CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 834



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 84



celebrada el miércoles, 29 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Debate y aprobación del informe elaborado por la Subcomisión sobre el
nuevo modelo policial (Número de expediente 154/000012.) ... (Página 247799
)



Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, que tiene como único punto
del orden del día el debate y aprobación del informe elaborado por la
subcomisión sobre el nuevo
modelo policial. El debate se va a desarrollar en los siguientes
términos. Voy a conceder la palabra a todos los grupos, de menor a
mayor, empezando por el Grupo Mixto, en cuyo nombre van a intervenir
la señora Lasagabaster y el señor López Garrido. En atención a esa
doble intervención, les voy a conceder 10 minutos, que se repartirán
entre ambos, y al resto de los grupos, en torno a cinco minutos,
naturalmente

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con una interpretación flexible de ese tiempo indicativo. Los demás
grupos intervendrán tanto para fijar su posición en relación con el
informe como para, en su caso, defender los votos particulares que
hayan podido formular.

Con estas indicaciones, en primer término, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Aunque no sea muy habitual, quiero
felicitar las Pascuas a todos los componentes de la comisión, así
como a los servicios de la Cámara.

Me voy a adentrar a continuación en el contenido del informe y
especialmente en los votos particulares que Eusko Alkartasuna ha
presentado. Explicaré los votos particulares y, a posteriori, me
remitiré a exponer nuestra posición en relación con el contenido del
informe en su generalidad.

Hemos presentado dos votos particulares en la medida en que hemos
entendido que había dos cuestiones importantes en las cuales tenemos
una posición especialmente diferente de lo que es el contenido del
informe. El primero hace referencia a lo que se ha denominado la
adecuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
relación a aquellos territorios en los que, en virtud del
ordenamiento jurídico, cuentan con policías integrales en este
momento. Señalaba el informe que cuando se culmine el proceso en esos
territorios -estamos hablando en concreto de la Comunidad Autónoma de
Cataluña y de la Comunidad Autónoma del País Vasco- y en situaciones
de normalidad, quiero resaltar esa expresión, lógicamente se
producirá la readecuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. No consideramos oportuna ni conveniente, además de no
compartirla, la idea de introducir una expresión indeterminada
o ciertamente ambigua como puede ser la situación de normalidad. El
ordenamiento jurídico establece claramente para esas dos comunidades
-en concreto me referiré a la Comunidad Autónoma del País Vasco- cuál
es el cuerpo o la policía que llevará a cabo este trabajo en virtud
de esas competencias. Así se establece en el artículo 17 del Estatuto
de Autonomía del País Vasco, y proviene de la disposición adicional
primera de la Constitución, de los derechos históricos, para el
cuerpo antecesor de la Ertzaintza, los Miñones y Miqueletes.

Producido el despliegue de la Ertzaintza en todo el territorio en
1995 le corresponde lo que se señala en dicho artículo, la protección
de bienes y de personas en ese territorio. Esa adecuación, por tanto,
tiene que producirse de facto y de inmediato, relegando a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado a las competencias que aparecen
recogidas en el artículo señalado, por lo que, de conformidad con las
cifras que facilitaban tanto la Dirección de Interior del Gobierno
vasco como el Ministerio de Interior del Gobierno central -un total
de 7.500 miembros para la Ertzaintza y alrededor de 5.000 de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado-, no parece razonable
seguir manteniendo la ratio policía/población que existe en la
actualidad, y así está señalado y dicho por casi todos los
responsables en materia policial.

Creemos que no hay que referirse a conceptos indeterminados de
difícil descripción y sobre todo de difícil determinación,
especialmente respecto a quién tiene que decidir situaciones de
normalidad o anormalidad. Ya se establece en el ordenamiento jurídico
a quién corresponden qué materias
y ese es el criterio general que se tiene que seguir. Nuestra
posición es muy clara en este tema, así ha sido desde el inicio de
los trabajos de la subcomisión y lo hemos planteado a todos los
responsables que tenían algo que decir en esta materia. Ya desde 1995
se tenía que haber producido esa readecuación, que consiste en el
repliegue de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
y, por tanto, tenemos que acudir a la literalidad del artículo 17.

Desde nuestra posición política consideramos que ese artículo -ya sé
que hay divergencias de opinión- contiene exhaustivamente cuáles son
las funciones que competen a esos cuerpos, y no otras que no entren
dentro del mismo. Esa literalidad que se recoge en el informe de
acudir a conceptos o situaciones indeterminados no nos parece
razonable y debe ser cumplimentado el ordenamiento jurídico en esta
materia.

En el segundo voto particular, nuestra posición hace referencia al
convencimiento de que la nueva realidad de la Unión Europea en esta
materia nos debiera llevar a hablar de muchas cosas y no
exclusivamente de lo que hace referencia a Europol. El modelo europeo
de seguridad tiene que vislumbrarse desde un punto de vista general y
con muchas y diferentes cuestiones a las que se circunscribe este
modelo europeo de seguridad. Se ha realizado un progreso importante
en relación a un trabajo que comenzó hace más de 15 años y que ha
tenido su enfoque más práctico, por ejemplo, en la inclusión en el
Tratado de Amsterdam de los títulos VI y VI bis, además de lo que se
ha denominado la comunitarización del acervo Schengen. ¿Qué quiero
decir con ello? Es verdad que en esta materia todavía estamos
hablando de una parte comunitarizada y de una parte
intergubernamental -para no entrar en más detalles-; pero también es
verdad que no podemos dejar de referirnos a lo que ya viene siendo un
proceso importante acerca de cómo adecuar o introducir la
participación de las comunidades autónomas en relación a la Unión
Europea, no solamente por lo que se ha acordado en estas cámaras,
sino porque ya hay sentencias, en concreto la del Tribunal
Constitucional de 26 de mayo de 1994, en la que de una manera clara
-voy a resumir- se señalaba que puede haber competencias y
actuaciones de las comunidades autónomas que tengan una acción
externa y que eso no debe ser considerado como competencia
internacional. Dentro de esta materia también pueden producirse esas
situaciones y por tanto instamos a recoger de manera clara y evidente
que las comunidades autónomas podrán tener participación, incluso
directa, en determinados foros siempre y cuando afecte a cuestiones
de su competencia que tengan asignadas en virtud del ordenamiento
jurídico. Estos dos -he querido resumir- son los votos particulares.

Ahora me referiré a nuestra posición en relación al informe en su
generalidad.

Saben SS.SS., porque lo hemos dicho en muchas ocasiones en la
subcomisión, que nosotros, a la hora de proceder a votar sobre la
conveniencia o no de componer esta subcomisión sobre el nuevo modelo
policial, planteamos nuestro voto como abstención. La idea siempre
había sido que a Eusko Alkartasuna no le parecía conveniente hablar
de nuevo modelo policial en la medida en que ya había un modelo
establecido, yo diría que asimétrico, en virtud de ese ordenamiento
jurídico y en concreto de determinadosderechos existentes previamente
a la Constitución, de establecimiento



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de unas policías, por ejemplo la policía integral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, la Ertzaintza, y otras posibilidades de
policías integrales y que por tanto ese era un modelo muy definido y
que no parecía conveniente cambiar. No estábamos diciendo que a lo
mejor no fuera necesario hacer determinadas matizaciones o afinar
determinadas normas jurídicas, por ejemplo la Ley 2/1986, para
adecuarlas a la realidad actual. Ese fue, en definitiva, el espíritu
que guió nuestro voto. No obstante hemos trabajado en esa subcomisión
con bastante intensidad -al menos esta diputada tiene el
convencimiento de haberlo hecho así en la medida de sus
posibilidades- y hemos planteado nuestras posiciones políticas en
todas las materias que se han ido tratando a lo largo de cada una de
las comparecencias.

Pensamos que el informe que se nos presenta es bastante general, con
cuestiones muy abiertas. Se sostiene la idea de que el modelo
policial es el que tiene que mantenerse, sin perjuicio de otros
ajustes o incluso matizaciones a determinadas normas, pero creemos
que no dice nada nuevo a lo que ya tenemos. En ese sentido, adelanto
nuestra posición de abstención sobre el mismo. Hay ciertamente
cuestiones en las que nos gustaría que hubiera ido más allá, en
concreto, en temas como la policía en Navarra, donde, sin necesidad
de señalar lo que ha sido en el pasado una policía muy específica,
una policía foral que surge en 1929, deberíamos remitirnos al futuro,
que es lo que pretendemos, y señalar que las resoluciones unánimes
del Parlamento de Navarra dejan sentado y claro que esta policía
foral de Navarra tiene vocación de policía integral. Se podrían hacer
otras matizaciones a este informe, pero en todo caso no estaríamos de
acuerdo en que esas pretendidas uniformizaciones de determinadas
materias se produjesen en menoscabo de la capacidad autoorganizativa
de las policías integrales porque ya hay unas policías integrales,
que tienen capacidad de autoorganizarse y no debieran ser
menoscabadas esas competencias por excesivas uniformizaciones que
creemos entrever en este informe.

En definitiva nos abstendremos en la votación general. Por lo que se
refiere a los votos particulares de los grupos Socialista y de
Izquierda Unida, aunque lógicamente hay cosas que más o menos podemos
compartir, si se votan en conjunto, nos abstendremos igualmente,
aunque quisiera señalar que estamos de acuerdo, al menos más de
acuerdo que con el informe, con el establecimiento de la materia
relativa a nuestro primer voto particular. En relación al voto
particular de Izquierda Unida, estaríamos de acuerdo en el primer
punto de las conclusiones que se establecen, es decir, en la
desmilitarización de la Guardia Civil.




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, tiene la palabra, con un
poco más de proximidad al horario indicado.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Los diputados de Nueva Izquierda no pudimos
estar representados en la subcomisión sobre el nuevo modelo policial
-el Grupo Mixto estuvo representado por la señora Lasagabaster, que
ha intervenido anteriormente- y por eso, por razones reglamentarias,
no hemos tenido oportunidad de formar parte de esa subcomisión ni de
plantear votos particulares,
y de ahí que la intervención de los diputados de Nueva Izquierda,
representados por mí en esta Comisión, como miembro titular de la
misma, vaya a consistir en una fijación de posición en relación con
el modelo policial, pero naturalmente no con referencia estricta a
este informe, al que hemos tenido acceso hace tan sólo unos días, sin
posibilidad de defender un voto particular, puesto que
reglamentariamente no era posible hacerlo. Quiero señalar esto al
comienzo de mi intervención para que se entienda el sentido de la
misma como una fijación de posición con respecto a lo que debe ser el
modelo policial, pero no en relación con este informe exactamente,
que por otra parte es muy genérico, en el que no se avanza
prácticamente nada en concreción acerca del modelo, estableciendo
algunas recomendaciones con las que difícilmente se puede estar en
desacuerdo. Por eso, cuando se vaya a votar el informe, nos vamos a
abstener, puesto que consideramos que no es suficiente para la
necesidad que existe en este momento de avanzar, aunque la inmensa
mayoría de las cosas que se dicen en él son perfectamente lógicas y
de sentido común y nosotros no estamos contra de ellas.

A nosotros nos parece que la ausencia de modelo policial -creemos que
no hay un modelo policial adecuado a las circunstancias actuales en
España- es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia
una vez que se ha avanzado en el Estado de las autonomías, que la Ley
de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es claramente obsoleta y
que no responde a las necesidades de estructuración de ese modelo de
cara al próximo siglo, cuando estamos ya integrados en la Unión
Europea y se prefigura también la necesidad de un cierto modelo
europeo o supranacional de seguridad y de policía.

