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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 831, de 16/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 831
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Sesión núm. 45
celebrada el jueves, 16 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al mantenimiento de las medidas de protección social y a
la agilización del pago de indemnizaciones a las personas afectadas
por el síndrome del aceite tóxico. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
001727.) ... (Página 24706)
- Relativa a la necesidad de que se impulsen pautas que regulen la
publicidad que pueda perjudicar a los productos alimenticios
naturales. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 161/001598.) ... (Página 24711)
- Relativa a la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna,
con especial atención a la iniciativa Hospital Amigo de los Niños.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001697.) ... (Página 24714)
- Sobre regulación de la publicidad y el patrocinio de los productos
del tabaco. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 161/001788.) ... (Página 24718)
- Relativa a la integración de los funcionarios de los Cuerpos
Facultativos y de Ayudantes Técnico Sanitarios (ATS) de Instituciones
Penitenciarias en la Red Pública de Sanidad. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001784.) ...
(Página 24721)
- Sobre modificación del catálogo de prestaciones ortoprotésicas a
cargo de la Seguridad Social. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001798.) ...
(Página 24723)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo al orden del día de la
Comisión de Sanidad y Consumo para el debate y votación de las
siguientes proposiciones no de ley. (La señora Maestro Martín pide la
palabra.)
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Buenas tardes, señorías, señor presidente.
Quería plantear una cuestión de orden relativa a un asunto que ha
sido tratado en otras ocasiones en Mesa y portavoces, pero que yo
estimo que, dada su trascendencia, debería darse al menos una
explicación en Comisión. Se trata, como SS.SS. saben, del acuerdo de
la Mesa del Congreso por el cual se autorizaba a esta Comisión de
Sanidad y Consumo a aceptar la invitación de la Asamblea del Poder
Popular de Cuba para visitar la isla de Cuba, incluso se planteó
fecha, la primera quincena del mes de enero, estuvimos valorando la
pertinencia de unas fechas u otras...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Permítame que explique la razón de la
petición, termino en breves instantes, señor presidente, para que el
resto de los señores y señoras diputados sepan el motivo por el cual
lo planteo.
No sé si ha habido cambio en la decisión de la Mesa del Congreso, no
sé cuál es el procedimiento por el cuál se ha alterado la primitiva
decisión, pero el caso es que el viaje a Cuba parece que no va a
realizarse. Estimo que es una cuestión de trascendencia. Sus señorías
saben que era la primera vez en la historia que una comisión
parlamentaria iba a hacer una visita a Cuba, y pienso que las razones
por las cuales se ha suspendido el viaje deben de ser de tal
envergadura que creo deben ser conocidas por la Comisión de Sanidad,
así como por mí misma, que hasta este momento las desconozco.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, usted lo ha dicho, es un tema
que se ha tratado en Mesa y portavoces, y yo en este momento convoco
a la Mesa y portavoces a la finalización del debate y votación de las
proposiciones no de ley, donde se hará una reunión y se discutirá el
tema.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A
LA AGILIZACIÓN DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES A LAS PERSONAS AFECTADAS
POR EL SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
001727.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las proposiciones no de
ley, la primera relativa al mantenimiento de las medidas de
protección social y a la agilización del pago de indemnizaciones a
las personas afectadas por el síndrome del aceite tóxico. Esta
proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Tengo que decir, en primer lugar, que
siento profundamente haber tenido que plantear esta proposición no de
ley, dado que los asuntos que en ella se tratan no están resueltos, y
que mi grupo parlamentario hubiera deseado que el Gobierno
correspondiente, en este caso, el Gobierno del Partido Popular,
hubiera adoptado las medidas necesarias para resolver los problemas
que afectan a este colectivo sin que mi grupo hubiera tenido que
plantear iniciativa parlamentaria alguna.
Hoy por hoy, a estas alturas tengo que decir que el asunto de las
personas afectadas por el síndrome tóxico ha sido tratado, en más
ocasiones de las debidas, de una manera, si no demagógica, al menos
instrumental. Recuerdo a SS.SS. que la afectación del envenenamiento
masivo por el aceite de colza fue uno de los factores más
directamente implicados en la caída del último Gobierno de la Unión
de Centro Democrático. Fue entonces el Partido Socialista, junto con
el Partido Comunista de España, el que protagonizó las acusaciones
más fuertes, no solamente a unos aceiteros que habían jugado con la
vida de las personas para su enriquecimiento personal, sino sobre
todo y por encima de todo a una administración, a los diferentes
departamentos ministeriales que, con la omisión de sus facultades de
control, habían permitido que este envenenamiento, más producto de
épocas medievales que de la segunda mitad del siglo XX, se hubiera
producido.
Ha sido un largo camino de 18 años el que han recorrido los
supervivientes, cada vez más escasos, de este envenenamiento.
Recuerdo a SS.SS. que la selección económica y social, las
características concretas en que se produjo el envenenamiento, la
venta de aceite clandestino en mercadillos, hizo que evidentemente
los candidatos a sufrirlo no fueran de las capas aristocráticas o
económicamente más favorecidas de la sociedad, sino precisamente
personas pertenecientes a la clase obrera y sus familiares. Digo
supervivientes porque el colectivo de afectados disminuye
considerablemente a medida que pasa el tiempo, ya que la esperanza de
vida de este colectivo es considerablemente más reducida que la del
resto de la sociedad.
Finalmente, una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del
26 de septiembre de 1997 reconoce el derecho a indemnización de las
personas afectadas por los daños producidos por la omisión del
cumplimiento de sus funciones y de sus competencias por parte de la
Administración, y por lo tanto el pago de las mismas por la
responsabilidad subsidiaria de la Administración del Estado. Esta
sentencia tiene que ver con el artículo 1.3 del Real Decreto 2448/
1981, de 19 de octubre, que sitúa la aplicación de la sentencia en
poco menos que en El castillo de Kafka, me refiero con respecto a los
vericuetos de la burocracia legal y administrativa, que ha llevado en
concreto en estos momentos, señoras y señores diputados, a que los
afectados por el síndrome tóxico, que han sido calificados por
diferentes tribunales con invalideces variables (digo las cuantías,
porque quizá SS.SS. crean que les ha tocado la lotería a los
afectados por el síndrome tóxico y se han hecho ricos a partir de
percibir las indemnizaciones), hayan percibido, como indemnización
máxima por los daños más graves de la invalidez más absoluta, en una
sola vez, los 90 millones de pesetas. La inmensa mayoría de las
personas tienen indemnizaciones que oscilan, en una sola vez entre
los 8 y los 20 millones de pesetas.
Dado el tiempo transcurrido, se arbitraron medidas a instancias del
Pleno del Congreso de los Diputados de 1981, y a instancias también
del acuerdo unánime de la subcomisión parlamentaria creada en el
marco de esta Comisión de Sanidad, para que, por parte de la
Administración, se tomaran las medidas adecuadas para con el fin de
que las prestaciones económicas y sociales que a estas personas les
correspondían fueran dadas de la manera más amplia posible.
Hoy, señorías, y no quiero abusar de la cortesía del señor presidente
de la Comisión, nos encontramos ante el absurdo (y tengo la
documentación en mis manos para aquellas o aquellos de ustedes que la
quieran consultar) de que personas que han sido calificadas con el
grado de incapacidad permanente total, que tenían una pensión de
invalidez, que en el caso que tengo entre las manos alcanzaba a la
maravillosa cifra de 31.360 pesetas mensuales, hayan sabido que, tras
una propuesta de pago a su favor de la indemnización correspondiente
a la sentencia del 26 de septiembre de 1987, que en este caso
concreto asciende a 8.900.000 pesetas, por este procedimiento se le
anula el abono de la pensión de invalidez y de la pensión de
jubilación.
Estamos, señorías, ante una situación dantesca, ante la demostración
de cómo las mejores voluntades y los principios de solidaridad y de
reconocimiento de la responsabilidad por parte de la Administración
se transforman en la
pesadilla de quien tiene la incapacidad permanente, absoluta, para la
realización de cualquier trabajo, que recibe por el daño producido
por haber consumido un aceite envenenado menos de 9 millones de
pesetas y se queda sin ningún tipo de pensión ni de percepción de
protección social.
Señorías, a finales de 1999, tras el calvario de este colectivo, a mí
esto me parece una burla macabra. Y la solución ojalá permitiera
consensos, permitiera matices, pero a estas alturas la única
solución, señorías, es doble: por un lado, la modificación de un real
decreto que probablemente en contra de la voluntad del legislador en
aquel momento se ha transformado en una espada de Damocles en las
cabezas de quienes pretendía proteger, y de la dotación
presupuestaria necesaria para que las prestaciones sociales por
jubilación, por invalidez, por diferentes razones, se mantengan en el
estado actual, dado que las prestaciones sociales traen su causa de
la situación que las desencadena, es decir, la invalidez o la
jubilación, etcétera, y la indemnización, por mucho que la
legislación lo contemple, trae causa no del daño percibido, sino de
la responsabilidad de la Administración en la causalidad de ese daño.
Por tanto, señorías, con menos esperanza de la que querría tener,
solicito de los grupos parlamentarios el apoyo a esta proposición no
de ley, entendiendo que es lo único que razonablemente puede hacerse,
y no porque este grupo parlamentario lo plantee. Quiero hacer la
salvedad de que este grupo parlamentario ha asumido la
responsabilidad, que colectivamente los grupos parlamentarios
asumimos delante de los afectados, de presentar conjuntamente una
proposición no de ley de manera que no puediera interpretarse que
ninguno de los grupos parlamentarios tiene razones de protagonismo,
de oportunidad política en solitario. Dado que ningún grupo
parlamentario lo asumía, mi grupo parlamentario lo planteó, en todo
momento con voluntad de consenso. Quiero que conste en el «Diario de
Sesiones» que, a petición del Grupo Popular y en aras de que el
asunto se resolviera, mi grupo parlamentario accedió en dos ocasiones
sucesivas a que no apareciera en el orden del día de la Comisión de
Sanidad esta proposición no de ley, para que efectivamente el tema no
se saldara con una votación más o menos nutrida a favor o en contra,
sino que se resolviera el problema de los afectados porque, señorías
(y en estas fechas a quienes tienen creencias religiosas les debería
decir algo), estamos ante un problema que afecta sin duda a uno de
los colectivos más desfavorecidos de diferentes comunidades autónomas
que existen en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Señoras y señores diputados, voy a defender
la enmienda que presentamos a la iniciativa de Izquierda Unida, esta
proposición no de ley sobre los afectados por el síndrome tóxico.
Tengo que reconocer, lógicamente, que por parte de esta portavoz en
dos ocasiones solicité de la portavoz de Izquierda Unida el
aplazamiento del debate de esta proposición no de ley con el fin,
como ella misma decía, de que pudiéramos sacar adelante una
proposición no de ley que instara al Gobierno
a mejorar algunos aspectos de los que ninguno de los miembros de esta
Comisión estaba satisfecho a través de la sentencia del Tribunal
Supremo.
La realidad es que todos los portavoces de los grupos parlamentarios
de esta Comisión hemos luchado históricamente por la situación de los
afectados. No hace falta hacer un recuerdo histórico de la situación
de las personas afectadas por el síndrome tóxico, sino simplemente
remitirnos a las anterior legislatura, donde las iniciativas
parlamentarias de diferente tipo y por iniciativa de diferentes
grupos parlamentarios son recordadas por algunos de los diputados y
diputadas de esta Comisión, y por eso voy a obviar el hecho de hacer
un relato pormenorizado de cuáles han sido los debates y acuerdos a
los que hemos llegado.
La realidad es que si uno escucha atentamente la intervención de la
diputada de Izquierda Unida en el fondo está de acuerdo con ella,
porque hay que recordar que fue una intoxicación masiva de un número
muy importante, hasta veintitantas mil personas de nuestro país que
fueron intoxicadas por unos desaprensivos. Las circunstancias que se
daban entonces en España del control de los alimentos llevó a estos
hechos que todos deploramos, y a partir de ahí seguramente España es
uno de los países que en control de alimentos va a la cabeza en la
Unión Europea.
Pero remitiéndome al asunto, y no alargarme mucho, decía que estaba
de acuerdo con la filosofía y con alguna de las intervenciones que ha
tenido la diputada Ángeles Maestro, pero no podíamos estar de acuerdo
con el texto de la iniciativa que presenta. Por eso yo en repetidas
ocasiones le había trasladado la necesidad de que pudiéramos
presentar por parte del Grupo Popular una enmienda que hiciera
posible el consenso de todos los grupos parlamentarios con un único
fin, que no era otro que el conseguir la mejor situación, desde el
punto de vista económico y social, para aquellos afectados que, es
verdad, a pesar de las indemnizaciones que ha marcado el Tribunal
Supremo, no ven paliada una situación como la creada por la
intoxicación. Ninguna familia que haya perdido un ser querido puede
verse compensada con ninguna cantidad: ninguna persona que haya
tenido un daño grave a la salud puede ser compensada por ninguna
indemnización. Por tanto, no es esa la cuestión, sino cómo queda
desde el punto de vista social en un Estado social y de derecho que
tiene que defender a sus ciudadanos.
Por eso nosotros hemos presentado esta enmienda de sustitución, en la
que establecemos como primer punto que, lógicamente, hay que
continuar la labor prestada por el Ministerio de Justicia, acatar la
sentencia y cumplirla, como es lógico en todo Estado de derecho. Pero
si uno lee algunos de los puntos de la proposición no de ley
presentada por Izquierda Unida, a mí me parece que hay algunas cosas
que ponen un poco en tela de juicio lo que podía ser un Estado
constitucional o un Estado de derecho. En algunas cosas, seguramente
seguidas de una buena intención por parte de Izquierda Unida y de la
diputada (que conozco perfectamente todos sus desvelos por este
colectivo de ciudadanos), se pretende más o menos que los diferentes
poderes del Estado no lleven a cabo sus responsabilidades, y se da a
entender, si uno lee, por ejemplo, el apartado c) del primer punto de
la proposición no de ley, que no se cumpla la sentencia del Tribunal
Supremo sobre las indemnizaciones
y sobre cómo debe quedar la situación de estas personas.
Yo creo que se intenta introducir un mecanismo, no de enfrentamiento,
podría decir (no sé si está bien expresado por mi parte) que el Poder
Judicial haga una sentencia que el Legislativo, que somos nosotros en
esta Comisión, modifique y que el Poder Ejecutivo lleve a cabo una
cuestión que es distinta de lo dictaminado por el Tribunal Supremo.
Yo pienso que está hecho con buena intención, como decía antes, pero
socava un poco lo que podríamos llamar el Estado de derecho. Nosotros
creemos más ajustado a la realidad social, más ajustado a la realidad
del orden constitucional español la enmienda de modificación que
presentamos. Hay que pensar que de los cuatro puntos de que consta la
enmienda del Grupo Popular, el 1, el 3 y el 4, pueden ser motivo de
consenso, y podría ser que el 2 fuera un poco el punto de la
discusión para que la proponente lo aceptara.
