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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 22/05/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 6
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 6
celebrada el miércoles, 22 de mayo de 1996
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 168)
Preguntas (Página 168)
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre cuáles van a ser los efectos derivados en la economía
española de la reordenación del sector público empresarial y de la
aplicación del plan estratégico de privatizaciones (número de expediente
172/000001) (Página 189)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política que piensa
adoptar el Gobierno respecto al cumplimiento por España de los criterios
de convergencia para la Unión Económica y Monetaria (número de expediente
172/000002) (Página 201)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 168)
Preguntas (Página 168)
Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno en
relación a los recortes presupuestarios, tanto aprobados como anunciados,
en cuanto a las concreciones políticas y voluntad de diálogo expresadas
por el Presidente del Gobierno en el debate de investidura? (Número de
expediente 180/000003) (Página 168)
Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede el
Sr. Presidente del Gobierno precisar si tiene ya el Gobierno criterios
homogéneos en materia de revalorización de las pensiones? (Número de
expediente 180/000010) (Página 169)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué trámite ha seguido el Gobierno
para el nombramiento de la Directora General de Radiotelevisión Española?
(Número de expediente 180/000014) (Página 170)
Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cree el Sr.
Presidente del Gobierno que hay que «parar el reloj» para determinar la
fecha en la que se comproborá el cumplimiento de los criterios de
convergencia? (Número de expediente 180/000008) (Página 171)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y
Hacienda: ¿Cómo valora el Gobierno el dato de inflación de abril? (Número
de expediente 180/000020) (Página 172)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y
Hacienda: ¿Cómo puede afectar a la creación de empleo el mayor esfuerzo
anunciado por el Gobierno para cumplir los criterios de convergencia?
(Número de expediente 180/000021) (Página 173)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede el
Sr. Presidente del Gobierno precisar el contenido de los acuerdos con
Convergència i Unió sobre la financiación autonómica en lo referente al
año base de cálculo y la existencia o no de topes en la cesión del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el coste
adicional del nuevo sistema para los Presupuestos Generales del Estado?
(Número de expediente 180/000009) (Página 174)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el contenido de los pactos
del Partido Popular con Convergència y Unió, Partido Nacionalista Vasco y
Coalición Canaria respecto de la aplicación del principio de solidaridad
en el nuevo sistema de financiación autonómica? (Número de expediente
180/000011) (Página 175)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede precisar el Gobierno cuántos
altos cargos existen en la Administración General del Estado? (Número de
expediente 180/000013) (Página 177)
Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Confirma el Gobierno las
declaraciones aparecidas en la prensa según las cuales el 85 por ciento
de los acuerdos entre el Partido Popular y Coalición Canaria son
secretos? (Número de expediente 180/000015) (Página 178)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Se va a mantener
al General Rodríguez Galindo como asesor del Ministro del Interior?
(Número de expediente 180/000001) (Página 179)
Del Diputado don Jon Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras de acondicionamiento de la Oficina de Correos de Sondika (Vizcaya)?
(Número de expediente 180/000002) (Página 180)
Del Diputado don Carles Campuzano i Canades, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los
criterios que adoptará el Gobierno en relación a la política de abonos en
el transporte público para los expedientes universitarios? (Número de
expediente 180/000006) (Página 181)
Del Diputado don Julio Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
¿Qué planes tiene su Ministerio respecto a las comunicaciones por
carretera de Galicia con el resto de España? (Número de expediente
180/000022) (Página 182)
Del Diputado don Francisco Enrique Camps Ortiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
¿Qué planes tiene su Ministerio respecto a la autovía Madrid-Valencia?
(Número de expediente 180/000023) (Página 183)
De la Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Comparte la Sra. Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación las declaraciones de la Sra. Ministra
de Educación y Cultura según las cuales «los agricultores y ganaderos en
lugar de dedicarse a sembrar y a hacer bien las labores y todo eso se
dedican a hacer bien los papeles para percibir bien las subvenciones»?
(Número de expediente 180/000016) (Página 183)
Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuál es la situación real
que tenemos en nuestro país respecto a la enfermedad de la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de las «vacas locas»? (Número de
expediente 180/000028) (Página 184)
Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo:
¿Qué objetivos se ha marcado el Ministerio de Sanidad y Consumo para
avanzar en la transferencia de competencias, en relación con aquellas
Comunidades Autónomas que no tienen asumida la gestión de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social? (Número de expediente 180/000024)
(Página 185)
Del Diputado don Feliciano Blázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Qué política va a seguir el Ministerio de Sanidad y Consumo en
cuanto al control de la infección por VIH? (Número de expediente
180/000025) (Página 186)
De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Se va a mantener la Organización Nacional de Trasplantes?
(Número de expediente 180/000026) (Página 187)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo:
¿Cuál es la posición del Ministerio de Sanidad y Consumo en el tema de la
encefalopatía espongiforme bovina, conocida comúnmente como enfermedad de
las «vacas locas»? (Número de expediente 180/000027) (Página 187)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene ya elaborado el Gobierno el
«plan estratégico de privatizaciones» al que se refirió el Sr. Aznar en
el reciente debate de investidura? (Número de expediente 180/000012)
(Página 188)
Interpelaciones urgentes (Página 189)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre cuáles van a ser los efectos derivados en la economía
española de la reordenación del sector público empresarial y de la
aplicación del plan estratégico de privatizaciones. (Página 189)
El señor Alcaraz Masats presenta la interpelación de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya precisando que ya empiezan a conocer el
auténtico rostro de la política del Partido Popular. Compara, a estos
efectos, la actuación de doña Teófila Martínez, Alcaldesa de Cádiz, al
frente de las movilizaciones contra el intento privatizador del PSOE con
respecto a los Astilleros de Cádiz, con la postura actual del gobierno
que acaba de acceder al poder, que no ha concedido a la izquierda real ni
siquiera cien días de tranquilidad, por lo que el señor Alcaraz considera
que ellos tampoco tienen que observar el margen de cien días de cortesía
con respecto a sus auténticas intenciones.
Piensa que hay dos ideas claras en las intenciones del Gobierno: la
convergencia nominal con Europa (todo está supeditado a esta convergencia
nominal en las fechas previstas) y la reducción del déficit público. A
partir de esas ideas estrellas las propuestas que ha desgranado el señor
Rato las considera bastante preocupantes, fundamentalmente para los
trabajadores. Dice que el Gobierno del Partido Popular ha anunciado un
plan estratégico inmediato de privatizaciones para acabar con todas las
empresas públicas rentables y un plan especial para reducir las
aportaciones del Estado a aquellas empresas públicas no rentables.
Considera el señor Alcaraz que las cosas positivas que anuncia van a ser
simbólicas y, sin embargo, las negativas son profundamente reales. Se
anuncia un plan de privatizaciones urgente y profundo sin tener en cuenta
los ritmos de mercado, sin anunciar un plan de industrialización, pero sí
se conoce la desaparición de la Secretaría de Industria.
Piensa que la política del Partido Popular es un continuismo radical y
acelerado de la política del Partido Socialista Obrero Español, con
cambios en la política de imagen, fundamentalmente en cuanto a la
transparencia, cosa que reconoce que hasta ahora no ha sucedido.
Se pregunta hasta dónde y en qué grado de vinculación llevarán el diálogo
con los agentes sociales y si se va a cambiar la Ley de Privatizaciones
por la versión francesa del «golden share,» como ha repetido
constantemente en la Cámara el señor Gámir.
Piensa el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que todas las
privatizaciones, si se quiere hablar de transparencia, deben pasar a
través de este Parlamento con proyectos de ley específicos. A tal efecto
van a plantear la creación de una ponencia que siga los procesos de
privatizaciones.
A continuación pide, en nombre de su grupo, que se pare el reloj de las
privatizaciones, parafraseando al señor Matutes, puesto que parece que
para finales de 1997 habrá cinco naciones que no podrán acceder. Por
tanto, en ese marco irreal se plantea un destrozo acelerado del sector
público empresarial e industrial español, lo que consideran un grave
error. Explica que el proceso de privatizaciones se inició de manera
acelerada a partir de 1985 pasando por dos etapas fundamentales: la
primera hasta 1991, privatizaciones a precio negativo, y la segunda,
desde 1992 a 1995, en la que se trata de aportar recursos al Estado, de
reducir el déficit publico. En todo caso, considera que la preocupación
es financiera y no de creación de tejido industrial. Manifiesta que, en
su opinión, la reducción del déficit a través de la venta de empresas
públicas es muy discutible, porque se venden empresas y se ingresa
dinero, pero al mismo tiempo de ese dinero que se ingresa hay que deducir
los dividendos que se tendrían que ingresar de esas empresas que ganan
dinero, sin tener en cuenta que a la vez bajan los tipos de interés. «El
País» lo decía muy claro: por el aumento de las privatizaciones y la
bajada fuerte de las inversiones baja el déficit público. Se pregunta qué
pasará cuando al año siguiente de haber privatizado todo y estar en
el tres por ciento del déficit nos digan desde la Unión Europea que hay
que seguir bajando el déficit, seguir en la convergencia permanente y no
tengamos nada más que privatizar. Piensa que el déficit terminaría por
resurgir y esta política neoliberal, desde su punto de vista antisocial,
tendrá graves consecuencias con respecto al patrimonio del Estado, a la
desagregación del territorio y a la estructura laboral de este país.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Industria y Energía
(Piqué y Camps) señalando que comparte con el señor Alcaraz la inquietud
sobre los problemas que hay que abordar con seriedad y rigor, aunque no
comparta algunas otras afirmaciones.
Hace un recorrido por la historia de la empresa pública española desde
principios de siglo, lo que se llamaban industrias nacientes de la
competencia internacional, pasando por los años 40 y 50 de la autarquía,
hasta llegar a los años 70 y principios de los 80, en los que el sector
público empresarial asume una política de nacionalización de empresas con
serias dificultades financieras, teniendo que llegar a socializar
pérdidas, lo que genera un crecimiento indiscriminado que convenía ir
corrigiendo. La entrada de España en la Unión Europea exige hacer ese
proceso de corrección con seriedad y profesionalidad, porque existen unas
limitaciones crecientes impuestas por la normativa europea desde el punto
de vista de seguir subvencionándolas a través de los recursos públicos,
según lo ponen de manifiesto las negociaciones en el seno del GATT y la
Organización Mundial del Comercio. A partir de ahí se toman medidas para
reorganizar el sector público empresarial. En 1981 se decidió segregar
del INI los hidrocarburos y se crea el INH. En 1992 se crea Téneo S. A.,
quedando una serie de sociedades y de sectores sujetos a planes de
reestructuración, que operan en actividades que están especialmente
reguladas por la Comunidad Europea y que mantienen su dependencia directa
del INI y, posteriormente, de la Agencia Industrial del Estado. Asimismo,
tanto las empresas del grupo Téneo como las participaciones residuales
del antiguo Instituto Nacional de Hidrocarburos se integran en la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI.
Dejando de lado la historia, continúa diciendo que, dentro del sector
público empresarial que depende actualmente del Ministerio de Industria,
existen dos grandes grupos: las sociedades mercantiles sujetas a planes
de reestructuración y las empresas de la SEPI, donde están Téneo y las
antiguas empresas del INH. Las primeras se caracterizan por sus
dificultades financieras y su dependencia de los Presupuestos Generales
del Estado y las segundas, en su mayoría, son empresas que pueden ser
rentables, aunque todavía tengan problemas. A estos efectos, añade que la
estrategia del Gobierno en el ámbito de la empresa pública es la de
reducir al máximo la presencia del Estado, en la creencia de que el
objetivo de creación de riqueza y empleo, compatible con el mantenimiento
de la justicia social, puede conseguirse dejando la iniciativa a los
sectores más dinámicos de la sociedad. Aclara que es necesaria también
una estrategia de racionalización. intentando reducir la intervención
directa del Estado tanto en las empresas con pérdidas como en las
rentables. El Gobierno considera que todas ellas son susceptibles de ser
privatizadas, aunque con unos límites. En ningún caso considera que este
planteamiento signifique pan para hoy y hambre para mañana. La política
de privatizaciones no tiene nada que ver con los problemas de tesorería,
ni con la reducción del déficit y del gasto a corto plazo. Se trata de
generar el máximo número de empleos desde la competitividad global de
nuestra economía, en un contexto internacional y no desde el
intervencionismo. Por tanto, en cuanto a una política industrial
favorable al desarrollo de las empresas y a la creación de puestos de
trabajo, nada de parar el reloj.
Reitera que la privatización de las empresas viables no responde a
motivos recaudatorios, aunque no niega que ésta puede resultar
beneficiosa para las cuentas públicas. Considera que se debe abandonar
progresivamente la intervención directa en aquellos sectores en los que
la iniciativa privada puede resultar más eficiente. En todo caso, el
sector público debe pasar a desempeñar el papel de árbitro, lo que se
traduciría en un beneficio para las empresas y para los consumidores, en
base a una caída de los costes y de los precios. Añade que de este
proceso de privatizaciones se puede sacar un subproducto --expresándose
en términos casi industriales-- que es el mercado de capitales, que en
nuestro país se ha caracterizado siempre por su intervencionismo y su
estrechez.
Señala que de no corregirse la situación económica y financiera de las
empresas no rentables las consecuencias serían irreversibles para el reto
que España tiene de cara al Siglo XXI, en el marco de la Unión Europea.
Estima que la dinámica social que crean estas empresas a nivel local es
positiva, pero no dan lugar a una mentalidad empresarial emprendedora,
que es lo que, al final, genera el progreso económico.
Finaliza manifestando que privatizar no es sólo vender sino saber también
cómo se vende, por qué se vende, cómo van a funcionar después las
empresas,
pero teniendo siempre presentes los intereses colectivos, sociales y
territoriales.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor Ministro de
Industria y Energía.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Vázquez y
Vázquez, en nombre del Grupo Mixto; Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Hernández Moltó, del Grupo Socialista, y
Peón Torre, del Grupo Popular.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política que piensa adoptar
el Gobierno respecto al cumplimiento por España de los criterios de
convergencia para la Unión Económica y Monetaria (Página 201)
La señora Aroz Ibáñez defiende la interpelación del Grupo Socialista
manifestando, en primer lugar, que su grupo valoró muy positivamente la
intervención del señor Aznar en el debate de investidura en los aspectos
relativos a la política de convergencia para la Unión Europea, porque
significaba continuidad respecto a la política mantenida por el Gobierno
socialista. Sin embargo, esta credibilidad ha sido efímera porque las
manifestaciones de los máximos y más cualificados portavoces del Gobierno
en esta cuestión han creado dudas sobre las verdaderas intenciones de su
Gobierno y han puesto bajo sospecha económica a nuestro país en los
mercados cambiarios y financieros. Esta desconfianza proviene de las
posiciones que ha mantenido el Partido Popular en la etapa anterior y
hasta fechas muy recientes, posiciones distantes de las mantenidas por el
anterior Gobierno español en momentos importantes, como en el Consejo de
Edimburgo. Asimismo ha habido contradicciones sobre la política económica
que era necesaria para alcanzar ese objetivo. A este respecto se remite a
los «Diarios de Sesiones» de los debates mantenidos en esta Cámara a lo
largo de toda la legislatura pasada. Estima que en estos quince días de
gobierno se ha puesto de manifiesto que el Partido Popular no tiene ideas
claras sobre lo que hay que hacer. Todavía no se sabe cuánto cuestan los
pactos.
Plantea que el reto al que nos enfrentamos requiere del nuevo Gobierno
unas posiciones claras y el máximo consenso de la sociedad española para
alcanzar los objetivos, pero se pregunta si el Partido Popular estará
preparado para ello. Seguidamente, hace unas preguntas sobre si va a
haber ajuste o recorte. Considera necesario que se deje de hablar de
objetivos difusos y se concreten y asuman prioridades. Sin desear poner
palos en las ruedas al nuevo Gobierno, piensa que se debe transmitir el
mensaje de confianza de que podemos cumplir el Tratado de la Unión
Europea, los requisitos de Maastricht y que España continuará siendo un
socio firme en el proceso de integración europeo. El Grupo Socialista
considera que el objetivo de acceder desde el primer momento a la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria es realizable y altamente
beneficioso para nuestro país. Sin embargo, el Gobierno continúa
asegurando que España no cumple los criterios de convergencia en este
momento, cuando solamente un país, Luxemburgo, los cumple. La señora Aroz
añade que nos encontramos, en estos momentos, a seis décimas del
requisito de convergencia, que cumplimos el criterio de intereses a largo
plazo y que estamos cercanos al objetivo de la deuda que sólo lo cumplen
tres países. También considera que en el objetivo del déficit se ha
recorrido un camino positivo, porque se ha cerrado 1995 con el 5,8 por
ciento del producto interior bruto, y se trata de seguir avanzando en los
próximos 18 meses para conseguir el tres por ciento, cuando la media de
la Unión Europea en estos momentos está en el cinco por ciento.
Reitera también que la política necesaria para alcanzar las Unión
Económica y Monetaria es la que necesita España para crecer de forma
sostenida. También considera compatible el esfuerzo que hay que hacer con
el mantenimiento del Estado del bienestar. En principio, está de acuerdo
con las reformas que piensan llevar a cabo para mejorar la eficiencia de
los mercados, pero cree necesario que, a la mayor celeridad posible, se
presente un calendario para su aplicación. Sin embargo, a la hora de
conocer las intenciones del nuevo Gobierno, considera prioritario conocer
la política de ingresos y gastos que van a aplicar. Por tanto, la mejor
manera de despejar dudas sobre su capacidad de conducirnos a la Unión
Económica y Monetaria es que confirmen o no la vigencia del programa de
convergencia actualizado y, en su caso, concreten también las actuaciones
necesarias para completar su aplicación.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Vicepresidente Primero y
Ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo), agradeciendo, en
primer lugar, a la señora Aroz el tono de su intervención y el haber
planteado un debate sobre la convergencia y los retos que tiene en este
momento nuestro país, pero disiente de algunas afirmaciones políticas,
como, por ejemplo, la pregunta sobre cuánto cuestan los pactos. Supone el
señor Rato que el Grupo Socialista no considerará un sistema
de financiación autonómica como una cesión ilegítima o partidista, porque
las comunidades autónomas tienen derecho a un sistema de financiación
autonómica. Además, el Partido Popular ha tenido que negociarlo porque el
Gobierno anterior no fue capaz de cerrar un sistema de financiación
autonómica para los primeros meses de 1997. Es voluntad del Gobierno
establecer un consenso para la financiación autonómica de los próximos
cinco años, cuyo coste no debe ser muy distinto al anterior, aunque sí
puede ser relativamente distinto en cuanto a la reforma estructural que
supone el que las comunidades autónomas participen en el crecimiento de
los ingresos del Estado. En cuanto al nivel de desconfianza al que se
refiere la señora Aroz es, en cualquier caso, menor que el anterior.
Le preocupa que la moneda española se encuentre, en este momento, como la
más fuerte del sistema monetario y, por eso, la primera medida que ha
tomado el Gobierno ha sido garantizar el cumplimiento de déficit público
para 1996, según las previsiones del Gobierno anterior.
Entrando directamente en las cuestiones que se planteaban en la
interpelación se refiere a la vigencia del segundo programa de
convergencia, considerando que si se analiza la convergencia de la
economía española desde 1986 hasta la fecha de hoy se puede comprobar que
nuestro diferencial con los tres países centrales era el 1,6 y hoy está
en el 1,9, lo que quiere decir que en términos de inflación, desde el
punto de vista de la convergencia, en estos últimos diez años no hemos
conseguido nada. Con respecto al déficit público nos hemos movido muy
poco. El déficit público en 1989 era el seis por ciento del producto
interior bruto y, en 1995, en términos de devengo, es el 5,8 por ciento.
Refiriéndose al tema de la deuda pública señala que estamos peor que en
1986. En cuanto a los tipos de interés a largo plazo nuestro diferencial
con los tres países centrales era de nueve puntos porcentuales en 1986, y
en este momento es prácticamente el mismo. Considera que el programa
económico del Partido Socialista de 1986 no se parece en nada al de 1996,
cosa que aplaude como español y como responsable político, pero el
esfuerzo que se ha realizado no ha sido el mejor en términos de
convergencia, puesto que estamos más o menos como estábamos. Insiste en
que no cumplimos ninguno de los requisitos de la convergencia, ni
siquiera el del tipo de interés, dado que, en el tipo de interés, la
seguridad es el tipo medio durante doce meses.
Con respecto a la vigencia de los programas de convergencia el Gobierno
asume el 70 por ciento y se pregunta si podrán hacerlo en estos 18 meses.
Considera que ésa es su responsabilidad como Gobierno y la de esta Cámara
desde el punto de vista legislativo.
No comparte con la señora Aroz el que la Unión Económica y Monetaria o
los criterios de convergencia sean deseables porque con ellos se consiga
disciplina, porque cree que para que los ciudadanos españoles acepten
algunas de las cosas que políticamente están aceptadas por la mayoría de
esta Cámara hay que explicarlas en función de que son buenas para los
ciudadanos. Añade que el Gobierno, desde el primer día, se comprometió
con las cuatro condiciones de convergencia y también con la de la
estabilidad cambiaria.
Desde el punto de vista de la inflación estima que aunque se está
produciendo la reducción ésta no va al ritmo que debería para conseguir
los objetivos marcados. Considerando esenciales dos medidas: una, el
control del déficit y del gasto público y, dos, las reformas
estructurales que estaban en el programa electoral del Partido Popular y
que afectan a sectores tan importantes como el suelo, las
telecomunicaciones, la energía y el transporte.
A continuación, le explica a la señora Aroz la diferencia que hay entre
un recorte de créditos, que tendría que ser aprobado por esta Cámara, y
un acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros, tomando como
ejemplo una carta dirigida al Subsecretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno anterior.
En cuanto a la pregunta que le hace la señora Aroz sobre qué va a hacer
el Gobierno, se remite a la estrategia planteada en el debate de
investidura, insistiendo en que el objetivo para el conjunto de los
gastos, para 1997, es que no crezcan por encima de la inflación, y el
objetivo de los ingresos es que crezcan al ritmo del PIB nominal. Se
refiere a continuación a la política de privatizaciones, diciendo que la
harán pública y no la limitarán a los ámbitos de la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos. Reconoce que no se ha referido al calendario de
reformas, pero asegura que el Gobierno y la Comisión Delegada trabajarán
en ello.
Por último, cree que España tiene ante sí un gran desafío en estas
cuestiones y le preocupa el cómo llegar a esa meta. Espera poder
compartir no sólo los principios sino los ejes centrales de las medidas
económicas que se puedan tomar con el Grupo Socialista y manifiesta que
está convencido de que en España, al igual que en Alemania y en Francia,
existe la voluntad política de conseguir la convergencia para la Unión
Económica y Monetaria.
Replica la señora Aroz Ibáñez, duplicando el señor Vicepresidente Segundo
y Ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), y el señor Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con un punto previo al
desarrollo del orden del día. Vamos a proceder a la toma de juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución de dos nuevos Diputados.
Don Francisco Javier Iglesias García, en sustitución de don Gonzalo
Robles Orozco, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor IGLESIAS GARCIA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Doña María Teresa de Lara Carbó, en sustitución de don Carlos Aragonés
Mendiguchía, ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora DE LARA CARBO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
En consecuencia, don Francisco Javier Iglesias García y doña María Teresa
de Lara Carbó han adquirido la condición plena de Diputados. Enhorabuena.
(Aplausos.)
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO EN RELACION A LOS
RECORTES PRESUPUESTARIOS, TANTO APROBADOS COMO ANUNCIADOS, EN CUANTO A
LAS CONCRECIONES POLITICAS Y VOLUNTAD DE DIALOGO EXPRESADAS POR EL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL DEBATE DE INVESTIDURA? (Número expediente
180/000003)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día con el turno de
preguntas orales al Gobierno.
Pregunta número 11, del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al señor Presidente del Gobierno.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señor Aznar, una de las primeras medidas que su Gobierno ha tomado ha
sido recortar en 200.000 millones de pesetas el gasto público. Este
recorte ha sido calificado por múltiples voces de improvisado,
descoordinado, inconcreto y huérfano de todo diálogo social y político.
En este sentido, señor Aznar, nos interesa conocer, en primer lugar, si
el Gobierno ya ha concretado el recorte, a qué, Ministerios y a qué
créditos ha afectado y si, ante nuevos recortes, piensa usted mantener el
compromiso de diálogo que ofreció en el debate de investidura en un tema
tan importante como el que nos ocupa y que no se ha cumplido.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Con mucho gusto voy a contestar a la pregunta del señor Diputado de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Como V.S. sabe, el Gobierno ha
aprobado un acuerdo de no disponibilidad por importe de 200.000 millones
de pesetas sobre créditos presupuestarios correspondientes al presupuesto
prorrogado de 1996. Quiero decirle, en primer lugar, que existe un
objetivo en ese acuerdo del Gobierno, que es el cumplimiento de los
criterios de convergencia, que el Gobierno considera absolutamente
indispensables en la economía española para el crecimiento, para la
competitividad y para la creación de empleo; y, en segundo lugar, el
mantenimiento de las prestaciones sociales. Por tanto, la concreción del
acuerdo se ajusta estrictamente a los términos previstos en el discurso
de investidura. Por una parte, cumplimiento de criterios de convergencia
y, por otra parte, no afectación del acuerdo de no disponibilidad a las
prestaciones sociales.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Rumores.) Silencio,
señorías.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Aznar, usted no me ha respondido a nada de
lo que le he preguntado. Yo le he preguntado si el Gobierno ha concretado
el recorte de 200.000 millones. Que ustedes tomaron ese acuerdo, ya lo
sabemos; que ese acuerdo responde a
los criterios de Maastricht, ya lo sabemos. La pregunta es: ¿Es posible
que en lo que debió ser el primer acto ejemplificador del nuevo Gobierno
se creara la situación que se creó? Se dice que se recorta y no se sabe
dónde.
Maastricht. Ustedes recortan y altos cargos de la Administración dicen
que hay otros recortes y otras cifras, hasta el punto de que algunos
cronistas han calificado este ajuste de espectáculo deplorable, incluso
de orgía de cifras.
Por tanto, señor Aznar, no le pedimos que hoy cuadre los presupuestos, no
le estamos pidiendo esto; le pedimos simplemente que sean rigurosos y
prudentes y que concrete dos preguntas. Si no han afectado a créditos
concretos, ¿cuándo lo van a hacer, cuándo lo va a hacer el Gobierno,
cuándo lo sabremos? La segunda pregunta es: Señor Aznar, esa voluntad de
diálogo que, según usted, debía caracterizar esta Legislatura, ¿cómo se
va a concretar en este tema, en el tema más importante del Parlamento?
Quiero acabar, señor Aznar, diciéndole que, en el caso de que haya que
recortar el presupuesto, nuestro Grupo entiende que hay que eliminar,
reducir drásticamente las desgravaciones fiscales a empresas, que se ha
demostrado que no crean empleo, y eso supone este año más de 700.000
millones de pesetas. Coincidiendo con usted en que no hay que recortar el
gasto social, también le queremos decir que es necesario mantener el
ritmo de la inversión pública como elemento dinamizador de la economía
y...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, muchas
gracias.
Yo comprendo que se hacen unas preguntas que luego es difícil mantener
por la misma confusión que crea.
El criterio, señor Diputado, es el que he respondido con anterioridad y
el que ha expuesto el Gobierno. No afectará la no disponibilidad de
créditos presupuestarios --que no es exactamente lo mismo que un recorte
presupuestario, es un acuerdo de no disponibilidad de créditos
presupuestarios-- a las prestaciones sociales. El propio acuerdo tomado
por el Consejo de Ministros establece el plazo del día 1 de junio para
que todos los Ministerios afectados determinen las partidas concretas a
las que afecta ese acuerdo de no disponibilidad de 200.000 millones.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno. (Rumores.)
Silencio, señorías.
--DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿PUEDE EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO PRECISAR SI TIENE YA EL GOBIERNO
CRITERIOS HOMOGENEOS EN MATERIA DE REVALORIZACION DE LAS PENSIONES?
(Número de expediente 180/000010)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del Diputado don Alejandro
Cercas Alonso, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al señor
Presidente del Gobierno.
Señor Cercas, tiene la palabra.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente del Gobierno, el pasado día 3
oímos en este mismo salón de sesiones su compromiso solemne con mantener
la capacidad adquisitiva de todas las pensiones. No pasaron muchos días y
quien usted ha nombrado Director de la Oficina Presupuestaria ha afirmado
que tal compromiso no podrá ser mantenido para los futuros pensionistas
del sistema español de Seguridad Social. Usted mismo, su Vicepresidente
primero y algunos otros altos cargos vienen reiterando estos últimos días
la existencia, para nosotros desconocida, de agujeros en la Seguridad
Social, que harían imposible el mantenimiento de tal compromiso.
Por tanto, señor Presidente, ¿puede usted precisarnos si hay homogeneidad
de criterios en su Gobierno respecto a la futura revalorización de
pensiones de la Seguridad Social?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Agradezco mucho su
pregunta, señor Diputado, porque me da la ocasión de reiterar, una vez
más, ante la Cámara el compromiso del Gobierno expresado en el discurso
de investidura, en el sentido de que el Gobierno garantiza el
mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Mucho me temo, señor Presidente del Gobierno, que
sus palabras no van a ser suficientes para arreglar el desaguisado que
han organizado el Director de la Oficina Presupuestaria, usted mismo y
alguno de los ministros de su Gobierno.
Como usted conoce, había millones de españoles, entre los que me
encuentro, que no tenían gran seguridad en lo que usted podría hacer en
el sistema de pensiones, pero esa inseguridad crece cada día; cada día
que ustedes hablan de recortes, van pasando Consejos de Ministros y no
señalan con precisión las partidas de recortes, crece la inseguridad.
Como crece la inseguridad cada vez que personas, grupos de intereses que
le
han acompañado a usted en la campaña electoral y que le apoyan desde
círculos financieros o empresariales... (Rumores.) vuelven a sacar las
trompetas del Apocalipsis sobre el futuro del sistema de pensiones.
(Varios señores diputados: ¡Hala!) Como crece la inseguridad, señor
Aznar, cuando usted viene al Parlamento simplemente a repetir cosas que
quizá tuvieron sentido el día 3 de mayo, pero que no lo tienen hoy porque
han cambiado las circunstancias.
Señor Aznar, si usted quiere dar seguridad a los españoles tendrá que
hacer hechos, no pronunciar palabras. Porque ya hemos leído también en la
prensa que S. S. es experto en logomaquias, en juegos de palabras que no
se corresponden con la auténtica realidad de los hechos. (Rumores.) El
señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Aznar, les hemos entregado un presupuesto
de la Seguridad Social equilibrado. Les hemos entregado un presupuesto
del Inem con más de 200.000 millones de pesetas... (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Ha concluido su tiempo.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Yo, señor Diputado,
después de escucharle le sugeriría que no caiga usted en la tentación de
ser víctima de su propia propaganda, porque no creo que sea una
circunstancia y una actitud aconsejable.
En torno a las pensiones y en torno a la actitud mía personal y del
Partido Popular en relación con las mismas se han dicho muchas cosas,
bastante infundadas todas ellas. El compromiso del Gobierno es el que yo
le he manifestado aquí esta tarde y, por tanto, cualquier otra
circunstancia que pueda afectar a ese compromiso será una circunstancia
que no dependa en ningún caso de lo que significa la voluntad del
Gobierno, manifestada en este caso en el discurso de investidura
contestando a esa pregunta y políticamente antes y durante la campaña
electoral.
