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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 820, de 15/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 820
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Sesión núm. 51
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de la Tesorería de la
Seguridad Social (Gómez-Pomar Rodríguez) para:
- Explicar la política de privatización de determinados servicios de
las entidades gestoras de la Seguridad Social. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
212/002125.) ... (Página 24398)
- Explicar el proceso detallado del plan de venta de inmuebles
propiedad de la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, así como
de los arrendamientos afectados por dicho plan. A solicitud del Grupo
anterior. (Número de expediente 212/001464.) ... (Página 24398)
Comparecencia del señor Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales
(Díaz Guerra) para informar sobre la estructura territorial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001301.)
... (Página 24406)
Conclusiones de la Subcomisión para el estudio de la problemática del
pueblo gitano. (Número de expediente 154/000028.) ... (Página 24413)
Comparecencia del señor secretario general de Empleo (Chozas Pedrero)
para informar acerca de los criterios que se están utilizando para
aprobar los expedientes de rescisión de contratos planteados por la
empresa Ericsson, S.A., y Ericsson Infocom España, S.A., así como
acerca de las denuncias presentadas por el comité de empresa ante la
Inspección de Trabajo por el abuso que la misma hace de las horas
extras. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/002069.) ... (Página 24416)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS:
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (GÓMEZ-POMAR RODRÍGUEZ) PARA:
- EXPLICAR LA POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS DE
LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERALDE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 212/002125.)
- EXPLICAR EL PROCESO DETALLADO DEL PLAN DE VENTA DE INMUEBLES
PROPIEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID, ASÍ COMO
DE LOS ARRENDAMIENTOS AFECTADOS POR DICHO PLAN. ASOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 212/001464.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de esta
Comisión de Política Social y Empleo.
Les quiero anunciar que hay dos proposiciones cuyos proponentes, los
dos de Convergència i Unió, han pedido su retirada. Por lo tanto,
tenemos dos temas menos en el orden del día. Y tendremos uno más si
SS.SS. están de acuerdo en que se pueda ver en esta sesión el informe
de la subcomisión para el estudio de la problemática del pueblo
gitano, subcomisión que ya ha terminado los trabajos; parece que es
de interés que podamos verlo antes de que se clausure esta
legislatura. Si todos los grupos están de acuerdo, incorporaremos el
informe en esta sesión y lo haremos a continuación de la
comparecencia del director general de la Tesorería, dado que el
secretario general de Empleo nos ha comunicado que no podrá venir
hasta las doce.
Empezamos ya con la comparecencia del director general de la
Tesorería general de la Seguridad Social, a quien agradecemos su
presencia, que ha solicitado el Grupo Federal de Izquierda Unida,
para explicar la política de privatización
de determinados servicios de las entidades gestoras de la
Seguridad Social. Y hay una segunda petición para que explique el
proceso detallado del plan de venta de inmuebles propiedad de la
Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, así como los
arrendamientos afectados por dicho plan.
Si al señor Vaquero no le importa, podría hacer una intervención
sobre los dos temas. ¿O prefiere que se haga por separado?
El señor VAQUERO DEL POZO: A mí me es igual.
El señor PRESIDENTE: Entonces, si le parece al señor director
general, puede usted hacer una intervención que comprenda los dos
puntos y pasamos a continuación al trámite de intervenciones.
Tiene usted la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (Gómez-Pomar Rodríguez): Muchas gracias, presidente. Muy
buenos días.
La primera de las comparecencias que explican mi presencia hoy aquí
se refiere al plan de privatización de determinados servicios de las
entidades gestoras, en este caso de la Tesorería. Y la primera
cuestión que se ha hecho desde la Tesorería es interpretar el
concepto de a qué se refiere la privatización de determinados
servicios. Dado que se han venido recibiendo en los últimos tiempos
en la dirección general diversas manifestaciones contrarias a la
convocatoria de un concurso para el funcionamiento del servicio de
gestión telefónica en Madrid y en los propios servicios de la
dirección general, entiendo, se ha interpretado que esta denominada
privatización de servicios se refiere al concurso de servicio de
gestión telefónica para la dirección provincial de Madrid y la
dirección general.
En relación con este tema, muy brevemente quiero comentar dos
aspectos relativos a la gestión telefónica. El primero, el de la
oportunidad de sacar a concurso la gestión telefónica en Madrid y el
segundo el de la legalidad o los aspectos de legalidad en este
concurso. Como SS.SS. conocen, la idea de la gestión telefónica en
todo el ámbito de la gestión de la Tesorería no tiene otro propósito
que facilitar a todos aquellos que tienen que relacionarse con la
Tesorería los trámites, las demandas de información o las gestiones
que quieran realizar con nosotros. Es un servicio quelleva ya algún
tiempo implantado, que ha venido funcionando
satisfactoriamente en la mayor parte de las provincias, hay una gran
cantidad de demandas de información, solicitudes de documentos,
etcétera, a través del mismo, pero que ha visto incrementada de una
manera notable su demanda a lo largo de los últimos años. Por darles
un dato concreto, a 31 de octubre del año 1999 se habían recibido
718.816 consultas o peticiones, frente a las 462.537 del mismo
período en el año anterior. Esto significa que, para poder atender
cabalmente el servicio, sobre todo en las principales direcciones
provinciales, por parte de la Tesorería se pensó en la necesidad, no
de dejar de prestar un servicio que venía siendo prestado
satisfactoriamente por los funcionarios y el personal de la casa -y
este es un punto sobre el que sí me interesa llamar la atención-,
sino de complementar o reforzar este servicio. Por lo tanto, no se ha
producido en ningún caso una sustitución de un servicio que viniesen
prestando funcionarios o personal de la dirección general, sino que
se intenta complementar, reforzar la prestación de este servicio,
sobre todo en una situación como es la demanda de personal que tienen
las administraciones de la Seguridad Social en Madrid, en concreto
las de la Tesorería, que hace extraordinariamente difícil reasignar
funcionarios de tareas que están desempeñando en las unidades de
recaudación o en servicios de atención al público directo a servicios
de gestión telefónica.
Con esta finalidad se convoca el concurso para la dirección
provincial de Madrid y para los servicios centrales. Ante esta
convocatoria del servicio por parte de distintas organizaciones
sindicales, se plantean quejas directamente a la dirección general en
el sentido de que está procediéndose a una privatización del servicio
y al mismo tiempo se presenta una denuncia ante la Agencia de
Protección de Datos. A la fecha de hoy ya tenemos una comunicación de
la Agencia de Protección de Datos por la que se declara el archivo de
las actuaciones y, por lo tanto, declara conforme a la Ley de
protección de datos y a la normativa vigente en la materia la
convocatoria del concurso realizada por la Tesorería, convocatoria
que se fue dilatando en el tiempo en tanto en cuanto no tuviésemos un
pronunciamiento de la Agencia de Protección de Datos. A la fecha de
hoy yo digo que tenemos este pronunciamiento de la Agencia, que no ve
ningún motivo de inquietud respecto de las denuncias y de las quejas
formuladas y que considera que el concurso planteado es perfectamente
conforme a la normativa en materia de protección de datos. No podía
ser de otra manera, porque éste ha sido uno de los aspectos que más
se ha querido cuidar desde la dirección general y que los aspectos de
confidencialidad, de tratamiento de la información de uso en ningún
momento se vean inquietados; exclusivamente se trata de dar el mejor
servicio a todos aquellos que prefieren acudir a la vía de la llamada
telefónica que acudir a la presencia en una administración de la
Seguridad Social. Esta sería un poco la presentación o los
comentarios a la primera de las cuestiones por las que se solicita mi
comparecencia.
La segunda comparecencia se refiere al plan de enajenación de
inmuebles en la Comunidad de Madrid. Les voy a dar primero una
información de carácter general de qué es lo que se pretende y luego
datos más concretos. La Seguridad Social tiene un patrimonio
inmobiliario constituido por aproximadamente 3.500 inmuebles, que
están afectos
en una parte importante a la prestación de servicios sanitarios,
asistenciales y también de carácter administrativo. La mayor parte de
estos edificios proceden del antiguo Instituto Nacional de Previsión,
de las mutualidades laborales y de otras entidades que hoy día están
incorporadas al sistema. El análisis de la situación del patrimonio
que se ha venido realizando en los últimos años pone de manifiesto
que mientras existen inmuebles claramente destinados a fines
sanitarios, asistenciales o a oficinas o servicios administrativos de
carácter general, hay otra serie importante de ellos, sobre todo
estos provenientes del antiguo INP y de las mutualidades laborales,
que están conformados por inmuebles destinados a vivienda y de los
que la Tesorería es un mero administrador y que gestiona en régimen
de arrendamiento. Los viene gestionando en este régimen con gran
cantidad de problemas, dedicándose a una labor que entendemos que no
es la propia de la Tesorería de la Seguridad Social, con
rentabilidades nulas, o negativas en algunos casos, porque el propio
coste de mantenimiento de estos edificios es superior a los
rendimientos que se obtendrían de los pagos de las rentas por los
inquilinos y con la notoria inadecuación que las normas
administrativas suponen para una gestión que debe ser más
empresarial, como es la gestión de edificios enteros destinados a
vivienda.
La Tesorería, a partir del año 1997, plantea un plan de enajenación
de inmuebles, de todos aquellos inmuebles que no son necesarios para
su funcionamiento y para sus servicios, sobre la base de los
siguientes criterios. En primer lugar, acudir, como norma general, a
la subasta pública en todos aquellos casos en los que sea posible.
Esto es no sólo posible, sino conveniente en aquellos supuestos de
inmuebles que en su totalidad pertenecen a la Seguridad Social,
edificios completos en aquellos casos en los que hay locales o pisos
que no tienen en ese momento ninguna ocupación, acudiendo a la
fórmula de la enajenación directa en aquellos casos que así contempla
la norma y que básicamente se centran en pisos o locales sueltos en
los que ya existe un arrendatario con una serie de derechos y que
viene disfrutando de este inmueble. Sobre esta base, en la Comunidad
de Madrid se ha procedido a la venta de 53 inmuebles, de los que 14
se han vendido por el procedimiento de enajenación directa, un 26,4
por ciento, y 39, por el procedimiento de subasta. Si vamos a los
importes, la enajenación directa supone exclusivamente un 1,5 por
ciento del precio obtenido por la venta y el 98,5 por ciento restante
es lo que se ha obtenido por el procedimiento de subasta. En el año
1997 se vendieron inmuebles por valor de 1.691 millones de pesetas;
en el año 1998, por valor de 8.068 millones de pesetas; en el año
1999, por valor de 3.872 millones de pesetas; en números redondos da
un total de 13.631 millones de pesetas. El criterio que se ha seguido
es el de, en todos los edificios completos vendidos por la Tesorería
de la Seguridad Social, tener unas reuniones de información con los
inquilinos, informarles de que se va a proceder a la venta y, en
aquellos casos en los que los vecinos han manifestado su interés en
concurrir a las subastas, esperar a poner en marcha las subastas
hasta el momento en el que las comunidades de vecinos se han
organizado para poder pujar en las mismas.
Esta sería, en mi opinión, la información básica y los rasgos
fundamentales de la política de enajenación de inmuebles en la
Comunidad de Madrid.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor GómezPomar, gracias por su
presencia. Creo que su comparecencia puede incluso cualificar esta
comparecencia, con todo el respeto al secretario de Estado, porque a
usted le considero muy cualificado y muy directamente implicado en la
gestión del día a día de la administración de la Seguridad Social y,
por tanto, para los dos temas que vamos a tratar. Yo no voy a
intervenir con la brevedad y la concisión que lo ha hecho el señor
director general de la Tesorería de la Seguridad Social, sino que me
extenderé un poco más, porque sin duda el tema es complejo.
Entrando a comentar el primer tema, quisiera que nos ampliase la
información respecto a un asunto que no ha tratado en su exposición,
que es el control informático y su externalización. El concepto de
privatización es un concepto más del argot sindical y político que
del argot técnico o jurídico y, sacado de ese contexto, la
externalización de los servicios es una forma, desde nuestro punto de
vista, de privatización de esos servicios. En este sentido el control
informático de determinados programas de la Seguridad Social para
nosotros es uno de los elementos de privatización. También nos
gustaría conocer, si la extensión del concepto sirve como base para
entendernos, qué otros servicios se han privatizado o se han derivado
hacia la gestión privada, de la forma que sea y no sólo en Madrid o
en los servicios centrales, ni siquiera en Barcelona, donde hay una
acumulación de servicios importantes de gestión, sino en el conjunto
de las administraciones de toda España, porque es un dato importante.
Yo sé que hay toda una serie de expedientes, en concreto en el
control de informática, a pesar de la cualificación, que tienen los
funcionarios de este servicio, del nivel de medios técnicos que tiene
esta gerencia de informática e incluso de la incentivación de tipo
económico que tiene el gerente o el jefe de esta unidad, que cobra
más de diez millones y pico, según dicen los sindicalistas en sus
notas. Son datos que manejamos todos. Sin embargo, ha tenido que
derivarse la gestión en los expedientes 99/2.501, 2.502, 2.503,
7.205/99 G, 7.207/99 G y 41/99, todos ellos con un coste de
realización de miles de millones de pesetas.
Nosotros entendemos que aquí hay un elemento que forma parte del
conjunto de las políticas que se están haciendo, que son novedosas, y
que, al ser novedosas en la gestión de la Seguridad Social, pues
hasta ahora no se había realizado externalización ni privatización de
segmentos de la gestión, tendrán que tener una justificación,
justificación de la que, con todos los respetos, no le he oído hoy
hablar en su intervención. Si se trata de complementar o reforzar la
gestión, primero habrá que ver si eso es necesario, y será necesario
en función de los índices de gestión, del balance de la gestión que
se esté realizando. En concreto, por ejemplo, en el Geste. Yo tengo
un informe de junio de 1999 en el que, en su segunda página -yo no sé
si esto será correcto o no-, dice que el porcentaje de gestión
alcanzado es del 99,87 por ciento. Prácticamente un cien por cien, un
sobresaliente cum laude, y sin embargo se pretende complementar
o reforzar esta gestión. Tendrá que haber otros motivos o
hay una contradicción entre unos datos y otros. Quisiéramos que nos
explicase esto.
Aparte de eso, ¿por qué no se hace con los mecanismos habituales,
normales, que existen en la Seguridad Social, en toda la Función
pública? Si se trata de complementar o reforzar, habrá que ver si es
estructuralmente necesario habilitar una oferta de empleo público, o
si más bien es una necesidad coyuntural y se puede habilitar con
personal de tipo interino o con contratos temporales, que son los
mecanismos normales. La externalización o privatización de los
servicios implica otro tipo de explicación, una explicación de por
qué se acude a unos servicios privados y no se habilitan las fórmulas
que la Función pública tiene, que son las que se han habilitado en la
Seguridad Social siempre. Se nos tiene que explicar no solamente que
es necesario, sino que es necesaria esta fórmula concreta, porque se
están introduciendo unas prácticas en la Seguridad Social que no
obedecen a la tradición ni, desde nuestro punto de vista, si no se
nos explica otra cosa, a la necesidad, porque hay personal
cualificado en el Geste.
Cuando se pretende resolver una cuestión hay que ver si el coste de
esas medidas va a ser mayor que los resultados o el rendimiento que
se va a conseguir. Lo que nos dicen los informantes que nos han dado
los datos es que se va a duplicar el valor de la hora de trabajo
respecto de los costes actuales. Ellos evalúan de 1.000 a 2.000
pesetas el coste de la hora de trabajo. Por otra parte, se pretende
que haya una eficiencia importante y, sin embargo, en el pliego de
condiciones para la contratación se habla de que, en el caso de que
estos informantes de este servicio privatizado no conozcan la
respuesta adecuada al cliente de la Seguridad Social, al
beneficiario, al usuario, podrán derivar la información a los
funcionarios que habitualmente vienen entendiendo de los temas,
porque es verdad que este tipo de información, en la Seguridad Social
sobre todo, es muy cualificada, requiere conocimientos no solamente
de la formación que esté dando el INAP, sino también de la práctica
diaria y concreta que se deriva de las pegas que tienen los usuarios.
La experiencia en esto es muy importante y la han ido acumulando los
funcionarios a lo largo de muchos años, son personas muy
cualificadas, no sólo por el grado de habilitación o conocimientos
que tienen, desde la selección que tuvieron, pasando por los cursos
de formación, sino también precisamente por la experiencia. Sin
embargo, las leyes del mercado de trabajo de la empresa privada son
otras, son la temporalidad, la dureza en las condiciones de trabajo y
la precariedad, y suponen un mayor peligro de ineficiencia a la hora
de este tipo de trabajo, de este grado de conocimientos necesario
para la realización de este trabajo en concreto. Y lo que ya se prevé
en las cláusulas de la contratación puede ser que sea una práctica
muy habitual y, en vez de estar complementando o reforzando la
eficacia del trabajo, se podrá estar muy posiblemente duplicando el
trabajo y entorpeciéndolo. Estas cuestiones habrán tenido que ser
tenidas en cuenta a la hora de prever una solución de este tipo.
Mi primera pregunta sería si se ha hecho un estudio previo de las
necesidades y de la eficiencia de este tipo de solución y se conoce
en qué condiciones laborales y salarialesse tiene por parte de estas
empresas a los trabajadores.
Ya ha habido experiencias en el pasado en el tema de informática.
Habría que saber si estas empresas van a tener la posibilidad, como
en el caso, por ejemplo, de empresas como Andersen Consulting o El
Corte Inglés, de derivar o subcontratar a su vez los servicios a
través de empresas de trabajo temporal, que ya está contemplado en la
ley o en las resoluciones de este Congreso. En cualquier caso, hay
muchas formas de conseguir los mismos resultados con la legalidad en
la mano. ¿Está esto en los pliegos de condiciones? ¿Qué tipo de
servicios, como decía, se tiene previsto que se externalicen o
privaticen, aparte de los dos que ya hemos mencionado hasta la fecha
entre usted y yo?