Yo tengo que manifestar ante la Comisión que el Grupo Popular en el
Senado ha introducido este segundo punto mediante una enmienda a la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado; se
trata de una nueva disposición adicional a través de la cual se
estudian los casos que, como muy bien indica el texto, se encuentran
en situación de especial necesidad. Es decir, después de recibir las
indemnizaciones que ha marcado el Tribunal Supremo, se siguen
estudiando los casos de personas que estén en especial necesidad y
que, a través de los informes que se den, no solamente por los
médicos forenses, sino por los organismos dependientes del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, puedan tener una ayuda aquellas
personas que lo necesiten.
Por eso nosotros, en aras del consenso, que ha sido una de las
máximas que ha guiado a esta Comisión a lo largo de anteriores
legislaturas sobre este tema, solicitamos a Izquierda Unida que
acepte nuestra enmienda de modificación, teniendo en cuanta que,
además, aunque no la aceptara (y entraríamos aquí en una votación a
favor o en contra), este punto número 2 de la enmienda de
modificación del Grupo Popular ya está aprobado en la Ley de
Presupuestos para el año 2000.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Señorías, estamos una vez más ante,
esperemos, el último capítulo de lo que podríamos llamar una
lamentable historia interminable, y como quiera que debe de haber
material suficiente en el «Diario de Sesiones» como para ocupar
varios volúmenes, varios tomos en cualquier estantería, no reiteraré,
como tampoco lo han hecho los portavoces anteriores, ningún dato de
los capítulos primeros, medios o siguientes que se han escrito a lo
largo de estos 18 años. De una vez por todas, por respeto a tanto
sufrimiento como ha provocado esta historia, vamos a intentar acordar
al menos el capítulo que ponga fin a la zozobra, a la incertidumbre,
a la situación creada como consecuencia de la ejecución de la
sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del pasado 26 de
septiembre de 1997.
En efecto, señorías, tras los avatares de todos conocidos, la
sentencia condena al Estado como responsable civil subsidiario al
pago de las indemnizaciones establecidas por la Audiencia Nacional.
El Gobierno, en Consejo de Ministros de 26 de febrero de1999, aprobó
el Real Decreto-ley 3/1999 sobre el pago de dicha sentencia. Y
posteriormente, la Cámara en Pleno convalida este real decreto el 18
de marzo de 1999, y el ministro de Economía afirma en dicho Pleno que
el Gobierno ha puesto en marcha ya las medidas, los medios técnicos y
humanos necesarios, tanto en la Audiencia Nacional como en la Oficina
del Síndrome Tóxico, para resolver los expedientes, expedientes que
superan más allá de los 20.000. Esta convalidación fue apoyada, como
no podía ser de otra manera, por todos los grupos. No obstante,
quiero recordar que ya entonces el portavoz socialista manifestaba
las grandes preocupaciones, en resumen: cuánto tiempo se va a tardar,
qué va a pasar con las prestaciones que ya estaban percibiendo los
afectados, qué iba a pasar para determinar las cuantías exactas, qué
cantidades iban a ser reducidas y por qué conceptos, y sobre todo
quién iba a cuantificar todo aquello. Estas preocupaciones fueron
desgraciadamente premoniciones, y fueron compartidas, además de por
el resto de los grupos, por los afectados, que inmediatamente
empezaron a sufrir el desencanto, el desconcierto, la frustración, la
angustia de ver cómo se quedaban en ocasiones sin ningún tipo de
prestación.
Mi grupo parlamentario, al igual que los demás, incluido también el
grupo del Gobierno, recibimos a los afectados. Sus quejas eran una
vez más el incumplimiento, la desatención, la desorganización, y
sobre todo la gran expectación y duda sobre quién y cómo iban a
deducir los conceptos deducibles de las indemnizaciones y por qué, y
sobre todo cómo iban a quedar.
Quiero a recordar aquí que hubo una reunión el 21 de junio de 1999,
convocada por el señor presidente de esta Comisión y los portavoces,
a la que acudí en nombre de mi grupo, y recogí, en resumen,
literalmente tres punto a los que nos comprometimos; bien es cierto
que no había un diario de sesiones y que fue un compromiso verbal,
pero ciertamente formal, aunque informal en las formas. La primera
cuestión era la solicitud de disponer de un famoso informe al que
permanentemente se referían los afectados. Decían que había un
informe en el que se estaban cuantificando las cantidades deducibles,
en el que se estaba viendo caso por caso, y el señor presidente se
comprometió a solicitar dicho informe. El segundo punto era plantear,
junto a la Comisión de Política Social, una interpretación de dicho
informe para ver la compatibilización de la sentencia con las
conclusiones de la ponencia del síndrome tóxico aprobada por
unanimidad en esta Comisión, y que en el punto 1.5 de sus
conclusiones dice que se mantendrá el sistema actual de protección
social y económica. La tercera cuestión que acordamos fue que si a la
vista de lo anterior fuera necesario, trataríamos de hacer una
iniciativa legislativa que modificase el Real Decreto 2448/1981, de
19 de octubre, de protección a los afectados del síndrome tóxico,
porque el gran problema que se planteaba al hacer una aplicación
literal de la sentencia, por poner un ejemplo (ya lo ha dicho también
la señora Maestro), era que, ante una indemnización de 20 millones,
de 8 millones o de 5 millones, las deducciones podrían alcanzar
prácticamente el 90 por ciento
de la indemnización percibida y además se quedaban sin derecho a
ninguna pensión.
Todos los asistentes a dicha reunión acordamos resolver este gran
problema. Todos los asistentes acordamos no remover más la historia
ni hablar de culpabilidades, sino asumir el papel que tenemos como
diputados para resolver y dar una respuesta favorable o positiva de
una vez por todas a la problemática que todavía colea
desgraciadamente para este gran colectivo.
Pues bien, señorías, precisamente de acuerdo con ello, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado en el reciente debate de los
Presupuestos Generales del Estado una enmienda a la ley de
acompañamiento, enmienda que tenía dos puntos importantes, porque no
vale de nada poner aquí muchas palabras, si no atajamos de fondo la
modificación del decreto famoso del año 1981 en el que se decía que
las prestaciones y ayudas económicas sería deducibles de las posibles
indemnizaciones. Lo que planteábamos era modificar ese decreto y
lógicamente también hacer una dotación presupuestaria que pudiera
resolver esa situación.
Esa enmienda no pasó el trámite de Comisión, fue rechazada, tanto por
el grupo mayoritario del Gobierno como por sus socios; fue rechazada
igualmente en el Senado, a pesar de que ha habido otra posibilidad de
poner fin a esta dolorosa historia; y por tanto hoy no nos queda otra
cosa que decirles que aún tenemos una última oportunidad en el debate
de la próxima semana para la aprobación definitiva de los
presupuestos. Entre tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley
que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida, que nos parece
importante, si bien puede ser más testimonial que otra cosa, porque
si no hay voluntad política de modificación de aquel famoso decreto y
si no hay dotación presupuestaria, nuevamente será un canto al sol.
Podemos resolver de una vez por todas este asunto, señorías. El
problema económico que supone es nimio, comparado con los beneficios
escandalosos que afectan a otros colectivos. No se pueden aducir
razones económicas en unos años de prosperidad, nadie puede creerlo.
Nosotros saludamos, por tanto, la presentación de esta proposición no
de ley, y la vamos a apoyar. No obstante sería bueno también que, en
ese afán que tiene el grupo mayoritario de Gobierno, del que no
dudamos, de resolver también este tema, realmente fuera a la raíz y
propusiéramos la modificación de aquel famoso decreto. Porque el
objetivo, ¿cuál es? Es desbloquear de una vez por todas este problema
y acabar con el sufrimiento añadido que estamos produciendo; y lo
estamos produciendo nosotros, señorías. Nadie puede decir que hay una
sentencia que obliga al Gobierno, y por lo tanto el Gobierno tiene
que cumplirla literalmente, nadie puede decir sólo eso. Claro que se
puede decir eso, pero hemos de recordar también que las leyes se
hacen en esta Cámara y que en ella se pueden modificar. Si en su
momento, en el año 1981, hubo un decreto que decía lo que decía, hoy
a la vista de las conclusiones aprobadas por la ponencia del síndrome
tóxico, que decía textualmente que se mantendría la cobertura
económica dijera lo que dijera la sentencia, así como la cobertura
económica, y no pudiendo ir en contra de la sentencia, sí podemos
modificar aquella ley. Aquella ley y aquel decreto de ley se hicieron
en esta Cámara, y aquí podemos y debemos modificarlo. Porlo tanto,
señorías, tenemos la oportunidad de ponerle fin de
una vez por todas. Reiteramos que se puede modificar, se debe
modificar y ha sido posible en el Senado en el trámite de las
modificaciones que se podían producir en la Ley de acompañamiento
-nosotros presentamos esa enmienda-; se puede retomar la semana que
viene y se puede y se debe modificar aquel famoso decreto de 1981.
Sencillamente donde decía serán reembolsables debe decir no se
reembolsarán, y donde decía que esto no se puede hacer sin una
partida presupuestaria, pongamos la partida presupuestaria
correspondiente y asumamos las conclusiones aprobadas por todos en el
punto 1.5 de la ponencia del síndrome tóxico, por dos razones
fundamentales, pero sobre todo por una. Las dos serían: una, por
resolver de una vez por todas esta situación de tanto sufrimiento; y,
otra, por recuperar la credibilidad de la clase política, porque, si
no, permanentemente estaremos engañando, recibiendo a los afectados,
poniendo buena cara, diciendo: no os preocupéis, dando palmaditas,
pero la realidad es que nosotros no podemos escudarnos en que hay una
sentencia que nos obliga a cumplir un decreto de 1981, cuando
realmente aquí, hoy o la semana que viene podemos volver a
modificarlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERAI BEN: La proposición no de ley que presenta Izquierda
Unida es, sin duda, sensible a un problema de un colectivo de
personas que hace casi veinte años sufrió las consecuencias de lo que
se ha venido a llamar el síndrome tóxico. Nadie cuestiona, creo yo
-se ha visto en estas intervenciones-, la importancia del tema.
Quisiera recordar que fue precisamente el diputado de Convergència
i Unió, Rafael Hinojosa, quien en junio de 1994 presentó una
proposición no de ley ante la Comisión de Sanidad y Consumo para que
se creara una ponencia en el seno de dicha Comisión que efectuara el
seguimiento de los compromisos que el Gobierno, entonces socialista,
había adoptado en acuerdo de Pleno del año 1984, y le instaba para
que adoptara nuevas medidas que aportaran una solución definitiva a
los diferentes problemas que denunciaban los afectados por el
síndrome. El informe de los trabajos y conclusiones de la ponencia
fue aprobado el 13 de septiembre de 1995. Alguno de los ponentes del
informe son hoy también portavoces de esta Comisión, es el caso de
usted mismo, señora Maestro, por el Grupo de Izquierda Unida; del
señor Villalón, por el Grupo Popular; y la señora Amador asumió
entonces su compromiso como ministra de Sanidad. Por tanto, no es
ninguna novedad que periódicamente esta Comisión se replantee la
problemática de los afectados del síndrome tóxico, se ocupe y
preocupe del grado de cumplimiento de los diversos compromisos que
los sucesivos gobiernos han adoptado, y que se preocupe y ocupe de
cómo han evolucionado a lo largo de los años las personas que aún son
víctimas del síndrome.
Efectivamente, tal y como recoge la proposición que debatimos, desde
el mes de mayo de 1981, cuando se empezaron a conocer los primeros
casos del síndrome tóxico, han transcurrido más de 18 años. La
problemática fue y es sin duda compleja, tanto por el número inicial
de afectados como por la diversidad de situaciones de los mismos. A
pesar de todas las dificultades y admitiendo que a veces en
este largo período de tiempo la Administración no ha podido o no ha
sabido actuar con mayor diligencia para que los afectados se
sintieran razonablemente atendidos y satisfechos en sus demandas,
sería injusto no reconocer que ha habido, antes y ahora, voluntad y
compromiso político de atender y garantizar los derechos de los
afectados. Además, siempre se ha procurado buscar en este tema el
consenso de todas las fuerzas políticas, y lo ha habido
mayoritariamente. Piensa mi grupo que en temas de esta índole lo
único sensato es seguir por el mismo camino. Por consiguiente, el
Grupo de Convergència i Unió, cree que hoy, en la que es la última
sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo de esta legislatura,
deberíamos ser capaces de consensuar también el texto de una
proposición no de ley, que sigue en la línea de lo que en este breve
resumen he procurado exponer: evidenciar que el Congreso de los
Diputados sigue preocupándose y ocupándose de las personas afectadas
por el síndrome del aceite tóxico.
No voy a entrar a discutir punto por punto ni la propuesta de
Izquierda Unida ni la enmienda que a ella ha presentado el Grupo
Popular, ni las consideraciones que la portavoz del Grupo Socialista
ha manifestado, porque, con toda sinceridad y además con mucho
orgullo, puedo decir que en todas y cada una de estas intervenciones
hay más puntos que comparto que de los que discrepo. Lo que pasa es
que, hecha esta exposición y llegado, en cierta manera, a un amplio
consenso de lo que debería ser, nos hace falta que demos el paso para
hacerlo posible. Pienso, señor Villalón, que usted como representante
del Grupo del Gobierno, ante esta enmienda que presenta y que
contempla cuatro puntos, que según mi grupo parlamentario son
razonables, aunque quizás el punto 2 es el de la discordia, podría
llegar a un acuerdo, puesto que disponemos del tiempo de esta sesión
de la Comisión para ello. El punto número 2 quizás sería el que, con
matizaciones o con precisiones, podría ser objeto al final de un
acuerdo. En nombre de mi grupo estoy por la labor. Desearía de verdad
que, aunque estamos al final de la legislatura, y cada uno está
intentando arrimar legítimamente el ascua a su sardina, los afectados
del síndrome tóxico no fuesen motivo de que rompiésemos una política
de consenso, de aunar esfuerzos, como ha existido en este tema
durante un largo período. Comparto lo que ahora a manera de resumen
exponía doña Blanca acerca de esas indemnizaciones. Si a familias o
personas que pueden verse con muy pocos recursos les son detraídas de
las indemnizaciones el tiempo que les quede de vida -cada caso debe
ser un mundo particular- a lo mejor se van a ver abocados en los
últimos años de su vida (encima de que han sufrido un problema
complejo) a tener que sobrevivir con muy pocos recursos. Estoy
convencida de que nadie lo desea, y su grupo, su Gobierno, señor
Villalón, tampoco. Yusted intenta solucionar este problema con el
punto número 2, entiendo yo, cuando ustedes plantean estudiar la
situación de los afectados por el síndrome del aceite y establecer
una cobertura económica y social para aquellos que, tras recibir el
importe determinado por la sentencia, se encuentren en una situación
de especial necesidad. Yo no creo en la política del café para todos,
porque a veces es muy injusto tratar a todos igual, cuando las
necesidades son desiguales. En este criterio y en este ánimo, pienso
que podríamos encontrar aún el consenso. Ésta es la posición de mi
grupo.
