. Como he
dicho al principio de mi intervención, se hubiesen subsanado, desde el
punto de vista político, si el Gobierno hubiera mantenido una metodología
de trabajo distinta a la hora de la puesta en vigor de este Real
Decreto-ley. No estamos en esa tesitura en este momento. Quizás estemos
diciendo que no debe haber más precedentes en este sentido. Si se anuncia
por parte del Gobierno un nuevo proyecto de ley que venga, de alguna
forma, a dar un nuevo cuerpo a ese tema de las telecomunicaciones, nos
podíamos encontrar en el absurdo de estar tramitando esto como proyecto
de ley, cuando el Gobierno ya vaya a remitir uno nuevo, lo cual sería un
sinsentido, incluso desde el mismo punto de vista parlamentario.
Por tanto, indicamos que el Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar la
convalidación de este Real Decreto-ley y que existen razones importantes
en el sentido de que esta Cámara entienda, si el Gobierno anuncia por una
parte la fecha y por otra la puesta en vigor de un nuevo proyecto de ley,
que su tramitación como proyecto de ley pueda no ser razonable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nuestro grupo
parlamentario ha estudiado con detenimiento el contenido de este Real
Decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones, y quiero
manifestar, en primer lugar, que tenemos una coincidencia básica, una
coincidencia global con el mismo, aunque también debo decir que
mantenemos discrepancias con algunos de sus artículos; discrepancias que,
aunque seguramente no se refieren a aquellos aspectos del Real
Decreto-ley que justifican su urgencia, sin embargo se refieren a
aspectos que tienen un calado político que nuestro grupo considera que es
importante. A pesar de todo ello y por lo manifestado ya anuncio que
nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de su convalidación por
esta coincidencia básica global.
El Real Decreto-ley, como nos explicaba el Ministro hace un momento,
tiene cuatro partes muy claramente diferenciadas y a ellas me voy a
referir a continuación.
En primer lugar, se crea la comisión del mercado de las
telecomunicaciones. Con esta propuesta parece que se quiere trasladar a
nuestro país el modelo que ya existe en otros, consistente en la creación
de un organismo que tiene capacidad de salvaguarda de las condiciones de
competencia de un mercado como éste donde, a menudo, resulta muy difícil,
sin intervención pública, garantizar precisamente estas condiciones de
competencia y evitar monopolios de hecho. Asimismo, a este organismo,
según el Real Decreto-ley, se le otorgan facultades de intervención en la
fijación de los precios.
El modelo de organismo que desde una posición independiente ejerce de
árbitro en el mercado de telecomunicaciones a nuestro grupo parlamentario
no le parece mal en absoluto. Pero, dicho esto, también nos aparecen
serias dudas en relación al modelo que nos propone el Gobierno, ante todo
en cuanto a su composición, siete consejeros de designación
exclusivamente gubernamental, que no creemos que sea la más adecuada, ya
que, de no modificarse en el futuro, supongo que a través de la norma que
hace un momento se intuía por un anterior portavoz, parece que estemos
más ante una Dirección General de Telecomunicaciones ampliada, porque de
hecho las competencias serían similares, que ante el organismo nuevo que
nosotros creemos necesario. Por tanto, este grupo parlamentario piensa
que debería modificarse en su composición y también encontrar una fórmula
que incrementara su pluralidad e incluso la independencia gubernamental
de dicha comisión.
También debemos expresar las dudas que tenemos en relación a las
competencias de la comisión. En ese sentido creo que su capacidad de
incidencia queda francamente disminuida cuando se le atribuye capacidad
de arbitraje en los conflictos que pudieran surgir entre operadores, pero
exclusivamente un arbitraje con carácter voluntario. Por tanto, nosotros
creemos, y pienso que es obvio, que la capacidad de obligar por parte de
las decisiones de esta comisión en los conflictos que puedan surgir entre
operadores, sólo se produciría cuando existiera una sumisión expresa al
arbitraje de la comisión. En ese sentido pensamos también que su
capacidad --repito-- queda francamente disminuida o cuando menos no se
sitúa al nivel que nuestro grupo parlamentario entiende debe tener una
comisión como ésta.
En segundo lugar, el Real Decreto-ley contiene toda una serie de
modificaciones de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Es ésta
una ley que ha sido profundamente debatida en esta Cámara. El proyecto de
ley que nos remitió el Gobierno fue objeto en su momento de aprobación,
allá en el año 1987, y, a continuación, fue objeto en la anterior
legislatura de un proyecto de ley de reforma. Las modificaciones que nos
propone el Gobierno en relación a esta ley no puedo decir nada más que
son acertadas y además son absolutamente
necesarias. La liberalización de las telecomunicaciones no es algo que
nos estemos inventando, sino que es una imposición del desarrollo mundial
y también una exigencia de la Unión Europea. Obviamente la apertura de
los servicios finales (para entendernos, el teléfono, pero también el
telégrafo o el télex) o de los servicios portadores, es decir, las
líneas, a la competencia, así como también de las redes existentes, son
algunas de las medidas que se contemplan en el texto que el Gobierno
somete hoy a nuestra consideración. De hecho, son medidas que suponen
quitar de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones unas
limitaciones a este proceso de liberalización, pero que por sí mismas no
son suficientes para procederse a dicha liberalización. Por tanto, quedan
condicionadas a posteriores decisiones del Gobierno.
En cuanto a las modificaciones en la Ley de Telecomunicaciones por Cable
permítame, señor Ministro, que le diga que a nosotros nos parece que son
un poco más arriesgadas en relación a las que se introducen, por ejemplo,
en el texto de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. No podemos
olvidar, como punto de referencia, que estamos ante una ley, la de
Telecomunicaciones por Cable, de aprobación reciente --al final de la
anterior legislatura--, que fue objeto de un larguísimo proceso de
tramitación en la Cámara, de una larga negociación, en la cual participó
nuestro grupo parlamentario, y de una larguísima tramitación, no
precisamente por la dificultad de la negociación, sino porque por la
obstinación de algunos el proyecto de ley gubernamental estuvo
exactamente nueve meses en situación de espera en este Parlamento sin que
se diera ningún paso en ningún sentido, ni de retirar el proyecto de ley,
ni tampoco de intentar efectuar un acercamiento a los grupos
parlamentarios para desbloquearlo; desbloqueo que se produjo luego
precipitadamente en el mes de octubre del año 1995.
Quiero referirme muy brevemente a algunas de las novedades que introduce
el Real Decreto-ley respecto a esta Ley de Telecomunicaciones por Cable.
Concretamente me voy a referir solamente a dos. De un lado, modifica el
artículo 2.4 de dicha ley, que es el que se refiere a la alteración de
las demarcaciones. Sin duda alguna debo reconocer que existe una cierta
lógica del Gobierno en su propuesta, como también tenía su lógica la
distribución competencial en cuanto a la alteración de demarcaciones que
surgía o que se plasmaba en la ley que aprobamos en el año 1995. Por ello
pienso que quizá sería conveniente que sometiéramos este artículo a una
reflexión más profunda.
La segunda novedad a la que me quiero referir es, diría, aún más
comprometida e incluso arriesgada que la anterior, y estoy hablando nada
más y nada menos que de la disposición transitoria primera, la cual se
refiere a los concursos municipales de cable convocados con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Con
dicha disposición se garantiza a las sociedades adjudicatarias de estos
concursos una licencia que puede llegar a ser de hasta diez años, y ello
en el supuesto de que no ganaran el concurso convocado. Debo decirle
sinceramente, señor Ministro, que a nuestro grupo parlamentario este
precepto no nos causa el más mínimo entusiasmo, sino más bien lo
contrario, por cuanto no podemos olvidar que estamos hablando de unos
concursos convocados con ánimo beligerante en relación a una ley que
estaba en fase de tramitación en el Parlamento, y además unos concursos
convocados haciendo uso de una competencia que en todo caso nosotros
entendemos que no es municipal.
Por último, y termino señor Presidente, el Real Decreto legislativo
otorga título habilitante a Retevisión para poder operar en telefonía.
Poco podemos decir al respecto. Simplemente que esta propuesta es
razonable e, incluso, nos parece acertada. Entendemos que el sistema de
duopolio que se intenta dibujar de alguna forma en sus líneas maestras
con este Real Decreto legislativo es un proyecto que es conveniente para
el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país.
Debo decirle también que más que la creación de la figura del segundo
operador a través de Retevisión, nos preocupa el futuro desarrollo que
pueda tener este sistema de duopolio o el hecho que se empieza a dibujar
en el texto del Real Decreto en lo que se intuye como modelo cuando en el
propio Real Decreto se le está otorgando ya una licencia de telefonía
urbana, interurbana e internacional.
No voy a extenderme más, señor Presidente. Para terminar quiero subrayar
que nuestro grupo mantiene discrepancias con el texto del Real
Decreto-ley y que, por tanto, tras su convalidación vamos a solicitar su
tramitación como proyecto de ley, de un lado con el interés de introducir
enmiendas, algunas importantes como he subrayado, pero de otro también
porque nos parece que los temas que trata este Real Decreto-ley son de
suficiente importancia y trascendencia para que merezcan un debate más en
profundidad en la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A juicio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Real Decreto-ley
de privatización de las telecomunicaciones resulta precipitado, que no es
lo mismo que urgente, es engañoso por lo que respecta a la creación e
instauración del segundo operador, es vengativo en relación con la Ley de
las Telecomunicaciones por Cable, recientemente aprobada en esta Cámara;
ciertamente, me va a permitir la expresión, señor Arias-Salgado,
es algo esperpéntico por lo que se refiere a la creación de una supuesta
comisión independiente del mercado de telecomunicaciones, y hasta cierto
punto, en el Real Decreto-ley, se trasluce una cierta inquina hacia
Telefónica, la empresa Telefónica, que es una de las empresas más grandes
de España y la que sin duda ha trabajado mejor en el extranjero y que
integra, como usted mismo sabe, a unos 60.000 trabajadores.
Es precipitado a nuestro juicio el Real Decreto-ley. España intenta ser
--mañana se va a ver usted, parece, con Van Miert-- más papista que el
Papa e intenta llevar una serie de trofeos sumamente liberalizadores, por
lo menos de palabra, a esta reunión un día antes de que se reúna el
Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de Europa. Usted intenta
demostrarle --no se va a transmitir el contenido de la conversación, pero
estoy seguro que se lo va a decir-- que España va a dar más facilidades
que ningún otro país para la liberalización de las telecomunicaciones; y,
en segundo lugar para la inserción de empresas extranjeras dará más
seguridad, a través de una intervención de dos años, hasta finales de
1999, para que a través del segundo operador se instalen multinacionales
extranjeras. Al mismo tiempo, usted va a llevarle estos trofeos
intentando solucionar temas pendientes como el canon de Airtel,
Cablevisión o la alianza de Telefónica con Unisource, que está todavía
pendiente de algunas medidas de liberalización.
Se trata también de un Real Decreto-ley engañoso por lo que se refiere al
tema del duopolio. Tiene una cierta estructura cínica que oculta el fondo
real de la cuestión. Ustedes dicen que constituyen un duopolio; con la
ampliación de la protección hasta 31 de diciembre de 1999 no realizan la
liberalización completa, con la idea, dicen, de fortalecer tanto a
Telefónica cuanto a Retevisión, al segundo operador, hasta la
liberalización total, dos años después de la fecha prevista por todos. A
nuestro juicio, no se trata realmente de esto. Se va a intentar, creemos,
recompensar a una serie de grupos financieros --alguno de los cuales
incluso está empezando a funcionar como un auténtico poder fáctico en
política-- que se quedaron fuera del núcleo duro de accionistas de
Telefónica y a los que se va a reenganchar a partir de esta operación de
protección específica con respecto a la instauración del segundo operador
a través de Retevisión.
Ustedes intentan, efectivamente, fortalecer a Retevisión, pero el
problema de fondo no es discutir el duopolio, no es discutir la
instauración de un segundo operador, sino ir al fondo de la cuestión, y
es que dentro de un par de años aproximadamente ustedes van a privatizar
totalmente el segundo operador, lo van a fortalecer, lo van a proteger, y
no sólo esto, sino que, como consecuencia --ahí funciona una cierta
inquina comercial y política contra Telefónica--, a partir de ahí
privatizarán y a partir de ahí también ciertas empresas multinacionales
--y esto ha pasado en otros países-- que no podrían aterrizar en este
país, que no podrían aterrizar en España si el segundo operador tuviese
una fuerte componente del sector público, van a encontrar en Retevisión,
en el segundo operador, una especie de caballo de Troya que,
naturalmente, les abra las puertas del mercado español en mejores
condiciones de lo que sería con una liberalización total a partir de
ahora o, naturalmente, manteniendo una gran parte del segundo operador en
el sector público.
Estoy tentado de decirle, señor Arias-Salgado, que están ustedes
empezando a legislar contra los intereses nacionales. Se lo digo con
plena responsabilidad, en función de un análisis riguroso de las
consecuencias de este Real Decreto-ley y después de muchos contactos,
después de muchos análisis, después de muchos debates. En todo caso, lo
que está claro, y no se oculta casi en el texto del Real Decreto-ley, no
aparece ni siquiera como un síntoma sino como algo directamente dicho en
la letra, es que se perjudica notablemente a Telefónica. Perjudicar a
Telefónica en este momento --no estoy haciendo una defensa, como si
Telefónica fuese una especie de patria, que lo es para algunos, una
especie de cultura especial de la mejor, de la más grande empresa o la
que mejor ha llevado los intereses nacionales fuera-- supone llevar el
terreno a una competencia especial que va a afectar al servicio público
universal, no ya de telefonía, porque la telefonía está extendida de una
manera adecuada, pero sí de telecomunicación de calidad.
Una de las consecuencias fundamentales que se deduce de este Real
Decreto-ley, en función de una competitividad que va a llevar a las
empresas a los mercados de mayor importancia, es que a raíz de esta
manera de legislar, en este país habrá una telecomunicación para ricos y
una telecomunicación para pobres en servicios nuevos, en servicios de
calidad, en una serie de servicios que superan incluso el tema del
teléfono, por descontado también en el tema de la televisión por cable,
que van a separar, a segregar, a estratificar no sólo por razones de
territorio o de clase social, sino por razón de acceso a este tema
fundamental, que es el de la vida telecomunicativa a partir de ahora, que
va a ser, en gran parte, uno de los perfiles fundamentales del siglo XXI.
Se está ayudando a debilitar a Telefónica, e incluso introducen, cuando
cambian la LOT, elementos de gran rigidez que pueden afectar a las
tarifas; pueden afectar a tarifas especiales para Retevisión o incluso
impedir bajada de tarifas en Telefónica, tal como vayan las cosas a
partir de ahora, lo que sería una consecuencia muy negativa para los
usuarios. Por tanto, el debate real es que en estas condiciones las
consecuencias, indudablemente, son muy graves y no se puede aprobar el
texto que ustedes traen aquí.
Se trata también de un texto, lo he dicho anteriormente, vengativo con la
Ley del Cable, una ley que surgió de un gran consenso en la recta final
de la anterior legislatura. Sólo se quedó fuera de este debate el Partido
Popular; digo de este debate, porque ni siquiera participó, a pesar de
que muchas de sus enmiendas coincidían en principio, antes del giro
brusco que se hizo al final, con los postulados que se contenían en la
proposición o proyecto de ley. Pero actualmente los temas importantes que
concitaron incluso un gran debate social no tienen esa importancia para
partidos que entonces coincidieron con un consenso muy mayoritario en la
aprobación de esta ley.
La rectificación que ustedes hacen de la Ley de Telecomunicaciones por
Cable afecta a uno de sus aspectos esenciales, que es la necesidad de
impedir dinámicas de concentración y dinámicas de abuso de dominio.
Afecta a ese límite de un millón y medio de abonados, que no se puede
superar en función de las necesidades de un mercado plural,
diversificado, que se rompe con el Real Decreto-ley que hoy estamos
debatiendo. Desde ese punto de vista, también se pone en peor situación,
y vuelvo a lo de la inquina latente en todo el Real Decreto-ley con
respecto a Telefónica, cuando se habla de veinticuatro meses en lugar de
nueve meses a la hora de que Telefónica eche a andar en función del
concurso una vez determinadas sus resoluciones.
Finalmente, señor Presidente, señor Arias-Salgado, la comisión que crean
ustedes bajo la supuesta independencia que le asignan desde el principio
incluso en su propia intervención es un poco esperpéntica. Son siete
magníficos, todos ellos a propuesta del Ministerio de Fomento, alguno de
ellos nombrado, como el presidente, por el Gobierno, con unas
características muy similares a las que tiene el presidente de comisiones
parecidas, por ejemplo, en el Reino Unido, que al final van a marcar
realmente todo el mercado y todas las normas de competencia en este país.
Se trata de una ficción de independencia donde no se contiene ni siquiera
el procedimiento de recurso y donde se le va a dar a una sola persona que
está en contacto directo, en una especie de centralismo tremendamente
controlado, todas las capacidades para organizar las normas de
competencia en este país.
Consecuentemente, nosotros no podemos aprobar este Real Decreto-ley. Nos
oponemos rotundamente por lo que contiene, por las consecuencias, porque
es vengativo con aspectos esenciales de la Ley del Cable y, también en el
mismo sentido, solicitamos que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación. (La señora Mato Adrover pide la palabra.)
Perdón, señorías. Había omitido, lo lamento, señora Mato, la intervención
para fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, utilizo un turno
breve a favor del Real Decreto-ley que ha presentado el Gobierno a esta
Cámara.
Por fin en esta Cámara hoy podemos hablar de una verdadera liberalización
de las telecomunicaciones; un asunto que ha estado dilatado a lo largo de
trece años de Gobierno socialista, bien porque los socialistas no
quisieron, no pudieron o simplemente no tenían las ideas claras, como
parece ser, según la intervención del portavoz del Grupo Socialista aquí
esta tarde.
Nosotros creemos que la liberalización de las telecomunicaciones es un
asunto pendiente para España que se tenía que haber llevado a cabo hace
unos cuantos años. Es cierto que partimos de una situación de desventaja,
partimos de una situación de retraso, una situación grave de retraso con
respecto a otros países europeos y también con respecto a los plazos que
tenemos fijados con la Unión Europea. No obstante, este Real Decreto-ley
lo que pretendía a través de la urgencia, que no precipitación, era
avanzar en los pasos iniciales para afrontar con éxito lo que significa
el reto de situar a España en la primera velocidad de las
telecomunicaciones en Europa.
También el señor Ministro ha ofrecido a esta Cámara, y es lo que a
nuestro grupo le hubiera gustado, para este otoño presentar una ley
general de telecomunicaciones. Somos conscientes de la importancia de que
haya una ley general de las telecomunicaciones que resuma todo lo que es
el panorama legislativo en estos momentos. Un poco más adelante, cuando
comente el contenido del decreto, hablaremos de la LOT, una ley antigua,
que, por supuesto, todos los grupos están de acuerdo en que hay que
modificar, y hay que hacerlo porque cada vez que se adopta una postura en
favor de la liberalización o en favor de las comunicaciones siempre hay
que modificar previamente en parte la LOT, la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones. Por tanto, creemos que el paso más importante que hay
que dar en esta legislatura es presentar una ley general que regule las
telecomunicaciones y que fije también las competencias de las distintas
administraciones en la misma.
Nosotros queríamos que este decreto se aprobara con urgencia, como he
dicho, porque las medidas que se adoptan en él son necesarias e
imprescindibles para poner en marcha los mecanismos que nos acerquen en
parte y que permitan acelerar el proceso de liberalización que tanto
retraso lleva durante todos estos años.
Las características fundamentales de este decreto son: el respeto por el
mercado, un respeto absoluto por el mercado, que creemos necesario y que
es importante para proceder a la creación de riqueza y de empleo en
España. Se apuesta, por supuesto, por la competencia, porque siempre trae
mayor calidad, mejora de precios y mayores servicios para los ciudadanos.
Nosotros creemos que no se trata de impedir que siete millones de
españoles puedan hacer uso de unas redes
ya existentes, sino que se trata de posibilitar que todos los millones de
españoles puedan acceder a la red de cable, a las redes de
telecomunicaciones que consideren conveniente en régimen de competencia.
La única manera de posibilitar esa opción y que los ciudadanos puedan
elegir en niveles de calidad y de precio es fomentando la competencia en
materia de comunicación.
Por otro lado, también se apuesta, obviamente, en el decreto por la
industria nacional, por los intereses nacionales. Se apuesta también en
el decreto porque sea capital prioritariamente nacional el que obtenga el
segundo operador de comunicaciones, el que atienda a las redes de cable
y, por tanto, no solamente se apuesta por la industria nacional, sino que
además se apuesta por el aprovechamiento de todos los recursos
existentes, incluida Retevisión, como se deja patente en el decreto, y
también incluidas las compañías eléctricas y las compañías de agua que
son igualmente recursos existentes en España que nosotros creemos que se
deben aprovechar. Todo esto se hace dentro de un marco de transparencia,
de objetividad y en el ámbito de concursos. Por tanto, en todos los
procesos se va a respetar la transparencia y la objetividad.
El decreto crea, en primer lugar, una comisión que garantiza el
arbitraje, está hecha para él; también es un órgano consultivo y
garantiza la independencia, la transparencia y la objetividad, que son
los principios fundamentales que se quieren mantener en
telecomunicaciones.
Este órgano regulador, la comisión del mercado de las comunicaciones, es
además, diría, una urgente obligación, puesto que todos sabemos que la
Unión Europea está abogando por la existencia de un órgano regulador
europeo que coordine todos los órganos reguladores nacionales y, por
tanto, consideramos corre prisa que España cuente con un órgano regulador
antes de que se cree ya la figura del órgano regulador europeo.
Entrando ya con brevedad en el contenido del Real Decreto-ley que se trae
hoy a convalidación ante esta Cámara, en primer lugar, como decía, está
el órgano regulador, un órgano independiente, un órgano necesario para
garantizar que haya competencia, que no haya abuso de posición dominante,
como ya ha ocurrido durante la pasada legislatura en algunos temas, que
no haya problemas con la Unión Europea, que no haya problemas entre los
propios operadores y, por tanto, un organismo, como digo, de arbitraje
independiente del Gobierno, independiente de cualquier tipo de control
político.
La LOT, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, creo que estamos
todos de acuerdo en que es una ley, como he dicho antes, que hay que
modificar, una ley que es preciso fije unas líneas generales que rompa el
monopolio. Es una ley que en principio parecía que iba a ser un poco
liberalizadora, y sin embargo cortó la liberalización de infraestructuras
y siguió consolidando el monopolio de una compañía de telecomunicaciones.
Por tanto, cada vez que se apuesta por la creación del segundo operador,
cada vez que se apuesta por la creación de una segunda red de cable, cada
vez que se apuesta por una autopista de la información, siempre hay que
contar con que la LOT pone cortapisas a que se pueda llegar a ese proceso
de liberalización.
Estamos todos de acuerdo en que la modificación prevista en el Real
Decreto es urgente y además necesaria para llevar a cabo otras medidas.
En cuanto al cable, se trata también de modificar la Ley del Cable no con
ánimo revanchista sino manteniendo los principios que se han venido
debatiendo en esta Cámara. El problema del cable, el problema del segundo
operador y el problema de las telecomunicaciones en general, no es que
ahora se modifiquen, no es sólo que se hayan perdido nueve meses de
debate en esta Cámara, sino que se han perdido cinco años desde que se
hizo el primer anuncio de que iba a venir una Ley de Cable a esta Cámara.
Después pasaron otros dos años desde que el Grupo Parlamentario Popular
presentó una proposición de ley del cable. Luego pasó otro año más desde
que el Gobierno empezó a cambiar televisión por cable por
telecomunicaciones por cable; y al final, se aprobó una ley a toda prisa,
una ley que hay que modificar parcialmente para aprobar un reglamento y
poner en marcha las redes de cable.
No se trata como decía, de perjudicar a los usuarios de Telefónica con la
modificación que se hace, para que Telefónica tenga un plazo máximo de 24
meses para poder intervenir, sino de que haya posibilidad, para que
exista un segundo operador, un tercer operador de red de cable que
compita con Telefónica.
Por lo que se refiere al tema de los concursos de los ayuntamientos, no
se trata de hacer amnistías de ningún tipo, sino simplemente de no
interferir en la autonomía local, de respetar la autonomía local, de
respetar las decisiones de los ayuntamientos en uso de sus legítimas
competencias y, por tanto, creemos que es necesario respetar los
concursos que se han realizado en los ayuntamientos y dar ese plazo en la
modificación de la Ley del Cable que se plantea en este decreto.
Voy a dedicar un apartado especial a Telefónica que parece es el objeto
prioritario de preocupación en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Mato, un momento.
Señor Grinán, señor Cabrera, les ruego ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Decía que la regulación que se hace en este Real Decreto-ley sobre
Telefónica, es asimétrica pero suficientemente generosa para permitir que
haya competencia y, sin embargo, se establezca un equilibrio para seguir
protegiendo en parte a dicha compañía. Apostamos al cien por cien por la
Compañía Telefónica, es una compañía que funciona desde hace muchos años
y en la que se ha invertido mucho dinero. Por consiguiente, es importante
que la Compañía Telefónica siga con sus pasos adelante. Eso no quita que
creamos necesario que no se consolide un monopolio de Telefónica ni de
ninguna otra empresa. Por tanto, hemos apostado por la existencia de un
segundo operador basado en Retevisión, un segundo operador que ya planteó
el Gobierno socialista en el mes de diciembre de 1995.
Parece que el plazo de cinco meses es poco para crear un duopolio de
telecomunicaciones y es tarde para que haya un segundo operador. A mi
grupo le parece que cuando el Gobierno socialista presentó el segundo
operador lo hizo en unas condiciones de falta de transparencia y con unas
adjudicaciones previamente realizadas a unas determinadas empresas que no
eran congruentes con lo que nosotros creemos debe ser la transparencia en
el proceso de telecomunicaciones y de libertad de telecomunicaciones. Por
consiguiente, creemos que el plazo de cinco meses --es cierto que tenemos
un poco más de retraso-- es suficiente para que se cree un duopolio
necesario en España, que también se ha dado en otros países europeos.
¿Se podría abrir la liberalización absoluta del sector y no hacer un
duopolio? Creemos que no, porque eso mermaría el mercado. El mercado no
puede asumir en estos momentos más de un segundo operador y nosotros
apostamos porque se cree un duopolio de telecomunicaciones que permita en
el plazo de dos años ese segundo operador de telecomunicaciones --que
como digo se mantiene a través de Retevisión y más tarde se procederá a
su privatización parcial-- y será el que tenga que competir con
Telefónica. No significa anular a Telefónica en ningún caso, sino
competir y facilitar mejores servicios, mejores calidades y mejores
precios a los ciudadanos en materia de comunicación.
