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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 287, de 27/05/1998
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL 27 de mayo de 1998 Núm. 287
INDICE
Control de la acción del Gobierno
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000004 Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos
Parlamentarios con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación (Página 2)
Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados
con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación
(Página 53)
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CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos
Parlamentarios con motivo del debate de política general sobre el estado
de la Nación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Presidente
del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
Propuesta de Resolución núm. 1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Mujer
«El Congreso de los Diputados, consciente de que la igualdad entre
hombres y mujeres es todavía una aspiración de la sociedad y para superar
ese déficit democrático, y teniendo en cuenta que la vigente legislación
no da una respuesta adecuada a la problemática que se manifiesta en torno
a la interrupción voluntaria del embarazo, insta al Gobierno para que:
1. De manera inmediata impulse una modificación legislativa que: amplíe
los supuestos de despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo, de acuerdo con los criterios jurídicos vigentes en la mayoría
de los países de la Unión Europea, contemple globalmente todos los
aspectos que inciden en esta problemática, asegure la libertad, la
dignidad y la intimidad de la mujer, garantizando plenamente su capacidad
para decidir por sí misma y garantice la existencia de centros sanitarios
suficientes para la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo
en todas las Comunidades Autónomas.
2. Dé prioridad presupuestaria, y con mayor financiación a las acciones
necesarias para que la ayuda eficaz e inmediata a las mujeres que sufren
malos tratos, les impida continuar en silencio, y puedan plantearse su
independencia económica y su dignidad como personas.
3. Se proceda a la inmediata creación del fondo de garantía de pensiones
alimenticias y compensatorias que impida el abandono que significa el
impago de las mismas.
4. Sea posible la habilitación de los medios judiciales necesarios para
que pueda crearse un juzgado de guardia para asuntos de familia que pueda
adoptar medidas inmediatas para asegurar el cese de la violencia contra
las mujeres y el alejamiento del agresor del domicilio de la víctima.
5. Se proceda a la inmediata especialización de los miembros del
ministerio fiscal que actúen en todo tipo de procesos en los que se den
casos de violencia y maltrato familiar.
6. Proceda a elaborar las iniciativas legislativas necesarias para que
sea declarado nulo el despido de toda mujer que se encuentre embarazada,
y se garantice el derecho de toda persona que disfrute de excedencia por
maternidad a retornar a su puesto de trabajo cuando así lo solicite.
7. Se fomente la creación de escuelas infantiles en el ámbito laboral
para facilitar el trabajo de hombres y mujeres y el reparto de las
responsabilidades familiares.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 2
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Por una política de empleo
«El empleo sigue siendo la primera preocupación de las ciudadanas y los
ciudadanos de nuestro país, motivado, sin lugar a dudas, por la realidad
actual de nuestro mercado laboral.
La necesaria y urgente mejora del mismo no puede quedar exclusivamente en
manos de un diálogo social cuyos resultados positivos han sido
minimizados por la acción del propio Gobierno, al aprobar con el
exclusivo apoyo empresarial el Plan Nacional de Empleo, y por la negativa
de la organización empresarial a avanzar en la línea de reparto de
trabajo que acordó la reforma laboral.
Es por ello que, consciente de la necesidad, imperiosa también, de una
decidida actuación del Gobierno encaminada al objeto de mejorar las
condiciones de vida y trabajo de la mayoría de nuestras ciudadanas y
ciudadanos,
el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma inmediata:
1. Inicie negociaciones con los agentes sociales y económicos para
concretar los términos de una política de promoción del reparto del
trabajo como medida complementaria de creación de empleo, en línea con
las experiencias europeas en tal sentido. En dicha política, deberá
contemplarse, entre otros aspectos, la reducción y penalización de las
horas extraordinarias; la reordenación y reducción de la jornada laboral;
la adecuada contribución de la contratación temporal a los costes
sociales que conlleva y una nueva regulación restrictiva de las empresas
de trabajo temporal.
2. La puesta en práctica, con efectos urgentes, y como objetivo
prioritario de toda la Administración del Estado, el de la lucha contra
la siniestralidad laboral.
3. Inicie negociaciones con las organizaciones más representativas a
nivel estatal, para mejorar y ampliar la cobertura de la prestación
económica por desempleo.
4. Convoque con carácter urgente, y de forma periódica en adelante, los
órganos de seguimiento, tanto a nivel parlamentario como social, del
Pacto de Toledo con el objetivo de dar cuenta cumplida y detallada de las
cifras actuales de la Seguridad Social, de las medidas adoptadas hasta la
fecha en materia de protección social y de las perspectivas futuras de
desarrollo de dicho Pacto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 3
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Política fiscal
«La política fiscal del Estado español ha de tener el objetivo
irrenunciable de procurar los recursos necesarios para la imprescindible
modernización de nuestro país a la vez que da cumplimiento al mandato
constitucional de la progresividad que implica que quienes más ganan en
esta sociedad más contribuyan a su sostenimiento.
La modernización de nuestro país, tan demorada en relación con el proceso
similar llevado a cabo por la mayoría de los países europeos, afronta en
los próximos años, retos ambiciosos encaminados a homologar los niveles
de protección social españoles, dotarlos de las infraestructuras
necesarias para el progreso económico, mejorar los servicios públicos
esenciales que garanticen la igualdad básica de oportunidades y reforzar
la eficacia de la Administración, incluida la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, todo ello en el contexto de las nuevas realidades
europeas.
Por ello, y habida cuenta de las reformas llevadas a cabo en esta
Legislatura que han reducido la carga fiscal de las rentas empresariales
y similares, el Congreso de los Diputados considera que la política
fiscal futura ha de basarse en los siguientes criterios:
1. Garantizar los adecuados recursos nacionales que, junto con las
imprescindibles ayudas europeas, posibiliten llevar a acabo las reformas
pendientes que conduzcan a la plena integración económica y social de
nuestro país en el conjunto de la Unión.
2. Actualizar el mandato constitucional de un sistema fiscal progresivo,
dirigiendo los principales esfuerzos a la erradicación del fraude fiscal
y evitando que las rentas del trabajo sean la principal fuente de
ingresos del sistema fiscal.
3. Integrar, en línea con las propuestas europeas, la creación de empleo
y la promoción del medio ambiente entre los objetivos del sistema fiscal.
Por ello, el Gobierno no adoptará decisiones políticas que supongan una
reducción de los ingresos de la Hacienda Pública de manera que se ponga
en peligro la aplicación de políticas de educación, sanidad, protección
social y, en definitiva, las que comprenden el desarrollo del denominado
Estado de Bienestar; iniciará una reforma del sistema fiscal dirigida a
garantizar que las rentas empresariales y del capital realicen una
aportación tributaria equitativa con respecto al conjunto de la
imposición; y llevará a cabo un conjunto de medidas contundentes para
combatir el fraude fiscal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 4
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Política agrícola
«El Congreso de los Diputados insta una vez más al Gobierno para que
ejerza la máxima firmeza en la defensa
del sector olivarero español en las negociaciones relativas a la reforma
de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva. Para ello,
se comprometerá a no avalar con su voto ninguna propuesta de reforma que
no incorpore los puntos demandados por la Mesa del Aceite, y que
básicamente son: el mantenimiento de los precios de intervención; la
ayuda a la producción real; la eliminación de las ayudas a tanto alzado;
la prohibición absoluta de mezclas de aceite de oliva con el de semillas;
el mantenimiento de la cuota a nivel comunitario; el incremento de la
cantidad máxima garantizada, que deberá alcanzar a la totalidad de la
producción; la ayuda a la aceituna de mesa y el mantenimiento de la ayuda
al consumo. El Gobierno deberá defender, asimismo, que el Reglamento
correspondiente a dicha OCM contemple la posibilidad de modular las
ayudas por parte de los Estados miembros.
El Congreso de los Diputados insta igualmente al Gobierno a impulsar y
defender, en las negociaciones de la Agenda 2000, unas propuestas
políticas cuyo principal objetivo sea el mantenimiento de un mundo rural
vivo, con posibilidades de crecimiento armónico e igualdad de
oportunidades para sus habitantes. Para ello, el Gobierno deberá defender
el mantenimiento de un presupuesto comunitario suficiente que haga frente
a las políticas agrarias y estructurales, así como un reparto equitativo
de los recursos y oponerse a los aspectos de esta reforma que suponen una
reducción de la asignación presupuestaria a los productos no
continentales, a la propuesta de neutralidad presupuestaria que supone,
en realidad, la disminución drástica de las rentas de los agricultores y
a la pretensión de suprimir la figura del agricultor profesional como
destinatario de las ayudas comunitarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 5
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Ejército profesional
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda a
acelerar el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, de modo
que sea una realidad en enero del año 2001. Este nuevo Ejército debe
obedecer a un modelo que responda a las actuales necesidades de la
Defensa y de la cooperación internacional, y su papel principal será el
desarrollo de misiones de mantenimiento de la paz, de carácter
humanitario o para la solución pacífica de los conflictos. Por ello sus
características principales serán:
a) Su carácter eminentemente defensivo.
b) Una estructura más funcional y democrática, en la que se
reconozcan los derechos de reunión y asociación.
c) Una política transparente de gasto militar.
d) Un tamaño reducido y en ningún caso superior a ochenta mil
efectivos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 6
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Política ambiental
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que aborde la
problemática ambiental de manera global, interdisciplinar y
pluridisciplinar, con participación de todos los Departamentos y
Ministerios, estableciendo mecanismos para facilitar la transparencia de
la información, el establecimiento de políticas ambientales
multisectoriales ampliamente consensuadas, el desarrollo de una unidad de
criterio en las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y una
visión ambiental planificada y evaluada a largo plazo, y específicamente:
1. A elaborar, de acuerdo con las principales conclusiones de la Cumbre
de Río, en 1992, y de la Cumbre de Río+5, en 1997, un Informe que permita
evaluar el estado actual del medio ambiente en España y ser un punto de
referencia clave para el Gobierno y para toda la sociedad española. La
actualización periódica de este Informe y la elaboración de indicadores
sintéticos sobre la salud ambiental del país, en la línea de los
indicadores sobre los que trabaja la Unión Europea, lo convertiría en una
guía indispensable sobre la evolución y la eficiencia de la política
ambiental española.
2. A diseñar un Plan Estratégico Ambiental, o «Agenda 21» estatal,
partiendo del diagnóstico de la situación actual del medio ambiente, con
un amplio consenso político y social, que permita desarrollar una
política ambiental a largo plazo y seguir las resoluciones de las Cumbres
de la Tierra.
3. A desarrollar programas de ayuda y soporte a las Comunidades Autónomas
y a las Corporaciones Locales para la efectiva realización de sus
auditorías ambientales y la implantación eficaz de sus «Agendas 21»
locales.
4. A defender en los foros internacionales los principios de la
sostenibilidad destacados en la Cumbre de Río, en 1992, y en la Cumbre de
Río+5, en 1997, y a trabajar de manera solidaria con los países y
regiones más desfavorecidos del planeta para ayudarlos en la conservación
y protección de sus recursos naturales, su biodiversidad, la calidad de
sus aguas y de su ambiente atmosférico.
5. A elaborar y desarrollar planes y programas de minimización y
reducción de residuos, en el marco de una gestión transparente de la
información, de la implicación de todos los sectores productivos de la
sociedad, y con amplia incidencia en los imprescindibles apartados de
educación y sensibilización ambiental.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 7
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Educación
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte de manera
decidida una política educativa que dé cumplimiento a los siguientes
aspectos:
1. Respaldo a los contenidos de la LOGSE, garantizando su viabilidad, su
efectiva aplicación y su adecuada y suficiente financiación, apostando
por la escuela pública como garantía de calidad, de la igualdad de
oportunidades y del equilibrio territorial en el desarrollo del derecho a
la educación.
2. Adoptar las medidas oportunas para abrir urgentemente un diálogo con
Universidades y Comunidades Autónomas para establecer un sistema estable
que garantice una financiación universitaria suficiente a través de
planes plurianuales.
3. Favorecer las medidas encaminadas a una reforma de la LRU que asegure
acabar con la inestabilidad en los cuerpos docentes a través de nuevas
figuras contractuales.
4. Adoptar las medidas legales, económicas y políticas pertinentes para
asegurar una adecuada coordinación entre las Universidades y otras
instituciones dedicadas a la investigación, incrementar la inversión en
investigación hasta el nivel de la media de la Unión Europea y promover
acciones para optimizar la transferencia tecnológica a empresas e
instituciones.
5. Promover la redacción de estudios concretos que permitan una
planificación para el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías
de la información en los centros educativos y de investigación así como
de su difusión en las políticas de formación continua.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 8
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Política exterior
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incremente sus
esfuerzos para protagonizar una política exterior basada en la
solidaridad y en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y la
Paz, dando cuenta a la Cámara anualmente de sus actuaciones en esta
materia, y promoviendo, en el marco de la Unión Europea, políticas
comunes que favorezcan estos principios y a que, de modo especifico:
a) Incluya créditos que supongan el 0,5%, al menos, del PIB, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo, en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999, y el 0,7% en el Proyecto del
ejercicio siguiente.
b) Defienda y promueva la constitución de un Tribunal Penal
Internacional independiente y con las máximas competencias.
c) Apoye, con decisión e iniciativas propias, la reforma y
democratización de la ONU.
d) Favorezca una resolución pacífica de los conflictos de Oriente
Medio, propugnando, en particular, la retirada de Israel de los
territorios ocupados, de modo que se permita la constitución del Estado
palestino.
e) Incremente sus esfuerzos para contribuir al entendimiento en el
área de los Balcanes y, en particular, a la autonomía de Kosovo.
f) Defienda acuerdos internacionales que permitan garantizar el
respeto a los Derechos Humanos y nacionales del pueblo kurdo, incluido el
derecho a la autodeterminación.
g) Colabore activamente en el «Plan de Arreglo» que culmine con el
referéndum del Sáhara, así como que garantice la ayuda humanitaria
suficiente al pueblo saharaui, a través de las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo.
h) Colabore con la comunidad internacional para buscar una solución
definitiva que asegure los Derechos Humanos y la autodeterminación del
pueblo de Timor.
i) Permanezca especialmente vigilante y colabore activamente en la
resolución de conflictos que conlleven vulneraciones de Derechos Humanos,
en especial, en Guinea Ecuatorial, Argelia, Colombia y en la zona
mexicana de Chiapas.
j) Favorezca la flexibilización progresiva del bloqueo internacional
a Irak, promoviendo su desaparición en lo relativo a alimentos y material
médico-sanitario y farmacéutico.
k) Intensifique la ayuda y el establecimiento de mecanismos de
prevención de conflictos en el Africa subsahariana.
l) Condene urgente y de manera contundente la realización de ensayos
nucleares y especialmente el recientemente realizado en la India.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 9
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Política sobre inmigración
«Durante sus casi doce años de vigencia, la Ley Orgánica sobre derechos y
libertades de los extranjeros, en cuya exposición de motivos se
establecía que quedaba asegurada la plenitud de los derechos y las
garantías para su ejercicio respecto de los extranjeros que se hallaren
legalmente en España, ha demostrado, por el contrario, haber favorecido
la marginación de los inmigrantes que viven en el Estado español,
dificultar su proceso de integración social y disminuir sus derechos
sociales. Se hace necesario por tanto una adecuada regulación, en todos
los ámbitos, de las relaciones jurídicas de las personas de distinto
origen sobre las bases del máximo respeto a los derechos fundamentales y
a la diversidad cultural, teniendo siempre presente el principio de no
discriminación.
En este sentido se impone la necesidad de revisar la legislación, con el
fin de adecuar el mismo a los siguientes objetivos: reconocimiento de los
derechos y libertades proclamadas en la Constitución, garantizar a los
extranjeros legalmente establecidos en el Estado español unas cotas
aceptables de derechos y libertades eliminando cualquier trato
discriminatorio o desfavorable en las relaciones laborales y en sus
derechos políticos como habitantes de un determinado territorio,
desarrollar de forma suficiente el ejercicio del derecho a la
reagrupación familiar para la protección de la vida en familia,
garantizar el respeto efectivo a los principios de seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad, que como presupuestos del Estado
establece el artículo 9 de la Constitución.
Por ello, el Congreso de los Diputados acuerda iniciar, mediante los
procedimientos parlamentarios oportunos, las reformas necesarias para el
reconocimiento del derecho de sufragio pasivo en España a los inmigrantes
residentes en nuestro país, e insta al Gobierno para que impulse una
modificación sustancial de la legislación de extranjería y de su política
en este ámbito, que comprenda, entre otras, las siguientes medidas:
a) El reconocimiento explícito de los derechos fundamentales y
libertades públicas reconocidos en la Constitución para todas las
personas: el derecho a la libre circulación, a la libertad de expresión,
el derecho a la reunión, a la asociación, a la libre sindicación, a las
garantías procesales, a la educación y a la protección a la familia.
b) La equiparación con los nacionales en cuanto a la plena
asistencia sanitaria, las prestaciones sociales, el acceso a ayudas
públicas a la vivienda, el derecho a la fundación docente y el acceso a
la función pública.
c) La introducción de procedimientos de regularización para todas
aquellas personas que se hallan en situación irregular.
d) El reconocimiento legal del derecho a la reagrupación familiar
como un derecho de residencia que emana directamente del derecho
fundamental a la intimidad familiar y a la vida en familia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 10
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Televisión
«El Congreso de los Diputados, reconociendo el valor social, cultural y
educativo de la televisión como factor
de progreso, cuando su funcionamiento es correcto, y preocupado por la
baja calidad de las emisiones televisivas en su conjunto, insta al
Gobierno a que:
1. Aplique con rigor la normativa vigente, para evitar actuaciones
contrarias a la regulación publicitaria, a los derechos de los usuarios y
a la protección de la infancia y la juventud.
2. Establezca un marco que favorezca la colaboración entre las cadenas
televisivas y los productores cinematográficos.
3. Modifique las prácticas habituales en Radiotelevisión Española y
favorezca, en su lugar, el pluralismo informativo, el acceso de los
grupos sociales y políticos y la difusión de la pluralidad cultural y
lingüística de España. En este sentido, la Cámara manifiesta su apoyo a
las resoluciones aprobadas por el Consejo de Administración del Ente
Público, por las que se reprueba la actitud de su Director General y se
le insta para que considere su actitud de intransigencia y colabore en la
búsqueda de un entendimiento que permita la normalización de las
actividades del Consejo.
4. Colabore activamente con la Subcomisión sobre reforma del modelo de
televisión y radio públicas, remitiendo el Informe solicitado
reiteradamente por esta Cámara.
5. Asegure la inclusión, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999, de los créditos presupuestarios suficientes para
garantizar la viabilidad y la suficiencia económica de RTVE y reducir
sustancialmente su deuda.
6. No adopte nuevas decisiones políticas que posibiliten la aparición de
nuevas televisiones privadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 11
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto
formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de
política general sobre el estado de la Nación, a instancia de las
Diputadas y los Diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Juventud
«El sector juvenil de la población afronta en estos momentos el final del
«boom» demográfico que, en los últimos años, le otorgó cierto
protagonismo en el diseño de las políticas sociales de las distintas
Administraciones Públicas. El futuro inmediato apunta hacia un
envejecimiento de la población que acabará configurando a los mayores
como sujeto receptor de muchas de las iniciativas y recursos de las
políticas sociales. Este hecho, lógico, no debe suponer una desatención
hacia una juventud que en el presente sufre, más que el resto de la
sociedad, problemas como el paro o el acceso a la vivienda y que, en los
próximos años, puede perder peso numéricamente y, posiblemente,
relevancia política.
La alternativa, en una etapa en que las políticas sociales se ajustan
presupuestariamente y, por tanto, priorizan su gasto, está consistiendo
en eliminar recursos y servicios públicos para la juventud y en invitar
al sector privado a prestarlos como fórmula de negocio.
A la vista de los datos que ofrecen los últimos estudios sociológicos
sobre la juventud española y los datos sobre desempleo juvenil, las
principales preocupaciones de las y los jóvenes españoles son las
relacionadas con su emancipación.
Las y los jóvenes españoles no acceden al mercado laboral y esto implica
la imposibilidad de tener una vivienda y, de esta manera, independizarse.
Las consecuencias de esta dinámica no son únicamente económicas, la falta
de autonomía personal, el desaliento, la acomodación..., generan valores
conformistas en unos casos, y en otros, reacciones de intolerancia o
violencia hacia aquello que se identifica equivocadamente como causante
de sus problemas; la emigración, por ejemplo.
Junto a estos graves problemas las y los jóvenes no reciben facilidades
en otros ámbitos: el sistema educativo, tanto obligatorio como superior,
padece insuficiencias y desajustes que requieren soluciones; la reforma
del Ejército y sus implicaciones en el servicio militar obligatorio y la
prestación social sustitutoria crean incertidumbres en una fase clave de
la vida de los jóvenes.
El derecho a asociarse, a colaborar, se ve obstaculizado por un marco
legal caduco; enfermedades como el SIDA y la falta de información al
respecto, etcétera, son sólo ejemplos que añadir a nuestras
consideraciones para argumentar la necesidad de medidas urgentes que
tienen que contribuir a solucionar algunos de los problemas más
acuciantes de las y los jóvenes españoles.
Frente a esto el Gobierno y el INJUVE deben asumir el papel como
impulsores y coordinadores de las políticas que afectan a los jóvenes,
por lo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte
las siguientes medidas:
1. Ante el alto índice de desempleo juvenil, fomentar la creación de
puestos de trabajo relacionados con las nuevas profesiones y con el
tercer sector; para ello es preciso establecer un marco adecuado de
colaboración con el tejido asociativo y, adicionalmente, revisar las
distintas tareas que ahora desarrollan objetores de conciencia para
transformarlas en nuevos puestos de trabajo al fin de la Prestación
Social Sustitutoria.
2. Dado que una formación profesional deficiente es un impedimento firme
para la inserción laboral, se destinarán los recursos suficientes para
modernizar el sistema formativo. Para ello debe llegarse a los
porcentajes de inversión en educación e investigación del resto de los
países de la Unión Europea Asimismo es necesario revisar y ajustar el
proceso de implantación de los nuevos planes de estudio en la Universidad
y dotar adecuadamente la
implantación de la reforma de la enseñanza obligatoria y
post-obligatoria.
3. Ante las dificultades para la emancipación que implica la
imposibilidad de acceso a una vivienda, sea en propiedad, sea mediante
arrendamiento, se adoptarán medidas fiscales para penalizar la
acumulación de viviendas vacías y, por el contrario, se premiará la
oferta en alquiler de inmuebles que ahora están deshabitados.
4. En el ámbito del asociacionismo, se abordará una reforma profunda del
marco jurídico, fiscal y administrativo de las asociaciones juveniles, en
particular, y en general de las asociaciones ciudadanas, para ello se
elaborará y remitirá a la Cámara un Proyecto de Ley de Asociaciones que
simplifique y facilite el funcionamiento de las entidades y, de este
modo, hacer efectivo el derecho constitucional de asociación.
5. Ante el fenómeno del SIDA y su especial impacto entre los jóvenes se
impulsarán iniciativas de prevención basadas en la información y en la
aproximación de los medios de prevención (preservativos) al colectivo
juvenil, especialmente a los lugares de concentración de las y los
jóvenes (centros educativos).
6. Considerando los brotes de intolerancia y violencia, es preciso
combatir estos fenómenos con la difusión entre los más jóvenes de valores
de solidaridad y cooperación, de tolerancia y respeto hacia la
diferencia; de ese modo, el sistema educativo debe integrar estos
principios, específica o transversalmente, en su acción formativa. De
igual modo, la iniciativa social de la Administración deberá discriminar
positivamente a aquellos programas que tiendan a favorecer y propagar
estos valores democráticos.
7. Finalmente se revisará el desarrollo y la validez misma del diseño de
los planes integrales de juventud. Asimismo, el Instituto de la Juventud,
después del proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, deberá
funcionar como organismo coordinador de las políticas de juventud que el
Gobierno aplica y como espacio de encuentro de las políticas que las
distintas administraciones, autonómicas y locales, desarrollen.
Estas son medidas que necesitan del apoyo de todas y todos para que
generen una perspectiva de esperanza para una parte de nuestra sociedad,
la juventud, que es, además, nuestro mismo futuro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Cristina
Almeida Castro, Diputada.--Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.--Manuel
Francisco Alcaraz Ramos, Diputado.--Joan Saura Laporta,
Diputado.--Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado por Valencia, adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), de conformidad con el vigente
Reglamento de la Cámara en sus artículos 193 a 195, y en su virtud tiene
el honor de presentar las siguientes Propuestas de Resolución
comprendidas entre los números uno a tres con motivo del debate de
política general en torno al Estado de la Nación.
Madrid, 13 de mayo de 1998.--El Diputado, José María Chiquillo Barber.
Propuesta de Resolución núm. 12
Propuesta de Resolución núm. 1
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en defensa de los
intereses de la agricultura mediterránea, adopte cuantas iniciativas y
actuaciones sean necesarias para la modificación de las propuestas
incluidas en el capítulo agrícola de la Agenda 2000 que sean lesivas para
los productos agrarios mediterráneos; ejercitando el derecho de veto y/o
bloqueo a aquellos acuerdos que vulneren los principios de preferencia
comunitaria y de solidaridad financiera. Así como proceder a la revisión
de los Acuerdos preferenciales firmados con terceros países en materia
agraria que perjudiquen a los intereses de nuestra agricultura.»
Propuesta de Resolución núm. 13
Propuesta de Resolución núm. 2
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar de interés
general la infraestructura hidráulica del Canal Cherta-Calig (trasvase
Ebro-Comunidad Valenciana), y dado el déficit hídrico de la Comunidad
Valenciana incluya en el Plan Hidrológico Nacional el trasvase de
caudales del Ebro a la Comunidad Valenciana.»
Propuesta de Resolución núm. 14
Propuesta de Resolución núm. 3
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un nuevo Real
Decreto-Ley, por el cual se reconozcan las indemnizaciones establecidas
en el Auto de 27 de febrero de 1998 de la Audiencia Provincial de
Valencia (Sección Tercera) como las únicas válidas para todos los
damnificados por la rotura de la presa de Tous.
En el nuevo Real Decreto se habilitará un plazo al objeto de que todos
aquellos que sufrieron los efectos de la rotura de la presa y que en su
día se acogieron a los convenios transaccionales de los Reales Decretos
4/1993 y 10/1995, puedan verse compensados efectivamente con las
indemnizaciones que se recogen en el Auto mencionado, todo ello mediante
el cobro del lucro cesante y la aplicación del índice de precios al
consumo hasta el momento en que percibieron las indemnizaciones,
terminando de esta forma con las discriminaciones que se han generado
entre los perjudicados.»
Propuesta de Resolución núm. 15
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, plantee con los Gobiernos
de Francia y Portugal un frente común ante la Unión Europea para el
desarrollo del Derecho derivado del Estatuto específico de las Regiones
Ultraperiféricas, previsto en el artículo 299.2 del nuevo Tratado de la
Unión (Amsterdam, 1997).»
Propuesta de Resolución núm. 16
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, agilice las negociaciones
con la Comisión Europea para la revisión en 1999 del marco específico de
integración de Canarias, configurado por el Reglamento 1911/91, de 26 de
junio, del Consejo y la Decisión y Reglamentos que conforman el Programa
de Opciones Específicas para Canarias (POSEICAN).»
Propuesta de Resolución núm. 17
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que defienda la
condición de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea como
«elegibles», a efectos del artículo 92.3.a) del vigente Tratado, a
semejanza de la regulación prevista en los Reglamentos de los Fondos
Estructurales, toda vez que la lejanía y la insularidad conforman
deficiencias estructurales permanentes para la competitividad de sus
empresas y el acceso al mercado único.»
Propuesta de Resolución núm. 18
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la defensa ante la
Comisión Europea de la Zona Especial Canaria (ZEC) partiendo de la
compatibilidad de la regulación prevista en la Ley 19/1994, de 6 de
julio, y --en todo caso-- desde la garantía de su competitividad con
otras zonas especiales europeas mediante el establecimiento de
actividades financieras, de servicios e industriales en un marco temporal
suficiente.»
Propuesta de Resolución núm. 19
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, promueva una
mayoría suficiente entre los Estados de la Unión Europea para que la
regulación por el Consejo de una nueva OCM del plátano, adaptada al
Dictamen de la Organización Mundial del Comercio, se haga desde
parámetros que garanticen la renta de los agricultores y la
comercialización de la producción comunitaria y ACP.»
Propuesta de Resolución núm. 20
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, desde la
responsabilidad de España como antigua potencia administradora del
territorio del Sáhara Occidental,
en defensa del Plan de Paz de Naciones Unidas y de los Acuerdos de
Houston, ofrezca el territorio de Canarias como plataforma para el apoyo
a las tareas de la MINURSO y demás actuaciones en favor del referéndum.»
Propuesta de Resolución núm. 21
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse en la
Comisión Europea una renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos que
desde el equilibrio en la negociación, garantice las faenas de la flota
comunitaria, y particularmente de la española, en los caladeros
tradicionales del banco canario-sahariano.»
Propuesta de Resolución núm. 22
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de la
Decisión 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio,
y del artículo 95 de la Ley 20/1991, de aspectos fiscales del REF de
Canarias, promueva la conformación de un eje transinsular de transporte
terrestre marítimo y aéreo del archipiélago canario para su integración
en las Redes Transeuropeas de Transporte.»