Anuestro juicio, lo que ha sucedido en España es que la transición de
la dictadura a la democracia en el tema del modelo policial se ha
hecho a medias, en buena medida porque la cuestión del terrorismo ha
sido un freno constante a la evolución, a la modernización o a la
estructuración de un modelo policial que realmente profundizase en lo
que es el Estado autonómico. En otros campos se ha avanzado pero no
en el del modelo policial, o se ha hecho de forma irregular e incluso
caótica. Partíamos de un modelo policial centralizado, residiendo el
90 por ciento de los efectivos y de las funciones en la Policía
Nacional y la Guardia Civil y solamente un 10 por ciento en la
Policía local, una policía generalista, no científica, cercana a un
concepto de orden público más bien militar que de seguridad ciudadana
civil, una policía lejana, con poca presencia de seguridad privada, y
teníamos que pasar a un modelo policial en un Estado autonómico en el
que existía la necesidad de una mayor especialización, una mayor
cientificidad en la acción de la policía, como corresponde a la
policía de un Estado constitucional, más cercana y con una presencia
mayor de la seguridad privada. Como decía, esto se ha hecho a medias,
porque siguen existiendo unos cuerpos generalistas, Guardia Civil y
Policía Nacional, que conviven con policías autonómicas y locales,
solapándose entre sí y muy descoordinados. Sigue siendo una policía
lejana en buena medida, lo que lleva a lo que hemos llamado el caos
en que está metido ahora mismo todo lo que es el modelo o el
antimodelo policial, con un despliegue también muy irregular,
anacrónico, no coordinado, con las consecuencias



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de malestar en los funcionarios de policía, diferencias de estatus,
diferencias de sueldo, con una situación de Policía judicial
difícilmente entendible, en que el juez puede referirse o puede pedir
la colaboración de cualquier nivel de policía sin saber exactamente a
quién se tiene que dirigir, y con situaciones que calificaríamos como
de mundo al revés. Por ejemplo, la Policía Nacional está realizando
en este momento funciones que corresponderían a la policía de barrio,
a la Policía local, mientras que la Policía local de Bilbao, por
ejemplo, está persiguiendo delitos de narcotráfico. Es decir, existe
una diferenciación de niveles muy irregular y descolocada, en que
policías de carácter estatal realizan funciones propias de la Policía
local y al contrario, como consecuencia de la inexistencia de un
auténtico modelo policial adecuado a este momento.

Nuestras propuestas, aunque prácticamente no tenemos tiempo para
hacerlas, se refieren a la necesidad de reformar la Ley de 1986,
puesto que se ha quedado obsoleta. Por otra parte, es una ley que
queda en suspenso, según las disposiciones finales primera, segunda y
tercera, que hacen que no se aplique ni al País Vasco ni a Cataluña
ni a Navarra. Además, el País Vasco y Cataluña se rigen por acuerdos
políticos, pero no hay ninguna legislación al respecto. Así pues,
esta razón, teniendo en cuenta además que otras comunidades
autónomas, como Galicia, Andalucía, Valencia y Canarias, tienen otras
posibilidades estatutarias y en otras ni siquiera hay unidades
adscritas a la Policía autonómica administrativa, nos lleva, repito,
a la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Ley de 1986, que
ordene ese modelo en cuanto a lo que nosotros sintetizaríamos en un
decálogo de propuestas que muy rápidamente voy a enumerar acerca de
lo que deberían ser los criterios básicos de un modelo policial
adecuado a la profundización del Estado autonómico, un Estado
democrático e inserto en la Unión Europea.

En primer lugar, hay que diferenciar claramente los tres niveles,
local, autonómico y estatal, y sus funciones, con un despliegue
adecuado a ellas. El nivel local tiene que ocuparse fundamentalmente
de la policía de proximidad o de barrio. El nivel autonómico tiene
que asumir de forma generalizada en el conjunto del territorio
español las competencias de policía preventiva, de policía de
seguridad ciudadana y de auxilio a la Policía local, puesto que hay
muchísimos municipios en los que o se da un auxilio de este tipo o no
es posible que se pueda pensar en una policía desarrollada. En el
nivel estatal los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional deberían especializarse y reducir su tamaño para los delitos
de carácter supracomunitario o supraestatal, incluso en el sentido de
una policía científica, investigadora y de Policía judicial.

En segundo lugar, creemos que este modelo debe estar orientado hacia
su federalización, con una cada vez mayor asunción de competencias
por parte de las policías autonómicas.




En tercer lugar, como decíamos antes, debe darse una especialización
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el horizonte de una
unificación de esos dos cuerpos, en el sentido de una policía estatal
dentro de un Estado federal y de una policía científica,
investigadora, en una línea de especialización, teniendo en cuenta
que en estos momentos hay nuevas preocupaciones en los informes sobre
delincuencia,
como la delincuencia económica, o bien relativas a la
seguridad en el trabajo, por ejemplo, o de carácter incluso
supranacional, los fraudes supranacionales a los que tanta alusión se
hizo en la reciente cumbre de Tampere de la Unión Europea.

Después hay que establecer una auténtica Policía judicial dependiente
de jueces. Podría ser de fiscales si en el futuro la instrucción la
llevan a cabo los fiscales, pero en este momento tiene que ser de
jueces fundamentalmente, salvo el caso de los delitos que conocen los
jurados. Por tanto, repito, se trataría de la creación de una
auténtica policía judicial y su visibilidad. La Policía estatal y la
Policía autonómica deben ser básicamente policía judicial.

Otro punto sería el relativo a la seguridad privada. Se menciona algo
de ello en el informe, pero prácticamente es un solo párrafo. La
seguridad privada en estos momentos no está suficientemente regulada.

No hay un control adecuado sobre la cada vez mayor cantidad de
policías privados que existen, ni en cuanto a su formación ni en
cuanto a la manera en que llegan a ser policías privados, su control,
su dependencia y su relación con la policía estatal o la policía
pública.

Hace falta por otro lado un estatuto para la totalidad de los
funcionarios de policía y de seguridad en el conjunto del Estado, que
tienen situaciones sumamente diversas. Anuestro juicio, el
crecimiento de las policías autonómicas debería hacerse sobre la base
de un decrecimiento de la Policía estatal, pero no sobre la base de
un crecimiento desordenado y constante. Aproximadamente 1.000
policías estatales o guardias civiles salen cada año de las
academias, lo cual nos lleva a una idea clara de que hay un descenso
en la operatividad y en la productividad de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, teniendo en cuenta que tenemos la ratio mayor de policía
por habitante de toda la Unión Europea.

Otro punto sería el relativo a parar ese crecimiento desordenado y
reestructurar adecuadamente el despliegue y las funciones del
conjunto de Fuerzas de Seguridad que hay en el Estado.

Luego estaría la coordinación política -tema recurrente de siempre- y
técnica del conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, compartiendo
recursos y haciendo que esa Dirección General que se planteó con
grandes esperanzas al principio de la legislatura para compartir esos
recursos funcione de verdad, cosa que no hace en este momento.

Por último, cabe subrayar la importancia de ir realmente a toda una
política de policía de proximidad, de atención a la víctima, de
seguimiento del delito e incluso del delincuente. Esa policía de
proximidad -filosofía de fondo del conjunto de la reforma- no puede
basarse como hasta ahora en cambio de funciones, haciendo de policía
de proximidad la Policía estatal y no haciéndolo la Policía local,
que está llamada a crecer en sus capacidades, en sus funciones y en
sus competencias, pero que requiere también una auténtica ordenación.

Esta sería, muy rápidamente expuesta, la propuesta que desde los
diputados de Nueva Izquierda haríamos para un criterio futuro de
regulación adecuada de un nuevo modelo policial.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de CoaliciónCanaria el señor
Mardones tiene la palabra.




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El señor MARDONES SEVILLA: Llegamos hoy, casi al final de 1999 y de
toda una legislatura, a debatir y votar este informe de la
subcomisión para el establecimiento de un nuevo modelo policial. En
la experiencia parlamentaria, creo que es de las subcomisiones que
han batido un récord de permanencia. Desde febrero del año 1997,
cuando el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de finales de 1996
de crearla, han transcurrido tres años largos de trabajo. Quiero en
primer lugar, por la síntesis que se ha hecho en el documento que se
nos ha facilitado, hacer un reconocimiento a los señores letrados de
la Comisión, que han ejercido un trabajo digno de encomio, porque
sintetizar todas las comparecencias de profesionales y personalidades
ante la subcomisión, la aportación de legislación comparada y los
informes de los miembros de la subcomisión con motivo de las visitas
al extranjero y a comunidades autónomas merece por parte de este
diputado y de su grupo este reconocimiento.

El dictamen está expresado en sus justos términos en el texto. Es un
dictamen de reflexión para el Gobierno, para las comunidades
autónomas y las administraciones locales en el sentido de que es
necesario superar el ya obsoleto modelo actual, que nos ha llevado a
una inercia con bastantes cambios, por cierto, sobre la marcha de la
Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Quedan figuras, como este documento, en su pretensión de reflexión,
que creo que es donde debería circunscribirse, para hacer reflexionar
a los responsables competentes del Ministerio del Interior, de las
consejerías de las comunidades autónomas que tienen policías
autonómicas o las que las puedan tener en un futuro y a los de los
órganos de las policías locales. Creo que se debe reflexionar a la
luz de la experiencia adquirida y, lo que es más importante, sobre lo
que nos va a obligar a modificar de una manera imperativa la Ley 2/
1986, que es la definición en las bases establecidas hace unos meses
en Finlandia, con motivo de la reunión de jefes de Gobierno y de
Estado en Tampere sobre el espacio policial europeo. No cabe un
espacio policial europeo sin que haya una normalización,
fundamentalmente de modelos policiales, de estructura y de
funcionalidad de los mismos alcanzable a través de las disposiciones
y directivas que emanen de la Unión Europea, que se conjuguen con la
armonización de la legislación de los diferentes Estados miembros de
la misma. Esto, además, por la vinculación del crimen organizado, es
algo que desborda el marco organizativo que pueda imponer la Unión
Europea y no en balde junto a la figura de Europol está la figura de
Interpol y que de alguna manera los países que vayan suscribiendo
acuerdos internacionales de lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico, el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de armas,
etcétera, deben definir este modelo. Convendría que no nos
perdiéramos en la reflexión hacia al exterior con estos imperativos e
hiciéramos la reflexión hacia el interior. ¿Que algo hay que tomar
como voluntad política? ¿Qué duda cabe! Ahí tenemos el ejemplo -lo
reitera en algunos puntos el dictamen, magnífico en esta síntesis-
con referencia a figuras que estando contempladas en la Ley Orgánica
2/1986, la carencia de una voluntad política ha impedido que cuajaran
en algo como el consejo estatal de política de seguridad. Si no hemos
sido capaces entre todos de crear o de constituir el consejo estatal
de política de seguridad, debe ser una meta para que en lo sucesivo
se
pueda enmarcar en figuras similares -si no se quiere ésa, la que
proceda- con acuerdo político entre el Gobierno del Estado, de la
Administración general del Estado, y de las comunidades autónomas y
también de las administraciones locales, pero vamos a referirnos al
binomio Estadocomunidades autónomas con policías autonómicas, como
puede ser el caso del País Vasco, de Cataluña, de las que están en el
segundo escalón, de las que lo tienen reconocido en sus estatutos de
autonomía, como Galicia, Valencia, Navarra, Canarias y Andalucía.

