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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 815, de 30/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 815
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 43
celebrada el martes, 30 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor Ortíz Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre actuaciones materiales de inversión llevadas a cabo por la
Dirección General de Costas desde su integración en el Ministerio de
Medio Ambiente para protección de la costa. (Número de expediente
181/002643.) ... (Página 24246)
- Del mismo señor diputado, sobre proyectos adjudicados por la
Dirección General de Costas por el sistema de pago aplazado (modelo
alemán) desde la constitución del actual Gobierno. (Número de
expediente 181/002644.) ... 24248)
- Del mismo señor diputado, sobre mantenimiento de los criterios de
recuperación de terrenos de dominio público que implican la
demolición de edificaciones existentes. (Número de expediente 181/
002645.) ... (Página 24249)
- De la señora Castro Masaveu (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre medidas previstas para garantizar la conservación
del oso pardo y el aumento de la especie en el Parque Nacional de los
Picos de Europa. (Número de expediente 181/002648.) ... (Página 24251)
- De la misma señora diputada, sobre previsiones sobre la regulación
de los accesos al Parque Nacional de los Picos de Europa. (Número de
expediente 181/002649.) ... (Página 24251)
- Comparecencia del señor presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar (Aragonés Beltrán), para dar información acerca de las
autorizaciones concedidas en la zona de Dos Aguas (Valencia)
destinada a depósitos de residuos sólidos. Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/002127.)
... (Página 24252)
Proposiciones no de ley:
- Sobre el establecimiento de un canon justo para la comunidad de
regantes costa noroeste de la provincia de Cádiz. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/001326.) ... (Página 24258)
- Sobre medidas para proteger el Parque Natural del Marjal de Pego-
Oliva. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/
001498.) ... (Página 24260)
- Relativa a la protección del Marjal Pego-Oliva. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001597.)
... (Página 24260)
- Relativa a la declaración de interés general de la presa de Almansa
(Albacete). Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001644.) ... (Página 24266)
- Relativa a las repercusiones medioambientales de la ampliación del
Aeropuerto de Barajas. Presentada por el mismo Grupo parlamentario.
(Número de expediente 161/001556.) ... (Página 24269)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR ORTIZ PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO)
SOBRE ACTUACIONES MATERIALES DE INVERSIÓN LLEVADAS A CABO POR LA
DIRECCIÓN GENERALDE COSTAS DESDE SU INTEGRACIÓN EN EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE PARA PROTECCIÓN DE LA COSTA. (Número de expediente
181/002643.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión número 43 de esta
Comisión de Medio Ambiente con el punto1 del orden del día, pregunta
oral que se formula al excelentísimo señor secretario de Estado de
Aguas y Costas, don Benigno Blanco, al que una vez más, en nombre de
la Comisión, le doy la bienvenida en estas comparecencias que vienen
siendo habituales para informar de asuntos de su competencia, e
informar, por cierto, muy amplia y magníficamente.
Tiene la palabra, para formular la pregunta sobre actuaciones
materiales de inversión llevadas a cabo por la Dirección General de
Costas desde su integración en el Ministerio de Medio Ambiente para
protección de la costa, don Juan José Ortiz, por el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ORTIZ PÉREZ: También me uno, en nombre propio, a esa
bienvenida al secretario de Estado.
Una de las principales funciones del Ministerio de Medio Ambiente es
la de adaptar la política en materia de costas a una nueva situación
que viene provocada por una constante y continua regresión de la
costa, producida, bajo mi punto de vista, por tres factores
determinantes: uno, la falta de aportación de áridos para actuaciones
que merman los caudales de los ríos; otro, el aumento paulatino del
mar, que provoca a veces unos temporales imprevistos, aunque la
Dirección General de Costas ha actuado de forma muy rápida para
paliar los problemas que han afectado a las costas por esos
temporales; y, por último, tengo que reconocer que algunas
actuaciones urbanísticas no han respetado de forma fehaciente el
entorno medioambiental.
Lo que se pretende con esta pregunta es conocer las inversiones que
ha efectuado el Gobierno, por medio de la Dirección General de
Costas, desde que se constituyó el Ministerio de Medio Ambiente, y
por tanto le formulo la pregunta al señor secretario de Estado, y en
este caso al Gobierno, tal como figura en el texto escrito de la
misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco por un
tiempo que estime a su conveniencia, que suele ser de diez minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Gracias por las palabras de bienvenida que ha formulado S.S. al
preguntar y el señor presidente al iniciar la sesión.
La pregunta que hace creo que es de la máxima actualidad, porque los
problemas de la costa en España son de una relevancia en el tiempo
muy singular. En España estamos padeciendo, y utilizo el término
padecer en su correcto sentido, las consecuencias de un modelo de
desarrollo vinculado a la costa propio de los años sesenta y setenta
que, como es comprensible por los años de los que hablo, tuvo poco en
cuenta las consecuencias para la costa considerada como bien
medioambiental a proteger.
Hoy día la presión antrópica sobre la costa, vinculada a las
actividades productivas y económicas y también al proceso
urbanizador, ha supuesto un claro desequilibrio en algunas zonas de
la costa española que, unido a los fenómenos de pura dinámica
litoral, ha provocado fenómenos de regresión, desaparición de playas,
con un carácter además continuo en el tiempo que no ha podido
detenerse todavía. Por eso la prioridad durante el mandato del
Gobierno del Partido Popular a partir del año 1996 ha sido orientar
la inversión en las costas hacia la protección de los ecosistemas
naturales, y hemos tenido claro que, frente a ese modelo histórico
tradicional que ha interiorizado poco la perspectiva medioambiental,
corresponde en este momento darle una prioridad total a la
recuperación de los valores ambientales en el litoral.
Su señoría conoce, porque representa como parlamentario a una
provincia que tiene un especial problema de regresión conjunta de la
costa, y hemos tenido ocasión de tratar y discutir tanto en cuanto al
diagnóstico del problema como en cuanto a sus posibles soluciones,
que este fenómeno puede tener una incidencia ya en la propia
economía, en los equilibrios básicos vinculados al turismo y al
desarrollo urbano de una región, como es el caso de Castellón, muy
importante. ¿Qué estamos haciendo para paliar esto? Estamos aplicando
tres criterios básicos. El primero es apostar en serio por conocer
con precisión, desde el punto de vista técnico, qué está pasando en
nuestras costas. No podemos permitirnos ya el lujo de actuar por
aproximación, por intuición, porque hemos podido comprobar que en
muchos casos han sido precisamente obras hechas incluso por la propia
Dirección General de Costas las que han provocado un agravamiento de
los males de nuestra costa, por falta de conocimiento de la dinámica
del litoral, o quizá por apresuramiento a la hora de definir las
obras a realizar.
Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar entrar en una dinámica
perniciosa (que en algunos sitios de España en el pasado se entró) de
hacer obras que provocan un nuevo daño que exigen nuevas obras que, a
su vez, provocan un nuevo daño que exigen desmontar las primeras. Eso
es pernicioso tanto desde el punto de vista de protección de la costa
como desde el punto de vista de la racionalidad en el gasto público,
hay que hacer el gasto que sea necesario pero con criterios de
utilidad.
Ayer por la tarde, y preparando con el director general de Costas la
contestación a esta pregunta que ha formulado S.S., hacíamos una
selección de algunas de las actuaciones hechas durante esta
legislatura de las que ambos, de común acuerdo, podíamos sentirnos
más orgullosos desde esta perspectiva de protección de la costa como
bien medioambiental. Se las leo a título de ejemplo porque,
evidentemente, enumerar todas las obras realizadas desde el año 1996
sería materialmente imposible en el tiempo de que disponemos.
Entre estas obras que nos parece que pueden ser modélicas, si se me
permite la expresión, en cuanto al tipo de actuación a realizar sobre
la costa, resaltábamos ayer en esa reunión el director general de
Costas y yo, por ejemplo, todo el proceso de recuperación de las
marismas de Santoña. Contábamos en el año 1996 ya con una sentencia
condenatoria de la Unión Europea por la degradación de ese paraje
natural y en estos momentos hay un proceso, vinculado tanto a la
depuración de las aguas y control de vertidos como a la propia
recuperación del paraje natural, que creo que es modélico desde esa
perspectiva de protección ambiental de las costas.
También una obra que he tenido ocasión de visitar recientemente y que
creo que es, aparte de bonita, de clara vocación de protección del
litoral como bien natural a disposición de todos los ciudadanos, la
recuperación del istmo de La Lanzada, que se ha realizado durante los
dos últimos años.
Y por poner un ejemplo de mi tierra asturiana, que no quiero dejarla
de lado, estamos haciendo en Asturias una serie de actuaciones de
recuperación del acceso público a zonas rurales de la costa a través
de sendas peatonales que van recorriendo el litoral de la costa
asturiana, que creo que son también un ejemplo de actuación suave que
se integra en el ecosistema litoral y que permite a la vez esa
vocación que tiene la costa, conforme al mandato constitucional, de
que esté accesible para el uso común y gratuito de todos los
ciudadanos.
Otra actuación bonita desde el punto de vista medioambiental ha sido,
por ejemplo, la recuperación de la playa de Guadalquitón, en Cádiz,
mediante un plan integral de actuación que ha supuesto la
restauración del estuario del Guadiaro suprimiendo vertidos
contaminantes y renovando todas las aguas; o, en la misma provincia,
la recuperación de la marisma de Algaida.
Otro ejemplo similar al que he comentado de Asturias, pero en este
caso en Cataluña, es la rehabilitación de Caminos de Ronda, en la
provincia de Girona, que son también actuaciones blandas que permiten
el libre acceso, que no interfieren en la dinámica natural de la
costa con el mar y que, sin embargo, abren el dominio público al
conjunto de los ciudadanos.
Yendo a la Comunidad Autónoma Valenciana, podríamos citar, como
ejemplo de una actuación también perfectamente integrada en esta
perspectiva medioambiental de protección de la costa, la recuperación
del borde litoral de la playa de La Mata, en Torrevieja, con la
recuperación del sistema dunar, precioso a más no poder, y que estaba
en peligro de desaparición por obras artificiales.
Una línea de trabajo que hemos puesto también en marcha en el último
año, y que queremos intensificar en el futuro, es la adquisición,
bien mediante expropiación, bien mediante convenio con los
propietarios particulares, de zonas adyacentes al dominio público
marítimo-terrestre que quedan adscritas a la protección de la costa
aunque no formen dominio público.
Esta línea se ha iniciado, por ejemplo, en la isla de Menorca
mediante convenios con los ayuntamientos afectados y la comunidad
autónoma; la recuperación ambiental
del peñón de Ifach, en Alicante; las actuaciones de la playa del
Saler, en Valencia, que he tenido ocasión de inaugurar recientemente
con la alcaldesa de Valencia y con el consejero de Obras Públicas de
la comunidad autónoma; la actuación que se está siguiendo en la
provincia por la que es diputado S.S., en Peñíscola, Castellón, que
es quizá la mayor inversión que en este momento está haciendo la
Dirección General de Costas en todo el litoral español; las obras que
hemos hecho para estabilizar y regular los accesos a las dunas de
Riomar, en Deltebre, una zona especialmente interesante, desde el
punto de vista ambiental, por estar vinculado al delta del Ebre.
En fin, son actuaciones que, huyendo de la tradición de hacer obras
puramente urbanas que tienen poco sentido, promovidas desde la
Dirección General de Costas, tienden a recuperar los sistemas
naturales y a la vez protegerlos de la degradación que pueden haber
provocado históricamente actuaciones de origen antrópico o creación
de infraestructuras.
En estos momentos, y con esto concluyo la contestación a esta primera
pregunta, si S.S. no quiere ninguna ampliación, estamos preparando un
ambicioso plan de costas que pretende ser una programación de
actuaciones para el período 2000-2006, que contempla inversiones
cercanas a los 250.000 millones de pesetas (de los cuales en este
período será sólo la primera fase, con 141.000 millones de pesetas) y
que suponen una visión integral de todo el litoral de la costa
española.
Es decir, se han diagnosticado todos los problemas existentes,
conocidos por lo menos en este momento, tramo a tramo en toda la
costa española, y se han estudiado tanto con las comunidades
autónomas, que han hecho sus propuestas, como con los servicios
periféricos de Costas y las organizaciones conservacionistas
vinculadas a la costa, que también han hecho sus propuestas sobre
cuáles son las actuaciones idóneas.
Ese plan, que esperamos poder hacerlo público antes de fin de año,
creo que es un primer diagnóstico científico serio, basado en
estudios rigurosos de cuáles son nuestros problemas y de la actuación
en el futuro, en la línea, como decía al comienzo de mi intervención,
de procurar huir de improvisaciones a la hora de actuar sobre un
sistema tan frágil y a veces sin equilibrio como es la costa.
- DEL SEÑOR ORTIZ PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO)
SOBRE PROYECTOS ADJUDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS POR EL
SISTEMA DE PAGO APLAZADO (MODELO ALEMÁN) DESDE LA CONSTITUCIÓN DEL
ACTUAL GOBIERNO. (Número de expediente 181/002644.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta: proyectos adjudicados por la
Dirección General de Costas por el sistema de pago aplazado (modelo
alemán) desde la constitución del actual Gobierno. La formula don
Juan José Ortiz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que
tiene la palabra.
El señor ORTIZ PÉREZ: El modelo alemán, o pago aplazado, o llave en
mano (como se conoce en el argot, que estamos utilizando últimamente
en materia de costas) quiero que el secretario de Estado nos informe
de una forma clara de qué obras se han financiado utilizando este
modelo alemán. Y también creo que sería necesario aclarar de qué se
trata el modelo alemán, porque hay algunos miembros de algunos
partidos de la oposición que no lo han entendido bien.
Se trata, bajo mi punto de vista, de licitar una obra, adjudicarla a
una empresa, con un pago aplazado a una fecha concreta, que
necesariamente no tiene que figurar en los Presupuestos Generales del
Estado en el capítulo 6, de Inversiones reales, sino en la anualidad
en la que se concluye y se paga esa obra. Yo entiendo que
efectivamente haya algunos casos en los que esto pueda ser un poco
más caro económicamente, pero creo que eso le permite al Ministerio
de Medio Ambiente, o a la Dirección General de Costas, adjudicar y
acelerar algunas obras de total importancia para el conjunto de las
costas españolas. Por lo tanto, quisiera que también me contestara el
señor secretario de Estado con arreglo al texto que figura escrito en
la misma pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS YCOSTAS (Blanco Rodríguez): Me
parece muy oportuno el planteamiento que ha hecho el señor diputado
porque, efectivamente, a veces se oyen consideraciones sobre el
llamado vulgarmente modelo alemán (sistema de pago aplazado íntegro
del precio al final de la obra) que demuestran ignorancia sobre su
construcción jurídico-financiera, o un afán de no interpretar las
cosas conforme a la realidad de las mismas.
El llamado modelo alemán, que (me gusta precisarlo, no se aplica en
Alemania, dicho sea de paso) se llama así porque fue concebido allí
pero nunca llegó a aprobarse como tal, es un modelo muy sencillo: la
contratación de la obra se hace exactamente igual que con las obras
ordinarias que ejecutamos conforme a la Ley de Contratos del Estado
pero con una diferencia: en el contrato que se firma con el
contratista figura que, en vez de pagarle mes a mes contra la
certificación de la obra hecha ese mes, se paga una vez ejecutada
íntegramente la obra contra la entrega de la obra íntegramente.
Por lo tanto, es un contrato administrativo absolutamente ordinario
que se tramita por los procedimientos ordinarios pero que tiene como
única diferencia cuándo se paga al contratista. En los contratos
normales, digamos, tradicionales, se paga todos los meses contra una
certificación que emite el contratista de la obra realizada ese mes,
y en este caso se le paga íntegramente el precio de la obra, una vez
concluida ésta, contra la entrega a la Administración de la misma
obra.
Por eso, efectivamente, durante la construcción de la obra no aparece
crédito para pagar al contratista en los Presupuestos Generales del
Estado porque no hay obligación de pagarle, aparecerá íntegramente el
importe de la obra el año que está previsto que se acabe su ejecución
porque es
el año en el que surge la obligación por parte del Estado de pagarle
al contratista.
Tiene un coste económico para el Estado, que son los intereses; como
el contratista está invirtiendo desde que comienza la obra, esa
inversión va a generar unos intereses que están pactados en el mismo
contrato, limitados en consecuencia, y que se le pagan con el importe
del principal de la obra al final; pero, por otra parte, si tiene ese
coste en cuanto a los intereses por parte del Estado, tiene la
ventaja de que el Estado se va ahorrando el dinero a pagar durante
los años de ejecución. Es decir, tiene sus costes y tiene sus
beneficios.
Este llamado modelo alemán fue una fórmula puesta en marcha a
iniciativa del Gobierno para cubrir una necesidad doble, una práctica
y otra económico-financiera. La práctica es no reducir el volumen de
obra que se pone en marcha durante los años en que hemos aplicado un
ajuste presupuestario más duro para poner al día, por decirlo así,
las cuentas del Estado español, desde el punto de vista del gasto
público, para cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea
previstos en el Tratado de Maastricht.
Mediante el modelo alemán, y otros sistemas financieros que hemos
puesto en marcha, hemos logrado contraer el gasto público en lo
necesario para reducir el déficit público, y todos los ciudadanos
españoles, dicho sea de paso, se benefician gracias al efecto de
bajada del tipo de interés que ha supuesto la reducción del
endeudamiento del Estado. Ha tenido la ventaja también de que hemos
entrado en el grupo de cabeza de la nueva Unión Europea, y con estos
sistemas de financiación paralela además no hemos reducido el volumen
de obra pública en construcción, sino que se ha aumentado.
Mediante los sistemas de cofinanciación entre la iniciativa pública y
la privada que hemos puesto en marcha en materia de carreteras, de
ferrocarriles, de obras hidráulicas, y el modelo alemán, se ha
logrado, a la vez que se hacía este ajuste de las cuentas públicas
con la reducción del déficit público, mantener el volumen de obra en
licitación o contratación.
Por lo tanto, no tiene ningún misterio extraño el método alemán, sino
que responde a una finalidad práctica para resolver, sin atentados a
los objetivos de déficit público, la necesidad de que España se siga
dotando de obra pública.
En el caso del Ministerio de Medio Ambiente hemos licitado durante
los años en los que ha estado en vigor el modelo alemán, 1997-1998,
unos 100.000 millones de pesetas. La mayor parte de ese dinero lo
hemos dedicado a obras hidráulicas, porque era, en ese objetivo
general que he explicado, el presupuesto que más tensionado estaba
por la necesidad de pagar deudas históricas que en su día no fueron
pagadas, por emergencias, modificados de obras, liquidaciones,
expropiaciones, de tal manera que la inmensa mayoría de esos 100.000
millones dedicados al método alemán han ido a los dos programas de
obras hidráulicas: el de saneamiento y calidad y el de obras
hidráulicas estrictamente.
En Costas se ha acudido menos proporcionalmente a este sistema de
contratación porque era un programa menos tensionado por deuda
histórica pendiente de pago. En concreto, hemos contratado en el
presupuesto de Costas tres obras por este procedimiento: una ha sido
el acondicionamiento
de la playa de Miracle, en Tarragona, por un importe de 1.183
millones de pesetas, cuyo contrato se firmó el 18 de junio de 1998,
hubo después un modificado que se firmó el 26 de octubre de 1999,
obra que está en construcción con un plazo de ejecución de 18 meses.
La segunda obra (dejo para extenderme un poco más la tercera, que
está en la provincia de S.S.) contratada por este procedimiento está
en Lanzarote, en concreto es la adecuación y restitución
medioambiental del tramo de costa comprendido entre Punta Lima y el
extremo oeste de la playa de Los Pocillos, término municipal de Tías,
en Lanzarote, obra que he tenido también ocasión de visitar
recientemente y que está quedando muy bonita. Esta obra fue
contratada el 21 de julio de 1998, con un plazo de ejecución de 24
meses y un presupuesto vigente del contrato en este momento de
769.722.015 pesetas.
