CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 821



ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ



Sesión núm. 83



celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo) para
informar sobre:



- Cuál ha sido la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) en el año 1997 para
cada una de las comunidades autónomas del Estado español. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 213/001197.) ... (Página 24424)



- El Plan de desarrollo original 2000-2006. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/001234.) ... (Página 24424)



- El conocimiento por el Gobierno de «Plan de opciones sobre
acciones» que Telefónica aprobó en el año 1997 y que
permitirá que sus directivos se repartan el próximo año entre
30.000 y 45.000 millones de pesetas y las causas por las que
en ese momento no se evitó la adopción de dicho Plan. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001303.)
... (Página 24424)



- La posición del Gobierno español entre la cumbre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en temas agrarios,
industriales y culturales. A solicitud del Grupo anterior.

(Número de expediente 213/001313.) ... (Página 24424)

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- La tercera Conferencia ministerial de la Organización Mundial de
comercio celebrada en Seattle.

A petición propia. (Número de expediente 214/000135.) ... 24424



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.

Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, en principio última de este período de sesiones y tal vez
de esta legislatura, consistente en la comparecencia del señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda, don Rodrigo Rato, para informar sobre cuál ha sido la
liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el
año 1997 para cada una de las comunidades autónomas del Estado
español, a solicitud del Grupo Socialista; sobre el Plan de
desarrollo regional 2000-2006, a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular; sobre el conocimiento por el Gobierno del Plan de opciones
sobre acciones que Telefónica aprobó en el año 1997 y que permitirá
que sus directivos se repartan entre 30.000 y 45.000 millones de
pesetas el próximo año y las causas por las que en ese momento no se
evitó la adopción de dicho plan, a solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto; sobre la posición del Gobierno español ante la cumbre de la
Organización Mundial del Comercio en temas agrarios, industriales y
culturales, también a solicitud del Grupo Parlamentario Mixto; y
finalmente sobre la tercera Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio que se celebrará en Seattle, a
petición propia.

Si les parece, señoras y señores diputados, procederemos a la
acumulación de las diferentes comparecencias formuladas,
exponiéndolas el señor ministro en primer lugar, siguiendo el orden
que crea oportuno, y luego proseguiremos con el método habitual de
esta Comisión. Ruego a todos, tanto al señor ministro como a los
señores portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que,
puesto que por imperativos de la agenda del señor ministro no ha sido
posible comenzar esta comparecencia a una hora más temprana,
administren los tiempos para que podamos acabar esta Comisión a una
hora digna.

Sin más, tiene la palabra el señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA(De Rato Figaredo): Señorías, es para mí una satisfacción
comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso de los
Diputados, comparecencia que, como muy bien ha dicho el señor
presidente, probablemente será la última de este período de sesiones,
teniendo bastantes posibilidades de serlo también en cuanto a la
legislatura. En cualquier caso, quiero agradecer a SS.SS. toda la
colaboración
y la crítica constructiva habida a lo largo de estos años, así
como la que estoy convencido que habrá hoy.

Señor presidente, mi intención, como no podía ser de otra manera, es
responder a los cuatro puntos del orden del día, a petición de los
diversos grupos parlamentarios, pero además, si la Comisión no tiene
inconveniente, me gustaría hacer una referencia a algo que quizá
mencionen varios de los diputados, que es al conocimiento del nuevo
IPC del mes de noviembre, que acaba de ser hecho público. Me parece
que no tendría demasiado sentido que yo compareciera esta mañana sin
referirme a él. Por tanto, voy a hacer referencia también a los datos
de la evolución del índice de precios al consumo que, repÏto, han
sido hechos públicos esta mañana por el Instituto Nacional de
Estadística.

Como conocen la Comisión y la opinión pública, el IPC del mes de
noviembre se ha situado en una tasa del 2,7 por ciento -noviembre
sobre noviembre-, lo cual es un dato que indudablemente supera las
previsiones revisadas por parte del Gobierno a principios del otoño,
del 2,4, y sobre el que me gustaría hacer algunas manifestaciones.

La primera es que la evolución de nuestro índice de precios al
consumo se ve claramente influida por la evolución de los elementos
más volátiles del índice, como es el caso de los precios energéticos
para el conjunto de la zona euro o para el conjunto del mundo, con un
crecimiento muy importante del precio del crudo en los últimos 12
meses y, en nuestro caso, con una evolución negativa del precio de
los alimentos, lo que no ha sido así, al menos no con esta
intensidad, en el conjunto de la zona euro.

Creo que es significativo comprobar que la inflación subyacente,
aquella que analiza la evolución de los elementos más estables del
índice y que excluye, como SS.SS saben, los productos alimenticios no
elaborados y los energéticos, se sitúa en el 2,3 por ciento. Eso nos
vendría a indicar que estamos en una inflación subyacente que
prácticamente no ha variado desde 1998, estable en los últimos 12
meses, por lo que estaría absorbiendo de manera satisfactoria la
evolución de la demanda interna española.

En ese sentido, me parece que también es una noticia que debemos de
tener en cuenta la evolución de la inflación de servicios,
probablemente el núcleo inflacionista más importante de nuestro país,
que explica una parte considerable del diferencial de inflación y que
se sitúa en el 3,1 en estos momentos, una décima por debajo de
octubre, y que se ha reducido desde el pasado diciembre desde el 3,7
al 3,1. Además, en una rúbrica que sé que a la Comisión le ha
interesado en otras ocasiones, los precios de las telecomunicaciones
se han reducido en noviembre un 3,2 por ciento, una reducción más
intensa de la que teníamos enoctubre, del 1,7 por ciento.




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En ese sentido y sin que con ello yo trate de reconocer que no existe
en estos momentos una presión inflacionista en nuestro país, como
consecuencia de los precios de los alimentos y de la energía, sí
tengo que decir que el conjunto de la economía española no está
evolucionando en términos inflacionistas superiores a los previstos
en nuestro objetivo de inflación estable, que es el 2 por ciento.

También quiero recordar a la Comisión que desde principios del año
1997, nuestra inflación media gira en torno al 2 por ciento, con
oscilaciones al alza y a la baja muy intensas, todas ellas ligadas a
los productos más volátiles, como fue el caso de diciembre del año
pasado, con una inflación del 1,4 y como ocurre en este momento con
una inflación del 2,7.

Por tanto, creo que el objetivo que se ha planteado el Gobierno, y
que es el del Banco Central Europeo, de una inflación del 2 por
ciento en nuestro país, es perfectamente alcanzable, habida cuenta de
que -vuelvo a repetirlo- los elementos más volátiles se están
reduciendo y la inflación subyacente se está manteniendo.

Creo que la Comisión es plenamente consciente de cuál ha sido el
elemento más importante en términos de precios en nuestros país y en
otros países. Las inflaciones que estamos conociendo del conjunto de
los precios industriales también nos indican una evolución en esa
dirección, especialmente las de aquellos que tienen crecimientos en
sus demandas internas similares a los nuestros, y sin duda la
evolución del precio del crudo está siendo un elemento claramente
decisivo. Piense la Comisión que, exceptuando momento excepcionales
como fue la guerra del Golfo o la crisis de los años 1973/1974, no
hemos conocido subidas del crudo como las que estamos viviendo en
estos momentos, superiores al cien por cien. Sin embargo, en este
sentido quiero decir que tanto España como el conjunto de los países
europeos estamos absorbiendo el uso petrolífero de estas
características con muchísimos mejores resultados que en momentos
anteriores, lo que es un buen ejemplo de que las políticas
liberalizadoras y las reducciones del déficit público están teniendo
claros efectos sobre el conjunto de la inflación en los países
europeos y en concreto en España.

Hemos de tener en cuenta que los diferenciales de crecimiento con
nuestros socios son importantes. En el segundo trimestre del presente
año nosotros estábamos creciendo a una tasa interanual del 3,6 por
ciento, mientras que el conjunto del área euro lo hacía a una tasa
del 1,8, es decir estábamos creciendo el doble, aunque esa diferencia
se está cerrando, como también la de la evolución del IPC entre
nosotros y el conjunto de la zona euro.

Además, España tiene unas características especiales desde el punto
de vista de los precios, que están ligadas a la climatología y que
han sido completamente inversas entre 1998 y 1999. En diciembre de
1998 la alimentación registró una tasa interanual del 0,6 por ciento,
mientras en noviembre de 1999 estamos asistiendo a un crecimiento del
2,3 por ciento, principalmente ligado a la evolución de la
climatología. En noviembre, dentro del componente de alimentos no
elaborados, como SS.SS. saben, ha destacado el crecimiento de los
precios de la carne de ovino, con un aumento del 13 por ciento, y de
la patata, con precios del 4,2 por ciento de subida. Los que conozcan
este mercado
son conscientes de que esos crecimientos son importantes, aunque los
precios, en términos absolutos, puedan no serlo. La evolución de los
precios del aceite que, junto con el vino de mesa, ha sido uno de los
elementos más inflacionista del año 1999, con un crecimiento del 22,6
por ciento en términos interanuales, en los últimos meses ha empezado
a perder fuerza, lo cual creo que es un dato positivo.

Como decía al principio de mi intervención, nuestra diferencia con
Europa en términos climatológicos se manifiesta claramente en la
evolución de los precios de los alimentos. La alimentación en los
países euro ha presentado una trayectoria favorable, desde el uno por
ciento en diciembre de 1998, al que estaban evolucionando los precios
de los alimentos, a un menos 0,2 en el pasado mes de agosto. Por
tanto, lo que para nosotros ha sido un elemento inflacionista
determinante, la evolución de los alimentos, ha sido un elemento
deflacionista determinante para nuestros socios europeos, lo que se
está corrigiendo en los últimos meses, aunque de manera mucho más
leve que en España, porque en estos momentos la evolución de los
alimentos en el conjunto de los países euro oscila alrededor del 0,4.

También es importante, sobre todo de cara al futuro, tener en cuenta
que se ha producido un cambio sustancial de la política monetaria del
Banco Central Europeo, que indudablemente durante la mayor parte del
año 1999 no ha sido una política monetaria que se haya adaptado a
nuestras necesidades y que estaba más orientada, como sus propios
responsables han reconocido, a los riesgos que a principios de la
primavera y a finales del invierno de 1999 se detectaban en algunas
de las economías centrales, en las que se está hablando incluso de
situaciones de deflación.

Indudablemente, la evolución de la cotización de la moneda también
tiene efectos sobre la inflación, pero ésos afectan al conjunto de
los países euro. Quisiera hacer referencia muy brevemente, señor
presidente, a dos cuestiones que creo que pueden preocupar a la
opinión pública y desde luego a la Comisión. La primera es qué grado
de disparidad es aceptable dentro de una misma zona económica. ¿Una
diferencia de un punto en la inflación entre nosotros y la media de
los países euro es algo sustancialmente bueno, sustancialmente malo o
neutro? Pues bien, el diferencial de inflación que en estos momentos
se está situando en el entorno de un punto, como sabe la Comisión
-son los datos a octubre, que son los últimos que tenemos de todos
los países- es considerada por el Banco Central Europeo como una
diferencia absolutamente absorbible y que no tiene consecuencias,
puesto que responde a diferentes estructuras productivas. Hemos de
tener en cuenta que, por ejemplo, en España, que es un mercado
integrado desde hace varios siglos, las diferencias también son muy
importantes. Tenemos provincias con una inflación del 1,4, en
octubre, frente a otras con unas inflaciones del 3,5 y del 3,2, y no
se producen grandes distorsiones desde el punto de vista de la
competencia. En Estados Unidos, que es probablemente el mercado
integrado que tiene un tamaño más similar al de la Unión Económica y
Monetaria, podemos apreciar que en la serie histórica hay diferencias
de inflación de hasta 7 puntos, aunque eso me parece poco relevante,
porque estamos hablando de una serie histórica muy larga. En los años
ochenta y en los últimos años las diferencias



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de inflación se mueven en torno a los 2 puntos. Por tanto, como el
propio Banco Central Europeo ha reconocido en su último informe de
octubre, estaríamos, en el conjunto del área euro, no referido
exclusivamente a España, con divergencias de inflación absolutamente
asumibles y en un proceso en el que, a todas luces, estamos
asistiendo a una recuperación de las demandas internas de los países
que a finales del invierno de este mismo año tenían características
de un crecimiento prácticamente nulo, con subidas de precios también
muy bajas. También estamos asistiendo a una mayor homogeneidad, por
ejemplo, en el impacto de los alimentos en el conjunto de los países
euro.

Desde el punto de vista de la competitividad, me gustaría hacer
referencia a la evolución de nuestras exportaciones, que
probablemente miden una capacidad de nuestra competitividad y lo
hacen además de manera muy práctica. Hemos podido comprobar, como
toda la Comisión sabe, que desde la recuperación de la economía
mundial y de las economías centrales de la zona euro de principios
del segundo trimestre de 1999 nuestras exportaciones están creciendo
a un ritmo similar o superior al de la mayor parte de los países
europeos. En ese sentido, hay una trayectoria ascendente que se ha
venido manteniendo en los últimos años. Tampoco vemos que el
diferencial de un punto esté afectando a la confianza de la inversión
extranjera en España, ni mucho menos. Por ejemplo, la que viene de
países europeos está creciendo a un ritmo de casi el 44 por ciento.

Es lógico que la Comisión plantee al Gobierno si éste cree que desde
el punto de vista de las medidas adoptadas a corto, medio y largo
plazo se han producido efectos; sinceramente, creo que sí. En estos
momentos, el que nuestra inflación se mueva en términos perfectamente
explicables, desde el punto de vista de los efectos que tienen los
elementos más volátiles del índice, muestra que nuestra economía es
cada vez más competitiva y más flexible. Sin embargo, los efectos que
tiene sobre nosotros el crecimiento son indudablemente positivos para
el conjunto de la economía, pero tienen influencia sobre la
inflación. Les pondré un último ejemplo: los precios del petróleo son
iguales para todos los países, sin duda, pero no es lo mismo un país
que está creciendo al 0,4 que otro que está creciendo al 3,6. Es
indudable que un país que está creciendo al 3,6 utiliza mucho más
petróleo y energía que el que está creciendo al 0,4. Por tanto, ahí
tenemos que no sólo la demanda interna sino la propia evolución de
los precios del petróleo afecta de manera distinta a la incidencia de
la inflación en un país con una alta tasa de crecimiento que en otro
con una baja tasa de crecimiento. Pero, al mismo tiempo, el consumo
de carburantes en nuestro país supone el 58 por ciento del consumo
energético en España, mientras que en la media de la Unión Europea
supone el 43 por ciento. Eso quiere decir que nosotros somos más
sensibles a la baja y al alza en la evolución de los precios del
petróleo. En el año 1998 fuimos muy beneficiados por la bajada de
precios del petróleo y, en cambio, en el año 1999, hemos sido más
perjudicados.

En cuanto al medio plazo, que me parece lo más importante, la
evolución de la inflación subyacente nos indica que no tenemos
tensiones inflacionistas en este momento desde el punto de vista de
los elementos más estables y que estamos en una reducción constante
de los precios de los
servicios, que probablemente son el elemento más importante y más
difícil sobre el que se puede actuar. En una situación de demanda
interna tan intensa como la que se está produciendo en nuestro país,
el hecho de que los servicios continúen reduciendo su tasa de
inflación indica una mayor flexibilidad de la economía española. El
propio efecto escalón que tendremos a partir de principios del año
2000 nos va a beneficiar desde el punto de vista de la evolución de
la inflación y de la comparación con los países europeos. En
cualquier caso, señor presidente, como es natural, la Comisión me
planteará las cuestiones que le preocupen sobre este tema.

Paso ya al orden del día de la Comisión. Empezaré por la Organización
Mundial de Comercio y después continuaré con la liquidación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, los planes de
desarrollo regional y las opciones sobre acciones.

Respecto a la celebración de la III Conferencia ministerial de la
Organización Mundial de Comercio, que fue celebrada los días 1 y 3 de
diciembre en Seattle, la Comisión ya ha conocido una primera
valoración previa a esta conferencia por parte de la secretaria de
Estado de Comercio. Quisiera hacer algunas referencias a cuáles han
sido las causas y, después, las consecuencias de que no se haya
podido llegar a una declaración ministerial.

Quiero recordar a la Comisión que la Conferencia de Seattle es la
tercera que se realiza después de los acuerdos en Marrakech y que la
Conferencia ministerial es, dentro de la Organización Mundial de
Comercio, el órgano más representativo y que define la dirección
política de la organización. El objetivo fundamental de esta
Conferencia de Seattle era el lanzamiento de una nueva ronda de
negociaciones, llamada la Ronda del Milenio, para discutir las
relaciones comerciales a nivel mundial a partir de principios del
siglo XXI. Los acuerdos de Marrakech, que se referían a la ronda
anterior, la llamada Ronda Uruguay, obligaban a que al menos
abordáramos dos cuestiones: las agrícolas y el comercio de servicios.

Al mismo tiempo, tal como se estableció en la anterior Conferencia
interministerial de Ginebra, la inmediatamente anterior a la
celebración de la Conferencia de Seattle, había otras cuestiones que
preocupaban a los países, como la transparencia en las cuestiones
comerciales para la sociedad civil y la participación y seguimiento
de las organizaciones no gubernamentales en el proceso. Además, desde
el punto de vista de la Unión Europea, desde hace dos años, el
conjunto de los países europeos había decidido que esta Ronda del
Milenio se plantease desde un punto de vista global y que afrontará
no sólo la liberalización del comercio sino también el análisis de
los problemas de la globalización. En ese sentido, la Unión Europea
manifestaba la necesidad de una liberalización también de productos
industriales, que entraran dentro de las discusiones de la ronda, así
como nuevos temas del comercio internacional, entre los cuales
destacan las garantías para las inversiones, las relaciones entre el
comercio y la competencia y las inquietudes de la sociedad civil,
como son las relaciones entre el comercio y el medio ambiente, el
crecimiento sostenible, el comercio y los derechos sociales y el
apoyo al desarrollo a través del comercio. Como pueden comprobar SS.

SS., la agenda oficial pretendida por muchos países, entre ellos, la
Unión Europea, era extraordinariamente



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ambiciosa. También había otros aspectos que estaban dentro de las
discusiones, como la protección del consumidor, la multifuncionalidad
de la agricultura y los valores culturales.

Entre las preocupaciones políticas importantes para muchos países
miembros de la OMC y en especial de la Unión Europea estaba tratar
que la ayuda al desarrollo, a través de las políticas comerciales,
fuera cada vez más eficiente, como el planteamiento del principio de
desarrollo sostenible al que ya he hecho mención.

No es de extrañar, dada la amplitud de la agenda -y creo que las
señoras y señores diputados son plenamente conscientes de ello-, que
las posiciones fueran muy dispares y contradictorias en muchos de
estos temas. Tal como tuve el honor de expresar, en nombre de España,
en la asamblea de Seattle, nuestro país ha venido defendiendo en el
seno de la Unión Europea la necesidad de un enfoque global que nos
permitiera en un abanico tan amplio de temas un compromiso único, en
el que hubiera un equilibrio entre las posiciones y los intereses de
cada uno de los países. En este sentido, no cabe ninguna duda de que
es importante avanzar en la liberalización progresiva del comercio
internacional, en agricultura y en el sector pesquero -al que como he
puesto de relieve en muchas ocasiones, hay que otorgarle un adecuado
tratamiento singularizado-, pero también en productos industriales y
en servicios.

La integración de la agricultura, como he dicho antes, era un
compromiso que ya habían adquirido los países europeos y los países
en su conjunto en los acuerdos de Marrakech, pero la Unión Europea
planteaba ya desde hace varias reuniones la necesidad del
reconocimiento de la llamada multifuncionalidad de la agricultura.

Como he dicho, la pesca, desde el punto de vista del Gobierno español
-y ésa ha sido la propuesta que ha aceptado la Unión Europea-, no
podía someterse a las mismas reglas que el resto de los sectores no
agrícolas, sino que necesitaba de reglas precisas y específicas, en
las que se tuvieran en cuenta no sólo la necesidad de preservar los
recursos naturales, sino también la existencia de acuerdos
internacionales sobre conservación de recursos y otros acuerdos
bilaterales entre países, así como la necesidad de promover la
existencia de empresas mixtas entre países con recursos y deseos de
explotarlos.

También un tema que ha tenido una gran importancia en la agenda y que
ha sido motivo de debates muy intensos han sido las reflexiones que
se han planteado sobre las reglas de la propia Organización Mundial
de Comercio, habida cuenta de la experiencia de estos últimos cuatro
años. En ese sentido se pretendía por algunos países incluso una
discusión que, en opinión de la Unión Europea, era reabrir las
condiciones cerradas en Marrakech sobre algunas cuestiones.

Desde el punto de vista del desarrollo, que sé que es un tema que
preocupa especialmente a las señoras y señores diputados, tanto la
posición de la Unión Europea como en concreto la posición de España
han sido de pioneras en iniciativas a favor de los países menos
adelantados, ya que la Unión Europea, como la Comisión conoce,
mantiene enormes concesiones a favor de los países del Convenio de
Lomé y aplica un generoso sistema de preferencias generalizadas.

El Gobierno español no sólo comparte las políticas de alivio
a la pobreza, sino que lo considera un elemento básico de nuestra
política nacional y, por eso, hemos sido participantes activos en
cuestiones como la condonación de la deuda, préstamos de ajuste
estructural, a través del Fondo Monetario Internacional, y también en
cooperaciones en temas importantes como han podido ser las
catástrofes naturales en Centroamérica o las crisis financieras en
Brasil.

En la lucha contra la pobreza, que es un reto compartido por todos
los grupos parlamentarios -además de que en esta legislatura, como
todos los grupos son conscientes, el Gobierno ha remitido y la Cámara
ha aprobado una ley de cooperación, cosa que no había sucedido hasta
esta legislatura-, en estos momentos el Gobierno español está en
condiciones de plantear a la opinión pública española un compromiso
para alcanzar en el año 2002 un esfuerzo de ayuda oficial al
desarrollo equivalente al 0,3 del producto interior bruto, en el que
puede haber un consenso social.

En ese sentido estamos convencidos de que la Organización Mundial de
Comercio debe avanzar para que estos programas y otros de lucha
contra la pobreza tengan efectos permanentes, por lo que es necesario
que los países en desarrollo se integren en la economía internacional
y puedan beneficiarse de las oportunidades que están produciendo la
evolución de la economía global. Sin embargo, como he dicho antes,
las posiciones eran extraordinariamente distantes en muchos de estos
asuntos. Por ejemplo, en el tema agrícola, que es uno de los más
controvertidos, partiendo de la base de que la Unión Económica y
Monetaria aceptaba la necesidad de la legalización del sector
agrícola y que la propia Unión Europea ya había cambiado
sustancialmente su política agrícola común para irse adaptando a lo
que iban a ser las discusiones a partir del año 2000, la posición de
algunos países integrados en el grupo Cairns, a los que se ha unido
Estados Unidos, no querían aceptar principios, en nuestra opinión,
indudables, como el de la multifuncionalidad de la agricultura y,
además, proponían reducciones hasta la desaparición de todo tipo de
ayudas a la exportación en la agricultura. En ese sentido, creo que
los beneficios medioabientales de lucha contra la desertificación, de
conservación de espacios naturales que tiene la agricultura son
indudables, por lo que a nosotros nos ha parecido imposible aceptar
el principio de que la agricultura no es multifuncional. Dentro del
propio capítulo agrícola algo tan importante como lo anterior fue
también el acceso a mercados y esto es el que más preocupa a los
países en vías de desarrollo. En ese sentido la posición europea ha
sido la de vincular el acceso de los productos de los mercados
europeos, tanto agrícolas como de servicios europeos, a los mercados
de los países en vías de desarrollo.

La posición de Estados Unidos, desde el punto de vista de la posición
europea, era distinta en el sentido de que la posición americana no
era la de buscar un acuerdo global sobre todos los temas y, por
tanto, equilibrado, sino ir a un acuerdo sectorial, a acuerdos
parciales sobre temas muy concretos que, como es natural, eran los
que más podían preocupar e interesar a los Estados Unidos.

Otra cuestión que ha producido gran controversia ha sido la lista de
reclamaciones que muchos países en vías dedesarrollo planteaban como
consecuencia de la aplicación



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de las normas de defensa comercial, las medidas antidumping y las
medidas antisubvención, éstas, sobre todo, por parte, de los países
desarrollados. Los países en vías de desarrollo consideraban y
consideran que la Unión Europea y los Estados Unidos hacen un uso
abusivo de estas medidas y, en este caso, aunque la Unión Europea
está dispuesta a discutirlas, Estados Unidos mostró una posición de
absoluta negativa a su discusión.

También otros temas importantes, que han sido no solo objeto de
debate en Seattle, sino entre la opinión pública mundial, han sido
las relaciones entre el comercio y los derechos sociales, el comercio
y el medio ambiente, o el comercio y la competencia. En ese sentido
la posición de la Unión Europea era que se pudiera plantear un grupo
de trabajo mixto entre la Organización Mundial de Comercio y la
Organización Internacional de Trabajo para poder analizar las
consecuencias y las relaciones entre el comercio y los derechos
laborales; pero esta posición no fue aceptada ni por Estados Unidos,
que quería una declaración mucho más firme y dura, ni por los países
en vías de desarrollo.

Se puede comprobar, y como sabe la opinión pública y la Comisión, que
en ninguno de los temas se ha producido un acuerde definitivo. Por
tanto, en principio, podríamos pensar que la conferencia ha
fracasado. La Comisión debe tener en cuenta que la anterior
conferencia tardó en llegar a un acuerdo desde el año 1986 hasta
1994. Por tanto, no es fácil, en un conjunto de 130 países, con un
temario como el que acabo de describir, que pueda llegarse a acuerdos
con cierta rapidez.

Por otra parte, es indudable que sí se han producido aproximaciones y
que en los documentos de trabajo que estuvimos analizando hasta el
último momento, dentro del Consejo de la Unión Europea (puesto que
ése es un tema que nos representa la Unión Europea, no tenemos una
representación en las discusiones país por país), había posiciones
muy cercanas para llegar a un acuerdo, pero no suficientemente
cercanas. Probablemente la conferencia hizo perder tiempo, desde el
punto de vista de su propia organización interna, que hubiera sido
muy útil dedicarlo a las negociaciones, y también las posiciones de
la Presidencia de la conferencia, es decir, Estados Unidos, en mi
opinión, fueron excesivamente intransigentes para conseguir un avance
sustancial en los temas. Queda en estos momentos en manos de la
Dirección General de la OMC el desarrollar consultas, como han sido
encargadas por el conjunto de los países, para avanzar en las
posiciones y poder convocar una nueva conferencia, en el tiempo que
sea posible llegar a esas aproximaciones. Las consecuencias también
de la no declaración ministerial suponen que las consecuencias del
acuerdo de Marrakech, que afectaban a agricultura y a servicios,
también han quedado en suspenso y no van a comenzar a partir del 1 de
enero del 2000.

Por tanto, señorías, y con esto termino, estamos ante uno de los
mayores desafíos desde el punto de vista de la economía mundial y es
la construcción de un sistema de comercio transparente, sometido a
reglas y que avance hacia la mayor liberalización posible. Tenemos
las bases para ese sistema, pero está funcionando con limitaciones,
como es natural. La propia existencia de un comercio cada vez más
libre es la que nos está proporcionando un nuevo temario de
cuestiones, como es el caso de las relaciones
con el medio ambiente, con la competencia, y del comercio con los
derechos laborales. También existen posiciones muy encontradas por
parte de países en cuestiones como las políticas agrícolas; no
podemos hacernos ilusiones, ya que será un debate constante por los
intereses de los distintos países. Eso es perfectamente previsible y
además me parece perfectamente razonable; la Unión Europea ha hecho
importantes esfuerzos en la propia modificación de su política
agrícola común, yendo a un sistema más del soporte o respaldo de las
rentas que de soporte de los precios. De cualquier modo, ése será un
debate largo y difícil, aunque estoy convencido que llegará a una
conclusión. En cualquier caso, los objetivos de una institución, como
la Organización Mundial de Comercio, relativamente joven, puesto que
surge precisamente de los acuerdos en Marrakech, son muy importantes.