Por último (Un señor Diputado: ¡Tiempo!), quiero agradecer el apoyo
mayoritario de los grupos parlamentarios de esta Cámara para la
convalidación de este Real Decreto-ley y también --cómo no-- agradecer al
Gobierno el esfuerzo que me consta ha realizado para traer a la Cámara,
en el plazo de un mes, un Real Decreto de liberalización de las
telecomunicaciones que, repito, fija los pasos más importantes para
proceder a una liberalización total de las mismas y, sobre todo, atiende
lo que es una demanda de los ciudadanos, atiende lo que es una demanda
del sector y atiende lo que son los intereses generales de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Ahora sí, señorías, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la convalidación del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de
junio, de liberalización de las telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 172; en contra, 144; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el Real
Decreto-ley.
Se ha manifestado por algún grupo parlamentario la conveniencia de que
sea tramitado como proyecto de ley. Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 317.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se aprueba por unanimidad su
tramitación como proyecto de ley.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS
PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA (Número de
expediente 122/000004)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: toma en
consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez
en la modalidad no contributiva.
Por el grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor
Barrionuevo. (Rumores.--Numerosos señores Diputados abandonan el salón de
sesiones.)
Señorías, les ruego que si han de abandonar el hemiciclo lo hagan con
rapidez y permitan así que comience a hablar el orador. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: señor Presidente, señorías, esta proposición
de ley de recuperación automática de las pensiones de invalidez en su
modalidad no contributiva tiene como antecedente una moción presentada en
la anterior legislatura por el Grupo Socialista en el Senado, moción que
tras su presentación fue apoyada por la totalidad de los grupos
parlamentarios y que, trasladada al Gobierno, comportó que en septiembre
de 1995 el anterior Gobierno socialista incluyera el contenido de la
moción del Senado en el artículo
32 del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, la denominada ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos. Es
bien sabido que este proyecto de ley siguió la misma suerte que la Ley de
Presupuestos, es decir fue rechazado por el Congreso y, consecuentemente,
toda la ley pero también el artículo 32, en el que estaba contenida la
moción del Senado, no se convirtió en derecho positivo. Por esta razón,
es propósito del Grupo Socialista recuperar esa iniciativa y tratar de
que en esta legislatura las modificaciones propuestas sean por fin
aprobadas.
El objeto de esta proposición de ley es modificar, dando una nueva
redacción al último párrafo del número 1 del artículo 144 del texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social. La redacción que se
propone para este párrafo es la siguiente: «Los beneficiarios de la
pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, que sean
contratados por cuenta ajena o que se establezcan por cuenta propia,
recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión
cuando, respectivamente, se les extinga el contrato o dejen de
desarrollar su actividad laboral, a cuyo efecto, no obstante lo previsto
en el apartado 5 de este artículo, no se tendrán en cuenta, en el cómputo
anual de sus rentas, las que hubiera percibido en virtud de su actividad
laboral por cuenta ajena o propia en el ejercicio económico en que se
produzca la extinción del contrato o el cese en la actividad laboral».
«Igualmente, los beneficiarios de la pensión de invalidez, en su
modalidad no contributiva, que sean contratados como aprendices,
recuperarán dicha pensión durante los procesos de incapacidad temporal
derivados de contingencias comunes».
Los objetivos sociales y políticos de esta proposición de ley son
fundamentalmente tres. El primero, contribuir modestamente a crear
estímulos para el empleo de un número de personas no excesivamente amplio
ciertamente, pero sí pensamos que muy significativo. El segundo objetivo
podía ser perfeccionar una normativa que nos parece muy digna de aprecio,
como es la de prestaciones no contributivas, que se incorporó a la
legislación de la Seguridad Social y que comenzó, antes de este texto
refundido, por la Ley de 20 de diciembre de 1990. El tercer objetivo
sería tratar de equiparar a los perceptores de estas prestaciones de
invalidez, en su modalidad no contributiva, con los que perciben
prestaciones del mismo carácter en las contingencias de desempleo o de
jubilación.
La razón de que existiera esta excepción en la legislación vigente está
en la forma que se regula el cómputo de la insuficiencia de rentas,
requisito claramente justificado para tener derecho a la percepción de
esta prestación. El requisito está justificado, pero la forma de exigirlo
ciertamente admite una mejora, y es lo que tratamos de hacer con esta
proposición de ley.
Hay que decir también como antecedente que dentro de la propuesta que
formulamos se recoge que la ley vigente ya prevé una fórmula similar de
recuperación de las prestaciones en los casos que el beneficiario sea
contratado como aprendiz, es decir, realice una prestación dentro del
contrato de aprendizaje. Esa modalidad se mantiene y el objetivo de esta
proposición de ley es ampliar la regulación ya existente a todas las
modalidades de contrato por cuenta ajena y también a la del trabajo por
cuenta propia.
Finalmente confiamos, señorías, en que esta proposición de ley del Grupo
Socialista merezca el apoyo de los demás grupos parlamentarios, al igual
que sucedió en la pasada legislatura en la Cámara Alta, en el Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrionuevo.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como ha recordado el portavoz socialista, señor
Barrionuevo, en la pasada legislatura en el Senado mi grupo parlamentario
--entonces de Coalición Canaria-- votó favorablemente. También lo vamos a
hacer hoy, congratulándonos de esta iniciativa del Grupo Socialista,
porque si trae causa de la vez anterior, en la misma línea argumental de
entonces entendemos, en primer lugar, que cumple un requisito de justicia
social, de rectificar algo que el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social de 1994, cuando la aprobamos, no había tenido en cuenta
y es lo que ocurría con estas personas en situación de invalidez que
estaban disfrutando de una pensión no contributiva, pero que se les abría
un horizonte de oportunidades, bien al realizar un trabajo por cuenta
propia en una empresa, bien al ser contratados por cuenta ajena. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
No hay un gravamen para los presupuestos de la Seguridad Social porque,
en el momento que entre a prestar por contrato una actividad laboral o
bien él entre en la suya, inmediatamente deja de percibir la pensión. Se
trata de que una vez haya perdido esas condiciones contractuales
laborales o de negocio propio, pueda reincorporarse a la percepción del
régimen de la pensión de invalidez en la modalidad no contributiva.
Lo que se especifica también en aspectos parciales, como es el
tratamiento a los aprendices, nos parece de la misma lógica y sentido
común. Por tanto, señor Presidente, vamos a votar favorablemente esta
iniciativa que en forma de proposición de ley nos trae el Grupo
Socialista, sobre la recuperación automática de las pensiones de
invalidez en la modalidad no contributiva.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Para manifestar el voto positivo de mi grupo parlamentario a esta
proposición de ley, en primer lugar, por congruencia con la moción
aprobada por el Senado, ya referida por los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra y, sobre todo, porque acoge
requerimientos constitucionales de fácil exégesis, que no deberían ser
discutidos en este momento en la Cámara.
Efectivamente, cuando la Constitución configura el Sistema de Seguridad
Social en su artículo 41, también en el artículo 50, se refiere a un
sistema público que tiene que contener protección suficiente --y la
palabra suficiencia es la que habría que destacar en este contexto-- ante
cualquier situación de necesidad, de forma irregresiva y para todos los
ciudadanos, de carácter universal. Cuando en el artículo 50 se refiere a
los ciudadanos de la tercera edad, estableciendo que han de tener una
protección económica suficiente a través de pensiones periódicamente
actualizadas, se refiere tanto a las pensiones contributivas, señor
Presidente, como a las no contributivas.
El concepto de suficiencia es un concepto metajurídico, es un concepto
elástico, que puede ser discutido en términos cuantitativos y aun en
términos cualitativos, pero no debe ser igualmente discutido el concepto
de revalorización. La revalorización, a tenor de los sistemas que se
utilizan para el sistema público de pensiones en el ámbito contributivo,
es el IPC, se utiliza como criterio objetivo el IPC y éste es el criterio
que debe servir también de referencia, de forma automática, como propone
la proposición, para las pensiones de naturaleza no contributiva; no
menores son las necesidades de las personas acogidas a este ámbito de
protección del sistema, el no contributivo, que las necesidades de las
personas acogidas al sistema de protección contributivo, el sistema
público normal y convencional de la Seguridad Social.
Por estas razones, nos parecen requerimientos de justicia, requerimientos
de equidad, que acogen también los requerimientos del principio de
igualdad, sobre todo suponen la superación de una no equivalencia, de una
discriminación, que mi grupo en anteriores debates también ha denunciado
y que merece la aprobación entusiasta por parte de mi grupo
parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente también, para manifestar la posición de nuestro grupo
acerca de esta proposición de ley.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de esta
iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, por entenderla coincidente con los propósitos de nuestro grupo
parlamentario acerca de tomar esa decisión, que nos propone en estos
momentos, sobre las pensiones de invalidez en la modalidad no
contributiva, acogidas al régimen general de la Seguridad Social.
Señor Presidente, ésta es una iniciativa que ya tuvo en la anterior
legislatura su debate político en torno a dicha materia. Con unanimidad,
se aprobó un mandato al Gobierno; en esta ocasión, el Partido Socialista
se anticipa al mandato del Gobierno. Nos parece correcto para no demorar
la aplicación del propósito que tiene y, en este sentido, nos
manifestamos totalmente partidarios de aceptar la iniciativa que se nos
plantea.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que va a ser positiva al pase a trámite
de esta proposición de ley del Grupo Socialista por varias razones.
Primera, porque ya en el Senado, donde se aprobó en la pasada
legislatura, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mostró su
conformidad con la misma; por tanto, simple coherencia, en esta ocasión,
se trata simplemente de ratificar su posición.
Segunda, por razones políticas y sociales sustantivas. La práctica diaria
manifiesta la necesidad de modificar el número 1 del artículo 144 del
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, pues ello
permitirá eliminar los inconvenientes que hasta ahora se derivan de su
ausencia, al tener que reanudar la tramitación normal de la pensión el
beneficiario de la pensión no contributiva de invalidez, cuando es obvio
que en una invalidez previamente reconocida persisten las razones para su
concesión por parte de los organismos gestores de la Seguridad Social.
Y, tercera razón, porque contempla el supuesto del aprendiz beneficiario
de la citada pensión que, al no tener acceso a los mismos derechos de
Seguridad Social que cualquier otro trabajador desde que se instituyó la
figura de la reforma del mercado de trabajo de 1994, hay que prever ahora
que recupere la pensión no sólo cuando dejan de trabajar sino también
cuando se encuentran
en proceso de incapacidad temporal derivado de contingencias comunes. Sin
embargo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya espera que sea
innecesario contemplar dicha circunstancia en el futuro, en la medida en
que se produzca la modificación legislativa del contrato de aprendizaje a
la que el Presidente del Gobierno se comprometió en su discurso de
investidura.
Izquierda Unida va a votar a favor de esta proposición de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo con brevedad para manifestar en este caso la
coincidencia del Grupo Parlamentario Popular con las fijaciones de
posición, en orden a esta toma de consideración, del resto de los grupos
que me han precedido en el turno de palabra.
Y no podía ser de otra manera porque las coincidencias ya lo fueron en
todos los antecedentes de esta proposición de ley. Ha sido recordado el
trámite del Senado con la aprobación de la moción número 142 propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista, que además fue apoyada por todos
los grupos excepto el Mixto, y también han sido recordados antecedentes
legislativos, como la disposición adicional segunda de la Ley 10/1994, de
10 de mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, que ya hacía
extensiva esta cobertura que ahora se pretende a los contratos de
aprendizaje, exactamente a aquellos que, habiendo sido contratados como
aprendices, al extinguirse la contratación de la que eran objeto
recuperaban automáticamente la prestación de invalidez no contributiva de
la Seguridad Social. Esos antecedentes los encontramos también en cuanto
a la recuperación automática de la incapacidad temporal por enfermedad
común en el caso de los que ahora son contratados como aprendices. Es una
norma ya en vigor, está recogida en el artículo 45 de la Ley 42/1994.
Introducirla en esta proposición de ley tal vez sea adecuado no en el
sentido de la moción aprobada en su día en el Senado, sino en cuanto a
una adecuada adecuación --valga la redundancia-- de nuestra normativa al
respecto.
Es por ello que si hay coincidencia en los antecedentes y en el objetivo
de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, como es
facilitar la integración de los disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales en el mercado de trabajo y asimismo garantizar sus derechos
tanto sociales como económicos, difícilmente se puede estar en contra de
la toma en consideración de la misma.
Sí, en cambio, cabrá hacer en su momento determinadas matizaciones tanto
a la exposición de motivos como tal vez a los requisitos exactos para
salvar esta condición que nuestra ley pone en el caso de las
prestaciones, como son las no contributivas, en orden a la acumulación de
determinados ingresos y el cómputo anual para tener acceso a las mismas.
Pero ello ya será objeto, evidentemente, del posterior debate
parlamentario.
En este caso nos congratulamos de la doble dirección en la que se dirige
esta proposición de ley en cuanto a la recuperación automática de las
prestaciones no contributivas, tanto para las de incapacidad temporal por
enfermedad común para los aprendices como para las de extinción de
contrato de trabajo. Entendemos la oportunidad del momento, que no es más
que la consecución de los distintos momentos que ha tenido esta
iniciativa en el iter parlamentario y que no se pudo consumar por la no
aceptación por este Congreso de la ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del año 1996, presentada por el anterior Gobierno,
y entendemos que ahora debe ser el momento adecuado para proceder a su
debate y a su posterior aprobación.
Señorías, estimamos, además, que claros criterios de racionalidad y de
sensibilidad hacia ese sector tan desfavorecido como son los minusválidos
y discapacitados de nuestro país, no pueden hacer más que coincidamos con
el grupo proponente y con el resto de grupos parlamentarios y apoyemos la
toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre recuperación
automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a
favor, 288.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. RAHOLA), SOBRE CREACION DE UN FONDO
DE COMPENSACION DE PENSIONES EN SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL
NUCLEO FAMILIAR Y DE ALIMENTOS (Número de expediente 122/000007)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE FONDO DE GARANTIA DE ALIMENTOS
(Número de expediente 122/000023)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE CREACION DE FONDO DE GARANTIA DE ALIMENTOS Y PENSIONES
COMPENSATORIAS EN SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NUCLEO FAMILIAR
Y DE ALIMENTOS (Número de expediente 122/000025)
El señor PRESIDENTE: Dentro del punto segundo del orden del día, los
apartados 3, 4 y 5 versan sobre la misma materia, por lo que procedemos a
su debate acumulado.
En primer lugar, para la defensa de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre la creación de un fondo de
compensación de pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del
núcleo familiar y de alimentos, tiene la palabra la proponente.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre de
Esquerra Republicana les quiero presentar una proposición de ley de
creación de un fondo de compensación de pensiones en supuestos de ruptura
matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, para que, una vez
tomada en consideración, podamos empezar a trabajar con el fin de dar una
respuesta, a nivel legislativo, realista y pragmática a la situación de
impagos de pensiones y de alimentos a cónyuges separados, divorciados o
que han visto su matrimonio anulado y que tienen a su cargo hijos menores
de edad.
Antes quiero que quede clara también nuestra posición favorable a las
otras dos proposiciones de ley que van en el mismo sentido y que se han
presentado en esta Cámara, la del Grupo Socialista y la de Izquierda
Unida, aunque lamentamos, en el caso de Izquierda Unida, que quizá la
precipitación les haya hecho calcar casi literalmente la nuestra.
Retornando a la proposición de ley de Esquerra, no hace falta decir que
esta misma protección, obviamente y en sintonía con aquello que Esquerra
Republicana ha defendido siempre, se pretende dar con esta proposición de
ley a las familias de hecho constituidas por parejas con o sin hijos que
sin estar unidas por vínculo matrimonial constituyen, a nuestro entender,
un núcleo familiar perfectamente definido. Por eso en el enunciado de la
proposición de ley distinguimos perfectamente entre la crisis del
matrimonio y la crisis del núcleo familiar.
Nos proponemos, pues, con la creación de este fondo cubrir las
necesidades más perentorias de las familias sin recursos económicos y que
no reciben puntualmente la prestación económica a que tienen derecho, por
medio de aquello que establecen las resoluciones judiciales, ya sean
sentencias, ya sean resoluciones interlocutorias que fijen medidas de
carácter provisional o provisionalísimas. Al mismo tiempo, estas familias
no tienen posibilidad real de que, con su reclamación legal, estas
pensiones sean atendidas. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Y, por tanto, se producen situaciones de
agravio comparativo y en ocasiones una especial y particular perversión
en el caso de los menores de familias monoparentales o que son víctimas
del abandono de sus padres y que se encuentran acogidos por otros
familiares.
Partimos, a nuestro entender, de una constatación inevitable: todos
conocemos, más o menos, que en los procesos judiciales que se inician por
crisis matrimoniales se producen situaciones de impago de las pensiones
acordadas judicialmente y, por tanto, las situaciones negativas que esto
comporta y que antes hemos descrito. Me estoy refiriendo particularmente
a que estos incumplimientos llevan a los hijos y a sus progenitores que
tienen a su cargo el cuidado y custodia de aquéllos, y muy especialmente
de manera mayoritaria a las mujeres, a la práctica indigencia y, por
tanto, a situaciones de pobreza graves, que no encuentran amparo en los
tribunales de justicia ordinarios, en la medida en que, de un lado, la
Administración de justicia tiene defectos obvios de funcionamiento
sufridos por el colectivo que nos ocupa en su condición de justiciables,
por tanto de usuarios de esta administración, pero, de otro lado también,
porque constatando la realidad diaria, la lastimosa y penosa búsqueda de
vías que permitan huir de la ley, tal como evidencia la importancia de la
economía sumergida, al mismo tiempo pretenden escapar a controles de
creditores singulares, preocupados por la satisfacción de sus créditos.
Si además añadimos que la justicia es cara y que ésta es una
circunstancia que en absoluto favorece a quienes sufren el problema de la
falta de pago de las pensiones y alimentos, nos lleva a una situación,
desde un punto de vista económico, patrimonial y familiar que entendemos
muy crítica.
Pueden observar SS. SS. que la idea motriz, el motivo central de nuestra
proposición de ley está constituido por la necesidad de tomar conciencia
ante la situación de marginación y pobreza que se origina a partir de
estas circunstancias.
Pero quiero llamar la atención muy particularmente sobre los efectos
especialmente negativos y perversos que esta conducta, que entendemos
claramente incívica y, por tanto, inmoral, tiene, en primer lugar, sobre
las pensiones de alimentos stricto sensu, entendidos como tales, porque
de su percepción o no depende el sustento más básico de las cargas
familiares más indispensables para la propia subsistencia. En segundo
lugar, sobre las llamadas pensiones compensatorias que,
como ustedes conocen perfectamente, son las que se dan a partir de
situaciones de eventual desequilibrio económico y que se otorgan a favor
de aquellas personas, aquellos cónyuges o miembros de parejas de hecho,
sobre todo gente de avanzada edad, gente mayor sin hijos a su cargo, pero
que están muy necesitadas de una percepción económica, sobre todo cuando
han estado toda la vida dedicadas al trabajo de labores domésticas, sin
acceso al mundo del trabajo y con una estricta dependencia de los
ingresos del cónyuge o de la pareja con quien ya no conviven.
En tercer lugar, quería también reclamar su atención y poner un especial
énfasis en el efecto negativo que esto tiene en otro segmento de la
población, en otro colectivo especialmente. Me estoy refiriendo --lo
quiero destacar-- a las dificultades que en la práctica tienen las
mujeres. Cualquier abogado, cualquier persona con cierta experiencia
profesional desde cualquier actividad jurídica puede constatar que es muy
alto el porcentaje de mujeres que tienen atribuida la custodia de los
hijos menores y que sufren dificultades muy acusadas, más que los
hombres, para una adecuada inserción en el mundo del trabajo.
Para acabar esta primera parte de mi intervención, en síntesis, la
creación de este fondo se dirige preferentemente a la tutela y a la
protección de los intereses legítimos de estas mujeres, a subsanar las
dificultades y las situaciones de grave desequilibrio económico sufrido
por beneficiarios o beneficiarias de alimentos para su subsistencia. Se
dirige también, muy especialmente, a las personas mayores sin hijos
menores que atender, pero que han quedado en una situación de grave
desequilibrio económico respecto al cónyuge o pareja que obtenía
ingresos.
Llegado a este punto, quiero citar la ya clásica y obligada recomendación
869/1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la cual
se invitaba a los gobiernos representados en este organismo a incorporar
a su ordenamiento interno la necesidad de garantizar el pago de las
pensiones por alimentos de hijos menores no emancipados, establecido por
medio de resolución judicial relativa a la ruptura matrimonial. Se
consagraba, pues, en esta clásica resolución la necesidad de establecer
una compensación económica a cargo de los Estados, a modo y manera de
adelanto, por lo tanto, anticipando estas cantidades en caso de
incumplimiento de pago de la pensión de alimentos por parte del cónyuge o
persona obligada a hacerlo.
Debemos lamentar aquí que, desde la aprobación de la antedicha
recomendación, ha sido nula la voluntad política expresada por los
sucesivos gobiernos del Estado a la hora de crear este fondo, a pesar de
existir ensayos sectorial o incidentalmente en la reforma operada en el
Código Penal a través de Ley Orgánica de 21 de junio, en la que se
tipificaba el entonces tipo penal del artículo 487, que actualmente,
reconvertido en un nuevo Código Penal, vendría a ser el actual precepto
227, y que incidentalmente venía a introducir algunos mecanismos
coercitivos tendentes a exigir o garantizar el cumplimiento del pago de
la pensión. Pero estos ensayos, estos intentos se han revelado, a nuestro
entender, insuficientes para poner fin a este problema. Para nosotros,
ésta ya es suficiente razón para presentar esta iniciativa en el
Congreso; iniciativa, finalmente, que debemos abordar por una cuestión de
estricta justicia social, estricta iniciativa legislativa que debe
prosperar para no girar la espalda a problemas de muchas familias y para
liderar la defensa de los derechos colectivos de las personas más
desfavorecidas de nuestra sociedad. Estamos hablando de marginación,
estamos hablando de tercera edad, estamos hablando también de mujeres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Socialista del
Congreso sobre fondo de garantía de alimentos, tiene la palabra el señor
Jover Presa.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la
proposición de ley que me propongo defender tiene unos objetivos muy
similares, yo diría casi idénticos, a los que acaba de exponer aquí la
señora Rahola; objetivos, no el contenido, que varía bastante. Ambas
coinciden básicamente en lo fundamental, a saber, que ya hemos observado
todos la necesidad de crear un mecanismo que haga frente a las
dificultades teóricas, a veces prácticas, en la mayoría de los casos, que
genera el cobro de pensiones de alimentos, bien sea declarados en
convenios reguladores aprobados posteriormente por el juez, bien sea en
sentencias directamente dictadas por el Poder Judicial, en supuestos de
separación, divorcio, nulidad, filiación o alimentos.
Muchas veces, ciertamente --ya se ha dicho aquí--, estas obligaciones no
son satisfechas por las personas obligadas a hacerlo y, consecuentemente,
se crea una grave situación de necesidad en algunos casos, sobre todo,
para el cónyuge a cuyo cargo han quedado los hijos.
En principio, mi Grupo, hasta fechas relativamente recientes, hace apenas
un año o año y medio, había pensado que las medidas previstas en el
Código Civil y en el Código Penal debían ser suficientes para resolver
estos problemas. Yo creo recordar, concretamente, que esta Cámara y el
Senado aprobaron hace años una reforma del Código Penal, artículo 487
antiguo --creo recordar que en el actual es el 227, si no me equivoco,
señor Presidente--, que estableció la máxima sanción posible en nuestro
ordenamiento para el impago de pensiones, es decir, la sanción penal que
apenas existe en ningún otro ordenamiento. De manera que podía suponerse
que esta sanción penal, junto con los medios
que propone el Código Civil y las leyes procesales, debían ser
suficientes para resolver estos problemas.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no es así. La experiencia
ha demostrado que, pese a la sanción penal, pese a las previsiones del
Código Civil, pese a los múltiples instrumentos procesales de que se
dispone para hacer frente a esta situación, el problema sigue existiendo
sigue habiendo casos, más de los que a nosotros nos gustaría, de impago
de pensiones de alimentos. Por tanto, se hace necesario ya regular esta
situación y hacerlo, como aquí se ha dicho y piden las tres proposiciones
de ley, mediante la creación de un fondo público por el cual el Estado
garantice el pago de las pensiones de alimentos cuando los obligados a
hacerlo no lo han cumplido.
Señor Presidente, yo quiero reconocer que esta proposición que presenta
mi Grupo, como las otras dos, no son nuevas. No pretendemos con ello
abrir ningún camino, porque es cierto que esta Cámara, durante la pasada
legislatura e incluso antes ya había debatido estas cuestiones. Yo estoy
dispuesto a reconocer que antes que nosotros, otros grupos
parlamentarios, concretamente el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular, habían traído a
esta Cámara propuestas similares; no diré muy similares, pero sí que
pretendían objetivos parecidos. La sensibilidad demostrada por estos
Grupos me permite suponer que se traducirá ahora en un voto favorable a
la toma en consideración de estas proposiciones de ley, repito, que
solamente implican un acuerdo sobre la oportunidad y no sobre el
contenido.
Quiero recordar además que sobre esta cuestión los gobiernos anteriores,
concretamente el Gobierno socialista, no habían sido ajenos a ella, como
aquí se ha dicho pues se había trabajado en la cuestión y el Gobierno
anterior había realizado estudios en profundidad, fruto de los cuales se
elaboró un anteproyecto de ley, cuyo borrador estaba acabado hace un año,
con su memoria justificativa, con su memoria económica, que hacía ya una
cuantificación suficientemente precisa del coste que podía tener esta
propuesta. Señor Presidente, yo creo que a partir de estas propuestas,
podemos trabajar ya en ello. Quiero añadir que esta documentación de que
disponemos, es decir, el anteproyecto de ley al que acabo de referirme,
la memoria justificativa que lo acompañaba, la memoria económica, son hoy
una documentación que, a mi juicio, puede ser utilizada de forma clara
por los grupos de la Cámara para llevar adelante los trabajos de Ponencia
y de Comisión, en el caso de que estas proposiciones de ley sean
aprobadas.
Concretamente, señor Presidente, nuestro Grupo, para elaborar la
proposición de ley que traemos hoy a la Cámara, se ha basado en estos
trabajos; se ha basado, aunque no al pie de la letra, en el anteproyecto
que ya existía hace un año aproximadamente en el Ministerio de Asuntos
Sociales y, sobre todo, ha tenido muy en cuenta esa memoria económica que
cuantificaba el problema con la máxima precisión. Porque nosotros, señor
Presidente, somos muy conscientes de que proposiciones de este tipo
generan un impacto económico, un impacto presupuestario que
necesariamente debe ser tenido en cuenta.