Sin duda alguna, si falta personal, si hay que reforzar o
complementar, habrá que hacerlo también con aquellos agentes que
entienden, dentro del ámbito de la Seguridad Social, de la gestión
del personal, que no son sólo los gestores directos y los que tienen
la responsabilidad. Obviamente, ustedes tienen la responsabilidad y
la legalidad para hacer lo que crean conveniente dentro de los
términos de la ley, pero la participación sindical también es un
elemento legalmente establecido, y me temo que esto no sólo ha sido
obviado, sino que ha sido claramente confrontado. De hecho, los
sindicatos le han llevado a la Fiscalía, por ejemplo, y no están nada
contentos ni nada conformes con este tipo de prácticas. Por otro
lado, ellos dicen, y creo que en este caso con razón, que si hace
falta más personal, han llegado a un acuerdo hace poco, en concreto
en Madrid, para que 138 funcionarios de Correos se incorporaran a la
gestión de la Seguridad Social. Y esa ha sido otra forma, sin
necesidad de una oferta de empleo público, sino con un acuerdo
sindical, de evitar problemas de recursos humanos en la gestión de la
Seguridad Social. Todo esto, en principio, nos plantea muchas
incógnitas respecto a por qué se está llevando a cabo esta acción. Y,
si no se nos dan otras explicaciones, pensamos que este tipo de
actuaciones tiene dos elementos fundamentales de riesgo, el primero,
encarecer y hacer más ineficiente la Seguridad Social. Creemos que
hay que velar, por parte de todos pero por supuesto por parte de los
gestores y funcionarios de la Seguridad Social, para que la Seguridad
Social no tenga ni por activa ni por pasiva flancos, en esta lucha
soterrada y muy dura de enfrentamiento con sectores económicos muy
fuertes para desacreditar lo público, en primer lugar, y en concreto
y en particular la Seguridad Social, como se ha venido demostrando
desde principios de los noventa, y que tuvo que tener una solución
drástica y consensuada en el ámbito parlamentario como fueron los
pactos de Toledo, que hoy estamos reproduciendo. En función de este
contexto, habrá que entender obviamente que no solamente los gestores
de la Seguridad Social, sino también los representantes de la
voluntad popular tendrán que conocer estas cuestiones y participar de
alguna forma, no como un mero control sino precisamente para
preservar lo que es un bien superior a la mera gestión y a la
eficiencia, que es el crédito de la Seguridad Social como tal
institución, para que no pueda entender la opinión pública que los
funcionarios no son suficientes ni son eficientes, que se les tiene
que complementar en su función y se les tiene que reforzar desde la
iniciativa privada, que al parecer es más eficaz, al menos en los
mecanismos de complementación de esos servicios. Mi última pregunta
es por qué ese tipo de iniciativas de mejora de la
gestión, que creo recordar que están contempladas en las
recomendaciones me parece que 4 y 6 de los pactos de Toledo, no se
han puesto en conocimiento de esta Comisión. Hay una comisión no
permanente donde también se pueden discutir estos temas. ¿Por qué no
se ha elevado a ese ámbito el nivel de consulta de esas cuestiones?
Nosotros creemos que no se han desarrollado en el ámbito
parlamentario ni en el ámbito legislativo esas recomendaciones 4 y 6;
no se ha tocado esa cuestión. Pero sí se ha tocado a nivel de
práctica concreta y diaria, y además se ha hecho de una forma
novedosa y muy discutible. Al menos, reconózcame que muy discutible.
Tan polémica, tan polémica que está en la Fiscalía. Usted nos aporta
el dato de que la Agencia de Protección de Datos ya ha declarado el
archivo. Habrán tenido que darse prisa para traer el resultado de
esta gestión de la Agencia. Sin duda alguna nos congratulamos; pero,
obviamente, estos temas están pendientes.
En el segundo tema voy a evitar la improvisación. Respecto de la
política de patrimonio de la Seguridad Social, pasamos por alto el
debate sobre si la Seguridad Social debe tener o no una política de
poseer o invertir en adquisición de patrimonio. Esa no es la
polémica. Pero supongamos que, dentro de la decisión que ha adoptado
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sea conveniente la
política, anunciada a bombo y platillo por el señor Aparicio, de
realización del patrimonio de la Seguridad Social. Vender todos los
inmuebles, por supuesto que no estén afectados con el uso concreto de
funciones sanitarias, asistenciales, administrativas, que usted ha
enunciado. Y además vender estos inmuebles sin distinguir los que
provienen del embargo de deudores morosos, los que proceden de la
capitalización de la época, fundamentalmente de las mutualidades; del
INP también, pero fundamentalmente de las mutualidades laborales.
Distinción que, por otra parte, sería conveniente hacer, puesto que
no es lo mismo liquidar unos bienes a los solos efectos de realizar
el pago de la deuda del moroso con los bienes trabados -bienes que,
por cierto, suelen ser los que el moroso ha preparado en muchos casos
para prever el embargo, es decir, de los que él posea, los de más
difícil colocación o de menor precio en el mercado- que la venta de
inmuebles cuyo valor se debe a la gestión, a veces muy meritoria, de
aquellos gestores y que pueden suponer un auténtico fondo de reserva
patrimonial. Esto era un fondo de reserva, era un colchón. Esta es
una polémica, es un tema discutible que yo quiero aparcar
expresamente. Nosotros podremos discrepar, pero el debate no es este,
pues incluso dentro de esta polémica de enajenar esos bienes,
convirtiendo de hecho valores en ingresos dinerarios que refuercen la
liquidez de la Seguridad Social, a los efectos que procedan, en lo
que no debe haber polémica alguna, en mi opinión, es en los dos
condicionantes genéricos de la ejecución de esta política,que son que
se realice con honestidad, transparencia y racionalidad, y que se
estudie y consensúe en el contexto de la comisión prevista en la
recomendación número 15 del Pacto de Toledo el destino del dinero
resultante de la venta de dicho patrimonio. Si el patrimonio, antes
de venderse, puede ser una garantía de solvencia que, a modo de aval,
puede operar en manos de la Seguridad Social en todo momento, cuando
dicho patrimonio se vende lo lógico sería que el incremento de activo
financiero obtenido fuese destinado a cumplir
el cometido garantista que tenía dicho patrimonio. No sé si estaremos
de acuerdo, pero en principio parece razonable esta cuestión. Habría
que debatir y definir si se destina a la constitución de reservas, a
mejorar las prestaciones o a cualquier otro fin que tenga en general
y en cada momento la Seguridad Social.
Respecto de la primera de las condiciones, que se realice con
honestidad, transparencia y racionalidad, tendrá que aclararse con
toda transparencia si existen o no irregularidades como las que se
denuncian en ciertas publicaciones de actuaciones de venta o cesión
de determinados inmuebles por los responsables del patrimonio en la
Tesorería general de la Seguridad Social, haciéndose eco de términos
por los que de alguna forma se les acusa de favorecer intereses que
son absolutamente ajenos o distintos de los que deben gobernar la
actuación de la Seguridad Social; despilfarrando -se dice en otro
tema- el patrimonio de cientos de millones de pesetas a favor, en
concreto, del PP, en actuaciones que son de la Comunidad de Madrid y
en otras que no lo son pero que tienen el mismo común denominador. Lo
digo con relación a la denuncia que se hace pública y que nosotros
creemos que es muy importante que se aclare porque sin duda alguna,
la gestión de la Seguridad Social es uno de los elementos
fundamentales para el crédito político del sistema público de
Seguridad Social en general. Usted conoce perfectamente el tema de la
granja Florencia, en Toro; 800 hectáreas, tasadas en 1987 en 783
millones y en 1997, o sea, en fecha muy reciente, ya de la gestión
del actual Gobierno, en 851 millones, valoración ratificada por la
oficina técnica de Tesorería el 1 de septiembre de 1997 a través del
correspondiente informe del subdirector. Se inician los trámites para
vender en pública subasta dicho bien patrimonial y se propicia o se
hace una consulta a una empresa de capital público, Espasa, que lo
valora en 512 millones, pese a existir otras ofertas, y, según se
dice en la información, inducen a los subordinados de la oficina
técnica, que previamente lo había valorado en 851 millones, a valorar
la finca en 512 millones. Finalmente, la finca se vende a la Junta de
Castilla y León por 524 millones, que los mismos responsables de la
Seguridad Social ofrecen en escrito de 22 de mayo de 1998. De este
modo, obviamente, parece ser que el inmueble se vende por 300
millones menos de lo que la oficina técnica había valorado y
ratificado en sucesivas ocasiones.
Segunda cuestión. Tampoco es de Madrid. El antiguo hospital Camino de
Santiago. No se trata de venta, sino de que el ayuntamiento tenía
alquilado por un millón de pesetas al mes una parcela de las tres que
componían este bien inmueble y cuando se solicita por parte del
ayuntamiento que se extienda el arrendamiento a otra de las parcelas
que estaba en desuso, la Seguridad Social decide finalmente, en vez
de arrendar, ceder. No solamente la parcela que había solicitado el
ayuntamiento, sino también cancelar el contrato de arrendamiento de
la parcela que estaba arrendada al ayuntamiento hasta la fecha,
cancelar esa fuente de ingresos para la Seguridad Social y cederlo en
su conjunto, ceder las dos parcelas al ayuntamiento, a los efectos de
establecer allí la infraestructura de la Universidad de Ponferrada.
Pasamos a un tercer supuesto, que es el patronato del Niño Jesús del
Remedio, esto sí en la Comunidad de Madrid, en la carretera
Fuencarral-El Pardo, kilómetro 3, que tiene una historia larga. En
1954, el INP acuerda con el patronato que el Instituto Nacional de
Previsión ejecutará obras en el edificio preventivo de Fuencarral,
parece ser que se iba a destinar a leprosería, por un valor de 8
millones y medio de pesetas. A cambio, el patronato le cede al
Instituto Nacional de Previsión la propiedad del inmueble y una
pequeña parte del terreno que lo rodea, conservando el uso para el
patronato mediante cesión del INP por 20 años. Acaba el plazo de la
concesión el 26 de septiembre de 1977, época en que la que hay una
transición entre las antiguas entidades gestoras y las actuales; no
pone en conocimiento de la Tesorería, recientemente constituida,
dicho plazo y en 1988, una vez visto el error, se acuerda prorrogar
el plazo vencido hasta el 26 de septiembre de 1997.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente, pero es que el tema
es prolijo.
El señor PRESIDENTE: Más que prolijo es extenso. Lleva usted 25
minutos en el uso de la palabra y le ruego que vaya terminando.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a terminar lo antes posible, señor
presidente.
Mientras tanto, se inician los trámites para su enajenación, en 1995
se cambia el uso urbanístico del terreno donde está ubicado el
edificio, integrándose toda la finca y el solar de la Tesorería
incluido en ella en el Plan de actuación urbanística de Monte
Carmelo. El patronato se interesa ahora por comprar toda la propiedad
de la Tesorería, la oficina técnica de supervisión de proyectos
valora la propiedad en 500 millones. Sin embargo, los gestores de la
Seguridad Social deciden paralizar la compraventa y ceder de nuevo
gratuitamente por 40 años, pese al informe negativo de la
Intervención general de la Seguridad Social en escrito de 30 de junio
de 1997. El patronato sigue insistiendo en comprar, pero esta vez por
300 millones. El precio para él debe ser menor, en la medida que ya
tiene 40 años de concesión.
El último tema es el informe de valoración de los inmuebles Albornoz
y Retamar, en Alcalá de Henares, por la firma de abogados Camacho,
Menchén y Aparicio. Es cierto que para la contratación directa
inferior a dos millones hay autorización legal para los gestores,
pero, según dicen estas informaciones, no era necesario dicho informe
pues ya había uno en manos de la Subdirección general de Patrimonio.
Si se quería otro informe hay recursos internos, personas
cualificadas. Resulta curioso que se alcance la cifra máxima
permitida de los dos millones con el IVA incluido, cuadrando muy bien
las cifras y repartiendo en conceptos cuyo tenor nos parece
esclarecedor. El contenido del informe más que decepcionante diría
que es un auténtico escándalo, pues aparte de reproducir literalmente
la copia simple del Registro de la Propiedad y las normas
subsidiarias de Alcalá de Henares, cuando
habla en el apartado c) del capítulo de posibles interesados
descubrimos lo siguiente: En razón de los usos autorizados por el
planeamiento, esta finca se presenta especialmente interesante para
uso industrial, almacenes y depósitos, así como naves industriales.
Cuatro líneas, a razón de 43.103 pesetas por línea. Esto hay que
aclararlo y además es mucho suponer que se tenga que vender el
patrimonio de la Seguridad Social justamente cuando se está
intentando que ésta tenga un fondo de reserva del que ustedes se
afanan en ser los primeros en poner en pie. ¿Cómo se ha realizado
esta venta? ¿A qué precio se ha vendido el patrimonio? Todos los
pisos están en sitios muy céntricos y muy revalorizados: Gran Vía,
Zurbarán, Argüelles, Claudio Coello. Por ejemplo, los pisos de
Almagro se han vendido a menos de 100.000 pesetas el metro cuadrado.
¿Sabe que los beneficiarios de esta venta se fueron a Nueva York a
celebrarlo? Las inmobiliarias se están poniendo las botas con esta
política.
Acabo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Sí, por favor, acabe.
El señor VAQUERO DEL POZO: Queremos saber cómo se ha realizado el
estudio de oportunidad de cómo iba a evolucionar el mercado en el
futuro, para vender justo cuando fuera más beneficioso para la
Seguridad Social. Si se previó, por ejemplo, que la Ley de
arrendamientos urbanos de 1994 iba a revalorizar los pisos
precisamente por eliminar las facilidades a la subrogación que
existía antes. Solicito, a los efectos de que todos podamos hacernos
un juicio técnicamente solvente, un informe exhaustivo de los pisos
vendidos no sólo en la Comunidad de Madrid. Sería interesante, para
el esclarecimiento de estos datos y para aclarar la gestión de la
Seguridad Social, un informe de los pisos vendidos, las fechas, los
precios, sus características, a quién se han vendido y los pisos que
quedan por vender.
Pido disculpas a SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Queda disculpado, señor Vaquero. ¿Grupos que
quieren intervenir?
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Bienvenido, señor director general de la
Tesorería general de la Seguridad Social.
Intervengo brevemente. Aprovechando su presencia, querría formularle
una pregunta muy concreta. En estos momentos en los que unos y otros
nos están deleitando con alusiones al marco de la Constitución y el
estatuto, después de haber transcurrido veinte años de la aprobación
del Estatuto de Guernica, -ley orgánica, por cierto-, quería saber
para cuándo tienen previsto poner en cumplimiento lo que dice esta
ley, el estatuto, en lo relativo al ámbito de su competencia, cuándo
van a cumplir el estatuto.
El señor PRESIDENTE: Señor Caballero, la comparecencia del señor
director general está orientada a unos temas determinados; entre
otras cosas, la privatización de determinados servicios. Me da la
impresión de que usted
está hablando de transferencias y tengo entendido que transferir no
es privatizar. No creo que se refiera usted a esto.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Por eso he dicho: aprovechando..., señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Intervengo con brevedad para compensar en
cierta manera la importante intervención que ha tenido el señor
Vaquero, muchos de cuyos argumentos comparto y que no voy a repetir.
Quería decir al director general que mi grupo no tiene por criterio y
práctica desarrollar un estilo de intervención en este tipo de
cuestiones, como ya algún portavoz del Grupo Popular desarrolló al
final de la legislatura anterior. ¡Que casualidad! Terminamos la
legislatura anterior también con un debate sobre gestión de
patrimonios de la Seguridad Social y terminamos así la legislatura en
esta Comisión de Política Social, la otra vez fue -si no recuerdo
mal- en la Comisión del Tribunal de Cuentas. No es el estilo de mi
grupo el iniciar un debate como el que se tuvo en aquella ocasión.
Ayer mismo tuvimos un debate de enorme importancia, que no tiene nada
que ver ni comparación con éste, sobre temas relacionados con la
gestión de patrimonios, arrendamientos, etcétera, en la que el
Gobierno tuvo algún tipo de problema. Yo no tengo ninguna duda
respecto a las formas de gestión de la Seguridad Social y de la
Tesorería, tanto en lo que se refiere a la contratación de
determinados servicios como, por supuesto, en lo que se refiere a la
enajenación de inmuebles o arrendamientos de patrimonio de la
Seguridad Social. Por cierto, muchos de estos problemas son antiguos
y ampliamente conocidos. Sí quiero decirle, en relación con la
contratación, no sé si como recomendación pero sí como propuesta, y
repito que al final de una legislatura, que sería bueno que el
Gobierno -también la Seguridad Social- tuviera un criterio, con
carácter general, que pudiera ser debatido en esta Cámara, incluso en
esta Comisión -por qué no-, sobre la contratación de determinados
servicios a la iniciativa privada. Yo ya sé que el debate sobre estas
cuestiones genera muchos más problemas y sé que casi siempre los
gestores tienden a pasar como sobre ascuas por este tipo de problemas
para que no se debatan, pero al final el debate se hace más fuerte
y muchas veces sin los datos necesarios para que el debate sea lo
suficientemente transparente.
En ese contexto, habría que tener unos criterios con carácter general
para poder debatirlos en el Parlamento y que luego las gestiones que
ustedes tienen que desarrollar vayan por un determinado cauce. Ya sé
que los problemas a veces no son como parecen y que la transparencia
a veces produce problemas, pero en cualquier caso muchos menos que si
la transparencia no es total y absoluta. Estoy seguro de que la
Tesorería tendrá la precaución de hacer las auditorías pertinentes de
todo este tipo de gestiones y que las pedirá tanto a la Intervención
de la Seguridad Social -que seguro que está interviniendo- como al
Tribunal de Cuentas,
como instrumento de esta Cámara, porque es conveniente que fiscalicen
las gestiones que se desarrollen, aunque sólo sea para que la
transparencia brille siempre en toda la magnitud que requiere este
tipo de cuestiones. Desde ese punto de vista, le repito que no
tenemos ningún dato pero en cualquier caso le recomendamos máxima
transparencia y elaboración de criterios.