Propuesta de Resolución núm. 23
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar el esfuerzo
gubernamental y financiero para la atención de los Proyectos de
Cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos del mundo, y
promoviendo también acuerdos de políticas conjuntas con las Comunidades
Autónomas especialmente en favor de aquellos pueblos con los que nos unen
lazos culturales e históricos.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación 1998, las siguientes Propuestas de Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--La Portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto, Begoña Lasagabaster Olazábal.
Propuesta de Resolución núm. 24
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Cumplir en esta Legislatura las previsiones contenidas en el Estatuto de
Gernika, de forma que se culmine el proceso de transferencias pendientes
y ello tomando como base los acuerdos del Parlamento vasco al respecto
adoptados en 1993 y 1995.»
Propuesta de Resolución núm. 25
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados, consciente de la importancia que las
infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias, tienen para lograr la
culminación de los ejes y
redes transeuropeos, así como para el desarrollo económico de todos los
territorios, y entre ellos, y dada su situación geográfica, de la
Comunidad Autónoma vasca, insta al Gobierno a:
1. Cumplir el compromiso adquirido, durante el debate presupuestario de
1998, de forma que se articulen las vías de colaboración necesarias con
las instituciones vascas tendentes a determinar las oportunas fórmulas
financieras y concesionales en el más breve plazo de la denominada A-1,
Eibar-Vitoria/Gasteiz.
2. Que siga considerando prioritaria la «Y» ferroviaria vasca y en este
sentido, cumpla los compromisos presupuestarios y de todo tipo con el fin
de que éstos se lleven a efecto en los plazos previstos, de conformidad
con el mandato parlamentario del Senado del pasado 4 de mayo.»
Propuesta de Resolución núm. 26
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que promueva la iniciativa legislativa para reformar la Ley Orgánica
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, de forma que se
suprima la consideración de los Ayuntamientos como órganos de
reclutamiento y la obligación de éstos de proceder al alistamiento de los
mozos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Begoña
Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez Vázquez y
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación 1998, las siguientes
Propuesta de Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Guillerme
Vázquez Vázquez, Diputado.--Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.--Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 27
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez Vázquez y
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Actualizar el nomenclátor usado por la Administración del Estado,
Organismos y Entidades públicas, en general, en lo referente a la
toponimia de Galicia, de manera que aparezca en su forma gallega, no
deturpada, original y legal, como es prescriptivo desde hace quince años,
y, consecuentemente, en aplicación de la Ley 2/1998, de 2 de marzo, tome
las medidas oportunas para que los vehículos matriculados en la provincia
de Ourense tengan como letras indicativas OU, en correspondencia con el
nombre oficial de la provincia.»
Propuesta de Resolución núm. 28
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez Vázquez y
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Estudiar la posibilidad que ofrece el artículo 150.2 de la Constitución
española para transferir competencias hoy ejercidas por el Estado a las
nacionalidades históricas que lo soliciten, especialmente en todo lo
referente a actividades pesqueras desarrolladas en aguas territoriales,
su inspección y control, así como a materia de tráfico y cuencas
hidrográficas.»
Propuesta de Resolución núm. 29
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez Vázquez y
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A que, ante la reforma de la OCM de la leche, negocie ante Bruselas un
aumento de la cuota láctea asignada al Estado español, de manera que
nuestro sector lácteo pueda competir en pie de igualdad con otros Estados
miembros de la Unión Europea y así quede garantizado el desarrollo de
este sector.»
Propuesta de Resolución núm. 30
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez Vázquez y
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A que demande ante la Unión Europea la puesta en práctica de una política
firme de defensa de los intereses pesqueros destinada a garantizar la
presencia de la flota pesquera española en aguas internacionales y de
terceros países.»
Propuesta de Resolución núm. 31
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez Vázquez y
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A negociar un auténtico Plan Ferroviario para Galicia en la línea
acordada por unanimidad por el Parlamento gallego, con la debida dotación
presupuestaria, de modo que se pueda contar con un ferrocarril adecuado a
las necesidades y potencialidades del transporte de viajeros y
mercancías, tanto en lo que respecta a la red interna como a las
conexiones con Portugal y el resto del Estado.»
Propuesta de Resolución núm. 32
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate
de política general sobre el estado de la Nación, a instancias de la
diputada del PI, Pilar Rahola i Martínez.
Propuesta de Resolución
Autodeterminación
«El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de garantizar
todos los derechos democráticos amparados por los diversos organismos
internacionales, y ante el hecho de no tener regulado constitucionalmente
el derecho a la autodeterminación, de manera que queda vulnerado un
principio democrático, insta al Gobierno para que:
Inicie el procedimiento legal previsto en el articulado del Título X del
texto constitucional, que permita modificar la Constitución, con el fin
de reconocer, respetar y ejercer, si fuera el caso, el libre ejercicio
democrático del derecho a la autodeterminación, de la nación catalana y
de aquellas otras naciones, cuyos condicionantes históricos, culturales y
políticos, actualmente depositados políticamente en sus respectivos
Parlamentos, les decidiera a ejercer este derecho básico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Pilar Rahola
i Martínez, Diputada.
Propuesta de Resolución núm. 33
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate
de política general sobre el estado de la Nación, a instancias de la
diputada del PI, Pilar Rahola i Martínez.
Propuesta de Resolución
Realidad plurinacional
«El Congreso de los Diputados, preocupado por garantizar el máximo
respeto y equilibrio entre las diferentes naciones, culturas y lenguas
que forman el Estado, insta al Gobierno a:
1. Promover y realizar las gestiones oportunas en colaboración con el
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, la Administración del Estado, la
Unión Europea, el Consejo General del Poder Judicial y las empresas
públicas de ámbito estatal, europeo e internacional, con el fin
de impulsar y fomentar el uso de la lengua catalana en diferentes ámbitos
dentro y fuera del Estado español, instituciones, entidades y medios de
comunicación, especialmente radiodifusión y televisión, en reconocimiento
del plurilingüismo y la plurinacionalidad del Estado y en virtud de las
Disposiciones Adicionales de la Ley de Política Lingüística aprobada por
el Parlament de Catalunya.
2. Definir proyectos específicos de promoción del idioma vasco, gallego y
catalán a nivel internacional a través del Instituto Cervantes.
3. Comprometer los medios de comunicación públicos a garantizar la
realidad pluricultural del Estado, con un tiempo mínimo de emisión en
estas lenguas, y también a través de los canales internacionales.
4. Elaborar un estudio comparativo sobre las aportaciones económicas que
Catalunya realiza al Estado y las contraprestaciones que recibe con el
fin de objetivar y resituar la percepción social negativa sobre la
realidad catalana y que, frecuentemente, es utilizada desde diversos
sectores del espectro político y social convertidas en estrategias
políticas uniformadoras que nunca han aceptado la plurinacionalidad del
Estado.
5. A adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el máximo
respeto a las instituciones democráticas de las distintas Comunidades
Autónomas, sus símbolos nacionales, la lengua,..., así como las
reivindicaciones y anhelos de base democrática que en cualquier momento
puedan manifestar y demandar a través de las urnas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Pilar Rahola
i Martínez, Diputada.
Propuesta de Resolución núm. 34
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate
de política general sobre el estado de la Nación, a instancias de la
Diputada del PI, Pilar Rahola i Martínez.
Propuesta de Resolución
Infraestructuras
«El Congreso de los Diputados, preocupado ante la situación de
desequilibrio en materia de inversión que Catalunya padece, y con la
voluntad de reequilibrar esta situación para que Catalunya reciba las
inversiones públicas del Estado que necesita y tiene derecho en
concordancia con las aportaciones que ésta realiza, su peso demográfico y
en función de las necesidades de infraestructuras actualmente bloqueadas
por falta de efectividad presupuestaria del Ejecutivo, insta al Gobierno:
1. A consignar una partida económica de 3.500 millones de pesetas para
poder construir la Biblioteca Provincial en Barcelona.
2. A consignar 11.000 millones de pesetas para hacer efectivo el desvío
del río Llobregat ya planificado en el Plan Delta.
3. A consignar 40.000 millones de pesetas para construir la depuradora
del Llobregat.
4. A consignar una partida de 50.000 millones de pesetas que permitan
iniciar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona.
5. A consignar una partida de 500 millones de pesetas para iniciar las
obras de la estación de la Segrera, en una primera fase de obras en
Barcelona vinculadas al TGV.
6. Consignar 7.600 millones para poder construir la variante Vallirana y
Cervelló.
7. Consignar 800 millones de pesetas para mejorar la línea férrea
Lleida-La Pobla de Segur.
8. Consignar 2.000 millones de pesetas para la construcción del embalse
de la Llosa del Cavall.
9. Consignar los 12.200 millones necesarios para iniciar y culminar las
obras del Canal Segarra-Garrigues.
10. Consignar 3.600 millones para desdoblar la N-II en Lleida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Pilar Rahola
i Martínez, Diputada.
Propuesta de Resolución núm. 35
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Defensa.
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez
finalizados los trabajos de la Comisión Mixta para la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, presente, en el próximo
período de Sesiones, un Proyecto de Ley de Profesionalización de las
Fuerzas Armadas, en el que se contemplen todas las reformas legislativas
necesarias para llevar a cabo la efectiva implantación del Ejército
Profesional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.--El Portavoz del Grupo Catalán (CiU), Juaquim Molins
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 36
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente Propuesta de Resolución
en materia de Unión Política Europea.
Alcanzados los objetivos de la Unión Monetaria, el proceso de integración
europea debe avanzar hacia una verdadera integración política entre los
Estados de la Unión, como complemento indispensable y lógica evolución de
aquélla.
Con este ambicioso objetivo, que ha de presidir la evolución de la
política europea desde hoy y durante buena parte del siglo XXI.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
-- Impulsar una mayor profundización en la dimensión estrictamente
política de la Unión Europea, en la que se promueva una más intensa
cooperación a favor de una auténtica política exterior y de seguridad
común, que contribuya eficazmente a la causa de la paz, al desarrollo y a
la erradicación de la pobreza en el mundo y en la que se asuma un papel
activo en la construcción de un verdadero espacio europeo de libertad,
seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos. De acuerdo con estas
finalidades el Gobierno deberá promover también una reforma de las
instituciones de la Unión, en el marco del actual proceso de ampliación,
que atienda al equilibrio demográfico y económico entre los Estados,
garantice la eficacia en la toma de acuerdos y refuerce la transparencia
y la legitimidad democrática de las mismas, en la designación de sus
miembros y en el control de sus decisiones.
-- Impulsar una reforma de las políticas de la Unión y el mantenimiento
de la dinámica de la integración europea. Es necesario preservar el
principio de cohesión económica y social, como principal manifestación de
la solidaridad europea, mediante la consolidación del actual esfuerzo
financiero; continuar desarrollando el modelo actual de agricultura
europea basado en la PAC y asegurar un tratamiento no discriminatorio de
los productos mediterráneos. Hay que asegurar, asimismo, que el nuevo
marco financiero, para el período 2000-2006, permita financiar el
desarrollo y aplicación efectiva de las políticas comunitarias actuales y
hacer frente a las necesidades derivadas de la próxima ampliación de la
Unión, y que este esfuerzo sea soportado de forma equilibrada por todos
los Estados de la Unión.
Con este objetivo se apoyan resueltamente las aspiraciones de los países
candidatos a ingresar en la Unión Europea, en un proceso que debe basarse
en los criterios de igualdad de todos ellos, de plena aceptación de la
totalidad del acervo de la Unión y de capacidad para aplicarlos
efectivamente. La ampliación deberá realizarse de forma que permita el
mantenimiento de los principios básicos actuales de la política agrícola
común de la cohesión económica y social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.--El Portavoz del Grupo Catalán (CiU), Juaquim Molins
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 37 A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de transición al euro.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
-- Aprobar en el más breve plazo de tiempo un Proyecto de Ley en donde se
adapte el ordenamiento jurídico español, evitando así una eventual
inseguridad jurídica derivada del período transitorio.
-- Facilitar a las empresas españolas el que, desde el 1 de enero de
1999, los registros contables puedan efectuarse en euros y las cuentas
correspondientes a este ejercicio puedan ser formuladas y depositadas en
euros. A tal fin, la Ley citada anteriormente deberá recoger
disposiciones relativas a las anotaciones contables, al tratamiento de
las diferencias de cambio, a los gastos derivados de la introducción del
euro y otras materias de naturaleza contable.
-- Facilitar, también a través de la citada Ley, la transición gradual de
las empresas en el ámbito tributario, y más concretamente la posibilidad,
desde el inicio del período transitorio, que las sociedades puedan
presentar en euros las declaraciones correspondiente al Impuesto de
Sociedades, al IVA y al Documento Unico Aduanero.
-- Intensificar las acciones de comunicación e información referidas a la
introducción del euro y sus implicaciones para la sociedad española,
enviando ya mensajes más especializados, abarcando de manera más amplia
todo el territorio nacional y profundizando en la información sobre los
efectos concretos de la introducción del euro en la vida cotidiana de los
distintos agentes sociales.
-- Intensificar la formación de todos aquellos agentes afectados e
implicados en la introducción del euro.
-- Promover un diálogo, en el ámbito de la Comisión Interministerial del
Euro, con todos los agentes sociales y sectores implicados para analizar
con el máximo detalle todos aquellos aspectos prácticos relacionados con
la introducción del euro y que estén generando gran expectación social:
doble etiquetado, duración del período de canje, conversión de cuentas,
programas educativos futuros, etcétera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.--El Portavoz del Grupo Catalán (CiU), Juaquim Molins y
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 38
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 y ss. del Reglamento
de la Cámara tienen el honor de presentar la siguiente Propuesta de
Resolución en materia de vivienda.
«El Congreso de los Diputados, con la finalidad de favorecer el acceso de
los ciudadanos y especialmente de los jóvenes y grupos de población con
menores niveles de ingresos a una vivienda digna, insta al Gobierno a
aprobar, antes del 1 de julio de 1998 y dentro del nuevo Plan de la
Vivienda 1998-2001, el correspondiente Decreto de Ayudas a la Vivienda y
Suelo, así como los Convenios con las entidades financieras y los
Convenios con las Comunidades Autónomas a los efectos de evitar demoras
en su entrada en vigor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.--El Portavoz del Grupo Catalán (CiU), Juaquim Molins y
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 39
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de agricultura y
ganadería.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender ante las instancias comunitarias los intereses españoles en
las Reformas pendientes de las Organizaciones Comunes de Mercado,
procurar una defensa del mundo rural y de los intereses agrarios en el
debate de la Agenda 2000, buscando el equilibrio entre las producciones
mediterráneas y continentales, así como la suficiencia financiera de las
nuevas OCM.
2. Continuar con la política de desarrollo y mejora del sector agrícola y
ganadero, adoptando las medidas oportunas para:
a) Reafirmar la consolidación, impulso y desarrollo del Sistema de
Seguros Agrarios, buscando el consenso de todas las partes implicadas.
b) Aprobar un Plan Nacional de Regadíos que sustituya al Avance del
Plan Horizonte 2005, presentado en febrero de 1996.
3. Desarrollar un programa de modernización y reordenación del sector
lácteo con el fin de conseguir una estructura productiva competitiva
respecto al resto de países productores.
4. Defender la realidad productiva del olivar español y la ayuda a la
aceituna de mesa en la reforma de la OCM del aceite de oliva, así como
potenciar e incrementar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la
eficacia de las actuaciones de control e inspección que tiene
encomendadas la Agencia para el Aceite de Oliva, en el marco del régimen
de ayuda a la producción del aceite de oliva.
5. Desarrollar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, una red de
alerta de Sanidad Animal que permita una información permanente de la
situación epizoótica española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.--El Portavoz del Grupo Catalán (CiU), Juaquim Molins y
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 40
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución en materia de política
económica y fiscal.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
-- En colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales, continúe realizando los esfuerzos de rigor y disciplina
necesarios en el ámbito de las finanzas públicas, para seguir avanzando
en la reducción sostenible del déficit y la deuda pública y garantizar el
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
-- Mantenga los objetivos generales que han guiado la instrumentación de
la política presupuestaria a favor de la convergencia real, profundizando
en la reasignación de recursos hacia las políticas que más inciden en la
creación de empleo y el bienestar. Ello implica seguir priorizando la
política educativa, la sanidad, las pensiones, las políticas activas de
empleo, la inversión en infraestructuras e investigación y desarrollo y
el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
-- Profundice en las reformas estructurales y la política de
modernización del sector público empresarial, contribuyendo a la
liberalización de los mercados de factores y de bienes y servicios.
-- Avance en la reforma tributaria con el objetivo de favorecer el
crecimiento y la creación de empleo, modernizar el sistema tributario y
mejorar el tratamiento fiscal equitativo y solidario de todos los
contribuyentes.
Asimismo, continuará avanzando en la coordinación y armonización, tanto
de la imposición directa como de la indirecta, de nuestro sistema fiscal
y el de los países de la Unión Europea. En particular, siguiendo la línea
del Proyecto de Ley del IRPF se debe continuar en la consecución de una
tributación efectiva equiparable del ahorro en toda Europa, así como
continuar en los esfuerzos emprendidos
en la fiscalidad del trabajo que permitan un mayor fomento del empleo.
-- Impulse la política de apoyo a los sectores productivos, profundizando
en las reformas emprendidas y, en particular, en la simplificación
administrativa, la mejora de las condiciones de financiación de las
empresas y la internacionalización de la empresa española.
-- En el ámbito de la lucha contra el fraude continúe e impulse las
líneas de actuación emprendidas en el Plan Bianual de la lucha contra el
fraude, tanto las que suponen una intensificación de los controles
directos sobre las personas que no cumplen sus obligaciones tributarias
como las que tienden a facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus
obligaciones materiales y formales, con el objetivo de afianzar y avanzar
en la justicia y solidaridad de todos los españoles en el sentimiento del
Estado social.
Finalmente, la reforma del IRPF debe colaborar a la continuación de este
objetivo de lucha contra el fraude, tanto por la vía de simplificación
del impuesto y de la gestión del mismo, favoreciendo así el cumplimiento
voluntario, como por la posibilidad de que una parte significativa de los
recursos que actualmente se dedican a gestionar este impuesto puedan
aplicarse a la lucha contra el fraude.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.--El Portavoz del Grupo Catalán (CiU), Juaquim Molins y
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 41
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución en materia de asuntos
sociales:
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo
medidas específicamente dirigidas a la mujer, en concreto a:
A) Desarrollar las acciones contempladas en el Plan de Acción para el
Empleo tendentes a potenciar la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo.
B) Acelerar las propuestas legislativas encaminadas a perfeccionar los
instrumentos jurídicos de prevención y represión de la violencia
doméstica, así como los de protección de los derechos de las víctimas, de
acuerdo con las previsiones del Plan recientemente aprobado.
C) Extender a toda la red del INSALUD un programa de prevención del
cáncer femenino y ampliar progresivamente la analgesia epidural en el
parto.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de
protección social en el que se amparan situaciones de especial necesidad,
se emprendan las siguientes medidas encaminadas a paliar las carencias de
determinados colectivos:
A) Impulsar la coordinación socio-sanitaria vinculada a las personas
mayores, especialmente a aquellas con problemas de Alzheimer.
B) Elaborar una normativa que regule la situación de las personas mayores
con problemas de dependencia, facilitando una mayor protección a las
familias cuidadoras y reforzando la protección jurídica y sanitaria.
C) Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la Exclusión Social.
D) Continuar desarrollando acciones para eliminar las barreras de
comunicación, arquitectónicas y aquellas que dificultan a los
minusválidos su incorporación al mercado laboral para mejorar sus
condiciones de integración social e impulsar las modificaciones laborales
necesarias a tal fin.»
Madrid, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Propuesta de Resolución núm. 42
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución en materia de
Infraestructuras.
Propuesta de Resolución
El Valle del Ebro, en el cuadrante nordeste de la Península, representa
un eje de desarrollo que requiere contar con apropiadas infraestructuras
de transporte que faciliten los intercambios humanos y comerciales entre
los territorios o áreas metropolitanas vecinas. En particular debe
prestar una especial atención en compensar el déficit histórico acumulado
en las comunicaciones con Francia a través del Pirineo.
La necesidad de disponer de un adecuado sistema de comunicaciones
transpirenáico no es una cuestión del exclusivo interés de Aragón y
Navarra --reiteradamente reclamadas por el Partido Aragonés Regionalista
y por Unión del Pueblo Navarro-- sino que servirá para la mejor
vertebración del territorio nacional.
Estas infraestructuras deben ejecutarse con el mayor respeto a los
hábitat naturales de los Pirineos.
«En tal sentido, se insta al Gobierno a que:
1. Ante la próxima revisión y modificación del Esquema Director de la Red
Europea de Transporte por Ferrocarril y Carretera para el año 1999,
solicite ante la Comisión
Europea la inclusión de las infraestructuras transpirenáicas a través de
Aragón (apertura del Canfranc/túnel de baja cota Vignemal/túnel de
Benasque) y de Navarra (Autovía Pamplona-Bayona).
2. De forma complementaria a la comunicación Norte-Sur (Somport-Sagunto),
potencie y desarrolle la conexión horizontal, concretando plazos e
inversiones en los tramos pendientes de ejecutar del eje transpirenáico
(N-260) --que en su tramo aragonés sufre un notable retraso--, así como
el impulso definitivo al proyecto de autovía Pamplona-Huesca-Lérida.»
Madrid, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Propuesta de Resolución núm. 43
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Medio
Ambiente.
Propuesta de Resolución
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, según el
informe favorable elaborado por el Consejo Nacional del Agua, proceda a
la aprobación de la totalidad de los Planes Hidrológicos de Cuenca a la
mayor brevedad y a que presente ante las Cámaras el Proyecto del Plan
Hidrológico Nacional.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar la
elaboración de una Estrategia Nacional para la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica que marque las directrices que
permitan frenar el deterioro de la naturaleza.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y aprobar el
Plan Director como instrumento básico de ordenación y programación de la
Red de Parques Nacionales, el cual recogerá los criterios de gestión y
las directrices de planificación que debe desarrollar la Red en los
próximos diez años. Asimismo, y dada la importancia que tiene el Parque
Nacional de Doñana, se ponga en marcha un plan de restauración
hidrológica integral del río Guadiamar que permita la recuperación del
cauce del mismo, de su vegetación, así como del conjunto de los caños
marismeños.»
Madrid, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Propuesta de Resolución núm. 44
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la
siguiente Propuesta del Resolución en materia de Seguridad Social.
«Habiéndose acreditado que un adecuado seguimiento presupuestario, unido
a la aplicación efectiva de las Recomendaciones del Pacto de Toledo,
constituyen el único camino capaz de garantizar y consolidar nuestro
Sistema de Seguridad Social, el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a profundizar en el necesario saneamiento de las cuentas de la
Seguridad Social y en el desarrollo de los criterios consensuados con los
agentes sociales en aplicación de las citadas Recomendaciones, a mantener
la política de lucha contra el fraude, el uso indebido de la protección
otorgada por el Sistema y la morosidad, en beneficio de todos los
ciudadanos, así como a que convoque de manera urgente al Pacto de Toledo
para revitalizar los acuerdos y compromisos en el mismo contenido.»
Madrid, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Propuesta de Resolución núm. 45
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la
siguiente Propuesta de Resolución en materia de Cultura.
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar en la
proyección exterior de nuestra cultura, en toda su pluralidad y riqueza.
En especial se deberá potenciar la presencia del Instituto Cervantes,
extender la acción educativa, impulsar las manifestaciones culturales de
alta calidad y mejorar los mecanismos de coordinación por entender que
una mayor proyección de nuestra cultura redunda en beneficio de nuestros
sectores sociales y económicos y más concretamente en el turístico. En
todo caso, se prestará especial atención a Iberoamérica y los Estados
Unidos, sin perjuicio de la necesaria presencia en Europa y el
Mediterráneo.»
Madrid, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Propuesta de Resolución núm. 46
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la
siguiente Propuesta de Resolución en materia de pacificación y lucha
contra el terrorismo.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a perseverar en las
labores de normalización y pacificación del País Vasco y en la lucha
contra el terrorismo inspirada en los principios de diálogo y unidad
entre las fuerzas democráticas, pleno respaldo a la acción de las Fuerzas
y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzantza, co-operación
internacional en los ámbitos policial y judicial y apelación a la
movilización social y a la conciencia ciudadana de repulsa de la
violencia terrorista y reivindicación de los valores del pluralismo, la
tolerancia y la construcción de la paz como expresión colectiva de
rechazo frente a quienes respaldan o justifican esa violencia
terrorista.»
Madrid, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Propuesta de Resolución núm. 47
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Infraestructuras.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar promoviendo
las infraestructuras necesarias que permitan potenciar el crecimiento
económico, reforzar la cohesión social y superar los desequilibrios
territoriales de nuestro país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 48
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Pesca.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe adoptando
todas las medidas necesarias ante las instancias europeas para la
protección de los caladeros y en particular fijar la fecha definitiva
para la erradicación de las redes de enmalle a la deriva, y la presencia
de nuestra flota pesquera en otras aguas; así como a que continúe
ejercitando el debido control de productos pesqueros, protegiendo los
intereses y derechos de los pescadores españoles. El Gobierno antes del
31 de diciembre de 1998 remitirá al Congreso de los Diputados el Proyecto
de Ley de Pesca Marítima y Básica de Ordenación del Sector Pesquero.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis Mardones Sevilla.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena
Anasagasti Olabeaga.
Propuesta de Resolución núm. 49
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Asuntos Exteriores.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: en materia de
relaciones con Iberoamérica y su acercamiento a la Unión Europea:
-- Consolidar y reforzar el proceso de las Cumbres Iberoamericanas como
mecanismo de concertación y diálogo político, reiterando su compromiso
con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo
político, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos, con el
objetivo de reforzar el peso y la proyección Comunidad Iberoamericana de
Naciones en el escenario internacional y continuar impulsando el proceso
de acercamiento entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe,
apoyando los esfuerzos tendentes a que la Cumbre entre estos países y la
UE pueda definir, en el ámbito económico, un marco general tendente a la
asociación, entendida ésta como culminación de un proceso de
liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y de
reforzamiento de las relaciones culturales, educativas y humanas entre
ambos continentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 50
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en
el artículo 197 del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución sobre el Cincuentenario
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la celebración este año
del Quincuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y considerando que la Constitución
española de 1978, en su artículo 10.2, otorga a dicha Declaración
Universal carácter interpretativo de las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la propia Constitución reconoce, y
una vez creado el Comité Español para el Cincuentenario, por Real Decreto
2011/1997, insta al Gobierno a prestar su plena colaboración al citado
Comité Español para el mejor cumplimiento de las funciones y actividades
que tiene encomendadas a promover el cumplimiento efectivo de la
declaración Universal de Derechos Humanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 51
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Educación.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Alcanzar un acuerdo entre las distintas Administraciones competentes en
materia educativa para mejorar la calidad de las enseñanzas de las
Humanidades, desde el respeto a las competencias del Gobierno y de las
Comunidades Autónomas en la materia, la debida consideración, en cada
caso, a las características del alumnado receptor en el marco de la
realidad pluricultural y plurilingüe que conoce el alumnado y el sistema
educativo del Estado español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 52
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Educación.
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara, antes del día 30 de junio de 1998, las conclusiones del estudio
sobre la financiación de la LOGSE, que se está elaborando en el seno de
la Conferencia Sectorial de Educación, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Adicional Vigésimo Quinta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 y la Resolución núm. 99 aprobada por el
Congreso de los Diputados en la sesión plenaria del 12 de junio de aquel
año.
Asimismo, es conveniente que se continúen impulsando políticas educativas
tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades, asegurar la libertad
de enseñanza, y el derecho a la educación, procediendo, en su caso, a la
reforma de los planes de estudio de la educación no universitaria.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a extender
progresivamente la enseñanza de una segunda lengua al primer ciclo de la
educación primaria y a proseguir, en un momento posterior, con su
extensión hasta los tres años; todo ello dentro del marco presupuestario
que cada año establezcan las Cortes Generales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 53
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Droga.
«El Congreso de los Diputados, entendiendo que el problema de las drogas
requiere una respuesta global y sus objetivos son a medio y largo plazo,
insta al Gobierno:
-- Avanzar en el cumplimiento del Plan de Medidas de Lucha contra las
Drogas aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 1997, insistiendo
en la prevención de las drogodependencias como eje fundamental de todas
las actuaciones y potenciando los programas y medidas de carácter
asistencial, de reinserción y rehabilitación.
-- Continuar destinando los medios materiales y humanos necesarios para
una eficaz lucha contra las redes de narcotraficantes y el blanqueo de
capitales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 54
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Trabajo.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir un ámbito de
diálogo con los interlocutores sociales, al objeto de remitir a la Cámara
antes de fin de año una nueva regulación legal del trabajo a tiempo
parcial estable que intenta ofrecer mayores oportunidades de creación de
empleo, un marco más flexible de organización del trabajo y una mejor
conciliación de la vida profesional y familiar. Se fomentará esta
modalidad contractual mediante la introducción de subvenciones y
bonificaciones similares a las vigentes a la contratación a tiempo
completo, así como la mejora de la protección social de este tipo de
contratos, de manera especial en lo que se refiere a la jubilación y el
fomento del contrato de relevo, al objeto de promover un procedimiento
que permita conjugar una jubilación progresiva con la incorporación de
jóvenes en el mercado de trabajo.