Nosotros hablamos desde el caso de Canarias, reconocido en el
artículo 34 de nuestro Estatuto de Autonomía, pero los gobiernos, por
cuestiones económicas, estructurales o de oportunidad política,
todavía no han puesto en ejercicio estas policías autonómicas. Sería
conveniente tener previstos los entendimientos con la Administración
general del Estado para que cuando llegue el momento oportuno se
pueda armonizar.

Creo recoger una buena idea, poniendo el énfasis que trae el informe
que ha hecho la subcomisión, sobre el centro de estudios superiores
de la seguridad pública. Es necesario que si las directrices de
Tampere se van materializando en una Europol, igual que en las
Fuerzas Armadas -y creo que se pone ese ejemplo-, existe el Centro de
Estudios de la Defensa Nacional, donde concurren no solamente
militares profesionales de todos los cuerpos y armas de las Fuerzas
Armadas españolas, sino de los otros países que vienen para la
titulación de Estado Mayor, etcétera, que tienen convenios de
formación académica superior a estos aspectos, qué duda cabe que el
modelo es trasladable a un centro de estudios superiores de la
seguridad pública dentro del Estado español en esa armonización.

Desde luego la estructura operativa, por llamarle de alguna manera,
que tienen las mafias del narcotráfico, el crimen organizado, todo
ese mundo delictivo, que requiere una planificación, una estructura,
una organización de estado mayor hay que combatirla con otra
organización que haga el contrapeso de las fuerzas del orden y de la
ley al amparo de las respectivas constituciones y legislaciones
democráticas de los países miembros y en este caso de España.

Sería también deseable que este modelo de reflexión fuera conocido y
junto a su publicación en su momento en el «Diario de Sesiones» de
esta Cámara tuviera la máxima difusión en todos los niveles que
contempla el modelo policial: estatal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías
autonómicas, municipales y otros organismos especializados, como la
Policía de delitos monetarios que tiene el Banco de España, el
Servicio de Vigilancia Aduanera de pendiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, que tiene una punta de lanza muy importante en
la lucha contra el narcotráfico, contra el blanqueo de capitales,
etcétera, y en los controles de cuentas bancarias de dinero negro.

Sería deseable que se tuviera la conciencia de, al menos en los
aspectos genéricos, que no son puramente especializados de la
policía, sino los que afectan a los cuerpos de cualquier funcionario,
como sus niveles de promoción, sus niveles retributivos, ir a una
normalización para evitar, como bien se dice en el dictamen, los
agravios comparativos, que incluso se han reflejado en conflictos
-están en los medios de comunicación- de meses atrás, de
reivindicaciones salariales del Cuerpo Nacional de Policía, de sus
sindicatos,



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que ejerciendo las mismas funciones que determinadas policías
autonómicas se ven en un agravio comparativo. En esto tiene también
que estimularse la conciencia de los responsables del Ministerio del
Interior español porque el agravio comparativo se produce por abajo
en este caso en las retribuciones de los cuerpos del Estado central,
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Por todo lo demás, señor presidente -y termino mi intervención-, mi
grupo considera positivo el informe, en una generalización de este
proceso de descentralización y de reflexión que trae el dictamen y no
se inmiscuye en decisiones políticas que competen a otros escenarios
y a otros niveles de entendimiento entre responsables políticos y
profesionales de las seguridades respectivas en la estructura del
modelo asimétrico actual. Repito que consideramos positivo el informe
y, por tanto, le vamos a dar nuestro apoyo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señorías, el grupo al que pertenezco
dudaba entre venir o no a la Comisión, dado que tal es la sensación
de ajenidad con el documento que se nos presenta como aprobado por
mayoría en la subcomisión y que se ofrece para el debate y aprobación
en Comisión en el día de hoy. Digo ajenidad puesto que la tarea y la
presencia del grupo al que represento en las labores de la
subcomisión han sido constantes y, aunque no se recoge en el informe,
creo poder acreditar que, después de los dos grupos mayoritarios en
la Cámara que tenían tres representantes en la subcomisión, tuvimos
la mayor presencia no sólo física, sino también la intensidad en la
participación si en algún momento se deciden publicar las
intervenciones de los comparecientes y las preguntas que se les
hacían. Desde el primer momento nos apuntamos a participar en la
subcomisión, a pesar de tener la convicción de tener ya un modelo
propio de policía vasca que deriva de la disposición adicional de la
Constitución, del artículo 17 del propio Estatuto, de la Ley de
Policía vasca y de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Pero es indudable que la delincuencia traspasa las fronteras,
nuestra pertenencia a un Estado, a Europa e incluso los
requerimientos internacionales y siempre ha sido una preocupación del
grupo al que represento el interés por la seguridad pública,
entendida no solamente como labor de represión del delito, sino
también como garantía y tutela de los derechos de los ciudadanos.

El plan que nos marcamos fue ciertamente ambicioso, aunque en el
primer momento no pensábamos tardar tres años en la elaboración de
los trabajos y si se observa quiénes han comparecido en la
subcomisión se verá que recurrimos a lo más alto de la doctrina.

Comparecieron casi todas las cátedras de derecho administrativo para
hablarnos del modelo, de los parámetros legales en general y también
en relación con la articulación territorial; catedráticos de derecho
penal, incluso de derecho laboral puesto que se habló de si lo más
adecuado para el modelo policial era la relación laboral o la
funcionarial; se habló de actividad sindical o no en las policías, se
habló de Policía judicial y comparecieron incluso representantes de
vigilancia aduanera, en la medida en que se barajó si era una opción
o no
el que cuerpos distintos de los policiales, cuerpos administrativos
meramente, pudiesen tener la condición de Policía judicial. Nos
interesó la extranjería y las fronteras y por ello la subcomisión
visitó Andalucía y concretamente la frontera de Ceuta; nos interesó
la seguridad privada y hay un número de comparecientes muy
importante; se habló del tercer pilar y de muchas otras cuestiones
que en modo alguno aparecen analizadas o desbrozadas en el informe
que se nos presenta.

No nos molesta que en las breves páginas que componen las
conclusiones de esta Comisión se diga que no se van a sugerir
tendencias uniformadoras que desvirtúen la simetría esencial del
modelo; eso está bien. También es una obviedad que la cooperación
política y la coordinación técnica son los imperativos fundamentales
de la articulación de un modelo policial; que la cooperación política
requiere un sólido y leal diálogo; que la coordinación técnica ha de
basarse en una comunicación fluida; o que la Unión Europea introduce
un nuevo factor en la idea de modelo policial. Añadir que el soporte
principal del sistema público de seguridad es su capital humano está
muy bien, pero nada se aventura en relación con posibilidades nuevas
o con análisis de realidades concretas. A este respecto si nos
felicitamos de que se cite la existencia de códigos deontológicos en
algunas policías, como ocurre con la Ley de la Policía vasca, lo que
constituyó una novedad en su tiempo. Se dice que no es tarea del
informe pronunciarse sobre la reforma del proceso penal, y puede que
no lo sea, pero sí cabía un mayor pormenor sobre la Policía judicial
respecto de la cual han hablado en esta subcomisión muchos jueces,
fiscales e incluso catedráticos de derecho penal. Decir que el
crecimiento de los usos de la seguridad privada implica fijar modelos
de cooperación entre ésta y la seguridad pública es prácticamente no
decir nada, cuando es una obviedad manifestar que la vigente Ley de
seguridad privada ha quedado antiquísima por la extensión de la
seguridad privada en este momento no sólo en España, sino en todos
los países de nuestro entorno y en cuanto a la delimitación
competencial respecto a lo que las comunidades autónomas con
competencias asumidas en materia de seguridad creen tener o incluso a
cómo está funcionando, puesto que, por ejemplo, en el caso vasco hay
decreto ya de asunción de competencias que no está funcionando nada
bien en relación con las competencias que le atañen en esta materia
al Ministerio de Interior.

Nos sorprende, sobre todo, que exista satisfacción respecto del
documento por parte del grupo mayoritario en la Cámara, del Grupo
Popular, puesto que a la hora de preparar esta comparecencia he
analizado lo que dijo, el señor Gil Lázaro el día en que se
constituyó la subcomisión: que se basaba en las manifestaciones del
ministro de Interior en la primera comparecencia de esta legislatura
ante las Cámaras el 25 de junio en las que hablaba de que una de sus
principales tareas sería redefinir el modelo básico policial sobre el
cual poder orientar sus actuaciones, y basaba esta necesidad no en
planteamientos del propio ministro, sino en el programa que el
Partido Popular había llevado a las últimas elecciones. Todo el mundo
puede cambiar de criterio y esto ocurrió hace cuatro años, pero del
informe que se va a aprobar, que ha sido ofrecido por el partido
mayoritario a los demás grupos de la Cámara, pocas conclusiones



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van a poder extraer para llevarlas como cláusulas de su programa
electoral en la confrontación venidera.

Si se me permite manifestarlo -puesto que en estos días se anuncian
algunos programas de fin de año-, una determinada cadena de
televisión aludía a que van a hacer con los muñecos del guiñol una
representación de Alicia en el País de las Maravillas. Ciertamente,
el informe que se nos ofrece se sitúa un poco en el país de las
maravillas, más bien en el sentido literal de la expresión -se suele
decir que alguien está en el país de las maravillas cuando contempla
una realidad muy por encima y desde una óptica, sin entrar en los
problemas o sin barajar posibilidades que puedan resultar
conflictivas-, que no en el literario, ya que la Alicia del cuento
resultaba ser una revolucionaria terrible puesto que no hay un
aspecto del mundo victoriano que quede incólume a su escrutadora
mirada y a su sentencia, siempre severísima; y nada de esto hay en el
documento que se nos ofrece: no hay escrutadoras miradas, no hay
juicios. Sin embargo, sí son muy de Alicia los juegos de palabras en
los que el autor de este informe acredita un increíble ingenio,
convirtiendo una serie de frases en unidades fungibles o
intercambiables de una parte a otra del informe.

Repito, al Grupo Vasco no le parece mal el contenido del informe,
pero no hay equivalencia alguna ni proporción entre los propósitos
con que se creó la subcomisión, entre lo trabajado en ella y lo que
se concluye. Difícil es decir que no a una serie de ambigüedades u
obviedades, pero decir que sí sería aceptar que las conclusiones
cumplen el cometido que nos pusimos cuando el 15 de octubre de 1996
decidimos participar en esta subcomisión. Lo que va a hacer el grupo
al que pertenezco es sencillamente abstenerse respecto del contenido
del informe y de los votos particulares que ella misma no ha
formulado aun pareciéndole bien algunos, puesto que a un documento
tan ambiguo y tan etéreo resulta difícil hacerle concreciones, parece
que no casa lo uno con lo otro. Desde esta postura, desde la
convicción de que lo concluido no tiene nada que ver con lo trabajado
ni con lo propuesto, el Grupo Vasco manifiesta que se abstendrá.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Con la aprobación de este informe terminan
los trabajos de la subcomisión, en la que mi grupo ha participado
activamente, primero, representado por el portavoz don Manuel Silva
y, después, por mi mismo. Tomando las últimas palabras de la portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco, es cierto que las conclusiones que hoy
vamos a aprobar no hacen el honor debido al trabajo de la
subcomisión. Querría plantear esto al inicio de mi intervención no
tanto en demérito de las conclusiones -que también, pero ahora me
referiré a eso-, sino en mérito de lo que han sido los trabajos de la
subcomisión, puesto que la lectura de este documento, afortunadamente
acompañado de una extensa, muy sólida y bien trabada introducción,
podría dar la impresión de que esta subcomisión ha sido poco menos
que una reunión en la que se ha debatido sobre el sexo de los
ángeles, y no es cierto.