Dicho esto, señor Presidente, paso rápidamente a exponer el contenido
material de nuestra proposición. La ley que proponemos tiene como
finalidad, ya se lo he dicho aquí, garantizar por parte del Estado el
pago de alimentos a los hijos menores de edad, acordados en el
procedimiento correspondiente, ya sea en sentencia judicial por
separación, divorcio, nulidad, filiación o pensiones de alimentos, ya sea
mediante convenio regulador, previamente acordado por los cónyuges y
aprobado posteriormente por resolución judicial.
Naturalmente esto tendrá que hacerse a través de la incoación del
oportuno procedimiento administrativo y aprobado por el órgano
correspondiente, que a nosotros nos parece debería ser el Ministerio de
Economía y Hacienda. Una vez acordado se hará el pago en concepto de
adelanto, por así decirlo, porque automáticamente el Estado, una vez
realizado el pago, se subroga totalmente en los derechos inherentes al
acreedor para ver si consigue que su importe sea posteriormente
satisfecho.
En nuestra proposición de ley, señor Presidente, incluimos tres cautelas
que hay que tener muy en cuenta. La primera es que entendemos que lo
previsto en la ley, al menos en una primera fase, solamente debe ser
tenido en cuenta y aplicado a situaciones de auténtica necesidad, a
situaciones en las que la unidad familiar, como consecuencia del impago
de la pensión de alimentos, se encuentra ante una auténtica necesidad.
Por tanto, en nuestra proposición de ley, señor Presidente, establecemos
claramente, como condición para que los beneficiarios puedan recibir las
ayudas, que los ingresos de la unidad familiar no superen la cantidad
establecida en la Ley reguladora del Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas para la obligatoriedad de efectuar declaración. También
se prevé que la unidad familiar no tenga bienes patrimoniales distintos
de la vivienda en que resida habitualmente.
Segunda condición, la cuantía de las ayudas. Por supuesto, la cuantía
exacta deberá ser fijada caso por caso, en función de las circunstancias
que se produzcan en cada situación. En la proposición de ley creemos que
se han de establecer unos ciertos criterios; criterios que, tal y como
los establecemos nosotros, habrían de ser las pensiones mínimas
consideradas en la normativa vigente para casos similares. Concretamente,
las pensiones de orfandad que han sido previstas en el Real Decreto
2547/1994, de 29 de diciembre.
Por último, y con esto voy terminando, señor Presidente, una condición
absolutamente imprescindible para evitar posibles abusos es que las
personas que vayan a recibir las ayudas, los futuros beneficiarios, hayan
instado previamente la ejecución judicial y que ésta
no haya tenido los efectos adecuados. Sin embargo, como sabemos que a
veces hay situaciones de auténtica urgencia, de auténtica
provisionalidad, recogemos la posibilidad de que, ante esta situación, se
puedan dar con carácter provisional aunque aún no haya habido la
resolución judicial ante la instancia que se haya hecho.
Esta es muy brevemente expuesta, señor Presidente, nuestra proposición de
ley y su contenido.
Resumiendo, creo que es una propuesta moderada, posibilista y prudente.
Porque nosotros hemos de tener en cuenta los problemas de toda índole,
administrativos pero también presupuestarios, que puede generar el
cumplimiento de las previsiones de esta ley. No somos ajenos a estos
problemas. Por tanto, así se explican las cautelas que establecíamos y a
las que antes me refería.
Quiero que se tenga en cuenta que las previsiones que tenemos, según el
informe económico al que me refería antes, indican que, hoy por hoy, ya
se pueden cuantificar aproximadamente el coste que podían tener estas
previsiones. Si no me equivoco, una encuesta realizada por el Consejo
General del Poder Judicial, hace ya algunos años --no hay datos para
imaginar que ha cambiado--, habla de un porcentaje de impagos que está en
torno al 14 ó 15 por ciento; puede llegar al 17 por ciento en el caso de
incumplimientos esporádicos en medidas provisionales. Pues bien, con
estas previsiones, y en el caso de que no cambiasen, creemos, señor
Presidente, que la propuesta que hacemos es perfectamente posible y
prudente. No podemos garantizar que esto no vaya a cambiar en el futuro y
es por lo que nuestra propuesta, repito, es así de posibilista y
moderada.
Para acabar, señor Presidente, quiero decir que mi Grupo va a votar
también favorablemente las otras dos proposiciones de ley, la que acaba
de ser defendida por al señora Rahola y la que será defendida
posteriormente por la señora Almeida, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nosotros somos conscientes de que el contenido de nuestra proposición de
ley es bastante diferente del de las otras dos, es --decía antes-- más
moderado, más posibilista, creo que tiene mucho más en cuenta las
implicaciones presupuestarias, pero el voto hoy a estas proposiciones de
ley es solamente el voto a una toma en consideración, es solamente el
voto a un problema de oportunidad, y yo creo que todos estamos de acuerdo
en que es oportuno que esta Cámara discuta y debata sobre esta cuestión.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jover.
Proposición del ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación del fondo de garantía de
alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial
o del núcleo familiar y de alimentos.
En nombre del grupo proponente tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que cuando estaba preparando
esta proposición de ley y la defensa ante esta Cámara pensaba que iban a
salir algunas palabras como las de la señora Rahola diciendo: se ha
copiado. Una de las cosas que quería dejar clara aquí es que no venimos a
contarnos ningún protagonismo en estas leyes, sino a solucionar un grave
y viejo problema, que está generando pobreza en la mujer
fundamentalmente. En este sentido, cualquier solución que se diera por
esta Cámara para tomar en consideración, haría una ley que no sería ni la
de la señora Rahola y el Grupo de Esquerra Republicana, ni la del Grupo
Socialista, ni siquiera la de Izquierda Unida. Sería, en todo caso, la de
toda la Cámara, que ofrece la solución de un problema a los ciudadanos.
Pero ya que se dice que se copia yo le diría a la señora Rahola que la
presentamos antes en el Parlamento catalán Iniciativa per Catalunya;
luego la presentó el señor Colom; luego la presenta usted; doña Joaquima
Alemany la presentó en el Senado; hubo una reunión conjunta en el Senado;
en el año 1990 incluso el PP también la presentó, y en 1994. Es decir,
estamos presentando esto todo el mundo y venimos al final a presentar la
proposición con el único deseo de que se apruebe, que se tome en
consideración y se dé una salida.
Es verdad que en eso vamos a coger de todas, porque yo creo que en todas
las leyes hay cosas positivas e incluso hay elusiones que yo misma me
estoy dando cuenta de que parecen importantes. Además son situaciones que
debemos resolver no solamente por un deseo de protagonismo de los
partidos, sino por un débito que tenemos con la gravísima situación por
la que atraviesan muchas familias monoparentales, la mayoría de ellas
encabezadas por mujeres, aunque puede darse algún caso individualizado,
pero mayoritariamente por mujeres, y es una obligación que tenemos
derivada de muchos compromisos.
Uno de los grandes compromisos, por ejemplo, de los últimos y más
recientes, ha sido en la Conferencia de Pekín, que cuando ha analizado la
progresiva pobreza de las mujeres ha determinado un compromiso a los
gobiernos, y de entre ellos, leo el párrafo 58 de la Plataforma de Acción
en su letra i), que dice: Formular y aplicar políticas concretas
económicas, sociales, jurídicas y de otra índole en apoyo de los hogares
encabezados por mujeres.
También, y lo ha citado ya la señora Rahola, y lo citamos también
nosotros porque creemos que es importante,
la Recomendación 869 del año 1979, de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, que precisamente la citamos en la exposición de
motivos, y que además invitaba a los Gobiernos a que se creen este tipo
de fondos que ya existen en diversos países de nuestro entorno y que
suponen una protección social para algo más que la familia: para intentar
que la gente no se agote en perseguir y en conseguir unos derechos tan
esenciales como son los de alimento.
Hemos recibido hace muy poco el informe del Defensor del Pueblo que se ha
presentado a esta Cámara, pero casi no hemos tenido ocasión de leerlo.
Precisamente el propio Defensor del Pueblo en una entrevista que le
hacían este mismo domingo decía --y leo porque son frases bastante
claritas-- lo siguiente: Nos han llegado muchas denuncias de pobres
mujeres que tras conflictos matrimoniales y muchas sentencias favorables
en las que se les reconocen pensiones alimenticias, se quedan en la puta
rue, con perdón (leo textualmente al Defensor del Pueblo), y sigo: Eso es
intolerable. Entonces empiezas a buscar a los responsables del tema y ves
que los tíos son tan listos que no hay manera de hacerles que paguen las
pensiones. Hicimos una recomendación al Ministro de Economía y Hacienda y
a la Agencia Tributaria para que ordenaran a todas sus delegaciones
mantener un criterio uniforme y que facilitaran a los jueces los datos
fiscales, etcétera. Ellos también hablaban de la necesidad de insistir
ante las Cortes en la solución de este problema.
En este momento tenemos un reto y una obligación para solucionar este
tema. En este juego entre Gobierno y oposición, oposición y Gobierno
hemos pasado por todas las alternativas. Antes, cuando los que están en
la oposición estaban en el Gobierno, negaban la creación de este fondo.
Ahora, cuando están en el Gobierno los que estaban en la oposición, y lo
pedían en la oposición al Gobierno, no sé si lo van a negar ahora que
están en el Gobierno. Pero los que estamos siempre en la oposición,
venimos perpetuamente intentando resolver un problema que esperemos que
alguna vez, Gobierno, oposición y el conjunto de todos los grupos, le
demos esta solución.
No creo que tenga que recordarle a la Diputada, María Jesús Sainz, lo que
decía, por ejemplo, en el año 1993, como lo ha dicho otras veces, incluso
no habiendo apoyado nosotros esta propuesta porque mezclaba situaciones
distintas de abandono de niños, y no trataba lo que es el fondo del tema.
Incluso hizo que la señora Alemany se opusiera por estas cuestiones un
poco dispersas, y nosotros también. Decía S. S.: El Grupo Popular
considera que debe subsanarse con la urgencia que la necesidad requiere.
Consideramos que ya no puede haber disculpas de más estudios, porque,
señoría, la Ministra anterior lo tenía todo estudiado.
En este compromiso y en esta perentoriedad en la que todavía siguen las
mujeres, haya cambiado el Gobierno o haya aumentado la oposición, lo que
sí creemos es que tiene que tener una solución en esta Cámara. Hemos
presentado nuestra proposición de ley. No pretendemos defenderla como la
mejor, simplemente creemos que es la más justa. En ese sentido, sí quería
referirme a que la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista
nos parece fundamentalmente insolidaria con las mujeres. En su
proposición sólo paga los alimentos de los hijos menores, y las mujeres,
que muchas veces han dedicado toda su vida al matrimonio y que se le pone
una escasa pensión compensatoria, se pueden quedar en el más absoluto
abandono con este tipo de proposición. Por eso hemos puesto garantía para
el pago de alimentos y pensiones compensatorias, porque si no podemos
dejar indefensas a muchas mujeres que con un modelo injusto de reparto de
la responsabilidad familiar se queden sin el derecho a percibir las
pensiones.
Para distanciarnos, señora Rahola, pedimos que esta ley sea aplicable no
a las que vengan detrás, sino a las que ya estén exhaustas, reclamándola
desde hace años, para que puedan acogerse a este proyecto de ley si se
crea el fondo de garantía de pensiones, porque si no las muertas ya por
alimentos no van a tener encaje en esta ley.
Nuestra proposición intenta, una vez más, colaborar en la solución del
problema, y ésta no está en el Código Penal. Se ha hecho el Código Penal,
lo hemos modificado. El Código Penal ha sido interpretado de mil maneras,
y no le voy a dar una lección. De las denuncias que se han hecho por
impago de alimentos, montones de jueces dicen que la prisión por deuda no
existe en nuestro ordenamiento, por lo tanto no van al Código Penal.
Otros dicen que los pobres no han sabido nada, que no les han requerido
formalmente y no hay carga de pruebas. De todas las querellas que se han
puesto, las sentencias por condena se pueden contar con los dedos de una
mano --pondré las dos para que no digan que soy exagerada--. Encima
cuando condenaban no ponían el resarcimiento civil, sino que te mandan a
la vía civil, con lo cual estamos en las mismas.
Tendríamos que llegar a un acuerdo en esta ley para cuando se produzca un
impago, porque los impagos de pensiones se producen en la gente de más
dinero, en profesionales, en autónomos, porque todo el que tiene nómina
le pillan, le embargan y no se salva ni de Hacienda ni de nada. Si a
todos los que no pagaran y tuvieran un nivel alto se les obligara a pasar
una inspección de Hacienda para ver de dónde vienen sus ingresos y dónde
está el dinero negro del que viven y no puede aflorar, estoy segura de
que aquí pagaba el 80 por ciento de los que ahora no pagan. Quizá lo
tendremos que poner así y prever que en este caso tendremos que tener una
actitud de iniciativa, precisamente de colaboración, que hoy no se está
dando, entre la Agencia Tributaria, entre la agencia administradora de la
Hacienda Pública y que facilite a los jueces toda una serie de datos para
poder recabar este tipo de información.
Nosotros creemos que en estos momentos se tiene que tomar en
consideración este tema, por justicia, por solidaridad, por eficacia
tributaria, porque nosotros, ahora que se está hablando tanto de que se
va a cambiar la Administración, queremos que lo que se pague no sea a
fondo perdido; queremos que obligue a una gran capacidad de recuperación
de la Administración del Estado, que no sólo en este caso, sino en otros
muchos, es ineficaz; en la recuperación del Fondo de Garantía Salarial en
los trabajadores; en la Seguridad Social en los accidentes de tráfico; en
montones de situaciones. Hay que tener eficacia para hacer repercutir
precisamente la irresponsabilidad como una forma de mantener una acción
eficaz contra lo que nosotros consideramos que es un delito social, que
es una vergüenza social, y no es la listeza de uno que dice: si me habrá
salido bien el divorcio que estoy logrando no pagar nada. Los que dicen
eso son dignos de reproche social.
Nosotros creemos que precisamente las que tienen encomendada una labor de
cuidar a los hijos, de alimentarlos y de responsabilidad, deben tener el
amparo social que les daría tomar en consideración esta proposición de
ley. Por eso lo solicitamos de la Cámara y no para que se apruebe,
repito, una u otra, sino para que entre todos y entre todas hagamos una
buena ley que solucione un viejo, injusto y creo que antisolidario
problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que es
difícil decir que no a una proposición o a unas proposiciones, en este
caso, de estas características. Y es más difícil decir que no tras
escuchar las pertinentes argumentaciones que han utilizado las portavoces
y los portavoces que las han defendido y el apasionamiento y el calor
puesto por alguna de ellas en particular.
Esta es una materia razonable, es una materia justa, es una materia
conceptualmente indefinida todavía; estamos en un período de tránsito, de
transición de los compromisos del denominado originariamente Estado
providencia o Estado del Bienestar hacia situaciones nuevas donde se
redimensionan compromisos de esta naturaleza vinculados a necesidades de
carácter social y donde se suscitan cuestiones muchas de ellas novedosas,
incluso para el ordenamiento jurídico y para las propias constituciones,
que debe ser objeto de atención por los poderes públicos y
particularmente por los poderes públicos parlamentarios, señor
Presidente.
Dicho esto, hay que decir también otra cosa, señor Presidente. Esta es
una proposición de ley que se suele presentar siempre por los grupos de
la oposición y que normalmente deniegan o no toman en consideración los
grupos que apoyan al Gobierno; lo pudimos comprobar en la legislatura
pasada sin ir más lejos.
La verdad es que las propuestas son razonables conceptualmente; son de
difícil discusión. Aquí el debate contradictorio, por mucho que uno se
esfuerce, es materialmente imposible; cómo va a decir uno que no a que se
atienda el pago de las pensiones de alimentos o de otra naturaleza, como
las expuestas en caso de situaciones de necesidad, de no existencia de
otros bienes diferentes al propio domicilio, o del incumplimiento de
resoluciones judiciales. La verdad es que es muy difícil decir que no a
esto; pero la verdad es que también el debate, por otra parte, no está
suficientemente maduro.
A nosotros nos gustaría, señor Presidente, alternativamente a la toma en
consideración de estas proposiciones de ley, un compromiso por parte del
grupo parlamentario que sostiene al Gobierno y del propio Gobierno,
temporalizado, concretado, en términos temporales, con una cronología
precisa, atendiendo al carácter multidisciplinar que necesariamente tiene
lo que se intenta regular jurídicamente en estas proposiciones, puesto
que afecta a materias presupuestarias, afecta a materias jurídicas y
obliga a rectificaciones de cuerpos jurídicos heterogéneos y diversos.
Nos tranquilizaría, desde una perspectiva del requerimiento más elemental
de seguridad jurídica, que el Gobierno se comprometiera a la presentación
de un proyecto de ley regulando una materia que es de justicia, que
supone evitar discriminaciones que son intolerables --utilizo la misma
expresión que algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de
la palabra-- y que necesitan ser compensadas, superadas y atendidas por
los poderes públicos del Estado, desde una perspectiva de compromiso
presupuestario público, pero que quizá no tengan o requieran como
instrumento, por lo menos suficiente, el contenido material de estas
proposiciones de ley presentadas. Si el Gobierno o el grupo que apoya al
Gobierno se compromete a estudiar el tema multidisciplinarmente y a
presentar un proyecto de estas características, mi grupo vería de alguna
forma satisfechas sus inquietudes y anuncia en este contexto que va a
votar que no a la toma en consideración de las tres proposiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas, gracias,
señor Olabarría.
Por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, expondré cuál es
nuestra posición ante las proposiciones de ley sobre fondo de garantía de
pago de alimentos que presentan los Grupos Parlamentarios Socialista,
Mixto e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nuestro grupo ha manifestado ya reiteradamente su preocupación por las
consecuencias personales, familiares y sociales que se derivan del impago
de las pensiones decretadas por decisión judicial en los casos de
separación, divorcio o nulidad matrimonial. Hemos defendido la creación
de un fondo de garantía de pensiones y continuaremos defendiéndolo
mientras continúen existiendo las familias afectadas, fuertemente
afectadas diría yo, por las consecuencias que en este momento se derivan
de la vulneración de la ley y de la burla de los derechos, puesto que, en
definitiva, señorías, impagar una pensión, cuyo derecho está legalmente
establecido y que es decretado judicialmente, no es únicamente hacer caso
omiso de la ley incumpliendo unos deberes, hecho por sí solo grave, sino
que además impide a otros, generalmente a mujeres e hijos, el disfrute de
sus derechos. Un problema, señorías que, dada mi vinculación con
asociaciones de mujeres, conozco muy de cerca y me preocupa
extremadamente; me preocupa personalmente y preocupa a nuestro grupo
parlamentario, y prueba de ello es que el fondo de garantía de pensiones
es uno de nuestros compromisos electorales.
Por otra parte, permítanme, señorías, que recuerde que ha sido nuestro
grupo el que mayoritariamente ha llevado la iniciativa parlamentaria de
este tema a través de proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones,
requerimientos de cumplimiento de mociones. Uno de los resultados de las
iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán fue la
aprobación, por unanimidad, en el Senado de una resolución derivada de
una moción alternativa de todos los grupos parlamentarios a otra
presentada por la Senadora Joaquima Alemany, de nuestro Grupo, en la que
el Senado instaba al Gobierno a que, dentro de la presente legislatura
--decía--, concluyan los estudios que viene realizando y envíe a las
Cortes el proyecto legislativo creador de un fondo de garantía encargado
de anticipar las cantidades necesarias para hacer frente a las
situaciones de necesidad causadas por el impago de las pensiones de
alimentos debidas a los hijos, reconocidas en decisión judicial o en
convenio judicialmente aprobado.
Esta resolución fue aprobada el día 20 de junio de 1991 y asumida por el
Gobierno. Se demostró ya en aquel momento que los diversos grupos
parlamentarios coincidían en la necesidad de hallar una solución a un
problema que afecta a muchísimas familias. Esta coincidencia ha tenido
continuidad, puesto que esta Cámara ha debatido en múltiples ocasiones
iniciativas provenientes de uno u otro grupo político, con variaciones
diversas, pero también con muchos puntos coincidentes. Sin embargo,
señorías, y a pesar de esta preocupación generalizada, lo cierto es que
la creación del fondo de garantías de pensiones continúa siendo una de
las asignaturas pendientes, siendo una necesidad que responde a una
problemática que no es individual, sino que tiene un alcance social. El
Grupo Socialista, que hoy presenta, entre otros, esta proposición de ley,
ha tenido medios y años para poner en práctica y plasmar realmente la
voluntad que ahora presenta como una urgencia inaplazable.
El Grupo Parlamentario Catalán, coincidiendo con la mayoría de los grupos
políticos, cree en la necesidad de crear un fondo de garantía de
pensiones, pero creemos también que ha de incluirse en la elaboración de
los presupuestos del Estado y es responsabilidad del Gobierno presentar
una propuesta concreta, dadas las implicaciones económicas y
presupuestarias que esto tiene.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aun
manteniéndose firme en la necesidad de crear un fondo de garantía para
cubrir el impago de pensiones decretadas judicialmente, votará
negativamente estas proposiciones de ley que estamos debatiendo porque, a
nuestro entender, la manera de solucionar este problema no es pasarlo de
uno a otro grupo político, sino que debe ser el propio Gobierno del
Estado quien, plasmándolo en la política general, tome la iniciativa y
proponga la solución definitiva. Por eso instamos al Gobierno a que se
comprometa en ello y en un plazo de seis meses presente un proyecto de
ley que permita la creación real y efectiva, dentro de un marco también
realista, de un fondo de pensiones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición, en nombre del Grupo
Popular, sobre tres proposiciones de ley de los Grupos Mixto, Socialista
e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de creación del fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias, justificadas en el
mandato constitucional de protección a la familia y en la recomendación
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como aquí ya se ha
hecho referencia. Iniciativas, en definitiva, similares, referidas
principalmente a un mismo objeto, a la extensión de la cobertura de esas
pensiones complementarias, si bien, desde luego, hay importantes
diferencias entre ellas, incluso de gestión, por el Ministerio de Asuntos
Sociales en el caso de la propuesta del Grupo Mixto y de Izquierda Unida,
y por el Ministerio de Economía en la propuesta del Grupo Socialista y
remitida desde luego a la vía reglamentaria para regular
los principales aspectos de la misma en el caso de la proposición del
Grupo Mixto.
Pues bien, señorías, nuestro grupo, como no podía ser menos, valora
positivamente la creación de un fondo de garantía de pensiones de
alimentos, por lo que de forma complementaria implica un reforzamiento de
las restantes medidas contempladas en la legislación civil y penal,
extremo este que nuestro grupo vio desde el primer momento claro y no así
algunos de los grupos que ahora han intervenido.
Bien sabemos que el incumplimiento genera situaciones de necesidad,
problemas sociales importantes como a lo largo de estos años hemos venido
diciendo, llegando a darse, incluso, situaciones muy duras y ello,
señorías, es muy cierto, pues si bien el artículo 487 del Código Penal
recoge la penalización por el impago de pensiones, también sabemos que,
en definitiva, esto no soluciona el problema. De ahí la necesidad de que
desde el sector público se actúe solidariamente, como tantas veces hemos
dicho, buscando una clara respuesta y dando solución a un problema que
afecta de una manera importante, principal y casi fundamentalmente,
aunque hay algunas excepciones, a muchas mujeres, que llegan en algunos
casos, incluso, a sufrir problemas de marginación y desde luego siempre
un nivel de dependencia muy grave, que afecta, lamentablemente, a una
situación dura y crítica de unas familias constituidas fundamentalmente
por los niños y por las madres.
Pues bien, si esto es así, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de
todo ello, a lo largo de la IV Legislatura instó al Gobierno. Lo hizo
también en la V Legislatura a través de numerosas iniciativas en ambas
Cámaras para que se creara ese fondo de garantía y siempre, señorías,
como ustedes saben perfectamente, nos encontramos con el rechazo
sistemático del grupo que apoyaba al Gobierno, del Grupo Socialista.
Primero era el estudio, después era la determinación de la cuantía
presupuestaria, por último, la imposibilidad económica de abordarlo.
De nada sirvió que tuviésemos el año Internacional de la Familia; de nada
sirvió que nuestro grupo recordase los mandatos constitucionales; que
hiciéramos también claras referencias a lo que había ya en numerosos
países europeos; tampoco sirvió recordar la resolución del Parlamento
Europeo que instaba a los gobiernos a que tomasen esa iniciativa. Y
finalmente, como aquí también se dijo, no fuimos capaces, ni siquiera
habiendo instado el Senado, por unanimidad, al Gobierno a que se llevase
a cabo. Se incumplieron los mandatos de las Cámaras y nos quedamos sin el
fondo de garantía de pensiones.
Era evidente, por tanto, que lo que faltaba, señorías, era la clara
voluntad política de crearlo, circunstancia que concordaba claramente con
que se había eliminado del Segundo Plan de Igualdad y que, por otra
parte, tampoco figuraba en el programa electoral del Partido Socialista.
Por eso, señorías, tienen que permitirme que les diga que para nuestro
grupo no deja de ser sorprendente que sea ahora --transcurridos apenas
cincuenta días después de la apertura del Parlamento, habiendo perdido el
Partido Socialista las elecciones y, por tanto, sin tener ninguna
responsabilidad de Gobierno--, cuando presente el Grupo Socialista esta
iniciativa. Repito, no han dejado transcurrir ni cien días para presentar
lo que ustedes fueron claramente incapaces de elaborar durante trece años
de Gobierno. Tal vez ello lo hagan, señorías, para ocultar la realidad
contrastable de que el Grupo Socialista se negó a cumplir un mandado
imperativo de la Cámara y siempre empleó tácticas dilatorias constantes.
De todas formas, a nuestro grupo le alegra saber que el Grupo Socialista
ha cambiado y que desde el debate tranquilo, sereno y realista podemos
contar con el apoyo de su grupo para paliar este problema que sufren
tantas familias españolas, con el que ustedes no han querido enfrentarse
desde el Gobierno.
El programa de Gobierno del Partido Popular para la presente legislatura
sí recoge como uno de los compromisos la creación del fondo de garantía
de pensiones. Pues bien, por otro lado, si ese es un compromiso habrá
oportunidad de legislar en este período sobre el fondo de garantía de
pensiones. Esa es la voluntad del Gobierno y del grupo que lo apoya.
Quiero decirles, antes de terminar, que hay también defectos técnicos o
lagunas importantes en las proposiciones de ley que han presentado
ustedes. En primer lugar, hay que resaltar que todas ellas olvidan algo
fundamental e importante que es la distribución de competencias que en
materia de asistencia social tienen ya asumidas las comunidades
autónomas. También es verdad que en la proposición del Grupo Socialista
se contempla la existencia de signos externos como elementos a tener en
cuenta para los límites establecidos para esos fondos de garantía de
pensiones, lo cual lleva a una enorme inconcreción e incluso a hablar de
unos síntomas que nos preocupan porque podrían dar lugar a actuaciones
claramente arbitrarias. No faltan errores judiciales también en la de
Izquierda Unida y la ausencia de una reglamentación es clara, como decía
al principio, en la proposición del Grupo Mixto.