Asimismo, se insta la Gobierno a fomentar la contratación de un
trabajador asalariado por parte de trabajadores autónomos y
profesionales, la reducción selectiva de las cotizaciones sociales para
aquellos colectivos de menor cualificación y salario, y con mayores
dificultades de inserción, y a promover la remoción de barreras de
incorporación de la mujer al mundo laboral como la doble cotización en
los períodos de excedencia por permisos parentales y de maternidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 55
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Seguridad Ciudadana.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe impulsando
los programas policiales destinados a mejorar la seguridad ciudadana y,
en concreto, la Policía de Proximidad, orientando el servicio público de
seguridad hacia un modelo global y pleno de proximidad con atención
preferente a los sectores más vulnerables, en especial a las víctimas de
delitos, sectores que sufren la violencia doméstica y la mejora de
atención de los extranjeros. Se actuará con los criterios establecidos en
los Acuerdos de delimitación de funciones suscritos con las Comunidades
Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de seguridad
ciudadana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 56
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Sanidad.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar las mejoras
en la gestión sanitaria iniciadas en la VI legislatura que están
consiguiendo, por un lado, controlar el crecimiento de los costes de la
atención sanitaria aumentando su eficiencia y, por otro, mejorar la
calidad del Sistema Nacional de Salud consiguiendo aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.
El ahorro generado como consecuencia de las mejoras en la gestión
sanitaria, revertirá en la financiación del Sistema Nacional de Salud, en
los términos del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de
27 de noviembre de 1997, que establece el Nuevo Modelo de Financiación
del Sistema Nacional de Salud para el cuatrienio 1998-2001. Todo ello
para garantizar la sufuciencia financiera del Sistema Nacional de Salud,
lo que permitirá asegurar el mantenimiento de las características del
mismo garantizadas por la Constitución: universalidad, equidad,
solidaridad y financiación pública, siempre de acuerdo con las
Comunidades Autónomas con competencia plena en Sanidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 57
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Justicia.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
-- Continuar afrontando, con el máximo consenso posible, la reforma
global de la Justicia que, a partir de las propias recomendaciones del
Consejo General del Poder Judicial contenidas en el denominado «Libro
Blanco», comporte, entre otras medidas, mejoras en la formación y acceso
a la carrera judicial; la creación y dotación de nuevas plazas donde sean
precisas; la informatización íntegra de la oficina judicial y la reforma
de ésta; mayores garantías para la utilización efectiva de la lengua
oficial elegida en las distintas diligencias judiciales y una reforma en
profundidad de la legislación procesal que permita mayor efectividad,
seguridad jurídica y celeridad en la defensa de los derechos de los
ciudadanos.
-- Remitir a la Cámara, antes del 31 de diciembre de 1998, un Proyecto de
Ley de Enjuiciamiento Civil que haga posible que el derecho de los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva reciba una respuesta adecuada
por medio de procedimientos ágiles y eficaces y un Proyecto de Ley
Concursal que unifique la regulación jurídico-sustantiva y procesal de
las situaciones de insolvencia, en la que encuentren adecuada protección
los derechos de los acreedores en el marco de las exigencias de una
economía desarrollada.
-- Aprobar, en esta Legislatura, Proyectos de reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y una nueva regulación de la Justicia Juvenil
y de la Ley de Procedimiento Laboral.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Resolución núm. 58
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente Propuesta de Resolución en materia de Seguridad Social.
«El Congreso de los Diputados, constatando los excelentes resultados que
para el mantenimiento y consolidación del sistema de la Seguridad Social
ha tenido el Pacto de Toledo, así como el desarrollo y aplicación
realizada hasta la fecha, insta al Gobierno a mantener la línea de
actuación seguida y, en base a lo dispuesto en la Recomendación
decimoquinta del Pacto de Toledo, a iniciar los estudios técnicos
preparatorios necesarios para la renovación del referido Pacto en el
vigente marco del consenso político y social en materia de Seguridad
Social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes Pascual.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaqui Mirena Anasagasti
Olabeaga.--El Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Luis
Mardones Sevilla.
Propuesta de Resolución núm. 59
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Cumplimientos Acuerdos del Parlamento
«El Congreso de los Diputados exige al Gobierno que cumpla los acuerdos
adoptados por el Parlamento y que instan a actuar al Gobierno de la
Nación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--La Portavoz
del Grupo Parlamentario Federal IU, Rosa Aguilar Rivero.
Propuesta de Resolución núm. 60
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Empleo
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso de
diálogo con los agentes sociales y fuerzas políticas parlamentarias,
tendente a culminar en una reducción de jornada laboral sin reducción
salarial, que posteriormente se regulará por Ley, así como a dialogar
sobre la necesidad de ir haciendo efectiva la reducción drástica de horas
extraordinarias limitándolas a las que sean de fuerza mayor; la
potenciación del INEM como servicio público en materia de gestión de
empleo; la desaparición de las Empresas de Trabajo Temporal; así como las
modificaciones legales oportunas para alcanzar un sistema de contratación
que garantice la estabilidad en el empleo y que dote a los trabajadores
de todos los derechos sociales existentes, dedicando mayor esfuerzo hacia
los colectivos más afectados como son las mujeres, los jóvenes y los
parados de larga duración.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 61
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Desempleo
«Teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en nuestro país es la más
alta de la Unión Europea y supone una situación
dramática para los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en esta
situación y mientras no se adopten por parte de los poderes públicos las
políticas orientadas a la consecución de una sociedad de pleno empleo
recogida en nuestra Constitución, el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a tomar medidas urgentes y coyunturales para paliar en lo
posible esta situación de desempleo. Estas medidas contemplarán, el
establecimiento de un salario social, de igual cuantía que el Salario
Mínimo Interprofesional, dependiente del Estado y con cargo a la Hacienda
Pública y no a los presupuestos de la Seguridad Social, para quienes no
tengan acceso a la prestación por desempleo; la garantía de una cobertura
total del desempleo, mediante la prestación y el subsidio por desempleo,
que conlleve la ampliación, de quienes puedan acceder a él, el período de
la prestación y el incremento de la cuantía, tanto de las prestaciones de
carácter contributiva como de las del subsidio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 62
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Pensiones
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, contemple las
oportunas modificaciones legislativas para equiparar las pensiones
mínimas al Salario Mínimo Interprofesional existente cada año,
consolidando y mejorando el actual sistema público de pensiones
contributivas, así como para garantizar a los huérfanos y cónyuges
supervivientes, el cobro de las respectivas pensiones de orfandad y de
viudedad, en los supuestos en los que el causante a la fecha del
fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de
alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de
cotización de quince años.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 63
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Jubilación anticipada de autónomos
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que tome las medidas
legales pertinentes, para que todos aquellos perceptores de la Seguridad
Social que al amparo de las resoluciones de la Dirección General de
Prestaciones, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 9 de agosto
de 1978, según la cual y de acuerdo con las instrucciones contenidas en
la circular 112/78, de 26 de septiembre, del extinguido Mutualismo
Laboral, así como de la circular 5/1990, de 17 de marzo, puedan jubilarse
anticipadamente en todos los casos en que los peticionarios así lo deseen
y cumplan con la normativa vigente al 31 de marzo de 1998.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 64
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política fiscal
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dotar de contenido real el mandato del artículo 31.1 de nuestra
Constitución con el fin de corregir el carácter marcadamente injusto de
nuestro sistema tributario, que en la actualidad descansa casi
exclusivamente en las rentas del trabajo y exonera de tributación a las
grandes rentas y fortunas, rentas del capital y plusvalías,
comprometiéndose a una reforma profunda de la fiscalidad directa que
tenga como ejes mejorar la progresividad y la eficacia en la aplicación
de las normas tributarias, así como potenciar la suficiencia recaudatoria
que posibilite la financiación de una mejora de las prestaciones sociales
del Estado Social y Democrático de Derecho que nos hemos dotado.
Asimismo, a establecer sistemas efectivos y generales de retención en la
fuente con el fin de corregir el actual sesgo regresivo contrario a las
rentas del trabajo que muestran los ingresos de caja del Estado, haciendo
participar a las rentas del capital y rendimientos empresariales y
profesionales de acuerdo con su participación en la renta nacional, así
como estudiar y aplicar
métodos para practicar retenciones sobre las plusvalías.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 65
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Mayor cohesión social de la Unión Europea
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
Impulsar en las instituciones comunitarias acuerdos que permitan avanzar
en la convergencia real de la economía española hacia los niveles medios
comunitarios, en la necesaria cohesión territorial y social en toda la
Unión, posibilitando los instrumentos económicos para una eficaz lucha
contra el desempleo y la exclusión social y eliminar las restricciones
que el Pacto de Estabilidad impone a las políticas presupuestarias de la
Unión y de cada país miembro.
Superar el déficit democrático en la creación del Banco Central Europeo,
apoyando un mayor control del Parlamento Europeo y de los órganos
representativos de los ciudadanos en la decisión de la política monetaria
y los efectos macroeconómicos que de ella se deriven; a la vez que se
hace frente en nuestro país a los efectos no previstos de la entrada en
vigor del euro para que éstos no recaigan en los ciudadanos (afloración
del fraude, contratos hipotecarios, redondeo, sistema agromonetario del
actual ecu verde).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 66
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Doñana
«El Congreso de los Diputados manifiesta su indignación ante la
catástrofe ocurrida en el entorno de Doñana y exige del Gobierno la
debida información en la Cámara, que culmine en la creación de una
Comisión de Investigación a fin de analizar las causas y consecuencias de
la catástrofe ecológica acaecida, debiendo igualmente despejar las
responsabilidades políticas pertinentes. Asimismo, exige la movilización
de los recursos humanos y materiales necesarios y la absoluta
coordinación de todas las Administraciones para que, de acuerdo con la
comunidad científica, aborden de manera adecuada y eficaz la restauración
total de los daños sufridos a todos los niveles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 67
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política ambiental y de aguas
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar una adecuada
gestión medioambiental, basada en de criterios que conduzcan a la
prohibición de actividades nocivas, dañinas y peligrosas para el medio
ambiente, o susceptibles de provocar catástrofes de la magnitud acaecida
en el entorno del Parque de Doñana, en las inmediaciones de los Parques
Naturales y Nacionales; igualmente, actúe decididamente, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, por una mayor dedicación a la defensa de
los espacios naturales protegidos, para evitar el detrimento de los
recursos de estos espacios, la especulación inmobiliaria realizada en su
entorno, así como la realización de obras de infraestructuras que
supongan un impacto ambiental, por mínimo que éste sea, en estos espacios
naturales. Asimismo se insta al Gobierno a adoptar medidas políticas que
eviten el aumento de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en
el marco de los acuerdos de la cumbre de Kioto.
2. El agua y su saneamiento está provocando amplias movilizaciones como
las producidas este fin de semana en Murcia por el saneamiento de la Vega
Baja del Segura, por lo que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a presentar en 1998 el Plan Hidrológico Nacional que de
globalidad jurídica y criterios comunes de la planificación hidrológica
de todos los recursos hídricos a los Planes dé Cuenca y al Plan Nacional
de Regadíos basando la política de recursos hídricos en la gestión de la
demanda y centrando las inversiones en racionalización del uso, en el
ahorro y la reutilización, evitando la política de oferta cifrada en
grandes inversiones en infraestructuras.
A la vez exige el saneamiento de las vías con una auténtica política de
recuperación hidrológica, caudal ecológico
de los ríos, saneamiento de cauces y calidad del agua, con mecanismos de
control de los vertidos, con un esfuerzo amplio en la depuración de aguas
y con la superación de la sobreexplotación de acuíferos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 68
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
OCM del aceite de oliva
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las
actuaciones necesarias, incluida cualquier posibilidad de veto, para
conseguir que España no se vea penalizada por una distribución de la
Cantidad Máxima Garantizada realizada en base a datos de producción
calificados por la propia Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas
Europeo como poco fiables, manteniendo, a nivel comunitario, un régimen
de intervención fundamental en un cultivo en el que la alternancia de
producción es característica y prohibiendo la comercialización de las
mezclas de otros aceites con el de oliva.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 69
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Agricultura, ganadería y pesca
«El sector primario español se encuentra en una difícil situación ante
las perspectivas que representa la concreción de los objetivos fijados en
la llamada Agenda 2000 y la política general que se esta diseñando de
cara a una ampliación hacia el Este de la Unión Europea, asimismo las
negociaciones que la UE está realizando en materia de pesca con el vecino
Reino de Marruecos, pueden poner en peligro una actividad de especial
interés para el empleo y la economía española.
En este sentido el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en
el plazo de tiempo más breve posible se realice un debate monográfico
sobre la agricultura en nuestro país y el papel de los agricultores, así
como de la importancia de la puesta en marcha del Plan Nacional de
Regadíos y de la paralización de la reforma de la Ley de Aguas, como
medidas necesarias para el futuro del sector. Al mismo tiempo, el
Gobierno deberá comparecer para informar sobre la estrategia que piensa
seguir ante la UE, para defender los intereses de los pescadores
españoles ante las actuales propuestas del Reino de Marruecos sobre la no
continuidad del Tratado de pesca, así como de los instrumentos políticos
y jurídicos a utilizar para frenar una situación que está poniendo en
peligro la propia viabilidad futura de nuestra agricultura y ganadería a
través de las distintas OO. CC. MM. que están pendientes de tramitación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 70
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Sanidad
«1. Ante la agresión contra el Sistema Sanitario Público que supone el
Decreto de eliminación de familias de medicamentos financiados con cargo
a la Seguridad Social, la aplicación sistemática de medidas
privatizadoras a partir del llamado Plan Estratégico del INSALUD y el
empeoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario a
través del proyecto de Estatuto-Marco, el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a paralizar las citadas medidas, mejorar el funcionamiento de
la Sanidad Pública mediante la elevación del gasto sanitario a los
niveles de los restantes países europeos, adoptar medidas para mejorar la
gestión de los centros públicos y desarrollar una política de uso
racional del medicamento.
2. Considerando que en el ámbito europeo se está produciendo una
reflexión sobre la legitimidad y eficacia de las políticas sobre drogas
en vigor e incidiendo en la búsqueda de soluciones alternativas enfocadas
fundamentalmente a la reducción de daños, el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que tome en consideración los resultados obtenidos en
las experiencias vistas en el ámbito europeo y el debate abierto en
algunas Comunidades Autónomas, y en este sentido impulse los tratamientos
de sustancias de sustitución y de distribución rigurosamente
controlados y evaluados por los servicios sanitarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 71
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Educación
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar los
instrumentos y medidas presupuestarias necesarias que sirvan para cumplir
la Memoria Económica de la LOGSE. Para ello, y con el fin de asegurar una
enseñanza pública de calidad y las condiciones necesarias para hacer
efectivas las enseñanzas de régimen general y especial, que discrimine
positivamente a los sectores más desfavorecidos socialmente aumentando el
conjunto de las inversiones y gastos de funcionamiento de los centros
públicos, mantener la ratio aula/alumnos y profesor/alumno aplicando para
ello los acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre plantillas y
profesorado y a remitir en el plazo de tiempo más breve posible un
Proyecto de Ley de Financiación de la Enseñanza Pública.
Así como hacer efectivas las transferencias de Educación de acuerdo con
las Comunidades Autónomas y la participación de la comunidad educativa,
adoptando los mecanismos y políticas suficientes para que el proceso
culmine en la igualdad de acceso a la educación y cultura de los
ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas y el cumplimiento del
Título V de la LOGSE, en el sentido de desarrollar un sistema de becas
para los estudios de régimen general y especial, que amplíe su número y
cuantía, así como llevar a cabo una política de tasas que facilite el
acceso a la educación universitaria como servicio público básico para el
desarrollo de una sociedad justa, solidaria y moderna.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 72
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Insumisión
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias encaminadas, mediante el instrumento jurídico más adecuado, a
la excarcelación de los presos por delito de insumisión y la paralización
y archivo de los expedientes administrativos y judiciales en tramitación,
así como a eliminar de la legislación penal las penas accesorias de
inhabilitación y multa que lleva aparejada la comisión de los delitos de
insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 73
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Mujer
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Remitir a la Cámara, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley
de regulación voluntaria del embarazo que, reconociendo la libertad y
dignidad de la mujer, garantice plenamente la capacidad de ésta para
decidir sobre sí misma.
* Proceder a la creación inmediata de un Fondo que garantice la
percepción de las pensiones de alimentación en caso de incumplimiento de
las sentencias de separación y divorcio.
* Garantizar un salario de emergencia a aquellas mujeres maltratadas sin
recursos y/o dependientes económicamente de su maltratador,
incorporándolas a los programas de formación, reciclaje y reinserción
laboral creados a tal efecto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 74
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Modelo de Estado
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un amplio consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias
que defina un modelo de Estado, iniciando un proceso federalizante, que
dote de mayor capacidad de autogobierno y de más solidaridad al conjunto
de las CC. AA. que componen el Estado; donde los hechos diferenciales y
el derecho de autodeterminación se produzcan a la vez que la igualdad de
derechos para dotarse cada Comunidad Autónoma del techo competencial
necesario por acuerdo de su Parlamento. Ya superado el frenazo
competencial y en esta legislatura proceda a la transferencia de los
techos competenciales de los Estatutos de Autonomía del artículo 151;
agilice las transferencias de Educación en este período ordinario y haga
frente en esta legislatura, a las reformas estatutarias del 143
pendientes y las transferencias que de ellas se deriven para equiparar en
autogobierno y derechos a todas las Comunidades Autónomas, en función de
las propuestas consensuadas de sus Parlamentos, Asambleas o Cortes
Autonómicas.
2. Buscar el consenso de las fuerzas políticas para hacer efectiva en
esta legislatura la reforma constitucional del Senado, tanto en su marco
competencial como Cámara de los territorios, como en su composición y
sistema de elección de todos los Senadores por Comunidad Autónoma, para
dotarle de proporcionalidad real. Todo ello, para que el nuevo Senado sea
una realidad en la próxima legislatura y, por tanto, en los próximos
procesos electorales para componer las Cortes Generales.
3. Revisar el sistema de financiación autonómica, ampliando el consenso
actual y dotándole de un compromiso eficaz con la solidaridad y la
suficiencia, para que todas las CC. AA. tengan una autonomía financiera
similar. En este sentido, se hace preciso actualizar las variables, sobre
todo la de población; ampliar los impuestos a ceder (especiales e IVA
fase minorista), hacer efectivo el Fondo de Nivelación y relacionar el
Fondo de Compensación Interterritorial con el PIB, así como reconocer la
deuda histórica que se tiene contraída con las CC. AA. como Andalucía y
Extremadura.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 75
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Municipalizar el poder
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Lograr el consenso necesario entre las fuerzas políticas parlamentarias
de un Pacto Local amplio que tendrá su proyección por voluntad expresa de
las fuerzas políticas en las Comunidades Autónomas, donde se incrementen
las competencias de los municipios, se aplique el principio de
subsidiariedad y se les dote de suficiencia financiera. Promoviendo para
ello las reformas de la Ley de Bases de Régimen Local, y la Ley de
Haciendas Locales, que se dialogarán con la Federación Española de
Municipios, las Comunidades Autónomas y la fuerzas políticas para llegar
a un acuerdo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 76
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Pequeña y mediana empresa
Las empresas de escasa dimensión son básicas en la composición de nuestro
tejido productivo y su crecimiento debe ser fuente de riqueza y empleo.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer a las
organizaciones de Pyme --independientes de la gran patronal-- como
legítimas representantes del sector en los órganos en donde participan
las fuerzas sociales; articular medidas para que las pequeñas y medianas
empresas puedan acceder a los mercados exteriores, ampliando el papel del
ICEX en esta tarea; crear una estructura de oficinas de información y
gestión administrativa para posibilitar un control gerencial y fiscal de
forma que la tributación de estas empresas sea más transparente y
adecuada a su realidad empresarial; fomentar el asociacionismo y en
especial las cooperativas de segundo grado, promoviendo programas
específicos para este fin; potenciar microplanes de empleo con ayudas
temporales al autoempleo, a los trabajadores autónomos y a los
emprendedores de ámbito local y comarcal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 77
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Industria y minería
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la agilización de todos
los trámites administrativos y políticos necesarios para que los fondos
mineros puedan aplicarse cuanto antes en todas las cuencas mineras
afectadas por el «Plan de la Minería del Carbón» que debe desarrollar el
Instituto creado al efecto, así como expresar la voluntad y disponer lo
necesario para recuperar el retraso acumulado en la creación del
Instituto que gestionará estos fondos, con el objetivo de poder disponer
de todas las cantidades previstas al efecto en los presupuestos de este
año 1998 tan necesarias para el impulso de las Comunidades afectadas,
como son, entre otras, las de Asturias, Castilla-León, Aragón y Galicia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 78
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Investigación y desarrollo
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir cauces de diálogo
y negociación para solucionar el problema que afecta a los investigadores
postdoctorales contratados pertenecientes a diversos Institutos y Areas
de Conocimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de
la Universidad impulsando la creación de las plazas necesarias que den
estabilidad y continuidad a la plantilla de investigadores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 79
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Vivienda
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse una
política de vivienda que promueva, según establece el artículo 47 del
texto constitucional, las condiciones necesarias y las normas pertinentes
para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a una vivienda
digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación, conservando, por tanto, la
planificación como marco de acuerdo entre los agentes que intervienen en
el desarrollo urbanístico; a que promueva actuaciones urbanísticas para
la construcción de viviendas de promoción pública (VPP) y de protección
oficial (VPO) en suelos que provengan de cualquier desafectación de
patrimonio público, garantizando a los Ayuntamientos el máximo
aprovechamiento legal; adoptará las medidas necesarias para aumentar la
cantidad destinada de gasto público para vivienda, en relación al
Producto Interior Bruto, con el objetivo de alcanzar un
coeficiente similar al del nivel medio europeo, que se encuentra en
torno al 2,5%-3%, destinándose a programas concretos y específicos de
vivienda que permitan acortar la diferencia entre precios de oferta y
capacidad de demanda, y en los que se atienda simultáneamente a otros
aspectos de empleo o integración social; se tomarán medidas para promover
el mantenimiento y la nueva generación de parques públicos de viviendas
en alquiler con el fin de situarnos en parámetros similares a los de la
Unión Europea, y se hará público el inventario de patrimonio público de
suelo y vivienda que contenga todos los datos pertinentes sobre la
situación jurídica, económica y urbanística del patrimonio y en
particular: el origen de la propiedad y/o su uso (cesión, expropiación,
compra); las afectaciones jurídicas y ocupación en usufructo de bienes de
dominio público; las localizaciones; la superficie; la calificación
urbanística; los usos articulados de la actividad y el valor contable y
de mercado, incluyéndose un catálogo de viviendas vacías dependiente del
Ministerio de Fomento y demás Organismos Públicos de cara a su posterior
exposición pública y, en su caso, adquisición por los ciudadanos según
baremo de necesidades; impulsando, por último, una modificación de la
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa y de su régimen legal, que
permita acceder a la adquisición del suelo e instalaciones desafectadas
de uso militar, para la construcción de viviendas de protección oficial
con reserva específica del suelo para este fin.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 80
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Infraestructuras
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore un modelo
de ordenación del territorio basado, entre otros aspectos, en el
desarrollo de unas infraestructuras viarias que contribuyan a completar
el sistema de comunicaciones presentando, antes de finalizar 1998, un
programa plurianual de actuaciones que contemple las prioridades en
infraestructuras.
En materia de infraestructuras ferroviarias se deben adoptar medidas
encaminadas a dar prioridad al mantenimiento de la red para evitar la
descapitalización de la misma, así como articular una red de velocidad
alta con una estructura propia, que corrija especialmente los déficit de
comunicación ferroviaria de distintas regiones de nuestro país, homogénea
y continua, intentando coordinar la oferta ferroviaria con la de los
demás medios de transporte para conseguir el mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles, dadas las ventajas que el transporte por
ferrocarril ofrece, como son una elevada capacidad de transporte,
posibilidad de alcanzar altas velocidades, seguridad y menor impacto
ambiental y emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes que otros
medios de transporte.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 81
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
La Justicia como servicio público
«El Congreso de los Diputados, haciéndose eco de la generalizada
preocupación sobre la situación del servicio publico de la Justicia y del
deterioro que sufren sus instituciones, en cuanto se refiere a su imagen
de imparcialidad y su necesaria despolitización, insta al Gobierno a la
promoción de un pacto de Estado que, en el cumplimiento de los principios
constitucionales que han de inspirar la acción de la justicia, alcance
los indispensables objetivos de la igualdad ante la Ley, con la
desaparición de toda clase de fueros, tratamientos singulares o
procedimientos privilegiados por razón de la función o cargo; que haga
realidad la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo sin
dilaciones excesivas mediante la reforma de la oficina judicial, y de la
multiplicidad excesiva de los procedimientos a la búsqueda de un proceso
tipo en que la inmediatez, la oralidad, y la proscripción de actitudes
dilatorias sean sus ejes.
Así como promover las reformas legales necesarias para que los
nombramientos y selección de candidatos que cubran las plazas en el
Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Fiscal
General del Estado, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo y sus adjuntos, y en general de cualquier órgano de la cúspide
Constitucional, puedan, a instancia de las Cámaras, ser objeto de examen
y valoración por éstas, sobre su mérito, capacidad y conveniencia para el
desarrollo de sus funciones, en la forma y modo que se contemple en los
Reglamentos del Congreso y del Senado, a fin de que su acceso a tales
responsabilidades adquiera el máximo consenso del poder legislativo, sea
lo más representativa de la generalidad del Parlamento, y recaiga en
quienes susciten la mayor confianza en la ciudadanía por su
imparcialidad, ponderación e independencia probada en una ejecutoria
intachable.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 82
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Cooperación y desarrollo internacional
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar las partidas
presupuestarias necesarias para dedicar el 0,7% del PIB a programas y
proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
Propuesta de Resolución núm. 83
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política exterior
El Congreso de los Diputados:
«* Insta al Gobierno a desarrollar toda iniciativa diplomática y a
promover en el ámbito de la Unión Europea las medidas necesarias que
hagan posible la recuperación del proceso de paz, sobre la base de una
solución justa que ha de incluir necesariamente el reconocimiento de los
derechos históricos del pueblo palestino; del mismo modo, a velar por la
continuidad de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados
Palestinos; igualmente, debe plantear en el marco de las relaciones con
el Estado de Israel el cumplimiento de los derechos humanos, la supresión
de la tortura, la excarcelación de presos árabes, el fin de los
asentamientos y todas aquellas medidas unilaterales que cuestionan la
continuidad del propio proceso de paz tomadas por Israel que afectan a
los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén.
* Expresa su condena al embargo comercial impuesto a la República de
Cuba, e insta al Gobierno a promover acuerdos para el levantamiento del
mismo y la reparación de los daños provocados, a fin de impedir que el
sufrimiento de los pueblos se convierta en un instrumento de política
internacional
* Insta al Gobierno a dar traslado a las autoridades de las Naciones
Unidas responsables de la Misión de las Naciones Unidas para el
referéndum en el Sáhara Occidental del ofrecimiento por parte del
Gobierno español del territorio de Canarias como «base logística» para el
desarrollo del referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara
Occidental. El Gobierno pondrá a disposición de las Naciones Unidas las
instalaciones y los medios humanos y materiales de los que disponga en
Canarias, a fin de facilitar el citado referéndum.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación,
las siguientes Propuestas de Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz,
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
ECONOMIA Y HACIENDA
Propuesta de Resolución núm. 84
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
La necesidad de reducir de forma drástica la actual tasa de desempleo,
hace necesario consolidar la economía priorizando la consolidación fiscal
sobre el crecimiento económico.
«En base a este principio, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a:
* Profundizar en el proceso de liberalización de los sectores económicos
y en la desaparición de monopolios, abordando definitivamente la reforma
laboral necesaria y el pleno desarrollo del Pacto de Toledo además de
finalizar la reforma fiscal que contemple el Impuesto sobre el Valor
Añadido y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.»
Propuesta de Resolución núm. 85
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El sistema privado de previsión social complementaria desarrollado a
través de la Subcomisión parlamentaria creada para el desarrollo del
punto 14 del Pacto de Toledo.
Sus conclusiones fueron aprobadas, a través de una Proposición no de Ley,
por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 10 de febrero
de 1998.
«Con tal motivo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Dar cumplimiento en su totalidad a las propuestas y recomendaciones
contenidas en esta Proposición no de Ley en el plazo más breve posible
sin que en ningún caso sobrepase un ejercicio legislativo. Incorporando
en la actual reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
todas las propuestas que con relación a este Impuesto se contemplen en
esta Proposición no de Ley.»
Propuesta de Resolución núm. 86
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El Fondo de Cohesión surgió de la necesidad de contribuir al esfuerzo
para el logro de las condiciones de convergencia para la Unión Monetaria,
compatibilizando el mantenimiento de la actividad inversora en los países
con menor nivel de desarrollo dentro de la Unión Europea con la reducción
y el control del déficit público.