Ya sé que siempre hay que decir que los funcionarios lo han hecho
todo muy bien y sin duda lo comparto, pero si lo han hecho tan bien,
evidentemente surgen las preguntas que le ha planteado el señor
Vaquero. Si lo han hecho tan bien, ¿para qué tenemos que contratar
los servicios fuera? Yo creo que faltan argumentos, pero le repito
que nuestro estilo no es agrandar un problema. Creemos que lo que
necesitamos es debate en todo caso y más transparencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: El grupo parlamentario al que yo represento
quiere agradecer al señor GómezPomar su presencia y las explicaciones
que ha dado a esta Comisión. Creo que a la vista está que la gestión
que se ha hecho en la Seguridad Social en esta última legislatura ha
sido una gestión magnífica y que es lógico que, por las cifras que
nos ha dado, haya que recurrir a algún tipo de servicio
complementario, como es la información por teléfono, puesto que nunca
se sabe si eso va a ser permanente. El Gobierno y el grupo
parlamentario al que yo represento en este momento consideran que
para la prestación de determinados servicios complementarios a veces
es mejor recurrir a la iniciativa privada, para no cargar en exceso a
las plantillas de funcionarios, puesto que luego esto incrementa los
gastos del sector público. Entendemos que no se puede hablar de
privatización de servicios, sino de mejorar determinados servicios
complementarios, lo que redunda en favor del propio afiliado a la
Seguridad Social. Además, estamos hablando de que ha habido, gracias
a la política socioeconómica del Gobierno, un incremento
importantísimo en el número de afiliados a la Seguridad Social y es
evidente que no es lo mismo atender la solicitud de informaciones
puntuales de dos millones y pico más de afiliados. Nunca se debe
olvidar que los datos que maneja la Tesorería de la Seguridad Social
se refieren a la permanencia o no de los trabajadores en una
determinada empresa y que la presentación de documentos se produce
mes a mes. Esto conlleva un número de documentos importantísimo y
todos conocemos los niveles de gestión que tiene la Tesorería de la
Seguridad Social. Entendemos que no cabe más que felicitar al
Gobierno, en esta última sesión de la Comisión de Política Social y
Empleo, y al director general de la Tesorería por esa agilidad y por
esa respuesta, digamos, a las peticiones de los ciudadanos y de los
afiliados a la Seguridad Social, que es, en definitiva, para los que
el sector público debe gestionar los intereses públicos.
En cuanto a la enajenación de inmuebles, tanto de la Comunidad de
Madrid como del resto de España, sabemos que hay criterios muy
dispares desde el punto de vista ideológico, pero la mayoría de los
que han intervenido en esta comparecencia han dicho que no les
preocupa. El reglamento de los recursos del sistema de la Seguridad
Social
habla de un procedimiento de apremio, cuya gestión está asumida por
la Tesorería de la Seguridad Social, y entendemos que es lógico que
en las enajenaciones se tenga que ir al proceso de subastas públicas.
El director general nos ha hablado de las cifras de ventas, por
subasta pública un 98,5 por ciento y por enajenación directa un 1,5
por ciento, pero también hay que conocer la historia del ya
extinguido Instituto Nacional de Previsión, puesto que muchos de los
beneficiarios de la enajenación directa son -y muchos de los que
estamos aquí lo conocemos- inquilinos que en su día alquilaron un
inmueble que la Seguridad Social o el Instituto Nacional de Previsión
ponía a su disposición. Todos sabemos que cuando un inquilino compra,
incluso a una entidad privada, un piso que tiene alquilado, por
ejemplo, con un contrato indefinido de arrendamiento, el precio nunca
es el mismo que el del mercado libre. Yo he tenido ocasión de conocer
muchas de esas ventas cuando estaba en activo en el servicio de la
Seguridad Social y sé que en Barcelona hay también un polígono San
Martín, que yo creo que es conocidísimo en Madrid, donde se están
enajenando ahora los locales y se ha ido a precios de mercado muy
razonables, pero nunca puede ser lo mismo un edificio construido hace
50 años y que a lo mejor ni siquiera en aquel momento tenía una buena
calidad, sino que eran viviendas sociales más sencillas.
En consecuencia, entendemos que se ha hecho una buena gestión, una
gestión inmejorable y este grupo se congratula por ello y felicita al
director general.
El señor PRESIDENTE: Señor director general, tiene usted la palabra
para contestar a las intervenciones que han sido formuladas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (Gómez-Pomar Rodríguez): Voy a dar respuesta a las cuestiones
que se han suscitado, en primer lugar, en relación con la gestión
telefónica y patrimonio que planteaba el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Se ha preguntado si hay una idea de privatización de
otros servicios o hasta dónde alcanza esa privatización, se ha
hablado también de contratos en el área informática en los que hay
una participación de personas que pertenecen a la empresa privada
y se ha vuelto a insistir en la necesidad de contratación del Geste y
en la cualificación y calidad de los funcionarios para prestar esta
función. Empezando por esta segunda cuestión, lo primero que quiero
reiterar públicamente es el total reconocimiento a la labor que los
funcionarios públicos realizan y a la calidad de la gestión que
desarrollan. Esto, en cierto modo, no significa más que decir que yo,
en mi condición de funcionario público (y que lo soy después de
pertenecer a dos cuerpos de la Administración) me congratulo y me
siento orgulloso de la forma en la que los funcionarios y los
servidores públicos prestan sus servicios, como no podría ser de otra
manera.
En concreto, en el área de la gestión telefónica, ¿qué es lo que ha
sucedido? Ha sucedido que hay en primer lugar una necesidad de
reasignación de efectivos, sobre todo en las principales provincias
hacia áreas que tienen una gran demanda de trabajo y de esfuerzo. El
área de la recaudación ejecutiva ha requerido tanto en Madrid como en
otros
sitios, pero especialmente en Madrid, la reasignación de muchos de
los funcionarios públicos de las tareas generales de administración a
las más específicas de recaudación ejecutiva, y por parte de los
propios directores de las administraciones se ha puesto de manifiesto
la escasez de personal con la que muchas veces tienen que atender el
buen funcionamiento de la administración. Aesto hay que unir el hecho
ya comentado de que de 1998 a 1999 prácticamente se ha duplicado el
número de llamadas telefónicas, lo cual es una buen noticia, porque
significa que, efectivamente, los ciudadanos utilizan ese servicio
que estamos poniendo a su disposición porque creen que es conveniente
y adecuado. En Madrid concretamente el representante de Izquierda
Unida decía que los porcentajes de gestión son del 99,87 por ciento,
pero esta cifra es respecto de las llamadas atendidas, pero las
estimaciones que se han hecho por parte de la inspección de los
servicios y de los órganos que trabajan en el ámbito de calidad han
puesto de manifiesto que se pierden muchas llamadas diarias. En
Madrid hay una estimación próxima a las 700 llamadas diarias que no
se pueden atender con la debida prontitud y calidad. En definitiva,
estos son los argumentos que nos han llevado a buscar, como se ha
dicho en un primer momento, un servicio complementario y de refuerzo
en algo que entendemos es una mejora en la calidad y en la política
de atención a los ciudadanos.
Yo creo que también hay que dimensionar las cifras de las que estamos
hablando. La Tesorería tiene aproximadamente 16.000 funcionarios, si
contamos a las personas que se incorporaron de la gerencia de
informática de la Seguridad Social, y la previsión es que se
incorporen del orden de 15 personas al servicio de atención
telefónica en Madrid. Cuando hablamos de conceptos como privatizar un
servicio o de que algo que venía haciendo personal de la
Adminsitración lo hagan personas de fuera hay que ponerlo en su justo
punto. Estamos hablando de una organización que tiene 16.000
funcionarios, con aproximadamente unos 2.000 en Madrid, que prevé la
incorporación de unas 15 personas para reforzar un servicio de
atención telefónica.
En el caso de otras áreas, la única que utiliza significativamente la
colaboración de empresas privadas es la de informática. En muchos
casos esta viene impuesta por las propias características del
producto con el que trabaja. Hay unos contratos importantes de
mantenimiento del software y del hardware de la gerencia que sólo lo
puede realizar personal de las casas que han suministrado los equipos
informáticos o los programas. Esto es conocido perfectamente, pero
hay casas y suministradores de software donde el mantenimiento la
supervisión y la vigilancia por si hay cualquier problema, por
errores en los programas o en la propia maquinaria, tienen que
hacerlo las propias empresas que lo han suministrado, y esto es así
en la gerencia de informática, en la Agencia Tributaria y me imagino
que en cualquiera de los bancos o de las empresas que tienen unos
sistemas informáticos de la amplitud y de la importancia de los que
tiene la Seguridad Social. Por lo tanto, la necesidad de acudir en
muchos casos a las empresas del mercado viene derivada no de la
propia voluntad de las entidades gestoras sino de la organización de
la informática y de las altas tecnologías en España y en el mundo
entero. Estas son las dos áreas en las que hay una demanda de
colaboración
por parte de empresas que funcionan en el mercado. En el caso
del Geste, hay que establecer esta relación concreta entre las
personas y de la finalidad.
Aquí hay una valoración de oportunidad, es decir, si al hacer una
contratación que es perfectamente posible dentro del marco de normas
que regulan las relaciones de la Administración con el mundo, debe o
no complementarse un servicio con empresas especializadas que lo
prestan, y esta es una cuestión de oportunidad. Dentro de la
responsabilidad que a mí me corresponde como director de la Tesorería
hemos entendido que reforzar este servicio con empresas
especializadas, dentro del marco jurídico que regula este tipo de
relaciones, es no sólo perfectamente posible sino lo más adecuado y
conveniente para prestar un buen servicio, que es la finalidad que
nos debe alentar e inspirar en este tipo de gestiones.
En relación con las cuestiones que se han suscitado sobre la gestión
del patrimonioy sobre la transformación por la venta de un inmueble
diciendo que tiene una finalidad garantista de dicho patrimonio, yo
no alcanzo a ver que esa sustitución o venta, con la colocación de
este efectivo, sirve para atender prestaciones o a la finalidad que
le corresponda a la Seguridad Social. No es una cosa deseable. Yo
aquí debería comentar dos puntos, en primer lugar, que no me parece
totalmente correcta la idea de que estos inmuebles con pisos donde
hay arrendatarios y donde hay inquilinos tengan una finalidad
garantista del patrimonio. Lamento no ser un experto en esto, porque
en los años del mutualismo laboral y del Instituto Nacional de
Previsión posiblemente yo estaba dedicado a otras cuestiones, pero
entiendo que construir y ofrecer viviendas a quienes las necesitasen,
a quienes las demandasen o a quien fuese era fruto de una política
social. La realidad es que no entiendo que tengan una finalidad
garantista del patrimonio de la Seguridad Social ni que se pueda
atender el pago de pensiones de invalidadez, de jubilación o de
incapacidad temporal con un edificio en la calle Almagro. Esto me
cuesta verlo y me cuesta también ver a funcionarios de la Tesorería
de la Seguridad Social dedicados a extender recibos de arrendamiento
a los inquilinos de pisos desplazándose a ver si tienen que subirle
el sueldo al empleado de la finca urbana porque recoge las basuras de
las puertas de los distintos pisos o no. Me parece que esta no es una
función para la que el presupuesto de la Seguridad Social asigne
recursos para pagar a los funcionarios, que deben cumplir otras
tareas para las que son más eficaces y que forman parte troncal de
los cometidos de la propia Tesorería. He comentado también que en
muchos casos la gestión de este patrimonio inmobiliario sobre la base
de arrendamientos provoca rentabilidades nulas o negativas, es decir,
el inmovilizado destinado a cualquier otro uso alternativo, aunque
sea estar en la cuenta del Banco de España, retribuida al tipo
interbancario, hoy al euroibor, da mucha más rentabilidad para el
patrimonio de la Seguridad Social que tenerlo en la forma de
arrendamiento para los inquilinos.
Se han suscitado también otra serie de custiones puntuales relativas
a la venta o a la cesión de locales del antiguo hospital, de la
granja Florencia, del Niño Jesús del Remedio, uno de los cuales
pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid y otros transcienden su
ámbito, perono quiero dejar de hacer un comentario general sobre
estos
aspectos. Retomando el comienzo de mi intervención, en el que
compartía plenamente con el representante de Izquierda Unida la
defensa de lo público y la probidad de las personas que en el
ejercicio de su función pública realizan sus tareas, debiera recordar
que la granja Florencia sale de un patrimonio público y va a otro
patrimonio público, que es el de la Junta de Castilla y León, y por
lo tanto va de una entidad pública a otra. Lo hace en función de una
valoración de una empresa, cien por cien patrimonio del Estado, que
es otra entidad pública. Por tanto, esta defensa de lo público y de
la calidad de las personas que están al servicio público no
debiéramos circunscribirla exclusivamente a un ámbito de lo público,
sino a todos aquellos que están al servicio público, cualquiera que
sea el ámbito territorial de la Administración en la que lo presten.
En el caso del hospital de Santiago hay una cesión de una entidad
pública, la Tesorería, a otra entidad pública, un ayuntamiento, y
está absolutamente clara la finalidad pública de esa actuación. En el
último caso que se ha suscitado, el del Niño Jesús del Remedio, desde
1957 (fecha que coincide con la de mi nacimiento) hasta el año en
curso, se han venido prorrogando sucesivamente las concesiones de uso
para una entidad que tiene una finalidad benéfica. No se ha hecho
nada distinto en 1997 de lo que se empezó a hacer en 1957, con una
laguna que ha señalado muy bien S.S., y es que en 1988 se regulariza
una situación que posiblemente sea debida a la complejidad que tiene
la incorporación del Instituto Nacional de Previsión y de las
mutualidades y la creación de las nuevas entidades. Se produce una
situación de falta de cobertura de la oportuna concesión, que se
repara con carácter retroactivo en 1988 y que es lógica y explicable
en el trasiego de estas cuestiones. Quiero insistir que tanto en el
caso de la Comunidad Autónoma de Madrid como en el de las demás
comunidades o en cualquiera de los casos que se han suscitado o que
puedan suscitarse, en la Tesorería no nos asiste otra finalidad que
cubrir una defensa del patrimonio y hacerlo con la máxima honestidad
y transparencia.
Me ha parecido que el representante del Grupo Socialista ha valorado
adecuadamente la política de gestión del patrimonio por parte de la
Tesorería, cuestión que agradezco porque no crean ustedes que es
fácil gestionar con escasos medios un patrimonio que, como decía al
comienzo de mi intervención, tiene inventariados más de 3.500
inmuebles. Sí sería conveniente establecer un plan de actuaciones
respecto a aquello que se pensase poner en manos del mercado privado.
En el caso de la Tesorería, se circunscribe a actuaciones muy
puntuales: a la gerencia de informática y respecto a situaciones a
las que he hecho referencia, y de forma más coyuntural para la
atención telefónica en el caso de Madrid y de la Dirección General.
Por tanto, por la propia naturaleza, las funciones troncales son
desarrolladas por los funcionarios y cada vez más con medios
electrónicos que utilizan la tecnología para evitar que las personas
tengan que desplazarse a nuestros centros de trabajo.
Finalmente, quiero agradecer a la representante del Grupo
Parlamentario Popular las palabras de aliento y el enjuiciamiento
parlamentario que ha hecho de la gestión de la Tesorería, que,
insisto, trata de cubrir una función complicada pero esencial dentro
del sistema de Seguridad
Social y a la que dedicamos nuestros mejores empeños y esfuerzos. (El
señor Vaquero del Pozo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, reglamentariamente no le puedo
dar la palabra, pero le puedo conceder un turno muy breve a efectos
de aclarar dudas, pero no para hacer comentarios.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente. Pido disculpas
porque he tenido que ausentarme para cumplimentar otro cometido en
otra Comisión, pero he tenido noticias de los términos de su
contestación, señor Gómez-Pomar, y de todo ello no me queda claro si
hay un compromiso por su parte de facilitar a este grupo y a otros
que lo requieran los informes que he solicitado en mi primera
intervención respecto a la gestión de la venta o alquiler de locales
en toda España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL (Gómez-Pomar
Rodríguez): En este momento dejo a disposición de la Presidencia el
resumen de ventas de los años 1997, 1998 y 1999 en la Comunidad
Autónoma de Madrid, con expresión de las fincas vendidas, importes,
fechas y nombre del comprador. Este mismo informe lo haré extensivo
al resto del territorio nacional y así se lo facilitaré a los
servicios de la Presidencia de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general, por su
comparecencia en la que de forma espontánea nos ha informado,
incluso, de la fecha de nacimiento.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
(DÍAZ GUERRA), PARA INFORMAR SOBRE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001301)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del
día con la comparecencia ante esta Comisión del señor subsecretario
de Trabajo y Asuntos Sociales, don Marino Díaz Guerra, para informar
sobre la estructura territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social , comparecencia solicitada por el Grupo Socialista
del Congreso. En primer lugar intervendrá el señor subsecretario para
hacer la exposición y, a continuación, tomará la palabra el Grupo
Socialista.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Muchas gracias, presidente.
La comparecencia ha sido solicitada con el fin de informar sobre la
estructura territorial de la Inspección de Trabajo
y de Seguridad Social. Para analizar la situación actual de dicha
estructura territorial sería bueno esbozar los antecedentes hasta la
promulgación de la Ley 42/1997, que todos ustedes conocen, por la que
se modifica la organización de la Inspección de Trabajo. Hasta
comienzos de 1998, que es cuando entró en vigor la nueva ley,
veníamos rigiéndonos por una ley preconstitucional -la Ley de 1962-
por unas normas de desarrollo reglamentario -el Decreto de 1971- y,
en el terreno del procedimiento sancionador, por un Decreto de 1975.
La estructura existente hasta entonces estaba basada exclusivamente
en las inspecciones provinciales, habida cuenta de que a lo que
podríamos denominar el órgano central se le reservaban únicamente
cometidos de dirección y de control general de la inspección.
Esta estructura exclusivamente provincial no se alteró ni con la
creación del cuerpo de controladores laborales, en el año 1984, ni
con la categoría que se le dio ese mismo año a la Dirección General
de la jefatura de la Inspección, lo que podríamos llamar la autoridad
central en términos de la nueva ley. Incluso lo que podría haber
supuesto un cambio en la estructura de la Inspección de Trabajo con
la creación de unidades de inspección en la Tesorería General de la
Seguridad Social, mediante la Ley de acompañamiento de 1994 y muy
especialmente con una orden de 29 de febrero de 1996, tampoco llegó a
suponer en la práctica una alteración fundamental de la estructura
territorial del sistema de inspección. Podríamos decir que hasta la
entrada en vigor de la nueva ley, la estructura de la Inspección de
Trabajo y de Seguridad Social desde el punto de vista territorial se
basaba únicamente en las inspecciones de ámbito provincial. ¿Cuál es
la estructura que se deriva de la nueva Ley 42/1997? Esta ley, que
entró en vigor en febrero de 1998, establece nuevos ámbitos
territoriales para hacer operativa la acción inspectora y trata de
dar respuesta, tanto desde el punto político como económico o
sociológico, a una serie de nuevos hechos derivados de la nueva
estructura del Estado y de las competencias que dentro de él afectan
a las comunidades autónomas, especialmente en relación con el
artículo 149.1.7 de nuestra Constitución, de ejecución de la
legislación laboral. Otras circunstancias que influyen poderosamente
en esta ley son la complejidad creciente que adquiere el régimen
económico de la Seguridad Social, el desarrollo cada vez mayor de
empresas y de grupos empresariales que ejercen sus actividades en
varias provincias o en todo el territorio nacional y, por descontado
a estas alturas, la irrupción de las nuevas tecnologías de la
información, que influye poderosamente en el funcionamiento de la
inspección.