En todo caso, también es verdad que alguien podría argumentar que estos
extremos podrían ser subsanados en los siguientes trámites
parlamentarios. Nuestro grupo considera importante, coherente y
fundamental que el Gobierno presente un proyecto de ley. Nos consta,
señorías, que el Gobierno está revisando y evaluando el anteproyecto del
Grupo Popular que tenía preparado. Proyecto que hoy, de manera
responsable, el Gobierno ultima para mejor articular su estructura
administrativa, para realizar la valoración económica precisa, después de
determinar el número de beneficiarios.
Termino, señor Presidente, diciendo que el Gobierno se compromete a
presentar un proyecto de ley en esta
Cámara el próximo mes de septiembre --fecha y decisión, desde luego, muy
importantes--, en el marco de un programa integral de política claramente
solidaria y que ya el señor Ministro consideró como una de las acciones
prioritarias de su Ministerio en su reciente comparecencia ante la
Comisión de Política Social y Empleo. Señorías, con ello el Gobierno
preparará las bases de una sociedad moderna, de una sociedad claramente
solidaria, que apoye al principal agente de solidaridad en nuestros
tiempos, la familia. Y, por otra parte, comenzando por lo que debe ser,
por aquellas familias que tienen más problemas, por aquellas familias más
débiles y a las que, por tanto, es necesario atender en primer lugar.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación separada
sobre la toma en consideración de las tres proposiciones de ley, que se
han tramitado conjuntamente pero que han sido defendidas separadamente.
En primer lugar, votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la
señora Rahola, sobre creación de un Fondo de Compensación de Pensiones en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 147; en contra, 161; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista del Congreso, sobre fondo de garantía de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 147; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración.
Finalmente, votación sobre la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar
y de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 144; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICION
CANARIA Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), RELATIVA A LA CREACION EN LA
COMISION DE PRESUPUESTOS DE UNA PONENCIA QUE TENDRA POR OBJETO RECIBIR LA
INFORMACION DE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO ADOPTE EN DESARROLLO DE LAS
RECOMENDACIONES PARLAMENTARIAS APROBADAS POR EL PLENO DE LA CAMARA EL 6
DE ABRIL DE 1995, CONOCIDAS COMO «PACTO DE TOLEDO» (Número de expediente
162/000035)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, proposiciones no de
ley, Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Catalán (Convergència i Unió) relativa
a la creación en la Comisión de Presupuestos de una ponencia que tendrá
por objeto recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte
en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el
Pleno de la Cámara el 6 de abril de 1995, conocidas como «Pacto de
Toledo».
Para la presentación de la proposición no de ley van a intervenir, en
turno conjunto, un representante de cada grupo parlamentario suscriptor
de la iniciativa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
me ruega el señor Presidente que sea breve, puesto que debemos
repartirnos un poco el tiempo entre las distintas formaciones políticas
que avalamos la presente proposición no de ley que se debate en este
Pleno, que ha sido propiciada por la mayoría de las fuerzas
parlamentarias de esta Cámara, con excepción del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para el desarrollo de los Pactos de Toledo, y para conocimiento de toda
la Cámara, creo que interesa la
creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para
que haga el seguimiento de las propuestas que el Gobierno vaya adoptando,
con una serie de argumentos que estimo es importante debatir en este
momento.
Creemos importante que la ponencia siga estando ubicada en el seno de la
Comisión de Presupuestos, por entender que los problemas estructurales
que puedan afectar al sistema de la Seguridad Social tienen un contenido
económico importante. Por tanto, si en el año 1993, cuando se empezó a
detectar esos problemas, se creo una ponencia en el seno de la Comisión
de Presupuestos, estimamos que esta nueva ponencia debe seguir teniendo
la misma ubicación.
Se ha publicado recientemente por la Secretaría de Estado para la
Seguridad Social un documento muy importante, que se ha hecho llegar a
SS. SS., sobre el estado actual del sistema a nivel financiero, económico
y presupuestario de la Seguridad Social. Pues bien, entendemos que es
urgente empezar a aplicar todas y cada una de las recomendaciones
contenidas en el documento que suscribimos todas las fuerzas
parlamentarias.
En representación del Grupo Parlamentario Popular presentamos una
enmienda in voce ante este Pleno, y me gustaría leer la redacción para
que sea analizada por parte de los grupos que firman la presente
proposición no de ley y también por el Grupo Parlamentario Socialista. Se
propone la frase «de las medidas que el Gobierno proponga en desarrollo
de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la
Cámara», en lugar «de las medidas que el Gobierno adopte».
Nos parece mucho más acertada esta redacción por entender que, en el seno
de esta ponencia, se van a consensuar, a analizar, siguiendo los
criterios que estableció el Ministro de Trabajo en su comparecencia, los
planteamientos y las líneas de actuación que iba a seguir su
departamento. Nos parece mucho más acertado hablar de propuestas que no
de medidas adoptadas.
Por tanto y para terminar, puesto que el tiempo es muy limitado, quiero
reiterar la propuesta que se hizo, tanto por parte del Presidente del
Gobierno como por parte del Ministro de Trabajo, de compromiso firme del
mantenimiento de las pensiones, del mantenimiento del poder adquisitivo
de las mismas y, asimismo, reiterar la propuesta de diálogo con todas las
fuerzas sociales y oír todas aquellas ideas que puedan ser mejores para
la aplicación de las recomendaciones referidas del Pacto de Toledo.
También quiero agradecer de antemano al Grupo firmante de la presente
proposición no de ley, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que haya
retirado una enmienda que había presentado en relación a aludir a las
negociaciones con los agentes sociales, que ya se han iniciado por parte
del titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por parte del
responsable de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social. Les
agradezco que hayan retirado esta enmienda, pero late el compromiso firme
de que, por parte de los responsables del Gobierno en materia de
Seguridad Social, se va a tener permanentemente informados a los
Diputados que vayan a integrar la ponencia que estamos proponiendo crear
en esta Cámara. Asimismo, van a ser tenidas en cuenta todas y cada una de
las argumentaciones y planteamientos de dichas fuerzas sociales.
Muchas gracias, señor Presidente.
Nada más. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
suscrito la proposición no de ley para constituir esta ponencia. En
consecuencia, apoyamos firmemente la constitución de esta ponencia que,
entendemos, reúne los requisitos de método que nosotros habíamos previsto
para el seguimiento de la aplicación del Pacto de Toledo. Hemos dicho ya
en esta Cámara que nosotros apostamos por una aplicación del Pacto de
Toledo que sea consensuada y al mismo tiempo global; por tanto, que huya
de cualquier aplicación unilateral por parte del Gobierno y, al mismo
tiempo, de una aplicación parcial de los contenidos de dicho Pacto.
En este sentido, entendíamos que efectivamente la ponencia reunía estas
características. Sin embargo, en el texto de la proposición no de ley
había algunas cuestiones que era necesario aclarar y matizar. Por eso
habíamos presentado unas enmiendas, que en estos momentos retiramos,
porque la fórmula transaccional que ha propuesto el Grupo Parlamentario
del Partido Popular satisface también los contenidos de lo que nosotros
queremos defender. Se trata no solamente de recibir información por parte
del Gobierno de las medidas que vaya a adoptar; se trata de hacer un
seguimiento real y, por tanto, de tener la ocasión de consensuar aquellas
medidas de aplicación del Pacto de Toledo.
En segundo lugar, se trata también de que haya un consenso con los
partidos que suscribieron el Pacto de Toledo, pero también con los
agentes sociales. En este aspecto, no han sido satisfechas nuestras
expectativas, aunque retiramos la enmienda que habíamos propuesto en aras
al consenso de todos los grupos, no sin antes decir, aprovechando la
ocasión, que a los agentes sociales no les avala solamente el poder real,
fáctico, que ellos tengan ni tampoco la concesión que los grupos
de esta Cámara vayan a hacer respecto a la negociación con el Gobierno.
Es sencillamente un cauce institucional, constitucional, el que se
plantea, que los agentes sociales sean la representación de la voluntad
de intereses colectivos protegidos por la Constitución y, por tanto, es
de ahí de donde dimana ese poder y la necesidad de contemplar sus
aspiraciones, de negociar con ellos temas que afecten a aquellos a los
que representan.
En este sentido, lamentamos que no haya sido posible contemplar también
explícitamente la negociación con los agentes sociales, pero reconocemos
que es voluntad practicada por el Gobierno esa negociación con los
agentes sociales. Esperemos que no solamente haya una negociación, haya
unas reuniones, sino que efectivamente lleguen a buen término, a buen
puerto, esas negociaciones con los agentes sociales, así como el consenso
en la ponencia que hoy vamos a constituir.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para contribuir al debate y afirmar nuestra posición positiva
en relación a esta proposición de ley, suscrita también por mi grupo
parlamentario, en algo tan importante como es el sistema público de la
Seguridad Social del Estado español y de su configuración.
El Pacto de Toledo no resuelve los graves problemas que gravitan sobre el
sistema público de Seguridad Social y sistema complementario privado, que
también es sistema de Seguridad Social, tal como está definido por la
Constitución el sistema. El Pacto de Toledo, a pesar de las reflexiones
de sus apologetas, entre los que yo en algún momento me he encontrado, ni
siquiera define el modelo claro de sistema de Seguridad Social español,
modelo perturbado por una jurisprudencia cambiante del Tribunal
Constitucional. Recuerdo a SS. SS. en este momento dos sentencias, de
mayo y de junio de 1987, donde se convalida la constitucionalidad de la
limitación de la pensión máxima de jubilación por primera vez, por la Ley
de Presupuestos de 1984, estableciendo el Tribunal Constitucional y
proclamando con mucho énfasis que no hay derecho a una cuantía
predeterminada de pensión; que cuando hablamos del sistema de Seguridad
Social español no estamos hablando de un sistema ni parecido a lo
contributivo, ni siquiera con similitudes con lo contributivo, sino que
estamos ante un régimen legal basado en los principios de unitariedad, de
uniformidad y de solidaridad, criterios que, tan enfáticamente propuestos
por el Tribunal Constitucional, fueron luego objeto de contradicción
expresa por un Real Decreto-ley presentado por el Gobierno en el año
1992, reduciendo la protección por desempleo e indicando en la propia
exposición de motivos de este Real Decreto-ley que lo que se trata de
corregir es el seguro contributivo o la parte contributiva en el ámbito
de la protección del sistema de Seguridad Social del desempleo que estaba
en este momento, con la gran rotación de mano de obra y la proliferación
de contratos temporales, tan perturbada, que se tendrían que introducir
correcciones presupuestarias en lo que expresamente se calificaba sistema
contributivo, donde las previsiones actuariales sí tenían relevancia.
Desde esa perspectiva, entre las normas aprobadas por estas Cámaras, los
reales decretos-ley presentados a convalidar por el Gobierno y las
sentencias con contenido diferente del Tribunal Constitucional, había una
auténtica indefinición estructural del modelo de sistema de Seguridad
Social en el Estado español que sólo parcialmente resuelve el Pacto de
Toledo.
Por tanto, tenemos que continuar con el trabajo de desarrollo de las
propuestas del Pacto de Toledo en una auténtica definición, primero, de
aquello que pretendemos reformar, y además en múltiples ámbitos, algunos
de los cuales ya han sido indicados por los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra.
Tenemos que seguir avanzando, y este es un compromiso que hay que dirigir
al Gobierno y al grupo parlamentario que lo apoya, en la clarificación de
los flujos financieros, de forma y manera que se cotice con
contribuciones la parte contributiva del sistema y con presupuestos o con
tributos la parte no contributiva asistencial y sistema sanitario; en la
reconducción de los múltiples regímenes, todavía demasiados, que existen
en el sistema de Seguridad Social a dos, a un régimen general y a un
único régimen especial de trabajadores autónomos, con la salvedad del
régimen de los trabajadores del mar que, por razones que no es preciso
reproducir en este momento, mi grupo continúa defendiendo; en el
fortalecimiento de los sistemas complementarios libres o complementarios
voluntarios del sistema público (fortalecimiento de las entidades de
previsión social voluntarias, de las mutuas no integradas en la Seguridad
Social, de los fondos de pensiones) mediante tratamientos favorables de
tipo fiscal, de tipo tributario, de tipo presupuestario y acabando con
discriminaciones que todavía existen, en relación a las entidades de
previsión social voluntaria particularmente, a las que se trata de forma
favorable en la legislación especial, tanto en el ámbito tributario como
también en otros ámbitos, cual es el de la prohibición de concurrencia de
este tipo de entidades en el seno de la función pública, cuando se
establece también por leyes de presupuestos que dentro de la función
pública sí se pueden constituir fondos de pensiones pero no se pueden
constituir, sin embargo, otro
tipo de entidades del sistema complementario de Seguridad Social, como
son las entidades de previsión social voluntaria.
Tenemos que avanzar también en la flexibilización de la estructura
normativa de la jubilación, que ayude a que nuestro sistema de jubilación
sea más gradualista, como lo es en los países de nuestro entorno
socioeconómico; en la superación de seguros anacrónicos todavía, como el
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, atribuyendo a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional otras
competencias y la protección de otras contingencias diferentes a las que
en este momento tienen atribuidas. En definitiva, las quince propuestas
de resolución del Pacto de Toledo, que no son más que indicaciones
genéricas o conceptuales, que nos sirven de fundamento para continuar
trabajando, y de esto se trata, señor Presidente, con esta proposición:
de seguir trabajando y de hacerlo con consenso parlamentario suficiente,
por lo menos similar al que ya existió en la anterior legislatura, y esta
es la apelación que nosotros hacemos a los demás grupos presentes en esta
Cámara, incorporando un elemento nuevo, y con esto acabo, señor
Presidente, a este consenso que para nosotros es un elemento
terriblemente dilecto, preferido.
Somos un grupo que nos hemos caracterizado tradicionalmente, y
desgraciadamente en esta materia en solitario, en resolver el problema de
distribución de competencias en este ámbito, en el de la Seguridad
Social, entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas
con título competencial suficiente.
Nos encontramos con estatutos de autonomía, como el de Guernica, que
tiene preceptos, como el artículo 18 y la disposición transitoria quinta,
que atribuyen la posibilidad de la transferencia de todo lo que no sea
legislación básica, que es el título competencial que corresponde
constitucionalmente al Estado, y esta es una materia que en esta Cámara
se ha dicho, señor Presidente, que no es discutible, que no hay madurez
política suficiente para avanzar, para progresar en ella, cuando es un
puro requerimiento de constitucionalidad.
Por eso queremos incorporar también el problema competencial al Pacto de
Toledo, la solución de la transferencia de posibles competencias que se
financian (y con esto acabo, señor Presidente) de forma parafiscal, no
con tributos, no con Presupuestos Generales del Estado, sino con
exacciones parafiscales, como sucede con la protección de la Seguridad
Social, con las entidades gestoras de la Seguridad Social. Apelamos a
todos los grupos parlamentarios a que participen en el consenso, también
en esta materia, porque es un requerimiento de constitucionalidad.
Con estos buenos deseos, señor Presidente, y esperando que con el trabajo
de todos, conjuntamente, y con consenso podamos ir solucionando y
removiendo las graves dificultades que gravitan todavía sobre nuestro
sistema público de Seguridad Social y estar en el futuro en condiciones
razonables de posibilitar a las futuras generaciones el cobro de las
prestaciones o de la protección de naturaleza o cuantía similar a la
existente en este momento por lo menos, esperemos que esta ponencia pueda
avanzar eficientemente en sus trabajos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
También Coalición Canaria, como grupo parlamentario firmante de esta
proposición no de ley, hace suyos los argumentos que han expuesto aquí
los anteriores intervinientes, señalando nosotros que, de la propia
lectura del «Diario de Sesiones» del Pleno que tuvimos aquí el 6 de abril
del pasado año, 1995, se deduce que aquellos acuerdos y recomendaciones
de la Cámara eran un muestrario, quince fundamentales, que abrían una
dinámica del propio control y seguimiento de la Cámara.
Un cambio de legislatura y un cambio de Gobierno no excluyen aquel
espíritu de consenso que teníamos todas las fuerzas parlamentarias de que
a aquellas recomendaciones era necesario hacerles el seguimiento del
cumplimiento por el Gobierno de turno, sobre todo por tratarse de una
materia, la contemplada en los pactos de Toledo, que tiene ambiguedades,
según distintas lecturas públicas, que tiene posibilidad de trasladar
incertidumbres al amplio colectivo de pensionistas de España. Por tanto,
para despejar esas incertidumbres y cualquier otro tipo de lectura
sesgada, es importante que, dentro del consenso de la Cámara, mantengamos
viva una ponencia que permita la recepción de los documentos que mande el
Gobierno en cumplimiento de aquellos acuerdos, para ver y seguir
detectando qué problemas estructurales siguen existiendo en nuestra
Seguridad Social y qué medidas correctoras hay de los mismos, así como
todas aquellas otras medidas respecto a cuestiones presupuestarias o
asistenciales de la Seguridad Social en cuyas reformas el Gobierno tiene
que estar comprometido.
Entendemos que si hay una ponencia con la concurrencia de todos los
grupos parlamentarios, tanto a nivel de competencias estatales como de
aquellas que se han señalado por el señor Olabarría y que comparte
Coalición Canaria, las de las comunidades autónomas, ésta será una manera
de transmitir a los parlamentos autonómicos el compromiso de seguimiento
de aquellas competencias que tengan las comunidades autónomas, que lo
tienen para que todo se haga dentro de un marco general legislativo y
consecuente con los principios
que nos inspiraron a las fuerzas políticas en el denominado Pacto de
Toledo.
Se trata, señorías, señor Presidente, de una materia muy sensible,
política y socialmente, para la opinión pública española. Por tanto,
mantener vivo aquel espíritu subyacente de los acuerdos de abril de 1995
en esta Cámara, coincidiendo con los demás grupos parlamentarios, nos ha
llevado a plantear esta proposición no de ley, porque creemos que es el
mejor sistema político y parlamentario de controlar los cumplimientos del
Gobierno en materia de Seguridad Social, de transparencia y de
interpretación de la situación actual en España. Por esta razón nuestro
voto será positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve en fijar la posición de mi grupo en esta proposición no
de ley, suscrita por cinco grupos parlamentarios de la Cámara. No es
habitual debatir una iniciativa firmada por cinco grupos políticos, con
lo cual debería ser de entrada una iniciativa a tener en consideración,
puesto que lleva la firma de un gran número de parlamentarios y de grupos
que representan a una parte importante de la soberanía popular.
El tema, sin duda, es importante. Se trata de la continuación del Pacto
de Toledo, de cómo le damos continuidad a un compromiso político
alcanzado en la anterior legislatura; compromiso que es uno de los de
mayor trascendencia alcanzados y su destinatario es toda la sociedad
española. Una de las materias de mayor atención social en estos momentos
es cómo se revisa y cómo se reafianza todo el sistema público de
pensiones en España.
Nuestro grupo quisiera dejar constancia en este trámite de unas puntuales
posiciones políticas. Nuestro grupo cree que el Pacto de Toledo debe
cumplirse estrictamente y que al Gobierno le compete aplicarlo en todos
sus extremos. El Gobierno debe desarrollar los catorce puntos y bases que
recoge aquel compromiso político alcanzado con todas las fuerzas
parlamentarias. No se trata en esta legislatura de reiniciar el debate ni
la reflexión sobre los contenidos en los que ya se alcanzó un acuerdo en
la anterior legislatura.
Dicho esto, señorías, ¿que es lo que pretendemos con esta proposición no
de ley a la que nuestro grupo se adhirió, firmándola junto con otros
grupos parlamentarios? Básicamente, en una materia tan importante como el
Pacto de Toledo sería oportuno, en esta legislatura, constituir de forma
equivalente una ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, para
poder hacer el seguimiento y el análisis del desarrollo y aplicación de
este Pacto de Toledo. No se trata de iniciar una reflexión ni un debate
político para hacer un segundo pacto; no. Tampoco se trata con esa
ponencia de levantar ningún mecanismo, ningún artilugio parlamentario
para no responsabilizar al Gobierno de lo que debe ser su principal
responsabilidad, que es aplicar el Pacto de Toledo. Se trata simplemente,
señorías, de que en una materia de tan trascendental importancia e
interés para la sociedad española se constituya, en esta Cámara, una
ponencia equivalente a la que se constituyó en su momento y dio origen al
pacto para poder hacer el análisis de seguimiento de la aplicación del
mismo por parte del Gobierno. Y no solamente el análisis de las medidas
que el Gobierno pueda desarrollar en aplicación de los principios que
recoge el pacto, sino las problemáticas que deben ser desarrolladas y
aplicadas por parte del Gobierno y que hemos de ir observando y
estudiando, por si requiriesen de una segunda revisión en el futuro, si
ello fuera procedente, pero que en estos momentos no lo es.
El espíritu de esta iniciativa es básicamente, señorías, instrumentar una
ponencia que en un tema de tan alta sensibilidad política pueda trabajar
con el espíritu de consenso que dio contenido a los pactos de Toledo,
para poder seguir las medidas que el Gobierno debe desarrollar y aplicar.
Este es el sentido estricto de la voluntad de nuestro grupo al suscribir
esta iniciativa. No es dilucidar, en una segunda etapa de debate
político, si es necesario o no un segundo acuerdo político en torno a
estas materias. No, señorías. Y me dirijo especialmente al Grupo
Socialista puesto que lo veo temeroso de posibles interpretaciones que
pudieran dar pie a una probable revisión de ese pacto. Ese pacto es el
que es y nuestro grupo no lo cuestiona en ninguno de sus puntos.
Simplemente cree que es operativo y es útil instrumentar una ponencia de
seguimiento de la información que el Gobierno nos pueda remitir, de
seguimiento de las medidas que el Gobierno pueda ir desarrollando y del
conocimiento directo que nosotros, como grupos parlamentarios, hemos de
tener de las materias y del objeto final de la naturaleza de todas esas
medidas y propuestas que contempla el Pacto de Toledo.
En este sentido, señor Presidente --y concluyo--, nuestro grupo cree muy
procedente que en la literalidad de la proposición no de ley, cuando se
hace mención a recibir la información de las medidas que pueda aplicar el
Gobierno, se haga referencia al desarrollo y seguimiento de esas medidas.
Se trata de darle más amplitud a la función estricta de la ponencia para
que no sea simplemente la información de las medidas del Gobierno que ya
haya adoptado, sino las que tenga en previsión adoptar, para que las
podamos conocer también en la fase que corresponda. Que esta ponencia
pueda tener la más amplia información posible para garantizar la mejor
aplicación y cumplimiento del Pacto de Toledo.
Señor Presidente, termino. Nuestro grupo desearía que el espíritu que
impulsó aquella ponencia que se
constituyó en el seno de la Comisión de Presupuestos fuera el mismo que
diera también nacimiento a esta ponencia de seguimiento del Pacto de
Toledo. No creo que ésta fuera una equivocada decisión política de esta
Cámara. Creo que sería una buena decisión política que instrumentáramos
esta ponencia para poder continuar la vigilancia y la buena aplicación
del Pacto de Toledo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
¿Grupos parlamentarios que no han suscrito la iniciativa y desean fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, antes de entrar en el fondo de la cuestión
que hoy aquí nos ocupa, me gustaría hacer una distinción, que me parece
importante, en medio del debate un tanto confuso que se está produciendo
en torno a esta iniciativa. Estamos discutiendo, si no nos hemos enterado
mal los Diputados del Grupo Socialista, un puro problema instrumental, un
puro problema de si se crea o no una ponencia que siga el desarrollo que
haga el Gobierno de los pactos de Toledo. Por tanto, si esta
interpretación es correcta, deberíamos todos tener cabal convencimiento
de que no vamos a posicionarnos a favor ni en contra ni nos vamos a
abstener sobre el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Tiene mucho interés para mi grupo establecer esta distinción preliminar
puesto que estamos observando en muchos medios de comunicación, a lo
largo de la jornada de ayer y de hoy mismo, interpretaciones sobre una
hipotética votación de nuestro grupo en contra, ligándola a una
interpretación de ruptura del consenso sobre el Pacto de Toledo. Es
perfectamente posible y, aunque no se va a producir esta tarde, hubiera
sido perfectamente natural que nuestro grupo hubiera votado en contra de
la creación de una ponencia, por las consideraciones que luego diré, y,
sin embargo, pudiéramos seguir estando --de hecho seguiríamos estándolo--
firmemente comprometidos con el desarrollo de las recomendaciones, de los
análisis y de los objetivos del Pacto de Toledo. Por tanto, tenemos que
denunciar en primer lugar una cierta utilización, un cierto chantaje
sobre la libertad de posición de los grupos cuando discutiéndose, como se
discute, un tema instrumental se haya llevado en otros foros (ciertamente
no aquí esta tarde, y yo agradezco mucho que en este sentido no se hayan
pronunciado los portavoces) a una confusión de los términos, haciendo que
cuestiones importantes que hemos venido diciendo los días pasados en
contra de la redacción original de esta proposición no de ley se
estuvieran transmutando como si fuese una oposición de nuestro grupo al
conjunto del consenso y del compromiso político que mantuvimos,
mantenemos y seguiremos manteniendo en el futuro, siempre que
efectivamente sean las recomendaciones del Pacto de Toledo y no cosas
extrañas lo que veamos próximamente en el «Boletín Oficial del Estado».
Dicho lo anterior, señorías, habría también que decir que alguna razón
asistiría al Grupo Socialista, en afirmaciones preliminares al debate de
esta tarde, al tachar de que la redacción era confusa, de que los
objetivos no estaban claros, cuando los grupos proponentes hoy, y lo
agradecemos, se autoenmiendan para, al menos, dar una claridad mayor a
los objetivos de la propia ponencia. Porque, señorías, decía el señor
Homs hace un momento que pocas veces se ha visto en la Cámara que cinco
grupos se pongan de acuerdo para traer una iniciativa parlamentaria.
Señor Homs, yo creo que también es relativamente raro en la Cámara
observar cómo los grupos parlamentarios establecen, como han hecho en la
tribuna, discursos bien heterogéneos, discursos de los que sinceramente,
para un observador que no esté en nuestros debates, sería difícil saber
exactamente cuáles son las pretensiones de cada uno de los grupos. Yo
agradezco mucho la intervención del señor Homs porque algo ha centrado la
cuestión. Yo agradezco mucho la iniciativa que ha tomado también la
primera portavoz del Grupo Popular de hacer una enmienda de transacción
que va a posibilitar a nuestro grupo no oponerse a esta iniciativa,
aunque nos vamos a abstener porque creemos que aún no se dan las
condiciones para que pudiéramos saber exactamente todas las implicaciones
de esta ponencia. Porque no es habitual, señor Homs, en la Cámara, no es
habitual que leyendo la redacción inicial de ustedes en la proposición no
de ley tengamos una proposición no de ley que en la parte sustantiva
contradiga lo que es la exposición de motivos. Incluso alguien se ha
deslizado por ahí en esta tribuna anteriormente.