Aunque al esfuerzo de convergencia han contribuido y contribuyen todas
las administraciones públicas del Estado, la Administración central se ha
venido reservando la práctica totalidad de la contribución financiera del
Fondo de Cohesión.
En el caso del País Vasco (y de Navarra), sus instituciones públicas
tienen competencia exclusiva, entre otras, en carreteras y medio
ambiente, que son las materias que tienen plena cabida en la ayuda que
puede proporcionar el Fondo de Cohesión. Consecuentemente, la actuación
de la Administración central ha generado una clara discriminación: por un
lado, la contribución de sus instituciones al esfuerzo de convergencia ha
carecido de la contribución financiera europea de la que sí se ha
beneficiado la Administración central del Estado y, por otro, la
realización, entre otros, de los proyectos en otros territorios.
«En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Establecer las medidas oportunas para garantizar que la contribución
financiera del Fondo de Cohesión se distribuya entre las distintas
administraciones públicas del Estado en relación directa con su nivel
competencial en las materias de medio ambiente y redes transeuropeas de
transporte. Dicha distribución deberá respetar en particular las
peculiaridades que en materia de carreteras detentan los territorios
forales.»
Propuesta de Resolución núm. 87
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El Tribunal Constitucional en su Sentencia 96/1996, de 30 de mayo,
declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
disciplina e intervención de las entidades de crédito, en cuanto ésta
supone «lisa y llanamente el total vaciamiento de la competencia
autonómica previamente reconocida y asumida en los Estatutos de
Autonomía» respecto a las entidades financieras o de crédito distintas de
las Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.
El Alto Tribunal en la misma Sentencia señalaba que «la
inconstitucionalidad ...» (referida) debe ser remediada por el legislador
... (a través) de la legislación básica, añadiendo que «esta tarea
legislativa debe ser llevada a término dentro de un plazo de tiempo
razonable».
Habiendo transcurrido casi dos años desde la publicación de la citada
Sentencia.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Que antes de finalizar el presente año presente ante esta Cámara un
Proyecto de Ley por el que se modifique la Ley 26/1988, de 29 de junio,
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, a fin de que
se reconozcan las competencias autonómicas sobre las entidades
financieras o de crédito distintas de las Cajas de Ahorro y Cooperativas
de Crédito.»
DESARROLLO AUTONOMICO
Propuesta de Resolución núm. 88
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El bloque de competencias sociolaborales y de seguridad social asumidas
en el Estatuto de Gernika se encuentra sin desarrollar en términos
generales, siendo estas áreas de gran trascendencia y repercusión para
los ciudadanos vascos.
El retraso y la incertidumbre en el cumplimiento de materias tan
importantes del pacto autonómico que supone el Estatuto, tiene
consecuencias graves puesto que incide sobre el modelo de convivencia
política refrendado en Euskadi.
El Acuerdo de Ajuria-Enea para la normalización y pacificación de
Euskadi, subraya expresamente estas consecuencias y hace una apelación
rotunda por la validez de la vía estatutaria y entiende que su pleno y
leal desarrollo es el marco válido para la resolución progresiva de los
conflictos de la sociedad vasca y la contribución decisiva al
reforzamiento de la confianza democrática y de la convivencia pacífica.
Por su parte, el Informe sobre prioridades de negociación de las
transferencias pendientes, refrendado por el Parlamento Vasco el 20 de
octubre de 1995 considera la prioridad máxima de la transferencia de las
políticas activas de empleo y ofrece contenidos concretos para el
desarrollo y acuerdo de las mismas.
«En razón de tales consideraciones el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que:
* Realice las transferencias de las políticas activas de empleo a
Euskadi, incluyendo la ejecución plena de los programas gestionados por
el INEM sobre intermediación, promoción y fomento del empleo y formación
profesional, teniendo en cuenta los elementos singulares que resultan de
la aplicación del Concierto Económico a las distintas vías existentes
para su financiación y la plena eficacia del Acuerdo Interprofesional
sobre Formación Continua en la Comunidad Autónoma de Euskadi.»
Propuesta de Resolución núm. 89
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Considerando que el Tribunal Constitucional (STC 133/97) ha declarado que
es constitucionalmente legítimo que el Estado, en el ámbito de su
organización ejecutiva respecto a materias de su competencia exclusiva,
dé entrada a las Comunidades Autónomas con competencias conexas a
aquellas estatales.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
* A que en los Proyectos de Ley que presente ante esta Cámara se recoja
el criterio de dar entrada a las Comunidades Autónomas en la organización
ejecutiva del Estado en aquellas materias de su exclusiva competencia
cuando las Comunidades Autónomas ostenten competencias con una conexión
material con aquellas estatales.»
INFRAESTRUCTURAS
Propuesta de Resolución núm. 90
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Considerando la organización territorial del Estado y el impacto
económico y social que para las Comunidades Autónomas tienen los
aeropuertos de interés general ubicados en su territorio, han de
establecerse las medidas precisas para facilitar que aquéllas participen
en la estructura organizativa de los aeropuertos, al objeto de que las
decisiones que en los mismos se adopten puedan integrar de manera
efectiva los propios intereses económicos y territoriales de las
Comunidades Autónomas afectadas.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
* A que antes de finalizar el presente año presente ante esta Cámara un
Proyecto de Ley sobre Aeropuertos de Interés General a fin de que las
respectivas Comunidades Autónomas participen con mayor intensidad en la
estructura organizativa de los que se hallen ubicados en su territorio,
de manera similar a como se ha articulado la presencia autonómica en las
Autoridades Portuarias de los Puertos de Interés General. Asimismo,
deberá garantizarse la presencia en la estructura organizativa de los
citados aeropuertos al resto de Administraciones implicadas, a las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, a las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas y a los sectores
económicos relevantes en el ámbito aeroportuario.»
Propuesta de Resolución núm. 91
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
La consideración por parte de la Unión Europea de desarrollar una nueva
red europea de ferrocarriles se inicia formalmente el 17 de diciembre de
1990, cuando el Consejo de Europa aprueba, por primera vez, el Esquema
Director de Red Europea, donde se define:
-- 9.000 km. de líneas nuevas equipadas para V > 250 km./h.
-- 15.000 km. de líneas acondicionadas para V = 200 km./h.
-- 1.200 km. de líneas de enlace.
En este primer esquema aparece ya la primera versión de la nueva red
ferroviaria en el País Vasco, más conocida como «Y Vasca».
Paralelamente al marco europeo, la Administración Central, concretamente
el Consejo de Ministros aprobó el 4 de marzo de 1994 el Plan Director de
Infraestructuras (PDI) con el horizonte temporal del año 2007.
Entre los proyectos de ferrocarriles del mismo, está la denominada «Y
Vasca» y en primera prioridad la construcción del tramo
Bilbao-Vitoria-Gasteiz.
Por lo que respecta al marco autonómico, el Gobierno Vasco ha aprobado
mediante Decreto 28/1997, del 11 de febrero, las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) que contempla específicamente la nueva
red ferroviaria en el País Vasco, como conexión del sistema polinuclear
de capitales vascas con el resto de España y Europa. El Plan Territorial
Sectorial, que desarrolla la DOT, aprobado incialmente el 17 de marzo
1998, contempla el
conjunto de redes de ferrocarriles del País Vasco, pero tiene como
elemento principal la denominada «Y Vasca».
«Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Que siga considerando prioritario dentro del Esquema Director Europeo
de Ferrocarriles y del Marco Presupuestario Europeo, como uno de los
eslabones clave, la construcción de la conexión ferroviaria Vitoria-Dax,
con ramal a Bilbao, y a que los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente,
en el proceso de tramitación del sistema ferroviario vasco y europeo en
el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, desarrollen en colaboración con
el Gobierno Vasco, el compromiso de garantizar una tratamitación de la
fase de información pública, amplia y participativa, desde el punto de
vista técnico y medio ambiental, para lo cual se buscarán las técnicas de
simultanear los plazos y períodos de exposición. Así que estos
Ministerios tramiten la información pública de los estudios informativos
y medioambientales de la nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, lo antes
posible, y nunca más tarde del 1 de julio de 1998, a efectos de que el
Gobierno Vasco pueda ampliar el plazo de exposición pública del Plan
Territorial Sectorial.»
EDUCACION
Propuesta de Resolución núm. 92
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Diferentes Estatutos de Autonomía establecen la oficialidad de sus
lenguas propias en sus respectivos ámbitos territoriales. Vista la
obligación de los poderes públicos de relacionarse con los ciudadanos en
la lengua oficial por ellos elegida, y dada la actual incidencia de los
medios de comunicación social, especialmente la radio y la televisión.
«El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:
* A presentar en la Cámara de Diputados, en el plazo de seis meses, un
plan de normalización del uso de las lenguas cooficiales para el personal
al servicio de la Administración del Estado destinado en las Comunidades
Autónomas con régimen de cooficialidad, determinando en el mismo
objetivos anuales a fin de garantizar progresivamente la atención al
ciudadano en su lengua de elección.»
RTVE
Propuesta de Resolución núm. 93
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El desarrollo de los servicios informativos de TVE y de RNE, conocen en
los últimos meses un marcado sesgo político, unidireccional y
desequilibrado que no responde a la realidad política, cultural ni
lingüística del Estado, en clara desintonía con los criterios legales
vigentes recogidos en el Estatuto de la Radio Televisión Pública en la
Ley 4/80.
Por ello,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
* A garantizar el cumplimiento de los criterios fijados en la Ley 4/1980,
reguladora del Estatuto de la Radio y de la Televisión Pública, en lo
referente a los servicios informativos de RTVE, para que los mismos estén
presididos por criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad,
separación entre informaciones y opiniones y respeto al pluralismo
político, cultural y lingüístico.»
Propuesta de Resolución núm. 94
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Los derechos del Mundial de Fútbol de junio de 1998 fueron adquiridos por
la UER, y en consecuencia, por TVE que pretende monopolizar dichas
emisiones y usar sus derechos en exclusiva.
La Ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de acontecimientos
deportivos de 1997, fija los criterios por los que deben regirse las
exclusivas, salvaguardando el derecho de acceso a la información,
facilitando, igualmente, la libre concurrencia al acceso a dichas
exclusivas.
En concreto, el artículo 4 de dicha Ley fija los criterios por los que
los operadores o programadores de televisión, cuyas emisiones no cubran
la totalidad del territorio del Estado, podrán adquirir derechos
exclusivos de retransmisión con la obligación de ceder los mismo, en
régimen de pública concurrencia, a todos los demás operadores o
programadores. Y más en concreto, en su apartado 5, se señala que: «Con
el fin de atender a las diferentes lenguas oficiales del Estado, todas
las competiciones o acontecimientos deportivos catalogados de interés
general podrán ser retransmitidos en la lengua oficial propia de la
correspondiente Comunidad Autónoma. Si el titular de los derechos no
desea realizarlo, deberá ceder sus derechos a favor de los demás
operadores o programadores interesados, en régimen de pública
concurrencia.»
En su virtud,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
* Al cumplimiento de lo establecido en la Ley reguladora de las emisiones
y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, para que
los ciudadanos que opten por seguir a través de las televisiones públicas
del Estado el Mundial de Fútbol de 1998 puedan disfrutar de dichos
servicios en las distintas lenguas oficiales del Estado.»
Propuesta de Resolución núm. 95
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El satélite HISPASAT, que emite para América, ha incorporado
recientemente la tecnología digital, superando su anterior situación
analógica con lo que puede transmitir en la actualidad 6 ó 7 señales por
transpondedor. Dado que el Ente RTVE dispone de dos transpondedores
digitalizados en Hispasat y las televisiones públicas autonómicas conocen
programas internacionales por los que pretenden expandir programas
culturales, informativos y deportivos en sus lenguas nacionales, parece
razonable que se trabaje un acuerdo entre los titulares de las
televisiones públicas para que colaboren desde la complementariedad de
sus programas en la difusión internacional de la realidad pluricultural y
plurilingüe del Estado español.
En consecuencia,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
* A establecer en el plazo de tres meses mecanismos de colaboración entre
todas las televisiones públicas del Estado para que se mejoren y
complementen los servicios internacionales de televisión, incorporando a
la actual programación las ofertas de las televisiones públicas que
oferten programación internacional, respondiendo a la realidad
pluricultural y plurilingüe del Estado español.»
SEGURIDAD SOCIAL
Propuesta de Resolución núm. 96
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
La Disposición Adicional Tercera, apartado uno, de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997,
modificó el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 174 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, eliminando el
requisito necesario por parte del causante, de estar en alta o situación
asimilada a la de alta en el momento de su fallecimiento, para el cobro
de la pensión de viudedad, por parte del beneficiario de la misma.
Asimismo estableció el derecho a la pensión de vuidedad para el cónyuge
superviviente aunque el causante, a la fecha del fallecimiento, no se
encontrase de alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el
mismo hubiera contemplado un período mínimo de cotización de veintidós
años, originando un mecanismo injusto y discriminatorio.
Indudablemente lo aprobado en la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos de 1998 ha supuesto un notable avance sobre la situación
anterior.
También es cierto que el período de cotización establecido de 22 años
origina una situación de cierta injusticia y discriminación sobre otros
beneficiarios de pensiones de viudedad.
Por todo ello, aun valorando el avance obtenido hace unos meses, pero
reconociendo que existe una situación discriminatoria,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Modificar el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 174 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, en los siguientes términos:
«También tendrán derecho a la pensión de viudedad, el cónyuge
superviviente aunque el causante, a la fecha del fallecimiento, no se
encontrase de alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el
mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años.»
Propuesta de Resolución núm. 97
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
La Disposición Adicional Decimotercera, dos, de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997,
modificó el apartado 1 del artículo 175 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994, eliminando el requisito necesario por
parte del causante, de estar en alta o situación asimilada a la de alta
en el momento de su fallecimiento, para el cobro de la pensión de
orfandad, por parte
del beneficiario de la misma. Asimismo estableció el derecho a la pensión
de orfandad aunque el causante, a la fecha del fallecimiento, no se
encontrase de alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el
mismo hubiera contemplado un período mínimo de cotización de veintidós
años, originando un mecanismo injusto y criminatorio.
Indudablemente lo aprobado en la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos de 1998 ha supuesto un notable avance sobre la situación
anterior.
También es cierto que el período de cotización establecido de 22 años
origina una situación de cierta injusticia y discriminación sobre otros
beneficiarios de pensiones similares.
Por todo ello, aun valorando el avance obtenido hace unos meses, pero
reconociendo que existe una situación discriminatoria,
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
* Modificar el apartado 1 del artículo 175 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de
junio, en los siguientes términos: «También tendrán derecho a la pensión
de orfandad, el beneficiario aunque el causante, a la fecha del
fallecimiento, no se encontrase de alta o en situación asimilada a la de
alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de
cotización de quince años».»
JUSTICIA
Propuesta de Resolución núm. 98
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
De conformidad con las previsiones constitucionales y estatutarias,
diversas Comunidades Autónomas han asumido competencias en relación con
medios materiales y económicos de la Administración de Justicia, dentro
de la cual debe entenderse que se incluyen facultades sobre las Cuentas
de Depósitos y Consignaciones Judiciales.
«Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Reconocer a las Comunidades Autónomas, que ya han recibido las
transferencias de medios materiales y económicos, su capacidad para
regular la adjudicación y sobre la gestión de los Depósitos y
Consignaciones Judiciales en su ámbito, retirando los recursos de
inconstitucionalidad que tuviera planteados sobre esta materia.»
DEFENSA
Propuesta de Resolución núm. 99
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Las funciones que vienen realizando «ex lege» los Ayuntamientos en el
procedimiento de reclutamiento de mozos para la prestación del servicio
militar viene generando graves conflictos que distorsionan el normal
desarrollo del sistema.
Si bien desde el derecho y básicamente desde la distribución de poderes
que dibuja el artículo 137 CE puede argumentarse, aunque no con la
suficiente unanimidad, la falta de competencia de la administración local
en esta materia, es preciso reconocer que estamos ante un asunto
eminentemente político que requiere un acuerdo de igual naturaleza,
porque es indudable que el derecho, al igual que la política, han de
servir, entre otras cosas, para pacificar situaciones dadas y este
problema está creando graves circunstancias a las que debemos buscar
soluciones que aporten racionalidad y normalidad, máxime cuando es
inminente la desaparición del servicio.
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
* Que dada la inminente aprobación del Dictamen de Profesionalización de
las Fuerzas Armadas, para el período transitorio que resta hasta la
puesta en vigor de la futura Ley de Profesionalización de las Fuerzas
Armadas, adopte las medias necesarias para evitar la conflictividad
social que la ejecución de las acciones de reclutamiento ha suscitado en
muchos Ayuntamientos.»
Propuesta de Resolución núm. 100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
El Tribunal Constitucional ha entendido que el Estado puede articular su
capacidad de gasto en cuanto dispusiera de título competencial
suficiente, en base al artículo 149.1.13, y ninguna Comunidad Autónoma
debe quedar al margen en estas actuaciones.
En consecuencia,
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
* Que en los supuestos en que el Estado financie políticas sectoriales
articuladas a través de un Plan Nacional, o al amparo del artículo
149.1.13, la distribución de la financiación se realizará entre el
conjunto de las Comunidades Autónomas, con independencia de su sistema de
financiación.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, y con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, presentar las
siguientes Propuestas de Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.
Propuesta de Resolución núm. 101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de empleo
1) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el Plan de
acción para el empleo para 1999 se incorporen los siguientes programas:
-- Establecimiento de planes de empleo para jóvenes, mujeres y
desempleados de larga duración concertado con las Corporaciones Locales y
que sirvan para que estas entidades, así como otras, tales como
cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones no
gubernamentales, sean agentes impulsores en la prestación de servicios en
actividades que puedan llegar a ser potenciales fuentes de empleo.
A tal fin, se subvencionará la contratación de jóvenes en desempleo y
parados de larga duración, previa presentación, por parte del agente
impulsor del correspondiente proyecto en el que se analizará la
implantación de un mercado con vistas a que tales actividades lleguen a
ser potenciales yacimientos de empleo.
-- Ampliación del Programa de Escuelas-Taller y Casas de Oficio mediante
el establecimiento de cien nuevas iniciativas dirigidas a formar e
integrar laboralmente a desempleados mayores de cuarenta años.
-- Establecimiento de incentivos a las empresas que acuerden, en los
procesos de negociación colectiva, una reducción paulatina de la jornada
de trabajo semanal con vistas a fijarla en 35 horas antes del año 2002 y
se comprometan a incrementos simultáneos de sus respectivas plantillas.
-- Programa específico de inspección y control de las horas
extraordinarias, así como una reducción del tope máximo legal de las
mismas en cómputo anual.
2) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca una
regulación que garantice la pervivencia de los contratos indefinidos
realizados al amparo del Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, de
incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el
fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo y Ley
64/1997, de 26 de diciembre, de idéntico objeto.
A tal efecto, se deberá exigir el mantenimiento de la vigencia de dichos
contratos por un período mínimo de cuatro años desde su celebración o
transformación, salvo que se hubieran rescindido en ese período como
consecuencia de un despido declarado procedente o de un expediente de
regulación de empleo. El incumplimiento de esta cautela deberá dar lugar
al ingreso de las cantidades, que en concepto de bonificación, se
hubieran dejado de abonar a la Seguridad Social por la celebración de
estos contratos.
3) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que efectúe una
programación de recursos para el período comprendido entre los años 1999
y 2002, ambos inclusive, que permita que todos los jóvenes en desempleo y
parados de larga duración tengan una oportunidad formativa o de empleo en
ese período.
Propuesta de Resolución núm. 102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de terrorrismo
Los últimos atentados terroristas han vuelto a confirmar dramáticamente
que la banda terrorista ETA sólo persigue matar y extorsionar para
presionar a la democracia y a las instituciones del País Vasco y de toda
España.
No hay ningún signo de evolución o rectificación de sus viejos propósitos
y de sus conocidas estrategias. Los atentados a representantes políticos
ponen en evidencia la pretensión de doblegar la libertad y los poderes
democráticamente constituidos. Pero no son sólo aquéllos, sino todos los
ciudadanos, no importa su ideología ni su condición, los que se sitúan
bajo la amenaza permanente de la banda terrorista.
En esta situación, y conscientes también de las divergencias que se
vienen produciendo entre representantes públicos y fuerzas políticas
sobre la política contra el terrorismo,
«El Congreso de los Diputados:
1.º Reitera con toda firmeza que el terrorismo nunca podrá hacer ceder al
Estado de Derecho ni lograr jamás ventaja política alguna. La democracia
no se negocia.
La Constitución y el ordenamiento jurídico vigente garantizan la libertad
de pensamiento y de asociación política, entre otros derechos. Nuestra
democracia acoge a partidos políticos y asociaciones electorales con
diversos postulados, sin más límites que las reglas que caracterizan al
sistema democrático. Pero estas reglas que permiten la expresión de todas
las ideas excluyen también la imposición de las mismas por la vía de la
fuerza, del terror, de la coacción y del asesinato. Esta es la oferta
válida para todos.
Nada puede ser defendido, negociado ni aceptado fuera de ese marco
jurídico constitucional.
2.º Ratifica su compromiso con todos y cada uno de los acuerdos
contenidos en los Pactos de Ajuria-Enea, Madrid y Pamplona, que deben ser
interpretados y aplicados como un todo inseparable.
3.º Recuerda que el unánime deseo de paz que, tanto la sociedad vasca
como el conjunto de la sociedad española han expresado hasta la saciedad,
de ninguna manera puede ser utilizado para lanzar ofertas que, bajo una
pretendida generosidad, implican la impunidad para los que brutalmente
desmienten cada día cualquier voluntad de abandonar la violencia.
4.º Expresa la máxima voluntad de las fuerzas políticas de recuperar la
unidad de acción de todos los demócratas frente al reto que, de modo
permanente, nos lanza el terrorismo.
Y, en consecuencia, emplaza a todas las fuerzas políticas a continuar el
diálogo en los foros de consenso contra la violencia ya establecidos, de
modo que, con respeto a los respectivos puntos de vista, se restaure la
unidad de los mensajes y la estrategia común que toda la sociedad nos
reclama con insistencia para erradicar el terrorismo.»
Propuesta de Resolución núm. 103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política económica
España ha estado a la cabeza del proceso de integración europea desde su
ingreso en 1986. Buena prueba de ello ha sido nuestro destacado papel en
el Acta Unica, el Mercado Interior, la política de cohesión, el Tratado
de Maastricht y las tareas para el desarrollo de la moneda única llevadas
a cabo en nuestra última presidencia. Con nuestra participación en la
UEM, que ha dado vida al euro, no hacemos más que seguir esa línea.
Con la moneda única se inicia una etapa nueva que debe estar presidida
por dos objetivos: mantener la convergencia nominal conseguida y avanzar
en los niveles de convergencia real, medida por renta, empleo y bienestar
social, hasta aproximarnos a la media europea. Nada de esto se va a
conseguir de forma automática, aunque la fase alcista del ciclo actual
ayude, de momento, a ello. De hecho, de continuar con la pasividad
actual, el incremento de competencia derivado del euro puede acabar
provocando serias dificultades para empresas y sectores importantes de la
actividad.
Es preciso, pues, un diseño de política económica que facilite una
adaptación al euro y transforme las ventajas en resultados positivos para
todos los españoles.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir una política presupuestaria que, siendo acorde con los
objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y crecimiento, aflore el
verdadero nivel de gasto público comprometido por el conjunto de las
Administraciones Públicas Centrales en los últimos ejercicios. A partir
del conocimiento de ese nivel real de gasto comprometido, se deberá
establecer una política de ingresos justa, que no ponga en peligro la
suficiencia financiera del Estado y respete el principio de progresividad
e igual trato entre todas las rentas con independencia de su origen.
2. Remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de quince días, un
informe sobre los compromisos de gasto futuro que ya tiene contraídos y
sobre la compatibilidad de los mismos con los objetivos del Programa de
Convergencia 1997-2000.
3. Dar continuidad a la reducción de la tasa de inflación en los niveles
actuales, para lo que debe impulsar políticas específicas y efectivas que
aproximen, de forma estable, el nivel de inflación del sector servicios
al del índice general.
4. Presentar un Programa de Actuaciones que permitan aprovechar la
oportunidad que representa el euro y vaya dirigido a elevar nuestro
potencial de crecimiento y de creación de empleo. Dicho Programa deberá
contemplar medidas tendentes a:
* Liberalizar los mercados de bienes y servicios, desarrollando una
potente política de defensa de la competencia que permita a los usuarios
obtener beneficios desde el primer momento.
* Reforzar el papel de la inversión pública en infraestructuras y
educación, recuperando tasas alcanzadas en otras fases alcistas del
ciclo.
* Crear un entorno favorable a la dinamización de iniciativas
empresariales y a la creación de empresas, especialmente PYMES.
* Recuperar el lugar preferente que tuvo en la política pública las
inversiones en I+D en todas sus vertientes.
* Impulsar el desarrollo de sectores nuevos de actividad, con amplia
capacidad de creación de empleos, dirigidos a la satisfacción de nuevas
necesidades sociales para las que el mercado no está dando adecuado
cumplimiento bien por la existencia de obstáculos que dificultan su
desarrollo, bien por configurar bienes públicos de nuevo cuño.
5. Reforzar, ampliar y mejorar el nivel de prestaciones públicas de
nuestro Estado del Bienestar para que los beneficios del euro y de la
recuperación económica lleguen a todos los sectores sociales. La
aproximación a la media europea de nuestro gasto social en relación al
PIB
tiene que ser un objetivo explícito de la política económica, como tiene
que serlo la defensa del principio de universalidad por ser el que mejor
garantiza la equidad en el acceso a estos servicios públicos.
6. En materia de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas igualmente se le insta a:
-- Corregir la actual discriminación efectiva en favor de las rentas del
capital y empresariales que han provocado un injusto tratamiento hacia
quienes cobran por nómina, puesto que aportan más del 80% de los ingresos
por IRPF.
-- Distribuir, de manera equitativa, la carga fiscal en aquellos
impuestos que gravan la renta de los ciudadanos, para lo que utilizará
las deducciones que tiene en cuenta las circunstancias personales y
familiares, en la cuota ya que, por ser lineales y aplicarse al mismo
tipo marginal, garantizan la progresividad del impuesto, lo que no hacen
aquellas otras que se aplican en la base de los impuestos personales.
-- Sólo el ahorro efectuado en vivienda propia, graduado por niveles de
renta y en mecanismos complementarios de previsión social,
preferentemente colectivos han de tener un tratamiento favorable. El
tratamiento fiscal que se dé a los mecanismos complementarios de
previsión social, en ningún caso será más beneficioso que el que reciban
las rentas procedentes de los sistemas públicos ya establecidos.
-- Suprimir los gastos fiscales discriminatorios que el Gobierno ha ido
aumentando en los últimos ejercicios.
-- Reforzar la actuación profesional de la Agencia Tributaria,
redimensionándola para la lucha contra el fraude como prioridad y
mejorando los procedimientos de trabajo puestos en cuestión por un amplio
colectivo de funcionarios.
-- Estudiar la inevitable incidencia de la reforma sobre la financiación
de las CC. AA. que aceptaron incluir la fórmula de cesión parcial del 30%
del IRPF como parte de sus ingresos. La Reforma del IRPF afectará a la
financiación de dichas CC. AA., agudizando el caos en que ha sumido el
Gobierno todo el asunto autonómico. Cualquier cosa que se haga en ese
sentido para desandar lo andado, debe contar con publicidad y
transparencia, sin ocultarse detrás de conversaciones bilaterales que no
permitan conocer los términos del eventual intercambio.»
Propuesta de Resolución núm. 104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de Seguridad Social
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Reconstruir el consenso alcanzado en la anterior legislatura sobre la
consolidación del Sistema Público de Pensiones, que se plasmó en el Pacto
de Toledo. A tal fin, deberá convocar a todos los Grupos Parlamentarios
para informar sobre la evolución patrimonial y presupuestaria de la
Seguridad Social en estos tres años de vigencia del Pacto de Toledo, con
especial atención a la evolución de las cifras de reservas, endeudamiento
y morosidad, así como de las medidas previstas para corregir las
desviaciones negativas observadas sobre las previsiones y necesidades
futuras.
2) Cumplir los acuerdos del Pacto de Toledo relativos a la separación de
las diferentes fuentes de financiación, evitando que las cotizaciones
sociales financien gastos de prestaciones públicas (sanidad, desempleo,
complementos de mínimos, etcétera) que por su carácter social y
distributivo, han de corresponder a los Presupuestos Generales del
Estado.
3) Conforme a las exigencias del Pacto de Toledo, informar detalladamente
a todos los Grupos de las modificaciones que prepara sobre la acción
protectora del Sistema de la Seguridad Social, para actuar de común
acuerdo, así como de las rectificaciones que piensa acometer sobre
actuaciones unilaterales ya producidas y que han merecido mociones del
Pleno del Congreso tendentes a su modificación, como ha sucedido respecto
a las nuevas normas limitadoras del acceso a la jubilación anticipada o a
las que señalan condiciones de difícil cumplimiento para el acceso a las
pensiones de viudedad y orfandad de algunos colectivos.