Supongo que habrá algunas personas, tal vez algunas de SS. SS. a las que
les gustaría que el Gobierno tuviese otra actitud. Pues el Gobierno no va
a tener otra actitud, nada más que la que le parece correcta, y es la
consolidación plena del sistema de Seguridad Social, el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones y el desarrollo del Pacto de Toledo,
que nos obliga a todos, señor Diputado, y yo espero que el cumplimiento
de ese pacto por parte del Grupo Socialista sea tan escrupuloso como el
que va a tener el Gobierno manteniendo el poder adquisitivo de las
pensiones.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE TRAMITE HA SEGUIDO EL GOBIERNO
PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA GENERAL DE RADIOTELEVISION ESPAÑOLA?
(Número de expediente 180/000014)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Pregunta número 21, del Diputado don Joaquín Leguina Herran, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno.
Tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Señor Presidente, ¿qué trámite ha seguido el
Gobierno para el nombramiento de la Directora General de Radiotelevisión
Española? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señorías, exactamente el mismo trámite que
los gobiernos anteriores para los nombramientos del señor Calvino, la
señora Miró y el señor García Candau en dos ocasiones. (¡Muy
bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Si me deja la clá.
El 24 de julio de 1993 el Gobierno nombró al Director General de
Radiotelevisión Española. Ustedes elevaron el grito hasta el cielo y de
paso pusieron al señor García Candau como no digan dueñas. Le vistieron
de ropa de pascua. Con este motivo, los tenores del Partido Popular de
entonces, señores Arenas, Trillo y Alvarez-Cascos, y la soprano señora
Mato, entonaron sus mejores y más desabridos trinos.
En agosto de ese año, y firmado por don Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde, se presenta un recurso en el Tribunal Supremo donde
ustedes acusaban al Gobierno de fraude de ley y solicitaban la nulidad
del nombramiento porque --según dicho recurso-- el Gobierno había
consultado a un Consejo de Administración legal y automáticamente cesado
(sic).
Pues bien, en estos días pasados el Gobierno que preside el señor Aznar
ha nombrado la Directora General de Radiotelevisión Española consultando
a un Consejo que, según ustedes, está legal y automáticamente
cesado, y han incurrido, por tanto --siempre según ustedes-- en fraude de
ley. Ni siquiera han tenido el detalle de retirar su recurso ante el
Supremo. (Risas.) Al parecer, están tan ocupados en los hechos que no les
preocupan para nada las convicciones; un mal inicio, precisamente por la
ausencia total de coherencia con los principios que tanto pregonaron
entonces.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Reconocerá el señor Leguina --por escaso respeto que tuviera a la
justicia, por escaso que fuera-- que el problema jurídico no le
corresponde resolverlo ni a ustedes ni a nosotros. (Rumores.--Varios
señores Diputados de los bancos del Grupo Socialista: ¡Ah! ) Pero que ese
problema estaría resuelto si el Gobierno anterior hubiera cumplido con su
obligación de remitir el expediente en el plazo que marca la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, que son veinte días y no catorce
meses, como ha tardado en remitir el expediente el anterior Gobierno.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En segundo lugar, convendrá
conmigo el señor Leguina que, en la legislatura anterior, el Gobierno
anterior, al oír al Consejo no renovado, actuaba en beneficio propio,
porque aquel Consejo no representaba la voluntad popular de la Cámara en
aquel momento. (Rumores.) En este caso, convendrá el señor Leguina
conmigo que oír al Consejo saliente, de ninguna manera es en beneficio
del Gobierno. (Rumores.--Varios señores Diputados de los bancos del Grupo
Socialista: ¡Ah!) Y, en tercer lugar, señor Leguina, usted sabe que por
razones de urgencia se puede reclamar atención de los intereses generales
y reclamar para ello unos tratamientos jurídicos específicos. Y aquí hay
una circunstancia de urgencia que es la que usted ignora, que es la
crisis de Radiotelevisión. (Rumores.--Varios señores Diputados de los
bancos del Grupo Socialista: ¡Ah! ) Y usted la ignora, señor Leguina,
porque le traicionan sus propios fantasmas.
Este no es sólo un problema de trámites. Es un problema de despilfarro y
de déficit. Es un problema de manipulación... (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): ... y es un problema de mala gestión.
(Protestas.) Y precisamente para resolver los problemas del déficit, de
la mala gestión, de la manipulación y de la buena programación hemos
apelado a razones de urgencia... (Rumores.--Varios señores Diputados de
los bancos del Grupo Socialista: ¡Ah!) para nombrar a la nueva Directora
General y que cambie estos modos y estas maneras de afrontar los
problemas de la Radiotelevisión pública.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL SR.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE HAY QUE «PARAR EL RELOJ» PARA DETERMINAR LA
FECHA EN LA QUE SE COMPROBARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE
CONVERGENCIA? (Número de expediente 180/000008)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del Diputado don Antonio Costa
Costa, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Vicepresidente
segundo del Congreso.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente. La pregunta está
formulada al Presidente del Gobierno y, aunque es pronto para juzgar sus
actuaciones, sí que hemos empezado y hemos tenido ocasión de conocer sus
propósitos.
Usted, señor Rato, apoyó, y después rectificó, unas declaraciones del
Ministro de Asuntos Exteriores, señor Matutes, sobre la conveniencia de
«parar el reloj» cuando sea el momento de pasar el examen de los
criterios de Maastricht para la moneda única. ¿Tiene sentido «parar el
reloj» para pasar a la Unión Monetaria? ¿Pretende usted, acaso, incumplir
el Tratado de la Unión Europea o pretende, tal vez, modificarlo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Vicepresidente Segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
No existe ninguna propuesta del Gobierno español ni de ningún otro
Gobierno miembro de la Unión Europea que proponga retrasar los plazos del
Tratado de Unión Monetaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coincidimos con usted, señor Rato, y nos alegramos de coincidir, pero no
nos podemos permitir en este tema la ambigüedad, ni se la vamos a
permitir a ustedes. Si la posición del Gobierno es firme, actúen en
consecuencia y acaben con las declaraciones sobre realidades imaginarias
y que no contribuyen al mantenimiento del valor de nuestra moneda y, por
lo tanto, a la convergencia en sí misma. Desde su Gobierno se están
enviando señales cada día a los mercados, que nos alejan de los objetivos
de convergencia. Usted y su Gobierno, el Gobierno conservador de España,
tienen la responsabilidad de dar firmeza a todos los mercados para que
podamos asumir este objetivo nacional, que es el de estar en la moneda
única en el momento en que se produzca el examen de los criterios de
convergencia, y todas las declaraciones que está haciendo su Gobierno
últimamente nos alejan de estos criterios, ponen en peligro el valor de
nuestra moneda y, por tanto, están en contra del interés nacional.
Pongan orden en su Gobierno, para cumplir un objetivo para el que tienen
todo el apoyo de esta Cámara, y háganlo con firmeza y con el rigor
necesario y no desde una sinfonía desorganizada de voces, que emiten a
cada sector aquel sonido que desea escuchar pero que está en contra de
los intereses de nuestro país en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señor Costa, el grupo que apoya al Gobierno y el Gobierno escuchan sus
palabras con gran atención y esperamos que sea la tónica de su grupo
parlamentario durante los debates que precedan y que vayan después de las
medidas que el Gobierno tome para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de convergencia. Por cierto, que usted reconocerá conmigo que
en este momento no cumplimos ninguno y que, por tanto, esperamos de la
diligencia del Grupo Socialista que nos ayude y nos respalde en las
medidas necesarias para cumplirlos.
En cuanto a la estabilidad de nuestra moneda, le recuerdo que las tres
últimas devaluaciones de la peseta han sido dirigidas por gobiernos del
Partido Socialista que no han tenido la confianza de los mercados.
(Rumores.) Lamento decirle que, en este momento, ya que, al parecer, a S.
S. le preocupa y no le gusta, los mercados están apostando seriamente por
la estabilidad de nuestra moneda, y los tipos de interés, tanto a largo
como a corto plazo, están a la baja.
Por tanto, señor Costa, yo le agradezco muchísimo su preocupación. Espero
poderla ver en los debates parlamentarios sobre las medidas que ustedes
propongan y que no han sido capaces de realizar cuando eran Gobierno;
espero que puedan ustedes colaborar con un Gobierno que sea capaz de
hacer más y mejor lo que ustedes no fueron capaces de conseguir. En
cualquier caso, le ratifico la voluntad del Gobierno de España de cumplir
los plazos y las condiciones de convergencia, y que en este momento
existe esta voluntad, no sólo a nivel del Gobierno español, sino, como se
ha demostrado en los últimos días, tanto en Alemania, como en Francia,
como en Italia, hay una voluntad firme de la mayor parte de los miembros
de la Unión Europea de cumplir plazos y condiciones. Muchas gracias.
(Aplausos.--Protestas.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA
Y HACIENDA: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO EL DATO DE INFLACION DE ABRIL?
(Número de expediente 180/000020)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del Diputado don Ramón Aguirre,
que formula al Ministro de Economía y Hacienda.
Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente y Ministro de Economía y Hacienda, coincidirá, como
coincidirán otras de SS. SS., en que la inflación, en la previsión que se
está marcando para su evolución en el año 1996, está teniendo la
tendencia de situar al IPC, de una manera bastante estable por primera
vez en los últimos años, por debajo del 4 por ciento. Pero si esto es
importante, por la novedad y porque, de alguna manera, este indicador
comienza a entrar en tasas que son normales, más importante es cuál es el
diferencial de esa tasa de inflación con los tres países de la Unión
Europea con mejor comportamiento en precios.
Señor Vicepresidente, la evolución del diferencial de inflación de España
tiene actualmente también una tendencia decreciente, y sería oportuno
saber cuál es la opinión del Gobierno, si cree que ese proceso de
decrecimiento de la tasa de inflación se va a acelerar para poder cumplir
un indicador de Maastricht.
Por esas razones, y porque algunos portavoces de otros grupos políticos
entienden que el dato de abril parece ser que rompe la tendencia a la que
estoy haciendo mención, es bueno conocer, y por ello le queremos
preguntar, para que se conteste en sede parlamentaria, cómo valora el
Gobierno el dato de inflación de abril.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
El señor Vicepresidente tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias. Gracias, señor Aguirre.
Como la Cámara conoce, en el pasado mes de abril, el índice de precios al
consumo creció un 0,57 por ciento, que sitúa la tasa interanual cuatro
centésimas por encima de la fijada en el mes anterior de marzo en el 3,46
por ciento.
La explicación de este crecimiento está, principalmente, en los alimentos
sin elaborar y en los efectos que la crisis, que ustedes conocen como yo
por el nombre coloquial de la crisis de las vacas locas, ha tenido sobre
los precios de otros alimentos. Sin embargo, los alimentos elaborados y
los bienes industriales han mantenido una tendencia a la baja.
Tengo que decir que de los datos del índice de precios del mes de abril
probablemente el más interesante es el de la reducción de la llamada
inflación subyacente hasta el 3,9 por ciento, lo cual indicaría que las
tendencias inflacionistas de la economía española están cediendo.
Coincido con S. S. al indicar a la Cámara que no sólo tenemos que
fijarnos en los índices españoles absolutos de inflación comparándolos
con los de nuestro pasado, sino que hemos de compararnos con aquellos
países que compiten con nosotros, y en concreto con los que vamos a tener
que ser medidos en las consideraciones sobre la convergencia nominal con
Europa. En este sentido nuestra reducción de la inflación es insuficiente
y nos encontramos todavía a casi dos puntos de distancia de los países
centrales de la Unión Europea, lo cual va a exigir medidas adicionales de
liberalización, que el Gobierno está estudiando, así como el
mantenimiento de una política presupuestaria rigurosa que no haga caer
sobre los tipos de interés el control de la inflación.
Quiero también llamar la atención de SS. SS. sobre el hecho de que estas
reducciones de los precios se están produciendo en un momento de
desaceleración económica y de no crecimiento del consumo, lo cual nos
tiene que hacer considerar a todos que no estamos consiguiendo
reducciones de inflación en las mejores condiciones posibles para los
ciudadanos, puesto que vienen acompañadas de un crecimiento que no se
está produciendo a los ritmos que a todos nos gustarían, y que, en
cualquier caso, va a obligar a revisar al Gobierno en muy próximas fechas
el cuadro macroeconómico.
En resumen, señoría, creo que los datos de abril en su conjunto, tanto en
lo que suponen los precios de alimentos elaborados y los bienes
industriales, que son los datos más estables, como en la inflación
subyacente, tienen una impresión positiva, pero también hemos de tener en
consideración los dos hechos que he puesto de relieve y que quiero
repetir ahora: uno es la comparación con los países centrales de la Unión
Europea y otro es el hecho de que la desaceleración económica, tanto
desde el punto de vista de la inversión como del consumo, nos aconseja no
considerar para nada vencido el núcleo central de la inflación en España
y continuar perseverando por el lado de una política presupuestaria
restrictiva y de las reformas estructurales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿COMO PUEDE AFECTAR A LA CREACION DE
EMPLEO EL MAYOR ESFUERZO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO PARA CUMPLIR LOS
CRITERIOS DE CONVERGENCIA? (Número expediente 180/000021)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de don Vicente Martínez-Pujalte
López.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En el debate de investidura el señor Aznar fijó como objetivos
prioritarios para su acción de gobierno --y hoy lo ha vuelto a reiterar
en esta Cámara-- la creación de empleo y el cumplimiento de los criterios
de convergencia con Maastricht para que España pueda acceder a la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria entre los países de la primera
división.
La herencia recibida, como antes señalaba el señor Vicepresidente, tanto
en niveles de paro como en el incumplimiento de los cinco criterios de
convergencia, ha hecho que el Gobierno tuviera que abordar de manera
inmediata un conjunto de medidas exigentes para la economía. El plazo
para la entrada en Maastricht es a fecha fija, el año 1999, y el examen
hay que pasarlo con las cifras de 1997. Ya sólo quedan siete meses; en
enero de 1997 las cifras que se manejen serán ya requisitos
imprescindibles para entrar en esa primera división.
En la mayoría de los foros económicos, señor Vicepresidente, entienden
que la convergencia real es una exigencia. Es necesaria una convergencia
nominal para llegar a la convergencia real; es necesario disciplinar la
economía para tener niveles de paro y niveles de bienestar social
equivalentes a los del resto de Europa. Sin embargo, al anunciar el
Gobierno las medidas, en algunos foros se han levantado voces comentando
que existe divergencia entre convergencia real y nominal.
Señor Vicepresidente, ¿cómo entiende usted que puede afectar a la
creación de empleo el mayor esfuerzo
anunciado por el Gobierno para cumplir los criterios de convergencia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias.
El ejemplo español demuestra claramente que el no cumplimiento de los
criterios de estabilidad, de políticas presupuestarias restrictivas e
inflaciones competitivas lo que produce es paro. El señor
Martínez-Pujalte ha puesto de relieve lo que ya hemos dicho, y es que
España no cumple ninguno de los cinco criterios de convergencia y está a
la cabeza de Europa en nivel de paro. Por tanto, en ese sentido creo que
aquellos análisis que pretenden seguir diciendo que hay una relación
entre inflación y empleo se equivocan.
En este momento las economías más competitivas del mundo, aquellas que
producen mejores niveles de bienestar para sus ciudadanos y menores tasas
de empleo, lo que han conseguido es reducir el porcentaje de desempleo en
relación con la inflación.
España, por desgracia, se encuentra muy lejos de poderse enfrentar a
tales problemas y todavía tenemos que reducir nuestra tasa de desempleo a
niveles aceptables en la Unión Europea. Vuelvo a recordar lo que SS. SS.
conocen muy bien y es que, en este momento, doblamos la tasa de paro en
Europa. En ese sentido políticas de estabilidad que permitan la caída de
los tipos de interés, que permitan el potencial de crecimiento en los
sectores más productivos y con más futuro de la sociedad, desregulando y
liberalizando, son los caminos seguidos por las economías que han
conseguido reducir sus tasas de paro y sus tasas de inflación al mismo
tiempo. Ese es el desafío que los españoles tenemos que ser capaces de
conseguir, ese es el desafío que hasta ahora no hemos sido capaces; pero
sin duda, con la decisión del Gobierno y con el respaldo de los grupos
parlamentarios España podrá acercarse a los niveles de prosperidad y de
eficacia de otros países.
En ese sentido quiero insistir que cualquier análisis económico que
pretenda hacer compatible la creación de empleo con desequilibrios
macroeconómicos, ya sea en precios, ya sea en el sector público,
cometería un gravísimo error que, en muy pocas semanas, sería pagado por
todos los españoles y especialmente por los trabajadores con la
desconfianza de los mercados y de los ahorradores.
El Gobierno se compromete a seguir el camino de la desregulación y la
liberalización como instrumentos básicos para una economía eficaz que
pueda crear empleo y que pueda acercar las tasas de prosperidad de los
ciudadanos a la media de nuestros competidores y de nuestros socios
europeos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿PUEDE EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO PRECISAR EL CONTENIDO DE LOS
ACUERDOS CON CONVERGENCIA I UNIO SOBRE LA FINANCIACION AUTONOMICA EN LO
REFERENTE AL Año BASE DE CALCULO Y LA EXISTENCIA O NO DE TOPES EN LA
CESION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, ASI COMO EL
COSTE ADICIONAL DEL NUEVO SISTEMA PARA LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO? (Número de expediente 180/000009)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, formulada por el Diputado don
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, no contestó usted en el debate de
investidura a las preguntas dirigidas por don Felipe González sobre el
año base de cálculo, la existencia o no de topes en la cesión del IRPF, o
el coste adicional del nuevo sistema para los Presupuestos Generales del
Estado. Esta es una segunda ocasión para que puedan dar respuesta a
preguntas que me parecen útiles, y en todo caso necesario ser conocidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Ministro de Administraciones Publicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.
Señor Eguiagaray, en cuanto al año base de cálculo y la existencia o no
de topes me remito a los acuerdos que son públicos y en los que no figura
nada sobre esos asuntos (Rumores.)
En cuanto al coste para los Presupuestos Generales del Estado ignoro
exactamente a qué se refiere usted. Supongo que usted querrá saber la
cantidad que van a percibir las comunidades autónomas en el quinquenio
1997-2002. Eso es imposible de saber en este momento porque, entre otras
cosas, depende de esas dos variables a las que usted acaba de hacer
referencia y de otras muchas; y, como usted sabe, sin conocerlas es
muy difícil que yo pueda decir la cantidad exacta que van a percibir las
comunidades autónomas durante esos cinco años.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Rajoy.
La verdad es que asistimos a una ceremonia de la confusión. El señor
Aznar en el debate de investidura dijo que el tema de los topes era un
tema susceptible de ser negociado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. El señor Pujol acaba de decir hace unos días que hay un
acuerdo verbal con el señor Aznar para que no existan topes. Usted ha
dicho que no se sabe cuál es el coste de la financiación. El señor Fraga
ha dicho que el coste de la financiación es cero, etcétera. Sin embargo,
cualquiera sabe que un acuerdo de esta naturaleza es un acuerdo que tiene
significación. Por ejemplo, el señor Rato ha dicho que ese acuerdo tendrá
un efecto que él valora en un impacto no inferior a 780.000 millones de
pesetas.
Estamos, por tanto, en la necesidad de saber de qué estamos hablando y
creo que las comunidades autónomas, todos los ciudadanos tenemos derecho
a saber cuánto cuesta, y no solamente cuánto cuesta, sino cuánto va a
costar al Estado, cuánto va a costar, por tanto, en términos de déficit
público, cómo se va repartir, si hay topes o no, si hay un año base
distinto, porque naturalmente la diferencia puede ir entre algo así como
200.000 millones de pesetas, en una aproximación técnica elemental, hasta
más de 900.000 millones de pesetas en una hipótesis diferente.
Por tanto, no parece razonable que estamos simplemente ante la elusión de
la concreción, pero, señor Rajoy y señor Presidente del Gobierno ausente,
yo les seguiré preguntando todas y cada una de las semanas sobre si
efectivamente quieren explicar a los ciudadanos cuánto cuesta y cómo se
reparte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Saludo con alborozo la preocupación del señor Eguiagaray por el déficit
público. Lástima que no la haya tenido a lo largo de estos trece últimos
años, porque nos hubiéramos ahorrado muchos problemas.
En cualquier caso, voy a responder con meridiana claridad al señor
Eguiagaray. La cantidad que reciban las autonomías entre los años 1997 y
2002 depende de los siguientes conceptos: primero, lo que el Estado
aporte a la PIE en el año 1997; segundo, el año base de cálculo; tercero
la existencia o no de topes; cuarto, los mecanismos de garantía que se
establecen. Asuntos todos estos que habrá que debatir --y espero que
ustedes los debatan-- en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que
se reunirá en el momento que se establezca. (Rumores.--Risas.)
Además, señor Eguiagaray, quiero decirle una cosa. Como usted muy bien
sabe los recursos de las comunidades autónomas dependen de cómo
evolucione el PIB nominal, y en el supuesto de que el PIB nominal sea el
factor que se decida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para
determinar el crecimiento de la PIE a las comunidades autónomas.
También depende de cómo evolucione el IRPF a lo largo de los próximos
años; y eso no se puede determinar en este momento, señor Eguiagaray,
igual que ustedes no podían determinar en el año 1992 cuál era la
participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado en
los años 1993, 1994, 1995 y 1996, porque no sabían cómo iban a
evolucionar los tributos cedidos, no sabían cómo iba a evolucionar el PIB
nominal no sabían cómo iba a evolucionar el 15 por ciento del IRPF.
Por tanto, seamos serios. Usted ha sido dos veces Ministro del Gobierno y
sabe de lo que estamos hablando. Sabe que estos temas hay que debatirlos
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el debate de los
presupuestos. Ustedes tienen en su programa electoral la
corresponsabilidad fiscal. El Libro Blanco de los expertos, encargado por
su Gobierno, recomienda la corresponsabilidad fiscal utilizando el
instrumento del IRPF, y yo espero que nos entendamos, si ustedes quieren.
Si no quieren, es su particular y personal problema.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El señor
Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¡Señor Hernández-Sito!
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL CONTENIDO DE LOS
PACTOS DEL PARTIDO POPULAR CON CONVERGENCIA I UNIO, PARTIDO NACIONALISTA
VASCO Y COALICION CANARIA RESPECTO DE LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD EN EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMA? (Número de
expediente 180/000011)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de don Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
El señor Rajoy, que tan poca información nos acaba de dar esta tarde,
decía el 8 de septiembre de 1993, a propósito del sistema de financiación
de comunidades autónomas, lo siguiente, señorías: las condiciones
deberían ser que ninguna comunidad salga perjudicada; que se sepa el
gasto que genera; cómo se va a financiar la fórmula; y que se aborde la
nivelación de los servicios mínimos.
Tiene usted, señor Rajoy, una segunda oportunidad al contestarme, si lo
desea, la siguiente pregunta: ¿Cuál es el contenido de los pactos de su
grupo político con Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y
Coalición Canaria respecto a la aplicación del principio de solidaridad
en el nuevo sistema de financiación autonómica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Ministro
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Agradezco al señor Caldera que me cite como argumento de autoridad. No
creo que me lo merezca. En cualquier caso le diré que los acuerdos fijan
los objetivos prioritarios del nuevo sistema, que son dos: la autonomía
financiera mediante el establecimiento de la corresponsabilidad fiscal y
una cesión el 30 por ciento del IRPF, y la solidaridad entre comunidades
autónomas.
Las formas de aplicación de ambos criterios se debatirán, como ya le he
dicho al señor Eguiagaray --y supongo que usted también me habrá oído--,
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, posteriormente, en el
debate presupuestario, donde ya digo que espero su aportación y su apoyo,
o al menos su entendimiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Ministro, efectivamente he
escuchado con atención su respuesta anterior y ésta, pero nosotros
queremos saber. Es difícil que en el campo de los principios podamos
disentir; ahora bien, de los principios a las realidades hay que
establecer los mecanismos concretos de aplicación que las hacen posibles.
En el acuerdo de gobernabilidad que han suscrito con Convergència i Unió
hay que ver cómo se garantiza el principio de solidaridad y yo no lo veo
por ningún sitio. Sin embargo, en el acuerdo que ustedes han firmado con
Coalición Canaria se establece lo siguiente, señor Rajoy: en caso de
perjuicio financiero en el nuevo sistema general de financiación
autonómica, la Comunidad Autónoma de Canarias será compensada con el
rendimiento del extinto ITE, cosa que nos parece muy bien, pero que
parece presuponer la existencia de dudas sobre que algunas comunidades
autónomas, señor Rajoy, puedan no obtener un incremento proporcional y no
discriminatorio sobre el sistema actual. Por eso yo le pregunto, para que
nos aclare, para que nos indique, cuáles van a ser los mecanismos
concretos de aplicación del principio de solidaridad.
En 1993, con un sistema mucho más simple, donde se aplicaba ya ese
principio de solidaridad en el establecimiento de los topes, ¿sabe usted
lo que decía su compañero de Gobierno, el señor Cascos? decía lo
siguiente: que aquel modelo beneficiaba a unos y perjudicaba a otros. Por
tanto, no era neutral. ¿Ahora sí lo va a ser?
Queremos saber, para poder juzgar y opinar con conocimiento de causa, y
queremos que usted nos diga de una vez por todas, y si no seguiremos
insistiendo, cuáles van a ser los mecanismos de aplicación del principio
de solidaridad en el nuevo sistema de financiación de comunidades
autónomas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, llevan ustedes unos días criticando el pacto, pero por lo
que veo sin saber qué es lo que critican. Ahora preguntan y cuando se les
responde y se les dice que esto habrá que debatirlo en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, no saben ustedes qué hay que decir. Voy a
repetirle exactamente lo mismo que le he dicho al señor Eguiagaray.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera habrá que debatir y pactar,
si es posible --repito, debatir y pactar-- lo siguiente. Primero, las
variables que hay que ponderar para la distribución de la PIE, como usted
se supone que sabe. En segundo lugar, los mínimos de garantía. En tercer
lugar, habrá que poner en marcha el artículo 15 de la LOFCA, que, por
cierto, ustedes no lo han puesto en marcha desde el año 1980, y luego
habrá que estudiarlo en el debate de presupuestos. Además en el debate de
presupuestos habrá que ver qué se hace con el Fondo de Compensación
Interterritorial, que ustedes han congelado a lo largo de los últimos
cinco años.
Todas estas cosas y otras muchas habrán de decidirse en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y habrán de decidirse en el debate de los
Presupuestos. Estoy invitando a ustedes en nombre del Gobierno a que se
sumen al pacto y al acuerdo; porque, vuelvo a insistir, están criticando
un pacto sin saber lo que critican y, paradójicamente, están preguntando
por aquello que no saben que es.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE PRECISAR EL GOBIERNO CUANTOS
ALTOS CARGOS EXISTEN EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO? (Número de
expediente 180/000013)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, de don José Luis Rodríguez
Zapatero.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Comprenderá señor Ministro de las Administraciones Públicas que la
pregunta que le formulo no requiere un preámbulo excesivo, puesto que ha
sido objeto de múltiples comentarios en los medios de comunicación, y
porque es tal la distancia que les separa de lo que ha pasado en la
realidad de lo que ustedes dijeron durante tanto tiempo, que me va a
permitir me ciña estrictamente a la pregunta en esta primera
intervención.
¿Puede precisar el Gobierno cuántos altos cargos existen en la
Administración General del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, depende de lo que usted entienda por alto
cargo. (Rumores en los bancos del Grupo Socialista.--Aplausos.) El
concepto como tal no está definido en el ordenamiento jurídico, porque
ustedes no lo han definido desde el año 1982, salvo una breve referencia
en la Ley de Incompatibilidades y en la Ley de Presupuestos. En cualquier
caso, le puedo decir el número de puestos de cada categoría. Un
Presidente del Gobierno. Dos Vicepresidentes con cartera. Doce ministros.
Veinticinco secretarios de Estado. Cincuenta y siete subsecretarios y
secretarios generales. Doscientos cuarenta y cinco directores generales,
incluyendo los gobernadores civiles; 1816 subdirectores generales y
asimilados; 1507 subdirectores generales adjuntos y asimilados y 4626
jefes de área y consejeros técnicos, la mayor parte de ellos cargos de
libre designación. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Ministro, lo ciertamente lamentable es
que usted a estas alturas, después de unos días como Ministro no sepa
quiénes son los altos cargos ni el concepto que está establecido
legalmente, por la doctrina y por lo que debería de ser el sentido
político de lo que es un alto cargo. (Un señor Diputado: ¡Muy
bien!--Rumores). Además, le diré que su propio Gobierno, en el Consejo de
Ministros el pasado día 10 de mayo en la rueda de prensa, su Secretario
de Estado y su Vicepresidente dijeron textualmente: De los 431 altos
cargos, se suprimen 144. ¿Cuál es el concepto de alto cargo que ustedes
tienen, el que acaba de intentar narrar ahora para salvar las bobadas que
dijeron en la legislatura pasada, o lo que dijeron el Consejo de
Ministros y sus portavoces el pasado día diez?
Pues bien, es claro, señorías, que en este tema, como en otros muchos que
seguramente se irán demostrando a lo largo de la legislatura, estamos en
una gran operación de demagogia y de estafa política a la ciudadanía
(Risas.--Rumores.). Ustedes dijeron que había más de 8.000 altos cargos,
en el primer Consejo de Ministros dicen que hay 431, que, por cierto,
tampoco es la cifra exacta, y dicen que suprimen 144, que tampoco han
suprimido 144, sino menos de la mitad. Además dijeron --lo dijo el señor
Aznar y el señor Núñez, mi compañero de circunscripción, en muchas
ocasiones-- que iban a suprimir 5.000 altos cargos. Lo dijeron por activa
y por pasiva. Engañaron a los ciudadanos, y cuando han llegado al Consejo
de Ministros no saben ciertamente cómo responder, y además dijeron...
(Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, ha terminado su tiempo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, yo sé cómo responder, otra cosa es que a usted
no le guste la respuesta, pero eso ya no es mi problema. (Rumores.)
Nosotros vamos a intentar que la definición de alto cargo se produzca en
el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado, que presentaremos brevemente en esta Cámara; en este
momento no está definido en la ley. Es muy interesante lo de la doctrina,
lo que se dice en los periódicos, pero si la ley no define el alto cargo,
no hay un concepto jurídico de alto cargo.
