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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 817, de 13/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 817
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ
Sesión núm. 5
celebrada el lunes, 13 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Vacantes Mesa de la Comisión:
- Elección de secretario. (Número de expediente 041/000043.)
... (Página 24298)
Celebración de las siguientes comparecencias: - Del señor Cuevas
Salvador, presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE). A solicitud de los Grupos Parlamentarios
Popular en el Congreso (Número de expediente 219/000572), Socialista
del Congreso (Número de expediente 219/000530), Federal de Izquierda
Unida (Número de expediente 219/000567), Catalán (Convergència i
Unió) (Número de expediente 219/000542), Vasco (EAJ-PNV) (Número de
expediente 219/000585) y de Coalición Canaria (Número de expediente
219/000520) ... (Página 24298)
- Del señor presidente de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (Cepyme), Masa Godoy. A solicitud de los Grupos
Parlamentarios Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 219/
000636) y Vasco (EAJ-PNV) (Número de expediente 219/000635) ...
(Página 24314)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
VACANTES MESA DE LA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE SECRETARIO. (Número de expediente 041/000043.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión no Permanente del Pacto de Toledo. Pero antes del inicio de
las comparecencia correspondientes al día de hoy tengo que compartir
con SS.SS. una mínima cuestión de orden. Como es conocido por todos
ustedes, doña Carmen Laura Gil i Miró fue elegida hace breves fechas
consejera del nuevo mandato del señor Pujol en la Generalitat de
Cataluña. Por lo tanto, correspondería hacer la sustitución de la
Secretaría de la Mesa, que ostentaba Convergència i Unió y en su
nombre la señora Gil i Miró. Para estos efectos, quisiera consultar a
los grupos si no tienen inconveniente en que ampliemos el día y
aumentemos un punto en el que hagamos constar la elección por
sustitución de la secretaria de la Mesa. ¿Sus señorías tienen algún
inconveniente en incorporar este nuevo punto del orden del día?
(Pausa.) Considero que el silencio es la confirmación y respaldo
unánime de la propuesta de esta Presidencia. Por lo tanto, pasaríamos
a incorporar este nuevo punto del orden del día como primero de
ellos, elección de la secretaria de la Secretaría de la Mesa de la
Comisión no Permanente del Pacto de Toledo. A cuyo efecto, y
reeditando la formulación ya ensayada en la constitución de la Mesa y
de la Comisión, propongo a SS.SS. que la elección de esta Secretaría
recaiga nuevamente sobre Convergència i Unió y en este caso, como me
ha indicado el propio grupo parlamentario, en la persona de nuestro
compañero diputado don Jordi Jané. Como hace falta citación,
¿considero que por unanimidad don Jordi Jané queda elegido secretario
de la Mesa no Permanente del Pacto de Toledo? (Asentimiento.) Le
ruego ocupe su ubicación en la sala.
Aparte de felicitar a don Jordi Jané por su nueva elección
e incorporación a los trabajos de esta Comisión, creo que recogería el
sentir de todos ustedes si esta Comisión le enviase a doña Carmen
Laura, en nombre de todos los miembros, una felicitación y un deseo
de éxito en sus nuevas tareas al frente de la Consejería en la
Generalitat de Cataluña. Así se hará, señor letrado, si es tan
amable, para felicitar a doña Carmen Laura por los nuevos destinos.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DEL SEÑOR CUEVAS SALUADOR, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 219/
000572), SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 219/000530),
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 219/000567), CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 219/000542), VASCO (EAJ-
PNV) (Número de expediente 219/000585) Y DE COALICIÓN CANARIA (Número
de expediente 219/000520).
El señor PRESIDENTE: Como SS.SS. conocen, el orden del día establecía
la comparecencia del presidente de la CEOE, don José María Cuevas, y
del presidente de la CEPYME, don Antonio Masa Godoy.
En primer término, entrando directamente en el mecanismo
y funcionamiento de trabajo de la Comisión, que ya le hemos explicado
al presidente de la CEOE, y agradeciéndole su presencia, tiene la
palabra don José María Cuevas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES, CEOE (Cuevas Salvador): Señor presidente, señorías,
ante todo quiero agradecer la invitación a CEOE para realizar ante
esta Comisión no Permanente algunas valoraciones del mundo
empresarial sobre la aplicación del Pacto de Toledo, en cumplimiento
de las previsiones de seguimiento y evaluación periódica contenidas
en el informe.
Quiero iniciar mi intervención reafirmando ante todo la importancia
que las organizaciones empresariales siempre han otorgado a la
Seguridad Social. Siempre que ha sido requerida para ello, CEOE ha
participado activamente en todas las mesas de diálogo y de
negociación que se han abierto sobre esta materia en los últimos 20
años, aportando su opinión sobre la financiación de la Seguridad
Social, sobre las prestaciones en su conjunto y últimamente también
sobre el fortalecimiento del sistema público de pensiones.
De forma constante, hemos pretendido aunar la garantía de las
prestaciones con las dos prioridades de la economía española, que son
crear más empleo y ser competitivos en
mercados internacionales cada vez más integrados y competitivos.
Como saben, esta activa participación también se realizó en la mesa
de protección social abierta en 1996, a la luz del Pacto de Toledo.
Ya pesar de que esta mesa se cerró en nuestra opinión de forma
sorprendente, porque se evitó nuestra participación en el tramo
final, CEOE aportó por escrito, y no verbalmente, como consta en el
informe presentado ante esta Comisión por el secretario de Estado de
la Seguridad Social, una propuesta alternativa de acuerdo, orientada
a fijar criterios para garantizar la viabilidad financiera del
sistema y armonizar el gasto en prestaciones con la evolución de la
economía y del empleo.
En nuestra propuesta, denominada acuerdo sobre la viabilidad
financiera del sistema de Seguridad Social, fijábamos por ejemplo una
serie de criterios y planteamientos que hoy, citados de forma
resumida, implicaban desarrollos en materia de separación y
clarificación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, a
finalizar, en nuestra opinión, antes del año 2000; a la estructura de
cotización a la Seguridad Social, condicionada su reforma a la
finalización del proceso anterior; a la constitución de reservas; a
la aplicación del principio de contributividad y otros aspectos
relativos a regímenes especiales, control y seguimiento de la
gestión, inserción laboral de grupos de especial dificultad,
jubilación anticipada y análisis y seguimiento de la evolución del
sistema. Como decía antes, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos
desplegados en este punto, no se tuvo en cuenta a la CEOE para
establecer finalmente un acuerdo.
La aplicación del Pacto de Toledo exigía entonces, y continúa
exigiendo, a nuestro juicio, abordar un desarrollo completo,
equilibrado y ajustado a la economía nacional de las recomendaciones
en él contenida. La opción, materializada en el acuerdo que se
suscribió entre el Gobierno y los sindicatos posteriormente, supuso
sin duda un desarrollo parcial que, entre otros aspectos, comportaba
un incremento de las cotizaciones sociales, vía destopes de bases
máximas, y un mayor gasto en el nivel asistencial financiado con
cargo a las cotizaciones, abriendo además una incógnita sobre el
horizonte temporal de la definitiva separación de fuentes, incógnita
en la que hoy todavía estamos instalados.
Es cierto que el modelo constitucional de Seguridad Social supuso, y
exigía, la universalización de algunas prestaciones, como la
asistencia sanitaria o los servicios sociales, hasta entonces
situados en el ámbito profesional y no de ciudadanía, así como la
incorporación de nuevas prestaciones de carácter universal, como las
pensiones no contributivas. Y, en paralelo, se introdujeron de forma
gradual en el tiempo algunos cambios en la estructura de financiación
del sistema, que continuó no obstante mayoritariamente sostenido por
las cotizaciones sociales.
La mayor aportación del Estado realizada en 1989, con carácter
finalista, para la financiación del gasto sanitario, así como las
sucesivas transferencias realizadas desde 1990 para la financiación
del gasto en pensiones no contributivas comportaron sin duda una
disminución del peso de las cotizaciones sociales en la financiación
de la protección social y un aumento de las transferencias del
Estado, situándose sus respectivos porcentajes en torno al 71,7 por
ciento y
al 24,9 por ciento a principios de la década de los noventa. Sin
embargo, este incremento de las transferencias del Estado también ha
venido resultando significativamente insuficiente para la cobertura
total del gasto de las prestaciones no contributivas de carácter
universal, que continúan siendo parcialmente soportadas por las
propias cotizaciones sociales.
En épocas todavía recientes, diversos factores originaron a su vez
déficit económicos sucesivos en la liquidación de los presupuestos
del sistema de la Seguridad Social, entre ellos el volumen del gasto
social comprometido - con significativas desviaciones en algunas
prestaciones-, la debilidad cuando no desaceleración del crecimiento
económico y elevadas tasas de desempleo que conllevaron pérdida de
afiliados al sistema y mayor gasto en las prestaciones. Estos déficit
se han tenido que resolver a través de una política de sucesivos
préstamos del Estado al sistema de Seguridad Social, desde el año
1994 al año 1999, por un importe que calculamos en 3,1 billones de
pesetas.
El sistema de Seguridad Social, pues, ha realizado un esfuerzo
importante en la última década, incluso por encima de nuestras
posibilidades económicas, para atender las situaciones generadas por
la ausencia de salud o de empleo o por razón de vejez. En ese
esfuerzo han participado de forma significativa los trabajadores y
las empresas, a través de la financiación mayoritaria del gasto de
Seguridad Social, mediante sus cotizaciones.
La evolución de nuestra economía en los últimos tres años y, sobre
todo, el crecimiento significativo del empleo, de manera especial el
empleo indefinido, han posibilitado un cambio de tendencia en los
presupuestos anuales de la Seguridad Social, si bien se mantiene la
situación de deuda arrastrada históricamente, a la cual me refería
anteriormente, y que constituye sin duda un lastre para el futuro del
sistema, sobre todo a partir del año 2004, fecha en la que se
producirá el primer vencimiento del primer crédito de pasivo de 1994,
por un valor de 485.282 millones de pesetas. De lo anterior podemos
deducir que nuestro modelo constitucional de Seguridad Social, basado
en los tres niveles, ha avanzado en su configuración subjetiva y en
la extensión de las prestaciones, pero aún no se ha cerrado en su
configuración financiera.
Aproximarse a un balance, después de cuatro años de la aprobación del
Pacto de Toledo y con tres años de vigencia del acuerdo, nos sitúa
ante la obligación de evaluar algunos de los resultados obtenidos en
este período. En primer lugar, en materia de ingresos y de gastos, no
pretendo cansarles con cifras de las que SS.SS. disponen con toda
seguridad, solamente quisiera destacar algunos datos significativos
de su evolución en el último trienio: 1) Mientras que la recaudación
por cotizaciones sociales, durante el período 1997-1999, aumenta en
903.815 millones de pesetas, los gastos del sistema evolucionan con
un incremento absoluto de 1 billón 372.000 millones de pesetas. 2)
Las cotizaciones empresariales aportan al total de la financiación un
68,20 por ciento y las de los trabajadores un 24,7 por ciento. 3) Se
ha avanzado tímidamente en la separación de fuentes de financiación,
ya que del volumen superior al billón de pesetas soportado en 1996
para financiar el gasto no contributivo aún financia las cotizaciones
sociales un volumen en torno a 800.000 millones de pesetas.
En segundo lugar, por lo que se refiere al desarrollo de algunas
recomendaciones, he de citar primero el incremento casi inmediato de
las bases máximas de cotización, conocido como destope, que se viene
aplicando desde 1997 con carácter progresivo y que alcanzará en el
año 2004 un único tope o base máxima de cotización. Hay que recordar
en este punto, y es muy importante hacerlo, que las previsiones
iniciales de recaudación adicional por esta medida, previsiones
hechas en el momento en el que se toma esa decisión, se situaban en
una cifra de incremento de las recaudación en torno a los 4.000
millones de pesetas/año, lo que hubiera supuesto hasta la fecha, en
estos tres años, unos 12.000 millones de pesetas. Pues bien, según
datos oficiales, la mayor recaudación por este concepto, desde que
está en vigor la medida del destope, se ha situado no en 12.000
millones de pesetas sino en casi 80.000 millones de pesetas, es decir
un 600 por ciento más de lo previsto. En otras palabras, las empresas
han soportado costes adicionales por esta medida en las bases de
cotización en torno al 9 por ciento en cada uno de los ejercicios,
según nuestras estimaciones, y, como es lógico, con diferente
repercusión en función de la distribución de las plantillas y de los
grupos de cotización.
En tercer lugar, también se ha incorporado a la normativa la
aplicación progresiva de medidas dirigidas a racionalizar el gasto en
prestaciones reforzando sin duda los principios de contributividad y
de proporcionalidad, pero, dado el escaso tiempo transcurrido, aún no
se han manifestado significativamente sus efectos económicos. En
paralelo, se han adoptado también medidas de mejora de prestaciones,
como viudedad y orfandad, que han comportado a su vez mayores gastos
para el sistema.
En cuarto lugar, se han adoptado otras medidas dirigidas a mejorar la
gestión recaudatoria, que se han traducido en una mejor eficacia del
sistema en términos de mayor recaudación por cotizaciones sociales. A
este respecto, deseo llamar la atención de SS.SS. sobre la situación
de la deuda a la Seguridad Social, tema sobre el cual se ha
constituido también una ponencia en el Senado, en la que nuestra
organización ha tenido ya la oportunidad de expresar su opinión.
También me gustaría formular brevemente algunas consideraciones ante
esta Comisión en este punto. Por ejemplo, si comparamos los índices
de morosidad de la Tesorería General de la Seguridad Social con los
de la Hacienda pública, puede comprobarse que son más bajos los
primeros, es decir aquellos que mantienen las empresas con la
Seguridad Social. Igual resultado alcanzamos si los comparamos con
los índices de morosidad existentes en las relaciones que mantienen
las entidades financieras con sus clientes. Se puede afirmar pues que
los empresarios siguen concediendo mayor prioridad a sus obligaciones
de pago con la Seguridad Social que a sus deudas con la Hacienda
pública y con el sector financiero, y ello guarda coherencia con los
elevados porcentajes de ejecución del presupuesto de recursos por
cotizaciones del sistema de Seguridad Social en los últimos
ejercicios. No podemos desconocer que existe un montante
significativo de deuda a la Seguridad Social que a diciembre de 1998
ascendía a 1,2 billones de pesetas y que un año antes, en diciembre
de 1997, esta deuda superaba el billón y medio de pesetas. Es decir,
en
un ejercicio se ha reducido en 300.000 millones de pesetas, lo que
guarda conexión con el comportamiento de la recaudación voluntaria y
en nuestra opinión, con la reducción de los costes, así como con un
posible afloramiento de la economía sumergida.
En la configuración de esta deuda histórica han participado de forma
significativa las situaciones de crisis económica que han afectado a
las empresas tanto públicas como privadas, con diferente intensidad
sobre los sectores de actividad, sobre todo, durante la década de los
ochenta y hasta principios de esta década, lo que constituye un
porcentaje cercano al 80 por ciento de la llamada deuda histórica.
Las deudas por cuotas procedentes del sector público, Admimistración
central, ayuntamientos, comunidades autónomas, cabildos y
diputaciones, durante mucho tiempo han venido manteniendo un
tratamiento privilegiado puesto que, existiendo un teórico
procedimiento compensador de las mismas, no ha tenido aplicación
práctica, situándose la deuda de este sector, en 1995, última fecha
de que disponemos, en más de 260.000 millones de pesetas. Desde 1998
esta situación viene intentando corregirse a través de la aplicación
de los mecanismos compensadores que parecen ir reduciendo el volumen
de la deuda generada, sin embargo, se mantiene aún algunos
tratamientos privilegiados para el sector público como, por ejemplo,
la moratoria concedida en 1995 para las instituciones sanitarias
dependientes de las administraciones públicas, que en agosto de 1999
alcanzaba una cuantía de 128.720 millones de pesetas.
En quinto lugar, también se ha incorporado a la normativa con rango
de ley la revalorización anual de todas las pensiones del sistema en
función del índice de precios al consumo previsto y este concepto
representa un porcentaje del 33,12 por ciento en la nómina del gasto
por pensiones.
En último lugar, como ya he comentado con anterioridad, en materia de
separación de fuentes de financiación que es la primera recomendación
del Pacto de Toledo, se han producido avances, pero aún continúan
financiándose con cotizaciones sociales los complementos de mínimos,
parcialmente los servicios sociales y las prestaciones familiares
contributivas por un valor en torno a los 800.000 millones de
pesetas. Todas estas prestaciones no tienen carácter contributivo,
por tanto, su financiación debe realizarse exclusivamente con
impuestos bajo los criterios de asistencia y de solidaridad social.
Por el contrario, las prestaciones contributivas de la Seguridad
Social se rigen por los principios del seguro y de la contributividad
obteniéndose prestaciones proporcionales a las cotizaciones
realizadas y constituyendo éstas básicamente la fuente de
financiación de las mismas.
La intensidad objetiva y subjetiva en la protección que quiera
otorgarse a un nivel y a otro tendrá una incidencia decisiva en la
evolución del sistema de Seguridad Social, en su estructura de
financiación y, sin duda, en el empleo. Es éste a nuestro juicio, el
debate fundamental al que nos debemos enfrentar y sobre el que la
sociedad española deberá adoptar una decisión. Desde esta
perspectiva, el desarrollo futuro del Pacto de Toledo debería
centrarse en cómo procurar la supervivencia y el fortalecimiento del
sistema para las futuras generaciones y, en nuestra opinión, como
queda recientemente demostrado, no hay instrumento
más adecuado en todos los países que la creación de empleo y el
crecimiento de la economía.
A nuestro juicio, no podemos desvincular cualquier debate sobre la
viabilidad de la Seguridad Social justamente de la situación del
empleo y justamente del crecimiento de la economía. La experiencia
que hemos vivido en los tres últimos años resulta significativa a
este respecto, ya que hemos asistido a un cambio sustancial en
nuestro mercado de trabajo que ha repercutido inmediatamente en el
volumen de afiliados y en la recaudación de los ingresos. A su vez,
esta nueva situación ha permitido contemplar para el año 2000 una
situación de superávit de la Seguridad Social que era algo impensable
en años anteriores o en años recientes a la vista de los datos que
acabo de exponerles. Por tanto, el crecimiento del empleo es la
variable que más claramente avala los aciertos de una política
económica basada en la estabilidad, que ha permitido un crecimiento
sostenido de la actividad gracias, entre otros factores, al control
de la inflacción y al control del déficit público, así como al
crecimiento racional de los salarios y de manera especial a un
fructífero y eficaz diálogo social. Por suficientemente conocidos,
les ahorro también a SS.SS. la enumeración de los datos relativos a
la cifra de creación de empleo, afiliación a la Seguridad Social y
reducción de la tasa de desempleo.
A la consecución de estos logros ha contribuido poderosamente el
Acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo al dotar de
mayor estabilidad al empleo mediante fórmulas innovadoras en materia
de contratación y reducción del coste del despido entre otras medidas
y todas ellas se vieron complementadas a través de la normativa
correspondiente en materia de Seguridad Social referidas tanto a la
extensión de la protección social, como a bonificaciones en la
cotización e incentivos a la contratación.
Alcanzado ya el ecuador de los acuerdos de 1997, de estos acuerdos,
resulta patente que la introducción de mayores dosis de racionalidad
o de flexibilidad en las relaciones laborales, unidas a las políticas
de reducción de los costes no salariales, se traduce inevitablemente
de forma efectiva en creación de empleo y aparece en escena, pues, un
círculo vicioso consistente en aligerar las cargas sociales para
crear empleo y allegar a su vez más recursos al sistema frente al
discurso hasta ahora habitual de incrementar las costas sociales para
financiar la demanda de un mayor gasto social. Sin duda de ambos
modelos tenemos experiencias muy recientes con resultados
diametralmente opuestos.
Para los próximos años se prevé continúe el actual ciclo expansivo de
la economía, gracias sobre todo a la reactivación esperada de los
países de la zona euro, así como a las economías de Asia y América
Latina. Será preciso aprovechar esta fase expansiva, muy interesante
por su potencialidad en la creación de empleo. Por ello, se hace
racionalmente necesario en este momento consumar lo previsto en el
Pacto de Toledo y definir nuevos objetivos para los próximos años,
pues a nuestro juicio este Pacto ofrece criterios suficientes para
fundamentar un desarrollo adecuado del modelo de Seguridad Social
definido en el artículo 41 de la Constitución.
Como elemento de partida es preciso conocer con todo detalle la
situación financiera actual del sistema de Seguridad
Social y, sobre todo, su endeudamiento. Esta información debe
permitirnos afrontar reformas para dotar de viabilidad y fortalecer
el futuro del sistema evitando la adopción de decisiones que, aun
siendo coyunturales, pueden poner en entredicho su financiación
futura de aumentar su endeudamiento. Son necesarios, por ello,
debates racionales y profesionales que alumbren un programa temporal
en el que se contemplen desde nuestro punto de vista, los siguientes
extremos: Primero, separar claramente las fuentes de financiación del
gasto en función de la naturaleza contributiva o no de las
prestaciones. Esta separación, por ejemplo, no se contempla en su
totalidad en el proyecto de presupuestos del año 2000, ya que las
cotizaciones sociales continúan financiando en un 97,38 por ciento la
práctica totalidad del gasto en complementos de mínimos. Esta
prestación de naturaleza no contributiva generaría un excedente en
cotizaciones sociales, si fuera financiada con impuestos, superior a
600.000 millones de pesetas. La decisión de incrementar la cuantía de
los complementos de mínimos financiándolos con impuestos es una
opción que deberá tomar la sociedad, y hay que ser conscientes de que
la financiación de los complementos de mínimos con cotizaciones
sociales, además de suponer una carga adicional sobre el empleo sin
duda quiebra los principios de contributividad y proporcionalidad
cuyo reforzamiento justamente recomendaba el Pacto de Toledo.