La existencia de una institución que permita sentar reglas similares
a todos los países del mundo en temas de comercio y solucionar de
disputas a través de un régimen de arbitraje es un paso sustancial en
los soportes a la internacionalización de la economía. Y creo que,
como se está comprobando en otros ámbitos, como en el financiero, la
existencia de una economía global exige instituciones globales, por
complejas que éstas puedan ser. El no conseguir una declaración
ministerial en la reunión de Seattle no puede considerarse un fracaso
absoluto. Creo que no ha sido así y que los temas, como he tenido
ocasión de explicar a la Comisión, eran extraordinariamente amplios y
prolijos; el día que seamos capaces de cerrar todos estos temas con
130 países habremos definido seguramente un mundo nuevo. Por tanto,
no debemos perder la ambición ya que me parece que existen los
instrumentos para continuar trabajando.

Paso, señor presidente, a la liquidación del IRPF en el año 1997. La
liquidación definitiva de 1997, es un año importante, ya que es el
primer año de puesta en funcionamiento del nuevo sistema de
financiación autonómica que, como quiero recordar, tenía tres
objetivos prioritarios: la suficiencia, la solidaridad y el aumento
de las capacidades de autogobierno por parte de las comunidades
autónomas. En 1997 todavía existían dos grupos de comunidades
autónomas dentro de los niveles competenciales: aquellas que tenían
transferida la educación no universitaria y, por tanto, gozaban de un
mayor nivel de recursos financieros, y aquellas que no la tenían.

Afinales del año 1999, como la Comisión es consciente, se ha ampliado
notablemente el número de comunidades que tienen transferida la
educación no universitaria y, por tanto, hay una mayor
homogeneización a lo largo de la propia vida del sistema de
financiación autonómica de las capacidades de competencias de cada
una de las comunidades autónomas. Además -y creo que de eso es
plenamente consciente la Comisión- existe una diferencia política, y
es que hay tres comunidades autónomas que no han querido aceptar el
modelo en sus respectivas comisiones mixtas.

Quisiera referirme a los tres objetivos que he mencionado. Es decir,
desde el punto de vista de la suficiencia financiera los datos de
liquidación definitiva del año 1997 confirman claramente que el
modelo aporta recursos suficientes para la financiación de las
competencias transferidas a las comunidades autónomas que lo han
aceptado. Igualmente, en mi opinión, pone de manifiesto que además



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los recursos aumentan más rápidamente en las comunidades que tienen
más competencias. Frente al modelo anterior de financiación del año
1992 al año 1996, en el que toda la financiación de las comunidades
autónomas crecía a ritmo de PIB nominal, en el actual las comunidades
autónomas han tenido un crecimiento de su financiación por encima del
producto interior bruto, por lo que las comunidades autónomas
claramente han salido beneficiadas. Las que han aceptado el modelo
hubieran recibido el PIB nominal con el sistema anterior y ahora han
recibido más. Por tanto, desde el punto de vista de la suficiencia
financiera, es indudable que se ha producido una mejora de
financiación de las comunidades autónomas. La pregunta sería si esta
mejora responde a los otros dos principios, que me parecen igual de
importantes: por un lado, la solidaridad y, por otro lado, el
autogobierno. Desde el punto de vista de la solidaridad, el año 1997
nos indica que la financiación ha sido mayor para las comunidades con
menor renta. De hecho, la mayor financiación que recibirían las
comunidades autónomas si, por ejemplo, todas hubieran aceptado el
modelo, con relación a la que habrían recibido de haberse prorrogado
el anterior método, se habría repartido de la siguiente forma: el 89
por ciento del incremento de recursos que proporciona el nuevo modelo
lo recibirían las comunidades autónomas que en el año 1996 tenían un
producto interior bruto a precios de mercado inferior a la media,
mientras que el 11 por ciento del aumento de financiación del modelo
lo hubieran recibido las restantes comunidades con PIB por habitante
a precios de mercado superior a la media. En ese sentido éste es un
modelo teórico, puesto que me refiero al caso en que todas lo
hubieran aceptado. Esta comparación se mantendría también en términos
similares si agrupásemos las comunidades autónomas en función de su
nivel de competencia. Tanto en el grupo de las del artículo 151 como
las del artículo 143, las comunidades que obtendrían una mayor
financiación serían aquellas que tuvieran niveles de renta más bajos.

Podríamos, por tanto, resumir el efecto de este nuevo modelo diciendo
que aporta más recursos a medida que crece el nivel competencial y
cuanto menor es el nivel de renta. En mi opinión, ése es un objetivo
positivo, pero en cualquier caso los grupos parlamentarios pueden
saber que ése es el efecto que puede tener el modelo. En el supuesto
de que las tres comunidades que rechazaron el modelo lo hubieran
aceptado, serían las que habrían obtenido unos incrementos de
recursos financieros más altos dentro de sus respectivos niveles de
competencia, lo cual es bastante sorprendente. Pero ésa es la
realidad del modelo. El modelo de financiación, por tanto, facilita
mayor cantidad de recursos, lo que unido a una distribución más
solidaria, mayor suficiencia y mayor solidaridad entre las distintas
comunidades autónomas, garantiza ampliamente la suficiencia
financiera para sufragar las competencias que tienen asumidas y
permite además -y ahora paso al tercer principio- avanzar en el
autogobierno y la corresponsabilidad fiscal.

El nuevo modelo aprobado en diciembre de 1996 otorga competencias
normativas a las comunidades sobre los tributos cedidos incluido el
IRPF, y les permite tomar las decisiones que consideren oportunas en
el ejercicio de su autogobierno. Con lo cual amplían las facultades
que tenían
atribuidas en materia de ingresos públicos. La pregunta sería si con
el nuevo modelo las comunidades autónomas han aceptado el porcentaje
de financiación que reciben respecto al que tenían con el modelo
anterior, si hay una parte mayor o menor que dependa de su voluntad
política. Pues bien, la diferencia es que los ingresos impositivos
medios de las comunidades autónomas aumentan desde el 26,1 por ciento
al 50 por ciento, lo que supone un incremento del 92 por ciento, y
además se establece una efectiva corresponsabilidad fiscal, como son
conscientes las señoras y señores diputados; aproximadamente entre 9
y 10 de las comunidades autónomas que han aceptado el modelo han
utilizado la capacidad normativa. Lo cual indicaría que, además de
que tienen más recursos que dependen de su voluntad, están utilizando
el autogobierno. ¿Cuál ha sido la evolución de las cuotas líquidas
del IRPF? Si analizamos el crecimiento de las cuotas líquidas del
IRPF para el año 1997 observamos que ha sido el 2,86 por ciento.

Estamos hablando del IRPF que estaba vigente en el año 1997 que, como
la Cámara sabe, en nuestra opinión era un IRPF ineficiente y que
tenía muy poca elasticidad con respecto a la evolución del producto
interior bruto. Como es consciente la Cámara, en el año 1997 ya se
tomaron medidas por parte del Gobierno, de la mayoría parlamentaria
sobre el IRPF, que fueron: una rebaja fiscal para los contribuyentes,
y que, como no podía ser de otra manera, afectó a la recaudación
global del impuesto; y también condiciones normativas sumadas a las
mejoras para los ciudadanos, lo que significó una afectación a la
recaudación de algo más de 100.000 millones de pesetas. Es decir, la
recaudación del año 1997 fue 100.000 millones de pesetas inferior a
la que hubiera sido si el Gobierno y el Parlamento no hubieran tomado
decisiones a las que haré referencia inmediatamente. En ese sentido,
si hacemos una comparación homogénea y descontamos los efectos de
estas decisiones políticas tomadas por la Cámara y propuestas por el
Gobierno, la evolución de la cuota líquida del IRPF del año 1997
hubiera sido el 5 por ciento y no el 2,86.

Quisiera recordar a la Cámara cuáles fueron los cambios normativos
del año 1997: una mayor deflactación de la tarifa, que supuso 18.000
millones de pesetas menos; una reducción del número de tramos, que
supuso 12.000 millones de pesetas menos; una mejora de las
aportaciones de los planes y fondos de pensiones, 21.000 millones de
pesetas menos; una elevación del límite mínimo de obligación de
declarar, 5.400 millones de pesetas menos; y un aumento de la
deducción por adquisición de vivienda, 25.000 millones de pesetas
menos, además de otras modificaciones normativas que supusieron 6.000
millones de pesetas. Por tanto, estamos hablando de que las
decisiones normativas que afectaron al IRPF de 1997 tomadas por el
Gobierno central, por la Administración general del Estado o por el
Congreso de los Diputados supusieron 105.046 millones de pesetas de
reducción o de impacto en la recaudación.




Hago gracia a la Comisión de detalles sobre todas estas decisiones
que fueron debatidas en su momento, pero sí me gustaría significar
que hubo también otras cuestiones, como fueron las bajadas de los
tipos de interés, que tuvieron efectos muy importantes en la
recaudación de algunas de las áreas del IRPF, como es el caso de las
ganancias de



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capital, que tuvieron una reducción aproximadamente de 97.000
millones de pesetas por la reducción de los tipos de interés. En
cualquier caso, la evolución del IRPF a efectos del montante total de
la financiación autonómica resulta neutral, ya que los mecanismos de
garantía previstos en el nuevo modelo de financiación autonómica
aseguran a todas las comunidades autónomas un mínimo de su
financiación equivalente al PIB, y en el caso de Canarias la
recaudación del IRPF fue superior al PIB. Si no se hubieran producido
las modificaciones normativas -creo que esto es importante- a las que
he hecho referencia y, por tanto, no se hubiera producido su
correspondiente impacto recaudatorio, los mecanismos de garantías se
hubieran reducido de los 31.000 millones de pesetas que supusieron
a 13.000 millones de pesetas.

Señor presidente, señorías, ¿cuál es el funcionamiento del sistema de
financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, agrupando las
comunidades autónomas según su nivel competencial? Comenzando por las
comunidades autónomas con pleno nivel competencial, la particularidad
común a todas ellas es que, al tener asumidas las competencias en
materia de educación no universitaria, tienen asignado el tramo del
15 por ciento de participación en los ingresos territoriales del
Estado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con el
anterior sistema el crecimiento producido para todas las comunidades
autónomas hubiera sido el 5,46, puesto que toda la financiación
crecía en términos de PIB. Este incremento es en todos los casos
menor que el que se produce con el sistema del quinquenio 1997-2001.

Además, vuelvo a repetir, que a mismo nivel competencial se producen
mejoras en financiación para comunidades autónomas con menor renta.

Así, en cuanto a las comunidades autónomas del 151 en primer lugar
figura Canarias, que además tiene el hecho insular en la concepción
de su financiación, con un incremento de casi el 10 por ciento; a
continuación Galicia, con un incremento también de casi el 10 por
ciento; Valencia, con un incremento del 8,12 y Cataluña con un
incremento del 6,85. El incremento medio de estas comunidades
autónomas es el 8,13. Si, por ejemplo, Andalucía, que se encontraría
entre estas comunidades autónomas del 151, hubiese adoptado el
sistema del quinquenio 1997-2001, su incremento de financiación
habría sido del 9,64, y sería la comunidad autónoma de las del 151
que hubiera tenido un mayor incremento de financiación. En ese
sentido, vuelvo a repetir, el nivel de solidaridad del nuevo sistema
es mejor que el anterior.

Por ejemplo, si nos fijamos con las comunidades autónomas con menor
nivel competencial, al no tener asumida la competencia de educación
no universitaria todas no habrían podido asumir el 15 por ciento del
tramo de participación en los ingresos territoriales del IRPF. El 1
de enero de 1997 las comunidades autónomas que tenían asumido el 15
por ciento eran Cantabria y Castilla y León, con el 10 por ciento
están La Rioja y Murcia, con el 5 por ciento Asturias y Aragón y con
el cero Baleares y Madrid. El caso de Madrid, como todas SS.SS.

saben, es especial ya que la tarifa autonómica supera la financiación
que recibía Madrid, por lo que resulta una financiación negativa.

El resultado más evidente que se desprende es el mayor incremento de
financiación que experimentan todas las comunidades autónomas por el
sistema del quinquenio
desde 1997 que el que hubieran experimentado por el sistema anterior
de 1992-1996; comparando los incrementos que produce el sistema del
quinquenio 1997-2001 con el nivel de riqueza de las comunidades
autónomas y con el nivel competencial se observa, como he dicho
antes, que a mayor nivel competencial se obtiene una mayor
financiación y que a menor nivel de riqueza se obtiene una mayor
financiación.

Las comunidades autónomas con mayor crecimiento en el nivel
competencial del 143 ha sido Castilla y León, seguida de Cantabria,
por encima de la media, que es casi el 6 por ciento; Asturias se
sitúa por debajo de ese crecimiento medio, como consecuencia de que
es una comunidad autónoma que no tenía otras competencias muy
importantes, como eran obras hidráulicas, legislación laboral y
seguridad e higiene en el trabajo.

En el supuesto también de que las dos comunidades autónomas del 143
que no aceptaron el modelo lo hubieran hecho, es decir, en este caso
Extremadura y Castilla-La Mancha, éstas hubieran sido las primeras,
por delante de Castilla y León, con crecimientos de casi el 9 y el 8
por ciento, respectivamente, lo cual indicaría que también al nivel
competencial del 143 las regiones con menos renta hubieran tenido y
tienen de hecho una mejor evolución de sus ingresos con el nuevo
sistema de financiación autonómica.




Sé que es una cuestión debatida y debatible políticamente la
existencia de garantías. Desde el punto de vista del debate tenemos
que elegir entre un sistema de topes, un sistema de garantías o un
sistema absolutamente libre, sobre el que creo que ningún grupo
parlamentario se ha pronunciado, pero es posible que se haga. Creo
sinceramente que el sistema de topes impide la corresponsabilidad
fiscal y el autogobierno y, sin embargo, el sistema de garantías no.

Me parece que es al menos interesante comprobar los efectos que ha
tenido un sistema de garantías frente a un sistema de topes, que
tuvimos la vez anterior, y ambas consideraciones podrán ser útiles
cuando se analice el sistema de financiación autonómica en el año
2001.

Como ya he dicho en otros momentos, no cabe duda de que las
comunidades autónomas que voluntariamente no han aceptado el modelo
han tenido un perjuicio notable, que lamento, de 30.000 millones de
pesetas en el año 1997 y de seguir las cosas así será de 166.000
millones de pesetas en el conjunto del quinquenio, 147.000 millones
de pesetas para Andalucía, 9.000 millones para Castilla-La Mancha y
más de 11.000 para Extremadura.

Paso, señor presidente, al Plan de desarrollo regional. El pasado 21
de julio el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea aprobó
los nuevos reglamentos que regulan el funcionamiento de los fondos
estructurales, de las nuevas perspectivas financieras y que, como la
Cámara sabe, empiezan a funcionar a partir del año 2000. Los nuevos
reglamentos contemplan, igual que hacen los vigentes, la necesidad de
proceder a una serie de tareas y fases de programación que son
previas a la percepción de los fondos. La primera de estas fases es
la elaboración y presentación a la Comisión de los distintos planes
de actuación correspondientes a cada uno de los objetivos de los
fondos estructurales, el Objetivo 1, el Objetivo 2 y el Objetivo 3.




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En lo que se refiere al Objetivo 1, lo que se denominan planes de
desarrollo regional y que van referidos a territorios, en términos
comunitarios NUT II, que son comunidades autónomas, deben cumplir el
requisito de tener un PIB por habitante en la media de los últimos
tres años inferior al 75 por ciento de la media comunitaria.

Como sabe la Comisión, y dado el principio de concentración de los
fondos estructurales que inspira la política comunitaria de
aplicación de los mismos, las regiones incluidas en el Objetivo 1
absorben la proporción más importante de los recursos estructurales
europeos, y en el caso de España una proporción muy elevada de su
territorio y de nuestra población están precisamente incluidos en las
regiones Objetivo 1; en concreto estamos hablando de Andalucía,
Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia,
Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta, Melilla y también Cantabria en
su proceso de salida de región Objetivo 1.

Los planes de desarrollo regional para las regiones Objetivo 1 son
documentos en los que los Estados miembros describen la situación y
los retrasos en el desarrollo de estos territorios, así como los
objetivos de desarrollo que persiguen para hacer evolucionar esa
situación, qué estrategias van a llevar a cabo para cumplir esos
objetivos y cuáles son las principales líneas de actuación que
configuran esa estrategia, además de los recursos financieros que
prevén aplicar para desarrollar estos objetivos y cuáles son las
previsiones sobre resultados e impactos socioeconómicos y las
repercusiones en temas como la materia medioambiental o la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres que pueden derivarse de
estas estrategias planteadas. Por tanto, estamos hablando de
documentos orientativos de la problemática regional de cada uno de
los Estados miembros y de los esfuerzos que el Estado va a realizar
para resolver esa problemática regional.

A partir del conocimiento de estos planes de desarrollo regional la
Comisión abre negociaciones con el Estado miembro que culminan con
una decisión de la propia Comisión que establece los marcos de apoyo
comunitario. Éstos son en los que la Unión Europea se compromete a
asignar un determinado montante de fondos estructurales al Estado en
cuestión, si este realiza un determinado esfuerzo financiero en las
políticas y líneas que se han establecido en el propio marco de
desarrollo comunitario, que a su vez normalmente son las que el
Estado ha planteado en sus planes de desarrollo regional.

Estamos en el principio del proceso. El Plan de desarrollo regional
se ha elaborado en este caso por el Gobierno a través de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en colaboración con
las comunidades autónomas, con otros departamentos ministeriales del
Gobierno, aparte de con agentes sociales en cada una de las
comunidades autónomas y a nivel nacional.

El proceso de elaboración del plan de desarrollo regional 2000-2006
se inicia en el mes de junio del año pasado, es decir de 1998, cuando
en mayo de ese mismo año la Comisión delegada de asuntos económicos
encomienda a la Secretaría de Estado de Presupuestos que comience la
elaboración del plan. Es verdad que, como es consciente la Comisión,
en junio de 1996 no estaban aprobadas las perspectivas financieras y,
por tanto, era un trabajo que no
podía finalizarse hasta que se hubieran aprobado las perspectivas
financieras. Como es lógico, una vez que fueron aprobadas en el
Consejo Europeo de Berlín las tareas se han acelerado para poder
plantear en fecha, como se ha hecho, el Plan de desarrollo regional
del Reino de España. La promulgación a la que he hecho referencia en
el mes de julio de los reglamentos es la que nos ha permitido
perfilar definitivamente el Plan de desarrollo regional ya que
tenemos un conocimiento completo de las condiciones que proponía la
Comisión.

El método de trabajo seguido ha sido, como no podía ser de otra
manera, una muy estrecha colaboración entre todas las
administraciones y los organismos interesados, con un elevado número
de reuniones bilaterales y multilaterales que ha permitido que las
comunidades autónomas hayan manifestado todas sus pretensiones; todas
han sido tenidas en cuenta, pero con un único límite que eran los
límites competenciales. Es decir, cuando una autonomía o una
administración planteaba algo que no era de su competencia, como es
natural, teníamos que establecer algún tipo de acuerdo con la
Administración que era de su competencia y, en caso de no haber ese
acuerdo, no se podía incluir esa pretensión. Pero creo que en el
conjunto de peticiones la posición de los parlamentos autonómicos y
de las comunidades autónomas ha sido satisfactoria y todas han
expresado que se recogen sus objetivos de manera fidedigna. Tengo
también que decirl a la Comisión que entre medias de este proceso se
ha producido en algunas comunidades autónomas un cambio de Gobierno
que nos ha obligado a reuniones informales para tratar de incorporar
lo que las nuevas mayorías parlamentarias podían considerar necesario
en los respectivos aspectos de los planes de desarrollo regional.

El Consejo de Ministros, el 23 de julio -es decir, prácticamente
recién aprobados los reglamentos-, conoció un primer borrador del
plan de desarrollo regional. Este borrador fue remitido a las
comunidades autónomas en el mes de julio. El 9 de septiembre se
remitió el Plan de desarrollo regional al Consejo Económico y Social
y, una vez que conocimos sus conclusiones y aceptamos una gran parte
de ellas, también incorporadas las concreciones específicas que nos
habían planteado las comunidades autónomas a lo largo del verano, el
13 de octubre se elaboró un proyecto definitivo que fue remitido a la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que fue aprobado el 28 de
octubre y que fue remitido el 29 de octubre a la Comisión Europea. A
partir de ahí, como he dicho al principio de mi explicación sobre
esta cuestión, se abre una negociación con la Comisión Europea, para
ver hasta qué punto los objetivos y las estrategias planteadas por
España responden a las visiones de la Comisión Europea, que
finalizará con el marco de apoyo que dicha Comisión acepte con
nosotros, que es el compromiso de la Unión Europea de remitir unos
fondos, y a partir de ahí podremos avanzar en los planes regionales y
multirregionales. ¿Cuáles son los objetivos del plan que hemos
remitido a la Comisión Europea? Sinceramente, pienso que antes
debemos hacer una reflexión sobre el punto de partida que, por otra
parte, la contiene el propio Plan de desarrollo regional. Hemos de
tener en cuenta, primero, que muchas de las regiones Objetivo 1 en
nuestro país se encuentran



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extraordinariamente alejadas de la media europea, tanto en renta por
habitante como en términos de empleo, y en 1996 se situaban en el
66,7 por ciento de la renta europea, 12 puntos por debajo de la media
de España. Además, en las regiones Objetivo 1 españolas había dos de
ellas, Andalucía y Extremadura, cuyo PIB por habitante no alcanzaba
en el año 96 el 60 por ciento de la media europea y en las que
residen uno de cada tres españoles sin empleo. En ese sentido, y sin
ningún ánimo de polémica, señor presidente, sí quiero decir que el
esfuerzo indudable del período anterior no ha producido los efectos
que se buscaban. Las regiones Objetivo 1 han quedado más retrasadas
en la evolución de la economía española y, a su vez, han quedado más
retrasadas en la evolución de la economía española con respecto a la
media europea. Por tanto, hemos de sacar la indudable y no muy
halag¸eña conclusión de que el PDR anterior - independientemente de
sus objetivos y de los recursos puestos en marcha, que fueron
cuantiosos no fue capaz ni de acortar las distancias dentro de España
-se agrandaron- ni de hacer que las regiones Objetivo 1 españolas se
acercaran a la media europea más deprisa que el resto de las regiones
españolas, que tampoco fue así. Por tanto, esa es una lección que
debemos extraer, y que yo creo que se ha extraído, de cara a los
nuevos planes de desarrollo regional. Por consiguiente, debemos
tratar que el Plan de desarrollo regional sea capaz de hacer
evolucionar más deprisa a las regiones más retrasadas para producir
una convergencia real, tanto en términos españoles como europeos.

¿Cuáles son los grandes objetivos estratégicos del nuevo Plan de
desarrollo regional del Reino de España? El primero, favorecer el
proceso de convergencia real que se mide, como SS.SS. saben, en
términos de renta por habitante y que tiene dentro de este objetivo
general objetivos intermedios para fomentar la competitividad
empresarial y territorial, favorecer el ajuste estructural y el
desarrollo del tejido productivo y mejorar el aprovechamiento del
crecimiento endógeno y de las ventajas comparativas sectoriales. El
segundo objetivo del plan busca favorecer la creación de empleo y la
mejora de las condiciones de empleabilidad y de igualdad de
oportunidades en el conjunto de las regiones Objetivo 1. Y el tercer
objetivo del plan es garantizar que el crecimiento económico se
corresponda con la finalidad de un desarrollo sostenible respetuoso
y preservador del medio ambiente. ¿Cuál es el esfuerzo inversor que
prevé el Plan de desarrollo regional para cumplir estos tres
objetivos? Pues un esfuerzo de casi 27 billones de pesetas, lo cual
supone una media anual de 3 billones 800.000 millones de pesetas
frente a los 2 billones 300.000 millones de pesetas del plan 1994-
1999, es decir, un incremento de casi el 66 por ciento respecto al
período anterior. Este gasto comprende las actuaciones que por su
naturaleza puedan cofinanciarse con fondos estructurales europeos y,
por consiguiente, incluye tanto inversiones reales como ayudas a
incentivos a empresas, sectores productivos, empleo, investigación,
desarrollo tecnológico, formación, etcétera. Respecto a la
distribución de este esfuerzo inversor, el 54,3 por ciento, o sea,
14,6 billones de pesetas, corresponde a políticas y actuaciones del
Estado y organismos y empresas que de él dependen y el resto, el 45,7
por ciento, 12,3 billones de pesetas, corresponde a las comunidades
autónomas y a empresas y organismos que
dependen de ellas. En ambos casos hay un billón 280.000 millones de
pesetas que son transferencias que realizarán el Estado y las
comunidades autónomas a los entes locales. Hemos planteado diez
ámbitos de intervención que se refieren a la competitividad, a la
investigación y desarrollo, al medio ambiente, a los recursos humanos
y la empleabilidad, al desarrollo local y urbano, a las redes de
transporte y energía, a la agricultura y desarrollo rural, a las
estructuras pesqueras y la acuicultura, al turismo y patrimonio
cultural y, por último, a la construcción de equipamientos sanitarios
y bienestar social. De todos estos ámbitos de intervención, la
inversión en redes de comunicación y energía absorbe aproximadamente
un 30 por ciento de los recursos, es decir, casi 8 billones de
pesetas, seguida en importancia por la inversión en desarrollo de
recursos humanos y empleabilidad e igualdad de oportunidades, que
absorbe un 17 por ciento de recursos, 4 billones y medio de pesetas,
y por la inversión en medio ambiente, en mejora de la competitividad
y en investigación y desarrollo, que absorben respectivamente el 14,
el 11 y el 10 por ciento de los recursos.

Analizando la clasificación del gasto total desde otra perspectiva,
el esfuerzo financiero a realizar en materia de infraestructuras se
acerca a los 14,4 billones de pesetas en las regiones Objetivo 1 en
el conjunto del período; en infraestructuras hay especial atención a
transportes y comunicaciones, pero también hay un importante esfuerzo
en medio ambiente y en agua, en infraestructura social y en energía.

Para el conjunto del territorio nacional, señor presidente, señorías,
además -o sea, no sólo las actuaciones de Objetivo 1, como la
Comisión conoce- el esfuerzo que plantea el Gobierno para los años
2000-2006 es de 19 billones de pesetas, de los cuales 11 y medio
serían aportados por la Administración general del Estado y siete y
medio por las comunidades autónomas. Pero vuelvo a las regiones
Objetivo 1. Las actuaciones más importantes van a ser para
infraestructuras, como he dicho. ¿Cuál será la financiación de la
inversión? Para hacer frente a este programa de inversiones que acabo
de mencionar, nuestras administraciones van a contar con un
importante apoyo de recursos estructurales europeos que han
correspondido a España en las perspectivas financieras de los años
2000-2006, la llamada Agenda 2000. Como saben SS.SS., España va a
percibir un total de unos 6,3 billones de pesetas de 1999, unos 6,86
billones de pesetas en términos corrientes, es decir, un 26,4 por
ciento del gasto total previsto en el PDR para regiones Objetivo 1, a
los que hay que añadir unos 3,3 billones de pesetas que recibirán los
Objetivos 2 y 3 de las iniciativas comunitarias del Fondo de
Cohesión, del que también recibiremos 1,86 billones de pesetas. Con
todo ello España va a ser el primer y más destacado país perceptor de
los recursos comunitarios asignados al Objetivo 1 y van a ser
incrementados significativamente con los recibidos en el período
1994-1996. Vamos a recibir el 29,59 por ciento del total de los
recursos asignados al Objetivo 1 cuando en el último período
recibimos el 27,78 y, a su vez, en términos reales en media anual,
España verá durante el período 2000-2006 que estos recursos se han
incrementado un 14 por ciento respecto al período 1994-1999. ¿Cuál va
a ser el impacto del PDR, habida cuenta de los efectos que tuvo el
anterior PDR sobre la convergencia real que, como he dicho antes,
fueron nulos? Nulos en términos



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relativos, sería injusto decir que fueron nulos en términos absolutos
porque no fue así. Para la economía española, el Gobierno estima que
el conjunto del PDR va a tener un impacto en crecimiento en media
anual del 0,49, casi medio punto, y en el empleo del 0,28. Es decir,
del crecimiento medio que hemos planteado en el programa de
estabilidad del 3,3 de media en el período del programa de
estabilidad que llega hasta el año 2002 un 0,5, por tanto una parte
considerable, va a depender y va a estar relacionada con el PDR. El
Gobierno cree que en el diseño del actual PDR -hemos planteado esto
en nuestro informe oficial a la Comisión- las regiones Objetivo 1 van
a tener un impacto en el crecimiento superior a la media y, a su vez,
dentro de las regiones Objetivo 1, las regiones con rentas per cápita
inferiores al 60 por ciento de la media comunitaria lo tendrán más
intenso que las regiones con rentas superiores entre el 60 y el 70
por ciento, y a su vez éstas lo tendrán superior a las regiones con
rentas per cápita superiores al 70 y hasta el 75 por ciento. En
concreto, como he dicho, si el impacto del PDR sobre el crecimiento
español será en media anual del 0,49, para las regiones Objetivo 1
con rentas inferiores al 60 por ciento de la media europea ese
impacto será del 0,68, para las regiones Objetivo 1 con rentas entre
el 60 y el 70 por ciento será del 0,63 y para las regiones Objetivo 1
con rentas superiores al 70 pero inferiores al 75 será del 0,58. A su
vez, el efecto sobre el empleo también será distinto, será más
intenso en las regiones Objetivo 1 que en el conjunto de España y
también más intenso en las regiones con rentas inferiores. Para el
conjunto de España, el efecto sobre el empleo en media anual del PDR
será del 0,28 por ciento y podrá llegar a ser del 0,38 para las
regiones con renta per cápita inferior al 60 por ciento. Tengo que
decir que el efecto del PDR no depende exclusivamente de la voluntad
del Gobierno central, ni siquiera del propio PDR. Las políticas
económicas que aplique el Gobierno de la nación indudablemente tienen
efectos muy importantes en la política de convergencia real y, por
tanto, no sólo el PDR es un elemento básico de cohesión territorial
sino que tiene que serlo en el conjunto de la política del Gobierno.