En cualquier caso, voy a comparar magnitudes. Antes le he dado una serie
de datos sobre subdirectores generales, subdirectores generales adjuntos,
jefes de área y consejeros técnicos. En el año 1982 había 2000; ahora hay
8249. Estos son los datos objetivos, y voy a darles algunos datos que
prueban la evolución: en el año 1992 --he cogido un año al azar-- de los
niveles 28 al 30 había 6349 en la Administración, hoy hay 7949, y de
libre designación en el año 1990 había 3137 y hoy hay 4243. Nosotros en
una primera decisión política en
el Consejo de Ministros, que afectaba solamente a la estructura de
directores generales y cargos superiores --contando los asesores que
tenían los ministros--, hemos reducido ese número a un 33 por ciento,
pero a lo largo de los próximos meses haremos una nueva reestructuración
que afectará a los cargos de director general para abajo, así como a los
organismos autónomos y entidades públicas de la Administración. Señores
Diputados, esto es lo que hay. (Risas.--Rumores. Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONFIRMA EL GOBIERNO LAS
DECLARACIONES APARECIDAS EN LA PRENSA SEGUN LAS CUALES EL 85 POR CIENTO
DE LOS ACUERDOS ENTRE EL PARTIDO POPULAR Y COALICION CANARIA SON
SECRETOS? (Número de expediente 180/000015)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula don Antonio Martinón
Cejas.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, después de la firma del llamado pacto de estabilidad
institucional entre el Partido Popular y Coalición Canaria, la prensa en
las Islas se hacía eco de que el 85 por ciento de los acuerdos entre el
Partido Popular y Coalición Canaria eran secretos. Por eso, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Confirma el Gobierno las declaraciones aparecidas en
la prensa según las cuales el 85 por ciento de los acuerdos entre el
Partido Popular y Coalición Canaria son secretos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente. Pues no, señor Martinón, no confirmo esa noticia que ha
aparecido, según dice, en los medios de comunicación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Perdón, señor Presidente, pero no logré oír.
Parece que ha dicho que no, que no hay acuerdos secretos, lo cual está en
la línea razonable y prudente de que los acuerdos sean transparentes,
públicos, conocidos por todos. Sin embargo, ayer mismo, señor Ministro,
se publicaba en la prensa de Canarias el acuerdo entre el Partido Popular
de Canarias y Coalición Canaria por el cual el Partido Popular se integra
en el Gobierno de Canarias, y la prensa refleja que como desarrollo de
aquellos acuerdos secretos un conjunto de competencias del Estado van a
ser transferidas a la Comunidad Autónoma. Parece impensable que este
asunto de las competencias del Estado que van a ser transferidas a la
Comunidad Autónoma, quede recogido en un acuerdo de carácter regional,
por el cual el Partido Popular entra a formar parte del Gobierno de
Canarias.
Creo en su palabra. Confío en que efectivamente no hay acuerdo secreto,
pero desde luego sus socios, quienes con ustedes han firmado un pacto de
estabilidad, sus propios compañeros del Partido Popular en Canarias poco
contribuyen a que las palabras del Gobierno resulten creíbles. Insisto,
le creo, pero me parece que sería bueno para el Gobierno y para España
que lo que diga el Gobierno sea creíble, resulte creíble, y tal como
están las cosas ante buena parte de la ciudadanía resulta poco creíble.
La actuación real que se produce cotidianamente en la prensa de las
Islas, señor Ministro, hace pensar que, efectivamente, hay un acuerdo que
no es conocido por todos y, por tanto, es un acuerdo que algunos llaman
secreto.
Señor Presidente, gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Martinón.
En principio los compromisos del Gobierno, señor Martinón, están
recogidos en un documento que se ha hecho público y que ha firmado el
actual Presidente de Gobierno, el señor Aznar, con el Presidente del
Gobierno canario, señor Hermoso. Esos son los compromisos a los que se ha
llegado entre ambos partidos.
Sin embargo, puedo hacer dos comentarios sobre su intervención. El
acuerdo en virtud del cual el Partido Popular se ha incorporado al
Gobierno de Canarias data de los momentos posteriores a las elecciones
del año 1995. En aquel momento nosotros llegamos a un acuerdo con
Coalición Canaria por virtud del cual apoyábamos al Gobierno de Canarias,
no entrábamos en el Gobierno, pero el Partido Popular se reservaba el
derecho a hacerlo después de las elecciones generales, este derecho lo
hemos ejercido ahora y por eso en este momento el Partido Popular ha
entrado en el Gobierno de Canarias.
El segundo comentario que puedo hacerle, porque a lo mejor le ha generado
a usted alguna duda, es que hay transferencias que iban en el programa
electoral del Partido Popular, y que se derivan de la aplicación del
principio de la administración única, como pueden ser las transferencias
de puertos, las transferencias del
Inem, la modificación de la Ley de Costas, la sustitución de la figura
del Gobernador Civil por subdelegados, que lógicamente se aplican a todas
las comunidades autónomas. A lo mejor alguien entiende que eso forma
parte de un pacto secreto, que ya le digo no existe; el único pacto es el
que se ha publicado en los medios de comunicación, al que se refirió el
Presidente Aznar y el que hicieron público tanto el señor Aznar como el
señor Hermoso.
Por tanto, puede usted estar tranquilo, señor Martinón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR: ¿SE VA A MANTENER AL GENERAL RODRIGUEZ GALINDO COMO ASESOR DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR? (Número de expediente 180/000001)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula la Diputada doña
Begoña Lasagabaster Olazábal.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente.
A la vista de diversas informaciones publicadas en medios de
comunicación, y sobre todo a la vista de las distintas declaraciones
efectuadas por miembros del Gobierno, en algunos casos contradictorias,
me permito solicitar del Ministro del Interior una respuesta clara sobre
la continuación o no del señor Rodríguez Galindo como asesor del
Ministerio del Interior.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señorías,
el Ministro del Interior no ha cesado en sus atribuciones y competencias
a ningún funcionario del departamento del Ministerio del Interior, salvo
los que corresponden a la cúpula y máxima responsabilidad de los
distintos departamentos y en estos momentos se encuentra estudiando el
conjunto de decisiones y elecciones que de modo general afectan a la
organización del Ministerio del Interior, que se irán produciendo en el
momento y en el orden oportunos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Ministro, han transcurrido dos
semanas desde que tomaron posesión de sus cargos los miembros del
Gobierno y parece ser que en dos semanas les ha sido suficiente para
reorganizar toda la Administración, prueba de ello han sido las cifras
exactas que según dice el señor Mariano Rajoy se han realizado de altos
cargos, asesores, etcétera. Por ello sorprende que en esta cuestión, que
no nos podrán negar es de una especial sensibilidad, el Ministro del
Interior todavía no tenga una postura clara de cuál va a ser el trabajo,
la función o la tarea del señor Rodríguez Galindo. Además de
sorprendernos nos preocupa por cuanto no sabemos qué cuestiones subyacen
para que no se clarifique esta cuestión a todos los ciudadanos.
Sabemos que hay que respetar la presunción de inocencia de cualquier
cuidadano. Lo hacemos igualmente con el señor Rodríguez Galindo, pero no
nos negarán que ya no sólo hablamos de sospechas, sino que hablamos de
alguien que está imputado en casos muy graves como la guerra sucia y que
sin ir más lejos irá a declarar mañana. Por ello, y dada la gravedad de
estos asuntos y de los hechos que se le imputan, consideramos que, aunque
sólo fuera cautelarmente, el Ministro del Interior debía estar obligado a
no otorgar o conceder ningún cargo de responsabilidad, fuere el que
fuere, al señor Rodríguez Galindo.
Permítanos, señor Ministro, observar la transparencia que preconiza su
Gobierno en todos los aspectos, incluido éste; porque en esta materia,
que es especialmente importante, no vale todo, sólo vale cumplir con los
principios que establece el Estado de Derecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, en primer
lugar, quiero agradecer el tono de prudencia que ha caracterizado la
intervención de la Diputada de Eusko Alkartasuna, señora Lasagabaster, y
quiero reiterarle que en el Ministerio de Interior, precisamente por
sentido de la prudencia, no se ha tomado ninguna decisión que no haya
sido la renovación en la cúpula del Ministerio de los máximos
responsables de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía;
no ha habido ninguna excepción.
No sé lo que habrá ocurrido en otros ministerios, pero en el Ministerio
de Interior, precisamente por sentido de la prudencia, solamente nos
hemos limitado a la renovación de los altos y máximos responsables.
Insistimos en que el Ministerio de Interior tiene como único y gran
objetivo asegurar y acrecentar la seguridad y la libertad de los
españoles de presente y de futuro; y nadie nos va a desviar de esa
responsabilidad que, sin duda ninguna, caracteriza a este Departamento.
Lo que hay que producir en la Guardia Civil, precisamente,
es un conjunto de decisiones globales que afectan a la Dirección General
de la Guardia Civil, y en ese contexto se procederá a la ubicación
definitiva del General Rodríguez Galindo. Ese destino, insisto, hay que
enmarcarlo en la remodelación del nuevo equipo de la Dirección de la
Guardia Civil, y no tengo más que palabras de respaldo para la prudencia
del Director General de la Guardia Civil ante esta decisión. Si
excepcionalmente, en función de un agravamiento ante una decisión
judicial, hubiera una modificación de la posición del señor Galindo, el
Ministerio de Interior y la Dirección General de la Guardia Civil
adoptarán la medida correspondiente.
Usted pone el acento en la celeridad, el Ministerio de Interior pone el
acento en el sentido común y en la prudencia ante esta situación.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Interior.
--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO (EAJ-PNV), QUE FORMULA
AL GOBIERNO: ¿EN QUE FECHA ESTA PREVISTA LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CORREOS DE SONDIKA (VIZCAYA)? (Número
de expediente 180/000002)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, de don Jon Zabalía Lezamiz.
Tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, ¿en qué fecha está prevista la finalización de
las obras de la oficina de Correos y Telégrafos de Sondika en Vizcaya?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señorías, señor Zabalía, de acuerdo con la información que me
pasan los servicios del Departamento, hacia la última semana de junio
estarán concluidas... (El señor Ministro pronuncia palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, ¿podría aproximarse un poco al
micrófono? Gracias.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): ¿Perdón, señor
Presidente...?
El señor PRESIDENTE: Le ruego que se aproxime al micrófono, porque si no
no se escucha bien en la Cámara. Gracias.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Como decía,
hacia la última semana de junio estarán concluidas las obras. Se han
retrasado, efectivamente, porque ha habido que hacer una serie de
reformados que han supuesto una mayor tardanza en la ejecución de las
obras. Pero a finales del mes de junio, repito, estarán concluidas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, he anotado la fecha que me ha dicho y creo en ella. Lo
que pasa es que llevamos tres años en esta situación. La oficina de
Correos de Sondika fue destruida por un acto terrorista en octubre de
1993, va a hacer tres años en octubre. Desde entonces ha habido una serie
de vicisitudes, pero no entendemos cómo un Gobierno puede no atender a
una situación como ésta en tres años.
Es una oficina que va a ser un local de 280 metros cuadrados y tiene un
presupuesto de 30 millones de pesetas. Tardaron un año en comprar el
local; tardaron ocho meses en presentar el proyecto de obra, cuya
licencia dio el Ayuntamiento en cuatro días; tardaron ocho meses en
comenzar las obras; llevan nueve meses de trabajos, en las que están un
oficial y un albañil. Son unas obras que están continuamente con unas
paradas que no entendemos a qué son debidas. Durante este tiempo hemos
hecho interpelaciones al Gobierno, el grupo parlamentario ha escrito
interesándose por la situación y el propio Ayuntamiento de Sondika
también ha estado continuamente preguntando al Gobierno qué pasaba con
esta situación.
Hay que tener en cuenta que el municipio de Sondika si bien en habitantes
no llega a 4.000, sin embargo tiene un asentamiento industrial y
comercial importante con más de 400 empresas y, además, está enclavado en
el término municipal del aeropuerto de Sondika.
Todo esto está ocasionando una serie de trastornos a los habitantes y a
las propias empresas que tienen que desplazarse a Bilbao, a Zamudio, Asúa
o a otros municipios para poder recoger y hacer la correspondencia.
Llevamos tres años en esta situación. Espero que este nuevo Gobierno y
usted, como dice, cumplan la promesa de que para la primera semana de
junio estén terminadas las obras y, si no, tendremos que volver aquí a
insistir sobre la situación de las mismas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Zabalía, es forzoso reconocer que las obras se han realizado con
excesiva lentitud. Debo decirle, por utilizar las cifras, que el
presupuesto de licitación era de 33 millones y medio de pesetas; el
presupuesto de adjudicación, incluyendo una baja, quedó en 24 millones y
medio de pesetas; el presupuesto del proyecto reformado propuesto
ascendió a 4.700.000 pesetas. Es decir, sobre la adjudicación ha habido
una modificación de casi el 20 por ciento de porcentaje.
Naturalmente, esto no justifica por sí solo el retraso de las obras.
También debo decirle que en el transcurso de la ejecución de las obras y
como consecuencia de la propia explosión están plenamente justificados
esos reformados. Tengo a su disposición la lista de modificaciones que ha
habido que introducir en el proyecto, algunas de una cierta complejidad
técnica, sin perjuicio de reconocer, obviamente, la lentitud de las
obras. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS
CRITERIOS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO EN RELACION A LA POLITICA DE ABONOS EN
EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LOS EXPEDIENTES UNIVERSITARIOS? (Número de
expediente 180/000006)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 de don Carles Campuzano i
Canadés.
Señor Campuzano, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Fomento, como usted sabrá a principios de
este año hubo un importante aumento de las tarifas de cercanías de Renfe
en Barcelona. El resultado de esta subida fue un malestar ciudadano que
en ciudades como Vilanova i la Geltrú y Manresa se concretó en
movilizaciones de estudiantes de las delegaciones que en estas ciudades
tiene la Universidad Politécnica de Cataluña.
El resultado de las movilizaciones de los estudiantes fue que la UPC y
Renfe firmaron un convenio por el cual los estudiantes de Barcelona que
se trasladan a estas ciudades tienen derecho a descuentos. Lo absurdo es
que ciudadanos de esas ciudades que van a Barcelona, a la misma UPC, no
tienen derecho a descuentos.
Otras universidades del Estado, como en Cataluña la Rovira y la Autónoma,
tienen descuentos para estas situaciones. Creo que hasta ahora no ha
habido una política coherente de Renfe en relación a estos colectivos.
A nuestro Grupo y a este Diputado le gustaría conocer cuáles van a ser
los criterios del Gobierno en relación a esta cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor Ministro de Fomento, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señoría, el Ministerio de Fomento hasta ahora no ha llevado a
cabo ninguna acción específica dirigida a subvencionar abonos para los
estudiantes universitarios en el transporte público.
Sí ocurre que las empresas que se dedican al transporte por política
comercial introducen bonificaciones o descuentos en el precio del
transporte para estudiantes universitarios. Esa es una política comercial
seguida en parte por Renfe. Le puedo dar, de acuerdo con la información
que me pasan los servicios del Ministerio, los siguientes datos.
En trenes regionales, la política comercial de Renfe con relación a la
universidad se concreta en acuerdos puntuales con algunas universidades
que tienen, como consecuencia, un descuento mayor que el ordinario
aplicable a empleados, estudiantes y personal docente en los abonos
mensuales.
En los trenes de cercanías existen dos tipos de bonificaciones: la
tarjeta-estudio que se aplica a algunos centros de cercanías --por
ejemplo, en Asturias, Valencia y Sevilla--, que establece la empresa
libre y discrecionalmente donde observa que existe una demanda captable
de viajes para estudiantes y, de otro lado, existen acuerdos con algunas
universidades, concretamente con la Autónoma y la Politécnica de
Barcelona que, en esencia, suponen una subvención de la propia
universidad a los abonos de transporte.
En conclusión, todo lo que afecta a los descuentos para la población
estudiantil universitaria forma parte de la política comercial de Renfe y
de las empresas de transporte, no forma parte de una política de
subvenciones del Departamento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Seguro que el señor Ministro conoce el
artículo 183 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y el
artículo 10 del Real Decreto de 28 de enero de 1994 que permiten al
Gobierno desde el Ministerio de Fomento ordenar la política tarifaria de
Renfe.
La situación de Vilanova y Manresa es muy absurda, puesto que para un
mismo concepto no hay descuentos
o la existencia de una tarjeta estudio, información que desconocía, creo
que ha de obligar al Ministerio, junto con la dirección de Renfe y en el
marco del contrato-programa, a articular una política que sea coherente y
que responda a los mismos principios. De no hacerlo así, creo que se está
produciendo una discriminación en importantes comunidades universitarias
existentes en Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señor Diputado, yo respeto profundamente su opinión. Sin embargo, es mi
criterio que es infinitamente más prudente y más sabio respetar la
autonomía de gestión de Renfe y dejar que en el ejercicio de dicha
autonomía practique la política comercial que estime más pertinente, de
lo contrario estaríamos haciendo un flaco servicio a todos los proyectos
de rentabilidad que, Renfe, en el ejercicio de su autonomía de gestión,
tiene que poner en práctica.
Muchas gracias, señor Diputado. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JULIO PADILLA CARBALLADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SR. MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUE
PLANES TIENE SU MINISTERIO RESPECTO A LAS COMUNICACIONES POR CARRETERA DE
GALICIA CON EL RESTO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000022)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26 de don Julio Padilla Carballada.
Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro de
Fomento, ¿qué planes tiene su Ministerio respecto a las comunicaciones
por carretera de Galicia con el resto de España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, muchas gracias.
Señor Padilla, yo le podría resumir los propósitos del Gobierno en
relación con los accesos a Galicia sobre la base de los siguientes
criterios. Primero, el Gobierno va a realizar el máximo esfuerzo para
concluir, incluso antes de los plazos previstos, los accesos a Galicia,
en su doble vertiente de autovía del Noroeste y autovía de las Rías
Bajas. Segundo, el ajuste presupuestario no va a afectar a las obras y,
por tanto, a la conclusión del proyecto de los accesos a Galicia.
Tercero, se anticipará, en la medida legalmente posible, la licitación y
adjudicación de los tramos que quedan pendientes por licitar y adjudicar
respectivamente. Cuarto, este mes de junio --y es herencia de la gestión
anterior-- se inaugurarán tres tramos: el de Montesalguiero-Baamonde, en
la autovía del Noroeste; el de Batallanes-A Cañiza, en la autovía de las
Rías Bajas y el de A Cañiza-Melón, también en la autovía de las Rías
Bajas.
En conclusión, puedo afirmar lo siguiente. La autovía de las Rías Bajas
puede concluirse a finales del año 1997, salvo en el tramo de Comesaña a
Benavente, que se ha de adjudicar en agosto del presente año y no podrá
concluirse, por razones técnicas, antes de 1998.
En lo que afecta a la autovía del Noroeste, quedará totalmente concluida
en el primer semestre del año 1998, salvo en lo que afecta a los cinco
tramos de Piedrafita que, por exigencias técnicas y por la dificultad de
ejecución de las obras, resulta prácticamente imposible acelerar su
ejecución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro a cualquier miembro de esta Cámara y particularmente a un
Diputado gallego le ha de complacer cuanto S. S. ha anunciado. No se
trata de ningún privilegio para la comunidad gallega.
Los accesos por carretera a Galicia, como bien conoce el señor Ministro,
fueron excluidos del Plan de Carreteras de 1984. Por tanto, estamos
hablando de un elemento esencial del desarrollo equilibrado de España en
su conjunto en las comunicaciones por carretera y, muy particularmente,
de la dotación esencial de comunicaciones por este medio de transporte de
la Comunidad Autónoma gallega. Quiero exhortarle, señor Ministro, para
que esos propósitos que ha anunciado se traduzcan en feliz realidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Agradezco las palabras del señor Diputado. Sabe S. S. que para este
Gobierno la conclusión de los accesos a Galicia constituye una prioridad.
Puedo anunciarle que tengo prevista una reunión con las empresas
constructoras adjudicatarias para pedirles justamente ese esfuerzo
en la aceleración de las obras que están actualmente en ejecución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUE
PLANES TIENE SU MINISTERIO RESPECTO A LA AUTOVIA MADRID-VALENCIA? (Número
de expediente 180/000023)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de don Francisco Enrique Camps
Ortiz.
Señor Camps.
El señor CAMPS ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, incomprensiblemente la tercera capital de España,
Valencia, no está comunicada por autovía con Madrid. Es incomprensible y
fue incomprensible que no entrase en los planes de carretera de los años
80. Creo que es una buena muestra del desdén que ha habido de los
gobiernos socialistas a invertir en la Comunidad Valenciana. La Comunidad
Valenciana es la tercera comunidad en participación del PIB en España y
las tres capitales de la Comunidad Valenciana están comunicadas todavía
hoy sólo por una autopista que es de peaje. Esta autovía es fundamental
para el desarrollo de la Comunidad Valenciana y para el desarrollo de la
economía de toda España.
Por lo tanto, señor Ministro: ¿cuáles son los planes de su Departamento
para terminar definitivamente con lo que entendemos los valencianos como
error histórico en las infraestructuras en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, el Gobierno comparte la valoración que ha hecho de la
comunicación entre la Comunidad Valenciana y la capital de España. Es una
de las autovías que constituye, junto con los accesos a Galicia, una
prioridad de este Gobierno. Por tanto, nuestro propósito es, dentro del
respeto pleno que debemos tener al medio ambiente, concluir las obras en
los plazos previstos.
Es mi propósito, en los próximos días, tratar de encontrar una salida que
no perjudique los plazos actualmente previstos para concluir la autovía.
Creo que es conveniente encontrar una solución dialogada. Voy a poner mi
esfuerzo durante los próximos días para conseguirlo. Mi condición
inamovible es que cualquier solución alternativa no afecte para nada,
repito, a los plazos de ejecución, de tal manera que en el término máximo
de dos años podamos finalmente tener una autovía entre la Comunidad
Valenciana y la capital de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANA ISABEL LEIVA DIEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE LA SEÑORA MINISTRA DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION LAS DECLARACIONES DE LA SEÑORA MINISTRA
DE EDUCACION Y CULTURA SEGUN LAS CUALES «LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN
LUGAR DE DEDICARSE A SEMBRAR Y A HACER BIEN LAS LABORES Y TODO ESO SE
DEDICAN A HACER BIEN LOS PAPELES PARA PERCIBIR BIEN LAS SUBVENCIONES»?
(Número de expediente 180/000016)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la Diputada doña Ana Isabel
Leiva Díez.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: ¿Comparte la señora Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación las declaraciones que realizó en los desayunos de Radio 1,
de Radio Nacional, la Ministra de Cultura y Educación, según las cuales
los agricultores y ganaderos en lugar de dedicarse a sembrar y hacer bien
las labores y todo eso, se dedican bien a hacer los papeles para percibir
bien las subvenciones? (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
Leiva.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señoría, lo que acaba de hacer ha sido formularme una pregunta que usted
sabe es totalmente artificial por cuanto hace referencia a un trozo de
una frase vertida en el ámbito de unas declaraciones que efectuaba la
Ministra de Educación, precisamente sobre su Departamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señora Ministra, no son artificiales. Le recomiendo
que lea la transcripción de la cinta.
En todo caso, no contesta en absoluto a la pregunta, que es si comparte o
no esas declaraciones. A la espera de que me lo diga usted en su
siguiente intervención, quiero decirle que a mi grupo le parece
preocupante que se piense así de unos profesionales sobre los que pivota
un sector fuerte de la economía española, la agricultura y la ganadería;
un sector que, además, es integrante del medio rural fundamentalmente.
Esas declaraciones degradan la profesionalidad de estos agricultores y
cuestionan el esfuerzo realizado en formación por parte de los sindicatos
agrarios, de las cooperativas, de todo el sector agroalimentario español.
Señora Ministra, quiero decirle que tome ejemplo de ellos, de lo bien que
hacen los papeles, y haga las cuentas de su Ministerio porque parece que
tiene que salir fuera para enterarse de lo que tiene. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden silencio!
La señora LEIVA DIEZ: Tengan ustedes más confianza en el país, más
confianza en el sector agrario y más confianza en el buen hacer y la
profesionalidad de nuestros agricultores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Leiva.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señoría, lo que hace falta es mirar con cuidado los libros porque,
efectivamente, en ese Ministerio lo que hay muchas veces son cifras que
ocultan realidades que no son ciertas. Me refiero precisamente a los
Presupuestos. Ya he dicho que lo que hay son agujeros e insuficiencias
presupuestarias, que lo que hay --para qué lo vamos a hacer-- es falta de
transparencia que se ha llevado durante mucho tiempo en ese Ministerio.
Si a lo que se refiere S. S. es a la preocupación en cuanto a ganaderos y
a agricultores, le voy a decir que coincido plenamente con su señoría. Yo
estoy francamente preocupada por la suerte de esos agricultores y
ganaderos y, además, es mi objetivo conseguir el máximo apoyo, la máxima
ayuda no sólo aquí, en España, no sólo en la coordinación con todas las
comunidades autónomas, sino también fuera, en Bruselas y de ahí obtener
las múltiples ayudas y apoyos que hay que conseguir.
Coincido con usted en que se trata de un sector estratégico a la hora de
garantizar al menos la cobertura de una parte de nuestra alimentación y
estamos viendo los problemas que la alimentación puede plantear en un
momento dado. Estratégico porque, desde el punto de vista económico, la
agricultura y la ganadería no sólo representan el 4 y pico por ciento del
PIB sino que hay que añadir toda la industria agrotransformadora, y ahí
ya estamos hablando de cifras que superan el 14 o el 15 por ciento del
PIB; estratégico porque agricultores y ganaderos son la base del mundo
rural, y el mundo rural es mucho más que una cuestión económica, el mundo
rural es algo que tiene que ver con nuestra propia esencia, que tiene que
ver con la cohesión social de un país, que tiene que ver con nuestra
cultura. En ese mundo rural y en ese apoyo a agricultores y a ganaderos,
señoría, coincidiré y, desde luego, estaré encantada de coincidir siempre
con usted y con su grupo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SRA. MINISTRA DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿CUAL ES LA SITUACION REAL QUE TENEMOS
EN NUESTRO PAIS RESPECTO A LA ENFERMEDAD DE LA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME
BOVINA (EEB) O ENFERMEDAD DE LAS «VACAS LOCAS»? (Número de expediente
180/000028) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32 formulada por el
Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco. Señor Hernández-Sito,
tiene S. S. la palabra.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Cuál es la situación real que tenemos en nuestro país respecto a la
enfermedad de las llamadas «vacas locas»? Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Agradezco la ocasión que me brinda para tranquilizar a la opinión pública
española. Como todo el mundo sabe o debiera saber, la encefalopatía
espongiforme bovina, que así se llama la enfermedad de las «vacas locas»,
tiene su origen en la utilización en los piensos para este ganado de
restos de animales, en un primer momento de ovejas contagiadas con lo que
se llama «scrapie», o como vulgarmente se dice en España, las ovejas
modorras, que es así como se las conoce. Eso ha producido algo muy grave,
que es la transmisión interespecies de algo que antes estaba limitado al
ganado ovino y, por otro lado, ha aparecido en la especie humana,
concretamente en Gran Bretaña, una variedad
desconocida hasta ahora de una enfermedad bastante rara pero que se venía
dando antes, que se llama la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero una
variedad que plantea diferencias esenciales, diferencias desde el punto
de vista genético por cuanto no se producen las modificaciones que
plantea la enfermedad clásica, desde el punto de vista de la edad en que
afecta a las víctimas de esa enfermedad, que ha rebajado enormemente la
edad, hasta ahora se veían afectadas nada más que personas de 60 años y
ahora estamos hablando de gente joven; diferencias en cuanto a su
análisis citológico. El escándalo surge cuando en el Parlamento británico
se establece una posible relación entre estas dos enfermedades.
Sin embargo, yo quiero decir que en España podemos estar tranquilos,
primero, porque no ha habido ningún caso ni de «vaca loca» ni de persona
humana afectada por esta enfermedad; segundo, porque no entra dentro de
la costumbre de nuestros ganaderos utilizar piensos en los que se
incorpore harina de origen animal de ningún tipo; tercero, porque, desde
luego, el Gobierno de España y, por supuesto, esta Ministra de
Agricultura antepondrá sistemáticamente la seguridad de la salud de todos
los ciudadanos a cualquier otra opción; es decir, que en ningún caso a un
problema técnico, a un problema científico que tiene que ver con la salud
humana le vamos a dar una solución política. Se la vamos a dar científica
y técnica mirando siempre lo esencial, que es la salud de los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
Señor Hernández-Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la preocupación nuestra, de los ganaderos españoles, es
que en la opinión pública se ha creado una verdadera sensibilidad en
cuanto al consumo de carne de vacuno. La caída del consumo nacional ha
supuesto un 40 por ciento y eso tiene luego una repercusión
importantísima en el sector ganadero. Lo que he dicho a la señora
Ministra es que se haga una campaña, junto con el Ministerio de Sanidad,
para que llegue a todos los sitios y se acabe con la suspicacia que
existe respecto a que la carne de vacuno español puede tener alguna
repercusión en el tema de la salud. Esa es la gran preocupación y lo que
hay que vender a la opinión pública respecto a la sanidad y seguridad de
nuestro ganado.
Estoy completamente convencido, señora Ministra, de que usted va a tomar
una posición fuerte para defender esta cuestión que tanto nos afecta,
porque por primera vez --y no como ha dicho anteriormente una Diputada--
hay una Ministra que en su visita a la Comunidad Europea está haciendo
una defensa mayor que la que han realizado todos los anteriores Ministros
de Agricultura anteriores que han estado allí. (Varios señores Diputados
del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.) Esperamos que usted supere,
lógicamente, la incompetencia del anterior Ministro de Agricultura, que
siento que no esté presente, pero espero que se lo repitan a él cuando le
vean. (Rumores.--El señor Hernández Moltó pronuncia palabras que no se
perciben.) Señor Moltó, yo puedo hablar en esta Cámara de lo que me dé la
gana. Por tanto, en mi intervención defiendo los intereses de España.
Nuestra Ministra, en sólo una semana, ha hecho más en Bruselas que
ustedes en doce años.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Hernandez-Sito.
--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE
OBJETIVOS SE HA MARCADO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA AVANZAR
EN LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, EN RELACION CON AQUELLAS COMUNIDADES
AUTONOMAS QUE NO TIENEN ASUMIDA LA GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000024)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de don César Villalón Rico.
Señor Villalón Rico.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Como muy bien sabe el señor Ministro de Sanidad, en el pacto autonómico,
firmado en el año 1992 entre el Gobierno y el Partido Popular para las
comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución, no estaba
previsto las transferencias en materia sanitaria. Pero desde hace algún
tiempo han sido varios los gobiernos de estas comunidades autónomas que
han solicitado las transferencias de competencias sanitarias.
Por otra parte, en una de sus primeras declaraciones como Ministro de
Sanidad, usted se ha referido a las posibles modificaciones en el
funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
para que sea más ágil y tenga mayor capacidad de decisión. Es por esto
por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos se ha marcado
el Ministerio de Sanidad y Consumo para avanzar en la transferencia de
competencias en relación con aquellas comunidades
autónomas que no tienen asumida la gestión de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Agradezco mucho la oportunidad que se me da para expresar en nombre del
Gobierno la voluntad de transferir también los servicios sanitarios que
ahora mismo presta el Insalud a las comunidades autónomas. El horizonte
temporal con el que trabajamos en orden a esta transferencia es que pueda
tener lugar a finales de esta legislatura o a principios de la próxima.
Entretanto, nos vamos a dedicar a hacer todo lo posible por que la
transferencia se produzca en las mejores condiciones, y los servicios
sanitarios que reciban las comunidades autónomas que todavía no ejercen
estas competencias se transfieran también en las mejores condiciones.
Para eso vamos a trabajar en distintas direcciones. En primer lugar,
trataremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el
funcionamiento de estos servicios sea el mejor posible para corregir las
deficiencias y las insuficiencias que encontremos en los servicios
sanitarios de todas y cada una de esas comunidades autonomas. En segundo
lugar, vamos a tratar de evitar inconvenientes que se produjeron en
transferencias anteriores.