4) Tomar las iniciativas legislativas oportunas a fin de que la
revalorización de las pensiones no sea objeto de revisión ni compensación
si el IPC interanual resulta ser inferior al previsto, con el objeto de
que, en tal caso, los pensionistas consoliden la mejora de capacidad y no
sean obligados a ningún tipo de devolución ni de recorte con ocasión de
la revalorización del próximo ejercicio. Igualmente, el Gobierno tomará
las iniciativas legales pertinentes para que se modifiquen los criterios
respecto a las exigencias de devoluciones retroactivas a los pensionistas
que han percibido cantidades indebidas, de forma que no les sea exigida
ninguna devolución retroactiva cuando la percepción indebida esté
originada en errores o negligencias de la Administración.»
Propuesta de Resolución núm. 105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de educación
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Garantizar los recursos financieros y humanos necesarios para asegurar
una educación de calidad para todos, que consolide la LOGSE según el
principio de igualdad de oportunidades, de acuerdo a lo manifestado por
toda la comunidad educativa en la Declaración Conjunta en Favor de la
Educación. Este compromiso deberá plasmarse
en un Plan de Financiación de 5 años de duración que sea aprobado por las
fuerzas parlamentarias y que asegure su inclusión en los Presupuestos
Generales del Estado.
Este Plan de Financiación deberá remitirse al Parlamento en el plazo de
dos meses, e incluirá también la aplicación de la LOGSE en las
Comunidades Autónomas que tienen pendiente el traspaso de competencias,
para garantizar el proceso de transferencias educativas, previsto en el
Pacto Autonómico del 92, con recursos económicos suficientes para abordar
la financiación de la red pública de centros, la implantación de la nueva
formación profesional y de los programas de garantía social, así como los
recursos necesarios para la ampliación de plantillas de profesores y de
formación del profesorado, gastos de funcionamiento, transporte y
comedores de la red pública.
2) Asegurar el principio de igualdad de oportunidades a través de un
capítulo presupuestario específico destinado a colaborar con las
Comunidades Autónomas que tengan que escolarizar a un mayor número de
alumnado que se halle en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas. Igualmente se incrementarán las becas y ayudas al estudio
para la enseñanza universitaria.
3) Establecer nuevos incentivos profesionales y retributivos para el
profesorado no universitario, relacionados, principalmente, con la
valoración de la práctica docente y los proyectos de innovación y de
trabajo en equipo. Estos nuevos incentivos deberán basarse en criterios
objetivos y se negociarán con los representantes sindicales del
profesorado.
4) Impulsar el estudio de los problemas de financiación de las
Universidades españolas, para establecer un Plan Plurianual, antes de la
elaboración de los Presupuestos Generales de 1999, que incremente el
gasto en educación superior dirigido a alcanzar, entre otras cosas, una
satisfactoria dotación y promoción del profesorado universitario de
acuerdo con las necesidades existentes.»
Propuesta de Resolución núm. 106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de sanidad
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Salvaguardar la titularidad pública del Sistema Nacional de Salud,
garantizando el cumplimiento estricto en todo el territorio nacional de
la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre Habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud y asimismo a aprobar con la máxima
urgencia el Reglamento que desarrolle esta Ley.
2. Impulsar un pacto de financiación sanitaria por consenso con vigencia
plurianual que esté estrechamente vinculado con las necesidades de salud
de la población de manera que se garantice una financiación per cápita
equitativa en todo el territorio español.
3. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley General
de Sanidad se cree un Fondo de Compensación entre Comunidades Autónomas
por prestaciones de servicios a pacientes desplazados.
4. Desarrollar una política integral de uso racional del medicamento:
-- Que garantice que todos los medicamentos eficaces, seguros y de
composición adecuada sean financiados por el Sistema Nacional de Salud.
-- Que la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública se
haga en función de la utilidad terapéutica en cada uno de los
medicamentos y principios activos que figuren en ella y no en base a
criterios económicos.
-- Que negocie un nuevo acuerdo con la industria farmacéutica en el que
no se vincule las aportaciones de ésta a la política de extensión de
medicamentos genéricos ni al régimen de precios de los medicamentos no
financiados públicamente.
-- Que arbitre las medidas necesarias para que las presentaciones de
medicamentos contengan el número de unidades necesarias para el
tratamiento de las indicaciones más frecuentes.
5. Constituir una Comisión de expertos que en el plazo de seis meses
presente un libro blanco sobre el estado de la salud pública en España, y
sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas Sanitarias en el
ejercicio de sus respectivas competencias en este ámbito.»
Propuesta de Resolución núm. 107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de justicia e interior
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Que asumiendo finalmente el Pacto de Estado por la Justicia propuesto
por los socialistas presente a las Cámaras las reformas procesales y
orgánicas pendientes que resulten imprescindibles para mejorar el
funcionamiento de la Administración de Justicia y que debe contemplar,
entre otras:
-- Una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que proceda a suprimir los
centenares de procedimientos y su sustitución por un número reducido de
procedimientos básicos que potencie los principios de inmediación,
oralidad y concentración, que conceda mayores potestades para el impulso
de oficio por el Juez de Instancia, y proceda a una redefinición de las
funciones de los Secretarios
Judiciales y a una limitación de los procesos incidentales.
-- Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la línea marcada en la
Disposición Final Cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado,
atribuyendo al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos penales,
y que defina de manera clara, la posición institucional que el mismo debe
ocupar de conformidad a su configuración constitucionalmente prevista.
Asimismo, dicha reforma deberá incluir un régimen de recursos que haga
efectivo el derecho a la segunda instancia residenciado en las Salas de
lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y una
modificación del recurso de casación, que permita que, sin disminución de
los derechos y garantías de los justiciables, se fijen criterios
uniformes en aplicación de la Ley. Y, por último, que proceda a una nueva
regulación de la acción popular que evite la profesionalización y el
ejercicio abusivo de la misma.
-- Una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de aquellas otras
que resulte necesario para la creación de una verdadera Oficina Judicial;
procediendo a la reestructuración de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia, a la adaptación de la Administración de
Justicia al Estado de las Autonomías, a la definición del papel de
control de las Administraciones sobre el personal y los medios al
servicio de la Administración de Justicia y a la informatización integral
e intercomunicada de la misma que permita una justicia más rápida,
eficiente y transparente.
También deberá contener las previsiones que permitan el control
democrático del órgano de Gobierno de los Jueces, regulando la
responsabilidad política de sus miembros, mediante la comparecencia del
Presidente y los Vocales ante este Parlamento, para dar cuenta a los
ciudadanos de las decisiones de política judicial que adopta y de cómo
ejerce la política disciplinaria y de responsabilidad.
2) Adoptar, de manera inmediata, todas las medidas necesarias que
permitan la plena aplicación del nuevo Código Penal, procediendo entre
otras medidas a la creación en las Audiencias Provinciales de las plazas
necesarias para hacer frente a las nuevas competencias objetivas que del
mismo se derivan, así como a elaborar, en colaboración con otras
Administraciones Públicas y colectivos sociales, un Plan que contemple
las previsiones y recursos necesarios para la dotación de depósitos de
detenidos y el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad y de las medidas de seguridad impuestas, así como a la remisión
inmediata de un Proyecto de Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores por los hechos delictivos cometidos por éstos, cuyo objetivo
primordial sea la educación y resocialización de los menores, criterio
que ha de presidir no sólo la regulación penal, sino también la procesal
y la ejecución de las correspondientes medidas de seguridad que se
impongan a los menores.
3) El Congreso de los Diputados ante la consolidación que progresivamente
ha adquirido la institución del Jurado, insta al Gobierno a remitir a
esta Cámara un Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado en el que se contenga una ampliación de las
competencias del mismo para el enjuiciamiento de los delitos de
prevaricación judicial.
4) Remitir a la Cámara un Plan que fije el calendario y prioridades para
el cumplimiento de las propuestas, tanto normativas como de cualquier
otro orden, contenidas en el informe de «política migratoria española»,
aprobado recientemente por la Cámara, con el consenso de todos los Grupos
Parlamentarios.
-- A elaborar, de manera urgente, una normativa que regule el
funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España
acorde con los principios constitucionales y la interpretación que de los
mismos ha hecho el Tribunal Constitucional.
-- A interesar del Fiscal General del Estado la adopción de todas las
medidas necesarias con el fin de que los Fiscales mantengan una actitud
vigilante ante los fenómenos racistas y violentos que les permita una
rápida actuación ante cualquier manifestación de los mismos y,
especialmente, de los grupos violentos que actúan en la calle y estadios
de fútbol contra otros jóvenes autóctonos o emigrantes.
-- A dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios
necesarios, materiales y humanos, que les permita vigilar y combatir a
estos grupos violentos y racistas, así como hacer frente a las redes
ilegales que trafican con emigrantes, tanto en su transporte a España
como en su explotación laboral una vez llegados al país.
-- A presentar, de manera urgente, para su ratificación por la Cámara,
los Convenios Internacionales 143 y 118 de la OIT y 90 de Naciones
Unidas.
5) Actualizar el Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios, donde se prevea expresamente aprobar un Plan de
Construcción de nuevos centros de Inserción Social, así como a adoptar de
manera inmediata todas las medidas necesarias para erradicar los malos
tratos en las prisiones.
6) Elaborar un verdadero diseño de política en materia de seguridad
ciudadana, con participación de los distintos colectivos sociales
integrados en las juntas de seguridad; a impulsar una mayor coordinación
entre las diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que eviten las
disfunciones que actualmente se producen y permitan un aumento de la
operatividad, así como a impartir directrices a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que por su adecuación a la legalidad y a la
proporcionalidad impidan los excesos policiales en las actuaciones
represivas; y, por último, a dar cumplimiento a los compromisos
salariales adquiridos con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.»
Propuesta de Resolución núm. 108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política institucional y pluralismo
político
La Constitución española establece como uno de los valores superiores del
ordenamiento jurídico el pluralismo político, y obliga a los poderes
públicos a promover las condiciones para que sea real y efectivo.
Del mismo modo establece un marco institucional presidido por los
principios de respeto a la Constitución y a las Leyes, al equilibrio
entre poderes y a la garantía de los derechos fundamentales.
La revitalización del Parlamento como representación del pluralismo
social debe tender a estrechar cada vez más los lazos entre los
representantes políticos e institucionales y los ciudadanos.
El respeto al marco institucional establecido por la Constitución y el
impulso de mecanismos de control y transparencia de los poderes públicos,
facilitando las funciones de los representantes de la soberanía popular,
constituye un deber de esta Cámara, por todo ello,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar de forma
efectiva ese marco y, en consecuencia,
1. A establecer, como norma fundamental en sus actuaciones, los valores
de libertad, tolerancia y respeto a las opiniones de las minorías.
2. A cesar en su política de impulso del monopolio ideológico y
partidario de los medios de comunicación que conculca el derecho de los
grupos sociales a comunicar libremente información y, sobre todo,
conculca el de los ciudadanos a recibir información libre y veraz.
3. A mantener y preservar el servicio público de la radio y la televisión
asegurando su pluralismo y neutralidad política, garantizando el acceso
de los grupos políticos y sociales a los medios de comunicación.
4. A colaborar y facilitar de forma decidida el ejercicio de la función
de los Diputados y Diputadas como representantes de la soberanía popular,
cumpliendo con rapidez y de forma completa las peticiones de datos,
informes y documentación que éstos le soliciten, compareciendo con la
máxima celeridad cuando sea requerido para ello.
5. A poner en funcionamiento, sin mas dilación, la Oficina Presupuestaria
de las Cortes Generales, que permita a los parlamentarios seguir la
ejecución de los Presupuestos Generales del Estado e informar las
propuestas de carácter económico o presupuestario que esta Cámara le
solicite.
6. Del mismo modo, y dado el estado avanzado de los trabajos de reforma
del nuevo Reglamento de la Cámara y del amplio consenso obtenido, el
Congreso de los Diputados acuerda:
Que con fecha de 1 de enero de 1999 quede garantizada la plena vigencia
de un nuevo Reglamento que impulse el ejercicio de los derechos y deberes
del Diputado y potencie sus funciones, agilice los procedimientos
legislativos y amplíe los instrumentos de control político y
presupuestario.»
Propuesta de Resolución núm. 109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política cultural
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el Senado un Plan Estratégico para el Sistema Español de
Museos de titularidad estatal que contenga (previendo la colaboración de
las Comunidades Autónomas, Asociaciones de Amigos de los Museos y de
Ciudadanos, así como de expertos), las líneas directrices que permitan
determinar su distribución competencial junto con todos aquellos
elementos de gestión y organizativos que favorezcan su modernización y
mejor servicio a los ciudadanos.
2. Con el horizonte del Congreso Mundial de Archivos a celebrar en
Sevilla durante el año 2000, el Gobierno presente a la Comisión de
Educación y Cultura en el próximo período de sesiones las líneas maestras
de un Plan de Modernización de los Archivos Estatales, tomando como
referencia el proceso de informatización seguido hasta la fecha en el
Archivo General de Indias.
3. A través del Consejo Estatal de Patrimonio, en el que se integran las
Comunidades Autónomas, defina los contenidos básicos de un Plan General
de Protección del Patrimonio Arqueológico Español con objeto de su
presentación a la Comisión de Educación y Cultura antes de que termine el
actual período de sesiones, de suerte que cualquier actuación a
desarrollar en este campo se enmarque dentro de las líneas de dicho plan,
debiendo el Gobierno remitir cada año al Congreso un informe sobre los
resultados que se han alcanzado en la lucha contra el expolio del
patrimonio público.
4. Concesión de ayudas para la promoción de la cultura y el patrimonio en
el exterior, se propone que el Gobierno adopte las medidas necesarias
para la creación de una Oficina de Apoyo a nuestras industrias culturales
en el exterior en el seno del Instituto de Comercio Exterior, conforme al
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 87.3D).
5. Formular antes de que concluya el actual período de sesiones las
iniciativas parlamentarias correspondientes para la homologación al grado
superior de danza que la LOGSE estipula, de las titulaciones anteriores a
su implantación. Al igual que se ha realizado (con posterioridad a la
entrada en vigor de la LOGSE) en otras enseñanzas artísticas (Arte
Dramático y Música).
6. Formular en el siguiente período de sesiones las correspondientes
iniciativas parlamentarias tendentes a modificar las normas tributarias
que gravan los ingresos obtenidos por los autores y artistas para que, a
estos efectos, tengan la consideración de renta irregular.
7. Presentar, dentro del actual período de sesiones, en la Comisión de
Educación y Cultura, un Plan de actuación en el ámbito internacional
(instituciones europeas,
AMI, etcétera) dirigido al reforzamiento de las industrias culturales
españolas y europeas, y articulado sobre la defensa de la excepción
cultural para el sector audiovisual y el precio fijo del libro para el
editorial.
8. El buen momento creativo y de recuperación de espectadores por el que
atraviesa nuestra industria cinematográfica no se corresponde, sin
embargo, con las oportunidades de que disponen los países europeos
líderes en producción cinematográfica a través del apoyo financiero que
reciben de sus respectivas televisiones públicas. Ante esta situación, y
dada la descompensación financiera que la producción cinematográfica
española tiene, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para que TVE
española presente ante la Comisión de Radiotelevisión en el plazo de dos
meses un plan de inversiones en el sector audiovisual que venga a
corregir esta situación de desigualdad financiera.»
Propuesta de Resolución núm. 110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política autonómica
La organización territorial de España y la convivencia de todos en un
proyecto común, ha sido uno de los temas más debatidos y también más
enconados de nuestra historia política y constitucional. Gracias al clima
de diálogo y de consenso en el que se elaboró la Constitución española,
se pudieron superar situaciones muy delicadas y aportar una solución de
compromiso que nos ha permitido, en los últimos veinte años, garantizar
la convivencia y normalizar el funcionamiento de las instituciones del
Estado. El Estado de las Autonomías es la superestructura política que
conjuga la singularidad y el derecho a la diferencia con un compromiso de
colaboración e integración de todos en un proyecto común. Pues bien, el
equilibrio en la política autonómica en estos dos años se ha roto en mil
pedazos con este Gobierno. La bilateralidad es el único camino utilizado.
El consenso entre las fuerzas políticas y las CC. AA. ha desaparecido. La
desigualdad territorial se ha restablecido. El Gobierno está falto de
planes de desarrollo autonómico, falto de ideas para abordar los
problemas actuales del Estado de las Autonomías, y lleno de pragmatismo y
de servilismo en los pasos que está dando, y tiene una ausencia total de
calendario y de plazos.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que inicie negociaciones con todas las fuerzas políticas y con las CC.
AA. encaminadas a establecer un nuevo sistema de financiación autonómica
que sobre la base del consenso, que había sido la forma hasta ahora
seguida en los acuerdos de financiación, garantice su estabilidad y no
esté sujeto a los cambios sucesivos a los que está siendo sometido el
sistema actual a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales de 1998, y a la más reciente llevada a cabo en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera el 26 de marzo.
2. Que a tenor de la evidencia cada vez más clara de la falta de
funcionamiento y eficacia que se está produciendo en las actuaciones de
las diferentes Administraciones Públicas, proceda a cuidar y revitalizar
de una manera mucho más enérgica, el ejercicio de la cooperación entre
las Administraciones Públicas, clave para el buen funcionamiento de un
Estado complejo como el nuestro. Para ello, se debe proceder a regular e
institucionalizar las Conferencias Sectoriales, dotando a éstas de los
contenidos, funciones y medios para cumplir eficazmente con sus
cometidos.
3. Que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, regulado en la LOFCA y
en su propio Reglamento, vuelva a cumplir en la práctica las funciones y
cometidos de órgano multilateral, deliberante y consultivo, que estas
disposiciones le otorgan, para que se evite la invasión que el mismo
lleva a cabo de las competencias parlamentarias, adoptando acuerdos que
sólo al Parlamento competen y que vuelva a actuar con independencia al
servicio de todas las partes en él representadas.
4. Que se cumpla la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad por el
Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de octubre de 1997 por la que
se instaba al Gobierno a que aplicara a la financiación de las CC. AA.
para 1998 las cifras oficiales del último censo de población, es decir,
el publicado el pasado 1 de noviembre de 1997.»
Propuesta de Resolución núm. 111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política científica y tecnológica
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y a presentar
en el plazo de 3 meses un Plan Plurianual para el sistema nacional de
Ciencia y Tecnología que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Incrementar de forma sustancial la aportación del Estado al sistema
nacional de I+D y establecer los mecanismos necesarios para lograr el
objetivo del 2% del PIB.
2. Aumentar el número de investigadores y de personal dedicado a la I+D
que incluya una significativa oferta de empleo en los organismos públicos
de investigación, los mecanismos necesarios para facilitar el retorno de
científicos formados en otros países y los instrumentos que faciliten la
contratación de científicos e ingenieros en las empresas para conseguir
alcanzar la media europea de 9,3 investigadores por mil habitantes.
3. Mejorar la articulación del sistema español de innovación
incrementando la dotación económica del Programa
Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema
Ciencia-Tecnología-Industria, del Plan Nacional de I+D, y creando
programas específicos de movilización tecnológica que estimulen la
cultura innovadora en el sector productivo, el desarrollo de riqueza y la
generación de empleo.»
Propuesta de Resolución núm. 112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de consumo
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, proteger sus
legítimos intereses económicos, e impulsar las medidas oportunas que
perfeccionen el Sistema Arbitral de Consumo (Real Decreto 636/1993, de 3
de mayo) potenciando la información a los consumidores y usuarios sobre
las características del Sistema Arbitral y la mejora de su funcionamiento
en aquellas materias en el que el número de reclamaciones es mayor, tales
como en vivienda, servicios y reparaciones domésticas y bienes de consumo
duradero (automóviles, electrodomésticos, etcétera).
2) Impulsar las medidas oportunas para mejorar la información a los
consumidores, potenciando campañas de información en relación al
contenido de las disposiciones normativas que protegen sus derechos e
intereses legítimos.
3) Adoptar las medidas oportunas para evitar situaciones de indefensión
de los consumidores y usuarios, en particular los niños, en su calidad de
consumidores, en relación al cumplimiento del contenido del Código
televisivo de Autorregulación para que los programas transmitidos por las
cadenas de televisión no sea contrario a los principios y valores
constitucionales.
4) Revisar el Catálogo creado por el Real Decreto 287/1991, impulsando
las medidas necesarias para garantizar la protección prioritaria de
productos, bienes y servicios de carácter doméstico y de uso común,
ordinario o generalizado, en particular de los suministros domésticos de
agua, luz y electricidad.
5) Adoptar las medidas necesarias que faciliten la incorporación de las
Asociaciones de Consumidores y usuarios en los procesos de normalización
de la normativa comunitaria en sectores que puedan afectar a sus derechos
e intereses legítimos, tales como los de electrónica, bienes de equipo,
alimentación, textil, etcétera
6) Eliminar los obstáculos derivados de la ausencia total o parcial de
armonización comunitaria en sectores que afectan directamente a los
consumidores y usuarios (alimentación, textil, bienes de equipo,
etcétera).
7) Adoptar las medidas necesarias para que el etiquetado de objetos
destinados al consumo infantil, en particular juguetes y alimentos,
refleje de forma plenamente comprensible para los niños que su compra y
su uso no supone ningún riesgo para este grupo de consumidores y
usuarios.»
Propuesta de Resolución núm. 113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de cooperación internacional para el
desarrollo
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar los compromisos internacionales adoptados en materia de ayuda
oficial al desarrollo (AOD), insta al Gobierno a que adopte las medidas
presupuestarias precisas para que el 0,35% del PIB se consigne en los
próximos Presupuestos Generales del Estado para 1999. Volumen de ayuda
que, en dicho ejercicio, se destinará a los objetivos de erradicación de
la pobreza y desarrollo sostenible en el mundo, en aplicación de la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo que próximamente será
aprobada y con el fin de alcanzar en nuestro país, en términos de
recursos públicos y mediante la colaboración y participación del conjunto
de las Administraciones Públicas, el objetivo del 0,7% del PNB para la
Ayuda Oficial al Desarrollo.»
Propuesta de Resolución núm. 114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política de vivienda y suelo
Desde que el Partido Popular gobierna se ha paralizado la gestión de la
política de vivienda, escudándose en que la favorable evolución de los
tipos de interés facilita la obtención de créditos hipotecarios y sin
reconocer que, a pesar de ello, los ciudadanos con menores ingresos no
pueden acceder a la vivienda, debido, entre otras cosas, a una nueva
tendencia alcista de sus precios. No se han cumplido, en este ámbito, los
compromisos electorales del Partido Popular, y se ha presentado la
reforma de la Ley del Suelo como una liberalización de dicho mercado,
cuando sólo va a favorecer a los propietarios de suelo.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Presentar, en el plazo más breve posible, un Programa estratégico de
actuación en suelos de titularidad
pública estatal, de forma que al menos el 10% de estos suelos se destinen
a la construcción de viviendas protegidas de alquiler destinadas a los
jóvenes.
2) Aprobar, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de Ley de
Ordenación de la Edificación.
3) Establecer, durante el presente ejercicio, las condiciones para la
obtención de la calificación energética de edificios, conforme al
desarrollo obligado de la Directiva SAVE.
4) Establecer incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios de
viviendas en alquiler, en particular, para aquellos propietarios de
viviendas en alquiler de renta antigua cuyos inquilinos no estén
obligados a actualizar dicha renta, conforme a lo dispuesto por la
vigente legislación en materia de arrendamientos.»
Propuesta de Resolución núm. 115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de infraestructuras y transporte
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que durante 1998 se presente en esta Cámara un nuevo documento del
Plan Director de Infraestructuras para su análisis, debate y adopción de
las oportunas propuestas de resolución, que configuren el nuevo marco
regulador de las políticas de infraestructuras, tanto en cuanto a
actuaciones a llevar a cabo se refiere, como a las fórmulas de
financiación, que se van a desarrollar en este país durante el período de
vigencia del PDI.
2. Que, antes de finalizar 1998, se elabore un Plan General de
Carreteras, en el que se concretarán las actuaciones a desarrollar en:
-- Vías de gran capacidad.
-- Acondicionamientos.
-- Conservación y explotación de carreteras.
-- Medio urbano.
3. Que antes de finalizar 1998, y en desarrollo del PDI, dentro de la
política ferroviaria a llevar a cabo, también en el presente año, se
especificarán las actuaciones a ejecutar durante la vigencia del mismo
en:
-- Alta velocidad.
-- Cercanías.
-- Largo recorrido.
-- Desarrollo del transporte de mercancías.
-- Renovación, electrificación y conservación de la red.
4. Presentar ante el Congreso de los Diputados, durante 1998, un informe
que contenga la posición del Gobierno sobre los contenidos del Libro
Blanco, sobre gestión del tráfico aéreo y liberalización del espacio
aéreo europeo, publicado el 6 de marzo de 1996, con el que se define un
sistema único de gestión del tráfico aéreo en Europa y en el que se
resumen los acuerdos institucionales que la Comisión considera más
adecuados para el futuro.
5. Informar al Congreso de los Diputados, antes del 31/12/98, acerca de
la Decisión número 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo
del la red transeuropea de transporte en lo referente a las redes de
aeropuertos, red de gestión de tráfico aéreo, redes de sistemas de
localización y navegación referente a España y a su inserción en la
política global comunitaria.
6. Llevar a cabo, antes del 31 de diciembre de 1998, en desarrollo del
Reglamento Comunitario número 2408/92, del Consejo, de 23 de julio, un
proceso de negociaciones con los Gobiernos Autonómicos encaminado a
determinar las declaraciones de obligaciones de servicio público en los
tráficos aéreos con la Península.
7. Suprimir las tasas de seguridad aeroportuaria y de aproximación aérea,
reguladas en la Ley 13/96, de 13 de diciembre, y la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, respectivamente.»
Propuesta de Resolución núm. 116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de telecomunicaciones
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar un Plan detallado sobre la aplicación en España de las
obligaciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones, haciéndose una
especial referencia al acceso de todos los ciudadanos/as y de las
pequeñas y medianas empresas, a un precio asequible, a los servicios de
información en línea, en general, y en particular en INTERNET, a los
parámetros de calidad, al calendario de cumplimiento y sus mecanismos de
financiación. De igual manera se contemplará la obligación de
proporcionar el acceso sobre la red pública y el suministro de servicio
de acceso a información en línea, y en particular en INTERNET, a todos
los centros escolares, sanitarios y bibliotecas publicas o privadas, a un
precio igual o inferior al mejor ofrecido en el mercado español.
2. Abordar con urgencia todas las iniciativas técnicas y administrativas
necesarias para prevenir las consecuencias del denominado «Efecto 2000»
sobre las bases de datos y procesos informáticos de las distintas,
garantizando la salvaguarda de los intereses de los ciudadanos ante
posibles consecuencias derivadas del mismo, especialmente en el caso de
la Seguridad Social.
3. Adoptar, durante 1998, las medidas necesarias, entre otras la
aprobación de un Estatuto de los Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones, que incorpore los derechos y obligaciones de los
usuarios relativos a las relaciones que han de mantener con las
Administraciones Públicas, su presencia y participación en los órganos
colegiados competentes en materia de consumo, y en aquellos otros que
diriman los conflictos que surjan con operadores públicos o privados.»
Propuesta de Resolución núm. 117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política sobre drogas
El Congreso de los Diputados, constata la importancia que continúa
teniendo el consumo de drogas, especialmente entre la juventud y
considera que, como cuestión relevante del actual Estado de la Nación y
para la consecución de los objetivos de reducción del consumo de drogas
en nuestra sociedad,
* Debe avanzarse en la normalización de las políticas preventivas,
asistenciales y de integración social;
* En la objetivación social de los problemas asociados a su consumo como
problemas propios y abordables solidariamente;
* En el consenso político y social, con el fin de que las políticas sobre
drogas se desarrollen por las administraciones de todos los ámbitos y
signos políticos;
* En la participación abierta y tolerante sobre alternativas y
experiencias a las actuales políticas que surjan como consecuencia del
diálogo social sobre drogas;
* Con equilibrio entre la dedicación y recursos que se prestan para
lograr la disminución de la accesibilidad de las drogas al alcance de los
ciudadanos, especialmente de los escolares y el incremento de las
políticas de prevención en sentido amplio, incluyendo la atención e
inserción de drogodependientes.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en su política
de drogas:
1. Progrese en la coordinación intersectorial e interadministrativa en el
ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, con Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales y Organizaciones no Gubernamentales, con el fin de
asegurar la generalización y normalización de las políticas preventivas,
asistenciales y de integración de drogodependientes.
2. Impulse como prioridad la normalización en la prevención,
particularmente en el ámbito escolar, de forma que se impulse la
educación para la salud en el marco general de la LOGSE.
3. Mejore sustancialmente la asistencia, de manera que las redes
generales sanitarias y de asistencia social se impliquen en la atención
de los drogodependientes. Las políticas de reducción de riesgos y los
programas de dispensación de metadona deberán ir acompañados por el
correspondiente incremento del dispositivo asistencial, de forma que
quede asegurado el trato igual y que no se produzca una dualidad en la
asistencia. La asistencia sanitaria no debe entenderse como una forma de
resolver problemas de seguridad ciudadana, sino de atención a los
ciudadanos.
4. Realice actuaciones de tipo integral concertadamente con las diversas
administraciones públicas. Actuaciones que resultan especialmente
necesarias en zonas de alto riesgo, en las que se acumulan problemas de
exclusión social y de tráfico y consumo de drogas, a través de planes
convenidos con las Comunidades Autónomas, mediante el diseño de políticas
activas que atiendan a aspectos como formación y empleo, acción social,
estímulo y apoyo a iniciativas comunitarias y coordinación de recursos e
inversiones públicas.