La Ley 42/1997 esboza en sus principios de organización territorial,
que básicamente se contienen en los artículos 15, 18 y 19, la nueva
estructura territorial de la Inspección de Trabajo. Como saben
ustedes, todos estos aspectos fueron analizados y debatidos
ampliamente en las deliberaciones que se suscitaron en el Congreso y
en el Senado y esta parte de la ley no recibió enmiendas, porque la
única, presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
fue retirada en el momento del debate; es decir, que todos sus
aspectos fueron aprobados prácticamente
con el voto favorable de la totalidad de la Cámara, salvo tres
abstenciones del Grupo Parlamentario Mixto.
En la Ley 42/1997 se esbozan los criterios básicos de la nueva
estructura de la Inspección de Trabajo, estructura que se basa en la
definición de la Inspección de Trabajo como un sistema único que se
integra orgánicamente en la Administración general del Estado. El
nuevo diseño se basa en la dependencia funcional de la Administración
general del Estado y de la Administración autonómica, en razón de la
materia competencial, es decir, en el caso de las competencias
autonómicas basadas sustancialmente en el artículo 149.1.7, y en el
caso de la Administración general del Estado, basadas principalmente
en el 149.1.17.
Esta dualidad funcional requiere, a su vez, el desarrollo de órganos
de colaboración y coordinación basándose sobre todo en el principio
de cooperación que recoge la ley. De ahí el papel que se le asigna a
la conferencia sectorial de asuntos laborales en la que se habla
expresamente de una comisión de trabajo específica dedicada a la
Inspección de Trabajo. En el ámbito autonómico, se crean también
comisiones territoriales, que desarrollarán sus cometidos en función
de los acuerdos bilaterales que se concierten con cada una de las
comunidades autónomas. Lógicamente, estos acuerdos bilaterales que
después detallaremos son los que se reflejan en el artículo 17 de la
ley. Podríamos decir que el nuevo diseño de la Inspección de Trabajo
se estructura en las inspecciones provinciales, único ámbito
territorial en que venía funcionando la inspección anteriormente con
las comisiones y las direcciones territoriales, y la autoridad
central de la Inspección. Esta estructura básica es la que se recoge
en la Ley 42/1997. ¿Cuál es la situación actual de la ejecución de la
Ley 42/1997? En el momento actual, siguen operando plenamente las
estructuras provinciales, pero se va profundizando progresivamente en
uno de los aspectos en que más insiste la nueva ley, el proceso de
especialización funcional que, en cierta manera, también deriva de la
ley ordenadora, del artículo 6.2. El proceso de especialización
funcional se viene reforzando a través de las unidades de
especialización en materia de Seguridad Social y, cada vez más, a
través de las unidades de especialización en materia de prevención de
riesgos laborales, las dos áreas que se entiende que requieren una
especialización de mayor entidad. Ello se refleja, por ejemplo, en la
programación de objetivos de la Inspección de Trabajo para el
ejercicio 1999, que fue presentada a la conferencia de asuntos
laborales a finales de 1998 por cada una de las comunidades autónomas
y por la Administración general del Estado, cada una según sus
competencias, donde estas dos áreas son las que demandan mayores
servicios de la Inspección de Trabajo.
Al mismo tiempo que se profundizan estas estructuras provinciales con
especialización funcional, empiezan a aparecer ya en la práctica las
estructuras territoriales en el ámbito autonómico, que se desarrollan
en gran medida a través de la firma de acuerdos bilaterales con
algunas comunidades autónomas, como luego veremos, en tanto se da a
conocer definitivamente el reglamento de desarrollo orgánico de la
ley. También se ha reforzado por primera vez la autoridad central en
cometidos que suponen un programaespecífico de objetivos, sobre todo
para el control de
empresas de implantación estatal que afecta a varias comunidades
autónomas. ¿Cuál ha sido el desarrollo reglamentario de la ley que se
ha hecho en estos momentos? El primer reglamento que se aprobó, y por
razones de urgencia, fue el reglamento del procedimiento sancionador
y liquidatorio. Como saben ustedes, con la entrada en vigor de la ley
había un plazo de tres meses para establecer este reglamento y
efectivamente aparece en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Dicho reglamento avanza sobre todo en ir perfilando las competencias
de las inspecciones provinciales de las direcciones territoriales y
de la propia autoridad central en todas aquellas materias referidas
al procedimiento sancionador y a la liquidación de cuotas de la
Seguridad Social. Diríamos que en el momento presente las
inspecciones territoriales, entendiendo por éstas las provinciales,
continúan desarrollando todas las funciones de comprobación
tradicionales que venían efectuando anteriormente las inspecciones
provinciales, pero, además, a las propias estructuras provinciales,
como saben ustedes, por ese real decreto, se han incorporado
facultades resolutorias en sanciones de competencia estatal y también
en las de elevar a definitivas todas las liquidaciones de cuotas de
la Seguridad Social. En el nivel territorial autonómico, desde julio
de 1998, ya se ejercen funciones de conocimiento y resolución de los
recursos de alzada en los expedientes liquidatorios de las cuotas de
Seguridad Social. En estos momentos, transitoriamente, en tanto se
apruebe el reglamento de organización con carácter definitivo,
quienes ejercen la resolución de esos recursos de alzada son los
jefes provinciales de inspección de las provincias cabeceras donde
está la comunidad autónoma. Diríamos, pues, que transitoriamente el
reglamento del procedimiento sancionador y liquidatorio en gran
medida ha diseñado ya competencias de los tres niveles que se
configuran en la Ley 42/1997.
Simultáneamente y como consecuencia de la aplicación de la Lofage,
también se ha configurado la estructura provincial de la Inspección
de Trabajo como un servicio no integrado en la Delegación del
Gobierno, como explícitamente ya se recogía en la propia ley de la
Lofage, 6/1997. Las inspecciones provinciales se han reforzado
poderosamente como consecuencia de la creación de este servicio no
integrado, hasta el extremo de que de los 886 efectivos de personal
de apoyo, excluyendo inspectores y subinspectores, de que se disponía
en diciembre de 1997 en estos momentos prácticamente se han duplicado
y la cifra de efectivos de personal de apoyo con los que cuentan
estos servicios no integrados, una vez que se han integrado en las
delegaciones del Gobierno lo que se denominan las jefaturas de
dependencias y las direcciones de área de Trabajo y Asuntos Sociales,
supera los 1.500.
El otro reglamento que en estos momentos se encuentra pendiente es el
de organización y funcionamiento previsto en el artículo 19 de la Ley
42/1997. Como la Ley 42/1997 fue muy previsora y recoge con toda
nitidez y detalle lo que podríamos denominar una estructura de
organización y de funcionamiento de la Inspección de Trabajo a los
tres niveles, el borrador o proyecto de reglamento, que en estos
momentos se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado y
que esperamos que prácticamente a finales de este mes o comienzos del
año quede definitivamente
aprobado, articula e integra todas las estructuras operativas de la
Inspección en los tres niveles de los ámbitos territoriales, es
decir, en el provincial, en el autonómico y en el estatal.
Lógicamente, esto va a implicar un desarrollo también de las clásicas
relaciones de puestos de trabajo para el sistema de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, una vez que se desarrolle la nueva
estructura de puestos que viene configurada en el propio reglamento
de la Inspección.
Como normas de desarrollo, en estos momentos hay que hablar también
de determinados acuerdos bilaterales que ya están vigentes con
comunidades autónomas. En este marco del desarrollo del artículo 17
de la ley se han suscrito acuerdos de tal carácter ya con la
Comunidad Autónoma en Cataluña y en Galicia, y en estos momentos,
pendiente de que sea aprobado, incluso está prevista la fecha, por el
Parlamento Foral de Navarra, hay otro acuerdo bilateral de fecha 28
de diciembre de este año. Están ultimados los borradores de acuerdo
con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y con la Comunidad
Valenciana y se continúan las deliberaciones con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. En consecuencia, diríamos que estos acuerdos
bilaterales también perfilan lo que podríamos denominar la aplicación
del nuevo diseño previsto en la estructura territorial de la
Inspección en la Ley 42/1997, que, básicamente, los dos acuerdos
vigentes, se sustenta en la creación de la comisión territorial
prevista en la ley, en la creación de la figura del director
territorial y en el mantenimiento de la figura de los jefes
provinciales. Básicamente, como saben ustedes por esa ley, son dos
los fines o las competencias de estas comisiones territoriales:
elaborar y programar los objetivos de la Inspección en todas las
materias que son competencia de la comunidad autónoma, así como
evaluar el propio funcionamiento, en los ámbitos territoriales
correspondientes del sistema de inspección. A grandes rasgos, con lo
que se viene aplicando con los acuerdos bilaterales, así como con el
reglamento del procedimiento sancionador, con la creación del
servicio no integrado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y lo que definitivamente va a salir a finales de este año o
principios del próximo, el reglamento de organización y
funcionamiento, quedaría esbozada la nueva estructura territorial del
sistema de Inspección de Trabajo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: La exposición de motivos de la Ley 42/1997, a
la que usted se ha referido y que efectivamente es la base de la
estructura territorial actual de la Inspección de Trabajo, señala que
en el amplio marco de los sistemas de protección social ha de
responderse con suficiente eficiencia a su creciente complejidad.
Usted ha hablado de la complejidad pero no de la eficiencia. Y, señor
subsecretario, me tendrá que reconocer que ustedes no están
respondiendo con eficiencia en materia del desarrollo de la Ley 42/
1997; más bien, yo diría con toda cortesía que existe desidia,
paralización y una creciente ineficacia.
Hace tres años se presentó en esta Cámara un proyecto de ley con una
serie de propósitos muy loables. Había que modernizar la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social,
había que adaptar o integrar su actuación en el marco del Estado de
las autonomías, había que lograr en definitiva su eficiencia.
Modernización, integración, eficiencia, estos parecían ser los
propósitos de la ley que, ya digo, considerábamos loables, pero sobre
los que nosotros desconfiábamos debidamente. Hoy, la realidad y la
contundencia de los hechos nos dan la razón y nos la dan
lamentablemente. Ni el servicio público de la Inspección de Trabajo
está dotado de las normas de desarrollo de la Ley 42/1997, ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ni se dota a los
inspectores y subinspectores de medios materiales suficientes para
desarrollar esa labor que se quiere que sea moderna, integrada y
eficiente. Nos da la impresión como si a ustedes no les interesara
que la inspección funcionase.
También da la impresión de que no les importa que suban los índices
de siniestralidad laboral. Qué más da si los sindicatos piden mayor
eficiencia, y hay que tener en cuenta algo muy importante, señor
subsecretario. La estructura territorial de la Inspección tiene mucho
que ver con la alta siniestralidad y con la colaboración conjunta que
debe producirse entre Administración general del Estado
y Administración autonómica. Pero ustedes pasan de todo esto y a estas
alturas de la película sólo han aprobado realmente un decreto en
desarrollo de la ley, el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, de
naturaleza estrictamente procedimental. Este decreto aprueba el
reglamento general sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. Hay algo más a lo que
usted no se ha referido, una simple orden ministerial de febrero de
1998 de desarrollo del artículo 8. Pero este mismo decreto podríamos
calificarlo como el decreto hasta tanto. ¿Qué quiero decir con esto?
En el decreto, en su disposición transitoria única, punto 3, se dice:
hasta tanto se dicten las normas de desarrollo... Continúa en el
punto 4: hasta tanto se desarrolla reglamentariamente la figura del
director territorial de la Inspección de Trabajo..., etcétera. Es
decir, es un decreto hasta tanto. A esta transitoriedad se ha
referido usted en su intervención y no es buena para el
funcionamiento de la Inspección de Trabajo, porque, ¿qué hay
entretanto de los famosos objetivos y programas conjuntos entre la
Administracióin general del Estado y la de cada comunidad autónoma?
Señor subsecretario, usted sabe perfectamente que dichos programas
son absolutamente necesarios si se quiere conseguir la eficiencia. ¿Y
cuántas comisiones territoriales se han creado para asegurar la
elaboración de tales programas? Se ha referido usted exclusivamente a
dos convenios. Cataluña y Galicia, pero hay bastantes más comunidades
autónomas. Ha dicho usted que existen inspecciones territoriales,
entendiendo por territoriales las antiguas provinciales. Esto no
sirve, señor subsecretario, es transitorio, es realmente ineficaz
para lo que se pretendía que fuera el servicio público de la
Inspección de Trabajo.
En la mayoría de las comunidades autónomas en la actualidad la
Administración del Estado va por un lado y por otro va la de cada
comunidad autónoma. Y todo se salva, como ya dijimos también en el
debate sobre la Inspección de Trabajo por la buena voluntad de los
inspectores y subinspectores y por su acreditada capacidad técnica.
Actualmente tan sólo podemos hablar de convenios, como
usted ha reconocido, con Cataluña y con Galicia. Yhay que compartir
medios, hay que establecer colaboraciones, en definitiva, como dice
el artículo 17.1 de la ley, hay que establecer las reglas o criterios
para el desarrollo de la colaboración institucional recíproca entre
la Administración autonómica y la Administración central, y ello
evidentemente no por salvar lo que para ustedes es un simple escollo
procedimental, que es el pase por las competencias de las comunidades
autónomas, sino para asegurar, señor subsecretario, la mejor
protección de los derechos laborales.
Falta, como usted ha dicho, un reglamento organizativo. Señor
subsecretario, ¿sabe usted que el actual reglamento orgánico de la
Inspección de Trabajo es el Decreto 2122 de 1971? Han pasado ya tres
años desde que llegó el proyecto de ley a esta Cámara y estamos
todavía con un reglamento del año 1971. Señor subsecretario, usted
dice que el proyecto de ley definía con detalle la estructura
territorial de la Inspección de Trabajo. Yo, lamentablemente, tengo
que contradecirle, porque una de las cuestiones que nosotros pusimos
en evidencia en el debate de aquella ley fue precisamente la falta de
detalle, el dejarlo todo a posteriores pactos y convenios, sin
definir exactamente qué era una comisión territorial de la Inspección
de Trabajo. Claro, esa indefinición está dificultando a ustedes
alcanzar convenios con las comunidades autónomas. ¿Por qué no
pactaron ustedes el proyecto de ley con las comunidades autónomas? No
lo entiendo. Ahora se ve el resultado. Este proyecto -que hoy es ley-
debería haber sido pactado con las comunidades autónomas, pero
ustedes lo dejaron para un momento posterior; el momento posterior ha
pasado y a ustedes les ha pillado el toro.
Termino como empecé, señor subsecretario, señor presidente, con la
cita de la exposición de motivos. En el amplio marco de un sistema de
protección social ha de responderse con suficiente eficiencia a su
creciente complejidad. Por decirlo con cortesía, señor subsecretario,
su eficiencia es insuficiente. Y en cuanto a la complejidad, a las
cuestiones complejas a las que usted se ha referido, como Seguridad
Social, nuevas estructuras empresariales, grupos de empresa,
etcétera, este Gobierno no sabe afrontar esas situaciones. A ustedes,
a este Gobierno, le va lo simple, le va lo sencillo, le va lo seguro.
La administración de situaciones de bonanza económica se gestiona
prácticamente sola, casi no se necesita ni la labor del Gobierno. A
ustedes es lo que les va. En el momento que existe cualquier
complejidad, cualquier supuesto de imaginación respecto al futuro,
ustedes pasan. Y lo dijimos también en el debate del proyecto de ley.
Era y es una ley poco imaginativa, no contempla, ni mucho menos,
situaciones peculiares de las relaciones laborales del siglo XXI.
Además, señor subsecretario, si la Inspección de Trabajo carece de
normas de organización territorial, sigue careciendo de medios
materiales para hacer frente a su función y a su situación. Ya lo
dijimos también en el debate al que me he referido varias veces. Las
indemnizaciones por razones de servicio que perciben inspectores y
subinspectores siguen estando congeladas. Por otra parte, ¿sabe
usted, señor subsecretario, lo que cobra un jefe de la Inspección de
Trabajo por acudir un día a Madrid, citado por ustedes en
convocatoria oficial? Siete mil quinientas pesetas. Con ello tienen
que comer, cenar, desayunar, pagar el hotel y
pagar el taxi. Yo creo que sin comentarios, señor subsecretario.
Señor Díaz Guerra, resuelvan esta situación en el tiempo que les
queda, alcancen convenios con las comunidades autónomas con las que
todavía no han llegado a ese acuerdo, doten a la Inspección de
Trabajo de una estructura territorial eficiente y de medios
suficientes que rentabilicen su función, y, señor subsecretario,
pronto comprobarán que mejora la protección social y que se
garantizan mejor los derechos laborales, sin que quede todo a la
buena voluntad y al buen hacer de estos funcionarios.
Efectivamente usted se he referido a ello, nosotros votamos a favor
del proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo, pero,
¡ojo!, les dijimos que ello significaba un voto de confianza de cara
al posterior desarrollo reglamentario de la ley. Les queda poco
tiempo, señor subsecretario, pero aún pueden hacer algo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Bienvenido, señor subsecretario de
Trabajo y le agradezco las explicaciones que nos ha dado. Aunque el
Pisuerga sigue pasando por Valladolid, muy brevemente aprovecho esta
comparecencia para hacerle una pregunta muy concreta.
Nos ha dicho que en este proceso de especialización funcional de la
nueva Inspección de Trabajo, con la formación de la conferencia
sectorial de asuntos laborales, etcétera, en el caso de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, ha dicho que continúan las deliberaciones.
