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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 818, de 14/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 818
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA
Sesión núm. 31
celebrada el martes, 14 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas (Acebes
Paniagua), para informar sobre el estado actual del proceso de
traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Apetición
propia. (Número de expediente 214/000136) ... (Página 24328)
Preguntas:
- De la señora Rubiales Torrejón (Grupo Socialista del Congreso),
sobre fecha prevista para convocar al Consejo de Política Fiscal y
Financiera para analizar el funcionamiento práctico del sistema de
financiación autonómica. (Número de expediente 181/002723)
... (Página 24339)
- De la misma señora diputada, sobre fecha prevista para convocar al
Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar las bases del
nuevo modelo de financiación autonómica. (Número de expediente 181/
002724) ... (Página 24339)
- De la misma señora diputada, sobre fecha prevista para convocar al
Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los criterios de
reparto del Fondo de Nivelación. (Número de expediente 181/002725)
... (Página 24340)
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a que promueva con las distintas
administraciones autonómicas la simplificación de los trámites
administrativos para la obtención de licencias de caza y pesca.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001632) ... (Página 24343)
- Por la que se insta al Gobierno a que promueva conversaciones con
las distintas administraciones autonómicas para lograr mayores grados
de homogeneidad en la legislación en materia de caza.
Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001689)
... (Página 24343)
- Sobre el hipódromo de Madrid. Presentada por el mismo Grupo
parlamentario. (Número de expediente 161/001650) ... (Página 24348)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
(ACEBES PANIAGUA), PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
DE TRASPASO DE COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000136.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, buenos días, señor
ministro.
Se abre la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones
Públicas para desarrollar el orden del día que tienen comunicado SS.
SS. Comenzaremos por la comparecencia del señor ministro, a quien doy
la bienvenida a esta Comisión, como siempre en nombre de todos los
portavoces y de los grupos parlamentarios. Anuncio a SS.SS. que las
votaciones sobre las proposiciones no de ley que están incluidas en
el orden del día de la sesión de hoy se producirán al final de los
debates, en todo caso, no antes de las doce treinta del mediodía.
Sin más, comenzamos con el punto primero del orden del día,
comparecencia, a petición propia, del señor ministro de
Administraciones Públicas, para informar sobre el estado actual del
proceso de traspaso de competencias a las comunidades autónomas.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como algunos de ustedes recordarán, en mi primera
comparecencia ante esta Comisión adquiría un doble compromiso como
consecuencia del debate que teníamos en el seno de esta Comisión,
que, por una parte, era el del ministro y su departamento de impulsar
el modelo de
organización territorial a través del traspaso de nuevas competencias
y como consecuencia, insisto, del debate adquiría el compromiso de
comparecer ante ustedes para darles cuenta de cuál había sido la
evolución y el resultado de ese traspaso competencial que en aquel
momento me comprometía a impulsar y a desarrollar.
Pues bien, creo que éste es momento oportuno para hacer balance de un
elemento esencial dentro de nuestro modelo de organización
territorial, como es la descentralización de lo que ha supuesto esta
legislatura y cumplir ese compromiso de lo que también ha sido el
ultimo año desde que celebramos esa reunión de la Comisión en la que
adquiría el compromiso a que antes me refería.
Señorías, con el casi billón de pesetas de coste efectivo traspasado
a lo largo de esta legislatura, de los cuales 800.000 corresponden a
1999, y con los 180.000 funcionarios que han pasado a depender de las
comunidades autónomas, 130.000 en este año, con la educación no
universitaria totalmente transferida y con las políticas activas del
Inem y las competencias sobre Administración de justicia
prácticamente traspasadas a la mitad de las comunidades autónomas, se
puede decir que el modelo de descentralización en España ha alcanzado
plena madurez.
El año 1999, veinte años después del inicio del proceso de traspasos,
veintiuno desde la aprobación de la Constitución, es importante por
las transferencias realizadas, porque se habrán hecho al finalizar el
año traspasos a todas las comunidades autónomas; porque es la cifra
más alta en coste efectivo y funcionario traspasados y porque por
primera vez hay tantos funcionarios al servicio de la Administración
general del Estado como al de las comunidades autónomas. Además,
finalizado este año se puede decir que todas las comunidades
autónomas, si bien no ejerciendo todavía las mismas competencias, ya
habrán alcanzado un alto nivel de responsabilidad política.
Les vengo a dar cuenta de lo que ha sido este año clave en el proceso
de traspasos, que como todos ustedes conocen es una pieza esencial en
la articulación del Estado de las autonomías; éstos se han venido
realizando en nuestro país casi desde el mismo instante del inicio de
la andadura
democrática de la Constitución de 1978 y por ello podemos decir, sin
temor a exagerar, que el característico proceso de negociación entre
el Estado y las comunidades autónomas que suponen los traspasos es
algo consustancial al modelo autonómico. Tanto es así que el número
de reuniones de las comisiones mixtas de traspasos puede ser un buen
indicador para conocer el nivel de entendimiento entre la
Administración general del Estado y las respectivas administraciones
de las comunidades autónomas, ya que se trata, como es bien conocido
por SS.SS., del aspecto más concreto y tangible del conjunto de
relaciones entre las administraciones públicas.
Quiero resaltar a SS.SS. el valor esencial que han jugado y juegan
estas comisiones. Sus plenos son, por un lado, foros de encuentro
entre las administraciones y, por otro, el lugar en el cual se
negocian los aspectos materiales que dan virtualidad al real
ejercicio de las competencias asumidas por las comunidades. Por
tanto, su papel es llenar de contenido el ámbito jurídico marcado por
los estatutos de autonomía o por las leyes orgánicas de
transferencias en su caso.
Como paso previo me gustaría subrayar que el fuerte impulso llevado a
cabo en cuanto a los traspasos realizados es el resultado, desde
luego, del cumplimiento de los compromisos marcados respecto a la
política autonómica para la presente legislatura por el Gobierno y
éstos a su vez fueron, en gran medida, consecuencia de los acuerdos
alcanzados entre las principales fuerzas políticas en los pactos
autonómicos.
Como ustedes recordarán, uno de los puntos esenciales de dicho pacto
era la equiparación competencial entre las comunidades autónomas que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 y asimiladas y
las comunidades que siguieron la vía del artículo 143. El resultado
de las actuaciones realizadas en este sentido es que a día de hoy no
se puede, en mi opinión, hablar ya de la misma forma en que se venía
haciendo hasta ahora de dos tipos de comunidades según la vía de
acceso utilizada, sino que, más bien, hay que hablar del modelo
autonómico español en el cual las comunidades autónomas se van
equiparando en los puntos esenciales del mismo en materia
competencial, lo cual es compatible con el respeto, la protección de
los hechos diferenciales.
Nuestro modelo está siendo una referencia en los procesos de
descentralización en muchos lugares, se ha demostrado el más eficaz
para ir creando, de una manera rápida, modernas y próximas
administraciones públicas capaces de prestar y mejorar los servicios
que se han ido transfiriendo. El modelo autonómico directamente
previsto por la Constitución y desarrollado por los estatutos de
autonomía es el que mejor se adecua a nuestra realidad, a nuestra
historia y a la percepción que los españoles tenemos de lo que es
nuestra nación; un sistema que hoy más que nunca es plenamente válido
y que demuestra día a día su total idoneidad dentro de un marco
coherente y estable como en ninguna otra época de nuestra historia y
que tiene como centro todo un conjunto de valores democráticos,
auténtica esencia del Estado autonómico, como son la convivencia, el
pluralismo y la libertad. Cabe incidir más en estos aspectos cuando
se oyen voces ahora que quieren variar este modelo de convivencia.
Por ello, entendemos
que la progresiva asunción de competencias por las comunidades
autónomas y su real ejercicio por las mismas es, sin lugar a dudas,
la mejor prueba de la vigencia de un modelo ya asentado en la
sociedad española y que encuentra su fundamento, un fundamento sólido
y perdurable, en la voluntad de convivencia de los españoles en
democracia y en libertad y que se plasma en la Constitución y en los
estatutos de autonomía.
También es prueba del acierto de nuestro modelo territorial el
constante proceso de perfeccionamiento de sus instituciones básicas y
de desarrollo de sus potencialidades que han convertido al modelo
autonómico en el mejor de los modelos posibles para España,
cumpliendo así de modo inmejorable las expectativas en él
depositadas. A este respecto, y refiriéndome a los plenos de las
comisiones mixtas de transferencias, que antes definía como ese lugar
de encuentro entre la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas, los habrá habido durante esta legislatura en
115 ocasiones cuando finalice este año, el doble exactamente que en
la anterior.
Asimismo, y teniendo en cuenta que algunos traspasos de importancia
se van a concluir en las próximas fechas, antes de acabe esta
legislatura, las cifras globales hablan con absoluta claridad del
impulso que se ha venido desarrollando; como ejemplo, si comparamos
la anterior legislatura con la actual, frente al casi billón de
pesetas de coste efectivo de que les hablaba al inicio de mi
comparecencia, en la pasada legislatura tan sólo se alcanzaron los
250.000 millones de pesetas. En cuanto al personal traspasado, la
cifra total en esta legislatura será superior a los 180.000
funcionarios, como ya les he comentado, frente a los 35.000 de la V
Legislatura. Éste es el resultado, señorías, de la gestión llevada a
cabo en los cuatro últimos años. Es evidente que la realización de
los traspasos efectuados a los que me acabo de referir junto con el
pacto local, la implantación de un nuevo modelo de financiación
autonómica, la reforma de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional, la reforma de los estatutos de autonomía han sido
algunos de los principales cometidos que se han emprendido y
concluido en la presente legislatura.
Entre todos los traspasos llevados a cabo en 1999 me gustaría
destacar uno en concreto por su trascendencia, que es el de la
materia educación no universitaria. Es ésta una de las materias más
emblemáticas del proceso de equiparación competencial, cuya
negociación para la conclusión del traspaso a las comunidades del 143
se inició en el año 1996. Durante los primeros años de esta
legislatura la educación no universitaria ha sido traspasada a las
comunidades autónomas de Baleares, Aragón, La Rioja y Cantabria.
Durante 1999 se han completado con éxito los traspasos de esta
materia a Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura y Castilla-La
Mancha; es decir, que todas las comunidades autónomas, con excepción
de Asturias, han asumido esta competencia con plena disponibilidad de
los medios materiales y humanos y de los fondos necesarios para
ejercerla. También a este respecto puedo anunciarles que el traspaso
pendiente en esta materia a la comunidad autónoma de Asturias espero
se concluirá en los próximos días, una vez finalizadas las
negociaciones que se están ultimando en estos momentos, y ya existe
acuerdo en la ponencia
técnica. Así todas las comunidades autónomas habrán asumido una
competencia tan representativa de lo que significa el auténtico
sentido del autogobierno, como es la materia de educación no
universitaria.
Me gustaría resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa de
estos traspasos, dado que la educación no universitaria se
transfiere, como ustedes conocen, a la ordenación académica, a las
comunidades autónomas con un importantísimo traspaso de funcionarios,
inmuebles y la financiación suficiente para el ejercicio de esta
competencia con todas las garantías de calidad. Así pues, estamos
ante uno de esos periodos que, señorías, marcan un impulso
trascendental en la construcción del Estado de las autonomías.
Por otra parte, otro de los grandes traspasos que se han llevado a
cabo durante esta legislatura es el de las políticas activas del
Inem. Como ustedes conocen, comprende las funciones de gestión de las
políticas activas dentro del marco de ejecución de la legislación
laboral, es decir, la gestión de las ayudas a los programas de
creación de empleo, una materia de vital importancia para el conjunto
de la sociedad española. Durante esta legislatura hemos concluido el
traspaso de estas políticas activas a las comunidades autónomas de
Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra, y están
iniciadas las negociaciones con las comunidades de Madrid, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Andalucía.
En cuanto al traspaso de los medios de Administración de justicia, es
decir, de la gestión de los medios materiales, económicos y del
personal al servicio de la Administración de justicia, lógicamente en
los términos que están establecidos por las normas estatales, se ha
venido realizando separadamente y en momentos distintos para la
provisión de medios materiales y económicos, por un lado, y de los
medios personales, por otro. A día de hoy, todas las comunidades del
151 y asimiladas han recibido el traspaso y se han iniciado
negociaciones con las demás comunidades, que espero que vayan a
concluir con éxito lo antes posible.
Otro de los traspasos de importancia y que merece la pena reseñar por
la cuantía, como también por la cantidad de medios que supone, ha
sido el del Instituto Social de la Marina. Éste lleva a cabo todas
las funciones y servicios que tienen encomendados en relación con la
gestión del régimen especial de la Seguridad Social de los
trabajadores del mar; además de otras funciones, lo hace en el ámbito
del empleo y de la formación. El traspaso se ha realizado ya a
Canarias, Cataluña, Galicia, Valencia y País Vasco. Y en cuanto a la
asistencia sanitaria y servicios sociales, a Cataluña y Valencia lo
relativo a empleo y formación. Por tanto, están pendientes de
realizarse en esta materia los traspasos a Asturias, Baleares,
Cantabria, Murcia y Andalucía.
Por otra parte, otra de las competencias que merece la pena destacar
es la formación profesional ocupacional. Es otra de las materias ya
traspasadas. El contenido del traspaso se refiere a la gestión de
centros, excepto a los de carácter nacional, mediante la impartición
de todos los cursos que se programen y sólo las comunidades de
Asturias y País Vasco no han recibido todavía los traspasos en esta
materia, si bien la primera de ellas la recibirá, espero, la próxima
semana.
En cuanto a la ejecución de la legislación laboral, se trata del
traspaso, entre otras, de las funciones ejecutivas sobre expedientes
de regulación de empleo, cooperativas, gabinetes provinciales de
seguridad e higiene en el trabajo y ayudas para programas de creación
de empleo. Sólo está pendiente el traspaso en esta materia a la
comunidad autónoma de Asturias y también esperamos concluir el
traspaso en pocos días porque ya en estas fechas hay pleno acuerdo.
Por lo que se refiere a otras competencias, para ir con rapidez, como
son instalaciones radiactivas, la encomienda del FEGA, productos
farmacéuticos o las competencias sobre transporte marítimo y
mediadores de seguros, prácticamente han sido traspasadas a todas las
comunidades autónomas y aquellas que restan lo harán en los próximos
días, al igual que ocurre con la propiedad intelectual, profesores de
religión y maestros de instituciones penitenciarias; con todo ello,
estarían completados los traspasos pendientes de acuerdo al
compromiso que existía en esta legislatura.
Como habrán observado SS.SS., de esta larga lista de traspasos
efectuados se deduce el importante impulso de los traspasos de medios
desde la Administración general del Estado a las comunidades
autónomas. Quiero destacar los notables esfuerzos para aunar
voluntades que han acompañado a las negociaciones en materias que en
ocasiones han revestido, como todos ustedes pueden comprender, una
especial complejidad, tanto por el volumen de recursos como por la
cantidad de personal. La profundidad y envergadura de los cambios que
estos traspasos van a suponer, tanto para la Administración general
del Estado como para las comunidades receptoras de estos medios
materiales y humanos, van a obligar a todos los actores implicados a
tener que realizar esfuerzos suplementarios para adaptarse a la nueva
situación. Yesos esfuerzos deben dirigirse, sobre todo, a que los
cambios en las responsabilidades de gestión no supongan ningún
menoscabo en la prestación de los servicios públicos, ya que su
mejora constante es la razón principal de todos estos procesos de
traspasos. Es el ciudadano el destinatario final y la razón de ser de
todos estos cambios. Estos suponen, por ejemplo, que a día de hoy, y
teniendo en cuenta los últimos traspasos, la distribución del gasto
público en nuestro país se reparte del siguiente modo: el 57,1 por
ciento lo realiza la Administración general del Estado, el 29,5 por
ciento las comunidades autónomas y el 13,4 por ciento los entes
locales. Si se tiene en cuenta que en 1986 la distribución del gasto
público en España suponía que la Administración general del Estado
realizaba el 72,6 por ciento del gasto público y que en 1990 este
porcentaje se situaba en el 65,7 por ciento, se puede comprender de
forma evidente los cambios que se han producido en los últimos años.
Estimamos que cuando se hayan concluido los traspasos que aún se
están negociando, incluida la sanidad, la distribución del gasto
público en nuestro país será: la Administración general del Estado un
51,5 por ciento, las comunidades autónomas un 35,1 por ciento y los
entes locales un 13,4 por ciento; bien es cierto que estos dos
últimos porcentajes a expensas de los deseables pactos locales
autonómicos que deberán aumentar el porcentaje de los entes locales.
Lo mismo se deduce cuando se comparan las cifras referidas al
personal al servicio de las administraciones
públicas. En 1995 había 920.000 empleados al servicio de la
Administración general del Estado; hoy, tras los últimos traspasos,
esta cifra se sitúa en torno a los 760.000 funcionarios. Por tanto,
por primera vez en el proceso autonómico el número de funcionarios
del Estado y de las comunidades autónomas se han igualado en un
momento.
Por otro lado, quiero subrayar un punto que me parece esencial: el
notable consenso que en esta materia se ha alcanzado entre todas las
fuerzas políticas; consenso que desearía que se extendiese a otras
iniciativas en materia autonómica, que son tan decisivas como los
traspasos. Es este, el consenso, el que ha permitido avanzar tanto y
tan rápido y, por ello, sería deseable que esa voluntad de
entendimiento fuese la pauta general en un ámbito tan decisivo como
es el de la organización territorial del Estado.