Además, las políticas que desarrollen las comunidades autónomas
también pueden coadyuvar o esterilizar una parte de los efectos de
reequilibrio regional que tiene el PDR. Por ponerles dos ejemplos, la
reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas coadyuva
al proceso de convergencia territorial porque supone no sólo un
impulso al conjunto de la economía nacional, sino que afecta
especialmente a las rentas más bajas, así como también el nuevo
sistema de financiación autonómica, que va ligado precisamente a eso,
como he puesto de manifiesto en las consecuencias del año 1997.

También las reformas introducidas en el mercado laboral van a
favorecer a las regiones con menos renta, puesto que son aquellas que
tienen mayores niveles de desempleo. Quiero con ello decir que, por
muchos esfuerzos en inversión pública y en ayudas europeas que
podamos realizar, el proceso de convergencia real requiere de otras
políticas económicas tanto a nivel nacional como a nivel de las
comunidades autónomas.

Ya muy brevemente, señor presidente, quisiera decir cuáles son las
fases que faltan en el PDR. La Comisión Europea ha transmitido
mediante una carta, el pasado 22
de noviembre, que una vez presentado el PDR por el Reino de España y
analizado por sus servicios considera que el plan reúne todos los
requisitos que respecto al contenido de los planes del Objetivo 1
establecen los nuevos reglamentos reguladores de los fondos y, por
ello, lo considera plenamente aceptable a efecto de la apertura de
negociaciones del futuro marco de apoyo comunitario. A partir de
ahora tenemos una negociación de cinco meses, que por tanto
finalizará a finales de marzo, para la fijación del marco de apoyo
comunitario y después tendremos también un nuevo plazo para la
aprobación de los programas operativos.

Paso ya, señor presidente, al último punto del orden del día relativo
a la pregunta sobre el conocimiento que tiene el Gobierno de los
planes de opciones de Telefónica. Tengo que decir que el conocimiento
del Gobierno es el mismo que el de la opinión pública puesto que
estos planes tienen una información pública que es comunicada a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque también tengo que
decir que hemos podido apreciar que el detalle con que las empresas
describen este tipo de planes es bastante heterogéneo y que en el
marco legal vigente, que existe hasta el 1 de enero del año 2000, no
existía ninguna previsión legal específica en relación con la
necesidad de informar ni a las juntas generales ni a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores sobre estas cuestiones. En ese
sentido, las nuevas modificaciones sí van a producir una mucha mayor
transparencia. Por un lado, tenemos la necesidad de que las juntas
generales aprueben los planes; por otro lado, la comunicación a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores será un requisito
imprescindible y mucho más detallada y, por último, la exigencia, que
no era expresa, de que este tipo de remuneraciones estuvieran
incluidas en los estatutos aparece en las nuevas modificaciones de la
Ley de Sociedades Anónimas. Esto es lo que puedo informar a la
Comisión.

Señor presidente, agradezco mucho la atención de las señoras y
señores diputados.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra
el señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor vicepresidente y
ministro de Economía, por sus palabras. Trataré de pasar por las
cuestiones a las que ha hecho referencia, con particular énfasis en
la solicitud de comparecencia presentada por mi grupo parlamentario,
pero alguna referencia tengo que hacer también a sus
considerablemente largas palabras introductorias en torno al dato que
hoy hemos conocido sobre la evolución del IPC.

Señor Rato, es inevitable referirse a sus palabras considerándolas
como una justificación que usted sabe que no está en condiciones de
dar. Suena demasiado increíble, suena excesivamente reiterada, suena
excesivamente explicación a posteriori de cosas contrarias a las que
usted había previsto y anunciado, y sobre todo suena a un intento de
hacernos creer que en nuestra economía tenemos singulares incidencias
de problemas que afectan al conjunto de las economías europeas.

Alguna vez le he dicho en broma que cuando las cosas le van mal los
culpables son los jeques del petróleo y cuando las cosas le van bien
resulta que el responsable, el que tiene los méritos es usted. En
este caso estamos ante una cuestión que es seria, muy seria y que no



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sorprendente en este momento. Es una crónica anunciada ya hace largo
tiempo de desencuentros entre sus previsiones y los resultados de la
inflación, un proceso de separación de la línea de convergencia en
relación con otros países europeos y un proceso también de pérdida de
competitividad que se viene produciendo hace algo más de un año en
nuestra economía como consecuencia de la evolución de los índices de
precios. Por resumir, señor Rato, sus previsiones para el año 2000
eran de un crecimiento de los precios del 1,8 por ciento y estamos en
este momento en el 2,7. Es verdad que en el otoño alteró sus
previsiones, cuando ya era inevitable, y todavía pretendió decir que
íbamos a acabar el año cumpliéndose las previsiones en el entorno del
2,3 ó del 2,4 por ciento. Nada de eso va a ser verdad: ni las
previsiones iniciales de los presupuestos reiteradas hasta después
del verano, hasta los meses de agosto y septiembre, de cumplimiento
del objetivo de inflación se van a cumplir, ni las corregidas
después, a la vista de la evolución de la inflación en el otoño, se
van a poder cumplir tampoco a partir de un dato como el de noviembre
que significa el 2,7 por ciento de inflación interanual. Incluso si
uno es benévolo y no le recuerda sus primeras previsiones del 1,8
sino las últimas, tendría que decir que el nivel de equivocación en
las previsiones, en esto como en otras cosas, sigue siendo notable.

Desde luego, si uno recuerda las primeras estimaciones le tendría que
decir que usted se ha equivocado en el 50 por ciento de su
estimación: en vez del 1,8 el 2,7; ciertamente algo bastante
importante. ¿Es verdad que tenemos algún elemento positivo? Hasta en
este momento de turbación y de preocupación le echaré una mano porque
es verdad que hay alguna cosa que ha mejorado. Pero que usted
pretenda que esto es un éxito me parece una forma de considerar los
objetivos bastante poco exigente. Dice usted que se ha reducido la
inflación de servicios, pero cuando se refiere a ella no expresa que
todavía estamos en una inflación de servicios absolutamente
inaceptable e incompatible con nuestra convergencia nominal. Estamos
muy por encima de la inflación media en materia de servicios,
seguimos estando en el 3,1 por ciento. Es verdad que se ha reducido,
y yo me felicito por ello porque llevo muchas horas de discusión y de
insistencia en este tema al que su grupo en ocasiones ha tratado de
quitar importancia para insistir en que este es el núcleo principal
que tenemos en nuestra economía en materia de inflación. Es verdad
que el problema deriva en parte coyunturalmente, a lo largo de este
año, de los precios del petróleo y de los alimentos. Sí; nunca le voy
a decir lo contrario de lo que es. Sin embargo, señor Rato, el
problema es que aun así, si uno contempla la evolución de la
inflación tendencial, la subyacente -este es el otro elemento de
comparación absolutamente importante-, si eliminamos los productos
energéticos y los alimentos no elaborados y nos olvidamos de las
explicaciones coyunturales, que ciertamente agravan el problema,
todavía seguimos en niveles de inflación que son considerablemente
más altos, más del doble, que la media de la Unión Europea. Es decir,
señor Rato, sin petróleo, sin jeques, sin pollos que se comporten de
manera heterodoxa en la economía estamos en una inflación del 2,3 por
ciento, como inflación tendencial, y como sabe usted notablemente por
encima de los índices de precios de consumo armonizados,
aproximadamente el doble del último índice
de precios de consumo armonizado de la Unión Europea. Por tanto,
tenemos el doble de inflación tendencial sin pollo y sin petróleo.

Naturalmente, esto tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con
el tipo de política que usted ha hecho; entre otras, una política en
la que su preocupación por la competencia ha estado absolutamente
ausente a lo largo de esta legislatura, aunque es verdad que
probablemente sea una de las materias en las que ha consumido más
horas, más tiempo, más atención y en ocasiones más esperanza de
alguna gente que creía que de verdad se iban a dedicar en serio a
hacer frente a poderes económicos exorbitantes que afectan a la vida
de los ciudadanos. No es este el momento de volverle a recordar, por
lo menos en extenso, lo que sigue existiendo en el sector eléctrico,
en el del petróleo, en el del gas, en las telecomunicaciones y en
muchas otras cosas, al margen de que tengamos ahora una bajada un
poquito mejor que la que ha venido ocurriendo en los tres años
anteriores en materia de telecomunicaciones o en alguna otra.

Por tanto, señor Rato, usted ha fracasado en la política de la
competencia; se ha equivocado en las previsiones. Además, yo le insto
por favor a que no siga diciendo a los ciudadanos que toda la culpa
de lo que nos está ocurriendo es solamente porque somos tan virtuosos
en nuestro modelo de crecimiento que crecemos mucho más, en
condiciones de más estabilidad, somos los reyes del mambo y no
tenemos problemas ni para hoy ni para el futuro, porque es la peor
forma de abordarlo. A partir de aquí, ¿cómo puede creerse que usted
se dirija a los sindicatos para pedirles moderación salarial y que se
conformen con un 2 por ciento cuando usted está haciendo una política
que está metiendo décimas de inflación en la economía? Décimas de
inflación a través de la renuncia a afectar a los sectores económicos
que más están influyendo mediante la inflación de servicios en
nuestro país. No tiene usted legitimidad económica moral para decir
esto con su política, una política que en este como en otros terrenos
sigue siendo especialmente desigualitaria.Ha fracasado usted en esto
y bien que lo lamento, porque este es un problema que no se va a
resolver ni con saltos para el año 2000. Los problemas de inflación
diferencial, con jeques y sin pollos -o sin jeques y con pollos, da
igual- son problemas que siguen existiendo en nuestra economía y aquí
tenemos un problema de inflación estructural, no coyuntural, señor
Rato.

También abordaré algunas otras cuestiones a las que usted se ha
referido. Tengo poco que decir porque ante los fracasos me parece que
no tiene mucho sentido hacer grandes consideraciones. La cumbre de
Seattle ha sido un fracaso. Se le puede poner algún paliativo porque
sin duda alguna los procesos de conversaciones entre países tienen
algún efecto, pero lo que no hemos tenido, señor Rato, ha sido una
visión clara de la posición del Gobierno -es verdad que no es él
quien negocia directamente sino la Unión Europea- en torno a un
problema que no es sólo la liberalización y la apertura de los
mercados sino la contribución de un mundo más abierto al desarrollo
económico de los países más desfavorecidos. Ciertamente, la novedad
política más importante de la cumbre, con independencia de las
discusiones sobre el 80 ó el 90 por ciento del comercio mundial que
naturalmente se llevan a cabo entre países desarrollados, es la
irrupción de los países menos desarrollados



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con una posición extraordinariamente fuerte, una posición en la que
yo creo que el Gobierno, y no sólo el español sino la Unión Europea,
tendría que dar pasos más amplios, más generosos de los que hasta
este momento parece haber estado dispuesto a dar, con independencia
de la defensa de los intereses legítimos que tenemos los europeos,
incluidos los españoles, que sin duda alguna son cuestiones dignas de
consideración. Pero no me extenderé más sobre algo que necesitará
probablemente meses o años para madurar, como usted recordaba en
relación con otras cumbres que han tenido lugar -o, por mejor decir,
desde otras rondas- desde que se han gestado y han tardado bastante
tiempo en producir efectos específicos.

A continuación, señor Rato, me referiré a la financiación autonómica.

Como grupo le habíamos pedido que compareciera para hablar de la
financiación autonómica. Déjeme que empiece por recordarle algo que
le he dicho muchas veces y que ahora, cuando casi estamos haciendo
balance porque presumo que esta será su última comparecencia de la
legislatura, merece la pena recordar. Usted prácticamente inició sus
funciones públicas, antes incluso de ser ministro y mucho menos
vicepresidente, llevando a cabo una operación muy delicada y de la
que se ufanó para la cual construyó una frase lapidaria que nunca
olvidaré: Hemos conseguido en 15 días lo que los socialistas no
consiguieron en 15 años. ¿La recuerda? Todavía no era usted ministro;
ni siquiera el señor Aznar era presidente del Gobierno, era el
candidato, el representante, el líder del partido político más
votado. Usted se ufanó de hacer algo que, más allá de los números a
los que después me referiré, es una de las cosas más graves que han
tenido lugar y que más allá de la discusión que usted y yo tengamos
ahora seguirá siendo necesario que se restaure: la ruptura de un
consenso; imperfecto sin duda, pero un consenso básico en materia de
financiación autonómica a lo largo de 20 años. Lo hizo de una manera
que sin duda le valió un voto, y supongo que a usted algún escaño en
su revólver, algún mérito cerca del presidente del Gobierno puesto
que el señor Aznar resultó ser presidente precisamente a través de
esa negociación, que era sine qua non para su investidura. ¿Para qué?
Para poner en pie un modelo que hoy, a la vista de algunas cifras y
de algunas consideraciones que después haré, está rotundamente
fracasado, abandonado por sus propios valedores, por usted mismo que
lo ha abandonado a medio camino corrigiéndolo, por las comunidades
autónomas que lo aceptaron, que reclamaron que se modificara en el
curso de su funcionamiento porque si no perdían dinero, y por
supuesto por el señor Pujol, que rápidamente se dio cuenta de que lo
que usted se empeñó en colocarle como moneda de cambio para la
investidura no obedecía ni a sus expectativas ni a sus necesidades ni
a sus problemas, hasta el punto de que hace ya mucho tiempo que no es
noticia que el señor Pujol ponga en cuestión el modelo que firmó con
usted. Todo eso ¿para qué? ¿Para que la corresponsabilidad, palabra
sagrada, se hiciera presente en la financiación autonómica? No, en
absoluto, porque de corresponsabilidad -luego me referiré a ello- no
quedan ni vestigios. ¿Para que el modelo actual costase al Estado más
dinero que el modelo anterior? Sí, porque cuesta más al Estado. En
todo caso, para llenar el Tribunal Constitucional de recursos y para
que casi cuatro años después estemos
peor, a mi juicio, en el punto de partida pero con más agravios
entre territorios y comunidades autónomas.

Señor Rato, ¿en qué consiste esta maravilla de modelo sobre la cual
ya tenemos los datos de la liquidación de 1997? Es verdad que con el
retraso correspondiente en estas cuestiones, más de lo debido creo
yo, pero en todo caso tenemos los datos. El modelo, para no decirlo
de una manera que sea ininteligible y nos pueda seguir alguien en
este debate que se hace abstruso y sobre todo pesado hablando de
cifras y de porcentajes de crecimiento, consiste tan solo en dos
cosas. Una, en el otorgamiento de un 30 por ciento del IRPF sin topes
como parte de la base de la financiación de las comunidades
autónomas, en el otorgamiento de algunas capacidades normativas y,
dos, en el cambio en las reglas de evolución financiera de aquellos
otros recursos de las comunidades autónomas que están ligados a su
participación en los ingresos del Estado. No tiene más, porque todas
las demás cosas son ejercicios más o menos brillantes de elucubración
que hasta ahora no han tenido ninguna realidad. Yo he hecho un
ejercicio de simulación y he supuesto que todas las comunidades
autónomas, todas las del sistema común incluidas las que no lo han
aceptado, hubieran sido aceptantes del modelo. He hecho el ejercicio
de comparar el modelo 1992-1996 con el mofelo 1997-2000 y créame que
el resultado es extraordinariamente sorprendente sobre todo para ver
cuánto significa de mayor coste para el Estado. Le adelanto que de la
comparación de los dos modelos ahora ya se sabe lo que significa el
coste adicional para el Estado, esa cifra mágica que durante tantos
meses sin ningún éxito preguntamos a usted y a su compañero de
gabinete, el que fue ministro para las Administraciones Públicas, hoy
ministro para la educación, la ciencia y la cultura, y resultó que no
tuvieron nada que decirnos. Comparando la extensión del modelo a
todas las comunidades autónomas de régimen común en condiciones de
homogeneidad el coste es 62.166 pesetas más, según la liquidación de
1997, que la traslación de idénticas variables del modelo 1992-1996.

Eso significa que en el curso del período, de seguir las reglas, con
alguna modificación pero teniendo en cuenta los datos que tenemos de
evolución del IRPF, ingresos del Estado, ITAE, etcétera, en los años
siguientes a 1997, 1998 y 1999 y previsiones para el 2000,
probablemente no saldremos por cifras inferiores a unos 300.000
millones de pesetas como media de sobrecoste de este modelo, que fue
el que usted aceptó para que el señor Pujol aceptara la investidura
del señor Aznar. Eso es lo que hoy sabemos. Pero ¿qué es lo que ha
ocurrido en el modelo? Simplemente que lo han falsificado para que dé
un resultado que al menos sea algo que sirva para andar por casa.

¿Cómo lo han falsificado? Pues alterando las reglas que aprobaron. Lo
que nos vendieron como la octava maravilla lo han cambiado en el
curso del ejercicio. Es como jugar al fútbol y si resulta que después
de un partido no mete goles, pues quita al portero del equipo
contrario, se meten más goles, es evidente, el resultado es más
satisfactorio y la afición queda algo más contenta. ¿En qué consiste
el cambio en las reglas del juego? En algo tan sencillo como decir
donde habíamos dicho que las comunidades autónomas fueran
corresponsables y el gran instrumento era el impuesto sobre la renta
delas personas físicas, ahora decimos: Olvidémonos de toda



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corresponsabilidad, muchachos, que ya sabemos que lo que importa es
la pela. Y la pela como va a ir mal, porque el IRPF va a ir mal, como
mínimo que crezca el PIB. Esto es lo contrario de lo que estaba
previsto en el esquema de corresponsabilidad. Han ligado los ingresos
derivados del IRPF simplemente al PIB. Da igual lo que pase con el
IRPF en cada comunidad autónoma, que por cierto evoluciona de forma
radicalmente dispar, naturalmente más al alza en las comunidades
relativamente más ricas, menos al alza en las comunidades
relativamente más pobres, como sus propios datos ponen de manifiesto,
algo que era previsible y que era una de las reservas que tenían las
comunidades autónomas que no aceptaban el modelo. Se abandona por
tanto la corresponsabilidad, se introducen en medio del partido
nuevas reglas para meter más goles y, naturalmente, esto no es más
que el reconocimiento implícito de que lo que se aprobó, y se
pretende seguir diciendo hoy que es el modelo que se aprobó aunque es
un modelo alterado, es espléndido. Se ha falsificado lo aprobado.

Veamos qué es lo que dicen ustedes. El modelo -y esta es la
afirmación más grave y más falsa que se contiene en el documento
oficial de evaluación del modelo que hace el Ministerio- ha
demostrado su capacidad de solidaridad; es más solidario. Toman como
argumento para esta importante afirmación que el incremento de
financiación, que usted decía que era sorprendente, notable, es mayor
para los comunidades de menor renta. Pero, señor Rato, no sé a quién
pretenden tomar el pelo porque esto no deriva del modelo sino que con
este modelo, o con el anterior, la regla de evolución que se ponga en
vigor es la que determina la financiación, la regla de evolución
financiera. Esto es, las comunidades autónomas que menos dependen del
IRPF, algo tan sencillo como esto, son a las que el modelo les da más
dinero, porque como el IRPF está creciendo muy poco, ustedes elevan
con la garantía de mínimos el crecimiento hasta asegurar al menos el
5,46, que es el crecimiento del PIB, pero de lo que depende el
crecimiento y el coste adicional del modelo es del cambio en la regla
de evolución. Cuanto menos ligada tengan la financiación al IRPF las
comunidades autónomas, tanto más ganan; y tanto más ganan no las
aceptantes sino las no aceptantes, incluida Andalucía, Castilla- La
Mancha, Extremadura. Tanto mejor le sale cuanto menos relevancia
tenga el IRPF. ¿Por qué? Porque la evolución de esos ingresos depende
de otra cosa distinta. Puede depender de la regla que queramos. Si
depende de los ITAE, ingresos territoriales ajustados
estructuralmente, entonces crece hasta más de un 11 por ciento y, a
partir de ahí, se produce el sobrecoste para el Estado pero también
el beneficio que ustedes atribuyen al modelo y que solamente tiene
que ver con el reparto de las fuentes de ingresos entre ingresos
ligados a los recursos generales del Estado o ingresos vinculados con
el IRPF; nada más que eso, con este modelo y con el modelo anterior.

Señor Rato, le invito a que hagamos un ejercicio en esta comparación
que yo había hecho entre los dos modelos. Le pasaré un artículo que
tengo sobre esto y que quizá le ayude. Si se compara la financiación
del año 1997 de las comunidades, fijada de acuerdo con la metodología
del quinquenio 1992-1996 y la fijada con el nuevo modelo 1997-2001 se
obtiene lo siguiente. La financiación que en 1997 hubiese
correspondido a las comunidades autónomas
por tarifa autonómica, IRPF, y por participación territorial en un
modelo y en otro sería inferior en 7.000 millones de pesetas a la que
hubiese correspondido por la aplicación del modelo del quinquenio
anterior. Eso en una comparación estrictamente homogénea. Una vez que
se aplica el cambio de las reglas del juego durante el ejercicio -el
del partido al que antes me refería- sólo entonces la financiación de
1997 por estos mecanismos, por tarifa autonómica y por participación
territorial, iguala a la que correspondería a las comunidades
autónomas por la aplicación de la metodología del quinquenio
anterior. Por tanto ¿dónde está el truco? El truco está en la
aplicación a unas comunidades autónomas, las aceptantes del modelo,
de una regla de evolución y la imposición unilateral a las no
aceptantes del modelo de otra regla de evolución. Esto es, ustedes
han aplicado a las no aceptantes la regla de evolución que les ha
parecido oportuna, porque no lo han pactado en incumplimiento
flagrante de lo que dice la Lofca, el sistema de financiación con
esas comunidades, y a las aceptantes del modelo les han aplicado una
regla de evolución que es la de los ITAE. De eso es de lo que deriva
básicamente la diferencia de financiación. Se lo diré poniéndole
algún ejemplo en números. Pongamos un caso que usted ha tomado como
parte de su propia batalla política: el caso de Andalucía. ¿Qué es lo
que ocurre con el modelo? Primero, ustedes se olvidan de cuánta
población hay. Ahora estamos discutiendo el PDR y en el PDR están
considerando, como se ha considerando siempre cuando se aprueba un
censo, cuál es el censo y la población que se toma en consideración.

En este caso se han olvidado de 1.625.130 habitantes de España que
están en el nuevo censo y que no cuentan a los efectos de la
distribución de la financiación. ¿Para qué? Simplemente para producir
un resultado en la distribución de la financiación que no tiene que
ver con las necesidades de servicios básicos de los ciudadanos, que
están distribuidos de distinta forma a la que ustedes propugnan en el
modelo porque no tiene en cuenta la realidad conocida -nada menos que
la de 1996- y eso afecta específicamente a algunas comunidades que
son las que han tenido el mayor crecimiento de población, como es el
caso de Andalucía.De ese 1.625.130 habitantes más de España. 460.000
corresponden a Andalucía. En segundo lugar, se han producido algunas
otras cosas que, a pesar de las supuestas virtudes del modelo,
expresan el incumplimiento de previsiones y de virtudes atribuidas al
modelo. Por ejemplo, cuando hablan de la solidaridad y dicen que han
tenido el mérito de poner en marcha, por primera vez en la historia,
las asignaciones de nivelación previstas en el artículo 15 de la
Lofca, yo le tengo que recordar, señor Rato, que han incumplido el
acuerdo sexto del acuerdo marco del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de septiembre de 1996. El acuerdo sexto señalaba que se
deberá elaborar dentro del año 1997 una propuesta de instrumentación
jurídica, financiera y presupuestaria de las asignaciones de
nivelación. Eso no se ha hecho y, como no se ha hecho, señor Rato,
significa que el crédito de 10.000 millones de pesetas (una cantidad
absolutamente despampanante para la nivelación de servicios ¿verdad?
aunque es toda una novedad en nuestra historia) no se ha utilizado.

Fíjese usted de qué sirve poner las cosas en el papel cuando después
se incumple el reglamento y se pierde el fondo, simplemente ese fondo
ya



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no existe, ese fondo no se ha distribuido, no ha servido para nada,
se lo han ahorrado. Es un chollo este modelo, señor Rato. Solamente
sirve para lo que usted quiere, desde luego no para arreglar algunos
problemas de desigualdad. Tampoco se ha avanzado nada en el Fondo de
Compensación Interterritorial. La regulación y el funcionamiento
sigue exactamente en la misma posición en la que estaba en el año
1990. Por tanto, ni desde la solidaridad ni desde la distribución ni
desde la contemplación de los problemas de población se ha avanzado.

¿Qué es lo que dicen ustedes en esa propaganda, que se la pongo en
términos de ejemplo? Hacen una comparación entre los posibles
resultados (no los que ustedes pretenden aplicar a las comunidades no
aceptantes, sino los posibles resultados que podrían obtener) y las
cantidades que el Gobierno central unilateralmente les asigna a
ellas, sin haber pactado -insisto, incumpliendo la Lofca- el nuevo
mecanismo de financiación. De ahí deriva el que algunas comunidades
autónomas están perdiendo dinero. La verdad, sin embargo, es otra,
señor Rato. Ya le he dicho de qué depende la evolución de la
financiación en este modelo en términos absolutamente homogéneos,
algo que no puede servir para discriminar a unas comunidades
autónomas respecto de otras. Le recuerdo que este es un proceso en el
que no solamente en el País Vasco hay posibilidades de pacto, también
hay posibilidades de pacto con las comunidades autónomas, y la Lofca
exige que la financiación se fije de común acuerdo. El nuevo sistema
tiene un mecanismo de establecimiento de índices de participación en
los ingresos del Estado que tienen que fijarse de común acuerdo. Eso
no se ha hecho en las comunidades no aceptantes, ustedes les han
aplicado un sistema unilateralmente. ¿Qué es lo que está produciendo
esto? Está produciendo lo siguiente. Por no reconocer el censo de
población, a una comunidad como Andalucía, en este caso la más grande
en población, ustedes le están privando de 46.391 millones de pesetas
cada año, por esa sola razón. Y por aplicarle discriminatoriamente un
criterio de evolución de la participación en ingresos del Estado le
están ustedes privando de 59.516 millones de pesetas para el año
1997. Dicho de otra forma, lo que ustedes están haciendo es una
política que no solamente ha roto el consenso, que ha generado un
modelo que ya no reconoce nadie, que es un fracaso, que lo han
alterado en el curso del ejercicio para que al menos aquellos que les
apoyaron no salgan especialmente mal parados, pero que está sirviendo
de nuevo para seguir generando agravios, en este caso sin ningún tipo
de fundamento, porque ustedes están discriminando voluntariamente a
quienes no estaban de acuerdo con el modelo y tenían, por cierto,
fundadas razones, a la vista del modelo que aprobaron, para oponerse
a él.