5. Priorice la atención a los drogodependientes con problemas
jurídico-penales tanto en las comisarías y juzgados, como a través de los
recursos alternativos a la prisión, así como su integración coordinada
con las redes de servicios sociales existentes en el territorio.
6. Los programas de integración e inserción laboral, a través del
Instituto Nacional de Empleo, deberán adaptar los requisitos de ingreso y
límite de edad, especialmente en Escuelas-Taller y Casas de Oficio, al
objeto de que puedan acceder aquellos drogodependientes en proceso de
rehabilitación.
7. Perfeccione la persecución del tráfico de drogas y otros delitos
relacionados, alcanzándose una coordinación más eficaz entre el Cuerpo
Nacional de Policía, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera en
la lucha contra el narcotráfico. Además, conjuntamente con los servicios
especializados, se avanzará en la adecuación de los procedimientos
aplicables para la persecución del blanqueo de dinero.»
Propuesta de Resolución núm. 118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de defensa
El Proceso de Profesionalización de las FAS deberá conducir a la
implantación de un nuevo Modelo de ejército enteramente profesional que
garantice la Seguridad y Defensa nacional, el cumplimiento de nuestros
compromisos internacionales y responda a las demandas de nuestra
sociedad.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer el procedimiento y las previsiones oportunas que aseguren
que el cumplimiento del Servicio militar Obligatorio concluirá no más
tarde del 31 de diciembre del año 2000, sin perjuicio de completar el
proceso de profesionalización en los dos años posteriores.
2. Aplicar la financiación precisa para asegurar el proceso de
profesionalización efectiva, y establecerá una programación plurianual
realista para el proceso de modernización que garantice un notable grado
de seguridad en su cumplimiento. Todo ello no podrá poner en riesgo el
carácter prioritario de otros gastos de interés social.
3. Acorde con la filosofía de la profesionalización, deberá operarse una
reducción en el número de efectivos totales, que sitúen el Modelo
Profesional en torno a 140.000 militares profesionales.
La exigencia de un Ejército de tamaño financiable debe hacerse compatible
con la eficacia en el desempeño de las misiones asignadas a las FAS.»
Propuesta de Resolución núm. 119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política comunitaria
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar una comunicación sobre la Agenda 2000 para su debate por el
Pleno de la Cámara, en base al artículo 196 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, con el objeto de establecer una estrategia, común ante
las reformas propuestas por la Comisión Europea sobre la Política
Agrícola Común y los Fondos Estructurales y de Cohesión.
2. Propiciar, ante el proceso de ampliación de la Unión Europea a Chipre
y Centro y Este de Europa, se refuercen las políticas de Cohesión Social
incrementando los recursos económicos destinados a las mismas.
3. Defender la introducción de una cláusula de revisión del techo de
gasto de la Union Europea, establecido en la Agenda 2000 a propuesta de
la Comisión Europea en el 1,27% del PIB comunitario, en el caso que se
incumplieran las condiciones establecidas para las reformas de la
política Agrícola Común, los Fondos Estructurales o de Cohesión y/o el
coste de la ampliación.
4. En la revisión de las perspectivas financieras de la UE para el
período 2000-2006 se introduzca una mayor progresividad en la aportación
de recursos de los Estados miembros a la Unión, sobre la base de la renta
per cápita media nacional.
5. Realizar las actuaciones necesarias, en el seno de las Instituciones
Comunitarias, a fin de que en el nuevo Reglamento de Ayudas de Estado se
continúe incluyendo a Canarias, en el artículo 92.3 a) y a que, en
relación con su Régimen Económico y Fiscal, proceda a notificar a la
Comisión Europea la totalidad de la Ley 19/1994, negociar con éxito su
contenido y presentar la reforma necesaria de la Ley para su correcta
aplicación.»
Propuesta de Resolución núm. 120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de igualdad de derechos y libertades
de la mujer
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un nuevo contrato social entre hombres y mujeres consecuente
con los principios de libertad e igualdad entre ellos, que se constituya
en motor de cambio estructural para hacer efectiva la igualdad de
oportunidades estableciendo las condiciones culturales, educativas,
económicas y sociales que posibiliten esa sociedad compartida. A estos
efectos el Gobierno impulsará el desarrollo normativo del principio de
igualdad entre hombres y mujeres como instrumento para la democratización
de la familia, la compatibilidad de la vida profesional y familiar, la
igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la corresponsabilidad en
la toma de decisiones en todos los niveles. Conscientes de la importancia
que tiene la educación en la creación de los modelos sociales, asimismo,
el Gobierno garantizará que los procesos educativos y formativos
contribuyan a este cambio estructural.
2. En cumplimiento del Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, se
concreten las acciones a llevar a cabo y el presupuesto destinado a las
mismas impulsando convenios con las Comunidades Autónomas y con las
Administraciones Locales para llevarlas a efecto. A este fin, el Gobierno
incrementará las ayudas a las asociaciones y colectivos de mujeres con
experiencia en este campo para actuaciones contra la violencia de género,
e introducirá módulos específicos sobre la violencia doméstica para una
mayor atención y asistencia a las mujeres víctimas en los programas
oficiales de las escuelas y centros de formación del personal de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Judicatura y del
Ministerio Fiscal y de otros profesionales vinculados a estas materias.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir, de manera
inmediata, a la Cámara un Proyecto de Ley Orgánica de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, en el que se contemplen globalmente los aspectos
penales, sanitarios y sociales que inciden en la problemática de la
interrupción voluntaria del embarazo, procediéndose a una ampliación de
la despenalización en la que queden
debidamente garantizados tanto los derechos de la mujer, como la adecuada
tutela a la vida en formación.»
Propuesta de Resolución núm. 121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de política ambiental
La construcción del Estado de las Autonomías debe suponer una más eficaz
respuesta ante las necesidades de los ciudadanos, y en absoluto puede
utilizarse como pretexto para crear comportamientos estancos en el
ejercicio de las diferentes competencias de las tres Administraciones. En
concreto, en la política ambiental no se está respondiendo adecuadamente
desde el Gobierno de la nación, y se carece por completo de un proyecto
nacional que articule los esfuerzos de las tres Administraciones y
favorezca la máxima corresponsabilización de los poderes públicos. Ello
sólo será posible si se introducen objetivos ambientales en todo el marco
legislativo --y no sólo en el que se autodefine como «ambiental»--, y si
se ejecutan eficazmente estrategias y planes nacionales, consensuados con
las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales y construidos
desde el diálogo permanente con las organizaciones sociales. Teniendo en
cuenta, además, las graves dificultades para el cumplimiento de las
normas que se derivan de los insuficientes medios a disposición de las
Administraciones,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Crear, en el más breve plazo posible, una Fiscalía Especial de Medio
Ambiente.
2) Reactivar, de forma inmediata, los Planes Nacionales de Recuperación
de Suelos Contaminados, de Residuos Peligrosos y de Depuración de Aguas
Residuales, aprobados en 1995, previo acuerdo con las Comunidades
Autónomas.
3) Revisar, en el plazo más breve posible, la legislación sobre
actividades mineras, de forma que las mismas se desarrollen en
condiciones análogas, a las del resto de las actividades industriales, en
lo que se refiere a sus exigencias ambientales.
4) Presentar, en el plazo más breve posible, un plan de actuaciones
específicas en relación con los aspectos ambientales de las instalaciones
mineras, previo acuerdo de los Ministerios de Industria y de Medio
Ambiente con las Comunidades Autónomas, y oídas las organizaciones
sociales.
5) Aprobar, en el plazo más breve posible, y teniendo en cuenta los
incumplimientos del Gobierno de sus correspondientes compromisos, el
Programa Nacional del Clima, el Plan Nacional de lucha contra la
desertificación y la estrategia nacional sobre biodiversidad.
6) Dotar, de forma inmediata, a las Confederaciones Hidrográficas, y en
particular, a las Comisarías de Aguas, de los medios económicos y humanos
necesarios para garantizar el cumplimiento de la vigente Ley de Aguas en
lo que se refiere a la gestión del dominio público hidráulico.
7) Acordar con las Comunidades Autónomas un marco de colaboración que
permita aumentar los medios disponibles para atender con eficacia las
necesidades de inspección ambiental a las empresas.
8) Rechazar el Anteproyecto de Ley de reforma de la vigente Ley de Aguas
cuyo texto ha sido ya informado por el Consejo Nacional del Agua, donde
se ha puesto de manifiesto el rechazo al mismo por parte de varias
Comunidades Autónomas, de las organizaciones ecologistas, y de expertos y
organizaciones agrarias.
9) Utilizar los medios previstos en el convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como en otros Convenios análogos, en materia de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, acometa urgentemente la ejecución de las obras
necesarias con el fin de dar respuesta eficaz a los problemas de agua
existentes.
10) Los hechos acaecidos en las Minas de Aznalcóllar requieren el máximo
esfuerzo conjunto de las Administraciones, con el fin de recuperar las
áreas contaminadas por los lodos tóxicos y de compensar los daños
económicos, sociales y ecológicos derivados de la rotura de la balsa de
residuos mineros. La envergadura de la catástrofe obliga a la implicación
del Gobierno de la nación y a la máxima coordinación de sus actuaciones
con las emprendidas y previstas por la Junta de Andalucía, por todo ello
se insta al Gobierno a:
-- Colaborar en la retirada urgente de los lodos contaminados,
minimizando las consecuencias de la situación actual.
-- Colaborar con la Junta de Andalucía en la elaboración y ejecución del
Plan de recuperación integral de las cuencas afectadas y su entorno, de
manera que se devuelva a los habitantes de los municipios afectados los
niveles de calidad de vida anterior y se recuperen los ecosistemas
preexistentes.
-- Colaborar con la Junta de Andalucía en las iniciativas de comunicación
y de información sobre lo acaecido y sus consecuencias, evitando en todo
caso repercusiones económicas no justificadas en los mercados exteriores
de los productos agrícolas, pesqueros y turísticos de la zona, con las
adecuadas medidas de promoción.
-- Aprobar un AEPSA extraordinario para amortiguar la pérdida de jornales
en la zona, que se aplique a la regeneración del ecosistema afectado.
-- Agilice la construcción y puesta en marcha de las depuradoras de
Aznalcázar y de Villamanrique, que, de acuerdo con el vigente Plan
Nacional de Depuración de Aguas Residuales deberían estar terminadas,
conforme a lo exigido por la normativa europea.
-- Apoye ante la Comisión Europea el programa de ayudas medioambientales
que, en aplicación del Reglamento (CEE) 2078192, está elaborando la Junta
de Andalucía.
-- Establecer un nuevo modelo de gestión conjunta del Parque Nacional de
Doñana y del Parque Natural de Doñana, coordinado por la Junta de
Andalucía.»
Propuesta de Resolución núm. 122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de industria, energía, privatizaciones
y turismo
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar a la Cámara, en el actual período de sesiones, las líneas
generales de su política industrial teniendo en cuenta las nuevas
condiciones creadas por la adopción del euro y con referencia especial a
las políticas de apoyo a la tecnología e innovación empresariales y a las
políticas y programas dirigidos a las PYMEs industriales.
2. Desarrollar reglamentariamente la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico y, en su momento, de la nueva legislación sobre el
sector de hidrocarburos en tramitación parlamentaria, reduciendo los
períodos transitorios para la apertura de los mercados, garantizando los
derechos de los consumidores y usuarios y reconociendo mayores funciones
a las comisiones reguladoras independientes sectoriales.
3. Elaborar, en el plazo máximo de tres meses, un Plan de Fomento de las
Energías Renovables que contenga una estrategia y defina un programa de
actuaciones para conseguir el objetivo de que en el año 2010 las fuentes
de energías renovables cubran como mínimo el 15% de la demanda de energía
primaria en España.
4. Presentar a la Cámara, durante el próximo período de sesiones, un plan
a medio plazo de cierre progresivo de las centrales nucleares y solicitar
de inmediato al Consejo de Seguridad Nuclear un informe sobre las
consecuencias energéticas, económicas, medioambientales y de seguridad
que se derivarían del cierre de las centrales nucleares de Zorita y
Garoña.
5. Paralizar inmediatamente cualquier proyecto de aprobación de un
almacenamiento geológico profundo para los residuos nucleares de alta
actividad.
6. Enviar a la Cámara para su debate, en el plazo máximo de 1 mes, un
balance de las privatizaciones realizadas en el sector público
empresarial y de los proyectos en curso que contenga, como mínimo, los
criterios utilizados para las decisiones de venta, el método de venta,
las aportaciones públicas de fondos realizadas previamente, los ingresos
obtenidos, el empleo dado a los mismos, los efectos sobre el balance de
la entidad pública que poseía las acciones y los informes emitidos por el
Consejo Consultivo de Privatizaciones y la Intervención General de la
Administración del Estado.
7. Aplicar al proceso de privatización en curso de ENDESA el régimen
jurídico regulado en la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Enajenación de
Participaciones Públicas en determinadas empresas.
8. Realizar las modificaciones normativas que sean necesarias para que
las Cámaras conozcan y aprueben, con ocasión del debate presupuestario
anual, las aportaciones financieras anuales por todos los conceptos que
perciben las empresas integradas en la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.
9. Elaborar y remitir al Congreso, en el plazo de un mes, las iniciativas
normativas que considere necesarias para que se asegure el cese
automático en sus cargos de los Presidentes y demás miembros de los
Consejos de Administración de las sociedades mercantiles cuando hayan
sido designados por acuerdo del Consejo de Ministros, por algún miembro
del Gobierno o por los propios órganos de Gobierno de la Sociedad
mercantil, en el momento en que la participación del capital público deje
de ser dominante o suficiente para el nombramiento de éstos.
10. La derogación de la exclusión a que hace referencia el artículo 2.4
de la Ley 12/95, de 11 de mayo, respecto de las personas previstas en el
artículo 1.2,f) de dicha Ley para lograr la aplicación íntegra de la
misma respecto de los Presidentes y los miembros de los Consejos de
Administración a que se refiere el punto 4 anterior, cuando se hayan
mantenido en sus cargos en esas sociedades mercantiles o en alguna otra
perteneciente al mismo grupo empresarial después del proceso de cambio de
la mayoría o incluso aunque hayan sido redesignados por la Junta General
de Accionistas, durante dos años a partir de la fecha del cambio de la
mayoría accionarial.
11. Elaborar, en el marco de la participación de España en la moneda
única, un nuevo Plan Marco de Turismo español en el que se contemplen los
siguientes aspectos:
-- Optimización de las posibilidades de crear nuevos empleos en el sector
mediante la generación de nuevos servicios.
-- Mantener la competitividad de las empresas turísticas con el objetivo
de mantener los empleos generados por el sector, mejorando condiciones
laborales del mismo mediante la introducción de:
* Nuevas tecnologías aplicadas a su gestión.
* Métodos de gestión eficaz de consumo de energía.
* Nuevas fórmulas de promoción a través de redes telemáticas.
-- Una adecuada diversificación de la nueva oferta, sectorial y
territorial, que contemple su integración en un modelo de crecimiento
sostenible respetuoso con el medio ambiente.
-- El desarrollo de nuevos productos turísticos y su incidencia en el
mercado internacional.»
Propuesta de Resolución núm. 123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución en materia de agricultura
Con el fin de garantizar que las reformas previstas en el marco de la
Agenda 2000, en la que se está definiendo la agricultura y el medio rural
europeo de los próximos años, se orienten al mantenimiento y creación de
puestos de trabajo, a la mejora de la calidad de vida en el medio rural,
a la protección de los derechos de los consumidores y a la defensa del
medio ambiente.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Negociar de forma firme, pero eficaz y solidaria, con nuestros socios
europeos y de manera abierta, informando y aceptando la colaboración
crítica, con las otras fuerzas políticas y con los sindicatos de nuestro
país.
2) Defender los intereses españoles especialmente en aquellos sectores
pendientes de reformas: Aceite, lácteo y de carne de vacuno; productos
hortofrutícolas y cultivos herbáceos; vino, tabaco y plátano.
3) Impulsar que la nueva PAC garantice la cohesión económica, social y
territorial y para que la agricultura y ganadería sean pilares firmes de
sostenimiento del medio rural.
4) Presentar al Parlamento una normativa básica que garantice la
actuación coordinada entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, para la defensa
de la Sanidad Animal.
5) Llevar a cabo la adecuada dotación presupuestaria para acometer las
inversiones en modernización y transformación de regadíos previstas tras
dos años de paralización del Plan Nacional de Regadíos.
6) Asegurar en el proceso de reestructuración del sector remolachero y la
industria azucarera, el mantenimiento de las azucareras cuyo cierre
originaría un grave impacto social y regional.
7) Impulsar la ampliación del acceso de los barcos españoles a las aguas
de terceros países, negociando nuevos acuerdos pesqueros además de
prorrogar los vigentes, así como que exigir el estricto cumplimiento de
estos últimos (Marruecos) y la defensa firme de los intereses españoles
en aguas internacionales (Argentina, Canadá) y en aguas de la Unión
Europea (Reino Unido y Francia).
8) Obtener el acuerdo del Consejo de Ministros de la UE de prohibición de
las redes de enmalle a la deriva en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, antes de la próxima costera del bonito, y las máximas garantías
de respeto de la prohibición.
9) Reforzar la política común de pesca, manteniendo el nivel de recursos
destinados al sector en la reforma de los Fondos Estructurales, para la
modernización de la flota pesquera y de las instalaciones e industrias
del sector.»
Propuesta de Resolución núm. 124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución
Con la propuesta de reforma que hay sobre la mesa es imposible que España
pueda obtener unos resultados que garanticen un trato igual al del resto
de los países productores y que se garantice una cobertura de las
producciones españolas que aseguren el futuro de miles de familias, de
miles de pequeños y medianos agricultores, de decenas de pueblos.
La única salida posible para intentar paliar esta desastrosa situación es
retrasar la reforma y ligarla al debate global del resto de OCM en la
Agenda 2000. Y ello por varias razones:
* Sería más fácil defender los intereses de España negociando con el
resto de países cuando éstos tengan también sobre la mesa intereses que
negociar y defender.
* Podríamos intentar recomponer, en esta negociación global, el frente
mediterráneo y llegar a acuerdos, sobre todo con Italia, que serían
determinantes para obtener una buena posición para España.
* Ganaríamos tiempo, lo que nos permitiría poder negociar esta reforma
con datos reales del sector europeo y español, cosa que hasta ahora no se
ha hecho:
-- 302 millones de olivos a España frente a los 166 que baraja la
Comisión.
-- Producciones superiores a 1.000.000 de Tm frente a las 625.000 de
media que baraja la Comisión.
* Los intereses de España están en este momento fuera de la reforma y
admitir políticamente, como ha hecho el Gobierno español, cerrar la
reforma antes de 1 de noviembre del 98 es condenar al fracaso al sector
productor de aceite de oliva español y poner en riesgo el futuro de miles
de has. de olivar tradicional menos productivo con las gravísimas
consecuencias sociales, medioambientales, de empleo, que ello llevaría
consigo.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Negociar para evitar una aprobación precipitada de la Reforma propuesta
para el sector del Aceite de Oliva, incluyendo su debate en el conjunto
de reformas pendientes en la Agenda 2000. Dicha reforma, en su momento,
deberá recoger nítidamente los intereses del sector productor español
evitando que, en el régimen de ayudas, los olivareros españoles tengan un
trato diferente al del resto de los países productores de la Unión
Europea. Y se garantice, en cualquier caso, que la ayuda a la producción
real atienda a los aspectos sociales, medioambientales y de calidad,
asegurando las rentas de los agricultores y el futuro del olivar menos
productivo. Se considerarán intereses básicos del sector del aceite de
oliva español: El aumento de la Cantidad Máxima Garantizada a 1.850.000
Tm., manteniéndola a nivel comunitario, el mantenimiento del sistema de
intervención público, la prohibición de las mezclas y las ayudas a la
aceituna de mesa.»
Propuesta de Resolución núm. 125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la
siguiente
Propuesta de Resolución en materia de Administraciones Públicas y Función
Pública
«1) En Estados Unidos, como consecuencia de la corrupción a que había
dado lugar el «spoils system», se procedió a intentar moralizar la vida
pública. Tras los informes de Eaton, en 1880, y de la Liga por la Reforma
del Servicio Civil, en 1883, se aprobó la Pendleton Act que creó la
Comisión del Servicio Civil e introdujo los principios de igualdad y
mérito para el acceso a
la Administración. Como quiera que la implantación
real de dichos principios no fue fácil, posteriormente se crearon
dos nuevas Comisiones independientes para promover la real incorporación
de dichos principios a la práctica cotidiana: La Comisión para la
Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Comité para la Protección del
Sistema de Mérito. Anteriormente, en 1855, en el Reino Unido, tras el
Informe Northcote-Trevelian, se creó la Comisión del Servicio Civil, la
cual, unida a la Order in Council de 1870 permitió hacer reales los
principios de mérito y capacidad para el ingreso en la Administración.
En general, estas comisiones independientes, es decir, no sujetas
jerárquicamente al Gobierno, realizan una labor de ejecución de los
procesos selectivos y de control, de forma que, en general, actúan cuando
tras la investigación correspondiente se descubre la falta de rigor o de
respeto a los principios antes citados durante la selección interna o
externa de aspirantes a un puesto de trabajo.
En España, sucesos recientes han sacado a la luz el tradicional problema
del intento de ciertos responsables políticos de utilizar la
Administración en provecho propio o de sus familiares y correligionarios.
Así, se han denunciado procesos selectivos por estar manipulados en favor
de afiliados a ciertos partidos o en favor de familiares del responsable
político correspondiente. También, se ha podido observar que los
concursos internos o las libres designaciones han sufrido las
consecuencias de considerar como demérito haber desempeñado puestos
relevantes en Gobiernos anteriores o no gozar de la amistad del Alto
Cargo titular del órgano convocante. Dichas situaciones han generado
desmotivación interna entre los empleados públicos y
desprofesionalización, con los consiguientes efectos negativos sobre la
calidad de los servicios y la objetividad e independencia que deben guiar
la actuación de nuestra Administración Pública. La consecuencia para
nuestro sistema administrativo e, incluso, para el sistema democrático es
el de la deslegitimación creciente.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los estudios
técnicos y jurídicos para incorporar al sistema español de Función
Pública las Comisiones Independientes de Selección, las cuales estarán
formadas por profesionales independientes y cuya labor será la de
coordinar los procesos selectivos en las Administraciones
correspondientes e investigar con carácter previo a la vía contenciosa
las denuncias que se hagan por los implicados en procesos de selección
interna y externa en las Administraciones.
2).
1. Concluir antes de 20 de mayo de 1998 el cálculo de la masa salarial
del conjunto de empleados públicos incluidos en el ámbito del citado
Acuerdo a 31 de diciembre de 1997.
2. Entregar a los Sindicatos firmantes del Acuerdo dicha información,
para que junto con la ya disponible, correspondiente a la masa salarial a
31 de diciembre de 1994, 1995 y 1996, pueda fijarse en la correspondiente
Mesa de negociación, el montaje del Fondo contemplado en el punto 2 del
Capítulo VIII del citado Acuerdo, cuyo objetivo es el mantenimiento del
poder adquisitivo del conjunto de empleados públicos comprendidos en el
ámbito de aplicación del Acuerdo.
3. En dicha Mesa negociadora entre la Administración y los Sindicatos
debe acordarse la distribución de dicho Fondo, que las Organizaciones
Sindicales firmantes del Acuerdo, partiendo de la información disponible
de ejercicios anteriores y teniendo en cuenta la política restrictiva en
materia de costos de personal seguidas por el Gobierno en 1997,
sintetizada en la congelación salarial de sus retribuciones y en la
limitación al 25% de la reposición en la Oferta de Empleo Público,
estiman en un cantidad no inferior a 50.000 millones de pesetas.
4. Instar al Gobierno para que negocie con los sindicatos de la Función
Pública para el período que se considere conveniente un nuevo Acuerdo que
cubra el actual vacío, y en el que se mantenga como objetivo, el
mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos y el resto
de políticas de aumento de productividad, oferta de empleo público,
desarrollo de recursos humanos, consolidación de empleo, formación,
promoción, funcionarización, acción social, salud laboral y protección
social, que garanticen a través de una profundización en la negociación
colectiva en la Administración General del Estado, el mantenimiento de
los actuales servicios públicos, y la mejora de su calidad al servicio
del conjunto de la sociedad.
3) Las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año
aprueban las retribuciones de los distintos colectivos de funcionarios de
la Administración Civil, Militar y de Justicia, así como las
correspondientes a los Altos cargos de estas Administraciones, que,
desglosadas por conceptos, permiten poder conocer la forma en que las
Administraciones Públicas retribuyen a sus servidores.
Se observa, sin embargo, que en los últimos tiempos se vienen adoptando
por el Gobierno decisiones en materia retributiva en las que, unas veces
altos cargos de la Administración General del Estado, otras funcionarios
pertenecientes a cuerpos especiales, obtienen subidas encubiertas que
generan opacidad, incertidumbre y desmoralización de quienes, sin conocer
su fundamento están excluidos de tales medidas.
De otro lado, es evidente que la situación resultante ha provocado
diferencias, como por ejemplo, que los Secretarios de Estado sean quienes
perciben las más altas retribuciones, o que los Jefes de Gabinete de los
Vicepresidentes de Gobierno tengan una retribución superior a los propios
Vicepresidentes.
Existe, pues, la necesidad de establecer un sistema armónico y
equilibrado, por lo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, en el plazo de seis meses, remita a las Cortes Generales un
Proyecto de Ley que ordene y armonice el sistema retributivo para los
Altos Cargos del Gobierno y de los Ente Públicos.
2. Que se analice la situación actual de las retribuciones del conjunto
del personal funcionario y laboral de la Administración General del
Estado y se adopten las medidas correctoras que permitan armonizar el
actual sistema.
3. Que las Leyes de Presupuestos de cada año deberán recoger todas las
retribuciones de estos colectivos, tanto básicas como complementarias,
incluyendo, en su caso los complementos por productividad.
4) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales --en sus artículos 112 y siguientes para los municipios y 125 y
siguientes para las provincias-- fija los criterios de Participación de
las Corporaciones Locales para el quinquenio comprendido entre los
ejercicios 1994 y 1998.
Las transferencias corrientes percibidas por los entes locales en virtud
de este concepto constituyen una de sus principales fuentes de
financiación y resultan determinantes para la elaboración de sus planes
financieros a corto y medio plazo.
El Gobierno no puede dejar en la incertidumbre a un sector trascendental
del Estado como es la Administración Local, obviando abordar una de las
cuestiones básicas que pueden determinar su futuro peso dentro del sector
público y, en consecuencia, su papel dentro de la estructura del Estado.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que llegue a un
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que fije
los criterios para incrementar la participación de los entes locales en
los ingresos del Estado para el quinquenio 1999-2003, antes de la
finalización del actual período de sesiones.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
Propuestas de Resolución en el debate de política general celebrado los
días 12 y 13 de mayo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1998.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim Molins i
Amat.
Propuesta de Resolución núm. 126
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar, con pleno
respeto al principio de subsidiariedad y atendiendo al reparto de
competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos, la
correcta participación de las Comunidades Autónomas en los mecanismos de
decisión de la Unión Europea en aquellas materias que afectan a sus
responsabilidades, incluido el Consejo de Ministros cuando así
corresponda.»
Propuesta de Resolución núm. 127
«El Congreso de los Diputados urge al Gobierno a dar cumplimiento a la
resolución número 34 del debate de Política General celebrado el 12 de
junio de 1997 y, en consecuencia, a realizar, a través del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, los estudios necesarios para analizar la
incidencia del sector público en los distintos territorios autonómicos
con la finalidad de conocer las balanzas fiscales de cada una de las
Comunidades Autónomas con el Presupuesto del Estado, referidas al saldo
de flujos de ingresos y gastos fiscales de la Administración Central del
Estado en estos territorios. Estos estudios deberán elaborarse con una
metodología común que deberá acordar, con amplio consenso, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera e integrar los flujos financieros europeos,
y se darán difusión mediante una publicación oficial con carácter
periódico.»
Propuesta de Resolución núm. 128
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara,
en el plazo máximo de dos meses, un Proyecto de Ley en el que se
contemplen las modificaciones normativas necesarias para dar cumplimiento
efectivo a lo establecido en el «Plan de Empleo», entre las que deberán
incluirse:
-- El fomento a la contratación de un trabajador asalariado por parte de
trabajadores autónomos y profesionales.
-- La reducción selectiva de las cotizaciones sociales en aquellos
colectivos de menor calificación y salario, y con mayores dificultades de
inserción.
-- El fomento de la contratación indefinida y estable a tiempo parcial
mediante la introducción de subvenciones y bonificaciones similares a las
vigentes en la contratación a tiempo completo, así como la mejora de la
protección social de este tipo de contratos, de manera especial en lo que
se refiere a los aspectos relacionados con la jubilación.
-- El fomento del contrato de relevo al objeto de promover un
procedimiento que permita conjugar una jubilación progresiva con la
incorporación de jóvenes en el mercado de trabajo.»