Fue muy frecuente que al recibir una comunidad autónoma estas
transferencias se encontrara con déficit de información, con déficit
organizativos, con descoordinación entre lo que venía haciendo la propia
comunidad autónoma y lo que hacía el Insalud en su territorio.
Nosotros vamos a intentar crear unos servicios regionales del Insalud en
colaboración con las comunidades autónomas, en coordinación con ellas,
para crear la base de lo que vaya a ser después la administración
regional de esos servicios sanitarios y que en el momento de la
transferencia prácticamente no haya que hacer más que sustituir las
personas directivas de esa Organización por las que merezcan, en cada
caso, la confianza de la comunidad autónoma correspondiente, pero que los
servicios básicos del Insalud estén constituidos y sean la base de la
futura administración sanitaria regional, con lo cual pensamos que estas
competencias se podrán ejercer después en muchas mejores condiciones.
Entre tanto vamos a trabajar en esa dirección y lo vamos a hacer en la
mayor coordinación con las comunidades autónomas, porque estos pasos los
queremos ir dando con el mayor acuerdo posible con aquellas
administraciones que, en su momento, se van a hacer cargo de estas
responsabilidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE POLITICA VA A SEGUIR EL MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO EN CUANTO AL CONTROL DE LA INFECCION POR VIH? (Número
de expediente 180/000025)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de don Feliciano Blázquez
Sánchez. Le sustituye el señor Villalón. Tiene la palabra.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad, recientemente se ha celebrado en Santiago de
Compostela la Tercera Reunión Nacional de la Sociedad Española
Interdisciplinaria del Sida, donde se abordaron las nuevas perspectivas
en el tratamiento global de la infección en base a la combinación de
fármacos. En esta reunión, el profesor Nájera expresó la necesidad de
intensificar los programas preventivos y potenciar el apoyo psicológico y
moral a los enfermos.
En la misma línea, desde la Comisión de Desarrollo del Parlamento
Europeo, se ha subrayado la necesidad de intensificar la investigación
pública de vacunas y las medidas de prevención y tratamiento del sida,
así como establecer campañas de sensibilización e información sobre esta
enfermedad.
Por todo esto, le formulo al señor Ministro la siguiente pregunta: ¿Qué
política va a seguir el Ministerio de Sanidad y Consumo en cuanto al
control de la infección por el virus del sida?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Gracias también, señor Villalón, por darme la oportunidad de reafirmar,
también en esta materia, el propósito del Gobierno y del Ministerio de
Sanidad y Consumo de seguir prestando a este problema, de tan graves
trascendencias sanitarias y sociales, toda la atención que merece.
El arma fundamental que tenemos para luchar contra esta enfermedad, sin
perjuicio de la utilización de todos los medios asistenciales
técnicamente disponibles para acudir en ayuda de los que ya padecen esta
enfermedad, es utilizar todos los medios posibles para su prevención. Es
una enfermedad que se puede prevenir, por lo que tenemos que poner ahí
todo el énfasis que la cuestión necesita y merece. Lo que se sabe es que
aquellos países que realmente han tomado en serio las políticas
preventivas contra esta enfermedad,
como los países del norte de Europa fundamentalmente, son los que están
consiguiendo resultados más alentadores en la lucha contra este problema.
Por lo tanto, vamos a redoblar los esfuerzos que estamos haciendo para
conseguir entre todos --y para eso es imprescindible la colaboración de
todas las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia y
de toda la sociedad-- que ninguna medida preventiva se deje de utilizar
para combatir esta enfermedad e impedir su progreso.
Con independencia de eso, apoyaremos todas las iniciativas de
investigación y asistenciales que tiendan a mejorar las condiciones de
salud y la calidad de vida de las personas que desgraciadamente padecen
ya esta enfermedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ministro.
--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿SE VA A MANTENER LA ORGANIZACION NACIONAL
DE TRASPLANTES? (Número de expediente 180/000026)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, de doña Blanca Fernández-Capel
Baños.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Señor Presidente, señor Ministro, la
Organización Nacional de Trasplantes, que tiene como objetivo facilitar
la coordinación de los trasplantes de órganos y también la utilización de
los más variados tejidos con los avances de las técnicas de
criogenización, constituye un pilar básico en la estructura de nuestro
Sistema Nacional de Salud.
Además, España, nuestro pueblo, tiene el orgullo de ser un ejemplo de
generosidad en el número de donantes y en la capacidad de los
especialistas que administran estos tejidos y estos órganos. Por ello es
importante promover desde los poderes públicos esta generosidad en las
donaciones y la correcta utilización y organización y los que nos
dedicamos a este mundo de la salud creemos que esto es fundamental.
Por todo ello le pregunto, señor Ministro, si se va a mantener la
Organización Nacional de Trasplantes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Podemos estar orgullosos de muchas de las realizaciones de nuestro
Sistema Nacional de Salud que, además de sus innegables conquistas en el
terreno de la equidad, ha conseguido en muchas facetas de su actividad
excelentes niveles técnicos que le hacen comparable con los sistemas
sanitarios más adelantados de Europa y de los países con los que nos
podemos comparar a estos efectos. Efectivamente, uno de los campos en
donde podemos decir que en España se habían alcanzado niveles muy
satisfactorios es en éste de los trasplantes. Algún dato lo puede
evidenciar más que cualquier otra palabra.
En 1995 España alcanzó 27 donaciones por millón de habitantes, un índice
que es prácticamente el doble de la media europea, que en ese año fue de
14 por millón de habitantes, y superior al de Estados Unidos, país que
tuvo un índice de donación de 20 por millón de habitantes. Así pues, no
tendría ningún sentido que la Organización Nacional de Trasplantes, que
ha servido a la política sanitaria, que ha permitido este nivel tan
satisfactorio de actividad sanitaria, pudiera desaparecer o viera
comprometido su papel dentro del conjunto de lo que es la política
sanitaria en relación con los trasplantes.
Yo procedo de una comunidad autónoma en donde he podido conocer el
altísimo nivel que tiene la actividad trasplantadora que se realiza en
España, lo bien que funciona el sistema y nada más lejos de nuestro ánimo
que tratar de cambiar una cosa que funciona bien. Como corresponde a un
gobierno reformista, trataremos de aprovechar todo lo bueno que recibimos
para mejorarlo, pero de ninguna manera destruir algo que funciona bien,
como es esta Organización Nacional de Trasplantes, que procuraremos
potenciar para que pueda seguir desempeñando las funciones que hasta
ahora venía haciendo, mejorarlas si cabe y que España pueda seguir
manteniendo en esta materia el altísimo nivel que tiene.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Fernández-Capel.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Le felicito por la sabia decisión y como
científico me felicito también.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y
CONSUMO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN EL
TEMA DE LA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA, CONOCIDA COMUNMENTE COMO
ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS? (Número de expediente 180/000027)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, de don Tomás Burgos Gallego, que
tiene la palabra.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esta Cámara ha sido hoy testigo de la preocupación que en
los consumidores, en los ciudadanos y en las instancias políticas ha
causado la llamada enfermedad de las vacas locas. La coincidencia de la
crisis de la enfermedad en Gran Bretaña con la gestión de un gobierno en
funciones en nuestro país no ha contribuido, por lo visto, a que los
consumidores hayan recibido las plenas garantías de que la carne de
vacuno que consumen es apta y libre de cualquier problema. Digo esto
porque, como ya se ha puesto de manifiesto, los ciudadanos han reflejado
últimamente en sus hábitos y pautas de consumo esa preocupación y el
consumo de carne ha disminuido notablemente, incluso en zonas de España
donde existía la plena seguridad de que la carne para el consumo era y es
de procedencia cien por cien española.
Este, señor Ministro, es un inmejorable foro para que usted transmita
tranquilidad, seguridad y confianza en la calidad de la carne que comemos
los españoles y por su procedencia, en las medidas para prevenir
cualquier anomalía que pueda poner en peligro la salud pública, en el
buen funcionamiento de los mecanismos de control sanitario y en la
información suficiente y adecuada para la población. La repercusión de
sus palabras puede y debe tener un efecto positivo en la confianza de los
consumidores españoles.
Por otra parte, como responsables políticos que somos, creemos que éste
es un buen momento para reiterar el respaldo a los productos españoles en
esta tesitura --carne española de calidad, impecablemente respetuosa con
los condicionantes sanitarios-- y al buen funcionamiento, aunque siempre
mejorable, de nuestros servicios de inspección y control sanitario.
Por todo ello, señor Ministro, ¿cuál es la posición del Ministerio de
Sanidad y Consumo en el tema de la encefalopatía espongiforme bovina,
conocida comúnmente como enfermedad de las vacas locas? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Yo también celebro que se me dé oportunidad de expresar, por nuestra
parte, la misma opinión que anticipó en esta materia la Ministra de
Agricultura. No se conoce en España ningún caso de esta enfermedad ni de
este problema. Están tomadas todas las medidas, por la Administración
central y las comunidades autónomas, para evitar cualquier riesgo en
relación con esta cuestión. Y puedo decir más. La posición del Gobierno
español en la reunión del Consejo de Ministros de Salud que se celebró
recientemente en Bruselas, fue inequívoca en esta cuestión y coincidía,
además, con la posición absolutamente mayoritaria del conjunto de los
ministros de Salud de la Unión Europea.
El primer principio que debe inspirar cualquier acción política en
relación con esta cuestión es la de la seguridad de la salud de los
ciudadanos. Ninguna otra consideración puede prevalecer sobre ésta, y
éste es un valor supremo que los gobiernos deben defender en todas las
instituciones. En segundo lugar, otro principio que quedó meridianamente
expuesto por la delegación española, y que coincide con la posición común
de la Unión Europea, es lo que llamamos allí el principio de precaución.
Es decir que en caso de duda racional sobre el menor riesgo que pueda
existir en esta materia para la salud de los ciudadanos, debe prevalecer
el principio de seguridad de la salud sobre cualquier otra consideración.
Y a falta de evidencias científicas que aconsejen modificar los criterios
establecidos, fuimos partidarios de que se mantuvieran todas las
restricciones adoptadas por la Unión Europea en relación con los
productos procedentes del Reino Unido, para garantizar y preservar por
encima de todo la salud de los ciudadanos. Es más. Puedo decir que la
posición española mantenida en esa reunión sirvió de base a los acuerdos
que tomó el Consejo de Ministros de la Comunidad en esa misma reunión, en
la línea de lo que acabo de decir y en la búsqueda de órganos con
autoridad científica suficiente para poder avalar las posiciones
científicas que sirvan de base a las decisiones comunitarias, de acuerdo
con estos principios que he señalado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE YA ELABORADO EL GOBIERNO EL
«PLAN ESTRATEGICO DE PRIVATIZACIONES» AL QUE SE REFIRIO EL SEÑOR AZNAR EN
EL RECIENTE DEBATE DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000012)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula el Diputado don Juan
Pedro Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Al darle la bienvenida al señor Ministro en su primera intervención
parlamentaria y desearle toda la suerte que no ha tenido en sus
desafortunados inicios gubernamentales, me veo obligado a hacerle la
siguiente pregunta: ¿Tiene ya elaborado el Gobierno el plan estratégico
de privatizaciones al que se refirió el señor Aznar en el reciente debate
de investidura?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Muchas gracias también a S. S. por sus deseos de suerte en mi cometido.
Se lo agradezco. Lamento no compartir el segundo comentario que ha hecho
en cuanto a lo desafortunado de mis inicios. Yo creo que, más bien, lo
desafortunado ha estado en determinadas interpretaciones que se han hecho
de algunos de mis planteamientos. Pero paso a responder rápidamente a su
pregunta. Lamentablemente, tengo que responderle que todavía no. Usted
sabe que es un tema complejo, que es un tema difícil y que tiene
diferentes ámbitos de reflexión: el conceptual, el concreto respecto a
cada una de las empresas objeto de atención y también el metodológico.
Tenemos que buscar unos objetivos que hagan que esto merezca una
reflexión un poco más amplia, pero que no va a ser obstáculo para que
cuanto antes podamos discutirlo en concreto y, desde luego en esta
Cámara, con el mayor detalle posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Ministro.
Yo me alegro realmente de que sea así y, además, está dentro del margen
de la confianza que a un Gobierno hay que tenerle en sus primeros días,
máxime por lo casi incomprensible de la evolución de la teoría de
privatizaciones que el Gobierno ha venido teniendo en las últimas
semanas, desde aquel 3 de mayo en el que el señor Aznar hablaba de la
existencia de razones económicas y sociales que aconsejaban la presencia
del Estado en determinados sectores económicos, que dio como resultado
una entrevista a bombo y platillo, una semana después, del Ministro
Piqué, en la que, con una cierta ansiedad privatizadora, anunciaba que
iban a privatizar todas las empresas públicas en esta legislatura; que en
esa misma fecha, en otro ámbito normalmente bien informado del mundo que
usted representa, como el diario El Mundo, hablaba de la necesidad de
revisar a la baja algunas aportaciones del Estado en las empresas
públicas; en el que al día siguiente, 11 de mayo, se hablaba de un
tormenta política en el programa privatizador de Piqué y el portavoz
parlamentario del PP corregía al propio Ministro y en el que la Alcaldesa
de Cádiz, la Diputada Teófila Martínez, le desautorizaba públicamente al
decir que las factorías gaditanas de Astilleros seguirán en manos
públicas quiera o no quiera el señor Piqué, y todo ello hasta su
intervención de ayer en que confiaba, y, como diría un taurino, si el
tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad competente, en ir usted
haciendo la faena.
Convendrá usted conmigo en que la verdad es que la evolución del problema
causa una cierta consternación, y ello es lo que nos lleva a invitarle,
señor Piqué, a tener prudencia en estas cosas. No cree usted alarma
social; estudie algo más el asunto; no desconcierte al mundo del trabajo
y al mundo financiero y no se deje influir por tantas llamadas como
tendrá desde tantos ámbitos: Moncloa, Generalitat, etcétera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó, por sus consejos. Se los agradezco, aunque creo
que, en la mayoría de los casos, no me son de aplicación.
Yo me atrevería, en justa correspondencia, a darle otro consejo: no se
deje usted llevar sólo por determinados titulares de prensa que, por
razones obvias, simplifican los mensajes y suelen perder los matices. Si
usted se lee detenidamente algunas de las entrevistas a las que ha hecho
referencia, verá que no hay grandes diferencias entre lo que se ha dicho
en unos momentos determinados y lo que se ha dicho posteriormente. Yo
creo que simplificar, buscar aquellos elementos que puedan ser más
inmediatamente criticables sobre la base de no tener en cuenta la
complejidad de las cosas, no es el mejor método para hacer las cosas
bien.
Yo pienso que usted y yo compartimos esa manera de ver las cosas y esa
forma de aproximarnos a los problemas. Esté seguro de que yo lo voy a
hacer también así.
Le agradezco y voy a tomar en consideración una parte de su consejo:
procuraré que, cuando se simplifiquen mis mensajes, se simplifiquen de
forma más adecuada que la que hasta ahora es mi experiencia.
No se preocupe, haremos las cosas bien.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Industria.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE CUALES VAN A SER LOS EFECTOS DERIVADOS EN LA ECONOMIA
ESPAÑOLA DE LA REORDENACION DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL Y DE LA
APLICACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE PRIVATIZACIONES (Número de expediente
172/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Punto VI:
Interpelaciones urgentes al Gobierno. Interpelación del Grupo
Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre cuáles van a ser los
efectos derivados en la economía española de la reordenación del sector
público empresarial y de la aplicación del plan estratégico de
privatizaciones.
Para la defensa de la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia del señor Presidente.
Señorías, aprovecho esta primera ocasión para felicitar al Gobierno
entrante, deseándole, como corresponde, suerte, así como al resto de
Diputadas y Diputados que han accedido a esta representación popular. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señor Piqué, en pocos días, empezamos a conocer el auténtico rostro de la
política del Partido Popular. Aparece sobre la escena política un
auténtico aluvión de declaraciones y un cierto precipitado liberal tras
una legislatura y una campaña electoral ambigua, perfectamente calculada,
y tras una oposición al PSOE desde todos los puntos de vista, como es
lógico y legítimo, y desde todos los ámbitos, incluido el ámbito de la
calle, donde, como ya se ha citado aquí, doña Teófila Martínez, Alcaldesa
de Cádiz, ha estado al frente de las movilizaciones frente al anterior
intento privatizador del PSOE con respecto a los astilleros de Cádiz.
Acaban ustedes, señor Piqué, de acceder al Gobierno, y no nos conceden a
la izquierda real ni siquiera cien días de tranquilidad. Por tanto, es
lógico que no esperen de nosotros que podamos observar ese margen de cien
días de cortesía, de espera, con respecto a sus auténticas intenciones.
Han aterrizado bruscamente. En primer lugar, la matriz de fondo estaba
clara --eso sí he de reconocerlo desde el principio-- en la idea de que
la convergencia nominal con Europa --relojes sí, relojes no-- explica el
cuerpo central de su política económica. El señor Rato, tras un titubeo
inicial, ha dicho «relojes a punto, caiga quien caiga», y que todo está
supeditado a esta convergencia nominal en las fechas previstas, incluso
supeditadas las iniciativas públicas más rentables a corto plazo.
En segundo lugar, ustedes mantienen la idea de la reducción del déficit
público como criterio nominal estrella, y a partir de aquí usted ha
desgranado sus propuestas, bastante provocadoras por la rapidez, bastante
preocupantes, no sólo entre nuestras filas, sino fundamentalmente entre
las filas de los trabajadores o con respecto a ciertos cargos públicos de
ustedes que hace poquísimo tiempo salieron a la calle en ciertas ciudades
a defender el sector público, en función de lo que éste significa a nivel
del equilibrio territorial.
Ustedes anuncian de inmediato un plan estratégico de privatizaciones para
acabar con todas las empresas públicas rentables en esta legislatura, y
en segundo lugar anuncian --usted, y el señor Rato un par de veces-- que
también habrá un plan especial para reducir las aportaciones del Estado a
aquellas empresas públicas no rentables.
Señor Piqué, junto a cosas presuntamente positivas, anuncian ustedes
cosas bastante negativas desde nuestro punto de vista. Ustedes anuncian
cosas positivas, sin duda, como el recorte de ochenta directores
generales, pero todo lo positivo que anuncian es simbólico y todo lo
negativo que anuncian es profundamente real y tiene consecuencias
sociales y territoriales, y lo más sorprendente para nosotros, y al mismo
tiempo --también hay que decirlo-- esclarecedor, es que se anuncia un
plan de privatizaciones profundo, urgente --se habla del horizonte de una
legislatura--, sin tener en cuenta los ritmos de mercado. ¿Van a vender
ustedes sin tener en cuenta los ritmos de mercado? ¿A qué precio? Se nos
anuncia esto sin anunciar de ninguna manera un plan de industrialización.
Esto es lo sorprendente y lo esclarecedor al mismo tiempo.
No se ha hablado en absoluto de un plan industrial, no conocemos si va a
haber política industrial. Sí conocemos cómo se está organizando el
Ministerio ahora, con la desaparición de la Secretaría de Industria,
parece ser, dispersa en otras direcciones generales, una disminución del
impulso de la política industrial, y no se analiza la relación entre
sector público, tejido industrial y articulación territorial.
¿Se nos viene a decir implícitamente --y dentro de poco quizá también
explícitamente-- que la mejor política industrial es la que no existe y
que la mejor empresa pública es la que se vende? El mensaje indirecto que
se nos está lanzando es éste, desde luego, pero ¿quizá se nos está
preparando de alguna manera para recibir de pronto, súbitamente, cuando
menos corresponda, ese mensaje directo de que, aunque exista Ministerio
de Industria, no hay auténtica política industrial?
Nosotros pensamos, señor Piqué, que la política del PP es un continuismo
radical y acelerado de la política del Partido Socialista Obrero Español
con objetivos muy similares. Quizá cambien algunas cuestiones en la
política de imagen, fundamentalmente cuando ustedes se refieren al tema
de la transparencia. Han dicho ustedes que van a hacer estos procesos con
total transparencia y con participación --no han aclarado mucho más-- de
los agentes sociales.
Yo he de reconocerle que hasta ahora la falta de transparencia ha sido
algo recurrente, algo constante, puesto que se ha marginado de manera
total a este Parlamento en los aproximadamente 40 procesos de
privatización que se han realizado desde el año 1985 a esta parte. Nunca
se han explicitado las razones reales por las que se privatizaba, ni
tampoco se han explicado aquí los objetivos que se pretendían alcanzar,
ni siquiera cuando se aprueba, a finales de 1994, la ley que conocemos
como Ley de Privatizaciones.
Ustedes hacen una opción por la transparencia ¿En qué va a consistir?
¿Hasta dónde llevarán el diálogo?
¿Hasta qué grado de vinculación llevarán el diálogo con los agentes
sociales? ¿Serán oídos o serán también escuchados y, de verdad, tenidos
en cuenta, habida cuenta, valga la redundancia, de las consecuencias
sociales y territoriales que puede tener su plan estratégico urgente de
privatizaciones? ¿Se va, por ejemplo, a cambiar la Ley de Privatizaciones
con algo que ha repetido aquí constantemente el señor Gámir, a lo largo
de la anterior legislatura, tocando el efecto preferente o la versión
francesa del golden share? ¿Se va a tocar esto, puesto que aquí se ha
cuestionado a fondo durante la anterior legislatura? Queremos respuestas
concretas en un debate que dura más tiempo que el anterior que se hizo a
través de una pregunta.
Nosotros pensamos, señor Piqué que todas las privatizaciones, si ustedes
quieren hablar de transparencia, deben pasar a través de este Parlamento
con proyectos de ley específicos, singulares para cada privatización, y
con la creación, cosa que vamos a plantear en la moción consecuencia de
esta interpelación, de una ponencia que siga los procesos de aquellas
empresas que han sido privatizadas en función de lo que marca la Ley de
Privatizaciones y de los acuerdos que puedan haberse adoptado en la
Cámara a lo largo del debate con respecto a cada empresa específicamente
considerada.
En definitiva, tal como están las cosas, señor Piqué, nosotros --y voy a
parafrasear al señor Matutes-- pedimos que se pare el reloj de las
privatizaciones, que se detenga de inmediato. En primer lugar, por una
razón realista, incluso analizada desde su propio punto de vista, porque
ahí está el desliz del señor Matutes, lo que no ha dejado ver. Parece que
para finales de 1997 no estarán todas las naciones que se precisan --unas
cinco-- para poder acceder a la fase siguiente, a la fase del euro. Por
tanto, se está empezando a trabajar, y en muchas declaraciones suyas
aparece hasta que lo corrigió el señor Rato, sobre la idea de que hay una
hipótesis falsa, una idea voluntarista del proceso que va a ocurrir.
En este marco irreal usted plantea, permítame que utilice la expresión,
un destrozo acelerado del sector público empresarial e industrial
español. Pensamos que es un grave error. Si a finales de 1997 alguien
para relojes --Alemania, Francia-- porque no hay cinco países para poder
entrar en la siguiente fase y nosotros hemos destrozado el sector público
industrial y empresarial, ¿no será un tremendo error, señor Piqué,
sabiendo que ustedes no aquí, no ante la Prensa, sino en otros ámbitos
privados, nos dicen que ya es imposible entrar en el núcleo duro de
Maastrich a partir del 1 de enero de 1998?
Por tanto, desde el punto de vista realista, ¿por qué ustedes aceleran
este plan estratégico de privatizaciones? Señor Piqué, por razones de
simple realismo político, hay que parar ese reloj de las privatizaciones,
pero también desde el punto de vista de razones filosóficas, estratégicas
o de mayor calado.
Ustedes, ya lo he dicho antes, continúan un proceso de privatizaciones
que se inició de manera mucho más acelerada a partir de 1985. Proceso que
ha tenido dos etapas fundamentales, la primera hasta 1991 en que se
privatizaba fundamentalmente para reducir las aportaciones a empresas en
crisis. Eran ventas totales a un único comprador y se daba el fenómeno,
como usted conoce perfectamente, de privatizaciones a precio negativo. Y
una segunda etapa, desde 1992 a 1995, en la que se trata de aportar
recursos al Estado, se trata de reducir el déficit público en función de
este motor que ustedes consideran imprescindible para conseguir los
criterios de convergencia nominal de cara a lo que marca el Tratado de la
Unión Europea --aquí están los temas de Argentaria, Telefónica, Repsol--
y ustedes siguen esta línea: déficit, como el gran becerro dorado de su
filosofía, y a partir de ahí privatizar como sea para intentar reducir el
déficit.
En todo caso, su preocupación es financiera, su preocupación es
fundamentalmente presupuestaria y nunca aparece una preocupación
industrialista, de proceso industrial, de creación de tejido industrial.
En todo caso, señor Piqué, la reducción del déficit a través de la venta
de empresas públicas, a través de las privatizaciones, es muy discutible,
esto es absolutamente real.
¿Recuerda usted el año 1994? Se venden empresas y se ingresa dinero, pero
al mismo tiempo, de ese dinero que se ingresa, hay que deducir los
dividendos que tendrían que ingresar de esas empresas que ganan dinero,
sin tener en cuenta que a la vez bajan los tipos de interés, lo que
quiere decir que las privatizaciones con respecto a las bajadas del
déficit público en 1994 no surtieron ningún tipo de efecto. Surtieron
efecto en 1995, y hace poco se publicaban titulares, pero hasta el
titular de El País lo decía muy claro: Por el aumento de las
privatizaciones y la bajada fuerte de las inversiones, baja el déficit
público. Claro, así, cualquiera, pero es una bajada absolutamente
efímera. Además, teniendo en cuenta que el mercado sólo admite una venta
anual de unos 500.000 millones de pesetas en el tramo nacional y que el
tramo internacional está absolutamente saturado y usted tiene prisa...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Teniendo en cuenta lo que le decía, ¿a qué precio se va a privatizar en
función de las tendencias del mercado? Y, cuando todo se haya privatizado
y estemos en el 3 por ciento del déficit, señor Piqué, ¿qué pasará cuando
al año siguiente nos digan desde la Unión Europea que hay que seguir
bajando el déficit, la convergencia permanente, y no tengamos nada que
privatizar? Será absolutamente negativa la operación que ustedes están
realizando. En función de eso, señor Piqué, nosotros pensamos --termino,
señor Presidente-- que el déficit terminaría por resurgir y que, en todo
caso, los objetivos de contención del déficit no terminan nunca en el 3
por ciento, sino
que tienen que seguir bajando, al 2, al 1, al cero por ciento; una
política absolutamente negativa, radical, perfectamente neoliberal desde
su punto de vista, pero desde el nuestro antisocial y que va a tener
graves consecuencias con respecto al patrimonio del Estado, a la
desagregación del territorio y a la estructura laboral de este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
El señor Ministro de Industria tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, señor Alcaraz, yo le agradezco, en primer lugar, la
preocupación que usted manifiesta sobre temas que creo que compartimos
todos en cuanto a inquietud y en cuanto a la necesidad de afrontarlos con
seriedad y con rigor. Obviamente no comparto muchas de las afirmaciones
que usted ha hecho; algunas sí, pero otras no.
Usted ha hecho un poco de historia, y me permitirá que yo también la
haga, respecto al origen de la empresa pública, la evolución que ha
tenido la situación actual --procuraré ser muy breve, porque creo que eso
es suficientemente conocido--, para hacer una serie de reflexiones sobre
la misma y por qué planteamos la política que queremos llevar a cabo.
La empresa pública nace en España a principios de siglo, con una idea
generalizada de crear y proteger lo que se llamaban industrias nacientes
de la competencia internacional y, por tanto, se hace en un marco
completamente distinto al actual, basado en la competitividad
internacional y en la globalización de los mercados. Se crean las
primeras instituciones de banca pública, empresas de transportes,
monopolios de importación y comercialización de productos petrolíferos,
etcétera.
Esta política se ve reforzada tras la guerra civil, durante la dictadura,
como consecuencia de una situación política y social específica y en un
contexto de autarquía económica que caracteriza los años 40 y 50. En este
período se generaliza una idea, que a veces parece que se mantiene a
pesar del cambio político, de que el sector público debe jugar un papel
principal en la industrialización del país. Así nace el hoy extinto
Instituto Nacional de Industria y se nacionalizan empresas como Renfe,
Iberia, la Compañía Telefónica, hoy Telefónica de España.
Durante los años 70 y principios de los 80 el sector público empresarial
además asume nuevas funciones, con una política de nacionalización de
empresas con serias dificultades financieras. Se pone de moda entonces
otro concepto, que veo que se vuelve a utilizar de manera yo creo que
equívoca, en el sentido de hacer de hospital de empresas y pasar a
socializar pérdidas. Eso genera un crecimiento indiscriminado,
heterogéneo e irracional de la estructura sectorial de la empresa pública
en nuestro país que convenía ir corrigiendo.
La entrada de España en la Unión Europa exige hacer ese proceso de
corrección con mucho rigor, con seriedad y con profesionalidad, me
atrevería a decir. Establece un nuevo marco de referencia, de manera que
la mejora en la gestión y la adaptación a un entorno cada vez más
competitivo constituyen los ejes básicos para orientar el sector público
empresarial de nuestro país. Ello es así porque cada vez hay unas
limitaciones crecientes impuestas por la normativa europea, desde el
punto de vista de intervenir y tutelar empresas públicas y desde el punto
de vista de seguir subvencionándolas o financiándolas a través de los
recursos públicos. Las negociaciones en el seno del GATT y en la
Organización Mundial del Comercio ahora creo que ratifican con toda
claridad lo que estoy diciendo.
A partir de ahí se toman unas medidas para reorganizar ese heterogéneo
sector público empresarial a lo largo de los 80 y especialmente a
principios de los 90. Aprovecho para decir que creo se han dado pasos
importantes y positivos en este sentido. En 1981 se decidió segregar del
INI aquellas sociedades mercantiles del sector de la energía, de los
hidrocarburos, y se crea el INH. En 1992 se crea Téneo, S. A., que
permite integrar en una única unidad de gestión una amplio grupo de
empresas muy diversificado, con autonomía financiera, administradas con
criterios empresariales, pero siguen quedando una serie de sociedades y
de sectores sujetos a planes de reestructuración o reconversión, que
operan en actividades que están especialmente reguladas y vigiladas por
la Comunidad Europea y que mantienen su dependencia directa del INI
después y de la Agencia Industrial del Estado posteriormente. Asimismo,
tanto las empresas del grupo Téneo como las participaciones residuales
del antiguo Instituto Nacional de Hidrocarburos se integran bajo una
sociedad tenedora de acciones, que es la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI.
Dejo de hacer historia para decir que en la actualidad, dentro del sector
público empresarial, y en particular estoy hablando del que depende del
Ministerio de Industria, hay dos grandes grupos. Por un lado, están
aquellas sociedades mercantiles sujetas a planes de reestructuración o
reconversión o a regímenes especiales derivados de su especial situación.
Son las que están en la Agencia Industrial del Estado. Se caracterizan
por sus dificultades financieras, por su dependencia, muy importante, de
los Presupuestos Generales del Estado, por lo tanto del gasto público, y
por las pérdidas constantes, en algunos casos muy graves, espectaculares,
incluso por encima de la propia facturación en la mayoría de ellos y en
la mayoría de ejercicios económicos. El otro grupo son las empresas que
hemos llamado de la SEPI, donde están Téneo y las antiguas empresas del
INH. En su mayoría
son empresas viables que pueden ser rentables. En algunos casos todavía
tienen problemas que son suficientemente conocidos, pero que están
gestionadas con criterios empresariales y, por lo tanto, no enchufadas
directamente, si me permite la expresión, a los Presupuestos Generales
del Estado.