Nuestra Constitución y los estatutos de autonomía ofrecen un marco
inmejorable para hacer realidad este espíritu de cooperación y
colaboración entre las administraciones públicas. Los procesos
negociadores que han hecho posible los traspasos antes expuestos son
un buen reflejo de los logros que se pueden alcanzar cuando hay una
voluntad decidida de avanzar y un objetivo común. Yo creo que es el
momento de proponer un nuevo impulso en el que la cooperación y la
colaboración y sus instrumentos serán los ejes sobre los que gire en
los próximos años el desarrollo de la España de las autonomías.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría tiene la
palabra.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Reciba, señor ministro, el saludo cordial
del Grupo Vasco en esta comparecencia que ha efectuado para exponer
sus consideraciones de cierre de esta legislatura sobre la política
autonómica desarrollada por el Estado bajo el impulso y la
coordinación del MAP. Política de cierre de legislatura y quizá
también de cierre de modelo o de sistema, puesto que, si hacemos caso
a lo manifestado por el presidente en el debate sobre el Estado de la
nación, el tiempo de la reivindicación competencial ha concluido. Con
ello se refería, evidentemente, por el contexto de su discurso, a las
comunidades autónomas que damos en denominar de régimen común, puesto
que las comunidades históricas no tuvieron especial mención en este
discurso del debate sobre el Estado de la nación al que me estoy
refiriendo.
Le haré, señor ministro, una serie de valoraciones para encuadrar lo
que ha dado de sí esta política y sobre todo, como es esperable de un
grupo nacionalista, en relación con el proceso de autogobierno de
Euskadi que abrió hace veinte años el Estatuto de Autonomía de
Gernika. La petición de reforma de este estatuto o su no celebración,
por considerarlo incumplido, o el deseo de superarlo no impide que
hoy sea el instrumento básico, la norma institucional básica del
autogobierno vasco y, como tal, objeto de nuestra defensa y
reivindicación, como bien conoce el señor ministro a través de las
relaciones que mantiene con la Vicepresidencia del Gobierno vasco.
Señor ministro, no sé si le hago un favor si hablo bien de usted en
esta comparecencia o si meramente nos hablamos con cordialidad en
tiempos en los que lo que prima es el insulto, pero la verdad es que
con usted, con su Ministerio, mi grupo y también el Gobierno vasco
han podido trabajar, y ello no es posible hacerlo entre
descalificaciones mutuas. Desde nuestro grupo, señor ministro,
valoramos el proceso al que se ha referido usted en su comparecencia
como una etapa fructífera en los procesos transferenciales en lo
relativo al conjunto del Estado, es decir, fundamentalmente a las
comunidades de régimen común. Creemos que estos procesos
transferenciales están destinados a completar un modelo de
descentralización administrativa del Estado acorde con el modelo de
desarrollo autonómico que, parece, comparten los dos partidos de
ámbito estatal. Hasta aquí la tarea ha sido digna y consecuente, se
han hecho muchas transferencias a otras comunidades, completándose
así prácticamente el modelo autonómico pactado -o si no es pactado,
sí asumido o compartido- por los dos partidos mayoritarios en el
Estado. Ahora bien, ustedes saben de sobra que ese modelo basado en
la descentralización administrativa no encaja por diferentes razones,
que creemos que son puramente constitucionales muchas de ellas, en lo
que es y proyecta ser el Estatuto de Autonomía de Gernika. A partir
de ahí, creemos sinceramente que el Ministerio de Administraciones
Públicas, carece, como carece el Gobierno, de una planificación
concreta para afrontar el desarrollo del estatuto vasco. Son ustedes,
eso sí, todo amabilidad y voluntarismo, pero se ven necesitados de
impulsos políticos externos -normalmente la necesidad de apoyos
parlamentarios puntuales- para acometer un avance entre gobiernos y
puramente institucional en el cauce de saber completar el estatuto
vasco. Conoce usted, señor ministro, tan bien como yo, o mejor que
yo, el documento que la Vicepresidencia del Gobierno vasco le remitió
sobre el estado de la cuestión de política de transferencias y de
desarrollo estatutario al comenzar su etapa en el ministerio. En él
se hace referencia a materias con compromiso explícito actual, y en
ellas se incluyen las autopistas en régimen de concesión, materias
prioritarias en negociación avanzada, Instituto Nacional de Empleo.
También hay materias que son ampliación de otras ya transferidas y
respecto de las cuales ha habido negociación activa: el Instituto
Social de la Marina, al que usted se ha referido, transporte mecánico
por carretera, hidrocarburos, petróleo y gas y turismo. También hay
materias sin negociación previa, de las que hay un buen bloque -y me
permitirá que siga la enumeración a los efectos de quienes pretenden
manifestar que el Estatuto vasco ya está cumplido o completado-; el
primero sería: meteorología, Fedes, salvamento marítimo,
administración institucional del Ministerio de Industria,
investigación científica y técnica, fondo de protección a la
cinematografía, seguros agrarios, fondo de regulación y organización
del mercado de productos de pesca y cultivos marinos, lo que damos en
llamar el FROM; el segundo grupo sería elecciones municipales,
transporte marítimo y fluvial y ferrocarriles y la expedición de
permisos de circulación y matriculación de vehículos, y el tercer
bloque, aeropuertos -en el que el título competencial es idéntico a
puertos, competencia que ya se disfruta- instituciones penitenciarias
y gestión del régimen económico de la Seguridad
Social, con un último anexo a un tema del que el señor ministro nos
ha oído hablar tanto al Grupo Vasco como al Gobierno vasco en
infinitas ocasiones, que es el tratamiento económico de los llamados
programas nacionales en relación con nuestra situación especial por
el sistema de concierto.
Señor ministro, el balance de esa política autonómica en este periodo
en el que usted es ministro se ha transformado en un único acuerdo
transferencial que valoramos en mucho pero que no es suficiente, y ha
hecho falta casi un año de negociación hasta que se llegase a
comprender que para nosotros, desde la óptica del autogobierno vasco,
no es sólo un trozo de asfalto lo que se transfería con una
autopista, sino que hablábamos de una materia de raíz foral de esas
que representan los derechos históricos del pueblo vasco, y no
podíamos admitir que se excluyese en esta transferencia la aplicación
del sistema de concierto económico. Quedan, por cierto, otras dos
autopistas, pero le reconozco y le valoro que en su periodo como
ministro se ha producido esta transferencia, que, insisto, mi grupo
valora en mucho.
Poco más se puede decir que no sea animarles a que cambien la
situación ahora que estamos en periodo de propuestas electorales, que
seguramente su grupo, como el mío, está en trance de construir. Les
animamos a que intenten comprender que el Estatuto de Gernika es,
además de lo que ustedes dicen de punto de encuentro de realidades
políticas plurales, algo que también se olvida constantemente, y es
que es un nexo con una identidad histórica y con una conciencia
nacional vasca que así aparece plasmada en el propio estatuto. No
pretendan uniformizarnos, quiten a la letra del estatuto que no les
gusta o que no pueden homologar con todo el Estado el sentido que les
queda de reivindicación nacionalista y colóquenla en el esquema de
aceptación general que les corresponde. Desde esta óptica, creemos,
señor ministro, que la pluralidad de los vascos y también la sociedad
en su conjunto nos entenderemos mejor y será posible el avance en el
sentido que todos pretendemos.
Le he indicado ya antes de comenzar la comparecencia que debo cometer
la tremenda incorrección de ausentarme en este mismo momento para
asistir a una subcomisión que se reúne en el piso de arriba para el
estudio de la profesión de auditores. Eso sí, le digo que, como
siempre, le leeré con la atención que usted sabe que siempre le
dispenso.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), el señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) quiere agradecer la presencia hoy aquí del ministro de
Administraciones Públicas en una comparecencia que ha cumplido un
doble objetivo: en primer lugar, ha planteado un marco general de la
situación del proceso de desarrollo del Estado autonómico español y,
en segundo lugar, ha hecho una valoración de las transferencias
concretas que se han abordado en esta legislatura. Yo también voy a
referirme en esta intervención a los dos aspectos, a la valoración
global sobre cómo está funcionando
el desarrollo del Estado autonómico y, en un segundo apartado de
mi intervención, haré repaso de algunas transferencias concretas que,
al entender de nuestro grupo, quedarían aún pendientes de negociar.
Paso a hacer la valoración general. Mi grupo quiere agradecer a su
ministerio el buen talante de diálogo que ha mantenido en esta
legislatura. No ha tenido el mismo titular durante toda la
legislatura, pero en los dos titulares del Ministerio ha habido un
buen talante negociador, y de eso debemos congratularnos. Prueba de
ese talante ha sido el buen nivel de traspasos que han experimentado
todas las comunidades autónomas no las que son como la nuestra, las
del artículo 143, especialmente las del régimen común, que han
experimentado un gran proceso de traspasos, de lo que nosotros nos
congratulamos. Nunca hemos negado a ninguna comunidad que pueda
acceder al nivel de competencias que desee. En todas las reformas
estatutarias que se han producido, en todas las leyes orgánicas de
transferencias, nuestro grupo siempre ha votado a favor y no hemos
negado a ninguna comunidad autónoma la posibilidad de alcanzar el
nivel de competencias que deseara, vía estatuto, vía ley orgánica de
transferencia o delegación. Partiendo de esta valoración positiva,
partiendo de esta legitimidad que tiene nuestro grupo en haber dado
apoyo y estabilidad a un proceso de transferencias a todas las
comunidades autónomas, nosotros queremos defender un modelo de
desarrollo autonómico flexible, un modelo de desarrollo autonómico
asimétrico, un modelo de desarrollo autonómico que permita a cada una
de las realidades nacionales que tiene el Estado sentirse cómodas en
una articulación global que entendemos que la Constitución permite.
Dentro de este marco constitucional y estatutario -creemos que es más
garantía que problema- y, por tanto, reafirmando una legitimidad
constitucional, nuestro grupo defiende que seamos capaces de dar a la
Constitución las lecturas expansivas que el propio Tribunal
Constitucional ha reconocido que son posibles en muchísimas
sentencias. Muchas sentencias del Tribunal Constitucional expresan
que es constitucional esa ley básica del Estado aprobada por estas
Cortes Generales, que también sería constitucional si la lectura
fuese la que han dado los recurrentes y que era una opción posible
dentro del marco de la Constitución.
Es un mérito que nuestra Constitución haya sido abierta y flexible en
muchos ámbitos porque, sin reformarla, permite desarrollos diversos.
Nuestro grupo -repito que no hemos negado nunca a ninguna comunidad
tener el nivel de competencias que desee- tampoco querría que se nos
negaran aquellos desarrollos estatutarios que la Constitución permite
por múltiples vías. Una de ellas la propia vía del artículo 150 que
permite leyes orgánicas de transferencia o leyes orgánicas de
delegación, que no deben escandalizar nunca a nadie porque se hacen
en las Cortes Generales por mayoría absoluta. Son siempre
reversibles. Las Cortes Generales pueden un día derogar una ley
orgánica de transferencia o delegación. Partiendo de ese marco
constitucional, nuestro grupo defiende ese modelo asimétrico, ese
modelo que no sea homogéneo, que tenga cada uno aquella realidad que
quiere tener, que necesariamente no tiene por qué ser la misma en
todas las comunidades autónomas. Partiendo de esta base, nuestro
grupo quiere plantearcon serenidad, desde el marco constitucional,
esa relectura
necesaria y posible; una relectura que entendemos que permitiría a
nuestra comunidad autónoma, a Cataluña, mayores cotas de
autogobierno.
He hecho esta primera valoración positiva del talante negociador y
dialogante de su Ministerio, porque si no fuera así no tendría razón
de ser. Un ministerio de Administraciones Públicas, en un Estado
plural como es el español, tiene que ser abierto, dialogante, por lo
que está cumpliendo bien su función, al igual que lo están haciendo
todas las comisiones mixtas de transferencia entre Estado y
comunidades autónomas, tal y como ha destacado el propio ministro en
su intervención.
En la segunda parte de mi intervención quería destacar algunos
aspectos concretos que están sobre la mesa de la Comisión mixta de
traspasos Estado-Generalitat de Cataluña, que en algunos casos están
más avanzados y en otros requieren aún de un punto de maduración.
Aprovechando que hoy está el señor ministro aquí, quería hacer un
repaso de algunos de los más significativos.
Debemos ampliar las funciones en materia de educación de la comunidad
autónoma catalana, especialmente en lo que se rfiere a la
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no
universitarios. En este sentido nuestro grupo propone afrontar una
modificación de los reales decretos 194/1988 y 806/1993. Estos dos
reales decretos deberían modificarse en un sentido que permitieran
unas competenias de decisión a la comunidad catalana y no de mera
gestión administrativa. Sé que por parte de su Ministerio se está ya
trabajando en ese proceso, pero es uno de los temas que nos quedan
pendientes.
En el ámbito de la educación universitaria hay ya un acuerdo en
materia de becas. Nosotros instamos a su Ministerio a hacer efectivo
plenamente el acuerdo de traspaso de funciones y servicios en materia
de becas y ayudas al estudio universitario para que pueda entrar en
vigor y se pueda aplicar plenamente. En ese contexto y entendiendo,
como ha dicho el señor ministro, que está ya muy avanzado el proceso
de traspaso en materia de educación a las comunidades del artículo
143, a las de régimen común, aprovecho la ocasión para decir que debe
acordarse el traspaso de becas y ayudas para la enseñanza no
universitaria, en este caso a la comunidad catalana. También nuestra
comunidad autónoma quiere una mayor participación en aquellos
procesos en que la declaración de impacto ambiental corresponde a la
Administración del Estado.
Voy a citar algunas competencias concretas que también están en
algunos casos avanzadas, pero que están pendientes, como el traspaso
de la línea férrea Lleida-La Pobla de Segur a la Generalitat de
Cataluña o el traspaso de servicios y funciones en materia de tráfico
y circulación de vehículos a motor a las provincias de Barcelona y
Tarragona. Sabe el señor ministro que hemos acordado una nueva fecha
de entrada en vigor que tendrá lugar el 1 de diciembre del año 2000,
sabemos de ese marco cronológico, pero aún así quiero destacar que
queda pendiente. Hay otros temas sobre los que no hay ningún tipo de
acuerdo en este momento, pero que por nuestra parte hemos ya
solicitado el proceso de traspaso: en el ámbito de la agricultura,
ganadería y pesca, los servicios y funciones en materia de pesca
marítima, inspección de embarcaciones y seguridad marítima en el
sector de la pesca; en materia social, la gestión
del 0,52 por ciento del IRPF; la ampliación de funciones transferidas
del Imserso, como, por ejemplo, los programas de termalismo social o
los programas de vacaciones para la tercera edad. En materia de
cultura debemos avanzar más decisivamente en el Arxiu Històric
Provincial de Barcelona y en el Palau de Lloctinent, en el museo de
Tarragona. En materia de economía quedan pendientes todas las
competencias en lo que se refiere al catastro; en materia de comercio
y turismo, todo el tema de los paradores de turismo. En materia de
justicia se está avanzando, pero quiero también destacar toda la
ampliación de medios económicos para los nuevos órganos judiciales;
en materia de trabajo y Seguridad Social la autorización de mutuas de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales o la
inscripción de empresas, afiliaciones, altas y bajas a la Seguridad
Social.
Todo ello -no es una lista cerrada, señor ministro- denota que nos
quedan temas pendientes, denota que nunca vamos a dejar cerrado
totalmente el proceso de desarrollo autonómico porque siempre es
abierto, flexible; es un proceso en el que cada comunidad autónoma
tiene que ir asumiendo aquellas cotas de acuerdo con la voluntad
política de su parlamento, del parlamento de esa comunidad. Cuando un
parlamento autonómico, elegido democráticamente, por mayoría y a
veces por amplias mayorías, solicita una competencia es que esa
comunidad así lo desea. Y si esa competencia tiene un encaje dentro
del marco constitucional y estatutario no podemos nunca negarnos a
ello. Por eso es un mérito de la Constitución que sea abierta, sea
flexible, sea dinámica. Entre todos deberíamos preservar ese carácter
abierto y dinámico porque es el que permitiría en cada caso ir
acomodando la voluntad de las distintas comunidades autónoma en el
proceso global del Estado autonómico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Dado que esta es, sin duda alguna, la
última sesión de la Comisión para las Administraciones Públicas que
celebramos, quiero dejar constancia, en nombre de mi grupo, del
reconocimiento, del buen talante que ha habido -seguramente, en gran
medida, gracias a la Presidencia- entre los distintos grupos
parlamentarios y sus portavoces. Creo que es justo reconocerlo para
que quede constancia en el «Diario de Sesiones» el trabajo en esta
Comisión, que ha sido más proclive a la tranquilidad y a la reflexión
que a la agitación.
El señor ministro comparece hoy para un tema sin duda importante,
específico dentro de lo que es el modelo de desarrollo autonómico o
de conformación del nuevo Estado, que es el relativo al traspaso de
competencias, aunque ha hecho inevitablemente algún apunte como
reflexión general sobre la situación de la estructura de nuestro
Estado.
Es verdad que usted, señor ministro, se caracteriza más por el
silencio que por las excesivas declaraciones públicas. Es posible que
eso tenga una parte de virtud, pero sí le tengo que decir que en
ocasiones (me parece que este es un momento políticamente relevante
para el Estado español, sin duda para su devenir, y creo que todo el
mundo comprende
a lo que me refiero) se ha echado de menos la posición del Ministerio
que usted representa, cuando otros ministros están hablando creo que
en algún momento con exceso -lo tengo que decir así de claro-,
incluido su presidente. Como se ha señalado por algunos otros
portavoces, debería ser un ministerio que pusiera el punto más alto
en la línea del consenso y del diálogo que en la de la confrontación,
no sólo en la confrontación política, que parece que el presidente
del Gobierno quiere asumir ante determinadas situaciones, sino de la
llamada al diálogo con las fuerzas políticas globales. Yo estoy
convencido que a los ciudadanos que siguen el desarrollo de esta
Comisión les gustaría que hubiera la mayor capacidad de diálogo y
encuentro, especialmente entre el Gobierno y el principal grupo de la
oposición en esta materia. Por ello tengo que instarle a que el
traspaso de competencias forme parte esencialísima de su discurso.