Yo quería preguntarle muy concretamente cómo encaja esta transitoria
estructuración -de cierta dudosa eficacia, como ya se ha puesto de
manifiesto por parte del portavoz del Grupo Socialista- con el ámbito
autónomo vasco de relaciones laborales previsto en el Estatuto de
Guernika marco autónomo que no sólo está previsto en dicho estatuto,
sino que también la realidad actual define con una estructura
empresarial propia y con una realidad sindical, que una vez más
quiero recordar que es bastante diferenciada, en el sentido de que no
hay que olvidar que los sindicatos vascos representan algo más del 60
por ciento de la clase trabajadora, mientras que los sindicatos
estatales no llegan a representar más que el 32 por ciento
aproximadamente de los trabajadores y trabajadoras vascas. Por ello
le pregunto cómo encaja esa estructuración que nos ha definido con
ese ámbito autónomo de relaciones laborales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Considero que es muy oportuna esta
recapitulación o balance de cómo se viene desarrollando la eficacia
de aquella norma que alumbramos entre todos en el año 1997 y que sin
duda alguna, como ya se ha puesto de manifiesto, ha tenido un escaso
desarrollo reglamentario. También hay que decir que aunque nuestro
grupo la apoyó en términos generales, la norma también tenía algunas
lagunas, porque si bien es verdad
que no se pactó con las comunidades autónomas, tampoco se pactó con
los sindicatos, y el problema es que al final resulta una ley que no
articula en la realidad concreta y práctica los mecanismos
suficientes como para que el ejercicio del derecho a la denuncia del
incumplimiento de las normas laborales en general, y en particular de
las de prevención de riesgos laborales, etcétera, se pueda ejercer en
la práctica. Se perdió la ocasión de articular medidas como la que
nosotros proponíamos de que los representantes de los trabajadores
tuvieran la capacidad de intervenir en la visita inspectora. No se
quiso mediatizar para nada la función de la Inspección de Trabajo.
También se perdió la ocasión de multiplicar por dos o por tres los
efectivos de la Inspección, de la facultad de interposición de las
actas de infracción correspondientes, en la medida en que se rechazó
que los subinspectores tuvieran unas competencias más amplias,
similares a las de los inspectores, aunque orgánicamente dependientes
de ellos.
Nosotros creemos que esos son los dos fallos fundamentales de la ley
y que, obviamente, en la medida en que el desarrollo reglamentario se
ha quedado a medio camino, la norma mantiene lo que creo que en
realidad se busca, un mercado no sólo flexibilizado, sino realmente
desregulado, donde no hay voluntad política de detectar los
incumplimientos de esa ley, ya muy rebajada de contenidos garantistas
para los derechos de los trabajadores, pero pedimos que al menos se
cumplan los que existan, porque la situación viene a ser en muchos
términos dramática. Creo que estará usted de acuerdo con nosotros en
que no podemos estar satisfechos del nivel de eficacia, no ya de la
acción, por supuesto meritoria, de los funcionarios de los que
depende el ejercicio administrativo de estas competencias, los
inspectores, los subinspectores, etcétera, sino del contenido mismo
de los mecanismos. No podemos estar satisfechos de los índices de
siniestralidad ni de los incumplimientos de la normativa legal que
día a día se vienen detectando. Por tanto, yo creo que en último
término tendrá usted que decirnos si efectivamente el Gobierno está
satisfecho o no, y si no lo está, obviamente, en qué aspectos no está
satisfecho y qué remedios va a poner en el futuro este Gobierno o el
próximo que venga, pero en cualquier caso, en función de su
responsabilidad política, tendrá que detectar cuáles son esas
cuestiones y cuál es la posición de este Gobierno para rendir cuentas
a la ciudadanía, que es en último término a la que todos tenemos que
servir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Don Marino Díaz Guerra, quiero agradecerle su
comparecencia y las explicaciones que nos ha dado sobre el desarrollo
y la nueva estructura derivada de la Ley de ordenación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Como muy bien nos ha explicado usted, esta ley venía a sustituir a
una ley preconstitucional del año 1962 y ha sido una ley fruto del
esfuerzo del Gobierno del Partido Popular, que ha impulsado su
promulgación en el segundo año de su legislatura. Y a pesar de que ha
sido este Gobierno el que ha impulsado la promulgación de esta ley,
hay quien, perdida la escalera de la oportunidad de haberla impulsado
en su día, se agarra a la brocha para criticar la acción de Gobierno
y acusarle de desidia, de paralización y de ineficacia. La nueva
estructura que se regula con la ley responde, como muy bien nos
decía, al nuevo marco constitucional y a las necesidades cambiantes
que experimenta la sociedad.
Satisfecho como estoy con sus explicaciones, me gustaría no obstante
que me aclarara algunas cuestiones. En concreto, como una nueva
estructura implica un diferente gasto, me gustaría que nos explicara
cuál ha sido la evolución del presupuesto de la Inspección en los
últimos años y cuál ha sido la evolución de los resultados
inspectores, porque hoy hemos oído decir que a este Gobierno no le
interesa la inspección, que no le interesa luchar contra el fraude,
cuando, en mi opinión, ha sido este Gobierno el que más ha luchado
contra el fraude. Me gustaría también que me aclarara cuáles son los
criterios que ha seguido el Gobierno para la distribución de
efectivos en el ámbito territorial.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Agradezco a SS.SS. las preguntas formuladas y voy a comenzar
respondiendo por el orden en que se han producido las intervenciones.
En primer lugar, al representante del PSOE le diría que,
efectivamente, esta ley, como muy bien él ha recordado, tuvo los
votos favorables de todos los grupos parlamentarios, excepto tres
abstenciones del Grupo Mixto. En consecuencia, en principio diríamos
que las grandes líneas generales de esta ley han tenido el
beneplácito de las cámaras y que ha sido una ley enormemente debatida
además previamente con todas las comunidades autónomas antes de
suscitarse el debate general en las cámaras. De otro lado, no debemos
olvidar que estábamos trabajando con una ley del año 1962 y, como muy
bien ha recordado, con un reglamento del año 1975 e incluso sin
reglamento del procedimiento sancionador, que no se dio a conocer
hasta febrero de 1996 como consecuencia, como saben muy bien, de que
hubo que hacerlo al promulgarse la Lisos en el año 1988, y hasta
febrero de 1976 no hubo un nuevo reglamento de procedimiento
sancionador. Esa es la razón por la cual en el desarrollo
reglamentario de la ley lo más urgente para el funcionamiento del
sistema de inspección era todo lo referido al procedimiento
liquidatorio y sancionador, por ser los aspectos básicos en el
funcionamiento del sistema de la Inspección de Trabajo.
También ha destacado que con la aplicación de esta nueva ley no se
observa la eficiencia del nuevo sistema de Inspección de Trabajo. Me
va a permitir proporcionarle unos datos que son quizá los indicadores
más fehacientes de la eficiencia del sistema de Inspección de
Trabajo, y con ello contesto también al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que me solicitaba una serie de datos en
relación con esta misma cuestión. Desde el punto de vista de lo que
podríamos llamar programa presupuestario de la Inspección de Trabajo,
en el ejercicio de 1996 ascendía a 9.700 millones de pesetas. Pues
bien, el presupuesto para el año 2000 asciende a 14.680 millones, lo
que ha supuesto un
incremento del 51,3 por ciento. Desde el punto de vista de la
informatización, tengo que decir que el grado de informatización del
sistema de Inspección de Trabajo en 1996 era prácticamente nulo,
hasta el extremo de que era prácticamente imposible utilizar medios
electrónicos para poder conectar con la Tesorería General de la
Seguridad Social. Pues bien, en estos momentos, se ha renovado todo
el parque informático del sistema de Seguridad Social, los
inspectores de trabajo cuentan ya con ordenadores portátiles de
última generación y se ha revisado toda la programación del sistema
de Inspección de Trabajo para que su funcionamiento se pueda efectuar
por medios electrónicos, en coordinación, como es lógico, con el
nuevo sistema de informatización de la Seguridad Social.
Desde el punto de vista del personal, la evolución del número de
inspectores es un indicador suficientemente expresivo. Por ejemplo,
de los 679 inspectores existentes el 30 de junio de 1996, se ha
pasado, contabilizando la última promoción convocada de los 30
inspectores, a una cifra superior a 800; es decir, se ha registrado
un incremento del 17,8 por ciento en la evolución del número de
inspectores. Y también en el número de subinspectores. En julio de
1996 la cifra era de setecientos noventa y tantos y actualmente es de
841 más 12 que en estos momentos se encuentran en práctica. Es decir,
que nos encontramos con una cifra de 853/854 subinspectores, lo que
supone un incremento de más del 2,5 por ciento.
Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar resultados de la
acción inspectora, no ya simplemente de la infraestructura del
sistema de inspección, que ya de por sí debería dar algún dato sobre
la eficiencia y la eficacia del sistema de inspección, le diré que
los resultados de la acción inspectora lo reflejan. Por ejemplo, en
el importe de las liquidaciones, contabilizado en millones de
pesetas, de las cuotas de Seguridad Social, entre el año 1996 y el
ejercicio de 1998, ya finalizado, el importe de liquidaciones ha sido
del 68,3 por ciento. En cifras absolutas ha pasado de 64.690 millones
a 108.000 millones y en el ejercicio de 1999, hasta el mes de octubre
inclusive, que es el último dato que en estos momentos se tiene, ya
se ha superado la cifra del año 1998, faltando dos meses.
Por ejemplo, en el terreno de la siniestralidad laboral, que al
portavoz de Izquierda Unida también le interesaba muchísimo, el
número de infracciones en acta, referido a prevención, se ha
incrementado en un 83,8 por ciento y el número de paralizaciones de
centros de trabajo se ha incrementado en el 157,3 por ciento, lo cual
refleja un signo evidente del papel fundamental que la Inspección de
Trabajo está jugando dentro de lo que es la siniestralidad laboral,
porque el cometido de las tareas de prevención, que son precisamente
las que más faltan, no es de la Inspección; la Inspección actúa ex
post, pero todos sabemos por la filosofía de la Ley de prevención de
riesgos laborales que, como su denominación indica, lo que
fundamentalmente hay que realizar en esta materia es una tarea
previa.
En cuanto al fraude en prestaciones o de controles en bonificaciones
de cuotas, también es muy significativo. Por ejemplo, en el fraude en
prestaciones se han incrementado los resultados de la acción
inspectora desde el año 1996 hasta el año 1998 inclusive en un 77,6
por ciento y en los
diez meses que llevamos del año 1999 ya se ha superado la cifra del
año 1998.
Otro aspecto que se ha destacado también es la falta de colaboración
con las comunidades autónomas. Yo le diría lo siguiente: en estos
momentos, en cuanto a programación de objetivos, una vez que entró en
vigor la ley, que como saben fue a principios de 1998, en la
conferencia sectorial de asuntos laborales de finales de ese año ya
se presentó por todas las comunidades autónomas y por la
Administración general del Estado la programación de objetivos del
año 1999, de tal manera que el sistema de Inspección de Trabajo está
ejecutando el cumplimiento de objetivos formulado por cada una de las
comunidades autónomas. Concretamente en la próxima conferencia
sectorial de asuntos laborales, que se va a celebrar el día 21 de
este mes en Sevilla, también se presentará la programación de
objetivos del ejercicio 2000 por las comunidades autónomas y por la
Administración general del Estado. En consecuencia, la elaboración de
los programas de objetivos ya se viene haciendo en cooperación con
las comunidades autónomas.
En cuanto a la firma de acuerdos bilaterales, como saben, está siendo
desarrollada a iniciativa de las comunidades autónomas, por lo que no
hay paralización de ningún tipo. El ritmo que se está siguiendo es el
mismo que las comunidades autónomas vienen solicitando. La razón de
que en estos momentos estén firmados dos acuerdos bilaterales
y publicados, por descontado, en el Boletín Oficial del Estado, como
son los de Cataluña y de Galicia e inmediatamente después van a
aparecer los de Navarra y los de otras comunidades autónomas, obedece
al ritmo que lógicamente las comunidades autónomas vienen teniendo
con la Administración General del Estado, sin que haya ningún
obstáculo.
Por último, quiero referirme también a lo que parece ser que es el
único retraso que, a juicio de S.S., se ha operado en el desarrollo
del reglamento orgánico de la Inspección de Trabajo. Ya sabe que
hemos estado funcionando, como S.S. ha recordado, con un reglamento
orgánico de la Inspección de Trabajo del año 1971. Ha habido que
esperar a que el régimen democrático aprobara una nueva ley en 1998
y, en consecuencia, el reglamento orgánico de desarrollo
y funcionamiento de esa ley, que es el único que falta, porque el
reglamento del procedimento sancionador entró en vigor a los tres
meses de la aprobación de la ley, está sometido al dictamen del
Consejo de Estado, lo cual quiere decir, como le he indicado
anteriormente, que a finales de este año o a principios del mes de
enero tendremos el reglamento de organización y funcionamiento,
reglamento cuyas líneas generales y cuyo esbozo ha sido consultado a
todas las comunidades autónomas. Es decir, que tanto desde un punto
de vista de la ley como desde un punto de vista reglamentario, ha
sido debatida y consultada con las consejerías y con las direcciones
generales correspondientes de las comunidades autónomas.
Podríamos decir, pues, que el sistema de Inspección de Trabajo, como
verá por todos estos datos que le he facilitado, no se ha dejado
arrastrar por la bonanza económica. Los resultados de la acción
inspectora están ahí en cuanto a porcentajes, en relación con el año
1996, salvo que la bonanza económica haya dado alas a la Inspección
de Trabajo
para conseguir resultados de su acción inspectora que
prácticamente duplican los que se obtuvieron en 1996.
Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida también había hecho
referencia a que, en gran medida, esta falta de regulación de este
reglamento entraba en línea con la política de este Gobierno de un
mercado desregulado. Que yo sepa, el mercado no solamente no se ha
desregulado con el heredado en el año 1996, sino que se ha potenciado
su regulación con la participación de los interlocutores sociales,
según los numerosos acuerdos que se han conseguido con ellos a lo
largo de estos años, algunos de ellos de carácter tripartito,
utilizando la terminología de la OIT, y otros de carácter bilateral,
como es el famoso acuerdo, como saben, de 1997, en el cual se
potencia todo lo referido a lo que podríamos llamar desarrollo de un
nuevo modelo de negociación colectiva.
Diríamos, pues, que en cierta manera el Gobierno se siente
relativamente satisfecho, porque, aunque nunca se pueda sentir
satisfecho, con los datos que le he proporcionado, no podríamos decir
que exista una gran insatisfacción para el Gobierno.
En última instancia, y por hacer referencia a la observación que ha
efectuado el representante del Grupo vasco, diré que, el sistema de
Inspección de Trabajo, con la nueva ley del año 1997, que entró en
vigor la principios de 1998, está desarrollando, ni más ni menos, la
dualidad de competencias, que en el área de Trabajo y de Seguridad
Social esboza nuestra Constitución en los artículos 149.1.7.a y el
149.1.17.a. Esa dualidad de funciones, interpretada como saben por
muchas sentencias del Tribunal Constitucional, es lo que ha permitido
elaborar esta Ley 42/1997 y efectuar su propio desarrollo
reglamentario. Diríamos que el marco para este área no solamente lo
tenemos claro desde el punto de vista constitucional sino que,
afortunadamente, también está bastante claro por numerosas sentencias
del Tribunal Constitucional, muchas de ellas de la década de los años
ochenta y algunas de los años noventa. Como saben, una de las
últimas, que tuvo una mayor incidencia precisamente en el tema
sancionador, fue, si mal no recuerdo, la de noviembre del año 1996,
que permitió que el nuevo reglamento del procedimiento sancionador y
la nueva Ley 42/1997 recogiera ya los aspectos de esa doctrina del
Tribunal Constitucional. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Arnau, tiene la palabra a los solos
efectos de aclaraciones.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, para hacer alguna
precisión.
Para empezar, sólo quiero reconocer al señor subsecretario la mejora
en los medios de informatización, pero ¡no faltaría más!, señor Díaz
Guerra. ¿Cómo podría luchar la Inspección de Trabajo contra los
nuevos modos de fraude originados por las nuevas técnicas de
ingeniería laboral practicadas en algunas asesoras? Desde luego, no
con un ábaco, normalmente con un ordenador.
En relación con los resultados a los que ha hecho referencia,
confunde eficiencia o eficacia del sistema con eficiencia y eficacia
de los inspectores, desidia de la gestiónpública con responsabilidad
de los funcionarios.
Por otra parte, señor subsecretario, no nos consta que el proyecto de
ley haya sido negociado con las comunidades autónomas. ¿A santo de
qué las dificultades actuales para alcanzar acuerdos o convenios con
las comunidades autónomas si hubiera sido así? Si hubiera sido así,
nosotros no habríamos presentado muchas enmiendas al proyecto de ley,
sugeridas todas ellas por las propias comunidades autónomas.
Termino, señor presidente. ¿Para cuándo tendremos las comisiones
territoriales en cada comunidad autónoma? A eso es a lo que me
interesa que me responda. ¿Cuándo se pondrán en vigor las direcciones
territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
En cuanto a la programación de objetivos, usted dice que existe ya
una colaboración entre comunidades autónomas y Administración general
del Estado, no es a esa programación de objetivos a la que se refiere
la ley. La ley norma la programación continuada de objetivos en cada
comunidad autónoma basándose en el convenio con la Administración
general del Estado y, sobre todo, en el funcionamiento de las
comisiones territoriales.
No me alargo más, señor presidente. Señor subsecretario, le repito mi
agradecimiento por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor subsecretario?
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
También a efectos de aclaración, simplemente para insistir en que no
hay ninguna dificultad en relación con los acuerdos bilaterales con
las comunidades autónomas, como se refleja en los ya publicados, de
Cataluña y de Galicia, y los que vienen actualmente. Vuelvo a repetir
que la iniciativa de los acuerdos es de la propia comunidad autónoma
y, conforme lo van solicitando, se van elaborando dichos acuerdos.
Como decía anteriormente, en estos momentos se han publicado esos
dos. El borrador de acuerdo con el Gobierno de Navarra, que ha sido
aprobado por el Gobierno en su sesión del 13 de diciembre de 1999, se
verá para refrendo de su Parlamento el próximo 28 de diciembre de
1999. Están prácticamente ultimados los borradores de acuerdo con
Castilla y León y con la Comunidad Valenciana y continúan las
deliberaciones con el País Vasco. Sobre el resto de las comunidades
autónomas, cuando las propias comunidades autónomas entiendan que
debe intensificarse la deliberación para aprobar el acuerdo
bilateral, por parte de la Administración general del Estado no hay
obstáculos en absoluto, no hay ningún inconveniente.