Como se deduce del listado de comparecientes que aparece en la
introducción, han pasado por esta Cámara y por las reuniones de
trabajo de la subcomisión una gran cantidad
de expertos y de altos responsables políticos de la
Administración central, de administraciones autonómicas;
representantes de gobiernos extranjeros y dirigentes policiales de
policías extranjeras, y la propia subcomisión ha realizado viajes,
todo lo cual ha permitido a los miembros de la citada subcomisión
formarse una idea cierta de cómo está la situación en el derecho
comparado y de cuáles son las principales carencias que puede tener
nuestro modelo.

Efectivamente -y no puedo sino compartir ese punto de valoración que
hacía la portavoz del Grupo Vasco-, de esos trabajos se podía haber
esperado un documento distinto y podríamos estar en este momento
aprobando un texto que recogiera un nuevo modelo policial. Lo que
ocurre -y aquí es donde me atrevo a discrepar de la portavoz del
Grupo Vasco- es que eso sí sería Alicia en el País de las Maravillas.

No tanto el hecho de que exista este texto en la forma en que va a
ser aprobado hoy, sino el pretender que un Parlamento, a dos meses de
unas elecciones y a diez días de su disolución consiga lograr el
mínimo consenso -aunque teóricamente existiera, porque así es la
política- entre las distintas fuerzas políticas y alcance una
propuesta absolutamente unitaria, uniforme y detallada de lo que es
el modelo policial español, porque eso no es posible.

Al dar el voto positivo -que lo va a dar- a este texto, nuestro grupo
parte de la base de que es lo máximo que hoy se podía votar. No es
mucho, pero es lo posible. A veces, lo mejor es enemigo de lo bueno.

Y es lo posible porque es un texto ambiguo en muchos de sus puntos:
plantea algunas cuestiones pero no las deja resueltas, puesto que
acaba diciendo que sólo será posible tratarlas dentro de un marco
real de acuerdo político y en el caso de que exista un consenso
político para resolver tal o cual asunto de los distritos temas que
enumera. Como digo, no cierra asunto que nos pueda parecer poco
correcto o que no esté en sintonía con nuestra forma de ver las
cosas.

Efectivamente, a este texto le faltan muchas cosas, lo dejamos muy
claro y esa es la ventaja de tener el «Diario de Sesiones», que en
cierto sentido debe acompañar a la lectura de este texto. Le faltan
muchas cosas. No es este el documento que mi grupo hubiera elaborado
y estoy convencido de que tampoco es el que la subcomisión podría
haber aprobado hace un año, pero es el máximo de lo que hoy se puede
aprobar. Aunque no es el mejor de los textos posibles, tampoco merece
ser criticado frontalmente, en el sentido de que sea un mal texto.

Es, sencillamente, un mínimo común denominador entre las fuerzas
políticas en este momento. Y como mínimo común denominador lo tomamos
y le daremos nuestro apoyo. ¿Temas que le faltan? Son varios. Yo
mencionaría sólo uno que coincide en buena parte con lo que queda
apuntado en el punto 2 del voto particular de Eusko Alkartasuna. El
texto se podría pronunciar con mayor claridad sobre una de las
carencias del modelo actual, como es la participación de las policías
autonómicas que tienen las plenas competencias y que están actuando
auténticamente de policía integral en el marco de la Unión Europea, y
actualmente en el marco del sistema Schengen. Eso exige una
modificación legislativa concreta, que va más allá de la
participación en el sistema de información Schengen, que ya funciona.

Además, ha de quedar abierto el hecho de que esaspolicías autonómicas
tendrán que tener una participación



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creciente en la construcción del espacio judicial, policial y de
seguridad en asuntos de interior en Europa.

En cierto sentido y por iniciativa de este grupo parlamentario, en el
propio informe queda abierta esta posibilidad. Es otro ejemplo de
cómo esto no queda cerrado en el informe, aunque no se pronuncie con
la solidez o la firmeza con la que nosotros querríamos. Hay un
epígrafe concreto, un párrafo, en el que se deja claro que la
construcción del llamado modelo europeo de seguridad -si se le puede
denominar así, lo que se conoce como el tercer pilar de los asuntos
de justicia e interior- exigirá una revisión a fondo de la
participación en el mismo de las comunidades autónomas. Es un ejemplo
que pongo respecto a que el informe podría decir más de lo que dice,
pero que en la forma ambigua en que queda nos parece suficiente para
poderle dar nuestro apoyo.

Que efectivamente en España hace falta una cierta revisión del
modelo, es algo claro y quien sepa leer entre líneas este texto
-insisto, a pesar de su ambigüedad o de su indefinición- lo tiene que
deducir con toda claridad. No sacralicemos las leyes más allá de lo
que merecen ser sacralizadas, por muy orgánicas que sean. La ley
orgánica, que es el eje fundamental, aparte del bloque de
constitucionalidad formado por la Constitución y los estatutos, sobre
la cual se apoya nuestro actual modelo de seguridad, fue en su
momento una buena ley, pero no es hoy un buen instrumento. No se está
cumpliendo en su literalidad y, de hecho, ya sea por vía de acuerdos
políticos, ya sea por vía de prácticas que van mucho más allá de los
acuerdos bilaterales, incluso entre fuerzas políticas o entre la
Administración central y los gobiernos autonómicos, se están
utilizando instrumentos que están fuera de ese marco legal y se puede
decir que, si no ilegales, son paralegales.

Por otro lado, la propia ley orgánica prevé determinados instrumentos
que nunca se han llegado a poner en práctica, por ejemplo, el Consejo
de Política de Seguridad, sencillamente porque ya nacieron mal
concebidos, al no tener en cuenta la asimetría con la que ya entonces
se preveía que se iba a desarrollar nuestro modelo policial, y con la
que en efecto se ha desarrollado después, puesto que no todas las
comunidades autónomas tienen policía autonómica, ni siquiera es
previsible que la tengan todas las que tienen la posibilidad -que
desde este Parlamento no se puede sino respetar- de desarrollarla,
por lo que es evidente que cualquier organismo de la Administración
central que pretenda coordinar a las distintas policías autonómicas,
en cualquiera de sus funciones, ya sea su educación, la coordinación
en términos estrictamente funcionales, la remuneración, etcétera,
cualquier elemento que pretenda la coordinación, repito, debe
apoyarse en una asimetría del sistema, y eso no estaba previsto
cuando se estableció ese Consejo de Política de Seguridad. Ymientras
eso no se haga ese instrumento previsto en la ley actual no podrá
desarrollarse.

Algo similar puede decirse de eso que el documento sugiere, a lo cual
no nos oponemos en términos conceptuales, como es la creación de un
centro de estudios superiores de la seguridad pública. Puede llegar
algún día a ser un instrumento útil, pero siempre y cuando -y por eso
lo quiero dejar bien claro- no se pretenda por esa vía superar o
prescindir de ese elemento de asimetría que tiene nuestro sistema.

Existe un instrumento similar en un Estado federal
como es el alemán porque allí, aun no siendo un sistema centralizado,
sí es un sistema homogéneo, simétrico o de geometría fija, si se me
permite la expresión. Nuestro sistema, el español, no sólo no es
centralizado sino que tampoco es de geometría fija, es de geometría
absolutamente variable o asimétrica y, por tanto, este nuevo
instrumento, el centro de estudios superiores de la seguridad
pública, en el caso de que llegue a nacer, no podrá hacerse basado en
el modelo del Ceseden, del Centro de Estudios Superiores de la
Defensa, porque es evidente que el marco en el que se mueve la
defensa en España nada tiene que ver, en términos de simetría, de
organización o de centralidad, con nuestro modelo policial. Con esa
reserva, nos parece que puede ser una propuesta concreta.

Termino, señor presidente, este documento no es el mejor de los
posibles, no es el mejor de los mundos posibles, es el máximo al cual
podemos llegar hoy. Es un documento que, por su propia indefinición,
no puede provocar el rechazo de fuerza política alguna y lo más que
puede hacer -y así se percibe de las intervenciones y quizá de las
votaciones posteriores- es provocar un cierto descontento de todas
las fuerzas políticas que hubieran querido que dijera mucho más de lo
que dice.

Así son las cosas. En presencia de una votación en el último día
hábil de la legislatura, es a lo más a lo que se puede aspirar. Peor
hubiera sido que la subcomisión hubiera terminado sus trabajos sin
ningún informe y dejando todas las cosas en el aire, porque eso no se
hubiera correspondido con los trabajos llevados a cabo, por lo que
nos parece positivo darle nuestro voto favorable.

Dicho esto, hay que agradecer a la persona concreta, don Ignacio Gil
Lázaro, que ha desarrollado el trabajo realizado en esta redacción,
que debe ser valorado en lo que supone un cierto esfuerzo de
consenso, aunque, insisto, las críticas no son hacia su trabajo, sino
hacia esa indefinición a la cual le ha llevado la oposición de todos
los grupos políticos, incapaces de ponernos de acuerdo en algo que
fuera más allá de lo que aquí se dice.

No querría terminar sin felicitar muy expresamente a lo que
genéricamente se llaman los servicios de la Cámara, que tienen nombre
y apellidos; son los dos letrados que han participado muy activamente
en la elaboración de este informe, especialmente en su introducción,
que contiene, sobre todo en la parte del análisis del derecho
positivo vigente, una elaboración muy bien fundada, muy bien
construida, por lo que merecen ser felicitados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Meyer. (El señor vicepresidente,
Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.)



El señor MEYER PLEITE: Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida
considera que las conclusiones del trabajo de la subcomisión del
modelo policial son una ocasión perdida, porque -lo decimos con total
sinceridad- cuando al inicio de esta legislatura propusimos la
creación de esta subcomisión, que después fue secundada por todos los
grupos políticos, nunca pensamos que, después de tres años largos de
trabajo, de comparecencias, estaríamos ante unas conclusiones que
pasan de puntillas sobre el diagnóstico del



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actual sistema policial, que no dan respuesta concreta alguna a un
grave problema que tenemos en el actual sistema policial; que son
genéricas y vagas; y que llaman a un estudio posterior
permanentemente, a la reflexión. Terminando este siglo, y sobre todo
teniendo en cuenta que la actual Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado es del año 1986, hubiese merecido la pena, a
tenor de la experiencia y práctica de las distintas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, una reflexión que concluyera en algo más
concreto. No es así, y nos encontramos ante unas conclusiones que ni
siquiera recogen las distintas alternativas que han ofrecido los
comparecientes, tanto del campo de la investigación como de los
profesionales de la seguridad, que en estos tres años nos han ido
indicando distintas posibilidades para abordar alternativas al actual
sistema policial.

Se pasa de puntillas porque no se quiere reconocer por parte del
Gobierno que el actual sistema policial no funciona. Es un sistema
policial descoordinado, mal formado, mal remunerado y que no está a
la altura de las circunstancias y nuevos retos que está marcando la
delincuencia internacional. En paralelo a los debates de esta
subcomisión en estos cuatro años, la mayoría de los grupos de la
oposición hemos compatibilizado estos trabajos con comparecencias
permanentes del ministro de Interior o del secretario de Estado de la
Seguridad del Estado con actuaciones negativas, resultado de una
descoordinación política evidente de las distintas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en crímenes organizados o en terrorismo. No
hay que olvidar un sinfín de comparecencias que se nos obligaba a
realizar precisamente porque la práctica policial en muchos casos
evidenciaba, más allá de un problema de descoordinación, un problema
serio de confrontación de modelos territoriales y de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. No voy a hacer un recordatorio del
conjunto de hechos que se han producido en estos cuatro años, pero
tocan todo el campo de la lucha contra la delincuencia, sea
terrorista, sea de crimen organizado.