Hablemos de ello, porque ahí hay alguna laguna que le quiero
subrayar, y también -con mucho más motivo- del modelo autonómico en
general. Más allá de las cifras, de los datos y de la realidad
administrativa hay una profunda preocupación entre los españoles
sobre el devenir inmediato del Estado y de la realidad autonómica en
la que estamos, y creo que no puede estar ausente de alguna reflexión
por su parte. Se lo digo con claridad por el papel que representa un
ministerio de Administraciones Públicas cuando estamos oyendo hablar
a muchos ministros -insisto, no siempre en mi opinión- con acierto
ante la situación política que se vive.
Ha hecho una intervención, señor ministro, corta y precisa en los
datos y creo que es más acertada que alguna de las que tuvo
inicialmente en esta Comisión, que fue excesivamente prolija.
Entiendo que ha dado los datos suficientes y que ha hecho un balance
que nos permite la consideración y el comentario; un balance del
conjunto de la política de traspasos que yo llamaría aseado. Es
verdad que con retrasos sobre los calendarios previstos -y lo quiero
subrayar, sobre todo en materia del traspaso de educación-, pero se
ha producido ese avance global en el traspaso de competencias. Más
que el cuánto, que usted ha expresado en cifras y que son ciertamente
interesantes, aunque le pediré que si puede nos precise alguna, me
gustaría señalar algunos puntos negros que desde la perspectiva del
Grupo Socialista se han producido y se producen en este proceso de
traspasos. También haré alguna reflexión sobre cómo en algún momento
se han producido estos traspasos tema que tiene que ver con el modelo
que seguramente el señor ministro desearía compartir con el Grupo
Socialista.
Lagunas. Hay dos lagunas, señor ministro, que afectan a dos
comunidades autónomas. Empezaré por la que parece tiene una solución
más rápida, que es Asturias. No es explicable, salvo situaciones
políticas poco constructivas, que se haya retrasado tanto la
situación del traspaso de competencias en materia educativa en
Asturias y en algún otro punto. Me consta. Parece que el día 20 se va
a firmar ese traspaso de competencias. Si así es, se producirá la
paradoja de que ha sido posible con un gobierno de un color político
diferente al que usted representa, pero esa es la grandeza y a veces
la miseria del propio sistema en su funcionamiento. Creo que hay una
laguna muy importante en el proceso de traspaso de competencias a
Andalucía. Me
parece preocupante porque Andalucía es la comunidad autónoma con más
habitantes. Alguna de las materias que están en esa situación, como
la relativa a las políticas activas de empleo, tienen una gran
importancia para esta comunidad autónoma, porque usted conoce que
tiene un problema serio de desempleo, histórico además, y que
lógicamente nos preocupa mucho. En ese sentido quiero hacer una
crítica -no a usted como tal, sino al Gobierno del Partido Popular-,
porque le recuerdo que la Comisión mixta de transferencias Estado
Comunidad Autónoma de Andalucía no se reúne desde el 30 de enero de
1997. Ha habido, por tanto, un bloqueo absoluto en el proceso de
diálogo de traspaso de competencias con la comunidad autónoma
andaluza. Si usted me dice que ha habido en esta legislatura -dato
que no le discuto- 115 reuniones, desde luego el caso de Andalucía
puede ser enormemente preocupante y le recuerdo que corresponde al
Gobierno, al ministro para las Administraciones Públicas, el impulso
de las reuniones de la Comisión mixta de transferencias. Nos preocupa
enormemente que esta situación se haya producido. Creo que aquí
tienen seriamente el punto más claro a la crítica en el proceso de
transferencias.
Ha señalado cuáles son los temas pendientes. Compartimos en su
esencia todo lo que queda pendiente para la próxima legislatura y la
corrección de algunos flecos que existen. Pero tengo que subrayar
que, a nuestro juicio, el proceso de traspasos que se ha llevado a
cabo en muchas ocasiones no ha respondido a un calendario claro y han
primado mucho los elementos bilaterales, coyunturales, frente a lo
que debería ser, quizá, un orden más global y un ritmo con mayor
sincronía entre el Gobierno y el conjunto de las comunidades
autónomas. Las políticas activas de empleo, que empezaron su traspaso
en (Cataluña, ha referido usted alguna más que se ha producido, por
ejemplo, Galicia, Valencia, Canarias), no incluyen a Andalucía.
Concozco el momento político en el que estamos en esta legislatura,
pero me gustaría saber si desde que es ministro ha tenido algún
intento de abordar esta cuestión, si queda alguna esperanza en los
pocos meses, en principio teóricos, de poder avanzar algo en esta
materia porque nos parece - insisto- enormemente importante.
Le quiero hacer alguna pregunta al hilo de los datos que usted ha
expresado. Nos gustaría que concretara cómo era el gasto público en
el año 1986. Ha citado sólo la referencia de la Administración
General del Estado. Asimismo nos gustaría que hiciera alguna
reflexión sobre ese estancamiento alarmante del porcentaje del gasto
público de las administraciones locales. Yo creo que el gran problema
del proceso de descentralización política y administrativa en este
país es que quizá uno de los valores esenciales que lo motiva, que lo
sustenta, que es el acercamiento de la decisión de la Administración
a los administrados, no ha tenido el reflejo en el conjunto de la
sociedad que hubiera sido deseable. No sé si esta es la razón.
Seguramente es una razón evidente que las administraciones locales
sigan donde están, en cuanto a su potencial de gasto, asumiendo, como
es conocido, cada día más competencias y más funciones y creo que
esto es positivo y tiene un respaldo general.
Hay también otro problema que trasciende, obviamente, a la voluntad
de esta Gobierno y de esta Comisión; hay
un problema de modelo organizativo de las comunidades autónomas que
han repetido casi miméticamente lo que es el modelo de organización
del Estado con una carencia de innovación y de imaginación, en muchos
casos evidente, y hay otro problema muy claro también que es el gran
reto que tiene el Estado autonómico más allá de los graves problemas
políticos, que es la cooperación entre el Estado y las comunidades
autónomas. Usted ha dicho que estamos ante un marco coherente y
estable, ante un modelo a imitar; permítame que yo no comparta esa
opinión. Yo creo que no se producirá un modelo que tenga el
calificativo de imitable mientras el problema de la participación y
de la formación conjunta de la voluntad del Estado, en principio a
través del Senado, que es la gran cámara llamada a hacerlo, no
contemple un lugar de encuentro entre esos dos valores esenciales en
un Estado del perfil del nuestro que son, por un lado, participación
de las comunidades autónomas en la política del Estado y, por otro
lado, la cooperación del Estado recíprocamente con las comunidades
autónomas. Mientras ahí no se produzca un avance sustancial tendremos
una notable carencia en el funcionamiento del modelo, sin entrar
ahora, puesto que es un aspecto coyuntural que abordaremos en las
preguntas, en la perspectiva de la situación del modelo financiero de
las comunidades autónomas. Es lamentable que en esta legislatura no
se haya avanzado nada en esa perspectiva de lo que significa
configurar el Senado como una auténtica cámara de representación
territorial, que, en sí mismo, es algo más que el propio enunciado
puesto que, sin duda alguna, es el lugar de formación de la voluntad
del Estado y de las inquietudes territoriales.
Aunque usted no lo ha citado ni tampoco es objeto del asunto de los
traspasos, tengo que hacer una reflexión sobre la cooperación y las
conferencias sectoriales, que seguramente desborda con mucho el tema
de su comparecencia. Por tanto, si no hace referencia a ello, no le
voy a hacer ningún reproche, pero creo que también es una cuestión
importante.
Por último, quería hacerle una pregunta muy concreta relacionada con
la comunidad autónoma a la que usted y yo representamos en esta
Cámara, y es si el Gobierno ha avanzado algo en la previsión
estatutaria incluida en la reforma del Estatuto de Castilla y León
sobre la participación de esta comunidad autónoma en la Confederación
Hidrográfica del Duero. Sé que este es un tema complejo, por tanto no
le critico que no se haya hecho nada, pero, como usted sabe, es un
tema importantísimo, especialmente para algunas comunidades
autónomas, y me gustaría saber si se ha avanzado algo, si ha
estudiado algo, o si tiene algún apunte de oferta a ésta y a otras
comunidades autónomas en esta materia que, sin duda alguna, tiene una
gran importancia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: En primer lugar, como no podía ser
menos, quiero expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
nuestro agradecimiento al ministro por su comparecencia hoy aquí, que
además se realiza a petición propia. Creo que ello supone una
manifestación más de las abundantes que ha hecho el
Gobierno, tanto el Ministerio de Administraciones Públicas, a través
de sus dos titulares, como en general todo el Gobierno a la hora de
solicitar la comparecencia en las comisiones correspondientes de esta
Cámara en orden a dar explicaciones acerca de la realidad que
constituye nuestro Estado. Desde ese esfuerzo, desde esa
sincronización con lo que es el Parlamento, queremos agradecer la
presencia del ministro de Administraciones Públicas en la última
reunión de esta Comisión que se celebra en esta legislatura.
Asimismo, agradecemos la información que ha facilitado sobre los
traspasos, información que afecta a todas y cada una de las
comunidades autónomas, así como a la esencia de lo que es el propio
Estado.
Sin duda alguna, la política de traspasos es uno de los ejes de lo
que ha constituido, de lo que constituye y de lo que debe constituir
una adecuada política autonómica. Existen también otros ejes en los
que no voy a entrar, pero en los que creo que se ha avanzado a lo
largo de esta legislatura, desde el sistema de financiación, basado
en una idea de corresponsabilidad fiscal que otros partidos también
incluían en su programa electoral, a la reforma de 11 estatutos de
autonomía, que ha propiciado que comunidades que accedieron, como se
decía anteriormente, por la vía lenta incrementasen notablemente sus
competencias. Esa reforma de los estatutos se ha realizado, como ha
señalado anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán,
con un altísimo grado de consenso por parte de todos los grupos, y a
pesar de ser el Grupo Popular el mayoritario en este Parlamento y en
la mayoría de las comunidades autónomas, se ha hecho un esfuerzo a la
hora de buscar lo que siempre hemos entendido que deben ser los
puntos de encuentro más que los puntos de discrepancia.
Respecto a la materia de transferencias, y al hilo de la intervención
del señor ministro, quisiera hacer una serie de breves
consideraciones. En primer lugar, los datos aportados por el ministro
de Administraciones Públicas revelan algo que para nosotros como
Partido Popular es importante, revelan que hemos cumplido nuestro
programa electoral en materia autonómica. Concurrimos a las
elecciones con el compromiso de impulsar el proceso de transferencias
y eso es precisamente lo que se ha hecho. No ha habido parón, no ha
habido retrasos. El proceso, como luego señalaré, se ha producido de
forma ordenada y en ese sentido creo que el impulso que se ha dado a
los procesos de transferencias es algo importante y que responde,
como antes decía, a lo que nosotros, en nuestro compromiso ante los
ciudadanos, asumimos.
En segundo lugar, hemos cumplido el compromiso que asumimos de
proceder a una homogeneización de las competencias, suprimiendo
diferencias. No quiero desconocer aquí en modo alguno, porque es una
realidad muy importante en las comunidades autónomas y creo que
también forma parte del acervo común de la nación que es Estado, lo
que significan los hechos singulares en diversas comunidades
autónomas. Desde el pleno respeto y también desde la potenciación
queremos destacar que se ha procedido en este tiempo a lo que también
señalábamos en nuestro programa electoral, que era llevar a cabo un
proceso de homogeneización de competencias entre las comunidades
autónomas. Anteriormente ha dicho el señor ministro que los procesos
del año 1979 al año 1983, las formas en que las
comunidades autónomas accedieron a su autogobierno, han dejado de ser
elemento diferenciador.
En tercer lugar, los datos que ha aportado el señor ministro revelan
algo que consideramos de especial importancia y que creo que rompen
un poco ciertos discursos que se han mantenido a lo largo de esta
legislatura, no en esta Comisión, lo cual agradezco. Queremos señalar
que, en modo alguno, ha habido discriminación a la hora de proceder
a las transferencias a las comunidades autónomas, cualquiera que fuera
el color político de las mismas. No ha habido discriminación por
razones partidistas. Se ha insistido en no pocas ocasiones a lo largo
de esta legislatura en que este Gobierno, en el proceso de
transferencias, favorecía a unas y discriminaba a otras. Sin embargo,
los datos están ahí. Se ha favorecido a comunidades gobernadas por
partidos nacionalistas, así como a comunidades gobernadas por el
Partido Socialista. Como decía el portavoz del Grupo Socialista, no
es en modo alguno una paradoja. Yo creo que esto es algo positivo. No
es algo que tenga que romper esquemas ni que deba ser algo anormal;
por el contrario, debe ser algo absolutamente normal. Los procesos de
transferencia están condicionados, sin duda alguna, por todo lo que
significa un proceso de negociación, un proceso de diálogo, de
evaluación de costes, etcétera, también de orientación política de
los gobiernos autonómicos y del Gobierno central, pero ni está, ni ha
estado nunca, ni va a estar presidida por la idea de discriminación o
por la idea de priorizar por razones partidistas.
Un cuarto dato que quisiera destacar, al hilo de la intervención del
señor ministro, es que creo que, en general, los traspasos se han
realizado de forma ordenada. Sin perjuicio de que sea una negociación
individual entre una comunidad autónoma y la Administración central,
creo que se ha procurado hacerlo por bloques, intentando cerrar las
distintas materias. En la exposición que ha hecho el señor ministro
se deduce claramente, sin perjuicio de la existencia de algún fleco
en alguna comunidad autónoma en alguna materia concreta que hace que
el proceso continúe abierto, que se ha tratado de cerrar materias, de
cerrar bloques, como así lo revelan los datos sobre la formación
profesional ocupacional o la ejecución de legislación laboral, sin
perjuicio, como decía, de algún pequeño fleco en alguna comunidad
autónoma para completar el ciclo.
En quinto lugar, quiero destacar que los traspasos no han sido un
premio a la gobernabilidad o el apoyo que se ha dado desde algunos
grupos al partido mayoritario en las Cortes Generales. Se ha estado
insistiendo en no pocas ocasiones en que tenían un carácter de
contraprestación, intentando favorecer -y esto sí que lo hemos
censurado en varias ocasiones desde el Grupo Popular- una política de
enfrentamiento o de envidias o celos entre comunidades autónomas. Los
datos que ha dado el ministro, los datos que están contenidos en la
realidad, demuestran que no ha sido así, no han sido premio alguno a
la gobernabilidad.
Podría ilustrar algún dato que creo que es revelador, a propósito de
la política de traspasos, y los celos que desde determinados sectores
políticos o partidistas se han intentado propiciar respecto a
comunidades autónomas que supuestamente han salido especialmente
beneficiadas de la política de traspasos, cuando no ha sido así, y
quiero simplemente dar el dato de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Los datos de que dispone este portavoz, y que en alguna ocasión
ha requerido mediante pregunta parlamentaria al Gobierno, revelan que
en la anterior legislatura, que fue más breve que ésta, se realizaron
18 traspasos de competencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Pues bien, en esta legislatura, un poco más larga, el número de
traspasos creo recordar que ha sido de 20. No puede hablarse de
ninguna discriminación, ningún trato preferencial ni ninguna
contraprestación a la gobernabilidad desde partidos que creo que con
una actitud responsable han contribuido a que España, en el contexto
no sólo nacional, sino también internacional, esté situada hoy en día
donde está.
Por otro lado, creo que los datos revelan la capacidad de
entendimiento entre el Estado y las comunidades autónomas. Para
nosotros esto es un valor esencial. Todo lo que sea propiciar foros
de encuentro o entendimiento entre el Estado y las comunidades
autónomas para nosotros es de gran importancia. En ese sentido
también quiero aludir -lo ha hecho el portavoz del Grupo Socialista y
coincido plenamente con él como responsable del Grupo Popular en esta
materia- a la importancia que tiene el principio de cooperación. Ha
tenido reflejo en esta legislatura en diversas actuaciones que ha
llevado a cabo este Gobierno, y ahí están el número de las comisiones
mixtas que se han reunido, pero también en otras áreas, como es el
gran número de convenios que se han firmado, creo que más de 1.200,
entre el Estado y las comunidades autónomas, o la reforma de la Ley
de régimen jurídico, en orden a propiciar planes y programas
conjuntos y otros instrumentos de cooperación, o también la reforma,
no digo reciente, pero sí muy inminente, de la propia Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional a propósito de buscar también, mediante
la potenciación de las conferencias bilaterales, lo que son puntos de
encuentro.
Creo, señor presidente, que todos, cualquiera que sea nuestra
adscripción e incluso nuestro carácter territorial, estamos llamados
a construir la realidad que es España, y desde el respeto a la fuente
de todo autogobierno que constituye la Constitución, sin perjuicio de
otros elementos históricos, nosotros hemos apostado a lo largo de
esta legislatura -y así lo ha hecho también el Gobierno- por todo lo
que signifique una cultura de encuentro.