Ypor último, no por ser menos importante sino porque, como decía
antes, se corresponde con la provincia de S.S., la mayor inversión
que en estos momentos está haciendo Costas en toda España, que es la
regeneración del borde litoral del Peñíscola, en la provincia de
Castellón. Es un contrato con un presupuesto vigente de 4.165
millones, algo más, y el contrato se firmó el 17 de septiembre de
este año y tiene un plazo de ejecución de 22 meses.
En una costa tan problemática por el fenómeno, al que antes hacíamos
referencia, de una regresión sistemática de todo el litoral
levantino, y especialmente en el caso de Castellón, esta obra de
recuperación ambiental, valorada en más de 4.000 millones de pesetas,
va a permitir, en un sitio tan paradigmático como Peñíscola, tener
una infraestructura costera. Además, su construcción lleva implicada
una remoción de otras infraestructuras existentes, como la carretera;
es decir, que recupera no sólo la perspectiva de la misma costa, sino
todo el uso del territorio en aquella zona. Es una inversión
francamente emblemática y estoy seguro, me consta expresamente, de
que en la zona es muy bien recibida.
- DEL SEÑOR ORTÍZ PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO)
SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE
DOMINIO PÚBLICO QUE IMPLICAN LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES
EXISTENTES. (Número de expediente 181/002645.)
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, para formular la
siguiente pregunta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don
Juan José Ortiz Pérez, respecto al mantenimiento de los criterios de
recuperación de terrenos de dominio público que implican la
demolición de edificaciones existentes.
El señor ORTIZ PÉREZ: Esta es mi última pregunta, me imagino, en esta
Comisión, y posiblemente en esta legislatura, y espero, si Dios lo
quiere y nuestros respectivos comités electorales así lo deciden, que
nos volvamos a encontrar otra vez aquí. Como decía, voy a hacer esta
última pregunta que también la considero muy importante.
Señor secretario de Estado, como es lógico, el Gobiernotiene la
obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, en
este caso la Ley de Costas, lo que ocurre es que habrá que mentalizar
a algunas personas que tienen concesiones administrativas y de
edificaciones existentes. Las concesiones administrativas, si no
recuerdo mal, en su apartado tercero, permiten al Estado recuperar
los terrenos de dominio público y las edificaciones existentes,
siempre que sean declaradas de urgente ocupación por el Consejo de
Ministros.
Hemos tenido, hemos sufrido, y estamos sufriendo en mi provincia,
concretamente, una primera experiencia, como fue la demolición de los
chalets de Chilches, que después de la actuación se han dado cuenta
de que la Administración tenía razón, aunque en ese momento fue
traumático (por decirlo de una forma suave) para los propietarios de
los chalets, que ahora se han visto recompensados por una actuación
concreta de recuperación de una playa importante en la costa de
Castellón. Yo creo que sería importante que las corporaciones locales
afectadas tuvieran bien en cuenta que la Ley de Costas es rígida y
debe cumplirse y hacerse cumplir.
Pero también considero que siempre habrá que salvaguardar los
derechos constitucionales de los propietarios, porque ha habido
recursos y el Tribunal Supremo incluso ha suspendido algunas
sentencias cautelarmente para eso, para preservar los derechos
constitucionales de los propietarios. En todo caso, hemos de tener
muy presente que si existe o se avanza hacia una regresión importante
de la costa (sobre todo en Huelva y Castellón, según los datos que
obran en mi poder), habrá que actuar no sólo con actuaciones rígidas,
como la construcción de diques, sino también a veces con la
recuperación del dominio público marítimo- terrestre, y además
compensando, como es lógico, a las edificaciones existentes, porque
así lo exige el cumplimiento de la ley. Pero este es mi criterio
personal, y me gustaría conocer, como es lógico, el del Gobierno a
través del señor secretario de Estado, por lo que vuelvo a formularle
mi pregunta tal como figura en el texto escrito.
Muchas gracias, señor secretario de Estado, por las contestaciones
amplias y satisfactorias que me ha dado anteriormente a mis
preguntas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
No sé si nos volveremos a ver la próxima legislatura, pero en todo
caso vamos a acabar esta también con explicaciones a fondo de los
problemas, que creo que es lo que procede en esta Comisión.
El tema que plantea S.S. es para nosotros, como responsables de la
administración de Costas, un tema importante, porque probablemente
cuando hay que afrontar, y ahora veremos con qué criterios lo
hacemos, actuaciones de demolición, de retirada de construcciones
existentes, suelen ser de las más polémicas socialmente que tenemos
que afrontar. A mí me gustaría por eso, y le agradezco la ocasión que
me da de plantear este tema en esta Comisión, hacer un poco el
análisis conceptual de por qué hay que llegar a esas demoliciones que
pueden ser socialmente traumáticas.
El esquema es el que nos fija la Ley de Costas. La Ley de Costas
establece textualmente como una de las obligaciones en su artículo 2.
o garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del
dominio público marítimoterrestre. Es decir, tenemos un mandato
legal, con base constitucional, de que el dominio público debe estar
abierto, y es obligación de la Administración garantizarlo, con
carácter general, a ese uso público y gratuito de todos los
ciudadanos.
Esto se traduce en una serie de instituciones jurídicas a la hora de
actuar la Administración, en primer lugar, el deslinde de ese dominio
público. Si tenemos que garantizar el libre acceso al mismo, tenemos
que saber primero qué es dominio público. El deslinde, que a veces
también es traumático, porque se enfrenta en la práctica esa
declaración jurídica de una parte de nuestro territorio como dominio
público marítimo-terrestre con los presuntos derechos adquiridos
conforme a legislaciones anteriores por los propietarios privados, es
necesario hacerlo. Puede discutirse si el modelo de la Ley de Costas
es el mejor o el peor, pero, una vez que existe, lo que no se puede
mantener es la incertidumbre de que los ciudadanos, los
ayuntamientos, los propietarios tradicionales, no sepan si están en
dominio público o no. Yo creo que, una vez declarado el dominio
público por la Constitución y precisado su sistema de protección por
la costa, hay que acabar el deslinde cuanto antes para saber todos a
qué atenernos, aun sabiendo que muchas veces es traumático, pero lo
peor de todo es la situación de incertidumbre en la que ni los
particulares saben cuáles son sus derechos, ni los ayuntamientos qué
capacidad tienen para ordenar el territorio, ni Costas sobre qué
territorio debe actuar en clave de protección.
La segunda forma de actuar es con infraestructuras, como hemos
comentado en preguntas anteriores, que, por su mera ubicación física,
por decirlo así, garanticen ese dominio público. En ese sentido
quiero decir que estamos intentando que todas las actuaciones en
materia de paseos marítimos que hace Costas tengan precisamente esta
finalidad. Intentamos no hacer ya paseos marítimos como se hacían
históricamente, como mero patrimonio y mobiliario urbano, por decirlo
así, sino que los paseos marítimos queremos utilizarlos, y así los
concebimos, precisamente como una manera de marcar la linde física
entre el dominio público marítimo-terrestre abierto al uso público y
la zona del territorio que es susceptible de aprovechamiento
particular.
La ubicación de un paseo marítimo en esa linde es la raya que se
percibe visualmente por todo el territorio donde la ocupación privada
no puede ir más allá hacia el mar. Por lo tanto, los paseos marítimos
han dejado de ser una actuación de tipo urbanístico duro y se
convierten también, concebidos así, en un instrumento de protección
de la costa y de su uso público general.
Y luego hay casos, y con esto llegamos al tema de las demoliciones,
en los cuales, hecho el deslinde e identificada la zona de dominio
público marítimo-terrestre, nos encontramos con que, por razones
históricas y con los títulos que sean, hay usos privados que no son
acordes con la ley sobre el dominio público marítimo-terrestre, y
esto se da mucho, por desgracia, en la costa (vamos, no por
desgracia, es un hecho histórico, no había la misma mentalidad de
protección de la costa y de su uso hace 20, 80 ó 100
años que la que tenemos hoy); o sea, que tampoco hay que calificar
las cosas, los tiempos y los criterios de actuación van
evolucionando.
En este caso la Ley de Costas establece expresamente, en el artículo
10 de su texto articulado, la facultad de recuperación posesoria por
parte de la Administración y, en el artículo 31, cómo debemos actuar
para proceder a la materialización de esa facultad de recuperación
posesoria, y eso implica demoler, cuando no son legalizables, las
infraestructuras construidas para usos privativos en pleno dominio
público marítimo-terrestre.
En principio intentamos, como criterio de prudencia en la aplicación
de la ley, siempre que esas instalaciones (llamémoslas privadas,
aunque jurídicamente no lo sean de uso privado) en la costa no causen
por sí mismas, por el mero hecho de existir, un daño a la costa,
legalizarlas, pero legalizarlas en los términos que permiten las
disposiciones transitorias primera y cuarta de la Ley de Costas,
sustituyendo el presunto derecho histórico de propiedad por una
concesión por 30 ó 60 años; pero en el supuesto de que la
infraestructura, por el mero hecho de existir, esté causando un daño
físico a la propia costa, no nos queda otro remedio que demolerla, y
eso pasa especialmente en las zonas de la costa que están en
regresión.
Su señoría ha citado con pleno acierto, porque son los dos problemas
más serios que tenemos de regresión, el caso de Huelva y el de
Castellón. En ocasiones, en costas en regresión, la mera presencia de
una infraestructura, un chalet, una construcción en la primera línea
de costa, está aumentando el proceso de deterioro de esa costa,
porque interfiere la dinámica natural de aportación y regresión de
arena según los períodos veraniegos o invernales en la natural
dinámica costera entre el mar y la tierra. En esos casos, para evitar
que el problema general vaya a más, el de regresión, tenemos que
proceder a demoler esas construcciones existentes.
Suele ser, como S.S. ha indicado, socialmente conflictivo, es
comprensible que el ciudadano particular afectado diga: ¿Y por qué a
mí? ¿Por qué me toca a mí? Pero el diagnóstico del problema, si está
correctamente hecho, y la solución jurídica nos la impone la Ley de
Costas, en pro del interés general, no queda otro remedio.
Intentamos, en la medida de lo posible, y en algunos casos se logra,
acudir a procedimientos no traumáticos: expropiamos, indemnizamos,
sustituimos por concesiones en otros sitios. Hay ocasiones en que los
propietarios no admiten ningún tipo de negociación y no queda otro
remedio que actuar por la vía ejecutiva propia de la Administración
pública; a veces, como ha indicado también S.S., después de los
correspondientes procedimientos ante la jurisdicción
contenciosoadministrativa que, una vez estudiadas las reclamaciones
de los particulares, da la razón a Costas o se la da a los
particulares. En general se la da a Costas, porque somos muy
prudentes en acudir a este procedimiento, que sabemos que es agresivo
y duro, pero cuando no queda otro remedio actuamos en esa línea.
Y tenemos la satisfacción, en algunos casos la satisfacción
intelectual, en algunos casos en los que se han planteado
reclamaciones contra actuaciones de demolición en costas (usted ha
citado Chilches, Almenara, también en su provincia, casos ha habido
en Huelva), en que, al menos
por la experiencia que yo tengo desde el año 1996 hasta ahora, todas
las reclamaciones que ha habido contra actuaciones de este estilo por
parte de la Administración las ha ganado la Administración ante los
tribunales, lo cual creo que acredita por lo menos que este mecanismo
tan duro, traumático, que nos da la Ley de Costas lo aplicamos con
prudencia, cuando no queda otro remedio, pero lo aplicamos y lo
seguiremos aplicando.
No podemos permitir, como responsables del interés general, que un
uso privado de la costa, aunque hunda sus raíces en tiempos pasados,
en este momento, por un fenómeno físico de regresión del que no somos
culpables ninguno pero que está ahí, haga que sea más importante el
daño que se causa hacia el futuro que el bien particular que puede
generar para un ciudadano particular ese uso privativo de una zona de
dominio público. Por tanto, seguiremos acudiendo a este
procedimiento, con prudencia, cuando resulte imprescindible; si es
posible acudiremos a las transitorias de la ley para legalizar, vía
concesión, transitoriamente esos usos, y si se está causando ya un
daño efectivo a la costa por la mera instalación, procederemos a la
demolición, aunque sea dolorosa y a veces genere polémicas sociales,
pero creo que entra en nuestra obligación y responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Don Benigno Blanco, damos por finalizada aquí su
comparecencia agradeciéndole una vez más sus amplias y documentadas
informaciones.
- DE LA SEÑORA CASTRO MASAVEU (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO) SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DEL
OSO PARDO Y EL AUMENTO DE LA ESPECIE EN EL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA. (Número de expediente 181/002648.)
- DE LA SEÑORA CASTRO MASAVEU (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO) SOBRE PREVISIONES SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS ACCESOS AL
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. (Número de expediente 181/
002649.)
El señor PRESIDENTE: Los puntos 4 y 5 han sido retirados del orden
del día porque, según un escrito del Gobierno recibido por esta
Comisión, el compareciente tenía otros compromisos ineludibles que
han impedido su presencia hoy aquí.
Por lo tanto, podríamos pasar al punto 6 del orden del día, con la
comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, don Juan Manuel Aragonés Beltrán, que ha sido solicitada por
el Grupo Socialista, pero siempre y cuando el resto de los grupos
estuvieran aquí presentes. Como no es así y estaba fijada a las once,
pues propongo que se interrumpa la sesión hasta dicha hora.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR (ARAGONÉS BELTRÁN), PARA DAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS EN LA ZONA DE DOS AGUAS (VALENCIA)
DESTINADA A DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/002127.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la
sesión.
Quisiera aclararles que las votaciones correspondientes al orden del
día no se efectuarán antes de la una del mediodía. Si todos los
puntos hubieran sido debatidos para entonces, interrumpiríamos la
sesión para proceder a las votaciones a partir de la una,
probablemente a la una y media.
Tenemos hoy aquí a don Juan Manuel Aragonés Beltrán, presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha comparecido ya ante la
Comisión de Medio Ambiente, para dar información acerca de las
autorizaciones concedidas en la zona de Dos Aguas (Valencia)
destinada a depósitos de residuos sólidos, comparecencia que ha sido
solicitada por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, el compareciente,
don Juan Manuel Aragonés, al que, en nombre de la Comisión, doy la
bienvenida.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
(Aragonés Beltrán): El informe que voy a presentar hoy ante todos
ustedes es complementario del que ya presenté, con fecha 28 de abril
de 1998, con motivo de la comparecencia del día 29 de abril ante esta
misma Comisión, para informar acerca del informe preceptivo sobre el
vertedero del pueblo de Dos Aguas. En aquel momento en mi informe
estuve comentando las características de una planta de residuos
sólidos urbanos; su vida útil; la declaración de interés comunitario
por parte del Gobierno valenciano, autoridad competente en este tipo
de actividades; la declaración de impacto ambiental de la Generalitat
Valenciana, de fecha 23 de septiembre de 1997 y cómo la Confederación
había estado estudiando y solicitando la información sobre los
proyectos que hacían referencia a la afección que la planta tenía
sobre un cauce público cercano al barranco de La Matrona. En las
conclusiones comenté en aquel momento que se consideraba que podían
autorizarse las obras, en cuanto afectaban a las competencias de la
Confederación, con unas prescripciones respecto a la balsa de
lixiviados y al dique cerrada del vertedero. Añadía entonces que en
aquella fecha, el 29 de abril de 1998, se hallaba en proceso de
información pública.
Voy a informar concretamente ahora sobre la petición de
comparecencia. Con fecha 26 de mayo de 1998, se terminó el plazo de
presentación de alegaciones y se remitieron a la empresa, entonces
Proficer Sedimentos, S. A., que informó el 8 de junio. Se presentaron
diez alegaciones, todas ellas prácticamente con el mismo contenido.
Con fecha 21 de agosto, la Comisaría de Aguas de la Confederación
requiere a la empresa peticionaria, que ya entonces era Sociedad
Anónima de Agricultores de Vega de Valencia
y Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., en una UTE, para
aportar los cálculos justificativos sobre el dimensionamiento de
canales perimetrales. A su vez, se mandó al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas el anexo número 2, estudio
geotécnico del vertedero, al objeto de que se emitiera informe sobre
el mismo. ¿Por qué esta petición de informes? Porque en las
alegaciones que se presentaron se hacía especial hincapié acerca de
dos cuestiones. Por una parte, en caso de fuertes lluvias podía haber
una aportación de aguas que pudiera determinar que los sedimentos o
lixiviados pasaran la balsa de lixiviados y pudieran llegar al
barranco de La Matrona, que posteriormente desembocan en el río
Júcar. Por otra parte, en las alegaciones se comentaban dudas acerca
de la estabilidad del conjunto de sedimentos que se estaban
proyectando.
Con fecha 9 de septiembre de 1998, la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana dio autorización administrativa a la UTE para la actividad
de eliminación de vertido tipo D-1 y, al mismo tiempo, se solicitó y
se mandó al Cedex para su informe el estudio geotécnico. Por otra
parte, con fecha 2 de octubre, se remite escrito a los peticionarios
para que en el anexo 3, dimensionamiento de canales perimetrales, se
hicieran unas aclaraciones y se iba a remitir al Cedex el proyecto de
planta de eliminación de residuos por si estimaban oportuno acompañar
algún tipo de documentación complementaria. Por las mismas fechas, el
25 de septiembre de 1998, se había remitido escrito por la Comisaría
de Aguas a la Dirección General de Calidad Ambiental en el que se
extraían las siguientes conclusiones: Primero, comunicar a la
Consellería que la puesta en marcha del vertedero de residuos sólidos
urbanos exige el establecimiento de medidas de control en relación a
la potencial afección de la actividad sobre las aguas subterráneas.
Aeste efecto, ha de elaborarse un estudio hidrogeológico que defina
los controles a implantar, por ejemplo, piezómetros de control de
impermeabilidad de balsa en la acumulación de lixiviados, controles
analíticos en sondeos del entorno a definir, etcétera. Se tendrá en
cuenta la hidrogeología local, flujos o álveos, si existieran,
captaciones y usos de las mismas en el entorno de la planta,
incidencia sobre el río Júcar, etcétera. El estudio deberá ir
suscrito por el técnico competente, estar visado por colegio oficial.
El estudio y conclusiones relativas a los resultados deberán ser
analizados por la Consellería y remitidos trimestralmente a la
Confederación Hidrográfica, debiendo ordenarse por la Consellería la
paralización de la actividad de comprobarse afección en las aguas
continentales.
Segundo, comunicar a la Consellería que la puesta en marcha del
vertedero exige la elaboración de un estudio técnico que justifique
diseño y forma de explotación de la balsa de acumulación de
lixiviados, de acuerdo con los criterios expuestos, basados en el
principio de comportamiento del vertedero como cubeta estanca.
Asimismo, el estudio deberá justificar el diseño de las cunetas
interceptoras de las escorrentía superficial dispuesta en el
perímetro de toda la zona afectada por la actividad para garantizar
que la calidad de la escorrentía no queda afectada por la actividad
desarrollada. También por esas fechas se recibe en la Confederación
escrito del fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia, porque tenía abiertas unas diligencias de investigación
penal, para que la Confederación certificara -y así lo hizo-, si
había formulado informe relativo a la instalación del vertedero de
interés comunitario.
Con fecha 26 de octubre, hay un informe conjunto de las dos áreas, de
la Comisaría de la Calidad de Aguas y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, y finalmente, con fecha de 24 de marzo de 1999, se recibe
el informe del Cedex sobre planta de eliminación de residuos, estudio
geotécnico de las condiciones de estabilidad general de los vertidos
y dique de cierre frontal, en el que se dice que el sistema, con las
características diseñadas y preparadas, es estable y no tiene ningún
riesgo dentro de los parámetros normales de funcionamiento de este
tipo de soluciones. Con fecha 28 de julio se dicta resolución de
expediente de autorización del desvío de los barrancos para la
instalación del vertedero, que se comunica con fecha 16 de agosto.