Adicionalmente, esta política desincentiva la realización de mayores
esfuerzos en cotización porque por la vía de complementos de mínimos
se está garantizando una percepción de pensiones, en ocasiones
cuantitativamente superior a la que correspondería en función de las
cuantías cotizadas. Cualquier modificación de la pensión mínima tiene
consecuencias, no sólo sobre los directamente afectados, pensionistas
existentes, sino sobre aquéllos que están decidiendo cuándo
jubilarse, y, en particular, para los que tienen menos años cotizados
y bases de cotización relativamente bajas, que sin duda se sentirán
incentivados a jubilarse antes cuando se incrementen las pensiones
mínimas.
Segundo, la generación de excedentes en las cotizaciones sociales
cuando se produzcan, por otro lado, debería propiciar la aplicación
simultánea de la mejora del nivel de prestaciones de la participación
de las cotizaciones sociales en la financiación del sistema y la
constitución de reservas, aspectos a los cuales también quiero
referirme brevemente.
La mejora del nivel de prestaciones sin duda debe acompasarse a la
evolución del crecimiento de nuestro producto interior bruto y del
empleo, y de esta forma acercarlo a la media de la Unión Europea
reforzando los principios de contributividad y proporcionalidad en el
acceso a las mismas.
Para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones habrá que tener
en cuenta la evolución de los factores demográficos, realizando los
oportunos análisis actuariales y proyecciones que permitan articular
soluciones y alternativas de financiación, y guarda estrecha relación
con este análisis y con la viabilidad financiera de los sistemas
públicos de pensiones la incentivación de la previsión social
complementaria, articulando fórmulas innovadoras y ágiles en esta
materia, de forma que coexistan sistemas de pensión complementarias
con un sistema fuerte público.Para eso será preciso que se aborden
las reformas legales
en la línea ya apuntadas en la recomendaciones al Gobierno de la
proposición no de ley sobre los sistemas complementarios de previsión
social en desarrollo de la recomendación catorce del Pacto de Toledo,
adoptada el 5 de enero de 1998, que no han sido objeto de desarrollo
en su totalidad por el Gobierno.
Tercero, en tercer lugar, adaptar la participación de las
cotizaciones sociales en su cuantía y en su distribución a la media
europea, de forma que no constituya como hasta ahora un obstáculo
diferencial de competitividad y favorezca al mismo tiempo, todavía
con más intensidad, la creación de empleo.
Esta recomendación, sin duda anhelada por las empresas, también es
avalada por instituciones nacionales e internacionales que casi
diariamente la enuncian como fórmula adecuada e idónea para favorecer
el empleo.
Hay que considerar que los empresarios somos y seguimos siendo los
primeros contribuyentes a la financiación del sistema en
contingencias comunes, y sobre un montante de cotizacione sociales
que asciende para el año 2000 a 9,5 billones de pesetas, los
empresarios contribuyen con más de 6,5 billones, lo cual representa
casi el 70 por ciento del total. Esta ingente suma es con diferencia
la más importante contribución que anualmente reciben los
Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social. Por
supuesto, muy superior al montante total del impuesto sobre la renta
de las personas físicas o sobre el IVA. También, según datos de la
OCDE, la contribución empresarial a la Seguridad Social en España
representaba en 1997 el 24,6 por ciento del total de los ingresos
fiscales frente al 15,9 por ciento que representaba en la media de
los países de la Unión Europea. Este elevado montante de las
cotizaciones encarece sin duda los costes laborales y dificulta la
competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.
Es cierto que a veces se argumenta que España parte de unos niveles
absolutos de costes laborales inferiores a los de nuestros
competidores, pero también es cierto que el nivel de productividad
total o general, que está condicionado por nuestro nivel de
infraestructuras, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro propio
nivel de formación, etcétera, es también inferior al de nuestros
competidores más directos y resultado de ello es que nuestros costes
laborales unitarios se sitúan ligeramente por encima de la media de
la Unión Europea.
La aportación empresarial a la Seguridad Social financia,
a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, más
de la mitad del presupuesto de la Seguridad Social. Se puede decir
que en España los empresarios contribuyen a la financiación del gasto
social casi en un 30 por ciento más que el resto de los empresarios
europeos. En España, en 1995, se redujo un punto el tipo de
cotización al régimen general, y esta medida tuvo escasa traducción
en términos de empleo, ya que se vio entre otras cosas compensada al
mismo tiempo con una elevación también de un punto en el impuesto
sobre el valor añadido.
Si se quiere medir de una manera más próxima los efectos que pueda
tener una reducción de cotizaciones sociales en el empleo, no tenemos
más que ir al crecimiento importante y muy significativo que puede
haber producido la creación de empleo, y la creación de empleo
indefinido, sobre
todos los colectivos que han sido objeto de reducción de las
cotizaciones sociales por la vía de las bonificaciones en los últimos
dos años.
Desde 1997, el Gobierno ha optado por mantener una política de
bonificaciones en cotizaciones sociales para incentivar la
contratación de determinados colectivos, en lugar de abordar una
reducción generalizada de cotizaciones sociales empresariales, cuya
financiación procede de los excedentes de las cotizaciones al
desempleo, y ello a pesar de que la recomendación primera del Pacto
de Toledo establecía que se debían financiar tales incentivos
justamente con impuestos. Esta política ha tenido un efecto de mayor
recaudación para el sistema, ya que por cada peseta que se ha
destinado a bonificaciones se han generado recursos recaudados por
valor de tres pesetas vía nuevas cotizaciones o ahorro por prestación
de desempleo de quienes han sido contratados.
Por tanto, en nuestra opinión, la situación excedentaria en
cotizaciones al desempleo debería propiciar también una progresiva
reducción en las cotizaciones empresariales, tímidamente apuntada
para el año 2000 en que debiera continuarse en el futuro. Tal medida
podría materializarse en un compromiso de carácter plurianual
vinculado a las posibilidades del Estado de realizar mayores
aportaciones para financiar las prestaciones no contributivas.
Cuarto, también debemos prever y se ha previsto ya la constitución de
reservas que permitan actuar en los momentos bajos del ciclo sin
acudir a los incrementos de la cotización. Ya he comentado
anteriormente que la separación de fuentes propiciaría la existencia
de excedentes en el nivel contributivo, que además de la mejora de
las prestaciones o de la reducción de las cotizaciones sociales
debería posibilitar la constitución de estas reservas. El proyecto de
presupuestos para el año 2000 contempla ya la constitución de un
fondo de reserva sobre la base de posibles excedentes del año 2000,
adelantándose a la liquidación del presupuesto del año próximo. Nos
gastamos ya, por tanto, los excedentes que se puedan producir en esa
parte en el año 2000. La relación ingresos, cotizaciones, gastos,
prestaciones contributivas presupuestados configura, por tanto, un
excedente teórico que posibilitará la dotación prevista, siempre y
cuando ambos presupuestos se puedan liquidar de forma ajusta.
Quinto, y por último, en la definición de las grandes líneas de
futuro tengo también que reiterar nuestro deseo de participar en este
debate abierto sobre el sistema de Seguridad Social y el desarrollo
del Pacto de Toledo de forma activa, tal y como hemos tenido ocasión
de hacerlo en esta comparecencia. Deseamos también que en futuras
fases de este debate nuestra participación y colaboración al mismo se
articule en un procedimiento distinto al establecido hasta la fecha,
en el que se previó una comisión de segumiento del desarrollo del
Pacto de Toledo, a través del Consejo General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, pero que lamentablemente se ha convocado para
una sola reunión, que justamente fue la reunión constitutiva en 1997.
En suma, respecto al futuro del sistema se formulan aproximaciones,
cálculos actuariales, estudios demográficos etcétera, todos ellos de
un indudable valor para definir el marco futuro al que se verá
sometido el sistema de Seguridad Social. Deseo recordar también que
con ocasión del Pacto de Toledo se formularon análisis similares en
los que se situaba la recuperación financiera de la Seguridad Social
a partir de la segunda década del siglo que comienza dentro de unos
días. Hoy, gracias al compromiso de la sociedad española en su
conjunto y, en especial, de los trabajadores y de los empresarios por
los resultados en materia de empleo estamos asistiendo a un escenario
presupuestario, inesperado para todos, que nos suministra algunas
orientaciones para el futuro si se adoptan las medidas oportunas en
materia de empleo y se afrontan con la necesaria prudencia los
compromisos financieros del sistema.
Muchas gracias por su atención, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José María Cuevas.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Quiero agradecer al señor Cuevas su
comparecencia en esta Comisión y sus aportaciones a los debates sobre
el futuro de la Seguridad Social. También quiero adelantarle que su
intervención me parece coherente con lo que normalmente se viene
conociendo por sus posicionamientos públicos respecto a estas
cuestiones, lo cual es de agradecer porque no siempre existe
coherencia en los planteamientos que se oyen.
Me gustaría concretar alguno de los aspectos que ha dicho que son de
enorme interés. Por ejemplo, en lo que se refiere a la separación de
fuentes de financiación, he querido deducir de su posición en esta
intervención la definición clara de que los complementos a mínimos no
deben ser financiados por cotizaciones. A pesar de las
contradicciones de la Ley, de 1997, de racionalización de la
Seguridad Social, en la que se plantea una definición de los
complementos a mínimos como prestaciones no contributivas y al mismo
tiempo se dice en una disposición transitoria que se definirá en su
día -creo que para después del año 2000- si los complementos a
mínimos deben ser financiados o no con cotizaciones, mi pregunta
sincera es si usted está en estos momentos en condiciones de decir
que el posicionamiento claro que tienen ustedes es que esos
complementos a mínimos no deben ser financiados con cotizaciones
sociales, porque ésta es una de la lagunas que queda por resolver,
como bien ha definido en su intervención, puesto que hay una parte,
800.000 millones, cuyo aspecto fundamental son los complementos a
mínimos y en la que falta por definir su separación financiera
respecto a si deben ser financiados por cotizaciones sociales o no.
Creo que esto es muy importante porque es uno de los debates en temas
de financiación que no se han resuelto en estos cuatro años, aunque
nosotros pensábamos que tendría que haberse resuelto antes del año
2000. En cualquier caso, estamos donde estamos en estos momentos.
Otros datos que se empiezan a conocer en esta Comisión son de enorme
interés. Nos hemos enterado -ha costado tiempo, quizá porque siempre
se dice que el futuro, sin duda, suele ser mucho mejor- de cuál es la
situación real en términos financieros de la Seguridad Social, cosa
que ha costado lo suyo. No ha sido fácil conseguir que el Gobierno
explicara definitivamente cuál es la situación.
Digo esto porque durante estos años los préstamos del Estado a la
Seguridad Social han seguido creciendo de forma muy importante. No
sabemos lo que va a pasar en el año 2000. Por ejemplo, en el año 1996
ha habido cerca de 500.000 millones más. Creo que usted conoce los
datos ya que son los que ha facilitado la tesorería de la Seguridad
Social. Se han utilizado también pólizas de crédito sindicadas
durante todos estos años, lo cual es un dato a tener en cuenta de la
situación estructural financieramente de la Seguridad Social. Pero
hay un dato que a mí me parece de enorme interés al que no ha hecho
referencia, como quizá sea lógico, y es que cuando uno analiza los
balances de las cuentas de la Seguridad Social ve que en los últimos
cuatro años cada vez va creciendo más la cuenta deudora de la
Seguridad Social con el Inem y con Fogasa. Nos vamos encontrando -si
nos remontamos más atrás en los años veríamos que las cuantías eran
todavía menores- con que en el año 1997 la cuenta deudora con Fogasa
y con el Inem era de 255.000 millones, según los datos oficiales del
Gobierno; en el año 1998 era de 356.000 millones; y en el año 1999
estimo que podemos estar en 400.000 millones. Cuando se piensa en el
saneamiento y en la estructura financiera del sistema parece que el
Estado está en condiciones de utilizar en estos momentos una liquidez
que le facilita el Inem, como consecuencia de algo tan evidente como
que las prestaciones de desempleo y los subsidios han bajado porque
ha bajado el paro. Nos encontramos con que está siendo sustituida la
financiación vía préstamos y la financiación vía pólizas de crédito
de las entidades financieras privadas por otra financiación, que
estrictamente no sé si puede denominarse del Estado, que en resumidas
cuentas depende de unos ingresos por cotizaciones que lógicamente
proceden el Inem y que es éste el que está financiando la Seguridad
Social por una cifra bastante importante y parecida a la cuantía que
todos los años el Estado estaba financiando, vía préstamos, a la
Seguridad Social. Digo esto porque es una reflexión importante a
efectos de conocer cuál es la estructura financiera real del sistema.
Porque ¡quién pudiera utilizar tantos fondos en la financiación de
cualquier empresa, señor Cuevas! ¡Quién pudiera no tener problemas de
disponer permanentemente como estructura financiera, por ejemplo,
estos años -y bienvenidos sean, no hago cuestión al respecto, sino
mejor-, 400.000 millones de pesetas, de la deuda que la Seguridad
Social tiene con el Inem! Digo esto porque cuando financieramente
tenemos en cuenta esto podemos llegar a conclusiones diferentes. Es
decir, ¿está saneada financieramente la Seguridad Social? Yo diría
que se está financiando así. Por supuesto que no estoy hablando de
quiebras ni de cosas de esas. Ya sé que no, que el Estado no quiebra,
no va por ahí. No coincido en todas las cuestiones que usted ha
planteado, supongo que es lo normal, pero en cualquier caso me parece
importante que haya planteado el tema de la delimitación financiera
del sistema porque si no no sabemos lo que se tiene que financiar con
cotizaciones y lo que no tiene que financiarse. Es posible que esa
sea la clave fundamental de la solución de los problemas de la
Seguridad Social o la aparición de nuevos problemas. Esa es una
cuestión, y otra es el debate sobre cuáles deben ser las prestaciones
del sistema. Se lo planteo porque me gustaría conocer su opinión al
respecto y también, relacionándolo
con el mismo tema, porque yo se lo oigo a usted matizado
y amablemente dicho, según los datos que nos facilita el Gobierno, los
empresarios han venido a decir que ya se les han reducido las
cotizaciones. ¿Cómo? Por subvenciones a la contratación, señor
Cuevas. No sé si era la fórmula que querían, posiblemente no, pero a
los empresarios en general les han subvencionado ¿un billón de
pesetas en estos cuatro o cinco últimos años? Si incluyo el 2000
seguro; ahora que lo incluimos todo para el año que viene. En una
intervención en esta Comisión se ha dicho que eso es lo que les han
disminuido a ustedes las cotizaciones. A mí me alarmó mucho porque
creía que eso no tenía nada que ver con la disminución de las
cotizaciones. No sé cómo funciona el mercado para la asignación de
los recursos y todas estas cosas, pero con ese sistema desde luego no
va a funcionar muy bien para mejorar la situación del mercado del
empleo. Lo digo porque si a usted le parece bien esa fórmula no tiene
que preocuparse, ya le están disminuyendo las cotizaciones, o
realmente habría que ir a otro tipo de fórmulas en esos
planteamientos que estamos escuchando en los últimos tiempos.
Le quería preguntar su opinión sobre las jubilaciones anticipadas,
que es un tema que ha surgido en algún momento, y ya le digo que la
posición de mi grupo ha sido muy clara al respecto. Nosotros estamos
totalmente de acuerdo con los acuerdos entre empresarios y
trabajadores que permitan salir a veces de situaciones de crisis
económicas o para mejorar la situación de las empresas. Estamos de
acuerdo con todas las fórmulas entre empresarios y sindicatos, sin
ningún tipo de problema, porque es una flexibilización de los
mecanismos de mercado que permite mejorar la situación y generar
menos tensiones. También le digo que en lo que no estamos de acuerdo
es en que determinadas fórmulas de jubilaciones anticipadas sean
financiadas por los dineros públicos. Nos parece un error y creemos
que hay que considerar esta cuestión. Sí a los acuerdos entre
empresarios y sindicatos, por supuesto, pero hay que discutir -así lo
vemos nosotros- cómo se financian o no estos problemas. Todo ello ha
surgido, como usted sabe, por el tema de Telefónica, que es el
ejemplo último que más directamente tenemos. Es decir, ¿se deben o no
financiar las jubilaciones anticipadas de Telefónica mediante las
vías medio públicas que se utilizan? Y digo medio públicas, subsidios
de desempleo, prestaciones por desempleo, etcétera. Nos gustaría
conocer su opinión, si es que la tienen definida, respecto al futuro
de las jubilaciones anticipadas, entre otras razones porque va a
llegar un momento en que no serán posibles las jubilaciones
anticipadas con nuestra legislación. Aún falta tiempo, pero ya está
disminuyendo cada vez más la posibilidad de que los trabajadores
puedan acogerse a las jubilaciones anticipadas, como usted sabe.
¿Cree que hay que mantener la legislación tal y como está? ¿Habría
que modificarla? Ya sé que es el Parlamento el que tiene que asumir
ese papel, pero me gustaría conocer su opinión porque es un tema de
enorme importancia, y digo de enorme importancia porque usted sabe
que hasta ahora la jubilación no era a los 65 años sino que estaba
siendo mucho más baja la edad. Como consecuencia de ello es un tema
de enorme interés que está planteado en los pactos de Toledo.
Algunas cosas que ha dicho no las puedo compartir. Yo creo que hay
mucha sustitución de contratos indefinidos por otros contratos
indefinidos; si no no me cuadran las encuestas de coyuntura laboral y
de la EPA (encuesta de población activa). En los datos que esas
encuestas dan de la coyuntura laboral sigue creciendo la contratación
temporal en términos porcentuales, no absolutos. En ese contexto se
está produciendo mucha sustitución de unos contratos por otros. Es
más, nosotros creemos -no es nada nuevo y lo hemos dicho ya en muchas
ocasiones en esta Cámara- que la política de incentivación y de
subvenciones para que haya contratos indefinidos no ha tenido mucho
éxito desde ese punto de vista, no desde otros, pero desde ese punto
de vista como máximo habrá servido para otras cosas pero para eso
nosotros no lo vemos tan claro.
Quería terminar con un tema que a nosotros nos preocupa. Ha hablado
usted de los sistemas complementarios. Hay en estos momentos, una
diferencia de fiscalidad de tal envergadura entre los sistemas
complementarios de pensiones con el sistema de pensiones públicas que
lo primero que se nos ocurre es si no deberían tener todos los
sistemas de pensiones la misma fiscalidad por lo menos. Porque hoy,
tal como está la situación, nos encontramos con que cuantitativamente
es posible desgravar más mediante un fondo de pensión, de acuerdo con
el último reglamento que se acaba de aprobar, que en una de sus
partes tiene unos límites de posible desgravación mucho más altos de
lo que en la práctica real es posible en una pensión pública. Pero
dentro de ese sistema privado también hay diferenciaciones. Hoy mismo
en los medios de comunicación sale alguna declaración de algún
portavoz del Gobierno diciendo que hay que seguir incentivando los
sistemas de pensiones privados en los cuales existe una
diferenciación clara entre los que recuperan las rentas vía capital,
de una sola vez, o los que las recuperan mes a mes, que unos tienen
la posibilidad de deducir nada menos que el 40 por ciento de toda la
renta percibida y los otros tienen que pagar, al igual que en la
pensión pública, todos los impuestos como consecuencia de esa
pensión. ¿Tiene algún sentido a estas alturas que haya sistemas
distintos de fiscalidad para sistemas de pensiones públicas o
privadas? Este es un debate en el que me gustaría conocer por dónde
se debe avanzar, si porque las pensiones públicas no paguen
impuestos, que es una posibilidad, puesto que se plantea a las
pensiones privadas que no paguen, tampoco las públicas; si ese es el
sistema. Lo que no parecería justo es que existieran diferencias
entre unos sistemas y otros, y si dentro de cada sistema hay
diferencias, vaya lío en el que nos estamos metiendo en estos
momentos.
Nada más por el momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quería agradecer al señor
Cuevas su comparecencia hoy aquí, agradecer, como decía el señor
Gimeno, su coherencia en muchos de los temas que ha tratado, y
también el análisis global que ha hecho el presidente de la CEOE de
cómo ve el futuro de la Seguridad Social y cómo ve el
desarrollo de los pactos de Toledo. En este ámbito del análisis
global quería también felicitar a la CEOE por su activa colaboración
en todos los foros que tratan sobre el futuro de la Seguridad Social,
al igual que la de los sindicatos en todo este ámbito, colaboración
que es requerida por esta Comisión y que nosotros, como
parlamentarios, en el foro de esta Comisión no permanente sobre el
Pacto de Toledo necesitamos llevar a cabo en el desarrollo global de
dicho pacto, que era uno de los puntos del acuerdo que debemos llevar
a cabo en este foro y en esta Comisión, en la cual deberemos tener un
contacto permanente con la CEOE y con las principales fuerzas
sindicales. Antes el señor Cuevas hacía una crítica sobre la
participación de la CEOE en el desarrollo del Pacto de Toledo. Mi
grupo parlamentario considera que debe ser esta Comisión la que tenga
un especial protagonismo, ser el interlocutor con las distintas
fuerzas, formaciones e interlocutores sociales que puedan dar su
opinión sobre el futuro de la Seguridad Social.
Hecha esta primera apreciación, coincidimos con el señor Cuevas en su
valoración sobre que la principal garantía de futuro del sistema de
la Seguridad Social es que la economía crezca, que se cree empleo.