Propuesta de Resolución núm. 129
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prever en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999 y en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social que le acompaña, la ampliación del
derecho a la percepción de pensión de viudedad y orfandad para aquellas
personas cuyo cónyuge o causante haya cotizado un mínimo de 15 años,
aunque en el momento del fallecimiento este último no estuviere dado de
alta, ni en situación de asimilado al alta, en el sistema de la Seguridad
Social.»
Propuesta de Resolución núm. 130
«El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta los estudios técnicos y
económicos sobre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos efectuados
por el Gobierno en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la
Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del
Sistema de la Seguridad Social y en consonancia con la voluntad de
estimular el empleo estable a tiempo parcial, insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones jurídicas pertinentes al objeto de
facilitar la afiliación a la Seguridad Social del trabajador autónomo a
tiempo parcial.
2. Impulsar la mejora de las Prestaciones de los afiliados al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, al objeto de aproximarlas a las del
Régimen General.»
Propuesta de Resolución núm. 131
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar avanzando en
la política de mejora de las pensiones más bajas del sistema, en el
contexto de lo que establecen los Pactos de Toledo. A estos efectos,
procederá a estudiar, para su posible aplicación en los próximos
Presupuestos Generales del Estado, la actualización de las pensiones del
SOVI, así como su compatibilización con determinadas pensiones del
sistema contributivo de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los
niveles de renta de los beneficiarios.»
Propuesta de Resolución núm. 132
«El Congreso de los Diputados constata que las políticas de apoyo a la
familia han sido objeto de un importante impulso en el último año,
destacando, entre otras, las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos
para 1998, en la Ley de Acompañamiento, en la Ley de Ampliación del
Concepto de Familia Numerosa, así como en las propuestas del informe
elaborado por la Subcomisión para el estudio de la situación de la
familia en España. En esta misma línea, se valoran positivamente las
iniciativas adoptadas recientemente en el Plan de Empleo y en el Proyecto
de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la
finalidad de conciliar la vida laboral y la atención a la familia y
establecer para ésta un marco económico, social, laboral y fiscal más
equitativo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir en
esta vía y a elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia, en el que
se incluyan, entre otras, medidas tendentes a considerar de forma más
efectiva el número de hijos a cargo en la determinación y revalorización
de las prestaciones asistenciales de la Seguridad Social y medidas en el
ámbito laboral, especialmente en materia de permisos y reducción de la
jornada de trabajo, así como en cuanto a la cotización de los períodos de
excedencia por maternidad.»
Propuesta de Resolución núm. 133
«El Congreso de los Diputados considera urgente afrontar, con el máximo
consenso posible, una reforma global de la Justicia que, a partir de las
propias recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial contenidas
en el denominado «Libro Blanco», comporte, entre otras medidas, mejoras
en la formación y acceso a la carrera judicial; la creación y dotación de
nuevas plazas donde sean precisas; la informatización íntegra de la
oficina judicial y la reforma de ésta; mayores garantías para la
utilización efectiva de la lengua oficial elegida en las distintas
diligencias judiciales y una reforma en profundidad de la legislación
procesal que permita mayor efectividad, seguridad jurídica y celeridad en
la defensa de los derechos de los ciudadanos.
De forma prioritaria y para llevar a cabo estas medidas, el Gobierno
deberá aprobar, antes del 31 de diciembre de 1998, Proyectos de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Planta y Demarcación
Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y una nueva regulación de la Justicia juvenil, de los
Procedimientos Concursales y de la Ley de Procedimiento Laboral.»
Propuesta de Resolución núm. 134
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara,
antes del día 30 de junio de 1998, las conclusiones del estudio sobre la
financiación de la LOGSE, de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Vigésima Quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1997 y la Resolución número 99 aprobada por el Congreso de los
Diputados en la sesión plenaria del 12 de junio de aquel año.»
Propuesta de Resolución núm. 135
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la «comunidad
universitaria europea» para afrontar los retos de la Universidad del
siglo XXI mediante el impulso de las actuaciones siguientes:
a) El establecimiento de convalidación de los créditos académicos
entre las Universidades de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) La elaboración de planes de estudios comunes entre las
Universidades españolas y las de la Unión Europea.
c) La adopción de estrategias formativas y tecnológicas para que la
diversidad lingüística de los Estados
miembros de la Unión Europea no sea un obstáculo sino un enriquecimiento
intercultural para la comunidad universitaria.»
Propuesta de Resolución núm. 136
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promulgar una nueva
regulación de las pruebas de acceso a la Universidad, en la que, de
acuerdo con las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Educación y
Cultura del Senado en su sesión del día 20 de noviembre de 1997, se
contemplen las siguientes acciones:
a) Establecer una prueba única de acceso con una parte de carácter
general evaluadora de la comprensión y madurez del alumno y una parte
específica en la que se pondere la calificación obtenida en las materias
relacionadas con la opción universitaria de aquél.
b) Posibilitar que el alumno excluido de su opción preferente acceda
a los estudios deseados, mediante la supresión de la limitación del
número de convocatorias a las que pueda concurrir y la promulgación de
convocatorias específicas.
c) Adoptar mecanismos que garanticen la corrección y calificación de
las pruebas y potenciar, asimismo, el papel de los profesores vocales de
los Centros de Enseñanza.»
Propuesta de Resolución núm. 137
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas competentes en materia de formación y los
agentes sociales, articule las medidas necesarias para permitir que las
empresas puedan imputarse como costes de formación aquellos gastos
correspondientes a la recepción de alumnos en prácticas de Formación
Profesional, con la finalidad de fomentar la corresponsabilidad educadora
entre la escuela y la empresa y la de consolidar un sistema educativo
adecuado para el desarrollo económico-técnico del país, todo ello para
afrontar con éxito la integración europea de las próximas décadas.»
Propuesta de Resolución núm. 138
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en
coordinación con las Comunidades Autónomas competentes en la materia, las
actividades de I+D para afrontar con éxito la modernización del sector
productivo y el reto tecnológico de la integración en la Unión Europea y
de la globalización, mediante las acciones siguientes:
a) Incrementar gradualmente en el próximo cuatrienio la inversión en
I+D para lograr la equiparación, en este ámbito, con la media de los
países europeos de nuestro entorno, situada en el 2% del PIB.
b) Potenciar el desarrollo tecnológico del país, estimulando la
innovación tecnológica empresarial mediante la modificación de la
regulación de las entidades de capital-riesgo y de la legislación sobre
«mecenazgo cultural».
c) Impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo a
través de la mejora del tratamiento fiscal de las actividades
Universidad-Empresa.
d) Potenciar, a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología, el
ejercicio conjunto de corresponsabilidad y codecisión entre las
Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado en las
diversas actuaciones de I+D.»
Propuesta de Resolución núm. 139
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé cumplimiento
efectivo al mandato que se deriva de la Proposición no de Ley por la que
se insta al Gobierno a regular un Estatuto fiscal especial para las
cofradías de pescadores, aprobada en Sesión de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados del día 7 de mayo de
1997.
De manera concreta, se solicita que, respetando las competencias
transferidas a las Comunidades Autónomas y en estrecha coordinación con
éstas, modifique el régimen fiscal, contable y mercantil de las cofradías
de pescadores al objeto de permitir el pleno desarrollo de su actividad.»
Propuesta de Resolución núm. 140
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a los
compromisos de inversión contemplados en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1998 y a avanzar en la preparación de aquellas grandes
infraestructuras de transportes y comunicaciones previstas en el
territorio de Catalunya y que resultarán fundamentales para garantizar el
crecimiento económico del país en los próximos años. A estos efectos,
durante el ejercicio de 1998 el Gobierno deberá dar cumplimiento a los
compromisos de inversión en la construcción del Tren de Alta Velocidad
entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa, de acuerdo con los plazos
previstos y que tienen como objetivo que el año 2004 esté en
funcionamiento la totalidad de su recorrido hasta la frontera francesa.
Para ello, antes del próximo mes de septiembre, el Gobierno deberá
decidir el trazado de la línea entre Martorell y Barcelona, el itinerario
de acceso a Barcelona y al aeropuerto y la salida a información pública
del trazado entre Barcelona y la Jonquera.
El Gobierno dará prioridad a la construcción de la tercera pista y a la
ampliación del aeropuerto del Prat, para lo cual, en un plazo máximo de
tres meses, procederá a tramitar el Plan Director del aeropuerto del Prat
con el objeto de no demorar la fase de proyectos y hacer posible el
inicio de obras de la tercera pista y zona de desarrollo de terminales de
carga y pasajeros antes de finalizar el año 1999 y constituir a tal
efecto, de acuerdo con la Generalitat de Catalunya, la Sociedad de
Gestión de Carga Aérea.
Asimismo, el Gobierno deberá garantizar el inicio, durante 1998, de las
obras comprometidas en la vigente
Ley de Presupuestos, y que son: la N-420 entre el Coll de la Teixeta y el
Coll Negre; las Calzadas laterales de la B-30; el condicionamiento de la
N-340 entre Tarragona y Valls y las variantes de Vallirana y Cervelló en
la N-340, así como la de Borges Blanques y la finalización, durante el
presente ejercicio de 1998, de la llamada «Pata Sur», que debe enlazar
las rondas de Barcelona con la autopista A-16 y el aeropuerto, y la
autovía del Baix Llobregat, a la vez que iniciar las obras para la
continuación de dicha autovía en su acceso con Martorell y la ampliación
del Cinturón del Litoral para mejorar el acceso al puerto de Barcelona.»
Propuesta de Resolución núm. 141
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder, durante los
próximos dos meses, a acelerar la tramitación administrativa de la
declaración de impacto ambiental relativa al desvío del río Llobregat y
aprobar definitivamente el proyecto. Asimismo, y durante el presente mes
de mayo, proceder a aprobar la constitución de la empresa pública que
deberá ejecutar las obras de construcción de la depuradora del Baix
Llobregat que debe ubicarse en estos terrenos, al objeto de hacer posible
que durante el segundo semestre de este año se liciten las obras y se
inicie la expropiación de los terrenos correspondientes a las mismas.
El Gobierno deberá también cumplir los compromisos adquiridos en política
hidráulica relativos a la finalización, durante el presente ejercicio, de
las obras correspondientes al cubrimiento de la riera de Alella y
canalización de la riera de Arenys en el Maresme, así como al inicio de
las obras previstas en Tarragona para el encauzamiento del río Francolí
en su desembocadura.»
Propuesta de Resolución núm. 142
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y firmar el
segundo Convenio de Financiación de Infraestructuras del Transporte
Metropolitano con la Generalitat de Catalunya antes del 30 de julio de
1998, al objeto de garantizar el cumplimiento de los plazos previstos
para una inversión de casi 45.000 millones durante el trienio 1998-2000.»
Propuesta de Resolución núm. 143
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
normativa coordinante, de tal manera que las asociaciones de entes
locales de ámbito estrictamente autonómico que representen más del
cincuenta por ciento de los municipios del territorio de la Comunidad
sean interlocutores de la Administración General del Estado en aquellos
temas de carácter general o sectorial que incumban a sus intereses, de
acuerdo con los principios de cooperación de la Administración del Estado
con la Administración Local y los emanados del Título VIII de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía.»
Propuesta de Resolución núm. 144 «El Congreso de los Diputados, con la
finalidad y vocación de impulsar la creación en el Mediterráneo de una
zona de paz y seguridad, y con el objetivo de consolidar el desarrollo
económico, social y medioambiental de los países de la orilla sur, insta
al Gobierno a fomentar la participación de instituciones, organismos y
empresas españolas en el proceso de cooperación euromediterránea
instituido por la Conferencia de Barcelona, en particular a través de
proyectos en el marco del programa MEDA.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que colabore
activamente con los Gobiernos autonómicos, especialmente los del área
mediterránea, en la aplicación y desarrollo de la política mediterránea
de la Unión Europea.»
200/000004
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de
política general en torno al estado de la Nación (núm. expte.
200/000004), ha acordado lo siguiente:
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la
colaboración del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, plantee
con los Gobiernos de Francia y Portugal un frente común ante la Unión
Europea para el desarrollo del Derecho privado del Estatuto específico de
las regiones ultaperiféricas, previsto en el artículo 299.2 del nuevo
Tratado de la Unión (Amsterdam, 1997).
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la
colaboración del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, agilice
las negociaciones con la Comisión Europea para la revisión en 1999 del
marco específico de integración de Canarias, configurado por el
Reglamento 1911/91, de 26 de junio, del Consejo y la Decisión y
Reglamentos que conforman el Programa de Opciones Específicas para
Canarias (POSEICAN).
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que defienda la
condición de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea como
«elegibles», a efectos del artículo 92.3.a) del vigente Tratado, a
semejanza de la regulación prevista en los Reglamentos de los Fondos
Estructurales, toda vez que la lejanía y la insularidad conforman
deficiencias estructurales permanentes para la competitividad de sus
empresas y el acceso al mercado único.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la defensa ante la
Comisión Europea de la Zona Especial Canaria (ZEC), partiendo de la
compatibilidad de la regulación prevista en la Ley 19/1994, de 6 de
julio, y --en todo caso-- desde la garantía de su competitividad con
otras zonas especiales europeas mediante el establecimiento de
actividades financieras, de servicios e industriales en un marco temporal
suficiente.
5. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva una
mayoría suficiente entre los Estados
de la Unión Europea para que la regulación por el Consejo de una nueva
OCM del plátano, adaptada al Dictamen de la Organización Mundial del
Comercio, se haga desde parámetros que garanticen la renta de los
agricultores y la comercialización de la producción comunitaria y ACP.
6. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse en la
Comisión Europea una renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos que
desde el equilibrio en la negociación, garantice las faenas de la flota
comunitaria, y particularmente de la española, en los caladeros
tradicionales del banco canario-sahariano.
7. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de la
Decisión 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio,
y del artículo 95 de la Ley 20/1991, de aspectos fiscales del REF de
Canarias, promueva la conformación de un eje transinsular de transporte
terrestre, marítimo y aéreo del archipiélago canario para su integración
en las Redes Transeuropeas de Transporte.
8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar el esfuerzo
gubernamental y financiero para la atención de los proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos del mundo, y
promoviendo también acuerdos de políticas conjuntas con las Comunidades
Autónomas, especialmente en favor de aquellos pueblos con los que nos
unen lazos culturales e históricos.
9. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Actualizar el nomenclátor usado por la Administración del Estado,
Organismos y Entidades Públicas, en general, en lo referente a la
toponimia de Galicia, de manera que aparezca en su forma gallega, no
deturpada, original y legal, como es precriptivo desde hace quince años
y, consecuentemente, en aplicación de la Ley 2/1998, de 2 de marzo, tome
las medidas oportunas para que los vehículos matriculados en la provincia
de Ourense tengan como letras indicativas OU, en correspondencia con el
nombre oficial de la provincia.
10. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez
finalizados los trabajos de la Comisión Mixta para la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, presente, en el próximo
período de sesiones, un Proyecto de Ley de profesionalización de las
Fuerzas Armadas, en el que se contemplen todas las reformas legislativas
necesarias para llevar a cabo la efectiva implantación del Ejército
Profesional.
11. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar una mayor profundización en la dimensión estrictamente política
de la Unión Europea, en la que se promueva una más intensa cooperación a
favor de una auténtica política exterior y de seguridad común, que
contribuya eficazmente a la causa de la paz, al desarrollo y a la
erradicación de la pobreza en el mundo y en la que se asuma un papel
activo en la construcción de un verdadero espacio europeo de libertad,
seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos. De acuerdo con estas
finalidades el Gobierno deberá promover también una reforma de las
instituciones de la Unión, en el marco del actual proceso de ampliación,
que atienda al equilibrio demográfico y económico entre los Estados,
garantice la eficacia en la toma de acuerdos y refuerce la transparencia
y la legitimidad democrática de las mismas, en la designación de sus
miembros y en el control de sus decisiones.
Impulsar una reforma de las políticas de la Unión y el mantenimiento de
la dinámica de la integración europea. Es necesario preservar el
principio de cohesión económica y social, como principal manifestación de
la solidaridad europea, mediante la consolidación del actual esfuerzo
financiero; continuar desarrollando el modelo actual de agricultura
europea basado en la PAC y asegurar un tratamiento no discriminatorio de
los productos mediterráneos. Hay que asegurar, asimismo, que el nuevo
marco financiero, para el período 2000-2006, permita financiar el
desarrollo y aplicación efectiva de las políticas comunitarias actuales y
hacer frente a las necesidades derivadas de la próxima ampliación de la
Unión , y que este esfuerzo sea soportado de forma equilibrada por todos
los Estados de la Unión.
Con este objetivo se apoyan resueltamente las aspiraciones de los países
candidatos a ingresar en la Unión Europa, en un proceso que debe basarse
en los criterios de igualdad de todos ellos, de plena aceptación de la
totalidad del acervo de la Unión y de capacidad para aplicarlos
efectivamente. La ampliación deberá realizarse de forma que permita el
mantenimiento de los principios básicos actuales de la política agrícola
común y de la cohesión económica y social.
12. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aprobar en el más breve plazo de tiempo un Proyecto de Ley en donde se
adopte el Ordenamiento Jurídico español, evitando así una eventual
inseguridad jurídica derivada del período transitorio.
Facilitar a las empresas españolas el que, desde el 1 de enero de 1999,
los registros contables puedan efectuarse en euros y las cuentas
correspondientes a este ejercicio puedan ser formuladas y depositadas en
euros. A tal fin, la Ley citada anteriormente deberá recoger
disposiciones relativas a las anotaciones contables, al tratamiento de
las diferencias de cambio, a los gastos derivados de la introducción del
euro y otras materias de naturaleza contable.
Facilitar, también a través de la citada Ley, la transición gradual de
las empresas en el ámbito tributario, y más concretamente la posibilidad,
desde el inicio del período transitorio, de que las sociedades puedan
presentar en euros las declaraciones correspondientes al Impuesto de
Sociedades, al IVA y al Documento Unico Aduanero.
Intensificar las acciones de comunicación e información referidas a la
introducción del euro y sus implicaciones para la sociedad española,
enviando ya mensajes más especializados, abarcando de manera más amplia
todo el territorio nacional y profundizando en la información sobre los
efectos concretos de la introducción del euro en la vida cotidiana de los
distintos agentes sociales.
Intensificar la formación de todos aquellos agentes afectados e
implicados en la introducción del euro.
Promover un diálogo, en el ámbito de la Comisión Interministerial del
Euro, con todos los agentes sociales y sectores implicados para analizar
con el máximo detalle todos aquellos aspectos prácticos relacionados con
la introducción
del euro y que estén generando gran expectación social: doble etiquetado,
duración del período de canje, conversión de cuentas, programas
educativos futuros, etcétera.
13. El Congreso de los Diputados, con la finalidad de favorecer el acceso
de los ciudadanos y especialmente de los jóvenes y grupos de población
con menores niveles de ingresos a una vivienda digna, insta al Gobierno a
aprobar, antes del 1 de julio de 1998 y dentro del nuevo Plan de la
Vivienda 1998-2001, el correspondiente Decreto de Ayudas a la Vivienda y
Suelo, así como los Convenios con las entidades financieras y los
Convenios con las Comunidades Autónomas a los efectos de evitar demoras
en su entrada en vigor.
14. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender ante las instancias comunitarias los intereses españoles en
las reformas pendientes de las Organizaciones Comunes de Mercado,
procurar una defensa del mundo rural y de los intereses agrarios en el
debate de la Agenda 2000, buscando el equilibrio entre las producciones
mediterráneas y continentales, así como la suficiencia financiera de las
nuevas OCM.
2. Continuar con la política de desarrollo y mejora del sector agrícola y
ganadero, adoptando las medidas oportunas para:
a) Reafirmar la consolidación, impulso y desarrollo del Sistema de
Seguros Agrarios, buscando el consenso de todas las partes implicadas.
b) Aprobar un Plan Nacional de Regadíos que sustituya al Avance del
Plan Horizonte 2005, presentado en febrero de 1996.
3. Desarrollar un programa de modernización y reordenación del sector
lácteo con el fin de conseguir una estructura productiva competitiva
respecto al resto de países productores.
4. Defender la realidad productiva del olivar español y la ayuda a la
aceituna de mesa en la reforma de la OCM del aceite de oliva, así como
potenciar e incrementar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la
eficacia de las actuaciones de control e inspección que tiene
encomendadas la Agencia para el Aceite de Oliva, en el marco del régimen
de ayuda a la producción del aceite de oliva.
5. Desarrollar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, una red de
alerta de Sanidad Animal que permita una información permanente de la
situación epizoótica española.
15. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
En colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales, continúe realizando los esfuerzos de rigor y disciplina
necesarios en el ámbito de las finanzas públicas, para seguir avanzando
en la reducción sostenible del déficit y la deuda pública y garantizar el
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Mantenga los objetivos generales que han guiado la instrumentación de la
política presupuestaria a favor de la convergencia real, profundizando en
la reasignación de recursos hacia las políticas que más inciden en la
creación de empleo y de bienestar. Ello implica seguir priorizando la
política educativa, la sanidad, las pensiones, las políticas activas de
empleo, la inversión en infraestructuras e investigación y desarrollo y
el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Profundice en las reformas estructurales y la política de modernización
del sector público empresarial, contribuyendo a la liberalización de los
mercados de factores y de bienes y servicios.
Avance en la reforma tributaria con el objetivo de favorecer el
crecimiento y la creación de empleo, modernizar el sistema tributario y
mejorar el tratamiento fiscal equitativo y solidario de todos los
contribuyentes.
Asimismo, continuará avanzando en la coordinación y armonización, tanto
de la imposición directa como de la indirecta, de nuestro sistema fiscal
y el de los países de la Unión Europea. En particular siguiendo la línea
del Proyecto de Ley del IRPF se debe continuar en la consecución de una
tributación efectiva equiparable del ahorro en toda Europa, así como
continuar en los esfuerzos emprendidos en la fiscalidad del trabajo que
permitan un mayor fomento de empleo.
Impulse la política de apoyo a los sectores productivos, profundizando en
las reformas emprendidas y, en particular, en la simplificación
administrativa, la mejora de las condiciones de financiación de las
empresas y la internacionalización de la empresa española.
En el ámbito de la lucha contra el fraude continúe e impulse las líneas
de actuación emprendidas en el Plan Bianual de la lucha contra el fraude,
tanto las que suponen un intensificación de los controles directos sobre
las personas que no cumplen sus obligaciones tributarias como las que
tienden a facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones
materiales y formales, con el objetivo de afianzar y avanzar en la
justicia y solidaridad de todos los españoles en el sentimiento del
Estado social.
Finalmente, la reforma del IRPF debe colaborar a la continuación de este
objetivo de lucha contra el fraude, tanto por la vía de simplificación
del impuesto y de la gestión del mismo, favoreciendo así el cumplimiento
voluntario, como por la posibilidad de que una parte significativa de los
recursos que actualmente se dedican a gestionar este impuesto puedan
aplicarse a la lucha contra el fraude.
16. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo
medidas específicamente dirigidas a la mujer, en concreto a:
A) Desarrollar las acciones contempladas en el Plan de Acción para el
Empleo tendentes a potenciar la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo.
B) Acelerar las propuestas legislativas encaminadas a perfeccionar los
instrumentos jurídicos de prevención y represión de la violencia
doméstica, así como los de protección de los derechos de las víctimas, de
acuerdo con las previsiones del Plan recientemente aprobado.
C) Extender a toda la red del INSALUD un programa de prevención del
cáncer femenino y ampliar progresivamente la analgesia epidural en el
parto.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de
protección social en el que se amparan situaciones de especial necesidad,
se emprendan las siguientes medidas encaminadas a paliar las carencias de
determinados colectivos:
A) Impulsar la coordinación socio-sanitaria vinculada a las personas
mayores, especialmente a aquellas con problemas de Alzheimer.
B) Elaborar una normativa que regule la situación de las personas mayores
con problemas de dependencia, facilitando una mayor protección a las
familias cuidadoras y reforzando la protección jurídica y sanitaria.
C) Elaborar un Plan integral de Lucha contra la Exclusión Social.
D) Continuar desarrollando acciones para eliminar las barreras de
comunicación, arquitectónicas y aquellas que dificultan a los
minusválidos su incorporación al mercado laboral para mejorar sus
condiciones de integración social e impulsar las modificaciones laborales
necesarias a tal fin.
17. Se insta al Gobierno a que:
1. Ante la próxima revisión y modificación del Esquema Director de la Red
Europea de Transporte por Ferrocarril y Carretera para el año 1999,
solicite ante la Comisión Europea la inclusión de las infraestructuras
transpirenaicas a través de Aragón (Apertura del Canfranc/túnel de baja
cota Vignemal/túnel de Benasque) y de Navarra (Autovía Pamplona-Bayona).
2. De forma complementaria a la comunicación Norte-Sur (Somport-Sagunto),
potencie y desarrolle la conexión horizontal, concretando plazos e
inversiones en los tramos pendientes de ejecutar del eje transpirenaico
(N-260) --que en su tramo aragonés sufre un notable retraso--, así como
el impulso definitivo al proyecto de autovía Pamplona-Huesca-Lérida.
3. Tras los reiterados compromisos contraídos por anteriores Gobiernos,
realice el desdoblamiento del túnel de Vielha y la finalización del «Eix
Pirinenc» en sus tramos pendientes en Catalunya.
18. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, según el
informe favorable elaborado por el Consejo Nacional del Agua, proceda a
la aprobación de la totalidad de los Planes Hidrológicos de Cuenca a la
mayor brevedad y a que presente ante la Cámara el Proyecto del Plan
Hidrológico Nacional.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar la elaboración
de una Estrategia Nacional para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica que marque las directrices que permitan frenar el
deterioro de la naturaleza.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y aprobar el
Plan Director como instrumento básico de ordenación y programación de la
Red de Parques Nacionales, el cual recogerá los criterios de gestión y
las directrices de planificación que debe desarrollar la Red en los
próximos diez años. Asimismo, y dada la importancia que tiene el Parque
Nacional de Doñana, se ponga en marcha un plan de restauración
hidrológica integral del río Guadiamar que permita la recuperación del
cauce del mismo, de su vegetación, así como del conjunto de los caños
marismeños.
19. Habiéndose acreditado que un adecuado seguimiento presupuestario,
unido a la aplicación efectiva de las Recomendaciones del Pacto de
Toledo, constituyen el único camino capaz de garantizar y consolidar
nuestro Sistema de Seguridad Social, el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a profundizar en el necesario saneamiento de las cuentas de
la Seguridad Social y en el desarrollo de los criterios consensuados con
los Agentes Sociales en aplicación de las citadas Recomendaciones, a
mantener la política de lucha contra el fraude, el uso indebido de la
protección otorgada por el Sistema y la morosidad, en beneficio de todos
los ciudadanos, así como a que convoque de manera urgente al Pacto de
Toledo para revitalizar los acuerdos y compromisos en el mismo contenido.
20. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar en la
proyección exterior de nuestra cultura, en toda su pluralidad y riqueza.
En especial se deberá potenciar la presencia del Instituto Cervantes,
extender la acción educativa, impulsar las manifestaciones culturales de
alta calidad y mejorar los mecanismos de coordinación por entender que
una mayor proyección de nuestra cultura plural redunda en beneficio de
nuestros sectores sociales y económicos y más concretamente en el
turístico. En todo caso, se prestará especial atención a Iberoamérica y
los Estados Unidos, sin perjuicio de la necesaria presencia en Europa y
el Mediterráneo.
21. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a perseverar en las
labores de normalización y pacificación del País Vasco y en la lucha
contra el terrorismo inspirada en los principios de diálogo y unidad
entre las fuerzas democráticas, pleno respaldo a la acción de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzantza, cooperación
internacional en los ámbitos policial y judicial y apelación a la
movilización social y a la conciencia ciudadana de repulsa de la
violencia terrorista y reivindicación de los valores del pluralismo, la
tolerancia y la construcción de la paz como expresión colectiva de
rechazo frente a quienes respaldan o justifican esa violencia terrorista.
22. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar
promoviendo las infraestructuras necesarias que permitan potenciar el
crecimiento económico, reforzar la cohesión social y superar los
desequilibrios territoriales de nuestro país.
23. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe
adoptando todas las medidas necesarias ante las instancias Europeas para
la protección de los caladeros y en particular fijar la fecha definitiva
para la erradicación de las redes de enmalle a la deriva, y la presencia
de nuestra flota pesquera en otras aguas; así como a que continúe
ejercitando el debido control de productos pesqueros, protegiendo los
intereses y derechos de los pescadores españoles. El Gobierno antes del
31 de diciembre de 1998 remitirá al Congreso de los Diputados el proyecto
de Ley de Pesca Marítima y Básica de Ordenación del Sector Pesquero.
24. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en materia de
relaciones con Iberoamérica y su acercamiento a la Unión Europea:
Consolidar y reforzar el proceso de las Cumbres Iberoamericanas como
mecanismo de concertación y diálogo político, reiterando su compromiso
con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo
político, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos, con el
objetivo de reforzar el peso y la proyección Comunidad Iberoamericana de
Naciones en el escenario internacional y continuar impulsando el proceso
de acercamiento entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe,
apoyando los esfuerzos tendentes a que la Cumbre entre estos países y la
UE pueda definir, en el ámbito económico, un marco general tendente a la
asociación, entendida ésta como culminación de un proceso de
liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y de
reforzamiento de las relaciones culturales, educativas y humanas entre
ambos continentes.
