CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 808



CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL CISNEROS LABORDA



Sesión núm. 26



celebrada el jueves, 25 de noviembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de
ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional. (Número de expediente 121/
000179) ... (Página 24068)



- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia,
sobre el proyecto de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Número de
expediente 121/000179) ... (Página 24068)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE
OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/
000179)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Vamos a desarrollar la
sesión número 26 de la VI Legislatura correspondiente a esta Comisión
Constitucional, en cuyo orden del día figuran únicamente dos puntos.

En primer término, ratificación de la ponencia designada para
informar la iniciativa legislativa de cuyo dictamen vamos a
ocuparnos. Esta ponencia está integrada por los diputados don Jorge
Trías Sagnier, don Jesús López-Medel Bascones y doña Sandra Moneo
Díez, del Grupo Parlamentario Popular, don Pedro Jover i Presa y doña
Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista, don Pablo Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
que me ha encargado que traslade a los señores comisionados sus
disculpas porque la coincidencia con los trabajos de la Comisión de
Educación no le permite acompañarnos, don Jordi Jané i Guasch, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), doña Margarita
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), don Luis
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y don
Diego López Garrido, del Grupo Mixto. ¿Se ratifica la constitución de
la ponencia? (Asentimiento.)



Queda ratificada.




- EMITIR DICTAMEN, A LAVISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE ELPROYECTO DE LEY ORGÁNICADE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número
de expediente 121/000179)



El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a ocuparnos del
dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Según consta en el informe de la ponencia, al proyecto de ley se
presentaron nueve enmiendas. La número 1, de totalidad, fue debatida
y rechazada por el Pleno de la Cámara y, utilizando legítimamente la
circunstancia de que se trata de un proyecto de ley con un único
artículo, la número 6, del Grupo Socialista, solicita la supresión
del proyecto, es decir, es una reformulación de la enmienda de
totalidad. Las enmiendas números 2, 3 y 4 fueron suscritas por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las números 7, 8 y 9 por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), habiendo sido suscrita la número
5 por los grupos Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y de
Coalición Canaria.

A la vista de los trabajos de la ponencia, que ha incorporado en gran
parte la literalidad o el espíritu de estas enmiendas, entiende la
Presidencia que tan solo quedan vivas dos a los efectos de su
discusión, siendo una de ellas la número 2, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que se refiere a la disposición adicional cuarta de
la ley orgánica, no contemplada en la reforma. En razón de la
coincidencia con otros trabajos, con permiso del Grupo Socialista,
daríamos en primer término la palabra a doña Margarita Uría. ¿Le
parece bien, Señora Rubiales?



La señora RUBIALES TORREJÓN: Sí, no hay inconveniente.




El señor PRESIDENTE: Le agradezco su buena disposición. Así pues, en
tales términos, tiene la palabra doña Margarita Uría.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Yo también agradezco su buena disposición
a todos los miembros de la Comisión, ya que en este momento estaba
participando en la subcomisión para el estudio del modelo policial.

La iniciativa que vemos hoy ha sido objeto de un debate de totalidad
hace escasísimo tiempo y la semana que viene va a volver para ser
debatido en el Pleno de la Cámara. Por tanto, no es que no merezca
debate sino que creo justificado, puesto que va a haber dos debates
en Pleno, restringirnos a los estrictos términos de defensa de las
enmiendas que en este momento defiende mi grupo, quedando claro que,
a pesar de que creemos que es un intento excesivamente corto del
Gobierno, siempre son bienvenidos los intentos de plasmación del
principio de colaboración como criterio que deba regir las relaciones
entre el Estado y las comunidades autónomas evitando la
conflictividad.