Nuestro grupo siempre estará por la labor del crecimiento de la
economía y de la creación de empleo, como lo están el resto de los
grupos parlamentarios. Pero quería hacer una especial mención a que
fue precisamente nuestro grupo el primero que planteó en esta Cámara
la necesidad de reflexionar en lo que es actualmente el Pacto de
Toledo y el que inicialmente presentó la proposición no de ley para
crear el marco del Pacto de Toledo. Nuestro grupo parlamentario,
señor Cuevas, al hacer balance de lo que ha sido la recuperación
económica, cree que un factor determinante ha sido la estabilidad.
Nuestro grupo desde el año 1993 ha contribuido muy decisivamente a la
estabilidad y a hacer posible ese cambio de una economía más
especulativa hacia una economía más de crear riqueza, más productiva.
Por tanto, cuando se analice la historia de la recuperación económica
se verá que ha sido muy positiva la contribución de nuestro grupo
parlamentario a la estabilidad política de este país y es nuestro
propósito seguir contribuyendo a ella, sea con un grupo parlamentario
o con otro.
Pasando a los aspectos que se han tratado, quería hacer alguna
puntualización. Ha dicho el señor Cuevas que los costes laborales de
España están por encima de la media de la Unión Europea y que no es
un dato positivo. Lo deseable sería que estuvieran al mismo nivel de
la media europea, pero debemos tener en cuenta que la economía
sumergida en España está muy por encima de la media de la Unión
Europea, en cual repercute al final, en unos costes laborales
superiores. Todo lo que sea luchar contra la economía sumergida es
una prioridad que debemos marcarnos; y tiene una especial
responsabilidad el conjunto empresarial español, también la CEOE, en
que se ataje esa economía sumergida. Los costes laborales estarán por
encima si la economía sumergida también está por encima.
Se ha referido el señor Gimeno a las jubilaciones anticipadas.
Anuestro grupo le preocupa, señor Cuevas, el enorme coste que suponen
para el Estado las jubilaciones anticipadas. Estimamos que son cien
mil millones de pesetas lo que cuestan las jubilaciones anticipadas
vía subvenciones directas, vía deducciones fiscales y vía pago del
seguro
de paro a los trabajadores prejubilados. Ese enorme coste de las
prejubilaciones lo deberíamos compensar aumentando la aportación a la
Seguridad Social cuando se afronten procesos de jubilación
anticipada; que la empresa que afronta una jubilación anticipada
tenga un mayor coste en sus cotizaciones a la Seguridad Social para
compensar el enorme coste que las jubilaciones anticipadas producen
en el conjunto del sistema. Quería saber si ustedes solidariamente
entenderían que se exigiera una mayor aportación a la Seguridad
Social a las empresas que afrontan procesos de jubilación anticipada.
En este ámbito de la edad de jubilación, una de las recomendaciones
del Pacto de Toledo, concretamente la décima, establecía que debería
facilitarse la prolongación voluntaria de la actividad laboral por
encima de los 65 años, eximiendo de la obligación de cotizar en
aquellos casos en que el trabajador opte por seguir en activo, de
acuerdo con los sindicatos y con la empresa. Poco se ha hecho en la
línea de esta recomendación y quería conocer su criterio al respecto.
Respecto a los sistemas complementarios de la recomendación
decimocuarta, el volumen que están alcanzando empieza a ser muy
importante. Se estima que alrededor de dos millones de trabajadores,
lo que representa a 288.000 empresas, tienen convenios colectivos en
los que se diseña un plan de pensiones, un fondo interno, un seguro
de vida colectivo o una mutualidad de previsión social. Es tal el
volumen de estos sistemas complementarios que quería preguntar al
señor Cuevas cómo valora su futuro; cómo valora el encaje que están
teniendo los mismos en determinadas empresas y si realmente se está
haciendo un buen uso de estos sistemas complementarios. También
quería unirme a la reflexión sobre cómo considera la fiscalidad de
estos sistemas complementarios. Nuestro grupo adelanta que considera
positivo que se incentiven fiscalmente los sistemas complementarios
para el conjunto del futuro de esa Seguridad Social.
Usted decía que en la evolución constitucional del sistema de la
Seguridad Social hemos avanzado en prestaciones, pero no lo
suficiente en la configuración financiera de la Seguridad Social.
Comparto esa reflexión, pero a pesar de que hemos avanzado en
prestaciones, lo hemos hecho de forma insuficiente. Para avanzar en
esa configuración financiera, esta Comisión tiene un especial trabajo
no ya en esta legislatura, que está concluyendo, sino en la próxima,
para sentar las bases de futuro del sistema de la Seguridad Social .
Para terminar, si me lo permite el señor presidente, quería agradecer
en nombre de Convergència i Unió las especiales palabras de recuerdo
a nuestra ex diputada, doña Carme Laura Gil i Miró. Quiero que conste
en el «Diario de Sesiones» la gran labor que esta diputada ha
realizado durante esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene la palabra le señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Quiero expresar también nuestra gratitud
por la presencia del señor Cuevas, por la claridad en su exposición y
por su coherencia, como no podía ser de otra manera. Si algunas
cuestiones nos pueden
distanciar de los planteamientos de los representantes de la CEOE no
es por la falta de claridad que tienen a la hora de exponer sus
ideas, sino justamente por todo lo contrario. Por eso no esperábamos
menos de usted, nos felicitamos por ello y se lo agradecemos. Las
diferencias de criterio se sustanciarían sobre la necesidad de tener
que homologar los datos respecto a los costes laborales. Uno tiene un
auténtico problemas cuando lee noticias como, por ejemplo, la que
aparecía en un diario de tirada nacional, el 11 de noviembre pasado,
en la que se reflejaba un estudio de una consultora, la William M.
Mercer, en el que se decía: El coste laboral medio en España es de
los más bajos de la Unión Europea. Y hacía comparaciones con a los
datos de Estados Unidos para medir la competitividad. Nosotros
creemos que esta es una asignatura pendiente que tenemos todos:
homologar nuestros datos. No sólo en las fuentes financieras de la
Seguridad Social , que es importante, sino respecto a lo que es
concomitante al problema de la Seguridad Social en general, que son
precisamente los datos del mercado de trabajo, de los costes
laborales, entre otros. Si no, estaremos asistiendo a una estéril
lucha por conocer los posicionamientos para el futuro sobre la base
de la diversidad de los datos en función de los cuales asentamos
nuestros análisis. No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, pero
algún día, en algún momento, quizá también en el ámbito de esta
segunda fase del Pacto de Toledo habría que sentarse y decir cuáles
son los datos reales sobre los cuales asentar nuestros análisis
colectivos, comunes, de futuro. Si esta reflexión y esta puesta en
común no se hace en este ámbito de consenso no sé dónde se podrá
hacer, porque consultoras, técnicos, expertos, haberlos haylos, cada
uno se busca los suyos, pero al final no sirve para conocer la
realidad de forma pacífica y constructiva hacia el futuro.
Quisiera no sólo hacer reflexiones de este tipo sino profundizar en
las ideas que nos ha expuesto. Créame que Izquierda Unida ha pedido
la comparecencia de la CEOE no de forma protocolaria, sino porque
tenemos gran interés en conocer sus posicionamientos. Nosotros
entendemos que desgraciadamente la CEOE no ha participado en las
decisiones del desarrollo del Pacto de Toledo. Nosotros también, por
otras motivaciones en sentido contrario, estuvimos en contra de la
forma las medidas con las que se ha desarrollado el Pacto de Toledo.
En cualquier caso, queremos hacer votos para que en el futuro no sea
así. Coincidimos en esto plenamente con ustedes y creemos que la
participación de la patronal española en el desarrollo del Pacto de
Toledo, en lo que significa el futuro de nuestro sistema público de
Seguridad Social, es fundamental y muy importante. Por eso queremos
conocer sus opiniones de forma muy cualificada. En este sentido,
cuando se habla de los complementos a mínimos y de acabar con la
separación de fuentes financieras de las prestaciones contributivas
respecto de las no contributivas, que es una asignatura todavía
pendiente, aunque se ha avanzado como tendremos que reconocer todos,
¿su posición sería la de que dichos complementos fuesen financiados
por la imposición general?(continúa el señor Vaquero) Sería muy de
agradecer una posición clara respecto a este tema puesto que hay una
polémica y las fuentes ministeriales oscilan en función de los
distintos representantes
que han pasado por esta Comisión y también en función de determinadas
posiciones de tipo público que más bien parecen globos sonda que otra
cosa. Por tanto, quisiéramos conocer con claridad cuál es la posición
de los agentes económicos y sociales y, sin duda alguna, la posición
de la CEOE, que en este tema es fundamental. Pero junto a esto
también, una vez que ya estén separadas las fuentes, que ya haya una
claridad sobre los excedentes que, al menos en teoría, sobran
respecto a lo que es la relación entre cotizaciones sociales y gasto
en prestaciones contributivas, yo le he oído a usted decir una cosa
muy genérica a la que sin duda todos podremos apuntarnos, pero
¿podría avanzar más cuando dice que los excedentes tendrían que
repartirse de alguna forma en reducción de cotizaciones, mejora de
prestaciones y reservas? Porque esto es la cuadratura del círculo. No
me cabe la menor duda de que entre estos tres ámbitos está el Pacto
de Toledo en general, pero para el futuro en particular ¿cómo se
podría hacer esto? ¿Qué ingrediente primaría usted más? Es decir,
¿cuál sería para usted el modelo?
También le he oído decir que no hay que temer a que la reducción de
cotizaciones ponga en peligro la bonanza de las prestaciones en el
futuro puesto que siempre hay un mayor nivel de creación de empleo en
función del crecimiento económico, y la creación de empleo al final
es lo que garantiza la financiación de las prestaciones suficientes
en el futuro. En cualquier caso, usted sabe que nosotros tenemos un
juicio más definido que reservas respecto a esto y que sin duda no
siempre es así necesariamente. Yo creo que deberá reconocer que
también esto en general tiene sus límites hacia abajo. Es decir
¿hasta qué fondo hay que llegar en el sentido de reducir cotizaciones
para crear empleo e incrementar el crecimiento económico como únicas
salidas o soluciones? ¿Cuáles son los mínimos de no liberalización
que concedería la CEOE respecto al sistema de Seguridad Social? Nos
gustaría también conocer esta cuestión porque estoy convencido de que
con la democracia todos hemos aprendido a ir dejando de lado los
dogmatismos y que todos estamos haciendo esfuerzos para que el tema
de la Seguridad Social sea algo consensuado y sin duda tendremos que
acercar todos posiciones. Por tanto, hasta qué punto su formulación
también se ve mediatizada en función de este consenso.
Por otro lado, me gustaría saber qué hacemos con los préstamos de la
Seguridad Social. ¿No cree que ya sería hora de cancelar estos
préstamos que en muy buena parte han sido ficticios, que han sido
unos préstamos de significación más contable que otra cosa?
Respecto a las bonificaciones aquí hay una polémica. La
interpretación de la recomendación octava del Pacto de Toledo que se
hace por parte del Ministerio y de los que lo han desarrollado, y
también los distintos acuerdos posteriores, va en el sentido de que
no se realiza esa recomendación en función de una reducción genérica
de cotizaciones sociales sino que hay una reducción específica de las
cotizaciones. Por otro lado, hay un sector de pensamiento, de
expertos o de autores, que plantearían una reorientación de estas
bonificaciones a las cotizaciones en el sentido de aplicarlas no en
términos genéricos a toda empresa que quisiera cumplir unos mínimos
respecto a contratación, etcétera, sino más bien a aquellos sectores
que tuvieran especiales
dificultades a la hora de conseguir incrementos de productividad
suficientes como para realizar en términos generales el desarrollo
económico en función de una competitividad necesaria en el mercado.
Me gustaría conocer qué opina respecto a esto y si sería conveniente
la reorientación en este sentido de la reducción de cotizaciones o de
bonificaciones por la vía que fuere. Junto a esto, obviamente, está
toda la polémica o la nueva realidad que se está abriendo en torno a
este tercer sector de la economía, este tipo de empresas de economía
social que sin duda alguna exigen también un tratamiento muy
específico porque de salida no tienen los planteamientos de
competitividad o de incrementos de productividad que el resto de las
empresas.
Por lo que se refiere a la recomendación decimocuarta, es decir, los
sistemas complementarios privados, me gustaría saber qué medidas
concretas plantearían para su desarrollo. Nosotros hemos oído dos
cosas esta tarde y también en varias ocasiones. Por un lado, una
cierta queja por su parte de que esta recomendación se ha
desarrollado de forma insuficiente y, por otro lado, la sugerencia
-que ya se planteó también en la subcomisión de sistemas
complementarios privados por el Grupo Socialista- de que si hay
bonificaciones de las pensiones complementarias privadas tendría que
haberlas también -me estoy refiriendo en la fiscalidad- de las
pensiones públicas. Respecto a este tema ¿cuál sería el modelo de
desarrollo de la recomendación decimocuarta por parte de la CEOE?
También nos ha hablado -y debo reconocer que con valentía, lo cual
nos satisface porque ya se sabe que a veces estos temas prudentemente
se soslayan a la hora de exponerlos- de las deudas empresariales. Es
de agradecer que valientemente se plantee esta cuestión. En cualquier
caso, nos gustaría conocer cómo se podría seguir profundizando en que
no solamente vayan reduciéndose, sino reduciéndose de forma más
sustantiva de lo que ha ido haciéndose hasta ahora. Porque se nos
aportaba un dato, pero que no es un dato extrapolable, sobre todo
teniendo en cuenta que las medidas a adoptar para el control de las
deudas por parte de las empresas o del incumplimiento de las
obligaciones respecto a cotizaciones por parte de las empresas no son
muy concretas o, desde nuestro punto de vista al menos, no han sido
todo lo serias o definitivas que deberían ser. En cualquier caso,
quisiéramos conocer un poco más en profundidad, de forma más
pormenorizada, qué medidas plantearían ustedes respecto a las deudas
empresariales y también respecto a las deudas de las administraciones
públicas. Hay que reconocer que también se ha avanzado en esto pero
queda todavía mucho por hacer, sobre todo en un segmento de las
administraciones públicas, que son las administraciones locales, que
tienen un problema añadido, y es que su financiación es en precario.
No sé si compartirá nuestro punto de vista pero es lo que nosotros
pensamos.
Finalmente -no quiero cansar a SS.SS.-, se habla de la bonanza
económica, de que el modelo es el que ustedes preconizaron en el
pasado y de que está obteniendo buenos resultados. Enhorabuena,
felicidades por esa constatación; nosotros creemos que hay otros
modelos económicos, pero en cualquier caso respetamos estos juicios
de valor. De todos modos, hay una cuestión que no es tan halagüeña
como la marcha de la economía en su conjunto, y es la inflación. Debe
usted reconocer conmigo que el control de
la inflación es un problema; un problema que apunta nubarrones no
sólo en cuanto al conjunto de los datos macroeconómicos, sino también
en cuanto a esta parcela que estamos analizando, que es el futuro de
la Seguridad Social pública, el crecimiento del empleo, etcétera. A
la hora de buscar soluciones, se suele tocar siempre el vector de la
moderación salariar; no sé si coincidirá usted conmigo en este dato,
pero la moderación salarial -en términos generales- se lleva
practicando desde hace unos cuantos años; sin embargo, ello no ha
implicado la reducción de la inflación ni la posibilidad de su
control. (El señor Cuevas Salvador: Se ha reducido.) ¡Claro! Sin duda
alguna se ha reducido, pero convendrá conmigo en que el último
repunte no se ajusta al análisis.
Hay otros factores que nunca se mencionan a la hora de hablar del
control de la inflación. ¿Considera usted que sería necesario adoptar
medidas respecto al control de las rentas del capital o de
determinados tipos de capital? ¿De qué tipos de capital? Tenemos
mucho interés en conocer la opinión de la CEOE sobre todas estas
cuestiones porque, coincidamos o no con ella, es una opinión que
reconocemos muy cualificada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Quiero empezar esta intervención, señor
Cuevas, como han hecho todos lo representantes de los distintos
grupos políticos, agradeciéndole su comparecencia en esta Comisión no
permanente del Pacto de Toledo y resaltando la importancia que para
mi grupo tiene lo manifestado por usted hoy aquí.
Adiferencia de algunos, permítame que no me asombre por la coherencia
de sus palabras. De las personas serias y responsables espero siempre
coherencia en sus planteamientos; como al señor Cuevas, en su función
de presidente de la CEOE que lo ha traído aquí, lo tengo por persona
seria y responsable, no me asombro de la coherencia de los
planteamientos que ha mantenido aquí esta tarde. Tal vez esa
coherencia asombre a quien no suele mantenerla mucho en la vida
pública.
Sus palabras han estado desde luego llenas de coherencia y son
palabras de quien debe ser tan protagonista en la revisión del Pacto
de Toledo como los propios grupos políticos. Recojo el guante que
usted ha lanzado, señor Cuevas, porque entiendo y entiende mi grupo
que si el Pacto de Toledo como pacto político -porque fue un pacto
político- constituye a nuestro juicio uno de los mayores activos de
nuestra democracia, no lo es menos el consenso social que debe
producirse en torno a su desarrollo, porque ese consenso social es el
que al final puede dotarlo plenamente de significado y contenido. Hay
dos esferas de las que nunca deben salir las reflexiones o los
debates que podamos tener en torno a nuestro sistema de protección
social: la parlamentaria y la del diálogo social.
Valoramos de forma muy importante -reitero- las reflexiones que ha
hecho usted esta tarde aquí. En unos casos las compartimos, en otros
no y nos sugieren a su vez una serie de reflexiones y preguntas; pero
en todo caso las recibimos con absoluto respeto y las valoramos en
medida de la representación que tiene el señor Cuevas y por la que
comparece aquí esta tarde. No sólo las que ha hecho respecto de la
evolución y desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo,
suscrito en el año 1995, sino también las que ha formulado a lo largo
de su intervención en cuanto al diseño de las nuevas orientaciones.
Creo que coincidiremos en que se trata de ir avanzando conjuntamente
para dar respuesta a los nuevos retos con que se enfrenta -y se
enfrentará, seguro- nuestra sociedad, y ello sin perder de vista en
ningún momento algo para nosotros sustancial: el equilibrio
financiero de nuestro sistema de Seguridad Social, objetivo
felizmente alcanzado ya pero que debemos perpetuar.
A mi grupo le gusta empezar las intervenciones, después de que los
comparecientes hayan hecho uso de la palabra, con una reflexión sobre
lo que entendemos es nuestro sistema de protección social con el fin
de situarnos bien en este momento de aportación de todos nosotros a
la revisión del Pacto de Toledo. No nos cabe la menor duda al Partido
Popular y al Grupo Parlamentario Popular, y creemos que no se debe
olvidar en ningún momento, que la Seguridad Social constituye una
seña de identidad irrenunciable de las sociedades europeas más
avanzadas y uno de los ejes fundamentales de su entramado social, en
torno al cual se vertebra una convivencia estable que ha hecho
posible alcanzar niveles de bienestar históricamente desconocidos en
nuestros país.
Al Partido Popular la Seguridad Social se le revela como un
instrumento de gran eficacia social, cuya vigencia debemos no sólo
esforzarnos en mantener, sino preservar responsablemente desde la
vigilancia constante de su trayectoria y a través de su permanente
adaptación a las circunstancias cambiantes, para que generaciones
venideras puedan disfrutar de sus beneficios como hoy hacen las
actuales. Resumido en una frase que me gusta mucho utilizar, se trata
de consolidar para el futuro lo que ha sido una conquista del pasado.
De sus palabras, he podido extraer hoy que la viabilidad del sistema
es plenamente posible, pero se requiere el compromiso y la voluntad
política de mantenerlo y la decisión, también política, de llevar a
cabo las modificaciones necesarias para adaptarlo y facilitar su
consolidación. Yo añadiría algo más: es necesaria esa voluntad
política para mantenerlo y para adaptarlo, pero también es necesario
el mayor consenso social posible. Únicamente con decisiones
políticas, nos encontraríamos en la mayor parte de las ocasiones con
que no podemos acometer esa gran tarea que es la constante adaptación
de nuestro sistema de protección social a las circunstancias
venideras. De ahí la necesidad de traer esta materia tan importante a
sede parlamentaria, y el acierto que a nuestro juicio supuso hacerlo
en su día, para que las medidas que necesariamente se tengan que ir
adoptando cuenten con el mayor respaldo y consenso de todas las
fuerzas políticas; como ocurrió con el Pacto de Toledo.A ello hay que
añadir que deben tener su continuación en un amplio -y, si es
posible, total- consenso social.
Ya lo hemos manifestado en alguna ocasión en esta Comisión y estoy
seguro de que el señor Cuevas que habrá visto las actas de la
Comisión habrá tenido ocasión de leerlo; pero no me resisto a
reiterar, en aras de lo que hoy se ha dicho aquí, que sólo desde
perspectivas simplistas se puede
caer en la tentación de asumir posturas rígidas en el desarrollo del
Pacto de Toledo exigiendo el cumplimiento total de todos sus
postulados. Se trata de una materia que no se puede introducir, a
nuestro juicio, en compartimentos estancos porque evoluciona
continuamente. Justamente ésta es la principal esencia del Pacto de
Toledo: estar siempre a la altura de lo que la realidad demanda. Para
ello, tiene que estar siempre ofreciendo soluciones que gocen de
amplio respaldo político y social.
Sólo hay un Pacto de Toledo, no hay varios; hay un solo Pacto de
Toledo permanentemente vigente que no es inmovilista ni se agota en
el tiempo. Sus orientaciones no son terminantes ni son rígidas;
simplemente son la pauta por la que se debe seguir avanzando con la
necesaria capacidad -y reincido en ello- de flexibilizar sus
previsiones a medida que las circunstancias lo vayan aconsejando.