En la exposición de motivos se decía, señorías, que esta era una ponencia
análoga a la que hizo el Pacto de Toledo (y ésta no puede ser una
ponencia análoga salvo que ustedes quisieran hacer una reforma del Pacto
de Toledo) y, por tanto, la oposición de nuestro grupo a una actitud
revisionista del Pacto de Toledo era total. Porque si algo caracteriza al
Grupo Socialista es el compromiso de la A a la Z con el Pacto de Toledo.
Y esa mención a crear en el Parlamento una ponencia análoga al Pacto de
Toledo nos traía, unido al conjunto de consideraciones que hay en el
debate político de la nación, la alarma y el temor de que se pretendiera
una revisión en una ponencia bis, en un Pacto de Toledo bis. Eso lo dicen
ustedes en el preámbulo de la proposición no de ley. Pero era
contradictoria también con el propio texto de la proposición no de ley.
En el texto de la proposición no de ley, en una redacción
desafortunadísima, se venía a decir que la ponencia, en todo
caso, sólo conocería a posteriori las iniciativas que el Gobierno tomara
sobre esta materia.
Ya tuvimos ocasión la semana pasada de decir que la posición del Grupo
Socialista en esta materia, que no es de forma, señor Ministro, sino de
fondo, si usted quiere un pacto con la oposición, si usted quiere
continuar el consenso, el Grupo Socialista debe conocer los textos antes
de que el Gobierno los apruebe, debe negociar los textos antes de que el
Gobierno resuelva definitivamente, también en diálogo con las fuerzas
sociales, lo que será la articulación concreta del Pacto de Toledo. En
ese camino, señor Ministro y mayoría gubernamental, tendrán nuestro
apoyo. En el otro camino, en el de hechos consumados, en el de
información a la Cámara a posteriori de decisiones del Gobierno, nunca
tendrán nuestra conformidad. Por ello también pensábamos haber votado que
no esta tarde, en el Pleno de la Cámara, porque el texto inicial decía
que el Parlamento sólo conocería decisiones ya adoptadas por el Gobierno
y no tendría ninguna capacidad de intervenir en la conformación del
consenso social y en la conformación del consenso político.
Como el tiempo reglamentario es limitado y no voy a cansar a SS. SS.
porque está clara nuestra posición, terminaré diciendo que no les quepa
la menor duda de que la abstención del Grupo Parlamentario Socialista no
se va a traducir, en manera alguna, en una ruptura del Pacto de Toledo.
Es una abstención porque queremos llamarles la atención de que no es
procedimiento traer proposiciones no de ley no conocidas por nuestro
grupo. Y si ustedes pretenden que el Grupo Socialista vote algo en este
Parlamento, discutan con nosotros previamente, no nos traigan hechos
consumados simplemente con el argumento de que los demás grupos de la
Cámara están de acuerdo, porque nosotros queremos saber con precisión lo
que votamos, queremos saber con precisión a lo que nos obligamos y, desde
luego, queremos dejar muy nítidamente claro que una cosa es la
responsabilidad del Gobierno y otra la de la oposición, y queremos dejar
nítidamente clara la dignidad de la Cámara, que no puede ser un juguete
de la mayoría gubernamental. La Cámara tiene que seguir participando
activamente en el desarrollo de un proyecto que exige el consenso. Por
tanto, señorías, ninguna duda sobre la defensa de nuestro grupo de la
globalidad, de la integridad del Pacto de Toledo, ninguna duda de que, a
pesar de nuestra oposición, vamos a ser una fuerza activa en el trabajo
que realice dicha ponencia.
Por último quiero hacer un ruego, señores de la mayoría. La próxima vez
traigan textos más claros, textos no contradictorios y textos que, si
pretenden nuestro voto favorable, tienen que discutir previamente con
nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Cercas.
Concluido el debate vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la proposición no de ley de los grupos Parlamentarios
Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV), Coalición
Canaria y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación en la
Comisión de Presupuestos de una ponencia para recibir la información de
las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las recomendaciones
parlamentarias conocidas como Pacto de Toledo, en los términos de la
aceptación de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, a
favor, 188; en contra, siete; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley anteriormente citada en sus propios términos.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSTITUCION DE UNA
PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES EMIGRANTES O
RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y LA SITUACION DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA,
ASI COMO LAS ACTITUDES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE ESTOS NUEVOS
RESIDENTES EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000030)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una ponencia para
el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el
exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como de las
actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes en España.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del Grupo
Socialista del Congreso, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley reclamando el
apoyo de todos ustedes para que constituyamos una ponencia. Cuando
preparaba estas notas recordaba al portavoz de la Comisión de Política
Social y Empleo de Convergència i Unió que la semana pasada subía a esta
tribuna y decía: ¿Otra ponencia más? Sí, otra ponencia más, señor
Diputado de Convergència i Unió. Esta es ya la cuarta en nuestra
Comisión. Dos de ellas intentan llegar a la recta final de unos trabajos
de la legislatura pasada. En esta ponencia el Grupo Socialista
pretende, con ustedes, conseguir avanzar en el estudio de la situación y
de la realidad de tres colectivos importantes para todos nosotros.
En primer lugar, los españoles que viven fuera de España, emigrantes en
su mayoría, residentes algunos de ellos, el resto, porque son segundas o
terceras generaciones, incluso los profesionales de la España de hoy que
tienen una movilidad geográfica voluntaria y deseada desde sus altas
cualificaciones profesionales o su trabajo en la función pública. El
segundo colectivo es el de los inmigrantes, sean comunitarios o
extracomunitarios. Y el tercer colectivo es el de los refugiados;
refugiados sobre los que (en casi toda Europa coinciden los expertos en
esta materia) resulta cada día más difícil hacer una distinción:
inmigrante económico o por motivos políticos, es decir, el refugiado
político, porque aquellos países cuyos hombres y mujeres tienen que huir
por motivos económicos suelen ser países también cuyos hombres y mujeres
huyen porque sus democracias están poco desarrolladas y porque las
injusticias son importantes. Esto lo decía últimamente un antiguo
Diputado, ahora Presidente de la Comisión española de Ayuda al Refugiado.
Tres son los objetivos que el Grupo Socialista quiere también compartir
con ustedes en esta ponencia. En primer lugar, conocer más y mejor la
realidad de estas personas, de estos grupos, de este colectivo. En
segundo lugar, establecer --y ojalá seamos capaces de hacerlo con un alto
grado de consenso-- las prioridades sobre las materias nuevas que hay que
legislar, porque nuevos son los problemas que surgen cada corto período
de tiempo, incluso adaptaciones y mejoras de las normas que ya nos hemos
dotado en estos últimos años, y también las prioridades que en materia de
política económica y social hemos de proponer al Gobierno, al conjunto de
las administraciones o a nosotros mismos. El tercer objetivo que
perseguimos en esta ponencia es el de establecer una puesta en común
entre la ponencia y los parlamentarios que en ella trabajemos con los
órganos de participación de estos colectivos.
Sus señorías conocen perfectamente la existencia del Consejo General de
la Emigración, donde con democracia directa y participativa y de forma
muy rica los españoles emigrantes se reúnen con el Gobierno para decidir
iniciativas que tienen que ver con su futuro. A la vez, casi plagiando
esa estructura de participación de la sociedad, se creó más recientemente
el foro de los inmigrantes. A mí me gusta decir que si el Parlamento, que
es la cuna de la democracia parlamentaria, claro está, se reúne y trabaja
con las instituciones de la democracia más directa estamos avanzando en
una sociedad más participativa y estamos profundizando mucho más en la
democracia de nuestro país.
Señorías, hemos dejado de ser un país de emigración para ser un país
receptor de personas que vienen en busca de un trabajo o de personas que
pretenden que sus derechos humanos sean respetados en un territorio como
el nuestro. Todavía quedan alrededor de 1.300.000 españoles que viven
fuera de España, sobre todo en los países de América Latina. Otras
estadísticas nos hablan de alrededor de 600.000 extranjeros, entre
comunitarios y extracomunitarios, que están ya viviendo en España. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Las políticas que reivindican estos diferentes grupos guardan mucho
paralelismo y merece la pena integrar al máximo sus esfuerzos. Este es mi
argumento ante lo que yo espero que pueda ser un cambio de posición del
Grupo Parlamentario Popular retirando una enmienda que pretende que la
ponencia sólo trabaje con los españoles que están fuera, con los
emigrantes, y que se deje para otro momento el tema de los inmigrantes,
recordando trabajos anteriores de la Cámara. Mi argumento, señores
Diputados, es que cuando los españoles piden que se exporte el Estado del
bienestar, están hablando de la educación, la sanidad, los servicios
sociales, las pensiones no contributivas que les han llegado, también
para ellos, aunque estén fuera, aunque no hayan contribuido y aunque no
hayan participado en la creación de riqueza de nuestro país. Cuando los
inmigrantes hablan de que el Estado del bienestar les llegue a ellos
están hablando de una integración fácil en el sistema educativo de sus
hijos, están hablando de una sanidad también para ellos, aunque acaben de
llegar, están hablando de unos contratos serios de trabajo por los que
puedan cotizar y les den acceso en un futuro a una pensión. Cuando los
inmigrantes demandan poder reagrupar a sus familias, traer a sus familias
aquí, esa filosofía tiene mucho que ver con la reivindicación de los
españoles cuando dicen: Pedimos a todas nuestras administraciones que se
haga una política lo más activa posible de retorno para que, si ya
nuestra historia está divida entre dos países, tengamos el menor número
de obstáculos posibles para ese regreso. Reagrupación familiar de
inmigrantes, retorno de emigrantes, en el fondo son las mismas políticas.
Cuando los emigrantes hablan de ejercitar el voto más fácil y más
cómodamente o de la recuperación automática de la nacionalidad nos están
hablando de que sigamos mejorando el Código Civil, a pesar de haberlo
hecho en la pasada legislatura y en la anterior, de que sigamos mejorando
todas aquellas normas, como la Ley Electoral, que permitan que aunque
estén fuera sus derechos políticos y civiles son respetados. Esa es la
misma reivindicación cuando los inmigrantes dicen que quieren un código
civil y una ley de extranjería que hagan que en el menor espacio de
tiempo posible cambien las leyes para que la adquisición de la
nacionalidad española para ellos, ya como emigrantes permanentes, y para
sus hijos nacidos aquí sea una realidad. Hablamos de las mismas leyes,
hablamos de las mismas políticas y casi de los mismos
programas a desarrollar. Por eso, señores Diputados del Grupo Popular,
les pido que retiren esa enmienda para que podamos hacer un trabajo
aunando esfuerzos, muy en paralelo, en defensa de los intereses de los
españoles que están fuera y de los inmigrantes que están dentro.
Esta ponencia pretende que trabajemos intensamente durante un año y que
intentemos ser un observatorio para examinar las actitudes de la sociedad
española ante los que son diferentes, ante los inmigrantes. Se trataría
de proponer también desde esta ponencia, y a la Cámara luego, aquellas
actuaciones que sean símbolo de libertad, de respeto, de integración y de
solidaridad. Octavio Paz a estas palabras y sobre el tema de los
inmigrantes, él que se consideró un extranjero en su país y un extranjero
en los países que le iban acogiendo, decía: son los mayores valores
éticos o morales de un pueblo. Siguiendo esa reflexión de Octavio Paz,
que nosotros podamos, en esta ponencia, hacer un observatorio para que
allá donde haya comportamientos racistas y xenófobos, podamos con
nuestras propuestas intentar hacer frente a ellos.
Saben SS. SS. que en 1995 Naciones Unidas dijo que ese año debía ser para
todos nosotros el Año Internacional de la Tolerancia. Se hicieron cosas
importantes también en este Parlamento, también en nuestro país. Ahora
conocemos que para 1997 hay una propuesta de decisión del Consejo para
que dicho año 1997 sea el Año Europeo contra el Racismo. En este momento,
esta decisión está bloqueada en el Consejo de Ministros sólo por el veto
del Reino Unido. Tal vez actuaciones --no quiero pecar de ingenua--...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ SANZ: Lo voy a hacer en breves segundos.
Tal vez actuaciones como ésta, sacando adelante una ponencia, dejando el
mensaje en nuestro país y en Europa de nuestro interés en estos temas,
permitan desbloquear esta actitud o incluso permitan que ustedes, como
grupo, terminen de dar el último empujón al Gobierno --porque sé que el
Ministro de Trabajo lo ha intentado-- y que ese organigrama recortado del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fusionando la Dirección General
de Migraciones con la Dirección General de Trabajo pueda tal vez, a
sugerencia de ustedes, ser replanteado por el Gobierno y que los
españoles que viven fuera y los inmigrantes dispongan de un organigrama
administrativo lo suficientemente específico y completo para atender
todos sus planteamientos.
En definitiva, señorías, se trata de una ponencia que persigue el
objetivo de que los españoles que vivan fuera se sientan, si cabe, y por
qué no, cada día más vinculados y más orgullosos de las instituciones
españolas y, desde luego, de esta Cámara, y que los inmigrantes que viven
ahora en nuestro país se sientan cada día un poco más en su casa. Para
eso, el Grupo Socialista reclama el apoyo de todos ustedes y así poder
contribuir a aquello que decía Attali, que en las agendas de los
políticos el problema fundamental, de los más importantes y de los más
prioritarios, es el del mundo nómada, de las migraciones. Pues que
empecemos nosotros a ocupar el tiempo de esta Cámara, de nuestro trabajo
en eso que creo que definía bien el señor Attali.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.-- Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora
Fernández.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Defenderé inicialmente y con suavidad la enmienda que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista y, al mismo tiempo, fijaré la posición de
nuestro grupo respecto a esta proposición.
Señorías, las políticas sobre inmigración, emigración, asilo y asistencia
a refugiados y desplazados por hechos de guerra deben ser políticas de
Estado; no son ni pueden ser objeto de controversia entre partidos con
representación parlamentaria.
Los países europeos en los que se han utilizado estos temas como reclamo
electoral --evidentemente en ciertas circunstancias un reclamo electoral
atractivo para determinados colectivos-- están sufriendo las
consecuencias de la consolidación de extremismos y del reforzamiento de
tendencias xenófobas. Buena prueba de ello pueden ser las últimas
elecciones en Austria o las manifestaciones en los últimos días en
Francia por parte del Frente Nacional sobre la falta de franceses puros
en la selección nacional de fútbol como hecho determinante del fracaso
deportivo. Realmente, esto está pasando en Europa, en estos días además.
Este Parlamento sentó las bases de una política estatal en relación a los
extranjeros en España, mediante la aprobación, el 9 de abril de 1991, de
una proposición no de ley, con el voto favorable de todos los grupos y la
abstención de Izquierda Unida. De hecho, en los últimos años la política
en relación a la inmigración se ha basado en los principios de la más
amplia igualdad de derechos de los extranjeros con los españoles, en la
limitación de entradas que permita una integración gradual del
extranjero, en la lucha contra la inmigración ilegal y contra situaciones
de
explotación laboral, en la protección rápida y efectiva de los
refugiados, con algunas lagunas en esta materia, en la asistencia al
desarrollo económico y social de los países de los que procede el mayor
número de inmigrantes. Ha fallado quizás otro de los puntos que se
incluían en 1991, cual era la modernización y adecuación de las
infraestructuras administrativas para la acogida a los extranjeros. Buena
prueba de ello puede ser la peregrinación última de los extranjeros
llegados desde Melilla por la insuficiencia de los centros de acogida.
En materia de emigración la sensación que existe en la sociedad española
es que las administraciones públicas en su conjunto --no es sólo un
problema de Administración del Estado, es también un problema de
Administración local-- no han respondido en estos últimos años a las
demandas mínimas de nuestros emigrantes. Es difícil para un emigrante
obtener cobertura de Seguridad Social; es difícil para el emigrante,
sobre todo para los que estuvieron en Europa, hacer compatibles sus
cotizaciones en aquellos países con las cotizaciones al sistema español;
es difícil o muy difícil para algunos de los emigrantes ejercer el
derecho al voto; es difícil el retorno, no sólo la decisión sino la
materialidad del mismo; y es difícil la integración laboral cuando
vuelven. La verdad, creo que tenemos que reconocer que no se ha actuado
con justicia con los emigrantes, no se les ha recompensado el esfuerzo
que hicieron en otros tiempos y el beneficio que produjeron a esta
sociedad.
Este Parlamento en el año 1991 aprobó por unanimidad una moción sobre
política para los españoles emigrantes y residentes en el exterior. En
relación al derecho de asilo tuvimos también ocasión en las dos últimas
legislaturas de manifestar la postura de los grupos. Se produjo creo que
una aproximación muy interesante de todos los grupos, quizá con algunas
discrepancias por parte de Izquierda Unida.
Hemos formulado una enmienda --que decía que la defendería en tono
suave-- que pretende poner de manifiesto que la propuesta que se nos hace
comprende el estudio conjunto en una misma ponencia de la situación de
los españoles en el extranjero, de los inmigrantes extranjeros en nuestro
país y de los refugiados. Para nosotros se trata de tres realidades
distintas que merecerían un estudio diferenciado como, por otra parte, se
ha hecho en el pasado en el Parlamento. Es cierto que existen puntos de
comunicación y que problemas que tienen los emigrantes españoles se
presentan también a los inmigrantes, pero creemos que la confusión de
todos los puntos podría restar eficacia a los trabajos de la ponencia.
Desde el punto de vista de gestión administrativa y de aplicación de
políticas para la Administración, el tratamiento unitario puede ser
rentable y eficaz, pero quizás a efectos de un análisis correcto de los
problemas, pueden introducirse elementos de confusión, y éstas eran las
razones por las que presentábamos nuestra enmienda.
Por otra parte, no hacemos una cuestión de la defensa de esta enmienda o
de la admisión por el grupo proponente de la enmienda que presentamos,
puesto que creo que a nuestro grupo, como a todos los grupos, le gustaría
que el voto a la proposición presentada fuera unánime, y por ello
estaríamos dispuestos a retirar esta enmienda si el grupo proponente
aceptara incluir en el texto propuesto que la ponencia que se cree tenga
como punto de partida las líneas marcadas en la proposición no de ley en
relación a la situación de los extranjeros en España y en la moción sobre
políticas para los españoles emigrantes y residentes en el exterior,
aprobadas por este Parlamento en 1991. Fueron decisiones de toda la
Cámara y creo que serían unos buenos puntos de partida para el trabajo a
realizar en el futuro.
La sociedad española tiene una actitud favorable al extranjero. Creo que
es un hecho en el que todos podemos estar de acuerdo; actitud favorable
ligada a que durante muchos años este país ha surtido los flujos
migratorios hacia América, primero, y después, hacia Centroeuropa. Creo
que entre todos debemos dar solución a los problemas que ahora mismo
tenemos planteados, para evitar una quiebra importante de las sociedades
desarrolladas. En relación a la emigración la quiebra se produce por el
olvido del trabajo y del esfuerzo que los emigrantes han realizado en
otros tiempos en situaciones difíciles. En relación a la inmigración, el
desbordamiento de la capacidad de absorción de flujos razonables de
inmigrantes produce la caída de muchos inmigrantes ilegales en manos de
mafias de trabajo sumergido o de redes de delincuentes y genera, si el
flujo o la absorción no ha sido lo suficientemente gradual, la explosión
de tendencias xenófobas, de las cuales ya tenemos en la sociedad española
algunos ejemplos, cuya repetición debemos intentar evitar.
En relación a los perseguidos políticos, a los solicitantes de asilo, la
no prestación de ayuda, una denegación en falso de la ayuda, una sola
denegación en falso, a nuestro entender, es un fracaso del sistema de
protección de derechos y libertades de la sociedad europea.
Por lo que se refiere a los refugiados y desplazados por hechos de
guerra, el voluntarismo de muchas organizaciones, la dispersión de
esfuerzos, la falta de organización convierten en ineficaces las
prestaciones solidarias de la sociedad occidental, de los ciudadanos
occidentales, y genera lo que Acnur ha llamado el cansancio de la
solidaridad. Realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos
para evitar que estas quiebras de los principios que han inspirado las
sociedades democráticas occidentales no se produzcan en nuestro caso.
Espero que el grupo proponente acepte nuestra propuesta y que el trabajo
de la ponencia que se va a crear responda a esta exigencia que nuestra
sociedad
tiene tanto en materia de emigración, como en materia de inmigración.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía al principio de su intervención la señora Fernández,
nuestro grupo, siempre que existan propuestas de creación de ponencias,
de grupos de trabajo, de comisiones que respondan a problemas que tenga
nuestra sociedad, procurará, a pesar de ser un grupo con un número
limitado de Diputados, dar respuesta a estas inquietudes y ponernos a
trabajar. La propuesta que nos hacen esta tarde de creación de una
ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o
residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España,
así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos
residentes, nos parece que justifica la creación de una ponencia
parlamentaria en el seno de la Comisión de Política Social para
efectivamente trabajar en esta perspectiva.
No voy a entrar a profundizar en los problemas, en el análisis, en el
diagnóstico de la situación. Creo que en la exposición de motivos de la
proposición no de ley consta, en las intervenciones que se están teniendo
también se afirman y supongo que otros portavoces harán referencia a
ellos.
Me gustaría hacer algunos breves comentarios, en primer lugar, en
relación a la enmienda del Grupo Popular. Seguramente tiene mucha lógica
lo que nos plantea el Grupo Popular, que estudiásemos las distintas
problemáticas en varias ponencias, porque responden también a problemas
que pueden ser diferentes, pero esta mañana, cuando le daba vueltas a
esta cuestión --incluso nos planteábamos la posibilidad de presentar una
enmienda en ese mismo sentido--, hemos creído ver una importante virtud
en la propuesta de trabajar en una sola ponencia. Nos parece que vincular
las dos cuestiones en un mismo ámbito tiene un profundo carácter
pedagógico. Creemos que aquello que realza el tratamiento que el Estado
español debe dar a la realidad que supone la inmigración que tenemos aquí
es vincularlo con la emigración que existe de ciudadanos del Estado
español en el resto del mundo. Nos parece que son dos caras de una misma
moneda. Por tanto, es importante, y creo que éste es un factor que a
nosotros nos hace ver que es más interesante que se mantenga la
posibilidad de una sola ponencia. Si el Grupo Socialista entendiese que
no, tampoco nos parecería mal, pero en todo caso, tiene ese valor
pedagógico que creemos que es positivo.
Dicho esto, nos parece también --y coincidimos con la intervención del
ponente del Grupo Parlamentario Popular-- que ésta debe ser una política
de Estado en el sentido más amplio posible. Es evidente que hoy gobiernos
autonómicos, el Gobierno de la Generalitat, y municipios están
desarrollando políticas en relación al mundo de la inmigración, políticas
que muchas veces se ven limitadas por un marco legal que no facilita ni
los medios ni las posibilidades legales para profundizar en los derechos
que estos colectivos, que estos ciudadanos tienen planteados. Para dar
sentido a esas políticas que se realizan desde el mundo local, desde las
nacionalidades y regiones, es necesario que esa política de Estado
contenga una visión que implique al conjunto de las administraciones. Hay
que poner los medios legales y materiales para que los municipios y los
gobiernos nacionales y regionales puedan desarrollar sus políticas.
Seguramente también hay que hacerlo ahora --de hecho ya se viene
haciendo--, en unos momentos en los que la situación de la inmigración
específicamente en el Estado español en relación a otros países, a otros
Estados europeos, no es especialmente preocupante. Estamos en una fase
del problema en la que es importante que tomemos ya medidas y, por tanto,
que se continúen desarrollando políticas que a lo largo de estos años se
han llevado a cabo. Hay que asumir seguramente que las visiones que
podíamos tener del año 1991, que han de ser una base para la actuación de
esta ponencia, hoy también la realidad social misma las está superando.
La misma Ley de Extranjería contiene aspectos que en un momento u otro
deberá entrar a reformar esta Cámara. Los reglamentos que se han
desarrollado introducen algunos cambios importantes. Nos parece que
continúan dejando de lado muchas realidades de índole legal que están ahí
y necesitan respuesta de tipo política. Por tanto, hay que trabajar desde
ese consenso político, pero asumiendo claramente que existe una realidad
a la cual debemos responder.
Hay que recordar que en el Parlamento de Cataluña se creó en la anterior
legislatura, la legislatura de 1992 a 1995, una Comisión de estudio sobre
la problemática de los trabajadores extranjeros residentes en Cataluña.
Yo era miembro de esta Comisión y, aludiendo a lo que decía en su
intervención inicial la señora Fernández, la aportación que en relación
con la situación hicieron los colectivos, los responsables de
administraciones locales, los responsables del mundo sindical, los
responsables de organizaciones empresariales, nos ayudó a los Diputados y
Diputadas que formábamos parte de esa Comisión a intentar encontrar
soluciones en esa línea de trabajo. Por tanto, desde esa experiencia, al
menos la mía personal, del trabajo realizado en Cataluña, podemos apuntar
soluciones en el ámbito específico de la inmigración.
Debo decir también que el Gobierno de la Generalitat aprobó un plan
integral en relación a la inmigración, y nos gustaría que la política del
Gobierno en esa materia tuviese ese carácter integral. Sin entrar tampoco
en una recomendación al Gobierno, nos preocupó el nuevo organigrama del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es evidente que el organigrama
no ha de condicionar necesariamente la actuación política. Esa política
integral se puede analizar desde el punto de vista de una misma
estructura administrativa, pero nos parece importante que esta ponencia
trabaje mucho desde la perspectiva de reivindicar del Gobierno una
política integral en relación a la inmigración. Desde este punto de
vista, modificaciones de leyes como la Ley General de Sanidad, de
asistencia sanitaria y de la Seguridad Social, de la Ley que establece
las prestaciones no contributivas, la de protección de las familias
numerosas e incluso de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local
deberán ser estudiadas en esta ponencia.
Por lo que hace referencia a la emigración, quiero recordar también que
el trabajo que la ponencia desarrolle debe tener en cuenta --y en esto
nuestro grupo parlamentario va a ser especialmente sensible-- que los
ciudadanos del Estado español residentes en el extranjero también
responden a la condición de ciudadanos catalanes, vascos y gallegos. El
Gobierno de la Generalitat desarrolla, a través de los conocidos Casals
Catalans, una política de apoyo a los catalanes residentes en el
extranjero; una política que muchas veces se ve limitada por una
actuación del Gobierno que no tiene en cuenta estas realidades nacionales
existentes en el extranjero, a las que hay que ser sensibles. En esto
nuestro grupo parlamentario quiere ser especialmente combativo. La
defensa y la promoción de la cultura y la lengua catalana para estos
ciudadanos residentes en el extranjero nos parece que debe ser algo a
estudiar por parte de esta ponencia.