A partir de ahí, la estrategia del Gobierno en el ámbito de la empresa
pública quiere responder a una filosofía muy clara que creo que tiene
poco que ver con, si me permite la expresión, la simplificación que usted
ha hecho. Se trata de reducir al máximo la presencia directa del Estado
en los sectores productivos de la economía, pero en la creencia de que
los objetivos que son por todos compartidos de creación de riqueza y
empleo, compatibles con el mantenimiento de la justicia social, pueden
conseguirse con mayor eficacia si se deja la iniciativa a los sectores
más dinámicos e innovadores de la sociedad. Esto no es obstáculo para que
el Estado se reserve un papel fundamental de velar para que el
funcionamiento eficiente de la economía no sea en perjuicio de los
niveles de justicia social que deseamos todos los ciudadanos de este
país.
Debe quedar claro también que es necesaria una estrategia de
racionalización en dos direcciones, aunque el objetivo en ambos casos es
el mismo. Y voy a ser ahora muy rotundo. No se pretende privatizar las
empresas que dan beneficios y socializar las pérdidas de las no
rentables, como de manera muy simplificada se ha podido pensar. Eso se
hizo en su momento. Hoy esto no es deseable porque está claro que
beneficiaría a unos pocos en perjuicio de muchos. Más bien al contrario.
Lo que se pretende es reducir la intervención directa del Estado en ambos
tipos de empresas y en beneficio de toda la sociedad. Eso hace que en lo
que respecta a las empresas viables el Gobierno considera que todas ellas
son susceptibles de ser privatizadas, con unos límites, en algunos casos
por razones de determinados servicios de titularidad pública; existen
otros límites como los que usted ha expuesto en cuanto a la estrategia
óptima de enajenación que pudiera haber en cuanto a la capacidad de
absorción de los mercados financieros. En cualquier caso, creo que sí hay
una cosa que todos podemos compartir, que es la necesidad de simplificar
y racionalizar los gastos asociados a la existencia de muchos holdings y
subholdings que agrupan ese tipo de participaciones y que lo que hacen
es, al final, cargar sobre su capacidad de competir.
En cuanto a las empresas que podríamos llamar no viables o no rentables,
la estrategia del Gobierno yo creo que la podemos compartir en gran
medida. Se trata de desarrollar las medidas necesarias para reducir el
coste que dichas empresas suponen para el Estado y, por tanto --no lo
olvidemos nunca--, para el conjunto de los ciudadanos, a través de las
aportaciones que anualmente se consignan en los presupuestos y que además
vienen limitadas por las exigencias derivadas de nuestra pertenencia a la
Unión Europea. En ningún caso quisiera que se considerara este
planteamiento como un enfoque de pan para hoy y hambre para mañana, que
es otra refencia que usted ha hecho de manera constante; es decir, vamos
a privatizar porque tenemos necesidad de reducir el déficit a corto
plazo, hacer cash, nuestros problemas son de tesorería. Tenemos problemas
de cash y de tesorería, nos los hemos encontrado. Es necesario hacer un
esfuerzo extraordinario para proseguir en la política de reducción del
gasto y del déficit público, pero esa política no pasa por la política de
privatizaciones. Son dos temas completamente distintos. De lo que se
trata es de asegurar el mejor funcionamiento posible de nuestra economía,
tanto en términos de eficiencia productiva como de justicia social, con
el objetivo último --sin duda compartido por usted y por el conjunto de
la sociedad española-- de acabar generando el máximo número de empleos, y
eso sólo es posible desde la competitividad global de nuestra economía en
un contexto internacional y no desde el intervencionismo y una presencia
desmesurada del sector público. Y ahí es donde ponemos nuestro énfasis en
la política industrial. La política industrial basada en la intervención,
en la regulación, en la subvención, ya no es posible ni es eficiente ni
se defiende en ningún lugar del mundo. Es una política industrial que lo
que pretende es crear el marco favorable para que se desarrollen las
empresas y se creen puestos de trabajo. Por tanto, en estos problemas,
que son muy importantes y son muy graves, nada de parar el reloj. Lo que
no haremos será acelerarlo más de la cuenta, pero no podemos parar el
reloj. Hay urgencia en ir afrontando los problemas que nuestra economía y
nuestra sociedad tiene, y éste es el objetivo fundamental del Gobierno en
el ámbito que me corresponde explicar. Obviamente, eso implica
desarrollar una estrategia, y voy terminando, señor Presidente, porque
veo que se me agota el tiempo.
En lo que respecta a las empresas que podemos llamar viables, creo que
debo reiterar que la privatización no responde a motivos recaudatorios.
Lo he dicho con rotundidad y quiero repetirlo ahora. No quiero negar que
la recaudación que se pueda obtener puede resultar extremadamente
beneficiosa para las cuentas públicas. Se pueden barajar diferentes
cifras, diferentes cantidades, aunque en estos momentos sería prematuro
anticipar una. Creo que no está de más en absoluto tener ese tema en
cuenta, pero no es la base fundamental de nuestra actuación. El Gobierno
lo que sí considera es que las profundas transformaciones que han tenido
lugar en el funcionamiento de nuestra economía, derivadas de esa entrada
en la competencia global, en la competencia internacional, justifican un
cambio de orientación profundo, significativo en lo que respecta al
sector público, de tal manera que debemos abandonar progresivamente la
intervención directa en aquellos sectores en los que la iniciativa
privada
estamos seguros que va a resultar más eficiente e innovadora.
En todo caso, el sector público debe pasar a desempeñar un papel de
árbitro o de regulador que garantice las condiciones que favorezcan la
competencia en los mercados y que los agentes económicos se comporten de
la mejor manera, a ser posible, de una manera óptima. Esto tiene,
obviamente, unas consecuencias a nivel productivo, en el sentido de que
se va a traducir en un cambio en el funcionamiento de las empresas más
eficiente y dinámico. En lo que respecta a los consumidores, si hacemos
bien las cosas y acompasamos el proceso de privatización con el proceso
de desregulación y liberalización de los mercados, puede ir también en
beneficio de los consumidores en base a una caída de los costes y de los
precios, con la consiguiente mejora del bienestar de los ciudadanos. Y
también --quizá no sea lo más importante, pero yo tampoco lo echaría en
saco roto-- creemos que de ese proceso de privatizaciones podemos sacar
un subproducto --y me expreso en términos casi industriales-- muy
importante, que es seguir desarrollando el mercado de capitales en
nuestro país, que ustedes saben que se ha caracterizado siempre por su
intervencionismo y su estrechez.
En lo que respecta a las empresas no rentables --y con esto acabo, señor
Presidente--, si no fuéramos corrigiendo su situación económica y
financiera, resultaría al final absolutamente insostenible y con unas
repercusiones para el erario público que nos resultarían costosas y de
unas consecuencias irreversibles para afrontar el reto que España tiene
de cara al siglo XXI en el marco de la Unión Europea. El Gobierno
considera que existe un margen importante para mejorar la gestión. Estoy
seguro que usted comparte también esta idea. Creo que los recursos que el
Estado dedica al mantenimiento de estas empresas pudieran poco a poco y
de manera ordenada ir siendo destinados a proyectos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego que concluya.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Acabo en unos
segundos, señor Presidente. Muchísimas gracias.
Podrían ir destinados a proyectos rentables y, por tanto, aprovechar
mejor el coste de oportunidad.
Quisiera añadir un comentario que sé que es arriesgado, pero que creo que
muchos de ustedes también pueden compartir. Estas empresas crean a nivel
local una dinámica social discutible, porque dan lugar al crecimiento de
una mentalidad industrial, que en sí misma es muy positiva y que nosotros
vemos con agrado, pero no dan lugar a un crecimiento de una mentalidad
emprendedora, de una mentalidad empresarial de creación de proyectos que
al final están en la base del progreso económico.
Por tanto, queremos sentar las bases de un ajuste que permita, a medio
plazo, fundamentar la actividad económica de ciertas zonas geográficas de
nuestro país, en colaboración y con diálogo y negociación con los agentes
sociales y con las comunidades autónomas, para irlas transformando hacia
actividades de futuro, por una parte, y haciendo un esfuerzo para que
toda esa estrategia minimice los costes y tenga el mayor grado posible de
consenso.
Por tanto, en síntesis, privatizar no es sólo vender, sino saber también
cómo se vende, por qué se vende, cómo van a funcionar las empresas
después y teniendo siempre presentes los intereses colectivos, sociales y
territoriales.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Piqué, permítame que le diga que realmente
me acaba de vender la solapa de un libro.
Me ha explicado de manera muy descriptiva y superficial que hay que
reducir costes en aquellas empresas que no son rentables e ir a un cambio
profundo, que no sabemos en qué consiste, ni por qué, ya que no se trata
ni tan siquiera de ir a reducir déficit, en las empresas públicas
rentables. Ha hecho una descripción absolutamente etérea, sin tener en
cuenta la realidad y sin ni siquiera aterrizar en los grados de
transparencia y en qué van a consistir los grados de consenso con los
agentes sociales.
Ha hecho usted una descripción, repito, muy flojita, permítame que se lo
diga, porque además no aterriza. Cuando usted nos está hablando aquí de
que van a reducir gastos y aportaciones, subvenciones con respecto a las
empresas no rentables, usted quizá no recuerde que hay procesos de
negociación cerrados, con programas hasta el año 2000, con los agentes
sociales en los territorios y de cara a la opinión pública. Si ustedes
van a meter aquí la tijera, ¿cómo la van a meter, con qué consenso, a
costa de qué conflicto o confrontación social? Me tiene usted que
explicar ahora aquí si se mantienen o no los compromisos que se han
suscrito de cara al año 2000 en estos territorios que sufrirían un
proceso gravísimo de desarticulación territorial y social: Galicia,
Asturias, Andalucía, donde Astilleros y Hunosa, por ejemplo, no son
simples empresas que puedan cerrar de tal sector, es que son auténticas
cuestiones de Estado en función de la integración territorial que se ha
venido produciendo en base a estos acuerdos concretísimos.
¿Usted, por tanto, no mantiene, señor Piqué los acuerdos suscritos hasta
ahora después de muchísimas luchas, algunas de ellas encabezadas por
alcaldesas del Partido Popular, en Cádiz o Sevilla, o por miembros del
Partido Popular en otras comunidades autónomas? Primera pregunta, ¿no
mantienen ustedes eso de cara a las empresas no rentables? No me vuelva
a leer la contrasolapa del libro. Le hago una pregunta muy concreta.
De aquí al año 2000 ustedes han firmado que hay que aportar
aproximadamente un billón de pesetas a estas empresas no rentables en
función de compromisos sociales y territoriales, porque usted habla de la
empresa pública tan en abstracto que nunca la liga a problemas concretos,
directos, tangibles. No sabemos cuál es la profundidad a la que usted se
refiere para cambiar la estructura del sector público industrial español,
pero usted ha hecho referencia a ella. Le ruego que me la explique.
Porque se vienen pagando unos 50.000 millones de pesetas a Hunosa al cabo
del año. ¿Esto va a cambiar o no, señor Piqué? Segunda pregunta
concretísima.
En segundo lugar, al resto de las empresas no se les pagan subvenciones
directas, se les está simplemente subsidiando vía ICO, se están pagando
gastos financieros sobre el endeudamiento. ¿Esto también va a cambiar,
señor Piqué, con respecto a las empresas no rentables, sin tener en
cuenta que hemos superado conflictos sociales de hondo calado en función
de estos acuerdos suscritos, en algunos casos hace poquísimas semanas.
Contésteme, señor Piqué, porque si no la preocupación se va a ir
extendiendo; ya ha surgido de manera muy fuerte en Cádiz, en Sevilla, en
otros sectores. De pronto, también usted ha tirado de las siglas de CASA,
y no sabemos exactamente en qué va a consistir eso que usted lanzó con
muchísima rotundidad de un plan urgente estratégico de privatizaciones.
Señor Piqué, una nueva pregunta concreta. ¿Cuándo va a presentar usted
aquí --porque, hasta ahora, si no lo ha enunciado quiere decir que no han
empezado a estudiarlo-- un plan industrial para este país? Es decir, si
van a tener o no política industrial. En segundo lugar, qué opina usted,
de una manera más concreta, del sector público industrial en el aspecto
que usted también ha citado de las empresas rentables, de las que
producen beneficios. ¿A qué velocidad intenta usted privatizarlas y con
qué consenso parlamentario y social?
Si hacemos caso de sus declaraciones, usted no va a tener en cuenta ni la
velocidad del mercado. Va usted a vender por encima de la demanda del
mercado, de los 500.000 millones de pesetas-año, teniendo en cuenta que
el tramo internacional está absolutamente bombardeado, fundamentalmente
en este año o a partir de ahora. ¿A qué velocidad va usted a vender?
Usted me ha despistado. Ha cogido a la vez la filosofía del primer tramo
de las privatizaciones, quitar dinero de las aportaciones a empresas no
rentables --estoy hablando de la política del PSOE entre 1985 y 1995--, y
la filosofía del segundo tramo, es decir, que no se trata de ir quitando
peso al déficit, ir bajando el déficit, sino que, aparte de que ha citado
usted esto muy de pasada, como si no fuese el origen de su filosofía,
esto está también ahí, pero se trata de otras cosas que no ha aclarado.
Ha hablado del mercado de capitales, de la influencia a partir de las
privatizaciones que ustedes piensan hacer. ¿Me podría aclarar en qué
consiste esto exactamente? Ni una sola vez --me ha extrañado-- ha
pronunciado en su discurso la palabra Maastricht. Por tanto, las
privatizaciones, a pesar de las declaraciones del señor Rato o de otros
insignes portavoces del Partido Popular, ¿no tienen nada que ver con ese
criterio estrella de la reducción del déficit de cara a la entrada en la
primera velocidad, antes del 1.º de enero de 1998, señor Piqué? Repito
que su intervención no aterriza, no concreta absolutamente nada. Lo único
que sacamos de aquí, al menos yo, es que reducen gastos en empresas no
rentables; si esto es así, rompen ustedes los acuerdos suscritos. Es
decir, de ese billón de pesetas que hay que aportar de aquí al año 2000
ustedes van a meter la tijera no sabemos en qué grado.
En segundo lugar, no sabemos con qué velocidad y transparencia se van
ustedes a dedicar a privatizar el resto de las empresas rentables para no
sabemos qué impacto positivo en el seno del mercado de capitales. Señor
Piqué, eso hay que aclararlo, porque se puede ser muy valiente en los
titulares, tal como se está haciendo en estos momentos, creando
indudables preocupaciones en ciertos territorios o sectores laborales,
pero cuando llega la hora de la verdad no se concreta absolutamente nada.
En todo caso, eso sí, usted se ha agarrado de manera flagrante, muy
clara, a toda la ideología del thatcherismo: mucho menos Estado, que
desaparezca, prácticamente, el sector público estatal, y el mercado debe
regirlo todo o casi todo. Usted ha sido aquí un poco más...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego que concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Usted ha sido aquí un poco más flexible que en ciertas declaraciones,
porque a partir de ahí incluso tendremos que cambiar lo que viene en la
Constitución con respecto a la actuación del sector público, de cara a
corregir los efectos del mercado, que no es perfecto. Usted tampoco asume
de lleno, repito, aunque lo anuncia, la ideología thatcheriana, que es la
que a mi juicio prevalece en ese lanzamiento que usted hizo, acto
contiguo de tomar posesión como Ministro, de que lo iba a privatizar
absolutamente todo en esta legislatura.
Nosotros le vamos a solicitar, señor Piqué, en la moción --termino, señor
Presidente--, que paren el reloj de las privatizaciones, por lo mismo que
dijo el señor Matutes, porque nos hemos puesto un horizonte que no es
real. En segundo lugar, que hace falta un estatuto de la empresa pública
cuanto antes y un plan de privatizaciones. Queremos saber cuál es su
política industrial, si es que existe; hasta ahora no existe, ni siquiera
en declaraciones. Queremos que se llegue a un grado concreto de
transparencia, que este Parlamento apruebe los procesos de privatización,
uno por uno, en primer lugar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, no
parece que vaya a terminar. Le rogaría que lo hiciese.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
En segundo lugar, pedimos que se constituya una ponencia para que siga
los procesos posteriores a la privatización.
Son cosas concretísimas, preguntas concretas que le hago con la esperanza
de que usted me conteste para intentar iniciar un proceso que quite
preocupación y tensión de alguna manera a la situación que se ha creado a
partir de las declaraciones que usted ha hecho hasta este momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
Presidente.
Voy a ser muy breve, aunque la experiencia y la brillantez parlamentaria
del señor Alcaraz me han hecho sentir un cierto agobio, porque casi me ha
pedido que defina en cinco minutos todo un programa de legislatura.
Probablemente, si hubiera sido más concreto, me estaría diciendo: cómo es
posible que usted en quince días ya sepa exactamente lo que va a hacer y,
además, en concreto para cada una de las empresas y cada uno de los
contratos-programa.
Creo que tenemos que partir de una diferencia sustancial. Yo creo en la
economía de mercado y en la bondad de sus mecanismos y, por tanto,
discrepo de eso que usted ha intentado decir al final en el sentido de
que incluso podríamos ir contra la Constitución cuando para corregir los
defectos del mercado --que yo que soy profesor de teoría económica,
aunque en excedencia, sé que existen-- parece que se tenga que hacer a
través de la empresa pública. Permítame que le niegue la mayor. Los
defectos y las imperfecciones del mercado se pueden corregir desde muchos
otros mecanismos, que muchas veces pasan por la liberalización, la mejora
de la eficiencia y, en otros casos, pasan por la existencia de mecanismos
reguladores, sobre todo en aquellas actividades que provienen del
ejercicio de monopolios públicos y que conviene, desde un punto de vista
de la eficiencia de las exigencias internacionales, romper.
En cualquier caso, no quiero plantear con usted una discusión filosófica,
porque, entre otras cosas, no tendríamos tiempo. Sí quiero hacerle un
comentario muy de pasada sobre un tema que usted ha mencionado. Ha dicho
su señoría: usted no ha mencionado para nada Maastricht. Yo soy un
convencido de la bondad de la Unión Europea y creo que debemos avanzar en
esa dirección, porque ahí está el futuro de nuestro país. Pero aunque no
existiera el Tratado de Maastricht y aunque no tuviéramos la urgencia
definida por ese tratado al que nos hemos adherido y que, por tanto,
debemos de cumplir, porque es bueno, lo que sí le digo es que los
criterios de convergencia asociados al cumplimiento del Tratado de
Maastricht son buenos en sí mismos y debemos hacer el esfuerzo para
cumplirlos en cualquier caso, no porque nos lo diga Bruselas o nos lo
diga Maastricht, sino porque son buenos en sí mismos. Por consiguiente,
no le acepto la vinculación que usted hace entre el plan de
privatizaciones y las exigencias del Tratado de Maastricht.
El plan de privatizaciones y la reordenación del sector público es
necesario y es conveniente en sí mismo porque va orientado a la mejora de
nuestra economía, a la mejora de nuestra competitividad y a nuestra
capacidad de generar puestos de trabajo. ¿O no es verdad que este país se
tiene que plantear muy en serio por qué tiene una tasa de paro que es el
doble de la de los países de nuestro entorno? Si no, llegamos a la
conclusión de que algo hemos estado haciendo mal y tenemos que
corregirlo.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos pensando que lo que tenemos hasta ahora es lo
bueno y que lo que debemos hacer es mantenerlo? Creo que debemos ser un
poco más imaginativos, creo que debemos ir un poco más allá y plantearnos
romper con determinadas inercias que en algunos casos se instalan en
ideas, si me permite decírselo, del pasado.
Me ha hecho usted una serie de preguntas concretas. Puedo responderle a
algunas de ellas, a otras no porque todavía no estoy en condiciones de
hacerlo. Decir que como hay una serie de aportaciones hasta el año 2000
no hay que hacer ningún esfuerzo para reducir gastos es estar en un mundo
que no es éste, es estar en un espacio orbital que no tiene nada que ver
con el planeta Tierra. Las empresas tienen que hacer constantemente un
esfuerzo de ajuste y un esfuerzo de reducción de costes y de mejora de
gestión, constantemente. No porque ya tengo asegurado los dineros, me
quedo ahí parado y no hago absolutamente nada, no. Ese esfuerzo tiene que
ser diario, cotidiano, permanente, y eso es lo que tenemos que hacer
todos, estén comprometidos recursos o no lo estén, porque al final esos
recursos son de todos, no son de unos señores que no se sabe quiénes son
y no pasa nada. Son de todos los ciudadanos y los pagamos todos a través
de nuestros impuestos. Por tanto, yo le pediría rigor y consistencia
también.
Déjeme que le diga algo más respecto a algunas de las cosas que usted ha
señalado. La transparencia. Creo que ahí sí podemos introducir un
elemento novedoso que va incluido en la promesa, en el compromiso
de investidura del Presidente del Gobierno en cuanto a presentar a esta
Cámara y discutirlo a fondo, y, además, después, caso por caso, un plan
estratégico de privatizaciones, porque lo que queremos es dotar de
coherencia y consistencia a ese plan y lo queremos hacer con
transparencia, con control parlamentario y separando claramente las
funciones, de tal manera que no se trate de un proceso hecho ad hoc, caso
por caso y casi diría de manera «vergonzante». No es esa nuestra
intención y estamos preparando, desde el punto de vista metodológico, una
serie de pasos para distinguir claramente las funciones del proceso de
privatización, para dar garantía a este Parlamento, a esta Cámara y a
toda la sociedad española, de que vamos a llevar adelante ese proceso con
la máxima transparencia, la máxima profesionalidad, la máxima objetividad
y, por lo tanto, la máxima atención a los intereses del conjunto de los
ciudadanos y a los intereses generales. Dé S. S. esto por seguro.
Muchísimas gracias. (Muy bien.--Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, es evidente que en quince días no se puede
saber qué se va a hacer en concreto, sin embargo, sí se anuncian
determinadas políticas.
Después de la intervención del señor Ministro la preocupación sobre lo
que va a suceder con el sector público, desde el punto de vista del
Bloque Nacionalista Galego, no hace más que aumentar. Es preocupante lo
que se anuncia para muchos trabajadores y también lo es para muchas zonas
del Estado, señor Ministro, en concreto para Galicia.
Llevo poco tiempo en esta Cámara, pero es evidente que aquí hay una
mayoría que afirma que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que no
hay otras políticas posibles, que la política de Maastricht va a misa y
santas pascuas. El señor Ministro nos anuncia que hay empresas viables,
susceptibles de ser privatizadas con límites y hay otras no rentables que
no sabemos muy bien lo que se va a hacer con ellas. Es más, de alguna
manera se nos dice que porque hay empresas públicas hay determinadas
latitudes en el Estado que no desenvuelven las capacidades empresariales
que deberían tener. No vamos a entrar ahora en por qué en unas zonas del
Estado se desenvuelven esas capacidades y en otras parece que son más
tontos para desenvolverlas. No vamos a entrar en eso. En todo caso,
quiero insistir en que, efectivamente, vivimos en el mundo de la
filosofía privatizadora, donde todo lo privado es bueno, eficaz, deseable
y lo público es lo contrario, es sinónimo de ineficacia, de gasto, de
lastre, etcétera y, por lo tanto, hay que privatizar. Privaticémoslo
todo, privaticemos la sanidad, privaticemos la enseñanza, privaticemos
las empresas públicas, adelante con las privatizaciones.
Desde nuestro punto de vista --y esto es lo que quiero dejar aquí
claro--, y ante la situación económica que estamos viviendo, si se lleva
a cabo la privatización de las empresas públicas será un desastre para
nuestro país. Todo el mundo sabe que Galicia tiene un sector industrial
muy débil y que, además, alguna de sus mayores industrias están ligadas
al sector público; que Galicia ya sufrió con la reconversión del sector
naval una fortísima pérdida de puestos de trabajo; que el grueso de la
crisis empresarial en Galicia está ligado a la crisis del sector público;
que nosotros ya hemos asistido a experiencias de privatización de
empresas públicas y que todo ello solamente nos condujo al cierre de las
empresas y al paro. Pero para poner un ejemplo real --porque cuando se
habla tan en abstracto las cosas siempre son maravillosas--, nosotros
asistimos a experiencias como la privatización de la fábrica de motores
de Barreras, en Vigo, a finales de los ochenta, que se transformó en
motores Deutz, que no duró prácticamente nada en el mercado y que llevó a
400 trabajadores al paro. Actualmente estamos asistiendo, por ejemplo, a
la agonía del grupo de empresas Alvarez, vendida por el antiguo INI a
Estudesa, saneada y con tecnología adecuada y lo único que interesa en
este momento a esa empresa, señor Ministro --o eso parece--, es la venta
de los terrenos de la empresa y, por lo tanto, otros 1.100 trabajadores
están a punto de ver sus puestos de trabajo perdidos si esto no se
cambia. Esa es la realidad que vivimos. La pregunta que hacemos desde
Galicia (usted tendrá tiempo para desarrollar la contestación en
concreto, pero debe ser relativamente rápida porque hay preocupación en
ese sentido) es qué va a pasar con Barreras, con Inespal, con Astano, con
Bazán, con Santa Bárbara, con Ence, etcétera. Queremos saber qué futuro
les aguarda si se privatizan.
Es probable que la privatización de estas empresas no haga mas que
aumentar la desertización industrial en Galicia. Por lo tanto, el aumento
del paro, el aumento de la falta de perspectivas en nuestro país. En todo
caso, muy bien, esta política privatizadora es probable que le sirva para
cumplir esos famosos criterios de convergencia, es probable que le sirva
para reducir el déficit. El problema es, ¿y después qué? Eso queda en el
aire. Después ya vendrá quien lo resuelva.
Desde nuestro punto de vista es necesario mantener un cierto sector
público. No todo tiene que estar bajo el sector público, pero hay que
mantener un cierto sector público. Existen sectores estratégicos que hay
que mantener. En lo poco que nosotros podamos, desde luego, defenderemos
ese sector.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo de Convergència i Unió
respecto a la futura racionalización del sector público empresarial
español es bien conocida por la mayoría de grupos parlamentarios que
conforman esta Cámara a través de nuestras intervenciones a lo largo de
las últimas legislaturas. Seguramente nuestra posición y nuestro voto
serán también conocidos a través de esta Cámara cuando conozcamos la
moción consiguiente a la interpelación que hoy ha presentado el señor
Alcaraz.
¿Por qué Convergència i Unió está a favor de la racionalización del
sector público empresarial español? Básicamente por dos motivos. Uno de
ellos fundamental. Estamos convencidos, en Convergència i Unió que a
través de esta racionalización del sector público empresarial o a través
de su privatización se impulsará una posición más competitiva de todo
nuestro tejido empresarial que conforma hoy nuestra estructura
industrial. A través de dicha racionalización se impulsará la
competitividad de nuestro tejido empresarial y también, lógicamente, la
liberalización de ciertos sectores que tradicionalmente han estado
perfectamente asumidos a través de sectores estratégicos que básicamente
han operado en régimen de monopolio. Asimismo, estamos convencidos que a
través de la desregularización de estos monopolios conseguiremos
básicamente una mayor eficiencia de nuestro tejido económico y productivo
en sectores tan importantes como los transportes, las telecomunicaciones
y la energía. Por último, nosotros entendemos que a través de la
racionalización del sector público empresarial español se posibilitará la
formación de núcleos importantes industriales conformados básicamente por
accionistas españoles que, a través de esta formación mínima de capital
autóctono, posibilitará que nuestras industrias sean más competitivas,
tanto en la Unión Europea como en la economía internacional.
Hay un segundo factor importante, pero secundario, que creemos que es
necesario a fin y efectos de racionalizar el sistema productivo
empresarial español, que es el presupuestario. Coincidimos con el señor
Ministro en que básicamente el objetivo fundamental es la eficiencia del
sector económico, pero hay otro factor complementario, que es el
presupuestario. Lógicamente, la privatización de empresas rentables
posibilitará que los objetivos de Maastricht puedan ser conseguidos por
el Gobierno.
Hay otra cuestión importante que pienso que es fundamental que la
tengamos en cuenta los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara.
En la pasada legislatura se produjo en esta Cámara un relevante debate
sobre la racionalización del sector público empresarial español y como
consecuencia del cual se llegó a una serie de conclusiones, que son
perfectamente válidas y aplicables durante esta legislatura. En la pasada
legislatura se pidió al Gobierno socialista una relación de sectores
porque la Cámara y los grupos parlamentarios necesitábamos saber cuáles
eran los sectores industriales estratégicos en los cuales era necesaria
la presencia del Estado. Esta lista definitiva no de empresas pero sí de
sectores, en los cuales era necesaria la presencia del Estado por motivos
económicos o sociales, no se ha enviado a la Cámara porque se celebraron
las pasadas elecciones legislativas.
Entendemos perfectamente que el Gobierno del Partido Popular ha de tener
la gracia suficiente para en un período de tiempo que ellos consideren
oportuno --lógicamente no podría ser más de tres meses-- envíen dicha
lista al Congreso de los Diputados, o que a través de las comparecencias
del señor Ministro nos expliquen cuáles son los sectores estratégicos a
través de los cuales es necesaria la presencia pública y que el Estado
haga de empresario. Una vez conocidos los sectores estratégicos en los
que es necesaria la presencia del Estado, sabremos cuáles van a ser los
sectores que pueden ser objeto de privatización.
Es evidente que nosotros habíamos venido manteniendo la pasada
legislatura que hay una serie de sectores empresariales, en los cuales el
Estado está asumiendo su función como empresario, que están directamente
en competencia con sectores privados, y no tiene ningún sentido que el
Estado esté haciendo de empresario en dichos sectores porque, en
definitiva, está perjudicando la competitividad del tejido industrial
español: sectores de comercialización de productos, de la construcción,
sectores de telecomunicaciones en los que hay conformadas bastantes
empresas públicas importantes que hoy están compitiendo inadecuadamente
con el sector privado.
En la pasada legislatura Convergència i Unió, de acuerdo con una
proposición que se aprobó en esta Cámara, mantuvo la posibilidad de
reducir todas aquellas subvenciones y todas aquellas transferencias o
avales públicos en los departamentos o en los sectores que estaban en
proceso de reconversión, sectores que hoy conforman la Agencia Industrial
del Estado. Nosotros entendemos que no se han de reducir estas
subvenciones drásticamente, sino que hay que controlar la gestión en
dichos sectores, porque si podemos ahorrar cantidades importantes de
subvenciones, de transferencias, en definitiva estaremos posibilitando
una mayor eficiencia del sector económico e industrial.