El repaso de las medidas que se hay venido adoptando durante estos
últimos años, como ha hecho el señor Cuevas en parte de su
intervención, es la primera fase imprescindible para abrir el debate,
para seguir reflexionando, porque debemos constatar de dónde partimos
para saber a dónde nos dirigimos. Ese camino estará inevitablemente
determinado por los nuevos retos a los que las circunstancias
sociales nos conducen y a los que debemos dar respuestas
satisfactorias de forma seria y responsable.
Hace cinco años -lo ha dicho el señor Cuevas, y yo lo suscribo y lo
comparto-, la mayor parte de los analistas y de los estudiosos se
equivocaron. Si observamos la mayor parte de los informes, a los que
todos tenemos acceso, veremos que un gran número de las previsiones
se han determinado erróneas con el paso del tiempo. Mi grupo cree que
ello es simplemente porque esas previsiones iniciales se han alterado
significativamente a causa de la buena evolución de la economía
española. Justamente la buena evolución de la economía española ha
permitido el saneamiento financiero de nuestro sistema de Seguridad
Social. Hoy podemos afirmar que la Seguridad Social goza de una
inmejorable salud; hemos pasado de los numeros rojos a una situación
tan favorable que permite no sólo mejorar, como se está haciendo en
la protección presente, sino también iniciar el camino para
garantizar la protección futura. A ese respecto -si se pudiera
resumir en una frase, y tal vez en esto no tengamos tantas
coincidencias-, nosotros entendemos que es básico siempre hablar de
reforzamiento del principio de contributividad en esta continua
adaptación de nuestro sistema de Seguridad Social a las
circunstancias, pero nunca olvidando o acentuando el carácter
solidario; sería reforzamiento del principio contributivo y
acentuación de su carácter solidario.
Por tanto, y al hilo de lo expuesto hasta estos momentos, el debate
se abre en unos términos totalmente diferentes al año 1995. La
Seguridad Social está garantizada a corto plazo. No obstante, el
mantenimiento del equilibrio financiero del sistema es una tarea que
no tiene plazo de conclusión. A mi grupo le asustan manifestaciones
-que no ha realizado usted, señor Cuevas; creo que además las ha
hecho en sentido justamente contrario como que hemos llegado hasta
aquí y ya podemos casi dormirnos en los laureles. Ni muchísimo menos.
Alcanzado el saneamiento financiero de nuestro sistema de Seguridad
Social, deberemos seguir trabajando con rigor y seriedad día a día,
al
igual que hemos venido haciendo hasta ahora, porque si no lo hacemos
en el mantenimiento de ese saneamiento financiero podemos
encontrarnos con que si políticas de austeridad, de rigor y de
seguimiento presupuestario han dado muy buenos frutos hasta el
momento presente -yo creo que hasta en un tiempo récord-, es evidente
que una política falta de seriedad y de rigor podría echar a perder
estos resultados en un margen temporal aún más breve del que lo hemos
conseguido.
Por tanto y sentado esto, nuestra preocupación ahora, como ya hemos
tenido ocasión de decir también en esta Comisión, debe ser aprovechar
estos momentos para estando vigilantes iniciar otros debates quizás
-y pongo el quizás delante- de más altura, adelantarnos a necesidades
de protección futuras, no sólo a medio sino también a largo plazo, y
ello dejando al margen -y lo dice un político- situaciones
partidistas y controversias que debemos considerar ya absolutamente
finalizadas.
Hoy nuestra sociedad demanda de sus representantes políticos y
sociales posiciones serias y responsables como las que hoy se han
expresado aquí que den confianza a los pensionistas del sistema y a
los que algún día aspiran a serlo. Pero hoy, además de reflexionar y
evaluar lo ya conseguido desde 1995, tenemos también la obligación de
empezar a plantear y a estudiar lo que va a ocurrir, y pongo un
ejemplo, con nuestra Seguridad Social en el año 2025, con los índices
de evolución demográfica que ya son de todos conocidos.
Es evidente, señor Cuevas, que en el desarrollo de las
recomendaciones del Pacto de Toledo ha tenido cabida una mejora de la
protección dispensada por el sistema de la Seguridad Social. Sir ir
más lejos, los presupuestos de este año, con la subida de las
prestaciones mínimas son buena muestra de ello; pero cabría
preguntarse, sin embargo, cuál es el grado de salud real alcanzado
por nuestro sistema en estos tres últimos años, porque no debemos
olvidar que el saneamiento financiero del sistema es el principal
objetivo del Pacto de Toledo. Desde el Partido Popular y desde el
Grupo Parlamentario Popular creemos -y le pido su opinión- que los
esfuerzos presupuestarios no sólo en materia de Seguridad Social,
sino de forma general de presupuesto general del Estado y de gestión,
así como el conjunto de medidas adoptadas dirigidas a procurar el
saneamiento de las cuentas públicas, y por ende del sistema de
Seguridad Social, han dado muy buenos frutos que nos permiten afirmar
hoy que el saneamiento financiero de la Seguridad Social es una
realidad. Con los criterios contables legales, en 1995 teníamos un
déficit -estoy seguro que conoce los números- del 0,72 del PIB y para
el año 2000 va a haber superávit. Incluso los datos que tenemos de la
ejecución presupuestaria del año 1999 apuntan que el déficit previsto
del 0,10 se va a quedar bastante por debajo del 0,05 por ciento. Ello
trae consigo (y es una reiterada reflexión que han hecho todos los
grupos parlamentarios y que no me resisto a hacer yo también) la
cuestión de los préstamos a la Seguridad Social, préstamos que no
fueron un invento del Gobierno del Partido Popular, que siguió la
senda que ya se había marcado como financiación de la Seguirdad
Social; pero no podemos dejar de recordar que sí puede ser un logro
del Gobierno del Partido Popular conseguir su paulatina reducción
hasta llegar a su desaparición.
Alguien ha afirmado que los préstamos han ido aumentando desde
que gobierna el Partido Popular. Permítame, ya que se ha afirmado tal
cosa, que tenga que negarlo tajantemente. Los préstamos a la
Seguridad Social se han venido reduciendo; otra cosa es que se haya
mantenido, pero se han venido reduciendo desde que gobierna el
Partido Popular. Desde el año 1997 no se acude a la financiación
ajena a los presupuestos generales del Estado. Ya no hay créditos con
bancos ni pólizas con el Banco de España. Los préstamos del Estado al
sistema se han venido reduciendo hasta desaparecer en el ejercicio
venidero; incluso en el año 1999 no se ha dispuesto ni una peseta de
lo que se viene conociendo como el préstamo de tesorería. Al hilo de
ello, tengo que manifestar que a nosotros el sistema de financiación
de la Seguridad Social vía préstamo nunca nos pareció el más
adecuado. En ese sentido, me gustaría conocer la opinión del señor
Cuevas al respecto. Pero es que además, y haciendo una reflexión que
vaya más allá, yo creo que se ha producido un enorme cambio
cualitativo, y ese cambio cualitativo es que ha sido posible
conciliar la austeridad y el rigor en el gasto, o sea una política de
saneamiento financiero, con una evidente mejora de la protección
social dispensada por el sistema. Hasta ahora, se unía siempre mejora
de protección social a aumento del déficit del sistema; en cambio,
ahora creo que se ha producido un gran cambio cualitativo -y también
me gustaría conocer su opinión- toda vez que hay mayor austeridad y
rigor, hay saneamiento del déficit, pero a la vez se están
consiguiendo mejoras de prestaciones del sistema. Tal vez hayan
estado equivocados hasta ahora quienes defendían que era justamente
la teoría contraria la que mantenía mejoras de nuestro sistema de
protección social pública. Tal vez resulte que son justamente
políticas de austeridad y de rigor en el gasto las que permiten al
final la mejora de la protección social de aquellos que tienen que
recibirla, que son los ciudadanos o los beneficiarios.
Por primera vez en mucho tiempo se tiene la oportunidad de presentar
unos presupuestos con déficit decreciente hasta llegar a un déficit
cero o superávit, a la vez que ha habido incrementos generalizados de
protección social, abandonando un victimismo y unas teorías a las que
he hecho referencia con anterioridad. Ello ha sido posible por unas
políticas económicas y de empleo acertadas, que han permitido al
final un incremento generalizado del número de afiliados ocupados. La
ratio afiliados/pensionistas está en estos momentos en 1/21
desconocida en nuestro país desde hace décadas. En esa reducción que
se ha producido, tengo que discrepar en parte con lo manifestado por
usted, señor Cuevas, porque yo no creo, ni mi grupo tampoco, que la
reducción de cotizaciones sociales traiga automáticamente creación de
empleo. Creemos que eso lo hace posible una política económica que
aparte de ello lo anude a disminución del déficit público, a control
de la inflación, a liberalización de los mercados que hasta ahora
estaban en monopolio, a un incremento o aumento de políticas activas
de empleo, y particularmente en el caso de políticas de empleo
disminución del coste impositivo sobre las pequeñas y medianas
empresas sobre todo, y por el conjunto de los empresarios. Esto trae
consigo una mayor confianza y tranquilidad en el empresario, en el
inversor. No podemosolvidar que dentro de esas políticas activas de
empleo están
las bonificaciones a las cotizaciones sociales y ello conlleva ese
auge (iba a decir otro extremo, pero me voy a quedar en este caso en
un término más moderado) de lo que ha sido el crecimiento del empleo
en nuestro país, y tengo que reconocer que los principales
protagonistas son ustedes, los empresarios, y los trabajadores de
este país. El Gobierno ha puesto el marco que creía más beneficioso
para que empresas y trabajadores hayan podido crear el empleo que se
ha creado hasta este momento.
Al hilo de ello, me gustaría conocer su opinión sobre el sistema de
bonificaciones de cotizaciones sociales. No tengo ninguna duda, señor
Cuevas, de que ustedes hubieran preferido una reducción generalizada
de cotizaciones sociales, pero como no se ha llegado hasta ella, le
pregunto si en cuanto a las bonificaciones de cotizaciones sociales
selectivas para tipos de contratación o colectivos determinados,
comparte usted lo que he escuchado a algún otro grupo esta misma
tarde, incluso con intranquilidad, en orden a que prácticamente las
mismas no deberían ser ingresadas en el activo de la Seguridad
Social. Me explico: si comparte que la reducción de cotizaciones
debería consistir únicamente en menores ingresos en el activo de
nuestra Seguridad Social. En el sistema que tenemos las cubre el
Inem, y la Seguridad Social no pone en peligro su equilibrio
económico-financiero, con lo cual es muy lógico que exista una cuenta
acreedora entre la Seguridad Social y el Inem, porque esas
cotizaciones sociales que no son sufragadas por empresarios y
trabajadores, justamente para crear un mayor empleo, las sufraga el
Inem en orden a no crear desequilibrio económico-financiero en la
Seguridad Social.
Al hilo de ello, le preguntaría también si se debería producir el
cambio del sistema, en orden a que no se produjera ese ingreso, que
el Inem no sufragara esas cotizaciones sociales que la Seguridad
Social no deja de cobrar sino que bonifica a quien crea empleo de
forma selectiva. Le reitero que a nosotros nos causa cierta
intranquilidad, porque volveríamos al debate anterior sobre el
equilibrio económicofinanciero del sistema. Si estuviéramos hablando
más que de bonificaciones de casi una condonación de cotizaciones
sociales a empresarios y trabajadores, se trataría de una cantidad de
dinero bastante aceptable que no se ingresaría en las arcas de la
Seguridad Social, porque ese dinero al final nunca entraría dentro de
la misma.
Al final señor Cuevas -y acabo con ello-, podríamos preguntarnos
-creo que aquí coincidiremos ambos en la respuesta- si la mejor
política de protección social que puede ofrecerse a los ciudadanos no
sería aquella que apuesta por la creación de la riqueza y por un
crecimiento económico sostenido en el tiempo que permita su
conversión en empleo, a la vez que se traduce en estabilidad y
pervivencia del sistema público de pensiones, permitiendo también
mejorar las prestaciones o la protección que se dispensa y
permitiendo su adaptación a nuevas situaciones de necesidad que se
van a presentar claramente en el siglo XXI.
Con esta última reflexión y agradeciendo de nuevo su presencia en
esta Comisión, doy por terminada mi intervención, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tanto a las preguntas formuladas
por los grupos parlamentarios como a
las cuestiones que le parezcan convenientes, tiene la palabra don
José María Cuevas, presidente de la CEOE.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (Cuevas Salvador): Muchas gracias por todas sus
intervenciones, que para mí son muy orientadoras, muy instructivas y
muy gratificantes. Voy a tratar de contestar a las diferentes
preguntas.
El señor Gimeno ha insistido sobre qué pensamos de los complementos
de mínimos y el señor Vaquero y también el señor Camps se han
referido a esta cuestión, lo cual revela su importancia. Para
nosotros los complementos de mínimos no son prestaciones
contributivas, pero no sólo para nosotros, es que la ley dice que no
son contributivas. Otra cosa es que después, en una disposición
transitoria o en una disposición adicional, los padres de la patria,
que son ustedes, se hayan llevado las manos a la cabeza después de
redactarlo y hayan dicho: ¿Y ahora cómo se va a pagar? (La señora
López i Chamosa: Es que lo hicieron sólo los padres.-(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señora Chamosa, le agradecería que no utilizara
un turno cuando los intervinientes tienen cedida la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (Cuevas Salvador): Entonces hubo que articular aquella
disposición transitoria, pensando: Ya veremos lo que hacemos en el
año 2000. El año 2000 ya ha llegado, pero lo que dice la ley lo dice
la ley, y la ley dice que son prestaciones no contributivas y que las
prestaciones no contributivas no se pagan con las cotizaciones de los
empresarios y de los trabajadores, se pagan de otra manera, porque
son prestaciones universales, o si se quiere y en el mejor sentido
posible, prestaciones, concesiones o reconocimientos puramente
políticos de una determinada situación muy justificada. Ésa es
nuestra posición. Nuestra posición es reconocer que son prestaciones
no contributivas y que, por tanto, no se tienen que pagar con
cotizaciones. ¿Que se necesita -y creo que lo he dicho- un proceso en
el tiempo para no generar problema? Pues claro que sí, y tendremos
que discutirlo, nos sentaremos y diremos: ¿Esto en cuánto tiempo se
va a hacer? ¿En dos ejercicios? ¿En tres ejercicios? ¿En cuatro
ejercicios? Pues se hará según la política presupuestaria que quiera
orientar el Gobierno que tenga la responsabilidad de impulsar esa
política, pero eso no requiere que se ponga en cuestión ni que se
cree la confusión que hoy se ha creado sobre si eso es contributivo o
no lo es. Para nosotros y por estas razones, no son prestaciones
contributivas, y en principio no se deben financiar con cotizaciones
sociales. Otra cosa es que discutamos cuál es el proceso en el cual
se debe desarrollar, porque se trata de una cuantía importante. Ésa
es la posición de CEOE respecto de este tema en concreto.
Que Fogasa o el Inem mantengan deudas con la Seguridad Social o que
la Seguridad Social tenga deudas, no me parece muy coherente, qué
quiere que le diga. Fogasa en concreto se financia exclusivamente con
cotizaciones empresariales, y el Inem en este ejercicio se va a
financiar
prácticamente también sólo con cotizaciones de trabajadores y con
cotizaciones de empresarios, e incluso genera excedente. No se
mantiene una deuda entre ambas cajas, por así decirlo, sino que
existe un excedente al que hay que aplicar el tratamiento que más o
menos hemos explicado. Ese excedente se puede aplicar con la
suficiente prudencia a adaptar las cotizaciones a la realidad, a
constituir un fondo de reserva o a mejorar la prestación, a
cualquiera de las tres finalidades, y no se debe seguir manteniendo
el juego de un cierto peloteo financiero. Con esto no quiero hacer
ninguna crítica ni descalificación, no se trata de eso; se trata de
decir: vamos a clarificar de verdad las cuentas, hasta sus últimas
consecuencias. Por eso he insistido en mi intervención en lo
importante que es dimensionar dónde está lo que debemos los
empresarios, lo que deben los las administraciones públicas, cuál es
el agujero, la deuda o la situación real del sistema de financiación
de la Seguridad Social, porque eso redundará en beneficio de todos,
en beneficio del Gobierno, de los responsables de la Seguridad
Social, de las empresas y de los trabajadores, sin ninguna duda.
El principio de que se han disminuido las cotizaciones con el juego
de las bonificaciones, dicho así puede parecer verdad pero no lo es.
No se han disminuido las cotizaciones, es más a algunos se les han
aumentado relativamente para que a otros se les puedan disminuir. Se
ha jugado políticamente con una cosa que llama cotizaciones sociales,
se ha jugado políticamente con una cosa que se llama contributividad,
y eso no es bueno. Es preferible decir: reduzcamos la cotización para
todos en función de criterios de seguro, de criterios económicos o de
criterios laborales, no de criterios puramente políticos; pero bueno,
al final se ha elegido el sistema de las bonificaciones y ahí
estamos. Es cierto que algunos, unos cuantos o muchos se han ahorrado
de su bolsillo cuotas de la Seguridad Social, pero también es cierto
-y lo he dicho aquí- que por cada peseta que han cobrado, la
Seguridad Social ha recaudado tres. Luego, ese principio de que las
bonificaciones no son buenas o de que las reducciones a la cotización
social no son buenas o no generan empleo habría que discutirlo.
También quiero referirme a la intervención del señor Camps. Yo
respeto su opinión, pero tengo que decirle que no la comparte ni uno
solo de los organismos internacionales mínimamente serios. Ni la
Comisión de la Unión Europea, ni quienes están analizando los planes
de empleo que presentan los gobiernos ante la propia Comisión de la
Unión Europea, ya que todos en su recetario dicen: disminuyamos las
cotizaciones, los impuestos o las cargas no salariales, como un medio
de crear empleo. Eso es así, pero además está así y es lo que hemos
vivido durante estos dos últimos años. Es decir, se ha reducido de
hecho en un 40 ó 50 por ciento las cotizaciones sociales a aquellos
contratos que se pactaron con los sindicatos y eso ha producido
1.800.000 puestos de trabajo, 1.800.000 contratos indefinidos. Nos
hubiera gustado que fueran más y se puede discutir como se discute
sobre el sexo de los ángeles si eso son contratos indefinidos que ya
existían o contratos indefinidos nuevos. Habrá de todo, hay muchos
contratos que no son de sustitución, entre otras cosas porque cuando
discutimos y negociamos aquello los sindicatos pusieron especial
énfasis y cortapisas para que no se produjera la sustitución.
Se lo dice uno de los que tuvieron que dedicar muchas horas a
discutir y negociar ese punto y tardamos varios días en llegar a un
acuerdo después de muchos esfuerzos, de ver cómo se preveían las
mayores imposibilidades o dificultades para que no se produjera dicha
sustitución, luego no creo que muchos de los contratos indefinidos
que se han firmado, de 1.800.000 sean de sustitución. Muchos
temporales se habrán convertido en indefinidos, pero sustitución de
indefinidos por indefinidos habrá muy pocos, entre otras cosas porque
los términos del acuerdo y los que se establecieron en la legislación
lo impiden prácticamente.
Respecto al problema de las jubilaciones anticipadas, no se puede
establecer un criterio excesivamente generalizado. Soy de los que
defiendo que el sistema de jubilaciones anticipadas con la suficiente
prudencia y diferenciación, es un método eficaz para renovación de
las plantillas de las empresas y para su modernización. Es un método
que en definitiva viene a instaurar lo que los sindicatos llaman con
mucha propiedad ajustes de plantilla no traumáticos. Es una cuestión
a discutir cuánto de eso tiene que pagar y cómo tiene que pagar el
presupuesto del Estado, todos los ciudadanos y ése es un tema
fundamentalmente político.
Soy de los que creen que ha habido en muchas ocasiones, y es una
opinión personal, excesos en casos concretos y que seos excesos se
deben tratar o corregir. No creo que con carácter general sea eficaz
establecer que a aquel que presenta un plan de jubilación anticipada
acordada se le suba inmediatamente la cotización a la Seguridad
Social o tiene que pagar más Seguridad Social, porque a lo mejor
muchas de las situaciones que tratan de evitarse con el sistema de
jubilaciones anticipadas no se evitan y muchas de las empresas que
pueden salir o sanearse con procesos de jubilaciones anticipadas se
hunden si a continuación lo que usted se va a ahorrar por no se qué
exenciones fiscales, de Seguridad Social, del Inem, etcétera, lo
tiene que pagar inmediatamente por Seguridad Social, y se hace
inviable la solución a las empresas.
En este punto creo que tiene que haber una gran prudencia y una gran
relación, una buena proporción entre los efectos que se producen de
salvar o mantener el empleo y de renovarlo y no ir a una utilización
masiva o sistemática simplemente por mejorar los resultados de las
empresas. Los sistemas de jubilaciones anticipadas no se deben
aplicar para mejorar resultados de las empresas que ya son
mínimamente suficientes y si se utilizan debe hacerse como acuerdo,
además la contribución de los recursos públicos debe estar muy en
proporción a cuál es el objetivo que se trata de conseguir. El
objetivo que se trata de conseguir puede ser el saneamiento de una
empresa, la renovación de la plantilla de una empresa, el aumento de
la competitividad de esa empresa. Otro objetivo es intentar conseguir
multiplicar por dos la cuenta de resultados en los próximos cinco
años, a lo mejor hay que tener otro criterio, otra valoración. No
digo que haya que prohibir eso; al contrario, haga usted lo que
pueda, pero tampoco pida usted la contribución pública cuando ese
objetivo es el único que quiere perseguir. Si usted quiere
multiplicar por tres, por cuatro o por cinco su cuenta de resultados
me parece muy bien, pero no llame usted a los recursos públicos
justamente para eso.