Se ha dicho ya que mi grupo tenía presentadas distintas enmiendas,
una de ellas en compañía del Grupo Catalán de Convergència i Unió y
del Grupo de Coalición Canaria que, junto con otras dos, está
sustancialmente incluida en el texto del articulado aprobado ya por
la ponencia, por lo que no me referiré a ellas. únicamente voy a
hacer gracia de la enmienda que con el número 2 tiene presentada mi
grupo, que recoge un número 3 en la disposición adicional en el que
se pretende introducir -lo hemos hecho en esta legislatura respecto
de otros proyectos-, la legitimación pasiva de las Juntas Generales
de los territorios históricos del País Vasco, en coherencia con la
garantía institucional prevista en la propia Constitución, garantía
que, desde el punto de vista de participación democrática en los
órganos supremos de decisión de la comunidad autónoma, se ve
sustentada por el carácter parlamentario que tienen las Juntas
Generales. Creemos que si lo que aprueban las Juntas Generales cubren
la reserva de ley, como se evidencia de forma muy gráfica si se hace
la cita de las normas tributarias -repito, cubren la reserva de ley-,
desplazan a leyes y se aprueban por un órgano de soberanía, debieran
tener característica de tales leyes. Además, a ello no sólo no se
opone sino que incluso lo pide el artículo 25 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco cuando dice que son leyes lo que aprueba el
Parlamento vasco, sin perjuicio de lo contenido en el artículo 37
que, como todos ustedes conocen,



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contiene lo que llamamos el núcleo duro de la foralidad, la esencia
de las competencias que corresponden a la comunidad autónoma por ser
derehos históricos de los territorios forales, a su vez
salvaguardados por la disposición adicional de la propia
Constitución.

En esta legislatura se ha aprobado en la Ley de la jurisdicción
contenciosa, y después en la Ley del proceso administrativo, que los
productos aprobados por las Juntas Generales no tienen el carácter de
normas administrativas; no siendo normas administrativas, aprobadas
por órganos de soberanía, repito, nos parece que el círculo se
cerraría y es lo correcto, de acuerdo con las previsiones
constitucionales y estatutarias, que tales normas tengan el carácter
de normas con rango de ley.

En cuanto al resto, mi grupo mantendrá por supuesto su enmienda, pero
se muestra favorable a la aprobación del texto tal y como figura en
el informe de la ponencia.




El señor PRESIDENTE: Para defensa de su enmienda número 6, por el
Grupo Socialista, tiene la palabra doña Amparo Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, la portavoz que les
habla va a hacer gracia a SS. SS. de reiterar los motivos por los que
mi grupo se opone a la tramitación de este proyecto de ley, que en
resumen son por insuficiencia y por no estar de acuerdo con el fondo
ni con la forma. Lo explicitamos en la sesión plenaria que se celebró
hace dos semanas y, como me parece que del tenor literal de las
enmiendas se deduce cuál es la posición del Grupo Socialista respecto
del proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional que estamos viendo esta tarde, así como de la propia
intervención que realicé en el Plano de la Cámara hace dos semanas
cuando presentamos la enmienda de devolución, que reiteraremos en el
debate que se celebrará el martes que viene, creo que no es necesario
que mi grupo vuelva a repetir aquí los argumentos que ya ha expuesto
y que volverá a exponer la semana que viene. Simplemente quiero decir
que estamos en contra de la tramitación de este proyecto de ley y,
por tanto, también en contra de las enmiendas parciales que han
quedado vivas.




El señor PRESIDENTE: Procederemos a la votación a las diecisiete
quince. ¿Turno en contra de estas enmiendas? (Pausa.) ¿Turno de
fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios que no
han presentado enmiendas? Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra don Luis Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Voy a intervenir con gran brevedad, dado
que mi grupo solamente había presentado una enmienda conjuntamente
con el Grupo Catalán de Convergència i Unió y con el Grupo Vasco.

Respetando el proyecto del Gobierno de llevar a nueve meses el plazo
para la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal
Constitucional, entendía nuestra agrupación de enmendantes que si el
Gobierno quería utilizar esto no podía invocar el artículo 161.2 de
la Constitución. Nos parece muy correcta la fórmula que se ha
adoptado. Quiero agradecer al señor letrado el trabajo que ha hecho
de acople en el informe de la
ponencia y creo que se respeta mejor la Constitución al decir que no
se invoque el artículo 161.2 de la Constitución. Por tanto, quedan
recogidas nuestras aspiraciones con la fórmula que se ha dado al
punto 2 de tres apartados de requisitos a cumplir, el a), el b) y el
c), y con la llamada de igualdad de ambas administraciones, la
general del Estado y la autonómica, así como el papel de la comisión
bilateral para resolver en su seno una previa toma de posición al
respecto y ponerlo en conocimiento del Tribunal Constitucional.

Por tanto, vamos a votar favorablemente el texto en su integridad,
sin más modificación que la que nos viene de la ponencia, por
entender que es el que se ajusta a estos principios que he señalado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, mi grupo
parlamentario votará también a favor de este proyecto de ley en la
sesión de la Comisión de hoy y en la sesión del Pleno del próximo
martes.