Por tanto, desde nuestra posición de Convergència i Unió vamos a esperar
a ver cuál es la redacción definitiva de la moción subsiguiente a la
interpelación para definir nuestra postura la próxima semana.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, subo a la tribuna para fijar
la posición del Grupo Parlamentario Socialista hoy en relación con este
debate importante, quizá un poco anticipado en el tiempo, para manifestar
una posición que necesariamente es de preocupación, cuando no de
desconcierto, y que he de decir que se ha agudizado a lo largo de este
debate fundamentalmente por una cuestión, porque creo que de las
preguntas que ha formulado el señor portavoz de Izquierda Unida al señor
Ministro lo único que habrá quedado meridianamente claro cuando se relea
el «Diario de Sesiones» será cuántas cosas no sabe el Gobierno, cuántas
cosas no tiene decididas el Ministro o el Gobierno y cuántos errores se
han cometido que se quieren solucionar. El propósito de enmienda es algo
bueno en todo y mucho más en política, pero desgraciadamente no se ha
dado solución a los problemas, y la solución a los problemas que se
plantean, no se equivoque, señor Ministro --por muchos aplausos que haya
oído por parte del Grupo Parlamentario Popular para animarle--, no se
logra simplemente por una disquisición más o menos teórica o por una
reflexión o desahogo intelectual; no. Las reflexiones teóricas están
despejadas en esta Cámara. Nos hemos pasado muchos años coincidiendo todo
el arco parlamentario, yo creo que todo el universo científico
--obviamente menos el señor Anguita--, todos hemos llegado a coincidir
casi siempre en qué había que hacer en política económica, en política
industrial, en política fiscal. El problema es cuánto hay que hacer de
eso, cómo hay que hacer eso, cuándo hay que hacer esas cosas. Si el
sentido de la oportunidad y el sentido de la medida es fundamental en
política económica, coincidirá conmigo que en política industrial lo es
mucho más. Aunque al señor Aznar le parezca, después de su rueda de
prensa de los doce días de gobierno, que está casi todo encarrilado,
estamos a estas alturas de curso ante algunas situaciones en las que las
cosas están por definir. Desde luego, en el tema de las privatizaciones
creo que queda casi todo por definir.
Tiene usted hoy una oportunidad espléndida --sobre todo para despejar
algunas de las incógnitas que usted mismo con algunas precipitadas
declaraciones ha contribuido a generar-- para explicar qué entiende el
Gobierno por privatizaciones, porque en este país llevamos muchos años
privatizando. Por suerte, el Gobierno socialista (que, dicho sea de paso,
no socializó ninguna empresa en sus doce años de gestión y, sin embargo,
sí que contribuyó a mejorar su eficacia, su competitividad, su presencia
en los mercados, su rentabilidad) hace ya muchos años que empezó con este
sistema; un sistema, por otra parte, en el que casi todos coincidimos. Es
bueno que el sector público se contagie positivamente de la eficacia del
mercado y de la empresa. Eso fue un descubrimiento, por lo menos una
gestión del Gobierno socialista. Fue la derecha económica y política de
este país la que contribuyó a algo que ni usted ni yo coincidimos en que
hay que hacer, y es la de socializar pérdidas y privatizar beneficios.
En cuanto a la cita de autoridad hacia esas políticas, mire usted a otro
lado porque el Gobierno que se sentaba hace unas semanas ahí no le va a
saber responder. Por tanto, habrá que decir qué es eso de privatizar.
¿Privatizar es mejorar la gestión, aumentar la competitividad, aumentar
la rentabilidad? Estamos absolutamente de acuerdo. Privatizar, ¿para qué?
¿Para eso o también para mejorar el déficit público?
Voy a dar lectura de una cita que se hizo en esta Cámara el 10 de mayo de
1995 --hace un año-- en la que se acusa al Gobierno de que se están
vendiendo las joyas de la abuela. Y hay que preguntarse ¿qué hacemos
cuando se acaben las joyas? ¿Hipotecamos a la abuela para seguir pagando
esas facturas que debemos en el presupuesto público? Se decía más:
Privatizar es procurar una redimensión del sector público. Privatizar es
aumentar la eficacia para reducir los costes que pagamos todos los
ciudadanos por esas empresas. A partir de ahí se puede aspirar a sanear
los presupuestos por esa privatización. Lo que tenemos que hacer es
apelar a la responsabilidad. No se profundice en la ruina del Estado con
una equivocada estrategia de malvender los activos de todos los
españoles.
Cualquiera diría que esto lo decía el señor Anguita; no. Lo decía el
señor Montoro en esta misma tribuna hace tan solo un año. No sé que ha
sucedido con la abuela. Si la abuela ha mejorado o ha enfermado. Lo que
sí le quiero recordar es que esto es muy duro. No es lo mismo predicar
que dar trigo. Obviamente, cuando se sienta uno en el Consejo de
Ministros tiene que hacerse heredero también de las demagogias, de las
contradicciones, del partido al que uno se adscribe.
No es un consejo, Dios me libre. Hago una reflexión en voz alta. No creo
que el Gobierno deba dejarse llevar por esa senda que ha abierto, quizá
incluso algunas referencias radicales que se han introducido en el
Gobierno para dejar a alguno de ustedes en buen papel, como la del señor
Barea, que va por delante rompiendo hielo para que después las cosas
queden en su justo medio. Creo que es una maniobra que en tan solo unos
días se ha puesto de manifiestó: simplemente marea a la gente, pero no
aporta ninguna solución científica a la política presupuestaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, le
ruego concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Estoy acabando, señor Presidente.
Simplemente voy a hacer algunas reflexiones. A nosotros no nos preocupa
que se sigan vendiendo participaciones
de empresas públicas. Lo que nos preocupa es lo siguiente: ¿está el
Gobierno dispuesto a lo fundamental, a perder las mayorías de control en
las compañías públicas que en este momento son rentables? Hago una
pregunta en voz alta. ¿Por qué la Administración pública, el Estado,
tiene que perder una mayoría de control, con tramos que aún quedan por
privatizar, que sin duda alguna contribuirán a mejorar el déficit, a
mejorar la gestión, a mejorar la competitividad, a mejorar la
rentabilidad, pero a salvaguardar también los intereses de todos los
españoles?
Quizá tenía razón el señor Montoro cuando daba aquel consejo a un
Gobierno, pero quizás se equivocó de año y de Gobierno. No tengan prisas
y no sigan en esa estrategia de malvender los intereses que, no se les
olvide, son de todos los españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moltó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Bienvenido a esta Cámara, señor Ministro, y enhorabuena por la claridad y
brillantez de su exposición.
Señorías, hemos comenzado esta semana el trabajo de contenido propiamente
parlamentario en esta nueva legislatura. En este comienzo, la primera de
las interpelaciones que se someten a la consideración de la Cámara tiene
como contenido una cuestión que es de indudable actualidad y ha motivado
diversos pronunciamientos de diferentes agentes económicos y sociales. La
reordenación y modernización del sector público empresarial y el plan
estratégico de privatizaciones, anunciado por el Presidente del Gobierno
en su discurso de investidura, han puesto de actualidad un debate que no
es nuevo, que viene produciéndose con intensidad desde la pasada
legislatura, pero que no por ello deja de ser plenamente actual.
Por ello, al margen de las lógicas discrepancias que se puedan producir
en cuanto al fondo del debate, sí queremos congratularnos de haber sido
capaces de conectar con el sentir ciudadano, porque conectar de nuevo con
el pulso de la calle es el camino que nos permitirá recuperar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el
conjunto de sus representantes públicos.
Por tanto, mi felicitación sincera al grupo interpelante y a la Mesa de
la Cámara por la celeridad y la oportunidad con que han dado curso a la
iniciativa que hoy debatimos. En cualquier caso, siento no poder hacer
extensiva esta felicitación al contenido concreto de la intervención del
grupo interpelante que entiendo, con todo respeto, ha tenido algún ribete
demagógico y que ha pretendido hacer de éste un debate ideológico que, a
nuestro entender y como se ha reconocido por parte de otros grupos, no se
produce sobre esta cuestión en este momento.
Señor Presidente, señorías, la cuestión que hoy se debate, que hoy se
aborda, exige y merece una discusión en profundidad en esta Cámara y nos
congratulamos de que el señor Ministro se haya comprometido a ello
anunciado el envío del plan a esta sede parlamentaria una vez se
encuentre definitivamente elaborado.
Por encima de interpretaciones sobre determinadas declaraciones públicas,
es aquí, en este foro parlamentario, donde el Gobierno da cuenta de sus
planes de actuación, donde el Gobierno se somete al control y debate
parlamentarios y es aquí, en esta Cámara, donde desea obtener el respaldo
mayoritario que necesita para dotarse de los instrumentos legislativos
que le permitan llevar adelante su programa de actuación. Es aquí, en
función de esos planes, de esas opiniones, de esas actuaciones que
exponga el Gobierno en esta sede parlamentaria, donde se puede producir
un debate político riguroso, ajustado a la realidad y no contaminado por
apriorismos ni por prejuicios, que no ayudan a la compresión del problema
ni a la búsqueda de soluciones eficaces y viables.
Por esa razón, señorías, entiende nuestro grupo que tienen un especial
valor las explicaciones y orientaciones que hoy ha brindado a la Cámara,
tan acertadamente, el señor Ministro de Industria y Energía sobre la
cuestión objeto de interpelación porque, al margen de la lógica sintonía
entre la posición de nuestro grupo y la opinión de un miembro del
Gobierno al que apoyamos parlamentariamente junto con otros grupos de la
Cámara, creo que la intervención del señor Ministro ha tenido un rigor,
una claridad y un acierto que no admite una especial controversia si no
pretendemos hacer de este debate un debate ideológico que, insisto, como
se ha reconocido por otros portavoces, no es el caso; no existe tal
debate ideológico.
Por ello, no incidiré en los planteamientos expuestos por el señor
Ministro, que nuestro grupo apoya con satisfacción porque se articulan en
torno a los compromisos que el Partido Popular había recogido, en cuanto
a esta materia, en el programa electoral con el que resultó vencedor en
las últimas elecciones generales. Nuestro grupo prefiere, señorías, señor
Presidente, resaltar en este trámite y poner el acento en lo que
entendemos puede ser objeto de discusión en este momento parlamentario en
que nos encontramos. Se ha hablado antes de un debate que se produce con
una cierta precipitación, con una cierta antelación y tenemos que
coincidir en ese análisis. Habrá otras cuestiones de fondo que podrán ser
objeto de debate en el futuro, pero en el trámite en que nos encontramos,
señorías, no cabe hacer planteamientos ideológicos. El debate de hoy no
es empresa pública sí o no, sino qué tipo de empresa pública, con qué
fines y objetivos concretos y qué sistemas de control y transparencia
permiten garantizar una gestión eficiente y auténticamente profesional en
la empresa pública. El debate de hoy, señorías, no es privatizaciones
sí o no, sino para qué han de privatizarse determinadas empresas
públicas, qué objetivos han de perseguirse con ese proceso, qué criterios
objetivos se establecen para decidir qué empresas públicas son
susceptibles de ser incluidos en él, cómo se establecen mecanismos que
garanticen la transparencia y la objetividad en las adjudicaciones y qué
estrategia se adopta para dar un sentido global y coherente al conjunto
del proceso de redimensionamiento del sector público empresarial español.
En definitiva, qué efectos se persiguen y se esperan conseguir en nuestra
economía con dicho plan estratégico y que el señor Ministro ha expuesto
con claridad y precisión. Es este un debate que ahora se inicia y que se
prolongará una vez se conozca el contenido concreto del citado plan que
anunciaba en esta sede el señor Ministro.
Sin embargo, sí cabe extraer una primera conclusión, y se ha dicho
también por parte de otros intervinientes, que es que no se puede seguir
con el actual modelo. Algo hay que hacer con el sector público
empresarial. Se han producido debates con anterioridad en esta misma
Cámara y efectivamente ha habido una total sintonía por parte de todos
los grupos que conforman el arco parlamentario en el sentido de que algo
hay que hacer con el sector público empresarial español.
El mayor error de la política de empresa pública de los gobiernos
socialistas es precisamente la inexistencia de una política de empresa
pública. Nuestro grupo cree, señorías, que lo que hoy no está en cuestión
es que el sector público empresarial está necesitado de una urgente y
profunda reordenación y modernización. Incluso el Libro Blanco de la
industria, debatido en la pasada legislatura en Comisión y elaborado por
el Gobierno socialista, reconocía esta necesidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego concluya.
El señor PEON TORRE: Lo dramático de la situación actual, señorías, es
que las exorbitantes cantidades de dinero que se han empleado estos años
por parte del Gobierno socialista en esa supuesta reconversión del sector
público español no han sido para una auténtica reestructuración de ese
sector público de acuerdo con una estrategia de empresa pública
previamente definida a medio y largo plazo. Se han utilizado para ir
poniendo parches, para ir tirando, para sufragar las pérdidas que se
producían en cada ejercicio corriente o para financiar los excedentes
laborales que se iban generando con cada reducción de plantilla. No ha
habido una auténtica adopción de soluciones duraderas, argumentando casi
siempre, por otra parte, que no era un problema de la empresa en
concreto, sino una situación estructural del conjunto del sector que
hacía inevitable la generación de pérdidas.
Señorías --voy finalizando--, en definitiva no es un problema de debate
ideológico, es un problema de que hay que cambiar el modelo de
improvisación, de falta de transparencia, de falta de control, de
confusión en la forma en que se han producido los procesos privatizadores
iniciados por el último Gobierno socialista.
En este sentido se comienza hoy el debate en sede parlamentaria. Nuestra
intención, señorías, es que ese debate, como ha anunciado el propio
Gobierno, se prolongue también con los agentes económicos y sociales, con
las comunidades autónomas implicadas que puedan tener competencia en
materia industrial. Por lo que a esta sede parlamentaria y a nuestro
grupo respecta, tenemos la esperanza de que seamos capaces de obtener el
máximo consenso una vez se conozca el contenido concreto de ese plan que
se nos anuncia será enviado a sede parlamentaria en breve plazo. Lo que
debe preocuparnos en esta Cámara, señorías, es que de esa manera
contribuyamos a definir un marco de actuación de la empresa en nuestro
país que resulte más favorable que en los últimos años para competir con
posibilidades en el exterior...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, debe
concluir.
El señor PEON TORRE: Termino ya.
... y facilitar así la creación de empleo, que es, en definitiva,
señorías, el principal problema al que se enfrenta nuestro país en este
momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO POR ESPAÑA DE LOS CRITERIOS DE
CONVERGENCIA PARA LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA (Número de expediente
172/000002)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al debate
de la siguiente interpelación urgente del Grupo Socialista, sobre la
política que piensa adoptar el Gobierno respecto al cumplimiento por
España de los criterios de convergencia para la Unión Económica y
Monetaria.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo el honor de presentar, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, la primera interpelación de nuestro Grupo
al nuevo Gobierno. Una interpelación relativa a la política que piensa
adoptar para el cumplimiento por España de
los criterios de convergencia para la Unión Económica y Monetaria.
Debo decirle, señor Rato, que usted hubiera podido ahorrarse hoy escuchar
esta interpelación si las respuestas por parte de los distintos
portavoces, que han respondido sin responder a las preguntas que se han
suscitado en el turno de preguntas al Gobierno, hubieran sido más
satisfactorias. Por tanto, usted ahora va a tener que volver a escuchar
algunas de las cuestiones que en ese momento se han planteado, con la
esperanza por parte del Grupo Parlamentario Socialista de que las
respuestas sean mejores y más satisfactorias.
De entrada, también le diré que el Grupo Parlamentario Socialista valoró
muy positivamente la intervención del señor Aznar en el debate de
investidura en los aspectos relativos a la política de convergencia para
la Unión Europea. El Presidente situó como un objetivo irrenunciable de
su Gobierno el cumplimiento por nuestro país de las condiciones de
convergencia para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria en los plazos previstos. Fue un pronunciamiento firme y, por
tanto, novedoso, señor Rato, respecto a posiciones anteriores y recibido
con satisfacción por nuestro Grupo, porque significaba continuidad
respecto a la política mantenida por el Gobierno socialista y venía a
recoger --además, en su literalidad-- lo que nosotros decíamos en nuestro
programa electoral en las pasadas elecciones y de cara al próximo período
que tenemos ante nosotros. Objetivo irrenunciable para España, objetivo
irrenunciable para los socialistas el cumplimiento de la Unión Económica
y Monetaria.
Sin embargo, la confianza que nos mereció ese pronunciamiento firme y la
credibilidad que merece, de entrada, el nuevo Gobierno ha sido efímera,
señor Vicepresidente del Gobierno, porque ha habido sus manifestaciones,
las manifestaciones de los máximos y más cualificados portavoces del
Gobierno en esta cuestión, el señor Vicepresidente de asuntos económicos,
el Ministro de Asuntos Exteriores --no voy a volver a referirme a esas
manifestaciones en su literalidad--, que han debilitado --y usted lo
sabe, señor Rato-- la posición del Presidente, han creado dudas sobre las
verdaderas intenciones de su Gobierno y han puesto bajo sospecha
económica a nuestro país en los mercados cambiarios y financieros.
Usted hacía referencia antes a la buena situación de la peseta, y es
verdad, señor Rato. Es tan buena que lo es a pesar de sus declaraciones.
Es una posición sólida porque tenemos una buena situación económica, pero
los distintos portavoces del Gobierno han tenido que multiplicarse estos
días en los medios de comunicación, perdiendo mucho tiempo en ello, para
cerrar la brecha de desconfianza que han abierto y que todavía no han
cerrado. Y no la han cerrado porque esta desconfianza viene de lejos.
Proviene de las posiciones que han mantenido ustedes en la etapa anterior
y hasta fechas muy recientes. Posiciones que han sido distantes respecto
a las mantenidas por el Gobierno español en momentos claves, en momentos
importantes. Quiero recordar aquí el Consejo de Edimburgo y algunas
declaraciones muy poco oportunas, muy negativas del máximo representante
de la oposición en aquellos momentos, el señor Aznar. Han sido posiciones
vacilantes respecto a los plazos. Hace apenas un año, el señor Aznar
hablaba de cumplir los objetivos en diciembre de 1999, y eso significaba
que España se quedaba fuera de la Unión Económica y Monetaria. Y ha
habido contradicciones sobre la política económica que era necesaria para
alcanzar ese objetivo, pero remitiré a todos los interesados al «Diario
de Sesiones» y a los debates que en esta Cámara hemos mantenido con su
portavoz, señor Montoro, a lo largo de toda la legislatura pasada. Y esas
contradicciones siguen y, por ello, no se ha remontado la desconfianza
que han creado ustedes con sus declaraciones. Porque en estos 15 días de
Gobierno se ha puesto de manifiesto que ustedes no tienen las ideas
claras sobre lo que hay que hacer y que no actúan, además, con
responsabilidad, ya que no miden el alcance y la repercusión económica de
los compromisos que adoptan.
Todavía no saben cuánto cuestan los pactos. Se ha preguntado en esta
sesión, en el punto correspondiente del orden del día, y seguimos como
estábamos, pero hace apenas un mes usted lo situaba, señor Rato, antes
del acuerdo, en 700.000 millones de pesetas. Esto tiene una incidencia en
el Presupuesto, esto tiene una incidencia en los objetivos de Maastricht.
El reto al que nos enfrentamos yo creo que es claro para todos, y exige
del nuevo Gobierno que vaya más allá de conseguir la Unión Económica y
Monetaria, es el proyecto de que España participe en la integración
europea, de que sea uno de los países que formen la Unión Económica y
Monetaria; requiere del nuevo Gobierno unas posiciones claras, unas
prioridades muy firmes al respecto. Es necesario seguir aplicando con el
máximo consenso de la sociedad española las medidas necesarias para
alcanzar esos objetivos. Sabemos que el esfuerzo que hay que hacer es
importante, pero nuestro país está preparado para hacer este esfuerzo,
señores del Partido Popular.
Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno concrete qué va a hacer,
que defina sus posiciones, que hable de prioridades, porque no podemos
perder un minuto. Y ésta es la razón de la presente interpelación.
El Grupo Socialista no quiere juzgar precipitadamente al Gobierno del
Partido Popular, que no ha tenido tiempo de gobernar. Pero es exigible a
quien aspira a ganar unas elecciones, y ustedes las han ganado, que tenga
un proyecto y un programa coherente para aplicarlo si llega a gobernar. Y
ahora ha llegado el momento de gobernar, ha llegado el momento de
concretar y de dejar de refugiarse en objetivos difusos.
¿Ajuste o recorte? ¿Qué ajuste? ¿Cómo se aplica la decisión que ustedes
han tomado respecto al ajuste de
200.000 millones de pesetas? Díganlo, señor Rato. ¿Va a haber un ajuste
adicional de 400.000 millones, de 500.000 millones o de un billón de
pesetas, que son las cifras que manejan distintos portavoces del Gobierno
y de la Administración? Señor Rato, no podemos seguir de esta manera.
Cada día los ciudadanos españoles se desayunan con noticias como ésta:
«Rato congela el segundo recorte de 500.000 millones de pesetas». Esto es
del día de hoy, de un importante diario de nuestro país. «El
Vicepresidente económico elude pronunciarse en París sobre el ajuste
reclamado por Barea». El señor Barea es el responsable de la Oficina
Presupuestaria que depende del Presidente del Gobierno. Por tanto, señor
Rato, es necesario que dejen ustedes de hablar de objetivos difusos.
Concreten y asuman prioridades.
El Grupo Socialista no pretende, con esta interpelación y con las
actuaciones futuras, poner palos en las ruedas al nuevo Gobierno. Todo lo
contrario: deseamos que este debate, el de hoy y los que podemos tener en
el futuro, contribuyan a restaurar la confianza de nuestro país en que
cumplirán los objetivos de
Maastricht, a restaurar la confianza en España, en Madrid, pero también
en Bruselas. Hay que dar un mensaje de confianza de que podemos cumplir
el Tratado de la Unión Europea, que estamos en condiciones de hacerlo,
que estaremos cumpliendo los requisitos de Maastricht, y que España
continuará siendo un socio firme y entusiasta, como lo ha sido hasta
ahora, en el proceso de integración europeo.
El Grupo Socialista considera que el objetivo de acceder desde el primer
momento a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria es realizable
y altamente beneficioso para nuestro país. Creemos que es posible cumplir
los requisitos en diciembre de 1997, porque hay unos resultados
económicos hasta este momento que permiten hablar de ello; porque hay un
acercamiento a los criterios de convergencia que permiten hablar de ello
y que justifican nuestra confianza. Pero ustedes, señor Rato, desde su
Gobierno, como lo hacían antes, en la oposición continúan poniendo el
énfasis en que España no cumple los criterios de convergencia en este
momento. Estamos de acuerdo, pero digan ustedes toda la verdad, digan a
los ciudadanos de nuestro país toda la verdad, que solamente un país,
Luxemburgo, cumple en estos momentos las condiciones de Maastricht.
Hay que explicar también en qué momento de la convergencia estamos y
hablar de la distancia que nos separa de esos objetivos. Y podemos hablar
de que nos situamos en estos momentos a seis décimas del requisito de
convergencia, porque el umbral de convergencia para la inflación se sitúa
ahora, en marzo de 1996, en seis décimas, que cumplimos también el
criterio de intereses a largo plazo y que estamos con un grupo de cinco
países cercanos al objetivo de la deuda, que es el 60 por ciento, en un
grupo de países que no está demasiado alejado, más próximo al 65 que al
70, y en estos momentos usted sabe que solamente tres países cumplen el
objetivo de la deuda.
En el objetivo del déficit hemos recorrido un camino positivo, hemos
cerrado 1995 con el 5,8 por ciento del producto interior bruto según la
cifra prevista, y se trata de seguir avanzando en los próximos dieciocho
meses para conseguir el objetivo que tenemos, que es el 3 por ciento, y
usted sabe que la media de la Unión Europea en estos momentos está en el
5 por ciento y que, por tanto, no estamos tan alejados. En todo caso
tenemos que hacer el mismo esfuerzo que tienen que realizar la mayor
parte de los países de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, le
ruego vaya concluyendo.
La señora AROZ IBAÑEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Yo quisiera reiterar también, señor Presidente, muy brevemente, que para
el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental resaltar que la política
necesaria para alcanzar la Unión Económica y Monetaria es la que necesita
España para crecer de forma sostenida, porque el crecimiento en una
economía abierta e interdependiente depende, hoy más que nunca, de la
estabilidad macroeconómica y que, por tanto, con independencia de las
exigencias que nos plantee la Unión Económica y Monetaria, debemos
insistir en la necesidad de esta política para crecer, para crear empleo,
para culminar la modernización de nuestro país y consolidar los logros
sociales.
Queremos señalar también que consideramos compatible el esfuerzo que hay
que hacer con el mantenimiento del estado de bienestar. El proceso
seguido hasta este momento muestra que esta compatibilidad es posible
--hemos llegado hasta aquí-- reduciendo desequilibrios y avanzando en los
logros sociales. Por tanto, decimos al nuevo Gobierno que siga por ese
camino y que, si lo hace, tendrá el apoyo de nuestro grupo, porque
debemos llegar a la Unión Económica y Monetaria con un escenario de
estabilidad macroeconómica, de competitividad y de alta cohesión social.
Este es el escenario que está contenido en el programa de convergencia
que actualizó el Gobierno socialista en el año 1994 y que fue aprobado
por el Ecofin en octubre de ese mismo año. Estamos en la senda marcada
por el programa, se han cumplido los objetivos en materia de escenarios,
en materia de desequilibrios, y en particular en relación al déficit, y
se han llevado a cabo la mayor parte de las reformas previstas. Ahora es
el momento de completar, con un calendario preciso, las que están
pendientes.
Ustedes han anunciado una serie de reformas que piensan llevar a cabo
para mejorar la eficiencia de los mercados. Podemos estar de acuerdo, en
principio, con las reformas que ustedes han anunciado, pero creemos
necesario que este enunciado se complete con la mayor
celeridad posible con un calendario para su aplicación. Esta es la
primera cuestión que quiero plantearle, señor Vicepresidente del
Gobierno.
Sin embargo, señor Rato, la prioridad no está tanto en las reformas
estructurales a la hora de conocer las intenciones del nuevo Gobierno. La
prioridad, señor Vicepresidente económico del Gobierno, está en conocer,
y con urgencia, su política de ingresos y gastos. ¿Qué política van a
aplicar ustedes? ¿La política de ingresos...?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, debe
concluir, por favor.
La señora AROZ IBAÑEZ: Sí, señor Presidente.
¿La política de ingresos de su programa electoral, que nosotros
cuantificamos en las reformas que ustedes habían previsto en la etapa
anterior y en el programa electoral en una reducción de ingresos de un
billón de pesetas? ¿Van a aplicar el compromiso de reducción drástica de
las cotizaciones sociales expresado por el señor Aznar en un debate
reciente, el de los Presupuestos Generales del Estado para 1995,
cuantificado también en un billón de pesetas?
En materia de privatizaciones, ¿consideran ustedes realistas, ahora que
están en el Gobierno, las previsiones que hacía su portavoz económico, el
señor Montoro, relativas a una recaudación por ingresos patrimoniales de
dos billones de pesetas en poco tiempo?
Aclaren, por favor, señores del Partido Popular, cuál es la política de
ingresos del nuevo Gobierno: la política de ingresos de su programa
electoral, o la política de ingresos del programa de convergencia.
En materia de gasto público les he dicho antes que deben decidir sobres
sus prioridades. Ustedes, con estos anuncios diarios sobre recortes,
etcétera, y su falta de concreción están produciendo incertidumbre en los
ciudadanos, señor Vicepresidente, temor y angustia en personas que
dependen del presupuesto, sean funcionarios o sean pensionistas, y no se
sorprendan si, como consecuencia de que no se ha dado un solo mensaje
optimista desde que ustedes están en el Gobierno, no sólo no mejora el
consumo, sino que empeora. Digan qué van a hacer.
Estas son las consideraciones que hace el Grupo Parlamentario Socialista
en relación a esta interpelación. Estas son las preguntas que se hacen
los ciudadanos.
Señor Rato, consideramos que la mejor manera de despejar las
incertidumbres y las incógnitas que rodean a su Gobierno y que arrojan
dudas sobre su capacidad de liderar el proceso que tenemos ante nosotros
y que debe conducirnos a la Unión Económica y Monetaria, es que ustedes
se expliquen, concreten y confirmen o no la vigencia del programa de
convergencia actualizado y, en su caso, concreten también las actuaciones
necesarias para completar su aplicación.
Gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aroz.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero, ante todo, agradecer a la señora Aroz el tono de su intervención,
no necesariamente todos los contenidos, pero sí el tono y la oportunidad
de su intervención. Quiero felicitar al Grupo Socialista por lo que me
parece un primer debate de política económica, que realmente yo agradezco
que el primer Grupo de la oposición plantee, que es un debate sobre los
retos que tiene en este momento nuestro país, desde el punto de vista del
cumplimiento de la convergencia.
Me va usted a perdonar, pero ha habido algunas afirmaciones políticas,
que nada tienen que ver con la convergencia, que me veo obligado a
contestar, desde el punto de vista del Gobierno y del Grupo Popular.
Una de estas afirmaciones me ha sorprendido por la manera de plantearla.
Usted ha dicho: Cuánto cuestan los pactos. Yo supongo que el Grupo
Socialista no considerará que la financiación de las comunidades
autónomas es un coste político; supongo que el Grupo Socialista
considerará que el hecho de que haya un sistema de financiación
autonómico no se puede considerar como una cesión ilegítima o partidista,
desde el punto de vista de los pactos parlamentarios.
Yo puedo entender que ustedes no compartan nuestra definición de la
corresponsabilidad fiscal, y ya habrá momento de debatirlo aquí y en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera; yo puedo entender que ustedes
hubieran planteado continuar con el sistema anterior, cuyo coste ya
conocemos. Pero lo que no puedo entender, y lamento tener que decir que
tampoco puedo aceptar, es que ustedes consideren que el sistema de
financiación autonómica es un elemento que se regala a las comunidades
autónomas. No, perdóneme. Las comunidades autónomas tienen derecho a un
sistema de financiación autonómica. Además, no ha sido voluntad del Grupo
Popular el negociarlo, es que el Gobierno anterior no fue capaz de cerrar
un sistema de financiación autonómica para los primeros meses de 1997,
como era su obligación, y hubo que ir a un sistema prorrogado durante
este año, como ustedes son conscientes, que nosotros asumimos y que será
debatido entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Nosotros tenemos unos acuerdos públicos que coinciden con nuestro
programa electoral --y yo creo que con el suyo, pero eso es cuestión de
que ustedes lo quieran interpretar así o no--, con la corresponsabilidad
fiscal. Pero yo creo que ese es un debate que no se puede llevar a los
términos de cuánto cuestan los pactos, porque los pactos no cuestan nada.
Usted podrá considerar que nuestro sistema de financiación autonómica le
gusta o no, y eso esperamos que usted nos lo
diga, y sobre todo que nos presente usted una alternativa, sus
comunidades autónomas o todos juntos, pero la afirmación de cuánto
cuestan los pactos, que a lo mejor es una simplificación, no me queda más
remedio que empezar matizándosela, aunque tengo que decirle que es lo
único que usted ha dicho en que Maastricht no va a influir, porque el
criterio de déficit de Maastricht es del conjunto de las administraciones
públicas. Por tanto, ese es un problema interno que tendremos que
resolver, y que yo espero que podamos hacerlo desde el consenso. Es la
voluntad del Gobierno que podamos establecer un consenso para la
financiación autonómica de los próximos cinco años, como se consiguió con
una parte de la financiación autonómica de los últimos cinco años y no
con el total. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Lo que el Gobierno ha dicho es que el coste en pesetas de la financiación
autonómica de 1996, que finaliza ahora, es de 780.000 millones. Si
alguien cree que no es así, tendrá que explicarnos qué parte hay que
quitar de la base actual, porque en el debate de investidura yo vi
algunas confusiones en los que todavía estaban en el Gobierno, pero
seguramente lo podremos aclarar.