Concluyo haciendo referencia a cuatro puntos, algunos ya señalados o
esbozados por otros intervinientes. En primer lugar, el dato del
reparto del gasto público que ha facilitado el ministro, y que va en
la línea de los que también venía dando el anterior titular, creo que
revela progresivamente un equilibrio muy importante. Se puede decir
en ese sentido que esos datos, especialmente cuando se culminen las
transferencias en materia sanitaria, van a poner de relieve que ese
50/25/25 que desde hace muchísimos años hemos venido oyendo no ha
quedado como una idea teórica, sino como una realidad, al menos en lo
que se refiere a las transferencias, al equilibrio entre el Estado y
las comunidades autónomas.
Queda pendiente -y coincido con lo manifestado por el Grupo
Socialista- lograr una mayor adecuación, una mayor participación de
las entidades locales. En esta legislatura se han realizado serios
esfuerzos en orden a propiciar seis leyes que reconocen el papel más
importante de las entidades locales, que, como se dice usualmente y
casicomo tópico, pero también como verdad, constituyen la
administración más cercana. Lo que también es cierto es que las
entidades locales, por sus propias competencias, que define la Ley de
bases de régimen local, tienen especiales relaciones con las
comunidades autónomas en orden a asumir transferencias cuya
titularidad es propia de la comunidad autónoma. Por ello, creo que en
el futuro habrá que propiciar, en la forma que se estime más adecuada
desde un punto de vista político, pero también desde un punto de
vista territorial, la potenciación de las competencias de las
entidades locales, desde el acuerdo siempre, como decía, con las
comunidades autónomas como titulares de esas competencias.
Por otro lado, quiero destacar -ha sido apuntado por el señor
ministro en su intervención y creo que es importante- que no se trata
simplemente de transferir por transferir o por hacer efectivo el
principio de descentralización. Desde luego se trata de desarrollar
la Constitución cuando se está descentralizando y transfiriendo, pero
también debe hacerse -y en ese sentido pongo de relieve lo que ha
señalado el ministro- desde una perspectiva importante, que es
siempre la del ciudadano, de modo tal que las transferencias, los
traspasos de servicios que se realizan, se hagan -se hacen siempre y
deben hacerse así- sin ningún tipo de merma de la calidad de los
servicios públicos que se prestan, garantizando que en el futuro la
comunidad autónoma, o en un segundo futuro las entidades locales que
asumen la gestión o la ejecución de esos servicios, los sigan
prestando de forma adecuada, y a ser posible incluso mejor, para los
ciudadanos.
Quiero hacer alusión a la idea de la responsabilidad. Ha hecho
referencia a ello la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Es esta
una constante en nuestro discurso como partido político. Consideramos
que mayor autonomía significa también una mayor responsabilidad, y
frente a posturas que pueden estar basadas solamente en victimismo o
en la mera reivindicación nosotros creemos que es necesario también
asumir esas responsabilidades ante los ciudadanos. No significa en
modo alguno que a las comunidades autónomas se les pueda privar del
derecho a reivindicar aquello que entienden que les corresponde y que
puede estar recogido en su norma institucional básica, no se trata en
modo alguno de ello, pero siendo indudable, como es, que España es un
Estado descentralizado, uno de los Estados más descentralizados del
mundo, donde las comunidades autónomas han asumido y asumen mucha
competencias, creo que, sin perjuicio de intentar dar una mayor
estabilidad al sistema, que es lo que se ha propiciado, también
favoreceremos todo lo que signifique la cultura de la responsabilidad
ante los ciudadanos.
Finalmente, dado que lo ha hecho el portavoz del Grupo Socialista,
siendo como es y sabiendo a fecha cierta que es la última reunión de
la Comisión, no ya de este periodo de sesiones, sino de esta
legislatura, quiero expresar en nombre de mi grupo la felicitación y
el agradecimiento a la Mesa de esta Comisión, y de una manera
especial, si se me permite, al presidente, por su sabia y cordial
actitud intentando buscar el consenso y el entendimiento. Creo que ha
favorecido también la propia actitud personal, porque esto sucede en
muchos órdenes de la vida, de todos los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios que integran esta Comisión. Reitero el
agradecimiento, a la Mesa, a la Presidencia,
a todos los servicios de la Cámara y al letrado, al igual que
al letrado que ejerció hasta hace año y medio, y nuestra felicitación
por toda la actuación llevada a cabo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías, por sus palabras, en
nombre de todos los miembros de la Mesa.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Para hacer algunas consideraciones respecto a las intervenciones de
los distintos grupos parlamentarios, a los cuales agradezco
sinceramente todas sus palabras.
Creo que es un valor muy importante, cuando estamos hablando de
nuestro modelo de organización territorial, que venga presidido por
unas relaciones de diálogo y de acuerdo, en un marco, por tanto, de
consenso, como han dicho prácticamente todos los grupos
parlamentarios. Ha sido en un proceso especialmente importante, dado
que la descentralización y el traspaso de competencias no sólo es
desarrollo del modelo constitucional y estatutario, sino que también
permite ser marco de encuentro permanente entre las comunidades
autónomas y la Administración general del Estado. En esos procesos de
acuerdo, de negociación y de traspaso, se tocan, prácticamente,
aquellos elementos esenciales del desarrollo autonómico, bienes
referidos a la mejor prestación de los servicios publicos o bien
referidos a la cooperación y a la colaboración entre las distintas
administraciones. Eso me parece una de las piezas claves que durante
estos 21 años ha subrayado nuestro modelo de organización
territorial.
Decía la portavoz del Partido Nacionalista Vasco que en mi
intervención había hecho mas referencia a los datos referidos a las
comunidades del artículo 143. Ello tiene una lógica: el grado de
desarrollo competencial asumido por la Comunidad Autónoma del País
Vasco y por consiguiente el desarrollo del Estatuto de Guernica tiene
ya un proceso -valga la redundancia- de desarrollo de asunción de
competencias muy alto, y han sido las del 143 las que han precisado
de un impulso mayor para la asunción de nuevas competencias que, en
el caso del País Vasco, aquéllas que restan por traspasar, como se
desprende clarísimamente de su intervención, independientemente de
los calificativos, que, aunque siempre han sido cordiales, son
menores. En cualquier caso, a esta comunidad, en esta legislatura, se
han producido seis traspasos, con un coste efectivo superior a los
700 millones de pesetas, y hace escasas semanas culminábamos un
acuerdo que ha sido muy complejo, largo en su discusión, como es el
traspaso de la autopista Bilbao-Behovia, que transcurre en su
integridad por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Así ha ocurrido en el resto de las comunidades con respecto
a aquellas transferencias que tenían pendientes. Con la Comunidad
Autónoma de Cataluña, efectivamente, ha habido un alto grado de
acuerdo. El número de traspasos, como recordaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, ha sido 20, algunos de ellos de singular
importancia, y han ido marcando esa validez y esa vigencia delmodelo
establecido, tanto en el estatuto de autonomía
como en el marco constitucional, presidido, quiero ratificarlo, por
el acuerdo, por el diálogo, por el consenso y, en todos los casos,
con la vista puesta en el interés general.
Decía el Grupo Socialista que había dos lagunas fundamentalmente: una
referida a Asturias y otra a Andalucía. Con Asturias, esperamos que
en los próximos días podamos concluir en la comisión mixta todos los
acuerdos de traspasos y de transferencias que se encontraban
pendientes. Es verdad que Asturias, por motivos singulares, había
quedado bastante retrasada con respecto al resto de las comunidades
autónomas en el proceso de transferencias, pero, señor portavoz del
Grupo Socialista -no lo ha dicho usted, pero por si acaso-, en ningún
momento imputable a la voluntad del Gobierno, que ha querido llevar
un proceso de traspaso de competencias equilibrado y acompasado en
todas las comunidades autónomas y, además, creo que se ha logrado. En
Asturias, esperamos que en los próximos días podamos concluir,
también con éxito, todas las transferencias pendientes. Tenemos la
voluntad de hacerlo en una sola comisión mixta y, por tanto, antes de
acabar la legislatura, Asturias se colocaría en el mismo nivel
competencial y, en consecuencia, de grado de desarrollo de su
estatuto, en cuanto a la asunción de competencia, que el resto de las
comunidades autónomas, porque esperemos que vaya incluida la
educación no universitaria. Por consiguiente, se colocaría, repito,
en la misma posición.
Dice que el punto de mayor crítica podría encontrarse en Andalucía.
Quiero explicarle una cosa, si es que esa crítica, como es lógico, va
dirigida al Gobierno. Cuando el Gobierno consigue llegar a acuerdos
con todas las comunidades autónomas, sean del signo político que sean
pues se ha llegado a acuerdos, como hemos visto en esta comisión, con
los partidos nacionalistas, se ha llegado a acuerdos con el Partido
Socialista, con competencias tan complicadas como es la educación en
Castilla-La Mancha, en Extremadura, recientemente todo un paquete de
competencias en Asturias, como usted mismo reconocía, no sé a quién
debe ir dirigida su crítica de que con alguien no se pueda llegar a
ese acuerdo. Siempre que ha habido espíritu de colaboración, de
díálogo, se han llegado a acuerdos para traspasar las competencias.
Estamos hablando de los intereses generales y de algo tan importante
como es nuestro modelo de organización territorial y yo creo que hoy
podemos constatar que no ha existido desde el Gobierno voluntad de
discriminar a ninguna comunidad autónoma. Pero es que, aun en los
supuestos que usted dice y con las dificultades que ha apuntado,
tampoco puede hablarse de discriminación, desde el punto de vista del
Gobierno, con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha habido traspasos
por un coste efectivo casi de 20.000 millones de pesetas durante esta
legislatura, 19.887 millones. El próxima día 17 está prevista la
celebración de una comisión mixta con Andalucía para traspasarles
tres nuevas competencias. Esto es sensiblemente diferente de lo que
hubo en la anterior legislatura, en la que solo existieron tres
reuniones de la comisión mixta con Andalucía. Por tanto, no hay
diferencia sustancial entre una y otra legislatura. Para que vea que
no existen esas discriminaciones y salvando todas las distancias
competenciales, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha tenido un coste
efectivo traspasado de 6.915 millones y, como le decía ahora, la de
Andalucía, de 19.887 millones; o sea que, a pesar de las
dificultades, me parece que, con precisión y
con rigor, no se puede hablar de discriminación desde el punto de
vista del Gobierno.
Hacía usted también un análisis sobre el reparto del gasto público y,
además, creo que ello es coincidente con el comienzo de su
exposición. Es cierto el paso que hay que dar y que en los retos que
quedan pendientes en nuestro modelo de organización territorial está
la asunción de nuevas competencias por parte de las corporaciones
locales. He dicho en muchas ocasiones que es el momento para hacer
ese traspaso de competencias ahora desde las comunidades autónomas a
las corporaciones locales. Puede tener su lógica que en estos 21
años, en los que hemos tenido un proceso tan importante, pero también
tan rápido desde un Estado fuertemente centralizado al grado de
descentralización que ahora existe desde la Administración del Estado
a las comunidades autónomas, no hayan tenido quizás el protagonismo
debido las corporaciones locales en ese traspaso de competencias.
Pero ahora, con el alto grado que hoy hemos visto que existe, creo
que es el momento y que existe el marco adecuado, después del pacto
local, para que, a través de pactos locales autonómicos, que es la
fórmula esencial en la que el Gobierno puede tener toda la
cooperación, toda la colaboración y ayuda, se produzca desde acuerdos
entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales, dado que
los traspasos que pueden asumir, esencialmente las corporaciones
locales, son materias que en estos momentos se encuentran con
competencia en las comunidades autónomas. Además, por la diversidad
de nuestras corporaciones locales. Me refiero a aquellas competencias
que tengan interés en asumir las corporaciones locales, porque este
proceso, igual que el autonómico, tiene que ser voluntario. Seguro
que las del área metropolitana de Barcelona no son las mismas que las
de los municipios de Castilla y León. Por eso, una receta igual para
todos es muy difícil. Estamos insistiendo en que hay que impulsar -y
todos los grupos políticos, todos los partidos tenemos un papel muy
importante que jugar ahí- esos pactos autonómicos locales para
traspasar competencias que puedan prestar con una mayor eficacia y
agilidad por la proximidad las corporaciones locales. Ese es uno de
los temas sobre los que en el futuro tendremos que trabajar con
intensidad y desde la colaboración todos los grupos políticos. Lo es
también que, una vez alcanzado este grado de madurez en el traspaso
de competencias, de responsabilidad política de las comunidades
autónomas -y lo he dicho en muchísimas ocasiones-, junto con ese
proceso de traspasos hacia las corporaciones locales, nuestro modelo
de organización territorial debe venir presidido por la cooperación
y la colaboración. Creo que este es el gran tema de futuro en el
desarrollo de nuestro modelo.
Me parece haberle entendido que es necesario potenciar algunos de los
instrumentos para esa cooperación. Si esto es así estoy de acuerdo.
En estos momentos hemos intentado -y durante esta legislatura creo
que se ha conseguido en buena medida- caminar en esta dirección.
Pienso que tenemos instrumentos adecuados: las conferencias
sectoriales son un lugar de encuentro, de puesta en común, un foro de
debate entre las comunidades autónomas y la Administración general
del Estado a la hora de conformar determinada voluntad o determinadas
posiciones. Usted ponía el acento esencial en que deberían estar en
el Senado
-ahora haré una referencia al Senado-, pero desde luego no sólo ahí.
Me parece que hay otros instrumentos como este, como es el de las
conferencias sectoriales, que están funcionando bien y que además
deben potenciarse de cara al futuro. Las comisiones bilaterales, los
programas conjuntos entre las distintas administraciones para abordar
un problema, con respeto absoluto a las competencias de cada uno pero
colaborando para, cuando haya un problema en un determinado
territorio, poder abordarlo, las propias comisiones mixtas, me parece
que son instrumentos adecuados de colaboración y de cooperación entre
las distintas administraciones. Y alguna referencia se ha hecho,
desde ese ánimo de potenciar, como es la reciente reforma que hemos
aprobado en el Congreso y que está en tramitación en el Senado, a las
comisiones bilaterales en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Hablaba en su intervención el Grupo Socialista del papel del Senado y
de lo que ha ocurrido durante esta legislatura. De lo que el Gobierno
conoce -porque este esencialmente es un tema que corresponde a los
grupos parlamentarios-, no puedo compartir que nada se haya avanzado.
Es cierto que se ha hecho en el ámbito de la comisión creada al
efecto para la reforma del Senado, pero me parece que se ha llegado a
un alto grado de acuerdo y de consenso en aspectos esenciales de ese
diseño del Senado para ver por dónde debe discurrir ese futuro del
Senado como Cámara de representación territorial. Ha habido algunas
dificultades e incluso sobre ese consenso algunos cambios de algunos
grupos políticos, que han variado sustancialmente también el rumbo de
algunas de las negociaciones que había. El propio Grupo Socialista,
en un momento determinado, hizo una propuesta pública que cambia
sustancialmente lo que hasta ese momento se había venido trabajando,
en la dirección de dejar de ser una Cámara parlamentaria y, por
tanto, de representación de los ciudadanos. El Grupo Socialista
propuso en un momento -no sé si todavía sigue defendiéndolo o no- una
cámara que representase a los gobiernos y, por tanto, que tuviese,
como el modelo alemán, otras funciones distintas de las que en estos
momentos tiene el Senado y en las que en el ámbito de su Comisión se
había llegado a un alto grado de acuerdo. Me parece que el trabajo
que se está haciendo en esa Comisión para adaptar al Senado como
cámara de representación territorial es positivo; que los trabajos
son buenos; que todavía hay elementos en los que no hay acuerdo,
fundamentalmente en cómo se van a tratar los hechos diferenciales. Es
necesario, para abordar cualquier reforma de este tipo, un altísimo
grado de consenso y hasta que éste no exista no será posible, pero
todo el debate, todo el diálogo y todos los estudios creo que no es
bueno calificarlos de inútiles o de estériles, sino que, desde mi
punto de vista, son positivos.
Dicho todo esto y para finalizar mi intervención, quiero sumarme a lo
que han manifestado los portavoces de los grupos parlamentarios con
respecto al talante que ha existido en esta Comisión,
fundamentalmente de la mano de la Mesa y de la Presidencia. Quiero
agradecer cómo nos ha facilitado siempre el trabajo para desarrollar
en las mejores condiciones, para facilitar a todos ustedes el debate
pero también la información. Esto hace sentirse cómodo y eso,
efectivamente, como alguien decía, siempre tiene mucho que ver con
los talantes personales y, por tanto, al presidente
en primer lugar y a los portavoces de los grupos parlamentarios en
segundo lugar he de agradecerles ese comportamiento y ese talante.
Sí quería hacer una brevísima referencia a algo que tiene que ver con
lo que hoy hemos hablado y ha sido objeto de la comparecencia -ya lo
he dicho en mi primera intervención-, que es el acierto que los
españoles tuvieron y tuvimos cuando se diseñó el modelo
constitucional y estatutario. Se acordó en esos momentos un modelo de
convivencia, un modelo de convivencia en libertad y en democracia.