Esto es lo que le tengo que decir sobre el modelo de financiación,
señor Rato. Éste ya no es el momento de hablar de lo que ocurrió en
los años 1996 y 97, pero me he permitido recordárselo porque creo que
estamos ante uno de los problemas serios que tendrá que arreglarse en
la próxima legislatura. Cuando ni el señor Zaplana quiere ya este
modelo y quiere un mecanismo basado en una cesta de impuestos, el
señor Pujol hace mucho tiempo que ha abjurado del modelo que usted le
vendió, las comunidades autónomas le han exigido un mecanismo de
abandono de la corresponsabilidad y en sustitución de garantía de
ingresos
y, finalmente, no se aplican ni siquiera aquellos aspectos más
positivos del modelo como el fondo de garantía de servicios mínimos o
se alteran y se mejoran las previsiones del Fondo de Compensación
Interterritorial, señor Rato, además de recomponer el consenso
político, hay que reconocer que usted ha hecho un auténtico
desaguisado desde el punto de vista técnico, aunque le sirviera para
hacer aquella frase lapidaria de la que creo que haría muy bien en
arrepentirse porque en todo caso no va a pasar a la historia.

Voy a hacer alguna referencia, señor Rato, al Plan de desarrollo
regional, al PDR. ¿Qué es lo que me parece más relevante en esta
cuestión? ¿El que tengamos más dinero? Sin duda alguna eso es
relevante. ¿El que nuestro ritmo de crecimiento de los ingresos
estructurales...




El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señor Eguiagaray. Le recuerdo que
lleva media hora.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor presidente. Termino
rápidamente. ¿El que tengamos un menor crecimiento de nuestra
participación en fondos estructurales para los próximos años? Esta es
una discusión que ya tuvimos en la negociación de la que usted se
siente tan ufano y que, sin embargo, ha significado para toda Europa
(desde luego para toda Europa pero también para España) una evolución
infinitamente peor en términos de prospectiva, en términos de
evolución futura que la que hemos conocido. Es verdad que las cifras
absolutas ahora son mayores en términos absolutos (°faltaría más que
incluso decrecieran!), pero lo que es relevante en esta cuestión,
señor Rato, no es tanto el que haya un PDR en el que sepamos que
disponemos de una cuantía tan considerable como 6,2 billones de
pesetas, sino el saber qué es lo que va a ocurrir con el PDR. Lo que
sí sabemos es que ustedes han presentado hace ya algún tiempo el PDR.

El 28 de octubre de 1999 ustedes presentaron el PDR a la Comisión
Europea y ahora, en diciembre, lo discutimos en el Parlamento. Pero
en el ínterin, más allá de la colaboración técnica que le hayan
prestado las comunidades autónomas (sin las cuales sin duda alguna no
hubieran podido confeccionar el PDR), ni el Parlamento ni las
comunidades autónomas saben cuál va a ser la distribución de los
recursos provenientes de Europa entre unas y otras comunidades
autónomas, o incluso los impulsos del Estado, del Gobierno en este
caso, en ese esfuerzo por la convergencia real al que usted se ha
referido. No tenemos ninguna constancia de que haya un acuerdo de las
comunidades autónomas sobre la distribución de los recursos entre
unas y otras. Sabemos lo que dice la Comisión Europea. Por ejemplo,
la Comisión Europea aconseja (para seguir con algún ejemplo, no puedo
citar a todas las comunidades autónomas que están dentro del Objetivo
1) o le sugiere al Gobierno -es indicativo, bien entendido- que en el
conjunto de fondos estructurales a la Comunidad de Murcia le
corresponda el 4,14 por ciento o a la Comunidad de Andalucía el 40,57
por ciento. Eso es lo que dice la Comisión Europea y me consta que se
lo han comunicado por carta y les han dicho cuánto debiera ser el
importe de los recursos que debieran corresponder en este sentido,
según el método de la Comisión, por ejemplo, para Murcia 260.000
millones de pesetas o para Andalucía 2.548.000 millones



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de pesetas. Señor Rato, mis preguntas son: ¿Ustedes van a respetar el
criterio de la Comisión? ¿Van a distribuir los fondos de acuerdo con
lo que la Comisión ha establecido? ¿Van a buscar el consenso de las
comunidades autónomas? Esto es lo que me importa saber, ya que las
cifras generales ya las sé. Lo que me importa es saber qué es un PDR:
¿una suma de cosas o una suma de prioridades con asignaciones de
recursos para conseguir esos objetivos a los que usted se ha referido
y que yo comparto; que es necesario hacer un esfuerzo mayor en las
comunidades más atrasadas, en las comunidades que tienen menores
índices de convergencia o menores índices de renta por habitante,
medido en paridad de poder de compra o como quiera que se pueda
medir, que es necesario por tanto tratar de garantizar un crecimiento
mayor, no solamente de un país como España, sino dentro de España de
las comunidades del Objetivo 1 y dentro de las comunidades del
Objetivo 1 de aquellas que están especialmente por debajo del 60 por
ciento? Estoy de acuerdo. Todos los gobiernos han formulado esos
objetivos pero no siempre los han alcanzado, como usted se ha
encargado de recordarnos, porque estas cosas (usted se ha curado en
salud) no dependen sólo del Gobierno central, como ha dicho usted, y
eso debieron pensar también sus antecesores, que no dependen sólo del
Gobierno central sino de lo que ocurra en muchos otros aspectos de la
economía y no solamente de las inversiones que derivan de fondos
estructurales o del PDR, es verdad. Pero dejando al lado ese tipo de
consideraciones demasiado obvias, lo único relevante que hay en el
PDR, en términos de discusión política, es qué prioridades, con qué
criterios y cómo se distribuyen los fondos, y cuál es no solamente en
términos de asignación lo que piensa hacer el Gobierno español
distinto o diferente de lo que sugiere la Comisión Europea, porque
las comunidades autónomas todas ellas saben, porque esto es un
clamor, lo que dice la Comisión Europea que debiera ser la asignación
de fondos que provienen de la Unión. Lo que no sabe de su Gobierno,
del Gobierno de España, es si está de acuerdo con eso o si piensa
hacer una asignación distinta y a quién le va a otorgar más fondos,
más dinero del que sugiere la Comisión y a quién le va a otorgar
menos del que sugiere la Comisión.

No sé si usted está tratando de evitar un debate preelectoral o si,
como hay un tiempo de discusión de cuatro o cinco meses, como nos ha
recordado, para hablar de los marcos comunitarios de apoyo, está
tratando de evitar que ese debate vaya para la siguiente legislatura
o para después de las elecciones. Es posible que entonces no sea
usted quien discuta. En todo caso, señor Rato, el problema es que
tenemos derecho a saber lo que piensa el Gobierno, no solamente los
diputados, también las comunidades autónomas; cómo piensa usted
asignar los fondos, cuáles son sus propuestas, qué ideas tiene,
porque hablarnos de objetivos tan fáciles de elogiar como conseguir
la convergencia real, por tanto hacer más esfuerzo en las comunidades
autónomas, me debiera llevar a pensar que usted está dispuesto, por
ejemplo, a comprometer más recursos de los que sugiere la Comisión en
comunidades autónomas que no llegan al 60 por ciento. Le pregunto,
señor Rato, ¿ va a hacer posible, por ejemplo, que para el conjunto
de fondos la comunidad de Andalucía reciba más de 2 billones 548.000
millones de pesetas, sí o no? Si me contesta sí, a lo mejor
empiezo a creer alguna de sus afirmaciones. Si no me contesta que sí,
señor Rato, tendré que pensar que a lo mejor quiere hacer una
reasignación para favorecer algunos otros, tal vez de la misma manera
que está haciendo reasignaciones para favorecer a algunos otros
porque no le aprueban sus métodos o sus modelos de financiación
autonómica. Así podría seguir, señor Rato. Yo creo que esto es lo
único relevante. Como es relevante, señor Rato, también -termino con
esto, señor presidente- saber que hay otros fondos, algunos otros
relevantes como los fondos de cohesión. ¿Cuándo piensa, señor
ministro de Economía y vicepresidente, reunir al Consejo de Política
Fiscal y Financiera para establecer criterios ciertos, previsibles,
reglas objetivas que permitan saber de los fondos de cohesión que
inciden en competencias que también son de las comunidades autónomas,
como aquellas que tienen que ver con infraestructuras o con medio
ambiente, el papel que debe corresponder a las comunidades autónomas
y en todo caso los criterios de distribución del Fondo de Cohesión.

¿Por qué no hacen lo que ha hecho el ministro de Agricultura que en
este momento ya ha acordado, no sé si con satisfacción o con
insatisfacción, los fondos que derivan del Fondo de Garantía Agraria
o del IFOP? ¿Por qué no hacen como el ministro de Trabajo, que
también ha discutido con las comunidades autónomas y ha tratado de
llegar a acuerdos para la distribución de fondos que provienen del
Fondo Social Europeo? ¿Por qué con el PDR y con el Fondo de Cohesión
no se puede hacer algo parecido a lo que se está intentando hacer en
otros fondos? ¿Por qué tenemos que estar en este momento solamente
ante una propaganda gubernamental, por cierto como la que hacen con
el IRPF y con tantas otras cosas, con el euro, que parece que lo
hubiera hecho usted, señor Rato, que sale todos los días en el
periódico, en la televisión y en todos los medios con cargo a mil
millones de crédito que están por ahí, que hemos aprobado para que se
explique lo que ocurre en el país, no para que se haga esta
propaganda insultante a la inteligencia que usted está haciendo? ¿Por
qué, señor Rato, no se pueden hacer estas cosas razonablemente? ¿Por
qué usted insiste simplemente en ocultar los problemas, en hacerse la
propaganda diciendo que van a hacer un mogollón -permítame la
expresión- de inversiones a lo largo de no sé cuántos años y todavía
no sabemos cuáles son los criterios con los cuales se van a
distribuir, ni cómo se va a gestionar esa inversión. ¿Por qué no
podemos saber, como usted parece saberlo e igual incluso lo conoce la
Comisión Europea con algo más de detalle, cómo pretenden distribuir
los fondos después de haber manifestado por carta la aceptación de
que al menos los requisitos formales en ese Plan de desarrollo
regional que han presentado a la Unión Europea naturalmente están
cumplidos?



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor Rato, la verdad es que sin quererlo
esta comparecencia múltiple viene a ser un resumen de la legislatura.

Con esta comparecencia (parece ser que puede ser la última, no quiere
decir que lo vaya a ser, crucemos los dedos) tiene uno la sensación
de que hay voluntad de agotar la legislatura y a usted le ha



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pillado agotado en la legislatura. ¿Por qué? Me explico. Me ha dado
la impresión de que usted se maneja mejor en las campañas de
publicidad que en las explicaciones que nos ha dado aquí. Tengo que
reconocerle que ha hablado de muchos temas en un tiempo prudente,
pero me ha parecido una explicación para salir del paso. Yo voy a
intentar responderle con el mismo calor, con el mismo equilibrio, eso
sí, con menos eficacia de publicidad que ustedes en algunas de las
campañas que han puesto en marcha. No son mil millones, hay más;
busquen mejor en el Ministerio de Economía que hay más para las
campañas. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Para un mes.) Eso sí,
para un mes es posible, pero como de aquí a marzo quedan tres meses
todavía puede haber algo más.

Hablando de la inflación en el debate de la Ley de Presupuestos del
año 1999 me decía que era un poco tremendista, dadas las
circunstancias de la economía. Yo hablaba del 2,5 de inflación cuando
ustedes proponían el 1,8. Me dijo que estábamos exagerando las
previsiones, que parecía que estábamos haciendo una valoración muy
negativa de las previsiones que España tenía. Yo no puedo ser
catastrofista con la situación económica y con las gestiones que
ustedes han hecho porque estaría negando la evidencia. Pero en las
previsiones que ustedes han hecho de todo el marco económico sí que
hay que hacer una valoración negativa en cuanto a la inflación, pero
no como hacía el grupo proponente anterior. A mí no me preocupa que
usted se haya equivocado en las previsiones, ni en origen ni cuando
las corrigen. No. Mi problema es que todas las medidas que ustedes
han adoptado para controlar la inflación han fracasado, no han sido
eficaces, porque en cada medida que ustedes toman nos encontramos con
un IPC que sube cada vez, y eso que estamos en noviembre, un mes poco
inflacionista. Espérese al mes de diciembre y veremos cómo termina
cuadrando esto. Es verdad que el IPC del mes de noviembre se
utilizará para la evaluación de las pensiones y otras medidas, pero
ya veremos el mes de diciembre, con los efectos de la subida de la
gasolina. Por cierto, parece ser que ni siquiera se han quedado ahí y
que van a seguir evolucionando, según su propia discusión. Es decir,
se está produciendo en lugar de una liberalización un oligopolio que
impone los precios, que pacta los precios, y usted es incapaz de
actuar sobre ellos. Usted ha cifrado la situación deficitaria en
cuanto al IPC en los costes energéticos y en los alimentos. No el
pollo, el ovino, la patata y el aceite son los más culpables de esta
subida del IPC. Ha puesto como ejemplo el funcionamiento de los
servicios. El problema del sector servicios es que no estamos en les
meses de julio y agosto; si estuviésemos en esos meses estaríamos
hablando de otras cifras, pero estamos en torno al 3 por ciento. Yo
creo que el problema no es fraccionar todos los efectos para poder
buscar cuáles son las ventajas o los inconvenientes que tiene la
inflación. El resultado de la inflación nos sitúa por encima de un
punto de la media europea. Cuando discutimos esto hace apenas dos
meses, cuando tuvo el siguiente impulso grande, cuando se daban los
datos de comparación con Europa, yo le decía que el problema estaba
en cómo podíamos competir con el exterior. Usted ha hablado de que se
mantiene la inversión extranjera en nuestro país. ¿Cómo está
funcionando el sector exterior? ¿De qué manera estamos sacando lo que
producimos hacia el
exterior? ¿De qué manera compiten? Decía que el problema que teníamos
encima de la mesa era el grado de disparidad que se podía dar en la
zona euro. La disparidad en torno a la inflación está por encima del
1 por ciento en estos momentos; si la media europea está en torno al
1,2 por ciento y nosotros en torno al 2,7, estamos por encima del
doble. Pero ese diferencial con la Unión Europea no se da sólo en
inflación. ¿Cómo se da en costes laborales? También hay que hablar de
los costes laborales para esa convergencia que podíamos producir.

¿Cómo se da en fiscalidad ese grado de disparidad dentro de la zona
euro? ¿Cómo se da en cobertura social? Así podemos entender cómo se
está abordando el año 2000. Los empresarios piden que los salarios
suban al tono de la media europea, al 1,2; el Gobierno orienta en
torno al dos por ciento; si estamos en el 2,7, los sindicatos piden
en torno al 3 por ciento, porque esto no ha terminado en el mes de
noviembre. ¿Qué es lo razonable? Ustedes tenían controlados los
salarios. Aquí no hay relación de la inflación con los costes
salariales. Existe con algunas actividades que prefieren mantener
beneficios por encima de los propios gastos. Cuando el coste del
petróleo era de 10 dólares, no bajó la gasolina de 20 dólares a 10,
que era el coste del barril de petróleo. Ahora, cuando el coste del
petróleo sube en dólares, entonces sí tienen que subir todas las
gasolinas. ¿A qué obedece? Obedece a que hay una dificultad de
control de lo que ustedes llaman liberalización de los sectores. El
sector energético está liberalizándose y, sin embargo, los precios no
se están reduciendo. Sólo ha hecho usted referencia a la reducción de
las telecomunicaciones en torno al 3 por ciento. Me gustaría que nos
diera las cifras para que no parezca que existe una voluntad de
maquillar datos, porque es malo. El Gobierno tiene que hacer frente a
las medidas. El maquillaje está bien para salir en televisión, porque
uno sale mejor, pero para las cifras no es bueno. Las cifras no se
deben maquillar, se deben poner encima de la mesa y luego hacer los
comentarios políticos.

En la última comparecencia le pregunté qué efectos podía tener en el
futuro esta evolución no controlada de la inflación para dos cosas.

Hablaba usted antes de la caída de los tipos de interés. ¿Esto va a
afectar a la subida de los tipos de interés? ¿Va a recuperarse el
precio del dinero en la evolución para el próximo año? ¿Funcionará
para los cuatro millones de españoles que tienen hipotecas y en qué
dinero? También deben decirlo cuando las cosas no les cuadran. Usted
nos hizo una campaña fabulosa cuando la caída de los tipos de interés
facilitaba las condiciones para los ciudadanos en el acceso a la
vivienda, acceso a créditos de libre disposición para el comercio,
para las empresas. ¿Va a costar ahora más dinero? Segunda pregunta.

En el coste de nuestra deuda, porque también va a afectar al pago que
tiene de la deuda durante el año 2000 ¿en qué dinero nos va afectar?
En ninguna de las dos vale la previsión del Gobierno, vale la
evolución real.

Me da la impresión de que la inflación comparada con Europa demuestra
que estamos en crecimiento económico. Usted lo ha compensado y dice
que nosotros crecemos el doble de Europa, pero acompasadamente
tenemos más del doble de inflación de Europa. ¿Es esa realidad el
futuro que vamos a tener, crecimiento económico con inflación doble
que en Europa y además con salarios contenidos a la situación



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europea? ¿Es esa la evolución que usted nos plantea para el futuro
económico? Si es así, está cuadrando un círculo que sólo favorece a
algo que no es la realidad económica en su conjunto. Los datos de la
inflación son preocupantes y se demuestra que ustedes no los tienen
controlados y además no tienen medidas con capacidad para influir de
manera positiva a esa situación de la inflación.

El segundo tema que ha tocado es la cumbre de Seattle. La verdad es
que en Seattle se ha producido un éxito y no un fracaso. ¿Sabe cuál
ha sido el éxito? Que la ciudadanía no va a dejar que se mangonee su
futuro al margen de la realidad social. La población se ha echado
encima, ha impedido que los ejecutivos y los gobiernos puedan decidir
el futuro sin contar con ellos. Quieren opinar, quieren participar en
todas las discusiones, no sólo en las competencias agrícolas o en la
situación del comercio, sino en todo lo que son, por ejemplo,
productos adulterados y cómo se pueden vender, cómo se puede
participar en el desarrollo de todos los países, cómo se puede
participar para no agotar los recursos naturales, problema candente y
que está encima de la mesa. El tipo de desarrollo económico que
existe en el mundo tiene un límite y es el agotamiento de los
recursos naturales. Una vez que se agoten va a ser muy complicada la
evolución, y tiene la disparidad que estemos dispuestos a aceptar
dentro de la capacidad de producción.

Ha dicho usted que España ha defendido, no sé si junto con la Unión
Europea o España sola dentro de la Unión Europea, el alivio de la
pobreza. La pobreza no se tiene que aliviar para que siga siendo
pobreza; la pobreza tiene que superarse. Al mismo tiempo, hay que ver
el papel que España ha jugado en el concierto común. Tenemos aliados
económicos en estas reuniones, como pueden ser los países
iberoamericanos, que nos están haciendo unas demandas que chocan con
nuestras pretensiones y con las pretensiones de Estados Unidos. Me da
la impresión que lo sucedido en Seattle, la nueva Ronda del Milenio
en lugar de hacerla en Uruguay, es que no han sido capaces de tomar
medidas económicas al margen de la realidad social y se les ha
complicado, al margen de que los intereses son tan antagónicos que es
muy difícil el acuerdo. No va a haber posibilidad de acuerdo sin
contar con los países en vías de desarrollo y los países
subdesarrollados. Por tanto, hay que plantearse una dinámica para el
comercio, la agricultura y para la situación industrial, algo más que
la liberalización que usted ha repetido en tres ocasiones. La
liberalización del comercio, la liberalización de la industria o la
liberalización de mercados no va a ser sólo la solución para este
conflicto, máxime cuando los países desarrollados tienden a
protegerse con la intención de abogar por lo que usted ha llamado
costes sociales, participación social en la producción o derechos
sociales junto con el propio del medio ambiente. Por tanto, esas
reclamaciones antisubvención o anti dumping, esas reclamaciones sobre
derechos sociales y medio ambiente al mismo tiempo que realidad
económica y comercial, no va a ser posible con la mayor
liberalización. Al final, nos va a tocar competir con costes
salariales reducidos y exigencias medioambientales reducidas para ser
competentes en Europa, y al mismo tiempo hacer de puente con los
países en vías de desarrollo. Ese papel no es el que corresponde a
nuestro país.

El tercer tema que ha tocado ha sido la demanda de la comparecencia,
yo creo que oportuna porque fue el centro del debate de investidura,
y es la evolución del IRPF y el modelo de financiación. Ha venido a
decir que hay tres caminos que han sido positivos sobre el modelo de
financiación y que constatan la recaudación del IRPF en 1997. Uno, la
suficiencia financiera, dos la solidaridad y tres el aumento de
capacidad de autogobierno. Si es así, ¿me puede decir cuál es el
grado de corresponsabilidad que ha ido a la diversidad en este modelo
y por qué nos cuesta o va a costar ese sistema compensatorio 63.000
millones de pesetas? Hay dos figuras que estaban congeladas y ustedes
estimularon. Yo no voy a hacer un esquema sobre si el modelo anterior
funcionó bien y el modelo nuevo funciona mal, entre otras cosas
porque el modelo anterior también funcionó mal. Mientras el volumen
de impuestos que pese encima de la cesta sean los impuestos
indirectos por encima de los directos fracasará; un modelo de
financiación que esté cimentado sobre los impuestos directos y no
tenga en cuenta los indirectos, también fracasará. Por eso siempre
hemos planteado la necesidad de hablar también del IVA, porque no es
posible hablar de un modelo de financiación sin hablar de ese
impuesto. Se puede hablar de la cesión de la gestión del IVA en fase
minorista o se puede hablar de porcentaje de recaudación del IVA; no
es posible, por tanto, seguir el camino del IRPF en el modelo
anterior ni en el actual.

Creo que ustedes no han logrado la estabilidad de un modelo de
financiación porque han ido a la compra del apoyo político en lugar
de ir a un modelo de Estado que supere las tensiones territoriales y
las tensiones políticas. Como no han sido capaces de solventarlo, en
cada presupuesto discutimos y negociamos la chatarra, los 8.000 o
9.000 millones de pesetas que tenemos que meter para compensar lo que
no se recibe por otro lado. Con este modelo de financiación no han
podido superar esa complicación.




Los datos que usted nos da deberían cuadrar. Ha dicho que la reforma
fiscal abordada por el Gobierno en el año 1997 ha afectado a la
deflactación de la tarifa, a la reducción de los tramos, a los fondos
de pensiones y a la vivienda, y la cifraba en 105.000 millones menos
de ingresos. ¿Sabe usted como ha evolucionado la corresponsabilidad
fiscal de las distintas comunidades autónomas? Incrementando las
deducciones y, por tanto, reduciendo los ingresos que se iban a
producir en la comunidad vía recaudación del IRPF. El eje del modelo
de financiación, que era el acceso al 30 por ciento del IRPF, no ha
sido suficiente para los socios que les apoyaban para parte de las
comunidades autónomas gestionadas por su partido, ni para los
ciudadanos en general. Es necesario e imperioso recomponer otro
modelo de financiación.

Lo dramático de esto es que ustedes vendieron con grandes alharacas
los importantes cambios del modelo de financiación y ya lo veremos en
el debate de investidura, tanto si está usted de ministro de Economía
como si está en otro ministerio o en otras responsabilidades. Ya
veremos, ya sé que las responsabilidades son libres; como el tajo es
libre, cada uno puede coger la parte que quiera y le dejen, que
también es importante. Me da la impresión de que vamos a tener otra
escena de sofá para la composición del



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nuevo debate de investidura, y veremos si esto que es tan exitoso
según su presentación no salta echo añicos; veremos si no se compone
de manera diferente.

La solidaridad tiene dos pies: el Fondo de Compensación
Interterritorial y el Fondo de Nivelación. El Fondo de Nivelación no
ha sido efectivo, cero pesetas. El FCI, al que han hecho evolucionar,
estaba en 126.000 millones cuando llegaron ustedes al Gobierno y
ahora está en 142.000; pero tendríamos que ver la realidad en pesetas
contantes. No puede decir usted que la evolución del IRPF ha sido
neutral para el sistema, es un consejo para que no se lo diga a sus
socios. ¿Qué quiere decir eso? Ha sido neutral a cambio de compensar
hasta lo que debía ser la valoración del PIB nominal; y luego, el
castigo. ¿Cree usted que puede haber un modelo de financiación donde
el ministro de Economía diga hoy, presentando la liquidación de 1997,
que ha funcionado tan bien para las comunidades que se han sumado que
las que no han sumado hubieran estado muy bien de haberlo hecho? Hay
que castigarlas; hay que castigarlas o los ciudadanos que les han
elegido a ustedes siguen equivocándose porque pierden dinero. No, no
pierden dinero; ustedes no les garantizan un modelo. No puede decir
usted que para unos va a evolucionar el IRPF en cuanto al PIB nominal
y para otros sobre el modelo anterior; el modelo anterior ha
desaparecido. Resulta que no evolucionan igual todos los españoles
vivan donde vivan, están atacando ustedes principios constitucionales
básicos en cuanto a la equidad presupuestaria y a la equidad fiscal a
la hora de actuar.

Han surgido aquí razonamientos de si se puede ir por uno u otro
camino. Entiendo que la población es una de las variables a tener en
cuenta en un sistema de financiación. Si las comunidades que han
llegado al acuerdo o pacto no han tenido en cuenta la variable
población será porque no les ha interesado. No podemos seguir
financiando servicios al coste de la población de año 1988 porque en
la población no es la misma que entonces en algunas comunidades
autónomas; año 1988 con censo publicado en el año 1991. Está usted
dejando a un porcentaje de población sin capacidad y recursos para
que puedan tener educación, servicios sociales y unas condiciones
determinadas. En Andalucía se habla de 460.000 habitantes, en Murcia
120.000, en Valencia 150.000, hay un sinfín de poblaciones. Usted
dice que esa variable puede ser compensada con otra. Se lo acepto,
pero deberá reconocerse que hay una parte del sistema que falla a la
hora de valorar y mucho más a la hora de nivelar servicios.

En suma, puede decir usted lo que crea más conveniente sobre los
datos que nos ha aportado aquí en cuanto al IRPF, pero esto no hay
quien se lo trague ni por los efectos de la recaudación ni por los
efectos de descompensación o de pulso entre las distintas comunidades
ni por la estabilidad del modelo; tendrá que gastar usted más dinero
en publicidad, tendrá que hacer una campaña específica, y no le doy
ideas, ¿verdad? Pues no te preocupes, que lo hará. Ya veremos cómo
termina el nuevo modelo.

Hay un razonamiento que no me gusta: el modelo cuesta más. No debe
ser así. Debe discutir qué parte de la gestión del modelo hace el
Estado a nivel central, qué parte a nivel de comunidad autónoma, y
cómo distribuimos los ingresos totales para ello. Lo que pasa es que
ustedes no han reducido su aparato administrativo y su poder a la
misma velocidad que han transferido competencias a las comunidades
autónomas, ese es el problema; no se ha redimensionado el gasto de
funcionamiento; y en cuanto a la prestación de servicios, a mí no me
vale si cuesta más o cuesta menos.

El programa de desarrollo regional. Lo preocupante para mí, más que
el contenido en sí que han remitido ustedes en dos tomos que leeremos
con mucho interés, es que nos lo deben explicar. Ya han puesto en
marcha la campaña: vamos a invertir 19 billones de pesetas. ¿Sabe
cuál era la inversión del programa director de infraestructuras del
Gobierno anterior, que se aprobó en este Parlamento en el año 1995?
Eran 18 billones de pesetas, incluidos agua y medio ambiente. ¿Cuál
ha sido el problema? El volumen de inversión que han gestionado
ustedes no alcanza siquiera el 60 por ciento de esa cifra. Me da la
impresión de que el problema de los 19 billones que nos presentan
reiteradamente (ahora nos han dicho que de Europa vienen 6,3
billones, que las comunidades van a poner 7,5 billones y que el
Estado va a poner 11,5 billones) está en qué papel van a jugar, y lo
grave de todo esto es que después 2007 se habrá terminado nuestra
condición de receptores en Europa. La Europa que vamos a tener
después de este programa de desarrollo regional va a ser de 27 ó 28
países y esa nueva Europa hará que España no sea receptor sin
contribuyente neto. Por tanto, están haciendo ustedes un esfuerzo por
terminar de corregir los desequilibrios que tenemos en el seno de la
Unión Europea.