En cualquier caso, la posición del Gobierno es que el futuro sistema no
debe ser muy distinto en cuanto a su coste; lo que puede ser es
relativamente distinto en cuanto a la reforma estructural de que las
comunidades autónomas participen en el crecimiento de los ingresos del
Estado como sistema de financiación. No quiero ir a un debate sobre una
cuestión que usted no me ha planteado, pero no me ha quedado más remedio
que contestarle.
La señora Aroz ha dicho que hay un gran nivel de desconfianza. En
cualquier caso es menor que el anterior. O sea, que de desconfianza vamos
en menos, y no es que usted esté más desconfiada porque ahora el Gobierno
es del Grupo Popular y yo esté más confiado porque es de dicho Grupo, es
que el tipo de interés a diez años (que seguramente usted aceptará que es
un instrumento para medir la confianza) desde que se ha anunciado la
posibilidad de un Gobierno del Grupo Popular ha caído más de 100 puntos
básicos. Por tanto, permítame usted que le diga que seguramente la
desconfianza es una cuestión de vasos medio llenos o medio vacíos, pero,
desde luego, en cualquiera de las medidas que usted quiera hoy hay menos
desconfianza que cuando ustedes eran responsables del Gobierno. Por algo
será.
En cuanto a la cotización de la moneda, quiero decirle que en un proceso
de reducción de los tipos de interés por el Banco de España la moneda
española se encuentra en este momento como la más fuerte del sistema
monetario. La primera medida que ha tomado el Gobierno (que usted ha
hecho referencia a ella y que me gustaría detallarla, ya que dice
desconocerla, lo cual me sorprende, pero en cualquier caso la detallaré
ahora y en otras intervenciones) ha sido garantizar el cumplimiento de
déficit público para 1996, según las previsiones del Gobierno anterior,
que fueron las que se fijaron, es decir, en el 4,4 del producto interior
bruto para el conjunto de las administraciones públicas, que no estaban
por el camino de cumplirse dada la revisión del cuadro macroeconómico.
También hablaré de esas cuestiones.
Entro directamente a comentar no sólo su intervención, sino también las
cuestiones que se planteaban en la interpelación y al hilo de sus
palabras.
Por cierto, que la cifra del billón del Grupo Socialista es eterna. Da
igual que hablemos de financiación autonómica, de cotizaciones sociales,
de Impuesto sobre la renta, ustedes, en el Gobierno o en la oposición,
siempre lo valoran todo en un billón de pesetas si lo proponemos nosotros
y en menos de 100.000 si lo proponen ustedes. Está bien que sigan por ese
camino, porque al menos es una parte sobreentendida y seguramente todos
podremos aceptar que ustedes mantienen una posición ya por no cambiarla.
La señora Aroz nos ha planteado, no tanto en su interpelación (yo todavía
recuerdo mi época de oposición y la crítica de los Ministros a que
siempre en la interpelación escrita se decían cosas distintas que en la
hablada y, por tanto, espero no cometer ese error, por lo menos en mi
primera intervención desde esta posición); nos hablaba, decía, de la
vigencia del segundo programa de convergencia.
Si analizamos la convergencia de la economía española desde 1986 a la
fecha de hoy, podemos comprobar cómo en 1986, en términos de inflación,
nuestro diferencial con los tres países centrales, que entonces no era
una cifra relevante pero hoy sí lo es, era el 1,6 y hoy está en el 1,9.
Quiere decir que en términos de inflación en estos últimos diez años,
desde el punto de vista de la convergencia, no hemos conseguido nada. Es
verdad que tenemos menos inflación, pero es que los otros han ido más
deprisa que nosotros. Y cuando nuestro diferencial en términos de
inflación en 1986 con los tres países más eficientes era el 1,6, nuestro
diferencial en términos de inflación con los tres países más eficientes
en 1996 es el 1,9. Seguramente el programa de convergencia ahí no ha sido
todo lo exitoso que hubiéramos querido que fuera.
Respecto al déficit público, nos hemos movido muy poco. El déficit
público en 1989 era el seis por ciento del producto interior bruto, y en
1995, en términos de devengo, es el 5,8, en los momentos actuales del
cierre de la contabilidad nacional. Si miramos el criterio de caja, que
probablemente es el homologable con el que estábamos utilizando en 1986,
el déficit público ahora es más alto que en 1986. Pero no voy a
discutirlo. Aceptamos que ha caído dos décimas, aunque los criterios no
sean homogéneos.
Si miramos el tema de la deuda pública, usted ya sabe que estamos hoy
peor que en 1986, por tanto no insistiré en ello. Por cierto, el Tratado
de Maastricht, y usted también se da cuenta, no matiza en el sentido de
estar más o menos cerca del 60 por ciento, lo que dice es que hay que
estar al 60 por ciento. Y nosotros, por desgracia, no estamos al 60 por
ciento, y además nos vamos alejando. Matiza las tendencias, y ahí veo una
cabeza que gira y me dice que no, pero la tendencia nuestra es alejarnos.
En ese sentido las tendencias de otros pueden ser acercarse.
En cuanto a tipos de interés a largo plazo, nuestro diferencial con los
tres países centrales estaba en torno a 2,4 en 1986 --y no es el tipo de
interés porcentualmente, sino la diferencia entre tipos de interés--, y
en este momento es prácticamente la misma que la que teníamos entonces.
Por tanto, desde 1986, hay que reconocer todos los esfuerzos que ha hecho
la sociedad española, y sin duda ha hecho el Gobierno socialista, y tengo
que reconocerlo, ha hecho el Partido Socialista, porque su programa
económico de 1986 no se parece en nada al programa de 1996, eso es un
gran mérito de su partido. Creo que han evolucionado de forma
considerable, cosa que aplaudo como español y como responsable político.
Pero todo el esfuerzo que se ha realizado en términos de convergencia no
ha sido la parte mejor. En términos de convergencia estamos más o menos
como estábamos. Por desgracia, usted lo ha dicho, yo lo he dicho, lo
decimos todos, a lo mejor quizás lo decimos demasiado y no deberíamos de
decirlo más, pero vamos a decirlo, si usted quiere, por última vez: no
cumplimos ninguno de los requisitos. No se empeñen ustedes. Los
requisitos son claros. Ni siquiera el de tipo de interés, que lo hemos
cumplido un mes. Si lo podemos hacer durante doce meses, lo habremos
cumplido, pero comprendan ustedes que por muy inocentes que fueran los
que firmaron el Tratado de Maastricht no pretendían que los requisitos se
cumplieran un día. Tendría que haber una seguridad, y en el tipo de
interés la seguridad es el tipo medio durante doce meses. Usted lo sabe,
yo lo sé, y además eso quedó claro en el debate de investidura.
Respecto a la vigencia de los programas de convergencia, no sé si es
necesario ya discutir la vigencia de unos programas que, además, en los
dos casos apostaban porque la mayor parte de sus objetivos se cumplieran
en la segunda fase. Ese, para mi gusto, ha sido el error de los dos
programas. En el segundo programa, que es el que está vigente y es el que
ahora nos ocupa, el 70 por ciento de la reducción del déficit público
había que hacerlo en 1996 y en 1997. Por tanto, si se cumple el programa
de convergencia, que quiere decir si estamos en las condiciones de
Maastricht el 31 de diciembre de 1997, va a depender de este Gobierno en
el 70 por ciento más que en el gobierno que lo redactó. Además, yo creo
que en este momento, a dieciocho meses del 31 de diciembre de 1997,
políticamente ya no tiene ningún sentido que nosotros dijéramos que vamos
a revisar un programa de convergencia que en este momento tenemos que
asumir en el 70 por ciento, y lo asumimos; lo asumimos porque ya el
programa de convergencia ha quedado reducido a una sola cuestión en el
tema del déficit público y en el tema de la inflación, que son los dos
datos probablemente más importantes y que condicionan los demás.
¿Podremos hacer la reducción y el ajuste del 70 por ciento en estos 18
meses? Esa es nuestra responsabilidad, por lo menos como Gobierno, y
desde luego de esta Cámara, desde el punto de vista legislativo.
Antes de entrar a considerar detalles, hay algunas cuestiones que me
gustaría poner de relieve. Nunca he compartido con ustedes considerar que
la Unión Económica y Monetaria o los criterios de convergencia sean
deseables porque gracias a ellos tenemos disciplina. Creo que eso --me
perdonarán que lo presuma-- a lo mejor se les puede aplicar a ustedes,
pero no se renuncia a una moneda para ser estable, si se es estable se
puede formar parte de una integración monetaria, que no es exactamente lo
mismo y no lleva por el mismo camino. En ese sentido, yo creo que
tendríamos que empezar a darnos cuenta de que para que los ciudadanos
españoles acepten algunas cosas que políticamente están aceptadas en la
mayoría de esta Cámara, los criterios de estabilidad hay que explicarlos
en función de que son buenos para los ciudadanos; y los criterios de
convergencia de Maastricht no pueden servir como excusa para variar los
programas electorales de los partidos. Los partidos tienen que tener el
convencimiento de que con desafío de unidad monetaria o sin él, reducir
el déficit público, reducir la inflación y liberalizar los mercados es
bueno para los ciudadanos y es bueno para el empleo. Ese me parece que es
un principio muy claro, por lo menos desde el punto de vista del
Gobierno. Como he dicho antes, el Gobierno, desde el primer día que tomó
posesión, está comprometido con las condiciones de convergencia, no sólo
con las cuatro, sino con la de la estabilidad cambiaria.
Desde el punto de vista de la inflación, ¿cuál es el balance que podemos
hacer de la situación? Lo he dicho en una pregunta. La señora Aroz ha
dicho que no le ha gustado mi contestación, aunque no sé si se refería a
ésa o a otra. Me parece que, desde el punto de vista de la inflación,
hemos de ser conscientes de que aunque la reducción se está reduciendo el
ritmo de reducción no nos lleva a los objetivos que nos marcamos.
Seguimos a casi dos puntos de distancia de los países centrales y, por
tanto, tenemos que hacer claros esfuerzos en la reducción de la inflación
cuando, además --como me parece que he puesto de relieve en una
pregunta--, nos encontramos en un momento de clara debilidad o
desaceleración mejor dicho, de la demanda interna. En ese sentido, si
esperamos una recuperación en el segundo semestre, como se anuncia por
parte de muchas instituciones de las economías europeas, tenemos que
tomar medidas claras desde el punto de vista de control de la inflación,
que para el Gobierno son esencialmente dos: una, el control del déficit y
del gasto público a través de la reducción de gastos; y dos, las reformas
estructurales que hemos
anunciado, que estaban en nuestro programa electoral, que ustedes
conocían y conocen ahora y que afectan a sectores tan importantes como el
suelo, las telecomunicaciones, la energía y el transporte.
El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, le ruego vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Sí.
Respecto al déficit público, el Gobierno ha tomado su primera medida
económica, desde el punto de vista del déficit público de 1996, aprobando
una no disponibilidad de obligaciones y, además, tomando medidas
adicionales para que si la reducción de ingresos se aceleraba, esa no
disponibilidad de obligaciones pudiera ampliarse. En ese sentido usted me
ha hecho una pregunta que yo creí no me la iba a hacer, pero me la ha
hecho, y es la pregunta de dónde. Creí que usted no me la iba a hacer
porque la contestación es muy fácil, y usted lo sabe, lo debería saber,
porque sus compañeros de Gobierno se lo habrían dicho. Le voy a leer una
carta, y después le digo la fecha y la persona que la firma, para que vea
hasta qué punto sus compañeros de Gobierno saben, como yo, qué quiere
decir la diferencia entre un recorte de créditos, que tendría que ser
aprobado por esta Cámara, y un acuerdo de no disponibilidad del Consejo
de Ministros. La carta va dirigida al Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores, don Jesús Ezquerra Calvo, y dice lo siguiente:
Querido Jesús, adjunto te remito copia diligenciada del acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se declara la no disponibilidad de
créditos en el presupuesto prorrogado para 1996. Finalmente te indico que
al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 5 de dicho
acuerdo, es necesario me remitas, a la mayor brevedad posible, una
propuesta de las aplicaciones presupuestarias a las que debas afectar la
declaración de no disponibilidad a que se refiere ese acuerdo.
Es decir, una no disponibilidad de créditos --como ustedes han puesto de
relieve varias veces--, cuando las Cortes han estado abiertas, el
Gobierno la explica con bastantes semanas de retraso. Por ejemplo, la
última vez que se hizo una no disponibilidad de créditos y la Cámara
estaba abierta, que fue en enero de 1995, el acuerdo se tomó a principios
de enero de 1995 y la explicación a la Cámara se dio en marzo de 1995,
con bastante retraso. Yo creo que nosotros la vamos a dar con bastante
más rapidez, pero en cualquier caso, ¿por qué? Porque el Gobierno anuncia
a los ministerios la no disponibilidad, los ministerios la aplican y el
Ministerio de Economía la conoce cuando los ministerios le indican en qué
programas y en qué secciones la van a aplicar.
Nosotros hemos dicho que afectaba a los capítulos 2, 4, 6 y 7; por tanto,
ya saben ustedes a qué capítulos afecta. Saben ustedes el montante y
sabrán ustedes con detalle, por escrito en la Comisión de Presupuestos,
igual que hicieron ustedes, la contestación de cada uno de los
ministerios, si es aceptada por los responsables de presupuestos del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Respecto a los tipos de interés ya les he comentado a ustedes que estoy
de acuerdo en que los tipos de interés se están acercando adónde
deberíamos estar, pero deben mantenerse durante doce meses y ustedes
nunca fueron capaces de hacerlo. Espero que ahora, entre todos, seamos
capaces de conseguirlo.
En cuanto a la deuda pública, el otro criterio que tampoco cumplimos,
ustedes saben qué es la deuda pública: es el efecto de los presupuestos
anteriores. Ahí sí que no hay ni trampa ni cartón, y la deuda pública,
después de catorce años de Gobierno, señores del Grupo Socialista,
ustedes nos la explican y nos la han explicado varias veces. Por ejemplo,
todos sabemos que si ustedes hubieran cumplido sus propias leyes de
presupuestos, hoy tendríamos veinte billones menos de deuda pública. Pero
eso es lo que ha sucedido y me parece que tampoco yo debo perder ya mucho
tiempo en repetir mis discursos de oposición que ustedes no sé si
conocían pero en cualquier caso los tienen en el «Diario de Sesiones».
En cuanto a la estabilidad cambiaria, tengo que decirles a ustedes que el
año pasado hubo una devaluación, hace escasamente catorce meses y que,
por tanto, se trata de que seamos capaces de estar durante dos años con
una estabilidad cambiaria. Espero que se consiga. Estoy convencido de que
se va a hacer y este Gobierno, como ya les he indicado a ustedes respecto
a la evolución de los tipos de interés a largo y a la cotización de la
peseta, está cumpliendo claramente con esa intención.
Por último, me preguntaba usted qué va a hacer el Gobierno. El Gobierno
ha planteado claramente su estrategia desde el principio; usted en su
papel de oposición me dice que no la conoce y además no toda se ha
planteado en el debate de investidura. La voy a repetir.
Desde el punto de vista del Gobierno nuestra primera decisión ha sido
garantizar el cumplimiento de la evolución del déficit de 1996, que en
este momento no estaba garantizado, entre otras cosas por la evolución
del cuadro macroeconómico. Piensen ustedes que las previsiones de
ingresos estaban basadas en el 3,4 de crecimiento y en este momento
estamos hablando por lo menos de un punto menos. Aunque el Gobierno
presentará un cuadro macroeconómico a la mayor brevedad posible, hay una
desaceleración clara de la actividad económica, y en ese sentido eso
afecta claramente a los ingresos.
El Gobierno ha garantizado no sólo un acuerdo de no disponibilidad de
200.000 millones, sino que, además, ha garantizado que los techos de
disponibilidad evolucionarán conforme a las reducciones de ingresos si se
producen o a nuevas necesidades de gasto, es decir, que no superaremos
los techos establecidos. El Gobierno
ha aumentado los criterios del Gobierno anterior en cuanto a
mensualización de control de los pagos, no sólo al Estado, sino a todos
los entes públicos, la Seguridad Social, el Insalud y las empresas
públicas, además de la mensualización de ingresos.
El Gobierno también ha presentado en estos quince días...
El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, acabo.
Usted no conocía, y yo le reitero ahora, las previsiones de cuáles son
nuestros objetivos de gastos y de ingresos para 1997. Hemos dicho que
nuestro objetivo para el conjunto de los gastos es que no crezcan por
encima de la inflación y hemos dicho que nuestro objetivo de ingresos es
que crezcan al ritmo del PIB nominal.
Nuestra estrategia de contención del gasto es claramente una estrategia
que no se apoya en el aumento de los impuestos, porque entendemos que
dentro del debate europeo sobre los efectos deflacionistas de una
política del control del gasto el peor camino sería aumentar los
impuestos y, por tanto, estamos decididos a hacerlo a través del control
del gasto y esperamos su colaboración en cuanto a esas cuestiones.
Al mismo tiempo, hemos citado la necesidad de plantear reformas
estructurales que ayuden a la economía española, por un lado, a crecer
con menos inflación y, además, que sean capaces de generar mayor
dinamismo en las zonas donde puede crearse más empleo; hemos planteado,
también, impulsos a las políticas industriales y microeconómicas que
permitan aumentos de competencia y mejora de la situación de los
consumidores; hemos planteado un diálogo social con los interlocutores
sociales que potencie el entendimiento entre empresarios y sindicatos, la
moderación salarial y políticas activas de empleo y, desde luego, hemos
planteado y vamos a plantear medidas de reforma fiscal, desde el punto de
vista del fraude y desde el punto de vista del ahorro y de la inversión.
Me preguntaba la señora Aroz --y con esto acabo-- sobre algunas
cuestiones concretas. Creo que he dicho algo sobre las reformas, no le he
dado unas fechas de envío de las leyes a la Cámara, se lo reconozco,
espero podérselas dar. Le he dicho cuál es nuestra política de ingresos,
cuál es nuestra política de gastos en las grandes cifras que en este
momento está definiendo el Gobierno, pero que ya ha fijado su estrategia
presupuestaria.
En cuanto a los ingresos no tributarios y las privatizaciones, el
Gobierno en funciones decidió, en contra de nuestro criterio y por
razones políticas no económicas, llevar a cabo dos privatizaciones que
han incidido en las cifras de déficit de caja del mes de abril de manera
elocuente y, por tanto, yo no tomaría en cuenta de manera determinante
las cifras del déficit de caja de abril, porque, repito, claramente
tienen un componente que hay que valorar, y es la aplicación de dos
privatizaciones importantes.
El Gobierno planteará ante la Cámara, en su escenario económico, una
política de privatizaciones que nosotros haremos pública, no la
limitaremos a los ámbitos de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos, la haremos pública. En eso tampoco vamos a coincidir con
ustedes, es decir, no sólo la van a conocer los ministros que vayan a la
Comisión Delegada, sino que la va a conocer la opinión pública. En ese
sentido, a lo mejor no difiere mucho de lo que tenían ustedes preparado,
pero sí va a diferir en cuanto a la forma en que lo presentemos.
Me parece que esas eran sus preguntas concretas en la última parte de su
intervención: el calendario de reformas, le he mencionado las reformas,
no le he dicho el calendario, se lo reconozco, y va a trabajar el
Gobierno y la Comisión Delegada, primero, en ese calendario; política de
ingresos y gastos, se la he dicho; ingresos no tributarios, también.
En resumen, señora Aroz, vuelvo a repetir que me alegro de que la primera
interpelación en política económica sea del primer grupo de la oposición
y sea sobre el tema de convergencia. Me alegro, además, porque creo que
este va a ser, sin duda, el tema crucial por el que los españoles nos van
a medir a todos los que estamos aquí; desde luego, seguramente más que a
nadie a nosotros y, probablemente, después a ustedes, si ustedes me
permiten.
Creo que España, como el resto de los países, se juega un gran desafío en
estas cuestiones. No quisiera incidir, aunque pueda resultarme sencillo,
en cuánto nos separa para llegar a esa meta, creo que eso ya tiene poco
sentido, lo sabemos todos y cada cual puede hacer el análisis político
que quiera de ello. Me preocupa mucho más cómo llegar a esa meta. Les
hemos explicado cuál es nuestra estrategia, desde el punto de vista
presupuestario en 1996 y desde el punto de vista presupuestario en 1997;
desde el punto de vista de las reformas estructurales en qué áreas nos
vamos a mover y desde el punto de vista de la política de ingresos no
tributarios, de privatizaciones y desde el punto de vista de reformas
fiscales. Espero que podamos compartir no sólo los principios, sino
también, si no todos que tampoco me parece posible, sí los ejes centrales
de las medidas económicas que se puedan tomar. Por tanto, espero que
desde el punto de vista del Grupo Socialista, empezando por la moción que
ustedes tendrán que presentar mañana, me parece, podemos comenzar a
colaborar en lo que creo que es el desafío más importante que ha tenido
la sociedad española desde hace mucho tiempo.
Tenemos que ser conscientes, además, y estaba al hilo de una de las
preguntas de sus compañeros esta tarde, de que si en el ambiente general
europeo en los
meses finales de 1985 y principios de 1986 podía dar la impresión de que
las voluntades políticas estaban por definir, en este momento las
voluntades políticas de muchos países cercanos a nosotros están
claramente definidas; en Alemania, en Francia, en la misma Italia, hay
voluntades políticas que están garantizando que el proceso se va a
cumplir. Yo estoy convencido de que en España existe esa voluntad
política y, por tanto, creo que cuanto más claramente la podamos
manifestar mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Rato por su respuesta.
Empezaré por contestar a algunas de las cuestiones que usted ha
respondido de manera un poco desordernada.
En primer lugar, sobre la corresponsabilidad fiscal y el coste de los
pactos. Les hemos preguntado por activa y por pasiva, y vamos a seguir
haciéndolo, sobre el coste de los pactos, sobre el coste adicional que va
a suponer la reforma del sistema de financiación de las comunidades
autónomas y no hay que escandalizarse por ello. Puede tener un coste
adicional y puede no tenerlo; pero debo decirle, señor Rato, que la
corresponsabilidad fiscal en sí misma no significa más gasto. Estamos
hablando de dar más responsabilidad a las comunidades autónomas que no
significa por sí misma más gasto, no significa incrementar la carga en
los Presupuestos Generales del Estado.
Debo recordar, también, que fuimos los socialistas los primeros que
iniciamos el debate sobre la corresponsabilidad fiscal, con poco éxito en
el seguimiento por parte del Partido Popular. Es verdad que después se
han añadido y nos felicitamos por ello, sin embargo, hay que reconocer
las cosas tal como son, señor Rato.
En cuanto al coste de la reforma que se realizó en 1992, ustedes ahora
dicen que van a realizar una reforma que es revolucionaria. Lo
revolucionario es el proceso que ha seguido nuestro país, el desarrollo
del Estado de las autonomías, el desarrollo de un sistema de financiación
adecuado para el Estado del que nos hemos dotado, de descentralización
política, de descentralización administrativa y financiera. En 1992 dimos
un paso fundamental en la reforma del sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Hay que seguir perfeccionando, pero hemos dado
pasos muy importantes. En 1992 se resolvió un problema muy grave que
había y era que la inversión nueva estaba recogida dentro del Fondo de
Compensación Interterritorial y estaba afectada por criterios de
redistribución y de solidaridad. Se daba la paradoja de que las
comunidades más desarrolladas no tenían recursos para realizar escuelas,
para realizar la inversión nueva en equipamientos esenciales y
comunidades menos desarrolladas no sabían qué hacer con los recursos que
tenían. Alguna comunidad dedicaba esos recursos --y es muy razonable y
elogiable, lo que usted quiera-- a construir casas-cuartel de la Guardia
Civil, pero había un problema muy serio de estrangulamiento de la
inversión nueva necesaria en comunidades más desarrolladas porque la
financiación estaba afectada por el criterio de redistribución en todos
sus aspectos. Eso se corrigió en 1992 incorporando la inversión nueva a
la participación en los ingresos del Estado. Se restó del Fondo de
Compensación Interterritorial y se compensaron los atrasos que había
habido en el pasado. Por tanto, no tiene por qué repetirse el coste o el
mayor coste, el incremento que hubo en ese momento en el paso que vamos a
dar ahora que es de reforma para avanzar en la corresponsabilidad fiscal
en la que, como he visto por los asentimientos que hacía, usted también
coincide, ya que en sí misma la corresponsabilidad fiscal no significa un
incremento de gasto.
No obstante, le voy a preguntar y vamos a seguir preguntándole por parte
de nuestro grupo, señor Rato, a usted y a otros portavoces del Gobierno
cuánto cuesta el pacto de investidura que ustedes han conseguido con la
Coalición de Convergència i Unió, con el Partido Nacionalista Vasco y con
Coalición Canaria, tanto por lo que se refiere a la financiación
autonómica como a otros aspectos de los pactos.
En referencia al billón de pesetas, señor Rato, no nos lo inventamos los
socialistas, está en toda Europa; ayer figuraba en Le Fígaro; se hablaba
de que ustedes piensan llevar a cabo el recorte de un billón de pesetas
en los próximos meses. Por consiguiente, comprenda usted que tenemos que
seguir insistiendo sobre la cifra del billón porque está aquí, está en
España, en Madrid, en los periódicos españoles, en los europeos y está en
Bruselas. Aclaren ustedes qué piensan hacer al respecto.
En cuanto a la inflación, podemos hacer la historia de la inflación en
España, señor Rato. En 1982, cuando llegamos los socialistas al Gobierno,
había un 14 por ciento de inflación en España. Pero esa no es la
cuestión. Estamos hablando de cuál es la situación en este momento, de si
estamos en disposición de cumplir con las condiciones de convergencia y
nosotros creemos que sí.
Señor Rato, no enfatice usted tanto las dificultades ¿Qué hay
dificultades y problemas? Ya lo sabemos. Pasen ustedes página a las
actitudes propias de la oposición que practicaron. Ustedes están en el
Gobierno, ustedes ya han llegado al poder, ustedes tienen que ejercer el
poder y el Gobierno para afrontar los problemas de nuestro país,
representando los intereses de nuestro país.
Tengo que remitirme al último informe de la Comisión Europea sobre
situación de convergencia de España y sobre las posibilidades de
convergencia. Ustedes las deben conocer igual que yo. El informe dice que
España en 1997, en términos de tendencia --teniendo
en cuenta la que hemos tenido hasta este momento--, si se mantiene,
España estará a una décima del criterio de inflación. No lo dice el Grupo
Parlamentario Socialista, lo dice la Comisión Europea, que creo puede
merecerle alguna credibilidad.
En términos de deuda, según la Comisión Europea solamente tres países
cumplirán los criterios de la Deuda Pública en 1997. España no tiene unas
dificultades que no tengan el resto de los países europeos.
Sobre el déficit público, ¿qué dice la Comisión? Dice que España estará a
siete décimas de cumplir el objetivo del déficit público si se mantiene
la tendencia y el camino que se ha seguido hasta este momento y dice que
con un pequeño esfuerzo adicional España estará en condiciones. Además,
la evolución que ha tenido el déficit a lo largo de 1996 y que su
Gobierno ha reconocido como muy positiva --han hecho un comunicado,
incluso en domingo han ido corriendo a trabajar-- dicen lo bien que va el
déficit en el primer cuatrimestre de 1996 que es el último período
correspondiente a la gestión socialista, porque a partir de aquí es su
responsabilidad, y señalan que ha habido una reducción, respecto al mismo
período de 1995, del 48 por ciento. Por tanto, hay datos suficientemente
positivos para valorar la convergencia de nuestro país. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señora, Aroz, le ruego que vaya concluyendo.
La señora AROZ IBAÑEZ: Concluyo, señor Presidente.
Nosotros, señor Rato, no hemos presentado la interpelación para que
valoremos si convergemos mejor o peor --que convergemos y convergemos
bien--, sino para que ustedes nos digan cuál es su posición, si tienen
posiciones claras, si tienen prioridades firmes y qué opina en relación
al programa de convergencia.
Su respuesta, en este sentido ha sido medianamente satisfactoria, pero
creo que nos aproximamos, porque ustedes han dicho que consideran vigente
el programa de convergencia en un 70 por ciento y esto nos satisface.
Hace muy pocos meses veíamos en esta Cámara una moción, consecuencia de
una interpelación que presentaron en junio y que no vimos hasta
septiembre de 1995 --pero en todo caso hace menos de un año--, en la que
ustedes planteaban la reforma del programa de convergencia que habíamos
aprobado y superado recientemente en Europa, con la reforma, revisión y
actualización que tuvieron que realizar todos los países en 1994 como
consecuencia de la crisis que atravesamos los dos años anteriores.
Respecto a la política de ingresos y gastos, algo hemos avanzado también.
Ha dicho S. S. algo importante: que ustedes no van a subir los impuestos,
pero ésta no es la cuestión. Con ello nos da la razón y da también la
razón al programa de convergencia, que dice que no hay que elevar la
presión fiscal, y en ese sentido hay un compromiso del Gobierno
socialista; pero yo le preguntaba por su política de ingresos, es decir,
por el programa con el que ustedes han concurrido a estas elecciones, que
es la reducción significativa y sustancial de los ingresos fiscales como
consecuencia de la reducción --muy importante, muy significativa-- de los
impuestos contenida en su programa electoral, reforma e incluso
supresión. Aprovecho, señor Rato, para preguntarle: ¿van a suprimir o no
el Impuesto sobre matriculación? Viene al hilo de la pregunta e intento
concretar al máximo.
Estas son las preguntas. No ha contestado, señor Rato, y tengo que volver
a insistir. ¿Cómo se distribuye la reducción, el ajuste presupuestario de
200.000 millones, que ustedes han decidido y que mientras no nos diga en
qué partidas se va a aplicar, no es efectivo? Es que si ustedes no saben
en qué partida se va a aplicar este ajuste no es efectivo, señor Rato, lo
diga usted como lo diga.
Finalmente, en relación a las actuaciones de su Gobierno, respecto a los
compromisos, en relación al déficit, creo que hay que valorar
positivamente que ustedes mantengan el objetivo de déficit del 4,4 para
1996. No nos digan --pueden decirlo, pero usted sabe que no es cierto--
que va a ser exclusivamente fruto de la acción del nuevo Gobierno.
Sabemos dónde estábamos a 30 de abril de 1996 en la evolución del
déficit. En cualquier caso, les deseamos éxito. Le he dicho antes que
tendrá el apoyo del Grupo Socialista para conseguir los objetivos
contenidos en el programa de convergencia si ustedes siguen manteniendo
la compatibilidad entre esfuerzo y mantenimiento del Estado del bienestar
y logros sociales.
En relación a la concreción sobre la vigencia o no del programa de
convergencia, vamos a presentar una moción, que desearíamos fuera
consensuada por el mayor número posible de grupos de la Cámara, para
reforzar la posición de España en este proceso que vamos a hacer y para
reforzar también, no tenemos inconveniente en ello, al Gobierno del
Partido Popular en liderar ese proceso que España necesita atendiendo a
los intereses de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias señora Aroz.