Por último, en esta materia de Inspección de Trabajo, realmente no
tenemos ningún problema con las comunidades autónomas por una razón
evidente, porque la propia Ley 42/1997 dibujó un sistema único
-artículo 15 de la Ley 42/1997, artículo 18 de la Ley 47- en el cual
se permite una integración orgánica de la Inspección de Trabajo en la
Administración general del Estado y, al mismo tiempo, una dualidad de
competencias funcionales, la autonómica y la estatal, como
consecuencia del 149.1.7.a y del 149.1.17.a. Buena prueba de que ese
sistema que se diseñó es el más eficaz es la votación de las Cámaras
en la que
solamente hubo tres abstenciones del Grupo Mixto. (El señor Pérez
Corgos pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Para una aclaración. La última intervención
del portavoz socialista me ha dado pie para una simple consulta.
El señor PRESIDENTE: Haga una consulta muy breve.
El señor PÉREZ CORGOS: Efectivamente, señor subsecretario, los
tiempos cambian que es una barbaridad, pero tampoco es para tanto.
¿Cómo estaba el sistema informático de la Inspección en 1996?
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Precisamente, ya hice referencia a él.
- CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA
DEL PUEBLO GITANO. (Número de expediente 154/000028)
El señor PRESIDENTE: Gracias por su comparecencia, señor
subsecretario.
Tal y como había avisado la Presidencia antes de comenzar la sesión,
antes de que se produzca la comparecencia del señor subsecretario
general de Empleo, vamos a proseguir el orden del día según se
formuló al comienzo de esta sesión.
Esta Presidencia quiere agradecer a todos los integrantes de la
subcomisión para el estudio de la problemática del pueblo gitano el
esfuerzo y el trabajo que han realizado, por cuanto que, terminando
ya la legislatura pero percatados también de la importancia del tema,
han invertido muchas horas, y lo han hecho muy deprisa pero
concienzudamente, para poder tener, antes de que finalizara el
periodo de sesiones, unas conclusiones en las que ellos mismos dicen
que necesitan de una mayor profundización y solicitan que todos los
grupos de la Cámara se comprometan con el futuro en la medida en que
el próximo periodo de sesiones puedan seguir profundizando en este
tema que a todos nos parece de enorme importancia.
Me comunican los miembros de la subcomisión que, para exponer el
resultado de estos trabajos, intervendrá por todos ellos el señor
Díaz Sol, a quien la Presidencia le concede la palabra.
El señor DÍAZ SOL: Señor presidente, muchas gracias no sólo por la
cortesía parlamentaria, sino también por sus palabras de respaldo a
los trabajos de esta subcomisión, que inició su andadura, por un
acuerdo de la Mesa del Congreso, el 7 de abril, pero cuyos los
trabajos comenzaron verdaderamente en el último tramo de la
legislatura, en este último período parlamentario.
La subcomisión se crea ante una circunstancia que parecía evidente en
nuestro país, y es que desde el año 1988 no se habían tomado ni se
habían preocupado los poderes públicos ni el Parlamento ni la
sociedad en su conjunto de tratar con seriedad la situación de una
parte importante del pueblo español como es el pueblo gitano.
En España, que es una sociedad avanzada, dotada de una Constitución
moderna, de una Constitución en la que los derechos sociales y la
igualdad de los ciudadanos es reconocida como principio fundamental,
se produce una situación en la que una parte importante del pueblo
español está sometida a problemas de discriminación, problemas de
racismo, problemas de exclusión social, problemas, en definitiva, de
integración en nuestra sociedad.
Los gitanos son una minoría étnico-cultural en nuestro país. Tienen
unos componentes culturales propios que mantienen y han mantenido
pese a los avatares de la historia, como luego demostraré brevemente,
pero, al mismo tiempo, tienen unas tradiciones, una raza, que les
hace distintos y diferentes a la sociedad mayoritaria de nuestro
país. Esta razón ha provocado que sean víctimas de situaciones de
injusticia que, conociéndolas, esta Comisión ha pretendido
profundizar, estudiar y resolver.
Es cierto, como decía el señor presidente, que los trabajos no han
sido lo suficientemente amplios. Desde abril, mientras se empezaron
las reuniones, han pasado algunos meses y, en tan corto plazo de
tiempo, los miembros de la subcomisión sólo hemos podido constatar la
gravedad de la situación, la necesidad de actuaciones en profundidad
y con planteamientos mucho más amplios que los habidos hasta ahora.
Por tanto, este informe no es más que el inicio de algo que nosotros
proponemos al final en nuestra conclusión: que sea un trabajo
parlamentario serio que se inicie con la próxima legislatura.
Los gitanos llegan a nuestro país hace más de 500 años. Vienen
después de la caída de Constantinopla atraídos por el flujo que se
produce en las emigraciones hacia el Camino de Santiago. Al
principio, su exotismo y su peculiaridad les permite tener un status
de admisión e incluso de hospitalidad dentro de la sociedad. Poco a
poco, el aumento de la presencia de los gitanos en nuestra sociedad
y, más adelante, la constitución, con la toma de Granada, del primer
Estado moderno, pasa a cambiar la situación de los gitanos a nuestro
país. Los Reyes Católicos emprenden una política de homogeneización
social y cultural que afecta a distintas minorías que vivían en ese
momento en el territorio español: los gitanos, por una parte, los
mozárabes por otra y los judíos por otra. Esta política de
homogeneización lleva a la expulsión de los judíos y a la expulsión
de los mozárabes, pero los gitanos quedan en España. La razón es la
de que no hay diferenciación en el componente religioso. Los gitanos
acogen la religión católica y uno de sus componentes, que es la
religiosidad, les permite permanecer en el Estado.
La primera Pragmática que emiten los Reyes Católicos supone el inicio
de una serie de legislaciones claramente antigitanas, que se reflejan
ampliamente en el informe y, por tanto, no voy a profundizar en ello,
que dan lugar a castigos corporales y ejecuciones, a confinaciones o
a destierros simplemente por ser diferentes, por tener costumbres
diferentes, por tener una cultura diferente. No es hasta Carlos
III, que les reconoce su igualdad con los ciudadanos españoles,
cuando empiezan a verse luces de esperanza en la situación de los
gitanos. Pero no es más que un espejismo, porque incluso hasta las
últimas etapas de la historia moderna de España, en la época del
franquismo, tanto la Ley de peligrosidad social como el reglamento de
la Guardia Civil tienen artículos y disposiciones claramente
discriminatorios e inculpatorios por el hecho de ser gitanos. Las
causas históricas de constante marginación y discriminación es,
quizás, la razón profunda, la verdadera razón que explica la
situación del pueblo gitano en nuestro país.
Por ello, ya en la etapa democrática, este Parlamento aprueba la
creación del Programa de promoción del pueblo gitano; un programa que
tenía exclusivamente contenidos sociales, que data del año 1988 -como
decía anteriormente- y que desde entonces se ha ído aplicando sin
ninguna variación, sin ninguna actualización, puesto que la primera
dotación económica, que fue de 500 millones, se ha mantenido hasta
estos días sin siquiera aplicársele el índice del coste de la vida.
En definitiva, esto hace que hayamos estado engañando nuestra
conciencia creyendo que habíamos tomado medidas que podían solucionar
el problema, cuando en los momentos en los que aparecen en nuestra
sociedad elementos xenófobos y manifestaciones racistas, se vuelven a
reproducir las situaciones que históricamente han sufrido estos
ciudadanos españoles.
En consecuencia, la citada subcomisión decidió empezar trabajos,
convocando, en su inmensa mayoría, a representantes de asociaciones
del pueblo gitano, tanto asociaciones de mujeres gitanas, como
asociaciones de tipo general, que están trabajando por superar la
situación de discriminación. Estas comparecencias han sido amplias,
profundas; han dotado a la Comisión de Política Social y Empleo de
una amplia documentación, no sólo testimonial, sino aportada por los
comparecientes, y que suponen una magnífica base para el futuro
trabajo.
Hemos llegado a unas conclusiones que creemos que no son las que
deberían de haber salido de la subcomisión; pero no lo son porque
somos conscientes de que, al final de una legislatura, sin haber
acabado totalmente los trabajos, no nos pareció adecuado presentar
todo un rosario de medidas que podrían ser inútiles por el momento
político en que se desarrollan. Aun así, estas recomendaciones se
agrupan en una serie de epígrafes, que voy a pasar a enumerar.
El primer epígrafe responde a una de las aspiraciones más
frecuentemente planteadas por los representantes de las asociaciones
y por los gitanos que han venido a nuestra subcomisión: el
reconocimiento de su entidad e identidad cultural. Frecuentemente, el
problema gitano sólo se observa desde aspectos y planteamientos
sociales, pero esa larga historia, a la que he hecho alusión con
anterioridad, no ha conseguido cambiar algo que ellos tienen como un
elemento base de su identidad como pueblo, que es su cultura y sus
tradiciones. El pueblo gitano es portador de una cultura que ha
tenido gran influencia en la cultura española; incluso aporta rasgos
que definen a lo español en el conjunto del ámbito internacional. Por
tanto, su influencia es enorme, pero su reconocimiento es escaso.
Además, son portadores de un idioma evolucionado, un idioma que tiene
siglos de existencia y que en nuestro país se está perdiendo. Un país
como el nuestro, que tiene la suerte de tener en su acervo
cultural distintas lenguas, no puede permitirse el lujo de la
desaparición del romaní, algo que está ocurriendo por falta de
atención pública, por falta de estímulo, de estudios y de iniciativas
para que se pueda mantener como una lengua viva. Por tanto, en este
primer punto planteamos el reconocimiento de la identidad cultural
gitana como parte de la identidad cultural española y reconocemos que
es necesario tomar medidas para su conservación su relanzamiento,
y sobre todo para que los gitanos puedan tener una lengua propia que
sea un elemento más de nuestra riqueza lingüística.
Luego pasamos a tratar los problemas más acuciantes. Vemos cómo los
gitanos ocupan en el ámbito de la vivienda una situación claramente
desfavorecida respecto a la situación general de la sociedad, -el 95
por ciento de las chabolas o infraviviendas están ocupadas por los
gitanos-, denunciamos algunas situaciones de concentraciones creando
guetos en algunas grandes ciudades, y consideramos que hay que hacer
políticas de realojos bien planteadas que eviten la concentración y,
por tanto, los elementos de rechazo que provocan estas situaciones.
Otro de los grandísimos problemas que tienen los ciudadanos gitanos
españoles es el empleo. Su tradición originalmente nómada y sus
culturas les llevan a tener un ámbito no formal dentro del mercado de
trabajo en nuestro país. La venta ambulante es la actividad más
importante, en algunos aspectos se muestran manifestaciones
artesanales tradicionales, pero su integración en el mundo del
trabajo tiene verdaderas barreras que habría que superar y que
nosotros planteamos en este informe.
Le educación es, con la vivienda y el trabajo, el otro gran problema
que tienen los ciudadanos gitanos. Los niños gitanos teóricamente
están todos escolarizados, pero eso no quiere decir que tengan una
posibilidad de aprovechamiento del sistema educativo español. El
absentismo es enorme, a veces supera del 70 por ciento; el nivel de
formación de los adultos es bajísimo; el nivel de analfabetismo
supera también el 70 por ciento en los adultos, y en las mujeres
llega casi al 90 por ciento y es, por tanto, una ofensa a la razón
democrática de este país el que un colectivo tan importante, que se
valora en más de medio millón de gitanos, esté sometido a esta
situación. Los temas de racismo y de discriminación afectan de forma
tal a los niños gitanos que son poquísimos los que superan la barrera
de la educación primaria y muy escasos los que llegan a los niveles
superiores de educación. Esto es algo que no se puede permitir en una
sociedad como la española.
Los problemas de salud, con los temas consecuentes de esta
marginación, llevan a que tengan enfermedades prototípicas de las
situaciones de exclusión social, que llevan a que su esperanza de
vida sea menor que la media del pueblo español, y en el caso de las
mujeres aún menor que la media del pueblo gitano, lo que lleva a que
haya que tomar medidas y hacer consideraciones de futuro en esta
cuestión. El tema de la drogodependencia no es ajeno al deterioro del
estado de salud de este colectivo.
Las políticas sociales se han hecho desde perspectivas no activas por
parte de la Administración. La técnica de la subvención a las ONG y a
las asociaciones ha llevado a que la propias administraciones hayan
hecho una política inhibitoria que no ha dado eficacia a estos fondos
y a estas
actuaciones, que se tenían que haber hecho con mayor dedicación y
conocimiento de causa.
La situación de la mujer es otro de los problemas que hemos
detectado. Las tradiciones gitanas sitúan a la mujer en una situación
peculiar dentro del colectivo. Es un elemento central de transmisión
de cultura y tradiciones, que en los gitanos es una transmisión oral,
pero al mismo tiempo tienen una ubicación secundaria dentro de la
sociedad gitana. Nosotros creemos, y así lo han manifestado muchas
mujeres gitanas que han venido a la subcomisión, que el machismo no
es inherente a ninguna cultura ni a ninguna tradición y, por tanto,
es necesario que en el futuro se estudie este tema para tomar las
medidas más adecuadas.
Otro de los elementos denunciados por los representantes del pueblo
gitano es el de los medios de comunicación. El tratamiento de los
gitanos en los medios de comunicación es normalmente peyorativo, lo
que crea una imagen negativa de los gitanos. Recomendamos la
elaboración de un código deontológico por los profesionales de la
información que permita que la palabra gitano no esté asociada
a elementos y a mensajes negativos, como ocurre normalmente.
Reclamamos, con brevedad pero con contundencia, medidas contra
cualquier tipo de manifestación racista en general y aquellas que
afectan a los gitanos.
Y recomendamos, por último, que hay que procurar por parte de los
poderes públicos la participación de los propios gitanos a la hora de
la aplicación de las políticas. Hemos llegado a la conclusión de que
en este país se hacen políticas para gitanos elaboradas por payos, y
normalmente tantos siglos de incomunicación, tanta situación de
discriminación, lleva a que la sociedad mayoritaria, por mucha
voluntad que tenga, no pueda aplicar las medidas correctas porque la
comprensión del problema está muy lejos de llegar a un nivel
satisfactorio. Esta es la conclusión a la que nosotros llegamos.
Hemos realizado unos trabajos, hemos obtenido un primer análisis de
la situación y, no sé si de una forma voluntarista -esperemos que no
sea así-, recomendamos que con el inicio de la próxima legislatura se
cree un grupo de trabajo, una Comisión Mixta Congreso-Senado, la
solución que la próxima legislatura vea más adecuada, para que, de
forma sectorial y mucho más profunda, según los distintos apartados
que nosotros hemos planteado, llegemos a elaborar un conjunto de
medidas que permitan la total incorporación de los gitanos a nuestra
sociedad, respetando su entidad y su cultura, pero también
permitiendo que sean ciudadanos españoles de primera y no de segunda,
como lo son en este momento.
Quería dar las gracias a los letrados y a los servicios de la Cámara,
que han trabajado intensamente con nosotros y que han permitido que
este documento se pueda presentar en esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol. También extendemos el
agradecimiento a los comparecientes.
Ahora daré la palabra a los grupos, porque, aunque me imagino que se
aprobará por asentimiento, a lo mejor quieren añadir algo sobre la
orientación de su propia posición.
Señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Un minuto nada más para, al igual que
mi compañero Díaz Sol, dar las gracias a todos los miembros de la
subcomisión por ese trabajo tan rápidamente realizado, del cual nos
sentimos plenamente satisfechos, y asimismo por el gran consenso que
ha habido entre los miembros de la misma, por la unanimidad en el
resultado y en la redacción del informe, en el que todos hemos estado
de acuerdo, y lógicamente también lo estamos en que esa problemática
que se ha planteado en el informe que hoy presentamos es tan
importante que se debe seguir profundizando en ella entre las
personas que nos vayan a sustituir o que seguiremos en la siguiente
legislatura. Apoyaremos, cómo no, la continuación de esta subcomisión
o comisión mixta que se pueda crear en la próxima legislatura y, una
vez más, doy las gracias a los letrados por la elaboración de este
magnífico informe a pesar de la urgencia. Nos sentimos satisfechos
por el trabajo y por la unanimidad, por el consenso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: En primer lugar, quiero manifestar nuestra
identificación con lo expuesto por el que ha sido portavoz común en
la subcomisión, señor Díaz Sol; nuestra identificación en el
contenido, en los trabajos realizados por la subcomisión y nuestro
agradecimiento a los letrados de la Cámara y, por supuesto, a los
comparecientes. Hacemos votos porque nuestra recomendación de
proseguir los trabajos en la próxima legislatura sea aceptada, ya que
falta mucha gente por pasar por esta Cámara y manifestar sus ideas,
personas muy importantes que pueden aportar muchísimo para conocer la
realidad del pueblo gitano y, por tanto, obtener resultados respecto
a la resolución de sus problemas. Nosotros, por supuesto, vamos a
colaborar en la próxima legislatura con este objetivo, que, como
digo, ya es común, por lo que nos felicitamos plenamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Simplemente quiero manifestar mi acuerdo
con todo lo expuesto por los distintos compañeros de esta subcomisión
y agradecer su esfuerzo no sólo a los letrados, sino a todo el
personal de la Cámara que ha trabajado en la elaboración del informe.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se aprueba el informe de la
subcomisión para el estudio de la problemática del pueblo gitano por
asentimiento de la Comisión.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS
PEDRERO) PARA INFORMAR ACERCA DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTÁN
UTILIZANDO PARA APROBAR LOS EXPEDIENTES DE RESCISIÓN DE CONTRATOS
PLANTEADOS EN LA EMPRESA ERICSSON, S.A., Y ERICSSON INFOCOM ESPAÑA,
S.A., ASÍ COMO ACERCA DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL
COMITÉ DE EMPRESAANTE LAINSPECCIÓN DE TRABAJO POR ELABUSO QUE LA
MISMA HACE DE LAS HORAS EXTRAS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/002069)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
punto 6, que es la comparecencia del secretario general de Empleo, al
que agradezco su presencia en la Comisión, para informar, a petición
del Grupo Socialista del Congreso, acerca de los criterios que se
están utilizando para aprobar los expedientes de rescisión de
contratos planteados en la empresa Ericsson S.A., y Ericsson Infocom
España, S.A., así como acerca de las denuncias presentadas por el
comité de empresa ante la Inspección de Trabajo por el abuso que la
misma hace de las horas extraordinarias.