Desde ese diagnóstico, que sí tenemos en Izquierda Unida: que el
actual sistema policial hace aguas, que es un sistema descoordinado,
mal formado e improvisado, nos hubiese gustado que en las
conclusiones, además de introducir este diagnóstico, se hubiesen
recogido las distintas posibilidades que tendríamos que resolver con
la perspectiva del siglo XXI. No ha podido ser así y nos encontramos
con que en el actual sistema policial conviven una serie de
desequilibrios que son consecuencia de la pervivencia de estructuras
y cuerpos de seguridad con líneas de inercia provenientes de la época
del Estado centralista. Estimamos que este modelo no atiende a la
velocidad con la que se está diseñando la España de las autonomías,
en una perspectiva claramente federalizante, modelo por el que
Izquierda Unida va a apostar en el actual debate sobre la
Administración del Estado, y no se da ninguna respuesta en este
sentido.

La actual Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
por la vía de los hechos, está siendo ya claramente superada. La
aparición de cuerpos de policías integrales en Cataluña y en Euskadi,
el importante papel de la policía local y la propia experiencia de
estos trece años, aconsejan claramente un replanteamiento del actual
sistema policial. Pero seríamos unos irresponsables si dijéramos
que esto se puede resolver mediante la acción de uno, dos o tres
grupos políticos. Creemos que es necesario apelar a un verdadero
pacto de Estado, en la perspectiva del siglo XXI, para adecuar el
actual sistema policial al que va a demandar la realidad territorial,
la configuración del modelo de Estado, en un debate que está abierto
en la sociedad. Izquierda Unida opta claramente por un modelo federal
plurinacional, plurirregional, pero unitario desde el punto de vista
jurídico, y nos habría gustado que este pacto de Estado se hubiese
reflejado en las conclusiones. Según la propia Constitución, a la
hora de hablar del Estado, sería necesario un pacto del Gobierno
central, los gobiernos autonómicos y las administraciones locales.

Eso sería lo prioritario: demandar un gran pacto de Estado para
abordar todos y cada uno de los problemas que tiene en estos momentos
el sistema policial español. Desde ese punto de vista, para superar
las inercias del pasado centralista y una configuración de un sistema
policial que no fue bien resuelto en la transición y dado que hoy
tenemos mejores posibilidades para abordarlo, apostamos en nuestro
voto particular por avanzar hacia un sistema policial civil y
federal. Creemos que esta es la respuesta que se va a abrir camino de
una u otra manera. Si en las conclusiones no se avanza en este
sentido, seguiremos considerando que es un tiempo perdido a la hora
de dar argumentación suficiente para avanzar hacia este sistema
policial federal y civil.

En el nuevo sistema policial español se debería garantizar la función
generalista de la seguridad ciudadana y de la Policía administrativa,
la función de Policía judicial o de investigación y la función
asistencial, orientada a la mediación de problemas sociales a
requerimiento de las partes. Este sistema policial, como decía,
debería ser civil, desmilitarizado, y tener tres ámbitos claros de
actuación: el área federal, donde se gestionarían los delitos que
superasen el ámbito geográfico autonómico o de nacionalidad; la
custodia de fronteras, costa, aduanas, documentación y delitos
internacionales; el área autonómica o de nacionalidad, como policía
desplegada dentro del ámbito geográfico; y el área local, con el
despliegue de policías locales. En este punto me quiero detener,
porque la irrupción de todo lo que significa la policía local, todo
lo que es la aportación a la seguridad ciudadana desde el punto de
vista local, no se puede concluir, tal y como contempla el documento
en las conclusiones, apelando a que hay que seguir estudiando los
problemas y los nuevos retos que plantea la irrupción de las policías
locales. Creemos que esto no es serio, no se puede resolver diciendo
que hay que seguir estudiando. Nuestra misión no es apelar a que se
siga estudiando, sino dar diagnósticos y proponer medidas concretas.

Este sistema de policía por el que Izquierda Unida apuesta a través
de este voto particular como sistema integrado, requeriría de varias
soluciones que en estos momentos no se dan. En primer lugar, la
necesidad de avanzar hacia una verdadera carrera policial, con todas
las homologaciones correspondientes; resolver de una vez la
disparidad de los criterios de la retribución de las distintas
fuerzas y grupos de la Seguridad del Estado, y ocho medidas que SS.

SS. podrán leer en nuestro voto particular: iniciar la
desmilitarización de la Guardia Civil y proceder a la articulación,
con el actual cuerpo nacional de Policía, en un organigramacomún
constitutivo del cuerpo federal de Policía, lo cual no



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significaría no tener en cuenta que el cuerpo federal de Policía
pudiera tener distintas agencias, como ocurre en países que tienen
sistemas policiales claramente federales; constituir no solamente
policías autónomas integrales en Euskadi y Cataluña, tal y como
existen, sino recomendar la necesidad de que en el resto de las
comunidades autónomas también se avance hacia este modelo de Policía
autonómica y, naturalmente, concretar y desarrollar las competencias
de seguridad de las policías locales en coordinación con las policías
autonómicas. La experiencia que está desplegando la Comunidad
Autónoma de Canarias es interesante e importante, porque está
intentando resolver la seguridad de su comunidad autónoma sobre la
base de las policías locales. Con el modelo que ofrecemos se trataría
de invertir la actual pirámide que tiene el sistema policial español,
en donde hay muchos más policías del Estado y son menos los policías
autonómicos y locales, para que el despliegue sea mayoritario por
abajo, a nivel local y de la proximidad de los ciudadanos y
ciudadanas. Se deberían crear unidades específicas coordinadas de los
distintos cuerpos en la lucha contra el crimen organizado y
terrorismo. En este punto está todo por realizar y se están dando
palos de ciego por parte del Ministerio del Interior. Asimismo,
proponemos la creación de una unidad federal de la Policía judicial,
con dependencia funcional de los juzgados y tribunales.

Esto hubiese sido lo deseable; no va a ser así, pero, por lo menos,
nos cabe la seguridad de que en la VII Legislatura habrá una
documentación importante, que es el resultado de todas las
comparecencias, que nuestros compañeras y compañeros que vengan a la
Cámara en las próximas legislaturas podrán utilizar para, si hay una
correlación de fuerzas políticas distinta a la actual -algo por lo
que yo, desde luego, voy a luchar y espero alcanzar algún día-, de
izquierdas, progresista, aprobar una asignatura que queda pendiente
desde la transición: un sistema policial moderno, civil, federal,
bien remunerado, bien coordinado y que sea capaz de resolver los
retos que la ciudadanía está demandando en estos momentos en materia
de seguridad.

No es posible concretar esto con la actual correlación de fuerzas del
Partido Popular y su apoyo decidido de Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y, por tanto, se ha optado por esta redacción
que nos va a llevar a la abstención, porque nadie puede negar que el
documento supone una serie de afirmaciones genéricas, algunas vagas,
y algunas concreciones que podemos compartir como, por ejemplo, la de
avanzar hacia la homologación de la remuneración de todos los
profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El
portavoz del Partido Popular, don Ignacio Gil Lázaro, nos ha llevado
a la abstención. Con el anterior borrador, nos hubiese obligado a
votar que no, porque lo considerábamos una verdadera OPA hostil al
propio texto constitucional, pero esta redacción nos lleva a la
abstención, porque su pluma ha dejado todo abierto, no se sabe hacia
dónde pero lo ha dejado todo abierto; hace recomendaciones vagas;
apela a que sigamos estudiando este fenómeno apasionante del sistema
policial, lo que, repito, nos obliga a la abstención, porque
hubíésemos deseado que estos tres años de trabajo se hubiesen
explicitado en medidas y recomendaciones concretas sobre un
diagnóstico claro de lo que es, en estos momentos, el sistema
policial español.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para la presentación del
voto particular del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Jover.




El señor JOVER PRESA: Señor presidente, en efecto, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado un voto particular que -quiero
dejarlo claro desde el primer momento para que no haya duda alguna-
no es una enmienda al informe que nos presenta la subcomisión porque
no pretende reformar ni sustituir ninguno de sus aspectos. Antes al
contrario, nosotros -digo ahora claramente- vamos a votar a favor de
dicho informe, pues no contiene nada con lo que no estemos de
acuerdo, con alguna excepción que no tiene importancia, y como aquí
ha dicho algún otro interviniente, incluye una serie de
recomendaciones con las que es difícil que se pueda estar en
desacuerdo, puesto que todas ellas son de lógica total y de sentido
común.

Es cierto que -también se ha dicho aquí por parte, de todos los
grupos parlamentarios- el informe propone pocas innovaciones en el
actual sistema policial. Es un conjunto de frases, más o menos bien
intencionadas, que, sin embargo, no aborda los importantes problemas
del sistema policial y las carencias que tiene actualmente. Se ha
dicho -y es cierto- que es genérico, ambiguo, indefinido, inconcreto
y, sobre todo -y esto es lo más grave-, que ni siquiera es
proporcionado con los trabajos que ha hecho la subcomisión, que a lo
largo de estos años han sido trabajos importantes, sólidos -ya se ha
dicho aquí, no voy a repetirlo-, con múltiples comparecencias e
informaciones. Es cierto que, después de hechos estos trabajos, el
informe que finalmente se ha aprobado no es, ni mucho menos, lo que
podíamos esperar de estos trabajos tan sólidos.

Para algunos grupos parlamentarios estos hechos justifican un voto de
abstención, pero para el Grupo Socialista, no. ¿Por qué? Porque esta
inconcreción, esta indefinición, estas carencias en el informe que
nos presenta hoy la subcomisión, eran y son el peaje que debíamos
pagar si queríamos conseguir un informe mínimamente consensuado; un
informe aprobado no solamente por una mayoría punta, sino más amplia.

Es, como se ha dicho aquí por parte de algún otro grupo
interviniente, lo máximo que se podía conseguir en este momento. Es
el mínimo común denominador, sobre todo, el texto final. Quiero aquí
agradecer también, en nombre de mi grupo, al señor Gil Lázaro y al
grupo parlamentario mayoritario, que hayan incorporado al borrador
inicial que se nos presentó muchas sugerencias y propuestas que había
hecho concretamente mi grupo parlamentario. Por citar alguna de las
más importantes, se ha abandonado la idea inicial de cerrar el
modelo; esa pretensión de cierre del modelo, de recomendar claramente
a las comunidades autónomas que tienen competencia para ello que no
creen cuerpos policiales, nos parecía completamente absurdo, primero,
porque no se puede pedir a las comunidades autónomas que no ejerzan
competencias que tienen según la Constitución y los estatutos de
autonomía, y, segundo, porque no habría condicido a nada, porque nada
puede impedir que mañana, pasado o dentro de diez años, el Parlamento
de Galicia, de Andalucía, de Valencia o de Canarias decidan crear una
policía autonómica propia, todo lo cual fue entendido por el grupo
mayoritario y en el informe



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no aparece nada sobre ello. Yotras cuestiones, sobre las cuales no me
quiero extender, señor presidente, por ejemplo, el impulso hacia
sistemas coordinados de formación y especialización en los diversos
cuerpos policiales, que de esta manera puedan romper su visión como
compartimentos estancos; la creación de un centro de estudios de
seguridad pública; la conveniencia de avanzar hacia la homologación
formativa, retributiva y de carrera profesional de los diferentes
cuerpos policiales, respetando plenamente las competencias que ya
tienen las comunidades autónomas en esta materia; o el avance hacia
la coordinación operativa mediante la cooperación, que puede ser muy
variada, desde el teléfono único de emergencias hasta las bases de
datos y sistemas informáticos. Todo ello ha sido finalmente
incorporado en el documento y creo que es bueno.