La autorización que se refiere a las competencias de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, como dije en mi anterior comparecencia, que
se refería al desvío de dos barrancos en la partida de La Matrona
para la instalación del vertedero de residuos sólidos urbanos en el
término municipal de Dos Aguas, indicaba como conclusión que,
examinada la documentación técnica aportada, se había comprobado que,
en cuanto afecta a la suficiencia del dimensionamiento hidráulico de
los canales de desvío de los cauces públicos, se ha obrado del lado
de la seguridad y por encima de lo que está sancionado en la
práctica.
En cuanto a la posible afección de aguas subterráneas, el informe del
Instituto Tecnológico Geominero de España se pronuncia de forma
negativa, se han recogido la totalidad de las sugerencias contenidas
en el informe de la Universidad Politécnica de Valencia, excepto la
contenida en el punto cuarto, por entender que, habiéndose
interceptado con suficiente garantía la red fluvial, no cabe
considerar la construcción de una presa de residuos, y se otorga la
correspondiente autorización.
Cabe añadir que la tramitación del expediente para el desvío de
barrancos ha sido correcta y que la larga duración del procedimiento
se ha debido fundamentalmente a los diversos informes que ha sido
necesario elaborar.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra
su portavoz, don Javier Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Gracias, señor José Manuel Aragonés, por
su estancia de nuevo en esta Comisión.
Efectivamente, el 29 de abril de 1998, de acuerdo con el «Diario de
Sesiones» de la Comisión de Medio Ambiente, en su sesión número 20,
intervino usted para explicar los problemas derivados de la ubicación
del vertedero de Dos Aguas, en la partida de La Matrona, de todos los
residuos sólidos de la zona de LHorta y de Valencia
fundamentalmente. Entonces dio S.S. los razonamientos oportunos de
por qué se había autorizado dicha ubicación. Si lee usted mi
intervención y la de los portavoces de otros grupos, verá que había
distintos puntos por aclarar.
Decía usted en esa comparecencia que en La Matrona se preveía un
desvío de cauce de aguas arribas del vertedero para hacerlo
desembocar en dicho barranco. Añadía: «Se
trata de cauces de escasa entidad, como lo demuestra que la
superficie de aporte inicial es de 0,594 kilómetros cuadrados y una
vez desviado quedarán tan sólo 0,25 kilómetros cuadrados de cuenca
receptiva de aguas ». «El segundo desvío de cauce previsto se produce
aguas abajo del vertedero y consiste en recortar un meandro en el
barranco de La Matrona » «En consecuencia, los desvíos de cauces que
prevé el proyecto, reúnen las condiciones y requisitos que
habitualmente se exigen para este tipo de obras». «Visto cuanto se ha
expuesto -concluye usted, como ha señalado hoy con sus propias
palabras, reproduciendo textualmente lo que pronunció el 29 de abril
de 1998, es decir, hace más de un año y medio-, se considera que
pueden autorizarse las obras en cuanto afecta a la competencia de
esta Confederación Hidrográfica, con las prescripciones siguientes ».
Ya discutimos todo esto y ustedes estaban de acuerdo, a pesar de que
había informes contrarios a que allí se ubicaran tales residuos.
Usted lo consideró oportuno porque los informes que usted tenía eran
los adecuados y estimó que no había ningún problema, a pesar de que
varios estudios de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
Universidad de Alicante, habían recomendado que no se instalara el
citado vertedero en Dos Aguas.
Usted dio su explicación. Desde el punto de vista administrativo
y político tenía usted todo el derecho a dar las autorizaciones que
considerara oportunas en función de los informes que disponía. Pero
hoy, señor Aragonés, se plantean otros problemas. Si yo leo el
«Diario de Sesiones», todo lo que usted dijo aquí, tanto en su
primera intervención como en la segunda, las cosas no coinciden. Dice
que fue examinada toda la documentación, cita los días 9 y 25 de
septiembre y el 2 de octubre, y habla de la puesta en marcha del
desvío de los barrancos. Como usted sabe, la puesta en funcionamiento
fue realizada por la empresa Proficer, cuya gestión, como usted mismo
ha dicho, es la formada por la Sociedad de Agricultores de la Vega y
Fomento de Construcciones y Contratas. Sin embargo, se descubre -así
lo publican los medios de comunicación- que las desviaciones que se
habían hecho de los barrancos (usted consideraba que se trataba de
cauces de escasa entidad y de recortar un meandro en el barranco de
La Matrona) fueron hechas hace un año, es decir, se habían realizado
las obras antes de que usted emitiera el informe correspondiente el
día 16 de agosto. Nos preguntamos cuál es el papel de la
Confederación Hidrográfica del Júcar cuando la construcción del
barranco y, por lo tanto, la nueva empresa, no estaba autorizada para
llevar a cabo las desviaciones por cuanto que usted autoriza el 16 de
agosto.
Se habla de una autorización provisional. ¿De quién, de usted o de la
Consellería de Medio Ambiente? Sin tener los informes previos,
anteriores a los que usted ha citado, para algo de tanta importancia
como es la ubicación de un vertedero, el vertedero de Dos Aguas,
¿cómo se puede dar una autorización provisional? Sin tener los
informes a los que usted ha hecho referencia del 9 y 25 de septiembre
y del 2 de octubre, ¿cómo se puede hacer eso?
Pero las cosas no quedan ahí. Los medios de comunicación valencianos,
así como algunos medios de comunicación estatal o española, hablan de
que el vertedero de Dos Aguas ha sido expedientado por la Unión
Europea porque
ha infringido seis directivas en materia de aguas subterráneas, y la
Confederación Hidrográfica del Júcar debería haber emitido el informe
correspondiente, no sólo la Consellería de Medio Ambiente, por cuanto
que las relaciones internacionales con la Unión Europea no la lleva
la Comunidad Valenciana sino el Estado, el Gobierno de la nación.
Dado que usted está nombrado por el Gobierno de la nación, por el
Ministerio de Medio Ambiente, es a usted a quien le compete trasladar
al Ministerio de Medio Ambiente el informe para que la Confederación
Hidrográfica del Júcar haga las correspondientes alegaciones ante las
directivas que Medio Ambiente exige en relación con las disposiciones
sobre los vertederos.
Decía yo en la comparecencia del 29 de abril que las cuestiones no
estaban claras y que los informes eran contradictorios. Acepto que
usted coja unos informes y deseche otros, es legítimo por su parte y
es la potestad de la elección que tiene un representante -en este
caso, un representante político, que tiene además aspectos de tipo
técnico-, pero lo que resulta difícil de aceptar es, primero, que se
hayan hecho obras previas un año antes de que usted diera la
aprobación definitiva, y segundo, que usted, como representante de un
Gobierno, no emitiera informe ante la Comisión Europea, porque la
propia Unión Europea ha expedientado el vertedero por haber
infringido seis directivas en materia de aguas subterráneas, hecho
que se ha publicado en todos los medios de comunicación y no se puede
decir que sean afectos o desafectos al partido en el Gobierno, porque
son informes técnicos. Quisiera que me contestara a estas dos
preguntas.
El señor PRESIDENTE: ¿Resto de grupos que quieren intervenir? En
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra
doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero saludar la
comparecencia del señor Aragonés en esta Comisión. Señor presidente,
voy a ser muy breve porque ha quedado claro, tras la exposición del
presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la
comparecencia que tuvo lugar el 29 de abril del año pasado en esta
misma Comisión, que en aquella ocasión se intentó por parte del
presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ocultar parte
de la verdad de lo que estaba sucediendo con la autorización del
vertedero de Dos Aguas y que afecta al dominio público hidráulico.
Por las fechas que el presidente de la Confederación hoy ha dado en
su comparecencia, queda claro que para esta Confederación y para su
presidente la aplicación del principio de precaución no se ha tenido
en cuenta, algo que a nuestro grupo parlamentario le parece muy
grave. Faltaban todos los informes que se han producido casi un año
después de la puesta en funcionamiento, no sólo de las obras del
desvío de los dos barrancos sino del funcionamiento del vertedero de
Dos Aguas, hecho que, podía haber llevado a una situación delicada y
bastante negativa, no solamente para la población sino también por la
contaminación de las aguas que suministra el pantano de Tous, porque
estamos hablando de una zona que puede afectar a la cola de este
pantano que suministra de agua potable a Valencia capital y a sus
alrededores.
Señorías, mi grupo parlamentario no entiende que la Confederación
Hidrográfica del Júcar autorice el desvío de los barrancos un año
después de hechas las obras. El señor Aragonés, en su comparecencia
del mes de abril aquí, nos decía que no había ningún problema y que
en realidad todo eran puras especulaciones y que los informes que se
habían hecho, contrarios a la ubicación de este vertedero, no podían
aceptarse totalmente. Nuestro grupo parlamentario cree que el señor
Aragonés, la Confederación Hidrográfica del Júcar, no han actuado con
la diligencia debida para la preservación del dominio público
hidráulico ni han sopesado las consecuencias que una actuación
negligente hubiera podido acarrear, con el riesgo que ello conlleva
para la población y para el medio ambiente.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha emitido
los informes que había solicitado la Unión Europea para justificar su
actitud, por lo que se ha abierto un expediente sancionador al
autorizar un vertedero que, aunque no sea su competencia, afecta a la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Vamos a escuchar las explicaciones del señor Aragonés sobre estos
temas para, si es necesario, en un segundo turno, solicitar más
aclaraciones. Esperamos que no sea así, pero reiteramos que nos
parece que ha habido una actuación totalmente negligente por parte de
la Confederación Hidrográfica del Júcar que ha puesto en peligro la
salud de los habitantes de la ciudad de Valencia y sus alrededores
y el medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUALMONZÓ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar y su intervención, porque son muy oportunas. Estimo que ha sido
una comparecencia con argumentos técnicos, que es la mejor forma de
contradecir todas las manifestaciones sobre la situación del
vertedero en el término municipal de Dos Aguas, que ha tenido gran
transcendencia en los medios de comunicación. Señorías, se ha
demostrado con la comparecencia del presidente de la Confederación
que, técnicamente, es un vertedero perfecto porque cumple
sobradamente los requisitos que se requieren, incluso aplicando las
directivas comunitarias más exigentes y que están en fase de
implantación.
El citado vertedero, ubicado en el término municipal valenciano de
Dos Aguas, cumple, como bien ha dicho el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, el dictamen de impacto
ambiental favorable de la Consellería de Medio Ambiente del 23 de
septiembre de 1997. También tiene la declaración de interés
comunitario, basándose en la Ley 4/1992, de suelo no urbanizable, de
la Generalitat Valenciana. Cuenta con la licencia de actividad del
Ayuntamiento de Dos Aguas, así como con el informe del Instituto
Tecnológico Geominero de España, que, como muy bien ha dicho el
presidente de la Confederación, se pronuncia de forma negativa sobre
la afección de las aguas subterráneas, con lo cual da una seguridad
importantísima a la pureza y no contaminación de las aguas
subterráneas. Al mismo tiempo, cuenta con el preceptivo informe de la
Confederación Hidrográfica del Júcar sobre temas que afectan al
dominio público hidráulico, que son las competencias de la citada
Confederación, como dice en su propio informe, ya que el vertedero
ocupa parte de un cauce público y se sitúa en zona de policía de
otro. Se refiere a dos desvíos para evitar problemas con las aguas
pluviales. El primer desvío, siguiendo el informe emitido por el
catedrático de hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia,
persona bastante cualificada como para emitirlo, cifra el máximo de
los caudales que puedan afectar a esta zona en 26 metros cúbicos por
segundo, y finalmente el canal de desagüe se ha ampliado a 30 metros
cúbicos por segundo, mejorando el caudal máximo previsible en 4
metros cúbicos por segundo. El segundo desvío aguas abajo, al que se
refiere el portavoz socialista, el barranco de La Matrona, también
dispone de un caudal suficiente de 100 metros cúbicos por segundo.
Señorías, legalmente este vertedero contiene todos los informes
preceptivos necesarios que han aconsejado favorablemente su
realización. En lo que se refiere a aguas subterráneas, se ha tenido
la máxima seguridad para evitar su contaminación, con
impermeabilizantes artificiales, así como una red de recogida a balsa
de los lixiviados con una capacidad más que suficiente, precisamente
para evitar que bajen a la capa freática los desprendimientos
líquidos de los materiales allí acumulados. También se han instalado
medidas de control de gases, así como la citada red perimetral de
desvío de aguas pluviales.
Por otra parte, para su construcción no se ha aplicado la normativa
actual, sino la Directiva comunitaria 1999/31 del Consejo Europeo, de
26 de abril de 1999, relativa a vertido de residuos, que tiene
todavía un período de dos años para su trasposición, es decir, hasta
abril del 2001. Como digo, en este vertedero ya se han aplicado estas
medidas mucho más restrictivas, duras y exigentes que las actuales
tanto en los procedimientos de control y vigilancia de la
explotación, como en el mantenimiento y protección de las aguas
subterráneas y topografía del terreno.
Señorías, las basuras son un problema de todas las grandes ciudades
que hay que solucionar bien y de la mejor forma posible, de la forma
menos contaminante. Lo que no se puede hacer es montar campañas de
escándalo sobre estos temas porque, en este caso, se han cumplido
todas las exigencias, el vertedero tiene todos los informes
favorables. Tanto la comparecencia del presidente de la Confederación
Hidrográfica como su intervención otorgan un importante aval al
futuro de este vertedero y dan tranquilidad a los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: El señor presidente de la Confederación
Hidrográfica tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
(Aragonés Beltrán): De la propia sucesión de fechas que he estado
comentando han quedado claros varios asuntos. Primero, respecto a la
cuestión hidráulica, a la afección de las aguas superficiales de
fuera del vertedero que pudiera arrastrar el vertedero y las que
llovieran sobre él o en las laderas directamente, como quedó claro en
la anterior comparecencia, se presentaron los estudios
correspondientes y la Confederación emitió un informe que se comunicó
a todos los recurrentes.
Les recuerdo que, entre el 10 de octubre de 1997 y 13 de
febrero de 1998, se presentaron 17 escritos de diversos ayuntamientos
y entidades, formulando alegaciones a la instalación -ese tema ya lo
comenté en la anterior comparecencia- y se hizo un informe en el que
se decía que en aquellas condiciones aquello era autorizable.
La pregunta es: ¿Por qué si eso era entonces así no se emitió
inmediatamente la autorización como usted comentaba, definitiva? He
intentado explicar la razón. En aquel momento había una gran
sensibilidad social, puesto que se había producido el deslizamiento
del vertedero de La Coruña y había caído la balsa de residuos mineros
en Aznalcóllar. Lo que dijo entonces la Confederación fue lo
siguiente: Aunque desde el punto de vista hidráulico tengamos
absolutamente cerrado el tema (esto se comunicó no solamente a todos
los ayuntamientos, como ya dije en mi anterior comparecencia, sino
también a la propia empresa titular o concesionaria que había sido
autorizada por la Generalitat Valenciana como Administración
competente en este caso), vamos a pedir un informe especial al Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas sobre la estabilidad
geotécnica de todo el vertedero. Yprecisamente la realización de ese
estudio, fue la que retrasó esa autorización definitiva.
Puesto que aquello iba funcionando por tongadas -lo dice en una parte
el estudio del Centro de Estudios Hidrográficos-, el que estuviera
perfectamente se podía resolver sobre la marcha, es decir, no había
ningún peligro -contesto a lo que decía doña Presentación Urán-,
ningún riesgo en que aquello empezara a funcionar porque la
estabilidad estaba calculada en función de su llenado máximo,
a medida que fuera teniendo mucha más altura. Lo que hizo la
Confederación es esperar a tener la totalidad de los informes. Les
repito que el informe del Cedex se emitió con fecha 22 de marzo y
llegó hacia abril de 1999. Quizá la única pregunta que habría que
hacer a la Confederación es por qué desde abril hasta prácticamente
final de julio no otorgó la autorización. Podemos responder que la
carga de trabajo en la Confederación es grande, especialmente en la
Comisaría de Aguas. Aquí hubo una cierta demora entre la recepción
del estudio del Cedex, que como digo, era absolutamente favorable
respecto a la estabilidad y su emisión definitiva.
Dice alguna de SS.SS. que tiene un carácter de autorización
provisional. Es bastante frecuente que, en los casos de estructuras
sobre cauces, se den autorizaciones provisionales que vayan avanzando
las obras porque en muchísimos casos, si se tuviera que esperar a
tener la totalidad del expediente terminado, se perdería un tiempo
precioso, sobre todo en una actividad -debo resaltarlo- que recoge la
totalidad de las basuras de Valencia y de su área metropolitana, que
está adscrita al Consell Metropolitá de LHorta y cuando había una
gran urgencia, según nos decía la entidad competente y responsable,
la Generalitat Valenciana. Efectivamente, hubo una autorización con
carácter provisional que se comunicó a todos, como expliqué en esta
comparecencia. En la información pública no hubo ninguna razón
técnica que contradijera aquello, simplemente se siguieron poniendo
de manifiesto los temas de estabilidad, sobre los que se pidieron los
informes oportunos,que emitió el Cedex, el laboratorio de geotecnia.
Como decía, entonces se dio la autorización definitiva. Insisto en
que no hubo riesgo alguno. Queda explicada de esa forma el aparente
retraso entre una cuestión y la otra.
Respecto a la directiva comunitaria, con fecha 15 de octubre de 1999
se informó al Ministerio la queja 98/2202, vertedero aguas Valencia,
y pregunta parlamentaria europea E-1528/1999, remitiendo todos los
informes con estas cuestiones que yo mismo he comentado. Decíamos
también en esta contestación que la propia Generalitat Valenciana
había confirmado haber recibido la queja. Yrecientemente -hablo del
15 de octubre, o de finales de septiembre- enviaron el informe
correspondiente, a través de la Dirección General de Relaciones
Externas de la Generalitat Valenciana, al Ministerio de Asuntos
Exteriores. Desconozco si lo que ha salido en la prensa significa que
la Comisión no había recibido la contestación que el Reino de España,
a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores había presentado,
pero sí les puedo decir que la Generalitat Valenciana y la
Confederación habían presentado la documentación para que pudiera
causar sus efectos. Insisto en que es una denuncia que no plantea
ninguna cuestión y que no sabemos cuál va a ser el resultado de esa
queja parlamentaria.
Se afirma que se han infringido directivas comunitarias, pero eso no
deja de ser una manifestación puesto que de las cuestiones analizadas
se deduce que se han cumplido escrupulosamente las directivas
comunitarias y, especialmente, las referentes a las aguas
subterráneas.
Quiero concluir afirmando que la propia Comunidad Valenciana autorizó
el vertedero y que tiene un reglamento de explotación en donde se
recogen las características para el control de la estabilidad, de la
limpieza de los canales perimetrales, del funcionamiento de las
estructuras de desvío, así como del seguimiento geotécnico y
piezométrico de aquellas cuestiones referentes a la estabilidad.
El señor PRESIDENTE: Como saben SS.SS., no está previsto un segundo
turno de intervenciones, es una facultad discrecional de la
Presidencia, por lo que les ruego la máxima brevedad a los efectos de
aclaración y sin que ello suponga la apertura de un nuevo debate.
Tiene la palabra el señor don Javier Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Muchas gracias, señor presidente, por su
magnanimidad, que siempre le ha caracterizado, como se demostró
también en el día 29 de abril de 1998. Yo le agradezco su amabilidad
porque, reglamentariamente, es como usted dice.
Señor Aragonés, puede S.S. justificar lo que quiera; puede decir que
se da la autorización con carácter provisional, pero esto no es
ninguna campaña. Usted sabe que la oposición tiene la obligación de
ser rigurosa en las manifestaciones que hace. Ycuando hablo de rigor,
me refiero a que hay también testimonios científicos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, un momento por favor. Les ruego
a las señoras y señores diputados que si hablan lo hagan en el tono
más bajo posible porque están dificultando la intervención del señor
diputado y la comprensión del compareciente.