Nuestro grupo se congratula de la redacción final del artículo único
de este proyecto de ley, porque entiende que en esa redacción se da
satisfacción a la enmienda que se había presentado conjuntamente por
los grupos Vasco, de Coalición Canaria y el Catalán de Convergència i
Unió. Tal y como ha quedado el informe de la ponencia, con la ayuda
de los servicios de la Cámara, su redacción es totalmente respetuosa
con la Constitución, que salvaguarda la voluntariedad. No se impone
nada ni al Gobierno del Estado ni al Gobierno de las comunidades
autónomas, pues cuando se acuerde esa prórroga siempre se hará en el
marco de una comisión bilateral y quien puede acordar siempre puede
no acordar. En el supuesto de que se decida acordar, en el marco de
ese acuerdo se estipula que también podrá preverse la no invocación
de la suspensión automática prevista en el artículo 161.2. Creemos
que es un gran avance, por primera vez se reconoce que el Gobierno no
siempre invoque el mecanismo del 161.2, pues el Gobierno puede
renunciar a invocar el 161.2 voluntariamente en el marco del acuerdo
en una comisión bilateral con el Gobierno de otra comunidad autónoma.

Creemos que es una buena redacción, que va a dar sus frutos y que,
con ello, vamos realmente a intentar pacificar el nivel de conflictos
entre el Estado y las comunidades autónomas. Si éste era el propósito
inicial del proyecto de ley, esa redacción ayuda aún más a encontrar
puntos de consenso.

Finalmente, nos congratulamos también de la aceptación literal de las
tres enmiendas que nuestro grupo había presentado a la exposición de
motivos porque, tal y como se configuraba inicialmente la exposición
de motivos de este proyecto de ley, podría parecer que el acuerdo
implica siempre modificar la norma que se pretendía recurrir, y éste
puede ser el resultado del acuerdo o puede no serlo. A lo mejor, el
acuerdo sirve simplemente para acordar un reglamento posterior que
pueda dar satisfacción a la interpretación que se quiera dar a la
norma; el acuerdo de ampliar el plazo no lleva implícito
necesariamente el compromiso de modificar los textos legislativos,
compromiso que nunca pueden adoptar los gobiernos pues es potestad de
las cámaras



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legislativas. En todo caso, los gobiernos pueden instar -y así ha
quedado también reflejado en el texto final- la modificación a través
de sus mayorías parlamentarias y presentando un proyecto de ley o una
proposición de ley, pero en ningún caso pueden legislar, que es tarea
de las Cortes Generales o de las respectivas asambleas legislativas
de las comunidades autónomas.

Por tanto, globalmente estamos satisfechos de cómo ha quedado el
informe de la ponencia y votaremos a favor del texto de este informe
y nos vamos a abstener en la enmienda defendida por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Jesús
María López-Medel tiene la palabra.




El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: En el mismo tono y en la misma línea de
los demás intervinientes, voy a ser breve por deferencia a los demás
portavoces. Dada la cercanía en el debate de totalidad y dada la
coincidencia de la enmienda que presentaron en su momento a la
totalidad del texto pidiendo la devolución con la que han presentado
al articulado, que no ha sido objeto de una defensa amplia, no voy a
argumentar en términos extensos por qué nos oponemos a la enmienda,
que ha formulado el Grupo Socialista. Igualmente, con mucha brevedad
haré referencia a las razones por las que nos oponemos a la otra
enmienda que se mantiene viva, que es la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Con esa brevedad a la que me he referido y de la que han hecho gala
los demás intervinientes, quiero señalar que este proyecto de ley es
una apuesta decidida por el diálogo, por la cooperación y por el
entendimiento entre el Estado y las comunidades autónomas. Varios
motivos abonaban las razones por las que el Gobierno elaboró, sometió
a dictamen del Consejo de Estado, incorporó casi todas las
sugerencias y remitió a esta Cámara, en el mes de julio, este
proyecto de ley, y esas razones giraban en torno a tres o cuatro
preguntas fundamentales: en primer lugar, si era necesario potenciar
los mecanismos de cooperación y de entendimiento entre el Estado y
las comunidades autónomas. En segundo lugar, si era necesario buscar
una solución negociada de los conflictos. En tercer lugar, si era
conveniente rebajar la conflictividad en el orden constitucional
buscando la solución basada en el entendimiento. Y, por último, si
era posible indagar, dentro del estricto respeto al orden
constitucional, fórmulas legales que mejoraran las relaciones entre
el Estado y las comunidades autónomas. Pues bien, a estas cuatro
preguntas responde este proyecto de ley, que se inscribe, como antes
señalaba, en la línea de la cooperación; y es la línea de la
cooperación la que se ha desarrollado a lo largo de esta legislatura
y, desde luego, nosotros la vamos a defender como uno de los aspectos
esenciales ante el reto del futuro y, además, partiendo de una razón
elemental, cual es que en el mundo de lo político, en el mundo de lo
jurídico, al igual que sucede en todos los órdenes de la vida, es
bueno que cuando se suscite un conflicto las partes se sienten a
dialogar, se sienten a hablar antes de provocar una reacción. Pues
bien, esto es ni más ni menos lo que se hace en este proyecto de ley,
y para ello es necesario ampliar plazos, dado que en los tres meses
que establece la Ley orgánica del Tribunal Constitucional desde
su creación, en 1979, era materialmente imposible negociar y proceder
a la modificación normativa.