Según el informe sexto de los que se hacen periódicamente sobre la
situación y evolución socioeconómica de las regiones en la Unión
Europea, puede haberse acortado la distancia entre algunos países, es
posible, pero entre regiones no. Andalucía y Extremadura son las
regiones de peor situación en cuanto a desempleo en el conjunto de la
Unión Europea. La población de españoles en Andalucía es de 9
millones en este momento, mayor que la de Cataluña y Madrid, que
tienen cinco millones de habitantes cada una; ciudadanos españoles
que todos tienen los mismos derechos.

En cuanto a la forma de negociar y el tipo de PDR que han presentado
ustedes, permítame le diga que ya critiqué el PDR anterior cuando se
elaboró porque se hizo más en los despachos y con la suma de
propuestas de los distintos departamentos que discutiendo. Ha dicho
muy bien el portavoz anterior que no es un problema de suma de
actuaciones, sino de orientación y de prioridades políticas para
corregir la situación descompensada que tenemos. Eso no se ha hecho,
y además se lo dicen en Europa. Las comunidades autónomas les han
mandado una relación de proyectos, pero no se ha discutido política y
socialmente. En el nuevo marco debe darse una mayor discusión con los
agentes sociales; por lo menos la consideración que hace el CES
a este programa de desarrollo va en el sentido de recuperar un mayor
encuentro, un mayor dinamismo compartido entre todos los sectores
sociales.

Me da la impresión de que este PDR que han presentado ustedes, con
las cifras que nos dan no tiene garantía de que lo vayan a
distribuir. Usted ha remitido esto a la Comisión Europea, la Comisión
le ha respondido que se van a abrir las negociaciones, pero no da
usted seguridad o condiciones de distribución efectiva y líneas
sectoriales de



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apoyo. Decía que se iba a orientar hacia la formación de recursos
humanos -orientación que comparto-, hacia la capacidad de estructura
productiva más que a infraestructuras; sin embargo, el mayor volumen
de la inversión va a infraestructuras. ¿Por qué? Porque tenemos
regiones desvertebradas, la periferia de este país está
desvertebrada. La región de Murcia no tiene ferrocarril integrado en
el concierto de todo el territorio y la comarca oriental del país
-Galicia y Asturias- está totalmente desvertebrada. Eso sí, habrá AVE
hacia Barcelona y hacia Sevilla, pero no hay vertebración del
ferrocarril, es una estructura sectorial a apostar o no dentro del
PDR. En suma, la convergencia real debe lograrse con una mayor
cohesión territorial. Por desgracia, igual que en el IRPF -se ve que
por decantación de la estructura que usted llevaba-, usted ha llegado
a decir: los anteriores PDR han sido un fracaso, no sirvieron para lo
que anunciaron. Respecto a este no nos ha dicho si va a ser bueno,
pero ¡hombre de Dios! aquí no cambian ustedes nada sustantivo; siguen
con la misma pelota. Lo malo de esto es que me dirá con buen
criterio: tendrá que esperar usted a que termine el año 2006 para ver
si ha sido efectivo o no; lo malo es que no le voy a encontrar ahí y
a lo mejor yo no estoy aquí para poder preguntárselo.

Le quería preguntar si han sido tan malos los anteriores PDR, porque
hemos hecho un esfuerzo inversor. Fíjese que ha crecido la inversión
en Europa, de 1993 hasta ahora han crecido los dineros que venían a
España para corregir desequilibrios territoriales. ¿En esta nueva
propuesta, qué corrigen de las desviaciones anteriores? ¿Sabe usted
lo que ha hecho? Usted ha sumado las peticiones que le han venido de
cada sitio. No hay una coherencia o cohesión interna de una propuesta
hacia fuera. La literatura va por un lado pero los números por otro,
lo malo es la propia actuación dentro del PDR.

Termino, señor presidente. Respecto a las stock options solamente he
sacado una conclusión: stop; espero poder seguir discutiendo.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Mi grupo en una Comisión como la de hoy, la
última Comisión de Economía y Hacienda de la legislatura, no puede
dejar de intervenir; no deja de ser una Comisión de balance, y por
tanto queríamos poner de manifiesto algunos temas.

El balance de la legislatura en la perspectiva de Economía y Hacienda
y de la responsabilidad del vicepresidente del Gobierno es un balance
positivo, en el que mi grupo tiene una gran responsabilidad y es un
gran protagonista. Basta con examinar las cifras del déficit público
del año 1995, el 7,1 por ciento, y las del déficit público de 1999,
el 1,4 por ciento; las cifras de crecimiento económico, el traslado
de ese crecimiento económico al crecimiento del empleo y la bajada de
los tipos de interés. Sin lugar a dudas, la inflación es la cifra que
empaña un poco esa valoración positiva, pero coincidimos
sustancialmente con el planteamiento del vicepresidente del Gobierno
de que lo que debemos hacer es renovar esfuerzos para su control. No
debemos caer en planteamientos trágicos o dramáticos.

Cabe esperar que los dos decretos leyes, sobre todo el último
referente a tarifas telefónicas -algunas de cuyas medidas han entrado
en vigor el 1.o de diciembre o entrarán a partir del mes de enero-,
puedan contribuir con eficacia a esa rebaja de la inflación.

Podríamos preguntarnos en qué cifras nos encontraríamos ahora si no
se hubiesen adoptado esas medidas, el decreto-ley en materia de
hidrocarburos y el que afecta fundamentalmente a las tarifas
telefónicas. En cualquier caso, es el gigante -por así decirlo-
contra el que nos tenemos que batir.

Mi grupo está orgulloso de haber contribuido a la introducción y al
mantenimiento de este círculo virtuoso en la economía española y
esperamos poder seguir manteniendo ese planteamiento de bajada de
déficit, bajada de tipos de interés, crecimiento económico,
crecimiento del empleo, y sobre todo haber sido capaces de demostrar
que se pueden bajar los impuestos y aumentar la recaudación, cosa que
en otros momentos parecía imposible. Creo que en buena medida se ha
sustituido algo tan manido de la voracidad recaudatoria por un
sistema fiscal al servicio de la creación de riqueza y el
mantenimiento del empleo. Nos hubiese gustado ir más allá, no se lo
vamos a negar, en materia de pequeña y mediana empresa, reconociendo
algunas medidas que se han adoptado, pero ciertamente aquí el balance
es positivo con esa ligera sombra en materia de inflación.

Saben muy bien SS.SS. y el señor vicepresidente del Gobierno que el
sistema fiscal no nos satisface, pero hay que reconocer que fue un
gran paso hacia adelante, desde la perspectiva de Convergència i
Unió, en virtud de la negociación del pacto de investidura y
gobernabilidad, las leyes aprobadas a finales de 1996 han supuesto la
sustitución de la cesión del 15 por ciento del IRPF con topes a lo
que ha sido el 30 por ciento sin topes y atribuyendo capacidad
normativa. El avance es importante, pero sabe muy bien S.S. que para
nosotros es insuficiente, y tenemos planteada una reforma mucho más
sustancial del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Respecto a algunos planteamientos que hacía don Pedro Antonio Ríos
-que antes de un plumazo se ha cargado un millón de catalanes, porque
son seis millones, no cinco-, nos parece más justo, ya que
necesitamos una misma financiación por habitante y servicios para
estos ciudadanos.

Señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno, señorías, el
avance es importante. Hay algún incumplimiento que oscurece
ligeramente ese balance, las aprobaciones por el Congreso de los
Diputados de instar al Gobierno la elaboración de los balances
fiscales simplemente como un elemento a tener en cuenta para el
futuro sistema de financiación; se han aprobado tres veces y sin
embargo el Gobierno no ha procedido a dar cumplimiento a esos
requerimientos al Congreso de los Diputados. En cualquier caso,
reitero que ha habido un avance importante y estoy seguro de que en
la próxima legislatura, con unos o con otros, el tema del sistema de
financiación será un tema muy importante.

Respecto al programa de desarrollo 2000-2006, no nos afecta desde el
punto de vista de comunidad autónoma, por lo que no voy a hacer
ninguna consideración.

En relación a las stock options nos hemos podido pronunciar
reiteradas veces en el Congreso. Es un tema cuya regulación era
necesaria. En la medida que se ha producido



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un escándalo público absolutamente justificado en la opinión pública
española, había que abordarlo de forma inmediata pero podemos
distinguir perfectamente lo que ha sido ese inmediato abordamiento
del problema de lo que debiera ser una regulación, tanto desde el
punto de vista del derecho de sociedades, que quizá en la ley de
acompañamiento podrá quedar de manera bastante satisfactoria, como
desde el punto de vista fiscal, una regulación más reposada,
examinando absolutamente todos los elementos en juego por aquello de
que no paguen justos por pecadores y no quede ningún pecador sin
pagar, en los próximos meses o en la próxima legislatura.

Señor vicepresidente, el balance tanto desde el punto de vista del
sistema de financiación como desde el punto de vista del círculo
virtuoso de la economía española, para nosotros es satisfactorio.

Desde luego, hay asignaturas pendientes y esperamos que puedan
abordarse en la próxima legislatura.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo en esta última sesión de la
legislatura, y ante el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda, quiere, dejar un testimonio de
reconocimiento y hacer un balance positivo de la relación que ha
mantenido mi grupo parlamentario en la mesa de seguimiento de los
pactos de gobernabilidad entre Coalición Canaria y el Gobierno del
señor Aznar. Hemos encontrado entendimiento, diálogo y comprensión
por parte del señor Rato como vicepresidente del Gobierno y ministro
de Economía y Hacienda y sus inmediatos colaboradores, para tratar
los temas específicos del acervo legislativo de Canarias, como bien
conoce el señor Rato, sobre todo ante la Unión Europea. Me referiré,
fundamentalmente, a esta situación.

Haber conseguido en los tratados de la Unión Europea y el Tratado de
Amsterdam la condición de región ultraperiférica para Canarias por el
nuevo artículo 299.2, es uno de los hitos importantes que hay que
dejar constancia, como sabe usted señor Rato, por la preocupación que
sintió el Gobierno autónomo de Canarias y mi grupo parlamentario de
que alcanzándose las cuotas del 75 por ciento de renta per cápita en
la población canaria, se presentó el fenómeno de la amenaza de ser
excluida de región de objetivo número 1 de los fondos de desarrollo
regional. El planteamiento que se hace ya en el artículo 299 permite
que Canarias pueda seguir gozando del tratamiento de región Objetivo
número 1, pese a la situación respecto a la media comunitaria de la
renta per cápita de las cifras del 75 por ciento. Esto es importante
-a ello se ha referido antes acertadamente el señor Ríos y nosotros
compartimos ese criterio de valoración de la población- cuando tengo
que recordar el peso específico de la población en Canarias para
seguir exigiendo la disponibilidad de los fondos Feder (ahora los
relacionaré con el Plan de desarrollo regional 2000-2006 de
Canarias), porque si España tiene una media de 79 habitantes por
kilómetros cuadrado y la Unión Europea, territorial actual, tiene una
media de 117, la media de Canarias es de 222 habitantes por kilómetro
cuadrado. Estamos hablando de un territorio teórico, de un archipiélago
unido, pero cuando nos vamos a las dos islas capitalinas, donde se
generan los mayores incrementos de valor añadido bruto, de renta per
cápita y el sector servicios fundamentalmente, nos encontramos con
que la isla de Gran Canaria tiene una población de 457 habitantes por
kilómetro cuadrado y la isla de Tenerife de 327. Ello ha obligado -y
se ha entendido así por el Gobierno de Canarias, por las fuerzas
sindicales y empresariales y por su departamento, señor Rato- a que
en el Plan de desarrollo regional 2000-2006 se hayan recogido
acertadamente cinco grandes objetivos globales. El primero, mejorar
la accesibilidad de Canarias al exterior en la integración
territorial del Archipiélago, basándose fundamentalmente en la
necesidad de disponer de fondos Feder, aparte de la financiación de
los Presupuestos Generales del Estado, habiendo funcionado en esta
legislatura un buen entendimiento entre el Gobierno de Canarias, el
grupo parlamentario y su departamento para recoger justa y
adecuadamente en los Presupuestos Generales del Estado el
cumplimiento de apoyo y garantía financiera y presupuestaria a estos
objetivos, sobre todo en la red de infraestructuras aeroportuarias y
portuarias. A estos índices de población -que son habitantes de
derecho-, a un total de 1.600 ciudadanos residentes en Canarias, hay
que sumar diez millones de turistas, de visitantes procedentes del
territorio de la Unión Europea que anualmente llegan allí por estas
vías de infraestructura, fundamentalmente la aeroportuaria. Por
tanto, esta es la primera valoración limpia y netamente positiva en
este entendimiento. Sobre esta población, con esta densidad, hay que
hacer una serie de actuaciones, no en vano este objetivo global del
Plan de desarrollo regional ha sabido recoger el punto número dos de
los objetivos: mejorar la competitividad del tejido productivo de la
región. Con esa pirámide de población que tiende al envejecimiento,
pero con una fuerte componente de inmigración, procedente del sector
servicios europeo, que llega ya con su contrato de trabajo en
actividades de hostelería, turismo, servicios, etcétera, son
importantes los otros tres objetivos que el Plan de desarrollo
regional 2000-2006 para Canarias ha sintetizado en promover la
generación de empleo cualificando los recursos humanos con esta
densidad, garantizar la disponibilidad de recursos y mejorar la
cobertura. Por tanto, señor ministro, tenemos que agradecer el
entendimiento que ha habido y solicitar que su departamento y el
Gobierno español sigan en la línea de la exigencia de los fondos
Feder para Canarias, como región de Objetivo 1, al amparo del
artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam y su desarrollo.

Tengo que reconocer también, señor ministro, porque ha sido una labor
de paciencia por parte de ustedes -yo lo entiendo así-, las
permanentes reivindicaciones para la zona especial canaria, que se
insertaría en esta materia, para superar las duras posturas que los
comisarios europeos han mantenido y que usted es testigo de excepción
para valorar esta actuación. Ha habido que hacer descrestes,
reducciones en tiempo y de estanqueidad, quedándonos con los sectores
industriales y de comercio, dejando fuera los financieros. Creo que
ha habido entendimiento. La criatura no ha podido salir a gusto de
todos por las firmezas a veces injustas del anterior equipo de
comisarios europeos y la continuidad en la Comisaría de la
Competencia. Lejos denuestro ánimo, ni del Gobierno español ni del
Gobierno



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autónomo canario, ha estado crear un paraíso fiscal. Esto se le ha
dicho por activa y por pasiva a la Unión Europea dentro y fuera del
Plan de desarrollo regional y de las reivindicaciones.




Paso a continuación a tratar el asunto de la Conferencia de Seattle
sobre la organización mundial de comercio. En las valoraciones que se
han realizado sobre si ha sido un fracaso o no, usted sabe señor
ministro, porque se le hizo llegar, que desde Canarias existía la
preocupación de que los asistentes se vieran bajo la presión del
poder norteamericano, sobre todo en la cuestión del plátano. Mi grupo
entiende bien -y quiere dejar testimonio de reconocimiento- la
posición que usted ha mantenido en el discurso que pronunció ante el
pleno para la defensa de los intereses españoles, compaginando un
lenguaje moderno de liberalización del comercio, pero no a costa de
la pérdida de las subvenciones en el caso del plátano canario, con la
preocupación de la presión norteamericana y el convencimiento de que
se quiere ir a una línea de las multinacionales bananeras
norteamericanas que hundiría al sector de producción de plátanos en
Canarias con su política de tarifa única, que les conviene, y
anulando la OCM del plátano basada en los contingentes. Nosotros
reiteramos nuestra petición de que el Gobierno español y su
departamento sigan manteniendo esta línea, que es congruente y del
agrado de Coalición Canaria, y que en su intervención ante el pleno
de la Conferencia de Seattle mantuviera una línea de prudencia y de
mantenimiento de las ayudas agrarias. Por lo menos la Unión Europea
llevó un criterio lo más uniforme posible que tuvo que ser reforzado
con intervenciones como la suya, porque a veces algunos señores
ministros de países de la Unión Europea están dispuesto a acceder a
las presiones norteamericanas de suprimir las subvenciones agrarias,
cuando hay que recordar que en España estamos recibiendo para la
política agrícola comunitaria un billón de pesetas al año dedicado a
estructuras agrarias y a protección de los precios agrícolas y las
producciones agrícolas españolas merecen que se tengan en cuenta. Por
tanto, nosotros estamos en sintonía con la intervención oficial
española en la Conferencia de Seattle porque al menos no hemos salido
descalabrados en los sectores agrarios. Quizá en la conferencia ha
habido algunos fracasos ,y cada uno lo podrá ver desde su punto de
vista, pero si hacemos un balance deportivo entre lo que han
conseguido los norteamericanos y el interés del gran capital
librecambista y antiproteccionista ha ganado la Unión Europea y una
política sólida como la que ustedes han defendido en estos aspectos.

No me extiendo más, señor presidente. Simplemente vuelvo a reconocer
que ha funcionado y que en este momento la economía canaria está en
una línea de convergencia muy oportuna, como sabe el señor Rato. Las
productividades y eficiencias que se señalan en los planes de
convergencia se están cumpliendo en la Comunidad Autónoma canaria,
que está funcionando no con el mayor empleo posible, pero sí con una
reducción de las tasas de desempleo y con un incremento de los
índices económicos de eficiencia, eficacia y productividad. Deseamos
que se siga en esta línea, pero pensamos que esas presiones internas
sociales tienen que ser atendidas. Como usted bien conoce, el estudio
que se hizo del programa 2000-2006 sobre el desarrollo regional es
magnífico, con los ejercicios
de simulación hechos en la Comunidad canaria sobre qué pasaría sin
ayuda de los fondos Feder y que está ocurriendo con la ayuda de los
fondos Feder. Es tan apabullante el resultado que sirve como dato
objetivo para que el Gobierno siga en esta política de apoyo a
Canarias en su economía productiva con los fondos de desarrollo
regional.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor
Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré por tratar el tema de carácter
más general que es la cumbre de Seattle y pasaré después al tema de
carácter más particular que es el del IRPF.

Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, la situación
creada en Seattle es indicativa de una situación internacional dual y
esquizofrénica para bien. En primer lugar, porque pudimos observar un
escenario que aun dentro de sus contradicciones resultaba positiva,
la protesta de sindicatos, de ONG, de grupos ecologistas, en un país
tan poco dado a la politización como Estados Unidos. Es poco
halagüeña desde el punto de vista de un escenario político-económico
que resulta opaco para la mayoría de la población, incluidas las
organizaciones políticas, por lo menos aquellas que no estamos en el
centro del sistema. El señor Rato ya se refirió a que no se trataba
de un debate sólo sobre el comercio, sino un debate sobre la
formación del capital mundial y, en concreto, de los problemas que
creaba la globalización. En ese sentido hay un punto de partida que a
nosotros nos resulta preocupante, y es que se intente establecer
reglas de juego internacionales sobre el comercio y, en general,
sobre la globalización a partir de un hecho que nadie puede discutir,
que es el control del mundo por tres grandes centros de poder, que
son Estados Unidos, la Unión Europea y algunos Estados del sureste
asiático. Ya se habló anteriormente de que entre estas tres zonas se
dominaba prácticamente el 80 por ciento del comercio mundial. Pero
hay cosas que preocupan porque son más concretas, y es que parece que
hay una tendencia a crear gobiernos mundiales en el terreno de la
economía que están haciendo palidecer aún más la capacidad de
soberanía de los Estados, sobre todo si no pertenecen a los centros
neurálgicos a los que anteriormente me referí. Esta dualidad es
preocupante porque se está construyendo sobre una tesis muy optimista
que habría que discutir y que se ha planteado en los últimos diez
años, que es cuando se ha producido la expansión más grande del
comercio mundial y de la globalización, y es la relación causal
positiva entre comercio y desarrollo económico. Hay una constatación
evidente de que las desigualdades económicas y sociales entre los
Estados y entre los grupos sociales de todos los Estados han crecido,
pero hay algo más preocupante, y es que los flujos de capital
especulativo representan prácticamente el 80 por ciento de la
economía y la economía real se está reduciendo cada vez más, lo cual
es sintomático de que las cosas pueden estallar en cualquier momento.

En todo caso, nos gustaría preguntar al señor Rato si no ve un
peligro, primero, en que sean previas las negociaciones a la
escenificación pública entre Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión
Europea y que lo que ellos cuecen después intenten aplicarlo de
manera escenificada y teatral con todos. En



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segundo lugar, si no le parece que derivar los conflictos que se
produzcan a un órgano de resolución de desavenencias no es sino una
forma de ponerlos en manos de supuestos técnicos que no son más que
asesores privados al servicio de las grandes empresas. Y en tercer
lugar, como el señor Rato hizo mucho hincapié en la defensa de los
pobres y de los países del Tercer Mundo -cosa curiosa hablando de la
organización mundial de comercio-, me gustaría saber si no cree que,
en todo caso, en la Unión Europea tenemos graves contradicciones
entre sectores y situaciones bien opuestas -por ejemplo, el caso de
la cuota láctea en el Estado español, y particularmente en alguna de
sus zonas, es inexplicable sin una dialéctica discriminatoria interna
en la Unión Europea- y si no cree que el la pesca y los acuerdos
internacionales son un modelo del quítate tú para ponerme yo para
controlar yo el recurso, y no para que lo controlen los países del
Tercer Mundo, porque hay cantidad de aguas de jurisdicción
internacional de las que las flotas pesqueras, en concreto la
gallega, están siendo expulsadas. En todo caso, yo creo que en esta
dialéctica un territorio del Estado español como Galicia tiene un
papel en estricto sentido de relaciones económicas bastante más
preocupante y peligroso que el de algunos países del Tercer Mundo. Lo
mismo pasa con la excepcionalidad cultural y lingüística en relación
con la uniformidad. Está claro que el espacio hablante y cultural
español, estando mal situado respecto del anglosajón, está mejor
situado que un espacio como el del gallego, el catalán o el vasco.

Acabo esta primera parte haciendo hincapié en que nos da la sensación
de que hubo más humo teatral que desvió la atención sobre el negocio
real, sobre la falta de transparencia que hay en estas organizaciones
de carácter internacional. En todo caso, me gustaría que usted
respondiese a las siguientes preguntas, para acabar con esta
cuestión. ¿Cuál fue el grado de representatividad directa del Estado
español en la conferencia y cuál correspondió a la Unión Europea?
¿Cuáles fueron las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del
3 de diciembre de 1999? También me gustaría conocer su opinión sobre
si defiende la Unión Europea, y en particular el Estado español, una
política que garantice la seguridad alimenticia reconociendo a cada
país el derecho a una producción agrícola razonable para la
alimentación de su pueblo, incluidos por supuesto los territorios que
tienen estos problemas en la Unión Europea. También quisiera saber si
hubo algún intento de recuperar el acuerdo multilateral de
inversiones en la OMC, ya que no se pudo hacer por una vía más
descaradamente política. Asimismo, quisiera saber cómo está la
situación en cuanto a la identidad y diversidad cultural y
ling¸ística de los pueblos y, en último lugar, si no cree que igual
que no hay que ser paternalmente proteccionistas de los países de la
Convención de Lomé, en concreto, no habría que ser también mucho más
equilibrados en relación con los espacios periféricos de la Unión
Europea.

Paso a la cuestión del PDR muy brevemente porque ya tuvimos la
oportunidad de discutirla. Solamente quiero volver a plantear al
señor Rato que con el modelo de PDR que van a aplicar para algunos
casos particulares como el de Galicia ha quedado claro que no existe
voluntad del Gobierno de que podamos contar, ni siquiera para el año
2007, con una red ferroviaria aceptable en nuestro país
-no de trenes de alta velocidad-, planes que tenían la anuencia
unánime del Parlamento de Galicia. Si hubiese que contemplar en los
PDR lo que proponen las comunidades autónomas, a ser posible
unánimemente, desde luego este PDR es contrario a la esencia
democrática del Parlamento de Galicia; y le repito que no se trata de
un plan de trenes de alta velocidad. En concreto, en cuanto a los
ejes números 1 y 6, que se refieren a la reindustrialización, estamos
muy preocupados porque el PDR no enfrenta tampoco el problema de la
presumible desaparición de Endesa como centro de producción de
energía eléctrica a partir del carbón desde el año 2007 y, por tanto,
no contempla bien el proceso de desmantelamiento industrial y de
privatización y por ello la falta de control sobre empresas que antes
eran públicas. Lo mismo sucede con la falta de clarificación respecto
a la autosuficiencia energética a través de la ubicación de una
planta de regasificación en Galicia. En este aspecto creo que ha sido
elocuente lo que aquí acaba de acontecer. Todos han hecho mucho
hincapié en la población, pero hay que tener en cuenta también la
causa de la pérdida de población, y el declive de Galicia en este
aspecto desde el siglo xix hasta hoy es indicativo de que los diseños
que se aplican están en función de intereses externos. Lo mismo tengo
que decir sobre el mapa que yo le presenté. Francamente pensamos que
el PDR no es adecuado para un país que tiene un 22 por ciento de
población pobre, con un declive demográfico único en el Estado
español, un descenso de población activa y ocupada y tasas de paro
muy altas -cójase la estadística que se coja- y con una agresión
cualitativa no por no poder producir y competir en sectores
económicos básicos de la economía.

Respecto al IRPF -y acabo ya-, nosotros no somos proclives a ningún
proceso político que desresponsabilice en nombre del Estado español
al menos a los pueblos que tenemos un sector de opinión que quiere
responsabilizarse de los problemas. Es cierto lo que se dijo
anteriormente en cuanto a que el modelo que se aplicó no es de
suficiencia y autogobierno, aunque lo preferimos al anterior, pero es
cierto también que quedó coartado en sus posibilidades. En todo caso,
me gustaría saber, ya que el modelo basado en el IRPF no resulta
atractivo a Galicia, tomando exclusivamente el IRPF y sobre todo de
forma encorsetada y limitada, si no sería más lógico hablar de
capacidad de autogobierno y de responsabilidad teniendo en cuenta
otras figuras impositivas como, por ejemplo, el IVA, el impuesto
sobre sociedades, pudiendo discutir la ubicación de pago lógicamente,
y los impuestos especiales, porque estas tres figuras, en el caso
gallego, y si se pudiese discutir, repito, dónde hay que pagar el
impuesto de sociedades por las actividades económicas que se
realizan, darían un resultado sorprendente en nuestro país a pesar
del declive económico que está padeciendo. Si pudiésemos introducir
los flujos financieros derivados de la banca y de las cajas de ahorro
con una cierta capacidad competencial, seguro que el resultado sería
mucho más equilibrado y más positivo para nosotros.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Rato, es difícil llevar a cabo, en
circunstancias normales, el desarrollo de



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una sesión en la que usted debería hablar de temas tan importantes
como la evaluación del nuevo modelo de financiación autonómica, el
Plan de desarrollo regional y las posiciones del Gobierno español y
el desarrollo de la cumbre de Seattle. Y hago exclusión de un tema
que usted también ha excluido de su intervención quizá porque ya ha
sido debatido en otros momentos, que es el asunto de las opciones
sobre acciones de Telefónica. Si muchas de estas cuestiones
requerirían un debate exclusivo, añádase la circunstancia de que hoy
-y ha hecho usted referencia explícita- se conoce el dato de
inflación, un dato ciertamente preocupante como para que nos veamos
obligados a profundizar escasamente en los temas. El no profundizar
implica un nivel de generalización que puede resultar injusto, poco
satisfactorio y poco adecuado a la realidad. Intentaré evitar esa
injusticia que conlleva toda generalización. De ahí que me vea
obligado a decirle que han tenido la enorme suerte, como Gobierno, de
gestionar un período de coyuntura económica muy favorable, lo cual
sin lugar a dudas diseña un conjunto de variables macroeconómicas
favorables en este país y en otros de la Unión Europea. Pero el dato
de inflación que hemos conocido hoy nos pone de manifiesto que esta
variable, en estos momentos, se encuentra absolutamente desbocada, lo
cual ciertamente es muy preocupante; es muy preocupante, en primer
lugar, por lo que supone para nuestro país en su conjunto.