El señor PRESIDENTE: A los exclusivos efectos de aceptar o rechazar
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: La intervención de la señora Riera pretende
buscar el consenso y mantener el interrogante. No obstante, en este
momento yo quiero indicar que entiendo que la enmienda del Grupo
Popular presentada a mi proposición no de ley no es mucho más que un
brindis al sol o, como mucho, situar en el ámbito de la caridad a los
que se encuentren en situación especial de sanidad, lo que desde mi
punto de vista se inscribe en el ámbito estricto del derecho. Nunca
he despreciado, en relación con la intervención del señor Villalón,
el derecho a la desobediencia civil como un derecho democrático. No
obstante, el planteamiento que yo hacía en el punto 1c) no se refería
a la desobediencia a la sentencia de los tribunales, sino
precisamente a que el Gobierno tomara las medidas legales para que
esa sentencia no chocara con lo que en el sentido natural de la
justicia y de la legitimidad tiene cualquier persona.
Por lo tanto, señor Villalón -a la espera de que pueda haber alguna
otra enmienda transaccional, porque en estos momentos desconozco si
hay voluntad de su grupo de plantearla, y mucho menos en qué
términos-, con todo dolor de corazón, rechazo la enmienda, con el
convencimiento de que se acaba la legislatura, pero no se acaba el
problema. Si éste es de la envergadura que aquí tratamos,
probablemente la Comisión de Sanidad de la próxima legislatura y el
Gobierno de turno que surja tras las próximas elecciones generales
tendrá que hacer frente a las legítimas demandas de este colectivo y
a las movilizaciones que, para ejercer derechos ciudadanos no
reconocidos por cámaras como ésta, puedan plantearse en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE QUE SE IMPULSEN PAUTAS QUE REGULEN
LAPUBLICIDAD QUE PUEDA PERJUDICAR A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
NATURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001598.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto: proposición no de ley
relativa a la necesidad de que se impulsen pautas que regulen la
publicidad que pueda perjudicar a los productos alimenticios
naturales, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, y para su
presentación tiene la palabra la señora Pin Arboledas.
La señora PIN ARBOLEDAS: Quiero comenzar mi intervención recordando a
SS.SS. que el día 9 de marzo de 1999, el Grupo Socialista en el
Congreso presentó una proposición no de ley en esta Comisión de
Sanidad y Consumo, defendida por su portavoz don Jaime Blanco,
instando al Gobierno a que en beneficio de los consumidores y a
través, lógicamente, del Instituto Nacional de Consumo, se tomaran
medidas oportunas para que, tanto las industrias químicas como las
agencias publicitarias, incurriesen en publicidad engañosa a la hora
de promocionar productos de limpieza. Dicha proposición fue rechazada
con los votos en contra de tres grupos parlamentarios presentes en
esta Comisión (Coalición Canaria, Convergència i Unió y el Grupo
Popular). Posteriormente, y exactamente nueve meses más tarde de esta
primera proposición rechazada, el Grupo Socialista vuelve a presentar
en esta Comisión una proposición no de ley solicitando como una
necesidad el que se impulsen pautas que regulen la publicidad que
pueda perjudicar a los productos no transformados. Es evidente que
todas aquellas causas que alegaron los grupos parlamentarios para
justificar el rechazo a la proposición no de ley no se cumplen en
esta circunstancia, aunque existan organismos adecuados para hacer
estas reclamaciones, como la Asociación de autocontrol de publicidad,
las asociaciones de consumidores y usuarios y sobre todo el Instituto
de Consumo.
Nos hemos encontrado a principios de verano una campaña publicitaria
realizada por una empresa láctea para promocionar los yogures con
fruta, que supone un menosprecio directo o indirecto a la fruta
fresca y a la dieta mediterránea; además ha servido para suscitar una
agria polémica que enfrenta al sector hortofrutícola español que se
dedica al cultivo y a la comercialización de la fruta fresca.
Tuvieron que abrir camino para presentar demandas contra la empresa
que realizaba dicho anuncio, porque entendían que se había
desprestigiado la fruta fresca, porque un vendedor de fruta fresca,
desesperado ante el éxito y las bondades de los yogures enriquecidos
con fruta, se ve obligado a cerrar su establecimiento para
convertirse en un próspero peluquero. Por tanto, señorías, eso parece
una cuestión menor, pero va creciendo poco a poco. Con esta
proposición no de ley se pretende dar una llamada de atención a la
Administración, y en este caso al Gobierno, para que en el ámbito de
la publicidad de productos alimenticios impulse pautas de
autorregulación, al efecto de que se establezca en la comparativa
aspectos positivos y no aspectos negativos.
Señorías, en Europa sólo está permitida la publicidad comparativa,
siempre y cuando los argumentos que utilicen sean verídicos. Por
tanto, no se pueden usar estrategias que vulneren negativamente otros
productos, intentando desprestigiar con connotaciones falsas, incluso
dañando así la bonanza de otros productos naturales a la hora de
controlar los campos en que se está induciendo a los ciudadanos y
ciudadanas a comprar el producto que cada uno está promocionando, lo
que es legítimo, pero sin inducir a temores o desinformación. No se
les oculta a SS.SS. cuánta población vive en nuestro país de
actividades relacionadas con la fruta fresca; ella merece que desde
esta Cámara se garantice la lealtad de la publicidad de la emisión de
mensajes directos o indirectos de carácter negativo. Por eso,
solicito su apoyo parlamentario a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: El secretario de la Comisión y su letrado
es testigo de los esfuerzos que Coalición Canaria hiciera al
principio de la legislatura para solicitar la colaboración de la Real
Academia Española de la Lengua para los textos legislativos, tanto
fuesen resoluciones en el Pleno como propuestas o iniciativas en
comisiones.
El Grupo Socialista presenta hoy cuatro iniciativas muy interesantes,
y que yo creo que se podrían aprobar con determinadas enmiendas, pero
por más que leo la que nos ocupa en este momento, encuentro que si
existiese aquella Codorniz, iría a la cárcel de papel. Si la vemos
desde el aspecto formal, al leer el primer párrafo de motivación
observamos: la campaña publicitaria realiza por una empresa; será:
que se realiza. Después dice otro párrafo: la Ley general de
publicidad dice..., y lo dice la Ley de Defensa, y lo dice también;
tres veces dice; no tiene importancia, pero lo que sí la tiene es que
se hable nada menos que del sector de productos en singular y luego
el verbo lo ponen en plural; dejemos eso a un lado. Pero ya es una
contradicción cuando afirma que todo el apoyo al sector
hortofrurtícola no sirve para nada, si no se protege la publicidad
engañosa, será si no se lucha contra la publicidad engañosa. (Risas.)
Yo estoy seguro que ninguno de los estimados diputados y diputadas
del Grupo Socialista han sido autores de este bodrio literario. Pero
como éste no es el objeto que se pretende, también quiero decir que
en la cuestión de fondo, en lo referente a la cuestión que se
pretende, que es nada menos que se impulsen pautas de autoregulación
pasa que se establezcan en la comparativa; será en la publicidad
comparativa, porque qué es eso de la comparativa, la comparativa no
es nada, es un adjetivo, debe ser publicidad comparativa.
Total, porque es un tema que ya está regulado por las directivas
europeas, ya tiene una legislación concreta que fue asumida por el
Gobierno español, existen los órganos adecuados de instancias,
órganos especializados y encima existe también la puerta abierta ante
los tribunales para todas aquellas personas que se consideren con el
derecho para el ejercicio de sus acciones legales, por ello,
nosotros, lamentablemente, vamos a votar negativamente esta
proposición no de ley, digna por su desacertada redacción de ir a la
cárcel papirofléxica. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència y
Unió, tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Intervendré con mucha brevedad para
posicionar a mi grupo parlamentario en esta iniciativa.
Señorías, nuestro voto será negativo, pues, aun creyendo que esta
proposición tiene como objetivo el de proteger a los consumidores (y
en esta Comisión hemos elaborado varias proposiciones sobre este
tema; no olvidemos las dietas o productos milagro, de los que
estuvimos hablando largamente para proteger a todos los consumidores
de una enfermedad tan recalcitante como lo la anorexia y la bulimia),
tenemos en cuenta que las normativas en materia de etiquetado,
publicidad y presentación están dictadas por la Unión Europea.
Siguiendo esta coherencia y siendo serios con la realidad, debemos
tener en cuenta que esta campaña publicitaria se ha retirado, se
retiró en su día por encontrarla
inadecuada. Con lo cual creemos que todo el funcionamiento legal
vigente, no solamente se está aplicando, sino que está funcionando
correctamente. Pero no sólo el problema en este tipo de publicidad
está en la protección de los productores de fruta de nuestro país,
sino que hay que proteger en esta Comisión a los consumidores, no
solamente porque muchos alimentos hay que protegerlos de los
nutrientes que llevan, sino porque ustedes también recordarán que hay
mucha publicidad que a veces atenta contra los derechos de la mujer o
contra los derechos de personas de otras razas o culturas.
En este Parlamento ha entrado un proyecto de ley para modificación de
la Ley 34/1988, de11 de noviembre, general de la publicidad, que
estará en línea de aplicar las directrices marcadas por la Unión
Europea. Creemos, señorías, señor presidente, que es en este marco,
en el del proyecto de ley, donde los grupos que crean tener
iniciativas o que quieran enmendar deben hacerlo. Por este motivo,
nuestro grupo parlamentario votará en contra a esta proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Intervendré con toda brevedad. Compartiendo
lo que con tanto sentido del humor manifestaba el portavoz del Grupo
de Coalición Canaria, y no obstante, deduciendo la intención que
sobre todo se refleja en la parte propositiva de la iniciativa
parlamentaria, mi grupo parlamentario la va a apoyar.
Es evidente que en materia de publicidad, entre otras sobre
alimentos, hay una alta dosis de publicidad engañosa o subliminal que
contribuye a desinformar a la población y a deseducar o a limitar la
educación sanitaria en aspectos tan fundamentales como es la
alimentación, lo que además se ve agravado por la dejación de
responsabilidades de la propia Administración sanitaria en lo que
educación para la salud en materia de alimentación se refiere y
atenta contra uno de los factores naturales que en nuestro país
ejerce una influencia favorable y de protección contra las
principales causas de muerte, como es una dieta mediterránea, en la
que las frutas, las verduras, los alimentos naturales forman todavía
una proporción importante. Por lo tanto, entendiendo que es una
proposición no de ley, que es la manifestación de la intención por
parte del Congreso de los Diputados, que en este caso representa esta
Comisión de Sanidad, y compartiendo el fondo de la preocupación que
en esta iniciativa parlamentaria se plantea, mi grupo parlamentario
la apoyará.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, la base de esta proposición no de
ley es un anuncio publicitario, que tuvimos la ocasión de ver en
algunas televisiones de este país. Si tuviéramos que valorar la
presentación de este texto habría que decir, siguiendo ese símil
televisivo, que hemos asistido a una proposición no de ley que tal
vez esté codificada porque no acabamos de entender exactamente qué es
lo que quiere decir. Es muy complicado entender que en dieciocho
líneas de exposición y seis de proposición no acabemos de saber
exactamente qué es lo que quiere proponer el Grupo Parlamentario
Socialista. No sabemos si quiere promover una nueva autorregulación
en este país, con lo cual evidentemente tendríamos que hablar de
instar a los agentes económicos y no al Gobierno; porque la
autorregulación, como su nombre indica, es a instancia de los agentes
interesados, y el Gobierno puede mantener su respaldo, y lo mantiene,
a cuantas iniciativas se planteen en este término; pero cómo va a
impulsar el Gobierno a la autorregulación. Si es autorregulación, el
Gobierno no tendrá más que respaldar lo que los propios agentes
hagan; si no, será regulación, que sólo se puede hacer a través de
una normativa, sea ésta de rango legal o no. No pretenderá que el
Gobierno dé consejos, instrucciones, pautas o recomendaciones; el
Gobierno lo que tiene que hacer es normativizar, legislar y
respaldar, en todo caso, cuantas iniciativas, como en este caso,
estén en marcha por parte de los agentes económicos. No sabemos si su
objetivo es criticar o limitar la publicidad comparativa, no sabemos
si pretenden un código propio para productos alimenticios, ya que
parece que no les gusta el que existe a nivel general. No sabemos si,
al final, el objetivo último es defender la fruta fresca, cosa que
evidentemente compartimos, la fresca y la otra, porque, a nosotros no
nos genera tampoco ningún problema. En todo caso, el Gobierno ya ha
impulsado la autorregulación en este país. El Instituto Nacional de
Consumo hace mucho tiempo que firmó un acuerdo con la Asociación de
autocontrol de la publicidad; el acuerdo que ha dado lugar, entre
otras cosas, a que se retirara ese anuncio televisivo. Y por lo
tanto, como su nombre indica, la autorregulación, que es a instancia
de agentes interesados, está funcionando en este país, y lo está
haciendo adecuadamente, y afortunadamente cada vez mejor. Hace muy
pocos días ese código de autorregulación ha dado lugar a que se
retire, por ejemplo, de Internet un anuncio que también hacía
publicidad engañosa de un conocido adelgazante.
El resultado de la ausencia de la prevención, en este caso de la
autorregulación, es la existencia posible y nunca predecible del todo
de acciones publicitarias cuestionables o incluso rechazables, y ahí
es donde esta Comisión y S.S. deberían hacerse la siguiente pregunta
¿Está nuestra legislación suficientemente facultada para evitar
prácticas reputadas de engañosas o desleales (que son lo que parece
que debe preocupar a esta Comisión), sean estas en publicidad
comparativa o no lo sean? La respuesta desde mi grupo parlamentario
es que sí, que nuestra legislación actual (por cierto, muy avanzada
en esta materia desde que se implantó la Ley general de publicidad, y
sobre todo para nuestra legislación futura, una vez que este Gobierno
ha traído a esta Cámara el proyecto de ley de modificación de la Ley
34, de 11 de noviembre, general de publicidad, precisamente para
adaptarnos aún mejor a las directivas comunitarias en esta materia)
está perfectamente acomodada a las disposiciones en esta materia en
el ámbito europeo. Porque, señorías, los límites de la publicidad
comparativa están perfectamente definidos en las normas nacionales y
de la Unión Europea. ¿Y qué significa lo que ustedes proponen en la
proposición de que en la publicidad comparativa se establezcan
solamente aspectos positivos y no negativos? ¿Por
qué no negativos, si realmente la información suministrada responde a
la verdad? Yo creo que la clave en el tema de la publicidad y de la
protección de los consumidores está en la veracidad, no está en la
comodidad o incomodidad que para algunos pueda suponer que sus
defectos se aireen por parte de la competencia. Está en que lo que se
diga sea exacto y responda a la verdad. Y, por lo tanto, habrá que
evitar la publicidad ilícita, la publicidad engañosa, la publicidad
denigratoria, pero con datos que sean veraces. ¿Por qué vamos a tener
que suprimirlos según la propuesta de SS.SS.? El consumidor tendrá
derecho a conocer los aspectos negativos de algunos productos, si los
tienen, aunque sean solamente negativos desde el punto de vista de la
comparación y no negativos objetivamente hablando. Esto es así, si
defendemos el principio de soberanía del consumidor; si defendemos
los intereses particulares o privados de algunos, será otra cuestión.