El señor PANIAGUA FUENTES: Muchas gracias, señor presidente. Cuando
se habla de que es un informe perfecto, sabe usted, señor Aragonés,
que puede serlo, pero hay informes de otras personas que también
tienen capacidad científica que no son de la misma opinión. Vuelvo a
repetir que es legítimo que usted elija aquellos que considere
oportunos, pero resulta que para unas cosas se exige una absoluta
rigidez con respecto a la autorización y para otras nos encontramos
con el principio de que al amigo la flexibilidad y a los enemigos la
legislación vigente. Se es flexible en unas cosas, cuando interesa,
pero no se es flexible cuando no interesa. Usted un año antes es
flexible, pero ha habido momentos de la Administración en los cuales
no se ha sido flexible y no se han adoptado las medidas finales hasta
que no se ha aprobado. Administrativamente usted no podía o no debía
haber autorizado, con la conflictividad que esto representa. No es
una conflictividad que suponga una maniobra, sino que hay un problema
objetivo, porque cuando hay un problema la gente tiene derecho a
reaccionar y a exponer sus quejas.
Señor Aragonés, no puede usted mantener esta postura respecto a las
directivas europeas, por mucho informe que haya hecho, por cuanto que
esos informes ratifican mi posición de que no se debería haber
autorizado obra alguna hasta que todo estuviera perfectamente
legalizado. Y sólo le queda una solución, que es dimitir de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. No puede S.S. hacer otra cosa,
porque su responsabilidad en este caso es una responsabilidad
importante y fundamental. No puede usted estar representando los
intereses hidrográficos de los españoles, en este caso de los
valencianos, por cuanto que, como usted ha señalado, puede haber
problemas en la situación de Dos Aguas. Esto no es fruto de ninguna
campaña, es tan sólo la posición política que defiende mi grupo en
función de los servicios técnicos de la Universidad de Alicante y de
la Politécnica, que han defendido el no acierto de ubicar los
residuos sólidos en Dos Aguas, a 400 metros de la cabecera del
pantano de Tous, y por lo tanto del río Turia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Presentación Urán. Les
ruego mayor brevedad.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, con total y absoluta
brevedad, porque las explicaciones que nos ha dado el presidente de
la Confederación Hidrográfica del Júcar no nos han convencido ni han
venido a paliar las inquietudes que nuestro grupo parlamentario ha
tenido con la autorización del vertedero de Dos Aguas porque como he
dicho en mi primera intervención, nos ha parecido una actuación
totalmente negligente.
De la misma manera que el presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar utiliza informes que lo único que hacen es darles la razón
sobre lo que en un principio pensaban que iba a ser lo más adecuado,
este grupo parlamentario también tiene informes que indican que no se
ha actuado en condiciones y que sigue existiendo riesgo de
contaminación de las aguas del pantano de Tous que suministra a la
ciudad de Valencia y a sus alrededores.
Señorías, con esa actuación tan negligente, desde nuestro punto de
vista, de la Confederación Hidrográfica del Júcar de dar una
autorización definitiva un año después de
la puesta en funcionamiento del vertedero de Dos Aguas sin haber
tenido todos los informes en su mano, y visto el expediente que ha
abierto la Unión Europea, creemos que el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar no está defendiendo los
intereses del dominio público hidráulico del Júcar y de los ríos que
aportan sus aguas a él. Este riesgo nos lleva, señor Aragonés, a
decirle que lo mejor que puede hacer usted es dimitir y dejar que
otra persona que pueda defender mejor los intereses del Júcar pueda
reemplazarle.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.
El señor PASCUAL MONZÓ: Yo creía que con la comparecencia del
presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar quedaba clara
la cuestión técnica sobre la construcción de este vertedero, pero veo
que no. Efectivamente, en algo estoy de acuerdo con el portavoz
socialista; en que la oposición tiene que hacer control del Gobierno.
Quizá también eso incluya crear falsas polémicas y testimonios, así
como crispación en temas tan delicados como los vertederos. Pensaba
yo, con buena voluntad, que con esta comparecencia se iba a zanjar
este asunto, pero veo que no se termina y que se llega a la
barbaridad, en contra de la cual mi grupo está totalmente, de pedir
la dimisión del presidente de la Confederación.
Por lo visto aquí se busca la polémica. Yo no sé si los señores que
han intervenido en nombre del Grupo Socialista y de Izquierda Unida
tienen en su casa basura o no, pero imagínense qué harían si la
tuvieran un año, si hubieran esperado un año la construcción del
vertedero. Si echamos mano de la memoria recordaremos la polémica
surgida en aquellos momentos, cuando estaban cerrados los demás
vertederos y no se sabía qué hacer con la basura. Valencia y las
ciudades del área metropolitana de Valencia tenían que haber dejado
la basura durante un año en las calles esperando a que hubiera
finalizado la construcción del vertedero. Es muy bonito polemizar y
la dimisión del presidente de la Confederación, pero hay que resolver
un problema que está ahí; un problema muy delicado como es el sacar
las basuras todos los días de nuestras ciudades, con todos los
vertederos cerrados. ¿Es que ya no nos acordamos de la polémica que
había entonces?, ¿Es que queremos continuar la polémica con este
tema?
Señorías, mi grupo rechaza las dos intervenciones por demagógicas,
porque se salen de lo que significa la acción de Gobierno y el
resolver los problemas de los ciudadanos, en este caso de los
ciudadanos valencianos. Parece mentira que el portavoz del Grupo
Socialista, cuyo partido ha tenido durante muchos años la
responsabilidad del Gobierno de España y del Gobierno de la Comunidad
Autónoma Valenciana, sabiendo lo que eso significa, haya hecho el
planteamiento que acaba de hacer, totalmente fuera de lugar.
Yo no sé si aquí estamos defendiendo los intereses comunes o
privados, como muy bien ha citado el portavoz socialista, de algún
amigo a quien le moleste tener el vertedero cerca de su casa.
Aclaremos si venimos a defender los intereses generales o privados.
Quizá ahí pueda radiquen muchas de las intervenciones que acabamos de
oír.
El señor PRESIDENTE. Tiene la palabra el presidente de la
Confederación Hidrográfica.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
(Aragonés Beltrán): No ha habido ningún informe técnico de la
universidad, que nosotros sepamos, o puesto encima de la mesa en
ninguna de las alegaciones presentadas con posterioridad a mi
comparecencia del mes de 1998 sobre estos temas.
Los informes se emitieron considerando una serie de cuestiones que
podrían ocurrir sobre un riesgo futuro. Ya les expliqué entonces que
se habían tomado todas las medidas técnicas para que aquel riesgo
potencial que entonces se reflejaba no se plasmara en una realidad;
incluso se pidió especialmente un informe específico de uno de los
máximos organismos que tenemos en España, que es el laboratorio de
geotecnia del Centro de Estudios Hidrográficos. Y ninguno de todos
ellos, ni los hidráulicos, ni los hidrológicos, ni los de
estabilidad, han aportado dato alguno al tema. Había unos informes
anteriores. Yo creo que es que no hay peor sordo que el que no quiere
oír. Tengo que decir esto porque la técnica se mantiene sobre
cuestiones que están encima de la mesa en cada caso. Aquello se puso
en el año 1997, y desde entonces todo lo que ha hecho la
Confederación pidiendo los informes adicionales, etcétera, y
obligando a recalcular las cuestiones para que se cumplieran aquellas
hipótesis -como ya puse de manifiesto y hoy reitero-, era para evitar
aquel riesgo potencial que se anunciaba, pero nunca se llegó a
contradecir después lo que salió a información pública.
Por lo tanto, no existen informes que digan una cosa e informes que
dicen otra, y que la Confederación elija aquellos que estima que
mejor van a lo que cree que puede ser la solución. No. Existen unos
riesgos previos, anteriores, puestos entonces de manifiesto; existen
unas comprobaciones y la adaptación de una serie de criterios
técnicos, de acuerdo con las normas de buena práctica, para evitar
esos riesgos. Y ese vertedero es el que está funcionando, es un
vertedero estanco desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, de
aguas superficiales y de aguas subterráneas En ese sentido, se cumple
la totalidad de las directivas. Además es estable, y por lo tanto no
cabe prever -aquí tenemos los informes-, un posible deslizamiento,
que era el último riesgo que también se anunciaba. Repito que no
existe ningún informe técnico posterior o que contraste estos
informes técnicos. Existen unos informes técnicos anteriores, del año
1997, que exponen unos riesgos potenciales y nunca hubo otro informe.
La Confederación ha actuado de acuerdo con la salvaguarda de interés
general, que es la que le corresponde y, en este caso, resolviendo un
problema concreto y urgente. Piensen que la Generalitat, que es,
insisto, la Administración competente, con fecha 2 de octubre de 1997
lo declaró de interés comunitario; la declaración de impacto
ambiental es de 23 de septiembre, como antes he dicho, y tenemos las
autorizaciones, que son también de primeros de 1999.
Desde el punto de vista técnico, yo les puedo asegurar que ese
vertedero cumple con todas las normas de buena práctica. Eso no ha
sido examinado ni dictaminado en contra por ningún técnico, puesto
que en ninguna de las alegaciones, ni a los ayuntamientos, -ya lo
dije en mi anterior
comparecencia-, ni después de la información pública, hubo elemento
técnico que pusiera de manifiesto en la duda nada; ni se acreditaba
nada, ni se exponía nada. Ésa es la situación desde el punto de vista
técnico.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aragonés, por su
comparecencia, que damos por finalizada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CANON JUSTO PARA LA COMUNIDAD DE
REGANTES COSTA NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
161/001326)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del
día: Proposiciones no de ley. Entramos en el relativo al punto número
7, proposición no de ley sobre el establecimiento de un canon justo
para la comunidad de regantes costa noroeste de la provincia de
Cádiz. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz,
señor Centella.
El señor CENTELLAGÓMEZ: Señor presidente, voy a ser breve, porque
estamos ante un tema muy conocido por los diputados andaluces, y
concretamente por los diputados sensibles a este tema, en el que no
debe ser difícil que nos pongamos de acuerdo porque debemos repetir
lo que decimos a los propios interesados. (El señor vicepresidente,
Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
Brevemente deseo señalar que estamos hablando de una comunidad de
regantes que agrupa a poco menos de 2.000 comuneros y que tiene
previsto alcanzar los 3.000, una vez que se hayan puesto en marcha
los sectores que están en desarrollo; que ocupa una superficie
regable de 9.169 hectáreas y que está en los términos municipales de
Sanlúcar de Barrameda, de Puerto de Santa María, de Rota, Chipiona,
todos ellos en la provincia de Cádiz; cuyos cultivos predominantes
son los extensivos de la remolacha, algodón, además de hortícola bajo
plástico, de los que es importante que destaquemos, por la
concentración y la potencia de exportación que tiene, la producción
de hoja cortada, donde se encuentra una de las superficies más
importantes de España. Estamos hablando de comuneros asociados que
están fundamentalmente al frente de explotaciones de carácter
familiar, de cooperativas, lo que da una idea de la dimensión social
de estos beneficiarios.
Desde esta perspectiva, lo que nosotros queremos plantear es que se
supere una situación que no solamente es injusta para los propios
comuneros, sino que potencia una cultura de consumo del agua
totalmente equivocada y negativa en un bien tan escaso y apreciable
como es el agua. Proponemos cambiar un modelo de gestión, que empiece
a crear una nueva cultura del agua en la práctica y no solamente,
como muchas veces se hace, en la teoría.
No se puede establecer, como se hacía hasta ahora, un canon de
regulación sobre una base que no sea el consumo general de cada
comunidad, porque esto ocasionaría situaciones injustas que, como
digo, son contraproducentes porque no sitúan el ahorro en el primer
plano, elemento fundamental a la hora de ser apoyado por las
comunidades. Por otra parte, el que las propias comunidades de
regantes lo soliciten otorga mayor valor a esta iniciativa.
Nuestra propuesta contempla el establecer un canon de regulación que
sea aplicable a todas las comunidades de regantes, desde el ejercicio
1996 a los siguientes, con un criterio dinámico que tenga en cuenta
los gastos generales así como el consumo de agua realizado, que se
pase al cobro del canon de 1997 con estos criterios a la comunidad de
regantes de la costa noroeste de la provincia de Cádiz y que se
devuelva a los agricultores de la costa noroeste la diferencia que
hubiese con el canon del año 1996. Ésta es nuestra proposición no de
ley cuyo espíritu queremos mantener, aunque tampoco podemos ser
insensibles ante la existencia de una reunión, el 17 de marzo de este
año -hay que decir que nuestra iniciativa tiene fecha del 15 de
diciembre de 1998 y que, por desgracia, la vemos casi un año
después-, donde la comisión de desembalse alcanzó un acuerdo que, sin
recoger la totalidad del espíritu de nuestra iniciativa, suponía un
avance importante al que esta Cámara no puede ser ajena, que
planteaba que cuando hubiese un 10 por ciento de ahorro de agua
hubiese una reducción de un 5 del canon; que cuando el ahorro del
agua fuese del 10 al 20 por ciento, el canon se disminuyese en un 10
por ciento; que cuando el ahorro de agua fuese del 20 al 30 por
ciento, disminuyese un 15 por ciento; y que cuando el ahorro superase
el 30 por ciento, el canon se redujera en un 20 por ciento. Si somos
capaces de alcanzar una enmienda transaccional que recoja este
acuerdo sería importante que los interesados lo viesen respaldado por
un un acuerdo parlamentario.
Nosotros estamos abiertos, de aquí a la votación, a dialogar con
otros grupos parlamentarios para alcanzar una transaccional que
recoja este espíritu, sin renunciar al objetivo de Izquierda Unida,
que es conseguir la fórmula binómica y proceder a las modificaciones
legales necesarias para que esto pueda ser una realidad, porque lo
que es justo no puede ser ilegal, por lo tanto, debe ser adaptable a
la ley. Nosotros seguimos apostando por una política de ahorro de
agua y repito que estaremos dispuestos a llegar a una transaccional,
dejando muy claro que nuestro objetivo es proceder a las
modificaciones legislativas necesarias para que la fórmula binómica
pueda ser una realidad legal.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): No se han presentado
enmiendas a esta proposición no de ley, y por lo tanto, vamos a
proceder a la toma de posición de menor a mayor. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: El agua es un recurso escaso en la provincia
de Cádiz, que en su forma geográfica tiene una zona húmeda, que es la
cuenca del Guadiaro, y una zona seca, que es la cuenca del Guadalete.
El pantano de Guadalcacín, que no estaba lleno, hoy permite que no
haya fuertes restricciones para el abastecimiento humano
de los 15 municipios de la zona gaditana, de ahí que nuestra
provincia sea pionera en el tema de trasvases de cuencas. Las obras
de infraestructura hidráulica pendientes de la etapa socialista y
señaladas en la Ley del trasvase Guadiaro- Majaceite, se han visto
paralizadas y frenadas por este Gobierno. Dentro de la mejora de
estos sistemas hidráulicos se contempla el Azud del El Portal, cuyo
muro se rompió en las inundaciones de 1995; asimismo se contempla la
mejora de las conducciones de regadíos, la instalación de contadores
y todas aquellas cuestiones que mejoren el recurso y que lo pongan a
disposición de los habitantes de la provincia de Cádiz. La
posibilidad de ampliar los recursos hídricos para la comarca noroeste
reside en esta presa que nutre las hectáreas de esta zona. La
comunidad de regantes la exige, así como los ciudadanos de El Portal,
que han visto y han sufrido varias veces estas inundaciones. Esta
presa tiene un presupuesto de 1.724 millones y está presentada a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero no se ha visto
reflejada ni en los presupuestos de 1999 ni en los presupuestos del
2000.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y deseamos este esfuerzo de
ahorro para todas las comunidades de regantes, independientemente de
que las juntas de explotación exijan unas condiciones específicas
para el ahorro, porque es evidente que sin la puesta en marcha de la
mejora de estos sistemas hidráulicos no sería justo cargar sobre el
esfuerzo de ahorro lo que el Gobierno está dejando de hacer en esta
provincia tan necesitada de estas fuertes inversiones hidráulicas.
Por tanto, al margen de que la formulación sea mejorable, se necesita
una voluntad política para afrontar este problema, pero desde nuestro
punto de vista no vamos a cargar sobre el ahorro de los regantes todo
el esfuerzo para el desarrollo de la comarca noroeste. La provincia
de Cádiz espera todas las actuaciones hidráulicas frenadas por este
Gobierno, las derivadas de la ley y las derivadas de nuevas
situaciones, que permitan un desarrollo sostenible para esta comarca
que se ha visto frenado por las actuaciones de este Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): El Señor Sánchez Ramos,
por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor SANCHEZ RAMOS: A nuestro grupo y a este diputado nos parece
de toda justicia la implantación de la fórmula binómica por lo que
repercute en una parte por los gastos generales y en otra parte por
el consumo real, lo que hace que se invierta en tecnología y se
incorporen nuevas técnicas de regadío que dan, aparte de una mayor
eficacia, un ahorro considerable que es fundamental en este bien
escaso del agua. Pero hoy día no es posible la implantación de este
sistema porque en la explotación de esta cuenca no se pueden poner de
acuerdo al convivir unas zonas regables, como en este caso la costa
noroeste, con unas inversiones importantes y con una mejora en las
canalizaciones y en los sistemas de regadío que no tienen otras
comunidades del mismo sistema, con lo cual son ellos los que no
pueden autorizar esta fórmula binómica puesto que el coste total hay
que repercutirlo en la zona y el ahorro de uno tendría que ser pagado
por la imposibilidad de hacerlo los otros. Lógicamente, nuestro grupo
está por la labor y la
predisposición del Gobierno para que estas mejoras se lleven a cabo.
En este sentido -y así contesto a lo que la señora Romero, portavoz
del Grupo Socialista, indica conrespecto a estas inversiones-
precisamente hace unos meses se ha aprobado un presupuesto de 2.400
millones de pesetas para arreglar las canalizaciones de la red
primaria en la comunidad de Guadalcacín, y hace solamente 15 días se
ha aprobado la creación de sociedades estatales que tienen firmado un
acuerdo con la Comunidad de Regantes de Guadalcacín para aportar
6.000 millones de pesetas que, junto con otros 6.000 que aportará la
comunidad, dará cuenta y modernizará la red secundaria y terciaria de
esta cuenca. Por cierto, quiero aclarar a la señora Romero que estos
6.000 millones que pone el Ministerio le hubiera correspondido
ponerlos a la Junta de Andalucía, y al no hacerlo lo hace el
Ministerio para no retrasar más la mejora de esta instalación.
Damos por hecho que queremos la fórmula binómica y damos por hecho
que hoy día no se puede implantar. Como fórmula intermedia, en el
pleno de la Comisión de desembalse del pasado 17 de marzo se propuso
el establecimiento de unas bases que consideren en el cálculo del
canon de regulación una reducción en función de las dotaciones de
riego suministrada. Dicha propuesta, que es la que ha leído y ha
visto el portavoz de Izquierda Unida, va a ser objeto de una
transaccional que mi grupo presenta para poder dar solución y
viabilidad a lo que en la proposición no de ley se dice. La
transaccional, que pasaré por escrito a la Mesa, dice: Estando todos
los grupos políticos de acuerdo con que la fórmula binómica es la
ideal para establecer el canon de regulación, y hasta que este
sistema pueda ponerse en marcha por la modernización general de los
sistemas de riego actuales, que significarán un ahorro importante de
agua, se aplique el acuerdo del pleno de la Comisión de desembalse,
celebrada el pasado 17 de marzo, por considerarse que esta fórmula no
sanciona directamente el mayor consumo de agua, primando el ahorro de
la misma y evitando el conflicto que podría producirse con algunas
comunidades de regantes que gastan más agua por razones de antigüedad
y diseño de sus infraestructuras de riego. Esta Comisión hace un
llamamiento a todas las juntas de explotación de las cuencas para que
se pongan en marcha las modernizaciones de los sistemas de riego que
permitan establecer una fórmula binómica futura para el cálculo del
consumo de agua.
La señora ROMERO LÓPEZ: Pido la palabra por alusiones, señor
presidente. Creo que he sido aludida expresamente por el diputado del
Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Realmente no ha sido
aludida sino nombrada, que es distinto. No obstante, la flexibilidad
de la Presidencia, no solamente la mía sino también del presidente,
ha sido siempre conceder una intervención de dos minutos.