El nivel de inflación que tenemos en estos momentos, comparado con la
media de la Unión Europea, no va bien y está teniendo una grave
incidencia negativa en el conjunto de las relaciones de nuestro país
con el exterior. La segunda vertiente que quisiera destacar de la
inflación es que está poniendo de manifiesto un aspecto para nosotros
muy importante, más allá de su incidencia global en la economía
española, y es la incidencia social de su política. No es casualidad,
señor Rato, que hayan adoptado sucesivos planes de combate contra la
inflación -a lo largo de este año recuerdo al menos dos planes de
choque [El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda (De Rato Figaredo): Tres.], tres me dice con
precisión; creía que eran tres pero no quería equivocarme, le ponía
la mejor opción de sólo dos, pero veo que han sido tres- y alguno de
esos planes de choque se han caracterizado porque prácticamente no se
aplican. Piense, señor Rato, en las tarifas telefónicas. Se ha hecho
referencia a que acaban de entrar en vigor el 1 de diciembre y hay
medidas que se posponen hasta el año que viene, pero la inflación
sigue. Le quiero recordar la rebaja del 7 por ciento en las tarifas
de autopistas. Todavía no se ha aplicado porque, sorpresivamente, en
el último real decreto-ley se ha dicho que no se haga con carácter
general, sino que se puedan establecer acuerdos para que se haga
fidelizando determinadas clientelas, otorgándoles mayores porcentajes
de rebaja. Esa generosidad con la que se comporta el Gobierno en
relación con sectores y con núcleos económicos poderosos que tienen
una fuerte incidencia en la inflación contrasta, señor Rato, con que
como consecuencia de que las previsiones de este Gobierno, en el año
1999, se han equivocado en un 50 por ciento en el tema de la
inflación, centenares de miles de empleados públicos de este país
este año 1999 van a tener una pérdida de poder adquisitivo muy
importante. Todas las rentas ligadas al salario mínimo interprofesional,
no ya las rentas salariales directas sino otras rentas
ligadas al salario mínimo interprofesional, subsidio de desempleo,
cientos de miles de trabajadores de las rentas más débiles de este
país van a perder poder adquisitivo. Esta es una vertiente social muy
significativa de este dato de la inflación, señor Rato, y de la
política que ustedes llevan a cabo. El tercero que quisiera poner de
manifiesto -y aprovecho el dato que me daba- es la incompetencia para
abordar el tema. Después de tres planes de choque frente a este tema,
que el grado de desviación sea de un 50 por ciento pone de manifiesto
que si puede presumir de algo no es de previsión. Años anteriores
teníamos la fortuna de que el error era favorable. Este año,
desgraciadamente, ese error se ha convertido en muy desfavorable. En
ningún caso las previsiones del Gobierno se ajustaban a la realidad.

Era una coyuntura económica que sigue siendo favorable, y deseamos
que lo siga siendo, pero completamente alejada de las previsiones de
este Gobierno. Las previsiones de este Gobierno sí que las pagan
quienes sufren la subida del salario mínimo o las rentas ligadas al
salario mínimo o los funcionarios públicos a los que no se les
revisan las retribuciones; esos sí que las sufren. Hay otros que se
benefician en la medida en que el Gobierno no aborda medidas
adecuadas o retrasa aquellas que anuncia para el futuro, y ya veremos
en qué momento concreto se aplican. Esto por lo que se refiere a la
inflación.

Podríamos entrar en detalle en el modelo de financiación autonómica.

He seguido la detallada intervención del portavoz del Grupo
Socialista y la suya, en la que se aportan datos contradictorios y
posiblemente complementarios acerca de una realidad. Señor Rato, lo
más significativo es que esa realidad es ya el pasado. Se modificó el
anterior sistema de financiación autonómica por exigencias políticas
y hoy aquí le han dicho que las previsiones son radicalmente
distintas de lo que hoy hay. En opinión de Nueva Izquierda, eso es lo
más preocupante del actual modelo de financiación autonómica. Quiero
recordarle que ha habido acuerdos anteriores con esas fuerzas
nacionalistas que no habían llevado a ese tipo y, sin embargo, se
prescindió de un modelo de consenso para implantar otro que
escasamente va a durar una legislatura y, que posiblemente, como se
ha dicho anteriormente, nos sitúe como punto de partida para la
negociación necesaria del futuro en una peor posición de partida de
la que teníamos al establecerse éste. Sin lugar a dudas, señor Rato,
eso es lo más preocupante. Podíamos entrar a continuación en el
detalle. Creemos que este modelo de financiación que se ha aplicado
en esta legislatura ha estado desde el principio tan alejado de lo
que se dijo y de lo que se ofreció a quienes lo pactaron que ha
habido que irlo modificando sistemáticamente sobre la marcha y es
difícilmente reconocible. Por tanto, es un debate que nos perdería en
complejidades y que sólo le está sirviendo a usted, señor Rato, para
la batalla política corta que ha ejercido otra vez aquí al decir que
las comunidades que no se apuntaron a eso han salido perjudicadas.

Pues bien, quédense con esa satisfacción, máxime si cuando los
presidentes de esas comunidades autónomas piden reunirse con el
presidente del Gobierno para hablar de sus problemas y no son
recibidos. El nivel de preocupación que manifiesta el Gobierno de la
nación acerca de esas comunidades autónomasqueda en evidencia. Sólo
sirve para que usted venga



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aquí y haga hincapié en esas tres comunidades autónomas, en lo mal
que les va y, simultáneamente, permítame que le diga, el presidente
del Gobierno prescinde olímpicamente de ellos. Porque esa es la
realidad, señor Rato. Esos millones de ciudadanos de nuestro país se
merecen un trato más responsable por parte del Gobierno de la nación.

También quisiera brevemente, por razones de tiempo y porque muchas de
las cosas ya se han dicho, aludir simultáneamente al PDR y a la
cumbre de Seattle. Permítame que junte los dos porque creo que
guardan relación con lo que es el ámbito de actuación externa de
nuestro país. Lo importante del plan de desarrollo regional no es lo
que acordemos en el interior del país, parece claro que no es eso. No
ha habido demasiada conflictividad interna -usted lo ha dicho- en
reunirse y recibir lo que se ha dicho por las comunidades autónomas e
incluso, cuando se han producido cambios en esas comunidades
autónomas, actualizarlo de acuerdo con las nuevas mayorías
parlamentarias. Lo importante es lo que viene a continuación, la
negociación que se lleva a cabo con la Unión Europea. Ahí es donde
realmente nos jugamos obtener de la Unión Europea que esos marcos de
apoyo sean lo más importantes y que permitan llevar a cabo
efectivamente el Plan de desarrollo regional más adecuado a las
necesidades, pero siempre partiendo de lo que podamos obtener en ese
terreno del apoyo europeo.

En la cumbre de Seattle, señor Rato, lo importante -de ahí que
hubiera una petición de comparecencia específica de usted en relación
con los temas agrarios- es qué posición va a mantener la Unión
Europea y qué incidencia va a tener eso en los intereses específicos
de nuestro país. Una buena parte de las regiones de nuestro país,
señor Rato, en el ámbito de la Unión Europea -parece evidente si
tenemos en consideración los datos del PDR a los que usted ha hecho
referencia-, tiene un nivel de renta inferior al 75 por ciento de la
media comunitaria. Nuestro país es de tamaño mediano en el ámbito de
la Unión Europea, lo que produce que la defensa de los intereses de
nuestro país sea complicada. Por ejemplo, estos días se hace pública
la posición del comisario europeo en temas de pesca, que anuncia toda
una serie de medidas que tienen una muy grave incidencia en los
intereses nacionales pesqueros. Ésa es una realidad que pone de
manifiesto las dificultades de nuestro país y, a su vez, la gran
importancia que tiene que los gobernantes de nuestro país sepan
concertar alianzas adecuadas en el marco de la Unión Europea. En
ocasiones, nos buscamos como aliado a quien defiende las posiciones
peores en el ámbito de la Unión Europea, y eso al final se paga.

Cuando se va a la cumbre de Seattle, tienen mucha importancia las
posiciones que defienda la Unión Europea, sobre todo cuando, como
usted ha dicho, debe tener un especial interés y sensibilidad hacia
los países más pobres, en los cuales nosotros tenemos intereses
competitivos; pensemos en los temas agrarios. Es muy importante que
la Unión Europea sea capaz de elaborar una posición equilibrada, que
sepa conjugar el respeto y la promoción de esos países con el respeto
y la promoción de los intereses de la Unión, especialmente de los
países más pequeños o menos desarrollados en el ámbito de la Unión.

En definitiva, señor Rato, eso lleva a cuestionar y a tener en
consideración el
papel y las políticas que se llevan a cabo por el Gobierno español en
el ámbito de la Unión Europea.

Para terminar, señor Rato, porque creo que en ocasiones es
significativo, me centraría en las opciones sobre acciones. Se ha
referido a ellas muy brevemente, señor Rato, y comprendo que lo
quiera hacer así. Ha dicho que sobre ese tema el Gobierno sabe lo que
sabe la opinión pública; creo que ha dicho literalmente eso. Incluso
ha dicho que la información que se da a la Comisión Nacional del
Mercado deValores sobre ese tema es escasa. Ahora bien, hemos llevado
a cabo una serie de reformas que mejoran la situación. Señor Rato,
para salir del paso está bien, pero quiero decirle una cosa. No se ha
cuestionado el tema de las opciones sobre acciones en general;
existen en todos los países, existían en este país y nadie pretende
suprimirlas. Se han discutido y se discuten las opciones sobre
acciones de una empresa concreta, que se aplican y se ponen en
práctica en un momento en el que este Gobierno tiene presencia
decisiva en su consejo de administración, se aplican y se ponen en
práctica por personas designadas precisamente por su cercanía a este
Gobierno, se aplican y se practican en un marco retocado por este
Gobierno en el ámbito fiscal. En el aspecto social, señor Rato,
mientras unos pocos directivos de la empresa se embolsan no sabemos
cuántos miles de millones de pesetas -no sé si ese dato lo sabe
usted, señor Rato, a lo mejor tampoco lo sabe; es verdad que en los
medios de comunicación, en los que parece ser que usted sólo lee lo
que le interesa, se han dado cifras: son 100.000 millones de pesetas,
si se suman los de Terra suben a tanto y si se quitan los de Terra
son tantos. Viene todo detallado, y es lo que yo he manejado, pero
posiblemente usted no ha llegado a leerlo-, simultáneamente, miles de
empleados de esa compañía pierden su puesto de trabajo, costándole,
según un informe elaborado por la propia Administración,
aproximadamente 185.000 millones de pesetas a los fondos públicos de
este país. Eso, señor Rato, es sin lugar a dudas en nuestra opinión
una imagen clarificadora de la política que se lleva a cabo por parte
de este Gobierno, y usted no puede decir que de eso no sabe nada. De
esa empresa, Telefónica, usted sabe que este Gobierno tiene mucho que
decir, ha dicho mucho y tiene mucho de lo que responder, aunque,
desgraciadamente, como los hechos son tan contundentes, lo mejor -y
eso se ve en los juicios- es decir: yo no sé nada de eso. Pero, señor
Rato, ustedes saben mucho y tendrán que responder mucho. Seguiremos
insistiéndoles y seguiremos pidiéndoles explicaciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Dado lo avanzado de la hora y la cantidad
de portavoces que han intervenido, vamos a ir directamente a las
cuestiones planteadas por la comparecencia del vicepresidente del
Gobierno.

En primer lugar, bienvenido, señor vicepresidente, a ésta que yo
también considero última comparecencia de esta legislatura. Entiendo
que así será y, por tanto, como han hecho otros portavoces, tengo que
decirle que, si hoy tuviéramos que hablar no sólo de inflación, de
PDR, de la cumbre de Seattle o del IRPF, financiación de comunidades



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autónomas o stock options, calificaríamos el balance de la situación
económica española con un notable, y un notable con mayúsculas.

Podremos anotar que en ese gran notable que tiene adjudicado la
situación económica hoy, como dije en su momento, existe un problema
de tensiones en lo que se refiere a la formación de precios; pero
gracias a su gestión, gracias a las corrientes económicas europeas en
las que nos encontramos integrados, gracias al momento mundial,
gracias a los agentes sociales, empresarios y sindicatos, gracias por
supuesto a las críticas de la oposición y gracias al empuje de todos,
la situación económica es calificada, no sólo por este grupo
parlamentario sino por muchos observadores económicos, como de
bonanza y notable.

Pero tenemos que entrar en la parte pequeña, que no por pequeña deja
de ser importante, que presenta algunas tensiones o algunas
insuficiencias, como es la inflación que usted ha mencionado. Lo
primero que hay que decir es que vamos a rendir cuentas sobre la
inflación en el comportamiento de los cuatro años de legislatura.

Creo que es bueno recordar a esta Cámara que, en 1996, anotamos una
inflación del 3,6; en 1997, una inflación del 1,9; en 1998, una
inflación del 1,8, y en este momento, sin haber cerrado el año,
estamos anotando una inflación del 2,6 ó 2,7. Si analizamos en la
perspectiva de estos cuatro años cómo ha evolucionado la formación de
precios de nuestro país, hay una primera conclusión: que hemos
conseguido vencer la barrera del 4 por ciento en la que nos
encontrábamos instalados durante muchísimos años sin conseguirlo.

Además de vencer esa barrera del 4 por ciento que se había construido
como resistencia hemos aproximado nuestra formación de precios en el
entorno del 2 por ciento, unas veces por debajo, como ha ocurrido en
los años anteriores, y otras veces por encima del 2 por ciento, como
parece ser que va a ocurrir en este año.

Pero si lo que importa, como parece ser, es ver nuestro diferencial y
el dinamismo o el ritmo de la desviación de la inflación respecto a
las desviaciones que se generan en otros países de nuestro entorno y
concretamente en la Unión Europea, podremos observar que esas
desviaciones en este momento se están produciendo por los dos mismos
elementos, o por uno de los elementos más importantes, que es la
evolución de los precios del petróleo. Si vamos con más rigor a ver
esa evolución de la inflación, podemos descontar como decía el señor
Eguiagaray el pollo y el petróleo. Y veremos que nuevamente nuestra
inflación se encuentra en ese entorno del 2 por ciento deseable,
recomendado por la Unión Europea; nosotros nos aproximamos, unas
veces décimas por arriba y otras veces décimas por abajo, pero hemos
de tener en cuenta que esta inflación está conviviendo en España con
dos elementos que no aparecen en el resto de los países, como es la
evolución de nuestro crecimiento económico y la creación de empleo.

Es decir, tenemos esta inflación mientras tenemos un crecimiento
constante y sostenido del 3,6 en todos los ejercicios, y tenemos esta
inflación, décimas arriba, décimas abajo, del 2 por ciento en
momentos en los que España está construyendo empleos netos a razón de
400.000 empleos nuevos cada ejercicio, 1.200.000 o más en la
legislatura. Tenemos esta inflación justamente cuando el Gobierno de
la nación, con respaldo de todos los grupos parlamentarios
que tienen orientación europeísta (digo que tienen porque hay algunos
que no la tienen), ha hecho una apuesta por trasladar soberanías al
Banco Central Europeo, que ha empezado a dictar una política
monetaria que en este año, no le viene del todo bien a España. Yo no
voy a decir que sea negativa para las circunstancias macroeconómicas
de España, pero los tipos de interés que en este momento se están
señalando desde la política monetaria del Banco Central Europeo no le
vienen del todo bien.

Además tenemos esta inflación, décimas arriba, décimas abajo, cuando
se ha producido una evolución del valor del euro, una depreciación
del 16 por ciento, lo cual tiene que derivar inexorablemente en que
España esté importando inflación, por esa depreciación del euro,
frente a todos aquellos productos que están nominados en dólares.

Yo no quiero dejar de mencionar en este análisis pormenorizado de qué
efectos hay que valorar a la hora de tomar posición sobre el
comportamiento de los precios en España, el que en España hay todo un
conjunto de precios que están por debajo de lo que son los precios
medios del mismo producto en Europa, y eso tendrá que seguir
tensionando porque ineludiblemente, si estamos en un camino de
convergencias (convergencias nominales, convergencias reales,
convergencias justas), ésas también se harán en materia de precios;
por lo tanto, ésta será una tensión que hasta que no deje de
presionar estará ahí en las tensiones que los precios están
registrando.

Curiosamente, este comportamiento de la inflación convive con una
competitividad que no se está viendo lesionada, y convive con un
comportamiento de los salarios, que -todo hay que decirlo y
subrayarlo- se están comportando de manera muy razonable para la
evolución de la economía.

Conclusión, todavía existiendo resistencias dentro de la cesta de la
formación de precios que todos conocemos, resistencias que
fundamentalmente se identifican en el sector servicios con que
nuestra inflación vaya reduciéndose, tendremos que convenir en que
décima arriba, décima abajo, y viendo el buen comportamiento de la
inflación subyacente, estamos ante un empeoramiento de la inflación
que tenemos que considerar transitorio en este año, que se compara
además con un año en el que la inflación fue bastante buena.

Pero por si faltara poco -con ello termino el capítulo que mi grupo
quiere consumir en torno a la inflación-, yo lo que quiero es dejar
constancia de que en esta España nuestra, donde están en marcha todo
un paquete de medidas liberalizadoras, están bajando los precios. Yo
no sé si éstos son programas de propaganda de un Gobierno o no lo
son, pero el recibo de la luz en mi casa y en la de mis vecinos es
inferior; el recibo del teléfono y en la de mis vecinos es inferior;
es decir, aquellos consumos domésticos en tarifas eléctricas o de
telecomunicaciones están bajando, porque están bajando los precios de
la electricidad, porque están bajando los precios de las telefonías.

¿Qué quieren que les diga? Es el único momento desde el año 1997 en
que estos precios están bajando de manera constante; antes de manera
constante subían, ahora de manera constante bajan. Hay un dato muy
revelador en el comportamiento del IPC de este mes que a mi grupo le
preocupa, y es que para confirmar que estos precios de
telecomunicaciones



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están bajando, el IPC de noviembre en telecomunicaciones ha
descendido un 3,7. Ahí está el dato, no hay más que verlo,
precisamente las medidas de liberalización siguen anotando datos
positivos en materia de inflación.

Por eso yo recomiendo a los grupos que, salvados los intereses de los
colectivos que se puedan ver afectados por la evolución de la
inflación, como puedan ser pensionistas (que están salvados hoy mismo
en el debate de la ley de presupuestos en el Senado y, por tanto,
nadie va a perder poder adquisitivo, y va a ocurrir igual en otros
colectivos de españoles), salvados esos riesgos, como lo están por
ley, hay que analizar la inflación desde una perspectiva general en
el comportamiento del conjunto de toda una legislatura, que
calificamos de un comportamiento que ha vencido resistencias que
existían, y todavía existen algunas sobre las que tendremos que
seguir trabajando; pero no hay que echarse las manos a la cabeza
porque entiendo que estamos en esa franja recomendada del 2 por
ciento y deseable, recomendada por la Unión Europea y deseable por el
Gobierno y por este grupo parlamentario.

Cumbre de Seattle. Yo creo que esta Comisión tiene que estar
satisfecha porque la secretaria de Estado de Comercio ya presagió en
su comparecencia anterior ante esta Comisión que íbamos a tener una
cumbre en la que iba a haber un intenso debate pero muy pocas
posibilidades de alcanzar acuerdos definitivos, y no hago más que
leer palabras textuales de doña Elena Pisonero, que ya anticipó
cuáles iban a ser estas características. Nos dijo en aquella ocasión
que iban a primar los intereses nacionales sobre los transnacionales
y que, por tanto, el resultado no iba a ser extremadamente
fructífero. Pero, a la vista de los documentos que hemos recibido de
aquellas conclusiones de la cumbre de Seattle, que hemos podido leer,
y teniendo presente que no es bueno que siempre la declaración de la
conferencia haya sido suspenderla, y viendo que no ha habido avances,
para mí, dentro de toda esa posible lectura negativa, hay aspectos
positivos, que yo creo que han sido dos fundamentalmente: el
tratamiento de las políticas de pesca y el de las políticas de
agricultura. Primero, porque es bueno que se comience a tratar en
este tipo de cumbres todo lo relativo a la pesca y, segundo, porque
es bueno que se aborden los asuntos de agricultura como se ha hecho
en esta ocasión, señor vicepresidente, con unidad de acción de la
Unión Europea. Por primera vez hemos podido visualizar una unidad de
acción de la Unión Europea como un operador defendiendo intereses de
políticas agrarias comunes, como son las europeas.

Debo reconocer que me tengo que felicitar por que no salieran
adelante las propuestas que en materia de agricultura se debatieron
en esa cumbre, porque de haberlo hecho la política agraria común
europea hubiera salido lesionada.

Por lo tanto, mi grupo insta al Gobierno a seguir trabajando en el
horizonte de los beneficios de la liberalización, pero haciendo
compatible todo esto con lo que creo que es el elemento que va a
dificultar el avance de las liberalizaciones y de la globalización. Y
es que los países en vías de desarrollo o los menos desarrollados
tienen que ser escuchados con mayor atención; de lo contrario, se van
a convertir en un permanente obstáculo de todo lo que sean rondas
o cumbres de libre comercio.

Tercer asunto a tratar. Liquidación del IRPF 1997, comunidades
autónomas. Estoy convencido de que la intervención del vicepresidente
en su segundo turno va a ser la más esperada, mucho más que la mía
desde luego. He seguido atento a la intervención del mayor grupo de
la oposición y, por lo tanto, competidor electoral en breves fechas
sobre sus modelos de financiación. Sin entrar en comparar si el
modelo socialista era mejor o peor que el modelo del gobierno del
Partido Popular, me parece malo para la España del año 2000 que haya
un partido con tanta historia como el Partido Socialista que dé
instrucciones a las comunidades autónomas en donde gobierna para
impedir que lleguen a acuerdos con el Gobierno de la nación. Ése es
el nudo gordiano de la ruptura que ha subrayado el señor Eguiagaray.

Me parece malo que den ese tipo de instrucciones de carácter político
y que luego su líder Maragall esté haciendo soflamas o proclamas
políticas en favor de sistemas de financiación próximos al Estado
federal. ¿Con que nos quedamos, con el discurso del señor Maragall o
con el discurso del señor Eguiagaray? Personalmente, creo el discurso
del señor Eguiagaray es más acorde que el discurso del señor
Maragall, pero no sé exactamente cuál es el modelo de financiación
autonómica por el que apuesta el señor Eguiagaray o qué opina del
modelo de financiación del señor Maragall. Dicho esto, lo que hay es
un debate de muchísimo calado político, en el que un partido de la
oposición en este momento, que no ha ganado las elecciones y que, por
lo tanto, no gobierna a nivel nacional, ha pretendido hacer oposición
con tres comunidades autónomas a una decisión de gobierno. Desde esa
pretensión de hacer oposición con este instrumento, ahora quiere
decir que el culpable de la ruptura es el Gobierno, cuando el
culpable de la ruptura y de la instrucción política que han recibido
las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía y de Castilla-La
Mancha es imputar al Gobierno, de manera unilateral, que ha puesto en
marcha un modelo de financiación para el caso exclusivo de estas tres
comunidades autónomas. No, quien ha roto el diálogo y el consenso
sobre la financiación autonómica es aquel partido que da
instrucciones políticas para no entenderse con el Gobierno de la
nación y crear todo tipo de tensiones de oposición, que no se le
ocurren en otras materias y que se le ocurren mucho más ventajosas en
ésta. Al final, el único perjudicado , y se lo dice un diputado por
Cáceres, es el pueblo de Extremadura, el pueblo andaluz y el pueblo
de Castilla-La Mancha, que ven mermadas sus capacidades de
financiación, como ha dicho el vicepresidente, en aproximadamente
30.000 millones en un ejercicio y en 160.000 millones en una
legislatura.

Mi grupo considera, señor vicepresidente del Gobierno, que este tipo
de modelos de financiación hay que medirlos fundamentalmente por un
criterio. Ya no sólo por el de si se obtienen más o menos recursos,
ya no sólo por el criterio de si se tiene más o menos
corresponsabilidad fiscal, que sí se tiene; el principal criterio que
persigue este grupo es el cumplimiento de los criterios de
solidaridad que encierra este modelo de financiación. Y, mire por
dónde, en la declaración del Grupo Socialista, cuando ha hablado de
solidaridad , ha reconocido que el modelo que ha puesto en marcha el
Gobierno del Partido Popular no ha perjudicado a las regiones con
menor renta sino que, por el contrario, las ha



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beneficiado. Por tanto, cuando se puede escuchar desde la oposición y
desde el Gobierno que el criterio de solidaridad está respetado y
salvaguardado, creemos que estamos ante un buen modelo, que
seguramente haya que perfeccionar en el futuro con las experiencias
del primer modelo, que estuvo de forma transitoria y después hasta
1996, o del segundo.

Informes sobre el PDR. Aquí enlazaría con este factor de la
solidaridad. Usted ha hecho, señor vicepresidente, la comparación del
Plan de desarrollo regional anterior frente al Plan de desarrollo
regional actual y ha venido a confirmarnos que el Plan de desarrollo
regional anterior a 1996 no consiguió que despegaran las regiones con
menos renta per cápita y, por lo tanto, que no logró avanzar en la
convergencia real. Éste es un plan en el que ustedes nos plantean
toda una apuesta por la convergencia real y más justa, porque ustedes
ya no sólo hablan de convergencia real, sino que comienzan a
introducir un nuevo elemento de discusión, la convergencia más justa,
que incardinan en tres tipos de políticas en las que basan este nuevo
Plan de desarrollo regional. Estas tres políticas son todo lo
concerniente a las infraestructuras, los mercados de transportes,
actuaciones en infraestructuras en entornos rurales, redes
energéticas, abastecimientos hídricos, telecomunicaciones, en
definitiva, el grueso capítulo de infraestructuras; la inversión en
capital humanos, que en anteriores PDR se había olvidado, y una
novedad: toda la política que enlaza con lo que ya hemos podido leer
en los presupuestos generales para el año 2000 relativa a
investigación, desarrollo e innovación.

Por tanto, y a expensas de cómo se ponga en ejecución este Plan de
desarrollo regional, estamos ante un plan que se diferencia en que
encierra elementos que pueden confirmarnos que estamos en el camino
de una convergencia real e, insisto, más justa.

Por último, y con ello termino, mencionaré las stock options, sobre
las que tanto se ha debatido en esta Cámara en preguntas, en
interpelaciones, en proposiciones no de ley. Yo tengo que saludar que
algunos grupos parlamentarios que han criticado, que han estado en la
posición de la crispación, vayan poco a poco modulando su discurso y
en unos casos no le presten más atención de la que corresponde en
estos momentos, después de tanto debate, y en otros vayan haciendo
propuestas que podremos estudiar en la próxima legislatura. Lo que es
bueno es que hayan abandonado esa posición, ya que estaban
absolutamente de espaldas a Europa en el tratamiento de este asunto.

Por eso, quiero felicitarle, señor vicepresidente, en lo que se
refiere a la reacción del Gobierno en materia de opciones sobre
acciones; una reacción que ha tenido consecuencias nuevas en normas
fiscales, en ley de sociedades y en ley del mercado de valores. Pero
yo he leído que usted ha hecho algunas afirmaciones durante estas
últimas semanas y no sé si las ha hecho o se han puesto en su boca.

Por eso le pregunto, señor vicepresidente lo siguiente: ¿qué hay de
la creación de un mercado específico para sociedades que cotizan en
bolsa con alto crecimiento, entendiendo por alto crecimiento un
concepto nuevo que habrá que acuñar respecto al comportamiento
bursátil de algunos valores? ¿Que hay de ese nuevo mercado, del que
unas veces se dice que sería recomendable que se asemejara al que
existe en Estados Unidos o a otros mercados financieros europeos? La
verdad
es que no tengo claro si el Gobierno está a favor de esa posición
y, si es así, qué características, qué contenidos tendrá este nuevo
mercado para empresas o valores de alto crecimiento?
Por lo demás, señor presidente, no me resta sino volver a felicitar
al vicepresidente económico del Gobierno porque, con algunos
elementos que tiene que haber siempre que no generen toda la
satisfacción, el pueblo español tiene en este momento, en lo que al
aspecto económico se refiere, un grado de satisfacción bastante
notable y razonable.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos brevemente la sesión. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

A continuación, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo y
ministro de Economía y Hacienda.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Ante todo, quiero agradecer, una vez
más, a la Comisión de Economía del Congreso el tono y las
aportaciones al debate. Como siempre pasa, que se deja uno las cosas
para el final y se olvidan, quiero felicitar a todos los grupos la
Navidad y el año 2000, si es que no nos vemos antes -que seguramente
nos veremos-, así como a los dignísimos representantes de los medios
de comunicación que nos acompañan.