Señoras y señores Diputados, sólo quiero reafirmar el apoyo favorable de
nuestro grupo y, como decía uno de nuestros poetas nacionales, esperar
que esta ponencia contribuya a establecer puentes de relación entre los
ciudadanos de este Estado y los del resto del mundo también provenientes
de este Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a votar favorablemente la creación de esta ponencia,
porque consideramos importante que a pesar de las iniciativas que se
hayan podido tener en otras legislaturas y de la inquietud que estoy
segura tenemos todos los grupos parlamentarios tanto respecto de la
situación de los emigrantes españoles como de la que genera la
inmigración o los refugiados políticos en nuestro país, bien es cierto
que una ponencia siempre nos permite conocer mucho más la realidad en la
que se mueven las organizaciones no gubernamentales que trabajan con
refugiados, así como las necesidades de nuestros emigrantes en los
diferentes países en los que residen habitualmente. Además, también nos
permite evaluar cuál es el resultado de las diferentes políticas que se
han venido realizando, así como el de las iniciativas legislativas que ha
habido en esta Cámara tanto para la integración de los inmigrantes
extranjeros en nuestro país como respecto de la situación de los
emigrantes en el extranjero.
Hablando de los problemas que tiene nuestra emigración, creo que es
necesario plantear que sí es cierto que sus reivindicaciones van en el
sentido de la doble nacionalidad y de la reivindicación de las
prestaciones económicas que necesitan para cubrir sus necesidades, pero
también es cierto que tendríamos que estudiar en esta ponencia cómo han
afectado los recortes presupuestarios a nuestros emigrantes, por la
anulación de oficinas que han sufrido los consulados españoles, lo que ha
impedido que determinada información pudiera llegar a estos emigrantes y
que pudieran acceder a pensiones, a puestos de trabajo o a información
laboral, lo que ha ido en perjuicio de sus condiciones de vida en el
extranjero. También es cierto que ha habido recortes presupuestarios para
apoyar la cultura y la lengua, que son reivindicaciones de nuestros
emigrantes en el exterior. Por tanto, es necesario que, a través de los
organismos que existen en estos momentos y que ya han sido nombrados
desde esta tribuna, tengamos una visión clara de cuáles son sus
necesidades, de qué iniciativas legislativas habría que abordar, si son
necesarias, o si, por el contrario, sólo se trata de un problema de dotar
de mayores recursos económicos a la Administración española en el
extranjero para poder cubrir ese tipo de necesidades.
Con respecto a la inmigración, señorías, ya decíamos que muchos de los
problemas que hoy ya está teniendo en nuestro país, que está viéndose
abocada a esos brotes de xenofobia y de racismo que ya existen, tienen
mucho que ver con la propia Ley de Extranjería que el nuevo reglamento
que ahora se está empezando a aplicar intenta paliar, pero nosotros
consideramos que no es suficiente para conseguirlo y que, desde luego, un
reglamento nunca puede sustituir una ley, por lo que la ponencia tendrá
que abordar realmente la modificación del texto de la Ley Orgánica de
Extranjería, porque es la que está generando muchos de los problemas que,
hoy por hoy, tienen los inmigrantes a la hora de su integración en
nuestra sociedad. Esperemos que podamos analizar en la ponencia qué
resultado han tenido las políticas definidas en el plan para la
integración social de los inmigrantes, si ese resultado es positivo, si
hay que evaluarlo de una manera negativa o regular y qué modificaciones
tenemos que hacer en este plan.
Este grupo tiene también la esperanza de que la ponencia, por el mero
hecho de serlo, sea capaz de abordar las consecuencias que genera para la
sociedad española y para las personas que se ven en esas condiciones la
problemática de los inmigrantes ilegales, que es bastante grave y que da
lugar a muchísimos más conflictos que la propia integración de los
inmigrantes legales en nuestro país.
Por tanto, señorías, he de decir que desde el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos dispuestos a
colaborar en todos aquellos aspectos que vengan a facilitar la vida de
nuestros emigrantes en el extranjero, pero, al mismo tiempo, consideramos
importante el trabajo que tenga que realizar esta ponencia para la
integración de los inmigrantes en nuestro país, que realmente podamos
abordar políticas que permitan esa integración y que vayan haciendo
desaparecer los focos de racismo y xenofobia, lo que sólo conseguiremos
con una buena política de integración.
Nos preocupa --creo que ése es un trabajo que también tendrá que abordar
la ponencia-- que dentro de la reestructuración del Ministerio de Trabajo
y de Asuntos Sociales haya desaparecido la Dirección General de
Migraciones, y si complejo es para una ponencia poder estudiar, como
decía el portavoz del Grupo Popular, los problemas de la emigración, de
la inmigración y de los refugiados, mucho más complejos pueden resultar
para el Ministerio de Trabajo los problemas de las migraciones, dentro de
la Dirección General de Trabajo, además de la tarea de la propia
Dirección de Trabajo, con lo cual, ya que el Grupo Socialista ha dicho
que no aceptaba la enmienda del Grupo Popular y el Grupo Popular ha
tenido a bien retirarla, nuestra posición era que no se aceptara, porque
creemos que los problemas en común que tienen nuestros emigrantes en el
extranjero y los inmigrantes a la hora de integrarse en nuestro país nos
pueden servir como experiencia para poder aplicar determinadas políticas
en el territorio español y para demandarlas a otros países en donde
residen nuestros emigrantes.
Por tanto, señorías, yo no creo que eso vaya a restar eficacia, sino todo
lo contrario, creo que va a enriquecer mucho más la ponencia. Como punto
de partida los trabajos realizados en 1991 pueden ser válidos, pero en
cinco años han cambiado muchísimo las condiciones, ha cambiado mucho la
situación y yo creo que, sin partir de cero, esta ponencia tiene que
estar abierta a todo tipo de trabajos y, por tanto, a poder llegar a las
conclusiones que creamos mejores para solucionar los problemas que hoy
por hoy existen con la emigración y la inmigración en nuestro país.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Señora Fernández, tiene la palabra para expresar la aceptación o no de
los términos en que ha planteado la enmienda el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, intervengo para agradecer al
Grupo Popular la retirada de su primera enmienda y para manifestar, y que
así conste, nuestra aceptación de la enmienda que in voce ha planteado
dicho grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una ponencia para
el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el
exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como las
actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes en España,
en los términos de la enmienda in voce aceptada por los proponentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 294.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la
proposición no de ley anteriormente citada en los términos de la
aceptación de la enmienda in voce.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES Y EN CONCRETO LA REFERIDA AL CONOCIDO COMO
«PACTO LOCAL» (Número de expediente 173/000007)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política
del Gobierno respecto de las administraciones locales y en concreto la
referida al conocido como «Pacto Local».
Para la defensa de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, vaya por delante la
explicación del objetivo que perseguía Izquierda Unida presentando en
esta Cámara la semana pasada una interpelación al Gobierno sobre qué
actuaciones se estaban derivando para conseguir un pacto local que sitúe
a los municipios con un mayor protagonismo y en un modelo de Estado
diferente, que profundice la realidad anterior que emanaba del
pronunciamiento de la Constitución en el año 1978.
¿Qué pretendía Izquierda Unida con la interpelación? No tenía como
objetivo entrar en controversia o confrontación sobre las velocidades en
que se está acometiendo esta realidad, sino resaltar, en el momento que
el Gobierno y las fuerzas que habían apoyado el pacto de investidura, en
la discusión con las comunidades autónomas, habían compuesto una nueva
realidad del Estado, donde las comunidades autónomas iban a recibir un
mayor volumen de competencias y de recursos y un nuevo sistema de
financiación, para que el modelo de Estado que pudiera salir tuviera una
pata más, no solamente comunidad y Administración central del Estado sino
también vida municipal, entendiendo Izquierda Unida que la distribución
de poder hoy, dentro del nuevo Estado, está siendo más escorada hacia la
nueva realidad del desarrollo autonómico que hacia los propios
municipios.
Por dar cifras que entonces se entendían como reales, cuando se vaya a
ultimar el desarrollo de las competencias que se iban a transferir a las
comunidades de los artículos 143 y 151, el Estado central administra en
torno al 55 por ciento del poder, las comunidades autónomas en torno al
30 ó 31 por ciento y los municipios en torno al 15 ó 16 por ciento.
Cuando se ultime todo el proceso, la distribución será más o menos
equiparada entre la Administración central y comunidades autónomas y los
municipios con el mismo 15 por ciento.
El objetivo de la interpelación era resaltar ante el Gobierno y las
fuerzas políticas un debate y una reflexión sobre los municipios que
queremos. ¿De dónde partíamos? ¿Qué realidad teníamos para esa
interpelación? Fundamentalmente, partíamos de tres grandes cuestiones.
Primero, la Asamblea de la Federación española de Municipios, en La
Coruña, donde, a través de una serie de resoluciones, se dio contenido a
un nuevo pacto local. En ellas, se recogía que la Administración central
y las comunidades autónomas, para evitar que el centralismo de Madrid se
trasladara a cada una de las capitales de las comunidades autónomas,
debían proceder a una transferencia de competencias, a una delegación de
competencias, en temas tan importantes como podían ser la gestión de
determinado desarrollo urbanístico, transferencia de actuaciones en
deporte, en educación, en empleo, en juventud, en mujer, en servicios
sociales; en suma, se trataba de poner el máximo poder en el resorte más
cercano al ciudadano.
Fruto de esas conclusiones de la Asamblea de la Federación Española de
Municipios, tuvimos un debate en esta Cámara, y el segundo elemento que
tenemos en nuestras manos son las conclusiones que el 22 de noviembre de
1993 se produjeron aquí y los acuerdos que se llevaron adelante por
mayoría. Estos acuerdos empezaban, por ejemplo, en hacer frente a la
realidad municipal, a la situación de deuda que los municipios tenían.
Por tanto, el primer compromiso era hacer frente a un modelo de
refinanciación de la deuda con la que los municipios acometían esa nueva
batalla. En segundo lugar, un nuevo marco competencial nítido para hacer
residir en los municipios unas determinadas competencias y un modelo de
financiación de esos municipios que sea acorde con esas transferencias.
En tercer lugar, hacíamos referencia a la adecuación de los tributos
locales y la necesidad de reformar las haciendas locales.
Tenemos encima de la mesa lo que fue el acuerdo en esta Cámara, después
de las enmiendas que se presentaron a una interpelación también de
Izquierda Unida y a una moción de Izquierda Unida. En aquella moción se
daba al Gobierno un plazo. Se hablaba de que en el primer trimestre de
1994 el Gobierno habría concretado con la Federación española de
Municipios una serie de puntos. Repito, primer trimestre de 1994; estamos
terminando el primer semestre de 1996 y nos encontramos en la misma
situación aunque un poco más adelante.
¿Y cuál es el tercer elemento de que disponemos para haber hecho esta
reflexión sobre los municipios? El tercer elemento que tenemos encima de
la mesa es lo que ha realizado el propio Ministerio de Administraciones
Públicas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ríos.
Señorías, además de agradecer la localización del teléfono --gracias,
señor Trías Sagnier-- y aunque ya sé que SS. SS. no son culpables de que
el artefacto se haya puesto en marcha, ruego encarecidamente que en lo
sucesivo procuren colaborar con la Presidencia para que cunda la voz de
que no se introduzca este tipo de mecanismos en el Pleno o se dejen en la
parte de atrás porque, como ven, distorsionan el desarrollo normal de la
sesión.
Continúe, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, hablaba del tercer elemento del
que también disponíamos en nuestras manos y hacía referencia...
(Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¿Los servicios de la Cámara pueden retirar el
teléfono? Gracias.
De nuevo disculpe, señor Ríos. Puede continuar.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a intentar plantear el
tercer elemento --se resiste este tercer elemento estando encima de la
mesa--, y que es qué ha hecho el Ministerio de Administraciones Públicas
desde el acuerdo de la federación y desde el acuerdo de este Parlamento.
Creo que hay dos documentos del Ministerio de Administraciones Públicas
donde se hace un estudio detallado de las competencias municipales y
además hay un documento técnico del propio Ministerio de Administraciones
Públicas, denominado más o menos documento marco sobre el pacto local,
donde entra a analizar área a área y bloque temático a bloque temático
las competencias que habían sido solicitadas por la propia Federación
española de Municipios y Provincias para incrementar el poder local.
Además, reforzando este trabajo del Ministerio de Administraciones
Públicas, contamos también con una declaración solemne en el debate de
investidura sobre la necesidad de un pacto local y el compromiso por un
pacto local. Lo que pasa es que la evolución que ha tenido en este
Congreso ha sido un decreto-ley sobre medidas de competencias en el suelo
y una reducción del poder municipal haciendo residir en los municipios
menores recursos en suelo y también haciendo residir el poder en cuanto a
la ordenación urbanística de manera delimitada.
Es verdad que la Presidenta de la Federación española de Municipios vino
a decir que el Gobierno intentaría compensar la pérdida de suelo
municipal con alguna actuación. No sabemos cuál va a ser la compensación;
pero, en todo caso, ¿cuál es el resorte que hemos utilizado para
concretar nuestra propuesta hoy? Fueron las enmiendas que los distintos
grupos presentaron y por refrescar la memoria, porque es bueno recordar
lo que hemos ido haciendo a lo largo de los momentos en que esto se ha
debatido, diré que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentó
enmiendas a nuestro proyecto de moción y venía a proponer que se añadiese
como primer punto negociar con las organizaciones municipalistas una
formulación para la refinanciación de la actual deuda municipal. Venía a
proponer que se iniciara de forma urgente el diálogo para concretar antes
del fin del año 1993 un nuevo modelo de financiación de las haciendas
locales; y venía a proponer que se diera cumplimiento a ese nuevo modelo
de financiación siguiendo lo que era el funcionamiento de las haciendas
locales en la realidad anterior, con una imposición local más activa.
El Grupo Popular nos vino a proponer que se creara en esta Cámara una
Comisión de varios grupos para conseguir que se hiciesen residir
competencias nítidas en los propios municipos, que se modificara la Ley
de Haciendas Locales, que se modificara el Impuesto de Bienes Inmuebles y
el Impuesto de Actividades Económicas y que se determinaran las deudas de
las corporaciones locales. El Grupo Popular se atrevió entonces a cifrar
la deuda anterior en 47.000 millones de pesetas y proponía que hubiese
una ampliación presupuestaria antes del 30 de diciembre del año 1993 para
hacer frente a esa situación de deuda.
El Grupo Socialista proponía también en sus enmiendas una serie de
aportaciones, una serie de incorporaciones que mejoraban el texto que
nosotros habíamos propuesto, precisando y concretando estos tres niveles.
¿Qué propone hoy Izquierda Unida? ¿Qué quiere conseguir Izquierda Unida
con su moción? Fundamentalmente pretendemos hacer un pronunciamiento
amplísimo de este Congreso para que el Gobierno pueda administrar la
voluntad de consensuar rápidamente un nuevo pacto local que permita
situar a los municipios en condiciones de jugar un protagonismo real en
el futuro del propio Estado. Para eso pretendemos que el Gobierno reciba
de esta Cámara el mandato de agilizar las negociaciones y el diálogo
entre municipios, representantes de los municipios FEMP, fuerzas
políticas y comunidades autónomas para que en el menor tiempo posible
puedan acceder a lo que pudiéramos llamar compromisos en techo
competencial, compromisos de recursos de suficiencia para hacer frente a
su propia realidad y, nosotros creíamos y creemos, también a la
refinanciación de la deuda. Si los ayuntamientos no hacen frente a la
situación que tienen hoy, malamente o con mal pie van a empezar a recibir
nuevas competencias con nuevos recursos.
También proponíamos en esta moción que en ese nuevo pacto local se
recogieran dos compromisos. Incrementar la capacidad de descentralización
de los municipios hacia lo que son entidades de menor realidad
administrativa (entidades locales, juntas vecinales, pedanías), para que
el poder se acerque a los ciudadanos y no se quede en los centros de las
grandes ciudades. (Hay regiones y municipios que tienen pedanías y
entidades locales de 15.000 y de 20.000 habitantes; no son municipios,
como en otros sitios de 200 o de 700 habitantes.) Además, proponíamos la
creación de un fondo de solidaridad vinculado a la participación de los
ingresos.
¿Y cuál era el otro compromiso que añadíamos? Bien, ése es el
pronunciamiento que ponemos en manos del Gobierno para que administre.
Esa es la decisión de la Cámara. Poníamos dos grandes elementos encima de
la mesa. Que se fomentara la participación estable del municipalismo, de
lo que son las organizaciones que representan a los municipios, la FEMP,
en otras comunidades la realidad que tenga la estructuración organizativa
de los propios municipios, en el seguimiento y mantenimiento de ese
pacto, porque muchas veces son palabras bonitas cuando firmamos acuerdos
pero difíciles de concretar en el devenir del propio acuerdo. Dentro de
esa filosofía, además de crear un cauce de permanente participación en la
ejecución y gestión del propio pacto,
que en esta Cámara se hiciese un seguimiento también de esos compromisos.
¿Para qué? Para conseguir que en esta Cámara pudiéramos anualmente, o en
cada período de sesiones, decir qué realidad hemos tenido, qué valoración
ha habido, qué competencias se han residenciado en los ayuntamientos, qué
recursos hemos transferido, de qué manera el municipalismo está
acrecentándose, eso sí teniendo en cuenta la realidad plural que nuestro
país tiene puesto que cada comunidad autónoma debe poner en marcha las
condiciones de desarrollo normativo en lo que es régimen local, de qué
manera el municipalismo juega el protagonismo en el próximo futuro de ese
desarrollo del Estado.
En suma, señor Presidente, y con esto termino, el objetivo de Izquierda
Unida no es ir a ver quién es más municipalista de los grupos que estamos
en la Cámara, porque eso lo han decidido los ciudadanos. Cuando votaron
en las elecciones municipales eligieron cuáles eran más municipalistas
para ellos; supieron discernir muy bien. Los ciudadanos saben distinguir
muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de Sabadell, donde en las
elecciones municipales gana una determinada formación política, en las
elecciones autonómicas gana otra formación política y en las elecciones
generales gana una formación política diferente. Los ciudadanos saben muy
bien lo que votan, y saben muy bien cuando votan para gestionar
municipios, comunidad autónoma o Administración central.
Pues bien, lo que intentamos nosotros no es ir a ver quién es más
municipalista sino de qué manera hacemos confluir el máximo de esfuerzo
para poner encima de la mesa lo que fue una demanda del municipalismo en
este país desde noviembre de 1993. Es verdad que ha pasado poco tiempo,
es verdad que hay buenas declaraciones, pero hartos estamos de buenas
declaraciones, obras son amores y es lo que deberían hacer nuestros
gobernantes. Por eso lo que venimos a plantear es un acuerdo a
disposición de quien debe administrar como Gobierno, a disposición de
quien gobierna comunidades autónomas y un compromiso como fuerza política
para lograr un mayor protagonismo de los municipios y de los entes
locales.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
A la moción se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario
Popular y por el Grupo Socialista, por este orden.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para manifestar el criterio del Grupo
Popular sobre la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, a propósito del pacto local, y para defender la enmienda
formulada por mi grupo.
Quisiera comenzar señalando algo que no debe perderse de vista en estos
momentos. En primer lugar, que el día 3 de mayo, en el debate de
investidura, por vez primera un candidato a la Presidencia del Gobierno
hacía unas referencias concretas y unos compromisos expresos hacia lo que
se ha venido denominando pacto local.
Por otra parte, días más tarde, en la declaración programática que llevó
a cabo el nuevo Gobierno, concretamente el día 10 de mayo, también se
abordaba el deseo y la necesidad de impulsar este pacto.
Igualmente, en la comparecencia del señor Ministro, tanto en el Congreso
como en el Senado, los días 10 y 11 de junio, explicó como una de las
prioridades de su departamento llevar a cabo dicho pacto.
En este tiempo ha habido, además, diversas reuniones entre el Gobierno y
la Federación de Municipios y Provincias de España, a fin de que cuanto
antes se pueda culminar este tema, del cual se viene hablando desde hace
bastante tiempo.
En este contexto se produce la interpelación y subsiguiente moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. De ahí que algunos puedan
calificar tal iniciativa como oportuna; tal vez, otras personas lo puedan
calificar con un nombre muy parecido, concretamente, oportunista, dado
que esta moción no pretende sino instar al Gobierno a que haga algo que
el Gobierno ya ha anunciado que es prioritario llevar a cabo, algo que el
Gobierno ya está negociando con la FEMP.
En todo caso, permítanme que no vaya a entrar a calificar en modo alguno
esa iniciativa, pero sí decirles algo que el Grupo Popular considera
importante. Desde hace tiempo, muchas personas del Partido Popular
venimos impulsando, en muchos municipios de España, la elaboración de ese
pacto local. Parlamentarios populares han hecho estudios y han escrito
libros sobre ese tema. También hoy en las filas del Grupo Popular en esta
Cámara del Congreso se encuentran muchas personas que han estado
incardinadas en la vida municipal: Gijón, León, Pontevedra, Santander,
Madrid; son muchos los municipios donde los hoy día Diputados del Partido
Popular ejercían sus responsabilidades. Precisamente por eso sus ideas no
son teóricas; sus ideas provienen de la experiencia de lo que han vivido,
y la experiencia de lo que han vivido es precisamente eso que se ha
hablado en ocasiones: la cercanía a los intereses de los ciudadanos. Por
eso digo que desde esa experiencia en la vida municipal se quiere
impulsar desde esta Cámara, desde el Grupo Popular. También --y lo ha
dicho en algunas ocasiones en su comparecencia en esta Cámara-- el
Ministro de Administraciones Públicas tuvo oportunidad en su momento de
ocupar un cargo de responsabilidad local.
Quería señalar también que el otro día, a propósito del debate de la
interpelación, se indicaba algo importante,
y es que durante mucho tiempo las entidades locales han estado
abandonadas. Se ha hablado solamente de algo que era muy importante en
ese momento, y era la consolidación de lo que suponía un sistema
autonómico, la descentralización de competencias del Estado hacia las
comunidades autónomas; sin embargo, aparte de las competencias que
pudieran tener las comunidades autónomas, en algunos puntos concretos (y
ahí están las resoluciones aprobadas por la Asamblea de la FEMP en
noviembre del año 1993) el Estado tiene todavía competencias que debería
pensar en descentralizarlas.
Además, en el Grupo Popular estamos convencidos de que cuando la
Constitución proclama el principio de descentralización, cuando el
artículo 103 de nuestro texto constitucional lo proclama como principio
de la organización de nuestro Estado, entendemos que ese principio es
predicable de todas las administraciones públicas y no solamente de
algunas. Desde el Grupo Popular así lo pensamos, así lo defendemos y lo
vamos a impulsar. Estamos seguros de que por el Gobierno se va a hacer lo
mismo, precisamente porque lo está haciendo ya en el poco tiempo que
lleva, en escasamente mes y medio que lleva. Por ello, queremos que se
reconozcan esas actuaciones en ese breve tiempo y también esos
compromisos. Nosotros somos coherentes, decimos ahora lo que decíamos en
la oposición, y votaremos lo mismo que decíamos cuando estábamos en la
oposición.
También quisiera resaltar algo importante: la necesidad de un amplio
acuerdo. El Gobierno debe continuar impulsando foros de encuentro entre
las federaciones de municipios, también entre las comunidades autónomas y
todas la entidades locales, porque todo acuerdo a que ha de llegarse en
esta materia ha de realizarse con ese amplio espectro de consenso.
En ocasiones se ha hablado de lo que es el carácter bifronte de las
entidades locales y el otro día se recordaba en esta misma Cámara. Las
entidades locales tienen relaciones tanto con la Administración central
como con las comunidades autónomas. También voy a manifestar el criterio
del Grupo Popular al respecto y el criterio del Grupo Popular al respecto
es que esas relaciones bifrontes han de intensificarse con las dos. Han
de profundizarse esas relaciones y ese principio de descentralización con
esas dos administraciones, pero también con pleno respeto, por parte del
Gobierno central, de lo que suponen las competencias que puedan tener las
comunidades autónomas. Por ello, entendemos que el papel que pueda
representar el Gobierno en este punto es impulsar, diseñar un marco
general; pero han de ser las comunidades autónomas las que fijen los
criterios concretos; han de ser las comunidades autónomas las que fijen
los destinatarios. En unos casos serán municipios, en otros diputaciones
provinciales y en otros serán comarcas. También las comunidades autónomas
han de fijar la forma de llevar eso a cabo. Por tanto, insisto, que el
papel del Gobierno, y así lo entiende el Grupo Popular, es la fijación de
ese marco general para que pueda llevarse a cabo el proceso que, en
definitiva, en la medida en que las comunidades autónomas tienen muchas
competencias sectoriales, puedan ser ellas las que desarrollen de manera
efectiva lo que ellas mismas entiendan debe llevarse a cabo.
Por otra parte, señorías, insistimos en que no se trata tanto de que las
entidades locales simplemente tengan más competencias o arrebaten
competencias que pueden tener otros entes públicos; se trata, más bien,
de que exista una mayor coordinación, que exista una mayor cooperación y
que exista, en algunos casos, una reordenación de las funciones bajo el
prisma de evitar duplicidades, reducir gastos y, por otra parte, algo
importante, que piensen en los ciudadanos --tenemos que pensar
continuamente en ellos-- que, en ocasiones, empiezan a dar vueltas entre
administraciones y a veces no saben a cuál dirigirse. Por ello el Grupo
Popular ha presentado esa enmienda, y esa enmienda va en la línea de
seguir impulsando el pacto local, de que las negociaciones que el
Gobierno está llevando a cabo con la Federación de Municipios y con las
comunidades autónomas --que deseo se lleven a cabo lo más rápidamente
posible-- logren ese acuerdo de pacto local, pero, no lo olvidemos nunca,
en un clima de consenso.
Si al principio de mi intervención les decía que la moción presentada por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya podía haber sido oportuna o,
según otros casos, oportunista, lo que quiero es que se recojan, en
nombre del Grupo Popular, las enmiendas que nosotros proponemos, porque
entendemos que lo que llamamos pacto local, lo tenemos que hacer entre
todos, y nadie, ni ustedes ni ningún otro grupo de la Cámara ni siquiera
el nuestro, sino que entre todos tenemos que llevar la bandera.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Medel.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, señorías, en la sesión del
pasado jueves, ya tuvimos ocasión de manifestar la posición del Partido
Socialista en relación a la consecución del llamado pacto local; posición
que, ya tuve la ocasión de expresar, es absolutamente favorable. Les
quiero decir que esta posición no es nueva ni se produce ahora al hilo de
una determinada interpelación, que yo no juzgo de oportunista, en todo
caso, de oportuna, porque me parece que todo avance en esa dirección
siempre es oportuno cuando, sobre todo, está pendiente de que se cierre
esta descentralización
del Estado y, realmente, el sector local juegue el papel que le
corresponde.
Digo que no es nueva, como se puso de manifiesto en la aprobación de la
moción a la que el señor Ríos hacía alusión ya en el mes de noviembre de
1993, moción que fue aprobada por todos los grupos políticos de esta
Cámara y, como también hacía referencia el entonces Gobierno del Partido
Socialista, se puso en marcha el proceso que quería culminar en un
acuerdo de todas las fuerzas políticas en relación con dicho pacto local.