De su proposición, lo que sí parece deducirse en esa farragosa
redacción, que ya se ha puesto de manifiesto por otros portavoces, es
que a S.S. no le gusta la publicidad comparativa, ni la regulación
que sobre esa publicidad existe en España ni en la Unión Europea.
Porque no pensará usted que un anunciante va a recurrir a la
publicidad para poner de manifiesto no sólo sus potenciales
beneficios como producto, sino también los de los competidores, es
decir, publicidad positiva; indicará: lo suyo es muy bueno, pero lo
mío es todavía mejor. Yo creo que comparar aspectos positivos resulta
francamente incompatible con la idea de publicidad.
Todos tenemos -voy acabando, señor presidente- que estar de acuerdo
en que la publicidad comparativa es una técnica publicitaria en sí
misma perfectamente aceptable, perfectamente admisible y que sus
límites están marcados por los preceptos legales que establecen
claramente los requisitos que ha de reunir. Y cualquier otro aspecto
que a usted no le guste no encuentra ni apoyatura legal en España ni
apoyatura legal en la Unión Europea ni, por supuesto, va a encontrar
el respaldo de mi grupo parlamentario. De la enorme confusión de su
proposición no de ley se puede deducir, como ha hecho algún grupo,
alguna voluntad o alguna intención de preocupación de algún problema.
Yo creo que busca prohibir, mediante el autocontrol, lo que la ley
permite explícitamente. Como no puede hacerlo directamente con los
agentes económicos, le pide al Gobierno que se inmiscuya en algo que
se refiere exactamente al autocontrol.
Señorías, como ya ha dicho la portavoz del Grupo de Convergència i
Unió, en esta Cámara hay un proyecto de ley, que este Gobierno ha
presentado, que delimita exactamente cuáles son los requisitos para
que la comparación en publicidad esté permitida; esos requisitos son
exactamente los que nos impone la Unión Europea. En ese sentido, no
sólo su proposición no de ley denota desde luego muy poca
preocupación por la solidez de sus argumentos, y mucha menos por la
gramática y la sintaxis, sino que además es absolutamente carente de
fundamento, una vez que estamos ya en un proceso de discusión sobre
un ámbito mucho más relevante, como es el de la defensa de nuestra
legislación sobre publicidad, acorde con la normativa europea.
No sé si por precipitación, por falta de entidad de la proposición no
de ley o por la ausencia de objetivos claros
-porque el idioma desde luego no tiene la culpa de lo que ustedes han
presentado- su proposición no de ley no puede en absoluto contar con
nuestro respaldo. Pero, desde luego, si al final de lo que se trata
simplemente es de defender la fruta fresca, que quede claro que este
Gobierno, y exactamente su Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha desarrollado notabilísimas acciones en esta materia,
no sólo con respaldo desde el punto de vista económico, desde el
punto de vista de la colaboración profesional e institucional, de la
promoción en los colegios y en el ámbito educativo, de la
comunicación con los agentes económicos afectados y sobre todo con la
proyección internacional cada día mayor de esos productos.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo tampoco va a apoyar
esta proposición.
- RELATIVAA LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN YAPOYO A LA LACTANCIA MATERNA,
CON ESPECIALATENCIÓN A LA INICIATIVA HOSPITALAMIGO DE LOS NIÑOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001697.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no
de ley relativa a la protección, promoción y apoyo a la lactancia
materna, con especial atención a la iniciativa Hospital Amigo de los
Niños, proposición que ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario
Socialista, y para cuya defensa tiene la palabra la señora García
Linares.
La señora GARCÍA LINARES: Señorías, la proposición no de ley que
debatimos en este momento y que defiendo, efectivamente en nombre del
Grupo Socialista, aborda una cuestión que en muchos momentos ha
suscitado indudable polémica y en ocasiones ha sido utilizada en
función de intereses determinados. En los últimos tiempos ha sido
objeto de debate asimismo en varios de los parlamentos autonómicos de
este país, así como de una declaración institucional del pleno de la
junta general del principado de Asturias el 19 de noviembre de 1999
en apoyo de la lactancia materna. Durante determinado momento se
utilizó el argumento de la lactancia para potenciar postulados
conservadores que escondían la intención de limitar el potencial
femenino al entorno del hogar, importante, sin duda, pero que no es
el debate en este momento. Las mujeres españolas sufrimos más, si
cabe, esta situación por las consecuencias del conservadurismo atroz
que conllevó la larga dictadura, por lo que los años siguientes
fueron una reacción tan contraria a todo lo que nos había reprimido y
condicionado que realmente nos ha costado de forma especial
comprender y hacer comprender una cuestión que en el resto de Europa,
y sobre todo en los países socialmente más avanzados, se había
superado desde hacía tiempo. Las multinacionales dedicadas a la
fabricación de leches artificiales aprovecharon la coyuntura para
asentarse definitivamente en el mercado. Todo ello unido a las
consecuencias que se derivan de la industrialización provocó que
durante mucho tiempo la lactancia materna se circunscribiera a
determinados ámbitos.
Hoy las mujeres saben que la lactancia es un derecho, su derecho. Un
derecho productivo y tan socialmente significativo que no pueden
ejercer otros seres humanos. Y esa función debe considerarse de forma
que las condiciones para que una mujer pueda amamantar a sus hijos, a
sus hijas sean las óptimas, y sin el tremendo esfuerzo que
actualmente han de soportar muchas mujeres. Hoy en día,
aproximadamente el 80 por ciento de las mujeres que salen de una
maternidad dan el pecho a sus hijos; a los cuatro o seis meses sólo
el 22 por ciento. ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Es
evidente que no se aplican los medios adecuados. No existe la
información precisa para que las mujeres puedan ejercer su derecho;
no es ético y además es falso plantear la lactancia como algo
retrógrado que limita el desarrollo de las mujeres. ¿Se puede
considerar retrógrado que los países socialmente más avanzados, donde
la igualdad entre sexos es más evidente, y eso sí, con mayores
inversiones en salud pública, sean los que gozan de un mayor
porcentaje de lactancia materna? Por ejemplo, Suecia, tiene más del
60 por ciento de mujeres que lactan a los seis meses, y en el mismo
caso Finlandia, Dinamarca o Noruega. Y fíjense qué dato tan
significativo: existe un enorme descenso del absentismo laboral de
mujeres entre las madres lactantes. Es un dato de la Organización
Mundial de la Salud, que se encuentra recogido en el informe oficial
de Unicef relativa a la iniciativa Hospital Amigo de los Niños. Aun
así, la mayoría de las mujeres españolas desconoce que tiene derecho
a una hora diaria para amamantar. Realmente este tiempo legal resulta
casi irrisorio, sobre todo en una gran ciudad, y creemos que es
susceptible de revisión y ampliación. Lo cierto es que al parecer
este tiempo sólo tiene sentido si se respeta una normativa no
derogada, por cierto del año 1946, en la que, siguiendo directrices
de la OIT, se recomendaba la necesidad de crear guarderías en
empresas de más de 25 trabajadoras. Evidentemente una normativa que
no se cumple hoy día, aunque, por ejemplo, sí existían empresas que
lo hacían a principio de siglo. Pues bien, este tipo de apoyos, que
naturalmente debería propiciar el Estado, se hace imprescindible para
que la legislación actual sea lógica; de lo contrario, estamos
cercenando y gravando la libertad de las mujeres para ejercer este
derecho.
Es evidente que a muchas de SS.SS. masculinas no les interesa
demasiado el tema de la lactancia, lo cual es comprensible, pero, en
fin, sigo. Lo evidente es que falta información; pero además de
incidir y mencionar en especial los perjuicios que acarrea la falsa o
distorsionada información, se hace absolutamente necesario que se
vigile y se haga respetar de forma total la legislación, por cierto,
tan clara y concisa, como incumplida a veces, sobre comercialización
de alimentos infantiles, con singular importancia en defensa de la
lactancia natural.
Voy a intentar hacer historia muy rápidamente. Las primeras medidas
internacionales para proteger a una madre que amamante en el comercio
y la industria fueron adoptadas por la OIT en 1919 y revisadas en
1952. Años más tarde, en 1989, nos encontramos con la convención
sobre los derechos del niño, ratificada por España en 1990. Por otra
parte están: la declaración conjunta de la OMS y Unicef (Protección,
promoción y apoyo a la lactancia natural), la Declaración Innocenti 1990
refrendada en 1990 por la 49
Asamblea de la OMS y, por último, el Plan de acción de la cumbre en
favor de la infancia fundada en 1990. Pero hay más argumentos que
justifica la aprobación de esta proposición no de ley, porque habría
que hablar, por un lado, de los beneficios económicos -detallados con
datos muy concretos en el informe de la iniciativa Hospital Amigo de
los Niños y Unicef- que supone para un país globalmente y para cada
una de las familias y, por otro, de los efectos sanitarios de la
lactancia materna. Estudios realizados en los cinco últimos años en
países industrializados reflejan claramente que reduce el riesgo de
mortalidad infantil, muerte súbita, de morbilidad por infección,
potencia la inmunidad, reduce las enfermedades alérgicas, reduce en
la madre el riesgo de cáncer de mama y de ovario, reduce el riesgo de
enfermedad autoinmune; se podrían añadir una serie de beneficios
sugeridos que requerirían, en todo caso, mayor comprobación, y en
ello está la comunidad científica. Naturalmente todos estos estudios
están comprobados y avalados por Unicef, y sus referencias están al
alcance de las señorías que estén interesadas en un estudio conjunto
de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, que se titula
Pruebas científicas de los diez pasos hacia una feliz lactancia
natural. Avalando además la importancia del asunto que nos ocupa, los
profesionales de la salud españoles han organizado los días 3, 4 y 5
de febrero el primer congreso sobre lactancia materna, declarado de
interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, y al que acudirán
todas las federaciones de los profesionales de la salud.
La población quiere amamantar, es evidente. Quizás faltaba el apoyo
decido y el respaldo de los profesionales. Ahora sólo falta el apoyo
institucional, pero, eso sí, de forma decidida y efectiva. En fin, la
lactancia materna está siendo promovida en todo el mundo y en todos
los ámbitos, iniciada esta promoción desde los hospitales que siguen
la iniciativa Hospital Amigo de los Niños, mencionada, por cierto, en
esta proposición no de ley. La iniciativa consiste en hacer que en
los hospitales de maternidad se promueva la lactancia materna
siguiendo las recomendaciones dadas por Unicef y la OMS en 1989. Los
diez puntos que se recomiendan han sido evaluados, demostrando que el
cumplimiento de cualquiera de ellos por sí solo ya ejerce una
influencia importante en la iniciación y duración de la lactancia
materna.
Espero que esta proposición no de ley se vea apoyada por todos los
grupos presentes, como forma de asegurar que la legislación que
protege el derecho de las mujeres trabajadoras (está claro que lo
somos todas, pero en especial de las mujeres trabajadas) a amamantar
sea efectivamente puesta en práctica. Despertar la conciencia pública
sobre las ventajas de combinar el trabajo con el amamantamiento tanto
para las madres como para los niños y las niñas, estimular a
sindicatos y grupos de trabajadores a luchar por los derechos de
maternidad que ayudan a la madre trabajadora que amamanta a su hijo o
a su hija y fomentar la creación de lugares de trabajos, amigos de la
madre, en todas partes. Para todo ello, sobre todo para concienciar
a la sociedad, es preciso la coordinación de todos los ministerios
implicados. Sin ella seguirán ocurriendo lamentables episodios como
el de la campaña del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
conciliación de la vida familiar y laboral, denunciado por la
población y los
medios de comunicación. Ha habido muchas voces discordantes y sobre
todo muchas protestas. En concreto, uno de los aspectos de esta
campaña en la que aparecía un hombre dando biberón a su hijo y
explicando que ésta era una de las cuestiones que hacían que de
alguna manera, después de la Ley de conciliación, podríamos llegar a
la igualdad.
Termino, señor presidente. Permítame, puesto que estamos en la última
sesión de la Comisión de esta legislatura y probablemente sea mi
última intervención en esta Cámara, que les lea brevemente una
protesta de un ciudadano publicada en el diario EL PAÍS del día 8 de
diciembre de 1999. Solamente unos párrafos: En Suecia se reparten el
permiso de maternidad entre ambos cónyuges, pero es que allí se
reparten 15 meses, no nuestras vergonzantes 16 semanas. El permiso de
maternidad debe alargarse, no acortarse, y el permiso de paternidad
debe ser independiente sin desnudar un santo para vestir otro. Y
vamos a lo que nos interesa. Para añadir el escarnio a la injuria, el
Ministerio de Trabajo se descuelga con una campaña de promoción de la
lactancia artificial, campaña que sería ilegal si estuviera firmada
por un fabricante de alimentos infantiles y en la que se ha gastado
mucho más que el Ministerio de Sanidad en la promoción de la
lactancia materna. Hay muchas formas en que un padre puede hacer su
parte de trabajo doméstico y participar en el cuidado de su hijo sin
interferir con la lactancia materna, como comprar, cocinar, lavar,
fregar, planchar, coser, cambiar pañales, acunar, cantar nanas o
acariciar a su bebé. Acabo ya. Sólo les pido que recapaciten antes de
votar esta proposición no de ley y que la voten afirmativamente para
que no vayamos por detrás de las inquietudes sociales.
Muchas gracias y feliz Navidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra la
señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Nuestro grupo considera de especial
interés la proposición no de ley encaminada a promover y proteger la
lactancia materna, también a desarrollar la iniciativa Hospital Amigo
de los Niños. Pero esta iniciativa está ya contemplada en el programa
integral de salud materno-infantil, aprobada en el pleno del Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud de junio de 1990. En
algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, desde
1993 el Plan de salud de Cataluña hace propuestas específicas sobre
la lactancia materna de acuerdo con las indicaciones de la
Organización Mundial de la Salud y los resultados de la evidencia
científica que muestran los efectos beneficiosos para la salud del
niño y la madre de este tipo de alimentación en los primeros meses de
vida. El Plan de salud de Cataluña de 1996 al 1998 establece
directrices para la mejora de la salud materno-infantil.