Ahora bien, ¿por qué presentamos un voto particular y, al mismo
tiempo, por qué votamos a favor del informe? Sencillamente porque el
informe es un mínimo común denominador, pero le faltan muchas cosas y
tiene notables carencias. Lo que pretendemos con nuestro voto
particular es completar, ampliar y precisar aquellos aspectos que, en
nuestra opinión, faltan en el informe de la subcomisión. Es
importante y está absolutamente justificada nuestra posición al
respecto. ¿Qué es lo que pretende ampliar, completar o precisar
nuestro voto particular? Varias cosas. Por premura de tiempo, señor
presidente, no me voy a referir a todas ellas. Me limitaré a exponer
aquellos aspectos que me parecen especialmente importantes. Primero,
el que se refiere a la adecuación del sistema policial a la
estructura autonómica de nuestro Estado. Aquí nosotros no proponemos
cambios radicales, puesto que consideramos que la actual distribución
de competencias, tal y como ha resultado de la Constitución, de los
estatutos de autonomía y de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad funciona de una manera razonablemente correcta. Ahora bien,
sí avisamos es que si algún día -y es una eventualidad que no podemos
obviar- las comunidades autónomas que tienencompetencia para ello
-que son, de momento, cinco más, aparte de las dos que existen-
deciden ejercer sus competencias estatutarias y crear cuerpos
policiales, ello conduciría realmente a una reforma radical del
sistema que tendríamos que plantearnos y afrontar. En este sentido
habría que avanzar -lo dice nuestro documento- hacia formas de
federalización del sistema policial. Por ejemplo, no se puede
consentir que esa proliferación de cuerpos autonómicos de Policía,
que algún día puede crearse, conduzca a que la ratio policías-
población, que ya en España es la más alta de Europa, se incremente
de manera absolutamente descontrolada. Y si algún día llegase esa
situación, entonces sería el momento de plantearse avanzar hacia un
sistema claramente federal. Mientras tanto hay cosas que cambiar, que
no acaban de funcionar; tenemos que profundizar en la pluralidad de
nuestro sistema, tenemos que avanzar hacia la profundización de su
triple aspecto estatal, autonómico y municipal y tenemos que proponer
algunas reformas concretas que nos parecen importantes.

Las unidades adscritas, por ejemplo. La Ley Orgánica 2/1986 previó la
creación de unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía en
aquellas comunidades autónomas que estatutariamente pudiesen crear
cuerpos de policía y no
lo hicieron. Es evidente -y esto quedó claro en las diferentes
comparecencias que hubo en la subcomisión- que la solución de las
unidades adscritas no acaba de funcionar, fundamentalmente por dos
razones. Primera, porque no disponen de los medios materiales,
económicos y personales adecuados y, segundo, porque sus competencias
han sido tan absolutamente limitadas que en ningún momento pueden
actuar como un sustituto de la Policía autonómica propiamente dicha.

No tienen ni siquiera las competencias que tienen las policías
locales, se limitan a actuar como policía administrativa y protección
de sus instalaciones y autoridades. Nuestro grupo considera, señor
presidente, que es necesario avanzar en esta vía, reforzar el
carácter descentralizado de estas unidades adscritas al Cuerpo
Nacional de Policía e incrementar sus competencias, incrementarlas en
la medida en que el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad las excluye de su listado. Mientras tanto
tenemos, evidentemente, unas policías integrales en el País Vasco y
en Cataluña que deben continuar su proceso de establecimiento y de
despliegue, despliegue que ya se ha realizado en el País Vasco, que
no se ha hecho todavía en Cataluña, pero que debe continuar para que,
finalmente, estas policías autonómicas -la vasca ya lo es, la
catalana todavía no- actúen en su territorio como auténticas policías
integrales, como fuerzas de sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en todo aquello que no son competencias de
naturaleza supracomunitaria o extracomunitaria. Y aquí los estatutos
de autonomía respectivos lo dicen muy claro. El artículo 17 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 13 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña son muy claros en ese aspecto y hay que
implementar su plena aplicación.

Policía local. Conviene avanzar en el modelo y también conviene hacer
frente a las disfunciones que se han observado. ¿Por qué hay
disfunciones en el ámbito de la Policía local? En la subcomisión han
comparecido varios alcaldes que han dado su opinión al respecto.

Hemos visto, por ejemplo, cómo funcionan las policias locales en
Bilbao, en Hospitalet, en Barcelona; hemos podido ver cuáles son
estas disfunciones y estas características. ¿A qué obedecen estas
disfunciones y estas carencias? Fundamentalmente a dos aspectos.

Primero, durante los últimos años las demandas vecinales, sobre todo
en las grandes aglomeraciones urbanas, en seguridad han crecido de
manera excepcional y ante la dificultad con que se encontraban las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para responder a estas
demandas, han tenido que ser los alcaldes y las policias locales los
que den una cierta respuesta a esta demanda, incluso yendo más allá
de las competencias que les da la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Y esta distorsión entre lo que dice la Ley y lo que en
la práctica está sucediendo, se ha de reformar. ¿Cómo podemos
resolverla? Fundamentalmente sobre la base de tener en cuenta que no
todas las policias locales son iguales, que no podemos colocar en el
mismo nivel la Policía local de Bilbao, de Barcelona o Madrid, con la
de un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes y, por lo tanto, la
ley debe tener en cuenta esta variedad y debe dar un tratamiento
diferenciado a unas y a otras. No pueden tener las mismas
competencias o el mismo nivel formativo unas y otras. Nosotros
creemos que el incremento de funciones de la Policía local



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tiene que ir en dos direcciones. En pirmer lugar, no es que deban
actuar como tales, como Policía judicial, pero sí podría ser
conveniente que algunas de sus unidades se integrasen en las unidades
de Policía judicial precisamente para colaborar con jueces y fiscales
en la persecución de delitos que están directamente relacionados con
las competencias municipales. Por ejemplo, delitos relacionados con
el tráfico, con el medio ambiente, o cuestiones por el estilo. En
segundo lugar, creemos que si algún día -y en esto coincido
plenamente con lo que ha dicho el señor López Garrido- ponemos en
marcha una Policía de barrio, la Policía de barrio no ha de ser la
Policía nacional, la Policía de barrio ha de ser fundamentalmente la
Policía local, con funciones, básicamente, de prevención, con
funciones de presencia en las calles, porque son ellos los que están
más cerca del ciudadano y pueden conocer mejor que nadie sus
auténticos problemas.

Finalmente, señor presidente, está el problema de la Policía
judicial. Estoy de acuerdo con que la misión básica de este informe
no era reformar el proceso penal, ¡claro que no! Ahora bien, todo el
mundo sabe que mi grupo parlamentario, mi partido, desde hace tiempo
está defendiendo una reforma del proceso penal para ir a un proceso
acusatorio en el que el juez queda como un juez de garantías y sea el
ministerio fiscal el que asuma lo esencial de la investigación y de
la instrucción de estos procesos. En la medidad en que proponemos
esta reforma del proceso penal, automáticamente tenemos que proponer
una reforma de la Policía judicial y tenemos que decir que el día que
esto se consiga -que nosotros pretendemos que sea cuanto antes
mejor-, la Policía judicial tendrá que depender exclusivamente del
ministerio fiscal, que es el que en un proceso acusatorio ha de
dirigir la investigación y la instrucción. Y yo creo que con esto no
estamos diciend nada nuevo respecto a lo que ya se sabe sobre la
posición de mi grupo. Y en nuestro voto alternativo hemos presentado
propuestas en esa línea. Pero además tenemos otras. Porque cuando
hablamos de la Policía judicial no nos referimos solamente a que
queremos que dependa funcionalmente del ministerio fiscal y no del
juez de instrucción, que ha de ser un juez de garantías que no debe
instruir; no, también decimos otras cosas que son todavía mucho más
importantes. Porque el gran problema de la Policía judicial
actualmente, señor presidente, estriba en que no hay una exacta
coordinación entre lo que dice la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tal
manera que, por una parte, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
dice que habrá unidades específicas formadas especialmente de Policía
judicial y, al mismo tiempo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial se
desprende que cualquier juez de instrucción para investigar un
determinado delito puede dirigirse a la Policía que quiera, a la
Policía local de Alcorcón, por ejemplo, aunque no sean unidades de
Policía judicial. Esta contradicción se debe resolver y, en nuestra
opinión, hay que avanzar hacia una efectiva especialización de la
Policía judicial, de forma que sean unidades adscritas con carácter
permanente y que los jueces, magistrados y fiscales, en su día los
fiscales, tal y como planteamos nosotros, cuando quieran realizar
diligencias de investigación se dirijan exclusivamente a estas
unidades de la Policía judicial y no a las que ellos quieran o
pretendan en cada caso, porque esto creo que garantizará un mejor
funcionamiento del sistema.

Por todo lo expuesto, señor presidente, he resumido los aspectos
básicos de nuestra propuesta de voto particular que, repito, no
modifica, no reforma, no sustituye nada del informe de la
subcomisión, sino que pretende simplemente ampliarlo, mejorarlo,
precisarlo y completarlo. Por lo tanto, no son contradictorios y no
puede ser contradictorio que votemos a favor del informe y al mismo
tiempo pretendamos exponer nuestro compromiso en un voto particular
que lo amplía y lo mejora.

Para terminar, señor presidente -creo que está claro en el informe
pero quiero reiterarlo-, todas las propuestas que hacemos han de ser
entendidas en pleno respecto a las competencias que ya han asumido
las comunidades autónomas plenamente, tanto por lo que se refiere a
la Policía judicial como por lo que se refiere a la Policía local.

Nosotros sabemos muy bien, como aquí ya se ha dicho, que la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se aplica en el País
Vasco más que en los artículos 5, 6 y 7, creo, y que hay una
disposición final primera que excluye todo lo demás; muy bien, nadie
pretende cambiar esto, nos parece que, además, así se desprende del
artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y lo mismo
ocurre respecto a Cataluña; hay una disposición final segunda que
establece que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos es supletoria en
Cataluña respecto a la legislación autonómica, tanto en coordinación
de policías locales como en Policía judicial. No pretendemos, en
absoluto, modificar esto, sino que nuestro voto particular es
plenamente respetuoso con ese modelo autonómico, que lo que queremos
es reforzar y no modificar.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para la explicación de
la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre los votos
particulares y la defensa del informe, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Concluimos hoy tres años, para nosotros de
intenso trabajo -creo que coincindimos en esa valoración con el
conjunto de los grupos parlamentarios-, de un trabajo metódico y
riguroso. Por primera vez en sede parlamentaria se ha abordado un
análisis integral de nuestro modelo constitucional de seguridad y de
ese armazón que da cuerpo al modelo constitucional de seguridad, que
nuestro grupo, coincidiendo con algunos de los expertos que han
comparecido ante la subcomisión, ha denominado sistema público de
seguridad interna.

Hoy conviene recordar que esta subcomisión ha celebrado más de 70
sesiones y que en la misma han comparecido más de 200 personalidades.