25. El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la celebración este
año del Quincuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y considerando que la Constitución
Española de 1978, en su artículo 10.2 otorga a dicha Declaración
Universal carácter interpretativo de las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la propia Constitución reconoce, y
una vez creado el Comité Español para el Cincuentenario, por Real Decreto
2011/1997, insta al Gobierno a prestar su plena colaboración al citado
Comité Español para el mejor cumplimiento de las funciones y actividades
que tiene encomendadas a promover el cumplimiento efectivo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
26. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar un acuerdo
con las distintas Administraciones competentes en materia educativa para
mejorar la calidad de las enseñanzas de las Humanidades, desde el respeto
a las competencias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en la
materia, la debida consideración, en cada caso, a las características del
alumnado receptor en el marco de la realidad pluricultural y plurilingüe
del Estado Español.
27. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara, antes del día 30 de junio de 1998, las conclusiones del estudio
sobre la financiación de la LOGSE, que se está elaborando en el seno de
la Conferencia Sectorial de Educación, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Adicional Vigésimo quinta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 y la Resolución núm. 99 aprobada por el
Congreso de los Diputados en la sesión plenaria del 12 de junio de aquel
año.
Asimismo, es conveniente que se continúen impulsando políticas educativas
tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades, asegurar la libertad
de enseñanza, y el derecho a la educación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a extender progresivamente
la enseñanza de una lengua extranjera al primer ciclo de la educación
primaria y a proseguir, en un momento posterior, con su extensión hasta
los tres años; todo ello dentro del marco presupuestario que cada año
establezcan las Cortes Generales.
28. El Congreso de los Diputados, entendiendo que el problema de las
drogas requiere una respuesta global y sus objetivos son a medio y largo
plazo, insta al Gobierno a:
Avanzar en el cumplimiento del Plan de Medidas de Lucha contra las drogas
aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 1997, insistiendo en la
prevención de las drogodependiencias como eje fundamental de todas las
actuaciones y potenciando los programas y medidas de carácter
asistencial, de reinserción y rehabilitación.
Continuar destinando los medios materiales y humanos necesarios para una
eficaz lucha contra las redes de narcotraficantes y el blanqueo de
capitales.
29. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir un ámbito de
diálogo con los interlocutores sociales, al objeto de remitir a la Cámara
antes de fin de año una nueva regulación legal del trabajo a tiempo
parcial estable que intenta ofrecer mayores oportunidades de creación de
empleo, un marco más flexible de organización del trabajo y una mejor
conciliación de la vida profesional y familiar. Se fomentará esta
modalidad contractual mediante la introducción de subvenciones y
bonificaciones similares a las vigentes a la contratación a tiempo
completo, así como la mejora de la protección social de este tipo de
contratos, de manera especial en lo que se refiere a la jubilación y el
fomento del contrato de relevo, al objeto de promover un procedimiento
que permita conjugar una jubilación progresiva con la incorporación de
jóvenes en el mercado de trabajo.
Asimismo, se insta al Gobierno a fomentar la contratación de un
trabajador asalariado por parte de trabajadores autónomos y
profesionales, la reducción selectiva de las cotizaciones sociales para
aquellos colectivos de menor cualificación y salario, y con mayores
dificultades de inserción, y a promover la remoción de barreras de
incorporación de la mujer al mundo laboral como la doble cotización en
los períodos de excedencia por permisos parentales y de maternidad.
30. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe
impulsando los programas policiales destinados a mejorar la seguridad
ciudadana y, en concreto, la Policía de Proximidad, orientando el
servicio público de seguridad hacia un modelo global y pleno de
proximidad con atención preferente a los sectores más vulnerables, en
especial a las víctimas de delitos, sectores que sufren la violencia
doméstica y la mejora de atención de los extranjeros. Se actuará con los
criterios establecidos en los Acuerdos de delimitación de funciones
suscritos con las Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias
en materia de seguridad ciudadana.
31. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar las
mejoras en la gestión sanitaria iniciadas en la VI legislatura que están
consiguiendo, por un lado, controlar el crecimiento de los costes de la
atención sanitaria aumentando su eficiencia y, por otro, mejorar la
Calidad del Sistema Nacional de Salud consiguiendo aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.
El ahorro generado como consecuencia de las mejoras en la gestión
sanitaria, revertirá en la financiación del Sistema Nacional de Salud, en
los términos del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de
27 de noviembre de 1997, que establece el Nuevo Modelo de Financiación
del Sistema Nacional de Salud para el cuatrienio 1998-2001. Todo ello
para garantizar la suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud,
lo que permitirá
asegurar el mantenimiento de las características del mismo garantizadas
por la Constitución: universalidad, equidad, solidaridad y financiación
pública, siempre de acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencia
plena en Sanidad.
32. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Continuar afrontando, con el máximo consenso posible, la reforma global
de la Justicia que, a partir de las propias recomendaciones del Consejo
General del Poder Judicial contenidas en el denominado «Libro Blanco»,
comporte, entro otras medidas, mejoras en la formación y acceso a la
carrera judicial; la creación y dotación de nuevas plazas donde sean
precisas; la informatización íntegra de la oficina judicial y la reforma
de ésta; mayores garantías para la utilización efectiva de la lengua
oficial elegida en las distintas diligencias judiciales y una reforma en
profundidad de la legislación procesal que permita mayor efectividad,
seguridad jurídica y celeridad en la defensa de los derechos de los
ciudadanos.
Remitir a la Cámara, antes del 31 de diciembre de 1998, un Proyecto de
Ley de Justicia Juvenil, un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que
haga posible que el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial
efectiva reciba una respuesta adecuada por medio de procedimientos ágiles
y eficaces y un Proyecto de Ley Concursal que unifique la regulación
jurídico-sustantiva y procesal de las situaciones de insolvencia, en la
que encuentren adecuada protección los derechos de los acreedores en el
marco de las exigencias de una economía desarrollada.
Aprobar, en esta Legislatura, Proyectos de reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Procedimiento Laboral.
33. El Congreso de los Diputados constatando los excelentes resultados
que para el mantenimiento y consolidación del sistema de la Seguridad
Social ha tenido el Pacto de Toledo, así como el desarrollo y aplicación
realizada hasta la fecha, insta al Gobierno a mantener la línea de
actuación seguida y, en base a lo dispuesto en la Recomendación
decimoquinta del Pacto de Toledo, a iniciar los estudios técnicos
preparatorios necesarios para la renovación del referido Pacto en el
vigente marco del consenso político y social en materia de Seguridad
Social.
34. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la agilización de
todos los trámites administrativos y políticos necesarios para que los
fondos mineros puedan aplicarse dentro de las previsiones establecidas en
los acuerdos del Plan de la Minería del Carbón, que debe desarrollar el
Instituto creado al efecto, que gestionará estos fondos, con el objetivo
de poder disponer de todas las cantidades previstas al efecto en los
presupuesto de 1998, tan necesarias para el impulso de las Comunidades
afectadas, como son, entre otras, las de Asturias, Castilla-León, Aragón
y Galicia.
35. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore un
modelo de ordenación del territorio basado, entre otros aspectos, en el
desarrollo de unas infraestructuras viarias que contribuyan a completar
el sistema de comunicaciones.
En materia de infraestructuras ferroviarias se deben adoptar medidas
encaminadas a dar prioridad al mantenimiento de la red para evitar la
descapitalización de la misma, así como articular una red de velocidad
alta, que corrija especialmente los déficit de comunicación ferroviaria
de distintas regiones de nuestro país, homogénea y continua, intentando
coordinar la oferta ferroviaria con la de los demás medios de transporte
para conseguir el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles,
dadas las ventajas que el transporte por ferrocarril ofrece, como son una
elevada capacidad de transporte, posibilidad de alcanzar altas
velocidades, seguridad y menor impacto ambiental y emisión a la atmósfera
de sustancias contaminantes que otros medios de transporte.
36. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dar cumplimiento al conjunto de las propuestas y recomendaciones
contenidas en la Proposición no de Ley sobre sistemas complementarios de
Previsión Social en desarrollo de la recomendación número 14 del Pacto de
Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
de 10 de febrero de 1998 en el plazo más breve posible sin que en ningún
caso sobrepase un ejercicio legislativo.
37. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A que en los Proyectos de Ley que presente ante esta Cámara en aquellas
materias de competencia exclusiva del Estado recogerá criterios que
permitan la colaboración y cooperación de las Comunidades Autónomas
cuando éstas sean titulares de competencias que puedan estar relacionadas
con ámbitos de competencia estatal.
38. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que siga considerando prioritario dentro del Esquema Director Europeo de
Ferrocarriles y del Marco Presupuestario Europeo, como uno de los
eslabones clave, la construcción de la conexión ferroviaria Vitoria-Dax,
con ramal a Bilbao, y a que los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente,
en el proceso de tramitación del sistema ferroviario vasco y europeo en
el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, desarrollen en colaboración con
el Gobierno Vasco, el compromiso de garantizar una tramitación de la fase
de información pública, amplia y participativa, desde el punto de vista
técnico y medioambiental, para lo cual se buscarán las técnicas de
simultanear los plazos y períodos de exposición. Así que estos
Ministerios tramiten la información pública de los estudios informativos
y medioambientales de la nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, lo antes
posible, y nunca más tarde del 1 de julio de 1998, a efectos de que el
Gobierno Vasco pueda ampliar el plazo de exposición pública del Plan
Territorial Sectorial.
39. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar en la Cámara de Diputados (en el plazo de un año), un plan de
normalización del uso de las lenguas cooficiales para el personal al
servicio de la Administración del Estado destinado en las Comunidades
Autónomas
con régimen de cooficialidad, determinando en el mismo objetivos anuales
a fin de garantizar progresivamente la atención al ciudadano en su lengua
de elección.
40. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A garantizar el cumplimiento de los criterios fijados en la Ley 4/1980,
reguladora del Estatuto de la Radio y de la Televisión Pública, en lo
referente a los servicios informativos de RTVE, para que los mismos estén
presididos por criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad,
separación entre informaciones y opiniones y respeto al pluralismo
político, cultural y lingüístico.
41. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las
oportunas gestiones ante RTVE para que en la medida que técnica y
jurídicamente sea posible los ciudadanos que así lo deseen puedan seguir
las retransmisiones televisivas del Mundial de Fútbol 1998, en el ámbito
de las Comunidades Autónomas en las distintas lenguas oficiales del
Estado.
42. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender la
incorporación, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1999 y el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social que le acompaña, de la ampliación del derecho a la
percepción de pensión de viudedad y orfandad para todas aquellas personas
cuyo cónyuge o causante haya cotizado un mínimo de 15 años, aunque en el
momento del fallecimiento este último no estuviere dado de alta, ni en
situación de asimilado al alta, en el sistema de Seguridad Social.
43. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Reconocer a las Comunidades Autónomas, que ya han recibido las
transferencias de medios materiales y económicos, su capacidad para
regular la adjudicación y sobre la gestión de los Depósitos y
Consignaciones Judiciales en su ámbito, retirando los recursos de
inconstitucionalidad que tuviera planteados sobre esta materia.
44. El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
Que dada la inminente aprobación del Dictamen de profesionalización de
las Fuerzas Armadas, para el período transitorio que resta hasta la
puesta en vigor de la futura Ley de Profesionalización de las Fuerzas
Armadas, adopte las medidas necesarias para evitar la conflictividad
social que la ejecución de las acciones de reclutamiento ha suscitado en
muchos Ayuntamientos.
45. El Congreso de los Diputados:
1.º Reitera con toda firmeza que el terrorismo nunca podrá acceder al
estado de Derecho ni lograr jamás ventaja política alguna. La democracia
no se negocia.
La Constitución y el ordenamiento jurídico vigente garantizan la libertad
de pensamiento y de asociación política, entre otros derechos. Nuestra
democracia acoge a partidos políticos y asociaciones electorales con
diversos postulados, sin más límites que las reglas que caracterizan al
sistema democrático. Pero, estas reglas que permiten la expresión de
todas las ideas excluyen también la imposición de las mismas por la vía
de la fuerza, del terror, de la coacción y del asesinato. Esta es la
oferta válida para todos.
Nada puede ser defendido, negociado ni aceptado fuera de este marco
jurídico constitucional.
2.º Ratifica su compromiso con todos y cada uno de los acuerdos
contenidos en los Pactos de Ajuria-Enea, Madrid y Pamplona, que deben ser
interpretados y aplicados como un todo inseparable.
3.º Recuerda que el unánime deseo de paz que, tanto la sociedad vasca
como el conjunto de la sociedad española han expresado hasta la saciedad,
de ninguna manera puede ser utilizado para lanzar ofertas que, bajo una
pretendida generosidad, implican la impunidad para los que brutalmente
desmienten cada día cualquier voluntad de abandonar la violencia.
4.º Expresa la máxima voluntad de las fuerzas políticas de recuperar la
unidad de acción de todos los demócratas frente al reto que, de modo
permanente, nos lanza el terrorismo.
Y, en consecuencia, emplaza a todas las fuerzas políticas a continuar el
diálogo en los foros de consenso contra la violencia ya establecidos, de
modo que, con respeto a los respectivos puntos de vista, se restaure la
unidad de los mensajes y la estrategia común que toda la sociedad nos
reclama con insistencia para erradicar el terrorismo.
46. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, proteger sus
legítimos intereses económicos, e impulsar las medidas oportunas que
perfeccionen el Sistema Arbitral de Consumo (Real Decreto 636/1993, de 3
de mayo), potenciando la información a los consumidores y usuarios sobre
las características del Sistema Arbitral y la mejora de su funcionamiento
en aquellas materias en el que el número de reclamaciones es mayor, tales
como en vivienda, servicios y reparaciones domésticas y bienes de consumo
duradero (automóviles, electrodomésticos, etcétera).
2. Impulsar las medidas oportunas para mejorar la información a los
consumidores, potenciando campañas de información en relación al
contenido de las disposiciones normativas que protegen sus derechos e
intereses legítimos.
3. Adoptar las medidas oportunas para evitar situaciones de indefensión
de los consumidores y usuarios, en particular los niños, en su calidad de
consumidores, en relación al cumplimiento del contenido del Código
televisivo de Autorregulación para que los programas transmitidos por las
cadenas de televisión no sea contrario a los principios y valores
constitucionales.
4. Revisar el Catálogo creado por el Real Decreto 287/1991, impulsando
las medidas necesarias para garantizar la protección prioritaria de
productos, bienes y servicios de carácter doméstico y de uso común,
ordinario o generalizado, en particular de los suministros domésticos de
agua, luz y electricidad.
5. Adoptar las medidas necesarias que faciliten la incorporación de las
Asociaciones de Consumidores y usuarios en los procesos de normalización
de la normativa comunitaria en sectores que puedan afectar a sus derechos
e intereses legítimos, tales como los de electrónica, bienes de equipo,
alimentación, textil, etcétera.
6. Eliminar los obstáculos derivados de la ausencia total o parcial de
armonización comunitaria en sectores que afectan directamente a los
consumidores y usuarios (alimentación, textil, bienes de equipo,
etcétera).
7. Adoptar las medidas necesarias para que el etiquetado de objetos
destinados al consumo infantil, en particular juguetes y alimentos,
refleje de forma plenamente comprensible para los niños que su compra y
su uso no supone ningún riesgo para este grupo de consumidores y
usuarios.
47. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el marco
de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas
se inicie un proceso tendente a establecer una fórmula que permita la
presencia de un representante de las Comunidades Autónomas en la
Delegación del Gobierno, en aquellas reuniones del Consejo de Ministros
de la Unión en las que se traten asuntos sobre los cuales tengan
competencia exclusiva las Comunidades Autónomas. Asimismo, insta al
Gobierno para que se promueva una reflexión en torno a los mecanismos
internos de cooperación que lleven a un esquema de mayor participación
efectiva de las Comunidades Autónomas en los asuntos relativos a la Unión
Europea.
48. El Congreso de los Diputados urge al Gobierno a dar cumplimiento a la
resolución número 34 del debate de Política General celebrado el 12 de
junio de 1997 y, en consecuencia, a realizar, a través del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, los estudios necesarios para analizar la
incidencia del sector público en los distintos territorios autonómicos
con la finalidad de conocer las balanzas fiscales de cada una de las
Comunidades Autónomas con el Presupuesto del Estado, referidas al saldo
de flujos de ingresos y gastos fiscales de la Administración Central del
Estado en estos territorios. Estos estudios deberán elaborarse con una
metodología común que deberá acordar, con amplio consenso, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera e integrar los flujos financieros europeos,
y se darán difusión mediante una publicación oficial con carácter
periódico.
49. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara, en el plazo máximo de cuatro meses, un Proyecto de Ley en el que
se contemplen las modificaciones normativas necesarias para dar
cumplimiento efectivo a lo establecido en el «Plan de Empleo», entre las
que deberán incluirse:
-- El fomento a la contratación de un trabajador asalariado por parte de
trabajadores autónomos y profesionales.
-- La reducción selectiva de las cotizaciones sociales en aquellos
colectivos de menor calificación y salario, y con mayores dificultades de
inserción.
-- El fomento de la contratación indefinida y estable a tiempo parcial
mediante la introducción de subvenciones y bonificaciones similares a las
vigentes en la contratación a tiempo completo, así como la mejora de la
protección social de este tipo de contratos, de manera especial en lo que
se refiere a los aspectos relacionados con la jubilación.
-- El fomento del contrato de relevo al objeto de promover un
procedimiento que permita conjugar una jubilación progresiva con la
incorporación de jóvenes en el mercado de trabajo.
50. El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta los estudios
técnicos y económicos sobre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
efectuados por el Gobierno en aplicación de la Disposición Adicional
Primera de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y
Racionalización del Sistema de la Seguridad Social y en consonancia con
la voluntad de estimular el empleo estable a tiempo parcial, insta al
Gobierno a, en el marco del Pacto de Toledo:
1. Impulsar las modificaciones jurídicas pertinentes al objeto de
facilitar la afiliación a la Seguridad Social del trabajador autónomo a
tiempo parcial.
2. Impulsar la mejora de las Prestaciones de los afiliados al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, al objeto de aproximarlas a las del
Régimen General.
51. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Continuar avanzando en la política de mejora de las pensiones más bajas
del sistema, en el contexto de lo que establecen los Pactos de Toledo. A
estos efectos, procederá a estudiar la actualización de las pensiones del
SOVI, así como su compatibilización con determinadas pensiones del
sistema contributivo de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los
niveles de renta de los beneficiarios.
52. El Congreso de los Diputados constata que las políticas de apoyo a la
familia han sido objeto de un importante impulso en el último año,
destacando, entre otras, las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos
para 1998, en la Ley de Acompañamiento, en la Ley de Ampliación del
Concepto de Familia Numerosa, así como en las propuestas del informe
elaborado por la Subcomisión para el estudio de la situación de la
familia en España. En esta misma línea, se valoran positivamente las
iniciativas adoptadas recientemente en el Plan de Empleo y en el Proyecto
de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la
finalidad de conciliar la vida laboral y la atención a la familia y
establecer para ésta un marco económico, social, laboral y fiscal más
equitativo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir en
esta vía y a elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia, de acuerdo
con las conclusiones y medidas aprobadas por la Subcomisión parlamentaria
de la familia.
53. El Congreso de los Diputados considera urgente afrontar, con el
máximo consenso posible, una reforma global de la Justicia que, a partir
de las propias recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial
contenidas en el denominado «Libro Blanco», comporte, entre otras
medidas, mejoras en la formación y acceso a la carrera judicial; la
creación y dotación de nuevas plazas donde sean precisas; la
informatización íntegra de la oficina judicial y la reforma de ésta;
mayores garantías para la utilización efectiva de la lengua oficial
elegida en las distintas diligencias judiciales y una reforma en
profundidad de la legislación procesal que permita mayor efectividad,
seguridad jurídica y celeridad en la defensa de los derechos de los
ciudadanos.
De forma prioritaria y para llevar a cabo estas medidas, el Gobierno
deberá aprobar, antes del 31 de diciembre de 1998, Proyectos de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Planta y Demarcación
Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y una nueva regulación de la Justicia juvenil, de los
Procedimientos Concursales y de la Ley de Procedimiento Laboral.
54. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara, antes del día 30 de junio de 1998, las conclusiones del estudio
sobre la financiación de la LOGSE, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Adicional Vigésima Quinta de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1997 y la Resolución número 99 aprobada por el Congreso
de los Diputados en la sesión plenaria del 12 de junio de aquel año.
55. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la
«comunidad universitaria europea» para afrontar los retos de la
Universidad del siglo XXI mediante el impulso de las actuaciones
siguientes:
a) El establecimiento de convalidación de los créditos académicos
entre las Universidades de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) La elaboración de planes de estudios comunes entre las
Universidades españolas y las de la Unión Europea.
c) La adopción de estrategias formativas y tecnológicas para que la
diversidad lingüística de los Estados miembros de la Unión Europea no sea
un obstáculo sino un enriquecimiento intercultural para la comunidad
universitaria.
56. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promulgar una nueva
regulación de las Pruebas de Acceso a la Universidad, en la que, de
acuerdo con las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Educación y
Cultura del Senado en su sesión del día 20 de noviembre de 1997, se
contemplen las siguientes acciones:
a) Establecer una prueba única de acceso con una parte de carácter
general evaluadora de la comprensión y madurez del alumno y una parte
específica en la que se pondere la calificación obtenida en las materias
relacionadas con la opción universitaria de aquél.
b) Posibilitar que el alumno excluido de su opción preferente acceda
a los estudios deseados, mediante la supresión de la limitación del
número de convocatorias a las que pueda concurrir.
c) Adoptar mecanismos que garanticen la corrección objetiva y
calificación de las pruebas.
57. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de acuerdo
con las Comunidades Autónomas competentes en materia de formación y los
agentes sociales, analice qué gastos efectivos de las empresas
correspondientes a los alumnos en prácticas de formación profesional,
deban computar como costes de formación, con la finalidad de fomentar la
corresponsabilidad educadora entre la escuela y la empresa y la de
consolidar un sistema educativo adecuado para el desarrollo
económico-técnico del país, todo ello para afrontar con éxito la
integración europea de las próximas décadas.
58. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar en
coordinación con las Comunidades Autónomas en la estrategia dirigida a
articular la investigación y el desarrollo tecnológico, al objeto de
permitir la adaptación permanente del conjunto de las empresas
industriales y energéticas españolas a las nuevas condiciones de los
mercados internacionales contribuyendo a su internacionalización. Para
ello, se prestará especial atención a la promoción de la participación
directa de las empresas, a la búsqueda de sinergias entre los actores y
las Administraciones e Instituciones competentes a potenciar el papel que
los Organismos de Investigación y Desarrollo Tecnológico tienen como
eslabón esencial en la cadena de transferencia de tecnología. El Gobierno
pondrá en marcha las actuaciones necesarias para impulsar en las
instancias comunitarias, el proceso para la pronta adopción del
Reglamento sobre el Diseño Comunitario, actualmente en fase de discusión
y potenciar el desarrollo tecnológico del país estimulando la innovación
tecnológica empresarial mediante el estímulo de nuevo de las entidades de
capital riesgo y de la normativa sobre «Mecenazgo cultural».
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir
impulsando el desarrollo industrial y energético de nuestro país, en
colaboración con las Comunidades Autónomas en el marco de sus
competencias. Para ello, profundizará en el proceso de modernización del
sector público empresarial del Estado, prosiguiendo con la política de
consolidación y saneamiento de las empresas públicas de cara a su
privatización. Dicha estrategia incluirá también la colaboración entre
los Ministerios de Industria y Energía y de Defensa para posibilitar la
participación de empresas españolas en el desarrollo de programas de
interés para la defensa que tengan un contenido tecnológico e industrial.
El Gobierno participará de manera activa en los procesos de integración y
reordenación de los sectores aeronáutico y de defensa iniciados en Europa
y adoptará las iniciativas legislativas precisas para armonizar el
Derecho de Marcas español con los instrumentos jurídicos internacionales
y con el Derecho Comunitario sobre esta materia. Por último, también se
hará efectivo un Plan de Fomento de las Energías Renovables, definiendo
las estrategias que permitan conseguir, como mínimo, una aportación de
dichas energías del 12 por ciento del total de la demanda energética en
España en el año 2010.
Impulsar en el próximo cuatrienio en coordinación con el resto de las
Administraciones Públicas mejoras en inversión en I+D tomando como
referencia el esfuerzo de los países europeos de nuestro entorno que se
sitúan en el 2 por ciento del PIB.
59. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé cumplimiento
efectivo al mandato que se deriva de la Proposición no de Ley por la que
se insta al Gobierno a regular un Estatuto fiscal especial para las
cofradías de pescadores, aprobada en Sesión de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados, del día 7 de mayo de
1997.
Se solicita que, respetando las competencias transferidas a las
Comunidades Autónomas y en estrecha coordinación con éstas, se efectúe
antes del 31 de diciembre de 1998, un informe que contemple la
modificación del régimen fiscal, contable y mercantil de las cofradías de
pescadores, que incorpore las propuestas de modificación que procedan, al
objeto de permitir el pleno desarrollo de su actividad.
60. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a
los compromisos de inversión contemplados en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998 y a avanzar en la preparación de aquellas
grandes infraestructuras de transportes y comunicaciones previstas en el
territorio de Catalunya y que resultarán fundamentales para garantizar el
crecimiento económico del país en los próximos años. A estos efectos,
durante el ejercicio de 1998 el Gobierno deberá dar cumplimiento a los
compromisos de inversión en la construcción del Tren de Alta Velocidad
entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa, de acuerdo con los plazos
previstos y que tienen como objetivo que en el año 2004 esté en
funcionamiento la totalidad de su recorrido hasta la frontera francesa.
Para ello, antes del próximo mes de septiembre, el Gobierno deberá
decidir el trazado de la línea entre Martorell y Barcelona, el itinerario
de acceso a Barcelona y al aeropuerto y la salida a información pública
del trazado entre Barcelona y la Jonquera.
El Gobierno dará prioridad a la construcción de la tercera pista y a la
ampliación del aeropuerto del Prat, para lo cual, en un plazo máximo de
tres meses, procederá a tramitar el Plan Director del aeropuerto del Prat
con el objeto de no demorar la fase de proyectos y hacer posible el
inicio de obras de la tercera pista y zona de desarrollo de terminales de
carga y pasajeros antes de finalizar el año 1999 y constituir a tal
efecto, de acuerdo con la Generalitat de Catalunya, la Sociedad de
Gestión de Carga Aérea.
Asimismo, el Gobierno deberá garantizar el inicio, durante 1998, de las
obras comprometidas en la vigente Ley de Presupuestos, y que son: la
N-420 entre el Coll de la Teixeta y el Coll Negre; las Calzadas laterales
de la B-30; el condicionamiento de la N-340 entre Tarragona y Valls y las
variantes de Vallirana y Cervelló en la N-340, así como la de Borges
Blanques y la finalización, durante el presente ejercicio de 1998, de la
llamada «Pata Sur», que debe enlazar las rondas de Barcelona con la
autopista A-16 y el aeropuerto, y la autovía del Baix Llobregat, a la vez
que iniciar las obras para la continuación de dicha autovía en su acceso
con Martorell y la ampliación del Cinturón del Litoral para mejorar el
acceso al puerto de Barcelona.
61. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder, durante
los próximos dos meses, a acelerar la tramitación administrativa de la
declaración de impacto ambiental relativa al desvío del río Llobregat y
aprobar definitivamente el proyecto. Asimismo, y durante el presente mes
de mayo, proceder a aprobar la constitución de la empresa pública que
deberá ejecutar las obras de construcción de la depuradora del Baix
Llobregat que debe ubicarse en estos terrenos, al objeto de hacer posible
que durante el segundo semestre de este año se liciten las obras y se
inicie la expropiación de los terrenos correspondientes a las mismas.
El Gobierno deberá también cumplir los compromisos adquiridos en política
hidráulica relativos a la finalización, durante el presente ejercicio, de
las obras correspondientes al cubrimiento de la riera de Alella y
canalización de la riera de Arenys en el Maresme, así como al inicio de
las obras previstas en Tarragona para el encauzamiento del río Francolí
en su desembocadura.
62. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y firmar el
segundo Convenio de Financiación de Infraestructuras del Transporte
Metropolitano con la Generalitat de Catalunya antes del 30 de julio de
1998, al objeto de garantizar el cumplimiento de los plazos previstos y
la inversión convenida.
63. El Congreso de los Diputados, con la finalidad y vocación de impulsar
la creación en el Mediterráneo de una zona de paz y seguridad, y con el
objetivo de consolidar el desarrollo económico, social y medioambiental
de los países de la orilla sur, insta al Gobierno a fomentar la
participación de instituciones, organismos y empresas españolas en el
proceso de cooperación euromediterránea instituido por la Conferencia de
Barcelona, en particular a través de proyectos en el marco del programa
MEDA.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que colabore
activamente con los Gobiernos autonómicos, especialmente los del área
mediterránea, en la aplicación y desarrollo de la política mediterránea
de la Unión Europea.»
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 1998.--El Presidente
del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.