La señora ROMERO LÓPEZ: Es para precisar una información que ha dado
el diputado del Grupo Popular con respecto a las inversiones
hidráulicas en la provincia de Cádiz. Tengo en mi poder una respuesta
del Gobierno acerca de las inversiones hidráulicas en la que se
señala que de
63 actuaciones que se están ejecutando ahora mismo en la provincia de
Cádiz, sólo cuatro pertenecen a su período de gobierno, es decir son
posteriores a 1996, y tres de estas cuatro no han sido todavía
adjudicadas. Es lógico que el diputado del Grupo Popular hable ahora
de miles de millones cuando estamos en pleno período preelectoral,
pero al igual que el ramal de Chiclana-Conil, que se ha incluido como
obra de emergencia, porque la posición del Grupo Popular ha sido
siempre remitir a la Junta de Andalucía lo que es competencia del
Estado, cualquier tipo de inversión de esta naturaleza si se
planifica es porque se piensa que las competencias las tiene que
asumir el Estado. Luego es contradictoria su posición. Vuelvo a
insistir en que, de las 63 actuaciones sólo cuatro son posteriores a
1996, y de esas cuatro, tres no han sido todavía adjudicadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua López): Puede replicar, señor
Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Fíjese si llevo razón en lo que digo que
tengo una información de prensa en la que el viceconsejero de
Agricultura de la Junta de Andalucía, señor Paniagua, se opone a que
el Gobierno central, que es el competente en estas canalizaciones,
pueda actuar en ellas. Los regantes han recurrido al Gobierno
central, que les ha atendido, y mediante la creación de las
sociedades estatales existe el compromiso aprobado por Consejo de
Ministros, señora Romero -no es ninguna promesa electoral-, en el
Consejo de Ministros de hace 15 días, de la creación de estas
sociedades estatales y la dotación de 6.000 millones para este tema.
Y con respecto a los 2.400 millones de las canalizaciones primarias,
que eran de hace muchísimo tiempo (hace 12 años que los regantes
están esperando que se arregle), ha tenido que llegar el Gobierno del
Partido Popular para dar los 2.400 millones por acuerdo del Consejo
de Ministros para que esto se arregle.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Supongo que se referirá
al señor Paniagua de Andalucía, que no tiene nada que ver con el
señor Paniagua que preside en estos momentos la Comisión. Como usted
sabe, siempre hay un Paniagua para cada política: está el señor
Acebes Paniagua, con el que tampoco tengo ningún tipo de unión
familiar, aunque probablemente remota, allá por los celtas o por los
iberos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Por supuesto, señor presidente. He dicho a
continuación que es el viceconsejero de Agricultura de la Junta de
Andalucía.
- SOBRE MEDIDAS PARA PROTEGER EL PARQUE NATURAL DEL MARJAL DE
PEGOOLIVA. PRESENTADAPOR ELGRUPO PARLAMENTARIO FEDERALDE
IZQUIERDAUNIDA. (Número de expediente 161/001498)
- RELATIVAA LA PROTECCIÓN DEL MARJAL PEGO-OLIVA. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001597)
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Las siguientes
proposiciones, la 8 y la 9, las vamos a debatir conjuntamente, porque
se refieren al mismo tema; una es de Izquierda Unida sobre el Parque
Natural del Marjal de Pego-Oliva y otra del Grupo Socialista del
Congreso relativa también a la protección del marjal de Pego-Oliva.
Acada una de ellas hay presentada una enmienda del Grupo Popular. En
primer lugar tendrá la palabra la señora Urán para exponer su
posición y a continuación la señora Bartolomé.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, creo que no hace falta que en esta
Comisión expliquemos la importancia que la declaración de cualquier
tipo de protección de alguna zona de nuestro país tiene no solamente
en materia medioambiental sino en materia socioeconómica. El Parque
Natural del Marjal de Pego-Oliva tiene una extensión de 1.250
hectáreas de las cuales 850 corresponden a zona húmeda, y se
encuentran clasificados así al haberse considerado la importancia de
la misma y haber sido protegida por la declaración de parque natural
en virtud de la Ley de espacios naturales protegidos de la
Generalitat valenciana. El Consejo de Ministros, en el año 1994,
acordó incluirlo dentro de las áreas protegidas del Convenio Ramsar,
también tiene una especial protección por estar declarado como zona
de especial protección de aves, ZEPA, ha sido reconocido por la
Unesco y actualmente también se encuentra incluido en la Red Natura
2000. Es decir, el Parque Natural de Pego-Oliva, el humedal de Pego-
Oliva, tiene una gran importancia medioambiental, no solamente por su
ubicación sino por estar formado por especies vegetales y faunísticas
con distintas peculiaridades geomorfológicas, algunas de ellas en
peligro de extinción, por lo que requieren una protección que ha sido
reconocida.
El marjal se ha mantenido cultivado hasta el año 1974 y en 1982
comenzó su recuperación, que concluyó, tras un proceso evolutivo
normal, en la primavera de 1996, fecha en la que todavía se
encontraba cubierto por especies vegetales de obligada conservación,
tales como carrizales, juncales, pastizales e incluso extensas zonas
palustres; formaciones vegetales que estaban protegidas tanto por la
legislación estatal como por la propia legislación de la Generalitat
valenciana. A partir de la primavera de 1996 comenzó en el parque
natural un rápido proceso de transformación del área del marjal
debido a la confección de nuevos canales y al ensanchamiento de los
existentes. Especialmente grave en este sentido fue una
indiscriminada extracción de agua mediante bombeo dirigida
especialmente a eliminar en gran parte la lámina de agua. Igualmente
se comenzó un proceso de quema de vegetación natural y una
utilización abusiva e indiscriminada de herbicidas, acompañado todo
ello por un proceso de roturación utilizando maquinaria pesada. Las
formaciones vegetales que conformaban la parte transformada del
marjal son de un elevado interés biológico, ya que no solamente
tienen un elevado valor en sí mismas sino que sirven de refugio y, en
algunas ocasiones, de hábitat único y exclusivo a aves, peces,
invertebrados acuáticos, entre los que se pueden encontrar algunas
especies endémicas con un área de distribución muy reducida.
La situación del parque natural durante estos últimos años se ha
visto afectada por la transformación agrícola iniciada
unilateralmente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de
Pego. Es decir, señorías, todo lo que hemos estado diciendo hasta
ahora no se ha producido de manera natural, sino que ha habido una
acción humana que ha ido directamente encaminada a la destrucción del
humedal de Pego-Oliva sin tener en cuenta las protecciones que tienen
establecidas, según hemos expuesto anteriormente. Igual de grave es
lo ocurrido con el dragado y limpieza de ríos, canales y acequias en
plena época de nidificación de las aves, que ha destruido o afectado
a una importante serie tanto de hábitats como de especies protegidas.
Se han visto afectadas negativamente todas las poblaciones de aves
nidificantes, a las que se les ha impedido no sólo llevar a cabo el
proceso reproductor dentro de los límites del parque que se
encuentran incluidos en el término de Pego al disminuir la superficie
disponible, sino que se ha llevado a cabo indudablemente una
destrucción directa de nidos y pollos al haberse efectuado muchas de
las actuaciones, como ya he dicho anteriormente, en época de
nidificación. Entre estas especies podemos citar algunas de especial
interés como el carricero común, el carricero tordal, la buscarla
unicolor, el carricerín real, etcétera. En el mismo sentido, la
indiscriminada extracción de agua a través del uso irracional de
bombas y la eliminación de la vegetación natural ha afectado
gravemente al hábitat de otras especies de alto interés
conservacionista, como la garza imperial, la cigüeñela o el fumarel
cariblanco, por citar sólo algunas de las que se encuentran
afectadas. Las consecuencias de todas estas actuaciones en el
ecosistema del marjal no vamos a saber exactamente cuáles han sido
hasta dentro de bastante tiempo, pero se puede deducir que son
bastante graves porque estos parajes, por su singularidad, son el
fruto de muchos años de evolución y cualquier alteración que en el
mismo se produzca como consecuencia de la intervención indiscriminada
de las personas, de los seres humanos, que no tenga en cuenta los
procesos ecológicos, puede ocasionar graves pérdidas medioambientales
tanto para el área en cuestión como para su entorno. Este grupo
parlamentario siempre ha defendido que no solamente protegemos un
ecosistema por el ecosistema en sí, sino porque su destrucción afecta
a todos los entornos, a todos los ecosistemas, porque no están
desligados unos de otros sino totalmente interrelacionados. La prueba
del grave daño que puede haber sufrido es el hecho de que el proyecto
Life de la Comisión Europea dentro del Programa para la conservación
de los humedales valencianos ha concedido una subvención de en torno
a los 800 millones de pesetas, que supone solamente una parte de la
valoración económica que se puede hacer de los daños, que pueden ser
muchísimo más elevados. Pero además de estos graves daños, la
extracción de agua mediante bombeo tiene otro tipo de efectos que
puede incluso llevar a producir una intrusión marina que puede
afectar gravemente no sólo al propio humedal sino también a los
cultivos de la zona al producirse una salinización de los acuíferos.
El bombeo para la extracción del agua ha sido una de las más graves
actuaciones que se han producido dentro del marjal, así como intentar
desecar el humedal, porque todo esto puede también llevar a la
salinización de los propios acuíferos y a que se produzca una
salinización de la zona que afecta también a
los cultivos, por lo que se está produciendo un daño serio y severo
también a la producción económica de la zona.
Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, ante esta situación y aun a sabiendas de que en el mes de mayo
de este año se ha aprobado por la Consellería de Medio Ambiente el
Plan de ordenación de recursos del Parque Natural de Pego-Oliva, cree
necesario que haya una colaboración y un trabajo coordinado desde el
Ministerio de Medio Ambiente con las instituciones afectadas. Por
ello en nuestro primer punto de la proposición no de ley planteamos
una colaboración en la protección del Parque Natural del Marjal de
Pego-Oliva, porque creemos que no ha sido suficiente. En nuestro
segundo punto solicitamos -aunque quizá no esté bien explicado- vista
la actuación de la Comunidad de Regantes, que ha sido una de las
instituciones que ha facilitado, cuando no instigado, actuaciones
contrarias a la protección del humedal, que sea la propia
Confederación Hidrográfica del Júcar la que gestione directamente,
dentro de sus competencias, el agua en dicho parque. Creemos
totalmente necesaria una intervención desde el Estado para que con
rigurosidad se proteja este humedal tan importante y con tan elevados
rangos de protección. Señorías, consideramos complementaria la
proposición no de ley del Grupo Socialista que se va a defender a
continuación, y anuncio que la votaremos favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para la defensa de la
proposición no de ley del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Tal como ha manifestado la diputada Urán,
los humedales de la Comunidad Valenciana son espacios de interés
general que han sido dignos de protección a instancias de organismos
nacionales e internacionales. Su mantenimiento, por tanto, es
imprescindible para el hábitat de multitud de especies, aves, peces,
invertebrados acuáticos y especies vegetales de gran interés.
Desgraciadamente, desde hace unos años para acá, las agresiones a las
que están siendo sometidos son constantes, sin que las
administraciones competentes actúen de una forma contundente. Este es
el caso del marjal de Pego-Oliva, un marjal que ha pasado de ser una
zona protegida y en progresiva recuperación, iniciada ya en 1982,
proceso que se culmina con la declaración de parque natural en 1994,
la inclusión por acuerdo de Consejo de Ministros dentro de las áreas
protegidas de la lista del Convenio Ramsar, relativo a los humedales
de importancia internacional, la declaración como zona especial de
protección de aves con interés internacional, ZEPA, y también la
inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, recibiendo
actualmente subvenciones para su protección a través del programa
Life.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Perdón, señora Bartolomé.
Señorías, no se puede fumar en esta Comisión.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Como decía, hemos pasado de que merezca
todos estos reconocimientos a ser una zona que desde principios de
1996 inicia un acelerado
proceso de transformación, tal y como analiza en su informe el
profesor don Eduardo Galante Patiño, de la Universidad de Alicante,
motivada esta transformación principalmente por la confección de
nuevos canales, ensanchamiento de los existentes y, lo que es más
grave, una indiscriminada extracción de agua mediante bombeo.
Asimismo, se inició un proceso de quema de vegetación natural y una
abusiva utilización de herbicidas, lo que conlleva una salinización
de las tierras. Ytodo esto, señorías, se hace a instancias de la
autoridad municipal de Pego, que instala las bombas para la
extracción de agua y sufraga todos los gastos que este hecho puedan
ocasionar. Al agua que se extrae no se le da uso alguno y se extrae
con la única finalidad de ir secando zonas para prepararlas para el
cultivo no de arroz, que está permitido en un número determinado de
hectáreas, tal y como prevé el plan de ordenación de recursos
naturales del marjal, sino de hortalizas de todo tipo que van ganando
terreno hasta terminar finalmente con el humedal. Se ha variado el
cauce de los ríos, se han construido diques, se han elevado
artificialmente las paredes de los cauces existentes, convirtiéndolos
en canales biológicamente muertos, y en definitiva se ha provocado
una gran alteración medioambiental con pérdida importante de
comunidades vegetales y una alteración grave de los hábitats
preexistentes. En resumen, se puede afirmar que la desecación
producida como consecuencia de la extracción de agua mediante las
bombas instaladas en el marjal ha tenido un efecto gravemente
negativo que ha afectado de forma generalizada a toda la fauna del
parque.
Esta era la situación a primeros del año, en los meses de abril y
mayo, que dan pie a las iniciativas presentadas y que hoy se debaten
en esta Comisión. Dada la conflictividad social que provocan estos
hechos en el municipio de Pego y las sucesivas actuaciones de
degradación del marjal, también es objeto de un profundo debate en
las Cortes Valencianas, a instancias del Grupo Parlamentario
Socialista y de otros grupos de la oposición, que provoca el
compromiso del Gobierno valenciano de poner en marcha en mayo de este
año el Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque
Natural del Marjal de Pego-Oliva, un plan cuyo procedimiento de
elaboración se inicia en mayo de 1996 y que precisamente por las
presiones de colectivos ecologistas y de los partidos de la oposición
se aprueba en un decreto de 4 de mayo de 1999. Con la aprobación de
este plan pensábamos que la degradación del parque llegaría a su fin
y que la recuperación sería posible, pero estamos en estos momentos
en situación de afirmar que este plan no se está cumpliendo. En
septiembre de 1999 y, una vez más, a principios de este mes de
noviembre se procede por parte de un grupo de agricultores, con el
apoyo de la comunidad de regantes, a la quema de los restos del
cultivo ilegal de arroz para proceder a la preparación del terreno
para otros usos; se transforman con impunidad absoluta, en pleno
corazón del marjal, 200 hectáreas para cultivo de hortaliza; se están
depositando escombros y residuos junto al cauce del río Bullens, zona
del parque calificada por el citado Plan de ordenación de recursos
naturales del marjal como de especial protección. Hasta la Unión
Europea reconoce recientemente en su Comisión de Medio Ambiente que
las acciones emprendidas por la autoridades españolas no parecen
suficientes para garantizar una protección adecuada
de la zona. Por tanto, consideramos que ni el Gobierno
valenciano ni el Gobierno central están asumiendo sus
responsabilidades en la protección del marjal de PegoOliva. El
Gobierno reconoce que desde la declaración del marjal como espacio
protegido está considerado como objetivo de vigilancia preferente,
pero el Seprona no previene las actuaciones que se están produciendo,
sólo denuncia hechos consumados. No se está dando cumplimiento a los
autos que se están dictando por los juzgados de Denia y Alicante y la
Delegación del Gobierno ha mostrado muy poco interés ante los
problemas de orden público que se han ido registrando en el marjal.
De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista presente esta iniciativa
que concretamos en cuatro puntos.
En el primer punto solicitamos paralizar, de forma inmediata, las
extracciones y transformaciones ilegales que se están produciendo en
el marjal de Pego-Oliva. En el segundo punto solicitamos que se
lleven a cabo todas las actuaciones administrativas de vigilancia
permanente con el fin de proteger la integridad del Parque Natural
del Marjal de Pego-Oliva. Que se dé estricto cumplimiento a los autos
a los que yo hacía referencia anteriormente, que se han producido en
1997 y en 1998 y se están produciendo en este momento, que prohibían
y siguen prohibiendo expresamente cualquier modificación en el
mencionado marjal. A primeros de noviembre se estaban haciendo
actuaciones muy concretas de extracción de agua, y por tanto de
modificación del marjal, a pesar de que un nuevo auto prohíbe
explícitamente que se siga produciendo bombeo de agua que no sea de
uso exclusivo para la producción del arroz. Que yo sepa (no entiendo
mucho de agricultura) el arroz no se cultiva precisamente en
noviembre sino allá por loes meses de marzo, abril o mayo, por tanto
las extracciones que se están haciendo ahora no parece que sean para
el cultivo del arroz sino que vuelven a ser una agresión permanente
al marjal. Ypor último pedíamos que se procediera a poner en marcha,
de forma urgente, un plan de protección que ya ha puesto en marcha la
Generalitat Valenciana, la Consellería de Medio Ambiente, pero que
nosotros pensamos que el Gobierno central tiene, como ha dicho antes
la compañera Urán, competencia explícita por varias normativas:
porque está incluido en el programa ZEPA, porque está en el Convenio
Ramsar y porque la Ley de Aguas así lo recoge. Por tanto, no se puede
consentir que la Unión Europea subvencione la protección de este
marjal y de este humedal. Se calcula que los daños ocasionados pueden
superar los 1.500 millones, sin tener en cuenta el esfuerzo económico
que tendrán que realizar las administraciones con el fin de restituir
el ecosistema a su estado original. Por ello pensamos que el
Ministerio de Medio Ambiente ha de actuar de inmediato y asumir sus
responsabilidades.
Nuestro grupo va a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida y pide al
Grupo Parlamentario Popular que retire la enmienda que ha presentado
a nuestras iniciativas, que hagamos un esfuerzo todos los grupos para
presentar una transaccional si el Grupo Parlamentario Popular
finalmente no apoya nuestras iniciativas tal como están redactadas,
porque la protección del marjal es una decisión que ha adoptado
también el Gobierno valenciano, que quiere protegerlo pero que no lo
está haciendo a pleno rendimientodesde nuestro punto de vista. No me
parece bien que no
salga una resolución aprobada en esta Comisión de Medio Ambiente
después del esfuerzo que se está haciendo y después de las denuncias
que están presentando casi mensualmente los grupos ecologistas, que
están viendo todo lo que está pasando en el marjal. No debemos
consentir que el Alcalde de Pego, tristemente conocido no solamente
por las actuaciones que está permitiendo y que está avalando en el
marjal sino por su desprecio total a la oposición, su desprecio y
posicionamiento totalmente machista hacia las mujeres, y que lleva
toda la legislatura anterior cometiendo graves perjuicios en esta
zona húmeda, siga haciéndolo en esta legislatura que inicia como
mandatario en la ciudad de Pego. Así que yo pediría al Grupo
Parlamentario Popular que haga lo posible por apoyar estas
iniciativas y, si no, favorecer una transaccional que recoja el
sentimiento de nuestra proposición y de la de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): En nombre del Grupo
Popular, para defender la enmienda que hay a cada una de las
proposiciones no de ley, tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señorías, estamos debatiendo hoy una cuestión
que por desgracia está impregnada constantemente de polémica, que por
desgracia es la peor forma de defender un espacio medioambiental, un
espacio protegido como es el marjal de Pego-Oliva. Pero la historia,
señorías, se remonta a muchos años atrás, la situación actual es
consecuencia de actuaciones anteriores. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Ya a principios de año se cultiva el arroz en la citada
zona, para lo cual se implementaron algunos elementos más bien
rudimentarios para controlar los niveles freáticos tales como
azarbes, compuertas, etcétera, que todavía hoy en día pueden verse en
la zona. Más adelante, en los años setenta, se intentó por parte del
Ministerio de Agricultura, a través del Iryda, la transformación de
la zona mediante la concentración parcelaria, instalando elementos
más activos y eficaces para el control del nivel del agua, se abrió
una importante red de desagües y se construyeron dos estaciones de
bombeo. La primera gran polémica surgió en el año 1984, cuando por
parte de la Administración se intentó desviar aguas del marjal al
abastecimiento urbano de Denia, parte de estos recursos hídricos, lo
que provocó una airada protesta por parte de los agricultores con
enfrentamientos con la Guardia Civil. En 1985, a punto de completarse
la transformación en concentración parcelaria, en vez de otorgarla
a los agricultores, se transfiere la responsabilidad de la zona a la
Generalitat valenciana, que inicialmente paraliza los trabajos en
dicha zona y los suspende definitivamente en 1988. Poco después, como
se acaba de decir por otros portavoces, el marjal fue incluido en el
Convenio Ramsar y pasó a ser espacio protegido con la calificación de
parque natural por Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat
valenciana. En marzo de 1996, como se ha dicho también, el
Ayuntamiento de Pego inicia la transformación y desecación de parte
del marjal, y el 17 de mayo la Generalitat valenciana aprueba normas
cautelares prohibiendo todas estas acciones por la entonces
Consellería de Agricultura y Medio Ambiente. Ydefinitivamente se ha
aprobado el Plan de ordenación de recursos naturales, plan muy
problemático, como sus señorías podían pensar, que se inició en mayo
de 1996, aprobándose en mayo del actual año, y que divide en cuatro
zonas al marjal: una zona de especial protección con 570 hectáreas,
una zona de recepción y tránsito con 125 hectáreas, una zona de
arrozal de 330 hectáreas y una zona hortofrutícola más pequeña con
300 hectáreas.