Ello nos ha permitido veintiún años de estabilidad, de progreso, de
descentralización y de pluralidad. Creo que cuando acaba en esta
Comisión la legislatura es momento adecuado -y me alegro que lo hayan
hecho prácticamente todos los grupos parlamentarios- para redoblar y
confirmar nuestras convicciones en la validez y en la vigencia de ese
modelo constitucional, de ese modelo estatutario para el futuro. No
me parece que sea momento para poner en duda, como se ha hecho, ese
modelo, insisto, de convivencia entre todos los españoles, y por eso
confirmo y reafirmo la convicción del Gobierno en que ese lugar de
encuentro, de convivencia, de libertad y democracia que son los
estatutos de las distintas comunidades autónomas y que es la
Constitución debe ser el camino también para el futuro, para comenzar
el próximo siglo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, al acabar esta, que yo no sé pero
parece que va a ser, porque todo el mundo lo dice, la última
comparecencia del señor ministro ante esta Comisión, también quiero
agradecer, creo que en nombre de todos los diputados y las diputadas
que forman parte de nuestra Comisión de Administraciones Públicas, la
sensibilidad que el Ministerio, con su actual titular, con su
anterior titular y los altos cargos de su confianza, alguno de los
cuales está presente en esta sala en este momento, ha tenido con los
trabajos de esta Comisión, cuyas posibilidades de acción han
facilitado. Creo que es de justicia reconocer esta sensibilidad, lo
hago muy gustosamente para que conste también en el «Diario de
Sesiones» de esta sesión. Muchas gracias, señor ministro. Le ruego
que transmita esta reflexión en nombre de todos los componentes de la
Comisión a sus colaboradores y al ministro Mariano Rajoy.
PREGUNTAS:
- DE LASEÑORARUBIALES TORREJÓN, (GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO), SOBRE
FECHA PREVISTAPARACONVOCAR ALCONSEJO DE
POLÍTICAFISCALYFINANCIERAPARAA` EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 181/
002723.)
- DE LA SEÑORA RUBIALES TORREJÓN, (GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO),
SOBRE FECHAPREVISTAPARACONVOCAR AL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y
FINANCIERA PARA ESTUDIAR LAS BASES DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA.(Número de expediente 181/002724.)
- DE LA SEÑORA RUBIALES TORREJÓN, (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO),
SOBRE FECHA PREVISTA PARA CONVOCAR AL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y
FINANCIERA PARA FIJAR LOS CRITERIOS DE REPARTO DEL FONDO DE
NIVELACIÓN. (Número de expediente 181/002725.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el orden del día para
la contestación por el señor ministro a las preguntas parlamentarias
que figuran a continuación.
Las tres primeras preguntas tendrán una tramitación conjunta y serán
formuladas por el señor Rodríguez Zapatero, en nombre del Grupo
Socialista.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor ministro, voy a formularle de
manera conjunta y consecutiva las tres preguntas que aparecen
individualizadas en el orden del día de la Comisión, las números 2, 3
y 4, teniendo por entendido, señor presidente, que la número 5 está
retirada por el propio Grupo Socialista, la relativa al tema de las
visitas del Gobierno a los diferentes territorios. No sé si ya estaba
retirada o se hace en este acto.
El señor PRESIDENTE: La damos por retirada, señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Espero que las preguntas sean
contestadas. Lo digo porque -seguramente por olvido- ha habido
alguna, en relación con Castilla y León, a la que no me ha contestado
el ministro, aunque luego seguramente lo podría hacer, porque tenía
un cierto interés. Espero también que la contestación del ministro se
mantenga en los términos de cordialidad que hemos tenido pero que
incorpore un poco más de visión autocrítica de la que le he escuchado
en la intervención -sin volver a ella- sobre lo de Asturias y
Andalucía, porque creo que las posiciones son muy conocidas.
Vamos a entrar en una materia que tiene un perfil distinto, que sin
duda tiene una importancia destacada en relación con el
funcionamiento del Estado autonómico, que ha sido objeto de reflexión
en la comparecencia anterior, aunque el señor ministro ha optado por
el silencio en el reto que yo el he lanzado inicialmente; me parece
que está en su derecho, aunque creo que debería ejercer un papel de
mayor protagonismo por el Ministerio al que representa, sobre todo en
la apelación a la esencia del Estado autonómico, que es el consenso y
el diálogo. Hay varios pilares de la Constitución de 1978 y uno de
ellos, entre los tres o cuatro fundamentales, es el Estado
autonómico. La Constitución es ante todo consenso y creo que todo
Gobierno, y éste por supuesto, debe tener como norte permanente y
esencial liderar, protagonizar y hacer el máximo esfuerzo en la
búsqueda del consenso y no me parece una buena estrategia devolver la
pelota a las comunidades autónomas. Sabemos que el diálogo es
complicado, difícil, pero quien más tiene que poner seguramente es el
Gobierno.
El Grupo Socialista tiene una cierta preocupación por lo que
podríamos llamar un deterioro institucional motivado por la decisión
del Gobierno de tener paralizado un órgano importante de relaciones
entre el Estado y las comunidades
autónomas, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es
conocido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano
enormemente importante para el debate de las cuestiones que afectan a
la dimensión financiera de las comunidades autónomas. Quiero recordar
que el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera
establece en su artículo 6.3 la obligación de que dicho órgano sea
convocado como mínimo dos veces al año. A este respecto hay que decir
que en el año 1998 el Consejo sólo fue convocado una vez, el día 27
de marzo, y en el año 1999, que termina ahora, el Consejo no ha sido
convocado ni una sola vez.
En virtud de lo anterior, el Gobierno de la nación debería explicar
qué motivos han impulsado la vulneración de una norma con un
contenido tan claro y preciso como es el artículo 6.3 del reglamento
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En nuestra opinión, este
incumplimiento se explica aún menos si tenemos en cuenta que hay
cuestiones de indudable importancia que forzosamente se tienen que
debatir en el seno del Consejo. Quiero hacer referencia a dos
cuestiones que creo que se han tenido que debatir y se deben debatir
en el seno del Consejo. La primera, negociar el próximo modelo de
financiación de las comunidades autónomas y la segunda, la
instrumentación de las asignaciones del llamado Fondo de nivelación.
Como es conocido, el período de vigencia del modelo de financiación
de las comunidades autónomas para el quinquenio 1997-2001 ha pasado
ya su ecuador, ampliamente por cierto. Es innegable que una de las
críticas más severas que se puede hacer de tal modelo es que el mismo
fue acordado, lamentablemente, en nuestra opinión, de forma
apresurada, sin el necesario y sosegado debate por las partes
interesadas. Las consecuencias de ello son conocidas por el señor
ministro, y le invoco un argumento que utilizaba anteriormente: fue
rechazado por tres comunidades autónomas, ha sido reformado tres
veces en menos de dos años, es rechazado incluso por alguna de las
comunidades autónomas que lo propugnaron y acumula más de 30 recursos
de inconstitucionalidad. En este contexto es imprescindible que se
proceda -y es una petición formal que le hace el Grupo Socialista- a
sentar las bases sobre las que debe girar el debate del modelo para
el quinquenio 2002-2007; bases que necesariamente, en nuestra
opinión, deberían haber sido ya fijadas en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Y podría tener la virtualidad,
seguramente, de extraer este debate sobre el nuevo modelo de
financiación autonómica de los avatares o las coyunturas políticas,
de procesos electorales, tanto de elecciones generales, de formación
de mayorías o de procesos de las comunidades autónomas. La
inteligencia práctica para que ese consenso sea más factible, para
que el modelo sea mejor seguramente haría que se hubiera podido
avanzar algo en las bases del nuevo modelo, porque el Gobierno sabe,
además, que el Grupo Socialista no lo ha compartido en ningún
momento.
Por lo que respecta a las asignaciones de nivelación, el acuerdo
sexto del modelo para la financiación de las comunidades autónomas
para el quinquenio 1997-2001 fijaba un calendario concreto para la
instrumentación efectiva de estas asignaciones. Por otro lado, los
Presupuestos Generalesdel Estado de los años 1997, 1998 y 1999 así
como el
proyecto del 2000, que estamos a punto de aprobar en esta Cámara,
contemplan dotaciones para estas asignaciones sin distribución alguna
de las cantidades presupuestadas. Es por tanto imprescindible, desde
nuestra perspectiva, al igual que en el caso anterior, proceder a
impulsar la cuantificación y distribución de estas asignaciones que
deben hacerse obligadamente en el seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera.
Y le tengo que hacer las siguientes preguntas concretas. Primera.
¿Por qué motivos incumple el Gobierno central, más concretamente el
vicepresidente segundo del Gobierno, el artículo 6.3 del reglamento
del Consejo de Política Fiscal y Financiera al no convocar desde el
27 de marzo de 1998 este órgano? Segunda. ¿Cuándo piensa el
vicepresidente segundo del Gobierno convocar el Consejo de Política
Fiscal y Financiera? Tercera. ¿Tiene intención el Gobierno central de
fijar las bases de debate del modelo de financiación de las
comunidades autónomas para el quinquenio 2002-2007 en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera? Cuarta. ¿Tiene intención el
Gobierno central de proceder a la cuantificación y distribución de
las asignaciones de nivelación, de acuerdo con las previsiones del
acuerdo sexto del modelo de financiación para el quinquenio 1997-
2001? Quinta. ¿Tiene intención el Gobierno Central de proceder a una
distribución entre las diferentes comunidades autónomas como cantidad
a cuenta de las cantidades dotadas en los Presupuestos Generales del
Estado para los años 1997, 1998, 1999 y 2000, como asignaciones de
nivelación?
Esas son las preguntas, creo que bastante concretas, que le quiero
formular, más allá de la reflexión inicial sobre nuestro profundo
malestar en esta materia en concreto por cómo el Gobierno ha llevado
a cabo la revisión del modelo de financiación. Pero lo importante
casi ya no es el pasado. Decía Ortega en esta Cámara que la vida es
siempre una acción que se ejecuta hacia adelante. Lo importante es
que el Gobierno haga alguna declaración de principios sobre su
posición de futuro en torno a estas dos cuestiones: una, nuevo modelo
de financiación, bases -que habrá que empezar a hablar-; y dos -esta
sí es una cuestión casi más de presente-, instrumentación para el
tema de los fondos de nivelación.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua): Si
bien es verdad que lo importante es mirar hacia el futuro, me
permitirá, como ha hecho S.S., mientras llega ese futuro, hacer una
reflexión sobre el modelo de financiación, aunque sea redundante con
las posiciones que llevamos manteniendo y debatiendo durante el
último año con el Grupo Socialista. Previamente, quisiera hacer un
comentario sobre el trabajo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y los objetivos esenciales que en estos momentos tiene
pendiente, para entender la situación y muchas de las preguntas que
S.S. ha realizado.
Fundamentalmente -luego hablaré de la financiación autonómica- hay
dos objetivos muy importantes que tenía que cumplir el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y dos trabajos que desarrollar, que son
objeto de su pregunta. Por una parte, el reparto de las asignaciones
de nivelación
y, por otra, los impuestos especiales, es decir, una parte de lo que
puede ser ese futuro modelo de financiación. Estos eran los dos
trabajos fundamentales que está desarrollando el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
Sobre alguna de las posiciones y críticas que ha hecho S.S., tengo
que decirle que durante esta legislatura el Consejo de Política
Fiscal y Financiera se ha reunido, para tratar un tema y abordarlo
con seriedad, con trabajo y con rigor, más que en ninguna otra. El
grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha
reunido en seis ocasiones. Como conoce, este grupo de trabajo está
formado por todos los miembros de dicho Consejo, en distintos niveles
de representación. En estas seis ocasiones, para desarrollar muchos
trabajos puntuales, han abordado el reparto de las asignaciones de
nivelación. Se ha ido avanzando en un acuerdo que era complejo, que
es ponerse de acuerdo en cuáles son los servicios esenciales o los
servicios fundamentales a nivelar. Después de diversos tipos de
estudios, en los que ha participado el Gobierno facilitando todo tipo
de propuestas y documentaciones, así como las comunidades autónomas
-algunas veces de manera compleja por la diversidad lógica de
propuestas-, para acordar las tres materias esenciales objeto de
servicios fundamentales sobre los que poder repartir esas
asignaciones de nivelación. Finalmente se concluyó en un principio de
acuerdo de que las materias que podrían ser objeto de asignación de
recursos serían la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Había que dar un paso más para poder repartir esas asignaciones de
nivelación y se concretaron los estudios en la educación,
fundamentalmente en la educación universitaria. ¿Por qué el Consejo
de Política Fiscal y Financiera quiere poner ahí el acento? En primer
lugar, por la facilidad que tenía, ya que hemos visto en la
comparecencia anterior que la educación universitaria estaba
transferida a todas las comunidades autónomas y lógicamente era un
interés, por tanto, un servicio esencial, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo; otra
cosa era ponerse de acuerdo en cómo se efectuaba ese reparto, en el
que además influían otras cuestiones, como es la autonomía
universitaria, etcétera.
Yo creo, por tanto, que se ha avanzado y se ha avanzado de manera
razonable y muy importante, no exento de dificultades y de
situaciones complejas. Pero, para seguir avanzando en esa dirección,
en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado el grupo
parlamentario que apoya al Gobierno presentó algunas enmiendas para,
de acuerdo y conforme con el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
con sus trabajos y recomendaciones hechas durante este tiempo,
producir unos repartos de esas cantidades que se encontraban
consignadas, bien a través de convenios plurianuales de colaboración
entre las comunidades autónomas y las universidades -por tanto, los
rectores, porque hay esa parte que decía antes de competencia y de
autonomía universitaria- como desde la Administración general del
Estado, para que se asignen unos determinados recursos. Lo que se
propone son 7.000 millones de pesetas para determinadas cuestiones
universitarias y para resolver algunos de los problemas que tenía
derivados de la estabilidad económica y otra serie de criterios que,
si le interesa, podemos pormenorizar, dirigidos a esa materia de
enseñanza universitaria. Otra propuesta es
el reparto de un máximo de 3.000 millones de pesetas, porque tiene
que ser de acuerdo con las comunidades autónomas, para suscribir
convenios para concesión de ayudas universitarias, es decir, un
incremento sobre becas. Los acuerdos y los trabajos del Consejo de
Política Fiscal y Financiera han sido positivos y seguimos trabajando
en cuanto a la iniciativa y a la capacidad de propuesta en la
dirección que han apuntado.
El otro tema que tenía pendiente el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y del que el grupo tenía encomendados algunos trabajos era
el reparto de impuestos especiales. Respecto a aquel acuerdo, el
Gobierno ha venido realizando y elaborando una serie de trabajos y de
propuestas para dotar de mayor facilidad al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, al grupo de trabajo en concreto. Para el próximo
día 22 de este mes está convocado ese grupo de trabajo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, para que puedan profundizar en ese tema
que tenían encomendado, que es de importancia y relevancia. En
consecuencia, desde un punto de vista positivo, no creo que pueda
decirse con rigor que los trabajos no están siendo importantes,
eficaces, y que no se está avanzando, sino todo lo contrario.
Entramos en la tercera de las preguntas que formula el Grupo
Socialista, que es la convocatoria para tratar sobre el futuro modelo
de financiación autonómica. Como S.S. conoce perfectamente -este
debate es verdad que lo hemos mantenido ya en muchas ocasiones- y en
relación con la otra parte de su pregunta del balance del modelo, hay
dos cuestiones fundamentales. En cuanto al avance del modelo, no creo
que haya ninguna comunidad autónoma de las que se acogieron al modelo
que no tenga toda la información pormenorizada de la liquidación
definitiva de 1997, que es la única que hasta este momento se ha
producido. El Gobierno ha informado puntualmente, no sólo a cada una
de las comunidades autónomas que se acogieron al modelo sino de forma
exhaustiva al resto de las comunidades, de cuál ha sido la
liquidación definitiva de su comunidad autónoma y, por tanto, de la
propia evolución del modelo, con unas conclusiones que son
clarísimas, que podemos reiterar y que no importaría que se
incorporaran, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, a cualquiera
de estas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que
van a tener lugar. Se ha producido justo lo contrario de lo que la
mayoría de los portavoces de su grupo parlamentario había previsto
como un modelo insolidario, que iba a beneficiar a las comunidades
más ricas en detrimento de las más pobres; se ha producido exacta y
rigurosamente todo lo contrario, con los datos y con las cifras de la
liquidación de 1997. Ha sido un modelo profundamente solidario que ha
avanzado en esa materia, que ha beneficiado más a las comunidades que
más lo necesitaban, es decir, a las comunidades con menor nivel de
renta. Además, ha sido un modelo que ha avanzado también en la
suficiencia financiera, que ha dotado de mayores recursos a las
comunidades autónomas con respecto al modelo anterior. También ha
incrementado el tercero de los objetivos que pretendía, que es la
corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Prácticamente ya son
muy pocas las que no han ejercitado su capacidad de
corresponsabilidad fiscal, de tomar decisiones políticas sobre las
atribuciones fiscales y financieras que les atribuye este modelo. Por
tanto, el balance, que ha sido positivo, se deriva
exclusivamente de los datos y de los hechos que conocen en este
momento todas las comunidades autónomas.
Respecto al modelo del futuro, va a tener unas bases que van a ser
precisamente estas mismas con toda seguridad -ojalá sea con el máximo
grado de acuerdo y de consenso-, como son incidir en la
corresponsabilidad, en la solidaridad y en la suficiencia financiera
para la prestación de los servicios públicos. Pero, como usted bien
conoce, ese nuevo modelo, a diferencia de lo que en algún momento
también ha propuesto su grupo, no va a ser efectivo hasta el 1 de
enero del 2002, que es cuando finaliza el periodo de vigencia del
actual y, por tanto, hay dos años para debatir y llegar a acuerdos
sobre esta materia. Se van a aportar, lógicamente, los trabajos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera en materias como los
impuestos especiales, al que hacía referencia anteriormente, que
podrían o no -lo decidirá el propio Consejo- discutirse para el
próximo modelo.