Concretamente el protocolo de seguimiento del embarazo tiene una
parte correspondiente a la lactancia materna. Puedo mostrar este
protocolo a la señora portavoz del Grupo Socialista, incluidos sus
gráficos pertinentes. Además, se ha iniciado la elaboración de nuevos
protocolos asistenciales del parto del puerperio, en los que se
incide en la promoción de la lactancia materna. Actualmente en
Cataluña se calcula que un 80 por ciento de madres amamantan
a sus hijos en el momento de abandonar las dependencias hospitalarias
en los días siguientes del parto. También la Asociación Catalana de
Matronas, en colaboración con el INSTITUT CATALÁ DE LA DONA, ha
publicado un manual de la buena lactancia materna que se difunde
entre los colectivos que llevan a cabo la atención al puerperio. (El
señor vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.)
En lo que hace referencia al hospital Amigo de los Niños, distinción
que otorga la OMS encaminada a favorecer la asistencia pediátrica
humanizada, concretamente en Cataluña han recibido esta mención el
hospital Josep Trueta, de Girona, y el hospital de Granollers.
Esperamos que progresivamente se incremente el número de centros que
seguirán esta propuesta, no sólo en Cataluña sino en el resto de
hospitales de otras comunidades autónomas. En consecuencia, señorías,
considerando de interés esta proposición no de ley encaminada a
promover y proteger la lactancia materna, nos parece que es un
programa que ya llevan a cabo algunas comunidades autónomas
componentes del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Por consiguiente desearíamos un redacción que reflejara más la
realidad existente.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señorías, es evidente que con la lactancia
materna, como con muchos temas de salud, todos estamos de acuerdo,
las votaciones se producirán por unanimidad, pero hay una realidad
constatable: y es un retroceso permanente en las madres, sobre todo
en las madres jóvenes que amamantan a sus hijos. Por tanto, el
problema se mantiene más allá de la declaración de voluntad tanto de
los individuos como de las instituciones de ámbito estatal o
comunitario.
Yo quiero resaltar aquí con toda brevedad la enorme presión económica
que por parte de los laboratorios que fabrican leches maternizadas
existe para promover la lactancia artificial. Esa presión económica
tuvo unos resultados dramáticos. Recuerdo a sus señorías algo de lo
que seguramente muchos habrán oído hablar, y es el proceso a Nestlé
que por la Organización Mundial de la Salud se llevó a cabo en los
años ochenta a raíz de detectar unos aumentos brutales en la
mortalidad infantil en países en vías de desarrollo, tras una campaña
intensiva realizada por los laboratorios Nestlé promoviendo la
lactancia artificial. En un primer momento se pensó que quizás Nestlé
estaba vendiendo a esos países en vías de desarrollo leche de peor
calidad de la que podía ofrecer en países del primer mundo. Analizada
la leche, se comprobó que nada de eso era verdad. Lo que se comprobó
fue algo mucho más subliminal: que dicha promoción era realizada por
agentes publicitarios que adoptaban indumentaria propia de
trabajadores o trabajadoras de la salud y así se entendía que ese
tipo de publicidad tenía un cauce institucional sanitario, sobre todo
que la lactancia artificial para el preparado de los biberones
requería de medidas higiénicas, de agua potable, que estaba lejísimos
de ser accesible para las mujeres que ofrecían este tipo de
alimentación a sus hijos en sustitución de la
lactancia materna, así como también que muchas veces era el precio,
inaccesible para ellas, lo que llevaba a diluir el contenido de los
biberones y a promover estados de desnutrición crónicos que tenían
las consecuencias de elevaciones brutales de la mortalidad infantil
en estos países. Por otro lado, esta preocupación de las autoridades
sanitarias se reflejó a principios de los años noventa en un real
decreto que prohibía explícitamente a los laboratorios ofrecer
muestras publicitarias a los médicos de leches de iniciación , salvo
en los casos en los que la grave enfermedad de la madre, es decir,
algo excepcional, impidiera desde todo punto de vista la lactancia
materna.
Recientemente, en el Pleno del Congreso, en una interpelación
relativa a la denuncia realizada sobre los laboratorios Abbott, tuve
la ocasión de demostrar cómo, tras la compra de la unidad de
lactancia artificial de Puleva por los de laboratorios Abbott, se
había visto un incremento espectacular de la distribución de muestras
gratuitas de leche de iniciación que no se correspondía con la cifra
que razonablemente pudiera ser real de mujeres impedidas para
realizar la lactancia materna. En estas condiciones, la actitud de
las autoridades sanitarias, aparte de vigilar el estricto
cumplimiento de la ley, tiene que ser de una potenciación directa y
positiva de la lactancia materna, teniendo en cuenta que se está
produciendo una extensión cultural, derivada de las condiciones
precarias en las que la inmensa mayoría de las mujeres, sobre todo de
las mujeres jóvenes que acceden al trabajo, de la incapacidad física,
material absoluta de llevar a cabo la lactancia materna; y que las
atenciones postparto en los servicios de atención primaria y el
aprendizaje de la lactancia materna en el domicilio inmediatamente
después de la salida del hospital deberían ser el complemento de la
actividad que figura en la proposición no de ley del Partido
Socialista en relación con las actividades estrictamente
hospitalarias.
Por todo ello, siguiendo la vía de apoyar el sentido genérico y tras
compartir que realmente se refiere a un problema de salud que existe
en la realidad, mi grupo parlamentario va a apoyar la proposición no
de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: La verdad es que la proposición
no de ley que nos ocupa es un tanto peculiar y, con todo respeto, yo
diría que tierna, porque una vez que se rompe el cordón umbilical,
esa conesión especialísima madre-hijo, la relación de la lactancia es
algo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo y defender porque
es especialísima, trasciende de lo físico, trasciende de lo psíquico
trasciende de los afectos. Para quien tiene la suerte de ser madre y
experimentarlo con su hijo es una relación inenarrable, señor
presidente, que cualquier persona se sentirá privilegiada de apoyar y
defender.
Naturalmente el aspecto benéfico no solamente es físico; ya se ha
dicho y yo no incidiré en él, pero a veces parece que nos estamos
moviendo en otro mundo sanitario del que desde hace años existe en
España. Como he dicho, es un aspecto psicológico, una relación
maternofilial y una relación de estimulación precoz que va a incidir
de manera
muy positiva en el desarrollo intelectual y psíquico del niño. Pero
no es solamente un beneficio para el niño, también para la madre, que
va a experimentar una serie de satisfacciones que le harán evitar
muchos de los problemas del puerperio. El estímulo de esa relación,
como he dicho antes, va más allá de lo físico y en todas las
culturas, desde la mitología griega y romana, la astrología en su más
eminente nomenclatura, los pintores del Renacimiento y del
Neoclásico, y la cultura oriental que en estos días no podemos
olvidar, festejan de alguna manera también la maternidad, pues todas
las culturas y todas las sociedades a través de los tiempos han
mitificado, cada una en su estilo.
Oyendo a alguno de los intervinientes, parecía que nos salíamos de la
proposición y nos metíamos en aspectos delictivos o en otros
distintos a los que hoy nos ocupan, porque en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, no de este Gobierno sino de anteriores, se vienen
desarrollando unas acciones dirigidas a la promoción y apoyo de la
lactancia materna que incluye una serie de iniciativas como el
programa integral de salud materno-infantil, que se aprobó en el
pleno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
julio de 1990, que contemplaba en el área dedicada a esta relación
especialísima de la lactancia materna todas las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de Unicef y recogía un conjunto de
actividades destinadas tanto a la atención primaria como a la
atención especializada para el fomento de la lactancia materna.
Señorías, dada la hora quisiera enumerarlas, pero son una serie de
recomendaciones que ya se vienen haciendo. Voy a citar unas cuantas,
aunque son más de viente las acciones. (Rumores.) Por ejemplo,
motivar y formar a los trabajadores sanitarios. Cualquiera que esté
relacionado con el mundo de la sanidad sabe que en el área de la
pediatría, en el área de la puericultura, desde el primer al último
trabajador está concienciado y motivado para estimular a la madre en
defensa de la lactancia materna. Se les asesora sobre cómo evitar una
serie de alimentaciones erróneas o tomar drogas, anestésicos y
alcohol durante la lactancia. (Rumores.) Todo esto se está haciendo.
Cualquiera que estemos en esa área lo sabemos. Incluso no utilizar
unas pautas rígidas de alimentación, aun en detrimento de la
estabilidad y del sueño de la madre. Hoy se utiliza lo que se llama
la lactancia de demanda, mamar cuando el niño quiere. (Rumores.)
Claro, esto algunas veces molesta a las madres, pero se ha recogido
con harta satisfacción por parte de las personas interesadas:
estimular una serie de medidas de apoyo social. (Rumores.)
Señor presidente, yo quisiera el mismo respeto, que esta
interviniente ha tenido para los anteriores.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Tiene razón, señora Ferández
de Capel. Por favor, señorías, guarden silencio.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Estimular el apoyo social a corto
y largo plazo, medidas fundamentales que aquí hay personas que saben
que desde el Ministerio de Sanidad se vienen haciendo y que la
Administración vela por una serie de productos dedicados al consumo
infantil. Lo que la Administración no puede hacer -así lo creemos-,
es evitar delincuencias empresariales que
escapan al ámbito de muchas de las áreas y de las competencias que
tiene asignadas no solamente la Comisión de Sanidad sino el
Ministerio de Sanidad y Consumo; identificar una serie de situaciones
que requieren atención especial y ofrecer información y apoyo. Todo
el mundo sabe, quien tiene cerca alguien que acaba de parir, que se
le dice a la parturienta cómo y de qué manera debe alimentar a su
niño y cómo en el hospital se va a evitar dar a los niños otra
alimentación que no sea la estándar, que en el hospital es la
lactancia materna exclusivamente; sóla se indica en situaciones
especialísimas que establece la relación médicoenfermo y que no
entran en el área de lo normal, porque la lactancia es lo normal.
No quiero incidir en los beneficios de la lactancia que
afortunadamente formaban parte de cuando yo estudiaba en la Facultad
de Medicina y de mucho antes. Parecería que algunas de las cosas que
sabemos todos se estudian en las áreas de las profesiones sanitarias,
a cualquier nivel del mundo de la sanidad, y los profesionales de la
sanidad las acogen con enorme entusiasmo. Sabemos que hace falta
siempre apoyo social, para cualquier decisión que se tome debidamente
asesorada. Pero la libertad individual no se puede estimular con
directivas ni con normas que supondrían casi una vigilancia directa
sobre quién y cómo da de mamar al niño y en qué situación. Para ello,
para el apoyo social ha sido esgrimida y presentada la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral, con una demanda de
horarios laborales para la madre que todas las mujeres hemos tenido
siempre el honor de defender. Asimismo, señor presidente, el
Ministerio de Sanidad y Consumo estimula y apoya la lactancia materna
mediante la realización de una serie de cursos de educadores
específicos en este tema, realizados en la Escuela Nacional de
Sanidad en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y con
la Unicef, iniciativa del Hospital Amigo de los Niños. En este
sentido hay un real decreto, de 1998, por el que se aprueba una
reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para
lactantes y preparados de continuación que se ha incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico por una directiva a raíz de una
directiva de la Unión Europea de febrero de 1996. Recientemente se
han incorporado una serie de medidas y garantías necesarias para
poner de manifiesto la superioridad y la ventaja de la lactancia
materna, encomendando a las diferentes administraciones sanitarias
y a las comunidades autónomas que velen para que las mujeres
embarazadas y las madres lactantes tengan una información adecuada.
Naturalmente, todo esto se viene haciendo; todo el mundo está a favor
de la lactancia materna. ¡Cómo no! Que mamen nuestros lactantes
tranquilamente, que no se despierten de noche, que lo hagan en paz
y que tengan la mejor de las lactancias. Pero, señor presidente,
algunas de las medidas que se proponen no son estrictamente
sanitarias. Por eso, como todos estamos de acuerdo en la lactancia
materna, mi grupo quiere presentar una enmienda in voce amparándose
en todo lo que ya se viene haciendo, no solamente desde el Gobierno
de Partido Popular sino desde anteriores gobiernos, en defensa de la
lactancia materna. Esta enmienda in voce, señor presidente, diría: La
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a continuar desarrollando acciones dirigidas a proteger,
promover y apoyar la lactancia
materna. Con ello, señor presidente, deseo que aprobemos esta
enmienda, que las medidas sean siempre de estímulo y que nuestros
lactantes tengan siempre la mejor de las alimentaciones, que desde el
área sociosanitaria se les indica siempre que es la materna.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Señora García Linares,
¿quiere usted manifestar en estos momentos su aprobación o no de la
enmienda in voce presentada por la portavoz del Grupo Popular?
La señora GARCÍA LINARES: Sí, señor presidente. La portavoz del Grupo
de Convergència i Unió y esta diputada han estado debatiendo sobre
una enmienda encaminada en ese sentido. La voy a leer a ver qué le
parece a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en aras del
entendimiento y de que nos pongamos de acuerdo. Diría así: El
Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a
proteger, promover y apoyar la lactancia materna siguiendo los
criterios de la OMS y Unicef, con especial incidencia en aquellas
comunidades autónomas donde aún no se aplican.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Perdón, señora García
Linares. Debido a que tienen que hablar distintos grupos
parlamentarios, yo preferiría, y me imagino que la Comisión también,
que tuvieran este contacto fuera de esta Comisión y nos revelaran el
resultado en el momento en que se tenga que votar esta proposición no
de ley. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.) Muy bien.
- SOBRE REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y EL PATROCINIO DE LOS PRODUCTOS
DEL TABACO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001788.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Señorías, pasamos a debatir
la proposición no de ley que viene en el orden del día con el número
4, sobre la regulación de la publicidad y el patrocinio de los
productos del tabaco, cuyo autor es el Grupo Socialista del Congreso.
En su nombre tiene la palabra la señora Frías.
La señora FRÍAS NAVARRETE: El objetivo de esta proposición no de ley
es proteger la salud de los jóvenes y de los niños que, bombardeados
por la publicidad del tabaco, cada vez se sienten más obligados a
fumar. Obligados a fumar porque la presión ejercida por la publicidad
les está lanzando mensajes cada vez más engañosos, pero cada vez más
seductores y más sutiles, de que van a ser más atractivos, van a
ligar más, se van a parecer más a los modelos exitosos y guapos que
aparecen en dichos anuncios, y además si fuman (y les muestro la
publicidad que está insertando ahora Fortuna que es una marca
comercializada por Tabacalera Española) pueden conseguir viajes,
travesías llenas de sensaciones -dice la publicidad-, equipamiento
deportivo de gran calidad y de marcas muy caras en el mercado,
minicadenas, coches, etcétera. Por supuesto que
esta publicidad inserta en los periódicos y revistas dirigidas
a jóvenes, y últimamente en los dominicales de los periódicos
nacionales, da por sentado que van a ser adictos al tabaco, porque en
el cuestionario que obligatoriamente tienen que rellenar se les
pregunta qué marca fuma, cuándo han empezado a fumar, qué tipo de
tabaco; normal, light, ultralight, mentol, cuánto tiempo hace que
fuman, etcétera. Todo muy normal y muy sensato para que se enganchen
al tabaco.