Ahora bien, tengo que manifestar que en aquel momento, a instancias del
Ministro para las Administraciones Públicas, la única fuerza política que
contestó al requerimiento del Gobierno para que manifestara cuál era su
posición en relación a los bloques competenciales que ahí se definían y a
la posición de las fuerzas políticas sobre la base de esa
descentralización, fue el Partido Socialista Obrero Español y no otra
fuerza política. Por eso, no vengamos ahora aquí a subirnos a esta
tribuna a hablar de municipalismo, a decir que somos el partido que más
ha hecho en esa dirección, el único que en el discurso de investidura del
candidato a Presidente ha citado a las corporaciones locales, porque el
problema del pacto local es muy complejo. Tengo que decir que no puede el
Partido Popular, de ninguna manera, hacerse el abanderado del
municipalismo y el paladín de la descentralización. Tampoco puede, es
obvio, manifestar aquí cuántos son procedentes de las filas del
municipalismo. Podíamos hacer un repaso y, a lo mejor, somos más
socialistas o hay gente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchos hemos estado en el municipalismo y conocemos y somos conscientes
de la complejidad del tema. En todo caso, quiero decirles que yo tengo
experiencias de la voluntad no descentralizadora y, por tanto, no
municipalista del Partido Popular. No pensaba hacerlo en esta ocasión,
pero su intervención me da pie y casi me obliga a hacerlo.
Tengo que decirle que el señor Aznar, que hizo aquí una intervención
aludiendo a esa necesidad del pacto local, antes de ser Presidente del
Gobierno de España, fue Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, usted lo sabe. Le repito, como le dije hace aproximadamente una
semana, que yo entonces tenía alguna responsabilidad en esa comunidad
autónoma en la otra esfera de la Administración, y pusimos en marcha
comisiones de transferencias, eso sí, convocando a todos los medios de
comunicación habidos y por haber. El resultado de esa voluntad
descentralizadora del Partido Popular y del señor Aznar se tradujo en que
no hay ni una sola competencia de la comunidad autónoma transferida a los
ayuntamientos. Le recuerdo que dicha comunidad autónoma está gobernada
por el Partido Popular. Por tanto, no vengamos a ver quién es más
municipalista y hagamos esa voluntad de consenso para que el pacto local
sea una realidad en nuestro país.
Yo subo a la tribuna porque estoy convencido, al igual que mi Partido, el
Partido Socialista, de la necesidad de dicho pacto ya que el proceso de
descentralización es hoy un proceso incompleto. Porque uno de los
objetivos de la descentralización es el de situar las competencias en la
administración más cercana a los ciudadanos, y eso no se produce en
nuestro país.
Reconociendo, como se ha dicho también aquí, el vaciamiento de la
Administración central en favor de otras administraciones, las
comunidades autónomas, falta dar el siguiente paso en favor de los
municipios. Estos son el lugar adecuado para residenciar la parte
significativa de competencias que afectan a los ciudadanos, a los
problemas cotidianos del pueblo. Una parte importante de la sanidad, de
la educación, de la vivienda, de los servicios sociales, las políticas
deportivas y culturales para la juventud, e incluso el acceso al trabajo
con recursos en manos de los ayuntamientos, darían mejores resultados
para los ciudadanos. Además, se cumplirían así tres preceptos
reglamentarios en cualquier proceso descentralizador. El principio de
subsidiariedad que indica que sea la Administración más próxima al
ciudadano la que cargue con las competencias y que sólo aquéllas que no
pueda gestionar sean asumidas por otros niveles de la Administración. De
otra parte, el mejor conocimiento por la proximidad de los problemas
reales y, por tanto, la mejor capacidad de gestión. Por último, la
posibilidad de participación de los ciudadanos en la solución de sus
problemas, que se produce a través del sector local, consiguiendo de esta
manera un importante salto hacia una democracia no sólo representativa,
sino también de participación activa y continuada de los ciudadanos. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Retomando la cuestión de la falta de pasos en el proceso de
descentralización a favor de los municipios, hay que decir que el que no
se haya producido ese avance se debe, a mi juicio, a dos motivos
fundamentales: el primero de ellos es la prioridad que todas las fuerzas
políticas han dado a la articulación del Estado español en el actual
Estado de la autonomías, dejando al margen a las corporaciones locales,
entre otras cosas, porque eran una parte del Estado ya consolidada con la
que no existían fricciones importantes, mientras que las comunidades
autónomas eran administraciones, muchas de ellas nuevas dentro del
Estado, que requerían, por tanto, toda la atención política.
El segundo motivo está, en muchas ocasiones, en la actitud de las propias
comunidades autónomas. Estas, encontrándose con recursos y competencias,
han tenido y están teniendo una actitud tan o más centralista que el
propio Estado hacia la comunidades autónomas. Comportamiento debido, por
un lado, a la necesidad de autoafirmarse, al ser la mayor parte de ellas
de
nueva creación y, por otro, a la propia dificultad que entraña el hecho
de desprenderse de poder. Cosa que se criticaba con asiduidad al Gobierno
central, pero cuando demandaba para sí misma más competencias.
Ante esta realidad el proceso de descentralización se impone. Y se impone
el pacto local que no es otra cosa que situar las competencias en el
nivel de Administración donde, por su proximidad al ciudadano, están en
mejor posición para ser gestionadas con mayor transparencia,
participación y eficacia. Ese nivel es en un país moderno el ámbito
local. Desde los ayuntamientos españoles, a través de la Federación
española de Municipios y Provincias se viene reclamando este esfuerzo.
El pacto local, por tanto, debe reunir a todos los partidos políticos, a
todas las fuerzas políticas, además de a las propias comunidades
autónomas, para que, de la misma manera que se alcanzó el compromiso
autonómico, aunque entonces fue firmado por el PSOE y el Partido Popular
solamente, pero fue un avance importante en el proceso de
descentralización de las comunidades autónomas, se consiga también un
compromiso similar que haga que el Estado, administraciones autonómicas,
Administración central, transfieran hacia las corporaciones locales la
mayor parte de las competencias a las que antes aludía. Sólo así podremos
afirmar con rigor que estamos construyendo un Estado moderno, donde al
ciudadano no se le mande de ventanilla en ventanilla y en el que cuente
con una Administración a la que se dirige en primera instancia, que es su
ayuntamiento, en disposición de resolverle sus problemas eficazmente.
Espero, y termino, señor Presidente, que la voluntad aquí expresada por
todos sea sincera. Digo que lo espero sinceramente porque no vale decir
que se es muy municipalista y, a la vez, hacer las cosas que se hacen en
el poco tiempo que se lleva gobernando.
La primera medida que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular en
relación a los ayuntamientos ha sido un decreto-ley, que es la medida
legislativa más antimunicipalista que se ha promulgado desde la
democracia en este país. (Aplausos.) De un tirón, por decreto, le han
quitado la tercera parte del suelo a los ayuntamientos que estaba
obligado por ley a cedérselo. (Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Muy bien, muy bien!)
Señores del Partido Popular, se han inmiscuido en la autonomía municipal.
Eso sí, sin consultar a las corporaciones locales. Esa es hasta ahora su
voluntad municipalista.
Espero e insisto, sinceramente, en que lo que aquí expresemos no sea un
ejercicio de ver quién queda mejor, quién es el que tiene más impulso...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Bolaños, le ruego vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: ... quién es el que hace mejor las cosas,
sino que la mejor manera para trabajar es que lleguemos a un acuerdo en
esta moción, consensuemos esta moción, concitemos el acuerdo de las
corporaciones locales a través de la Federación española de Municipios y
Provincias y las comunidades autónomas y realmente cerremos ese Estado
que es necesario procediendo a esa descentralización absolutamente justa
hacia las corporaciones locales.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Bolaños.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, para manifestar que por
coherencia con lo que ha sido siempre la postura de mi Grupo cuando se
habla de pactos autonómicos o de pactos locales, que suscitan en nosotros
la cierta idea de uniformadores desde arriba, nos abstendremos en la
cuestión que se debate en este momento en la Cámara.
De los dos aspectos que componen el concepto jurídico indeterminado que
integra el contenido de pacto local, el que hace referencia a la
financiación y el competencial, los dos nos suscitan problemas que nos
llevan a no sumarnos al consenso en esta materia.
En el aspecto de la financiación, que puede ser en efecto una asignatura
pendiente, ni en la moción, ni en las enmiendas presentadas, se hace
mención alguna a las posibles diferencias o regímenes diferenciados que
algunas partes del Estado, como el País Vasco o Navarra, tienen en esta
materia.
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su disposición
adicional segunda puntos 5 y 6, reconoce la financiación propia para el
País Vasco y Navarra. La Ley del Concierto Económico lo recoge igualmente
en la disposición adicional tercera. Ya, como normativa propia de la
Comunidad, la Ley de Territorios Históricos o la Ley de Aportaciones
contemplan lo que hace referencia a la financiación local en el ámbito de
nuestra comunidad autónoma.
En el terreno competencial también nos suscitan recelos conceptos tales
como algunos de los contenidos en la moción en la que se hace referencia
a la redistribución de competencias. Para nosotros las competencias están
ya atribuidas en los estatutos de autonomía aprobados y no hay nada que
redistribuir.
Se habla, además, de materias propias como el urbanismo, el deporte, la
asistencia social o el turismo, que son competencias propias de las
comunidades autónomas. No es éste, por tanto, un debate político a tener
en este foro sino quizás en otro y a partir de
las propias comunidades autónomas o con su presencia.
Respetando el consenso de los demás grupos, como no podía ser de otra
manera, mi Grupo no se suma a él y se abstiene.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Catalán ha analizado con detalle la moción presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Al respecto exponemos que vamos
a votar negativamente la moción que surja de esta sesión y vamos a
expresar también las razones que nos mueven a ello. Pero antes queremos
explicitar ante esta Cámara que nuestro grupo ha apoyado siempre que se
siguiera un proceso entre la Federación de Municipios y el Gobierno del
Estado para alcanzar logros que satisfacieran las aspiraciones legítimas
en materia de financiación de las corporaciones locales.
De todos es sabido que es perentoria la revisión de la financiación local
que se encuentra en delicada situación. De una parte, porque las demandas
ciudadanas han hecho necesaria la aparición de nuevos servicios públicos
municipales, y, de otra, porque es sabido que la participación de los
entes locales en los ingresos del Estado no ha seguido el mismo
crecimiento que aquéllos han tenido. De tal manera, que ha pasado de modo
alarmante de una participación aproximada del ocho por ciento en el año
1983, a la del cinco por ciento actual. También es necesario --se ha
dicho en esta Cámara repetidamente-- afrontar el sistema de
refinanciación de la deuda municipal.
Pero ustedes nos han sorprendido, señoras y señores Diputados de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Partido Socialista y Partido
Popular, porque nosotros, después de estudiada la primera moción,
habíamos valorado positivamente los apartados a) y c), precisamente
aquéllos que hablaban de la deuda crediticia y también de la revisión del
sistema financiero.
Ahora vamos a exponer al resto de SS. SS., y en especial a sus
proponentes, nuestro absoluto y terminante desacuerdo con el tratamiento
que se le da en la moción, que quizá se apruebe en esta Cámara por
consenso. También nuestro absoluto y terminante desacuerdo con el
tratamiento dado en la primera moción presentada por ustedes sobre la
definición de un nuevo marco competencial.
Nunca nos dejarán de sorprender ustedes, señoras y señores Diputados de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sabemos sus planteamientos
sólidamente radicales, pero desconocíamos, y por eso nos sorprende, sus
cambios y transformaciones radicales. En primer lugar, quiero exponer
también nuestra sorpresa por su empecinamiento en ignorar que las
comunidades autónomas son gobierno, son Estado, y que el Estado español
es un Estado autonómico y por ello plurilegislativo. El proceso que
ustedes diseñaban y que debería haber conducido a la consecución del
llamado pacto local, omitía la potestad cotemporal de los gobiernos
autonómicos. De tal manera que su aceptación por nuestro grupo
equivaldría a menospreciar a nuestro Parlamento, a nuestro Gobierno, a la
Generalitat, que debía ser una institución coagente y no una mera
observadora de este proceso relacional.
Ustedes, señorías, han menospreciado a las comunidades autónomas
--después hablaremos de la financiación-- y ustedes lo saben, y saben que
este olvido o ignorancia que había en su primera moción no era tal.
La exposición de motivos que ustedes han redactado es diáfana al respecto
y demuestra con rotundidad el verdadero motivo, pertinazmente ideológico
y estratégico, de la moción. Dice así --y éstas son las palabras que
ustedes han redactado: Los pactos de investidura dotarán de más poder y
más recursos a las administraciones regionales. Ha situado en un plano
complementario el reforzamiento de la vida municipal. Y añade: En estos
meses de composición de gobierno y debate de investidura ha cobrado un
nuevo protagonismo el techo competencial y la financiación de las
comunidades autónomas.
Señorías, Diputadas y Diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el Grupo Parlamentario Catalán lamenta profundamente que éstos
sean los motivos que ustedes han expuesto para presentar la moción: su
desconfianza hacia los gobiernos autonómicos, su poco aprecio por las
competencias de los gobiernos de las distintas naciones y su estentórea
desazón ante la posibilidad de un techo competencial más alto para las
comunidades autónomas.
Algunos o algunas de ustedes quizá deberían afrontar las preguntas que
esta realidad del Estado les plantea, por qué abrigan estos recelos;
quizá es porque desconocen directamente aquello que conlleva la
responsabilidad del ejercicio del Gobierno de una comunidad autónoma. En
cualquier caso, éste es un problema que deberían ustedes resolver y
nosotros no lo vamos a hacer.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán rechazamos que la necesidad asumida,
y políticamente inexcusable, de búsqueda de una respuesta definitiva a
las demandas de las corporaciones locales, haya sido para ustedes una
manera de vehicular sus recelos. Y mostramos otra vez nuestra indignación
y nuestra sorpresa porque el tenor de esta búsqueda se haya diluido en
una redacción sin compromisos en la que han sustituido respuestas que
pudieran haber sido soluciones definitivas
por enmiendas del Grupo Popular y quizá también del Grupo Socialista.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán tiene muchas razones para apoyar
un proceso que conduzca a soluciones definitivas de la situación
financiera de las corporaciones locales, pero también tenemos muy buenas
razones para negar nuestro apoyo a la moción en debate. Consideramos
absolutamente rechazable el motivo aducido por Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya en el preámbulo y denunciamos que el contenido final de
ésta, resultante de acuerdos transaccionales, escamotea el problema que
reiteradamente plantean las corporaciones locales y que es de índole
económico. Y lamentablemente no habrá solución ahora con este Gobierno,
como no la hubo en el pasado con el Gobierno anterior, a la difícil
situación financiera de nuestros municipios.
El Grupo Parlamentario Catalán no será consolidario en esta Cámara de
esta especie de fraude acordado a las expectativas creadas con el llamado
pacto local. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Qué
barbaridad!) Nuestros municipios necesitan una mayor participación en los
ingresos estatales, con la revisión de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y necesita la refinanciación de la deuda crediticia. Esta es una
demanda de solución urgente. Estas demandas no pueden tener como
respuesta en esta Cámara sólo palabras.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Gil.
Para expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas, tanto por
el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, intervengo brevemente para
recoger --en mi primera intervención lo pensaba haber hecho, pero no me
ha dado tiempo-- las aportaciones que como enmiendas han presentado el
Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Hemos utilizado como esquema para el texto de la transacción, recogiendo
estas enmiendas, que le acabo de dejar al Presidente, la propuesta del
Grupo Popular, incorporando las enmiendas que el Grupo
Socialista ha ido planteando a lo largo de toda la discusión, es verdad
que desde la óptica de hacer conjugar voluntades que a veces pueden ser
contrapuestas. Aquí alguien se puede haber erigido en defensor de las
comunidades autónomas, cuando sólo ha defendido la opinión de una, pero
las comunidades autónomas son diecisiete, y de un municipio, cuando
pueden ser 8.000. Por eso, a veces, la propuesta de uno es contradictoria
con la del otro, y como no hay otras propuestas más que las que ha hecho
el Grupo Popular y el Grupo Socialista, la transacción que voy a ofrecer,
señor Presidente, está en base a lo que se ha aportado por escrito,
porque las palabras son las que se dicen y no se concretan en papeles;
eso es lo que son las palabras.
Por tanto, señor Presidente, la mejor forma de hacerlo es leer cómo queda
la propuesta de moción, después de lo que ha sido el debate. El texto
diría: El Congreso de los Diputados, ante la necesidad de concretar un
pacto local que supere la situación actual de las corporaciones locales,
insta al Gobierno a que:
1) Siga impulsando las negociaciones y el diálogo con los representantes
de las corporaciones locales, FEMP, Gobierno, fuerzas políticas y
comunidades autónomas, para que, en el plazo más breve posible, pueda
concretarse un pacto local que permita profundizar en el principio de
descentralización y la reordenación de competencias entre
administraciones, alcanzando las corporaciones locales, como
Administración más cercana al ciudadano, los siguientes objetivos:
a) Lograr un nuevo marco competencial en base al principio de
subsidiariedad y las competencias susceptibles de transferencia o
delegación para su gestión desde las comunidades autónomas y la
Administración central del Estado, con los estudios previos que sean
precisos para redefinir la atribución de competencias, teniendo como base
las áreas temáticas definidas por la asamblea extraordinaria de la FEMP.
b) Proyecte un nuevo modelo de financiación de las haciendas locales que
permita que se lleve a cabo, de forma equilibrada, el reparto del gasto
público.
Dos. Que continúe propugnando foros de encuentro entre la Federación
española de Municipios, el Gobierno central y las comunidades autónomas y
fuerzas políticas. Ese pacto se realizará buscando el consenso
mayoritario y lo más amplio posible de las comunidades autónomas.
Tres. El Ministerio de Administraciones Públicas remitirá en cada año
legislativo a las Cortes Generales un informe sobre la evolución del
citado pacto para su debate y resolución, si procede.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Rogaría que brevísimamente, lo cual quiere decir con un sí o con un no,
tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como el del Grupo
Parlamentario Socialista, expresasen si aceptan la fórmula transaccional
leída por el grupo proponente.
El señor López-Medel tiene la palabra.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, muy brevemente para
decir que manifestamos nuestro acuerdo en la idea ya expresada de máximo
consenso. En todo caso, voy a hacer una pequeña referencia al portavoz
del Grupo Socialista.
Nosotros hemos pedido consenso y no actitud de crítica. Ustedes han
limitado su intervención a criticar a este Gobierno (Rumores.), cuya
actitud está manifiesta en esta línea. Así se recoge en el punto primero,
en el que precisamente se solicita que se siga impulsando el pacto local.
Por ello, vamos a votar favorablemente a ese acuerdo. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
El señor Rodríguez Bolaños tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, en base a ese reiterado y
deseado consenso también por nuestra parte, vamos a aceptar la enmienda
de Izquierda Unida con una reflexión, si se me permite. No es la que
nosotros hubiéramos deseado, pero es verdad que hay que aceptar ciertas
cosas, no en virtud de quien es más municipalista o no. Cuando ustedes
hablan de que hay que seguir impulsando, a lo mejor se refieren al
anterior Gobierno. Es igual, no nos importa y seguimos en esa línea.
Me desagrada que haya desaparecido --eso sí quiero decirlo-- un apartado
en la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el que hace
alusión a la descentralización y la participación ciudadana. Digo que me
desagrada porque me parece que es un modelo magnífico de hacer unos
ayuntamientos y una democracia participativa. Sé perfectamente --y lo
siento si es crítica-- que ése no es el modelo de los ayuntamientos del
Partido Popular. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Bolaños.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto a las Administraciones
locales y en concreto la referida al conocido como Pacto Local, en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista, tal como ha expresado el ponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a
favor, 273; en contra, 13; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA LA PLENA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PENAL (Número de
expediente 173/000008)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código
Penal.
Por el Grupo proponente tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre de mi grupo
defiendo la moción consecuencia de interpelación presentada hace una
semana ante la Ministra de Justicia y defendida por mi compañera doña
Teresa Fernández de la Vega.
Quisiera, en la misma línea de discurso que mi compañera que defendió la
interpelación, hacer algunas advertencias que me parecen importantes para
aquellos grupos que no tengan todavía un conocimiento exacto de la
moción, a la vista de que no ha habido enmiendas, o no tenga una
conciencia exacta de lo que se va a votar.
Esta interpelación, señorías, no nace como consecuencia de un debate
sobre política judicial, que no es posible cuando este Gobierno lleva
apenas 40 ó 50 días en su función. No nace tampoco como consecuencia de
una crítica a decisiones del Gobierno, que no se han podido producir por
ese mismo espacio brevísimo de tiempo que lleva en el poder, sino que
nace, fundamentalmente, de una preocupación.
Este Parlamento, en noviembre de 1995, tomó una decisión fundamental:
aprobó el Código Penal, llamado de la democracia, el Código Penal también
llamado del Parlamento porque prácticamente todos los grupos
parlamentarios lo aprobaron. Sólo el Grupo Parlamentario Popular se
abstuvo. No obstante, hizo un esfuerzo importante también apoyando, a
través de sus enmiendas, la mejora técnica, la profundización en los
tipos delictivos, en fin el apoyo a lo que se entendía sin duda alguna
como una de las normas más importantes de este siglo.
Este Parlamento desde esa fecha, noviembre de 1995, y de manera más
concreta desde el 25 de mayo de este año, ha dado un mandato expreso, un
objetivo decidido y concreto a este Parlamento: que ese Código Penal del
que al parecer todos los parlamentarios nos sentimos orgullosos sea
posible, es decir, se cumpla. Para ello, se necesitan de una forma
absolutamente rápida y breve --tenemos poco tiempo señores del Grupo
Parlamentario Popular--, una serie de medidas que mi grupo, como
consecuencia de la interpelación que nacía de esa preocupación, ha tenido
a bien presentar a la Cámara, medidas que consideramos de carácter
riguroso,
es decir, necesarias, en las que se puede estar de acuerdo a efectos de
cuándo deben cumplirse, si el plazo debe ser preclusivo o no, pero no
habrá nadie en la Cámara que haya conocido bien el debate del Código
Penal --obligación que tenemos todos los parlamentarios-- y que lo haya
conocido a posteriori, que no esté de acuerdo en que todas y cada una de
estas medidas concretas necesitan un espacio muy corto para su
tramitación parlamentaria, en algunos casos, o para su decisión ejecutiva
por parte del Gobierno en otros.
Pocos podrán evitar decir que tenemos poco tiempo. Insisto en ello
señores del Grupo Parlamentario Popular, porque no quiero pensar, ni lo
pienso, que pudiera alguien deducir de la negativa en la votación
--conclusión a la que llego como consecuencia de la no aportación de
enmiendas y de alguna que otra conversación de pasillos que he tenido con
anterioridad-- que no existe voluntad política de hacer cumplir un
mandato parlamentario.
Nosotros vamos --y lo advierto desde el principio-- a aceptar una
enmienda de Izquierda Unida en el sentido --por si eso ayudara-- de
variar aquella formulación de plazos preclusivos que aparecen en la
moción, que lo único que intentan es excitar al Gobierno a poner medidas
concretas en espacios de tiempos concreto, y cambiaríamos los tres meses
y seis meses por la expresión: de manera inmediata.
Sin embargo, déjenme decirles algo para que aparezca en el «Diario de
Sesiones» claramente, porque tengo miedo, señores de los distintos grupos
parlamentarios, que en otra ocasión, más tarde, tengamos que hacer este
debate teniendo --más ustedes que nosotros y algo nosotros por no haber
podido argumentar hasta convencerlos-- que quejarnos todos de que no es
posible dar cumplimiento a un mandato imperativo de carácter
parlamentario.
La primera medida que solicitamos --y seré muy breve, señorías-- es la
presentación de un proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal
del menor, aceptada ya en su momento como consecuencia de un debate
objeto de interpelación sobre temas de asuntos penitenciarios, acerca de
lo cual sospecho que SS. SS. no tendrán ninguna dificultad, porque tiene
un añadido: el texto existe ya en el Ministerio de Justicia. La
Secretaría de Estado de Justicia tuvo ocasión de redactar un texto, de
remitirlo al Consejo General del Poder Judicial, de remitirlo a la Junta
de Fiscales y los informes de estos órganos junto con otros colectivos
figuran ya en el Ministerio correspondiente. Por tanto, la presentación
del proyecto podía realizarse ya, toda vez que va a tener su tramitación
parlamentaria, por lo que pedimos que en el más breve plazo de tiempo
posible se realice.
De la misma manera, nos parece fundamental, porque esa fue la voluntad
parlamentaria de este Congreso de los Diputados y del Senado, que se haga
un cambio legal, amparándose en las posibilidades de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y con breves cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
un cambio que adecue el recurso de casación del ámbito penal a las
necesidades que se derivan de este Código Penal. Insisto, fue voluntad
parlamentaria --expresada, además, en esta tribuna en Comisión y en
Ponencia y que figura en el «Diario de Sesiones»-- que, a través de un
órgano superior, los nuevos delitos --todos ellos, pero de manera
especial los más graves y de manera más concreta aquellos delitos
nuevos-- fueran objeto de estudio, de interpretación correcta por un
órgano superior, que no podía ser otro que el Tribunal Supremo, en su
ámbito de unificador de doctrinas.
Es un texto nuevo, un texto que va a necesitar que alguien ordene su
interpretación para que sirva para todos. Asimismo, es fundamental que
tengamos nuevas plazas que permitan que las audiencias provinciales se
hagan cargo del acopio, de la carga de trabajo que van a tener como
consecuencia, por su aprobación en esta Cámara, de que los delitos más
graves ya no son competencia del órgano unipersonal de carácter penal
sino de los tribunales colegiados y, por tanto, de las audiencias
provinciales.
Existe esa posibilidad mediante la adscripción del cuarto magistrado, que
hemos permitido por vía legal, a través de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aprobada en 1994, o la creación de nuevas secciones de tres
magistrados. Así aparecía en los presupuestos que no votó la Cámara y,
sin duda alguna, aparecerá a través de los nuevos presupuestos o de los
créditos extraordinarios que consideren más oportunos y que, con causa en
esta voluntad real de cumplir el Código Penal, tengan SS. SS. a bien,
sobre todo aquéllas que apoyan al Gobierno, poner de manifiesto.
De la misma manera, es necesaria la implantación de equipos de apoyo,
porque en el nuevo Código Penal se da una circunstancia que es la
valoración, el pronóstico de la peligrosidad criminal. Es decir, un
concepto de acuerdo con el cual el juez adopta medidas enormemente
importantes para el individuo; medidas como la de la suspensión, medidas
cautelares, medidas de seguridad o medidas de libertad condicional.