Pues bien, señorías, yo creo que en una cosa estamos de acuerdo todos
los grupos parlamentarios, y es que tenemos que defender nuestro
medio ambiente, tenemos que defender las zonas con alto valor
medioambiental, como se han definido anteriormente, en las que no voy
a redundar porque está más que clara su importancia. Pero, señorías,
mi grupo parlamentario no está de acuerdo en la forma en que hay que
llevar a cabo estas acciones según las proposiciones no de ley
presentadas por los dos grupos proponentes.
La proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida,
que consta de tres puntos, en el primero pide la colaboración del
Gobierno en la protección del marjal de Pego-Oliva, que ha consistido
en un primer momento en la inclusión del parque natural en el
Convenio Ramsar como ya se ha dicho, y en la declaración como zona
ZEPA. Hay que decir, señorías, que actualmente la colaboración es
importante para la concesión y desarrollo del proyecto Life en el
parque natural, así como en las denuncias que la Confederación
Hidrográfica del Júcar y la Generalitat valenciana han interpuesto
por la extracción de agua para regar cultivos no autorizados. Por
tanto, desde este punto de vista hay una estrecha colaboración. En lo
que se refiere al punto 2, señora Urán, la Confederación Hidrográfica
del Júcar no delega en la Comunidad de Regantes de Pego. Hay que
leerse la Ley de Aguas, los artículos 73, y 74.1, donde se define
claramente que tiene una tutela sobre las comunidades de regantes,
incluida naturalmente la Comunidad de Regantes de Pego, que es una
corporación de derecho público y que tiene en sus estatutos y
ordenanzas que la confederación no puede denegar ni variar, a no ser
que haya un preceptivo informe del Consejo de Estado. Por tanto,
mientras no se vulnere la Ley de Aguas, que cuando se ha creído que
se ha vulnerado en algún momento se ha presentado la correspondiente
denuncia. También la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat
valenciana va a adecuar al Plan de ordenación de los recursos
naturales del parque para el aprovechamiento de las aguas basándose
en los derechos adquiridos. Y en lo que se refiere al último punto,
que pide cambios legislativos, hay que decir que la legislación
existente es suficiente, como se puede comprobar por las decisiones
judiciales tomadas al respecto.
Con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
tampoco estamos de acuerdo porque, en lo que se refiere al primer
punto, paralizar de forma inmediata las extracciones, paralizar de
forma inmediata las actuaciones que dañan al parque natural sólo se
puede por medio de órdenes judiciales, no lo puede hacer el Gobierno
directamente, para eso están los juzgados y estamos en un Estado de
derecho. Ainstancias de la Generalitat valenciana se han solicitado y
han sido dictados diversos autos judiciales para paralizar las
actuaciones que dañan el parque natural. El 14 de marzo de 1997, por
el Juzgado número 2 de Denia, que ya se ha citado aquí, es dictado un
auto de paralización ratificado
por la Audiencia Provincial de Alicante con fecha 3 de abril de 1998,
y el 18 de octubre de 1999 una nueva orden judicial encarga al
Seprona el precinto de las bombas extractoras de agua en caso de que
desequen el marjal. Por lo que respecta al punto 2, que haya una
vigilancia permanente, hay que decir que ésta se está realizando de
forma permanente por el personal del parque natural y por la Guardia
Civil, habiéndose denunciado en diversos juzgados todas las
actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito. El punto 3, que
se dé estricto cumplimiento a las medidas cautelares acordadas por
los juzgados, como ustedes comprenderán, corresponde a estos juzgados
el hacerlas cumplir y no al Gobierno de la nación ni al Gobierno de
la Generalitat. Y respecto al cuarto y último punto, que se proceda a
poner en marcha de forma urgente un plan de protección y regeneración
del parque, ya ha reconocido la portavoz socialista que se han tomado
diversas medidas urgentes en la parte correspondiente al municipio de
Oliva para impedir la desecación del parque mientras se esperan las
actuaciones judiciales. Estas medidas, señorías, han consistido en
elevar el nivel del agua del río Bullens por medio de la utilización
de las paradas que tradicionalmente se utilizaban para el cultivo del
arroz, el levantamiento de la construcción de canales que impedían el
libre flujo del agua, como se ha hecho en diversas ocasiones. La
efectividad de estas medidas se manifiestan en el hecho de que desde
el pasado 15 de noviembre de 1999 el marjal se encuentra totalmente
inundado.
En todo caso, señorías, la contundencia o la agilidad a la hora
defender los espacios protegidos que piden los dos grupos proponentes
pasan por llegar a un mayor consenso en la resolución de los
conflictos, por intentar compensaciones a los propietarios de los
terrenos y, lo que es importantísimo, señorías, que se les olvida a
los dos grupos proponentes, por la implicación en la conservación y
uso de este espacio natural tan importante, y yo diría que de
cualquier otro espacio natural. No hay que olvidar que la
conflictividad actual viene motivada, entre otras cosas, por la
paralización de una transformación y concentración parcelaria
prometida y casi finalizada, por el intento de uso de agua para otros
fines y por la forma en que se declaró parque natural por el entonces
Gobierno de uno de los grupos hoy proponentes. Si, como he dicho
antes, todos estamos de acuerdo en que hay que mantener y mejorar y
recuperar este espacio importante, en lo que no estamos de acuerdo es
en la forma en que los dos grupos lo proponen. Creemos desde el Grupo
Parlamentario Popular que hay otra forma mucho más práctica y
efectiva, posiblemente menos demagógica y electoralista, pero sí
mucho mejor para el medio ambiente, y es que frente a la imposición,
a las obligaciones y a las prohibiciones, que es la forma en la que
el Grupo Socialista cuando ha gobernado ha intentado hacer parques
naturales (podría también referirme el Parque Natural de la Albufera,
que así fue como se hizo), frente a eso hay que hacer gestión, hay
que compatibilizar los intereses de los agricultores con los
intereses medioambientales, que son totalmente compatibles. Como
digo, ahí está el Parque Natural de la Albufera, con unas
características muy similares, que cuando ustedes lo implantaron,
señores socialistas, hubo también mucha polémica y mucho rechazo, y
hoy en día la situación se ha suavizado y se compatibilizan los
distintos intereses, porque esa es la mejor forma práctica y real de
defender nuestro entorno, de defender nuestro espacio natural.
Ha dicho la señora Urán que desecando se saliniza el suelo. No es
así. Quizá de esto yo entienda un poco más porque soy agricultor, soy
arrocero, me conozco bastante mejor el tema que ustedes, y
precisamente como se evitan las salinizaciones de estas zonas es con
el cultivo del arroz. El cultivo del arroz no solamente es compatible
sino que mejora y defiende el entorno. Ahí está el Parque Natural de
la Albufera para demostrarlo, y ahí están tanto agricultores como
directivos del parque y ecologistas que lo pueden corroborar. Eso es
lo que hay que buscar en este caso del marjal de Pego-Oliva. La
portavoz socialista creo que ha dicho literalmente que hay agresiones
desde hace unos años acá que son constantes. Claro, pero hay que
preguntarse por qué son esas agresiones, como consecuencia de qué
vienen esas agresiones. Pues yo se lo voy a decir, señora portavoz
socialista. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que
tratar con cariño y con respeto a las aves, a la fauna, a la flora,
pero a ustedes se les olvida tratar también con cariño y con respeto
a los agricultores y a los propietarios del parque. A fin de cuentas,
el que usted ufanamente ha presumido que se declaró parque natural,
no se defiende el medio ambiente porque le pongamos a una zona el
título de parque natural. Para defender este parque natural, para
defender esta zona, hay que contar con las personas que viven allí y
que tienen tanto interés o más que nosotros, los que estamos hoy aquí
debatiendo, en que esa zona salga adelante, esa zona se recupere, esa
zona sea de uso y disfrute no solamente suyo sino de la sociedad en
general. Ypara eso, señorías, estamos cambiando la mentalidad desde
la Consellería de Medio Ambiente y desde el Ministerio de Medio
Ambiente, y tengo que rechazar las acusaciones que se han hecho aquí
pues hay total compatibilización, hay total coordinación entre la
Consellería y entre el Ministerio, y con nuestra enmienda, que ahora
leeré, lo puedo corroborar.
Por tanto, señorías, estamos de acuerdo en los fines, pero no estamos
en absoluto de acuerdo en las formas. De hecho, la intervención de la
portavoz socialista es la que mejor ha definido, sin darse ella misma
cuenta, el fracaso de su partido político a la hora de hacer un
parque natural. Ya fracasó con el Parque Natural de La Albufera en
sus inicios, con todas las batallas, las guerras y la crispación que
hubo, y han fracasado en el marjal de Pego-Oliva. Y frente a esa
crispación nosotros pedimos moderación y diálogo. Se está dialogando
con todo el mundo, cosa que antes no se hacía. Ustedes ponían un
corsé ecológico a los agricultores, y nosotros no queremos corsés
ecológicos. Nosotros no queremos ecologismo electoralista, queremos
el ecologismo práctico, que es el que realmente puede sacar adelante
estas zonas tan importantes. Por tanto, señorías, pediría a los
grupos proponentes que aceptaran nuestra enmienda porque creemos que
se adapta mucho más a la realidad y porque queremos que termine esa
crispación. No queremos que haya que ir a juzgados, no queremos que
haya que tener una vigilancia permanente. Queremos que en el marjal
de Pego-Oliva, y en cualquier otro marjal importante, todo el mundo
esté satisfecho, se sienta orgulloso de defender sus intereses
particulares y los intereses generales de
los españoles, comprometiéndose en la defensa del medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, le ruego concluya.
El señor PASCUALMONZÓ: Acabo, señor presidente.
Por eso, señorías, nuestra enmienda de sustitución a las dos
proposiciones no de ley quedaría en el sentido de que el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de sus
competencias, siga colaborando junto a la Generalitat valenciana en
la protección del Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, en
especial para garantizar la sostenibilidad hídrica del espacio,
continuando con la colaboración del Plan de ordenación hídrica de la
zona húmeda de Pego-Oliva, que ya se está redactando en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente, así como buscando nuevas vías de colaboración dentro
del marco de la estrategia nacional de biodiversidad y el plan
estratégico de humedales». Señorías, invirtiendo dinero, como ya se
está haciendo, comprando terrenos a los agricultores para aumentar
esa zona de reserva integral, es como se puede sacar adelante la
solución pacífica y con futuro del Marjal de PegoOliva. (Las señoras
Urán González y Bartolomé Núñez piden la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, les ruego que si intervienen
sea a los solos efectos de aclarar si aceptan o no la enmienda, no
para abrir el debate. Con esa condición les concedo la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, espero que me permita
argumentar por qué no vamos a aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz, siempre que no suponga la
reapertura del debate.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Bien, señor presidente.
No podemos aceptar la enmienda que nos presenta el Grupo Popular
porque ha quedado demostrado, a través de la intervención de su
portavoz, que precisamente uno de los puntos que nosotros planteamos
en nuestra iniciativa, que es la modificación legislativa para una
mejor protección en este caso del humedal de Pego-Oliva, viene a
poner de manifiesto que a pesar de que se han producido resoluciones
judiciales para evitar que se siga desecando el marjal éste se sigue
desecando. Por tanto, necesitamos una urgente modificación para que
se pueda intervenir de manera clara y decidida cuando se están
haciendo ataques de esa característica y los desastres pueden ser
irreversibles, e incluso por mucho dinero que se invierta no se puede
recuperar la zona que se ha desecado. Yno podemos aceptarla, entre
otras cosas también, porque la colaboración que hasta ahora se está
planteando por el Grupo Popular, en su enmienda, de la Administración
del Estado con la Administración autonómica no nos resulta patente,
sino todo lo contrario, porque al segundo punto, en el que nosotros
solicitamos que la Confederación Hidrográfica del Júcar gestione
directamente el agua, el portavoz del Grupo
Popular decía que no se podía hacer si no se vulneraba la Ley de
Aguas. Pues si una extracción ilegal de agua no es una vulneración de
la Ley de Aguas, nosotros ya no entendemos cuándo se tendría que
intervenir por parte de las administraciones cuando se están
produciendo estos hechos demostrados. Además, señorías, estamos
hablando de una zona en la que no se cultiva arroz, y no lo digo yo,
lo dijo el señor Costa en 1978 y lo utiliza el director-conservador
del Parque Nacional del Marjal de Pego en un informe que emite en
septiembre de 1978: no se cultiva arroz desde 1974 y la última
extensión que de 164 hectáreas. Por eso a partir de esa fecha, y
fundamentalmente desde las inundaciones de 1985, se produce una
regeneración natural del marjal, porque no existen los cultivos en
esos momentos.
Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario va a mantener su
iniciativa tal cual y no acepta la modificación planteada por el
Grupo Parlamentario Popular. Y, desde luego, que no seamos capaces de
sacar de aquí una iniciativa que ayude a proteger el Marjal de Pego-
Oliva nos parece francamente desilusionante.
El señor PRESIDENTE: Señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Yo quería lamentar el tono del portavoz
del Partido Popular. Me parece que...
El señor PRESIDENTE: Señora Bartolomé, ya he advertido previamente
que las intervenciones no tienen que reabrir el debate. Explique
simplemente, como ha hecho su predecesora la portavoz de Izquierda
Unida, las razones por las que su grupo acepta o no la enmienda, pero
no reabra el debate.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Ha quedado claro para el Grupo
Parlamentario Socialista que el Grupo Popular no tiene interés en
apoyar ninguno de los puntos que hemos formulado en nuestra
iniciativa. Nosotros no aceptamos la enmienda que nos presenta porque
no admite la responsabilidad que tiene el Gobierno central en la
protección del marjal. Dice que para eso están los juzgados. Los
juzgados están dictando autos que exigen que se paralice la
extracción de agua y eso no se está haciendo. No queda claro que la
vigilancia que tiene que ejercer el Seprona sea efectiva, porque si
no no se estarían haciendo las modificaciones que se siguen haciendo
a fechas muy recientes en el marjal. El Partido Popular pide la
implicación de todos los sectores, pero lo que nosotros pedimos es la
implicación del Gobierno porque tiene competencias y hemos hecho
alusión a las normativas en las que tiene competencias claras el
Gobierno central. Y por último, cómo es posible que desde el año
1982, en que se procede a la regeneración y a la protección de esta
zona, no existan apenas conflictos y es a partir precisamente del año
1996 cuando empieza a haber conflictos graves en el municipio de
Pego.
Por tanto, reiteramos nuestra posición de que el Gobierno central se
tiene que implicar, que el delegado del Gobierno tiene que tomar
cartas en el asunto, en estos conflictos sociales, y no vamos a
aceptar la enmienda que nos presenta el Grupo Popular.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, pido la palabra a efectos
de aclarar por qué mantenemos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, no se puede mantener la enmienda.
Como no ha sido aceptada por ninguno de los dos grupos
intervinientes, lo que procede ahora es votar la proposición en sus
términos y por separado cada una de ellas, porque son distintas la
presentada por Izquierda Unida y la presentada por el Grupo
Socialista. Como usted ya sabe, señor diputado, si no es aceptada la
enmienda no se puede someter a votación.
- RELATIVAA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LA PRESA DE ALMANSA
(ALBACETE). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001644.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del
día, pero se propone una alteración por la portavoz del Grupo
Socialista, si están todos los grupos conformes, de forma que ahora
pasaríamos a debatir el punto número 11, que es la proposición no de
ley relativa a la declaración de interés general de la presa de
Almansa (Albacete), y luego ya como último punto el señalado con el
número 10, que es la proposición no de ley relativa a las
repercusiones medioambientales de la ampliación del aeropuerto de
Barajas. ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones.)
Comunica el letrado que para el debate de la proposición no de ley
relativa a la declaración de interés general de la presa de Almansa
se había solicitado por el grupo proponente la proyección de un
vídeo, que de acuerdo con la resolución de la Presidencia tiene que
ser lo más resumido posible y simplemente tiene que servir para
aportar información complementaria al asunto que se debate y no para
abrir debate. Con estas premisas se autoriza la emisión del vídeo. La
portavoz del grupo proponente dirá si quiere que se emita antes o
después de su intervención.
La señora GARCÍA LINARES: Lo deseable sería que se viera el vídeo
primero. Se puede ver al final pero seguramente la explicación
posterior será más elocuente cuando hayamos visto el vídeo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la emisión del vídeo.
La señora GARCÍA LINARES: Señor presidente, si me lo permite quisiera
hacer algún comentario para explicar el vídeo a SS.SS. (Pausa.)
Esta es la presa de Almansa, motivo de la proposición no de ley que
nos ocupa en este momento. Esta es la situación en que se encuentra
en este momento la presa y esta es la llamada botana que se construyó
en 1921, muy posteriormente a la construcción de la presa. Estas
imágenes corresponden a septiembre de 1997, en que hubo unas lluvias
torrenciales en la zona. Esto que parece una presa es la vía del
ferrocarril, que está a escasos 200 metros de la presa. El agua está
saltando por encima de la valla, no por
el aliviadero, que es por donde tendría que estar saliendo. Ahí se ve
justo el otro lado de la vía del ferrocarril. Abajo hay unos pasos
por donde pudo salir el agua porque no había ramajes ni árboles que
obstruyeran el paso, entonces salía, como verán ahora, hacia la
autovía, que está a 200 metros de la vía del ferrocarril, más o
menos. Es el paso por donde atraviesa, por debajo de la vía del
ferrocarril, dirigiéndose en esos momentos el agua hacia la autovía.
Ésa es la autovía. Ahí vemos una zona de la ciudad de Almansa, que
también se vio afectada, y toda la zona de afección de la presa de
Almansa, un campo de aproximadamente 1.500 hectáreas cultivables,
anegadas, como ven. Lógicamente es una zona en la que también hay
viviendas.
Contemplamos la situación opuesta en la que se encuentra el pantano
cuando hay un período de sequía leve. Como ven, el pantano se halla
colmatado. Fue preciso rescatar miles de peces.
El señor PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora García Linares para
desarrollar su intervención.
La señora GARCÍA LINARES: Intentaré ser lo más breve posible. A veces
una imagen vale más que mil palabras, y por eso nuestra insistencia
desde el Grupo Socialista para que se pudiera ver este vídeo.