La publicidad, señorías, está asociada a valores apreciados por la
sociedad y por la juventud, como son los deportes, la vida sana, la
cultura y últimamente la solidaridad. Es vergonzoso, señorías, que
también estén utilizando la solidaridad en las campañas para
enganchar a los jóvenes al tabaco. La campaña publicitaria de Fortuna
para donar el 0,7 por ciento de sus ganancias a las ONG ha sido
rechazado por las mismas, también por el Ministerio de Sanidad, pero
ahí está. La propaganda, en un recuadrito abajo dice: Estás
colaborando con el fondo de solidaridad de Fortuna para las ONG. Esta
publicidad, además, muchas veces es ilícita porque para poderla
emitir por televisión (como saben ustedes, la publicidad por
televisión del tabaco está totalmente prohibida por la Ley General de
Publicidad) la asocian a otros productos como gafas de sol o de
discos, como los anuncios de Duca-Nº 2, de la marca Ducados, también
comercializada por Tabacalera, que promociona el disco «Carácter
latino» de la marca anteriormente dicha. Esta publicidad se emite en
salas de cine, se puede ver en publicaciones, como ya he dicho, en
vallas publicitarias, etcétera; y además va in crescendo, en España
cada vez hay más. Les recuerdo que somos el país de la Unión Europea
más permisivo en cuanto a publicidad de tabaco dirigida a niños y
jóvenes. Muchos países de nuestro entorno y de nuestras
características, como Italia, Portugal y últimamente el Reino Unido,
la tienen totalmente prohibida. Estamos en la peor situación de
Europa. España y Grecia son los países de la Unión Europea donde más
se fuma. Quizá por ello, según datos de la Unión de Consumidores
Españoles, las compañías tabaqueras se gastan aquí más dinero en
publicidad, incluida nuestra Tabacalera, o tanto como en los países
del Tercer Mundo, que en esto nos parecemos bastante a ellos.
La publicidad de los productos del tabaco y del tabaco no es
obviamente el único factor que impulsa a fumar, pero está demostrado
que juega un papel fundamental en estimular su consumo entre los
niños y jóvenes, y sobre todo contribuye a atraer a nuevos fumadores.
Esta publicidad va dirigida exclusivamente a la población comprendida
entre los 12 y 20 años, que es el colectivo más vulnerable. No voy a
exponer los riesgos que para la salud entraña el hábito de fumar,
pero sí quiero recordar a sus señorías que existe un acuerdo unánime
en toda la comunidad científica sobre este producto, el único
autorizado que si se consume habitualmente produce lesiones muy
graves y muerte a la mayoría de los usuarios. Está más que comprobado
que es un producto cancerígeno y adictivo. Es verdad que se advierte
en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica seriamente la salud,
pero ¿qué impacto puede tener tal mensaje frente a la apabullante
publicidad financiada por las poderosísimas compañías tabaqueras? Es
cierto también que esta publicidad será prohibida totalmente en el
año 2006, según la directiva comunitaria aprobada el año pasado, pero
podemos hacer mucho hasta ese año. Podemos, como mínimo, y prohibir
la publicidad dirigida a niños y jóvenes, tal y como han hecho otros
países de nuestro entorno; podemos regularla, y podemos en
consecuencia salvar vidas humanas. Esta prohibición de la publicidad
se basa en el derecho a la protección de la salud pública recogida en
el artículo 43 de nuestra Constitución y el deber de tutelarlo a
través de medidas preventivas, así como en el derecho y el deber de
proteger la salud de los niños. Además, señorías -y termino-, la
publicidad contrarresta todas las actuaciones que llevan a cabo las
administraciones públicas y otros organismos nos gubernamentales
encaminadas a reducir el consumo de tabaco y a promover hábitos
saludables de vida. El tabaquismo no es sólo un problema sanitario;
es un problema político y social que requiere el compromiso decidido
de todas las administraciones públicas para luchar contra él. Y
mientras la publicidad dirigida a niños y jóvenes sea legal, de nada
sirven las campañas preventivas puestas en marcha. Prohibir la
publicidad dirigida a ellos es lo que nos demandan también los
profesionales de la sanidad y el Comité nacional para la prevención
del tabaquismo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, en nombre del Grupo
Socialista solicito a todos los grupos parlamentarios el apoyo para
esta proposición no de ley que consta de cuatro puntos. Dice el
preámbulo y el primer punto, que es de carácter general: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno que, de conformidad con la
directiva comunitaria que prohíbe la publicidad directa e indirecta
de los productos del tabaco, se adelante su aplicación sin agotar los
plazos establecidos en la directiva. Esta directiva es de mínimos
y permite hacerlo. El segundo punto dice que en todo caso promueva la
normativa necesaria para que quede prohibido todo tipo de publicidad
directa o indirecta que tenga por principales destinatarios a los
jóvenes en publicaciones, medios audiovisuales o en cualquier otro
soporte, en lugares de esparcimiento o de ocio, o con ocasión de
espectáculos o cualquier otro tipo de actividades relacionadas
o dirigidas a la juventud. El punto tres dice que prohíba el patrocinio
de actividades relacionadas con la juventud que tengan como efecto la
promoción del tabaco. Y el punto cuatro dice que prohíba la promoción
de productos del tabaco mediante la entrega a menores de muestras
gratuitas, práctica habitual a la entrada de las discotecas, en las
playas y en los sitios de ocio y diversión donde hay menores
y jóvenes en todas las épocas del año pero fundamentalmente en verano.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Existe una canción muy célebre que dice
«fumar es un placer genial». No continúen, por favor. Para muchos
ciudadanos es una verdad como un templo, también una realidad la
existencia de una industria tabaquera en la que España fue pionera,
aunque no tiene hoy la potencia de las multinacionales que existen,
pero -y lo dice un fumador de cigarros puros canarios-
hay que reconocer que el consumo de tabaco no propicia la salud no es
favorable a la salud. No quiero entrar en el problema del fumador
activo y del fumador pasivo, porque muchísimo se ha escrito ya sobre
ello. Pero nos preocupa la publicidad y nos preocupa que con la
bandera del deporte se promocione el tabaco, llegando a los jóvenes y
a los niños.
La proposición no de ley del Grupo Socialista, por ciento, muy bien
redactada se basa en la Directiva 98/43, de 6 de julio de 1998, sobre
publicidad y patrocinio de los productos de tabaco. En esa directiva
se da un plazo límite para su introducción en el derecho interno de
cada uno de los países de la Unión Europea. Aunque hay que reconocer
que tras la aprobación de esta iniciativa -ya sea en su texto
propuesto como enmendado- no va a tener eficacia alguna por el
momento parlamentario en que nos encontramos, creo que debemos salir
de aquí con un texto a favor de la solicitud de la aplicación de la
citada Directiva europea de 6 de julio de 1998. Lamentablemente, tras
cambiar impresiones con portavoces de los grupos que constituyen esta
Comisión, veo que se está en el fondo de acuerdo pero no hay un
criterio unánime sobre la redacción de la iniciativa presentada por
el Grupo Socialista. Por ello nosotros vamos a proponer una enmienda
in voce que consta de un solo artículo pero que va a integrar los
principales conceptos de la proposición no de ley del grupo
proponente. Pediría un receso para que en caso de que se redactase y
se acordase por todos los grupos políticos se pudiese traer a la
discusión y aprobación de la Comisión.
Por último, quiero aprovechar para decir -y lo hago con emoción en
esta última participación mía en esta legislatura, que me ha
permitido el honor de pertenecer a esta Comisión, a la que tanto
aprecio- que he conocdido a muchísimas personas de gran fuste con los
que tengo una gran amistad, de todos los grupos políticos, y que como
el tabaco me han producido una adicción incurable. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Coalición, perdón, de
Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Se nota que estamos en la última reunión de la
Comisión, porque intercambiamos los grupos y todo.
Permítame, señor presidente, que agradezca al compañero de esta
Comisión, Jesús Gómez, de Coalición Canaria, las palabras tan amables
y sentidas que nos ha dirigido. Se las agradezco muchísimo en nombre
de mi grupo parlamentario y pienso que en nombre de toda la Comisión.
Es usted una persona querida y apreciada. Gracias también por
habernos brindado su amistad.
Entremos en materia. Señora Frías, no sabe la satisfacción que tengo
de poder ver en la última sesión de esta Comisión un tema como el del
tabaco. Lo hago con verdadero goce y disfrute, si se me permite la
expresión. Estoy tan de acuerdo en la proposición que usted presenta
que incluso me sabe a poco, me parece que queda corta. Yo, en la
línea de lo que decía el portavoz de Coalición Canaria, el señor
Gómez, estoy segura de que aquí nos vamos a poner de acuerdo hoy
todos al intentar una enmienda in voce. Yo
voy a formular una propuesta, pero no quiero que se interprete como
un texto cerrado. Lo que quiero es que nos pongamos todos de acuerdo
y que hagamos una serie de propósitos. Estoy de acuerdo totalmente en
lo que usted dice en estos puntos de la proposición no de ley, entre
otras cosas porque no se puede discrepar de ellos. No son más que una
trasposición de la directiva europea. Por tanto, estuvo de acuerdo y
además son de acatamiento. Discrepo en el sentido de que hacen
especial incidencia en la problemática del tabaquismo en la juventud.
Yo creo que sí, que en la juventud es grave, por eso, porque son
juventud y todos queremos tener larga vida y además vida en salud,
pero el tabaquismo es un problema para todos, para los jóvenes, para
los de mediana edad y para los que ya no somos jóvenes. Por eso
podríamos proponer hoy un posible texto que englobe lo que usted dice
y que podría ser en la línea - repito, señor presidente, que lo
discutiremos- de dar todo esto por bueno y convertirlo en un artículo
único que dijera que, como somos sensibles a esta problemática, lo
que proponemos es que se adelante todo lo posible la normativa
europea, que se adelante. Pero yo me sentiría defraudada e incluso
engañada, como traicionando un principio en el que creo realmente:
que es importante luchar contra el tabaquismo, si no pusiese en
evidencia, por lo quepuedo constatar, que la Comisión de Sanidad y
Consumo es una de las comisiones en las que se fuma más. Pienso que
damos un triste y lamentable espectáculo. Me parece bastante patético
(y lo digo con cariño, señorías), que seamos tan lanzados y tan
atrevidos proponiendo medidas legislativas que todos somos capaces de
consensuar, pero que al mismo tiempo las estamos parlamentando en
algunos casos con un cigarrillo en la mano o con un cenicero al lado
lleno de colillas. Sinceramente pienso que hemos dado un mal ejemplo.
Está muy bien hablar de aplicación de las directivas europeas, pero
el mejor ejemplo en cuestión de salud es el que uno intenta
autoaplicarse. Soy consciente de que para las señorías que son
fumadoras es difícil, pero como estamos en Navidad y solemos hacernos
todos buenos propósitos, señor presidente, desearía terminar mi
intervención con un propósito de enmienda para todos: que la próxima
Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara se autoimponga el
ejercicio de no fumar, que seamos respetuosos, porque mal está hablar
de publicidad cuando uno no practica con el ejemplo en el ámbito
parlamentario, y que tenemos que ser los primeros en dar este
ejemplo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Quiero aprovechar este turno para agradecer
sus palabras a don Jesús Gómez, así como su actitud en esta Comisión.
En cuanto al tema que nos ocupa, y en el tono que progresivamente va
adoptando esta Comisión de Sanidad , quiero aprovechar también para
discrepar amistosamente de algunas palabras de la señora Riera, que
me parecen de trascendencia. Vaya por delante mi acuerdo a que los
diputados que formen la próxima Comisión de Sanidad -si así lo
estiman oportuno-, adopten ese acuerdo que me parece
muy positivo. No obstante, debo matizar que en ámbitos sanitarios
circula la preocupación sobre un principio que se instaura
progresivamente cuando estamos hablando de hábitos personales, como
son el tabaco y el alcohol y que tienen que ver con lo que se llama
culpabilización de la víctima. Todos hemos visto -sobre todo, en
Estados Unidos-, como se denuncian judicialmente aditivos que
contribuyen a vincular de manera fraudulenta a los individuos a un
hábito objetivamente nocivo para la salud. Con independencia de
actitudes individuales más o menos saludables u oportunas, a los
poderes públicos les corresponde intervenir sobre los mecanismos
brutales que se están extendiendo en nuestra sociedad y que permiten
que los jóvenes, las personas que acceden a la visión de sí mismas
como adultos o =preadultos, se identifiquen con un cigarro en la
mano. El que estos mecanismos vayan dirigidos fundamentalmente a la
juventud tiene la ventaja de que se supone que tienen una más larga
vida por delante, y cuanto antes se incorporen al hábito de fumar
mayor rentabilidad para las compañías tabaqueras.
Recuerdo perfectamente que en 1991 hubo una proposición no de ley en
el Pleno, de Izquierda Unida, que se aprobó por unanimidad, que
instaba al Gobierno a acelerar, en el ámbito de la Unión Europea, la
adopción de directivas de prohibición de publicidad directa e
indirecta del tabaco y del alcohol. La situación de entonces ahora (y
eso que hay directivas y acuerdos planteados) no ha hecho más que
empeorar, y en estos momentos el escándalo llega a todos los medios
de comunicación de masas y a los acontecimientos deportivos y
musicales.
Desde el «Diario de Sesiones», hago una petición a los medios de
comunicación que estén presentes para que, si sus empresarios lo
estiman oportuno, desde ese ámbito se pueda recoger la preocupación
de la Comisión de Sanidad por algo que traspasa toda razonabilidad y
que vulnera explícitamente y sin ningún pudor los acuerdos y
directivas. Yo espero que la redacción que se adopte nos satisfaga
a todos; que se insista en la urgencia de la aplicación de las
directivas europeas; y que en cualquier caso, esta Comisión de
Sanidad haga un llamamiento al Ministerio de Sanidad a adoptar
medidas urgentes para cortar una situación que, como decía antes,
está alcanzando cotas que no se conocían en este país en cuanto a la
extensión, tanto de la publicidad del tabaco como del alcohol.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señorías, también quisiera comenzar deseando
a todos los miembros de esta Comisión muchas suerte y muchos éxitos
en este futuro inmediato allá y donde estemos todos y cada uno de
nosotros. Además de desearles a todos los compañeros y compañeras,
amigas y amigos, una muy feliz Navidad y un milenio (o no,
dependiendo de la interpretación adecuada a la idea que se haya
propuesto del mismo); entrando en materia, yo quisiera hacer, en
primer lugar, una serie de flashes sobre los que, no por sabidos, no
está mal hacer un recordatorio, aunque sea breve.