En consecuencia, como he dicho en muchas ocasiones, y sin ánimo una
vez más de polemizar, yo creo que el Partido Socialista se ha
encontrado en esta materia -de verdad lo creo- en una mala posición
por una decisión equivocada. Tomaron la decisión equivocada de pedir
a las tres comunidades autonómas gobernadas por el Partido Socialista
que no se incorporasen al modelo, precisamente para no dar, insisto,
desde mi punto de vista, equivocadamente -y lo digo por el principio
de sus palabras de que había que buscar siempre el consenso-, la baza
al Gobierno de que lograse un acuerdo sobre el modelo de financiación
autonómica que, con los datos, con las cifras, no con las
valoraciones políticas, ha perjudicado claramente a los ciudadanos de
las comunidades autónomas que no se acogieron al modelo, por lo que
la reforma del mismo ha sido objeto de intervenciones, debates y
discusiones permanentes, sin mucha causa más que buscar la
justificación de una decisión que fue política y, desde mi punto de
vista, equivocada.
Hablábamos anteriormente de la validez y de la vigencia de nuestro
modelo de organización territorial, y uno de sus elementos esenciales
es el modelo de financiación, que creo que debe ser ampliamente
consensuado, ampliamente acordado, y además creo que el futuro modelo
debe tener una vocación de estabilidad, incluso por un periodo
superior al actual. Quizá, con el alto grado de desarrollo
competencial que hemos visto en la comparecencia anterior, pueda ser
aconsejable -esto será objeto de discusión en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera- que los modelos de financiación no tengan que
ser revisados en su totalidad cada cinco años. Eso tenía sentido en
un proceso muy ágil de traspasos de competencias, pero creo que
ahora, cuando ya se ha alcanzado un amplio desarrollo competencial,
que tiende por tanto a la estabilidad, el modelo de financiación
también debe tender a la estabilidad. Y si se lograse para el próximo
modelo, para el 2002, un alto grado de consenso y de estabilidad en
el tiempo, podría hacerse luego adaptaciones o revisiones puntuales,
pero no sería necesario revisar cada cinco años la totalidad del
modelo. No obstante, repito, esto será objeto de discusión en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera en su momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor ministro, ya veo que tiene una
pertinaz tendencia a no responderme sobre lo de Castilla y León, como
me había vuelto a prometer. No sé si es que quiere -supongo que no-
olvidar a su tierra, pero en todo caso contésteme por escrito cuando
sea, y no pasa nada.
Ha optado por la vía de escurrirse a las preguntas concretísimas que
yo le he planteado y por la estrategia de confrontar las posiciones,
camino por el que yo no había ido, sobre el análisis y la valoración
del modelo de financiación. Me parece que reiterar hasta el cansancio
lo que unos y otros pensamos sobre el vigente modelo de financiación
tiene poco sentido. Ustedes extraen unas conclusiones de la
liquidación de 1997 y nosotros otras muy diferentes. Lo hemos
confrontado públicamente, y esperemos que en algún momento una
instancia más objetiva pueda poner el punto de razón a lo que a
nosotros nos parece un modelo que ha tenido que ser remendado y que
es bastante chapucero en su conjunto. Pero le he insistido en que no
quería reabrir un debate que además sostiene con mucha más pasión, y
con mucho más fundamento, que yo la señora Rubiales. Por tanto, no
iba por ahí mi intención, sino que yo quería hacerle preguntas
concretas. ¿Es verdad que el artículo 6 del Reglamento del Consejo
dice lo que dice: que se tiene que reunir dos veces al año? ¿Sí o no?
Es verdad, porque lo dice, y está en el BOE. Yyo le pregunto por qué
el Consejo se ha convocado en 1998 sólo una vez y en 1999 ni una sola
vez. Eso es lo que le pregunto; no le he preguntado por los impuestos
especiales, se lo aseguro, que es un tema ciertamente muy importante,
pero le pregunto sobre lo que le pregunto. Y también le he preguntado
si el Gobierno ha tomado alguna decisión sobre cómo instrumentar y
distribuir las partidas que se han ido contemplando en el fondo de
nivelación. Es a esto a lo que quiero que me responda; por tanto, no
se extrañe de que yo haya dicho que se ha escurrido. Yle he
preguntado también si tiene decidido el vicepresidente segundo del
Gobierno, que es a quien corresponde, convocar en un horizonte
inmediato el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No voy a pedir
amparo al presidente después de todo lo que hemos dicho esta mañana
sobre su ponderación, pero sí le pido que haga un esfuerzo, señor
ministro, para responderme a las preguntas concretas que le he
planteado y que tengo que reiterar en este segundo turno de
intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Intentaré facilitar al presidente su labor y a S.S. este papel que le
ha tocado de portavoz en una materia en sustitución de la titular
competencial, dado que de la materia hemos estado hablando toda la
mañana.
Sinceramente creo que he contestado a las preguntas que S.S. ha
formulado y que le he dado una explicación del trabajo que estaba
desarrollando el Consejo de Política Fiscal y Financiera para
acreditar que la impresión general que trataba de transmitir S.S. no
se ajustaba a la realidad y que ha ocupado el 80 por ciento de su
tiempo en criticar el modelo de financiación autonómica, lo que
exigía obligatoriamente una respuesta.
En cuanto a las preguntas concretas sobre el reparto de las
asignaciones de nivelación, le he indicado las enmiendas que están en
estos momentos en tramitación en los Presupuestos Generales del
Estado, una de ellas para repartir 7.000 millones en educación
universitaria y otra de 3.000 millones de pesetas para becas, para
las que lógicamente habrá que hacer convenios con las comunidades
autónomas porque esta asignación así lo requiere. Esta es la
concreción máxima que puedo darle de la propuesta que hemos hecho
para hacer el reparto. Puede haber otras, pero esta es la que se ha
hecho, y me parece que no puede ser más concreta ni más precisa mi
contestación.
En cuanto a por qué le he hablado de los impuestos especiales, tengo
que decirle que se va a reunir el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y le he expuesto una trayectoria de los trabajos que
estaba realizando y el objeto de los mismos. Respecto a si el Consejo
tiene encomendado, por acuerdo del mismo, como una de las prioridades
en estos momentos elaborar una propuesta sobre los impuestos
especiales y su posible agregación o integración al modelo de
financiación autonómica del futuro, que es uno de los elementos
prioritarios sobre los que está trabajando, le he dicho lo que había
en concreto, es decir, una convocatoria para el próximo día 22 del
grupo de trabajo, que, como usted conoce, forman todos los miembros
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque pueden tener
distinto nivel de representación en el Consejo. Este es el trabajo
previsto para el próximo día 22, y además se pueden incorporar
algunos de los asuntos que S.S. podía tener interés en tratar. Por
tanto, creo que la respuesta ha sido lo más concreta posible respecto
a las cuestiones previstas. Si lo que usted quiere es que además le
ratifique lo que dice el Reglamento, le contesto que, efectivamente,
lo dice.
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos, señorías, durante un minuto la
sesión para despedir al señor ministro y continuamos con el orden del
día. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE PROMUEVA CON LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS PARALAOBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CAZA Y PESCA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001632.)
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE PROMUEVACONVERSACIONES CON LAS
DISTINTAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS PARA LOGRAR MAYORES GRADOS DE
HOMOGENEIDAD EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CAZA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001689.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. El punto siguiente del
orden del día es el debate y votación de
las proposiciones no de ley sobre la simplificación de los trámites
administrativos para la obtención de licencias de caza y pesca y
sobre la posibilidad de lograr mayores grados de homogeneidad en la
legislación en materia de caza que tramitaremos conjuntamente.
El grupo proponente puede hacer uso de la palabra. El señor De Luis
la tiene.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Me alegro de que la presentación y el
debate sean conjuntos porque era la propuesta que pensaba hacer a la
Presidencia.
Vamos a someter a consideración de la Comisión las dos iniciativas
que mi grupo ha tenido a bien incluir en el orden del día y voy a
empezar por aquella que presentamos el 1 de septiembre del año 1999,
que pretende se intente potenciar la coordinación legislativa en
materia de caza y pesca; coordinación legislativa en la que desde
luego es muy importante contar con la colaboración de las distintas
comunidades autónomas por cuanto que tienen las competencias
transferidas y en ningún momento se pretende desde esta Cámara ni
desde la Administración central interferir o menoscabar esas
competencias.
La segunda proposición no de ley que también vamos a someter a
consideración de la Comisión fue presentada el 14 de junio del año en
curso y lo que pretende, como el presidente ha dicho, es intentar
entre todos, también con la colaboración de las comunidades autónomas
por cuanto que ellas han regulado el permiso de caza en los distintos
territorios, llegar a un método más simple que permita satisfacer
algunas de las demandas que el colectivo de cazadores y pescadores
tienen hoy día en nuestro país.
Respecto a la primera -aquella que pretende trabajar en beneficio de
la coordinación legislativa-, no es menos cierto que el fundamento de
lo que podíamos llamar disparidad de criterio en alguna legislación
autonómica en materia de caza y pesca tiene su origen en la Ley de
Espacios Naturales, que aprobó esta Cámara en 1989. Naturalmente
también tiene fundamento constitucional, por cuanto que se reconoce a
las comunidades autónomas la posibilidad de legislar sobre la
materia, y en los propios estatutos de autonomía.
Sentado el origen del problema, nos parece que una disparidad
normativa o diferencias en la legislación que los distintos
practicantes de esta muy tradicional actividad en nuestro país tiene
que cumplir en los distintos territorios puede significar un
perjuicio importante para el desarrollo del sector. Por eso
entendemos que hay que llegar a comunes denominadores que faciliten
la actividad y que además logren los objetivos que se pretenden, que
son, por un lado, la seguridad de los practicantes de la actividad y,
por otro, naturalmente, el mantenimiento de las especies y de los
hábitat donde se desarrolla la actividad.
Si revisamos la legislación que las distintas comunidades autónomas
han ido promulgando sobre la materia podemos ver, por ejemplo, en el
caso de permisos -es una referencia muy pequeña porque después
entraremos con un poquito más de detalle en este aspecto-, la
Comunidad Autónoma de La Rioja establece que para que un determinado
menor no emancipado pueda acceder al permiso de caza debe tener una
autorización escrita de quien ostente la patria potestad, en cambio,
en Castilla-La Mancha se establece
una limitación en lo que al término menor de edad se refiere
por cuanto que se exige que sea mayor de 14 años, si bien también se
requiere la autorización de quien ejerce la patria potestad.
En cuanto a la extención de cotos, por ejemplo, La Rioja y Castilla-
La Mancha establecen que la extensión mínima de un coto de caza menor
son de 250 hectáreas y 500 hectáreas -en ambos casos- para un coto de
caza mayor, mientras que, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y
León, para los cotos de caza menor la superficie mínima es de 500
hectáreas y la de los cotos de caza mayor 1000 hectáreas. En
Extremadura no se hace una referencia específica a la superficie
mínima para ambos casos y Galicia no hace ninguna referencia a la
figura de coto.
Respecto a los terrenos cercados, que es otro aspecto que mucha
legislación autonómica contempla, Galicia, que lo regula en el
artículo 26, establece que en los terrenos cercados no se podrá
ejercer la caza salvo que estén acogidos a un régimen cinegético, y
ahí se queda el texto de referencia. Castilla-La Mancha dice que el
interesado puede solicitar régimen cinegético para un terreno acotado
y se puede conceder siempre y cuando exista permeabilidad por parte
de los cerramientos, y confiere la posibilidad de que las autoridades
o agentes ejerzan un control sobre las piezas que existen en el coto.
Castilla y León también tiene alguna regulación sobre la materia,
pero se distancia de algunos de los parámetros que anteriormente he
señalado.
En cuanto a guardas de caza, La Rioja sí maneja el concepto de guarda
de caza pero no es exhaustiva en su definición; Castilla y León
también hace un referencia superficial; en cambio, Extremadura
establece un número mínimo de guardas de caza por hectárea. Estas
referencias que he hecho pueden indicar que, en efecto, no existen
criterios unívocos en lo que se refiere a los conceptos que he
manejado, como tampoco, en función de la legislación dispar, existe
un régimen de infracciones homogéneo y, por tanto, de sanciones. Todo
ello implica una sensación de inseguridad para el practicante de una
actividad que puede ejercerla en un territorio o en otro.
Nosotros entendemos que en todo este planteamiento han influido los
principios que cada grupo político sostiene en las distintas
asambleas autonómicas en relación a esta actividad, pero consideramos
que no deberíamos perder del horizonte en un planteamiento lógico que
quizás la influencia definitiva a los efectos de regular esta
actividad tendría que venir de conceptos más técnicos vinculados al
mantenimiento de las especies, a su desarrollo, a las convenientes
poblaciones y al mantenimiento del hábitat, es decir, dependiendo de
los ciclos biológicos de las distintas especies o incluso la
formación del terreno o las características geográficas del mismo,
entre otros factores. Creemos que cualquier esfuerzo por parte de
esta Cámara, cualquier esfuerzo por parte de las comunidades
autónomas y cualquier esfuerzo por parte del sector para llegar a
puntos de encuentro, podría resultar un apoyo importante y un acicate
para el ejercicio de una actividad que tiene tantas raíces sociales
en nuestro país. Por lo tanto, confío en que los grupos representados
en esta Comisión puedan manifestar su opinión favorable a este
planteamiento.
En cuanto a la simplificación de los trámites administrativospara las
licencias de caza, naturalmente igual que
en el caso anterior, su origen está en la Ley de Espacios Naturales,
del año 1989, y también en el desarrollo constitucional y en los
distintos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas que
tengan conferida esta competencia para regular la materia. Aquí, en
efecto, se produce la necesidad de que quien va a ejercer estas
actividades disponga de una licencia por comunidad autónoma, aspecto
en el que nosotros no entramos. Las condiciones que debe cumplir el
sujeto pasivo, candidato a obtener una licencia también varían.
Anteriormente he hecho referencia a las condiciones de edad que se
deben cumplir, en el caso de La Rioja y Castilla-La Mancha. Por
ejemplo, en Castilla y León se reconocen como válidas las pruebas que
se superen en otras comunidades autónomas; en el caso de otras
comunidades, como puede ser Extremadura, no se hace referencia
específica a la edad ni tampoco se hace una referencia específica a
pruebas que se hayan podido cumplimentar en otras comunidades
autónomas. Castilla y León sí reconoce la posibilidad de que sean
válidas las pruebas de otras comunidades autónomas. En cualquier
caso, nos parece que esta disparidad de criterios y la dificultad de
tener que estar en posesión de una licencia distinta por cada
comunidad autónoma es un perjuicio serio y creo que todos podríamos
hacer un esfuerzo para intentar, de una forma creativa, por una
parte, eliminar el desconcierto que los cazadores y pescadores se
encuentran en algunas ocasiones y, sobre todo -creo que a los poderes
públicos nos corresponde- eliminar incomodidades y facilitar las
obligaciones que los ciudadanos deben cumplir. Por lo tanto, en un
planteamiento respetuoso con las competencias de las comunidades
autónomas y en un planteamiento que tiene como primer objetivo
beneficiar a los ciudadanos, creo que se podía hacer un esfuerzo para
simplificar el trámite administrativo.
Cuando decidimos plantear ambas iniciativas lo hicimos convencidos
-como ya he tenido ocasión de señalar en distintas intervenciones en
la Cámara en torno al problema que afectaba al colectivo de cazadores
y pescadores- de que, en primer lugar, la actividad que nos ocupa, la
actividad que está centrando esta intervención, debe ser contemplada
como la manifestación de la libertad individual de cada ciudadano
para ocupar su ocio en una actividad lícita. El principio o concepto
de libertad individual para nosotros naturalmente es muy importante,
me atrevería a decir que es sagrado, y por eso creo que no debemos
perderlo de vista en nuestros razonamientos.
La segunda característica en virtud de la cual mi grupo parlamentario
ha sido activo en esta legislatura en relación a los problemas que
afectaban al mundo de la caza y de la pesca es porque, teniendo la
tradición que tiene nuestro país, teniendo la participación social
tan alta que tiene esta actividad, es indudable que constituye un
sector económico de importante magnitud. Según las previsiones de una
plataforma que en la primavera de este año se constituyó en defensa
de los problemas que afectaban al colectivo, se cifra en torno a una
generación de renta anual de más de 100.000 millones de pesetas, por
las razones antes expuestas, porque afecta a muchos sectores y
porque, además, existe una participación social muy amplia en esta
actividad. También esa plataforma valoraba que los empleos directos
podían estar en torno a 100.000 personas que
obtienen rentas procedentes de esta actividad y los empleos inducidos
de sectores que colateralmente se habían visto afectados por la misma
podían estar en torno a los 500.000, que creo que son dos parámetros
muy a considerar.
No es menos cierto que nosotros estamos plenamente convenidos -y es
una de las razones por las que destacamos la importancia del sector-
que las personas que practican la caza y la pesca son agentes activos
en el mantenimiento del medio natural y de las especies de dicho
medio; son conservacionistas por cuanto que si no están preocupados
por la conservación de las especies difícilmente podrán practicar una
actividad que depende exactamente de las poblaciones de las especies
y de su desarrollo conveniente.