Empezando por la primera parte del debate, el índice de precios al
consumo, entiendo perfectamente los planteamientos que SS.SS., desde
el punto de vista crítico, han realizado. El señor Aguirre ha
insistido en temas que son perfectamente razonables. La economía
española está creciendo a un ritmo muy intenso y eso es lo que me
parece más significativo, desde el punto de vista del interés
general. La cuestión es preguntarnos si nuestra economía puede crecer
durante mucho tiempo a un ritmo satisfactorio para nuestra
convergencia real, en términos de estabilidad y de creación de
empleo.

Desde el primer trimestre del año 1997, llevamos creciendo por encima
del 3 por ciento. Desde hace dos años estamos asentados en una
velocidad de crucero por encima del 3,5 por ciento y todo eso, pese a
que alguno de los portavoces que han intervenido no se haya enterado,
con una crisis internacional. Es verdad que en una parte de ese
tiempo se nos ha dicho que la coyuntura nos ayudaba, pero en otra no
se nos ha dicho nada -salvo por alguna persona- respecto a que había
una seria crisis internacional, que no es que se produjera en Japón o
en Brasil, sino en Alemania.

La cuestión que nos debe preocupar, independientemente de las
críticas políticas que acepto -en algunos casos son más discutibles,
pero en éste entiendo perfectamente las críticas sobre previsiones y
modificaciones del Gobierno-, la pregunta que nos tenemos que hacer
es si realmente nuestro país está en condiciones de mantener un
crecimiento alto, donde no se produzcan desviaciones importantes para
su estabilidad macroeconómica. La respuesta es sí, sinceramente. Creo
que con una inflación subyacente del 2,3 por ciento, nuestra economía
no se encuentraen una situación de riesgo. Para aquellas de SS.SS.

que



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han planteado si esto repercutía en nuestra competitividad, sólo
quiero hacer alusión a que nuestras exportaciones se están
recuperando tanto o más que las de la Unión Europea. No iré al
extremo de decir que es una cuestión baladí, ni muchísimo menos,
porque preocupa al Gobierno. Síntoma de que le preocupa es que
durante todo el año ha intentado reducir las tensiones
inflacionistas. La pregunta, indudablemente, es si lo ha conseguido.

Según las previsiones del Gobierno, reconozco que no, pero, desde el
punto de vista de los acontecimientos, nuestras medidas han sido
útiles porque estamos ante un shock petrolífero de dimensiones muy
considerables. Entiendo que alguna de SS.SS. me digan que los precios
del petróleo crecen para todos igual; eso es cierto, pero también lo
es que nuestra mayor intensidad de crecimiento económico nos produce
unas mayores tensiones inflacionistas y que estamos absorbiendo
también las tensiones que se derivan de un crecimiento del empleo y
del consumo, que son muy considerables.

Tenemos el debate en el camino adecuado. Fíjense que les digo el
debate y no sólo la política del Gobierno. El hecho de que los grupos
parlamentarios centren cada vez más su crítica en el Gobierno, en las
cuestiones de competencias y de reducción de precios, es muy
saludable, tal como he dicho antes. Acabamos la legislatura
discutiendo de cosas distintas a como la empezamos, lo cual demuestra
que estamos en condiciones de hablar de otras cosas. Tenemos un marco
estable; no tenemos un monopolio de Telefónica; hemos avanzado en la
reducción de la situación del gas; y tenemos en este momento unos
precios que decrecen en los grandes productos que consumen las
empresas y las familias. Acepto la crítica de que decrecen poco, me
parece muy bien, como también acepto la crítica de que se pueda
incrementar aún más la competencia, pero las medidas propuestas por
el Gobierno a medio plazo son las más importantes y están teniendo
efectos. Piensen SS.SS. que, en mayo del año 2000, tendremos un
mercado eléctrico totalmente liberalizado para las empresas y que ya
nos encontramos en condiciones de exigir a países tan eficientes como
Francia que cumpla los compromisos europeos en materia de
electricidad que nosotros estamos cumpliendo. Es un debate que está
abierto y que será muy importante en nuestro país el relativo a si
debemos tender a un fraccionamiento de las empresas eléctricas o si
debemos tener grandes empresas europeas residenciadas en España. Yo
invito a los señores diputados a abrir ese debate y a explicarlo
detenidamente.

Desde el punto de vista de la competencia se ha avanzado notablemente
en un momento en el que estamos asistiendo a concentraciones
financieras y de todo tipo europeas de dimensiones muy grandes.

Precisamente en esta legislatura tenemos una nueva ley de
competencia, que estará avocada a una modificación como consecuencia
de las decisiones del Tribunal Constitucional en materia
competencial, pero, desde el punto de vista de los grandes mercados,
en esta legislatura se ha dado un paso indudable hacia la
liberalización. En el mercado de las telecomunicaciones las
diferencias son notables: de un monopolio establecido por ley hemos
pasado a una situación de libertad en la que cada vez hay mayores
operadores.

Desde el punto de vista de las consecuencias que a corto plazo tenga
una evolución del IPC negativa para los ciudadanos,
tengo que decir que también en eso hay que ver el conjunto,
como apuntaba el señor Aguirre. A lo largo de la legislatura se ha
ganado poder adquisitivo por parte de los ciudadanos y en 1999 el
conjunto de las políticas del Gobierno, incluidas las políticas
tributarias, han sido beneficiosas para los ciudadanos. Tengo que
decir que ahí no nos ha acompañado todo el mundo. Ha habido grupos
parlamentarios que se han opuesto a las reformas tributarias que
nosotros hemos propuesto, aunque ahora no se sepa muy bien qué es lo
que le van a decir a los ciudadanos en la próxima campaña electoral
porque, de momento, todos los días leemos una cosa distinta. Hay
grupos parlamentarios que tienen una larga tradición ya instaurada
por sus más próceres de decir que una cosa es lo que se promete en la
campaña electoral y otra lo que se hace y, por lo tanto, no habrá que
tomarse muy en serio lo que digan en la campaña electoral. Me parece
más significativo todavía que en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 haya grupos parlamentarios que pretendan
subir los impuestos a las pymes y a las familias y, sin embargo, no
hablen nunca de las grandes empresas.

Acepto las críticas, como no puede ser de otra manera, porque han
sido muy razonables y constructivas en ciertos aspectos, así como su
preocupación ante esta cuestión de la que el Gobierno responde, pero
les voy a poner un ejemplo tributario de medidas que el Gobierno ha
propuesto que pueden paliar la situación en la que un determinado
colectivo se puede encontrar, como son las devoluciones. Las
devoluciones se han convertido hoy en una renta que reciben los
ciudadanos en el mismo año en que las practican, cosa que no sucedía
antes. Piensen ustedes que los plazos medios de las devoluciones han
pasado de 117 días, que no está mal, a 45 días. Los efectos que se
obtienen sobre la renta disponible son indudables, aunque haya
señorías que a lo mejor no los puedan percibir.

En cuanto a la cumbre de Seattle, siguiendo el orden que yo mismo he
diseñado, casi todos los grupos parlamentarios han manifestado, en
primer lugar, la realidad -no se ha llegado a un acuerdo- y, en
segundo término, la complejidad del asunto y la necesidad de que
seamos capaces de mantener nuestros intereses e ideales en un
equilibrio. Es una cuestión muy compleja y los propios grupos
parlamentarios -no voy a hacer ahora la crítica de sus
intervenciones- lo demuestran cuando, por un lado, le piden al
Gobierno que sea especialmente sensible a una serie de cuestiones y,
por otro, levantan la mano y dicen que muchísimo cuidado con este
sector o con aquel otro sector. No es un tema fácil, es el gran
desafío de los países desarrollados y nosotros somos uno de ellos.

Lo que ya no comparto son las afirmaciones de algunas de SS.SS. en
las que no reconocen el increíble papel del comercio mundial para la
mejora del nivel de vida de los países más pobres. Es una visión
absolutamente errónea y que no reconoce la realidad. No será
exclusivamente a través de transferencias de renta, a base de ayudas,
con lo que vamos a conseguir el desarrollo de los países más pobres,
sino a base de abrir nuestros mercados para que comercien con
nosotros, y eso es políticamente muy delicado. Seguramente los grupos
de la oposición me mirarán con cierto escepticismo porque pensarán
que eso es función delGobierno, y es verdad, pero también tengo que
agradecer



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y reconocer a aquellos que han planteado esto en términos de su
complejidad. Es un tema muy difícil y uno de los grandes desafíos de
nuestros países entender que en un mundo en el que, por desgracia, no
se va hacia una mayor riqueza para el conjunto de la humanidad sino,
al contrario, según los datos del Banco Mundial, una de las salidas,
no la única, es, sin duda, el aumento de nuestros mercados a los
productos de otros países. Apartir de esa frase, yo reconozco, en
nombre del Gobierno que todo son matizaciones y no sé si seríamos
cínicos o ingenuos si pretendiéramos lo contrario. Es verdad que
algunos, con cierta razón, apuntan a que estas macroorganizaciones,
como la OMC o el Fondo Monetario Internacional, son opacas -en estos
momentos, ahí existe un problema de transparencia muy serio-, pero
también son imprescindibles. Es muy difícil resolver problemas como,
por ejemplo, la crisis financiera internacional que hemos vivido en
el año 1999 si no es con un instrumento como el Fondo Monetario
Internacional, con todas las limitaciones que indudablemente tiene.

No se puede pretender que las transferencias financieras de 150.000
millones de dólares y más sea exclusivamente a base de acuerdos
bilaterales entre los países, y, mucho menos, una colaboración del
sector privado, que en estos casos no es excesivamente partidario de
la colaboración, como todos podemos ser plenamente conscientes.

En Seattle ha comenzado un proceso muy ambicioso en el que no podemos
ocultar que, al final, Estados Unidos y la Unión Europea tienen una
gran responsabilidad. Es verdad, como ponía de relieve un ministro de
otro país de la Unión Europea, que hay países que nos piden que
abramos nuestras fronteras a sus productos y ellos no se las abren a
países mucho más pobres. No estoy tratando de decir que la
responsabilidad sea única y exclusivamente de la Unión Europea y de
los Estados Unidos, pero creo que ése es un desafío que seguramente
vamos a ver a lo largo de varios años y en el que hay temas
extraordinariamente complicados, como los que ustedes y yo hemos
mencionado, así como otros relativos a la seguridad de los alimentos,
que seguramente los consumidores de los países ricos estamos
demandando todos los días y que, sin embargo, los productores de los
países pobres consideran una medida proteccionista para
perjudicarles. No voy a darles una clase sobre algo que yo no soy
capaz de dar porque SS.SS. conocen tanto o más que yo, pero es una
cuestión en la que se juntan muchísimas cosas.

Entro ya en temas más pedestres y políticos de los que normalmente
nos entretienen en nuestros debates. La financiación autonómica. Aquí
el debate, a lo largo de la legislatura, se ha mantenido en
trincheras inamovibles y lo que comenzó en la legislatura termina en
la legislatura. La verdad es que en esto no hemos avanzado demasiado
en posiciones políticas. No tengo la impresión de que los ciudadanos
estén demasiado preocupados por este debate o que se sientan
demasiado marginados por ello pero, en cualquier caso, es un debate
importante.

Es indudable que los acuerdos que dieron lugar a esta mayoría estaban
ligados a la financiación autonómica y era un secreto a voces que la
oposición se iba a oponer. Es claro que la oposición no iba a aceptar
que la base del acuerdo para desalojarla del Gobierno iba a ser
aplaudido por la oposición. Recuerdo a SS.SS. las derrotas tristes y
las victorias
-no sé si eran felicísimas- que íbamos a vivir, la legislatura
breve y todas aquellas cosas que en la primavera de 1996 leíamos en
los periódicos.

Tengo que decir con todo respeto que para el primer grupo de la
oposición ha sido una suerte haber podido contar con el Partido
Socialista de Andalucía, con el Partido Socialista de Extremadura y
con el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, porque si llega a
ser con el Partido Socialista de Cataluña no hubieran podido hacer
esta oposición porque no les hubieran hecho ni caso. Han tenido
ustedes la suerte de tener unos compañeros disciplinados que creen
que sus poblaciones no se enteran de nada y ahí estamos, en un debate
en el que nos negamos todos el pan y la sal.

Al final de la legislatura, independientemente de las posiciones
políticas que se plantean con toda brillantez, podemos pensar que
este modelo va a aportar cosas, no nos quepa ninguna duda. Seguro que
el próximo modelo tendrá planteamientos políticos y serán muy
distintas las mayorías parlamentarias que lo vayan a conformar, no
nos vamos a engañar. Pero, lo que no se puede decir, con todo
respeto, es que en este modelo se ha roto un consenso básico.

Señorías, ¿consenso básico de qué? El antiguo sistema de financiación
autonómica lo votó el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de
Cataluña porque ni siquiera las comunidades autónomas del Partido
Socialista lo votaron. Había un consenso tan arrebatador que ni
siquiera ustedes consiguieron que sus disciplinados compañeros
andaluces, extremeños y castellano-manchegos, que hay que reconocer
que normalmente son de ley y les siguen a ustedes aunque sea a la
derrota, les siguieran. A lo mejor se equivocaron, porque era un
debate que ustedes empezaron con el IRPF y que nosotros hemos
continuado.

Por otro lado, nos hemos civilizado un poco en esta legislatura
respecto a esta cuestión. En 1986, cuando algunas comunidades
autónomas no quisieron firmar en Comisión mixta el sistema de
financiación, el Gobierno que entonces estaba les congeló el
presupuesto. Así, congelado. Como decían a los niños en los felices
50, ¿no quieres chocolate? pues, dos tazas. Los que entonces
gobernaban, el Partido Socialista, a las comunidades autónomas que no
aceptaron en Comisión mixta el sistema de financiación, les
congelaron los presupuestos. Se acabó. Nos hemos civilizado un poco,
y ahora a las comunidades autónomas que nos dicen que no aceptan el
modelo, nosotros les respondemos que sigue el modelo anterior, que es
el único que tenemos como referencia.

Nos pregunta el señor Eguiagaray cómo es posible que no lleguemos a
un acuerdo con las comunidades autónomas que no quieran alcanzarlo en
Comisión mixta. Pues muy fácil; porque no quieren. (Un señor
diputado: ¡Qué embustero! Eso no es cierto.) Yo tengo un modelo
aprobado por el Parlamento. La mayoría parlamentaria podrá estar de
acuerdo con ustedes o no. Por desgracia para ustedes, durante los
años que pierdan las elecciones, la mayoría parlamentaria no va a
estar de acuerdo con ustedes. Vayan ustedes acostumbrándose. Esto nos
ha pasado a todos, y no hay por qué sentirse tan sumamente
entristecidos. El Gobierno tiene un modelo que aprueba la mayoría
parlamentaria, va marcado por la ley y se sienta enfrente de otros
señores que pueden decirle sí o no; esa es su prerrogativa,



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pero el Gobierno no puede dar otro modelo. Yo no tengo autoridad para
dar en una Comisión mixta otro modelo que no me ha aprobado el
Parlamento -¡pues estaríamos listos!- (El señor Eguiagaray Ucelay: Es
que no es eso.), y estos señores porque no quieren, por razones
políticas que yo interpreto que son partidistas y que ustedes pueden
interpretar de otra forma, aceptar el modelo. Nosotros, en un paso de
civilización desde el año 1986, en vez de congelar los presupuestos,
les mantenemos el modelo anterior.

Fíjense como estarán de convencidos de que están en una situación
relativamente estable que nos están pidiendo la liquidación
definitiva,. Fíjese usted hasta qué punto creen que tienen un modelo,
lo que pasa es que ellos y nosotros sabemos que legalmente no lo
tienen.

Se nos dice también que este modelo ha producido una gran cantidad de
cambios. El único cambio es que una garantía, que estaba ligada al 90
por ciento del IRPF, se ha cambiado por una garantía ligada al PIB
nominal, por una razón muy simple: porque nosotros, desde el primer
día del año 1997, hemos estado bajando el IRPF. Es verdad que sin sus
votos, absolutamente. Ustedes han votado todas las veces en contra de
que bajáramos los impuestos a los españoles, pero nosotros, como
tenemos mayoría, se los hemos bajado. Y es lógico que las comunidades
autónomas nos digan: si el Parlamento de la nación decide bajar los
impuestos, lo hacen ustedes con su presupuesto. La pregunta sería:
¿El modelo ha evolucionado menos que el PIB nominal y la garantía de
PIB nominal nos ha servido para ponerlo a su altura o más? Y la
contestación es: más, porque el modelo no sólo se basa en el IRPF,
sino también en el ITAE. Ahí está el quid de la cuestión. Parece
mentira que los que tanto insisten en una cesta de tributos no se
hayan dado cuenta del efecto que tiene el ITAE, parecido a una cesta
de tributos. Parece mentira porque lo de la cesta de tributos era una
excusa para ver si el señor Pujol y el señor Aznar no llegaban a un
acuerdo y les desalojaban del Gobierno. Esa es la cuestión, para qué
nos vamos a engañar.

Pero voy más lejos. Cuando aprobamos el modelo se nos dijo que
habíamos vendido el Estado, que iba a ser una catástrofe financiera,
que habíamos dado una cantidad imposible de explicar precisamente a
Cataluña. Ahora ya no se nos dice eso: se nos dice que el modelo va a
costar 300.000 millones de pesetas. Le agradezco la dedicatoria. Lo
único que voy a conservar es la dedicatoria (Risas.), se la agradezco
mucho, y lo sabe el señor Eguiagaray. Si el modelo va a costar
300.000 millones de pesetas y todas las comunidades lo suscribieran,
y Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha suponen 166.000
millones de pesetas, señorías, ¿quiénes son las comunidades más
beneficiadas por este modelo? (La señora Pozuelo Meño: Por éste y por
otro cualquiera.) Depende de quien mande (Risas.) Ya le han dicho a
usted -si usted lo ha querido entender- que la solidaridad no es lo
que usted interpreta, pero eso es la democracia, señoría. En
cualquier caso, este modelo -mandando nosotros, no ustedes- a las
comunidades autónomas que más beneficia, si lo quisieran suscribir,
es a las de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. A partir de
ahí, el debate es pura y simplemente de táctica política y todo lo
demás, como ya hemos visto desde el principio, no tiene ninguna
importancia, tan sólo el hecho
de que indudablemente hay tres comunidades autónomas que pierden un
montón de financiación, una financiación que les vendría
estupendamente.

En cuanto a la población, en los años 1987-1991, en que hubo un
modelo de financiación autonómica, el Gobierno andaluz aceptó que se
aplicase el censo de 1986, con lo cual dejaron de reconocerse 274.000
andaluces y no recuerdo yo que hubiese grandes lloros en aquel
momento. ¿Recuerdan ustedes un gran lloro del Gobierno andaluz por
eso? Yo no. En los años 1992-1996, el Gobierno andaluz con un sistema
de financiación autonómica aplicó asimismo un censo que no era el del
año 1992, con lo cual dejaron de reconocerse nominalmente 140.000
andaluces. Tampoco recuerdo que hubiese grandes lloros. Y en el
acuerdo de corresponsabilidad fiscal de 1994-1996 se dejaron de
reconocer 294.000 andaluces. Es un dato político.

La pregunta que yo le he hecho al líder de su partido, señor Almunia,
y que mi partido le ha hecho al señor Chaves es la siguiente. ¿En
términos de financiación per cápita, ¿Andalucía está mejor o peor que
la media con este modelo? Porque ésta es la cuestión, señorías. El
señor Eguiagaray ha dicho muy claramente que estamos perjudicando a
un número de andaluces porque no reciben financiación para los
servicios que tienen transferidos. Si tienen una financiación per
cápita superior a la media quiere decir que sí la reciben. (El señor
Eguiagaray Ucelay: ¡Por favor!- La señora Pozuelo Meño: ¡Tontos no
son!) No tiene nada que ver, creo que S.S. se lo debe pensar dos
veces.

En cuanto a las asignaciones de nivelación, quisiera decir que este
año llegan tarde a la crítica. Han tenido dos años para hacernos las
críticas relativamente justificadamente, porque, en primer lugar,
fuimos los primeros que establecimos una cantidad de asignaciones de
nivelación y, en segundo lugar, como seguramente saben los que están
aquí presentes que han tenido responsabilidades con comunidades
autónomas, no es nada fácil poner de acuerdo a las comunidades
autónomas sobre quién debe nivelarse con quién. Esto es una cumbre de
Seattle ya por sí misma. Pero este año hemos conseguido encontrar
algo en lo que las comunidades autónomas están de acuerdo, que es
aportar fondos para la nivelación financiera de las universidades.

Como ustedes saben, en los presupuestos del año 2000 existen ya
autorizaciones al Gobierno para dedicar parte de los fondos de
nivelación a resolver los problemas financieros de las universidades
con el acuerdo de las comunidades autónomas, las cuales también van a
aportar fondos. Creo que en esto hemos encontrado un camino, aunque
sea coyuntural. En cuanto a las asignaciones de nivelación, pienso
que será un debate en el que no va a ser fácil poner de acuerdo a
nuestras comunidades autónomas.

Con respecto al PDR, el señor Eguiagaray ha dicho que le parece muy
bien y que lo hemos pactado con las comunidades autónomas. (Un señor
diputado: ¡Eso lo has dicho tú!-El señor Eguiagaray Ucelay: No es
pactado.) Con ustedes no, pero con las comunidades autónomas sí.

Señor Eguiagaray, no podemos haber recibido y aceptado todo lo que
nos han dicho, y al mismo tiempo, no haber pactado. Si les decimos a
todo que sí y me dice usted que no hemos pactado, entonces es
imposible encontrar una solución a los problemas. Les hemos dicho a
todo que sí, entre otras cosas porque es lo lógico, porque es un
programa



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que tenemos que someter después a la realidad y a los fondos. Pero no
es a lo que voy.

El señor Eguiagaray se ha referido a la famosa carta remitida por don
Eneko Landaburu, persona de la simpatía de su grupo, que nos plantea
una cosa muy interesante, lo que no sé es si hace una gran
contribución. Primero, la Comisión Europea no tiene nada que
plantear, ha sido sorprendente la carta y no quiero buscar
explicaciones alternativas, pero es sorprendente. No es una
competencia de la Comisión, para nada, es una injerencia de la
Comisión en algo en lo que puede tener razón o no. Fíjense ustedes lo
que nos plantea. En el reparto que nos da propone que seis
comunidades autónomas de Objetivo 1 reciban menos recursos en
términos reales que en el período anterior. No está mal como
planteamiento para conseguir un consenso de comunidades autónomas. Es
verdad que hay algunas comunidades, no sólo Andalucía, que salen
mucho más beneficiadas que en el período anterior. Pero como usted me
ha preguntado muy insistentemente, señor Eguiagaray, cuál va a ser el
criterio del Gobierno, le diré que el criterio del Gobierno va a ser
el consenso de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra
manera. La propuesta del señor Landaburu me parece inexplicable, por
no ir más lejos, puesto que no es competencia de la Comisión Europea
dar recomendaciones ni dejárnoslas de dar. La Comisión Europea tiene
muchas competencias, pero ésta no. Proponer al Gobierno español que
reduzcamos a seis comunidades autónomas Objetivo 1 los fondos
estructurales con respecto al período anterior es muy poco útil, y
supongo que S.S. y su grupo no serán los valedores de esa propuesta,
porque dicha propuesta no tiene ningún sentido por muy atractiva que
pueda ser para las que salen ganadoras, que seguro que lo es. Pero
hay seis comunidades autónomas que bajan en términos reales con
respecto al período anterior. Por tanto, vamos a ir a un consenso con
las comunidades autónomas en beneficio de todos, pero, primero, el
señor Landaburu se ha metido donde nadie le ha llamado y, segundo, lo
que aporta no sirve para nada.

En cuanto a la pregunta de S.S. en relación con los fondos de
cohesión, quiero comunicarle que ya nos hemos puesto en contacto por
escrito con todas las comunidades autónomas, estamos teniendo
reuniones durante esta misma semana con ellas para conocer sus
proyectos sobre fondos de cohesión y entiendo que continuaremos con
un sistema que ha sido muy beneficioso para las comunidades
autónomas, según el cual una parte de los fondos de cohesión la
administran ellos directamente y en otra parte de fondos de cohesión
ellas proponen programas al Gobierno y el Gobierno los aprueba. Ese
es un buen modelo y tenemos que continuar por ese camino, pero
también buscaremos el consenso de las comunidades autónomas.

El señor Ríos me planteaba que llego agotado a la legislatura, le
diré que tampoco me importaría que el período de sesiones acabe hoy,
no voy a llorar. Sobre el IPC ya he respondido. Me dice que las
medidas han fracasado, creo que no, pero me alegro de que el debate
esté planteado en los términos en los que está, como me alegro
también de que el debate no se plantee recurriendo, como hacían todos
mis antecesores, a echarle la culpa a los salarios. Tengo que decir
que en estos momentos tenemos que hacer claros esfuerzos para
aumentar la competencia, aumentar las bajadas
de precios y transmitir algo que me parece incuestionable y es
que la moderación salarial es imprescindible para la creación de
empleo. En cuanto a esa evolución de futuro que el señor Ríos me
planteaba diciendo que España va a crecer más, pero va a tener más
IPC y va a tener menos salarios, yo creo que ese no es el modelo en
el que estamos, por lo menos en la legislatura no hemos estado en ese
modelo; vamos a crecer más, vamos a tener un IPC que se reduce y
gracias a eso vamos a tener ganancia del poder adquisitivo. Pero se
olvida de una cosa muy importante para nosotros y que yo sé que es
muy importante para usted: el empleo. Este es un modelo muy intenso
en empleo y debe seguir siéndolo, y para conseguirlo creo que la
evolución de los salarios es determinante, como también lo son otras
medidas como costes no salariales, impuestos, cotizaciones sociales,
devoluciones del IRPF y otras muchas cosas, aunque haya personas que
no coincidan en esta apreciación.




Los tipos de interés van a estar afectados por la política monetaria
del Banco Central Europeo, no por nuestra situación. El Banco Central
Europeo, como ha dicho el señor Aguirre, desde el mes de marzo hasta
el mes de noviembre, ha fijado unos tipos de interés de intervención,
reconocidos por él mismo, mucho más obsesionados, preocupados o
centrados en la situación de la demanda interna de las grandes
economías -Alemania, Italia, Francia- que en los riesgos
inflacionistas de la zona euro. Eso abre una discusión política por
la que creo que ahora no vamos a ir porque es muy tarde, que es la de
los objetivos del Banco Central Europeo, pero es otra cuestión.

Desde el punto de vista del conjunto de la zona euro, creo que
estamos en una clara recuperación económica. Los últimos datos sobre
la economía alemana principalmente son positivos, entra en una fase
de crecimiento. Los últimos datos de la Comisión dicen que el
crecimiento se va a situar en el 3 por ciento en el año 2000. Para
nosotros, eso es muy importante porque nos va a permitir seguir
creciendo a un ritmo satisfactorio para nuestros intereses -la
creación de empleo y el saneamiento de nuestra economía- y hacerlo en
términos mucho más equilibrados; mucho más equilibrados desde el
punto de vista de la inflación de nuestros vecinos y desde el punto
de vista de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones no se
están resintiendo en este momento de ningún tipo de pérdida de
competitividad, pero vuelvo a reconocer a SS. SS. que es
imprescindible continuar y acentuar una política de reducción de las
tensiones inflacionistas, principalmente en los sectores más al
abrigo de la competencia y menos volátiles, como es el sector
servicios.

Me plantea el señor Ríos que Seattle ha sido un éxito de la
población. Yo no estoy muy seguro de que lo que defendía la gente que
estaba en la calle en Seattle coincida con lo que defiende el señor
Ríos. Había mucha gente, unos defendían unas cosas y otros defendían
otras. Vuelvo a repetir que este tema es de una grandísima
complejidad. Es verdad que, desde el punto de vista político, Seattle
ha supuesto la necesidad de contar más activamente con la sociedad
sobre esta cuestión, con todo lo que eso va a suponer de complejidad,
pero al mismo tiempo de necesario respaldopolítico.




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Tengo que decir que, en el caso español, creo que hemos hecho un
claro esfuerzo de explicación y coordinación con los dos sectores más
representados allí, los empresarios -exportadores, sectores
empresariales- y las ONG, incluidos los sindicatos. Hemos tenido
reuniones todos los días en las que los que han podido asistir han
podido apreciar las diferencias de posición que también existen en
nuestro país sobre estas cuestiones, que son iguales que las de los
demás países. Antes de la conferencia y durante la conferencia hemos
hecho un esfuerzo, que seguramente debe ser mejorado, de colaboración
con la sociedad, con todos los sectores. Creo que es el camino que
sin duda Seattle nos marca a todos, una mayor transparencia, aunque
también una asunción de las responsabilidades de los países ricos.