Gracias a la existencia de esta subcomisión se han producido hechos
tan significativos como que por vez primera en los 20 años de
democracia parlamentaria pudieran comparecer ante esta Cámara la
totalidad de las fuerzas sindicales representativas, por ejemplo del
Cuerpo Nacional de Policía, así como algunas fuerzas sindicales
representativas de las dos policías integrales. Yo creo que, en
definitiva, este trabajo ha permitido, en la mejor y más completa
expresión del término, integrar un esfuerzo común por aportar desde
la institución parlamentaria, desde los límites propios de la
institución parlamentaria,



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pero también desde todas las posibilidades de la institución
parlamentaria, un diagnóstico en común entre las fuerzas políticas y
la sociedad, junto con los profesionales de la seguridad pública,
para poder establecer un horizonte que nos permita a todos seguir
trabajando en el futuro.

Tengo que agradecer en esta ya mi última intervención en esta
Comisión el esfuerzo permanente de todos los servicios de la Cámara,
especialmente el esfuerzo y las aportaciones, siempre
interesantísimas, siempre de primera línea técnica, de los letrados
que nos han asistido durante estos tres años intensos de trabajo.

También quiero expresar de manera muy especial mi agradecimiento,
como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y como, permítaseme la
expresión, ponente oficioso de esta subcomisión, al menos en el
momento de proponer el documento final de conclusiones, a mis
compañeros, a la señora Torme y a don Francisco González, la
asistencia que han prestado a este portavoz y desde luego los
trabajos que tan bien han desarrollado de modo permanente para que
esta subcomisión pudiera moverse en los términos en que deseaba el
Grupo Parlamentario Popular que se moviese, y estoy convencido que
todos los grupos parlamentarios también, al hilo de lo que ha sido la
actuación de los mismos durante estos tres años, es decir en los
parámetros del consenso, del diálogo, de la búsqueda de un clima de
acuerdo, de la búsqueda de los espacios comunes, de la búsqueda de
los factores de convergencia sobre los de divergencia. Yo creo que
esa es la principal virtualidad de este informe, un informe abierto
que permite establecer un diagnóstico ampliamente común y seguir
trabajando en el futuro. Además, creo que es un informe que se
construye desde el máximo respeto a la simetría y a la pluralidad del
sistema. Si este informe no es algo es precisamente un informe no
uniformizador; es un informe que precisamente trata de vertebrar un
diagnóstico común sobre esa tridimensionalidad del sistema y sobre el
respeto profundo e inequívoco a lo que son las competencias y el
papel protagonista de cada una de las tres administraciones que
configuran esa tridimensionalidad del sistema y que por tanto dan
cuerpo al sistema público de seguridad interior conforme viene
determinado en nuestra Constitución.

Algunos textos de lo que han sido las conclusiones de esta
subcomisión son suficientemente explicativos de cómo se ha trabajado
durante estos tres años, del espíritu con el que se ha trabajado
durante estos tres años y sobre todo del planteamiento, permítaseme
la expresión, intelectual y político con el que se ha querido dar
cuerpo al informe de esta subcomisión. Porque no es ocioso que
comience este informe de conclusiones señalando que el capítulo final
del mismo no pretende articularse a modo de un programa de medidas
concretas; de lo que se trata -y yo creo que ese es básicamente el
gran efecto positivo de este informe- es de establecer un marco de
reflexión sobre cuyas líneas generales las diversas administraciones
competentes, y naturalmente los actores políticos, puedan en su
momento elaborar las respuestas políticas, legislativas y técnicas
más idóneas en consonancia con los imperativos que surgen del
análisis de la realidad y de las posibilidades globales que para el
tratamiento de la misma nos ofrece el sistema.

El informe dice que las conclusiones del mismo son esencialmente
abiertas a fin de servir como cimiento común de una tarea posterior
que se ha de desarrollar en el
tiempo por parte de los responsables de cada uno de los tres
escalones que configuran nuestro sistema constitucional y que por
ello el texto ha de ser en todo caso escrupulosamente respetuoso con
la capacidad de decisión e iniciativa política de cada uno de esos
tres estadios, a la vez que hace un llamamiento inicial -esa es la
gran virtualidad de este informe- a la necesidad de buscar de modo
constante las vías de consenso entre los agentes políticos e
institucionales correspondientes para que el ajuste y
perfeccionamiento dinámico de nuestro modelo de seguridad forme
siempre parte del índice de asuntos que por definición deben quedar
fuera de la mera dialéctica partidista. Dejar fuera la mera
dialéctica partidista y buscar esos espacios de convergencia, esos
climas de acuerdo, esa primacía de los puntos en común sobre los
puntos de natural y legítima diferencia, ha sido en todo caso el leit
motiv que ha guiado la actuación del Grupo Parlamentario Popular y
desde luego la actuación de este portavoz cuando recibió el encargo
de tratar de formular un texto de síntesis.

Hoy, muy someramente, quiero hacer referencia a lo que los portavoces
de los distintos grupos parlamentarios han dicho. Quiero hacerlo no
solamente por razones de cortesía sino porque creo que todos juntos
podemos dejar un mensaje político. A la señora Lasagabaster le diré
que las dos cuestiones que le preocupan y que vienen referidas en su
voto particular han sido largamente habladas en la subcomisión.

Nosotros entendemos que en el caso común del País Vasco y de la
Comunidad Autónoma de Cataluña los procesos, como dice claramente el
texto, se tienen que completar en una situación de normalidad, que no
implica tener que hacer referencia o interpretaciones oscuras a lo
dicho sino simplemente un retrato mismo de la realidad. En el caso de
la Comunidad Autónoma de Cataluña esa situación de normalidad viene
referida estrictamente al cumplimiento de las propias previsiones que
el Consell Executiu de la Generalitat ha desarrollado y ha
establecido para el completo despliegue de los mossos d’esquadra
sobre su territorio. Esa es la situación de normalidad. En el caso
del País Vasco sabe perfectamente la señora Lasagabaster que el
ordenamiento jurídico se está cumpliendo en los términos que el mismo
prevé: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan que
desarrollar, por competencia también propia, un papel en todo lo que
afecta a la persecución y evitación de delitos de naturaleza extra
y supracomunitaria. En la medida en que, como todos estamos trabajando
por ello y todos deseamos, la incidencia de determinado delito de
naturaleza extra y supracomunitaria desaparezca, como es natural los
efectivos que en este momento vienen destinados a cumplimentar esta
tarea tendrán también que reacomodarse a la propia desaparición del
fenómeno. Pero el ordenamiento jurídico -y conviene en ese sentido
dejarlo muy claro, al menos desde la posición del Grupo Parlamentario
Popular- en estos términos se está cumpliendo de forma escrupulosa.

El señor Guardans realizaba una aportación muy interesante a una
parte del documento inicial de conclusiones que reforzaba el sentido
del propio documento y que creo que conecta perfectamente con parte
de las preocupaciones o de las inquietudes de la señora Lasagabaster
porque, según dice el documento, corresponde desarrollar en el nuevo
escalón europeo un modelo acorde con lo que es la



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propia configuración del modelo europeo de seguridad, pero que ese es
un modelo evolutivo. Como el documento señalaba, corresponde a la
Secretaría de Estado de Seguridad desempeñar esa función de
representación exterior, pero lo tiene que hacer como lo viene
haciendo, desde un compromiso permanente de diálogo con las
comunidades autónomas, especialmente con aquellas que tienen una
función de policía integral para, conjuntamente, poder configurar la
aportación española a ese modelo evolutivo de seguridad. La
aportación, insisto, del señor Guardans en el texto que viene
señalado en el trabajo de la subcomisión, reforzando precisamente el
análisis que se hacía en ese apartado, es singularmente interesante.

En todo caso, es evidente que la cooperación policial en Europa, y en
general la integración europea en materia de justicia y de asuntos de
interior, se encuentra en plena fase de expansión y desarrollo y
parece lógico asumir que la evolución, desde la perspectiva española,
deberá hacerse desde el respeto al papel de las policías autonómicas
en lo que corresponde a sus funciones específicas, conjugando
precisamente eso con el papel que le corresponde de modo indubitado a
la Secretaría de Estado de Seguridad.

Quiero señalar que durante estos tres años de subcomisón la señora
Lasagabaster ha realizado un trabajo intenso, serio y riguroso del
que quiere dejar constancia el Grupo Parlamentario Popular, que lo
valora y estima en su justa medida.

Respecto del señor López Garrido, por razones reglamentarias que él
mismo ha señalado, no hemos tenido másoportunidad que la de escuchar
hoy sus siempre interesantes aportaciones. En relación con este
documento, tal y como antes señalaba,creemos que sí se avanza en la
concreción del modelo en la medida que permite establecer un
diagnósitico sobre el que seguir trabajando. Podemos decir con
claridad que desde el punto de vista de este grupo parlamentario el
modelo sirve, sirve desde un compromiso permanente de autoexigencia,
desde un compromiso permanente de evolución y de acomodación del
modelo a las nuevas realidades sociales, y sirve alejándolo de
cualquier tentación pasiva, centralizadora o puramente -insisto-
autocomplaciente. Creemos que el modelo sirve porque, en la medida en
que este informe recoge perfectamente y se acomoda a esa
tridimensionalidad constitucional del propio modelo, éste queda
abierto, es flexible, dinámico; es un modelo suficientemente
asimétrico como para poder responder a todas las exigencias de un
concepto tan evolutivo y dinámico como es el de la seguridad.

Quiero valorar y agradecer las palabras de don Luis Mardones porque
efectivamente creo que ha entendido perfectamente, desde su
contribución a los trabajos de la subcomisión, lo que ésta pretendía
ser esencialmente: un elemento para la reflexión. El señor Mardones
ha calificado el informe final de la subcomisión como un dictamen de
reflexión, y sin duda esa es la mejor virtualidad del informe: haber
podido conjugar esos espacios comunes de convergencia, esos
diagnósticos comunes para seguir trabajando en los estadios
correspondientes por parte de los agentes institucionales legitimados
para ello.

La señora Uría no tiene por qué sentirse ajena al documento. No
queremos que se sienta ajena porque durante estos tres años su
trabajo y el de su grupo parlamentario ha
sido intenso y así es valorado por nuestro grupo en toda su
extensión, en toda su aportación y en toda su fidelidad institucional
a la propia realidad del trabajo encomendado. Y agradecemos que de su
intervención se deduzca que ella y su grupo entienden que ha habido
por parte de la subcomisión a lo largo de estos tres años un trabajo
intenso, de calidad, riguroso; no buscar simplemente cubrir un
trámite. También ha señalado la señora Uría que el informe recoge
algunas o muchas obviedades, pero a veces las obviedades tienen un
gran alcance político. Además, cuando esas obviedades están
acompañadas de ciertos gestos, que también se incorporan al informe,
deben ser valoradas más allá de la mera obviedad. No he entendido la
cita personal que me ha hecho en relación con lo que fue el momento
inicial de constitución de esta subcomisión, pero sí le puedo decir
que la intención de este grupo parlamentario y de este ponente a la
hora de redactar el documento final ha sido buscar conclusiones para
un trabajo en común, conclusiones para poder servir los cimientos de
una dialéctica que trascienda los actos meramente partidistas
-absolutamente legítimos- a la hora de buscar y analizar los factores
que inciden en la mejora de la prestación del servicio público de la
seguridad. Desde luego, a la hora de elaborar este documento final no
hemos pretendido buscar o introducir elementos que nos puedan servir
posteriormente para su incorporación a nuestro programa electoral;
nos interesaba mucho más servir ese cimiento, ese diagnóstico común
del consenso que hacer otra cosa. Gracias en lo que me toca, señora
Uría, por calificar de ingeniosa la capacidad literario/ intelectual
del autor, pero lo concluido finalmente en este texto y lo propuesto
como trabajo inicial de esta subcomisión para nosotros sí coinciden,
coinciden porque nosotros acudimos ante esta subcomisión con la idea
de poder establecer al máximo los más grandes espacios de consenso, y
creo que en las circunstancias y en los términos que recordaba en su
intervención el señor Guardans esa misión, al menos nosotros, la
damos por cumplida.