Por último, nosotros entendemos que esta actividad -y es otra razón
prioritaria- puede constituir, junto con la agricultura y la
ganadería, un sector más generador de empleo y de renta, que
contribuye a fijar la población en el medio rural y naturalmente a la
conservación del medio ambiente. He hecho este planteamiento
destacando cuáles son los problemas que afectan a las licencias y la
necesidad, desde mi punto de vista, de trabajar en pro de la
coordinación de la normativa o de la legislación, Destacada ya la
importancia del sector, creo que es conveniente -la Comisión lo
conoce y la Cámara también- que se sepa que ambos planteamientos,
según mi grupo parlamentario, podrían y deberían -tal y como las
proposiciones de ley pretenden- ser planteados en el foro
interautonómico de la caza, que ha creado el Gobierno y ha sido
impulsado por la Cámara y por iniciativa propia, donde están
representadas la Administración central, las administraciones
autonómicas y el sector. Creemos que el foro interautonómico de la
caza es el lugar de encuentro donde, con absoluto respeto a las
competencias de las distintas comunidades autónomas, con la
participación activa del Gobierno, como las iniciativas pretenden, y
escuchando al sector afectado, se podrán llevar a cabo conversaciones
y planteamientos serios, y donde, sin menoscabo en absoluto de los
planteamientos que antes he invocado -los principios
constitucionales, los estatutos de autonomía y las competencias de
las distintas comunidades autónomas-, se podrá trabajar para
satisfacer una vieja reivindicación del sector. Yo espero que este
planteamiento en positivo, que es respetuoso, pueda contar con el
apoyo de los grupos parlamentarios aquí presentes y que más adelante
en el foro interautonómico de la caza pueda contar con un espíritu de
colaboración para intentar resolver estos problemas. Espero, por
tanto, que ambas iniciativas sean apoyadas por los grupos
representados y puedan ser aprobadas.
El señor PRESIDENTE: Acada una de las proposiciones no de ley se han
presentado sendas enmiendas por parte del Grupo de Convergència i
Unió, que permanecen vivas. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, nuestro grupo, antes de defender
las dos enmiendas presentadas a cada una de las proposiciones no de
ley, quiere hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, después
del planteamiento expresado de forma global por el señor De Luis, en
nombre del Grupo Popular, alguien podría pensar que la diversidad
autonómica es negativa, cuando la diversidad de
soluciones normativas en un Estado compuesto es una de sus razones de
ser. Si tenemos 17 asambleas legislativas no es para que las 17
produzcan idénticas leyes, porque no tendría ningún sentido.
Precisamente el sentido de un Estado compuesto es que puedan existir
soluciones distintas de acuerdo con el criterio de esa sociedad
representada en el parlamento autonómico correspondiente. Por tanto,
la diversidad es positiva, no es negativa; la diversidad es
consustancial al Estado autonómico y nuestro grupo propugna, como ha
hecho siempre, que el Estado autonómico debe tener una evolución
asimétrica, una evolución que no tiene por qué ser homogénea en todas
las partes del territorio, sino que debe tener soluciones distintas
ante lo que son realidades distintas o ante lo que pueden ser
distintas formas de entender una misma actividad, en este caso la
actividad cinegética.
De todas formas, nuestro grupo comprende las proposiciones no de ley
que ha presentado el Grupo Popular, las comprende porque hay una
petición unánime del sector en este sentido y porque la reflexión nos
puede llevar a la necesidad de que, en determinados aspectos
técnicos, no tenga mucho sentido adoptar soluciones distintas. Desde
esa voluntad de entendimiento de lo que proponen estas proposiciones
no de ley del Grupo Popular, nuestro grupo parlamentario ha
presentado unas enmiendas que parten del siguiente principio. Si se
aprueban hoy estas proposiciones no de ley, con nuestras enmiendas,
no vamos a dar ningún mandato imperativo a ninguna comunidad
autónoma, puesto que no somos competentes aquí hoy para instar la
modificación legislativa de una ley autonómica de un parlamento
autonómico. Mi grupo entiende que estas proposiciones no de ley son
un mecanismo para abrir un diálogo interautonómico, para que nos
planteemos todos, desde la voluntariedad, qué aspectos de nuestras
propias legislaciones sobre caza pueden llegar a una mejor conexión
entre todos para solucionar problemas que el sector ha detectado. Por
tanto, desde ese ámbito de voluntariedad, en ningún caso desde un
ámbito imperativo, no vamos a negar el apoyo a estas proposiciones no
de ley. Si lo que pretenden es abrir vías de diálogo para ver si es
posible, en algún aspecto, encontrar soluciones que vengan a
favorecer entre todos el interés general, nuestro grupo no puede
negarse, pero, repito, sin que en ningún caso pudiera interpretarse
que las mismas conculcan competencias exclusivas de las comunidades
autónomas y la propia realidad del Estado autonómico, que es que haya
soluciones distintas en un mismo ámbito material. Eso es lo
consustancial al Estado autonómico, y por tanto quería hacer esta
precisión.
Nuestras enmiendas, en primer lugar, pretenden salvaguardar la
diversidad de medios naturales que existen en el Estado español, esa
diversidad que también puede encontrar su correspondencia en la
necesidad de preservar determinadas especies naturales porque la caza
es una actividad, pero debemos estar todos vigilantes ante el bien
jurídico superior, que es la preservación del medio ambiente, la
preservación de las especies naturales. Nuestras enmiendas pretenden
hacer una advertencia, y es que por mucha homogeneidad que pueda
intentar acordarse ésta nunca puede menoscabar los derechos, la
cultura y las peculiaridades propias de los cazadores en las
distintas comunidades autónomas. El ámbito propio de la caza en cada
comunidad
autónoma difícilmente puede alterarlo un acuerdo que intente una
mayor homogeneidad. Debemos preservar, por tanto, los derechos, la
cultura y las peculiaridades propias de los cazadores en las
distintas comunidades autónomas.
Por último, en lo que hace referencia a la obtención de licencias de
caza y pesca, nuestro grupo quiere dejar constancia en nuestra
enmienda de lo que es una obviedad, y es que en ningún caso, un
acuerdo podría conculcar el derecho de las comunidades autónomas con
lengua propia a emitir las licencias de caza en dicha lengua ni
modificar las actuales competencias de las comunidades autónomas
sobre la percepción de las tasas correspondientes a la tramitación de
las licencias. Queremos dejar claro que éste es un aspecto que en
ningún caso un acuerdo puede alterar. Repito que es una demanda del
sector y no nos queremos poner de espaldas a la misma, puesto que, si
lo piden, es porque debe haber una causa real que justifique que hoy
adoptemos un instrumento que facilite el diálogo, pero, en ningún
caso, repito, nuestro grupo entiende estas proposiciones no de ley
como un mandato a nadie; las interpreta únicamente como una
posibilidad de abrir el diálogo ante un aspecto, como se hace en la
Unión Europea cuando distintos Estados soberanos abren un diálogo
sobre la necesidad de armonizar legislaciones en un ámbito material
concreto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señorías, mi grupo puede intuir lo que
pretenden estas proposiciones no de ley, pero realmente entiende que
no es muy feliz la técnica jurídica empleada en lo que se refiere al
respeto constitucional y estatutario.
Por si se me hacen reproches al respecto, vuelvo a indicar, como he
hecho en relación con mi anterior intervención, que el propugnar
modificaciones constitucionales y estatutarias nunca ha impedido a mi
grupo moverse dentro del marco constitucional y con el más estricto
respeto a su cumplimiento. ¿Cuál es la situación competencial en la
materia a que se refieren las dos proposiciones no de ley? Está
perfectamente analizada en la sentencia 102/1995, del Tribunal
Constitucional, que resuelve un número importante de recursos entre
comunidades autónomas y sus legislaciones y el desarrollo
reglamentario del Estado. Resumiéndolo, en relación a la submateria
de caza y pesca fluvial, se desenvuelve en el contexto habitual de
normativa básica, normativa de desarrollo.
En el planteamiento de las proposiciones no de ley destacan por su
notoriedad, y a mi grupo le chirrían, dos afirmaciones. En la parte
expositiva se aprecia que la disparidad normativa significa un serio
inconveniente para la actividad de la caza y también se habla en la
parte dispositiva, tras instar al Gobierno a que promueva
conversaciones con las Administraciones públicas, de la finalidad de
lograr mayores grados de homogeneidad en la legislación sobre la
caza.
En primer lugar, criticamos con dureza la afirmación expositiva, pues
poco menos que se indica que cumplir la Constitución es un
inconveniente para la actividad de la caza. Cada norma es expresión
de una conciliación de intereses y pretender que la solución sea
siempre la misma y en la misma dirección es poner los intereses
particulares y partidistas por encima del interés general de los
ciudadanos y ciudadanas de cada entorno natural en el que se
desenvuelve la actividad de la caza.
Resulta gratuito y excesivamente demagógico achacar las diferencias
entre normativas a criterios más políticos que técnicos, porque con
ello se obvia tanto la existencia de realidades territoriales
distintas en cuanto al medio natural y especies animales como a la
participación de ciudadanas y ciudadanos distintos al colectivo de
cazadores en la elaboración de las disposiciones.
Viendo la estructura de la distribución de competencias que opera en
la materia y al comprobar que el carácter básico de la legislación
del Estado alcanza los requisitos de ejercicio y limitaciones
generales aplicables a la actividad de la caza, forzosamente hay que
llegar a la conclusión contraria a la que llega el proponente de esta
proposición no de ley, y es que las diferencias entre normativas
autonómicas en la práctica no superan el ámbito de los criterios
técnicos porque realmente las comunidades autónomas no tienen
posibilidad de establecer su propia política de actuaciones en la
materia.
Por último, rechazamos la finalidad de las proposiciones no de ley
para buscar mayores grados de homogeneidad en la legislación porque
dicha finalidad es contraria al orden constitucional vigente en la
medida en que homogeneizar es neutralizar la diversidad y anular la
voluntad de los representantes políticos expresada en cada parlamento
autonómico. Evidentemente los promotores no instan la celebración de
conversaciones para buscar la coordinación, ni tan siquiera la
colaboración entre las distintas administraciones.
Volviendo a la sentencia del Tribunal Constitucional que inicialmente
he citado, se advierte que el Tribunal se refiere expresamente a la
homogeneidad como grado cuando el ejercicio de la actividad pública
en cuestión únicamente puede garantizarse desde su atribución a un
único titular y siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse
mediante mecanismos de cooperación o de coordinación, lo que
evidentemente en el caso de la caza no se da.
En conclusión, parece que se han equivocado los términos, aunque la
finalidad sea loable. Ni el ejercicio de competencias autonómicas
puede resultar perjudicial para la actividad de la caza ni la
garantía de los intereses públicos y privados en juego requiere de
una actuación pública centralizada u homogénea. Si lo que se pretende
es que hablemos todos con todos para lograr hacerlo mejor, no para
imponer a todos la solución o el criterio interesado de unos pocos,
mi grupo reconsiderará quizá su voto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Madrid tiene la palabra.
El señor MADRID LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente, y también
por la oportunidad de estar en esta Comisión, de la que soy un
invitado en estos momentos.
Envío mi saludo para todos los que han venido trabajando en temas de
tanta importancia y trascendencia en esta legislatura.
La verdad es que, al analizar las proposiciones no de ley, me
extrañan varias cuestiones. La primera es que la iniciativa parta del
propio grupo que apoya al Gobierno; la segunda es que el compromiso
en el que pone al Gobierno con esta proposición no de ley no le saca
de las responsabilidades que el propio Gobierno como tal Ejecutivo
debería realizar sin pasar, desde mi punto de vista -no porque no lo
pueda hacer-, por su grupo parlamentario. La oportunidad de las
conversaciones parece una cuestión más bien informal que las
decisiones de Gobierno, que se pueden establecer a través de los
mecanismos normales de las órdenes, distribución de competencias
entre las comunidades autónomas y el propio Gobierno, mediante los
cauces y los órganos de conexión y de cooperación ya existentes entre
las comunidades autónomas y el Gobierno central, para poder llegar a
determinados acuerdos que no tengan una contradicción entre lo que se
pueda legislar o ejecutar desde las comunidades autónomas -porque
estoy de acuerdo con las enmiendas que se han presentado en las
intervenciones del Grupo Catalán y del Grupo Vasco- y las
peculiaridades existentes en las diversas comunidades autónomas. Por
ejemplo, en una de ellas, la que yo conozco mejor, que es la de
Castilla y León, que es un lugar que recibe a tantas personas para el
solaz y la caza, es verdad que se tiene que determinar cuáles son las
mejores normas. Cuando exista un cazador que no es del lugar y que no
conozca muy bien los métodos, deseamos que los que emplee no sean muy
distintos de los que existen.
Todo eso tiene un buen principio y una muy buena intención, pero no
se ve después reflejado en el desarrollo de las propuestas. Yo
comprendo que el Grupo Catalán hace un esfuerzo para no presentar una
enmienda de totalidad y que salga lo suyo, por las razones lógicas de
amistad, de cooperación y de que han ido de la mano tanto tiempo; no
van a hacer ahora un divorcio, sobre todo por una perdiz arriba o una
perdiz abajo. Ypara no marear la perdiz, nosotros nos vamos a
abstener en las dos proposiciones, porque nos parece que tiene poco
sentido, a estas alturas de la película, estar mareando la perdiz.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Respecto a la enmienda que ha presentado
el Grupo de Convergència i Unio a la primera proposición no de ley
que he defendido, que es la de trabajar en pro de mayores grados de
armonización en la legislación en materia de caza, con los principios
que he señalado en mi intervención de respeto a las competencias de
las comunidades autónomas, fijándose fundamentalmente en aspectos de
carácter técnico y promoviendo conversaciones por parte del Gobierno
central, que es el mandato -no es imposición, sino promoción-, acepto
la enmienda del Grupo Catalán, repito, que es, entiendo, de adición,
en los términos en los que está formulada.
Respecto a la otra enmienda, que también considero que es de adición
a la proposición no de ley presentada por
mi grupo y que pretende la simplificación de trámites administrativos
para la obtención de licencias de caza y pesca, la acepto con una
transacción que ofrezco al señor Jané y que afecta fundamentalmente a
la última parte del texto de Convergència i Unió. En donde dice
correspondientes a la tramitación de licencias debe decir -el resto
del texto lo doy por válido-: que les corresponda por la tramitación
de licencias. En esos términos mi grupo aceptaría las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, ¿acepta la transacción?
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, señor presidente, entendiendo que es una
mejora técnica de la redacción.
- SOBRE EL HIPÓDROMO DE MADRID. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN ELCONGRESO. (Número de expediente 161/001650.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las dos proposiciones no
de ley, pasamos al punto siguiente del orden del día para el debate
de la proposición no de ley sobre el Hipódromo de Madrid, de la que
es autor el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, el señor Bardisa tiene la palabra.
El señor BARDISAJORDA: Voy a defender la proposición no de ley sobre
el Hipódromo de Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Como todos sabemos, el Hipódromo de Madrid, denominado
también Hipódromo de La Zarzuela, forma parte integrante del
Patrimonio Nacional, y así además lo dispone la vigente Ley
reguladora de Patrimonio Nacional. Dicho hipódromo se encuentra
dentro del denominado Monte del Pardo, que posee un valor ecológico y
paisajístico excepcional, es una zona de especial valor ecológico
para Madrid. Además el Hipódromo de Madrid, dentro de ese enclave del
Monte del Pardo, siempre ha contribuido a mantener esa zona especial
sin dañar ni degradar para nada el Monte del Pardo, situado en la
periferia de Madrid: con la carreras de caballos ha contribuido
a mantener ese entorno paisajístico, y ellas han formado parte, forman
parte y deben formar parte del entorno cultural y social de Madrid.
Patrimonio Nacional, como propietario de dicho Hipódromo de Madrid,
concertó el 23 de febrero de 1993 contrato de arrendamiento con la
sociedad Hipódromo de Madrid, S.A. A consecuencia de la negativa
gestión realizada por la sociedad Hipódromo de Madrid, S.A., el
mencionado Hipódromo de La Zarzuela ha estado cerrado sin ninguna
actividad, con importante deterioro de sus instalaciones y además
perdiéndose un número importante de puestos de trabajo durante más de
dos años, negándose reiteradamente la sociedad arrendataria a la
resolución de dicho contrato.
La sociedad concesionaria del Hipódromo de Madrid, que está
controlada por el empresario Enrique Sarasola, ha conseguido que
Madrid sea la única capital de la Unión Europea que no tenga carreras
de caballos. Además el hipódromo
está muy deteriorado, ya que la tribuna, que es obra del
arquitecto Eduardo Torroja, cuya cubierta es un ingenio de la
arquitectura que se estudia en casi todas las escuelas de
arquitectura del país, está actualmente en bastante mal estado. Las
pistas también están cubiertas por miles de metros de tierra y todas
las instalaciones están repletas de escombros, las cuadras
destruidas, no existe la cría caballar en la actualidad al estar
paralizada toda la actividad en el Hipódromo de Madrid. Otro dato
importante: se ha destruido todo el empleo que generan las carreras
de caballos, no solamente el empleo en el Hipódromo de Madrid, sino
en todos los servicios adyacentes y en los servicios auxiliares.
Por eso, el Grupo Popular pretende que se ponga en funcionamiento
cuanto antes el Hipódromo de Madrid. Hemos presentado esta
proposición no de ley, que además está avalada por varias sentencias
de los juzgados de primera instancia de Madrid. Ya hay una sentencia
del Juzgado de Primera Instancia número 14 en la cual declara
resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a ambas partes,
condenando a la sociedad arrendataria a que desaloje y deje libre, a
disposición de su propietario, el Hipódromo de Madrid, condenando a
dicha sociedad por un incumplimiento manifiesto de sus obligaciones
contractuales. Existe una segunda sentencia del Juzgado de Primera
Instancia número 40 de Madrid en el mismo sentido, que declara
resuelto el contrato y condena al demandado al lanzamiento y al pago
de las costas procesales.