Tiene la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): En primer
lugar, quiero decir que agradezco a la Comisión la posibilidad de
estar aquí hoy explicando estas cuestiones.
Efectivamente, el 13 de octubre de 1998 la Dirección General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tal como se
señala en la petición de comparecencia, autorizó al grupo Ericsson la
rescisión de hasta un máximo de 780 contratos de trabajo
pertenecientes a las entidades Ericsson, S.A. y Ericsson Infocom
España, S.A., que pertenecen al grupo mencionado. La autorización fue
el resultado de un expediente de regulación de empleo presentado por
el grupo y que se fundamentaba en causas técnicas, organizativas y de
producción, contempladas en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores. Dicha autorización se basó en el acuerdo previo
obtenido por los representantes del grupo empresarial y sus
trabajadores como consecuencia de la mediación llevada a cabo en el
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Por tanto, en este
caso, la apreciación de la existencia de causa para la extinción de
contratos fue el resultado del previo criterio común de la empresa y
la representación de los trabajadores, quienes entendieron que el
proceso de cambio organizativo y evolución tecnológica que tenía
lugar en estas empresas y en este sector justificaba la necesidad de
reducir el volumen de empleo en las empresas o, al menos, en las
empresas matrices. Con ello se podrían externalizar una serie de
actividades de estas empresas, al considerar que serían más rentables
en su desarrollo y más flexible la organización de futuro del grupo y
de las empresas.
Este proceso de externalización de algunas de las actividades de
Ericsson se llevó a cabo mediante la venta de una parte de los
activos de la empresa a dos empresas, SCI y Chatham, que se hicieron
cargo de una parte de la producción de material y de equipos. El
proceso de regulación de empleo se afrontó de forma previa a esta
externalización de actividades, a fin de adecuar las plantillas a las
necesidades de actividad de las nuevas empresas y a su viabilidad
futura. Una parte importante de los trabajadores que salieron
inicialmente en este expediente de regulación de empleo -en el plan
social se estimaba que 410- fueron contratados nuevamente por las
empresas que habían comprado
una parte de los activos de Ericsson en virtud de los acuerdos
alcanzados con estas compañías. Además, el plan social contemplaba el
compromiso de recolocar algunos de los excedentes de Ericsson, S.A.,
en Ericsson Infocom, S.A., en número igual a las vacantes que por
prejubilaciones se produjeran en esta última empresa. Por tanto, en
este proceso reorganizativo parece que hubo un acuerdo entre las
partes y con alternativas para muchos de los trabajadores que vieron
rescindidos sus contratos como resultado del expediente de regulación
de empleo, ya que luego accedieron a puestos relacionados con la
organización del grupo.
Así, ante este expediente acordado, la autorización y el papel de la
Administración se limita a ser el cauce del control de posibles o
supuestos vicios de consentimiento o fraude que el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores establece para este tipo de supuestos.
No habiéndose encontrado razones para plantear la nulidad de dicho
acuerdo por alguna de las causas consignadas en el Estatuto de los
Trabajadores, el mismo fue elevado a autorización de la Dirección
General de Trabajo, que resolvió el 13 de octubre de 1998.
Posteriormente, el grupo Ericsson ha continuado reorganizando la
actividad que todavía tiene, para lo que presentó, en este caso ante
la Comunidad Autónoma de Madrid por ser expedientes que afectaban
exclusivamente a centros de trabajo y trabajadores que prestaban sus
servicios en la provincia de Madrid, dos nuevos expedientes de
regulación de empleo. Ambas solicitudes fueron presentadas en junio
de 1999. Uno de ellos se refiere a la empresa Ericsson Business
Consulting España, S.A., con domicilio social en Leganés, empresa
dedicada a la actividad de provisión y gestión de servicios
informáticos. En este expediente se solicitaba, en base a causas
técnicas, organizativas y de producción, autorización para extinguir
los contratos de 12 de los 93 trabajadores que integraban la
plantilla. El otro expediente era referido a la empresa Ericsson, S.
A., dedicada a la actividad de telecomunicación y también con
domicilio en Leganés. Solicitaba autorización para la extinción de
los contratos de los 69 trabajadores que integraban la plantilla del
centro. En la memoria explicativa se aducía la desaparición, por
ausencia de nuevos pedidos, de la fabricación de equipos de energía
para centrales telefónicas, lo que implicaba la falta total de
actividad del personal vinculado directa o indirectamente a la
fabricación, así como la situación de inactividad de los grupos
administrativos y de gestión tras el cierre del ejercicio de 1998, no
existiendo pues alternativa posterior para facilitar ocupación
efectiva a los trabajadores. En el caso de estos expedientes se
produjo también el acuerdo en consultas con la representación de los
trabajadores, por lo que fueron autorizados por la Comunidad de
Madrid, competente en el caso, al no apreciarse que concurriese
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la consecución de los
acuerdos entre las partes. Ambos fueron autorizados con fecha 30 de
junio de este año y, como resultado, la empresa Ericsson, S.A. ha
desaparecido.
En definitiva, los procedimientos de regulación de empleo que se
están aplicando en el grupo Ericsson son el resultado de una profunda
reorganización del grupo y se han desarrollado hasta la actualidad de
forma consensuada con la representación de los trabajadores. Por
ello, el criterio para la aprobación de los mismos ha sido y es el
criterio
común de la empresa y los trabajadores sobre la necesidad de adoptar
medidas de extinción de contratos al concurrir causa para ello y, por
otro lado, el criterio, en un caso de la Administración del Estado y
en el otro de la Comunidad Autónoma de Madrid, de considerar que en
estos acuerdos no concurren las situaciones de vicios de
consentimiento o intención fraudulenta, que podían determinar la
nulidad de los mismos, posibilidad que el Estatuto de los
Trabajadores brinda a las administraciones en estos casos.
En lo que se refiere a las denuncias del comité de empresa por exceso
en la realización de horas extraordinarias, efectivamente la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha
levantado hasta la fecha siete actas de infracción a empresas del
grupo Ericsson, Ericsson España, S.A., por exceso en los límites
legales establecidos en el artículo 35 del Estatuto de los
Trabajadores. Están pendientes otras dos actuaciones en función de
denuncias remitidas por el comité de empresa. Actualmente están en
trámite por la actuación de la Inspección de Trabajo.
Como consecuencia de ello y como valoración general, habría que
señalar que, en relación con la pregunta que se efectúa, existe un
mecanismo directo de control por parte de las administraciones
públicas respecto de la adecuación de las plantillas en los
expedientes de regulación de empleo, que es la actuación de la propia
Inspección de Trabajo en la información u otras actuaciones que se le
encomienden en materia de los expedientes de regulación de empleo;
también, por supuesto, el control de la Administración se extiende a
los posibles incumplimientos, como es el caso de los que tienen
relación con la realización excesiva de horas extraordinarias.
Por una parte, la propia actuación de los representantes de los
trabajadores sería una garantía para todo el expediente y los comités
de empresa de las empresas afectadas han apoyado las medidas de
adecuación de la empresa a los cambios requeridos en su nueva
organización y, por otra parte -y entiendo que esto no es
contradictorio sino perfectamente lógico-, han denunciado
incumplimientos en materia de jornada precisamente también como forma
de asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las
empresas y de corregir, en este tránsito de adaptación de la nueva
estructura, comportamientos que no son congruentes con la nueva
organización empresarial.
Esta sería la información que tenemos disponible sobre las cuestiones
que se solicitan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Buenos días.
Gracias, señor secretario general de Empleo por su comparecencia. La
verdad es que oyéndole me estaba preguntando si era posible que usted
nos explicara otra cosa; supongo que no será posible. Vamos a hablar
de una empresa -yo tengo un organigrama de seguimiento, de nombres de
empresas- en la que desde el año 1993 hasta hoy le puedo decir que se
han manejado siete u ocho sociedades distintas. Primero se crea una,
después se anula ésta y casualmente en todos y cada uno de los
cambios de sociedades pasan las mismas cosas: hay trabajadores que se
quedan
en la calle, se desregula a los que entran en la nueva empresa,
porque al entrar en la nueva empresa las condiciones de trabajo son
distintas, porque en esa nueva empresa no hay negociación colectiva
hecha, porque en esa nueva empresa hay que volver a elegir
representantes sindicales porque no los tiene. Por ponerle un
ejemplo, porque si no podríamos estar aquí durante horas, le diré que
tengo aquí los acuerdos que se firmaron con ocasión del expediente de
1998. Habla la empresa, por escrito y con compromiso a los comités,
de que el objetivo del centro de suministro dentro de Ericsson-
Infocom España sería, a nivel mundial, su mantenimiento aquí, porque
iba a reforzar las posibilidades de desarrollo no solo en España sino
para todo el norte de África. Hoy ese centro ya ha presentado
nuevamente expediente de reducción de plantillas y ya no cumple los
objetivos que tenía en el año 1998.
Se están produciendo una serie de hechos y desde luego en el
Ministerio de Trabajo no se pueden quedar impasibles por varias
razones. Primero, porque todos los trabajadores que van quedando en
la empresa lo van haciendo en unas determinadas condiciones de
trabajo, y lo digo porque tenemos unos datos que creo que pueden ser
significativos. En 1993 había una plantilla de 3.018 trabajadores y
había unos 200 trabajadores que se decían desregulados, es decir, que
no estaban dentro de las negociaciones colectivas de los trabajadores
y que tenían convenio o acuerdo propio con la empresa. En estos
momentos, en 1999, con una plantilla similar de 3.100 o de tres mil
ciento y pico trabajadores, sin regulación están 1.615 personas,
además de los 700 trabajadores contratados temporalmente. ¿Qué tipo
de personas son estas 1.600? Desde oficiales de primera a oficiales
de segunda, administrativos, subjefes y demás. Son los nuevos
contratados fuera de regulación de la negociación colectiva y que,
además, la empresa les contrata de esta forma; pero luego tienen la
opción de volver a pasar a la negociación colectiva, es decir,
incorporarse al convenio o no. ¿Qué les dice la empresa? Que si
entran en el convenio ganarán equis, si se mantienen en desregulación
ganarán equis más equis. El comité de empresa, los delegados
sindicales, cuando se les plantea la negociación de un expediente
como este, ¿cree usted que tienen libertad para negociar y decidir en
un expediente de estas magnitudes, cuando realmente lo que está
haciendo la empresa es ofrecer dinero y unas determinadas condiciones
para los trabajadores que sabe que va a tener en un expediente? A mí
me decían los representantes del comité de empresa: Pregúntale al
subsecretario si nos da garantías de que si no damos el
consentimiento no habrá expediente, porque si es así no hay
consentimiento. Lo que pasa es que la empresa dice a los
trabajadores: O te vas a la calle con lo mínimo que abarca el
Estatuto de los Trabajador o entramos en una negociación para que
vayáis en otras condiciones.
Ellos dicen que Ericsson en las negociaciones, cuando tiene un
expediente, acuerda y firma lo que sea necesario para cumplir los
objetivos que en ese momento tiene, y una vez firmado y conseguido
ese objetivo, el cumplimiento le da exactamente igual; es decir, como
el refrán castellano aquel de prometer, prometer hasta meter y
después de metido no hay nada de lo prometido. De forma idéntica está
desarrollándose Ericsson en estos momentos.
Luego hablamos de horas extraordinarias. En el año 1998, en que se
aprueba el expediente, hay más de 105.000 horas extraordinarias
realizadas por los trabajadores regulados, es decir, los trabajadores
que fichan a la entrada y a la salida. Pero se calcula que esos 1.600
trabajadores que no están regulados, que hacen como mínimo una hora
diaria más de trabajo, que sólo fichan a la entrada en el trabajo,
hacen más de 500.000 horas al año. Si eso lo dividimos por horas de
trabajo, las mil seiscientas y pico horas de trabajo que tienen como
jornada anual, fíjese usted los empleos que tendríamos.
Pero es más, después de haber aprobado el expediente en Ericsson
España, resulta que se lanzan a contratar empresas de trabajo
temporal y subcontratan para hacer aquellos servicios de los que
acaban de eliminar trabajadores por expedientes. Creo que habrá que
tomar alguna medida, porque se pone de moda externalizar y esto al
fin y al cabo sólo significa despedir trabajadores y que si ahora
ganan 150.000 vuelvan mañana al mismo centro de trabajo, a la misma
máquina con 100.000 pesetas, porque las nuevas empresas Chapham y SCI
no han invertido ni un duro en las instalaciones y no las han
comprado, tienen contrato de alquiler con Ericsson para dos años.
Están también estos cuatrocientos y pico trabajadores, con el tipo de
contrato que tienen, un año y pico que llevan trabajando. ¿Qué
garantías de empleo nos dan estas empresas? Si vemos los beneficios
que tiene esta empresa solamente en los primeros meses de este año,
nos damos cuenta de que no es la falta de beneficios ni de
rentabilidad lo que preocupa a esta empresa, porque si vamos a la
rentabilidad por trabajador vemos que mientras que la media mundial
de Ericsson por trabajador da un beneficio de 24 millones en España
estamos en torno a los 55 millones. ¿Cómo es posible que con esa
rentabilidad estemos permitiendo todas estas barbaridades? Hablamos
de casi un millón de horas subcontratadas en empresas de trabajo
temporal y con una particularidad denunciada por la Unión General de
Trabajadores de Madrid el 5 de noviembre de 1999, que las empresas de
trabajo temporal ni siquiera cumplen la ley. No sólo no cumplen la
forma de contratación las ETT, sino que no cumplen la reforma de la
ley que este Parlamento ha aprobado hace cuatro días. Y cuando los
inspectores de Trabajo se presentan en la empresa para hablar de esta
denuncia de las ETT no son atendidos, se les dice que vuelvan otro
día porque no se puede hablar de ese tema en ese momento. Digo yo que
algunas medidas habrá que tomar ante los incumplimientos e
ilegalidades que se están produciendo.
La dirección de la empresa trabaja con casi todos los operadores de
telefonía móvil y fija de nuestro país, y es triste que el director
de la división de Amena se permita en un boletín informativo interno
de la empresa decir -y le leo textualmente- que también tenemos que
considerar como un exito que esta organización ha crecido mucho en
muy pocos meses, actualmente somos 400 personas el la empresa y hay
otras 1.500 personas de empresas subcontratadas. Algo habrá que hacer
porque esto no es externalización ni es nada. Yo no tengo nada que
objetar a que una empresa con problemas se reorganice, a que haya que
hacer arreglos de plantilla porque introduzcan nuevas tecnologías,
pero estos arreglos no se hacen si, por necesidades
administrativas ni económicas ni tecnológicas ni nada. Aquí se está
despidiendo, por un lado, a gente con 40, 45 y 50 años, se está
subcontratando en condiciones muy inferiores de salario a personas
recién salidas de la universidad, con una formación muy importante
pero con contratos y condiciones realmente reprochables en todos los
términos. Y desde la Administración nos quedamos de brazos cruzados
y decimos: como el comité hace los informes y aquí no hay ningún fraude
de ley, nos mantenemos al margen. Usted sabe que todo el movimiento
que ha tenido la empresa Ericsson no es ni razonable ni se puede
admitir. Estamos hablando en estos momentos de una subcomisión no
permanente para estudiar las consecuencias del Pacto de Toledo, para
hablar sobre el futuro de la Seguridad Social de nuestro país. Dígame
qué futuro vamos a garantizar, qué tipo de empleo, porque presumimos
de que tenemos 14 millones de afiliados pero estamos echando a la
calle a los que cotizan a una media de 200 y nos quedamos con los que
cotizan a una media de 100. ¿Hacia dónde queremos ir? Todos los no
regulados hacen todas las horas extras, que son ilegales porque lo
establece la ley, no cotizan a la Seguridad Social y se ha denunciado
que en el mes de enero de este año el 80 por ciento de la plantilla
ya se había pasado de las 80 horas permitidas, ha habido denuncias
del comité casi cada mes y a lo máximo que se llega es a poner una
multa de 500.000 pesetas o un millón de pesetas, y los inspectores
preguntan al comité de empresa qué es lo que puedo hacer. Yo creo que
la Administración realmente tiene que empezar a actuar no solamente
con el tema de las horas extras, que lo debe hacer, no sólo
denunciando la contratación ...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Hay una cosa muy clara. Yo le digo a usted
en nombre del comité de empresa que si la Administración garantiza
que no hay expedientes, no tendrían el consentimiento del comité de
empresa, pero el comité de empresa tiene que elegir entre que se le
haga una autorización y se vaya la gente a la calle sin ninguna
condición o intentar que los que vayan a la calle tengan unas mínimas
condiciones.
Yo creo que la Administración tiene que empezar a controlar estas
cuestiones, porque éste es un ejemplo que están siguiendo todas. Esta
es la que ha empezado, pero Radiotrónica también lo ha hecho, Danone
también, y detrás de una vienen todas. Entonces, empecemos a
plantearnos qué tipo de empleo queremos en nuestro país y para qué
queremos 14 ó 15 millones de cotizantes a la Seguridad Social si
están cotizando miseria, qué tipo de empleo le vamos a garantizar a
la gente, en qué condiciones podrán vivir. Y luego tenemos que
admitir que faltan trabajadores que han de venir de fuera porque no
tenemos trabajadores en nuestro país. Yo creo que ya es hora de que
terminemos con el consentimiento de estos fraudes y realmente
empecemos a generar empleo en nuestro país y a vigilar por que haya
un empleo estable.
Termino, señor presidente, diciendo que casualmente en la Comisión de
Industria el día 27 de octubre se aprobó una resolución que leo
textualmente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que abra un proceso de reflexión
y estudio para analizar la conveniencia de modificar la normativa
existente en el ámbito nacional y comunitario sobre las empresas
multinacionales o trasnacionales que realicen una reestructuración o
cese de actividad en instalaciones rentables. Porque todas son
empresas rentables, con grandes beneficios, que están rescindiendo
contratos para hacer otro tipo de cosas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Núñez tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASAL: Quiero expresar mi agradecimiento al secretario
por su comparecencia y por la oportunidad que me da para intervenir
en un tema en el que de antemano digo que yo no puedo ser neutral,
porque durante muchos años y en condiciones muy difíciles he tenido
el privilegio, la satisfacción y el honor de ser abogado de los
trabajadores de esta empresa y compartir con ellos todas las
dificultades de la clandestinidad de la dictadura franquista y todas
las dificultades que hubo en luchas posteriores para defender unos
derechos en una empresa que ha sido ejemplo y orgullo de toda la zona
sur de Madrid, y en especial de las ciudades de Getafe y de Leganés.