Todos sabemos, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, que
existe una relación absolutamente irrefutable
entre el efecto y el uso del tabaco y la enfermedad o la muerte; que
el tabaco también se asocia a más de 25 enfermedades, y que el humo
del tabaco contiene más de 4.700 compuestos químicos, muchos de los
cuales poseen efectos cancerígenos y tóxicos, y otros aún no han sido
estudiados. También quiero recordar los efectos nocivos del humo
ambiental para la población no fumadora, para la gestante, los
peligros que conlleva tanto el tabaquismo activo como el pasivo, así
como para a la población infantil. Quiero recordar finalmente que la
nicotina, como se ha dicho, es una sustancia adictiva que actúa en el
cerebro de manera y modo similar a la heroína y a las anfetaminas.
Quiero terminar diciendo, sobre estos flashes, que el tabaco es la
primera causa de muerte prematura evitable en la población española,
y que solamente una de las enfermedades, la enfermedad obstructiva
crónica, supone un inmenso gasto (exactamente 146.000 millones de
pesetas, en el año 1994) para el Sistema Nacional de Salud.
Quisiera, en segundo lugar, recordarle a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que su proposición no de ley, como ha dicho
la portavoz del Grupo de Convergència i Unió, era copia de una
directiva de obligado cumplimiento de la Unión Europea, que ha sido
ya aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por su Consejo. Esa
directiva -como usted muy bien sabe, diputada Frías- no solamente
habla de la juventud, sino que, más que un estudio, hace una
comprensión legislativa global y especifica (¡por qué no decirlo!) en
algún punto, que no viene al caso enumeran en estos momentos, el
riesgo que conlleva para la juventud. En esa directiva queda claro
que a partir de julio del año 2001, -no del 2006, repito- será de
obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión
Europea. Si estamos hablando de un problema de salud, todos los aquí
presentes sabemos que sobre la salud pública, mucho tienen que decir
las comunidades autónomas; lo están diciendo efectivamente y están
legislando sobre esta materia las 17 comunidades en que está
distribuido el territorio español, que tienen la competencia asumida.
Dada esa situación de obligado cumplimiento, en donde sí hay algunas
excepciones que se han dado en los países miembros de la Unión
Europea para poder ubicar los problemas que conlleva la aplicación de
esta directiva (existe una dilación en la prensa escrita de un año y,
para la esponsorización, otros dos años más, y en casos muy
excepcionales hasta el año 2006), dentro de lo que supondrá esta
entrada del milenio (de la que casi todo el mundo hablamos), está
claro que una de las condicionantes que tendrá nuestra Unión Europea,
una de las directivas de obligado cumplimiento va a ser ésta.
Reconociendo el Grupo Parlamentario Popular que la proposición tiene
un objetivo muy loable, es claro que esta proposición no de ley (y
corríjame el señor letrado si me equivoco) está suficientemente
cumplida y abarcada en otra ley de rango superior, que es una
directiva comunitaria que establece de manera taxativa y con carácter
formal la publicidad televisada (Directiva 89/522) y esta otra norma
que tiene un carácter puramente transitorio para el acomodo de todos
y cada uno de los países de la Unión Europea.
A la espera de las ofertas y de las propuestas que han hecho los
grupos de Coalición Canaria y Convergència i
Unió, en donde, estamos todos de acuerdo en que hay que establecer
esta directiva que nos hemos dado que a través de su aplicación de su
contenido y de su interpretación por las comunidades autónomas llega
hasta donde tenga que llegar, quisiera que en esta última reunión, en
este último Pleno de la Comisión de Sanidad, por lo que al Grupo
Parlamentario Popular respecta, nos pusiéramos de acuerdo en aprobar
una proposición no de ley con un texto que nos satisficiera a todos.
Como digo, espero que ese texto, que parece ser que ya se está
consensuando, nos satisfaga y contará con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Mientras el portavoz del Grupo Popular,
intevenía, hemos llegado a una propuesta de consenso, que, si me
permite, la Presidencia la leo. Dice así: De conformidad con la
Directiva comunitaria, de fecha 4 de diciembre de1997, que prohíbe el
patrocinio y la publicidad de los productos de tabaco, y considerando
la incidencia que el tabaquismo tiene sobre la salud y que es una
toxicomanía más, se adelante todo lo posible la aplicación de esta
directiva sin agotar los plazos previstos en la misma».
- RELATIVAA LA INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS
FACULTATIVOS Y DE AYUDANTES TÉCNICO SANITARIOS (ATS) DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS EN LA RED PÚBLICA DE SANIDAD. PRESENTATA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001784.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley,
relativa a la integración de los funcionarios de los cuerpos
facultativos y de ayudantes técnico sanitarios de instituciones
penitenciarias en la red pública de sanidad. Para su presentación y
defensa, tiene la palabra el señor Arnau, del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor ARNAU NAVARRO: Muy brevemente, voy a intervenir en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista porque en esta proposición no de
ley se insta al Gobierno a que cumpla algo que ya debió haber
cumplido. Debió haber cumplido la moción aprobada por unanimidad de
la Cámara, por el Pleno del Congreso, el día 18 de junio de 1996, es
decir, hace ya tres años y medio. En aquella moción, en su punto
séptimo, se instaba al Gobierno a que procediera a la integración de
los funcionarios de los cuerpos facultativos de ATS y de profesores
de EGB de instituciones penitenciarias en las respectivas redes
públicas de sanidad y de educación. Pues bien, la integración de los
profesores ya se ha producido, pero no se ha producido la integración
de los facultativos y de los ATS. Estoy seguro de que con la
integración de los profesores en la respectiva red pública debían
existir los mismos problemas que pueda haber para integrar a los
facultativos y ATS de instituciones penitenciarias en las redes
públicas de sanidad. Parece que con el Ministerio de Sanidad y
Consumo todo es difícil, si no, imposible. Yo diría que con Romay
hemos topado, y aquí surge la imposibilidad de efectuar algo que es
absolutamente
racional, y por otra parte debido, dada la unanimidad existente en la
aprobación de la moción a la que he hecho referencia.
Aquí podría ya dar por terminada mi intervención: no se ha cumplido
algo que debió haberse cumplido, y yo propongo a SS.SS. que insten
nuevamente al Gobierno a que cumplan ese punto 7 de la moción, que
consta en el boletín correspondiente, de fecha 21 de junio de 1996.
Siendo esto suficiente, para que se aprobara esta proposición no de
ley, voy a dar algunas razones de fondo y a denunciar muy brevemente
algunas irregularidades que se están produciendo en el campo de la
sanidad penitenciaria.
Como todos sabemos, un Sistema Nacional de Salud como el nuestro
exige la integración de todos los recursos públicos sanitarios, y
esto no es una arbitrariedad, no es un convencionalismo. Con la
integración está en juego la racionalización del sistema y la gestión
homogénea de centros, servicios y recursos. La integración tampoco
es, señorías, una idea brillante propia de alguna conferencia o de
algún simposio médico. La integración es una exigencia legal no sólo
de la Ley General de Sanidad, sino también de normas que afectan a
las instituciones penitenciarias. Citaré, por ejemplo, el reglamento
penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero
(les recuero la fecha, 9 de febrero de 1996), que contiene la
exigencia de una completa remodelación de la normativa reglamentaria
de la prestación sanitaria, que debe ser adaptada a los principios de
la Ley General de Sanidad. Y advierte este reglamento en su preámbulo
que la Administración penitenciaria no puede hacer frente por sí sola
a las múltiples prestaciones que una concepción integral de la salud
implica. Además, señor presidente, la integración de la sanidad
penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud no sólo es, diría yo,
una forma única de optimizar los recursos, una medida racionalizadora
que ya sería de por sí suficiente sino que es realmente un derecho;
un derecho de la población reclusa. Creo que es suficiente con lo
dicho para solicitar a SS.SS. la aprobación de esta proposición no de
ley.
Termino, no sin antes denunciar muy brevemente, señor presidente, qué
es lo que está pasando en algunos casos en la sanidad penitenciaria.
La financiación de la sanidad penitenciaria (y les recuerdo que tiene
5.000 millones de déficit) corre a cargo del Ministerio del Interior.
Es curioso que el Insalud y los centros de salud de las comunidades
autónomas perciben por cada ciudadano la asignación correspondiente a
la prestación sanitaria, esté o no en prisión; primera irregularidad.
Pero además, cuando un recluso o reclusa precisan de una atención
especializada, que debe ser prestada por el Insalud o por un centro
de salud de las comunidades autónomas, a éstos se les paga como si
los pacientes no tuvieran derecho a las prestaciones de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social. Y sabemos todos que los internos
que trabajan en puestos remunerados cotizan a la Seguridad Social y
pagan por tanto las cuotas de asistencia sanitaria; segunda
irregularidad. Habría más. Podríamos hablar de cómo se tramitan las
bajas por enfermedad en los centros penitenciarios.
Como ven SS.SS., todo este corolario podría ser objeto de una
interpelación al ministro de Sanidad. No lo va a ser porque ya la
legislatura acaba. Ycomo acaba la legislatura, también querría, señor
presidente, en ésta que es seguramente
mi última intervención en esta Comisión, hacen un pequeño
apunte personal. Me permitirá el señor presidente esta pequeña
licencia. En esta Comisión yo estoy desde hace 17 años, cuando la
sanidad estaba integrada en la Comisión de Política Social y Empleo,
y en la que sucedí, por su propia voluntad como portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, allá por enero de 1985 (¡ya ha llovido!),
a una persona muy querida por mí: a don Manuel Chaves, presidente hoy
de la Junta de Andalucía, y a quien quiero cariñosamente recordar en
ásta mi última intervención en esta Comisión. Gracias por la licencia
y gracias a todos, compañeras y compañeros, por la labor que hemos
desarrollado conjuntamente y porque nos habéis permitido entre todos
hacer un debate continuado en esta Comisión. Las cosas no son siempre
como uno quisiera, pero esto sucede habitualmente en política. En
estos momentos, de mi parte y también como vicepresidente primero de
la Comisión, sólo me cabe recordarles a todos y agradecerles toda la
colaboración. Me queda en el tintero la enmienda que seguramente va a
presentar ahora el Grupo Parlamentario Popular, pero ya su portavoz
la expondrá. Con el añadido que he propuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista estaría dispuesto a aceptarla. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Como muy bien decía el señor vicepresidente
primero de la Comisión, señor Arnau, existe una enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Voy a intentar ser brevísimo, siguiendo el
acuerdo que los portavoces y la Mesa alcanzamos en la última reunión
en esta Comisión.
En el fondo de la cuestión todos los grupos políticos estamos de
acuerdo en cumplir y hacer cumplir la moción de 1996. En lo que no
podemos estar de acuerdo, porque es inviable, es en el texto de esta
proposición no de ley que presenta el señor Arnau, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, que da un plazo de tres meses para su
cumplimiento. Para hacer posible, viable, esta proposición otros
hemos presentado esta enmienda de modificación, que dice: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que, en el menor tiempo posible,
proceda a la integración de los cuerpos facultativos y de ATS de
instituciones penitenciarias en la red pública sanitaria, a través
del estatuto marco de los profesionales del Sistema Nacional de
Salud, previo informe favorable del pleno del consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud».
Presentamos la enmienda por tres razones. En primer lugar, porque
tenemos que garantizar la sanidad penitenciaria y los derechos de los
reclusos. En segundo lugar, porque tenemos que ajustar esta moción a
la legislación vigente, atendiendo a los funcionarios, a los
laborales, a los fijos, y sobre todo al personal estatutario. Y en
tercer lugar, porque la única cobertura legal que tenemos es la
aprobación del estatuto marco.
Espero que el ponente, como ya ha anunciado previamente, aporte una
solución satisfactoria que llegue a un final feliz de diálogo al que
estoy seguro que llegaremos todos los grupos. Y permítame también la
licencia, señorpresidente, feliz Navidad y próspero 2000 a todos.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean fijar posición. Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Atienza.
La señora ATIENZAYGUERRERO: Agradezco a los ponentes del Grupo
Socialista y Popular que me hayan aclarado un poco el lío mental que
tenía en estos momentos, porque me acabo de incorporar a esta
Comisión, pero también me voy a despedir, con lo cual fíjense en lo
breve que es mi intervención, no por ello menos intensa, porque llevo
30 años en centros penitenciarios, dedicados a señores que han
faltado a las reglas normales de la convivencia, si tienen condena,
pero, sobre todo, con gente joven; llevo 18 años en los centros de
justicia juvenil de Barcelona). Conozco bastante bien la problemática
de los trabajadores porque he estado en el comité de empresa durante
muchos años, y los compañeros siempre han hecho esta reclamación: que
de una vez por todas, se incluyan sus profesionales, en el cuerpo
general de la Administración pública, y, sobre todo de la sanitaria.
Hay algo que yo quería decir hoy: que se tiene que rentabilizar los
recursos, sobre todo humanos y económicos, que conlleva la asistencia
sanitaria en el marco de las instituciones penitenciarias. La
complejidad en la atención sanitaria a los reclusos en el ámbito de
las prisiones, da unos porcentajes de asistencias ambulatorias y
hospitalarias casi de un 92 por ciento, con lo cual todos o casi
todos hacen demanda de que se les asista dentro de la prisión, en los
ambulatorios que hay dentro o fuera, en los hospitales preceptivos.
En Cataluña lo tenemos algo más fácil, porque hay plazas reservadas
para estos internos en cualquier situación que se dé en el ámbito de
la salud.
Los técnicos sanitarios dentro de las penitenciarías desarrollan sus
funciones en un clima no exento de dificultad. El personal técnico
sanitario está condicionado por el ámbito donde desarrolla su
profesión; rozan los límites físicos y comparten espacio con los
reclusos, con una presencia en ocasiones de bastante ansiedad.
Influye muchísimo el medio donde se desenvuelve su trabajo, con
guardias de seguridad, en unos ambientes más bien siniestros, o que
determinan el carácter que desarrollan los técnicos y compañeros de
prisiones. Me congratulo de que esta proposición no de ley (que no
conozco demasiado por la inmediatez de mi incorporación a esta
Comisión), constituya una válvula de escape para los trabajadores, y
debe añadir que cuando estuve en el comité de empresa recibí la
petición de que fuera rotativo, de que no desarrollaran sus funciones
sanitarias toda la vida dentor de las prisiones, de que se pudierna
trasladar a ambulatorios normales de los barrios o de la red de la
Administración Sanitaria.