Además, también se procede -y es el segundo eje de esta reforma- a
potenciar, a institucionalizar unos órganos que creo que deben tener
una virtualidad más importante en el futuro, cuales son las
conferencias bilaterales. Desde luego, si creemos en las vías de
entendimiento, no tiene nada de malo que estos órganos puedan ser
recogidos en al Ley orgánica del Tribunal Constitucional. En todo
caso, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, fue ya presentada
con motivo de la reforma de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional, que este año precisamente han aprobado las Cámaras.

Pues bien, en esa reforma, por la cual se creaba en el derecho
español el denominado conflicto en defensa de la autonomía local, el
Grupo Parlamentario Vasco también aprovechó esa ocasión para
suscitar, vía enmienda, la cuestión acerca del control de las
actuaciones de los territorios históricos. En su momento, ya en el
debate de esa reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional
aprobada este año dimos razones abundantes por las que nos oponíamos
a la misma, por lo cual ahora me voy a limitar a señalar que, a
nuestro, juicio, esa pretensión -lo dijimos en su momentos y lo
reiteramos ahora- contradice lo establecido por la jurisprudencia
constitucional a propósito de la naturaleza de los territorios
históricos y sobre la improcedencia de residenciar en la jurisdicción
constitucional el enjuiciamiento de la legalidad de sus actos y
actuaciones. En ese sentido, existen sentencias del Tribunal
Constitucional, como la 11/1984 y autos del mismo órgano
constitucional que creo que dejan de una manera clara la
imposibilidad de lo pretendido por el Partido Nacionalista Vasco.

Por último, en correspondencia a la brevedad de los otros
intervinientes, procedo a agradecer igualmente a los servicios
técnicos de la Cámara su colaboración, especialmente al letrado, a la
hora de buscar la redacción más armónica no sólo con los fines que se
planteaban en el proyecto de ley, sino igualmente en el estricto
respeto a la Constitución.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia se ve en la obligación de pedir
disculpas a la Comisión, a los señores portavoces y muy singularmente
a la señora Rubiales, que precisamente me había encarecido su
urgencia, porque es prisionera de su compromiso y, consiguientemente,
tenemos que interrumpir la sesión hasta las cinco y cuarto, en que
procederemos inmediatamente a la votación. Hay señores diputados que
han abandonado la sala en razón de ese anuncio.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Vamos a proceder a las votaciones.

Se somete a votación, en primer término, la enmienda número 2, del
Grupo Parlamentario Vasco EAJ/PNV, que ha sido defendida por doña
Margarita Uría.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 32; abstenciones, tres.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, pasamos a someter a votación la enmienda número 6,
del Grupo Parlamentario Socialista, defendida por la señora Rubiales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, pasamos a someter a votación el informe de la ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda dictaminado por esta Comisión Constitucional
el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 2/
1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias a los servicios de la Cámara, a los señores
representantes de los medios de información y a SS.SS., señoras y
señores diputados.

La próxima reunión de la Comisión Constitucional, de control, con
comparecencia del señor director de la Agencia de Protección de
Datos, tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre a la hora que
pertinentemente se anunciará.

Se levanta la sesión.




Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.