Ese tipo de equipos, que aparece ya en las ofertas de empleo público de
1996, es fundamental para formar el criterio del juez a la hora de
enjuiciar determinados delitos, a la hora de adoptar determinadas
decisiones con referencia a la pena. Como consecuencia de su
comparecencia, parece que la propia Ministra de Justicia ha aceptado como
algo perentorio, rápido, la posibilidad de crear 40 plazas en este
sentido. Bueno será, por tanto, que lo aprueben ahora, para que sea toda
la Cámara la que tome conciencia de este problema. También lo es, como
consecuencia de las nuevas penas, que los jueces tengan conocimiento de
cuál es la situación económica del penado, posible sentenciado.
¿Por qué? Porque, junto con el hecho criminal, el juez debe investigar la
situación económica para el supuesto de las responsabilidades civiles que
se deriven del delito o de la posibilidad de condena a pena pecuniaria.
Porque ha cambiado ese tipo de pena, la llamada pena de multa, y hemos
querido --por cierto, en este caso concreto con el voto de toda la
Cámara-- que así fuera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor BARRERO LOPEZ: Concluyo inmediatamente, señor Presidente.
De la misma forma, es fundamental que el registro de penados tenga la
normativa adecuada para hacerlo posible, y hay una línea operativa nueva
que se ha producido el día 8 de mayo. Están los trabajos en el Ministerio
y es necesario hacerlo, porque va a empezar a producirse ya mismo, con
cualquiera de los inicios de las causas penales que tengan su origen en
el nuevo Código Penal. Como lo es la modificación de la planta judicial,
en el tema de la jurisdicción voluntaria, porque son nuevas ahora las
competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria. Se dijo ya con
motivo del debate de la interpelación que tuvo lugar hace dos semanas y a
la que contestó el Ministro del Interior. Allí estábamos todos de acuerdo
en que estos jueces tienen nuevas competencias para la ejecución de la
pena, para su control, para las medidas de seguridad, para la observación
de las reglas de conducta impuestas a los distintos penados, o para el
control del cumplimiento de penas nuevas como son las de arresto de fin
de semana. Es fundamental, porque con el nuevo Código Penal las causas
criminales se inician ahora, señores de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno, y las sentencias, sus enjuiciamientos se producirán
dentro de unos meses. Estas medidas tienen que tenerlas los jueces encima
de la mesa para que su enjuiciamiento sea correcto, sencillamente
correcto.
Por último --termino ya, señor Presidente--, tengo que hacer referencia
al diseño de una nueva estructura y planta de los tribunales de menores,
porque hemos sido nosotros los que hace dos semanas, aquí, por
unanimidad, hemos aceptado la posibilidad de una ley de responsabilidad
penal del menor. Este es un paso más dilatado en el tiempo, y parece
lógico entender que este Parlamento tiene que pronunciarse sobre la
estructura y planta de los juzgados de menores, a los que les va a
corresponder un mayor nivel de competencias como consecuencia de esa
nueva ley orgánica que esta Cámara, hace dos semanas, insisto, instó al
Gobierno para que la remitiera a las Cortes.
Por último, algo de lo que me imagino que se sentirá especialmente
ilusionada la propia Ministra --y yo lo digo desde esta tribuna-- es la
remisión a la Cámara de un proyecto de ley de ejecución de penas que el
propio Consejo General del Poder Judicial solicitó a la Cámara cuando era
vocal la Ministra de Justicia. Por tanto, parece que es un buen momento
como consecuencia, además, de las medidas que adecuan la aplicación del
Código Penal a niveles de eficacia acordes con la realidad ciudadana, y
podemos hacerla ahora. Yo confío todavía seriamente en que todos los
grupos parlamentarios que hemos sido coautores del proyecto de ley, no
caigamos en la contradicción de no hacer lo posible, porque no aceptemos,
por las razones que a mí se me escapan --desde luego, no por el hecho de
la brevedad en el tiempo--, un Código Penal del que estamos orgullosos y
que creemos en niveles reales que sólo se puede cumplir, porque sólo se
puede cumplir --y tenemos poco tiempo para ello-- con las medidas que
ahora se arbitran, medidas, insisto, que ya están...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le
ruego concluya.
El señor BARRERO LOPEZ: ... en el Ministerio en forma de texto la mayoría
de las veces.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Barrero.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que vengo a defender una enmienda que, aunque parezca que no
tiene un contenido demasiado exótico, porque es muy cortita, sin embargo
tiene más contenido del que nos queramos creer. Hemos pedido sustituir la
expresión: tres meses y seis meses, que se propone en esta moción
presentada por el Grupo Socialista a la Cámara, que nos ha sonado un poco
a ultimátum, un poco casi a algo que nos va a separar más que a unir en
algo que hemos intentado que en la Comisión de Justicia e Interior se
hablara del gran pacto de la justicia, del gran pacto de Estado por la
justicia. No creemos muy acertado fijar estos nuevos plazos de tres y
seis meses cuando ha habido una pereza legislativa, que no la debemos
olvidar, por parte de otras personas, por lo que hemos querido
eliminarlos, y así nos lo han admitido por lo que ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista, sustituyendo dicha expresión por: de manera
inmediata. Hay cosas que se tienen que hacer en esos plazos, pero no con
esa rotundidad por una razón: porque queremos que en los temas de
Justicia lleguemos al máximo acuerdo. Yo he visto al portavoz del Grupo
Socialista en la Comisión de Justicia decir lo mismo y me parece que hay
temas que tenemos
que tratarlos con esta visión. Pero, además, hay otra razón, y es una
razón de utilidad práctica.
Yo le podía decir al portavoz del Grupo Socialista que esta moción es
demasiado para la interpelación que se hizo sobre este tema. Es más, yo
le diría que en el número uno de la moción nosotros lo vamos votar a
favor en el sentido de la enmienda, puesto que no tiene nada de
contradictorio con otras cosas que hemos aprobado.
El número 1.º es reiterativo, como ya ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista. Ya aprobamos aquí, en la interpelación sobre prisiones, que
se remitiera una ley del menor. Pero esto es más antiguo que nada. Les
había dado tiempo hasta hacerlo ustedes pues en 1994 se aprobó la
necesidad de remitir una ley de responsabilidad del menor a través de una
enmienda que presentamos desde Izquierda Unida a una moción, porque
sabíamos lo que iba a ocurrir.
Incluso si fuéramos malísimos --yo soy un poco mala-- le diría también
que había otros acuerdos en los que no nos han hecho caso. Cuando se
discutió el Código Penal, en la defensa de las enmiendas que hizo el
señor López Garrido para que remitieran una ley de ejecución de penas
porque sabíamos lo que iba a pesar con el Código Penal, usted le decía:
no seas desconfiado, esto se va a arreglar, esto está todo hecho, en el
Senado hablaremos. En el Senado no hablaron y ahora nos vemos aquí
teniendo que sufrir el que no estén previstas una serie de cuestiones que
sabíamos que la puesta en marcha del Código Penal iba a provocar. No lo
queríamos hacer por un exceso de pragmatismo, sino por la necesidad que
se iban a encontrar los jueces en todos estos temas.
En estos momentos todo lo que piden es verdad. Si sólo se pidiera esto
por la administración de justicia se lo podían dar ustedes porque no iban
a quebrar. Mañana viene el Consejo General del Poder Judicial con un tomo
enorme sobre las necesidades de la administración de justicia para el año
1997 y esto se queda en un chiste para lo que nos tienen que pedir
precisamente para adecuar la administración de justicia.
Es verdad todo lo que se pide en esta moción y por eso la vamos a apoyar
nos guste o no el estilo, aunque nos parezca que de verdad se viene con
prisas cuando se tenía que ver en la lentitud. Es verdad que había un
proyecto de ley penal del menor y también había informes del Ministerio,
así como de la Fiscalía de Menores. El colegio de psicólogos la criticó
enormemente. Creemos que se debe hacer con una mayor audiencia de gente
para poder llegar a un acuerdo entre todos en esa ley de responsabilidad
del menor. Creo que las demás cosas no están bien formuladas porque no
ejecutan lo que es la necesidad actual de la justicia. Pero sin poner
plazo se podía pensar que todas estas cosas son necesarias. Se tiene que
reestructurar incluso en el Tribunal Supremo, porque la tipificación de
delitos nos ha dejado sin unidad de doctrina. Tenemos que actuar sobre
eso, tenemos que hacer una nueva cancelación de antecedentes, puesto que
si los plazos de prescripción son distintos las penas se tienen que
aplicar de otra manera. Por tanto, hay cosas que, aunque se pidan bien o
mal, hay que hacerlas. Creo que no mostrarse en contra de esta moción es
no cerrar la puerta a un acuerdo mucho más amplio que es necesario en
este tema de la justicia.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos
dispuestos a apoyar la moción en aras a que no se quiebre un principio de
necesariedad de todo lo que se pide, con independencia de la
responsabilidad, porque los que menos hemos tenido y los que más hemos
aportado para que esto se pudiera evitar en tiempo y forma fuimos
nosotros desde la discusión del Código Penal, cuando sabíamos que esto
iba a ocurrir. Votaremos afirmativamente esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en cuyo nombre hablo, ha
estudiado con mucho respeto y detenimiento esta moción. Encuentra, dentro
de su contenido, aspectos necesarios y positivos, fundamentalmente
aquellos que consideramos que son competencia del Gobierno al mandar el
proyecto de ley para que esta Cámara lo debata, como la necesidad de una
ley orgánica de responsabilidad del menor.
Ya ha citado bien la señora Almeida el tiempo procesal en que se viene
hablando en la Cámara de esta necesidad de la ley de responsabilidad
penal del menor, y estamos en la fecha en que no ha aparecido.
También estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en que es necesario dotarnos, también en desarrollo del nuevo
Código Penal, de un proyecto de ley orgánica que modifique
fundamentalmente toda la tramitación del recurso de casación en el ámbito
penal. Efectivamente, no podemos dejar que opere el nuevo Código Penal
teniendo pendiente regular todo el proceso del recurso de casación en la
vía penal, por las nuevas figuras e implicaciones que trae este tema
aquí. Esto obliga a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal; no son palabras menores.
Dicho esto, tengo que admitir que hay puntos, como el tercero, el cuarto
e incluso el quinto, que, a juicio de Coalición Canaria, no deberían
venir aquí. La señora Almeida también ha dicho que mañana, cuando veamos
las memorias que trae el señor Presidente del Consejo General del Poder
Judicial, esto se queda reducido a una pura minucia comparado con las
necesidades que hay de inversión, de logística y de funcionamiento de la
administración de justicia.
Ya tuvimos ocasión, con motivo de la comparecencia en la Comisión
correspondiente de la señora Ministra de Justicia el otro día, de ver las
demandas de los juzgados de lo contencioso-administrativo, que vienen
también denunciadas en las memorias de 1994 y 1995 del Consejo General
del Poder Judicial. Es decir, si hay que atender necesidades del
funcionamiento de la justicia por el atasco impresionante que hay en la
jurisdicción contencioso-administrativa, hay que ver las
responsabilidades que tienen que contemplarse, no solamente con estas
propuestas sino con una nueva ley de planta y una nueva ley de dotación
del Ministerio de Justicia, vía Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros somos partidarios de que sería más conveniente y prudente dejar
al nuevo Consejo General del Poder Judicial que haga causa común con
determinadas cuestiones que aquí se plantean y lo pueda estudiar y
proponer. Posiblemente, vamos a nombrar en breves fechas los veinte
representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Qué duda cabe
que, en cuestiones como las que se traen aquí en el punto 1.º del
apartado b), modificación de la planta judicial en el ámbito de la
jurisdicción de vigilancia penitenciaria, en las cuestiones que se
plantean aquí para establecer mecanismos de colaboración entre las
administraciones local y tributaria, qué duda cabe que tiene que haber
unos mecanismos de colaboración entre la Administración local y la
tributaria para aquellos conocimientos que tenga que necesitar el
justiciable en aplicación de una norma o de una medida, para que se sepa
cuál es la situación económica de los imputados. Efectivamente, hoy en
día existe un tremendo desconocimiento, una dificultad, pues depende de
qué vía se esté utilizando por el señor juez para obtener el informe de
la situación económica de los imputados. Nosotros entendemos respecto a
esto que también deberíamos dejar que hiciera la propuesta pertinente el
Consejo General del Poder Judicial, porque temo que podamos hacer una
restricción de competencias que constitucionalmente, en el mejor sentido
del espíritu y la letra de la Constitución, no corresponden tanto al
Ejecutivo, ni al Ministerio de Justicia dentro de él, como a la
organización de los jueces y magistrados, es decir, al Consejo General
del Poder Judicial. Creemos que este órgano es el que tiene que proponer
medidas y que las asuma después el Ejecutivo o las iniciativas de esta
Cámara para hacerlo así. No vemos correcto que, en una cuestión tan
importante como es el Código Penal, que nos costó tantas legislaturas
para llevarla felizmente a término, se den plazos perentorios de tres
meses ahora.
Señor Barbero, nosotros no estamos dispuestos a amparar con nuestro voto
esta fórmula de plazos perentorios, porque además se dice «desde la
aprobación de esta moción». Creo que son necesarias dilaciones mayores de
plazo. No digo que nos remitamos ad kalendas graecas y decir: a lo largo
de la presente legislatura. No estoy en ese proyecto maximalista de
tiempo, sino en llegar a un consenso porque no podemos empaquetar aquí,
en unos plazos de tres meses, proyectos de ley orgánica, como la
responsabilidad del menor o del Poder Judicial en cuanto al recurso de
casación en el ámbito penal.
Estas son las razones por las que nosotros, que estamos de acuerdo con
estas cuestiones de fondo y las defenderemos, no creemos que el
procedimiento perentorio de tres meses sea acorde con la seriedad con que
debemos prestar en esta Cámara al desarrollo de un nuevo Código Penal.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán comparte el interés legítimo del
Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
en favor de garantizar la plena aplicación y desarrollo del Código Penal.
No en vano fuimos coautores del mismo, participamos activamente en su
elaboración y votamos favorablemente dicho Código. De la misma manera,
comparte lo que podría considerarse legítima preocupación de estos grupos
por su ejecución.
Donde existe alguna discrepancia es en la angustia que en estos momentos
parecen manifestar estos grupos sobre la posibilidad de su ejecución y de
su aplicación --y subrayo la expresión: en estos momentos, ya que puede
que después del verano la tengamos que compartir--, porque esta angustia
sólo puede venir, por un lado, de la convicción de la necesidad de
adoptar medidas de carácter inmediato y, por otro, de una manifestación
de la voluntad del Gobierno de no adoptarlas. Hay que aclarar que la
señora Ministra de Justicia, en la comparecencia que efectuó el jueves de
la semana pasada, manifestó reiteradamente, y reiteradamente se
manifiesta así en el acta de la sesión, la necesidad de adoptar de forma
inmediata esas medidas. Por lo tanto, no podemos compartir --como decía
antes-- la preocupación excesiva de que no se adopten. Parece que está
clara la apreciación del Gobierno y que existe también, al menos de forma
claramente expresada, la voluntad del Gobierno de adoptarlas.
En cualquier caso, lo que también quiere manifestar este grupo es que si
voluntad de diálogo hace falta en el Gobierno, también voluntad de
diálogo hace falta en la oposición. Por ello, para la presentación de
una moción de estas características, tanto por su concreción como por su
exhaustividad, entiende el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) que hubiese sido preciso, conveniente o, en cualquier caso, hubiese
venido exigido por la prudencia el mantener algún tipo de diálogo, de
consenso, de comentario con otros grupos parlamentarios para no vernos
emplazados en el día de hoy simplemente a cambiar el plazo de tres meses
por seis meses o bien a acoger conceptos o referencias nuevas de la
inmediatez que mi grupo entiende que se refiere a plazos notablemente
inferiores a los tres meses a los que nos referíamos anteriormente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán votará en contra haciéndose
solidario, como he dicho antes, de la preocupación, no haciéndose
solidario en este momento de esa angustia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, procuraré no abusar
de su paciencia a estas horas.
Estamos, por otra parte, en un curioso trámite porque, como ya se ha
dicho, estamos debatiendo esta moción como consecuencia de una curiosa
interpelación. Me limito a recordar un hecho que cualquier parlamentario
apreciará en lo que vale. Ni uno solo de los portavoces de los diversos
grupos consideró oportuno pisar esta tribuna para hablar de esta
interpelación; hasta tal punto había habido falta de consistencia. Lo más
que se dijo de ella, en tono un poco cáustico, es que había parecido una
querella doméstica.
A raíz de esa interpelación la verdad es que había cierta curiosidad por
ver cuál era la moción que se iba a presentar, porque se suponía que
sería una moción suave, sencilla, no muy complicada. El asombro vino al
comprobar que nos encontramos con una rolliza moción de tres folios que
simplemente propone que en tres meses --incluido agosto, eso sí, porque
en agosto hay más tiempo, como es sabido-- se hagan dos leyes orgánicas,
un decreto y un plan. ¡No está mal! Y una vez que se ha hecho ese
esfuerzo, para que la gente no se acostumbre a la holganza, en seis meses
otra ley más y dos modificaciones de la planta judicial. ¡No está mal! Es
como un cómitre que va dando con su martillo para que los remeros del
Gobierno no vayan a sufrir algún tipo de somnolencia estival. ¡No está
mal!
Todo esto es consecuencia a la vez de una fecha, que es la que figura en
la moción: el 20 de junio. Ese 20 de junio compareció la señora Ministra,
como ya se ha dicho, en Comisión, y ocurrieron dos cosas. La Ministra
estableció los plazos que consideraba razonables para poder llevar a cabo
proyectos que en el fondo son estos que están aquí plasmados y, por otra
parte, el portavoz socialista invocó épicamente una y otra vez un pacto
de Estado. La verdad es que tenemos curiosidad por ver cómo empezaba el
pacto de Estado. Entendíamos que empezaría por la moción. Entendíamos que
habría que hacer una moción escenificando en qué consiste el pacto de
Estado. Ante nuestro asombro, con el grupo que apoya al Gobierno no habló
nadie en absoluto. Pasaron por Registro el ultimátum y, pim-pam, con el
martillo dale que te pego. Y, por lo que hemos visto, los grupos de la
oposición tampoco hablaron, con lo cual este pacto de Estado es muy
original. Yo no sé de qué Estado se trata, quizá del estado cataléptico
al borde del cual estamos casi todos. Pero aquí yo creo que más que un
pacto de Estado ha habido un pasar del Estado. Se ha pasado del Gobierno;
se ha pasado de la oposición; se ha pasado de todo el mundo. Mal
empezamos; no parece que sea así como se hace un pacto de Estado, por lo
menos como suele entenderse. Lo que no tiene ningún sentido es estar
hablando de pacto de Estado por la mañana y repartir patentes de
democracia en Comisión, como se ha hecho en esta misma Cámara, como si se
estuvieran entregando premios en un parvulario.
Aprovecho para decirle, señor Barrero, algo tan obvio como que el Código
Penal de la democracia existe desde el día siguiente en que se aprueba la
Constitución, porque la disposición derogatoria de la Constitución hace
que cualquier elemento antidemocrático del antiguo ordenamiento jurídico
sea expulsado inmediatamente del mismo y el juez ordinario no tiene ni
que plantear una cuestión de inconstitucionalidad al respecto. Algo
elemental; algo que sabe cualquier estudiante de Derecho. (Aplausos.) Por
tanto, dejémonos ya de bambolla y de historias. Tenemos un Código Penal
que hemos hecho entre todos, como usted muy bien ha dicho, unos más,
otros de diversa manera; estupendo, y hay que llevarlo a la práctica, por
supuesto que sí. Y el Gobierno dejó bien claro en la comparecencia de la
Ministra que lo va a llevar a la práctica. Pero no olvide usted lo que
decía un conocido lidiador: Lo que no puede ser, no puede ser y además es
imposible. Por tanto, no se empeñe usted en cosas que son imposibles.
Yo creo que lo que ha pasado aquí es que ha habido mayor preocupación por
parte del Gobierno anterior por dejar el Código hecho que por hacerlo
viable. Porque usted ha hablado aquí de mandatos imperativos
parlamentarios. Dígame usted, señor Barrero, ¿es cumplir un mandato
imperativo parlamentario, cuando se veía venir todo esto porque ya lo
anunció el Grupo Popular, gastarse 13.000 millones de pesetas sin crédito
presupuestario y dejar esa trampa en el Ministerio? ¿Es eso responsable,
cuando hay que poner en
marcha todo eso? ¿Es eso cumplir un mandato parlamentario? Reconózcame
que no, que es una irresponsabilidad. Ahora hay que gobernar con esas
circunstancias, las que ustedes han dejado.
La actitud con la que el Gobierno se ha comprometido está clara. A corto
plazo piensa determinar los desplazamientos de trabajo que se van a
producir desde los juzgados de lo Penal hasta las audiencias
provinciales, a los que S. S. ha aludido, y va a procurar un refuerzo no
solamente de magistrados, como usted ha dicho, sino también con personal
no judicial y, por supuesto, será necesaria la ampliación de la planta en
unos casos y en otros habrá que recurrir al cuarto magistrado al que S.
S. aludía. Pero hay que incrementar también espacios físicos, obviamente,
a los que usted no ha aludido, y todo esto exige una dotación
presupuestaria, porque en este Gobierno, al que mi Grupo apoya, se ha
acabado eso de gastar y luego el que venga detrás que arree. Así no se
puede gobernar. Eso no es serio ni es legal, y en un Ministerio de
Justicia conviene ser legal.
Las cuarenta y nueve plazas de los equipos de apoyo para los juzgados de
menores que están en la oferta de empleo público van a ser convocadas,
por tanto, no tiene sentido que ustedes exijan imperiosamente que se haga
lo que se va a hacer. En cuanto a las leyes, ha quedado claro que la Ley
Penal del Menor tiene como plazo el primer trimestre de 1997, y ése es el
que va a tener, y no hay crédito presupuestario además para hacerlo
antes, no lo olvide, señor Barrero.
En cuanto a la elaboración del proyecto de ley de ejecución de penas es
muy curioso. Usted ha recalcado que el Consejo General del Poder
Judicial, al que pertenecía entonces la señora Ministra reclamó esa ley.
¿Por qué entonces, señor Barrero, el Ministerio que estaba en manos de
otro antiguo miembro de ese mismo Consejo no ha dejado ni un solo estudio
sobre esa ley? ¿Porque se toma al Consejo General a beneficio de
inventario, o por qué? Ni un solo estudio hay en el Ministerio sobre la
ley de ejecución de penas. Y quiere usted que se haga en dos patadas.
La reforma de la casación penal se hará en el marco de una reforma global
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, lógicamente, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial en lo que le afecta. A esto es a lo que el Gobierno se
ha comprometido. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Izquierda Unida ha presentado una bienintencionada enmienda que
apreciamos en lo que vale, pero reconózcame la portavoz de Izquierda
Unida que quitar los plazos a las mociones es quitarles sus partes más
nobles; las deja sin trapío y sin fuerza ninguna. Una moción sin plazo es
un chiste, porque dice cuatro obviedades. Esta moción hablaba de plazos,
mal dichos, pero es lo que decía.
Por otra parte, si usted dice que se haga de manera inmediata, habría que
hacerlo antes todavía. Claro que en la justificación hace una sentencia
interpretativa. Dice: entiéndase por inmediato cuando se pueda. Da la
casualidad de que tenemos un Gobierno que quiere cumplir los plazos, por
lo que no está dispuesto a que se le diga mañana: se dijo que de manera
inmediata, han pasado veinticuatro horas y ustedes no me han dado nada.
Por tanto, no podemos aceptar su bienintencionada enmienda.
Resumiendo, quisiera recordar una frase de un viejo amigo, catedrático de
Derecho Político, que se esfuerza periódicamente por defender las
posturas del Partido Socialista. Ultimamente, en su afán por ayudar al
Partido Socialista, incluso dice cosas razonables. Por ejemplo, como
ésta: El PP, después del 6 de junio de 1993, era portador de una política
para la que existía receptividad inmediata en la sociedad española. Eso
no se puede decir del PSOE después del 3 de marzo de 1996. En estos
momentos el PSOE no está en condiciones de adoptar iniciativas de
política general que la sociedad española pueda hacer suyas. Es un
partido de Gobierno sólo potencialmente en estos momentos. El PP, en la
pasada legislatura, lo era desde el comienzo. Esta es una de las cosas
que diferencian políticamente esta legislatura de la anterior. En la
pasada legislatura hubo un pulso prácticamente desde el principio entre
la política socialista y la alternativa popular. En ésta no lo hay.
Esta moción es la historia de un pulso fallido. Otra vez será y le
agradezco el tono al señor Barrero porque presagia la posibilidad de un
consenso.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El señor
Barrero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
Señor Barrero, S. S. ya ha tenido oportunidad de aceptar la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en su intervención. De todas
formas, tiene un minuto para concluir el debate.
El señor BARRERO LOPEZ: No creo que lo consuma, señor Presidente.
No he entendido bien la intervención del señor Ollero. Me da la impresión
de que ha hablado de otro tema, igual que he podido comprobar ese tipo de
confusión en algún que otro parlamentario. Es posible que la hora
provoque algunos problemas mentales o intelectuales a alguna de SS. SS.
Yo no he hablado para nada de política judicial. Estoy hablando de unas
medidas que algún compañero parlamentario de Convergència considera
agónicas o agobiantes y que mi grupo y yo, por responsabilidad,
consideramos que deben adoptarse de la manera más rápida posible. Si
usted considera que esos tres o seis meses eran un escaso plazo de tiempo
para el Gobierno, o bien podía haber aceptado la enmienda de Izquierda
Unida o bien haber
presentado una enmienda. Lo que pone de manifiesto el no aportar dato
alguno de manera activa a esta moción y a esta voluntad de cumplir el
mandamiento parlamentario, señor Ollero, es que no tienen voluntad
política de cumplir el Código Penal.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, puede desestimar la enmienda, pero no
reabra el debate, se lo ruego encarecidamente en nombre de la Cámara.
Estoy seguro de que ha quedado muy clara su posición.
El señor BARRERO LOPEZ: Unicamente voy a aclarar dos cuestiones, si me lo
permite, señor Presidente, porque se han hecho alusiones.
El señor PRESIDENTE: Este turno se concede exclusivamente para manifestar
la aceptación o rechazo de la enmienda, no para reabrir el debate. Tiene
S. S. medio minuto para concluir.
El señor BARRERO LOPEZ: No le he entendido, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, este turno es exclusivamente para
manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda. No debe S. S. reabrir
el debate ni replicar ni convertirlo en un turno de alusiones. Le ruego
que concluya en medio minuto, señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Respeto, lógicamente, la forma de moderar que tiene el señor Presidente,
pero se ha hecho una alusión que a mi grupo le hubiera gustado poder
contestar, porque ha sido una alusión de mal gusto. En todo caso, señor
Presidente, que quede constancia de que aceptamos la enmienda de
Izquierda Unida.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Se somete a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno para la plena aplicación del nuevo
Código Penal, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 131; en contra, 152; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción consecuencia de
interpelación.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.