En cuanto a los sistemas complementarios sobre los que hablaba el
señor Gimeno, parece lógico y razonable defender
el principio de la armonización fiscal de los sistemas de pensiones,
pero también me parece lógico porque el sistema público de pensiones
ya existe y es obligatorio, mientras que el sistema de complementario
-en el cual estamos todos de acuerdo porque si no estamos de acuerdo
es otra cuestión- indirectamente refuerza también al sistema público
y al final todo esto constitucionalmente no forma más que un todo, el
todo del sistema público de pensiones y del sistema complementario de
pensiones, luego ¿cuál es en este momento el elemento más débil y el
elemento que debería justificar su incentivación fiscal? No es el
sistema público, ya sabe usted que el sistema público se paga todos
los meses y no pasa más. El sistema complementario política
y socialmente importa, y creo que debe de importar mucho, no sólo por
razones sociales, aunque es fundamental, sino también por otro tipo
de razones económicas. Si se necesita un apoyo o impulso que no debe
ser más que temporal en el tiempo que sea necesario, creo que está
justificado un sistema de apoyo, de protección fiscal o de incentivo
fiscal a los sistemas complementarios de pensiones. Cumplida esa fase
o realizado ese proceso a lo mejor se pueden homogeneizar o armonizar
los diferentes sistemas fiscales para las pensiones.
Al señor Jané le quería agradecer su aportación y de manera especial,
la contribución de su grupo parlamentario a las cosas que él ha dicho
con mucha certeza, al crecimiento y a la estabilidad de la economía y
también su protagonismo para que haya sido posible el Pacto de Toledo
y su perfeccionamiento junto con los demás grupos políticos.
No sé si el coste laboral o los costes unitarios están en función de
la economía sumergida, si les afecta mucho, poco o regular. No lo sé.
En principio si es sumergida es sumergida, no sabemos lo que es.
Hablando de costes laborales, le quería responder al señor Vaquero
que es cierto, que se necesita con urgencia que todos utilicemos el
mismo lenguaje y los mismos números, pero también quiero decirle que
los números que he utilizado y que normalmente utilizamos no son
números nuestros, son números de las estadísticas europeas, de las
estadísticas de la OCDE o del Ministerio de Trabajo. Los que he
utilizado aquí son del Ministerio de Trabajo y las medias europeas de
costes laborales son las que publican desde la OIT a la propia Unión
Europea. Es algo que no admite discusión en ningún país de los
integrados en estos foros y me refiero al coste total unitario, no al
absoluto y lo he dicho también en mi intervención cuando me he
referido claramente a que el coste absoluto de los salarios o de los
costes salariales en España es más bajo que la media europea,
mientras que por diferentes razones el coste unitario de producto o
de servicio de la media europea es más alto. Sobre eso hay todas las
estadísticas que se quieran utilizar, pero sería bueno que nos
pusiéramos de acuerdo en las cifras.
También se ha referido a la jubilación anticipada. Esa solución de
una mayor cotización a la Seguridad Social de las empresas que
utilizan el sistema no resolvería el problema de la empresa que
utilice ese sistema para sanearla o para renovar sus plantilla, sino
que lo agravaría, no daría la media.
En cuanto a ampliar la jubilación, puede ser útil. Insisto, y no creo
en las medidas con carácter general, sino en medidas que en unos
casos pueden ser útiles y en otros no
serlo. Defiendo que haya la mayor flexibilidad para que los
trabajadores y las empresas dentro de una horquilla lo más amplia
posible puedan tomar sus decisiones. Ampliar la edad de la jubilación
puede fortalecer el sistema de pensiones o el sistema de la Seguridad
Social, pero a lo mejor resulta que no fortalece la renovación en el
empleo, o no fortalece el empleo. Son dos objetivos tan importantes
que debe buscarse cómo se pueden coordinar o integrar entre sí.
Con respecto a los sistemas complementarios, también ha incidido el
señor Vaquero sobre cómo se deben tratar, en cuanto a fiscalidad, a
lo que creo que ya le he contestado anteriormente. ¿Que debemos
avanzar más en prestaciones? No cabe duda que debemos avanzar, como
he defendido y he dicho en mi propia intervención. Debemos avanzar en
prestaciones conforme vamos avanzando en el crecimiento de nuestra
riqueza, en el crecimiento de nuestro producto interior bruto, por lo
menos hasta alcanzar la media europea. ¿Complementos de mínimos? Ya
he dicho antes de una manera muy clara lo que creemos.
Separación de fuentes. ¿Qué hacemos después de que haya terminado la
separación de fuentes? ¿A qué vamos a aplicar los excedentes? Como ya
he dicho antes, hay que aplicar los excedentes a mejorar las
prestaciones, a adaptar nuestras cotizaciones sociales a la media,
por lo menos, de la Unión Europea, o de la OCDE, si se quiere, y a
constituir los fondos de reserva.
Usted me dice ¿hasta dónde hay que bajar las cotizaciones? Si cojo
una de las estadísticas que pone usted en duda, le diría que
podríamos bajarlo, por ejemplo, hasta donde lo tiene Dinamarca, que
la cotización de los empleadores es del 9,5 por ciento, la de los
trabajadores el 13,9 por ciento y la del Estado el 71 por ciento.
Fíjese si tenemos límite hasta donde bajar. Nos quedan unos trechos
increíbles. Ustedes marcan el ritmo.
Lo normal, lo coherente, sería decir que vamos a ponernos en torno a
la media europea. ¿Cuál es la media de la Unión Europea? También lo
tengo aquí. La media de la Unión Europea dice que en la protección
social los empleadores aportan el 39,2 por ciento, los trabajadores
el 23 por ciento y el Estado el 32 por ciento. En España estamos en
el 50,2 por ciento de los empleadores, el 17,4 de los trabajadores,
y el 29,6 el Estado.
Podríamos fijarnos en esa discusión en el Pacto de Toledo y decir ¿en
cuántos años? En cuatro, en una legislatura. En este punto, vamos a
ver si llegamos a donde está la media de la Unión Europea. Admito que
discutamos a ver si esa media es verdad o no -yo cito los datos que
me da el Ministerio de Trabajo, no me los invento yo-, podría ser,
siempre que atendamos coordinadamente los otros grandes objetivos, es
decir, mejora de prestaciones, cotizaciones y generación de fondo de
reserva. ¿Límite? Hasta donde se pueda, y ya le he dicho dónde está
el límite último.
En relación con los préstamos a la Seguridad Social, yo creo que hay
que cancelar esos préstamos y hay que hacerlo en las fechas que están
previstas, y empiezan dentro de poco a cancelarse los primeros
préstamos. Ese es un tema también a tener en cuenta en las políticas
presupuestarias. Es verdad que en el último año ha variado la
aplicación o la utilización de estos préstamos. Según nuestros datos,
los
préstamos que estaban previstos en el año 1999 creo recordar que eran
sobre los 210.000 millones de pesetas, y no se han utilizado. Pero
ahí hay más de tres billones de pesetas que alguien tendrá que pagar,
o no se paga, se coge y se hace lo que se suele hacer en estas cosas;
vamos a ver quién es el que paga una deuda de esas características;
pero habrá que regularizar esa situación; y regularizar esa situación
que es volver a hablar seriamente y con credibilidad de cuál es la
situación real actual del sistema de financiación de la Seguridad
Social.
Yo no discuto, y comparto todas las afirmaciones del señor Camps, que
en estos últimos tres años, justamente porque ha habido una política
económica coherente, se han podido hacer dos cosas, ir saneando
financieramente el Sistema de la Seguridad Social, como se han
saneado otros sistemas financieros públicos, pero al mismo tiempo es
que se han incrementado de una manera importante las prestaciones.
Eso, como antes decía en mi intervención, forma parte del círculo
virtuoso. Cuando se produce más empleo, cuando se produce mejor
economía y más estabilidad en la economía se genera esa situación de
círculo virtuoso, que consiste en que se pueden aligerar las cargas
sociales para crear más empleo y al mismo tiempo se pueden allegar
más recursos para mejorar las prestaciones sociales. Eso no es una
utopía, eso se ha producido. Una de las grandes finalidades de los
presupuestos del Estado que se están discutiendo en este Parlamento
estos días y tratando de cerrar, es justamente ésa, cómo aumenta el
empleo, cómo aumenta la recaudación, pero aumenta la recaudación
total mejorando prestaciones y reduciendo impuestos o reduciendo
cotizaciones. Todo eso es consecuencia de una cosa, se crea empleo,
se crea actividad, hay una actividad más saneada, etcétera. Yo no
comparto la opinión del señor Camps de que no afectan al empleo las
cotizaciones, afectan al empleo cuando tienen la importancia que
tienen, y tienen una gran importancia. ¿Cómo se podría reducir más la
deuda de los empresarios o de las empresas a la Seguridad Social. Yo
creo que tampoco hay una receta general, entre otras cosas porque
cada uno de los tratamientos de deuda están negociados, están
acordados entre la empresa y la Seguridad Social, y cada empresa
seguramente está en una determinada situación, una situación que es
totalmente distinta de la de otra empresa, y, en función de ello, es
la propia Tesorería de la Seguridad Social la que fija cuáles son las
condiciones en las que se tienen que devolver los préstamos. A lo
mejor puede ser criterio político acertado, si se quiere buscar una
reducción más rápida o una amortización más acelerada de la deuda,
reducir los plazos y reducir los retrasos o las moras en el pago de
las deuda. Todo eso es función de la Tesorería de la Seguridad
Social.
El señor Vaquero ha hablado también del problema del control de la
inflación. Efectivamente, ése es el dato preocupante de nuestra
economía y a nosotros nos preocupa mucho. A nosotros nos preocupa
mucho porque es un elemento fundamental, no sólo de la competitividad
de la empresas, sino de la estabilidad del sistema de protección
social, pero fundamentalísimo, es decir, todo lo que hemos avanzado
podemos retrocederlo en poco tiempo simplemente si no somos capaces
de controlar todo el proceso de
inflación. Nuestra opinión es que en el proceso de inflación están
incidiendo unas circunstancias muy concretas, como el crecimiento de
los precios del petróleo de manera importante, no sólo en España,
también en la Unión Europea está pasando. Nosotros nos hemos desviado
de los objetivos que habíamos previsto a principios de año, pero es
que la Unión Europea ha pasado de una inflación del 0,8 al 1,4,
también en pocos meses, más o menos lo que nosotros nos hemos
desviado, o quizá nosotros nos hemos desviado un poco menos de lo que
se ha desviado la media de la Unión Europea.
Son varias las cosas que se pueden hacer. Creo que es muy frecuente
decir que leña al mono y ataquemos los márgenes comerciales o
empresariales, que hay que ver cuánto dinero están ganando las
empresas. Yo no quiero arrimar el ascua a mi sardina, pero creo que
no es un procedimiento de intervención decir cuáles son los márgenes
tolerables y cuáles son los márgenes intolerables para controlar la
inflación, o por lo menos no se utiliza en ningún país de nuestro
entorno ni de la Unión Europea, y si no se utiliza será por alguna
razón. Más bien creo que allí donde se producen márgenes comerciales
que puedan calificarse de excesivos justamente se producen porque hay
poca apertura o poca competencia en ese mercado. Lo que habrá que
hacer es ver qué mecanismos para aumentar la competencia, para
adaptar los márgenes comerciales, se deben introducir en ese mercado.
Es cierto que en España, aunque se haya iniciado el proceso, no hemos
avanzado todavía de una manera muy definitiva en determinados
mercados para darles más competencia. Tenemos la competencia exterior
y tenemos la competencia interior. Hay mercados donde, por diferentes
razones, la competencia exterior opera poco y, sin embargo, tampoco
en nuestro mercado interior se está impulsando la competencia yo creo
en eso como mejor sistema y para conseguir controlar la inflación.
Bonificaciones a la Seguridad Social. Yo no comparto el criterio de
que las bonificaciones sean el sistema por el cual se deben reducir
los impuestos o las cargas no salariales, porque me parece injusto.
Me parece injusto que un empresario, no se sabe por qué razones, esté
pagando las cotizaciones que otro no paga. Me parece que esa puede
ser una solución transitoria o coyuntural, pero no una solución
estructural. Yo creo que las cotizaciones a la Seguridad Social, que
deben atender prestaciones de seguro y prestaciones contributivas,
deben estar estableciéndose en función de criterios objetivos. Son
criterios de contributividad; es decir, usted paga tanto porque usted
participa tanto y porque le corresponde esto. Los otros serían
criterios políticos. Muy bien, con todos los respetos, aceptaríamos
que fueran los criterios políticos, pero no es ése el sistema que el
propio Pacto de Toledo deriva o deduce a la hora de hacer la
distinción en cómo se financian las prestaciones no contributivas
y cómo se financian las prestaciones contributivas; ni tampoco es ése
el criterio que establece, en cuanto a la conveniencia de reducir las
cotizaciones a la Seguridad Social, desde el punto de vista del
empleo, ninguno de los grandes programas europeos o de otros países.
Ahora bien, si hay que seguir por la vía de las bonificaciones, habrá
que seguir por la vía de las cotizaciones o de la reducción de las
cotizaciones con criterios efectivos, pero no nos parece que eso sea
ni justo ni apropiado ni lo más eficaz.
Yo creo que he tratado de responder a las preguntas tan amables que
se me han dirigido. Señor presidente, si me lo permite, quería volver
a insistir en el agradecimiento y en el reconocimiento a todos
ustedes.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea utilizar un turno?
Señor Camps, supongo que es a efectos exclusivamente de la
intervención del señor Cuevas. (Asentimiento.) Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, es para desfacer un entuerto
o una mala interpretación a través de un equivoco. No podría ser el
portavoz de política social y empleo del Grupo Popular el que
justamente dijera que no está a favor de la rebaja de cotizaciones
sociales o de las bonificaciones sociales selectivas, si se quiere
entender así, como uno de los elementos dinamizadores en materia de
creación de empleo. Si se me ha entendido así, no era la intención de
este portavoz. Lo que sí ha dicho este portavoz es que no entiende
que la rebaja de cotizaciones sociales solo por sí genere
automáticamente empleo. Eso sí que lo ha dicho este portavoz. A ese
respecto manifestaba que justamente debe ser una política económica y
una política de empleo como la que se ha venido realizando de menor
déficit público, control de la inflación, liberalización de mercado,
reducción de tipos de interés la que, juntamente con una reducción,
en la que no voy a entrar, selectiva o no de cotizaciones sociales,
crea empleo. Evidentemente las bonificaciones de cotizaciones
sociales en nuestro país en estos últimos años han sido una parte
fundamental de la causa de que se hayan creado 1.800.000 puestos de
trabajo. Compartimos, ya no los estudios -aunque algunos serían
criticables, pero no voy a entrar en eso- europeos e informes que hay
al respecto, sino el propio Pacto de Toledo, o si queremos
globalizarlo en uno, el propio informe Delors, que impide la
reducción de cotizaciones sociales, sobre todo para los sectores de
trabajo de baja cualificación o uso intensivo de mano de obra.
Reitero, y con ello espero deshacer el equívoco, que lo que sí ha
dicho este portavoz es que la rebaja de cotizaciones sociales de por
sí, solo por sí y fuera de cualquier contexto, no genera
automáticamente empleo; porque en este país, además, se ha creado
empleo sin rebajar cotizaciones sociales y porque en el entorno
europeo en que estamos ni tenemos los costes sociales más bajos ni
hemos rebajado los costes sociales por debajo de otros en estos
últimos años y, encima, sí que hemos creado la mitad del empleo que
se ha creado en estos últimos tres años en Europa. Con esto quiero
matizar la primera intervención que he tenido, si ha sido
malinterpretada, porque nunca, y menos del portavoz del Grupo
Popular, se podía inferir el sentido que el señor Cuevas ha dado a
las manifestaciones que he realizado en mi primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE) (Cuevas Salvador): Señor presidente, quiero
decir que así lo había entendido y, por tanto, pido disculpas porque
me parece muy lógica y coherente
su opinión y la comparto. No hay una sola razón que explique la
creación de empleo. Es un conjunto de circunstancias, un conjunto de
causas y, entre ellas, el crecimiento de la economía y, sobre todo,
de una economía estable que genera credibilidad. Otro de los grandes
condicionamientos o fundamentos de la creación de empleo, en
definitiva, es la evolución de los salarios. Eso es verdad. Y la
evolución de los salarios influye, ha influido y está influyendo muy
positivamente en la evolución de la inflación, en la evolución de los
precios. Es verdad que hoy no se puede decir que nuestros precios o
nuestra inflación se disparan porque no hay una situación
generalizada de racionalidad en el crecimiento de los salarios. Por
tanto, el crecimiento de los salarios es otro de los factores
fundamentales que determinan la creación de empleo por la misma razón
que el crecimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social; en
definitiva, son las dos patas del mismo banco. Pero sin una evolución
de la economía estable, con credibilidad, con confianza y con rigor,
seguramente no opera la reducción de las cotizaciones sociales ni
opera tampoco la reducción de los salarios. Eso está claro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Con esta intervención queremos agradecer al señor Cuevas, presidente
de la CEOE, su aportación ante esta Comisión y la disposición que
siempre ha manifestado él y su organización a estar presente en este
Parlamento. Queremos también hacer extensible este agradecimiento al
secretario general de la CEOE, el señor Jiménez Aguilar, que ha
acompañado esta comparecencia, no de forma testimonial, sino de forma
eficaz, como he podido comprobar desde esta Presidencia.
Suspendemos momentáneamente la sesión para poder despedir, dentro de
la cortesía parlamentaria, al presidente y al secretario general de
la CEOE y, al mismo tiempo, dar la bienvenida al presidente de la
Cepyme.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (CEPYME), ANTONIO MASAGODOY. ASOLICITUD DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS IZQUIERDA UNIDA Y GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV).
(Número de expediente 219/000636 y 219/000635.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia del
presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (Cepyme), don Antonio Masa Godoy, a quien damos la bienvenida
a esta Comisión del Pacto de Toledo, y al que seguramente esa
bienvenida le resulta familiar, porque don Antonio Masa, quiero
recordarles a SS.SS., fue diputado de las Cortes Constituyentes por
el Grupo de Unión de Centro Democrático, y supongo que para él será
una satisfacción estar nuevamente en esta casa. Sin más preámbulos,
le concedo la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑAY
MEDIANAEMPRESA (Masa Godoy): Señor presidente de la Comisión,
señorías, en primer lugar mi agradecimiento por las palabras del
presidente. Para mí es un alto honor estar hoy aquí de nuevo, sobre
todo porque me tocó, de alguna manera, participar en algo que creo
fue histórico y que supone una emoción muy íntima. Por tanto, son dos
los agradecimientos, uno el estar aquí y esa oportunidad que me ha
dado y otro el reconocimiento de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), porque pueda expresar aquí la
situación y expectativas de nuestro sistema de Seguridad Social, en
el marco del desarrollo del Pacto de Toledo.
Como no podría ser de otra manera, el sistema de Seguridad Social
español ha sido objeto de prioritaria y permanente atención por parte
de nuestra Confederación, ya que el mismo desempeña una función
primordial en las vidas de los ciudadanos, de las familias, de las
empresas y en la consolidación del progreso económico y social de
nuestra sociedad entera. La ponencia creada por el Parlamento en
febrero de 1994, y que desarrolló sus trabajos durante más de un año,
permitió alcanzar un mayoritario acuerdo sobre el contenido del
informe de la ponencia para el análisis de los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales
reformas que deberían acometerse, bien conocido como Pacto de Toledo,
y que recibió un amplísimo respaldo parlamentario por el Pleno del
Congreso de los Diputados en abril de 1995.
En este tiempo en que vio la luz el Pacto de Toledo ya mereció una
valoración claramente positiva por parte de la Cepyme, por su
virtualidad para serenar un debate que necesitaba de un ambiente de
tranquilidad y de sosiego para ser auténticamente eficaz y rendir los
frutos deseados por sus artífices. También nos pareció valioso por
incorporar elementos muy positivos de diagnóstico de la situación así
como un abanico de recomendaciones y propuestas de medidas de reforma
de un sistema de protección urgentemente necesitado de ellas.
Es obvio que en los momentos históricos en los que nace el Pacto de
Toledo existía gran preocupación social por la situación y futuro de
nuestro sistema de protección social y, en concreto, respecto de las
pensiones. Por ello, es especialmente valioso el pacto al contribuir
en términos de máximo respaldo a realizar un diagnóstico que es fiel
reflejo de la situación más que delicada que atravesaba el sistema de
Seguridad Social, y en posibilitar unas líneas de actuación con el
máximo apoyo político y social que permiten su reforma y mejora.
La situación socioeconómica y las previsiones que existían
coetáneamente con el nacimiento del Pacto de Toledo, superadas
venturosamente, presentaban unos perfiles muy diferentes de los que
conforman la realidad y pronósticos socioeconómicos en el tiempo
presente. Recordaré resumidamente, si me lo permiten SS.SS., algunas
cifras significativas de los cuadros macroeconómicos de los años 1994
y 1995.
La evolución del PIB, como todos sabemos, con crecimientos del 2,3 y
del 2,7 por ciento respectivamente. La población ocupada disminuyó en
1994 un 0,9 por ciento sobre el año precedente, para crecer un 2,7
por ciento en 1995. La formación bruta de capital en 1994 crecía un
2,5 por ciento y un 8,2 por ciento en 1995. El incremento del índice
de precios al consumo era en 1994 del 4,9 por ciento
y del 4,7 en 1995. El déficit de las administraciones públicas
alcanzaba en esos años sus cotas máximas, con un 6,4 y un 7,3 por
ciento respectivamente sobre el PIB.