Ni voy a ser neutral ni me voy a dejar llevar por la nostalgia, pero
pido disculpas de antemano por si el entusiasmo me lleva a realizar
afirmaciones de excesiva rotundidad, pero no por ello de menor
calibre y de menor veracidad, a mi entender.
Digo que es un paradigma porque lo que está ocurriendo en Ericsson en
estos momentos es el resultado de una política social y de empleo
completamente errónea, es fruto de una legislación y de una ideología
que ha atacado de manera directa los intereses de la clase
trabajadora es el resultado de una reforma del Estatuto de los
Trabajadores que ya en el año 1980 era inadecuada y que fue
posteriormente agravada en otras dos profundas reformas.
Yo comprendo el entusiasmo de la compañera socialista, incluso que
diga que habla en nombre del comité de empresa, pero quiero
recordarle que ha sido su partido el que ha provocado una legislación
que ha llevado a la precariedad y a la disminución de la capacidad de
respuesta de la clase obrera. Aunque parezca lo contrario, hay un
punto de unión entre el compareciente y la compañera que acaba de
hablar. El punto de unión es aceptar unos valores como el valor de la
globalización, el valor de la eficacia, el valor de la rentabilidad,
el valor de lo económico por encima de lo social. Hay que ver la
última declaración de la Internacional Socialista para comprender
hasta dónde llegan los artificios del lenguaje. Eso es lo que en
estos momentos está ocurriendo en Leganés y en Getafe, ésta es la
amenaza que en estos momentos se está produciendo con el anuncio de
un nuevo expediente de regulación que puede suponer la pérdida de 500
puestos de trabajo.
Por tanto, si el comité de empresa dice a la compañera socialista que
la Administración, con lo poco que le queda de facultad de
intervención, niega el expediente porque no hay acuerdo con los
trabajadores, no menos ha dicho antes, cuando reflexionaba sobre esa
tremenda duda que siempre se suscita en cualquier negociación de este
tipo. Se oscila
entre 20 y 45 días. ¿Le ofrece usted 30? Lo cogen todos. Esa es la
triste realidad, eso es lo que se ha conseguido con esas reformas
legislativas, eso es lo que se ha hecho desde el año 1980, en que
recuerdo que el que después fue presidente del Gobierno, negociando
con el Partido Comunista de España y aludiendo a su condición de
laboralista, me llegó a decir -yo estaba en el otro lado de la mesa-
que el despido objetivo y la nueva regulación de las crisis eran una
garantía para el trabajador. La realidad ha demostrado que se
equivocaba y que no fue una garantía. No obstante, yo le digo al
Partido Popular en estos momentos que les queda todavía una
posibilidad de intervención administrativa. Úsenla en bien de los
trabajadores de Ericsson. Un conocido sociólogo tiene una frase muy
significativa cuando habla sobre el fenómeno de la delocalización y
el fenómeno de la globalización. Escoge a esta empresa como ejemplo y
dice: Suecia necesita a Ericsson, Ericsson no necesita a Suecia.
Getafe, Leganés, Madrid y España necesitan a Ericsson, pero Ericsson
no necesita a España.
Los males que se han señalado respecto de este tema se pueden reducir
a dos: utilización abusiva de la multiplicidad formal de la
personalidad jurídica por unidades económicas que no cambian ni en su
ámbito de organización ni en su ámbito de explotación; veinte
nombres, treinta nombres, externalización a partir de la
multiplicidad de la personalidad jurídica y más externalización a
partir de ventas, de cesiones y de expedientes que han aprobado el
PSOE y el Partido Popular. Y segunda cuestión, completa precariedad
del trabajador, debilitamiento de la capacidad de resistencia de la
clase obrera, debilitamiento de los sindicatos y una jerarquía de
valores para la vida cotidiana que es completamente rechazable, una
angustia permanente por el puesto de trabajo en el aire, de lo que
podríamos definir como el excluido potencial, que continuamente tiene
que estar pensando en que de un momento a otro, sin él haber hecho
nada, puede perder el puesto de trabajo.
Con estos valores -voy a terminar en seguida, porque veo que el señor
presidente está teniendo una profunda amabilidad conmigo y, por
tanto, estoy excediéndome en el tiempo- la pregunta exacta es:
¿ustedes van a hacer algo para conseguir que no se siga destrozando
una de las empresas más emblemáticas de la zona? ¿Ustedes van a hacer
algo, porque tienen capacidad administrativa en estos momentos, para
que permanezca ahí Ericsson y no sea como un recuerdo de algo que fue
rentable, algo eficaz y escuela de sindicalistas y de grandes
especialistas en cualquier momento de las fases tecnológicas de la
empresa? Recuerdo la categoría que tenían los trabajadores en el
cableado, eran famosos en todo el país y fuera del país, y ellos
servían para enseñar a otras personas que trabajaban en fábricas como
la que hubo en A Coruña, y eran auténticos maestros de los que
entraban de nuevo, pero ahora ya no hay especialistas, ahora ya no
hay trabajadores con profesión y oficio, ahora lo que hay es trabajo
temporal, precariedad y una falsa rentabilidad en la explotación de
la mano de obra.
Terminando ya, porque es difícil poder ver con tranquilidad lo que al
final es una realidad muy dura, yo espero y confío en que no sólo
porque ustedes lo piensen, sino también porque los trabajadores
consigan encontrar los instrumentos correctos de resistencia, podamos
seguir pasando
por la carretera de Toledo y, llevando la vista hacia la derecha, ver
que todavía existe Ericsson y que todavía hay unos trabajadores que
pueden seguir estando en una empresa que, no tengo la menor duda,
seguirá con su capacidad de resistencia y de lucha, a pesar de las
leyes que otros hacen, no precisamente mi grupo parlamentario, que
supo oponerse a ellas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor Chozas, por su comparecencia
y explicación de un expediente que, como ha dicho, en su última
andadura es más competencia de la comunidad autónoma que suya, pero
se ha hablado de ello y no se puede desaprovechar la ocasión para
posicionarnos en algo que es importante.
En cuanto a lo que se tiene que hacer y las explicaciones que ha
dado, nos parece que es lo correcto. Yo creo que está perfectamente
asumido que hay que dar poder a los negociadores, es decir, a empresa
y trabajadores, para que cada vez más, tanto en los convenios como en
respuesta a las problemáticas coyunturales, se acepte lo que se
acuerde, que sea el diálogo o la intervención de las partes lo que se
tenga que aceptar, y así se ha recogido. La Administración debe
aceptar la regulación con el acuerdo de las partes, porque se supone
que se hace sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de fraude.
En cuanto al procedimiento que se ha seguido por parte de las
distintas administraciones al llegar un expediente con acuerdo y
admitirse esa aprobación, con una negociación que sobre el papel y
oficialmente parece que es positiva en cuanto que se recoloca un
número de trabajadores en las partes que se externalizan, en las
empresas que asumen las nuevas funciones -es decir, que en conjunto
parece que hay una negociación positiva y que se ha trabajado bien
por ambas partes, con acuerdo de ambos-, la Administración no tiene
más que aprobarla con los papeles que tiene delante. Creo que eso es
positivo.
Por otro lado, decía que no podemos dejar pasar la oportunidad de dar
nuestra opinión sobre lo que se aprobó en la Comisión de Industria y
que es una reflexión real que tiene que hacer el Gobierno y que
tenemos que hacer todos, sobre todo esta Cámara, a la hora de
legislar y ver qué pasa en general con estas reestructuraciones, que
efectivamente no son lógicas cuando en empresas con grandes
beneficios se están haciendo a costa de los trabajadores. En eso
también estamos de acuerdo, hay que hacer esa reflexión, hay que
hacer esas modificaciones debidamente medidas. Pero en el caso
concreto del que hablamos, si detrás de esos papeles, que no dicen
eso, hay esa coacción y ese fraude que parece que hay, se tiene que
denunciar por parte del comité. Cuando hay un expediente de
regulación, el informe que hace la Inspección de Trabajo viene en
función, en gran medida, del acuerdo o no de los representantes de
los trabajadores. Aquí se están presentando unos expedientes que
vienen con acuerdo de los trabajadores. Si existe esa coacción, si
existe ese fraude manifiesto, si existe esa diversificación jurídica
para encubrir una única realidad económica y hacer, mediante un
procedimiento legal, un rejuvenecimiento de plantilla u otra variedad
de hecho, es
decir, un fraude manifiesto. Se tiene que denunciar. Y dice: ¿me
puede garantizar la Administración que no me va a aprobar un
expediente si no viene con un acuerdo? Cuando un expediente viene sin
acuerdo y no existen causas objetivas, causas tecnológicas, se está
denegando. Es verdad que tenemos que hacer esa reflexión para
modificarlo, estamos totalmente de acuerdo con ello, pero, cuando hay
un expediente sin acuerdo de los trabajadores, debe haber causas
objetivas y claras y desde luego una vía manifiestamente abierta para
poder expresar libremente el desacuerdo con un expediente que parece
ser es manifiestamente contrario a la ley. Por eso digo que una cosa
es el expediente en el trámite administrativo, lo que aparece, de lo
que se ha hablado, por lo que se ha preguntado y acerca de lo que
nosotros nos posicionamos, y otra la respuesta del secretario general
de Empleo, que nos parece en todo momento la correcta ante los
expedientes que llegan.
En cuanto al asunto de las horas extraordinarias, hay una legislación
muy clara. Existe una legislación en relación con las horas que se
permiten cuando éstas entran dentro de lo normal, una legislación que
está vigente y lo que hacen los inspectores es meter estas
infracciones. Con respecto a esto, si es cierto que existe esa
cantidad de horas extraordinarias que son ilegales, tendrá que
seguirse denunciando hasta conseguir que la Administración intervenga
de una manera más contundente, si es que lo que hay es un cachondeo,
por decirlo de alguna manera, con respecto a la ley vigente.
El señor PRESIDENTE: Están ustedes muy lenguaraces hoy en las
expresiones.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Para ser reflejo fiel de los trabajadores,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy bien.
Tiene la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Ha habido un
sinnúmero de cuestiones que han surgido en las intervenciones de SS.
SS., pero me voy a limitar a la interpelación que se me ha hecho y
concretamente a las cuestiones relativas a los expedientes por los
que se me solicita información, sin perjuicio de que yo siempre estoy
dispuesto y encantado de venir a exponer, a intentar aclarar o a
explicar actuaciones de éste o de otro tipo que afecten al ámbito de
competencias de la Secretaría General de Empleo.
Ateniéndome a las cuestiones específicas de la comparecencia, se me
plantea que el Ministerio de Trabajo no puede permanecer impasible,
lo cual estaría relacionado con otras intervenciones sobre qué se va
a hacer para que esta empresa mantenga su negocio, su presencia en
España. Las posibilidades de actuación del Ministerio de Trabajo son
las que dice la ley y lo que dice la ley, si he entendido bien el
motivo por el que se solicita esta comparecencia, yo creo que es lo
correcto y adecuado, en el sentido que el mecanismo que nos
proporciona la ley para comprobar si en un expediente de regulación
de empleo hay fraude, dolo, abuso de derecho, etcétera, es la
actuación de las autoridades laborales competentes en cada caso, ya
sea con la colaboración
y actuación de la Inspección o con la de otros servicios,
como podría ser incluso la Fiscalía.
En el caso concreto de los expedientes que hoy nos ocupan, ha habido
una demanda reiterada de actuación de la Inspección de Trabajo por
parte del comité de empresa, tanto en lo que se refiere a las
negociaciones alrededor de los expedientes de regulación de empleo
como en lo que respecta a la conceptuación de los trabajadores fuera
de regulación, a los que me referiré luego. En el caso de los
expedientes de regulación de empleo, no se ha apreciado tanto por la
Dirección General de Trabajo en el primer expediente. En el resto -no
es tirar en mi caso ningún balón fuera-, el Ministerio de Trabajo no
es competente en absoluto, sino que es competencia de la Comunidad
Autónoma de Madrid, tanto por ser la autoridad laboral que debe
resolver los expedientes de regulación de empleo por ser materia de
ejecución de legislación laboral, como porque la Inspección de
Trabajo depende en relación con las denuncias en esta materia de la
Comunidad Autónoma de Madrid. En fin, las reflexiones que hago con
respecto a la actuación de la Dirección General de Trabajo me parecen
extensibles, ya que no tengo ningún elemento para cuestionar la
actuación de la Inspección de Trabajo.
Se ha señalado aquí que desde 1993 a 1999 la plantilla permanece. Es
cierto que con una estructura probablemente bien distinta, pero los
puestos de trabajo no ha sufrido grandes variaciones en su totalidad,
aunque sí su organización y estructura.
Respecto a la cuestión de la regulación o no regulación de
determinados trabajadores que puedan estar incluidos en el ámbito de
aplicación personal del convenio colectivo, voy a leer literalmente
una de las partes de los informes de Inspección que en relación con
esta materia se han elaborado y que dice textualmente: en base a la
libertad de negociación colectiva y en virtud del artículo 61 del
decimocuarto convenio colectivo sindical entre Ericsson y sus
trabajadores, se crea la clase de trabajadores, que no la categoría,
denominada no reglamentados como una opción libre, ya que en
cualquier momento se puede pasar a personal reglamentado y, por
tanto, se establece la diferenciación entre personal incluido en el
convenio y personal excluido de su ámbito de aplicación. Aquí
finaliza la cita.
Específicamente, con relación al régimen de estos trabajadores fuera
de la regulación del convenio colectivo y más concretamente por el
control horario de su actuación, ha habido varias demandas que ha
tramitado la Inspección de Trabajo y en las cuales incluso se ha
contestado concretamente la no apreciación de delito en una de ellas
y la no remisión a la Fiscalía. Esto se ha dicho textualmente por la
Inspección. Yo no pongo aquí en cuestión ni la actuación de la
Inspección de Trabajo ni, como digo, la actuación de las autoridades
laborales que han resuelto los expedientes de regulación de empleo,
pero creo que la actuación es correcta, salvo prueba o comentario más
o menos informal en contrario. Técnicamente, los mecanismos que deben
actuar han actuado y están actuando, siendo eso precisamente la
garantía de la aplicación de la legislación. Ocurre exactamente igual
en el caso de las denuncias relacionadas con la actuación de las
empresas de trabajo temporal. Si no he entendido mal, se ha dicho que
las denuncias tienenfecha de 5 de noviembre, con lo cual me atrevería
a decir,
por la ya lejana experiencia en materia de inspección de trabajo, que
dichas denuncias todavía estarán en trámite. Sin embargo, no me
parece muy aceptable la excusa de que no se atiende a los inspectores
de trabajo, ya que, si no recuerdo mal, tienen mecanismos legales
para actuar en estos casos de ninguneo empresarial que se señalan.
No creo que sea motivo de la comparecencia de hoy entrar en
reflexiones mucho más generales sobre la evolución general de la
legislación laboral que se remonta desde el año 1980 hasta nuestros
días, así como tampoco entrar en cuestiones acerca de las cuales ya
he comparecido, habiendo hecho incluso una exposición en relación con
la legislación de los expedientes de regulación de empleo o
prejubilaciones en la subcomisión del Pacto de Toledo. (La señora
López i Chamosa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos me solicita la palabra, señora
López i Chamosa?
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: A efectos de puntualizar una cosa.
El señor PRESIDENTE: Una cosa, no. Concréteme usted.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Con respecto a la plantilla y al tema de
los acuerdos, que también están denunciados.
El señor PRESIDENTE: Con suma brevedad y sólo a esos efectos.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Usted dice que todo se basa en que el
comité de empresa ha firmado. Yo le he dicho, y consta en la denuncia
que se ha presentado, que los acuerdos firmados por la empresa en el
expediente de 1998 no se han cumplido, pero no sólo no se han
cumplido con respecto al mantenimiento de la actividad con la empresa
a que se hace referencia, sino que ni siquiera se han cumplido los
acuerdos del plan de rentas, porque, a la hora de llevarlos a
término, resulta que han hecho un plan de rentas más bajo del que se
habían comprometido en los acuerdos, habiendo una diferencia de casi
un millón de
pesetas. Yo creo que con todas las denuncias hechas a la Inspección
de Trabajo, bien sea a través de la autoridad competente en Madrid o
bien a través del Ministerio de Trabajo, algo se puede hacer, porque
la ley está encima de la mesa y muchos de los hechos denunciados aquí
son sancionables.
Por último, señor presidente, quiero intervenir por alusiones del
señor Núñez. Si quiere, que lo lleve a la Unión Soviética, pero aquí
vivimos de otra manera.
El señor PRESIDENTE: No ha habido alusiones. Cada cual tiene perfecto
y legítimo derecho para formular políticamente las observaciones que
quiera.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Abusa de la autoridad que tiene sobre mí,
pero en el «Diario de Sesiones» estarán bien claras las alusiones del
compañero. (El señor Núñez Casal pide la palabra.)
No voy a dar la palabra a nadie.
El señor NÚÑEZ CASAL: Muy brevemente, señor presidente, porque me han
aludido.
El señor PRESIDENTE: No tiene usted la palabra.
El señor NÚÑEZ CASAL: Quiero manifestar que yo he nacido en Ourense y
que soy comunista español, que conste. Nacido en Ourense y comunista
español.
El señor PRESIDENTE: Nadie ha impugnado su nacionalidad y no tenía
usted la palabra.
Con esto damos por terminada la sesión, no sin desearles a ustedes
felices fiestas, y a los pocos que están aquí, sin que esto sea una
alusión, ni mucho menos, sobre la composición próxima y numérica de
la Cámara -y por supuesto tampoco de mi voluntad o mi deseo sobre
ello-, sí me gustaría verles otra vez por aquí en el próximo período
de sesiones, bien por aquí o bien por el Senado, que es una Cámara
hermana y legislativa también.
Muchas gracias a todos y felices fiestas.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.