Actualmente, la situación se ha paliado gracias a un auto del Juzgado
de Primera Instancia número 40, el cual estima la solicitud de
Patrimonio Nacional de que se adopten una serie de medidas cautelares
para que el propietario (Patrimonio Nacional) pueda, a través del
personal que estime necesario, hacer en las instalaciones del
Hipódromo de la Zarzuela las obras necesarias de conservación y
reparación. Por tanto, en ese sentido, se ha paliado, se puede entrar
y se puede conservar; pero no se puede utilizar actualmente el
Hipódromo de Madrid, porque la sociedad concesionaria se sigue
negando sistemáticamente a ceder las instalaciones a su propietario
y, además, hay una constante actuación en los tribunales, una serie
de recursos que están retrasando que pueda haber carrera de caballos
en Madrid.
Por ello, nosotros hemos presentado esta proposición no de ley, y
pedimos a todos los grupos que la apoyen. Creemos que en ningún
momento se debió arrendar el Hipódromo de Madrid a esta sociedad que
está regida por el empresario Enrique Sarasola, que no es ningún
modelo de empresario (como últimamente se ha visto, hay alguna
sentencia penal que le condena) y, desde luego, su gestión ha sido
nefasta al frente de esta empresa que ha regido el destino del
Hipódromo de la Zarzuela.
En definitiva, señorías, el Hipódromo de la Zarzuela debe ser lo que
fue siempre: centro de competición y de espectáculo hípico. Las
carreras de caballos -como he dicho anteriormente- forman parte del
entorno cultural y social de Madrid. Las tardes de caballos todos las
hemos conocido siempre y eso es lo que queremos los que vivimos en
Madrid.
Por todo lo anterior, presentamos esta proposición no de ley, que
tiene dos puntos: en primer lugar, que PatrimonioNacional solicite lo
antes posible la ejecución de la sentencia,
una vez que sea firme, lógicamente, y que proceda a sacar a concurso
público la explotación del Hipódromo de la Zarzuela. Sabemos que por
parte de Patrimonio Nacional ya se están realizando unos estudios
previos precisamente para poder hacerlo en el momento en que quede
libre y sea desalojado por parte de la sociedad arrendataria. En
segundo lugar, con esta proposición no de ley solicitamos que el
funcionamiento esencial del Hipódromo de Madrid sea lo que fue
siempre, no lo que ha sido posteriormente con esta sociedad que lo ha
regido en los últimos años, es decir, organizar carreras de caballos
y competiciones hípicas, así como que se permita el fomento de la
cría caballar, no figurando otro tipo de actividades, a excepción de
los servicios complementarios de apuestas y hostelería que, desde
luego, deben ser compatibles con la actividad fundamental y principal
del hipódromo, repito: organizar carreras de caballos. En
consecuencia, solicitamos a todos los grupos políticos que apoyen
esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular que, en definitiva, va a conseguir que las carreras de
caballos (que siempre han existido en Madrid, que solamente se han
parado durante estos dos años, así como durante los tres años de la
guerra civil, desde 1936 a 1939, en que no hubo carreras de caballos
en Madrid) vuelvan cuanto antes al Hipódromo de la Zarzuela. En ese
sentido presentamos la proposición no de ley, para lo cual pedimos el
apoyo de todos los señores diputados de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Sáenz Cosculluela tiene la palabra por
el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Señor presidente, con la venia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, voy a fijar posición
respecto de esta proposición no de ley. Adelanto desde este mismo
momento que nuestra intervención no va a ser contraria, opuesta a la
que preconiza el Grupo Popular, aunque nos hemos permitido formular
una enmienda, distribuida en varios apartados, con la intención de
mejorar, de enriquecer, de matizar, la proposición que ha formulado
el Grupo Popular, y estoy seguro de que dicha enmienda merecerá el
apoyo de los proponentes. Éste es un tema que hemos discutido varias
veces en esta Comisión. El Grupo Socialista y, si no recuerdo mal, el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hemos tomado diversas
iniciativas en relación con la situación del Hipódromo de Madrid y,
por tanto, creemos que estamos especialmente legitimados para
formular estas sugerencias que llevan el nombre de enmienda.
Abordar el problema del hipódromo, señor presidente, requiere tener
en cuenta intereses diferentes. Es posible abordar el análisis de la
situación del Hipódromo de Madrid desde la perspectiva de los
aficionados a las carreras de caballos. Es una afición respetable; no
sé qué intensidad tiene en la actualidad, pero, en todo caso, hay un
sector de población que desea que se tenga de nuevo la actividad
propia de los hipódromos. Debo reconocer que yo, personalmente, no
tengo más afición a las carreras de caballos que aquella que se
deriva de leer novelas policíacas, ambiente, el del hipódromo y el de
las apuestas, que se presta a multitud de argumentos y, desde luego,
prefiero
una ópera que ir a una carrera de caballos; pero he de reconocer que
hay afición y que es legítimo que nos preocupemos por las personas
que sienten esta afición.
Sin embargo, hay otra forma de abordar el problema del hipódromo en
la que quisiera insistir especialmente, sin que ello quiera decir que
rebajo el argumento del respeto a la afición a estas actividades, que
es la de los problemas económicos y sociales que se han derivado de
la pérdida de actividad del hipódromo. Quiero recordar a SS.SS. que
hay más de 40 pequeñas empresas que tienen entrenadores de los
caballos, mozos, cuidadores, jockeys, herreros, veterinarios, en fín,
un buen número de puestos de trabajo en torno a estas 40 empresas que
trabajan en función de la exhibición del caballo en carreras, de la
cría caballar, del cuidado de estos animales, por otra parte, tan
bellos. Desde luego, cualquier propuesta que se haga, en forma de
enmienda o de proposición no de ley, debe tener en cuenta estos
intereses económicos y sociales que son prioritarios, porque debo
manifestar y asegurar a SS.SS. -yo no sé si el portavoz del Grupo
Popular ha tenido oportunidad de hablar con este tipo de
profesionales y de empresarios; yo sí la he tenido- que la angustia
es generalizada e intensa, porque están a punto de tirar la toalla,
porque no resisten esta situación y, en consecuencia, la respuesta
debe ser amplia y eficaz desde todos los puntos de vista.
De la proposición no de ley del Grupo Popular hay una cosa que nos
extraña y que estoy seguro de que aceptarán la corrección. La
propuesta pretende que Patrimonio Nacional solicite la ejecución de
sentencia, lo cual creo que no requiere votación parlamentaria
alguna. Si la parte legitimada, actora además en este caso, mantiene
dos procedimientos civiles, uno de desahucio y otro de resolución de
contrato en los Juzgados de Primera Instancia números 14 y 40 de
Madrid, se da por sentado que el promotor del pleito va a interesar
la ejecución en el mismo momento en que la sentencia sea firme. No
quiero pensar en que haya la negligencia por parte de Patrimonio
Nacional de olvidarse de pedir la ejecución de sentencia. Yo creo que
hay que ir un poco más lejos. Primero, porque hoy todavía no son
firmes, no la sentencia, como dice la proposición, sino las
sentencias. Como hay dos sentencias que están en trámite de recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, lo razonable
parece ordenar a Patrimonio Nacional que haga todo lo necesario para
articular la defensa de los intereses públicos que representa el
Patrimonio Nacional, sea en forma de ejecución de sentencia, sea en
forma de materialización de las medidas cautelares adoptadas por el
juez, sea en forma de gestión, para que, cuanto antes, se produzca la
vista de esos recursos, si es que no se ha producido todavía.
Por tanto, me parece que el mandato debe ser más abierto y espero que
no moleste al portavoz del Grupo Popular la enmienda que hemos
formulado que, insisto, es tan sólo complementaria introduciendo
estos matices de que Patrimonio Nacional además de pedir la ejecución
debe disponer todo lo necesario para articular la defensa de sus
intereses en todos los órdenes procesales en que sea parte legitimada
frente a los arrendatarios o concesionarios de las instalaciones del
hipódromo, instando la ejecución de las sentencias firmes que a su
instancia o solicitud se dicten o hayan dictado. Asimismo -y aquí
llegamos a la segunda
parte-, la proposición no de ley del Grupo Popular dice que se
convoque cuanto antes un concurso de adjudicación. La propuesta del
Grupo Socialista, que no excluye el concurso de adjudicación, lo que
solicita es sencillamente que se articulen los procedimientos
administrativos que se consideren más eficaces y apropiados para que
el hipódromo explote las instalaciones con carreras de caballos y
cría caballar. ¿Por qué el mandato genérico? Porque además del
concurso hay otras fórmulas administrativas que hacen posible la
explotación por un ente público de esas instalaciones. ¿Por qué
tenemos que cerrar nosotros de antemano a Patrimonio Nacional con un
mandato político que deba ser a través de concurso? Dejemos que
Patrimonio Nacional estudie las fórmulas jurídicas que considere más
apropiadas. Puede que tenga interés en ir a una sociedad mixta; puede
que tenga interés en diversificar ese concurso en varias fases o
modalidades. No cerremos esas posibilidades; es lo único que pide el
Grupo Parlamentario Socialista. No hagamos una fórmula cerrada cuando
el propio derecho administrativo admite varias fórmulas; dejemos el
mandato abierto y que sea Patrimonio Nacional el que diga en el
momento oportuno qué fórmula considera más apropiada. Esto es tanto
más importante si tenemos en cuenta que Patrimonio Nacional está
haciendo un plan, un estudio estratégico de cómo abordar la solución
del hipódromo y, que yo sepa, no está concluido. Por tanto, mandatar
con un criterio rígido y cerrar a Patrimonio Nacional me parece que
es ir en una línea que podría ser más flexible.
Como ven, señorías, nuestra enmienda no tiene más afán que el de
enriquecer la proposición y no el de corregir su espíritu, con el que
estamos de acuerdo. Les voy a anticipar una cosa, nos sentará muy mal
que nos digan que no a las iniciativas de enmienda que hemos
formulado, pero el enfado no nos va a llevar a rechazar una
proposición no de ley que en principio es ajustada y con cuyo
espíritu estamos de acuerdo.
La segunda parte de nuestra enmienda tiene ya un poquito más de
enjundia, pero tampoco se separa de la propuesta del Grupo Popular.
El apartado segundo no tiene enmienda del Grupo Popular, y nosotros
pretendemos una enmienda de adición que diga: Inste a Patrimonio
Nacional para poner en marcha -falta la palabra urgentemente por
error mecanográfico- actividades del recinto hípico con arreglo al
plan de actuación que manifiesta haber elaborado y preparado en
previsión de que los tribunales le otorgaran el pleno dominio de las
instalaciones. Por tanto, demos un mandato pero en la línea de lo que
ya el gerente de Patrimonio Nacional nos anticipó, que estaban
haciendo un plan, que estaban elaborando un plan estratégico.
Digámosles entonces que hagan un plan de actuación con urgencia o que
secunden las conclusiones de ese plan de actuación. Y añadimos en
nuestra enmienda, y esto es fundamental, señor presidente: teniendo
muy particularmente en cuenta la situación de las pequeñas empresas y
diversas personas físicas que en los años inmediatamente anteriores
han sufrido una severa crisis económica por causa de la falta de
celebración de carreras y el contencioso mantenido con las sociedades
concesionarias o arrendatarias del hipódromo. ¿Por qué digo esto? El
propio Patrimonio Nacional está manteniendo contactos con una
representación de estas
empresas y han designado un interlocutor frente a Patrimonio
Nacional. Parece razonable que nosotros le digamos a Patrimonio
Nacional que continúe en esa línea de tener en cuenta estos intereses
concretos, de tipo económico y de tipo social, que son muy
importantes.
Solamente me voy a permitir añadir una consideración más y con toda
brevedad. Tengo la sensación, señor presidente, por las diversas
veces que me ha tocado intervenir o preguntar al Gobierno en esta
materia, de que Patrimonio Nacional es un organismo que está
trabajando creo que con responsabilidad en este tema y ha hecho las
cosas esenciales, pero quizá podría intensificarse el ritmo de
adopción de medidas, porque la verdad es que hemos llegado a tal
situación de angustia respecto de esos sectores económicos
y sociales, de angustia justificada, que ello nos lleva a pedir que se
haga lo posible para actuar con la mayor rapidez y con firme
decisión. Pero este mandato moral que introduzco en mi intervención
ya está contenido sustancialmente en las enmiendas que estoy seguro
el Grupo Parlamentario Popular asumirá porque en nada contradicen a
lo por ellos propuesto, en nada perjudican a lo por ellos propuesto
y, en definitiva, introduce matices que creo haber justificado.
El señor PRESIDENTE: Señor Bardisa tiene la palabra.
El señor BARDISA JORDA: Nosotros, en principio, no podemos admitir
las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Creemos que lo que
hacen es diluir los dos apartados que nosotros presentamos en la
proposición no de ley. En todo caso, si hubiésemos dispuesto de más
tiempo hubiésemos podido estudiarla más a fondo, pero incluso ha sido
presentada, creo, fuera de plazo. Por tanto, no podemos admitir la
enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Creemos que la proposición no de ley, en los términos en que nosotros
la hemos presentado, es como debe ser puesta a votación, puesto que
su espíritu es que vuelvan las carreras de caballos al Hipódromo de
La Zarzuela y de que se ponga en funcionamiento dicho recinto hípico
con todas las instalaciones accesorias necesarias para la actividad
principal.
Por tanto, lo sentimos. Agradecemos la colaboración que en este tema
nos propone el Grupo Socialista, pero creemos que nuestro texto es el
correcto para que se someta a votación. (El señor Sáenz Cosculluela
piede la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Cosculluela, muy brevemente, por
favor.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Brevísimamente, señor presidente.
Lamento que el Grupo Popular haya oído nuestras argumentaciones, que
creo que estaban sólidamente fundamentadas, como quien oye llover. Yo
recuerdo a un diputado en la legislatura de 1982 que subió a la
tribuna a defender la postura de su grupo y el último argumento que
esbozó fue: y además nosotros tenemos razón porque tenemos más votos
que ustedes. Algo de esto me parece inducir de la respuesta que ha
dado el Grupo Popular. (Rumores.) Es decir: ustedes han predicado,
pero han predicado en el desierto; aquí está nuestra proposición, ya
sabemos que la van a apoyar,
muchas gracias por su colaboración. Tengo que añadir: muchas gracias
por su silencio omisivo respecto de la aceptación de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Señor presidente, en ningún caso he hablado
de los votos. He dicho que agradecía al Grupo Socialista su texto,
porque creo que contiene términos positivos, pero creo que lo que
pretende con sus enmiendas es sustituir totalmente el texto del Grupo
Popular y mantener otro que nada tiene que ver; podemos estar de
acuerdo en algunos puntos, pero nuestro texto es el adecuado y el que
se debe mantener. Por tanto, no es cuestión de votos, sino de
mantener una coherencia con todos los antecedentes y todo lo que
pretende la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos concluido el debate de las
proposiciones no de ley y vamos a pasar a las votaciones.
De todas maneras antes de pasar a ellas, porque luego no quiero
entretener a SS.SS., sí quisiera decirles unas brevísimas palabras.
Todos los portavoces han insistido esta mañana en que se trata de la
última sesión de la Comisión de Administraciones Públicas; será
verdad que es la última sesión. Han dicho palabras elogiosas en
relación con el comportamiento de los miembros de la Mesa, en nombre
de los cuales las agradezco.
Quiero decir a SS.SS. que, en mi opinión, hemos trabajado bien a lo
largo de esta legislatura. Creo que hemos hecho cosas importantes y
de interés general y lo hemos hecho teniendo siempre como referencia
la defensa de los intereses de nuestros representados. Por esta
razón, quiero felicitar a SS.SS. y agradecer la colaboración que han
tenido siempre para con las decisiones de esta Mesa.
Como este trabajo no hubiera podido desarrollarse así sin el
asesoramiento eficaz de nuestro letrado, quiero agradecerlo, y estoy
seguro de que puedo hacerlo en nombre de todos los grupos
parlamentarios; es un asesoramiento que se ha producido en términos
rigurosos, en términos exactos y en términos flexibles, tanto dentro
de las sesiones públicas cuanto en los trabajos que se hacen, más
oscuros pero también muy importantes, fuera de las sesiones públicas
de la Comisión. Y como nuestro trabajo tampoco hubiera podido hacerse
sin el concurso de los servicios de la Cámara, también representados
aquí en este momento, creo igualmente que es de justicia -y lo hago
como antes lo
hice muy gustosamente- agradecer en nombre de todos los miembros de
la Comisión, de los grupos parlamentarios, de los miembros de la
Mesa, el concurso de los servicios de la Cámara en nuestros trabajos
parlamentarios.
Dicho esto, señorías -no se marchen, que vamos a proceder a las
votaciones-, les deseo una buena salida y entrada de legislatura, una
buena salida y entrada de año y una buena salida y entrada de siglo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Señorías, vamos a acabar la que parece última sesión de esta Comisión
procediendo a las votaciones de las proposiciones no de ley, lo cual
es la representación máxima del ejercicio democrático.
Votamos la primera proposición no de ley, por la que se insta al
Gobierno a que promueva con las distintas administraciones
autonómicas la simplificación de los trámites administrativos para la
obtención de licencias de caza y pesca, en los términos resultantes
de la enmienda presentada por Convergència i Unió y aceptada por el
Grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18,
abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación correspondiente a la proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a que promueva conversaciones con las distintas
administraciones autonómicas para lograr mayores grados de
homogeneidad en la legislación en materia de caza, también en los
términos resultantes de la enmienda aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 18;
abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación correspondiente a la proposición no de ley sobre el
hipódromo de Madrid, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Ahora sí, señorías, se levanta la sesión.