Creo que es oportuno recordar, aunque sea brevemente, que durante
toda la década de los años ochenta y primeros de los noventa, eran
bien conocidos múltiples estudios sobre la situación y expectativas
de la Seguridad Social española que, a pesar de su distinto origen y
finalidades, coincidían en gran medida tanto en el diagnóstico de su
crítica situación como en la necesidad acuciante de introducir
medidas correctoras de carácter profundo y estructural. Llegaban a
estas conclusiones principalmente por el empeoramiento progresivo de
la relación, como todos sabemos, entre cotizantes en activo y
pensionistas, que a su vez era el producto abreviado de la evolución
demográfica y de las posibilidades de crecimiento de nuestra economía
en el marco de un sistema de reparto puro que caracterizaba la
financiación del mismo.
Con todas las diferencias y distancias que se derivan de las
distintas características y naturaleza que tienen los análisis
técnicos aludidos y el propio Pacto de Toledo, había una coincidencia
evidente en la necesidad de acometer inexcusables reformas para
adaptar y hacer viable nuestro sistema de la Seguridad Social.
Antes de abordar algunos aspectos puntuales y concretos que se
refieren al desarrollo y aplicación del Pacto de Toledo, quisiera
hacer alguna referencia general a la visión que la protección social
merece desde las instancias competentes de la Unión Europea y en
diferentes Estados miembros de la misma.
En lo que respecta a los sistemas públicos de seguridad social en
Europa, tanto las situaciones de partida como los objetivos a
conseguir suelen ser coincidentes, tanto a nivel europeo como a nivel
nacional: situaciones deficitarias más o menos críticas que imponen
la necesidad de adaptar y racionalizar los sistemas de protección
social como única vía de asegurar su viabilidad y pervivencia, y ello
se viene llevando acabo mediante actuaciones normativas y de gestión
reales y concretas. Distintos documentos de la Comisión de las
Comunidades Europeas vienen sistemáticamente abordando este asunto.
Valga como referente reciente la comunicación de la Comisión de julio
de este año UNA ESTRATEGIA CONCERTADA PARA MODERNIZAR LA PROTECCIÓN
SOCIAL, que continúa la línea de trabajo incorporada a la anterior
comunicación de marco de 1997 sobre la modernización y mejora de la
protección social en la Unión Europea. Estos documentos, entre otros,
ponen de manifiesto la necesidad de mantener y consolidar ese modelo
de protección social, que viene a coincidir con el llamado modelo
social europeo, siendo preciso a tal fin la adaptación a contextos
socioeconómicos distintos de aquellos en los que tales sistemas
fueron inicialmente creados, de modo que puedan armonizarse las
políticas sociales basadas en los valores de solidaridad y cohesión
con políticas económicas acordes con un crecimiento económico sano y
sostenido y con la capacidad de competir de nuestras empresas.
En estos documentos, como en la mayor parte de los trabajos técnicos
sobre esta materia, se destacan tres grandes cambios que, aunque ya
se dan en nuestra sociedad actual, se van a ver intensificados en los
años venideros y
van a ser factores determinantes en el futuro de los sistemas de
protección social.
En primer lugar, las nuevas formas de vida y organización laboral.
Las diferentes tasas de creación de empleo en los sectores agrario,
industrial o de servicios, la transformación de las estructuras de
cualificación profesional, el acortamiento de la vida profesional por
la mayor dedicación a los procesos de educación y formación o por el
abandono temprano de la vida laboral, distintos modelos de carreras
profesionales, entre otras circunstancias, son aspectos que van a
incidir en la definición de un nuevo modelo de vida laboral más
diverso, más flexible y más variable.
Otra segunda característica, con incidencia en los sistemas de
protección social, será la evolución de la participación de hombres y
mujeres en la vida profesional, pues parece claro que la progresiva
participación de la mujer en el mercado de trabajo se mantendrá en
los próximos años y planteará nuevas situaciones y exigencias en
materia de protección social.
En tercer lugar, el envejecimiento de la población, con incrementos
muy importantes de la población de edad avanzada respecto de la
población en su conjunto, que puede poner en situaciones críticas la
viabilidad de los sistemas de pensiones y fuerce a acelerar el ritmo
de reforma de los mismos. También en este aspecto genera una mayor
demanda la atención sanitaria y de servicios sociales,cuya gestión y
financiación añaden situaciones de dificultad a la mayor parte de los
sistemas de protección social, tal y como hoy están estructurados y
concebidos.
En este sentido, creo que también debemos reparar en las líneas de
actuación apuntadas en la antes citada comunicación de la Comisión
como fruto de un amplio y participativo debate suscitado en toda la
Unión Europea. En primer lugar, la Comisión entiende que es
prioritario realizar un cambio de filosofía en la protección social,
de modo que ésta favorezca el empleo. Con ello se quiere decir que la
continuidad de los sistemas de protección social depende en gran
medida de que cada vez haya una proporción mayor de población en
activo, con la consiguiente reducción de índices de independencia.
Para el logro de tal objetivo, la Comisión propone abordar distintas
acciones: Mejorar la articulación entre los sistemas fiscales y de
protección social con vistas a incentivar más eficazmente el empleo.
Transformar el seguro de desempleo en su concepción tradicional en
una prestación que promueva la aptitud para el empleo, en línea con
el movimiento de formación a lo largo de toda su vida activa.
Necesidad de reestructurar las modalidades de financiación de la
protección social, en línea con lo establecido en el Libro Blanco
sobre crecimiento, competitividad y empleo y en las recomendaciones
del Consejo de Europa de Essen, en 1994, que identificó como una de
las cinco prioridades en la lucha contra el desempleo, la reducción
de los costes laborales no salariales. Implantación de sistemas
flexibles para gestionar la transición o la prolongación de la vida
profesional hacia la jubilación.
Con este repertorio de medidas, la Comisión pretende, además de
identificar los desafíos comunes a los que se enfrentan los Estados
miembros, orientar la labor de estos como responsables de la
organización y de la financiación
de sus propios sistemas de protección social en el proceso necesario
de adecuación y racionalización de los mismos.
Amodo de consideración resumida, del panorama internacional que les
he expuesto a SS.SS. en materia de protección social, podemos
concluir que en los sistemas de Seguridad Social con base financiera
de reparto y gestión pública de sus prestaciones, la práctica
totalidad de los países de la Unión Europea han introducido
modificaciones muy importantes, dirigidas tanto al ámbito de las
prestaciones como al de su financiación. En la realidad española,
durante los más de cuatro años de vida del Pacto de Toledo, sus
recomendaciones han sido objeto de un amplio desarrollo, cuyo detalle
documental, tanto en los aspectos normativos como en los de
naturaleza económica o financiera, ha dado a conocer el Gobierno a
esta Comisión y a la opinión pública con todo detalle y extensión.
Hecha al principio la valoración general del Pacto de Toledo, es el
momento de transmitir a SS.SS. los puntos de vista de nuestra
confederación sobre los aspectos más significativos del desarrollo de
sus recomendaciones que, de modo complementario, servirá también para
expresar nuestras reflexiones o propuestas de futuro en las distintas
materias a las que dichas recomendaciones se refieren.
Las dos primera recomendaciones, separación y clarificación de las
fuentes de financiación y constitución de reservas, marcan el
objetivo de clarificar y racionalizar las fuentes de financiación del
sistema, de modo que las cotizaciones sociales financien únicamente
las prestaciones contributivas, lo que permitiría que en épocas de
auge o bonanza económica permitieran las pertinentes mejoras de
prestaciones, a la vez que producir disminuciones significativas de
cotizaciones, y constituir reservas que atenúen los efectos de los
ciclos económicos a los cuales son extraordinariamente sensibles los
sistemas de reparto puro, como es el sistema de la Seguridad Social
española. En esta materia de separación de fuentes de financiación
entendemos que no se ha avanzado lo necesario ni en el calendario ni
en la estructura financiera ni en cuantías y, por tanto, no se ha
culminado el horizonte previsto en las referidas recomendaciones. En
efecto, el gasto sanitario público ya se financia totalmente con
impuestos, pero todavía se continúa financiando con cotizaciones
sociales prácticamente la totalidad de los complementos de mínimos
-salvo los 16.000 millones de pesetas aproximadamente de aportación
estatal que se estableció ya en 1997-, las prestaciones familiares
contributivas y también una parte significativa de los servicios
sociales.
En consecuencia, consideramos que está todavía pendiente de adaptar
la financiación de nuestro sistema de protección social a la media
europea en cuanto a las cuantías y estructura que representan las
cotizaciones empresariales, las aportaciones del Estado con cargo a
impuestos y la participación de los asegurados en la financiación de
la Seguridad Social española. Entendemos, por otra parte, que el
ámbito de contingencias que abarca el Pacto de Toledo debería ser
ampliado de modo expreso, para que en su contenido quedarán incluidas
la financiación y las prestaciones por desempleo, ya que las mismas,
tanto desde el punto de vista normativo como presupuestario, forman
parte sustancial de nuestra Seguridad Social, y esto sin perjuicio de
que en el contenido de esta primera recomendación a la que me
refiero, esté previsto, aunque no desarrollado, que es la fiscalidad
general la que debe hacer frente a los programas de incentivos en las
cotizaciones de los grupos de especial dificultad en la búsqueda de
empleo entre otras situaciones bonificables.
A nuestro juicio, el desarrollo de las recomendaciones tercera y
octava del Pacto de Toledo deberían tener y haber tenido en su
momento una visión y un desarrollo conjunto y progresivo
perfectamente coherente con el desarrollo pleno de las dos
recomendaciones precedentes, de modo que permitiera hacer compatible
la mejora de las bases de cotización con la reducción global, general
y significativa de las cotizaciones sociales, y el establecimiento de
una distribución más equilibrada de las aportaciones de las empresas
y de los asegurados al sistema contributivo, en línea con las pautas
y experiencias más extendidas entre los países miembros de la Unión
Europea. De hecho, el desarrollo de las recomendaciones en materia de
cotizaciones sociales, y pese a que en el año 1995 se redujo un punto
de cotización al régimen general, ha producido que la presión
contributiva de las mismas no haya disminuido, ya que en paralelo se
han producido incrementos sostenidos en las bases mínimas de
cotización, medidas legislativas para aumentar más que
proporcionalmente las bases máximas para aproximarlas a los salarios
reales -incrementos anuales del 7,11 por ciento de los grupos 5 a 11,
incrementos de bases mínimas en el régimen de autónomos-, que han
comportado incrementos significativos de los costes sociales con
carácter adicional a los incrementos salariales y del IPC.
Las recomendaciones quinta, séptima y decimotercera han sido objeto
de amplio desarrollo, que se ha traducido en una mejora efectiva de
la gestión recaudatoria y en una mejora de la eficacia del sistema en
esta concreta parcela, y ello ha sido objeto de valoración más
detallada y específica en los diferentes órganos de participación
institucional.
Las recomendaciones novena, décima, undécima y duodécima han sido
objeto de desarrollo singular, con el objetivo de hacer compatibles
medidas de mejora de prestaciones, el reforzamiento de los principios
de solidaridad y de equidad con el carácter contributivo del sistema,
no habiéndose puesto aún de manifiesto consecuencias significativas
sobre el sistema, dado el poco tiempo transcurrido y la naturaleza de
las mismas y, por tanto, sólo sería posible aproximar previsiones o
pronósticos sobre posibles efectos, creemos que no siempre positivos
y coherentes pero, en todo caso, pendientes de confirmación en la
realidad.
Con respecto a las recomendaciones cuarta y sexta, y por cuanto se
refieren y afectan al régimen de autónomos, Cepyme valora muy
positivamente el estudio elaborado en marzo de 1998 por la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social sobre este régimen especial de
trabajadores autónomos -en lo sucesivo RETA- y su situación
comparativa con el régimen general. Este estudio proporciona soporte
técnico al mandato que la disposición adicional primera de la Ley 24/
1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema
de la Seguridad Social, da al Gobierno para que proceda a la mejora
de las prestaciones del RETA y a su aproximación a las del régimen
general.
Tomando como referencia dicho documento, nuestra confederación
elaboró en julio de este año un informe que,
si me lo permiten, adjuntaré como anexo a mi intervención, y respecto
del cual me propongo hacerles un breve resumen, por cuanto
implícitamente supone tanto una valoración del desarrollo de las
recomendaciones del Pacto de Toledo que le afectan, cuanto nuestras
reflexiones sobre actuaciones de futuro.
Uno. Campo de aplicación del RETA. La ponencia del Pacto de Toledo
eleva a la categoría de régimen referencial para simplificar o
integrar otros regímenes especiales al RETAjunto con el régimen
general. Desde su definición en 1970, el RETA, destinado a encuadrar
en el sistema de la Seguridad Social a las personas que realizan de
forma habitual, personal y directa una actividad a título lucrativo,
sin sujeción por ello a contrato de trabajo, y aunque utilice el
servicio remunerado de otras personas, ha visto ampliado
significativamente su ámbito de aplicación, a lo largo de todos los
años pasados.
En la actualidad, y fruto de esas sucesivas reformas normativas, se
puede concluir que el RETA es el régimen donde están encuadrados los
empresarios, en sus muy diversas modalidades, por el desempeño de las
diferentes actividades económicas y profesionales, con un fundamento
común que es el factor determinante de su inclusión en el mismo: el
ejercicio de una actividad económica o profesional lucrativa
asumiendo el riesgo y ventura de la misma.
Sin embargo, la denominación del propio régimen como de trabajadores
por cuenta propia o autónomos conduce a confusión por su carácter
equívoco, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado que no
tiene correspondencia ni en su nomenclatura ni en sus contenidos con
el resto del ordenamiento jurídico español, por lo que tal vez fuera
adecuado cambiar la denominación del régimen no sólo por razones
semánticas y formales, sino porque constituiría ya un primer paso
hacia una nueva configuración normativa del mismo, en aras a una
mejor adecuación a las contingencias cubiertas, a sus prestaciones, a
su financiación y a las realidades y necesidades de todo tipo que
plantean los sujetos de afiliación al mismo.
2. Nivel de Protección. El mencionado estudio de marzo de 1998,
elaborado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, pone de
manifiesto que se ha producido un importante proceso de convergencia,
en lo que a la acción protectora se refiere, entre el RETA y el
régimen general, y ello es objeto de positiva valoración por parte de
nuestra confederación.
Sin embargo, es obvio y objetivo que persisten unas diferencias
ciertas en cuanto al nivel de protección que, sin responder a las
distintas concepciones de los dos regímenes de Seguridad Social ni a
diferencias en cuanto al esfuerzo contributivo, determinan que el
nivel de protección en el RETA sea inferior al del régimen general y
que se concretan resumidamente en las siguientes contingencias:
Actualmente, en el RETAno está protegida la contingencia por
incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. Tampoco
proporciona el RETAcobertura por incapacidad permanente total
cualificada. De otra parte, la pensión por incapacidad permanente
total, que en el régimen general puede ser excepcionalmente
sustituida por una indemnización a tanto alzado que puede alcanzar
hasta un máximo de ochenta y cuatro mensualidades, en el RETA está
limitada a cuarenta mensualidades de la base reguladora.
Además, el plazo de opción en uno y otro régimen es distinto. En la
contingencia de jubilación, la diferencia más importante es la
posibilidad de jubilarse antes de los 65 años de edad que, cumpliendo
unas determinadas condiciones, se reconoce a los afiliados al régimen
general y que no cabe para los afiliados al RETA. También existen
diferencias con el régimen general, en cuanto al cómputo de
cotizaciones para el cálculo de la pensión, cuando se tengan
acreditadas cuotas al extinguido régimen de Seguro de Vejez o
Invalidez y Mutualismo Laboral, así como en las normas para cubrir
lagunas de cotización por períodos en los que no existiese la
obligación de cotizar.
3. Situación de ingresos y gastos. Trataré de hacer un resumen breve
de la evolución de los principales componentes de ingresos y gastos
en el RETA en términos comparativos con otros regímenes de la
Seguridad Social, para tener de este modo una aproximación a su
situación financiera.
Durante los últimos años, las bases mínimas del RETA, además de ser
muy superiores a las mínimas de los grupos de cotización 4, 5, 6 y 7
del régimen general, han registrado incrementos interanuales
notablemente superiores a los producidos en las bases mínimas del
régimen general.
Comparando las cuantías de las bases mínimas del grupo 1 de
cotización del régimen general con las bases mínimas del RETA, se
comprueba que se ha reducido la diferencia entre unas y otras desde
18.270 pesetas que había en el año 1993 hasta las actuales 7.030
pesetas del año 1999, lo que en términos porcentuales supone pasar
del 17,9 por ciento al 5,8 por ciento de diferencia entre ambas
magnitudes.
Lo anterior está produciendo un progresivo recorte de la diferencia
con las bases medias de cotización del régimen general, pasando de un
56,5 por ciento de la base media del RETA sobre la del régimen
general, en 1993, al 65,4 por ciento en 1999.
Respecto al tipo de cotización, el tipo general del RETA es del 28,3
por ciento, el mismo que se aplica conjuntamente entre trabajador y
empresa en el régimen general por contingencias comunes.
En resumen, es evidente que el RETAes el régimen que más ha
incrementado sus ingresos por cotizaciones en estos últimos cinco
años y, tras el régimen general, es el que mayores ingresos por
cotización recauda. El esfuerzo de la aportación del Estado por
afiliado ocupado en el RETA es muy inferior al que se produce en los
demás regímenes de la Seguridad Social, y representa el 28,3 por
ciento de la cuantía correspondiente a la media por afiliado a todos
los regímenes. Por comparación con el régimen general, con las 4.055
pesetas que en año 1999 supone la aportación estatal por cada ocupado
afiliado al mismo, en el régimen de autónomos sólo se recibían 1.050
pesetas de aportación estatal por afiliado, lo que supone una cuarta
parte de la aportación per cápita del Estado al régimen general.
Las cuantías de las pensiones medias del RETA son inferiores a las
del régimen general, a las del régimen especial del carbón y a las
del régimen especial del mar, regímenes en que las pensiones medidas
son mucho más elevadas y tienen crecimientos interanuales mayores que
las del RETA. Por todo ello, es lógico que haya una mayor proporción
de pensiones que reciben complementos de mínimos
en este régimen que en el régimen general, si bien esta
proporción está disminuyendo en el RETAcon mayor aceleración que en
el resto de los regímenes -y esto es especialmente significativo- y
es igualmente cierto que la proporción de nuevas pensiones del
RETAque necesitaban complementos de mínimos a junio de 1998 ha caído
hasta un 35 por ciento del total, en sentido contrario a lo que se
está produciendo en el régimen general.
Comparando el conjunto de gastos en prestaciones económicas respecto
a lo recaudado por cotizaciones desde el año 1993 hasta el año 1999,
se pone de manifiesto que únicamente el régimen general y el RETA
recaudan más en cotizaciones de lo que gastan en prestaciones
económicas. Además, el RETA es el que presenta una situación más
saneada, con la excepción del año 1993.
Otro dato significativo de la viabilidad financiera de los regímenes
de protección social es la relación entre afiliados en alta y
pensionistas. Pues bien, con datos a 1 de diciembre de 1998, la mejor
relación entre activos y pasivos la presenta el RETA con 3,36
cotizantes ocupados por cada pensionista siendo esta relación casi un
entero superior al ratio homólogo del régimen general.
En definitiva, el RETAes desde hace unos años el régimen de Seguridad
Social que tiene una situación financiera más equilibrada, en el que
los ingresos generados por cuotas están creciendo más que en ningún
otro régimen de la Seguridad Social, y el que presenta el equilibrio
más favorable entre los ingresos y los gastos por prestaciones
económicas. En consecuencia, es el régimen que menos aportación por
afiliado recibe del Estado, a pesar de ser el segundo en número de
afiliados y recaudaciones.
Conocido todo lo anterior, creemos que se está en condiciones de
fijar un horizonte de cumplimiento del mandato contenido en la Ley
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social, y de los principios contenidos en el
Pacto de Toledo, con el objetivo de actualizar su marco normativo y
eliminar las diferencias no justificadas de coberturas y protección
que aún mantiene con el régimen general.
Retomando el orden de recomendaciones, me referiré a la decimocuarta,
que propone potenciar la previsión complementaria. Nuestros puntos de
vista al respecto son bien conocidos: coincidimos plenamente con el
objetivo primorial de consolidar y potenciar estos sistemas de ahorro
y protección social complementaria, pero aun reconociendo algunos
avances y mejoras sustantivas en los últimos años, sobre todo en sus
aspectos fiscales, seguimos entendiendo que faltan las reformas
necesarias o innovadoras en materia de planes de empleo para las
pequeñas empresas, ya que las medidas que se han venido desarrollando
hasta ahora, incluso las más recientes, mantienen el mismo modelo
inicial de 1998, lo que no ha permitido en la práctica resultados
positivos por los insuperables inconvenientes y dificultades en
diversos órdenes que presenta el vigente modelo de gestión y
configuración misma de los planes y fondos de empleo.
La última recomendación contenida en el Pacto de Toledo prevé el
análisis y el seguimiento de la evolución del sistema, y esta
recomendación merece para nosotros un especial significado y una
valoración también especialmentepositiva.
Señala esta recomendación que las previsiones existentes en el
momento de nacer el Pacto de Toledo podían alterarse
significativamente en las próximas décadas y que por ello resulta de
máximo interés la realización del seguimiento y de la evolución de
las magnitudes que intervienen en el equilibrio financiero del
sistema para operar con las intervenciones pertinentes.
Por comparación con las cifras que al principio de mi intervención
traía como recuerdo descriptivo de la situación socioeconómica
española en 1994 y 1995, quiero detenerme justamente lo preciso en
recordar algunos de los indicadores más significativos de nuestra
economía, tomando como referencia el pasado ejercicio económico de
1998.