Respeto al PDR, S. S. ha dicho muy enfáticamente que no hemos contado
con los agentes sociales. Perdone que le diga que no es así. El CES
nos dice literalmente: Si las líneas generales de los principales
objetivos y prioridades estratégicas que se recogen se desarrollan
correctamente, contribuirán a favorecer el proceso de convergencia
real, la creación de empleo y la sostenibilidad del desarrollo y el
bienestar social. Por tanto, en términos teóricos, el Consejo
Económico y Social no nos dice que estemos equivocados, otra cosa es
que, como es natural, el Consejo Económico y Social diga si ustedes
las desarrollan. Es verdad que nos ha planteado otras críticas,
muchas de las cuales hemos recogido en el documento final. El propio
CES reconoce que ha sido un avance que este PDR se haya presentado a
los agentes económicos y sociales en cada comunidad autónoma. En ese
sentido, creo que se ha conseguido un avance importante. ¿Qué va a
suceder después del 2007? Su señoría puede desear de tener una visión
a largo plazo, pero estamos discutiendo el PDR del 2000 al 2007 y ni
siquiera hemos cerrado todavía el marco de actuación del año 2000 al
2007. Comprendo que S.S. pueda pensar que debemos de discutir el
otro, pero el orden aquí es empezar por donde estamos. Si la
preocupación de S. S. es que la Unión Europea va a cambiar, sin duda
va a cambiar. Además, va a suceder una cosa automáticamente, que
muchas de estas comunidades autónomas que hoy son Objetivo 1, no lo
habrían sido si en vez de tomar la media que se tomó de los años
1994, 1995 y 1996, si no me falla la memoria, se hubiera tomado la
media de tres años siguientes. Por lo tanto, es seguro que en España
va a haber un cambio de fondos, seguro. Pero también tengo que
insistir a S.S. en algo que en algunas ocasiones he dicho, que es
mucho mejor no ser receptor de fondos estructurales y tener una renta
por encima del 90 por ciento. De eso se trata. Piense usted que
estamos casi en el 81 por ciento, por lo que creo que en los próximos
siete años España puede perfectamente plantearse avances
considerables desde el punto de vista de su renta en muchísimas
comunidades autónomas, por no decir en todas las comunidades
autónomas.

En cuanto al sistema de financiación autonómica, S.S. se queja de que
los parlamentos autonómicos utilicen la corresponsabilidad fiscal
sólo para reducir impuestos. Esa es su potestad, esa es la
corresponsabilidad. No debe irles tan mal la financiación autonómica
cuando se dedican sólo a eso, pero no todas lo han hecho, por cierto,
ha habido
algunas que los han subido o que los están subiendo, o sea, no todas
las comunidades autónomas han tomado decisiones solamente a la baja.

Probablemente están recomponiendo las prioridades, y me parece
positivo que una comunidad autónoma, un parlamento autonómico pueda
incentivar más la familia o puede incentivar más la compra de la
vivienda y al mismo tiempo pueda encarecer los actos jurídicos
documentados. Me parece que es una decisión política que no tiene por
qué estar exclusivamente residenciada aquí. Me parece que ese es uno
de los grandes si no el mayor aporte de este nuevo sistema de
financiación, que continuará a partir del año 2001 con las
aportaciones que cada cual haga.

Sobre la idea de que el sistema no funciona, el sistema funciona muy
bien, les va mucho mejor a las que lo tienen que a las que no lo
tienen, y les va a las que lo tienen mejor que antes. Todos queremos
más, estoy de acuerdo, a cualquier responsable autonómico que usted
le pregunte de cualquier partido político le dirá que quiere más, lo
cual tampoco crea usted que me extraña excesivamente; el día que un
presidente autonómico diga que quiere menos financiación autonómica,
no sé si lo veremos usted y yo, pero ese día será noticia, sin duda.

Señor Silva, le agradezco mucho sus palabras sobre la cuestión y lo
mismo al señor Mardones.

Señor Rodríguez, ¿vivimos en un mundo dual a nivel internacional? No
necesariamente. Hay países ricos y, después, hay muchos escalones. No
puede usted meter en el mismo saco a una serie de países y a otros.

Tengo que decirle que la solidaridad internacional es tan deficiente
en unos escalones como en otros, y creo que todos somos conscientes
de ello. En ese sentido, como es natural, todos los países tienen
graves problemas para aceptar muchas veces las consecuencias de sus
declaraciones y de sus principios sobre la necesidad de abrir sus
fronteras a otros, y creo que en eso nosotros no somos ninguna
excepción, pero los demás tampoco lo son. ¿Es un éxito de las ONG lo
que ha sucedido en Seattle? Depende de las ONG a las que usted
pregunte, de las norteamericanas, sí, de las de Bangladesh, no. El
creer que sólo son ONG las nuestras es una pretensión notable, pero
lo que hubieran querido las ONG de Bangladesh (que no sé si habrán
muchas, pero hay muchas organizaciones que podrían ser calificadas de
ONG en Bangladesh) es que les hubiéramos abierto nuestras fronteras
al comercio y, sin embargo, no lo hemos hecho. Es verdad que los
sindicatos norteamericanos, que no es que representen precisamente a
una masa laboral paupérrima, sino todo lo contrario, tenían sus
propias posiciones, también legítimas, pero yo creo que hemos de ser
conscientes de que el comercio es bueno especialmente para los más
pobres y la apertura de fronteras es imprescindible, y que medidas en
las que el Gobierno español ha tenido una clara posición política,
como la condonación de la deuda, no son suficientes si no generamos
otras cosas, como son nuevas aportaciones a las organizaciones
multilaterales y comercio. Hay países muy pobres, muy próximos a
nosotros a los que tenemos que abrir nuestro comercio y que tienen
dificultades sectoriales indudables. Cuando tengo que defender los
intereses españoles pienso en los intereses españoles, pero eso no me



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puede permitir no darme cuenta de que las cosas son más complejas.

¿Hay tres grandes centros de poder en el mundo? No lo sé, la verdad
es que S.S. me lleva ya a temas intelectuales que se me escapan; no
si hay tres centros grandes de poder o varios, si se puede considerar
que Japón y China son lo mismo, no lo sé. Pero sí creo que, como he
dicho antes, la responsabilidad de Europa y de los Estados Unidos en
este tema es muy determinante. También es cierto que hay países
intermedios que nos piden esfuerzos a nosotros y ellos no los aplican
con países más pobres, pero también es cierto que Estados Unidos y
Europa tendrán que ser capaces de avanzar en un mayor consenso
comercial, difícil, porque precisamente somos los dos bloques más
competitivos y que más competimos en todo el mundo en esta cuestión.

Su señoría es muy crítico con el sistema de resolución de
desavenencias con asesores privados. Yo, la verdad, no tengo esa
impresión. Creo que el sistema de resolución de conflictos de la OMC
seguramente no es perfecto, pero es un paso sustancial en la
racionalización del comercio mundial, para impedir guerras
comerciales que tan costosas han sido para la humanidad,
especialmente para los países más pobres. Creo que ése es el camino
que hay que seguir. El camino que hay que seguir es un sistema de
reglas en el que todos los países cumplan unas determinadas
condiciones y estén sometidos a un arbitraje o a un dictamen de una
institución en la que todos participemos y que sea independiente.

Sinceramente, no veo otro camino en un mundo de mercados
globalizados.

Su señoría me apunta cuestiones muy concretas, como el caso de la
cuota láctea en España. Creo que las negociaciones de la Agenda 2000
han sido satisfactorias. Su señoría seguramente quiere más, pero creo
que hemos cambiado sustancialmente la situación del mercado lácteo en
España del Tratado de Adhesión de 1986 a la renegociación de 1998. En
el tema de pesca es indudable que en estos momentos el propio
comisario Fischler nos está planteando cuestiones muy delicadas. Pero
creo que hasta ahora, con la especificidad que tiene la pesca para
nosotros, lo que hace que muchas veces no tengamos una colaboración
de una gran cantidad de países de la Unión Europea, hemos ido
resolviendo problemas como espero que se puedan resolver con
Marruecos.

Acepto perfectamente, porque creo que es una de las cuestiones
básicas de las organizaciones internacionales, la cuestión de la
transparencia. Creo que en eso tenemos que avanzar y los países
tenemos que contribuir a ello. Me planteaba una serie de cuestiones
sobre el grado de representación. La representación ante la OMC la
tiene la Unión Europea. Nosotros tenemos discusiones en el Consejo de
asuntos generales o en el Consejo de comercio exterior. Las
conclusiones del 3 de diciembre del Consejo de asuntos generales
estoy dispuesto a trasladárselas, no las tengo ahora conmigo; es una
declaración muy corta y relativamente crítica de la organización, en
la que se indica que la Unión Europea se siente insatisfecha de no
haber llegado a un acuerdo. Yo se las enviaré a los portavoces.

Respecto a la seguridad en la alimentación de la producción nacional,
todos los países tienen derecho a tener todos los productos
agrícolas, no sé si eso supone cerrar las fronteras a los demás, ahí
entramos en una discusión muy
complicada, pero creo que ése no va a ser el camino por el que vamos
a evolucionar. Otra cosa esa la multifuncionalidad de la agricultura
y el modelo de ayuda a la agricultura que se está instalando en
Europa a través de ayudas a la renta y no a los precios.

El señor Rodríguez ya me planteó un debate sobre el PDR en el Pleno,
y ahora me plantea también cuestiones concretas sobre empresas a
partir del 2007. Sinceramente tengo que decirle que no conozco esa
cuestión, pero si S.S. me la explica, estoy dispuesto a aclarárselas.

Dice que son empresas que están generando electricidad a través del
carbón y que dejarán de generarla a partir del 2007. Repito, no puedo
darle respuesta.

En cuanto al IRPF, S.S. indica claramente que le gustaría profundizar
en un sistema con más impuestos. Habitualmente ése es el debate
abierto y han planteado muchos partidos que en el año 2001 esa debe
ser la discusión. Pues bien, en el año 2001 veremos cuál es la
discusión. Yo estoy seguro de que la discusión irá por encima de la
dirección que tenemos hoy. Los parlamentos autonómicos no querrán
renunciar a sus capacidades actuales. En cuanto a los impuestos
indirectos, todos somos conscientes de las dificultades que pueden
tener desde el punto de vista de capacidad normativa y técnica, pero,
vuelvo a repetir, ese es un debate que ya se planteará. En cuanto al
impuesto de sociedades, es otro debate y no sé si habrá opinión común
de que el impuesto de sociedades pueda tener un fraccionamiento en
España, habida cuenta de las consecuencias que podría tener en
términos de competitividad y de las reglas europeas, pero ése es un
debate que nos llegará muy pronto.

Al señor Peralta también le agradezco su intervención, aunque veo que
no está.

Paso a contestar a la pregunta que me ha formulado el señor Aguirre.

Entiendo perfectamente, respaldo y coincido en que nuestra posición
en Seattle en dos temas muy delicados, como la pesca y la
agricultura, ha sido satisfactoria, aunque tengamos que reconocer que
no se ha llegado a un acuerdo. Sobre los demás temas creo que ya he
hablado a la Comisión.

Sobre los mercados de alto crecimiento, es indudable que estamos en
un momento en que algunos de los conceptos que en el año 1988
inspiraron las leyes españolas han variado, como el hecho de que
pueda haber empresas que salgan a Bolsa que no tengan beneficios
inmediatos, incluso que no los hayan tenido. Ya en el año 1997
nosotros dimos un primer paso con una orden ministerial que ha
permitido que empresas como Paternina o Sogecable hayan podido salir
a Bolsa sin tener beneficios anteriores, pero teniendo una
información auditada de previsión de ejercicios posteriores. Es
indudable que estamos en un mercado que se mueve muy deprisa y que va
unido a los nuevos valores tecnológicos, que nos lleva a una
situación que ya la propia Comisión Europea recomienda, en lo que
llama risk cápital. Espero que el Gobierno ponga en marcha antes de
diciembre las disposiciones necesarias para que en España se permita
la salida a Bolsa de empresas sin beneficios en los últimos
ejercicios, pero tampoco con beneficios a medio plazo. En este caso,
como es natural, habrá que extremar la transparencia y especialmente
la publicidad (es notable que se puedan producir en Europa
publicidades distintas



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que en Estados Unidos, precisamente por esta diferencia de
legislaciones), y tendrá que haber una información mucho más
exhaustiva; tendrá que crearse un segmento especial de negociación
para estas empresas que están relacionadas con tecnología punta si
quieren tener algún atractivo, porque, como es natural si no no van a
tener ningún atractivo para los inversores, y aunque no justifiquen
beneficios, a medio y largo plazo sí están ligadas a mercados en los
que hay una previsión por parte de los ahorradores de un gran
crecimiento. El desarrollo de este segmento especial de Bolsa se
confiará a las Bolsas de valores españolas, que serán las que
arbitren las correspondientes medidas de organización y
funcionamiento para su implantación, tendrá normas específicas de
negociación así como de información al mercado y a los inversores que
garantice un adecuado conocimiento de su funcionamiento. En el
folleto informativo de las emisiones, que será verificado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como toda la publicidad
que se haga de los valores de las empresas del segmento, se ofrecerá
una información completa al mercado y a los inversores respecto al
tipo de inversión que se realiza, una inversión, como es natural, que
tiene unas características de riesgo muy notables. La supervisión de
este segmento será encargada a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Por tanto, la orden ministerial que autorizará este mercado
creo que ofrece una respuesta adecuada, similar a lo que está
sucediendo en otros países europeos, que responde, como he dicho, a
las pautas marcadas por la Unión Europea en materia de risk cápital,
y que nos indica hasta qué punto se está produciendo una mutación
considerable desde el punto de vista de los mercados de capitales y
también por la aparición de empresas ligadas a las nuevas
tecnologías.

Muchas gracias, señor presidente, y reitero mi felicitación navideña
a todo el mundo. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿A efectos de qué?



El señor EGUIAGARAY UCELAY: De contestar al señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Sea brevísimo y no conteste, puntualice.




El señor EGUIAGARAYUCELAY: Señor presidente, le agradezco su
benevolencia, ya le había expresado mi deseo de decir alguna cosa y
quiero hacerlo con toda brevedad, ya que no son horas de entrar en
ulteriores debates.

Antes de desearle al señor Rato unas felices fiestas, un próspero Año
Nuevo y una mucho más rápida derrota electoral, le quiero hacer un
par de puntualizaciones. Una tiene que ver con el sistema de
financiación, sin repetir toda la discusión que hemos tenido y seguro
que tendremos. Yo creo, señor Rato, que lo que más define lo que
usted ha dicho son las expresiones en las que ha caído, esto de:
cuando nosotros mandamos, y es que yo creo que este es el problema,
el mandar, que no significa gobernar, y que le ha llevado a usted a
utilizar cada vez con menos rendimientos el «y tú más», porque
también en el pasado ocurrió no sé qué y no sé cuál. Le parece que no
era justificable que no
se tomaran en cuenta 100.000 o no sé cuantos andaluces o habitantes
de cualquier otra comunidad autónoma. Ese le parece un buen argumento
para defender que ahora, superando todos los récord, batiendo todas
las distancias, tengamos mucho más del doble, 460.000 andaluces fuera
de circulación.




La segunda consideración -y termino enseguida, señor presidente-
tiene que ver con el programa de desarrollo regional. No sé si lo que
me ha querido decir, señor Rato, es que no le parece adecuado que la
Comisión se dirija a usted, que se dirija en estos términos o que
quien se dirija tenga una determinada forma de ver la vida. He
querido entender que usted considera ilegítima e inadecuada una carta
de la Comisión dirigida al Gobierno español, no sé si tratando de dar
la sensación de que cartas de ese tenor no se han dirigido al resto
de los países de la Unión Europea beneficiarios de fondos. Si eso es
así, quizá esté usted haciendo una acusación a alguien que supongo
que habrá ejercido su función no como comisario siquiera, sino como
director de la Dirección General número 16. Por cierto, lo que dice
esa carta es que está cumpliendo exclusivamente con un criterio de
carácter indicativo, descrito en la declaración relativa al artículo
7 del reglamento general de los fondos estructurales adjunta al acta
del Consejo sobre asuntos generales celebrado el 21 de junio de 1999.

Si usted entiende que la Comisión Europea está invadiendo
competencias, debiera decirlo públicamente. Si lo que está es
sugiriendo que alguien, por razón de su ideología o de su simpatía
histórica, está excediéndose en sus funciones, me parece que,
primero, se equivoca, y, segundo, debiera decirlo claramente, porque
entonces estamos ante un tema serio. Yo no le recomiendo que vaya por
ese camino, señor Rato. Pero sí ha quedado en una cuestión, tratando
de salirse con una supuesta habilidad. Ha dicho, en respuesta a mi
pregunta: Buscaré el consenso de las comunidades autónomas. Como a
continuación ha dicho que algunos no pueden perder y los criterios
indicativos de la Comisión Europea llevan a algunos a que ganen
respecto de lo que históricamente han percibido, si usted mantiene
ese criterio significa que algunas comunidades autónomas a las que la
Comisión dice que debieran beneficiarse de una determinada cuantía de
fondos deberán ceder para alcanzar ese supuesto consenso. Por lo
tanto, ya he entendido que se los piensan quitar. Ya me he enterado
de lo que usted ha dicho y de lo que usted entiende por consenso,
porque creo que ha quedado meridianamente claro.

Tercera y última consideración, señor vicepresidente. Antes no me he
extendido sobre el tema de las stock options para abreviar.

Deseándole de una manera cordial en lo personal, como sabe que
siempre hago, que tenga las mejores fiestas, señor Rato, su última
comparecencia, presumo, en esta legislatura me obliga a decir lo que
pienso con toda sinceridad. Creo, señor Rato, que el balance de sus
políticas en algunas cosas que nos importan a muchos, y utilizaré una
expresión algo fuerte, es detestable, entre otras cosas por lo que
significa desde el punto de vista del consenso político, que no ha
sido el de las comunidades autónomas exclusivamente sino entre la
izquierda y la derecha en nuestro país, sobre el sistema de
financiación. Creo que usted, que fue especialmente responsable de
haber alcanzado un récord destacado en lo que significa la



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infamación política, acusando al Gobierno anterior de haber llevado a
cabo amnistías fiscales en favor de los amigos y de los amiguetes,
que, por cierto, y sin que sirva de precedente, se volvió contra el
infamante, ha llevado a cabo una de las políticas fiscales más
regresivas que se recuerdan. Ha sido, por acción y por omisión,
responsable de todas las trampas presupuestarias que el más
imaginativo de los tramposos no sería capaz de formular. No ha
arreglado ni mucho menos los problemas de la Agencia Tributaria,
convertida en una olla a presión, en la que no se sabe si es más
importante la desmoralización del personal o el cabreo que existe.

Además, ha mantenido al frente de esa importante institución a una
persona que ha engañado en varias ocasiones con las cifras al
Parlamento. Ha sido simultáneamente el actor principal en esta tarea
de concentración del poder económico, que no tiene precedentes en
nuestro país, a lo largo de esta legislatura, que ha afectado a la
calidad de la vida democrática.

Yo creo, señor Rato, que las últimas actuaciones, especialmente las
que tienen que ver con el señor Villalonga, no se las merece, ni
haberlas sufrido ni muchísimo menos el haberlas amparado. El señor
Villalonga no solamente ha cometido un montón de desmanes, pasa ya
por ser una persona non grata -y tengo aquí una revista, que se llama
América Económica-, por la consideración que tienen de él los
accionistas minoritarios de muchas de las empresas en las cuales
Telefónica tiene presencia en Latinoamérica, que se han visto
afectados en sus intereses y en sus derechos.

Por eso déjeme decirle, en los términos más respetuosos en lo
personal e incluso si quiere más afectuosos en lo humano, que yo
creo, señor Rato, que usted ha sido un mal ministro de Economía en
términos políticos. Nunca he puesto en cuestión ni su simpatía ni su
habilidad ni muchísimo menos una graciosa ironía con la que a veces
acompaña sus discursos y que a mí me complace sobremanera. Lo que
pasa es que me parece que esas virtudes indudables son muy pequeñas
al servicio de una política que antes he calificado como una política
detestable, en términos de desigualdades, en términos de los
objetivos que usted ha protagonizado como ministro de Economía y
Hacienda y como vicepresidente económico. Por eso le tengo que seguir
diciendo que le deseo en lo personal lo mejor, pero me parecía que
era absolutamente razonable, y por eso le he pedido permiso al
presidente, hacer un mínimo balance, aunque sea así de escueto, de lo
que me parece que ha sido la gestión de su Gobierno y la suya
personal en esta legislatura.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: No suponía yo que al final de la
comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno íbamos a
tener una intervención de estas características por parte del
portavoz del Grupo Socialista, al que igualmente le deseo felices
fiestas y un año 2000 lleno de satisfacciones personales y familiares
y que, desde luego, tenga el resultado político en las elecciones
generales venideras que quiera darle el respaldo del pueblo español.

No se me ocurrirá en ningún caso desearle ningún tipo de derrota,
sino simplemente desearle que tenga el respaldo que el pueblo español
quiera darle. Desde luego, ese respaldo
del pueblo español va a estar, por parte de este partido
político al que represento en esta Comisión, en establecer lo que
seguramente no le vaya a gustar nada en lo político, que es comparar
el antes y el después; comparar precisamente cuáles son las
actuaciones de gobiernos anteriores y cuáles son las actuaciones del
Gobierno actual, y probablemente en esa comparación no va a salir muy
respaldado.




Si por hablar de las stock options tenemos que empezar a desarrollar
un discurso, que he anotado, de infame, detestable, tramposo y demás
gracias verbales, yo tengo que reconocer, señor vicepresidente, que,
como al inicio de mi primera intervención le dije, y le tengo que
volver a suscribir, el pueblo español es ya muy maduro en lo político
y es consciente de que en España la situación económica se puede
describir con un antes y un después; un antes en el que en España se
destruía empleo y ahora se construye empleo; un antes en el que
España navegaba en unos tipos de interés en torno al 10 por ciento y
hoy navega en torno al 4 por ciento; una situación económica en la
que clarísimamente hemos tenido una formación de precios que
penalizaba permanentemente a las rentas con menor poder adquisitivo y
que hoy, gracias a haber relajado y rebajado algunas barreras de
resistencia, nuestra sociedad con menor poder adquisitivo ha podido
en este período de tiempo ganar a mayor velocidad poder adquisitivo.

Por tanto, una situación en la que el reparto de la riqueza ha
mejorado de manera muy significativa en comparación con otros
episodios y otros períodos de la economía española.

Mi grupo entiende, señor vicepresidente, que usted es un buen gestor
y un buen ministro de Economía. Probablemente nos diferencie que esto
lo decimos desde la neutralidad y no desde la crispación como la que
acabo de escuchar al portavoz del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Con respecto a las dos puntualizaciones,
quiero decir que la frase de «cuando nosotros mandamos», que recoge
el señor Eguiagaray, es indudable que la dije refiriéndome a que
gobernando nosotros hemos hecho un sistema de financiación que
beneficiaba a los comunidades autónomas en las que gobernaban
ustedes. Eso ustedes nunca lo hubieran hecho; jamás. Los niveles de
criterio partidista con los que ustedes ejecutaron el poder fueron
los más grandes de la historia de la España democrática, sin ninguna
duda, tanto en el nombramiento de personas como en la financiación de
partidos políticos o en la utilización de todos los medios del
Estado, incluida la policía, en contra de sus enemigos políticos,
como está reseñado en sumarios en este país. Por lo tanto, señor
Eguiagaray, quiero decirle que me alegra profundamente que
mantengamos esas distancias, porque nunca he tenido la menor
intención de parecerme a ustedes en eso.

En cuanto al «tú más», sobre la población, no, señor Eguiagaray, se
equivoca. Lo que trato de demostrar es que el criterio de población,
tal y como ustedes lo quierendefender ahora, no tiene ningún sentido,
porque, habida



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cuenta de que la financiación autonómica es un todo para todas las
comunidades autónomas, lo importante son las posiciones relativas, y
si una comunidad autónoma tiene una financiación per capita superior
a la media, en ningún caso se puede decir que está siendo
perjudicada, y si no se decía en los años anteriores, porque era así,
ahora sólo se dice por una razón: porque ustedes han intentado desde
el principio de la legislatura convertir el debate de la financiación
autonómica en un debate de agresión a las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha y no ha sido así y los
ciudadanos lo saben. Es manifiesto el fracaso de su intento de
convertir el debate de la financiación autonómica en un debate de
persecuciones políticas.

En cuanto al señor Landaburu, será amigo de quien ustedes quieran,
pero es indudable que la Comisión no tiene ningún mandato jurídico y
no responde a ningún acuerdo formal, cosa que él reconoce; él
reconoce que la carta no responde a ningún acuerdo formal de la
Comisión, sino simplemente a una iniciativa particular de la
dirección general, y se refiere a criterios a utilizar por la
Comisión, que no tiene mandato jurídico para indicárselos a los
Estados. Lo que yo le he apuntado es que nuestro criterio será el
consenso y que con seis comunidades autónomas que pierdan no es fácil
que consigamos ese consenso, pero indudablemente nosotros vamos a
aceptar el consenso de las comunidades autónomas. Ya veo que S.S.

cree que aquí tiene un objetivo más para crear sensaciones de agravio
a las comunidades autónomas, utilícelo con el éxito hasta ahora
conocido.

Paso a su última intervención, que más que considerarla parte de este
período de sesiones la considero el comienzo de la campaña electoral,
dado el tono. Por tanto, las felicitaciones de Navidad y los deseos
de bonhomía y de que todos tengamos muy buenos Reyes Magos los sitúo
todos antes de este principio de campaña electoral que S.S. ha
querido dedicarme al final.

Su señoría considera detestables a sus adversarios políticos, lo
demostró en el Gobierno. Tengo que decir que le recuerdo
perfectamente como ministro y recuerdo el talante de no negociar que
tenía usted hacia nosotros cuando estábamos en la oposición; pero yo
me alegro muchísimo de no haber protagonizado, como S.S. protagonizó,
el entregarle a sectores privados de este país monopolios públicos,
incluso dejándose el dinero de los españoles para que financiaran los
pasivos y sólo entregar los activos. No sabe lo que me alegro de que
eso no se pueda decir de nosotros en ningún caso.

En cuanto a las amnistías fiscales, ustedes las votaron. El mal
funcionamiento de la Agencia Tributaria está en los tribunales, y que
se perdieron 200.000 millones como consecuencia de su negligencia
política ha quedado demostrado en esta Cámara y en los tribunales. La
esperanza que ustedes tenían de que el Tribunal Supremo no confirmara
la sentencia la perdieron en septiembre y tuvimos la elegancia -con
ustedes, probablemente un error, como siempre- de no recodárselo,
pero yo ahora aprovecho y se lo recuerdo.

Usted dice que hemos engañado con cifras. Yo sólo me remito al juicio
que están emitiendo en estos momentos, por ejemplo, la Comisión
Europea o cualquiera de los órganos independientes que juzgan la
evolución del déficit público en España.




Tras el 7,1 por ciento que nos dejaron, además de una amañada quiebra
de la Seguridad Social para que no pudiéramos pactar las pensiones,
con una decisión de un Consejo de Ministros del cual usted formaba
parte por la que redujeron el préstamo a la Seguridad Social para
evitar que el Gobierno siguiente, elegido democráticamente, pudiera
cumplir con sus obligaciones sociales, se han llevado ustedes el
chasco de que hemos cumplido con las obligaciones sociales, hemos
pactado con los sindicatos, tenemos el respeto de los pensionistas y
ustedes no han podido decir nada. (La señora Leiva Díez: ¡Qué
retorcido!) Y en ese debate tan estupendo sobre pensiones que nos
tenían preparado para el último trimestre del año 1999 han fracasado
ustedes estrepitosamente política, económica y socialmente.

En cuanto a la concentración de poder, hay millones de españoles que
hoy son propietarios de las empresas que ustedes mantenían en
monopolio. Hay millones de españoles que tienen empleo gracias a que
nosotros hemos sacado los planes sobre el cableado de España que
ustedes tenían en los cajones en beneficio de determinadas empresas.

Por tanto, no puedo estar más satisfecho de que S.S. no se haya
sentido reflejado en ninguna de las políticas que yo haya
desarrollado; lo contrario me preocuparía profundamente.




Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoras y señores.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y quince minutos de la tarde.