Me congratulo asimismo de la enmienda que presenta el señor Mingo y
de que se alcance un consenso. El Grupo Catalán está dispuesto a dar
su apoyo a esta enmienda y a que, de una vez por todas, salga
adelante esta iniciativa. Como he entrado hoy en esta Comisión, me
despido deseándoles lo mejor del mundo. Estos 15 días que ejercido de
diputada por el Grupo Catalán han constituido una experiencia muy
importante, he visto como, desde dentro, se posiciona uno en cosas
tan elementales y tan cotidianas como son el trabajo o las leyes, que
cada día el ciudadano de a pie tiene que estar sufriendo, a veces,
con una actitud muy incomprensible hacia cómo se logran los acuerdos
de los señores diputados.
Termino dando las gracias a S.S., señor presidente, y a todos los
diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muy breve, señor presidente, quiero mostrar
el apoyo de Izquierda Unida a una proposición no de ley que sólo no
pretende instar al Gobierno a cumplir una moción aprobada por
unanimidad en el Pleno del Congreso, y que tiene la pertinencia de
poner fin a una situación de irracionalidad, como es el mantenimiento
de redes sanitarias paralelas, fragmentadas -como lo están en este
caso la sanidad penitenciaria-, en detrimento de la calidad de la
prestación sanitaria y de los derechos laborales de sus trabajadores;
así como a una situación de excepcionalidad, como ha dicho el señor
Arnau, que en muchos casos supone el que a la pena impuesta como
sanción por un delito se añada la anulación del derecho en las mismas
condiciones que el resto de los ciudadanos a una sanidad pública de
calidad.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Mi grupo está dispuesto a aceptar la enmienda
del Grupo Popular, siempre que después de la referencia al estatuto
marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, se incluya
el siguiente inciso: «De acuerdo con las previsiones contenidas en la
Ley de selección y provisión de plazas del personal estatutario de
los servicios de Salud, -y seguiría- previo informe favorable ».
- SOBRE MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES ORTOPROTÉSICAS
ACARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001798.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por último, a la sexta proposición no
de ley sobre modificación del catálogo de prestaciones ortoprotésicas
a cargo de la Seguridad Social. Para su presentación y defensa, tiene
la palabra la señora Maestro, portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
La señora MAESTRO MARTÍN: Que yo sepa, a esta proposición no de ley
no se han presentado enmiendas, lo cual me hace temer lo peor.;
Espero que sea una previsión infundada.
Esta proposición no de ley pretende modificar el catálogo de
prestaciones ortoprotésicas de la Seguridad Social de una manera
concreta y sencilla, en un aspecto que se intentó resolver en una
modificación realizada a través de una orden de 23 de julio de este
mismo año, en la cual se incorporaban a las prestaciones del sistema
sanitario público las sillas de ruedas eléctricas. Como la vida casi
siempre supera la norma, las necesidades de una parte importante de
las personas inválidas, como resultado de diversos padecimientos,
no han sido cubiertas por esta modificación. La voluntad del
legislador es que las personas invalidadas puedan acceder a aquellos
mecanismos técnicos que dentro de las dificultades de su
padecimiento, les permita realizar una vida en las mejores
condiciones posibles y una autonomía en el funcionamiento cotidiano.
Las personas con las que me he entrevistado están en residencias
públicas y no tienen otros ingresos más que los que corresponden al
salario de integración, es decir, cincuenta y tantas mil pesetas
mensuales, de las cuales se deduce una buena parte para sufragar los
gastos de mantenimiento. Como esto no es objeto de esta proposición
no de ley, no insisto. Se trata de que no solamente las sillas de
ruedas ni las sillas eléctricas, sino todas las adaptaciones
necesarias tales como cojines antiescaras, respaldos reclinables,
reposapiés, etcétera; modificaciones que en muchos casos encarecen en
un cien por cien el coste de la citada silla eléctrica o de ruedas,
puedan estar incluidas dentro de las prestaciones ortoprotésicas de
la Seguridad Social, así como las camillas articuladas eléctricas, y
grúas para el transporte de personas afectadas por minusvalías de tal
envergadura que necesitan de este tipo de mecanismos para trasladarse
de la cama a la silla o de una cama a otra cama eléctrica, que es su
exclusivo medio de transporte. Éste es el objeto de la proposición no
de ley. Espero que para terminar la legislatura, el año y la
Comisión, los buenos deseos para todos que yo hago explícitos aquí en
este momento para el año próximo, puedan afectar también a este
pequeño colectivo de personas. Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Quiero indicar que nuestro grupo cree
que es necesaria una revisión del catálogo de prestaciones del
Sistema Nacional de Salud, que debe verse en su conjunto, y que
precisamente las prestaciones vinculadas a lo que podríamos llamar
enfermos crónicos, que sufren problemas a causa de la evolución
biológica y del alargamiento de la esperanza de vida, deben estar en
el punto de vista prioritario.
Esta proposición no de ley, sin entrar en el conjunto de medidas que
deben tenerse presentes en relación con este tema, intenta de manera
rápida obviar algunos problemas que, como muy bien decía la portavoz
del Grupo Federal de Izquierda Unida, hacen que mejore la calidad de
vida de un grupo de pacientes, especialmente de aquellos que tienen
su movilidad reducida y que pueden plantear complicaciones
importantes si no disponen de algunos de estos elementos.
Creemos que es una solución transitoria, pero que de momento serviría
para aliviar algunos trastornos, por lo que nuestro grupo
parlamentario va a dar su aprobación a esta iniciativa.
Ya que lo ha hecho el resto de grupos, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero agradecer la colaboración recibida
de los letrados y del personal de esta Comisión, así como despedir
esta legislatura y agradecer las atenciones tanto de la Presidencia
como del resto de grupos y el diálogo, aunque no a veces la
comprensión, que hemos tenido en muchas de nuestras iniciativas, así
como su participación y colaboración. Esperemos que entre todos
se consolide definitivamente en un próximo futuro el Sistema Nacional
de Salud.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: El Grupo Parlamentario Catalán ha tenido
siempre la preocupación por la mejora de la calidad de vida de las
personas afectadas por alguna discapacidad. Quiero recordar que una
de las leyes más importantes de este ámbito, la Lismi, fue impulsada
por mi grupo parlamentario hace 18 años. Estamos ante una proposición
que, al igual que la que nos ocupó el pasado 18 de noviembre, trata
de una modificación del catálogo de prestaciones sanitarias en el
Sistema Nacional de Salud. Al igual que en aquella ocasión, el Grupo
Parlamentario Catalán, en coherencia con su posición, acatará la
normativa, que deja bien claro que toda modificación de este catálogo
de prestaciones debe a partir de un consenso alcanzado por el consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están
representadas todas las comunidades autónomas, la Administración
pública y el Ministerio de Sanidad. En este momento votaremos
negativamente esta proposición no de ley que nos ocupa, puesto que en
el informe del citado consejo del 23 de julio de 1999, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2000, ya se han incluido estas sillas de
ruedas y accesorios, siendo la única prestación condicionada la de
los cojines antiescaras, que está explicitada para los enfermos
lesionados medulares.
Otro tema, señorías, es el punto número 2, que son prestaciones
ortoprotésicas, ayudas técnicas de movilidad, que dependen del área
de Asuntos Sociales. Estamos de acuerdo en que todos hemos de
trabajar para una mejor movilidad de las personas con discapacidad,
perocreemos que tiene que hacerse en el ámbito donde deben tomarse
las decisiones.
Yo no quería tampoco acabar esta Comisión sin, desde el Grupo
Parlamentario Catalán, agradecer a toda la Comisión el trato que nos
han dado a las tres diputadas, que llegamos nuevas a esta legislatura
pero que pensamos volver. No vamos a despedirnos. Les deseamos
felices fiestas, un próspero año nuevo, y sobre todo que tengamos
suerte en las elecciones para que las tres estemos en la próxima
legislatura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Faraldo.
La señor FARALDO BOTANA: Brevemente, quiero fijar la posición de mi
grupo en cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. La orden de 18 de enero de 1996 definía
cada una de las prestaciones recogidas como prestación ortoprotésica
en el Real Decreto 63, de 20 de enero de 1995. Yseñalaba los
artículos financiados por el Sistema Nacional de Salud. En el caso de
las prótesis especiales, determinaba las ayudas económicas,
consistentes en la diferencia entre las tarifas de los
correspondientes artículos y las aportaciones del usuario que
figuraban en la mencionada orden. Asimismo, preveía que los servicios
de salud Insalud establecerían los respectivos mecanismos de gestión
de esta
prestación y sus correspondientes catálogos, en los que recogerían
estos artículos que expresamente constituyen la prestación en su
ámbito de gestión.
Pues bien, señorías, la regulación de ortoprótesis ha sido objeto de
un amplio desarrollo posterior al año 1996, tanto por lo que se
refiere a normas estatales de carácter básico como por el desarrollo
de la normativa autonómica en la materia, recogida principalmente en
los catálogos aprobados por cada uno de los servicios de salud. Entre
las normas estatales se encuentran la ya mencionada orden de 23 de
julio de 1999, que modificaba las condiciones de financiación de las
sillas de ruedas eléctricas, ampliándolas para colectivos que con la
redacción anterior quedaban excluidos, a pesar de no tener capacidad
de impulsar la silla de ruedas manual con las extremidades
superiores. La aplicación de esta orden y su entrada en vigor a
partir del 1 de enero del año 2000, así como la publicación de los
diferentes catálogos de los servicios de salud, ha dado origen a una
amplia cobertura de las necesidades de los pacientes afectados de
discapacidades.
Así, parte de los artículos que solicita su inclusión esta
proposición no de ley de Izquierda Unida se encuentran ya en los
diferentes catálogos, y, en aras a la brevedad, no los relataré. Sí
quiero decir, como ha sido expuesto.
En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley, las camillas
articuladas eléctricas y grúas para transporte son consideradas
ayudas técnicas y no prestación ortoprotésica, por lo que no
correspondería su inclusión en los catálogos de esta prestación, sino
en todo caso ser susceptibles de recibir ayudas por parte de los
responsables de los servicios sociales. Por ello, señorías, mi grupo
votará en contra de esta proposición no de ley, cumpliendo, por lo
que a este grupo respecta, la previsión de la señora Maestro.
Y ya sin más, al igual que los portavoces que me han antecedido,
quiero desear a toda la Comisión unas felices fiestas y un buen
próximo año.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las distintas
proposiciones no de ley.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley
relativa al mantenimiento de las medidas de protección social y a la
agilización del pago de indemnizaciones a las personas afectadas por
el síndrome del aceite tóxico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la
necesidad de que se impulsen pautas que regulen la publicidad que
pueda perjudicar a los productos alimenticios naturales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley relativa a
la protección, promoción y apoyo de la lactancia
materna con especial atención a la iniciativa Hospital Amigos
de los Niños, en los términos resultantes de la aprobación de la
enmienda consensuada entre los distintos grupos parlamentarios, que
literalmente dice: «El Congreso de los Diputados insta al Ministerio
de Sanidad y Consumo a que, a través del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, se insista en proteger, promover y apoyar
la lactancia materna, siguiendo los criterios de la OMS y de la
Unicef, con especial incidencia en aquellas comunidades autónomas
donde aún no se aplican con suficiente intensidad.»
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre regulación de
la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco en los
términos resultantes de la enmienda consensuada por los distintos
grupos parlamentarios que queda de la siguiente forma: Que, de
conformidad con la Directiva comunitaria de fecha 4/12/1997, que
prohibe el patrocinio y la publicidad de los productos del tabaco, y
considerando la incidencia que el tabaquismo tiene sobre la salud y
que es una toxicomanía más, se adelante todo lo posible la aplicación
de la citada directiva sin agotar los plazos establecidos en la
misma. (El señor Gómez Rodríguez pide la palabra.)
Señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: La Directiva comunitariaes del 6 de julio
de 1998.
El señor PRESIDENTE: Queda corregido en esos términos.
Se somete a votación en los términos acordados.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la
integración de los funcionarios de los cuerpos facultativo y de
ayudantes técnicos sanitarios de Instituciones Penitenciarias en la
red pública de sanidad que leerá a continuación el vicepresidente
primero, de la aceptación de la enmienda presentada por el señor
Mingo, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): El texto quedaría del
siguiente modo: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que,
en el menor tiempo posible, proceda a la integración de los cuerpos
facultativo y de ATS de Instituciones Penitenciarias en la red
pública sanitaria a través del estatuto marco de los profesionales
del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las previsiones
contenidas en la Ley de Selección y provisión deplazas del personal
estatutario de los Servicios de Salud y
previo informe favorable del Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre
modificación del catálogo de prestaciones ortoprotésicas a cargo de
la Seguridad Social.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, les ruego un minuto para que dejen a esta Presidencia
despedirse de todos ustedes, agradeciéndoles, cómo no, la
colaboración prestada a lo largo de una legislatura que ha sido
intensa en debates, en conclusiones, en la que ha habido momentos
difíciles para este presidente, pero con la generosidad que
caracteriza a todas SS.SS., todos esos incidentes se han solventado
dentro de lo que es la práctica parlamentaria habitual en esta casa.
Quiero tener un recuerdo especial para nuestro magnífico letrado,
señor Astarloa, que con su asesoramiento y con sus intervenciones
doctas siempre ha conseguido que algunos matices de tipo
reglamentario quedasen totalmente solventados.
Quiero también desear a mi entrañable amigo Jesús Gómez, que fue
vicepresidente conmigo en una ponencia que se prestó a muchos debate,
la ponencia de la reforma sanitaria, que tenga la suerte de presidir
una vez más, en la próxima legislatura, la mesa de edad, como la
presidió en la legislatura que ahora termina.
A todos los portavoces, a todos los miembros de la Mesa y a todos los
miembros de la Comisión, mi agradecimiento, porque creo que es una
Comisión donde creo que no haya intervenido alguna vez en esta
Comisión. Esta es una generosidad que han tenido los distintos
portavoces de los distintos grupos, todos los miembros de la Comisión
han tenido la posibilidad de lucir sus magníficas cualidades
parlamentarias, y a todos se lo agradezco, aunque a veces me han
hecho sufrir con los tiempos, unos más que otros, incluido el día de
hoy, que vamos con una hora de retraso, aunque me lo habían prometido
los distintos portavoces. En fin, a todos les deseo suerte en las
próximas elecciones. Si el informe de este presidente vale, diría que
todos repitiesen en sus listas, y si alguno lo considera oportuno, yo
no tengo inconveniente en decirlo a los grupos parlamentarios de la
Cámara: todos son acreedores a repetir, absolutamente todos, por el
buen comportamiento. (Risas.)
A todos, felices fiestas, y feliz campaña electoral, feliz resultado
de las elección y hasta el año que viene.
Se levanta la sesión.