El PIB alcanzó un incremento real del 3,8 por ciento sobre el
ejercicio precedente; la renta per cápita española se situaba en esas
mismas fechas casi en el 80 por ciento de la media comunitaria; el
crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios creció el 10,6
por ciento y un 13 por ciento aproximadamente la inversión en bienes
de equipo; el déficit público en 1998 quedó reducido al 1,8 por
ciento del PIB; la inflación alcanzó la cifra histórica del 2 por
ciento; en 1998 el crecimiento del empleo alcanzó el 3,5 por ciento
sobre el año anterior, que ya creció a su vez el 2,9 por ciento sobre
el año precedente, lo que significa la creación de más de 800.000
nuevos puestos de trabajo netos en estos dos últimos ejercicios.
Indudablemente, ese incremento del empleo se ha visto reflejado en el
aumento de afililados a la Seguridad Social, que al mes de julio de
1999 alcanzó la cifra récord de más de 14.600.000 cotizantes.
Por contraposición con la tasa de desempleo que España presentaba en
el año 1994, y que alcanzaba el 23,7 por ciento de la población
activa, con 3,7 millones de desempleados a lo largo de los tres
últimos años y hasta la actualidad, hemos asistido a un cambio
sustancial del mercado de trabajo: el crecimiento sostenido de la
actividad económica, en un marco de equilibrio de las grandes
magnitudes económicas, se ha traducido en una gran capacidad para
generar nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar niveles
desconocidos en nuestra reciente historia económica, reduciendo
significativamente la tasa de desempleo y reduciendo las tasas de
temporalidad al multiplicar casi por cuatro la contratación por
tiempo indefinido.
Los sistemas de protección social con estructura de reparto, como es
el caso español, financian las prestaciones de cada ejercicio
económico con los ingresos que se establezcan presupuestariamente
para ese mismo período anual, integrados por cotizaciones sociales,
por recursos de naturaleza fiscal, más las transferencias estatales
que den cobertura a los eventuales déficit. Es axiomático que la
relación entre los activos que financian y los pasivos que perciben
prestaciones es determinante para configurar la situación de mayor o
menor equilibrio o desequilibrio del sistema.
Siguiendo el espíritu de la última recomendación del Pacto de Toledo,
y con el objetivo de obtener el deseable equilibrio financiero del
sistema a medio y largo plazo, debería elevarse a la condición de
máxima prioridad el mantenimiento del empleo actual y la búsqueda de
fórmulas que propicien y favorezcan su crecimiento futuro, porque el
empleo constituye el primer y principal elemento
que garantiza la sostenibilidad y viabilidad futura de nuestro
sistema de Seguridad Social.
Al respecto, dos líneas de pensamiento y de experiencia aportan
fórmulas eficaces para favorecer el aumento del empleo: de una parte,
cubierto más de la mitad el período de vigencia del acuerdo
interconfederal para la estabilidad en el empleo, la experiencia ha
hecho evidente que la introducción de mayores cotas de flexibilidad
en las relaciones laborales, unidas a políticas de reducción de los
costes laborales indirectos, se traduce de forma efectiva y
comprobada en la creación de empleo.
De otra parte, es unánime la posición de las instituciones más
especializadas y prestigiosas en materia económica, de empleo y
protección social recomendando de manera insistente que la reducción
de los costes laborales no salariales constituye una política
especialmente apropiada para favorecer la creación de empleo.
Se han hecho esfuerzos positivos, pero queda mucho por hacer. La
situación extraordinariamente positiva que presenta la realidad
socioeconómica española y las expectativas también muy positivas que
se abren sobre el inmediato futuro no debieran inducirnos al error de
pensar que ya no existen problemas en nuestro sistema de protección
social o que, si existen, son de tono menor.
El envejecimiento de la población española, que se ha ido
intensificando a lo largo de los últimos años, plantea una situación
en la que el número de españoles con edad igual o superior a los 65
años ya alcanzó en 1997 el 15,9 por ciento de la población total, dos
décimas por encima de la media europea, superados en Europa en esa
tasa de envejecimiento tan sólo por Bélgica, Alemania y Suecia, y con
tendencia inexorable a que ese índice siga aumentando.
La estructura de financiación de la protección social española, como
hemos visto anteriormente, descansa en exceso en los impuestos sobre
el empleo, que son en esencia las cotizaciones sociales. El
rendimiento positivo que este tipo de financiación procura en los
momentos de auge económico se transforma en dificultad
exponencialmente negativa en las fases de estancamiento o recesión
relativas. Los mecanismos de indiciación incorporados a ciertas
prestaciones de nuestro sistema de Seguridad Social pueden generar
situaciones de desequilibrio, con especial dificultad en los momentos
menos favorables del ciclo económico.
Estas y otras circunstancias creo que nos deben hacer reflexionar a
todos para buscar soluciones operativas y eficaces a medio y largo
plazo, abriéndose un debate sereno y sin urgencias, racional y
profesional, que desde el conocimiento detallado de la situación
financiera actual del sistema de protección social español permitiera
afrontar las reformas necesarias para asegurar la viabilidad y el
fortalecimiento futuro de nuestra Seguridad Social. Desde este punto
de vista, nos parece especialmente positivo que, tal como está
previsto en la recomendación decimoquinta del Pacto de Toledo, este
Congreso de los Diputados, cada cinco años, cree una ponencia que
estudie el presente y el futuro del sistema de Seguridad Social como
garantía de continuidad del mismo.
Por parte de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa, reitero ante SS.SS. nuestra voluntad y
nuestro compromiso de participar en cuantas ocasiones se nos solicite
para transmitirles nuestros puntos de vista y en especial el deseo,
la voluntad y el compromiso de Cepyme de participar activamente a
través del diálogo social tripartito, que es el método que
consideramos más propicio, más eficaz y acreditado por los positivos
frutos que el mismo ha rendido en la reciente historia social de
nuestro país en todos los procesos de reflexión, diálogo o
negociación que tengan por objeto directo o indirecto la Seguridad
Social.
Creo que debo poner fin a mi intervención reiterando al señor
presidente y a SS.SS. mi gratitud y reconocimiento por la atención
dispensada, quedando a su disposición tanto don Elías Aparicio,
secretario general de la Cepyme, como yo mismo, para atender, en la
medida de nuestras posibilidades, las cuestiones que tengan a bien
plantearnos, con la emoción de volver a estar aquí y poder hablar
ante SS.SS., que en definitiva representan al pueblo español.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno, por el Grupo Socialista
tiene la palabra en primer lugar el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Quiero agradecer la comparecencia de la Cepyme
en esta Comisión. Pretendía incidir fundamentalmente en una cuestión
y hacer una reflexión en torno a las afirmaciones que ha hecho.
No comparto el tono de algunas partes de su intervención. No se me
interprete mal, lo digo en el siguiente sentido. Estoy de acuerdo en
que el problema del empleo afecta fundamentalmente a la estructura y
a la financiación de la Seguridad Social, pero creo que es un
problema a corto plazo. Personalmente entiendo -y lo he venido
diciendo en esta Comisión- que a largo plazo el problema no va a ser
el empleo sino la productividad y la distribución de la riqueza. Se
me entenderá rápidamente. Cuanto más empleo tengamos hoy, más
pensionistas tendremos mañana, con lo cual, dando por supuesto que
tenemos que pensar en problemas de futuro y estructurales y no sólo
en problemas a corto plazo, esa situación -con todos los elementos
que usted ha planteado, como que vamos a tener personas de más edad y
muchos problemas nuevos- va a dar lugar a una estructura demográfica
que nos va a llevar, en el futuro, a que el problema de financiación
de la Seguridad Social sea cómo se distribuye la productividad. Es
posible que con menos trabajadores haya mucha más riqueza y también
es posible que haya más pensionistas. El problema es cómo se
distribuye esa productividad y riqueza para atender los gastos
sociales.
Enlazo con una pregunta que afecta mucho a los pequeños y medianos
empresarios y que usted planteaba al final. La situación va
financieramente mejor desde el punto de vista de la liquidez, pero la
Seguridad Social tiene hoy muchos más préstamos que en 1995. Esto es
así. Por ejemplo, en 1995, según los datos de esta misma Comisión,
había 789.000 millones de pesetas de préstamos del Estado a la
Seguridad Social. Me refiero a 1995, puesto que, con el mismo
criterio que seguían el ministro y el tesorero de la Seguridad Social
en esta Comisión, no quiero computar los 551.000 millones que se
deben a la sanidad históricamente, desde el año 1991, bajo el
planteamiento de que el Estado debía haber financiado la Seguridad
Social y no lo ha
hecho por diversas razones. Con ese mismo criterio, hoy, en 1999, con
los datos que se nos han facilitado en esta Comisión, la deuda al
Estado es de 2,5 billones. Con ello no quiero decir que la situación
sea mejor o peor, quiero plantear que la evolución del propio sistema
tiene unas tendencias que hay que afrontar. Con esto conecto con el
problema que más me interesaba de su comparecencia. Usted decía al
final: Todo va bien, pero ¡cuidado! los problemas existen. Ahí es
donde estamos. No vaya a ser que equivoquemos el papel de la
Comisión. ¿La situación está mejor? Puede ser. Yo discrepo respecto a
ese análisis de la estructura financiera del sistema y de todos los
problemas que se derivan. Lo que quiero decir es que para la pequeña
y mediana empresa hay un debate que empezamos a tener en esta
Comisión y que creo que va a ser largo. Las afirmaciones que hace
usted son ciertas: las cotizaciones sociales son una especie de
impuesto sobre el trabajo que penaliza el empleo. Esto es verdad, y
en una economía globalizada es un factor importante al que hay que
dar una solución. Pero hay que darle solución al mismo tiempo que se
resuelve el problema de la financiación de las políticas sociales. Si
algo define a un sistema de reparto -por decirlo introduciendo entre
paréntesis muchas cuestiones- no es sólo la contributividad, yo diría
que es más la proporcionalidad que la contributividad, porque si no
estaríamos en un sistema de capitalización. En un sistema de reparto
estamos donde estamos, el problema es la voluntad política de
distribución de la riqueza. Por ejemplo, suben las pensiones mínimas;
el problema es si se financian con cotizaciones sociales o se
financian con impuestos. Esa es la diferencia. Si financiamos con
cotizaciones sociales entramos en la contradicción importante, que
usted señalaba, de imponer un impuesto sobre el trabajo que nos va a
costar empleo. Esto nos va a crear problemas teóricos en el
funcionamiento normal del mercado. A lo que quiero llegar es a que
nosotros hemos empezado a debatir si las pequeñas y medianas empresas
o determinados sectores deben pagar de la misma forma que las grandes
empresas. Entendámonos de una forma más simplificada. Este es un
debate antiguo. En el sistema de la Seguridad Social hace ya muchos
años que se desarrolla este debate, ahora más agudizado con la
incorporación de mayores productividades en determinados sectores que
introducen las nuevas tecnologías, con mayores facilidades para
determinados sectores y empresas que para otros; existen amplios
sectores de pequeñas empresas que tienen enormes dificultades. La
pregunta que se nos plantea a todos es si realmente este sistema de
reparto permite atender las prestaciones sociales de distintas formas
-puede ser con el sistema impositivo-, o han estudiado la alternativa
de sistemas que no sean el impuesto sobre el trabajo como ingreso
directo de la Seguridad Social para resolver el problema que afecta a
las pequeñas empresas en sus costes laborales, que son mucho más
altos que en otras que tienen mayor capacidad, en proporción con la
productividad y la realidad de cada empresa. Ese es un debate
importante y complicado -no soy ningún ingenuo al respecto- y plantea
muchos problemas, sin duda. Lo digo conectando con el principio. Creo
que el problema estructural del sistema es el de la productividad. En
nuestro sistema, como en todos los sistemas, hay capacidad de seguir
generando riqueza con una
alta productividad en relación con los trabajadores que van a tener
que seguir trabajando, pero como vamos a tener una sociedad
estructurada de una forma diferente, mi pregunta es si ustedes están
trabajando y pensando en este tipo de cosas, porque ayudarían mucho a
esta Comisión. No creo que se trate de un problema ni de un mes ni de
medio año, y no sé si de una legislatura, y menos cuando incluso
estamos terminando la presente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre de Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero agradecer la
comparecencia hoy, aquí, del señor Masa, en representación de la
Cepyme. Su organización sabe la especial complicidad que tiene
nuestro grupo con todas las propuestas que beneficien a la pequeña y
mediana empresa. Nuestro grupo siempre ha intentado presentar en este
Parlamento propuestas conjuntas para todo el Estado, pero nuestra
representatividad viene de la comunidad catalana y en esa comunidad
-y la señora López i Chamosa, que nos acompaña en la Mesa de la
Comisión, es consciente también de ello-, en Cataluña, hay una
sociedad muy emprendedora en el ámbito empresarial, y la realidad de
muchísimas pequeñas y medianas empresas es muy viva allí y la tenemos
muy presente. Por tanto, coincidimos en el análisis global que ha
hecho el señor Masa y coincidimos también en la necesidad de
encontrar vías de apoyo y de solución permanente a la pequeña y
mediana empresa.
Hecha esta valoración general, le agradezco también el repaso que ha
dado a las distintas recomendaciones del Pacto de Toledo. Se lo
agradezco muy especialmente porque el señor Masa y los representantes
de la Cepyme saben que nos sentimos muy legitimados porque propusimos
en su día, con su apoyo, plantear el futuro de la Seguridad Social a
través del Pacto de Toledo, que creemos que debe ser un instrumento
de consenso que sirva para intentar buscar soluciones de futuro. No
coincido en esa apreciación que hacía usted sobre los cinco años. El
Pacto de Toledo dice cada cinco años, pero la voluntad de nuestro
grupo es que, a partir de ahora, esta Comisión no permanente siga
vigente de forma permanente en la próxima legislatura. Ahora -lo
decía el señor Gimeno- estamos en un final de etapa, pero a mi grupo
le gustaría que en la próxima legislatura existiera en este
Parlamento, en el Congreso de los Diputados, una comisión, ésta, no
cada cinco años sino con carácter permanente, que tratara de seguir
de forma eficaz las recomendaciones del Pacto de Toledo e intentara
cumplirlas y adaptarlas.
Entre los distintos aspectos que ha destacado el señor Masa quería
poner uno especialmente sobre la mesa, el régimen especial de
trabajadores autónomos, el RETA. Se están haciendo esfuerzos para
aproximar el régimen general al régimen de autónomos. De todas
formas, nuestro grupo coincide en que sigue habiendo una
diferenciación y que ésta no es positiva. Evidentemente, cualquier
propuesta de futuro irá ligada a un aumento de lo que deberán pagar
los autónomos, pero en este momento hay una clara discriminación
hacia el régimen de autónomos que nuestro grupo quiere poner
sobre la mesa y que ha venido proponiendo en este Parlamento no sólo
durante esta legislatura; hace mucho tiempo que venimos buscando esa
equiparación que creemos necesaria. Si en un ámbito no se da ahora
esa necesaria equiparación es en el de las prestaciones por
incapacidad permanente total. En este momento, cuando un trabajador
tiene la desgracia de tener una incapacidad permanente total
-aprovecho para decir que debemos vigilar mucho que las causas de esa
incapacidad sean reales y que no haya la típica picaresca-, recibe
una prestación que equivale al 55 por ciento de su base reguladora,
pero en el régimen general se establece que cuando el trabajador
cumpla 55 años esa prestación puede incrementarse un 20 por ciento,
no así en el régimen de autónomos. Esa es una grave discriminación
que nuestro grupo quiere solventar. Tenemos presentada una
proposición de ley que -no nos engañemos-, estando pronta la
disolución de esta Cámara, no va a ser posible aprobar en esta
legislatura. Hay una proposición no de ley de nuestro grupo para
intentar ir diluyendo esas diferencias grandes que hay entre el
régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos,
concretamente en esa prestación por incapacidad permanente total y
también en el aspecto de sustitución de la pensión de incapacidad por
una indemnización a tanto alzado. Es muy distinto el efecto en el
régimen general que en el régimen especial de trabajadores autónomos
cuando se da esa sustitución.
Por último, quiero destacar que en esta Comisión de seguimiento del
Pacto de Toledo nuestro grupo tiene la intención de presentar
propuestas concretas a favor de las pequeñas y medianas empresas,
propuestas que se van a enmarcar -y lo anuncia aquí mi grupo
parlamentario- en la creación de un estatuto especial para lo que
nosotros llamamos microempresa. Esas pequeñas y medianas empresas de
tamaño reducido necesitan un estatuto especial que contemple una
especial adaptación del régimen de Seguridad Social y de los costes
laborales. Al conjunto de la sociedad le interesa potenciar las
pequeñas y medianas empresas porque son un elemento básico para el
actual desarrollo de la economía española. No nos podemos mover
únicamente por las grandes. La riqueza global de un país se mide por
el carácter emprendedor de muchísimos pequeños y medianos empresarios
que han sustentado la economía productiva, la economía que genera
riqueza. Coincido con el señor Masa -y con esto termino- en que esa
economía productiva, la que genera riqueza, a la que nuestro grupo ha
intentado siempre dar alas (hemos intentado una estabilidad política
para que esa economía productiva, esa pequeña y mediana empresa tenga
un buen apoyo) es la que nos garantizará en el futuro la Seguridad
Social y el pleno empleo, que es un objetivo al que debemos llegar.
Agradezco una vez más su comparecencia hoy aquí.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Tomo la palabra brevemente porque, siendo
éste uno de los dos grupos queha solicitado su comparecencia hoy
aquí, su exposición nos
ha resuelto muchas de las dudas que teníamos respecto a su
posicionamiento y precisamente por ese problema habíamos solicitado
su presencia.
En primer lugar, ha respondido, a la posición de la Cepyme respecto a
lo que entiende que debería ser la financiación de los complementos a
mínimos, cosa que entendemos es la clave de bóveda de la separación
de fuentes financieras de las prestaciones contributivas respecto de
las no contributivas. Su postura, en coherencia con otra parte de la
patronal que le ha precedido en su comparecencia esta misma tarde, es
propiciar que estos complementos a mínimos sean considerados, como
los considera ya la ley, como prestaciones no contributivas y, en
este sentido, diríamos que alivian las cargas laborales de las
empresas respecto a las cotizaciones que deberían financiar en último
termino si no lo hiciera el Estado. Por tanto, manifestamos nuestra
coincidencia en su criterio de que los complementos a mínimos
deberían ser financiados por el Estado. Nos satisface enormemente que
podamos compartir ese criterio porque es un objetivo todavía no
alcanzado, como ha manifestado en su exposición.
Posiblemente en la próxima legislatura, entre todos, tendremos que
convencer al próximo Gobierno, sea el que fuere, de que hay que
resolver al ritmo que sea que los complementos a mínimos sean
financiados con cargo a la imposición general y no a las cotizaciones
sociales.
Nos ha aportado también esta tarde en su exposición algo que no suele
ser moneda corriente en esta Comisión: la necesidad de integración en
la problemática del Pacto de Toledo y su desarrollo de las
prestaciones del desempleo. Esta es una cuestión que debo reconocer
aquí como novedosa respecto a los posicionamientos de otros
comparecientes, de otros colectivos, y que coincide con nuestra
posición. No entendemos cómo el desempleo que es uno de los elementos
que pivotan no solamente sobre a la protección a las prestaciones de
los usuarios de la Seguridad Social, sino también sobre las cargas
laborales y, por tanto, sobre las posibilidades de competitividad de
las empresas, no está integrado en los mismos planteamientos y con
los mismos criterios que racionalizan el resto de las prestaciones de
la Seguridad Social. Tenemos que avanzar en esta cuestión y nos
satisface que haya un agente social, como el que usted representa,
que plantee decididamente que hay que integrar el desempleo en los
planteamientos del Pacto de Toledo y en su desarrollo legislativo.
Nos gustaría conocer también su opinión sobre si los servicios
sociales, otro de los elementos que quedan fuera del Pacto de Toledo
y que hasta ahora no han sido objeto de integración ni de especial
consideración en este debate general, ni lo fueron en 1995, aunque
ahora quizá empieza ya a situarse muy tímidamente y sólo como
filosofía, deben estar integrados en el desarrollo del Pacto de
Toledo. Cuando hablamos del futuro y de los diferenciales de los
distintos colectivos que integran la Seguridad Social, por ejemplo,
cuando usted viene a desarrollar aquí -cosa que hay que agradecerle
porque era uno de los objetivos de nuestra solicitud de comparecencia
de la Cepyme-, que hay diferencias en el tratamiento del régimen de
trabajadores autónomos, está apuntando a los diferentes niveles de
protección que en el futuro tendrán que verse tratados en función de
la dinámica y de la evolución de la realidad misma de la
sociedad. No es lo mismo la demanda de protección social que pueden
tener los trabajadores autónomos de microempresas, como decía el
portavoz de Convergència i Unió, que el que puedan tener otros
ciudadanos de este país que por su renta no dependen del nivel de
bienestar del grado de prestaciones que se haya podido desarrollar en
la sociedad. En este sentido hay una cierta coincidencia entre los
intereses de los trabajadores de la pequeña y mediana empresa y
fundamentalmente de los trabajadores autónomos. Usted quiere
disolver, incluso en el nombre del régimen, esa frontera. Es una
gradación que existe de distintos estatus, de distintos niveles
marcados no sólo por la renta sino por otras muchas cuestiones. Pero
respecto a la demanda de servicios sociales, respecto a la demanda de
prestaciones sociales, de lo que llamamos el Estado del bienestar,
los intereses no son los mismos. No sé si comparte usted con nosotros
-queremos oír su opinión-, la necesidad de integrar el desarrollo de
los servicios sociales que tan importantes están siendo ya en función
de problemáticas novedosas surgidas del alargamiento de las
expectativas, de la esperanza de vida, etcétera, pero que van a serlo
más todavía en el futuro. Por decirlo de una forma clara y concreta,
las pensiones podrán ser de una mayor o menor cuantía y abordar, por
tanto, las contingencias futuras del desarrollo vital de una forma
más o menos suficiente, pero lo que sí es cierto es que los servicios
sociales, desde nuestro punto de vista al menos, tendrán que abordar
de forma colectiva y global cuestiones que serían muy difíciles de
abordar en función de las rentas sustitutivas de las rentas
salariales para el futuro. Por tanto, ese papel de los servicios
sociales es fundamental no sólo para los trabajadores sino para otro
conjunto de ciudadanos que ustedes en muy buena parte representan,
que son los trabajadores autónomos y los pequeños y medianos
empresarios. En ese sentido, no sé si coincide con nosotros en que
sería necesario integrar los servicios sociales en este planteamiento
del Pacto de Toledo junto con el otro tema gran olvidado o postergado
hasta ahora, que es el desempleo.