Decía el señor Guardans que algún cierto mérito había que apuntarle a
las conclusiones de este informe. Creo que así es, que el mérito
principal de las conclusiones del informe, conectándolo con ese
sentido de la obviedad al que hacía referencia la señora Uría, es
precisamente no levantar aristas sino buscar los puntos de encuentro,
tratar de integrar sensibilidades diferentes. No era el objetivo de
este informe buscar un nuevo modelo, y no lo era en la medida en que
se trataba de perfeccionar el modelo vigente. Así se ha visto o se ha
podido apreciar a lo largo de las muchas intervenciones formuladas en
el seno de la subcomisión por los distintos portavoces de un gran
número de grupos parlamentarios, que jamás plantearon términos de
sustitución o quiebra del modelo actual sino precisamente la
necesidad de avanzar en los esquemas del modelo vigente desde la
acentuación de la propia naturaleza del mismo, es decir, de su
asimetría, de su flexibilidad, de su no condición centralizadora.

Creo que este no es un texto ambiguo. El señor Guardans ha relatado
muy bien las condiciones finales en las que el texto ve la luz y yo
las comparto plenamente. Nosotros creemos que es un texto que abre la
posibilidad de un diagnóstico de amplio consenso, en el que,
naturalmente, faltan cosas. Claro que faltan muchas cosas, como
recordaba el señor Guardans; pero, afortunadamente, lo que no hay



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es crispación, distancia o tono partidario. Creo que esas son
condiciones que afortunadamente todos los grupos políticos hemos
dejado de lado en el momento de abordar durante estos tres años el
trabajo que se nos encomendó. Quiero resaltar algo que ha dicho el
señor Guardans porque me parece muy inteligente, y es que me parece a
su vez muy inteligente reclamar de todos los grupos parlamentarios,
de los sectores profesionales, de los medios de comunicación y de la
sociedad no sólo una lectura literal sino también entre líneas de lo
que dice el texto del informe, por la sencilla razón de que el autor
ha escrito en su literalidad pero también quiso escribir -y escribir
mucho- entre líneas. Por tanto, de cara a trabajos de futuro, sería
muy interesante que también los grupos parlamentarios buscaran esa
lectura entre líneas. ¿El descontento de todos? Al final, el
descontento de todos creo que, como alguien dijo, es el mejor
pasaporte hacia el consenso y probablemente la mejor acreditación de
que ese consenso, en sus términos básicos, se ha cumplido. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Para concluir, agradecer la
referencia personal que hace S.S., que es acertada en cuanto a la
intención del ponente, que no trató sino de buscar un texto en el que
al final, en las circunstancias temporales -como bien señalaba S.S.-
en las que estas conclusiones ven la luz, fuera posible sumar el
mayor grado de sensibilidades y voluntades.

Señor Meyer, esta no es una ocasión perdida. Alo mejor la ocasión
perdida pudo tenerla el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida -lo
digo con todo el respeto porque así se lo he expresado a lo largo de
estos tres años- para poder participar más activamente, más
diariamente en los trabajos de esta subcomisión. Pero circunstancias
sobrevenidas, que nosotros respetamos en lo que afecta al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, lo han impedido. No podemos dar por
buena la afirmación del señor Meyer cuando dice que el informe lo que
no quiere es reconocer, porque el Gobierno no quiere reconocer, que
el informe no sirve. Nosotros entendemos, señor Meyer, que su
análisis es tan absolutamente legítimo en términos de su voto
particular y de afirmar que el modelo no sirve como puede serlo el de
otros - es decir, el nuestro- en el sentido de que este grupo
parlamentario y el Gobierno al que apoya entienden que el modelo
sirve y que lo que hay que hacer es perfeccionarlo, siempre en tono
de autoexigencia permanente. Desde luego, compartimos su idea de
pacto de Estado. Yo creo que la idea de pacto y de diálogo entre las
administraciones es la base constante de este informe, hasta el punto
de que esa es la idea nuclear sobre la que se construyen las
conclusiones del mismo. Compartimos esa idea de pacto de Estado y en
la medida en que el señor Meyer ha formulado su voto particular, pero
ha afirmado también que las conclusiones generales de este informe no
le resultan aristosas, molestas o chocantes, nosotros le pediríamos
hoy que pase de la abstención al voto favorable al informe en los
términos de hacer efectiva esa voluntad de pacto de Estado.

Al señor Jover quisiera decirle que nadie mejor que el Grupo
Socialista sabe del esfuerzo de este ponente y de su grupo en la
búsqueda del consenso. Quiero agradecerle la presentación de este
voto particular, así como los términos en que ha sido redactado y
defendido, ya que de la lectura del mismo se deduce claramente que, a
excepción de un apartado que hace referencia a la reforma del proceso
penal
y, por tanto, a una consiguiente reforma del modelo de policía
judicial, en sus términos generales, en sus términos de diagnóstico,
la aportación última de este voto particular y el informe de la
subcomisión coinciden plenamente. Las carencias que pueda tener el
informe, que sin lugar a dudas las tiene, son carencias compartidas,
porque el Grupo Socialista, junto con todos los demás grupos
parlamentarios, y naturalmente junto con nosotros, también ha hecho
un esfuerzo notable por alcanzar ese clima de diálogo y de consenso y
unas conclusiones del orden y de la naturaleza de las que hoy vamos a
aprobar, que son precisamente, como recordaba el portavoz de algún
grupo parlamentario, las mejores en este momento por ser las mejores
posibles.

También quiero recordar que en su momento se decidió incorporar un
segundo bloque normativo al informe, precisamente para no incluir en
el análisis final de esta subcomisión algunas referencias a esa
naturaleza normativa y algunas consecuencias políticas que se podían
derivar de ahí. Asimismo, quiero recordar también que pluralidad,
tridimensionalidad y asimetría del sistema, a las que se ha referido
el señor Jover, han sido la base y la filosofía de estas
conclusiones.

Para concluir, señor presidente, quiero leer el último apartado de
este informe que sintetiza perfectamente lo que se ha querido hacer:
El imperativo constitucional exige cerrar un modelo equilibrado que
distribuya sin traumas competencias y funciones, gestione bien los
recursos, promueva de modo continuo la corresponsabilidad
interinstitucional y la participación ciudadana y sea flexible y
dinámico en su capacidad de encontrar alternativas adecuadas a las
demandas que plantea un concepto evolutivo como el de la seguridad
sin incurrir en giros bruscos o movimientos pendulares. Aeste
objetivo, pues, tratan de contribuir las conclusiones de este informe
y nosotros creemos que lo consiguen.

Por otra parte, quiero decir que desde luego ha sido un honor
trabajar con todas SS.SS. Quiero rendir nuestro homenaje personal, el
de este portavoz y el de los miembros que han integrado en esta
subcomisión la representación del Grupo Parlamentario Popular, a
aquellas personas con las que hemos tenido el honor de trabajar y
sobre todo el honor de conocerlas personalmente. No vamos a tener la
oportunidad de seguir compartiendo con ellas los trabajos en esta
Cámara, pero tengan la seguridad de que siempre contarán con nuestro
respeto, con nuestra admiración, con nuestra amistad y con nuestro
afecto.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer
lugar, votaremos los distintos votos particulares, el voto particular
del Grupo de Izquierda Unida, el voto particular presentado por la
señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, y el presentado por el Grupo
Socialista, y finalmente votaremos el texto del informe elevado por
la subcomisión.

Por lo tanto, siguiendo este guión, votamos en primer lugar el voto
particular número 1, que es el presentado por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, ocho.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Voto particular número 2, presentado por la señora Lasagabaster, del
Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Voto particular número 3, presentado por el Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 21; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos finalmente el texto del informe elevado por la subcomisión.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Se aprueba el informe de la subcomisión.

Antes de levantar la sesión, señorías, el vicepresidente de la Mesa,
señor Aguiriano, me ha pedido hacer uso de la palabra, lo que con
mucho gusto le concedo.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Quiero empezar
agradeciendo al presidente de la Comisión que me haya dado la
oportunidad de despedirme de todos ustedes. Espero no emocionarme
demasiado.

Con algunos de ustedes he compartido toda mi vida parlamentaria,
desde el Senado, y con otros solamente algunas legislaturas, pero a
todos quiero agradecerles la amistad y el compañerismo que me han
demostrado. He defendido mis ideas con pasión y a veces con dureza,
no en vano hace más de 40 años que empecé en el Partido Socialista,
pero no creo que en ninguna de mis intervenciones en esta Comisión,
en la de Televisión o en los plenos del Congreso haya ofendido a
nadie, porque siempre he procurado distinguir perfectamente entre la
persona y las ideas que defiende. No obstante, es posible que en
algunos casos alguien se haya podido sentir incómodo o molesto, por
lo que les ruego transmitan a sus compañeros -y esto me hubiese
gustado hacerlo en el Pleno, pero no ha sido posible- que no era esa
mi intención y que lo único que pretendía era defender mis ideas sin
molestar a nadie. En cualquier caso, en este momento en que se va a
levantar la
sesión de esta Comisión, habiendo sido para mí un honor haber
participado en ella y haber presidido, en algunos momentos en que el
presidente me lo ha permitido, sus sesiones, quisiera, como digo,
agradecer a todos su amistad y su compañerismo. Cuando el presidente
del Gobierno, haciendo uso de la prerrogativa que le otorga la
Constitución, disuelva las Cortes, no sé qué voy a hacer, no sé dónde
voy a estar, ni siquiera sé dónde voy a vivir, pero en cualquier caso
quiero que sepan que esté donde esté les recordaré a ustedes con todo
cariño.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, previsiblemente esta es la última
sesión de esta Comisión en esta VI Legislatura y, como esta Comisión
es precisamente la que suele tener una mayor actividad tanto
legislativa como de control, y, como no podía ser de otro modo,
naturalmente, éste probablemente será el último acto parlamentario de
la legislatura en cuanto a Pleno y comisiones, quisiera agradecerles
la confianza que en su día me dispensaron al elegirme presidente de
esta Comisión. Ha sido para mí un gran honor haber tenido la
oportunidad de presidir esta importantísima Comisión del Congreso. Y,
creyendo que es el momento de reconocimientos y gratitudes, quisiera
agradecer a los que han sido miembros de la Mesa en esta VI
Legislatura su colaboración constante en la dirección y la buena
marcha de las sesiones de la Comisión y su funcionamiento, a los
portavoces su constante colaboración y a todas SS.SS. la comprensión
que en todo momento han tenido con la Presidencia; por supuesto, su
trabajo, su esfuerzo, en definitiva la realidad viva, la actividad
parlamentaria real trazada en esas 84 sesiones reflejadas en el
correspondiente «Diario de Sesiones».

Con la satisfacción de haber realizado un trabajo intenso, que hoy
naturalmente pondría punto final a sus sesiones, y con la esperanza
de que el futuro les depare a todos y todas SS.SS. lo mejor en el
nuevo año, que como todos los que sean o no final de milenio -en todo
caso está en los umbrales del mismo-, algo de prodigioso parece que
quiere tener, y que esperemos que los prodigios sean todos favorables
y ninguno de ellos inconveniente, con ese deseo, que naturalmente
pasa también por la esperanza de volver a reencontrarles aquí, si el
pueblo español así lo decide, dentro de unos meses, reiterándoles mi
gratitud, se levanta la sesión.

Muchas gracias. (Aplausos.)