Al comienzo de su intervención ha dicho que corresponsabilidad no
significa más gasto --me alegro oírselo-- y que ustedes fueron los
primeros. No, usted sabe que eso no es así, porque las medidas de 1993 no
eran de corresponsabilidad fiscal, eran de la participación en la cuota
líquida del IRPF sin ninguna capacidad de corresponsabilidad fiscal. Pero
da igual si ustedes
quieren ser los primeros, aunque no lo hayan hecho; el problema es cómo
diseñamos el nuevo sistema.
Sin duda se ha hecho un gran camino en la evolución autonómica en los
últimos años. En principio es el camino que se ha hecho, porque las
primeras elecciones autonómicas, que yo recuerde, se producen en 1983,
recién llegados ustedes al Gobierno. Por tanto, ustedes han sido
protagonistas políticos de la evolución autonómica de este país, sin
ninguna duda.
Desde el punto de vista del sistema de financiación y de la participación
de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, la propuesta que
nosotros hacemos --y que, vuelvo a repetir, ustedes llevaban en su
programa electoral-- creo que da un paso sustancial, sin tratar de restar
cuál haya sido la importancia de los pasos anteriores, que, por cierto,
como usted sabe muy bien y como no podía ser de otra manera, fueron
acuerdos casi todos de consenso con el Partido Popular en los pactos
autonómicos.
¿Cuánto cuesta? El pacto no cuesta. Puede costar el sistema de
financiación. Y no me lo ponga usted fácil, porque ¿quiere que le diga
cuánto costó su acuerdo de 1993? ¿Nos vamos a poner en ese camino? Pues
lo mediríamos por minutos, por días, por apoyos. Es decir. no lo pongamos
en ese sentido.
Me alegro que la inversión nueva la considere ya como parte del sistema
de financiación, como parte de la base. Lo llamaban ustedes inversión
nueva, pero no estaba condicionada, no tenían que ser inversiones, por
tanto fue un aumento del sistema de financiación, que nosotros no
criticamos, pero fue una parte del sistema de financiación y fue un
aumento de la base de que parten hoy las comunidades autónomas. Habrá
tiempo para debatirlo y si ustedes opinan que debe ser inversión del
Estado espero que lo digan en los debates que se planteen sobre
financiación autonómica, pero veo muy difícil que sean ustedes capaces de
decirlo.
El billón. Es una cifra mágica para ustedes. Según ustedes cuesta un
billón modificar las cuotas de la Seguridad Social; también cuesta un
billón la financiación autonómica; igualmente cuesta un billón el IRPF y
también va a suponer un billón la política presupuestaria de 1997. No
tienen ustedes ningún problema con la misma cifra todo el tiempo. Desde
luego, es una cifra mágica para ustedes.
Desde el punto de vista del ano 1997 vuelvo a insistir en lo que he
dicho. Nosotros estamos planteando en este momento que el conjunto de los
gastos agregados no crezca por encima del crecimiento de los precios. No
estamos hablando de un recorte; estamos hablando de que no crezca por
encima del crecimiento de los precios, es decir, que mantengan su
capacidad adquisitiva, si me permite usted la explicación simple que
podemos hacer, para algunas prestaciones.
Me ha hablado de la inflación y se ha quedado usted a medias. Lo
comprendo, porque el problema de la inflación usted sabe como yo que no
es de dónde venimos nosotros, es de dónde venimos nosotros pero también
dónde están los demás. El problema de la inflación es el diferencial. Le
he vuelto a insistir que en temas de inflación estamos como estábamos en
1986 desde el punto de vista del diferencial con los países centrales. No
quiere decir que no hayamos hecho ningún esfuerzo. Quiere decir que no
hemos hecho el mismo esfuerzo que han hecho otros países que incluso
estaban peor que nosotros, como es el caso de Irlanda o de Portugal.
Por tanto, tenemos que hacer cosas mejores. Yo espero que ustedes estén
dispuestos a hacerlas, estoy convencido de que quieren hacerlas. Tengo
que decir que de 1986 a 1996, en términos de inflación, ustedes no han
sido capaces de mejorar el diferencial desde el punto de vista del
conjunto de la sociedad española, y tenemos que mejorar el diferencial,
porque en este momento la diferencia es de casi dos puntos.
Se ha referido usted a la Comisión. Yo preferiría ahora no utilizar los
argumentos de la Comisión porque usted sabe que la Comisión identifica a
diez países cuya inflación ya está por debajo del 3 por ciento y para qué
vamos a hablar de lo que dice la Comisión. Usted me pide, por un lado,
que nosotros hagamos un discurso positivo y después viene usted con los
argumentos que probablemente menos nos convienen para ese discurso
positivo.
El Gobierno cree firmemente que España no sólo debe sino que puede estar
en las condiciones de convergencia y vamos a tomar todas las medidas para
que sea así. Pero no me traiga usted las previsiones porque algunas casi
no coinciden con lo que usted y yo decimos. Vienen a decirnos que si
seguimos como hasta ahora, nos acercaremos mucho pero no llegaremos.
Luego, entendida la cuestión desde el punto de vista positivo, eso
significa que tenemos que hacer algo más de lo que hemos hecho hasta
ahora, si me acepta usted esa propuesta. Porque todas las previsiones nos
dicen que nos vamos a acercar mucho si no cambiamos de política, pero en
ninguno de los casos vamos a llegar. Por tanto, tenemos que hacer algo
más, y en ese algo más es donde la colaboración con el Gobierno la tienen
ustedes garantizada.
Usted está muy contenta de las cifras de déficit en el cuatrimestre. Yo
me adelanté a decírselo, pero veo que a usted le daba igual. Usted quiere
decir que es un éxito. Sabe usted que están jugando ingresos no
tributarios atípicos, que son las privatizaciones. Por tanto, no debemos
pensar que los resultados de los cuatro primeros meses nos están
indicando la evolución del año. Es más, el cuadro macroeconómico nos
indica que tenemos que tomar ajustes que nosotros ya hemos decidido
tomar. No hemos querido esperar al mes de julio y hemos querido tomarlos
antes para dar un mensaje claro a la sociedad española, a esta Cámara y a
la opinión internacional de que la voluntad del Gobierno --y estoy
convencido que la de los grupos parlamentarios-- es cumplir con los
criterios y con los objetivos de déficit para 1996.
El programa de convergencia no está vigente porque el cuadro
macroeconómico sobre el que se hizo
no se ha cumplido. A partir de ahí, si quieren ustedes que ahora nos
pongamos a revisar el programa de convergencia, lo hacemos. A nadie le va
a interesar ya nada, porque los programas de convergencia a dieciocho
meses ya no son programas de convergencia, lo que hay son dieciocho
meses. El programa de convergencia no está vigente, porque tengo aquí
delante el cuadro macroeconómico y las previsiones macroeconómicas sobre
las que se hicieron las previsiones del programa de convergencia para la
media de 1996-1997 de crecimiento daba un 3,9, y ustedes comprenderán que
eso no es así. Qué más quisiéramos todos, pero eso no es así.
Cuando ha dicho usted que valoramos el 70 por ciento de vigencia he de
decirle que no me malinterprete. Yo no he dicho que nosotros valoremos el
70 por ciento de vigencia. Le he dicho que para que se cumpliera el
programa durante el Gobierno del Partido Popular habría que hacer el 70
por ciento del esfuerzo. Eso es lo que ustedes preveían. En la reducción
del déficit ustedes preveían pasar de un 7,3 a un 3 y el 70 por ciento de
esa reducción la dejaban ustedes para 1996 y 1997, con una previsión de
crecimiento del 3,9. Luego, nosotros vamos a tener que hacer el 70 por
ciento del esfuerzo, ustedes sólo han hecho el 30, y con una previsión
del crecimiento que es casi la mitad de la que ustedes preveían.
Por tanto, no me diga usted que aceptamos el programa de convergencia en
un 70 por ciento. No, es que nos vamos a ver obligados a hacer el 70 por
ciento del esfuerzo porque ustedes reservaron para la segunda parte del
programa de convergencia --probablemente su mayor error desde el punto de
vista de estrategia económica-- la reducción del déficit público en los
años 1996 y 1997.
Modificación de impuestos. Le he dicho que la vamos a hacer. Nosotros
vamos a modificar los impuestos porque creemos que desde el punto de
vista de la equidad y de la eficacia en España hay que modificar los
impuestos; desde el punto de vista de la lucha contra el fraude hay que
modificar los impuestos; desde el punto de vista de la capacidad
recaudatoria hay que modificar los impuestos y desde el punto de vista de
la competitividad hay que modificar los impuestos. Una gran parte de la
desaceleración económica que estamos viviendo en estos momentos tendría
que haber sido atajada por un gobierno que hubiera podido estar en
condiciones de gobernar mucho antes de lo que lo ha estado como
consecuencia de unas elecciones en marzo. Ese es otro debate que ya hemos
tenido demasiadas veces y que no vale la pena tener en este momento, pero
la desaceleración económica en España se produce en el verano de 1995, y
en este momento claramente el Gobierno tiene que estarse planteando
medidas que incentiven la inversión porque es bueno para el crecimiento y
es bueno para la competitividad.
Vamos a modificar los impuestos, sin ninguna duda. Seguramente, unos sí.
¿Por qué no si tenemos que aumentar el ahorro? ¿Por qué no vamos a
modificar los impuestos para conseguir que paguen más y, por tanto, los
que ya pagan que paguen menos? Ese ha sido nuestro principio y esperamos
ver sus contribuciones en ese debate o su oposición al mismo.
El ajuste es efectivo en cuanto lo acuerda el Consejo de Ministros. Los
ministerios saben que tienen un límite de disponibilidad que les afecta a
todos. Tienen un plazo hasta el 1 de junio para responder cómo aplican
ese límite de disponibilidad al Ministerio de Economía y Hacienda,
exactamente igual que en ocasiones anteriores. Lo que pasa es que ustedes
en este momento no quieren reconocer hechos tan palmarios como la carta
que acabo de leer, que era de enero de este año, firmada por miembros de
su gobierno. No tengan ustedes ninguna duda (que no la tienen); no
quieran introducir ninguna duda --que al parecer es lo que quieren-- en
que un ajuste, un acuerdo de no disponibilidad es efectivo desde el mismo
momento en que el Gobierno lo toma, como lo saben los señores ex
ministros que están aquí sentados, ya que lo han hecho en más de una
ocasión. No tengan ninguna duda en que tendrán ustedes cumplida
información y, además, espero que la tengan un poquito más deprisa que la
que daban ustedes. Le vuelvo a decir que su ajuste de enero de 1995, que
es el último que se toma con las Cortes abiertas, fue informado a esta
Cámara el 1 de marzo, y el nuestro lo será antes. También es bueno que
cada gobierno vaya mejorando al anterior. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde una posición distante al dogma en que se mueven los dos grandes
partidos de ámbito estatal que tienen protagonizado este debate, nos
gustaría hacer alguna observación que puede tener algún consenso entre
todos los aquí presentes.
Nadie debe dudar de que la política monetaria es exclusivamente uno de
los mecanismos que se puede emplear en materia económica. Pero cuando la
política monetaria se convierte en política prioritaria, acabamos en
aquello que se llama política monetarista, y personajes de la vida
política nada sospechosos en relación con aquellos que creen en el dogma,
como Jacques Delors, anunciaron que podía provocar gravísimos problemas
en el futuro de la Unión Europea. Incluso en el discurso de ayer del
señor Presidente de la República de Portugal en este hemiciclo hubo
alguna referencia a
los peligros latentes de marginalidad que había dentro de la construcción
de la Unión Europea.
El segundo axioma que podemos cuando menos acreditar es el hecho de que
existan coincidencias en los epifenómenos de carácter económico, como
pueden ser la tasa de inflación, el déficit presupuestario, la deuda
pública y el tipo de interés, no quiere decir que haya coincidencias en
las realidades. No es muy difícil comprender que la estructura social en
el Estado español y en todas las partes que lo conforman no es idéntica a
la de otros Estados europeos. También parece evidente que las economías
del centro, como la alemana o la francesa, no son iguales que las
economías de la periferia. Indudablemente cuando se habla de la tasa de
paro parece que existe una correlación perfecta entre economía productiva
y la tasa de paro que cada país padece o soporta, e incluso está en
relación con la balanza comercial.
En tercer lugar, nos gustaría, desde la perspectiva del Bloque
Nacionalista Galego, que no se olvidase que uno de los grandes objetivos
de la Unión Europea, cuando pasa esta etapa de unión económica y
monetaria --palabras bien expresivas, unión económica y monetaria--, es
la creación de un sistema europeo de bancos y un banco central europeo,
que tiene hoy su sombra, su perfil, en el Bundesbank. Y todo esto está
incidiendo de una manera clara en la política presupuestaria que el
Estado español se ve obligado a hacer.
Para ir acabando, nos gustaría hacer una reflexión. Pensamos que no se
puede separar la política de inversiones públicas, tan necesaria en el
Estado español tanto para infraestructuras como para economía productiva,
del equilibrio presupuestario que se está predicando. Por lo tanto, hay
ahí, cuando menos, una ligera contradicción que el Gobierno sabrá cómo va
a solucionar, igual que existe también una contradicción, incluso estando
dentro del dogma, entre los ajustes que se predican y la política de
redistribución de la renta socialmente justa. A nadie le cabe la menor
duda, por mucho que se diga lo contrario porque, si no, las cuentas
empíricas, monetaristas a ultranza no casan, que habrá que hacer alguna
reducción en la cobertura de servicios públicos y servicios sociales si
se quiere llevar adelante una política de ajuste duro como la que se
predica.
En definitiva, que no hace falta esperar a 1997 o 1999 para saber que hoy
existe una Europa de varias velocidades: la de los que pueden y quieren
estar, Alemania o Luxemburgo; la de los que quieren y no pueden, según
ellos mismos, el caso del Estado español, la de los que seguramente
podrían, pero no van a querer o hay sospechas de que no van a querer,
como Gran Bretaña; la de aquellos que no saben, no contestan y otros
muchos que están esperando entrar y entrarán por la puerta falsa de los
pobres y realmente rendidos.
En último término, desde nuestra posición, desde luego es legítimo pedir
al Gobierno, cuando menos en su confesionalidad dogmática, cautela y la
posibilidad de un debate sin prejuicios ni anatemas en contra de los que
estemos fuera del dogma.
Quiero recordarles que ya Antonio Machado, que me imagino que gozará de
algún predicamento entre todos ustedes, advertía a la juventud que a lo
mejor tendría que arrebatar el volante del coche a sus mayores porque
corrían el peligro de estrellarse. Nosotros no vamos a hacer esta
recomendación, pero sí que actúen y conduzcan con cautela.
Para terminar, señor Presidente, realmente es preocupante que esta
política vaya adelante para conducir a una separación cada vez más
notoria entre instituciones políticas de representación popular y
organismos e instituciones financieras, que cada vez actúan más por su
cuenta. Igualmente, pensamos que puede ser un axioma --y no hace falta
entender de economía-- que las mismas medidas aplicadas a realidades
económicas distintas dan resultados diferentes y no siempre beneficiosos.
Nada más. Que quede esto claro para que, por lo menos, vayamos perfilando
todos nuestra posición para el presente y para el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, unas previas consideraciones al debate de fondo en torno a la
situación económica y las perspectivas de la política económica en España
sobre una cuestión muy puntual que se ha suscitado en el debate, no
directamente relacionada con la política económica, pero sí
indirectamente, que es esa pregunta que se le ha formulado al Ministro
sobre cuánto valen los acuerdos autonómicos o esos acuerdos de revisión
de la financiación autonómica con mi Grupo Parlamentario. En ese sentido,
quisiera invitar al Grupo Parlamentario Socialista a que abandone la
tesis de intentar hurgar en esa pregunta y forzar una respuesta.
Cuando alcanzamos un acuerdo con el Gobierno socialista sobre la revisión
del último quinquenio, no se le exigió la cuantificación de aquel
acuerdo. Y cuando al iniciar la legislatura, en 1993, nosotros exigimos
que se cumpliera el acuerdo sobre corresponsabilidad fiscal y aquel
compromiso adquirido sobre introducir en el sistema de financiación un
nuevo criterio, que era asignar los recursos en base a un 15 por ciento
de la recaudación del IRPF, no se le pidió al Gobierno socialista ni al
Presidente González que cuantificará aquel compromiso.
Yo les invito a que ahora ustedes abandonen esa tesis. ¿Por qué razón? No
porque yo lo desee, sino porque lo que se ha acordado para el quinquenio
que va a empezar es una revisión de criterios para asignar los recursos a
las comunidades autónomas y cuando se
apliquen esos criterios se conocerá su cuantificación exacta. La base de
aplicación de esos nuevos criterios, que hemos acordado políticamente el
Grupo Parlamentario Popular y nuestro partido, es que son criterios en sí
mismos positivos y no va a haber ningún grupo político en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera que los vaya a criticar y al tiempo me
remito, como sucedió ya en la revisión para el quinquenio anterior, que
también suscitó mucho debate político, entonces con el Partido Popular, y
llegado el momento en que se aplicaron aquellos criterios sobre
corresponsabilidad fiscal y sobre asignación de nuevos recursos a las
comunidades autónomas en base a la recaudación del IRPF luego, en la
práctica, a todas las comunidades autónomas les parecieron bien aquellos
criterios. Les van a parecer bien a ustedes y a todas las comunidades
autónomas los nuevos criterios acordados y me remito al futuro. Como la
base de aplicación de esos nuevos criterios va a ser el ejercicio de
1996, este año todavía no ha concluido y no sabemos exactamente sobre qué
base de recaudación exacta van a aplicarse esos nuevos criterios, yo les
pido por favor que abandonen la tesis de exigir una respuesta a cuánto
valen esos acuerdos, porque a ustedes no se les exigió y el Gobierno
socialista no contestó jamás cuánto valían en aquel momento aquellos
criterios iniciales, porque el año 1996 no ha concluido y, por lo tanto
sobre la base de recaudación de 1996 no se puede todavía prever cuáles
van a ser los efectos económicos.
En cuanto a la interpelación concreta que se ha planteado en el ámbito de
la política económica, yo quisiera transmitirle a la Cámara y al Grupo
Parlamentario Popular que para nuestro grupo parlamentario va a haber dos
prioridades urgentes en esa etapa inicial de la legislatura. Para
nosotros la política económica que tiene que desplegarse a partir de este
momento va a ser, en lo fundamental, perseguir los equivalentes objetivos
que tenía la política económica que yo defendía en la anterior
legislatura.
Prácticamente vamos a coincidir en los grandes objetivos. Me atrevería a
decir que van a coincidir los dos grupos mayoritarios en los grandes
objetivos y propósitos de la política económica, pero habrá discrepancias
en cómo se articulan las medidas y la política económica en cada uno de
sus ámbitos. Le indico al Grupo Socialista que nuestro grupo desea que la
política económica a partir de ahora tenga matices distintos de los que
se han desarrollado en la etapa anterior, y los va a tener. Nuestro grupo
influyó en la reorientación de la política económica. Vamos a hacer lo
mismo a partir de ahora y esperamos que acentos, prioridades e
intensidades en determinadas políticas, que pueden tener pretensiones
equivalentes, tengan en sí mismas importantes matices, que en los matices
hoy están los distintos diseños de las políticas económicas en Europa,
pero no en los objetivos más importantes.
Quiero indicarle al señor Ministro que crear empleo y entrar en
Maastricht, en la Unión Monetaria, son los dos principales retos. No
solamente entrar en la Unión Monetaria, sino estar en condiciones de
entrar en la Unión Monetaria en junio de 1998, habiendo creado empleo en
España. El reto político es desarrollar una política económica que nos
permita dar ese paso de integración económica con Europa habiendo creado
empleo en España.
Los medios de comunicación y los analistas económicos nos van a analizar
si somos capaces de llevar el país a la Unión Monetaria pero creando
empleo y, por lo tanto, reduciendo la tasa de paro.
Por eso, nosotros creemos que todo lo que hay que hacer a partir de ahora
tiene tres fases. El Gobierno lo sabe porque se lo hemos transmitido. Una
primera fase que es casi inmediata: desarrollar un conjunto de medidas de
aplicación e incidencia inmediata en la economía para, a partir de ellas,
poder darle un estímulo, muy a corto plazo, para la reactivación
económica, para la reactivación de la inversión y para la creación de
empleo. Una segunda fase, ya más inmediata pero digamos que no a largo
plazo, es el debate de los contenidos de los Presupuestos Generales del
Estado, que van a marcar el inicio claro y profundo de una nueva
orientación de la política económica. Y una tercera fase son las reformas
estructurales que ha anunciado el señor Ministro, que ya tienen en sí
mismas un alcance más a medio y largo plazo, que se van a empezar a
desarrollar a partir de ahora pero que no se van a formalizar hasta
dentro de unos meses, porque requiere un poco más de tiempo.
En la primera fase, señor Ministro, yo le invito a que no desaprovechemos
la coyuntura actual. Estamos a punto de entrar en el mes de junio de
1996, y el período de junio, julio y agosto siempre es muy interesante
desde la perspectiva del impulso de la actividad económica en España y
para la creación de empleo. En esos meses siempre están las puntas de
mayor contratación y creación de empleo.
Yo le invito al señor Ministro a que considere --sé que lo está
haciendo-- la oportunidad de adoptar una serie de medidas, de efectos
inmediatos, que sin duda no se pueden anunciar hoy aquí, y no deseo
hacerlo. Tenemos la pretensión de que con ellas se puede activar la
inversión, liberalizar elementos que puedan fomentar la inversión en
España a corto plazo, efectos inmediatos; crear empleo, estimular la
contratación de las pequeñas empresas, que son las que pueden crear
empleo en España, liberando algunos elementos que hoy obstaculizan la
posibilidad de creación de empleo; y, en tercer lugar, adoptar medidas
que vayan en la dirección de ahorro del gasto público, como las que ya ha
adoptado el Gobierno.
La decisión de los 200.000 millones es una buena medida, le guste al
Partido Socialista o no le guste al Partido Socialista, entre otras
cosas, porque el Partido Socialista ya la aplicó. Cuando la aplicó,
también fue una buena medida, y lo dijimos entonces. Ahora bien. no es
suficiente. Lo sabe el Ministro de Economía, no
es suficiente. Creemos que en el ámbito del debate de los contenidos de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 habrá que adoptar la
segunda medida de contención y de ajuste del gasto en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Termino, señor Presidente.
La acción política de nuestro Grupo Parlamentario va a desarrollarse en
las direcciones que le he indicado. Vamos a ser más intensos en la
orientación de la política económica en el sentido que venimos
defendiendo a lo largo de los últimos años. Creo que ello definirá
claramente el matiz diferencial de la política económica del Partido
Popular, o de la etapa de gobierno del Partido Popular, con la anterior.
Coincidiremos en los objetivos generales, pero creo, señor Ministro, que
hay que aprovechar esa etapa inicial de los próximos treinta días y
desplegar un conjunto de medidas de incidencia inmediata en la economía,
aprovechando una cierta coyuntura actual, para poder crear empleo,
estimular la inversión y fomentar el ahorro público.
En ese conjunto de medidas de ahorro público podrían contemplarse algunas
privatizaciones que ya tienen un grado de madurez muy asimilado, porque
el Gobierno anterior ya las había madurado mucho y el mercado podía
asimilarlas perfectamente. Esto nos podría ayudar, por ejemplo, al
esfuerzo de contención del déficit público. Las demás privatizaciones
tendrán un efecto posterior, pero algunas podrían adoptarse con carácter
inmediato.
Señor Ministro, creo que la fase de los Presupuestos Generales del Estado
requerirá otro escenario de debate, y también tendremos oportunidad de
transmitir a la Cámara cuáles son nuestras posiciones en relación a las
políticas estructurales que se deben impulsar.
Para terminar, sólo me queda reiterar que consideramos un acierto las
conocidas medidas de contención de gasto que han tomado, y comprometernos
--nosotros y también al futuro Gobierno-- en profundizar más en esa
dirección, porque es la clave inicial de todo un proceso que nos puede
llevar a estar en la Unión Económica y Monetaria: contener el déficit
público, permitir una reducción de los tipos de interés como
consecuencia, alcanzar una buena previsión de contención del déficit
público corriente y del acumulado --que son dos exigencias de
Maastricht--, y permitir estabilizar nuestra moneda para poder entrar en
esa tercera fase de Unión Económica y Monetaria.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que
empezamos la legislatura como terminamos la anterior. Por utilizar
términos que diría el señor Homs, a más a más, para profundizar, la
discusión a lo largo de la interpelación ha venido a decir: Vamos a ver
si el proceso de convergencia que ustedes han justificado para hacer un
recorte de 200.000 millones de pesetas lo pueden hacer con la política
que nosotros hacíamos, y qué cosas diferentes van a hacer. Se trata de
decir, más o menos, lo siguiente: la Europa a la que queríamos ir es la
misma, pero vamos a ver si se iba mejor por la carretera o por la autovía
del señor González o por la carretera o la autovía del señor Aznar. Y en
el curso han sacado un cuadre de cifras. Gastaban antes la broma de que
con esto de la inflación pasa como con las tiendas nuevas: todo a 100,
pues todo a 1 billón, y los cálculos pueden salir en función de cualquier
número.
Tres referencias ha hecho la portavoz del Grupo Socialista cuando les ha
pedido a ustedes que concreten si en la campaña y en el debate de
investidura dijeron que sus propuestas van a ser mejores para poder
conseguir los niveles de convergencia, que precisen aquí cuáles son esas
políticas para conseguir que los criterios que los cuatro criterios que
no cumplimos: la inflación, los tipos de interés, el déficit público y la
deuda en circulación, vayamos a cumplirlos.
La segunda observación que les quería hacer es la siguiente. Cuadren los
dineros, cuadren los números, porque van a reducir los ingresos, van a
mantener gasto social y, nos guste más o nos guste menos --yo siento que
se haya ido el señor Homs--, de lo que se trata no es saber cuánto va a
costar el nuevo sistema de financiación, si es más o si es menos; es que
los tres acuerdos bilaterales llevan consigo incrementos de recursos que
vamos a transferir hacia un lado o hacia otro. Por no utilizar el de
Convergència i Unió, podríamos utilizar, por ejemplo, el de Coalición
Canaria; y cuando se habla de comprometer dinero de los fondos europeos
de desarrollo o una inversión determinada a Canarias, vamos a
cuantificarlos; o con el PNV, cuando se habla de devolver un patrimonio o
de otros compromisos; o con la propia Convergència i Unió. Cuadren cuál
es el volumen de recursos de transferencias, porque después hemos
conocido lo que no se dijo aquí, al principio, y empezó a gobernar el
partido mayoritario. En suma, lo que les viene a pedir la portavoz del
Grupo Socialista es que cuadren los números, de verdad, de esa política
económica.
Y la tercera discusión vendría a ser si es bueno que ese recorte que
ustedes han anunciado vaya acompasado de otras medidas determinadas. El
problema, desde nuestro punto de vista, no está en los tres elementos que
han surgido aquí. El problema está en que podemos estar tomando medidas
para construir un tipo de España en ese proceso de construcción europea
que, a la hora de decidir una reducción del gasto público sobre la base
de la contención del déficit, vayamos
a una reducción de la inversión, vayamos a un tipo de economía poco
productiva, vayamos a una relación de producción, salario y política
social determinada, con lo cual, la España que va a ir a la Unión
Monetaria será muy buena y muy interesante para unos señores, pero no
será muy buena y muy interesante para nosotros.
Sería bueno que ustedes pudieran precisar esos ajustes que, además,
vuelven a ampliar con otro ajuste de 500.000 millones de pesetas. Una de
las apreciaciones que hacía la portavoz del Grupo Socialista es que no
cuadran los números. ¿De dónde van a recortar? Porque este Presupuesto ya
tiene un recorte; este Presupuesto prorrogado de 1995, con la ley de
prórroga, ya llevaba un ajuste, al margen del que se produjo en el año
1995, 150.000 millones de recorte y 400.000 de contención de la
obligación reconocida.
A mí me gustaría que ustedes nos dijesen a qué renunciamos los españoles
cuando se habla de este asunto, lo pongan como lo pongan, no vaya a ser
que pase como con el Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas
anterior, que cuando compareció, dijo: tengo 90.000 millones menos, pero
no va a afectar a ninguna de las cosas que tengo en marcha. Yo le dije:
Tú tenías que ser Ministro de Economía, porque si con 90.000 millones
menos vas a hacer lo mismo, eres una joya que debíamos de explotar.
Nos guste más o nos guste menos, ustedes van a contener la obligación en
un porcentaje cada mes que, al final, será renuncia a unos proyectos de
cada uno de los ministerios; y será en inversiones, será en gastos o será
en lo que sea, pero tendrán que decirse los 200.000, los 400.000, para,
al final, saber a qué renunciamos.
Yo terminaría diciéndole, en función de la propuesta que después haga en
la moción el grupo que ha presentado la interpelación, que, defendiendo
que hay que ir a una construcción europea, defendiendo que es bueno que
haya una moneda única, defendiendo que hace falta ese proceso de cohesión
europea, entendemos que al mismo tiempo se debería avanzar en criterios
de política social, de desarrollo global, porque lo que se ha demostrado,
con las cifras que nosotros barajamos, en Europa y en España es que,
habiendo contenido los salarios, habiendo contenido la relación de
contratos, habiendo contenido nuestra política de gasto social, no ha
crecido el nivel de empleo y nuestra tasa de desempleo es del 22,9 y en
Europa el 11, y nuestra tasa de ocupación --las industrias, la producción
que tenemos-- está en el 49 por ciento, mientras que en Europa está en el
55 por ciento. Y ustedes tendrán que aceptar que si el nivel de inversión
del 5 por ciento se reduce al 3 por ciento, el motor que todos hemos
dicho que es la inversión pública se va a contener, se va a ver afectado,
va a haber menos proyectos que tiren de actividad productiva.
Por tanto, lo que es importante es que el modelo de Europa que se vaya a
producir sea un modelo de convergencia con Europa construido entre todos
los países y no solamente en base a la política monetaria. Esos serían
los elementos que a nosotros nos hubiese gustado que hubiesen salido,
porque hay que ponerlos encima de la mesa, y cada vez más.
Yo finalizaría. señor Presidente, porque volveremos a hablar de esto,
diciendo que no vaya a ser que esto de los plazos de construcción de la
Unión Monetaria, que ahora mismo son muy importantes, nos lleve a
apretarnos el cinturón sistemáticamente en lo que signifique cuando el
nivel de gastos al que renunciamos, por ejemplo, podría ir en beneficios
fiscales --hay 2,4 billones de pesetas de gastos en beneficios
fiscales--; o a lo mejor resulta que al final se pueden deslizar y
aplazar las condiciones de los criterios de convergencia porque no los
podemos cumplir, o si no se aplazan y se compone a la fecha que estaba
prevista, se toman decisiones políticas y, en lugar de déficit, como
estamos hablando ahora mismo, se habla de déficit estructural, o en lugar
de deuda se habla de unas condiciones determinadas para que al final
estén y se construya una Europa, aunque sea pequeña y de primer nivel.
¿Ustedes creen que va a haber una Europa donde no estén Alemania,
Francia...?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego termine.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
¿Donde no estén Alemania, Francia e Italia? Pues yo creo que no habrá una
Europa, ni siquiera en el tramo tercero, donde no estén esos países. Por
tanto, habrá decisión política o aplazamiento. ¿Por qué no ir
desarrollando también la parte social de esa Europa, en lugar de ir
solamente a la parte monetaria, que la administrarán otros, y no serán ni
siquiera los gobiernos que hoy están o los que estuvieron entonces?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.