Sólo me queda una inquietud que manifestarle. Es lógico y legítimo
que ustedes manifiesten su filosofía, su forma de entender cuál es la
problemática general del modelo económico a seguir y cómo la
flexibilidad potencia el crecimiento económico. El crecimiento
económico, en base a la competitividad de las empresas, genera
creación de empleo, y éste a su vez genera posibilidades de
estabilidad del bienestar social en general y en el futuro. Esta es
una cadena lógica que nosotros podemos o no compartir. Si se entiende
como una cadena que funciona de forma automática, ciertamente
nosotros no lo compartimos, ya que hay muchas cuestiones que habría
que habilitar para que esa cadena no fuese en detrimento de la
solidaridad y de la cohesión social, porque habría que hablar del
empleo que se crea, de la cualificación de ese empleo, etcétera. En
cualquier caso, es lógico que cada agente social tenga su forma
concreta de abordar la realidad y de interpretarla, pero dentro de
estas variables hay un elemento, que es el de la estabilidad, que
puede estar generado por cómo se controlan todos los índices
macroeconómicos y la realidad macroeconómica en general y, hasta
ahora, los parámetros, las recetas que se han utilizado en la
economía ortodoxa es la flexibilidad, la moderación salarial,
etcétera. Pero ello no
ha evitado que surjan determinados nubarrones en el futuro respecto a
la estabilidad de la economía en general, y del sistema de protección
social en particular, en función de los incrementos incontrolados de
la inflación. Yo se le preguntaba al señor Cuevas y ahora quisiera
conocer si su opinión es la misma. Cuando se habla de control de
inflación fundamentalmente se habla de moderación salarial; es
siempre la primera receta que surge cuando se habla de controlar la
inflación. Pero hay otros factores que influyen en la inflación, en
concreto, junto a las rentas salariales, las rentas de capital de
determinadas empresas más ligadas al capital financiero especulativo,
etcétera, que sin duda tendrán algo que ver con los vaivenes de la
inflación. ¿No sería conveniente, junto a la moderación salarial que
se practica en este país desde hace ya bastantes años, controlar las
rentas del capital, controlar esos mecanismos que pudieran ser causa
de los rebotes de la inflación incontrolada?
Estoy seguro de que mis observaciones van a ser atendidas por usted a
satisfacción de todos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Masa, quiero agradecerle su
comparecencia, lo valioso de sus propuestas y unirme al señor
presidente en orden a reiterarle la satisfacción de volver a ésta que
fue su casa.
Desde el Grupo Popular valoramos su intervención de una manera muy
importante porque creemos que el empleo es el principal garante, al
menos, del aspecto contributivo de nuestro sistema de protección
social. Estamos hablando de separación de fuentes de financiación y
de que justamente sean las cotizaciones sociales las que, como dice
el propio Pacto, básicamente financiarán todo el aspecto contributivo
del sistema, las prestaciones contributivas del sistema, lo cual
evidentemente va muy unido al empleo que generarán esas cotizaciones
sociales. Usted, señor Masa, representa a la Cepyme, que es el 80 por
ciento de nuestro tejido empresarial; ustedes son los principales
creadores de empleo de este país junto con los trabajadores que están
en las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, sus aportaciones de
hoy nos han parecido sumamente importantes por esa representatividad
y, si me lo permite, también por el contenido de las mismas, que a
nuestro juicio ha sido muy clarificador de la posición de la Cepyme
en orden a los trabajos que tenemos que realizar en esta Comisión.
Ha apuntado como reflexión a futuro tres grandes cambios que se van a
producir que a nosotros nos han parecido enormemente importantes. Ha
hablado, en primer lugar, de las nuevas formas de vida y organización
laboral, de un nuevo modelo de vida laboral. Nosotros compartimos
esas apreciaciones, y yo creo que de hecho ya se está teniendo en
cuenta por el propio entramado de organizaciones empresariales y
sindicales y por el Gobierno cuando se van acometiendo nuevas
reformas legislativas en orden a tener en cuenta la contratación a
tiempo parcial, el nuevo contrato de relevo, porque al final de lo
que estamos hablando -y me gustaría haer una relfexión al respecto-
es también de un nuevo concepto de vida laboral. Ya no va a ser como
era antes. Nos vamos a encontrar con que nos tendremos que plantear,
ahora hacia el Pacto de Toledo -transmito
también la reflexión-, si no va a ser necesario, dentro de ese
nuevo concepto de vida laboral, hablar de una jubilación mucho más
flexible de la que nos encontramos en estos momentos.
El compareciente ha hablado también de la progresiva participación de
la mujer en la vida laboral que todos los grupos estamos de acuerdo
es un hecho incontestable. En este momento es una suerte para nuestro
sistema de protección social, porque desgraciadamente tenemos aún un
volumen de mujeres que no se han integrado en nuestra vida laboral,
pero que cuando pensamos en nuestro sistema de protección social nos
permite seguir creciendo en nuestra tasa de actividad y de ocupación
porque aún nos queda un muy importante volumen de empleo femenino a
crear en nuestro país. También tendríamos que plantearnos al respecto
en esta propia Comisión -lo vamos a hacer sin ninguna duda- cuáles
podrían ser las formas, como por ejemplo, el último proyecto de
conciliación de vida familiar y laboral que han aprobado hace poco
estas Cámaras, que permitan que esa igualdad de oportunidades sea
cada día más real, aparte de que sea legal, como era hasta el momento
presente.
El tercer gran cambio que ha manifestado el compareciente y que me ha
parecido absolutamente atinado es el envejecimiento de la población.
Yo creo que va a ser el principal problema con el que nos vamos a
encontrar en el próximo siglo, y ya está siendo uno de los
principales problemas con el que se encuentra la mayor parte de los
países europeos que en esto van un poco más por delante de nosotros,
no sólo en orden al pago de la pensión, al pago de la prestación
económica, que se habrá de producir y que tendremos que tener en
cuenta porque serán más jubilados y durante más tiempo los que tengan
que percibir esas pensiones, también porque este debate tiene que ir
unido -ya se ha dicho aquí, por eso sere breve en mi exposición- a la
red de servicios sociales, y no sólo ello sino también la dependencia
de muchos de estos mayores, la atención sociosanitaria, que
evidentemente tendremos que tener en cuenta a la hora de articular
cualquier opinión que manifestemos entre esta revisión del Pacto de
Toledo. Por ello reitero lo atinados que me han parecido esos tres
grandes cambios de los que ha hablado el señor Masa, en esta
Comisión, y que hacemos nuestros, pero me gustaría que hiciera alguna
reflexión más en orden a los comentarios que le he hecho.
También coincido con las reflexiones que ha realizado respecto al
desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, sobre todo con
la primera, y en general, ya que ése desarrollo nos tiene que servir
de base para realizar las propuestas de futuro. Comparto con el
compareciente la evidencia de que si no sabemos de donde partimos mal
vamos a saber a dónde nos dirigimos, y que sólo desde el conocimiento
de lo hecho sabremos lo que tenemos que hacer atendiendo también a
otro tipo de variables. Me permito apuntar que el principal objetivo
del Pacto de Toledo era asegurar el saneamiento financiero del
sistema que nos permitiera cualquier otro tipo de reformas; por eso
la recomendación primera es la de la separación de fuentes y no es
por casualidad. La recomendación primera es la que es porque el
principal objetivo es el saneamiento del propiosistema. Al respecto
podemos decir que hoy estamos en
mejor situación que cuando empezó el desarrollo del Pacto de Toledo,
hemos abandonado los números rojos, estamos en una situación de
superávit para el año 2000 y nos quedan -y me gustaría conocer su
opinión-, algunos flecos, como la ubicación definitiva de la
financiación de los complementos a mínimos que hoy principalmente son
los que reciben la mayor aportación en orden a su financiación por
las cotizaciones sociales.
Coincido, y lo reitero, con la mayor parte de sus expresiones
respecto al desarrollo de las recomendaciones, pero me gustaría
acentuar, y lo he hecho al hilo de la intervención del anterior
compareciente, que no podemos olvidar que en nuestro sistema de
Seguridad Social debemos siempre tener presente el reforzamiento del
carácter contributivo, uniéndolo a la acentuación del carácter
solidario del mismo.
Me ha parecido enormemente trascendente, importante y lo valoramos
muy positivamente, la singularidad que ha hecho del régimen especial
de trabajadores autónomos. Tengo que decirle que sólo por ello
hubiera valido la pena su comparecencia en esta Comisión. Además,
comparto el criterio general que ha manifestado en orden al
tratamiento del mismo. Diferencias tiene que haberlas en función de
que no es lo mismo el régimen general que el régimen de trabajadores
autónomos, ni sus prestaciones, ni su cobertura, ni a quien va
dirigido, ni el propio desarrollo de su actividad que tienen unos y
otros, pero justamente esas diferencias tienen que ser las mínimas,
las derivadas de esa concepción que tienen cada uno de ellos, y en
modo alguno, están justificadas, diferencias que puedan existir, que
no existan de por sí en virtud de ese concepto distinto de uno y de
otro. El Grupo Parlamentario Popular recoge el guante de que
tendremos que discutir ampliamente en esta Comisión, en ésta o en la
posterior legislatura, cómo se puede actualizar el marco normativo
para eliminar las diferencias no justificadas del régimen especial de
trabajadores autónomos respecto al régimen general.
Termino, señor presidente, recogiendo la última reflexión que ha
hecho el señor Masa cuando ha dicho que se ha hecho mucho, pero queda
mucho por hacer. Creo que ésta podría ser una reflexión, que estoy
seguro comparten todos los grupos de esta Comisión, que debemos tener
presente en cada uno de los trabajos que vayamos realizando en esta
Comisión. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer porque hay
que atender a las nuevas circunstancias con las que nos vamos a
encontrar en este tan citado siglo XXI y a las que ha hecho, y
reitero, muy atinada referencia en esos tres grandes cambios que ha
apuntado el compareciente al principio de su intervención. Partimos
del conocimiento de lo hecho, pero también tendremos que saber hacia
dónde vamos. Con ello mi última reflexión o pregunta, ¿no será la
mejor política de protección social que pueda ofrecerse a los
ciudadanos aquella que apueste por la creación de riqueza, por un
crecimiento económico sostenido en el tiempo que permita, además, su
conversión en empleo en el mayor grado posible y que no será
justamente esa política de creación de riqueza, de creación económica
y de creación de empleo la que va a traducirse de mejor manera en una
estabilidad y pervivencia del sistema público de pensiones, que
tenemos, que a la vez nos va a permitir abordar la mejora de la
protección,
como se viene haciendo, y también afrontar los grandes retos o las
nuevas situaciones de necesidad que tendremos en el futuro?
El señor PRESIDENTE: Para responder las intervenciones de los grupos,
tanto en la parte interrogante, como en las consideraciones que se
han formulado a la toma de posición del presidente de la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, tiene la
palabra don Antonio Masa Godoy.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑAY
MEDIANA EMPRESA (Masa Godoy): He ido tomando nota de las cuatro
intervenciones de los señores Gimeno, Jané, Vaquero y Camps y he
visto una coincidencia que me ha satisfecho enormemente desde dos
puntos de vista, no sólo desde la representación que ostento sino
como un ciudadano español, ya que el tema del futuro, concretamente
el sistema de la Seguridad Social en España nos preocupa a todos;
preocupa a toda la sociedad, a los trabajadores, preocupa a los
empresarios y evidentemente con ese talante de preocupación hemos
venido aquí.
El señor Gimeno ha planteado algo que yo comparto -prácticamente
comparto todo lo que se ha dicho, aunque haré algunas matizaciones-
cuando ha dicho: ¿Ustedes tienen alguna fórmula? Pues bien, yo haría
la misma pregunta: Ustedes que llevan reunidos aquí tanto tiempo
¿tienen fórmulas? Sinceramente, en relación al planteamiento de a
corto plazo del crecimiento económico y la productividad, que decía
el señor Gimeno, eso creo que es compartido por toda la sociedad. El
tema del crecimiento y la productividad va unido. Desde Cepyme y de
una forma clara, siempre planteo tres temas, cuando voy recorriendo
la geografía española, que son fundamentales y es lo que veo en los
pequeños y medianos empresarios. Hay tres hechos que van unidos, y se
ha demostrado textualmente qué es lo que hay que hacer, no sólo en
España, sino en Europa, que es empleo, crecimiento económico, que va
unido, ya que no es posible el empleo sin crecimiento económico, en
el crecimiento económico va unida la productividad; y por supuesto
protección social, porque no cabe duda que no podemos abjurar de la
protección social y menos desde la posición de Cepyme, pues como muy
bien se ha dicho aquí son pequeñísimos empresarios -lo decía el
representante del Grupo Catalán- y su idiosincrasia mayor, en los
contactos que han tenido con Cepyme, siempre ha estado en la pequeña
y mediana empresa y en la microempresa.
Soluciones. Creo que el Pacto de Toledo se planteó por una situación
crítica que había en un momento de desequilibrio, de incógnita del
futuro de las pensiones y que hoy se ha despejado bastante. ¿Por qué
se ha despejado? Pues se ha despejado evidentemente, porque ha
disminuido la tasa de desempleo de 1994 a 1998 en términos que no
eran pensables; porque po lo que se refiere a la creación de empleo,
el 50 por ciento de la creación de empleo que se ha generado en
Europa, se ha generado en España; porque la afiliación y recaudación
de la Seguridad social ha significado algo que era impensable,
estamos ya en 15 millones de afiliados; y
porque de alguna manera la temporalidad en el empleo, y lo tenemos
que reconocer todos, ha dado lugar a que esté acabando y que se hayan
creado 2.000.000 de contratos indefinidos, lo que ha supuesto el 84
por ciento del empleo neto que se ha creado en los últimos tiempos.
Esto ha ido unido a un hecho que no podemos olvidar y es el
crecimiento económico. Recientemente he estado en Bruselas, he tenido
una cena con el señor Prodi y después una reunión a la que me
acompañaba el secretario genera,l en la línea que decía el señor Jané
sobre cuál era el empleo en Europa. Además del señor Prodi estaba
allí toda la OCDE, no sólo los países de Europa sino otros países, se
dijo que no había más forma de mantener la protección social que la
vía de la creación de empleo, y el empleo no se puede crear si no es
por la vía del crecimiento económico. Insisto ahí, para darle la
razón de que efectivamente habrá que plantearse una mayor
productividad, y ahí entran medidas en las que ha participado Cepyme,
como son concretamente las que ustedes aprobarán en los presupuestos
generales y en la ley de medidas de acompañamiento, como son las
atenciones fiscales a I+D.
Por tanto, estoy de acuerdo con el planteamiento del señor Gimeno en
que a corto plazo el empleo está solucionando el problema y a corto o
largo la productividad, pues son el empleo y la productividad. Habrá
que profundizar en medidas económicas en este sentido, pero de alguna
forma se están planteando ya que en definitiva la productividad trata
de la competitividad de la economía española que es un tema de
términos de tipo económico.
Se ha referido a un tema en el que han coincidido todos, que es el de
la separación de fuentes, y es que el Pacto de Toledo planteaba la
separación de fuentes. Hay superávit en lo que son los
planteamientos, y Cepyme ha estado de acuerdo en las reuniones que se
han tenido con el Ministerio de Trabajo de que tenía que ser
acompasado el hecho a esa interrogante que usted abría hacia el
futuro. ¿Cuál es el futuro? A todos nos interesaría que en el futuro
se fuera creando el mismo empleo, que hubiese el mismo crecimiento
económico. Ahí hay que profundizar. Sinceramente no veo otra fórmula
ni concepción que no sea la creación de empleo por el crecimiento del
producto interior bruto, que es distinto, insisto, a que nosotros
defendamos la protección social, y ahí entra lo que otros han
planteado.
El señor Jané dice, y estoy de acuerdo, que yo me he referido a cada
cinco años. En este sentido he querido ser respetuoso con un
mandamiento que había, pero a mi me gustaría comparecer más veces
aquí y poder discutir este tema, porque he visto prácticamente
unanimidad de criterios en la preocupación del mañana en una sociedad
que ha cambiado enormemente en esos tres puntos a los que se refería
el señor Camps, y ese cambio es una preocupación permanente. Hace
tres años no podíamos imaginarnos la situación actual y probablemente
dentro de otros tres años tengamos que revisar, y esa revisión en un
tema tan importante debe ser, como decía el señor Jané, cada año.
La discriminación en el régimen de trabajadores autónomos, estoy de
acuerdo y lo he dicho yo. Quizá la queja mayor que tengo en 27
provincias que he recorrido en año y medio es la de los autónomos, es
la queja mayor, y plantean temas en los cuales la palabra sangrante
no me gusta
porque no es generalizada, pero sí lo es cuando afecta a alguno por
las circunstancias que nos plantean, y al tema hay que darle una
solución. No es factible que el Estado concurra con cuatro mil y pico
pesetas en el régimen general y al autónomo, no sólo que no tenga
cobertura sino que exclusivamente sea la cuarta parte, mil y pico
pesetas, no me acuerdo ahora mismo de la cifra pero se la he leído a
ustedes. Por tanto estoy totalmente de acuerdo. La prestación de
incapacidad permanente total es un tema que me lo están planteando
continuamente en esas 27 salidas que he hecho para convivir no una o
dos horas, sino uno o dos días con todos ellos.
El tema de la microempresa sinceramente lo tengo que apoyar, porque
además en esa reunión con el señor Prodi fue lo que se planteó; todos
plantearon que la generación de empleo venía por la vía de ayudas a
las pequeñas y medianas y más concretamente a las pequeñas empresas.
No era un planteamiento que yo hiciera en la ponencia que llevé a
cabo, porque intervine el quinto o el sexto, sino que intervino
anteriormente el americano de Estados Unidos y decía aquello, el
japonés y decía aquello, el irlandés y lo decía, el inglés también lo
decía, es decir era totalmente unánime, pero en la cena anterior
aquello se planteó de forma que incluso se nos dio un documento que a
mi me sorprendió -yo estoy convencido señor presidente de que lo
tendrá la Comisión-, para la discusión del futuro del empleo en
Europa desde el punto de vista de creación por la pequeña y mediana
empresa que era trascendente en la ayuda de tipo fiscal de forma
especial a la microempresa, además de ayudas y otro tipo de
flexibilidad diferentes a las de la gran empresa. Por tanto, estoy de
acuerdo.
El señor Vaquero ha dicho algo que me parece muy importante, y es si
de alguna forma compartimos que los servicios sociales se traten y se
hablen en el Pacto de Toledo. Resumiento creo que es lo más
importante que el señor Vaquero me ha comentado. Esa necesidad yo
creo que la compartimos todos, el problema está en el orden
financiero. Al decir que todos los años debía seguirse hablando del
Pacto de Toledo y que fuera permanente esta Comisión, es porque nadie
discute que la cobertura social tiene que avanzar. Yo he dicho
empleo, crecimiento económico y protección social; en la protección
social entra todo, y esos servicios sociales, sobre todo en lo que
decía el señor Camps de esos tres puntos que yo planteaba y entre
ellos el envejecimiento de la población, es un tema que debe
contemplarse. Nosotros no estamos absoluto en contra de ese hecho.
Para terminar, quiero decir que es un tema muy importante. Desde la
posición de Cepyme el principio de empleo, crecimiento económico y
protección social va unido, y no cabe duda de que los costes sociales
son un impuesto sobre el empleo, incluso permítanme les diga que en
los términos de tipo técnico, como ustedes saben, cuando en la
universidad se explican las magnitudes macroeconómicas no figura el
concepto técnico de lo que son cotizaciones sociales, sino impuesto
sobre la Seguridad Social pues no cabe duda de que es un
encarecimiento sobre el coste del factor trabajo. Por tanto, ese
hecho significa que dentro de lo que es el Pacto de Toledo y lo que
se decía de la separación de fuentes -que hemos coincidido todos-,
estamos de acuerdo
en que el esfuerzo de la sociedad para esa protección social tiene
que ir por la vía de impuestos, que no va unida a lo que significa la
contribución a las prestaciones, y sea aguantada por toda la sociedad
mediante impuestos, pero el hecho cierto es que en el orden técnico
se llama impuesto sobre la Seguridad Social.
No sé si he contestado por lo menos en la filosofía a todas las
preguntas, con mi agradecimiento a todos ustedes por haberles
escuchado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Masa.
Con esta intervención terminamos la sesión de trabajo de la Comisión
correspondiente al día de hoy, no sin decir al señor Masa que
confiamos en que su retorno a esta casa le haya resultado
satisfactorio y le haya traído buenos recuerdos.
Se levanta la sesión.