Esto que acaban de ver ocurre cada vez que se producen lluvias
torrenciales en la zona de Almansa. Lo que han visto al final es lo
que tiene lugar en épocas de sequía, aunque sean breves, como he
dicho, que se suceden más o menos con la misma frecuencia, y como
podrán suponer, con el grave problema sanitario que supone el que
miles de peces muertos se acumulen en esa zona. Es imposible
prácticamente de limpiar por completo y solamente gracias a la
colaboración ciudadana y del Ayuntamiento de Almansa es posible
acometerlo.
Desde nuestro punto de vista estas imágenes justificarían por sí
solas la declaración de interés general de la obra de la presa de
Almansa. Por tanto yo les pediría que, si no fuese un imposible,
desvincularan los intereses de las decisiones políticas que afectan y
que rodean esta proposición no de ley. Rogaría a SS.SS. que lo
hiciesen porque están en juego no sólo medios de vida fundamentales
para mucha gente, como han visto, por esa cantidad de cultivos
totalmente destrozados, sino las propias vidas de las personas. Les
aseguro que estamos ante un asunto verdaderamente serio.
Hace exactamente un año y veinte días, debatíamos aquí una
proposición no de ley sobre la rehabilitación de esta presa por la
necesidad urgente de solucionar este problema que puede convertirse
en una tragedia. No se aprobó en aquel momento aquella proposición no
de ley y aún hoy nos planteamos que quizás fueron los criterios
económicos los que prevalecieron para que no saliera adelante. No
podemos dejar de preguntarnos por qué quienes votaron en contra no
fueron capaces de desvincular las decisiones políticas de lo que era
verdadero interés general. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de
dejar bien patente que se va a realizar la actuación precisa por
parte del Estado en un caso de tamaña necesidad.
En el preámbulo del Real Decreto 9/1998 se dice que las actuaciones
previstas corresponden tanto a obras de
abastecimiento de agua, regulación e iluminación de avenidas,
actuaciones relativas a depuración de aguas residuales, así como
otras obras de infraestructuras hidráulicas para aprovechamiento de
regadío, y a ello se suma la urgencia de completar nuestra
infraestructura hidráulica, a fin de dar respuesta anticipada tanto
ante las demandas de recursos hídricos para dar solución a futuras
situaciones de sequía como a potenciar la prevención de avenidas,
instrumentando sin demora las obras prioritarias a ejecutar entre
otros procedimientos. Sinceramente, parece expresamente dirigido
a solucionar el problema de la presa de Almansa, sólo que en esta
ocasión el Gobierno olvidó mencionarla en tal real decreto. Si
repasamos el listado de las obras que aparecen en el mismo,
comprobaríamos que la presa que nos ocupa no sólo cumple con los
requisitos que reune un buen número de obras que aparecen en dicho
real decreto, sino que estarían muchísimo más justificadas en el caso
de la presa de Almansa. ¿Por qué ese agravio comparativo? ¿Por qué
que paguen otros, cuando pasado mañana se puede producir una
verdadera catástrofe?
Como podrán imaginar, el problema de la presa de Almansa va mucho más
allá de las aproximadamente 1.500 hectáreas de regadío, aunque nos
parezcan indudablemente importantes para el desarrollo agrícola de la
zona; va más alla de las importantes pérdidas en la agricultura o de
que se atienda únicamente un tercio de la demanda total anual de los
riegos beneficiarios del pantano. No se puede descartar que en un
futuro el agua de esta presa pueda servir para agua de boca. Sus
señorías serán conscientes de que no es precisamente este recurso tan
preciado el que sobra por aquella zona de Castilla-La Mancha. Además
vuelvo a recordar que estamos en la Comisión de Medio Ambiente. La
presa se encuentra en un ámbito medioambiental de enorme importancia
y que es preciso preservar; además ya han visto el desastre ecológico
que se produce por causa de ese enlodamiento en un 75 por ciento de
la presa. Atal fin, ya recordábamos hace un año que la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha efectuó una serie de actuaciones en
la cuenca, como limpieza de cauces, construcción de diques y
reforestación de la zona, para evitar más enlodamientos. La presa fue
dragada por última vez tras la Primera Guerra Mundial, extrayéndose
entonces unos 100.000 metros cúbicos de fango. Ahora, insisto, vuelve
a estar enlodada en un 75 por ciento.
Por último, recordaré que hablamos de la presa de mampostería más
antigua de Europa en funcionamiento, construida en 1384 bajo el
reinado de Juan I de Castilla. Posteriormente fue recrecida en el
siglo XVI y, como he dicho, las últimas actuaciones necesarias en la
presa datan de principios de siglo. En resumen, creemos que es el
momento de llevar a cabo de una vez por todas una actuación tendente
a evitar el cúmulo de problemas que se suceden por la situación en
que se encuentra la presa. Insisto en que la presa no sólo cumple
todos y cada uno de los criterios que este Gobierno se plantea para
las declaraciones de interés general sino alguno más, sobre todo el
que se refiere al riesgo de vidas humanas, el que contemplaría
cualquier Gobierno a la hora de aprobar una declaración de interés
general. Hay algo definitivo y es que les aseguro que los ciudadanos
de Albacete no podrían comprender cómo es posible que exista
determinada partida presupuestaria
tendente a paliar este problema y sin embargo no se apruebe una
medida que lo único a lo que va encaminada es a garantizar que,
gobierne quien gobierne, se ejecuten las obras precisas para impedir
este desastre.
Se ha estado hablando de una enmienda del Grupo Popular que
estaríamos encantados en aceptar y a la que habría que puntualizar
una serie de cuestiones. Lo único que pretendemos es dar un paso más
para que este problema se solucione definitivamente. Nos parece que
con la enmienda del Grupo Popular no se da un gran paso adelante,
pero en aras del consenso, aunque sea un pasito, por pequeño que sea,
en la solución de este problema, vamos a aceptar de entrada la
enmienda, aunque, como digo, desvirtúa de alguna manera el contenido
de urgencia de esta proposición no de ley.
Es sabido que la declaración de interés general no obliga a una
financiación preestablecida, con lo cual vamos a avanzar sólo
relativamente, porque una declaración de interés general va
encaminada a ayudar precisamente a administraciones más modestas; por
lo tanto el Estado tiene que intervenir en la medida en que le
corresponda. Sólo hay que remitirse, como decía, al último real
decreto-ley en relación a temas hidráulicos para darse cuenta de que
existen obras ahí declaradas de interés general que tienen mucha
menos relevancia que la que estamos proponiendo. En cualquier caso
independientemente de la declaración de interés general, es decir,
aunque esta se hiciera mañana mismo, las administraciones deberían
negociar la parte proporcional que les correspondiera a cada una de
ellas, aunque fuera una peseta en el caso del Ayuntamiento de
Almansa, porque es una Administración modesta, con lo cual, de
entrada, vamos a escuchar cómo queda definitivamente esa enmienda que
nos proponía el Grupo Popular, y obraremos en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, su portavoz, don Atanasio Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Casi nos hemos ahorrado el trámite de
la enmienda porque no la habíamos planteado todavía, pero a ello
iremos.
En principio vamos a resaltarlo que nuestra comapañera, señora García
Linares estaba diciendo con relación al vídeo. Efectivamente todos
creemos que es un asunto muy serio. Los que aquellos días estábamos
por allí, seguramente por no tener Pleno, señor presidente, ni
Comisión de Medio Ambiente, vimos la gravedad de aquellos
acontecimientos y Dios nos libre ni siquiera pensar que un hecho
dramático y una tragedia de tal dimensión puedan llevarse dos
infraestructuras esenciales en el desarrollo ferroviario y de
carreteras de este país.
La vía -no se ha comentado, pero lo hago yo porque quiero realzar un
poco más estas imágenes si cabe- no es cualquier vía, no es una vía
regional; es una vía de comunicación de Madrid con el levante,
posiblemente por donde el AVE transcurra, un debate importante
también en estos días, hacia Valencia y Alicante. En fin, es una vía
ferroviaria de primera dimensión y con una capacidad importante. La
carretera no es cualquier carretera, no es una carreteracomarcal ni
regional; es una autovía, también hacia el
Mediterráneo, que baja de Madrid hacia Valencia y que obvio la
concurrencia que tiene en su tránsito. Es cierto, es un asunto muy
serio, yo creo que le tenemos que dedicar tanto el tiempo como la
buena voluntad, que se está viendo, y de ahí ha salido un poco la
intervención de la portavoz socialista, que hemos venido toda la
mañana intentando transar algo que es importante y necesario. Es
cierto que hace unos meses, hubo un voto en contra, pero otro era el
momento, otras eran las actitudes y otros eran los posicionamientos.
Por eso nosotros, al final de mi intervención, vamos a intentar
redactar esa transaccional que estábamos comentado y que hemos estado
pertrechando durante toda la mañana para poder llegar a un acuerdo.
Este parlamentario no tiene la capacidad en este momento de discernir
por qué unas obras sí y otras no son susceptibles de una declaración
de interés general -la diputada portavoz del Grupo Socialista se
refería a ello-. Imaginamos que porque las negociaciones o las
posibilidades estaban mucho más avanzadas con otro tipo de obras que
con esta. No quiero yo emitir puntos de vista negativos sobre la mala
disponibilidad que ha habido por parte de la Administración local en
algunos momentos, en otros no tantos, pero sinceramente aquel no era
el momento seguramente de la inclusión de declaración de interés
general. Así lo entendimos los parlamentarios y así este grupo
parlamentario votó a favor las que presentaron y no otras.
Efectivamente es muy importante el valor medioambiental que tiene
aquella zona -y esta es la Comisión de Medio Ambiente-, toda la
comarca, y el que tiene aquella presa-pantano, como la llamamos allí,
y toda la desembocadura que va a ese pantano. Es indudable también su
valor histórico, por la fecha y por el tipo de construcción.
Coincidiendo en todo esto, lo que estamos hoy tratando es la
declaración de interés general, para evitar la tragedia y para que se
haga cuanto antes esta obra, pero voy a ceñirme brevemente a lo que
supone la declaración de interés general, tema que también ha sido
debatido y discutido por distintos grupos.
Al menos se atisban dos posibilidades, o dos análisis dentro de la
declaración de interés general. Uno se refiere a la responsabilidad
que se deriva una vez hecha la declaración de interés general y otro
a la obligación de pago. Yo creo que todos tenemos claro a estas
alturas -si no para eso están los técnicos, tanto del Ministerio como
de otras administraciones y de esta Cámara- que una vez la obra se
declare de interés general, el Estado tiene su responsabilidad, eso
es más que evidente. Ahora no la tiene; la puede tener por los
efectos que suponga una catástrofe de esta naturaleza respecto a la
vía y a la autovía, porque tendrá que reponerlas y reconstruirlas,
pero la propiedad de la presa de Almansa -hay que decirlo, aunque no
lo vamos a repetir todo porque ya tuvimos un largo debate en esta
misma Comisión a estos efectos y lo damos por reproducido en lo que
se refiere a información- es en estos momentos del Ayuntamiento de la
ciudad, por una escritura de donación, esto que quede claro. Entonces
es de dominio público y de titularidad pública, pero del
Ayuntamiento, y eso es importante en cuanto a las responsabilidades.
Entendemos que no podemos diferir responsabilidades de una
Administración a otra cuando una de ellas no tiene muy claro qué es
lo que quiere hacer, y de sus propios actos
-no voy a entrar tampoco- se ve claramente que no tiene esas
responsabilidades.
La otra parte de la declaración de interés general es la obligación
de pago. Efectivamente para el Ayuntamiento de Almansa y para los
almanseños sería un plus sin ninguna duda porque el presupuesto para
el dragado y la limpieza de la presa muy alto, por encima de los 700
millones de pesetas, pero ha habido una voluntad, con y sin
declaración de interés general, por parte de la Administración
central del Estado. Recordará la portavoz del Grupo Socialista que el
propio secretario de Estado estuvo días después, por allí, la
ministra de Medio Ambiente visitó la presa y hay una voluntad, no
recogida en una partida presupuestaria concreta, pero hay
disponibilidad en las obras de la cuenca del Júcar para hacer gasto
en esa presa concretamente. En principio se habló de una
disponibilidad de 400 millones de pesetas, de los 700 un 50 por
ciento; podría haber sido un 60 y la verdad es que sigue habiendo esa
disponibilidad y lo hemos vuelto a decir en la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado. Eso es evidente.
Una vez matizadas las dos cuestiones, la de la responsabilidad y la
de la obligación de pago, hay que decir que lo que queremos es no
solamente instar -y es lo que nos lleva a presentar la siguiente
transaccional- a la declaración de interés general, porque como dicha
declaración no implica que la Administración central tenga que pagar
el cien por cien de la obra, queremos saber cuál es el compromiso de
la Administración local, queremos saber a qué está dispuesto el
Ayuntamiento de Almansa, o sus responsables políticos. ¿Están
dispuestos a solucionar el problema o no? Ése es el quid de la
cuestión. Si no están, poco podemos instar desde aquí. La
Administración central del Estado le podrá decir lo que quiera.
En ese sentido -y agradecemos el tono por parte de la portavoz
socialista; las cuestiones han variado sin duda alguna-, queremos
someter a su consideración -algo ha avanzado la señora diputada de
las negociaciones que llevamos esta mañana- la siguiente enmienda
transaccional, que hacemos in voce en este momento y que acercaremos
a la Mesa una vez debatida. Quedaría como sigue: Se insta al Gobierno
de la nación (y aquí vendría el párrafo que el Grupo Popular propone)
para que, asumiendo las diversas administraciones las competencias
que les son propias, y por tanto previo acuerdo del Ayuntamiento de
Almansa con estas administraciones (provincial, regional y nacional),
sobre las obras a realizar y sobre la financiación... Ahí acaba
nuestra transacción y continuaría el texto que el Grupo Socialista
nos estaba proponiendo: ...se declare la presa de Almansa como obra
de interés general por su especial trascendencia para la seguridad
tanto de vías de comunicación esenciales como de un importante número
de ciudadanos, así como por su gran valor medioambiental y por su
valor histórico. Sería una enmienda de adición al texto íntegro de la
proposición.
Desde nuestro punto de vista, por matizarlo, supondría dos cosas, que
estaríamos instando al Gobierno de la nación a la declaración de
interés general y que estaríamos excitando a la Administración local,
que lleva parada un tiempo desde que se le ofreció algún presupuesto,
a que consultase, en vía presupuestaria, con otras administraciones
a ver qué puede recoger para concluir esa obra, para
suplementar el dinero que no pone el Ministerio y, por otra parte,
para que tenga interés y tenga compromiso en lo que se refiere al
proyecto, porque, claro, si es la propietaria, algo tendrá que decir
del proyecto; tendrá que poner alguna coma, tendrá que quitar algún
punto, tendrá que cambiar alguna línea...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Voy concluyendo, señor presidente,
disculpe, es un tema tan importante que uno se alarga y se alarga.
Creo que vamos a conseguir un avance importante. Yo lo valoro un
poquito más que mi compañera, la portavoz del Grupo Socialista, que
cree que es un avance mínimo. Me refiero a la calificación, en ese
tono cordial que esa mañana se está dando en este tema, aunque
parezca increíble. Creo que es importante que la Administración local
se ocupe de su proyecto y de lo que es titular, que es de la presa de
Almansa, y tendrá la ayuda de la Administración con la declaración de
interés general y tendrá, sin ninguna duda, la ayuda de otras
administraciones, que, por cierto, ya se han ofrecido.
Sintiendo no tener más tiempo, señor presidente, nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, a los solos efectos de aclarar
si acepta o no la enmienda que ha propuesto el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, porque este punto del orden del día, entre la
emisión del vídeo y las intervenciones de SS.SS., nos está retrasando
el desarrollo de la votación.
La señora GARCÍA LINARES: En principio tengo que alegrarme de que se
haya reconducido las posiciones iniciales de hace un año y que nos
vayamos acercando cada vez más. Precisamente porque la voluntad del
secretario de Aguas y Costas no queda reflejada administrativamente
en ningún papel, digamos, es por lo que se pide la declaración de
interés general, porque, como digo, gobierne quien gobierne,
independientemente de la palabra que haya dado cualquiera, esto se
llevará a efecto. Por esto vamos a aceptar la enmienda, porque nos
parece que puede ayudar a que se logre definitivamente la
declaración. Debo puntualizar que si algo es de interés general, lo
es, y, si no, no lo es y que nosotros aquí no tenemos obligación de
debatir en qué términos debe negociar el Estado con determinada
Administración local, que por otra parte anda muy poco sobrada de
recursos. Estamos hablando de un ayuntamiento realmente modesto, que
quede absolutamente claro, y que ha tenido siempre una
predisponibilidad absoluta, total y absoluta de colaboración en la
solución de este problema.
Muchas gracias y gracias también al portavoz del Grupo Popular.
- RELATIVAA LAS REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA AMPLIACIÓN DEL
AEROPUERTO DE BARAJAS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001556.)
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a los señores diputados que en esta
Comisión no se permite fumar, y menos puros (Risas.), lo cual ya es
vulnerar el espíritu de la misma flagrantemente.
Vamos a pasar al punto número 10 del orden del día, que ha sido
pospuesto al 11, proposición no de ley relativa a las repercusiones
medioambientales de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Esta
proposición ha sido presentada por el Grupo Socialista y para su
defensa tiene la palabra la señora García del Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: La proposición no de ley que
presentó nuestro grupo ante la Cámara el 29 de abril pretendía que
todos y cada uno de los puntos de la declaración de impacto ambiental
de 12 de abril de 1996 fueran cumplidos por el promotor Aena, que es
el responsable de cumplir dicha declaración. Lo cierto y verdad es
que aunque se ha dicho reiteradamente en esta Cámara que se están
cumpliendo, no es así en absoluto y no solamente en cuanto a los
plazos. Vencían ya el momento de presentar un plan acústico de
aislamiento de las viviendas y de los equipamientos de las zonas más
afectadas no sólo por la puesta en funcionamiento de la tercera
pista, sino por todo los anterior: la modificación de la ruta de
aterrizaje y despegue, eliminar el sobrevuelo sobre las zonas más
pobladas, y también se hablaba de la necesidad de que antes del 1 de
mayo de 1999, de acuerdo con el apartado 2.1., el Ministerio de
Fomento tenía la obligación de presentar al Congreso de los Diputados
los estudios e informes pertinentes desde el punto de vista
ambiental, económico y social que permitieran hacer compatible un
desarrollo aeroportuario equilibrado con la calidad de vida de los
ciudadanos madrileños y que tuvieran en cuenta las previsibles
localizaciones de un segundo aeropuerto en Madrid.
El ministro de Fomento en ningún momento tuvo intención de cumplir
con la declaración de impacto ambiental. Ya en febrero de 1997
planteaba que esa declaración de impacto realmente para él era como
una mera recomendación o una circular administrativa que no tenía por
qué tener en cuenta. Si vamos más allá, la gravedad está en que en
una reunión mantenida por el responsable de Fomento con diferentes
cargos públicos del Partido Popular el 29 de septiembre de 1997,
decía sobre el problema que tenía Barajas y que suscitaba un problema
medioambiental -la tercera pista que se está actualmente construyendo
fue condicionada por la declaración de impacto ambiental a que no
hubiera una cuarta, de tal modo que la declaración de impacto
ambiental limita la capacidad de crecimiento de Barajas- que habría
que cambiar esa declaración para continuar la ampliación del
aeropuerto. Ycontinúa la intervención del señor ministro: Esta es una
decisión del Presidente del Gobierno; aunque la declaración de
impacto ambiental se ha hecho, se puede cambiar. No voy a seguir con
lo que era su intervención a favor de la ampliación de Barajas ya en
septiembre de 1997, cuando los hechos han demostrado que
efectivamente desde el principio no se tenía la más mínima voluntad
de respetar el apartado 2.1., que plantea la construcción de un
segundo aeropuerto.
Nuestra proposición, en su punto primero, recoge las zonas que se han
visto afectadas. Hemos presentado una
enmienda, como habrán visto, porque se amplían a Algete. En el
momento en que presentamos nuestra proposición estaban seriamente
afectadas por el nivel de ruido, a partir de la puesta en
funcionamiento de la tercera pista, principalmente las poblaciones de
San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y otras poblaciones del norte
de Madrid, pero a partir de la modificación mínimamente parcial de
las rutas de estos barrios, como consecuencia de la presión vecinal,
se varían estas, de manera que el barrio de Santo Domingo, en Algete,
con la apertura de la nueva pista y siempre que se producen las
operaciones de aterrizaje y de despegue, está sufriendo el ruido de
al menos 500 aviones que sobrevuelan a escasa altura de sus casas,
que además no respetan los horarios nocturnos, y, desde luego, por
las hojas de información de Aena, se demuestra que los niveles de
ruido están muy por encima de los permitidos o recomendados por la
Organización Mundial de la Salud; son hojas que podemos facilitar
donde se demuestra que efectivamente el nivel de ruido, además de
estar soportando los vuelos que no se deberían de producir, está muy
por encima del mínimo recomendable. Por lo tanto, nosotros proponemos
en el primer punto que se modifiquen las rutas, que no se siga
volando sobre las poblaciones; lo recoge la declaración de impacto y
se debe hacer. No se puede decir que se está haciendo, como se
contestó hace unos días, porque eso no corresponde a la verdad y sólo
hay que estar en el lugar para ver que eso no sucede así. Que se
supriman los vuelos nocturnos de las aeronaves más ruidosas, pero no
en un horario de 12 de la noche a 6 de la mañana, no, en el horario
establecido en la declaración de impacto, para permitir que los
vecinos al menos tengan 8 horas de descanso, desde las 11 de la noche
hasta las 7 de la mañana. Pedimos también que el plan de aislamiento
acústico, que se presentó fuera de plazo, sea modificado de acuerdo
con las alegaciones y sugerencias que han hecho los ayuntamientos, ya
que la huella acústica, la huella de ruido diseñada por Aena, no
contemplaba ni un 30 por ciento de la afectación real. Esto es simple
y llanamente para minimizar la inversión, inversión que, por otra
parte, no se ha dado, porque no se han empezado a insonorizar ni
viviendas ni equipamientos, que es otra de las cuestiones que
planteamos que se haga de manera inmediata. Asimismo decimos que el
acuerdo al que se ha llegado con el Ayuntamiento de Coslada sobre el
traslado del barrio de la estación se lleve cuanto antes a la firma y
a su cumplimiento, porque la situación de las familias afectadas es
probablemente la más terrible de todas y no se debe demorar, puesto
que ya hay un acuerdo.
Finalmente, pedimos que, de acuerdo con la declaración de impacto, el
Ministerio de Fomento retire el plan director de ampliación del
aeropuerto de Barajas, que no ha tenido la cortesía democrática de
traer a la Cámara para su discusión y que ha sido recurrido; han
presentado alegaciones 24 ayuntamientos afectados, de diferente signo
político. Podríamos discutir aquí, de acuerdo con el punto 2 de la
declaración, los estudios que al parecer existen sobre la viabilidad
de hacer un segundo aeropuerto en Madrid. Creemos de verdad que es
una burla al Estado democrático y al Congreso de los Diputados que se
diga que todos y cada uno de los puntos se están cumpliendo, cuando
no solamente en los plazos sino en sus contenidos se constata
día a día lo contrario. Y quienes son conscientes de esto son las
aproximadamente 500.000 personas madrileñas que se ven afectadas, que
no dejan de asombrarse cuando leen en la prensa las declaraciones del
ministro diciendo que se está cumpliendo, que el nivel de ruido es
menor, que ya no sobrevuelan los aviones sus poblaciones, ni las
universidades ni los colegios.
Nosotros, con esta propuesta en el mes de abril, como he dicho al
principio, lo que pedíamos es que se cumplieran los plazos y que se
pusiera interés en el Ministerio por llevar a cabo la declaración. Yo
creo que pecamos de ingenuidad, después de tres años y conociendo los
contenidos del acta de reunión interna, donde se negaba la mayor,
diciendo que pudiera existir una posibilidad de que se retomara la
situación y que, aunque fuera tarde, se pudieran ir cumpliendo cada
uno de los puntos que minimizan el ruido y que mejoran la calidad de
vida de los vecinos. Pero, viendo la enmienda que ha presentado el
Grupo Popular a nuestra proposición, no hay ya ningún lugar a dudas.
El Grupo Popular plantea que el plan acústico que definió Aena, y que
excluye a miles de viviendas y de equipamientos, a pesar de los
recursos...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, luego no le voy a dar la
palabra para ver si acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Lleva usted razón, presidente, y
adelanto...
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señora diputada. Si usted ni tan
siquiera está dispuesta a escuchar los argumentos con los que el
proponente del Grupo Popular querrá defender su enmienda, ya no le
voy a dar, como digo, la palabra.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señor presidente, le acepto que me
haga esa recomendación y le garantizo que desde luego no voy a
aceptar la enmienda, por la razón de que se contradice con el último
punto de nuestra proposición. Y, en cualquier caso, si me permite
terminar, y le prometo que voy a ser breve, tengo que decir sencilla
y llanamente que hoy, a día 30 de noviembre, nosotros desconocemos
cuál es ese plan acústico que hemos solicitado y que sabemos que ha
sido recurrido por los ayuntamientos. Desconocemos ese proyecto de
ampliación de Barajas, lo hemos solicitado y no se nos ha facilitado.
Lo desconocemos a través de la Cámara, lo conocemos a través de los
ayuntamientos. Y nos oponemos a que se hable de la ampliación del
aeropuerto de Barajas con argumentos económicos, porque nosotros
hemos mantenido siempre el argumento económico como una cuestión
fundamental, pero sin que entre en contradicción con la calidad de
vida, con la salud de los madrileños. Y la mejor inversión, la mejor
manera de invertir, es invertir en un segundo aeropuerto y no
despilfarrar más de 300.000 millones de pesetas en una cuarta y
quinta pista, que luego después tendrán que cerrarse por verse
saturado el aeropuerto.
Agradezco que me haya permitido pronunciarme, señor presidente,
porque creo que está en el conjunto de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia también le agradece, en aras a
la brevedad al debate, que renuncie al turno de aceptación o no de
esa enmienda y entiende que usted, en su intervención, ha defendido
también las dos enmiendas que su propio grupo ha presentado a la
proposición que estamos debatiendo. ¿Grupos que deseen intervenir?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
portavoz, don Ismael Bardisa, para la defensa de la enmienda.
El señor BARDISA JORDA: Yo no voy a defender la enmienda, presidente,
puesto que no ha sido aceptada. Intervendré para fijar posición. Ya
ha sido rechazada por el Grupo Socialista, por tanto no la voy a
defender.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra su portavoz.
El señor NÚÑEZ CASAL: Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista, pero deseamos aprovechar la
ocasión para hacer unas consideraciones breves de cuál es el motivo
del apoyo y cuál es nuestra opinión al respecto de lo que está
ocurriendo con el aeropuerto de Barajas.
Si Madrid es un despropósito urbanístico, Barajas es un ejemplo claro
de hasta dónde se puede llegar en el despropósito. Si Madrid ha
sufrido el azote de una serie de alcaldes incompetentes en ordenación
del territorio, el aeropuerto de Barajas es ejemplo también de
ministros que han azotado con irracionalidad la situación de Barajas.
Todo el mundo que conozca más o menos cuál es la situación actual del
tráfico aéreo, reconocerá, dirá y apoyará el criterio de que Barajas
es la plataforma idónea para servir como elemento de distribución del
tráfico aéreo hacia Latinoamérica, pero un ministro sin previsión, un
ministro socialista, como el señor Borrell, y un ministro como el
señor Arias, han conseguido que nuestro país haya estado a punto de
perder la gran oportunidad que tenía de que Barajas fuera un
catalizador de tráfico y al mismo tiempo generador de puestos de
trabajo. Y en este momento estamos dentro de la total sinrazón, con
un Ministerio que una vez y otra plantea ampliaciones, en muchos
casos contradictorias, con un retraso acumulado respecto al que ya
había conseguido el señor Borrell y con unos perjuicios muy claros
hacia los vecinos de los pueblos, municipios y barrios circundantes
del aeropuerto.
El irracional crecimiento en el este y el noreste de Madrid ha
supuesto crear alrededor del aeropuerto toda una serie de densidades
de viviendas que ningún urbanista medianamente aplicado hubiera
consentido. Una vez realizado este desarrollo urbanístico, que no
tiene, a nuestro entender, ningún fundamento, sino al contrario, es
merecedor de la más fuerte crítica, se procede a buscar una vez más
la contradicción realizando ampliaciones del aeropuerto que están en
contradicción con ese desarrollo. Un ejemplo claro, y con esto voy
terminando, de cómo el ministro de Fomento demuestra una clara
incapacidad para llevar a cabo las tareas que le están encomendadas
en su Ministerio son sus últimas manifestaciones sobre la supresión
de los vuelos nocturnos en el aeropuerto de Barajas, y en concreto
los vuelos de carga. Dice: La solución es muy clara. Yo voy a poner
un horario nocturno que prohíba los vuelos y que ellos busquen la
solución por el camino de que haya aparatos que produzcan menos
ruidos. A partir de este tipo de raciocinio, no cabe la menor duda de
que la incongruencia y la sinrazón del desarrollo de Barajas se va a
mantener. Esperemos que sea breve el mandato del actual ministero y
esperemos también que, por fin, alguien que respete mínimamente las
pautas habituales dentro de la ordenación del territorio introduzca
criterios de racionalidad y claridad.
Mientras tanto, y en esa espera, votaremos favorablemente la
propuesta que realiza el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Ismael Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista.
En primer lugar, quiero referirme a las rutas de las aeronaves. La
entrada en servicio de la nueva pista supuso la modificación
operativa del aeropuerto, por lo que se tuvo que aprobar un total de
33 nuevos procedimientos, obligación que venía impuesta por la
declaración de impacto ambiental. Del estudio de las rutas se observó
que la salida norte del aeropuerto, en el llamado pasillo de la
Granjilla, en el municipio de San Sebastián de los Reyes,
representaba un elevado impacto acústico para la población residente
en esta zona, ya que, al estar la cabecera de pista 4 kilómetros al
norte de la antigua pista, los aviones se veían obligados a un
esfuerzo que repercutía en el aumento del impacto sonoro. Por esto
hubo una modificación de las rutas a partir del 25 de febrero...
El señor PRESIDENTE: Señor Bardisa, por favor.
Señores diputados, les ruego que tomen asiento, que cierran la puerta
y que se mantengan en silencio y que escuchen atentamente las
explicaciones del portavoz en este caso del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor BARDISA JORDA: Gracias, señor presidente. Por lo tanto, ya
hubo una modificación de todas las rutas, sobre todo aprovechando las
salidas cortas y largas para los aviones más ligeros o para los
aviones más pesados, depende de cada aeronave. También el ángulo de
salida. Esto, de todas formas, suponía una dificultad que se trató
con la modificación de las rutas, pero una modificación de las rutas
que no afectaba solamente a poblaciones como San Sebastián de los
Reyes o como Alcobendas, sino también a Algete, a Fuente del Saz, a
Paracuellos, a Tres Cantos, a San Agustín de Guadalix, es decir, a
varias poblaciones del entorno de Barajas.
En cuanto al cumplimiento del plan de aislamiento acústico, quiero
decir que por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de
Fomento, ha habido un cumplimiento estricto del plan de aislamiento
acústico del entorno del aeropuerto de Barajas. Y hay un acuerdo de
28 de junio de 1999, que me imagino que los grupos parlamentarios
conocerán, en el cual la Comisión interministerial de vigilancia del
ruido, prevista en la declaración de impacto ambiental
de la ampliación del aeropuerto de Barajas, dicta una resolución
y por unanimidad aprueba las zonas de afección, las huellas sonoras,
para el escenario actual de Barajas, para el escenario del año 2000 y
para el escenario de un posible año de saturación. En segundo lugar,
se remite a la Comisión ministerial de gestión del plan de
aislamiento acústico las zonas de afección aprobadas, con el fin de
que se elabore el nuevo censo de edificaciones e incluir en el plan
de aislamiento acústico, a efectos de la financiación, todas las
medidas de aislamiento.
Un juego de los planos de las zonas de afección aprobadas está
depositado en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente y otro juego en la Dirección General
de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. En la financiación del
plan se está procediendo tal y como determina la declaración de
impacto ambiental, en la que se especifica que la financiación debe
ser la aportación por parte del promotor, en este caso de Aena, de
2.000 millones de pesetas antes de transcurrido el primer año natural
a contar desde la fecha de la publicación de la declaración de
impacto ambiental, y, como mínimo, de 1.000 millones de pesetas
anuales cada año sucesivo hasta la finalización de las actuaciones de
aislamiento acústico de las viviendas. Las previsiones económicas
para hacer frente a los costes derivados del plan de aislamiento
acústico se han ido cumpliendo: 2.000 millones de pesetas en el año
1996, 1.000 millones de pesetas en el año 1997, 2.500 millones en el
año 1998 y hasta un total de 1.831 millones en el año actual. Ello
nos hace un saldo aproximado de 4.400 millones. Por lo tanto, el plan
de aislamiento acústico se está cumpliendo escrupulosamente por parte
del Ministerio de Fomento.
Señorías, el aeropuerto de Barajas es un problema que viene dado, es
un problema que no ha sido solucionado por los gobiernos del Partido
Socialista, que son los únicos culpables de la situación que está
pasando el aeropuerto de Barajas (Rumores.) No han sabido prever el
futuro, no han sabido dar una solución a la Comunidad de Madrid y no
han tenido imaginación para ver lo que se venía encima. El Partido
Popular ya ha aprobado, y lo tiene aprobado además por su propio
comité ejecutivo de Madrid, que hay que hacer el aeropuerto de Campo
Real. Se han visto varias posibilidades de aeropuerto, se han
estudiado varias posibilidades de aeropuerto, está descartado Getafe,
está descartado Cuatro Vientos, y hay que ir al aeropuerto de Campo
Real. Ya se ha hecho una reserva de suelo por parte de la Comunidad
de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y ya se han hecho los
primeros estudios del aeropuerto de Campo Real, que va a tener una
fácil accesibilidad; por carretera, va a tener dos enlaces, con la M-
60 y la N-III, con un tiempo estimado de acceso desde Madrid de 42
minutos; por ferrocarril, se va a construir una línea de alta
velocidad, con un tiempo estimado desde Puerta de Atocha de 21
minutos, y va a haber una vía convencional de conexión con Nuevos
Ministerios, con una distancia en tiempo de 37 minutos; además está
la posibilidad de alargar el metro, que hoy en día llega a Arganda, y
que son 8 kilómetros más. En Campo Real se han hecho ya estudios
sobre impactos ambientales; hay una afección del ruido muy baja. La
mayor parte de la vegetación originaria ha desaparecido por la
presión agrícola. Además, se va a potenciar
localmente el desarrollo de toda el área de Campo Real. Constituye la
alternativa que menos dañaría el tejido económico actual del entorno
de Barajas, que se debe mantener porque es una riqueza de la
Comunidad de Madrid.
Como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, y yo estoy muy de
acuerdo en su exposición, el aeropuerto de Madrid es la plataforma
idónea para vuelos a Sudamérica. Estoy totalmente de acuerdo, el
aeropuerto de Madrid es la puerta de Europa a los vuelos de entrada a
América, estamos compitiendo con aeropuertos europeos en la entrada
de los vuelos de América, y por lo tanto tenemos que pensar en que el
aeropuerto de Barajas se ha quedado pequeño. Pero un aeropuerto
moderno, un aeropuerto con gran capacidad operativa, un aeropuerto
sin impacto ambiental, un aeropuerto con accesibilidad, se tenía que
haber pensado hace mucho tiempo por los gobiernos anteriores, todos
ellos del Partido Socialista, y nunca se ha planteado ni nunca se ha
pensado. Un aeropuerto futuro se tiene que plantear con 10 años de
antelación, y en ese sentido son culpables los gobiernos del Partido
Socialista que no han hecho absolutamente nada, ni la Comunidad de
Madrid ni el resto del Estado. No han tenido previsión para hacer un
segundo aeropuerto. Además, el portavoz de Izquierda Unida lo ha
dicho, lo ha dicho bien claro. Ha habido una gran especulación
urbanística en los ayuntamientos de alrededor, ayuntamientos
gobernados todos por el Partido Socialista, Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Coslada, San Fernando, etcétera, en los cuales ha
habido una ampliación, fomentada por ellos, sabiendo que ahí estaba
el aeropuerto de Barajas. No han sabido prevenir. Nosotros sí sabemos
prevenir y sí puedo anunciar que desde el Partido Popular, desde el
Partido Popular de Madrid, vamos a acelerar la construcción de Campo
Real, vamos a intentar que Campo Real se haga, no en 10 años, sino en
5 ó 6 años. Se están haciendo los estudios previos y ya está hecha la
reserva del suelo por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso
es prever, eso es gobernar para el futuro; no como los anteriores
gobiernos, que no lo han hecho. Eso es saber que Madrid tiene que
tener un buen aeropuerto. ¿Qué quiere el Grupo Socialista? ¿Que
cerremos Barajas? Prácticamente es lo que nos viene a decir, que
tenemos que cerrar Barajas porque ellos no han pensado que esto iba a
venir, que esta situación se iba a plantear. Había que ampliar
Barajas o había que ir al segundo aeropuerto.
Intentaremos que Barajas funcione tal y como está, intentaremos que
Barajas funcione los años que faltan para hacer el segundo aeropuerto
de Madrid, pero, desde luego, ya lo digo, y lo digo claramente en
esta Comisión y consta en el «Diario de Sesiones», que la postura
clara por la que apuesta el Partido Popular de Madrid es por la
construcción del aeropuerto de Campo Real en el menor tiempo posible,
a ser posible en 5 ó 6 años.
El señor PRESIDENTE: Se da por finalizada la sesión con el debate de
este último punto del orden del día.
Y, como hay varias señorías que tenían la idea, a pesar de que no se
había dispuesto así en la convocatoria que han recibido todos
ustedes, de que las votaciones se iban a celebrar a partir de las 14
horas, se va a interrumpir la sesión hasta esa hora, en la que se
procederá a la votación de las proposiciones no de ley incluidas en
el orden del día.
Se interrumpe la sesión hasta las catorce horas. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones. (Por los portavoces de los
diversos grupos parlamentarios se da cuenta de las sustituciones de
señoras y señores diputados.)
El señor PRESIDENTE: Se vota, en primer lugar, la proposición no de
ley sobre el establecimiento de un canon justo para la Comunidad de
Regantes Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Aesta proposición se ha presentado una enmienda transaccional entre
el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular, que yo no sé si
SS.SS. conocen sus términos, y si no es así procederíamos a su
lectura. ¿La conocen? (Asentimiento.) Entonces vamos a proceder a su
votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Las proposiciones no de ley para proteger el parque natural del
Marjal de Pego-Oliva, presentadas por el Grupo de Izquierda Unida y
por el Grupo Socialista, han sido debatidas conjuntamente. Sin
embargo, son distintas y se va a proceder a la votación por separado.
Se había presentado una enmienda a ambas por el Grupo Parlamentario
Popular que ha sido rechazada, por lo que se van a someter a votación
las proposiciones en sus propios términos.
En primer lugar, la número 8, sobre medidas para proteger el Parque
Natural del Marjal de Pego-Oliva, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 9, relativa a la protección del Marjal
Pego-Oliva, presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 10, relativa a las repercusiones
medioambientales de la ampliación del aeropuerto de Barajas.
A esta proposición se ha presentado una enmienda por el Grupo
Parlamentario Popular que ha sido rechazada por el grupo proponente,
que a su vez ha presentado dos enmiendas que se entienden
incorporadas al texto que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley relativa a
la declaración de interés general de la presa de Almansa (Albacete).
Aesta proposición se ha presentado una enmienda transaccional entre
el Grupo Parlamentario Popular y el grupo proponente, que queda
incorporada. Como creo que todas SS.SS. la conocen en sus términos,
la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La Mesa y portavoces se van a reunir ahora, aunque no estaban
convocados expresamente.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Medio
Ambiente, del martes, 30 de noviembre de 1999, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los